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Spanish Pages 317 [319] Year 2018
1. Daniela Marino, Huixquilucan. Ley y justicia en la modernización del espacio rural mexiquense, 1856-1910, 2016. 2. Gleydi Sullón Barreto, Extranjeros integrados. Portugueses en la Lima virreinal, 1570-1680, 2016.
TIERRA NUEVA El libro que aquí se presenta, Redes imperiales: intercambios, interacciones y representación política en Nueva España, las Antillas y Filipinas, siglos xviii y xix, parte de la idea de que el imperio español no se forjó solo a través de unas directrices metropolitanas y unas respuestas locales, diferentes en cada espacio, sino que lo hizo a través de continuas interacciones entre los distintos ámbitos, en complejos caminos de ida y vuelta, hechos de mutuas influencias, y forjados a través de diferentes planos de relación y con la participación de múltiples protagonistas. Desde esa perspectiva de movilidad e interacciones dentro del imperio, en este volumen, especialistas españoles, mexicanos y franceses inciden en el estudio de la formación de redes en el imperio español, en los siglos xviii y xix, a partir del análisis comparado de tres espacios: Nueva España, las Antillas y Filipinas, y a través de tres perspectivas: los intercambios entre distintos ámbitos y grupos del imperio; los procesos de mestizaje e integración; y la representación política.
ISBN: 978-84-00-10379-8
REDES IMPERIALES
ESTUDIOS AMERICANOS. Tierra Nueva
MARÍA DOLORES ELIZALDE - CARMEN YUSTE (eds.)
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CSIC
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MARÍA DOLORES ELIZALDE
REDES IMPERIALES Intercambios, interacciones y representación política entre Nueva España, las Antillas y Filipinas, siglos xviii y xix
Investigadora científica en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido Research Scholar en el Department of International History, London School of Economics and Political Sciences, y Visiting Fellow en la Université de Paris 1-Sorbonne y en la School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Es especialista en historia internacional, sociedades coloniales y procesos coloniales y poscoloniales en Asia y el Pacífico, así como en el período histórico de la Restauración española (1875-1902). Su último libro publicado, editado con Xavier Huetz de Lemps, es Filipinas, siglo xix: coexistencia e interacción entre comunidades en el imperio español (2017).
CARMEN YUSTE Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora en la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y tutora en los Posgrados de Historia y de Derecho de la misma institución. Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por la Universidad del País Vasco. Es autora de diversas publicaciones referidas al siglo xviii novohispano, en particular en lo concerniente al estudio del comercio transpacífico. Entre sus trabajos destacan los libros Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815 (2007) y El comercio de Nueva España con Filipinas, 1590-1785 (1984).
MARÍA DOLORES ELIZALDE CARMEN YUSTE (eds.)
ESTUDIOS AMERICANOS. Tierra Nueva CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
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Imagen de cubierta: José Honorato Lozano, «Vista de la Barra de Manila desde la Capitanía del Puerto», en Álbum de Tipos de Filipinas para el Excmo. Sr. D. José de la Gándara y Navarro, 1867, acuarela (reproducido en José María A. Cariño y Sonia Pinto Ner, Álbum: Islas Filipinas, 1663-1888, Ars Mundi, Philippinae, 2004, p. 207).
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REDES IMPERIALES Intercambios, interacciones y representación política entre Nueva España, las Antillas y Filipinas, siglos XVIII y XIX
ESTUDIOS AMERICANOS. Tierra Nueva DIRECTOR
CONSEJO ASESOR
ALFREDO MORENO CEBRIÁN, Instituto de Historia, CSIC
MARÍA CASTAÑEDA, Instituto de Investigaciones
SECRETARIA
JOSÉ DÉNIZ, Universidad Complutense de Madrid ALEJANDRO DE LA FUENTE, Harvard University RICHARD KAGAN, Johns Hopkins University LIDIA NACUZZI, Centro de Investigaciones Sociales,
Antropológicas, UNAM
LAURA GIRAUDO, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC
COMITÉ EDITORIAL ANTONIO ACOSTA, Universidad de Sevilla JESÚS BUSTAMANTE, Instituto de Historia, CSIC MANUEL CHUST, Universitat Jaume I M.ª DOLORES GONZÁLEZ-RIPOLL, Instituto de Historia, CSIC
MANUEL HERRERO, Universidad Pablo de Olavide MARÍA LUISA LAVIANA CUETOS, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC ASCENSIÓN MARTÍNEZ RIAZA, Universidad Complutense de Madrid ROSARIO SEVILLA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC
CONICET-IDES
FERNANDA PEIXOTO, Universidade de São Paulo CLAUDIA ROSAS LAURO, Pontificia Universidad Católica del Perú
RENÉ SALINAS, Universidad de Santiago de Chile JUAN SURIANO, Universidad Nacional del General San Martín
ALEJANDRO TORTOLERO, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
REDES IMPERIALES Intercambios, interacciones y representación política entre Nueva España, las Antillas y Filipinas, siglos XVIII y XIX
María Dolores Elizalde Carmen Yuste (eds.)
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Madrid, 2018
Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones. Este libro es fruto del Proyecto de Cooperación Científica entre la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC «Redes imperiales: intercambios, interacciones, representación política entre Nueva España, las Antillas, Filipinas. Siglos XVIII y XIX». Ha contado con la financiación adicional de los proyectos del Plan Nacional de I+D «Imperios, naciones y ciudadanos en Asia y el Pacífico II» (HAR2012-39352-C02-02) y «Teoría y práctica de la representación política colonial en España (1868-1898)» (HAR2012-32510). Publicación incluida en el programa editorial del suprimido Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y editada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (de acuerdo con la reestructuración ministerial establecida por Real Decreto 355/2018, de 6 de junio). Catálogo general de publicaciones oficiales: http://publicacionesoficiales.boe.es EDITORIAL CSIC: http://editorial.csic.es (correo: [email protected])
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
© CSIC © María Dolores Elizalde y Carmen Yuste (eds.), y de cada texto, su autor Imagen de cubierta: José Honorato Lozano, «Vista de la Barra de Manila desde la Capitanía del Puerto», en Álbum de Tipos de Filipinas para el Excmo. Sr. D. José de la Gándara y Navarro, 1867, acuarela (reproducido en José María A. Cariño y Sonia Pinto Ner, Álbum: Islas Filipinas, 1663-1888, Ars Mundi, Philippinae, 2004, p. 207). ISBN: 978-84-00-10379-8 e-ISBN: 978-84-00-10380-4 NIPO: 059-18-102-0 e-NIPO: 059-18-103-6 Depósito Legal: M-28892-2018 Impresión y encuadernación: Imprenta ROAL, S.L. Impreso en España. Printed in Spain En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado ECF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible.
Índice
A modo de introducción: redes, intercambios y movilidad en el Imperio, por María Dolores ELIZALDE y Carmen YUSTE ...............................................................
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REDES DE INTERCAMBIO Una familia modelo en la negociación transpacífica del siglo XVIII, por Carmen YUSTE...
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Títulos nobiliarios, familia y comercio en Filipinas. El marquesado de Montecastro y Llana Hermosa, por Javier SANCHIZ ...............................................................................
47
Redes de conocimiento e información en torno a las navegaciones transpacíficas. La «Carta del Mar del Sur» y el «Mapa de la América Septentrional» en las Noticias de la California (1756), por Guadalupe PINZÓN ................................................................
69
Competencia y colaboración: la Real Compañía de Filipinas, el Galeón de Manila y las redes comerciales de Asia oriental, por Ander PERMANYER..........................................
87
Los últimos años del Galeón de Manila, 1816-1821, por Manuel PÉREZ LECHA ...............
111
PROCESOS DE MESTIZAJE E INTEGRACIÓN Los «indios chinos» en la costa novohispana de la Mar del Sur. Origen, establecimiento e inserción social, por Paulina MACHUCA ...................................................................... 137 Impacto e integración de la población asiática en Nueva España: el caso de Puebla, por Rubén CARRILLO ...................................................................................................... 163 Los criollos en las Filipinas del siglo XIX: una elite discreta, por Xavier HUETZ DE LEMPS 185 Movilidad, mestizaje y significación de los criollos en las Filipinas del siglo XIX, por María Dolores ELIZALDE.................................................................................................. 205 Obediencia, subsidio y desarraigo: mujeres y familias entre Florida y Cuba en la segunda mitad del siglo XVIII, por María Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL...................................... 233
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Í N D I C E
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN CLAVE COMPARADA Las Antillas en las urnas: la representación colonial en el Parlamento español, 1869-1879, por Inés ROLDÁN ............................................................................................................. 249 Los derechos políticos de los filipinos en el siglo XIX, por Julia CELDRÁN .......................... 279 Índice de figuras ................................................................................................................... 311 Los autores ............................................................................................................................ 313
A modo de introducción: redes, intercambios y movilidad en el Imperio María Dolores ELIZALDE Instituto de Historia Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Carmen YUSTE Universidad Nacional Autónoma de México
LA FORJA DE UN LIBRO: PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO Este libro nace de un proyecto de colaboración entre investigadores españoles y mexicanos realizado en el marco de un Acuerdo de Cooperación Científica entre la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Durante los años 2014 y 2015, un equipo de investigadores de la UNAM y otro del CSIC, que desde hace años trabajamos en distintas cuestiones relacionadas con la forja y desarrollo del imperio español, de los distintos espacios que lo integraron y de los muchos problemas que en ellos se dirimieron, tales como vida política, representación parlamentaria, instituciones económicas, intercambios comerciales, sociedades coloniales, redes culturales e intelectuales, familias y vida cotidiana, y relaciones internacionales en Nueva España, Antillas y Filipinas, hemos tenido ocasión de trabajar conjuntamente en la profundización de algunas de esas cuestiones a fin de contrastar, gracias a este convenio, los planteamientos de ambas historiografías y avanzar juntos en el conocimiento. El desarrollo de otros proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D español nos ha permitido organizar actividades complementarias que han enriquecido el acuerdo de cooperación científica entre la UNAM y el CSIC, posibilitando la participación de otros investigadores cuya contribución se refleja en este volumen. Al abordar el trabajo partíamos de la hipótesis de que el imperio español no se forjó solo a través de unas directrices metropolitanas y unas respuestas locales, diferentes en cada espacio, sino que lo hizo a través de continuas interacciones entre los distintos ámbitos, en complejos caminos de ida y vuelta, hechos de mutuas influencias, y forjados a tra-
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vés de diferentes planos de relación y con la participación de múltiples protagonistas. Nos interesaba indagar así en las respuestas dadas en los distintos territorios ante una serie de problemáticas comunes, evaluando si en esas reacciones influían las actitudes adoptadas en los demás espacios. Desde esa perspectiva de movilidad e interacciones dentro del imperio, el objetivo principal de nuestro proyecto ha sido incidir en el estudio de la formación de redes en el imperio español, en los siglos XVIII y XIX, a partir del análisis comparado de tres espacios: Nueva España, las Antillas y Filipinas, y a través de tres perspectivas: los intercambios entre distintos ámbitos y grupos del imperio; los procesos de mestizaje e integración; y la representación política. Para ello, decidimos que, como metodología de trabajo, debíamos aprovechar las características del convenio, que potencia la estancia de investigadores de cada equipo, español y mexicano, en el otro país, para organizar en cada viaje una reunión científica que planteara las cuestiones que queríamos explorar en colaboración. Consideramos interesante invitar a esas reuniones a otros especialistas en la materia. Ello permitiría debatir nuestras hipótesis con colegas del otro país, enriqueciendo nuestras perspectivas de trabajo y multiplicando las posibilidades y efectos de nuestras investigaciones. En esa misma línea, concretamos, como segundo objetivo del proyecto, que los desplazamientos de los investigadores mexicanos a España y los de los españoles a Ciudad de México se aprovecharían también para articular redes y establecer contactos científicos que pudieran facilitar el desarrollo de futuras investigaciones. Finalmente, establecimos que el tercer objetivo de nuestras estancias en el otro país sería la consulta de archivos y fuentes documentales, siempre fundamentales en nuestro trabajo como historiadores.
FAMILIAS Y MESTIZAJES ENTRE MÉXICO Y FILIPINAS Desde esos planteamientos, en el año 2014 organizamos un primer seminario en la UNAM, titulado «Familias y mestizajes entre México y Filipinas», que se celebró el 28 de octubre en el Instituto de Investigaciones Históricas de esta institución. En él exploramos las dinámicas de relación que se fueron conformando a través del desplazamiento sucesivo de personas y algunos grupos familiares por distintos espacios del imperio, así como el alcance de las interacciones producidas. Teníamos interés en debatir problemas de mestizaje e internacionalización en el imperio, cuestionando un tema muy trabajado en México, pero poco abordado para el caso filipino, esto es, la significación de los criollos y mestizos en la forja y evolución de las Filipinas del siglo XIX, tanto en su dimensión política, económica y social, como en los procesos de integración entre diferentes comunidades dentro de una sociedad colonial. Con tal objeto, los investigadores del equipo español, María Dolores Elizalde, del Instituto de Historia del CSIC, y Xavier Huetz de Lemps, profesor de la Université Nice Sophia Antipolis, expusieron un planteamiento teórico del problema de los criollos y mestizos en Filipinas, así como un análisis práctico de la cuestión a través de una familia concreta de gran relevancia en Filipinas, los Roxas. A su vez, el equipo mexicano, presente en la sesión y participante activo en la misma, invitó a varios
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profesores que trabajan sobre la integración de comunidades asiáticas en México. Así, tuvimos ocasión de escuchar a Jesús Hernández Jaimes (FFyL/UNAM) hablando de los asentamientos filipinos en la jurisdicción de Acapulco; a Paulina Machuca (El Colegio de Michoacán) departiendo sobre la inserción de los indios chinos en las haciendas de palmas de Colima; a Gerardo Lara Cisneros (IIH/UAM) refiriéndose a los indios y «chinos» frente al arzobispado de México; y a Rodolfo Aguirre (IISUE/UNAM) tratando el caso de los filipinos en la Real Universidad de México. De tal forma, la sesión nos permitió comparar y debatir sobre los distintos mecanismos adoptados para la integración de comunidades en diferentes espacios del imperio, y las consecuencias que a largo plazo ello pudo tener en la gobernabilidad de los territorios, en el desarrollo económico y en la cohesión social alcanzada en los mismos. Finalmente, los investigadores del equipo español trabajaron en el Archivo General de la Nación, indagando en cómo se forjaron carreras y fortunas a través de los distintos territorios imperiales, y en cómo sagas familiares, que luego contribuirían a crear una identidad nacional en el proceso de construcción de una nación independiente, se construyeron a partir de múltiples mestizajes e influencias. Tuvieron ocasión de participar, además, en el seminario «¿Cuántos mundos? Encuentros franco-mexicanos sobre Historia Global», coordinado por Romain Bertrand (Sciences Po, París), en el cual se planteaban interrogantes sobre cuestiones que también nosotros trabajamos: mestizajes del Atlántico Sur al Pacífico Norte; relaciones en las fronteras de los imperios; saberes locales-saberes globales; ¿una historia mundo o un mundo de historias? La asistencia a las sesiones celebradas en el antiguo Colegio de San Ildefonso nos ofreció la oportunidad de profundizar en el debate de estos temas, tratar con otras redes de trabajo y ampliar perspectivas en el planteamiento de estas cuestiones.
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO Y EL CARIBE (SIGLOS XVIII Y XIX) En el año 2015 organizamos un nuevo seminario internacional que esta vez versó sobre «Gobierno y representación política en México y el Caribe (siglos XVIII y XIX)». La reunión tuvo lugar el día 5 de mayo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En ella, Inés Roldán, como representante del equipo español, disertó sobre la representación política y los procesos electorales en Cuba durante la época de la Restauración, 1878-1898. A su vez, María Teresa Cortés Zavala y Carlos Aburto Torres, profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explicaron los procesos electorales y la representación política en Puerto Rico en el periodo revolucionario, 1868-1874. Por su parte, varios investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM analizaron la experiencia mexicana, contextualizándola en un marco latinoamericano. Así, Juan José Benavides Martínez trazó la caracterización de una elite, al hablar de hidalgos del norte peninsular y grandes familias criollas en San Luis Potosí durante el siglo XIX, Rodrigo Moreno Gutiérrez disertó sobre la ruralización de la política en el tránsito de Nueva España al Estado Nacional Mexicano, y Alfredo Ávila Rueda analizó las formas de representación política en el siglo XIX latinoamericano. De tal forma, se trataron diversos
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aspectos de la representación política en Caribe Antillano y en México, dando lugar a una interesante discusión en la que también participaron alumnos de la UNAM. De igual manera, y según los planes previstos, la Dra. Roldán tuvo ocasión de trabajar en el Archivo General de la Nación, consultando la documentación de los cónsules mexicanos instalados en la ciudad de La Habana durante el siglo XIX, lo cual le permitirá documentar muchos de los procesos electorales y problemas políticos de la colonia española a través de la óptica de los diplomáticos mexicanos. Por otra parte, prosiguiendo la línea de trabajo fijada en torno a la representación política en el imperio, Inés Roldán organizó en septiembre de 2015 un segundo seminario internacional sobre La voz de ultramar: Colonias y representación política en los imperios ibéricos del siglo XIX, que tuvo lugar en la sede del Instituto de Historia del CCHS. En él participaron las tres investigadoras del equipo español, la propia profesora Roldán, la Dra. González Ripoll y la Dra. Elizalde. Junto a ellas intervinieron otros especialistas españoles y cuatro investigadores portugueses de la Universidad Nova de Lisboa, con la finalidad de estudiar desde una perspectiva comparada los procesos de representación política en el otro imperio Ibérico del XIX. El caso portugués guarda con el español muchas similitudes, pero también contrastes, cuyo estudio ayuda a explicar mejor los desarrollos en las colonias españolas.
FORJA Y TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES IMPERIALES: NUEVAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL GALEÓN DE MANILA En Junio de 2015, la Dra. Carmen Yuste realizó un primer viaje a España con objeto de trabajar con los fondos documentales del Archivo Nacional de Filipinas depositados en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC. Allí consultó fuentes sobre familias y comerciantes implicados en el tráfico comercial del Galeón que unía Manila y Acapulco. Durante su estancia, además del trabajo cotidiano en torno a esas fuentes, se realizaron reuniones entre Carmen Yuste y las tres investigadoras españolas que forman el equipo del CSIC, María Dolores Elizalde, Inés Roldán y María Dolores González Ripoll. Dentro de esta misma línea de trabajo, en noviembre de 2015 organizamos en Madrid el seminario Forja y transformación de las redes imperiales: Nuevas investigaciones en torno al Galeón de Manila, celebrado en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC el 3 de noviembre de 2015. En él quisimos incidir en cómo instituciones tales como el Galeón de Manila contribuyeron a crear redes de intercambio e interacción entre los diferentes ámbitos. A tal fin tuvimos ocasión de contrastar la maestría de la Dra. Yuste, que expuso sus investigaciones más recientes sobre el papel de Nueva España en tanto que cabo americano del Galeón de Manila, y de la Dra. Guadalupe Pinzón, que disertó sobre el papel desempeñado por el puerto de San Blas dentro de las redes transpacíficas, con las últimas e innovadoras tesis defendidas en España por dos jóvenes investigadores como son Ander Permanyer, de la Universitat Pompeu Fabra, que explicó cómo se abrieron por el Índico nuevas rutas comerciales que supusieron un reto de competencia, pero también de colaboración, entre el Galeón de Manila y
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la Real Compañía de Filipinas, obligando a transformar los planteamientos anteriores, y Manuel Pérez-Lecha, de la Universidad de Castellón Jaume I, que expuso su trabajo sobre los últimos años del Galeón, defendiendo los motivos para el mantenimiento de esta ruta comercial hasta bien entrado el siglo XIX y las redes mercantiles consolidadas en ese período tardío. Durante la estancia que ambas investigadoras mexicanas realizaron en España, participaron en el Congreso Internacional Coexistencia e interacción entre comunidades en las Filipinas del siglo XIX, que tuvo lugar en Madrid los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2015. El propósito de ese encuentro científico fue profundizar en el conocimiento de los mecanismos de coexistencia e interacción entre comunidades imperiales a partir del caso de las Filipinas españolas. En el congreso intervinieron especialistas de reconocimiento mundial, representantes de las principales historiografías dedicadas al estudio de Filipinas y al papel de los imperios en una historia global. Dentro del mismo, la Dra. Yuste pronunció una ponencia sobre «Familias mercantiles en Manila y la Ciudad de México en el siglo XVIII» y la Dra. Elizalde otra sobre «Navegando entre comunidades», que en ambos casos prosiguieron la investigación comprometida en este convenio de colaboración, presentando unas primeras conclusiones ante una cualificada audiencia.
PRIMERAS CONCLUSIONES EN TORNO A LAS CUESTIONES EN DEBATE De tal forma, a través de este proyecto, y de las reuniones y debates mantenidos en el curso del mismo, hemos comprobado la permeabilidad entre los espacios, la influencia en cada uno de los territorios que componían el imperio de lo que estaba ocurriendo en otros lugares, y los continuos intercambios que incidían en la evolución de los procesos en uno y otro lugar, aunque con frecuencia las decisiones y soluciones adoptadas en cada ámbito fueran diferentes según su idiosincrasia, lo cual probablemente permitió la supervivencia de territorios tan dispares en una misma estructura política capaz de albergarles a todos, precisamente por el reconocimiento de esa diversidad y una cierta flexibilidad al fijar directrices y adoptar medidas de funcionamiento. Así, en torno al primero de los temas señalados, las redes de intercambio, hemos profundizado en el estudio de las interacciones producidas a través del Galeón de Manila, analizando las relaciones entre familias de comerciantes a un lado y otro del Pacífico, demostrando que sin esas tramas actuando al tiempo en ambos espacios, Nueva España y Filipinas, hubiera sido imposible que los negocios prosperaran, con lo cual las estrategias se enfocaron a crear y consolidar redes transpacíficas que tuvieron un indudable impacto en cada uno de los espacios. Hemos trabajado, también, en el análisis de lo que significó el puerto de San Blas, como alternativa a Acapulco; en el desafío que supuso para el Galeón transpacífico la creación de la Real Compañía de Filipinas que unía directamente la Península con Filipinas y que permitió adentrarse en nuevos negocios en Asia, pero también inaugurar una nueva ruta comercial con América; y en los últimos años del Galeón, desmintiendo el ocaso de esta ruta comercial, y estudiando su transformación,
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ya en el siglo XIX, a partir de la incorporación de comerciantes particulares que suplieron al monopolio anterior. En torno al segundo de los temas definidos, esto es, los procesos de mestizaje e integración, hemos analizado las dinámicas de relación que se conformaron a través del desplazamiento sucesivo de algunos grupos familiares por distintos espacios del imperio. En esa línea, nos hemos centrado, en particular, primero, en la formación de sagas de criollos y mestizos, provenientes de la Península, con estancias más o menos prolongadas en Nueva España, y asentados posteriormente en Filipinas, estudiando su influencia en el desarrollo del país a nivel político, económico y social, y segundo, en los mecanismos para la integración entre las distintas comunidades. Ha sido muy interesante, en ese sentido, tener la oportunidad de comparar, a través de este proyecto, lo ocurrido en Filipinas tanto con el papel de los criollos en Nueva España, como con el asentamiento e integración de poblaciones asiáticas en el actual México, los procesos de mestizaje y aculturación y las consecuencias que tuvieron a largo plazo esos mestizajes en la gobernabilidad de los territorios, en el desarrollo económico, en la definición de identidades y en la cohesión social alcanzada en los distintos espacios. Finalmente, en torno al tercero de los temas elegidos, es decir, la representación política en el imperio en clave comparada, hemos estudiado los casos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, contrastándolos tanto con la representación que Nueva España tuvo en las Cortes de Cádiz, como con los nuevos mecanismos de representación desarrollados en México ya como nación independiente en la época liberal, y también ampliando el marco de esa comparación al caso portugués. En ese sentido, hemos analizado cómo se resolvió en cada espacio la cuestión de la representación política, definiendo las diferentes normativas y regulaciones adoptadas en las Antillas, en Nueva España y en Filipinas, frente a la uniformidad decidida para todos los territorios del Ultramar portugués. Subrayábamos así cómo, en todos los casos, esta cuestión se convirtió en un mecanismo de apaciguamiento frente a unos movimientos independentistas que se trataban de acallar ampliando el nivel de representación. Poníamos también de manifiesto cómo la resolución de estas cuestiones incidió tanto en la formación y caracterización de las élites políticas, como en la relación, o en la eventual ruptura, con la metrópoli.
RESULTADOS DEL PROYECTO: PUBLICACIÓN DE UN VOLUMEN COLECTIVO El trabajo de investigación mantenido durante la realización de este proyecto, así como los resultados de las reuniones organizadas y los debates mantenidos se han plasmado, finalmente, tras el consiguiente proceso de reelaboración y escritura, en el volumen colectivo que aquí se presenta, compuesto de nuevo de tres partes diferenciadas.
Redes de intercambio El Galeón de Manila fue un instrumento institucionalizado para comunicar Filipinas con Nueva España y promover el comercio entre Asia, América y Europa. Se articuló en torno a Manila y Acapulco, como las dos bases fundamentales a través de las cuales se
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realizaban los intercambios. Manila, como sede de la actividad mercantil de los españoles en Asia; Acapulco como puerto receptor en América. Desde Nueva España, una vez al año, un galeón llevaba plata americana que en Manila se intercambiaba por géneros asiáticos de diversas calidades y precios, traídos hasta este enclave principalmente por juncos chinos, los cuales se redistribuían desde Acapulco al resto del mundo. Pero además, junto a los productos comerciales, en el Galeón llegaban a uno y otro territorio personas, noticias, informaciones, libros, ideas, tendencias, corrientes artísticas, creencias religiosas, costumbres diferentes y tantas otras cosas que enriquecieron y transformaron los mundos implicados en la ruta transpacífica. Desde esta perspectiva, el apartado Redes de Intercambio está dedicado a analizar de qué manera la navegación anual del Galeón de Manila a Acapulco contribuyó a la formación de redes de intercambio e interacción a uno y otro lado del Océano Pacífico, que con sus dinámicas y posibilidades, lograron extenderse y expandirse a través del paso sucesivo por distintos espacios del imperio hispánico. El trabajo de Carmen Yuste «Una familia modelo en la negociación transpacífica del siglo XVIII» tiene el propósito de determinar los atributos peculiares de la comunidad mercantil asociada al tráfico transpacífico en la Ciudad de México y en la de Manila durante el siglo XVIII, reunidos bajo el genérico familia, entendiendo que, más allá del vínculo de parentesco, compadrazgo y clientelismo, compartieron condiciones e intereses mercantiles que propiciaron la constitución de empresas de comercio en común, algunas de ellas de fructífera conducción y trayectoria secular a uno y otro lado del Pacífico. El artículo de Javier Sanchiz «Títulos nobiliarios, familia y comercio en Filipinas. El marquesado de Montecastro y Llana Hermosa» aborda una de las concesiones de merced nobiliaria que tuvieron como beneficiario a uno de los comerciantes asentados en Manila, vinculado a los tratos de mercancías con Nueva España en la primera mitad del siglo XVIII. Un título que ha sido obviado por muchos de los estudios y recopilaciones nobiliarias. El estudio que realiza Javier Sanchiz del marquesado a través de la posesión de la merced y de la conformación de las familias nucleares de los titulados permite conocer al grupo parental hasta nuestros días, y es especialmente relevante por establecer nexos y redes con otros grupos familiares de la elite de su momento. Por su parte, Guadalupe Pinzón Ríos en su colaboración intitulada «Redes de conocimiento e información en torno a las navegaciones transpacíficas. La “Carta del Mar del Sur” y el “Mapa de la América Septentrional” en las Noticias de la California (1756)» estudia la forma en la que dos mapas insertos en las Noticias de la California de Miguel Venegas fueron un instrumento con el que se intentó hacer un llamado a las autoridades españolas sobre los peligros que acechaban al septentrión americano, a causa principalmente de los avances que otras potencias enemigas habían logrado a lo largo del Pacífico durante el siglo XVIII. Esos mapas: la «Carte de la Mer du Sud ou Mer Pacifique» (1750), elaborada para la obra donde se narra el viaje de George Anson, y las «Cartes des Nouvelles découvertes au Nord de la Mer du Sud» (1752), hechas en Francia por Nicolás Delise y Philippe Buache, más que ser meras copias de registros geográficos obtenidos por Inglaterra y Francia, fueron traducciones al español que incluyeron ciertas adecuaciones resultado de las expediciones hispanas o bien que respondían a los intereses de la corona
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española. Los mapas referidos fueron usados para dar a conocer las navegaciones y asentamientos hispánicos que desde tiempo atrás se habían hecho por el Pacífico, así como para hacer frente a las descripciones y registros hechos por extranjeros sobre el Mar del Sur. Es decir que fueron usados como un discurso con el que se pretendió llamar la atención de una forma más visual de los peligros que acosaban en el Pacífico septentrional y para compilar las informaciones sobre ese océano que en gran medida estaban en fuentes geográficas extranjeras que proyectaban sus intereses en él. Entretanto, a partir de la conjetura de que en la mayoría de los análisis sobre el Galeón de Manila y la Real Compañía de Filipinas se suele dar por sentada una relación de estricta competencia, en la que, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la compañía privilegiada habría sido el principal motivo del declive de la ruta transpacífica durante sus últimos años de existencia, en el capítulo «Competencia y colaboración: la Real Compañía de Filipinas, el Galeón de Manila y las redes comerciales de Asia oriental» Ander Permanyer Ugartemendia, sin negar una relación de cariz competitivo entre ambas instituciones, ofrece una aproximación más matizada, identificando otros factores, al margen de la Compañía de Filipinas, que explicarían la crisis del tráfico transpacífico, además de sugerir elementos de colaboración entre ambas estructuras, partiendo de lo poco que todavía sabemos acerca de la corporación privilegiada y, más específicamente, de sus actividades asiáticas. Situando ambos sistemas monopólicos en las complejidades del comercio internacional y en las particularidades del local y regional, Permanyer concierta las interacciones que surgieron en una complicada relación de competencia y de intereses mezclados, durante un periodo de profundos cambios. Por último, Manuel Pérez Lecha con su contribución «Los últimos años del Galeón de Manila, 1816-1821» analiza una nueva etapa del tráfico transpacífico una vez disuelta la línea marítima comercial del Galeón de Manila por las Cortes de Cádiz en 1813. Para ello, da cuenta exhaustiva del movimiento marítimo entre Filipinas y Nueva España entre los años de 1813 a 1821, cuando dicha actividad quedó cancelada con la declaración de Independencia de la colonia americana. De este modo busca mostrar cómo algunas de las antiguas limitaciones que afectaban la navegación transpacífica fueron dejadas de lado para tratar de volver a impulsar esta negociación, manteniéndola, eso sí, en manos de los veteranos interesados en las cargazones de los galeones, quienes fueron los que realmente promovieron las reformas. Así y a la vista del comportamiento mercantil y las características de los tratos, Manuel Pérez Lecha considera que esos años, más que un nuevo tiempo, significaron la continuidad del galeón.
Procesos de mestizaje e integración En la segunda parte del volumen, dedicada a procesos de mestizaje e integración, se analizan diferentes tipos de movilidad a través de los territorios del imperio español, estudiando poblaciones de procedencia geográfica, grupos y redes sociales, ocupaciones, impacto y aspiraciones distintas, pero que, cada una en su nivel, supusieron interesantes
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casos de diásporas, mestizajes y reinvenciones de la propia identidad y significación en un nuevo espacio. De tal forma, en primer lugar, Paulina Machuca y Rubén Carrillo analizan dos casos diferentes, aunque paralelos, de asentamiento e integración de población asiática en Nueva España, uno centrado en el caso de Colima, en la franja costera del Pacífico novohispano, y otro en el de Puebla, una de las principales ciudades de la América española y un eslabón clave en el sistema del Galeón de Manila. En ese esfuerzo, ambos autores definen el concepto de «indios chinos» o población asiática, y analizan una serie de cuestiones comunes, tales como la procedencia, composición y condición social de esa población, los medios de transporte transpacífico empleados, la forma en que los distintos individuos arraigaron en la nueva tierra, los oficios que desempeñaron, el reconocimiento social alcanzado, la religión que profesaron, los matrimonios que contrajeron y hasta qué punto ello facilitó estrategias de integración, los lugares, razones y mecanismos para el encuentro, los procesos de aculturación y el impacto que estas poblaciones asiáticas produjeron en Nueva España. Al tiempo, en estos dos trabajos se pone de relieve la diferenciación básica existente entre la población que viajó libremente y aquellos que lo hicieron como esclavos, explicando la singular caracterización de este tipo de esclavitud asiática llegada a tierras mexicanas, la ambigüedad jurídica gracias a la cual pudieron arribar a Nueva España, y su encaje y evolución en esta nueva realidad. Es interesante, también, la voluntad expresada en estos textos «de recuperar esas “vidas minúsculas” —libres y esclavas—, seguirles la pista y poner en evidencia el rol que desempeñaron en una sociedad ajena, distante y nueva para ellos». De igual forma, ambos trabajos evidencian que los procesos de integración de las poblaciones fueron diferentes en cada uno de los escenarios, al ser el primero de ellos un mundo preeminentemente rural y el segundo uno de los núcleos urbanos más importantes, distinguiendo así perfiles distintos, aunque con algunas notables coincidencias, entre los chinos indios asentados en diversas zonas. En segundo lugar, Xavier Huetz de Lemps y María Dolores Elizalde analizan un tema ampliamente tratado para el caso americano, como ya hemos dicho, pero poco estudiado para el filipino, esto es, el papel que desempeñaron los criollos en el desarrollo político, económico y social de Filipinas. Lo hacen desde una doble perspectiva, presentando una reflexión teórica sobre el problema y un análisis práctico a través de la evolución de una familia criolla a lo largo del siglo XIX. De tal forma, Xavier Huetz de Lemps presenta una valiosa reflexión sobre los criollos en las Filipinas del siglo XIX, caracterizando esta elite dentro de la sociedad colonial, y señalando los factores que les distinguieron como un grupo singular, las relaciones que mantuvieron con otros tipos de población y su contribución al desarrollo del archipiélago. Por su parte, María Dolores Elizalde pone de relieve, en primer lugar, la movilidad de los descendientes de peninsulares por distintos territorios del imperio y el frecuente tránsito entre la Península, Nueva España y Filipinas, antes de las independencias americanas. La ruptura con América significó una obligada traslación hacia Asia y el Índico, puesto que desde entonces las relaciones entre Filipinas y la Península se hicieron por la ruta del Cabo de Buena Esperanza o del Canal de Suez, intensificándose así los in-
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tercambios con esos espacios. China, India, Japón o los puertos británicos en Asia se convirtieron en nuevos lugares para la interacción con otras sociedades. Estudia, luego, los procesos de asentamiento, mestizaje e integración de los criollos en Filipinas. A través del análisis de la familia Roxas, y del entorno que les rodeaba, destaca su implicación en la vida política del archipiélago y su compromiso en varios momentos clave de reformas y enfrentamientos —1823, 1842, 1872, 1896—. Señala las redes en que se movieron, sus relaciones con distintos grupos de población y la estrategia de alianzas establecidas. Subraya también la participación de los criollos en el desarrollo de la economía isleña y su postura ante la definición de una identidad colectiva y la creación de una conciencia nacional filipina. Su contribución se cierra con un balance sobre la significación de los criollos dentro de la sociedad filipina y en el contexto de un imperio global. A través de estos dos trabajos, se constata la existencia de unas élites conectadas a través del imperio, que realizaban frecuentes traslados, poniendo de relieve la circulación entre los diferentes territorios en los siglos XVIII y principios del XIX. Sin embargo, según esas élites arraigaban definitivamente en un espacio concreto, empezaban a defender intereses distintivos, privativos, de ese lugar. Reclamaban la diferenciación en razón de la singularidad del territorio y se afanaban en la defensa de sus propios intereses, enfrentándose a los demás cuando era necesario y estableciendo alianzas solo cuando los intereses coincidían o frente a un enemigo exterior. Una vez independizadas las repúblicas americanas, los filipinos se quedaron solos, rotos los seculares lazos novohispanos y transpacíficos. Siguieron manteniendo relación con las Antillas y con los círculos coloniales metropolitanos, pero sus intereses no siempre coincidieron, y en muchos casos no lo hicieron en absoluto, incrementándose las diferencias entre ellos. En ese marco, a nivel económico, los criollos filipinos tuvieron un protagonismo muy destacado, estableciendo sus alianzas con quienes fuera más ventajoso, independientemente de su origen, lo cual a veces les hizo coincidir con los intereses de algunos grupos peninsulares, pero otras divergieron de ellos, afirmando aspiraciones específicamente isleñas o aliándose con círculos de negocio internacionales. Por otra parte, a nivel político, los criollos filipinos desempeñaron un papel diferente al de los criollos americanos. Presentaron numerosas reclamaciones con objeto de mejorar su situación y defender sus intereses, y siempre oscilaron entre la colaboración y el conflicto con las autoridades coloniales, pero no encabezaron la revolución, ni tuvieron el protagonismo que hubiera podido esperarse. Les ganaron la partida los ilustrados, los gobernadorcillos y representantes del poder local, las élites nativas, en definitiva, que supieron granjearse el apoyo popular, aunque en bastantes casos contaron con el respaldo de criollos y mestizos españoles crecientemente integrados en la sociedad de las islas. Finalmente, en el último trabajo de esta segunda parte, María Dolores GonzálezRipoll estudia los movimientos de población entre la península de Florida y los territorios del entorno caribeño a consecuencia de los cambios de soberanía entre españoles, británicos y estadounidenses vividos en este territorio entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Analiza, en concreto, el obligado éxodo de ida, y en algunos casos de vuelta, que tuvo que afrontar la población del antiguo presidio de San Agustín de la Florida. Era un área de frontera donde vivían más de 3.000 personas de caracterización
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heterogénea y multirracial, compuesta por no solo por españoles, sino también por nativos y africanos que optaron por dejar los enclaves que habitaban en el hinterland de San Agustín: los pueblos de indios Nuestra Señora de la Leche y Nuestra Señora de Guadalupe de Tolomato y la colonia de morenos libres Gracia Real de Santa Teresa de Mose. Tanto al pasar la soberanía de este enclave de españoles a británicos, en 1763, como al retornar a manos españolas en 1784, y décadas después, al incorporarse estos territorios a Estados Unidos, numerosos floridanos hubieron de abandonar hogares y pertenencias. Muchos de ellos se dirigieron a Cuba, una isla con la que existían importantes lazos. En ese contexto, González-Ripoll estudia los grupos de población que se trasladaron, señalando las diferencias de clase, raza, ocupación, género y estado civil, diferenciando nuevamente entre libres y esclavos, con lo que ello significaba en cada caso. Apunta también las gestiones administrativas para demostrar las propiedades que dejaban atrás, con la aspiración de recuperarlas algún día. Analiza luego la integración de esta población en Cuba, los factores que favorecieron el proceso, los lazos establecidos en la isla, las estrategias matrimoniales, así como los modos y medios de vida en el nuevo enclave. Subraya, de igual forma, la política de pagos de sustentos familiares, pensiones a viudas y huérfanos, y limosnas asistenciales proporcionadas por la Corona a la población emigrada a fin de asegurar su supervivencia. El trabajo se cierra con un estudio del difícil retorno de esta población a San Agustín cuando la Florida fue recuperada por los españoles en 1783, señalando los obstáculos encontrados, primero porque en esos 20 años muchos de ellos habían arraigado en Cuba, y luego porque se decidió mantener los subsidios a aquellos que permanecieran en Cuba, por lo que buena parte de esa población alegó enfermedades para continuar en la isla, a resultas de lo cual solo el 14 por ciento de los emigrados quisieron regresar a sus hogares, cifra a la que se sumaron los militares y burócratas enviados por la Corona.
La representación política en clave comparada En la tercera parte del libro, dedicada a la representación política en el imperio en clave comparada, se presentan sendos estudios sobre la participación de diputados de las Antillas y Filipinas en un parlamento común, poniendo de relieve las notables diferencias manifestadas en cada caso, a pesar de coincidir en algunas circunstancias, temores y limitaciones para su pleno desarrollo, y pese a que los logros conseguidos en alguno de esos espacios, frente a la frustración de los demás, espoleó las reclamaciones de igualdad ante la metrópoli e incrementó el descontento ante la discriminación. Así, Inés Roldán presenta un detallado y bien documentado análisis de la representación de las Antillas en el parlamento metropolitano —o de su ausencia— a lo largo del siglo XIX. Partiendo de la idea de que la representación política es el más fundamental de los derechos y la esencia del régimen liberal que convertía a los súbditos en ciudadanos, analiza el largo proceso a través del cual los territorios ultramarinos lucharon por estar representados en las instituciones metropolitanas, cómo lo consiguieron en algunos períodos y fallaron en sus propósitos en otros.
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Empezando por la Carta de Bayona de 1809, pasando por la Constitución de Cádiz, revisando las distintas reglamentaciones constitucionales, y deteniéndose de manera especial en el Sexenio Democrático y los años de la Restauración, Roldán analiza la situación en la que quedaron las colonias antillanas en cada uno de los períodos. Destaca así que, incluso cuando hubo presencia colonial en Cortes, la representación ultramarina no se realizó en términos de igualdad entre metrópoli y colonias, no se respetó la proporcionalidad que le correspondía a cada territorio según su población, ni se mantuvieron los mismos criterios ni normativa electoral en los distintos espacios. El objetivo era ganar la adhesión de la población de las colonias y acallar las demandas reformistas, pero favoreciendo solo la representación de la población blanca más afín a los intereses metropolitanos. Representación, sí, cuando la hubo, pero siempre limitada y controlada a fin de no perjudicar a la metrópoli. Estudia también cómo en la década de 1830 se esgrimieron diversos argumentos para excluir a la población ultramarina de las Cortes, subrayando el impacto del apartamiento político decidido en 1837. A partir de entonces en las Antillas se produjeron constantes demandas de restitución de los derechos ciudadanos. A pesar del temor ante la posibilidad de que mayores capacidades políticas alentaran movimientos separatistas, y los recelos ante los efectos que la representación ultramarina pudiera tener sobre la espinosa cuestión de la esclavitud, los políticos del Sexenio Democrático, conscientes de haber contraído ciertos compromisos con las reformas en Ultramar, comprendieron que era inevitable replantear la cuestión de la representación política en las colonias. El proceso no fue fácil y en su curso encontró todo tipo de dificultades, limitaciones e intereses encontrados y se desarrollaron múltiples argumentos y contraargumentos, pero en 1869 se decidió al fin volver a incorporar diputados de Puerto Rico, y años después, después de muchas más batallas, también de Cuba. Una vez restituida la representación en las Antillas, en el trabajo se analizan las leyes y condiciones electorales, los requisitos requeridos para poder votar y para poder ser elegido, la peculiar situación en la que quedó la población de color y aún más de la esclava, los grupos políticos formados en cada isla, los candidatos presentados, los resultados de las elecciones celebradas, los diputados elegidos por las dos Antillas, y las reacciones ante lo sucedido, poniendo de manifiesto que solo en 1898, unos meses antes de perder las colonias, pudieron los diputados puertorriqueños y cubanos disfrutar de una ciudadanía plena e igual a la de los ciudadanos metropolitanos. En Filipinas la historia sería diferente y provocaría mayores frustraciones ante las cortapisas impuestas por el régimen colonial. De tal forma, Julia Celdrán analiza los breves períodos en los que Filipinas tuvo representación política dentro del parlamento español, en unas Cortes que hermanaban a los españoles de todos los territorios, siguiendo un ideal de asimilismo e igualdad que pronto se vería desmentido por medidas represivas que, a partir de 1837, acabarían para siempre con la incorporación de los filipinos a la vida parlamentaria de la metrópoli. Sin embargo, tal como demuestra la autora a través de su artículo, tanto la experiencia de las Cortes de Cádiz, la implantación de la Constitución de 1812, las esperanzas nacidas bajo su influjo y la participación de diputados filipinos en las Cámaras del Trienio Liberal y de los años 1834-1836, como el posterior
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apartamiento de los filipinos de la vida parlamentaria, su relegación a tareas políticas meramente locales y su sometimiento a unas leyes especiales que subrayaban la diferenciación con el resto de población del imperio tendrían graves consecuencias que marcarían el desarrollo de unas aspiraciones filipinas desafectas al régimen colonial y la lenta forja de un movimiento nacionalista e independentista —al cual también contribuirían otros factores—. A ello animó también la consideración reiterada respecto a los filipinos a lo largo del siglo, constitución tras constitución, en ninguna de las cuales la población de las islas consiguió encontrar un lugar que les permitiera desarrollar plenamente sus capacidades y esperanzas dentro del marco imperial. El caso se fue haciendo más sangrante, además, en comparación con lo ocurrido en Puerto Rico y en Cuba. Llegado un punto, solo les quedó, pues, la claudicación aceptando la marginación, o la lucha por un futuro diferente. Esa creciente tensión queda manifiesta a los largo del detallado y bien documentado trabajo de Julia Celdrán.
AGRADECIMIENTOS No quisiéramos acabar la presentación de este volumen sin agradecer a este convenio de cooperación entre la UNAM y el CSIC habernos ofrecido la oportunidad de trabajar durante dos años con un equipo del otro país que investiga cuestiones similares a las que nos preocupan, permitiéndonos comparar nuestras perspectivas y ahondar de forma conjunta en nuestros conocimientos. La realización de este proyecto de colaboración nos ha posibilitado enriquecer las respectivas investigaciones, nos ha aportado una visión más global, más conjunta del imperio, y nos ha permitido entender mejor la complejidad de sus territorios y de sus sociedades, dentro de una historia global. Detrás de un proyecto y de unas instituciones, hay siempre personas concretas a quienes también quisiéramos agradecer de forma expresa su apoyo y su colaboración: En primer lugar, a los sucesivos directores de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y del Centro de Ciencias Históricas y Sociales del CSIC durante la realización del proyecto: Concha Roldán y Gloria Fernández Mayoralas, por parte del CSIC, y Estela Morales Campos y Domingo Alberto Vital Díaz, por parte de la UNAM, además de Gerardo Torres Salcedo de esta misma institución. Luego, a los directores de los institutos de investigación de los dos equipos, Consuelo Naranjo, directora del Instituto de Historia del CSIC, y Ana Carolina Ibarra González, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También, a los evaluadores de los proyectos, fieles seguidores de su realización, Alfredo Moreno Cebrián, del Instituto de Historia del CSIC, y Rubén Ruiz Guerra, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM. De igual forma, a todos los ponentes de los seminarios que hemos organizado en el marco del proyecto, Jesús Hernández Jaimes, Gerardo Lara Cisneros, Rodolfo Aguirre Salvador, María Teresa Cortés Zavala, Carlos Aburto Torres, Alfredo Ávila Rueda, Rodrigo Moreno Gutiérrez, y, Juan José Benavides Martínez así como las muchas personas que acudieron y participaron en los seminarios organizados.
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Y, finalmente y de manera muy particular, a los miembros de este proyecto, también ponentes en los seminarios y además autores de las contribuciones reunidas en este libro, así como a aquellos otros especialistas que en algún momento del proyecto, de una manera u otra, se han sumado a su realización: Inés Roldán, Guadalupe Pinzón, Loles González-Ripoll, Javier Sanchis, Xavier Huetz de Lemps, Paulina Machuca, Rubén Carrillo, Ander Permanyer, Manuel Pérez-Lecha y Julia Celdrán. Gracias, de verdad, a todos ellos, que hicieron posible esta historia y compartieron el grato e interesante camino que durante los últimos años hemos recorrido juntos.
Redes de intercambio
Una familia modelo en la negociación transpacífica del siglo XVIII Carmen YUSTE Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Nacional Autónoma de México
Desde el inicio de la ocupación hispánica de Filipinas en 1565, la participación de los vecinos de la Ciudad de México en la contratación asiática y su negociación con Nueva España fue el medio para incentivar el paso de españoles al archipiélago, bien fueran con desempeños en la administración insular, destinados para servicios en compañías militares, o, con una licencia de traslado como colonos. Durante el largo tiempo de vigencia de la navegación transpacífica, los mecanismos de participación de los mexicanos en la negociación directa con Manila tanto, desde la posición de inversionistas financieros o compradores de mercancías asiáticas sin salir de Nueva España, como en las actividades comerciales desarrolladas en la ciudad filipina en la calidad de forasteros, habitantes temporales o residentes permanentes, fueron muy semejantes en sus peculiaridades con una diferencia sustancial. En el transcurso de los primeros años del tráfico, las inversiones y giros en la negociación con Manila llevadas a cabo por prestamistas y mercaderes de México se distinguieron por la transparencia. Mientras que, después de 1593, lo característico en todas las operaciones financieras y mercantiles asociadas a los tratos con Manila fue su disposición en el terreno de la opacidad. Un comportamiento que tuvo mucho que ver, con el marco normativo introducido por la Monarquía en la última década del siglo XVI, que derivó, a su vez, en la denuncia sempiterna de prácticas irregulares, ilícitas y fraudulentas en la negociación transpacífica, y, a la par, en la inculpación reiterada de la participación subrepticia de los comerciantes de México en sociedades mercantiles en Manila. En este entretejido, el propósito de este trabajo es el de determinar los atributos peculiares de la comunidad mercantil asociada al tráfico transpacífico en la Ciudad de México y en la de Manila durante el siglo XVIII, reunidos bajo el genérico familia, en tanto que, más allá del vínculo de parentesco, compadrazgo y clientelismo, compartieron condiciones e intereses mercantiles que propiciaron la constitución de empresas de comercio
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en común, algunas de ellas, de fructífera conducción y trayectoria secular a uno y otro lado del Pacífico.
LOS FUNDAMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN TRANSPACÍFICA En los años iniciales del tráfico marítimo entre Filipinas y Nueva España no hubo delimitaciones sobre el volumen, la calidad de las mercancías, o la cantidad de plata introducida en los navíos que realizaban la navegación transpacífica. Tampoco constan restricciones acerca del número de barcos que anualmente podían efectuar la travesía ni impedimentos para que los navíos tuvieran como puerto de origen Acapulco. Se permitía el desplazamiento de embarcaciones con Perú y Guatemala, así como la circulación hacia esos territorios de las mercancías asiáticas desembarcadas en la rada novohispana. Al inicio de las navegaciones transpacíficas, tampoco se advierte ninguna norma que ajustara los requisitos de traslado para los particulares de Nueva España a Filipinas. Y todavía más, los viajeros situados en Manila desde Acapulco, podían desplazarse a los puertos chinos y otros lugares en Asia para realizar la contratación directa de las mercancías. De suerte que, los comerciantes llegados desde Nueva España lograron emplearse con un amplio margen de libertad en las operaciones mercantiles en Manila y los puertos asiáticos accesibles, y lo más provechoso, consignar mercancías a Acapulco sin importar quien fuera el receptor en Nueva España. Mientras tanto, en el espacio novohispano de finales del siglo XVI, la ciudad de México era desde entonces asiento de los comerciantes dedicados a las transacciones transoceánicas y desde la capital virreinal, controlaban las operaciones de comercio interior. Constituían una arraigada colectividad mercantil, emancipada ya de las casas de comercio peninsulares, lo que favoreció su temprana participación en los tratos incipientes y germinales de la nueva contratación asiática que, con altibajos, arrancó alrededor de 1574, convirtiéndose muy pronto en un potencial mercado de textiles y especias en Nueva España. Una negociación cimentada, por un lado, con el ingreso en Acapulco de cargamentos de mercancías asiáticas dirigidos en su mayoría a mercaderes de México.1 Por otro, en la temprana colocación de factores y encomenderos en Manila habilitados monetariamente desde la ciudad de México, así como en la integración de sociedades de comercio dedicadas a la adquisición de mercancías en la ciudad filipina y su negociación en Nueva España. Un escenario que se vio respaldado a la vez con el concurso como prestamistas de particulares de México que obtuvieron lucrativos beneficios al invertir en el patrocinio de actividades mercantiles en Filipinas y el entorno asiático.2 De este modo, las iniciales navegaciones comerciales transpacíficas, originadas bajo los términos de libre tránsito y contratación ilimitada, propiciaron que durante varios años, Acapulco se desempeñara como una suerte de puerto franco en los tratos y contratos de los vecinos de la ciudad de México con sus coligados en Manila. 1 2
YUSTE, 2013, pp. 87-90. Ibidem, pp. 92-102.
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Esta situación dio un vuelco radical entre los años de 1590 a 1619, cuando se expidieron las primeras leyes que, en conjunto, decretaron el sistema legal del tráfico y comercio del galeón de Manila a Acapulco, y con ello, un armazón restrictivo que, sin modificaciones de calado, se ratificó durante el siglo XVIII a través de tres reglamentos expedidos en 1702, 1734 y 1769. Lo que se estipuló desde entonces fue: la delimitación del número de barcos, la propiedad regia de los mismos, la periodicidad de las navegaciones y el tonelaje de carga autorizado para la travesía anual, pero, sobre todo, la implantación del llamado permiso de comercio o permission, entendido como la distribución prorrateada del espacio de carga del galeón exclusivamente entre los «auténticos» vecinos españoles de Manila, al que se le adjudicó un valor fijo en metálico para limitar el monto de las transacciones en cada uno de los trayectos de la ruta marítima. Así también, se determinó la exclusividad de Manila y Acapulco como únicos puertos autorizados para participar en la negociación del galeón. Manila como sede de ese comercio, y Acapulco como puerto receptor en América que, se designó a su vez, como asiento de todas las operaciones de compra-venta entre comerciantes filipinos y novohispanos a través de la celebración de una feria de comercio de «libre concurrencia».3 Se prohibió además, la contratación directa con China, primero, en 1590 a los vecinos de México, y a partir de 1593, a todos los españoles residentes en Filipinas. Asimismo, se proscribió el comercio con Acapulco de los mercaderes de Perú y Guatemala. También se vetó el libre tránsito de particulares entre Nueva España y Filipinas, reglamentándose el traslado de residentes al archipiélago. A partir de entonces, se ordenó que quienes desearan hacerlo, debían pasar a las Islas con una licencia real en la que se comprometieran a establecerse como vecinos de Manila cuando menos ocho años, viajaran con su familia, si estaban casados, y pagaran una fianza para avalarlo.4 Al dictarse la permission, la Monarquía optó por restringir el comercio privado entre Filipinas y Nueva España para asegurar el máximo control posible sobre las salidas de plata a Asia y, de paso, contentar a los comerciantes de flota, celosos de su monopolio en el abastecimiento de textiles en el mercado americano,5 ya que era innegable que con la entrada por Acapulco de especias y tejidos a precios más accesibles que las mercancías equivalentes introducidas por las flotas, se había creado un espacio de circulación de mercancías y caudales privados independiente del sistema Atlántico que agradaba muy poco a la Corona y sobre todo a los flotistas.6 Para los comerciantes de la Ciudad de México asociados a negocios mercantiles en Manila las normas introducidas a partir de 1590 fueron de tal hondura que los empujaron a la inclusión de conductas anómalas en las prácticas comerciales transpacíficas con un único fin: trasponer todas las restricciones y evitar, así, la supresión expeditiva de los negocios establecidos en la ciudad filipina al comienzo del tráfico transpacífico. En el tiempo de las primarias navegaciones a Filipinas y la puesta en marcha de los primeros 3 4 5 6
YUSTE, 1984, pp. 13-24. Ibidem; YUSTE, 2013, pp. 90-92. FRADERA, 1999, p. 59. ÁLVAREZ DE ABREU, 1977. Véanse en particular los dos memoriales de Juan Grau y Monfalcón.
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giros, los comerciantes y los prestamistas mexicanos dejaron asentado con toda claridad y sin reservas, la índole de sus inversiones con Manila. Un comportamiento impensable una vez que fue liquidada la libre contratación. En contraste, a lo largo del siglo XVIII puede verse como en las operaciones de comercio con Manila y en el manejo de empresas de comercio fundadas en la ciudad filipina por antiguos vecinos de México, en sociedad con almaceneros mexicanos, lo legal y lo ilegal, lo lícito y lo ilícito eran conceptos que pendían de un hilo fino y sutil en donde pocos sabían y casi nadie averiguaba dónde empezaban y terminaban los límites de lo permitido y lo prohibido. Una característica privativa de la negociación era la confidencialidad de los tratos. Sin embargo, las conductas mercantiles, tan reservadas y secretas de los comerciantes de México en sus giros con Manila durante la centuria borbónica, no distan, en sus fundamentos, de las prácticas mercantiles implementadas en los albores de la navegación transpacífica, salvo en la circunspección y la forma discreta de negociar y que, ante las circunstancias, fueron afinándose con el transcurrir de los años.
LOS ATRIBUTOS DE LA COMUNIDAD MERCANTIL TRANSPACÍFICA DEL SIGLO XVIII La preeminencia de los comerciantes de México sobre otros comerciantes provinciales novohispanos en las operaciones de adquisición de mercancías asiáticas en Acapulco y la inscripción, a un mismo tiempo, de muchos de estos comerciantes en las matrículas del Consulado de México y en los registros de comercio de Manila, como cargadores o consignatarios de las mercancías que se embarcaban en los galeones a Nueva España, son los dos puntos extremos de un mecanismo de acción operativa para controlar la actividad comercial transpacífica y hacer funcionar un eje de comercio intercolonial en beneficio de un solo grupo, el de los grandes comerciantes de la ciudad de México y sus agentes asociados, tanto en Manila como en Nueva España, ya fuera como representantes mercantiles, comerciantes menores, comisionistas, consignatarios, corredores y encomenderos de mercancías. Como en la mayoría de los tratos y contratos de los almaceneros de México, en los negocios transpacíficos jugaron un papel constante los vínculos familiares, el compadrazgo, el clientelismo, incluso el paisanaje aunque, después de todo, solo fue un elemento más en la conducción de una empresa mercantil próspera y lucrativa. Cuando en 1590 y 1593 se expidieron las primeras leyes que decretaron el sistema legal del tránsito y comercio del galeón de Manila a Acapulco y, con ello, la supresión definitiva para los novohispanos de la contratación libre en Manila, los comerciantes de México no decayeron en su interés por manejar los tratos de mercancías asiáticas en Acapulco. Tampoco descartaron la pretensión de implicarse de nuevo en la sociedad mercantil filipina; una intención reforzada a raíz de la prohibición definitiva del comercio novohispano con Perú decretada entre 1638 y 1640.7 Así y todo, durante buena parte del siglo XVII, las actividades mercantiles de los novohispanos en el tráfico transpacífico no despertaron inquietud, ni oficial ni privada, por indagar sobre la naturaleza de los nego7
HOBERMAN, 1991, pp. 27-29 y pp. 48-64; ISRAEL, 1989, pp. 105-108.
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cios que en Acapulco o Manila patrocinaban los comerciantes de México, salvo algunas pesquisas aisladas, como la realizada por el visitador Pedro de Quiroga en 1636, que reveló ya la activa presencia de los almaceneros mexicanos en los tratos transpacíficos.8 Sin embargo, el punto de vista que tenían las autoridades metropolitanas y los cargadores de flota atlántica acerca del comercio transpacífico se trastocó de forma inesperada en los años tempranos del siglo XVIII. En opinión de los comerciantes gaditanos,9 en 1690 el virrey de Nueva España autorizó el despacho de un navío a Filipinas a cargo de Andrés Arriola con la comisión de averiguar sobre los motivos de la ausencia consecutiva de dos galeones, así como de la situación de las Islas. A su regreso a Nueva España en 1692, Arriola informó que la razón de esa suspensión había sido la pérdida material de dos galeones y la precariedad del gobierno filipino para habilitar un nuevo navío.10 Una noticia que los comerciantes de México acogieron de inmediato, suministrando los caudales requeridos para la construcción de una nueva embarcación destinada al tráfico transpacífico, la que zarpó con destino a Manila en 1695, llevando a bordo a varios comerciantes de México y de Perú con recursos monetarios suficientes para la compra de géneros asiáticos.11 Se presentaba así, la esperada oportunidad para que, después de cien años, los comerciantes mexicanos intentarán la reinserción en el ámbito de los negocios del galeón desde Manila. En la metrópoli, el desasosiego, tanto mercantil como institucional, se fue agravando al conocerse del aumento de las denuncias oficiales y privadas, referidas, entre otros aspectos, a las salidas ilícitas de plata hacia Manila por el puerto de Acapulco, al paso irregular a Filipinas de residentes españoles en Nueva España para realizar operaciones de
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Libro de cédulas reales de comisiones de los señores Pedro de Quiroga y Juan de Palafox y Mendoza Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Historia, vol. 117, exp. 1; Tanto de la ropa de registro que tuvieron distintas personas venidas de las Islas Philipinas desde el año pasado de 1630 hasta el de 1635, AGN, Templos y Conventos, vol. 59, exp. 1, ff. 1-96. Los registros de mercancías entonces reunidos mostraron la activa participación de los comerciantes mexicanos en la adquisición de géneros transportados por el galeón. 9 Archivo General de Indias (en adelante AGI), El Rey al Consejo de Indias, Remisión del Memorial de José López Pintado, Filipinas, leg. 209, 5 de noviembre de 1736; ÁLVAREZ, 1977, vol. II, pp. 328-335. 10 AGI, Escribanía, vol. 442 C; MONTERO Y VIDAL, 1887, t. I, pp. 379; SCHURZ, 1939, pp. 259-260 y p. 261; ROBLES, 1946, t. III, pp. 12. En 1687 el galeón Santo Niño, a su regreso de Acapulco se rompió de viejo en Bagatao; en julio de 1690 el galeón que hacia la travesía desde Acapulco, en el que llegaba como gobernador de las Islas Fausto de Cruzat y Góngora, se fue a pique cerca de las Marianas. En los años noventa del siglo XVII se perdieron dos galeones en la travesía Manila-Acapulco. Uno fue el Santo Cristo de Burgos, que en 1693 se incendió en altamar. En 1694 el San José se fue a pique a causa de una tormenta a su salida de Manila, en los bajos de la isla de Lubang. En los dos casos, se registró pérdida total del navío, la tripulación y las mercancías. 11 Relación de méritos y servicios de Luis Sánchez de Tagle, AGI, Indiferente, 136, n.42, 1 de enero de 1703. Con motivo de esa navegación, el almacenero y banquero de platas de la Ciudad de México, Luis Sánchez de Tagle depositó en la Real Caja de México un suplemento por valor de 116 155 pesos para el socorro de las Islas Filipinas «... por ser inexcusable su remisión, en condición a la necesidad que padecieron los moradores de dichas Islas por la falta de sus situados y pérdida de los dos galeones que se habían despachado para estos reinos...».
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comercio;12 pero, sobre todo, cuando a partir de los años postreros de la Guerra de Sucesión, los comerciantes flotistas enfrentaron serios problemas de competencia en el mercado novohispano.13 Si bien, la mayor alarma se manifestó con la presencia en esos años de renombrados almaceneros de México como Francisco de Echeveste, Pedro y Francisco Sánchez de Tagle, Domingo Ruiz de Tagle, o los hermanos Carriedo y Peredo, en la condición de oficiales al cargo de los galeones transpacíficos, haciendo obvio un secreto a voces: la connivencia de filipinos y mexicanos en los negocios aparentes en Acapulco y el manejo cauto de la legislación española y la reglamentación transpacífica para simular y hacer creer que lo que era de unos en lo público, realmente era en lo privado de otros. Las vías reglamentarias que permitieron a los residentes de Nueva España acceder a Filipinas fueron dos muy claras: la primera se relaciona con el proyecto de fomentar el poblamiento de las Islas, para lo cual las autoridades del virreinato facilitaron el paso de un buen número de españoles o hijos de ellos para establecerse; la segunda vía fue el traslado de particulares a Filipinas, incorporados en cuerpos militares de defensa, o, para ocupar empleos en el gobierno insular. La primera vía exigía acreditar los requisitos para la obtención de una licencia de traslado. La segunda, el solo cumplimiento de la misión encomendada. Inscribirse como vecino de Manila, o garantizar un desempeño oficial, civil o militar en la ciudad o el archipiélago, fue la puerta de la que legalmente se valieron los comerciantes de Nueva España y, de modo particular, los comerciantes almaceneros de la ciudad de México para introducirse en la sociedad mercantil filipina y asociarse con fuertes intereses económicos en su comercio. Aprovechar estas vías, les permitía hacer llegar reglamentariamente las mercancías a Nueva España cumpliendo con el ritual de celebrar la feria del galeón en Acapulco.14 Tal como ocurrió pues en las primeras décadas del siglo XVIII, los comerciantes de México encontraron condiciones propicias para la habilitación de esas vías. Aprovechar como coyuntura los empleos militares y los deberes de gobierno en Filipinas, facilitó la inserción de los comerciantes mexicanos en la organización mercantil en Manila. Al mismo tiempo que hicieron posible la formación de sociedades comerciales en el tráfico transpacífico, favoreciendo así, el crecimiento de la negociación de Acapulco. En los primeros treinta años del siglo XVIII pasar a Manila con un empleo militar fue una alternativa bastante socorrida debido al alistamiento en la ciudades de México y de Puebla de compañías de milicias destinadas a Filipinas.15 Unas, para integrarse al Regimiento Fijo de Manila; otras, para combatir las constantes sublevaciones musulmanas en
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Testimonio de los autos de información sobre si las mercaderías que vienen de las islas Philipinas es caudal de los vecinos de ella o de los de este reino, AGI, , leg. 205, 1708. 13 WALKER, 1979, pp. 82-89. 14 YUSTE, 2007, pp. 409-487. Los apéndices I y II reúnen las matrículas de los comerciantes de Manila y de la Ciudad de México en el siglo XVIII. 15 Relación de Méritos y Servicios de Gregorio Padilla y Escalante, AGI, Indiferente, leg. 41, n. 21, 8 de diciembre de 1723; Relación de Méritos y Servicios de Francisco Carriedo y Peredo, AGI, Indiferente, leg. 149, n. 26, 12 de julio de 1736; Relación de Méritos y Servicios de Domingo Antonio de Otero y
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Joló y Mindanao, así como para su desalojo del presidio de Zamboanga; o, para participar en la embajada a Siam, tal como lo hicieron Francisco de Echeveste, o Juan Manuel Pérez de Tagle.16 Echeveste, por ejemplo, se reintegró al comercio de México después de 1727; mientras que Pérez de Tagle se quedó a residir en Manila,17 manejando, en compañía de Francisco Sánchez de Tagle, intereses mercantiles de los sucesores de Pedro Sánchez de Tagle, de Francisco de Valdivieso y del mismo Echeveste.18 Un caso excepcional lo representa Francisco Manuel Sánchez de Tagle y Valdivieso, sobrino de Luis Sánchez de Tagle y de Francisco de Valdivieso, quien pasó al archipiélago para integrarse al Regimiento Fijo de Manila, circunstancia que le permitió suscribirse como vecino y, con ello, el derecho a participar en la distribución de los espacios de carga en el galeón. Durante su estadía en la ciudad filipina, se casó con Antonia Cosío de la Campa y Cos, hija del marqués de Torre-Campo, gobernador de Filipinas, y viajó en varias ocasiones a Nueva España. Ya viudo, en 1733 llegó a Acapulco como general del galeón permaneciendo desde entonces en el virreinato, aunque mantuvo los vínculos con el tráfico transpacífico.19 Establecido en México, celebró un nuevo matrimonio con María Soledad Gallo, una de las hijas de Juan Eusebio Gallo, el castellano de Acapulco que ejerció el cargo ventajosamente por más de cuatro décadas.20 Los comerciantes mexicanos que viajaron a Filipinas en la condición de militares lograron pronto acomodo en el grupo de oficiales, entre los cuales se designaban anualmente los cargos de mando de los galeones de la carrera de Acapulco.21 Desempeñar el oficio de general, maestre de plata o capitán en un galeón, propiciaba un amplio control sobre los cargamentos dentro de los navíos, ya que les permitía disponer como oficiales de un espacio de carga en el galeón, más los posibles adicionales, tales como: el de comerciante, si habían obtenido la inscripción como vecinos de Manila; además, de los espacios que por consignación recibieran de otros particulares que no hicieran el viaje a Nueva
Bermúdez, AGI, Indiferente, leg. 153, n. 17, 20 de diciembre de 1746; Relación de Méritos y Servicios de Juan Manuel Pérez de Tagle, AGI, Indiferente, leg. 152, n. 14, 31 mayo de 1749. 16 Carta de Fernando Bustamante y Bustillo al Rey, AGI, Filipinas, leg. 132, n. 28, Manila, 9 de julio de 1719. 17 Relación de Méritos y Servicios de Juan Manuel Pérez de Tagle, AGI, Indiferente, leg. 152, n. 14, 31 mayo de 1749. A lo largo de su vida, Juan Manuel Pérez de Tagle alternó los cargos de gobernador y justicia mayor en la Alcaicería Parián de los sangleyes con los de castellano del Baluarte de San Gabriel y castellano en el Castillo de San Felipe en Cavite. Además de que participó casi consecutivamente en el Cabildo de Manila, ya fuera como regidor o en calidad de alcalde ordinario. 18 Expediente sobre la llegada del navío Nuestra Señora de Guía al puerto de Acapulco, AGI, Filipinas, leg. 236, 1729. Valdivieso y Echeveste se presentaron ese año en el puerto novohispano a justificar una porción de caudales que remetían a Manila, producto de la venta de unos efectos que Sánchez de Tagle les envió desde Manila para su beneficio. 19 A todo ello, habría de sumarse, en los años siguientes, la condición de administrador de los bienes vinculados a los marquesados de San Miguel de Aguayo y de San Pedro del Álamo. VARGAS-LOBSINGER, 1992, pp. 83-87. 20 YUSTE, 2007, pp. 318-321. 21 Ibidem, pp. 41-44.
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España, y la probabilidad, con cierta suerte, de ser designados compromisarios de los filipinos en las transacciones de feria en Acapulco. A todo ello, se sumaba la posibilidad de quedarse temporalmente en Nueva España con la licencia que les autorizaba a negociar en México con mercancías rezagadas.22 Además, el solo hecho de formar parte de la oficialidad del galeón redituaba ganancias, pues en cada viaje el que se responsabilizaba como general captaba 40 000 pesos; el capitán y maestre de plata, 20 000 pesos cada uno, más un 9 por ciento agregado que recibía el maestre de plata del producto de las ventas realizadas en Acapulco.23 Así, en años tan tempranos del siglo XVIII como 1700 y 1701 fueron generales de los galeones los prominentes almaceneros de México Luis Sánchez de Tagle y su sobrino Domingo Ruiz de Tagle,24 quienes habían pasado temporalmente a Manila a desempeñar encargos oficiales que, con seguridad, implicaron negocios de mercancías. Asimismo, se reconoce a distintos individuos que se avecindaron por un tiempo en Manila y que, con los años, llegaron a ser comerciantes acaudalados de la ciudad de México como Pedro Sánchez de Tagle, Francisco de Echeveste, Juan de Lanz y Aristorena y Manuel Rodríguez de Pedroso. Otros como Juan Manuel Pérez de Tagle, Gregorio Padilla y Escalante, Domingo Antonio de Otero Bermúdez de Sotomayor, Pedro González del Rivero y Francisco Carriedo y Peredo, que también ingresaron en Filipinas como miembros de compañías militares, formaron parte de las tripulaciones de la carrera de Acapulco, registrando mercancías en los galeones en la condición de cargadores y consignatarios, y decidieron asentarse en definitiva en Manila al cuidado de empresas mercantiles transpacíficas con sede en la ciudad de México. Sin embargo, esta vía habilitada por los comerciantes asociados al tráfico transpacífico de beneficios tan redituables debieron sustituirla los interesados por otras alternativas menos comprometidas, a causa de las constantes discrepancias que sostenían con las autoridades novohispanas acerca de si los oficiales de los galeones que originalmente habían pasado a Manila con empleos militares podían embarcar mercancías consignadas a su nombre. Una vía puesta en desuso, pero no anulada del todo. Todavía en 1747, Esteban Sánchez de Movellán pasó a Manila como alférez de una compañía de infantería; en 1757 se le confirió una alcaldía mayor, integrándose de lleno a la actividad mercantil en el archipiélago, resolviendo desde Filipinas los encargos de mercancías que a solicitud le encomendaba su hermano Fernando Sánchez de Movellán, almacenero en México.25 Ahora bien, entre los comerciantes de México que viajaron a Manila pueden distinguirse los que lo hicieron apegados a los requisitos legales de traslado como residentes, y los que pasaron a Filipinas por estancias cortas reglamentarias, originadas por deberes oficiales; pero las más, comprobadas solo como salidas irregulares o ilícitas en tanto no
22 Idem, Francisco de Echeveste fue designado general de los galeones que salieron de Manila en 1717, 1723 y 1727, compartiendo ese año el cargo con Pedro González del Rivero, probablemente por haber tomado ya la decisión de reinsertarse al comercio de la ciudad de México. 23 MONTERO Y VIDAL, 1887, vol. 1, p. 464. 24 YUSTE, 2007, pp. 41-44. 25 AGI, Filipinas, leg. 679.
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cumplimentaban ninguna normativa.26 Entre los años de 1710 a 1760, fue muy común que los comerciantes mexicanos pasaran a Manila por un tiempo breve, acreditando su estancia por motivos militares, deberes de gobierno o sin justificación explícita, con el único fin de obtener la inscripción en los libros de vecinos de la ciudad de Manila, que eran la base, antes de 1769, para formar los libros de repartimiento de espacio de carga en el galeón. Esta inscripción les permitía aparecer como cargadores de los barcos, sin necesidad de permanecer en las Islas y valerse de un agente comercial que se ocupara de hacerles llegar a Acapulco sus consignaciones, así como de cuidar sus encomiendas comerciales en Filipinas. De ahí la imperiosa exigencia que siempre soportaron los comerciantes de México para el traslado de caudales a Manila. Las encomiendas que instituían los comerciantes de México antes de su vuelta a Nueva España las operaban a través de agentes comerciales convenidos en Manila, con los que habían tenido trato y comunicación durante la estadía en Filipinas. También, por medio de individuos que habían pasado a avecindarse legalmente a las Islas, unos, en sociedad con comerciantes de México; otros, como dependientes mercantiles que eran apoyados financieramente desde la ciudad de México. De este modo, realizaran una estancia corta o prolongada en Filipinas, dejaron huella de su paso por Manila almaceneros de México como Isidro Vélez de Escalante, Pedro y Francisco Sánchez de Tagle, Luis Monterde y Antillón, Gaspar de Alvarado y Manuel Rodríguez de Pedroso.27 Todos ellos, antes de su regreso a Nueva España, habilitaron empresas mercantiles en Manila al cuidado de familiares directos, parientes o dependientes en su almacén en México, algunas manejadas a modo de encomienda mercantil, aunque mayoritariamente formando sociedades comerciales.28 Precisamente, la sociedad en compañía de comercio fue el trato privado más extendido entre los comerciantes de México que apoyaban financieramente a los que decidían trasladarse a residir legalmente a Manila. Un modelo de este tipo de empresa fue la que establecieron en 1709 los primos y comerciantes Pedro de Otero Bermúdez y Antonio de Echandía y Otero, mercaderes de México al momento de suscribir una escritura de compañía de viaje.29 El primero, residente en México y socio financiero de la empresa; el segundo, con licencia de traslado a Manila, aportando su trabajo e industria y el compromiso de tratar y contratar, comprar y vender, y hacer todos los riesgos que le parecieran convenientes en Manila, las islas Filipinas, Cantón y otras partes de Asia. Una compañía a
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Ortiz de Landázuri al Consulado de Manila, AGI, Filipinas, leg. 965, 8 de noviembre de 1772. Una conducta que dio lugar a que en los documentos de carácter oficial se les mencionara bajo apelativos como: polizones, llovidos, o tránsfugas como los llegaría a calificar Ortiz de Landázuri. 27 YUSTE, 2007, pp. 136-137 y pp. 300-302. 28 Archivo General de Notarías de la Ciudad de México (en adelante AGNot.), México, Notario José de Molina, vol. 2651, 15 de enero de 1751; AGNot., Notario Juan Antonio de la Serna, vol. 4442, 3 de octubre de 1765; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2299, 8 de junio de 1770. 29 AGNot., Notario Antonio Avilés, vol. 13, 23 de enero de 1709.
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la que se unió my pronto, Francisco Carriedo y Peredo,30 y en la que se fueron integrando con el andar de los años, amigos económicos, familiares y dependientes llegados desde México, redundando a largo plazo en una empresa floreciente y de vigencia secular en el tráfico transpacífico, pues todavía en 1800 los sucesores de la empresa contrataban a uno y otro lado del Pacífico, con mercancías asiáticas en Nueva España. Este tipo de sociedades debió ser el arquetipo de negociación entre los comerciantes de México y los antiguos vecinos de la capital del virreinato que se trasladaron en definitiva a Manila. Un indicador claro es el hecho de que a partir de 1737 fue en aumento el número de residentes de Nueva España que, año con año, pasaron a avecindarse en las Islas para dedicarse a giros de comercio, razón que explica también el incremento de las solicitudes de embarque de caudales privados en Acapulco, en dos rubros, tanto por los que se trasladaban como residentes, como por la necesidad de refaccionar las encomiendas y sociedades comerciales ya establecidas.31 En Acapulco las licencias de embarque eran el punto donde con frecuencia se confundían los bienes de los que se trasladaban, con los bienes que a través de estos se remitían a Manila para inyectar las encomiendas y compañías constituidas en las Islas, así como para restaurar capitales rezagados en México producto de la venta de mercancías asiáticas. Por esta razón, en 1744 el Consejo de Indias hizo público un edicto que debió alertar a todos los involucrados en la carrera del Pacífico. Ordenaba que ninguna persona que se embarcara a las Islas Filipinas pudiera llevar caudal alguno que no fuera propio, debajo de la pena de perderlo y darlo por decomiso; que todo individuo que registrara un caudal a su nombre debía manifestarlo como dueño propio, legítimo y natural de todo su importe, sirviéndole la licencia de título de propiedad; y que, en caso de que se descubriera o averiguara que en la realidad pertenecía a otro sujeto, se dieran por invalidados cualquier escritura, resguardo y confianza que hubieran intervenido en su entrega, de tal suerte que nunca pudieran reclamar ninguna cantidad, en juicio ni fuera de él, los que pretendieran ser dueños o propietarios de esos caudales.32 Con todo y al igual que en las décadas anteriores, los comerciantes de México con intereses en Manila, sin dejar de lado sus antiguos métodos, añadieron con cautela nue30 Expedientes e instancias de parte, Manila AGI, Filipinas, leg. 677; Relación de Méritos y Servicios de Francisco Carriedo y Peredo, AGI, Indiferente, leg. 149, n. 26, 12 de julio de 1736. Mexicano de nacimiento, en 1727 contrajo matrimonio en Manila con Ana María Cossío de la Campa y Cos, hija del marqués de Torre-Campo, entonces gobernador de Filipinas, quedando viudo en 1729, al igual que Francisco Manuel Sánchez de Tagle, del que fue cuñado. Carriedo fue considerado uno de los comerciantes con mayor solvencia económica y moral en Manila. Contribuyó a la construcción de la vía de distribución de agua corriente en la ciudad y a su muerte, ocurrida en 1743, dejó como albacea de sus bienes a Pedro Carriedo, vecino de México, testando a favor de la ciudad filipina la mayor parte de su fortuna. 31 El castellano y oficiales reales de Acapulco al virrey, 1742, AGI, México, leg. 1336. Ese año el castellano y oficiales reales de Acapulco informaban tener conocimiento de que la Audiencia de México había concedido licencias para pasar a avecindarse en Manila a distintos residentes de México pero que todavía no se presentaban en el puerto, porque esperaban al último momento de la salida para declarar el monto de sus permissiones. 32 El Consejo de Indias sobre envíos de caudales de Nueva España a Filipinas, AGI, Filipinas, leg. 197, Madrid, 26 de marzo de 1744.
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vas justificaciones para las remisiones. Una forma fue la de acreditar los capitales atrasados en Nueva España por concepto de mercancías invendidas en la feria de Acapulco, colocadas en México con algún consignatario filipino o con almaceneros de la capital del virreinato; otra, ampararse en no haber cubierto el valor total del permiso de comercio correspondiente a años antecedentes, y hacer valer en el año que corría esa porción no empleada.33 Para todos los asociados en los tratos transpacíficos en Manila y México, estos recursos fueron, ni duda cabe, la estrategia más eficaz para embarcar plata privada a Filipinas desde Acapulco. Y una medida oportuna ante futuros imprevistos, tal como lo sería el establecimiento de un gremio mercantil en Filipinas y la implantación de reglas del juego distintas. Ahora bien, para poner en práctica las nuevas estrategias mercantiles implementadas en Nueva España en beneficio de la negociación transpacífica, fue ineludible colocar en el puerto novohispano a hábiles y competentes corredores de mercancías, capaces de conducir con toda discreción los convenios privados que se realizaban en el territorio de feria bajo la apariencia de operaciones abiertas de compra-venta de mercancías. Una práctica predominante en los últimos cuarenta años del siglo XVIII y en la que despuntaron comerciantes adscritos al Consulado de México como Gabriel Pérez de Elizalde, el corredor de mercancías más experimentado y seguro en los tratos de feria en Acapulco, y quien, año con año, se desplazaba al puerto con la representación de los almaceneros de México que mantenían arraigados vínculos en el comercio de Manila, tal como lo confirma la ingente suma de caudales que introducía en el puerto. También concertaban convenios privados en Acapulco comerciantes de México como José David, Joaquín Fabián y Juan de Memije, así como Fernando Sánchez de Movellán, todos ellos con familiares avecindados en Manila.34 José David fomentaba en la ciudad filipina los giros mercantiles de su sobrino Francisco David, así como los de su antiguo cajero de almacén Luis Platé.35 Fernando Sánchez de Movellán promovía los de su hermano Esteban Sánchez de Movellán, en tanto que, los Memije manejaban en México los intereses de una empresa de comercio de factura netamente filipina, fundada en los años veinte del siglo XVIII por José Antonio de Memije y Quiroz, probablemente uno de los individuos más reconocidos y respetados entre la comunidad mercantil de Manila.36 Padre de una
33 Cuenta y razón certificada de los caudales que conduce en plata el galeón de Filipinas La Santísima Trinidad..., AGI, México, leg. 1349, 5 de abril de 1752; Testimonio del expediente formado a representación de Pedro de Cosío... que se conceda al comercio de Filipinas el retorno de la plata que excediese el millón de permiso... AGI, Filipinas, leg. 198, 1754. Ese año se embarcaron en el galeón 915 463 pesos por concepto de licencias de caudales rezagados, más 267 865 pesos que se registraron para cubrir el permiso que dejó abierto el comercio filipino en 1750. 34 YUSTE, 2007, pp. 277-316. 35 Ibidem, pp. 308-311; YUSTE, 2009, pp. 574-582. 36 AGI, Filipinas, vol. 286; AGI, Filipinas, l. 239; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2302, 26 de abril de 1774; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2304, 13 de febrero de 1776. José Antonio Memije y Quiroz nació en Ponferrada en 1691 y murió en Manila el 28 de febrero de 1775. Contrajo matrimonio en Manila en dos ocasiones; el primero con Rosa Monroy y el segundo, con Margarita Eguiluz.
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familia numerosa producto de dos matrimonios, sus hijos nacieron en Manila y casi todos lo secundaron en su empresa mercantil:37 en Manila, apoyado por sus hijos Vicente Laureano y Miguel;38 así como, por sus parientes directos Alberto Jacinto de los Reyes y Alejandro Rodríguez Varela. Al finalizar la centuria, su nieto José Vicente era quien se hacía cargo de la casa de comercio en Manila.39 En la Ciudad de México, se establecieron como comerciantes dueños de almacén dos hijos más, Joaquín Fabián y Juan,40 en tanto que sus hijos Ignacio y Manuel se trasladaron a Cádiz, logrando matricularse ambos, en el Consulado gaditano.41
LA CONCENTRACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN TRANSPACÍFICA Cuando en 1769 la Monarquía autorizó la creación de un Consulado de comerciantes en Filipinas, con sede en Manila, establecido formalmente en 1771, los comerciantes asociados al tráfico transpacífico tuvieron que habilitar de inmediato estrategias de negociación diferentes, al modificarse radicalmente los mecanismos de asignación de espacio de carga en el galeón. A partir de entonces, la distribución prorrateada del permiso de comercio fue limitada únicamente para los españoles e hijos de españoles dedicados a la práctica transpacífica y el comercio con Asia que reuniesen ciertos requisitos para poder matricularse en la naciente corporación: ser mayor de 25 años, cabeza de casa y familia, poseer un caudal propio de 8 a 10 000 pesos o más, y demostrar su residencia permanente en las Islas, con un mínimo de diez años. Se determinó también que a los comerciantes que contaran con un caudal reconocido en giros mercantiles o bienes en navíos, obrajes, y producciones agrícolas o ganaderas, se les debía destinar como vocales una posición más calificada, así como la asignación doble en el reparto del espacio de carga del galeón.42 Con estas disposiciones la Corona buscaba, por un lado, incentivar la inversión en el sector productivo insular de parte de los comerciantes dedicados al comercio exterior; mientras que, por otro, ponía candados para que todos aquellos particulares
37 Tres de sus hijos fueron religiosos, Francisco José, presbítero en Manila; Pedro Pablo, llegó a ser prebendado y canónigo de la Catedral de Manila, y notario del Tribunal de la Santa Cruzada. Los dos fueron racioneros de la catedral de la capital filipina. Un tercer hijo fue jesuita expulso en 1767. 38 Nombramiento de corregidor, AGI, Filipinas, vol. 337, L. 20, ff. 405v-408v, 13 de agosto de 1786. Con esa fecha, se le concedió a Miguel Memije el corregimiento de la Provincia de Tondo, siendo sus fiadores los comerciantes Antonio y Vicente Díaz Conde. 39 Vicente Laureano y José Vicente pasaron a desempeñar, como hijo y nieto, el oficio de alguacil mayor de Manila en 1767 y 1792, respectivamente. AGI, Filipinas, l. 379 y l. 381. 40 AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2301, 15 de diciembre de 1773; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2299, 12 de febrero de 1770; AGI, México, l. 936; Archivo de la Compañía de Francisco Ignacio de Yraeta (en adelante UIA-AYY), copiador 2.1.4., 15 de octubre de 1777. 41 Licencia de pasajero a Indias, AGI, Contratación, leg. 5504, n. 82, 14 de junio de 1760. Manuel de Memije viajó a Veracruz como cargador de la flota de Carlos Reggio, con una licencia para ausentarse durante tres años que permanecería en Nueva España. 42 FONSECA Y URRUTIA, 1845-1853, t. IV, pp. 496-507.
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asociados a los tratos transpacíficos no fueran parte de una misma negociación en los dos polos del eje, Manila y Acapulco. Con estas reglas, participar en Manila de los giros del comercio con Nueva España obligaba a la demostración de una residencia previa en las Islas de cuando menos diez años, un decurso en apariencia extremo para los vecinos de México que pasaban a establecerse una temporada; como desproporcionadas eran las condiciones para los comerciantes que llevaban muchos años en Filipinas pero que, por uno u otro motivo, no estaban en condiciones de manifestar la posesión del caudal requerido para el ingreso en la corporación. Unas premisas exageradas en un ámbito como Filipinas que, por su inviabilidad, muy pronto la Corona determinó acotar, mediante una dispensa real dictada en 1776 que rebajó a la mitad el monto del caudal y el número de años exigidos como vecino de Manila.43 Así y todo, las cláusulas de establecimiento del Consulado, ofrecieron otras ventajas a los comerciantes que repercutieron en la práctica transpacífica, como lo fue la autorización para comerciar directamente desde Manila con los puertos asiáticos,44 medida que reglamentaba una costumbre habitual entre los cargadores del galeón que, cuando menos, se remontaba a 1740. Asimismo, la Corona otorgó al Consulado filipino una serie de facultades que, por primera vez, legitimaban plenamente la posición social de los comerciantes dedicados al tráfico de Acapulco al otorgarles la administración del permiso de comercio del galeón. Como titular del permiso de comercio, el Consulado se encargaría de distribuirlo entre todos los comerciantes de las Islas fueran o no miembros de la corporación, obteniendo con esto tres concesiones importantes. Una, la prioridad de sus miembros en el reparto del espacio de carga del galeón. Otra, la prerrogativa de distribuir entre sus agremiados el permiso de comercio que les correspondiese, concediendo doble porción en el reparto a aquellos individuos que además de tener capital invertido en el comercio exterior, tuvieran inversiones en la agricultura y los obrajes. Mientras que la tercera fue el derecho de comprar a los comerciantes no adscritos al Consulado sus asignaciones de espacio de carga,45 en clara alusión a los comerciantes que no cubrían los requisitos prescritos; así como a los boleteros, los vecinos de Manila que comúnmente vivían de usufructuar el permiso de comercio y que, por razones obvias, no contaban con el capital suficiente para suscribirse al reciente gremio mercantil, ni tampoco podían comprobar su dedicación absoluta en los giros de mercancías con Acapulco. Las nuevas circunstancias desecharon el añejo término de boleta, dando paso a la incorporación de los conceptos de acción y póliza. El primero para referir el número de piezas asignado a cada comerciante vocal del Consulado. El segundo relativo a las porciones distribuidas entre los individuos y entidades que no embarcaban y que debían pagarse con dinero. Con las prerrogativas otorgadas al Consulado para administrar el permiso de comercio, los comerciantes de Manila adscritos a la corporación pasaron a disponer holgadamente de los cargamentos del galeón, logrando en un plazo más corto que largo concentrar la negociación transpacífica entre un reducido número de individuos selec-
43 44 45
YUSTE, pp. 151-155. FONSECA Y URRUTIA, 1845-1853, t. IV, pp. 496-507. Ibidem.
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tos, que comprendía por igual a vocales de la corporación, como a comerciantes que no reunieron los requisitos para suscribirse. Todos ellos compartían un acuerdo común: conducir los asuntos de comercio y negociación transpacífica con las mismas facultades y obligaciones, tuvieran o no la calidad de vocales del Consulado. Bajo las inéditas reglas hubo que habilitar de nuevo estrategias para instrumentar cada año la distribución del permiso de comercio en Manila. Para ello, el principal mecanismo al que recurrieron los comerciantes fue el de la cesión y traspaso de acciones, tanto las que se asignaban como las que se compraban, un ejercicio que se celebraba en la sede consular. Las operaciones de cesión y traspaso de acciones permiten advertir con claridad tanto los convenios concertados en apariencia, como la integración de grupos de comerciantes, por lo general reducidos y vinculados entre ellos, que a modo de entidad mercantil o consorcio de comercio concentraban en un solo individuo la cesión de acciones, al tiempo que asociaban los intereses mercantiles de la negociación de Acapulco en la figura de un cargador y un consignatario, con la característica excepcional de que, año con año, los participantes del consorcio se rotaban en el ejercicio de estos cometidos. Una responsabilidad importante ya que, por su conducto, se hacía la recepción del cargamento en Nueva España, bien fuera a través de los corredores de mercancías de feria que se desplazaban a Acapulco; o bien, mediante la entrega directa a los interesados en sus almacenes de la capital del virreinato.46 Sin embargo, para los grandes comerciantes de Manila lo ineludible era garantizar la satisfacción de los pedidos encargados desde México, razón de peso para buscar incrementar el número de acciones a su disposición y poder respaldar los embarques en el galeón. Para ello, recurrieron a pequeños comerciantes, o, a los mismos dependientes de sus bodegas requiriéndoles que, en el momento propicio, compraran acciones. Unas acciones que después traspasaban al mayorista o patrón, en una operación de mera formalidad, pues quien aportaba el dinero para su adquisición, era el mismo comerciante que se las arrogaba. El punto más ostensible de que en las cesiones y traspasos de acciones existían ciertas complicidades era la identidad de los individuos que participaban en estas operaciones, mayoritariamente asociados a giros mercantiles con los almaceneros de México, ya fuera como corresponsales, encomenderos de mercancías o socios de una compañía mercantil y que, curiosamente, no habían reunido los requisitos para su aceptación en el Consulado.47 Una manifestación obvia durante los primeros años de vigencia del Consulado. Por ejemplo, los comerciantes Juan de Lara y Mendoza, y su hijo Juan Pablo de Lara, quien en 1763 se había restablecido en Manila después de vivir unos años en España y,48 por lo tanto, no reunía los requisitos estatutarios para ser aceptado como vocal, se comportaron
46
YUSTE, 2007, pp. 307 Cabe señalar que varios comerciantes de Manila con inversiones en el tráfico transpacífico, no reunían el caudal requerido para su inscripción, a causa de las pérdidas económicas sufridas durante la ocupación inglesa. 48 Licencia de pasajero, AGI, Contratación, leg. 5506, n. 1, R. 2, 25 de abril de 1763. Natural de Manila, Volvió a Filipinas después de su matrimonio con Gertrudis Abarrategui, nacida en Mallorca. 47
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como los más consistentes corresponsales en Manila del almacenero mexicano Francisco Ignacio de Yraeta,49 consignándole las memorias de mercancías hasta la Ciudad de México a través de los corredores en Acapulco, Gabriel Pérez de Elizalde y de su yerno, José de Yraeta.50 El caso revelador de Andrés Blanco Bermúdez quien, durante la ocupación británica, perdió buena parte de su fortuna en bienes muebles e inmuebles, razón que le impidió reunir los requisitos para acreditar su ingreso como vocal en el Consulado,51 aunque en otras circunstancias habría obtenido hasta doble acción en la distribución del permiso de comercio. Andrés Blanco Bermúdez constituía en Manila la cabeza de uno de los emporios mercantiles más duraderos en el eje transpacífico; fundado en la encomienda comercial que en 1709 pasó a representar en las Islas el comerciante de México Antonio de Echandía y Bermúdez, y a la que se unieron años más tarde, Francisco Carriedo y Peredo, Domingo Antonio de Otero Bermúdez y Domingo Casal Bermúdez, convirtiéndola en poco tiempo en una sólida compañía de comercio con representación a los dos lados del océano.52 Al tiempo de la formación del Consulado filipino, la casa la conducía Andrés Blanco Bermúdez junto con sus sobrinos José Clemente y Juan Blanco Bermúdez, Juan Infante de Sotomayor y, José Casal Bermúdez y Alvarado, nacido en México y residente en Manila desde 1763. Mientras que en la Ciudad de México la empresa estaba al cuidado de Domingo Casal Bermúdez y de su yerno Francisco del Rivero.53 Casal Bermúdez se había restablecido de Filipinas a México en 1735, donde se casó con una hija del comerciante Gaspar de Alvarado, uno de los individuos a los que, en su momento, lo inculparon por realizar tratos furtivos en Manila. Hasta su muerte, ocurrida en 1776 se manejó como dueño de almacén, dedicado principalmente al giro con mercancías asiáticas.54
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UIA-AYY, distintos copiadores; YUSTE, 1985; 1987; 1998. AGNot., Poder general, Notario Diego Jacinto de León, vol. 2302, 28 de noviembre de 1774; AGNot., Compañía, Notario Diego Jacinto de León, vol. 2304, 16 de noviembre de 1776. A raíz del matrimonio en octubre de 1776, de José de Yraeta con su hija Josefa, Pérez de Elizalde estableció con su yerno una compañía de comercio dedicada a los tratos con mercancías asiáticas. 51 Testimonio en el que se justifica lo saqueado y robado a D. Andrés Blanco Bermúdez, AGI, Estado, leg. 44, n. 84, 1765. 52 AGI, Filipinas, leg. 679; AGI, Filipinas, leg. 680, y AGI, Filipinas, leg. 1069 B. Domingo Antonio de Otero Bermúdez murió en Manila en 1755, nombró como su albacea testamentario y uno de sus herederos a Andrés Blanco Bermúdez, así como a su hermano Clemente Blanco Bermúdez y a Alejandro Rodríguez Varela, ambos comerciantes también en Manila. Parte de su fortuna la testó a favor de la Mesa de la Venerable Tercera Orden de San Francisco. Andrés Blanco Bermúdez era comerciante y alguacil mayor del Tribunal de la Santa Inquisición en Manila. Antes de la invasión inglesa, en 1760, donó una casa para los convalecientes del Hospital de San Juan de Dios. 53 AGI, Filipinas, leg. 23, ff. 123v-126r. Domingo Antonio de Otero Bermúdez dejó asentado en su testamento que, de su legado, se le asignara una dote a la hija de Domingo Casal Bermúdez para su matrimonio. 54 AGNot., Notario Felipe Romo de Vera, vol. 4031, 13 mayo 1752; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2301, 18 julio 1773, y AGNot., Notario Andrés Delgado Camargo, vol. 1370, 20 abril 1776. YUSTE, 1991, pp. 69-70. 50
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Por su parte, Domingo Hurtado de Saracho y Castañiza se trasladó de Nueva España a Filipinas en 1758, para fomentar junto con el encomendero Luis del Villar Gutiérrez los intereses mercantiles de su tío Juan de Castañiza, a partir de los negocios iniciados en Manila alrededor de 1720 por Francisco de Echeveste. En 1774, era el responsable de la encomienda comercial del almacenero de México, Antonio Bassoco.55 Ese mismo año se incorporó a la casa de comercio en las Islas el vecino de México Juan Francisco de Oyarzábal, hermano menor de Luis de Oyarzábal, almacenero de México, antiguo cajero de Ambrosio de Meave, socio con Juan de Castañiza y Juan José de Echeveste de empresas mercantiles en Manila, y albacea testamentario de Manuel de Aldaco Fagoaga.56 En tanto que, Diego García Herreros llegó a Manila en 1765, participando abiertamente en la sede consular de las operaciones de cesión y traspaso de acciones para la distribución del permiso de comercio, pese a que no cumplía los años requeridos de residencia en Filipinas para inscribirse en la corporación. Antes de pasar a Filipinas, vivió en la Ciudad de México durante siete años, preparándose en el almacén de su tío, el prominente almacenero Francisco Martínez Cabezón, y en el que se desempeñaba como cajero principal su hermano Manuel García Herreros. Pasó a Manila con el propósito de fundar una representación mercantil, con el aval de su tío, de su hermano, y el del almacenero mexicano Francisco Bazo Ibañez. Se casó con Manuela de Lara, oriunda de Manila e hija de unos de los más prestigiados comerciantes de la ciudad, Juan de Lara y Mendoza.57 Al finalizar el siglo, a la casa de comercio en Manila se unió el comerciante de México, Pedro Martínez Cabezón, sobrino de Francisco Martínez Cabezón y de los García Herreros, y representante en las Islas del almacenero de México Diego de Agreda, casado con la única hija de Francisco Martínez Cabezón.58 Otro caso significativo es el del comerciante Francisco David que había llegado a Manila en 1766 para iniciarse en los tratos de mercancías asiáticas por encargo de su tío, el almacenero de México, José David.59 A la empresa, se le unió en 1770 el comerciante mexicano Luis Platé, quien hasta esa fecha se había desempeñado como cajero
55 AGI, Filipinas, leg. 380; VARGAS-LOBSINGER, 1992, p. 102. A su llegada a Manila en el galeón Nuestra Señora del Rosario, Saracho se encontró con la noticia del fallecimiento de Luis del Villar, razón que lo obligó a cuidar él solo de la encomienda. Hurtado de Saracho, además de comerciante y alférez del galeón Santa Rosa en 1766, ocupó ciertos cargos en la administración de las Islas, como lo fueron, el de juez numerador y contador de tributos en la provincia de Bulacán, juez de bienes de difuntos en la misma provincia, así como, el alcalde mayor de la provincia de Albay. 56 AGN, Filipinas, vol. 8, f. 114; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2299, 19 de octubre de 1770. 57 AGI, Filipinas, l. 941. 58 Archivo Diego de Agreda, Papeles Filipinas, (en adelante ADA) Pedro Martínez Cabezón a Diego de Agreda, Manila, 20 de agosto de 1799; CONDE (᪽), Obra en preparación. Diego de Agreda y Martínez Cabezón se casó en 1786 en la ciudad de México con la única hija de su tío Francisco Martínez Cabezón, María Ignacia, que aportó al matrimonio 60 000 pesos como dote. Ella murió en 1798. Pedro Martínez Cabezón se casó en Manila en 1807 con María Luisa de Galarraga y Rojo, hija del prestigiado comerciante filipino Pedro de Galarraga. 59 AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2295, 21 de febrero de 1766; AGI, Filipinas, leg. 965. YUSTE, 2007, pp. 308-311; YUSTE, 2009, pp. 574-582.
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de José David en el almacén de la ciudad de México,60 uniéndose en los años siguientes sus primos José y Mariano, hijos del almacenero de México, así como su hermano Juan Bautista, quien viajó a Filipinas desde la península. Al tiempo de la formación del Consulado filipino, Francisco David tampoco pudo cumplir los requisitos de ingreso como vocal, en este caso, por no poder demostrar los diez años de residencia en las Islas. En 1774, como lo haría rutinariamente en las travesías subsecuentes, la casa de comercio que manejaba en Manila se ocupó de remitir mercancías asiáticas a Acapulco, convirtiéndose en una empresa que garantizaba los acuerdos para la introducción de los cargamentos en Acapulco. En 1782, el monto de capital que manejaba Francisco David en la negociación transpacífica se valuaba en 180 000 pesos, y en buena medida, el éxito de la empresa radicaba en la atención personal que ofrecía, tanto en la contratación con Asia, como con los convenios mercantiles privados que se pactaban en el puerto novohispano. En más de una ocasión, él mismo se ocupó de trabar la negociación en Acapulco; fue general de los galeones en los años de 1772, 1775 y 1779,61 y aparece registrado de manera casi consecutiva, como compromisario y consignatario de mercancías en Acapulco. Si no realizaba la travesía, de la recepción de los cargamentos en Acapulco se ocupaba su tío José David, muerto en 1777, y con posteridad, Gabriel Pérez de Elizalde. En Nueva España, además de los cargamentos dirigidos a su tío, así como a sus sucesores en el almacén de la Ciudad de México, las cargas consignadas a nombre de Francisco David en Acapulco, llevaban destinatarios asegurados: los almaceneros Pablo Ximénez de la Plaza, Antonio Bassoco, pero, principalmente José González Calderón y José de Zeballos, acaudalados comerciantes de México que no acostumbraban bajar al puerto a la celebración de la feria, aunque por lo común, recibían sus cargamentos por mediación de la familia David.62 La empresa floreciente de los David en la negociación transpacífica se malogró con la inesperada muerte en 1791 de Francisco David en un percance náutico ocurrido en las costas chinas, probablemente en Cantón, justo cuando se desempeñaba por segunda ocasión como prior del Consulado filipino, pues ya había ocupado el cargo en 1786.63 En este punto conviene regresar al asunto de las formas reservadas de negociar que distinguieron a los comerciantes de México en sus tratos con Manila, pero que en algunas operaciones llegaron a extremos inescrutables. Unas operaciones que se significaban como préstamos monetarios a otros comerciantes del Consulado para que invirtieran en la feria de Acapulco, y no como lo que realmente eran: traslados de caudales al puerto no-
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AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2299, 19 febrero 1770; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2299, 22 de febrero de 1770; AGN, Filipinas, vol. 14, ff. 12-13; YUSTE, 1991. 61 AGN, Correspondencia de Virreyes, 1.ª Serie, vol. 23, f. 90r-90v; AGN, vol. 113, ff. 61-62; Filipinas, vol. 10, e. 1. 62 YUSTE, 2007, pp. 308-313; YUSTE, 2009, pp. 573-590. 63 AGN, Intestados, vol. 81; YUSTE, 2009. La muerte sin herederos directos de Francisco David ocurrió tres años después de que el almacén de la Ciudad de México hubiera cerrado a raíz de un litigio por la sucesión testamentaria de José David, quien por decisión expresa dejó fuera de su legado a su esposa, de la que había vivido separado por más de quince años. La resolución a favor de la esposa, provocó la liquidación de las mercancías existentes en almacén, valuadas en más de 300 000 pesos y su público remate para efectuar el pago de la herencia.
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vohispano para liquidar de forma encubierta, y en representación del supuesto prestamista, convenios mercantiles privados sin dejar huella ni rastro. Tal como lo muestra el caso de José González Calderón y la recepción de consignaciones en Acapulco por mediación de la casa de comercio de los David y, ocasionalmente, a través de Fernando Sánchez de Movellán.64 El registro de José González Calderón y Sánchez de Bustamante en el Consulado de México data de 1741. Sus giros en el tráfico del galeón a Acapulco, los llevó a cabo, inicialmente, a través del vecino de Manila Blas José Sarmiento Castrillón de Casariego,65 bajo la supervisión y consejos de su tío Francisco Manuel Sánchez de Tagle, que tanto conocía de la negociación transpacífica. De su matrimonio con Manuela de Estrada, José González Calderón tuvo cuatro hijos: José, sacerdote;66 Tomás, que siguió la carrera de magistrado, ocupando cargos en las Audiencias de Guatemala, Lima y México;67 Miguel, comerciante como su padre y casado con una hija del almacenero Francisco González Guerra;68 y la menor Bárbara, esposa del también comerciante José [Fernández] de Zeballos.69 Bajo la tutela de González Calderón, vivían en México sus sobrinos Juan Manuel de Hortegón y Juan Manuel Cacho de Herrera.70 Mientras que en Manila residía su hermano Fernando González Calderón, casado con Ana Sancena, una de las pocas mujeres que participaron en la negociación transpacífica, cuando en su condición de viudez, el Consulado la reconoció como vocal de la corporación en 1777.71 Al final del siglo, el hijo mayor del matrimonio José Luis González Calderón era el responsable de la empresa familiar. También estaban establecidos en Manila Alonso Cacho de Herrera y Juan Infante de Sotomayor, sobrinos de José y Fernando González Calderón. Entre todos se encargaban de habilitar los cargamentos de mercancías solicitados por sus partes en México siguiendo las instrucciones giradas por José González Calderón: consignar todo a un compromisario en específico enterado de a quién y cómo habría que realizar la entrega en Acapulco bajo la apariencia de adquisiciones de mercancías realizadas durante la feria. Un procedimiento en el que, de antemano, todos los involucrados sabían que las cargas estaban dirigidas a José González Calderón. De forma simultánea, José González Calderón remitía dinero a Manila en convenios suscritos como préstamos respaldados en una obligación pero, curiosamente, sin premios o réditos de por medio.72 La representación nítida de las conduc-
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YUSTE, 2007, pp. 313-317; YUSTE, 2010. AGNot., Notario Felipe Romo de Vera, vol. 4031, 4 de febrero de 1752. 66 AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2296, 5 de abril de 1766. 67 BURKHOLDER, 1991, pp. 346, pp. 366 y pp. 382. 68 AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2307, 15 de diciembre de 1779. 69 AGNot., Notario Juan Antonio de la Serna, vol. 4442, 11 de mayo de 1765. Con la hija de González Calderón, Zeballos se casó el 8 de mayo de 1759. 70 AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2299, 20 de agosto de 1770; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2307, 17 de julio de 1779. 71 AGI, Filipinas, 337, L. 19, ff. 224v-226v. 72 AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2300, 4 de febrero de 1772; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2300, 12 de marzo de 1772; AGNot., Notario Diego Jacinto de León, vol. 2302, 5 de marzo de 1774; YUSTE, 2007, pp. 295-316. 65
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tas reservadas y sigilosas que practicaban los comerciantes de México en la negociación transpacífica para encubrir su participación directa en los tratos con Manila.
CONSIDERACIONES FINALES A lo largo del siglo XVIII el tráfico del galeón de Filipinas a Nueva España encontró vientos favorables para la integración de una comunidad mercantil asociada a la negociación transpacífica tanto en Manila como en la Ciudad de México, forjada a partir de la constitución de empresas de comercio mancomunadas encaminadas de forma conveniente y, algunas de ellas, de trayectoria centenaria a uno y otro lado del océano. Pese a que los comerciantes gaditanos y la administración española nunca cejaron en su empeño por cancelarla, no modificaron su ancestral percepción de esta negociación, y tampoco advirtieron las ventajas y bondades derivadas de esta alternativa marítima. Para ellos, la negociación transpacífica era tan solo un consorcio mercantil informal en el que se realizaban actividades ilícitas. Un «monipodio» que había hecho ricos a unos cuantos individuos en Filipinas y en Nueva España. Una lacra a la que había que poner coto,73 recuperando para la metrópoli los beneficios del comercio con Asia. En este tenor, un primer paso fue autorizar la fundación de un gremio mercantil en el archipiélago regido por unas ordenanzas acordes con el programa de reformas para Filipinas, puesto en marcha por la Corona al término de la invasión británica. De suerte que, con las condiciones que la Monarquía ordenó el establecimiento de un Consulado en Filipinas, y muy lejos del proyecto reformista borbónico, lo que se propició fue la consolidación de los comerciantes de Manila que, desde tiempo atrás, controlaban en Filipinas la negociación transpacífica al proporcionarles el recurso más apreciado, acaparar lícitamente las cargas del galeón de Acapulco. Unas circunstancias que dieron lugar a la consolidación de un emporio en Manila administrado por el Consulado. Una corporación que aunó a las casas de comercio de recorrido secular en Manila y en las que tenían una enraizada presencia los intereses mercantiles de los comerciantes de México asociados a la negociación transpacífica, no obstante las discrepancias, desavenencias y desacuerdos manifiestos al tiempo de la quiebra del sistema imperial.74
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Ortiz de Landázuri al Consulado de Manila, AGI, Filipinas, leg. 965, Madrid, 8 de noviembre de
1772. 74 ADA Muchos de los documentos que se localizan en este archivo son muy reveladores en este sentido.
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ARCHIVOS CONSULTADOS ADA AGI AGN AGNot. UIA-AYY
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Títulos nobiliarios, familia y comercio en Filipinas. El marquesado de Montecastro y Llana Hermosa Javier SANCHIZ RUIZ Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Nacional Autónoma de México
Si bien los títulos nobiliarios concedidos por la Corona española a los súbditos que residían en los diferentes reinos de ultramar (Hispanoamérica y Filipinas) eran títulos de Castilla, no es extraño encontrar en la historiografía el encasillamiento que vincula a las dignidades nobiliarias con los espacios en donde residía el agraciado, y así se nos habla, de títulos nobiliarios ecuatorianos, peruanos, o novohispanos. Una pequeña falta de matiz, que no obstante ha permitido conocer y profundizar en aspectos relevantes como: las dignidades nobiliarias concedidas, los agraciados de la merced, y la conformación de los grupos familiares. Dentro de ese amplio espectro de títulos nobiliarios y de beneficiarios de los mismos que residían fuera de la península ibérica y que rebasa los 400, entre duques, marqueses, condes, vizcondes y barones, llama en primer lugar la atención que no contamos con una nómina confiable. Ha habido intentos bastante logrados por Julio de Atienza y Navajas,1 Margarita Zabala Menéndez,2 y Javier Gómez de Olea y Bustinza,3 entre otros, que desde una visión global los han abordado. Es también una verdad historiográfica que los estudios realizados en los diferentes países donde residieron los nobles titulados españoles es muy dispar y dentro del mismo, Filipinas, aparece como uno de los menos trabajados. A pesar de ello, dos trabajos de Wenceslao Emilio Retana y Gamboa (W. E. Retana, como le gustaba firmar sus trabajos) permiten adentrarnos en el conocimiento del estamento nobiliario en el archipiélago. Retana, polifacético personaje que incursionó en el periodismo, la historia, la bibliofilia y la política, se dedicó a recopilar material y escribir 1 2 3
ATIENZA 1947. ZABALA, 1994; 2006. GÓMEZ DE OLEA, 2005.
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sobre una enorme variedad de problemas del Archipiélago tras su breve paso por Filipinas de 1884-1890.4 Enmarcados en su interés por biografiar a los españoles que tuvieron presencia en aquellas tierras, escribió dos trabajos específicos con el tema nobiliario de trasfondo. Ambos trabajos aparecieron en las primeras décadas del siglo XX y fueron originalmente artículos de revista académica. El primero de ellos, (anunciado como meros Apuntes y bajo el título de «Que queda en Filipinas de la nobleza española que allí floreció»),5 apareció en 1919 y extractó las noticias sobre doce personajes con adscripción a alguna orden de caballería y que fueron agraciados con algún título nobiliario. De ese listado, ocho nobles titulados alcanzaron una breve reseña: dos criollos a los que se les concedió la preciada merced: Luis Esteban de Pineda Matienzo, conde de Pineda; y José Fructuoso de Avilés y Baón de la Campa, conde de Avilés. Y los otros seis con fuerte presencia en la isla fueron el conde de Lizárraga, y los marqueses de Torrecampo, Montecastro y Llana Hermosa, de las Salinas, Villamediana, y el de Cañete. La segunda contribución bibliográfica de Retana al tema nobiliario fue el Índice de personas nobles y otras de calidad que han estado en Filipinas desde 1921 hasta 18986 trabajo que fue publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 19217 y posteriormente de forma independiente por el librero Victoriano Suárez; y que es similar a otras investigaciones como su «Índice de las personas que acudieron al descubrimiento de las islas Filipinas»8 o el Breve diccionario bibliográfico de los ingenieros militares que han estado en las islas Filipinas desde 1565 hasta 1898, 1923. No es extraño que todas las fichas contenidas en dichos trabajos le permitieran pensar en publicar una obra que se llamaría Los apellidos españoles en el Extremo oriente, que tal parece no llego a salir a la luz. El Índice de personas nobles aparecía con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de las islas filipinas y sin ahondar en las pinceladas biográficas de los personajes, como hiciese en el artículo anterior, aportaba una enorme lista de 798 entradas a personajes, con una brevísima descripción que permitía ubicarlos espacio-temporalmente.9 En una minuciosa revisión al listado, llama la atención que la mayoría de los nobles presentes en Filipinas irremediablemente aparezca en escena en el virreinato de la Nueva España, no solo por cuestiones logísticas relativas a su viaje, sino con importantes nexos familiares y actividades similares desarrolladas a uno y otro lado del Pacífico. Con estos antecedentes, el presente trabajo trata de profundizar algo más en el discurrir de una de
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Véase al respecto el ensayo biográco realizado por Antonio CAULIN, 1993. RETANA, 1919. 6 RETANA, 1921. 7 Idem, 1920. 8 Citado por CAULIN, 1993, pp. 431. 9 Agradezco a Carmen Yuste López haberme proporcionado una copia de los mismos. Es pertinente anotar la similitud de intereses con los trabajos que en México desarrollarían Manuel Romero de Terreros, Ricardo Ortega y Pérez Gallardo y años después Leopoldo Martínez Cosío, preocupados en conformar nóminas biográcas de personajes adscritos a la nobleza. Cf. ROMERO DE TERREROS, 1908; ORTEGA Y PÉREZ GALLARDO, 1902; y MARTÍNEZ COSÍO, 1946. 5
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las mercedes nobiliarias mencionadas por Retana, los marqueses de Montecastro y Llana Hermosa, tratando de conjuntar la información localizada sobre la merced nobiliaria con la reconstrucción del grupo familiar desde el punto de vista genealógico y por tanto un ejercicio en el que se ha privilegiado la recopilación de datos y de información. Un grupo familiar que como dejaba entrever Retana tuvo fuertes nexos con varios de los otros titulados, y como trasfondo una importante actividad comercial.
MONTECASTRO Y LLANA HERMOSA. UNA NUEVA MERCED DE MARQUÉS PARA UN RESIDENTE EN FILIPINAS El 25 de septiembre de 1733, el rey Felipe V firmaba en San Ildefonso el real despacho por el cual se concedía a don Pedro González del Rivero (y González de Quijano, apellido materno ausente en la documentación, ya que solo usó el paterno), un título de Castilla, con la dignidad de marqués y el nombre de Montecastro y Llana Hermosa. La merced se daba con una importante característica: quedaría libre de lanzas y de media anata perpetuamente.10 José Berní publicaría la noticia en su obra Creación antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla11 en los siguientes términos: MARQUÉS DE MONTE-CASTRO Y LLANA HERMOSA. El primero fue Don Pedro González de Ribero, por gracia del Señor Don Phelipe V, publicada en 27 de octubre 1733. Don Lope González fue Procurador en las Cortes de Toro por el Reyno de León (99) (99) Zurita, Anales de Aragón, part. 6, lib. 6, cap. 3.
¿Que tenía que ver el procurador consignado por Berni con el agraciado? Aparentemente nada, y probablemente se trate de un lapsus, mismo que puede haber propiciado que aquellos que toman la obra de Berni como fuente para las nóminas de títulos hayan dejado de lado este título y su vinculación con Filipinas.12 María del Mar Felices de la Fuente, que ha trabajado con profundidad los títulos nobiliarios concedidos bajo el reinado de Felipe V, nos informa que la concesión muy probablemente haya que contextualizarla en la práctica del beneficio de títulos desarrollada por el monarca, con el fin de atender necesidades económicas de la Corona;13 toda vez que «los múltiples donativos que realizó (el agraciado marqués de Montecastro y Llana Hermosa) en las Cajas Reales de Manila por un total de cerca de 64 000 pesos, y
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Archivo del Ministerio de Justicia de Madrid, leg. 13-1, n. 91, «Expediente del marquesado de Montecastro y Llana Hermosa» (en adelante AMJ, Montecastro), doc. 2. 11 BERNI Y CATALÁ, Joseph, Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla, Valencia, En Casa del Autor, 1769, p. 453. 12 http://www.oliver-rost.homepage.t-online.de/TitulosAmericanos.txt. La ausencia es también notoria en las obras ya mencionadas de Margarita Zabala, Corona de Indias o en la Historia Genealógica de los Títulos en Indias. 13 FELICES, 2012, p. 282.
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especialmente el de 25 000 pesos que abonó en 1730, cantidad qué completó con 20 000 más, nos hace pensar que las “urgencias” de las que habla el despacho del título se corresponden con los gastos y las necesidades financieras que conllevó el traslado de la Corte»14 a Sevilla. Como en la mayoría de los casos de las concesiones ignoramos todas aquellas gestiones previas a la expedición del Real Despacho, tales como ¿de qué forma se enteró don Pedro de que había opción de beneficiarlo?, ¿quién fue el agente en corte encargado de ofrecerlo a los interesados?, etc. Por el listado que ofrece Felices de la Fuente se deduce que obedeció a una de las «ventas directas» desde la Corte en las que medió un ingreso en las arcas de la Hacienda regia, y por tanto fueron títulos otorgados por decreto ejecutivo.15 Para el 25 de septiembre ya estaba todo bastante bien atado y el paso siguiente para hacer efectiva la merced fue «sacar» el mencionado Real Despacho. Asimismo, y junto al nombre escogido para el marquesado, el agraciado eligió una denominación para el vizcondado previo; título que quedaba roto y cancelado al terminarse la tramitación pero que suponía el pago de más derechos. Don Pedro, escogió para el vizcondado el nombre simplificado de su apellido, que es asimismo el topónimo donde se localizaba la mayoría de su ascendencia: «vizconde de Rivero»,16 y lo comunicó a la Cámara a través de su apoderado don Francisco González de Cosío por carta fechada en Madrid el 6 de octubre de 1733.17 Unos días después se pagaron los derechos de la Real Capilla, el 21 de octubre de 1733, que importaron 2 400 reales de vellón.18 Y cumplidas todas las formalidades económicas y burocráticas se expidió el Real Despacho del título.19 Una cédula real firmada en El Buen Retiro el 13 de diciembre de ese mismo año, enviada al virrey de Nueva España, y al gobernador de Filipinas, ordenaba se le guardasen al agraciado las preeminencias del título.20 Felices de la Fuente nos informa, paralelamente, que: Es significativo que tanto este título como [..] el de marqués de las Salinas, se concedieran a dos residentes en Manila y además el mismo día, […] además los despachos de estos títulos también fueron expedidos en la misma fecha. Si a ello sumamos que ambos titulados tenían un mismo origen cántabro y que sus trayectorias profesionales, a la luz de sus títulos de nombramiento, fueron similares, pues los dos desempeñaron, además de empleos militares, los cargos de gobernador y justicia mayor de la alcaicería de Parián y castellano del Castillo de San Gabriel, ambos en Manila, y el empleo de regidor de la refe-
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Ibidem. Idem, p. 277. 16 Rivero es asimismo el nombre de una de las aldeas próximas al lugar de origen de don Pedro y es muy probable que el origen geográco de donde se formó su patronímico. Cf. Subvoce Felices de Buelna (San) en MADOZ, Madrid, 1850, t. VIII, p. 30. 17 AMJ, Montecastro, doc. 3. 18 Ibidem, doc. 4. 19 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, 8977, exp. 765. 20 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Filipinas, 342, l. 10, ff. 20v-22r. 15
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rida ciudad, todo apunta a que fueron dos estrategias de ascenso social paralelas y similares cuyo fin último fue el ennoblecimiento mediante la compra de un título nobiliario.21
Unas similitudes de vida que me llevan a presentar las pinceladas biográficas localizadas sobre el agraciado y la conformación de su grupo familiar. He escogido para ello, como ya apunté, el tratamiento genealógico; toda vez que considero a dicha disciplina como una de las herramientas auxiliares de la historia qué, si bien no ha sido siempre ponderada, permite a los historiadores contar con un invaluable marco de referencia y de análisis ulterior y que por tanto contribuirá en futuras investigaciones de otros colegas. Don Pedro González de Rivero. Nació en Sobilla [también escrito Sovilla], aldea del Valle de Buelna, en la posteriormente denominada provincia de Santander y actualmente Comunidad Autónoma de Cantabria, en la España septentrional y a los pocos días de nacer fue llevado a bautizar, el 7 de abril de 1676, en la Iglesia parroquial de San Pedro,22 cuyo patronazgo en la localidad influyó en la onomástica escogida para el recién bautizado. Fue hijo de Francisco González de Rivero, y de su mujer María González de Quixano, quienes escogieron como padrinos de la criatura a dos miembros del grupo familiar materno: don Francisco González de Quijano y Pascual González de Quijano.23 Siguiendo la información que reporta el expediente elaborado a instancias de nuestro biografiado, y para cruzarse como caballero, el grupo familiar de extracción se nos revela como la mayoría de los vecinos de Sobilla, agricultores y pequeños propietarios, que gozaban de hidalguía en su lugar de origen. Su padre el ya mencionado Francisco González del Rivero, fue bautizado el 8 de marzo de 1634 en el mismo lugar y fue empadronado numerosas veces dentro del grupo de los hidalgos (calidad social que nos remite por tanto al estamento de nobles de sangre, y los cargos del concejo consignados nos hablan también de una práctica común, y por tanto sin mayor privilegio que el de estar exentos del pago de impuestos ordinarios). Francisco fue asentado como hidalgo en los padrones de 1686, 1692, 1698, 1704 y 1710; habiendo además tenido la encomienda en 1691, de haber sido regidor general de su localidad. Cabe hacerse la precisión que estas circunstancias eran algo común a la población hidalga de toda la cornisa septentrional de la Península Ibérica; ya que la separación de los Ayuntamientos entre hidalgos y pecheros conllevaba la rotación de cargos entre la población; por lo cual como indiqué no nos remite a nada fuera de la generalidad del vecindario. La madre, Isabel González de Quijano, era asimismo de Sobilla, nacida
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FELICES, 2012, pp. 283. Cabe apuntar que el acta de bautismo, fue localizada en la iglesia parroquial de San Félix de Rivero, (antiguamente denominada de San Pedro y San Félix), modicándose por tanto la fecha que proporcionan sus biógrafos y que databan el bautismo el 8 de noviembre de 1678. Dicho error, procede del acta (probablemente equivocada) que se adjuntó al expediente de la orden de Santiago AHN, Órdenes Militares, Santiago, exp. 3564 (1730), y fue extractado por CADENAS, 1977, t. 2, pp. 297-298. Con fecha equivocada y sin identicar al personaje con el marqués de Montecastro, aparece Pedro González de Rivero en la obra de MOGROBEJO, 2012, vol. LIV, (XXXIX), p. 391 23 CADENAS, 1977, t. II, p. 297. 22
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en 1644, localidad donde casaron el 8 de febrero de 166724 y en donde ambos otorgaron testamento mancomunado el 9 de enero de 1707. También los abuelos y demás ascendientes de Pedro llevaban varias generaciones siendo empadronados como nobles en el concejo de San Felices de Buelna, todo lo cual permitió, años después, que Pedro contara con una de las pruebas positivas de nobleza que se requería para el ingreso a la Orden Militar. La familia en donde nuestro biografiado pasó su etapa formativa, además de los padres mencionados, quedó constituida por cuatro hijos, siendo sus tres hermanos Francisco, María y Ana, los cuales vivían en 1707, cuando sus padres testaron, como ya mencioné, de forma mancomunada el 9 de enero de dicho año.25 Siguiendo la práctica tradición del asentamiento en los padrones de hijosdalgos, el mismo Pedro fue empadronado como noble en el concejo de San Felices (al que pertenecía la aldea de Rivero) los años de 1698 y 1704; fuente en la que, si bien sigue apareciendo en los años posteriores de 1710, 1722 y 1729 figura con calidad de ausente (dicho matiz permitía saber que seguía vivo y podía ser insaculado para ocupar —nominal y honoríficamente— algún cargo reservado a los de su estamento en el Ayuntamiento). Es precisamente ese año de 1704, el último asentado en el padrón de hidalgos, a partir de cuándo se empieza a localizar documentación sobre don Pedro vinculada a su viaje a Filipinas; y concretamente a su presencia en tierras novohispanas. No sé si llegó a Nueva España con intención de hacer fortuna, o lo hizo con la meta de continuar viaje y pasar a Manila; pero es un hecho que estando en el Puerto de Acapulco se alistó en el servicio real el 12 de marzo de 1704, como soldado sencillo en la compañía que reclutó don Miguel de Castro y que se dirigía al Archipiélago.26 Por su memorial de servicios, y aunque la documentación a mi alcance no habla mucho más allá de fechas extremas y los cambios de situación militar, sabemos que «permaneció como soldado hasta el 31 de octubre de ese mismo año en que fue reformada la compañía y continuó en el real servicio con la misma plaza en una de las compañías de Gobierno, donde estuvo hasta el 11 de enero de 1706 en que don Domingo de Zabalburu, gobernador y capitán general de aquellas islas,27 le nombró por capitán de una de las Compañías de Infantería española», empleo que ejerció desde el 12 de enero de 1706 «hasta el 31 de enero de 1707 que tuvo sucesor en él y volvió a servir con plaza de soldado
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«España, Diócesis de Santander, registros parroquiales, 1538-1985», images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11680-82518-93?cc=2078544: accessed 18 February 2016), Cantabria > Rivero > San Félix > Bautismos 1641-1702 Matrimonios 1637-1688 Defunciones 1637-1686 > image 369 of 517; Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Santander (Historical Archive of Cantabria Province, Santander). 25 CADENAS, 1977, pp. 298. 26 AGI, Indiferente, 157, n. 1. Cabe mencionarse que no lo recoge W. E. Retana en su Índice (véase nota 6). 27 Domingo de Zabálburu y Balenchana, aparece mencionado en el Índice de personas nobles de Retana (op. cit., p. 81). De él nos informa que fue originario del Valle de Gordejuela en las Encartaciones de Vizcaya donde fue bautizado el 23 de abril de 1664. Maestre de caballería. Gobernador y capitán general y presidente de la Real Audiencia (1701-1710) y caballero de la Orden de Santiago desde 1695.
Pedro González de Rivero 1676
María González de Quijano 1644
Francisco González de Rivero 1634
1692 -
Ana Laguillo
Ana González Fontanilla 1594
Juan González Fontanilla
1629 -
1667 -
Clara González Campuzano
Tomás González de Quijano 1592
1586 -
Miguel González de Quijano 1646
1628 -
Ana Gómez de Rivero 1591 1654
Mariana Gómez de Rivero
Toribio González 1592 1657
Sebastián Gómez de Rivero
1584 -
María González 1605
1589 -
Toribio González
Figura 1. Árbol genealógico con la ascendencia hidalga de Pedro González de Rivero.
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reformado en la cita compañía de Gobierno desde el primero de febrero del mismo año hasta el 22 de marzo de 1708, que el referido gobernador don Domingo de Zabalburu lo nombró sargento mayor de la gente de Mar y Guerra del Puerto de Cabite», Filipinas.28 Poco después tendría el grado de capitán de una de las compañías de la guarnición mencionada, cuyos empleos obtuvo hasta 15 de noviembre de dicho año. Su calidad de hidalgo, el prestigio alcanzado al desempeñar funciones militares, además de las redes sociales establecidas y una intuida posición económica desahogada le permitieron rápidamente ingresar al Cabildo de la Ciudad de Manila, espacio privilegiado para incrementar todo lo anterior. Como parte de las estrategias de ascenso previo, contrajo matrimonio en San Gabriel, Binondo, el 1 de julio de 1713,29 con doña María Isabel de Iglesias, también llamada doña María Gutiérrez de Iglesias, viuda en primeras nupcias del general don Miguel Martínez, quien, además de comandar el galeón capitana San Francisco Xavier a principios del siglo XVIII, debe haber establecido fuertes nexos comerciales. En esas primeras nupcias doña María había llevado 10 000 pesos de dote, los cuales con otros 10 800 que le había dotado el marido los aportó a sus nuevas nupcias con don Pedro González de Rivero. Es importante destacar que entre los testigos de la boda estaban el general don Juan Ignacio Vértiz, a quien años después encontramos al frente de la nao que realiza el viaje de Acapulco a Filipinas, y doña Francisca María Rita de Miranda. No está por demás detenernos brevemente en algunos datos puntuales sobre la familia de la novia, que permiten entender las estrategias conyugales, y que refuerzan la idea de que junto a la carrera política local las miras de don Pedro estaban dirigidas a la esfera del comercio. El suegro de don Pedro, quien era asimismo su coterráneo, se llamaba don Fernando de Iglesias, nacido en Santander, y se desempeñaba en Manila como capitán y sargento mayor de dicha plaza, alcalde mayor del Parián y en diversas ocasiones había ejercido como alcalde ordinario de Manila y compromisario de su comercio. Su esposa fue doña María Pérez de Morante, nacida en Jerez de la Frontera, quien había llevado al matrimonio 9 600 pesos de dote que le había dado el gobernador don Fausto de Cruzat y Góngora. No es difícil suponer que los nexos con el Ayuntamiento, el comercio y las autoridades del más alto nivel fueron una dote no tangible nada despreciable. A ello súmesele que uno de los cuñados de Isabel era Nicolás Fernández Cavada, vecino y próspero comerciante de la ciudad de México, quien se había casado con su hermana Manuela.
28 La Relación impresa de Méritos y Servicios del general don Pedro González de Rivero y Quixano, ajustada al 10 de enero de 1738, en AMJ, Montecastro doc. 1. Otras relaciones se conservan en AGI, Indiferente, 157, n. 1: «Relación de Méritos y Servicios del sargento mayor Pedro González de Rivero y Quijano, caballero de la Orden de Santiago, Marqués de Montecastro y Llana Hermosa, vecino y regidor de Manila», fechada el 1 de septiembre de 1727, expediente en el que se acompañan varios testimonios y certicaciones. 29 Parroquia de San Gabriel Binondoc, Libro de matrimonios del 4 de febrero de 1785-8 de julio de 1715, f. 331v. Una copia certicada del mismo en AMJ, Montecastro, doc. 8.
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Una vez matrimoniado y con vecindad en Manila, sigue informando el Memorial, «ocupó el cargo de alcalde ordinario», desempeñado en dos ocasiones (1 de enero de 1714-1 de enero de 1715) (22 de diciembre 1716-31 de agosto de 1719).30 A partir de entonces y bajo la protección del doctor don José de Torralba, oidor de la Audiencia y gobernador interino de las islas31 y de su sucesor en propiedad, don Fernando Manuel de Bustillo Bustamante,32 acumuló numerosos empleos de gobierno tales como alcalde mayor, capitán a guerra de la Alcaicería Parián de los Sangleyes, alcaide y castellano del castillo San Gabriel y su frontera; cargos a los que incrementó posteriormente el de castellano y justicia mayor del Puerto y Ribera de Cavite, superintendente de las reales obras y fortificaciones de las murallas y maestranza de ese puerto, así como capitán de una de las compañías de su guarnición (y que fueron los acumulados hasta el 26 diciembre de 1719). El 23 de diciembre de 1722 obtuvo en propiedad el oficio de regidor de la ciudad de Manila, sirviéndolo hasta el 10 de abril de 1725. Siendo regidor, hizo en varias ocasiones donativos a la Corona por valor de 500 pesos y en 1723 sirvió con 25 hombres pagados a su costa para la armada que se preparaba para repeler a los joloanos y mindanaos que «infestaban» [así lo dice el memorial] aquellas costas, causándole una erogación de 754 pesos, 7 tomines y 7 granos. Como parte de su participación en el Cabildo y su estrecha vinculación con el mundo mercantil fue elegido en diferentes ocasiones compromisario del comercio (como lo había sido su suegro) y obrero mayor de la ciudad de Manila. El 7 de julio de 1727 fue nombrado general del Galeón capitana la Sacra Familia, que ese año se despachó al reino de Nueva España para transportar el Real Situado de las islas Filipinas. El galeón regresó a Cavite el 16 de agosto de 1728 y posteriormente se le hizo el correspondiente juicio de residencia, saliendo de la misma bien parado. Por este motivo el gobernador y capitán general de Filipinas, el marqués de Torre Campo, escribió al rey el 30 de junio de 1725 informando de los méritos de don Pedro González de Rivero y recomendándolo para futuras mercedes.33 Para entonces ya González de Rivero había incrementado los donativos a la corona y estos ascendían a 63 333 pesos, 7 tomines y 7 granos. (Sobra decir que no entraba en el cómputo todo lo aportado por concepto de pago y medias annatas por los puestos desempeñados). Su posición económica a partir de los giros comerciales y que le habían posibilitado lo anterior tuvo que incrementarse en los años posteriores.34 Para 1730 con motivo de la estrechez en que se hallaban las Cajas Reales por la tardanza del Real Situado, suplió
30
AGI, Indiferente, 157, n. 1. Torralba había ocupado el cargo de oidor desde 1701, habiéndole dado posesión del mismo Fausto Cruzat y Góngora. Cf. AGI, Filipinas, 341, L. 8, ff. 169-170v. 32 Bustamante, llegó a Manila en 1717 habiendo desempeñado con anterioridad en Nueva España la alcaldía mayor de Tlaxcala. Dentro de las medidas comerciales aplicadas cabe tener presente el establecimiento de acuerdos comerciales con el reino de Siam. Véase al respecto PAJARÓN, 1963, pp. 399-529. 33 FELICES, 2013, pp. 157-158. 34 Archivo General de la Nación, México (en adelante AGN), Indiferente Virreinal, caja 1668, exp. 7 (1728). Se le remiten factura de tres fardillos sobrevivientes del naufragio del galeón Ticao. 31
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el faltante con 25 000 pesos a los que añadió otros 20 000 pesos para los gastos ordinarios del socorro de la infantería y el despacho de la nao a Nueva España en el tiempo regular.35 Su marcado «desinterés» para con la Corona, enmarcado en ese juego de «do ut des»36 le movieron incluso a ofrecer «suplir con el resto de su caudal en las necesidades que pudiesen ocurrir, hasta vender su plata, y joyas; añadiéndose a este tan especial servicio haber ofrecido mantener a sus expensas treinta hombres para la esquadra de galeras que se quedaba aprestando contra los moros joloes, por las hostilidades que causan en aquellas provincias, y transportar por su quenta de las partes ultramarinas las armas, y otros géneros para provisión de los Reales Almacenes».37 En consecuencia, el rey por cédula firmada en el Soto de Roma el 10 de mayo de 1730 le hizo merced del hábito de la Orden Militar de Santiago, que ya he mencionado, despachándosele título —una vez desahogadas sus pruebas— por decreto de 4 de septiembre del mismo año.38 Una de las muestras evidentes de su prestigio social alcanzado en el archipiélago lo constituye el hecho de que en 1729 fungió —en unión de don Francisco Carriedo—, como uno de los albaceas del arzobispo de Filipinas don Carlos Bermúdez de Castro.39 Siguiendo el esquema de la mayoría de los nobles titulados en Nueva España de la primera mitad del siglo XVIII dedicados al comercio, don Pedro una vez provisto del hábito de la orden militar, acumuló un importante capital, para seguir favoreciendo a la Corona y tratar de contar con el capital necesario para beneficiar en el momento indicado un título de Castilla como vimos ocurrió tres años después. No es extraño que en este escenario de enriquecimiento en las cercanías de su investidura como marqués participara (en 1733) como firmante de la carta con que los siguientes comerciantes: Juan Francisco Irisarri, Domingo Antonio de Otero Bermúdez, Juan Manuel Pérez de Tagle, José Antonio de Memige y Quirós, José Beltrán de Salazar, Juan Bautista de Uriarte, José Pestaño de la Cueva, Gaspar Carlos Andrade Villapol, Antonio Cervino, Diego Ignacio de Zamudio, Bernardo de Illumbe, Agustín [Benito] García de Ceares, Antonio González de Quijano, y Francisco Carriedo y Peredo, solicitaban al monarca hacer caso omiso a las medidas del virrey de Nueva España que aconsejaba regresar a lo dispuesto en la cédula de 1720 que prohibía el comercio de sedas por los inconvenientes que tenía.40 Una carta que a su vez nos muestra una extensa y nutrida red cuyo análisis puede reportar sorpresas en los negocios. Viudo y ya provisto con el título de marqués, y a pesar de que su carrera honorífica había ya llegado al tope que la mayoría de sus contemporáneos podía aspirar, cabe apun-
35 AGI, Filipinas 333, l. 13, ff. 203r-203v. Dicho préstamo lo hizo en unión de José Beltrán de Salazar, regidor de Manila, Bernardo Jorge de Illumbe, y Domingo Antonio de Otero Bermúdez. 36 Francisco Andújar Castillo, ha desarrollado y contextualizado ampliamente esta práctica de los méritos para la posterior provisión de ocios. Cf. Especialmente ANDÚJAR, 2008. 37 Relación de servicios…, op. cit. en AMJ, Montecastro, doc. 1. 38 AHN, Órdenes Militares, Santiago, Expedientillos, (mayo 1730), Legajo 69, n.º 6949. AHN, Órdenes Militares, Santiago, Expediente de pruebas n. 727, signatura 3564. CADENAS, 1977, pp. 297. 39 AGI, Contaduría, 1283, n. 2. 40 AGI, Filipinas, 209, n. 1.
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tar que don Pedro siguió en una actitud de seguir apoyando a la Corona, con unas medidas en las que convendría profundizar, para comprender cuál era el interés subrepticio. Así, para 1735-1736 su presencia y colaboración para hacer efectivo el envío del situado a las Marianas es evidente, de tal manera que puso a disposición de la Real Hacienda su patache denominado Nuestra Señora de las Caldas, con condición que la Real Hacienda corriera con los gastos de la carrera.41 Poco después de ello entre 1736 y 1741 tuvo una participación activa en un proyecto para descubrir las islas denominadas Rica de Oro y Rica de Plata, desviando el rumbo que anualmente hacía el galeón a Nueva España, a pesar de lo cual no prosperaron sus proposiciones.42 En medio de una y otra medida obtuvo licencia para viajar a España con sus hijas, yernos y criados. Viaje que no tengo certeza se haya realizado;43 pues seguía en Manila el 11 de diciembre de 1737, fecha en la que dio poder al capitán don Lucas de Baraya, residente en Madrid, ante el escribano Ignacio González de Orendain. Su deceso debe haberse producido cinco años después, supongo que en cercana fecha a la elaboración de su testamento, el cual realizó en el Pueblo del Rosario, término de Binondo, jurisdicción de la Provincia de Tondo, extramuros de la ciudad de Manila el 27 de octubre de 1742 ante Baltasar Javier Sanz de Cuenca.44 En dicho instrumento dejó ordenada la fundación de dos mayorazgos, uno de ellos para sus descendientes directos con imposición de armas y apellido45 y otro fincado en la Casa de Misericordia de la Ciudad de Manila, para su hermano don Francisco González del Rivero y sus descendientes llamando en primer lugar a su sobrino mayor don Fernando González de Rivero. Llama la atención que en el testamento mencionara la fundación de dos mayorazgos y que uno de ellos recayera en la familia de su hermano. Hay que tener presente en ello que don Pedro había procreado solamente hijas, para las cuales había trazado a su vez y como resultado del dirigismo paterno una política matrimonial con montañeses y uno de ellos además con el mismo apellido de «González de Rivero», al cual probablemente
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Ibidem, 333, l.13, ff. 255v-256r y ff. 259v-260v. AGI, México, 1082, l. 52, ff. 72v-73v y AGI, Filipinas, 334, l. 14, ff. 362r-368v. 43 Ibidem, 1108, l. 59, ff. 100v-101v (19 marzo 1736). 44 AMJ, Montecastro, doc. 26. Según Retana y Gamboa en su «Índice…», 1921, el deceso ocurrió en 1742. 45 Destinó para el mismo 30 000 pesos y mandó que la tercera parte de ellos se diese a corresponder bajo el seguro de escrituras y anzas en esta forma: para Nueva España 8000 pesos divididos en 2 riesgos de a 4000 pesos de tal manera que yendo 4000, quedasen los otros 4 de retén y se diesen al año siguiente y para el reino de la China 1000 pesos y para la costa de la Yana otros 1000 pesos y los 20 000 pesos restantes habiendo oportunidad se diesen a usuras pupilares con el seguro dicho. Ordenó que conseguidas las ncas para la enunciada fundación del mayorazgo se solicitase licencia de su majestad. Llamó en primer lugar a su nieto don Joaquín González de Rivero y después de acabada la descendencia de él a la descendencia de su hija doña María Rita y a falta de esta debía continuarse por la de sus otras hijas en orden regular. Vinculó en los llamamientos del mayorazgo la sucesión del marquesado con obligación de tomar el apellido de Rivero y traer sus armas y escudo «y si así no lo hiciere y cumpliere, que por el mismo hecho pierda dicho título el varón o la hembra llamado a él como si lo hubiese renunciado», AMJ, Montecastro, doc. 26. 42
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había llevado a Filipinas para incorporarlo a los negocios; como era uso y costumbre entre las estrategias de la época.
LA PRIMERA GENERACIÓN DE LA DESCENDENCIA Y EL DESTINO DEL MARQUESADO Como ya apunté don Pedro solo había tenido hijas mujeres: fueron estas tres: María Rita, Juana e Isabel Manuela. Todas usaron el apellido González de Rivero y Quijano; y de ellas Juana, la segunda, falleció soltera antes que su padre. Las otras dos casaron con emigrantes montañeses. Hubiera correspondido a la mayor haber sido la segunda marquesa de Montecastro y Llana Hermosa, sin embargo, nunca solicitó al virrey de Nueva España la carta interina de sucesión, ni al monarca la carta definitiva. Oficialmente por tanto el título entró en una situación anómala similar a la vacancia.46 A pesar de ello, en la documentación posterior relativa a esta familia, sí localizamos la mención de una marquesa y un marqués, consideración honorífica que tal parece detentaron sin sanción real. Cabe la posibilidad de que se fundaran los mayorazgos que dejó establecido el primer marqués y qué, vinculado mayorazgo y título nobiliario, los poseedores del primero hayan incurrido en la común practica del siglo anterior que equiparaba la posesión judicial de los bienes vinculados con la posesión de la dignidad. María Rita González de Rivero y Quijano, que fue la primogénita, nació en Manila y fue allí bautizada en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario y San Gabriel el 6 de mayo de 1714.47 Sabemos que usó documentalmente el título de marquesa pues así aparece en el poder para testar que con 52 años otorgó a su esposo e hijos en Manila ante el escribano Antonio de Chavarri.48 Su marido y primo fue don Pedro Domingo González de Rivero y Díaz de Vargas, nacido en Sobilla, socialmente también conocido como el marqués de Montecastro y Llana Hermosa; y quien como parte de una carrera que emulaba al suegro, había acumulado honores militares como sargento mayor; había obtenido un hábito de orden militar, en su caso la de Calatrava en 1745.49 Y prosiguió con una importante actividad comercial, dando continuidad a los negocios del primer marqués.50 Otras muestras de ello es que, en la común práctica de allegarse de parientes
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En 1778 la Contaduría General de Valores se percataba de que no se había recibido ningún pago de impuestos desde su creación. Por diligencias efectuadas en Manila donde constaba se usaba de la merced se comprobó que esta estaba relevada del pago de lanzas y de media annata. AGN, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 100, exp. 30 (1778). Es también probable que esta relevación de impuestos propiciara en los hijos y nietos del primer marqués que usasen del título sin obtener la carta de sucesión. 47 AMJ, Montecastro, doc. 9. 48 Ibidem, doc. 28. 49 AHN, Órdenes Militares, Calatrava, Expedientillos, n. 12094 (agosto 1745). AHN, Órdenes Militares, Calatrava, Expediente 1102. 50 Cf. una escritura de las mercancías embarcadas en el galeón Nuestra Señora de Guía, consignadas a don Pedro Domingo para su venta en Acapulco en AGN, Indiferente virreinal, caja 1682, exp. 9 (1732). En 1733 seguía en Acapulco, en el galeón anclado en dicho puerto, con vistas a hacer el tor-
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del lugar de origen, se localiza en 1772 una licencia de pasajeros de dos hermanos González del Rivero (Manuel y Fernando originarios del concejo de San Felices), los cuales, «pasan a Filipinas a ayudar en las dependencias de su tío el marqués de Montecastro».51 De los hijos que tuvo el matrimonio, he podido constatar al menos la existencia de dos: Joaquín y María Josefa, sobre los que volveré más adelante. Ya mencioné que el primer marqués había tenido una tercera hija de nombre Isabel Manuela, que nació en Manila el 16 de junio de 1716, y fue bautizada el 3 de julio.52 Como común denominador a las parcas historias de vida que nos dejan normalmente las hijas de los comerciantes, contamos con unas fechas extremas de nacimiento y de aproximación al deceso por la elaboración del testamento, su matrimonio y la descendencia habida; asunto este último importante pues fenecida la sucesión de su hermana mayor, correspondería a uno de sus descendientes suceder legalmente en el título de Montecastro y Llana Hermosa, lo que ocurrió a finales del siglo XIX. Isabel Manuela, criolla al igual que su hermana, realizó sus nupcias con emigrantes peninsulares a quienes podemos encasillar en la zona de las llamadas Montañas de Santander. Su enlace lo realizó en el Sagrario de Manila el 22 de junio de 173253 con don Juan Antonio de Vivanco, originario de Quintana de los Prados y quien había llegado a Filipinas desde 1723 como capitán de una compañía de infantería española para refresco de las islas. Vivanco hizo carrera en Manila, plaza de la que fue sargento mayor, y vinculado al comercio como «maestre de la Carrera», y un extraordinario partido que empataba con la carrera del suegro, pues cercano a sus nupcias ya había ocupado una regiduría en el Cabildo, había sido nombrado alcalde ordinario y diferentes veces compromisario de su comercio. Menos de un año duró su matrimonio pues el único hijo Juan Antonio de Vivanco, nació póstumo en Manila el 17 de abril de 1733.54 Según refiere la documentación, un mes después de muerto su padre por lo que se levantó información de su filiación en Manila el 26 de noviembre de 1773.55 Juan Antonio se dedicó al ejercicio de las armas y pasó a España, rompiendo los nexos con el archipiélago.56 Se avecindó en Villaventin, Merindad de Lossa, en Castilla,57 y posteriormente en Arciniega, Álava, en donde vivía en 1776, dejando allí descendencia, en la cual se encuentra el tracto genealógico de la rehabilitación del título realizada en el siglo XIX.
naviaje a Filipinas. Solicitó entonces no ser considerado con el empleo de general de dicha nao. AGN. Indiferente virreinal, caja 1386, exp. 29. 51 AGI, Filipinas, 344, l. 13, ff. 8v y 9r. 52 Parroquia del Sagrario de Manila, Libro de bautismos n. 3, f. 45, en AMJ, Montecastro, doc. s/n. 53 Ibidem, Libro de matrimonios n. 3, f. 143, en AMJ, Montecastro, doc. s/n. 54 Ibidem. Libro de bautismos n. 4, f. 248, en AMJ, Montecastro, doc. s/n. 55 AMJ, Montecastro, doc. 8. 56 AGI, Indiferente, 157, n. 23. El expediente incluye además de su relación de méritos, la de su padre y su abuelo. 57 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante ARCHV), Hijosdalgo, caja 1123, n. 31 (1759).
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Isabel Manuela, viuda y con una criatura que criar, volvió a casar, nuevamente con un montañés, don Francisco González Quijano, nacido en Sobilla en 170958 y del que no sería raro encontrar ancestros comunes. Llama la atención que en la carta que varios vecinos de Manila escribieran dando cuenta de la expulsión de los sangleyes, aparezcan exclusivamente montañeses y además del primer marqués de Montecastro y de su yerno Juan Antonio de Vivanco, estaban Francisco Carriedo y Peredo, Francisco Sánchez de Tagle, Francisco de Vivanco, Juan Manuel Pérez de Tagle, y un Antonio González de Quijano.59 Con carrera similar a los anteriores, Francisco González Quijano, fue alcalde mayor del Parián, cargo que obtuvo tras servir con 1000 pesos60 y quien después de su matrimonio, sin lugar a dudas con la ayuda de su suegro, y del resto de la red de comerciantes montañeses consiguió tener acceso al Cabildo de Manila, como regidor y alcalde ordinario.61 Posteriormente caballero de Calatrava.62 De este segundo matrimonio nacerían tres hijas María Manuela, María Francisca y María Jacinta González de Quijano, esta última a quien volveremos a encontrar por haber casado con su primo hermano.
LA TERCERA GENERACIÓN DE LA LÍNEA SUCESORIA Habiendo fallecidos la hija primogénita del primer marqués, doña María Rita González de Rivero, como mencioné, sin haber sacado la Real Carta de sucesión, hubiera correspondido a su hijo, Joaquín González de Rivero y González de Rivero, hacerlo. Retana lo considera tercer marqués de Montecastro y Llana Hermosa, sin que por mi parte haya encontrado algún indicio de que lo fue con papeles de por medio. De él asimismo nos informa lo siguiente: «313. González de Rivero y González de Rivero (Joaquín). Comerciante; tomó parte en la guerra con los ingleses, 1762. - 3er marqués de Montecastro y Llana Hermosa».63 Gracias al expediente del título conservado en el Ministerio de Justicia de Madrid y que conjunta muy variada documentación no solo de los que poseyeron el título nobiliario, sino en ocasiones de aquellos que había que documentar para comprobar la conexión parental, sabemos de él que nació en Manila el 1 de febrero de 1735 y fue bautizado en el Sagrario el 9 de febrero.64 Fue mejorado por su abuelo en el tercio y quin58 Retama, 1921, pp. 40. Para la genealogía ascendente de este personaje véase MOGROBEJO, 2012, pp. 390. 59 AGI, Filipinas, 202, n. 1. El mencionado Antonio, y cuyo patronímico reere una estrecha proximidad con el yerno del marqués, había nacido en Santa Marina, lugar asimismo del concejo de San Felices en 1687. Fue regidor de Manila, caballero de Calatrava. Es curioso que el año de cruzamiento en la orden militar de Antonio y Francisco sea el mismo. Profundizar en las genealogías de ambos y en las trayectorias de vida puede reportar mayores nexos. 60 AGI, Filipinas, 342, l. 10, ff. 106v-109r. 61 RETANA, 1921, pp. 40, registro 309. 62 AHN, Órdenes Militares, Expedientillos, n. 12093 (agosto 1745). Es sorpresivo que en 1745 los dos yernos del primer marqués ingresaran a la Orden de Calatrava. 63 RETANA, 1921, pp. 41. 64 Parroquia del Sagrario de Manila, Libro de Bautismos n. 4, fol. 281 (AMJ, Montecastro, doc. 7).
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to de sus bienes con 30 000 pesos, cantidad destinada para que fundara un mayorazgo perpetuo, en cualquier parte de la Europa y no habiendo posibilidad allá lo fuese en las Islas Filipinas. Además de la actividad comercial consignada por Retama, hay constancia de su recurrente paso a Acapulco con fines mercantiles. Así en carta fechada en el puerto de Navidad el 23 de enero de 1767 avisaba al virrey marqués de Croix que tanto él como don Francisco Antonio Barroso y don Matías de Porras habían sido nombrados como compromisarios del comercio de Manila en Nueva España para ese año de 1767.65 Y por otra fechada en Acapulco el 3 de febrero de 1767 presentaba al virrey algunas dudas sobre el envío de fardos de Manila en la fragata San Carlos Borromeo,66 embarcación de la que él iba por general. También su poder para testar, otorgado a favor de su padre y su cuñado y realizado ante Antonio de Chavarri, en Manila el 3 VII 1771, lo realizó «estando pronto a embarcar del puerto de Cavite a Acapulco».67 Joaquín, casó probablemente en Manila con su prima hermana (ya mencionada) doña María Jacinta González de Quijano, asimismo nacida en Manila y si bien la fuerte endogamia ponía en peligro la calidad de la sucesión, el matrimonio procreó tres hijos, Francisca, Pedro Joaquín y María Vicenta, de los cuales solo los dos primeros llegaron a edad adulta y que serán brevemente abordados en el siguiente apartado. En esta tercera generación de la línea troncal, cabe referir la existencia de una hermana de don Joaquín llamada doña María Josefa González de Rivero, de la cual sabemos que premurió a su madre68 y estuvo casada con don Carlos Manuel Velarde, Depositario General de Filipinas, matrimonio del que al parecer no hubo descendencia, recortándose así las líneas con derecho a suceder en el título en caso de fenecer la línea troncal.
LA CUARTA GENERACIÓN, Y APENAS EL SEGUNDO MARQUÉS Antes de abordar a los dos hijos que tuvo Joaquín González de Rivero, cabe volver a mencionar aquí aquella observación que hiciese María del Mar Felices de la Fuente sobre las vidas paralelas que habían llevado el primer marqués de Montecastro y el marqués de las Salinas don Juan Manuel Pérez de Tagle y Gómez de la Sierra. Las actividades socio-profesionales desarrolladas, el ennoblecimiento de ambos, los intereses políticos y comerciales no es extraño que hayan propiciado que doña María Jacinta González de 65
AGN, Marina, vol. 25, exp. 64, fojas 169-170. Ibidem, exp. 46, ff. 87-88 y exp. 71, ff. 185-186 y 198. En dicho volumen en el expediente 98, fojas 202-224, se conserva la relación de las mercancías que iban a bordo, noticias de la travesía y de los ociales, tripulantes y pasajeros (ff. 173-175), las discrepancias que surgieron con el castellano de Acapulco y las mercancías que llegaron (ff. 132-135) y todo aquello relacionado con el viaje de regreso y los problemas de exceso de cupo y temor a la peste. Las consecuencias que el retraso de salida de la fragata tuvo se reejaron en la residencia que se le tomó. Cf. AGI, Filipinas, 336, l. 18, ff. 114r y 115r (1770). 67 AMJ, Montecastro doc. 28. 68 Ibidem, doc. 10. 66
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Quijano, al enviudar de don Joaquín González de Rivero, casase en segundas nupcias con don Luis Manuel Pérez de Tagle y Navea, hijo y heredero del primer marqués de las Salinas y su sucesor en el título. Y si bien no hubo descendencia de estas segundas nupcias, es evidente que las redes comerciales y sociales acababan tejiendo nuevas redes parentales. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaban las clases privilegiadas era el de la descendencia, situación que empezaba a ser más que evidente en esta cuarta generación, en donde las fuertes endogamias habían cercenado la existencia de otras ramas colaterales, en los que pudiera fincar la titulación. La hija mayor Francisca González del Rivero, que como su tía también premurió a su madre, trazó una estrategia matrimonial distinta e incorporó sangre nueva al grupo familiar, casándose con don Emeterio Cacho y Calderón de la Barca, oidor de la Real Audiencia. Desgraciadamente los dos hijos que tuvo el matrimonio fallecieron en la infancia, y viudo don Emeterio, contrajo nuevas nupcias con la hija del marqués de Villamediana, otro de los títulos nobiliarios con presencia en Filipinas y cuyo primer poseedor había sido coetáneo al primer marqués de Montecastro, títulos que acabarían apareciendo en las redes parentales que reportaba esta generación. El segundo de los hijos se llamó don Pedro Joaquín González de Rivero y González de Quijano, sobra decir que, con tanta repetición de Pedros, Joaquines, y González de Rivero, (culpa en parte de las imposiciones de la fundación del mayorazgo) a veces las referencias en la bibliografía consultada tienden a la confusión. Fue él el primero que tras el deceso del primer marqués realizaría la tramitación oficial para allegarse de la respectiva carta de sucesión. Ello se dio, tras la promulgación de la real cédula de 6 septiembre de 1773 por la que el rey ordenaba que aquellos que detentaban un Título de Castilla obtuviesen las respectivas cartas de sucesión. Félix Berenguer de Marquina, entonces gobernador y capitán general de Filipinas escribió al monarca diciéndole que en carta de 20 de julio de 1772 don Pedro Joaquín González del Rivero y Quijano, descendiente del primer marqués, se la había solicitado. Desconozco el porqué de la demora, pero veinte años tardó el monarca en atender el asunto. Es probable que la falta de pago de los impuestos ya referida y las reticencias de la Contaduría para expedir informes y certificados hayan sido parte de la causa.69 Conseguido el informe que nada se adeudaba, el rey firmó el preciado documento en San Lorenzo el 11 de octubre de 1792.70 Es por ello que —desde mi perspectiva documental— solo podemos asignar el segundo lugar de la intitulación a don Pedro Joaquín, el cual nació en Manila el 12 de julio de 1769 y fue bautizado en el Sagrario el día 20 imponiéndosele los nombres de Pedro Joaquín Antonio Agustín Anacleto.71 El cual en razón de su calidad fue designado miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Manila en 1782 (con tan solo trece años). Al igual que su padre, abuelo y bisabuelo, Pedro Joaquín se dedicó a la
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AGI, Títulos de Castilla, 6, r. 31 (10 mayo 1792). AMJ, Montecastro, doc. 8. AGI, Filipinas, 345, l. 16, ff. |65v-169r (una copia del mismo en AGI, Títulos de Castilla, 6, r. 16). 71 Parroquia del Sagrario de Manila, Libro de bautismos de españoles n. 2, f. 75. AMJ, Montecastro, doc. 6. 70
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carrera del comercio y hay constancia de haber salido de Manila embarcado de maestre de plata en el navío San Andrés en 1796, autorizado por el Comercio de Manila, y con tal calidad pasó a Nueva España. Con él se rompe el nexo con Filipinas, pues a finales de siglo decidió en primer lugar avecindarse en México. Hay constancia de su presencia en la ciudad, al menos desde septiembre de 1799, y aparece en los libros sacramentales de la parroquia del Sagrario, apadrinando a varios hijos del matrimonio Cacho-Rojo, de la casa de los marqueses de Villamediana, a la que como vimos formaba parte su cuñado Emeterio. Pocos años después, otorgó testamento en México el 10 de junio de 1803 ante Francisco Javier Benítez72 muy probablemente coincidiendo con la decisión de emprender viaje definitivo a España. Ese año de 1803 fue año de numerosos cambios para el marqués. El 8 de febrero contrajo matrimonio en la ciudad de México, celebrándose en enlace en la casa número 5 de la calle de la Misericordia, jurisdicción del Sagrario73 con la criolla doña Juana María Ventura de los Cinco Señores de Santa María y Hoyos, nacida en México y allí bautizada en la parroquia del Sagrario el 8 de marzo de 1782. Pocos después el 15 de marzo se le daba licencia para pasar con toda su familia a España.74 Efectivamente así lo hizo y se estableció en Guarnizo, Santander, donde nacería su único hijo, el tercer marqués de Montecastro. Pedro Joaquín fallecería tres años después del nacimiento de su heredero en La Coruña el 24 de mayo de 1812; siendo enterrado el día 26.75 En su testamento dejó 1000 pesos para diversas mandas piadosas: 500 pesos para que se aplicasen en misas y el resto, otros 500, en caridades a los pobres. No he conseguido mayores noticias de la marquesa viuda quien debe haber fallecido en España. Sobre su ascendencia, tampoco puedo por el momento ofrecer nada más allá de unos nombres y fechas de bautismos, y las actas sacramentales silencian por ahora mayor información.76 La orfandad paterna del futuro tercer marqués, influyó sobre manera en la historia de la sucesión del título nobiliario; ello unido a la extracción social de la marquesa viuda
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Archivo Histórico de Protocolos de la Ciudad de México, Libro de escrituras de 1794-1825,
fol. 60. 73
Parroquia del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, Libro de matrimonios n. 38, fols. 130 a 131. 74 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 189, exp. 33 (15 marzo 1803). Es curioso apuntar como si bien en 1803 la rama principal de los González de Rivero abandonaba Filipinas un año después alguien del mismo apellido, llamado Crispin, y del que no he conseguido establecer parentesco, pedía licencia para pasar a Filipinas (AGN, Filipinas, vol. 48, exp. 12, ff. 298-305) ¿Habrían quedado dependencias que atender? ¿Seguía habiendo un trasvase parental laboral? 75 AMJ, Montecastro, doc. 13, l. 5, fol. 385v. 76 Padres: don Mariano Enrique José Santa María y Palacio, nacido en México el 15 de julio de 1752 (B: Sagrario el 17). Casado en México (Sagrario) el 10 de mayo de 1778 con doña María Petra de Hoyos Salgado, nacida en México. Abuelos paternos: don Manuel Santa María, casado en México (Sagrario) el 14 de junio de 1749 con doña Margarita Antonia Martínez del Valle, nacida en México (B: Santa Veracruz el 13 de junio de 1727); Abuelos maternos: don Juan José de Hoyos de la Vega, nacido en México el 8 de febrero de 1727 (B: Sagrario el 17), casado con doña Rosalía Salgado.
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(intuida, más que constatada) y que no nos la sitúa como parte de las élites de su momento; puede haber influido en que se tardasen 23 años en solicitar la carta de sucesión. Demostrada la relevación de lanzas y media anata por la contaduría general de valores77 así como la posesión de los mayorazgos (que venían a respaldar su derecho), solicitó el 20 de noviembre de 183478 se le expidiese. El monarca la firmó el 6 de febrero de 1835.79 Cierro esta relación de la reconstrucción familiar con las pequeñas pinceladas biográficas localizadas del tercer marqués, toda vez que con él se rompe el tracto genealógico de la línea principal, constatando además que también con él se desvincula el título de forma definitiva con las Filipinas. Como ya apunté nació en Guarnizo, Santander, el 2 de marzo de 1809 y fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de Muslera el siguiente día 3.80 En el bautismo se le impuso el nombre de Ángel María Lucio y fue apadrinado por uno de los criollos (descendientes de montañeses) que tendrá en Nueva España una fuerte presencia en la vida social, militar y política de los años posteriores: don Manuel de Heras y Soto, segundo conde de Casa Heras-Soto, y quien llegaría a ser uno de los firmantes del acta de Independencia del Imperio Mexicano. No es muy aventurado suponer que los nexos comerciales y de paisanaje que pudieron desarrollar el primer conde de Casa Heras Soto, con una fuerte presencia en el Consulado de México, y los González de Rivero propiciaran el compadrazgo, aprovechando que don Manuel se encontraba en Europa en etapa formativa. Tras la muerte del segundo marqués se nombró para velar los intereses de Ángel González de Rivero a don Manuel de la Riva Herrera, montañés y probablemente muy próximo también a los Heras Soto, pues el referido don Manuel casaría con Ana María Riva Herrera y Vivanco. Manejados sus intereses a través del mencionado apoderado, él obtuvo la posesión de sus vínculos y mayorazgos hasta el 11 de febrero de 1833.81 Tuvo una larga existencia pues fallecía de 83 años, ocurriendo su deceso en la ciudad de Santander el 18 de noviembre de 1892,82 en su domicilio sito en la calle del Muelle, número 36, primero, a consecuencia de un colapso consecutivo de una neumonía. Falleció viudo de doña Isabel Calderón González, nacida en Santander, de la que no tuvo descendencia. Sabemos de la existencia de dos testamentos, uno ante Dionisio Vélez, notario de la Villa Carriedo, el 8 de abril de 1882 y el otro ante Urbano Agüero, notario de Santander, el 10 de febrero de 1892. Fue enterrado en el cementerio de Ciriego; seis años después las Filipinas declararían su independencia.
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AMJ, Montecastro, doc. 16. Ibidem, doc. 18. 79 AHN, Consejos, 8991, exp. 2 (1835). 80 Parroquia de Nuestra Señora de Muslera, de Guarnizo, Santander, Libro de bautismos (17931819), ff. 121v-122r (AMJ, Montecastro, docs. 11 y 14). 81 AMJ, Montecastro, doc. 15. Las vinculaciones familiares además de unas tierras comprendían la casa principal sita en el concejo de San Felices y lugar de Sobilla. 82 Santander, Cantabria, Registro Civil, Defunciones C, t. 2, f. 619 (AMJ, Montecastro, docs. 19 y 27). 78
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Antes de concluir esta recopilación repleta de nombres, cargos, y fechas, es curioso consignar como en la historia genealógica del título del marquesado de Montecastro y Llana Hermosa, aparecerá en el siglo XX, con los titulares de la dignidad y que procederán de la tercera hija del primer marqués; nuevas referencias a familias que tuvieron injerencia en Nueva España. Téngase presente que, ocurrida la independencia de las naciones americanas y de Filipinas, muchos avispados genealogistas nobiliarios se dedicaron a captar clientela entre el mundo de las finanzas, la burguesía y la política senatorial, a los cuales remontando sus ascendencias hasta a veces el siglo XVI conseguían establecer «expectativas genealógicas» para reclamar un título nobiliario vacante. Fue así como María de los Dolores Vivanco y Lebario, VI marquesa de Monte Castro y Llana Hermosa unió en su persona además el título de IV marquesa de Jaral de Berrio (título que rehabilitó en 1923). La actividad no obstante de Miguel de Berrio y Zaldívar, primer marqués de Jaral de Berrio, principalmente hacendado y ganadero, parece que no tuvo nexos con los Montecastro y Llana Hermosa.
A MANERA DE BREVE CONCLUSIÓN La familia González de Rivero, trazó una política matrimonial fuertemente endogámica (tanto a nivel sanguíneo como de paisanaje) que a la larga debilitó a la familia. Consiguieron mantener una actividad comercial durante cuatro generaciones, la cual aunada a la participación en puestos de regiduría del cabildo, los hábitos de órdenes militares, y la posesión del título nobiliario, les permitió ser considerados parte de la elite insular. Transcurridas dos generaciones, los nexos familiares a pesar de la endogamia, los colocaron en una situación privilegiada para emparentar con otros miembros de la nobleza titulada que tuvieron presencia tanto en el comercio como en la Nueva España. Respecto al título nobiliario, objeto de seguimiento y documentación en el presente trabajo, incurrieron en una anomalía documental, pues por varias generaciones no solicitaron las cartas de sucesión, dando por válida exclusivamente la posesión de los bienes vinculados. Ello ha tenido varias repercusiones, de un lado una falta de uniformidad en las noticias sobre el título nobiliario en los autores contemporáneos, y de otro la falta de claridad inclusive en las instituciones de su momento; lo que ha dificultado que se haya abordado este título in extenso por otros autores. La falta de sucesión en la línea primogénita propició que el cambio de línea se diera en una de tantas de los descendientes de una rama segundogénita; perdiéndose la certeza de que quien detenta el título actualmente sea el poseedor del derecho civilísimo (asunto por otro lado bastante complejo, tras la legislación que el presente siglo ha impuesto sobre este sector de la población, un sector que no olvidemos se fundamenta en principios de desigualdad y privilegios honoríficos y que trata de subsistir con unas reglas y un marco normativo que se aleja cada vez más de los principios históricos que le dieron sentido —las leyes de Toro—, en un mundo que cada vez más tiende a luchar por la abolición de esos privilegios. Una situación que ha propiciado que algún historiador lanzara la teoría de que los títulos nobiliarios debían de suprimirlos y dejarlos solo como material de estudio a los investigadores).
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Redes de conocimiento e información en torno a las navegaciones transpacíficas. La «Carta del Mar del Sur» y el «Mapa de la América Septentrional» en las Noticias de la California (1756) Guadalupe PINZÓN RÍOS Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Nacional Autónoma de México
Desde fines del siglo XVIII hubo un creciente incremento de navegaciones inglesas por el Mar del Sur o Pacífico que en principio tuvieron por objetivo la obtención de botines provenientes tanto de la captura de naves como de ataques en las costas americanas. Sin embargo, hacia el siglo XVIII esas travesías paulatinamente se diversificaron y pronto también hubo el interés de contar con algún asentamiento en esas costas que facilitara los contactos marítimos entre el Atlántico y el Índico. Las autoridades hispánicas consideraron peligrosos estos avances pues se temía que los enemigos se posicionaran en zonas poco habitadas, como antes había pasado en el Caribe.1 Además, también existía la idea de que los colonos ingleses y franceses de Norteamérica extendían sus asentamientos hacia el poniente y ese avance al parecer podría alcanzar las costas del Pacífico. Lo anterior paulatinamente obligó a voltear la mirada a las costas del noroeste novohispano de las cuales había gran desconocimiento ya que desde el siglo XVII dejaron de hacerse reconocimientos por parte de navegantes españoles y la zona solo era transitada por los galeones de Manila, los cuales pocos registros cartográficos realizaban durante su tránsito hacia Acapulco. Además, existía una política real dirigida a guardar con sigilo las fuentes geográficas del imperio ultramarino.2 Y aún cuando en el siglo XVIII se llevaron a 1
Los avances y asentamientos ingleses, franceses y holandeses en el Caribe desde el siglo XVI puede verse de forma detallada en JARMY, 1983. 2 Rainer Buschmann explica que en realidad las informaciones de las expediciones no se pudieron guardar en secreto pues los cartógrafos y los pilotos se movían entre reinos, por lo que el conocimiento generalmente se compartía e incluso llegaba a los intelectuales. Ver BUSCHMANN, 2014, 25.
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cabo nuevas exploraciones estas tuvieron reducida difusión debido a que, a diferencia de Francia e Inglaterra, pocas relaciones de viaje fueron publicadas.3 En este contexto surgieron las Noticias de la California, obra que si bien tuvo por fin resaltar la labor misional de la Compañía de Jesús en esa península, también se convirtió en un llamado de atención a las autoridades para que pusieran atención a una región en constante peligro. Para su elaboración se recurrió a informaciones geográficas que en gran medida fueron extranjeras pues justamente estas sirvieron para tener noticia de lo que los enemigos de España conocían del septentrión americano así como sus planes. El objetivo de este texto es analizar dos mapa insertos en las Noticias de la California: la «Carte de la Mer du Sud ou Mer Pacifique» (1750) elaborada para la obra donde se narra el viaje de George Anson (pero que aparece en la traducción que se le hizo al francés) y las «Cartes des Nouvelles découvertesau Nord de la Mer du Sud» (1752) elaborado en Francia por Nicolás Delise y Philippe Buache. Ambos mapas muestran diversos registros geográficos obtenidos por parte de Inglaterra y Francia sobre el Pacífico que serían traducidos al español con algunas alteraciones. Se parte de la idea de que si bien la inserción de estos mapas en las Noticias de la California muestran las redes de intercambio de información geográfica que se establecieron a lo largo del Setecientos (en las cuales el Pacífico se volvió tema ampliamente discutido) en este contexto los mapas dejaron de ser documentos secretos desde la perspectiva hispana para convertirse en instrumento político e incluso objeto de discusión y divulgación. En este caso específico, los mapas referidos fueron usados para dar a conocer las navegaciones y asentamientos hispánicos que desde tiempo atrás se habían hecho por el Pacífico, así como para dar respuesta a las narraciones y los registros extranjeros sobre un Mar del Sur cada vez más visualizado. En este sentido, Mariselle Meléndez explica que la cartografía y las narraciones geográficas son herramientas útiles para examinar cómo los espacios fueron construidos, pero en ese proceso hay que considerar cómo dichas representaciones o fuentes fueron usadas como discursos retóricos con el fin de persuadir, manipular o incluso imponer valores determinados.4 Por su parte, John Brian Harley ha explicado cómo los mapas deben ser considerados como armas del imperialismo, es decir, como herramientas usadas con fines coloniales para reconocer, explorar y hasta controlar territorios. Esto hace a los mapas documentos cargados de intencionalidad cuya lectura permite conocer, articular y estructurar el mundo humano y sus relaciones sociales.5 Podría considerarse que la inclusión de la «Carta del Mar del Sur» y el «Mapa de la América Septentrional» en las Noticias de la California se hizo como parte de un discurso con el que se pretendía llamar la atención de una forma más visual a los peligros que se corrían en el Pacífico septentrional y para compilar las informaciones sobre ese océano que en gran medida estaban en fuentes geográficas extranjeras que proyectaban sus intereses en él, lo que a su vez obligó a mantener un tráfico constante de noticias y
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BUSCHMANN, 2014, pp. 3-4. MELÉNDEZ, 2009, pp. 174-175. HARLEY, 2005, pp. 80-85.
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representaciones cartográficas. Además, este hecho permitió posicionar a España en el marco de las exploraciones y en las discusiones geográficas de la época.
UNA REGIÓN EN LA MIRA Desde inicios del siglo XVIII se generaron diversas discusiones sobre los posibles peligros que corría la California, la cual no únicamente abarcaba la península, sino también las regiones septentrionales de cara al Pacífico. Esto por diversas causas como eran las navegaciones inglesas que habían alcanzado esas aguas en sus intentos por capturar al galeón de Manila, por los constantes avances de las expediciones peleteras rusas desde Kamchatka e incluso por el creciente temor de que las colonias inglesas y francesas se expandieran al poniente.6 Esto último habían llevado a plantear la necesidad de incrementar los asentamientos hispanos en el norte del virreinato a partir de presidios y misiones, así como de la creación de nuevas jurisdicciones, acciones que previamente se habían venido desarrollando en otras zonas como se había visto con la nueva gubernatura de Texas o la fundación del Nuevo Santander.7 En el caso del noroeste, se habían hecho intentos por ocupar la California pero fue hasta el establecimiento de las misiones jesuitas, y gracias a las navegaciones que regularmente les llevaban abastecimientos desde la contracosta, que se sentaron las bases de poblamientos más permanentes.8 Los levantamientos indígenas que se habían desarrollado desde 1680 en la zona también derivaron en restructuraciones administrativas como se vio con la creación de la gubernatura de Sonora y Sinaloa, además de que paulatinamente se reajustaron las relaciones con las misiones californianas.9 Sin embargo, el noroeste seguía siendo una zona periférica desde la perspectiva del virreinato, por lo fue difícil prestarle atención. Aunque la Corona española alegaba que otras potencias no tenían posesiones en el Pacífico y por tanto no debían transitar por sus aguas lo cierto fue que desde la Paz de Utrecht comenzó una guerra diplomática entre España e Inglaterra por dicho océano pues los ingleses se negaban al concepto de «mar cerrado» ni aceptaban renunciar al derecho que consideraban tener de descubrir varias islas en esas aguas.10 Esta creciente presencia enemiga llevó a elaborar tanto denuncias de los peligros que se corrían así 6 Sobre los avances rusos ver ORTEGA, 2001, pp. 25-27 y BERNABÉU, 1992, pp. 107-114. Respecto a las colonias inglesas y francesas ver VELÁZQUEZ, 1997, pp. 69-81 y MORISON, 2003, pp. 31-52. En cuanto a las expediciones inglesas por el Pacífico meridional ver BRADLEY, 1992, pp. 265-307; GERHARD, 2003, pp. 136-226; PÉREZ-MALLAÍNA, 1982, pp. 45-46 y SPATE, 1983, pp. 132-169. 7 Sobre propuestas de avance colonizador y restructuraciones administrativas en el septentrión novohispano ver OSANTE, 2012, a lo largo del capítulo IV 8 El establecimiento del sistema misional jesuita en la California puede verse en RÍO, 2003. 9 Sobre los levantamientos indígenas ver RÍO, 2002, pp. 131-133; MIRAFUENTES Y MÁYNEZ, 1999, pp. XXII-XXIII. Sobre las reestructuraciones administrativas ver RÍO, 2007, pp. 29-37; ORTEGA, 2010, pp. 188-191. 10 Algunos de los argumentos discutidos pueden verse en BUSCHMANN, 2014, pp. 46-47.
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como lanzar propuestas para fomentar navegaciones y misiones. En ese contexto es que surgieron las Noticias de la Californias. Esta obra fue iniciada en Nueva España por el padre Miguel Venegas pero terminada en Madrid por el padre Marcos Buriel.11 Michael Mathes explica que Venegas tenía admiración por los misioneros que se lanzaban al septentrión y eso lo llevó a escribir biografías sobre ellos. Pero su trabajo se convirtió en una crítica a la Corona española pues mostró una California en peligro por la indiferencia mostrada por las autoridades reales. El trabajo de Venegas fue guardado hasta que en 1749 se envió a Madrid para que Buriel lo revisara y eliminara cualquier detalle que implicara críticas a la monarquía. Pero el trabajo de este jesuita fue más profundo y dio una estructura menos barroca a la obra de Venegas, además de que le dio el título de Noticias porque no lo consideró un libro de Historia.12 Además, le insertó información geográfica de lo más reciente que permitió que esta obra mostrara al noroeste americano (específicamente a la California) con detalle y de manera actualizada a partir de fuentes hispánicas (tanto novohispanas como peninsulares) y extranjeras.
FUENTES CONSULTADAS Y SU ORIGEN Para elaborar las biografías de los jesuitas Venegas recurrió a fuentes de las que pudo echar mano en el propio virreinato, entre las cuales hubo relaciones hechas por los misioneros como se ve con las descripciones del padre Eusebio Francisco Kino, las narraciones y mapas del padre Fernando Consag, los informes del padre Segismundo Tavaral, la correspondencia mantenida por el padre provincial José María de Salvatierra, entre otros. Además, pudo recurrir a fuentes que describían un contexto de los territorios americanos más amplio como las obras de Francisco López de Gómara y Juan de Acosta, así como datos de expediciones previas como las de Sebastián Vizcaíno. También pudo echar mano de textos más modernos como las relaciones y mapas del oficial de mar Jorge Juan o el Theatro americano de José Antonio de Villaseñor y Sánchez.13 Cuando la obra fue enviada a Madrid, Buriel consultó nuevos libros y documentos, además de que mantuvo correspondencia con los académicos de París así como con hermanos de orden a quienes les solicitó nuevos informes geográficos de la California posteriores a 1739, fecha en la que había terminado la relación de Venegas.14 También
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Miguel Venegas fue un criollo nacido en Puebla en 1680, estudio en Tepotzotlán y dedicó buena parte de su vida a la investigación y preparación de textos donde se relatara la vida de sus hermanos de orden mientras que Buriel, según considera Mathes, fue un ilustrado que recibió este encargo por haber prologado antes trabajos como el del oficial Jorge Juan Observaciones astronómicas y physicas hechas en los Reynos del Perú de las quales se deduce la figura y magnitud de la Tierra, impreso en Madrid en 1748. Ver MATHES, 1979, pp. 11-14. 12 MATHES, 1979, pp. 11-15. 13 MATHES, 1979, pp. 11-15. 14 Por ejemplo, Jorge Juan le remitió desde París las últimas memorias de la Académie Royale des Scienes publicadas por Joseph NicolasDelisle (o De l’Isle) y Philippe Buache, así como la relación de viaje de Bartolomé Fonte que habían llegado a París. MATHES, 1979, pp. 16-17.
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incluyó descripciones sobre los viajes apócrifos por el paso del Noroeste o Estrecho de Anián (pese a que Burriel los catalogó de absurdos) como fueron los de Lorenzo Ferrer Maldonado (1588), Juan de Fuca (1592) y Bartolomé Fonte (1624) pues en ese momento se discutían en las academias científicas europeas.15 Hay que recordar que el viaje de Maldonado fue redactado en primera persona y se tituló Relación del descubrimiento del estrecho de Anian que hice yo el Capitán Lorencio Ferrer Maldonado el año de 1588 (…), fue dedicado a Felipe III en 1609, circuló por la corte de España y en él se aseguraba que este navegante atravesó el estrecho del Labrador y en los 60 grados de latitud halló un estrecho que recorrió en quince días y que lo llevó a la costa pacífica. Dijo además que había vuelto a España por la misma ruta. El memorial se guardó en los archivos del Consejo de Indias pues al parecer no se le dio credibilidad. En cuanto al viaje de Fuca, este salió a la luz por terceras personas pues la narración de dicho navegante fue incluida en el libro Purchas. His Pilgrimes in Five Bookes, impreso en Londres en 1625 por William Stansby; ahí se contaba que Michael Lok, cónsul inglés en Turquía, conoció en 1596 en Venecia a un viejo marinero griego que dijo llamarse Juan de Fuca, aunque su verdadero nombre era Apostolos Valerianos. Este declaró haber navegado por las Indias Occidentales al servicio de los españoles durante cuarenta años y que en 1592 fue enviado por el virrey de México a examinar la costa norte de la California, por lo que navegó hasta los 47 grados latitud norte y al parecer encontró una gran entrada entre los 47 y 48 grados que atravesó y le permitió alcanzar el Mar del Norte, pero sin embargo tuvo que regresar pues su barco no estaba preparado para resistir algún posible ataque en aguas enemigas. De este viaje no quedó rastro en los archivos españoles ni del mismo Juan de Fuca, por lo que se le consideró falso, además de contener varias inexactitudes geográficas. Y en cuanto a Fonte, su narración fue publicada por James Petiver en 1708 en la revista The Monthly Miscellany o Memoires for the Curius y en ella se narraba que este almirante hizo su viaje por la costa norte de Nueva España y que en el Cabo Blanco comprobó que no había comunicación entre ambos océanos. Este viaje se dio a conocer en las memorias del geógrafo francés Guillaume Delisle al publicar un mapa de los descubrimientos de Fonte y posteriormente dio paso a otro mapa de Philippe Buache (1750) donde se hacía referencia a un golfo al oeste de Canadá llamado «Mer de L›Ouest» descubierto por Fonte y que posteriormente fue incluido también en las Cartes des Nouvelles découvertesau Nord de la Mer du Sud (1752). Este viaje fue puesto en duda aduciendo que la relación estaba en portugués y del viaje no tenían referencia los jesuitas de la California que debieron ser contemporáneos del almirante. Los tres viajes fueron desconocidos en su época pero retomados durante el siglo XVIII en el marco de las discusiones sobre el Estrecho de Anián.16 Así que en las Noticias de la California, aunque no se confiaba en esos viajes, se les retomó para criticarlos e incluso confrontarlos con fuentes de mayor credibilidad, como se ve en esta referencia que se hizo al viaje de Fonte, navegante que supuestamente hizo viaje por órdenes del virrey de Perú: 15
VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 19-21. Estos viajes y discusiones sobre ellos en el siglo XVIII son explicados con detalle en MERAS Y RIVERA, 1992, pp. 243-246 y PIMENTEL, 2003, pp. 113-143. 16
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Este papel envuelve varias noticias, que tocan a la California. Pero para no embarazarnos por ahora en largas disputas, basta saber, que hay poco que fiar de esta Relación. Por la misma razón hemos omitido antes las noticias de viajes hechos del Mar del Sur al del Norte, por encima de la California; y al contrario, de que da noticia el Capitán Seixas y Lobera en su Theatro Naval, en ambas lenguas, española y francesa; y especialmente del de aquel español, que se supone haber venido en tres meses desde el puerto de Navidad y Cabo Corrientes a Lisboa.17
Tanto Venegas como Buriel dieron importancia a la Geografía y por ello hay que reiterar que ambos consultaron varias fuentes de este tipo, en especial para apreciar la forma en la que la California había sido descrita o representada. Por ejemplo, se indicó que el famoso Juan Blaeu, a quien seguían algunos geógrafos, había representado erróneamente a la California pues para él esta incluía todas las tierras que yacían al Occidente de la Nueva España, Nueva Galicia, Nuevo México y los Apalaches; es decir todo el territorio de la América Septentrional hasta el Estrecho de Anián.18 Se aclaraba que esta representación era errónea pues dicha provincia abarcaba la península y las regiones septentrionales de lo reconocido hasta ese momento por españoles, desde el Trópico y hasta la Zona Tórrida; y toda esa región dependía administrativamente de la Provincia de Guadalajara.19 Ciertamente poca información se podía dar de dichos parajes por carecerse de mayores reconocimientos. Esto, según se explicaba en las Noticias, se debía a que solo unos cuantos jesuitas se habían detenido en esa península el tiempo suficiente para llevar a cabo observaciones y mediciones detalladas. Por ello para hacer referencia a la zona fue necesario dejar un poco de lado los documentos más antiguos e intentar utilizar algunos más modernos.20 Entre los documentos hispanos más novedosos, como antes se dijo, estuvieron distintas relaciones y mapas de Jorge Juan, Eusebio Kino y Antonio de Villaseñor.21 En cuanto a las fuentes extranjeras, se recurrió a dos diarios de navegantes ingleses que habían transitado por el Pacífico y llegaron a hacer referencia a la California: los de Woodes Rogers y George Anson. En cuanto Rogers, se tradujo la parte del diario donde se describían las regiones septentrionales y el texto fue acompañado por una breve introducción en la que se aclaraba que este navegante hizo su viaje alrededor del mundo entre 1708 y 1711 así como que su diario de viaje se imprimió en Inglaterra en 1716.22 Esta travesía alcanzó el Cabo San Lucas en 1709 y ahí los ingleses capturaron al galeón Nuestra Señora de la Encarnación.23 De la travesía el diario de Rogers incluyó una tabla de la derrota diaria seguida por los ingleses.24 Y además de hacerse descripciones del
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VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 207-208. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 6. 19 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 6-7. 20 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 9-10. 21 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 11-13. 22 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 9-19. En el texto se indica que se consultó una versión traducida al francés en Ámsterdam en 1717. Sobre el tema ver RIVERA Y MARTÍN-MERÁS, 1992, pp. 157-158. 23 Este viaje con detalle se puede ver en YUSTE, 2015, pp. 147-171. 24 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 206-208. 18
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septentrión americano también se indicó que la zona al norte de la California no había sido poblada, transitada o reconocida por los españoles, por lo que estos no contaban con mapas de ella.25 Así se explicó: Los navíos de Filipinas, destinados a Acapulco, hacen su derrota a lo largo de esta costa, desde que llegan a cuarenta grados de latitud Septentrional; pero yo jamás he oído decir, que alguno de ellos haya subido más hacia el Norte. Algunos mapas antiguos juntan este País con la tierra del resso [sic]: y yo me inclino mucho a creerlo; pero no me atreveré a decirlo, y más cuando los holandeses aseguran haber tomado en estos mares un bajel español, que había dado la vuelta entera a la California, y hallado por consiguiente, que es isla. Nada se sabe de positivo de su figura, y grandeza; y así me remito sobre esto a lo que dicen los mapas.26
Es posible que este testimonio fuera utilizado en las discusiones entre Inglaterra y España pues evidenciaba que el septentrión no era ocupado aún, por lo que era un espacio que podía caer en manos inglesas. Por ello fue tan relevante mostrar lo que sabían esos enemigos, revisar lo que los propios españoles tenían registrado y representar dicha zona. Así, en el tercer volumen de las Noticias de la California se insertaron cuatro mapas: «Mapa de la California» compuesto por Burriel y grabado por I. Peña; «Mapa del Seno de California» dibujado por el padre Pedro María Nascimben, SJ, y basado en las exploraciones del padre Fernando Consag SJ de 1746; la «Carta de la Mar del Sur» grabada por Joseph González y basada en un mapa del diario del viaje de George Anson y el «Mapa de la América Septentrional» grabado por Manuel Rodríguez y basado en el mapa de Delisle y Buache.27 Los dos últimos fueron hispanizados a partir de su traducción, además de que se incluyeron detalles de fuentes españolas a fin de mostrar una «actualización» de ellos.
CARTA DEL MAR DEL SUR EN LA OBRA DEL VIAJE DE ANSON El diario de navegación de la expedición de George Anson (1740-1743) fue escrito por Richard Walter y pronto se convirtió en una obra de gran difusión pues fue varias veces reeditada y traducida. El texto pronto inspiro otros escritos en los que se propusieron agresivos programas de expansión por el Mar del Sur.28 Pero a diferencia del diario de Rogers (del que se tradujo una parte) el texto de Walter fue incluido en las Noticas de la California de forma distinta pues más bien se intentó dar respuesta a las críticas que el inglés hizo a los jesuitas y a sus misiones californianas así como al comercio transpa-
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VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 195-196. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 197. 27 MATHES, 1979, pp. 21. 28 La obra sobre el viaje de Anson consultada fue una edición francesa publicada en Ámsterdam en 1749 según se indica en MATHES, 1979, pp. 14. Sobre el tema ver RIVERA Y MARTÍN-MERÁS, 1992, pp. 157158. Sobre viaje ver WILLAMS, 2002. Sobre la recepción del texto y las propuestas expansivas posteriores a él ver BUSCHMANN, 2014, pp. 36-37. 26
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cífico.29 Sobre esto último podría decirse que aunque los viajes de los galeones de Manila al parecer eran bastante conocidos a los ojos de sus enemigos, el diario de Walter dejó ver que los ingleses tuvieron fuentes alternas que les permitieron conocer ciertas características de esa derrota así como mediciones geográficas diversas, pero sobre todo una noción clara de la relevancia de la California en las navegaciones transpacíficas. Esto se ve cuando se dio detallada relación del viaje de un navío francés llamado San Antonio de Padua, el cual al parecer hizo derrota desde la China a la América comandado por Monsieur Frondat en los meses de mayo, junio y julio de 1709. Según se explica, en este viaje la nave subió hasta los cuarenta y cinco grados de latitud Norte y transitó por los ciento noventa y siete grados de longitud del Meridiano común de la Isla del Hierro, muy cerca del Meridiano de París. Sin llegar a padecer escorbuto, esta nave llegó al Valle de Banderas y finalmente a Acapulco. Pero la razón por la que no se padeció de esa enfermedad fue porque Monsieur Frontat hizo oportuna escala «en la costa estéril y desabrigada de la California en altura de treinta y un grados»; según Walter, esta escala fue suficiente para evitar el común padecimiento marino y poder así proseguir con el viaje. Esto permitió a Walter, según se indica en las Noticias, señalar que las navegaciones transpacíficas se beneficiarían considerablemente si contaran con población, medicinas, víveres y refrescos en la California, por lo que les convenía ocuparla. Pero dicha ocupación no únicamente implicaba la península, sino también distintas bahías septentrionales antes mencionadas en la expedición de Vizcaíno en 1602 de las cuales este navegante sugirió que debían poblarse. Así se indicó: […] establecer población amiga de indios o de españoles, presidio o colonia bien provista en el puerto de San Diego, en el célebre de Monterrey, en el Cabo Mendocino, o en algún otro paraje más adelante, que sirva de escala fija, y segura a los galeones de Filipinas. Siendo estas islas tan interesadas en este establecimiento, quizá no fuera dificultoso lograr, que una tal colonia o presidio se viniese a formar desde ellas mismas el día de hoy, bajo las mismas medidas, con que 150 años ha lo deseó y mandó el señor rey don Felipe III.30
Es posible que los ingleses tuvieran noticia del diario de Vizcaíno y de los lugares específicos que habían sido explorados. Esta referencia obligó a incluir en el diario inglés el mapa de la usual derrota de los galeones de Manila, así como de la travesía francesa de Frondant (ver mapa 1). No obstante, en las Noticias de la California solo se reprodujo un fragmento de ese mapa, que es donde las costas californianas fueron representadas (ver mapa 2). Es posible que esto fuera para llamar la atención de las autoridades sobre las regiones conocidas, bautizadas y registradas por los españoles pero que aún no contaban con asentamientos y por ello corrían peligro. Este se vislumbraba en algunas críticas hechas por Walter. Este consideraba que los jesuitas se habían quedado con el comercio europeo de la zona, lo cual podía evidenciar que los ingleses lo envidiaban. No obstante, se aclaraba que en realidad de la California solo se obtenía un poco de vino de la misión el cual se 29 30
VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 209-216. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 216-217.
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Mapa 1. «Carte de la Mer du Sud».
Fuente: Voyage autor du Monde faitdans les annes MDCCL.
Mapa 2. «Carta de la Mar del Sur o Mar Pacífico entre el Ecuador y 39½ de latitud septentrional hallada por el almirante Jorge Anson en el Galeón de Filipinas que apresó».
Fuente: Venegas, 1957 [1757], vol. 3.
vendía en Nueva España, mientras que el resto de los géneros consumidos provenían del exterior y llegaban a la península en pequeñas embarcaciones; por tanto en caso de haber algún temporal las misiones sufrían pues no llegaban ni los situados ni los abastos para indios y misioneros.31 Al ser una zona de extrema pobreza no contaba con asentamientos 31
VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 224-225.
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y eso tal vez diera la idea de abandonarla, pero eso era lo contrario a lo que debía hacerse pues más bien era necesario conocerla y ocuparla ya que los ingleses ya tenían a dicha región en sus futuros proyectos de expansión. Así fue explicado: Yo creo que Monsieur Walter se holgaría mucho, si llegase el caso, que los españoles abandonasen el comercio de Filipinas, y las Filipinas mismas, que sin comercio con América y Europa, no se pueden mantener: que entretanto la Nación inglesa hallase el paso, que busca al Mar del Sur por el Norte de la América, y por encima de la California, el cual paso todavía no está fuera de disputa, y algún día se podrá hallar: que se fortificase de uno, y otro lado, este paso, y se adelantase el dominio inglés, desde el Norte hacia el Sur de la América, hasta tropezar con nuestros dominios: que se estableciesen colonias, y presidios ingleses a lo largo de las costas americanas sobre el Mar del Sur, más allá del Cabo Mendocino, o más acá, en la misma California: que su Nación fuese entonces, sin estorbo, ni oposición, dueña de este mar y su comercio, y pudiese amenazar por mar y tierra los Estados de España, invadirlos, en caso necesario, por Oriente, Poniente, Norte y Mediodía, y cercarlos, y estrecharlos por todas partes. Pero por la misericordia de Dios, y por los nuevos espíritus, que ha infundido a nuestra Nación en todas líneas, el sabio gobierno del presente dichosísimo reinado, es muy de esperar, que sobre el Mar del Sur, y tierras Septentrionales, de América se continúe en tomar medidas, del todo contrarias a los designios, que pueden tener otras potencias, a quienes han hecho poderosas y formidables nuestros pasados descuidos.32
Puede verse que en las Noticias de la California se reiteró constantemente la importancia de desarrollar la ocupación de la California por varios motivos pero uno de ellos era el defensivo, no únicamente de la península, sino de todos los litorales novohispanos. Esto debido a que desde el Cabo Corrientes y hasta Acapulco no podría tenerse seguridad sin protegerse la California, zona que ya había servido para abrigar a corsarios y piratas interesados en apresar navíos españoles. Si el enemigo llegara a posicionarse en esa península o más al norte se generaría un grave daño a la Nueva España y a las Filipinas. Y esta idea o temor no era irreal pues se señalaba que en el diario de Walter se mencionó que si los ingleses hubieran capturado el presidio de Valdivia, en la costa de Chile, hubieran hecho temblar al vastísimo imperio del Perú; por tanto, habría que considerar que eso mismo podría pasar en caso de que ocuparan la California pues «se generaría temor y riesgo al Imperio Mexicano si alguna potencia extranjera hallase modo de fortificarse y mantenerse dueña de la California».33 Las misiones por tanto eran relevantes pues (junto con asentamientos españoles) podrían extenderse, cruzar los ríos Gila y Colorado y tomar posesión de los puertos de San Diego, Monterrey y hasta el Cabo Mendocino o el Cabo Blanco. Estos asentamientos además podrían conectarse con Nuevo México, lo cual además de servir para reducirían las naciones intermedias, permitiría establecer intercambios y abastos regulares a través de una puerta marítima sin la cual sería imposible mantener dichas misiones, pueblos, estancias o haciendas planeadas. Esto no era imposible pues la experiencia jesuita había
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VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 234-236. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 4-5.
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mostrado que en cien años se extendieron misiones «y el dominio del rey» en la América septentrional desde Sinaloa hasta el río Colorado y las sierras de Topia, en la región tarahumara, en Nayarit, en Parral, en Parras y por supuesto en la California.34 Puede verse por tanto que retratar los peligros que corría el septentrión americano a través de un mapa y las explicaciones que se generaron en torno a él obligaron a usar las fuentes de quienes intentaban extenderse por esa zona, y el extracto de la «Carta» puede ser una muestra más tangible de dicha zona dirigida a las autoridades hispanas a través de la Compañía de Jesús que además ofrecía sus servicios en su defensa a través de conservar y extender sus sistema misional. Este tema no era aislado pues desde la primera parte del Setecientos se discutieron propuestas para extender los poblamientos septentrionales, el cual fue retomado por las autoridades reales hacia la segunda parte de la centuria.
DE UNA «CARTE» FRANCESA A UN MAPA ESPAÑOL DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL Como antes se mencionó, las navegaciones transpacíficas eran esenciales para el sustento de los asentamientos filipinos y por ello pensar en su protección implicaba no únicamente intentar proteger la California, sino también a un Mar del Sur cada vez más conocido por otras potencias. Por ello en las Noticias de la California se intentó dar cuenta de los avances extranjeros por el Pacífico. En primer lugar, se denunció que los rusos, desde fines del siglo XVII, habían extendido sus navegaciones peleteras a la península de Kamchatka y posteriormente alcanzado las costas septentrionales americanas. Se indicó además de estos avances permitieron a los rusos sentar las bases para continuar con más travesías, las cuales podrían alcanzar los litorales novohispanos. Así se señaló: […] los rusianos o moscovitas cuyo vasto imperio se extiende hasta las últimas tierras del Asia más septentrional sobre el Mar del Sur, donde además de erigir fortalezas y colonias han formado astilleros y arsenales de donde han salido naves tripuladas que han reconocido tanto sus costas como las americanas al atravesar el Mar del Sur hasta parajes de la costa americana. Uno de esos viajes se hizo en 1741 que llegaron al Cabo Blanco en los 55grados 36minutos [Norte]. Y podrían bajar más si los españoles abandonaran la California llegarían a erigir colonias. El último presidio que tienen los españoles en el mar es en Cabo San Lucas, ¿Cómo podremos impedir que no le formen los rusianos si no nos prevenimos?35
Pese a la posible amenaza rusa, en realidad se consideraban más peligrosos los avances ingleses. Esto obligaba a revisar nuevamente sus fuentes y en especial los recientes registros hechos sobre la expedición realizada por las bahías de Hudson y Baffin con la que se pretendió encontrar un paso interoceánico, como antes se dijo.36 Esta se llevó a cabo en el
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VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 6-7. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 11-12. 36 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 17. Incluso en 1745 el Parlamento inglés ofreció un premio de veinte mil libras esterlinas al descubridor de un paso por el Noroeste Respuesta de ello fue la expedición de 1746 por la bahía de Hudson en la cual el viaje de Fonte fue retomado. Sobre el tema ver HILTON, 1981, pp. 25-29. 35
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verano de 1753 y quedó a cargo de «Enrique Ellis». Se temía que ese viaje fuera el primer paso para extender los asentamientos ingleses hacia el Mar del Sur.37 De esa expedición se hizo un libro publicado en Londres en 1748 y que fue traducido al francés en Leyden en 1750, su título fue Viaje a la Bahía de Hudson, hecho en 1746 y 1747 por los navíos el Dobbs Galley y la California, para el descubrimiento de un pasaje por el Nord Oueste.38 En las Noticias de la California se copiaron algunos fragmentos que mostraran tanto las opiniones y proyectos de Ellis así como los registros geográficos que se hicieron en torno al discutido pasaje.39 Relevante era además que en dichos proyectos las costas californianas eran mencionadas como una zona de posible utilidad y ocupación. Así se indicó: Este pasaje, si se hiciere el descubrimiento, debe abrir necesariamente un comercio hacia las regiones situadas al uno y otro lado de sus costas: y si se considera su situación y extensión, se conocerá sobradamente, que son, y deben ser dignas de mucha consideración. Al lado de Babor, o en la costa del Sud-Oueste del canal, o de la Mar, donde se abre el dicho pasaje, hay un terreno, que hace parte de la América, extendiéndose desde Velconne (sic), o desde el Nè (sic) Ultra, hasta el Cabo Blanco, en la California:… No podemos, a la verdad, ofrecer ahora un conocimiento completo de este terreno; pues toda la costa, y la mayor parte de lo interior del país, son desconocidas. Pero bien sabemos, que debe haber en las partes más cercanas a la costa cobre, pieles y forros, y podemos lisonjearnos, de hallar cosas aun mucho más preciosas en las regiones situadas bajo un clima más favorable.40
Este tipo de testimonios, según se aclara en las Noticias, dejaba ver que Ellis no conocía las fuentes hispanas más recientes que hacían referencia al septentrión americano, además de que al parecer daba poco crédito al supuesto viaje de Fonte.41 No obstante, era relevante ver cómo en realidad el testimonio de Ellis mostraba el interés de los ingleses de abrir comercio en regiones asiáticas en las que había muchas islas que no tenían alianza con europeos. Era evidente pues la proyección que se tenía de alcanzar las costas del Pacífico y por ello había que conocer los adelantamientos extranjeros a partir de sus libros y mapas; esto implicaba también conocer sus avances a partir de sus colonias, esto era «de los franceses en el Misisipi, Luisiana, Canadá o Nueva Francia [y] de los ingleses en sus plantaciones y provincias diferentes». Se aclaró que por ello en las Noticiasse tuvo como primer fin formar la historia cronológica de los avances ingleses y franceses y para ello se prefirió únicamente retomar fuentes de mayor respaldo como los mapas de Gerardo Mercator,42 al igual que fuentes y noticias más actuales como el mapa francés de Delisle
37 «Los papeles públicos nos han anunciado que los ingleses meditaban atravesar desde la India Oriental el Mar del Sur, y formar plantaciones y establecimientos en la costa de América, frontera a la Bahía de Hudson sobre la California: esto es, en los parajes mismos, vistos ya y reconocidos por los rusianos». 38 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 237-248. 39 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, p. 239. 40 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, p. 245. 41 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 247. 42 VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 20-21.
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y Buache, el cual mostraba tanto los conocimientos que se tenían hasta ese momento sobre el septentrión americano así como los avances y posibles planes de Ellis sobre la California.43 Pero usar esas fuentes no significaba confiar del todo en ellas y prueba de eso fue la forma en la que se criticó que el libro sobre la expedición de Ellis registraba a la California como isla. Por tanto retomar el mapa de Delisle y Buaché implicaba también hacerle actualizaciones. Así se explicó: Habiéndome hecho cargo desde luego, que lo que hace mas estimable a la California, es su ventajosa situación, y los respectos que esta envuelve a diversas tierras y mares, como dije en la Introducción a esta parte IV, conocí también por el mismo hecho al encargarme de formar esta Noticia, ser esenciales a ella los dos mapas particular, y general, que van colocados, uno al principio, y otro al fin de la obra. Ahora me creo obligado a dar razón de la construcción de ambos, no para hacer vano alarde de mi trabajo, y de las ventajas que tienen sobre otros, que corren, sino para que el público sepa los fundamentos, sobre que se apoya cada una de las cosas, que contienen, y para que teniéndoles presentes los que pasean aquellas tierras, y navegan aquellos mares, puedan hacer en ellos las correcciones convenientes. Este es el único medio, para que algún día llegue a perfeccionarse el conocimiento geográfico de una tan gran parte de nuestro globo, la más desconocida de todo él, hasta el presente.44
Esto es lo que se evidencia al retomar la «Carte» y los diarios que muestran los avances enemigos. Hay que recordar que en Francia se creó el «Dépôt General des Cartes, Plans, Journaux et Memoires concernant la navigation» en donde el personal dibujaba las cartas sobre las informaciones y observaciones realizadas directamente por los marinos, sin trabajar ellos mismos sobre el terreno.45 En 1750 Delisle habló ante la Real Academia de Ciencias de París sobre los recientes descubrimientos rusos en el Pacífico septentrional y sobre el viaje de Fonte. Philippe Buache confeccionó un mapa para adjuntar a esta conferencia, el cual luego fue publicado con algunas modificaciones, inaugurando una larga disputa sobre la veracidad de los mapas y de los descubrimientos que reflejaban (ver mapa 3). Sylvia Hilton considera que este mapa no hubiera generado tantas discusiones de no ser porque en ese momento había muchos intereses comerciales y políticos sobre el septentrión americano.46 No obstante, es posible que retomarlo en las Noticias de la California, pese a las críticas que generaba, fuera una forma de mostrar las más actuales discusiones geográficas sobre el septentrión americano. Así se llegó a explicar: He de dar razón puntual de la construcción de este mapa, exponiendo los fundamentos sobre que se apoyan las correcciones que de otros, no solo antiguos, sino también recientes, he hecho, y con esto tendrá lugar oportuno la traducción de la Explicación del mapa
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VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 282. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 287. RIVERA Y MARTÍN-MERÁS, 1992, pp. 152-153. HILTON, 1981, p. 28.
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Mapa 3. «Carte des Nouvelles Découverts entre la partie Orientale de l’Asie et l’Occidente de l’Amerique».
Fuente: Considerations Geographiques et Physiques sur les nouvelles decouvertes au nord de la Grande Mer, appelèe vulgairement la Mer du Sud avec des Cartesqui y sont relatives par Philippe Buache.
de los nuevos descubrimientos al Norte del Mar del Sur, que acaban de publicar en París M. M. de L’Isle [Delisle] y Buache, miembros de la Academia Real de las Ciencias.47
Se aclaró que en las Noticias, además de incluirse este mapa, se echó mano de una memoria académica del mismo Delisle en la que se daba cuenta de lo que hasta ese momento se tenía registrado de Asia y de las navegaciones rusas por el Mar del Sur. Y se criticaba además que se tuvo que recurrir a estas fuentes debido a que las hispanas no eran suficientes para dar noticia del septentrión o bien llegaban a tener yerros que no se habían corregido o actualizado.48 Así que la reproducción que se hizo del mapa de Delisle y Buache tuvo solo algunos elementos que lo complementaron en las que se intentó registrar de mejor forma y con nuevos mapas las Costas Americanas, «desde Acapulco hasta el Polo».49 Algunos de los aspectos a considerar fueron el uso del paralelo de París como punto de medición inicial, aunque también se llegó a hacer referencia a la Isla de Fierro. En la parte de arriba se destacaron las expediciones rusas. Mientras que en el mapa francés se marcaron las rutas seguidas por estos, en el español se incluyeron descripciones más detalladas, como cuando se indicó que por órdenes de Pedro el Grande en 1729 se hizo una expedición a cargo de Vitus Bering «para conocer la comunicación de Asia con América»; así tam-
47 48 49
VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, pp. 19-20. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, p. 288. VENEGAS, 1957 [1757], vol. 3, p. 292.
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bién se explicó con detalle la expedición que hicieron los ingleses en 1746 por la bahía Hudson. En cuanto a rutas, se señalaron en ambos mapas los recorridos rusos a cargo de Tchirikov desde Kamchatka en 1741, apareció también la travesía del navío francés San Antonio de Padua a cargo del almirante Frondat antes mencionado, así como la ruta usualmente seguida por el galeón de Manila. En cuanto a los viajes apócrifos, se señaló la posible zona transitada por Bartolomé Fonte en 1640 (arriba de la bahía Hudson) así como la bahía referida por Juan de Fuca en su viaje de 1692; esta última incluso llevó a marcar la «Bahía de el Ueste» o «Baye de l’Ouest» En el mapa hispanizado se dieron distintas referencias de descubrimientos anteriores como la de Martín Aguilar y Antonio Flores de 1602 quienes acompañaron a Sebastián Vizcaíno; además se llegó a mencionar un reconocimiento hecho por el padre Segismundo Tavaral en 1732 por las islas Los Pájaros, Cedros y Guadalupe, en las afueras de la California (ver mapa 4).50 Mapa 4. «Mapa de la América Septentrional».
Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, 3105-OYB-7278-A.
El mapa hispanizado además se complementó con informaciones geográficas que permitieron hacer algunos cotejos, como puede verse con el caso del Cabo San Lucas (ver cuadro 1). Hay que reiterar que en ese momento en las sociedades científicas se discutía el problema de las longitudes marinas y cada potencia podía iniciar sus mediciones geográficas en diferentes meridianos.51 Tal vez por ello el «Mapa de la América Septentrional»
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VENEGAS, 1957 [1757], vol. 1, pp. 9-13. RIVERA Y MARTÍN-MERAS, 1992, pp. 142-143.
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Cuadro 1. Ubicación de Cabo San Lucas (siglo XVIII). NOMBRE
MEDICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Woodes Rogers
114º longitud occidental del Meridiano de Londres que es lo mismo que ciento treinta y cuatro de la común, tal vez Tenerife pero no se aclara George Anson 123º longitud Oriental tomado por meridiano el desembocadero de San Bernardino en Filipinas rumbo Jean BaptisteD’Anville 94 y 95º de longitud occidental de isla de Hierro Jaques-NicolasBellin
265º en Ensayo de un Mapa reducido, que contiene todas las partes del Globo Terrestre. La Haya, Casa de Pedro Hondt. 1750
Fuente: Venegas (1957 [1757]), Noticias, vol. 1, pp. 9-15.
retomó los temas y conocimientos del momento y los expuso con ciertas adecuaciones, aunque desde la perspectiva de España y en función de sus intereses y del de sus reinos de ultramar.
CONSIDERACIONES FINALES Tanto Venegas como Buriel pusieron atención a la información geográfica de la época, posiblemente porque esta fue una manera de retratar de mejor forma a una zona que se consideró corría peligro ante los avances de otras potencias. Esto en realidad queda enmarcado por las discusiones que se llevaban a cabo en las academias científicas europeas sobre un océano que si bien había sigo durante mucho tiempo desconocido y considerado alejado, para el siglo XVIII era objeto central y de interés. Los registros hechos por diversas expediciones mostraron a un septentrión americano suficientemente descrito como para planear propuestas de avance por parte de extranjeros como rusos e ingleses; pero en el caso español, esta situación llevó a planear propuestas para evitar dichos avances, lo cual solo se lograría a partir de la ocupación. Pero no se podía avanzar por una zona poco conocida, así que el uso de mapas y descripciones del septentrión americano al parecer fueron el instrumento usado para llamar la atención sobre una zona envuelta en creciente conflicto. Pero este proceso implicó un constante intercambio de información geográfica y materiales cartográficos. Estos últimos al parecer no debían de quedar más guardados en archivos, sino ser expuestos y usados como una herramienta más en discusiones tanto académicas de como de autoridades reales. Los mapas paulatinamente dejaron de ser un secreto de estado y más bien fueron usados como un arma propagandista para evidenciar avances y ocupación en aras de disuadir a competidores en dichas empresas. Pero no debe pensarse que estas actualizaciones desacreditaron los anteriores mapas, sino que muestran sus nuevas intencionalidades y los proyectos tras los cuales fueron elaborados.
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Competencia y colaboración: la Real Compañía de Filipinas, el Galeón de Manila y las redes comerciales de Asia oriental Ander PERMANYER UGARTEMENDIA Universitat Pompeu Fabra–GRIMSE
En la mayoría de los análisis sobre el Galeón de Manila y la Real Compañía de Filipinas, se suele dar por sentada una relación de estricta competencia, en la que, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la compañía privilegiada habría sido el principal motivo del declive de la ruta transpacífica durante sus últimos años de existencia.1 Sin negar una relación de cariz competitivo entre ambas instituciones, a nuestro entender, dicha caracterización supone un análisis excesivamente binario. Queremos ofrecer aquí una aproximación más matizada, identificando otros factores, al margen de la Compañía de Filipinas, que explicarían la crisis del tráfico transpacífico, además de sugerir elementos de colaboración entre ambas estructuras, partiendo de lo poco que todavía sabemos acerca de la corporación privilegiada y, más específicamente, de sus actividades asiáticas. Situaremos ambos sistemas monopólicos en las complejidades del comercio internacional y en las particularidades del local y regional, tratando de ver, de este modo, las interacciones que surgieron, en una complicada relación de competencia y de intereses mezclados, durante un periodo de profundos cambios. Dichas dinámicas dentro del imperio hispánico, además, deben verse como una manifestación de un proceso más amplio, en el que los 1 Los últimos años del Galeón se analizan en profundidad PÉREZ LECHA, 2014; hay, además, muchos títulos sobre el tráfico transpacífico, más allá del texto fundacional de SCHURZ, 1992; sobre los factores que explican el sistema, véase LEGARDA, 1955; 1999, pp. 32-50; BARKER, 1995 y BJORK, 1995; una visión reciente de conjunto está en GIRÁLDEZ, 2015. Los trabajos de YUSTE, 1984, 2007, definen con precisión el protagonismo de los actores implicados, mientras que el de BONIALIAN, 2012, sitúa la Nao en el conjunto del sistema comercial indiano en el Pacífico. En cuanto a la literatura sobre la Real Compañía de Filipinas, se echan en falta nuevas aportaciones y una monografía actualizada de conjunto; junto con los fundacionales textos de SCHURZ, 1920, y el citadísimo trabajo de DÍAZ-TRECHUELO, 1965, ténganse también en cuenta las aportaciones de CHEONG, 1970a, 1971; GARCÍA, 1984; PARRÓN, 1995, pp. 369-407; LEGARDA, 1999, pp. 51-90, y MARTÍNEZ SHAW, 2007, pp. 36-42.
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intercambios comerciales crecieron y se diversificaron desde la segunda mitad del siglo XVIII en muchas partes del globo. En el presente texto, ubicaremos los puntos de conexión entre ambos sistemas. En primer lugar, se hará un repaso de las políticas borbónicas dirigidas a la economía del Pacífico, con atención a la relación entre el tráfico Manila-Acapulco y la Real Compañía de Filipinas. En un segundo apartado, se concretarán las crecientes actividades hispánicas en Asia, ilustrando la diversificación y la cada vez mayor complejidad de estas, para ubicar de este modo las actividades de las dos estructuras mencionadas. En tercer lugar, se concretarán cuáles eran las redes asiáticas de la Real Compañía de Filipinas; por un lado, haremos una aproximación al establecimiento de la factoría de China en 1787, partiendo de los diarios del que fue su primer factor, Manuel de Agote; por el otro, detallaremos las actividades privadas de los empleados de la Compañía en Calcuta (Kolkata) y Cantón (Guangzhou) durante el intervalo que va de 1818 a 1830, con una especialización clara en el comercio del opio, que se estaba desarrollando entonces entre ambos puntos. En el siguiente apartado, se sugerirán los puntos de contacto entre ambas estructuras en el ámbito asiático,2 como muestra de un proceso de diversificación a mayor escala. Por último, se aportarán unas breves conclusiones.
COMPETENCIA: EL GALEÓN DE MANILA Y EL REFORMISMO BORBÓNICO EN ASIA Para comprender la relación entre el monopolio del comercio Manila-Acapulco y la privilegiada Real Compañía de Filipinas, es necesaria una aproximación de conjunto a la política hispánica dirigida al sistema comercial del Pacífico.3 Con esto, convendrá situar la creación de la Compañía de Filipinas conforme a los intereses metropolitanos y, en un plano más concreto, como posible alternativa al Galeón, además de analizar cómo esto afectó al tráfico transpacífico. Como veremos en este y en el siguiente apartado, más allá de ver la Compañía como la principal causa de la crisis del Galeón, conviene situar este proceso dentro de otro, mucho más amplio, de cambio a escala global, que atañe tanto a las transformaciones del comercio atlántico y americano, como a la reorientación del comercio europeo en Asia, lo que se refleja en la diversificación de las actividades comerciales y productivas, y en la multiplicación de las rutas de navegación. Las restricciones que conformaron el sistema del Galeón de Manila, vigentes prácticamente hasta el final del sistema, que limitaban el tráfico a una sola embarcación anual entre los puertos de Manila y Acapulco —prohibiendo los contactos entre Nueva España y Perú, y de este último con Filipinas—, y que establecían unos topes de metálico que fueron ampliándose con el tiempo, respondieron a unos objetivos que no debemos perder de vista para comprender las motivaciones que empujaron a la creación de la Real
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Debemos decir que el trabajo presente debería complementarse con una aproximación a las interacciones entre el Galeón y la Compañía en los ámbitos indostano y americano. 3 Acerca del sistema comercial español del Pacífico en el conjunto del imperio durante el periodo que nos ocupa, véase FRADERA, 1999a; LEGARDA, 1999, pp. 51-90; ALONSO ÁLVAREZ, 2009; BONIALIAN, 2012; MARTÍNEZ SHAW, 2007, y MARTÍNEZ SHAW Y ALFONSO, 2013.
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Compañía de Filipinas. En primer lugar, la necesidad de contener la seria competencia que hacía el tráfico transpacífico a las mercancías llevadas por la Carrera de Indias, y en segundo lugar, garantizar la conservación de los metales preciosos dentro de las fronteras del imperio. Estos principios determinaron siempre la política española hacia el Pacífico, tanto hacia el tráfico del Galeón como el resto de tráficos, ilícitos, que existían también en dicho océano —y que se han tendido a olvidar en la literatura sobre el tema, excesivamente «galeonista», en términos de Bonialian,4 así como también determinaron las relaciones de Filipinas con la región asiática y los esfuerzos reformistas en el archipiélago—. Valorada en conjunto, la actitud respecto al comercio del Pacífico, tanto de la Corona como de los comerciantes del sur de la Península, con el apoyo de las firmas europeas en dicho lugar, se moverá entre dos polos. Junto con la completa eliminación de la competencia al comercio transatlántico durante la primera mitad del siglo XVIII —como se buscó con la prohibición de 1718 a la importación de sedas asiáticas en Acapulco, o la oposición de las firmas gaditanas a la formación de una compañía para el comercio con Filipinas,5 posteriormente los esfuerzos se reorientarán en tratar de tomar el control del mismo, desplazando el dominio criollo o indiano del tráfico intercolonial; aun así, el rechazo gaditano persistirá. Dichos esfuerzos tratarán de hallar, bajo control peninsular, nuevas vías de tránsito comercial, además de desarrollar las producciones filipinas. Las resistencias previas explican el establecimiento relativamente tardío de la Compañía de Filipinas, tras distintas propuestas y ensayos fracasados desde principios del siglo XVIII. Esto debe situarse en el conjunto de las llamadas reformas borbónicas, tanto en América como en Asia, que pretendían afianzar la soberanía imperial, de modo paralelo a la consolidación de las bases recaudatorias y administrativas de los estados europeos de la época, tanto en las metrópolis como en sus imperios ultramarinos, a lo que hay que añadir el crecimiento del tráfico comercial mundial durante el siglo XVIII. En el caso concreto de Filipinas, además, se buscaba garantizar su independencia fiscal respecto a Nueva España. Antes de la toma británica de Manila entre 1762 y 1764, el proceso de cambio en el tráfico transpacífico comenzó con la entrada de los navíos de registro españoles, que accedían por el cabo de Hornos. Estos competían con las reexportaciones de Acapulco al Callao que, hasta por lo menos 1740, habían alimentado gran parte del Galeón de Manila, y que suponían una seria competencia al Galeón de Tierra Firme.6 Tras la invasión británica de Filipinas, desde 1765, se implementarán distintas iniciativas reformistas, como las expediciones directas, de Cádiz a Manila, efectuadas por la Armada, así como
4 BONIALIAN, 2012, pp. 155-156. A la atención que han recibido los intercambios Manila-Acapulco, el autor añade dentro del análisis el tráfico entre Asia y el virreinato del Perú, y, más importante, entre este y Nueva España, todos ellos determinantes en su relación respecto a la Carrera de Indias. Es más: como indica Bonialian, el importante comercio ilícito de reexportación entre Acapulco y el Callao explica los años de mayor esplendor del Galeón de Manila, entre 1680 y 1740, a lo que podríamos añadir, tal vez, el levantamiento de las prohibiciones marítimas de la China Qing en 1684, ZHAO, 2013, lo que afectaba positivamente tanto al suministro de sedas como a la demanda asiática de plata. 5 Ibidem, pp. 128-129, p. 207, n. 89. 6 Ibidem, pp. 370-393.
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la fundación en 1769 del Consulado de Manila —dirigido a limitar el control de los almaceneros novohispanos del tráfico y fomentar la navegación filipina a los puertos asiáticos,7 o las prerrogativas concedidas por la monarquía a dos firmas peninsulares para el comercio asiático —la compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, en 1776, o la casa de Ustáriz, San Ginés y Compañía, de Cádiz, en 1779—. Se buscaba así fomentar el comercio directo, el tráfico con los puertos asiáticos, la economía productiva filipina y, de este modo, arrinconar la competencia del Galeón. El mandato, entre 1778 y 1787, del capitán general José Basco y Vargas en Filipinas, dio un nuevo impulso al proceso reformista, cuando se llevaron a cabo profundas reformas de los sistemas fiscal y administrativo de la colonia, y se fundaron la Sociedad Económica de Amigos del País en 1781 y la Intendencia en 1784; fue también durante el mandato de Basco que se estableció, por iniciativa metropolitana, la Real Compañía de Filipinas en 1785.8 La Compañía encarnaba un esfuerzo ambicioso al aunar los comercios americano, europeo y asiático, además de fomentar la economía productiva filipina para ubicar sus productos en los circuitos comerciales regionales e internacionales, con el establecimiento, además, de distintas factorías en América, la Península, así como en Calcuta, Cantón y Manila. La apertura, con restricciones, del puerto de Manila al tráfico internacional en 1789, ya posteriormente al mandato de Basco, estuvo destinada al desarrollo del comercio asiático y a la diversificación de actividades, para beneficiar a la nueva corporación. Con ello, la Compañía se insertaba en una red con un tráfico que se estaba desarrollando en Asia durante el último tercio del siglo XVIII. Aun así, conviene indicar que, muy pronto, la Compañía se desvió de sus objetivos iniciales, al desatender la economía productiva y dedicarse al comercio especulativo, especialmente de la India a la Península, y a las expediciones directas desde Asia prescindiendo de Filipinas, además de obtener exenciones arancelarias, haciendo sus mayores negocios en la Península y Perú.9 Como vamos a ver, además, sus empleados en las factorías asiáticas medraron en sus iniciativas privadas en el comercio intraasiático o «country trade». La normativa de la Compañía de Filipinas no ponía aparentemente en cuestión el Galeón de Manila, con artículos en la Real Cédula de Erección en 1785, y en la de confirmación de privilegios de 1803, que explicitaban el mantenimiento de la Nao, prohibiendo participar en este a los empleados de la Compañía. Ahora bien, había distintos resquicios por los que la corporación entraba en el tráfico transpacífico, pudiendo embarcar retornos y caudales en Acapulco desde 1785, añadiéndose las producciones filipinas en Manila en la de 1803. Además, la introducción de manufacturas asiáticas en buques de la Compañía por el puerto de Veracruz podía suponer una competencia al Galeón; aun así, estudios recientes ponen en cuestión la rentabilidad de los negocios novohispanos de la
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YUSTE, 2007, pp. 149-256; BONIALIAN, 2012, pp. 398-409. FRADERA, 1999a, pp. 87-96. En otro orden de cosas, es necesario destacar el fuerte componente vasco y navarro de la Compañía que, no en vano, se instituyó como reorientación de los activos existentes de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, elemento que también explica sus redes e interacciones, PERMANYER, 2016. 9 CHEONG, 1965a; PARRÓN, 1995, pp. 369-407; FRADERA, 1999a, pp. 87-96. 8
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Compañía.10 La normativa también establecía restricciones en las rutas que podían seguir los buques de la Compañía, con la intención de proteger los intereses del Galeón en el continente americano, estableciéndose en la Cédula de 1785 que los retornos desde Filipinas tan solo se podían efectuar por el cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, ya desde 1793, en caso de guerra se permitió a la Compañía efectuar expediciones de Filipinas para América, lo que fue confirmado por la Cédula de 1803, a lo que se añadían las expediciones directas desde las factorías de Cantón y Calcuta para América desde 1814 y 1816.11 Como hemos indicado al inicio del apartado, los factores que apuntan a una supuesta disminución del Galeón son variados, y debemos ampliar el enfoque a una escala global. El reciente estudio de Pérez Lecha (2014) indica una estabilización de las magnitudes del Galeón durante la segunda mitad del siglo XVIII, apuntando incluso a cierto aumento en términos generales entre 1750 y 1785. Estas fueron aun más acusadas entre 1779 y 1783,12 coincidiendo, no en vano, con el despliegue asiático de las dos compañías peninsulares mencionadas, a lo que debemos añadir el ascenso del comercio asiático por aquellas fechas. Durante las dos últimas décadas del sistema, ya en el siglo XIX, sí puede hablarse de crisis, y ya desde la última década del XVIII, si bien en muchas de las expediciones se siguió remitiendo el total del permiso de comercio, la menor frecuencia de ellas aportaría finalmente un saldo total inferior.13 Aun así, nos parece precipitado hablar de «decadencia», y pese a las quejas fundadas de los cargadores del Galeón, la existencia de este siguió siendo el eje vertebrador del comercio pacífico hispánico, conviviendo con el resto de actividades y tráficos que fueron desarrollándose desde el puerto de Manila hasta 1820. En todo caso, los problemas constantes de la Compañía de Filipinas desde su segunda década de existencia, sus limitados resultados en Nueva España, y su concentración en negocios que poco o nada tenían que ver con el tráfico transpacífico, deben introducir matizaciones a los supuestos que apuntan hacia la corporación como la causa del declive de las actividades de la Nao. Junto con las causas intrínsecas al propio sistema, hay que identificar otras de más largo alcance. El Reglamento de «libre comercio» de 1778 motivó una mayor intromisión peninsular en el Pacífico, a lo que hay que añadir el comercio de neutrales en Nueva España en 1797 o la habilitación de San Blas en 1796, debilitando los emporios que dominaban el conjunto del comercio y haciendo la competencia al tráfico del Galeón.14
10 PÉREZ, 2014, pp. 231-258. Esto no nos debe hacer perder de vista que el Galeón ya había perdido previamente el dominio de la comercialización de tejidos asiáticos en Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII, debido a la competencia de las flotas de Veracruz, la oficialización de los navíos de registro por el Pacífico sur y el contrabando inglés y holandés en el Caribe. BONIALIAN, 2012, p. 392. Asimismo, la Compañía de Filipinas sí acabaría siendo la principal suministradora de mercancías asiáticas en el mercado peruano en las postrimerías del periodo virreinal, PARRÓN, 1995, pp. 369-407. 11 DÍAZ-TRECHUELO, 1965, pp. 81, 108-109, 130-131, 196-200. 12 BONIALIAN, 2012, pp. 420-448. 13 Remitiéndonos a los datos de Carmen Yuste no hubo galeones ingresando en Acapulco en 1789, 1791, 1792, 1794, 1799, 1802, 1803 y 1805. YUSTE, 2007, p. 367. 14 YUSTE, 2007, pp. 375-381.
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El clima bélico constante y, finalmente, la inestabilidad de los procesos de independencia afectaron al Galeón —así como a la Compañía de Filipinas— y, en un plano más concreto, pusieron fin definitivo a la demanda de sedas en América y a la acuñación del peso fuerte español, con gran demanda en Asia,15 afectando irreversiblemente al tránsito transpacífico. En segundo lugar, el proceso de revolución comercial mundial, durante la segunda mitad del XVIII, motivó la entrada de nuevos factores que escapaban al control de los emporios transpacíficos, con el ascenso, por un lado, del comercio atlántico, que se afianzó con la revolución industrial, y, por el otro, con la reconfiguración de los tráficos asiáticos, siendo la apertura de Manila desde 1789 una adaptación a este proceso. Esta reorganización había tenido lugar durante el último tercio del siglo XVIII, con profundos cambios de conjunto en la economía asiática, con el ascenso del «sistema de Cantón», el afianzamiento de la posición británica, los cambios en el comercio de los juncos, el ascenso de Calcuta, desplazando Madrás (Chennai) y Bombay (Mumbai), y el desarrollo de la economía de plantación en el conjunto del Sudeste asiático.16 En un plano más concreto, estas transformaciones afectaron en Filipinas en el proceso de diversificación y sobre todo, el ascenso de la economía de exportación: a la larga, Manila dejó de ser el puerto de transbordo por antonomasia que había sido durante toda la edad moderna, y aun antes.
FILIPINAS EN LA «NUEVA FASE DE EXPANSIÓN COMERCIAL» EN ASIA Al margen de su conexión con el proceso reformista borbónico en el Pacífico y la voluntad de hacer la competencia al Galeón, es necesario entender el establecimiento de la Real Compañía de Filipinas en relación con el crecimiento del comercio europeo en Asia durante el último tercio del siglo XVIII, durante lo que Anthony Reid caracterizó como «una nueva fase de expansión comercial».17 En un plano más concreto, la creación de la Real Compañía de Filipinas adquiere más sentido si se sitúa como reacción a los avances del comercio europeo en la región, y aun como parte de ellos. En este apartado, apuntaremos ejemplos de los resultados del programa reformista y la integración económica del archipiélago filipino en la región asiática y, muy especialmente, en China. En particular, el proceso reformista filipino vendrá determinado por el protagonismo británico en el ascenso del comercio europeo en la región asiática, en un proceso que ilustra las conexiones entre el Subcontinente indio, el sur de China y Filipinas.18 Con la
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IRIGOIN, 2009. CHEONG, 1970; 1971; REID, 1997. 17 REID, 1997. Sería así posterior a la más conocida «era del comercio», entre los siglos XV y XVII, definida por el mismo autor. Durante esta nueva fase habrían crecido las actividades comerciales autóctonas junto con las privadas europeas, mientras que habrían llegado a su fin los sistemas monopolísticos. Sin embargo, hay que recalcar la subsistencia posterior de sistemas monopólicos como la EIC, la Real Compañía de Filipinas, el Galeón y el monopolio de los janistas de Cantón. 18 No en vano, el proyecto de Francisco Leandro de Viana insiste en la competencia británica en Asia: Archivo General de Indias (en adelante AGI), Estado, 44, Demostración del mísero y deplorable estado de las Islas Filipinas. 16
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invasión británica de Filipinas entre 1762 y 1764, durante la Guerra de los Siete Años, los británicos tratarán de explotar tanto los beneficios del comercio transpacífico como las plantaciones filipinas, junto con los productos del área de Joló, pensando en el comercio cantonés, para encontrar una salida al déficit comercial derivado de este.19 No en vano, el comercio de Filipinas era el segundo más importante de la India británica, tras el de China, y por lo menos desde el siglo XVII, se había desarrollado un «country trade» clandestino, llevado bajo bandera armenia y tamil, de Madrás a Manila, para suministrar textiles indios al Galeón a cambio de plata.20 Las ambiciones británicas hacia el comercio filipino, el océano Pacífico e Hispanoamérica persistieron en las discusiones, con posterioridad a la paz de Versalles de 1783, acerca del posible tratado de comercio, que no llegó a tener lugar, entre Gran Bretaña y España, por el que se iban a establecer beneficios mutuos entre las respectivas compañías para el suministro de plata y bienes asiáticos.21 Con todo, los intereses comerciales de españoles y británicos convergerán en no pocas ocasiones; de este modo, la Real Compañía de Filipinas contratará géneros indios y chinos a la Compañía Británica de las Indias Orientales (East India Company, EIC), a cambio de plata, negocios de los que todavía es necesario conocer más detalles.22 Dichas contratas estarán a la raíz de las iniciativas privadas conjuntas entre comerciantes británicos y españoles que prosperarán durante las primeras décadas del siglo XIX. La Compañía ofrecía así a su homóloga británica dos activos competitivos nada despreciables: un acceso a los productos, mercados y finanzas filipinos, relativamente aislados de los círculos de negocios europeos en la época —siendo así una vía alternativa a los problemas del «country trade» en la colonia—, y un suministro de plata, que era llevado directamente a los puntos del comercio europeo en Asia —Calcuta, Cantón—. Al margen del patente interés británico por Filipinas en relación con China, la creación de la Compañía de Filipinas en 1785 debe comprenderse en relación a las crecientes necesidades del metal en los mercados asiáticos: a partir de la década de 1780, fueron cada vez más severos el déficit comercial británico —agravado por el incremento exponencial en la demanda de té en las Islas Británicas, tras la drástica reducción de sus tasas de entrada en 1784— y la 19 BORSCHBERG, 2004; TRACY, 2012. De este modo, durante la invasión hubo planes en establecer una base británica en Mindanao, BORSCHBERG, 2004, intenciones que tomaron forma de nuevo con las negociaciones británicas con el sultanato de Joló a finales del siglo XVIII, QUIASON, 1966a, pp. 112-138. 20 QUIASON, 1966a; BAENA Y LAMIKIZ, 2014. 21 Para un análisis por parte de los directores de la Compañía de los puntos del tratado, hacia 1796, véase «S.e un tratado de comercio y navegacion entre las Comp.as Ynglesa y Española», s/f, Newberry Library, Ayer MS 1435. Véase también «Sobre entrada de barcos españoles en la India», 1793, AGI, Estado, 45, n.º 13. En las convenciones de Nutka hubo incluso propuestas de transferir Luzón a la EIC, de tal modo que se iban a desarrollar las plantaciones locales para exportarlas a China, además de acceder a los mercados americanos, FURBER, 1935. 22 Hay algunos en MORSE, 1926, pp. II/122-125, pp. 279-280, 301; pp. III/102-103, 141, DERMIGNY, 1964, pp. II/755-758 y CHEONG, 1965a; 1970a: 1; 1979, pp. 33, 38; también se refiere a una entente británico-española Carmen PARRÓN, 1995, pp. 404-405. Sería además necesario dilucidar los negocios londinenses de la Compañía en Londres, y muy especialmente, las actividades de Fermín de Tastet y C.ª, sus agentes en dicho punto, donde se formaron varios empleados de la corporación, FURBER, 1948, pp. 145-152; DERMIGNY, 1964: II/757, III/1209; ANGULO, 2013, pp. 155-156, 169-170.
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escasez del metal —entre otros motivos, por las perturbaciones resultantes de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos—.23 Un indicador de la mayor integración y diversificación de la economía filipina en la región asiática está en las actividades españolas en los principales puntos del comercio asiático, de los que vamos a facilitar aquí algunos datos en el caso de China, sobre el que disponemos de más información.24 Desde el establecimiento de las potencias ibéricas en Asia oriental, los vínculos entre Manila y Macao, junto con Cantón, no habían decrecido,25 relaciones que subsistieron durante el ascenso de las compañías privilegiadas en Cantón a lo largo del siglo XVIII. Asimismo, Xiamen (Amoy), en la costa de Fujian, entraba también dentro de las redes españolas en la región. Antes del establecimiento de la factoría de la Compañía en Cantón en 1787, hay indicios de que españoles y portugueses se hospedaban en alojamientos facilitados por los janistas mientras tenían lugar las transacciones comerciales;26 desde 1746, además, los españoles recibían trato preferencial en Macao, a pesar de su interés también por Cantón.27 Sabemos también de las conexiones con Manila de algunos comerciantes chinos y, muy especialmente, de los de la familia Pan que, no en vano, y como la mayor parte de los janistas de Cantón, hundía sus orígenes en la provincia de Fujian; de hecho, su miembro más destacado, Pan Zhencheng (Pan Qiguan, «Poankeequa I»), residió en Manila durante su infancia y posteriormente estuvo al frente del cohong.28 Pan será uno de los suministradores de la Compañía de Filipinas, junto con otros destacados comerciantes como Cai Shiwen (Cai Wenguan, «Munqua»), Wu Zhaoping («Iqua») o Li Chetai.29 Todavía sería necesario indagar en las conexiones de las redes chinas entre Manila y el continente, además de dilucidar el papel ejercido por los mestizos o,30 en otro orden de cosas, detallar más los vínculos chinos con la economía del Galeón.31
23 No debe perderse de vista que el suministro español era uno entre varios, muy por detrás de los buques estadounidenses que, desde finales del siglo XVIII, aportaron mayores cantidades DERMIGNY, 1964, II/735; IRIGOIN, 2009. 24 Habría que añadir más aspectos acerca de la navegación a la India y Java, más allá de los registros de entrada de los puertos; una útil aproximación está en DÍAZ-TRECHUELO, 1963. 25 CHEONG, 1970b; VAN DYKE, 2006. 26 VAN DYKE, 2005, p. 14. 27 «Documento sobre comercio de los portugueses en Manila», 1778, AGI, Estado, 45, n.º 6. PIRES, 1987, pp. 60-86; GUIMARÃES, 1996, pp. 66-72; DIAZ DE SEABRA, 2003, pp. 56-58. 28 CHEONG, 1997; VAN DYKE, 2006, pp. 127-131. 29 Pan Zhencheng fue sucedido por su hijo Pan Youdu («Poankeequa II») al frente del negocio, y siguió siendo suministrador de la Compañía. VAN DYKE, 2006, p. 127, menciona también la familia Chen (o Tan), del que destaca sobre todo Chen Fangguan (Tan Hunqua), con negocios entre Macao y Manila a principios del siglo XVIII, aunque no aporta más datos en su monografía sobre las familias del comercio cantonés (2011, pp. 103-121). 30 En cuanto a la comunidad china en Filipinas, hay varios trabajos, pero pocos tratan el periodo anterior al siglo XIX, ni tampoco aportan pistas de sus conexiones con el continente; véase GIL, 2011, y KUEH, 2014. 31 Se plantean cuestiones en esta dirección en CHEONG, 1965b, y CHUAN, 1969.
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Con el proceso reformista, aumentó la navegación hispánica al litoral chino y, muy especialmente, a los puertos de Cantón y Macao.32 Es necesario acabar de definir el papel del Consulado al respecto, junto con la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, y Ustáriz, San Ginés y C.ª,33 además de la Compañía de Filipinas, sin olvidar el comercio privado. Los diarios de Agote recogen, entre 1787 y 1796, las entradas en Cantón y Macao de buques procedentes de Filipinas —mayoritariamente de Manila, pero también de Ilocos y otros puntos—: en total, hemos contado setenta embarcaciones españolas, muy especialmente en Macao, con una media de diez embarcaciones por año.34 Hay que preguntarse si estas cifras ilustran un aumento respecto a los años previos a la apertura de la factoría, y si afectaron la Real Orden que permitía el comercio directo desde España con la India y China de 1790, junto con la aceptación en la factoría de consignaciones de comerciantes privados de Manila en 1792,35 además de la apertura de dicho puerto al comercio internacional en 1789. Aun así, da la impresión de que, a la llegada de Agote, ya existe un comercio español en marcha en el sur de China, familiarizado con las estipulaciones cantonesas.36 Junto a Cantón y Macao, aparece en segundo lugar el puerto de Xiamen, frecuentado sobre todo por los sampanes que aprovisionaban el comercio del Galeón,37 y al que los buques de Manila tenían permitido el acceso desde por lo menos el siglo XVII.38 Nuevamente, Agote también recoge algunas expediciones a dicho punto, como la de Pedro Antonio
32 CHAUNU, 1960, pp. 147-198; VAN DYKE, 2005, pp. 135-137; VAN DYKE, 2010, pp. 64-67; BONIALIAN, 2012, pp. 400-404. 33 No se sabe gran cosa de las actividades de dichas casas en China; Agote aporta alguna pista, puesto que fue comisionado del San Francisco de Paula (a) Hércules, de Ustáriz, San Ginés y C.ª, entre 1779 y 1784; Manuel de Agote, Diario de navegación del Hércules, 1779, Untzi Museo-Museo Naval (en adelante, UM), FMA R-622. Hay asimismo un estudio de productos, usos y costumbres de China, con los precios de los géneros adquiridos por el Hércules, que parece tener la mano de Agote detrás: Comercios, usos y costumbres de la China, s/f, Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE), Mss/2983; agradezco a Pedro Luengo Gutiérrez la información sobre la existencia de este documento. 34 No entran aquí los cinco buques de los dos últimos meses de 1787, recogidos en el diario correspondiente, ni los de 1788, puesto que no se conserva el diario de dicho año. Téngase en cuenta, además, la irregularidad de las entradas: respectivamente, entre los años 1789 y 1795, se contabilizan 14, 18, 3, 8, 2, 10 y 15 embarcaciones; Manuel de Agote, Diario de Cantón, de 1787 a 1795, UM, FMA R-630 a 637; véase también «Nota de los efectos que han introducido los diferentes barcos que han fondeado en el Puerto de Macao en la monzón de 1795 à 96 [1794 a 95]», R-637. Véanse cifras complementarias de esos mismos años en MORSE, 1926, II/84, pp. 111, 119, y Van Dyke, 2010, pp. 84-100. 35 DÍAZ-TRECHUELO, 1965, p. 78, 200-212. 36 El informe «Observaciones sobre el estado político y económico de las Yslas Filipinas» (Newberry Library, Ayer MS 1934, pp. 93-128), escrito hacia 1789 por un autor desconocido, analiza por qué los comerciantes de Manila prescindían de factores al modo de las compañías europeas, lo que, curiosamente, parece obviar la existencia de la factoría de la Compañía. 37 QUIASON, 1966b. 38 FU, 1966, pp. I/170, pp. 182-183; NG, 1983, pp. 55-59; CHANG, 1983, pp. 266-267; CHEONG, 1997, p. 51; OLLÉ, 2003. Probablemente, esta disposición tenga su origen en la apertura parcial al tráfico marítimo durante la era Longqing (1567-1572), para el fomento de la navegación de Fujian a los mares del sur (Nanyang), es decir, el Sudeste asiático, OLLÉ, 2003, p. 12.
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de Escuza, factor de la Compañía de los Cinco Gremios, a bordo de la fragata Dorada, en septiembre de 1792.39 Xiamen aparecerá a menudo en los proyectos de reforma de la economía filipina, como los de Francisco Leandro de Viana, Ventura de los Reyes o Sinibald de Mas.40 La propia Compañía de Filipinas mostró su interés; por un lado, Agote recaba información de precios y productos del lugar y, ya en el siglo XIX, la dirección enviará una expedición ahí, encabezada por el factor segundo de Cantón, Francisco López de Omaña, entre 1804 y 1805, para estudiar las posibilidades de ampliar negocios.41 Entre 1823 y 1825, además, la firma hispano-británica de Yrisarri y C.ª, de Cantón, formada por uno de los empleados de la Compañía, usará el pabellón español para llevar a cabo el contrabando del opio en la costa de Fujian, método que acabarán utilizando las casas británicas en el sector.42 Otro indicador del desarrollo y diversificación de la economía filipina está en el incremento de las rutas de navegación que convergerán en Manila hasta 1820. Muchas de ellas estarán dominadas por la Real Compañía de Filipinas, a lo que hay que añadir el incremento de la navegación europea y estadounidense después de las guerras napoleónicas.43 Dichas rutas comprenden la navegación directa con Europa, América —tanto el Galeón, y sus continuaciones a bordo del comercio privado filipino hasta 1821, como las expediciones de la Compañía al Callao— y Asia, con un equilibrio entre las rutas con China —Cantón y Macao, además de Xiamen, Quanzhou y Nanjing— como con la India —con el importante ascenso de Calcuta—, a lo que debe añadirse Joló y Java, rutas efectuadas tanto por la navegación europea como autóctona, si bien esta va descendiendo y aumenta el dominio de los buques europeos —no españoles— y estadounidenses.44
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Hemos localizado por lo menos dos expediciones más; asimismo, Agote recoge la propuesta de un comerciante británico, del que no revela la identidad, de potenciar el comercio del opio desde Manila a dicho punto. El factor menciona también expediciones a Ningbo, en la provincia de Zhejiang. Manuel de Agote, Diario de navegación del Hércules, agosto de 1783, UM, FMA R-625; Diario de Cantón, octubre de 1792, R-634; agosto de 1793, R-635; agosto de 1795, R-637; Diario de Manila, febrero de 1797, R-639. 40 Francisco Leandro de Viana, Demostración del mísero y deplorable estado de las Islas Filipinas, 2.ª parte, cap. 4.º, art. 40, AGI, Estado, 44, n.º 70; Ventura de los Reyes, «Ynforme sobre varios puntos de reforma pedidos por el Diputado en Cortes de Filipinas para el mejor gobierno de aquella provincia», Cádiz, 15 de junio de 1812, AGI, Ultramar, 661; Sinibald de Mas, despacho de 28 de septiembre de 1843 al primer secretario de Estado, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, H-1445; del mismo autor, «Memoria acerca nuestras relaciones con China enviada a los senadores y diputados del país», Madrid, 10 de febrero de 1846, Archivo Histórico Nacional, Estado, 5999. 41 Manuel de Agote, Diario de Cantón, agosto de 1795, UM FMA R-637; «Diario del tiempo que permaneció en el Puerto de Emuy por encargo de la Factoría de la Real Compañia de Filipinas su Comisionado Omaña», Manila, 30 de mayo de 1806, AGI, Filipinas, 996. 42 Acerca de las primeras expediciones, véase Yrisarri y C.ª a Mendieta, Uriarte y C.ª, CantónCalcuta, 26 de abril, 29 de julio (2.ª), 23, 24 y 26 de septiembre de 1823, Jardine Matheson Archive (en adelante, JMA), C2/2, pp. 5, 78, 104, 109 y 117. 43 DÍAZ-TRECHUELO, 1963; CHEONG, 1970a; 1971; FRADERA, 1999a, pp. 87-96; LEGARDA, 2002; MARTÍNEZ SHAW, 2007, pp. 52-70; MARTÍNEZ SHAW Y ALFONSO, 2013. 44 Un análisis del tráfico de Manila hacia 1824 —justo después de los tumultos de 1820— se encuentra en el documento «Descripción histórica y política de las Islas Filipinas», 1824, Newberry Library, Ayer MS 1334, pp. 120-122.
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LAS REDES ASIÁTICAS DE LA REAL COMPAÑÍA DE FILIPINAS Para ilustrar el despliegue de las actividades de la Compañía de Filipinas en Asia, expondremos detalles, de los que disponemos datos, acerca de las factorías de Cantón y Calcuta, tanto en el establecimiento de la primera —nuevamente, partiendo de los diarios de Agote—, como en el desarrollo de los negocios privados de los empleados de ambos puntos durante las primeras décadas del siglo XIX, que se especializaron en el comercio del opio. Durante los dos años iniciales de las actividades de la Compañía, no se establecieron factorías en Asia continental, y el acopio de productos asiáticos se efectuaba con el recurso a expediciones desde Manila a Cantón y Madrás, lo que sobrecargaba los precios hasta un 40 por ciento.45 Junto con el control directo del acopio de las mercancías, el ascenso de dos sectores estratégicos llevaron al establecimiento de la factoría de Cantón a finales de 1787:46 la peletería47 y las exportaciones de arroz filipino a China.48 La factoría de Calcuta no se fundaría hasta 1796, seis años después de permitirse las expediciones directas de la India a la Península. Tras autorizarse el comercio directo con América, se planeará establecer factoría en Madrás hacia 1816, proceso que ilustra la reorientación de las prioridades de la Compañía hacia el comercio indio, que supondrá una importante fuente de ingresos, como parte, además, de la reorientación regional del comercio exterior filipino tras el fin del Galeón.49 Los diarios del guipuzcoano Manuel de Agote dan cuenta de algunos de los negocios de la Compañía de Filipinas en Cantón, con elaboradas reflexiones en las que el factor analiza los aspectos constitutivos del comercio cantonés —con críticas muy severas—, del que la Compañía es un miembro activo.50 El factor recoge aspectos también de carácter cultural y antropológico, y elabora además un análisis político, tanto de la China Qing, como de sus relaciones con las potencias occidentales, mostrando de este modo el carác-
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DÍAZ-TRECHUELO, 1965, p. 59. Manuel de Agote presentó un plan de erección de la factoría en su diario a bordo de la Astrea, buque de la Compañía en el que trabajó como maestre de plata y que viajó de Cádiz a Manila, pasando por Lima, en 1786-87; Manuel de Agote, Diario de la Astrea, septiembre de 1787, UM FMA R-629; véase también carta de Agote a Mariano Luis de Urquijo, Secretario de Estado, San Lorenzo del Escorial, 16 de noviembre de 1800; R-354, n.º 26. Véanse también referencias en la nota 19. 47 BERNABÉU, 2002, p. 477. 48 El arroz era adquirido en la entrada de la ría de Cantón por traficantes que importaban el opio de la India, tras haber descargado previamente la sustancia, para proceder a Cantón para la venta de aquel y poder disponer así un retorno; Manuel de Agote, Diario de Cantón, noviembre de 1787; abril y mayo de 1791 y apéndice; marzo de 1795, UM, FMA, R-630, 633 y 637. MORSE, 1926, pp. II/136; VAN DYKE, 2005, pp. 117-141; 2010, pp. 64-67. 49 Acta de la Junta de Gobierno de la Real Compañía de Filipinas, 10 de mayo de 1816, AGI, Filipinas, 983; véase también Exposición de la Compañía de Filipinas relativa á su establecimiento, Cádiz, 1813, pp. 74-75, AGI, Filipinas, 984. LEGARDA, 2002, pp. 129. 50 PERMANYER, 2012; 2015. El llamado «sistema de Cantón» ha sido sometido en años recientes a necesarias revisiones: particularmente ilustrativo es el análisis de ZHAO, 2013, en el conjunto de la política marítima de los Qing, así como los libros de VAN DYKE, 2005, 2011; véase además KUBLER, 2014. 46
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ter político-representativo ejercido por los factores de las compañías privilegiadas. Agote da fe de sus interacciones con todos los actores del comercio cantonés, los sobrecargos de las compañías privilegiadas europeas, los janistas y los comerciantes externos chinos, además de los comerciantes privados europeos y los funcionarios chinos; como se ha observado ya, recoge también los movimientos del comercio privado filipino. Sus diarios dan testimonio del interés, tanto del comercio de Manila como de la Compañía, por la introducción de las pieles americanas, el arroz filipino y la cochinilla o grana de América, productos de plantación filipinos como el azúcar, el algodón, la pimienta y el añil, y otros del archipiélago como los cueros de carabao, el sapán (o sibucao), el ébano y otras maderas, así como producciones propias del área joloana como la concha nácar, el carey, el pepino de mar (o balate), o el nido de salangana; asimismo, facilita registros de las cantidades de plata llevadas por el comercio español. A cambio, los buques españoles se llevaban sobre todo seda de todo tipo, tanto en rama, como torcida o tejida, en formatos diversos, así como mantas, algo de té, muebles, sombrillas, abanicos y similares, además de papel de escribir y productos de consumo diario destinados al archipiélago filipino. Sabemos más de las actividades privadas de los factores de Calcuta y Cantón —si bien no tanto de las de la Compañía propiamente dicha—, durante aproximadamente los años 1818 y 1830.51 Del mismo modo que sus homólogas europeas, la Compañía de Filipinas permitía un margen de negocio a sus empleados, sirviéndose, además, de la liquidez que estos podían aportar.52 La escasez de numerario en los mercados asiáticos, motivada por los procesos de independencia, y la indeterminación que rodeó el fin del Galeón, pudo reforzar nuevamente las relaciones de los empleados de la Compañía con los comerciantes británicos, al aportar un acceso alternativo a la plata, así como a las fuentes de financiación filipinas; no en vano, hasta 1819-20 la Compañía todavía efectuó expediciones al Callao —de las que la última se hizo a bordo de la corbeta británica Merope,53 fletada al comercio privado de Calcuta—. Aun así, es muy probable que se heredaran redes y prácticas que se remontan tiempo atrás, y hay que pensar en la participación anterior de españoles, de la que hay indicios, en un negocio que, desde 1790, estaba en expansión.54 Las actividades de la Compañía, mientras tanto, estaban en pleno retroceso: mientras que la factoría de Cantón cerró en 1821, la de Calcuta subsistió por lo menos hasta 1827; la Compañía se disolvería en 1834.55 De las respectivas factorías, surgieron dos grupos distintos dedicados
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CHEONG, 1973; 1979; FRADERA, 1999b; PERMANYER, 2013; 2014. También han tratado estas cuestiones, sin especial atención al componente hispánico, GREENBERG, 1951 y DERMIGNY, 1964. 52 Esto supuso una importante fuente de desencuentros entre la dirección y sus empleados de Cantón y Calcuta. Véase Informe de Lorenzo Calvo sobre la Real Compañía de Filipinas de 5 de agosto de 1828, y expediente sobre el asunto Baudin, Etesse et Cie, 9 de septiembre de 1828, ambos en AGI, Filipinas, 996; véase también The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign India, China and Australasia, mayo-agosto de 1835, xvii/149, así como el libelo escrito por el propio Calvo, Esposición presentada a la junta liquidadora de la estinguida Real Compañía de Filipinas por don Lorenzo Calvo, su factor que fue hasta 1822, Madrid, 1835, BNE, HA/16645. 53 PARRÓN, 1995, p. 403/n. 117. 54 Véanse antecedentes en PERMANYER 2013, pp. 171-189; 2014, p. 158. 55 DÍAZ-TRECHUELO, 1965, pp. 149-153.
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a las actividades privadas, que, en distintos momentos, se hicieron la competencia y colaboraron, y que trabajaron estrechamente con comerciantes británicos.56 El grupo de Calcuta empezó a articularse por lo menos en 1818, cuando el factor primero, Manuel Larruleta, se retiró de su puesto para dedicarse exclusivamente a sus negocios privados, al establecer Manuel Larruleta y C.ª, firma plenamente dedicada al comercio de consignación de opio indio y algodón en rama a China. Las complicidades del grupo con los comerciantes británicos fueron muy considerables; en particular, con la firma de Mackintosh & Co., una de las principales casas del añil de Calcuta, proveedora de la Compañía de Filipinas. Es necesario estudiar la cooperación hispano-británica en dicho punto, fruto del interés del comercio británico por Filipinas, que pudo verse afectado por las hostilidades entre España y Gran Bretaña desde 1790: al prohibirse los negocios con potencias enemigas, los empleados de la factoría habrían facilitado contratos con el archipiélago.57 Larruleta disponía seguramente de una sólida red de valiosos contactos filipinos, fruto de su experiencia en la factoría de la Compañía en Manila, donde había ejercido de tenedor de libros en algún periodo entre 1806 hasta 1812. En 1821, Larruleta entraría como socio en la firma de Mackintosh & Co., y en 1823, se retiraría de la sociedad que había creado él mismo, cuando esta pasaría a denominarse Mendieta, Uriarte y C.ª, tomando los nombres de los otros socios, también empleados de la Compañía de Filipinas, José de Mendieta y José María Uriarte.58 En 1821, el boom del opio motivó el establecimiento de una filial de Larruleta y C.ª en China, Yrisarri y C.ª.59 Sus socios eran Francisco Xavier de Yrisarri,60 subalterno de la Compañía en Calcuta y socio de Larruleta y C.ª, y James Matheson, que procedía del entramado familiar de los Mackintosh, con experiencia en la ya extinguida Robert Taylor & Co. de Macao, antigua consignataria de Larruleta y C.ª; Matheson acabaría siendo, años después, socio principal de la destacada firma británica de Jardine, Matheson & Co. La firma de Yrisarri y C.ª sería una de las protagonistas del comercio del opio durante la primera mitad de la década de 1820, en un periodo en el que hubo cambios vertiginosos en el sector hasta la consolidación del comercio privado británico, llegando a dominar alrededor de un 20 por ciento del negocio en esos años.61
56 No en vano, varios empleados de la Compañía fueron formados en la mencionada firma de Fermín de Tastet y C.ª, lo que les hacía familiarizarse no solamente con la lengua sino con el entorno de los negocios y las finanzas británico; véase n. 22. CHEONG, 1979, pp. 51-85; PERMANYER, 2016. 57 Según un informe sobre la situación política y económica de Filipinas a principios del siglo XIX, las hostilidades con Inglaterra motivaron la retirada de la navegación británica del puerto de Manila en 1790, siendo una de las causas de la crisis de la Compañía; anónimo, «Descripción historica y politica de las Islas Filipinas», 1824, Newberry Library, Ayer MS 1334, pp. 119-120. Véase también Alexander’s East Asia and Colonial Magazine, julio-diciembre de 1835, X/273-278. 58 Yrisarri y C.ª a Manuel Larruleta y C.ª, Cantón-Calcuta, 19 de abril de 1823; a Mendieta, Uriarte y C.ª, Cantón–Calcuta, 26 de abril y 29 de julio de 1823; JMA C2/2, pp. 5, 14 y 71. 59 CHEONG, 1979, pp. 57. 60 No hemos localizado vínculo alguno de Francisco Xavier de Yrisarri, nacido en Cartagena e hijo de una familia comerciante navarra, con los distintos Yrisarri de la matrícula del comercio de Manila, YUSTE, 2007, pp. 409-462. 61 PERMANYER, 2014, p. 161.
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El otro grupo, el de la factoría de Cantón, estuvo claramente marcado por el protagonismo del factor, Lorenzo Calvo y Mateo, que actuó en Cantón sin formar sociedad hasta 1822. Calvo dominó el comercio del opio en Cantón y Macao durante los años iniciales de la década —gracias a sus métodos poco ortodoxos para monopolizar el sector, además de sobornar a los funcionarios chinos—. Supo aprovechar, además, la dispersión de las casas británicas que dominaban el sector durante la década de 1810, sacudidas por la grave crisis de liquidez en el mercado cantonés durante los años finales del Galeón;62 muy seguramente, suplió la escasez de numerario gracias a sus contactos formados en Manila, resultado de sus catorce años en la ciudad como empleado de la Compañía. La colaboración hispano-británica también tenía lugar en este grupo, con los negocios conjuntos de Calvo con la firma británica de Charles Magniac & Co. —antecesora directa de Jardine, Matheson & Co.— para el almacenaje y distribución de opio en buques con pabellón español en aguas macaenses.63 En 1822, un año después del cierre de la factoría de la Compañía en Cantón, Calvo abandonaría China tras fundar una sociedad con su nombre, Lorenzo Calvo y C.ª, junto con el criollo filipino Gabriel de Yruretagoyena,64 que proseguiría sus actividades en el sur de China.65 En 1827, Calvo establecerá un entramado de distintas sociedades entre Europa y Asia, con la firma de Laurent Calvo et Cie en París, Bergmiller, Calvo et Cie en el Havre, así como Calvo, Roxas y C.ª, además de Calvo, Azcárraga y C.ª, ambas en Manila, dedicándose al comercio de importación y exportación en dichos puntos, las inversiones en el sector secundario filipino —donde destacó junto con Domingo Roxas— y las especulaciones en opio en China. Asismismo, Calvo fue un marcado militante de la causa liberal; de sus numerosas actividades políticas, tan solo mencionamos aquí el empréstito que organizó desde París en 1830 para financiar la expedición de José María Torrijos, acto que motivó la confiscación de sus bienes y que afectó gravemente a sus negocios.66 El protagonismo de los empleados de la Compañía de Filipinas en el negocio del opio fue breve, y su fin fue precipitado tanto por la crisis financiera en el comercio europeo en Asia durante la segunda mitad de los años 1820, como por las importantes cantidades debidas por la propia Compañía a sus empleados.67 Los cambios en el sector dificultaron, además, la participación española: al estar dominado desde 1830 por las firmas británicas y estadounidenses que, gracias a la consolidación de nuevos mecanismos de transmisión de capital, podían financiarse desde Gran Bretaña y los Estados Unidos, haciendo innecesarios los capitales de la cercana Filipinas.68 El negocio manejará cantidades más grandes,
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CHEONG, 1979, pp. 56-57. PERMANYER, 2013, pp. 263-267. 64 Sobrino del regidor de Manila José Domingo de Yruretagoyena, quien también había sido prior del Consulado de Manila, Yuste, 2007, pp. 197-199. 65 Yrisarri y C.ª a Lorenzo Calvo, Cantón, 27 de octubre de 1822, JMA C2/1, p. 88. 66 PERMANYER, 2013, pp. 323-342. 67 Véase n. 52. 68 Aun así, sabemos que Yrisarri y C.ª amplió sus fuentes de financiación más allá de Filipinas, con vínculos con Gran Bretaña. 63
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tanto de mercancías como de capital, además de personal e infraestructuras logísticas, en un clima cada vez más competitivo. La evolución de la economía filipina fue también decisiva en la desaparición de los españoles en el sector, con la consolidación del modelo productor y exportador de plantaciones, dejando atrás las viejas estructuras del Galeón, desviando de China las inversiones procedentes del archipiélago. Con la desaparición de la Real Compañía de Filipinas, además, se ponía fin tanto a un apoyo logístico para prosperar en el sector, como a una plataforma de interacción con el mundo comercial británico.
COLABORACIÓN: LA REAL COMPAÑÍA DE FILIPINAS Y EL GALEÓN DE MANILA En este apartado nos fijaremos en aspectos, localizados, en los que los ámbitos mercantiles del Galeón de Manila y la Compañía de Filipinas convergieron, ilustrando interacciones a nivel local y regional, sirviéndonos de los datos que conocemos acerca de las actividades de esta en Asia continental. Con todo, las actividades de la Compañía deben considerarse una parte, tal vez la más importante, de la diversificación promovida por las reformas del último tercio del siglo XVIII, y que pudo haber beneficiado el sistema del acopio del Galeón. La participación de los empleados de la Real Compañía de Filipinas en el comercio del Galeón fue limitada, seguramente por la normativa que lo prohibía, y no debemos perder de vista que los negocios de la corporación fueron en gran parte por otros cauces distintos de los del comercio transpacífico, como hemos visto. Tan solo hemos encontrado un par de excepciones —que confirmarían así la regla—: se trata del factor primero de la Compañía en Manila, Juan Francisco Urroz, que, ocupando su cargo entre 1796 y 1804, cargó en el Galeón de 1801 y en el de 1804, cargando otra vez en 1807 y 1809 y, posteriormente, volvió a ocupar el mismo cargo en la Compañía, entre 1816 y 1818. Junto con Urroz, un empleado de la misma factoría a principios del siglo XIX, Juan Bautista Cabarrús, aparece también en los registros de embarque del Galeón en 1801, 1802, 1807 y 1809.69 La implicación de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid en el tráfico de Manila a Acapulco fue mayor, hasta el punto que el cargamento de dicha compañía llegó a ocupar una quinta parte del Galeón de 1783, cuando una Real Orden prohibió a los factores de los Cinco Gremios —y por extensión, a cualquier casa comercial peninsular— formar parte del Consulado de Manila.70 Los comisionados en Manila de los Cinco Gremios, Francisco Antonio del Campo y el ya mencionado Pedro Antonio de Escuza, aparecen en los registros de embarque del Galeón desde 1780; Escuza lo hará en repetidas
69 «Estado de los individuos empleados en la Real Compañia de Filipinas en sus factorias que se citan al margen, sus destinos, y sueldos que gozan actualmente, contrahido à la epoca de 31 de Diziembre de 1807», AGI, Filipinas, 992; actas de la Junta de Gobierno de la Real Compañía de Filipinas, 24 de noviembre de 1815; 4 de marzo de 1816, 27 de marzo, 25 de abril y 5 de julio de 1817; 6 de febrero de 1818, Filipinas, 983; balance de las actividades de la Real Compañía de Filipinas de 1818, 31 de diciembre de 1819, Filipinas, 994. 70 DÍAZ-TRECHUELO, 1965, p. 19, n. 66; YUSTE, 2007, p. 364.
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ocasiones hasta 1807;71 ambos, además, se internaron en el mercado novohispano para vender productos del Galeón, algo que también hicieron los comisionados de México de la misma corporación.72 Escuza fue posteriormente prior del Consulado en 1799,73 si bien desconocemos cuándo dejó de formar parte de los Cinco Gremios.74 Asimismo, su presencia en los diarios de Agote es constante: además de su participación en el comercio de Xiamen por lo menos en una ocasión, como hemos visto, la fragata Dorada aparece al menos seis veces en las entradas registradas por el factor de Cantón.75 Agote también da relación de los contratos de Escuza con distintos janistas; sabemos de su venta a Pan Youdu de un cargamento considerable de pimienta, estaño y sibucao, además de 27 000 pesos fuertes, así como de sus varios negocios con Wu Zhaoping entre los años 1789 y 1793.76 En el sentido inverso, no son escasos los casos de comerciantes implicados en el tráfico transpacífico que sacan partido de las posibilidades ofrecidas por el programa reformista, y que quedan registrados en los diarios de Agote. Para empezar, son corrientes los capitanes de navío, como Francisco Pateyro, quien tuvo una deuda contraída contra Wu Zhaoping, y que aparece en los Galeones de 1801 y 1802; así como Sebastián Lladó (o Lladoc), relacionado con el tráfico de arroz de Ilocos, y que aparece en los Galeones de 1800 y 1801; además de Francisco Oyuelo, quien, además de haber estado al frente de la fragata Nuestra Señora de la Concepción (a) Clive, de la Compañía, y de haber hecho una contrata de sedas de Quanzhou al janista Liu Dezhang (Liu Zhangguan, «Chunqua»), también aparece en los posteriores registros de embarque de los Galeones de 1801 y 1804.77 Aparecen más a menudo los miembros de la familia Yturralde, con José de Yturralde —propietario y capitán de la fragata Nuestra Señora de la Concepción, y cargador de todos los Galeones entre 1797 y 1809—, y su hijo Luis, capitán de buque y cargador en 1797.78 Un 71 Para este apartado, me sirvo sobre todo de la tesis doctoral de Manuel PÉREZ LECHA, 2014, y de los datos adicionales que, además, ha compartido generosamente conmigo, por lo que quiero mostrar mi más sincera gratitud. Asimismo, se han usado las útiles relaciones de Carmen YUSTE, 2007, y muy especialmente, la matrícula de comerciantes de Manila en el siglo XVIII, pp. 409-462. 72 YUSTE, 2007, pp. 339, 341; BONIALIAN, 2012, p. 405. 73 YUSTE, 2007, pp. 197-199. 74 Los intereses de dicha Compañía prosiguieron en el archipiélago aun después de creada la Compañía de Filipinas, CAPELLA, 1957, pp. 301-306. 75 A bordo de la Dorada en su expedición a Xiamen viajaba también un Jacinto Ainziburu, tal vez pariente de Andrés Ainziburu, futuro cargador del Galeón en 1794 y 1800, quien también aparece en los diarios; Manuel de Agote, Diario de Cantón, marzo y junio de 1789, UM, FMA R-631; octubre de 1792, R-634; abril de 1793, R-635. 76 La quiebra de Wu fue notoria, siendo recogida al detalle en los diarios, y originó una deuda de 22 668 pesos a Escuza, finalmente pagada por el cohong; Manuel de Agote, Diario de Cantón, enero y mayo de 1789, UM, FMA R-631; abril, junio, julio, agosto y noviembre de 1791, R-633; mayo de 1792, R-634. 77 Diciembre de 1787, UM, FMA R-630; enero y julio de 1789, R-631; enero y abril de 1792, R-634; agosto de 1793, R-635; marzo, junio y septiembre de 1794, R-636; febrero, abril y agosto de 1795, R-637; «Nota de los efectos que han introducido…», R-637. 78 No confundir con la otra, del mismo nombre, propiedad de la Compañía. En 1792, la Concepción llevó un cargamento de 9540 libras de azogue a cuenta de la Compañía, además de abundante azufre,
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miembro notorio de los emporios transpacíficos mencionado por Agote es Luis Pérez de Tagle y Návea, marqués de Salinas, al mando del paquebot Jesús, María y José, procedente de Manila, con un cargamento nada desdeñable a cuenta de particulares de 166 000 pesos en moneda, 81 barras de oro, 1886 picos de arroz, 1664 cates de grana, además de nido de salangana, balate, carey, concha nácar y nuez moscada.79 Otros nombres, entre otros, que aparecen tanto en los diarios, como en los registros de embarque de la Nao, son los de Manuel Rotea, dedicado al comercio de Ilocos; Luis Llorens, hijo de Juan, cargador del Galeón en distintas ocasiones entre 1775 y 1791 y miembro del Consulado en 1783; Martín de Yrisarri —sin conexión conocida con la futura firma privada de Cantón—, miembro del Consulado en 1771 y 1783, quien hizo una contrata con la familia Pan.80 Hay que preguntarse también si Manuel Conde, con considerables negocios en China, propietario y capitán de la fragata Buen viaje —una de las más habituales del tráfico con China—, y quien tuvo un crédito considerable contra Wu Zhaoping, es el mismo que Manuel Díaz Conde, miembro del Consulado en 1783 y cargador en el Galeón en repetidas ocasiones entre 1786 y 1804.81 Por último, Miguel Antonio Martija, quien fue prior del Consulado en 1807,82 es otro habitual de los diarios, y en una ocasión su nombre está asociado con un intento de introducción de opio en la costa de Zhejiang a finales de 1796; posteriormente, en 1821, le vemos implicado en el comercio privado directo de Manila a Cádiz, tras la derogación de los privilegios de la Compañía durante el Trienio Liberal.83 Serían necesarias mayores evidencias para saber el vínculo de todas estas transacciones con el acopio del comercio transpacífico, aunque hay una ocasión, en julio de 1795, en que Agote menciona el retraso en la partida precisamente del Buen viaje, que
sibucao, añil y cueros, entre otros. Manuel de Agote, Diario de Cantón, junio de 1790, UM, FMA R-636; enero y julio de 1792, R-634; enero y febrero de 1793, R-635; noviembre de 1794, R-636; junio y septiembre de 1795, R-637; «Nota de los efectos que han introducido…», R-637. 79 Manuel de Agote, Diario de Cantón, octubre y noviembre de 1795, UM, FMA R-637; «Nota de los efectos que han introducido…», R-637. Debe destacarse también que un tal Domingo Návea, tal vez pariente suyo, aparece también en los diarios, propietario del paquebot San José, que en diciembre de 1794 lleva a China un cargamento de salitre, ébano y sibucao, entre otros; Návea será cargador del Galeón en 1804 y 1815; Manuel de Agote, Diario de Cantón, diciembre de 1794, R-636; junio de 1795, R-637. Asimismo, los diarios recogen el nombre de un Vicente de Escalante, que en una ocasión lleva a China el paquebot San Juan Nepomuceno, propiedad de Juan de Escalante, alcalde mayor de Cagayán, con un cargamento variado de producciones filipinas; Diario de Cantón, septiembre de 1795, R-637; «Nota de los efectos que han introducido…», R-637. 80 Manuel de Agote, Diario de Cantón, junio y agosto de 1789, UM, FMA R-631; enero de 1791, R-633; agosto y octubre de 1795, R-637. 81 Manuel de Agote, Diario de Cantón, enero, mayo y septiembre de 1789, UM, FMA R-631; marzo, junio y diciembre de 1790, R-632; mayo y noviembre de 1792, R-634; mayo y octubre de 1794, R-636; abril y julio de 1795, R-637. 82 YUSTE, 2007, pp. 197-199. 83 Junto con Martija en su intento de vender opio, iban Fidel Salcedo e Ignacio Yndart; Manuel de Agote, Diario de Cantón, noviembre de 1787, R-630; Diario de Manila, febrero de 1797, UM, FMA, R-639; «Testimonio de la concesion hecha á D. Miguel Martija…», 1821, AGI, Filipinas, 512.
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hace temer su llegada a tiempo para la Nao de Acapulco, con el perjuicio que esto puede ocasionar «à los q.e entregaron el dinero a riesgo sobre el barco».84 Sabemos ya de la diversificación de negocios de algunos miembros de los emporios transpacíficos, con la participación, por ejemplo, en el negocio de la peletería —fue el caso de Vicente Laureano Memije, de quien Agote también da noticia—,85 y hay que pensar también en su implicación directa en el comercio de Cantón y Macao para el suministro del Galeón. Los vínculos de la economía filipina con China y la India se manifiestan también en las actividades de las firmas privadas españolas, ya en el siglo XIX, tras el fin del Galeón y las expediciones que le siguieron hasta 1820.86 Vemos en nombres de las viejas redes del Galeón la correspondencia de las casas españolas, y hay que pensar que, en el desarrollo de la economía filipina de aquellos años, y su expansión por las redes asiáticas, no había más que una continuación de actividades previas. Desde China, las firmas españolas llevaban a cabo servicios de recepción de consignaciones, banca y seguros, giro de letras, además de captar fondos a invertir, que estas usaban para financiar sus operaciones. El capital manileño se ponía así en fondos a un alto interés del 20 por ciento mensual, que se invertían sobre terceros para financiar préstamos a riesgo de mar o «a correspoder», cuyos tomadores eran principalmente capitanes macaenses dedicados a la navegación intraasiática. Se trataba de un mecanismo habitual tanto en Macao como en Manila, y muy especialmente, usado en la financiación del comercio del Galeón a través de las obras pías.87 De este modo, las firmas de China obtenían crédito para hacer frente a los cada vez mayores riesgos del negocio del opio que, por su carácter ilícito, era sometido a una fuerte competencia, a prácticas especulativas y a la confiscación: como se ha venido diciendo, la financiación de Manila fue la principal baza de las firmas españolas frente a sus competidoras. Nombres que destacan en este tipo de transacción, son los de Ángel de la Fuente, Manuel Cacho, José Coll o Manuel Revilla, que habían sido cargadores en los galeones del siglo XIX, especialmente los dos primeros, que cargan ambos en seis ocasiones. También aparecen nombres de comerciantes que participaron en el comercio transpacífico posterior al Galeón, como Domingo Siñeriz, Nicolás de Molina,88 Baltasar de Mier o Íñigo González de Azaola.89 De algunos de ellos, además, hay que pensar si guardan relación con familias asociadas al Galeón en el siglo XVIII, con apellidos como Cacho o Mier. Las firmas privadas también buscaron la financiación de Manila para otras actividades. Mendieta, Uriarte y C.ª, por ejemplo, requerirá adelantos de capital para financiar sus adquisiciones de opio en Calcuta,90 y junto con Yrisarri y C.ª, buscarán también la 84
Manuel de Agote, Diario de Cantón, julio de 1795, UM, FMA R-637. Manuel de Agote, Diario de Cantón, febrero de 1790, UM, FMA, R-632; agosto de 1791, R-633. BERNABÉU, 2002, pp. 477-478. 86 LEGARDA, 2002; PÉREZ, 2014, pp. 259-293. 87 YUSTE, 2007, pp. 91-101; MESQUIDA, 2010. 88 Tal vez el mismo Nicolás Molina que aparece en la lista de «vocales ociosos e inaplicados» del Consulado en la representación de Ciriaco González Carbajal, director de la Sociedad Económica de Amigos del País, en 1783, YUSTE, 2007, p. 236. 89 PERMANYER, 2013, pp. 274-292. 90 Ibidem, pp. 257-258. 85
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financiación de sus expediciones a la costa mexicana desde 1825. Aunque parece que China podía ser un punto desde donde continuar los contactos transpacíficos desde 1820, la evidencia apunta a que resultaron problemáticos, por el «semblante poco favorable» que mostraron;91 aun así, desde 1825, la expedición de la corbeta británica Merope, para el envío de textiles indios y chinos a Mazatlán, marcará el inicio de nuevos contactos transpacíficos directamente desde el continente asiático.92 Le siguió el navío mexicano Brillante, enviado a las costas del Pacífico mexicano, amén de otros expedidos por otras firmas establecidas en Cantón,93 dando inicio al dominio británico del comercio transpacífico, que acabará por heredar las redes establecidas por las firmas españolas.94 La expediciones tanto de la Merope como del Brillante fueron financiadas por distintas partes también en Cantón y Calcuta, además de Manila, donde destacaban nuevamente Manuel Cacho, Ángel de la Fuente, Baltasar de Mier, además de aparecer dos miembros de la familia Vélez Escalante, Ana María y Felipa —uno de los más destacados emporios transpacíficos, con distintos miembros dedicados al comercio del Galeón—, así como Félix Ruiz —cargador en distintas ocasiones desde 1797, quien además, ya aparecía en los diarios de Agote con diversos negocios en China como capitán del Divina Pastora—,95 Pedro de Orbezúa —también un destacado cargador, desde 1774—, o Dolores de Yruretagoyena, hija del regidor de Manila José Domingo de Yruretagoyena, prior del Consulado en 1798 y 1811.96
CONCLUSIÓN A modo de recapitulación, conviene insistir, tras haber visto los ámbitos en los que interactuaron los intereses y actividades de los actores del Galeón de Manila y de la Real 91 Por ejemplo, el manileño Felipe de la Peña habría enviado un cargamento de plata desde San Blas a Cantón, para ser reenviado a Manila, en octubre de 1822; Yrisarri y C.ª a Mariano Tuason y Agustín Scarella, Cantón-Manila, 15 de octubre de 1822, JMA C2/1 p. 115; véase también Yrisarri y C.ª a Nicolás de Molina, Cantón-Manila, 22 de septiembre de 1822, p. 116. 92 Dicho buque, que, como hemos visto, efectuó la última expedición de la Compañía de Filipinas al Callao en 1819-1820, era propiedad del comercio de Calcuta, y fue usada para el almacenaje del opio en la ría de Cantón por Yrisarri y C.ª Yrisarri y C.ª a Francisco Xavier de Ezpeleta, Macao, 26 de junio de 1825 (tres cartas), JMA C2/4 pp. 69-70; a Mendieta, Uriarte y C.ª, Macao-Calcuta, 23 de junio de 1825, p. 72. 93 VALDÉS, 1987, pp. 298-303. 94 A raíz de estos contactos, dos miembros del entramado de Calcuta, Juan Nepomuceno Machado y Francisco Xavier de Ezpeleta, se establecerían en el Pacífico mexicano; mientras que el primero establecería casa en Mazatlán y haría negocios con firmas como Barron, Forbes y C.ª, el segundo, tras su paso por México, se establecería en Burdeos, donde tendría negocios con la banca Rothschild, y de ahí estos entrarían en contacto con Jardine, Matheson & Co. PERMANYER, 2013, pp. 303-306, 403-410. 95 Ruiz, por ejemplo, negoció una partida de pieles de nutria con Li Chetai, con quien tuvo problemas, a principios de 1793; en octubre de 1795 llevó un cargamento, por cuenta de la Compañía, de 201 250 pesos y dos zurrones de añil y, por cuenta de particulares, 235 000 pesos, 1200 picos de arroz, 1000 de ébano, 3990 pieles de nutria, además de grana, balate y nácar; Manuel de Agote, Diario de Cantón, noviembre y diciembre de 1792, UM, FMA, R-634; marzo de 1793, R-635; octubre de 1795, R-637. 96 Circular de Yrisarri y C.ª, Cantón, 26 de septiembre de 1827, Jardine Matheson Archive, C2/5, pp. 311 y 316. YUSTE, 2007, pp. 197-199.
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Compañía de Filipinas, en los elementos de colaboración que se dieron entre ambos, sin obviar los objetivos que perseguía la Compañía a su erección. En esto se observa una divergencia entre las preocupaciones de la administración borbónica, y los intereses particulares, tanto de la corporación, como de sus empleados a título privado. Como hemos visto, la Compañía actuó en ámbitos que la alejaban de sus objetivos iniciales, y que no hicieron estrictamente la competencia al Galeón en su conjunto; más bien hay que ubicar la corporación dentro del conjunto de factores, a nivel global, que influyeron en la crisis del comercio transpacífico hispánico. Las dos estructuras no eran compartimentos estancos, y debemos definir una interacción compleja en la que se mezcla tanto la competencia como los intereses en común. En definitiva, como hemos visto en el último apartado, los cargadores del Galeón, que aparecen en los registros del comercio de Asia continental, pudieron beneficiarse de la diversificación de las actividades económicas de la región y de la mayor integración de la economía filipina, y de las que la Compañía, y el conjunto del programa reformista borbónico, fueron una manifestación, tal vez una adaptación a unas circunstancias ya existentes. Como colofón, hay que situar lo que hemos expuesto hasta aquí en relación con las aportaciones recientes de la literatura sobre el comercio cantonés y la economía filipina, que usan un foco más amplio, en relación con procesos a mayor escala, más allá de estructuras institucionales y nacionales por los que discurría el comercio —sin negar la preponderancia que estos al fin y al cabo tenían—. Esto nos debe hacer rehuir de caracterizaciones parciales tanto del «sistema de Cantón» como del Galeón de Manila, que apunten solo hacia aquello que tienen de específico, y que obvien los procesos más amplios en los que se ubicaban, lo que conlleva su entrecruzamiento entre el uno y el otro y el reconocimiento de otros agentes y factores. Solo de este modo se pueden identificar elementos en común, más allá de una estricta competencia.
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Los últimos años del Galeón de Manila, 1816-1821 Manuel PÉREZ LECHA Universitat Jaume I
La línea marítima comercial del Galeón de Manila, o Nao de China, fue oficialmente disuelta por la Cortes de Cádiz el 14 de septiembre de 1813,1 decisión posteriormente ratificada por Fernando VII el 23 de abril de 1815.2 Disuelto el antiguo monopolio, se abrió una nueva etapa en el tráfico transpacífico intercolonial establecido entre Filipinas y la Nueva España, tráfico que perduró hasta la misma declaración de independencia de la colonia americana en 1821. Algunas de las antiguas limitaciones fueron dejadas de lado para tratar de volver a impulsar esta negociación, manteniéndola, eso sí, en manos de los veteranos interesados en las cargazones de las Naos, quienes fueron los que realmente promovieron estas reformas. Ahora bien, debemos destacar que este período resulta difícil de trabajar, fundamentalmente por dos motivos: el primero es la falta de una documentación extensa que permita profundizar en su estudio, y el segundo la falta de acuerdo existente entre los diferentes investigadores que se han aproximado a este asunto. En cuanto a la primera dificultad, debemos decir que sobre el comercio del Galeón existe una amplia categoría de materiales en los que las referencias y datos permiten hacer un seguimiento casi continuo año tras año, con mucha información relativa a fechas, cargas, cantidades y hechos significantes de las expediciones. Ahora bien, una vez sobrepasamos el año 1815, la documentación comienza a escasear, y, si bien sí que nos permite conocer las diferentes expediciones, en muchas ocasiones faltan datos relativos a fechas de llegada o partida de los diferentes puertos, a cargas, a retornos, o simplemente a detalles de la navegación y la estancia en destino. La mayor parte de la documentación utilizada para la elaboración de este artículo proviene del Archivo General de la Nación de México. La otra parte proviene del Archivo General de Indias, así como de un documento impreso, de nombre 1 2
Archivo General de Indias (AGI en adelante), Ultramar, vol. 534. AGI, Ultramar, vol. 534.
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extenso, referente al año de 1818 que hemos conseguido localizar en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional.3 Pese a este inconveniente, consideramos que podemos ofrecer una buena perspectiva del comercio post-Galeón hasta la Independencia de México, que queda recogida en el Cuadro 1, en el que aparecen el año en que tuvieron lugar las travesías (tomamos como inicio de una travesía siempre su salida desde Manila), los navíos en ruta desde Filipinas, y su puerto de destino, que podía ser Acapulco o San Blas. Cuadro 2. Navíos en ruta de Manila a Acapulco, 1816-1821. AÑO 1816
1817
1818 1819
1820
1821
NAVÍO Santa Rita (Mercante) Feliz (Emprendedor) N. S. Carmen María San Ruperto (Aventurero) Victoria (Manileña) Santa Rita (Mercante) María Paz Feliz (Emprendedor) San Juan (Espina) Feliz (Emprendedor) María Paz N. S. Carmen N. S. Atocha Snipe
DESTINO Acapulco Acapulco San Blas Acapulco San Blas Acapulco San Blas Acapulco Acapulco San Blas Acapulco Acapulco San Blas Acapulco Acapulco Acapulco Acapulco
Fuente: AGNM, Filipinas, vols. 25, 43, 47, 49 y 60; Marina, vols. 173, 214 y 282; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394; exp. 6, vol. 594, exp. 15 y vol. 728, exp. 14; Indiferente Virreinal, vol. 3553 exp. 10. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, pp. 1-2. Elaboración propia.
Como podemos ver, fueron diecisiete las expediciones que tuvieron lugar en seis años; cinco tuvieron por destino San Blas, y las otras doce Acapulco. Una vez suprimida la Nao, y a efectos de nuestra investigación, resulta indiferente el destino de los navíos, pues nuestro objeto de estudio es el comercio transpacífico desde Manila hacia la Nueva España. Pese a que una vez en territorio novohispano, y dependiendo del puerto de llegada, las mercancías
3
AYUNTAMIENTO DE LA EXMA. CIUDAD DE MANILA, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, Estado que manifiesta la Importación y Exportación de esta ciudad, en todo el presente año; en que se hacen ver la contribución, productos líquidos de rentas, y reales derechos, como igualmente los frutos y efectos del País exportados, y sus valores en Plaza, y Venta. Manila, Imprenta de Manuel Memije, 1819. Biblioteca Nacional de España (BNE en adelante), Fondo Antiguo, R/3107.
LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL GALEÓN DE MANILA, 1816-1821
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enviadas pasaban a gestionarse por parte del Consulado de México o del de Guadalajara, al no entrar nosotros en estas diferencias consideramos que no es relevante establecer una distinción entre ambos. Además, a efectos de registros de ida, no se producen diferencias teniendo como punto de destino uno u otro puerto. Sin embargo, en cuanto a los retornos a las islas, y como veremos más adelante, sí que se aprecia alguna distinción.
LA FALTA DE ACUERDO EXISTENTE SOBRE ESTE PERÍODO La segunda dificultad a la hora de aproximarnos a este período es la falta de acuerdo, e incluso las discrepancias, entre los diferentes investigadores que han tratado de aproximarse a la materia. Básicamente son tres los autores que han ofrecido datos sobre el tráfico transpacífico entre 1815 y 1821. Cronológicamente, el primero de estos historiadores es Cheong, quien en uno de sus artículos ofrece un listado de «Registered Galleons which sailed for Acapulco or brought back treasure during the period 1784-1821».4 Los resultados ofrecidos por este autor, que solo hacen referencia a los arribos a Acapulco, extraídos de la Colección Mateos de la Biblioteca de la Universidad de Filipinas y del AGI, coinciden en muy poca medida con los obtenidos mediante nuestra labor investigadora, reflejados en el Cuadro 1. En primer lugar, para el año 1815 cita la expedición del Felicidad, del que no hemos conseguido encontrar hasta la fecha más referencia que la que él nos proporciona. Para ese año, como vimos, partieron de Manila con destino a San Blas las expediciones del Victoria (Manileña) y del San Fernando (Magallanes); en cuanto al Felicidad, suponemos que el autor lo confunde con el Santa Potenciana (Fidelidad), por la semejanza entre el nombre y el alias de ambos, pese a que realizó sus viajes entre 1813 y 1814, ya que no es el único que aparece en el listado con errores de transcripción. Durante 1816 sí que se produjo la expedición del Santa Rita (llamada también por su alias Mercante), aunque la referencia al Victoria (sin su alias) debería haberse colocado en el año anterior, pues es la que acabamos de mencionar. Puede que el autor la colocase aquí porque su viaje de retorno al archipiélago se inició en diciembre de 1816, y supusiese que no habría estado anclada en el puerto más de un año. Además, faltaría para este año la travesía del Feliz (Emprendedor). Ya durante el año siguiente, el investigador hace mención de una expedición del Magallanes (San Fernando). Suponemos que hace referencia aquí al viaje de regreso de la travesía iniciada en 1815 por el San Fernando (Magallanes), que dio comienzo el 2 de abril de 1817. Al igual que en el caso del Victoria (Manileña), la larga estancia de la nave en el puerto de San Blas pudo haber sido la responsable de su clasificación en este año. En cualquier caso, fueron cinco los navíos que partieron de Manila a lo largo de 1817, tres a San Blas y dos a Acapulco: el Nuestra Señora del Carmen, el María, el San Ruperto (Aventurero), el Victoria (Manileña) y el Santa Rita (Mercante). Especificando que en 1818 no se produjo expedición alguna, pasa a citar para el año siguiente cuatro partidas. La del San Ruperte imaginamos que hace referencia a la del San
4
CHEONG, 1971, p. 153.
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Ruperto (Aventurero) de la que acabamos de hablar para el año 1816, pues es la única ocasión en que este buque hace el viaje a la Nueva España, siendo su destino San Blas y no Acapulco. En cuanto a las del Santa Rita y del Carmo, ambas se iniciaron en Manila en 1818, llegando el Santa Rita (Mercante) y el Nuestra Señora del Carmen a finales de dicho año a San Blas. Ya por último, sí que menciona para este año la travesía del Felix Emprendador, pese a que el Feliz (Emprendedor) también tuviese como destino San Blas. En cuanto a los dos años finales, sendos interrogantes dejan en el aire la duda de si se llevaron a cabo o no alguna o varias travesías. Pese a hacer mención de ciertas expediciones que partieron hacia San Blas en lugar de ir hacia Acapulco, pese a incorporar varios viajes que no tuvieron lugar y navíos de los que no hemos conseguido localizar más información, y pese a haber clasificado en años incorrectos algunas de las expediciones, debemos reconocer a Cheong el mérito de ser el primer investigador en aproximarse al estudio de este complejo período final del comercio del Galeón de Manila. Otra investigadora que ha publicado resultados sobre este período ha sido Valdés Lakowsky, quien ofrece un listado de «los navíos de registro de Manila»5 que llegaron al puerto de San Blas entre 1814 y 1820. Esta autora ha utilizado documentación localizada en la Sección Filipinas del AGNM, así como en la Gaceta de México, aunque no hace referencia a los datos publicados por Cheong de los que acabamos de hacer mención. Lo primero que debemos destacar de la aportación de esta investigadora es que enfatiza la idea de que todos los navíos que llegaron desde Manila lo hicieron al puerto de San Blas, y no al de Acapulco, al haber estado tomada esta segunda ciudad por los insurgentes desde 1813. Con toda probabilidad toma esta idea de Bernal, quien ya hace esta afirmación años antes que Valdés Lakowsky.6 No obstante, debemos señalar que la captura del puerto fue solo temporal, y después de la recuperación de la bahía por parte de las tropas realistas siguió operando con la misma funcionalidad de siempre. Como hemos visto también en el cuadro 1, la alternancia entre San Blas y Acapulco como destinos de los buques de Manila es patente, dándose incluso una preponderancia del segundo sobre el primero. En cualquier caso, la autora basa este supuesto en una estrecha relación entre los mercaderes de los Consulados de Manila y Guadalajara, que habría desplazado en importancia a los miembros del Consulado de México en el tráfico transpacífico. Como ya dijimos al inicio del presente capítulo, estas rivalidades en tierras novohispanas no entran dentro de nuestro objeto de estudio, pero sí que consideramos que existe un cierto grado de exageración en el planteamiento de Valdés. Una vez aclarado esto, pasemos a analizar los resultados que presenta. En primer lugar habla de la expedición del Fidelidad (La Potenciana), que, según la autora, llegó a San Blas en 1814. No obstante, según nuestra investigación, el Santa Potenciana
5
VALDÉS LAKOWSKY, 1987, p. 231. De esta forma, afirma Bernal que «hasta 1825, siguió un tráfico esporádico en naves particulares entre el puerto de San Blas y Manila y después, absolutamente nada», sin entrar en más detalles al respecto. BERNAL, 1965, p. 83. 6
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(Fidelidad)7 entraba en el puerto americano a finales de 1813, enviado desde Manila para averiguar el estado del Rey Fernando. Ya para 1815 indica los viajes del Victoria, que ya hemos analizado, y del Carmen. Sobre este último, el Nuestra Señora del Carmen, y para este año, no hemos encontrado documentación alguna que avale su existencia. Sí que tomó parte en la ruta entre Filipinas y América, pero fue a partir de 1817. En cuanto a las travesías efectuadas en 1816, Valdés Lakowsky presenta las de La Nacional (Santa Rita) y la del Félix. Al igual que en el caso del Fidelidad, parece ser que intercambia el nombre y el alias del Santa Rita (Mercante). En nuestra investigación, este navío nos aparece con este último alias, no con el de Nacional, aunque no descartamos que existiesen dos barcos con el mismo nombre pero diferenciados por su sobrenombre. En cuanto al Félix, en la documentación aparece nombrado de dos formas distintas, Félix y Feliz; nosotros hemos optado por la segunda de ellas, pues está presente en una mayor cantidad de documentos. En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que su alias es Emprendedor. Ambos navíos, no obstante, fueron a Acapulco, no a San Blas, pese a lo que afirma la investigadora. No recoge expediciones que llegasen a San Blas durante el año 1817, en el que partieron de Manila las cinco embarcaciones que ya mencionamos antes, pero sí para el año siguiente. El San Ruperto (El Aventurero) llegó al citado puerto en 1818, pero partió de Manila en 1817, y por eso nosotros lo etiquetamos como expedición de dicho año. El viaje del Victoria se inició y finalizó en 1817, teniendo como destino Acapulco, aunque su tardía llegada a finales de 1817 pudo haber hecho que la autora la considerase como efectuada en 1818. No existe objeción alguna a la expedición del María para dicho año. Bien reseñada también está la mención al trayecto del Félix de 1819, aunque de nuevo mencionamos nuestra reticencia respecto al nombre del navío. En dicho año vuelve a aparecer una expedición de La Nacional (Santa Rita). Pero la última expedición transpacifica emprendida por este navío fue la de 1817, sin que lo hayamos vuelto a localizar en esta ruta. Ahora bien, no fue hasta junio de 1819 cuando el Santa Rita (Mercante) partió de regreso a Filipinas, y tal vez este hecho hiciese que Valdés Lakowsky lo incluyese en el año 1819. Para finalizar, hace referencia al viaje hacia Acapulco del Paz que tuvo lugar el año siguiente, aunque no menciona las otras tres expediciones que se produjeron en dicho año. Y hasta ahí llega la aportación de esta autora, inestimable por lo demás para la comprensión de la circulación de los pesos novohispanos en el sistema comercial del Pacífico. A la hora de hablar del tráfico transpacífico post-Galeón, Legarda, en su libro After the Galleons, con su escéptica mirada, remite a los datos que acabamos de mencionar de Valdés Lakowsky.8 A raíz del número de navíos en la ruta y de otras cifras, este autor llega
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No hemos encontrado referencias al nombre de este navío tal y como lo presenta Valdés Lakowsky. Como hemos ido viendo a lo largo de todo el trabajo, por lo general los nombres de las embarcaciones de la época eran religiosos, siendo en el alias donde se solía poner un nombre diferente más acorde a los gustos del comprador de la embarcación. En este caso sería el Santa Potenciana, alias Fidelidad, que es la nomenclatura usada por nosotros. 8 LEGARDA, 1999, pp. 96-97 y 349.
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a afirmar que «there was a serious decline in the level of the trade with Mexico».9 Como veremos más adelante, los resultados no fueron tan alarmistas. No obstante, la aportación de este investigador radica en su afirmación de que «in one main aspect, however, the Mexican trade in 1818 was similar to that of an earlier era. It was still overwhelmingly a transshipping operation».10 Este historiador, pese a dedicar el libro en cuestión al funcionamiento y reorientación de la economía filipina una vez extinguido el tráfico del Galeón, dedica, a nuestro entender, muy poca atención a la articulación y perdurabilidad de dicho tráfico a partir de 1815. Más recientemente, en un artículo publicado con posterioridad, Legarda pasa a referir no solo los datos de Valdés Lakowsky, sino también los de Cheong.11 La comparación le sirve para poner de relieve, al igual que hemos hecho nosotros, la disparidad entre las referencias de ambos autores, que tal vez pueda deberse a los diferentes acervos documentales utilizados en sus respectivas investigaciones. En cualquier caso, Legarda parece inclinarse a apoyar la aportación de Valdés Lakowsky, basándose en su propia investigación sobre las estadísticas del año 1818. Como ya señalamos nosotros también antes, las referencias proporcionadas por Cheong en poca medida coinciden con la realidad que nos hemos encontrado en los restos documentales del período. El tercer y último autor que ha proporcionado pistas sobre las expediciones entre Manila y la Nueva España a partir de 1815 es Martínez Shaw. Este investigador nos presenta en un cuadro titulado «Exportaciones de Manila a Acapulco (1815-1818)»12 un listado de siete navíos que realizaron la travesía del Pacífico. Para la elaboración del mismo, se ha basado en un documento conservado en el AGNM, Filipinas, vol. 49, que también hemos utilizado nosotros. Pese a dar alguna información adicional de gran interés, como el valor de los registros cargados por los navíos, Martínez Shaw no menciona el año de la travesía, por lo que la división anual ha sido añadida por nosotros siguiendo la información que aparece en el Cuadro 1. Debemos mencionar también que, aparte de no aparecer reflejados en su texto ninguna de las expediciones efectuadas desde Manila a San Blas, existe también la carencia de la expedición del Santa Rita (Mercante) de 1816, así como la de las expediciones posteriores a 1819. Ahora bien, este autor también hace referencia a la aportación de Valdés Lakowsky al tratar el tema de los retornos a la capital filipina. Destaca él mismo el hecho de que no coincidan los viajes reseñados en su trabajo con los que aparecen en el de dicha autora, atribuyendo este desajuste a los diferentes documentos consultados. En cualquier caso, reiteramos en este punto las menciones que hicimos anteriormente a la aportación de Valdés Lakosky, sobre todo en la diferenciación que hicimos entre los navíos llegados a San Blas y a Acapulco, que a Martínez Shaw parece habérsele pasado por alto, pues, en principio, solo utilizaba los registros para el segundo de los puertos, dejando de lado la
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Ibidem, p. 97. Ibidem. LEGARDA, 2002, pp. 127-128. MARTÍNEZ SHAW, 2007, p. 51.
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participación del puerto de Nayarit en el sistema comercial español del Pacífico en el siglo XIX. Pese a todo, la importancia del trabajo de este último autor radica en que añade a sus registros los valores de carga de los navíos, incluyendo además una diferenciación entre los efectos producidos en Filipinas y las mercancías chinas e indias. Estos datos suponen una novedad con respecto a los otros investigadores, que no estudian el valor económico del comercio post-Galeón. A la hora de tratar este asunto, Permanyer Ugartemendia utiliza las cifras reseñadas por Martínez Shaw para llevar a cabo su análisis del período final de la Nao de China, lo que le permite llegar a cuestionar la decadencia del tráfico transpacífico entre Filipinas y la Nueva España al afirmar que «las exportaciones de Manila a Acapulco entre 1815 y 1818 fueron de un valor total de 1 339 986 pesos fuertes, […] cantidades considerables en un comercio supuestamente crepuscular».13 Como veremos en el apartado siguiente, Cuadro 3. Comparativa de las aportaciones de otros autores sobre el Galeón de Manila entre 1814 y 1820. AÑO 1814
W.E. CHEONG Santa Rita (Mercante) Felicidad
1815 Santa Rita 1816 Victoria
V. VALDÉS LAKOWSKY Fidelidad (La Potenciana)
C. MARTÍNEZ SHAW
Victoria Carmen La Nacional (Santa Rita)
Victoria
Félix
Félix
Magallanes (San Fernando)
1817
María Victoria San Ruperto (El Aventurero) María Victoria
1818 Santa Rita
Félix Emprendador 1819 Carmo San Ruperte
María Paz Paz
La Nacional (Santa Rita) Félix
Espina
1820
Paz
Fuente: W. E. Cheong, «The decline of Manila as the Spanish Entrepôt in the Far East», p. 153. V. Valdés Lakowsky, De las minas al mar, p. 231. C. Martínez Shaw, El sistema comercial español del Pacífico, p. 51. Elaboración propia. 13
PERMANYER, 2013, pp. 163-164.
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estos valores fueron todavía mayores de lo que hasta ahora se había afirmado, pero han permitido abrir camino a nuevas perspectivas y a replanteamientos de las ideas establecidas. De cualquier forma, y como hemos podido ir viendo, no existe un acuerdo entre los diferentes investigadores a la hora de enfocar este tráfico comercial llevado a cabo entre la supresión oficial del Galeón de Manila y la Independencia de México. En el cuadro 2 hemos plasmado una comparativa entre las aportaciones hechas por los tres investigadores de los que hemos hablado. Aparecen el año y el nombre del navío en cuestión, cada uno en una misma línea para de esta forma poder apreciar si coinciden o no los historiadores en su clasificación. Como podemos observar, son muy pocos los casos en que existen coincidencias. Entre Cheong y Martínez Shaw no se produce ninguna, lo que nos lleva a cuestionarnos a qué se debe este hecho, aparte de las diferencias en sus respectivas consultas documentales. La que sirve en parte de puente entre ambas posturas es Valdés Lakowsky quien, al menos, presenta registros que coinciden tanto con Cheong como con Martínez Shaw. En cualquier caso, no debemos olvidarnos de destacar la importancia de todas estas aportaciones, pues, sin lugar a dudas, han servido para poner sobre la mesa el asunto de la pervivencia del comercio tradicional de la Nao. Así pues, a raíz de la documentación consultada a lo largo de nuestra investigación, más extensa que la utilizada por los historiadores precedentes, proponemos una síntesis válida y lo más completa posible, dadas las limitaciones en lo referente a materiales conservados.
EL GALEÓN DE MANILA DESPUÉS DEL GALEÓN DE MANILA Las dos últimas expediciones de la Nao de China como tal fueron la del Victoria (Manileña)14 y la del San Fernando (Magallanes)15 iniciadas en 1815. Para su viaje de vuelta a las islas, el primero de estos navíos había cargado la totalidad del registro de ambos, casi 1 300 000 pesos de parte del Comercio de Manila, y el segundo había hecho la travesía en lastre. El San Fernando (Magallanes) fue el último Galeón oficial que hizo la ruta entre Manila y Acapulco, pese a no ser la expedición llevada a cabo entre 1811 y 1814 que tradicionalmente se había considerado como tal, sino la iniciada en 1815 y finalizada en 1816. En lo que respecta a la situación política en la península, el regreso al trono de Fernando VII produjo un retorno al Antiguo Régimen, aunque el malestar de los grupos liberales acallados se fue manifestando bajo la forma de los pronunciamientos, en los que ciertos militares favorables a esta causa tratarían de imponer por la fuerza esta tendencia. Siete de estos pronunciamientos se produjeron entre 1814 y 1819, hasta que en enero de
14 Archivo General de la Nación de México (AGNM en adelante), Filipinas, vol. 62; Marina, vols. 173 y 214. 15 AGNM, Marina, vol. 214; Correspondencia de Virreyes I, vol. 265, exp. 134, y vol. 271, exps. 192 y 253.
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1820 Riego proclamase la Constitución en Cabezas de San Juan, lo que en un breve período llevaría a la instauración del conocido como Trienio Liberal. Los sucesos ocurridos en la península no guardaron una relación directa con el devenir del tráfico transpacífico, pero sí que tendría consecuencias sobre el mismo los efectos que estos sucesos tuvieron en la Nueva España. Hacia 1815 la guerra por la independencia en el virreinato parecía haberse quedado a favor de las tropas realistas, pues la insurgencia había llegado a un punto muerto tras el fusilamiento de Morelos. Pese a este contratiempo, algunos líderes del movimiento consiguieron mantenerlo vivo en la periferia, y en ambos bandos se pudo apreciar una radicalización, sobre todo en la contrainsurgencia. En la zona de la costa sur del Pacífico (más o menos el actual estado de Guerrero), el líder militar insurgente Vicente Guerrero mantenía una potente guerrilla. En esta área, en la que se encontraba el puerto de Acapulco, el apoyo de la población a los guerrilleros no decayó ni siquiera después de las derrotas sufridas por Morelos. Pese a los sucesivos reveses militares que les infligían las tropas realistas, que hicieron decaer el movimiento en 1817 y 1819, este volvía a surgir con renovado impulso. Esta situación duró hasta 1820, cuando el Plan de Iguala decidió el final del conflicto.16 Retomando el comercio transpacífico, ya para el año 1816, y funcionando con el nuevo sistema de registros libres por cuenta de los comerciantes de Manila, se envió desde la capital filipina a la Nueva España una expedición doble, formada por los navíos Feliz (Emprendedor)17 y Santa Rita (Mercante).18 En la documentación nos encontramos con que la primera nave dio comienzo a su travesía el 7 de agosto, mientras que la segunda lo hizo el día 11 del mismo mes. Consideramos que es un sinsentido tratarlas por separado, teniendo en cuenta la diferencia de cuatro días entre las partidas de una y otra, siendo común en los registros estas pequeñas variaciones de fechas entre documentos. El registro del Feliz (Emprendedor) lo formaban un total de 666 piezas, valoradas en 71 731 pesos, sin contar la corta cantidad de géneros filipinos que se enviaron, de solo 350 pesos. En cuanto al registro del Santa Rita (Mercante), conocemos que estaba compuesto de 1305 fardos, pero ignoramos el valor total del mismo. Para hacer un cálculo aproximado podemos utilizar como base el valor de una pieza de las embarcadas en el Feliz (Emprendedor), con lo que obtendríamos un resultado para este envío de unos 140 549 pesos. Al igual que en el otro cargamento, solo 23 piezas del total eran de efectos de las islas. 16 Un análisis centrado en este área geográfica en concreto es el que aparece en GUARDINO, 2001, pp. 87-132. También resulta de interés para este período de la insurgencia GUZMÁN PÉREZ, 2006, pp. 315-351, sobre todo la parte final. Para el desarrollo de la lucha en la costa de la Nueva España, remitimos a KURI TRUJEQUE, 2011b, pp. 18-26. 17 Los datos relativos a esta expedición del Feliz (Emprendedor) pueden encontrarse en AGNM, Filipinas, vols. 25, 49 y 60; Marina, vol. 214. AGI, Correos, vol. 183B. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 1. 18 Por su parte, la documentación relativa al viaje del Santa Rita (Mercante) está localizada en AGNM, Filipinas, vols. 25 y 43; Indiferente Virreinal, vol. 3553 exp. 10. AGI, Correos, vol. 183B.
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Ambas embarcaciones, cuyos cargamentos conjuntos tendrían un valor de cerca de 250 000 pesos, se dirigieron a Acapulco, llegando al puerto novohispano con algunos días de diferencia: el Santa Rita (Mercante) fue el primero en llegar, efectuando su entrada el 1 de diciembre de 1816, mientras que el Feliz (Emprendedor) lo hizo un par de semanas más tarde, el 14 de diciembre. Sin que se registrasen mayores incidentes en la descarga de las embarcaciones ni en la feria celebrada a continuación, conocemos que el primero de los navíos partió de regreso a Filipinas el 15 de marzo de 1817, llegando a Manila el 19 de mayo siguiente, pero ignoramos por ahora el valor de su cargamento para este viaje. Como mínimo transportaba 66 000 pesos de los comerciantes filipinos,19 aunque pudiese ser que se cargasen más, a lo que habría que añadir el valor de los géneros que se llevaron al archipiélago. En cuanto al Feliz (Emprendedor), se quedó a hacer invernada en América, siendo la fecha de partida hacia el archipiélago el 17 de marzo de 1818, y su entrada en Manila el 19 de octubre de ese mismo año.20 Por tanto, suponemos que inició su travesía en mayo o junio cargando con un total de 120 384 pesos de parte del comercio filipino. A lo largo de 1817 realizaron la travesía transpacífica cinco buques en cuatro expediciones. Fue muy poco después de que la anterior expedición entrase al puerto de Acapulco cuando partió de Manila el Nuestra Señora del Carmen, el 4 de enero de 1817. Esta nave se envió sin un destino fijo, apareciendo en su registro de carga la inscripción «Puerto á donde se dirige: San Blas ó Acapulco»,21 lo que viene a corroborar nuestra premisa de que se dirigían a uno u otro puerto indistintamente. Transportaba en su interior una carga formada por 1931 fardos,22 valorados en total por 216 547 pesos. Este navío finalmente llegó al puerto de San Blas el 6 de mayo siguiente, y los compromisarios del cargamento decidieron descargar allí, pues conocían que los dos registros del año anterior se habían dirigido a Acapulco. Una vez allí, existe una alta probabilidad de que esta embarcación fuese utilizada para el comercio de cabotaje a lo largo de la costa pacífica de la Nueva España. A esta conclusión llegamos porque hemos localizado información de que el navío entró de nuevo en el puerto de San Blas en octubre de 1818,23 y además su viaje de retorno a Filipinas no comenzó hasta el 6 de junio de 1819, que emprendió junto con el Santa Rita (Mercante), del que hablaremos después. No obstante, desconocemos la carga que llevó hacia el archipiélago, así como el registro en monedas embarcado.24
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AGNM, Filipinas, vol. 43. AGI, Correos, vol. 183B. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 1. 21 AGNM, Marina, vol. 214. 22 Pese a que en AGNM, Marina, vol. 214 nos aparece la cantidad de 2128 bultos, la suma de los fardos declarados nos da como resultado solo 1931. A pesar de que discrepancias entre las declaraciones de carga y otros tipos de documentación, o incluso entre distintos registros de la misma documentación oficial, suelen ser comunes, siendo solo de unas pocas piezas arriba o abajo, la diferencia entre estas cifras consideramos que es lo suficientemente grande como para destacarla. 23 AGNM, Marina, vol. 173. 24 AGNM, Filipinas, vol. 49; Marina, vols. 173 y 214. 20
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El siguiente viaje emprendido en 1817 fue el del María, del que sabemos que entraba en Acapulco el 17 de noviembre de dicho año, con lo que lo más probable es que partiese de Manila a lo largo del mes de junio anterior. Conocemos también que su cargamento estaba valorado en 156 959 pesos, lo que, tomando como referencia el anterior registro supondría alrededor de 1400 bultos, dato del que no disponemos, como también desconocemos las cantidades enviadas por cada comerciante filipino. En cualquier caso, esta nave iniciaba su regreso a las islas el 18 de marzo de 1818, estando de regreso en Manila para el 2 de junio siguiente, llevando en caudales de los interesados en su carga un total de 235 772 pesos.25 El 29 de agosto inició su travesía el San Ruperto (Aventurero), que partió de Manila con rumbo a San Blas, cargando con un registro de tan solo 432 piezas, valoradas en 35 342 pesos. Esta es la expedición de la que menos datos hemos obtenido para este año, pues desconocemos el reparto de la carga entre los comerciantes de Manila, todos los datos relativos al viaje de retorno a las islas, e incluso dudamos de la fecha localizada para su llegada al puerto novohispano, pues si fuese cierto que llegó el 29 de marzo de 1818 la travesía habría durado siete meses, habiendo ya llegado a sus destinos las dos naves que partieron de Filipinas con posterioridad a esta misma expedición.26 A lo largo de la investigación sobre este período en concreto resulta casi una constante el seguir la pista de las expediciones que recalaron en San Blas hasta su entrada en dicho puerto. Una vez descargadas no hemos conseguido localizar más documentación sobre las mismas, con excepción de una expedición del año 1820, de la que hablaremos en su lugar, y el retorno del Nuestra Señora del Carmen que hemos mencionado un poco antes. Pudiese ser que la documentación relativa a las mismas se encuentre en algún archivo que no hayamos visitado todavía, o que se perdiese. Esperamos poder avanzar en estas pesquisas. Ya en septiembre de 1817, el día 2 partió de la capital filipina el Victoria (Manileña), con un cargamento de 1782 fardos valorados en 207 785 pesos, siendo 36 de esos bultos de géneros del archipiélago. También se dirigió a Acapulco, donde llegó el 25 de diciembre del mismo año, lo que nos permite conocer el valor de su cargamento de regreso al archipiélago, que fue de 337 775 pesos de parte del Comercio de Manila.27 Ignoramos por ahora cuándo tuvo lugar dicho retorno, pero seguramente la llegada a la capital filipina fuese ya en 1819, puesto que el estadillo en que hemos localizado las entradas registradas en el puerto de Manila para 1818 no aparece.28 Además, hemos podido comprobar que esta nave hizo un corto viaje de ida y vuelta desde Acapulco a Guaymas para vender parte de sus géneros, que dio comienzo el 14 de julio de 1818.29 Sería ya a su regreso al puerto del sur cuando podría haber iniciado su viaje de retorno al archipiélago.
25 AGNM, Filipinas, vols. 47, 49 y 60; Marina, vol. 282. AGI, Correos, vols. 183A y 183B. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 1. 26 AGNM, Filipinas, vol. 49. 27 AGNM, Filipinas, vols. 49 y 60; Marina, vol. 282; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 728 exp. 14. AGI, Correos, vol. 183A. 28 BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 1. 29 AGNM, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 6, exp. 559.
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Cabe la posibilidad de que esta fuese la expedición formada por dos embarcaciones en convoy que hemos mencionado antes, la última que daría comienzo en 1817. Podemos arriesgarnos a esta afirmación a raíz de la fecha de entrada en San Blas del siguiente navío que partió de Filipinas en 1817, que fue el Santa Rita (Mercante) una vez más. Entró en dicho puerto el 11 de diciembre, dos semanas antes de que el Victoria (Manileña) lo hiciese en Acapulco, tiempo más que suficiente para que hubiesen llegado ambas con pocos días de diferencia al puerto de Nayarit, lo que vendría motivado por su partida conjunta desde Filipinas, tal vez dirigiéndose una a cada puerto para no saturar sus respectivos mercados. De su regreso a las islas desde Acapulco en su anterior viaje, iniciado en marzo de 1817, habría llegado a Manila más o menos en junio o julio, lo que habría dado tiempo a preparar una nueva travesía, que habría sido la iniciada junto al Victoria (Manileña). El registro para esta ocasión estuvo formado por 1 624 bultos, por un valor general de 126 196 pesos.30 Conocemos que partió de regreso hacia el archipiélago el 6 de junio de 1819 junto con el Nuestra Señora del Carmen, pero no disponemos del resto de información sobre el viaje de retorno del Santa Rita (Mercante). Así pues, en las cuatro expediciones que partieron de Manila durante 1817 se despacharon hacia la Nueva España más o menos 7169 piezas de géneros, que representan un total de 742 829 pesos. Recordemos que el permiso otorgado tras la supresión del Galeón fue de medio millón de pesos, y esta cantidad lo sobrepasa casi en un 50 por ciento. Quizás se hiciese de esta forma añadiendo a este año el registro no utilizado en 1816, pues en la travesía conjunta del Santa Rita (Mercante) y del Feliz (Emprendedor) solo se mandaron géneros por valor de 250 000 pesos. El Nuestra Señora del Carmen, al haber partido apenas a los cuatro días de haber comenzado el nuevo año, tal vez se tratase de un registro preparado para el año anterior, con lo que quedaría un resultado balanceado de cerca de los fijados 500 000 pesos de registro anuales. En cualquier caso estos dos años se saldaron con buenas perspectivas, al menos en cuanto a remesas se refiere, pues se mantiene el nivel de comercio de años anteriores (anteriores a 1810-1815, se entiende). En lo que respecta a los retornos, ya anunciamos también la falta de datos que en muchas ocasiones ocurren para este período. Debemos señalar también la alternancia en los destinos de las naves: las sucesivas partidas desde Manila fueron planeadas combinando los puertos de la Nueva España, sin que llegasen dos partidas seguidas a ninguno de los dos. Esto quizá se hizo para evitar saturaciones en los mercado de los puertos y ciudades aledañas. Los viajes que comenzaron en 1818 fueron solamente dos. El primero de ellos es el del María, que habiendo llegado de Acapulco de su anterior expedición el 2 de junio de 1818, partió de nuevo y con el mismo destino el 15 de agosto siguiente. En esta ocasión cargó con un total de 1405 piezas, valoradas en 85 968 pesos.31 Llegó a Acapulco el 18 de noviembre de 1818, y partió de regreso a las islas el 20 de marzo del año siguiente llevando un total de 137 823 pesos de los interesados en su cargamento.32 30
AGNM, Filipinas, vols. 43 y 49. AGNM, Marina, vol. 282. 32 AGNM, Filipinas, vols. 43, 49 y 60; Marina, vol. 282; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 728, exp. 14. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 2. 31
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La segunda nave que partió de Manila con destino a la Nueva España durante 1818 fue el Paz,33 que lo hizo el 23 de diciembre. Existen algunas dudas sobre su carga, de la que por ahora desconocemos el número de piezas que la formaban. En el estadillo sobre el movimiento portuario de Manila para 1818 que hemos consultado aparece que esta embarcación partió con un total de géneros por valor de 304 708 pesos, lo que nos daría una cifra aproximada de bultos registrados de 2753, comparado con la anterior expedición partida en dicho año.34 Ahora bien, según otro documento de la aduana de Acapulco, la carga de este barco pagó por derecho de avería del 2,5 por ciento un total de 12 643 pesos,35 que tendría que provenir de un registro de 505 720 pesos. Como por lo general los bienes que se intentaban introducir en la Nueva España de contrabando nunca se detectaban en Manila, y si eran encontrados era en los puertos novohispanos, nos inclinamos a confiar más en esta segunda fuente que en la primera. En cualquier caso, el Paz llegó a Acapulco a finales de julio o principios de agosto de 1819, y partió de regreso a Filipinas a principios del año siguiente llevando un corto cargamento de 40 936 pesos.36 Recapitulando entonces, durante el año 1818 partieron de Manila estas dos embarcaciones con destino a Acapulco. Entre ambas transportaron géneros por valor de 661 245 pesos, divididos en cerca de 4500 piezas. Aunque, recordemos, los valores que hemos proporcionado para el registro del Paz deben ser considerados como aproximados. En cualquier caso, como mínimo se habría enviado una cantidad superior incluso al permiso otorgado de 500 000 pesos, lo que indica, cuanto menos, un mantenimiento de los niveles que hemos ido viendo hasta ahora. En cuanto a los retornos, estos sí que sufren un fuerte descenso, alcanzando solamente la cifra entre ambas partidas de 178 759 pesos, lo que representa una mínima parte del caudal invertido. En 1819 partieron de Filipinas hacia la Nueva España otros dos navíos, uno a San Blas y otro a Acapulco. El primero de ellos fue el Feliz (Emprendedor), que había regresado de América en octubre de 1818, e iniciaba su nuevo viaje hacia aquel continente el 18 de enero del año siguiente. Cabe la posibilidad de que esta expedición diese comienzo unas semanas antes, en diciembre de 1818, según parte de la documentación consultada.37 Ahora bien, según la otra parte, sería en la fecha que hemos señalado cuando tendría lugar la partida. En cualquier caso, este registro fue corto, de tan solo 76 586 pesos, repartidos entre 719 piezas, lo que no supone una grave alteración entre los totales de carga de ninguno de los dos años. Esta nave llegó a San Blas el 23 de abril de 1819, y hasta ahí llega la información de la que disponemos sobre esta expedición.38
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Puede ser que el nombre completo de esta nave sea Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje, según un documento localizado en AGNM, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394, exp. 6. No obstante, es la única ocasión en que la encontramos referida así. 34 BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 2. 35 AGNM, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394, exp. 6 36 AGNM, Filipinas, vols. 49 y 60; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394, exp. 6. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 2. 37 BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 2. 38 AGNM, Filipinas, vol. 49; Marina, vol. 282. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, p. 2.
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La otra nave que partió en este año desde Filipinas con destino América fue el San Juan (Espina), que lo hizo el día 23 de agosto. Según su registro oficial firmado en Manila,39 esta embarcación partió de las islas con una carga de tan solo 920 piezas, que en total valían 103 023 pesos. Ahora bien, nos encontramos en esta ocasión con la misma situación que con la expedición del Paz de 1818: la documentación de la Aduana de Acapulco, adonde llegó el 17 de noviembre, indica que su carga fue considerablemente mayor.40 Conocemos que el total llevado por ambos navíos, el Paz y el Feliz (Emprendedor), al puerto de Acapulco fue de 961 913 pesos. Si ya vimos cómo el Paz había remitido sus 505 720 pesos, el registro completo del Feliz (Emprendedor) fue por lo tanto de 456 193 pesos, lo que vendría a mantenerlo dentro de la línea habitual de cerca de 500 000 pesos al año remitidos desde Filipinas a la Nueva España. En cualquier caso, un cargamento que no daría los resultados apetecidos, pues a su regreso al archipiélago, que por ahora ignoramos cuándo tuvo lugar, solo llevó una partida de 179 719 pesos.41 Como hemos visto, para el año de 1819 se remitieron desde Manila un total de géneros por valor de 532 779 pesos, repartidos en casi 2 500 piezas. Esta cifra mantiene los niveles de comercio al menos para las remesas desde Filipinas, pues los retornos son más bien escasos: el San Juan (Espina) transportó menos de 200 000 pesos, y desconocemos por ahora la cantidad llevada por el Feliz (Emprendedor) desde San Blas. Ya en 1820, sabemos que partieron del archipiélago cuatro navíos, organizados, en principio, en tres expediciones. Ahora bien, debemos destacar para este año la escasez de fuentes localizadas. El primero en partir fue, una vez más, el Feliz (Emprendedor), recién llegado de su expedición del año anterior. Ignoramos la fecha exacta en que partió de San Blas en su retorno al archipiélago, pero debería haber sido, como muy tarde, en agosto, para que le diese tiempo suficiente a llegar a Manila, descargar y volver a embarcar géneros, para así partir como lo hizo a mediados de enero de 1820. Llevó un registro semejante al de su anterior expedición, de tan solo 78 280 pesos repartidos en 739 fardos. Llegó sin mayores contratiempos a Acapulco el 20 de mayo siguiente, y partió de regreso a las islas el 22 de julio, llegando a su capital el 8 de octubre, aunque por ahora desconocemos el importe de su registro de retorno o el valor de los caudales embarcados hacia el archipiélago.42 Creemos que la siguiente expedición que partió de Manila fue una conjunta de los navíos Paz43 y María.44 Ambas embarcaciones habrían tenido tiempo más que suficiente de regresar desde Acapulco de sus viajes iniciados en 1818, y habrían partido juntas a mediados de mayo de 1820 hacia la Nueva España otra vez. Creemos que fue así porque
39
AGNM, Marina, vol. 282. AGNM, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394, exp. 6. 41 AGNM, Filipinas, vols. 49 y 60; Marina, vol. 282; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394, exp. 6. 42 AGNM, Marina, vol. 282. AGI, Correos, vol. 353B. 43 La información sobre el Paz la hemos localizado en AGNM, Filipinas, vol. 49; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 728, exp. 14. AGI, Correos, vol. 353B. 44 En cuanto a la travesía del María, hemos consultado los datos que aparecen en AGNM, Filipinas, vol. 49; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 594, exp. 15. AGI, Correos, vol. 353B. 40
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la llegada del María a Acapulco fue el 1 de septiembre de dicho año, y la entrada del Paz a San Blas se efectuó en ese mismo mes. Si hubiesen partido separadas desde Manila habría sido con menos de dos semanas de diferencia, con lo que consideramos que tiene más sentido que hiciesen la travesía en convoy. Desconocemos por completo, eso sí, el registro que llevaban, así como los interesados en el mismo. Lo que sí que sabemos es que el viaje de retorno del María desde San Blas comenzó el 15 de enero de 1821, y que para el mismo cargó con destino a Manila, adonde llegó el 4 de abril siguiente, con 238 096 pesos de los comerciantes filipinos, siendo este el único registro de caudales de retorno que hemos conseguido encontrar de los iniciados desde el puerto de Nayarit. El retorno desde Acapulco del Paz fue un poco posterior, dando comienzo el 3 de marzo de 1821, en esta ocasión en compañía del Nuestra Señora del Carmen. El primero de los dos llevó un cargamento de 50 926 pesos, en la línea de los anteriores retornos desde el puerto novohispano, que llegaron sin contratiempos a Manila el 3 de mayo de 1821. El Nuestra Señora del Carmen habría iniciado su travesía del Pacífico a finales de agosto o a lo largo de septiembre de 1820, pues sabemos que llegó al puerto de Acapulco el 6 de diciembre de dicho año. En cualquier caso, esto es casi todo lo que conocemos de la expedición, pues ignoramos su carga y el reparto de la misma entre los comerciantes filipinos. Ya hemos mencionado que partió de regreso a las islas en compañía del Paz, llevando un cargamento de 17 436 pesos de parte del Comercio de Manila. El 29 de abril de 1821 ya se encontraba en la capital filipina.45 Puede que estas dos partidas tan escasas en el retorno a las islas se debiesen a la requisa que hizo Iturbide de los caudales que iban de la Ciudad de México a Acapulco fruto del comercio con Manila. Así pues, y para todo el año de 1820, conocemos que partieron de Manila cuatro navíos, tres a Acapulco y uno a San Blas. Solo conocemos el registro de uno de ellos, de menos de 80 000 pesos. No obstante, y viendo las líneas generales que han seguido los envíos desde las islas, podemos llegar a pensar que entre los otros tres cargamentos se llegaría a cerca del medio millón de pesos si cada navío hubiese llevado entre 100 000 y 150 000 pesos, como hasta entonces había ido ocurriendo. Por otra parte, y pese a que desconocemos el cargamento de regreso a las islas del Feliz (Emprendedor), es este dato el que sí que conocemos de los demás bajeles, que suman en envíos desde los puertos novohispanos un total de 306 458 pesos. Debido a que gran parte de esta cantidad tuvo su origen en San Blas, y teniendo en cuenta que no conocemos ningún otro registro que tuviese como procedencia dicho puerto, podríamos llegar a plantearnos la idea de que el mayor volumen del comercio transpacífico se estuviese desplazando hacia el norte. Hemos visto cómo desde al menos dos años antes las remesas de caudales desde Acapulco fueron muy bajas, y podría ser que el mantenimiento de la línea comercial fuese debido al mayor aporte hecho desde San Blas, más que el de Acapulco. Por otra parte, y como veremos después, debemos añadir el secuestro de una considerable cantidad de moneda perteneciente a los comerciantes filipinos que iba dirigida para su embarque hacia las islas. 45
353B.
AGNM, Marina, vol. 282; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 728, exp. 14. AGI, Correos, vol.
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Si para el año 1820 las fuentes existentes son muy escasas, para el año 1821 son mínimas. De hecho, solo hemos conseguido localizar un documento que aporta algo de luz al respecto.46 No obstante, este documento nos permite saber que en este año partieron de Manila hacia Acapulco y entraron en dicho puerto dos embarcaciones, la Nuestra Señora de Atocha y la Snipe, cargando la primera con un registro valorado en 675 867 pesos y la segunda en 49 836 pesos, lo que hace un total entre ambas de 725 703 pesos. No sabemos quiénes fueron los interesados en esta carga, ni su composición, y tampoco conocemos las fechas de partidas y llegadas a los puertos, así como también ignoramos el valor de sus viajes de retorno a las islas. Son muchas las dudas acerca del comercio de este año, pero sí que nos permiten mantener nuestro planteamiento de una continuación del tráfico entre Filipinas y la Nueva España en unos niveles estables a lo largo de estos años postGaleón que hemos ido viendo. Al enviar casi 750 000 pesos en dos embarcaciones, cobra fuerza también la suposición que hemos planteado antes de que durante 1820 se podrían haber enviado desde Filipinas cerca del medio millón del límite del permiso, pese a que no sabemos con exactitud cuáles fueron los registros de tres de las cuatro embarcaciones que realizaron la travesía. Cuadro 4. Navíos en la Ruta del Galeón de Manila y valores registrados, 1816-1821. AÑO 1816
1817
1818 1819
1820
1821
NAVÍO Santa Rita (Mercante) Feliz (Emprendedor) N. S. Carmen María San Ruperto (Aventurero) Victoria (Manileña) Santa Rita (Mercante) María N. S. Carmen Feliz (Emprendedor) San Juan (Espina) Feliz (Emprendedor) María Paz N. S. Carmen N. S. Atocha Snipe
DESTINO
PIEZAS
Acapulco 1.305 Acapulco 666 San Blas 1.931 Acapulco 1.400 San Blas 432 Acapulco 1.782 San Blas 1.624 Acapulco 1.405 Acapulco 3.000 San Blas 1.171 Acapulco 920 Acapulco 739 San Blas Acapulco Acapulco Acapulco Acapulco TOTAL 16.375
VALOR CARGA FIL.-N.E. 140.549 71.731 216.547 156.959 35.342 207.785 126.196 155.525 505.720 76.586 456.193 78.280
VALOR CARGA N.E.-FIL. 66.000 120.384 235.772 337.775 137.823 40.936 179.719 238.096 50.926 17.436
675.867 49.836 2.953.116
1.424.867
Fuente: AGNM, Filipinas, vols. 25, 43, 47, 49 y 60; Marina, vols. 173, 214 y 282; Indiferente Virreinal, vol. 3553, exp. 10; Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394, exp. 6; vol. 594, exp. 15 y vol. 728, exp. 14. BNE, Fondo Antiguo, R/3107, Yslas Filipinas, Manila, Año de MDCCCXVIII, pp. 1-2. Elaboración propia.
46
AGNM, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 728, exp. 14.
LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL GALEÓN DE MANILA, 1816-1821
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Fue 1821 el último año en que se produjeron expediciones comerciales desde Filipinas a México. La explicación dada para este final tan abrupto se ha atribuido a la captura por parte de Iturbide de los caudales destinados a Manila fruto del comercio con Acapulco. Varios autores han escrito sobre este asunto. El primero en hablar sobre esta captura es Alessio Robles, quien adelanta la fecha del suceso hasta 1820. Menciona que fue Iturbide el que «se apoderó del importe de las mercancías del galeón y por esta causa se suspendieron los viajes».47 Según este autor, dos años después llegó a Acapulco el Feliz (Emprendedor) para reclamar el dinero que el comandante se llevó, sin resultado. Este autor no da el nombre del navío ni el total del dinero requisado, ni tampoco ofrece referencia alguna a la documentación de la que tomó esta información, pese a la importancia capital que da a este suceso como motivo último por el cual se suspendieron estos viajes. Otra referencia que encontramos es la que hace Bernal.48 Este autor toma la información de una carta del marqués de la Gironière,49 quien afirmaba que su esposa (marquesa viuda de Salinas, título que la emparenta de forma directa con la familia de cargadores Tagle), había perdido toda su fortuna con la requisa que hizo Iturbide de los pesos destinados a Manila. Afirmaba también este explorador francés afincado en Filipinas que la conducta iba dirigida a San Blas, no a Acapulco, y que la ruina que esta requisa ocasionó en Manila hizo que muchos comerciantes se viesen forzados a permanecer allí, teniendo que dedicarse a otros negocios. A este historiador hace referencia más tarde Castellanos Escudier, cuando afirma que Iturbide «requisa los fondos pertenecientes a la hacienda del archipiélago, fondos que los representantes por Manila intentaron recuperar sin conseguirlo […] y también [a los] residentes en Manila le son decomisados sus bienes en pro de la independencia de mejicana».50 Este asunto vuelve a aparecer mencionado en el libro de Valdés Lakowsky. La historiadora, que ofrece referencias documentales y bibliográficas en su estudio, afirma que fue Iturbide quien «inició la deuda pública de México al tomar la conducta de Manila en febrero de 1821».51 Establece que el comandante tomó de los comerciantes filipinos 525 000 pesos. La autora hace mención también del trabajo de Bazant, quien en su monografía sobre la deuda exterior de México dice que Iturbide se apoderó de 525 000 pesos propiedad de los comerciantes españoles de las islas Filipinas, lo que, para él, fue el motivo que hizo triunfar la independencia de forma rápida.52
47
ALESSIO ROBLES, 1948, p. 99. BERNAL, 1965, pp. 101-102. 49 Paul Proust de la Gironière, explorador y aventurero francés, recaló en Filipinas y allí permaneció un largo tiempo. Fruto de su estancia en las islas escribió un libro publicado en 1853, Vingt années aux Philippines. Nosotros hemos consultado la versión en inglés, revisada y extendida por el autor, Twenty Years in the Philippines, 1854. 50 CASTELLANOS ESCUDIER, 1999, pp. 185. 51 VALDÉS LAKOWSKY, 1987, p. 289. 52 BAZANT, 1968, pp. 23-26. 48
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Valdés Lakowsky se arriesga a conjeturar sobre el navío al que se dirigiría esta conducta de plata. Afirma que probablemente se tratase de la nave Santa Rita (Mercante), que habría entrado en San Blas el 25 de octubre de 1820.53 Ahora bien, esta autora para ese año solo recoge, tal y como vimos en el Cuadro 2, la expedición del Paz. Por otra parte, y tal y como hemos dicho al hablar de los viajes efectuados en dicho año, no hemos localizado documentación alguna que confirme una travesía de esta embarcación, siendo la última que realizó la de 1817 a San Blas. Y ya para acabar, Alessio Robles asegura que la toma de estos caudales tuvo lugar en Chilpancingo, que se encuentra en el camino de la Ciudad de México a Acapulco, a no mucha distancia de esta última ciudad, con lo que el dinero no estaría destinado a un navío anclado en San Blas sino en este otro puerto. De tratarse de una embarcación detenida en el puerto de Nayarit, podría haber sido el María, que había fondeado en aquel lugar en septiembre de 1820, aunque, como ya vimos, partió de regreso a Filipinas el 15 de enero siguiente, con lo que cuando tuvo lugar la acción de Iturbide ya no tendría sentido que la plata fuese de camino a San Blas, pues el María fue el último navío que llegó de Manila a dicho puerto. Así pues, es más factible que la captura de las divisas fuese cuando se dirigían a Acapulco, donde en aquel momento se encontraban anclados el Feliz (Emprendedor), el Paz y el Nuestra Señora del Carmen. Legarda también hace mención de este asunto, haciendo referencia tanto a Alessio Robles como a Valdés Lakowsky, profundizando un poco más de lo que hizo Bernal en los textos de Paul Proust de la Gironière, y llevando las consecuencias de la requisa a cierto extremo. Relata que «en febrero de 1821 Iturbide se apoderó en Chilpancingo de la fragata filipina Santa Rita mientras esta se dirigía a San Blas»,54 aunque Chilpancingo está tierra adentro y a mucha distancia del camino que llega a San Blas. Comenta el viaje del Feliz (Emprendedor) en reclamo de la plata, que se llevó a cabo sin resultado, del que dice, siguiendo a Gironière, que el monto total ascendía a de cerca de 6 000 000 de pesos fuertes, una exageración comprensible viendo que el marqués se veía afectado directamente, pues nunca galeón alguno llevó semejante cantidad de moneda. Eso sí, pasa después a hacer referencia a los datos aportados por Valdés Lakowsky, estableciendo un cálculo aproximado de 525 000 pesos para el valor total de la requisa. No obstante, y al igual que los tres primeros autores a los que hemos hecho referencia, Legarda duda de que la deuda llegase a ser cobrada por parte de los comerciantes filipinos. Ahora bien, Legarda llega a afirmar que de la captura de esta remesa destinada a Manila por parte de Iturbide se derivó la ruina del Comercio de Manila. No estamos de acuerdo con esta afirmación, pues un cuerpo comercial como el de los cargadores filipinos no se podía arruinar completamente por sufrir la pérdida de medio millón de pesos. En ocasiones se produjo la pérdida de un Galeón, tanto a la ida hacia Acapulco como a la vuelta, y pérdidas de incluso más valor no afectaron en gran medida a las expediciones de años posteriores, manteniéndose los envíos sin interrupción. Además, en 1821 ya hemos visto que llegaron al puerto mexicano dos embarcaciones con géneros por valor
53 54
VALDÉS LAKOWSKY, 1987, p. 289. LEGARDA, 2002, p. 128.
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de más de cerca de 725 000 pesos, que habrían resarcido con sus ventas la pérdida sufrida a manos de Iturbide. A los dos últimos autores hace mención Permanyer Ugartemendia al hablar del cambio en los vínculos transpacíficos que se produjo tras el fin del Galeón. Afirma que la toma de Iturbide en febrero de 1821 de los 525 000 pesos del comercio de Manila de la fragata Santa Rita dirigida a San Blas, afectaría gravemente a varios comerciantes y a algunas firmas comerciales filipinas, a lo que, además, habría que añadir la prohibición establecida impuesta en 1820 a los españoles del resto del imperio de comerciar entre los territorios de la monarquía y las antiguas colonias ahora independientes o en estado de insurrección.55 Eso sí, para el tráfico con México esta norma no se aplicaría hasta finales de 1821. De esta forma, como podemos apreciar, la captura por parte de Iturbide de parte de la plata destinada a Filipinas ha sido tratada por varios autores pero no se ha llegado a un consenso entre las diferentes aportaciones. De todos los planteamientos vistos, consideramos que el más aproximado a la realidad es el de Valdés Lakowsky, que es la única investigadora que aporta referencias documentales fidedignas a su estudio. En cualquier caso, y con las menciones que hemos hecho a sus planteamientos, podemos concluir que este suceso, que merecería un estudio más profundo que aclarase las incongruencias vistas en las diferentes aproximaciones al asunto, sí que supuso un contratiempo para la negociación entre Manila y México, pero que no fue más allá de lo que suponía la antigua pérdida de un Galeón anual.
A MODO DE CONCLUSIÓN Derivadas de lo que hemos ido viendo en estas páginas podemos extraer algunas conclusiones importantes. En primer lugar, debemos señalar el elevado número de navíos de registro que partieron de Filipinas hacia la Nueva España durante este breve período. En tan solo seis años se despacharon diecisiete naves. Del navío anual tradicional se pasó a un mínimo de dos, siendo el máximo registrado en un año el de cinco embarcaciones. Los comerciantes filipinos aprovecharon al máximo el permiso otorgado para no limitar su tráfico a una única Nao, dividiendo cargas y riesgos entre varias. También debemos destacar la manifiesta continuidad con el tráfico tradicional del Galeón en lo tocante al destino de las embarcaciones. Si bien es cierto que cinco de las diecisiete expediciones recalaron en San Blas, parece ser que el puerto preferido para llevar los géneros asiáticos continuaba siendo Acapulco. Esto implica, eso sí, cierto grado de apertura y cambio en el comercio de la Nao, dejando participar en gran medida a los comerciantes del Consulado de Guadalajara en la negociación transpacífica, tanto tiempo perseguida por estos últimos. En cualquier caso, fueron mercancías por valor de 454 671 pesos las que se remitieron a San Blas, y el resto, casi dos millones y medio de pesos, los enviados a Acapulco, lo que vendría a confirmar la preeminencia de este último sobre el primero en el tráfico con Manila.
55
PERMANYER UGARTEMENDIA, 2013, pp. 167-168.
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Pero es, sin lugar a dudas, en los niveles de comercio a nivel general donde más se puede apreciar esta continuidad con el Galeón de Manila. En seis años, y a falta de datos relativos a tres de los registros despachados en 1820, se remitieron de la capital filipina a los puertos de Acapulco y San Blas un total de mercancías valoradas en 2 953 116 pesos, lo que indica que de media se envió anualmente como poco el máximo del permiso de comercio asignado en la Real Cédula de disolución de la Nao de 1813. Partiendo de esta base de medio millón de pesos anuales asignados oficialmente, todos los años se transportaron géneros por encima de dicho tope. Estos productos continuaron siendo chinos e indios, con una muy escasa cantidad de producciones filipinas, y los comerciantes interesados fueron también los mismos que desde hacía años venían registrando sus consignaciones a la Nueva España. Ahora bien, los retornos a Filipinas ya no siguieron con la tónica pasada. Los envíos desde Manila fueron de casi tres millones de pesos, pero los retornos en los años fueron de 1 424 867 pesos, más o menos la mitad del valor de los géneros remitidos. Somos conscientes de que carecemos de información válida para casi la mitad de los viajes de regreso, y más conscientes todavía de que los viajes desde San Blas hacia Manila son una incógnita. En cualquier caso, y siguiendo la relación establecida entre las remesas y los retornos conocidos en base a las cantidades medias de los totales, podríamos llegar a suponer que el total de los caudales que se remitieron de la Nueva España a Filipinas fue de cerca de dos millones y medio de pesos, lo que no llegaría ni a cubrir el valor de las facturas de géneros. Podrían darse varias explicaciones para este fenómeno. Por un lado, podría ser que el comercio transpacífico entre las dos colonias ya no produjese beneficios, simple y llanamente, cosa que no encontramos lógica, puesto que un negocio que no da ganancias desaparece al poco tiempo, lo que no sucedió con este. Además, si no produjese los beneficios esperados, los comerciantes de Manila habrían ido disminuyendo sus remesas progresivamente hasta hacerlas desaparecer, y esto tampoco sucede, sino que cada año se enviaron registros por un valor similar. O podrían haber buscado mercados alternativos al de la Nueva España, cosa que, en principio, tampoco sucedió. Por otro lado, podríamos encontrarnos ante la situación de que los caudales obtenidos con las ventas de géneros, por alguna razón, no se remitiesen a Filipinas, sino que permaneciesen en el virreinato. Esta situación sería posible si la insurgencia presente en la región costera de la zona de Acapulco, que utilizaba el método de la guerra de guerrillas, impidiese por completo los envíos seguros desde la Ciudad de México al puerto, para que de allí pudiesen ser remitidos a Manila. Uno de los focos principales del mantenimiento de la rebelión fue el actual estado de Guerrero,56 a través del cual iba el camino que transitaban las recuas de mulas con los géneros asiáticos y la plata amonedada desde y hacia Acapulco. Una de las tácticas utilizadas fue el asalto a los convoyes, y ante el peligro de estos sucesos tal vez los consignatarios de los registros enviados desde Manila decidiesen mantener la plata a resguardo en la capital, aunque tampoco lo consideramos muy probable.
56
GUARDINO, 2001, pp. 87-132.
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A esta situación debemos añadir la confiscación que hizo Iturbide de la plata para Manila. Esta remesa habría hecho que el total de retornos partidos desde Acapulco y San Blas de las expediciones iniciadas en 1820 ascendiera hasta casi los 820 000 pesos. A esta cantidad habría que añadir lo transportado por el Feliz (Emprendedor), con lo que seguramente para los retornos de 1820 se habría obtenido el millón de pesos máximo establecido, lo que pondría de relieve una vez más la continuidad del tráfico transpacífico tradicional del Galeón de Manila. Aunque los sucesos acaecidos durante la Guerra de Independencia de México impidieron estos buenos resultados, y la falta de documentación no nos permite en este aspecto ir más allá de la mera suposición. No obstante, un estudio en profundidad de todos estos aspectos, aunque más en concreto de la toma de Iturbide, pondría de relieve y podría solucionar algunos de estos interrogantes que estamos dejando abiertos. También se podría atribuir este fenómeno a que las ventas no se efectuasen nada más llegar los navíos, como sucedía en la feria de Acapulco con la llegada del Galeón, sino que los géneros permaneciesen por algún tiempo en los puertos o las ciudades para venderse poco a poco, por lo que los beneficios de su venta no se podrían remitir sino hasta más adelante. No confiamos mucho en este último planteamiento, pues si hubiese sucedido así, pese a que en los primeros años se habrían producido unas bajas remesas, en los años posteriores debería haberse notado un incremento, lo que no ocurre tampoco. Otra explicación que podríamos ofrecer es que el volumen principal del tráfico transpacífico se hubiese ido trasladando hacia el norte, hacia San Blas y el Consulado de Guadalajara. La falta casi total de registros de salida hacia Filipinas con origen en el puerto de Nayarit impide que nos hagamos una idea aproximada de la realidad del momento. Que la única cifra de este grupo que conozcamos sea el segundo envío más alto de los que partieron de la Nueva España podría hacernos pensar que fue con las ventas en San Blas donde se obtuvieron los mayores beneficios de este tráfico, dando de esta forma pie, sin llegar al extremo de la postura de Valdés Lakowsky, de que fue gracias a los compradores de Guadalajara que se pudo mantener este comercio post-Galeón. Las dos últimas remesas de géneros hechas desde Manila a Acapulco fueron las del Nuestra Señora de Atocha y del Snipe, por un valor considerablemente elevado. En 1821 acabó el comercio entre Filipinas y México, aunque consideramos que no fue por el hecho de la captura de los caudales de los comerciantes, como algunos han querido ver, sino simplemente por el decreto de prohibición de comerciar con las antiguas colonias ahora independientes, que para México entraría en vigor a partir de 1822. Más adelante, como plantea Permanyer Ugartemendia,57 a partir de 1830, estas relaciones comerciales se retomarían partiendo de cero, sin utilizar los contactos previos creados con las décadas de comercio del Galeón de Manila. Vemos así pues un corte brusco en las relaciones comerciales entre Filipinas y la Nueva España. Las redes establecidas en torno al antiguo comercio del Galeón y al nuevo comercio en navíos privados, si no llegaron a desaparecer, sí que al menos entraron en un estado de letargo motivado por la prohibición de comerciar con el nuevo estado mexicano. De esta forma, el abandono durante casi diez
57
PERMANYER UGARTEMENDIA, 2013, pp. 167-168.
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años de todo contacto entre los antiguos compradores y vendedores haría que para la década de 1830, cuando el comercio entre la colonia asiática y la antigua colonia americana se retomase, se tuviese que hacer partiendo de cero, sin que los antiguos cargadores del Galeón o los interesados en el comercio post-Galeón participasen en esta nueva etapa.
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Procesos de mestizaje e integración
Los «indios chinos» en la costa novohispana de la Mar del Sur. Origen, establecimiento e inserción social Paulina MACHUCA El Colegio de Michoacán
INTRODUCCIÓN Hace algunos años inicié una investigación sobre la presencia de «indios chinos» en Colima, una provincia marítima enclavada en el occidente de la Nueva España. Me interesaba saber por qué precisamente allí se había creado la figura del «alcalde de los chinos» durante la primera mitad del siglo XVII.1 Para entonces, el fenómeno de la inmigración asiática a la Nueva España se había trabajado de manera indirecta, más como mera curiosidad histórica que como un verdadero fenómeno sociocultural que impactó de manera significativa algunas poblaciones novohispanas, especialmente en la franja costera del océano Pacífico.2 Recientes pesquisas han visto la luz, siendo pionera la tesis doctoral de Déborah Oropeza, la cual nos presentó un panorama general de las características que tuvo este fenómeno migratorio, así como la herencia cultural que este sector legó a la sociedad novohispana.3 Tatiana Seijas puso especial interés en los «indios chinos» esclavos en la ciudad de México, mientras que Matthew Furlong volteó la mirada hacia los asiáticos en la llamada Costa Grande —actual estado de Guerrero—, sin perder de vista otras regiones como el occidente y el centro de la Nueva España.4 Paralelamente a dichas investigaciones, fuimos siguiendo la pista de los «indios chinos» relacionados con la producción de vino de cocos, bebida de raigambre filipina, así como el impacto del Galeón de Manila en las sociedades de la Mar del Sur.5 ¿Por qué 1
MACHUCA, 2009, pp. 95-115. Importantes trabajos al respecto son los de AGUIRRE BELTRÁN, 1981; ISRAEL, 1980 y GONZÁLEZ CLAVERÁN, 1989, pp. 523-532. 3 OROPEZA, 2007; OROPEZA, 2011, pp. 5-57. 4 SEIJAS, 2014; FURLONG, 2010, pp. 1-17; FURLONG, 2014. Agradecemos al autor el envío de este trabajo. 5 MACHUCA, 2015, pp. 121-137; MACHUCA, 2014, pp. 247-267; MACHUCA, CARRANO y HERNÁNDEZ LÓPEZ, 2013, pp. 71-99; MACHUCA, 2012, pp. 77-134; MACHUCA y CALVO, 2012, pp. 53-72. 2
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enfocarnos en la Mar del Sur? Porque es allí donde la herencia cultural de raigambre asiática, y más particularmente filipina, dejó una huella que pervive hasta nuestros días, evidente en el tipo de plantaciones, en la gastronomía, en la arquitectura. Después de todo, se trata de espacios tropicales similares a los del archipiélago filipino y otros lugares del Sudeste de Asia y el Océano Índico. Nos inclinamos a considerar que, a diferencia de los «indios chinos» establecidos en la ciudad de México y otras ciudades y villas de su alrededor, fue en la franja del Pacífico novohispano donde este migrante logró un mayor nivel de compenetración y reconocimiento social, precisamente porque sus habilidades agrícolas y marineras le permitieron desarrollarse con mayor desenvolvimiento. Así, durante los años dedicados al tema, fuimos elaborando un corpus de todos aquellos «indios chinos» que encontrábamos en los documentos, de quienes fue posible saber sus nombres, el lugar de residencia, sus alianzas matrimoniales y, en ocasiones, los oficios que desempeñaron. Con ello, logramos realizar un registro de 184 individuos que ahora damos a conocer en el Apéndice 1. Las fuentes provienen en su mayor parte del Archivo Histórico del Municipio de Colima (en adelante AHMC) y el Archivo Histórico del Estado de Colima (en adelante AHEC); en menor medida localizamos algunas referencias en el Archivo Histórico del Beaterio de Colima (en adelante AHBC), el Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara (en adelante ARAG), el Archivo General de la Nación en México (en adelante AGN) y el Archivo General de Indias (en adelante AGI).6 ¿Cuál es el alcance de este corpus? Si tomamos en cuenta las cifras macro que sugieren que en la Nueva España habrían ingresado alrededor de 7200 «indios chinos» en el periodo comprendido entre 1565 y 1700, de los cuales cerca de 5000 se habrían quedado de forma permanente en territorio novohispano,7 nuestra información aquí brindada podría parecer pobre, pues apenas se trata de una muestra inferior al 4 por ciento. Sin embargo, si aclaramos que la mayoría de esos 5000 individuos permanecieron anónimos, consideramos que vale la pena recuperar esas «vidas minúsculas», seguirles la pista y poner en evidencia el rol que desempeñaron en una sociedad ajena, distante y nueva para ellos. Dividimos el texto en cuatro apartados. En el primero de ellos abordamos la procedencia de los «indios chinos» que arribaron a la Nueva España, haciendo énfasis en aquellos que se quedaron a residir en la Mar del Sur. Enseguida analizamos las características de los asentamientos de «indios chinos» en dicha zona costera, identificando los núcleos principales. En tercer lugar, estudiamos su inserción sociocultural mediante los oficios que desempeñaron así como las alianzas matrimoniales que establecieron con las diferentes castas locales. Finalmente, dedicamos la última parte al tema de la esclavitud asiática, ya que por la diferencia de status jurídico tuvo características distintas a la inmigración de los «indios chinos» libres.
6
De gran apoyo para la elaboración de este corpus fueron los apéndices presentados por OROPEZA en su tesis «Los ‘indios chinos’ en la Nueva España», Apéndice 4, pp. 254-260, especialmente la zona de la alcaldía mayor de Zacatula y el pueblo aledaño de Coyuca. Desde luego, este corpus irá aumentando conforme investigaciones futuras; cf. FURLONG, 2014. 7 OROPEZA, 2007, p. 188.
Mapa 5. Lugares de procedencia de los «indios chinos» en la Nueva España.
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LA PROCEDENCIA Consideraciones generales Hemos insistido en otros trabajos que detrás del concepto de «indios chinos», acuñado en la Nueva España para designar a los asiáticos provenientes del Galeón de Manila que desembarcaban en el puerto de Acapulco, se escondía toda una diversidad étnica procedente del noreste y sureste de Asia, la India y el este africano. Un análisis en profundidad nos permite identificar que los «indios chinos» de Filipinas —el grupo más numeroso— eran originarios de muy diversas partes del archipiélago, especialmente de las regiones de Luzón y las Visayas, y en menor medida, de Mindanao. Por ello, el análisis de los nombres constituye un valioso indicio sobre la procedencia, que en muchas ocasiones localizamos en el apellido, como en Andrés Malate y Pedro Pampango. Pero al no ser esta una práctica sistemática en la información, es decir, el revelar el origen del «indio chino» mediante su apellido, no nos arriesgamos a estimar porcentajes de procedencias pues habría sesgos evidentes que confundirían más que ayudarían a comprender el fenómeno migratorio. Lo que sí podemos hacer es identificar a tres grandes grupos: a) los oriundos de Filipinas, China y Japón,8 b) los de otros países del sudeste asiático, entre ellos Borneo, Indonesia, Malasia y Tailandia (Siam), y c) los del llamado Estado da India, con mayoría de esclavos oriundos de la India y el actual Pakistán, así como africanos de Angola, Congo y Mozambique. En lo que respecta al interior de Filipinas, es claro el predominio de «indios chinos» oriundos de Luzón. Un primer grupo se desprende de Manila y sus barrios de alrededor, como Binondo, Tondo, Malate, Parañaque, Pasig, Quiapo, Bay, además del puerto de Cavite. Las provincias sureñas de Pampanga, Batangas y Camarines, y las del centronorte como Zambales, Ilocos y Cagayan, también están presentes en la nomenclatura de nuestros filipinos, pero incluso lugares de difícil acceso y tardía evangelización para los españoles como la región de la Cordillera, específicamente Baguio.9 Asimismo, las Visayas constituyen un núcleo importante de emigrantes. Es de sobra conocida su característica de gente de mar, pues se trata de la región más fragmentada de todo el archipiélago pero con una presencia relevante de misioneros que tuvieron una labor destacada en la evangelización de islas como Cebú, Bohol, Aklan y Leyte. La escasa presencia de «indios chinos» oriundos de lugares con predominio musulmán, como Joló y Zamboanga, se debió en gran medida a que Mindanao estuvo en permanente conflicto con los españoles, por lo que el flujo de migrantes hacia Manila, y de ahí a Acapulco, debió estar en cons-
8 Si bien los sangleyes de origen chino que llegaron a la Nueva España fueron agrupados bajo la categoría genérica de «indios chinos», este concepto se aplicó muy poco a los japoneses, a quienes se les otorgaba un lugar especial y de cierto prestigio. La realidad nos indica que sí existieron algunos «xapones» a quienes se les denominó «indios chinos», pero la tendencia era diferenciarlos del resto de los asiáticos; ver al respecto los trabajos de CALVO, 1983, pp. 531-547; FALCK REYES y PALACIOS, 2009. 9 FURLONG, 2010, sostiene que la inmigración de «indios chinos» pampangos fue considerable en la Nueva España.
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tante vigilancia para evitar la influencia de la llamada «secta de Mahoma» en territorios hispanoamericanos; a pesar de ello, algunos asiáticos de esta zona, «habidos en buena guerra», tuvieron presencia en la Nueva España. Si bien los lugares de procedencia identificados en el Mapa 1 corresponden al grueso de los asiáticos que desembarcaron en la Nueva España, en el Cuadro 1 presentamos aquellos lugares de donde procedían los «indios chinos» que con certeza se establecieron y radicaron en distintos puntos de la Mar del Sur. En las tres cuartas partes de nuestro corpus no es posible identificar el lugar preciso de origen, pues aparecen referidos como «chino», «de nación Chino», o simplemente, «indio chino». Por el contrario, en 31 casos fue posible reconocer que procedían de Filipinas, ya fuese porque aparecían como «indio de Filipinas», «indio chino de Manila», o porque en sus apellidos llevaban el nombre de la población del archipiélago. En menor cantidad, encontramos a 7 originarios de la India de Portugal, y 5 originarios de otras partes del Sudeste de Asia como Ternate, Sengayan y Papúa,10 en Indonesia. Cuadro 5. Procedencia de los «indios chinos» establecidos en la Mar del Sur. AÑO
10
NACIÓN
NÚMERO
«Chino» (indistinto)
Indistinto
141
INDISTINTOS
TOTAL
141
Filipinas
Filipinas
6
Manila
Luzón, Filipinas
17
Cagayan
Luzón, Filipinas
1
Parañaque
Luzón, Filipinas
1
Pampanga
Luzón, Filipinas
2
Zambales
Luzón, Filipinas
1
Cebú
Bisayas, Filipinas
2
FILIPINAS
TOTAL
30
India
India
2
Goa
India
1
Malabar
India
4
INDIA DE PORTUGAL
TOTAL
7
Terrenate (Ternate)
Indonesia
2
Sengayan
Indonesia
1
Papúa
Indonesia/Nueva Guinea
2
SUDESTE DE ASIA
TOTAL
5
Actualmente Papúa está dividida entre Indonesia y Nueva Guinea.
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EL ESTABLECIMIENTO Lugares de residencia Identificamos tres núcleos poblacionales donde se establecieron los «indios chinos» a lo largo de la Mar del Sur: la alcaldía mayor de Tuxpan-Tamazula-Zapotlán (zona 1), las de Colima-Motines (zona 2), y la alcaldía mayor de Zacatula (zona 3). Decidimos dejar fuera al puerto de Acapulco debido a que se trataba esta de una población muy dinámica y ampliamente flotante, pero sí tomamos en cuenta a la población de Coyuca, reconocida como un importante establecimiento de haciendas donde laboraban «chinos»; a la zona 3, entonces, la identificamos como Zacatula-Coyuca.11 De acuerdo con el análisis del Apéndice 1, encontramos en la zona 1 el 9 por ciento del total de «indios chinos». En esta alcaldía mayor de Tuxpan-Tamazula-Zapotlán, de climas templados, radicaba un grupo de comerciantes encabezados por el pampango Domingo de Villalobos, a quien referiremos más adelante. Zapotlán era un pueblo ubicado estratégicamente entre la villa de Colima y la ciudad de Guadalajara, esta última capital del Reino de la Nueva Galicia. El flujo comercial de la costa se conectaba con Guadalajara, y de aquí a las zonas mineras del septentrión. Es en la zona 2 donde documentamos el mayor asentamiento de «indios chinos», con un total del 60 por ciento. Fue en las alcaldías mayores de Colima y Motines, de climas cálido-húmedos, donde los «indios chinos» desempeñaron labores basadas en el aprovechamiento de la palma de coco (Cocos nucifera L.), específicamente en la producción de vino de cocos, una bebida de origen filipino que se introdujo allí hacia finales del siglo XVI.12 Cabe aclarar que no toda la población de las zonas 1 y 2 desembarcaron en Acapulco, sino que lo habrían hecho a través de los puertos de la Navidad y Salagua (hoy Manzanillo), de manera ilegal.13 La zona 3 de Zacatula-Coyuca alcanzó un porcentaje del 31 por ciento, una cifra baja con respecto a la zona 2, pero recordemos que no estamos tomando en cuenta el desembarco general del puerto de Acapulco. Como sugirió Furlong, esta zona también conocida como Costa Grande fue una especie de puerta abierta a la mano de obra libre que buscaba una oportunidad en la Nueva España.14 Al igual que Colima-Motines, las características tropicales permitieron el establecimiento de haciendas de producción de cacao y ranchos con otras actividades agrícolas y ganaderas, que facilitó la incorporación de asiáticos familiarizados con este tipo de trabajos en el archipiélago. Incluso también aquí se llegó a producir vino de coco, actividad complementaria a las otras labores. Insistimos que nuestros porcentajes no son definitivos, se refieren únicamente a los «indios chinos» registrados por nombre y las cifras pueden variar conforme salgan a la luz más «chinos».
11 12 13 14
Jurisdiccionalmente, Coyuca pertenecía a la alcaldía mayor de Acapulco. MACHUCA, 2015a. Sobre la relación del Galeón de Manila con esta zona, ver MACHUCA, 2012a. FURLONG, «Peasants, servants, and sojourners», p. 462.
Mapa 6. Zonas de establecimiento de los «indios chinos» en la Mar del Sur.
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LA INSERCIÓN SOCIAL Es posible observar la inserción social en los «indios chinos» de la Mar del Sur a través de los oficios que desempeñaron y las alianzas matrimoniales que establecieron. Laboralmente localizamos a 36 vinateros radicados en haciendas de palmas de beneficio en las zonas 2 y 3. En Colima-Motines, donde disponemos del mayor número de documentos, conocemos los «indios chinos» vinateros trabajaban bajo diversos esquemas laborales: a) aquellos que recibían un salario mixto como jornal, percibiendo una parte en dinero y la otra en botijas de aguardiente; b) aquellos que percibían un salario en dinero pero al estar endeudados con los hacendados experimentaban situaciones de esclavitud; c) aquellos que se encontraban en vías de emancipación económica, al asociarse con españoles para producir aguardiente y sacar buen provecho de las ganancias; y d) aquellos integrados plenamente en la sociedad, al ser propietarios de pequeñas haciendas de palmas de beneficio y tener para sí mano de obra también de origen asiático;15 entre este último grupo destaca Nicolás Mananquel, quien tenía su propia hacienda, andaba a caballo y había registrado su propio hierro.16 Pero también algunas de las prácticas laborales las localizamos en la Costa Grande (zona 3), donde los vinateros incurrían en el peonaje por deudas, y recibían pagos mixtos como jornales.17 Con todo y ello, el reconocimiento a los campesinos asiáticos por sus habilidades como vinateros, cultivadores de arroz, tamarindos, plátanos y otras plantas de origen asiático e incluso mesoamericano como el cacao y el maíz, fueron elementos importantes para su inserción en el mundo rural. No es casual que en ambas zonas haya habido representantes oficiales de los «chinos», a manera de alcaldes y alguaciles.18 Como observamos en el apéndice 1, hubo «indios chinos» que ejercieron de centinelas en los puertos, un trabajo de especial interés por el continuo merodeo de piratas en busca del botín del Galeón. Por ejemplo, tenemos el caso del «chino» Luis Ortiz, quien ejercía de centinela en la costa colimense; su oficio se lo otorgó Alonso García de Luarca en 1642, teniente de alcalde mayor en el valle de Caxitlán, jurisdicción de Colima. En una ocasión, cuando se le solicitó declarar como testigo para indagar sobre un avistamiento de una nao sospechosa, se supo que hablaba «la lengua española aunque es de nación chino».19 Los buceadores de perlas no faltaron en el puerto de Zihuatanejo, como tampoco los cocineros como Gaspar «chino», quien laboraba en el Hospital de Nuestra Señora de la Consolación de Acapulco en la cocina, y quien tenía a su disposición insumos como arroz, clavo y pimienta.20 Desde luego, aquellos asiáticos laborando como domésticos en las casas de los españoles, como en la villa de Colima, introducían nuevos elementos gastronómicos en la dieta local, así como remedios medicinales a partir de estas.21 Así, en
15 16 17 18 19 20 21
Ibidem. Archivo Histórico del Municipio de Colima (Colima) (AHMC), sección B, caja 23, exp. 1. FURLONG, 2014, pp. 488-490. MACHUCA, 2009; FURLONG, 2014, pp. 503-504. AHMC, sección B, caja 22, exp. 4. OROPEZA, 2007, pp. 156-158. SEVILLA DEL RÍO, 1977, p. 61.
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el año de 1612 el aprovechamiento de la palma de coco en Colima tenía importancia en la cocina, pues se extraía aceite, vinagre, azúcar, miel, gracias a los «chinos» que habían enseñado cómo hacer estos productos.22 Pero los comerciantes no se quedaron atrás: Un caso extraordinario dentro de este perfil lo hemos localizado en la zona 1: Domingo de Villalobos era un mercader oriundo Pampanga, una provincia localizada al norte de Manila. Gracias al robusto expediente derivado de sus autos por bienes de difuntos, sabemos que Villalobos se había quedado a residir en el pueblo de Zapotlán, a medio camino entre la villa de Colima y la ciudad de Guadalajara, y que no solo mercadeaba con objetos de China, de Castilla y de «la tierra», sino que además negociaba con sal y cacao de la costa de Colima y Alima, y maíz de la alcaldía de Tuxpan-Tamazula-Zapotlán. La red clientelar encabezada por Villalobos incluía a otros chinos, como Alonso Gutiérrez —su albacea testamentario—, Francisco Luis, Nicolás Malanquil,23 Pedro Timban, Juan Triana y Francisco Matías, todos ellos deudores de Villalobos al momento de la muerte de este.24
Enlaces matrimoniales y cofradías En general, los «indios chinos» establecidos en la Mar del Sur se casaron con mujeres indias, mestizas y mulatas de sus localidades, además de otras castas. Los matrimonios entre asiáticos fueron menores en proporción porque fueron pocas las mujeres establecidas en nuestra zona de estudio, aunque a partir de segundas generaciones de migrantes encontramos «chinas criollas». En el cuadro 2 se muestran 25 parejas en las que cuando menos un miembro es «indio chino». Las parejas de chino-indio son las más numerosas (10), seguidas de chino-mulato (5), chino-chino (4), chino-mestizo (3), solo un caso de chino-negro, uno de chino-coyota y, posiblemente, uno de chino-español. Gracias a los libros parroquiales del Beaterio de Colima, específicamente en su cuaderno de bautizos de negros mulatos e indios de 1631, tenemos información sobre dos matrimonios en que uno de los miembros es de procedencia asiática. En ese año Gaspar «chino» y su esposa Juana, india, bautizaron al niño Gabriel, hijo de la esclava negra Isabel. Posiblemente se trate de un hijo ilegítimo pues no se menciona el nombre del padre, únicamente sabemos que Isabel era esclava del capitán Gabriel de Trejo.25 El caso nos acerca a las alianzas sociales que se tejían entre «indios chinos» y otras castas, pues incluso un año antes el «chino» Agustín de Peralta fungió como padrino de la niña Isabel, 22
Para conocer más sobre el aprovechamiento de la palma de coco en este contexto, MACHUCA,
2015b. 23 Quizás de trata del mismo Nicolás Mananquel que se encuentra en los expedientes de Colima entre la década de 1630 y 1640, a quien mencionamos anteriormente como un «indio chino» hacendado, que andaba a caballo y registró su hierro. 24 Archivo General de Indias (Sevilla) (AGI), Contratación, 520, n.º 2, ff. 34 y ss. Sobre este personaje han escrito algunas líneas OROPEZA, 2007, p. 102, y FURLONG, 2010, pp. 10-12. 25 Archivo Histórico de la Parroquia del Beaterio (Colima), (AHPB), Libro 2, f. 4v.
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Cuadro 6. Matrimonios de «indios chinos» en la Mar del Sur. AÑO
NOMBRE
1608 Pedro Sánchez 1609 Agustín 1621 Alonso Gutiérrez 1631 Gaspar 1631 Isabel
RESIDENCIA ESTADO CIVIL Casado con india Motines de Maquilí Casado con mulata Tancítaro de Colima Casado con india Zapotlán principal Colima Casado con india Colima ¿Casada con español?
1635 Pablo de los Reyes
Caxitlán
Casado con india
1635 Antón (esclavo)
Colima
Casado con mulata
1642 Nicolás Mananquel 1645 Sebastián Mozo (esclavo)
Colima Coyuca
1645 Alonso
Xicotlán
1647 Agustín 1647 Juan Blanco
Coyuca Coyuca
Casado con india Casado con china Casado con esclava negra Casado con india Casado con india Casado con Francisca Martha «china criolla»
1647 Sebastián de la Cruz
Tecuciapa
1664 Juan Martín
Nahualapa Casado con india
1680 Pascual de los Reyes
Colima
1681 Domingo (esclavo)
Coyuca
1681 1681 1681 1683 1683 1683 1683 1699 1717
Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Colima Caxitlán
Gaspar Triana Catalina Martha Nicolás Triana Nicolás de la Cruz Mariana de la Cruz Martín de la Cruz Juana Triana Luis Juan de la Cruz
Casado con india Casado con mulata esclava Casado con mestiza Casada con mestizo Casado con china Casado con china Casada con indio Casado con mestiza Casada con mulato Casado con mulata Casado con coyota
FUENTE Oropeza Oropeza AHMC, caja B-11, exp. 19 AHPB, libro 2, f. 4v AHPB, libro 2, f. 3 AHMC, caja B-13, exp. 2 AHMC, caja B-15, exp. 19 AHMC, B-23, exp. 1 Oropeza AHMC, caja B-27, exp. 8 Oropeza Oropeza AHMC, caja B-26, exp. 26 AHMC, caja B-30, exp. 26 AHMC, caja B-32, exp. 38 Oropeza Carrillo Carrillo Carrillo Carrillo Carrillo Carrillo Carrillo AHMC AHEC
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hija de Mariana, una esclava negra de doña Ana de Moscoso. Agustín aparece solo en el campo de padrinaje, lo que sugiere que en ese año estaba soltero.26 Otra información valiosa sobre matrimonios procede de las haciendas de palmas del valle de Caxitlán, jurisdicción de Colima. Los padrones de 1681 y 1683 —únicos encontrados para ese contexto preciso— revelan que los «indios chinos» allí residentes estaban plenamente integrados en su sociedad: en la hacienda de doña Ana de Vera, una viuda española, residía el matrimonio del «chino» Antonio de Zavala y la india Juana María; y allí mismo vivía el matrimonio de Nicolás Triana y Catalina María, ambos «chinos»; posiblemente Juan Triana, «chino», era hijo de estos. Además de estas dos parejas, en dicha hacienda vivían mestizos y mulatos. A poca distancia, en las palmas de la española doña Francisca de Figueroa, vivía el matrimonio de «chinos» conformado por Nicolás de la Cruz y Juana María, además del de la «china» Mariana de la Cruz, casada con el indio Francisco Juan, y el del «chino» Martín de la Cruz, casado con la mestiza Leonor de Grijalva. Dos parejas más se localizan en la misma zona: en las palmas del español Juan de San Pedro residía la pareja de la «china» Catalina Martha y el mestizo Juan Pedro, mientras que en la hacienda de don Nicolás Larios habitaban la «china» Juana Triana y el mulato Clemente Jiménez. En todas esas estancias vivían familias mixtas, compuestas por indios, mulatos y mestizos, además de los «chinos».27 La presencia en ese momento ya tardío de un mayor número de mujeres «chinas» se relaciona con la segunda o tercera generación de migrantes, con supervivencia del origen de los padres o abuelos. El único matrimonio entre un chino y una negra es el del «chino» Luis y la esclava Ana. En el año de 1699, mediante el inventario de bienes de Francisco Veliz de Marieta, amo de esta, Ana tenía 18 años, mientras que su hija Antonia, también esclava, tenía 5 años, mas no sabemos si la había procreado con Luis.28 Los matrimonios entre esclavos y gente libre debieron tener características particulares, y precisamente por el problema de la movilidad, lo más probable es que las parejas libres residían en la misma casa del amo, o bien, en sus entornos. Finalmente, ya bien entrado el siglo XVIII, tenemos el matrimonio del «chino» Juan de la Cruz y la coyota Magdalena de Carbajal, ambos vecinos del valle de Caxitlán. Si bien De la Cruz dijo ser «natural de Sengayan en Filipinas», en realidad solo hemos localizado ese nombre en Indonesia. Juan y Magdalena procrearon tres hijos, Miguel, Juan y Francisca de la Cruz, de quienes desconocemos la calidad que se les otorgó.29 Pero las uniones entre «chinos» y otras calidades también se dieron fuera de la legalidad, y solo cuando un escándalo como el de la «china» Pascuala y el español Francisco del Carpio salía a la luz, es posible acercarnos a otras formas de convivencia. Estando en su ronda cotidiana una noche de jueves de 1699 en la villa de Colima, el alcalde ordinario Juan de Llarena descubrió a Pascuala en casa de Del Carpio, y al «hallarlos durmiendo juntos» y estar en «mal estado», envió a la cárcel al español, les ordenó «que no se hablen 26
AHPB, Libro 2, f. 2. CARRILLO CÁZARES, 1996, pp. 388-390. 28 AHMC, sección B, caja 36, exp. 26, f. 12v. 29 Archivo Histórico del Estado de Colima (Colima) (AHEC), sección 2, caja 18, carpeta 12, foja de la 36 a la 40. Agradecemos a Ma. Irma López Razgado la información sobre este documento. 27
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ni se comuniquen» y, por la falta cometida, condenó a Del Carpio a pagar un marco de plata de 8 pesos.30 Además de las alianzas matrimoniales,31 las cofradías fueron otra forma de integración social de los «indios chinos». Francisca Martha, «china criolla» que residía en Colima, era cofrade de la Cofradía de San Nicolás de Tolentino, fundada en el pueblo de Ixtlahuacán. Pedía que al morir la asentaran en la Cofradía del Santísimo Sacramento, un de las más importantes en la villa de Colima junto con la de las Ánimas del Purgatorio, cofradías principalmente de españoles en ese medio.32 Asimismo, sabemos que el comerciante de Zapotlán, Domingo de Villalobos, pertenecía a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y tras su muerte, pedía ser incorporado a la de Nuestra Señora de la Concepción de Colima y a la de las Ánimas de la catedral de México.33 De acuerdo con Déborah Oropeza, una característica común entre los «indios chinos» establecidos en la ciudad de México durante la época colonial, fue su incursión en cofradías, en la del Santo Christo y la del Santísimo Crucifijo y Lavatorio, esta última, supuestamente fundada por la comunidad asiática de entonces.34 Tanto los casos de Francisca Martha y Domingo de Villalobos como los de los «indios chinos» en la ciudad de México, nos lleva a reflexionar sobre los procesos de aculturación religiosa que experimentó este grupo social, primero en Filipinas y luego en la Nueva España. Algunos de ellos habrían recibido la doctrina cristiana a través de los misioneros en el archipiélago filipino, por lo tanto el bautismo y el consiguiente nombre cristiano ya habrían ocurrido desde el continente asiático y, en todo caso, al llegar a tierras americanas seguirían cultivando sus prácticas religiosas.
LOS «INDIOS CHINOS» ESCLAVOS: UNA CUESTIÓN APARTE Si bien es cierto que Felipe II prohibió el embarco de esclavos asiáticos en el Galeón de Manila, la realidad fue otra: al ser un complemento de la fuerza de trabajo, y gracias a la ambigüedad de la legislación que permitía un número limitado de esclavos asiáticos a algunas autoridades y «personas honradas» que regresaban de Filipinas a la Nueva España y la península ibérica, somos testigos del ingreso de miles de esclavos provenientes de Asia que desembarcaron en Acapulco. De acuerdo con Oropeza, entre 1565 y 1673 —año este último en que la Audiencia de México ordenó la liberación de esclavos asiáticos— se introdujeron vía Acapulco 3872 de estos individuos.35 Y si tomamos en cuenta que un
30
AHMC, sección B, caja 36, exp. 15. La sentencia indicaba además que en caso de quebrantarla, ambos serían acreedores a pagar un marco de plata doble y un año de destierro de la villa de Colima; es muy probable que Pascuala se haya regresado al depósito en casa de don Joseph de León. 31 Para otros matrimonios de «chinos» en la Costa Grande (zona 3), remitimos al trabajo de FURLONG, 2014, pp. 508-513. 32 AHMC, sección B, caja 30, exp. 23. Además, solicitaba que se le sepultara en la iglesia parroquial de la villa de Colima, amortajada con el hábito de San Francisco, acompañada del beneficiado de la villa, con la cruz en alto, y con misa de cuerpo presente, sin faltar la ofrenda de pan y cera, «que es costumbre». 33 AGI, Contratación, 520, n.º 2, R. 14. 34 OROPEZA, 2007, pp. 144-145. 35 OROPEZA, 2011, p. 32.
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esclavo en Manila podía costar entre 57 y 180 pesos, para venderse entre 200 y 450 pesos en la Nueva España, comprendemos el interés por participar en este negocio.36 En el Apéndice 1 localizamos 61 esclavos, quienes en su mayoría laboraban en las haciendas de cacao y palmas de Coyuca, así como en el servicio doméstico en Colima. En el cuadro 3 presentamos siete casos de compra-venta de «indios chinos» en Colima, que en su mayoría se trataba de esclavos llegados desde la India de Portugal, pues la legislación prohibía la esclavitud de los naturales de Filipinas, considerados como vasallos de su Majestad. Había, desde luego, sus excepciones: los indios de Mindanao cautivados en «guerra justa» eran sujetos de esclavitud, por lo que no podemos descartar que algunos de ellos hubiesen arribado a través del Galeón de Manila.37 Por ejemplo, en la Nueva Galicia, tenemos en el año de 1625 el reclamo de Domingo de Urquiza, escribano público de Querétaro, de su criado huido llamado Pedro, «criollo de Manila» y de 29 años de edad, quien era «esclavo habido de buena guerra».38 Cuadro 7. Compraventa de «indios chinos» esclavos en Colima, siglo XVII. AÑO
NOMBRE
VALOR
EDAD
1620 Juan, «chino de tierra de la India»
450 pesos
22
1620 Jerónimo
400 pesos
—
1621 Antón
400 pesos
19
1622 Vicente
300 pesos
19
Por concertar
24
1627 Ventura
250 pesos
—
1628 Francisco
Remate en almoneda
1622 Bartolomé, «natural de Goa»
PROPIETARIO Jerónimo Dávalos Vergara Juan Gutierre de Monroy Pedro Blanco
COMPRADOR Rodrigo de Brizuela Diego Mejía de la Torre Martín Alonso Enríquez Diego de Novela
Alonso Álvarez de Espinosa Gregorio Fernández — de Tene Juan Bernal Juan de Zúñiga de Sámano Quiñones
Fuente: AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos. 36
Ibidem, p. 17. Sobre este tema, ver SEIJAS, 2014, pp. 61-66. 38 Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara (Guadalajara) (ARAG), Ramo civil, caja 449, exp. 20, progresivo 7400. Una ley de Felipe II de 1570, refrendada por Felipe III en 1620, disponía que «Al distrito de las Islas Filipinas, y sus confines son adyacentes las de Mindanao, cuyos naturales se han rebelado, tomando la secta de Mahoma, y confederándose con los enemigos de esta corona, y hecho muy grandes daños a nuestros vasallos, y para facilitar su castigo ha parecido eficaz remedio declarar por esclavos a los que fueren cautivos en la guerra […]»: Recopilación de Indias, Libro VI, Título II, Ley XII. 37
150
REDES IMPERIALES
No es posible ir más allá del origen del resto de los esclavos del cuadro anterior, pero un aspecto interesante es que algunos de ellos estaban relacionados con el contexto minero, y no con la producción de aguardiente; citaremos tres ejemplos. En 1621, Antón, «indio chino, algo negro», con las orejas horadadas, de 19 años, fue vendido a Martín Alonso Enríquez —vecino de Colima— por 400 pesos, y el propietario era un vecino de Pátzcuaro llamado Pedro Blanco, quien a su vez lo había adquirido de Martín de los Santos, un vecino del Real de los Reyes de Ostotipaque.39 En 1622, Gregorio Fernández de Tene —vecino de Colima—, otorgó poder a Martín Fernández Partida, escribano público de las minas de Ostotipaque, para que en su nombre vendiera a Bartolomé, de 24 años y oriundo de Goa, al precio que concertare siempre y cuando fuese de contado.40 Asimismo, en 1622, Alonso Álvarez de Espinosa —vecino de Colima— vendió a Diego Novela, beneficiado del partido de Maquilí del Obispado de Michoacán, a un joven de 19 años llamado Vicente, «de nación chino», en 300 pesos; Álvarez lo había comprado a un vecino de las minas de Taxco, Melchor de Tornamira.41 ¿Acaso existía un mercado de compraventa de esclavos asiáticos para labores de minas? Llama la atención que en los procesos de compra-venta aparecen las minas de Ostotipaque de la Nueva Galicia, pero también las de Taxco, cercanas al puerto de Acapulco. En este sentido, Déborah Oropeza subraya que algunos esclavos asiáticos recién llegados a la Nueva España fueron adquiridos por mineros de Pachuca y Zacatecas,42 por lo que no es arriesgado pensar que en algún momento se pensó en complementar la actividad minera con la mano de obra asiática. Otros ejemplos de compra-venta de esclavos en Colima están relacionados con la capital novohispana. Así, en el mes de mayo de 1620, el escribano real Jerónimo Dávalos Vergara, vecino de la ciudad de México, otorgó poder a su hijo García Dávalos Vergara y al alcalde ordinario de la villa de Colima, Domingo Vela de Grijalba, para que en su nombre vendieran un esclavo suyo de 22 años llamado Juan, «indio chino» de la India que tenía un letrero en el rostro que decía «Ávalos».43 Jerónimo Dávalos lo había comprado del capitán Diego González de Arcos, vecino de la ciudad de México;44 en junio de 1620, Juan fue vendido al capitán Rodrigo de Brizuela, vecino de Colima, en 450 pesos.45 Por otro lado, el 12 de julio de 1628, el sargento mayor de la villa de Colima, Hernán Gómez Machorro, sacó a remate a un esclavo chino llamado Francisco, quien había huido de su amo. Francisco había adquirido en Colima una deuda de 115 pesos, cantidad que fue
39
AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 11, carpeta 2, f. 36-36v. AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 11, carpeta 5, ff. 122v-123. 41 AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 11, carpeta 5, f. 97-97v. 42 OROPEZA, 2011, p. 41. 43 AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 11, carpeta 1, f. 43. 44 En el año de 1624, el capitán de Arcos tenía una condena de destierro a las Filipinas, ordenada por los alcaldes del crimen de la capital del virreinato; AGI, Filipinas, 5, n.º 320. Sin embargo, la Audiencia de México suspendió la ejecución del destierro con la condición de que Arcos pagara 2000 ducados a los oficiales reales de México, y que estos a su vez se enviaran al receptor del Consejo de Indias; AGI, Indiferente General, 451, L. A8, ff. 182v-183. 45 AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 11, carpeta 1, ff. 43v-44. 40
LOS «INDIOS CHINOS» EN LA COSTA NOVOHISPANA DE LA MAR DEL SUR
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pagada por Bernabé Osorio, vecino de la ciudad de México, para que el chino se quedase en depósito con él hasta que el verdadero dueño lo reclamase.46 Al no tratarse en sí de una compraventa, no es posible saber su costo ni la manera en que llegó a Colima. Pero lo más probable es que el dueño no fuese ningún vecino de Colima, de ahí el remate por la huida, y más bien el hecho de que Osorio fuese vecino de la capital de la Nueva España puede ser un indicio de que de ahí procedía. También las autoridades eclesiásticas estaban involucradas en estos tratos, pues en 1627, el beneficiado del partido de Colima, Juan Bernal de Zúñiga, vendió al entonces alcalde mayor Juan de Sámano Quiñones a un filipino llamado Ventura por el precio de 250, pesos47 un costo más bajo del que hemos venido observando. Al parecer se trata de un esclavo destinado al servicio doméstico, como también el caso de Jerónimo, un esclavo «negro» natural de Cebú, quien había sido comprado por Diego de Monroy —vecino de Colima—, y al morir lo heredó a su hijo Juan Gutierre de Monroy. Posteriormente, Juan Gutierre lo vendió en 1620 en 400 pesos al entonces alcalde ordinario de Colima, Diego Mejía de la Torre.48 A partir de los datos anteriores, observamos que algunos esclavos asiáticos se vendían por el mismo valor que los esclavos negros, es decir, alrededor de 400 pesos, como lo muestran distintos documentos notariales de Colima durante el siglo XVII.49 La edad promedio de los esclavos asiáticos registrados es de 21 años, se trataba entonces de un sector joven. Llama la atención que algunos de ellos fueron adquiridos en zonas mineras, pero al llegar a la villa de Colima se habrían empleado en actividades domésticas. En ninguno de los casos se menciona la producción de aguardiente como pretexto de la compra de esclavos asiáticos, lo que refuerza la hipótesis de que en Colima, los «indios chinos» vinateros no eran esclavos sino asalariados. Ahora bien, es difícil saber cuándo son criados o sirvientes, en el sentido de trabajadores libres en el ámbito doméstico, y cuándo esclavos por quienes se pagó un precio. Las primeras noticias de criados en Colima datan del periodo de 1596-1597, cuando el justicia mayor en esta villa, don Antonio Enríquez, tenía como criados a dos chinos, Alonso y Juan Jerónimo. Nada sabemos de su procedencia ni la forma en que se relacionaron con Enríquez.50 El caso de Pascual de los Reyes «de nación chino», acontecido en la villa de Colima en marzo de 1680, nos recuerda esta ambigüedad entre la esclavitud y la servidumbre. Pascual era de aquellos endeudados eternamente con su amo, don Nicolás de Aguilar; al morir este, su hijo Juan de Aguilar pidió a Pascual que trabajara para él, pero Pascual se rehusó porque dijo estar viejo y su mujer —una india llamada María Luisa— se encontraba recién parida; y si debía algo, podía pagar a la familia Aguilar lo que debiese. Ante
46
AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 12, carpeta 1, f. 47-47v. AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 12, carpeta 2, f. 107-107v. 48 AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 11, carpeta 1, f. 45. 49 Por citar un ejemplo, tenemos la venta de Luis, esclavo negro, vendido en 400 pesos en el año de 1601 en la villa de Colima; AHEC, Fondo Colonial, Protocolos de Escribanos, caja 6, carpeta 3, f. 1. 50 ROMERO DE SOLÍS, 2001, p. 141. 47
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la negativa, Juan de Aguilar le propinó una golpiza que lo dejó en cama, «muy maltratado de los golpes que le dio de que está en cama muy dolorido», según confesó un testigo indio llamado Juan Cristóbal. Si bien Pascual se querelló criminalmente de su atacante, abriéndose para ello una averiguación con testigos y enviando a la cárcel a Juan, al final nuestro «indio chino» se desistió de la denuncia y dijo que «por causas que le mueven y por amor de Dios le remite y perdona a Juan de Aguilar».51 No dudamos de la buena voluntad de Pascual, pero es evidente que hubo algún tipo de negociación entre las partes, y más si tomamos en cuenta que Pascual aún vivía en la casa de Andrea Rosales, viuda de su antiguo amo. Con un niño recién nacido y una posible deuda con la familia, Pascual tuvo cuatro días para cambiar su postura. A fin de cuentas, todavía pertenecía a esa red clientelar de la que sería difícil deshacerse de una vez por todas. En lo que respecta a la justicia, debemos señalar que esta actuó sin miramientos hacia el español, tomando en cuenta que fue un simple sirviente «chino» quien interpuso la demanda. La primera década del siglo XVII fue fundamental para reavivar la discusión sobre la esclavitud de individuos asiáticos, pues si bien la legislación ya se había pronunciado décadas atrás, como observamos en líneas anteriores, lo cierto es que en la práctica el tráfico de esclavos orientales había proliferado gracias a la ambigüedad legislativa, pero sobre todo al afán de lucro de muchos españoles que vieron en esta actividad un negocio más derivado del comercio transpacífico, así como de las necesidades de mano de obra de algunas zonas mineras. Es debido a esta ambigüedad que, a lo largo del siglo XVII, es común observar peticiones presentadas por «indios chinos» ante distintos juzgados en la Nueva España, mediante los cuales solicitaban, por un lado, ser puestos en libertad ante la sujeción de algún amo, pero al mismo tiempo, no ser considerados como indios para no pagar tributo. Un caso de esta naturaleza lo localizamos en Colima, cuando Nicolás Rodríguez «chino» solicitó al alcalde mayor que se le considerara mestizo porque era hijo de un encomendero de Filipinas y de una india del archipiélago, y «por ser hijo de tal español debe gozar de las preeminencias y tener bienes y libertades que gozan los tales y ser excepto de todo tributo y servicio personal por no ser indio chino sino mestizo».52 Hemos transcrito el documento en el Apéndice 2. Ahora bien, en 1659 se despacharon instrucciones en Guadalajara, Nueva Vizcaya y Zacatecas para la liberación inmediata de indios chichimecas e «indios chinos», pero al no surtir el efecto esperado, en el año de 1672 el fiscal de la audiencia tapatía, Fernando de Haro y Monterroso, puso especial hincapié en que se ejecutara la orden de liberación de esclavos asiáticos y chichimecas.53 Es así que, un año después, se presentaron varios casos ante la Audiencia de Guadalajara como el de Domingo de la Cruz, oriundo de 51
AHMC, sección B, caja 32, exp. 38, f. 3. En realidad Pascual declaró ser de edad de «más de cuarenta años», y con todo y que la vejez de entonces era distinta a la de hoy, tampoco era un individuo tan «viejo»; nos inclinamos a pensar que había otro tipo de motivos para que Pascual se negara a servir a Juan de Aguilar. En este expediente también se menciona a otro «chino» que vivía en la casa de Andrea Rosales, viuda de Nicolás de Aguilar, llamado Francisco Loolto. 52 AHMC, sección B, caja 57, exp. 5, pos. 1. 53 GONZÁLEZ CLAVERÁN, 1989.
LOS «INDIOS CHINOS» EN LA COSTA NOVOHISPANA DE LA MAR DEL SUR
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Cebú en las Visayas filipinas, esclavo de un vecino de Zapotlán llamado Juan Sánchez Bañales. De la Cruz solicitó su liberación inmediata, documento que transcribimos en el Apéndice 3 de este trabajo. Finalmente, en 1673 se presentó uno de los últimos casos relacionados con esta problemática ante la Real Audiencia de Guadalajara, en que Juan Marcos, esposo de la «china» Inés Rodríguez, de quien solicitó su liberación tras la publicación de la real cédula. Inés estaba en manos del alférez Juan Bautista Gambino, radicado en una zona minera dentro de la jurisdicción de Compostela. Aquí lo interesante es el argumento que Juan Marcos esgrimió para recuperar a su esposa, pues afirmaba que era una «china por vía mujeril», pues tanto su madre como su abuela eran «chinas», y como tercera generación —la abuela había nacido en Filipinas—, Inés seguía siendo asiática.54
REFLEXIONES FINALES En este texto analizamos un corpus documental de 184 «indios chinos» que se establecieron a lo largo del siglo XVII en la franja costera del Pacífico novohispano, conocido en la época como la Mar del Sur. Identificamos tres zonas o núcleos poblacionales donde estos inmigrantes se asentaron y, en la medida de lo posible, explicamos su origen y sus mecanismos de inserción social a través de las actividades que desempeñaron, así como los tipos de alianzas matrimoniales que llevaron a cabo. ¿Es posible determinar un perfil del «indio chino» propio de la Mar del Sur, diferente de aquel que se estableció en otros lugares de la Nueva España, como la ciudad de México y sus centros urbanos próximos? Consideramos que sí, ya que estamos frente a un fenómeno de asentamientos rurales, lo que difiere del patrón de establecimiento urbano en la ciudad de México, donde los «indios chinos» residían con sus amos en las casas de la ciudad, o bien, en los barrios de indios aledaños a la Plaza Mayor.55 Este mundo rural es más evidente en las zonas 2 y 3 de nuestro trabajo, es decir, las alcaldías mayores de Colima-Motines y la de ZacatulaCoyuca. La zona 1, correspondiente a la alcaldía mayor de Tuxpan-Tamazula-Zapotlán, se orientó a la vocación comercial de esa región, situada entre la villa de Colima y la ciudad de Guadalajara. El texto que presentamos es apenas un esbozo de todo un universo temático sobre el que seguimos trabajando, y que tiene por objetivo contribuir con un mejor conocimiento de los «indios chinos» en la Nueva España.
54 55
ARAG, Ramo civil, caja 4, exp. 9, progresivo 47. OROPEZA, 2007, p. 118.
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ARCHIVOS CONSULTADOS AGI Archivo General de Indias, Sevilla. AGN Archivo General de la Nación, Ciudad de México. AHEC Archivo Histórico del Estado de Colima, Colima. AHMC Archivo Histórico del Municipio de Colima, Colima. AHPB Archivo Histórico de la Parroquia del Beaterio, Colima. ARAG Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, Guadalajara.
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LOS «INDIOS CHINOS» EN LA COSTA NOVOHISPANA DE LA MAR DEL SUR
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Apéndice 1. «Indios chinos» en la costa de la Mar del Sur. AÑO 1597 1597 1600 1600 1600 1600 1603 1603 1603 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1608 1608 1608 1608 1609 1610 1612 1614 1615 1615 1619 1618
NOMBRE Alonso Juan Jerónimo Juan Chino Francisco Hernández Domingo Agustín Juan Tatze Francisco Tahi Gabriel Agustín Muñoz Manuel González Juan Tabi Ventura Ortiz Francisco Martín Juan Gómez Andrés González Francisco Perdomo Agustín Juan de Chávez Pedro García Juan Marcos Pedro Timban Alonso Lorenzo Bartolomé Sampa Nicolás Rodríguez Francisco Pedro Sánchez Agustín de Ayala Francisco Luis Agustín Diego de la Cruz Alonso Gutiérrez Alonso Tomás Francisco Gutiérrez Miguel Pano Andres Rosales Domingo de Villalobos
PROCEDENCIA Chino Chino Chino Chino Manila Parañaque Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Manila Filipinas Chino Filipinas Chino Chino Chino Chino Filipinas Pampanga
RESIDENCIA Colima Colima Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Aguacatitlan Aguacatitlan Xicotlan Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Caxitlán Colima Colima Maquili Colima Colima Tancitaro Tecpan Colima Colima Colima Colima Tecolapa Zapotlan
ACTIVIDAD
REFERENCIA ROMERO ROMERO Criado AHMC Criado AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHMC Vinatero AHEC Criado AHMC AGN Libre AHMC Libre AHMC Criado AHMC Libre AHMC AHEC AHEC Libre AHEC Libre AHEC AHMC Comerciante AGI
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LOS «INDIOS CHINOS» EN LA COSTA NOVOHISPANA DE LA MAR DEL SUR
Apéndice 1. (Continuación) AÑO 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1619 1619 1620 1620 1621 1621 1621 1621 1622 1622 1622 1622 1622 1622 1622 1625 1627 1627 1628 1630 1631 1631 1632 1635 1635 1635 1635 1635 1636 1636 1638
NOMBRE Alonso Gutiérrez Francisco Luis Nicolás Malanquil Pedro Timban Juan Triana Francisco Matías Juan Martín Diego Perez de Sayal Juan Jerónimo Anton Pedro Alonso Ramo Andres Malate Bartolomé Vicente Juan Chino Rodrigo Alonso Juan del Puerto Juan Ruiz Tomas López Pedro Pampango Miguel Pano Ventura Francisco Agustín de Peralta Isabel Gaspar Juan Bautista de Pantao Martín Pano Pablo de los Reyes Mateo García Anton Juan Martín Salvador Bartolomé Vázquez Sebastián Tumbaga
PROCEDENCIA Pampanga Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino India Chino Chino Chino Chino Chino Goa Chino Chino Chino Chino Chino Chino Manila Chino Filipinas Chino Chino China Chino Filipinas Chino Chino Filipinas Chino Chino Chino Chino Chino
RESIDENCIA Zapotlan Zapotlan Zapotlan Zapotlan Zapotlan Zapotlan Caxitlan Colima Colima Colima Colima Guadalajara Zapotlan Zapotlan Colima Colima Colima Zapotlan Zapotlan Zapotlan Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Alima Caxitlan Caxitlan Caxitlan Alima Colima Colima Caxitlan Colima
ACTIVIDAD
Criado Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo
Esclavo Esclavo Libre
Criado Libre Esclavo Esclavo Libre Libre Libre Criado Criado Criado Vinatero Esclavo Esclavo
REFERENCIA AGI AGI AGI AGI AGI AGI AHMC AHMC AHEC AHEC AHEC AHMC OROPEZA OROPEZA AHEC AHEC AHEC OROPEZA OROPEZA OROPEZA AHMC AHMC AHEC AHEC AHEC AHPB AHPB AHPB AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC
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REDES IMPERIALES
Apéndice 1. (Continuación) AÑO 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1639 1640 1641 1641 1641 1641 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1643 1645 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1650 1650
NOMBRE Miguel Juan Bautista Francisco Agustín Pérez Diego Pérez Baltasar Francisco Alonso Juan García Alonso Medina Francisco Domingo Bartolomé Agustín Garnapara Juan Martín Francisco de Campos Luis Ortiz Nicolás Mananquel Sebastián Moco Antonia Domingo Moco Francisco Bonita Miguel Petición Gonzalo Tullido Juan de la Cruz Alonso Agustín Juan Blanco Ana Gonzalo Viejo Gonzalo Mozo Pedro de la Cruz Andres Bicho Pablo Antón
PROCEDENCIA Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino China Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino
RESIDENCIA Colima Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Colima Tamazula Caxitlan Caxitlan Caxitlan Colima Alcuzahue Colima Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Sayula Xicotlan Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca
Sebastián de la Cruz Francisca Martha Jacinto Juan
Chino China Chino Chino
Tecuciapa Tecuciapa Coyuca Coyuca
ACTIVIDAD
Esclavo Criado Criado
Centinela Esclavo Esclava Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo
Esclavo Esclavo Esclava Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo
Esclavo Esclavo
REFERENCIA AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AHEC AGN AGN AGN AGN AGN AGN CALVO AHMC OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA AHMC AHMC AGN AGN
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LOS «INDIOS CHINOS» EN LA COSTA NOVOHISPANA DE LA MAR DEL SUR
Apéndice 1. (Continuación) AÑO 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1664 1664 1669 1671 1671 1671 1672 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1675 1675 1678
NOMBRE Lorenzo de Aguilar Luis Juan de la Cruz Luis de Macoja Francisco Diego Juan de Vega Miguel Gómez Francisco Melchor Juan Martín Juan de la Cruz Baltasar Melchor Felipe Cortés Francisco Isabel Antón Salvador Bernabé de la Cruz Andrés Verdugo Pablo de la Cruz Domingo de la Concepción Joseph de la Cruz Diego de Torres Nicolás del Castillo Nicolás Soriano Francisco Ruiz Felipe de la Cruz Cuéllar Nicolás Bautista Domingo de la Cruz Francisco Mercado Nicolás Suriaga Joan Simbran Joan Delemos Sebastián Juan de los Reyes Antonio Alonso Domingo Francisco de Salinas Domingo de la Cruz
PROCEDENCIA Manila Chino Manila Manila Manila Manila Manila Manila Chino Chino Cagayan Chino Chino China Chino Manila Malabar Malabar India Manila Manila Manila Terrenate Papua Manila Manila Papua Manila Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino Cebu
RESIDENCIA Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Zinacamitlan Nagualapa Tecuciapa Zacatula Zacatula Zacatula Zacatula Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Zihuatanejo Zihuatanejo Sayula
ACTIVIDAD Vinatero Vinatero
Esclava Libre Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo B. Perlas B. Perlas Esclavo
REFERENCIA AHMC AHMC AHMC AHMC AHMC AHMC AHMC AHMC AHMC AHMC OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA ARAG
160
REDES IMPERIALES
Apéndice 1. (Continuación) AÑO 1680 1680 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1682 1682 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1684 1689 1689 1689 1689 1689 1691 1694 1699 1699 1717
NOMBRE Francisco Loolto Pascual de los Reyes Domingo Bernardo Carrión Pedro Francisco Mariana Triana Juan Triana Pascual Juan Catalina Marta Martín Salinas Alonso Martín Nicolás Juan Esteban Antonio de Savala Gaspar Triana Nicolás Triana Catalina María Juan Pascual Nicolas de la Cruz Juana María Martín de la Cruz Juan Martín Juana Triana Inés Rodríguez Pedro Sumonte Domingo de Leyva Leandro de Besa Andrés Balato Agustín Jacinto Tilma Agustín Suriaga Juan de la Cruz Pascuala Luis Juan de la Cruz
PROCEDENCIA Chino Chino Chino Chino Chino Chino China Chino Chino China Chino Chino Chino Chino Chino Chino Chino China Chino Chino China Chino Chino China China Chino Malabar Malabar Zambal Cebu Chino Terrenate Chino China Chino Sengayan
RESIDENCIA Colima Colima Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Coyuca Coyuca Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Caxitlan Tepic Zacatula Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Coyuca Caxitlan Colima Colima Caxitlan
ACTIVIDAD Criado Criado Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Vinatero Vinatero Criada Vinatero Vinatero Libre Libre Vinatero Vinatero Vinatero Vinatero Vinatero Vinatero Vinatero Esclava Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Esclavo Vinatero Criada Vinatero
REFERENCIA AHMC AHMC OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO OROPEZA OROPEZA CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO CARRILLO ARAG OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA AHMC AHMC AHMC AHEC
LOS «INDIOS CHINOS» EN LA COSTA NOVOHISPANA DE LA MAR DEL SUR
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Apéndice 2. Petición de Nicolás Rodríguez, «chino», para no pagar tributo. [Fragmentos]
Nicolás chino 1608 En el pueblo de San José de la jurisdicción de la villa de Colima a veintiséis días del mes de febrero de mil y seiscientos y ocho años ante don Juan de Rivera capitán y alcalde mayor en ella y su jurisdicción pareció Nicolás Rodríguez chino natural que dijo ser de la ciudad de Manila y dijo que es hijo natural de Juan Encina, español principal y honrado y encomendero en las islas Filipinas y de María de Agangay india china y que por ser hijo de tal español debe gozar de las preeminencias y tener bienes y libertades que gozan los tales y ser excepto de todo tributo y servicio personal por no ser indio chino sino mestizo hijo de tal español y para librarse de pagarlo ahora de presente y para siempre es necesario se le reciba información y el número de testigos naturales de su patria y pide que dada la dicha información el dicho alcalde mayor declare no deba pagar el dicho tributo ni servicio y deba gozar de las preeminencias referidas y jura a Dios que este su pedimento no es de malicia y lo hace por las causas dichas y asimismo de todo se le dé testimonio [roto] para en guarda de su derecho [roto] porque dijo no saber. Visto por el dicho alcalde mayor dijo que dé información y dada proveerá justicia y lo firmó. Don Juan de Rivera. Ante mí, Gerónimo Dávalos, escribano público. En el pueblo de San José jurisdicción de Colima a dos de marzo de mil seiscientos ocho años el dicho Nicolás Rodríguez presentó por testigo a Francisco Perdomo chino ladino en la lengua castellana del cual fue recibido juramento y él lo hizo en debida forma prometió decir verdad y preguntado por el tenor de esta causa dijo que conoce al susodicho [f. 2v] de más de treinta años a esta parte en la China ahora y siempre se han criado juntos porque son de un pueblo en las Filipinas y sabe que el dicho Nicolás Rodríguez es hijo de Juan de Ensinas español principal y honrado y de María de Agangay china y sabe que es hijo de los susodichos porque lo criaron y señaladamente el dicho su padre que le llamaba de su hijo y él a él de padre y lo vestía y alimentaba y esta es la verdad dijo ser de cuarenta años y no le tocan las generales y lo firmó. Don Juan de Rivera. Ante mí, Gerónimo Dávalos, escribano público. En el pueblo de san José jurisdicción de Colima a dos de marzo de mil y seiscientos y ocho años don Juan de Rivera capitán y alcalde mayor de la dicha villa y provincia vista la información dada por Nicolás Rodríguez chino y consta por ella ser mestizo hijo de Juan de Encinas español principal y honrado vecino de las Filipinas dijo que declaraba y declaró por libre de pagar tributo al dicho Nicolás Rodríguez y su mujer e hijos legítimos y lo mismo cualquiera servicio por ser hijo de tal español y ser conforme a ordenanzas de su majestad y para en guarda de su derecho mandó se le dé testimonio de esta información para que esté a las justicias de Su Majestad y lo firmó. Don Juan de Rivera. Ante mí, Gerónimo Dávalos, escribano público. Fuente: AHMC, sección B, caja 57, exp. 5, pos. 1
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Apéndice 3. Domingo de la Cruz contra Juan Sánchez Bañales por Libertad.
Domingo de la Cruz, por chino. Suplica se lea. Domingo de la Cruz de nación chino esclavo de Juan Sánchez Bañales vecino de Zapotlán como más haya lugar parezco ante vuestra Vuestra Alteza y digo que por cuanto yo soy nacido y criado hasta edad de seis años en el pueblo de Tutuli jurisdicción del Cebú en los reinos de Manila y habiéndome sacado de dicho pueblo y de la casa de mis padres el capitán Antonio Rodríguez difunto me llevó a la ciudad de Manila y habiendo muerto en dicha ciudad me dejó que sirviese a la Virgen santísima del Rosario en dicha ciudad seis años y habiéndolos cumplido maliciosamente el padre provincial de religiosos de Santo Domingo me vino a vender a las Indias con un capitán de un navío cuyo nombre no me acuerdo el cual desembarcó en el puerto de Salagua y me vendió con el capitán don Pedro de Urbina vecino de Sayula el cual me vendió con el dicho Juan Sánchez de Bañales y por cuanto su Majestad que Dios guarde ha concedido libertad a todos los chinos y como a tal se ha de servir Vuestra Alteza de declarar ser de los comprendidos en dicha Real Cédula y deber gozar de mi libertad porque como parece de mi cara [roto] y facciones son de chino y no de mulato ni otro género de esclavos y por cuanto en la escritura que se otorgó de mi venta [f. 1v] al dicho capitán don Pedro de Urbina y la que el susodicho otorgó al dicho Juan Sánchez de Bañales tengo cierta noticia en ella se refiere ser nacido en dicho pueblo de Tutuli de los reinos de Manila y ser según derecho la más relevante prueba la confesión de la parte se debe servir Vuestra Alteza de mandar se le notifique al dicho mi amo Juan Sánchez de Bañales exhiba las dichas escrituras como asimismo me deje asistir y residir en esta ciudad o en las partes que convenga hasta la conclusión de esta causa en seguimiento de mi justicia y no sea molestado así por el susodicho como por la justicia de su majestad atento a ser un pobre desvalido esclavo y no tener persona de quien valerme para dicho efecto por todo lo cual. A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva declarar ser de los comprendidos en dicha cédula de su Majestad y deber gozar de mi libertad como tal chino que soy pues así es justicia que pido, costas, y en lo necesario, etcétera, y juro a Dios y a la Cruz no ser de malicia sino por alcanzar justicia. Otro sí digo que por cuanto soy un pobre de solemnidad y no tener con qué poder costear este pleito se ha de servir Vuestra Alteza mandar se me ayude por pobre y se me nombre por defensor a Pedro Agundez procurador de los del número de esta Real Audiencia por tanto a Vuestra Alteza pido y suplico así lo provea y mande que así es justicia que pido como arriba esta. Domingo de la Cruz Fuente: ARAG, Ramo civil, caja 9, legajo 9, exp. 124.
Impacto e integración de la población asiática en Nueva España: el caso de Puebla Rubén CARRILLO Universitat Oberta de Catalunya
Durante buena parte del periodo colonial la ciudad de Puebla de los Ángeles contó con uno de los grupos de inmigrantes asiáticos numéricamente más significativos del virreinato novohispano.1 Los autores que han trabajado la cuestión de la migración asiática en Nueva España, llegada a bordo del Galeón de Manila entre 1565 y 1815, coinciden en intuir con acierto que la comunidad de los chinos poblanos era un componente importante de esta diáspora transpacífica, pero no llevan a cabo un estudio pormenorizado de este grupo y centran su atención primordialmente en la región de la costa del Pacífico y en la ciudad de México.2 En este artículo se presentan los resultados de un extenso trabajo con fuentes poblanas, tomadas sobre todo de archivos parroquiales, que ha producido una primera base de datos de 175 habitantes asiáticos documentados en Puebla entre 1591 y 1803.3 El estudio de la diáspora asiática poblana es de especial interés porque su presencia demuestra cómo esta ciudad fue un eslabón clave en el sistema del galeón de Manila, condición que le permitió mantener una relación estrecha con Asia a lo largo del periodo colonial. Se trata de un pequeño y heterogéneo grupo que navegó el complejo contexto social y legal novohispano, ocupando una posición ambigua en el sistema racial de estratificación social y política. Los asiáticos nunca fueron considerados iguales a los indios, 1
En este estudio, Nueva España se refiere a los territorios americanos del virreinato, excluyendo a Filipinas. 2 OROPEZA, 2007; SEIJAS, 2014; SLACK, 2009; MACHUCA, 2009. 3 Esta base de datos —elaborada primordialmente a partir de las versiones microfilmadas de los registros de matrimonios y entierros de archivos parroquiales poblanos conservados en Archivo General de la Nación, Ciudad de México (en adelante AGN)— al completo y su análisis se puede consultar en CARRILLO, 2015a, pp. 171-247.
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negros, mulatos y mestizos con los que cohabitaban. En ocasiones, esta posición les permitió obtener ciertas prerrogativas, aunque a veces también les generó conflictos con personas de otras categorías étnicas. Es precisamente esta ambigüedad que hace de los asiáticos un factor relevante en el marco más general del análisis histórico de la agencia de las minorías étnicas en el desarrollo de las ciudades novohispanas, del cual Puebla, la segunda urbe del virreinato, no puede omitirse. Antes de entrar de lleno en el estudio del caso poblano es preciso aclarar un importante problema terminológico. Los miembros de esta diáspora recibieron los genéricos epítetos de indios chinos y chinos ya que, como señala Manel Ollé, «en Nueva España a través del topónimo de China se designaba con frecuencia a todo el ámbito de Asia Oriental» y por extensión se agrupaba a todos los habitantes de esa región con esos términos indiferentemente de su procedencia real.4 Cuando en México se hablaba de indios chinos se estaba diferenciando a estos de los indios locales.5 Por esta razón, el historiador Jonathan Israel no hace distinción entre asiáticos, indios chinos y chinos, considerándolos a todos miembros de una diáspora transpacífica de primera y subsecuentes generaciones.6 No obstante, aún persiste el argumento contrario que sostiene que el término chino se refería a un descendiente de uniones entre amerindios y afromestizos y, más aún, que la presencia asiática en el México colonial fue insignificante.7 Buena parte de este alegato se sostiene en el hecho de que las famosas pinturas de castas del siglo XVIII retratan al menos catorce combinaciones distintas que producían chinos y, al mismo tiempo, omiten cualquier referencia a Asia.8 Sin embargo, es imposible determinar a través de estas fuentes pictóricas qué significaba la palabra chino para los poblanos y otros novohispanos en el siglo XVII porque, como señala Marín, la compleja y confusa nomenclatura empleada en las pinturas de castas son más una expresión intelectual, cercana al exotismo del rococó, que un serio esfuerzo de representar la realidad social de los virreinatos americanos.9 Cabe señalar que esta ambigüedad terminológica continuaba vigente a principios del siglo XIX cuando Humboldt tomó nota de ambas acepciones al escribir, por un lado, «son muchos los individuos de origen asiático, ya chino, ya malayo, que se han establecido en NuevaEspaña», y «los descendientes de negros y de indias son conocidos en Mégico [sic], Lima, y aun en la Habana, con el estraño [sic] nombre de Chinos»,10 por el otro. Es preciso remarcar que el exhaustivo análisis realizado en los archivos parroquiales poblanos no produjo ningún individuo que claramente se ajustara a la segunda definición de Humboldt. Las fuentes poblanas permiten matizar la evolución histórica del uso de estos términos. En ellas, los individuos provenientes de lugares concretos de Asia aparecen docu4 5 6 7 8 9 10
OLLÉ, 2013, p. 155. Ver también MACHUCA, 2009, p. 98. OROPEZA, 2011, p. 17. ISRAEL, 1980, pp. 82-84. HERNÁNDEZ, 2012. SEIJAS, 2014, pp. 248-249. MARÍN, 1999, p. 88. HUMBOLDT, 1822, vol. I, libro II, capítulo VI, 145; vol. I, libro II, capítulo VII, 261.
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mentados de manera regular a lo largo de todo el periodo estudiado, dejando patente la relativa regularidad del flujo migratorio. Los casos de individuos llamados chino o china sin alusión a una proveniencia transpacífica fueron registrados solo a partir de 1608 y este nomenclátor no se convirtió en el término mayoritario hasta mediados del siglo XVII. Por su parte, el epíteto indio chino se hizo menos frecuente a partir de la década de 1610, hasta desaparecer por completo después de 1650. Los pocos chinos registrados como nacidos en Nueva España —presumiblemente inmigrantes de segunda generación, dada su tendencia a desposar asiáticos recién llegados— aparecen en fechas posteriores a 1650 y en ningún caso las fuentes explicitan que los padres sean un indio y una afromestiza o viceversa. A todo esto cabe añadir que, como señala Déborah Oropeza, «no todos los “negros” en la Nueva España eran de origen africano, pues con ese apelativo también se identificó a algunos esclavos asiáticos como a Clara “negra bengala”, Lucía “burneya negra” y Agustín, distinguido como “negro”, “de casta macasar” y “chino”».11 En este sentido, en Puebla se encuentran los casos de Antón, «negro de tierra malaca en la China», de 1597, Pedro «negro chino natural de Camboya», de 1610, Ambrosio Vázquez, «mulato natural de la ciudad de Manila», de 1631, Pedro Marín, «negro de la India de Portugal», de 1692 y Andrés Antonio López, «mulato natural de la ciudad de Manila en las islas Filipinas», de 1739.12 Observando esta evolución cronológica de los términos en las fuentes poblanas, se puede coincidir con otros investigadores que afirman que, en general, la palabra chino se usó en los siglos XVI y XVII primordialmente para indicar una distinción geográfica y no étnica.13 El gentilicio no adquirió sus connotaciones raciales hasta mucho después de iniciado el flujo migratorio transpacífico a medida que el proceso de mestizaje se intensificó. El número de nuevos inmigrantes provenientes de Asia descendió durante el siglo XVIII y con ello las probabilidades de matrimonios exogámicos aumentaron, con lo que una mayor proporción de asiáticos se casó con personas afrodescendientes.14 La metamorfosis del significado de chino culminó tras el final de la ruta directa entre Acapulco y Manila en 1815. Puesto que este estudio está basado sobre todo en documentos anteriores a 1700 —solamente cuatro son posteriores y estos aluden explícitamente al origen asiático de las personas a las que refieren—, con el objeto de simplificar, en este análisis el término chino se usa para referirse de manera general a todos los miembros de la diáspora asiática y sus descendientes. A continuación se describe y analiza el impacto y la integración de la población asiática en Puebla. En primer lugar se proporciona un esbozo de las conexiones transpacíficas de la ciudad. Seguidamente se da cuenta de la proveniencia, la composición,
11
OROPEZA, 2011, pp. 28-29, n. 61. AGN, Genealogía, Proyecto JIT, rollo 1527, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de negros (15861607), f. 128v; rollo 1528, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de negros (1607-1624), f. 15v; rollo 1526, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de negros y mulatos, (1687-1699), f. 92v; Matrimonios de negros, mulatos y chinos (1738-1758), f. 33; rollo 1706, San José, Matrimonios de morenos (1629-1657), f. 3. 13 MACHUCA, 2009, p. 98. 14 SLACK, 2009a, pp. 21-25. 12
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la distribución geográfica y las estrategias de cohesión social de este colectivo. En tercer lugar se analizan las ocupaciones y oficios que adoptaron los asiáticos. Un breve análisis del proceso de dilución y desaparición de la presencia asiática en la Puebla colonial cierra este estudio.
LOS VÍNCULOS TRANSPACÍFICOS DE PUEBLA Puebla de los Ángeles no tardó mucho tiempo en convertirse, después de su fundación en 1531, en una de ciudades más importantes de la América española. Su ubicación estratégica le daba acceso a importantes centros de población indígena —Tepeaca, Cholula y Tlaxcala—, regiones fértiles para la agricultura, pasturas para la crianza de rebaños de ovejas y a las principales rutas que conectaban a la ciudad con los valles oaxaqueños que producían la preciada grana de cochinilla y con el comercio Atlántico de Veracruz y, más tarde, con el del Pacífico de Acapulco. En las postrimerías del siglo XVI, la urbe llegaba a rivalizar con la ciudad de México en población y concentración de riqueza. Al tratarse de un centro agrícola, comercial, artesanal y cultural de primera magnitud, Puebla empezó a desarrollar conexiones transpacíficas con Asia inmediatamente después del descubrimiento de la ruta de tornaviaje de Filipinas y el establecimiento de Galeón de Manila (1565-1573). En las siguientes décadas los vínculos entre Puebla y Asia se fortalecieron a través del intercambio comercial y la creciente presencia de aquel continente en el imaginario novohispano. El que fue quizá el más célebre personaje relacionado con Puebla durante la colonia, el obispo Juan de Palafox y Mendoza, ejemplifica la imbricación de la ciudad y sus habitantes con China. El recientemente beatificado prelado defendió que aquel reino entraba en la jurisdicción de su diócesis, argumentando —erróneamente— que se hallaba próximo a su sede episcopal.15 Palafox se involucró en la política misional en Asia al oponerse a la propuesta jesuita de permitir a los conversos chinos continuar rindiendo tributo a sus ancestros durante la controversia de los ritos chinos.16 El mejor ejemplo de su entusiasmo por China fue su decisión de escribir una historia de la invasión manchú y el subsecuente establecimiento de la dinastía Qing en 1644.17 El cabildo de la ciudad compartió el interés del obispo por Asia, particularmente, en lo respecta a los trabajos de los misioneros y mártires. Para conmemorar la beatificación en 1627 de los veintiséis mártires de Japón de 1597, en 1628 y 1629 el cabildo poblano ordenó que se encendieran hogueras.18 En la misma línea, en 1684 organizó una colecta para apoyar la beatificación
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CLOSSEY, 2006, p. 43. CUMMINS, 1961. 17 «Este insigne Prelado […] entretenia correspondencia en la China por la via de Philipinas, y con las noticias que le venian dos vezes el año, formó su Illustissima esta relaçion», PALAFOX, Nota al lector del editor, 1670. 18 Archivo General Municipal de Puebla (en adelante AGMP), Actas de Cabildo, vol. 17, doc. 119, asunto 2, 5/9/1628, f. 122-122v; doc. 138, asunto 4, 26/1/1629, f. 146-146v. 16
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del religioso mexicano fray Bartolomé Gutiérrez «quien padeció el martirio en el Japón en el año de 1632».19 Un individuo llamado Diego de Santos Ligero, tras fracasar en su propio intento de emular a aquellos religiosos en su martirio asiático, volvió de Filipinas para asentarse en Puebla y se hizo famoso por una imagen de la virgen que trajo consigo. La labor religiosa que llevó a cabo como ermitaño le hizo merecedor de un panegírico.20 Puebla también tenía conexiones más mundanas con Asia. El poblano era un atractivo mercado para los géneros importados en el galeón por lo que el comercio transpacífico se convirtió en una fuente importante de recursos para la aduana de la ciudad. El cabildo poblano debatió el precio de géneros asiáticos en 1631.21 Fruto de la importación de estos productos, en 1699 el galeón generó 14 038 pesos en impuestos para la ciudad y, entre 1705 y 1723, la cifra se situó entre 6706 y 9235 pesos.22 Los poblanos adquirían muebles asiáticos, incluyendo los famosos biombos japoneses tan al gusto de las élites novohispanas; la catedral de Puebla tenía al menos dos de estas codiciadas piezas en 1656.23 Por otra parte, al tomar inspiración de la porcelana china, la producción cerámica poblana se transformó gracias al influjo de estos productos transpacíficos, como se detalla en el siguiente apartado. Puebla no solamente participaba en el circuito comercial del Galeón de Manila como un mercado, sino que la producción agraria de la ciudad permitía que dicho intercambio se produjera. El entorno inmediato a la ciudad de Puebla fue el sitio donde se introdujo por primera vez el trigo en Nueva España, junto con los primeros molinos de cereales y el arado. La ciudad no tardó en convertirse en el principal centro agrícola del virreinato.24 Puebla proveía buena parte del bizcocho y otros alimentos para las tripulaciones de los barcos que efectuaban la travesía de Acapulco a Manila.25 En 1599, el cabildo otorgó licencia a Pedro Gutiérrez Asperilla para suministrar 500 quintales de bizcocho bazo y cincuenta «del blanco» al puerto de Veracruz y barcos de Filipinas.26 Ese mismo año el cabildo llevó a cabo una inspección de los bizcocheros que suministraban a Acapulco para que «encierren debajo de la vela [el bizcocho], para que no se pueda disponer de bizcocho sin licencia de la ciudad».27 Las actas del cabildo poblano registraron discusiones sobre la remisión de bizcocho a «Filipinas y Real Campo de Manila para ayuda de soldados y marineros»28 en diez ocasiones más entre 1627 y 1651.29 Casi 30 000 quintales de
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Ibidem, vol. 31, doc. 8, asunto 3, 18/3/1684. RUBIAL, 2006, p. 27. 21 AGMP, Actas de Cabildo, vol. 17, doc. 283, asunto 5, 24/10/1631, f. 293-293v. 22 GARAVAGLIA Y GROSSO, 1986, pp. 117-118. 23 SANABRAIS, 2009, p. 81. 24 MIÑO, 2001, p. 89. 25 YUSTE, 1997, p. 59. 26 AGMP, Actas de Cabildo, vol. 13, doc. 157, asunto 2, 25/10/1599, f. 86v. 27 AGMP, doc. 160, asunto 2, 3/11/1599, ff. 87v-88. 28 AGMP, vol. 16, doc. 333, asunto 3, 19/5/1626, f. 322-322v. 29 AGMP, vol. 17, doc. 45, asunto 2, 5/3/1627, f. 45; vol. 17, doc. 47, asunto 3, 16/3/1627, f. 47v; vol. 18, doc. 132, asunto 3, 26/11/1635, ff. 147v-148; doc. 254, asunto 5, 1/2/1638, f. 296-296v; vol. 19, 20
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bizcocho poblano se destinaron a las tripulaciones de la Armada de Barlovento, Acapulco y galeones entre 1678 y 1687, junto a cantidades mucho menores de tocino, frijoles, arroz y queso.30 Además del bizcocho, Puebla proporcionaba otros géneros como grana de cochinilla y jabón, los cuales complementaban a la plata como productos de exportación del galeón en su vector Acapulco-Manila.31 A raíz de la imbricación de Puebla con el sistema comercial del Galeón de Manila, la ciudad también participó en el flujo migratorio transpacífico en ambas direcciones. Como otras ciudades novohispanas, Puebla reclutó milicias para servir en Filipinas. El virrey instruyó al cabildo financiar las levas en 159732 y en una sesión de 1625 las autoridades municipales discutieron la cantidad de dinero que debía destinarse «para provisión de las naos y gente de mar y Guerra que partieron a Filipinas».33 En dirección contraria, se produjo un flujo constante de inmigrantes procedentes de diversas partes del sur, sureste y este asiáticos.
PROCEDENCIA, COMPOSICIÓN Y ASENTAMIENTO DE LA DIÁSPORA Los primeros asiáticos debieron llegar a Puebla poco después del establecimiento del Galeón de Manila a partir de 1571-1573. Sin embargo, puesto que en Nueva España no se requirió a los párrocos registrar los bautismos, confirmaciones, matrimonios y entierros de toda la población hasta la celebración del Tercer Concilio Provincial Mexicano en 1585,34 el primer asiático, Agustín Pérez, «chino natural de las islas Filipinas», no fue registrado en las fuentes parroquiales poblanas hasta 1591.35 Aunque en la mayor parte de los casos la proveniencia exacta de estos chinos no está descrita expresamente, se tiene constancia de 47 personas oriundas de Filipinas, la India de Portugal,36 Malaca, Ceilán, Bengala, Camboya y Japón. Entre el contingente filipino, es probable que muchos fueran chinos sangleyes o mestizos de sangley.37 Como puede verse en la figura 1, la mayor parte provenían de Filipinas, principalmente de Manila doc. 84, asunto 2, 25/2/1640, ff. 112v-113; vol. 20, doc. 54, asunto 3, 20/10/1643, ff. 101-106; vol. 21, doc. 26, asunto 2, 16/12/1644, ff. 50v-51; vol. 22, doc. 2, asunto 33, 2/1/1647, f. 8-8v; doc. 44, asunto 3, 30/10/1647, ff. 96v-97; doc. 64, asunto 3, 21/2/1648, ff. 142v-143; vol. 23, doc. 9, asunto 3, 2/3/1650, f. 29r-29v; doc. 49, asunto 2, 10/2/1651, ff. 109-110. 30 GARAVAGLIA Y GROSSO, 1986, p. 103. 31 MARÍN, 1999, p. 55; OROPEZA, 2007, p. 55; YUSTE, 1992, p. 104. 32 AGMP, Actas de Cabildo, vol. 13, doc. 41, asunto 1, 31/12/1597, 24f. 33 AGMP, vol. 16, doc. 256, asunto 7, 10/5/1625, f. 257. 34 MARÍN, 1999, p. 81. 35 AGN, Sección Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1527, Sagrario Metropolitano, Matrimonios (1585-1607), f. 118. 36 El Estado da India, con sede en Goa, comprendía los dominios portugueses en el este de África, el sur y sureste asiático, Macao y Nagasaki. 37 Sangley era el término usado para hablar de los miembros de la diáspora china en Filipinas que vivían mayoritariamente en el barrio del parián extramuros de Manila. Sobre las variadas interpretaciones de este término véase OLLÉ, 2013, pp. 156-157, n. 2.
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Figura 2. Origen de asiáticos, indios chinos y chinos en Puebla (1591-1803). Nueva España central,* 19
Filipinas,** 13
India de Portugal,*** 5 Malaca, 3 Ceilán, 2
Asiáticos, 47
Bengala, 2 Camboya, 1 Japón, 1
Chino, 90
Manila, 19 Indio chino, 19
Imperio Mogol, 1
*Puebla (7), Analco (8), Ciudad de México (2), San Salvador el Seco (1), Villa de Carrión (1) **Sin localización exacta (6), Camarín (1), Cavite (1), Cebú (1), Lubao (1), Madrassa (1), Parañaque (1), Pasig (1). Fuentes: AGN, Inquisición, vols. 486, 356, 626, 1418; Hacienda, vol. 285; Tierras, 1251, vol. 2963; Real Audiencia, Indios, 6, vol. 9; Genealogía, Rollos 1526, 1527, 1528, 1706, 1707, 1794, 1844, 1924, 5931; VEYTIA, 1962, p. 129; LEICHT, 1934, pp. 112-113, 178-179, 418; POHL, HAENISCH y LOSKE, 1978, p. 43; MARÍN, 1999, pp. 39, 113.
—19 individuos—. Junto a ellos, los párrocos poblanos también registraron a seis personas de lugares no especificados del archipiélago, además de un chino de Camarín, uno de Cavite, uno de Cebú, uno de Lubao, uno de «Madrassa en el obispado de Manila», uno de Pasig y otro de Parañaque.38 Es posible que muchos de estos individuos, especialmente los esclavos, no fueran austronesios nativos de Filipinas y que Manila se usase para designar el puerto de salida y no de origen de los chinos.39 Las fuentes asocian a la diáspora asiática con muchos lugares específicos de Puebla. Los chinos aparecen en los registros matrimoniales y de entierros de las tres parroquias más antiguas de la ciudad: el Sagrario Metropolitano (creada en 1531), San José (1578) y Santo Ángel Custodio —Analco— (1627). Como puede verse en la figura 2, las fuentes de los archivos de estas parroquias sitúan 86 miembros de la diáspora asiática en la primera, 32 en la segunda y 49 en la tercera, donde también se localizaban unos «mesones del chino rico».40 Junto a estos registros, se tiene constancia de entierros de chinos en las iglesias de la Compañía y de la Santa Cruz y en los conventos de San Francisco y de la Limpia Concepción, y de la presencia de miembros de la diáspora asiática en el hospital de San Bernardo y en el Colegio de San Ildefonso. 38
CARRILLO, 2015a, p. 186. Déborah Oropeza argumenta que los filipinos eran una parte relativamente reducida del tráfico de esclavos transpacífico, puesto que en 1574 Felipe II prohibió la esclavitud de los indios filipinos, OROPEZA, 2011, pp. 17-18. 40 LEICHT, 1934, p. 113. 39
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Figura 3. Ubicación de asiáticos, indios chinos y chinos en Puebla (1591-1803).
Fuentes: elaboración del autor sobre plano de Ferran Gordi y Núria Lloret a partir de un plano de Puebla de 1754 citado en CUENYA, 1996, p. 59. Fuentes: AGN, Inquisición, vols. 486, 356, 626, 1418; Hacienda, vol. 285; Tierras, 1251, vol. 2963; Real Audiencia, Indios, 6, vol. 9; Genealogía, rollos 1526, 1527, 1528, 1706, 1707, 1794, 1844, 1924, 5931; VEYTIA, 1962, p. 129; LEICHT, 1934, pp. 112-113, 178-179, 418. POHL, HAENISCH y LOSKE, 1978, p. 43. MARÍN, 1999, pp. 39, 113.
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Estos datos sugieren que la mayor parte de la diáspora asiática se asentó a lo largo del río San Francisco, posiblemente porque era allí donde se hallaban los obrajes laneros, mismos que, como se detalla en el siguiente apartado, empleaban a un gran número de asiáticos. Próxima al río, existió una cofradía de chinos que tenían a su cargo el cuidado de una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en la iglesia de la Concordia.41 Hermandades religiosas como esta, también presentes en la Ciudad de México, proveían a los asiáticos de un espacio de comunidad y apoyo.42 A pesar de que la naturaleza heterogénea y el reducido número de este grupo evitó la configuración de una identidad china propiamente dicha, la existencia de esta hermandad corrobora los esfuerzos de esta diáspora por mantener una cierta cohesión social. En este sentido, es preciso destacar que cerca de la Concordia, se hallaba la «calle de las chinitas»,43 nombre que pudo haber derivado de la presencia asiática en la zona. La mayor parte de la diáspora eran hombres, puesto que solo se encontraron datos de 36 mujeres y 14 individuos cuyo género no se explicita en la fuente. Esta desproporción forzó a los asiáticos a enlaces matrimoniales exogámicos. Entre los 120 matrimonios registrados en las parroquias poblanas, solo uno de cada ocho fueron uniones donde ambos contrayentes eran chinos. Este comportamiento contrasta con la tendencia de otros grupos étnicos a buscar enlaces endogámicos.44 Puesto que el matrimonio brindaba una oportunidad para ascender socialmente en el sistema de estratificación racial que existía en Nueva España, la selección de la etnia de la pareja era una cuestión de suma importancia.45 En general, se debía buscar pareja entre los blancos y evitar las uniones con miembros de la diáspora africana, quienes se encontraban en la base de la pirámide social. Sobre todo en las décadas anteriores a 1650, la mayoría de chinos libres optó por casarse con indígenas mesoamericanos, mientras que los chinos esclavos tendieron más a casarse con negros y mulatos, posiblemente coaccionados por sus amos.46 Por el contrario, como se verá en el siguiente apartado, el único matrimonio registrado entre un chino y una española fue el del hijo de un próspero mercader chino. A partir de la segunda mitad de la centuria se observa que los matrimonios entre chinos y amerindios se hicieron cada vez menos frecuentes, a la vez que los matrimonios entre chinos, y negros y mulatos fueron en aumento —estas tipologías matrimoniales representan un 30 y un 31 por ciento del total, respectivamente—. Los matrimonios entre chinos y mestizos, muy escasos al principio del periodo estudiado, también se hicieron más recurrentes en la segunda mitad del siglo XVII, hasta alcanzar el 15 por ciento del total. Por último, en el 11 por ciento restante los párrocos no registraron la etnia de la pareja de que el chino o china estaba desposando.47
41
LEICHT, 1934, p. 112. Los chinos también organizaron cofradías en la ciudad de México SEIJAS, 2014, pp. 207-208; OROPEZA, 2007, pp. 118, 143-144, 172. 43 LEICHT, 1934, pp. 112-113. 44 VILLAFUERTE, 1991, pp. 91-99; LOVE, 1971, pp. 79-91; MIÑO, 2001, pp. 108-109. 45 MIÑO, 2001, p. 85. 46 80 por ciento de los matrimonios que involucraban a un esclavo o esclava se produjeron entre un chino y china y un miembro de la diáspora africana, CARRILLO, 2015a, p. 233. 47 Ibidem, p. 232. 42
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Algunos de los chinos nacidos ya en Mesoamérica se casaron con asiáticos recién llegados, indicando que los miembros de segunda, o incluso tercera, generación mantuvieron viva su vinculación con Asia mediante el matrimonio. Por ejemplo, María Teresa y Andrea de los Reyes, ambas chinas nacidas en Puebla, desposaron a Francisco Habreo, «chino chingala», en 1644 y a Lorenzo de la Cruz, «chino de Manila», en 1646, respectivamente.48 Los matrimonios, el compadrazgo y la pertenencia a hermandades religiosas permitieron a los asiáticos mantener una tenue cohesión social, a pesar de que su escaso número y la falta de mujeres les llevó inexorablemente a la asimilación con otros grupos.
OCUPACIÓN Y CONDICIÓN SOCIAL DE LOS CHINOS POBLANOS Los chinos poblanos se emplearon en un amplio abanico de actividades económicas. Las fuentes informan sobre la ocupación de los chinos en el 70 por ciento de los casos (123 de 175). A continuación se analizan los casos de esclavos, seguidos de trabajadores de obrajes y, por último, el resto de ocupaciones de los chinos libres.
Esclavos La trata de esclavos a bordo del Galeón de Manila fue un fenómeno significativo, aunque nunca se acercara a los niveles del comercio de esclavos en el Atlántico.49 Manila era un importante mercado de personas capturadas a lo largo de todo el litoral del océano Índico que llegaban al archipiélago filipino a bordo, sobre todo, de naves portuguesas, a un ritmo tal, que la población esclava de intramuros llegó a representar un tercio del total.50 Oropeza señala que, ante la ausencia de un asiento para el tráfico transpacífico de personas, el Galeón de Manila debía servir solo para transportar a los esclavos particulares de «individuos distinguidos (funcionarios, mercaderes, etc.) quienes regresaban de Filipinas al centro del virreinato» con el fin de evitar que la población autóctona del archipiélago fuera esclavizada y, a la vez, maximizar el espacio de a bordo para las preciadas mercaderías asiáticas que transportaba.51 A partir de 1620, se aumentó
48
AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1844, Santo Ángel Custodio, Matrimonios (1632-1670), ff. 68v, 80v. 49 Los trabajos más importantes sobre la esclavitud en el Galeón del Manila son OROPEZA, 2011; SEIJAS, 2008 y 2014. 50 OROPEZA, 2011, p. 26. Para un análisis general del tráfico de esclavos en el Índico y su impacto en Manila, véase SEIJAS, 2014, pp. 32-72. 51 OROPEZA, 2011, p. 10. Cabe remarcar que esclavos provenientes de Mozambique que entraban en Nueva España lo hacían a través de Acapulco y, por lo tanto, los esclavos que transportaba el galeón no eran exclusivamente asiáticos, sino también africanos, Ibidem, 2011, pp. 28-29. Las diecisiete personas de esta procedencia registradas en los archivos parroquiales poblanos aparecen entre 1600 y 1648, coincidiendo con el periodo de auge del tráfico transpacífico de esclavos. AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1527, Sagrario Metropolitano, Matrimonios (1585-1607), ff. 135v, 144v, 148v, 149, 149v, 157, 158v, 162; Rollo 1528, Sagrario Metropolitano, Matrimonios (1605-1624), ff. 9, 18, 33; Rollo 1706, San José, Matrimonios de morenos (1629-1657), f. 7; Rollo 1844, Santo Ángel Custodio, Matrimonios (1632-1670), f. 95v.
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el número de tripulantes y pasajeros que podían llevar un número limitado de esclavos.52 Veinte por ciento de aquellos transportados contra su voluntad fueron mujeres a pesar de restricciones específicas que buscaban limitar la trata a individuos varones.53 Si bien la presencia de esclavos asiáticos en el centro del virreinato no fue masiva, no se trató de un fenómeno menor, como refleja un reporte a la reina Mariana de Austria: «En la Nueva España y en especial en la ciudad de México y distrito de la Audiencia de ella hay grandísimo número de estos chinos tenidos y reputados comúnmente por esclavos y las mujeres chinas también y sus hijos sin diferencia alguna».54 No sorprende, por tanto, que 82 de los chinos registrados en las fuentes parroquiales poblanas fueran esclavos; cifra que representa casi la mitad del total y dos tercios de quienes se tiene información sobre ocupación.55 No obstante, resulta complicado determinar a qué se dedicaban concretamente estos esclavos en 21 de los casos, puesto que las fuentes no proporcionan información adicional sobre estos individuos ni sobre el oficio de sus amos. En cuanto al resto, destacan los esclavos que pertenecían a oficiales; aparecen referencias a dos alféreces, la viuda de un sargento mayor y cinco capitanes, al menos uno de los cuales, Jacinto de Rivas, propietario de un «chino de tierra bengala», había servido en Filipinas.56 En conjunto, estos oficiales poseían once esclavos chinos —ocho varones y tres mujeres—.57 Entre los propietarios de esclavos asiáticos de cuya profesión se tiene noticia también se encuentran Juan de Castro, guantero, poseedor de tres esclavos; Alonso Ruiz, sombrerero, dueño de dos; Diego de Alvarado, mercader, quien tenía un «chino natural de la ciudad de Manila»; Hernán Martín de Badía, pedrero, amo de una esclava «china que se crió en Manila»; y Francisco Hernández, tocinero. Destacan también, por un lado, dos presbíteros, Francisco de Aguilar, dueño de un «chino chingala [cingalés de Ceilán]» y un «chino muy viejo», y Pedro Salgado, quien contaba con un esclavo chino y, por otro lado, dos funcionarios, Alonso de Herrera, regidor, propietario de Pedro de la Cruz, «de nación bengala», y Gabriel del Castillo, alcalde mayor, dueño de un «negro de la India de Portugal».58
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Oropeza recoge el ejemplo de la almiranta San Ambrosio, llegada a Acapulco en 1639, a bordo de la cual el escribano transportó siete esclavos, el piloto mayor y acompañado de piloto cinco cada uno, el condestable y un marinero, dos cada uno y diecisiete tripulantes más, un esclavo cada uno. OROPEZA, 2011, p. 13. 53 Ibidem, p. 11. 54 GONZÁLEZ, 1989, p. 525. 55 CARRILLO, 2015a, p. 195. 56 AGN, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D41, exp. 67, ff. 167-169. 57 AGN, Sección Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1526, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de mulatos (1675-1686), ff. 13v, 84v, 88, 103v, 161v, 171v; rollo 1528, Sagrario Metropolitano, Matrimonios (1605-1624), ff. 58-59; Rollo 1707, San José, Matrimonios de morenos (1629-1657), f. 33; Rollo 1844, Santo Ángel Custodio, Matrimonios (1632-1670), f. 114bis. 58 AGN, Tierras, 1251, vol. 2963, exp. 69; AGN, Sección Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1526, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de mulatos (1675-1686) ff. 17v, 22; Matrimonios de negros y mulatos (1687-1699), f. 92v; Rollo 1528, Sagrario Metropolitano, Libro de matrimonios (1605-1624), ff. 15v, 22,
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Un caso que merece especial atención es el de Clemente Patiño, panadero, quien poseía al menos un «chino natural de la India de Portugal», dos chinos de Manila y un chino cuya proveniencia no fue registrada.59 Puesto que Patiño era uno de los encargados de producir bizcocho «para las raziones [sic] ordinarias» de los tripulantes de los galeones de Manila,60 en su persona convergen dos manifestaciones de las conexiones transpacíficas de Puebla: suministro de las naos y migración asiática. Patiño pudo haber obtenido a sus esclavos en sus viajes a Acapulco, posiblemente recibiéndolos como parte del pago por sus fletes de bizcocho. Al tratarse del caso mejor documentado de esclavitud asiática a Nueva España, es preciso hacer breve mención de Mirra, bautizada Catarina de San Juan, famosa anacoreta y visionaria que vivió en Puebla entre 1621 y 1688, mejor conocida como la china poblana.61 Su celebridad se debe en gran medida a la falsa creencia que la vestimenta —supuestamente exótica— de Catarina dio lugar al traje que también lleva el nombre de china poblana, mismo que, a partir de mediados del siglo XIX, pasó a ejemplificar el espíritu republicano del México recientemente independiente y, en última instancia, se convertiría en el arquetipo nacional de la mujer mexicana.62 No obstante, las descripciones de uno de sus biógrafos, José del Castillo Grajeda, restan toda credibilidad a esta idea. De acuerdo con él, Catarina solía vestirse con un tosco sayal de lana y un manto, al modo de las monjas capuchinas.63 Son las biografías de este personaje, mucho más que la espuria conexión entre la esclava asiática y el traje típico mexicano, los elementos que hacen de Catarina un personaje capital en la historia del impacto e integración de la población asiática en Puebla. Este corpus es importante puesto que forma parte de la historia de la influencia asiática en las letras novohispanas.64 Pero el principal interés que tienen estas fuentes en relación a la diáspora asiática de Puebla es que contienen pasajes que ilustran la manera cómo eran vistos y tratados sus miembros. Por ejemplo, ante las acusaciones de un cura de haber robado un peso, Catarina contestó, «Tome su peso que yo no trato de engañar a nadie y sepa que tengo muy buena sangre en estas venas aunque parezco y me tienen por china».65 El pasaje sugiere que los chinos eran vistos con suspicacia y se les consideraba mentirosos y ladrones. Los chinos compartían este estigma con negros y mulatos a
46v, 73; Rollo 1706, San José, Matrimonios de morenos (1629-1657), ff. 3v, 36v; Rollo 1844, Santo Ángel Custodio, Matrimonios (1632-1670), f. 68v; Rollo 1924, Santo Ángel Custodio Entierros, f. 26v. 59 AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1707, San José, Matrimonios de morenos (1629-1657), ff. 29v, 30v, 31bisv, 35. 60 AGN, Indiferente Virreinal, Alcaldes Mayores, caja 1261, exp. 20, 1654. 61 Esta mujer ha despertado el interés de los estudiosos de la diáspora asiática en Nueva España. Véase OROPEZA, 2007, p. 149; SLACK, 2009b, p. 43; SEIJAS, 2014, pp. 8-31. 62 El proceso de emergencia de este arquetipo se explica con mayor detalle en CARRILLO, 2015b. 63 SÁNCHEZ, 2005, pp. 171-172; TIBÓN, 2003. 64 El análisis de las representaciones de Asia y los asiáticos y su influencia en las letras novohispanas se encuentran en CARRILLO, 2015a, pp. 283-339. 65 MAZA, 1990, p. 47.
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quienes también se asociaba con robos y otras actividades criminales.66 En sus biografías Catarina lucha por deslindarse de su identidad de china, por lo que estos textos son un testamento a la exclusión social que sufría la diáspora asiática en Puebla. Sus biografías también contienen interesantes pasajes sobre Asia, en la forma de visiones que la vinculaban a sus orígenes transpacíficos.67 En una de ellas, por ejemplo, viajó ante la presencia del emperador de China, salpicó su cara con la sangre de Cristo y dibujó el signo de la cruz en su frente.68 Mirra fue raptada por portugueses y bautizada en Cochín con el nombre de Catarina de San Juan. A partir de entonces, cuentan sus biógrafos, comenzó a sufrir vejaciones y maltratos, de los que buscó refugio en sus visiones de Cristo. En Manila fue comprada por encargo de Miguel de Sosa, mercader poblano, y la esclava llegó a Puebla en 1621. Catarina trabajó como costurera, cocinera y chocolatera para los Sosa hasta que su amo al morir le concedió la manumisión en 1624. Durante las siguientes décadas, Catarina se convirtió en una conocida asceta y visionaria. No era excepcional en Nueva España que surgiesen este tipo de individuos, hombres y mujeres de estratos sociales bajos, que tenían, como ha demostrado Rubial García, «una activa participación en la dirección espiritual y en el fomento de variadas prácticas religiosas de clérigos y laicos».69 Tras la muerte de su esposo, un esclavo chino, en 1644, Catarina se mudó a un cuartillo de una casona ubicada frente a la iglesia de la Compañía, templo donde sería enterrada al fallecer en 1688.70 Su funeral atrajo a muchas personas, incluyendo a miembros de la elite secular y eclesiástica de la ciudad. Los intentos de beatificación que emprendieron sus admiradores —en última instancia fallidos— dieron pie a la publicación de sus biografías. La mayoría de los chinos poblanos no alcanzaron el renombre de Catarina y han pasado mayoritariamente desapercibidos a pesar de sus contribuciones a la economía de la ciudad. El contingente más grande de esclavos chinos —27 de los que se tiene información— trabajaba en uno de los muchos obrajes laneros de la ciudad; en efecto, como se verá en el siguiente apartado, el sector textil empleó a una parte mayoritaria de los inmigrantes asiáticos, tanto esclavos como libres.
Ocupaciones de los chinos libres Junto a los esclavos, las fuentes poblanas hablan de catorce trabajadores de obraje que eran chinos libres. Con estas cifras, se observa que muchos de los asiáticos que habitaron en Puebla participaron en la producción textil, lo cual no debe sorprender tratándose de uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad. Los obrajes eran grandes talleres dedicados a la producción de tela —principalmente de lana o algodón— que requerían de al menos 20 trabajadores, algunos de ellos especializados,
66 67 68 69 70
ISRAEL, 1980, p. 84. RAMOS, 1690, ff. 159, 173. MAZA, 1990, p. 91. RUBIAL, 2006, p. 18. MAZA, 1990, p. 61.
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como los cortadores, tejedores e hiladores y sus aprendices. Personas libres, algunas no remuneradas o adeudadas, criminales convictos, forzados y esclavos laboraban, comían, dormían y hasta rezaban —a menudo en el mismo espacio— hacinados y sometidos a duros tratos, para hilar, tejer y teñir la tela de las ropas de los pobres y los miembros de las órdenes religiosas.71 Desde 1539, año en que empezó a funcionar el primer obraje, Puebla emergió como un centro de producción textil, gracias en parte a su acceso al mercado peruano.72 En 1632 una inspección de obrajes de Puebla reveló que los trabajadores eran apresados, azotados y golpeados y que el dueño de uno de los establecimientos hasta amenazó con ahogar en el río Atoyac a las personas que se negaran a trabajar.73 Junto a las minas argentíferas, los obrajes eran uno de los peores lugares de trabajo en Nueva España. La presencia de chinos en los obrajes no fue un fenómeno exclusivo de Puebla, puesto que había trabajadores asiáticos en obrajes de Coyoacán y Mixcoac;74 sin embargo, la evidencia actual sugiere que en esta ciudad había una proporción más elevada de chinos trabajando en este tipo de talleres que en otras localidades novohispanas con presencia asiática. No sería arriesgado suponer que muchos de los chinos que trabajaban en los obrajes —junto a sus homólogos indios, negros y mulatos— estaban expuestos a condiciones de trabajo muy duras y a maltratos. Algunos datos apoyan esta hipótesis. Por ejemplo, Hernando de Aranda, propietario de al menos un esclavo chino en 1608, fue acusado de lastimar y encerrar a los indios de su obraje en 1611.75 Otro caso de maltrato ocurrió cuando el obrajero Bartolomé de Tapia herró a Andrés de los Reyes, uno de sus al menos dos esclavos chinos.76 Unos pocos de los chinos en los obrajes poblanos eran trabajadores especializados. En 1602, Juan Bautista, «indio chino libre», era tejedor en el obraje de Gaspar de Rojas, donde trabajaban junto a él al menos tres esclavos «indios chinos». Tres años más tarde un «chino libre natural de Manila» homónimo aparece como tejedor en el obraje de Melchor Rodríguez.77 Esta ocupación haría de Juan una de las personas mejor pagadas si se toman en cuenta los datos disponibles para otro obraje de Puebla en la década de 1620-1630, donde los tejedores ganaban catorce reales por pieza —cuatro veces más que los demás trabajadores—.78
71
SALVUCCI, 1987. Ibidem, p. 18. 73 Ibidem, p. 123. 74 OROPEZA, 2011, p. 40; KAGAN, 1979, pp. 207-211. 75 AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1527, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de indios, f. 36v; AGN, Real Audiencia, Tierras (110), Contenedor 1251, vol. 2962, exp. 46. 76 AGN, Sección Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1706, San José, Matrimonios de morenos (16291657) ff. 2v, 10. 77 AGN, Sección Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1527, Sagrario Metropolitano, Matrimonios (1585-1607), ff. 144v, 153. Los esclavos, «indios chinos de casa de Gaspar de Rojas», aparecen en Ibidem, f. 41. El de Rojas era un obraje mediano que produjo un beneficio de 40 500 reales en 1597, véase MIÑO, 2001, p. 200. 78 SALVUCCI, 1987, pp. 125-126. 72
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Fuera de los obrajes las fuentes documentan muchas otras ocupaciones entre los chinos libres: tres mercaderes, dos calceteros, un mesonero, un sacerdote, un sastre, un herrero, un sombrerero, un cerero y confitero, además de un pordiosero y un adivino.79 Dos casos relevantes por tratarse de oficios especializados son el de Mateo de Córdoba, «chino natural de la ciudad de Seilan [sic] en la Gran China», quien aprendió oficio de sastre de Juan de Cortes y desposó a una mestiza al servicio de su maestro en 1639,80 y el de Francisco de la Cruz, hijo de un esclavo «chino de Manila», herrero que contrajo matrimonio en Analco en 1683.81 Destaca también Mateo Peña, «mulato que era chino», porque fue nombrado noveno «gobernador de los naturales» en 1682, cargo bajo cuya jurisdicción se hallaban todos los indígenas de los barrios de Puebla.82 Se desconoce si su calidad de chino le género problemas a la hora de intentar hacer efectiva su autoridad sobre los indígenas. Esto fue precisamente lo que ocurrió con un caso similar, cuando Pedro Vázquez fue depuesto tras ser reelegido como «gobernador de los naturales» en Huitzuco —en el actual estado de Guerrero—, por ser «chino y no indio» en 1696.83 Ante la diversidad de ocupaciones que tuvieron los chinos poblanos sorprende la actividad en el sector de la producción de cerámica por su ausencia, pese a hipótesis de especialistas que proponen lo contrario. Slack, por ejemplo, sostiene que los chinos pudieron haberse involucrado en la producción de Talavera poblana, puesto que este tipo de cerámica imita estilos chinos.84 En efecto, en 1653 el gremio de alfareros exigía a sus miembros imitar los tipos de la porcelana china.85 No obstante, como advierte Curiel, este hecho no debe invitar de forma automática a la suposición de que la cerámica esmaltada blanquiazul de Puebla imitase servilmente el estilo característico de una parte de la porcelana Ming.86 Por el contrario, el proceso de emergencia de la famosa Talavera poblana fue uno de compleja asimilación que no puede ser tomado como evidencia de presencia de ceramistas chinos —en este caso de la China, propiamente dicha— puesto que la población asiática de Puebla no provenía solamente de China y, sobre todo, porque una exhaustiva investigación en los archivos parroquiales poblanos
79
CARRILLO, 2015a, p. 195. AGN, Sección Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1706, San José, Matrimonios de morenos (16291657), f. 12. Tres años más tarde Córdoba fue multado 142 pesos según AGMP, Actas de Cabildo, vol. 19, doc. 228, asunto 4, 07/29/1642, f. 335. 81 AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1526, Sagrario Metropolitano, Libro de matrimonios de mulatos, f. 129. Sobre la procedencia de su padre véase AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1844, Santo Ángel Custodio, Matrimonios correspondientes a los años de 1632 y 1670, f. 80v. 82 LEICHT, 1934, pp. 178-179; CUENYA Y CONTRERAS, 2007, p. 41. 83 AGN, Real Audiencia, Indios 58-18-32-350, ff. 286v-387; AGN, Real Audiencia, Indios 58-18-32337, ff. 297v-298. 84 SLACK, 2009b, pp. 42-44. 85 CURIEL, 2009, p. 33. Para las importaciones de porcelana china en el México colonial, KUWAYAMA, 1997. 86 CURIEL, 2009, p. 34, n. 8: «It is necessary to undo, once and for all, the general and erroneous idea that the blue-and-white ceramics of Puebla were simple copies of Chinese porcelain». 80
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no pudo revelar ningún nexo entre este grupo y la producción alfarera poblana. Este último punto es importante porque pretende socavar los argumentos a favor del excepcionalismo asiático. En otras palabras el carácter asiático de los chinos no determinó su rol en la economía poblana. No obstante, aunque de momento no haya fuentes que corroboren el influjo directo de artistas asiáticos en los estilos pseudo-chinos de la Talavera poblana, hubo al menos un artista miembro de la diáspora que dejó su marca en Puebla. De acuerdo con el cronista Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, en la catedral se podía ver un cuadro de «Nuestro Redentor con la cruz a cuestas, que se dice haberla pintado un chino de nación, el año de 1612».87 En este punto es importante recordar que había artistas y talladores de marfil que formaban parte de la comunidad china de Manila, que ya desde 1590 producían bellas imágenes religiosas para las iglesias cristianas.88 Por esta razón, es pertinente postular la hipótesis de que el artista de la catedral poblana fuese un sangley del parián de Manila. Al margen de todos ellos, sobresalen dos casos más. El primero, Gregorio Mateo, «indio xapón natural del pueblo de Amesenda [Sendai?] en el Xapón», se casó con María, una mestiza vecina de Puebla en 1620.89 A todas luces, a juzgar por la fecha de su casamiento y el topónimo que le acompaña, se trata de un miembro de una de las conocidas expediciones diplomáticas japonesas a Nueva España y Europa que se produjeron en 1610 y 1614, que partieron de Sendai.90 Así pues, Mateo, quien participará en uno de los momentos clave de la historia de las relaciones diplomáticas hispano-japonesas, acabó asentándose en Puebla. El segundo caso es el de Antonio de la Cruz, uno de los individuos mejor documentados, quien destaca por la prosperidad que consiguió alcanzar como mercader. Para detallar su historia, es preciso esbozar, brevemente, la condición jurídica de los chinos. A priori, en Nueva España, los chinos tenían los mismos derechos que los indios.91 Esto les permitió vivir y mezclarse con los amerindios. Seijas demuestra, por ejemplo, que en algunos casos la Inquisición optó por no procesar a individuos chinos porque, al ser considerados equivalentes a los indios, se encontraban fuera de la jurisdicción del Santo Oficio.92 En cambio, las trasgresiones cometidas por chinos e indios debían ser juzgadas por el Provisorato de la inquisición ordinaria de indios y chinos.93 Los chinos eran conscientes de que contaban con los mismos derechos que los indígenas mesoamericanos y supieron aprovechar esta situación. Concretamente, buscaron obtener la exención del pago de la alcabala de la que gozaban los indígenas por ser vasallos de la Corona.94 En 87 88 89
VEYTIA, 1962, vol. 2, p. 129. Ver también LEICHT, 1934, pp. 112, 418. RUBIES Y OLLÉ, 2016, p. 43. AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1528, Sagrario Metropolitano, Matrimonios (1605-1624),
f. 170. 90 91 92 93 94
AMATI, 2011. OROPEZA, 2007, p. 138; SLACK, 2009b, p. 64. SEIJAS, 2014, pp. 189-203. Ibidem, p. 203. Ibidem, p. 154.
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este sentido, en 1639 Antonio de la Cruz, «indio chino», residente en Analco, vendedor de petates, anís, algodón y otros productos, hizo relación de: que no embargase que está declarado por auto de Don Juan de Cervantes Carvajal, alcalde mayor que fue de la Ciudad de los Ángeles, no estar obligado a pagar esta alcabala respecto de ser como es él y […] Magadalena Luisa su muger naturales y como tales han pagado y pagan tributo a su magestad.95
A pesar del fallo a favor del indio chino, en 1648 el cabildo poblano insistió en cobrarle cien pesos de alcabala, señal de que los asiáticos debieron defender sus prerrogativas de forma activa constantemente.96 A pesar de estas dificultades, de la Cruz consiguió medrar, como lo atestigua su tenencia de al menos dos esclavos, un negro y una negra «de tierra maçambique [sic]»,97 junto con su capacidad de proveer para su extensa familia de siete hijos e hijas, cuyos matrimonios quedaron registrados en la parroquia de Santo Ángel Custodio de Analco. Estos y su propia unión en segundas nupcias con Francisca de la O, mestiza, se celebraron entre 1650 y 1652. El hecho de que a estos matrimonios acudiera «mucho concurso del pueblo» sugiere que el comerciante asiático era una figura de cierta importancia para la comunidad. En este sentido, también es notable el hecho de que su hijo, Nicolás, fuese el único chino registrado que desposó a una «española».98 La considerable fortuna acumulada por esta familia se ve reflejada en el testamento de Nicolás, muerto en 1683.99 El documento hace referencia a «una casa de vivienda de altos y bajos […] en la calle que sube de la serrada del convento del señor San Agustín y sale al camino de Guautinchan [Cuautinchán, Puebla]», a otra casa propiedad de su hermana Clara de la Cruz y a un terreno en Analco, una tienda en el centro de Puebla, además de una casa de una planta en Tlaxcala. Aparecen en el testamento otras posesiones como doce esclavos negros y mulatos, géneros con un valor estimado en 2 200 pesos de oro, muebles y vajillas valuados en sesenta marcos de plata, joyas, entre ellas dos collares de perlas, ocho anillos y dos broches de oro —uno con incrustaciones de diamantes y el otro de esmeralda—, 29 mulas y dos sillas de montar.100 Estas fuentes demuestran que el linaje de Antonio de la Cruz constituyó una de las familias chinas más prósperas de Puebla.
LA DILUCIÓN DE LA DIÁSPORA ASIÁTICA POBLANA XVIII
Comparada con la que existió en el siglo XVII, la presencia asiática en Puebla en el fue minúscula. Solamente se han localizado cinco individuos asiáticos residiendo en 95 96 97
AGN, Real Audiencia, Indios 58, 07, vol. 11, exp. 166, f. 136v. AGMP, Actas de Cabildo, vol. 22, doc. 71, asunto 5, 24/4/1648, f. 153v. AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1844, Santo Ángel Custodio, Matrimonios (1632-1670),
f. 95v. 98
Ibidem, ff. 95v, 102v, 104, 112-112v, 117. AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1924, Entierros Analco (1661-1697), f. 37v. 100 AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 5931, Archivo General de Notarías del Estado de Puebla, Notaría 4, Antonio Gómez de Escobar (1682), ff. 196-200v. 99
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REDES IMPERIALES
Puebla entre 1700 y 1800: Andrés Antonio López, «mulato natural de la ciudad de Manila en las islas Filipinas» (1725); Alonso de Lisarraga, «chino natural del puerto de Cavite en las Filipinas» (1739); Miguel Roldán, «filipino» (1752); Antonio de los Santos Fernández, «chino natural de la ciudad de Madrassa que está en el obispado de Manila» (1755); y un chino localizado por Miguel Marín en registros parroquiales poblanos posteriores a 1777.101 La diáspora se había diluido hasta tal punto que para 1780, de acuerdo con Veytia, la antes mencionada hermandad de chinos «que acudía a [la capilla de Guadalupe en la Concordia] todos los días de fiesta, y muchos de la Cuaresma […] est[aba] casi aniquilada».102 Fueron varios los factores que explican esta súbita desaparición de los chinos poblanos. En primer lugar, la tendencia de los chinos a los matrimonios exogámicos había hecho a este grupo cada vez menos discernible de los mucho más numerosos sectores afromestizo y mestizo.103 En segundo lugar, la llegada de esclavos asiáticos cayó en picado después de 1673, año en que «la Audiencia de México mandó poner en libertad a todos los indios que estuvieran por esclavos, específicamente a los chichimecos y “chinos”».104 Aunque hubieron todavía algunos esclavos provenientes de Asia en Puebla después de esta fecha, como Ana de los Ángeles «china natural de la ciudad de Filipinas [sic]» (1676), Juan de Alvarado, «chino natural de la ciudad de Manila» (1677), o Pedro Martín, «negro de la India de Portugal» (1692),105 todo indica que la medida mermó exitosamente la llegada de nuevos inmigrantes transpacíficos forzados. Se puede conjeturar que los chinos libres, por su parte, fueron encontrando paulatinamente menos incentivos para asentarse en la ciudad a medida que esta entraba en una contundente decadencia. Puebla pasó de una población estimada en 98 000 habitantes en 1678 a 47 295 un siglo más tarde.106 En el último tercio del siglo XVIII, la ciudad fue asolada por el hambre, dieciséis epidemias y una caída en picado de la productividad,107 a la vez que desaparecieron la mayoría de sus obrajes. En la víspera de la Guerra de Independencia (1810-1821), mientras que Puebla conservaba solo el recuerdo de su antiguo esplendor, otros centros urbanos como Guadalajara, Querétaro y Guanajuato se hallaban en pleno auge.108 La última mención de un asiático en la Puebla colonial, «un indio filipino», se fechó en 1803.109 101 Ibidem, Rollos 1526-1527, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de negros, mulatos y chinos (1738-1758), ff. 33, 73v, 213; AGN, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 285, exp. 10, f. 1; MARÍN, 1999, pp. 39, 113. 102 VEYTIA, 1962, p. 423. 103 Lo mismo ocurriría con mulatos y moriscos, MARÍN, 1999, p. 176. 104 OROPEZA, 2011, pp. 46-47. 105 AGN, Genealogía, Proyecto JIT, Rollo 1526, Sagrario Metropolitano, Matrimonios de mulatos (1675-1686), ff. 13v, 17v. Ibidem, Matrimonios de negros y mulatos (1687-1699), f. 92v. 106 MIÑO, 2001, p. 88. 107 Ibidem, p. 154. 108 Ibidem, p. 33. 109 AGN, Inquisición, vol. 1418, exp. 15, ff. 180-181.
IMPACTO E INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN ASIÁTICA EN NUEVA ESPAÑA
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Los criollos en las Filipinas del siglo XIX: una elite discreta Xavier HUETZ DE LEMPS Université Côte d’Azur, CMMC
En los últimos decenios, los criollos, europeos nacidos en las colonias, y, más aún, los mestizos de europeos, nacidos de la unión —en la inmensa mayoría de los casos— de un padre europeo y de una madre autóctona, a veces ella misma mestiza, han llamado la atención de los historiadores de las sociedades coloniales.1 Este interés refleja la profunda evolución que han sufrido la historiografía y la percepción de las sociedades coloniales. Se trata de ir más allá de la oposición binaria y maniquea entre dominantes y dominados, entre colonizadores y colonizados, entre «blancos» y «negros» —sin por tanto negar su efectividad en muchas circunstancias— y considerar las sociedades nacidas de la colonización, al igual de Georges Balandier a principios de los años 1950,2 como formaciones sociales extremadamente complejas en las cuales cada componente no puede estudiarse sin hacer referencia a las demás. Al mismo tiempo, los historiadores han empezado a estudiar la historia social de los europeos en las colonias, historia prácticamente desconocida en lo que se refiere a buen número de territorios.3 Todos estos estudios han venido a parar a una misma conclusión: si la taxonomía etno-racial impuesta por el discurso colonial asignaba teóricamente a cada individuo o a cada grupo un lugar en la jerarquía dominada por los colonizadores, en la práctica social cotidiana, estas diferencias se veían frecuentemente discutidas y transgredidas. Las fracturas y las solidaridades (sociales, culturales, religiosas y políticas) que caracterizaban 1 Este trabajo ha contado con el respaldo de dos proyectos: en primer lugar, «Redes Imperiales: intercambios, interacciones y representación política. Nueva España, las Antillas, Filipinas, siglos XVIII y XIX», desarrollado en los años 2014 y 2015, financiado por UNAM y CSIC; en segundo lugar, «Imperios, Naciones y Ciudadanos en Asia y el Pacífico II», financiado por el Plan Nacional de Investigación español (ref.: HAR2012-39352-CO2-02). Limitándonos a estudios que se refieren a colonias próximas a las Filipinas: BICKERS, 1998; BOSMA, 2004; BOSMA y RABEN, 2008; SAADA, 2007; STOLER, 2002. 2 BALANDIER, 1951. 3 Por ejemplo, LAUX, RUGGIU y SINGARAVÉLOU, 2009.
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estas sociedades plurales muy complejas, coincidían solo en parte con la clasificación colonial. Esta situación engendraba tensiones, contradicciones y ambigüedades constantes, que la necesidad de mantener el dominio del grupo colonizador sobre el grupo colonizado impedían solucionar sin quebrantar las mismas bases de ese dominio. En esta perspectiva, el estudio de los mestizos europeos y en menor escala de los criollos es particularmente instructiva porque estos «grupos-bisagra» entre los colonizadores metropolitanos y las poblaciones autóctonas permiten medir la eficacia de las categorizaciones impuestas por las autoridades coloniales. La historiografía filipinista presenta un marcado retraso con respeto a los estudios históricos sobre las sociedades coloniales contemporáneas y, para la edad moderna, sobre la historiografía americanista. En definitiva, si excluimos la notable monografía exploratoria de Clarita T. Nolasco,4 pocos estudios históricos se han interesado en los criollos y los mestizos españoles. Sin embargo este silencio relativo no se explica por la falta de interés de los contemporáneos por estas categorías de individuos, sino todo lo contrario: en la clasificación etno-racial de Filipinas de la época estas dos categorías están perfectamente identificadas, y las fuentes son considerables, hasta el punto de influir sobre el juicio del historiador. Podemos avanzar tres hipótesis para explicar este desinterés. En primer lugar, la debilidad de las corrientes migratorias entre la metrópoli y la Nueva España por un lado y las Filipinas por otro, ha sido la causa de que estos grupos fuesen numéricamente limitados y por tanto su «peso» demográfico e histórico muy inferior al de la América española. En segundo lugar, el interés hegemónico suscitado por la emergencia de un sentimiento nacional filipino en las últimas décadas de la dominación española y por la revolución de 1896, consecuencia indiscutible de este sentimiento nacional, han incitado a los historiadores a privilegiar el estudio del acercamiento social, cultural y político entre los indios y los mestizos chinos porque este acercamiento jugó un papel central en la construcción intelectual de una identidad nacional filipina. Si bien la participación individual y puntual de algunos criollos o mestizos de español ha sido precozmente señalada, la acción colectiva de estos grupos en esta fase decisiva de la historia de Filipinas ha sido ambigua. Por último —y es precisamente el propósito de este estudio— los criterios de pertenencia a una u otra categoría eran a fin de cuentas fluctuantes y a veces inexplicables, lo cual dificulta el trabajo del historiador. Considerando que el conocimiento que actualmente tenemos de los mestizos de español es insuficiente, nos centraremos exclusivamente en la categoría de los criollos, planteando como hipótesis que esta categoría es evolutiva, que la adscripción etno-racial es una «dinámica»5 social y no un dato inmutable: identificarse y ser identificado como criollo o afirmarse como tal, no significaba lo mismo a principios el siglo XIX y en los últimos años del dominio español como consecuencia de la evolución de la composición del grupo, de la sociedad englobante y del contexto político.
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NOLASCO, 1970. PITT-RIVERS, 1992.
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LAS DENOMINACIONES El término de criollo se utilizaba rara vez en los manuscritos e impresos y se privilegiaba una serie de fórmulas que se referían al lugar de nacimiento particular de estos españoles por oposición al español peninsular, el peninsular o el español europeo:6 español filipino, filipino, español insular, español natural de estas islas filipinas, español del país, hijo del país. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, las tres denominaciones más habituales eran hijo del país, filipino o español filipino. El surgir de un sentimiento proto-nacional filipino se acompañó de un lento desliz semántico de la palabra filipino (nombre y adjetivo) que acabó poco a poco por designar el conjunto de todos aquellos y aquellas nacidos en Filipinas cualquiera fuera su categoría de pertenencia étnica en la taxonomía colonial o el color de su piel. Esta extensión del vocablo afirmaba la pertenencia a valores comunes y la reivindicación de un orgullo local particularmente en el seno de las dos comunidades de naturales y de mestizos de sangley, pero así mismo a veces en lo que se refiere a los criollos y a los mestizos españoles, por oposición a los extranjeros, europeos (incluyendo a los peninsulares) y chinos. Los historiadores han señalado, ya hace tiempo, esta nueva identificación y el desliz semántico de la palabra filipino que la acompañaba,7 pero la cronología de la extensión del sentido de este vocablo es difícil de establecer. Las primeras incidencias aparecen puntualmente a principios de los años 1820, en el contexto del segundo periodo constitucional y bajo la pluma de criollos liberales.8 De manera más amplia, a mediados de los años 1860, el clero secular cuyos miembros más potentes eran mestizos chinos a pesar de que incluía indios y, en el seno del capítulo de la catedral de Manila, criollos, reivindicaba el uso dilatado de la palabra filipinos. Esta reivindicación era, sin lugar a dudas, una postura «política», tal vez subversiva, frente a la hegemonía de los frailes procedentes de la metrópoli.9 La acepción extensa del adjetivo filipino empezó a dominar a partir de los años 1880 bajo el influjo de los ilustrados expatriados en Europa10 que popularizaron una palabra a la vez bastante precisa puesto que se inscribía en la tradición del ius soli y suficientemente general puesto que permitía precisamente evitar la enumeración de grupos que podían pretender a ser considerados como «filipinos».11
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No evocamos el caso particular de los criollos nacidos en la Nueva España, que posteriormente emigraron a Filipinas. En los primeros decenios del siglo XIX, estos se denominan como españoles americanos, americanos o indianos, pero estos términos desaparecen a medida que desaparecen estos individuos, pues sus descendientes se asimilan a los españoles filipinos. Este grupo, hasta hoy en día no ha sido objeto de un estudio histórico correspondiente a su importancia durante las tres o cuatro primeras décadas del siglo XIX. 7 WICKBERG, 1965, pp. 135-141; FENNER, 1985, p. 168. 8 LLOBET, 2011, pp. 1-2. 9 SCHUMACHER, 2009, pp. 183-184, 222. 10 SCHUMACHER, 2009, p. 222. 11 BLANCO, 2009, p. 253.
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La cuestión, eminentemente política, de incluir o no los criollos en la categoría de los filipinos fue un punto de discordia entre los ilustrados de origen indio o mestizo chino y algunos criollos que participaban activamente en el movimiento reformista o que pudieron apoyarlo.12 En los últimos decenios del siglo, para evitar toda confusión, el criollo era llamado español filipino. El muy reaccionario Retana tomó nota de este desliz: así pues califica al periodista Juan Caro y Mora de filipino de raza española.13 El mismo Retana, en su interesantísimo Diccionario de filipinismos dio la siguiente definición del español filipino (a):14 «Dícese del hijo o de la hija de peninsulares nacido o nacida en Filipinas, y en general de todo allí nacido que trae origen español por ambas líneas». Esta definición pone en claro dos criterios objetivos y precisos de la pertenencia al grupo que no son más que la declinación filipina de las normas vigentes en la América española en la época moderna: la sangre, española, y el suelo, las Filipinas. Sin embargo, en la práctica, la naturalidad basada en el ius soli y más aún en la calidad de la sangre (ius sanguinis) no se aplicaban de manera estricta y estas diferencias en la manera de aplicar las normas son indicaciones de gran interés para evaluar tanto la realidad del funcionamiento social de la colonia como la representación que los otros grupos, sobre todo los peninsulares, se hacían de los criollos.
LA SANGRE Y EL SUELO EN LA PRÁCTICA El «origen español por ambas líneas» en el que Retana insiste suponía que los criollos eran blancos por la sangre y el fenotipo. Sin embargo, basta con observar los retratos, pinturas y fotografías de eminentes representantes de la comunidad criolla de Filipinas en el siglo XIX para abrigar serias dudas sobre la «pureza» de la «sangre». En el mismo seno del Ayuntamiento de Manila, no obstante emanación de la «República de Españoles», la presencia de mestizos, mayormente nacidos de la unión entre un español y una mestiza china, no da lugar a dudas. El caso de los Tuason es bien conocido, siempre y cuando la genealogía de la familia antes de los últimos años del siglo XVIII sea incierta. El origen de este apellido es seguramente chino y la ortografía original sería Son Tua. Parece ser que el fundador de la descendencia de los Tuason, Antonio Tuason, hubiera sido ennoblecido en 1783 como acto de agradecimiento por su leales servicios en el batallón de los mestizos chinos.15 El caso de la familia Roxas, que María Dolores Elizalde investiga en este mismo volumen, es sensiblemente distinto, puesto que se trata de una familia de origen de sangre española «por ambas líneas» uno de cuyos miembros, José Bonifacio Roxas, tuvo un hijo, Pedro P. Roxas, con una mestiza chino-española, Juana Lim de Castro. Cayetano Arellano, uno de los miembros más potentes del Ayuntamiento
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SCHUMACHER, 2009, pp. 222, 245. RETANA, 1895, p. 194. RETANA, 1921, p. 90. NOLASCO, 1970, p. 9.
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de Manila al final de la dominación española, tenía indudablemente, por el lado de su madre, sangre china que corría por sus venas.16 Sin embargo hay que tener en cuenta que estos casos se limitaban a un número de individuos con un perfil particular. En primer lugar, la sangre no española provenía de la madre, en general mestiza española o mestiza china. Ahora bien, siempre y cuando su marido estuviese vivo, la esposa se veía asimilada a la categoría etno-racial de su esposo, lo cual podía dar lugar a confusiones que pudiesen beneficiar a la progenitura. Por otra parte, las estrategias matrimoniales de estas familias asimiladas a los criollos tendían claramente a reforzar la pertenencia a la categoría de españoles y se privilegiaban uniones con representantes de la comunidad peninsular, con «verdaderos» criollos, o con extranjeros europeos naturalizados. Finalmente, estas familias poseían un sólido capital cultural, material y social: eran de cultura hispánica, acaudalados y sus potentes redes de relaciones transcendían las diferencias raciales. Estos acomodamientos, este grado de flexibilidad y de negociación que permitían ser legalmente «conocidos como tales» a individuos cuya ascendencia y fenotipo no correspondían a la categoría a la cual pretendían pertenecer no era más que una variante filipina de las pragmáticas prácticas clasificatorias vigentes en la América española en la era moderna,17 pero es interesante subrayar que perduraron durante el siglo XIX y que resistieron a las evoluciones del derecho y de las representaciones que acompañaron las reformas de la administración colonial. Sin embargo, y al igual que en la América española,18 la tolerancia de que disfrutaban un número reducido de individuos evidentemente mestizos no debe interpretarse como una forma de laxismo por parte de las autoridades coloniales responsables del velar por el cumplimiento de la taxonomía o como el indicio de un relajamiento de las barreras raciales. Por el contrario, autorizando el privilegio de incorporarse a la elite española a algunos individuos bien escogidos, las autoridades españolas consolidaban las barreras entre las diferentes categorías socio-raciales de la colonia y de esta forma permitían su reproducción. Esta vía estrecha y típicamente imperial de integración contribuía al mantenimiento de la dominación hegemónica de los españoles en la sociedad. En una carta del 31 de mayo de 1859, el Gobernador General Fernando de Norzagaray resumía perfectamente las sutilezas de esta estrategia. Tras haber recordado «[…] la visible separación que existe en este país entre las razas blancas é indígenas», insiste en que esta «separación […] solo deja de advertirse cuando se trata de algunos individuos de la última que por su instrucción, riqueza y costumbres figuran dignamente entre los de la primera, o sean los españoles». Así pues, las posiciones importantes y prestigiosas de las colonias eran accesibles a «individuos de raza española o considerados como
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NOLASCO, 1970, p. 9. «Blood purity was a negotiable rather than instrinsic quality», VILLELLA, 2011, p. 639; «The contours of classificatory practice was continuously shaped by social practice at all levels of society, not just by official edict», RAPPAPORT, 2011, p. 604. Véase también PITT-RIVERS, 1992, p. 139; EARLE, 2012, pp. 7, 10, 196-198. 18 KATZEW y DEANS-SMITH, 2009, pp. 68, 152. 17
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de ella por sus circunstancias y antecedentes».19 Si el estatuto personal de un humilde español no podía en ningún caso ponerse en entredicho el ser «considerado como español» suponía para un mestizo presumir de méritos y de un estatuto social excepcionales, dignos de las cualidades supuestas de la «raza» y tácitamente aceptados por los «verdaderos» españoles , criollos o peninsulares. Ciertos indicios dan a pensar que las autoridades coloniales y los mismos criollos tendieron a tolerar cada vez menos la intrusión de mestizos a medida que avanzaba el siglo XIX. En primer lugar, se observa una clara tendencia a la racialización del discurso colonial en las últimas décadas del dominio español. Por otra parte, y por el hecho de esta racialización, los españoles filipinos, al menos en Manila, donde eran suficientemente numerosos, tenían un interés simbólico y material en defender su pertenencia a la prestigiosa categoría de españoles impidiendo que se infiltrasen entre su categoría socio-étnica elementos procedentes de las nuevas élites indias y mestizas. El Ayuntamiento de Manila es un buen ejemplo de esta variante colonial de «reacción nobiliaria» en el contexto de la notable ascensión social de las élites indias y más aún, mestizas chinas.20
SANGRE NUEVA, REDES DE FAMILIA Y ÉXITO ECONÓMICO Por necesidad biológica, la comunidad criolla de Filipinas era a la vez numéricamente poco numerosa y en constante renovación.21 Por el hecho del alto índice de mortalidad de los blancos instalados en el archipiélago, así como el que los hombres fuesen mayoritarios y la escasez y fragilidad de las posibilidades que ofrecía el sistema del galeón, muy pocas familias identificadas como criollas podían pretender, en los primeros decenios del siglo XIX, descender de linajes arraigados en Filipinas desde hacía mucho tiempo:22 «(...) solo es conocido a muy pocos europeos llegar a longevos en esta tierra. (...) De
19 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Ultramar, leg. 440, exp. 5. Una vez más, el paralelo con la América española en la época moderna es obvio: «The labels of “indio”, “mulattoᩙ (sic) or “mestizoᩙ shared the stage with other modes of categorización by gender, status and occupation, as well as more localized terminologies that identified people according to such varied criteria as their urban status as urban property owner and, in the case of native, people, degrees of acculuration. […] Ethnoracial categories were but one component of a broader set of practices that measured calidades, the qualities, of individuals: the ways in which they were inscribed into the public social body by virtue of their person, judgment, circumstances, and condition […]», RAPPAPORT, 2011, p. 606. 20 HUETZ DE LEMPS, 2017. 21 Las estimaciones del número de personas clasificadas en la categoría de «españoles» son escasas y poco fiables. Al final de los años 1860, el o los autores de los Apuntes interesantes sobre las islas Filipinas, evaluan el conjunto de adultos activo de sexo masculino de la comunidad española a poco más de 4000 en total, peninsulares y filipinos confundidos, excluyendo a los mestizos españoles (estos últimos representarian un total de 9000 o 10 000). Estos 4000 «cabezas de familia», se repartirían como sigue: 3280 empleados públicos, 500 miembros del clero, 200 propietarios y 70 comerciantes (1869, p. 13). 22 PALANCO AGUADO, 2001, p. 367; ALVA RODRÍGUEZ, 1997, pp. 30-34.
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muy pocas familias españolas se ve aquí la tercera o cuarta generación, y casi ninguna ha llegado a la quinta (...)».23 El siglo XIX no presentó cambios profundos en esta tesitura: el índice de mortalidad de los españoles parece permanecer elevado —en espera de estudios complementarios de demografía histórica— y, sobre todo, el archipiélago filipino no atrajo un flujo migratorio importante procedente de la Península a la vez porque las Filipinas presentaban una imagen negativa con respecto a otros destinos migratorios, especialmente las Antillas, y porque las autoridades españolas, por razones de alta política colonial, que hemos estudiado por otra parte,24 prefirieron limitar estrictamente el número de españoles autorizados a emigrar a Filipinas. Sin embargo, nuevas redes familiares imperiales vinieron a substituirse a los que habían unido las Filipinas y la Nueva España durante la época moderna.25 Consecuencia de la escasez de intercambios migratorios entre la metrópoli y su colonia asiática, el número de estas familias, de las cuales hoy en día se sabe poco, era evidentemente reducido, pero algunos clanes jugaron un papel importante en la incorporación del archipiélago en los circuitos comerciales internacionales y en el desarrollo de la agricultura comercial. En este estudio proponemos dos ejemplos de estas familias, las cuales, a la vez peninsulares y criollas, pueden considerarse como imperiales, al igual que las que construyeron su fortuna a caballo entre las Antillas y la Península.26 Por un lado, el fundador del clan Balbas-Fernández de Castro fue Tomás Balbas y Castro, oriundo de Comillas, en la provincia de Santander. Abandonó la Península sin duda a mediados de los años 1820, porque su padre era demasiado pobre para asegurarle un porvenir. Se instaló en Manila donde le acogió su tío, el negociante Ignacio Fernández de Castro, igualmente oriundo de Comillas. Tomás tuvo éxito en el negocio y fundó una casa de comercio. Este éxito tuvo como consecuencia una verdadera reagrupación familiar: en 1832, Tomás hizo venir a Filipinas su hermano Bartolomé y, en los años 1830 y a principios de la década siguiente, los primos de la rama Fernández de Castro27 dejaron Comillas para venir a trabajar en la casa de comercio de Tomás.28 El clan de los BalbasFernández de Castro, conservó estrechos vínculos con su región de origen puesto que un nuevo miembro de la familia, Rafael Fernández de Castro, desembarcó en Manila en 1856 para lanzarse en el negocio y el armamento.
23 Mariano DE GOICOECHEA, Memoria sobre noticias geográficas, estadistícas, topográficas de las Islas de que se compone la Capitanía General de Filipinas, 22 de noviembre de 1840, Archivo General Militar de Madrid, Colección General de documentos, manuscrito 7196, p. 60. 24 HUETZ DE LEMPS, 1997. 25 Consultar los numerosos trabajos de Carmen Yuste, y especialmente Yuste, 2007, sobre la importancia de estas redes familiares imperiales, ver los excelentes análisis de Jean Paul Zuniga, 2002. 26 Sobre Puerto-Rico ver Garate OJANGUREN, 2006, p. 762. 27 Camilo Fernández de Castro y Calixto Caviedes. 28 Archivo General de Indias, Audiencia de Filipinas, n.° 695A y n.° 696.
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Por otro lado, José Joaquín de Inchausti29 y Gurruchategui nació en 1815 en San Fernando, provincia de Cádiz, aunque las raíces de la familia eran vascas. No he encontrado ningún documento en lo que se refiere a la fecha de su llegada a Manila, pero su primer sector de actividades parece haber sido el de abastos para la Marina. En 1854, se asoció con un clan de inmigrantes navarros procedentes de la pequeña ciudad de Irurita, los Irisarri, para fundar la sociedad Inchausti y Cía. Manuel y Juan Bautista Irisarri30 llegaron a Filipinas a finales de 1820, y tras haber hecho fortuna en el negocio, a principios de los años 1850, hicieron venir a sus sobrinos, Valentín Teus de Irisarri y Joaquín Marcelino de Elizalde.31 El principal objetivo de la sociedad era el negocio y el armamento de cabotaje pero, desde el principio de su fundación, poseía igualmente una cordelería en Tondo y una destilería en Tanduay (Quiapo). Siguiendo una estrategia de concentración vertical, la sociedad adquirió extensas plantaciones de abacá en Sorsogón (en relación con la cordelería y los suministros de Marina) y de azúcar en Negros (para la exportación y en relación con la destilería). Instalaron sucursales y almacenes en Iloilo, Batangas y Dagupan. De manera individual, los socios de Inchausti y Cía. se asociaron a muchas otras firmas32 y José Joaquín de Inchausti ejerció en el gobierno colonial como gobernador de la provincia de Albay (agosto de 1855 a diciembre de 1857), y después de la provincia de la Laguna (en 1863). A su muerte, el 4 de septiembre de 1889, José Joaquín de Inchausti legó a sus herederos33 una enorme fortuna34 y un verdadero imperio comercial,35 a la escala de Manila.36 En ambos casos, la estrategia de la familia de los Balbas-Fernández de Castro y de los Inchausti-Irissari-Elizalde fue la de aprovechar las ocasiones nacidas de los cambios económicos y así de esta manera afianzar profundamente sus intereses en el archipiélago. Estos españoles peninsulares no funcionarios, que partieron en plena juventud para tentar la aventura en Filipinas, se arraigaron en el archipiélago, donde adquirieron bienes urbanos o tierras y donde fundaron una familia. En la taxonomía colonial, estos españoles nacidos en la metrópoli establecidos en Filipinas eran considerados como peninsulares hasta su muerte, pero en realidad se hicieron «filipinos» en la medida en
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A veces el patronimio se escribe Ynchausti. La ortografía de este patronimio varía mucho de un documento a otro: Yrisarry, Irrisarri, Yrissari. 31 Este último nacido en Bilbao. Otro Elizalde, Luis Ricardo, nacido en Vitoria y sin duda hermano de Joaquín Marcelino, emigró igualmente a Filipinas pero, después de haber ejercido como funcionario, se lanzó con éxito en el periodismo. 32 Valentin Teus por ejemplo era un socio importante de Aguirre y Cía. 33 José Joaquín se casó, en 1861, con Isabel González y Ferrer, una criolla de Camarines Sur, que le dio tres hijos, Rafael Celestino, Clotilde y Joaquín José. 34 Cuando contrajo matrimonio, en 1861, la fortuna de José Joaquín Inchausti se elevaba ya a cerca de 150 000 pesos. 35 En 1890, el capital social de Inchausti y Cía es de un millón de pesos, repartidos entre sólamente seis accionarios pertenecientes a las familias Irisarri-Elizalde y Inchausti con excepción de Juan Bautista Auquía. 36 AHN, Ultramar, leg. 2144, exp. 27; National Archives of the Philippines (en adelante NAP), Terrenos, Expediente sobre Inchausti y Cía.; NAP, Varios Personajes, Inchausti y Cía.; NOLASCO, 1970, pp. 56-57; KUNIO, 1985, p. 109 (esta referencia contiene algunos errores de biografía). 30
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que vivían, trabajaban y se comportaban como criollos con quienes frecuentemente contraían alianzas matrimoniales. Los términos genéricos settler, en inglés, y radicado, su equivalente en español, traducen perfectamente esta noción de arraigamiento en ultramar: en definitiva, el lugar de nacimiento tenía solamente una importancia relativa.37 Estos settlers mantenían relaciones familiares y comerciales (siendo las dos inseparables) con la metrópoli y, en algunos casos, con las Antillas españolas, pero sus intereses económicos esenciales se situaban en Filipinas. Por el contrario, españoles nacidos en Filipinas, por consiguiente teóricamente «criollos» pudieron instalarse en la metrópoli, hacer su vida y realizar la mayor parte de sus negocios en la Península. Los hermanos Azcárraga fueron los más famosos entre estos criollos filipinos «peninsularizados». Así mismo, Joaquín Fernández, hermanastro de Pedro P. Roxas, se casó con una española de la Península y se instaló en la metrópoli para hacer negocios. Finalmente, la revolución de los transportes marítimos, sobre todo después de 1869, relativizó aún más el criterio del lugar de nacimiento. Acentuó la diferencia entre los peninsulares que hicieron su vida en Filipinas y los empleados públicos peninsulares destinados al archipiélago cuyo ritmo de rotación se aceleró.38
¿ESPAÑOLES DE SEGUNDA CATEGORÍA Y DE DUDOSA LEALTAD? Si la mención español filipino se indicaba claramente en los documentos de estado civil, en las listas nominativas y en los registros de las parroquias no correspondía a un estatuto jurídico particular y discriminatorio con respecto a los españoles de la metrópoli. Los criollos disfrutaban de los mismos privilegios legales que los españoles nacidos en la Península, y en particular, hasta la creación de las cédulas personales (1884), no pagaban el tributo que era un signo de vasallaje y de la inferioridad jurídica innata de las castas tributantes (indios y mestizos de sangley) y de los chinos. No eran sujetos y gozaban de la plena nacionalidad española lo que consideraban como muy importante.39 La muerte -al igual que el nacimiento- era un momento de verdad en le designación del estatuto etno-racial de los individuos y, en los registros del cementerio municipal de Paco de 1874, los difuntos eran clasificados en cinco categorías, ni una más: españoles, mestizos de españoles, indios, mestizos de sangley, chinos cristianos.40 Podemos observar que si los españoles filipinos y peninsulares componen una sola y única categoría, los 37
BICKERS, 1998, p. 165. HUETZ DE LEMPS, 2006, pp. 227-229. 39 Pedro P. Roxas, a pesar de los procedimientos judiciales sufridos después de 1896, no renuncia hasta su muerte en 1912 a su nacionalidad española. La petición de naturalización de José María Alberto Alonso (1870), vecino de la provincia de La Laguna y residente en Madrid, deja pensar que ciertos criollos tenían efectivamente el sentimiento de no ser enteramente ciudadanos españoles (AIZPURRU, 2014, p. 288, nota 10). 40 NAP, Cementerios, estadísticas de sepulturas en el cementerio de Paco, 1874. 38
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mestizos españoles se contabilizan aparte: la calidad de la sangre era, pues, un factor mucho más discriminatorio que el lugar de nacimiento o la pertenencia a una misma categoría jurídicamente privilegiada. Podemos incluso afirmar que los criollos gozaban de más privilegios que los españoles en la metrópoli: hasta la creación tardía (1890) de las cédulas, de la contribución industrial y de la contribución urbana, los criollos no pagaban ningún impuesto directo, ni siquiera el impuesto sobre la sangre puesto que solamente los indios y mestizos de sangley estaban sometidos al sorteo de quintas. Los mestizos españoles gozaban de los mismos privilegios, aunque la españolidad de estos fuese cada vez con más frecuencia puesta en entredicho, durante los últimos decenios de la dominación española, por falta de uniones con los blancos y sin duda porque se hubiesen aprovechado menos de las nuevas oportunidades económicas. En cambio, la pertenencia de jure y de facto de los criollos a la categoría de españoles permaneció intangible. Al igual que los mestizos españoles y a la diferencia con otras categorías (indios, mestizos chinos, chinos) los criollos no constituían un gremio dotado de instituciones especiales: podían, sin discriminación alguna con respeto a los peninsulares, pretender a llegar a ser miembros del Ayuntamiento de Manila.41 Por el contrario, la igualdad teórica en el acceso a los empleos públicos fue, en la práctica, cada vez menos real. La «peninsularización» de la administración colonial y del ejército fue obvia a partir de las primeras décadas del siglo XIX, y se acentuó a continuación incluso en lo que respecta a los puestos subalternos.42 Este embargo creciente de los puestos de la administración colonial por parte de los peninsulares se explicaba por la necesidad de conseguir plazas en ultramar a una plétora de empleados y de cesantes, y por el incremento y la centralización en Madrid de prácticas clientelistas en lo que a los nombramientos se refiere. Sin embargo, era igualmente una opción de alta política debida a la desconfianza de los peninsulares hacia la lealtad de los españoles filipinos. Nos enfrentamos en las Filipinas del siglo XIX con los mismos prejuicios de que habían sido víctimas los criollos en la América española desde la época moderna y, de manera general, en todos los imperios coloniales.43 Parece ser que, nacidos y educados en ambientes naturales, sociales y culturales muy alejados de la metrópoli, estos descendientes de metropolitanos hubiesen perdido parte de las cualidades inherentes a la «raza»: se hubiesen hecho holgazanes, despreocupados y algunos de ellos agriados y celosos de los peninsulares. En las Filipinas, siendo «la trastienda» del imperio, el prejuicio era todavía mayor puesto que este archipiélago aislado había atraído la hez de los emigrantes y la degeneración de su descendencia, inmersa en un entorno tropical especialmente insalubre para la «raza blanca» y en contacto con indígenas atrasados, había sido más profunda y rápida:
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Sobre la presencia de criollos en el seno del Cabildo secular de Manila, ver Huetz de Lemps, 2017. Al respecto, ver LUIS, 2015, pp. 169-187, 189-209, 227-251; HUETZ DE LEMPS, 2006, pp. 223-227. 43 Cabe mencionar aquí la definición —que naturalmente no hay que tomar a la letra— de Gustave Flaubert en su Dictionnaire des idées reçues de la palabra «criollos»: «vive en una hamaca» («vit dans un hamac»). 42
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Y casi toda esta gente blanca que figura, que forma la aristocracia, es de oscuro nacimiento y por consiguiente de poca educación; ha venido de países remotos por lo general con el ansia de acumular dinero abandonando a sus amigos y deudos. Lejos del gobierno superior, en un país donde no hay libertad de imprenta y que cada uno mira como un destierro tolerable solo para hacer fortuna, bien se puede cualquiera figurar si estarán estos individuos dispuestos á dar ejemplos de virtudes.44
El Gobernador General Enrile tampoco tenía a los criollos en mucha estima: «[…] sin que se espera ninguna esperanza de mejora en los hijos o parientes de estos, que les hayan de suceder, pues es evidente que, cuanto más se alejan del origen europeo, son menos a propósito para toda ocupación».45 Demasiado próximos a los «indígenas» por su nacimiento y por su modo de vida, los criollos habían perdido toda o parte de su «españolidad». Los españoles filipinos se veían ridiculizados con amables apodos tal como cagapalay y un metropolitano que sufría de la influencia debilitante de los trópicos era tildado de aplatanado.46 Peor aún, bajo el efecto de lo que Tamar Herzog llama «la certeza de que la ley natural impone el amor a su lugar de nacimiento»47, se sospechaba que los hijos del país faltaban de lealtad, simplemente porque, no habiendo nacido en la metrópoli, no podían quererla al igual que los peninsulares. En el siglo XIX esta desconfianza se confirmaba con la historia y la actualidad. Las tensiones entre criollos y metropolitanos en los últimos decenios del siglo XVIII, la participación activa e importante de los criollos en el proceso de independencia de la América española y, más adelante, el lugar que ocuparon en la impugnación del orden imperial en Cuba, influyeron en el juicio hacia los criollos filipinos. Causas similares automáticamente producirían los mismos efectos, los españoles filipinos serían individuos políticamente sospechosos que aspirarían abierta o secretamente a la emancipación de la tutela de la metrópoli y que potenciarían el descontento de las poblaciones autóctonas para que se sublevasen contra España, antes o ulteriormente, de ponerse al mando de la rebelión y del Estado independiente que resultaría de dicha sublevación. El Gobernador General Izquierdo resume estos raciocinios que hacen de los españoles filipinos, por naturaleza, una categoría peligrosa para la dominación española: El español filipino claro es que está dotado de las mismas cualidades que los peninsulares, pero no conociendo a España, no habiéndola conocido a caso sus padres, carece de amor patrio y no tiene afección si no al suelo en que ha nacido, si a esto se une el que despertada su ambición le es difícil satisfacerla viendo ocupados casi todos los destinos públicos y los
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MAS Y SANZ, 1843, t. 1, p. 134. Museo Naval (Madrid), manuscrito n.° 1667, Informe sobre la composición, funciones, atribuciones, fondos económicos y gastos del Ayuntamiento de Manila, en el que se proponen las reformas que convendría introducir en él, 1831 o 1832, f. 163. 46 HUETZ DE LEMPS, 2006, pp. 264-270. 47 «La conviction que la loi naturelle impose l’amour de son lieu de naissance», Herzog, 2007, p. 5. 45
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principales puestos de todas la carreras por españoles europeos con lo cual el desafecto a España ha llegado a ser odio en algunos, si se añade que conociendo como conoce su superioridad sobre la raza indígena48 se hacen la ilusión de que echados de aquí los europeos serían ellos solos los dueños del país (sin tener en cuenta ni su corto número, ni que ellos mismos serían las primeras victimas de su crimen si llegasen a consumarlo) se comprende bien que sus propósitos y sus tendencias sean contrarios a nuestra protectora dominación y que deben inspirar siempre recelo a los encargados de velar por la integridad nacional.49
En 1896, en una obra muy racista, Rodolfo González y Martín ni siquiera mencionaba la categoría de criollos en su reparto tripartita y singular de la población del archipiélago: insular (indios, mestizos españoles y «otros mestizos y el mestizo chino»); peninsular; extranjero (europeo o chino). De hecho, clasificaba a los españoles filipinos en la categoría de «otros mestizos» porque, según él, la sangre estaba irremediablemente alterada por el medio ambiente: Tal es la poderosa influencia que ejerce sobre todos los seres de la creación, el medio en que nacen, se desarrollan y multiplican. Para convencernos de tamaña influencia, no hay más que observar que la prole de puros peninsulares que allí nacieron y aún los que habiendo aquí [el autor escribe en la Península] nacido allá [Filipinas] lo llevaron al poco tiempo de su nacimiento y en aquel país ha permanecido un espacio más o menos dilatado, ya tampoco es el peninsular puro en la rigurosa acepción de la palabra.50
Si este desprecio, esta desconfianza, esta aversión incluso, hacia los españoles filipinos parece haber sido adoptada por buen número de peninsulares, no obstante hay que subrayar que se alzaron voces discordantes y que, en realidad, las relaciones sociales entre los dos grupos de españoles no fueron siempre tan malas. Desde luego, las particularidades culturales de los españoles filipinos (el léxico de filipinismos, las costumbres alimentarias y una indumentaria originales) no fueron sistemáticamente criticadas y pudieron considerarse como agradables peculiaridades exóticas o como una manera de adaptarse a un ambiente y a poblaciones autóctonas diferentes. Tras haber recordado los criterios de pertenencia a la categoría de los criollos y el desprecio de que han sido las víctimas, José Montero y Vidal, él mismo peninsular, defiende a los criollos en uno de sus cuentos filipinos, «Enriqueta»:
48 Vemos que Izquierdo, como otro buen número de altos responsables españoles, estaba completamente cegado por el desprecio racista en contra de las poblaciones autóctonas; un movimiento de contestación del dominio español no sería verdaderamente peligroso que si estaba dirigido por los blancos. 49 AHN, Ultramar, leg. 5222, Memoria sobre la Gobernación General de Filipinas por D. Rafael Izquierdo al cesar en el mando en el mes de Diciembre de 1872. 50 GONZÁLEZ Y MARTÍN, 1896, pp. 229-230. Como se indica claramente en la página 231, esta visión muy negativa de los criollos es igualmente una denuncia de la política de atracción dirigida a las élites locales del Gobernador General Despujol y una advertencia dirigida al nuevo Gobernador Blanco.
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Enriqueta era española filipina. Así se denomina en el país a los hijos de español peninsular y de madre nacida en Manila, la cual a su vez es hija de padres españoles. La cuestión de razas en Filipinas es de mucha trascendencia, por lo que se la da gran importancia. […] La raza española filipina, que es la principal, se considera como humillada por los europeos, que hablan con menosprecio de aquel país y de las costumbres que en él observan, bastante diferentes de las de Europa. Hay filipinos que se avergüenzan de decir que lo son, y españoles peninsulares que los creen inferiores a ellos por no haber nacido en España. Ni los primeros tienen razón, ni los segundos tampoco. Unos y otros, filipinos y peninsulares, son hijos de España, y si alguna distinción señalan nuestras leyes entre las provincias situadas en la Península y las de Ultramar, todas las cuales constituyen la nación española, es en beneficio y honra de sus provincias ultramarinas, no en su perjuicio y mengua. Prescindiendo de la cuestión legal y ateniéndonos solamente a la de climas y países, si los peninsulares sienten orgullo porque España es una de las más hermosas regiones del globo y sus costumbres de tan grato recuerdo cuando de ella están lejos, no menos orgullosos pueden estar los filipinos de la hermosa tierra en que nacieron y de los usos y condiciones de su apacible vida.51
Por otra parte, como ya hemos indicado, la distinción entre las dos comunidades que se basaba únicamente en el lugar de nacimiento se vio desmentida por los lazos de intereses, sangre y amistad que unían a los criollos con los peninsulares que se arraigaban verdaderamente en el archipiélago. Dentro del mundo de los negocios, en el cual los criollos ocupaban un lugar muy importante, las relaciones eran constantes, si tenemos en cuenta que los españoles, cual fuera su lugar de nacimiento, estaban sometidos a la misma concurrencia agresiva y eficaz de los negociantes extranjeros tanto occidentales como chinos. Igualmente dentro del Ayuntamiento que era la emanación de la elite urbana, los criollos ocupaban un rango prácticamente equivalente al de los metropolitanos.52 Los españoles filipinos estaban ampliamente excluidos de los altos cargos de la administración colonial, pero eran omnipresentes en las numerosas juntas y otras sociedades situadas en una posición de bisagra entre los poderes públicos y el sector privado. Así mismo, los gobernadores generales no podían prescindir del conocimiento íntimo que ellos tenían de la sociedad colonial.53 En los últimos años del dominio español y frente al surgir del nacionalismo filipino, ciertos miembros eminentes de esta comunidad se beneficiaron de una política de atracción que les permitió acceder a puestos de prestigio en las entidades consultivas de la colonia.54 Por último, ciertos peninsulares recalcaron muy tempranamente que la eventualidad de un leadership criollo era ilusoria. En 1840, el ingeniero militar Mariano de Goicoechea, buen conocedor de las realidades coloniales, afirmaba que los riesgos de una insurrección manipulada por los hijos del país eran mínimos: estos últimos eran
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MONTERO Y VIDAL, 1876, pp. 5-6. HUETZ DE LEMPS, 2017. Esto ocurría ya en la época moderna (PALANCO AGUADO, 2001, p. 368). Veáse el ejemplo de Pedro P. Roxas en la contribución de M. D. ELIZALDE en el mismo libro.
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poco numerosos, sin grandes medios financieros y se concentraban en Manila donde se les podía vigilar con facilidad. En caso de sublevamiento, no tendrían más remedio que apoyarse sobre las masas autóctonas o mestizas y estos aliados pronto se enfrentarían a los criollos, que consideraban como partidarios y cómplices del orden colonial, al igual que los peninsulares.55 Aunque sería necesario dedicar un estudio específico a este tema, la gran mayoría de los criollos permanecieron fieles a la causa española durante la revolución de 1896 y posteriormente durante la guerra de 1898. Ciertamente, no tenían otra opción puesto que sabían que las ideas políticas que podían manifestar estaban estrechamente vigiladas y que cualquier reserva sería interpretada como una traición.56 Ciertamente, los insurrectos filipinos atacaban a los castilas en general sin distinción entre peninsulares y españoles filipinos. A fin de cuentas, la perspectiva de un levantamiento comanditado por los criollos no fue más que la pesadilla de parte de los peninsulares obsesionados por la idea de un complot criollo. Para concluir, la categoría de los criollos corresponde a una realidad de clasificación colonial, identificable e identificada por los contemporáneos. Constituyen un grupo con una originalidad incontestable en el seno de la comunidad española, a pesar de que los criollos más destacados pertenecían a clanes vinculados a los peninsulares por alianzas familiares o asuntos de negocios. Sin embargo, no conviene generalizar la categoría y suponer que condicionaba un cierto comportamiento político y conllevaba la exclusión de hecho de los criollos de la categoría de los españoles.57 La relativización de la cómoda diferenciación entre peninsulares y criollos no tiene nada de iconoclasta ni es novedosa en la historiografía de la colonización española. Los historiadores especialistas de la América española han puesto en evidencia que las reformas debidas a los Borbones y la intrusión de la metrópoli a fines del siglo XVIII impulsaron resistencias bien reales entre las élites locales pero que estas resistencias no siguieron una clara línea de fractura entre «gachupines» y criollos.58 Según las investigaciones que ha realizado Ruth de Llobet, parece evidente que en las primeras décadas del siglo XIX, ciertas categorías de criollos reivindicaron la igualdad de derechos civiles, cívicos y políticos con los peninsulares.59 Sin embargo, queda aún por comprobar que este criollismo político perdurara y fuera ampliamente compartido.
55 Mariano DE GOICOECHEA, Memoria sobre noticias geográficas, estadistícas, topográficas de las Islas de que se compone la Capitanía General de Filipinas, 22 de noviembre de 1840, Archivo General Militar de Madrid, Colección General de documentos, manuscrito 7196, pp. 272-273; Luis Ángel GARCÍA, Informe […] acerca de los arrabales de Manila con un proyecto de una nueva ciudad, 23 de abril de 1844, Archivo General Militar de Madrid, Colección General de documentos, manuscrito 7258, f. 76 y 76 v. 56 Veáse de nuevo el caso de Pedro P. Roxas en la contribución de M. D. ELIZALDE en el mismo libro. 57 La afirmación de John D. Blanco de que los criollos formarían una «anomalous category characterised by the mutual exclusion of one group from either that of the colonizers or that of the colonized» me parece algo esquemática (BLANCO, 2009, p. 148). 58 BERTRAND, 2009; PÉREZ VEJO, 2010; BURKHOLDER, 2013, p. xiv. 59 LLOBET, 2009, 2011.
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Retomar para analizar la situación en 1890 los argumentos de Sinibaldo de Mas, muy negativos en lo que respecta a los criollos pero expuestos en los años 1840, equivale a reivindicar el anacronismo, o lo que es más o menos lo mismo, a pretender que toda «sociedad colonial» está reglamentada por «leyes» inmutables desde la conquista hasta la independencia, y por consiguiente a reanudar los estereotipos fundamentales del discurso colonial. La categoría de «criollos» es indiscutiblemente una «categoría de práctica» de la sociedad colonial de Filipinas bajo el dominio español: ¿debe por tanto el historiador hacer de ella una «categoría de análisis» de esta misma sociedad?60 En lo que se refiere a finales del siglo, me parece que podríamos más bien comparar estos españoles filipinos con otros grupos regionales o nacionales españoles presentes en el archipiélago y preguntarnos si la adhesión a su «país», a fines del siglo por lo menos, no era del mismo orden que la de los vascos, catalanes y montañeses. A principios del siglo XIX, Joaquín Martínez de Zúñiga observó que la solidaridad entre los miembros de estas distintas comunidades de peninsulares era muy vivaz y aunque no existen estudios notables sobre este asunto, parece ser que perduró e incluso se fortaleció a lo largo de los años: Los españoles de Manila fomentan muchos a los que vienen de sus provincias de España; particularmente los vizcaínos y montañeses atienden mucho a los nuevos que vienen de sus provincias, y si traen alguna recomendación y son hombres de bien, pueden estar seguros de hacer fortuna. De aquí nace que Manila esté dividida en partidos, y en las elecciones de alcaldes ordinarios, cónsules, prior del Consulado y en los asuntos suele haber divisiones y partidos ; en lo demás se vive con bastante armonía, y no se oyen muertes y desafíos de unos contra otros, y lo más que hay son algunas murmuraciones, como es consiguiente a una república pequeña, donde se conocen todos y que se puede comparar con un navío, donde nadie puede hacer nada sin que lo sepan y murmuren los demás.61
Podemos suponer que los españoles filipinos, al igual que estas distintas comunidades de paisanos, pero igualmente como otras comunidades de settlers minoritarias en situación colonial,62 vivieron múltiples identificaciones, entremezcladas, «hojaldradas» (multi-layered) y no exclusivas: eran a la vez filipinos en el sentido en que por una parte estaban profundamente apegados al archipiélago y por otra cultivaban sus diferencias, pero, al mismo tiempo y más allá de la patria, se consideraban parte integrante de una comunidad española más extensa y, por entonces, imperial. Su «patria», en el sentido emocional del término, era sin lugar a dudas el territorio filipino, pero se consideraban de nacionalidad española y se integraban en un estado plurinacional e imperial, que les garantizaba, a causa del dominio colonial, una superioridad, como españoles cual fuera su lugar de nacimiento, sobre las poblaciones «indígenas» y no blancas. Evidentemente,
60 Utilizo la distinción entre «categoría de práctica» y «categoría de análisis» basándome en el importante artículo de BRUBAKER Y JUNQUA, 2001, p. 69. 61 MARTÍNEZ DE ZÚÑIGA, 1893, t. I pp. 281-282; MALLAT, 1846, t. I, p. 167. 62 BICKERS, 1998, p. 164. R. Bisckers distingue tres niveles constantes de identificaciones («British», «Imperial», «Local»), pero la jerarquización entre ellos variaba en función del contexto.
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parte de los españoles filipinos anhelaban reformas en profundidad: una asimilación legislativa con la Península, una representación parlamentaria, aranceles favorables a sus intereses, la reducción de los poderes de los frailes…. Sin embargo, y de la misma manera, buen número de españoles de la metrópoli o de otras provincias de Ultramar no estaban satisfechos con la manera en que el sistema político de la Restauración orientaba la gestión de las cuestiones imperiales. Los posicionamientos políticos no están —afortunadamente— estrictamente determinados por consideraciones personales, pero podemos preguntarnos el interés qué tenía la mayoría de los criollos en echar abajo un orden colonial que les garantizaba una posición simbólica y racial preponderante y que les otorgaba nichos de mercado confortables. Por tanto esto no implica que los españoles filipinos fuesen españolistas como lo demuestra el hecho de que después de 1898 escogieron mayoritariamente permanecer en un archipiélago ciertamente recolonizado por los Estados Unidos pero que, al menos en un primer tiempo, les permitía conservar un poder económico y cultural considerable e incluso sacar provecho del íntimo conocimiento que poseían de una sociedad que los nuevos dueños desconocían casi por completo.63 Debido a su capacidad a adaptarse a los cambios políticos, desde 1896 hasta nuestros días, como a negociar o al menos a superar los prejuicios raciales —sobre todo cuando el interés de los negocios lo exigía— impuestos por las sucesivas etapas coloniales y post-coloniales, parte de los descendientes de estos españoles filipinos del XIX ocupan hoy en día puestos de primer plano, no en lo que a la política se refiere —tal vez fueron asimiladas las lecciones de fines del siglo XIX— pero ciertamente en la esfera económica donde han sabido mantener sólidamente puestos de importancia y hoy en día indiscutiblemente «autóctonos».64 El secreto de la longevidad de estas familias de origen español filipino reside tal vez en un doble aprendizaje entablado bajo el dominio de España en el siglo XIX consistente en la discreción —que no es sinónimo de cobardía— frente a las presiones de los políticos, y de la libertad que confiere —al menos cuando va unida a un fortuna suficiente— la capacidad de moverse entre culturas y múltiples identificaciones que van de lo más local a lo más global.
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Movilidad, mestizaje y significación de los criollos en las Filipinas del siglo XIX María Dolores ELIZALDE Instituto de Historia Consejo Superior de Investigaciones Científicas
El papel de los criollos en el desarrollo de las nuevas naciones americanas ha sido un tema ampliamente abordado por la historiografía internacional.1 Es, sin embargo, una cuestión muy poco tratada para el caso filipino. Por distintas razones, las tres principales historiografías que se han dedicado al estudio de Filipinas —la filipina, la española y la estadounidense— no se han interesado apenas por esa temática. Exceptuando a algunos autores notables en los tres casos, por lo general los filipinos han preferido analizar las raíces autóctonas de los distintos procesos, los españoles han optado por una historia más institucional y metropolitana, y los estadounidenses han trabajado principalmente el período americano. De tal forma, aquellos criollos, que en muchos casos acabaron siendo plenamente filipinos, quedaron en un limbo, en una tierra que nadie reconocía como propia, sin que su importante contribución al desarrollo político, económico y social de Filipinas y a la creación de una nueva nación y una nueva identidad haya sido suficientemente resaltada y valorada. Por ello, al hilo de una investigación colectiva que un grupo de investigadores estamos llevando a cabo sobre los Roxas,2 una de las principales familias criollas filipinas, que procedía de la Península, pasó un tiempo en Nueva 1
Este trabajo se realiza dentro de dos proyectos: en primer lugar, «Redes Imperiales: intercambios, interacciones y representación política. Nueva España, las Antillas, Filipinas, siglos XVIII y XIX», desarrollado en los años 2014 y 2015 dentro del Acuerdo de Cooperación Científica entre la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Ha contado también con el respaldo del proyecto «Imperios, Naciones y Ciudadanos en Asia y el Pacífico II», financiado por el Plan Nacional de Investigación español (ref.: HAR2012-39352-CO2-02). 2 Investigación sobre la familia Roxas llevada a cabo por María Dolores Elizalde (CSIC), Xavier Huetz de Lemps (Université Nice Sophia Antipolis), Martín Rodrigo y Ruth de Llobet (Universitat Pompeu Fabra).
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España y llegó a Filipinas a fines del XVIII, y específicamente a través de tres figuras, Domingo, José Bonifacio y Pedro Pablo Roxas, padre, hijo y nieto, en este trabajo se quiere profundizar en la significación de los criollos en las Filipinas del siglo XIX.3 A tal fin, en este trabajo se van a plantear una serie de preguntas que nos permitirán explorar las siguientes cuestiones: primero, ¿cuál fue la implicación de esta familia criolla, y de otros círculos relacionados con ella, en la vida política de las islas y hasta qué punto estuvieron comprometidos en la batalla por una mayor incorporación de los nacidos en Filipinas en el gobierno de las islas, especialmente en varios momentos clave —1823, 1842, 1872, 1896—? Segundo, ¿qué protagonismo tuvieron en el desarrollo de la economía filipina? Tercero, ¿en qué redes sociales se movieron y cuáles fueron sus relaciones, tanto con las autoridades coloniales como con distintos diferentes grupos de población —filipinos, mestizos, criollos, peninsulares, chinos y otros extranjeros—? Cuarto, ¿cómo fue su creciente integración en la sociedad de las islas? Quinto, ¿qué implicación tuvieron en el movimiento nacionalista filipino? Y sexto ¿cómo vivieron el complejo proceso de creación de una conciencia nacional y de definición de una identidad colectiva, y hasta qué punto se «filipinizaron»? El desarrollo de estas cuestiones nos permitirá concluir el trabajo con una serie de reflexiones sobre el papel de los criollos en la transformación política, social y económica de las Filipinas del siglo XIX.
EL ORIGEN FAMILIAR DE LOS ROXAS: ENTRE LA PENÍNSULA, NUEVA ESPAÑA Y FILIPINAS El apellido Roxas, y aún más en la variante Rojas, es muy frecuente en España, donde se puede encontrar en cualquiera de sus provincias. En su día consultamos el Archivo General de la Nación, en México, interesados en indagar en cómo se forjaron carreras y fortunas a través de los distintos territorios del imperio, y en cómo sagas familiares que luego contribuirían a crear una identidad nacional se construyeron a partir de múltiples mestizajes e influencias. Encontramos, así, testimonio de varios Roxas circulando entre España, Nueva España y Filipinas, lo cual consideramos que era una pauta bastante habitual. Buscando la relación entre los Roxas y Filipinas, varios documentos nos dirigieron, en primer lugar, hacia Tineo, un pueblo agrícola y ganadero de la montaña asturiana. De allí partió Pedro de Roxas y García, rumbo a América en busca de fortuna, en la segunda mitad del siglo XVI. Era el hijo intermedio de Juan Marcos de Roxas, segundo señor de la casa de Rojas de Tineo, regidor perpetuo de dicha villa, presente en los padrones del pueblo en el año 1547, y de Estefanía García de Cangas, hija legítima de Rui García de Cangas, de la familia de los Queipo de Llano. Era nieto, a su vez, de Lope García de Can-
3 La bibliografía sobre criollos en América Latina es amplísima, muchas veces dedicada al estudio de un país concreto, por lo que vamos a recordar solo algunos títulos que inciden en la línea de la contribución de los criollos en la construcción nacional: PADGEN y CANNY, 1987; BRADING, 1991; LANDERS, 2011; BURKHOLDER, 2013; STEIN, 2014; OPATRNY, 2006; BERNABÉU, 2006; BAENA, 2009; GUERRA, 2003. Respecto a los criollos en Filipinas, ver el artículo de Xavier Huetz de Lemps en esta misma obra y, además, NOLASCO, 1970; JOAQUIN, 2005; MOJARES, 2006; LLOBET, 2011; WICKBERG, 1964.
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gas, primer señor de la casa de Rojas de Tineo a fines del siglo XV y procurador general del Concejo de dicha villa, y de María Abella.4 Después de un tiempo en Nueva España, donde trabajó al servicio de la Corona, Pedro de Roxas fue nombrado oidor de la Audiencia de Manila en 1583. Fue entonces cuando el apellido Roxas llegó a Filipinas, solo dieciocho años después de que en 1565 Miguel López de Legazpi arribara a las islas con el encargo real de establecer un asentamiento estable en el archipiélago que permitiera que la Monarquía hispánica se proyectara hacia las Indias Orientales, y solo doce años después de que en 1571 se produjera el asentamiento español en Manila. Es, pues, un nombre presente desde los primeros tiempos de la colonización. Sin embargo, este Pedro Roxas no se quedó en Filipinas. En abril de 1593 pidió licencia para volver a México, a fin de ocupar una plaza como alcalde del crimen, dejando en Manila a un procurador que diera la residencia al cargo de asesor que tenía en Filipinas.5 Pedro murió en Nueva España años después, siendo alcalde de Corte. Al fallecer sin descendencia, en su testamento, del año 1600, dejó una dotación para dar estudio a dos jóvenes y una cantidad anual para casar a parientes pobres en Asturias.6 En la década de 1620 encontramos otro expediente que de nuevo nos remite a Tineo y a Asturias. Se refiere a la genealogía y limpieza de sangre del capitán Pedro de Roxas y Valdés, de la ciudad de Manila. En los documentos se demuestra que era hijo de Lope García de Rojas y de María Valdés, ambos de Tineo. Su padre también era hijo de Lope García de Cangas, primer señor de la Casa de Rojas, y hermano, pues, de Juan Marcos de Roxas, con lo cual el capitán Roxas y el oidor Roxas, ambos con residencia de Manila, fueron primos hermanos. Este expediente de limpieza de sangre se requería para ser notario del Santo Oficio. En él Pedro Roxas y Valdés aparece como vecino de Manila en 1620, casado con Juana de la Cueva y Herrera, una criolla nacida en el archipiélago, cuyo padre procedía de Mérida, siendo su madre de Filipinas. En el expediente queda patente que la cuestión fundamental no era si eran peninsulares o criollos, sino que lo importante, y de lo que daba fe el documento, era de que eran «cristianos viejos, limpios de sangre, raza sin mácula ni descendencia de judíos, moros ni luteranos u otra clase de nuevos convertidos», y también de que no estaban «condenados por el Santo Oficio ni incurridos en ninguna infamia que les impidiera tener honor u oficio público». Lo cual era lo que realmente daba legitimidad al individuo y a la familia, y lo que le permitía ocupar determinados puestos. No queda constancia documental de si este segundo Pedro Roxas arraigó definitivamente en Filipinas, aunque entra dentro de lo probable, dado el origen familiar de su mujer, ligado ya a las islas.7 4 Genealogía de la familia de Rojas de Tineo. Documentación de la familia Roxas, consultada gracias a la gentileza de Juan de Areilza. Ver también el Manuscrito Noticias Documentales y Genealógicas de las Asturias de Tineo (Biblioteca Nacional de España, signatura Ms. 9.656), escrito por Manuel Caballero Flórez-Valdés, regidor de Tineo desde fines del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, editado y presentado por SANZ FUENTES, 1995, pp. 87-88. 5 Archivo General de Indias (AGI), Filipinas 339, libro 2, f. 39v. 6 AGI, Contratación 259B, n.º 2, ramo 3. Bienes de difuntos. Pedro de Roxas, 1600. 7 Archivo General de la Nación, México (AGNM), Inquisición, vol. 338, exp. 3, ff. 416-421 y 504v507. Iniciado el 6 de febrero de 1621, firmado el 23 de abril de 1621.
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En los años siguientes, el apellido Roxas se encuentra con cierta frecuencia tanto en Nueva España como en Filipinas. Se citan, así, varios matrimonios contraídos entre descendientes de españoles peninsulares y nativos de Nueva España —Pedro Agustín de Roxas;8 Josep Roxas;9 Josefa Gabriela de Roxas, hija de Juan Pablo de Roxas y de Luisa Gertrudis, de condición mestiza, nacida en 1763 en Ciudad de México.10 Se reflejan también problemas de contrabando arbitrados por el guarda mayor de Acapulco, Josep de Roxas;11 o quejas ante la autoridad elevadas por Mariano de Roxas.12 En 1767 aparece un Juan Pablo de Roxas como artillero en el Galeón de Manila.13 Aunque la normativa no lo contemplaba, sabemos que con frecuencia los oficiales del Galeón comerciaron a través de esta ruta comercial. ¿Podría también un artillero implicarse en los negocios de la Nao? Si así fuera encajaría con la hipótesis de que en el origen de la fortuna de los Roxas que nos interesan estuvieron varios viajes de comercio entre Filipinas y Nueva España. También por cronología este Juan Pablo Roxas podría coincidir con el padre de Mariano Roxas nacido en Manila en 1758, patriarca de la rama familiar que estudiamos, aunque nada, más allá del nombre de Juan Pablo Roxas y los años en los que transcurrió su vida, nos permitan establecer el parentesco. Tampoco hay ningún indicio claro, más allá de una mera hipótesis de trabajo, que nos permita ligar a nuestros Roxas con aquellos primeros Roxas que llegaron a Filipinas procedentes de Tineo. En cualquier caso, todos estos documentos corroboran la tesis de movilidad y permeabilidad entre los distintos territorios que conformaban distintas realidades en un imperio común, que es una de las realidades que queremos subrayar en este trabajo. Lo que sí evidencia la documentación del Archivo General de la Nación de México es la existencia de negocios mantenidos por varios miembros de la familia Roxas en Nueva España. En los años finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, y especialmente en el período en el que comerciantes privados prosiguieron el tráfico del Galeón de Manila,14 Juan Pablo de Roxas, José de Roxas, Mariano de Roxas, Pedro de Roxas, Matías y Domingo de Roxas, este último personaje ya central en nuestra historia, participaron a nivel particular en el comercio entre Filipinas y Nueva España, lo cual reafirma la idea del enriquecimiento a través de este comercio transpacífico.15
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AGNM, Matrimonios, vol. 46, exp. 20, ff. 136-140. Pedro Agustín de Roxas, 1782. AGNM, Matrimonios, vol. 55, exp. 13, ff. 67-71. Joseph de Roxas, 1773. 10 AGNM Matrimonios, vol. 212, exp. 28, Josefa Gabriela de Roxas, 1763. 11 AGNM, Filipinas, vol. 31, exp. 3, ff. 55-61, Correspondencia del guarda mayor de Acapulco, D. Josep de Roxas, 1793. 12 AGNM, Hacienda, vol. 491, exp. 29, Queja de Mariano de Roxas, 1795. 13 AGNM, Marina, exp. 28, f. 58-58v y 76-76v, Juan Pablo de Roxas, artillero en el Galeón de Manila, 1767. 14 ELIZALDE, 2013a, pp. 177-203; ELIZALDE, 2013b, pp. 409-443. 15 PÉREZ LECHA, 2014. En este trabajo figuran los viajes en los que estuvieron implicados Mateo y Domingo Roxas: AGNM, Marina, vol. 282, cit. pp. 317, 318 y 355 de esta tesis. 9
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LA MOVILIDAD DE LOS CRIOLLOS POR EL IMPERIO El caso de los Roxas no fue, evidentemente, un ejemplo aislado. Junto a ellos, en aquella misma época, encontramos otros casos de criollos moviéndose entre la Península, Nueva España y Filipinas, parte de ellos en directa relación con el tráfico del Galeón de Manila. Así ocurrió con nombres de gran significación para la vida política y económica de Filipinas, tales como Ventura de los Reyes, que sería el diputado que representaría al archipiélago en las Cortes de Cádiz. Había nacido en la provincia filipina de Ilocos, en una familia acomodada, hijo de un comerciante de Barcelona y de una mestiza del país. Formó parte del Real Cuerpo de Artilleros antes de iniciarse en negocios con añil y otros tintes vegetales. Exploró no solo la tradicional vía comercial con Nueva España, sino también el tráfico con otros puertos del sur de China y de la India. En el Archivo General de la Nación de México se encuentra constancia de que para sus negocios fueron fundamentales las estancias pasadas en Nueva España,16 corroborando las estrechas relaciones mantenidas entre comerciantes filipinos y almaceneros mexicanos.17 Un caso parecido será el de Manuel José Lecaroz, originario de Navarra, que también estuvo asentado un tiempo en Nueva España. Fue además capitán del Galeón de Manila y alcalde mayor de la provincia filipina de Camarines. Se casó con la hija de Pedro Galarraga, importante cargador del Galeón de Manila y tesorero de la Real Compañía de Filipinas,18 y fue el padre de Juan Francisco Lecaroz, quien entre otros muchos cargos sería magistrado en Manila y en la Península y diputado por Filipinas en 1835 y 1836.19 Otro ejemplo podría ser Vicente Pérez de Tagle, hijo del marqués de las Salinas, procedente de una familia de militares ilustres, partícipes en negocios tanto del Galeón de Manila como de la Real Compañía de Filipinas, también con reiteradas estancias en Nueva España.20 Es asimismo interesante el caso los Ayala, una familia originaria de Navarra, que durante años circularon entre la Península, Nueva España y Filipinas.21 En 1770 se estableció en Manila Francisco Díaz de Durana, primero como canónigo de la Catedral y luego como deán de su Cabildo. Operaba, además, por medio de testaferros, en el mercado filipino, combinando operaciones mercantiles, préstamos y seguros marítimos. A fin de ampliar sus intereses, llamó a sus sobrinos de la Península para que le auxiliaran en sus
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AGNM, Grupo Documental GD48, Filipinas, 1790, vol. 27, exp. 3, ff. 65-80; GD48, Filipinas, 1819, vol. 49, exp. 16, ff. 291-309; GD48, Filipinas, 1819, vol. 49, exp. 17, ff. 291-309. 17 YUSTE, 2007; 2017. 18 Hay numerosas referencias a la actividad de Pedro Galarraga como cargador en PÉREZ LECHA, 2014, pp. 80, 114, 149, 158. 19 AGNM, GD48, Filipinas, 1814, vol. 42, exp. 2, ff. 14-29. 20 AGNM, GD48, Filipinas, 1802, vol. 60, exp. 9, ff. 113-145. También PÉREZ LECHA, 2014, cita al marqués de las Salinas, Luis Pérez Tagle, como uno de los principales cargadores filipinos del Galeón de Manila, pp. 90, 96, 143, 145, 149, 157. 21 AGNM, GD48, Filipinas, 1808, vol. 60, exp. 16, ff. 265-278.
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Figura 4. La rue de l’Escolta à Manille.
negocios en Filipinas y en Nueva España. Primero acudió Santiago Solano de Ayala y Díaz de Durana, que operó entre Manila y Acapulco como factor de las empresas de su tío, llegando a figurar como miembro de pleno derecho en el Consulado de Comercio de Acapulco y luego en el Tribunal del Consulado de Manila. En 1798 llegó a Manila un segundo hermano, Juan Valentín, que ingresó en el Consulado y en el Tribunal de Comercio, y que realizó frecuentes viajes a Acapulco, muriendo en México en 1807. El tercer hermano, Andrés, se estableció en Acapulco entre 1804 y 1807, formándose en las tareas comerciales con sus hermanos mayores. A partir de esa fecha comenzó a realizar frecuentes viajes entre Nueva España y Filipinas, y en 1812 se avecinó en Manila, ingresando en su Consulado de Comercio. Allí permaneció hasta 1817 que volvió a la Península, muriendo en Burdeos en 1825, dejando su fortuna a sus sobrinos navarros de Hueto de Abajo. Entre ellos estaba Antonio de Ayala, a quien decidieron enviar a Manila para liquidar los negocios de la familia en Filipinas. Antes de partir se formó en el escritorio de Miguel de Urbina, un pariente que residía y giraba en Cádiz, encargándose desde allí de los intereses familiares en Filipinas. Con él aprendió contabilidad, teneduría de libros, giros, cambios, fletes y seguros marítimos. Bien preparado para lo que había de afrontar, Antonio de Ayala llegó a Manila en 1827, siendo bien recibido por las elites manileñas como heredero del deán Díaz de Durana y de sus tíos Ayala. En 1834 Domingo Roxas le incorporó como socio industrial de sus negocios, permitiéndole girar bajo el nombre Ayala en la destilería y licorería. En 1844 se casó con Margarita, hija de Domingo Roxas,
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comenzando así una de las ramas de la próspera saga familiar que analizaremos a continuación.22 La documentación novohispana corrobora, pues, la movilidad en el imperio y el frecuente tránsito entre la Península, Nueva España y Filipinas hasta 1837, cuando la independencia de México, conseguida en 1821, conllevó la expulsión de los españoles de este último territorio, rompiéndose así lazos seculares transpacíficos.
ASENTAMIENTO DE LOS ROXAS EN FILIPINAS Sin embargo, esas fuentes no permiten completar la cadena de los Roxas en una línea continua del siglo XVI al XIX, ni saber a ciencia cierta si los Roxas que figuran en la documentación de los archivos mexicanos en esos siglos tempranos pertenecen o no a la rama familiar que estudiamos. Hay un tiempo en el que no conocemos las vicisitudes de la familia. Pero podemos suponerles, al igual que otros criollos, entre la Península, Nueva España y Filipinas, y aventurar también que con el paso de los años las raíces peninsulares se fueron entremezclando con otras influencias mexicanas, filipinas y chinas, en un complejo mestizaje muy habitual en Filipinas. En cualquier caso, lo cierto es que el primer Roxas de nuestra rama del que tenemos constancia cierta en Filipinas fue Mariano Máximo Roxas (1758-1807), nacido en las islas en 1758, al cual llegamos partiendo de épocas recientes hacia atrás, reconstruyendo el árbol familiar de los Roxas más actuales a los más antiguos, y no lo contrario. A través de su partida de bautismo, sabemos que Mariano fue hijo de Juan Pablo de Roxas, un comerciante que efectuaba negocios entre Nueva España y Filipinas a través del puerto de Acapulco, y de Juana de Bis Romero, ambos de origen peninsular. Conocemos igualmente que Mariano estudió en el Colegio de San Juan de Letrán y en la Universidad de Santo Tomás, y que se casó con Ana María de Ureta Raymundo, también de procedencia peninsular, cuya familia estaba implicada en el comercio del Galeón, aunque buena parte de ese negocio debían hacerlo de forma no declarada, ya que no aparecen en la documentación de los archivos, probablemente porque no fueran los titulares reales de las boletas que daban el derecho a comerciar. Hasta aquí, una pauta habitual en la conducta de peninsulares llegados a Filipinas con ánimo de prosperar y enriquecerse. Mariano Máximo Roxas y Ana María Ureta fueron padres de cinco hijos: Isabel, Antonio, Vicente, Mateo y Domingo, hijos de los cuales parten diversas ramas de Roxas, que se fueron enlazando con familias de las islas de distinto origen étnico y social, muchas de las cuales, de una manera u otra, han tenido un protagonismo destacado dentro de la evolución de Filipinas. De Antonio y Domingo parten las dos ramas más significativas de la familia Roxas. De Domingo hablaremos con más detenimiento, al partir de él la rama que nos ha interesado en este trabajo. Por su parte, Antonio se casó con Lucina Arroyo, siendo padres de numerosos hijos, cifrados en ocasiones en trece y en otras en
22 Debemos estos datos a la interesante «Memoria Otazu» relativa a los Ayala, consultada gracias a la gentileza de Juan de Areilza.
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dieciséis. De ellos provienen Félix Roxas, el primer arquitecto filipino titulado, casado con Concha Fernández, y padre, a su vez, de Félix M. Roxas, escritor, alcalde de Manila y otras muchas cosas más, y también de Lucina, casada con Enrique Brías de Coya; Juan Roxas, casado con Vicente Arias Reyes y padres de Francisco Roxas, desposado a su vez con María Elio, íntimo amigo y socio en muchos negocios de Pedro P. Roxas, y fusilado en 1896; Rita Roxas que permaneció soltera e hizo de eje de las muchas ramas familiares; Felipe Roxas, famoso pintor, director de la Academia de Dibujo de Manila, casado con Raymunda Chuidian; Mariano León se casó con Carmen Arce y fueron padres de Rosa, casada a su vez con José Zaragoza, dando lugar a la amplia familia Zaragoza Roxas. Y así, generación a generación vemos a los Roxas enlazados con los Reyes, Zaragoza, Brias de Coya, Fernández, Araneta, Moreno Lacalle, Echegoyen, Tuason, Legarda, Matute, Preysler, Chuidan…, todas ellas importantes familias filipinas, en las que se entrelazan y difuminan distintas procedencias étnicas y nacionales.
DOMINGO DE ROXAS (1782-1843) Y LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XIX Tal como hemos señalado, uno de los hijos del matrimonio de Mariano Máximo Roxas y Ana María Ureta, Domingo Roxas Ureta (Manila, 1782 - Fort Santiago, 1843), fue el verdadero patriarca familiar de la rama de los Roxas que a nosotros nos interesa. Se casó con Saturnina María Ubaldo, una rica heredera que aparecía como española en su certificado de matrimonio. Por parte de padre provenía de la acaudalada familia Ubaldo, de origen novohispano y asentada en el arrabal de Santa Cruz. A su vez, su madre era María Vita Pitto (Pitco), hermana de Manuel Bonifacio Pitto, uno de los principales del gremio de chinos mestizos de Santa Cruz, procedente de una familia de comerciantes chinos que aportaron una cuantiosa herencia a la familia gracias al comercio.23 Vemos, pues, que en esa generación se comenzaron a desdibujar las raíces peninsulares y a predominar el habitual mestizaje de las Filipinas. Desde un punto de vista económico, a Domingo Roxas se le puede considerar como un ejemplo representativo de un grupo de comerciantes de origen español que, en las primeras décadas del siglo XIX, vivieron la transformación de la economía filipina. Como hemos visto, participó todavía en varios viajes que comerciantes privados de Manila organizaron a Nueva España —en 1817, 1818 y 1819—, continuando el tráfico del Galeón de Manila, recién suprimido, en barcos particulares.24 Se adentró también en nuevas relaciones comerciales a través del Índico, estableciendo agentes en varios puertos asiáticos, y en especial en Cantón en el momento crucial de su apertura al comercio internacional, y asociándose con peninsulares —entre ellos con Lorenzo Calvo, antiguo factor de la Real Compañía de Filipinas—,25 y con comerciantes britá23 National Archives of the Philippines (NAP), Protocolos de Manila, 1821, vol. 1, Notario Clemente Covarrubias, S6b-S8, testamento de Don Manuel Bonifacio Pitto, Manila, 19 octubre 1820. 24 PÉREZ LECHA, 2014. 25 RODRIGO, 2013, ha señalado cómo el 10 de abril de 1828 se constituyó en París la sociedad Calvo, Roxas y Cía., dedicada a promover cuatro iniciativas empresariales: una ferrería, según el privilegio concedido el 13 de noviembre de 1827, por doce años, por gracia de Fernando VII; una empresa de hilar
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nicos.26 Finalmente, Domingo Roxas se comprometió con el desarrollo de una nueva economía de base genuinamente filipina, orientada hacia la producción y exportación de productos tropicales que entonces experimentaron una nueva demanda mundial: azúcar, alcoholes indígenas, añil, abacá, tabaco, café, etc., contribuyendo al inicio de la modernización y a la proyección internacional de la economía filipina. De tal forma, Domingo Roxas se convirtió en uno de los primeros industriales de Filipinas. Fundó la Casa Roxas. Cultivó algodón y caña de azúcar en sus propiedades de Batangas (Calatagán) y Laguna (Calauang). Creó industrias de alcoholes de nipa y coco, de pólvora, hilanderas y aserraderos. Introdujo el uso de maquinaria en el proceso del azúcar, el algodón y la madera. Las prensas para el azúcar, o trapiches, que trajo de Europa, le permitieron transformar su destilería en una industria licorera con fines comerciales, lo cual provocó un choque entre sus intereses en el mundo de los alcoholes de caña y el sistema de monopolios y la política fiscal implantados por la administración colonial. A pesar de tener algunos intereses encontrados con el gobierno, colaboró con determinadas instituciones del marco colonial, siempre orientadas a fomentar el progreso del país, tales como el futuro Banco Español de Manila, el Banco Hispano-Filipino, la Sociedad Manilense de Amigos del País, de la que formó parte desde 1822 y en la que ocupó puestos destacados, o el Registro Mercantil, en el cual fue redactor de 1828 a 1833. Así, Domingo encaja perfectamente en el grupo de criollos filipinos de las primeras décadas del XIX, interesados en defender su posición y sus capacidades en un mundo y tejer algodón en Manila, a través de maquinaria; una tintorería, en Manila; y una contrata conseguida por Lorenzo Calvo «para fabricar y surtir de pólvora a las Islas Filipinas, según RO de 22 enero 1828. La empresa estuvo constituida por cinco socios: Manuel Bernáldez Pizarro (vecino de Madrid, oidor de la Audiencia de Manila y casado con la hija del gobernador general Folgueras, Lorenzo Calvo Mateo (vecino entonces de París, antiguo factor de la Real Compañía de Filipinas, en Cantón), José Agustín de Lizaur (socio de la firma de Londres, Lizaur Mariátegui y Cía.), el propio Domingo Roxas y un joven recién llegado a Filipinas desde la Península, Antonio de Ayala, del que hemos hablado en páginas anteriores. En 1831, el capital de la sociedad Calvo Roxas y Cía. era de 109.164 pesos fuertes. Domingo Roxas participaba con una cantidad importante, 76 206 pesos fuertes. Desde 1828, Domingo Roxas fue también el apoderado de los negocios de Lorenzo Calvo en Filipinas. Por otra parte, Josep M. Delgado ha documentado también la asociación de Domingo Roxas con Francisco Enríquez, intendente de Hacienda en Filipinas, con el comerciante vasco José de Azcárraga y con algunos magistrados de la Audiencia de la Manila, señalando que la complicidad en los negocios no era pues, una cuestión de criollos versus peninsulares, sino que se dieron alianzas entre ellos y también, en otros casos, feroces enemistades. Así, el grupo de Domingo Roxas tuvo que hacer frente a los intereses de la Real Compañía de Filipinas, al grupo montañés que controlaba desde hacía tiempo el comercio con México, a otros sectores de la Real Audiencia Manila, con el oidor Otín al frente, y a altos cargos del ejército, como el Teniente del Rey. Lo que encontramos ante todo, pues, son iniciativas empresariales encontradas. Agradezco a Josep M. Delgado las puntualizaciones apuntadas en este sentido, dentro de la investigación aún inédita que está realizando sobre los negocios de Domino Roxas. 26 En este sentido es muy esclarecedora la tesis doctoral de PERMANYER, 2013, así como los trabajos pioneros de CHEONG, 1965, pp. 80-94; CHEONG, 1970, pp. 1-19; CHEONG, 1971, pp. 142-158; CHEONG, 1979; y CHEONG, 1997.
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cambiante y lleno de interrogantes. Vivió varios momentos de representación parlamentaria filipina en las Cortes españolas durante distintos gobiernos liberales —1812, 1823, 1835—. Fue consciente, pues, de que los nacidos en Filipinas podían ser iguales a los españoles de todos los hemisferios y defendió siempre esta idea, oponiéndose con rotundidad a cualquier cortapisa en sus derechos. Su afán por transformar Filipinas y por potenciar el desarrollo del país le llevó a apoyar a los círculos más progresistas que, desencantados por la abolición de la Constitución de Cádiz y el fin de la representación filipina en Cortes, se enfrentaron a las autoridades coloniales en varias ocasiones. Ello, inevitablemente, le llevó a la pugna con aquellos sectores partidarios del mantenimiento del statu quo, temerosos de que cualquier cambio hiciera peligrar la situación en las islas. Los representantes de la metrópoli recelaron fuertemente de esos sectores criollos, que tenían un notable poder político y económico en las islas, considerándoles una amenaza para su posición en el archipiélago. Desde esas posiciones, Domingo era consciente de ser descendiente de españoles, y por tanto distinguido con algunos privilegios sobre la población de indios, mestizos de chino, chinos, moros e infieles. Pero al tiempo se sabía criollo, nacido ya en Filipinas, «hijo del país», fuertemente arraigado en las islas y con todos sus intereses vinculados al archipiélago. Desde esa posición, estableció estrechos vínculos con distintos grupos de población sin diferenciar sus orígenes raciales. De hecho, tuvo buenas relaciones con «indios filipinos» y también con chinos radicados en Filipinas y su confesor fue un clérigo filipino. Convencido de los derechos de los nacidos en Filipinas, reclamó el trato que consideraba justo tanto para él como para los que le rodeaban, fueran descendientes de españoles, indios nativos, mestizos chinos o extranjeros «filipinizados», pero, al fin, todos, ya, filipinos, denominación que utilizó para llamar a todos los nacidos en las islas. Debido a esa actitud, y en una línea de acción que indicaría una coincidencia de intereses y un apoyo mutuo entre grupos criollos y élites nativas en la lucha en favor de sus derechos frente a las restricciones decididas por los peninsulares, se acusó a Domingo Roxas de apoyar la revuelta de Manila en 1822, impulsada por los hermanos Bayot,27 y también el motín de 1823 liderado por el sargento mestizo Andrés Novales.28 A resultas de esos sucesos, en 1823 se detuvo a Domingo, deportándole a la Península por creerse que formaba parte del grupo de criollos filipinos sospechosos de tener sentimientos separatistas y distinguidos por «su cultura, inteligencia e ideas
27 En la cual los hermanos Manuel, José y Joaquín Bayot impulsaron un levantamiento de oficiales militares criollos, apoyados por comerciantes, abogados y algún clérigo del país como el presbítero Miguel Fernández de Luna, que en aquellas fechas tan tempranas reclamaron ya la independencia de Filipinas. Archivo Histórico Nacional, España (AHN), Ultramar, Filipinas, 2134. 28 Un motín originado por la decisión del gobierno español, probablemente a consecuencia de los movimientos de independencia en América, de relegar a los oficiales nacidos en las colonias frente a los peninsulares. Tuvo un amplio respaldo social, y en el curso del mismo fue asesinado el capitán general Mariano de Folgueras. AHN, Ultramar, Filipinas, 2135. Años después la conspiración de los Hermanos Palmero, suscitada en 1828 también por la decisión de postergar a los nacidos en Filipinas frente a los peninsulares, entroncaría con ese mismo descontento.
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liberales».29 En esa ocasión se benefició de un indulto y pudo regresar a Filipinas libre de cargos.30 En los años cuarenta, una vez que los políticos metropolitanos hubieran decidido ya, en 1837, que los ultramarinos no debían de estar representados en un parlamento común, ni podían ser asimilados a los peninsulares por sus diferentes idiosincrasias, por lo que a partir de entonces deberían regirse por unas leyes especiales que les diferenciarían de los nacidos en la Península, creando por tanto categorías diferentes de españoles según su origen, lo cual originaría un creciente malestar en las colonias, se acusó de nuevo a Domingo Roxas por sospecharse su respaldo al religioso nativo Apolinario de la Cruz y a la Cofradía de San José, que en 1841 protagonizaron un duro enfrentamiento con las autoridades coloniales,31 seguido poco después por el motín de Tayabas de 1843.32 En esa tesitura, Domingo Roxas fue acusado de respaldar la revuelta. Domingo tenía vinculaciones con la Cofradía de San José a través del capellán de la misma, el padre Ci-
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Junto a Domingo Roxas fueron acusados otros criollos como Luis Rodríguez Varela, un español nacido en Manila, formado como comerciante con Ventura de los Reyes en China, que posteriormente ocuparía cargos en el Ayuntamiento de Manila, que en 1795 recibiría el título de Conde Filipino de manos de Carlos IV, y que sería uno de los defensores más activos de los derechos de los nativos filipinos; o como José María Jugo, abogado, profesor de leyes en la Universidad de Santo Tomás y miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Ver al respecto MOJARES, 2006; LLOBET, 2011; JOAQUÍN, 2005. 30 Hubo sentencia absolutoria del Consejo de Indias, fechada el 11 de mayo de 1825. 31 Apolinario de la Cruz fue hijo de campesinos acomodados de Tayabas. Quiso ingresar en la orden dominica, pero ante la falta de medios y posibilidades para seguir la carrera religiosa se hizo donado del Hospital de San Juan de Dios. En 1832 organizó la Cofradía de San José, dedicada a obras de caridad y prácticas piadosas, y orientada a la población del país. Adquirió una gran influencia entre sus conciudadanos, que le llamaban Padre Pule, hasta tener cientos de seguidores en las provincias tagalas. Una fuerza tal, compuesta solo de nativos y fuera del control de la Iglesia, asustó a las autoridades. El gobernador de la provincia, Joaquín Ortega, alarmado por las masivas reuniones para las que no tenían permiso civil ni eclesiástico, ordenó la detención de Ciriaco de los Santos, sacerdote filipino, tesorero y capellán de la cofradía, y de Octavio de San Jorge, hermano mayor de la misma. En respuesta a esas detenciones, Apolinario de la Cruz convocó a sus seguidores a una asamblea de protesta. Las autoridades coloniales, esgrimiendo que iban a establecer una comuna incontrolada, intervinieron, matando a muchos cofrades. En los enfrentamientos hubo numerosas bajas por ambas partes, incluida la del gobernador provincial. A resultas, el hermano Pule fue encausado, condenado a muerte y ajusticiado. Estos hechos aumentaron el malestar público en Manila y fueron incluso objeto de una amonestación desde la Península, considerando que la actuación del entonces gobernador general de Filipinas, el general Oraá, había sido excesiva. Ver al respecto AHN, Ultramar, 5152, exp. 6, 7, 8, 9 y 10, «Causa contra la Cofradía de San José en Tayabas, 1841-1871». También, ILETO, 1979; FRADERA, 2005, pp. 272-277; CUARTERO, 2013, vol. 1, pp. 155-156. 32 Un año después de los sucesos de la cofradía de San José, soldados del regimiento de Tayabas — tercer batallón de infantería de la milicia provincial—, con base en Malate, que tenían familiares y amigos entre las víctimas de la cofradía, se amotinaron contra sus oficiales, liderados por el sargento Isidro Samaniego, de nuevo reclamando la independencia de las autoridades coloniales. El gobernador civil de Manila temió una rebelión. Ver AHN, Ultramar, 5154, exp. 31, «Sublevación de San José de Tayabas». AHN, Ultramar, Filipinas, 2134, caja 1, negativo 5459 y 5460; caja 2, negativo 5509; 2135, caja 1, negativo 5429; caja 2, negativo 5430. AHN, Ultramar, Filipinas, Gobierno, 5152, exp. 11.
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Figuras 5 y 6. Domingo Roxas y José Bonifacio Roxas.
riaco de los Santos, que era su confesor, y se le atribuían relaciones con el padre Pule.33 Las autoridades coloniales creyeron que Roxas había apoyado la formación de la cofradía y los sucesos ocurridos en Tayabas, por lo que fue apresado. Fue el propio Apolinario de la Cruz quien al ser detenido manifestó que había creado la Cofradía de San José, con 4000 almas, por consejo de los abogados de Domingo Roxas, Florentino Pantoja y Carlos Marifosquis, quienes habían recomendado a los cofrades indios que se unieran para llevar a cabo la asociación.34 Se apelaba así a una alianza entre sectores criollos y nativos filipinos a fin de defender conjuntamente sus posiciones frente a las autoridades coloniales.35 A consecuencia de ello, Domingo Roxas fue detenido en noviembre de 1841 y conducido al Fuerte Santiago, permaneciendo dieciséis días incomunicado, y manteniéndosele luego recluido. En su defensa Roxas calificó tal situación como un atropello sin fundamento, una «notoria infracción» a «los principios eternos de la justicia». Decidió por ello escribir directamente al entonces regente del reino, general Espartero, apelando a su amparo, ante «el atropellamiento del que ha sido víctima». En la misiva no se limitó solo a defender su inocencia, sino que expuso con crudeza lo sucedido en Tayabas con la Co-
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MAS, 1963, pp. 121, 133 y 159. MAS, 1842, 2 vols. «El memorial aportado de la Causa de los sucesos de Tayabas remitido a este Ministerio por la Audiencia de Manila, se pasó a consulta de la Sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia con orden de V. A. de 22 de Abril próximo pasado. Del sucinto extracto que de él formó aparece en la declaración que… el Donado Apolinario dijo haverse’ resuelto a llevar a efecto… la creación de la cofradía… 4 000 almas y de hacerlo aconsejado así el Abogado D. Domingo de Rojas que lo negó en su declaración y que por último según otras varias aparece que D. Domingo de Rojas y los abogados Florentino Pantoja y Carlos Marifosquis habían aconsejado a los cofrades los indios de que se unieran para llevar a efecto la asociación», AHN, Ultramar, Gracia y Justicia, 2153, exp. 33. 35 MOJARES, 2006, pp. 413-417, ha señalado cómo esta alianza entre un líder religiosos populista y un criollo destacado ha sido vista con escepticismo por la historiografía, pero en su opinión debería ser contemplada como un signo de las dinámicas interrelaciones mantenidas dentro de la sociedad local. 34
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fradía de San José, el consecuente enfrentamiento con el alcalde mayor, la muerte de este y la política «a sangre y fuego» que siguió a esos acontecimientos, acusando directamente a las autoridades coloniales de incompetencia y de restringir injustamente las capacidades de los filipinos. En ese documento reivindicaba ya la consideración de «filipinos» para todos los nacidos en el país, incluidos los descendientes de españoles.36 En opinión de Domingo Roxas, el enfrentamiento entre los representantes del poder metropolitano y los filipinos debería haberse evitado con «orden y tino», empleando personas de «prudencia y madurez», «conocedoras del país», «usando amonestaciones y otros métodos suaves». Pidió que se encausara a los culpables de las mil cuatrocientas víctimas, pero no a él, cargando directamente contra las autoridades coloniales en las islas —«es necesario que el Gobierno pida cuenta de la sangre de estas víctimas»—, y solicitando el amparo real en tanto que español de Filipinas. Señalaba así que «por más que los habitantes de las colonias no estén en posesión de los derechos que la ley fundamental reconoce en los españoles, no es justo, prudente ni político se les abandone a la arbitrariedad de las Autoridades encargadas de regirlas».37 A pesar de que personas de tanto prestigio como Andrés García Camba y Juan Francisco Lecaroz participaron en la defensa de Domingo Roxas, antes de que se pudiera resolver judicialmente su situación, este murió en prisión en el Fuerte Santiago. Tiempo después, sus hijos apelaron ante la reina Isabel II para defender la inocencia de Domingo y limpiar su nombre de las acusaciones, consiguiendo que el 4 de enero de 1864 se promulgara una real orden a tal efecto.38 La actuación de Domingo Roxas en aquellas circunstancias confirma algunas de las tesis defendidas por Ruth de Llobet en el sentido de que la Constitución de 1812 transformó a todos los habitantes del imperio español en españoles, difuminando temporalmente categorías étnicas coloniales tales como indio, criollo, mestizo español, mestizo chino o peninsular. Demuestra, además, que si bien es cierto que en aquella época el término criollo apenas se utilizaba para llamar a los descendientes de españoles nacidos en el archipiélago, empleándose por contra para ello términos tales como filipinos, hijos del país, españoles insulares, o españoles naturales de las islas, el discurso de Domingo
36 En el AHN se encuentra la carta que Domingo Roxas escribió a Espartero exponiendo su propia versión de ocurrido en Tayabas y emitiendo juicios muy duros sobre las autoridades coloniales, al punto de convertirse en demandante contra los responsables de los hechos, solicitando a la máxima autoridad del Estado que se exigieran responsabilidades por lo sucedido. La respuesta en la Península fue que no se le podía remitir la información solicitada sobre aquellos hechos porque que Roxas no tenía fuerza legal para ser parte demandante en la causa. AHN, Ultramar, 2153, exp. 39. 37 Domingo Roxas: «Cuando no en abierta guerra, tan desgraciadamente han sido sacrificados al filo de la espada mil cuatrocientos de ellos, en nombre de la humanidad, es necesario que el Gobierno pida cuenta de la sangre de estas víctimas y que permita a los que tomen a su cargo la noble, la honrosa misión de perseguir a sus verdugos, defendiéndose a la vez de las persecuciones que sufran por aquel mismo acontecimiento, sea oída su voz en los Tribunales, único medio que se conoce, bien para que se castiguen los excesos cometidos en Tayabas, bien para demostrar al mundo entero que lo allí sucedido no ha sido un asesinato, con cuyos caracteres aparece hasta el día a los ojos de las personas desaparecida y que verdaderamente se interesan por la suerte de aquellos países, y en esta confianza», AHN, Ultramar, Gracia y Justicia, 2153, exp. 39. 38 AHN, Ultramar, 2153, exp. 33.
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Roxas indicaría que algunos criollos utilizaron ya el término «filipinos» para nombrar al conjunto de los habitantes de Filipinas, esto es, criollos, mestizos españoles, mestizos chinos y nativos a un tiempo. Por otro lado, la petición de una mayor autonomía política, reclamada por las élites criollas en todo el imperio, incluyendo las Filipinas, reforzó una identidad política criolla diferenciada de la de los peninsulares. En ese proceso, algunos de los sectores criollos de Filipinas, entre los que se encontraba Domingo Roxas, buscaron formar alianzas con otros grupos étnicos, tales como los mestizos chinos y las élites nativas. Comprendieron que, para alcanzar una mayor autonomía y ganar apoyos en Filipinas, los criollos tendrían que incorporar a los demás grupos a un espacio político común, en donde todos, incluyendo a las personas de origen español nacidas en el archipiélago, fueran considerados como filipinos. Fue una categoría que se empezó a utilizar así en Manila, en las primeras décadas del XIX, aunque tardó más tiempo en generalizarse al resto del archipiélago. Serían los Ilustrados de las últimas décadas del siglo, en el proceso de construcción de la nación, quienes recuperaron la palabra «Filipino» para denominar a toda persona nacida en las islas, fuera cual fuera su origen étnico.39
JOSÉ BONIFACIO ROXAS (1814-1888) Al morir Domingo, sus tres hijos, José Bonifacio, Margarita y Mariano, siguieron con los negocios de la familia a través de la firma «Roxas Hijos». Sus actividades estaban bastante diversificadas. Comprendían fábricas de alcoholes y licores del país, de pólvora y de curtido de cueros; una empresa de hilar; varias haciendas en las que cultivaban azúcar, palay, cocales y maderas; así como pequeñas embarcaciones de carga y pasaje entre las islas; se dedicaron también a la compra-venta de terrenos en Manila y en las islas y al alquiler de fincas. Sin embargo, diferencias entre los hermanos llevaron a la disolución de la sociedad en 1856 y al reparto de las empresas. José Bonifacio, el mayor de los hermanos, continuó fomentando los negocios que le correspondieron. Compró la hacienda de Nasugbú, en la provincia de Batangas, y la hacienda de San Pedro Makati, en las cercanías de Manila, en las que cultivó azúcar, algodón, arroz, trigo, maíz y árboles frutales, arrendó tierras, dedicó otras al ganado y a la caza, y estableció pequeñas industrias. También se implicó en el desarrollo de Filipinas a través de nuevas iniciativas, como la introducción del alumbrado en las calles de Manila, el impulso a un servicio de limpieza pública, valiéndose de carretones tirados por carabaos, o el establecimiento de un ómnibus de Manila a Cavite. Tuvo, además, otras empresas, como una cordelería, una fábrica de jabón y una compañía de importación de papeles.40
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LLOBET, 2011, capítulo 1, pp. 1-2. Agradezco a la autora la consulta de este texto, aún inédito. Consultar también el esclarecedor artículo de HUETZ DE LEMPS en este mismo volumen. También ELIZALDE, 2017. 40 «Testimonio de la Escritura de disolución de la sociedad Roxas Hijos», CD. 4, Roxas Papers, Filipinas Heritage Library, Ayala Foundation Inc., y «Cuentas de Mobiliarios; Escrituras de sociedad y ventas; Inventario de propiedades de Roxas Hijos; Correspondencia entre hermanos, etc.», CD. 17-22,
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Figura 7. Salon du Négociant Chinois Narciso.
A fin de incrementar y modernizar sus negocios viajó por Japón, Hong Kong, Macao y Cantón, adquirió maquinaria en Gran Bretaña y se interesó por los métodos de cultivo en Cuba y otros enclaves tropicales.41 Mantuvo relaciones con compañías radicadas en la Península, París, Burdeos, Marsella, Londres, Liverpool, Amberes, Amoy, Cantón, Hong Kong, Macao, Singapur, Calcuta, Bombay, Sidney y Nueva York.42 También tuvo buenas relaciones con los extranjeros asentados en las islas, hasta el punto de ceder al cónsul inglés en 1864 unos terrenos que pudieran servir de cementerio para los protestantes y los no cristianos.43 Concedió tanta importancia a la formación en el extranjero que financió Roxas Papers, Filipinas Heritage Library, Ayala Foundation Inc. National Archives of the Philippines, NAP, Protocolos de Manila, Escribano D. Félix Dujua, Legajo n.º 420, 1866, tomo 2.º, ff. 1030-1032. Escritura de carta de pago otorgada por D. José Pascual Jugo a favor de D. José Bonifacio Roxas, 19 diciembre de 1866. 41 En las «Memorias del Árbol Genealógico de los Roxas», un breve estudio en facsímil hecho en 1952 por el doctor Santiago, se menciona que en 1856 hizo un viaje a La Habana, interesándose por el cultivo del tabaco y de la caña para la fabricación del azúcar mediante procedimientos que se estilaba entonces por medio de vapor. El autor añade una nota en la que explica que en ese viaje se llevó a Filipinas «ilustraciones gráficas de cómo se hace la siembra de la caña de azúcar con las instrucciones debidas que son dignas de estudio», p. 7. No hemos encontrado ninguna constancia de ese viaje, pero sí sabemos que se interesó personalmente por las formas del cultivo del azúcar en otros países tropicales. 42 RODRIGO, 2013. Además, Martín Rodrigo, en su trabajo aún inédito sobre los Roxas, ha identificado empresas de todo el mundo con las que José Bonifacio Roxas mantenía correspondencia comercial. 43 The National Archives, Kew, UK, (TNA), FO 72 /1471, año 1877: n.º 48 Consular, Consul Gilford Palgrave to Earl of Derby, F.O, Manila, 12 October 1877. El 11 de marzo de 1864 José Bonifacio Roxas
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los estudios y la introducción en el mundo de los negocios en Europa a varios jóvenes filipinos. Todo ello da idea del entorno cosmopolita en el que se desarrollaban sus empresas. En el campo de la política, José Bonifacio se involucró en algunas iniciativas, pero siempre desde un papel secundario. Como otros criollos de la época, fue regidor del Ayuntamiento de Manila en los años 1859, 1860, 1867, 1869 y 1871 porque ese puesto le daba la oportunidad de tener una cierta influencia en el gobierno de la ciudad, estar al tanto de las cuestiones que se discutían y formar parte de redes decisivas para la evolución política y económica de Filipinas.44 Apoyó siempre la causa del progreso y las reformas, y formó parte del Comité de Reformadores, creado por Joaquín Pardo de Tavera en 1872.45 Este grupo acogió con esperanza el nombramiento del liberal Carlos de la Torre como gobernador general, al cual, en un banquete celebrado en septiembre de 1869, solicitaron que se extendiera a las islas la nueva Constitución progresista promulgada en España, reclamando la anhelada reanudación de la representación filipina en Cortes.46 Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron pronto, al comprobar que las reformas no acababan de llegar y que el nuevo gobierno del general Izquierdo corregía toda tendencia reformista. La situación se agravó tras el Motín de Cavite de 1872 y la dura represión entonces desencadenada, que afectó a varios miembros de este colectivo.47 José Bonifacio, había firmado un «deed of lease» con el cónsul británico John William Percy Farren, a fin de facilitar el enterramiento de los no católicos. En él se cedía un terreno de 31,656 varas cuadradas («22.467.85 sq. Metres») por un período de 90 años para que los protestantes y los no católicos británicos, judíos y japoneses residentes en Filipinas pudieran ser enterrados. En julio de 1973 esas tierras fueron devueltas por el Consulado británico a la Ayala Corporation. Disponible en: http://en.wikipilipinas.org/index.php/ Jose_Bonifacio_Roxas, consultado el 25 Enero 2015. Más información en MAHONEY, 1987, pp. 101-111 y HUETZ DE LEMPS, 2017a. 44 Agradezco estos datos a Xavier Huetz de Lemps que está realizando una investigación sobre el Cabildo de Manila en las últimas décadas del siglo XIX, HUETZ DE LEMPS, 2017b. 45 MOJARES, 2016 p. 418. El Comité de Reformadores estaba compuesto por un grupo de filipinos y criollos, muchos de ellos formados en Santo Tomás, y entre los cuales se encontraban Antonio M. Regidor, Felipe Buencamino, Máximo Paterno, José M. Basa, Crisanto de los Reyes, Gorricho y los clérigos José Burgos, Gómez y Zamora, todos los cuales defendían la necesidad de reformas dentro del régimen colonial. CUARTERO, 2013, p. 160. cita a su vez: «El grupo se componía de estudiantes seglares y eclesiásticos, funcionarios y varios hombres de negocios. Algunos de ellos habían constituido el Comité de los Hijos del País: Joaquín Pardo de Tavera, José Icaza, Jacobo Zóbel, Ignacio Rocha, Lorenzo Rocha, Ángel Garchitorena, Andrés Nieto, José Caña, Juan Reyes, Manuel Genato, Máximo Paterno y los padres José Burgos y Vicente Infante». También ARSENIO, 1995 y http://en.wikipilipinas.org/index.php/Jose_Bonifacio_Roxas, consultado el 25 de enero de 2015. 46 «Events in Spain during the late 1860s gave the impression that the liberal cause had won. The conservative Isabel II was overthrown, the liberal Constitution of 1868 was declared, and a liberal governor general was sent to the colony. The victory of the liberal faction in the metropole encouraged their colonial counterparts. Basking in the glow of success, Don Joaquin [Pardo de Tavera] and a group of reformadores celebrated the arrival of the reputed liberal Governor General Don Carlos María de la Torre. Although it was impromptu, the celebration was decorous and don Joaquin and his fellow reformists were presented by Manila’s governor himself. Remarkably, it was the first time the Manila liberals had identified themselves publicly to the colonial power as a group», PAREDES, 1994, p. 357. 47 El Motín de Cavite, que estalló el 20 de Enero de 1872, fue una grave muestra del descontento popular en la que confluyeron dinámicas civiles, militares y religiosas, y en la que se elevaron recla-
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que había ocupado siempre una posición de bajo perfil dentro de este grupo, no se vio involucrado en los hechos y, aunque desde ese momento ya no volvió a formar parte del Ayuntamiento, pudo continuar su vida y sus empresas sin los problemas políticos que había tenido que afrontar su padre. A pesar de que mantenía estrechas relaciones con la Península y de la internacionalización de sus empresas, y pese a que su educación, costumbres y mentalidad siguieron siendo más españolas que filipinas, José Bonifacio sabía bien de sus orígenes y probablemente fuera el más «filipinizado» de los tres personajes Roxas que estudiamos, quizás por influencia de su mujer, Juana de Castro. Era una mestiza española, hija de Mariano de Castro y Juana Ocampo, españoles filipinos de Cavite, a quienes algunas fuentes relacionan con la familia Lim, de origen chino. Juana se había casado en primeras nupcias con Joaquín Fernández y Ocampo, un capitán de la marina mercante, también mestizo, que en 1845 desapareció en el mar, en una tormenta sufrida frente a las costas de China. De ese primer matrimonio tuvo cinco hijos que vivieron muy cerca de José Bonifacio y fueron sus ayudantes en los negocios. Juana era, además, una persona sociable y apreciada por su entorno, con un amplio círculo social de mestizos y nativos en el cual José Bonifacio, se integró sin problemas. Quizás por ello cabría preguntarse si, al tiempo que mantenía la conciencia de ser un criollo descendiente de españoles, sin querer perder los privilegios que como tal tenía, y sin dejar nunca los usos y costumbres aprendidos, se pudo sentir también filipino, no ya como una forma de reivindicar un espacio político compartido con otros grupos, tal como había ocurrido con su padre, sino como resultado de un enraizamiento en una tierra que consideraba suya. Al fin y al cabo, tanto Juana de Castro como José Bonifacio Roxas pertenecían ya a la tercera generación de su familia en Filipinas y sus orígenes empezaban a difuminarse. En las Filipinas de aquel tiempo, una gran parte de la población procedía del mestizaje entre distintos orígenes étnicos y, con frecuencia, la clase social, la posición económica, las relaciones, la pertenencia a determinadas redes, la profesión de una religión o el nivel cultural eran más significativos que la raza, el origen o el estatus jurídico, abierto a modificaciones.48 Para aquel entonces, además, mediada ya la centuria, junto al papel protagonista desempeñado por los criollos desde principios de siglo, en la vida política y económica del archipiélago se consolidaba la emergencia de los mestizos chinos y de las élites nativas, cada vez más potentes.49
maciones independentistas. La rebelión estuvo organizada por civiles reformistas, que contaron con el apoyo de distintos círculos, entre ellos los sacerdotes que reclamaban la vuelta de las parroquias al clero secular filipino. Sin embargo, la administración señaló como responsables últimos a tres presbíteros filipinos con gran ascendencia entre la población, los padres Mariano Gómez, José Burgos y Jacinto Zamora, que fueron ajusticiados públicamente, convirtiéndose desde entonces en un símbolo del movimiento nacionalista. El motín provocó, además, una dura represión sobre otros círculos que apoyaron la asonada, dictándose varias condenas a muerte y efectuándose numerosas detenciones y deportaciones. SCHUMACHER, 2011, pp. 55-81. 48 ELIZALDE, 2017. 49 LLOBET, 2011, capítulo 1, p. 4.
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PEDRO PABLO ROXAS (1848-1912) En 1848, Juana de Castro tuvo un hijo natural con José Bonifacio, Pedro Pablo, al cual se declaró de padre desconocido porque sus padres aún no se podían casar, al no haber transcurrido los preceptivos quince años desde la desaparición del primer marido de Juana en el mar y no poder considerarla legalmente como viuda. Solo cuando trece años después, en octubre de 1860, sus padres pudieron contraer matrimonio, Pedro Pablo de Roxas pudo ser legitimado. En aquella época tal circunstancia tenía importantes consecuencias porque solo en tanto que hijo legítimo podía ser considerado criollo, descendiente de españoles, y heredero de los Roxas y de sus bienes.50 En sus primeros años de vida Pedro se movió en un entorno compuesto de filipinos, mestizos, sangleyes y algunos españoles, en el cual el origen racial no era determinante en los afectos, complicidades y negocios. Sin embargo, como heredero de las empresas Roxas, se fue diferenciando progresivamente del status de sus hermanastros, nacidos del primer matrimonio de Juana de Castro, y tuvo siempre más oportunidades, más puertas abiertas, un círculo social más amplio y un trato diferente. Su matrimonio contribuyó a reafirmar su posición social. Se casó con Carmen de Ayala Roxas (Manila, 1846-Manila, 1930), prima suya en primer grado, hija, por un lado, de Antonio de Ayala, destacado hombre de negocios de origen peninsular que, tal como hemos visto, fue socio de su abuelo Domingo Roxas, y por otro lado, de Margarita Roxas Ubaldo, hermana de su padre, José Bonifacio Roxas Ubaldo, y una mujer brillante en aquella época. Con el matrimonio de Pedro y Carmen se reunificó de nuevo la fortuna familiar procedente de Domingo Roxas, aumentada por sus sucesores y por la dotación procedente de los Ayala. Desde entonces Pedro se movió en un mundo más elitista y menos popular que en sus primeros años. Al casarse, además, con la hija directa de un peninsular, y no con una hija de criollos arraigados en las islas, una mestiza, o una india nativa, reforzaba su inclusión en la categoría de los peninsulares.51 Pedro Pablo Roxas fue uno de los hombres de negocios más destacados de la época. No se formó en universidades, sino que entró en el mundo de los negocios a través del 50 Fe de bautismo de Pedro de Castro, hijo natural de Doña Juana de Castro, Roxas Papers, CD. 8, Filipinas Heritage Library, Ayala Foundation Inc., Libro 3.º de Casamientos de la Parroquia de S. Miguel, Filipinas, folio 198. 51 Pedro y Carmen tuvieron cinco hijos, que se casaron dentro de las élites manileñas, bien con peninsulares, bien con miembros de otra de las grandes familias de aquellas Filipinas, bien con extranjeros distinguidos: el hijo mayor, José (1872-1890), murió muy joven durante una estancia familiar en España. Margarita (1873-1946) se casó con el peninsular Eduardo Soriano y sería la única hija que sobreviviría a sus dos padres. Pedro (1876-1906) se casó con la francesa Marguerite Argellies, y murió en Francia antes que sus padres; Consuelo (1877-1908) se casó con Enrique Zóbel, reforzando una vez más la relación entre aquellas familias, aunque también murió muy joven, de nuevo antes que sus padres. Antonio (1881-1918) se casó con la española Carmen Gargollo y Fedriani, y aunque estaba llamado a ser el heredero principal de Pedro P., murió solo seis años después que su padre y mucho antes que su madre. En cualquier caso, las alianzas matrimoniales de los hijos confirmaron la tendencia a alejarse del mundo nativo de las islas y reforzar la pertenencia a círculos elitistas muy internacionalizados.
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Figuras 8 y 9. Pedro Roxas de Castro y Carmen de Ayala.
aprendizaje y la práctica en las empresas familiares. A los 17 años se incorporó a los negocios de su padre, ayudándole en las oficinas, en la gestión de las fábricas —azúcar, algodón, alcoholes, abacá, aceites, ferrerías, pólvora…—, haciendas —Calauang, San Miguel, San Pedro Makati, Nasugbu y Looc— y fincas urbanas, y en las operaciones comerciales. Al cumplir los 21 años, José Bonifacio comenzó a delegarle responsabilidades, autorizándole a representar sus empresas en todos los negocios judiciales y extrajudiciales, haciéndose cargo ya de todo al fallecer su padre en 1888.52 Por otra parte, después de su matrimonio con Carmen de Ayala, en 1870, y tal como era costumbre en un tiempo en el que las mujeres no podían hacer nada sin el permiso legal de sus padres o de sus maridos —a pesar de que en muchas ocasiones eran ellas quienes estaban al frente de determinados negocios—, representó los intereses de su esposa en diversas empresas, en varias fincas urbanas, en la hacienda Calatagan, en olivares de Sevilla y en la Compañía Ayala, creada por Antonio de Ayala en los años 30 y acrecentada por la dote y las empresas aportadas por Margarita Roxas. Pedro consiguió darle un nuevo impulso en el sector de los alcoholes junto a Jacobo Zóbel de Zangroniz y Andrés Ortiz de Zárate, casados con las otras dos hijas de Antonio de Ayala, Trinidad y Camila.53 Se aventuró además, ya
52 NAP, Protocolos de Manila, Legajo 581, 1878, Tomo 1.º, Escribano Francisco Hernández y Fajarnes, «Testamento Nuncupativo otorgado por el Sr. D. José Bonifacio Roxas y Ubaldo, natural de Santa Cruz, calle del General Solano del arrabal de San Miguel», 22 enero 1878. Consultado en los fondos Ayala-Zóbel-Roxas de la Filipinas Heritage Library, doc. n.º 749. 53 NAP, Protocolos de Manila, Legajo 576, 1876, Tomo 1.º, Escribano D. Francisco Hernández y Fajarnes, ff. 582-587, «Escritura de sociedad sin determinar capital otorgada por Sres. D. Pedro Pablo Roxas, D. Jacobo Zóbel de Zangróniz y D. Andrés Ortiz de Zárate, Consultado en los fondos de la familia Ayala-Zóbel-Roxas en la Filipinas Heritage Library, doc. n.º 441. NAP, Varios Personajes. Trinidad A. Zóbel, 1851-1914, Legajo n.º 36, «Escritura Pública de Sociedad otorgada por los señores Ayala y Compañía ante el notario de Manila D. Francisco Hernández y Fajares el 18 de junio de 1877», Consultado en los fondos de la familia Ayala-Zóbel-Roxas en la Filipinas Heritage Library, doc. n.º 153. NAP,
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por su cuenta, en nuevos negocios, creando la empresa Pedro P. Roxas y Cía. y participando en otras importantes iniciativas de aquellas Filipinas de fin de siglo como fueron la Compañía Marítima,54 los Tranvías de Filipinas55 o la fábrica de cervezas San Miguel.56 En esos negocios tuvo como socios a numerosos peninsulares como Ynchausti, Aldecoa, Lizarraga, Marcaida, Gutiérrez, Muñoz, Fernández de Castro, Irisarri, Elizalde, Ordoñez, Rocha, Larrinaga, Amusategui, Bayo, Iglesias…; a otros criollos y mestizos arraigados en las islas como los Zóbel, Tuason, Reyes, Genato, Fabie, Cagigas, Buenaventura, Goyenechea, Paterno, Arellano, Veloso del Rosario, Gorricho, Fernández y Castro o Brías de Coya; y a comerciantes e inversores de origen chino, o de otros países extranjeros, pero asentados en Filipinas como los Barretto, Macleod, Lim, Limjap, Yangco, Lichauco o Palanca. Muchos de ellos acabarían siendo, simplemente, familias filipinas arraigadas en las islas, difuminándose su origen primigenio. De tal forma, Pedro tuvo relaciones con muy distintos círculos. Por una parte, colaboró estrechamente con la administración colonial y tuvo un trato cercano tanto con los gobernadores generales como con distintos altos funcionarios, consiguiendo una cierta capacidad de influencia en la política local, aunque siempre como asesor y no como ejecutor con capacidad para decidir directrices de gobierno. Sus cargos más significativos fueron los de regidor del Ayuntamiento de Manila, en los años 1877 y 1878, alcalde segundo del Ayuntamiento en 1881,57 y Consejero de la Administración de Filipinas en los años noventa.58 Fue miembro además de numerosas instituciones, tales como la Real Sociedad Económica Filipina de Amigos del País, la Cámara Española de Comercio o la Junta Central de Agricultura, Industria y Comercio. También fue vocal del Banco Hispano-Filipino y del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Manila.59 En estas instituciones se mostró partidario de la introducción de reformas que permitieran un mayor progreso de Filipinas. Optó y apoyó la implicación de los nacidos en Filipinas frente al predominio de los peninsulares y se relacionó con destacados masones, como Jacobo Zóbel, o como su primo Francisco Roxas, aunque no tenemos ningún indicio de que él lo fuera.
Contribución Industrial, Manila, 1897, «Ayala y Compañía», Consultado en los fondos de la familia Ayala-Zóbel-Roxas en la Filipinas Heritage Library, doc. n.º 538-552, 557-558. 54 Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sección 9.ª, caja 5237, exp. 41.267, Fondo de Bienes Embargados, Rebelión Embargo, 1896, Francisco de Roxas y Reyes. 55 AGMS, Sección 9.ª, caja 1562, exp. 12.354, Fondo de Bienes Embargados, Rebelión Embargo, 1896, Expediente contra Pedro de Roxas y de Castro, ff. 493-617. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Consulado de España en París, Protocolo 35589, ff. 273-282, 02.07.1885: Escritura de Tranvías en Manila. 56 NAP, Enrique Barretto Papers. 57 Quiero agradecer de nuevo estos datos a Xavier Huetz de Lemps, en el contexto de la investigación que está realizando sobre el ayuntamiento de Manila. 58 Fue destituido de este cargo en diciembre de 1896, tras el estallido de la revolución y su partida de las islas. NAP, Varios Personajes, Trinidad A. Zóbel, 1851-1914, Legajo n.º 36, «Oficio del subintendente de Intendencia General de hacienda al ordenador general de Pagos, 5 de diciembre de 1986, por Real Decreto dado el 12 de octubre de 1896 en San Sebastián por la Reina Regente María Cristina». 59 ARSENIO, 1995, pp. 444-446. SANTIAGO, 1952. Guía Oficial de Filipinas, 1892-1896.
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Por otra parte, bien en estas instituciones, bien en actos públicos, en diversas ceremonias, en sociedades de recreo, en reuniones en casas particulares, en partidas de caza o en las fiestas de los pueblos, Pedro se relacionó con círculos muy diversos de la sociedad filipina, desde peninsulares y criollos, a mestizos de origen chino, chinos, otros extranjeros y población autóctona de las islas. Su círculo de relaciones fue bastante amplio, aunque él se mantuvo en un entorno elitista. A su alrededor estuvo siempre, en primer término, la familia, ejerciendo como familiares y amigos muy cercanos, pero también como socios en los negocios, representantes de sus empresas y personas de confianza en todo los necesario. Como hemos visto, para entonces no era una familia solo de descendientes de españoles peninsulares, sino que las distintas ramas familiares se habían ido integrando en Filipinas, casándose con otros criollos y mestizos, comerciantes de origen chino, extranjeros asentados en el archipiélago y población de las islas. Entre sus familiares más cercanos destacaron su primo Francisco Roxas Reyes, uno de sus mejores amigos y socio en múltiples empresas; sus cuñados, Jacobo Zóbel de Zangroniz y, en menor medida, Andrés Ortiz Zárate, un peninsular sobrino de su suegro, Antonio de Ayala; sus hermanastros Joaquín e Isidoro Fernández, y su hermanastra Vicenta Fernández, casada en 1874 con Manuel Arias Rodríguez.60 En un lugar muy destacado también su sobrino Vicente Fernández y su primo político, Enrique Brías de Coya, quienes representaron sus intereses y administraron sus empresas durante su exilio. Así, si analizamos una vez más el árbol genealógico de la amplia familia Roxas en las muchas ramas existentes en aquella época, podemos encontrar que estaban emparentados con numerosos apellidos célebres en la evolución de Filipinas. En él aparecen los Ayala, Zóbel, Zaragoza, Oliva, Aranquizna, Araneta, Velez, Soriano, Gargollo, Zangroniz, Montojo, Matute, Presley, Melián, y también, especialmente a partir del período americano, numerosos extranjeros como Desmoulin, Dufraisseux, Skavinski, Coster, Porzat, Argielles, McMicing, Pfitz, Randolf, Schmidt y Peegan. Sus redes no eran, pues, solo locales, sino que estaban bastante internacionalizadas, bien a través de la educación o de estancias en Europa, en donde pronto se integraban en las colonias filipinas que había en las distintas capitales europeas, bien a través de la incorporación en negocios de capital internacional, con agentes en diferentes lugares del mundo, y también a través de las relaciones con los numerosos extranjeros asentados en Manila en la segunda mitad del siglo XIX debido al desarrollo de una economía de exportación. De hecho, en 1889, tras la muerte de sus padres, Pedro emprendió junto a su familia un viaje de dos años de duración por Europa que le sirvió para afirmar sus redes. Además de con sus socios peninsulares, franceses y británicos, en París se relacionó con otras relevantes familias de origen filipino, como Pardo de Tavera, Paterno, Luna, Eguarás, Roces, Ventura, Abarca o Ramírez. Allí coincidió también con José Rizal, que en su correspondencia habló de aquel encuentro. Presumiblemente, Rizal le pidió apoyo y dinero, pero
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Un criollo filipino que regentaba la Librería Agencia Editorial y que se convirtió en un fotógrafo destacado de aquellas Filipinas del siglo XIX. Fue corresponsal de las revistas El Comercio, La Ilustración Filipina y La Moda Elegante. Se le considera el autor de la fotografía que inmortalizó el fusilamiento de José Rizal y de numerosas estampas de la revolución de 1896.
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no sabemos si Pedro se lo concedió. El único testimonio que nos queda al respecto es del propio Rizal, y en él manifestaba que a su parecer no debían solicitar a Roxas compromiso alguno, ni heroicidades, resaltando que a la bolsa no había que pedirle las cualidades de la hoja del acero, sino respetar que cada uno contribuyera según sus fuerzas y sus disposiciones.61 Poco después Rizal escribió a Marcelo del Pilar y a Mariano Ponce, anunciándoles la próxima visita de Pedro a España, instándoles a mantener contactos discretos con él para no despertar la alarma de las autoridades. Les indicaba que cuando Pedro Roxas estuviera en Madrid los miembros de «La Propaganda» debían recibirle y visitarle, pero secretamente, uno a uno, y sin que se mencionara su nombre en «La Solidaridad» para que no sospecharan «los tonsurados», esto es los miembros de las órdenes religiosas, que también tenían representantes en Madrid, atentos siempre a todo lo que se relacionaba con Filipinas.62 Sabemos, pues, de los contactos de Pedro Roxas con Rizal y con los Ilustrados filipinos, pero no conocemos el grado de compromiso con su causa. Una vez en Madrid, Pedro Roxas participó en consejos de dirección de varias empresas y visitó familias españolas y filipinas residentes en España. Entre ellos, Ezequiel Ordoñez, peninsular pero con una estrecha relación con Filipinas y uno de sus mejores amigos a lo largo de toda su vida, y su mujer, María Lecaroz,63 o personajes tan significativos como Pi y Margall, que siempre conservó una buena impresión de esa relación.64 En Sevilla se trató con las familias de Federico de Amores y Ángel de Ayala.65 En cualquier caso, el viaje de Pedro Roxas no estuvo encaminado solo a estrechar lazos peninsulares, sino que un objetivo fundamental fue su participación en la Junta de Accionistas de la sociedad «Tranvías de Flipinas», creada por Jacobo Zóbel y Luciano Bremon, que posteriormente sumaron al proyecto a Adolfo Bayo y a José Castro, peninsulares con contactos con Filipinas. Esta sociedad, con un capital social de un millón setecientas cincuenta mil pesetas, y controlada fundamentalmente por peninsulares, fue dando entrada progresivamente a más filipinos —criollos, mestizos, chinos y nativos—, hasta que en la Junta que tuvo lugar en Madrid en junio de 1890 Pedro Roxas se presentó avalado por tantos votos de los insulares como para dar un vuelco a la compañía y forzar que la sede social se trasladara a Manila, que el Consejo de Administración estuviera controlado por 61
Carta de José Rizal a Marcelo H. Del Pilar, París, 22 de junio de 1889, en RIZAL, 1961, pp. 391-392. Carta de José Rizal a Mariano Ponce, París, 9 de Septiembre de 1889, en RIZAL, 1961, p. 421. En otras cartas posteriores de Rizal hay también breves menciones a Pedro Roxas. 63 Ezequiel Ordoñez fue diputado a Cortes, subsecretario del ministerio de Ultramar siendo Romero Robledo ministro de ese ramo, ex director general de Beneficencia y Sanidad, Consejero del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, y senador vitalicio desde 1903. Recordemos, a su vez, que su mujer, María Lecaroz era hija ilegítima de Juan Francisco Lecaroz, nacida de una relación con una filipina, y había sido pupila de los Roxas. 64 Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga, 1902. 65 Federico Amores, coronel de Artillería, estaba casado con Carmen de Ayala, primera condesa de Urbina. Su hijo, Federico de Amores y Ayala (1870-1927), conde de Urbina, fue un político conservador, diputado en Cortes en 1914, alcalde de Sevilla brevemente en 1913, y posteriormente de 1919 a 1922. Fue comisario regio en la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla en 1912. Los Amores se ocuparon también de gestionar las tierras que Carmen de Ayala tenía en la provincia de Sevilla. 62
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filipinos —entre ellos Roxas, Zóbel y Tuason— y se cambiaran los estatutos para poder administrar la compañía según los criterios dictados en Filipinas. Roxas demostraba así que, efectivamente, era criollo, que tenía buenas relaciones con peninsulares y extranjeros, pero que sus intereses estaban ya vinculados directamente con Filipinas.66 En cualquier caso, el estallido de la revolución en Filipinas, en agosto de 1896, cambió la vida y la trayectoria de Pedro. En los primeros días, llenos de rumores, miedo y confusión, se acusó a Pedro de apoyar la rebelión y de comprar fusiles para los rebeldes, ocultándolos en la fábrica de San Miguel. Se le supuso incluso como uno de los líderes del Katipunan, imputándole de alta traición al rey por pertenecer a una asociación ilícita.67 A raíz de las acusaciones, y ante el riesgo de ser detenido y fusilado, tal como estaba sucediendo con otros compatriotas, incluso de su círculo más cercano, como fue el caso de su primo Francisco L. Roxas, detenido en aquellos primeros días de la revolución y fusilado semanas después, decidió salir del archipiélago y encaminarse hacia Europa a un descanso indefinido justificado por problemas de salud. Se asentó entonces en París y, a pesar de que fue exonerado de todos los cargos que se habían instruido contra él, allí vivió hasta su muerte en 1912, después de más de una década lejos de Filipinas, aunque siempre pendiente de sus negocios, de noticias de su tierra y de constantes relaciones con otros filipinos en el exilio. De tal forma, Pedro Pablo Roxas, que había iniciado su vida en un medio muy filipinizado», y que, a pesar de formar parte de las elites del archipiélago, había tenido relaciones con numerosos grupos sociales, en un tiempo en el cual por motivos políticos el término filipino se había extendido ya a todos aquellos nacidos en Filipinas, dentro del proceso de creación de una nación y de una identidad filipina compartida por todos los habitantes del archipiélago, durante el juicio que tuvo que afrontar en 1898 defendió su españolidad en unas rotundas declaraciones hechas, no hay que olvidarlo, en defensa frente a la acusación de alta traición al rey y de encabezar la causa separatista: Creía yo que una larga vida de honradez y trabajo, aunque estuviera dorada por los brillos de la fortuna, debía constituir por mi pasado un escudo y amparar mi presente y posición. Entendía que en toda esa vida se podían registrar pruebas constantes y numerosas a diario de mi acendrado amor a mi patria, a la que me unen inquebrantables los lazos de familia, de tradición y de voluntad. Español siempre he demostrado serlo en cuanto las circunstancias lo han pedido; española es la compañera de mi vida, la que presta fe y aliento a mi hogar, la que es madre de mis hijos; con español casé a mi hija; por y para
66 Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sección 9.ª, caja 1562, exp. 12354, Fondo de Bienes Embargados, Rebelión Embargo, 1896, Expediente contra Pedro de Roxas y de Castro, folios 493-617. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Consulado de España en París, Protocolo 35589, folios 273282, 02.07.1885: Escritura de Tranvías de Manila. 67 Resoluciones recaídas en la causa que por rebelión y asociación ilícitas se formó contra Pedro P. Roxas y Castro con motivo de la insurrección que estalló en Filipinas a fines del año 1896, Manila, Imprenta Litográfica Partier, 1898.
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España eduqué a los sucesores de mi nombre y de mis bienes, y mi vida y mi fortuna de España son y a mi patria querida pertenecen…68
Trabajó siempre, sin embargo, por sus propios intereses, ligados más a Filipinas que a la Península, y acabó sus días lejos de España y lejos de Filipinas, en un círculo de expatriados unidos por lazos sociales y por negocios más allá de la nacionalidad y en el que se entrecruzaban peninsulares, españoles nacidos en Filipinas, filipinos, franceses, británicos e incluso, de nuevo, mexicanos que habían salido de México tras la independencia del país. Quizás por ello pueda afirmarse que al final de su vida Pedro Roxas se sentía, a un tiempo, profundamente filipino, español con raíces peninsulares y ciudadano del mundo internacional de aquella época.
CONCLUSIONES En los Roxas se refleja, así, una primera problemática que tendría una muy difícil solución en Filipinas, como fue el apartamiento de la población de las islas del régimen constitucional y parlamentario vigente en la Península, una cuestión cuyas consecuencias se hicieron sentir a lo largo del siglo. Los miembros de esta familia pertenecían a los círculos filipinos que se habían visto representados en las Cortes de Cádiz y habían creído firmemente en la igualdad de los españoles de ambos hemisferios y en la plenitud de sus derechos y capacidades, una causa por la que no dejaron de luchar a lo largo del siglo. Sin embargo, tras la vuelta de Fernando VII, y luego, tras la derogación de cada uno de los breves períodos constitucionales, se vieron sometidos a unas leyes especiales que cercenaban posibilidades a los filipinos, quienes, por mucho que lo demandaron, nunca volvieron a ser considerados iguales a los peninsulares. A pesar de que a ellos, en tanto que descendientes de españoles peninsulares, la cuestión no les afectaba directamente, el apartamiento de la población de las islas y la sistemática denegación de mayores derechos tuvo una consecuencia clara e irremediable sobre este grupo de criollos filipinos, llevándoles a posiciones cada vez más críticas con el régimen colonial y la falta de una mayor decisión a la hora de introducir reformas imprescindibles para el progreso de las islas. Además, a través de las biografías de Domingo, de José Bonifacio y de Pedro Pablo Roxas se pueden extraer una serie de conclusiones que nos pueden ayudar a comprender mejor el papel de los criollos en las Filipinas del siglo XIX: – Los Roxas formaron parte de unas élites avanzadas, y dentro de ellas de un grupo importante de criollos, que influyeron en la evolución de las Filipinas del siglo XIX. – Este grupo de criollos tuvo un papel destacado en el despegue de una economía genuinamente filipina, desde los primeros tiempos vinculados aún al tráfico transpacífico, a la implicación de negocios en el Índico y los puertos asiáticos, y al desarrollo de un
68 Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 2308, caja 1. Pedro Pablo Roxas: justificación de su falta de comparecencia ante los tribunales militares, 1897.
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modelo económico basado en el azúcar, el algodón, los licores, el abacá y otros productos tropicales, y orientado a la exportación. Se movieron siempre entre la colaboración y conflicto con la administración colonial. Estuvieron comprometidos con el progreso de Filipinas y con la lucha por mayores derechos para los nacidos en el país, incluyendo a los descendientes de españoles, chinos mestizos e «indios» nativos, una causa que apoyaron durante todo el siglo, en diferentes modulaciones. Incidieron en la adopción de reformas en el archipiélago y esa fue siempre su línea de acción y su reclamación frente a la administración colonial. Se confirma también, a través de los Roxas, la pujanza en aquellas Filipinas del siglo XIX de unas élites avanzadas, preparadas e internacionalizadas, a pesar de todos los discursos empeñados en demostrar el atraso de las islas para justificar así el régimen colonial y la falta de libertades por la incapacidad de sus habitantes. Una élites, en cualquier caso, que no solo eran criollas, caso de los Roxas, sino también, y más según fue avanzando el siglo, indios filipinos, población de origen chino y extranjeros de diferentes nacionalidades, en una sociedad de gran porosidad donde la movilidad social no solo venía definida por el origen étnico. Respecto al compromiso de los Roxas con la causa revolucionaria, y frente a otros criollos que se alinearon con ella y acabaron luchando junto a los revolucionarios filipinos de fin de siglo, el caso de los Roxas fue algo más complejo. Domingo estuvo integrado en el mundo de los criollos representados en el parlamento español. Es plausible pensar que apoyó los movimientos que en aquellas primeras décadas del XIX se levantaron contra las autoridades coloniales, pidiendo incluso la independencia en fechas muy tempranas. Luego, dependió en mucho del carácter de cada personaje. José Bonifacio adoptó un perfil más bajo, pero respaldó a los reformistas de los años 60 y 70. Pedro luchó por dignificar la posición de los filipinos y por potenciar la economía de las islas, y se alineó con aquellos que pedían reformas en las islas, pero no parece razonable considerarle detrás de la revolución, y mucho menos apoyando al Katipunan frente a las autoridades coloniales. Bien relacionados tanto en la Península como en otros países, vivieron en unos círculos muy internacionalizados. Contribuyeron a la proyección exterior del archipiélago, manteniendo relaciones con socios, agentes e inversores de casi todo el mundo. Si en los primeros años del siglo pudo haber una defensa estricta de los intereses criollos, posteriormente establecieron alianzas con otros grupos de población en Filipinas. Se definieron como españoles de Filipinas, pero adquirieron una identidad diferenciada de la de los peninsulares y tuvieron relaciones estrechas con mestizos, nativos filipinos, chinos y otros extranjeros. Las similitudes y las diferencias entre los diferentes grupos no fue solo una cuestión de categorías étnicas, sino el resultado de un complejo entrecruzamiento entre raza, clase, cultura, negocios, intereses, redes, matrimonios e integración en un determinado estilo de vida. Al final, aquellos criollos conformaron un grupo surgido a través de distintos mestizajes y enmarcado por fronteras muy permeables. Finalmente, y en relación con su identidad, sin perder en nada su «hispanización», hubo una progresiva «filipinización» de todos los Roxas, hasta el punto de que hoy en día son una familia muy destacada de Filipinas, pero ese proceso se produjo, primero,
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sin renegar de sus raíces peninsulares, reclamando incluso su españolidad y la pertinencia de que los filipinos fueran considerados como españoles de pleno derecho, y sin perder los usos y costumbres adquiridos; segundo, estableciendo crecientes alianzas con otros grupos de población, hasta primar, ante todo, el ser filipinos frente a cualquier otra consideración; y tercero, conjugando esas posiciones con una creciente y muy marcada internacionalización.
Vemos así cómo Domingo, José Bonifacio y Pedro Pablo Roxas, una saga de criollos filipinos, procedentes de la Península y con estrechas relaciones con Nueva España durante una época temprana, nos permiten seguir la historia de Filipinas a través del siglo XIX, un tiempo esencial en la forja de la nación, en el cual se luchó por consolidar una mayor libertad política, por introducir reformas que modernizaran aquella sociedad, por conseguir derechos que equipararan a los filipinos y a los peninsulares, por desarrollar una economía de base agraria que posibilitara la definitiva incorporación del archipiélago a la economía mundo gracias a sus propios productos, y por internacionalizar y proyectar sus capacidades a nivel global. Los Roxas estuvieron siempre, generación tras generación, en la primera línea de esa batalla.
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Obediencia, subsidio y desarraigo: mujeres y familias entre Florida y Cuba en la segunda mitad del siglo XVIII María Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL Instituto de Historia Consejo Superior de Investigaciones Científicas
En 1763 llegó a su fin el enfrentamiento anglo francés que había durado siete años y realizado operaciones en los cuatro continentes.1 La Paz de París sancionó la plena victoria británica en América y la pérdida territorial por parte de Francia que —si bien recuperó las islas de Martinica y Guadalupe— dejó Canadá y la mitad oriental de Luisiana en manos de los ingleses. Por su parte, España, tras abandonar la política de neutralidad y alinearse con Francia mediante el Tercer pacto de familia firmado en 1761, sufrió la conmoción de la conquista por los británicos de La Habana y Manila, ciudades que fueron recuperadas en el tratado de paz aunque a cambio de desprenderse de Florida, región que llevaba bajo soberanía española desde 1513. En esta península se encontraba San Agustín, su población más septentrional y también la situada más al norte de todos los dominios españoles en América. Desde su fundación en 1565, el presidio de San Agustín de la Florida —junto a varios fuertes, Santa Elena, San Mateo y San Felipe— fue el modo de actuar sobre un territorio virgen a fin de poner bajo el poder y la dominación española la distante frontera y de reflejar la continuidad del interés estratégico de la monarquía por el flanco oriental de las Indias desde América del Norte al sur magallánico. San Agustín de la Florida refleja la larga historia de políticas imperiales e intercambio territorial que se agudizó a medida que transcurría el siglo XVIII. En esta disputa de los imperios ultramarinos por los espacios coloniales, el «circumcaribe español» —desde la isla de Trinidad hasta el punto más septentrional de la península de Florida— constituyó una zona en permanente conflicto, un área de frontera de límites tan imprecisos como interesados en el que el canje de soberanías fue incesante.2 1 2
Este trabajo se realizó en el marco del proyecto HAR2015-66152-R (MINECO). GRAFENSTEIN, 1997.
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SAN AGUSTÍN, UN ESPACIO DE FRONTERA DE IDA Y VUELTA Hasta 2015, año de la celebración del 450 aniversario de la fundación de San Agustín por Pedro Menéndez de Avilés y momento en que numerosos trabajos vieron la luz, muchos han sido los especialistas radicados en Florida e interesados en su pasado colonial que han indagado en los documentos de archivo de Cuba, Estados Unidos, Francia y España y han colaborado en la recuperación de importantes vestigios arqueológicos. En las páginas del Florida Historical Quaterly y otras publicaciones de Estados Unidos de tradición hispana hay testimonios del desarrollo del enclave de San Agustín a lo largo de la historia y de cuestiones como los movimientos de población entre la península de Florida y los territorios del entorno caribeño a consecuencia de los cambios de soberanía que aquí nos interesan.3 En el momento de la cesión a Inglaterra en 1763, San Agustín tenía una población heterogénea y multirracial compuesta por 3 096 individuos (961 hombres, 798 mujeres, 681 niños y 656 niñas) distribuidos en 545 familias y cuyo desglose en otras categorías suponían 1750 «españoles antiguos del presidio», 449 isleños (o procedentes de las islas Canarias llegados en 1757, 1758 y 1759), 97 catalanes llegados en 1762, 83 indios, 59 morenos, 25 alemanes católicos llegados en 1756 y 20 pardos libres; a estos se agregaban las autoridades civiles, el personal militar, los religiosos, además de otras personas entre «forasteros» (21), «gastadores de reales fábricas» —o condenados— (38) y esclavos del rey (8) y de particulares (342).4 Este pormenorizado recuento corresponde a Juan José Eligio de la Puente, insigne floridano elegido por la Corona para elaborar un plano del enclave de San Agustín5 antes de su entrega oficial a los ingleses y quien, años después, en carta reservada a José de Gálvez, comunicaba que sus «continuos desvelos sobre las expresadas provincias no se han acabado, ni se acabarán, en tanto que las vea enajenadas».6 Eligio de la Puente plasmó el esqueleto de una ciudad cuya población estaba siendo evacuada a La Habana y Campeche en un plano «mudo» que, como una «cartografía
3
Además del número especial de Florida Historical Quaterly, 2015, véanse en dicha revista numerosos trabajos (Wilbur H. Siebert, Katherine S. Lawson, Duvon C. Corbitt, Mark F. Boyd, José Navarro Latorre, Charles W. Arnade, Robert L. Gold, Jane Landers o Sherry Johnson), además de otras monografías y artículos de dichos autores y de arqueólogos como Katheleen A. Deagan en distintos medios especializados. Asimismo, véase obras de BUSHNELL, 1994 y FRANCIS, 2015. 4 Archivo General de Indias, Sevilla, (AGI), Santo Domingo, 2595, n.º 1. DEAGAN, 1983 señala hacia 1760 la cifra de 551 militares, 392 negros (esclavos y libres), 24 alemanes, 246 canarios y 83 indios. 5 «Plano de la Real Fuerza, baluartes y línea de la plaza de San Agustín de Florida, con su parroquial mayor, convento e iglesia de San Francisco, casas y solares de los vecinos y más algunas fábricas y huertas extramuros de ella, todo según y en la forma que existe hoy 22 de enero de 1764, cuando en virtud de su entrega a la Corona británica se han embarcado y salen para la Havana y Campeche el último resto de tropas y familias españolas de la guarnición y vecindario de dicha plaza de San Agustín». Archivo Naval de Madrid (ANM). 6 Carta reservada de Eligio a José de Gálvez, 20 diciembre 1777, Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), Estado, 38841.
Figura 10. Plano de la Real Fuerza, baluartes y línea de la plaza de San Agustín de Florida.
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del vacío», cumple una doble función. Primero, la de constituir un interesante y vivo documento histórico de la escala humana de la gran política y, segundo, ser igualmente útil como listado fehaciente de las propiedades de los cientos de floridanos expatriados que hubieron de abandonar hogares y pertenencias con la aspiración de recuperarlas algún día, incluidos los nativos y africanos que también optaron por dejar los enclaves que habitaban en el hinterland de San Agustín: los pueblos de indios Nuestra Señora de la Leche y Nuestra Señora de Guadalupe de Tolomato y la colonia de morenos libres Gracia Real de Santa Teresa de Mose.7 La Corona prometió ayudar a todos los que «en ciega obediencia al rey» embarcaron rumbo a un futuro incierto, permaneciendo en el territorio cedido solo unos pocos encargados de realizar labores de control y vigilancia y venta de las propiedades. Un ejemplo es la venta por Eligio de la Puente (quien vendió casi un centenar) de la casa de Nicolasa Gómez por 50 pesos, quien «por no saber» no pudo firmar y hubieron de hacerlo por ella.8 Como esta mujer al abandonar la península, la mayoría de los desterrados se dirigió a Cuba, isla con la que existía una relación desde antiguo, con muchos nexos entre sus habitantes ya que La Habana era el lugar donde los floridanos más notables deseaban retirarse o la elegían como sede de sus principales actividades familiares como signo de estatus y para reforzar su posición social. San Agustín —como parte de la Florida oriental— permaneció en manos británicas durante veinte años (1764-1784) para volver a España, perderse definitivamente en 1819 y, unas décadas después, integrarse en el naciente Estados Unidos. Al producirse la ansiada recuperación de Florida en 1784, muchos de aquellos habitantes de San Agustín que tuvieron que abandonarla en 1763 —o, incluso, sus descendientes, ya que hasta un 20 por ciento de los que salieron de Florida falleció en los primeros seis años de estancia en Cuba— sintieron la impaciencia de volver al hogar. Como señala Elena Sánchez-Fabrés, los veinte años de soberanía británica no habían cambiado mucho la ciudad aunque la mayoría de los edificios públicos se hallaba en ruinas y muchas viviendas particulares necesitaban una reparación urgente.9 Si bien el repunte de habitantes con el regreso de floridanos hizo que en el año mencionado alcanzaran las 2000 personas empadronadas, esta cantidad se vio disminuida poco después cuando se constató la dificultad del enclave, la carestía de víveres y la insuficiencia de la producción local.10 Así, en 1787, la colonia floridana no alcanzaba los 1400 habitantes, de los cuales el 65 por ciento eran blancos (isleños, floridanos, menorquines, italianos, griegos y británicos)11 frente a un 35 por ciento de esclavos que trabajaban en las peque-
7 Ver LANDERS, 1996, donde hace hincapié en el contingente indio y africano que se asentó en la denominada «San Agustín de la Nueva Florida», cerca de Matanzas. 8 «Cuadernos de recibos de los procedidos de las casas y bienes que quedaron en el presidio de la Florida», 26 de septiembre de 1764, AGI, Cuba, 372. 9 SÁNCHEZ-FABRÉS, 1977. Para el periodo británico, ver los trabajos de Daniel L. Shafer, en especial SHAFER, 2010. 10 Ver TORNERO TINAJERO, 1978. 11 Ver CORSE, 1919; PANAGOPOULOS, 1966; QUINN, 1975 y GRIFFIN, 1991.
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ñas plantaciones existentes. El gobernador se quejaba de la penuria existente y de que la dependencia de La Habana era insuficiente, teniendo que recurrir a Nueva York para aprovisionar de víveres la población de San Agustín. La necesidad de población como estrategia de defensa y mantenimiento de la soberanía contrastaba con la situación objetiva de escasez. En 1789 se dictó que las autoridades cubanas tomaran todas las medidas para facilitar el regreso de los floridanos y sus descendientes a San Agustín con la promesa de ayudar a quienes carecieran de medios de subsistencia así como proceder a la devolución de propiedades a sus legítimos dueños o asegurar el disfrute de otras de similar valor. Muchas familias floridanas hicieron reclamaciones mediante documentos probatorios como Catalina de Porras que solicitaba la casa de su madre o M.ª de los Ángeles Florencia «y demás familias procedentes de la Florida» a fin de «que se le satisfagan las casas, tierras y solares que poseían antes de la transmigración a esta plaza».12 Muchos fueron los que en los primeros años de la segunda etapa española en San Agustín (1784-1819) refirieron sus vidas para lograr algún medio de subsistencia tanto en La Habana como una vez afincados de nuevo en Florida, con la prescripción de que las mujeres ancianas que por su avanzada edad o falta de salud no pudiesen realizar el viaje para tomar posesión de sus bienes raíces, continuaran percibiendo el subsidio habitual en la isla. Por ejemplo, figura el caso de Lucía Escalona, natural de San Agustín, señalada como hija de Alonso de Escalona que sirvió en las tropas veteranas hasta que murió, lo mismo sus abuelos por ambas líneas, que disfrutó de dos reales en concepto de huérfana hasta que se casó con un marinero —Francisco Darde— que se haya desaparecido, que llegó a La Habana por la cesión de San Agustín «abandonando su casa y algunos otros bienes», y que ha recibido un real y medio para subsistir pero «en una avanzada edad que le imposibilita buscar personalmente el sustento» suplica una limosna de dos reales.13 Para los que decidieron regresar, la real hacienda facilitaría la reconstrucción de las casas a cambio de su devolución transcurridos diez años, asimismo se otorgaba «un negro a los cabezas de familia que tomen tierras para labrar y todas las herramientas necesarias al cultivo» y a los establecidos en Campeche se les proporcionaría el transporte y una limosna si era necesario. En la práctica, sin embargo, quedó claro que no todo eran facilidades. Así, la reclamación en 1792 de las morenas libres M.ª Gertrudis Rozo y M.ª Trinidad Rozo, madre e hija naturales de San Agustín, les fue denegada porque —como rezaba la resolución— «jamás han gozado las mujeres negras o pardas de la Florida pensión alguna». En sus instancias, las suplicantes señalaban que, «aunque de color tenían en Florida su casa, tierras y otros muebles que a causa de una ciega obediencia dejaron abandonadas con el consuelo de verse en la Habana atendidas y socorridas como se ofreció a todos, por bando de 24 de febrero de 1763».14
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AGI, Santo Domingo, 2577, n.º 17. AGI, Santo Domingo, 2577, n.º 17, 19 de febrero de 1788. Instancia de María Gertrudis Rozo, 24 de septiembre de 1792, AGI, Santo Domingo, 2577, n.º 78.
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Como señala Sherry Johnson, autora de varios listados de floridanos y floridanas expatriados y de las mujeres que percibieron ayudas de las autoridades a lo largo de los años,15 la mayoría de los tres millares de personas que tras la cesión de Florida embarcaron desde el presidio de San Agustín eran hombres enrolados en el ejército o destinados al servicio de la burocracia real que, junto a sus esposas e hijos, integraron un 71 por ciento del total.16 Junto a ellos, un escaso 19 por ciento estaba constituido por civiles, hombres y mujeres dedicados sobre todo a la agricultura —especialmente canarios y católicos alemanes— que integraron el contingente instalado en lo que se llamó San Agustín de la Nueva Florida, más un pequeño contingente ya mencionado de 89 indios y 23 negros libres y sus familias, y un 10 por ciento de esclavos pertenecientes al rey y a distintos individuos del presidio.17 Por tanto, ya desde la organización de la salida de San Agustín en las postrimerías de 1763 y hasta la llegada y posterior ubicación de estas personas en La Habana, las diferencias de clase, raza y ocupación se mantuvieron y, así, su integración en la sociedad cubana, en general, y el propio espacio habanero, en particular, dependió también de los lazos establecidos previamente en ella y de lo que dispusiera el plan de reformas militares de Alejandro O’Reilly. De acuerdo con el nuevo gobernador conde de Ricla de quien dependía, O’Reilly acompasó sus ideas de mejora del ejército en Cuba a la realidad de su sociedad y a la de los recién llegados de San Agustín y otros lugares cercanos, instándoles a reproducir en la isla los modos y medios de vida que tenían en Florida. Así se explican los reasentamientos de labriegos blancos, indios y morenos en Guanabacoa, Regla o el barrio de Guadalupe18 y el, sin embargo, finalmente frustrado intento de establecerlos en la mencionada «San Agustín de la Nueva Florida», en las cercanías de la ciudad cubana de Matanzas, precisamente por las dificultades para dotar a sus habitantes de tierras óptimas de cultivo, su renuencia a vivir aislados y su fácil inserción en la sociedad habanera.19 En definitiva, la realidad de un contingente mayoritario de hombres envueltos en tareas de carácter militar por su procedencia del presidio de San Agustín, los convertía en valiosas piezas para incluirlos en la reforma del ejército de Cuba. Además, la soltería de que gozaban muchos de ellos los hacía proclives a enraizar en la isla y contribuir al aumento de su población blanca;20 de hecho, de los aproximadamente 870 hombres del listado de Johnson21 solo unos 250 llevaron consigo familia o figuran viviendo ya en La Habana con alguna mujer.
15 Cuban genealogical club of Miami, St. Augustine Connection / Floridanos. Disponible en: www. cubangenclub.org [consulta: 12/02/2016]. 16 Ver MARCHENA FERNÁNDEZ, 1981. 17 JOHNSON, 2001. 18 Libro que contiene el índice de las familias floridanas en Regla, Guanabacoa y Guadalupe (17631764), AGI, Cuba, 548. 19 Expediente sobre el establecimiento de floridanos en Matanzas. Isla de Cuba, 1775, AGI, Santo Domingo, 1598B. 20 KUETHE, 2012. 21 En St. Augustine Connection / Floridanos, Cuban Genealogical Club of Miami.
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SUSTENTOS FAMILIARES ENTRE SAN AGUSTÍN Y LA HABANA Ya hay constancia desde principios del siglo XVIII de numerosas peticiones para paliar la situación en que quedaban las familias de los soldados muertos en San Agustín tanto en los enfrentamientos con los indios como en los reiterados ataques de británicos y franceses. En 1702, tras librarse de un sitio por los ingleses, el alférez Juan de la Balle diferenciaba el San Agustín de ese momento y el de un pasado de «buena opulencia», «fertilidad», abundancia de «ganado vacuno, venados (…) y otros muchos animales», con «muchos pueblos de indios profesando nuestra Santa Fe católica» mientras «hoy no hay ninguno porque los ingleses les han destruido totalmente». Balle recomendaba que: será aceptísimo a los ojos de Dios que a las mujeres de los soldados que mueren de aquellos inhumanos indios los asigne todos los días 3 reales y medio al día por todos los de su vida y que este beneficio deba recaer siempre en las hijas de los tales porque me consta realmente que han servido a SM con mucha honra. En ocasiones no oyen misa por falta de lo preciso para poder salir a la calle y lo mismo debe ejecutar con los huérfanos o de lo contrario dar orden (…) [en] aquella plaza de que a las viudas y huérfanas les de licencia para que pasen a la isla de la havana [sic] porque es imposible poderse mantener de otra forma en aquel miserable presidio.22
En 1731, mediante Real Cédula se otorgaba una pensión a viudas y huérfanas de servidores de armas de San Agustín, una medida que alababa Manuel Joaquín de Montiano, gobernador y capitán general del presidio y provincias de San Agustín de la Florida (1737-1748) en 1742 en carta a su hermano residente en Bilbao. Ante la cruda realidad a que se enfrentaba, Montiano instaba que se «remedien las miserias de este pobre presidio que se halla en última extremidad y expuesto siempre con poquedad de víveres que remiten a que padezcamos hambre» solicitando al virrey «se apiade de estos infelices soldados, viudas y huérfanos que se hallan desnudos y descalzos y así montan los soldados las guardias con unos fríos intolerables».23 Unos meses antes, en octubre de 1741, Montiano pintaba el aislamiento del enclave de San Agustín: «con mucho desconsuelo se vive aquí por la poca comunicación que hay con los demás puertos, y no es la menor la que causa, no haberla de España en tantos tiempos. El salir a otra parte convendría mucho porque podríamos medrar y el vivir aquí es morir, reducidos siempre a comer carne salada (si la hay) destituidos de la fuerza y con otros mil trabajos inenarrables y sin una hora de sosiego» porque «lo que aquí se necesitan son harinas, valor y gentes, que es lo que puede defender esta plaza porque es abierta por todas partes».24 Uno de los deseos reiterados del gobernador Montiano en sus informes y comunicaciones a las autoridades y al monarca era el envío de familias para poblar el presidio.
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Archivo de la Real Academia de la Historia (Madrid) (M-RAH, 9/5698 (10)). CAVA MESA, 2014. Disponible en: http://revista.raha.es/14_art4.pdf [consulta: 29/02/2016]. Ibidem.
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Ya, desde 1763 en adelante, cuando las sucesivas circunstancias políticas situaron a tantos hombres y mujeres a uno y otro lado del canal de Bahamas, distintos sustentos serán requeridos en Cuba y Florida. Hay que tener en cuenta, además, que en San Agustín, por su propia composición poblacional y la actividad militar del grupo masculino, hubo gran diferencia entre las cifras de defunciones de hombres (mayor número) y de mujeres, lo que generó en un notable número de viudas y acrecentó la posibilidad de contraer nuevas nupcias; de hecho, un 13,6 por ciento de los matrimonios floridanos tenían al menos uno o los dos cónyuges casados por segunda o tercera vez. Es comprensible que el estado de viudez fuera breve en una sociedad en la que las mujeres por su escaso número debían estar muy solicitadas. Si bien para muchos hombres no sería tan fácil contraer matrimonio con mujeres blancas, lo que dependería de su lugar en la escala social, una salida era el casamiento con mujeres indígenas, negras y mulatas, a pesar del general rechazo a legalizar las uniones con otros grupos étnicos, como señalan varios autores.25 En este contexto, fue a principios de 1770 cuando se comenzaron a otorgar las llamadas «limosnas» o sustento anual concedido a las viudas, huérfanas y madres de soldados que habían servido en el presidio de San Agustín y se habían visto obligadas a trasladarse a Cuba.26 El listado de estas mujeres —«señoras en sus clases no ordinarias» como se califican en los documentos—27 a las que se otorgaron pensiones, mercedes o limosnas en fechas escogidas como 1770, 1789 y 1805 —elaborado a partir de la detallada documentación conservada sobre los avatares de la población floridana— ofrece un total aproximado de 550 personas.28 Entre las mujeres que figuran en los listados se encontraban Bárbara García, quien solicitaba limosna para ella y su familia tras enviudar en dos ocasiones, primero del teniente Antonio Izquierdo y después del capitán Francisco del Castillo,29 o Estefanía Ruiz que, como natural de San Agustín de la Florida y asimismo viuda en primeras nupcias de Juan Antonio Pescador, médico titular de dicho presidio, y en segundas de José del Olmo, intérprete del mismo, pretendía en 1773 «se le satisfagan los cuatrocientos cuarenta y seis pesos que se le deben de limosna del tiempo de su primera viudedad y se le asigne una nueva limosna por haber enviudado por segunda vez».30
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ARNAUD RABINAL, 1991. Ver LANDERS, 1998. «Incluye las personas del sexo femenino procedentes de las familias españolas vecinas antiguas de la Plaza de San Agustín de la Florida y al tiempo de su entrega a la Corona Británica, se trasladaron a la Havana donde gozan a la sazon de las Pensiones, Mercedes y Limosnas que llevan señaladas por sus clases», 8 de mayo de 1770. The John Batterson Stetson Collection, P.K. Yonge Library of Florida History, University of Florida son documentos del Archivo General de Indias sobre la actividad hispana en las fronteras del sureste, 1518-1819. La colección prioriza el asentamiento de San Agustín. 27 Del título del artículo de JONHSON, 2003. 28 Viudas, huérfanas y madres de la Florida que recibían «limosnas», Cuban Genealogical Club of Miami). 29 Stetson Collection, AGI, 6332-A. 30 AGI, Ultramar, 150, n.º 5. 26
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Las autoridades se tomaron en serio la supervivencia de estas mujeres y testimonio de ello es la ingente documentación derivada de las consultas entre el capitán general de Cuba, marqués de la Torre con Julián de Arriaga primero y con José de Gálvez después, como secretarios de Estado y del Despacho Universal de Indias, o con el conde de Aranda en su calidad de Presidente del Consejo de Castilla a propósito de las solicitudes y ayudas concedidas.31 El asunto denominado en la correspondencia oficial «memoriales de floridanas», «petición de floridanas», «instancias de mujeres de Florida», «pago a familias floridanas» o simplemente «floridanas» —en otro orden de cosas sinónimo de sacrificio y fidelidad a España—32 es incesante a lo largo de las últimas décadas del siglo XVIII y atañen a las reclamaciones de las propias mujeres como de las familias necesitadas.33 La recuperación de Florida en 1783 animó a las autoridades a estimular el traslado de población a San Agustín, lo que no resultó fácil dada la integración de los floridanos en Cuba donde existían más recursos para vivir. De hecho, como refiere Sherry Johnson, solamente un 14 por ciento de los floridanos civiles con propiedades en San Agustín determinaron volver al presidio, una exigua cantidad a la que deben sumarse los militares y burócratas enviados por la Corona.34 Las directrices eran ayudar a quienes quisieran regresar a su hogar de varios modos, entre otros: que se les restituyan las posesiones con sus terrenos que antes de la salida de la Florida tenían, procediendo la justificación correspondiente en aquel gobierno», «que por la Real Hacienda se le suministren auxilios para fabricar las casas que están derribadas con calidad de reintegrar al rey en términos de 10 años», «que dé cuenta de la Real hacienda se les suministre un negro a los cabezas de familia que tomen tierras para labrar y todas las herramientas necesarias al cultivo» y «que si alguna o todas las familias de la misma Florida actualmente establecidas en Campeche y matanzas sin limosna conviniesen y se resolviesen a transportarse a su País, se les socorrerá allá con la limosna.
Asimismo, pasados veinte años del abandono de San Agustín, se entendían las limitaciones en la libertad de movimientos de algunas personas por lo que se dictó que «todas las mujeres ancianas que por su avanzada edad o falta de salud se viesen impedidas de pasar a Florida a tomar posesión de sus bienes raíces, se les continúe en esta plaza el socorro que tienen».35 Teniendo en cuenta que muchas rehusaban abandonar Cuba y preferían seguir recibiendo las ayudas en la capital habanera, se desató una gran
31 AGI, Cuba, 1228. Expediente sobre las ayudas que se conceden a las floridanas que se trasladaron a la isla, julio 1770 - marzo 1793, ff. 388-975. 32 JOHNSON, 2003, «Mujeres en clases no ordinarias»…, p. 20. 33 En diferentes expedientes de los legajos siguientes: AGI, Cuba, 1151,1201; Cuba, 1211; Cuba, 1214; Cuba, 1215; Cuba, 1216; Cuba, 1217 o Cuba, 1219. 34 JOHNSON, 1989. 35 AGI, Santo Domingo, 2577 (Florida, n.º 64).
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demanda de certificados de padecimiento de alguna enfermedad que fueron solicitados a médicos y religiosos para lograr el doble objetivo de no ser embarcadas y poder subsistir con dignidad. En estas circunstancias, tenemos constancia de solicitudes de regreso a San Agustín, por ejemplo de Juana Blanco, Juana Torres y M.ª Josefa Blanco en 1791, en la goleta Nuestra Señora del Rosario,36 o de Nicolás Marcos, que dice querer pasar a San Agustín con su mujer que es de allí natural; de ella, Catalina Cautas, dice «que debe regresar a su patria consecuentemente a loas soberanas disposiciones comunicadas a la intendencia» y como él se haya retirado, solicitaba licencia para poder embarcarse a San Agustín.37 Junto a los requerimientos de salidas, no cesaban los relatos de mujeres que solicitaban ayudas al quedar desasistidas de parientes cercanos. En marzo de 1792, Rosalia Benedicta Serrano solicitaba los 2 reales que le correspondían tras la rebaja de uno al casarse refiriendo: Mis antepasados todos sirvieron con honor en aquel presidio pues José Serrano, mi padre, fue soldado montado y murió de un balazo estando de centinela en el fuerte de Picalata. Dª Bárbara Villegas, mi madre, fue hija de D. Fernando Villegas, que sirvió en la infantería y murió retirado. Otros muchos parientes míos pudieran apuntar a VE que sirvieron y murieron gloriosamente en aquel Presidio, en las frecuentes salidas contra enemigos y ataques de éstos pero no quiero ser molesta, pues con lo que va dicho me parece suficiente para que reconozca mi indigencia y el mérito que me asiste para ser atendida de su piedad, que puede inclinar a beneficio de esta desvalida que careciendo de bienes y arbitrios solo espera.38
En 1791, Manuela de Castro Palomino quien se definía como «una pobre militara con seis hijos» (dos cadetes y cuatro mujeres) solicitaba un empleo para su marido, Ramón Villeo.39 Las solicitudes para cobrar la pensión exigían realizar una declaración de limosna y, así, los oficiales periódicamente examinaban si las mujeres floridanas eran todavía elegibles para las pensiones y para probarlo requerían el descargo de los maridos o su certificado de defunción.40 Numerosos escritos reflejan la gestión de los pagos y pensiones o «ajustamientos de familias de Florida trasladadas a La Habana» como aparecen denominados en los documentos originales en un amplio arco temporal que abarca desde 1786 a 1821.41 Así, Josefa Meneses, viuda del portaguión (quien lleva la bandera) 36 37
AGI, Arribadas, 516, n.os 114, 113 y 110. La Habana, 23 de junio de 1796. Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Guerra, 6857,
33-3. 38
Carta a Pedro de Lerena, Habana, 29 de marzo de 1792, n.º 77. AGI, Santo Domingo, SD 2577. AGS, Secretaría de Guerra, 6932, 38. 40 JOHNSON, 2001, p. 111. 41 Ajustamientos de familias de Florida trasladadas a La Habana, 1786-1792», AGI, Cuba, 408. «Certificaciones de vida y residencia para el cobro de subsidios de los floridanos residentes en La Habana», 1794-1814, AGI, Cuba, 414A. «Certificaciones de vida y residencia para el cobro de subsidio de 39
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de Dragones Buenaventura Boix que falleció sin testamento en San Agustín de la Florida siendo comandante de aquel destacamento «solicita una pensión, ya que se le reconoce derecho al montepío militar».42 También solicitó pensión M.ª Angeles Florencia, natural de San Agustín de La Florida y residente en La Habana,43 Felipa Regidor, natural de San Agustín de La Florida y viuda de Felipe de Fuentes, capitán graduado agregado al Estado Mayor de La Habana que solicitaba el pago «de un situado o limosna de cuatro reales diarios por su condición de natural de Florida».44 Otra solicitud reflejada en la documentación es la ya mencionada de las dos morenas libres, madre e hija, llamadas M.ª Gertrudis Rozo y M.ª Trinidad Rozo «que desde el año de 1763 que fueron trasladadas han hecho algunas instancias al intendente suplicando se las socorriese con la limosna que VM dispensó a todas las mujeres de Florida y (…) que no por morenas se les niegue este auxilio hallándose la primera de edad de más de 60 y su hija como de cuarenta y cinco». Decían ambas ser, respectivamente, «viuda y huérfana legítima del moreno libre Ignacio Rozo, difunto, tambor que fue con plaza sentada del regimiento fijo de San Agustín de la Florida». Aunque en mayo de 1792 hubo un fallo favorable a su solicitud de ayuda, finalmente, en diciembre de dicho año, se les comunicaba que «no ha venido el rey a la solicitud de M.ª Gertrudis y M.ª Trinidad y que las familias morenas de aquella isla no tienen derecho a la limosna del erario».45 Como a ellas, instancias de otras mujeres negras como M.ª Leocadia de León y M.ª Victoria Ana de León resultaron denegadas.46 En general, las circunstancias de las familias indias, sobre todo, y negras de San Agustín en Cuba sufrieron una doble marginación por su raza y por su condición de civiles obligados, en buena medida, a solicitar ayuda fuera de los usuales privilegios de que gozaron los blancos pertenecientes al gremio de las armas, si bien algunos indios y, especialmente negros libres y mulatos se integraron en milicias de la ciudad y a través de las muy bien organizadas cofradías de Cuba. Es evidente que muchos nativos recién llegados y mujeres ancianas murieron en poco tiempo y, como señala Jane Landers, sus enterramientos reflejan la pobreza de su situación.47 Por otra parte, no hay constancia de que ningún indio y ninguna persona negra libre volvieran a San Agustín, una vez recuperada la plaza por España. En definitiva, los cambios de soberanía de la península floridana así como la progresiva militarización de la sociedad cubana provocaron que, en distintas coyunturas y
los floridanos residentes en La Habana», 1799 / 1800, AGI, Cuba, 414B. «Certificados de los párrocos de Florida y La Habana para poder cobrar pensiones los floridanos residentes en La Habana» (1796-1799) y «Libro en que se asientan las cantidades dadas a las familias floridanas» (1804-1821), AGI, Cuba, 412B. 42 AGI, Ultramar, 152, n.º 19 43 1796, ff. 87-89, AGS, Secretaría de Guerra, 6932, 36. 44 1789, AGS, Secretaría de Guerra, 6842,63, ff. 239-242. 45 Instancia de María Gertrudis Rozo, 1 abril 1792. 24 de septiembre de 1792, AGI, Santo Domingo, 2577, n.º 78. 46 29 de agosto de 1792, AGI, Santo Domingo, 2577, n.º 28. Véase LANDERS, 1991. 47 LANDERS, 1991, p. 46.
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en diferente grado, mujeres de todas razas y clases con sus familias se vieran abocadas a comportamientos que combinaron vocación de integración social, reivindicación de lo perdido y defensa de su futuro en una u otra orilla del canal de Bahamas.
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La representación política en clave comparada
Las Antillas en las urnas: la representación colonial en el Parlamento español, 1869-1879 Inés ROLDÁN DE MONTAUD Instituto de Historia Consejo Superior de Investigaciones Científicas
INTRODUCCIÓN Ante los requerimientos del diputado Juan Antonio Hernández Arbizu, quejoso de que la Revolución de Septiembre no hubiera llevado a Puerto Rico las reformas ofrecidas dos años atrás, en junio de 1870 Segismundo Moret, entonces ministro de Ultramar, reconocía en el Congreso de los Diputados que todavía no se había dado cumplimiento a las promesas y desentrañaba las causas del retraso.1 No obstante, recordaba que era mucho lo que se había hecho; entre otras cosas, en mayo de 1869 la isla había elegido sus representantes a Cortes casi por sufragio universal. Y Moret se detenía para explicar la trascendencia del hecho electoral. La elección era la fuente, era «el origen de todas las reformas de un pueblo», era el «preciso monumento de su libertad; porque desde el instante en que un pueblo elige, desde ese instante piensa; desde el momento en que piensa y nombra, desde ese momento adquiere representación; y desde el momento en que sus representantes toman asiento en el Parlamento, desde ese momento ya tienen abierta la puerta a sus aspiraciones. Ya han conquistado las llaves que guardan los tesoros de esa libertad».2 Era pues la representación política el más fundamental de los derechos, que por sí mismo concedía realmente el disfrute de la libertad. La representación para participar mediante el ejercicio del derecho electoral en la conformación del gobierno representativo era la esencia del régimen liberal, que convertía a los súbditos en ciudadanos, sujetos que podían decidir, es decir, votar. 1 Esta investigación se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación del MINECO HAR2012-32510. 2 Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados (en adelante, DSCD), 10 de junio de 1870, p. 8748.
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La idea de que los territorios que formaban el Imperio debían estar representados en las instituciones metropolitanas se remontaba a los orígenes del liberalismo. El derecho a la representación había quedado constitucionalizado en la Carta de Bayona3 y, poco después, en el texto gaditano de 1812.4 Para entonces habían transcurrido casi veinte años desde que el 4 de febrero de 1794, la Convención montañesa aboliera la esclavitud en las colonias francesas y hubiera dispuesto que todos los hombres domiciliados en aquellos territorios, sin distinción de color, fueran ciudadanos y disfrutaran de todos los derechos garantizados por la Constitución.5 En España la fórmula gaditana reconocía la representación de las colonias en Cortes, pero la Constitución de 1812 era mucho menos generosa con quienes hundían sus raíces en la esclavitud. En efecto, tras reconocer que la nación estaba integrada por todos los españoles de ambos hemisferios, entre ellos los libertos, la Constitución establecía quiénes eran ciudadanos además de españoles, es decir, quiénes eran también titulares de derechos políticos. Lo eran los españoles que por ambas líneas tuvieran sus orígenes en los dominios españoles y estuvieran avecindados en ellos; por consiguiente, los esclavos y los libres de color quedaban privados de la ciudadanía y excluidos del censo electoral, si bien a ciertos españoles originarios de África les quedaba «abierta la puerta de la virtud y el merecimiento para ser ciudadanos», siempre y cuando las Cortes así lo decidieran.6 Al lado de los representantes de los distintos virreinatos americanos, en las Cortes de Cádiz tomaron asiento diputados electos por las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,7 que contribuyeron a elaborar la Constitución de la Monarquía. En las Cortes del Trienio volvieron a participar los representantes de las colonias, y lo hicieron también los antillanos durante el régimen del Estatuto Real. La presencia colonial en Cortes durante el primer liberalismo no se realizó, no obstante, en términos de igualdad; la representación americana era esencialmente desigual porque no guardaba la misma proporción que en la metrópoli con relación a la población representada.8 Como es bien sabido, esta corriente integradora en política colonial desapareció en 1836, cuando los liberales progresistas pusieron término a la representación efectiva de Ultramar.9 La exclusión de las colonias del nuevo orden constitucional de 1837 se justificó sobre la base de una serie de argumentos que hacían imposible la representación; entre otras cosas, la distancia de aquellas provincias, la diversidad de intereses y la heterogeneidad de la población. Sin duda, la existencia de la esclavitud y de un importante volumen de población libre negra se presentaba como el mayor de los obstáculos. De modo que la nueva ordenación de las colonias se asentó, entre otras cosas, sobre la exclusión de
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El estamento del pueblo estaría formado por 72 diputados de las provincias de España e Indias. Para el estudio de los diputados antillanos en las Cortes consúltese, entre otros, LABRA, 1911; BERRUEZO, 1986; RIEU-MILLAN, 1992; SÁNCHEZ ANDRÉS, 2005; ZIMMERMAN, 1931, y FRANCO, 2011. 5 Para el caso de las elecciones en Francia, JALABERT et al., 2010, y BINOCHE, 1971. 6 FRADERA, 2004, pp. 113-134, y 1999. 7 MIRA GUTIÉRREZ, 2012. 8 Conforme al real decreto de 20 de mayo de 1834 correspondían a Ultramar ocho de los 188 procuradores. En el de 24 de mayo de 1836, 17 de los 258 diputados, GARCÍA MUÑOZ, 2002, pp. 93-137. 9 Entre otros, LLORENTE SARIÑENA, 2010. 4
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sus habitantes de las instituciones representativas de la metrópoli con independencia de su fenotipo. Los criollos reformistas eran bien conscientes de que estaban pagando «el delito de tener esclavos con la pena de serlo ellos». Al margen de los argumentos empleados entonces y de la estructura demográfica y racial de aquellas sociedades coloniales, muchas otras razones condujeron a la exclusión. En efecto, meses después de la votación que acordó la expulsión de los diputados coloniales, se aprobó el llamado subsidio de guerra, obligando a Cuba y Puerto Rico a cubrir las cargas de la guerra civil carlista. El diputado Fermín Caballero no escatimó su denuncia contra el régimen sobre el que se asentaba la gobernación de los territorios de Ultramar: «Es necesario decirlo con franqueza, lo que explica el enigma de que en el año 37 se conserven sin alteración las facultades omnímodas no es otra cosa sino que las cajas de La Habana se ha hecho que proporcionen a la metrópoli mayores cantidades de las que antes producían. Y que el gobierno español viendo en esto un medio para atender los gastos públicos ha sacrificado el interés de la justicia y de la política a cálculos aritméticos».10 El resultado fue que la exclusión de los representantes antillanos se materializó en el apoderamiento legislativo de la administración central y ultramarina por parte del Gobierno.11 En efecto, sin diputados, las Cortes dejaron de ocuparse de los asuntos de Ultramar, y estos quedaron enteramente en manos del Ejecutivo. Durante el Sexenio Democrático se volvió a plantear la cuestión de la representación antillana en las instituciones metropolitanas, pero solo en la isla de Puerto Rico se llegaron a celebrar elecciones durante el periodo. A los 11 diputados puertorriqueños de mayo de 1869, número que se elevó a 15 en las elecciones de 1871, se agregarían en abril de 1879, ya durante las segundas Cortes de la Restauración, los 24 diputados elegidos en Cuba. Desde entonces hasta 1891 hubo en el Congreso 39 diputados antillanos. A partir de 1893 su número se elevó a 46 (30 por Cuba y 16 por Puerto Rico). Es cierto que no todos los diputados acudieron a Madrid y también lo es que muchos de ellos, aun presentes, no se interesaron por los problemas de las circunscripciones a las que representaban. Restaba también eficacia a la representación antillana su fragmentación entre los partidos locales (antillanos) conservadores y liberales, y la afiliación de los representantes de unos y otros a distintas fracciones políticas nacionales. En todo caso, con muchas limitaciones, las Antillas tuvieron su voz y su presencia en las Cámara hasta 1898, lo que proporcionó una atalaya desde la que se difundieron sus problemas y sus aspiraciones. En estas páginas se trata de proporcionar una visión muy general sobre el sistema electoral en vigor en las Antillas entre 1869 y 1879, sobre los procesos y los resultados de las elecciones generales de diputados a Cortes durante el mencionado periodo y sobre la personalidad política de los diputados ultramarinos.
REGULACIÓN ELECTORAL Y RESULTADO DE LOS PRIMEROS COMICIOS DEL SEXENIO Los hombres que llegaron al poder en 1868 habían contraído ciertos compromisos con las reformas en Ultramar. Entre otras cosas, estaban convencidos de que había que
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DSCD, 14 de abril de 1837, p. 2749. Ibidem, p. 223.
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imprimir nuevo rumbo a sus asuntos y de que era inevitable llevar los derechos políticos a las Antillas, entre otros, el derecho electoral. Así lo planteaba una importante corriente de teóricos del colonialismo. Maldonado Macanaz, por ejemplo, en su célebre tratado sobre los Principios generales del arte de la colonización sostenía que en los países en los que en las colonias se conservaba el sistema administrativo de gobierno, caso de Francia y España, los representantes de aquellos territorios debían formar parte del Parlamento metropolitano. Debía abandonarse el principio de la representación virtual, salvo para aquellas provincias pobladas por razas distintas de la europea y semi civilizadas en las que los colonos procedentes de la metrópoli suponían una pequeña minoría (Filipinas).12 En todo caso, la posibilidad de abrir el Congreso y el Senado a los representantes de las Antillas era algo que ya se estaba estudiando incluso durante los gobiernos moderados. Por ejemplo, por real orden de 2 de enero de 1864 se había solicitado al plenipotenciario español en Lisboa información sobre la legislación vigente en naciones donde, como en Portugal, se elegían diputados en las colonias.13 Poco después, los comisionados reformistas de Cuba y Puerto Rico en la Junta Informativa de Ultramar (convocada por Cánovas del Castillo en 1865 con el fin de estudiar las leyes especiales que debían regir en las colonias) volvían a ocuparse de este extremo. En sus bases sobre la reforma política proponían la representación de Cuba y Puerto Rico en el Parlamento nacional, por más que no toda la representación reformista compartiera la idea. José Antonio Saco, uno de los diputados expulsados en 1836 y de los más conspicuos intelectuales cubanos del momento, presentó en la Junta un largo alegato oponiéndose a la representación.14 En cierto modo la cuestión de la representación estaba en el ambiente y parecía inevitable plantearla después de que el manifiesto del Gobierno Provisional, fechado el 25 de octubre de 1868, prometiera que las provincias de Ultramar disfrutarían de las ventajas de la revolución. Unos días después, el ministro de Ultramar, el unionista Adelardo López de Ayala, en su circular a los gobernadores antillanos anunciaba que Cuba y Puerto Rico elegirían diputados. Sin embargo, poco a poco los pomposos ofrecimientos comenzaron a encontrar toda suerte de dificultades y limitaciones. En efecto, cuando un mes después el decreto de 9 de noviembre decretaba el sufragio universal en la península y convocaba las elecciones, la convocatoria no se extendía a Ultramar. Parece que Ayala se negó en el Consejo de Ministros a que el decreto de convocatoria para la península contemplara a los territorios antillanos. Cinco días después, el 14 de noviembre, fijaba las normas para las elecciones en las Antillas, y lo hacía sobre la base del principio doctrinario del censo y las capacidades. Era el llamado «problema social», es decir, la existencia de 370 000 esclavos en Cuba y 40 000 en Puerto Rico, lo que a juicio del ministro impedía llevar a las Antillas el sufragio universal. La esclavitud, argumentaba, creaba costumbres y prácticas que dificultaban el ejercicio de las libertades públicas y los derechos políticos en todas sus manifestaciones. En su opinión, no era posible entregar una sociedad cons12
MALDONADO MACANAZ, 1873, pp. 248-249. Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), Ultramar, leg. 4648, exp. 1. 14 SENDRAS Y BURIN, 1887, p. 13 (bases 30 a 36). Véase sobre todo el alegato completo en MINISTERIO DE ULTRAMAR, 1869, pp. 90-121. 13
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tituida como la antillana a las convulsiones de los principios que se contradecían y condenaban: la esclavitud y la libertad.15 Años más tarde lo expresaría más crudamente Germán Gamazo, entonces representante del Partido Constitucional, formado en 1871 de la unión del ala derecha del progresismo con elementos procedentes de la Unión Liberal. Al impugnar la ampliación del sufragio electoral en Puerto Rico durante la República, Gamazo insistía en que la rebaja de la cuota facilitaría el derecho electoral a los negros. El censo existente se había asentado sobre la base de los estudios anatómicos modernos y atendiendo a consideraciones fisiológicas que impedían establecer una completa paridad entre las razas, razón por la que no debía modificarse.16 Pese a la oposición se redujo la cuota exigida para ser elector en Puerto Rico, pero lo cierto es que nunca se pensó en llevar la misma legislación electoral a las Antillas y que los políticos españoles del Sexenio, lo mismo que los de la Restauración, parecieron no encontrar dificultad alguna en que los diputados de una misma Cámara fueran electos conforme a distinto criterio electoral. En esto el ordenamiento español se diferenció del de países como Portugal o Francia en los que se reconocía a las colonias representación parlamentaria.17 En todo caso, no se trataba solo de un problema de raza y de la dificultad que suponía el proporcionar la ciudadanía política únicamente a los blancos privando de ella a los negros, tal y como habían pretendido los reformistas antillanos en la Junta Informativa al tratar de evitar la elegibilidad de los negros y de excluirlos de la representación;18 además, cuando los revolucionarios del Sexenio se plantearon retornar a una abandonada política de asimilación y abrir las puertas de las Cortes a los antillanos, tuvieron bien presente también la necesidad de favorecer la representación de aquellos sectores de la población blanca que consideraban más afines a los intereses metropolitanos, dificultando la de los grupos liberales reformistas a quienes tenían por enemigos de la nacionalidad española. Así pues, si la representación se consideraba un instrumento capaz de acallar exigencias del reformismo antillano y de garantizar su adhesión, al mismo tiempo se trataba de evitar que dichos grupos pudieran predominar en la representación parlamentaria ultramarina. Esta exigencia llevó a una torsión de la normativa electoral de aplicación en las Antillas dándole una forma muy distinta de la que tenía en la Península y, con ello, al reconocimiento de una ciudadanía política restringida o limitada, que se mantuvo hasta las postrimerías de la etapa colonial en la primavera de 1898. Para fijar las condiciones electorales, Ayala se basó en la última ley electoral de los moderados, aprobada en julio de 1865 y asentada sobre el principio del censo y las capacidades. Introducía ciertas modificaciones para restringir el acceso al voto a los grupos criollos liberales de ideas descentralizadoras. En la ley de 1865 se había exigido mayor arraigo a los contribuyentes por subsidio industrial y de comercio que a los contribuyentes por territorial y urbana, planteamiento que desaparecía de su decreto para las Antillas
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Gaceta de Madrid, 1 de enero de 1869. DSCD, 10 de marzo de 1873, pp. 472-473. ANDRÉS, 1889, pp. 50-54. Véase el discurso de Cánovas del Castillo en DSCD, 1 de abril de 1870, p. 7029.
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para favorecer a los peninsulares.19 Para ejercer el derecho electoral, Ayala exigía ser mayor de 25 años y el pago de 25 pesos con independencia del concepto tributario, si bien en la ley peninsular había bastado con pagar diez pesos; una diferencia que seguramente no se podía justificar solo sobre la base de que los salarios en las Antillas eran superiores. Sabemos que Ayala había previsto inicialmente una cuota de 100 pesos y que únicamente admitió los 25 a sugerencia del gobernador general de Puerto Rico José Laureano Sanz y Posse, que había tomado posesión en diciembre de 1868.20 Entendía Sanz que con una cuota tan elevada solo podría haber 2236 votantes por contribución, un número similar al que disfrutaría del derecho en concepto de capacidades, entre las que se encontraban en las Antillas todos los funcionarios, es decir, el elemento oficial. Advertía de que si no se reducía la cuota se pondría en duda la sinceridad con la que el Gobierno había reconocido el derecho electoral. De modo que finalmente se fijó la cuota en 25 pesos, la misma que habían sugerido los comisionados reformistas en la Junta Informativa con ánimo de excluir a la población de color. Además la representatividad del sistema electoral diseñado para las Antillas era menor. En la Península correspondía un diputado por cada 45 000 habitantes; en Cuba y Puerto Rico, con 18 y 11 diputados respectivamente, habría un diputado por cada 53 663 y 55 676 individuos libres respectivamente.21 Los negros esclavos quedaban, claro está, excluidos del cómputo de los habitantes. A diferencia de lo que se había previsto en las distintas disposiciones electorales que rigieron en Portugal, en España no se contemplaba subsidio alguno para los diputados ultramarinos con el fin de salvar algunas de las dificultades que podía ocasionar el sobrecoste que implicaba la distancia al efectivo ejercicio del derecho de representación, aspecto que ya habían observado los comisionados de 1867. En Portugal la ley fijaba expresamente la obligación de costear el viaje de los diputados, así como la de proporcionarles un subsidio por cuenta de los presupuestos de la colonias. Para paliar los problemas que ocasionaba la distancia se había dispuesto también que los representantes ultramarinos electos para una legislatura continuaran en las siguientes hasta que fueran legalmente sustituidos.22 En su decreto de 14 de noviembre Ayala introdujo dos artículos que consideraba imprescindibles: el primero facultaba a los gobernadores para suspender en una o varias circunscripciones los actos de elección, si lo consideraban necesario por razones de orden público; dada la necesidad de realizar los trabajos preparatorios y de levantar el censo electoral, el segundo reservaba al Gobierno la facultad de fijar el momento en que debían celebrarse las elecciones, lo que iba a permitir en Cuba su aplazamiento indefinido. Lo cierto es que cuando Ayala abandonó el Ministerio (21 de mayo de 1869) 19 En Portugal las colonias habían tenido representación desde 1820. El decreto de noviembre de 1859 declaró elector a quien pagase una cuota mínima de 1000 reis (5 pesetas, 55 céntimos) por contribución directa y fijó el número de diputados en 8. Véase TAVARES DE ALMEIDA, 1998. 20 Para un estudio detallado del decreto de Ayala y su gestación, ROLDÁN DE MONTAUD, 2016, pp. 221-225. 21 Ibidem, p. 223. 22 TAVARES DE ALMEIDA, 1998.
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todavía no había convocado elecciones en aquella Antilla, en la que no se celebrarían hasta 1879. En cuanto a las de Puerto Rico, las había ido aplazando. La Gaceta de Madrid no publicó el decreto electoral de Ayala hasta el 20 de enero de 1869. La convocatoria de las elecciones se retrasó hasta el mes de abril, fijándose los comicios para el 31 de mayo y el 1 de junio. Habían transcurrido ya cinco meses desde su celebración en la Península y cuatro desde la apertura de las Cortes constituyentes. Lo cierto es que hasta el 1 octubre, cuando se reanudaron las sesiones, que se habían suspendido en junio después de aprobarse la Constitución, no pasaron a la comisión de actas las credenciales expedidas en Puerto Rico. A la vista de lo acontecido, varios diputados presentaron una proposición de ley pidiendo que el telegrama del gobernador general de Puerto Rico al Ministerio de Ultramar dando cuenta de la proclamación de los diputados sirviera a los efectos de credencial interina, lo que permitiría que tomaran asiento en el Congreso sin demora.23 La Constitución de 1869 sancionaba el derecho de representación de las Antillas en las Cortes, abandonándose finalmente el principio de la representación virtual para las colonias del Caribe, no así en las islas Filipinas. Poco después, tras la llegada de los demócratas al Ministerio de Ultramar, su titular, Segismundo Moret, dispuso que se crease un Consejo de Filipinas. Se trataba de una corporación encargada de ilustrar sobre las reformas que debían introducirse en el archipiélago, con facultad de presentar por iniciativa propia los proyectos y propuestas que creyese convenientes. En ella se admitían representantes nombrados por el ayuntamiento de Manila junto a los de nombramiento gubernamental, de modo que el Consejo cumplía un cierto papel de «representante de los intereses de Filipinas», pobre compensación para la colonia del Pacífico excluida de las urnas.24 Las elecciones de mayo-junio de 1869 fueron las primeras de las cinco que se celebraron en la pequeña Antilla durante el Sexenio (el mismo número que en la Península). Compitieron inicialmente dos grupos políticos no muy bien definidos todavía, que pronto dieron lugar al partido Liberal Reformista y al Partido Liberal Conservador, más tarde denominado Partido Incondicional Español. No faltaron algunas disposiciones del gobernador dictadas para eliminar del censo electoral a los liberales, como excluir a quienes fueran deudores a fondos públicos aunque no fuera en vía de apremio. Parece que la decisión afectaba al voto liberal en mayor medida, hasta el punto de que los liberales llegaron a pensar en la abstención.25 Finalmente, las elecciones se realizaron dentro del orden y la legalidad. Las actas electorales remitidas al Congreso de los Diputados no fueron acompañadas de protestas graves, lo que evidentemente no garantizaba la limpieza de las elecciones,26 pero lo importante era que a pesar de que los liberales solo obtuvieron cuatro de las once actas, Joaquín María Sanromá, uno de los cuatro electos, reconocía algo más tarde que no había habido, como no lo hubo tampoco en las elecciones de 1871, «sombra de política electoral, ni se falseó el sufragio, ni faltó libertad, ni escaseó
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Archivo del Congreso de los Diputados (en adelante, ACD), Expedientes, caja 43-1. CELDRÁN RUANO, 1994, p. 146. ACOSTA, 1875, p. 25; CRUZ MONCLOVA, 1970, p. 13. ACD, Documentación electoral, leg. 61, exp. 18.
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independencia a los electores».27 Otro tanto admitían los periódicos en Madrid, en las escasas líneas dedicadas a los comicios de Puerto Rico, apuntando que la elección había recaído en José Ramón Fernández, Juan Bautista Machicote e Irizarri, Manuel Valdés Linares, Juan Antonio Puig Motserrat, Luis Antonio Becerra y Delgado; Sebastián Plaja y Vidal, Francisco de Paula Vázquez de Oliva; José María Pascasio de Escoriaza Cardona, Juan Antonio Hernández Arbizu, Luis Ricardo Padial Vizcarrondo y Ramón Baldorioty de Castro, liberales los cuatro últimos. Padial era hijo de una conocida familia puertorriqueña. Había nacido en San Juan en 1832 y cursado la carrera militar en la Academia de Infantería de Toledo. Tomó parte en las campañas de México y Santo Domingo y poco después se había establecido en Puerto Rico, pero no tardó en ser deportado a España por sus ideas reformistas. Muy vinculado al general Prim, se vio comprometido en el levantamiento de Villarejo en 1865, tras el cual tuvo que huir a Portugal. A su regreso se encargó del batallón de cazadores de Madrid, al frente del cual luchó en la guerra carlista. En el momento de su elección como diputado tenía el grado de coronel.28 Nacido en Guaynabo en 1822, Baldorioty también había estudiado en España, en la Facultad de Ciencias Físico-matemáticas entre 1848-1851. Tras su retorno a Puerto Rico, en 1854, desempeñó varias cátedras en el Seminario Conciliar, figuró entre los grandes educadores e intelectuales de la isla y destacó por su defensa de la abolición. Al futuro fundador del Partido Autonomista de Puerto Rico, las autoridades lo tuvieron siempre por sujeto peligroso al que consideraban un separatista, cuya elección lamentaba vivamente el general Sanz.29 Los otros dos diputados liberales, Escoriaza y Hernández Arbizu, eran también puertorriqueños, ambos criollos de primera generación. De origen vasco, el padre del primero se había asentado en la isla a principios de siglo y había sido regidor de Aguadilla, donde Escoriaza nació en 1833. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Central en los años 1855-1859 y allí se doctoró. En 1869 era gobernador civil de Barcelona, cargo del que dimitió al ser electo diputado.30 Los progenitores de Arbizu eran ambos peninsulares. Se habían establecido en Venezuela, donde el padre de Arbizu se incorporó como voluntario a las órdenes del general Morillo cuando se inició la lucha por la independencia. Arbizu nació en Puerto Rico en 1825, donde se había asentado la familia tras la pérdida de las colonias, y cursó estudios de Derecho en Barcelona entre 1843 y1846. Tras su regreso a la isla en 1853, ejerció de teniente fiscal de la Audiencia de Puerto Rico de 1855 a 1862 y de magistrado suplente en 1864, además fue consejero de Administración. Era autor de un proyecto de ley de abolición de la esclavitud publicado en 1869.31
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DSCD, 10 de octubre de 1872, p. 423. Una campaña parlamentaria, 1874, p. 392. Con posterioridad fue nombrado oficial del Ministerio de la Guerra y luego destinado por el Gobierno republicano al Ejército del Norte. 29 AHN, Universidades, leg. 5294, exp. 25; Ultramar, leg. 1112, exp. 63, doc. 1, comunicación de Sanz al ministro de Ultramar, 30 de marzo de 1870. Sobre el personaje, GAUTIER DAPENA, 1970. 30 Disponible en: http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/escoriaza.htm [consulta: 18/04/2016]. Desde 1870 desempeñó diversos cargos, como el de director general de obras públicas o el de ministro del Tribunal de Cuentas. 31 Biografías de los diputados a Cortes de la Asamblea Constituyente de 1869, 1869, vol. I, pp. 981-990. 28
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Los cuatro representantes del Partido Liberal o residían en la isla o tenían en ella estrechos vínculos familiares e intereses. También los diputados conservadores del 69 eran individuos arraigados en la isla. Valdés Linares había nacido en Venezuela en 1818, y llevaba décadas residiendo en Puerto Rico, donde había solicitado un puesto como juez en 1844. Había sido elegido representante de los conservadores en la Junta Informativa de 1866.32 Hijo de un capitán de navío santanderino agraciado con la concesión de terrenos en Puerto Rico por los servicios prestados, Fernández era un criollo de primera generación. Nació en enero de 1805 y recibió una educación esmerada en España, Inglaterra y los Estados Unidos. Tras su regreso a Puerto Rico en 1826, fundó Latimer, Fernández y comp., dedicada al comercio de exportación de azucares y ron, y heredó importantes haciendas como La Esperanza. Había sido prior del Tribunal de Comercio en 1852, miembro del Consejo de Administración desde 1861 hasta su renuncia en 1866, regidor del ayuntamiento de San Juan, y también delegado en la Junta Informativa de 1866.33 Fue el fundador del Partido Conservador y llegó a ser presidente del Partido Incondicional. Representó a San Juan en varias ocasiones, y en el Congreso se opuso constantemente a la abolición. Natural de Yance (Pamplona) donde nació en 1802, Juan Bautista Machicote era otro de los prohombres del grupo conservador. Se había dedicado tempranamente al comercio en Santander, y en 1816 había viajado a Tierra Firme para ayudar a la viuda de su tío en el negocio familiar. En 1821 la razón social Viuda de Irisarri y sobrino se instaló en Puerto Rico. Aunque dedicado fundamentalmente a la actividad comercial, Machicote ejerció diversos cargos municipales en San Juan desde 1840,34 fue consejero de Administración en 1864 y un destacado miembro del Cuerpo de Voluntarios. López de Ayala le agració con el título de marqués de Machicote en febrero de 1869. En cuanto a Vázquez de Oliva había nacido en 1821 en Curazao, donde su padre se refugió tras la independencia de Venezuela. Al año siguiente la familia se asentó definitivamente en Mayagüez. En 1836 comenzó sus estudios en Alcalá de Henares, que prosiguió en Madrid, doctorándose en 1842 en Jurisprudencia. A su regreso abrió bufete en Mayagüez y fue elegido representante en la Junta Informativa, si bien no pudo asistir por impedírselo la salud. En 1868 era síndico del ayuntamiento y en 1872, como muchos otros en los albores de la abolición, concedió la libertad a sus cuatro esclavos.35 Becerra y Delgado nació en Venezuela, donde su padre se había establecido. La familia se trasladó a Puerto Rico, y de allí pasó a La Habana, donde Becerra estudió Derecho, obteniendo luego el título de abogado en Sevilla. De regreso, en 1843 abrió un bufete en Ponce, fue síndico del ayuntamiento, juez de primera instancia y representante en la Junta Informativa de 1866. En 1872 concedió también la libertad a sus esclavos.36 Puig había nacido en 1813 en Felanit (Mallorca) y Plaja 32
AHN, Ultramar, leg. 2025, 23 de abril de 1844. AHN, Ultramar, leg. 5092, exp. 19, y leg. 297, exp. 25. También, LLANTA Y GUERÍN, 1870, vol. II, pp. 472-473. 34 AHN, Ultramar, leg. 5073, leg. 1115, exp. 57, doc. 4, leg. 5093, exp. 13, PRIETO Y PRIETO, 1869, vol. II, pp. 471-472, y Los diputados pintados, vol. II, p. 469. 35 AHN, Ultramar, leg. 5500, exp. 149; Los diputados pintados, vol. II, pp. 194-196, y PRIETO Y PRIETO, 1869, vol. II, pp. 437-440. 36 PRIETO Y PRIETO, 1869, vol. II, pp. 267-272, y AHN, Ultramar, leg. 5100, exp. 102, sobre la manumisión de sus siervos. 33
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y Vidal en San Feliu de Guíxols. Ambos eran también personajes conocidos en Puerto Rico. Pocos años después de su elección, el primero sería nombrado obispo de aquella diócesis.37 Lo cierto es que la primera diputación puertorriqueña estaba nutrida de personajes bien conocidos y con intereses arraigados en la isla, hecho que debe subrayarse porque la representación de la pequeña Antilla no tardaría en estar poblada de diputados cuneros. En su ya mencionado decreto de 14 de noviembre de 1869, López de Ayala había proclamado que Cuba y Puerto Rico celebrarían elecciones. Había transcurrido ya más de un mes desde el Grito de Yara, cuando hizo aquel anuncio. En principio, pues, el estallido de la insurrección en Yara no pareció haber puesto en peligro la celebración de las elecciones. De hecho, cuando en enero de 1869 llegó a Cuba al general Domingo Dulce para implantar los cambios prometidos por la Revolución, llevaba instrucciones de preparar los comicios. El día 22 de enero publicó en la Gaceta de la Habana el decreto electoral de Ayala y dictó las primeras medidas para preparar el censo electoral. Todavía en Madrid se trataba de acallar el movimiento insurreccional mediante la tímida implantación de algunas libertades. Durante las primeras semanas del mandato de Dulce se estaban perfilando claras alternativas políticas de cara a unas elecciones inminentes con la celebración de reuniones y comités al amparo de la libertad de prensa y reunión reconocida entonces con alguna limitación. Pero el proceso no llegó a adquirir pleno desarrollo por la oposición que hicieron los grupos partidarios del statu quo, encabezados por La Voz de Cuba, que invitaba a crear un gran partido de la nacionalidad que pronto se organizó en torno al Casino Español.38 Las elecciones suscitaron tenaz oposición porque se consideraban el paso previo a cualquier otra reforma. Los desórdenes y el rechazo generalizado por parte de los peninsulares impidieron al Gobierno cumplir sus ofrecimientos o, tal vez, le proporcionaron una excusa para dar carpetazo a unos compromisos que la Unión Liberal, el partido que controló el Ministerio de Ultramar durante buena parte del Sexenio, había aceptado con mucha tibieza. Lo cierto es que López de Ayala pasó por el Ministerio sin llegar a señalar fecha para los comicios, que quedaban aplazados hasta que el Gobierno considerase conveniente convocarlos, en virtud del ya mencionado artículo de su decreto de noviembre.39
EL DECRETO DE 1 DE ABRIL DE 1871 Y LOS PROCESOS ELECTORALES DE 1871 Y 1872 Conforme al mandato de la Constitución aprobada de 1869 (artículo 108), las Cortes constituyentes debían reformar el sistema de gobierno de las Antillas cuando hubiesen tomado asiento los diputados de Cuba o Puerto Rico, para extender a aquellas tierras
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AHN, Ultramar, leg. 2098, exp. 29. La prensa española anunciaba que no se deseaban las elecciones y rechazaba la cuota de 25 pesos porque entendía que los representantes del comercio quedarían excluidos frente a elementos rurales de orientación reformista. Además las elecciones estaban abocadas a dividir al Partido Español ya que cada grupo querría llevar a las Cortes a sus correligionarios, lo que únicamente aprovecharía a los enemigos de España. 39 Sobre la cuestión electoral en Cuba consúltese ROLDÁN DE MONTAUD, 1996, pp. 224-237. 38
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los derechos garantizados por la Constitución con las modificaciones que se creyesen necesarias. En julio de aquel año el general Prim ocupó la Presidencia del Ejecutivo, y con él entraron en el Gobierno un par de ministros del Partido Demócrata. Manuel Becerra ocupó la cartera de Ultramar en sustitución de López de Ayala, y el nuevo ministro estaba dispuesto a cumplir el precepto constitucional. En su circular del 23 de septiembre anunciaba una serie de reformas en Puerto Rico, entre otras, la aplicación de la Constitución y la abolición de la esclavitud, y aseguraba que si la situación de Cuba lo permitía sus diputados compartirían en breve con el Gobierno y con los constituyentes peninsulares y puertorriqueños la obra de «regenerar a Cuba por la libertad». Pero en opinión del general Caballero de Rodas (que sucedió a Dulce cuando fue depuesto por los voluntarios de La Habana), la sola realización de los trabajos electorales favorecería a los separatistas. El general aseguraba a Becerra que el Partido Español no deseaba las elecciones. De hecho, conocidos los proyectos que el ministro tenía para Puerto Rico, se habían reunido en La Habana algunos notables y habían dirigido al ministro un telegrama pidiéndole que suspendiera las reformas para cuando la tranquilidad permitiera a Cuba enviar representantes. A pesar de la presión que recibió de los conservadores de las Antillas y de la propia Península, el 18 de noviembre de 1869 Becerra leyó en el Congreso de los Diputados su proyecto de Constitución para Puerto Rico, al tiempo que anunciaba la inmediata abolición de la esclavitud. Quienes hasta entonces se habían negado a celebrar elecciones en Cuba porque pensaban que la ausencia de sus diputados permitiría aplazar las reformas en Puerto Rico, cambiaron súbitamente de actitud y emprendieron una tenaz campaña exigiendo los comicios. Desde las páginas de La Integridad de la Patria (cuyo primer número apareció en Madrid el 28 de noviembre) se rechazaban todas las excusas esgrimidas para evitar las elecciones. Dado que el Gobierno controlaba las ciudades y que las elecciones eran impracticables solo en ciertas zonas, se acusaba a Becerra de tenerlas en suspenso por temor a que muchos de los diputados electos pudiesen ser contrarios a sus proyectos. Becerra haría una alusión a aquel cambio de actitud: «No se os había ocurrido quizá que habían de hacerse las elecciones en Cuba hasta que el dictamen sobre la Constitución de Puerto Rico se puso sobre la mesa. Ahora todo se vuelve hablar de elecciones en Cuba».40 Quienes promovían la convocatoria de elecciones sabían perfectamente que a esas alturas, por más que el Gobierno intentara acelerar los preparativos electorales, sería imposible que los representantes cubanos estuvieran en Madrid antes de que se suspendieran las sesiones, de modo que la discusión de los proyectos quedaría inevitablemente aplazada. Interpelado sobre los motivos por los que no se habían celebrado los comicios, Becerra se limitaba a contestar que Caballero de Rodas creía que faltaban las condiciones.41 Becerra abandonó el Ministerio sin haber hecho la convocatoria. En junio de 1870 Segismundo Moret presentó un proyecto de ley preparatoria para la abolición de la esclavitud, que su antecesor había dejado prácticamente ultimado. El
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DSCD, 12 de marzo de 1870, p. 6445. DSCD, 1 de abril de 1870, p. 1033.
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proyecto era atacado en el Congreso por inoportuno, entre otras cosas porque estaban ausentes los diputados de Cuba. El día 28 Moret pedía a Caballero de Rodas que realizara los trabajos preparatorios para la celebración de elecciones. El 30 de octubre el general ya tenía preparado el reglamento para la ejecución del decreto electoral de Ayala, y el 25 de noviembre decreto y reglamento aparecieron publicados en la Gaceta de la Habana; pero ya era demasiado tarde, pues el día 30 se presentó la candidatura de Amadeo de Saboya, de modo que las Cortes constituyentes tocaban a su fin. Ni por el tiempo ni por los asuntos de los que ya pudieran ocuparse tenía objeto alguno que fueran los diputados cubanos, indicaba Moret en carta al general.42 Así pues, los comicios quedaban aplazados. Las Cortes constituyentes se suspendieron mediado el mes de febrero de 1871. En marzo se celebrarían las elecciones generales a Cortes ordinarias, las primeras del reinado de Amadeo, que debían reunirse el 3 de abril. Tampoco en aquella ocasión se celebraron los comicios en Puerto Rico al mismo tiempo que en la Península y tampoco llegaron a convocarse elecciones en Cuba. El día 4 de febrero, antes de la suspensión de las Cortes, López de Ayala, nuevamente titular de la cartera de Ultramar, había remitido a los gobernadores de Cuba y Puerto Rico un proyecto de decreto electoral para que comenzaran los trabajos preparatorios para unas elecciones que se realizarían conforme a una normativa nueva: para ser elector, además de mayor de 25 años, bastaría saber leer o escribir o pagar ocho pesos de contribución directa al Estado (artículo 7). Cuba se dividiría a efectos electorales en 21 distritos uninominales y Puerto Rico en 15 (en lugar de las grandes circunscripciones con sufragio de lista del decreto de Ayala), conforme había previsto la ley de división de distritos aprobada en enero de 1871.43 El ministro unionista introdujo la nueva cuota democratizadora del sufragio muy a su pesar, y lo hizo en cumplimiento de la ley de enero, que hacía preceptiva su aplicación en Puerto Rico, ajustándose el Gobierno a lo dispuesto en el proyecto de Constitución para Puerto Rico (el presentado por Becerra, todavía sin discutir), especialmente a su artículo décimo. En él se reconocía derecho electoral a quienes pagasen ocho pesos de contribución o supieran leer o escribir. Ayala había anunciado a los dos gobernadores antillanos que el artículo relativo a la cuota tenía solo carácter provisional, en tanto dictaminaba el Consejo de Estado sobre la interpretación que debía darse al mandato de la ley de enero. Finalmente se impuso el criterio del Consejo de Ministros frente al del Consejo de Estado, que había opinado que la cuota debía ser de 25 pesos,44 y en su decreto de 1 de abril de 1871 Ayala reconocía el derecho a quienes pagaran los ocho pesos o supieran leer o escribir.45 El número de electores del censo electoral pasó de 3 718 en 1869 a 19 789 en 1871. La nueva cuota fue rechazada frontalmente por los conservadores antillanos y peninsulares, que no entendían cómo era posible que López de Ayala (que durante su mandato anterior había encarnado una de las corrientes más conservadoras de la revolución y evitado que sus 42
AHN, Ultramar, leg. 4940, comunicación del 30 de noviembre de 1870. AHN, Ultramar, leg. 5104, exp. 26, doc. 3, comunicación muy reservada de López de Ayala a los gobernadores de Cuba y Puerto Rico, 4 de febrero de 1871. 44 AHN, Ultramar, leg. 5104, exp. 26, doc. 9, dictamen del Consejo de Estado. 45 Gaceta de Madrid, 14 de abril de 1871. 43
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beneficios se extendieran a Ultramar) pudiera haber estampado su firma al pie de aquel decreto. La Época, por ejemplo, aseguraba poco después que la regulación electoral dada a Puerto Rico era completamente «incompatible con la integridad nacional».46 Reformistas como Blanco y Sosa lamentaban que Ayala no hubiera fijado en su decreto electoral fecha para las elecciones, que ya se habían convocado en la Península, y atribuía la parsimonia del ministro a la influencia que ejercían sobre él quienes se oponían a las reformas, deseosos de impedir que los diputados cubanos tomaran asiento en la primera legislatura del reinado de Amadeo ¿Por qué no se había llamado a los diputados y senadores de Puerto Rico a la vez que a los de la Península? ¿Por qué se difería su convocatoria para cuando ya las Cortes estuvieran reunidas? ¿Por qué el empeño sempiterno de postergarles? La excusa esgrimida era que había que formar nuevas listas electorales ¿Qué inconveniente tenían las ya formadas? De hecho, el censo electoral de ocho pesos era el que estaba en vigor para las elecciones municipales que se habían celebrado sin dificultad. Blanco y Sosa se quejaba de que aplazando la convocatoria se restringía y limitaba el derecho de los electores, que no podrían ver a sus representantes en las deliberaciones en Cortes durante la mayor parte de la legislatura. No cabe duda de que Ayala deseaba evitar la discusión de la Constitución de Puerto Rico, que había quedado aplazada al cierre de las Cortes constituyentes.47 Sea como fuere, el hecho es que no convocó las elecciones hasta el 1 de abril para los días 21 a 23 de junio. Hasta mediados de octubre no se aprobaron las actas, de modo que los diputados puertorriqueños tomaron asiento de sus escaños siete meses después del inicio de la legislatura. Parece que en aquellos comicios se produjo una gran movilización; que según los datos disponibles un 80 por ciento del electorado habría acudido a las urnas para entregar sus votos al Partido Liberal Reformista y al Partido Liberal Conservador, constituidos formalmente hacía pocos meses: el primero el 20 de noviembre de 1870, bajo la dirección de Gerónimo Goico; el segundo el 11 de enero de 1871 capitaneado por el marqués de la Esperanza, uno de los diputados del 69. Convocadas las elecciones, ambos partidos habían emprendido una frenética actividad propagandística llamando al voto al ampliado cuerpo electoral. Hubo una movilización sin precedentes para llevar a Madrid una diputación favorable o contraria a unas reformas que ya estaban sobre la mesa.48 De los 15 diputados que correspondían a la isla (tres más que en 1869), 12 resultaron liberales y uno solo conservador, el general José Laureano Sanz, que había sido relevado en abril de 1870 por el Gobierno del general Prim, después de haber emprendido una política de dureza contra los reformistas puertorriqueños.49 Baldorioty de Castro y Padial obtuvieron un acta doble (por Sabana Grande y Ponce el primero, y por Arecibo y Coamo el segundo). Como Hernández Arbizu, ambos habían sido elegidos también en 1869. A ellos se agregaban José Antonio Álvarez Peralta, José Facundo Cintrón, José Julián Acos46
La Época, 23 de julio de 1871. BLANCO Y SOSA, 1898. Especialmente el artículo «No importa» (22 de marzo), pp. 92-94. Véase también el discurso de R. M.ª de Labra, DSCD, 10 de julio de 1871, pp. 2515-2519. 48 CRUZ MONCLOVA, 1970, pp. 155-157. 49 GÓMEZ ACEVEDO, 1956. 47
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ta, Julián Blanco y Sosa, Francisco M. Quiñones, Manuel Corchado y Juarbe, Eurípides Escoriaza Cardona, Gregorio Ledesma y Navajas y finalmente Joaquín María Sanromá.50 Álvarez Peralta era puertorriqueño. Había viajado a Madrid todavía joven, y allí había fundado El Siglo. Regresó a América en 1856 en misión diplomática para negociar un tratado en Santo Domingo y allí permaneció hasta 1868. Parece que fue uno de los promotores de la Anexión y que durante aquellos años cursó estudios de Medicina, ocupando varios puestos en la diplomacia exterior durante el Sexenio.51 Cintrón, entonces un joven de 28 años, era hijo de una rica familia del país. Nacido en Yabucoa había estudiado Derecho en la Universidad Central en 1869 y 1870 y Filosofía y Letras en 1870 y 1871.52 Sería representante de la Antilla también en 1872 y 1873 (siempre por Guayama), y secretario de la comisión encargada de redactar el proyecto de abolición de la esclavitud en Puerto Rico.53 Acosta había estudiado en la Universidad Central Ciencias Físico-Matemáticas entre 1848 y 1851,54 y posteriormente prosiguió sus estudios en París y Berlín, donde fue discípulo de Alexander von Humboldt. Tras su regreso a Puerto Rico, enseñó Botánica y fue director del Instituto Civil de Educación Secundaria. Intelectual y escritor puertorriqueño, fundó y dirigió El Progreso, un diario reformista del que era redactor Julián Blanco y Sosa, también electo en aquellos comicios. Blanco había nacido en Vega Baja en 1830,55 y era un conocido intelectual puertorriqueño de destacadas tendencias abolicionistas, también representante en la Junta Informativa de 1866. Quiñones había nacido en San Germán en 1830 en el seno de una conocida familia de hacendados. Había recibido una esmerada educación en diversos países europeos Francia, Gran Bretaña y Alemania, realizando sus estudios superiores en Bremen. A su regreso, se ocupó de las propiedades de la familia y desempeñó una importante tarea como periodista. Había acudido a Madrid a la Junta Informativa y destacó por sus compromisos abolicionistas, lo que le llevó a firmar junto con Acosta un conocido manifiesto en 1867.56 Escoriaza y Corchazo eran también puertorriqueños. Parece que el primero era banquero; el segundo, un reconocido poeta e intelectual. Había cursado estudios de Derecho en Barcelona, donde fundó la revista Las Antillas, en cuyas páginas daba a conocer los problemas de Puerto Rico y defendía la abolición de la esclavitud. De regreso a su tierra natal escribió en El Agente.57
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La filiación de Ledesma entre los liberales parece dudosa, pero esa filiación le atribuye CRUZ MONCLOVA, 1970, p. 165. 51 AHN, Ultramar, leg. 5074, exp. 6, y «Los diputados reformistas de Puerto Rico», p. 393. 52 AHN, Universidades, leg. 3826, exp. 14, y leg. 6449, exp. 10. 53 «Los diputados reformistas de Puerto Rico», p. 393. 54 AHN, Universidades, leg. 5206, exp. 30. 55 BLANCO Y SOSA, 1898. Véase, TIMOTHÉE, 1939. 56 «Francisco Mariano Quiñones». Disponible en: Biografías y vidas. La enciclopedia biográfica en línea, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/quinones_francisco_mariano.htm [consultado: 30/04/2016]. 57 PÉREZ ZABALA, PEDRO J., «Biografía de Manuel Corchado y Juarbe». Disponible en: isabelapr.org/ manuel_corchado.htm [consultado: 19/05/2016].
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Únicamente Ledesma y Sanromá habían nacido en España. Futuro marqués de Arecibo (12 de julio de 1889),58 el primero era oriundo de la Rioja donde vino al mundo en 1831. Lo encontramos ya en Puerto Rico en 1859, ejerciendo como oficial de la aduana de Arecibo. Nacido en Cataluña, Sanromá era un conocido librecambista, con extensos conocimientos en asuntos de las colonias adquiridos desde su cátedra de la Escuela Superior de Comercio de Madrid y la de Historia Mercantil de la Universidad de Madrid. Había sido director del Conservatorio y, en el momento de su elección, ocupaba la Subsecretaría de Hacienda. Representaría a Puerto Rico en las tres elecciones inmediatas, siempre por su distrito de Humacao. El gobernador Gabriel Baldrich escribía a Madrid un par de días después de la celebración de los comicios asegurando que las elecciones se habían desarrollado en orden y respeto a las instituciones y que el derecho electoral se había ejercido sin coacciones ni escándalos.59 El publicista Antonio Sendras y Burin convenía más tarde en que aquellos comicios se celebraron, como los de 1869, sin la menor sombra de ilegalidad y coacción», en condiciones «verdaderamente excepcionales de legalidad».60 Solo se habían producido conflictos en el primer distrito, la capital. En el Archivo Histórico Nacional se conservan algunas cartas de Baldrich sobre lo sucedido en aquel distrito. El general aseguraba que había conseguido que entre los dirigentes de los partidos se acordase una candidatura de conciliación y que se comprometiesen ambos partidos a nombrar cada uno cinco candidatos dejando cinco distritos libres, por si era necesario sacar adelante candidatos de recomendación ministerial, entre los cuales se recomendaba a personajes como el conocido médico Pedro Mata o Fernando Vida y Palacio, un funcionario con larga trayectoria en el Ministerio de Ultramar, cuya subsecretaría había desempeñado. Finalmente la propuesta había fracasado por la actitud del marqués de la Esperanza, que había decidido presentar la candidatura del general Sanz por San Juan, una de las más antipáticas en la isla. Baldrich afirmaba que había resultado electo merced a la injerencia del segundo cabo, que tenía vinculaciones con el sector más reaccionario del Partido Conservador y que había arrastrado a sus subordinados. Siempre presente en el colegio electoral, había actuado con tal osadía, deploraba Baldrich, que hasta el presidente de la mesa tuvo que expulsarlo en dos ocasiones del salón. El general pedía al ministro su destitución y lamentaba el ataque del que había sido objeto el principio de autoridad.61 La prensa conservadora enfurecida por el resultado de las elecciones emprendía una campaña de desprestigio de los diputados puertorriqueños electos, que según se indicaba lo habían sido mediante intrigas, y que solo aspiraban a la perdida de la isla. Dirigía sus dardos contra todos los votantes de las clases populares, a quienes describía como «grotescos grupos» que parodiaban a hombres de importancia; como «turbas que invadían los salones consistoriales de capacidades nauseabundas», gentes que habían accedido al 58
AHN, Ultramar, leg. 1090, exp. 16, doc. 1. CRUZ MONCLOVA, 1970, p. 166. 60 SENDRAS Y BURIN, 1887, p. 17. 61 AHN, Ultramar, leg. 5104, exp. 27, doc. 11, comunicación del 26 de junio; leg. 5113, exp. 3, doc. 1, comunicación de 25 de julio, y La Discusión, 20 de julio de 1871. 59
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voto en virtud de la reducción de la cuota. Reclamaba la reducción del sufragio a lo que «demandaba el sentido común».62 Lo cierto es que los desórdenes que promovieron los conservadores en San Juan condujeron a la declaración del estado de sitio, la suspensión de la libertad de prensa y, finalmente, al relevo de Baldrich por el que tanto clamaban los conservadores. En el Congreso de Diputados, en su nombre Navarro Rodrigo impugnó, aunque sin éxito, las actas de Sosa y Blanco y de Baldorioty de Castro.63 Por lo que se refiere a la isla de Cuba, López de Ayala había pedido al conde de Valmaseda, sucesor de Caballero de Rodas en noviembre de 1870, que fijase la fecha en que los trabajos preparatorios estarían finalizados, con el fin de expedir el decreto de convocatoria. Apremiado por el Gobierno, Valmaseda se había visto obligado a iniciar los preparativos electorales, no sin dificultades por la indiferencia cuando no la abierta hostilidad que encontraba. El general había hecho una consulta al Consejo de Administración, en el que estaban presentes muchos de los peninsulares más prominentes. En su informe de 27 de abril, aquel órgano consultivo cuya creación databa de 1861, se opuso enérgicamente a las elecciones, argumentando que la guerra impedía que se llevasen a cabo con calma en los distritos rurales de oriente, donde probablemente muchos electores se veían obligados a votar por los candidatos señalados por los insurrectos. De modo que podría ocurrir que Cuba estuviera representada por genuinos apoderados de los enemigos de España. En opinión del Consejo, lo prudente era diferir la celebración de las elecciones.64 Así pues, «Aquellos mismos peninsulares contestaron que no las querían (las elecciones) por no convenirles. Antes consideraban injusto no oírlos, y cuando para ello se les llamaba se negaban a venir».65 Así comentaba el historiador Antonio Pirala lo ocurrido. Lo que explica este nuevo cambio de postura de los sectores que defendían el statu quo era que uno de los artículos de la Ley Moret, que se había aprobado en junio de 1870, obligaba al Gobierno a presentar un proyecto de emancipación de los esclavos que quedasen en servidumbre, cuando hubiese tomado asiento los diputados cubanos. En su ausencia, no se darían las condiciones jurídicas precisas para avanzar por la senda de la abolición, garantizándose así la prolongación de la esclavitud. El hecho es que Valmaseda no fijó la fecha que se le pedía y que las que fueron las terceras elecciones del Sexenio tampoco llegaron a convocarse en la isla. Cuba seguía pues sin representación en Cortes. El 24 de diciembre de 1871 el rey Amadeo encargó a Sagasta que formara gobierno. Con el decreto de disolución en la mano convocó las elecciones en la Península, islas adyacentes y Puerto Rico para los primeros días de abril de 1872. Por primera vez se iban a celebrar los comicios simultáneamente en la metrópoli y su colonia. El entonces ministro de Ultramar, Juan Bautista Topete, que como Ayala militaba en las filas de la Unión Liberal, mostraba su preocupación por la aplicación de la norma electoral de 1871. El 14 de febrero de 1872 indicaba al gobernador general Ramón Gómez Pulido que el Gobierno 62 63 64 65
El Centinela Español, citado por CRUZ MONCLOVA, 1870, p. 168. DSCD, 30 de octubre de 1871, pp. 3312-3325. AHN, Ultramar, leg. 4940, y GELPI Y FERRO, 1887-1889, vol. I, p. 44. PIRALA, 1895-1808, vol. II, p. 626.
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quería convocar elecciones conforme al decreto de López de Ayala de noviembre de 1869 pero que por temor a las dificultades que podría plantear en la opinión había optado finalmente por la norma de 1871, a pesar del resultado que su aplicación había arrojado en las últimas elecciones.66 El día 18 Gómez Pulido aseguraba al ministro que con el censo vigente la lucha era casi imposible; que la mayoría de los diputados y senadores electos saldrían de ideas anti-españolas, pese a lo cual, él echaría el resto aunque tenía escasas esperanzas.67 Pulido sugirió incluso un aplazamiento de las elecciones en Puerto Rico, lo que le permitiría modificar adecuadamente el censo electoral. Sin embargo, contra todo pronóstico, fueron elegidos once diputados conservadores y solo cuatro reformistas, hecho que sorprendió a propios y extraños.68 Lo ocurrido fue que los comicios estuvieron dominados por la más absoluta injerencia gubernamental a favor de los conservadores, llegando a secuestrase periódicos como La Esperanza, para que no circulara el manifiesto electoral de Baldorioty de Castro. Todo ello condujo al retraimiento del Partido Reformista en distritos como San Germán, Arecibo o Mayagüez.69 El general Pulido escribía al ministro poco después: «He tenido corregidores, alcaldes, secretarios y unos agentes que han hecho maravillas».70 Efectivamente, Pulido dirigió desde la Gaceta Oficial aquellas elecciones, recomendando candidatos, atemorizando a los electores con el empleo de las facultades discrecionales y autorizando todo género de coacciones y violencias, que fueron denunciadas por Labra en el Congreso de los Diputados y que han hecho que aquellas elecciones hayan pasado a la Historia como las «elecciones pulidas».71 Así se explica que sin cambio alguno en la norma electoral de 1871, apenas ocho meses después de las elecciones de junio de 1871 se hubiera producido tal vuelco en los resultados.72 Gracias a la presión gubernamental, el número de votos conservador pasó de poco más de 1000 a 7 007, al tiempo que los liberales perdían 7500 votos.73 Un argumento que mostraba de modo irrefutable la intervención gubernamental en el proceso electoral era el aumento del número de electores que concurrió a las urnas, que pasó de 19 789 a 21 434, pese a que en el reglamento que Gómez Pulido dictó para las elecciones había anunciado que 66
AHN, Ultramar, leg. 5169, exp. 51, doc. 5, comunicación muy reservada de 14 de febrero de 1872. AHN, Ultramar, leg. 1112, exp. 63, doc. 11. Los esfuerzos por evitar la aplicación de la norma en ROLDÁN DE MONTAUD, 2016, p. 229. 68 La filiación de los diputados no resulta clara. Sin duda incurre en un error Bayron al referirse a ocho conservadores y siete liberales, toda vez que Antonio González Llorente y Carlos Sedano no eran liberales. Además por el distrito de Arecibo fue elegido el conservador José Ramón Fernández y no el liberal José Antonio Álvarez, a quien Toro atribuye doble acta por Vega Baja y Arecibo, BAYRON TORO, 2003, p. 59. Para Labra se trataba de diez conservadores y solo dos miembros del Partido Reformista, DSCD, 7 de mayo de 1872, y LABRA, 1916, p. 12. 69 El Imparcial, 10 de septiembre de 1872, «El país pintado por sí mismo»; AHN, Ultramar, leg. 1112, exp. 68, docs. 42-44, comunicación al Ministro de Ultramar, 22 de marzo de 1872. 70 Citado por CRUZ MONCLOVA, 1970, p. 199, y AHN, Ultramar, leg. 5110. 71 SENDRAS Y BURIN, 1887, p. 17. 72 DSCD, 4 de mayo de 1872, p. 212. 73 BAYRON TORO, 2003, p. 431. 67
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el censo electoral sería el vigente en los comicios de 1871, que no se modificaría por falta de tiempo. Junto a los diputados liberales como Álvarez Peralta, elegido como en 1871 por el distrito de Vega Baja, Sanromá, que repetía por el de Humacao, o el conservador marqués de la Esperanza, electo también en 1869, figuraban candidatos nuevos. Algunos habían nacido en España, pero habían desempeñado cargos públicos en la Antilla y residían en ella desde hacía años. Tal era el caso de Pedro Diz Romero, un abogado oriundo de Torrelavega, nacido en 1831 e instalado tempranamente en Puerto Rico, donde en 1855 ejercía como fiscal de Aguadilla, y en 1858 de la Audiencia de Puerto Rico. Era acalde mayor de San Germán en 1859, figuró entre los jefes del Instituto de Voluntarios, cuerpo armado promovido por el marqués de la Esperanza.74 Licenciado en Jurisprudencia, el vallisoletano Eugenio López Bustamante había sido presidente de la Audiencia de Puerto Rico en 1869 y 1870.75 A Francisco Javier de Oteyza lo encontramos ya instalado en la Antilla como contador segundo del Tribunal de Cuentas.76 Con todo, prácticamente la mitad de los diputados eran individuos carentes de arraigo y completamente desconocidos en la isla. Había pasado mucho tiempo desde que en los albores del liberalismo se exigiera, como lo había hecho el decreto de 14 de febrero de 1810 convocando las Cortes de Cádiz, que los diputados tuvieran que haber nacido en el territorio al que representaban. Fernando Vida había nacido en Alcalá de Guadaira. Después de realizar algunos trabajos en el foro, en 1851 había ingresado de auxiliar en la Dirección de Ultramar y en 1854 se había convertido ya en uno de sus cuatro jefes de sección.77 Afiliado a la Unión Liberal, fue elegido diputado en 1858 y en 1866, ocupó la Subsecretaría como interino con Antonio Cánovas en el Ministerio de Ultramar,78 y luego fue director general de Negocios Eclesiásticos y Gracia y Justicia.79. Cortés Llanos había ejercido algún tiempo la abogacía y desempeñado varios cargos públicos en la Península, donde en 1851 ejercía de agente fiscal letrado del Tribunal Mayor de Cuentas.80 Posteriormente se incorporó al Ministerio de Hacienda y a propuesta del capitán general de Cuba pasó a la Antilla como administrador de Rentas Marítimas de La Habana y en 1858 como oidor de la Audiencia pretorial de dicha ciudad. En 1863 fue jefe de Sección del recién creado Ministerio de Ultramar.81 Gallosta Frau, nacido en Navarra en 1833 y licenciado 74
AHN, Ultramar, leg. 5098, exp. 22. AHN, Universidades, 4332, exp. 7, y Ultramar, leg. 2063, exps.15 y 19, y leg. 1150, exp. 15. 76 AHN, Ultramar, leg. 2344, exp. 250. 77 Gaceta de Madrid, 27 de octubre de 1854. 78 Ibidem, 12 de febrero de 1863, siendo O’Donnell ministro de Guerra y Ultramar. 79 Ibidem, 25 de febrero de 1866, real orden de 21 de febrero de 1866. 80 ROLDÁN DE MONTAUD, 2015, pp. 106-107; AHN, FC, M.º de Justicia, Magistrados y Jueces, leg. 4326, exp. 1510, y AHN, Ultramar, leg. 2429, exp. 18. 81 AHN, M.º Justicia, Magistrados y Jueces, leg. 4261, exp. 255, y Ultramar, leg. 2429, exp. 6; Gaceta de Madrid, 27 de junio de 1863. En carta muy reservada recomendaba Topete su candidatura, por su competencia en los asuntos de Ultramar y porque sería una gran palanca para cualquier Gobierno que pretendiera darles una buena y pronta resolución, AHN, Ultramar, leg. 5109, exp. 51, docs. 4 y 5. 75
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también en Derecho, desempeñaba destinos en la Administración desde 1852 y había sido gobernador civil en época de la Unión Liberal.82 Ya había sido diputado por Palencia en 1871, pero a diferencia de los anteriores carecía de experiencia en las cuestiones de Ultramar. Carlos Sedano Cruzat era también abogado. Había nacido en La Habana, donde tenía propiedades y donde desde su juventud se consolidaría como periodista. Se instaló en España en 1868 y poco después escribiría dos libros que acreditaban extensos conocimientos sobre los asuntos de Ultramar: Cuba, estudios políticos y Cuba desde 1850 a 1873, publicados en 1872 y 1873.83 En aquella ocasión fueron también encasillados por distritos puertorriqueños los ex ministros de Ultramar Manuel Becerra y Tomás María Mosquera. Ambos habían obtenido escaños en las tres elecciones del Sexenio por Lugo y por Orense, respectivamente, y habían promovido importantes reformas en Puerto Rico. En esta elección fue abriéndose paso la implantación del cunerismo en los distritos puertorriqueños, la presencia de diputados designados en Madrid sin arraigo en la isla. Estos candidatos (de distinta filiación política) eran designados por el Gobierno y aceptados por el partido conservador, que imponía su elección a través de los caciques locales de partido y eventualmente con la intervención directa de las autoridades. De ese modo los distritos ultramarinos permitirían al Ejecutivo completar sus mayorías parlamentarias. Cruz Monclova ha señalado cómo en las elecciones anteriores hubo candidatos que no habían nacido allí, pero cuya elección había sido un acto espontáneo de los partidos y no fruto de la imposición gubernamental.84 De los 15 diputados electos en abril de 1872, seis o siete eran obviamente candidatos encasillados en Madrid y aceptados por el Partido Conservador de Puerto Rico. En buena parte de los casos se trataba de individuos que conocían los asuntos de Ultramar o habían tenido alguna relación con el mundo colonial, algunos con cierta experiencia en la administración de aquellos territorios por haber desempeñado algún puesto de importancia en el Ministerio. También el Partido Reformista admitió en sus candidaturas personajes sin arraigo, pero se trataba de individuos que habían destacado por su preocupación y defensa de los intereses de la pequeña Antilla. Tal era el caso de Rafael María de Labra, como lo había sido antes el de Sanromá. Labra carecía de vínculos en la isla, que sin embargo quiso premiar con un escaño por Sabana Grande la notable campaña que había hecho a favor de las reformas en la Junta que Becerra creó en 1869, en la prensa de Madrid y en el Congreso de los Diputados. La primera vez que Labra tomó la palabra fue precisamente para discutir la política de López de Ayala y denunciar el abandono en el que había dejado todas las leyes aprobadas por los demócratas a su paso por el Ministerio y el incumplimiento de la ley preparatoria para la abolición tanto en Cuba como en Puerto Rico.85 Explicaba Labra que había recibido una invitación de los puertorriqueños y que tras meditarlo decidió aceptar la diputación por entender que la representación directa 82
Acabaría siendo ministro de Hacienda con la Izquierda Dinástica en 1883. TÉBAR y OLMEDO, 1879, pp. 113-117; PRUGENT LOBERA, 1883, vol. IV, pp. 187-191; SANTA CRUZ MALLÉN, 1944, tomo II, p. 201. 84 CRUZ, 1970, p. 199. 85 DSCD, 10 de julio de 1871, pp. 2505-2506. 83
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de una de las Antillas le capacitaba excepcionalmente para la ruda campaña que había iniciado en el Congreso y facilitaría la combinación de sus esfuerzos con los de los demás parlamentarios. Además, el programa del Partido Reformista coincidía con sus planteamientos del discurso de julio de 1871.86 La llegada de los radicales de Ruiz Zorrilla al poder en junio de 1872 trajo algunos cambios en política ultramarina, además de la sustitución del general Pulido por el general Simón de la Torre. El Partido Radical había publicado un manifiesto constitutivo, el 15 de octubre de 1871, en el que daba a conocer su programa de reformas para Ultramar. Distinguía entre las dos Antillas, y se comprometía a completar las reformas iniciadas en Puerto Rico por los demócratas y a abolir la esclavitud, ratificando de una manera solemne los compromisos contraídos en los debates parlamentarios por sus hombres más eminentes. Este compromiso permitió a los diputados reformistas de Puerto Rico ingresar en el Partido Radical, más atento a los intereses puertorriqueños. El 6 de agosto De la Torre expidió el decreto convocando elecciones para los días 24 a 27 de aquel mes. El Comité Central del Partido Conservador publicó un manifiesto el día 20, en el que anunciaba su retraimiento de la lucha electoral ante la falta de libertad y la parcialidad que atribuía al nuevo gobernador, que tras el anuncio de las elecciones había destituido a algunos de los acaldes nombrados por su predecesor. Ciertamente, De la Torre admitió que había realizado los nombramientos y que los había hecho porque los alcaldes designados por Pulido eran todos del partido intransigente.87 El resultado fue que, celebradas las elecciones, únicamente salió adelante la candidatura del general Sanz, como había sucedido en 1871. Los 14 diputados restantes eran en su mayoría miembros del Partido Reformista, de los que el Gobierno podía esperar un voto favorable, tanto en las cuestiones de política nacional como en las reformas que estaba dispuesto a implantar en Puerto Rico. Repetían las grandes figuras reformistas del momento, personajes que ya habían sido elegidos en 1871: Sanromá por su distrito de Humacao; Blanco y Sosa, por Caguas; Padial, por Arecibo; Álvarez, por Vega Baja; Cintrón, por Guayama; Labra por Sabana Grande, y Escoriaza por San Germán. Otros resultaban electos por primera vez, como Manuel García Maitín, un ingeniero de caminos y hacendado partidario de la abolición de la esclavitud, que había sido consejero de Administración.88 Resultó electo también el afamado urbanista Arturo Soria. Vinculado a los radicales y amigo de Ruiz Zorrilla, Soria había sido gobernador civil tras la Revolución de 1868 y se le había destinado a Puerto Rico como secretario de Gobierno Superior Civil en 1871, donde permanecía en el momento de la elección.89 Sabemos que en las elecciones anteriores Gómez Pulido había impedido que su candidatura saliera adelante haciéndole ruda oposición.90 El peninsular Aníbal Álvarez Osorio, carecía de todo arraigo. Había sido contador decano
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LABRA, 1916, pp. 12-13. CRUZ MONCLOVA, 1970, p. 213. 88 «Los diputados reformistas de Puerto Rico», p. 393. 89 AHN, Ultramar, leg. 2455, exp. 46, y «Biografía de Arturo Soria», en La Enciclopedia biográfica en línea, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/soria_arturo.htm [consultada: 20/05/2016]. 90 AHN, Ultramar, leg.1112, exp. 63, doc. 23. 87
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de la Sala de Indias del Tribunal de Cuentas del Reino en junio de 1870 y en 1872 fue designado gobernador civil de Vizcaya, puesto que desempeñó hasta octubre de 1872. Había fundado el periódico Las Cortes en 1869 y luego La Nueva España. Era conocido por sus ideas abolicionistas y, de hecho, pertenencia a la Sociedad Abolicionista.91 Félix Borrel era un viejo demócrata, propietario de un acreditado establecimiento farmacéutico, y había sido concejal y teniente de alcalde de Madrid tras la Revolución.92 Fueron electos también los ex ministros de Ultramar Segismundo Moret, nuevamente el radical Tomás María Mosquera y el ministro de la Guerra, Fernando Fernández de Córdova. De modo que el Partido Reformista de Puerto Rico en aquellas elecciones de agosto de 1872, las terceras celebradas en Puerto Rico, admitió en sus listas unas cuantas candidaturas de individuos sin arraigo con el propósito de facilitar las buenas relaciones con el Ejecutivo comprometido con la realización de una política de reformas.
LA REPRESENTACIÓN ANTILLANA DE LA REPÚBLICA A LA MONARQUÍA RESTAURADA Con la proclamación de la República se produjeron cambios importantes en las elecciones de Puerto Rico. En la ley de convocatoria a Cortes constituyentes de 11 de marzo de 1873 se dispuso que los comicios se celebraran allí, como en la Península, del 10 al 13 de mayo. Lo fundamental era la importante ampliación del sufragio que se introducía, ya que se llamaba a las urnas a los puertorriqueños mayores de 21 años (hasta entonces solo a los mayores de 25) que pagasen cualquier contribución directa al Estado o supieran leer o escribir. Así se equiparaba el censo exigido en las elecciones generales de diputados con el vigente para las provinciales, mucho más concurridas. Aunque no se trataba del sufragio universal como en la Península, la nueva normativa suponía una indudable democratización del voto. El número de electores se duplicaba, pasando de los 20 540 que figuraron en el censo electoral de agosto de 1872 a los 46 042 del de mayo de 1873.93 La iniciativa de este cambio se debió al diputado Luis Padial, que representaba a la isla por tercera vez, siempre por el distrito de Arecibo. Apoyado por varios republicanos federales, Padial había sido el autor de una enmienda al proyecto de ley de convocatoria exigiendo la modificación de las condiciones para ser elector en la pequeña Antilla.94 La medida había sido muy contestada en las Cortes por el ya mencionado Germán Gamazo, un representante del Partido Constitucional. Produjo igualmente un firme rechazo del Partido Incondicional de Puerto Rico, que finalmente optó por no concurrir a las elecciones. Los incondicionales reafirmaban así la postura de retraimiento de la lucha política que habían adoptado el 20 de agosto de 1872 de cara a las elecciones que se celebraban entonces.
91 92 93 94
«Los diputados reformistas de Puerto Rico», pp. 393-394. Ibidem, p. 394. BAYRON TORO, 2003, p. 431. DSCD, 10 de marzo de 1873, pp. 473-475.
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El 5 de mayo, de 1873 el ministro de Ultramar republicano, Cristóbal Sorní, dirigía un telegrama cifrado al general Primo de Rivera pidiéndole que garantizase en Puerto Rico la más amplia libertad electoral y le pedía que procurase que no se retrajese ningún partido.95 El gobernador estaba seguro de que no había en España una provincia en la que los comicios se estuviesen celebrando con tanta libertad, contestaba el día 10, el primer día de las elecciones. Aseguraba que si el Partido Conservador se había retirado no había sido por falta de libertad, puesto que desde su llegada a la isla había dejado en completa libertad la elección. Si los incondicionales se abstenían era porque estaban convencidos de que no podían vencer si no contaban con la decidida protección oficial. Primo de Rivera creía irrevocable la decisión del partido, profundamente disgustado con los diputados que le representaban en el Congreso porque habían votado la ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico el 10 de marzo, después de que se hubieran sacrificado sumas considerables para evitarlo.96 Todos los esfuerzos para evitar el retraimiento fueron inútiles. De modo que celebradas las elecciones la totalidad de los diputados electos habían ido en las candidaturas del Partido Reformista, la mayoría nacidos en la isla. Muchos habían representado a Puerto Rico anteriormente, como Blanco y Sosa, Sanromá, Cintrón, Corchado, García Maitín o Labra; otros eran parlamentarios por primera vez, pero contaban con raíces en la isla. Eran intelectuales puertorriqueños, como José de Celis Aguilera, que había participado en la Junta Informativa de 1866; hacendados como Wenceslao Viña Lugo o escritores como José Marcial Quiñones, hermano de Francisco Mariano, electo en 1871. José Ayuso y Colina había nacido en la Península, pero no era desconocido en Puerto Rico. Se trataba de un viejo progresista muy vinculado a Ruiz Zorrilla, a quien el jefe del Partido Radical había encomendado a principios de 1872 la Secretaría del Gobierno superior civil de Puerto Rico, desde la que desempeñó una gestión apreciada por los reformistas puertorriqueños.97 No faltó algún candidato cunero, como el periodista republicano Manuel Regidor y Jurado. De origen filipino había fundado con Labra El Correo de España en 1870 y La Tribuna. Otro caso fue el de Nemesio de la Torre Mendieta. Nacido en 1838 en el País Vasco, después de cursar estudios de Derecho y Filosofía ingresó en el Ejército y fue destinado a Cuba en 1859. Era miembro del Partido Republicano Federal y resultó electo también por un distrito vasco, optando por el de Aguadilla.98 Fue elegido también el abogado de Camagüey José Ramón Betancourt, un conocido reformista cubano. De modo que en las elecciones celebradas durante la República predominaron los representantes con arraigo y los dos o tres diputados que no habían nacido en Puerto Rico tenían al menos cierta conexión con las Antillas. En cuanto a la isla de Cuba, una vez más se imponían los aplazamientos. El 10 de marzo se discutía una enmienda del diputado malagueño Fernando Macías Acosta pidiendo que se consignara en la ley de convocatoria a Cortes constituyentes el principio de que los diputados cubanos acudirían a dichas Cortes, aunque las elecciones no pudieran 95 96 97 98
AHN, Ultramar, leg. 5104, exp. 27, doc. 60. Ibidem, doc. 64. «Los diputados reformistas de Puerto Rico», p. 394. AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, 1993, p. 854.
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realizarse en los mismos plazos que las de Puerto Rico. El ministro Sorní tomó la palabra para asegurar que el Gobierno no tenía inconveniente en que se realizaran las elecciones, siempre que se le dejase la facultad de designar los plazos en los que se debían ejecutar las operaciones electorales y decidir las circunstancias que debían concurrir en los electores. Eso había sido lo único que el ministro republicano se comprometió a aceptar, aunque los federales habían adquirido en cierto modo el compromiso de promover las elecciones en Cuba.99 Lo cierto es que cuando la República tocó a su fin las elecciones cubanas ni siquiera se habían convocado. Tras el golpe de estado del general Martínez Campos, en diciembre de 1874 el general Serrano nombró nuevamente a Sanz gobernador de Puerto Rico. Sanz puso término a todas las libertades, suspendió los derechos individuales y disolvió la Diputación provincial, una institución que había sido el fruto más visible del esfuerzo descentralizador de demócratas y radicales. En su opinión uno de los preceptos legales más imprudentes de cuantos habían sido adoptados en la época republicana era el relativo al sufragio, que impedía que los sectores conservadores que representaban la propiedad y el comercio y suponían una garantía para la sociedad estuvieran debidamente representados: «dominando en el cuerpo electoral esas masas ignorantes y de poco valor, imbuidas de disolventes ideas que halagan sus intentos de igualdad social, de independencia y hasta de revolución de raza», quitaban posibilidades de triunfo a las personas ilustradas y de responsabilidad.100 Así que nada de extraño tiene que cuando en 1876 se convocaron las primeras Cortes de la Restauración, López de Ayala, nuevamente en el Ministerio de Ultramar, dispusiera el retorno a la norma de abril de 1871 (que reconocía el derecho electoral a los mayores de 25 años que pagasen una cuota de ocho pesos de contribución al Estado o supieran leer y escribir), por más que en aquella ocasión Cánovas del Castillo mantuviera el sufragio universal masculino para la Península. Se arrebataba así el sufragio a importantes capas populares que en 1872 y 1873 lo habían ejercido en sentido radical y demócrata, con la consiguiente caída del número de electores que figuraban en el censo electoral, que pasó de 46 256 en mayo de 1873 a 20 834 en febrero de 1876.101 Después de varios años de represión y de que el general Sanz hubiera separado de las alcaldías a los reformistas, y a la vista de las restricciones que suponía el aumento de la cuota exigida para ejercer el derecho electoral, el desorganizado Partido Reformista se abstuvo de acudir a las urnas. En las elecciones de febrero de 1876 salió pues adelante la candidatura del Partido Incondicional, en esta ocasión ya plagada de diputados cuneros. En efecto, solo había en ella cuatro personajes de arraigo: José Ramón Fernández, el ya mencionado jefe del partido por San Juan; Enrique Ledesma Navajas, como Fernández
99 DSCD, 10 de marzo de 1873, pp. 464-466. En efecto, el 31 de marzo de 1870 la asamblea del Partido Federal había adoptado diversas resoluciones, entre otras, la de declarar que deploraba no ver a los representantes de Cuba en las Cortes. 100 AHN, Ultramar, leg. 5104, exp. 28, n.º 32, comunicación de 26 de febrero de 1874. 101 AHN, Ultramar, leg. 5116, exp. 6, comunicación de López de Ayala, 26 de febrero de 11 de octubre de 1875, y BAYRON TORO, 2003, p. 72.
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un cacique de origen peninsular. Nacido en Logroño en 1831, Ledesma era propietario de varios ingenios en Arecibo. Uno de sus hermanos ya había sido diputado en 1872.102 El tercer personaje con arraigo era Antonio Soler y Bou. Nacido en San Feliu de Guíxols, había cursado estudios de Derecho en Barcelona y se había establecido en los años cincuenta en Humacao, donde ejercía la abogacía.103 Fue uno de los personajes más influyentes de aquella sociedad colonial, coronel del Cuerpo de Voluntarios y alcalde de Humacao en1876, donde dispuso de un distrito propio hasta 1886. Finalmente, Vicente Pérez Valdivieso y Hurtado, del que apenas se tienen noticias, había sido alcalde de Ponce en 1871 y era seguramente natural de Puerto Rico.104 El resto de los candidatos eran todos cuneros, como el escritor moderado Juan Valera, que había sido ya diputado en seis ocasiones por distintos distritos andaluces; el duque de Veragua, que lo había sido dos veces por Ávila. Había, además, altos funcionarios de filiación moderada, como Ángel María Dacarrete, que había ejercido en Puerto Rico como administrador de las aduanas de Ponce en 1854. En 1869 había desempeñado importantes cargos en el Ministerio de Ultramar, y en enero de 1871 (con López de Ayala) y nuevamente desde 1874 había sido director de la Sección de Hacienda y en 1876 había ocupado interinamente la Subsecretaría.105 Un caso similar era el de Federico Hoppe, que en 1854 había sido administrador de la Aduana de Ponce y después de una larga trayectoria en el Ministerio de Hacienda, en 1874 había sido nombrado director general de Contribuciones.106 Parecido era también el caso de Salvador Albacete, un viejo moderado que había sido funcionario del Ministerio de Ultramar desde su creación en 1863. Había sido director general de Hacienda en 1865, ocupado la Subsecretaría en 1867, y llegaría a ser ministro del ramo pocos años después.107 No faltaban los militares como Salustiano Sanz y Posse, un ingeniero militar hermano del general Sanz, vinculado históricamente al Partido Moderado, al que había representado en el Congreso en 1865 y 1867. Había sido director general de Telégrafos y diputado en 1872.108 Militar era igualmente Nicolás Argenti y Sulse.109 Luis Torres de Mendoza había ejercido el periodismo y compilado con Juan Francisco Pacheco, desde 1865, la Colección de documentos relativos al descubrimiento conquista y organización de las posesiones españolas de Ultramar. De marcadas ideas conservadoras y miembro honorario del Circulo Hispano-Ultramarino de Puerto Rico, Torres había sido ya diputado por un distrito gallego en 1864. Buena parte de los personajes encasillados eran poco conocidos, carecían de trayectoria parlamentaria previa y tampoco la tuvieron posterior, como Nicolás Argenti, Luis Gaviña y Álvarez, José Agustín Cartagena o
102
CUBANO IGUINA, 2001, p. 552. CARMANIU I MAINADÉ, 2001. 104 AHN, Ultramar, leg. 5098, exp. 58, y leg. 5139, exp. 1. Murió en París y en 189 sus restos mortales fueron trasladados a Ponce. 105 Gaceta de Madrid, 25 de enero de 1871, 3 de enero de 1875. 106 AHN, leg. 2344, exp. 325, y leg. 1096, exps. 34 y 35. 107 ROLDÁN DE MONTAUD, 2015, p. 107. 108 Senado de España, HIS-0434-04; TÉBAR Y OLMEDO, 1879, pp. 147-148. 109 Gaceta de Madrid, 28 de enero de 1865. 103
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Ambrosio Martorell y Arabigt.110 Así pues, a esas alturas, los distritos de Puerto Rico se habían convertido ya en un reservorio de actas donde con la colaboración del Partido Incondicional era posible sacar adelante la candidatura de amigos políticos a quienes no había sido posible encasillar en la metrópoli, alguno alto funcionario del Ministerio de Ultramar. En estas primeras elecciones de la Restauración los cubanos tampoco fueron llamados a las urnas, y por consiguiente sus representantes estuvieron ausentes de las Cortes constituyentes de 1876 como lo habían estado de las de 1869. La guerra proseguía en la Gran Antilla y la política del Gobierno de Cánovas era aplazar cualquier cambio o concesión hasta que los insurrectos depusieran las armas. En su ausencia, el artículo 89 de la Constitución de 1876 hizo preceptiva la representación de Cuba y Puerto Rico en las Cortes en la forma que determinaría una ley especial, que podría ser diversa para cada una de ellas. Un artículo adicional disponía que el Gobierno determinaría cuándo y en qué forma serían elegidos los representantes de Cuba. En España la ley de 20 de julio de 1877 restableció la ley electoral de julio de 1865 en la Península, que regiría con carácter provisional si hubiera elecciones antes de que se hubiera aprobado otra ley. En su artículo 108 se establecía, tanto para las islas Canarias como para Puerto Rico, que el Gobierno podría alterar los plazos señalados para las operaciones de formación y rectificación de las listas electorales y adoptar respecto a aquellas provincias las disposiciones que fuesen de absoluta necesidad para el buen funcionamiento de la ley. Finalizada la guerra en Cuba en febrero, por fin el 1 de marzo de 1878 se concedió a la isla de Cuba la representación, pero sus diputados y senadores no se incorporarían durante la legislatura en curso. El real decreto de 9 de junio hizo pública la normativa que en el futuro iba a regular las elecciones en las Antillas. Se aplicaría la ley peninsular de 1877 con diferencias importantes.111 En Cuba, donde seguía existiendo la esclavitud, se elegiría un diputado por cada 50 000 habitantes libres y no por cada 50 000 habitantes como en la Península, en total 24. Puerto Rico continuaba eligiendo 15 diputados. Quedaban privados de derecho electoral quienes habiendo sido esclavos no fuesen jurídicamente libres tres años antes de los comicios e incapacitados para ser elegidos los que no hubiesen disfrutado de diez años de libertad, lo que impedía la elección de ex esclavos en Cuba hasta 1888 y en Puerto Rico hasta 1883. Otras diferencias tenían por objeto favorecer a la población de origen peninsular que se vinculaba al partido de la Unión Constitucional creado en 1878. Reunía como el Incondicional a los sectores que deseaban el statu quo y el mantenimiento de la esclavitud en Cuba. Para ser elector se exigía el pago de 25 pesos de contribución directa al Estado sin distinción de concepto tributario ni de arraigo. En la Península se exigían cinco pesetas por contribución territorial y diez por subsidio industrial y de comercio 110
Ibidem, pp. 128-129. El decreto se convirtió en el Título VIII de la ley electoral peninsular de 28 de diciembre de 1878, que rigió en Cuba y Puerto Rico hasta principios de los noventa, Congreso de los Diputados, 1906, pp. 381 y ss. Para su estudio en la etapa de la Restauración, CUBANO IGUINA, 2001, y ROLDÁN DE MONTAUD, 2001, pp. 541-558, y 515-539, respectivamente. 111
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con dos años de antelación, lo que favorecía a los terratenientes y propietarios agrícolas, más conservadores y de mayor arraigo. De suerte que en las Antillas se beneficiaba a los sectores mercantiles e industriales de los núcleos urbanos, entre los que predominaba la población de origen peninsular que simpatizaba o militaba en la Unión Constitucional y el Partido Incondicional. La ley electoral favorecía también a los empleados del Gobierno, a quienes reconocía derecho a voto con la misma cuota que en la Península. Como los salarios eran superiores en las Antillas, el sufragio quedaba al alcance de muchos empleados que hubieran carecido de él en la metrópoli. Se reforzaba de ese modo el peso político de una burocracia colonial centralizadora y desconfiada que militaba en las filas de uno de los partidos que contenderían en la lucha política. Una cuota tan elevada se tradujo en un reducido cuerpo electoral. En Cuba 31 592 habitantes, un 2,56 % de la población libre, poco más de un 2 % de la población total; en Puerto Rico, 3674 individuos, un 0,5 % de la población, muy lejos ya de los más de 20 000 que habían disfrutado de voto en 1876. Quedaron excluidas las capas urbanas de escasos recursos y alfabetizadas y el campesinado, incluso los grupos que habían ejercido el derecho en 1876. Con arreglo a la nueva norma electoral, convertida en título VIII de la ley electoral de 18 de diciembre de 1878, Cuba y Puerto Rico enviarían sus representantes al Congresos de los Diputados prácticamente hasta la reforma realizada por Antonio Maura en 1893. Hasta las elecciones generales de 1898 no se extendió a las Antillas la ley de sufragio universal vigente en la Península desde 1890. De modo que solo unos meses antes de la pérdida de la soberanía española pudieron los cubanos y puertorriqueños gozar de una ciudadanía plena e idéntica a la de los ciudadanos metropolitanos, jamás disfrutada durante la época colonial ni por Cuba ni por Puerto Rico, por más que, como se ha mostrado, la pequeña Antilla gozara de una experiencia representativa mucho más dilatada en el tiempo y de mayor amplitud en cuanto a la extensión del sufragio.
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Los derechos políticos de los filipinos en el siglo XIX Julia CELDRÁN RUANO Universidad de Murcia
Filipinas, la hermosa perla del mar de Oriente1 queda, como Cuba y Puerto Rico, al margen del proceso independentista que se gesta en la América española continental en los albores del siglo XIX.2 Una de las últimas tierras conquistadas por España, y en la que, dada su peculiar configuración geográfica, etnográfica y lingüística,3 la colonización española fue introduciendo sin graves dificultades la cultura, la religión y las instituciones y normativa peninsulares; no hay más alteraciones que las producidas por los malayomahometanos en sus costas y las esporádicas incursiones de holandeses e ingleses. Ahora bien, al concluir el siglo XVIII y en los albores del XIX, se despierta la inquietud política. Tiene ello que ver con la quiebra de la unidad moral que cohesionaba al Imperio español relajada irremisiblemente con la penetración en España, y luego en las colonias, de las ideas de la Ilustración que traen los Borbones; ideas que, si bien se concretan materialmente en un moderado desarrollo y bienestar económico, no llegan a cambiar la estructura socio-política del Archipiélago, explotado no tanto en beneficio económico 1
De El último adiós, composición poética escrita el 29 de diciembre de 1896 en el Fuerte de Santiago por el héroe filipino José Rizal poco antes de ser ejecutado por orden del Capitán General Camilo García de Polavieja. 2 Este trabajo, aunque reelaborado y con notas tiene su origen en el que se publicó en el año 2002 intitulado «Instituciones hispano-filipinas: la representación parlamentaria filipina en las Constituciones del siglo XIX» en la obra colectiva Las relaciones entre España y Filipinas. Siglos XVI-XX, editada por María Dolores Elizalde Pérez Grueso, eminente filipinista que, día a día, no cesa en intentar categorizar —con evidente éxito— el pasado común compartido entre ambos países y a cuyo empeño me incorporo. ELIZALDE, 2003, pp. 157-174. 3 La dispersión de un pueblo en más de siete mil islas con diversidad de etnias, costumbres y dialectos y, en suma, sin unidad política alguna; y la distancia de cinco mil leguas de la Península, van a condicionar el futuro del Archipiélago, en el que, a diferencia de América, será escasa la inmigración peninsular y, en consecuencia, el mestizaje y, sobre todo, la difusión de la lengua castellana, cuya enseñanza va a monopolizar el estamento religioso, auténtico bastión del dominio colonial en las islas.
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de la Corona cuanto en el de una prepotente y escasa clase de peninsulares y comerciantes, e inalterable en su deficiente organización administrativa. Este sistema margina y desatiende a la clase indígena, aislada inicialmente del proceso independentista que se gesta en América a finales del siglo XVIII, pero que tardíamente —a consecuencia de la penetración de los elementos disgregadores importados de Francia, unidos al ejemplo de rebeldía que presentan los Estados Unidos contra Inglaterra y la favorable coyuntura de la invasión francesa en la Península— participa de la experiencia revolucionaria. Ahora bien, al iniciarse en España el régimen constitucional, el Archipiélago va a participar como sus homónimas americanas, del asimilismo jurídico y político que, precedido por la Constitución de Bayona4 tiene como objetivo la conservación del imperio americano, seriamente amenazado por los movimientos emancipadores. Asimilismo que se consagra en la Constitución de 1812 y se mantiene, al menos formalmente, hasta 1837. Pero lo cierto es que el estado de sitio que impone a Cuba la Real Orden de 28 de mayo de 1825,5 trasladada después a Puerto Rico y a Filipinas, se prolonga hasta la pérdida de la colonia. El proceso asimilista se prevé ya en el Decreto de la Junta Suprema y gubernativa de Estado e Indias de 22 de enero de 1809 —órgano supremo que asume los poderes de la Corona en ausencia del Monarca— donde se afirma que «los dominios6 que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías (…) sino una parte esencial e integrante de la monarquía española (…) por lo que, los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios, deben tener representación nacional e inmediata a su real persona y constituir parte de la Junta Central gubernativa del Reino, por medio de sus correspondientes diputados…»; esta integración también alcanza al Archipiélago llamado a designar un individuo de la Capitanía General de Filipinas que formara parte de la citada Junta, que anuncia meses después —el 22 de mayo— la próxima convocatoria a Cortes; pero, disuelta esta y constituido el Supremo Consejo de Regencia el 29 de enero7 se fija la fecha para el 1 de marzo, se establece el sistema de suplencias para Ultramar —a fin de que por «la estrechez del tiempo», las provincias de América y Asia puedan estar representadas— y se instruye el procedimiento electoral para aquellos territorios, elegidos en primer grado por los Ayuntamientos de entre «naturales…dotados de probidad,
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La equiparación entre los territorios de España y Ultramar ya se contemplaba en la Constitución de Bayona; su Título X se dedicaba a los «Reinos y provincias españoles de América y Asia» y el artículo 87 les otorgaba los mismos derechos que a los peninsulares incluyendo el de representación parlamentaria y asignando dos diputados a Filipinas. Es más, el nuevo Consejo de Estado —remedo del francés— contaba en su composición con seis diputados americanos en la Sección de Indias, con «voz consultiva en todos los negocios tocantes a los reinos y provincias españolas de América y Asia». Vid. sobre el tema, SANZ CID, 1992 y MARTIRÉ, 2000. 5 Vid. texto en RODRÍGUEZ SAN PEDRO, 1865-1869, t. I, p. 100. 6 Sobre el término, cambiante a lo largo del siglo XIX para definir el concepto político de los territorios de Ultramar, vid. LALINDE ABADÍA, 1980, pp. 30-38. 7 Compuesto por cinco personas, una de ellas por las Américas. El designado fue Miguel de Lardizábal y Uribe, natural de Nueva España (de Tlaxcala en Méjico).
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talento e instrucción y exentos de toda tacha»,8 representación popular que el Consejo de Regencia amplía a un diputado por cada provincia, como también lo hace con las suplencias, aumentando en cuatro más las determinadas en enero por la Junta central. Incluso el deseo de la Regencia de dar cumplida representación a Ultramar hace que se permita ejercer este derecho no solo a los naturales, sino a los domiciliados en aquellos territorios y a «los indios puros y sus descendientes con españoles».9 Las Cortes extraordinarias se reúnen el 24 de septiembre de 1810, pero la fuerza de los acontecimientos impide la presencia de la delegación filipina, al conocerse en las Islas con evidente retraso —en febrero de ese año— las noticias oficiales sobre la nueva situación. El elegido, Ventura de los Reyes y de la Serena, llega a la Península el 11 de diciembre de 1811, sin poder intervenir plenamente en los debates constituyentes, aunque sí lo hacen como diputados suplentes Pedro Tagle, Oficial del Cuerpo de Reales Guardias y José Manuel Couto, prebendado de La Puebla. La gestión de Reyes una vez llegado a la Corte y promulgada la Constitución —cuyo texto ratifica la línea asimilista e igualatoria iniciada por la Junta central y continuada por el Consejo de Regencia en 1810—10 se destina a recabar de la Cámara la variación del número de diputados que constitucionalmente se otorgan a Filipinas —uno por cada setenta mil almas—11 y el sistema electoral que establece la Instrucción para Ultramar; basa sus argumentos, además de en las dificultades experimentadas en su viaje a la Península, en las especiales circunstancias de pobreza y atraso del país que impiden la presencia de tan alto número de diputados.12 No prospera su propuesta, pero sí la relativa a la supresión de la legendaria Nao de Acapulco13 y otras
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«Instrucción para las elecciones por América y Asia», FERNÁNDEZ MARTÍN, 1885, pp. 594-600. Ibidem. 10 El texto gaditano confirma la igualdad entre españoles europeos y los de Ultramar; en consecuencia, para evitar un exceso de representación y en atención a «las inmensas distancias y los crecidos gastos que ocasionan los viajes largos y duraderos» equipara la base electoral como había solicitado la diputación americana. Por parecidas razones, «para dar tiempo a la venida de los diputados de Ultramar», su renovación se hará cada dos años. Por contra, niega el derecho electoral a esclavos y africanos de nacimiento o procedencia (arts. 5 y 22) a los claros efectos de evitar una mayor representación ultramarina, que cuenta a finales del siglo XVIII y según Canga Arguelles, con cerca de catorce millones de almas, frente a los 10 268 150 de población. Diccionario de Hacienda, 1968, pp. 365-367. 11 Tal y como habían pretendido los diputados americanos quienes, tras sucesivas propuestas, consiguen que las Cortes emitieran el conocido Decreto de 15 de octubre de 1810 que ratifica las declaraciones a favor de la igualdad en la representación nacional efectuadas por la Junta Central y el Consejo de Regencia. Diario de Sesiones de las Cortes (DSC), 16 de octubre de 1810, p. 47. 12 Como se ha apuntado, en Filipinas la asimilación racial y el mestizaje habían tropezado con la falta de difusión del idioma castellano en una población que Reyes cifra en 1.800.000 según —dice— el censo oficial de 1810. 13 Único medio de comunicación y de intercambio comercial de Filipinas con la Península desde 1566 a través de Nueva España; pero la saturación de mercancías orientales a través de compañías extranjeras, la guerra de 1779 con Inglaterra, la creación en 1785 de la Real Compañía de Filipinas y, en fin, la extensión al Virreinato de Nueva España en 1789 del Reglamento del comercio libre, fueron causa, entre otras, de su decadencia y de que desde finales del siglo XVIII se formularan propuestas en pro 9
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beneficiosas medidas de liberalización del comercio para los filipinos, que ven estimulados así su intercambio comercial con América.14 Esta tendencia asimilista no solo comporta la incorporación por primera vez de la diputación filipina a las tareas legislativas sino también la integración ultramarina en importantes instituciones como en el recién creado —por Decreto de las Cortes de 21 de enero de 1812— Consejo de Estado, que va a incluir de entre sus veinte miembros a seis «naturales de las provincias de Ultramar»; y el mismo cariz igualatorio tienen determinadas medidas de reorganización administrativa, de entre las que destacan, la creación —por Decreto de las Cortes de 23 de mayo de 1812 y en cumplimiento del artículo 10 de la Constitución— de la Diputación provincial en Manila y, por ende el establecimiento de jefes políticos y Ayuntamientos, así como la reorganización de las Audiencias de Ultramar, entre ellas, la de Manila. Por otra parte y a instancia sobre todo de los diputados americanos, otras disposiciones de las Cortes doceañistas muestran asimismo la predisposición asimilista de los diputados gaditanos: el Decreto de 5 de enero de 1811 —que impulsa Inca Yupanqui, diputado suplente por el Virreinato del Perú— prohíbe: Con todo rigor que bajo ningún pretexto por racional que parezca, persona alguna constituida en autoridad eclesiástica, civil o militar, u otra alguna, de cualquier clase o condición que sea, aflija al indio en su persona, ni le ocasione perjuicio el más leve en su propiedad; sanciona “con un severísimo castigo, cualquiera infracción que se haga a esta solemne declaración de la voluntad nacional, haciendo constar así a aquellos dignos súbditos el desvelo y solicitud paternal, con que la Nación entera representada por las Cortes generales y extraordinarias se ocupa en la felicidad de todos y cada uno de ellos.15
El proceso igualitario culmina en el plano teórico con la promulgación y posterior extensión de la Constitución de Cádiz al Archipiélago, donde se publica y proclama solemnemente el 17 de abril de 1813 y se jura en la Catedral de Manila al día siguiente. El nuevo orden político parece recibirse con satisfacción al menos por la minoritaria clase ilustrada filipina, lo que no impide que se produzcan algunos altercados de orden público por la clase nativa, al entender que el principio de igualdad en ella consagrado implicaba la exención de tributos y de la prestación personal impuesta a los naturales; para aplacarlos el gobernador —José de Gardoquí y Jaraveitía— se ve obligado a aclarar
de su supresión. Vid., entre otros, el excelente trabajo sobre este comercio tradicional de SCHULZ, 1939. Igualmente las numerosas publicaciones que la profesora Lourdes Díaz Trechuelo ha dedicado al tema. 14 Sobre la actuación de Ventura de los Reyes en las Cortes de Cádiz ver también ELIZALDE, 2013, pp. 177-206. 15 El Decreto de 9 de noviembre de 1812, no solo abole las «mitas» y «todo servicio personal que bajo de aquellos u otros nombre presten a los particulares» a efectos de «remover todos los obstáculos que impidan el uso y ejercicio de la libertad civil de los españoles en Ultramar» sino que ordena el reparto de tierras a indios mayores de edad o emancipados y, otro, de 8 de septiembre de 1813, decreta la abolición de la pena de azotes y otros castigos a los indios. ARMELLADA, 1959, sistematiza y resume las sesiones en que las Cortes gaditanas tratan asuntos relacionados con la protección de los indios y la importante contribución a ello de los diputados americanos.
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las reformas concordantes con el nuevo pensamiento aunque queda patente la sombra del descontento.16 Pero poco tiempo tiene el Archipiélago para acostumbrarse a la nueva vida constitucional, que solo dura dos años. Sabido es que el regreso de Fernando VII impone la abolición de la Constitución, la suspensión de las Cortes —Decreto de 4 de mayo de 1814— y la vuelta a la situación anterior, con el consiguiente restablecimiento del sistema gubernativo, económico y judicial allí existente antes de las llamadas nuevas leyes.17 Desaparecen así las Diputaciones y Ayuntamientos constitucionales que no volverían a instaurarse hasta el pronunciamiento liberal de Riego en 1820. Por cuanto hace a la convocatoria a Cortes, la Circular de 24 de mayo de 1814 ordena, «que los diputados nombrados de las provincias de América y Asia para las cortes cesantes que no hayan emprendido su viaje lo detengan, restituyéndose a sus provincias los que lo hayan emprendido…hasta que preparado y arreglado lo que parezca mejor para la reunión de las Cortes, se afiancen las bases de la prosperidad de uno y otro hemisferio».18 Se impide, pues, la prosecución del viaje a los diputados electos en Manila —Iñigo González Azaola y José de Vergara— hasta que la situación lo consienta si bien que, en contrapartida, y siempre con el objetivo puesto en paralizar el proceso independentista americano, la Real Orden de 17 de junio manda que los diputados ultramarinos presentes en la Península informen al gobierno de las solicitudes hechas o pendientes a fin de evitar «los males que se originarían de restituirse los diputados de las Américas y Asia a sus respectivas provincias sin promover alguna de las solicitudes que les hubieren encomendado».19 Así lo hace Ventura de los Reyes, aún en España, que solicita al Monarca la ratificación de los acuerdos de las Cortes anteriores referentes a Filipinas y la ampliación de los beneficios derivados de la supresión de la Nao de Acapulco. Evaluadas las propuestas por el Consejo de Indias, se confirma la supresión de la Nao y el resto queda pendiente hasta su ratificación posterior por una Real Cédula de 7 de marzo de 1820, un día antes del Decreto de convocatoria a Cortes. Por lo que más directamente afecta a Filipinas —en donde se reproducen las alteraciones de orden público que habían tenido lugar al conocerse en 1812 la implantación del sistema constitucional— pocas incidencias normativas alteran su normal convivencia; y en la misma situación se mantienen durante el Trienio liberal, salvada, claro está, la especial importancia que tiene el hecho de que los representantes filipinos acudan de nuevo a las Cortes. Culmina así el sexenio absolutista con escasos resultados prácticos para Filipinas; y lo mismo cabe decir de la nueva etapa liberal que se inaugura en 1820. Con todo, el breve orden constitucional del Trienio comporta de nuevo la elección de diputados en toda la Monarquía para la legislatura ordinaria de 1820-1821 y, en lo que afecta a Ultramar, la Junta provisional opta —como el Consejo de Regencia en 1810—, por el nombramiento 16
MOLINA, 1984, pp. 196. MONTERO Y VIDAL, 1894, p. 421. Colección de Decretos y Órdenes, 1818, pp. 1-9. 18 Circular de 24 de mayo de 1814 del Ministerio de la Gobernación de Ultramar. Colección de Decretos y Órdenes, p. 31. 19 Ibidem, pp. 78-80. 17
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de treinta suplentes «ínterin puedan llegar a las Cortes los diputados que eligieren»,20 suplencia que representan por Filipinas los diputados José M.ª Arnedo y Manuel Félix Camús y Herrera a cuya gestión se debe que se decreten beneficiosas medidas relativas a la libertad de comercio y navegación entre Filipinas y los puertos españoles y a la correspondencia directa y periódica interpeninsular a través de buques correo.21 Mientras, en Filipinas, una vez jurada la Constitución en mayo de 1821 en Manila, se celebran elecciones a Cortes bajo la presidencia del gobernador interino Mariano Fernández de Folgueras, resultando electos esta vez tres diputados: Francisco Bringas y Taranco —ex alcalde mayor de Ilocos— por Nueva Segovia y, por Nueva Cáceres, Manuel Sáenz de Vizmanos —contador decano del Tribunal de Cuentas de Manila— y Vicente Posada —ex magistrado de la Audiencia de Manila—, cuyas actas van a ser cuestionadas antes de su llegada a la Península, y, una vez en ella, en especial la de Posada, al considerarse incompatible el ejercicio de su diputación con el cargo de magistrado al que no había renunciado. La cuestión se resuelve favorablemente en octubre de 1822 y los diputados filipinos tienen la oportunidad de participar en la legislatura extraordinaria que se inicia ese mismo mes y concluye en febrero del año siguiente. De sus intervenciones, aunque en expresión de Montero y Vidal, «ninguno hizo nada de provecho» merece la pena destacar el intento de Bringas y Taranco de conseguir —al hilo de una proposición presentada por los diputados americanos interesados en que una comisión especial redactara un proyecto de instrucción para el gobierno político-económico de las provincias de Ultramar—22 una reglamentación especial para Filipinas acomodada a las circunstancias del país,23 un primer intento frustrado de lo que en el futuro sería la norma a seguir. Pero ni una ni otra llegan a buen puerto. El Trienio ha tocado techo y Fernando VII declara nulo todo lo actuado por el «gobierno llamado constitucional».24 La nueva situación política se co-
20 Decreto de 22 de marzo de 1820 no incluido en la Colección de Decretos correspondiente a los años de 1820 y 1821; el texto lo inserta LAFUENTE, 1869, t. XXVII, pp. 143-147. 21 Decreto de 29 de junio de 29 de junio de 1821, Colección de Decretos y Órdenes, t. VII, p. 219. No obstante, pasado casi un año, el diputado canario José Murfi recuerda al Gobierno su aplicación urgente. El Secretario del Despacho de Marina, se disculpa y alude a dificultades económicas, aunque el 18 de marzo de 1822 comunica a la Cámara la habilitación de la corbeta Fidelidad ínterin no se lleve a efecto el decreto de 29 de junio. 22 En el que se establecía como regla general la separación del mando político del militar salvo que especiales circunstancias atentaran a la seguridad del territorio (art. 136); ahora bien, en clara contradicción con lo anterior, los artículos 156 y 157 atribuían a la autoridad superior la facultad de dejar sin efecto cualesquiera disposición cuando «pueda comprometerse la tranquilidad pública» así como «con acuerdo de la Diputación y previa una información sumaria suspender de empleo y sueldo a funcionarios que no sean del orden judicial». Tales atribuciones extraordinarias, reflejaban sin duda un intento desesperado de impedir la emancipación americana. El texto lo conocemos a través de los extractos de la Gaceta de Madrid y la Gaceta española publicados al trasladarse las Cortes a Sevilla y posteriormente a Cádiz, como consecuencia de los sucesos políticos. Se publican en un solo tomo en Madrid, en 1885, Imp. de los hijos de J. A. García. 23 DSC, 15 de diciembre de 1822, p. 999. 24 Manifiesto regio de 1 de octubre de 1823, dado en el Puerto de Santa María. El texto se reproduce en varias colecciones legislativas, entre ellas SÁINZ DE BARANDA, 1957, pp. 133-134.
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munica a Manila por Real Decreto de 25 de diciembre de 1823 y en su virtud se abole la Constitución y se procede a la disolución de las instituciones que el régimen liberal había implantado; desaparece así la Diputación provincial constituida en Manila en 1822, cuya efímera existencia hizo que su actividad fuera prácticamente nula. Comienza así la «Década ominosa» y con ella un marcado desinterés del Monarca por los asuntos filipinos que siguen despachándose entre las distintas Secretarías de Estado y de Despacho y por el recién creado Consejo de Ministros, salvo un breve período en que pasan a la también nueva Secretaría de Interior. No obstante, destacan algunas disposiciones interesantes para el Archipiélago, sobre todo las llevadas a cabo en materia hacendística por el eficaz Ministro del ramo López Ballesteros, cuya gestión en fomento de las islas corre pareja con la de dos de los mejores gobernadores que pasan por las islas: Mariano Ricafort y Pascual Enrile. Al margen de ello, dos disposiciones son de especial incidencia en las Islas: la primera, la Real Orden de 11 de diciembre de 1830, que encarga definitivamente al Ministerio de la Guerra la provisión de los Gobiernos político militares y al de Gracia y Justicia cuando se trate de Alcaldías mayores con jurisdicción político judicial; a su tenor la provisión interina de todos los destinos correría a cargo del Gobernador Capitán general y recaería por tres años -prorrogables por otros seis- en oficiales del Ejército «cuyas graduaciones, servicios, adhesión a Su Real Persona del Rey, conocimiento y desempeño les hiciese dignos de ello»;25 esta y otras disposiciones precedentes, en especial la ya citada Real Orden de 1825 y el Bando de Buen Gobierno que el 20 de abril de 1826, expide el entonces gobernador de las Islas —Mariano Ricafort— dan sobrada cuenta, a la vista de la pérdida de la América continental, de la progresiva militarización del territorio; militarización que, salvo breves periodos, se va a acrecentar en años venideros. La segunda, la extensión a las islas, con modificaciones, del Código de Comercio de Sainz de Andino y de su régimen procesal especial tal y como preveía la Constitución doceañista26 (y también la de Bayona en su artículo 113); ello supone, a más de un beneficioso impulso al tráfico comercial,27 la precoz implantación en Filipinas de la práctica de la communicatio legis, tibia concesión al asimilismo que extiende a las Islas, con modificaciones, la normativa vigente en la Península, práctica que se va a mantener en el futuro. La siguiente etapa histórica comienza con la muerte de Fernando VII en 1833, la promulgación del Estatuto Real de 1834 por la Regente María Cristina y la convocatoria a Cortes, modeladas ahora sobre una base bicameral (Estamento de Próceres y de Procuradores) y en la que no se hace referencia alguna a Ultramar; el Decreto de 20 de mayo fija la convocatoria para el próximo 24 de julio y otro de la misma fecha determina el procedimiento electoral, ahora tanto para la Península como para Ultramar.28 De ambas
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Colección de Decretos y Órdenes, 1834-1836, t. XV, pp. 435-438. «El Código civil y criminal y el de Comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancia podrán hacer las Cortes» (art. 258). 27 La supresión de trabas a la navegación y al arribo del puerto de Manila, la libertad de exportación del arroz y, en fin, la libre navegación y comercio de los buques filipinos —decretada el 17 de julio de 1834— fueron algunas de las ventajosas consecuencias de la acertada medida. 28 Colección de Decretos, 1834-1836, t. XIX, pp. 270-271. 26
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normas se deriva la premura de la convocatoria —que ha de realizarse de modo «fácil y expedito»— y la significativa reducción —en comparación con el de las Cortes anteriores— del número de representantes ultramarinos a ocho, de los que dos corresponden a Filipinas, rebaja que hace pensar en la necesaria revisión del Estatuto. En cualquier caso, la lejanía y la urgencia de la citación impide de nuevo la presencia de los representantes filipinos; al Archipiélago llegan las noticias oficiales sobre la nueva situación política y las órdenes relativas a la restauración del régimen constitucional, promulgación del Estatuto y convocatoria a Cortes, ocho meses después —el 2 de febrero de 1835— por lo que los procuradores elegidos en Manila el 1 de marzo —el Brigadier del Ejército Andrés García Camba y el abogado filipino Juan Francisco Lecarós— no pueden intervenir en los debates de las primeras Cortes estatutarias aunque lo hacen en las siguientes destinadas a revisar el Estatuto y como dispone el Real Decreto de 28 de septiembre de 1835 a preparar «un nuevo sistema electoral con una representación más amplia que la vigente»;29 sistema que, en principio sigue invariable aunque finalmente, de acuerdo con sendos proyectos de ley de reforma electoral de Mendizábal, se asignan cuatro diputados para Filipinas y se dispone el nombramiento de un suplente;30 ahora bien, aunque coincide con tal criterio la Comisión parlamentaria nombrada al efecto, el dictamen no llega a discutirse: la oposición al Gobierno y, sobre todo, al proyecto electoral de Mendizábal determinan la disolución de las Cortes; en ellas, pese a debatirse materia tan importante para la representación filipina, sus flamantes diputados —que juran el cargo el 24 de noviembre de 1835— no intervienen para nada, ni hacen alusión al incremento de su representación. No obstante, cabe aludir al plan que, sin éxito alguno, presenta Lecarós a Mendizábal para el desestanco del tabaco31 y, sobre todo, la que presentan ambos por recomendación reiterada del Ayuntamiento de Manila, relativa a la moderación en el envío de personal administrativo peninsular —subalternos y pensionistas— al Archipiélago que, como exponía el ex gobernador de las islas y electo diputado para las Cortes estatutarias, bloqueaba la Administración filipina, en detrimento del posible acceso de sus naturales.32 Las terceras Cortes del Estatuto no llegan a reunirse; los hechos políticos del 13 de agosto hacen caer a Istúriz y determinan la implantación de un gobierno progresista. Al propio tiempo se restablece la Constitución de 1812 y se procede a convocar Cortes constituyentes para el 24 de octubre de 1836, que han de revisar el texto gaditano; en esta oca-
29 Real Decreto de convocatoria a Cortes de 28 de septiembre de 1835, en Colección de las Leyes, Reales Decretos, Órdenes, Reglamentos, Circulares y Resoluciones expedidas sobre todos los ramos de la administración y gobierno del Estado desde el 1 de enero de 1835 hasta el 31 de diciembre del mismo año, t. II, Madrid, Imp. del Castellano, 1840, pp. 268-269. 30 DSC, 28 de diciembre, p. 141. 31 Según expone Carlos RECUR, 1880, antiguo funcionario en Filipinas, Mendizábal no solo hace oídos sordos a la propuesta sino que dicta nuevas medidas para el fomento y desarrollo de la pingüe renta estatal creada por Basco y Vargas en 1781. 32 A quien se atribuye el folleto anónimo Filipinas y su representación en Cortes, Cádiz, 8 de febrero de 1836, p. 3.
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sión, las elecciones han de hacerse con arreglo a la plantilla del Trienio —«será el mismo que se nombró para las Cortes de 1820 y 1822»— esto es, un diputado por cada 60 000 almas, admitiéndose de nuevo las suplencias y, en lo que toca al procedimiento electoral, el decreto de convocatoria lo simplifica en Ultramar según lo previsto en el Estatuto. En ella no se va a contar con la presencia de la diputación filipina —los reelegidos Camba y Lecarós— dado que, una vez más, la urgencia de la convocatoria y la distancia lo impide. De estas repetidas circunstancias que obstaculizan la presencia ultramarina en Cortes a su debido tiempo, se va a hacer eco un grupo de individuos naturales de las mismas —«José M.ª Valdés y cuarenta ciudadanos de las provincias de Ultramar»— que el 4 de noviembre de 1836 presentan a la Cámara una exposición en la que solicitan la admisión como suplentes de los procuradores de la anterior legislatura para poder intervenir en los debates constituyentes. Sin embargo, la cuestión iría por otros derroteros porque, poco después, el 16 de enero de 1836, el progresista Vicente Sancho propone en sesión secreta, y con Dictamen favorable de las Comisiones reunidas de Ultramar y de Constitución,33 que las provincias de Ultramar se rijan por leyes especiales.34 Por lo que toca a Filipinas, Sancho —autor de la propuesta y promotor del Dictamen— apoya su proposición con argumentos determinantes: aduce la distancia, la escasez de población española y la gran masa de población indígena que a tenor de lo previsto en la Constitución sería elegible sin conocer el idioma castellano. A esto habría que añadir lo costoso del viaje y la imposibilidad de que una futura ley electoral regulara debidamente unas elecciones en un pueblo tan distinto al peninsular y tan disperso en su vasto territorio. El criterio eliminatorio de la presencia ultramarina en Cortes se mantiene a lo largo de los debates y los diputados presentes, si en algún momento rebaten la propuesta de Sancho, lo hacen para argumentar a favor de la representación americana y no de la filipina porque, como expone Vila en la Cámara «…en las Antillas somos nosotros mismos; en las Filipinas son otro estado, son otra generación y gentes, que si bien sometidas a nosotros no podemos
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Que lo emiten en la sesión de 12 de febrero de 1837; DSC, Apéndice al n.º 112, pp. 1491-1493. Para algunos autores, la implantación de este régimen especial ya se vislumbraba desde 1810. Muestra de ello fue el pertinaz rechazo a las sucesivas propuestas presentadas por la diputación americana en torno a que la igualdad de representación tanto de los españoles como de indios y de los hijos de ambas clases —decretada en 15 de octubre de 1810— se hiciera efectiva en las Cortes destinadas a elaborar la Constitución. Rechazo que se reproduce cuando Mejía Lequerica protesta ante la exclusión de Ultramar de un pretendido proyecto de reorganización provincial en la Península porque allí «son los hombres de otro color…las costumbres son diferentes…la educación, sistema moral, política, todo es diverso…» (DSC, 20 de diciembre de 1810, pp. 200-201). El mismo Argüelles, defensor a ultranza de la causa de América, manifiesta en el Discurso preliminar a la Constitución gaditana que la consagrada en la misma unidad de códigos (art. 258), precisaba en Ultramar de ciertas modificaciones. En suma, pese al restablecimiento en 1820 de la vigencia de la Constitución de 1812 y la vuelta a la integración en la Monarquía de los territorios ultramarinos, con la esperanza puesta en la pacificación, comienza a generalizarse un cambio de actitud entre los liberales doceañistas, defraudados por la que mantiene la diputación americana y paulatinamente convencidos de que el proceso independentista era irreversible. Entre los diputados se extiende la idea de que la aplicación de la Constitución de 1812 había servido para estimular los movimientos independentistas. Vid., sobre el tema, entre otros, el interesante trabajo de MONTENEGRO, 2005, pp. 835-855. 34
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llamarles a tomar parte en nuestras deliberaciones».35 Tan solo el diputado por Málaga, Cristóbal Pascual —y en similares términos Eugenio Díez, por Valladolid— se muestra en contra, reforzando su postura con la existencia de un posible vicio de nulidad si no acudía la representación ultramarina a las actuales Cortes, insistiendo en que «las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas son una parte integrante del territorio español y están sujetas a las propias leyes que los demás pueblos de la Península».36 Con todo y a la postre, en la sesión de 16 de marzo se aprueba el Dictamen y dos días después la Ley que sustituye en las Antillas y en el Archipiélago la aplicación de la Constitución por el sistema de legislación especial privando así a sus habitantes de derechos políticos y, entre ellos, el de representación parlamentaria: «no siendo posible aplicar la Constitución que se adopte para la Península e islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia serán estas regidas por leyes especiales análogas a su respectiva situación y circunstancias y propias para hacer su felicidad: en consecuencia no tomarán asiento en las Cortes actuales los diputados por las expresadas provincias».37 Se excluye, pues, de las Cortes a los representantes elegidos en Manila el 9 de marzo —García Camba y Luis Prudencio Álvarez y Tejero— al amparo de la Constitución gaditana, vulnerándose así, como denunciaba Núñez en el Congreso el 4 de abril, la igualdad de derechos de los españoles «de ambos hemisferios» que en ella se consagraba. Con esa comprometida situación se encuentran los diputados llegados de Manila: ha sido sancionada la Ley que les excluye de representación y su mandato resulta inválido. El 18 de junio de 1837 se promulga la nueva Constitución de la Monarquía. En ella no se hace mención alguna a la calificación y tratamiento jurídico-público de nuestro ya desgarrado imperio ultramarino. Solo en el segundo artículo adicional —que cierra el texto— se eleva de rango la Ley que sanciona la propuesta de Vicente Sancho y se hace mención expresa a la misma: «Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales». Este duro golpe que sufren los diputados de Ultramar a quienes, sin previo aviso, se les cierran las puertas del Parlamento español —luego abiertas a Cuba y Puerto Rico pero nunca a Filipinas— deja al Archipiélago a partir de entonces en pie de inferioridad jurídica frente al resto de los españoles; en lo sucesivo, Filipinas va ser gobernada «por leyes de Indias, por los reglamentos y Reales órdenes comunicadas para su observancia y por las que se vayan dando, como se crea más conveniente para la prosperidad del país,38 normas todas ellas de categoría inferior a la ley, al margen de intervención alguna parlamentaria y en clara contradicción con el principio de legislación especial impuesto constitucionalmente. Comienza así un largo periodo en el que, a la espera de esa
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DSC, 9 de marzo de 1837, p. 2023. DSC, 7 de marzo de 1837, p. 1970. 37 DSC, 12 de abril de 1837, p. 2697. 38 Por Real Orden de 22 de abril de 1837, el Secretario del despacho de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, traslada la citada Ley al de la Guerra para se circule a Ultramar, incorporando «otras prevenciones para el buen gobierno y tranquilidad del país». Vid. RODRÍGUEZ SAN PEDRO, 18651869, t. I, pp. 1-2. 36
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legislación, los territorios de Ultramar van a ser gobernados por la legislación indiana y disposiciones posteriores, legislación esta difícilmente aplicable por su obsolescencia y constante modificación. Tal problema normativo se resuelve de hecho dejando en manos de las autoridades ultramarinas la ejecución discrecional de las disposiciones del Ejecutivo, decretos y normas de rango inferior, a la par que se les recomienda obrar en uso de sus facultades extraordinarias, con toda «discreción como energía», que también ha de utilizarse, para aplicar la «censura», en términos, que «ni se impida la publicación de escritos que sirvan a la ilustración pública, ni se permita la de los que en cualquier sentido puedan perjudicar a la tranquilidad y seguridad del país, al buen crédito del Gobierno español y a la justa causa nacional, extendiéndose esta misma vigilancia a la introducción de folletos, periódicos y papeles impresos en otros puntos».39 Tal situación se alarga en el tiempo y avoca a su vez a la práctica de la communicatio, que se intensifica en la Restauración.40 Por lo demás, ni moderados ni progresistas alteran para nada el «régimen jurídico especial» previsto para Ultramar. La Constitución de 1845 reproduce en el artículo 80 el texto de 1837 como también —pese a los aires renovadores del General Espartero— lo hace el partido progresista en el artículo 86 de su Proyecto non nato de Constitución de 1856. Aún es más, en el frustrado Proyecto constitucional de Bravo Murillo de 1852, se incorpora un único artículo adicional con la expresión —disposiciones especiales—, del que cabe deducir un premeditado intento de afianzar constitucionalmente lo que de hecho se venía haciendo: gobernar Filipinas a golpe de decreto, como implícitamente se prohibía constitucionalmente. Con todo, hay varios intentos para concretar la legislación especial; en julio de 184141 se crea en Madrid una Junta de Ultramar destinada a revisar la legislación indiana y a proponer la derogación o reforma que se consideren convenientes. De ella forma parte Francisco Entrambasaguas, antiguo ministro de la Audiencia de Manila y a ella se debe la futura reestructuración y creación respectivamente de dos órganos consultivos: la Junta de Autoridades y el Consejo de Administración. Un nuevo intento, sin éxito, se concreta en la proposición que en enero de 1855 y encabezada por Luis A. Pizarro —Conde viudo de las Navas— presenta en la Cámara el partido demócrata, destinada a conseguir —antes de la aprobación definitiva del Texto non nato de 1856— la concreción de la prometida legislación especial para Ultramar; se solicita la participación en el seno de la Comisión constitucional de las Cortes de «los isleños y personas más entendidas de nuestras dos Antillas y del Archipiélago filipino»,42 propuesta que reitera —y se rechaza— el también progresista Nicolás M.ª Rivero al debatirse de nuevo la cuestión de la legisla-
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Ibidem. En ello colaborará en un futuro lejano la Comisión de Codificación de las provincias de Ultramar creada por Real Decreto de 9 de abril de 1880 con el encargo de redactar anteproyectos legislativos y evacuar informes relacionados con la aplicación en esos territorios de la legislación peninsular; a sus resultas y tardíamente se irá extendiendo a las Islas el fenómeno codificador. 41 Colección legislativa, 2.º semestre de 1841, pp. 324-325. 42 DSC, 8 de enero de 1855, pp. 1198-1199. 40
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ción especial; pide ahora que bajo el concepto de Ley orgánica (especial) se incluya «la representación… de los hijos de las colonias».43 Más destacable y dirigido expresamente a Filipinas, aunque también sin resultado práctico alguno, fue la creación —propuesta en su momento por el gobernador Agustín de Algorra—44 de una Comisaría Regia para Filipinas con la misión de adoptar «transcendentales medidas que transformen las actuales condiciones de las provincias españolas de Oceanía».45 Se encarga de ello el Comisario regio Patricio de la Escosura quien, además de elaborar un interesante informe destinado a resaltar los principales aspectos de la necesaria reforma de la estructura político-administrativa del Archipiélago, presenta a la aprobación del Gobierno un proyecto de ley a modo de legislación especial para la que denomina España Oceánica a la que, curiosamente y con reservas, extiende el Título I de la Constitución de 1837 el tocante a los derechos y libertades de los españoles;46 pero el proyecto se guarda en el cajón y no será sino hasta la Regencia cuando salga a la luz.47 En 1865, se autoriza a Cánovas del Castillo para que, desde la cartera de Ultramar,48 abra una Junta de Información encargada de determinar las bases de la legislación especial que regule el gobierno y administración de Cuba y Puerto Rico; pero en ella se excluye expresamente a Filipinas, territorio en el que, «las leyes de Indias y disposiciones posteriores satisfacen hasta ahora las necesidades especiales de la colonización naciente de Fernando Poo y las del gobierno de Filipinas, donde la propiedad aún no se halla establecida y donde falta por dominar gran parte del Archipiélago»;49 y en parecidos términos se manifiesta Cánovas ante la imposibilidad de extender a las Islas la Ley de Enjuiciamiento civil peninsular, que sí se extiende a las Antillas; allí —dice— «con sus costumbres primitivas y con sus instituciones tradicionales, hacen de todo punto imposible la aplicación de sistemas inventados para satisfacer la exigencias de una civilización adelantada»;50 por similares razones tampoco se aplica, a 43
DSC, 16 de febrero de 1855, pp. 2224 y 6119. BUZETA, 1850; en su final se inserta un cuadro sinóptico según el cual, Algorra, tras una estancia de cinco meses en las islas, habría propuesto, entre otras mejoras para el Archipiélago, la creación de «una Comisión Regia, integrada por personas ilustradas y conocedoras de las costumbres, leyes y reglamentos de Indias, que viniera a las Islas y diera su parecer sobre el gobierno político-militar, administrativo y religioso de la colonia, las leyes y reglamentos en uso y en desuso y propusiera al Gobierno y a las Cortes, un plan de reformas que fueran las bases de la legislación especial de Indias que tanto necesita Filipinas para su prosperidad y la de España». 45 Preámbulo del Real Decreto de 19 de septiembre de 1862. 46 Vid. texto en CELDRÁN, 1994, Apéndice documental, pp. 379-385. 47 A instancias del diputado por Guayana, Francisco Cañamaque, quien solicita del Ministro de Ultramar la remisión al Congreso de la citada Memoria (vid. DSC, 21 de octubre de 1881, p. 635), como así se hace el 9 de noviembre. 48 Real Decreto de 25 de noviembre de 1865, Colección legislativa, segundo semestre, pp. 844-851. 49 Ibidem, Exposición de motivos, p. 845. 50 Exposición de motivos del Real Decreto de 9 de diciembre de 1865 que ordena publicar en las islas de Cuba y Puerto Rico la Ley de Enjuiciamiento civil que rige en la Península. Pese a ello, a poco más de un mes, Cánovas utiliza términos asimilistas para justificar la aplicación de la Ley marcial peninsular de 17 de abril de 1821 en Ultramar por Real Decreto de 23 de enero de 1866; dicha Ley, promulgada en la Península en momentos en que peligraba el régimen constitucional —derogada después y restablecida 44
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diferencia de a Cuba y a Puerto Rico, el Reglamento provisional para la Administración de justicia de 26 de septiembre de 1835,51 ni prospera el interesante proyecto de Código de procedimiento penal para las Islas Filipinas que elabora el magistrado de la Audiencia de Manila José M.ª Aguirre Miramón;52 pretende con él uniformar y completar la confusa y deficiente normativa al respecto respetando las peculiaridades del país y adaptándolas a la moderna legislación criminal. Ahora bien, esta política restrictiva que mantiene Cánovas respecto a Filipinas -pródomo de la que seguirá en la Restauración y su efectiva separación de las tareas legislativas, no impide que se activen ciertas concesiones asimilistas con la práctica de la communicatio y se impulse un proceso modernizador, reflejo de la profunda reorganización administrativa que se produce en la Península. A Filipinas se extiende —siempre con evidente retraso— la legislación mercantil de desarrollo del Código de Comercio, la Ley de pesas y medidas y el régimen de Sociedades Anónimas; a ello sigue la normativa que, en el plano administrativo, unifica al personal de las provincias ultramarinas con el peninsular y, bajo los mismos moldes igualatorios, el Real Decreto de 26 de octubre de 1849 ordena la aplicación de la normativa sobre clases pasivas contenida en la Ley de 25 de mayo de 1835; en fin, en los años que median entre 1856 y 1868 el Archipiélago cuenta con la reglamentación relativa a contratos del Estado, expropiación forzosa, aprovechamiento de aguas públicas y minería… Por lo demás, el progreso técnico, económico y cultural sigue su andadura: se crean Bancos, se construyen carreteras, se mejora el servicio postal, y las instituciones docentes tradicionales (en especial la Universidad de Santo Tomás, la primera de Asia) se incrementan con la creación del Ateneo Municipal y de sucesivas Academias de formación especializada (de Dibujo y Pintura, de Náutica, de Botánica y Agricultura) y, sobre todo, de escuelas de enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Manila cuenta desde 1865 con la primera Escuela Normal de Magisterio. Esta evolución cultural corre pareja con el incremento de las publicaciones periódicas privadas y oficiales, entre estas, el Diario de Manila, sustituido en1852 por el Boletín Oficial de Filipinas, aunque reaparece en 1860, año en el que el citado Boletín pasa a denominarse Gaceta de Manila.
en 1836 por las mismas razones— posibilitaba la formación de causas sumarísimas de las que conocerían Consejos de guerra —integrados exclusivamente por oficiales del ejército— en circunstancias excepcionales de sedición, tumulto o guerrilla (Colección legislativa, primer semestre de 1866, pp. 30-34) Sobre este tema de la ley marcial decimonónica (aunque sin referirse a Ultramar) informa la excelente monografía de CRUZ VILLALÓN, 1980. 51 En consecuencia, la tramitación de los juicios civiles se contraía a la legislación indiana (Títulos 15, 16 y siguientes de la Recopilación) con las modificaciones hechas por los Autos Acordados de la Audiencia de Manila y por la R. Cédula de 30 de enero de 1855. La Real Orden de 7 de octubre de 1857 intenta solucionar tal estado de cosas y ordena la creación de una Comisión —de la que forma parte Aguirre Miramón— que informe sobre la conveniencia de extender la Ley peninsular a las Islas. Emite su Informe en 1859 y su suerte ya la conocemos. Vid. su extracto en el artículo anónimo titulado De las leyes de procedimiento en las Islas Filipinas, Revista general de Legislación y Jurisprudencia, t. XVII, 1860, pp. 5-14. 52 Autor de de interesantes trabajos relacionados con la Administración de justicia y publicados en la precitada revista entre los años 1861-1874.
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En contrapunto, y como consecuencia de la concepción centralista que se impone en esta etapa isabelina, los gobernadores de las islas verán afianzarse sus amplios poderes militares y civiles con el objetivo político de «desplegar todo esfuerzo por la conservación de la soberanía española sobre las Islas»,53 pese a que con la creación en 1859 de un Gobierno civil en Manila,54 y en 1861 de un Consejo de Administración, se intente la separación del ámbito militar del civil y del judicial y evitar así la injerencia de la máxima autoridad política en la administración de justicia;55 por cuanto hace a la Administración territorial, provincias y municipios se mantienen prácticamente sobre la misma planta que en la época de la colonización,56 y en lo que se refiere al proceso centralizador en lo tocante a Ultramar y tras una profusa y cambiante reorganización, en 1863 se centraliza finalmente en el Ministerio de Ultramar. Pero junto a estas medidas modernizantes, comienzan a circular en las Islas ejemplares de carácter clandestino cuya acción propagandística genera entre la clase indígena el descontento y el desprestigio de las instituciones civiles y religiosas;57 surgen así una serie de movimientos, aún no teñidos de nacionalismo, alentados más adelante por las reformas progresistas de los gobiernos liberales. La primera revuelta notable se había
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A quienes, directa o indirectamente, se les concede los mismos amplios poderes que desde 1825 ostentan sus homónimos de Cuba y Puerto Rico por virtud de la Real Orden de 7 de marzo de 1837, disposición esta que junto a otras posteriores – Reales Órdenes de 16 de abril de 1850 —reguladora de la Junta de Autoridades como órgano de consulta preceptiva aunque no vinculante del Gobernador— y de 26 de mayo de 1851, aclaratoria de la anterior en lo relativo a la obligatoriedad de la consulta en situaciones extraordinarias y perjudiciales para los intereses de la Metrópoli, ratificarán la plenitud de poderes del Gobernador superior y Capitán general del Archipiélago cuyo cargo recae, a partir de 1822, en un general del Ejército. 54 Real Decreto de 1 de septiembre, Colección legislativa, tercer trimestre de 1859, pp. 433-437. Órgano supeditado al Gobernador Superior y al que, además de la Presidencia del Ayuntamiento de Manila, se le atribuyen una serie de competencias gubernativas (de orden público, licencia de armas, expedición de pasaportes…) similares a las de su homónimo en la Península. 55 R. Decreto de 4 de julio, Colección legislativa, segundo semestre de 1861, pp. 12-22. Se configuran como órganos consultivos del Gobierno y Tribunales de lo contencioso, restando las competencias que en esta materia tenía la Audiencia constituida en Real Acuerdo aunque limitando con ello las garantías de los interesados contra posibles abusos de poder del Gobernador, limitación que es objeto de crítica por expertos en la materia como, entre otros, ESCOSURA, 1882, pp. 43-46, y el ya citado AGUIRRE MIRAMÓN, 1863, pp. 20-26. 56 Vid. CABEZAS DE HERRERA, 1883; BUZETA, 1850; CELDRÁN RUANO, 2005, pp. 111-130. Más recientemente, ha tratado profusamente el tema en numerosas publicaciones el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Luis A. Sánchez Gómez. De especial interés es la obra de ARTIGAS, 1894, en la que se recoge en dos volúmenes la historia y legislación municipal filipina desde la dominación hasta la reforma de Maura. 57 Para prevenir su difusión y la introducción de publicaciones que atentaran contra la religión o la Corona se crea en Manila, por Decreto del Gobernador de 7 de octubre de 1856, una Junta permanente de censura. Solo se permitía la libre circulación de libros de rezo y la introducción de boletines eclesiásticos Reales órdenes de 6 de septiembre de 1860 y de 6 de junio de 1864, en Legislación ultramarina, Tomos II y X, pp. 370 y 483, respectivamente, bajo cuya apariencia se enviará y circulará por las Islas la propaganda anticlerical.
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producido en julio de 1823 cuando el capitán indígena Andrés Novales, junto con otros oficiales, ante la discriminación que sufren por la postergación o sustitución por los de origen peninsular, urde una conspiración que acaba con el fusilamiento de los cabecillas y de algunos sargentos indígenas; y la misma suerte corre en 1841, Apolinario de la Cruz, fundador de una asociación religiosa en 1832 —la Cofradía de San José— que llega a alcanzar un importante número de adictos; sus reuniones, prohibidas, dan lugar a diversas refriegas entre sus seguidores y las tropas gubernamentales que culminan con la ejecución de los principales cabecillas de la cofradía. Mayor alcance político tiene ya en estos años el Manifiesto que publica el Padre Burgos el 27 de junio de 1864 —también posteriormente ejecutado— en defensa de los derechos del clero indígena injusta y permanentemente hollados. «¿Para qué —dice— ha de esforzarse un joven en ascender dentro de la profesión jurídica o teológica cuando no puede tener otra perspectiva de futuro que la de enfrentarse a la oscuridad o a una impertinente indiferencia? ... ¿Para qué pasar noches sin sueño a la búsqueda de semejante ideal cuando claramente ve que sus sentimientos más nobles son vulnerados…y que las prebendas, honores y beneficios no se dispensan sino a unos pocos privilegiados?» En fin, el escenario está preparado para que, tras los sucesos posteriores —revolución septembrina y apertura del Canal de Suez— surja una incipiente y minoritaria clase dirigente indígena que hará despertar la conciencia racial.58 El siguiente acontecimiento político viene marcado por la revolución democrática que triunfa en la Península en 1868. Se inicia entonces un tratamiento nuevo y más generoso de las provincias de Ultramar que intenta romper con la política de desigualdad y abandono consagrada en 1837. Por de pronto, el Manifiesto de 15 de septiembre de 1868 de la Junta revolucionaria de Madrid acuerda por aclamación proponer al Gobierno provisional llamar a la representación de las próximas Constituyentes a las provincias de Ultramar,59 y el mismo espíritu igualatorio parece reflejarse en el Manifiesto del Gobierno provisional de 25 del mes siguiente que, aunque en términos más vagos, les reconoce «el derecho a intervenir con su inteligencia y voto en las arduas cuestiones políticas, administrativas y sociales planteadas en su seno».60 De ambas declaraciones parece deducirse la participación ultramarina sin discriminación alguna entre las distintas provincias; pero la realidad para el lejano Archipiélago será muy otra: el Decreto de la Presidencia de 14 de diciembre61 regula el procedimiento electoral para Cuba y Puerto Rico pero no para Filipinas que, sin más, queda privada de participar en las Cortes Constituyentes y del resto de derechos incluidos en el Manifiesto como «principios generadores de la nueva sociedad» —sufragio universal, libertad de enseñanza, religiosa, de reunión y asociación pacífica, de imprenta…— derechos que en el futuro se van a conceder a las provincias antillanas y que, «como los que disfrutan los demás ciudadanos», van a solicitar —al
58 LLOBET, 2011, y ELIZALDE, 2009, 2011, 2017a, 2017b y el artículo de esta misma autora en este volumen. 59 En el que se anuncia también la abolición de la esclavitud, declaraciones ambas promovidas por Rafael M.ª de Labra, según revela en su obra, LABRA, 1915, p. 10. 60 Vid. texto en SAINZ DE BARANDA, 1957, pp. 275-285. 61 Colección legislativa, 2.º semestre de 1868, pp. 925-934.
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poco de reunirse las Cortes y sin resultado práctico alguno—62 «varios españoles filipinos y peninsulares», como también lo hará el diputado Pellón y Rodríguez quien defiende —al hilo de los debates del Título X del Proyecto de Constitución relativo las provincias de Ultramar— la representación de esos territorios —incluida la del Archipiélago— o, en su caso, la rápida entrada en el Congreso de la Ley especial reformadora de su gobierno y administración;63 pero la respuesta de Silvela, pese a no exigirse normativamente el conocimiento del idioma para el ejercicio de la representación,64 es contundente: es posible la participación antillana, «donde hay una gran parte de población ilustrada que puede intervenir en nuestras deliberaciones pero, por el contrario, la existencia de una numerosa población desconocedora del idioma español impide la filipina»; allí, como crudamente sigue argumentando Silvela, «la armonía sería establecer que por cincuenta mil almas viniera aquí un Diputado, de suerte que ascendiendo su población a cinco millones vendrían aquí 120 diputados…que todavía no saben hablar español… ¿Y habíamos de conceder esos derechos, habíamos de atribuir esa gran influencia a aquellas tribus semisalvajes que no hablan el castellano?» En suma, Silvela niega la representación al Archipiélago que no está preparado aún «para la vida de los pueblos libres» aunque promete la rápida entrada en el Congreso de una ley, «que está sumamente adelantada», reformadora de su gobierno. En fin, conforme con los anteriores argumentos, la Constitución de 1869 incorpora en sus artículos 108 y 109 el proyecto de reforma para Ultramar, proyecto que favorece a las Antillas —a las que se promete la extensión de derechos, «con las modificaciones necesarias», consagrados en la Constitución «…cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba y Puerto Rico»,65 mientras que el citado artículo 109 se limita a decir para Filipinas que su régimen de gobierno será reformado «por una Ley» pero sin intervención alguna de sus representantes—. La patente desigualdad de trato la razona de nuevo Silvela: «existiendo en Filipinas 20 000 hombres blancos contra cinco millones de indígenas, de los cuales 4 900 000 ignoran el castellano y no tienen comunicación intelectual con España, es condición previa la necesaria intensificación de la labor colonizadora y someter al millón de igorrotes que no acatan la autoridad de la Metrópoli. Mientras esto
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La solicitud se lee en la sesión de 6 de marzo y, pasados dos meses, se da cuenta a la Cámara de la imprecisa resolución que, sobre ella, remite el Gobierno: «… cuando se trate de formular la ley fundamental para nuestros dominios de Oceanía se tendrá presente la citada exposición…». 63 «…para que no quede el recelo ni en el país ni en aquellas islas de que se relegará a las kalendas griegas…». DSC, 25 de mayo de 1869, p. 2343. 64 Ni el Decreto de 9 de noviembre sobre el sufragio universal, ni el Proyecto de Constitución, ni la misma Constitución de 1869, ni la posterior Ley electoral de 23 de junio de 1870 condicionaban el ejercicio del sufragio activo o pasivo al conocimiento del idioma que, en cualquier caso sí lo conocía en el Archipiélago una minoritaria clase ilustrada. 65 No obstante, la inestabilidad existente en Cuba, impidió la extensión de derechos a las Antillas, manteniéndose su statu quo en los sucesivos gobiernos, excepción hecha de la siguiente etapa republicana.
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no ocurra no puede darse participación al pueblo filipino en las deliberaciones patrias, ni otorgarle el mismo régimen que para las Antillas».66 Y el mismo trato discriminatorio va a recibir en 1873 del proyecto de Constitución federal de la primera República; su artículo primero —a diferencia de Cuba y Puerto Rico, no solo excluye a Filipinas (y a las posesiones africanas) de la relación de Estados que integran la Nación española— categoría solo alcanzable «a medida de sus progresos», sino que el artículo cuarenta y cuatro niega a los filipinos «los derechos naturales inherentes a toda persona», derechos que históricamente había amparado la legislación indiana y que se califican en el Título preliminar como «anteriores y superiores a toda legislación positiva» pero que, en el caso de África y Asia, «… territorios en que no se han desarrollado suficientemente los organismos políticos…se regirán por leyes especiales, destinadas a implantar allí los derechos naturales del hombre y procurar una educación humana y progresiva». Este evidente agravio comparativo respecto a las Antillas, no impide que la nueva orientación política trascienda al Archipiélago y sienta las bases para su posible regeneración. Frustrada esta, el prestigio de España en el Archipiélago comienza a resentirse y comienzan a brotar los gérmenes de la genuina historia política filipina. A ello coadyuva, la acción reformista de los gobiernos de cariz liberal —que lógicamente se refleja en el Archipiélago— y, simultáneamente, la apertura del Canal de Suez en 1869 que acerca la elite intelectual filipina al mundo occidental y a la corriente nacionalista europea del último tercio del siglo XIX, e impulsa desde Barcelona y Madrid la batalla de modernizar las islas. Demandan para ello la representación en Cortes, la reforma de la caduca e ineficaz administración y la supresión o limitación del poder del clero regular, auténtico detentador del poder político, económico y espiritual en las Islas.67 Estas demandas las comparte la masonería —que comienza a extenderse en España al tiempo de la consagración por primera vez en el Texto fundamental de 1869 de la libertad de reunión y de asociación— y afloran en el Congreso a partir de 1871. Con todo, la ideología revolucionaria —negadora de derechos y libertades a los filipinos y no a los antillanos— se reconvierte en las Islas en la aplicación de una política reformista que emprende con entusiasmo el progresismo en Madrid y tiene su lógico reflejo en el Archipiélago. Es Adelardo López de Ayala, Ministro de Ultramar en el gobierno provisional de Serrano quien, consciente de la improcedencia de que los filipinos «accedan al ejercicio de derechos políticos que no conocen y a la práctica de libertades que no aprecian» impulsa un plan de reformas administrativas en el Archipiélago, única vía —dice— para lograr que «su aspiración política germine hoy para brotar mañana»;68 crea al efecto una Junta Especial de Reformas de la Administración y Gobierno de las Islas 66
Sic, CARRO MARTÍNEZ, 1952, p. 377. Una crítica acerba a su actividad puede verse en VON DER MEHDEN, 1960, pp. 83-93. Sobre la situación de las órdenes religiosas en el archipiélago en las últimas décadas del XIX pueden consultarse también los trabajos de JOHN SCHUMACHER, ROBERTO BLANCO y ELIZALDE y HUETZ DE LEMPS citados en la bibliografía. 68 Ibidem. 67
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Filipinas69 cuya labor prosigue la Junta de Reformas Administrativas que, con el mismo afán, constituye en Manila el nuevo Ministro de Ultramar, Manuel Becerra,70 a quien también se debe, entre otra serie de Proyectos de ley y de Decretos de claro cariz reformista,71 la presentación al Congreso por primera vez de los presupuestos de Filipinas que, aunque no llegan a debatirse, permiten conocer la situación económica del país —que arroja un déficit total de 231 722 escudos—72 y el también resaltable proyecto de ley que iguala en el ejercicio de derechos a españoles y extranjeros reconociendo a estos —con las limitaciones que imponen las reglas universales de la moral y el derecho— el derecho a practicar pública y privadamente cualquier culto religioso.73 Pero es sobre todo su sucesor, Segismundo Moret quien, imbuido del nuevo modelo utilitarista de las colonias que se practica en Europa, traza un ambicioso plan de reformas tendentes a reordenar la caótica situación que en todos los aspectos presentan las Islas. En ese empeño dicta una andanada de decretos destinados a reactivar el sistema de comunicaciones interinsulares, canalizar la emigración peninsular liberalizar el comercio y remodelar la administración financiera y la de justicia. De su política reformista destacan las medidas que adopta destinadas a transformar la «viciosa e ignorante» Administración filipina y a acomodar la enseñanza
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La presidía el antiguo ministro y ex comisario regio en Filipinas, Patricio de la Escosura y la integraban, además del subsecretario del ministerio de Ultramar y de los jefes de las secciones del mismo, siete vocales especiales, la mayoría de los cuales habían ostentado cargos en la Administración de las Islas. 70 Decreto de 4 de diciembre de 1869. Colección… segundo semestre, pp. 819-820. La Comisión, encargada de elaborar un plan completo de reformas administrativa y económicas en las Islas, la constituye La Torre en 1870 y la integran buenos conocedores de la problemática filipina, entre ellos, el antiguo diputado Sáenz de Vizmanos y el también diputado en las Cortes de 1876 y senador vitalicio Manuel Azcárraga y Palmero, autor de una pequeña e interesante obra sobre el municipio indígena, AZCÁRRAGA, 1871. En el Proyecto de Bases para la organización política y administrativa central de Filipinas, 1870, que elabora la Comisión y se remite al Gobernador y al Ministerio de Ultramar, se incluye la propuesta de una parca representación filipina —de cinco diputados— en un hipotético Congreso Nacional, elegidos por una también restringida base electoral (miembros del Consejo de Administración, de la Mesa de la Sociedad Económica de Amigos del País y concejales del Ayuntamiento de Manila). 71 A Becerra se debe la creación de una Comisión encargada de formular un proyecto de Ley orgánica de los Tribunales de Ultramar (Decreto de 27 de agosto de 1869) y de otra (de la que forma parte el ya citado Magistrado de la Audiencia de Manila, Aguirre Miramón) que elabore una ley provisional para aplicar a estos territorios el Código penal peninsular y las Bases de una Ley de Enjuiciamiento criminal (Decreto de 10 de septiembre); la extensión a Ultramar del Decreto de indulto de 10 de noviembre de 1868 y los de 14 y 20 de marzo de 1870 que, respectivamente, abolen la arcaica «información de limpieza de sangre» (para el desempeño, entre otros, de cargos públicos) y disponen la revisión de las causas graves sustanciadas en la Audiencia de Manila ante el Tribunal Supremo… Estas y otras muchas disposiciones del eficaz Ministro, pueden verse ordenadas cronológicamente en La democracia en el Ministerio de Ultramar (1869-1870). Colección de Leyes, Decretos…emanados del Ministerio de Ultramar durante la administración del Excmo. Sr. D. Manuel Becerra, 1870. 72 DSC, 23 de marzo de 1870, Apéndice primero a la citada sesión, t. III, pp. 35-47. El déficit se justifica por las calamidades naturales ocurridas allí, pero, en especial, «por los inveterados vicios de un sistema colonial que tanto bajo su aspecto político como respecto al económico y administrativo reclama urgentes y radicales reformas». 73 Colección legislativa, segundo semestre de 1870, t. I, pp. 23-31.
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media y universitaria —que monopolizan jesuitas y dominicos— a más modernos planes de estudio. Pretende con ellas dotar a la Administración de las islas de personal especializado y eficiente y elevar el nivel intelectual del Archipiélago, secularizando la enseñanza. Pero ambos intentos fracasan: los Decretos de 16 de agosto y 2 de octubre relativos a la creación y reglamentación del Cuerpo de Administración civil, los deja en suspenso Víctor Balaguer en 1871 y la misma suerte corre la reforma educativa ante las serias protestas que el estamento religioso hace llegar al Ministerio de Ultramar y al propio Regente.74 En paralelo, los también progresistas gobernadores del Archipiélago, Gándara, La Torre e Izquierdo, dejan la huella de su actitud personal y política en el destino de las Islas. Le toca al primero comunicar al pueblo el cambio político ocurrido en las Islas y atajar los disturbios que promueven elementos poco afectos;75 por su parte, Carlos M.ª de la Torre —en expresión de Labra «liberal probado y radical sincero»—76 practica durante su mandato la política contradictoria propia del espíritu del siglo en las colonias de ser liberal y progresista en la Península y conservador y reaccionario en las Islas;77 política que no hace sino caldear el ambiente en pro de un incipiente nacionalismo, y que continúa su sucesor, el teniente general Rafael Izquierdo —francmasón declarado, miembro de la Asamblea Constituyente y Gobernador civil de Madrid al tiempo de la Gloriosa— para quien «allí no cabe más política que la conservadora».78 De ahí que las incipientes medidas reformistas vengan acompañadas de otras que, con el mismo objetivo de mantenimiento de la soberanía en el Archipiélago, acrecienten la actitud conservadora en unos momentos en los que aunque el Archipiélago se mantiene alejado del ardor revolucionario que se gesta en Cuba —y, según manifiestan sus gobernadores, reina allí la tranquilidad pública—79 comienzan a manifestarse acciones subversivas que son fuertemente reprimidas. Esta actividad represiva se manifiesta cruentamente con la ejecución, después de un dudoso proceso, de tres sacerdotes indígenas —José Burgos, Jacinto Zamora y Mariano Gómez— presuntamente implicados en un motín —de matiz antiespañol y nacionalista— que, en
74 Los Decretos de suspensión provisional los inserta la Gaceta de Manila de 28 y 29 de mayo de 1871; la definitiva se recogen en la Colección legislativa de 1871 y 1875, pp. 794-796 y 647-652, respectivamente 75 MONTERO Y VIDAL, 1894, t. III, p. 488. 76 LABRA, 1869, pp. 106-107 y 116. 77 Como muestra la Carta reservada que remite al Ministro López de Ayala el 18 de enero de 1870 en la que, a la vez que alienta a los elementos liberales del país y toma buena nota de ellos, se manifiesta radicalmente opuesto a la aplicación de los principios revolucionarios y favorable a necesarias reformas en la administración y en la enseñanza y, en fin, alerta sobre la existencias de cierto focos de la clase ilustrada de tendencia antiespañola que abanderan …ciertas individualidades del clero y abogados, todos mestizos y españoles filipinos …que son los únicos que aquí sueñan con la independencia del país. Carta reservada, n.º 167. Manila, 4 de enero de 1870. Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar, leg. 5152. 78 Carta reservada n.º 816, Manila, 12 de octubre de 1872, AHN, Ultramar, leg. 5242. 79 Como parece deducirse de la carta reservada de 2 de febrero de 1872 —días después de la insurrección de Cavite— en la que el Gobernador General Rafael Izquierdo informa al Ministro de Ultramar de que «…el orden y la tranquilidad pública están asegurados(…) por ahora y en mucho tiempo no han de alterarse». Con todo, también le advierte de la escasez de fuerzas de defensa en el supuesto caso de una perturbación, AHN, Ultramar, leg. 5254/2.
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la noche del 20 al 21 de enero de 1872 protagonizan en el arsenal de Cavite un grupo de indígenas —y también oficiales y empleados civiles españoles— que protestan contra la supresión de las ventajas fiscales, exención del tributo y de la prestación personal de las que se beneficiaban los trabajadores del Arsenal. El recuerdo de estos tres mártires alimentará y cimentará en el futuro el nacionalismo filipino. La Restauración no altera la situación en el Archipiélago. Comienza con ella una larga etapa continuista presidida por Cánovas y la Constitución de 1876; etapa que, como reflejo del movimiento pendular característico de la política colonial de la época —que gira en torno al problema cubano— se manifiesta igualmente en Filipinas con la combinación de una política reaccionaria de los gobiernos conservadores y aperturista de los liberales, si bien ambos partidos se muestran coincidentes a la hora de mantener a las lejanas islas ajenas al juego político y de rechazar sus reivindicaciones que alientan el republicanismo y, silenciosamente, la masonería. Por lo que hace al tema que nos ocupa, el artículo 89 del Texto canovista80 continúa con el sistema de leyes especiales para Ultramar —a las que se remite para regular la representación antillana— institucionaliza el principio asimilista81 y tácitamente excluye a Filipinas de participación parlamentaria. Se mantiene a la vez la abusiva práctica de gobernar las Islas a golpe de Decreto, práctica que rechaza en las Cortes constituyentes el diputado y antiguo Gobernador civil de Manila, Manuel Azcárraga y Palmero, quien defiende con toda lógica que la expresión Leyes especiales hay que entenderla como Leyes hechas en Cortes,82 aunque su postura —coincidente con la de la Comisión y del Gobierno— es tajante en cuanto a la concesión de derechos políticos a los filipinos, porque si se concediera (la representación parlamentaria) «no sería en beneficio de los cinco o seis millones de indígenas…que no los ejercerían, porque no los necesitan ni los comprenden… y, continúa, … no sería más que una mistificación limitada a la ciudad de Manila».83 En ello incide el diputado de la Comisión Fernández Jiménez que, aunque indirectamente, cataloga a Filipinas, como «colonia», porque, dice, «hay una diferencia esencial entre las provincias asiáticas y las de la Península, pero no la hay entre estas y las americanas, que con rigor no tienen la verdadera condición de colonias».84 Se consolida así en los años que siguen una política restrictiva y discriminatoria marcada por la persistente y negativa actitud de Cánovas hacia el Archipiélago;85 política
80 Que reza así: «Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales; pero el Gobierno queda autorizado para aplicar a las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península. Cuba y Puerto Rico serán representadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las dos provincias». 81 Que en estos años sigue su curso a través de la comunicación legislativa de las leyes peninsulares. Vid. un resumen en CELDRÁN, 1994, pp. 187-188. 82 DSC, 23 de mayo de 1876. 83 Ibidem., 24 de mayo, p. 1690. 84 Ibidem, p. 1691. 85 Como muestra en concreto, con ocasión del debate sobre la cuestión cubana y la posibilidad de crear en Cuba un ejército indígena al estilo del existente en Filipinas para paliar la insuficiencia de tropas
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que en lo relativo a los derechos políticos comparten los liberales y rechazan los republicanos, que unen sus reivindicaciones a las de los grupos parlamentarios antillanos presentes en las Cortes en las que, al hilo de las exigencias autonómicas que presentan en la Cámara, va a aparecer involucrada la cuestión filipina; sobre ella algunos diputados antillanos, en especial Rafael M.ª de Labra, van a mostrar una especial actitud,86 aunque, en suma, en los años que median entre 1876 y 1885 el saldo efectivo de la política colonial en Filipinas es modesto. Prima el problema cubano aunque ocasionalmente se presenten a debate las olvidadas cuestiones filipinas, como la relativa al patente oscurantismo del gobierno sobre los asuntos ultramarinos y, en concreto, sobre la falta de información parlamentaria de los presupuestos del Archipiélago,87 que, una vez más, se habían elaborado y publicado por Real Decreto en la Gaceta de Madrid sin conocimiento alguno de las Cortes; a este propósito, el diputado puertorriqueño Vivar88 plantea la inconstitucionalidad de la medida y la insistente vulneración del artículo 85 del Texto fundamental, que obligaba a su aprobación parlamentaria. La tajante y grave respuesta del ministro de Fomento, Fermín Lasala es claramente confirmatoria de la exclusión de Filipinas de los derechos constitucionales: al no ser provincia sino «colonia», no rige allí la Constitución.89 No menos grave es la evasiva contestación del ministro de Ultramar al intento de debate parlamentario que propulsan varios diputados sobre la suspensión acordada por el gobernador de las islas de la reforma penal en el Archipiélago, cuya aplicación consideran de urgente necesidad; pero el tema se considera materia reservada que impide su discusión.90 El texto es finalmente aprobado y aunque se presenta como «asimilista» tiene un contenido altamente restrictivo de los derechos individuales de los filipinos —de reunión, asociación, inviolabilidad del domicilio, secreto de correspondencia…— cuyo ejercicio, en su caso, pueden suspender y reprimir las autoridades ad hoc —pese a la merma de sus competencias punitivas— en uso de las facultades extraordinarias que les atribuyen las normas.91
peninsulares. Niega tal posibilidad porque «el filipino no es ciudadano español, como ahora lo es todo habitante vecino de Cuba cualquiera que sea su color» y, sigue, porque «a estas horas está muy lejos de ser colonia la isla de Cuba», DSC, 7 de julio de 1891, p. 2876. 86 Sobre la posición programática y parlamentaria que en relación con Filipinas postulan los partidos de la oposición, CELDRÁN, 1994, pp. 309-322. 87 Porque los de las Antillas, desde 1978 y a raíz de una pregunta del diputado Luis Gabiña sobre la cuestión, se presentaron anualmente a las Cortes. 88 Ya iniciado en legislaturas anteriores sin éxito alguno, lo reitera Balaguer al debatirse el Art. 89 del Proyecto de Constitución e insiste en ello en la sesión de de 11 de marzo de 1878, como lo hace Becerra insistiendo en el tema en las sucesivas legislaturas. 89 «Nadie ha creído que artículo alguno de la Constitución pudiera regir en Filipinas; se ha creído generalmente que aquel Archipiélago formaba parte del Imperio colonial, que no era propiamente provincia española, y bajo este punto de vista se han resuelto las cuestiones relativas a Filipinas», DSC, 18 de marzo de 1880, p. 2427. 90 DSC, 18 de mayo de 1885, p. 4284. 91 El Anteproyecto de Código Penal reformado para Filipinas y la Ley provisional de Enjuiciamiento de criminal para su aplicación en las Islas, lo ultima la Comisión de Codificación de las provincias de
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Al tiempo, mientras se sigue manteniendo la práctica de la communicatio y, en lógico proceso evolutivo, se adoptan otras medidas destinadas a modernizar el Archipiélago y, sobre todo, a intentar superar su agravada situación económica (debida en parte a la supresión del estanco del tabaco, que obliga a aumentar el sistema impositivo)92 comienzan también a adoptarse ciertas precauciones ante el conocimiento oficioso de un movimiento subversivo de carácter antiespañol. Muestra de ello no es solo el Real Decreto de 29 de octubre de 1875 que cierra definitivamente las puertas a la reformas liberalizantes de Moret —que consolida en las Islas el control del estamento religioso sobre la enseñanza— sino, en especial el ya citado de 8 de noviembre de 1878, confirmatorio de la plenitud de poderes del gobernador de las islas. En el último cuarto del siglo XIX, la política colonial española viene marcada por el afianzamiento del asimilismo que, frente al partido republicano y al autonomismo antillano, comparten los partidos en el poder de acuerdo con el turno pacífico iniciado en 1881; política ya defendida por Cánovas en 1865 —aunque constreñida a Cuba y Puerto Rico y no a Filipinas—93 que también mantiene Sagasta,94 fiel como era a la tradición doceañista del Estado unitario y contrario a la solución autonómica como claramente había declarado: «la asimilación es lo constitucional…pero no hay que confundir las cosas. Nosotros vamos a la asimilación, pero la autonomía jamás».95 Para ambos políticos la problemática ultramarina sigue centrada en Cuba y en la negativa a las insistentes reivindicaciones de los diputados antillanos en las Cortes que giran sustancialmente en torno a la igualdad política de los ciudadanos de estos territorios con los de la Metrópoli; reivindicaciones que también van a alcanzar al Archipiélago, donde, Ultramar el 7 de julio de 1884, pero no es sino hasta el 14 de marzo de 1887 (cuatro meses después de su publicación oficial en la Gaceta de Manila) cuando comienza a regir en las Islas, debido a la actitud obstruccionista de la autoridad Superior del Archipiélago, a quien se despojaba de algunas competencias sancionadoras. Sobre el tema, vid. el artículo del profesor Javier ALVARADO, 1966, en el que se expone el interesante cruce epistolar entre el ministro de Ultramar —Víctor Balaguer— y los gobernadores de las Islas —Joaquín Jovellar y el interino Emilio de Molins— reacios a poner el cúmplase a la reforma penal. 92 CELDRÁN, 1994, pp. 187-188 y 191-194. 93 Así lo manifiesta en la Exposición de motivos del Real Decreto de 9 de diciembre de 1865 que manda publicar en Cuba y Puerto la Ley de Enjuiciamiento civil que rige en la Península, Colección legislativa, segundo semestre, pp. 899-900. 94 Como se deduce del texto del Discurso de la Corona el 10 de mayo de 1886, leído por él mismo, ante la imposibilidad de hacerlo la Reina Regente, dado su avanzado estado de gestación: «Mi gobierno cuida muy esmeradamente de organizar la Administración…del Archipiélago filipino…En cuanto a las provincias americanas, en las que rige la política de asimilación, mi gobierno cumplirá lealmente sus compromisos, planteando al mismo tiempo las reformas…con que han de establecerse el ejercicio de los derechos políticos». De esa coincidencia de actitud de ambos políticos también se hace eco la revista «España en Filipinas» (semanario fundado en Madrid en 1887 por un grupo de filipinos y dirigido por el también filipino Eduardo de Lete) en cuyos números 6 y 12, de 14 de abril y 28 de mayo de 1887 respectivamente, dicen los articulistas: «El Sr. Sagasta es decidido adversario de la representación de Filipinas en el Parlamento» y «Gobierna Sagasta, luego no tenemos diputados; es así que con Cánovas tampoco los teníamos; luego Cánovas y Sagasta se identifican». 95 DSC, 29 de octubre, p. 708.
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según Azcárate, «se vive en plena Edad Media».96 Pero sobre esa situación se alzan ya voces en el Congreso y en la prensa advirtiendo del cambio de mentalidad sufrido por el pueblo filipino y alertando —como tempranamente lo hubiera hecho Labra en 187197 y Azcárraga en1884—98 de la actitud inmovilista del gobierno ante la evidente difusión de propaganda anticlerical y antiespañola. En ello y «sobre los peligros que están desarrollándose hoy en el Archipiélago filipino», insiste en 1889 el diputado cubano Luis Manuel de Pando99 y años más tarde, en1895, el tradicionalista Romualdo Sanz.100 A Filipinas pues, llegan reformas liberalizantes y algunas de tendencia asimilista, que inician los primeros ministros de Ultramar de la Regencia —Gamazo, Balaguer y Ruiz Capdepón—101 y continúa el también demócrata y con amplia experiencia en el ramo —pero también contrario a la igualdad política hispano filipina—,102 Manuel Becerra, de cuya gestión destaca el Real Decreto de 12 de noviembre de 1889 que, con criterios asimilistas, y tal y como había propuesto en su día la Comisión de reformas creada en Manila a instancia del propio Becerra,103 inicia una parcial reforma de la
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Según palabras de Azcárate en el Congreso, sesión de 8 de marzo de 1890, p. 3266. DSC, 10 de julio de 1871, sesión en la que el diputado antillano acusa al Ministro de UltramarAyala-de oponerse a las reformas de Moret en Filipinas y anuncia la pérdida del Archipiélago si no se rectifica, porque —dice— allí «la revolución es saludada con amor y desde entonces principia un movimiento, que loco será el que no lo vea o no lo sienta». 98 Que en esta ocasión, pregunta al entonces ministro «Tejada de Valdosera» sobre la insurrección ocurrida en marzo en Samar (Visayas) con resultado de varios muertos; Tejada, si bien minimiza la cuestión, no duda en enviar allí un batallón de Marina … no en previsión de suceso alguno-dice-sino como mera precaución, DSC, 14 de junio de 1884, p. 545. 99 DSC, 15 de abril y13 de diciembre de 1889, pp. 2541 y 1917, respectivamente. 100 DSC, 12 de marzo de 1895, pp. 2206-2207. 101 Se extienden a las Islas los grandes Códigos peninsulares y parte de la nueva legislación civil penal y administrativa y en una ininterrumpida cadena de reformas se va configurando una nueva organización territorial con la creación de gobiernos civiles en diversas provincias de la isla de Luzón, consolidándose así el principio de separación de poderes iniciado en 1859, al atribuirle a estos funciones —a más de las gubernativas— administrativas y económicas y dejando en manos de los Alcaldes mayores las de índole estrictamente judicial. Vid., más pormenorizadamente, en CELDRÁ, 1994, pp. 199-207. 102 Por existir «grandes diferencias» entre la Península y las Islas, como expone en la Real Orden de 18 de enero de 1889 dirigida al Gobernador de Filipinas, Colección legislativa, primer semestre, pp. 46-50. Esta versión negativa de Becerra, recibe el juicio crítico del eminente filipinista Antonio M. Molina expresado así: «Lo que quiere decir que la igualdad jurídica de Filipinas con las provincias de España es ya asunto del pasado; que en adelante el Archipiélago habrá de ser gobernado según legislación especial, que en el más riguroso sentido de la palabra, tan solo somos una colonia de la Corona», vid. MOLINA, 1984, t. I, p. 284. 103 Que en uno de los dictámenes emitidos sobre la reforma municipal en las Islas calificaba como «uno de los más grandes desaciertos cometidos por España… al …aislamiento de las demás razas que ha mantenido con los naturales, contraviniendo así el espíritu de la Leyes de Indias» y recomendaba, entre otras medidas igualatorias, el cambio de denominación de las corporaciones locales filipinas (ayuntamientos de naturales, de españoles, de mestizos sangleyes), por el genérico de Ayuntamientos como en la Península. La cita la recoge PATERNO, 1893, pp. 101-102. 97
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administración local,104 como prolegómeno a la que años más tarde completaría el también por entonces liberal Antonio Maura y nuevo ministro de Ultramar con la vuelta de Sagasta a la Presidencia del gobierno; el joven ministro proyecta, entre otras importantes medidas que afectan a Cuba y Puerto Rico,105 un amplio plan de reformas administrativas que se concretan en un haz de Decretos de 19 de mayo de 1893,106 de entre los que cabe destacar los que tienden a impulsar una mayor integración de los indígenas a través de la reorganización de las arcaicas entidades locales,107 y de los también reestructurados Consejos de Administración; intenta con ello atraerse a los naturales de Archipiélago a través de su participación directa en los asuntos públicos tanto en los órganos de gobierno —a través de su integración en los citados consejos— como en las nuevas entidades locales —de cuyos cargos se excluye a los españoles—108
104 Tan solo se crean Ayuntamientos —cuya organización y competencias siguen el modelo del Ayuntamiento de Manila— en las provincias con gobiernos civiles de Albay, Batangas, Camarines e Ilocos Sur, Cebú, Jaro e Iloilo, pero no en los «pueblos de Indios» que continúan con sus instituciones tradicionales hasta la reforma de Maura de 1893. Aparte del cambio de denominación de estas entidades locales, el Decreto aporta como novedad la introducción de la figura del Secretario de Ayuntamiento; en todo caso, para ejercer este cargo como el de concejal se requiere, entre otras condiciones la de «ser español». 105 Nos referimos a las radicales modificaciones del régimen vigente en las Antillas que incorporaba el proyecto de Ley para el Gobierno y la Administración civil de las islas de Cuba y Puerto Rico, fechado en 5 de junio de 1893 y de claro sentido asimilista; proyecto que, tras enconados debates en el Congreso, fue la causa de su dimisión como Ministro de Ultramar. 106 Destinados a modificar la estructura del Consejo de Administración y la Administración de Justicia; a fijar los gastos e ingresos del Estado en el Archipiélago durante el ejercicio económico de 1893 a 1894; a establecer un nuevo régimen municipal para los pueblos de las provincias de Luzón y Visayas; a reorganizar los gobiernos civiles y político- militares; y a declarar libre la venta de de billetes de lotería. Todos ellos publicados en la Gaceta de Madrid de 22 y 23 de mayo. Merece también mención especial la Real Orden de 29 de Enero del mismo año destinada a que se cumpla «sin contemplación alguna» el Decreto del Gobernador de las Islas de 12 de septiembre de 1883, destinado a la impartición obligatoria del castellano, requisito necesario para «conseguir una asimilación prudente y constante». Poco después, la Gaceta de Manila de 20 de diciembre de 1894 publica el decreto del gobernador general Blanco que exime del cumplimiento de este requisito para ser elegido capitán o miembro del tribunal municipal, lo que evidencia, después de tres siglos de dominación española, la escasa difusión del idioma castellano, cuya enseñanza corría a cargo de las órdenes religiosas. 107 Sobre el tema vid. ARTIGAS, 1894. Por lo que hace al material documental relativo a la política local española en esta última etapa (1893-1897) puede verse en extracto en AHN-U, legajo 2320. 108 De hecho, para acceder a los más importantes cargos municipales, se requiere ser natural o mestizo de sangley, excluyendo a los peninsulares y a los mestizos de españoles, exclusión que es criticada desde diversos sectores, al considerarla contraria al criterio igualatorio establecido tanto por la Junta de Reformas de Filipinas como por la incipiente reforma municipal de Becerra, que pretendía ser «el primer paso para que los españoles, hijos del Archipiélago, sin distinción de razas, porque ante la ley no existen, adquieran …la idea del Municipio y su manera de funcionar». En el mismo sentido se manifiesta PATERNO, 1893, pp. 96-97, así como El Correo militar de 3 de julio de 1893 ( periódico que se presume órgano oficioso de Valeriano Weyler, exgobernador de Filipinas) y años más tarde, cuando ya había estallado la insurrección filipina, Camilo Millán y Villanueva, consejero de Administración y antiguo gobernador civil en varias provincias de las Islas, que considera vejatoria la exclusión de los peninsulares
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y a los que se otorga un amplio margen de autonomía. Pretende paliar así la evidente desigualdad ante la ley de indígenas y españoles que esgrimen los líderes del incipiente movimiento nacionalista filipino. La implantación del nuevo orden municipal, aunque pervertido,109 sigue su curso y a la par que se constituye el también reorganizado Ayuntamiento de Manila110 lo hacen los nuevos ayuntamientos indígenas. Así se recoge en la Circular de 18 de marzo de 1895 que expide el Director de Administración civil de las Islas —Ángel Avilés— dando cuenta del correcto desarrollo del proceso electoral y del interés de los nativos en secundarlo.111 Pero la realidad será muy otra; a las graves dificultades económicas con que se encuentran algunos de los recién constituidos tribunales municipales para atender los mínimos servicios locales, se une la crítica que, una vez dimitido Maura como ministro de Ultramar, recibe la nueva normativa local desde el estamento religioso —que ve comprometidas sus importantes facultades de control en el ámbito local—112 y desde los partidarios de un mayor centralismo ante el temor de que —pese a que el Real Decreto atribuye al gobernador la presidencia de todos los tribunales municipales y le faculta para en casos extraordinarios o por razón de la tranquilidad pública «decretar la destitución de los tribunales municipales» (artículo 45, párrafo segundo)— la amplia autonomía concedida a estos y a su presidente o capitán, merme el principio de autoridad.113 Y el problema se acrecienta cuando estalla
a los cargos municipales y contraproducente la inclusión de los mestizos de sangley, de entre los que «han salido la mayor parte de los cabecillas y el mayor número de los insurrectos calificados», MILLÁN, 1897, pp. 118-119. Con todo, la Circular de la Dirección Civil de 18 de marzo de 1895 permite la elección en algunos casos de los empleados de carreras civiles del Estado, previa la renuncia al cargo, y otra de 18 de marzo de 1895 posibilita el ejercicio del derecho de sufragio pasivo a los españoles filipinos mayores contribuyentes de cada localidad. Además, el elemental requisito de hablar y escribir castellano para el ejercicio de cargos municipales también es obviado por Decreto de Blanco de 18 de diciembre de 1894. 109 La fecha prevista para la constitución de los Tribunales municipales de Luzón y Visayas y el nuevo Ayuntamiento de Manila era la de 1 de enero y 1 de julio de 1894 respectivamente, pero la premura del tiempo obliga al gobernador de las Islas —General Blanco— a solicitar de Madrid hacer por una vez los nombramientos. Los publica la Gaceta de Manila de 16 de diciembre de 1894; algo similar ocurre con los 16 concejales del nuevo Ayuntamiento de Manila nombrados también por el gobernador en aplicación de la disposición transitoria segunda del Real Decreto de 19 de enero que le faculta para ello ínterin no se elaboren los padrones; la Gaceta de Manila de 30 de junio publica su nombramiento. 110 Por Real Decreto de 19 de enero de 1894, desarrollado por el Reglamento provisional del Gobierno General de las Islas de 30 de junio siguiente, Gaceta de Manila de 8 de julio. 111 Son numerosas las Instrucciones y Circulares que para ejecutar los Reglamentos de desarrollo de Decreto de Maura aparecen en la Gaceta de Manila en los años de 1894 y 1895 y que finalmente refunde Avilés a través de esta circular interpretatoria de todas ellas. El texto completo lo publica Artigas en su obra ya citada, Artigas, 1894, pp. 227-233. 112 «Los párrocos —dice el artículo 49— tan solo ejercerán funciones de inspección y consejo, y no se computará su asistencia en el número de los que hayan de concurrir para la validez de las deliberaciones del Tribunal municipal». 113 De ambas posturas críticas da cuenta por una parte el Procurador- Comisario de los Agustinos que, autorizado por dominicos, franciscanos y recoletos censura el «asimilismo mal entendido» de Maura, causa de que «el conquistador, el ente superior, sufrió una depresión, a todas luces evidente, así
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la insurrección en 1896.114 Tal circunstancia obliga al gobernador Camilo García de Polavieja, —en el cargo desde el 13 de diciembre de ese año— a decretar el día 24 la suspensión de las elecciones para la renovación de la tercera parte de los miembros de los tribunales en determinadas provincias (como expresamente preveía el artículo del Decreto maurista y el cese y sustitución interina de aquellos que se consideren desafectos a la soberanía española. Finalmente, el Real Decreto de 17 de septiembre de 1897115 —que en el gabinete presidido por el conservador Azcárraga refrenda el nuevo Ministro de Ultramar Tomás Castellano— no solo desmonta la autonomía local implantada por Maura —a la que se achaca la extensión de la insurrección— sino que, en contra de cualquier política asimilista y sin concesión alguna a las aspiraciones políticas de los filipinos, viene a robustecer el control político y militar del gobernador. Con todo, el Decreto lo suspende Moret y no llegaría a aplicarse en las Islas.116 Se sigue, pues, desde Madrid una política reaccionaria en total desacuerdo con las circunstancias del Archipiélago en el que en años de gobierno conservador se asienta el sentimiento nacionalista que deriva en la llamada rebelión tagala que no es sino consecuencia de un estado latente de descontento que evoluciona, lenta pero inexorablemente a lo largo del siglo XIX; descontento contra el inmovilismo de las instituciones y formas de
como el indígena se ensoberbeció al verse ante la ley igual que el español …ante quien no ha mucho por respeto y superioridad se arrodillaba»; la postura centralista se refleja en la revista quincenal «España en Filipinas», en el artículo titulado «Cartas a vuela pluma sobre las reformas municipales decretadas por el señor Maura», publicado el 18 de junio de 1895 y en el que se acusa a estas de atentar contra el principio de autoridad de los gobernadores civiles «sin otra autoridad que la de alta inspección», postura concorde con la de Millán Villanueva en 1987, partidario de robustecer el principio de autoridad en previsión de que «las cañas se vuelvan lanzas al campar por sus respetos los municipios», Millán, 1897, p. 47. Por el contrario, autonomistas y republicanos la aceptan con reservas —ya que la estiman insuficiente—, DSC, 14 y 15 de junio de 1893, y en sentido laudatorio se manifiestan el periódico conservador La Época de 3 de julio de 1893 y P.A. Paterno, que las considera como el preludio de futuras reformas, entre ellas, la consecución de la representación en Cortes, Paterno, 1893, pp. 273-274. 114 Sobre el tema, bien conocido, no nos detenemos. 115 Colección legislativa, vol. II de 1897, pp. 293-298. Tal Decreto reforma la legislación local maurista (a los capitanes los nombra ahora el gobernador —que también nombra a dos miembros de las Juntas provinciales— y se recortan sus facultades aunque se les atribuye las de justicia de paz en las pequeñas poblaciones, se impide el acceso a los cargos municipales a los mestizos de sangley…); el Código penal (se tipifica el separatismo como delito de traición y se penaliza en mayor grado la propaganda, la sociedad ilícita , el «pacto de sangre» —ceremonia de compromiso e iniciación en el Katipunan—sociedad secreta de base popular surgida en 1892 y de tendencia separatista —se amplían las facultades represivas del gobernador y los servicios de vigilancia y seguridad— a cargo de la Guardia civil y veterana- con la creación de un Cuerpo Inspector General de Policía); la enseñanza de dialectos filipinos (con la creación de Escuelas prácticas de Agricultura y de Artes y Oficios y de un Cuerpo de Aspirantes), etc. Su contenido se acomoda, en parte, a las reformas que Primo de Rivera había apuntado en reiteradas ocasiones como convenientes para el Archipiélago a Cánovas del Castillo y a Castellano. Así lo expone Primo de Rivera, 1898, p. 240. 116 Tal suspensión no se realiza formalmente ya que, como explica Primo de Rivera, 1898, p. 165, dos días antes de recibir el Decreto de Castellano, un cablegrama del nuevo Ministro de Ultramar ordena su suspensión.
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vida cristalizadas en moldes no tanto coloniales como misionales. El desinterés y la pasividad de Madrid habían descargado en exceso sobre las órdenes religiosas la responsabilidad del mantenimiento de la soberanía en el Archipiélago; contra esa situación se alza una generación de filipinos ilustrados que tras la apertura del canal de Suez llegan a España y a Europa y fomentan desde Madrid las reivindicaciones nacionalistas en conexión con centros de propaganda españoles y extranjeros; surge así un movimiento político conocido como «La Propaganda» que en círculos y reuniones frecuentados por personajes políticos e intelectuales —españoles y extranjeros— comienzan a organizarse en la Península; su gestión propagandística, a través de folletos y libros, se destina a conseguir, la asimilación política mediante el logro de la representación filipina en Cortes y entre otras medidas reformistas, la expulsión de las órdenes religiosas;117 su principal órgano de prensa es La Solidaridad (1889-1895) y su gran baza la publicación del libro de José Rizal Noli me tangere. Un paso adelante lo significa la constitución en Madrid de la Asociación hispano-filipina a la que sigue en Manila la Liga filipina, sociedades ambas vinculadas a la masonería y con el mismo objetivo común no teñido de móviles independentistas. Pero paralelo a ese movimiento reformista surge otro, el Katipunan, que lidera Andrés Bonifacio y cuya única aspiración es conseguir la independencia. Entre él y el sucesor de Rizal en el movimiento libertario de marcado matiz anticlerical —Emilio Aguinaldo, Capitán de uno de los Tribunales municipales recién creados por Maura: el de Cavite donde en 1896 tiene lugar la insurrección— se plantea la lucha por el control del futuro gobierno filipino. Vence Aguinaldo y rubrica el controvertido pacto de Biac-na-Bató con Primo de Rivera que aparentemente lleva la paz al Archipiélago.118 Sin embargo, so pretexto del incumplimiento de ciertas reformas incluidas en el mismo —pero en realidad bajo el estímulo del apoyo norteamericano a la independencia— la rebelión, seguida por la base popular y por la milicia indígena hasta entonces fiel a España, se reaviva y triunfa. A la par, en las Cortes, el descartado tema de de la representación parlamentaria vuelve a aflorar en el Congreso en unos momentos en los que reuniones y círculos vinculados a la masonería comienzan a organizarse en Barcelona y Madrid, bajo la dirección de filipinos cultos afincados en la Península cuya gestión propagandística se destina a conseguir, entre otros derechos políticos, la representación parlamentaria para el Archipiélago. La abordan en el primer período de apertura liberal los diputados Miguel Laguardia —antiguo jefe provincial y Magistrado de la Audiencia de Manila— y el liberal Francisco Calvo Muñoz. El primero, solicita en 1887 en forma de proposición de ley119 y
117 Sobre el origen y la implantación del movimiento nacionalista en Filipinas y sus protagonistas cualquier Historia general del Archipiélago nos puede ilustrar sobre el tema y, en lo relativo a su vinculación con la masonería, vid., entre otras, la obra del especialista en la materia, FERRER BENIMELLI, 1980 y 1997. Una más directa e interesante aportación de datos a los conocidos en 1896 sobre la materia, puede verse en los debates que se suceden en el Congreso en junio de 1899 al hilo del rechazo de los diputados tradicionalistas al acta de Miguel Morayta. 118 CELDRÁN, 1994, pp. 296-302. 119 A esta proposición acompañan otras dos; una que pretende la presentación anual y discusión de los presupuestos filipinos a las Cortes (en lo que insistirá Becerra en 1888) —que no llega a debatirse
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en consonancia con el «relativo adelanto de su cultura», una restringida presencia filipina en las Cámaras —de siete a nueve diputados y al menos seis senadores— proposición que finalmente no apoya. El segundo, presenta tres años más tarde una adición al artículo 25 del Proyecto de ley de sufragio universal,120 que reduce aún más el número de diputados filipinos —constreñidos a tres en su propuesta— pero también en este caso su propulsor retira la enmienda a petición del Ministro de Ultramar —Manuel Becerra— quien asegura la intención del gobierno de «caminar en esa dirección»,121 aunque condicionada al resultado de la reciente reforma del régimen local en las islas que el propio Becerra había decretado. Con todo y pese a no prosperar, ambas propuestas reciben los plácemes de alguno de los miembros del Congreso pero y, sobre todo, de la prensa tanto filipina como de la española afín a sus intereses.122 Incluso un filipino afincado en Madrid —Eduardo P. Casal y Ochoa—solicita respetuosamente de Sagasta, cuando menos, «un diputado para Filipinas», cifra que él mismo considera ridícula dados los siete millones de habitantes con que cuentan las Islas.123 Por su parte, años más tarde, la oposición autonomista y republicana, también toma la iniciativa en el tema. El diputado republicano Emilio Junoy presenta en 1895124 «cuarenta y ocho exposiciones de vecinos» de una curiosa y hetereogénea selección de ciudades y pueblos de España solicitando la representación filipina, posición que también hace suya el diputado radical Pí y Margall,125 quien la defendería en las Cortes de 1895.126
porque, a juicio de Balaguer, «es costumbre tradicional que no se presenten» y, otra, sobre atribuciones del Gobernador de las Islas, tendente a separar el mando civil y militar, que, como sabemos, confluía en la misma persona, DSC, 31 de enero de 1887, Apéndice decimocuarto a esta sesión. 120 Texto íntegro del Proyecto en DSC, 2 de marzo de 1889, Apéndice segundo. 121 DSC, 6 marzo de 1890, p. 3213. 122 Una comisión de filipinos residentes en Madrid felicita a La Guardia por su propuesta y la revista «España en Filipinas» dedica varios números a elogiarla a la vez que le pide «que insista en sus proyectos» (n.º 15 de junio de 1887, p. 3); la misma revista (n.º 8 de de 28 de abril, p. 4) se hace eco de la favorable acogida en las Islas, trasmitida a través del Diario de Manila. Por su parte, Calvo Muñoz recibe la felicitación por su iniciativa de Ramos Calderón, miembro de la Comisión, aunque, en línea con Becerra considera conveniente esperar al resultado de su reforma local, DSC, 7 de marzo de 1890, p. 3237. El mismo año de 1890 Marcelo H. del Pilar, estrechamente vinculado al movimiento nacionalista filipino, en un pequeño folleto intitulado Filipinas en las Cortes, Discursos pronunciados en el Congreso de los Diputados sobre la representación parlamentaria en el Archipiélago filipino, a la vez que inserta el texto de los debates, ensalza la petición del diputado. Pilar, 1890. 123 PILAR, 1888, pp. 30-31. 124 DSC, 21 de febrero de 1895, p. 1858. 125 DSC, 8 de junio de 1895, p. 4379. Pí, en consonancia con su ideario federalista y a diferencia del anterior de 1873, en el nuevo Proyecto de Constitución federal de 1883, otorga categoría de Estado federal a las provincias de Asia y África, situación que no altera en su Manifiesto-Programa de 22 de junio de 1894. Vid. texto en ARTOLA Y GALLEGO, t. II, pp. 198-206. 126 DSC, 8 de junio, p. 4379. La intervención de Pi y Margall daría lugar a una réplica de Pablo Feced, bajo el pseudónimo de «Quioquiap» en la revista de su dirección Política de España en Filipinas en los siguientes términos: «hay quien cree que todas las colonias son iguales… y porque a Cuba y Puerto Rico se concedan derechos políticos también a Filipinas deben concederse…. D. Francisco Pí y Margall,
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Pero los últimos acontecimientos ocurridos en las Islas van a sellar para siempre esa vieja aspiración filipina, rota desde 1837. A la rebelión tagala de 1896 sigue una fuerte política represiva que encarnan los generales Blanco, Polavieja y Primo de Rivera y, en contrapunto, el recrudecimiento de la insurrección tras la injusta ejecución de José Rizal y el fracaso del conciliatorio Pacto de Biac-na-Bató que suscribe con Aguinaldo Primo de Rivera y que culmina en el desastre de Cavite. Con todo, aún sonará el eco de la pretendida igualdad política hispano-filipina tanto en las Islas como en Madrid. Desde Manila, la solicita Paterno, miembro de uno de los veinte consejeros «de significación en el país» que integran la Asamblea consultiva creada por el General Augustín como último y forzado intento de conseguir la lealtad de los filipinos;127 la preside en su primera y única reunión de 28 de mayo de 1898 y pide en ella, como previa condición a una posible alianza con el pueblo filipino, la concesión de representación en las Cortes españolas; confía pues, en que la propuesta fuera admitida, como había manifestado poco antes en sendas cartas reservadas de 16 y 23 de febrero leídas en el Congreso el 16 de junio, en las que no solo dice: «venga la proclamación de la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares, la libertad de asociación y de imprenta», sino que solicita al gobierno la concesión de determinados honores por su labor negociadora, entre ellos el de senador, «para defender los intereses del país ahora que no tenemos diputados a Cortes y es ansiada la representación de Filipinas».128 Desde Madrid se manifiesta sobre ello el diputado republicano Emilio Junoy quien, al hilo del oscurantismo del gabinete Sagasta sobre la documentación referente a la pacificación de Filipinas, pide, sin éxito, que aclare su postura sobre dos importantes y necesarias medidas políticas para atajar la insurrección indígena hostigada por las propuestas americanas: representación parlamentaria y decreto urgente de amnistía para los insurrectos.129 Poco después, firmado y ratificado en doloroso trance el Tratado de París y perdidos los últimos jirones del Imperio colonial español, el primer Código Constitucional filipino tras la independencia, la Constitución de Malolos de 20 de enero de 1899, sirve de epílogo al proceso ideológico que nace de la revolución de 1869 y se prolonga hasta la emancipación. En él, en manifiesta respuesta a las reivindicaciones de los filipinos, nunca apreciadas ni reconocidas por España, se reproduce casi íntegramente (Título IV. De los Filipinos y sus derechos nacionales e individuales) la minuciosa tabla de derechos contenida en el Título I de la Constitución de 1869.130
tiene ideas muy originales…pero aún es más chusco lo que dijo sobre las libertades…que el rey de los federales quiere para Filipinas… ¿Qué libertades y qué diputados son esos…? ¡Diputados por Filipinas! ¡Si allí no hay opinión! ¡Si allí no hay espíritu público! ¡Si allí no es posible el régimen de aquí!» 127 El Decreto de creación de este órgano consultivo se inserta en la Gaceta de Manila de 4 de Mayo a la vez que otro en el que, con la vista puesta en la defensa de la asediada Manila crea las llamadas Milicias filipinas, cuerpo paramilitar abierto con ciertas limitaciones, a todos los que lo soliciten y para cuyo acceso se ofrecen beneficiosas ventajas. 128 DSC, 16 de junio de 1898, p. 1429. 129 DSC, 28 de mayo, p. 886. 130 Vid., al respecto, el estudio comparado de ambas Constituciones realizado por CELDRÁN, 1991, pp. 201-242.
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Índice de figur as
CUADRO 1. Ubicación del Cabo San Lucas (siglo XVIII)........................................................
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CUADRO 2. Navíos en ruta de Manila a Acapulco, 1816-1821 ............................................. 112 CUADRO 3. Comparativa de las aportaciones de otros autores sobre el Galeón de Manila entre 1814 y 1820 ........................................................................................................... 117 CUADRO 4. Navíos en la ruta del Galeón de Manila y valores registrados, 1816-1821 ...... 126 CUADRO 5. Procedencia de los «indios chinos» establecidos en la Mar del Sur ................. 141 CUADRO 6. Matrimonios de «indios chinos» en la Mar del Sur .......................................... 146 CUADRO 7. Compraventa de «indios chinos» esclavos en Colima, siglo XVII ...................... 149 FIGURA 1. Árbol genealógico con la ascendencia hidalga de Pedro González de Rivero ...
53
FIGURA 2. Origen de asiáticos, indios chinos y chinos en Puebla (1591-1803) .................. 169 FIGURA 3. Ubicación de asiáticos, indios chinos y chinos en Puebla (1591-1803) ............ 170 FIGURA 4. La rue de l’Escolta à Manille, Dibujo de D. Lancelot.......................................... 210 FIGURA 5. Domingo Roxas..................................................................................................... 216 FIGURA 6. José Bonifacio Roxas ............................................................................................. 216 FIGURA 7. Salon du négociant chinois Narciso..................................................................... 219 FIGURA 8. Pedro Roxas de Castro .......................................................................................... 223 FIGURA 9. Carmen de Ayala Roxas ........................................................................................ 223 FIGURA 10. Plano de la Real Fuerza, baluartes y línea de la plaza de San Agustín de Florida ............................................................................................................................ 235
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ÍNDICE DE FIGURAS
MAPA 1. «Carte de la Mer du Sud» .......................................................................................
77
MAPA 2. «Carta de la Mar del Sur o Mar Pacífico entre el Ecuador y 39½ de latitud septentrional hallada por el almirante Jorge Anson en el Galeón de Filipinas que apresó» ............................................................................................................................
77
MAPA 3. «Carte des Nouvelles Découverts entre la partie Orientale de l’Asie et l’Occident de l’Amérique» ...............................................................................................................
82
MAPA 4. «Mapa de la América Septentrional» .....................................................................
83
MAPA 5. Lugares de procedencia de los «indios chinos» en la Nueva España ................... 139 MAPA 6. Zonas de establecimiento de los «indios chinos» en la Mar del Sur .................... 143
Los autores
MARÍA DOLORES ELIZALDE es investigadora científica en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científica. Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido Research Scholar en el Department of International History, London School of Economics and Political Sciences, y Visiting Fellow en la Université de Paris 1-Sorbonne, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, y la School of Pacific and Asian Studies, University of Hawaii. Especialista en historia internacional, sociedades coloniales y procesos coloniales y postcoloniales en Asia y el Pacífico, así como en el período histórico de la Restauración española (1875-1902). Entre sus publicaciones destaca la autoría y edición de los siguientes libros: España en el Pacífico del siglo XIX: La colonia de las Carolinas, un modelo colonial en el contexto internacional del imperialismo (1992); Imperios y Naciones en el Pacífico (2001), editado junto a Josep M. Fradera y Luis Alonso; Las relaciones entre España y Filipinas, Siglos XVI-XX, ed. (2003); Repensar Filipinas. Política. Identidad y Religión en la construcción de la nación filipina, ed. (2009); Filipinas, un país entre dos imperios (2011) editado junto a Josep M. Delgado; Entre España y Filipinas: José Rizal, escritor, ed. (2011); Nacionalismo versus Colonialismo. Problemas en la construcción nacional de Filipinas, India y Vietnam, ed. (2013); Filipinas, siglo XIX: Coexistencia e interacción entre comunidades en el imperio español (2017) editado junto a Xavier Huetz de Lemps; y Gobernar colonias, administrar almas. Poder colonial y órdenes religiosas en la renovación de los imperios ibéricos (1808-1930), editado junto a Xavier Huetz de Lemps y Gonzalo Álvarez Chillida (2018). Ha sido comisaria de la exposición «Entre España y Filipinas: José Rizal, escritor», Biblioteca Nacional de España, 2012. CARMEN YUSTE es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por la Universidad del País Vasco. Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora en la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y tutora en los Posgrados de Historia y de Derecho de la misma institución. Es autora de diversas publicaciones referidas al siglo XVIII novohispano, en particular en
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lo concerniente al estudio del comercio y los comerciantes de la Ciudad de México en el eje transpacífico. Entre sus trabajos destacan los libros: Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815 (2007); El comercio de Nueva España con Filipinas, 1590-1785 (1984), así como las ediciones documentales Comerciantes mexicanos en el siglo XVIII (1991), y Antonio Álvarez de Abreu, Extracto historial del comercio entre China, Filipinas y Nueva España (1978). XAVIER HUETZ DE LEMPS es doctor en Historia por la Universidad de Burdeos III (1994). Fue director de estudios para las épocas moderna y contemporánea en la Casa de Velázquez (Madrid) y actualmente es catedrático de historia contemporánea en la Universidad de Nice Sophia Antipolis (Francia). Su tesis doctoral versaba sobre la historia urbana de la ciudad de Manila en el siglo XIX. Su campo de investigación se desplazó progresivamente hacia el estudio comparativo de las ciudades coloniales y la historia de la administración colonial española en Filipinas. Sus investigaciones actuales se centran en el estudio de las relaciones entre los poderes coloniales y el clero misional, la historia de las migraciones y el estudio de los Roxas, una destacada dinastía de empresarios criollos. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran: L’archipel des épices. La corruption de l’administration espagnole aux Philippines (fin XVIIIe siècle – fin XIXe siècle), 2006 y, escrito junto a Odile Goerg, La ville coloniale XVe-XXe siècle, Paris, collection Points Seuil, 2012. JAVIER SANCHIZ RUIZ es maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y docente en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte la materia de Paleografía desde 1987. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha trabajado grupos de poder en Nueva España y México, con especial atención a la nobleza titulada y la población de origen vasco. Sus últimos trabajos se han encaminado al análisis de la casuística que ha propiciado injertos y falsificación documental y a configurar redes parentales a través de la reconstrucción familiar (genealogía); resultados estos últimos que son puestos en línea a través del portal de Geneanet. Entre sus publicaciones más destacadas están los volúmenes de la Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México (20102012). GUADALUPE PINZÓN RÍOS es doctora en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesora en la misma universidad. Entre sus trabajos pueden mencionarse los libros Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur. Desarrollo portuario del Pacífico novohispano a partir de sus políticas defensivas (1713-1789) y Hombres de mar en las costas novohispanas. Trabajos, trabajadores y vida portuaria en el departamento marítimo de San Blas (s. XVIII) así como diversos artículos y capítulos de libros. También ha coordinado en publicaciones colectivas como El Mar: Percepciones, lecturas y contextos: una mirada cultural a los entornos marítimos, Resonancias Imperiales. América y el Tratado de Utrecht de 1713 o A 500 años del hallazgo del
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Pacífico. Presencia novohispana en el Mar del Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y tutora del Posgrado de Historia y de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. ANDER PERMANYER UGARTEMENDIA es doctor en Historia por el Insitut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives, en la Universitat Pompeu Fabra, licenciado en Humanidades por la misma universidad, y en Estudios de Asia oriental por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sido investigador visitante en el departamento de Historia de la University of Chicago, y en el Laboratoire Idees de la Université Le Havre Normandie, así como becario Asia Pacífico por la Fundación Ico en la Peking University. Es profesor de Historia de Asia oriental y global en la Universitat Pompeu Fabra y en la Universitat Oberta de Catalunya, y miembro del Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (Grimse), basado en la Universitat Pompeu Fabra. Investiga sobre la presencia española en el comercio de Asia oriental en el tránsito de las épocas moderna y contemporánea, observando los vínculos entre Filipinas, el sur de China y la India; más concretamente, ha trabajado sobre el desarrollo de la Real Compañía de Filipinas —y su primer representante en China, Manuel de Agote y Bonechea—, el comercio privado filipino, y el comercio español del opio entre la India y China. Está trabajando en un libro sobre este último tema, del que asimismo publicó un artículo en el Investigaciones de Historia Económica, valedor del XXVII Premio Ramón Carande Joven Investigador en Historia Económica, de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE). MANUEL PÉREZ LECHA (Castellón, 1986) obtuvo el título de Doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Jaume I de Castellón en el año 2014, con una investigación sobre el período final del Galeón de Manila: Los últimos años del Galeón de Manila. El ocaso de un modelo colonial hispano en el Pacífico, 1785-1821. Con estancias de investigación en centros como la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como varios años de docencia en la Universitat Jaume I, es autor de diversos artículos sobre el período final del Galeón de Manila y la Real Compañía de Filipinas. Sus líneas de investigación son la Historia de Filipinas, el comercio intercolonial y transpacífico, y el período final del Imperio español. PAULINA MACHUCA es profesora-investigadora de El Colegio de Michoacán. En los últimos años se ha especializado en la historia de los intercambios culturales entre México y Filipinas durante los siglos XVI al XVIII, periodo en que el Galeón de Manila transportaba individuos, recursos materiales y naturales, pero también ideas y técnicas entre el mundo asiático y el americano. Para ello, ha realizado trabajo etnográfico en Luzón, las Bisayas y Mindanao (Filipinas) en distintos años, así como investigación documental en archivos de México, España y Filipinas. Entre la producción científica más reciente se encuentran el libro coordinado con Thomas Calvo (2016), México y Filipinas: culturas y memorias sobre el Pacífico, bajo el sello de El Colegio
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de Michoacán y el Ateneo de Manila University; y de próxima aparición, Historia mínima de Filipinas por El Colegio de México. En 2013 dirigió el documental Hacer tuba en México y Filipinas: cuatro siglos de historia compartida. Es autora de diversos artículos en revistas arbitradas y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, y en 2011 recibió la Beca para la Mujer en las Humanidades, distinción otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias, la Presidencia de la República y el CONACYT. RUBÉN CARRILLO MARTÍN es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, con especialización en historia, por la Universitat Oberta de Catalunya (2015) y Maestro en Historia del Mundo (2010) y Estudios Chinos (2012) por la Universitat Pompeu Fabra. Es profesor asociado de Historia Universal Contemporánea en la Universitat Internacional de Catalunya y profesor colaborador en la Universitat Oberta de Cataluña. Fue miembro del Consejo Ejecutivo de la World History Association (20152017) y miembro fundador del Consejo Editorial de Entremons : UPF Journal on World History. Su tesis doctoral, Asians to New Spain: Asian cultural and migratory flows in Mexico in the early stages of « globalization » (1565-1816), trata sobre la historia y el legado de la primera diáspora asiática en Nueva España. Ha publicado Las gentes del mar sangley, sobre esta misma temática. M.ª DOLORES GONZÁLEZ-RIPOLL es científica titular del Instituto de Historia del CSIC donde pertenece al Grupo de estudios comparados del Caribe y mundo atlántico (GECCMA). Sus trabajos se han centrado en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XVIII y XIX, las expediciones científicas ilustradas, las elites, redes sociales y familia en la Cuba colonial y la historia conceptual. Entre sus trabajos se hallan: Cuba, la isla de los ensayos. Economía y sociedad (1790-1815); Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración; José Julián Parreño, un jesuita habanero; junto a Gabriel Entin (eds.), Libertad. La Dra. González-Ripoll ha realizado numerosas estancias de investigación en México, Francia, Cuba, Gran Bretaña, Estados Unidos, ha dirigido dos proyectos científicos y colaborado en muchos otros a nivel nacional e internacional y ha participado en numerosos congresos. Pertenece a la red internacional de estudios comparados del Caribe y Mundo Atlántico (RECCMA) y a la red Iberconceptos. INÉS ROLDÁN DE MONTAUD, doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido Research Scholar en el Department of International History, London School of Economics and Political Sciences, y profesora asociada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá, entre 1997 y 2012. En la actualidad es investigadora científica del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se interesa por la historia política, económica y financiera del Caribe durante el siglo XIX. Es autora de varios libros y numerosos artículos, entre otros: La Hacienda pública en Cuba durante la guerra de los diez años (1990); La Restauración en Cuba: el fracaso de un proceso reformista (2000); La banca de emisión en
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Cuba (2004); Las Haciendas públicas en el Caribe hispano durante el siglo XIX (2008), o Las cajas de ahorros en las provincias de Ultramar (1840-1898). Cuba y Puerto Rico, junto con Francisco Comín y Ángel Pascual (2010). JULIA CELDRÁN RUANO, profesora titular, Departamento de Derecho Administrativo, Universidad de Murcia. Especialista en historia del derecho, ha escrito varios trabajos clásicos para la historia jurídica de Filipinas como son Instituciones hispano-filipinas del siglo XIX, 1994; «La Administración municipal de Filipinas en el último tercio del siglo XIX: Reformismo versus autonomismo», Anales de Derecho: revista de la Facultad de Derecho, 2007; «La configuración del sistema jurídico hispano en las Islas Filipinas: orígenes y evolución (siglo XVI-XVIII)», 2009.
1. Daniela Marino, Huixquilucan. Ley y justicia en la modernización del espacio rural mexiquense, 1856-1910, 2016. 2. Gleydi Sullón Barreto, Extranjeros integrados. Portugueses en la Lima virreinal, 1570-1680, 2016.
TIERRA NUEVA El libro que aquí se presenta, Redes imperiales: intercambios, interacciones y representación política en Nueva España, las Antillas y Filipinas, siglos xviii y xix, parte de la idea de que el imperio español no se forjó solo a través de unas directrices metropolitanas y unas respuestas locales, diferentes en cada espacio, sino que lo hizo a través de continuas interacciones entre los distintos ámbitos, en complejos caminos de ida y vuelta, hechos de mutuas influencias, y forjados a través de diferentes planos de relación y con la participación de múltiples protagonistas. Desde esa perspectiva de movilidad e interacciones dentro del imperio, en este volumen, especialistas españoles, mexicanos y franceses inciden en el estudio de la formación de redes en el imperio español, en los siglos xviii y xix, a partir del análisis comparado de tres espacios: Nueva España, las Antillas y Filipinas, y a través de tres perspectivas: los intercambios entre distintos ámbitos y grupos del imperio; los procesos de mestizaje e integración; y la representación política.
ISBN: 978-84-00-10379-8
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ESTUDIOS AMERICANOS. Tierra Nueva
MARÍA DOLORES ELIZALDE - CARMEN YUSTE (eds.)
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CSIC
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MARÍA DOLORES ELIZALDE
REDES IMPERIALES Intercambios, interacciones y representación política entre Nueva España, las Antillas y Filipinas, siglos xviii y xix
Investigadora científica en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido Research Scholar en el Department of International History, London School of Economics and Political Sciences, y Visiting Fellow en la Université de Paris 1-Sorbonne y en la School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Es especialista en historia internacional, sociedades coloniales y procesos coloniales y poscoloniales en Asia y el Pacífico, así como en el período histórico de la Restauración española (1875-1902). Su último libro publicado, editado con Xavier Huetz de Lemps, es Filipinas, siglo xix: coexistencia e interacción entre comunidades en el imperio español (2017).
CARMEN YUSTE Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora en la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y tutora en los Posgrados de Historia y de Derecho de la misma institución. Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por la Universidad del País Vasco. Es autora de diversas publicaciones referidas al siglo xviii novohispano, en particular en lo concerniente al estudio del comercio transpacífico. Entre sus trabajos destacan los libros Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815 (2007) y El comercio de Nueva España con Filipinas, 1590-1785 (1984).
MARÍA DOLORES ELIZALDE CARMEN YUSTE (eds.)
ESTUDIOS AMERICANOS. Tierra Nueva CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
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Imagen de cubierta: José Honorato Lozano, «Vista de la Barra de Manila desde la Capitanía del Puerto», en Álbum de Tipos de Filipinas para el Excmo. Sr. D. José de la Gándara y Navarro, 1867, acuarela (reproducido en José María A. Cariño y Sonia Pinto Ner, Álbum: Islas Filipinas, 1663-1888, Ars Mundi, Philippinae, 2004, p. 207).
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