Curso De Derecho Economico

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CURSO DE DERECHO ECONOMICO

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CURSO DE DERECHO ECONÓMICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUR/DICAS Serie J. Enseñanza y Material Didáctico, Núm. 9 Edición al cuidado de: MIGUEL LóPEZ RUIZ Y JUAN ANDRADE Diseño de la portada: ARMANDO GARCÍA Y DE LA CONCHA

JORGE WITKER V.

CURSO DE DERECHO ECONÓMICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO MÉXICO 1989

Primera edición: 1989 DR © 1989. Universidad Nncional Autónoma de México INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Ciudad Universitaria, CP. 04510, D. F. Impreso y hecho en México

ISBN 968-36-0695-4

INDICE GENERAL 7 9

Presentación. . Prólogo CAPÍTULO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 13 15 17 18 19

A. Generalidades B. Derecho de la economía y derecho económico. C. Sujetos del derecho económico D. Clasificación del derecho económico. E. Definiciones de derecho económico .

CAPÍTULO 11

ANTECEDENTES DEL DERECHO ECONÓMICO A. Antecedentes europeos B. Antecedentes del derecho económico en México C. Fuentes del derecho económico



21 23 24



29 30

30 31



CAPÍTULO III

SISTEMA ECONÓMICO Y SISTEMA JUR/DICO A. Generalidades B. Breve evolución histórica de los tres sistemas . 1, Sistema de economía libre o de mercado 2. Sistema de economía centralmente planificada 3. Sistema de economía mixta C. Intervención del Estado D. Intervención parcial y participación directiva y rectora.





32 33 34

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INDICE

E. Formas de intervención 1. Intervención directiva 2. Intervención directa F. Grados de participación

36 36 36 36

CAPÍTULO IV DERECHO ECONÓMICO ¿PÚBLICO O PRIVADO? A. Generalidades 39 B. Características del derecho económico. 41 1. Instrumental ......... 41 2. Finalista 41 3. Humanista 41 4. Dinámico 41 5. Complejo 42 6. Criterio de especialidad 42 C. Derecho económico como instrumento de cambio social. 43 CAPÍTULO V ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO MEXICANO A. Generalidades 45 B. Rectoría estatal, económica mixta y planeación democrática 46 C. El artículo 28 constitucional 49 D. Síntesis de la Organización Económica Federal. 51 E. La legislación económica secundaria 52 F. La ley de planeación 54 Ley de planeación 57 CAPÍTULO VI LOS RECURSOS NATURALES A. Generalidades 71 B. Recursos naturales 71 C. Régimen jurídico de los recursos naturales renovables en México 73 1. Suelo y su reglamentación jurídica 73

603

ÍNDICE

75

2. Los recursos forestales 3. Protección jurídica de la ganadería y de la fauna silvestre 4. Régimen jurídico de las aguas. . 5. Recursos naturales no renovables. . . Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Ley del servicio público de energía electrica. CAPÍTULO

77 78 82 91 95

VII

FINANZAS PÚBLICAS Y EL DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA FISCAL PARA EL EQUILIBRIO DE LA ECONOMÍA A. Generalidades B. Concepto de presupuesto y gasto público C. Características jurídicas del presupuesto D. Etapas del presupuesto E. Fuentes jurídicas del presupuesto en México F. Ley general de deuda pública G. El pacto de solidaridad económica y el gasto público Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal. • Ley general de deuda pública. CAPÍTULO

107 108 109 110 110 112 113 115 129

VIII

RECTORÍA DEL ESTADO EN BANCA Y CRÉDITO 139 A. Generalidades ...... . . < 140 B. Banco de México, organismo descentralizado C. Otros instrumentos jurídicos reguladores del sistema 143 financiero Ley orgánica del banco de México ... 151 Reglamento interior del Banco de México . 169 CAPÍTULO

IX

DERECHO ECONÓMICO Y FOMENTO INDUSTRIAL A. Generalidades B. Los actores del desarrollo industrial .

175 177

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ÍNDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

178 Las Empresas Paraestatales 179 Las medianas y pequeñas empresas Apoyos tecnológicos a las pequeñas y medianas empresas 181 Estímulos Fiscales al desarrollo tecnológico . . . . 184 Apoyos Financieros a las pequeñas y medianas empresas 185 Empresas y cooperativas del sector social 186 Las microindustrias 186 . . . Las Empresas Transnacionales 188 Síntesis de los instrumentos jurídico-administrativos de Fomento Industrial 213 10. Bases del Plan de Desarrollo Industrial 1988-1994 . 214 Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión 217 extranjera Ley sobre control y registro de la transferencia tecnológica y el 227 uso y explotación de patentes y marcas 237 Ley de invenciones y marcas CAPÍTULO X

RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 291 A. Generalidades 292 B. La política comercial o de comercio exterior 293 C. Las fuentes jurídicas del comercio exterior . 293 1. Las fuentes internas 294 a. La ley en materia de Comercio Exterior . . . b. Reglamentos y otras normas vigentes relacionadas 298 con la ley de Comercio Exterior 299 c. Los Aranceles y Tarifas 301 1. Nomenclaturas 301 2. Impuestos ad valorem 303 d. La Ley Aduanera e. Otras autorizaciones y certificaciones en Comercio 305 Exterior f. Comercio exterior y Control de Cambios 305 g. Estímulos al Comercio Exterior . . 309 2. Las fuentes jurídicas internacionales de Comercio 312 Exterior 312 a. Generalidades 313 La adhesión de México al GATT . b.

ÍNDICE

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c. Acuerdos Bilaterales 315 317 d. Convenios sobre productos Ley reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio Ex319 terior ( D.O. 13-1-86) Reglamento contra prácticas desleales de Comercio Internacio333 nal (D.O. 27-XI-86) CAPITULO XI

EL TURISMO Y SU REGULACIÓN JUR/DICA 351 A. Generalidades • 352 B. El Turismo en México ... • 353 C. Los propósitos del Plan .. .. • 353 Lineamientos de estrategia del Plan . . 1. • 354 Lineamientos generales de acción en el Plan . 2. a. Información turística 354 • 354 b. Diversificación de mercados • 355 c. Promoción y publicidad 355 d. Comercialización 355 e. Turismo fronterizo f. Turismo interno 355 355 g. Turismo social 356 h. Planta turística ... 356 i. Capacitación 356 j. Transporte k. Desarrollo turístico regional 357 • 357 1. Política financiera ... . 357 m. Coordinación intersectorial 357 D. Ley Federal de Turismo (D.O. 6-11-1984) E. Disposiciones jurídicas relacionadas con las principales . 360 actividades de la Secretaría de Turismo . . 360 1. Disposiciones generales . . 360 2. Disposiciones organizativas . . 360 3. Disposiciones en planeación turística 4. Disposiciones en materia de regulación de servicios turísticos 361 5. Disposiciones de las entidades paraestatales del sector 362 turismo 365 Ley Federal de Turismo

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ÍNDICE CAPÍTULO

XII

EL DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A. Generalidades 385 B. Breve diagnóstico de los factores que atentan contra la salud 385 ambiental C. El derecho económico ante la salud ambiental 389 389 D. Asentamientos humanos 391 1. El derecho a la vivienda 2. Reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos 393 3. Reformas a la Ley General de Bienes Nacionales 395 4. Ley Federal de Vivienda 395 5. órganos de gestión paraestatal en materia de vivienda 402 E. Derecho ambiental 405 1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (D.0.284-1988) . . . .. ... . 409 2. Reglamento en materia de impacto ambiental (D.0.7421 11-1988) 3. Otros proyectos de reglamento en materia de impacto ambiental 422 422 F. La protección al consumidor 1. Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 423 económica 2. Ley Federal de Protección al Consumidor (D.O. 5-II424 1976 y 15-1-88) 3. La protección al consumidor regulada en otras leyes. 429 435 Legislación complementaria 435 Ley Federal de Vivienda 457 Ley de Equilibrio Ecológico 525 Ley Federal de Protección al Consumidor 571 Acuerdo del C. Procurador federal del consumidor Bibilogra fía 591 Programa de derecho económico vigente en la Facultad de Dere597 cho de la UNAM

Curso de derecho económico, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se terminó de imprimir el 10 de febrero de 1989 en los talleres de IMPRESOS CHÁve.z. La edición consta de 2000 ejemplares.

PRESENTACIÓN El Instituto de Investigaciones Jurídicas se complace en presentar esta versión actualizada del Curso de Derecho Económico de Jorge Witker, Investigador Titular de •esta Dependencia y Profesor por oposición de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la LINAM. El volumen comprende doce capítulos que desarrollan el programa de la asignatura vigente en México. La ordenación sistemática de la prolífica legislación económica representa un esfuerzo didáctico que el autor realiza con claridad y lenguaje preciso, condiciones que son respaldadas por su importante trayectoria académica, fincada en quince arios de docencia e investigación de Jorge Witker en nuestra Casa de Estudios. Por ello el Curso de Derecho Económico que ahora nuestro Instituto publica tiene la intención de ser una contribución a estudiantes y maestros en un área jurídica de actualidad y enorme trascendencia para la formación e información de abogados y juristas. Sean además estas palabras un reconocimiento a uno de nuestros investigadores más ligado a las tareas de docencia, de nuestra dependencia. JORGE MADRAZO CUÉLLAR

32 de agosto de 1988

PRÓLOGO La pretensión del presente volumen es dotar a los estudiantes de derecho de una guía sistemática acerca de la prolifera y dispersa legislación económica nacional, que esté inscrita en un esquema conceptual elemental y sencillo del naciente derecho económico. La empresa no ha sido fácil, por cuanto se trata de integrar en doce capítulos las bases sustanciales del derecho económico mexicano, siguiendo el programa que la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó en 1983, y que entró en vigencia a partir del segundo semestre de 1984. El programa en sí constituye un paso serio de decantamiento y precisión temática que viene a ordenar criterios centrales en torno a una disciplina que se abre paso empíricamente y que aún carece de un basamento teórico riguroso. El enfoque didáctico, el método de presentación de los capítulos es necesariamente práctico, y privilegia más las fuentes positivas de las reflexiones teóricas que tanta falta hacen a esta novel disciplina. En efecto, los primeros cuatro capítulos conceptuales sólo bosquejan los problemas, dejando a la imaginación y esfuerzo creador de los maestros, la profundización en problemas como concepto, objeto, sujeto y método en el derecho económico, cuestiones que se dificultan arduamente, pues se trata de integrar en un objeto de estudio nuevo y específico, la convergencia entre la política económica y la ciencia del derecho. Para llenar este vacío hemos seleccionado una extensa bibliagrafía que amplía el horizonte de estos capítulos fundamentales, para el manejo posterior de la legislación positiva vigente en el ámbito de la economía nacional. Los capítulos del V al XII integran un conjunto de tópicos que son abordados desde una perspectiva no formalista. Aquí es fundamental situar cada tema en su aspecto económico-social y político, y desde allí hacer emerger la norma jurídica concreta, con lo cual visualizamos a las normas de derecho económico como instrumentos reguladores de las acciones del poder público, única forma de darle el sentido finalista y teleológico que tiene esta joven disciplina jurídica.

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Es decir, se trata de utilizar un método realista del derecho económico, como única manera de formar e informar a los estudiantes en temas, instituciones y asuntos que están en la problemática global de México, y que no pueden ser vistos a la luz de estudios exegéticos puros. Estamos conscientes, además, de que ningún libro por muy completo que sea puede reemplazar el cotejo directo del estudiante con las fuentes reales del conocimiento jurídico-económico, cotejo insustituible que sirve de base al aprendizaje, proceso que se da a través de la experiencia directa del sujeto que aprende, al alumno. Es por ello que sugerimos que los estudiantes deben investigar y compendiar en cada unidad temática del programa, las teorías, opiniones, doctrinas y leyes postivas, uniendo —.entonces— la investigación a la docencia, síntesis que forma conciencias críticas y abiertas, fundamentos de la nueva revolución educativa que México requiere para asomarse al siglo xxi. Se trata así de usar este volumen como una guía que señale cuando más el camino, pero que maestros y estudiantes deben enriquecer y poner al día, especialmente en el aspecto legislativo, donde los cambios son la sustancia y la vida de la regulación económica. En esta perspectiva hemos abordado la tarea de escribir el presenté' libro. Su lenguaje ha intentado ser sencillo, pese a la complejidad de los asuntos. Su método abierto y polémico, como es la política económica en nuestros países. Sus fuentes, las estrictamente necesarias, y sus notas exiguas y esenciales. En otras palabras, guiados por un programa nuevo de nuestra materia, hemos insinuado una sistemática que esperamos sea útil a tanto maestro que profesa la cátedra de tan complejo mundo jurídico-económico. Finalmente, los estudiantes encontrarán aquí solamente los puntos esenciales, fuentes, fechas y autores. El aprendizaje real y verdadero del derecho económico depende, y se funda, en el trabajo diario y permanente de los maestros, que con su cátedra estimulan, y de las discusiones que con verdadero entusiasmo intelectual, formen e informen a los futuros abogados. Respecto de la importancia de esta asignatura, Sidney Webb refería a sus alumnos la vida cotidiana en el régimen local de una ciudad cualquiera de Inglaterra —que nosotros extendemos a nuestra realidad nacional— y al respecto expresaba: John Smith se despierta en la vivienda que le ha proporcionado el Municipio, al escuchar las campanas del reloj municipal. Enciende

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el alumbrado eléctrico de la fábrica municipal, hace su aseo con el agua del abastecimiento municipal, y bebe un vaso de leche certificada municipal, calentada con el gas de la fábrica municipal. En la calle, naturalmente municipal, toma el tranvía o el autobús municipal.., leerá los periódicos de una biblioteca pública, contemplará las obras de arte de un museo municipal, practicará el deporte en un parque municipal... Si no pertenece a la clase bastante pudiente de la ciudad, será asistido y hospitalizado en los establecimientos municipales y por facultativos también municipales, y allí también dará su mujer a luz... Y un día, como todos los humanos, John Smith, morirá y después de la inscripción de su muerte en el registro municipal, será llevado al cementerio municipal de su ciudad... Por último, completan las fuentes del texto un anexo de leyes y documentos fundamentales para cada capítulo, que en ningún caso agotan el tema, y que deben ser actualizadas y completadas por los propios estudiantes. Esta nueva edición patrocinada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su serie Textos Didácticos constituye un privilegio para el autor, quien cumple quince arios de trabajo en dicha dependencia en donde sus exdirectores, doctores Héctor Fix-Zamudio y Jorge Carpizo y su actual, el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, han estimulado e impulsado con su ejemplar vida académica al autor. La gratitud a ellos es una norma permanente que nos anima y reconforta, a proseguir con la tarea de hacer de nuestra Universidad más eficiente y democrática. EL AUTOR

Ciudad Universitaria, julio de 1988

CAPÍTULO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES A. Generalidades B. Derecho de la economía y derecho económico. C. Sujetos del derecho económico . D. Clasificación del derecho económico. E. Definiciones de derecho económico .

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CAPÍTULO I CONCEPTOS FUNDAMENTALES A. GENERALIDADES

El derecho, como conjunto de normas coactivas que el Estado impone a la sociedad, constituye un fenómeno histórico en constante evolución y cambio. En su tarea reguladora el Estado democrático recurre al derecho para: a) reglamentar las relaciones económicas; b) definir la organización de la sociedad y del propio Estado, y c) crear los mecanismos que resuelvan los conflictos y controversias de intereses dentro de un contexto de paz socia1.1 En dicho contexto es posible discernir las relaciones que se dan entre el sistema económico y las instituciones jurídicas, en cualquier sociedad, operando una interacción dialéctica entre el derecho y la economía. Al efecto, la propiedad privada (románica-continental), la libertad de contratación y la libertad económica, fueron los pilares del modelo económico liberal que se consolidó en el siglo XIX y que se expandió universalmente con base en una economía autorregulada por las fuerzas del mercado en competencia perfecta, y descansa precisamente en tales instituciones jurídicas. Es decir, economía privada y derecho individualizado son las dos caras de un mismo proceso, que opera en dicho lapso histórico y consolida la hegemonía de una clase social (burguesía), que nace de la sociedad feudal emprendiendo el tránsito a un sistema social más avanzado y progresista: el capitalismo.2 Para ello el Estado nacional se afianza jurídicamente; su función consiste en custodiar externamente a los individuos, base indivisible de la sociedad liberal en lo económico y en lo jurídico. Históricamente ese modelo económico-jurídico muestra problemas insuperables. El Estado, centro de poder, depositario de intereses plu1 Insuela Pereira, Alfonso, O diritto economico na ordem juridica, So Paulo, José Bushatsky Editor, 1980. 2 Lajugie, Joseph, Los sistemas económicos, Buenos Aires, EUDEBA, 1963.

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rales, es obligado a intervenir y participar en los mecanismos del mercado a fin de corregir los desequilibrios supuestamente naturales e invisibles. Esta doble función estatal, intervención y participación, va a impactar los sistemas jurídicos, donde el derecho abarca nuevas funciones de organización de unas relaciones sociales más equitativas, y del equilibrio entre las fuerzas económicas existentes en el contexto social. Este cambio de funciones del Estado, que abandona su papel anterior de "gendarme", provoca en los sistemas jurídicos cambios relevantes como: a) La ley pasa a ser el instrumento de programación económica; b) se sustituyen principios y técnicas jurídicas, y c) el Poder Ejecutivo, en desmedro del Legislativo, pasa a formar un centro importante de la producción jurídica. Aquí vemos nuevamente las relaciones recíprocas que se presentan entre la economía y el derecho. A una economía intervenida y dirigida por el poder público corresponde un orden jurídico público y administrativo. Esto es, a normas inorgánicas individualizadas, aptas y funcionales para economías autorreguladas y descentralizadas, le suceden normas orgánicas funcionales penetradas por reglamentación y directriz estatal. Este nuevo derecho, un derecho de la intervención estatal, se estructura sobre nuevos conceptos y categorías jurídicas: la propiedad, función social; los contratos de adhesión; los controles de precios y alquileres, la intermediación estatal entre el capital y el trabajo; la determinación del presupuesto; el control del dinero, crédito y comercio exterior; son signos indicadores de cambios profundos en las sociedades contemporáneas. Dicho proceso intervencionista no se detiene, sino por el contrario, avanza hacia su racionalidad y permanencia. A la economía política que estudia y sistematiza las decisiones microeconómicas (empresas), le sustituye la política económica que sitúa al Estado como centro de decisiones macroeconómicas, a las cuales los agentes económicos deben atenerse y ajustarse. El estado del bienestar (Welfare State) se erige como el indicador del progreso social, y su participación se articula a la estructura misma de la nueva economía mixta (social de mercado), conformada por medio de empresas privadas, públicas y trasnacionales. La política económica, en efecto, se convierte en ciencia y técnica y avanza hacia la planificación regulando democráticamente las decisiones y ejecuciones económicas de los grupos o individuos y empresas.

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En consecuencia, el sistema normativo sigue el sentido y ritmo de estos cambios. Para disciplinar y regular primero la política económica y luego regular jurídicamente la planificación, surge el derecho económico que en su carácter instrumental y subordinado al Estado planificador registra, sistematiza y evalúa este prolifero universo de normas que por su propia naturaleza son creadas en forma empírica, coyuntural y no codificada.3 En síntesis, en la evolución histórica de la sociedad actual ha habido una interacción entre los cambios económicos y las instituciones del derecho, de cuyos dinamismos el derecho económico surge como una nueva rama del derecho público, de suerte tal que su estudio supera los métodos formalistas y cae de lleno en el amplio campo de lo económico y social; lo interdisciplinario. Concluimos estas reflexiones con las siguientes premisas: a) a sistemas económicos liberales han correspondido sistemas jurídicos individualistas y privatistas; b) en cambio, a sistemas económicos socializados corresponden sistemas jurídicos administrativistas y públicos. Dichos cambios han tenido como centro nodal el derecho de propiedad y sus consecuentes efectos jurídicos y económicos; c) finalmente, a sistemas económicos mixtos corresponden sistemas jurídicos orgánicos e inorgánicos (coexistencia de derechos públicos y privados). El derecho económico nace en los sistemas socializados y mixtos, como instrumento que regula, disciplina y sanciona la política económica y la planificación del desarrollo. B. DERECHO DE LA ECONOMÍA Y DERECHO ECONÓMICO Ubicado en la descripción histórica precedente, el derecho económico conforme una realidad científica indiscutible, siempre que se le examine con una metodología interdisciplinaria amplia no formalista. Esto es, considerando a las normas jurídicas específicas como instrumentos que cumplan contenidos y finalidades económicas y sociales.4 Se trata de una rama del derecho integrado por categorías jurídicas (elemento formal) y económicas (elemento material), de manera que su objeto de estudio es bicéfalo. Ambos elementos tienen como eje central el fenómeno del intervencionismo estatal en la economía (mixta o socializada) a fin de alcanzar metas definidas por el sistema 3 Cottely, Esteban, Teoría del derecho económico, Buenos Aires, Frigerio Artes Gráficas, 1971. 4 Grau, Roberto Eros, Planejamento economico e regra jurídica, Sáo Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1978.

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político global, recogidas en las constituciones nacionales. Este eje central será distinto en uno u otro sistema económico (mixto o socializado) .5 Este intervencionismo y dirección estatal ha dado lugar en la ciencia económica a una rama autónoma. La política económica que estudia, sistematiza y evalúa los instrumentos técnicos de intervención estatal con el fin de regular la produccción, distribución, circulación y consumo en una comunidad que aún mantiene mecanismos de mercado para la asignación de recursos. Es más, cuando la política económica se racionaliza, se hace sistemática y permanente, avanza hacia la planificación democrática o concertada. Para regular ambos matices del intervencionismo estatal en la sociedad occidental, surge el derecho económico como un subconjunto normativo que regula, disciplina y ejecuta la política económica y la planificación en busca del desarrollo que equilibre necesidades sociales ilimitadas frente a recursos materiales escasos. Dicho intervencionismo estatal cuando es total y planificado imperativamente como en los sistemas socializados, exige normas administrativas y económicas totales, dando al derecho económico una función hegemónica, confundiéndolo con el derecho de la planificación. Es decir, en estos sistemas, derecho económico y derecho de la planificación se vuelven sinónimos.° Aclarado lo anterior, volvemos a los modelos mixtos o de Estado social de derecho; podemos afirmar que el derecho económico es el derecho de dirección, de mando que se adscribe en el ámbito del derecho público, sin desconocer su incidencia normativa en áreas del derecho mercantil. Este carácter de "derecho fronterizo" Ea llevado a algunos autores a sostener que en los sistemas económicos mixtos este derecho es el derecho de síntesis, que plasma los intereses privados ( en cuanto agentes que cumplen actividades económicas no estrictamente individualistas) con los intereses públicos de dirección.° Sin embargo, para los autores italianos, más que de derecho económico de dirección, habrá que hablar de derecho de la economía. Por ejemplo, para Giovanni Quadri, y en general para la doctrina italiana, el derecho de la economía se ubica en el derecho público de la 5 Witker, Jorge, "Derecho económico" en Introducción al derecho mexicano, México, UNAN!, 1981. 6 Gordillo, Agustín, Derecho de la planificación, Caracas, Edit. Jurídica Venezolana, 1978, 7 García-Pelayo, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, España, Edit. Alianza, 1980.

Grau, Roberto, Eros, op. cit.

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economía, conceptualizado como una nueva disciplina que estudia y sistematiza las normas jurídicas por las cuales el poder público actúa en la economía.9 Para otro autor el derecho de la economía es el derecho aplicable exlusivamente a la intervención de las personas públicas en la economía ( empresas públicas). Empero, creemos que el derecho de la economía supone una noción amplia que configura el universo normativo disciplinando la actividad económica en general y admitiendo así, una distinción entre el derecho privado de la economía y el derecho público de la economía. En efecto, el derecho privado de la economía registraría los controles, licencias y técnicas de policía, con que el Estado regula a las empresas privadas, que si bien son reglamentadas por el derecho mercantil tradicional, es el poder público el que las reglamenta y las controla. Esta regulación ha dado lugar a algunas legislaciones para hablar del derecho industrial o derecho corporativo.10 En cambio, el derecho público de la economía está referido a aquellas normas de derecho público que reglamentan la actuación de las personas estatales en la actividad económica. Esta opción llevó a la doctrina española a negar autonomía al derecho económico para ubicar esta normatividad en el derecho administrativo económico." C. SUJETOS DEL DERECHO

ECONÓMICO

El concepto de sujeto como centro de imputación de derechos y obligaciones para el derecho económico son los agentes económicos en general, sea cual fuere su forma jurídica o naturaleza patrimonial, que actúen en la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios. Es decir, las personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas y los particulares en cuanto productores y distribuidores para el mercado, que cumplan funciones económicas trascendentes. También se agregan los consumidores, considerados en los intereses difusos protegidos, y a los cuales se les ubica en situación de desequilibrio ante los demás agentes económicos del mercado. Técnicamente, los sujetos del derecho económico son el Estado, como rector del proceso económico, junto a diversos agentes ejecutores de actividades económicas que se registran en el circuito de un país. Se 9 Quadri, Giovanni, Diritto publico dell economía, Italia, Padova-Cedam-Bologna, 1980. 1° De Laubadere, André Droit public economique, París, Dalloz, 1976. 11 Sosa Wagner, Francisco y Martín Mateo, Ramón, Derecho administrativo económico, España, Pirámides, 1979.

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trata entonces de agentes que están en el sector de las empresas (públicas y privadas) y el sector de los consumidores (familias), pero insertos en el circuito general del sistema económico. Esto es, como oferentes o como consumidores económicos reales. Habiendo precisado los sujetos del derecho económico habría que señalar la función del Estado como director y rector, actuando activamente como depositario de los intereses globales del sistema y no como un ente ajeno a la propia sociedad. Aquí su papel es de mando y jerarquía y los agentes afectados tienen la obligación de observar un acatamiento que obviamente estará previsto en las garantías individuales (derechos-autonomía) de todo Estado social de derecho. En dicho contexto de legalidad, las violaciones o infracciones a las directrices estatales son sancionadas por las técnicas del derecho penal económico existente en todo sistema económico." En cuanto a los sujetos restantes, la duda surge en la normatividad mercantil concurrente que es dable que se presente con normas del derecho económico. Pese a lo difícil del problema, y utilizando criterios de especificidad, podríamos sostener que la regulación mercantil (comerciantes) apunta a normar relaciones privadas de tipo subjetivas, las que siguen en la órbita privada, pero que al actuar en el mercado regulado por normas de política económica de tipo general, a este nivel, los comerciantes estén regidos por el derecho económico. En estas normas el Estado, rector del proceso económico, impone a los agentes privados reglas de comportamiento a productores, distribuidores y prestadores de bienes y servicios para la colectividad, al margen de su profesión de comerciantes o no. D. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ECONÓMICO

El derecho económico se clasifica en interno y externo o derecho económico internacional. El derecho económico interno es el conjunto de normas que rigen la política económica en el ámbito de un país. Es decir, espacial o territorialmente se circunscribe al universo en que cada Estado ejerce su soberanía económica y política. El derecho económico internacional está referido a las normas y principios que disciplinan los comportamientos estatales en la comunidad internacional. 12 Righi, Esteban, "Derecho penal económico", Estudios de derecho económico. México, UNAM, núm. 1, 1977.

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Ejemplos de estas normas son las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, del GATT y sus códigos de conducta, los tratados de integración económica, etcétera.13 E. DEFINICIONES DE DERECHO ECONÓMICO Existen en el derecho comparado diferentes definiciones de esta disciplina. A saber: a) "Conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico" (Darío Munera Arango). b) "Derecho de la economía organizada" (R. Goldschmidt). c) "Conjunto de estructuras y medidas jurídicas con las cuales utilizando facultades administrativas, la administración pública, influye en el comportamiento de la economía privada" (E. R. Huber). d) -Derecho regulador de la economía mixta que tiene por finalidad conciliar los intereses generales protegidos por el Estado por un lado, y los intereses privados por otro" (Gustavo Radbruch). e) "Conjunto de principios jurídicos que informan las disposiciones, generalmente de derecho público, que rigen la política económica estatal orientada a promover de manera acelerada el desarrollo económico" (Daniel Moore Merino). f) -Conjunto de técnicas jurídicas que formula el Estado contemporáneo para la realización de su política económica" (Fabio Konder Comparato). g) -Complejo de normas que regulan la acción del Estado sobre las estructuras del sistema económico y las relaciones entre los agentes de la economía" (Alfonso Insuela Pereira). h) -Conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías sustancialmente de derecho público que inscritas en un orden público económico plasmado en la carta fundamental, facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo económico y social de un país" (Jorge Witker).

13 Ver Derecho económico internacional. Varios autores, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.

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En conclusión las definiciones precedentes apuntan a: • • • • • •

Organizar la economía macrojurídicamente. Asignar al Estado un poder de dirección. Son normas generalmente de derecho público. Buscan conciliar los intereses generales con los privados. Persiguen proteger los sectores débiles de la sociedad. Son normas que tienen un carácter nacional.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DEL DERECHO ECONÓMICO A. Antecedentes europeos B. Antecedentes del derecho económico en México C. Fuentes del derecho económico



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CAPÍTULO

II

ANTECEDENTES DEL DERECHO ECONÓMICO A. ANTECEDENTES EUROPEOS Los procesos de interferencia entre la economía y el derecho son de larga data. En Europa, cuna de la tradición jurídica continental-románica, que dio origen a nuestros sistemas jurídicos latinoamericanos, los inicios del derecho económico los encontramos en Alemania e Italia. La situación creada por la Primera Guerra Mundial (1914), dio lugar a que se dictaran medidas legales de urgencia para ejercer control sobre las actividades económicas, que iban dirigidas de manera acorde al esfuerzo bélico y a algunas otras de finalidad social, que aliviaran la situación de la población y evitaran acaparamiento y es-

peculación. Algunas de estas medidas o legislaciones se mantienen después del conflicto y sugieren otras para resolver diversos problemas de posguerra, lo que fue especialmente notorio en Alemania, la cual debió sufrir una grave crisis y una aguda inflación después del conflicto. Por otra parte, la crisis de 1930-1933 y los fenómenos políticos en Italia y Alemania dieron un giro a la situación, creándose un mayor intervencionismo y dirección estatal, no para hacer frente a los problemas de escasez o de perturbación de la guerra, sino para resolver los problemas de producción y mercado y de cesantía, provocados por la crisis a la que seguía el proceso inflacionario de graves consecuencias, con motivo del abandono casi general del patrón de cambio, el oro; y en el caso particular de Alemania, a un propósito bélico que exigía concentración de esfuerzos sobre la base de una férrea disciplina impuesta por el Estado . La crisis referida provocó cambios bruscos en los gobiernos de muchos países —repercutiendo en la mayoría de los países latinoamericanos— y el cambio se hizo generalmente con una orientación populista.

A manera de ejemplo, podemos citar la caída de la monarquía en

España y el advenimiento en ese país, de una república de clara orientación socialista; asimismo, el Frente popular Francés, cuyo duplicado

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se dio en Chile en 1938. En México el cardenismo registra la tendencia señalada. Al imponerse aparentemente en el mundo la tendencia socialista y de inspiración marxista, obviamente la legislación promovida por los nuevos gobiernos tuvo un carácter de dirección. En Estados Unidos, bastión del liberalismo, Roosevelt ocupó el cargo de presidente en marzo de 1933, el periodo de más honda depresión, iniciando una nueva política (New Deal), que originó una importante legislación; opta por una serie de medidas de ayuda y estímulo a la producción mediante mecanismos de acción estatal. El Estado comenzaba a tomar parte de manera organizada, y aparentemente a establecer cada vez mayor participación en los negocios internos y externos de cada país, con fines de regulación, control, promoción y desarrollo. Luego, al producirse la segunda conflagración mundial en 1939, las medidas de control y dirección económica se agudizan por doquier para responder a las exigencias de la guerra y a sus repercusiones en el campo social y económico. La posguerra no alivia las tensiones, pues se inicia un vasto movimiento de liberación de los pueblos que figuraban entonces como colonias y dominios de potencias europeas, y de un reclamo urgente de mejoramiento de las condiciones de vida de una amplia área del mundo que ha sido definida como países subdesarrollados o en desarrollo. Este proceso histórico, de cambios económicos y de explosiva dinámica social, que hemos reseñado brevemente, dio origen en la mayoría de los países, a una importante legislación mediante la cual el Estado organiza y orienta la producción, crea planes, regula y controla el comercio interno y externo, fomenta las inversiones, controla el crédito, dictando diversas medidas de estímulo para actividades específicas o a las que se realicen en determinadas zonas que se desea proteger. Arthur Nussbaum publicó en 1920 su obra El nuevo derecho económico alemán, en la que examina las transformaciones sociales y económicas originadas como consecuencia de la Primera Guerra Mundial con directa repercusión en el derecho privado. Asimismo, Hedemann Justus usa el mismo término Witschaftsrecht en sus obras Reichsgericht und Wirtschaftsrecht publicado en 1929, y Deutches Wirtschaftsrecht en 1939. La palabra Wirstschaftsrecht significa literalmente derecho económico y esta es la denominación que ha recibido en español esta nueva disciplina jurídica.

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En síntesis, los antecedentes europeos serían: 1. El derecho económico en su formación teórica, se desarrolla principalmente en Alemania e Italia; en Alemania, debido al carácter especialmente disciplinado de su pueblo, a su tendencia de establecer cuadros jerárquicos dentro del concepto cerrado de comunidad nacional, a sus avances en la institucionalidad jurídica de derecho público, a través de una larga trayectoria histórica, y, finalmente, al régimen nacionalsocialista que estructuró al país para obtener metas definidas, incluyendo las bases de una política económica estatal con fuerza de coacción sobre todas las actividades económicas nacionales. En Italia, principalmente por las concepciones fascistas, vinculadas a un sistema corporativo y director. Es en Alemania Hans y Roberto Goldschmidt, y O. Moencicmeier; y en Italia, Lorenzo Mossa. 2. En la formulación y desarrollo del derecho económico han influído progresivamente las dos guerras mundiales, que fueron fuente abundante de legislación interventora; también la crisis de 1930-1933. 3. El derecho económico como la expresión jurídica de la economía organizada, según lo define Lorenzo Mossa, se ha formado en periodos de paz, en gran parte como resultado del triunfo, en la mayoría de los países, de las corrientes políticas con una concepción económica de socialismo de Estado: es el caso de Francia y Chile con los frentes populares. 4. Siendo la tendencia universal hoy en día, conferir al Estado un papel rector de la economía, ejercido mediante la adopción de planes y medidas de regulación o coordinación económica, es obvio que en todos los países ha de producirse la legislación que reglamenta esa acción gubernativa o estatal. Ésta es, a nuestro juicio, la legislación económica cuyo común denominador es la acción del Estado, la cual a través de la ley y la reglamentación consiguiente orienta, regula o dirige, marcando las disposiciones de orden público. 5. Las actuales constituciones europeas, desde la carta alemana hasta la española de 1978, pasando por la italiana, francesa y portuguesa, atribuyen al Estado funciones planificadoras expresas, inscritas en, el llamado Estado social de derechos, sistema inspirado en las ideas de la socialdemocracia de amplia difusión en las sociedades vigentes, en europa occidental.

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JORGE WITKER V. B. ANTECEDENTES DEL DERECHO ECONÓMICO EN MÉXICO

El derecho económico en México adquiere relevancia constitucional a partir de la carta de Querétaro en 1917, anterior a la carta alemana de Weimar (1919). Establece la propiedad como función social pilar esencial del sistema de economía mixta que ha construido en su evolución social y política.14 Desde el importante artículo 27 constitucional que entrega a la nación el origen de toda propiedad, hasta las últimas reformas constitucionales (1983), la rectoría del Estado ha sido factor determinante de su desarrollo democrático, armonizado con las libertades individuales, especialmente el artículo 59 que reconoce la libertad de trabajo, principio de la libre concurrencia, base de una economía privada o de mercado. En cuanto a la legislación secundaria, desde la década de los veinte el legislador ha venido legitimando la intervención estatal, nacionalizando sectores estratégicos como la energía eléctrica, los ferrocarriles, el petróleo y otras áreas. Pese a ello, el derecho económico no ha logrado, en materia de legislación, una estructura acorde con su desarrollo económico. En los últimos arios los juristas y abogados han comenzado a formarse en los principios del derecho económico, rompiendo los esquemas formalistas que centraban su atención en las codificaciones sistemáticas. Los avances jurídicos en materia de planificación, y la producción legislativa de contenido económico de los últimos años, plantean enormes desafíos que los juristas tendremos que afrontar con métodos abiertos y creativos que nos alejen de visiones estáticas y regresivas, a fin de desarrollar y utilizar el derecho económico como instrumento que haga realidad la democracia económica postulada en el artículo 3° de nuestra carta magna. En síntesis, los antecedentes de nuestra disciplina están en la Constitución de 1917 actualizada, y que lejos de postular una suerte de sistema de economía liberal, refuerza y legitima la presencia rectora del Estado, facultándolo para planificar en forma concertada e indicativa el desarrollo económico y social de México.

14

Cuadra, Héctor, "Las vicisitudes del derecho económico en México a partir

de 1917", Lecturas Universitarias, No. 28, México, UNAM, 1978, pp. 97 134. -

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C. FUENTES DEL DERECHO ECONÓMICO

Las fuentes del derecho económico constituyen un problema de difícil sistematización y conceptualización. Para Olivera, por ejemplo, las fuentes son: -Los sistemas de proposiciones (reglas o principios), que informan el contenido concreto de un orden jurídico determinado-.15 Para otros juristas, son las formas de expresión de las normas jurídicas de contenido económico; por ejemplo, la Constitución, las leyes, los reglamentos, decretos y circulares que permiten, prohíben o describen, comportamientos a ejecutar por los agentes del proceso económico. Las dos acepciones de fuentes son aplicables al derecho económico, por lo que podemos afirmar que las fuentes son los principios materiales y formales que disciplinan la actividad económica del Estado, ya sea de su faceta de dirección o rectoría económica o su ámbito de intervención participativa o sustitutiva en d sistema económico.

Los principios del derecho económico son inherentes al modelo o sistema económico de que se trata. El principio de la propiedad privada sobre los medios de producción, pese a las limitaciones que pueden darse a nivel del mercado, es una fuente primaria de la economía mixta o Estado social de derecho. Asimismo, el principio de la titularidad pública que otorga al Estado áreas reservadas, conforma otra fuente del derecho económico que no admite discusión. Es decir, tendríamos a nivel de la economía de mercado administrado (economías mixtas), dos principios o fuentes fundamentales. El derecho a la iniciativa pública en áreas reservadas (artículo 27 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos) y el derecho a la iniciativa privada (estatuida en los artículos 59, 25 y 28) en igualdad de circunstancias. A estos principios o fuentes primarias suceden todas las demás expresiones normativas formales que apuntan a establecer un orden social y económico compatible con la intervención económica en un marco de libertad y garantías individuales. Es decir, se trata de poner en un mismo plano los derechos-autonomías con los derechos sociales, que se cotejan en el Estado social de derecho.16 En efecto, al marco constitucional deben responder las leyes, reglamentos, decretos y demás expresiones jurídicas que facultan al Estado para dirigir y planificar el desarrollo económico. Dichas normas conforman específicamente el llamado orden público económico. Olivera, Julio H.G., Derecho económico, Buenos Aires, Arayú, 1954. Noriega Cantú, Alfonso. "La reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución...", Nuevo derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1983, pp. 95-144. 15

16

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Dichos principios y fuentes primarias (formales), no son neutras o imparciales, desde el punto de vista de los grupos de interés o de presión que cercan al Estado en todo momento; se habla de las fuentes reales que en determinadas circunstancias inclinan la aplicación estatal hacia un sentido u otro. Es decir, el Estado, al ser árbitro intencional en el manejo de la política económica y en consecuencia el derecho económico, recibe la influencia y mediatización de variables no necesariamente jurídicas. Aquí el problema pasa de lo normativo a lo político, sociológico y económico, e incluso a la presión o autonomía internacional de intereses ajenos al Estado y su comunidad. En esta tesitura, las fuentes reales del derecho económico son nacionales y extranjeras. Entre las nacionales tendríamos los grupos de presión internos (empresarios, agricultores, sindicatos, profesionales, consumidores, usuarios, etcétera). Las fuentes reales extranjeras las constituyen los organismos financieros internacionales( Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) —los inversionistas y banqueros internacionales —así como los mercados externos (compradores y vendedores extranjeros) e incluso gobiernos extranjeros con intereses en el país en cuestión. Sobre estas fuentes reales del derecho económico, y a consecuencia de las transformaciones experimentadas por la comunidad internacional que influye en los sistemas económicos latinoamericanos, se habla de fuentes tecnológicas, económicas y sociológicas. Estos factores inciden en la política económica y por ende en el derecho económico. Esto es, la tecnología constituye una mercancía escasa concentrada en los países industrializados, y su difusión y adquisición está limitada por monopolios de tipo trasnacional que imponen sus condiciones a los compradores. Sin tecnología no hay desarrollo económico integral, por lo que los Estados se ven impelidos a obtener a cualquier precio. En el ámbito económico, las economías de mercado intervenido (mixtas), rigen sus políticas monetarias y financieras en contextos interdependientes que no controlan a nivel de país soberano. La disciplina monetario-financiera, por ejemplo, recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), es una variable independiente que afecta a todo el derecho económico de un país, sin limitaciones, a menos que se opte por cambiar integralmente el de su economía. Finalmente, las fuentes sociológicas del derecho económico apuntan a evaluar los efectos sociales de las medidas de política económica, medidas que se inclinarán en favor del capital (estimular la inversión), o en favor del trabajador (estimular los consumos).

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Aquí el sistema sociopolítico es el indicador que le señala al derecho económico las fluctuaciones que puedan operarse, manteniendo el conflicto social bajo control y manteniendo el equilibrio respecto a los grupos antagónicos que históricamente se presentan en nuestra sociedad. En síntesis, las fuentes del derecho económico son los principios básicos del sistema económico, que garantizados por la Constitución y controlados por expresiones normativas diversas, disciplinan a los agentes productivos a fin de que su comportamiento se ajuste a las metas que el Estado se fije democráticamente como necesarias y convenientes. A estas fuentes primarias y formales (leyes, reglamentos, decretos, circulares, etcétera, se suman las fuentes reales que afectan la política económica estatal, fuentes que son de carácter tecnológico, económico, y propiamente sociopolítico.17

17

Véase Serra Rojas, Andrés, Derecho económico, México, Porrúa, 1980.

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CAPÍTULO III

SISTEMA ECONÓMICO Y SISTEMA JURIDICO A. Generalidades B. Breve evolución histórica de los tres sistemas . t. Sistema de economía libre o de mercado. . 2. Sistema de economía centralmente planificada 3. Sistema de economía mixta ... . . C. Intervención del Estado . . .... D. Intervención parcial y participación directiva y rectora. E. Formas de intervención 1. Intervención directiva . .. 2. Intervención directa . .. F. Grados de participación



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CAPÍTULO III

SISTEMA ECONÓMICO Y SISTEMA JURÍDICO A. GENERALIDADES El sistema económico es el conjunto de estructuras, relaciones e instituciones complejas que resuelven la contradicción presente en las sociedades humanas ante las ilimitadas necesidades individuales y colectivas, y los limitados recursos materiales disponibles para satisfacerlas. Tal es el conocido principio de escasez.18 Por su parte, el sistema jurídico conforma aquel subsistema de conuol social que dimana del Estado en forma de normas jurídicas, disciplina al cuerpo social con base en una ideología de aceptación. El principio de escasez, base del sistema económico, históricamente ha sido resuelto en función de tres grandes interrogantes: ¿qué producir?, ¿cómo producir?, y ¿para quién producir? De acuerdo con la respuesta que se decida dar en cada una de las premisas, la sociedad contemporánea identifica tres sistemas económicos, y por tanto jurídicos: 1. Sistema capitalista liberal (o economías de mercado). 2. Sistema colectivista socialista (o economías centralmente planificadas). 3. Sistemas mixtos duales (o economías formadas por sectores públicos y privados o descentralizados, Estado social de derecho). El sistema capitalista o liberal resuelve las tres interrogantes así: producir lo que el mercado demande a través de empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. En este sistema el Estado y el derecho se limitan a proteger el libre desenvolvimiento del orden económico privado; sus acciones son de garantía, y 18

1963.

Lajugie, Joseph, Los sistemas económicos, Buenos Aires, al. Universitaria,

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su técnica de actuación es de policía (Estado gendarme), y subsistema jurídico individualista y privado. En cambio, el sistema colectivo o socialista responde a dichas premisas así: producir para el consumo interno normal, producir a través de empresas estatales inscritas en planes económicos quinquenales y destinados a toda la sociedad que supone y a quien garantiza consumos mínimos globales. El Estado aquí suplanta totalmente al mercado, .ocupando su lugar el plan imperativo. El derecho se expande en su vertiente orgánica, derecho público y se limita en su vertiente ideorgánica derecho privado. El sistema mixto o dual responde las interrogantes en forma opuesta a los sistemas anteriores. Esto es, produce para el mercado y para la colectividad; acepta simultáneamente a las empresas estatales y privadas, y sus destinatarios son tanto los consumidores reales como los sectores marginados con limitado poder de compra. El Estado participa en la vida económica, la ordena y regula. Su acción es de prestación, y sus instrumentos son la empresa pública y los planes indicativos. Por su parte el derecho se bifurca en dos campos diferenciados. El derecho público y el derecho privado coexisten reconociendo garantías individuales y sociales a los integrantes del cuerpo social. Los siguientes cuadros explican el funcionamiento de los tres sistemas descritos. B.

BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS TRES SISTEMAS

1. Sistema de economía libre o de mercado Este sistema, conocido también como economía de mercado capitalista, surgió en el siglo xviii, consolidándose universalmente en el siglo xix y principios del xx al calor de la Revolución Industrial que tiene como centro geoeconómico a Inglaterra. Los factores que determinan su gestación son: 1) consolidación de los mercados nacionales (Francia e Inglaterra); 2) apertura de los mercados internacionales; 3) invenciones tecnológicas productivas; 4) consolidación de la propiedad privada sobre los medios de producción; 5) división social del trabajo; .45) desarrollo de las ideas liberales (libertad, igualdad y fraternidad); 7) desarrollo de instrumentos financieros, monetarios y bancarios y de sociedades mercantiles; 8) presencia de un Estado abstencionista con limitadas tareas (custodia de fronteras, seguridad interna y regulador externo de los individuos; 9) la economía es una actividad

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SISTEMA DE ECONOMÍA LIBRE O DE MERCADO CAPITALISTA LIBERAL (Liberalismo ya superado) Iniciativa-Innovación Organización por Empresas Privadas

Riesgo

I Responsabilidad

Libertad Contractual Propiedad Privada

Competencia

Mercado

Utilidades Discrecionales Lucro

natural autorregulada por el mercado que fija a través de los precios, las retribuciones al capital y al trabajo; 10) la libertad económica es total, tanto a nivel interno como a nivel de los intercambios entre países (división internacional del trabajo). Este modelo económico tuvo su mayor esplendor en el siglo xtx, experimentando al comienzo del presente. siglo diversos desajustes, crisis y desequilibrios que desembocaron en la Primera Guerra Mundial (1914) y en la gran crisis de 1929-1930, fenómenos que atacan en su esencia los principios y caracteres antes mencionados. 2. Sistema de economía centralmente planificada Este sistema tiene como fuente de inspiración la filosofía marxistaleninista que rechaza la propiedad privada sobre los medios de producción y que la reemplaza por la propiedad estatal y colectiva. Su crítica al capitalismo se orienta a que la tenencia privada en la producción condena a la explotación a los trabajadores en condiciones de vida de subsistencia, pues el salario no corresponde al trabajo efectivamente realizado, existiendo una plusvalía o plusvalor en favor de los empresarios, lo que los transforma en explotadores y clase dominante que controla el Estado e impone su derecho, un derecho burgués, al resto de la sociedad. Esto origina una lucha de clases permanente en el capitalismo, la que terminará con la revolución, en la que los

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trabajadores socializan la producción, toman el Estado, e imponen un nuevo orden jurídico. El derecho socialista. El primer país que siguió esas directrices ideológico-políticas fue Rusia en 1917, que posteriormente conforma un bloque de países socialistas; Unión Soviética, Rumania, Hungría, etcétera.

SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALMENTE PLANIFICADA O SISTEMA SOCIALISTA O COLECTIVO Iniciativa e Innovación Estatal Organización Social

Riesgo estatal

Contratos Dirigidos Propiedad Estatal

Utilidades Colectivas

Beneficio Social

Las características de estos sistemas económicos son: 1. 2. 3. 4. 5.

Propiedad social sobre los medios de producción. Planificación autoritaria de toda la economía. Monopolio estatal del comercio exterior. Rígido control de cambios. Desarrollo del derecho público o socialista (derecho de la planificación y derecho económico). 6. Sistema político de partido único (no democrático). 7. Inexistencia de libertad económica (o de empresas). 3. Sistema de economía mixta Este sistema recibe diversos nombres: economía neoliberal, economía social de mercado, economía de mercado con planificación indicativa; economía socialista de mercado; socialismo concurrencial; economía

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de mercado administrado y, más jurídicamente, Estado social de derecho," capitalismo reglamentado. Este modelo económico surge en la década de los treinta tomo respuesta al colapso de las economías puras de mercados, sustentado en las teorías de John Maynard Keynes y en la experiencia del "Nuevo Trato" del presidente Roosevelt de Estados Unidos de Norteamérica (1934). SISTEMA DE ECONOMIA MIXTA O DUAL (Modelo aplicable a México) Iniciativa Dualista Innovación Dualista Organización Dualista Riesgo Compartido

Contratos Administrativos Competencia Propiedad Función Social Administrada

Utilidades Privadas Lucro Administrado

Sus principales características son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 19

1977.

Rectoría del Estado en la dirección del sistema económico. Creación de un sector público estratégico. Existencia de empresas privadas nacionales y extranjeras. Áreas económicas planificadas o publicitadas. Áreas económicas concurrenciales o privatizadas. Aceptación parcial y regulada de los mecanismos del mercado. Liberación parcial del comercio exterior. Protección estatal de sectores atrasados. Servicios públicos en salud, seguridad social, etcétera. Libertad individual empresarial.

Dromi, José Roberto, Derecho administrativo económico, Buenos Aires, Astral,

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JORGE WITKER V. C. INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Como vimos anteriormente, el proceso de intervención del Estado en la actividad económica se inicia a principios del siglo xx en las economías liberales: en forma coyuntural y esencialmente supletoria ante fallas temporales de los mecanismos autorregulatorios del mercado. En este contexto, intervenir supone un acto que interpone su conducta o acción con otro y otros actores, o bien, en sus acciones o ámbitos. Se trata de una interposición connotada de excepcionalidad, por lo menos en el sentido de que se toma parte en algo que pertenece a otro actor. Se trata, en consecuencia, del Estado que es centro de poder utilizado o utilizable en favor de quien lo controla o influye, el instrumento para intervenir en la economía, para desarrollar los intereses de los grupos o individuos influyentes. Esta concepción supone una separación entre "lo económico" (objeto de la intervención), y el Estado (objeto de la lucha política). Situación que desaparece cuando el Estado es facultado para actuar (intervenir) en la economía. Sustentándose en basamentos de grupos sociales o individuos que luchan para influir a fin de lograr su intervención protegiendo y estimulando diversos intereses (pluralidad de grupos e intereses), el Estado penetra a la sociedad sectorialmente a fin de que los agentes privados retomen sus funciones naturales en un mercado competitivo libre. Estas intervenciones especiales y casuísticas parten del principio rector de toda comunidad, puesto que el bienestar económico de una sociedad no es la finalidad esencial del Estado, sino la libertad del individuo. En resumen, la intervención del Estado en la economía surge como

el instrumento temporal por el cual el poder público penetra al sistema económico, para corregir las contradicciones y crisis internas del sis-, tema económico liberal. La intervención, así definida, utiliza en su primera aparición histórica tres técnicas: policía, fomento y servicios públicos. La técnica de policía consiste en el resguardo externo que el Estado efectúa a los agentes privados de la actividad económica (protección y seguridades jurídicas a la actividad empresarial privada). La técnica de fomento consiste en el establecimiento de apoyos tributarios, financieros y crediticios, a las actividades económicas privadas.

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Y finalmente el servicio público consiste en la ejecución de actividades o prestación de servicios que por su naturaleza no interesan al sector privado, pues son consustanciales a las funciones del Estado ( defensa, administración de justicia, salud y educación). D. INTERVENCIÓN PARCIAL Y PARTICIPACIÓN

DIRECTIVA Y RECTORA

La intervención episódica y parcial y sus limitadas técnicas no fueron suficientes para restablecer la autorregulación y dar estabilidad al sistema de economía liberal. Como afirma Arthur Lewis, los defectos del sistema de libre competencia fueron los siguientes: 1. el mecanismo del mercado no humaniza la relación de los salarios; 2. la inestabilidad cíclica es imprevisible; 3. los cambios exteriores (comercio exterior) no pueden quedar integrados a la libertad económica irrestricta; 4. el desempleo define la demanda interna y por ende decae la actividad industrial. 5. los precios no retribuyen equitativamente el capital y a los salarios.20 Para superar estos problemas estructurales el Estado asume un papel

participativo directo y permanente a través de los instrumentos o meca-

nismos estatales, que tratan de forzar el sistema económico hacia alguno de los fines fijados por el Estado. Es la intervención de orientación o de política económica estricta, también llamada "administración ordenadora".21 Este proceso participativo de intervención, generalmente legislativo. no siempre coactivo, sino de coerción indirecta (estímulos), se traduce en programas de ayuda, subvenciones articuladas en la política de fomento, planes de desarrollo, etcétera, que ponen también en marcha la participación privada en la actividad económica, mediante juntas, consorcios, empresas mixtas, etcétera. En efecto, del intervencionismo parcial empírico a la participación estatal de tendencia ordenadora (principio de la política económica) hay un tránsito en cuanto a técnicas, que podemos resumir así: Lewis, Arthur, Las etapas del crecimiento económico, México, FCE, 1973. 21 Carrillo, Alejandro y García Ramírez Sergio, Las empresas públicas en México, México, Porrúa, 1983. 20

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1. policía y servicios públicos; 2. fomento; 3. proteccionismo; 4. dirección o rectoría económica; 5. planificación o planeación indicativa o imperativa. E.

FORMAS DE INTERVENCIÓN

1. Intervención directiva

El Estado dirige la política económica a través de los instrumentos directos (política monetaria, fiscal, comercio exterior, empresas públicas) e indirectas (políticas salariales, de empleo, seguridad social, edu-

cativa, científica y tecnológica, etcétera). 2. Intervención directa

La intervención participativa de ejecución, por la cual Estado es un sujeto económico más que actúa y dirige actividades económicas, es una intervención estatal administrativa, pues generalmente se traduce en acciones realizadas a través de empresas públicas. Esta intervención puede ser: 1. Por participación en situación de competencia (en México por ejemplo, en el sector alimenticio); 2. Por sustitución de actividades económicas privadas que se incorporan al sector público, petróleo, energía, telecomunicaciones, etcétera. Esta intervención directa no es casual ni indicativa, sino que de forma sistemática participa (en competencia) o sustituye (en monopolio) a los particulares en el proceso de desarrollo, producción y distribución de bienes y servicios. Finalmente, la intervención directa estatal requiere de diversos modos de gestión pública que se clasifican en directos (ejecución por el propio Estado), e indirectos ( ejecución por terceros bajo la dirección y fiscalización del Estado). Los modos de gestión pública directa pueden ser, a su vez: centra¡izados ( departamento administrativo o delegaciones de secretarías o ministerios) o descentralizados (organismos descentralizados, fideicomisos públicos o sociedades anónimas estatales) que cumplen una gestión instrumental generalmente de tipo económico y bajo directriz de la política económica del Estado." 1980.

Dromi, José Roberto, Derecho administrativo económico, Buenos Aires, Astral,

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F. GRADOS DE PARTICIPACIÓN

Se trata de ubicar las áreas estratégicas, prioritarias o liberadas que existen en todo sistema económico. Los estados reservan áreas en forma privativa que se sustrae de los particulares, ya sean nacionales o extranjeros. Áreas estratégicas son las señaladas en los artículos 27 y 28 de nuestra carta magna. En las áreas prioritarias generalmente se acepta la concurrencia de particulares bajo la vigilancia del Estado (agroindustria, alimentos, salud). En las áreas liberadas, el Estado sólo regula la actuación de los particulares con base en la técnica de policía (registros, controles, licencias, permisos, etcétera).

CAPÍTULO IV

DERECHO ECONÓMICO ¿PÚBLICO O PRIVADO? A. Generalidades B. Características del derecho económico. 1. Instrumental 2. Finalista 3. Humanista 4. Dinámico 5. Complejo 6. Criterio de especialidad C. Derecho económico como instrumento de cambio social.

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CAPÍTULO

IV

DERECHO ECONÓMICO ¿PúBLICO O PRIVADO? A.

GENERALIDADES

La división clásica que parte de Ulpiano entre derecho público y derecho privado encuentra su discutible fundamento en los dos tipos

de relaciones jurídicas que operan en las sociedades occidentales: el orden de las relaciones jurídicas orgánica, derecho público, y el orden de las relaciones jurídicas inorgánicas reservadas al derecho privado. En las relaciones jurídicas orgánicas se representa la bifurcación entre el poder y el deber que materializa una relación entre autoridad y súbdito. Es decir, se está en una posición jerárquica, el Estado frente a los ciudadanos. En cambio, en el campo del derecho privado las relaciones se centran en el individuo, realidad estricta y rigurosamente no susceptible de división y que por ello son esencialmente inorgánicas.28 Esta distinción, sin embargo, ha ido cediendo terreno en favor de los derechos orgánicos en una tendencia creciente de socialización y penetración del poder público en el mundo del individuo. En efecto, la autonomía de la voluntad, la libertad de contratar y el derecho de propiedad, han ido disminuyendo gradualmente en favor de los contratos de adhesión (contratos normativos, contratos coactivos, contratos necesarios, contratos-tipo, etcétera), la propiedad función social ( teoría del dominio útil) y demás limitaciones sociales del propio mercado, centro estratégico de los intercambios y base de la libertad de empresa. Estos cambios responden a transformaciones cualitativas que tienen como eje la presencia interventora y participativa del Estado en la actividad económica descrita en el capítulo anterior. En este contexto, ¿responde el derecho económico a relaciones jurídicas orgánicas, o al ámbito del derecho privado inorgánico? Si hemos ubicado al derecho económico como el instrumento normativo que rige la política económica del Estado, no cabe duda que su 23 Martín Mateo, Ramón, Ordenación del sector público en España, Madrid, Civitas, 1973.

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adscripción está circunscrita al área del derecho público. Es decir, se trata de normas jerarquizadas que permiten, limitar o prohiben determinadas conductas sociales orientándolas a fines de desarrollo económico-social que el Estado democrático se ha marcado como posibles, convenientes y además necesarias. Sin embargo, no todas las normas de derecho económico responden a esta vertiente orgánica. Por ejemplo, el derecho opcional que tiene un empresario para integrar su actividad al plan indicativo cae dentro del ámbito privado, sin que se impongan relaciones orgánicas jerarquizadas. Por lo que algunos autores sostienen, no sin razón, que el derecho económico es un derecho mixto, interdisciplinario y de síntesis entre lo público y privado, pues contempla al empresario y a las actividades económicas desde una perspectiva global, desde la cual supera la unilateralidad del derecho administrativo por otro, en la medida en que ambos ordenamientos coinciden en un mismo campo. , En resumen, el derecho económico se adscribe al ámbito del derecho público en general, conteniendo relaciones jurídicas privadas optativas, fronterizas a otras normas del derecho, especialmente de naturaleza mercantil. En vista del entrecruzamiento de normas orgánicas e inorgánicas, algunos autores se inclinan a ubicar al derecho económico en el campo del derecho social, entendido éste como un conjunto de normas que emanan del Estado con el propósito de proteger a los sectores débiles de la sociedad. El derecho del trabajo y el derecho agrario son los más fieles exponentes de dicho concepto. Podríamos concebir al derecho económico contenido en el campo del derecho social atendiendo a algunos aspectos, como en lo referente a la protección del consumidor, pero en cuanto al resto de las áreas incluidas en el presente libro, no cabe duda que las normas son jerárquicas a nivel de facultad de policía, o abiertamente impositivas como en materia monetaria, recursos naturales no renovables, inversión extranjera y planificación para la propia administración pública." En síntesis, pensamos que las normas de derecho económico como preservadoras del orden público económico de un país, son en general de carácter eminentemente público, y que existen fronteras tanto para un derecho social económico como para limitadas áreas de derecho privado económico, especialmente de carácter empresarial y societario. 24 A dichas leyes conviene agregar la nueva Ley Federal de Turismo, la de Vivienda y la General de Salud, las que reafirman la rectoría jerárquica del Estado en dichos sectores.

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B. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ECONÓMICO

En cuanto a síntesis y contenido interdisciplinario el derecho económico se presenta con las siguientes modalidades: 1. Instrumental

Sus normas disciplinan la conducta del Estado en el ámbito del sistema económico. No posee vida autónoma si no existe una política económica a elaborar y ejecutar, no hay derecho económico. 2. Finalista

Persigue objetivos macrojurídicos que apuntan al equilibrio económico y a una mejor distribución de la riqueza generada por la sociedad en su conjunto. Su finalidad protectora de los sectores débiles del cuerpo social se hace relevante en las normas que regulan el consumo, salvaguardando los intereses básicos de la mayoría de ciudadanos que de otro modo se verían en gran desventaja ante el poder de los agentes distribuidores y comerciantes. 3. Humanista

Al surgir del intervencionismo estatal arbitrando conductas económicas con fines de equilibrio social entre los grupos humanos, su principal preocupación es el hombre mismo, merecedor de una vida digna y de que su búsqueda de progreso individual y social se dé en condiciones sociales y políticas potencialmente iguales, ante los demás sujetos que integran esa sociedad. 4. Dinámico

Por su vocación transformadora y de justicia social, el derecho económico es cambiante, ajustable a la equidad y por consiguiente fluido. Si bien su fuente generadora reside en el mundo constitucional, su instrumentación emana, más que de la ley propiamente (derecho legislado), de las facultades reglamentarias y administrativas del poder público. Sus métodos se estarán vinculando a decisiones individualizadas del poder público, diferenciados por especialidad (decretos, reglamentos, instructivos, etcétera), y que tendrán que armonizar permanentemente un dinamismo acorde a los cambios de coyuntura de los sistemas eco-

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nómicos (decretos de control de cambio, fijación de precios máximos, cuotas de importación, etcétera).

5. Complejo La complejidad de la política económica regulada por el derecho económico afecta a la naturaleza de este orden normativo diferenciado. El carácter de derecho público le confiere su calidad orgánica, jerarquizada y sancionadora de conductas económicas ilícitas que atentan contra la convivencia social sana y el orden público económico. Su composición colinda con otras ramas del derecho (mercantil y en especial administrativo) y lo torna difuso, complicando su encuadre metodológico. Además, sus categorías convergen en la ciencia económica y en el derecho público, lo cual lo vuelve impermeable a un tratamiento formalista tan caro para el abogado tradicional.

6. Criterio de especialidad Como parte del derecho público, es decir, de las normas orgánicas que estructuran al Estado, el derecho económico conforma su arsenal normativo con relación a la política económica estatal. Es decir, el criterio de especialización no es estrictamente jurídico, sino económico, lo que hace complejo su acercamiento metodológico. Dicho criterio nos permite extraer al campo del derecho económico los ordenamientos macrojurídicos rectores de los agentes públicos o privados, en cuanto afecten la macroeconomía que va más allá de la relación inorgánica privada costo-beneficio individual. Es decir, el régimen jurídico de la empresa, como sujeto productor para un mercado determinado de artículos de consumo, es parte del derecho económico, dejando fuera el tipo de sociedad y su carácter de comerciante, o de áreas propias del derecho mercantil. Es decir, el criterio de especialidad no está dado por el individuo en particular, sino por la función productiva de tipo social que afecta al mercado y a los consumidores en general, función que, lógicamente, cumple la empresa privada o pública. La conducta como empresario que cumple tareas registradas en el circuito monetario está específicamente regulada por el derecho económico.25 25 Véase Witker V., Jorge, "Derecho económico", en Introducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, en donde se usa la expresión regulación "macro-

jurídica" de las actividades económicas privadas.

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C. DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO DEL CAMBIO SOCIAL Como derecho protector de los intereses de sectores débiles en la sociedad occidental, el derecho económico puede ser concebido como un mecanismo democratizador que tiende a humanizar a la economía de mercado administrado, asignando al Estado una tarea reguladora del proceso económico. Para los países que están en vías de desarrollo, las normas de derecho económico en general representan la salvaguarda de los intereses nacionales y protegen a empresarios y consumidores nacionales. La regulación de la inversión extranjera, de la transferencia de tecnología,. de la contaminación ambiental, las normas que limitan y sancionan la explotación económica irracional de los recursos naturales, las facultades legales planificadoras de los Estados y las intervenciones administrativas en los mercados, son herramientas que aplicadas conforme a las políticas adoptadas a nivel nacional, dan al derecho económico la posibilidad de canalizar los cambios sociales por la vía de un régimen de derecho. Razón por la cual coincidimos con Héctor Cuadra, quien postula para el derecho económico mexicano, la función de ser un ordenamiento jurídico que apunta la realización y eficacia de la democracia económica en un contexto de libertad y dignidad humanas." En lo internacional, las normas jurídicas que ha desarrollado la UNCTAD 27 en materia de productos básicos; la Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados: los códigos para el control de la tecnología entre países y de las empresas transnacionales; el Derecho Andino y el SELA, son ordenamientos jurídicos propios del derecho económico internacional, tendientes a reducir la enorme brecha que separa a los países industrializados del vasto mundo de las áreas subdesarrolladas.28

26 Cuadra, Héctor, Las vicisitudes del derecho económico en México a partir de 1917, antología de estudios de derecho económico, México, UNAM, 1978.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Witker, Jorge, El régimen jurídico de los productos básicos en el comercio internacional, México, UNAM, 1984. 27 28

CAPÍTULO V

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO MEXICANO A. Generalidades 45 B. Rectoría estatal, económica mixta y planeación democrática 46 C. El artículo 28 constitucional 49 D. Síntesis de la Organización Económica Federal. 51 E. La legislación económica secundaria. . . 52 F. La ley de planeación 54 Ley de planeación 57

CAPÍTULO V ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO MEXICANO A. GENERALIDADES Las Constituciones políticas son los paradigmas sociopolíticos que establecen las bases de organización del poder y los proyectos nacionales que plasman la historia de los pueblos. En dicho contexto, la Constitución federal de 1917 conforma un patrimonio indeleble de los mexicanos y el marco referencial de los comportamientos de gobernantes y gobernados en pos del progreso, desarrollo y bienestar de las mayorías. La organización económica del Estado mexicano se ha configurado en una evolución histórica que culmina en la década de los ochenta, específicamente en 1983, ario en que se incorpora a nivel de la carta fundamental un marco regulatorio económico expreso estableciendo tres paradigmas esenciales. En efecto, en el artículo -25 se reconoce y se legitima a la economía mixta bajo rectoría estatal, con lo cual los sectores sociales y privados adquieren un reconocimiento pleno para participar en las tareas del desarrollo económico y social, existencia que había estado presente empíricamente desde la promulgación de la carta de Querétaro. Por otra parte, en el artículo 26 se establece que la rectoría estatal debe ejercerse a través de la técnica de planeación, concebida como un ejercicio democrático y participativo que contempla las vertientes obligatoria para la administración pública federal, un esquema de coordinación para armonizar soberanías estatales con los objetivos federales y finalmente lineamientos de concertación para inducir a los sectores social y privados hacia metas de desarrollo nacional integradas. Es decir, economía mixta, rectoría estatal y planeación democrática, son los pilares en torno a los cuales se desarrolla una amplia proliferación de legislación económica que da sustancia al derecho económico mexicano. A dar cuenta de esa legislación se orienta este capítulo.29 29 Gamas Torruco, José, "La reforma económica de la Constitución", en Nuevo derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1983, pp. 3-17.

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B. RECTORÍA ESTATAL, ECONOMÍA MIXTA Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Entre las decisiones políticas fundamentales, el capítulo económico de la ley fundamental constituye las bases en torno a las cuales se equilibran y armonizan las garantías individuales y los derechos sociales. La rectoría estatal, que deriva originalmente del artículo 27 y que se Actualiza en los artículos 25 y 26, implica que el Estado tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país, responsabilidad que en algunos rubros es exclusiva —titularidad pública exclusiva en recursos naturales no renovables y funciones estratégicas no compartidas.— y, en otras, que comparte con los sectores social y privado. La economía mixta, como un sistema en que la libertad de empresa que contemplan los artículos 5o., 11, 16, 25 y 28 se articulan con las áreas estratégicas estatales reconocidas tanto en los artículos 25, 26, 27 y 28 en su fracción cuarta, conformando una economía de mercado intervenido de amplia gestión pública, privada y social. La planeación democrática, como una técnica que racionaliza el instrumental jurídico-administrativo del gobierno federal, que coordina ‘esfuerzo con las entidades federativas, y que concierta con los particulares y sectores sociales acciones y tareas de desarrollo económico y social en diálogo iparticipativo, propio de un sistema que respeta y valoriza por sobre todo al hombre en su dimensión digna y libre." Con base en esta trilogía conceptual orientada a materializar los derechos sociales de las mayorías, pasaremos en seguida a analizar los artículos que formalizan ese equilibrio no siempre estable en que evoluciona nuestro orden normativo y político. En efecto, el artículo 25 refiere la atribución del Estado para planear, conducir y orientar la actividad económica nacional y para regular y fomentar las actividades que demande el interés general en un marco de libertades: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 30

Carrillo Flores, Antonio, -El concepto de economía mixta-, en Nuevo derecho

.constitucional mexicano, México, Porraa, 1983, p. 83.

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la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Señala asimismo la concurrencia de los sectores público, social y privado en el logro de los propósitos generales de desarrollo nacional, sujetándose al principio de legalidad, definiendo el marco de la llamada economía mixta: -Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividades económicas que contribuyan al desarrollo de la Nación-. Puntualiza la exclusividad del sector público para hacerse cargo de las áreas estratégicas que se definen en el artículo 28 constitucional, es decir: acuñación de moneda, correos, telégrafos; radiotelegrafía y comunicación por vía satélite, emisión de billetes a través del Banco de México; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad, ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Se señala también la participación en otras áreas de actividad económica que se califican de prioritarias, en las cuales implícitamente el sector público asume una función predominante, pudiendo incorporar o asociar a los sectores social y privado. Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias de desarrollo... Bajo criterios de equidad social productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicta el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

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Se consigna al sector social como integrante fundamental de la economía mixta y se reconoce la función social del sector privado, sujeta al interés público. Se dota así al Estado de la responsabilidad y de los instrumentos para cumplir su rectoría en el desarrollo nacional para promover el bienestar y la seguridad generales: La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organización de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios... La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

En el artículo 26 se establecen las facultades del Estado para planear el desarrollo nacional; así, organiza el Sistema Nacional de Planeación Democrática para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural del país. Señala que los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de la planeación: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de planeación. Precisa la participación como medio para recoger de los diversos sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad a fin de incorporarlas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas derivados de éste: "La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los programas de desarrollo". Se establece la jerarquía orgánica del Sistema Nacional de Planeación Democrática a partir del Plan Nacional de Desarrollo, del cual

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han de derivar los programas sectoriales de la administración pública federal, y se fija la obligatoriedad en el cumplimiento de éstos para el sector público, la coordinación con las entidades federativas, a través de los convenios únicos de desarrollo, y la concertación e inducción de las acciones de los particulares: Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se ejecutarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concerte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. Por último, se establece que el Congreso de la Unión intervendrá en el Sistema Nacional de Planeación conforme a la ley de la materia: "En el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley". Con respecto a la participación del Congreso de la Unión, debemos señalar que en el artículo quinto de la Ley de Planeación se señala que el presidente remitirá el plan al Congreso de la Unión, para su examen y opinión; facultándose al mismo a intervenir formulando observaciones durante la ejecución, revisión y educación del mismo. C. EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL Dentro del bloque de reformas introducido en la Constitución se destaca la modificación al artículo 28 constitucional, que introduce el concepto de práctica monopólica sin suprimir ni menguar el de monopolio, con objeto de abarcar y regular fenómenos oligopólicos y de concentración, con la consecuente protección de los ciudadanos y de los consumidores: Artículo 28. En los Estdos Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

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En consecuencia, la ley castigará severamente, las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los conaumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Se introducen las bases para regular el abasto y los precios, así como para imponer aquellas limitaciones que eviten intermediaciones innecesarias o excesivas que provocan el alza de los precios: Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Se delimita con precisión el ámbito exclusivo del sector público y los alcances de la participación del Estado: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de moneda; correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco, organismos descentralizados del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Por lo que se refiere a la prestación del servicio público de banca y crédito, si bien no se define como área estratégica y en consecuencia no se determina constitucionalmente la propiedad y el control absoluto del gobierno federal, es definida por el párrafo quinto del propio artículo 28 como exclusividad del Estado a través de instituciones que la

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Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en Su artículo 2o., ya especifica, a saber: "las sociedades nacionales de crédito". Que dicho servicio no haya sido listado en el párrafo constitucional anterior, ha permitido poner a disposición de los particulares la intervención de hasta 34% del capital de la banca múltiple expropiada. mediante certificados de aportación patrimonial serie "B", con la restricción de que éstos no sean adquiridos en más del 1% por inversionistas, personas físicas o morales, individualmente determinadas" Finalmente, conviene señalar que la Constitución, desde el punto de vista económico, respeta y acepta en todo momento la presencia de los particulares en áreas de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. En efecto, el artículo 59 es expreso en respetar la libertad de los ciudadanos a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Por otra parte, en el antes citado artículo 25 se reconoce expresamente a los sectores social y privado como sujetos fundamentales en las tareas del desarrollo nacional; en el propio artículo 26 se establece el mecanismo de la concertación como el más idóneo para regular las relaciones entre los sectores privado y social con el gobierno federal; en la misma dirección debemos mencionar tanto el artículo 27, en donde expresamente se reconoce a nivel de garantía individual el derecho a la propiedad privada, como el 28 en el que alienta una economía de mercado o libre competencia y sancimaba los monopolios y prácticas monopólicas tipificadas como deformaciones de las economías de mercado. D. SÍNTESIS DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA FEDERAL Una síntesis de los preceptos constitucionales que conforma la economía mixta que establece el código fundamental vigente sería: 1. Estatuye un derecho de propiedad de los particulares sobre todo tipo de bienes, incluyendo los de producción, pero condiciona y limita la propiedad privada en atención al interés público. 2. Establece un régimen de propiedad pública sobre determinado tipo de bienes (artículo 27). 3. Instaura un control directo —y hasta exclusivo y no concesionable— del poder público sobre ciertas actividades o cometidos; áreas estratégicas (artículos 27 y 28). 31 Noriega Cantil, Alfonso, "La rectoría del Estado en el desarrollo nacional y la Constitución", en La Constitución mexicana: rectoría del Estado y economía mixta, México, Porrúa, 1985, p. 195.

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Garantiza una serie de derechos individuales y sociales de libertad económica, pero condiciona y limita su ejercicio por el interés público (artículos 5o. y 11). Define la rectoría del Estado en el sistema económico para alcanzar un desarrollo integral (artículo 25). Convoca a las tareas del desarrollo a los sectores público, social y privado tipificando a nivel constitucional el esquema de economía mixta (artículo 25, párrafo tercero). Faculta al Estado para planificar democráticamente el desarrollo económico y social (artículo 26). Postula una economía de mercado competitivo que rechaza los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y acaparamientos de artículos de consumo necesario y otras prácticas desleales atentatorias a la libre concurrencia (artículo 28). Acepta, con carácter excepcional, los monopolios estatales en áreas estratégicas en las que se incluyen el servicio público de banca y de crédito (artículo 28). Finalmente, atribuye al poder público, a través de sus diversos órganos, una serie de facultades para intervenir en la economía con objeto de impulsar el desarrollo de la sociedad, regulando: "el aprovechamiento de los elementos susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación" (artículo 27, párrafo tercero). E. LA LEGISLACIÓN ECONÓMICA SECUNDARIA

Para aplicar el marco constitucional económico antes descrito nuestro país ha desplegado una prolifera legislación secundaria que para efectos de esta ponencia resumimos sucintamente. En efecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal distribuye las funciones de rectoría y planeación estatal en dieciocho secretarías de Estado, de las cuales destacan las secretarías de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Comercio y Fomento Industrial, de Minas e Industria Paraestatal y la de la Contraloría General de la Federación. Estas dependencias centralizadas que integran la estructura del Poder Ejecutivo tienen a su cargo el manejo de los instrumentos de política económica que se articulan al Plan Nacional de Desarrollo que sexenalmente se plantea por las administraciones en turno. Recordemos que los planes de desarrollo son programas que elabora el Poder Ejecutivo recogiendo las aspiraciones y necesidades de la sociedad civil y que ejecuta bajo un esquema jurídico que establece la Ley General de Planeación en donde se concretan elementos de obligatoriedad presupuestal para el sector

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público, coordinación a través de los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD) con las treinta y dos entidades federativas y de concertación a través de convenios pactados con los sectores social y empresarial, todo esto en un marco legal objetivo y transparente. El control de la planeación democrática está a cargo de las secretarías globalizadoras, Programación y Presupuesto y Hacienda y Crédito Público. En cuanto a los servidores 'públicos encargados de ejecutar las tareas de planeación y rectoría estatal, una ley, la de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, actúan como equilibrio y garantes ante la sociedad civil. De este marco macrojurídico derivan legislaciones generales y federales de contenido económico fundamentales. En efecto, del artículo 27 constitucional, precepto fundamental que establece la propiedad pública exclusiva en los recursos naturales no renovables, surgen la Ley del Petróleo, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley Federal de Aguas, la Ley Reglamentaria en Materia Petroquímica, la Ley Reglamentaria en Materia Minera, etcétera. Por otra parte, del artículo 25 de la carta fundamental derivan leyes como la que promueve la inversión mexicana y regula la extranjera, la Ley del Registro de Transferencia de Tecnología, la Ley de Invenciones y Marcas, la Ley de Fomento a la Microindustria, la Ley Federal de Metrología y Normalización y en general normas que permiten el funcionamiento de la economía mixta. En cuanto al artículo 26, la Ley General de Planeación controla el sistema de planeación democrática, según mencionamos anteriormente. Pero al universo de las leyes de contenido económico se suma un conjunto de disposiciones administrativas que emanadas del poder administrativo que la carta fundamental entrega al Ejecutivo Federal y que vía reglamentos, acuerdos, decretos y circulares permiten a los responsables de la política económica enfrentar las coyunturas económicas nacionales e internacionales con agilidad y oportunidad. La concentración de funciones administrativas en desmedro de las funciones legislativas en el ámbito económico se presenta con nitidez en nuestro derecho económico, pues las leyes con toda la ritualidad formal han quedado para regular las estructuras, mientras las normas ejecutivas se han ampliado para enfrentar las coyunturas que exige cada vez más respuestas rápidas y oportunas. Ejemplos de estos instrumentos los encontramos en el Reglamento del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, el Reglamento de la Ley Aduanera, el

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Acuerdo que Regula la Industria Maquiladora y los Decretos que establecen las Tarifas Aduaneras de Importación y Exportación y los Decretos que regulan el Control de Cambios. F. LA LEY DE PLANEACIÓN La Ley de Planeación se propone establecer un marco normativo para la planeación, instituyendo y regulando su ejecución de acuerdo con las necesidades del desarrollo nacional. Fue expedida por el Congreso de la Unión, publicándose en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 1983. La Ley está dividida en seis capítulos. En el primero se establece que sus disposiciones son de orden público e interés social. Esta declaración tiene como finalidad el que la administración pública pueda actuar con suficiente flexibilidad cuando ello sea necesario y en beneficio del interés general o de la economía nacional. En el artículo 19 se define el objeto de la Ley, el cual consiste fundamentalmente en regular el ejercicio de la planeación nacional del desarrollo, y en función de éste coordinar las actividades de la administración pública federal y establecer las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; la coordinación entre la Federación y los estados, la concertación e inducción de acciones respecto de los particulares y en general del conjunto de la población y la participación social para la planeación. En el artículo 39 se define a la planeación nacional del desarrollo como

la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal la materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia constitución y la ley establecen. El capítulo segundo se refiere al sistema nacional de planeación democrática, a través del cual la administración pública federal llevará a cabo las tareas de la planeación nacional del desarrollo. En el capítulo tercero se establece la participación de los diversos grupos sociales en la elaboración, actualización y ejecución del plan y programas a que se refiere la Ley.

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En el capítulo cuarto se establecen las características y elementos esenciales del plan y los programas derivados de las actividades del sistema nacional de planeación democrática. El capítulo quinto regula una de las vertientes de la planeación: la coordinación, al establecer que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de los estados la coordinación para participar en la planeación nacional del desarrollo coadyuvando al complemento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El capítulo sexto de la Ley reviste particular importancia al establecer las bases para la concertación entre el sector público y las representaciones de los grupos sociales o los particulares interesados, de las acciones planeadas y programadas, a través de contratos o convenios de concertación. En el artículo 37 se señala que: -El Ejecutivo Federal, por si o a través de sus dependencias y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los Programas, con la representación de los grupos sociales o con los particulares interesados-. Finalmente, el ordenamiento contiene un capítulo de responsabilidades, cuyo objetivo general es el de procurar la observancia de la Ley y la consecución de sus propósitos últimos. Las medidas disciplinarias y sanciones que se prevén son congruentes y compatibles con la naturaleza de la función pública que los destinatarios tienen encomendada y pretenden garantizar el adecuado desempeño de las tareas que regula la Ley."

32 Martínez Báez, Antonio, "El derecho constitucional económ1ccr mexicarro", en obra colectiva antes citada, p. 171.

LEY DE PLANEACIÓN CAPÍTULO

I

Disposiciones generales ARTÍCULO 19 Las disposiciones de esta Ley interés social y tienen por objeto establecer:

son de orden público e

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal; II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley, y V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas. ARTÍCULO 29 La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecusión de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; U. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el

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constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno. III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria; IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y políticos; V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional, y VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social. ARTÍCULO 39 Para los efectos de esta Ley se entiende por Planeación Nacional del Desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. ARTÍCULO 49 Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. ARTÍCULO 59 El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan. ARTÍCULO 60 El Presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales. En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y

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resultados de la ejecución del Plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior. El contenido de las Cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que anteceden, a fin de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos. ARTÍCULO 79 El Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que, conforme a lo previsto en el Artículo 27 de esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. ARTÍCULO 89 Los Secretarios de Estado y los Jefes de los Departamentos Administrativos, al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijadas en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas. Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica y social, en función de dichos objetivos y prioridades. En su caso, explicarán las desviaciones ocurridas y las medidas que se adopten para corregirlas. Los funcionarios a que alude el primer párrafo de este artículo y los Directores y Administradores de las entidades paraestatales que sean citados por cualquiera de las Cámaras para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, señalarán las relaciones que hubiere entre el proyecto de Ley o negocio de que se trate y los objetivos de la planeación nacional, relativo a la dependencia o entidades a su cargo. ARTÍCULO 99 Las dependencias de la Administración Pública Centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la Ley.

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ARTícuu) 10. Los proyectos de iniciativa de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto de que se trate y el Plan y los programas respectivos. ARTÍCULO 11. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que resuelva, para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto. CAPÍTULO II

Sistema nacional de planeación democrática ARTÍCULO 12. Los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se llevarán a cabo, en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema, a través de las unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las propias dependencias y entidades. ARTÍCULO 13. Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas a que se refiere este ordenamiento. ARTÍCULO 14. La Secretaría de Programación y Presupuesto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las actividades de la Planeación Nacional del Desarrollo; II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y de los gobiernos de los estados, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales interesados; III. Proyectar y coordinar la planeación regional, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, y elaborar los programas especiales que le señale el Presidente de la República; IV. Cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su elaboración y contenido.

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V. Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación para la planeación realicen las dependencias de la Administración Pública Federal; VI. Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las

propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales; y VII. Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta Ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, el Plan y los programas respectivos. ARTÍCULO 15. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le

corresponde:

I. Participar en la elaboración del Pian Nacional de Desarrollo, respecto de la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia; II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación del Departamento del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades de recursos y la utilización del Crédito Público, para la ejecución del Plan y los programas; III. Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas, en el ejercicio de sus atribuciones de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del Sistema Bancario; IV. Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas; y V. Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. ARTÍCULO

16. A las dependencias de la Administración Pública Fe-

deral les corresponde:

I. Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; II. Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las entidades paraestatales que se agrupen

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en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine el Presidente de la República; III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales interesados; IV. Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la República; V. Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes; VI. Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados; VII. Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en el programa institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; y VIII. Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos. ARTÍCULO 17. Las entidades paraestatales deberán:

I. Participar en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación de las propuestas que procedan en relación a sus funciones y objeto; II. Cuando expresamente lo determine el Ejecutivo Federal, elaborar su respectivo programa institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente; III. Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales y, en su caso, institucionales; IV. Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de los estados, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los lineamientos que al efecto señale esta última; V. Asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial respectivo; y

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VI. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del programa institucional. ARTÍCULO 18. La Secretaría de la Contraloría de la Federación deberá aportar elementos de juicio para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. ARTÍCULO 19. El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. Estas comisiones podrán, a su vez, contar con subcomisiones para la elaboración de programas especiales que el mismo Presidente determine. Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones y subcomisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.

CAPÍTULO III

Participación social en la planeación ARTÍCULO 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso de la Unión. Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en el Sistema deberán preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo.

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JORGE WITKER V. CAPÍTULO IV

Plan y programas ARTÍCULO 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República. y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo. ARTÍCULO 22. El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. ARTÍCULO 23. Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución. ARTÍCULO 24. Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su organización y funcionamiento. ARTÍCULO 25. Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objeti-

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vos nacionales fijados en el Plan, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. ARTÍCULO 26. Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. ARTÍCULO 27. Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el ario de que se trate, las actividades de la Administración Pública Federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. ARTÍCULO 28, El Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados. ARTÍCULO 29. El Plan y los programas regionales y especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto a la consideración y aprobación del Presidente de la República. Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector. Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo anterior corresponderá a la Secretaría de Programación y Presupuesto. ARTÍCULO 30. El Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. ARTÍCULO 31. El Plan y los programas sectoriales serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes al Plan y los programas, previa su aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación.

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ARTÍCULO 32. Una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Plan y los programas será extensiva a las entidades paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las dependencias, en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la ley, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades. La ejecución del Plan y los programas podrá concertarse, conforme a esta ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares. Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la población, a fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. La coordinación en la ejecución del Plan y los programas deberá proponerse a los gobiernos de los estados, a través de los convenios respectivos. CAPÍTULO V

Coordinación ARTÍCULO 33. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que correspondan a los municipios. ARTÍCULO 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas.

1. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que estimen pertinentes; II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y d los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la

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participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación; III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción; IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 14 de este ordenamiento; y V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. Para este efecto la Secretaría de Programación y Presupuesto propondrá los procedimientos conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones. ARTÍCULO 35. En la celebración de los convenios a que se refiere este capítulo, el Ejecutivo Federal definirá la participación de los órganos de la Administración Pública centralizada que actúen en las entidades federativas, en las actividades de planeación que realicen los respectivos gobiernos de las entidades. ARTÍCULO 36. El Ejecutivo Federal ordenará la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas. CAPÍTULO

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Concertación e inducción ARTÍCULO 37. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades paraestatales podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. ARTÍCULO 38. La concertación a que se refiere el artículo anterior será objeto de contratos o convenios de cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren, en los cuales se establecerán las consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y garantizar su ejecución en tiempo y forma. ARTÍCULO 39. Los contratos y convenios que se celebren conforme a este Capítulo se consideran de Derecho Público.

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Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de estos contratos y convenios, serán resueltas por los tribunales federales. ARTÍCULO 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las Leyes de Ingresos, los actos que las dependencias de la Administración Pública Federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica y social, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. El propio Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la concertación de acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. ARTÍCULO 41. Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y en general, inducir acciones de los particulares en materia económica y social, se ajustarán a los objetivos y prioridades del Plan y los programas. CAPÍTULO VII

Responsabilidades ARTÍCULO .42. A los funcionarios de la Administración Pública Federal, que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella se deriven a los objetivos y prioridades del Plan y los programas, se les impondrán las medidas disciplinarias de apercibimiento o amonestación, y si la gravedad de la infracción lo amerita, el titular de la dependencia o entidad podrá suspender o remover de su cargo al funcionario responsable. Los propios titulares de las dependencias y entidades promoverán ante las autoridades que resulten competentes, la aplicación de las medidas disciplinarias a que se refiere esta disposición. ARTÍCULO 43. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de orden civil, penal u oficial que se puedan derivar de los mismos hechos. ARTÍCULO 44. El Ejecutivo Federal, en los convenios de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas, propondrá la inclusión de una cláusula en la que se prevean medidas que

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sancionen el incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del mismo se deriven. De las controversias que surjan con motivo de los mencionados convenios, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del Artículo 105 de la Constitución General de la República.

TRANSITORIOS Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo. Lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del Artículo 69, regirá a partir del ario de 1984. Artículo 1Tercero. Se abroga la Ley sobre Planeación General de la República del 12 de julio de 1930 publicada en el Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a la presente. Artículo Cuarto. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias de esta Ley, continuarán aplicándose las que sobre la materia se hubieren expedido con anterioridad, en todo lo que no se opongan a este Ordenamiento. Artículo Quinto. Una vez publicada la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá proceder a efectuar una revisión de las disposiciones legales que se encuentran vigentes en materia de planeación del desarrollo, a efecto de formular, de ser procedente, las iniciativas de reformas que resulten necesarias.

México, D.F., a 29 de diciembre de 1982.—Mariano Piña Olaya, D. P.—Antonio Riva Palacio López.—S. P.—Hilda Anderson Navárez de Rojas, D. S.—Silvia Hernández de Galindo,—S. S.—Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.—"Año del General Vicente Guerrero".—Miguel de la Madrid Hurtado.—Rúbrica.—E1 Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.—Rúbrica..—E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, jesús Silva Herzog.—Rúbrica.—E1 jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.—Rúbrica.—E1 Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.—Rúbrica.

CAPÍTULO VI

LOS RECURSOS NATURALES A. Generalidades 71 B. Recursos naturales 71 C. Régimen jurídico de los recursos naturales renovables en México 73 1. Suelo y su reglamentación jurídica 73 2. Los recursos forestales 75 3. Protección jurídica de la ganadería y de la fauna 77 silvestre 4. Régimen jurídico de las aguas. . 78 5. Recursos naturales no renovables 82 Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo 91 95 Ley del servicio público de energía electrica .

CAPÍTULO VI

LOS RECURSOS NATURALES A. GENERALIDADES La política económica y sus dispositivos jurídicos instrumentales actúan en un espacio territorial determinado, ámbito geoeconómico que incide, en gran medida, en la riqueza o pobreza de un país. La desigual distribución a nivel planetario de los recursos naturales ha sido un factor determinante en la dicotomía desarrollo-subdesarrollo que históricamente acompaña a la sociedad internacional. Por otra parte, la ciencia económica que se dedica a resolver la ecuación ilimitadas necesidades humanas frente a recursos escasos, tiene en el factor territorial (continente de recursos naturales) un condicionador indiscutible. B. RECURSOS NATURALES Llamamos recursos naturales a todos aquellos elementos que nos proporciona la naturaleza, de los cuales se sirve el hombre para satisfacer sus necesidades de orden material.33 Al respecto Angel Bassols señala: dentro de los factores que integran la naturaleza, deben individualizarse aquellos que realmente se consideran recursos naturales, o sea, las riquezas o fenómenos de orden físico que se usan o pueden utilizarse para satisfacer necesidades de la sociedad, incluyendo en estas últimas no sólo las de carácter económico, sino también las que ayudan a mejorar la salud, a practicar el deporte o fomentar el conocimiento de la propia naturaleza (árboles, agua y suelo) y también a todos ellos tomados en su conjunto dentro de una expresión 33 Sánchez González, José, ''La protección de los recursos naturales renovables en el derecho mexicano-, Jurídica, México, núm. 12, 1980, p. 543.

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compleja (parques nacionales, reservas de caza, bellezas panorámicas) .34 Los recursos naturales se caracterizan, en general, por ser limitados e interdependientes. Limitados porque no crecen ilimitadamente, puesto que las leyes naturales imponen tasas de crecimiento al grado que cada uno de ellos controla el desarrollo de los demás. Son interdependientes, pues entre ellos se da una relación funcional de equilibrio en que la alteración de uno afecta al desarrollo de los otros. Por ejemplo, un incendio forestal ocasiona erosión de los suelos, alterando el ciclo de lluvias, modificando con ello el clima y afectando a todo el ecosistema agrícola de una región. Los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Son renovables aquellos susceptibles de renovarse merced a la ley natural o bien por la acción del hombre, y que se controlan jurídicamente por vía de la facultad estatal de policía, es decir, por regulaciones administrativas que disciplinan el uso y explotación que de ellos puedan hacer los particulares en ejercicio de sus derechos económicos. Su cuidado y regulación es menos riguroso comparativamente que cuando se trata de recursos naturales no renovables. Entre estos recursos se mencionan el suelo, la atmósfera, la flora y fauna silvestre, la energía solar, hidroeléctrica y eólica, el agua, el clima. Los recursos naturales no renovables o agotables son aquellos que se consumen con el uso como minerales, hidrocarburos, carbón mineral y fuentes geotérmicas. La protección jurídica de los recursos naturales ha sido preocupación constante de los Estados, máxime cuando el desarrollo científico y tecnológico permite al hombre explotar y dominar su entorno natural en forma racional o irracional, según sean los límites fijados por sistema jurídico. Los textos constitucionales y legales referidos a la protección de los recursos naturales nos señalan tres principios que caen de lleno en el ámbito de la política económica del Estado, y por ende, en el área regulatoria del derecho económico. 1. Derecho a la protección en sí de los recursos naturales (reservas hidroeléctricas, parques nacionales, monumentos naturales, vedas y reservas de tierra y forestales). 34 Bassols Batalla, Angel, Recursos naturales de México, México, Ed. Nuestro Tiempo, 1979, n. 50.

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2. Derecho a un aprovechamiento racional de los recursos naturales, instituciones como licencias, permisos, concesiones, limitaciones ad-. ministrativas, etcétera. 3. Ejercicio de facultades de policía administrativa que fomenta y controla actividades económicas en relación a los recursos naturales. Estos tres principios y su reglamentación conforman áreas sustanciales del derecho económico de cualquier país que escapan a las preocupaciones de otras ramas del derecho. Sin embargo, su importancia es fundamental y primaria como lo afirma un autor al respecto: vía

¿Qué sentido tiene el derecho a la vida si dejan de existir las condiciones ambientales necesarias para que el hombre pueda seguir viviendo sobre la Tierra? ¿Por qué entonces, conceder tanta importancia al estudio de éste y otros derechos de menor jerarquía, y tan poca importancia al estudio del derecho que condiciona los presupuestos primarios de operancia de todos los demás derechos? ¿Acaso podrá tener significado el derecho de propiedad o el derecho de la salud, o cualquier otro derecho, en un planeta cuyo contorno degradado haga imposible la presencia del hombre? 35 C. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN MÉXICO

1. Suelo y su reglamentación jurídica

El espacio terrestre de un país constituye el cuadro natural de las actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, actividades primarias que forjaron el crecimiento y evolución del hombre actual. Este desarrollo rural, regido hasta ayer por el derecho civil que definía los derechos y transmisión de los propietarios, ha sido impactado por dos fenómenos trascendentales: a) el desarrollo de las ciudades, y b) los progresos técnicos, ambos a su vez influidos por el aumento demográfico y sus respectivas demandas alimentarias y habitacionales." Con ello el espacio rural se ve sometido a ataques mútiples en vista de su utilización para fines que no tienen ninguna relación con su vocación natural. Sin embargo, el suelo es un elemento fundamental por cuanto constituye el asiento de las principales formas de vida orgánica 35 Valenzuela Fuenzalida, Rafael, El derecho del entorno y su enseñanza, Chile, Universidad Católica de Valparaiso, 1979, p. 20. 56 SArichez Gmzález, losé. ()p. cit.

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y el teatro de las actividades económicas y culturales de los grupos humanos.37 El estudio sobre los suelos de México se encuentra precariamente realizado, y de los escasos datos conocidos se puede afirmar que los suelos teóricamente aptos para la agricultura son aproximadamente setenta millones de hectáreas, de las cuales treinta y cinco millones son cultivables y sólo doce millones son susceptibles de riego.38 Desde la perspectiva del derecho económico, varios ordenamientos legales se ocupan de la protección de éste y otros recursos naturales. En efecto, a nivel constitucional el párrafo tercero del artículo 27 dispone textualmente: La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación. En dicho precepto constitucional está la facultad de policía administrativo que cumple el Poder Público, facultad que la ejerce a través de las siguientes leyes aplicables al suelo: 37 Bassols 38 Ibidern.

Batalla, Angel, op. Cit.

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1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 2. Ley de Conservación de Suelo y Agua (D.O. 6-VII-46) 3. Ley Federal de Reforma Agraria (D.O. 16-1V-71) 4. Ley de Fomento Agropecuario (D.O. 2-1-81) 5. Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos (D.O. 13-XII-74) 6. Ley Forestal (D.O. 30-V-1986) 7. Ley General de Asentamientos Humanos (D.O. 26-V-76) 8. Ley General de Bienes Nacionales (D.O. 7-11-84) 9. Ley de Obra Pública (D.O. 30-X11-80) 10. Ley Federal de Agua (D.O. 11-1-72 y 13-1-86) 11. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera (D.O. 22-XII-75) 12. Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal (D.O. 7-1-76) 13. Ley General de Salud (D.O. 7-11-84) 14. Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (D.O. 28-1-88) 15. Reglamento sobre Impacto Ambiental (D.O. 7-VI-88) 2. Los recursos forestales Se trata de proteger jurídicamente la flora silvestre terrestre, incluidos los bosques. La riqueza de especies vegetales es importante no sólo en su faceta económica (bosques) sino en la mantención de ecosistemas diversos. México cuenta con cerca del 10% de la flora mundial expresada en más de 25 000 especies de plantas superiores. Estos recursos forestales cubren áreas que ascienden a cerca de cuarenta millones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas que representan el 43% de la superficie total del territorio nacional. Pese a ello, su irracional explotación y la proliferación de incendios forestales ha impactado una deforestación que ha erosionado y desertificado el territorio a un ritmo de 225 mil hectáreas por ario." Para enfrentar la conservación y fomento de este recurso natural renovable el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988 señala: "el bosque y en general los recursos forestales, representan un potencial importante en cuanto a la generación de ingresos, empleo, la diversificación de las actividades, por lo que su preservación y explotación adecuada será atendida y apoyada con preferencia".4° Braries, Raúl, Derecho ambiental mexicano, México, Universo Veintiuno, 1987. 40 Ver documento oficial de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrálicos, 1986. 39

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El fundamento para intervenir, controlar y regular este recurso lo encontramos en el artículo 27 constitucional que expresa dos vertientes: 1) la facultad de imponer modalidades a la propiedad de los particulares y 2) la facultad de regular el aprovechamiento para evitar su destrucción en perjuicio del interés público. a) La Ley Forestal Se trata de una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional de tal suerte que: regula en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. El objeto de la Ley consiste en ordenar y regular la administración, la conservación, la protección, el fomento, la restauración y aprovechamiento de los recursos forestales. La Ley consta de noventa artículos, que se distribuyen en cinco títulos que tratan, sucesivamente, del objeto de la Ley, de la planeación y administración de los recursos forestales, del manejo integral de los recursos forestales, de la producción forestal y de la inspección y vigilancia y de las y delitos. Aunque la casi totalidad de dichos preceptos tienen que ver directa o indirectamente con la protección de la flora, las disposiciones principales en esta materia se concentran en el título tercero, que se ocupa del manejo integral de los recursos forestales (artículos 18-63). Dicho título se encuentra integrado por cinco capítulos que tratan: 1) de la ordenación forestal de las cuencas; 2) de los recursos nacionales forestales y otras áreas sujetas a conservación; 3) de la protección forestal; 4) del fomento y la restauración forestal, y 5) de los aprovechamientos y los servicios técnicos forestales.41 b) Otras disposiciones jurídicas sobre los recursos forestales 1. 2. 3. 4. 41

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Terrenos Baldíos Ley Federal de Aguas Ley General de Salud

Ver Ley Forestal, México, Ediciones Andrade. 1986.

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5. Ley General de Asentamientos Humanos 6. Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal 7. Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (D.O. 20-IV-42) 8. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (D.O. 2-V-84) 9. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (D.O. 4-111-82). 3. Protección jurídica de la ganadería y de la fauna silvestre La ganadería es un recurso económico renovable de enorme importancia, tanto por su relación con el sector alimentario nutricional del hombre como por su eventual exportación a los mercados mundiales. México cuenta a la fecha con una población ganadera de alrededor de 45 millones de cabezas de ganado vacuno y de doce millones de ganado porcino. En lo que respecta a la fauna silvestre, México ostenta una de las más diversificadas del mundo. Existe aproximadamente 3 132 especies de mamíferos, de las cuales cuarenta especies son cinegéticas (caza mayor o menor) y otras 557 más son de interés para el hombre, mientras que las especies conocidas de aves ascienden a 1 051, de las cuales se permite la caza de 56 y la captura de 61. Los reptiles y anfibios son tipos altamente diversificados; se reconocen 1 210 reptiles y 227 anfibios." La protección de la fauna silvestre señala, Raúl Branes, debe considerarse no sólo como una cuestión que atañe al bienestar económico, cultural y estético del hombre, sino también a la consecución de los ecosistemas terrestres de los cuales en fauna es uno de sus componentes bióticos, y como tal, contribuye a su equilibrio." Con base en el artículo 27 constitucional este recurso natural renovable es controlado y regulado (facultad de policía administrativa) por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La Ley Federal de Caza (D.O. 5-01-52) es el cuerpo normativo que tiene por objeto "orientar y garantizar la conservación, resturación y 42 43

Brafies, Raúl, op. !dem.

Cit.

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fomento de la fauna silvestre que subsiste libremente en el territorio nacional, regulando su aprovechamiento". Otros ordenamientos en la materia son la Ley de Sanidad fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos y sus Reglamentos, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Forestal y la Ley de Reforma Agraria, la Ley General de Salud, Reglamento de Movilización de Animales y sus Productos (D.O. 11-08-79) y Reglamento para Campañas de Salud Animal (D.O. 15-05-79). 4. Régimen jurídico de las aguas Como recurso natural renovable, las aguas en sus diversos tipos (superficiales, atmosféricas, marinas y oceánicas) conforman el recurso natural por excelencia. Su imporancia y utilidad es resumida magistralmente por un autor: No sólo el hombre la utiliza para la bebida y alimentación, para el cultivo y como materia prima o vehículo de numerosos procesos industriales o vinculados a la salud pública, sino que en determinadas condiciones constituye una fuente inagotable de energía, forma el gran hábitat en que se desarrolla la fauna ictiológica que constituye una de las principales fuentes de alimentos a la humanidad y sirve de vía de comunicación para estrechar las relaciones espirituales y comerciales entre los pueblos, y de escenarios para la vida recreativa. Pocos recursos naturales ofrecen una utilidad tan variada como los recursos acuíferos» México es un país en donde las aguas se encuentran desigualmente repartidas: mientras en el sureste y noroeste existen en apreciables cantidad, en el centro y al norte su caudal es exiguo. Según Angel Bassols, nuestros recursos acuíferos se elevan a un total de 91500 millones de metros cúbicos, que serían los recursos de agua para satisfacer necesidades nacionales de riego y otros usos. Respecto a la relación de este recurso con el suelo agrícola, conviene recordar que de los 35 millones de hectáreas cultivables en nuestro país, menos de la tercera parte puede ser irrigada, el resto sólo pude tener una agricultura de temporal (o de temporada). En el derecho comparado económico y para ejercer la facultad de policía administrativo, el Estado recurre a la reserva hidráulica. insti44 Catalano E., Fernando, Teoría general de los recursos naturales, Buenos Aires, Zovalia Editor, 1947, p. 10.

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tución de derecho público cuya finalidad es -proteger y conservar las aguas en cualquier forma en que se encuentren, es decir, fueren superficiales o subterráneas (caudales, cursos depósitos naturales, aguas de dominio público o privado) ". Nuestra Constitución federal señala el fundamento para que el poder público ejerza su facultad de policía administrativa. En efecto, el citado párrafo tercero del artículo 27 constitucional otorga a la nación el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, entre los cuales se halla el agua, con objeto de distribuirlos equitativamente y cuidar de su conservación. Por su parte, el párrafo séptimo dispone: Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentemente o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino; o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extración y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas

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aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicen los Estados. En conclusión, el área de los recursos naturales renovables en nuestro país está fundado en un sólido marco constitucional y en inumerabies legislaciones secundarias, reglamentarias y administrativas, que permiten al Estado mexicano ejercer con plenitud las facultades de policía administrativa a fin de orientar, controlar y en su caso sancionar las conductas de los particulares que puedan atentar contra las áreas de recursos naturales, verdaderos sustentos del derecho a la vida y calidad de la vida de los mexicanos. Con base en dicho precepto se han expedido los siguientes ordenamientos legales sobre la materia: — Ley Federal del Mar (D.O. 13-1-86) — Ley Federal de Pesca (D.O. 26-X11-86) a) Ley Federal del Mar Esta Ley reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del artículo 27 constitucional, rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos (artículo 29). Desde esa perspectiva la Ley Federal del Mar señala como zonas marinas las siguientes: 1) las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas; 2) el régimen aplicable a los recursos marinos vivos, inclusive su conservación y utilización; 3) el régimen aplicable a los recursos marinos no vivos; 4) el aprovechamiento económico del mar, inclusive la utilización de vínculos disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las corrientes y de las rentas, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, la promoción de la recreación y el turismo, y el establecimiento de comunidades pesqueras (artículo 69). Esta Ley opera sectorialmente armonizada por la Ley General de Bienes Nacionales, por la Ley de Obra Pública, por la Ley Federal de Pesca, por la Ley Federal de Turismo y por la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, según el tipo de materia a regular.

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b) Ley Federal de Pesca

Como ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política tiene por objeto regular los recursos naturales que constituyen la flora y fauna acuáticas que comprende todas las especies biológicas y elementos biogénicos que existen en el agua y sobre la cual la nación ejerce derechos de propiedad originaria en el mar territorial, aguas interiores y derechos de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre los recursos naturales que se localizan en la zona económica exclusiva. Su objeto es fomentar y regular la pesca en beneficio social de las especies descritas anteriormente y ordenar las actividades de las personas físicas y morales que en ello intervengan. Por su parte el artículo 9 clasifica por su finalidad la pesca en: de consumo doméstico, de fomento, comercial, deportivo-recreativo y didáctica. La Secretaría de Pesca cumple la función de aplicar esta Ley, según se señala en el artículo 16. Las concesiones, permisos y autorizaciones están señaladas en los artículos 18 a 45 de la Ley. La Ley declara especies reservadas para su captura y cultivo al abulón, almeja, pismo, cabrilla, camarón, langosta de mar, ostión, tortuga marina y totoaba. El artículo 63 crea la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, comisión intersecretarial que actuará junto a la secretaría del ramo como instancia para el fomento pesquero. Finalmente, los capítulos XVI, XVII y XVIII se refieren a infracciones, sanciones y del recurso administrativo. Este último tiene un plazo de quince días hábiles para interponerse ante el titular de la Secretaría de Pesca. Las multas se aplican en salarios mínimos según la infracción de conformidad con el artículo 92 de la propia ley. Complementa la regulación de la actividad pesquera el Reglamento de la Ley antes descrita publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1988. — Ley General de Bienes Nacionales (D.O. 07-11-84) — Ley Federal de Aguas (D.O. 11-1-72, 13-1-86) — Ley de Vías Generales de Comunicación (D.O. — Ley Federal de Turismo (D.O. 6-11-84) México ha suscrito y ratificado un número importante de acuerdos internacionales que se refieren, de una manera u otra, a la protección de los ecosistemas marinos.

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Los acuerdos internacionales que deben mencionarse, de acuerdo con la fecha en que México ha pasado a formar parte de ellos, son los siguientes: 1) la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena (D.O. 30-06-49); 2) el Convenio Internacional para la Prevención de la Polución de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (D.O. 09-03-77); 3) el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias (D.O. 15-07-75); 4) la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos del Alta Mar (D.O. 22-10-66); 5) la Convención sobre Plataforma Continental (D.O. 16-12-66); 6) la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (D.O. 15-10-66, con erratas en D.O. 22-02-67); 7) la Convención sobre la Alta Mar (D.O. 1910-66; con erratas en D.O. 22-02-67); 8) el Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen Contaminación por Hidrocarburos (D.O. 25-05-76); 9) el Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Contaminación por Sustancias Distintas de los Hidrocarburos (D.O. 19-0580; con su acta de ratificación en D.O. 25-01-80 y sus erratas en D.O. 01-08-80); 10) el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Contaminación del Medio Marino por Derrame de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas (D.O. 18-05-81); 11) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (D.O. 01-06-83), y 12) el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente en la Región del Gran Caribe (D.O. 02-08-85; con erratas en (DO. 03-12-85) .45 5. Recursos naturales no renovables Este tipo de recursos se inscribe directamente en el ámbito del derecho económico, pues su importancia es estratégica para la economía de 45 Sobre el naciente derecho pesquero mexicano, en las publicaciones de la Academia Internacional de Derecho Pesquero tales como:

* Memoria del I Coloquio Internacional sobre Legislación Pesquera. Edición de la Secretaría de Pesca y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 4 volúmenes, 1981. * Revista de Derecho Pesquero, publicación trimestral de la Academia Internacional de Derecho Pesquero, lleva 6 números publicados, a partir del mes de noviembre de 1981, México, 1981. * Derecho pesquero mexicano, obra de colaboración, edición de la Secretaría de Pesca y la Facultad de Derecho de la UNAM, México, 1982. * Herrera Pena, José, "La acuacultura en México", Semilegislación, núm. 11, edición de la Secretaría de Pesca y el I Coloquio Internacional sobre Legislación Pesquera, México, 1981, p. 156.

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los países y por su característica, además de agotables y limitados imponen el poder público, tratamiento y protecciones que tienen como eje a la titularidad pública, con exclusión nominal de los particulares. Sobre estos recursos, los Estados ejercen su dominio directo por regla general, facultad que se ha ido conquistando y reconociendo por el derecho internacional público y que se legitimó por la comunidad internacional en 1952, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 626 VII. De esa fecha en adelante, los distintos ordenamientos constitucionales han ido incorporando a sus sectores públicos sus recursos naturales, sin poca resistencia de las empresas extranjeras dominantes. Estos recursos, al igual que los renovables en México, por mandato del artículo 27 constitucional, se ubican en el sector público y en general son gestionados y explotados directamente por el Estado, sin que haya lugar a la concesión, permiso u otra facultad de policía. Para efectos de este apartado, hacemos mención al petróleo, energía eléctrica y recursos mineros, sectores fundamentales para el desarrollo integral del país. A. Petróleo El petróleo es posiblemente uno de los elementos más definidores de la actual coyuntura de nuestra civilización industrial. Sus características son bien conocidas: alto poder energético, facilidad de manejo y transporte, abundantes subproductos, especialmente petroquímicos. Por el contrario, su explotación es costosa y aleatoria; las reservas son limitadas; la distribución geográfica desigual y, finalmente, requiere de cuantiosas inversiones de infraestructura tanto para crudos como petroquímicos. México es un país privilegiado en materia petrolera. En efecto, su nivel de reservas probadas de 50 000 millones de barriles (66% de aceite y el resto de gas), y 20 000 millones de reservas potenciales, lo señalan como una potencia petrolera de primera magnitud. En 1983, con una producción de dos millones 600 mil barriles diarios, se coloca como el quinto productor mundial y el primero a nivel latinoamericano. Esta ventajosa situación interna y externa se da en un enfoque de titularidad pública del petróleo, gracias a la visión nacionalista del presidente Lázaro Cárdenas. En efecto el artículo 27 constitucional en el párrafo respectivo señala: "Corresponde a la Nación el dominio... El petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos."

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PEMEX. De acuerdo con la Ley Orgánica vigente (de 21 de enero de 1971), la institución tiene por objeto la exploración, el transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, el gas natural, y los productos que se obtengan de la refinación de éstos, así como del gas artificial y de aquellos productos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias industriales básicas; es decir, todas aquellas actividades de orden técnico, industrial y comercial que constituyen la industria petrolera y petroquímica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria en el Ramo de Petróleo, del artículo 27 constitucional. En tanto que goza de personalidad jurídica y de patrimonio propio, Pemex cuenta, de conformidad con el artículo 7 del mismo ordenamiento (Ley Orgánica), con libertad de gestión, disfrutando de las más amplias facultades para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con la industria petrolera y petroquímica. Como organismo descentralizado Pemex está sectorialmente adscrito a la SEMID, según lo dispone la fracción VIII del artículo 33 de la LOAPF, a través de lo cual debe elaborar su presupuesto de inversión y gastos, al igual que otras entidades del sector paraestatal. Con base en el artículo 27 constitucional se expiden Tos siguientes ordenamientos normativos referidos al petróleo: 1. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (D.O. 29-IX-1958). 2. Reglamento de la ley precedente (D.O. 25-VIII-1959). 3. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (D.O. 21-1-1971). 4. Reglamento de la Ley Reglamentaria del Petróleo, en Materia de Petroquímica (D.O. 9-11-1971). 5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (31-XII1976 y sus reformas, dic. 1982 y dic. 1983). 6. Ley de Obras Públicas. Petroquínzica. A partir de la clasificación de los derivados del petróleo, la industria petroquímica se subdivide en básica, intermedia y secundaria. La básica, por mandato constitucional, está reservada exclusivamente a Pemex, con una producción de 14 millones de toneladas anuales volcadas sobre el mercado interno. En la petroquímica intermedia operan veinticinco empresas, incluida Pemex, y actualmente dieciséis productos que participan con alrededor del 75 por ciento del volumen de la producción total de petroquímicos

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del país. En estos productos no se han registrado transacciones considerables en el mercado, pues con frecuencia las empresas están integradas con las siguientes etapas de transformación. En 1979 las importaciones de los intermedios fueron de aproximadamente el 4.6 por ciento de la demanda. Las de aromáticos y derivados del propileno han sido las mayores. Los proyectos de Pemex, referente a complejos petroquímicos en Morelos, en Laguna de Ostión y en Dos Bocas, permitieron atender la demanda y terminar con el déficit del polipropileno y acrilonitrito. En el sector secundario el país deficitario en varios productos, sobre todo en lo que se refiere al polietileno, poliestireno, algunas fibras y elastómeros. En cambio, su capacidad ocupa el sexto lugar en el mundo para producir poliéster (sin considerar a los países de Europa socialista). En esta área participan el capital privado, nacional y extranjero; así como el Estado, en el caso de los fertilizantes. Las principales empresas están controladas por cuatro grupos: CELANESE, CYDSA, DESC y el grupo ALFA. Sus principales productos son fertilizantes, fibras artificiales y plaguicidas. Poseen parte del capital algunas compañías transnacionales como Du Pont, Philips, B.F. Goodrich, Monsanto y las alemanas Bayer y BASF. La asociación con estas compañías ha sido necesaria en virtud de tener un mejor acceso a la tecnología (el grupo Cydsa, que es el segundo en importancia, tiene mayor participación de capital nacional, pues es relativamente más autónomo en su tecnología).

B. Energía eléctrica y nucleoeléctrica La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad para la vida moderna del ser humano. La industria en general, incluyendo a la petrolera, la agricultura, la minería y hasta la difusión de la información dependen de ella. Como recurso natural no renovable, la energía eléctrica se ubica como reserva exclusiva. Está considerada en el párrafo VI del artículo 27 constitucional: Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de la energía nuclear y la regulación de su apli-

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cación en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos... El control y explotación de dicho recurso lo efectúa el gobierno federal por intermedio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de la Comisión Federal de Electricidad. En efecto, la SEMIP, según la fracción VIII del artículo 35 de la LOAPF, regula la industria eléctrica y la nuclear (Ley reglamentaria en materia nuclear (D.O. 4-XI-85). La Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado del gobierno federal, creado en 1933, pero cuyo decreto de funcionamiento data de 1949, que según su artículo 19 tiene por objeto: 1. Estudiar la planeación del sistema nacional de electrificación y las bases de su funcionamiento. 2. Ejecutar obras relacionadas con la transformación, terminación y distribución de energía eléctrica. 3. Adquirir instalaciones de las mencionadas en el párrafo anterior, así como valores y acciones relativos de la industria eléctrica... A partir de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, este servicio público se ha integrado nacionalmente, debiendo atender una demanda de diez por ciento de crecimiento anual, con una capacidad instalada en 1982 de 18 000 megawatts con una generación bruta de alrededor de 73 000 gigawatts horas. Su fuente generadora es 65 por ciento de tipo termoeléctrica (uso combustóleo) y el 35 por ciento restante de tipo hidroeléctrica (aprovecha energía natural de caída de agua). Otras fuentes de energía relacionadas a este recurso son la geotermoeléctrica (Cerro Prieto), carbón mineral (Piedras Negras) y termonuclear (proyecto de Laguna Verde, Veracruz). A las normas jurídicas antes mencionadas debemos agregar las siguientes: la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (1975) y sus recientes reformas (diciembre de 1983) que establecen entre otras innovaciones las siguientes: "ARTÍCULO 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno integrada por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, SECOFIN, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Programación y Presupuesto y SE1VIID, quien la presidirá..." "ARTÍCULO 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público..."

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"ARTÍCULO 32. El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos de suministros que se hubieren celebrado..." Otros artículos reformados a dicha ley son: 59, 69, 99, 13, 14, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43 y 44.

C. Minería Entre los recursos naturales no renovables, la minería ocupa un lugar de primer orden. En efecto, la producción minera nacional la componen 47 tipos de minerales diversos: entre los preciosos, oro y plata; 14 no ferrosos; 4 siderúrgicos y 27 metálicos. Esta variedad de minerales se distribuyen en 28 estados de la República. El artículo 27 constitucional en sus párrafos cuarto y sexto, establece el régimen constitucional de la minería en México. El párrafo cuarto señala: Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos,

masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de las componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la indus-

tria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias, la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley reglamentaria respectiva... Por su parte el párrafo sexto expresa: En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprcscriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los partí-, culares o por sociedades constituidas conforme a las Leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que esta-

blezcan las Leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independiente-

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mente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley reglamentaria respectiva... De ambos párrafos se desprende que la nación tiene el dominio directo o sea la propiedad absoluta y perfecta de naturaleza pública que se ve reforzada por las notas de inalienabilidad e imprescriptibililidad, sobre los yacimientos minerales ubicados dentro del territorio nacional. Conviene recordar que sobre los yacimientos minerales ubicados en la zona económica exclusiva, el Estado tiene un dominio eminente, es decir, facultad de legislar sobre los bienes ahí ubicados y colocados bajo su jurisdicción. Consecuencia de lo anterior podemos afirmar que en México no puede existir la propiedad privada sobre los yacimientos minerales; la explotación de los mismos por particulares sólo se puede efectuar mediante el otorgamiento de la competente concesión por el Estado, misma que no otorga a los explotadores ningún derecho real sobre los yacimientos, sino que sólo les otorga un derecho personal frente al Estado, el que por ser absoluto es oponible a cualquier tercero. El petróleo, todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y ga:seosos, y los minerales sedimentados, son sustancias no concealibles y sólo el Estado puede llevar a cabo su explotación, vía gestión directa. Otro precepto constitucional relevante es el artículo 73, fracción X, ,que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia mineral: la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera '(Diario Oficial 22-XII-1975). La Ley consta de ciento nueve artículos divididos en doce capítulos y contiene además quince disposiciones transitorias. La Ley señala en su artículo 19 que es de observancia general en toda la República, que sus disposiciones son de orden público y que compete a la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal, su aplicación y la vigilancia de su cumplimiento. El artículo 2° determina que se sujetan a las disposiciones de esta ley, la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de las

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sustancias que constituyan depósitos minerales distintos de los componentes de los terrenos. Por su parte el artículo 69 señala que la explotación, beneficio y aprovechamiento de las sustancias mineras se puede realizar por el Estado, a través del Consejo de Recursos Minerales, de la Comisión de Fomento Minero o de empresas de participación estatal mayoritaria, por empresas de participación estatal minoritaria y por los particulares, sean personas físicas o morales. Respecto a las entidades del sector público, la Ley usa la expresión asignación; en cambio, para los particulares utiliza la expresión concesión.

La concesión minera es una institución de derecho administrativo por medio de la cual el Ejecutivo federal, a través de SEMIP faculta al concesionario para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de las sustancias que constituyen depósitos minerales distintos de los componentes de los terrenos. Respecto a los sujetos susceptibles de gozar de concesiones, la Ley señala las personas físicas mexicanas, los ejidos y comunidades agrarias con las condiciones preferentes a que se refiere la Ley Federal de Reforma Agraria, las sociedades cooperativas de producción minera que están constituidas de acuerdo con la ley respectiva, y autorizadas y registradas por la SEMIP y las sociedades mercantiles de acuerdo con lo dispuesto por ella. Aquí vemos cómo la Ley considera a los ejidos y comunidades agrarias, como personas susceptibles de obtener concesiones mineras y acciones de sociedades anónimas dedicadas a la minería. Los tipos de concesiones mineras, según la Ley, son de exploración, explotación y de planta de beneficio (artículo 32). Los requisitos, condiciones y plazos de cada uno de los tipos de concesión reflejan el interés que el legislador da a la producción minera, como factor de desarrollo nacional equilibrado que va más allá del interés lucrativo de los particulares. Respecto a los extranjeros, el artículo 15 de la Ley en estudio señala que las concesiones no podrán ser otorgadas a extranjeros, sean personas físicas, sociedades, soberanos,Estados o gobiernos, ni a sociedades mexicanas en las que extranjeros representen el capital social, un porcentaje mayor señalado para cada caso en los artículos 12 y 13 de la Ley. Esta Ley es completada con el Reglamento (D.O. 20-XII-76).

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El Ejecutivo federal en uso de sus atribuciones legales, controla este importante recurso no renovable, a través de las siguientes dependencias. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. (artículo 33 fracción VIII - LOAPF). La Comisión de Fomento Minero (artículo 91 de la Ley Minera). El Consejo de Recursos Minerales (artículo 95 de la Ley Minera). El Registro Público de Minería (artículo 84 de la Ley Minera). La política minera expresada por la administración del presidente De la Madrid se concretó en el Programa Nacional de Minería 19841988 por el cual se seleccionaron 38 minerales con carácter de estratégicos, mismos que se vincularon a la industria nacional para la producción de bienes básicos o para la fabricación de maquinaria y equipo. Tales productos fueron: aluminio, antimonio, arsénico, bismuto, cadmio, cobre, cromo, estaño, fierro, manganeso, molibdeno, níquel, oro, plata, plomo, tungsteno, zinc, arcilla, asbesto, azufre, barita, bentonia, bórax, caliza, caolín, carbón no coquizable, carbonato de sodio, celestina, dolomita, fluorita, fosforita, grafito, amorfo, grafito cristalino, potasio, sal, sílice y yeso. Sin embargo, a los cinco arios de esa decisión y debido a la contracción de la actividad económica nacional el 24 de mayo de 1988 y en el contexto de la disminución del sector paraestatal la SEMIP redujo la anterior lista a sólo el hierro, el azufre, fosforita y potasio, es decir, de los 38 estratégicos se han reducido a cinco en los cuales el Estado mantendrá un control exclusivo. Esta reducción se expresa en el siguiente indicador: hasta 1987 el Estado mexicano poseía una extensión territorial de reservas mineras de dos millones 427 mil hectáreas aproximadamente, en cinco años se ha desincorporado un millón 138 mil hectáreas, es decir cerca del 50% de ese total ha pasado a manos del sector privado. Las principales grandes empresas mineras desincorporadas han sido Real del Monte en Hidalgo; la Noria Real de los Angeles, en Zacatecas; Macocosac en Chihuahua; el Bargueño en Jalisco y Cananea en Sonora. Esta política de privatización del sector minero es congruente con la política global de adelgazamiento del sector público, fenómeno éste que ha caracterizado el sexenio 1982-1988.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO (Esta Ley abroga la de 3 de mayo de 1941, publicada en el Diario Oficial de 18' de junio del mismo alio).

Corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburas de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional —incluida la plataforma continental— en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan de él. ARTÍCULO 29 Sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera, en los términos del artículo siguiente. En esta Ley se comprende con la palabra "petróleo" a todos los hidrocarburos naturales a que se refiere el artículo 19. ARTÍCULO 39 La industria petrolera abarca:

ARTÍCULO 1°

I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la refinación de éstos. II. La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas artificial. III. La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servicio como materias primas industriales básicas. ARTÍCULO 49 La nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 39, por conducto de Petróleos Mexicanos, institución pública descentralizada cuya estructura, funciones y régimen interno determinan las leyes, reglamentos y demás disposiciones correspondientes, o por caulquier otro organismo que en el futuro establezcan las leyes. ARTÍCULO 59 La Secretaría de Economía asignará a Petróleos Mexicanos los terrenos que esta institución le solicite o que el Ejecutivo Federal considere conveniente asignarle para fines de exploración y explotación petroleras. El reglamento de esta Ley establecerá los casos en que la Secretaría de Economía podrá rehusar o cancelar las asignaciones.

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ARTÍCULO 60 Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participaciones en los resultados de las explotaciones. ARTÍCULO 79 El reconocimiento y la exploración superficial de los terrenos, para investigar sus posibilidades petrolíferas, requerirán únicamente permiso de la Secretaria de Economía. Si hubiere oposición del propietario o poseedor de los terrenos objeto de la explotación, la Secretaría de Economía, oyendo a las partes, concederá el permiso mediante la fianza que deberá otorgar Petróleos Mexicanos por los daños y perjuicios que pudieran causarse a los afectados. ARTÍCULO 89 El Ejecutivo Federal establecerá zonas de reservas petroleras en terrenos que por sus posibilidades petrolíferas así lo ameriten, con la finalidad de garantizar el abastecimiento futuro del país. La incorporación de terrenos a las reservas y su desincorporación de las mismas, serán hechas por Decreto Presidencial, fundado en los dictamentes técnicos respectivos. ARTÍCULO 99 La industria petrolera es de la exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas o reglamentarias que la rijan, y establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos. ARTÍCULO 10. La industria petrolera es de utilidad pública. Por lo tanto, tendrá preferencia sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, y procederá la ocupación o la expropiación de los mismos, mediante la indemnización legal correspondiente, en todos los casos en que lo requieran las necesidades del país o de la industria. ARTÍCULO 11. El Ejecutivo Federal dictará las disposiciones relacionadas con la vigilancia de los trabajos petroleros y las normas técnicas a que deberá estar sujeta la explotación. ARTÍCULO 12. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria petrolera, que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios federales. ARTÍCULO 13. Las infracciones a esta Ley y a su reglamento, podrán ser sancionadas con multa de $100.00 a $1000,00.00, a juicio de la Secretaría de Economía, tomando en cuenta la importancia de la falta.

TRANSITORIOS Artículo Primero. A partir de la vigencia de esta Ley, los terrenos comprendidos en concesiones otorgadas conforme a la Ley de 26 de

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diciembre de 1925 y sus reformas de 3 de enero de 1928, podrán ser asignados a Petróleos Mexicanos o incorporados a las reservas nacionales. En todo caso, los titulares de estas concesiones o sus causahabientes tendrán derecho a recibir del Gobierno Federal la indemnización correspondiente, cuyo monto podrá fijarse de común acuerdo. A falta de acuerdo, el monto de la indemnización será fijado por resolución judicial. Artículo Segundo. Los titulares de las concesiones de transporte, de almacenamiento y distribución, otorgadas conforme a la Ley de 3 de mayo de 1941, al entrar en vigor la presente Ley, podrán optar por ser indemnizados p por contratar con Petróleos Mexicanos la prestación de dichos servicios, para lo cual, en igualdad de condiciones, tendrán derecho de preferencia. Artículo Tercero. En un plazo de seis meses, a contar de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, se expedirá el reglamento de ella. Artículo Cuarto. Se deroga la Ley reglamentaria de 2 de mayo de 1941. Artículo Quinto. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Donato Brazo Izquierdo, S. P.—Francisco Pérez Ríos, D.P.—José Castillo Tielmans, S., S. Fernando Díaz Durán, D. S.— (Rúbrica). En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido la presente Ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho,—Adolfo Ruiz Cortínes.— (Rúbrica)).—E1 Secretario de Gobernación, Ángel Carvajal.— (Rúbrica ).—E1 Secretario de Economía, Gilberto Layo.— (Rúbrica)).—E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Carrillo Flores.,— (Rúbrica).

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPÍTULO 1

Disposiciones generales ARTÍCULO 1° Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, con-

ducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos trámites. ARTÍCULO 29 Todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público. ARTÍCULO 39 No se considera servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares, individualmente considerados. ARTÍCULO 49 Para los efectos de esta Ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende: I. La planeación del sistema eléctrico nacional; II. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, y; III. La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. ARTÍCULO 59 La Secretaría del Patrimonio Nacional, fijará la Política Nacional de Energéticos y dictará las disposiciones relativas al

servicio público de energía eléctrica que deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso productivo. ARTÍCULO 69 Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría del Patrimonio Nacional autorizará, en su caso, los programas y proyectos que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos previstos en el artículo 49.Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación y distribución de energía eléctrica, serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Elec-

tricidad.

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JORGE WITKER V. CAPÍTULO II

Del organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica ARTÍCULO 79 La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se refiere el artículo 49. ARTÍCULO 8 Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ARTÍCULO 99 La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto: .



I. Prestar el servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 4 conforme a lo dispuesto en el artículo 59; II. Proponer a la Secretaría del Patrimonio Nacional, los programas y proyectos a que se refiere el artículo 69; III. Importar y exportar, en forma exclusiva, energía eléctrica; IV. Formular y proponer al Ejecutivo Federal los programas de operación, inversión y financiamiento que a corto, mediano o largo plazo, requiera la prestación del servicio público de energía eléctrica; V. Promover la investigación científica y tecnológica nacional en materia de electricidad; VI. Promover el desarrollo y la fabricación nacional de equipos y materiales utilizables en el servicio público de energía eléctrica; VII. Celebrar convenios o contratos con los Gobiernos de la Entidades Federativas y de los Municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica; VIII. Efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; y IX. Los demás que fijen esta Ley y sus Reglamentos. .

ARTÍCULO 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno integrada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Industria y Comercio, de Recursos Hidráulicos, de la Presidencia y del Patrimonio Nacional, quien la presidirá. También formarán parte de la Junta de Gobierno, tres representantes de los trabajadores electricistas sindicalizados de planta, que corresponderán a las áreas de planeación, operación y construcción. Los Secretarios de Estado y los trabajadores sindicalizados integrantes de la Junta de Gobierno, nombrarán a sus respectivos suplentes. La Junta de Gobierno designará a un secretario de la misma. ARTÍCULO 11. La Junta de Gobierno sesionará válidamente y sus decisiones serán obligatorias, cuando se reunan la mayoría de sus inte-

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grantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. ARTÍCULO 12. La Junta de Gobierno deberá: I. Aprobar en su caso, el proyecto del plan anual de arbitrios y del presupuesto anual de egresos; A su elección podrán aprobarse proyectos de planes de arbitrios y presupuestos de egresos trienales o quinquenales; II. Aprobar, en su caso, el estado patrimonial y financiero anual; III. Aprobar, en su caso, los programas y proyectos que deberán someterse a la autorización de la Secretaría del Patrimonio Nacional en los términos del Artículo 69; IV. Aprobar, en su caso, el reglamento interior del organismo y los proyectos y eventualmente modificaciones de la estructura funcional o de los sistemas organizativos de la Comisión Federal de Electricidad, que proponga el Director General; V. Designar a propuesta del Director General a los Directores o Gerentes de las distintas áreas de actividad; VI. Aprobar, en su caso, la propuesta anual de ajuste de las tarifas, que deberá formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero a que se refiere la fracción II de este artículo; VII. Aprobar, en su caso, la propuesta de reestructuración tarifada; VIII. Aprobar, en su caso, el programa de adiestramiento, capacitación y desarrollo de recursos humanos que proponga el Director General; IX. Conocer sobre las peticiones que formulen los trabajadores sindicalizados de la institución sobre revisión de contrato colectivo de trabajo, teniendo en cuenta la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad; X. Resolver sobre los asuntos que someta a su conocimiento cualquiera de sus miembros o el Director General; y XI. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a la Comisión Federal de Electricidad. ARTÍCULO 13. El patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad se integra con:

I. Los derechos, bienes muebles e inmuebles de los que a la fecha es titular, de los que se le incorporen y de los que en el futuro adquiera por cualquier título; II. Los derechos sobre recursos naturales que le sean asignados por el Ejecutivo Federal, necesarios para el cumplimiento de su objeto; III. Los frutos que obtenga de sus bienes y el resultado neto de operación, en su caso o cualquier otro concepto;

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IV. El rendimiento de los impuestos y derechos que específicamente se le asignen de acuerdo con las leyes respectivas; V. Los ingresos provenientes de la venta y prestación de servicios científicos y tecnológicos, de asesoramiento y otros: y VI. Las aportaciones que en su caso otorgue el Gobierno Federal. ARTÍCULO 14. El Presidente de la República designará al Director General, quien representará al organismo con las siguientes obligaciones y facultades;

I. Cumplir con los programas a que se refieren los artículos 49, 59 y 69 de esta Ley; II. Las de apoderado para actos de administración en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal; III. Las de apoderado general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran Poder o cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo 2554 del citado Código Civil, excepto absolver posiciones. Estará facultado, además, para desistir de amparos; IV. Las de apoderado para actos de dominio, en los términos que acuerde la Junta de Gobierno; V. Las de apoderado para suscribir y otorgar títulos de crédito en los términos del artículo 99, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; VI. Otorgar poderes generales o especiales, autorizar a los apoderados para que absuelvan posiciones y ejerciten su mandato ante las personas o autoridades, inclusive para querellarse, otorgar perdón del ofendido y desistirse del juicio de amparo y revocar dichos poderes: VII. Ejecutar las resoluciones de la Junta de Gobierno; VIII. Someter a la junta de Gobierno los proyectos, estudios, propuestas y programas a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI, VII y VIII del artículo 12; IX. Nombrar el personal de confianza del organismo no reservado a la Junta de Gobierno, expresamente; X. Resolver los asuntos cuyo conocimiento no esté reservado a la Junta de Gobierno; XI. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con voz; y XII. Los demás que la Junta de Gobierno decida otorgarle. ARTÍCULO 15. El reglamento interior del organismo establecerá las áreas funcionales o los sistemas de organización y las facultades y obligaciones de sus titulares.

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CAPÍTULO III

De la participación y capacitación de los trabajadores ARTÍCULO 16. Los trabajadores electricistas participarán en la organización y funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de elevar la productividad, la conciencia social y profesional de los trabajadores y técnicos, así como para lograr el mejor uso de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros del organismo. ARTÍCULO 17. Para los efectos del artículo anterior, se crean comisiones consultivas mixtas de operacíón industrial que deberán funcionar de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Se integrarán en cada estructura funcional o sistema organizativo con un representante de la Comisión Federal de Electricidad y otro de los trabajadores: II. Estudiarán, preferentemente, los problemas de adiestramiento y capacitación de los trabajadores, de productividad y responsabilidad y seguridad en el trabajo; y III. Dispondrán de toda la información institucional y facilidades que requieran en su cometido. ARTÍCULO 18. El funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Operación Industrial, se regirá por el reglamento respectivo. ARTÍCULO 19. La Comisión Federal de Electricidad promoverá el adiestramiento técnico y la capacitación profesional de sus trabajadores, a fin de mejorar sus conocimientos, la productividad, la responsabilidad y la seguridad en el trabajo. CAPÍTULO IV

De las obras e instalaciones ARTÍCULO 20. Las obras e instalaciones eléctricas, necesarias para la prestación del sevicio público de energía eléctrica, se sujetarán a los requisitos que fijen los reglamentos técnicos correspondientes y a la inspección periódica de la Secretaría del Patrimonio Nacional. ARTÍCULO 21. La Comisión Federal de Electricidad deberá mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. ARTÍCULO 22. Para la realización de las obras e instalaciones necesarias a la prestación del servicio público de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad deberá:

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I. Hasta donde su desarrollo tecnológico lo permita, efectuar el diseño con su propio personal técnico; II. Tender a la normalización de equipos y accesorios; III. Abastecerse, preferentemente, con productos nacionales manufacturados por instituciones descentralizadas, empresas de participación estatal o empresas privadas. ARTÍCULO 23. Para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad pública dictada de conformidad con las leyes respectivas, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial de la limitación de los derechos de dominio. La constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil del orden Federal. Cuando los inmuebles sean propiedad de Federación de los Estados o Municipios, la Comisión Federal de Electricidad elevará las solicitudes que legalmente procedan. ARTÍCULO 24. La Comisión Federal de Electricidad podrá ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y subterráneas y equipo destinado al servicio, Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los lugares mencionados. Al término de dichas obras la Comisión Federal de Electricidad hará las reparaciones correspondientes. CAPÍTULO V

Del suministro de energía eléctrica ARTICULO 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaría, una vez cumplidos los requisitos que señale el reglamento de esta ley, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo. ARTÍCULO 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación; II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; y

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IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo. ARTÍCULO 27. La Comisión Federal de Electricidad no incurrirá en responsabilidad, por interrupciones del servicio de energía eléctrica motivadas: I. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; II. Por la realización de trabajos de mantenimiento, reparaciones normales, ampliación o modificación de sus instalaciones; y III. Por defectos en las instalaciones del usuario. En los casos previstos en la fracción II, la Comisión Federal de Electricidad deberá comunicar la interrupción del servicio a los usuarios afectados, en los términos que establezca el reglamento de esta ley. ARTÍCULO 28. Las obras e instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica deberán reunir los requisitos técnicos y de seguridad que fijen los reglamentos. Los proyectos correspondientes deberán ser aprobados previamente a su ejecución por la Secretaría de Industria y Comercio. La Comisión Federal de Electricidad no suministrará energía eléctrica, si las obras e instalaciones destinadas a su uso no reunen los requisitos exigidos por los párrafos anteriores. ARTÍCULO 29. No podrá ponerse a la venta ni utilizarse en la República Mexicana ningún aparato, maquinaria o dispositivo destinado al uso de energía eléctrica, cuyas características técnicas y de seguridad sean diferentes a las de los tipos aprobados por la Secretaría de Industria y Comercio. ARTÍCULO 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas y contratos que apruebe la Secretaría de Industria y Comercio. ARTÍCULO 31. La Secretaría de Industria y Comercio, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, conforme a criterios que tiendan a una equitativa, distribución social de los gastos de explotación, de las obligaciones financieras y de los recursos necesarios para la inversión que requiera el desarrollo del servicio público de energía eléctrica. Asimismo, también a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Industria y Comercio, podrá fijar tarifas en horas de demanda máxima, demanda mínima o de una combinación de ambas. ARTÍCULO 32. Las tarifas se fijarán por un plazo mínimo de un año; su modificación, ajuste o reestructuración implicará la automática modificación de los contratos de suministro que se hubieren celebrado.

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En ningún caso serán aplicables las tarifas mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional. ARTÍCULO 33. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica deberán garantizar las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, en la forma que establezca el reglamento de esta ley. En todo caso, los depósitos respectivos deberán constituirse en la Comisión Federal de Electricidad. Son obligados solidarios con el usuario en las obligaciones que éste contraiga en los contratos de suministro, los propietarios de los inmuebles, industrias o comercios respectivos. ARTÍCULO 34. El contrato de suministro de energía eléctrica termina: I. Por voluntad del usuario; II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y IV. Por falta de pago del adeudo que implica la suspensión dentro de los siguientes quince días naturales, a la fecha en que se efectuó dicha suspensión. ARTÍCULO 35. Terminado el contrato de suministro, la Comisión Federal de Electricidad tendrá derecho de aplicar a su favor el importe de la garantía, en la proporción correspondiente. El saldo, en su caso, deberá ponerlo a disposición del usuario. ARTÍCULO 36. La Secretaría de Industria y Comercio y oyendo a la del Patrimonio Nacional y a la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales individualmente consideradas. Para el otorgamiento de los permisos de autoabastecimiento será condición indispensable la imposibilidad o la inconveniencia del suministro del servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ARTÍCULO 37. Los titulares de permisos otorgados con base en el artículo anterior, quedan obligados a contribuir, en la medida de sus posibilidades con energía eléctrica para el servicio público, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el servicio público se interrumpa o restrinja y únicamente por el lapso que comprenda la interrupción o restricción. ARTÍCULO 38. Los permisos a que se refiere el artículo 36 tendrán duración indefinida mientras subsistan los fines para los que fueron otorgados, la conveniencia pública de realizarlos y se cumplan las normas legales aplicables. Estos permisos no podrán ser transmitidos o explotados total o parcialmente o a título oneroso o gratuito.

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ARTÍCULO 39. La Secretaría de Industria y Comercio inspeccionará y ejercerá vigilancia en toda obra o instalación destinada al autoabastecimiento de energía eléctrica. CAPÍTULO VI

Sanciones ARTÍCULO 40. Sin perjuicio de las penas que correspondan por delito o delitos que resulten, se sancionarán administrativamente con multa de cien a ciel mil pesos, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio:

I. A quien conecte sin la debida autorización sus líneas particulares, conductoras de energía eléctrica, con las generales de la Comisión Federal de Electricidad o con otra línea particular alimentada por dichas líneas; II. Al usuario que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medidas o control del suministro de energía eléctrica; III. A quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado contrato respectivo; IV. A quien utilice energía eléctrica en forma o cantidad que no esté autorizada por su contrato de suministro; V. A quien revenda energía eléctrica; VI. A quien instale plantas de autoabastecimiento sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 36 de esta ley; y VII. A quien incurra en cualquier otra infracción a las disposiciones de esta ley o de su reglamento. ARTÍCULO 41. Al infractor que reincidiere, se le aplicará una sanción equivalente al doble de la que se le hubiere aplicado la primera vez. Al infractor que incurriere en contumacia, se le aplicará una sanción equivalente al triple de la que se le hubiere aplicado la primera vez, además de la suspensión temporal o definitiva del servicio. ARTÍCULO 42. La imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, no libera al usuario de la obligación de pagar la energía eléctrica consumida indebidamente, más los recargos a que hubiere lugar calculados a razón del 2% por cada mes o fracción de antigüedad del adeudo. La Secretaría de Industria y Comercio fijará los importes respectivos, calculándolos o estimándolos de acuerdo con las bases que al efecto establezca el reglamento de esta ley.

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JORGE WITKER V. CAPÍTULO VII

Recurso administrativo ARTÍCULO 43. En caso de inconformidad con las resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio, dictadas con fundamento en esta ley y su reglamento, el interesado podrá solicitar a la propia Secretaría, dentro del término de quince días, la reconsideración de las mismas, siguiéndose el procedimiento que señale esta ley. La interposición de este recurso solamente suspenderá la ejecución de la resolución respectiva, cuando ésta implique el pago de multas y prestaciones y siempre que el afectado garantice su pago. CAPÍTULO VIII

Competencia ARTÍCULO 44. La aplicación de la presente ley y la expedición de sus disposiciones reglamentarias, son de la competencia del Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Industria y Comercio y del Patrimonio Nacional. ARTÍCULO 45. En todos los actos, convenios y contratos en que intervenga la Comisión Federal de Electricidad serán aplicables las leyes federales conducentes y las controversias en que sea parte serán de la competencia exclusiva de los Tribunales de la Federación, quedando exceptuada de otorgar las garantías que se exigen a los particulares de dichas controversias.

TRANSITORIOS Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo. Se abrogan la Ley de la Industria Eléctrica de 31 de diciembre de 1938 y el Decreto que establece las bases para el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad de 11 de enero de 1949 y las demás disposiciones que se opongan a esta ley. Artículo Tercero. La Comisión Federal de Electricidad, continuará prestando el servicio público de energía eléctrica ajustándose a las disposiciones de la presente ley. Artículo Cuarto. A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedarán sin efecto todas las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas.

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Articulo Quinto. En tanto se dicta el reglamento de esta ley, y en cuanto no se oponga a las disposiciones de la misma, continuará en vigor el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica de 11 de septiembre de 1945, así corno las disposiciones reglamentarias dictadas en materia de industria eléctrica y servicio público de energía eléctrica. México, D. F., 8 de diciembre de 1975.—óscar Bravo Santos, D. V. P.—Emilio González Parra, S.P.—Fernando Elías Calles, D.S.— Salvador Gámiz Fernández, S. S.—Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la

residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.—Luis Echeverría Alvarez.—Rúbrica.—E1 Secretario de Industria y Comercio, José Campillo Sáinz.—Rúbrica.—El Secretario de Patrimonio Nacional, Francisco Javier Alejo López.—Rúbrica.— El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón Beteta. —Rúbrica.—El Secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade.—Rúbrica..—E1 Secretario de la Presidencia, Ignacio Ovalle Fernández.—Rúbrica.---E1 Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.—Rúbrica.

CAPITULO VII

FINANZAS PÚBLICAS Y EL DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO DE LA POLíTICA FISCAL PARA EL EQUILIBRIO DE LA ECONOMÍA A. Generalidades B. Concepto de presupuesto y gasto público C. Características jurídicas del presupuesto D. Etapas del presupuesto E. Fuentes jurídicas del presupuesto en México F. Ley general de deuda pública ...... G. El pacto de solidaridad económica y el gasto público Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal . • Ley general de deuda pública.

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CAPÍTULO

VII

FINANZAS PÚBLICAS Y EL DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO DE LA POLITICA FISCAL PARA EL EQUILIBRIO DE LA ECONOM/A A.

GENERALIDADES

Las finanzas públicas constituyen instrumentos fundamentales para la política económica, pues la actividad financiera estatal es de contenido esencialmente económico, determinado por factores políticos y sociológicos que operan en cada país y en cada sistema. También incluye elementos técnico-jurídicos, como afirma Jacinto Faya Viesca: 46 "Las finanzas públicas estudian la actividad financiera estatal desde el punto de vista económico, sociológico y político... , mientras el derecho financiero se dedica a su estudio desde el punto de vista interno-jurídico". La relación entre finanzas públicas y derecho económico reside en que éste determina la política aplicable a dichas finanzas, y es precisamente el gasto público y los ingresos correspondientes obtenidos por el Estado de diversas fuentes, el que ocupa un lugar de primer orden. Para visualizar la importancia que las finanzas públicas tienen en el sistema económico, diremos que ellas se vinculan directamente con la inversión pública en los siguientes casos: compras estatales de bienes y servicios; pagos de transferencias, sueldos y salarios, impuestos directos e indirectos; tarifas aduaneras y las empresas públicas. Pero además las finanzas públicas están a su vez relacionadas con los instrumentos monetarios, crediticios y cambiarlos. Esto es, con el financiamiento del déficit fiscal, la emisión de dinero y crédito del Banco Central, colocación de títulos y bonos, empréstitos externos, tasas de interés, encaje legal del sistema bancario, devaluaciones, cambios duales o múltiples y control de divisas. Como puede apreciarse, el uso de estos instrumentos en forma coherente e integral, es tarea que cumple la política económica en cualquier país, según sea desde luego, el sistema económico en cuestión. 46

Faya Viesca, Jacinto, Finanzas públicas, México, Porrúa, 1981, pp. 47 y ss.

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JORGE WITKER V. B. CONCEPTO DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO

El presupuesto es el medio del cual se sirve el Estado para ordenar el mecanismo de sus gastos y de sus ingresos. Las grandes necesidades económicas y sociales en la actualidad, tratándose de una sociedad en constante expansión, y la ineludible rectoría del Estado en materia económica y de administración. Técnicamente puede definirse como un documento oficial que contiene un plan, preliminarmente elaborado y aprobado por el ejecutivo, acerca de los ingresos y gastos públicos. Es políticamente una toma de decisión que supone tres aspectos fundamentales: 1) señalamiento de los objetivos de política económica más importantes que el Estado se haya impuesto; 2) evaluación de las erogaciones por realizar, para alcanzar cada una de estas metas en varias posibilidades; 3) una medición aproximada de las aptitudes e intenciones de la comunidad para hacer frente al egreso total que implica el programa de gobierno.47 El manejo del presupuesto ha variado en concordancia con el intervencionismo estatal. En efecto, según los clásicos y liberales, el presupuesto debía buscar un equilibrio per se y ser concebido más en función de los ingresos públicos, generalmente impositivos (impuestos) que de los gastos, mismos que debían limitarse a parámetros exiguos y supletorios a la actividad de los particulares. Es decir, un Estado gendarme abstencionista corresponde un gasto estrecho, por lo que todo déficit presupuestario aparecía como inadmisible. Con el desarrollo del Estado social intervencionista y planificador, el presupuesto cambia de naturaleza y orientación. Al respecto Gunnard 1V1yrdal expresa: los problemas de las finanzas públicas están ahora inseparablemente mezclados con los problemas del comercio y los pagos internacionales, de los salarios y los ingresos, de la moneda y del crédito y que para ello el instrumento técnico organizador es el presupuesto nacional concebido como control de la contabilidad central al servicio de una red general de previsión y planificación económia del Estado." En síntesis, el presupuesto va más allá del diagnóstico y registro de los gastos e ingresos públicos anuales y conforma el instrumento básico 47 Retchkiman, Benjamín, Introducción al estudio de la economía pública, México, UNAM, 1977, p. 291. 48 Myrdal, Gunnard, El Estado del futuro, México, FCE, 1977.

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de política económica aplicado a la consecución de objetivos determinados. C. CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS DEL PRESUPUESTO 1. Competencia exclusiva del Estado para su formulación, aprobación y ejecución. 2. Principio de legalidad tanto en materia de gastos como de ingresos. 3. Anualidad del presupuesto, característica que se une a la anualidad de los impuestos. 4. De naturaleza jurídica compleja. Puede ser considerado una ley material o ley formal, o un acto administrativo aprobado por el Parlamento. 5. Unidad del presupuesto. Consiste en la reunión o agrupación de la totalidad de los gastos y recursos del Estado y un documento único e indivisible. 6. Principio de universalidad. Se conoce también como principio del producto bruto, por el cual no se admite la compensación o confusión entre gastos y recursos, siendo ambos consignados por separado en el presupuesto atendiendo a un importe bruto, sin extraer saldos netos. Este principio se ha flexibilizado con el desarrollo del sector paraestatal; las empresas paraestatales deben entregar el presupuesto de sus saldos netos positivos o negativos arrojado durante la gestión anual de tales organismos. 7. Principio de no afectación de recursos. Esta característica tiene como finalidad básica impedir que determinados ingresos sufran una especial afectación. Es decir, la recaudación y captación debe destinarse a gastos generales y no a gastos especiales. En México este principio tiene excepciones en casos tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, INFONAVIT, respecto a las cuotas bipartitas que recaudan. 8. Especificación de gastos. Como facultad del Congreso, este principio impone al Ejecutivo la limitación del gasto público. Esto es, el Ejecutivo está obligado a realizar erogaciones sancionadas de acuerdo con las especificaciones de gastos detallados en el documento presupuestario, aprobados por el Congreso o Parlamento. Es un privilegio constitucional reconocido en todo el derecho presupuestario y económico comparado, del cual gozan los parlamentos.

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En México, el artículo 74 constitucional en su fracción IV prohíbe las

partidas secretas a excepción de aquellas "que consideren necesarias, .con ese carácter en el mismo presupuesto". D.

ETAPAS DEL PRESUPUESTO

El presupuesto como instituto jurídico-económico comprende cuatro 'fases o etapas; 1) preparación o elaboración; 2) sanción o aprobación; 3) ejecución, y 4) contro1.49 En México, la Constitución dividió la competencia al respecto en dos fases esencialmente políticas. El Ejecutivo federal prepara y presenta .el proyecto de presupuesto, y la Cámara de Diputados lo aprueba y lo controla; control político que ejerce al examinar, revisar y aprobar .a posteriori la cuenta pública. E.

FUENTES JURÍDICAS DEL PRESUPUESTO EN MÉXICO

Los artículos 74 y 131 constitucionales facultan al Ejecutivo federal -para preparar y presentar el proyecto de presupuesto, la ley de ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, anualmente y en fechas precisas. Esta función, según el artículo 32 fracción 'V de la LOAPF, la cumple la Secretaría de Programación y Presa-puesto. La presentación técnica del proyecto de presupuesto debe efectuarse ..con estricto apego a los artículos 49, 13 y 17 de la Ley de Presupuesto, 'Contabilidad y Gasto Público que al respecto señalan: ARTÍCULO 49 La programación del gasto público federal se basará en las directrices y planes nacionales de desarrollo económico y social que formule el ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto. ARTÍCULO 13. El gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán en apoyo a programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada ario calendario y se fundarán en costos. ARTÍCULO 17. Para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las entidades que deban quedar comprendidas en el mismo elaborarán sus anteproyectos de presupuestos con base en los programas respectivos.

La Ley en cuestión consta de cuatro capítulos en los que reglamenta :las etapas teóricas observadas en todo presupuesto. En el capítulo pri40

Retchkiman, Benjamín, op. cit.

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mero se determina su contenido, sus bases y la competencia de los órganos administrativos que intervienen en los diversos aspectos relacionados con el gasto público. En el segundo regula la preparación de la iniciativa que anualmente se presenta a la Cámara de Diputados. En el tercero se estatuye cómo ha de ejercerse el gasto público, y finalmente el cuarto señala el sistema de contabilidad que sirve de base a la cuenta pública que debe elaborar anualmente la Secretaría de Programación y Presupuesto. En cuanto al equilibrio presupuestario, la ley mencionada señala en* su artículo 22 el principio relativo de que a toda proposición de aumento o creación de partidas en el proyecto de presupuesto anual, debe

señalársele la correspondiente iniciativa de ingreso. Dicha disposición legislativa es una derivación del principio presupuestario constitucional, contenido en la fracción IV del artículo 74 constitucional que expresamente señala: que al examinarse, discutirse y aprobarse anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, tendrán que discutirse primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlas.

En resumen, las fuentes jurídicas que regulan este importante instrumento de la política económica son las fracciones VIII del artículo 73, y IV del artículo 74 y artículo 126 constitucionales, federal, por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público artículos 31 y 32 y por la Ley General de Deuda Pública, las leyes anuales de ingresos de la Federación, los decretos anuales del presupuesto público, y la propia práctica presupuestaria de la administración pública. Ahora bien, una vez ejecutado anualmente el presupuesto por el Ejecutivo federal debe dar cuenta al órgano sancionador (Cámara de Diputados) a través de la llamada cuenta pública. La cuenta pública es el informe anual que rinde el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados, dando cuenta de los resultados de su gestión financiera y los alcances que la acción reguladora del Estado ha tenido en el desarrollo económico y social del país. La Secretaría de Programación y Presupuesto está a cargo de la

elaboración de este documento consolidando los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable, emanada de las contabilidades de las entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de someterla a la consideración del presidente de la República, quien a su vez, debe presentarla a la Cámara

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de Diputados. Dicho documento muestra mediante cifras razonadas la actuación del gobierno federal. Las fuentes jurídicas de esta importante función de fiscalización política a posteriori de la Cámara de Diputados están en_ la fracción XXIV del artículo 73, en las fracciones II y III del artículo 74 de la Constitución federal, así como en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (Diario Oficial 29 de 12, 1978). F. LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA El aumento creciente de los gastos gubernamentales para atender a las necesidades colectivas ha llevado a los Estados contemporáneos a recurrir al endeudamiento tanto interno como externo. Al respecto, en el Diario Oficial de 26 de julio de 1976, el Congreso de la Unión aprobó esta Ley, cuya exposición de motivos expresa: Las perspectivas financieras del país deben encauzarse por los caminos que la experiencia y la técnica aconsejan. Los recursos crediticios del sector público federal deben enfocarse a la producción de bienes y servicios, en tal forma que su utilización se dirija, fundamentalmente, a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social de la nación, que generen los ingresos necesarios para su pago o que se empleen para el mejoramiento de la estructura del propio endeudamiento público. De fundamental importancia es que el servicio de la deuda pública se mantenga siempre dentro de la capacidad de pago del sector público y del país en su conjunto. Y agrega: La Ley General de Deuda Pública tiende en suma a optimizar el uso de los recursos financieros que capte el sector público federal a través del crédito tanto interno como externo. Busca también asegurar los sistemas de información necesarios para conocer, vigilar y evaluar, en todo momento la situación crediticia del país, con la cual podrá lograrse una programación eficiente del manejo de la deuda a través de la doble metodología que se propone: la normativa, por medio de técnicas jurídicas que emanan de esta ley y la programática, mediante las disposiciones que surjan de la actuación de los órganos que tendrán la responsabilidad de su manejo... El fundamento constitucional de esta Ley lo encontramos en la fracción VIII del artículo 73 de la carta fundamental que faculta al Con-

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greso: "para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos para reconocer, mandar y pagar la deuda nacional," La Ley faculta al Ejecutivo federal, sus órganos directos y el Departamento del Distrito Federal a contraer obligaciones que obligan a la nación, siempre que las fundamenten y programen, tanto en lo concerniente a su destino como su servicio, en un contexto de estricto apego a sus planes de inversión, autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A esta última compete contratar empréstitos y garantizarlos, así como emitir valores clasificables, tales como títulos de créditos, y avalarlos. Dicha competencia está subordinada a la exigencia legal de que el adeudo corresponda a una obligación pública productiva, o bien, al canje o refinanciamiento de adeudos anteriores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo, además de vigilar que los créditos obtenidos por las entidades públicas se apliquen a planes productivos que autogeneren su servicio, a llevar un registro de la misma, así como a participar en las emisiones de bonos que el gobierno federal coloque dentro o fuera del país (operaciones de mercado abierto del Banco de México, por ejemplo). Es responsabilidad del Ejecutivo federal programar la deuda, y del Congreso autorizarla, fijando año con ario sus límites. Sin embargo, el Congreso puede autorizar anualmente al Ejecutivo federal para que ejerza o apruebe montos de financiamiento adicionales en circunstancias extraordinarias justificadas (artículo 10). Finalmente, a la competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Ley agrega la creación y funcionamiento de una Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público: constituida en primer término por la Secretaría indicada, el Banco de México, sociedades nacionales de crédito y bancos públicos especializados (Bancotex, por ejemplo) y otras entidades estatales que dicha Secretaría determine. G.

EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA Y EL GASTO PÚBLICO

La administración del presidente De la Madrid inicia su gestión económica expidiendo el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. De dicho instrumento se desprende el PIRE (Programa Inmediato de Recuperación Económica), el PRONAFICE, el PERE (Programa Extendido de Reordenación Económica) para llegar al PAC (Programa de Alíen-

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to y Crecimiento de 1985), intentos todos que no pudieron detener un proceso inflacionario galopante y persistente. El 15 de diciembre de 1987, y como recurso extremo, se concierta con los empresarios y trabajadores el Pacto de Solidaridad Económica que vía plan de choque aborda frontalmente el problema de la inflación. Dicho esquema concertado actúa sobre los siguientes tópicos: 1) Medidas tributarias; 2) Congelación de precios y tarifas del sector público; 3) Reducción del gasto público; 4) Congelación del tipo de cambio; 5) Apertura comercial indiscriminada; 6) Congelación de sueldos y salarios. En materia de gasto público el Ejecutivo federal se obliga a modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal de 1988 reduciendo el gasto público programado como proporción del Producto Interno Bruto de 22% al 20%. Por otra parte, se buscará elevar el superávit primario de 5.4% a 8.3% del PIB, con lo cual el déficit nominal del sector público disminuirá en proporción parecida. Como complemento indispensable el gobierno federal apresura el proceso de desincorporación de las empresas paraestatales no estratégicas, lográndose vender o liquidar más de seiscientas entidades hasta mayo de 1988. Para el sector estatal federal se plantea una racionalización y transparencia y un aumento de productividad y eficiencia. Los subsidios prácticamente se han eliminado como forma de apoyar a dicho sector de la economía mixta nacional. Sin valorar la eficacia de tales medidas oficialmente la inflación ha detenido su ritmo y el índice acumulado global para junio de 1988 es de 36%, cifra inferior a las tendencias experimentadas en los últimos treinta meses. La historia próxima nos mostrará si hubo contención artificial de tal proceso o el Pacto atacó las causas reales de tal fenómeno...

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL CAPÍTULO I

Disposiciones generales ARTÍCULO 1 . presupuesto, la contabilidad y el gasto 'público federal se norman y regulan por las disposiciones de esta Ley, la que será aplicada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto. ARTÍCULO 2° El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, que realizan:

I. El Poder Legislativo: II. El Poder Judicial; III. La Presidencia de la República; IV. Las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República; V. El Departamento del Distrito Federal; VI. Los organismos descentralizados; VII. Las empresas de participación estatal mayoritaria: VIII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, el Departamento del Distrito Federal o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones VI y VII. A los poderes, instituciones, dependencias, organismos, empresas y fideicomisos antes citados se les denominará genéricamente en esta Ley como "entidades", salvo mención expresa. ARTÍCULO 3° Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos a que se refiere el Artículo 29 de este ordenamiento son los que se definen como tales en la Ley. ARTÍCULO 49 La programación del gasto público federal se basará en las directrices y planes nacionales de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

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ARTÍCULO 59 Las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público federal, estarán a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la que dictará las disposiciones procedentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones. ARTÍCULO 69 Las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos orientarán y coordinarán la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector que esté bajo su coordinación. Las proposiciones de las entidades en los términos de los Artículos 17 y 21 de esta ley se presentarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través y con la conformidad de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos correspondientes cuando proceda. Asimismo, a las Secretarías o Departamentos mencionados les será enviada la información y permitida la práctica de visitas a que se refieren los Artículos 37 y 41. ARTÍCULO 79 Cada entidad contará con una unidad encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. ARTÍCULO 89 El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la participación estatal en las empresas, sociedades o asociaciones civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar su capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos. ARTÍCULO 99 Sólo se podrán constituir o incrementar fideicomisos de los mencionados en la fracción VIII del Artículo 29 de esta Ley con autorización del Presidente de la República emitida por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la que en su caso propondrá al propio Ejecutivo Federal la modificación o disolución de los mismos cuando así convenga al interés público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la fideicomitente única del Gobierno Federal. ARTÍCULO 10. Sólo se podrán concertar créditos para financiar programas incluidos en los presupuestos de las entidades a que se refieren las fracciones de la III a la VIII del Articuló 29 de esta Ley, que previamente hayan sido aprobados por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Estos créditos se concertarán y contratarán por conducto o con la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público según se trate, respectivamente, de créditos para el Gobierno Federal o para las otras entidades a que se refieie el presente Artículo. ARTÍCULO 11. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará obligada a proporcionar, a solicitud de los diputados al Congreso de la Unión, todos los datos estadísticos e información general que puedan

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contribuir a una mejor comprensión de las proposiciones contenidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. ARTÍCULO 12. En caso de duda en la interpretación de esta Ley se estará a lo que resuelva para efectos administrativos la Secretaría de Programación y Presupuesto. CAPÍTULO II

De los presupuestos de egresos ARTÍCULO 13. El gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada ario calendario y se fundarán en costos. ARTÍCULO 14. La Secretaría de Programación y Presupuesto al examinar los presupuestos cuidará que simultáneamente se defina el tipo y fuente de recursos para su financiamiento. ARTÍCULO 15. El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, durante el periodo de un ario a partir del 19 de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen. ARTÍCULO 16. El Presupuesto de Egresos de la Federación comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de realizar las entidades a que se refieren las fracciones I a la IV del Artículo 29 de esta Ley. El Presupuesto de Egresos de la Federación comprenderá también, en capítulo especial, las previsiones de gasto público que habrán de realizar las entidades relacionadas en las fracciones VI a VIII del propio Artículo 29 de esta Ley que se determine incluir en dicho presupuesto. ARTÍCULO 17. Para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las entidades que deban quedar comprendidas en el mismo, elaborarán sus anteproyectos de presupuesto con base en los programas respectivos. Las entidades con excepción del Poder Judicial, remitirán su respectivo anteproyecto a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con sujeción a las normas, montos y plazos que el Ejecutivo establezca por medio de la propia Secretaría. El poder Judicial, a través de su órgano competente formulará su respectivo Proyecto de Presupuesto y lo enviará oportunamente al Presidente de la República para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público federal.

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ARTÍCULO 18. La Secretaría de Programación y Presupuesto queda facultada para formular el Proyecto de Presupuesto de las entidades, cuando no le sea presentado en los plazos que al efecto se le hubiere señalado. ARTÍCULO 19. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará con los documentos que se refieran a:

I. Descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto, en los que se señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como su valuación estimada por programa: II. Explicación y comentarios de los principales programas y en especial de aquellos que abarquen dos o más ejercicios fiscales; III. Estimación de ingresos y proposición de gastos del ejercicio fiscal para el que se propone, con la indicación de los empleos que incluye; IV. Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal; V. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso; VI. Situación de la deuda pública al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente: VII. Situación de la Tesorería al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente; VIII. Comentarios sobre las condiciones económicas, financieras y hacendarías actuales y las que se prevén para el futuro, y IX. En general, toda la información que se considere útil para mostrar la proposición en forma clara y completa. ARTÍCULO 20. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal deberán ser presentados oportunamente al Presidente de la República por la Secretaría de Programación y Presupuesto, para ser enviados a la Cámara de Diputados a más tardar el día 30 de noviembre del año inmediato anterior al que correspondan. ARTÍCULO 21. Las proposiciones que hagan los miembros de la Cámara de Diputados para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo, serán sometidas desde luego a las comisiones respectivas. A ninguna proposición de esta índole se dará curso una vez iniciada la discusión de los dictámenes de las comisiones. ARTÍCULO 22. A toda proposición de aumento o creación de partidas al proyecto de presupuesto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal. ARTÍCULO 23. Para la formulación y ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones de esta Ley.

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ARTÍCULO 24. Las entidades a que se refieren las fracciones VI a VIII del Artículo 2, presentarán sus proyectos de presupuesto anuales y sus modificaciones, en su caso, oportunamente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para su aprobación. Los proyectos se presentarán de acuerdo con las normas que el Ejecutivo Federal establezca a través de dicha Secretaría. CAPÍTULO III

Del ejercicio del gasto público federal ARTÍCULO 25. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, a los programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de partidas cuando sea procedente, dándoles la participación que corresponda a las entidades interesadas. En tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto por el, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, el Ejecutivo informará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. El gasto público federal deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales, salvo que se trate de las partidas que se señalen como de ampliación automática en los presupuestos, para aquellas erogaciones cuyo monto no sea posible prever. El Ejecutivo Federal determinará la forma en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a los Estados, municipios, instituciones o particulares, quienes proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los mismos. ARTÍCULO 26. La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los cobros y los pagos correspondientes a las entidades previstas en las fracciones III y IV del Artículo 29 de esta Ley. Los pagos correspondientes a los Poderes Legislativo y Judicial se efectuarán por conducto de sus respectivas Tesorerías. La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. Las entidades citadas en las fracciones V a VIII del mismo Articulo 29, recibirán y manejarán sus fondos y harán sus pagos a través de sus propios órganos.

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ARTÍCULO 27. El Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a las entidades citadas en las fracciones V a VIII del Artículo 29 incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la Federación, en los términos previstos en el primer párrafo del Artículo 26 de esta Ley. ARTÍCULO 28. Todas las entidades a que se refiere el Artículo 29 de esta Ley informarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto antes del día último de febrero de cada año, el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al fin del año anterior. ARTÍCULO 29. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos de la Federación sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes y, en su caso, se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior. ARTÍCULO 30. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar que se celebren contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole, que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año, pero en estos casos los compromisos excedentes no cubiertos quedarán sujetos, para los fines de su ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal de los arios subsecuentes. Cuando se trate de programas cuyos presupuestos se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se hará mención especial de estos casos al presentar el Proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados. ARTÍCULO 31. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto establecerá las normas generales a que se sujetarán las garantías que deban constituirse a favor de las diversas entidades en los actos y contratos que celebren. El propio Ejecutivo determinará las excepciones cuando a su juicio estén justificadas. La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal, en los casos de las fracciones 1 a IV del artículo 29 de esta ley y a ella le corresponderá conservar la documentación respectiva y, en su caso, ejercitar los deredios que correspondan al Gobierno Federal, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir las informaciones y documentos necesarios. ARTÍCULO 32. El Gobierno Federal y el Departamento del Distrito Federal no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo a sus presupuestos de egresos.

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33. La Secretaría de Programación y Presupuesto será

responsable de que se lleve un registro del personal civil de las entidades que realicen gasto público federal y para tal efecto estará facultada

para dictar las normas que considere procedentes. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, según corresponda.

ARTÍCULO 34. Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, determinará en forma expresa y general cuándo procederá aceptar la com-

patibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, honorarios y jornadas de trabajo que correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. ARTÍCULO 35. La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal, civil y militar, dependiente del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal, que a continuación se indican, prescribirá en un ario contado a partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas; I. Los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones, gastos de representación y demás remuneraciones del personal civil; II. Los haberes, sobrehaberes, asignaciones y demás remuneraciones del Personal militar, y III. Las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. ARTÍCULO 36. Cuando algún funcionario o empleado perteneciente a

las entidades a que se refieren las fracciones I a V del Artículo 29 de esta Ley fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos -de inhumación, percibirán hasta el importe de 4 meses de sueldos, salarios, haberes, gastos de representación, asignaciones de técnico y asignaciones de vuelo que estuviere percibiendo en esa fecha. Cuando el funcionario o empleado fallecido estuviere reconocido, conforme a las disposiciones legales respectivas, como veterano de la Revolución, el beneficio se aumentará hasta el importe de seis meses de las percepciones mencionadas. ARTÍCULO 37. Quienes efectúen gasto público federal estarán obligados a proporcionar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, la información que les solicite y a permitirle a su personal la práctica

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de visitas y auditorías para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley y de las disposiciones expedidas con base en ella. ARTÍCULO 38. Para la ejecución del gasto público federal las entidades deberán sujetarse a las previsiones de esta Ley y con exclusión de las previstas en las fracciones I y II del Artículo 29 de esta misma Ley, observar las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Programación y Presupuesto. CAPÍTULO IV

De la contabilidad ARTÍCULO 39. Cada entidad llevará su propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas para registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos, como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto. Los catálogos de cuentas que utilizarán las entidades a que se refieren las fracciones I a V del Artículo 29 de esta Ley serán emitidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto y los de las entidades mencionadas en las fracciones VI a VIII del mismo artículo serán autorizados expresamente por dichas Secretarías. ARTÍCULO 40. La contabilidad de las entidades se llevará con base acumulativa para determinar costos y facilitar la formulación, ejercicio y evaluación de los presupuestos y sus programas con objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecución de programas y en general de manera que permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto público federal. ARTÍCULO 41. Las entidades suministrarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con la periodicidad que ésta lo determine, la información presupuestal, contable, financiera y de otra índole que requiera. A su vez, la Secretaría de Programación y Presupuesto, porporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relacionada con estas mismas materias en la forma y con la periodicidad que al efecto convengan. ARTÍCULO 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto girará las instrucciones sobre la forma y términos en que las entidades deban llevar sus registros auxiliares y contabilidad y, en su caso, rendirle sus informes y cuentas para fiines de contabilización y consolidación. Asimismo, examinará periódicamente el funcionamiento del sistema y los

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procedimientos de contabilidad de cada entidad y podrá autorizar su modificación o simplificación. ARTÍCULO 43. Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emanen de las contabilidades de las. entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación serán consolidados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, la que será responsable de formular la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal y someterla a la consideración del Presidente de la República, para su presentación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 74 Constitucional, dentro de los diez primeros días de junio del ario siguiente al que corresponda. El Departamento del Distrito Federal formulará su cuenta pública anual, la que se someterá al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto para los fines señalados en el párrafo anterior. ARTÍCULO 44. En las dependencias del Ejecutivo y en el Departamento del Distrito Federal se establecerán órganos de auditoría interna, que cumplirán los programas mínimos que fije la Secretaría de Programación y Presupuesto. CAPÍTULO V

De las responsabilidades ARTÍCULO 45. La Secretaría de Programación y Presupuesto dictará las medidas administrativas sobre las responsabilidades que afecten a la Hacienda Pública Federal y a la del Departamento del Distrito Federal, así como las que deriven del incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y de las que se hayan expedido con base en ella, y que se descubran con motivo de las visitas o auditorías que practique, de las investigaciones que realice, de la glosa que de su propia contabilidad hagan las entidades o las derivadas de los pliegos preventivos que levanten las autoridades competentes. ARTÍCULO 46. Los funcionarios y demás personal de las entidades a que se refiere el Artículo 29 de esta Ley, serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que sufra la Hacienda Pública Federal y a la del Departamento del Distrito Federal, o cualquier entidad que realice gasto público federal, por actos u omisiones que les sean imputables, o bien por incumplimiento o inobservancia de obligaciones derivadas de esta Ley, inherentes a su cargo o relacionados coti su función o actuación.

Son solidariamente responsables con los funcionarios y demás per-

sonal a que se refiere el párrafo anterior, los

particulares en todos

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los casos en que hayan participado deliberadamente en la comisión de los actos que originen una responsabilidad. Las responsabilidades que se constituyan tendrán por objeto indemnizar por los daños y perjuicios que ocasionan a la Hacienda Pública Federal y a la del Departamento del Distrito Federal, o a las entidades que realizan gasto público federal, las que se fijarán por la Secretaría de Programación y Presupuesto en cantidad líquida, misma que se «exigirá se cubra desde luego, sin perjuicio de que en su caso la Tesorería de la Federación o la Tesorería del Distrito Federal, las hagan efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución. ARTícULo 47. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá dispensar las responsabilidades en que se incurra, siempre que los hechos que las constituyan, no revistan un carácter delictuoso ni se deban .a culpa grave o descuido notorio del responsable y que los daños causados no excedan de $5,000.00. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá cancelar los .créditos derivados de responsabilidades que no excedan de $10,000.00, siempre que no se haya podido obtener su cobro por algún medio legal por incosteabilidad práctica de cobro. Cuando los créditos excedan de -$10,000.00, se propondrá su cancelación a la Cámara de Diputados al rendir la Cuenta Anual correspondiente, acompañando los datos que funden la propuesta. ARTÍCULO 48. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá imponer las siguientes correcciones disciplinarias a los funcionarios y empleados de las entidades a que se refiere el Artículo 29 de esta Ley. .que en el desempeño de sus labores incurran en faltas que ameriten el tincamiento de responsabilidades: I. Multa de $100.00 a $10.000,00. II. Suspensión temporal de funciones. La multa a que se refiere la fracción I se aplicará, en su caso, a los particulares que en forma dolosa participen en los actos que originen la responsabilidad. Las correciones disciplinarias señaladas, se aplicarán independientemente de que se haga efectiva la responsabilidad en que hubiere incurrido. ARTÍCULO 49. Las responsabilidades a que se refiere esta ley se .constituirán y exigirán administrativamente, con independencia de las sanciones de carácter penal que en su caso lleguen a determinarse por _la autoridad judicial.

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TRANSITORIOS Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el 19 de enero

de 1977.

Artículo Segundo. Se abroga la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por la presente Ley. Artículo Tercero. Las disposiciones reglamentarias y las prácticas administrativas en uso a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley seguirán teniendo aplicación en lo que no se les oponga. Artículo Cuarto. La implantación de los presupuestos elaborados con base en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables, cuyas cifras estén fundadas en costos, a que se refiere el Artículo 13 de esta Ley se hará paulatinamente de acuerdo con las posibilidades técnicas de las entidades. Artículo Quinto. La Secretaría de Programación y Presupuesto respecto a lo dispuesto en los Artículos 39 y 40 determinará la oportunidad en que la contabilidad se llevará en forma acumulativa y aquella en que tendrá lugar el traspaso de los activos y pasivos de la contabilidad centralizada a las descentralizadas, lo que se hará con base en los inventarios y depuración correspondientes.

México, D. F., a 29 de diciembre de 1976.—Enrique Ramírez y Ramírez, D.P.—Hilda Anderson de Rojas, S.P.—Crescenció Herrera Herrera, D.S.—Mario Carballo Pazos, S.S.—Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y seis.—José López Portillo.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma Cid.—Rúbrica.—E1 Secretario de la Presidencia, Carlos Tello Macías.—Rúbrica.—E1 Jefe del Departamento del Distrito Federal, Carlos Hank González.—Rúbrica. —El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.—Rúbrica. TRANSITORIOS Del Decreto que reforma los artículos 20, 25, 35, 37 y 43, y adiciona los Artículos 45 al 49 a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público FederaL Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1977

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Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 19 de enero de 1978. Artículo Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Artículo Tercero. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto fincará las responsabilidades conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación, en caso de actos de funcionarios, empleados y agentes de la Federación, así como por los correspondientes a los particulares que hayan participado deliberadamente en la comisión de los actos que originen responsabilidad, cuando los daños y perjuicios se hayan ocasionado al Erario Federal con anterioridad al 19 de enero de 1978 y que resulten .de la revisión de la contabilidad de la Federación, independientemente de la fecha en que se descubran o se comprueben. México, D. F., a 29 de diciembre de 1977.—Guillermo Cosío Vidaurri, D.P.—José Guadalupe Cervantes C., S.P.—Héctor Ximénez González, D.S.—Rafael Minor Franco, S.A.—Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 ele la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y siete.—José López Portillo.—Rúbrica.—E1 Secretario ,de Programación y Presupuesto, Ricardo García Sáinz.—Rúbrica.—E1 Jefe del Departamento del Distrito Federal, Carlos Hank González.— Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.—Rúbrica. TRANSITORIO Del decreto de reformas al artículo 17 de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1979 Primero. Este Decreto entrará en vigor el día 19 de enero de 1980. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente. México, D. F., 19 de diciembre de 1979.—Ignacio Vázquez Torres, D.P.—Humberto A. Lugo Gil, S.P.—José Murat, D.S.—Hilda Anderson Nevárez de Rojas, S.S.—Rúbricas.

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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.—José López Portillo.—Rúbrica.—E1 Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.—Rúbrica.--'El Secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado.— Rúbrica.—E1 Jefe del Departamento del Distrito Federal, Carlos Hank González.—Rúbrica.

Decreto por e/ que se deroga el Artículo 49 transitorio de la Ley de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Artículo Único. Se Deroga el artículo 49 transitorio de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. TRANSITORIO Artículo Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D.F., a 30 de diciembre de 1981.—Marco Antonio Aguilar Cortés, D.P.—Blas Chumacero Sánchez, S.P.—Armando Thomae Cerna, D.S.—Luis León Aponte, S.S.—Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de enero de mil novecientos ochenta y dos.—José López Portillo.--Rúbrica.—E1 Secretario de Programación y Presupuesto, Ramón Aguirre Velázquez.—Rúbrica.—E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.—Rúbrica.—E1 Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.—Rúbrica.

LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I

Disposiciones generales ARTÍCULO 19 La deuda pública está constituida por las obligaciones pasivas, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades:

I. El Ejecutivo Federal y sus dependencias. II. El Departamento del Distrito Federal. III. Los organismos descentralizados. IV. Las empresas de participación estatal mayoritaria. V. Las instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las nacionales de seguros y de fianzas, y VI. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones II a la V. ARTÍCULO 29 Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento, los créditos, empréstitos o préstamos consistentes en:

I. La contratación de créditos dentro o fuera del país. II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos. III. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. IV. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados, y V. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores. ARTÍCULO 39 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, así como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para su debido cumplimiento.

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CAPÍTULO II

De las facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ARTÍCULO 4^ Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria. Las monedas, el plazo de las amortizaciones, la tasa de los intereses de la emisión de valores o de la concertación de empréstitos, así como las demás condiciones, serán determinadas por la propia Secretaría de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital. II. Elaborar un programa financiero con base en el cual se manejará la deuda pública. III. Autorizar a las entidades para gestionar y contratar financiamientos fijando los requisitos que deberán observarse en cada caso. IV. Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo, que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas. V. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social; que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público. VI. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas. VII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades. ARTÍCULO 59 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades:

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I. Contratar directamente los financiamientos a cargo del Gobierno Federal en los términos de esta ley. II. Someter a la autorización del Presidente de la República las emisiones de bonos que se coloquen dentro y fuera del país, las cuales podrán constar de una o varias series que se pondrán en circulación en la oportunidad en que el Ejecutivo Federal lo autorice, a través de la Secretaría. Estas emisiones constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o en los documentos contractuales respectivos. Sus demás características serán señaladas por la misma Secretaría al suscribir las actas de emisión o los documentos contractuales mencionados. Los títulos que documenten las emisiones que se coloquen en el ex; tranjero, adquiridos por extranjeros no residentes en el país, no causarán impuesto alguno. III. Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al pago del principal, liquidación de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de las actas de emisión de los valores y documentos contractuales respectivos que se deriven de los empréstitos concertados, así como la reposición de los valores que documenten obligaciones en moneda nacional y extranjera y para su cotización en las bolsas de valores extranjeras y nacionales. Podrá también convenir con los acreditantes en la constitución de fondos de amortización para el pago de los valores que se rediman. IV. Autorizar a las entidades mencionadas en las fracciones II a VI del Artículo 19 para la contratación de financiamientos. V. Llevar el registro de la deuda del sector público federal. ARTÍCULO 69 Las entidades del sector público federal requerirán de la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales. Para obtener esta autorización proporcionar a dicha Secretaría sus programas financieros anuales y de mediano y largo plazos, así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar sus necesidades de crédito. ARTÍCULO 79 El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá coordinarse con la Secretaría de Estado o el Departamento Administrativo al que corresponda el sector respectivo. ARTÍCULO 89 Los financiamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate o autorice deberán estar comprendidos en el

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programa financiero elaborado en los términos del capítulo III de esta ley y en el programa general de deuda. CAPÍTULO III

De la programación de la deuda pública ARTÍCULO 99 El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación así como del Departamento del Distrito Federal. El Ejecutivo informará al Congreso de la Unión del movimiento de la deuda, al rendir la Cuenta Pública anual. No se computarán dentro de dichos montos los créditos que se obtengan con propósitos de regulación monetaria. ARTÍCULO 10. El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficiente para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. El Ejecutivo Federal há las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley del Ingreso y del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, quedando sujetos los financiamientos relativos a las disposiciones de esta ley, en lo conducente. ARTÍCULO 11. Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos encargados de la coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que requieran de financiamiento para su realización. ARTÍCULO 12. Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento del Presupuesto Federal. ARTÍCULO 13, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las 'facultades que le concede el Capítulo II de esta ley, autorizará en su caso, los financiamientos que promuevan las entidades,

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y cuando éstos sean del exterior o en moneda extranjera tendrá en

cuenta la opinión de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos. ARTÍCULO 14. Las entidades deberán indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago de los financiamientos que promuevan. ARTÍCULO 15. En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de pago de las entidades que lo promuevan. ARTÍCULO 16. El monto de las partidas que las entidades deban disponer anualmente para satisfacer compromisos derivados de la contratación de financiamientos, será revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. CAPÍTULO IV

De la contratación de los financiamientos del Gobierno Federal ARTÍCULO 17. El Ejecutivo Federal y sus dependencias sólo podrán contratar financiamientos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Departamento del Distrito Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, las instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos a que se refiere el artículo primero, sólo podrán contratar financiamientos con la autori-, zación previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ARTÍCULO 18. Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de dichos financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades que los promuevan. La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes. CAPÍTULO V

De la contratación de financiamientos para entidades distintas del Gobierno Federal

AwricuLo 19. Las entidades mencionadas en las fracciones III, IV y VI del artículo 19, que no estén comprendidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, requieren autorización expresa de la

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de toda clase de financiamientos. La autorización sólo podrá comprender aquellos financiamientos incluidos dentro del programa de deuda. ARTÍCULO 20. Independientemente de lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, las entidades mencionadas en el artículo 19 de esta ley deberán formular en cada caso la solicitud correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañando la información que ésta determine. Deberán asimismo presentar ante dicha Secretaría, periódicamente y en la forma que ésta lo requiera, sus estados financieros, datos sobre sus pasivos y la demás información adicional que les sea solicitada para determinar su capacidad de pago y la necesidad debidamente razonada del tipo de gasto que se pretenda financiar con los recursos del crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá complementar la información a que se refiere este artículo mediante el examen de registros y documentos de las mismas entidades. ARTÍCULO 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se abstendrá de autorizar financiamientos a favor de las entidades a que se refiere este capítulo, cuando los programas de actividades, apoyados total o parcialmente con dichos financiamientos, no estén comprendidos en los planes y presupuestos aprobados. Los financiamientos deberán ser acordes con la capacidad de pago de las entidades, la cual se estimará conforme a los criterios que establezca en forma general o particular la citada Secretaría. ARTÍCULO 22. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará por escrito su resolución a las entidades solicitantes, precisando, en su caso, las características y condiciones en que los créditos puedan ser contratados. Si el crédito se formaliza con una emisión de bonos o con un contrato, tanto en el acta de emisión, como en el contrato, así como en los bonos y documentos que de ellos se deriven, deberán citarse los datos de la mencionada autorización. Igual disposición será observada en los demás títulos que suscriban, avalen o acepten las entidades del sector público federal. Los documentos de referencia no tendrán validez si en ellos no están consignados los datos de la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los documentos o títulos de crédito en que se hagan constar las obligaciones que contraigan las instituciones nacionales y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, no requerirán para su validez que se incorpore en ellos los datos de la autorización relativa.

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CAPÍTULO VI

De la vigilancia de las operaciones de endeudamiento ARTÍCULO 23. Las entidades acreditadas, ya sean del Gobierno Federal o del sector paraestatal, llevarán los registros de los financiamientos en que participen conforme a las reglas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deberán además proporcionar a la misma Secretaría, toda la información necesaria para llevar a cabo la vigilancia que le compete respecto a la aplicación de los recursos provenientes de financiamientos autorizados, con la periodicidad y en la forma que dicha Secretaría determine. ARTÍCULO 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que se incluyan en los presupuestos de las entidades los montos necesarios para satisfacer puntualmente los compromisos derivados de la contratación de financiamientos en los términos del artículo 17 de esta ley. ARTÍCULO 25. Las entidades del sector público prestarán todo género de facilidades al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en su caso, acuda a comprobar la eficiente contratación, aplicación y manejo de la deuda. ARTÍCULO 26. Sin perjuicio de lo señalado por los Artículos anteriores, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector. CAPÍTULO VII

Del registro de obligaciones financieras ARTÍCULO 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública que asuman las entidades, en el que se anotarán el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y global. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en forma periódica los datos de la deuda pública, consignando todos aquellos que resulten significativos para su mejor comprensión. ARTÍCULO 28. Los titulares de las entidades están obligados a comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de todos los financiamientos contratados así como de los movimientos que en éstos se efectúen.

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ARTÍCULO 29. Las operaciones de crédito autorizadas, así como su registro, sólo podrán modificarse con los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización.

CAPÍTULO VIII

De la comisión aszsora de financiamientos externos ARTÍCULO 30. Para el asesoramiento en materia de crédito externo de las entidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un órgano técnico auxiliar de consulta que se denominará Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público Federal, que estará formado por un representante de cada una de las siguientes entidades: a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la presidirá. b) El Banco de México, S.A.: Nacional Financiera, S.A.; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.; Banco Nacional de Crédito Rural, S.A.: Barco Nacional de Comercio Exterior, S.A.; Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A. y de las entidades del sector público que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere conveniente. ARTÍCULO 31. Las labores de la Comisión serán coordinadas por un Secretario Técnico, que estará a cargo del Director General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ARTÍCULO 32. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Evaluar las necesidades de financiamiento del sector público federal. II. Asesorar en el diseño de la política que deba adoptarse en materia de endeudamiento externo o en moneda extranjera para el sector público federal, opinando sobre planes anuales en los que se precise la estrategia de captación de recursos externos, los montos que deban obtenerse de estos recursos y la fuente y aplicación de los mismos, en coordinación con las medidas que dicte el Ejecutivo Federal en materia 'financiera, para alcanzar los objetivos de la política económica nacional. III. Proponer las medidas de coordinación de las entidades del sector público federal en todo lo que se refiera a captación de recursos externos para las mismas, considerando lineamientos de negociación sobre las condiciones generales de los créditos externos que se prentenda contratar. IV. Estudiar los programas de financiamiento externos para las entidades del sector público federal con criterios de oportunidad y prelación.

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V. Conocer y opinar sobre los estudios que se refieran a la deuda externa del sector público federal y recomendar políticas para mantenerla dentro de la capacidad de pago de dicho sector y del país. VI. En general todos aquellos que permitan asesorar debidamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo de la deuda externa de las entidades del sector público y las que le señalen esta ley y otros ordenamientos. ARTÍCULO 33. La Comisión asesorará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto del financiamiento externo que las entidades del sector público contraten anualmente. Para la programación de los financiamientos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tomar en cuenta la opinión de la Comisión.

TRANSITORIOS Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor a partir del P de enero

de 1977.

Artículo Segundo. Se derogan el artículo 26 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, S.A., relativo a la Comisión Especial de Financiamientos Exteriores y las demás disposiciones legales en cuanto se opongan a la presente ley.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección

México, D.F., a 15 de diciembre de 1976 El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

José López Portillo

CAPÍTULO

VIII

RECTORÍA DEL ESTADO EN BANCA Y CRÉDITO A. Generalidades . .. B. Banco de México, organismo descentralizado . C. Otros instrumentos jurídicos reguladores del sistema financiero Ley orgánica del banco de México Reglamento interior del Banco de México .



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CAPÍTULO VIII

RECTOR1A DEL ESTADO EN BANCA Y CRÉDITO A. GENERALIDADES En una economía mixta como la nuestra, junto a la rectoría e intervención estatal encontramos cuatro tipos de mercados: 1) real; 2) monetario; 3) de trabajo, y 4) mercado externo. El mercado real de bienes y servicios se alcanza cuando se igualan oferta y demanda, es decir, cuando la inversión privada más el gasto público equivalen en volumen al ahorro más la inversión. El mercado monetario. Su equilibrio se da cuando se igualan oferta y demanda de dinero. Ahora bien, la oferta de dinero depende del volumen de los pasivos del Banco Central, de la diferencia entre el tipo de interés bancario y el de descuento, de los coeficientes de caja, liquidez y de las reservas internacionales con que cuente el Banco en cuestión. El mercado de trabajo integra la demanda global interna de un sistema económico, la cual repercute en precios y salarios. El mercado externo registra en las balanzas comerciales un equilibrio (importaciones y exportaciones), y en las balanzas de pagos que registran en forma sistemática todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y los residentes del extranjero en un año calendario. La política económica debe actuar sobre estos cuatro mercados utilizando diversos instrumentos ( fiscales, presupuestarios, monetarios, etcétera), de los cuales el manejo monetario es esencial y definitivo. La moneda. Recordemos que es el ente mediante el cual los valores económicos asumen validez abstracta, general, y son unificados y medidos. Es un fenómeno social en el sentido que representa un medio de intercambio para permitir el funcionamiento y desarrollo de cualquier sistema económico. En síntesis, podemos decir que la moneda cumple tres funciones: 1) medición de valores; 2) medio de intercambio, y 3) depósito de valor económico." 50 Forte, Francesco, Manual de política económica, Barcelona, Oikos, tomo pp. 23 y SS.

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Las formas que asume la moneda en la actualidad son dos: 1) moneda primaria ( oro y papel moneda), y 2) moneda secundaria que puede ser la crediticia-bancaria y la propia deuda pública como capital financiero cuyo deudor es el propio Estado.51 En estos tipos de mercado son considerados tres actos de soberanía estatal absoluta (actos del príncipe) : oro, papel-moneda y deuda pública. En cambio, la moneda crediticia es un depósito bancario de un particular en una institución de crédito autorizado, no consecuencia directa de un acto administrativo del Estado. La moneda crediticia o bancaria (también llamada fiduciaria) es al mismo tiempo una cantidad y una velocidad que se mide sobre la base total de los depósitos y de la emisión de pagos. El Estado contemporáneo regula directamente la oferta de moneda y dinero en la economía, a través del banco central (banco de bancos) en armonía y coherencia con la política económica. En México, el Banco de México, desde la década de los treinta, había venido fungiendo como banco central de hecho, aunque su naturaleza jurídica era de sociedad anónima, fuertemente influenciada por parte de los bancos privados, grupo de presión que intervenía como juez y parte en el manejo de la política monetaria nacional, anomalía que logra superarse el 19 de septiembre de 1982 con la nacionalización de la banca privada, y la transformación del Banco de México en organismo descentralizado. B.

BANCO DE MÉXICO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO

El párrafo IV del artículo 28 constitucional señala en cuanto a los casos en que se acepta excepcionalmente la función monopólica, que tanto la emisión de monedas como la emisión de billetes se efectuarán por medio de un solo banco, organismo descentralizado del gobierno federal. Dicho •precepto no emplea la expresión "banco central", pero no cabe duda que se trata de un banco con ese carácter, por cuanto la propia Ley Orgánica, reformada en varias ocasiones, le entrega a dicho instituto las facultades propias de una banca central. Como banco central, el Banco de México es la institución reguladora de los medios de pagos, del crédito, un apoyo superior jerárquico de las sociedades nacionales de crédito; además, el contralor de la ,com51

ibídem.

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pra y venta de divisas, ejecutor por ende de la política monetaria global del gobierno federal. Con fecha 21 de diciembre de 1984 (D.0.) se expide el decreto que promulga la nueva Ley Orgánica del Banco de México que consta de 41 artículos y cinco transitorios, Ley Reglamentaria de los artículos 28 y 73, fracción X de la Constitución federal. Dicha Ley señala el carácter de organismo público descentralizado que actúa como Banco Central de la Nación y que tiene por finalidad emitir moneda, poner en circulación los signos monetarios y procurar condiciones crediticias y cambiarias favorables a la estabilidad del poder adquisitivo del dinero, al desarrollo del sistema financiero y, en general, al sano crecimiento de la economía nacional. Las funciones del Banco de México son: Artículo 29 El Banco, conforme a lo dispuesto en la presente Ley,

desempeñará las funciones siguientes;

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, el crédito y los cambios; II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia, así como regular el servicio de cámara de compensación. III. Prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo en operaciones de crédito interno y externo; IV. Fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y, particularmente, financiera, y V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. El ejercicio de estas funciones deberá efectuarse en concordancia con los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo y de conformidad con las directrices de política monetaria y crediticia que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para cumplir dichas funciones el Banco de México está autorizado para operar de la siguiente forma: El Banco de México, para la realización de sus funciones, podrá efectuar las operaciones siguientes:

ARTÍCULO 69

I. Recibir depósitos bancarios de moneda nacional del Gobierno Federal, de dependencias y entidades de la Administración Públi-

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ca Federal, y de empresas cuyo objeto principal sea la intermediación financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá señalar las entidades de la Administración Pública Federal cuyo carácter no sea el de intermediarios financieros, que deban mantener depositados en el Banco de México los recursos en moneda nacional que la propia Secretaría determine. II. Recibir depósitos bancarios de moneda extranjera. III. Emitir bonos de regulación monetaria. Dichos bonos serán títulos de crédito, al portador, con o sin causa de intereses, denominados en moneda nacional o extranjera y tendrán las demás características que el Banco fije al emitirlos, debiendo mantenerse depositados en administración en el propio Banco, cuando éste así lo determine (operación de mercado abierto), IV. Obtener créditos de personas morales domiciliadas en el exterior; V. Constituir depósitos bancarios de dinero; VI. Otorgar créditos al Gobierno Federal, en los términos del Artículo 99, y a las instituciones de crédito, ya sea que éstas actúen por cuenta propia o como fiduciarias en fideicomisos públicos de fomento económico. Los títulos que descuente deberán ser siempre negociados con la responsabilidad del descontatario. Si el deudor o el descontatario no liquida el crédito o los títulos a su vencimiento, el Banco podrá cargar su importe en la cuenta que, en su caso, les lleve; VII. Recibir en garantía de los créditos que otorgue, depósitos de dinero constituidos en el propio Banco de México, pudiendo cargar a los mismos el importe de las obligaciones garantizadas si a su vencimiento éstas no se liquidan. VIII. Operar con bonos de los previstos en la fracción III, con valores a cargo del Gobierno Federal y con bonos bancarios y demás valores emitidos por instituciones de crédito, así como con valores de los comprendidos en la fracción II del artículo 13. Tratándose de valores a cargo del Gobierno Federal o de instituciones de crédito, el Banco no deberá adquirirlos directamente del deudor, excepto cuando las adquisiciones queden correspondidas con depósitos en efectivo no retirables antes del vencimiento, constituidos en el propio Banco con el producto de la colocación, cuyos montos, plazos y rendimientos sean iguales a los de los valores objeto de la operación de que se trate. El Banco de México podrá recibir en garantía cualquier tipo de títulos, cuando sea necesario o conveniente para la seguridad de sus operaciones. IX. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V del artículo 29 y, en general, con entidades financieras del exterior.

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X. Realizar pagos o cobros que el Gobierno Federal requiera hacer en el extranjero. XI. Actuar como fiduciario cuando por ley se le asigne esa encomienda o cuando se trate de fideicomisos cuyos fines coadyuven al desempeño de funciones del Banco. Este podrá canalizar recursos a los fideicomisos en los que tenga carácter de fiduciario, a través de las operaciones que esta Ley le autoriza a realizar. XII. Celebrar todo tipo de operaciones con divisas, oro y plata, incluyendo reportos. XIII. Recibir depósitos de títulos o valores, en custodia o en administración. XIV. Adquirir bienes y contratar servicios, necesarios o convenientes para el ejercicio de sus funciones; y, XV. Las demás operaciones previstas en esta Ley. El Banco no podrá practicar sino los actos y operaciones expresamente previstos en las disposiciones de esta Ley o los que sean conexos o consecuencia de ellos. Las funciones encargadas por Ley al Banco de México se completan con el Reglamento Interior del organismo publicado en el Diario Oficial el 4 de julio de 1985 y cuyo organigrama nos permitimos transcribir. C. OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS REGULADORES DEL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO " Los ordenamientos siguientes cubren el campo financiero-bancario vigente en 1988. I. Ley Reglamentaria de las Fracciones XIII del Apartado B del Artículo 123 Constitucional (D.O. 30-12-1983).

Por lo que se refiere a este ordenamiento vigente a partir del 19 de enero de 1984, diremos que tiene por objeto fijar el marco jurídico de las relaciones laborales de los trabajadores bancarios con las instituciones y sociedades nacionales de crédito, incorporando el régimen al que han estado sujetos y respetando principalmente las prestaciones logradas a la fecha y haciendo compatible su estatuto laboral con lo establecido para los trabajadores al servicio del Estado. as Para esta sección hemos utilizado la completa información de la excelente tesis doctoral del Dr. Arturo Durán García titulada "Influencia de la actividad bancaria en el desarrollo nacional a partir de la expropiación bancaria", (mimeo), t. I, México, UNAM, 1987.

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Los aspectos más relevantes de esta Ley son los siguientes: — Es aplicable tanto a los trabajadores de base como a los de confianza. — Se establecen las disposiciones que en materia de días de descanso, vacaciones y salario, serán aplicables a las relaciones laborales de los trabajadores de las instituciones bancarias y que primordialmente confirman el régimen al que habían estado sujetos previamente. - Se determina que los trabajadores y los pensionados de las instituciones, así como sus familias derechohabientes, gozarán de los beneficios que concede la Ley del Seguro Social en los términos del correspondiente convenio de subrogación de servicios, con independencia de aquellos que las instituciones proporcionen. - Se consignan las prestaciones a que tendrán derecho, tales como préstamos a corto y mediano plazo, y con garantía hipotecaria y fiduciaria; estos últimos con independencia de los beneficios otorgados en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los relativos a pagos por gastos funerarios y defunción. En este ámbito laboral, cabe destacar que una vez constituidos los sindicatos bancarios —posibilidad que se abrió con la expropiación bancaria—. Este ordenamiento permite su agrupación en una Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Para cerrar este punto diremos que, recientemente, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto han expedido, con la participación de la Federación de Sindicatos Bancarios y de la Asociación Mexicana de Bancos, un modelo de Condiciones Generales de Trabajo, con base en el cual se da una actualización jurídica de los derechos de los trabajadores bancarios. 2. Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito (D.O. 14-01-85).53 De acuerdo con la exposición de motivos, esta ley tiene por objeto el cumplimiento del mandato establecido en el quinto párrafo del artículo 28 constitucional. 53

Ver Barrera Graf, Jorge, Nueva legislación bancaria, México, Porrúa, 1985.

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Haciendo una síntesis de su contenido, podemos decir que la Ley contempla la regulación de la naturaleza del servicio público de banca y crédito; los objetivos, organización, funcionamiento, actividades y operación de las instituciones que lo prestan; la inspección y vigilancia de las mismas; el régimen sancionador y punitivo del derecho bancario, y la protección de los intereses del público. Los aspectos más relevantes de este ordenamiento están referidos a los siguientes puntos: — Las instituciones de crédito tendrán el carácter de sociedades nacionales de crédito, distinguiéndose por su función particular en instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo. Con ello se incorpora a la banca de desarrollo al régimen general de esta Ley, previéndose las modalidades que establezca el Congreso de la Unión considerando la especialidad sectorial y regional de cada institución, en las leyes orgánicas que para el efecto expida para cada institución de este tipo. Las instituciones de banca múltiple sujetarán su operación a las disposiciones de esta Ley, a las de la Ley Orgánica del Banco de México y, finalmente, al régimen de supletoriedad legal previsto por la propia Ley Reglamentaria. Por su parte, las instituciones de banca de desarrollo se regularán

por su respectiva Ley Orgánica, por la reglamentaria y por la del Banco de México, y de igual modo, supletoriamente, conforme lo dice la Ley Reglamentaria para ambos tipos de instituciones por la legislación mercantil, por los usos y prácticas bancarios y por el Código Civil para el Distrito Federal. Más adelante en el capítulo cuatro abordaremos el régimen legal de la banca de desarrollo. Los dos tipos de instituciones contarán con reglamentos orgánicos expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los procesos de programación-presupuestación, que corresponde llevar a las instituciones de crédito, se ajustarán a los lineamientos y objetivos del Plan Nacional y Desarrollo, correspondiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su aprobación, tomando muy en cuenta el programa sectorial vigente, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE). La incorporación de la banca al Sistema Nacional de Planeación Democrática hace que su actividad sea ahora distinta, aunque realice las mismas operaciones que cuando era banca privada, desde el punto

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de vista formal, pues sus objetivos se orientan al cumplimiento de las prioridades nacionales. Esto permite también la compatibilidad entre la autonomía de gestión de las instituciones y las orientaciones de política económica y financiera que corresponde dictar a las autoridades. -- En cuanto a la organización de las sociedades nacionales de crédito, su creación, transformación, fusión y disolución, se realizan mediante decretos del Ejecutivo federal. En el caso de las instituciones de banca de desarrollo, se sujetan a lo que disponga el Congreso de la Unión, en las respectivas leyes orgánicas. — Se ratifican las disposiciones sobre el capital social, al señalarse que estará representado por certificados de aportación patrimonial, que corresponderán a solo dos series: la "A", que representará el 66% del capital y únicamente podrá ser suscrita por el gobierno federal, y la "B", que ampara el 34% restante, en donde se posibilita la participación del propio gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, los propios trabajadores de cada institución, y en general, los sectores social y privado, de conformidad con las reglas expedidas al efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que ya se hizo mención. En el caso de las instituciones de banca de desarrollo, la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B" se sujetarán también a las modalidades que se establezcan en las leyes orgánicas. Para ambos casos se excluye totalmente el capital extranjero. — Se confirma que los titulares de cerificado serie "B" tendrán derecho a designar a los miembros del consejo Directivo correspondientes a tal serie, dándose participación en la toma de decisiones. Asimismo, podrán integrar una comisión consultiva, que conocerá las políticas y criterios conforme los cuales la sociedad opera, pudiendo opinar sobre estos aspectos, al igual que sobre el proyecto de aplicación de utilidades, entre otras funciones. También designarán un comisario, que les representará en el órgano de vigilancia de la institución. — Se precisan los requisitos de los directores generales y los 'servidores públicos que ocupen cargos directivos, destacando los de tener notorios conocimientos y reconocida experiencia en materia bancaria y crediticia. Corresponde al director general la administración cotidiana del banco, su representación legal y la realización de las operaciones. A dife-

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rencía de las sociedades anónimas, el director general tiene funciones expresas que le confieren directamente las disposiciones legales y que por lo tanto no derivan de una delegación del consejo directivo, el cual participa en la administración de la sociedad dictando criterios de carácter general. — La Ley distingue con claridad las atribuciones de las autoridades y de las facultades de los órganos de administración de las sociedades. Las sociedades nacionales de crédito son intermediarios bancarios y entidades de la administración pública federal. En este último carácter y sólo cuando realizan operaciones distintas a la intermediación financiera, están sujetas a la normatividad paraestatal, si bien con algunas modalidades. Leyes federales de las entidades paraestatales de aplicación parcialmente. La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorgan a la Secretaría de Hacienda atribuciones como dependencia coordinadora de sector y de regulación financiera del sistema bancario. En cuanto a las competencias de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, el nuevo marco jurídico las define con mayor precisión: La Secretaría de Hacienda establece las directrices de política monetaria y crediticia; dicta las medidas relacionadas con la estructura del sistema bancario y de las propias sociedades nacionales de crédito, y determina acciones para mantener la sana estructura financiera de las instituciones, así como su adecuada organización y funcionamiento. El Banco de México, conforme a las directrices de la Secretaría de Hacienda y a los criterios de su propio comité de crédito y cambios, es el encargado de regular las tasas de interés, las características específicas de las operaciones y la inversión obligatoria que de acuerdo con su Ley Orgánica deben mantener las sociedades. — La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, con autonomía operativa y de supervisión, es la autoridad encargada de la inspección y vigilancia (artículo 97, título 69, Ley Servicio Público y Banca de Crédito).

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El órgano de vigilancia interno de las sociedades se integra por un comisario de la serie -El- de certificados de aportación patrimonial, y por otro, nombrado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, constituyendo un apoyo al consejo Directivo en sus funciones de dirección y evaluación. Establece un catálogo expreso de las operaciones que podrán realizar las instituciones. Las instituciones de banca de desarrollo realizarán además las necesarias para la adecuada y eficiente atención de su correspondiente sector, •de acuerdo con las modalidades previstas en sus leyes orgánicas. — Las reglas generales de operación comprenden las medidas tendientes a mantener la sana estructura financiera de las instituciones, señalando al efecto las bases para invertir los recursos captados del público en términos adecuados de seguridad y liquidez; tener el capital neto correspondiente en relación a los activos sujetos a riesgo; diversificar los riesgos en la realización de las operaciones activas y pasivas; invertir el capital pagado y reservas de capital; mantener el capital mínimo; cumplir el régimen de inversión obligatoria; observar sanas prácticas y usos bancarios, y participar en el Fondo de Apoyo Preventivo. — En capítulos especiales, la Ley regula las operaciones pasivas, activas, los servicios y la actividad fiduciaria que realizan las instituciones, las que deben encuadrarse al marco de la legislación mercantil aplicable, y a las disposiciones especiales de esta propia Ley. Destaca la modernización del régimen legal operativo, incluyendo bases para dar seguridad jurídica al uso de equipos y sistemas automatizados. Respecto a la participación patrimonial de la banca múltiple en capital de empresas, la Ley le permite, estableciendo limitaciones a la misma, así como su carácter temporal. La participación de las sociedades nacionales de crédito, dentro del mercado bursátil, se realizará con apego a la Ley Reglamentaria y la del Mercado de Valores. Dichas operaciones se llevarán a cabo con la intermediación de casas de bolsa, apegándose a las disposiciones generales que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. — La Ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para regular la publicidad y propaganda de la Banca, cuidando en todo tiempo de que se ajuste a criterios de austeridad.

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— Por primera vez la Ley Bancaria ordena medidas básicas de seguridad que incluyen la instalación de equipo indispensables, con objeto de proteger las oficinas bancarias, sus trabajadores y su patrimonio. Por lo que hace a los aspectos contables, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros determina el catálogo de cuentas, los libros y documentos correspondientes; las bases a que se sujetará la aprobación de los estados financieros mensuales y el balance general anual por parte del director general, administrador y servidores públicos de las instituciones de crédito, su revisión y la publicación en periódicos de amplia circulación; y las reglas máximas para la estimación de activos y las mínimas para la estimación de sus obligaciones y responsabilidades. — Por lo que se refiere al régimen de prohibiciones, la Ley muestra un avance al sistematizar y actualizar el régimen de prohibiciones. Destaca el artículo 82, que textualmente establece que sólo las sociedades nacionales de crédito podrán dedicarse a la captación de recursos del público en el mercado nacional y su colocación rentable en el público, mediante la realización habitual, por cuenta propia o ajena de actos causantes de pasivos directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, accesorios financieros de los recursos captados. Esta prohibición impide que cualquier persona distinta a una sociedad nacional de crédito pueda dedicarse a la prestación del servicio público de banca y crédito. En la hipótesis de que ocurriese, la Ley faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros para intervenir la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trata, hasta que las operaciones ilegales queden liquidadas, y además se establecen las penas de prisión y multa. En cuanto a las sanciones administrativas, las disposiciones se modernizan, en virtud de que los montos de las mismas se fijan tomando el salario mínimo general diario del Distrito Federal como mínimo multiplicador, en lugar de cantidades fijas que con el paso del tiempo se tornan obsoletas. Se mantienen los delitos bancarios. — Por cuanto a la protección de los intereses del público, se conservan el secreto bancario y el llamado secreto fiduciario. Subsiste también el procedimiento de conciliación y arbitraje que se P~t

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lleva a cabo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en beneficio de los usuarios y de la sanidad del sistema. — En los artículos transitorios se establecieron las previsiones y provisiones legales necesarias, con base en las cuales, fundamentalmente, el gobierno federal transformó las antiguas instituciones nacionales de crédito, de sociedades anónimas a sociedades nacionales de crédito; expidió los nuevos reglamentos orgánicos de las sociedades, así como las nuevas reglas para los certificados serie -Ir y las bases para los consejos de dicha serie; y de igual modo, se dispuso que el Banco Obrero, S. A. y la sucursal en México del Citibank continuarán operando como lo venían haciendo, y, por último, se dispuso la subsistencia de las disposiciones emitidas con base en la anterior ley, en tanto se dictan las correspondientes. 3. Otros instrumentos jurídicos Respecto a los reglamentos orgánicos de las sociedades nacionales de crédito, es conveniente destacar que en ellos se conservan la mayoría de las disposiciones de los anteriores y solamente se ajustan en algunas con preceptos de la nueva Ley Bancaria. Situación similar se presenta con las Reglas Generales sobre los Certificados de la serie 13" y las bases para la Designación de los Miembros de los Consejos Directivos por parte de la serie "B". En este último ordenamiento hay un cambio importante que es conveniente señalar, el cual estriba en que ahora la Comisión Consultiva es la que designa directamente a sus representantes, sin la sanción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Completan el cuadro regulatorio la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (D. 0. 14-1-85); la Ley de Sociedades de Inversión (D. 0. 14-1-85); el Decreto de Reformas a la Ley del Mercado de Valores (D. 0. 8-11-85); el Decreto de Reformas a la Ley General de Instituciones de Seguros (D. 0. 14-1-85; el Decreto de Reformas a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (D. O. 31-XII-84).

LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE MÉXICO * MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE MÉXICO Capítulo I Finalidades y Funciones

19 La presente ley es reglamentaria de los artículos 28 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular al organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad y patrimonio propios, denominado Banco de México. El organismo mencionado es el Banco Central de la Nación y tiene por finalidades emitir moneda, poner en circulación los signos monetarios y procurar condiciones crediticias y cambiarias favorables a la estabilidad del poder adquisitivo del dinero, al desarrollo del sistema financiero y, en general, al sano crecimiento de la economía nacional. El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de México y podrá establecer sucursales o agencias o nombrar corresponsales. ARTÍCULO 29 El Banco, conforme a lo dispuesto en la presente ley, desempeñará las funciones siguientes: ARTÍCULO

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, el crédito y los cambios; II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia, así como regular el servicio de cámara de compensación; * Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1984.

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III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo en operaciones de crédito interno y externo; IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera, y V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera o que agrupen a bancos centrales. El ejercicio de estas funciones deberá efectuarse en concordancia con los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo y de conformidad con las directrices de política monetaria y crediticia que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Capítulo II Emisión y Circulación Monetaria ARTÍCULO 39 Corresponderá privativamente al Banco de México emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que esta ley le autoriza realizar. El Banco podrá fabricar sus propios billetes o encargar dicha fabricación a terceros. ARTÍCULO 49 Los billetes que emita el Banco de México deberán contener: la denominación del billete con número y letra; la serie y número del mismo; la fecha del acuerdo de emisión; las firmas en facsímile de un miembro de la junta de gobierno, del director general o de un director general adjunto y del cajero principal del Banco; la leyenda "Banco de México", y las demás características que señale el propio Banco conforme a lo dispuesto en la presente ley. ARTÍCULO 59 El Banco, directamente o a través de corresponsales, deberá cambiar a la vista los billetes y monedas metálicas que ponga en circulación, por otros de la misma o de distinta denominación, sin limitación alguna y a voluntad del tenedor. Si dicho Banco o sus corresponsales no dispusieren de billetes o monedas metálicas de las denominaciones solicitadas, la obligación de canje podrá cumplirse entregando billetes o monedas metálicas de las 'denominaciones de que dispongan, más próximas a las demandadas. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, las monedas metálicas a que se refieren el artículo 36 fracción II de la presente ley y el artículo 29 bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III Regulación Crediticia y Cambiaria ARTÍCULO 69 El Banco de México, para la realización de sus funciones, podrá efectuar las operaciones siguientes:

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I. Recibir depósitos bancarios de moneda nacional del Gobierno Federal, de dependencias y entidades de la administración pública federal y de empresas cuyo objeto principal sea la intermediación financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá señalar las entidades de la administración pública federal cuyo carácter no sea el de intermediarios financieros, que deban mantener depositados en el Banco de México los recursos en moneda nacional que la propia Secretaría determine; II. Recibir depósitos bancarios de moneda extranjera; III. Emitir bonos de regulación monetaria. Dichos bonos serán títulos de crédito, al portador, con o sin causa de intereses, denominados en moneda nacional o extranjera y tendrán las demás características que el Banco fije al emitirlos, debiendo mantenerse depositados en administración en el propio Banco, cuando éste así lo determine; IV. Obtener créditos de personas morales domiciliadas en el exterior; V. Constituir depósitos bancarios de dinero; VI. Otorgar créditos al Gobierno Federal, en los términos del artículo 99, y a las instituciones de crédito, ya sea que éstas actúen por cuenta propia o como fiduciarias en fideicomisos públicos de fomento económico. Los títulos que descuente deberán ser siempre negociados con la responsabilidad del descontatario. Si el deudor o el descontatario no liquida el crédito o los títulos a su vencimiento, el Banco podrá cargar su importe en la cuenta que, en su caso, les lleve; VII. Recibir en garantía de los créditos que otorgue, depósitos de dinero constituidos en el propio Banco de México, pudiendo cargar a los mismos el importe de las obligaciones garantizadas si a su vencimiento éstas no se liquidan; VIII. Operar con bonos de los previstos en la fracción III, con valores a cargo del Gobierno Federal y con bonos bancarios y demás valores emitidos por instituciones de crédito, así como con valores de los comprendidos en la fracción II del artículo 13. Tratándose de valores a cargo del Gobierno Federal o de instituciones de crédito, el Banco no deberá adquirirlos directamente del deudor, excepto cuando las adquisiciones queden comprendidas con depósitos en efectivo no retirables antes del vencimiento, constituidos en el propio Banco Lon el producto de la colocación, cuyos montos, plazos y rendimientos sean iguales a los de los valores objeto de la operación de que se trate. El Banco de México podrá recibir en garantía cualquier tipo de títulos, cuando sea necesario o conveniente para la seguridad de sus operaciones; IX. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V del artículo 29 y, en general, con entidades financieras del exterior;

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X. Realizar pagos o cobros que el Gobierno Federal requiera hacer en el extranjero; XI. Actuar como fiduciario cuando por ley se le asigne esa encomienda o cuando se trate de fideicomisos cuyos fines coadyuven al desempeño de funciones del Banco. Este podrá canalizar recursos a los fideicomisos en los que tenga carácter de fiduciario, a través de las operaciones que esta ley le autoriza a realizar; XII. Celebrar todo tipo de operaciones con divisas, oro y plata, incluyendo reportos; XIII. Recibir depósitos de títulos o valores, en custodia o en administración; XIV.. Adquirir bienes y contratar servicios, necesarios o convenientes para el ejercicio de sus funciones; y XV. Las demás operaciones previstas en esta ley. El Banco no podrá practicar sino los actos y operaciones expresamente previstos en las disposiciones de esta ley o los que sean conexos o consecuencia de ellos. ARTÍCULO 70 El Banco de México determinará, durante el mes de enero de cada año, el saldo máximo que su financiamiento interno podrá alcanzar durante el ejercicio respectivo. Dicho monto lo fijará en concordancia con las prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con la información y proyecciones consideradas para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en lo relativo a producto interno bruto, deuda interna y externa, balanza de pagos, reserva de activos internacionales del Banco de México, nivel general de precios, necesidades de financiamiento de la economía nacional, agregados monetarios, mercado de dinero y de capitales; así como teniendo en cuenta el saldo máximo del financiamiento interno del Banco determinado para el año inmediato anterior y el monto ejercido del mismo. Para efectos de esta ley, será financiamiento interno del Banco de México el saldo de su cartera de crédito y valores a cargo del Gobierno Federal, de instituciones de crédito y de fideicomisos, más el saldo de los depósitos de dinero que el propio Banco constituya en instituciones de crédito, menos el saldo de los depósitos a que se refiere el, segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 6°. Se computarán también, como parte de dicho financiamiento, los rendimientos devengados no pagados de los activos a que se refiere el presente párrafo, deduciendo, en su caso, los intereses devengados no pagados de los depósitos citados en último término. No se considerarán dentro del límite del financiamiento interno; el saldo deudor de la cuenta general de la Tesorería de la Federación, el monto de los depósitos que el Banco constituya para atender nece-

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sidades estrictas de corresponsalía y los apoyos que otorgue a instituciones de crédito para ayudarlas a hacer frente a problemas de liquidez originados en retiros anormales de fondos. Una vez que el Banco haya fijado el límite a que se refiere este artículo, lo comunicará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión "Y, en los recesos de este último, a su Comisión Permanente, dando a conocer los razonamientos que sirvieron de base para determinarlo. El crecimiento que experimente el financiamiento interno del Banco de México del primero de enero hasta la fecha en que se fije el mencionado saldo máximo, computará para efectos de éste y no podrá ser superior a la doceava parte del crecimiento que el propio financiamiento interno haya tenido en el ejercicio anterior. ARTÍCULO 89 Corresponderá privativamente al Banco de México: I. Ser el depositario de todos los fondos de que no haga uso inmediato el Gobierno Federal; II. Llevar a cabo la situación y concentración de fondos de todas las oficinas del propio Gobierno; HI. Encargarse, por cuenta del Gobierno Federal, de la emisión, colocación, compra y venta, de valores representativos de la deuda interna del citado Gobierno y, en general, del servicio de la misma, y IV. Llevar a cabo los actos a que se refiere la fracción III, en lo concerniente a deuda externa del mencionado Gobierno, salvo que conforme a la ley se encomienden a otra u otras instituciones. Las remuneraciones que el Banco perciba por los servicios que preste al Gobierno Federal, serán convenidas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Banco de México no estará obligado a prestar al Gobierno Federal más servicios que los expresamente previstos en esta ley. ARTÍCULO 90 El Banco llevará una cuenta general a la Tesorería de la Federación. Esta cuenta deberá sujetarse a las reglas siguientes: I. El Banco sólo hará transferencias o pagos con cargo a la misma, cuando así lo autorice el Tesorero de la Federación. Los cargos que se hagan cumpliendo este requisito no podrán objetarse por motiva alguno; II. Los saldos acreedores o deudores de la cuenta, causarán intereses pagaderos mensualmente, cuyo importe se abonará o cargará a la propia cuenta, sin que para esto último se requiera la autorización prevista en la fracción anterior; III. El Banco de México informará diariamente al Tesorero de la Federación sobre el estado de la cuenta; y IV. El saldo a cargo del Gobierno Federal no deberá exceder al uno por ciento del total consolidado de las percepciones previstas en

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la Ley de Ingresos de la Federación para el ario de que se trate, salvo que por circunstancias extraordinarias aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos de un mismo ejercicio fiscal. Para determinar el total de las percepciones a que se refiere el párrafo anterior de esta fracción, se deducirá de aquéllas el monto de las amortizaciones de la deuda pública previstas en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación. ARTÍCULO 10. El Banco de México informará trimestralmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión y, en los recesos de este último, a su Comisión Permanente, del movimiento diario que hayan tenido durante dicho lapso el financiamiento interno del propio Banco y la cuenta general que lleva a la Tesorería de la Federación, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento de cada trimestre. Asimismo, dará a conocer diariamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el saldo de su financiamiento interno, y ésta le proporcionará los informes necesarios para conocer y prever el estado de las finanzas públicas. ARTÍCULO 11. El Banco contará con una reserva de activos internacionales, que tendrá por objeto procurar la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país, propiciando con ello la realización de las operaciones internacionales en forma que constribuyan al desarrollo económico nacional. ARTÍCULO 12. La reserva a que se refiere el artículo anterior se constituirá con la posición neta de las divisas, el oro y la plata, propiedad del Banco, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna. El importe de los pasivos en divisas, oro o plata, a cargo del Banco, deberá estar correspondido por activos en las especies respectivas, mismas que, tratándose de divisas, deberán ser de las mencionadas en las fracciones I a V del artículo 13. Para el cálculo de la posición neta a que se refiere el primer párrafo del primer artículo y para los efectos del segundo párrafo del mismo, se excpptúan los pasivos derivados de apoyos externos concedidos para propósitos de regulación cambiaria y los pasivos provenientes de créditos cuyo vencimiento sea a plazo mayor a seis meses al tiempo de hacer el cómputo de la reserva. ARTÍCULO 13. Para efectos de esta ley, el término divisas comprende: billetes y monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como los demás medios internacionales de pago. Las divisas susceptibles de formar parte de la reserva a que se refieren los artículos 11 y 12 son únicamente:

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L Los billetes y monedas metálicas extranjeros; II. Los depósitos, títulos, valores y demás obligaciones pagaderos fuera del territorio nacional, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos de México, de organismos financieros internacionales o de entidades de primer orden del exterior, siempre que sean de amplia liquidez; III. Los saldos a favor del Banco de México, exigibles a plazo no mayor de seis meses, derivados de contratos de créditos recíprocos con bancos centrales que estén al corriente en sus pagos; IV. Los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional; y V. El tramo de reserva no girado por el Gobierno de México en el Fondo Monetario Internacional. Este tramo corresponde a la diferencia entre la participación de México en el citado organismo y el saldo del pasivo a cargo del Banco por el mencionado concepto, cuando dicho saldo sea inferior a la citada participación. ARTÍCULO 14. Las tasas de intereses, comisiones, premios, descuentos u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, que realicen las instituciones de crédito, con residentes en el país y en el extranjero, se ajustarán a las disposiciones que dicte el Banco de México. Estas disposiciones tendrán carácter general, pero podrán aplicarse a determinado tipo de instituciones o a ciertas clases de operaciones. ARTÍCULO 15. El Banco de México, con propósitos de regulación monetaria y crediticia, señalará los renglones de activo en los que las instituciones de crédito deban invertir el importe de su pasivo exigible con excepción de aquél que el propio Banco no considere computable para los efectos del presente artículo. El ejercicio de estas funciones se sujetará a las leglas siguientes:

1. Hasta un diez por ciento del pasivo computable, en depósitos de efectivo en el Banco de México, con o sin causa de intereses; II. Hasta un sesenta y cinco por ciento del pasivo computable en los valores, créditos y otros renglones de activo, distintos a los mencionados en la fracción anterior, que el Banco determine. El Banco podrá elevar este porcentaje, reduciendo, en su caso, el previsto en la fracción 1. Las inversiones obligatorias en activos a cargo del Gobierno Federal y de entidades de la administración pública federal, con excepción del Banco de México, no deberán exceder del cuarenta y cinco por ciento del pasivo computable; III. No menos del veinticinco por ciento del pasivo computable podrá mantenerse en valores, créditos y demás activos, sin más limitaciones que las establecidas en ley o conforme a la misma;

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IV. El Banco, cuando así se justifique, concederá a las instituciones plazos para que ajusten sus inversiones a las disposiciones que dicte; V. El Banco de México podrá: a) Establecer que las instituciones de crédito realicen las inversiones a que se refiere el presente artículo, respecto de las operaciones del pasivo contingente que, por sus efectos, considere análogas a. las del pasivo computable; b) Permitir que se consideren formando parte del depósito obligatorio en efectivo, recursos que las instituciones de crédito mantengan en su caja; c) Determinar que hasta el cien por ciento del importe de recursos captados con fines específicos, se mantenga en los renglones de activo consecuentes con tales fines, que señale el propio Banco; y d) Establecer que hasta el cien por ciento del importe de operaciones realizadas en contravención a la ley o a disposiciones expedidas por el Banco de México, se deposite en efectivo con o sin interés en el propio Banco; VI. El importe, total o parcial, de los faltantes en que incurran las instituciones de crédito, respecto de los renglones de activo que deban mantener conforme a la fracción II, se depositará en el Banco de México, cuando éste así lo determine, sin interés o con el interés que el mismo señale; VII. El Banco podrá cargar a las instituciones intereses penales sobre el importe de los faltantes en que incurran, respecto de cualquiera de los renglones de activo que deban mantener conforme a las presentes reglas, de hasta el ciento cincuenta por ciento del costo porcentual promedio de captación que para el mes en que se causen los citados intereses, estime representativo para el pasivo a plazo del conjunto de las instituciones de crédito. El Banco podrá disminuir los intereses penales que hubiere fijado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, tomando en cuenta las causas que hayan originado los citados faltantes y, particularmente, si los mismos obedecen a retiros anormales de fondos, a situaciones críticas de las instituciones, o a errores u omisiones de carácter administrativo en los que, a criterio del propio Banco, no haya mediado mala fe; y VIII. Las instituciones de banca de desarrollo deberán sujetarse al régimen previsto en las fracciones I y VII, respecto de los pasivos que capten del público. Las normas que el Banco de México dicte conforme al presente artículo, podrán referirse a uno o varios tipos de instituciones, a determinados pasivos o a ciertas zonas o localidades.

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ARTÍCULO 16. El Banco establecerá el régimen de depósito obligatorio al que deban sujetarse las instituciones de crédito, en el desempeño de fideicomisos, mandatos o comisiones mediante los cuales reciban fondos destinados al otorgamiento de créditos. A los faltantes en que incurran las instituciones de crédito respecto del depósito obligatorio a que se refiere el párrafo que antecede, les será aplicable lo previsto en el artículo 15, fracción VII. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal. ARTÍCULO 17. Las instituciones de crédito estarán obligadas a suministrar al Banco de México la información de carácter general que este les requiera sobre sus operaciones, así como todos aquellos datos que permitan estimar su situación financiera. El Banco podrá suspender todas o algunas de sus operaciones, con las instituciones que infrinjan lo dispuesto en este artículo. ARTÍCULO 18. El Banco de México determinará el o los tipos de cambio a que deba calcularse la equivalencia de la moneda nacional para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, pudiendo determinarlos también para operaciones por las que se adquieran divisas contra entrega de moneda nacional, siempre que ambas o alguna de estas prestaciones se cumpla en territorio nacional. ARTÍCULO 19. El Ejecutivo Federal, cuando sea necesario o conveniente a la debida protección de la economía nacional, podrá, mediante la expedición de decretos sobre control de cambios: prohibir o restringir las importaciones, las exportaciones y el comercio dentro de la República, de divisas; la importación y la exportación de moneda nacional; así como establecer obligaciones y requisitos respecto del uso y aplicación de las divisas correspondientes a operaciones comprendidas en el control de cambios. Con sujeción a esos decretos, así como a las disposiciones complementarias que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México estará facultado para aplicar dicho control y para establecer los términos y condiciones en que las instituciones de crédito, las demás empresas cuyo objeto principal sea la intermediación financiera y las casas de cambio, deban intervenir, en su caso, en la operación del mismo. Durante la vigencia de los decretos mencionados en el primer párrafo, funcionará un comité técnico de control de cambios, que estará integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, del Banco de México y del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. El comité contará con un secretario que será designado por el Banco de México.

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Al comité técnico de control de cambios corresponderá: a) actuar como órgano de consulta respecto de asuntos relativos al control de cambios; b) en su caso, recomendar a las autoridades competentes la expedición de disposiciones sobre control de cambios; c) autorizar términos y condiciones particulares para el cumplimiento de obligaciones que imponga el control de cambios, siempre que, a criterio del propio comité, el tratamiento concedido por virtud de dichas autorizaciones sea conveniente hacerlo extensivo a todas las personas que se encuentren en el mismo supuesto, y d) las demás que le señalen las disposiciones mencionadas. El propio Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión, a más tardar el quince de noviembre de cada ario, el uso que hubiese hecho de estas facultades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público impondrá, a quien infrinja el régimen de control de cambios, las sanciones siguientes: I. En caso de uso o aplicación de moneda nacional o divisas en contravención al régimen de control de cambios, multa hasta de tres tantos de la moneda nacional respectiva o del equivalente en esta moneda de las divisas de que se trate. Dicha equivalencia se determinará con base en el tipo de cambio vigente a la fecha de la infracción, que sea el más alto de los fijados por el Banco de México dentro del mencionado régimen; II. La sanción antes prevista también se aplicará a quien coadyuve a cometer las infracciones a que se refiere la fracción anterior, así como a quien participe en la simulación de actos jurídicos de los que resulte igualmente una sustracción de moneda nacional o de divisas, al control de cambios. El que por cuenta ajena intervenga en dichos actos responderá solidariamente del pago de la multa; y III. A quien no cumpla los requisitos de presentar la documentación, o de contar con los registros o autorizaciones, exigidos por el régimen de control de cambios, siempre que dicho incumplimiento no tenga como consecuencia las infracciones antes señaladas, se le impondrá multa en moneda nacional por una cantidad que no será menor de cincuenta veces ni mayor de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en la fecha de la infracción. La citada Secretaría fijará las multas señaladas en las fracciones anteriores, fundando y motivando su resolución, para lo cual tomará en cuenta: a) el importe de la operación; b) en su caso, el uso de engaños o artificios para llevar a cabo la infracción, y c) si el infractor es reincidente. En contra de las resoluciones administrativas que impongan multas, procederá el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, en cuya interposición, sustanciación y resolución serán apli-

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cables todas sus disposiciones. Este recurso deberá agotarse previamente a la interposición de cualquier otro medio de defensa legal. Contra las resoluciones definitivas en el citado recurso, procederá el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación. ARTÍCULO 20. Las instituciones de crédito ajustarán sus operaciones con divisas, oro y plata a las reglas que expida el Banco de México. Este, a igualdad de condiciones, tendrá preferencia sobre cualquier otra persona en esas operaciones. Las citadas instituciones estarán obligadas a dar a conocer al propio Banco sus posiciones de divisas, oro y plata, siempre que el mismo se las pida, y a transferirle, cuando así lo solicite, sus activos en esos efectos, que tengan en exceso de sus obligaciones en los mismos. La transferencia se hará al precio a que se hayan cotizado en el mercado las divisas, el oro y la plata en la fecha en que el Banco de México dicte el acuerdo relativo. Las posiciones de divisas, oro y plata, que las instituciones de crédito mantengan en exceso de las que les autorice el Banco de México, deberán ser depositadas íntegramente en este último, en la especie correspondiente. A los faltantes que existan respecto de dichos depósitos obligatorios les será aplicable lo previsto en el artículo 15 fracción VII. El Banco de México, tomando en cuenta la gravedad del caso, podrá ordenar a las instituciones de crédito que infrinjan lo dispuesto en este artículo, la suspensión hasta por seis meses de todas o algunas de sus operaciones con divisas, oro o plata. ARTÍCULO 21. Las dependencias y entidades de la administración pública federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros, deberán mantener sus divisas y realizar sus operaciones con las mismas, sujetándose a las normas, orientaciones y políticas que el Banco de México, en su caso, establezca. Al efecto, las dependencias y entidades proporcionarán al Banco la información que les solicite respecto de sus operaciones con divisas y estarán obligadas a enajenar sus divisas a esa institución en los términos del artículo 20 y de las reglas generales que, conforme al citado precepto, expida el propio Banco. Capítulo IV Organización, Gobierno y Vigilancia ARTÍCULO 22. El ejercicio de las funciones del Banco de México y la administración del mismo, estarán encomendadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a una junta de gobierno, a una comisión de crédito y cambios y a un director general. ARTÍCULO 23. La junta de gobierno se integrará por once miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Serán miembros propietarios: los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Pre-

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supuesto y de Comercio y Fomento Industrial; el director general del Banco de México; el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que designe el titular de dicha dependencia; los respectivos presidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y de la Comisión Nacional de Valores; el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, y tres personas de reconocida competencia en materia financiera, designadas por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que no presten servicios de carácter laboral a las citadas dependencias, organismos y entidades. Los suplentes de los miembros propietarios de la junta serán, respectivamente: un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo será tanto del titular como del subsecretario de dicha dependencia; sendos subsecretarios de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Comercio y Fomento Industrial; un director general adjunto del Banco de México; un vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, de la Comisión Nacional de Valores y de la Asociación Mexicana de Bancos. Los titulares de las citadas dependencias y organismos serán quienes designen a los respectivos suplentes. Los suplentes de los tres miembros propietarios citados en último término en el párrafo que antecede, serán designados por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo dichos nombramientos recaer en personas que reúnan los mismos requisitos que los propietarios a quienes habrán de suplir. ARTÍCULO 24. La junta de gobierno será presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y, en sus ausencias, por el director general del Banco. Quien presida la junta de gobierno tendrá voto de calidad en caso de empate. La junta deberá reunirse por lo menos una vez cada dos meses, sin perjuicio de que lo haga en cualquier tiempo siempre que sea convocada por su presidente, por el director general del Banco, o por cuando menos tres de los demás miembros propietarios. Las sesiones de la junta se celebrarán con la asistencia de por lo menos siete de sus miembros, debiendo contarse siempre con la presencia de algún miembro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la del director general del Banco o de su suplente. Cada miembro, sea propietario o suplente, tendrá un solo voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. La junta de gobierno nombrará al secretario de la misma, así como a su suplente. Tales nombramientos deberán recaer en funcionarios de la institución. ARTÍCULO 25. La junta de gobierno tendrá las facultades siguientes. I. Determinar el monto máximo que pueda alcanzar el saldo del financiamiento interno del Banco, de acuerdo con lo señalado en el artículo 70.;

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II. Conocer y considerar los informes que el director general deberá presentarle sobre el saldo del financiamiento interno del Banco; III. Conocer las proposiciones del director general sobre los términos y condiciones del crédito que el Banco otorgue al Gobierno Federal, conforme a lo previsto en el artículo 9o. y, en su caso, aprobarlas; IV. Conocer los informes que le presente el director general sobre la situación económica y financiera, interna y externa, y formular recomendaciones respecto de las acciones a emprender por el Banco; V. Determinar las características de los billetes, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4o., y las composiciones metálicas de las monedas, cuando deban someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; VI. Resolver sobre la desmonetización de billetes en los términos del artículo 22 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; VII. Resolver sobre los procedimientos para la inutilización y destrucción de moneda; VIII. Constituir, a propuesta del director general, consejos regionales; IX. Acordar el establecimiento, cambio de ubicación y clausura, de sucursales y agencias; X. Resolver sobre la adquisición o enajenación de acciones o partes sociales por el Banco, de empresas que le presten servicios; XI. Autorizar la adquisición y enajenación de inmuebles; XII. Conocer, antes de su publicación, el informe anual del director general sobre la situación económica del país, y formular recomendaciones respecto del mismo; XIII. Examinar y, en su caso, aprobar los estados financieros correspondientes a cada ejercicio; XIV. Considerar y, en su caso, aprobar, a propuesta del director general, el proyecto de presupuesto de gasto corriente e inversión física para el ejercicio siguiente, así como las modificaciones que corresponda hacer a dicho presupuesto; XV. Nombrar, a propuesta del director general, a los directores generales adjuntos, concederles licencias y conocer de las renuncias que presenten. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten cuando menos con cinco arios de servicios en puestos de alto nivel, en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en instituciones de crédito. Las designaciones de que se trata se harán dando preferencia al personal de la institución, a igualdad de méritos; XVI. Nombrar y remover al secretario de la junta, así como a su suplente; XVII. Establecer criterios generales que deban observarse en las

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relaciones del Banco con sus empleados, así como fijar el sueldo del director general; y XVIII. Considerar, a propuesta del director general. el reglamento interior del Banco, así como sus reformas y, en su caso, aprobarlos. ARTÍCULO 26. La comisión de crédito y cambios estará integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, los subsecretarios de dicha dependencia que sean miembros propietario y suplente de la junta de gobielno, el director general del Banco, su suplente en la citada junta y el director general adjunto de la institución, que designe el titular de la misma. Los miembros de la comisión no tendrán suplentes. La comisión será presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y, en sus ausencias, por el director general del Banco. El funcionario de los antes citados que presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate. La comisión podrá reunirse en todo tiempo a solicitud de su presidente o del director general; sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus integrantes, siempre que entre ellos se encuentren sendos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. Las resoluciones de la comisión se tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el voto favorable de por lo menos uno de los representantes de la citada Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El director general informará a la junta de gobierno sobre dichas resoluciones, en los términos que la propia comisión lo determine. El secretario de la junta de gobierno y su suplente lo serán también de la comisión de crédito y cambios. ARTÍCULO 27. La comisión estará facultada para:

I. Determinar criterios de acuerdo con los cuales el Banco deba llevar a cabo sus operaciones de mercado con fines de regulación crediticia y cambiaria; II. Determinar los montos, plazos, rendimientos, condiciones de colocación y demás características de los bonos de regulación monetaria; III. Establecer el régimen de inversión obligatoria para las instituciones de crédito a que se refiere el artículo 15, fracciones I y II; IV. Establecer los criterios de carácter general, a los que deba sujetarse el Banco en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 14; V. Fijar criterios a los que deba sujetarse el Banco en el ejercicio de las facultades que las leyes le confieren para regular operaciones de terceros con divisas, oro y plata; VI. Establecer normas para la determinación del o de los tipos de cambio que, de acuerdo con las disposiciones aplicables, competa fijar al Banco; y

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VII. Señalar directrices respecto al monto, composición y valuación de la reserva a que se refiere el artículo 11. ARTÍCULO 28. El director general será designado por el Presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano, y II. Ser de reconocida competencia en materia monetaria, crediticia y bancaria y haber ocupado, durante cinco arios por lo menos, cargos de alto nivel decisorio en materia financiera, en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en instituciones de crédito. ARTÍCULO 29. Corresponderá al director general: I. Tener a su cargo el gobierno del Banco, la representación legal de éste y el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones que esta ley confiere a la junta de gobierno y a la comisión de crédito y cambios; II. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno y de la comisión de crédito y cambios; III. Actuar con el carácter de apoderado y delegado fiduciario, en los términos del reglamento interior; IV. Informar a la junta de gobierno, con la periodicidad que ésta determine, sobre el saldo del financiamiento interno del Banco; V. Presentar anualmente a la junta de gobierno los estados financieros; VI. Aprobar los estados de cuentas consolidados mensuales y proveer a su publicación; VII. Designar y remover a los apoderados y delegados fiduciarios; VIII. Nombrar y remover al personal del Banco, así como fijar sus sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por la junta de gobierno; y IX. Expedir las condiciones generales de trabajo que normen las relaciones laborales entre el Banco y sus empleados. ARTÍCULO 30. El Banco podrá contar con consejos regionales, los que tendrán funciones de consulta, así como de obtención y difusión de información de carácter general en materia económica y, particularmente, financiera. ARTÍCULO 31. El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, designará un comisario y un auditor externo, de la institución. Ambos tendrán las más amplias facultades para examinar y dictaminar los estados financieros del Banco, así como para revisar la contabilidad y demás documentación de este último. El comisario podrá asistir a las sesiones de la junta de gobierno.

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JORGE WITKER V. CAPÍTULO V

Reservas, Fondos y Remanentes de Operación ARTÍCULO 32. El Banco deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones de regulación monetaria, crediticia y cambiarla que esta ley le encomienda, para previsiones que, conforme a sanas técnicas financieras y contables, sea conveniente establecer a efecto de cubrir pérdidas eventuales, incluso las derivadas de la estimación del activo y, en general, para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones. ARTÍCULO 33. El ejercicio financiero del Banco se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al cierre de cada ejercicio se procederá a estimar los elementos del activo y del pasivo del Banco de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables, hecho lo cual se pasará a determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se hayan llevado a las reservas y fondos constituidos conforme a lo previsto en esta ley. Fijado el monto del remanente de acuerdo con el párrafo que antecede y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades del Banco, el saldo se aplicará conforme a lo previsto en la fracción II del artículo 34. ARTÍCULO 34. El Banco entregará anualmente al Gobierno Federal:

I. El importe de los billetes en circulación que sean desmonetizados y el saldo acreedor que, en su caso, reporten los resultados que se deriven de la acuñación de moneda, una vez deducidos los gastos correspondientes a dicha acuñación, incluyendo en ellos el valor de los metales, el costo de la fabricación y demás conceptos conexos; y II. El saldo del remanente de operación. ARTÍCULO 35. El Banco estará obligado a formular y publicar el balance general de fin de ejercicio, así como un estado de cuentas consolidado al día último de cada mes. CAPÍTULO VI

Disposiciones Generales ARTÍCULO

36. El Banco de México podrá:

I. Elaborar, compilar y publicar estadísticas económicas y financieras; operar sistemas de información basados en ellas, y recabar los datos necesarios para esos efectos; II. Llevar a cabo, directamente o a través de terceros, la comercia-

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lización de monedas conmemorativas, así como de aquéllas con acabado o empaque especial; y III. Utilizar el equipo de que disponga, en la fabricación de bienes y prestación de servicios para terceros, siempre que, estos usos no afecten el adecuado desempeño de sus funciones. ARTÍCULO 37. Queda prohibido al Banco de México: I. Prestar su garantía; II. Adquirir inmuebles, salvo los que requiera para el desempeño de sus funciones. Cuando fuere necesario que el Banco reciba o se adjudique inmuebles o derechos reales en pago de sus créditos, así como cuando dejen de serle necesarios aquéllos de que sea propietario, estará obligado a realizarlos dentro de un plazo máximo de tres años; III. Adquirir títulos representativos del capital de sociedades, salvo que se trate de empresas que le presten servicios necesarios o convenientes a la realización de sus funciones; y IV. Dar en garantía inmuebles de su propiedad. No serán aplicables al Banco las prohibiciones y limitaciones establecidas en esta ley, cuando actúe en cumplimiento de sus obligaciones' de carácter laboral o realice las inversiones necesarias o convenientes a dicho cumplimiento. ARTÍCULO 38. Al Banco de México y a sus funcionarios y empleados, les serán aplicables las disposiciones relativas al secreto bancario previstas en ley. ARTÍCULO 39. Las resoluciones de las comisiones Nacional Bancaria y de Seguros y Nacional de Valores, que afecten a las funciones del Banco de México, tendrán que ser aprobadas por éste, antes de proceder a su ejecución. ARTÍCULO 40. Las relaciones laborales entre el Banco de México y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la fracción XIII bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. Son trabajadores de confianza del Banco de México:

I. El director general, los directores generales adjuntos, los directores, los subdirectores, los gerentes, los subgerentes, los funcionarios de rango equivalente al de los anteriores y los empleados administrativos y de servicios adscritos de manera personal y directa a la junta de gobierno, a la comisión de crédito y cambios y a la dirección general; los asesores y el personal secretarial de los funcionarios antes mencionados, los jefes de división y de oficina; el personal de seguridad; los pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo; el personal técnico adscrito a las áreas de cambios, metales, inversiones, valores e informática; los operadores y contraseñadores de télex, así como el personal técnicos que maneje información confidencia!; y

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II. Los señalados en la citada ley reglamentaria, que no estén comprendidos en la fracción anterior. ARTÍCULO 41. La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la legislación mercantil, los usos bancarios y mercantiles y el Código Civil para el Distrito Federal, se aplicarán a las operaciones del Banco, supletoriamente a la presente ley y en el orden en que están mencionados. TRANSITORIOS Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor el lo. de enero de 1985. Artículo Segundo. Durante los ciento ochenta días siguientes a la

entrada en vigor de la presente ley, el Banco de México deberá expedir las disposiciones relativas al depósito obligatorio y a la canalización selectiva del crédito a que se refieren los artículos 15 y 16. En tanto el Banco expide las nuevas reglas a que se refiere el párrafo que antecede, seguirán aplicándose todas las normas relativas a esas materias que se encuentren en vigor. Artículo Tercero. El Banco podrá seguir desempeííando el cargo de fiduciario, en los fideicomisos que actualmente maneja, aun cuando éstos no correspondan a los previstos en el artículo 6o. fracción XI, pudiendo en caso necesario, realizar con dichos fideicomisos las operaciones previstas en las fracciones I, II y VI del citado artículo. Artículo Cuarto. Los recursos que a la fecha en que entre en vigor la presente ley, se encuentren afectos a los fondos Complementario de Estabilización y Especial de Previsión, se integrarán, sin restricción alguna, al patrimonio de la institución. Artículo Quinto. Se abroga la Ley Orgánica del Banco de México del 26 de abril de 1941. México, D. F., a 21 de diciembre de 1984.—Enrique Soto Izquierdo, D. P.—Celso Humberto Delgado Ramírez, S. P.—Arturo Contreras Cuevas, D. S.—Mariano Palacios Alcacer, S. S.—Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.—Miguel de la Madrid Hurtado.—Rúbrica.—E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog Flores.—Rúbrica.—E1 Secretario de Programación y Presupuesto. Carlos Salinas de Gortari.—Rúbrica.—El Secretario de Comercio y,_ Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes.—Rúbrica.—E1 Se: cretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.—Rúbrica.

REGLAMENTO INTERIOR DEL BANCO DE MÉXICO * CAPÍTULO

Administración

19 Los órganos primarios de administración del Banco de México son la junta de gobierno, la Comisión de Crédito y Cambios y el director general, a quienes está encomendado, en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de las funciones de la institución. ARTÍCULO 29 En ausencia del presidente de la junta de gobierno y del director general del Banco, presidirá la sesión de aquélla el Secretario de Programación y Presupuesto; de no asistir este último recaerá tal función en el Secretario de Comercio y Fomento Industrial. En ausencia de los funcionarios antes citados, los integrantes de la junta que estén presentes designarán a un miembro propietario para que presida la sesión. ARTÍCULO 39 El Secretario de Hacienda y Crédito Público comunicará a las personas designadas miembros de la junta de gobierno por el Ejecutivo Federal, dichos nombramientos, e informará sobre los mismos a la propia junta de gobierno, a través de su secretario. Los miembros de la junta de gobierno a quienes corresponda nombrar a otros miembros de aquélla, comunicarán sus designaciones tanto a las personas en quienes recaigan dichas resoluciones como a la junta de gobierno por conducto de su secretario. ARTÍCULO 49 Los miembros suplentes de la junta de gobierno, designados por el Ejecutivo Federal, podrán asistir a todas las sesiones, aun cuando concurran los correspondientes propietarios, en cuyo caso aquéllos podrán intervenir en la sesión con voz pero sin voto. ARTÍCULO 59 El secretario de la junta de gobierno tendrá a su cargo, respecto de dicha junta, así como de la Comisión de Crédito y Cambios, las funciones siguientes: ARTÍCULO

I. Convocar a sesiones cuando así se lo soliciten quienes para ello estén legitimados; * Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de julio de 1985.

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II. Verificar si están presentes los miembros necesarios para la validez de la sesión; III. Levantar el acta de cada sesión, presentarla a la consideración del respectivo órgano colegiado en la sesión inmediata siguiente y, una vez aprobada, suscribirla junto con quien haya presidido la reunión, así como certificar los extractos o copias que de la misma expida; IV. Comunicar los acuerdos a quien corresponda para su debido cumplimiento e informar a la junta sobre el mismo, cuando ésta así lo haya dispuesto. Esto último sin perjuicio de que tales informes los proporcione el director general cuando así lo estime procedente; y V. Las demás inherentes al ejercicio de su cargo. ARTÍCULO 69 La junta de gobierno podrá constituir comisiones de su seno, de carácter permanente o temporal, resolviendo sobre su integración, competencia, sistema de votación y demás reglas de funcionamiento. Las comisiones podrán ser convocadas a petición de cualquiera de sus miembros y deberán sesionar con la asistencia del director general o con la del director general adjunto o director, que el primero designe. Los miembros de cada comisión nombrarán, a propuesta del director general, al secretario de la misma debiendo recaer tal nombramiento en un funcionario del Banco. Quien funja como secretario tendrá respecto de dichas comisiones las funciones enumeradas en el artículo 5e. ARTÍCULO 79 Las sesiones de la junta de gobierno, de la Comisión de Crédito y Cambios, así como de las comisiones a que se refiere el artículo 6o. de este reglamento, se realizarán en las oficinas principales del Banco de México salvo cuando a propuesta del director general, el presidente de la junta de gobierno autorice que se efectúen en otro lugar. El comisario podrá asistir a las sesiones de la junta de gobierno con voz pero sin voto. ARTÍCULO 89 El gobierno del Banco y la representación legal de éste, corresponden al director general, quien tiene poder general para actos de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial, en los términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal, excepto absolver posiciones; está facultado, además, para suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo 99 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para desistirse de juicios de amparo y otorgar el perdón en materia penal. El director general podrá ejercer las facultades enumeradas en el párrafo anterior ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter penal; excepto ante autoridades y tribunales del trabajo, locales o federales.

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El director general tendrá, asimismo, el carácter de delegado feduciario general de la institución. ARTÍCULO 99 La firma del Banco la llevarán el director general y los directores generales adjuntos, individualmente, así como mancomunadamente cualesquiera de dos funcionarios que ocupen puestos de subgerente o superior. El director general o un director general adjunto podrá autorizar por escrito a otros empleados de la institución que desempeñen cargos inferiores a subgerente, para que lleven la firma del Banco sujetándose a las condiciones y términos que los primeros determinen. La firma del Banco de México, como fiduciario, la llevarán el director general, y los directores generales adjuntos individualmente, así como mancomunadamente cualesquiera de dos delegados fiduciarios, o uno de éstos conjuntamente con un funcionario autorizado por escrito por el director general o por un director general adjunto, para firmar los documentos del fideicomiso a que la propia autorización esté referida. Los delegados fiduciarios especiales sólo podrán firmar respecto de los asuntos del fideicomiso para el que hayan sido designados. ARTÍCULO 10. El director general podrá nombrar y remover apoderados y delegados fiduciarios, generales o especiales, autorizando a los apoderados, no obstante lo señalado en el artículo 80. del presente reglamento interior, para que absuelvan posiciones, así como para que ejerzan su poder ante toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, administrativas o judiciales, inclusive de carácter penal, y ante las autoridades y tribunales del trabajo. Asimismo, podrá autorizar a los delegados fiduciarios generales o especiales para que, conforme a las disposiciones aplicables, éstos otorguen o revoquen poderes generales o especiales. ARTÍCULO 11. Durante las ausencias del director general, la representación legal de éste, del Banco y de sus órganos colegiados, para el desahogo de los informes previos y con justificación, así como para la interposición de recursos en materia de amparo, estará a cargo de cualquiera de los directores generales adjuntos de la propia institución, y en ausencia de éstos, del director jurídico de la misma. ARTÍCULO 12. El director general proporcionará los informes a que se refieren los artículos 7o. y 10 primer párrafo de la Ley Orgánica del Banco de México. El informe a que se refiere el artículo 7o. deberá presentarlo en la segunda quincena del mes de febrero. En ausencia del director general la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo, será proporcionada por un director general adjunto de la institución. ARTÍCULO 13. El director general presentará a la junta de gobierno el informe anual sobre la situación económica del país, dentro de los

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noventa primeros días de cada ario, debiendo publicarlo a más tardar en el mes de abril del mismo año. ARTÍCULO 14. El director general contará con dos órganos internos de información y consulta que serán la Comisión Interna de Banca Central y la Comisión Interna de Administración, las cuales: I. Conocerán y, en su caso, darán opinión sobre asuntos comprendidos en el ámbito de competencia que les señalan los artículos 15 y 16 del presente reglamento; y II. Serán presididas por el director general, o en sus ausencias, por el director general adjunto que aquél designe. ARTÍCULO 15. La Comisión Interna de Banca Central conocerá de los asuntos relativos a: programación y orientación de recursos financieros, asuntos internacionales, regularización monetaria y crediticia, investigación económica y las jurídicas referidas a banca central. La Comisión estará integrada por el director general, los directores generales adjuntos y los directores que tengan a su cargo las funciones que compete conocer a la Comisión. ARTÍCULO 16. La Comisión Interna de Administración conocerá de los asuntos referentes al manejo y aprovechamiento de los recursos de la institución para su administración interna. Se integrará por el director general, los directores generales adjuntos y los directores del Banco. ARTÍCULO 17. Las Comisiones Internas de Banca Central y de Administración contarán con un secretario propietario y un suplente, que serán designados por el director general. Quienes funjan como secretarios de las mencionadas comisiones convocarán a sesiones, recabarán en su caso los documentos relativos a los asuntos a tratar en ellas, conforme a las instrucciones que al efecto reciban del director general y levantarán las actas de las sesiones. El director general podrá invitar a otros funcionarios que por su cargo no sean miembros de las comisiones internas de Banca Central o de Administración, para que en forma permanente o transitoria asistan a las sesiones de dichas comisiones. ARTICULO 18. El director general tendrá a su cargo expedir las condiciones generales de trabajo del Banco, así como la aplicación de dichas condiciones y de las demás normas de carácter general que rijan las relaciones laborales entre la institución y sus empleados; pudiendo delegar en órganos colegiados internos o en funcionarios del Banco, alguna o algunas de las facultades relativas a la aplicación de las mencionadas normas.

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CAPÍTULO II

Contabilidad ARTÍCULO 19. Dentro terminación del ejercicio,

de los cuarenta y cinco días que sigan a la se presentarán los correspondientes estados financieros al comisario y al auditor externo de la institución, para que dentro de los treinta días siguientes éstos los revisen y dictaminen, hecho lo cual, dichos estados financieros, acompañados de los respectivos dictámenes, se someterán, por el director general, al examen y, en su caso, a la aprobación de la junta de gobierno, en su sesión inmediata siguiente. El balance general deberá publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. ARTÍCULO 20. Dado a conocer el balance general, el Banco publicará dentro de los quince días hábiles siguientes, los estados de cuenta consolidados de los meses que hayan transcurrido del ejercicio en curso, y sucesivamente dentro de los primeros quince días hábiles de cada mes, los estados de cuentas consolidados de los meses restantes de dicho ejercicio. ARTÍCULO 21. El balance general y los estados mensuales de cuentas consolidados, del Banco, contendrán los rubros siguientes: En el activo:

— Títulos y valores. — Créditos a cargo de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior. Créditos a cargo del Gobierno Federal y de fideicomisos de fomento económico. — Oro, plata y derechos especiales de giro. — Participaciones en organismos internacionales. -- Deudores por operaciones de futuros. — Moneda metálica. ,-- Inmuebles, mobiliario y equipo. — Otros activos.

En

el pasivo:

— Billetes en circulación. — Bonos de regulación monetaria. - Depósitos y obligaciones a favor de instituciones de crédito. — Depósitos y obligaciones a favor del Gobierno Federal y de otras entidades del sector público.

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— Depósitos y obligaciones a favor de entidades financieras del exterior y de organismos internacionales. — Asignaciones de derechos especiales de giro. — Acreedores por operaciones de futuros. — Otros pasivos. — Capital contable. Al pie del balance general y de los estados mensuales de cuentas consolidados se hará constar el monto de la moneda metálica en circulación y las cuentas de orden. En el balance general y en los estados mensuales de cuentas consolidados, del lado del pasivo figurarán, respectivamente, los rubros: remanente de operación" y "cuentas de resultados". ARTÍCULO 22. Los estados mensuales de cuentas consolidados deberán ser suscritos por el director general, por un director general adjunto y por el director de contraloría. El balance general deberá ser suscrito, además, por el auditor externo de la institución, previo dictamen de este último, que se publicará inserto al propio balance general. TRANSITORIOS

Primero. El presente reglamento interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abroga el Reglamento Interior del Banco de México, .aprobado por la Junta de Gobierno el 26 de julio de 1983 y publicado .en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto del mismo año. El presente reglamento interior fue aprobado, por la junta de gobierno del Banco en su sesión celebrada el 29 de mayo de presente año. México, D. F., a 2 de julio de 1985. Miguel Mancera, Director General del Banco de México.—Rúbrica.

CAPITULO IX

DERECHO ECONÓMICO Y FOMENTO INDUSTRIAL 175 A. Generalidades 177 B. Los actores del desarrollo industrial 1. Las Empresas Paraestatales 178 2. Las medianas y pequeñas empresas 179 3. Apoyos tecnológicos a las pequeñas y medianas empresas 181 4. Estímulos Fiscales al desarrollo tecnológico . . . . 184 5. Apoyos Financieros a las pequeñas y medianas empresas 185 6. Empresas y cooperativas del sector social . . . . 186 186 7. Las microindustrias ... . . 188 8. Las Empresas Transnacionales 9. Síntesis de los instrumentos jurídico-administrativos de Fomento Industrial 213 10. Bases del Plan de Desarrollo Industrial 1988-1994 . 214 Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión 217 extranjera Ley sobre control y registro de la transferencia tecnológica y el uso y explotación de patentes y marcas . ..... . 227

CAPÍTULO

IX

DERECHO ECONÓMICO Y FOMENTO INDUSTRIAL A. GENERALIDADES El desarrollo industrial es una vertiente estratégica para cualquier economía, pues su crecimiento impacta la generación de empleos productivos, mejora la balanza de pagos, impulsa desarrollos regionales, abastece de mercancías y alimentos al mercado interno y externo y distribuye el ingreso nacional entre los factores de la producción. El tránsito del subdesarrollo al desarrollo históricamente se ha dado vía un proceso de industrialización que transforma las materias primas en manufacturas, agregando trabajo socialmente útil y ampliando la demanda interna, vía empleos productivos y salarios remunerados. Para los países de capitalismo tardío, la industrialización ha sido un proceso dirigido e inducido por un Estado interventor de ancha base social y política que cumplió, por lo menos en México y América Latina, una tarea fundamental en el diseño de inversiones públicas en infraestructura y en la creación de empresas estatales estratégicas." En México es clara la presencia del Estado a partir de la década de los treinta, vía empresas públicas en petróleo, transportes, comunicaciones, electricidad y petroquímica básica. A dicha presencia básica se une una rectoría estatal que ha permitido la existencia de unidades productivas privadas y extranjeras a través de estímulos, incentivos, protecciones aduaneras y subsidios financieros y cambiarios que muestran su eficacia hasta finales de la década de los setenta. Es el modelo sustitutivo de importaciones (1940-1970) y de desarrollo estabilizador que ubicó a México entre los primeros países de América Latina." Dicho esquema, que tiene como centro dinámico un mercado interno protegido y que derivó en un aparato productivo antiexportador, ine54 Aguilar Monteverde, Alonso, Teoría y política del desarrollo latinoamericano, México, UNAM, 1970, y Bariroch Paul, Revolución industrial y subdesarrollo. México, Siglo XXI Editores, 1976, 55 Bruce Vallace, Robert, La política de protección en el desarrollo económico de México, México, FCE, 1983.

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ficiente y consumidor de ingentes insumos y materias primas extranjeras, agotó sus posibilidades por factores externos incontrolables. En efecto, el financiamiento externo, que siempre había sido complementario del ahorro interno, se vuelve el factor decisivo para proseguir el crecimiento hacia adentro y orilla al gobierno federal a continuar contrayendo una deuda que ha crecido en forma cuantiosa, multiplicada por el alza de las tasas de interés que experimentan los financiamientos internacionales a partir de la década de los ochenta. El alza espectacular del precio del petróleo en los setenta ubica a México entre los principales productores de crudo, fenómeno éste que refuerza temporalmente el modelo sustitutivo de importaciones. La caída vertiginosa de los precios del petróleo, el cierre de los financiamientos externos y el servicio de una deuda externa cuantiosa, clausuran definitivamente el modelo sustitutivo de importaciones volcado al mercado nacional. La administración del presidente Miguel de la Madrid pone en marcha en medio de una crisis profunda incluso de credibilidad nacional e internacional, un nuevo modelo de política económica que plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y cuyos objetivos son: a) b) c) d)

Conservar y fortalecer las instituciones democráticas; Vencer la crisis; Recuperar la capacidad de crecimiento; Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en su estructura económica, social y política.

Para cumplir en el sector industrial en el contexto de los objetivos antes mencionados, el gobierno federal expidió en 1984 el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, PRONAFICE, cuyas estrategias de acción, ya en plena ejecución, son los siguientes: 1. 2. 3. 4.

Racionalización de la protección a la industria nacional. Políticas de fomento a las exportaciones. Política de las franjas fronterizas y zonas libres. Política de negociaciones comerciales internacionales."

Estas estrategias en 1988 se han cumplido a cabalidad. En efecto, la apertura comercial, precipitada por el Pacto de Solidaridad Económica, como estrategia antinflacionaria, ha dejado a la planta pro56 Ver el "Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior", Documento Oficial de Secofi, México, 1985.

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ductiva abierta a la competencia extranjera y cuyos efectos aún no se perciben con claridad. El apoyo a las exportaciones, especialmente manufactureras, han significado un cambio positivo que de ser constante transformaría a México en país pluriexportador. Su crecimiento ha permitido tener desde 1985 saldos positivos en la balanza comercial. El apoyo a las franjas fronterizas y zonas libres ha permitido aumentar empleos y desarrollar nuevos parques ensambladores en Sonora, Chihuahua y Baja California a través del establecimiento de más de doscientas nuevas maquiladoras. En cuanto a las negociaciones internacionales, el ingreso al GATT (1985) y los convenios bilaterales con Estados Unidos, España, Japón y China han permitido ganar mercados para los productos mexicanos. Sin éxito, empero, nuestras relaciones con ALADI han disminuido los intercambios y no pocos conflictos comerciales hemos tenido con Brasil y otros países de la región.57 B. Los ACTORES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Llamamos actores del desarrollo industrial (operadores económicos) a los distintos sujetos que participan legítimamente en nuestro sistema de economía mixto. A saber: a) Empresas paraestatales estratégicas que actúan bajo mandato constitucional en producciones o funciones básicas. Artículos 27 y 28 constitucionales; b) Empresas pequeñas o medianas destinadas a actuar en las áreas prioritarias de la economía al amparo de los artículos 59, 25, 26, 27 y 28 de la carta fundamental; c) Empresas y cooperativas del sector social de la economía: d) Microindustrias, y e) Empresa trasnacionales. Para cada uno de estos operadores económicos, el gobierno federal, con base en sus facultades de planeación económica y social, ha desplegado distintos instrumentos de política económica, instrumentos que recoge y sistematiza nuestro derecho económico y a los cuales dedicaremos los siguientes comentarios. 57 Patifio Manffer, Ruperto, Cursos sobre Fundamentos Jurídicos del Comercio Exterior, México, Universidad Anáhuac, 1986, p. 77.

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I. Las empresas paraestatales Se trata de un conjunto de unidades de gestión de distintas formas Jurídicas que conforman el llamado sector público de la economía nacional. Su presencia está legitimada por el artículo 27 constitucional, el cual establece una titularidad pública exclusiva para recursos naturales no renovables como petróleo, electricidad, sustancias mineras, combustibles nucleares, ferrocarriles y petroquímicos básicos, áreas en las cuales se impone la presencia de empresas u organismos paraestatales en forma exclusiva.58 Complemento necesario de dicho precepto es el párrafo IV del artículo 28 constitucional referido a funciones estratégicas que corresponde desarrollar al Estado en condiciones de monopolio estatal. Ellas son: acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y la .comunicación vía satélite, emisión de billetes por medio de un solo banco y luego reitera los sectores de titularidad pública exclusiva descrito anteriormente. Es decir, según la carta fundamental el sector público lo conforman las llamadas áreas estratégicas integradas por propiedad pública 'exclusiva (artículo 27 constitucional) y por funciones públicas exclusivas (párrafo IV del artículo 28), más el servicio público de banca y crédito. Para cumplir este mandato constitucional, el gobierno federal ha diseñado diversas formas jurídicas de gestión, tales como organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades nacionales de crédito y otras menos relevantes. A junio de 1988, el cuadro del sector público se describe de la siguiente forma." — — — —

Organismos descentralizados . ... Fideicomisos Empresas paraestatales Sociedades no civiles de crédito Otras Total

105 100 78 23 60 366

(Datos a checar) 58 Ver Witker, Jorge, Las empresas públicas en México y España, Madrid Civitas, 1984, p. 53. Ya Documento Oficial de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Mayo de 1988.

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Leyes aplicables a las empresas paraestatales

— Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (D.O. 24-XI-58). — Reglamento de la ley mencionada en materia de petroquímica (D.O. 9-11-71). — Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera (D.O. 22-XII-75). — Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (D.O. 4-11-85). Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (D.O. 22-XII-75). — Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito (D.O. 14-1-85). — Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica (D.O. 30-XII-50). — Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O. 29-XII-76). — Ley Federal de Entidades Paraestatales (D.O. 14-V-86). — Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Inmuebles (D.O. 8-11-85). — Ley de Obras Públicas (D.O. 30-XII-80). 2. Las medianas y pequeilas empresas Al desarrollo industrial concurren las empresas medianas y pequeñas legitimadas por los artículos 59, 25, 26 y 28 de la carta fundamental. Para estimular a este importante sector formado por cerca de dos mil empresas, el 3 de abril de 1985 se publica el decreto que aprueba el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña. La tipología de ambas industrias es regulada por el acuerdo de 30 de diciembre de 1986 (D.0.) que establece la siguiente distinción. — Industria mediana es aquella que ocupa entre cien y doscientas cincuenta personas y el valor de sus ventas netas no exceda de 2 000 millones de pesos al año. — Industria pequeña es aquella que ocupa hasta cien personas y y el valor de sus ventas no rebasa la cantidad de 1 000 millones de pesos al ario.

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Este programa diseña lineamientos para que las empresas paraestatales orienten sus adquisiciones (compras del sector público) hacia estas empresas de conformidad con la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles (D.0.). Según se establece expresamente en el artículo 10 del Programa que dice: I. Promover e incrementar, conforme a su respectivo programa de adquisiciones, la participación de proveedores medianos y pequeños, en las compras que realicen las propias entidades, así como proporcionarles apoyo en materia de organización, asistencia técnica, información sobre sus necesidades de proveeduría y demás elementos que requieran dichos proveedores. II. Identificar, dentro de sus programas de adquisiciones, los productos que por sus características puedan ser abastecidos por la industria mediana y pequeña, así como la demanda previsible de tales mercancías, para canalizarla hacia estas empresas. III. Establecer procedimientos administrativos que faciliten a los pequeños y medianos industriales los trámites relativos a pedidos, recepción de mercancías y condiciones de pago. En el artículo 13 se señala el otorgamiento de estímulos fiscales a estas empresas para apoyar inversiones en actividades productivas, regiones geográficas prioritarias, generación de empleos y otros. Para mejorar su capacidad de negociación el programa emprende las siguientes acciones: I. La creación o, en su caso, el fortalecimiento de organizaciones colectivas o inter empresariales para la adquisición, en común, de materias primas, maquinaria, equipo y refacciones; venta de sus productos tanto en el mercado nacional como en el exterior; contratación de servicios de asistencias técnica, obtención de financiamiento y los demás elementos que requieran para sus operaciones. II. La organización de bolsas de residuos industriales, a fin de que la industria mediana y pequeña pueda aprovechar la disponibilidad de insumos susceptibles de reciclaje y contribuir al mismo tiempo, a la utilización racional de los recursos y a la preservación del medio ambiente. III. La consolidación de ofertas de productos elaborados por la industria mediana y pequeña, para su comercialización en el mercado interno, o a través de la promoción de empresas y consorcios

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de comercio exterior, a fin de fomentar su concurrencia a los mercados internacionales:3° 3. Apoyos tecnológicos a las pequeñas y medianas empresas El PRONAFICE, que plantea un cambio estructural de la planta productiva, propicia la consolidación de un empresariado nacional, capaz de ejercer con eficiencia el papel innovador y creativo que requiere el proceso de modernización del país, y diseña un Programa para el Desarrollo Tecnológico y Científico cuyo objetivo es: "Contrarrestar las deventajas de las empresas pequeñas y medianas, para obtener en condiciones apropiadas, insumos, recursos financieros y otros servicios para el desarrollo de sus operaciones, así como para integrarse eficientemente al mercado interno y al de exportación." Se promueve con este Programa el otorgamiento de recursos que permitan a la industria mediana y pequeña realizar por sí misma o a través de instituciones especializadas, actividades de asimilación, adaptación o innovación tecnológicas. Complemento de lo anterior es la creación de bolsas de tecnología transferibles y de residuos industriales para vincular oponentes y demandantes de tecnologías e insumos requeridos por estas empresas. Para cumplir los objetivos del Programa de Desarrollo Tecnológico a estas empresas se han creado dos leyes al respecto: a) Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Tecnológico y Científico, y b) Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. a. Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Tecnológico y Científico (D. 0. 21-1-85)

Esta Ley tiene como objetivo fundamental establecer una adecuada vinculación entre los institutos de investigación y la planta industrial del país, así como la promoción y fomento del desarrollo científico y tecnológico nacional y la apropiada aplicación en la industria de los resultados que sean obtenidos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Para el logro de lo anterior, se han creado los registros nacionales de instituciones científicas y el de empresas tecnológicas que estarán a cargo de CONACYT y Secofi, respectivamente. 60 Secofi, "Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña", Documento oficial p. 7.

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Con la ejecución de esta Ley se pretende coadyuvar a la autodeterminación económica, productiva y cultural del país, mediante la aplicación de medidas de fomento y de estímulos fiscales, a los cuales podrán tener acceso los industriales medianos y pequeños, los institutos y empresas tecnológicas, que destinen recursos a las actividades de investigación y desarrollo.

b. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (D.O. 11-1-82) La Ley de 1982 se ha convertido en un instrumento eficaz que permite no sólo un control de pagos y eliminación de condiciones restrictivas, sino que también permite hacer más selectivo el proceso de traspaso tecnológico, y al mismo tiempo busca una real asimilación y desarrollo de los conocimientos transferidos. La citada Ley señala como casos de inscripción obligatoria los siguientes: * Concesión de uso y autorización de explotación de marcas; * Concesión de uso y autorización de explotación de patentes de invención y de mejoras y de los certificados de invención; * La cesión de marcas; * La cesión de patentes; * La concesión de uso de nombres comerciales; * La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades; * La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se presente; * La provisión de ingeniería básica o de detalle; * Servicios de operación y/o administración de empresas; • Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas y morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio; * La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial, y * Los programas de computación. La Ley en vigor extiende su ámbito de competencia no sólo a la revisión de los contratos, sino que además hace factible que la autoridad aplicadora de la Ley pueda fijar políticas de regulación para la transferencia y promover el desarrollo tecnológico nacional, a través,

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de diversos mecanismos y condiciones que resulten al caso, de acuerdo con los sectores y actividades que los diversos planes y programas del gobierno federal ha considerado como prioritarios. Los criterios previstos en la Ley para el logro de las políticas en materia de transferencia de tecnología, contenidos en el artículo 99 son los siguientes: 1. Adecuada selectividad tecnológica; 2. Determinación de límites máximos de pago, de acuerdo con el precio más razonable de las alternativas disponibles a nivel mundial, ajustados a los intereses particulares de México; 3. Incremento y diversificación de la producción de bienes y actividades prioritarias; 4. Promoción del proceso de asimilación y adaptación de la tecnología adquirida; 5. Compensación de pagos, a través de exportaciones y/o sustitución de importaciones; 6. Orientación vía contratos de la investigación y el desarrollo tecnológico nacional; 7. Propiciar la adquisición de tecnología innovadora y útil al pais; 8. Promoción de la reorientación progresiva de la demanda tecnológica hacia fuentes internas y fomentar la exportación de tecnología nacional; 9. Ausencia de cláusulas restrictivas. En la medida en que un acuerdo de traspaso tecnológico reúna estos requisitos, será posible su aprovechamiento y validez jurídica.61

c. Programa de riesgo compartido En el sector de los apoyos tecnológicos a la pequeña y mediana empresas debemos mencionar este programa administrado por Conacyt que opera apoyando con recursos económicos la inversión en tecnología propia, y cuyos puntos principales describimos: Ante un problema tecnológico específico planteado por una empre.sa, Conacyt ofrece un servicio de identificación para localizar oferente nacional de tecnología más adecuado para su solución. 61 "Instrumento de Apoyo Tecnológico para Industria Mediana y Pegnefla"; Documento oficial de Secofi, pp. 9-10.

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* El programa está orientado a las empresas de los sectores público, privado o social que estén interesadas en desarrollar tecnología en el país. * El Conacyt ofrece financiamiento a las empresas para cubrirle de los costos de proyectos de desarrollo tecnológico, en función de la prioridad e impacto económico y social de los mismos. • Toma en cuenta la calidad de oferentes de servicios de desarrollo tecnológico de los centros de investigación, firmas de ingeniería y de las propias empresas nacionales con capacidad tecnológica comprobada. * Cuando la tecnología desarrollada es de utilidad para la empresa, es decir, que el proyecto logró sus objetivos, ésta reembolsa al Conacyt las aportaciones de apoyo. Si el desarrollo tecnológico no es de utilidad a la empresa, Conacyt se reserva el derecho de uso y/o posterior perfeccionamiento y la empresa no tiene que pagar el costo del servicio recibido. * El periodo de reembolso se fija de acuerdo con las características de cada proyecto, pero en general se acuerda por un periodo que equivale al doble del tiempo que se invirtió en el desarrollo del proyecto como tal. * La dirección adjunta de desarrollo tecnológico del Conacyt dispone de formatos para que las empresas interesadas presenten información sobre: * Descripción del proyecto. * El oferente nacional propuesto para el desarrollo tecnológico. * La empresa demandante del desarrollo tecnológico. El programa atiende únicamente solicitudes de proyectos de innovación, adaptación, o desarrollo tecnológico, ya sea de procesos, maquinaria o nuevos productos, que pueden ser introducidos con ama razonable posibilidad de éxito en el mercado.

4. Estímulos fiscales al desarrollo tecnológico Los estímulos fiscales que administra la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se otorgan a través de un documento denominado certificado de promoción fiscal (Ceprofi), cuya vigencia es de cinco arios y que permiten compensar impuestos federales. Para el industrial es de suma utilidad la obtención de los Ceprofis considerando que es una cantidad que el gobierno acredita en impues-

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tos por la inversión, que se realice en la construcción de nuevas industrias, por la generación de empleos y por la adquisición de maquinaria y/o equipo. Los porcentajes a beneficiar varían de acuerdo con el tamaño de la empresa (dando prioridad a las más pequeñas), la actividad desarrollada y el lugar de ubicación de la misma. Está previsto que el esquema de estímulos fiscales opere en el ámbito tecnológico con el fin de promover esta actividad del sector

industrial.

Serán sujetos de los beneficios fiscales las empresas productivas de transformación cuando: * Realice inversiones en maquinaria, equipo y construcción de edificios, que formen parte de la infraestructura para investigación y desarrollo tecnológico. * Realicen la contratación de asistencia técnica y adquisición de tecnología, proporcionada y desarrollada por institutos tecnológicos nacionales. * La industria mediana y pequeña será considerada de manera especial y podrán obtener mayores montos del beneficio fiscal. Por otra parte, las empresas tecnológicas e institutos de investigación que realicen inversiones en infraestructura y equipamiento, destinada a la investigación y desarrollo tecnológico, también podrán obtener los beneficios fiscales. Para el efecto, el 11 de agosto de 1987 se expidió un decreto presidencial que establece los niveles de apoyo y los mecanismos y requisitos para su obtención." 5. Apoyos financieros a las pequeñas y medianas empresas Finalmente, convendría señalarse que para estas empresas el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, establece apoyos crediticios y financieros con tasas de interés privilegiados. Completan estos apoyos los diferentes fondos que operan para estos efectos. Fonei, Fogain, Fonep y el propio Fomex, son instituciones útiles para estas empresas. Principales actividades de las pequeñas y medianas empresas: Papel. Química. 62

Idem, p. 30.

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— Bebidas. Fabricación de maquinaria, equipos, aparatos y accesorios eléctricos y electrónicos. — Productos de tabaco. — Petroquímica. — Equipo de transporte y sus partes. — Metálica básica. 6. Empresas y cooperativas del sector social Este sector encuentra su fundamento en la propiedad social reconocida por el artículo 27 de la carta fundamental (ejidos y comunidades) y por los artículos 25 y 26 constitucionales que postulan su presencia en la economía mixta y en la planeación democrática. A los ejidos, comunidades y cooperativas se suman las empresas sociales y sindicales que controladas por sindicatos y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (petroleros y CTM) actúan en el sector industrial y de servicios. La existencia autónoma del Banco Obrero como institución financiera específica de apoyo a estas empresas evidencia la importancia que el sistema de economía mixta asigna a estas empresas autogestionadas por ejidatarios, sindicatos y trabajadores. Entre estas empresas mencionamos las siguientes: — Fábrica de Hilos Cadena, S. A. de C. V. — Bicicletas Condor, S. A. de C. V. — Consorcios Ejidatarios de Exportación (Nayarit, Sinaloa, etcétera). — Cooperativas Pesqueras (Con geladora Tepepan). 7. Las microindustrias Estas unidades son aquellas que ocupan hasta quince personas, y el valor de sus ventas netas no superan los cincuenta millones de pesos al año. Su participación al desarrollo industrial la caracterizan en talleres artesanales que suministran insumos, partes y servicios a las medianas y pequeñas industrias. Para este sector, con fecha 26 de enero de 1988 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, una Ley Federal para el Fomento de la 1Vlicroindustria, la cual pasamos brevemente a resumir.

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Ley federal para el fomento de la microindustria (D.O. 26-1-88) L Objeto de la Ley Fomentar el desarrollo de la microindustria, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica. II. Autoridad competente A. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Funciones: — Determinar las actividades que sea más conveniente desarrollen las microindustrias y señalar las zonas prioritarias a

fin de otorgar mayores estímulos. — Fomentar la agrupación de empresas de microindustrias para obtener financiamientos, establecer sistemas de ventas y compras en común de materias primas y productos y, en su caso, prestación de servicios de subcontratación y maquila, y — Elaborar programas de difusión, gestión, formación y capacitación empresarial, así como de servicios de extensionismo. B. De la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria. — Que tendrá por objeto impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales a través de las acciones previstas en la presente Ley. — La Comisión será el conducto a través del cual las dependencia y entidades de la administración pública federal coordinen su actuación para el otorgamiento de los beneficios y facilidades que se determinan conforme a esta Ley. Orientado hacia una eficiente descentralización de la planta productiva y un desarrollo más equilibrado. — La Secretaría podrá celebrar acuerdos de coordinación con las entidades federativas, para promover la descentralización de actividades. III. Sujetos de la Ley a) Sólo las personas físicas de nacionalidad mexicana que obtengan la cédula de microindustria.

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b) Los individuos de nacionalidad mexicana que deseen asociarse para constituir una personal moral en la forma de sociedad de responsabilidad limitada. "Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustria" o de su "S. de R.L.MI." c) No podrán admitir al constituirse o con posterioridad, socios extranjeros, directa o indirectamente. Tendrán obligación de registrarse en el Registro Público de Comercio. La cédula de microindustria tendrá una vigencia de tres arios. Procederá la cancelación cuando incurra en violaciones a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen. d) Empresas microindustriales las unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta quince trabajadores.63 Con fecha 17 de junio de 1988, Secofi dio a conocer la mantención

y ampliación de un Programa de Estímulos Fiscales para las pequeñas y microindustrias a fin de modernizar su actuación en el cambio estructural de la planta productiva nacional. 8. Las empresas trasnacion ales Son empresas constituidas según la Ley de Sociedades Mercantiles que parte de su capital social está integrado por inversionistas extranjeros y que actúan en el desarrollo industrial de nuestro país. Es decir, son sociedades jurídicamente mexicanas aunque económicamente responden a intereses de inversionistas extranjeros. Además de la legislación mercantil que los regula, deben observar las resoluciones que emite la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en uso de las facultades que emanan de la Ley para Proveer la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, (D.O. 1973) ley constitucionalmente validada por el artículo 73, fracción XXIX-F de la carta fundamental. A esta Ley la complementa el Reglamento del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (D.O. 28-XII-1973) y la Resolución General que sistematiza y actualiza las resoluciones emitidas por la Comisión 63 Documento-resumen de la Ley extraído del Seminario de Estudios JurídicoEconómicos de la Facultad de Derecho de la UNAM, 1988.

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Nacional de Inversiones Extranjeras publicada en el Diario Oficial de

la Federación el 3 de febrero de 1988.

Estas empresas han invertido en nuestro país más de veinte mil millones de dólares en proporciones diferentes según el tipo de empresa, sector económico y/o productos elaborados. Así, hay empresas con cien por ciento de capital extranjero como General 1\4otors Company, IBM de México, Ford IVIotors Company; otras con 99% de capital externo como Chrysler de México, otras con 40, 39 y 34% como Celanese Mexicana, Industrias Resistol e Industria Minera de México, respectivamente. Dichas empresas lógicamente son de origen norteamericano. Otros países que participan en nuestro país son República Federal de Alemania (Volkswagen de México), Suiza (Compañía Nestlé) y Japón (Nissan Mexicana), empresas todas con capital social íntegramente extranjero. Según el Informe 1983-1987 de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, las empresas trasnacionales generaron divisas por exportaciones en cantidad superior a los 2,300 millones de dólares a través de 103 empresas ALTEX ( Altamente Exportadores) registradas en Secofi. Respecto a la balanza de pagos de dichas empresas, según la misma fuente, entre 83 y 87 arrojó un saldo positivo ascendiente a 4,333 millones de dólares.64 Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera

La inversión extranjera en nuestro país está regulada por una ley que, buscando fortalecer el nacionalismo, le restringe en muchas actividades. Dicha ley se llama Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 1973. A. Sobre inversión extranjera De acuerdo con esta Ley, la inversión extranjera es la que se realiza por: 1. Personas morales extranjeras, principalmente sociedades anónimas. 2. Personas físicas extranjeras. 64 Ver documento "Memoria de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 1983-1987".

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3. Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica. 4. Empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente capital extranjero o en las que los extranjeros tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa. Dicha ley reglamenta tres fases de la inversión extranjera, que son: 1. El capital de las empresas. 2. La adquisición de bienes. 3. Las operaciones de esas empresas, que regula la citada ley. B. Limitantes que impone la legislación a la inversión extranjera Las principales taxativas que esta Ley impone a la inversión extranOra son las siguientes: 1. Los inversionistas extranjeros no pueden invocar la protección de su gobierno en lo que se refiere a su inversión, bajo pena de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido. 2. Los extranjeros, sean personas físicas o morales; unidades económicas o empresas de participación extranjera mayoritaria, no pueden invertir en las siguientes actividades que son administradas exclusivamente por el Estado: a) Petróleo y demás hidrocarburos; b) Petroquímica básica; c) Explotación de minerales radiactivos y generación de energía nuclear; d) Minería, en los casos a que se refiere la ley de la materia; e) Electricidad; I) Ferrocarriles; g) Comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas; h) Las demás que fijen las leyes específicas; 3. Tampoco pueden invertir en las siguientes actividades, que son exclusivas de los inversionistas mexicanos: a) Radio y televisión; b) Transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras federales;

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c) Transportes aéreos y marítimos nacionales; d) Explotación forestal; e) Distribución de gas; f) Las demás que le fijen las leyes específicas o las disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo federal. 4. En la explotación y aprovechamiento de sustancias minerales, la inversión extranjera podrá participar hasta el 49% máximo de concesión ordinaria y 34% cuando se trate de explotación y aprovechamiento de sustancias sujetas a concesión especiales, para la explotación de reservas minerales nacionales. 5. En los productos secundarios de la industria petroquímica, y en la fabricación de componentes de vehículos automotores, la industria extranjera puede intervenir hasta en el 40%. 6. Por lo general, la industria extranjera no puede exceder del 49% de la inversión nacional. Ese porcentaje puede aumentar o disminuir según criterio de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, en la medida en que, a su juicio, sea conveniente para el país. 7. Los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras, y de cincuenta kilómetros en las playas. C. Adquisición de empresas mexicanas, por extranjeros

Para que un extranjero pueda adquirir más del 25% del capital o más del 40% de los activos fijos de una empresa mexicana, necesita autorización de la secretaría que corresponda, según la rama de actividad económica de que se trate. La misma autorización necesitan los extranjeros para administrar una empresa mexicana. En ambos casos se necesita una consulta previa a la Comisión Nacional que, sin ella, las actividades respectivas resultan nulas de pleno derecho. No producen efectos jurídicos. Para evitar simulación de actos de extranjeros en perjuicio de ra inversión nacional, los títulos representativos del capital de empresas extranjeras o con participación extranjera, serán siempre nominativos, en dos casos, a saber: 1) cuando las leyes fijen la proporción y modalidades de la inversión extranjera, o cuando así lo determine la Comisión Nacional de Inversión Extranjera; 2) cuando esos títulos representa-

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tivos de capital sean de la inversión extranjera en cualquiera de sus formas. Por otra parte, está prohibido pagar dividendos cuando las sociedades o títulos representativos de capital no se inscriben en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, si tienen obligación de inscribirse. D. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras La comisión se integra, como ya dijimos en el capítulo anterior, por los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional, Industria y Comercio, Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia. (Estoy ocupando la nomenclatura usada por la ley en 1973. Por tanto, las secretarías que han cambiado de nombre deberán manejarse con el nombre actual). La citada comisión trabaja mediante sesiones mensuales que son presididas, rotativamente, por cada secretario. Y está auxiliada por un secretario ejecutivo, designado por el presidente de la República. Atribuciones de la Comisión Son atribuciones de la comisión: 1. Resolver sobre aumento o disminución del porcentaje en que podrá participar la inversión extranjera. 2. Resolver acerca de los porcentajes y condiciones conforme a los cuales se recibirá la inversión extranjera en aquellos casos concretos, que por las circunstancias particulares que en ellos concurran, necesiten un trato especial: 3. Resolver sobre la inversión extranjera que se pretenda efectuar en empresas mexicanas. 4. Resolver sobre lo particular de la inversión extranjera sobre nuevos cambios en las actividades económicas. 5. Ser órgano de consulta obligatoria en materia de inversión ex-

tranjera. 6. Establecer los criterios y requisitos para la aplicación de las disposiciones legales sobre la inversión extranjera. 7. Coordinar la acción de las dependencias del Ejecutivo federal, organismo descentralizado y empresas de participación estatal, en materia de inversión extranjera. 8. Someter a la consideración del Ejecutivo federal proyectos legislativos sobre la misma materia.

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E. Criterios para autorizar la inversión extranjera y fijar sus porcentajes

Los principales criterios para autorizar la inversión extranjera y fijar sus porcentajes son los siguientes:

1. Que la inversión extranjera sea complementaria de la nacional. 2. Que no desplace a empresas nacionales que estén operando satisfactoriamente. 3. Que produzca efectos positivos sobre la balanza de pagos y en particular sobre el incremento de las exportaciones. 4. Que produzca empleos. 5. Que ocupe y capacite técnicos y personal administrativo de nacionalidad mexicana. 6. Que incorpore insumos y componentes nacionales en la elaboración de sus productos. 7. Que sus operaciones estén financiadas principalmente con recursos del exterior. 8. Que diversifique las fuentes de inversión y que impulse la integración regional. 9. Que contribuya al desenvolvimiento de las zonas menos desarrolladas. 10. Que no realice tareas monopolíticas en el mercado nacional. 11. Que estructure positivamente el capital nacional. 12. Que aporte tecnología e investigación. 13. Que abata los precios y supere calidad. 14. Que reserve los valores sociales y culturales del país. 15. Que el inversionista extranjero se identifique con los intereses del país y no esté vinculado con centros de decisión económica del exterior. F. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

La misma Ley creó ese registro, en el cual deben inscribirse: 1. Las personas físicas o morales extranjeras que realicen inversiones reguladas por esta ley. 2. Las sociedades mexicanas con participación extranjera. 3. Los fideicomisos con participación extranjera.

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4. Los títulos representativos del capital que sean propiedad extranjera o estén dados en garantía a favor de extranjeros. 5. Las resoluciones que dicte la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. G. Sanciones Los actos realizados en contravención a la citada Ley, la cual se define como de orden público, se consideran ilícitos, y por tanto no producen ningún efecto jurídico, lo que trae como consecuencia que no se puede ocurrir a los tribunales pidiendo justicia. Además, el infractor de esta Ley será multado hasta por el importe de la operación de que se trate. Y si ese importe no puede cuantificarse, la multa se aplicará, según criterio de la Comisión, hasta cien mil pesos. Las anteriores penas se hacen extensivas a los administradores, directores, gerentes, comisarios y órganos de vigilancia de las empresas reguladas por la Ley. Lo mismo sucede con los notarios, corredores y encargados de los registros públicos, en los documentos que firmen y se relacionen con las citadas empresas. Finalmente, está penada la simulación la cual, la más notable es la relativa a los "prestanombres". La simulación es castigada con prisión hasta de nueve años o multa hasta de cincuenta mil pesos. Cabe mencionar que el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras está regulado por el Reglamento respectivo, el cual se publicó en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 1973. Ese reglamento señala el procedimiento burocrático a seguir para que las empresas se registren. La aplicación de la Ley actualmente se encuentra en manos de la Subsecretaría de Regulación de la Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según señala su recientemente expedido reglamento interior. La aplicación de esta Ley, cuyos principios se mantienen incólumes; en la actual administración está plasmada en una resolución que sistematiza los criterios para efectos de un tratamiento más transparente y objetivo de la Ley, para lo cual es indispensable consultar, al respeto, la publicación del 3 de febrero de 1988, que bajo el título El marco jurídico de la inversión extranjera, publicó el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación." 65 Ver "Marco Jurídico de la Inversión Extranjera en México", documento oficial de la Secretaría de Gobernación, México, 1978, y Reginal, Davis, en Industria

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Ley de invenciones y marcas (D.O. 10-11-1976) y (D.O. 16-1-87) Es muy importante denotar que en cuanto a legislación sobre propiedad industrial se refiere, la Ley de Invenciones y Marcas tiene una actividad preponderante desde el punto de vista legal y económico. La Ley se divide en títulos que están agrupados de la siguiente manera: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Patentes de invención Certificados de invención Dibujos y modelos industriales Marcas a) productos, b) servicios Denominaciones de origen Avisos comerciales Nombres comerciales Procedimiento y publicidad pago de derechos Infracciones e inspecciones, sanciones y recursos.

En las disposiciones preliminares la Ley establece en sus artículos primero y segundo, lo siguiente: 1. Esta ley regula el otorgamiento de patentes de invención y mejoras, de certificados de invención, el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga. 2. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Irídustrial. TÍTULO PRIMERO

Ahora bien, dentro del capítulo correspondiente a patentes de invención en sus reglas generales establece que: La persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por maquiladora y subsidiarias de Co-inversión, México, Cárdenas, 1985, y Maquiladoras: su estructura y operación", varios autores, México, IMEF, 1986.

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otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar sin embargo, por su certificado de invención en los términos del artículo 80 de esta ley (artículo 39). Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley. También será patentable aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior (artículo 49). Es conveniente manifestar lo que la Ley no considera invenciones y lo que no es patentable (artículos noveno y décimo). Para obtener el privilegio de patente deberá presentarse solicitud escrita en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, específicamente ante la Dirección General de Tecnología, Invenciones y Marcas, en la que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor; la denominación que se dé a la invención y a la clase de la misma, así como los demás datos que prevengan la Ley y su reglamento. Puede ser solicitada por el inventor o su causahabiente. A la solicitud deberá acompañarse la descripción de la enunciación, clara y completa; deberá asimismo indicar bajo protesta de decir la verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, que deberá ir acompañada de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión. Presentada la solicitud y sus anexos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir que se precisen o aclaren en lo que crea conveniente; de no cumplir con dicho requerimiento en un plazo de dos meses se considerará abandonada la solicitud (artículo 11). Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos de forma conforme a la Ley y reglamento, por única vez se le otorgará al interesado un plazo de hasta 30 días para que la perfecciones; satisfecho lo anterior, se hará un examen de novedad de la invención que el interesado solicitará dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud o ésta se considerará abandonada. Cuando a juicio de la Secretaría la invención sea nueva, pero no satisfaga alguno de los requisitos señalados en esta Ley y su reglamento se le comunicará por escrito al interesado para que dentro de un plazo de dos meses cumpla con lo exigido.

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Los títulos de las patentes serán expedidos en nombre del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e irán firmados por el secretario de Comercio y Fomento Industrial o por el funcionario en quien delegue esta facultad. Con las limitaciones previstas en esta Ley, la patente confiere a su titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento (artículo 37). El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional (el plazo para la explotación es de tres arios); cuando el plazo se vence cualquier persona puede solicitar a la Secretaría la concesión de una licencia obligatoria cumpliendo los requisitos que la Ley marca. Las patentes serán nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta Ley. Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público; las patentes de invención podrán ser expropiadas por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, de conformidad con lo que al respecto establece la Ley de expropiación en decreto correspondiente. Se establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado mexicano o cae bajo el dominio público. TÍTULO SEGUNDO DE LOS CERTIFICADOS DE INVENCIÓN Dice el artículo 65 de la Ley que podrán ser materia de registro las invenciones a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 10 de la Ley, que se comprobará mediante la expedición de un certificado de invención. Los efectos del registro a que se refiere el artículo 65 durarán diez arios a partir de la fecha de su otorgamiento. Cualquier interesado podrá explotar una invención materia de este registro, previo acuerdo con el titular del certificado de invención sobre el pago de regalías y demás condiciones inherentes a la explotación de la invención. Dicho acuerdo, para surtir efectos deberá ser aprobado e inscrito por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

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JORGE WITKER V. TÍTULO TERCERO DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

El artículo 81 establece que serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales. El registro concederá a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de cinco arios improrrogables contados a partir de la fecha de registro. ARTÍCULO 82. Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. ARTICULO 83. Se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. ARTÍCULO 84. Las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales deberán contener los mismos datos que las patentes y a las mismas se anexarán: I. Una reproducción gráfica o fotográfica del objeto de la solicitud y los dibujos y clisés correspondientes. II. La indicación del género o de los géneros de productos para los cuales se utilizará el dibujo o modelo. TÍTULO CUARTO DE MARCAS El artículo 87 de la Ley dice: Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros, de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie. Para obtener el uso exclusivo de una marca se debe registrar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Puede constituir una marca: I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplique o que traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

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II. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten. En el artículo 91 de la Ley se establece lo que no es registrable como marca en sus 23 fracciones. Para llevar a cabo el trámite correspondiente se presentará la solicitud de registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por escrito, en el que se hará constar el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación de su establecimiento o del principal si tiene varios, así como la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, y demás datos que prevenga el reglamento. A la solicitud se acompañará: I. La descripción de la marca que terminará con las reservas que de ella se hagan con arreglo a las disposiciones reglamentarias. II. Los ejemplares de la impresión de la marca con las características que establezca el reglamento. III. Cuando la marca deba usarse en colores y se reserven éstos, se exhibirán, además, los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que esta vaya a usarse. En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción, deberán especificarse los productos o servicios que protegerá. Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de ésta y de los documentos exhibidos, para comprobar si reúnen los requisitos que previenen esta Ley y su reglamento. Si la solicitud a los documentos exhibidos no se encontraran en regla, se le hará saber al solicitante para que los modifique. Los nuevos documentos se exhibirán en el plazo que al efecto fije la Secretaría, el cual no excederá de dos meses; si cumplido este plazo no se presentaren correctamente se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación. Satisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieren afectar derechos adquiL'idos. Si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite aplicada a los mismos productos o servicios similares o un nombre comercial, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo que al efecto se señale, el cual no será menor de 15 ni mayor de 45 días. Si el interesado no contesta

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dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud y perderán la fecha legal (artículo 106). Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y expedición del título; de no cubrirse los derechos dentro del plazo que al efecto se señale, que no podrá ser menor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada la solicitud. El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el secretario de Comercio y Fomento Industrial y será firmado pbr éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad (artículo 109 y 110). Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco arios a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por periodos de cinco arios. La marca debe usarse tal y como fue registrada. Su uso en forma distinta traerá como consecuencia la extinción del registro previa la declaratoria correspondiente. Se debe demostrar a satisfacción de la Secretaría el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro. Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada", su abreviatura Mar. Reg. o las siglas "M.R.". Los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originariamente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciatario. Hay usuarios autorizados que el titular de una marca podrá autorizar. La marca se podrá renovar solicitándose por el titular dentro del último semestre de cada plazo, las marcas registradas pueden transmitirse por los medios y con las formalidades que establece la legislación común pero su transmisión no producirá efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Ahora bien el registro de una marca es nulo conforme a lo que establece el artículo 147 en sus siete fracciones y también se puede extinguir o cancelar el registro.

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TÍTULO QUINTO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Los artículos referentes a la misma son el 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 al 173. TÍTULO SEXTO DE NOMBRES COMERCIALES Toda persona que para anunciar al público un comercio, una negociación, o determinados productos, haga uso de avisos que tengan se1-jalada originalidad que los distinga fácilmente de los de su especie, puede adquirirse el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes al grado de que se confundan en su conjunto. Para obtener el registro se presentará a la Secretaría competente una solicitud escrita por duplicado satisfaciendo los requisitos de forma que prevenga el reglamento de esta Ley. TÍTULO SÉPTIMO DE NOMBRES COMERCIALES El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores. La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito a la Secretaría competente acompañada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, quien deberá demostrar la utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro determinado. TÍTULO OCTAVO DE PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD Las solicitudes de patentes, marcas y demás actos, regulados por esta Ley, podrán formularse por conducto de mandatario. En tal caso la

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personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se requiera legalización. Cuando el solicitante sea persona moral, acreditará su existencia y las facultades de su representante por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil aplicable o en los tratados internacionales de que México sea parte (artículo 189). Las solicitudes de las declaraciones administrativas que procedan conforme a esta Ley deberán formularse por escrito al que se acompañarán documentos y constancias en que se funde la promoción. Si no se satisfacen los requisitos anteriores, se concederá al solicitante un plazo no menor de ocho ni mayor de dieciocho días hábiles para que se cumplan. Satisfechos los requisitos a que se refiere lo anterior se correrá traslado a la contraparte, concediéndole un plazo no menor de quince, ni mayor de treinta días en que se funde la acción y rnaniicste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el término para formular objeciones previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados. La extinción de derechos o la caducidad que operen como consecuencia de determinada omisión o por el sólo transcurso del tiempo, no requerirán de declaración expresa por parte de la Secretaría. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial editará mensualmente la Gaceta de Invenciones y Marcas en la que se harán las publicaciones a que en esta Ley se refiere. TÍTULO NOVENO DE PAGO DE DERECHOS Los artículos correspondientes a este título se encuentran derogados y para el efecto se aplica lo que dispone en su capítulo primero la Ley Federal de Derecho para el pago correspondiente según sea el caso. TÍTULO DÉCIMO DE INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS Son infracciones administrativas: a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven,

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b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la Industria y Comercios y Servicios que impliquen competencia desleal. En diez fracciones del artículo 210 se establece lo que se considera infracciones administrativas. El artículo 211 establece en sus siete fracciones lo que se considera como delitos como por ejemplo: fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente, etcétera. Para comprobar lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella, la Secretaría de Comercio y Fomento Industriar establecerá sistemas de inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos.

I. Requerimientos de informes y datos. II. Visitas de inspección (se levantará acta cricunstanciada). SANCIONES

Las infracciones administrativas a esta Ley derivadas de ella serán sancionadas con:

o demás disposiciones

I. Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, siempre que no exceda del máximo, correspondiente. II. Clausura temporal hasta por sesenta días. III. Clausura definitiva. IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas. Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta: a) El carácter intencional de la acción o comisión constitutiva de la infracción. b) Las condiciones económicas del infractor. c) La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios. ARTÍCULO 231: Las personas afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión por escrito ante Secofin, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva.

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En el recurso podrá ofrecerse toda clase de pruebas siempre que tengan relación con los hechos, excepto la confesional y la testimonial; para el desahogo se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de treinta días hábiles; en lo no previsto en el capítulo será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaría dictará la resolución que proceda dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción. Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas (D.O. 16-1-87) El 16 de enero de 1987 la Ley que resumimos sufrió importantes reformas al respecto. Las principales modificaciones a la Ley de Invenciones y Marcas fueron en los siguientes rubros: patentabilidad, vigencia de las patentes, explotación de las patentes, examen de novedad, registros de marcas en idioma extranjero, licencias obligatorias de marcas, combate a la competencia desleal, fomento a la inventiva y simplificación administrativa. El tema de la patentabilidad es uno de los más debatidos a nivel nacional e internacional y existe una gama muy amplia de sistemas de protección. Por una parte, los países que tienen un alto desarrollo tecnológico han resuelto abrir la patentabilidad en forma indiscriminada. Por otro lado, en algunos países se excluye la patentabilidad en varios sectores con objeto de permitir el desarrollo local de industrias en aras de proteger el interés nacional. En México, el criterio de la legislación vigente considera que no son patentables aquellas áreas que por su propia naturaleza no contienen los elementos necesarios de novedad y actividad inventiva o que requieren la existencia de una infraestructura industrial y administrativa de la cual carece el país en estos momentos. Sin embargo, la Ley ha permitido una apertura importante a invenciones que a la luz de la Ley anterior no eran patentables, porque se consideró necesario abrir algunos sectores que han alcanzado un desarrollo significativo para permitir en ellos la patentabilidad. Aun cuando se decidió abrir la patentabilidad en varios sectores, en congruencia con otras medidas tendentes a incentivar la economía nacional, se consideró oportuno abrir la patentabilidad en algunos sectores en forma inmediata y en otros en un plazo de diez años. Concretamente se estableció lo siguiente:

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A) Apertura inmediata. — Procesos para obtener aleaciones. — Proceso para la obtención de productos químico-farmacéuticos, pesticidas, fungicidas, plaguicidas, fertilizantes y alimentos y bebidas para consumo animal. — Equipos anticontaminantes. — Energía nuclear, siempre que no afecten la seguridad nacional.

B) Apertura en un plazo de diez arios contados a partir de la fecha de la publicación de las reformas y adiciones, o sea, a partir del 17 de enero de 1987.

— Procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica. Registrables actualmente como Certificado de Invención. Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades. — Los productos químicos. — Los productos químico-farmacéuticos; los medicamentos en general; los alimentos y bebidas para consumo animal, los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas, y los productos con actividad biológica. Se consideró que el término de diez arios era el mínimo necesario para que en el país exista una infraestructura industrial y administrativa que coloque a la industria mexicana en condiciones de poder competir con los países desarrollados en estas áreas. La gradualidad de este cambio y la extensión del plazo obedeció a la práctica internacional en la materia y coincide, de alguna manera, con los plazos de salvaguarda que México estableció en otras negociaciones en campos afines para realizar un esfuerzo de reconversión industrial y comercial armónico y sincronizado que responda a una decisión articulada. Otro de los cambios más significativos fue que se amplió el periodo de protección de las patentes y certificados de invención de diez a catorce arios, a partir de su fecha de concesión con objeto de que el plazo corresponda a la media internacional. En materia marcaria se derogó la disposición que prohibía el registro de marcas en lenguas vivas extranjeros, cuando quien lo solicitaba carecía de un establecimiento en un país no hispanoparlante. La dispo-

1.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (1983-1987) Millones de Dólares Proyectos

I. Total de los proyectos (II -I- III)

Total P/ Valor %

10,295.0

100.0

1983 Valor %

1984 Valor %

1985 Valor %

1986 Valor %

683.7

1,442.2

1,871.0

2,420.9

100.0

100.0

100.0

1987 P/ % Valor

100.0 3,877.2

100.0

II. Autorizados por la CNIE 1/

7,348.4

71.4

393.7

57.6

796.6

55.2

1337.6

71.5

1,559.8

64.4

3,260.7

84.1

III. Inscritos en el RNIE

2,946.6

28.6 290.0

42.4

645.6

44.8

533.4

28.5

861.1

35.6

616.5

15.9

2,881.0

28.0 282.0

41.2

617.4

42.8

526.7

28.1

846.6

35.0

608.3

15.7

1.2

28.2

2.0

6.7

0.4

14.5

0.6

8.2

0.2

Aumentos de capital en empresas establecidas - Nuevas sociedades en coinversión

65.6

0.6

8.0

1/ Esta cifra corresponde al monto total de I.E.D. de los proyectos aprobados por la CNIE., derivada de la información proporcionada por los interesados en las solicitudes de autorización. P/ Preliminar. Fuente: Secretaría Ejecutiva de la C.N.I.E. Dirección General de Inversiones Extranjeras.

O xr 111

1.2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA POR PAIS DE ORIGEN Millones de Dólares

País

Total: Estados Unidos de América Rep. Federal de Alemania Japón Gran Bretaña Suiza España Francia Suecia Canadá Holanda y Bélgica Italia Otros 1/

Total acumulado 1982 1983

Nueva inversión 1985 1984

extranjera directa 1986 1987 P/

10,786.4

683.7

1,442.2

1,871.0

2,420.9

3,877.2

7,334.8 862.9 776.6 302.0 571.7 345.2 118.6 140.2 140.2 107.9 32.4 53.9

266.6 110.0 3.8 49.2 16.2 12.7 110.0 29.1 22.1 13.1 1.0 49.9

921.0 152.6 35.7 44.3 60.4 11.9 8.7 61.1 32.5 17.8 2.6 93.6

1,436.6 58.0 79.3 57.2 141.8 14.2 10.7 5.5 35.1 22.5 0.6 9.5

1,206.4 218.6 142.2 104.3 34.1 93.7 316.9 24.6 40.6 10.2 4.0 225.3

2,669.6 46.9 132.8 430.9 95.2 125.8 31.2 36.7 19.3 30.3 2.8 255.7

Total 19831987 P/

10,295.0 2/ 6,500.2 586.1 393.8 685.9 347.7 258.3 477.5 157.0 149.6 93.9 11.0 634.0

Total acumulado 1987 P/ % Valor

20,927.0

100.0

13,716.2 1,446.3 1,170.3 987.1 918.2 603.1 596.1 297.2 289.6 201.7 41.3 659.9

65.5 6.9 5.6 4.7 4.4 2.9 2.8 1.4 1.4 1.0 0.2 3.2

I/ Incluye: Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Israel, Liberia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Turquía, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. 2/ Debe realizarse un ajuste por 154.4 millones de dólares al total de 1983-1987, debido a mexicanizaciones( liquidaciones, fusiones y desistimientos que se dieron en los años 1984 y 1985. P Preliminar. Fuente: Secretaría Ejecutiva de la C.N.I.E. Dirección General de Inversiones Extranjeras.

208.

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sición dejaba en desventaja a los nacionales y, por tal razón, fue derogada. También se reforzaron de manera muy importante las disposiciones para combatir la competencia desleal, a fin de dar una efectiva protección al titular de los derechos de propiedad industrial y, al mismo tiempo, proteger al consumidor para que no sea engañado al adquirir productos o al recibir servicios. En este sentido, ahora se cuenta con sanciones sensiblemente más severas. La multa se incrementó a un máximo de diez mil veces el salario mínimo diario en el Distrito Federal, y se estableció el término de hasta noventa días para clausuras temporales. Asimismo, ahora se hace posible adoptar nuevas medidas, como lo son: el aseguramiento de bienes y la posibilidad de que el Ministerio Público inicie la investigación previa, antes de que se haga por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la declaración de los hechos que pudieren resultar constitutivos de delitos. Una de las adiciones relevantes a la Ley fue la incorporación de un capítulo relativo al fomento de las invenciones. Incluye la difusión de las ventajas y beneficios del sistema de propiedad industrial; otorga facultades a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico para apoyar a las micro y pequeñas industrias, así como a inventores y trabajadores en la obtención de sus registros. Asimismo, se creó el Registro Nacional de Empresas Tecnológicas a fin de conceder estímulos fiscales a aquellas empresas o personas físicas que lo soliciten, de conformidad con el decreto que establece los Estímulos Fiscales para Fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Comercialización de Tecnología Nacional. También quedó establecido el Banco Nacional de Patentes, con información de patentes y certificados de invención concedidas en México a partir de 1968. Actualmente se tiene información hasta 1985 y, en el curso de 1988, esta información será actualizada permanentemente. El contar con el banco de patentes facilita el examen de novedad que se practica a las solicitudes de patentes y certificados de invención que son presentadas en México. Asimismo, será más accesible para las empresas, centros de investigación, universidades y organismos empresariales la información tecnológica contenida en dichos documentos.66 66 Ver documento-memoria de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 1983-1987, Secofin, 1987. Esta Ley es complementada por Reglamento publicado en el Diario Oficial el

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Un capítulo aparte lo conforman las 830 maquiladoras que operan

esencialmente en la frontera norte con base en el régimen jurídico especial que se plasma en la Resolución No. 2 de la Comisión Nacional

de Inversiones Extranjeras y del Acuerdo de fecha 15 de mayo de 1983 que facilita y estimula su expansión y desarrollo.G7 La resolución única de fecha 3 de febrero de 1988, en su sección V, referida a este tipo de empresas, señala que están autorizadas para:

* La adquisición de acciones o partes sociales de sociedades mecanas en el acto de su constitución, que representen hasta 100% de su capital social, siempre que dichas sociedades se constituyan para realizar solamente operaciones de maquila de exportación. * La adquisición de acciones o partes sociales de sociedades mexicanas establecidas que representen hasta 100% de •su capital social, siempre que dichas sociedades se hubieren constituido para reailzar solamente operaciones de maquila de exportación. Por otra parte, se autoriza a las sociedades mexicanas que operen como empresas maquiladoras de exportación y tengan el carácter de inversionistas extranjeros, para que realicen los actos y operaciones siguientes: * La adquisición de acciones, partes sociales o activos fijos de sociedades mexicanas que operen como empresas maquiladoras de exportación y el arrendamiento de empresas o de los activos esenciales para la explotación de empresas. * La apertura de nuevos establecimientos abiertos y en operación. * La fabricación de nuevas líneas de productos. * El ingreso a nuevos campos de actividad económica, siempre que las destinatarias, recipiendarias, usuarias o consumidoras de las nuevas actividades realizadas o nuevos servicios prestados, sean_ otras empresas maquiladoras de exportación pertenecientes al mismo grupo de interés económico o a otras empresas que operen fuera del territorio nacional. Se adiciona la obligación para las sociedades mexicanas que tengan el carácter de inversionistas extranjeros y dejen de operar como empresas maquiladoras de exportación o cuyos programas de maquila

dejen de estar en vigor, de informar al secretario ejecutivo de la Co-

67 Las maquiladoras: su estructura y operación, varios autores, México, IMEP, 986.

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misión sobre esta circunstancia, dentro de los treinta días naturales siguientes al en que ello ocurra. El régimen establecido en esta sección se hace extensivo para la maquiladora que operen en el ramo textil." Ley Federal sobre Metrología y Normalización (D.O. 26-1-1988) Como un requisito básico para regularizar los productos mexicanos en materia de metrología (uniformar unidades de medidas) y normas (calibración, magnitud, contenido), se ha expedido esta Ley, cuyos objetivos son: En materia de metrología: — Establecer el Sistema General de Unidades de Medida. — Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología. — Establecer los requisitos para la fabricación, importación. reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida. — Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados. Instituir el Sistema Nacional de Calibración. — Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel técnico de la materia. En materia de normalización: -

Fomentar la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas, a fin de incrementar la calidad de los productos y servicios nacionales. — Instituir la Comisión Nacional de Normalización, para que participe en las actividades que sobre normalización corresponda realizar a las distintas dependencias de la administración pública federal. — Estimular la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas. Determinar las normas de carácter obligatorio y la forma en que se acreditará el cumplimiento de las mismas. - Establecer el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba. 68

Ver IDC Publicación periódica del Grupo Expansión.

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-- Contribuir al fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica, material y financiera del proceso de normalización. La Ley crea el Sistema Nacional de Calibración y el Centro Nacional de Metrología. Secofi es la encargada de la aplicación de esta Ley con las siguientes facultades. * Representar al país en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en todos los eventos o asuntos relacionados con la metrología y normalización a nivel internacional. * Autorizar, excepcionalmente, el empleo de unidades de medida de otros sistemas por estar relacionados con países extranjeros que no hayan adoptado el sistema empleado en México. * Conservar los prototipos nacionales de unidades de medida asignados por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. * Recibir la declaración de los instrumentos para medir que se fabriquen, importen o se utilicen en el país. * Fijar las normas oficiales mexicanas que deberán cumplir los instrumentos para medir que se fabriquen en territorio nacional o se importen. * Publicar en el Diario Oficial de la Federación, con la debida anticipación, la lista de los instrumentos para medir y patrones de medida cuya calibración y verificación sean obligatorias. * Fijar las marcas, sellos o contraseñas de identidad en los instrumentos para medir que hayan sido objeto de verificación, dejando en poder de los interesados los documentos que acrediten que dicho acto ha sido realizado oficialmente. * Determinar los instrumentos para medir apropiados en razón de las materias objeto de una transacción comercial, industrial o de servicios. • Practicar la verificación de los instrumentos automáticos para medir que se empleen en los servicios de suministro o abastecimiento de agua, gas o energía eléctrica. * Exigir que los instrumentos que sirvan de base para transacciones comerciales, industriales o de servicios, reúnan características apropiadas a fin de que el público pueda apreciar fácilmente la operación de medición.

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* Fijar las tolerancias permisibles en relación con el contenido neto de cada producto empacado o envasado, atendiendo a las alteraciones que pudieran sufrir por su naturaleza. * Autorizar los patrones nacionales de las unidades básicas y derivadas del Sistema General de Unidades de Medida. * Autorizar laboratorios para que presten servicios técnicos de medición y calibración. * Integrar con los laboratorios autorizados cadenas de calibración. * Autorizar métodos y procedimientos de medición y calibración y establecer un banco de información para difundirlos en los medios oficiales, científicos, técnicos o industriales. * Establecer convenios con las instituciones oficiales extranjeras e internacionales para el reconocimiento mutuo de los laboratorios de calibración. * Celebrar convenios de colaboración e investigación metrológica con instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como extranjeras. * Autorizar los laboratorios que integrarán el Sistema Nacional de Calibración, y suspender o cancelar tal autorización cuando se presente alguna irregularidad. * Formar parte de las diversas instituciones que se crean con motivo de este ordenamiento. * Determinar y expedir las normas oficiales mexicanas respecto de productos y servicios. * Elaborar el Programa Nacional de Normalización. * Conservar la colección de normas oficiales mexicanas. * Requerir a fabricantes, prestadores de servicios, consumidores o centros de investigación científica y tecnológica los datos necesarios para la elaboración de normas oficiales mexicanas. * Revisar, adicionar o modificar las normas oficiales mexicanas. * Aprobar el reglamento interno de los comités consultivos nacionales de normalización. * Convocar las sesiones de la Comisión Nacional de Normalización. * Expedir el certificado de calidad correspondiente para los productos de importación. * Autorizar el uso del sello oficial de garantía. * Comprobar el cumplimiento de las especificaciones de productos y servicios sujetos a norma oficial de cumplimiento obligatorio o que ostenten el sello oficial de garantía.

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* Publicar periódicamente la lista de los productos y los servicios en que recaigan las contraseñas de norma obligatoria o de sello oficial de garantía. * Expedir el certificado oficial de la calidad para productos y servicios cuando así se requiera. * Presidir el comité encargado de otorgar el Premio Nacional de Calidad. " Coordinar el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorio de Prueba. La Ley diseña procedimientos para establecer normas oficiales mexicanas, en sus artículos 43, 44 y 46. Finalmente, la inspección y vigilancia y las sanciones y recursos completan el marco regulatorio sobre este importante campo jurídico-económico. Esta Ley está íntimamente relacionada con el Código sobre Obsiáculos Técnicos al Comercio Internacional del GATT, que México, por decreto del Senado de fecha 12 de diciembre de 1987 (D.0.) suscribió y que como estudio internacional pasa a ser de observancia obligatoria en nuestro derecho económico interno. 9. Síntesis de los instrumentos jurídico-administrativos de fomento industrial Descritos los principales operadores que participan en el desarrollo industrial, se hace necesario compendiar el conjunto de instrumentos que apoyan al sector industrial. 1. Ley de Planeación. Establece normas imperativas, especialmente presupuestales y programáticas, para las empresas y organismos paraestatales. Para el resto de los sectores la misma Ley, en su artículo 37, señala la técnica de la concertación (contratos o convenios) en los cuales los sectores social y privado puedan actuar en el contexto de los objetivos del desarrollo industrial. 2. El PRONAFICE. 3. Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Teconológico y Científico. 4. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de- Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 5. Ley de Invenciones y Marcas. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas (D.O. 20 11 81). -

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6. Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera. 7. Decreto que aprueba el programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña. 8. Ley Federal para el Fomento de la Microindustria. 9. Ley Federal de Metrología y Normalización. 10. Decreto que aprueba estímulos fiscales de apoyo tecnológico ( D.0.11-VIII-1987 ) . 11. Fondos de financiamientos. FONEI, FOGAIN, etcétera. Los decretos sobre Ceprofis y otros estímulos han sido derogados totalmente en 1988 en el contexto del Pacto de Solidaridad Económica. 10. Bases del Plan de Desarrollo Industrial 1988-1994 Como una proyección del PRONAFICE, actualizado y reformulado, la estrategia del desarrollo industrial para el sexenio 1988-1994 se sienta en las siguientes bases: Concebir, fundar y expandir empresas para diversificar y consolidar la capacidad productiva del país. Satisfacer las demandas no resueltas en materia industrial mediante concertación de acciones. Alentar la participación en la producción mediante el esfuerzo y retribución justa de los beneficios. Eliminar trámites innecesarios o políticas impulsivas de asignación de recursos que inhiben la participación creativa y social. Consolidar el desarrollo industrial mediante un entorno económico fuerte que permita estabilidad en los precios y obtención de financiamiento sano. Impulsar la ampliación y mejoramiento de la formación de recursos humanos del sector público. Terminar los proyectos inconclusos o en proceso para no desaprovechar esos activos. Impulsar proyectos de complementaridad entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Cumplir los contratos establecidos con seguridad. y oportunidad entre las empresas de diferente tamaño. Incrementar la eficiencia del sector público como promotor de la competencia y calidad de productos industriales.

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Promover políticas de fomento industrial integral, centrándose en el impulso a empresas y remoción de obstáculos, mediante la concertación de acciones entre los sectores privado, social y público. Vincular la política de fomento a la industria con el comercio exterior. Fortalecer la coordinación de instrumentos de promoción industrial y comercio con mecanismos de financiamiento. Apoyar proyectos de infraestructura industrial mediante recursos financieros. Consolidar la reducción del déficit público aumentando los plazos de financiamiento y la oferta. Buscar fórmulas novedosas e imaginativas de intermediación financiera que aumenten la eficiencia y reduzcan costos a los usuarios.

Promover activa y selectivamente la inversión extranjera ampliando

los recursos económicos y la capacidad organizativa de los mercados externos. Descentralizar las actividades industriales como apoyo a la apertura económica que el mercado demanda. Fortalecer la capacidad del sector industrial implantando proyectos industriales estratégicos e internacionales. Enfatizar la importancia del sector obrero en el proyecto de modernización industrial. Recuperar la capacidad de crecimiento nacional sobre bases firmes que permiten la generación de empleos durables bien remunerados. Elevar mediante concertación la productividad de la industria y el poder adquisitivo de los trabajadores.

LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA CAPÍTULO

Del objeto ARTÍCULO 19 Esta ley es de interés público y de observancia general en la República. Su objeto es promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera para estimular un desarrollo Justo y equilibrado y consolidar la independencia económica del país. ARTÍCULO 29 Para los efectos de esta ley se considera inversión extranjera la que se realice por:

I. Personas morales extranjeras; II. Personas físicas extranjeras; III. Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica; y IV. Empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente capital extranjero o en las que los extranjeros tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa. Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la inversión extranjera que se realice en el capital de las empresas, en la adquisición de los bienes y en las operaciones a que la propia ley se refiere. ARTÍCULO 39 Los extranjeros que adquieren bienes de cualquier naturaleza en la República Mexicana, aceptan por ese mismo hecho, considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y no invocar la protección de su Gobierno por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieren adquirido. ARTÍCULO 49 Están reservadas de manera exclusiva al Estado las siguientes actividades:

a) Petróleo y los demás hidrocarburos, b) Petroquímica básica, c) Explotación de minerales radioactivos y generación de energía nuclear, d) Minería en los casos a que se refiere la ley de la materia,

218 e) f) g) h)

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Electricidad, Ferrocarriles, Comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas, y Las demás que fijen las leyes específicas.

Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, las siguientes actividades: a) Radio y Televisión, b) Transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras federales, c) Transportes aéreos y marítimos nacionales, d) Explotación forestal, e) Distribución de gas, y E) Las demás que fijen las leyes específicas o las disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal. ARTÍCULO 59 En las actividades o empresas que a continuación se indican, la inversión extranjera se admitirá en las siguientes proporciones de capital:

a) Explotación y aprovechamiento de sustancias minerales; Las concesiones no podrán otorgarse o trasmitirse a personas físicas o sociedades extranjeras. En las sociedades destinadas a esta actividad, la inversión extranjera podrá participar hasta un máximo de 49% cuando se trate de la explotación y aprovechamiento de sustancias sujetas a concesión ordinaria y de 34% cuando se trate de concesiones especiales para la explotación de reservas minerales nacionales, b) Productos secundarios de la industria petroquímica: 40%, c) Fabricación de componentes de vehículos automotores: 40%, y d) Las que señalen las leyes específicas o las disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal. En los casos en que las disposiciones legales o reglamentarias no exijan un porcentaje determinado; la inversión extranjera podrá participar en una proporción que no exceda del 49% del capital de las empresas y siempre que no tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá resolver sobre el aumento o la disminución del porcentaje a que alude el párrafo anterior, cuando a su juicio sea conveniente para la economía del país y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibirá, en casos específicos, la inversión extranjera.

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La participación de la inversión extranjera en los órganos de administración de la empresa, no podrá exceder de su participación en el

capital. Cuando existan leyes o disposiciones reglamentarias para una determinada rama de actividad, la inversión extranjera se sujetará a los porcentajes y a las condiciones que dichas leyes o disposiciones señalen. ARTÍCULO 69 Para los efectos de esta ley, se equipara a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros residentes en el país con calidad de inmigrados salvo cuando, por razón de su actividad, se encuentren vinculados con centros de decisión económica del exterior. Esta disposición no se aplicará en aquellas áreas geográficas o actividades que estén reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que sean materia de regulación específica. La condición y actividades de los inmigrantes quedarán reguladas por las disposiciones de la Ley General de Población. ARTÍCULO 79 Los extranjeros, las sociedades extranjeras y las sociedades mexicanas que no tengan cláusulas de exclusión de extranjeros, no podrán adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Las sociedades extranjeras no podrán adquirir el dominio de las tierras y aguas u obtener concesiones para la explotación de aguas. Las personas físicas extranjeras podrán adquirir el dominio sobre los bienes a que se refiere el párrafo anterior previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la celebración del convenio a que se refiere la fracción I del párrafo cuarto del artículo 27 Constitucional. CAPÍTULO II

De la adquisición de empresas establecidas o del control sobre ellas ARTÍCULO 89 Se requerirá la autorización de la Secretaría que corresponda según la rama de actividad económica de que se trate, cuando una o varias de las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 29, en uno o varios actos o sucesión de actos, adquiera o adquieran más del 25% del capital o más del 49% de los activos fijos de una empresa. Se equipara a la adquisición de activos, el arrendamiento de una empresa o de los activos esenciales para la explotación. También deberán someterse a autorización los actos por medio de los cuales la administración de una empresa recaiga en inversionistas extranjeros o por los que la inversión extranjera tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.

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Las autorizaciones a que se refiere este artículo se otorgarán cuando ello sea conveniente para los intereses del país, previa resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Serán nulos los actos que se realicen sin esta autorización. ARTÍCULO 99 La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá, en los casos que lo estime conveniente, otorgar un derecho de preferencia a inversionistas mexicanos para efectuar las adquisiciones a que se refiere el artículo anterior. Este derecho de preferencia se otorgará por un plazo no mayor de 90 días a partir de la fecha en que se den a conocer las bases de la oferta. Este plazo podrá prorrogarse hasta por 90 días más, a solicitud de parte interesada. ARTÍCULO 10. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tomará las medidas que juzgue convenientes para promover la adquisición por parte de mexicanos, del capital o de los activos fijos puestos en venta de empresas establecidas en el país. CAPÍTULO III

De la comisión nacional de inversiones extranjeras ARTÍCULO 11. Se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que estará integrada por los Titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional, Industria y Comercio, Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia. Serán suplentes de los respectivos Titulares, los Subsecretarios que cada uno de ellos designe. Las sesiones serán presididas rotativamente conforme al orden que se enuncia en el párrafo anterior por el Titular que se encuentre presente. La Comisión sesionará por lo menos una vez al mes. La Comisión será auxiliada por un Secretario Ejecutivo que será designado por el Presidente de la República. ARTÍCULO 12. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tendrá las siguientes atribuciones:

1. Resolver, en los términos del artículo 59 de esta ley, sobre el aumento o disminución del porcentaje en que podrá participar la inversión extranjera en las diversas áreas geográficas o de actividad económica del país, cuando no existan disposiciones legales o reglamentarias que exijan un porcentaje determinado y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibirá dicha inversión. II. Resolver sobre los porcentajes y condiciones conforme a los cuales se recibirá la inversión extranjera en aquellos casos concretos que,

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por las circunstancias particulares que en ellos concurran, ameriten un tratamiento especial; III. Resolver sobre la inversión extranjera que se pretenda efectuar en empresas establecidas o por establecerse en México, o en nuevos establecimientos; IV. Resolver sobre la participación de la inversión extranjera existente en México, en nuevos campos de actividad económica o nuevas líneas de productos; V. Ser órgano de consulta obligatoria en materia de inversiones extranjeras para las dependencias del Ejecutivo Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones fiduciarias de los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal o por los gobiernos de las entidades federativas y para la Comisión Nacional de Valores; VI. Establecer los criterios y requisitos para la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias sobre inversiones extranjeras; VII. Coordinar la acción de las dependencias del Ejecutivo Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de inversiones extranjeras; VIII. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal proyectos legislativos y reglamentarios así como medidas administrativas en materia de inversiones extranjeras: y IX. Las demás que le otorgue esta ley. ARTÍCULO 13. Para determinar la conveniencia de autorizar la inverSión extranjera y fijar los porcentajes y condiciones conforme a los cuales se regirá, la Comisión tomará en cuenta los siguientes criterios y características de la inversión:

I. Ser complementaria de la nacional; II. No desplazar a empresas nacionales que estén operando satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente cubiertos por ellas; III. Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y, en particular,. sobre el incremento de las exportaciones; IV. Sus efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de ocupación que genere y la remuneración de la mano de obra; V. La ocupación y capacitación de técnicos y personal administrativo de nacionalidad mexicana; VI. La incorporación de insumos y componentes nacionales en la elaboración de sus productos; VII. La medida en que financien sus operaciones con recursos del exterior;

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VIII. La diversificación de las fuentes de inversión y la necesidad de Impulsar la integración regional y subregional en el área latinoamericana; IX. Su contribución al desenvolvimiento de las zonas o regiones de menor desarrollo económico relativo; X. No ocupar posiciones monopolísticas en el mercado nacional; XI. La estructura de capital de la rama de actividad económica de que se trate; XII. El aporte tecnológico y su contribución a la investigación y desarrollo de la tecnología en el país; XIII. Sus efectos sobre el nivel de precios y la calidad de la producción; XIV. Preservar los valores sociales y culturales del país; XV. La importancia de la actividad de que se trate, dentro de la economía nacional; XVI. La identificación del inversionista extranjero con los intereses del país y su vinculación con centros de decisión económica del exterior; y XVII. En general, la medida en que coadyuve el ¡ogro de los objetivos y se apegue a la política de desarrollo nacional. ARTÍCULO

14. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

I. Representar a la Comisión; II. Ejecutar las resoluciones de la Comisión; III. Fijar las normas de organización, administración y funcionamiento interno de la Secretaría a su cargo; IV. Realizar los estudios que le encomiende la Comisión; V. Formular el proyecto de presupuesto anual de la Comisión que someterá a la consideración de la misma para su aprobación, en su caso; VI. Rendir a la Comisión un informe anual de las actividades realizadas por el organismo; VII. Ejercer el presupuesto de la Comisión y nombrar al personal técnico y administrativo de la misma; y VIII. Las demás que le correspondan conforme a esta ley y que señale la Comisión. ARTÍCULO 15. Las solicitudes para obtener las autorizaciones a que esta ley se refiere, se tramitarán por conducto del Secretario Ejecutivo •de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Las resoluciones que dicte la Comisión se turnarán a las Secretarías y Departamentos de Estado que corresponda, quienes emitirán las autorizaciones que procedan con apego a las resoluciones citadas.

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ARTÍCULO 16. Las Secretarías y Departamentos de Estado, dentro de su esfera de competencia, resolverán los casos concretos conforme a los criterios generales que establezca la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y a las disposiciones de esta ley. ARTÍCULO 17. Deberá recabarse permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros y para la constitución y modificación de sociedades. La expedición del permiso se ajustará a las disposiciones legales vigentes y a las resoluciones que dicte la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. CAPÍTULO IV

Del fideicomiso en fronteras y litorales ARTÍCULO 18. En los términos de la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su Ley Orgánica, se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que autorice en cada caso la conveniencia de conceder a las instituciones de crédito, permisos para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales y turísticas en la faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras o en la zona de 50 kilómetros a lo largo de las playas del país, siempre que el objeto de la adquisición sea el de permitir la utilización y el aprovechamiento de dichos bienes a los fideicomisarios, sin constituir derechos reales sobre ellos, pudiendo emitir para estos fines certificados de participación inmobiliarios, nominativos y no amortizables. ARTÍCULO 19. La Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá sobre la constitución de los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior, considerando los aspectos económicos y sociales que implique la realización de estas operaciones. La Comisión Nacional de Inversiones

Extranjeras fijará los criterios y procedimientos conforme a los cuales

se resolverán estas solicitudes. ARTÍCULO 20. La duración de los fideicomisos a que este Capítulo se refiere, en ningún caso excederá de 30 arios. La institución fiduciaria conservará siempre la propiedad de los inmuebles; tendrá la facultad de arrendarlos por plazos no superiores a 10 arios, y a la extinción del fideicomiso podrá trasmitir la propiedad a personas legalmente capacitadas para adquirirla. El Gobierno Federal se reserva la facultad de verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de los fines del fideicomiso. ARTÍCULO 21. Los certificados de participación inmobiliarios que se emitan con base en el fideicomiso, tendrán las siguientes características:

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a) Representarán para el beneficiario exclusivamente los derechos

consignados en los incisos a) y c) del artículo 228-a y en el artículo 228-e de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que les otorguen derecho a ninguna parte alícuota en los derechos de propiedad sobre los inmuebles fideicomitidos, b) Deberán ser nominativos y no amortizables, y c) Constituirán el derecho de aprovechamiento del inmueble y a los productos líquidos que de dicho inmueble obtenga el fiduciario, en los términos del acto de emisión, así como el derecho al producto neto que resulte de la venta que haga la institución fiduciaria a la persona legalmente capacitada para adquirir el inmuebles fideicomitido. ARTÍCULO 22. En los términos del presente capítulo no se requerirá permiso de la Secretaría de Gobernación para la adquisición por extranjeros de los derechos derivados del fideicomiso. CAPÍTULO

V

Del registro nacional de inversiones extranjeras ARTÍCULO 23. Se crea el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras en el que deberán inscribirse:

I. Las personas físicas o morales extranjeras que realicen inversiones reguladas por esta ley; II. Las sociedades mexicanas en cuyo capital participen las personas a que se refiere el artículo 29 de esta ley; III. Los fideicomisos en que participen extranjeros y cuyo objeto sea la realización de actos regulados por esta ley; IV. Los títulos representativos de capital que sean propiedad de extranjeros o estén dados en garantía a favor de éstos y sus transmisiones; y V. Las resoluciones que dicte la Comisión. El Reglamento determinará la organización del Registro y establecerá la forma y términos en que deberá proporcionarse la información. ARTÍCULO 24. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras dependerá de la Secretaría de Industria y Comercio y estará bajo la dirección del Secretario Ejecutivo de la Comisión. CAPÍTULO

VI

Disposiciones generales ARTÍCULO 25. Los títulos representativos del capital de las empresas serán nominativos en los siguientes casos:

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I. En la proporción y modalidades establecidas por leyes o disposiciones reglamentarias o por resoluciones de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; II. Cuando sean propiedad de las personas, empresas o unidades a que se refiere el artículo 29 de esta ley. Los títulos al portador no podrán ser adquiridos por extranjeros sin aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y, en este caso, se convertirán en nominativos. Este requisito y las sanciones previstas por el artículo 28 se transcribirán en los propios títulos. ARTÍCULO 26. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá consultar la opinión de las instituciones públicas y de las organizaciones privadas de empresarios, trabajadores, campesinos, profesionales, técnicos o demás sectores que juzgue conveniente para el mejor ejercicio de sus atribuciones. Las dependencias del Ejecutivo Federal, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, deberán proporcionar a la Comisión de la información que les solicite para el mejor cumplimiento de sus funciones. ARTÍCULO 27. Las sociedades que estando obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no se inscriban, no pagarán dividendos. Tampoco pagarán los dividendos correspondientes a aquellos títulos que debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no se inscriban. Las sociedades que debiendo inscribirse no cumplan con esta obligación, se registrarán de oficio o a petición de cualquiera de sus socios. ARTÍCULO 28. Serán nulos, y en consecuencia no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad, los actos que se efectúen en contravención a las disposiciones de esta ley y los que debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no se inscriban. Además, se sancionará al infractor con multa hasta por el importe de la operación, en su caso, que impondrá la Secretaría o el Departamento de Estado correspondiente. Las infracciones no cuantificables se sancionarán con multa hasta de $ 100,000.00. ARTÍCULO 29. Los administradores, directores y gerentes generares,. comisarios y miembros de los órganos de vigilancia de las empresas,. serán solidariamente responsables en lo concerniente a sus funciones, de la observancia de las obligaciones que establece esta ley. Su incumplimiento será sancionado con multa hasta de $ 100,000.00. Las sanciones. serán impuestas por la Secretaría de Industria y Comercio previa audiencia del interesado. ARTÍCULO 30. Los notarios y corredor insertarán en los documentos en que intervengan las autorizaciones que deben expedirse en los tér-

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minos de esta ley. Cuando autoricen documentos en los que no consten tales autorizaciones, perderán la patente respectiva. Los encargados de los Registros Públicos no inscribirán los documentos arriba mencionados, cuando no conste en ellos la autorización correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida del cargo. ARTÍCULO 31. Se sancionará con prisión hasta de nueve arios y multa hasta de cincuenta mil pesos, a quien simule cualquier acto que permita el goce o la disposición de hecho, por parte de las personas, empresas o unidades económicas a que se refiere el artículo 29 de esta ley de bienes o derechos reservados a los mexicanos, o cuya adquisición estuviere sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hubieren cumplido u obtenido, en su caso. TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor a los 60 días siguientes a la fecha de su publicación en el -Diario Oficial- de la Federación. Segundo. Los títulos al portador representativos del capital de empresas ya establecidas en México, que sean propiedad de las personas, empresas o unidades a que se refiere el artículo 29, deberán convertirse en nominativos en los términos del artículo 25 y presentarse para su registro en un plazo que no excederá de 180 días contado a partir de la fecha en que esta ley entre en vigor. Para efectuar esta conversión bastará con que la sociedad emisora haga la anotación respectiva en el título correspondiente o en hoja adherida al mismo. El registro surtirá los efectos de la autorización a que el artículo 25 se refiere. Tercero. Se concede un plazo de 180 días contado a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, para que las personas obligadas a hacerlo se inscriban en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cuarto. En tanto la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras no fije los criterios y procedimientos a que se refiere el Artículo 19 de esta ley, las solicitudes a que el propio precepto se refiere serán resueltas por la Secretaría de Relaciones Exteriores después de haber escuchado la opinión de una Comisión Consultiva integrada por representantes de la propia Secretaría, quien la presidirá, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercio y Departamento de Turismo. Quinto. Se derogan todas las disposiciones legales o reglamentarias que se oponga.n a esta ley.

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y MARCAS CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Esta ley es de orden público e interés social y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Su objeto es el control y orientación de la transferencia tecnológica, así como el fomento de fuentes propias de tecnología. ARTÍCULO 20. Para los efectos de esta Ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el Territorio Nacional, relativos a:

ARTÍCULO 19

a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas; b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención: c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales; d) La cesión de marcas; e) La cesión de patentes; f) La concesión o autorización de uso de nombres comerciales; g) La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades; h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste; i) La provisión de ingeniería básica o de detalle; j) Servicios de operación o administración de empresas; k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio; 1) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial, y m) Los programas de computación.

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ARTÍCULO 39. No quedan comprendidos entre los actos, convenios o contratos que deban ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología aquellos que se refieran a:

I. La internación de técnicos extranjeros para la instalación de fábricas o maquinaria o para efectuar reparaciones; II. El suministro de diseños, catálogos o asesoría en general que se adquieran con la maquinaria o equipos y sean necesarios para su instalación siempre que ello no implique la obligación de efectuar pagos subsecuentes; III. La asistencia en reparaciones o emergencias siempre que se deriven de algún acto, convenio, o contrato que haya sido registrado con anterioridad; IV. La instrucción o capacitación técnica que se proporcione por instituciones docentes, por centros de capacitación de personal o por las empresas a sus trabajadores; V. La explotación industrial de derechos de autor referida a las ramas editorial, cinematográfica, fonográfica, de radio y televisión; y VI. Los convenios de cooperación técnica internacional celebrados entre Gobiernos. ARTÍCULO 49. La operaciones de empresas maquiladoras se regirán por lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones legales o reglamentarias que les sean aplicables. ARTÍCULO 59. Tienen la obligación de solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, cuando sean partes o beneficiarios de ellos:

I. Las personas físicas o morales mexicanas; II. Los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal; III. Los extranjeros residentes en México, y las personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país; IV. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República Mexicana; y V. Las personas físicas o morales extranjeras que aunque no residan o estén establecidas en el país celebren actos, convenios o contratos que surtan efectos en la República Mexicana. ARTÍCULO 69. Será necesaria la presentación de la constancia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para disfrutar, en su caso, de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades previstas en los Planes y Programas del Gobierno Federal o en otras disposiciones legales o reglamentarias que las otorguen, para el establecimiento o ampliación de empresas industriales o para el establecimiento de cen-

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tros comerciales en las franjas fronterizas y en las zonas y perímetros libres del país, o para que se aprueben programas de fabricación a los sujetos que estando obligados a hacerlo no hayan inscritos los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo o sus modificaciones en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. ARTÍCULO 70. Los actos, convenios o contratos a que se refiere el Artículo segundo de esta ley, se regirán por las leyes mexicanas, o por los tratados y convenios internacionales de los que México forma parte y sean aplicables al caso. CAPÍTULO II

Del registro nacional de transferencia de tecnología y procedimiento de registro ARTÍCULO 8°. El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, creado por la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972, subsiste y estará a cargo de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Nacional serán órganos de consulta en los términos de la Ley que los creó. De igual manera, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial podrá consultar a todas aquellas entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras que realicen actividades de desarrollo o investigación tecnológica. El Reglamento determinará la organización del Registro y establecerá la forma y términos en que deba realizar sus funciones. ARTÍCULO 9°. Con relación a la presente Ley, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial tendrá las siguientes facultades:

I. Resolver en los términos de esta Ley sobre las condiciones en que deba admitirse o denegarse la inscripción de los actos, convenios o contratos que le sean presentados;

II. Fijar las políticas conforme a las cuales deba regularse o admitirse la transferencia tecnológica en la República Mexicana, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Orientar adecuadamente la selección tecnológica. b) Determinar los límites máximos de pago de acuerdo con el precio menor de las alternativas disponibles a nivel mundial, conforme a los intereses de México. c) Incrementar y diversificar la producción en bienes y actividades prioritarias. d) Promover el proceso de asimilación y adaptación de la tecnología adquirida.

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e) Compensar pagos, a través de exportaciones y/o sustitución de importaciones. f) Orientar contractualmente la investigación y desarrollo tecnológico. Propiciar la adquisición de tecnoiogía innovadora. h) Promover la reorientación progresiva de la demanda tecnológica hacia fuentes internas y fomentar la exportación de tecnología nacional. III. Establecer los mecanismos adecuados para la correcta evaluación de los actos, convenios o contratos de que conozca, pudiendo al efecto requerir la información que estime necesaria; IV. Promover el desarrollo tecnológico nacional a través de mecanismos de política industrial. V. Cancelar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo cuando se modifiquen o alteren contrariando lo dispuesto en esta Ley; VI. Verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley; VII. Requerir y verificar cualquier otra información que estime pertinente para el ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere; y VIII. Las demás que las Leyes le otorguen. ARTÍCULO 10. Los documentos en que se contengan los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo deberán ser presentados ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de su celebración. En caso de ser presentados dentro de este plazo, y si son procedentes, la inscripción Surtirá efectos desde la fecha en que hubieren sido celebrados. Vencido este plazo sólo surtirá efectos la inscripción a partir de la fecha en que se hubieren presentado. También deberán ser presentados para su registro, en los términos arriba señalados las modificaciones que se introduzcan en los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo. Cuando las partes den por terminados los actos, convenios o contratos con anterioridad a la fecha que se pacte en ellos su vencimiento, deberá darse aviso a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, dentro del mismo término de 60 días hábiles a partir de la fecha de terminación. ARTÍCULO 11. Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, así como sus modificaciones que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología serán nulos, y no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser exigido ante los tribunales nacionales. También serán nulos y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los Tribunales Nacionales, los actos, convenios o contratos cuya inscripción se

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hubiere cancelado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

ARTÍCULO 12. La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dentro de los 90 días hábiles siguientes a aquel en que se presenten ante el mismo los documentos en que consten los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo. Transcurrido este término sin que se hubiere dictado resolución, el acto, convenio o contrato de que se trate deberá inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. ARTÍCULO 13. Las personas que se consideren afectadas por las resoluciones que dicte la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial podrán solicitar dentro de los quince días hábiles siguientes en que surta efectos la notificación en los términos que en lo conducente señale el Código Federal de Procedimientos Civiles, la reconsideración de dichas resoluciones acompañando los elementos de prueba que estimen pertinentes. Dicho recurso deberá interponerse por escrito ante la propia Secretaría, que podrá allegarse los medios de prueba que estime necesarios para mejor proveer. Las pruebas ofrecidas y admitidas deberán desahogarse en un término no mayor de 30 días hábiles. Desahogadas las pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente en un plazo que no excederá de 60 días hábiles. Transcurrido este término sin que se hubiere dictado resolución, la reconsideración se tendrá por resuelta en favor del promovente. No se prorrogará el plazo para la presentación del recurso de reconsideración. ARTÍCULO 14. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología estará obligado a aguardar absoluta reserva respecto de la información tecnológica sobre los procesos o productos que sean objeto de los actos. convenios y contratos que deban registrarse. Dicha reserva no comprende los casos de información que sean del dominio público conforme a otras leyes o disposiciones reglamentarias, o la solicitada por autoridad judicial competente. CAPÍTULO Hl

De las causas de negativa de inscripción ARTÍCULO 15. La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial no inscribirá los actos, convenios o contratos a que se refiere el Artículo Segundo de esta Ley en los siguientes casos:

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I. Cuando se incluyan cláusulas, por las cuales al proveedor se le permita regular o intervenir directa o indirectamente en la administración del adquirente de tecnología. II. Cuando se establezca la obligación de ceder u otorgar la licencia para su uso a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos en que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente en el intercambio de la información. III. Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente. IV. Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras alternativas de consumo en el mercado nacional o internacional. V. Cuando se prohiba o limite la exportación de los bienes o servicios producidos por el adquirente de manera contraria a los intereses del país; VI. Cuando se prohiba el uso de tecnologías complementarias; VII. Cuando se establezca la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente; VIII. Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma permanente, personal señalado por el proveedor de tecnología; IX. Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa para lo producción nacional o para las exportaciones del adquirente; X. Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología a menos de que se trate de exportación, el adquirente lo acepte y se demuestre a satisfacción de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial que el proveedor cuenta con mecanismos adecuados de distribución o que goza del prestigio comercial necesario para llevar a cabo en mejores condiciones que el adquirente la comercialización de los productos; XI. Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos, o de los establecidos por las leyes aplicables; XII. Cuando no se establezca en forma expresa que el proveedor asumirá la responsabilidad, en caso de que se invadan derechos de propiedad industrial de terceros; y XIII. Cuando el proveedor no garantice la calidad y resultados de la tecnología contratada. ARTÍCULO 16. Tampoco podrán ser registrados los actos, convenios o contratos a que alude el artículo segundo en los siguientes casos:

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I. Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología proveniente del exterior y que ésta se encuentre disponible en el país. II. Cuando la contraprestación no guarde relación con la tecnología adquirida o constituya un gravamen injustificado o excesivo para la economía nacional o para la empresa adquirente; III. Cuando se establezcan términos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos términos podrán exceder de diez arios obligatorios para el adquirente; y IV. Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los actos, convenios o contratos, salvo los casos de exportación de tecnología nacional o de sometimiento expreso al arbitraje privado internacional, siempre que el árbitro aplique sustantivamente la Ley mexicana a la controversia, y de acuerdo a los convenios internacionales sobre la materia, suscritos por México. ARTÍCULO 17. En los casos previstos en los dos artículos que anteceden, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial a través del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología determinará de acuerdo a su criterio aquellas situaciones susceptibles de excepción atendiendo circunstancias de beneficio para el país. CAPITULO IV

De las sanciones ARTÍCULO 18. La persona que dolosamente proporcione datos falsos en declaraciones, con el propósito de inscribir el acto, convenio o contrato de que se trate, será sancionada con multa hasta por el monto de la operación o de hasta 10 000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, si la operación no es cuantificable. ARTÍCULO 19. Cuando exista un acto, convenio o contrato que siendo registrable no se presente ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, se aplicará multa hasta por el monto de la operación convenida o de hasta 10 000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, a juicio de la misma, dependiendo de la gravedad de la violación. Igual sanción se aplicará en aquellos casos en que, una vez inscrito el acto, convenio o contrato, no se notifique a dicha Secretaría sobre la modificación de las condiciones en que originalmente se inscribió. ARTÍCULO 20. Se aplicará multa hasta de 5 000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, en aquellos casos en que sin causa justificada las partes de los actos, convenios o contratos que

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regula el artículo segundo se nieguen a proporcionar información relativa a las atribuciones que le confiere a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial esta Ley. ARTÍCULO 21. La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se harán sin perjuicio de que se exija el debido cumplimiento de esta Ley, el pago de los derechos respectivos, de recargos en su caso, y de las penas que corresponda imponer a la autoridad judicial cuando se incurra en responsabilidad penal. ARTÍCULO 22. En el caso previsto por el Artículo 14, se aplicará al infractor una multa de hasta quinientas veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal y destitución de su cargo, sin perjuicio de las sanciones penales que le sean aplicables. ARTÍCULO 23. En cada infracción de las señaladas en esta Ley se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a las reglas siguientes. I. La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, al imponer la sanción, tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y grado de participación del mismo en el acto; así como la evitación de prácticas fraudulentas que originen que esta autoridad no pueda evaluar correctamente los términos de aquellos actos, contratos o convenios a ella sometidos para estudio o inscripción; II. La autoridad administrativa deberá conceder derecho de audiencia a los interesados y al dictar una resolución la fundará conforme a las normas legales vigentes; III. Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar la multa que individualmente se le imponga; IV. Cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones de esta Ley, sólo se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave; V. Cuando se estime que la infracción cometida_ es leve y que no ha tenido como consecuencia el dejar de cumplir las disposiciones legales de esta Ley o su Reglamento, se impondrá un mínimo de la sanción que corresponda, apercibiéndose al infractor o infractores, de que en caso de reincidir no podrán acogerse a los beneficios de esta fracción; VI. Cuando se deje de cumplir una disposición legal o reglamentaria por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los interesados al Notario Público o Corredor, en los actos o contratos que se hagan constar en escrituras públicas, minutas o pólizas, la sanción se impondrá a los propios interesados.

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CAPÍTULO V

Del recurso de revocación ARTÍCULO 24. En todo caso los interesados tendrán derecho de audiencia para oponer sus objeciones a las sanciones que se les impongan. La autoridad responsable deberá dictar su resolución sobre las mismas en un término de quince días contados a partir de la presentación. Si no se interpusiera el recurso correspondiente, dentro de un plaza de 15 días, la sanción se tendrá corno firme y no podrá ser recurrida ante ninguna otra autoridad.

TRANSITORIOS Primero: La presente Ley entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo: Se abroga la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972. Tercero: Las partes en los actos, convenios y contratos inscritos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, al amparo de la Ley que la presente abroga, podrán acogerse a esta Ley en lo que les favorezca, previo acuerdo de las partes. Cuarto: Por lo que hace a los expedientes en trámite, los interesados podrán acogerse a la presente ley o concluirlo en los términos de la anterior.

México, D. F., 29 de diciembre de 1981.—Marco Antonio Agui:ar Cortés, D. P.--Blas Chumacero Sánchez, S. P.—Silvio Lagos Martínez, D. S.—Luis León Aponte, S. S.—Rúbricas.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS (Publicada en "Diario Oficial de de febrero de 1976).

la

Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO: -El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Disposiciones Preliminares

Esta Ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales, los apoyos y facilidades respecto de los derechos mencionados solicitados por trabajadores, micro y pequeñas industrias; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha Ley otorga. ARTÍCULO 2. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será órgano de consulta en los términos de la Ley que lo creó así como las dependencias del Ejecutivo Federal cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lo considere conveniente. ARTÍCULO 1.

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TÍTULO PRIMERO PATENTES DE INVENCIÓN CAPÍTULO 1

Reglas Generales ARTÍCULO 3. La persona física que realice una invención o su causahabiente, tienen derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención, en los términos del artículo 80 de esta Ley. ARTÍCULO 4. Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley. También será patentable aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior. ARTÍCULO 5. Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible M público en el país o en el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente, para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada. ARTÍCULO 6. No constituye pérdida de novedad de la invención su divulgación anterior a la presentación de la solicitud, si tal divulgación resulta del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida, siempre que con anterioridad a su exhibición se depositen en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los documentos prevenidos por el reglamento y que la solicitud respectiva de la patente pe presente en la misma dependencia dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposición. ARTÍCULO 7. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, en la fecha a que se refiere el artículo 5 y habida cuenta del estado de la técnica, ella no resulta evidente para un técnico en la materia. ARTÍCULO 8. Una invención es susceptible de aplicación industrial, ,si se puede fabricar o utilizar por la industria.

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9. No son invenciones para los efectos de esta Ley:

I. Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos.

II. El descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre. III. Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; caracteres tipográficos; las reglas de juegos; la presentación de información y los programas de computación. IV. Las creaciones artísticas o literarias. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos. ARTÍCULO 10.

No son patentables:

I. Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención. II. Las aleaciones, pero sí lo serán los nuevos procesos para obtenerlas. III. Los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos o modificarlos. IV. Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que conforme el dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se considere que no afectan la seguridad nacional. En todo caso la Comisión se limitará a determinar si la invención sometida a su estudio puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la Comisión no cabe el recurso de reconsideración administrativa. V. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. VI. La aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria, y los inventos que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya conocidos con anterioridad, aun cuando dicho empleo sea nuevo. VII. Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la Ley, al orden público, la salud, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

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VIII. Los procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; bebidas y alimentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica. IX. Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades. X. Los productos químicos. XI. Los productos químico-farmacéuticos: los medicamentos en general; los alimentos y bebidas para consumo animal; los fertilizantes; los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas y los productos con actividad biológica. ARTÍCULO 11. Los titulares de las patentes podrán ser personas físicas o morales. ARTÍCULO 12. Se presume inventor a quien se ostente como tal en la solicitud de patente. El inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente o a oponerse a esta mención. ARTÍCULO 13. Las invenciones realizadas por quienes presten sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo se regirán en los términos del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento. CAPÍTULO II

Solicitud y expedición de las patentes ARTÍCULO 14. Para obtener el derecho de patente, deberá presentarse solicitud escrita en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se dé a la invención, así como los demás datos que prevengan esta Ley y su Reglamento. ARTÍCULO 15. La patente podrá ser solicitada por el inventor o por sus causahabientes. Si varias personas han hecho conjuntamente una invención en la tramitación del expediente sólo podrá actuar como representante común, la que se designe expresamente. De no hacerlo así, se entenderá como representante común, a la primera de las nombradas. ARTÍCULO 16. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, salvo los casos de excepción previstos por esta Ley y su Reglamento. ARTÍCULO 17. A la solicitud deberá acompañarse la descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, del proceso para su realización a una persona que posea pericia y conocimientos medios

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en la materia. Deberá asimismo indicar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.

La descripción deberá ir acompañada de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión. La descripción finalizará con una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción. ARTÍCULO 18. Presentada la solicitud y sus anexos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá requerir que se precisen o aclaren en lo que crea conveniente, de no cumplir con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. Los documentos aclaratorios por ningún motivo contendrán elementos que den mayor alcance a la invención a que se refiere la solicitud original, ya que en este caso será necesaria nueva solicitud y se perderá la fecha de presentación. ARTÍCULO 19. Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma establecidos por esta Ley y su Reglamento, por una sola vez se le otorgará al interesado un plazo de hasta 30 días para que la perfeccione, y de no hacerlo, se tendrá por no presentada, comunicándosele esta resolución. ARTÍCULO 20. Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se hará un examen de novedad de la invención, si el interesado lo solicita dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un ario de presentada la solicitud. De no recibirse esta petición se considerará abandonada de pleno derecho la solicitud. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el reglamento de esta Ley, determinará las áreas de la inventiva en las que, a solicitud del interesado, se podrá aceptar el examen de novedad realizado por oficinas de propiedad industrial distintas a la nacional, siempre y cuando aquéllas tengan carácter de oficinas examinadoras, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o se trate de exámenes practicados por la Oficina Europea de Patentes. En todo caso, se deberán presentar los exámenes de novedad debidamente aprobados, en idioma Español, con las constancias del examen y demás documentos que acrediten la realización del examen de novedad, conforme a los criterios establecidos por dichas oficinas examinadoras. En caso de que la oficina examinadora funcione conforme al sistema de oposición, el examen de novedad podrá ser aceptado solamente una vez que hayan transcurrido los plazos para presentar oposición o hasta que se hubiere resuelto definitivamente ésta.

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En todo caso, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establecerá el procedimiento mediante el cual se deberán tramitar las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior. Para la realización de los exámenes de novedad, se podrá solicitar el apoyo técnico de otras instituciones públicas nacionales especializadas. ARTÍCULO 21. Si del examen de novedad de la invención resulta la posible invasión, total o parcial, de derechos adquiridos por tercero o que aquella carece de novedad, se le hará saber por escrito al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga. Si omite hacerlo, la solicitud se considerará abandonada. ARTÍCULO 22. No podrán comprenderse en una sola patente invenciones distintas, entendiéndose como tales aquellas que sean susceptibles de explotación por separado o independientemente de la máquina, aparato o dispositivo del cual se trata de hacerles formar parte; pero sí podrán consignarse en una sola patente, diversas modalidades de algún conjunto o parte de una máquina o aparato, aun cuando solamente alguna de ellas pueda o deba usarse en combinación con éste, siempre que dicha máquina o aparato sea también invención del solicitante. ARTÍCULO 23. Una máquina y su producto deberán ser objeto de patentes independientes. ARTÍCULO 24. Un procedimiento y las máquinas o aparatos con que aquél se usen serán objeto de patentes independientes, salvo el caso de que tales máquinas o aparatos sean inherentes al procedimiento mismo y no susceptibles de aplicación general. En este caso podrán comprenderse en una sola patente, pero solamente quedarán amparadas en combinación con el procedimiento junto con el cual se patentan. ARTÍCULO 25. Un procedimiento y su producto, cuando éste sea patentable, pueden ampararse en una sola patente. ARTÍCULO 26. Un procedimiento en el que un producto necesite otro u otros procedimientos para su obtención, requiere dos o más patentes; pero si el producto resulta como consecuencia necesaria del procedimiento mismo bastará una sola patente. ARTÍCULO 27. Un dibujo o un modelo industrial y el procedimiento, máquina o aparato para obtenerlos, serán objeto de registro y patentes independientes. ARTÍCULO 28. Si a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la solicitud no satisface el requisito del artículo 16, el solicitante deberá dividirla en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, conservarán la fecha de prioridad reclamada en dicha solicitud inicial. Cuando una solicitud de patente tenga que dividirse, deberán presentarse las descripciones, reivindicaciones, planos y dibujos necesarios para cada patente, así como los certificados de prioridad reclamados,

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pero los nuevos planos, dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención presentada originalmente. Si en el transcurso del trámite de una solicitud de patente el interesado se percata de que la invención no es unitaria, podrá dividir voluntariamente dicha solicitud en los términos del párrafo anterior. Para que se reconozca como fecha de las nuevas solicitudes la de la solicitud inicial para que se reconozca el derecho de prioridad reclamado en dicha solicitud inicial, las mismas deberán presentarse antes de que la mencionada solicitud inicial haya sido resuelta en definitiva; es decir, concedida, negada o abandonada. ARTÍCULO 29. Cuando a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la invención sea nueva, pero no satisfaga alguno de los requisitos señalados en esta Ley y su Reglamento, se le comunicará por escrito al interesado para que dentro de un plazo de dos meses cumpla con los requisitos que le sean exigidos. Si no se satisfacen los requisitos exigidos en el párrafo anterior o hubieren sido cumplidos fuera del término, se negará la patente o se tendrá por abandonada, según el caso. ARTÍCULO 30. En caso de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial niegue la patente, lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión. En contra de la resolución anterior procede el recurso de reconsideración administrativa, siempre que se interponga por escrito ante la propia Secretaría dentro de los dos meses siguientes al día en que se notifique la resolución. Dicho recurso se substanciará en los términos del capítulo IV del título décimo de esta Ley. ARTÍCULO 31. Cuando proceda la expedición de la patente se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y cubra los derechos por expedición del título. Si no lo hace dentro de dicho término se tendrá por abandonado el trámite. ARTÍCULO 32. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por motivos justificados y cuando se le solicite antes de la expiración del plazo respectivo por una sola vez podrá conceder ampliaciones del mismo y hasta por un término igual a los establecidos en los artículos 18, 21, 29 y 31 de esta Ley. ARTÍCULO 33. Los títulos de las patentes serán expedidos en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e irán firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o por el funcionario en quien delegue esta facultad. ARTICULO 34. En el título se hará constar: número y clase de la patente; nombre de la persona o personas a quienes se concede; nom-

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bre del inventor o inventores, en su caso; plazo de vigencia; denominación que corresponda a la invención; fecha legal de la patente; la de la prioridad, en su caso, y la de expedición del título. ARTÍCULO 35. El título de la patente con un ejemplar de la descripción y dibujos, si los hubiere, constituirá el documento que acredite los derechos del titular. ARTÍCULO 36. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraerá a la de presentación en aquél en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales de los que sea parte o, en su defecto, dentro del ario de solicitada la patente en el país de origen. Para conceder este derecho de prioridad, deberán satisfacerse los requisitos siguientes: I. Que al solicitar la patente se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud. II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven de la presentada en el extranjero. Si se pretendieren mayores derechos que los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de la materia agregada se podrá solicitar un nuevo derecho de prioridad. III. Que dentro de los noventa días siguientes al de presentación de la solicitud, se llenen los requisitos que señalen los tratados internacionales de los que México sea parte, esta Ley y su Reglamento. IV. Que exista reciprocidad en el país de origen. CAPÍTULO III

Derechos que confiere la patente ARTÍCULO 37. Con las limitaciones previstas en esta Ley, la patente confiere a su titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento. La patente no conferirá el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado. La importación quedará sujeta a las disposiciones relativas en materia de comercio exterior. ARTÍCULO 38. El alcance del privilegio conferido por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos servirán para interpretarlas. ARTÍCULO 39. Los derechos que confiere una patente no producirán efecto alguno:

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I. Contra tercero que con fines de estudio, investigación científica o tecnológica, experimentales o recreativos, fabrique un producto o use un procedimiento igual o substancialmente igual al patentado. II. Contra cualquier persona que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, fabrique el producto o utilice el procedimiento objeto de la invención o hubiere hecho los preparativos necesarios para llevar a cabo tal fabricación o uso. III. Contra el empleo, a bordo de navíos de otros países, de los medios que sean objeto de patentes en el caso del navío, en las máquinas, aparejos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporalmente en aguas del país, siempre que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío. IV. Contra el empleo de los medios que sean objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporalmente en el país. ARTÍCULO 40. El plazo de vigencia de las patentes será de catorce arios improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente, el día y hora de la presentación de su solicitud. CAPÍTULO

IV

Explotación de las patentes ARTÍCULO 41. El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional. La explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de tres arios contados desde la fecha de expedición de la patente. ARTÍCULO 42. El titular de la patente deberá comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación. ARTÍCULO 43. Para los efectos de esta Ley, es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que corresponda a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio. Para comprobar la explotación industrial de las patentes, se deberán presentar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial las pruebas o demás elementos que se consideren necesarios de acuerdo a la frecuencia o naturaleza de la explotación de la invención de que se trate. La autoridad administrativa competente efectuará inspecciones en los casos en que lo juzgue conveniente.

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La importación del producto amparado por una patente o del producto fabricado con el procedimiento patentado, no se considerará explotación. ARTÍCULO 44. El titular de la patente podrá conceder licencia para su explotación mediante convenio celebrado legalmente. ARTÍCULO 45. Las licencias de explotación deberán ser aprobadas y registradas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los términos de la Ley sobre el control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. ARTÍCULO 46. Los derechos que confiere una patente podrán cederse o transmitirse en todo o en parte por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común. Para que la cesión o transmisión surtan efectos contra terceros, se requerirá su registro en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. Cuando dichas cesiones o transmisiones se efectúen por actos entre vivos solamente surtirán efectos si fueren aprobadas e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. ARTÍCULO 47. Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente, de conceder otras licencias ni de explotar simultáneamente la patente por sí mismo. ARTÍCULO 48. La patente caducará dentro del término de dos arios contados a partir de la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria, salvo que el titular compruebe satisfactoriamente ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la explotación de dicha patente en los términos establecidos en esta Ley. El pago de regalías derivado de una licencia obligatoria termina con la vigencia de la patente, ya sea que ésta caduque por alcanzar el término por el cual fue concedida, o bien por el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior. ARTÍCULO 49. Los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación que exprese el hecho de estar patentados y el número de la patente. Si los objetos no se prestaren a ello, dichos datos deberán aparecer en los envases o empaques de los productos. La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente, pero privará al titular de las acciones que le concede esta Ley. Cuando se trate de productos que impliquen la explotación de una invención, objeto de una solicitud de patente en trámite o pendiente, el solicitante tendrá el derecho de ejercitar las acciones a que se refiere el párrafo anterior, una vez que se haya concedido la patente respectiva, siempre y cuando haya empleado las leyendas "Patente en Trámite" o "Patente pendiente" o sus abreviaturas.

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CAPÍTULO V

Licencias Obligatorias y de Utilidad Pública ARTÍCULO 50. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 41, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotar una patente en los siguientes casos:

I. Cuando la invención patentada no haya sido explotada. II. Si la explotación de la patente ha sido suspendida por más de seis meses consecutivos. Cuando se trate de producción cíclica o estacional, la suspensión a que se refiere esta fracción se contará a partir de la fecha en que la empresa debió haber iniciado la elaboración del producto o la utilización del proceso, en razón del nuevo ciclo o estación. En caso de dudas respecto de dicha fecha, la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, consultará a la Dirección General de Industrias respectiva. III. Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional. IV. Cuando existan mercados de exportación que no estén siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportación. En los casos de las fracciones III y IV, antes de conceder la licencia, se dará oportunidad al titular de la patente para que corrija la insuficiente explotación de la misma, otorgándole el derecho preferente de ampliar su explotación para cubrir adecuadamente el consumo nacional o la demanda internacional. Para dicho efecto la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial le dará a conocer la solicitud de licencia obligatoria, a fin de que en un plazo de dos meses presente un programa de fabricación, en condiciones por lo menos similares a los programas presentados por quien solicite la licencia, y otorgue fianza para garantizar su cumplimiento. La Secretaría de Comercio y Fomento, Industrial podrá conceder por una sola vez y hasta por un término de otros dos meses, ampliación del plazo para presentar el programa de fabricación, si así lo solicita el interesado antes de la expiración dell término concedido en primer lugar. ARTICULO 51. El que solicite una licencia obligatoria deberá presentar un programa de fabricación y demostrar tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada. ARTÍCULO 52. Previa audiencia de las partes, la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico decidirá sobre el

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otorgamiento de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará conforme a la opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología, el término de su duración, las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente. Si dicha autoridad resuelve no concederla, dictará resolución la cual deberá ser notificada a las partes interesadas en los términos establecidos en esta Ley. En el caso de que se pida una licencia obligatoria existiendo otra, el titular de ésta deberá ser notificado y oído. ARTÍCULO 53. A petición del titular de la patente o del de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular cuando el titular de la patente conceda licencias contractuales en condiciones más favorables a las establecidas. ARTÍCULO 54. El titular de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de haberla obtenido y no podrá suspenderla por un periodo mayor de seis meses consecutivos. El licenciatario deberá comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación. De no cumplirse con lo dispuesto en este artículo procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente. ARTÍCULO 55. Las licencias obligatorias no serán exclusivas. Su titular no podrá cederlas sin autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ni conceder sublicencias sin esta autorización y el consentimiento del titular de la patente. ARTÍCULO 56. Por causas de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en cualquier tiempo, mediante declaración que se publicará en el Dianio Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante el otorgamiento de licencias de utilidad pública. Para el otorgamiento de estas licencias se procederá en los términos del artículo 52. Estas licencias serán intransmisibles. ARTÍCULO 57. En los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública, el titular de la patente deberá proporcionar a los licenciatarios, en todo caso, la información necesaria para explotación en los términos previstos por el artículo 17. El incumplimiento de esta obligación producirá la revocación de la patente. ARTÍCULO 58 El titular de una licencia contractual, obligatoria o de utilidad pública, quedará en libertad de adquirir la información tecnoló-

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gica que requiera para la explotación de la patente, de otras fuentes de información diferente del titular de la patente, sin que esto pueda ser causal de terminación o revocación de la licencia. CAPÍTULO

VI

Nulidad y Caducidad de las Patentes ARTÍCULO 59. Las patentes serán nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta Ley. Por tanto, serán nulas en los siguientes casos:

I. Si la invención no es patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. II. Cuando la invención que ampare no tenga novedad o aplicación industrial. III. Cuando amparen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes, pero será parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar. IV. Si la descripción de la invención o las reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley. V. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud. ARTÍCULO 60. La declaración de nulidad de una patente se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud de patente respectiva. ARTÍCULO 61. La declaración de nulidad de la patente, en los casos de que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación, observando el procedimiento establecido en el Título Octavo de esta Ley. La resolución administrativa se comunicará al titular de la patente y se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas. ARTÍCULO 62. Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público, al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas y en los demás casos establecidos en esta Ley. CAPÍTULO VII

Expropiación de las Patentes ARTÍCULO 63. Las patentes de invención podrán ser expropiadas por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, de conformidad con lo que al respecto establece la Ley de Expropiación.

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En el Decreto correspondiente se establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado mexicano o si cae bajo el dominio público. ARTÍCULO 64. Cuando se trate del invento de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo, o en general, de cualquier mejora en máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional, que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser conservada en secreto, y que por lo mismo sólo deba ser utilizada por el Estado, la expropiación, llevada a cabo con los mismos requisitos que establece el artículo anterior, no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el objeto u objetos producidos, aun cuando no hubieran sido patentados todavía, y, en estos casos, dichos objetos no caerán bajo en dominio público, sino que el Estado se hará dueño de ellos y de la patente correspondiente, en su caso. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no hará publicidad alguna en dichos objetos ni de las patentes que se expropien, en los casos a que este artículo se refiere. TÍTULO SEGUNDO

DE LOS CERTIFICADOS DE INVENCIÓN CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 65. Podrá obtenerse registro como certificado de invención respecto de cualquiera de las invenciones susceptibles de protegerse como patente. Dicho certificado otorgará los derechos que establece este capítulo. Además de las invenciones a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior, podrá otorgarse certificado de invención a:

I. Los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano. II. Los procedimientos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; alimentos y bebidas para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas y productos con actividad biológica. Estas invenciones serán registrables si reúnen, en lo conducente, los requisitos establecidos por los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, salvo que su publicación o explotación sean contrarias a la Ley, al orden público, a la salud, a la preservación del medio ambiente, a la seguridad pública, a la moral o a las buenas costumbres. ARTÍCULO 66. El certificado de invención que acreditará el registro será expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y firmado por éste o por el funcionario en quien delegue dicha facultad.

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En el certificado de invención se harán constar los datos a que se refiere el artículo 34 de esta Ley. ARTÍCULO 67. Los efectos del registro a que se refiere el artículo 65 durarán 14 años a partir de la fecha de su otorgamiento. Durante dicho plazo el titular del certificado de invención tendrá derecho a recibir una regalía de cada interesado que explote su invención dentro de la vigencia del registro. ARTÍCULO 68. Cualquier interesado podrá explotar una invención materia de este registro, previo acuerdo con el titular del certificado de invención sobre el pago de regalías y demás condiciones inherentes a la explotación de la invención. Dicho acuerdo, para surtir efectos, deberá ser aprobado e inscrito por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. ARTÍCULO 69. Si el titular del certificado de invención y el interesado en la explotación no llegaren a un acuerdo respecto al pago de regalías y demás condiciones pertinentes, la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico a solicitud del Interesado los citará a una audiencia de avenimiento. Si las partes no se pusieren de acuerdo o si el titular del certificado, de invención no asistiere, se turnará el asunto a la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, la que previa audiencia de las partes podrá autorizar la explotación y fijar e/ pago de las regalías y las demás condiciones que la regirán. Si el titular del certificado no concurriere, resolverá con los elementos de que se disponga. Si el que no compareciere fuese el interesado, se le conside, rará desistido de su solicitud. La resolución de la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología surtirá efectos de autorización para explotar la invención de que se trate y desde su fecha se iniciará el plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 67. Dicha resolución será notificada a las partes, enviándose copia a la, Dirección General de Invenciones y Marcas para que tome nota de ella. ARTÍCULO 70. Los contratos y las autorizaciones de explotación a que se refieren los artículos anteriores no serán exclusivos. Tendrán, el carácter de intransferible, salvo que se hubiere pactado lo contrario,, o que, a falta de acuerdo, se autorice la transmisión por la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, siguiéndose, en lo conducente, el procedimiento dispuesto por el artículo, anterior. ARTÍCULO 71. El titular del certificado de invención podrá explotar la invención por sí mismo. ARTÍCULO 72. Para fijar el pago de regalías por la explotación de una invención registrada se tomará en cuenta la circunstancia de que et

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titular del certificado de invención se obligue a proporcionar la asistencia técnica necesaria y la duración y alcance de ésta. ARTÍCULO 73. El titular del certificado de invención deberá proporcionar, en todo caso, la información necesaria para la explotación de su invención, conforme a lo previsto por el artículo 17 de la Ley. El incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia la revocación del certificado y la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. ARTÍCULO 74. Los contratos y las autorizaciones de explotación podrán tener por objeto los derechos derivados de una solicitud de registro. En estos casos tales contratos y autorizaciones se entenderán sujetos a condición resolutoria. En tal virtud si la solicitud de registro fuere negada o abandonada, los contratos o las autorizaciones respectivas quedarán sin efecto, debiendo restituirse los pagos hechos por la explotación de la invención a que se refiere la solicitud negada o abandonada. ARTÍCULO 75. Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 67 o si es declarado nulo o es cancelado el registro cesarán los efectos de éste y las invenciones a que se refiere podrán explotarse libremente sin obligación de efectuar ningún pago. ARTICULO 76. El registro será nulo y no producirá efecto alguno si la invención materia del mismo no es registrable, siendo aplicable en lo conducente las disposiciones que regulan la nulidad de las patentes. ARTÍCULO 77. Cuando un tercero explote una invención registrada en los términos de este título sin haber llegado a un acuerdo con el titular del certificado de invención ni obtenido la autorización a que se refiere el artículo 69, dicho titular tendrá los derechos que esta otorga 31 titular de una patente por la invasión de sus derechos. ARTÍCULO 79. Son aplicables en lo conducente, los artículos 14 a 26 y 28 a 32 de esta Ley al procedimiento para el registro establecido en .este título. Los solicitantes de un registro tendrán el derecho de prioridad que establece el artículo 36 de esta Ley, que se aplicará en lo conducente. Los contratos y las autorizaciones para la explotación de una inven•ción registrada podrán ser modificados en los casos previstos por el .artículo 53 de esta Ley. Son aplicables a la transmisión de certificados de invención, las disposiciones establecidas en materia de patentes. Por lo que se refiere a la aprobación e inscripción de contratos y autorizaciones para la explotación de invenciones registradas, y a su modificación son aplicables en lo conducente, las disposiciones de la Ley sobre el Registro Control y Transferencia de Tecnología y el Uso -y Explotación de Patentes y Marcas.

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Las resoluciones que dicte la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, serán recurribles en los términos

de dicha Ley. Serán aplicables a los derechos derivados de los certificados de invención, en lo conducente, los artículos 59 al 64 de esta Ley. ARTÍCULO 80. Cuando una invención sea patentable conforme a lo dispuesto por esta Ley, el inventor o su causahabiente podrán optar por solicitar una patente u obtener un certificado de invención. El solicitante de una patente de invención, o su causahabiente, podrá! también transformar la solicitud de patente en una solicitud de registro. de invención si lo pide por escrito y declara expresamente su voluntad

en el sentido de sujetarse al régimen establecido por este título. La solicitud de transformación a que se refiere el párrafo anterior,. sólo será admitida mientras no se haya resuelto en definitiva la solici-

tud de patente.

TÍTULO TERCERO

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 81. Serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales. El registro concederá a su titular el derecho de uso exclusiva

por el término de siete arios improrrogables, contados a partir de la fecha del registro.

ARTÍCULO 82. Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con

fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

ARTÍCULO 83. Se entiende por modelo industrial toda forma plástica

sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. ARTÍCULO 84. Las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales deberán contener los mismos datos que las de patentes y a las mismas se anexarán: 1. (Reformada por el Artículo Primero del Decreto de 29 de diciembre de 1986, publicado en "Diario Oficial" de 16 de enero de 1987, en vigor al día siguiente, para quedar como sigue) : que

I. Una reproducción gráfica o fotográfica del objeto de la solicitud o los dibujos correspondientes. II. La indicación del género o de los géneros de productos para los

cuales se utilizará el dibujo o modelo.

ARTÍCULO 85. Serán aplicables a los dibujos y modelos industriales, en lo conducente, las disposiciones sobre patentes en relación a la nove-

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dad, aplicación industrial, invenciones de trabajadores, descripción, examen, publicación, derechos, transmisiones, nulidad, caducidad y protección legal. Los solicitantes gozarán del derecho de prioridad que establezcan los tratados internacionales de los que México sea parte, aplicándose en lo conducente las disposiciones del artículo 36 de esta Ley. ARTÍCULO 86. La protección que otorga esta Ley a los dibujos y modelos industriales, serán sin perjuicio de la que otras leyes puedan conceder a su autor. TÍTULO TERCERO BIS CAPÍTULO ÚNICO Fomento a las Invenciones de Aplicación Industrial

ARTÍCULO 86-A. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico y en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico, tendrá las siguientes atribuciones: I. Registrar, por conducto de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, el programa específico de desarrollo tecnológico autorizado y llevar el registro de las empresas tecnológicas a que se refiere el artículo 22 de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico. II. Administrar, difundir y mantener actualizado, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el banco de patentes. III. Difundir el acervo tecnológico contenido en los documentos de patentes con las limitaciones establecidas por este ordenamiento. IV. Promover la explotación de patentes que caigan dentro del dominio público. V. Difundir el conocimiento del sistema nacional de invenciones y marcas y fomentar su utilización. VI. Organizar, coordinar y fomentar las acciones que tiendan a estimular la inventiva nacional, principalmente a través de: a) La realización de certámenes, concursos, seminarios y publicaciones que tengan por objeto estimular la inventiva nacional. b) La promoción para el otorgamiento de medios preferenciales para el desarrollo de prototipos de invenciones generadas por la inventiva de personas físicas o por las que se den en las micro y pequeñas industrias, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

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VII. Promover ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los programas para la capacitación de los trabajadores en materia de

invenciones y auxiliar a dicha dependencia en esta materia. VIII. Apoyar y orientar a los inventores y trabajadores que deseen presentar solicitudes en los términos de esta Ley y de la fracción III del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. IX. Apoyar la creación y fortalecimiento de agrupaciones de inventores cuyos trabajos se vinculen a las prioridades establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico y demás programas relacionados con esta materia. X. Organizar, para los efectos de esta Ley, el registro de inventores y de sus agrupaciones. ARTÍCULO 86-B. Para el otorgamiento de los medios preferenciales previstos en el inciso b) de la fracción VI y para los efectos de la fracción VIII, ambas del artículo precedente, se requerirá que las personas físicas o morales que pretendan tal beneficio, obtengan su registro en los términos del mismo artículo y que la invención de que se trate se refiera a alguna de las prioridades señaladas en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico o en los demás programas relacionados con esta materia. ARTÍCULO 86-C. Las solicitudes de registro de patentes, de certificados de invención y de dibujos o modelos industriales, que se refieran a alguna de las prioridades establecidas en los programas aludidos en la fracción X del artículo 86-A, presentadas por inventores aislados, por trabajadores que se encuentren en la hipótesis de la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, o por micro y pequeñas industrias, cuyos solicitantes requieran orientación para presentarlas debidamente cumplimentadas, bastará con que las depositen ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, mediante una promoción en la que se contenga: A) La petición formal de orientación. B) El nombre de la invención. C) Un resumen de la misma; y

D) En su caso, el dibujo o fotografía del invento.

Este depósito será temporal y salvaguardará los derechos inherentes a la invención por lo que toca a su novedad y fecha legal. El carácter prioritario o no de estas invenciones será determinado por la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico en un plazo no mayor de quince días contados a partir de la fecha de su presentación.

ARTÍCULO 86-D. El depósito mencionado en el artículo anterior tendrá una vigencia improrrogable de seis meses, contados a partir de la

fecha de su presentación. Dentro de este plazo la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico prestará al solicitante

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la orientación necesaria para la debida cumplimentación de la solicitud en los términos de esta Ley y su reglamento. Si dentro del plazo a que se refiere este artículo no se presenta una solicitud debidamente cumplimentada, el depósito quedará sin efecto, lo que se comunicará al interesado. TÍTULO

CUARTO

MARCAS CAPÍTULO I

Definiciones y Materia de Registro ARTÍCULO 87. Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie. ARTÍCULO 88. El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ARTÍCULO 89. Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicio debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por si sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste. ARTÍCULO 90. Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente. ARTÍCULO

91. No son registrables como marca:

I. Las denominaciones y signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción 1 del artículo anterior.

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II. Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos. III. La figura de los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente. IV.

La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por

la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial. V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las caulidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad,, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios. VI. Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Se considera número aislado el compuesto por uno o más dígitos expresados numéricamente o con letra. VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente. IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas con-, memorativas. X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros, premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente. XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

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XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la Ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad. XIV. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario. XV. Los mapas, sin embargo, podrán usarse como elemento de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen, siempre que en este país estuviesen registrados. XVI. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar. XVII. Las denominaciones o signos que, conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar. XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas. XIX. Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error. XX. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables. XXI. Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento

expreso de éste. XXII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente,

aplicada a los mismos, o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servi-

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cios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad. ARTÍCULO 92. Cuando el registro se solicite por persona distinta del titular de una marca registrada, para artículos o servicios similares a los que ésta proteja y, a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial pudiera causar confusión en los consumidores, se negará el registro si procede una vez desahogado el trámite a que se refiere el articulo 106. ARTÍCULO 93. El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un ario de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del arlo siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse previamente, la nulidad de éste. ARTÍCULO 94. Las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento. Cualquier diferencia respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ARTÍCULO 95. Una vez efectuado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse la protección a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Para proteger ulteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario un nuevo registro. ARTÍCULO 96. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá declarar ligados, para efecto de su transmisión, los registros de las marcas de un mismo titular, cuando sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien semejantes en grado de confusión y amparen los mismos o similares productos o servicios. ARTÍCULO 97. Cuando el titular de los registros de dos o más marcas ligadas considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona para los productos que dicha marca ampara, podrá solicitar que sea disuelta la relación establecida. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial resolverá en difinitiva lo que proceda. ARTÍCULO 98. La caducidad, extinción, nulidad o cancelación del registro de una marca registrada, no afectará la validez de otras marcas

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registradas semejantes, que conserven su vigencia, aun cuando estén ligadas para el efecto de su transmisión en los términos de esta Ley. ARTÍCULO 99. Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de ese plazo serán improcedentes. El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de esta Ley, ni obliga a la autoridad a conceder la marca. CAPÍTULO II

Trámite del Registro de Marcas ARTÍCULO 100. La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por escrito, en el que se hará constar la denominación de la marca o su condición de innominada o de mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación del establecimiento o del principal si tiene varios; la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, así como los demás datos que prevenga el reglamento. A la solicitud se acompañará:

I. La descripción de la marca, que terminará con las reservas que de ella se hagan con arreglo a las disposiciones reglamentarias. II. Los ejemplares de la impresión de la marca con las características que establezca el reglamento. III. Cuando la marca en su descripción, mencione colores, tipo o tamaño especial de letras, y se reserven éstos, se exhibirán además los marbetes o etiquetas de la marca, en la forma en que ésta vaya a usarse. Deberán coincidir la descripción de la marca, las reservas y las etiquetas o marbetes presentados. ARTÍCULO 101. En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción, deberán especificarse los productos o servicios que protegerá. Podrá sin embargo solicitarse para todos los productos o servicios de una clase. Cuando se trate de productos o servicios no clasificados siempre deberán especificarse.

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No podrán comprenderse en una sola solicitud productos o servicios que pertenezcan a clases distintas. ARTÍCULO 102. Al solicitarse el registro de una marca no podrán reservarse elementos que no aparezcan en los ejemplares exhibidos. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca sin denominación, tampoco deberán aparecer palabras en la etiqueta que constituyan o puedan constituir una marca; o palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público consumidor. ARTÍCULO 103 Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de ésta y de los documentos exhibídos, para comprobar si se reúnen los requisitos que previenen esta Ley y su reglamento. ARTÍCULO 104. Si la solicitud a los documentos exhibidos no se encontraren en regla, se le hará saber al solicitante para que los modifique. No se permitirá que en los nuevos documentos se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibidos, ni adiciones o modificaciones en las cláusulas de las reservas, en forma tal que las hagan aparecer distintas en esencia de como fueron presentados originalmente. Los nuevos documentos se exhibirán en el plazo que al efecto señale la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual no excederá de dos meses. Si cumplido este plazo no se presentaron correctamente, se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha de presentación. ARTÍCULO 105. Satisfechos los requisitos legales se procederá a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos. ARTÍCULO 106. Si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos, o servicios, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91, en grado tal que pudieran confundirse, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante, indicándole las anterioridades existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo que al efecto se señale, el cual no será menor de 15 ni mayor de 45 días. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido se considerará abandonada su solicitud y perderá la fecha legal. ARTÍCULO 107. Si el interesado modifica la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, se continuará el trámite respectivo. Lo mismo se hará si los argumentos del interesado inducen a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a concluir que no existe posibilidad de confusión. Fuera de estos supuestos se negará de plano el registro.

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Si la modificación propuesta constituye una sustitución de la marca solicitada, se sujetará a nuevo examen, en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este examen se encontrare otra marca igual o semejante, ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91, se negará el registro. ARTÍCULO 108. Si alguno de los registros marcarios citados como anterioridad, respecto a una solicitud de registro, se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado, o de oficio, será suspendido el trámite de su solicitud, hasta que se dicte la resolución correspondiente. Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay otra razón que lo impida. ARTÍCULO 109. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título. De no cubrirse los derechos dentro del plazo que al efecto se señale, que no podrá ser menor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada, de pleno derecho, la solicitud. Hasta antes de requerir el pago de derechos la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá comunicar al interesado cualquier requisito u obstáculo para el registro, derivado de los exámenes a que se refieren los artículos 103 y 105 de esta Ley o por causa superveniente. ARTÍCULO 110. El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y será firmado por éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad. ARTÍCULO 111. En los títulos se hará constar: número de la marca, fecha legal del registro y la prioridad en su caso; fecha de expedición del título; nombre del titular y ubicación del establecimiento principal del mismo. Al título se anexará un ejemplar de la descripción y reserva así como el de la reproducción de la marca, marbete o etiqueta exhibida al solicitarla. CAPÍTULO III

Vigencia de las Marcas ARTICULO 112. Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por periodos de cinco arios, de reunirse los re-

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quisitos establecidos en la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación. ARTÍCULO 113. La marca cuyo registro se pida en México dentro de

los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero, siempre que ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho. Para obtener este derecho de prioridad, deberá manifestarse en la solicitud la fecha en que fue depositada en el extranjero. La solicitud de prioridad no deberá comprender productos o servicios que no fueron objeto de la solicitud de registro en el extranjero.

ARTÍCULO 114. Para obtener la prerrogativa que establece el artículo anterior, se deberá comprobar dentro de los tres meses de haber solicitado el registro de la marca en México, que ésta fue presentada en el país de origen dentro de los seis meses anteriores, por medio de una copia certificada expedida por las autoridades competentes del Estado de que se trate y ulteriormente demostrar que fue registrada en ese país. I Lo previsto en este artículo será sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales sobre la materia, de los cuales México sea

signatario, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en ellos. CAPÍTULO IV

Uso de las Marcas ARTÍCULO 115. La marca debe usarse tal y como fue registrada. Su uso en forma distinta, traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente. Toda modificación será motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca. ARTÍCULO 116. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá establecer, mediante declaratoria y oyendo previamente al presunto afectado y a los organismos representativos de los sectores interesados, que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular, que en uno y otro caso sean sustancialmente iguales, esto es, que sólo difieran en características accidentales. ARTÍCULO 117. El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo

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de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres arios siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente. ARTÍCULO 118. Para efectos de esta Ley se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta y comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación. ARTÍCULO 119. Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marc. reg." o las siglas "M.R.". La omisión de dicha leyenda no afectará la validez de la marca, sin embargo, mientras la omisión subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal. Tratándose de marcas de servicios esta leyenda deberá aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten los servicios, como en aquellos medios capaces de presentarla gráficamente. ARTÍCULO 120. En los productos de elaboración nacional deberá indicarse la ubicación de la fábrica o lugar de producción. Cuando dichos productos se fabriquen también en el extranjero, tal indicación será la que corresponda al territorio nacional. ARTÍCULO 121. Los productos nacionales en los que se utilicen marcas registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México". Los productos de exportación deberán ostentar, además la contraseña que, en su caso, establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la forma y dimensiones que se fijen. La omisión de la leyenda y contraseña mencionadas, ameritarú las sanciones correspondientes: ARTÍCULO 122. Las indicaciones a que se refieren los artículos anteriores, además de figurar en los productos, deberán aparecer también en las etiquetas y en los empaques o envases en que se contengan al expenderse al público, o sólo en estos últimos cuando la naturaleza de los productos no pudieran insertarse en ellos. ARTÍCULO 123. Cualquier indicación en productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, relativa a registros en otros países o a leyendas en idiomas extranjeros, así como la inserción de falsas indicaciones de procedencia, se considerará como tendiente a inducir al público en error y ameritará sanción administrativa. ARTÍCULO 124. Las leyendas de las marcas de productos nacionales destinados exclusivamente a exportación, podrán redactarse en cual-

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quier idioma. El uso de ellas dentro del territorio nacional, hará incurrir al responsable en las sanciones que señale esta Ley. ARTÍCULO 125. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio. También, por las mismas razones, podrá dicha Secretaría prohibir el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, en los siguientes casos: I. Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios. II. Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes o servicios; y III. Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población. ARTÍCULO 126. Quienes vendan artículos de origen extranjero con marcas en las que se indique que están registradas, sin haberlo sido en México, aun cuando efectivamente lo estén en otro país deberán indicar claramente el lugar de registro. De no hacerlo así, incurrirán en las sanciones que establece esta Ley. ARTÍCULO 127. Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, podrá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México. Para los efectos de la comprobación de uso y la renovación previstas en esta Ley, los titulares de marcas vinculadas darán aviso a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. ARTÍCULO 130. Cuando sean varias las personas o empresas que estén usando la marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto, podrán ponerse de acuerdo o asociarse para usar la misma marca vinculada. ARTÍCULO 131. Para los efectos de los artículos 127 y 128 el carácter de mexicano o de extranjero se determinará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. ARTÍCULO 132. Cuando las prácticas a que se refieren las fracciones I y II del Artículo 125 sean el resultado de la actividad, no de un sector, sino de una empresa en particular, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de las marcas registradas asociadas con las prácticas mencionadas, así

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como cuando la autoridad laboral o judicial lo solicite por ser la marca requisito indispensable para mantener en operación la unidad económica de que trate. Previa audiencia de las partes, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fijará las regalías que correspondan al titular de la marca objeto de la licencia obligatoria. ARTÍCULO 133. A ninguna persona física o moral podrá negarse el derecho de aplicar su nombre propio a los productos que elabore o distribuya o a los servicios que preste, con tal que lo apliquen en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca; ni el de un nombre comercial, siempre que esté publicado en los términos de esta Ley, con anterioridad a la fecha legal de una marca en que aparezca ese nombre. Tales supuestos no obligan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a conceder el registro como marca. CAPÍTULO V

Usuarios Autorizados ARTÍCULO 134. El titular de una marca registrada podrá autorizar a una o más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, en las condiciones que se estipulen, siempre y cuando se ajusten al contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes. ARTÍCULO 135. Para inscribir a una persona a título de usuario autorizado de una marca en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Teconológico aquella y el titular deberán solicitarlo por escrito en el cual manifestarán:

I. El nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario. II. Los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del usuario autorizado. III. La duración del uso autorizado de la marca. IV. Los demás datos que prevenga el reglamento. A la solicitud deberá acompañarse una constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en la que se acreusuario autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho Registro. ARTÍCULO 136. El uso autorizado de una marca se equiparará al efectuado por el titular de la misma, para todos aquellos efectos a que dite que la marca en relación con la cual se solicita la inscripción de haya lugar.

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El usuario registrado podrá tomar las medidas legales tendientes a impedir la fabricación o uso ilegal de la marca. ARTÍCULO 137. Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario, deberán ser de calidad, forma y naturaleza, equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante. Además esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre y demás datos del usuario autorizado y del establecimiento respectivo. ARTÍCULO 138. La inscripción de usuario de una marca será cancelada: I. Cuando la inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. II. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario. III. Por mandato judicial. CAPÍTULO VI

Renovación del Registro de Marcas ARTÍCULO 139. La renovación del plazo inicial de duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de los ulteriores, deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo. Podrá, sin embargo presentarse esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir del vencimiento de cada plazo. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud caducará de pleno derecho el registro de la marca. ARTÍCULO 140. La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo; es decir, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare, comprobación que se efectuará independientemente de la señalada en el artículo 117 de la Ley. Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios bastará, para que proceda la renovación de todos los registros, que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases. CAPÍTULO

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Transmisión de los Derechos ARTÍCULO 141. Con las limitaciones que esta ley previene, las marcas registradas pueden transmitirse por los medios y con las formalidades que establece la legislación común, pero su transmisión no producirá

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efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. ARTICULO 142. La transmisión de las marcas registradas no surtirá efectos contra terceros si no se registra en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. Este registro se efectuará a solicitud de nuevo titular o por mandato judicial, previa comprobación de la renovación del registro de la marca. ARTÍCULO 143. No se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, sino cuando se transfieran todas ellas a la misma persona. ARTÍCULO 144. Cuando se solicite el registro de la transmisión de una marca de la que haya habido transmisiones anteriores no registradas deberán comprobarse y registrarse también las intermedias. En el expediente de su marca se anotarán todas las transmisiones efectuadas. ARTÍCULO 145. No se registrará la transmisión de una marca que aparezca haberse registrado en contravención a lo dispuesto por la ley vigente al efectuarse su registro o que deba ser considerada nula de conformidad con esta ley. Para este efecto antes de registrar la transmisión se examinará el expediente respectivo y si se encuentra comprendida la marca en el caso citado, de oficio se iniciará el procedimiento de nulidad. ARTÍCULO 146. Cuando se pretenda registrar cualquier acto relacionado con una solicitud de marca, una marca, su uso o transmisión, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá denegarlo si considera que afecta al interés público. CAPÍTULO VIII

Nulidad, Extinción y Cancelación del Registro ARTÍCULO 147. El registro de una marca es nulo:

I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o de la vigencia en la época de su registro. II. Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró. III. Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro y reciprocidad al respecto.

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IV. Cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas. V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas. VI. Cuando por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares. VII. Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe. La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII, podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en las fracciones IV y VI, en un plazo de tres arios; la fundada en la fracción II, en un plazo de un ario y la fundada en la fracción III, en un plazo de seis meses. Los plazos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas. ARTICULO 148. Caducarán de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven en los términos del Capítulo VI del presente Título Cuarto de Esta Ley. ARTÍCULO 149. Además de los casos establecidos en esta Ley, procederá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distinta, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique. Al efecto se observará el procedimiento marcado en el Título Octavo de la presente Ley y la denominación de que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el Diario O f icial de la Federación la declaratoria correspondiente. ARTÍCULO 150. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir la ratificación de la firma si lo considera necesario. El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país.

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ARTÍCULO 151. La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. TÍTULO QUINTO

DENOMINACIONES DE ORIGEN CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO

152. La protección que esta Ley concede a las denomina-

dones de origen se inicia con la declaración de la Secretaría de Comer-

cio y Fomento Industrial. El uso ilegal de la misma será sancionado, .incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", imitación" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. ARTÍCULO 153. La declaración general de protección a una denominación de origen, será hecha por la Secrétaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico: I. Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la .extracción, producción o elaboración del o de los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores. III. Las entidades o dependencias del gobierno federal y de los gobiernos de los Estados. ARTÍCULO 154. La solicitud de declaración general de protección a una denominación de origen se hará por escrito, al que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en el que se expresará lo siguiente:

•

I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es una persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica. II. Interés jurídico del solicitante. III. Nombre de la denominación de origen y producto que se pretende proteger. IV. Descripción detallada de los productos que protegerá la denominación, incluyendo sus características, componentes o forma, proce-

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dimiento de extracción, elaboración o fabricación y, cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto se señalarán las normas a que deberán sujetarse la extracción, elaboración o fabricación del mismo. V. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen, con una descripción o delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas. VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, produeto y territorio, según sea el caso. VII. Los demás que considere necesario o pertinente el solicitante. ARTÍCULO 155. Recibida la solicitud por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y enterados los derechos por concepto de estudio de la misma, se efectuará el examen de los documentos exhibidos. Si a juicio de dicha Secretaría los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resulten insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se hará saber al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo improrrogable que no excederá de tres meses. Si el solicitante no cumple oportunamente con lo dispuesto por este artículo, la solicitud se considerará abandonada, pero la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá continuar de oficio la tramitación del expediente, si lo estima pertinente, observando al efecto el procedimiento que marcan los siguientes inmediatos artículos. ARTÍCULO 156. Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud. El procedimiento que de oficio inicie la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para declarar la protección a una denominación de origen, comenzará con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un extracto de las menciones y requisitos establecidos en las fracciones II a la VII del artículo 154 de esta Ley. En el extracto mencionado se señalará un plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule las observaciones u obtenciones que estime procedentes y aporte al mismo tiempo las pruebas pertinentes. ARTÍCULO 157. Para los efectos de este capítulo se admitirá toda clase de pruebas, con excepción de la confesional y la testimonial. La pericial corresponderá a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá realizar en cualquier tiempo antes de la declaración definitiva, las investigaciones

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que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios. ARTÍCULO 158. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 156, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución definitiva en los términos de este capítulo. Contra dicha resolución no procederá recurso administrativo alguno. ARTÍCULO 159. La declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que otorgue la protección a una denominación de origen, determinará en definitiva los elementos y requisitos previstos en el Artículo 154 de esta Ley y se publicará en los términos establecidos en el Artículo 156. ARTÍCULO 160. El plazo de vigencia de la declaración de protección a una denominación de origen, será aquel en que subsistan las condiciones determinantes que la motivaron. Sólo dejará de surtir efecto por declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. ARTÍCULO 161. Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 155 al 158. La solicitud relativa deberá expresar lo exigido por las fracciones I a III del Artículo 154 y un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que la motivan. ARTÍCULO 162. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. ARTÍCULO 163. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración general de protección en los términos de esta Ley, para obtener su protección internacional conforme a los tratados sobre la materia. ARTÍCULO 164. El derecho a usar una denominación de origen, deberá ser solicitada ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La autorización se concederá a toda persona física o moral que reúna los siguientes requisitos: I. Que directamente se dedique a lá extracción, producción o elaboración del o de los productos protegidos por la denominación de origen. II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración general. III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes apli-

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cables, respecto a los productos de que se trate y aquellas otras que en forma expresa se señalen en la declaración general. IV. Los demás que se señalen en la declaración general. ARTÍCULO 165. En la solicitud para obtener el derecho a usar una denominación de origen se expresará:

I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es una persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y actividades a que se dedica. II. Lugar en que el solicitante realiza la extracción, producción o elaboración del producto. No podrá usarse el nombre de tequila cuando se envase por personas que carezcan de la materia prima en razón de la cual se autorizó tal denominación de origen, salvo que se demuestre que el producto a envasar se elaboró con dicha materia prima. III. Forma en que el solicitante cumple con los requisitos .y condiciones establecidos para poder ser titular del derecho de uso de la denominación de origen, en los términos de la declaración general. IV. Todo aquello que se señale en la declaración general. ARTÍCULO 166. Al recibir la solicitud de registro de usuario de una denominación de origen, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá en los términos previstos por el artículo 155 de esta Ley. Cuando los documentos presentados llenen los requisitos legales, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial resolverá lo que proceda. ARTÍCULO 167. Los efectos del registro del derecho a usar una denominación de origen durarán cinco arios, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Este plazo podrá renovarse por periodos iguales, sujeto a la comprobación de que el interesado continúa cumpliendo con las condiciones y requisitos que fueron determinantes para otorgarle el registro de usuario y al pago de los derechos correspondientes. ARTÍCULO 168. El usuario de una denominación de origen está obligado a utilizarla como aparece protegida en la declaración general. Se exceptúan las modificaciones que no alteren o afecten su identidad. De no utilizarla en la forma establecida, procederá la revocación de la autorización. ARTÍCULO 169. El derecho a usar una denominación de origen podrá ser transmitida en los términos de la legislación común. Dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la denominación de origen.

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ARTÍCULO 170. El usuario de una denominación de origen podrá otorgar licencia de uso únicamente a quienes distribuyan o vendan sus productos. El convenio de licencia surtirá efectos a partir de su aprobación y registro por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En todo caso el convenio incluirá una cláusula que establezca expresamente que el licenciatario únicamente podrá utilizar la denominación de origen acompañada de una marca registrada cuyo titular sea el licenciante y que haya sido explotada en forma efectiva por este último, dentro del territorio nacional. ARTÍCULO 171. El registro de usuario de una denominación de origen termina por:

1. Nulidad en los siguientes casos: a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley. b) Cuando se otorgue atendiendo a declaraciones o indicaciones falsas. II. Caducidad, cuando el registro no se remueve oportunamente. III. Extinción en los siguientes casos: a) Cuando el usuario registrado no utilice la denominación de origen dentro del plazo de un ario, contado a partir de la fecha en que se concedió la autorización. b) Cuando suspenda dicha utilización por más de un año consecutivo. ARTÍCULO 172. Las declaraciones administrativas previstas en este capítulo, en relación a la terminación de la vigencia de la declaración general de protección a una denominación de origen o de registro de un usuario de la misma, se hará por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal. ARTÍCULO 173. Además de las publicaciones que en forma expresa están previstas en este capítulo, se publicarán en la Gaceta de Invenciones y Marcas las declaraciones que haga y autorizaciones que conceda la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como cualquier acto que modifique o dé por terminada la vigencia o efectos de los derechos concedidos en materia de denominaciones de origen.

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TÍTULO SEXTO

AVISOS COMERCIALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 174. Toda persona que para anunciar al público en establecimiento o negociación comercial, industrial o de servicios o determinados productos, haga uso o quiera usar oraciones o frases que los distinga fácilmente de los de sus especies, puede adquirir el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto. Esta clase de registro se regirá, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas. ARTÍCULO 175. Los efectos del registro de un aviso comercial durará diez arios. Al terminar el plazo caerá de pleno derecho bajo el dominio público, y en consecuencia no podrá volver a ser registrado como aviso. ARTÍCULO 176. Para obtener el registro de un aviso comercial se presentará a la Secretaría competente una solicitud escrita, por duplicado, incluyendo los datos y satisfaciendo los requisitos de forma que prevenga el Reglamento de esta Ley". ARTÍCULO 177. Cuando un aviso comercial tenga por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro. No podrán comprenderse dentro de un mismo registro, productos o servicios que pertenezcan a dos o más clases, según la clasificación que establezca el registro. ARTÍCULO 178. Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o institución, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el reglamento. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aun cuando con ellos esté relacionado dicho establecimiento, sino simplemente a éste. TÍTULO SÉPTIMO

NOMBRES COMERCIALES CAPÍTULO ÚNICO

ARTICULO 179. El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y tomando en cuen-

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ta, la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores. ARTÍCULO 180. Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo. "ARTÍCULO 181. La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito a la Secretaría competente, acompañada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, quien deberá demostrar la utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro determinado". ARTÍCULO 182. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de novedad a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o una marca de servicio registrada idéntica o semejante que pudieran confundirse con la denominación o el giro de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial. ARTÍCULO 183. No podrán publicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta Ley. ARTÍCULO 184. Los efectos de la publicación de un nombre comercial durará cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración. La solicitud de renovación deberá presentarse dentro del último semestre de cada periodo. De no solicitarse cesarán los efectos de la publicación. En casos excepcionales y cuando se justifique, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá conceder un plazo de gracia de seis meses, adicionales al plazo a que se refiere el párrafo precedente, para presentar la solicitud. ARTÍCULO 185. En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario. ARTÍCULO 186. El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial, terminará cuando deje de usarse dentro de un ario consecutivo o un ario después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido. ARTICULO 187. El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas.

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ARTÍCULO 188. Los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso de un nombre comercial deberán, para surtir efectos, ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

TÍTULO OCTAVO PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD CAPÍTULO I Procedimientos Administrativos ARTÍCULO 189. Las solicitudes de patentes, marcas y demás actos regulados por esta Ley, podrán formularse por conducto de mandatario. En tal caso, la personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se requiera legislación, aun cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Cuando el solicitante sea persona moral, acreditará su existencia y las facultades de su representante, por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil aplicable, o en los tratados internacionales de que México sea parte. En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del promovente; sin embargo, bastará con una copia simple si el poder debidamente certificado se encuentra inscrito en el registro general de poderes que al efecto establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. ARTÍCULO 190. Toda solicitud o promoción dirigida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse en idioma español por triplicado o en el número de tantos que se señale en los instructivos que expida dicha dependencia. ARTÍCULO 191. Los extranjeros que al formular alguna solicitud se encuentren en el país, deberán acreditar su legal estancia en el mismo. Cuando no residan permanentemente en él deberán señalar domicilio para oír notificaciones en el mismo y designar apoderado o persona autorizada. En todo caso, deberán señalar domicilio para oír notificaciones en el territorio nacional. ARTÍCULO 192. Los titulares de algún derecho obtenido de conformidad con esta Ley, deberán señalar en territorio nacional domicilio para oír notificaciones y designar apoderado o persona autorizada. En tanto

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no se señale este domicilio, se tendrá como tal el último que hubiere sido comunicado a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y, de no existir indicación al respecto, al que se hubiere señalado en la solicitud o promoción correspondiente. Las notificaciones en estos casos surtirán todos sus efectos, aun cuando sean en el del mandatario y éste hubiere renunciado, caso en el cual se estará a lo dispuesto por el artículo 2603 del Código Civil para el Distrito Federal. ARTÍCULO 193. Las solicitudes de las declaraciones administrativas que procedan conforme a esta Ley deberán formularse por escrito, al que se acompañarán los documentos y constancias en que funde la promoción. Deberán formularse por separado tantas solicitudes como acciones deseen ejercitar el solicitante. Si no se satisfacen los requisitos anteriores, se concederá al solicitante un plazo no menor de ocho, ni mayor de quince días hábiles, para que se cumplan. De no cumplirse en el término concedido se tendrá por abandonada la gestión. El procedimiento seguirá las formalidades que esta Ley señala, siendo aplicable, supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles. ARTÍCULO 194. Satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo anterior se correrá traslado a la contraparte, concediéndole un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días hábiles, para que se entere de documentos y constancias en que se funde la acción y manifieste lo que a su derecho convenga. El traslado se hará en el domicilio que se tenga señalado en el expediente, conforme al artículo 192 de la presente Ley o, en su defecto, en el que designe el promovente. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá allegarse, por su parte, todos los elementos que considere necesarios para cerciorarse de la exactitud de cualquier dato y, en su caso, requerir la comprobación correspondiente. ARTÍCULO 195. Cuando el titular de alguno de los derechos que confiere esta Ley hubiere cambiado de domicilio sin dar aviso a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que conste en el expediente respectivo, la notificación se hará a costa de quien intente alguna acción contra dicho titular, por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de los de mayor circulación en la República, por una sola vez, de un extracto de la promoción. En la misma publicación se señalará el plazo concedido al titular para que manifieste lo que a su interés convenga. ARTÍCULO 196. Cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial inicie de oficio el procedimiento para dictar alguna de las declaraciones administrativas previstas en la presente Ley, la notificación al presunto afectado se hará en la forma establecida en el artículo 194 o

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de ignorarse su domicilio, en la mencionada en el artículo precedente, indicándole suscintamente los motivos y fundamentos legales de la acción y concediéndole un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días hábiles, para los fines previstos en el artículo 194. ARTÍCULO 197. Transcurrido el término para formular objeciones, previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados. De ignorarse su domicilio, dicha notificación se hará en los términos establecidos en el artículo 195. ARTÍCULO 198. La extinción de derechos o la caducidad que operen como consecuencia de determinada omisión o por el solo transcurso del tiempo, no requerirán de declaración expresa por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tan pronto se dé la causa de la extinción o caducidad se hará la anotación en el expediente respectivo y se ordenará la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas. ARTÍCULO 199. Los expedientes de patentes y registros en vigor, y los nombres comerciales publicados, estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones. ARTÍCULO 200. Los expedientes en trámite sólo podrán ser consultados por los solicitantes o sus apoderados, representante o persona autorizada por él mismo, excepto cuando sean citados como anterioridad a otro solicitante. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite relativos, salvo cuando la información sea de carácter oficial o por mandato judicial. CAPÍTULO II

Publicidad ARTÍCULO 201. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial editará mensualmente la "Gaceta de Invenciones y Marcas", en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere. En todos los ejemplares deberá fijarse la fecha precisa en que la edición correspondiente se pone en circulación, la cual servirá de base para los cómputos respectivos. ARTÍCULO 202. Se publicarán en la "Gaceta de Invenciones y Marcas", los datos relativos a las patentes otorgadas, a los registros efectuados y a los nombres comerciales, así como los actos que afecten los derechos de propiedad industrial.

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PAGO DE DERECHOS CAPÍTULO ÚNICO

203. (Derogado). 204. (Derogado). 205. (Derogado). ARTÍCULO 206. (Derogado). ARTÍCULO 207. (Derogado). ARTÍCULO 208. (Derogado). ARTÍCULO 209. (Derogado). ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO

TÍTULO DÉCIMO

INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS CAPÍTULO

I

Infracciones 210. Son infracciones administrativas: a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven. b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes: ARTÍCULO

I. El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de un ario de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad. II. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada. III. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

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IV. Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro. V. Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá, en la infracción después de un ario de que haya causado estado de resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción. VI. Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional. VII. Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole. VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII y XIX del Artículo 91 de esta Ley. IX. Usar, sin la autorización correspondiente, una denominación de origen. X. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro. XI. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: 19 La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero. 29 Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero. 39 Que se prestan servicios o se venden 'productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero. XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere esta Ley. ARTÍCULO

211. Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente. II. Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente. III. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

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IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja. V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de servicio. VI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta. VII. Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro. VIII. Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme. IX. Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquiera otra circunstancia ilícita. ARTÍCULO 212. Se impondrán de dos a seis arios de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a VI del artículo anterior. Se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien corneta cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VII a IX del artículo anterior. ARTÍCULO 213. La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate. Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

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ARTÍCULO 214. Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito. ARTÍCULO 215. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211. También conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común. C A PITULO

II

Inspección y Vigilancia ARTÍCULO 216. Para comprobar lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establecerá sistemas de inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

I. Requerimiento de informes y datos. II. Visitas de inspección. ARTÍCULO 217. Toda persona física o moral tendrá obligación de proporcionar a las autoridades competentes, dentro del plazo que se les conceda y el cual no podrá ser menor de ocho días hábiles, los informes y datos que se les requieran por escrito, relacionados con loe fines de la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella. ARTICULO 218. Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa identificación y exhibición de} oficio de comisión respectivo. Dicha Secretaría podrá autorizar se practiquen también en días y horas hábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en e) cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización. ARTÍCULO 219. Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, distribuyan o vendan productos o se presten servicios., tendrá la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo precedente. ARTÍCULO 220. Se entienden por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten o expendan productos o mercancías o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que

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se prestan los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate. ARTÍCULO 221. De toda visita se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestas por la persona con que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquella se hubiese negado a proponerlos. ARTÍCULO 222. En las actas se hará constar: I. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia. II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita. III. Número y fecha de la orden de comisión que la motivó. IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia. V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designados por el visitado o, en su defecto, por el inspector. VI. Que se dio a conocer al visitado su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia. VII. Datos relativos a la actuación. VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla. IX. Que se le dio a conocer su derecho de hacer por escrito las mismas que hubiera hecho u otras nuevas observaciones al acta levantada, dentro del término de tres días hábiles. X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo al inspector. ARTÍCULO 223. Al hacer observaciones durante la diligencia o al proponerlas por escrito, los visitados ofrecerán pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta. La resolución que dicte la autoridad deberá hacer referencia a las observaciones y pruebas del visitado. ARTÍCULO 223 bis. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211, el inspector asegurará la mercancía o productos con los cuales se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el artículo 222 y designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrará en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la mercancía. Si en el establecimiento se cometen las infracciones o delitos con más de 30% de las mercancías que se expenden, se clausurará tempo.. ralmente.

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Si se trata de delitos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición la mercancía asegurada. Si la infracción consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no se haya autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mercancía si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso, al responsable se le impondrá la sanción que proceda. ARTÍCULO 224. Del acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez. CAPÍTULO III

Sanciones ARTÍCULO 225. Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. II. Clausura temporal hasta por noventa días. III. Clausura definitiva. IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas. ARTÍCULO 226. Las sanciones serán impuestas con base en las actas

levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a una misma Ley; tomando en cuenta en uno y otro caso las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo 228 del presente ordenamiento. ARTÍCULO 227 En los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo, fijado en el artículo 225. Se entienden por reincidencias, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos arios siguien-

tes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada,

ARTÍCULO 228. Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, indepen-

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dientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tratándose de delitos, y del pago de daños y perjuicios que corresponda. ARTÍCULO 229. Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta: I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la fracción. II. Las condiciones económicas del infractor. III. La gravedad que la infracción implique en relación con el contercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados. ARTÍCULO 230. Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados. CAPÍTULO IV

Recursos Administrativos ARTÍCULO 231. Las personas afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva. ARTÍCULO 232. En el recurso administrativo podrán ofrecerse toda clase de pruebas siempre que tengan relación con los hechos que constituyan la motivación de la resolución recurrida, excepto la confesional y la testimonial. Al interponerse el recurso deberán ofrecerse las pruebas correspondientes y acompañarse las documentales. ARTÍCULO 233. Si se ofrecieran pruebas que ameritan desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, para tal efecto. Quedará a cargo del recurrente la presentación de dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este capítulo será aplicable supletoriamente. en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles. ARTÍCULO 234. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución que proceda dentro de los 30 días hábiles siguientes

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a la fecha de su recepción, o si se ofrecieren pruebas que ameritaren desahogo, a la fecha en que se haya efectuado éste. ARTÍCULO 235. El recurso se tendrá por no interpuesto: I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 231. II. Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscriba o no se hubiere acreditado legalmente. III. Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo. ARTÍCULO 236. Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el artículo 231, así como las dictadas al resolver el recurso o tenerlo por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas. ARTÍCULO 237. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de las multas, siempre que se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente. Respecto de otras resoluciones, la suspensión sólo se otorgará si

concurren los siguientes requisitos:

I. Que la solicite el recurrente. II. Que el recurso sea procedente, atento lo dispuesto en el artículo 231. III. Que no traiga consigo la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella. IV. Que no se ocasionen daños y perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable. Tratándose de resoluciones que concedan licencias obligatorias, el recurrente deberá garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado. V. Que la ejecución de la resolución recurrida produza daños o perjuicios de difícil reparación. ARTÍCULOS TRANSITORIOS Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abroga la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación de la misma fecha. Tercero. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley; y

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Cuarto. Entretanto el Ejecutivo Federal expide el reglamento de la presente Ley, seguirá en vigor en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942. Quinto. Mientras no sean derogados, quedan subsistentes los decretos y demás disposiciones que establecen la obligación de usar marcas en los productos a que se refieran. Sexto. Las patentes otorgadas con fundamento en la Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, conservarán su vigencia durante el lapso para el que fueron concedidas. Pero en adelante quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley y su reglamento; salvo en lo relativo a la caducidad por falta de explotación, para cuyo efecto el plazo a que se refiere el artículo 48 de esta Ley contará a partir de la fecha en que la misma entre en vigor. Séptimo. Los registros de marcas otorgados con base en la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, conservarán su vigencia por el lapso por el que se hayan concedido. En todo lo demás quedarán sujetos a esta Ley y su reglamento. Octavo. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a las solicitudes en trámite, salvo respecto de las de patentes, en que no será necesario que los interesados soliciten en el examen de novedad dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de un ario de presentada la solicitud. Noveno. Los solicitantes de patentes de modelos y dibujos industriales en trámite dispondrán de un plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, para pedir se continúe el trámite, con base en dichas solicitudes, tendiente a obtener el registro correspondiente en los términos de esta Ley, en cuyo caso no tendrán obligación de pagar derechos por los conceptos que ya hayan sido cubiertos. Transcurrido dicho plazo se considerarán abandonadas aquellas solicitudes respecto de las cuales no se hayan ejercido el derecho que otorga este artículo. Décimo. Los solicitantes de patentes por las invenciones a que se refieren las fracciones V, VI, VII del artículo 10 de esta Ley, podrán modificar su solicitud para pedir el registro de las correspondientes invenciones y obtener certificado de invención, en el plazo y condiciones a que se refiere el artículo precedente. La falta de solicitud de modificaciones motivará la misma consecuencia que se establece en dicho artículo. Décimo Primero. Se concede un término de tres arios, contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, para que los titulares de los registros de marcas demuestren a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de las mismas en los términos de esta Ley. De no demostrarse dicho uso en tal lapso, se considerarán extinguidos de pleno derecho los registros correspondientes y se ano-

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tará esta circunstancia en el expediente respectivo y se publicará en la -Gaceta de Invenciones y Marcas-. Décimo Segundo. Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos 127 y 128 de esta Ley, se concede un término de un ario, contado a partir del día siguiente de la fecha en que el presente Decreto se publique en el Diario Oficial. La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, cuando existan causas justificadas podrá conceder ampliaciones anuales, en lo general o por sectores. No obstante el plazo que en este Decreto se concede a las prórrogas que pudieren decretarse los que los deseen, pueden acogerse a lo establecido en los indicados artículos 127 y 128 de esta Ley. México, D. F., a 30 de diciembre de 1975.—Emilio M. González Parra, S.P.--Luis del Toro Calero, D.P.—José Castillo Hernández, S.S.—Rogelio García González, D.S.— (Rúbricas). En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.—Luis Echeverría Alvarez.— (Rúbrica).—El Secretario de Industria y Comercio, José Campillo Sáinz.-(Rúbrica).—E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón Beteta.—,(Rúbrica).—E1 Secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles.— (Rúbrica).—E1 Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja. ( Rúbrica) .—E1 Secretario de Salubridad y Asistencia, Ginés Navarro Díaz de León.— (Rúbrica).—E1 Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Gálvez Betancourt.— (Rúbrica)).—E1 Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.— (Rúbrica) Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.-- (Rúbrica). TRANSITORIOS Primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las fracciones VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigentes a partir de las presentes reformas y adiciones, dejarán de tener vigencia en un plazo de diez arios, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero. Se derogan los artículos 128 y 129 de la Ley de Invenciones y Marcas.

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Ca3rto. Los solicitantes de registro como certificado de invención de

una invención susceptible de protegerse, conforme a estas reformas, con el derecho de patente, podrán optar por solicitar el cambio de protec-

ción de una figura a otra dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, siempre y cuando no se haya resuelto en definitiva la solicitud de certificado de invención de que se trate, esto es, no se haya declarado abandonado el trámite de solicitud, negada la misma o citado a pago de derechos. Quinto. Los derechos de patentes, de modelos y dibujos industriales y de certificados de invención, respecto de los cuales ya se haya notificado la procedencia de su expedición y citado a pago de derechos o se hubieran otorgado antes de entrar en vigor, las presentes reformas y adiciones, se otorgarán o, en su caso, se regirán por los plazos anteriores establecidos en la Ley de Invenciones y Marcas. Sexto. Los procedimientos administrativos y contenciosos pendientes de resolución al entrar en vigor estas reformas y adiciones, se resolverán con apego a las mismas. Las infracciones asentadas en las actas resultantes de inspecciones pendientes de calificación, se sancionarán en los términos de las normas vigentes al momento de su levantamiento. México, D. F., a 27 de diciembre de 1986.—Sen. Gonzalo Martínez Corbalá, Presidente.—Dip. Reyes R. Flores Zaragoza, Presidente.— Sen.—Fernando Mendoza Contreras, Secretario.—Dip. Eliseo Rodríguez Ramírez, Secretario.— (Rúbricas). En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expido

el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.—Miguel de la Madrid H. ( Rúbrica ) .—El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.— LRúbrica).

CAPÍTULO X

RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 291 A. Generalidades • 292 B. La política comercial o de comercio exterior • 293 C. Las fuentes jurídicas del comercio exterior . 293 1. Las fuentes internas a. La ley en materia de Comercio Exterior . . . 294 b. Reglamentos y otras normas vigentes relacionadas 298 con la ley de Comercio Exterior 299 c. Los Aranceles y Tarifas 301 1. Nomenclaturas 301 2. Impuestos ad valorem 303 d. La Ley Aduanera e. Otras autorizaciones y certificaciones en Comercio 305 Exterior 305 f. Comercio exterior y Control de Cambios . 309 g. Estímulos al Comercio Exterior 2. Las fuentes jurídicas internacionales de Comercio 312 Exterior 312 a. Generalidades 313 b. La adhesión de México al GATT c. Acuerdos Bilaterales .. . 315 317 d. Convenios sobre productos . . . . . Ley reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio Ex319 terior ( D.O. 13-1-86) Reglamento contra prácticas desleales de Comercio Internacio333 nal (D.O. 27-XI-86)

CAPÍTULO X

RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR A. GENERALIDADES El comercio exterior se presenta como una variable dependiente del sistema económico que cumple la tarea de vincular al mercado nacional con los mercados de otros países. En la teoría y en la práctica del comercio internacional se distinguen tres tipos de regímenes de comercio exterior o políticas comerciales. Como variables dependientes, estos tipos responden a los sistemas económicos descritos en capítulos precedentes: 1) neoliberales o liberales; 2) estatistas, y 3) mixtos, duales o proteccionistas." En su reciente evolución económica México se ha adscrito a las políticas comerciales proteccionistas con intervalos neoliberales parciales (1977-1979), manteniendo sectores estatizados en manos de empresas o entidades paraestatales (energéticos, granos, café), fertilizantes, etcétera). A partir de 1985, el gobierno federal ha iniciado una política comercial neoliberal ingresando al GATT y abriendo la economía en forma indiscriminada a la competencia externa. A consecuencia de la crisis económica aún no controlada, el comercio exterior se ha transformado en un instrumento estratégico en la captación de divisas, logrando un superávit en la balanza comercial y diversificando sus exportaciones en forma significativa. El primer semestre de 1988, según la Secretaría de Programación y Presupuesto, muestra los siguientes indicadores: superávit comercial cercano a tres mil millones de dólares, pese a un aumento en las importaciones de 47%. Reservas en el Banco de México superiores a quince mil millones de dólares.7° A manera de ejemplo mencionaremos los principales productos mexicanos de exportación: petróleo, gas, plata, acero, petroquímicos, fibras 69 Witker, Jorge, "Derecho económico'', en Introducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1984, tomo II, p. 1043. 79 Informe de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Documento oficial, mayo de 1988.

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sintéticas, algodón, café, hortalizas, productos del mar, tequila, miel de abeja, minerales, zapatos, vestuarios, partes automotrices, perforadoras petroleras, tecnología de construcción. Desde el punto de vista de la distribución geográfica de nuestro comercio exterior, el principal mercado de importación y exportación es el de Estados Unidos de Norteamérica (60% ), seguido a distancia por la República Federal de Alemania, Francia, Inglaterra, España, Japón y China. Con los países ALADI, el comercio exterior mexicano no llega al 7% del total, y con los mercados socialistas, incluyendo Cuba, el intercambio no llega al 3%.71 B. LA POLÍTICA COMERCIAL O DE COMERCIO EXTERIOR

La política comercial mexicana comprende el conjunto de instrumentos legales y administrativos a través de los cuales el Ejecutivo federal regula las operaciones de importaciones y exportaciones con terceros países. Los instrumentos de nuestra política comercial son los aranceles o tarifas aduaneras, con efectos protectores y fiscales y los tratados o acuerdos comerciales internacionales. Sin significación subsisten alrededor de trescientos permisos de importación. Los objetivos de política comercial, en el contexto del actual proceso de apertura económica y de frente a la inflación, según el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, modificados por el Pacto de Solidaridad Económica del 15-XII-1987, son: 1. Eliminación de la protección industrial, a fin de vincular los costos y calidades internas con los precios y mercados internacionales. 2. Manejo selectivo realista de las tasas de cambio y apertura de las importaciones de insumos y bienes de capital, y productos terminados e incluso suntuarios. 3. Fomento y estímulos a las exportaciones manufactureras. 4. Estímulos financieros a la pre y posexportación, vía financiamientos a los compradores de productos mexicanos en sus países, establecidos por el Banco Nacional de Comercio Exterior. 5. Negociaciones —GATT— internacionales que abran mercados a los productos mexicanos (ALADI, Mercado Común Europeo, sistemas generalizados de preferencia, convenios comerciales bilaterales con Estados Unidos, defensa de las materias primas incluyendo al petróleo). 71

Informe de SECOFI, dado a conocer en documento oficial de marzo de 1988.

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C. LAS FUENTES JURÍDICAS DEL COMERCIO EXTERIOR

Se trata de precisar el régimen que regula el ejercicio de los diversos instrumentos de la política comercial. Aquí vemos la relación de este tema con el derecho económico regulador de la política económica nacional. Conviene distinguir entre fuentes internas o nacionales y las externas o internacionales (tratados y acuerdos suscritos por México). 1. Las fuentes internas

La fuente interna primaria es la fracción II del artículo 131 constitucional que expresa: El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada ario, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Este precepto constitucional se complementa con la ley reglamentaria, publicada en el Diario Oficial el 13 de enero de 1986. En relación a este punto hay que agregar la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1950. Estos tres preceptos facultan al Ejecutivo federal para regular en toda la Federación, estados y municipios las operaciones de comercio exterior debiendo los participantes y empresas regir su actuación mercantil bajo estricta observancia de la normatividad en la materia. Conviene precisar que se trata de una facultad general de policía administrativa, en la que los particulares y empresas, en ejercicio del artículo 5o. constitucional, pueden ejercer libremente esta actividad lucrativa, bajo regulación y procedimientos legales expresos. Sin embargo, hay sectores del comercio exterior en que se postula e impone una titularidad federal exclusiva, es decir, sustitutiva de los particulares, como ejemplo en el comercio del petróleo, café, plata, granos, fertilizantes, energía eléctrica, etcétera.

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Ahora bien, la dependencia encargada de elaborar y aplicar la política de comercio exterior por parte del Ejecutivo federal es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según la fracción I del artículo 34 de la LOAPF. Es decir, la Secofin es la encargada de autorizar los permisos de importación y exportación, de imponer, reducir, elevar o suprimir los aranceles (impuestos al comercio exterior), así como de intervenir en las políticas de estímulos fiscales y mecanismos de apoyo a exportadores. El ejercicio de esta competencia, por parte de Secofin en consulta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo otorga la Ley Reglamentaria del artículo 131 constitucional, cuerpo normativo que racionaliza en forma integral las facultades en materia de comercio exterior. a. La Ley en Materia de Comercio Exterior

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Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior

(D. 0. 13-1-1986) I. Se trata de una ley que tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o realizar cualquier otro propósito similar en beneficio del país. Sus disposiciones son de orden público y de interés general. Como su nombre lo indica, reglamenta el artículo constitucional en materia de comercio exterior. En consecuencia es un instrumento jurídico por el que se faculta al Ejecutivo federal para intervenir en las siguientes materias: 1. Aumentar, disminuir o suprimir los aranceles o cuotas de las tarifas de exportación e importación y para crear otras. En esta materia no se introducen innovaciones ya que respeta la mecánica que actualmente establece la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del artículo 131 constitucional, por lo que continuará siendo el presidente de la República quien expida los decretos correspondientes. Se introduce sin embargo el principio de la no discriminación, prohibiéndose el establecimiento de cuotas diferentes a las generales, salvo cuando existan compromisos internacionales que así lo justifiquen. 2. Establecer medidas de regulación o restricciones a la exportación o importación de mercancías consistentes en: a) requisito de permiso 72 Patiiío Manffer, Ruperto, Censo sobre Fundamentos Jurídicos del Comercio Exterior Mexicano, México, Universidad Anáhuac, 1986, p. 290.

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previo para importar o exportar mercancías de manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del país; b) establecimiento de cupos máximos de mercancías de exportación o de importación; c) determinación de cuotas compensatorias, provisionales y definitivas a la importación de mercancías que se realice en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, y d) prohibición de importación de mercancías. 3. Restricción de la circulación del tránsito por el territorio nacional de las mercancías procedentes del y destinadas al extranjero por razones de seguridad nacional, de salud pública, de sanidad fitopecuaria o conservación y aprovechamiento de especies. El ejercicio de las facultades que se otorgan al Ejecutivo federal se llevará a cabo por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, excepto en el caso de la facultad arancelaria en que también intervendrá, para el refrendo correspondiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en el caso de las restricciones relacionadas con la circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional que quedan a cargo de la autoridad competente en cada caso. II. Se eleva a rango de ley la existencia y funcionamiento de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior como órgano de consulta del Ejecutivo federal para estudiar, proyectar y proponer criterios generales y las modificaciones que procedan en materia de comercio exterior, y se faculta al Ejecutivo federal para reglamentar la integración y funcionamiento de la misma. III. Por lo que hace a las restricciones consistentes en el establecímiento de permisos previos para exportar, se establece que dicho requisito sólo podrá ordenarse en los siguientes casos: a) para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el abastecimiento de materias primas a las industrias, así como regular o controlar recursos naturales no renovables; b) para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales; c) cuando sea necesario asegurar que las operaciones de comercialización inte—rnacional se realicen conforme a los procedimientos de exportación instituidos por la ley o por el Ejecutivo federal; d) cuando se trate de preservar' la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o asegurar la conservación o aprovechamiento de especies; e) cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico, arqueológico o valiosos por cualesquier otra circunstancia, y f) cuando sean necesarias conforme a disposicio-

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nes de seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o cualquier otra disposición de orden público. IV. Por lo que hace a las restricciones consistentes en el establecimiento de permisos previos para importar, se establece que dicho requisito sólo podrá ordenarse en los siguientes casos: a) cuando se requiera de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza comercial o de pagos; b) cuando así lo requieran las condiciones de la economía nacional o disposiciones de orden público; c) para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales; d) como contramedida a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por terceros países; e) cuando sean necesarias para impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional; f) cuando la importación de una mercancía crezca a un ritmo tal y bajo condiciones que causen o amenacen causar un serio daño a los productores nacionales, y g) cuando sean necesarias para dar cumplimiento a disposiciones sobre seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o cualquier otro requerimiento de orden público."

V. En el capítulo dedicado a las prácticas desleales de comercio internacional se define lo que internacionalmente se conoce como dumping, así como los subsidios a la exportación, que son las dos únicas operaciones que la Ley considera como prácticas desleales de comercio internacional. Se define el dumping como la importación de mercancías a un precio menor al comparable de mercancías idénticas o similares destinadas al consumo en el país de origen o de procedencia, y se considera que existe subsidio a la exportación cuando las mercancías han recibido en el país de origen o de procedencia, de manera directa o indirecta, estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier clase para su exportación, salvo que se trate de prácticas aceptadas internacionalmente. De manera general se establece que cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial compruebe, de oficio o a petición de parte, la existencia de cualquiera de las prácticas desleales definidas en la Ley, procederá a determinar la cuota compensatoria que corresponda y que en todo caso deberá ser igual a la diferencia de precios en el caso de dumping o al monto del subsidio recibido en este último caso. Para la determinación de cuotas compensatorias que no se haga de oficio, se establece un procedimiento administrativo que se inicia con 73 Ver Witker, Jorge y Patino Manffer, en La defensa jurídica contra prácticas desleales de comercio internacional, México, Porrúa, 1987.

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una solicitud que podrán presentar los productores de mercancías idénticas o similares a aquellas cuya investigación se pretenda, siempre y cuando por sí mismos o agrupados representen cuando menos el 25% de la producción nacional de dichas mercancías. También se les otorga el derecho a solicitar el inicio de una investigación a las organizaciones de productores legalmente constituidas. Con la solicitud los productores deberán acompañar información y documentación suficiente que permita a la autoridad establecer, cuando menos presuntivamente, la existencia de cualquiera de las prácticas desleales previstas en la Ley. Iniciado el procedimiento administrativo sobre investigación de prácticas desleales de comercio internacional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará una resolución provisional a más tardar al quinto día hábil de haber recibido la solicitud. En dicha resolución podrá establecer, con carácter de provisional, la cuota compensatoria que considere procedente, y autorizará que mediante garantía del interés fiscal, se importen las mercancías afectadas sin el pago de la misma. A los treinta días de haberse dictado la resolución provisional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá revisarla y confirmarla o modificarla, según proceda y, en su caso, continuará con el procedimiento administrativo que deberá concluir en un plazo de seis meses, al término del cual, una vez escuchada la opinión de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, así como los argumentos y defensas de las partes involucradas, dictará la resolución definitiva, se mandarán hacer efectivas las fianzas que se hubieren exhibido; por el contrario, si la resolución definitiva reduce o considera improcedente la cuota compensatoria establecida provisionalmente se procederá a cancelar las fianzas y, en su caso, a devolver a los importadores las cantidades que hubieren pagado en exceso. Se autoriza al Ejecutivo federal a convenir con sus similares de otros Estados sobre lo que se conoce internacionalmente como "prueba de daño" y se establece que en estos casos, siempre y cuando para resolver cuestiones similares en aquellos países exista reciprocidad respecto de las mercancías que se exporten desde nuestro país, sólo se determinarán cuotas compensatorias cuando, además de la existencia de las prácticas previstas en la Ley, se acredite fehacientemente, por quienes soliciten la aplicación de dichas cuotas, que a causa de la importación de mercancías en tales condiciones se causa o se amenaza causar daño a la producción nacional o se obstaculiza el establecimiento de industrias. Se establecen algunos elementos que la autoridad deberá considerar en la investigación sobre daño que lleve a cabo. Entre ellos se encuen-

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tran los siguientes: el volumen de las mercancías objeto de prácticas desleales de comercio internacional; los efectos sobre los precios internos de mercancías idénticas o similares y el efecto sobre los productos nacionales de las mismas mercancías. Con objeto de evitar triangulación y evasión de la aplicación de la cuota compensatoria, se establece que los importadores de mercancías idénticas o similares a aquellas por las que deba pagarse una cuota compensatoria, deberán acreditar el origen de las mismas en la aduana por donde las introduzcan al país, mediante la presentación del certificado de origen correspondiente. También se establecen las condiciones y los supuestos que determinarán la suspensión de las cuotas compensatorias. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: cuando se modifiquen los precios de las mercancías importadas eliminando el dumping; cuando se eliminen las causas que dan lugar a que el precio de las mercancías importadas resulte subsidiado, subvencionado; cuando los exportadores de las mercancías enviadas a México se obliguen, con la intervención de sus gobiernos, a limitar sus exportaciones a las cantidades que se convenga o cuando se adopten acciones cuyos efectos eliminen las prácticas desleales correspondientes. b. Reglamentos y otras normas vigentes relacionadas con la Ley de Comercio Exterior

Según el artículo 3o. transitorio de la Ley antes descrita, sigue vigente el Reglamento sobre Permisos de Importación y Exportación de Mercancías Sujetas a Restricciones (D.O. 12-11-77), instrumento que ha dejado de tener relevancia, pues los permisos de importación son restricciones escasas y que tienden a desaparecer en el contexto de la apertura comercial y del derecho del GATT. Pese a lo anterior, el Código sobre Licencias de Importación del GATT, suscrito por el gobierno federal y ratificado por el Senado (D.O. 12-12-1987) hará indispensable expedir un nuevo reglamento sobre la materia. — Reglamento sobre Prácticas Desleales de Comercio Internacional (D.O. 27-12-1986) reformado por decreto presidencial de fecha 19 de mayo de 1988. Este instrumento regulatorio tiene por objeto detallar la aplicación del procedimiento administrativo que puede ventilarse ante la propia Secofi para obtener la aplicación de cuotas compensa-

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torias contra importaciones desleales de productos que entran a nuestro mercado con precios en dumping o apoyados por subvenciones estatales foráneas. Conviene señalar que la reforma al reglamento, de fecha 19 de mayo de 1988 tiende a agilizar la consecución del procedimiento, permitiendo que las resoluciones que imponen cuotas compensatorias puedan ser firmadas solamente por el titular de la Secofi, sin necesidad de la firma presidencial, trámite que en sí dilataba un tanto el procedimiento. — El Código Antidumping del GATT. Complemento de la Ley de Comercio Exterior, específicamente en materia de dumping, es el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, tratado internacional suscrito por México el 12 de diciembre de 1987 (Diario Oficial), y que debe aplicarse supletoriamente a los casos de dumping, regulados por la ley de la materia. — Acuerdo bilateral México-Estados Unidos en materia de subvenciones y derechos compensatorios. Con fecha 26 de mayo de 1988, ambos países prorrogaron hasta 1991 el entendimiento sobre eventuales exportaciones subvencionadas, otorgándose a México la prueba de daño, como requisito previo, para el caso de exportaciones mexicanas hipotéticamente subsidiadas afecten a productores norteamericanos de productos idénticos o similares originarios de México. Finalmente, debemos recordar que existe un código específico en el GATT sobre la materia (Código sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios), instrumento que México no ha suscrito y que Estados Unidos aplica según su Ley de Aranceles y Comercio de 1984, y que se intentó modificar con el proyecto de Ley OMNIBUS, vetado por el presidente Reagan el 26 de mayo de 1988. c. Los aranceles y tarifas

Los aranceles son los impuestos al comercio exterior que se aplican a las mercancías que entran o salen del territorio nacional. Su función recaudatoria original ha cedido para transformarse en instrumentos de protección y fomento que buscan equilibrar la producción interna con los productos extranjeros, a fin de obtener eficiencia en calidad y precios y con ello inducir a las empresas productivas a exportar y competir en los mercados extranjeros. En México, los aranceles están regulados por dos leyes: Ley del Impuesto General de Importación ( TIGI), y la Ley del Impuesto General de Exportación, conocidas comúnmente como TARIFAS.

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PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A JUNIO DE 1988 SOBRE DUMPING EN MÉXICO

Productos denunciados

Denuncias presentadas Total Vigentes

33

20

Con resol. provis. con cuota con inicio inv.

5 (2) (3)

Con revisión de resolución provisional

6

Con resol. defin. Pendientes

3 6

Desechadas

13

Total Vigentes

40 25

Desechados

15

De consumo Intermedios

6 29 5

De Capital

Países Involucrados Total

17

De América

3

De Europa

8

De Asia

6

Algunos productos denunciados ' Sosa cáustica Trietilamina Vatiohorímetros monofásicos y polifásicos. Naftionato de Sodio Cartón para bote de leche sin cubrir y recubierto Corindón artificial café

Motocicletas con motor auxiliar hasta 550 C.C. y de más de 550 C.C. Motores eléctricos de corriente alterna. Azul a la cuba No. 1. Sondas Uretrales tipo Foley.

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La tarifa de importación (TIGI) se encuentra en la Ley del Impuesto General de Importación publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de febrero de 1988, complementada con las notas explicatorias de la nomenclatura publicadas en el Diario Oficial entre el 20 de mayo y el 8 de junio de 1988. A ello se suman varios decretos del Ejecutivo que modifican y alteran los impuestos ad valorem que según la coyuntura económica los diversos tipos de mercancías deben pagar al importarse al territorio mexicano. Esta tarifa arancelaria consta de dos partes: 1) nomenclatura y 2) la columna impositiva correspondiente: 1. La nomenclatura. Es la clasificación de todas las mercancías transportables que según su composición (origen animal, vegetal o mineral) o su función-uso, deben ubicarse en un código de identificación universal, a efectos de aplicarles el respectivo impuesto ad valorem al pasar las aduanas y poder circular legalmente en el territorio nacional. Se trata de un lenguaje lógico y sistemático, aceptado internacionalmente que permite hacer fluir los objetos, materia del comercio internacional. La nomenclatura incorporada a la TIGI mexicana se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías adoptado por el Consejo de Cooperación Aduanera y vigente en la mayoría de los países miembros del GATT. Este lenguaje clasificativo o nomenclatura consta de XXI acciones, 97 capítulos, 5 053 partidas y 354 subpartidas, esquema que se codifica en seis dígitos, a partir de los cuales las legislaciones nacionales pueden desglosar fracciones nacionales, según las necesidades de su comercio exterior.74 2. Los impuestos ad valorem. Son los tributos fiscales que en función de la ubicación de los productos en la nomenclatura, las aduanas cobran por la importación de los productos extranjeros que entran al territorio aduanero mexicano. Como impuestos de carácter fiscal se fijan en porcentajes rígidos aplicados sobre el valor o precio de los productos importados. De allí su nombre "ad valorem". Por ejemplo, 10% sobre el precio de la tonelada de carbonato de sodio o 20% sobre precio o valor de una videocassettera. Este sistema, que se ha impuesto en el comercio internacional contemporáneo, ha mostrado justeza y equidad fiscal, pues cubre los desa7 4 Curso del Consejo de Cooperación Aduanera y la OEA realizado en México en mayo de 1988, donde participó el autor.

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justes monetarios e inflacionarios y descrimina respecto a la calidad y cantidad de los productos. Sin embargo, su operatividad se complica al momento de determinar el valor o precio real (base gravable) sobre los cuales aplicar el porcentaje prefijado. Siguiendo con los ejemplos anteriores, el precio de la tonelada de carbonato de sodio puede ser de 100 dólares, puesto en fábrica (Estados Unidos) o de 180 dólares puesto en el domicilio del importador mexicano (Toluca, por ejemplo). ¿Aquí tenemos dos precios para aplicar el respectivo 10% ad valorem? Para el caso de las videocassetteras puede ocurrir algo semejante. En efecto, si la importa Sears de México de la matriz Sears norteamericana en precio-factura es de 180 dólares, mientras la misma videocassettera importada por otra empresa no vinculada, el preciofactura es de 250 dólares. Tenemos dos precios para aplicar el respectivo 20% ad valorem. Para resolver en parte esa ambigüedad y dar transferencia y uniformidad a la base impositiva o gravable el GATT ha expedido el Código de Valoración Aduanera, aprobado por México con fecha 21 de diciembre de 1987 (Diario Oficial) y que se incorporará a nuestra Ley Aduanera próximamente. Dicho Código sostiene que el ad valorem debe aplicarse sobre el valor de transacción, generalmente estampado en la factura y que apunta a identificar el precio realmente pagado o por pagar. Es un esquema positivo que privilegia la factura y que estimula y fomenta el libre flujo de mercancías de un país a otro.75 Los niveles arancelarios de la actual TIGI pueden sintetizarse en el siguiente cuadro conformado por 11 950 fracciones: — 3 899 fracciones tienen ad valorern de O a 5%, representan el 53.7% del valor total de las compras externas del país (materias primas no elaboradas). — 863 fracciones tienen ad valorem de un 10% y representan el 10.5% del valor total de las compras externas (bienes intermedios, petroquímicos, siderúrgicos, farmacéuticos, curtiduría, frutas y legumbres, etcétera). -

2 010 fracciones tienen al valorem de un 20% y representan el 26.9% del valor total de las compras externas (hilados, tejidos de

75 Herrera Yátiez, Rafael y otro, -El valor en aduana de las mercancías según el Código del GATT-, Revista Aduanas, Madrid, Esic, 1985.

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fibras naturales y sintéticas, autopartes, artículos plásticos, electrodomésticos, y en general de consumo hasta suntuarios)." -- La media aritmética global es de un 10% de protección para toda la TIGI. — La tarifa de exportación. Se encuentra en la Ley General del Impuesto de Exportación publicada en el Diario Oficial de fecha 8 de febrero de 1988, complementada con las notas explicativas antes mencionadas y distintos decretos complementarios. Su nomenclatura es la misma del sistema armonizado y su columna impositiva es reducida y escasa. Sólo pagan impuestos de exportación productos primarios como petróleo, minerales, café, algodón, cacao, ganado en pie y otros más. Las manufacturas en general están exentas, pues se trata de estimular exportaciones con valor agregado nacional a precios competitivos internacionalmente. La actual tarifa de exportación consta de 5 049 fracciones, estando el 95% de ellas liberadas de impuestos y restricciones cuantitativas. El nivel arancelario promedio es de 0.35%, es decir, prácticamente liberado. Finalmente, debe señalarse que el manejo de las tarifas en cuanto a nomenclatura (controversias de ubicación en los dígitos y _fracciones) y niveles impositivos (impuestos ad valorem) está a cargo de la Secofin, mientras la recaudación y los diversos procedimientos aduaneros para importar o exportar mercancías corren a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Aduanas. Con fecha 13 de junio de 1988, Secofin publicó en el D.O. un Acuerdo por el cual enumera las mercancías de exportación que quedan sometidas al requisito de permiso previo de exportación con vigencia al 31 de octubre de 1989. Se incluyen las exportaciones que se hagan desde las zonas libres del país. Son 321 fracciones que incluyen animales, carnes, alimentos, vegetales, café, azúcar, petroquímicos, algodón, aceros, etcétera. d. La Ley Aduanera (D.O. 18-VI-1982 D.O. 31-XII-87)

En este cuerpo normativo se encuentran regulados los procedimientos que deben observar las empresas o personas físicas que efectúan operaciones de comercio exterior. 76 "Dirección General de Aranceles de la Secofin-, publicado en los periódicos nacionales.

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En efecto, en el artículo 25 de la misma se señalan los requisitos que deben cubrir los importadores y exportadores para poder operar en el comercio exterior. Los importadores deben presentar un pedimento aduanero en formatos oficiales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual se señale el tipo de importación (definitiva, temporal, etcétera ), acompañado de la factura comercial, el conocimiento de embarque o guía aérea, las autorizaciones o certificaciones según lo exige el tipo de producto (restricciones) y o el certificado de origen. Por su parte, los exportadores deben adjuntar al pedimento aduanero de exportación la factura comercial y los documentos sobre restricciones si así lo exige el producto a exportar. Conviene señalar que según el Reglamento de esta ley (D.O. 18VI-82), las personas físicas y morales que se dediquen habitualmente a operaciones de comercio exterior deben registrarse en el Registro Nacional de Importadores y Exportadores que al efecto administra la Dirección General de Aduanas. Otros capítulos importantes de la Ley se refieren a los impuestos al comercio exterior, a la base gravable y a los distintos regímenes aduaneros que se establecen, como instrumento de apoyo al comercio exterior (importaciones y exportaciones temporales, maquiladoras, depósito fiscal, etcétera).

Acuerdo sobre información en español que deben ostentar los productos importados (D.O. 19-VI-1987). En el contexto de la aper-

tura comercial y como una forma de proteger a los consumidores nacionales este acuerdo exige que todo producto importado debe ostentar una contraetiqueta en español que indique el nombre del producto; nombre, denominación o razón social y domicilio del importador, así como también las advertencias e instrucciones de uso. La contravención de este acuerdo viola disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. — Acuerdo sobre protección de marcas (D.O. 17-111-1987). Este instrumento normativo prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México. Pala ello, los importadores deben demostrar ante la aduana respectiva que son legítimos titulares de esas marcas en cualquiera de las hipótesis que la ley de la materia contempla. Si no fuese así, las mercancías en cuestión se considerarán como contrabando, de conformidad con la Ley Aduanera vigente.

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e. Otras autorizaciones

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y certificaciones en comercio exterior

Tanto en importaciones como en exportaciones según el tipo de producto se requiere de autorizaciones de otras secretarías de Estado. En efecto, en importaciones de productos alimenticios de origen animal o vegetal, se requieren permisos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud. En el caso de productos químicos o minerales contaminantes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debe autorizar la importación. En el caso de las exportaciones de ganado vacuno, además de Secofi, Agricultura debe autorizar la operación; para productos pesqueros, la Secretaría de Pesca interviene; para productos enlatados, alimentos preparados, bebidas, medicamentos y cosméticos deben obtener de la Secretaría de Salud una licencia sanitaria y registro del producto que se exporta. Además de la licencia sanitaria deberá obtenerse la franquicia sanitaria de exportación, requisito que se obtiene en la aduana de salida, lugar de la exportación. En cuanto a certificaciones, importa señalar el certificado de origen, es decir, constancia de mexicaneidad del producto para gozar de preferencias arancelarias en los sistemas generalizados de preferencias, ALADI, etcétera. Otro certificado es de productos artesanales; el certificado fitosanitario para exportar productos de origen vegetal y forestal (Secretaría de Agricultura); el certificado zoo-sanitario para exportar animales vivos, y finalmente, la cuota y visa textil, cuando se trata de exportar productos textiles mexicanos al mercado de los Estados Unidos. Estos últimos certificados se obtienen en la Secofin, en la Dirección General de la Industria Química y Bienes de Consumo, y en la Subdirección de la Industria Textil y del Calzado. f. Comercio exterior y control de cambios

Entre las funciones del Banco de México está la de monopolizar la compra y venta de divisas y monedas extranjeras, función que la cumple a través de la expedición de decretos de control de cambios, regulaciones que impactan a las operaciones de comercio exterior (artículos 18 y 19 de su Ley Orgánica). Los decretos vigentes a la fecha son los siguientes:

— Decreto de control de cambio — Reglas generales — Telex circulares — Disposiciones sobre control de cambio

1-IX-de 1982-(D.0.) 14-IX-de 1982-(D.0.) 15-X -de 1982-(D.0.) 16-XI-de 1983-(D.0.)

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Reglas complementarias — Disposiciones complementarias de control de cambio Decreto de actualización en material de control de cambio — Acuerdo de reformas de control de cambio

11-IX-de 1983-

(D.0.)

7-XI-de 1984-(D.0.) II-V-de 1987-(D.0.) 20-VI-de 1988-(D.0.)

Las operaciones de comercio exterior están reguladas en el mercado de dólar controlado, especialmente los exportadores, los que están obligados a vender y convertir sus ingresos en dólares o divisas a pesos mexicanos. Para los importadores, en cambio, la utilización de dólares controlados es prácticamente optativa. Los exportadores deben suscribir en toda operación con el extranjero, convenios de ventas de divisas (CVD) siempre que sean superiores a cinco mil dólares semanales o de ocho mil dólares si se trata de exportaciones de artesanías, por cada operación. El CVD se suscribe ante cualquier institución nacional de crédito y debe usarse dentro de treinta días naturales para efectuar la exportación y venderla en un plazo de noventa días naturales, contados de la fecha en que se despachó la mercancía en la aduana respectiva. En esa operación el exportador recibe el equivalente en pesos al tipo de cambio existente en la fecha de la cancelación del CVD. Los exportadores tienen derecho a retener cierta cantidad de dólares de los CVD, sin obligación de venderlos, siempre que se trate de gastos directos o indirectos asociados a cada exportación. Los porcentajes de estos gastos no pueden exceder de 12% si se trata de exportaciones a Estados Unidos y de 15% si la mercancía se destina a otro mercado. Estos gastos asociados están enlistados en los respectivos decretos regulatorios y no pueden incluirse arbitrariamente. Por su parte, los importadores que opten por realizar operaciones de importación a través de dólares controlados deben suscribir un convenio de utilización de divisas (CUD) con el cual adquieren dólares controlados del tipo de cambio, generalmente más bajo que el dólar libre. Los suscriptores de CUD tienen un plazo de 180 días naturales para demostrar la aplicación de las divisas al pago de la importación y gastos asociados correspondientes. Los importadores también pueden aplicar deducciones por concepto de gastos asociados a las importaciones, materia de cada CUD. Estas deducciones por gastos asociados directos no pueden exceder de 8% de la operación en cuestión.

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Como complemento a los decretos de control de cambios antes enunciados, con fecha 11 de mayo de 1987 el Banco de México, Secofi y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dieron a conocer adiciones y reformas a la regulación cambiaria, que por su importancia pasamos a reproducir: Continuando con uno de los propósitos de la política de simplificación administrativa consistente en compilar las disposiciones de control de cambios a fin de facilitar su consulta, aplicación y cumplimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el Banco de México, publican el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación dos ordenamientos en los cuales se agrupan las normas complementarias que sobre control de cambios han sido publicadas en el citado Diario Oficial en distintas fechas, aprovechando la ocasión para introducir algunas adiciones y ajustes menores a las mismas, con objeto de brindar una mayor seguridad jurídica a los sujetos involucrados en las operaciones de control de cambios y mejorar la eficiencia del sistema. 1. Disposiciones complementarias de control de cambios (D O. 11-V-1987 )

Entre las adiciones y ajustes a este ordenamiento destacan las siguientes: 1. Se conceden nuevas facilidades a los exportadores relativas, por una parte al otorgamiento de un plazo de hasta 360 días a aquellos que realicen exportaciones a consignación y, por la otra, a la introducción de nuevos conceptos a la lista de gastos asociados indirectos a la exportación, los cuales podrán cubrirse con divisas controladas o deducirse de Compromisos de Venta de Divisas (CVD's), previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tales como: a) arrendamiento de maquinaria y equipo relacionado con el proceso productivo de explotación; b) inversión en infraestructura de comercialización en el exterior, y c) tratamiento y refinación de minerales fuera del país. 2. Se establece un mecanismo conforme al cual los importadores podrán protegerse contra el robo, la pérdida o el extravío de la copia del pedimento de importación necesaria para efectuar operaciones de control de cambios. Los interesados que opten por utilizar dicho mecanismo, aun cuando sufran el robo, la pérdida o el extravío de la aludida copia del pedimento de importación, podrán adquirir divisas controladas para efectuar el pago de tales importa-

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ciones, o bien acreditar la correcta aplicación de las que hubieren adquirido por anticipado mediante la suscripción de Compromisos de Uso o Devolución de Divisas (CUDD's), sin incurrir en las sanciones económicas previstas en las disposiciones aplicables. Los exportadores que deducen sus importaciones de compromisos de venta de divisas (CVD's) también podrán acogerse a tal mecanismo. 3. Las empresas gozarán de un plazo de hasta 4 meses para adquirir de las instituciones de crédito las divisas controladas que requieran para el pago de sus importaciones, contado a partir del ingreso al país de las mercancías respectivas. Tratándose de importaciones financiadas con créditos otorgados por proveedores del extranjero a mayor plazo del mencionado, los interesados podrán adquirir tales divisas, conforme al calendario de pagos correspondiente. Como medida transitoria, quienes cuenten con copias de pedimentos de importación válidas para operaciones de control de cambios y que a la fecha no hayan adquirido o deducido la totalidad o parte de las divisas respectivas, gozarán de un plazo de 120 días para efectuar sus operaciones. 4. Se determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá negar el registro, o limitar el monto de los intereses respecto de los cuales se tendrá derecho a adquirir divisas controladas, tratándose de créditos contratados a tasas de interés superiores a las que rijan en el mercado para operaciones similares. 5. Sólo las empresas que al amparo de un programa de maquila de exportación autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estén obligadas en principio a exportar la totalidad de su producción, continuarán rigiéndose por disposiciones específicas de control de cambios, razón por la cual las empresas cuya actividad esté orientada al mercado nacional y que a la vez cuenten con programas de maquila autorizados para ocupar capacidad instalada ociosa, quedarán sujetas al régimen general de control de cambios aplicables a los exportadores de mercancías. 6. En las disposiciones complementarias de control de cambios se contienen además, algunas resoluciones de carácter general emitidas por el Comité Técnico de Control de Cambios, referidas a los conceptos siguientes: a) venta de divisas controladas para el pago de maquinaria que se exporte temporalmente para su reparación; b) excepción de registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de créditos en moneda extranjera otorgados por instituciones de crédito del país, a plazo de hasta 180 días, y de créditos otorgados con recursos provenientes de fideicomisos de fomento económico, independientemente de su plazo de pagos y c) venta de divisas controladas para el pago de gastos asociados a la exporta-

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ción e importación de mercancías que no exceden en más de 2 000 dólares a las cantidades resultantes de aplicar los porcentajes previstos en las disposiciones correspondientes, sin requerir de dictamen de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 7. Por otra parte, se señala que los recursos de créditos en moneda extranjera otorgados por entidades financieras, que se contraten a partir del lo, de junio de 1987, podrán destinarse al pago de adeudos contraídos con anterioridad al 20 de diciembre de 1982, a favor de proveedores y entidades financieras extranjeras, debidamente registrados, así como de instituciones de crédito del país; siempre y cuando el plazo de pago de los nuevos créditos sea cuando menos de 8 arios, incluyendo un periodo de gracia de 4 arios. II. Resolución sobre compraventas comprendidas en e/ mercado controlado

El Banco de México, atendiendo al indicado propósito de agrupar y sistematizar las normas relativas al control de cambios, publica en ese mismo Diario Oficial una "Resolución sobre Compraventa Comprendidas en el Mercado Controlado de Divisas", en la que se compilan las expedidas con anterioridad por el propio instituto central. g. Estímulos al comercio exterior

Bajo este concepto consideramos al conjunto de disposiciones jurídico-administrativas que el gobierno federal ha establecido para apoyar las operaciones de comercio exterior. En importaciones, la eliminación de permisos previos, precios oficiales y la rebaja sustancial de las tarifas, conforman evidencias claras de estímulo a la importación de todo tipo de mercancías, incluso suntuarios no necesarias. Para las exportaciones debemos distinguir entre las medidas de fomento al exportador y los apoyos crediticio-financiero existente al respecto. Instrumentos de fomento. Estos apoyos los otorga la Dirección de Servicios al Comercio Exterior de la Secofin. Sucintamente señalaremos los más relevantes. 1. Programas de Importación Temporal para exportación, PITEX (D.O. 9-V-85, 19-IX-86). 2. Derechos de Importación para exportar, DIMEX (D.O. 3. Régimen de maquiladoras.

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4. Devolución de Impuestos, DRAW-BACK (D.O. 24-IV-85, 29-VH-87, 4-VIII-87). 5. Programas de Concertación: Empresas ALTEX. 6. Empresas de Comercio Exterior. 7. Exportación de Tecnologías y Servicios. 8. Tasa cero del IVA. 9. Apoyo a exportadores indirectos (carta de crédito doméstica). La carta de crédito doméstico creada en 1986 otorga financiamiento a las empresas que producen bienes y servicios que se integran al producto exportado, es decir, a los proveedores de los exportadores, también conocidos como exportadores indirectos. Con este instrumento se pretende que los recursos financieros permitan a los llamados exportadores indirectos reducir sus costos de producción y obtener recursos de Bancomext a tasas preferenciales. Apoyos financieros al exportador. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, por ley orgánica (D.O. 20-1-1986 y D.O. 21-VII-86) ha centralizado los financiamientos oficiales de apoyo a la actividad de exportación integrando los programas de Fomex (Fondo de Financiamiento a las Exportaciones de Manufacturas). Estos financiamientos son asimilados a los financiamientos internacionales y sus tasas de interés se ubican en los niveles aceptados por el Banco Mundial y el propio GATT. Los principales programas vigentes que tiene Bancomext-Fomex son: A. Programa de financiamiento a la Preexportación y exportación de productos primarios, manufacturados y servicios; B. Programa de financiamiento la importación de materias primas, partes y refacciones; C. Programa de financiamiento a la sustitución de importaciones de alto valor agregado; D. Programa de equipamiento de empresas que participan en el comercio exterior; E. Programa de financiamiento a la industria maquiladora y zonas fronterizas; F. Programa de agente financiero. Los montos, plazos y tasas de interés dependen de diversas hipótesis que cada empresa debe atender, según el tipo de programa a que aspire.

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Finalmente, conviene señalar que Bancomext también otorga apoyos promocionales diversos tales como: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ferias, exposiciones y muestras en el extranjero; Envío de muestras en el extranjero; Viajes de promoción comercial en el extranjero; Investigación de productos-mercados; Capacitación en comercio exterior; Asesoría técnica en el proceso de producción-comercialización; Estudio de o para mercados extranjeros; Material promocional y de publicidad; Campañas de publicidad; Promoción de la industria maquiladora de exportación; Participación en negociaciones comerciales internacionales; Defensa del comercio exterior mexicano.

Por último, el sistema bancario en general tiene líneas de crédito especiales para el comercio exterior, destacándose Bancomer, Banamex y Serfin, como bancos con amplias redes de relaciones en los principales mercados internacionales. Los sistemas generalizados de preferencia. En el campo de los estímulos, específicamente a las exportaciones mexicanas, debemos mencionar los sistemas generalizados de preferencia, que en número de dieciocho están disponibles a productos semimanufacturados o manufacturados de origen mexicano en los mercados de los países industrializados. Los sistemas generalizados de preferencia son mecanismos de comercio exterior negociados por UNCTAD y legitimados por el GATT, que tiene por objetivo permitir el ingreso de manufacturas a los mercados de los países industrializados a tasas arancelarias bajas o tasas cero originarias de los países en vías de desarrollo, sin obligación de reciprocidad ni condicionamiento por parte de los países beneficiarios. Los sistemas generalizados de preferencia que más interesan a México son los de Estados Unidos, Canadá y Japón, esquemas que abren posibilidades a productos mexicanos, siempre que tengan 35% de valor agregado nacional o que su fondo de integración nacional (GIN) sea de ese porcentaje. Estados Unidos revisa anualmente su sistema generalizado de preferencia, el cual está integrado por cerca de 3 000 productos que gozan de tasa cero o tasa preferencial y que son de interés_ para los exportadores mexicanos. Pese a lo anterior, dicho esquema tiene limi-

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taciones, graduaciones y exclusiones que deben ser escrupulosamente observadas por los beneficiarios. Estos esquemas preferenciales no recíprocos (Comunidad Económica Europea, Unión Soviética, Australia, España, etcétera) se han ampliado, y en 1988, en Belgrado, Yugoslavia, se ha estructurado un sistema generalizado de preferencia-ED que lo integran, exclusivamente, cerca de setenta países en vías de desarrollo, en los cuales está México y que tiene por misión administrar preferencias arancelarias en favor de estos países, no extensibles a los países industrializados." 2. Las fuentes jurídicas internacionales del comercio exterior a. Generalidades Llamamos fuentes jurídicas internacionales al conjunto de acuerdos bilaterales y multilaterales que regulan directa o indirectamente la política comercial nacional y que han sido suscritos por el gobierno federal y aprobados por el Senado. Tratados multilaterales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son tratados que México suscribió, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945. El Tratado de Montevideo de 1980 Mexico adhiere a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo regional que forman once países latinoamericanos y que tiene por finalidad establecer mecanismos comerciales preferentes en función de un mercado común latinoamericano. El documento formal de adhesión se publicó en el Diario Oficial de la federación de 31 de marzo de 1981. El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) creado en 1975, con objeto de desarrollar proyectos de empresas regionales conjuntas a nivel latinoamericano y defender el mercado y los precios de las materias primas, es otro organismo que México suscribe y cuyo decreto de formalización se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1975. El Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos negociado en las conferencias mundiales de comercio y desarrollo en las Naciones Unidas (UNCTADD) es otro instrumento multilateral que persigue establecer mecanismos de defensa de los 77

1981.

Querol, Vicente, El Sistema Generalizado de Preferencias, México, Guma,

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productos básicos como cacao, cobre, plata, caucho, azúcar, etcétera, propiciando precios internacionales equitativos y remuneradores para los países en vías de desarrollo. México adhiere a este convenio por decreto de fecha 3 de marzo de 1982. b.

La adhesión de México al GATT

El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) es un acuerdo multilateral de comercio creado en 1947 por veintitrés países, y tiene por objetivo regular jurídicamente la política comercial de sus miembros a través de los siguientes principios: cláusula de la nación más favorecida, reciprocidad, no discriminación, igualdad jurídica de sus integrantes y liberación de los intercambios mercantiles. En esencia, este organismo, que en 1988 consta de 96 miembros, cumple tres funciones: L Es una norma jurídica internacional. II. Es un foro para negociar rebajas arancelarias y otras barreras al comercio exterior (restricciones, permisos, cuotas, valoraciones aduaneras, prácticas desleales-dumping y subvenciones, etcétera). III. Es una instancia o tribunal que resuelve controversias en materias comerciales entre sus partes contratantes. Su competencia abarca los intercambios de mercancías --manufacturas y productos agrícolas—, y en 1986, a raíz de la Ronda Multilateral del Uruguay, cubrirá la comercialización internacional de servicios (turismo, transporte, bancos y finanzas, seguros, telemática, informática-computación, inversiones extranjeras, propiedad intelectual, etcétera). Para regular la política comercial de sus miembros, el GATT ha estructurado un andamiaje complejo formado por: — 38 artículos que forman su carta constitutiva. — 6 códigos de conducta que complementan algunos de sus principales preceptos constitutivos y que disciplinan las siguientes áreas: antidumping, subvenciones y derechos compensatorios, valoración aduanera, licencias de importación, obstáculos técnicos al comercio internacional y las compras gubernamentales.

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— Sus 96 protocolos de adhesión de otros tantos países que bajo el nombre de partes contratantes integran este acuerdo multilateral. México adhiere al GATT con fecha julio de 1985 a través de un protocolo de adhesión que establece derechos y obligaciones, los cuales pasamos a resumir brevemente: Derechos. Gozar de tratamientos arancelarios negociados en cerca de cuarenta arios de negociaciones por los principales países comerciantes, de tal suerte que las exportaciones mexicanas tienen un marco tarifario ya definido en los mercados del GATT.78 Resolver sus controversias comerciales en un foro multilateral que tiene procedimientos y sanciones objetivas, sin arbitrariedades unilaterales. Negociar acuerdos comerciales para sus productos y recíprocamente comprometerse a observar reglas permanentes, lejos de los cambios erráticos sexenales. Obligaciones. Establecer una política comercial internacional abierta y sin discriminaciones. Actualizar su derecho aduanero a fin de privilegiar las tarifas arancelarias y eliminar gradualmente las restricciones (permisos de importación y precios oficiales) a sus operaciones de comercio exterior. Consolidar 373 fracciones arancelarias de su TIGI en aranceles que no pueden elevarse, sin negociación compensatoria con los proveedores interesados del GATT. Consolidar el resto de la TIGI en un arancel máximo de 50%, y obligarse a rebajar dicho tope tarifario en negociaciones a futuro. Suscribir cuatro códigos de conducta en materia de dumping, licencias de importación, obstáculos técnicos al comercio internacional y valoración aduanera. Estos códigos ya fueron aprobados por el Senado mexicano y se han incorporado al derecho económico interno según las siguientes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación; Código Antidumping, 12-XII-1987; Código de Licencias de Importación, 12-XII-1987; Código de Obstáculos Técnicos al Comercio Internacional, 12-XII1987; Código de Valoración Aduanera, 21-XII-1987. A tres arios de nuestro ingreso al GATT, los compromisos se han cumplido en exceso, pues la apertura comercial unilateralmente decre78

Ver el documento El proceso de adhesión de México al Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) del Gabinete de Comercio Exterior,

México, 1986.

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tada a partir del 25 de julio de 1985, ha significado anular todos los beneficios que eventualmente el GATT podía traer para el comercia

exterior mexicano. Las autoridades internas han desconocido todas las recomendaciones del Senado de la República en materia de protección a la industria nacional que externaron con ocasión de aprobar el ingreso de México al GATT. Las medidas aperturistas especialmente hacia el mercado norteamericano, están permitiendo importaciones desleales de productos suntuarios y exponiendo a la planta productiva nacional a una competencia que nada tiene que ver con el proteccionismo vigente en los mercados mundiales y específicamente en los Estados Unidos. Los efectos de dicha apertura no negociada son responsabilidad exclusiva de las autoridades del sector Hacienda-Comercio y no de los compromisos derivados de nuestra incorporación al Acuerdo Genera/ de Aranceles y Comercio. c. Acuerdos bilaterales México ha desplegado una intensa actividad en materia de acuerdos bilaterales de comercio. Ha suscrito más de 90 convenios de este tipo. destacándose acuerdos con la Comunidad Europea, Japón, Canadá. China Continental y con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Especial mención y breve análisis merecen los acuerdos bilaterales en materia comercial con los Estados Unidos, tradicional socio comercial de México. En efecto, el 23 de abril de 1985 se suscribió el Entendimiento en Materia de Subsidios y Derechos Compensatorios, que ha sido prorrogado hasta 1991 el 26 de mayo de 1988 y que tiene por objeto establecer un procedimiento objetivo para resolver controversias que se susciten en caso de que exportaciones mexicanas eventualmente subsidiadas afecten o perjudiquen a fabricantes norteamericanos. Para que proceda la aplicación de derechos compensatorios contra México, los posibles afectados deben probar los perjuicios ante la autoridad competente, como requisito previo a la sanción. México a su vez se obliga a eliminar los certificados de devolución de impuestos (CEDIS) y a regular los financiamientos Fomex-Bancomext a tasas de interés aceptadas internacionalmente. Finalmente, el 6 de noviembre de 1987 México suscribe el Acuerdo Marco Bilateral con Estados Unidos, por el cual se establecen meca-

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nismos de consulta previo a los establecidos en los artículos XXII y XXIII del GATT para resolver controversias en áreas sensibles para ambos países. Se señalan los textiles, acero, cítricos, agrícolas, propiedad intelectual, invensiones y servicios, áreas en las cuales se han iniciado negociaciones entre funcionarios de ambos gobiernos. Agenda de acción inmediata

En relación con el Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a un Marco de Principios y Procedimientos de Consulta sobre Comercio e Inversión, México y los Estados Unidos de América confirman lo siguiente: 1. Estar preparados para iniciar la celebración de consultas bilaterales, dentro de los 90 días posteriores a la firma del Entendimiento referido, sobre los siguientes temas: — Productos textiles — Productos agrícolas — productos siderúrgicos — Asuntos de inversión - Asuntos relacionados con la transferencia de tecnología y propiedad intelectual — Productos electrónicos — Intercambio de información en el sector de servicios orientados a profundizar su análisis y contribuir a los trabajos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. 2. Ambas partes reconocen que la inclusión de los temas anteriores en la Agenda Inmediata de Consultas no limita el derecho de cada país para incluir cualquier otro asunto sobre comercio e inversión que pudiera surgir en el corto plazo y requiera consultas bilaterales inmediatas, tampoco prejuzga la inclusión de nuevos temas en el futuro. Estos acuerdos se inscriben en la estrategia del vecino del norte de desarrollar un bilateralismo activo con México y Canadá como instancia previa a la eventual constitución de un mercado común del norte, tesis ya aceptada por Canadá y en los hechos al parecer por México, pues la apertura comercial ha enfatizado el bilateralismo y ha desalentado toda negociación multilateral hacia ALADI y el propio GATT.

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d. Convenios sobre productos

Los convenios sobre productos son acuerdos internacionales que regulan la oferta y los precios de productos específicos con participación de productores y consumidores. México forma parte de los siguientes convenios o acuerdos sobre productos básicos. — El Convenio del Café — El Convenio del Azúcar — El Convenio del Cacao — El Convenio del Caucho Natural — El Acuerdo Multifibras del GATT.79

79 Ver Witker, Jorge, El régimen jurídico de los productos básicos en el comercio internacional, México, UNAM, 1984.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR (D.O. 13-1-86) Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República. Miguel de la Madrid H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO -El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CAPÍTULO 1

Disposiciones

Genera/es

19 Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés general. Tienen por objeto regular y promover el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito similar en beneficio del mismo, a cuyo fin se faculta al Ejecutivo Federal, en términos del Artículo 131 Constitucional, para: ARTÍCULO

I. Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arancelarias de las tarifas de exportación e importación y para crear otras. No podrán establecerse cuotas diferentes a las generales establecidas, salvo cuando existan compromisos internacionales que así lo justifiquen. II. Establecer medidas de regulación o restricciones a la exportación o importación de mercancías consistentes en:

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a. Requisito de permiso previo para exportar o importar mercancías de manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del país. b. Cupos máximos de mercancías de exportación o de importación en razón de los excedentes de producción, de los requerimientos del mercado o de los acuerdos y convenios internacionales. c. Cuotas compensatorias, provisionales y definitivas, a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, las que serán aplicables independientemente del arancel que corresponda a la mercancía de que se trate. d. Prohibición de importación o exportación de mercancías. III. Restricción de la circulación o el tránsito por el territorio nacional de las mercancías procedentes del y destinadas al extranjero, por razones de seguridad nacional, de salud pública, de sanidad fitopecuaria o conservación o aprovechamiento de especies. El propio Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada ario, someterá a su aprobación el uso que hubiera hecho de las facultades concedidas. ARTÍCULO 29 Las facultades a que se refiere el artículo precedente se ejercerán en los siguientes términos: I. La correspondiente a la fracción I, por Decretos del Ejecutivo Federal que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. II. Las restricciones a que se refiere la fracción II, y la determinación de las cuotas compensatorias señaladas en su inciso c), por acuerdos o resoluciones que expida la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Para determinar cuotas compensatorias definitivas y para prohibir la importación o exportación de mercancías, la dependencia mencionada escuchará previamente la opinión de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior. Cuando se trate de medidas de seguridad nacional de salud pública, de sanidad fitopecuaria o de aprovechamiento o conservación de especies, también podrá la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial prohibir la importación o exportación de mercancías a petición de la autoridad competente. III. Las restricciones para la circulación o tránsito por el territorio nacional de mercancías procedentes del y destinadas al extranjero, podrán ser ordenadas por la dependencia del Ejecutivo Federal que corresponda conforme a las leyes aplicables cuando lo requiera la seguridad nacional, la salud pública, la sanidad fitopecuaria o la conservación o aprovechamiento de especies.

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ARTÍCULO 39 Se crea la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior como órgano de consulta del Ejecutivo Federal para estudiar, proyectar y proponer criterios generales y las modificaciones que procedan en materia de comercio exterior, así como para participar en la aplicación de esta Ley conforme a lo establecido en la misma. El Ejecutivo Federal determinará las dependencias, entidades y organismos públicos que integrarán la Comisión y reglamentará su funcionamiento. CAPÍTULO

II

Restricciones a la Exportación e Importación ARTÍCULO 49 Las medidas de regulación o restricciones a la exportación de mercancías a que se refiere la fracción II incisos a), b) y d) del artículo lo. de esta Ley, se establecerán en los siguientes casos: I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población, el abastecimiento de materias primas a las industrias o regular o controlar recursos naturales no renovables, de conformidad con las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional. II. Para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales suscritos por México. III. Cuando sea necesario asegurar que las operaciones de comercialización internacional se realicen conforme a los procedimientos de exportación instituidos por Ley o por el Ejecutivo Federal. IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies. V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico, arqueológico o valioso por cualquiera otra circunstancia. VI. Cuando sean necesarias conforme a disposiciones sobre seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o cualquier otra disposición o requerimiento de orden público. ARTÍCULO 50 Las medidas de regulación o restricciones a la importación de mercancías a que se refiere la fracción II incisos a), b) y d) del artículo lo. de esta Ley, se establecerán en los siguientes casos:

I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza coMercial o de pagos. II. Cuando así lo requieran las condiciones de la economía nacional o disposiciones de orden público o de interés social. Para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales suscritos por México.

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IV. Como contramedida a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por terceros países, salvo lo previsto en tratados o convenios suscritos por México. V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. VI. Cuando el volumen de importaciones de una mercancía crezca a un ritmo tal y bajo condiciones que causen o amenacen causar un serio daño a los productores nacionales de mercancías similares. VII. Cuando sean necesarias para dar cumplimiento o disposiciones sobre seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o cualquier otro requerimiento de orden público. ARTÍCULO 6° En los permisos para exportar o importar mercancías se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o importar y su valor y los demás datos o requisitos que sean necesarios. ARTÍCULO 79 Para los efectos de esta Ley, se considerarán prácticas desleales de comercio internacional:

I. La importación de mercancías a un precio menor al comparable de mercancías idénticas o similares destinadas al consumo en el país de origen o procedencia. A falta de dicho precio comparable o si el mismo no es representativo, se considerará que existen dichas prácticas desleales cuando la importación de mercancías se realice a cualquiera de los siguientes precios: a. Menor al precio comparable más alto de exportación de mercancías idénticas o similares remitidas del país de origen o procedencia a otros países; o b. Menor al resultado de sumar el costo de producción en el país de origen, un margen razonable por utilidad y los gastos de transpor.tación y venta. Para determinar los precios comparables a que se refiere el primer párrafo de esta fracción I y el inciso a), se considerarán los prevalecientes en el curso de operaciones comerciales normales. II. La importación de mercancías que en el país de origen o de procedencia hubieren sido objeto, directa o indirectamente, de estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier clase para su exportación, salvo que se trate de prácticas aceptadas internacionalmente.

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ARTÍCULO 89 Las personas físicas o morales que introduzcan mercancías al territorio nacional en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, están obligadas a pagar una cuota compensatoria para no afectar la estabilidad de la producción nacional u obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes. La cuota compensatoria será equivalente a:

I. La diferencia entre el precio menor y el comparable en el país exportador a que se refiere la fracción I del artículo anterior. II. El monto del beneficio señalado en la fracción II de dicho artículo. III. La suma de los conceptos anteriores, en el caso en que se combinen las prácticas desleales de comercio internacional. ARTÍCULO 99 Salvo en los casos a que se refiere el artículo 14, cuando constate la realización de importaciones en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial determinará de oficio y provisionalmente la cuota comprensatoria en los términos de lo dispuesto por el artículo 89, debiendo publicarse la resolución correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. ARTÍCULO 10. Las personas físicas o morales productoras de mercancías idénticas o similares a aquéllas que se estén importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y representen, por sí mismas o agrupadas, cuando menos el 25 por ciento de la producción nacional de dichas mercancías o las organizaciones legalmente constituidas de productores de las mismas, podrán denunciar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los hechos que ameriten la determinación de la cuota compensatoria en los términos de esta Ley. En dicha denuncia manifestarán por escrito, bajo protesta de decir verdad:

I. Nombre y domicilio del promovente y, en su caso, de la persona física que actúa en su representación. II. Actividad principal a la que se dedica el promovente y, en su caso, los miembros de la organización, indicando el número de ellos y la participación porcentual que tengan las mercancías que producen en relación con la producción nacional. III. Descripción de la mercancía de cuya importación se trate, especificando su calidad comparativamente con la de producción nacional y demás datos que la individualicen, así como el volumen que pretenda importarse en base a la unidad de medida correspondiente.

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IV. Nombre y domicilio de quienes pretenden realizar la importación o de quienes la efectuaron aclarando si en una o en varias operaciones, salvo que el denunciante lo ignore. V. Indicación del país o países de origen y de exportación, de no ser el mismo y, en su caso, de la persona o personas que realicen la exportación a México y el monto de la diferencia a que se refiere la fracción I del artículo 79, o del beneficio a que alude la fracción II, salvo que, en este último caso, el denunciante lo ignore. VI. Los demás hechos y datos que hagan presumible la existencia de la práctica desleal de comercio internacional. VII. En su caso, los elementos que permitan apreciar que a causa de la introducción al mercado nacional de las mercancías de que se trate, se causa o amenaza causar daño o perjuicio a la producción nacional o se obstaculiza el establecimiento de una industria. La Secretaría podrá requerir al denunciante mayores elementos de prueba o datos, los que deberán proporcionarse dentro del plazo que se conceda y que no podrá ser menor de ocho días hábiles. De no aportarse lo requerido dentro del plazo otorgado a su prórroga si la hubo, se tendrá por abandonada la denuncia, sin perjuicio de que la Secretaría, de oficio, realice la investigación y determine lo que proceda. ARTÍCULO 11. Recibida de conformidad la denuncia a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará, dentro de un término de 5 días hábiles, resolución de carácter provisional determinando, si fuere procedente, la cuota compensatoria que corresponda y continuará la investigación administrativa sobre la práctica desleal de comercio internacional que motivó la resolución, la cual surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La resolución provisional a que se refiere el párrafo anterior será dictada tomando en consideración la información de que disponga la Secretaría, si en base a ella se deriva la existencia de cualquiera de las prácticas desleales de comercio internacional mencionadas en esta Ley. Si la mercancía no ha sido importada, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá autorizar que lo sea sin el pago de la cuota compensatoria, siempre que se garantice el interés fiscal respecto de dicho pago, para el casó de que la resolución definitiva confirme la cuota compensatoria determinada provisionalmente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá de inmediato al cobro de la cuota compensatoria y, en su caso, a la aceptación de las garantías que exhiban los interesados, las que en todo caso deberán ajustarse a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. ARTÍCULO 12. Dentro de un plazo que no excederá de 30 días hábiles, contados a partir del día en qu,e surta efectos la resolución pro.

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visional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la confirmará, modificará o revocará, tomando en cuenta lo aportado por quienes efectuaron la importación o pretenden realizarla, por los productores o la organización de productores a que se refiere el artículo 10 y el resultado de la investigación que la propia Secretaría hubiese efectuado. De haberse revocado o modificado el monto de la cuota compensatoria provisional, se procederá a cancelar o modificar las garantías que se hubiesen otorgado o, en su caso, a devolver las cantidades que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva, lo que se hará previa la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución dictada. ARTÍCULO 13. Concluida la investigación administrativa, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de un plazo de seis meses contados a partir del día en que surta efectos la resolución provisional, dictará la resolución definitiva que proceda, con base en las pruebas que hubiesen aportado los productores nacionales, los importadores de la mercancía de que se trate y los eletnentos que la Secretaría hubiese obtenido. Esta resolución también deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá, en su caso, a hacer efectivas las garantías que se hubieren otorgado de resultar confirmada la cuota compensatoria. Si se revocó o modificó la mencionada cuota, se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior. ARTÍCULO 14. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de otros países que las cuotas compensatorias a que se refiere esta Ley sólo se determinen de manera definitiva cuando se acredite, por quienes la soliciten, que la importación de la mercancía de que se trate causa o amenaza causar daño o perjuicio a la producción nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, siempre y cuando para resolver cuestiones similares en aquellos países exista reciprocidad respecto de las mercancías que se exporten del nuestro a ellos. En todo caso la resolución que determine estas cuotas compensatorias se publicará en el Diario Oficial de la Federación. ARTÍCULO 15. La determinación de que la importación de mercancías causa o amenaza causar daño o perjuicio a la producción nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, la hará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considerando los criterios previstos en los convenios a que se refiere el artículo anterior o, en su defecto, cuando menos, los elementos siguientes: I. El volumen de la importación de mercancías objeto de prácticas desleales de comercio internacional, para determinar si ha habido un

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aumento considerable de las mismas en relación con la producción o el consumo interno del país. II. El efecto que sobre los precios de productos idénticos o similares en el mercado interno, causa o pueda causar la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, para lo cual deberá considerarse si la mercancía importada se vende en el mercado interno a un precio considerablemente inferior al de los productos idénticos o similares, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios anormalmente o impedir en la misma medida el alza razonable que en otro caso se hubiera producido. III. El efecto causado o que pueda causarse sobre los productores nacionales de mercancías idénticas o similares a las importadas, considerando todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en la producción y ventas, tales como su disminución apreciada y potencial; la participación en el mercado; el rendimiento de las inversiones; la utilización de la capacidad instalada; los factores que repercuten en los precios internos; los efectos negativos apreciados y potenciales en el empleo, los salarios, el crecimiento, la inversión y demás elementos que considere convenientes. ARTÍCULO 16. Los importadores o sus consignatarios están obligados a calcular en el pedimento de importación correspondiente el monto de la cuota compensatoria causada y a pagarla junto con los demás impuestos al comercio exterior, aún en el caso de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la haya determinado provisionalmente. ARTÍCULO 17. Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse la cuota compensatoria a que se refiere la fracción II del artículo 79, así como sus consignatarios, no estarán obligados a pagarla al presentar el pedimento de importación, si acreditan que el país de origen de la citada mercancía es distinto del que aplica prácticas desleales de comercio internacional, acompañando al citado pedimento el certificado de origen expedido por la autoridad competente del país exportador, acreditada ante la autoridad mexicana. ARTÍCULO 18. Los importadores afectados por cuotas compensatorias definitivas, podrán solicitar se modifique la determinación hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se haya modificado la diferencia entre los precios o el monto de los beneficios a que se refiere el artículo 79• En este caso, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá autorizar se lleven a cabo las importaciones de que se trate sin el pago de dichas cuotas en tanto se resuelve la petición, siempre que el solicitante garantice el interés fiscal. ARTÍCULO 19. La cuota compensatoria subsistirá hasta que se declare que han cesado las prácticas desleales de comercio internacional que la causaron.

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La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará la declaratoria correspondiente, una vez que compruebe la desaparición de las citadas prácticas, la que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Se considera que dichas prácticas han desaparecido cuando los exportadores extranjeros o el gobierno del país que otorgó los estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas correspondientes, realicen cualquiera de las siguientes acciones: I. Modifiquen sus precios eliminando las causas que motivaron la ampliación de la cuota compensatoria; II. Eliminen completamente las causas que dan lugar a que el precio de exportación resulte un precio subsidiado o subvencionado; III. Se obliguen ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la intervención del gobierno de su país, a limitar sus exportaciones hacia México a las cantidades que se convenga, caso en el cual se suspenderá la aplicación de la cuota compensatoria, cuyo cobro se reanudará si no se cumple el compromiso; IV. Adopten acciones distintas a las señaladas en los incisos anteriores, cuyos efectos sean equivalentes a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Los interesados podrán solicitar a la mencionada Secretaría que haga la declaratoria correspondiente, acompañando las pruebas que acrediten la desaparición de las prácticas desleales de comercio internacional, en cuyo caso podrá otorgarse la autorización a que se refiere el artículo anterior, garantizando el interés fiscal. CAPÍTULO III

Inspección y VigilanciaS. Sanciones y Recursos Administrativos ARTÍCULO 20. Las infracciones a esta ley que tambiéh lo sean por los mismos hechos, a la Ley Aduanera, se investigarán o harán constar y sancionarán conforme a esta última, la que también regirá para la impugnación administrativa de las resoluciones que se emitan con base en ella. ARTÍCULO 21. Corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en su caso, a la autoridad competente, sancionar las infracciones a esta Ley que no lo sean también a la Ley Aduanera, particularmente las siguientes:

I. Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o alterarlos para obtener permisos de exportación o importación de mercan-

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cías, para pedir o eludir la aplicación del régimen de cuotas compensatorias o para cualquier otro trámite relacionado con lo dispuesto en ésta Ley. II. Destinar la mercancía o bienes importados a fin distinto para el cual se autorizó en el permiso de importación. ARTÍCULO 22. Las infracciones a que se refiere el artículo 21 se sancionarán en los siguientes términos:

I. La consignada en la fracción I, con multa hasta por el valor de la mercancía importada o exportada o, a falta de este dato, hasta por el importe del valor de la mercancía consignado en el permiso correspondiente. Las demás infracciones a la fracción I del artículo 21 se sancionarán con multa hasta por el importe de cinco veces el salario mínimo general anual para el Distrito Federal, correspondiente al año en que se cometa la infracción. Para la determinación de esta sanción se tendrá tn cuenta la importancia económica de la negociación, el beneficio obtenido o, en su caso, el perjuicio que causó en forma directa o indirecta a industriales o comerciantes. II. La infracción consistente en destinar la mercancía o bienes importados a fin distinto, se sancionará con multa hasta por el importe del valor de ellos, si la mercancía o bienes ya fueron consumidos, ordenándose que los no utilizados se empleen exclusivamente al fin autorizado. Si no se obedece de inmediato esta disposición se impondrá multa equivalente a cinco veces el valor de estas mercancías o bienes. 23. La inspección, vigilancia e imposición de sanciones que conforme a esta Ley sean competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se efectuarán con las formalidades y conforme a los procedimientos establecidos en la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. ARTÍCULO 24. Contra las resoluciones o actos administrativos definitivos que determinan cuotas compensatorias o las apliquen, procederá el recurso administrativo de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, que podrán interponer únicamente los importadores de las mercancías a que se refieren dichas cuotas y que para los efectos del artículo 202 fracción IV del mismo ordenamiento será necesario agotar. El recurso se sustanciará y resolverá conforme a lo dispuesto por el citado Código y las siguientes reglas: ARTICULO

I. Se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolución o realizado el acto contra el que se dirijan los agravios, salvo que en el

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mismo recurso se impugnen ambos, caso en el que deberá interponerse ante la autoridad que determinó las cuotas compensatorias. II. La resolución del recurso contra la determinación de cuotas com:. pensatorias será de pronunciamiento previo al correspondiente a los actos de aplicación. La autoridad competente para resolver los primeros enviará copia de la resolución a la autoridad facultada para resolver los segundos. En caso de que se modifique o revoque la determinación de las cuotas compensatorias, quedará sin materia el recurso interpuesto contra los actos de aplicación de la propia determinación. III. Si se interponen recursos sucesivos contra la resolución que determinó la cuota compensatoria y los actos de aplicación, se suspenderá la tramitación de estos últimos. El recurrente estará obligado a dar aviso de la situación a las autoridades competentes para conocer y resolver dichos recursos. La suspensión podrá decretarse aún de oficio cuando la autoridad tenga conocimiento por cualquier causa de esa situación. Contra las resoluciones que decidan el recurso de revocación a que se refiere este precepto, procederá el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, salvo que sea improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. Cuando el mismo recurrente que interpuso juicio ante el citado Tribunal Fiscal de la Federación impugnando la resolución dictada a resolver el recurso de revocación interpuesto contra determinación de la cuota compensatoria, impugne posteriormente también la resolución que se dicte al resolver el recurso contra los actos de aplicación, deberá ampliar la demanda inicial dentro del término correspondiente para formular esta última impugnación. ARTícuLo 25. Las resoluciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por las que se impongan las sanciones podrán ser recurridas administrativamente por las personas afectadas ante el superior jerárquico de la autoridad que las haya impuesto, dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la resolución respectiva. La interposición de este recurso, respecto del cual serán aplicables los siguientes artículos, suspenderá la ejecución de la sanción impugnada si ésta consiste en multa, siempre que se garantice su importe en términos del Código Fiscal de la Federación. En los demás casos se suspenderán los efectos de la resolución si concurren los siguientes requisitos: I. Que el recurso haya sido admitido y lo solicite el recurrente. II. Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen inobservancia a esta Ley u otras de orden público.

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III. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtener resolución favorable. IV. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños de imposible o difícil reparación para el recurrente. ARTICULO 26. Cuando el recurso no se interponga a nombre propio, deberá acreditarse la personalidad de quien lo promueva. En el recurso administrativo podrán ofrecerse toda clase de pruebas,

excepto la confesional, siempre que tengan relación con los hechos que constituyan la motivación de la resolución recurrida. Al interponerse el recurso deberán ofrecerse las pruebas correspondientes y acompañarse los documentos. Los recurrentes podrán ampliar las pruebas ofrecidas y la exhibición de documentos hasta quince días hábiles después de la presentación del recurso. Si se ofrecieron pruebas que ameritan desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles para tal

efecto. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este capítulo será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles. ARTÍCULO 27. La autoridad que conozca del recurso dictará la resolución que proceda dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que concluya el desahogo de las pruebas o, si no ameritase diligencia específica para tal fin a la fecha en que quedase totalmente integrado el expediente. ARTÍCULO 28. El recurso se tendrá por no interpuesto: I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 25. II. Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscribe o no se haya acreditado legalmente dentro del plazo que se le hubiere concedido para desahogar la prevención. III. Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo. La autoridad que conozca del recurso prevendrá al recurrente para que firme la documentación en caso de no haberlo hecho.

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ARTÍCULO 29. Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el artículo 25, las que se dicten al resolver el recurso o aquéllas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.

TRANSITORIOS Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. Se abrogan la Ley Reglamentaria del párrafo segundo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 1961 y se derogan los artículos 9 y 10 de la Ley sobre Atribuciones de Ejecutivo Federal en Materia Económica, así como las demás disposiciones que se opongan a la presente. Artículo tercero. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor el Reglamento sobre Permisos de Importación y Exportación de Mercancías Sujetas a Restricciones, el Decreto que crea la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior y las demás disposiciones expedidas con anterioridad en todo lo que no se le opongan,

México, D. F., a 19 de diciembre de 1985.—Sen. Socorro Díaz Palacios, Presidenta.—Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.—Sen. Luis fosé Dorantes Segovia, Secretario.—Dip. Reyes Rodolfo Flores Z, Secretario.—Rúbricas". En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.—Miguel de la Madrid H.—Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.—Rúbrica.—E1 Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor..—Rúbrica.—P. A. del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, el Subsecretario Encargado del Despacho, Mauricio de Maria y Campos.—Rúbrica.

REGLAMENTO CONTRA PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL (D. O. 27-XI-86). Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uñidos Mexicanos.—Presidente de la República. MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 a 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO Que el Plan Nacional de Desarrollo 1983~1988 y el Programa de Fomento Industrial de Comercio Exterior 1984-1988, le han asignado al comercio exterior un papel prioritario en la estrategia del desarrollo económico del país. Que dentro del conjunto de medidas ejecutadas por el gobierno de la República en el campo del comercio exterior, sobresale la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior decretada por el Congreso de la Unión y expedida y publicada por el Ejecutivo a mi cargo en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986. Que la Ley de Comercio Exterior, como también se le conoce al instrumento jurídico mencionado, establece las bases jurídicas fundamentales que permiten al gobierno enfrentar ciertos fenómenos del comercio internacional, como el dumping o las subvenciones, conocidos comúnmente como prácticas desleales de comercio internacional y proteger adecuadamente a la planta productiva nacional que se ve afectada por los mismos. Que en la Ley de Comercio Exterior se faculta al Ejecutivo a mi cargo para que determine y aplique cuotas compensatorias a las mercancías extranjeras que se importen o pretendan importarse a nuestro país en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. Que para el establecimiento y aplicación de cuotas compensatorias debe realizarse una investigación sobre prácticas desleales de comercio

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internacional para determinar la existencia de éstas y el monto de la cuota que a cada caso específico debe aplicarse, requiriéndose para ello el desahogo de un procedimiento administrativo que involucra a productores nacionales, importadores, exportadores extranjeros y gobiernos de países con los que México sostiene relaciones comerciales. Que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior sobre la materia y a efecto de otorgar una protección adecuada y oportuna a la planta productiva nacional, es necesario definir algunos conceptos que se utilizan en la propia Ley y establecer pormenorizadamente las modalidades de plazos, términos, situaciones generales y específicas, procedimiento, recepción y desahogo de pruebas, determinación provisional y definitiva de cuotas compensatorias, procedimientos para la determinación de la existencia de daño a la planta productiva nacional o amenaza de que éste se ocasione, el monto de la cuota compensatoria cuando ésta deba aplicarse y sobre la forma y términos en que puede concluirse una investigación sobre prácticas desleales de Comercio internacional, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente REGLAMENTO CONTRA PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL CAPÍTULO

Definiciones ARTÍCULO 19 Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento cuando en el mismo se aluda a los términos que a continuación se señalan se entenderá por:

I. Ley, la Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior. II. Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. III. Comisión, la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior. IV. Dumping, la práctica desleal de comercio internacional a que se refiere el artículo 79, fracción I de la Ley, que consiste en la importación al mercado nacional de mercancías extranjeras a un precio inferior a su valor normal. V. Operaciones comerciales normales, aquellas que se realizan habitualmente o que durante un tiempo razonable, inmediatamente anterior a la fecha de exportación hacia México, se hayan realizado en el mercado del país de origen o procedencia respecto de mercancías idén-

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ticas o similares entre compradores y vendedores independientes uno de otro. VI. Subvención, es la práctica desleal de comercio internacional prevista en la fracción II del artículo 79 de la Ley, que consiste en el otorgamiento, directo o indirecto, por un gobierno extranjero o por sus organismos públicos o mixtos, de estímulos, incentivos, primas, subsidios o ayudas de cualquier clase, a los productores, transformadores, comercializadores, o exportadores de mercancías exportadas a México, para fortalecer, inequitativamente, su posición competitiva internacional, salvo que se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. También se considera como subvención, la venta en el mercado internacional por parte de gobiernos extranjeros o sus agencias, de existencias o reservas de productos agrícolas o mineros, en condiciones tales que tengan por efecto que los precios de dichos productos sean considerablemente inferiores a los otros proveedores del mismo mercado, o la absorción de más de una parte equitativa del comercio mundial de exportación .del producto considerado. VII. Por mercancía idéntica se entenderá la que coincida en todas sus características con la que se compara, tomando en consideración elementos tales como su naturaleza, origen, procedencia, uso, función, calidad, marca y prestigio comercial. De no coincidir en todas sus características con la mercancía con la que se compara bastará que esta última presente algunas idénticas sobre todo en naturaleza, uso, función y calidad para ser considerada similar. VIII. Daño a la producción nacional es la pérdida o menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia lícita y normal que sufran o puedan sufrir uno o varios productores nacionales como consecuencia inmediata y directa de cualquiera de las prácticas desleales de comercio internacional previstas en el artículo 79 de la Ley y en el presente Reglamento. Se incluye en este concepto el obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes como resultado directo de prácticas desleales de comercio internacional. CAPÍTULO II

Determinación de Dumping ARTÍCULO 29 Para efectos de la determinación del margen de dumping, la Secretaría comparará el valor normal de la mercancía extranjera con el precio a que dicha mercancía se importe al mercado mexicano. La Secretaría considerará como valor normal de una mercancía:

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I. El precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de una mercancía idéntica o similar destinada al consumo en el país de origen. II. Cuando no se realicen ventas de mercancía idéntica o similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de origen o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará como valor normal: a. El precio comparable más alto para la exportación de mercancía idéntica o similar a un tercer país en el curso de operaciones comerciales normales, siempre y cuando se trate de un precio representativo o, en su defecto; b. El precio que se obtenga mediante la adición al costo de producción de la mercancía en el país de origen, de los gastos de venta, de transporte y un margen de utilidad razonable. El costo de producción se calculará basándose en el conjunto de los costos, tanto como variables, referidos a los materiales y a la fabricación, en el curso de operaciones comerciales normales, en el país de origen, incrementados en un importe razonable por los gastos administrativos y los demás gastos generales. Por regla general, siempre que se obtenga normalmente una utilidad en las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado interior del país de origen, el elemento que se añadirá por dicho concepto no será superior a la misma. En los demás casos la utilidad se determinará basándose en criterios razonables, utilizando las informaciones de que se disponga. ARTÍCULO 39 En el caso de importaciones procedentes de países con economía centralmente planificada, el valor normal se determinará basándose en el precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se venda realmente una mercancía idéntica o similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno o en su defecto para su exportación. ARTÍCULO 49 Cuando una mercancía sea exportada a México desde un país intermediario, y no directamente del país de origen, el valor normal se determinará tomando como base el precio en el mercado del país exportador. Como excepción a lo anterior, podrá hacerse la comparación con el precio del país de origen, en el caso de que las mercancías transiten simplemente por el país de exportación, o n, produzcan o no exista un precio comparable para ellas en el país de exportación. ARTÍCULO 59 Para determinar el margen de dumping y a efecto de asegurar qs.ie la comparación entre el valor normal y el precio al que se importe la mercancía al mercado mexicano sea lo más adecuada po-

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sible, la Secretaría procederá a examinarlos sobre bases equiparables en cuanto a las características físicas y especificaciones técnicas del producto. Además, se tomarán en cuenta las diferencias en precios que puedan resultar por las condiciones y términos o venta, cargas impositi, vas y otros elementos que afecten la comparación de precios. ARTÍCULO 69 Para que el valor normal y el precio al que se importe

la mercancía en el mercado mexicano resulten comparables por lo que

hace a las características físicas y especificaciones técnicas del produc-

to, así como a las condiciones y términos de venta, cargas impositivas y otros elementos se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus particularidades, las diferencias que afecten a dicha comparación para hacer los ajustes que corresponda. Cuando una parte interesada solicite que se tomen en consideración tales diferencias, le incumbirá aportar la prueba de que su solicitud está justificada. Para la determinación de dichos ajustes se aplicarán los criterios siguientes:

I. Cuando se trate de diferencias en las características físicas de la mercancía y especificaciones técnicas, los ajustes se basarán normalmente en el efecto que tales diferencias tengan sobre el valor normal de la misma. Sin embargo, cuando no se disponga de los datos sobre los precios del mercado interior de ese país o los que se posean no permitan una comparación válida, el cálculo se basará en los costos de producción y en los márgenes de beneficio que ocasionen tales diferencias; II. Tratándose de diferencias de cantidades, se efectuarán ajustes por los siguientes conceptos: a) Descuentos por cantidad libremente concedidos en el curso de operaciones comerciales normales durante un periodo anterior representativo, habitualmente no inferior a seis meses, y para una proporción sustancial, no inferior al 20% de las ventas totales del producto de que se trate efectuadas en el mercado interior o en su caso, en el mercado de un tercer país, podrán admitirse descuentos diferidos cuando se basen en una práctica constante en periodos anteriores o en el compromiso de respetar las coAdiciones requeridas para la obtención de los mismos; o bien b) Ahorros en los costos de producción de las diferentes cantidades. Sin embargo cuando el precio de la mercancía considerada se base en cantidades inferiores a la cantidad más pequeña vendida en el mercado interior o, en su caso, a terceros países, el ajuste se determinará de modo que refleje el precio más elevando al que se vende la cantidad más pequeña en el mercado interior o, en su caso, en un tercer mercado.

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III. Si las diferencias se dan en las condiciones y términos de venta, los ajustes se limitarán a aquellas que tengan una relación directa con las ventas consideradas, incluidas, entre otras, las que existan en las condiciones de crédito, fianzas, garantías, modalidades de asistencia técnica, servicios postventa, comisiones o salarios pagados a los vendedores, envasado, transporte, seguros, mantenimiento, carga y costos accesorios y, en la medida en que no hayan sido tomadas en consideración de otra forma, las diferencias de fase comercial. Por regla general, no se efectuará ningún ajuste por las diferencias que existan en los gastos administrativos y generales, incluidos los gastos de investigación y desarrollo o de publicidad; el importe de estos ajustes se determinará normalmente por el costo de dichas diferencias para el vendedor, aunque podrá tenerse en cuenta asimismo su efecto sobre el valor del producto. IV. Las diferencias en las cargas impositivas serán motivo de ajuste en los casos en que un producto exportado a México haya quedado exento de gravámenes a la importación o de impuestos indirectos, que recaigan sobre el producto similar y sobre los materiales incorporados a él cuando el producto de que se trate se destine al consumo en el país de origen o en el país de exportación, o en los casos en que se haya procedido a la devolución de dichas contribuciones. CAPÍTULO III

Determinación de Subvención ARTÍCULO 79 En la investigación que lleve a cabo la Secretaría sobre la existencia de subvenciones, considerará que tienen tal carácter, salvo prueba en contrario, cualesquiera de las acciones descritas en la lista ilustrativa de subvenciones a la exportación que como anexo forma parte del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Dicha lista no tendrá carácter limitativo. ARTÍCULO 80 Al calcularse el monto de la subvención recibida por la mercancía extranjera exportada a México, se deducirán el total de los impuestos de exportación, derechos u otros gravámenes a que se haya sometido en el país de origen la exportación de la mercancía, destinados especialmente a neutralizar la subvención. Cuando una parte interesada solicite tal deducción, le incumbirá aportar la prueba de que la solicitud está justificada.

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CAPÍTULO IV

De la Cuota Compensatoria ARTÍCULO 99 La cuota compensatoria provisional, no podrá ser mayor, pero sí menor, al margen de dumping o al monto de la subvención

que se hubiese determinado durante la investigación. En todo caso, el monto que fije la Secretaría deberá ser suficiente para desalentar la

importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. ARTÍCULO 10. La cuota compensatoria podrá determinarse en cantidad específica o en puntos porcentuales, según resulte más adecuado y en su caso, será calculada en términos de la moneda convertible en que venga facturada la mercancía o en dólares E.U.A., debiéndose liquidar en su equivalente en moneda nacional calculándose el tipo de cambio controlado vigente al momento de hacerse efectiva la misma. ARTÍCULO 11. En cualquier momento, durante la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional a que se refiere este Reglamento y hasta antes de dictar la resolución definitiva, la Secretaría deberá, si considera tener elementos suficientes para ello, determinar una cuota compensatoria o variar el monto de la que rigiere, proveyendo lo necesario para dar a conocer a los interesados la nueva situación. La cuota compensatoria que la Secretaría determine en cualquier momento durante la investigación a que se refiere el párrafo anterior, tendrá carácter provisional y consecuentemente podrá pagarse o garantizarse el interés fiscal derivado de la misma, a elección del importador. CAPÍTULO V

Prueba de Daño ARTÍCULO 12. En los casos a que se refiere el artículo 14 de la Ley, sólo se determinarán cuotas compensatorias definitivas si como resultado de la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, la Secretaría llega al convencimiento de la existencia de daño o de la amenaza de que éste pueda causarse a la producción nacional o que se obstaculiza el establecimiento de industrias, debido a importaciones efectuadas o que puedan efectuarse en tales condiciones.

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JORGE WITKER V. CAPÍTULO VI

De la Investigación sobre Prácticas Desleales de Comercio Internacional

_ ARTÍCULO 13. La investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, que estará a cargo de la Secretaría, se iniciará con motivo de la denuncia de cualquier persona física o moral que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 10 de la Ley. La denuncia deberá contener cuando menos los requisitos previstos en el mencionado artículo. La denuncia que satisfaga los requisitos a que alude el párrafo anterior, será recibida de conformidad por la Secretaría dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, notificándolo al denunciante e iniciando, a partir de ese momento, la investigación correspondiente. El término de cinco días hábiles para dictar la resolución a que se refiere el artículo 11 de la Ley empezará a correr a partir del día siguiente al en que se notifique haber recibido de conformidad la denuncia. En caso de que, a juicio de la Secretaría, sea improcedente iniciar la investigación, lo comunicará al denunciante dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la denuncia fundando y motivando su resolución y ordenando el archivo del expediente respectivo. ARTÍCULO 14. Si la Secretaría estima que la denuncia es oscura o que faltan datos o documentos para que se pueda presumir la existencia de una práctica desleal de comercio internacional, prevendrá, en un plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida la denuncia, al denunciante para que dentro del plazo de treinta días hábiles aclare su denuncia o aporte los datos o documentos pertinentes. El plazo podrá ser prorrogado, a juicio de la Secretaría, en una sola ocasión. De no aclararse o complementarse la denuncia en los términos requeridos, ésta se tendrá por abandonada, sin perjuicio de que la Secretaría, de oficio, inicie la investigación. ARTÍCULO 15. La resolución de la Secretaría por la que se ordene iniciar de oficio una investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional deberá hacerse del conocimiento general mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, convocando a los importadores, exportadores y representantes de gobiernos extranjeros, así como a las personas que pudieran tener interés jurídico en el resultado de la investigación, para que comparezcan ante la propia Secretaría a manifestar lo que a su derecho convenga.

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En dicha resolución se otorgará un plazo no mayor de 15 días hábiles para recibir por escrito las comparecencias correspondientes. ARTÍCULO 16. Mediante la resolución a que se refiere el artículo anterior de este Reglamento, la Secretaría deberá: a) Declarar el inicio de la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, sin determinar la cuota compensatoria provisional, o b) Determinar provisionalmente la cuota compensatoria que .deba pagarse por la importación de mercancías presumiblemente en condiciones de dumping o que hubiera recibido una subvención, si para ello cuenta con la información suficiente que permita suponer la existencia de dichas prácticas desleales y la importación sea de tales características que constituya, a juicio de la Secretaría, un daño o amenaza de daño para los productores nacionales de mercancías idénticas o similares. ARTÍCULO 17. La resolución a que se refiere el inciso a) del artículo anterior deberá contener cuando menos, los datos siguientes:

a) Una descripción detallada de la mercancía que se haya importado se esté importando, presumiblemente en condiciones de dumping o que hubiera recibido una subvención, indicando la fracción arancelaria que le corresponda de la Tarifa del Impuesto General de Importación. b) País de origen o procedencia de la misma; c) Descripción de la mercancía nacional idéntica o similar a la mercancía que se haya importado o se esté importando; d) Nombre y domicilio del productor o productores nacionales de mercancía idéntica o similar. o

ARTÍCULO 18. La resolución por la que se determine cuota compensatoria provisional contendrá lo siguiente: a. Una descripción detallada de la mercancía que se haya importado o que 'se esté importando en condiciones de dumping o subvencionada y la fracción arancelaria de la Tarifa del Impuesto General de Importación que corresponda. b. Nombre y domicilio del o de los exportadores de la mercancía a que se refiere el inciso anterior y del fabricante de la misma. t. País de origen o de procedencia de la mercancía en cuestión. d. Descripción de la mercancía producida en México que es idéntica o similar a la iniportada a que se refieren los incisos anterióres. e. Nombre y domicilio del productor o productores nacionales de mercancías idénticas o similares.

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f. Margen del dumping o monto de la subvención que se presume, según se trate y en su caso, características de la subvención. g. En su caso, una descripción del daño causado o que pueda causarse a la producción nacional o la estimación en que se obstaculiza el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes, productoras de mercancías idénticas o similares a las importadas o a las que pretenden importarse. h. Monto de la cuota compensatoria provisional que habrá de pagarse. La resolución a que se refiere este artículo se publicará en el Diario

Oficial de la Federación.

ARTÍCULO 19. La investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional versará sobre la existencia de dumping o subvención y el daño causado o que pueda causarse a la producción nacional. Abarcará un periodo que cubra las importaciones de mercancías idénticas o similares a las de producción nacional que puedan resultar afectadas, que se hubiesen realizado hasta con seis meses de anterioridad al inicio de la investigación, así como cualquier otro elemento relevante para el resultado de la misma. La realización de la investigación no será obstáculo para el despacho ante la aduana correspondiente de las mercancías involucradas en la misma. ARTÍCULO 20. Dentro del plazo de treinta días a que se refiere el artículo 12 de la Ley, la Secretaría revisará los elementos que sirvieron de base para dictar su resolución provisional, la información complementaria que, en su caso, hayan proporcionado los productores, importadores y exportadores afectados, así como los representantes del gobierno del país de origen o de procedencia de la mercancía involucrada en la investigación. De la revisión que se efectúe conforme al párrafo anterior, la Secretaría podrá:

a) Confirmar el monto de la cuota compensatoria previamente establecida cuando no hubieren variado los elementos que la motivaron. b) Modificar el monto de la cuota compensatoria provisional que se hubiere establecido previamente cuando se acredite una variación en el margen del dumping o de la subvención; o c) Revocar la cuota compensatoria provisional previamente determinada cuando se considere que no existe práctica desleal, dando por concluida la investigación y ordenando el archivo del expediente respectivo.

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Los resultados de la revisión a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En los casos previstos en los incisos b) y c), la Secretaría ordenará que se modifiquen o cancelen, respectivamente, las garantías que se hubieren otorgado y, en su caso, que se devuelvan las cantidades que se hubieren enterado por concepto de cuota compensatoria, o que se

proceda al cobro de las cantidades faltantes si la nueva cuota resulta

superior a la determinada anteriormente. La devolución o el pago de las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la resolución respectiva. ARTÍCULO 21. La Secretaría verificará la información remitida mediante cuestionarios o presentada durante la investigación. Para ello, podrá efectuar visitas en el domicilio fiscal del o de los denunciantes o de los importadores de las mercancías sujetas a investigación, debiéndose limitar la inspección al cotejo de los documentos que obren en el expediente o a la revisión de aquellos cuya inspección se hubiere ordenado. La información y pruebas aportadas en relación con el costo de producción o con la subvención recibida, podrá ser verificada en el país de origen o de procedencia de la misma si la autoridad del gobierno correspondiente acepta que ésta se realice y en su caso, si el productor de la mercancía manifiesta su conformidad en la verificación. La Secretaría podrá contratar los servicios de empresas asesoras especializadas que le apoyen en la indagación y comprobación de los datos y elementos que requiera para estar en posibilidad de emitir una resolución provisional. De no existir la aceptación del gobierno del país exportador o, en su caso, la conformidad del productor de la mercancía sujeta a investigación, para que se realice la verificación correspondiente, la Secretaría resolverá sobre la determinación de cuotas compensatorias con base en la información disponible. ARTÍCULO 22. La Secretaría utilizará en sus cálculos para determinar el monto de las cuotas compensatorias, técnicas estadísticas o de muestreo generalmente aceptadas, en aquellos casos donde exista un volumen o número significativo de operaciones involucradas o de ajustes a realizar. Estas técnicas deberán ser representativas de las operaciones sujetas a investigación. En cualquier caso se aplicarán los principios de contabilidad generalmente aceptados. ARTÍCULO 23. Los denunciantes, los importadores y exportadores de las mercancías involucradas en la investigación, así como los representantes involucrados del gobierno del país exportador, podrán obtener la información facilitada a la Secretaría por cualquiera de las partes

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afectadas, con excepción de los documentos internos preparados por la Secretaría y los considerados confidenciales. Al efecto, dirigirán una solicitud por escrito a la Secretaría especificando los puntos concretos sobre los que requieran información, la que, si procede, se proporcionará por el mismo medio. ARTÍCULO 24. Las informaciones recibidas con carácter de confidencial únicamente podrán ser utilizadas por la Secretaría para el fin para el que fueron solicitadas. Dicha información no podrá divulgarse sin autorización expresa de la parte remitente. En las solicitudes de tratamiento confidencial, se indicarán las razo,nes por las cuales la información tiene ese carácter, debiendo acompañarse de un resumen no confidencial de la misma o de una exposición de los motivos por los que no puede resumirse. ARTÍCULO 25. La Secretaría considerará que una información es 'confidencial cuando su divulgación pueda tener consecuencias sensiblemente desfavorables para quien la haya facilitado. Cuando la Secretaría estime que una solicitud de tratamiento confidencial no está justificada y quien la haya facilitado no desee hacerla pública ni autorizar su divulgación en forma resumida, podrá no ser considerada para los fines de la investigación, si se aportó voluntariamente. ARTÍCULO 26. Los artículos precedentes no impedirán la divulgación por parte de la Secretaría de informaciones generales y en particular de las razones que justifiquen la determinación de cuotas compensatorias ni de la divulgación de elementos de prueba, en el curso de un procedimiento judicial. Esta divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en que no se revelen sus secretos comerciales. ARTÍCULO 27. Durante el periodo que dure la investigación sobre, prácticas desleales de comercio internacional, las partes que hubieren acreditado su interés jurídico en el resultado de la misma podrán ofrecer toda clase de pruebas excepto la confesional, o aquellas que se consideren contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres. CAPÍTULO VII

Conclusión de la Investigación ARTÍCULO 28. Una vez que haya concluido la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, la Secretaría enviará el expediente y un anteproyecto de resolución a la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior para que ésta opine sobre el sentido ,de la resolución definitiva y, en su caso, sobre el monto de la cuota eompensatoria definitiva que deba establecerse. •

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Formulada la opinión de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, su Secretaría Técnica regresará el expediente a la Secretaría para que ésta elabore el proyecto de resolución que corresponda de acuerdo con la opinión expresada por dicho órgano colegiado. Este proyecto será sometido a la consideración del C. Presidente de la República, quien de aprobarlo lo mandará publicar en el Diario Oficial de la Federación.

La resolución por la que se establezca cuota compensatoria definitiva deberá contener los elementos señalados en el artículo 18 de este Reglamento, así como las modalidades respecto a la duración de la misma y el análisis razonado, en su caso, de los elementos que se tuvieron en consideración para determinar la existencia de daño o amenaza de daño a la producción nacional o el retraso en el establecimiento o desarrollo de una industria. ARTÍCULO 29. El monto de la cuota compensatoria que se establezca con carácter definitivo, no podrá ser superior al margen de dumping o monto de la subvención que aparezca acreditado como resultado de la investigación. La autoridad administrativa deberá considerar la posibilidad de que la cuota compensatoria sea inferior al margen de dumping o subvención, si a su juicio, un monto inferior es suficiente para eliminar los efectos de daño a la producción nacional. ARTÍCULO 30. Durante la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional y hasta antes de la determinación de la. cuota compensatoria definitiva, el denunciante, los importadores y exportadores de la mercancía afectada por la investigación, que hubieren acreditado tener interés jurídico en el resultado de la misma, así como los representantes acreditados de los gobiernos de los países involucrados, podrán solicitar a la Secretaría la celebración de una audiencia conciliatoria en la que podrán proponerse fórmulas de solución y conclusión de la investigación, las cuales, de resultar procedentes, serán sancionadas por la propia Secretaría e incorporadas en la resolución que para el efecto se dicte dando por concluida la investigación. Dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. ARTÍCULO 31. Cuando el exportador de la mercancía afectada por dumping o subvencionada se comprometa, con la intervención de su gobierno, a revisar sus precios o cesar sus exportaciones, o si el gobierno del país exportador elimina o limita la subvención de que se trate o preste su consentimiento al exportador para revisar sus precios y eliminar los efectos dañinos de la misma, podrá suspenderse o darse por terminada la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, previa opinión favorable de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exteriór, incorporándose a la resolución correspondiente el compromiso asumido y la opinión formulada.

346 JORGE WITKER V. El cumplimiento de estos compromisos podrá revisarse periódicamente de oficio o a petición de parte. Si como consecuencia de tal revisión se llegare al conocimiento de que existe incumplimiento, se procederá a restablecer de inmediato el cobro de la cuota compensatoria provisional y se continuará con la investigación. La resolución a que se refiere el presente artículo será publicada en el Diario Oficial de la Federación. TRANSITORIOS ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 1986.—Miguel de la Madrid H.—Rúbrica.—E1 Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes.—Rúbrica.—E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petricioli Iturbide.—Rúbrica. Lista ilustrativa de subvenciones a la exportación * a) El otorgamiento por los gobiernos de subvenciones directas, a una empresa o producción haciéndolas depender de su actuación exportadora. b) Sistemas de no retrocesión de divisas o prácticas análogas que implican la concesión de una prima a las exportaciones. c) Tarifas de transporte interior y de fletes para las exportaciones, proporcionadas o impuestas por las autoridades, más favorables que las aplicadas a los envíos internos. d) Suministro, por el gobierno o por organismos públicos, de productos o servicios importados o nacionales, para uso en la producción de mercancías exportadas, en condiciones más favorables que las aplicadas al suministro de productos o servicios similares o directamente competidores para uso en la producción de mercancías destinadas al consumo interior, si (en el caso de los productos) tales condiciones son más favorables que las condiciones comerciales que se ofrezcan a sus exportadores en los mercados mundiales. e) La exención, exoneración o aplazamiento total o parcial, concedidos específicamente en función de las exportaciones, de los * Esta lista ilustrativa de subvenciones a la exportación se transcribe del Anexo del Código sobre subvenciones y Derechos Compensatorios, que oficialmente lleva el nombre de "Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-.

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impuestos directos a o de las cotizaciones de seguridad social que paguen o deban pagar las empresas industriales y comerciales?

0 La concesión, para el cálculo de la base sobre la cual se aplican los impuestos directos, de deducciones especiales directamente relacionadas con las exportaciones o los resultados obtenidos en la exportación, superiores a las concedidas respecto de la producción destinada al consumo interno. g) La exención o remisión de impuestos indirectos a sobre la producción y distribución de productos exportados, por una cuantía que exceda de los impuestos percibidos sobre la producción y distribución de productos similares cuando se venden en el mercado interior. h) La exención, remisión o aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada a que recaigan en una etapa anterior sobre los bienes o servicios utilizados en la elaboración de productos exportados, cuando sea mayor que la exención, remisión o aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada similares que recaigan en una etapa anterior sobre los bienes y servicios utilizados en la producción de productos similares cuando se venden en el mercado interior; sin embargo, la exención, remisión o aplazamiento, con respecto a los productos exportados, de los impuestos indirectos en cascada que recaigan en una etapa anterior podrá realizarse incluso en el caso de que no exista exención, remisión o aplazamiento respecto de productos similares cuando se venden en el mercado interior, si dichos impuestos indirectos en cascada se aplican a productos materialmente incorporados ( con el debido descuento por el desperdicio) al producto exportado.° i) La remisión o la devolución de cargas a la importación a por una cuantía que exceda de las percibidas sobre los productos importados que están materialmente incorporados al producto exportado (con el debido descuento por el desperdicio); sin embargo, en A los efectos del presente Acuerdo: Por "impuestos directos" se entenderán los impuestos sobre los salarios, benefidos, intereses, rentas, cánones o regalías y todas las demás formas de ingresos y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles. Por "cargas a la importación" se entenderán los derechos de aduana, otros derechos y otras cargas fiscales no mencionadas en otra parte de la presente nota que se perciban sobre las importaciones. Por "impuestos indirectos" se entenderán los impuestos sobre las ventas, el consumo, el volumen de negocio, el valor añadido, las concesiones, el timbre, las transmisiones y las existencias y equipos, los ajustes fiscales en frontera y los demás impuestos distintos de los impuestos directos y las cargas a la importación. Por impuestos indirectos "que recaigan en una etapa anterior" se entenderán los aplicados a los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente en la elaboración del producto. a

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i)

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casos particulares una empresa podrá utilizar productos del mercado interior en igual cantidad y de la misma calidad y características que los productos importados, en sustitución de estos y con el objeto de beneficiarse con la presente disposición, si la operación de importación y la correspondiente de exportación se realizan ambas dentro de un periodo prudencial, que normalmente no excederá de dos arios. La creación por los gobiernos (u organismos especializados bajo su control) de sistemas de garantía o seguro de crédito a la exportación, de sistemas de seguros o garantías contra alzas en el costo de los productos exportados d o de sistemas contra los riesgos de fluctuación de los tipos de cambio, a tipos de primas manifiestamente insuficientes para cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de funcionamiento de esos sistemas.e

Por impuestos indirectos "en cascada" se entenderán los que se aplican por etapas sin que existan mecanismos que permitan descontar posteriormente el impuesto si los bienes o servicios sujetos a impuestos en una etapa de la producción se utilizan en una etapa siguiente de la misma. La "remisión" de impuestos comprende el reembolso o la reducción de los mismos. b Los signatarios reconocen que el aplazamiento no constituye necesariamente una subvención a la exportación en los casos en que, por ejemplo, se perciben los intereses correspondientes. Los signatarios reconocen además que ninguna disposición de este texto prejuzga la resolución por las PARTES CONTRATANTES de las cuestiones concretas planteadas en el documento L/4422 del GATT. Los signatarios reafirman el principio de que los precios de las mercancías en transacciones entre empresas exportadoras y compradores extranjeros bajo su control o bajo un mismo control deberán ser, a los efectos fiscales, los precios que serían cargados entre empresas independientes que actuasen en condiciones de plena competencia. Todo signatario podrá setialar a la, atención de otro signatario las prácticas administrativas o de otra clase que puedan infringir este principio y que den por resultado una importante economía de impuestos directos en transacciones de exportación. En tales circunstancias, los signatarios normalmente tratarán de resolver sus diferencias por las vías previstas, en los tratados bilaterales existentes en materia fiscal o recurriendo a otros mecanismos internacionales específicos, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que para los signatarios se derivan del Acuerdo General, con inclusión del derecho de consulta establecido en la frase precedente.El párrafo e) no tiene por objeto coartar a un signatario para' adoptar medidas destinadas a evitar la doble imposición de los ingresos procedentes del extranjero devengados por sus empresas o por las empresas de otro signatario. En los casos en que existan medidas incompatibles con las disposiciones del párrafo e), y cuando el signatario que las aplica tropiece con dificultades importantes para ajustarlas prontamente a las disposiciones del Acuerdo, dicho signatario procederá, sin perjuicio de los derechos que asistan .a otros signatarios en virtud del Acuerdo General o del presente Acuerdo, a examinar métodos tendientes a ajustar esas medidas dentro de un plazo razonable. A este respecto, la Comunidad Económica Europea ha declarado que Irlanda se propone 'dejar, sin efecto el lo. 4e enero de 1981 su sistema de medidas fiscales preferenciales relacionadas- con, las exportaciones, establecido en virtud de la Leysobre el inipuésto de sociedades (Corporation Tax Act) de 1976, si bien continuará

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k) La concesión por los gobiernos (u organismos especializados sujetos a su control y/o que actúen bajo su autoridad) de créditos a los exportadores a tipos inferiores a aquellos que tienen que pagar realmente para obtener los fondos empleados con este fin (o a aquellos que tendrían que pagar si acudiesen a los mercados internacionales de capital para obtener fondos al mismo plazo y en la misma moneda que los de los créditos a la exportación), o el pago de la totalidad o parte de los costes en que incurran los exportadores o instituciones financieras para la obtención de créditos, en la medida en que se utilicen para lograr una ventaja importante en las condiciones de los créditos a la exportación. No obstante, si un signatario es parte en un compromiso internacional en materia de créditos oficiales a la expoztación en el cual sean partes por lo menos doce signatarios originarios f del presente Acuerdo al 19 de enero de 1979 (o en un compromiso que haya substituido al primero y que haya sido aceptado por estos signatarios originarios), o si en la práctica un signatario aplica las disposiciones relativas al tipo de interés del compromiso correspondiente, una práctica seguida en materia de crédito a la exportación que esté en conformidad con esas disposiciones no será considerada como una subvención a la exportación de las prohibidas por el presente Acuerdo. 1) Cualquier otra carga para la Cuenta Pública que constituya una subvención a la exportación en el sentido del artículo XVI del Acuerdo General.

cumpliendo los compromisos legalmente obligatorios contraidos durante el periodo de vigencia de dicho sistema. e El párrafo h) no se aplica a los sistemas de imposición sobre el valor añadido ni a los ajustes fiscales en frontera establecidos en sustitución de dichos sistemas; al problema de la exoneración excesiva de impuestos sobre el valor añadido le es aplicable solamente el párrafo g). d Los signatarios convienen en que ninguna disposición de este párrafo prejuzgará o influenciará las deliberaciones del Grupo especial establecido por el Consejo del GATT el 6 de junio de 1978 (C/M/126). a Al evaluar el grado de adecuación a largo plazo de los tipos de primas, y los gastos y pérdidas de los sistemas de seguros, en principio solamente se tendrán en cuenta los contratos que se hayan celebrado después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. f Por signatario originario del presente Acuerdo se entenderá todo signatario que se adhiera al mismo ad referencium a más tardar el 30 de junio de 1979.



CAPÍTULO XI

EL TURISMO Y SU REGULACIÓN JUR/DICA 351 A. Generalidades 352 B. El Turismo en México . 353 C. Los propósitos del Plan .... 353 1. Lineamientos de estrategia del Plan . . . 354 2. Lineamientos generales de acción en el Plan . 354 a. Información turística . . 354 b. Diversificación de mercados 355 c. Promoción y publicidad 355 d. Comercialización . 355 e. Turismo fronterizo 355 f. Turismo interno 355 g. Turismo social . 356 h. Planta turística . 356 i. Capacitación 356 j. Transporte 357 k. Desarrollo turístico regional 357 1. Política financiera m. Coordinación intersectorial 357 357 D. Ley Federal de Turismo (D.O. 6-11-1984) E. Disposiciones jurídicas relacionadas con las principales . 360 actividades de la Secretaría de Turismo . . 360 1. Disposiciones generales 360 2. Disposiciones organizativas 360 3. Disposiciones en planeación turística 4. Disposiciones en materia de regulación de servicios turísticos 361 5. Disposiciones de las entidades paraestatales del sector 362 turismo 365 . Ley Federal de Turismo .

CAPÍTULO XI EL TURISMO Y SU REGULACIÓN JURIDICA A. GENERALIDADES Dentro de las actividades terciarias o de servicios, el turismo ocupa un lugar destacado tanto como fuente de empleos como de generador de divisas. Más aún, el turismo constituye un factor fundamental de identidad nacionalista que propicia el entendimiento cultural interno y mejora las relaciones del país en la comunidad internacional. La actividad turística, conocida también como "industria sin chimeneas", se ha convertido, para muchos países, en uno de los capítulos importantes de su balanza de pagos, ya que las erogaciones que hacen los viajeros extranjeros constituyen una entrada de divisas que benefician su economía nacional. Entre estos beneficios cabe destacar el referente a que el país visitado explota una riqueza que no se menoscaba nunca, pues el turista, a cambio de su dinero, recibe principalmente la oportunidad de conocer una urbe, admirar una ruina arqueológica o recrearse en un museo, bienes éstos que en general no experimentan ningún desgaste económico directo.'" Las riquezas turísticas son patrimonio de un pueblo que habita un territorio y la administración de ellas debe necesariamente corresponder al Estado, quien debe proveer el impulso de las corrientes turísticas, ya sea con criterios sociales internos de integración nacional ( turismo interno) o atrayendo a turistas extranjeros con campañas de publicidad y protegiendo una estancia tranquila y racional en los lugares de servicios turísticos. Es decir, el Estado debe ejercer una facultad de policía administrativa, que oriente y controle a los prestadores de servicios, mismos que no sólo deben actuar con criterios exclusivamente lucrativos. Esto es, la fiscalización de hoteles, transportes y centros de diversión, la fijación de precios estables y normales, la observancia de normas de higiene, salud y ecológicas, la conservación de los lugares turísticos. 8') Consejo Nacional de Turismo, ¿Qué es e/ turismo? México, Edic. del Consejo, 1976.

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etcétera, son funciones que realiza el Estado moderno en el ámbito global de intervención administrativa-económica. Pero a esa función fiscalizadora los Estados agregan la tarea de ejecutar inversiones en infraestructura, alentando a los sectores social y privado y señalando regiones prioritarias para diversificar la explotación de un recurso renovable de enorme impacto en todo el sistema económico." B. EL TURISMO EN MÉXICO México, junto con Brasil y Perú, es uno de los países con mayor atractivo turístico en América Latina, situación que lo ha llevado a desplegar una política turística diversificada que conjuga varios aspectos: descentralización de polos turísticos, captación de divisas, creación de empleos directos e indirectos, fomento a artesanos y artistas regionales. En 1987 la balanza comercial turística fue favorable con mil doscientos millones de dólares, los visitantes interiores llegaron durante el ario pasado a la cifra récord de cuatro millones setecientos dieciocho mil y por cada mexicano que actualmente viaja al exterior, el país recibe 2.7 visitantes. A estas fechas la Secretaría de Turismo tiene registrados cinco mil establecimientos hoteleros con cerca de 230 mil habitaciones. De ellos cuarenta por ciento pertenecen a cadenas hoteleras extranjeras (Holiday Inn, Ramada Inn, Marriot, Fiesta Americana) y un sesenta por ciento pertenecen a cadenas hoteleras nacionales (Continental, Nacional Hotelera, Rivera del Sol, Aristos, Real de Minas, etcétera). La importancia de la actividad turística y su efecto multiplicador es destacado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 que señala: La estrecha relación que guarda la actividad turística con otros sectores productivos ha permitido que algunas de las ramas de la economía tan importantes como la construcción, el transporte, el comercio, las artesanías y la industria de los alimentos, hayan resultado beneficiados con la compra y venta de bienes y servicios vinculados con las actividades recreativas.82 Por la trascendencia que apunta dicho documento en la rama turística nacional nos permitimos reproducir algunos puntos al respecto. En cuanto al diagnóstico el Plan señala: Ramírez Blanco, Manuel, Teoría general de turismo, México, Diana, 1982. Véase Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Secretaría de Programación y Presupuesto. México, 1983. 81

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Se ha observado una concentración geográfica en las zonas turísticas de playas y en las principales ciudades de interés histórico y cultural, que corresponde a esquemas de preferencia de las corrientes turísticas del exterior y a modalidades del mercado interno. Esto ha propiciado una escasez de oferta con características diferentes para atender otros segmentos del mercado y para aprovechar el gran potencial turístico en la totalidad del territorio nacional. Siguiendo la propia metodología del Plan, pasaremos a reseñar los propósitos, los lineamientos de estrategia, las líneas de acción, para cerrar el capítulo comentando la recientemente aprobada Ley Federal de Turismo y de paso mencionar el conjunto de disposiciones jurídicas que aplica la Secretaría de Turismo, organismo centralizador de la actual política turística en el contexto del multicitado Plan Nacional de Desarrollo. C. LOS PROPOSITOS DEL PLAN — La política turística tiene como propósito esencial de corto plazo contribuir a la solución de los problemas nacionales, mediante la captación de divisas y la generación de empleos, en tanto que la consolidación de ambos aspectos en el mediano y largo plazos, deberá fortalecer la posición estratégica del sector en el desarrollo nacional. — Promover la utilización del derecho al descanso de las mayorías del país, mediante el fomento al turismo recreativo dirigido a los estratos de población con ingresos medios y bajos. — Contribuir al desarrollo equilibrado entre regiones y al fortalecimiento de la identidad nacional, mediante la promoción de la cultura y los valores del país. — Ampliar, diversificar y consolidar la demanda externa mediante la incursión de nuevos mercados y segmentos de consumo. — Fortalecer el turismo interno y en especial el turismo social. — Fomentar el mejor y más amplio aprovechamiento del potencial turístico nacional. — Ampliar, diversificar y elevar la calidad de la oferta turística nacional.

1. Lineamientos de estrategia del Plan La estrategia general del sector se basa en el uso intensivo y eficiente de la capacidad instalada, la implantación de una política de

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precios que permita mantener la competitividad en el mercado internacional e incrementar la demanda interna, y la asignación óptima de los recursos financieros. El uso eficiente e intensivo de la planta turística facilitará la implantación de una política que permita mantener el flujo de la demanda externa y la reactivación del consumo turístico de los nacionales. La asignación de los recursos del sector se orientará hacia la promoción de la demanda externa, el mantenimiento de las instalaciones y equipo y la apertura de nuevas áreas de esparcimiento, que sean altamente competitivas. Asimismo, deberá orientarse hacia la satisfacción de las necesidades del turismo interno, desarrollando la infraestructura y los servicios apropiados que permitan el acceso de los diversos estratos de la población. La incorporación de técnicas de producción, intensivas en mano de obra, permitirán, además de la generación de empleos, la personalización de los servicios turísticos y su consecuente impacto favorable sobre la demanda externa. La elevación de la calidad en los servicios turísticos será el otro factor clave de la consolidación del mercado. La diversificación de los mercados es necesaria porque permite la estructuración de un sector más independiente de las fluctuaciones económicas y políticas del exterior. La apertura hacia grupos de demanda distintos a los que consumen servicios de playa, facilitará la explotación racional del potencial turístico y contribuirá al equilibrio del desarrollo regional, mediante el aprovechamiento de los atractivos localizados en el interior del país. Para hacer más productivo al sector turístico y mejorar la calidad de los servicios que ofrece, se precisa elevar la capacitación de los recursos humanos y el grado de integración de la oferta, considerando los distintos niveles de ingreso de la población. A su vez, la instrumentación de ambas medidas permitirá cumplir paralelamente con el objetivo de fortalecer la demanda interna, especialmente la del turismo social. 2. Líneas generales de acción en e/ Plan a) Información turística

Consolidar el sistema de información turística, en el que se incluyan la elaboración y publicación oportuna de los principales indicadores económicos del sector, con el propósito de facilitar la programación turística del país y la toma de decisiones de los diversos sectores.

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b) Diversificación de mercados Para diversificar los mercados, se orientará prioritariamente la promoción y la publicidad externas a los mercados canadiense, europeo y asiático, con especial atención en difundir los distintos tipos de atractivos turísticos que tiene el país, a fin de incorporar a los diferentes segmentos de la demanda.

r) Promoción y publicidad Realizar campañas de promoción y publicidad más eficaces que resalten aquellos aspectos de la oferta turística que conforman la imagen nacional y que son altamente competitivos, tales como las playas menos conocidas, ciudades del interior, la arqueología, el folklore, la gastronomía, las selvas, las montañas y las lagunas, entre otros. d) Comercialización Promover la agrupación de los empresarios turísticos del país para que actúen como mayoristas internacionales, logrando con esto una mayor capacidad competitiva y simultáneamente contribuir a elevar la eficiencia de la comercialización y fomento al turismo interno. Además, integrar un sistema nacional de reservaciones. e) Turismo fronterizo Promover el desarrollo de la planta turística que ofrezca productos y servicios con variedad y calidad al turista norteamericano.

I)

Turismo interno

Para fomentar el turismo interno, se pondrá en marcha una cam paña que permita a la población el mayor conocimiento de la cultura y geografía nacionales, fortaleciendo así su identidad. La promoción de agrupaciones ciudadanas interesadas en las actividades de esparcimiento y el fomento a aquellos prestadores de servicios interesados en incursionar en el turismo especializado, constituyen dos áreas de acción prioritarias.

g) Turismo social Para el turismo social se definirá un esquema de cooperación entre sindicatos y patrones. La vinculación entre el esparcimiento, la capa-

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citación y la productividad del trabajo mediante un sistema de incentivos, representa una alternativa viable para el incremento y consolidación del turismo social. Los servicios turísticos se orientarán hacia la creación de establecimientos y modalidades que propicien el desarrollo del turismo de ingresos medios y bajos. Las categorías intermedias de alojamiento y diversión para viajes de excursión y de corta duración, son algunas de las necesidades más evidentes. También se hace necesario identificar y desarrollar actividades turísticas creativas y formas novedosas en el diseño y operación de las instalaciones. h) Planta turística La planta turística se orientará al mejoramiento integral en la calidad de los servicios, manteniendo la normatividad de la política de precios del sector. Simultáneamente, la planta se ampliará y diversificará con el propósito de hacer del descanso una expresión activa y creativa. Asimismo, se propiciará un mayor grado de integración entre los servicios. También se ampliará, diversificará e integrará la planta turística, propiciando que los servicios y la regulación de los mismos se dé en el contexto de una mejor cooperación interinstitucional. i) Capacitación Se mejorarán programas de capacitación de los recursos humanos que ocupan las posiciones básicas e intermedias, orientados principalmente a las áreas de alimentación, bebidas, hotelería, mantenimiento de equipo e información turística.

j) Transporte En este aspecto se actuará para lograr el mejoramiento de los servicios de transporte en lo relativo a tarifas, rutas y calidad de las unidades; se realizarán estudios tendentes al establecimiento de tarifas diferenciales por días de la semana o en relación con la estadía; mejoramiento del sistema ferroviario y carretero de acuerdo con la estrategia del sistema integral de transporte; fomento a la transportación marítima turística; fortalecimiento o realización de convenios aéreos bilaterales, y se estimulará el uso de vuelos fletados.

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k) Desarrollo turístico regional Se formulará y pondrá en marcha una política y una estrategia de carácter espacial que logren la identificación cualitativa de los atractivos, definiendo zonas y corredores que deben ser contemplados por la planeación regional y un aprovechamiento óptimo del potencial turístico. /) Política financiera Se establecerá una política de financiamiento, acorde a las necesidades de desarrollo de la industria turística y de la disponibilidad de recursos, que estimule aquellos proyectos y obras que contribuyan al logro de las prioridades del desarrollo. Se fomentará la inversión privada y social en el sector. m) Coordinación intersectorial

Adecuación del marco jurídico existente para fortalecer la capacidad ejecutiva del sector público turístico. Establecimiento de una adecuada coordinación entre todas las entidades de la administración pública federal, estatal y municipal que participen en la actividad turística. Mejoramiento de la coordinación entre las autoridades aduanales, Gobernación y el Registro Federal de Vehículos, para facilitar los trámites de internación a los turistas extranjeros. Promoción de la participación activa del sector en las decisiones sobre rutas aéreas, tarifas, vuelos de fletamento y otros aspectos relacionados. Descentralización de la administración turística a nivel regional, estatal y municipal, manteniendo un equilibrio entre los tres niveles. D. LEY FEDERAL DE TURISMO (D.O. 6-11-1984) ARTÍCULO 19 La Ley es de interés 'público y de observancia general en toda la República, correspondiendo a la Secretaría de Turismo su aplicación. ARTÍCULO 29 La ley tiene por objeto:

I. La programación de la actividad turística, II. La promoción, fomento y desarrollo del turismo,

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III. La creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, IV. La protección y auxilio de los turistas, V. La regulación, clasificación y control de los servicios turísticos. ARTÍCULO 39 Define al turista y al prestador de servicios. ARTÍCULO 49 Enmarca los servicios turísticos. ARTÍCULO 79 La Secretaría elaborará el programa sectorial en fun-

ción del Plan Nacional de Desarrollo. ARTÍCULO 89 La Secretaría participará en los convenios que se celebren con los estados y municipios. ARTÍCULO 13. La Secretaría en coordinación con la de Relaciones Exteriores participará en los convenios de cooperación internacional. ARTÍCULO 14. Establece la Comisión Intersecretarial Ejecutiva de Turismo. ARTÍCULO 15. Menciona la composición de la Comisión. ARTÍCULO 18. Determina la creación de zonas de desarrollo turístico

prioritario. ARTÍCULO 23. Capacitación e investigaciones en materia turística.

ARTícupo 24. Estímulos a empresas turísticas en zonas de desarrollo turístico prioritario. ARTÍCULOS 29 al 42. Se refieren al fomento del turismo. ARTÍCULO 43. Señala la obligación de la Secretaría para el turismo social. ARTÍCULO 51. Reconoce al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). ARTÍCULOS 57 al 72. Reglamenta el control de los prestadores de servicios turístico s. ARTÍCULO 73. Establece el Registro Nacional de Turismo. ARTÍCULOS 77 al 83. Señala normas de protección al turista. ARTÍCULOS 84 al 91. Establece la vigilancia y verificación a los prestadores de servic ios. ARTÍCULOS 92 al 108. Se refiere a la sanciones y recursos de revisión. Finalmente, díez artículos transitorios complementan este marco legislativo de derecho administrativo turístico. Conviene señalar que la ley antes descrita reafirma la rectoría del Estado en la actividad turística pues asienta la obligación de que toda clase de prestadores de servicios turísticos se registren ante la Secretaría de Turismo y obtengan la cédula correspondiente para efectos de operar sus establecimientos, con la exigencia de refrendo y pago de dere-

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chos consecuentes. Por otra parte, en el artículo 61 se señala la obligación de obtener la autorización respectiva para los precios y tarifas de los servicios, requisito éste que busca proteger y racionalizar los pagos que los turistas, especialmente extranjeros, deban cubrir controlando así prácticas especulativas que dañan la imagen del turismo general. En cuanto al Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) continúa como fideicomiso financiero vinculado a Nacional Financiera, pero sus funciones se amplían a poder actuar directamente como operador de empresas y servicios turísticos, con lo cual cumple una doble función. Alentador y estimulador que actúa como banca de segundo piso y como empresario directo, prestador de servicios en cualquier tipo de empresa. Finalmente debemos acotar que la Secretaría del ramo asume un papel centralizador y sancionador trascendente. En efecto, en el artículo 100 se expresa textualmente: "La Secretaría podrá ordenar en• cualquier momento la clausura de un establecimiento en el que se presten servicios turísticos, cuando a su juicio la gravedad de la infracción atente contra los intereses turísticos nacionales". Se trata de normas imperativas, de derecho público que jerárquicamente se aplican a los prestadores de servicios, los que deben subordinar su comportamiento a los intereses generales del país, sin perjuicio de obtener legítimas y lucrativas utilidades.'" Con relación al ámbito internacional, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha suscrito varios acuerdos internacionales. En efecto, están vigentes los siguientes convenios: México-Brasil-Estados Unidos (D.O. 3-VII-75); MéxicoEspaña (D.O. 9-111-78); México-Estados Unidos (D.O. 17-IV-79); México-Costa Rica (D.O. 2-1-1981) y México-Cuba (D.O. 7-V-81). En conclusión, para cumplir los objetivos que el Plan Nacional de Desarrollo asigna al sector turístico, la Secretaría del ramo centraliza la aplicación de la Ley Federal de Turismo y un conjunto de disposiciones de diversas jerarquías que enumeramos y que muestran la importancia que dicha dependencia adquiere en la presente coyuntura de la economía nacional.

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Véase Zamora, Pedro, Introducción al Derecho Turístico (en prensa).

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E. DISPOSICIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

1. Disposiciones generales

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 42 (D.O. 29-XII-76). • Ley Federal de Turismo (D.O. 8-11-84). 2. Disposiciones organizativas • Reglamento Interior de la Secretaría (D.O. 20-VIII-85). • Manual de Organización de la Secretaría (D.O. 5-XI-82). 3. Disposiciones en planeación turística • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a la Isla de Piedra (D.O. 30-V-78). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Caleta de Xel-Ha y del Caribe (D.O. 1-IX-78). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a San Gil y el Parián (D.O. 14-XI-78). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Bahía de Tenacatita (D.O. 16-1-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Barras de Piaxtla (D.O. 20-IV-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Colonia Grupo Mexicali (D.O. 11-V-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Costa de Careyes (D.O. 13-VIII-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Isla de Huivulai (D.O. 13-VIII-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Mismaloya (D.O. 27-IX-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Agua Azul (D.O. 10-X-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Isla de Novillero (D.O. 12-XII-79). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Villa Charnela (D.O. 3-111-80).

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• Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a San Juan de Alima (D.O. 13-111-80). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Bahiamar (D.O. 17-IV-80). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a San Gaspar (D.O. 25-IV-80). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a El Faro (D.O. • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Santa Agueda (D.O. 2-VH-80). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a El Tamarindo (D.O. 2-VH-80.). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Hotel Club Alpino Calicanto (D.O. 3-VH-80). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a La Manzanilla (D.O. • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a San Carlos (D.O. 15-V111-80). • Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Nacional Relativa a Santo Tobías (D.O. 4-IX-80). 4. Disposiciones en materia de regulación de servicios turísticos 1. Reglamento para Restaurantes, Cafeterías y Similares (D.O. 8-X-82). 2. Reglamento de Operadores de Marinas y Puertos Turísticos (D.O. 30-XI-82). 3. Reglamento de Arrendadora de Automóviles (D.O. 16-VIII84). 4. Reglamento de Agencias de Viajes (D.O. 16-V111-84). 5. Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, Campamentos y Paradores de Casas Rodantes (D.O. 16-VIII-84). 6. Decreto por el que se Aprueba el Programa Sectorial de Mediano Plazo denominado Programa Nacional de Turismo 19841988 (D.O. 13-11-86). 7. Declaratoria por la que se Establecen las Regiones de Desarrollo Turístico Prioritario (D.O. 16-XI-81). 8. Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales para la Ampliación y Remodelacimiento de Establecimientos de Hospedaje de Bajo Costo en Zonas de Interés Turístico (D.O. 13-111-85).

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9. Acuerdo que Establece Relaciones Nacionales de Turismo para Conocer Infracciones a la Ley y sus Reglamentos (D.O. 2-185). 10. Reglamento de Arrendadores de Automóviles Turísticos (D.O. 16-VIII-84 ) . 11. Convenio entre México y Estados Unidos sobre el Desarrollo y Facilitación del Turismo (D.O. 16-1-84). 5. Disposiciones de las entidades paraestatales del sector turismo El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), es un fideicomiso del gobierno federal cuyo objetivo es asesorar, desarrollar y financiar planes y programas de promoción, fomento y desarrollo de la actividad turística nacional, el cual cumple mediante la realización de tres acciones fundamentales: la primera, a cargo de la Subdirección General de Desarrollo, la cual realiza la coordinación, desarrollo y equipamiento de centros turísticos, desarrollando integralmente nuevos centros turísticos y consolidando los ya existentes, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y la dotación de equipamiento urbano y turístico, contribuyendo al desarrollo regional equilibrado y propiciando un aumento en la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, en la creación de empleos y en la captación de divisas; la segunda, al cuidado de la Subdirección General de Crédito, tiene como propósito apoyar financieramente a las empresas turísticas mediante el otorgamiento de créditos de tipo preferencial para la construcción, ampliación, remodelación de hoteles, condominios hoteleros, empresas de tiempo compartido, establecimientos de alimentos y bebidas de calidad turística y en general de todos aquellos proyectos relacionacliss con la actividad turística, a través del redescuento de créditos con instituciones bancarias que fungen como banca de primer piso, así como operaciones de crédito directo con sociedades dedicadas al desarrollo de proyectos turísticos; y la tercera, cuya responsabilidad corresponde a la Subdirección General de Inversiones, tiene como objeto crear la planta turística y el equipamiento básico que actúe como detonador en el desarrollo de los centros turísticos, apoyando mediante inversiones directas el crecimiento y desenvolvimiento de las empresas operadora hoteleras nacionales, así como impulsar el desarrollo, del turismo sociocultural mediante la creación de una oferta de servicios especializados. El Fondo cuenta también con las áreas de apoyo de finanzas y administración, mercadotecnia, jurídico y la contraloría interna, dirigidas

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todas por el director general, quien a su vez es el delegado fiduciario especial de Fonatur. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los fideicomisos constituidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto forman parte del sector público paraestatal. Consecuentemente, y con fundamento en el decreto presidencial de sectorización del 17 de enero de 1977, Fonatur forma parte del sector turismo, cuya coordinación reside en la Secretaría del ramo. Asimismo, en la actualidad, el Fondo también ajusta sus acciones al Plan Nacional de Turismo, que recoge y sistematiza la política del sector. ESTRUCTURA ORGÁNICA Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, Fonatur está estructurado de la siguiente manera: — Dirección general - Subdirección general de inversiones - Subdirección general de desarrollo Subdirección general de crédito Subdirección general de mercadotecnia — Contraloría interna — Dirección jurídica — Dirección de administración — Dirección de finanzas — Unidad técnica Cuenta además con los siguientes desarrollos regionales: — Cancún - Ixtapa Loreto, B.C.S. — San José del Cabo, B.C.S. - Huatulco

LEY FEDERAL DE TURISMO CAPÍTULO 1

Disposipiones generales

10 La presente Ley es de interés público y de observancia general en toda la República, correspondieddo su aplicación al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Turismo, a la que, para efectos de la propia Ley, se le denominará: "La Secretaría". ARTÍCULO 29 Esta Ley tiene por objeto: ARTÍCULO

I. La programación de la actividad turística. II. La promoción, fomento y desarrollo del turismo. III. La creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales. IV. La protección y auxilio de los turistas, y V. La regulación, clasificación y control de los servicios turísticos. ARTÍCULO 39 Para los efectos de esta Ley, se considera como turista a la persona que viaje, trasladándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual, o que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General de Población para efectos migratorios. Se considera prestador de servicios turísticos a la persona física o moral que proporcione o contrate la prestación de dichos servicios turísticos. ARTÍCULO 4° Serán considerados como servicios turísticos los siguientes:

I. Hoteles, Moteles, Albergues, Habitaciones con sistemas de tiempo compartido o de operación hotelera y demás establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes, II. Agencias, Subagencias y Operadores de Viaje y Operadoras de Turismo, III. Arrendadoras de Automóviles, Embarcaciones y otros bienes muebles y equipo destinado al turismo, IV. Transportes terrestre, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo para el servicio exclusivo de turistas,

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V. Los prestados por Guías de Turistas, Guías Choferes y Guías Especializados, VI. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares, con la salvedad a que se refiere el artículo 72, y VII. Los demás que la Secretaría considere preponderantemente turísticos. ARTÍCULO 59 En la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o condición social. ARTÍCULO 69 Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y sus representaciones en el extranjero, así como los gobiernos estatales y municipales, en la forma en que se convenga, auxiliarán a la Secretaría en la aplicación de esta Ley y de los Reglamentos que de ella emanen. CAPÍTULO II

Programación turística ARTÍCULO 79 La Secretaría elaborará el Programa Sectorial Turístico, que se sujetará a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades y políticas que normarán al sector. ARTÍCULO 89 La Secretaría participará en los Convenios que celebren el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las Entidades Federativas, relativos a la planeación nacional del desarrollo en materia turística. ARTÍCULO 99 La Secretaría suscribirá Acuerdos con los titulares de los poderes ejecutivos estatales, a efecto de favorecer el desarrollo turísticos regional o local. En dichos Acuerdos se establecerán las bases para la descentralización de acciones y programas a su cargo y de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal por ella coordinadas. ARTÍCULO 10. La Secretaría participará y coadyuvará en los esfuerzos que realicen los distintos niveles de gobierno, así como los sectores social y privado, dentro del proceso integral de planeación de cada Entidad. ARTÍCULO 11. La Secretaría participará en los órganos estatales de planeación para el desarrollo, entendidos como la instancia para promover y coordinar las acciones conjuntas que lleven a cabo los Gobiernos Federal y Locales en las Entidades Federativas. ARTÍCULO 12. La Secretaría podrá suscribir acuerdos y bases de cooperación o colaboración con otras dependencias y entidades públicas, o con organizaciones de los sectores social y privado, para la rea-

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lización de programas y acciones específicas relativas a los objetivos señalados en el artículo 29 de esta Ley. ARTÍCULO 13. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, participará en las acciones relativas a la cooperación turística internacional, para lo cual promoverá la concertación y coordinación de trabajos con gobiernos e instituciones extranjeras y con organismos internacionales, con el fin de impulsar y facilitar el intercambio y desairollo turísticos. CAPÍTULO III

Comisión intersecretarial ejecutiva del turismo ARTÍCULO 14. La Comisión Intersecretarial Ejecutiva del Turismo tiene por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con las competencias de dos o más dependencias del Ejecutivo Federal. ARTÍCULO 15. La Comisión estará integrada por el Titular de la secretaría de Turismo quien la presidirá y por los Subsecretarios que designen los Titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y Pesca. El Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tendrá el carácter de invitado permanente. Por cada integrante de la Comisión se designará un suplente. ARTÍCULO 16. La Comisión contará con un Secretario Técnico que será designado por el Secretario de Turismo. ARTÍCULO 17. La Comisión expedirá el Reglamento Interno que regulará su funcionamiento.

CAPÍTULO IV

Zonas de desarrollo turístico prioritario ARTÍCULO 18. La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y con la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales, promoverá la determinación de zonas de desarrollo turístico prioritario, a efecto de que se expidan las declaratorias de uso del suelo turístico en los términos de las leyes respectivas, para crear o ampliar centros de desarrollo turístico. Cuando proceda, se recabará la opinión de la Secretaría de la Reforma Agraria.

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ARTÍCULO 19. Podrán ser consideradas como de desarrollo turístico prioritario, aquellas zonas que por sus características constituyan un atractivo turístico real o potencial evidente. ARTÍCULO 20. La Secretaría participará en la elaboración de los programas regionales que se requieran para las zonas de desarrollo turístico prioritario, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que correspondan y por lo Gobiernos Estatales y Municipales respectivos. ARTÍCULO 21. La Secretaría apoyará la creación de empresas turísticas que realicen inversiones en las zonas de desarrollo turístico prioritario y estimulará de manera preferente, en coordinación con las Secretarías de la Reforma Agraria, y del Trabajo y Previsión Social, la constitución de empresas turísticas ejidales o comunales, y de sociedades cooperativas de índole turístico.

ARTÍCULO 22. La Secretaría promoverá la dotación de la infraestructura que integralmente requieran las zonas de desarrollo turístico

prioritario, así como la creación de centros de producción de insumos y la instrumentación de mecanismos de abasto para las mismas, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que correspondan. CAPÍTULO V

Capacitación turística ARTÍCULO 23. La Secretaría promoverá, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en las ramas de actividad turística. Asimismo, coadyuvará en la elaboración de programas de estudios y apoyará la realización de investigaciones en la materia, previa clasificación de necesidades profesionales y de ocupación turística. ARTÍCULO 24. Para que tengan validez oficial los estudios realizados en instituciones dedicadas a la enseñanza turística, deberá obtenerse el acuerdo respectivo de la Secretaría de Educación Pública, previa opinión de la Secretaría. Las instituciones de enseñanza turística que carezcan de reconocimiento de validez de estudios, deberán expresar este hecho en su correspondiente documentación y publicidad. De conformidad con los datos que proporcione la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría llevará un registro de instituciones dedicadas a la enseñanza en turismo que cuenten con reconocimiento de validez oficial, para informar tanto a los solicitantes de educación turís-

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tica como a los prestadores de servicios turísticos sobre la situación jurídica y académica de dichas instituciones.

ARTÍCULO 25. Conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría participará en los programas de capacitación y adiestramiento destinados a trabajadores y empleados de establecimientos en los que se presten servicios turísticos, en los términos de la

Ley Federal del Trabajo. ARTÍCULO 26. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos

y establecerá bases de coordinación con otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de los Gobiernos Estatales, Municipales, y con organismos de los sectores social y privado, en materia de educación y capacitación turística. ARTÍCULO 27. Cuando así lo soliciten, los Gobiernos estatales y municipales, en su caso, recibirán asistencia y colaboración por parte de la Secretaría para mejorar las aptitudes de los servidores públicos con

que cuentan en sus respectivas dependencias y entidades de índole

turística.

ARTÍCULO 28. La Secretaría intervendrá en los programas de educación y capacitación y en la evaluación de las personas que aspiren a ser guías de turistas. CAPÍTULO VI

Fomento al turismo ARTICULO 29. La Secretaría es la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de fomentar integralmente el turismo, para lo cual llevará a cabo acciones encaminadas a proteger, mejorar, incrementar y difundir los atractivos y servicios turísticos del país; así como a alentar las corrientes turísticas nacionales y las provenientes del exterior. ARTÍCULO 30. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y los Gobiernos Estatales y Municipales, en los términos en que se convenga y en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuvarán con la Secretaría en la realización de actividades de fomento al turismo. ARTÍCULO 31. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverá la difusión, fuera del Territorio Nacional, de los atractivos, eventos y servicios turísticos del país, para lo cual podrá contar con representaciones en el extranjero. ARTÍCULO 32. La Secretaría colaborará con las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo la administración y conservación de parques y bosques nacionales, playas, lagos, lagunas y ríos, zonas arqueológicas, edificios, monumentos u objetos de valor histórico o cultural,

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museos y otros atractivos turísticos, a efecto de impulsar su aprovechamiento turístico. ARTÍCULO 33. La Secretaría difundirá, a través de material impreso, de la prensa, el cine, la radio, la televisión y otros medios de comunicación y promoción, los atractivos turísticos nacionales. En el caso de la radio y la televisión, la Secretaría participará del tiempo que le corresponde al Estado. ARTÍCULO 34. La Secretaría apoyará, ante las Dependencias y Entidades respectivas, el otorgamiento de financiamiento a las inversiones en proyectos y servicios turísticos. Asimismo, participará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con las Dependencias que corresponda en el otorgamiento de facilidades y estímulos fiscales, a quienes corresponda, para el fomento a la actividad turística. ARTÍCULO 35. La Secretaría, cuando se trate de inversión extranjera que concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, emitirá su opinión ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en los términos de las leyes respectivas. , ARTÍCULO 36. La Secretaría, en coordinación con las Dependencias y Entidades responsables del fomento a la cultura, el deporte, las artesanías, los espectáculos, el folklor, y la preservación y utilización del patrimonio histórico y monumental nacional, promoverá la instrumentación de programas para su divulgación. ARTÍCULO 37. La Secretaría, con la participación que Corresponda a otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública organizará, fomentará, realizará o coordinará espectáculos, congresos, excursiones, ferias, audiciones, representaciones, exposiciones y actividades deportivas, culturales, tradicionales o folklóricas, así como otros eventos que a su criterio constituyan o puedan constituir un atractivo relevante. ARTÍCULO 38. Los comités, patronatos y asociaciones de naturaleza turística de carácter público, social, privado o mixto, recibirán el apoyo y la asesoría de la Secretaría cuando sus actividades contribuyan a la promoción y fomento del turismo. ARTÍCULO 39. Como instrumento de promoción y fomento al turismo, así como de apoyo a los prestadores de servicios turísticos, la Secretaría promoverá el establecimiento y la operación de un sistema de reservaciones turísticas, con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ARTÍCULO 40. La Secretaría promoverá, conjuntamente con las Dependencias y Entidades que corresponda, los servicios de transportación que requieran los centros turísticos, fundamentalmente las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario. ARTÍCULO 41. La Secretaría promoverá ante las Dependencias ' y Entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos

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Estatales y Municipales, el establecimiento de unidades turísticas, tales como balnearios, marinas turísticas, desarrollos náutico-inmobiliarios, instalaciones para pesca deportiva y otros similares, y fomentará las actividades acuático-recreativas en litorales y aguas interiores. ARTÍCULO 42. La Secretaría proporcionará servicios de orientación, información y auxilio a los turistas, en los centros de mayor aforo turístico, en las carreteras del país y en las principales terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo. CAPÍTULO

VII

Turismo social ARTÍCULO 43. La Secretaría promoverá, coordinará y llevará a cabo programas de Turismo Social, a través de los cuales los grupos obreros, campesinos, infantiles, juveniles, estudiantiles, magisteriales, burocráticos, de trabajadores no asalariados y otros similares, tengan acceso a los atractivos y servicios turísticos existentes en el país. ARTÍCULO 44. Los programas de turismo social se orientarán a propiciar la identidad y la solidaridad nacionales, a través de la difusión de las zonas turísticas con atractivos naturales, históricos, culturales y típicos. ARTÍCULO 45. La Secretaría fomentará la participación de los prestadores de servicios y de las instituciones públicas, sociales y privadas en los programas de turismo social, diseñando en forma conjunta paquetes y recorridos turísticos. ARTÍCULO 46. La Secretaría suscribirá acuerdos con Prestadores de Servicios Turísticos, por medio de los cuales se determinen precios y tarifas reducidos, para los programas de Turismo Social. ARTÍCULO 47. La Secretaría estimulará las inversiones que tiendan a incrementar las instalaciones destinadas al turismo social, así como la formación de sociedades cooperativas, asociaciones, comités y patronatos que auspicen esta forma de turismo. ARTÍCULO 48. Las Instituciones, Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales promoverán entre sus trabajadores y empleados el turismo social, en coordinación con la Secretaría, las Instituciones de seguridad social y las organizaciones sindicales correspondientes. ARTÍCULO 49. Las organizaciones sindicales de obreros y campesinos, así como las agrupaciones populares, podrán solicitar asistencia y asesoría a la Secretaría, y ésta proporcionará dicho servicio en el momento requerido, para el desarrollo de sus actividades en materia de Turismo Social.

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ARTÍCULO 50. La Secretaría propondrá programas de intercambio internacional en materia de Turismo Social, a fin de consolidar los principios de solidaridad entre todos los pueblos. CAPÍTULO

VIII

Fondo nacional de fomento al turismo ARTÍCULO 51. El fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo tendrá por objeto participar en la programación, fomento y desarrollo del turismo, de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, a la Ley de Planeación y a las normas, prioridades y políticas que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría. ARTÍCULO 52. Para cumplir con su objeto, el Fondo realizará las siguientes funciones:

I. Elaborar estudios y proyectos, ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones que incrementen la oferta turística nacional. II. Dotar, fomentar y promover el equipamiento urbano para las zonas, centros y desarrollos turísticos, III. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuya al fomento del turismo, IV. Operar, administrar y mantener, por sí o a través de terceros, todo tipo de bienes relacionados con la actividad turística, V. Realizar la promoción y la publicidad de sus actividades, VI. Participar con los sectores público, social y privado, en la constitución, fomento, desarrollo y operación de empresas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, dedicadas a la actividad turística, VII. Participar, con carácter temporal, como socio o accionista en sociedades que desarrollen objetivos turísticos, VIII. Adquirir valores emitidos para el fomento al turismo por instituciones de crédito o empresas dedicadas a la actividad turística, IX. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando las garantías necesarias, X. Operar con los valores derivados de su cartera, XI. Otorgar todo tipo de créditos que contribuyan al fomento de la actividad turística. XII. Descontar a las instituciones de crédito, títulos provenientes de créditos otorgados para actividades relacionadas con el turismo. XIII. Garantizar a las instituciones de crédito las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas.

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XIV. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses

de obligaciones o valores que se emitan con intervención de instituciones de crédito, con el propósito de destinar al fomento del turismo los recursos que de ellos se obtengan, XV. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados, y XVI. En general, todas aquéllas que permitan la realización de su objeto. ARTÍCULO 53. El patrimonio que constituye el Fondo se integrará

con:

I. Las aportaciones que efectúen el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipios, las Entidades Paraestatales o los particulares, II. Los créditos que obtenga de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales,

III. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos, y IV. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

ARTÍCULO 54. El fideicomiso tendrá un Comité Técnico que estará integrado por representantes de cada una de las siguientes Dependencias y Entidades:

I. Secretaría de Turismo. II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, III. Secretaria de Programación y Presupuesto, IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y V. Banco de México. CAPÍTULO IX

Prestadores de servicios turísticos ARTÍCULO 57. Los prestadores de los servicios turísticos a que se refiere el artículo 49, se sujetarán a lo establecido por esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones que expida la Secretaría. ARTÍCULO 58. Para poder operar, los prestadores de servicios turísticos deberán inscribir al establecimiento correspondiente en el Registro Nacional de Turismo y contar con la Cédula Turística, en los términos establecidos en el Capítulo X de la presente Ley. ARTÍCULO 59. Los prestadores de servicios turísticos que no operen un establecimiento, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y contar con la Credencial que los acredite como tales.

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ARTÍCULO 60. Para obtener la Cédula Turística o la Credencial, los prestadores de servicios turísticos deberán satisfacer los requisitos que establezca la Secretaría, de acuerdo con las modalidades previstas en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. ARTÍCULO 61. Los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar de la Secretaría, la autorización de sus precios y tarifas, los que únicamente podrán ser aplicados cuando se expida por escrito la autorización respectiva. Las solicitudes que presenten los Prestadores se acompañarán de los documentos que señalen los reglamentos respectivos. La Secretaría deberá resolver dichas solicitudes dentro del término de 45 días. Se exceptúan de lo anterior los servicios de transporte, cuyas tarifas serán fijadas por las autoridades competentes, previa opinión de la Secretaría. ARTÍCULO 62. La Secretaría proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los elementos que permitan determinar, en su caso, los montos de los derechos que deban cubrir los prestadores de servicios turísticos por la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, la expedición o revalidación de Cédula Turística o Credencial, y la autorización de precios y tarifas. ARTÍCULO 63. La Secretaría fijará, en su caso, modificará la clasificación y las categorías de los establecimientos en los que se presten los servicios turísticos señalados en el artículo 40, de conformidad con lo que dispongan los reglamentos respectivos. ARTIctmo 64. Cuando los prestadores de servicios turísticos no cuenten con un establecimiento, la categoría se fijará según los criterios señalados en el Reglamento correspondiente. ARTÍCULO 65. En aquellos casos en que la prestación de un servicio turístico requiera del otorgamiento de una concesión, permiso o autorización de otra dependencia o entidad pública, la Secretaría emitirá en cada caso un dictamen en el que haga del conocimiento de la autoridad competente si el solicitante cumple o no con los requisitos que en materia turística establezca esta Ley y las demás disposiciones derivadas de la misma. Para los casos previstos en el artículo 63, el reconocimiento de Calidad Turística por parte de la Secretaría substituirá al dictamen en que se refiere este artículo. ARTÍCULO 66. La Secretaría formulará el catálogo de circuitos, rutas y lugares de interés turístico en los que se requiera de la prestación de servicios de transporte exclusivo de turismo o de la ampliación de los mismos, que será tomado en consideración por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de las concesiones respectivas. ARTÍCULO 67. La Secretaría establecerá las condiciones y modalidades que en materia turística deban satisfacer los prestadores de ser-

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vicios de transporte exclusivo de turismo, y emitirá un dictamen ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el otorgamiento de las concesiones de que se trate. La Secretaría otorgará Cédula Turística definitiva a aquellos prestadores de este tipo de servicios que hayan quedado inscritos provisionalmente ante ella y que obtengan la concesión correspondiente. ARTÍCULO 68. La Secretaría fijará los criterios turísticos que normen la transportación de personas bajo el sistema de fletamento y apoyará, cuando así proceda, el otorgamiento de los permisos correspondientes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ARTÍCULO 69. Para los efectos señalados en los tres artículos precedentes, la Secretaría participará dentro de las Comisiones Consultivas y Técnicas presididas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tengan relación con la transportación turística. ARTÍCULO 70. Los prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo tendrán los siguientes derechos: I. Ser incluidos en los catálogos, directorios y guías que elabore la Secretaría. II. Adquirir el reconocimiento de la categoría que corresponda a la calidad de sus servicios, así como solicitar su modificación cuando reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo. Hl. Solicitar y obtener, en su caso, las autorizaciones de precios y tarifas por parte de la Secretaría, con la excepción establecida en el artículo 61, IV. Participar en los programas de promoción y fomento coordinadosi por la Secretaría. V. Recibir la ayuda que proceda por parte de la Secretaría para la obtención de créditos, estímulos y facilidades de diversa índole, destinados a la instalación, ampliación y mejora de servicios turísticos. VI. Obtener de la Secretaría, cuando proceda; su intervención y respaldo en las gestiones que realicen ante otras autoridades federales, estatales y municipales, y VII. Participar en los programas de capacitación turística que promueva o lleve a cabo la Secretaría. ARTÍCULO

rísticos:

71. Son obligaciones de los Prestadores de Servicios Tu-

I. Proporcionar los bienes y servicios que ofrezcan a los turistas, en los términos convenidos y de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en sus Reglamentos, II. Revalidar la Cédula Turística o Credencial, según corresponda, con la periodicidad que para cada tipo de servicio turístico establezcan los Reglamentos,

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III. Aplicar los precios y tarifas autorizados por la Secretaría, con la salvedad a que alude el artículo 61, hacerlos del conocimiento del público en forma visible y expedir, a solicitud de los usuarios, copia detallada en la factura, nota de consumo o documento que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio, IV. Colaborar con la Secretaría en los programas de fomento y de turismo social que lleve a cabo. V. Comunicar a la Secretaría los cambios de nombre o razón social del establecimiento, de propietario o de domicilio, así como cualquier modificación en los servicios que presten, VI. Garantizar el cumplimiento de las condiciones en que se ofrezcan los servicios, mediante el otorgamiento de fianzas, así como contratar los seguros que se requieran, de acuerdo con las modalidades y términos que establezcan los reglamentos, VII. Proporcionar a la Secretaría los datos y la información que se le solicite relativa a su actividad turística y prestar a la Secretaría el auxilio y las facilidades que procedan, VIII. Contar con un libro de registro, debidamente autorizado por la Secretaría, para la recepción de quejas, IX. Organizarse en forma representativa para los efectos de esta Ley, de conformidad a lo dispuesto por los reglamentos respectivos. X. Capacitar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas en coordinación con la Secretaría, de tal manera que la capacitación que reciba el trabajador constituya la realización de su derecho para mejorar su nivel técnico o profesional, XI. Emplear destacadamente el idioma nacional en las leyendas en que anuncien al público su razón social, denominación o los servicios que presten, sin perjuicio del uso de otros idiomas, y XII. Realizar su publicidad preservando la dignidad nacional, sin alteración o falseamiento de los hechos históricos o las manifestaciones de la cultura e informar con veracidad sobre los servicios que ofrezcan. ARTICULO 72. La Secretaría, por medio de disposiciones generales,

podrá exceptuar de la consideración de servicios turísticos a que se refiere el artículo 49, a los Restaurantes, Cafeterías, Bares, Centros Nocturnos y Similares cuya actividad no esté directamente vinculada al turismo.

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CAPÍTULO )C

Registro nacional de turismo ARTÍCULO 73. El Registro Nacional de Turismo estará a cargo de la Secretaría y constituirá un instrumento para la información, estadística, programación y regulación de los servicios turísticos que se presten en el país. ARTÍCULO 74. En el Registro quedarán inscritos los prestadores de servicios turísticos, los establecimientos en que se ofrezcan, así como su clasificación y categoría, precios y tarifas, tipo y características, y toda aquella información que señalen los Reglamentos respectivos. ARTÍCULO 75. Al quedar inscrito en el Registro, el establecimiento y el prestador correspondientes obtendrán la Cédula Turística o Credencial, según sea el caso, sin las cuales no podrán operar. ARTÍCULO 76. La inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la Cédula Turística o Credencial, según corresponda, podrán cancelarse en los siguientes casos:

I. Por solicitud expresa del prestador, cuando cese en sus operaciones, II. Por resolución de la Secretaría, cuando se imponga como sanción por violaciones a esta Ley y a sus Reglamentos, en términos del Capítulo XIII de este ordenamiento, y III. Cuando al prestador se le retiren, revoquen o cancelen las con-, cesiones, permisos o autorizaciones otorgadas por otras autoridades dejándolo imposibilitado para prestar legalmente los servicios. CAPÍTULO

XI

Protección al turista ARTÍCULO 77. La Secretaría, en su carácter de Dependencia responsable de asistir, auxiliar y proteger a los turistas, intervendrá en las controversias que se susciten entre éstos y los prestadores de servicios turísticos. De igual forma, los asistirá cuando se hayan cometido violaciones o incumplimientos a la presente Ley o a sus Reglamentos que afecten intereses de los turistas o de los prestadores, canalizando el asunto a la autoridad competente y, en su caso, constituyéndose en coadyuvante del Ministerio Público. ARTICULO 78. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Secretaría recibirá y atenderá las quejas que los usuarios presenten por escrito, las que deberán acompañarse, de ser posible de los elementos probatorios de los hechos asentados en las inismas. Asi-

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mismo, dará curso a las quejas que se contengan en los Libros de Registro con que deben contar los estableciimentos donde se resten servicios turísticos. ARTÍCULO 79. Cuando la queja únicamente reporte la existencia de una anomalía o anomalías por parte del prestador de un servicio turístico, la Secretaría determinará si procede practicar una visita de verificación al establecimiento, en términos de lo expuesto en el Capítulo XII de esta Ley. ARTÍCULO 80. Si la queja del usuario contiene una petición de reembolso por parte del prestador, la Secretaría citará por escrito al quejoso y al prestador para que se lleve a cabo una audiencia de conciliación, durante la cual se exhortará para que lleguen a un acuerdo sobre la controversia. Al término de la audiencia, se levantará un acta en la que se hará constar el resultado de la misma. ARTÍCULO 81. Independientemente de que las partes hayan llegado a un acuerdo en la audiencia de conciliación, la Secretaría podrá imponer al prestador del servicio la sanción que corresponda, con apego a lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley. ARTÍCULO 82. La falta injustificada, a juicio de la Secretaría, del prestador del servicio a la audiencia de conciliación a la que se refieren los artículos anteriores, será sancionada de acuerdo a lo previsto' en el Capítulo VIII de este ordenamiento. ARTÍCULO 83. Cuando la Secretaría considere que el quejoso está imposibilitado para comparecer y cuente con pruebas y elementos suficientes para determinar la procedencia del reembolso, exigirá al prestador del servic:o la presentación de la constancia de que lo ha efectuado, con independencia de que imponga la sanción que en su caso proceda. CAPÍTULO XII

Vigilancia y verificación ARTICULO 84. A efecto de regular y controlar la prestación de los servicios turísticos, la Secretaría vigilará que los establecimientos cuenten con Cédula Turística; que se presten los servicios conforme a su clasificación y categoría, en los términos contratados con los usuarios; que se apliquen los precios y tarifas autorizados; y que se cumplan las demás disposiciones contenidas en esta Ley y en sus Reglamentos. ARTÍCULO 85. La Secretaría practicará las visitas de verificación que se requieran para cumplir con lo señalado en el artículo anterior. ARTÍCULO 86. Además de las visitas de verificación que practique la Secretaría como parte de sus programas de trabajo, podrá realizarlas también en los siguientes casos:

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I. Cuando los interesados promuevan solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Turismo como prestadores de servicios turísticos, a efecto de verificar la información proporcionada, II. Cuando se presente una queja ante la Secretaría derivada de la prestación de un servicio turístico, que a su juicio requiera de com-• probación.

ARTícuw 87. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles, por personal expresamente autorizado por la Secretaría, previa identificación y exhibición de la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expedida por la autoridad competente de conformidad con el Reglamento Interior de la propia Secretaría. Sin embargo, podrán practicarse visitas en días y horas inhábiles, en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios turísticos así lo requieran, pero dentro del horario del funcionamiento autorizado para el establecimiento. ARTÍCULO 88. Durante las visitas de verificación que se practiquen, los prestadores de servicios turísticos proporcionarán a la Secretaría la información que les sea solicitada, siempre que ésta se refiera a lo establecido en esta Ley y en sus Reglamentos. ARTÍCULO 89. A toda visita de verificación que realice la Secretaría corresponderá el levantamiento del acta respectiva, misma que será circunstanciada y elaborada en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido la visita, o por el verificador de la Secretaría en caso de que aquélla se hubiere negado a hacerlo. ARTÍCULO 90. En las actas que se levanten con motivo de una visita de verificación prácticada por la Secretaría de Turismo se hará constar, por lo menos, lo siguiente: I. Hora, día, mes y ario en que se practicó la visita, II. Objeto de la visita. III. Número y fecha de la orden de verificación, así como de la identificación oficial del verificador, IV. Ubicación física del establecimiento o de las instalaciones donde se presten los servicios turísticos que sean objeto de la verificación, la que incluirá calle, número, colonia, código postal, población y entidad federativa, V. Nombre y carácter o personalidad jurídica de la persona con quien se entendió la visita de verificación. VI. Nombre, domicilio y teléfono, si lo tuvieren, de las personas designadas como testigos, VII. Síntesis descriptiva sobre la visita, asentando los hechos, datos. y omisiones derivados del objeto de la misma.

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VIII. Declaración de la persona con quien se entendió la visita, o su negativa en el caso de que no sea su deseo hacerla, y IX. Nombre y firma del verificador de quien entendió la visita y de las personas que hayan fungido como testigos. ARTÍCULO 91. El verificador, una vez elaborada el acta, proporcionará una copia de la misma a la persona con quien se entendió la visita, aún en el caso en que ésta se hubiera negado a firmarla, hecho que no desvirtuará su validez. CAPÍTULO XIII

Sanciones y recursos de revisión ARTÍCULO 92. Las violaciones a lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, serán sancionadas por la Secretaría. ARTÍCULO 93. La Secretaría podrá imponer las siguientes sanciones:

I. Multa, II. Clausura temporal o definitiva, y III. Cancelación de Cédula Turística o credencial según el caso. ARTÍCULO 94. Para la determinación de las sanciones previstas en el artículo anterior, la Secretaría tomará en cuenta lo siguiente:

I. Lo asentado en el acta de verificación, si se hubiere practicado visita, II. La gravedad de la infracción. III. El daño económico que se le hubiere causado al turista, en caso de que así ocurriera, IV. El resultado de la audiencia de conciliación, si se hubiere efectuado, y V. La reincidencia del infractor, en su caso. ARTÍCULO 95. El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables, será sancionado por la Secretaría con multa que podrá ser desde una cuarta parte hasta cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. Por cada violación podrá imponerse una multa. ARTÍCULO 96. En aquellos casos de incumplimiento en que la Secretaría estime que procede imponer una multa, citará al prestador del servicio turístico para que comparezca y manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la queja presentada en su contra, con los

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hechos asentados en el acta de inspección, o con los actos u omisiones que se le imputan.

ARTÍCULO 97. Valoradas las pruebas y analizados los dichos del prestador del servicio o de su representante legal, la Secretaría procederá a dictar la resolución definitiva, misma que será notificada al infractor. ARTÍCULO 98. Para la determinación del monto de las multas, la Secretaría tomará en consideración, además de lo estipulado en el artículo 94, el tipo de servicio turístico de que se trate, su ubicación, sus precios y tarifas autorizadas, y su categoría. ARTÍCULO 99. El infractor que en un plazo de dos arios reincida en una misma violación a lo establecido en esta Ley y las disposiciones que de ella se derivan, será sancionado con el doble de la multa puesta en la primera ocasión. Si dentro de ese mismo término reincide de nueva cuenta, se le podrá imponer hasta dos tantos del importe de la segunda multa y si a pesar de ello reincide se le podrá cancelar la Cédula Turística o la Credencial, según sea el caso. ARTÍCULO 100. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Secretaría podrá ordenar en cualquier momento la clausura de un establecimiento en el que se presten servicios turísticos, cuando a su juicio la gravedad de la infracción atente contra los intereses turísticos nacionales, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Turístico, así como en los casos en que se violen los precios o tarifas autorizados por la Secretaría, o cuando un prestador opere sin la Cédula Turística correspondiente. ARTÍCULO 101. La cancelación de la Cédula Turística implicará la clausura inmediata del establecimiento. La cancelación de la Credencial tendrá por efecto la imposibilidad de la persona física que la detente para operar. ARTÍCULO 102. La falta de inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la consiguiente falta de Cédula Turística, será sancionada con clausura. ARTÍCULO 103. En relación con aquellos servicios turísticos cuyos Reglamentos exijan el otorgamiento de fianzas para garantizar el cumplimiento de los servicios contratados, por parte de los prestadores respectivos, la Secretaría podrá iniciar el procedimiento para su afectación en los casos en que, en términos de los artículos 80 y 83 de la presente Ley, se haya probado la procedencia del reembolso y el prestador se niegue a efectuarlo, con independencia de las sanciones que procedan. ARTÍCULO 104. Contra las sanciones que imponga la Secretaría con fundamento en esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones complementarias, procederá el recurso de revisión. ARTÍCULO 105. El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante la Secretaría, dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir

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del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución que se recurra. ARTÍCULO 106. En el escrito por medio del cual se interponga el recurso de revisión, se precisarán el nombre y el domicilio del promovente, los agravios que considere se le causan derivados de la resolución impugnada, así como los datos y pruebas complementarias que considere necesarios. En cualquier caso, el escrito deberá acompaííarse del documento que acredite la personalidad del promovente cuando éste actúe en nombre y por cuenta de otro, así como copia del documento que garantice el interés fiscal derivado de la multa •que se recurra. ARTÍCULO 107. La interposición del recurso de revisión producirá el efecto de suspender la resolución impugnada, hasta en tanto se revoque, confirme o modifique. ARTÍCULO 108. El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto en los siguientes casos: I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 105 de esta Ley, y II. Cuando no se acredite la personalidad del promovente o no se garantice el interés fiscal. TRANSITORIOS Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación: Artículo Segundo. Se abroga la Ley Federal de Turismo del 29 de diciembre de 1979, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1980, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley. Artículo Tercero. Se abroga la Ley que crea el Banco Nacional de Turismo, S.A., del 29 de diciembre de 1981, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1982. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Programación y Presupuesto, en la esfera de sus respectivas atribuciones, vigilarán que la liquidación y la extinción del Banco Nacional de Turismo, S. A., se lleven a efecto con apego a la legislación aplicable. Artículo Cuarto. La Secretaría de Programación y Presupuesto, dentro de un término de 60 días contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley, acordará con la fiduciaria en la que se encuentre constituido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, las modificaciones necesarias al Contrato de Fideicomiso, a efecto de que se suscriba el correspondiente Convenio Modificatorio, en términos de lo expuesto en este ordenamiento.

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Artículo Quinto. El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias que requiera esta Ley. Mientras tanto, seguirán vigentes los actuales reglamentos en lo que no se opongan a la presente Ley. Artículo Sexto. Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere el artículo 49, que carezcan de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, deberán presentar su solicitud correspondiente en un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Artículo Séptimo. Los prestadores de servicios turísticos que ya se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo recibirán, previa solicitud, en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley, la Cédula Turística a que alude el artículo 58 de la misma. Artículo Octavo. Los asuntos que se encuentren en trámite al momento de ser publicada la presente Ley Federal de Turismo, serán resueltos conforme a lo dispuesto por la Ley que se abroga. Artículo Noveno. Las infracciones cometidas durante la vigencia de la Ley que se abroga, se sancionarán conforme a lo dispuesto en esa misma Ley, a menos que el interesado manifieste su voluntad de acogerse al presente ordenamiento por estimarlo más favorable. Artículo Décimo. El Derecho adquirido por los Guías y Guías Choferes a que alude el artículo 72 de la Ley que se abroga, subsistirá y será ejercido en los términos y con las modalidades que con ellos convenga la Secretaría de Turismo. México, D. F., a 29 de diciembre de 1983.—Luz Lajous, D.P.—Raúl Salinas Lozano, S.P.—Enrique León Martínez, D.S.—Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.—Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.—Miguel de la Madrid Hurtado.—Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.—Rúbrica.—E1 Secretario de Relaciones Exteriores.—Bernardo Sepúlveda Amor.—Rúbrica.—E1 Secretario de Marina, Miguel Ángel Gómez Ortega.—Rúbrica.—E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog Rúbrica.—E1 Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.—Rúbrica.—E1 Secretario de Contraloría General de la Federación, Francisco Rojas Gutiérrez.—Rúbrica.—E1 Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes..—Rúbrica.—, El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés. Rúbrica.—E1 Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Marcelo

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Javelly Girard.--Rúbrica.—E1 Secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles.—Rúbrica.—E1 Secretario de Salubridad y Asistencia, Guillermo Soberón Acevedo.—Rúbrica.—,E1 Secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas.—Rúbrica.—E1 Secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicafia.—Rúbrica.—E1 Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada.—Rúbrica.—E1 Secretario de Turismo, Antonio Enríquez Savignac.—Rúbrica.



CAPÍTULO XII

EL DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 385 A. Generalidades B. Breve diagnóstico de los factores que atentan contra la salud 385 ambiental ..... . . C. El derecho económico ante la salud ambiental . . . 389 389 D. Asentamientos humanos 391 1. El derecho a la vivienda 2. Reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos 393 3. Reformas a la Ley General de Bienes Nacionales . . 395 395 4. Ley Federal de Vivienda 5. órganos de gestión paraestatal en materia de vivienda 402 E. Derecho ambiental 405 1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (D.0.284-1988) . . . ..... . 409 2. Reglamento en materia de impacto ambiental (D.0.711-1988) ....... .... . . . 421 3. Otros proyectos de reglamento en materia de impacto ambiental 422 . 422 F. La protección al consumidor ... 1. Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica ..... ..... . . . 423 2. Ley Federal de Protección al Consumidor (D,O. 5-11424 1976 y 15-1-88) 3. La protección al consumidor regulada en otras leyes. . 429

CAPITULO

XII

EL DERECHO ECONÓMICO COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA A.GENERALIDADES El contenido de este fundamental capítulo del derecho económico mexicano se conceptúa en una idea básica: la salud ambiental como un valor a proteger y conservar tanto por la sociedad civil como por el Estado. La salud ambiental comprende aspectos tales como la calidad del aire y el agua, el suministro de agua, la calidad de los alimentos, las sustancias tóxicas, la seguridad de productos destinados al uso y consumo humano, las características de la vivienda, la eliminación de desechos sólidos, el uso del suelo, el control del ruido, la salud y la seguridad ocupacionales, los efectos de la radiación, la seguridad o inocuidad de playas, piscinas y áreas de recreación, entre otros." Todos estos fenómenos están relacionados con el modelo económico y, por ende, con las políticas públicas en sus diversos aspectos. Si bien el desarrollo industrial es un objetivo a lograr para los países de capitalismo tardío como México, sus consecuenciasy efectos en la calidad de vida de los mexicanos no puede desligarse y subvalorarse. El derecho económico, como disciplina humanista y programática, debe regular imperativamente los comportamientos productivos y elevar a la calidad de valor a proteger el concepto de salud ambiental anteriormente descrito. B. BREVE DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES QUE ATENTAN CONTRA LA SALUD AMBIENTAL

El Programa Nacional de Salud 1984-1988 del Poder Ejecutivo Fe84 López AcuSa, Daniel y otros, La salud ambiental en México, México, Edit. Universo Veintiuno, 1987, p. 16.

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deral resume los principales problemas en áreas específicas, que por su indudable importancia pasamos a reproducir.85 1. La contaminación atmosférica en México a) Se trata de un problema cuyo origen reside, fundamentalmente, en los procesos de combustión en vehículos automotores y en las emisiones industriales, por lo que se concentra en polos de desarrollo urbanoindustrial como son el área metropolitana de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Otras áreas que presentan problemas de contaminación atmosférica son: Coatzacoalcos-Minatitlán, Irapuato-Salamanca, Monclova, Saltillo, Lázaro Cárdenas, Toluca-Lerma, Puebla, San Martín, Tijuana, Ciudad Juárez, Tampico-Ciudad Madero, Querétaro, León y Ensenada. b) En 1980, la contaminación atmosférica alcanzó la cifra de 16 millones de toneladas de contaminantes, de las cuales 65% procedía de vehículos y el 35% de fuentes industriales. c) La gran industria (5% de los establecimientos) genera el 85% de los contaminantes; la mediana (10% de las empresas), el 10% de los contaminantes, y la pequeña (85% de los establecimiento), el 5% restante. d) En el área metropolitana de la ciudad de México se emiten 3 984 200 toneladas anuales de contaminantes atmosféricos, 25% de los cuales proviene de emisiones industriales y 75% de vehículos. e) De los 15 mil establecimientos industriales localizados en el área metropolitana de la ciudad de México, sólo una pequeña fracción, 70 empresas, es responsable del 85% de la contaminación ambiental de origen industrial. f) El gran número de vehículos y la densidad de tránsito que da lugar a velocidades promedio de 20 km por hora originaron que, en 1981, se produjeran 2 999 000 toneladas de contaminantes. g) El 45% de los vehículos automotores corresponde a modelos anteriores a 1975 y carece de sistemas adecuados de control. El 55% de los vehículos posteriores, a pesar de haber reducido la emisión de contaminantes, sigue siendo emisor de plomo. Fi) El transporte público de pasajeros rebasa los niveles de emisión de humo establecidos en el reglamento en vigor. i) En la ciudad de Guadalajara se generan anualmente 568 000 toneladas de contaminantes, 35% de origen industrial y 65% vehicular. 5 Ibidem, citado por los autores mencionados, pp. 164 16& -

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j) En la ciudad de Monterrey se emiten 500 000 toneladas anuales de contaminantes, de los cuales el 51% es de origen industrial y 49% vehicular. k) Las tolvaneras y la quema de desechos sólidos en los basureros a cielo abierto son una fuente adicional de contaminación. En el valle de México las tolvaneras de los primeros meses del año depositan un promedio de 20 toneladas de polvo por km2 por mes y, en ocasiones, llegan a depositar hasta 50 toneladas. 2. Contaminación del agua

El diagnóstico que a este respecto formula el Programa Nacional de Salud 1984-1988 señala los siguientes puntos fundamentales: a) De las 320 cuencas existentes en el país, 12 reciben el 54% de la carga orgánica desechada. b) Las ciudades que generan mayor descarga de aguas negras son la de México (45m/seg.), Guadalajara (8.5m3/seg.) y Monterrey (9.6m/seg.). e) Datos de 1987 revelan que de 851 sistemas de aguas negras sólo 350 tenían algún tipo de tratamiento y sólo 11 de 1 000 ciudades que tenían servicios de alcantarillado contaban con tratamiento de aguas residuales. d) De las 90 ciudades con más de 40 mil habitantes, únicamente se ha otorgado certificado de calidad del agua potable a dos de ellas: México y Puerto Vallarta. e) Las deficiencias de equipo sanitario y el inadecuado mantenimiento de sistemas de abastecimiento propicia que la potabilidad del agua disminuya en 50%. I) La contaminación de la zona litoral es creciente, y g) Las industrias que más contaminan los cuerpos de agua son la azucarera, celulosa y papel, petrolera, petroquímica y química. 3. Contaminación de los suelos El Programa Nacional de Salud apunta, como hechos fundamentales a este respecto, los siguientes: a) Anualmente se generan 20 800 000 toneladas de desechos domésticos, de los cuales es recolectado alrededor del 80% y depositado en tiraderos a cielo abierto.

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b) Los establecimientos industriales del país generan 5 790 000 toneladas al año, de las cuales se llega a recuperar sólo el 50%. e) Sólo existen cuatro plantas de tratamiento del tipo de reciclaje por composta, con una capacidad de 7 000 toneladas/día, que equivale al 12% del total de los desechos domésticos. 4. Contaminación de alimentos

a) Se sabe que en moluscos vivalvos, como el ostión, hay una contaminación en el 67% de las muestras recolectadas. b) En muestras de arroz se ha encontrado que el 30% está contaminado con plomo y el 46.5 por arsénico y en muestras de trigo el 30% está contaminado por cadmio. c) Se ha observado que los alimentos enlatados como los chiles en vinagre, los jugos de tomate y naranja, el atún y las sardinas están contaminadas por plomo en proporciones que fluctúan entre el 49.5% y el 60%. d) Hay estudios que revelan contaminación por aflatoxinas en muestras de cacahuate (47.3% ), cacahuates japoneses (42.4%) y mazapanes (16.6% ). e) Se han detectado altos residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados en diversos alimentos consumidos en el país. 5. Saneamiento básico y vivienda a) Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de saneamiento básico, particularmente en las áreas urbanas marginadas. b) Del total de viviendas existentes en 1980, 71% contaba con agua entubada y 49% con drenaje. Esto representa 3.5 millones de viviendas que carecen de agua entubada y 6.2 millones que no tienen tuberías de drenaje. c) La red de agua potable en las áreas urbanas ha sido menor que el crecimiento de la población. d) La cobertura nacional de recolección de basura es de aproximadamente 70%. e) El depósito de excretas al aire libre, a diario, es de alrededor de 6 000 toneladas. I) No se cuenta en las áreas urbanas, ni en las marginadas, con sistemas adecuados de recolección y disposición final de desechos sólidos. g) Los servicios municipales de recolección de basura y el transporte de desechos sólidos resultan insuficientes.

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h) Durante el periodo de 1970-1979, el crecimiento relativo de los sistemas de alcantarillado estuvo muy por debajo del crecimiento de la población en áreas urbanas, razón por la cual la cobertura del 61% en 1970 decreció al final de los setenta al 40%. C. EL DERECHO ECONÓMICO ANTE LA SALUD AMBIENTAL En el contexto poco alentador antes descrito, deben inscribirse los asentamientos humanos y vivienda, el derecho ambiental y la protección a los consumidores, aspectos interdependientes y concomitantes con el sistema económico y su instrumental jurídico-administrativo analizado en los capítulos vistos anteriormente.86 D. ASENTAMIENTOS HUMANOS Los asentamientos humanos son fenómenos que surgen paralelos a los sucesos de urbanización y concentración de las actividades industriales. Son resultado de las migraciones campo-ciudad, y de los aumentos anuales de población que experimentan los países que están en vías de desarrollo. En México el proceso de urbanización acelerada con un incremento promedio de 4.9% anual, superior al 3.4% nacional en el último decenio, registra tendencias que permiten calcular que para el ario 2000, el 80% de la población radicará en ciudades mayores de 15 mil habitantes. Esta explosiva tendencia ha dado lugar a los asentamientos, o sea, la ocupación, adaptación y uso que un grupo humano hace de un terrilo. rio determinado. El surgimiento errático de los asentamientos da origen a las llamadas "ciudades perdidas" y a los crecimientos irregulares de colonias, lo que plantea serios problemas a la administración pública en cuanto a servicios tales como agua potable, infraestructura urbana, locales hospitalarios, escolares y mercados. Esto es, el asentamiento es la expresión de la diferencia existente entre necesidades indispensables y la oferta de viviendas o terrenos que permitan un desarrollo armónico de ciudades y poblados, en áreas apropiadas para conformar un habítat mínimo, para los grupos de familias que emigran a los centros industriales en busca de trabajo y progreso. 86

1979.

Ver Delegado Moya, Rubén, El derecho social del presente, México, Porrúa.

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Detrás de todo esto está, entonces, el derecho a la vivienda que el Estado debe garantizar a sus habitantes en una sociedad planificada y moderna.87 Para enfrentar ambos fenómenos, asentamientos humanos y derecho a la vivienda, en México se expidió una legislación que intenta regular en parte estos fenómenos. Su fundamento constitucional está en los artículos 27, 42, 48, 89, 90, 102, 121, 130 y 132 de la carta fundamental. En efecto, la Ley General de Asentamientos Humanos (Diario Oficial 26-5-1976) en vigor, establece como mecanismos para llevar a cabo la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano, así como los de ordenación de las zonas conurbanas del país. Con base en tal Ley, se procedió a expedir el decreto que establece el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (Diario Oficial 12-6-1978) mismo que zonifica y clasifica el territorio nacional con un criterio descentralizador de las actividades industriales, a fin de impulsar un desarrollo regional equilibrado que favorezca más a las costas que a los enclaves macroindustriales (D.F., Monterrey y Guadalajara), lugares que soportan asentamientos y concentraciones exageradas. A esta distribución o clasificación territorial de tipo indicativo, los estados deberían expedir sus respectivos planes de desarrollo urbano estatal, considerando la posición y desarrollo de los municipios como células fundamentales de nuestro sistema federal de gobierno, especialmente a partir de la reforma del artículo 115 constitucional. En efecto, este Plan contempla al territorio nacional en tres zonas geográficas: Zona I (desarrollo portuario y urbano industrial); Zona II (prioridades estatales) y Zona III (crecimiento controlado y consolidación). La secretaría competente para llevar a cabo el manejo de la Ley y decreto antes vistos, así como para establecer los convenios con estados y municipios, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), según el artículo 37 de la LOAPF especialmente en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII (ler. Reglamento interior D.O. 2-3-83).

87 Véase Alvarez del Castillo, Enrique, en Los derechos sociales del pueblo mexicano, México, Manuel Porrúa, 1978, t. II, pp. 591 y ss.

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1. El derecho a la vivienda

En íntima relación con los asentamientos humanos está el derecho a la vivienda, la cual debe garantizar a los mexicanos el gobierno federal. Este derecho, que integra el campo de los derechos sociales, fue contemplado en el artículo 123 de la originaria carta de Querétaro de 1917: Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Por su parte, la fracción IV del artículo 49 constitucional señala textualmente: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo". Para diseñar una política que se oriente a hacer efectivos estos mandatos constitucionales el Plan Nacional de Desarrollo en vigor señala al efecto lo siguiente: "La vivienda es una necesidad básica cuya satisfacción condiciona a la alimentación, la salud, y la educación. Es un elemento clave del desarrollo social y, por tanto, se ratificará explícitamente su carácter de derecho social de todos los mexicanos". a. Propósitos de lineamientos y estrategia La política de vivienda toma en cuenta el habitat natural y social donde aquélla se constituye en hogar, procurando que el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno cristalice en los siguientes objetivos: • Apoyar la superación de las carencias en materia de vivienda urbana y rural, a través de la acción directa pública en sus tres niveles de gobierno. • Modificar las bases del proceso de desenvolvimiento de la vivienda, supeditando su evolución económica al desarrollo social, así como orientando las acciones de los sectores público, privado y social, por medio de la acción popular concertada.

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Se concibe a la vivienda no sólo en cuanto a su uso como inmueble sino también en su dimensión como elemento generador de desarrollo del grupo social en su relación con las actividades económicas, sociales, políticas, culturales y recreativas.

b. Líneas generales de acción Bajo esta perspectiva, los objetivos se alcanzarán mediante las siguientes acciones: • Sustraer el suelo urbano de la especulación mediante la constitución de reservas territoriales y el establecimiento de la oferta pública de tierra para la vivienda de interés social. • Impulsar la construcción de la infraestructura de servicios y la autoconstrucción, a través de la participación organizada de la comunidad, así como la creación de cooperativas de vivienda y de materiales de construcción. • Fomentar el desarrollo de sistemas y tecnologías constructivas adecuadas social y regionalmente. • Replantear los sistemas de financiamiento para ampliar su cobertura social, buscando que se canalice un mayor volumen de recursos a los sectores más desprotegidos. • Mejorar la coordinación administrativa entre los organismos del sector, procurando la mayor productividad posible de la aplicación de sus recursos. La política de vivienda contempla la creación del Sistema Nacional de Vivienda, que norme y conduzca su desarrollo y la promoción de la revisión de las bases jurídicas en la materia, así como las siguientes líneas de acción: • Participación en los mercados inmobiliarios y de la tierra para la vivienda, a fin de controlarlos y evitar la especulación. • El reconocimiento y apoyo práctico y jurídico de las nuevas formas y modalidades que adopten la vivienda rural, urbana y suburbana. • La legitimación y apoyo prioritario a la conformación de asociadones y agrupaciones comunitarias de autogestión habitacional. • Fortalecimiento y reorientación de la capacidad instalada de la industria de la construcción, así como de la autoconstrucción y de la ayuda mutua comunitaria para la vivienda popular. El auspicio a la construcción de vivienda para renta, haciéndola atractiva al

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Inversionista, y controlando los alquileres en función de un porcentaje socialmente aceptable del salario, para que éste sea más remunerador. Realización de acciones prioritarias y emergentes en materia de vivienda social. • Reorientación de los sistemas financieros de la vivienda, auspiciando créditos adecuados a las capacidades de los demandantes, para reducir la garantía de los préstamos y para canalizar su otorgamiento, preferentemente a los grupos sociales organizados, a la vivienda en arrendamiento. Se apoyará el establecimiento de cajones financieros preferentes, para la autoconstrucción y el cooperativismo de la vivienda. Para poner en ejecución los propósitos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso de la Unión, a iniciativa del Ejecutivo, expidió recientemente dos importantes reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos y a la Ley General de Bienes Nacionales, y una nueva ley, la Ley Federal de Vivienda, cuerpos normativos que comentaremos brevemente. 2. Reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos Las reformas a esta Ley se inscriben en la necesidad de adaptar la política de asentamientos humanos a la nueva estructura de la administración pública federal y a la Ley de Planeación, instrumentos que constituyen los mecanismos de ejecución tanto de los planes sectoriales corno del Plan Nacional de Desarrollo. En efecto, nos parece pertinente transcribir algunos párrafos de la exposición de motivos que preceden a estas reformas: La aplicación de la Ley General de Asentamientos Humanos durante más de siete años, a través de la expedición y ejecución de los planes y programas de desarrollo urbano nacional, estatales y municipales, ha mostrado experiencias que aconsejan la introducción de algunos ajustes y precisiones al ordenamiento que nos ocupa. Por otra parte las modificaciones que se han incorporado a las normas constitucionales y secundarias que regulan el proceso de planeación y la acción pública sobre el desarrollo, hacen necesarias una serie de reformas y adiciones a la ley mencionada, a fin de adecuarla a las nuevas disposiciones y a los objetivos plasmados en el Proyecto Nacional establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Las reformas y adiciones al artículo 115 constitucional para revitalizar la vida municipal, deben verse reflejadas en la Ley General de Asentamientos Humanos en lo que se refiere a la competencia y coordinación de autoridades en materia urbana, a fin de contribuir a la consolidación de las nuevas atribuciones que el citado precepto constitucional otorga a los ayuntamientos. Por otra parte, la Ley de Planeación estableció el sistema nacional de planeación democrática, por lo que es conveniente precisar los alcances del régimen de la programación del desarrollo urbano y su articulación con el sistema mencionado. La iniciativa que por este conducto someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, responde a los propósitos y lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Ejecutivo a mi cargo el pasado mes de mayo. A través de esta iniciativa se busca fortalecer la rectoría del Estado en sus tres niveles de gobierno sobre el aprovechamiento del suelo urbano, así como promover la participación de la sociedad en los respectivos procesos de programación y planeación. Y en otro párrafo la exposición agrega: En materia de coordinación de la Federación con los gobiernos de los estados y los municipios, se propone adicionar al artículo 13 con un párrafo segundo, a fin de incorporar el régimen de planeación y programación de los asentamientos humanos, a los mecanismos de concertación previstos en la referida Ley de Planeación. El artículo 115 constitucional, con motivo de sus reformas y adiciones, señala que los ayuntamientos son titulares de una serie de atribuciones en materia de desarrollo urbano que deben ejercerse en los términos de las leyes federales y estatales relativas. Con tal fundamento y con base en los resultados de la consulta popular que recientemente se llevó a cabo, la presente iniciativa propone adicionar y reformar los artículos 16 y 17 de la ley, con el fin de sentar las bases para el ejercicio de dichas atribuciones y ampliar la capacidad jurídica de los ayuntamientos para conducir y gestionar su desarrollo urbano. En este sentido, se propone que los planes o programas municipales de desarrollo urbano sólo puedan publicarse luego de haber sido aprobados por el Ayuntamiento respectivo. De igual manera, existen otras funciones relativas al desarrollo urbano que, por su importancia se propone sean ejercidas por los Ayuntamientos. Tal es el caso de la expedición de las declaraciones de usos, reservas y destinos de áreas y predios; de las autorizaciones de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones y re-edificaciones, así como la expedición de licencias de construcción.

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En síntesis, estas reformas apuntan a:

1. Reforzar la rectoría del Estado sobre el proceso de

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miento del suelo urbano;

2. Facultar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a ela-

borar el programa sectorial de desarrollo urbano; 3. Coordinar dicho programa con la entidad federativa y los municipios con base en convenios de coordinación en la materia, y 4. Reforzar en función del nuevo artículo 115 constitucional las facultades municipales en materia de zonificación y desarrollo poblacionales. 3. Reformas a la Ley General de Bienes Nacionales

Estas reformas tienen como objetivo básico simplificar trámites y procedimientos administrativos a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública federal puedan disponer de su patrimonio y mobiliario y, en general, facilitar la privatización de los suelos de dominio público con fines de desarrollo urbano y poblacional. En efecto, el nuevo artículo 39 de la Ley reformada establece la posibilidad de constituir reservas territoriales sobre bienes de dominio privado de la Federación. Se reafirma en esta área la competencia de la SEDUE. Otra innovación interesante es que sobre los bienes muebles de la Federación se entrega competencia a la Secretaría de Programación y Presupuesto, continuando respecto a los inmuebles la competencia de SEDUE. Lógicamente, todas las disposiciones de la Ley que hacían referencia a la antigua Secretaría de Asentamientos Humanos, ahora se entienden de la SEDUE. En síntesis, se trata de incorporar a las nuevas políticas de asentamientos humanos y vivienda los inmuebles de dominio privado de la Federación a disposición de reservas territoriales susceptibles de integrarse al plan sectorial de desarrollo urbano antes comentado. 4. Ley Federal de Vivienda

Se trata de la Ley Reglamentaria del artículo 49, párrafo IV de la Constitución general de la República. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto "establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias puedan disfrutar de viviendas dignas y decorosas".

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Comprende ocho capítulos y sesenta y cuatro artículos, más dos transitorios. A continuación transcribiremos los principales artículos de esta importante ley: Artículo 29 Los instrumentos y apoyos a la vivienda que establece esta ley, comprenden: I. La programación y evaluación de las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que intervienen en la producción, financiamiento y mejoramiento de la vivienda; II. Las normas para operar y conducir las acciones del Gobierno Federal en materia de tierra para vivienda; III. Los estímulos y fomentos para la producción, distribución y uso de materiales, tecnología y asistencia técnica para la construcción de la vivienda urbana y rural; IV. Las normas para el otorgamiento de créditos y asignación de viviendas; V. La promoción y fomento a las sociedades cooperativas de vivienda y de otras formas de gestión solidaria; VI. Las bases de coordinación y concertación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con los gobiernos de los estados, con los municipios y con los sectores privado y social, para el establecimiento del sistema nacional de vivienda. Como se puede observar, por primera vez en nuestra legislación se visualiza el problema de la vivienda en forma unitaria, contemplando suelo urbano, materiales de construcción, créditos y participación de los grupos sociales (cooperativas de vivienda), y la concertación de las autoridades estatales y municipales. Artículo 39 Los lineamientos de política general de las acciones en materia de vivienda a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se dirigirán a los siguientes objetivos: I. Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda que permitan beneficiar el mayor número de personas, atendiendo preferentemente a la población urbana y rural de bajos ingresos; II. El mejoramiento del inventario habitacional y la organización y estímulo a la producción, mejoramiento y conservación de la vivienda urbana y rural y de sus materiales básicos para el bienestar de la familia mexicana;

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III. La optimización de los procesos de producción de la vivienda

y la promoción de sistemas constructivos socialmente apropiados; IV. Propiciar que la vivienda sea un factor de ordenación territorial y estructuración interna de los centros de población y de arraigo y mejoría de la población rural a su medio; V. La canalización y diversificación de recursos para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población más desprotegidos, a fin de lograr la máxima cobertura social; VI. Promover la participación activa y corresponsable de los sectores privado y social en las distintas acciones y programas habitacionales; VII. La utilización de la tierra para la vivienda con criterio de beneficio social, evitando su especulación, previendo su requerimiento y los medios y formas de acceso a la misma; VIII. La promoción y apoyo para reducir los costos de la vivienda y de sus materiales básicos; IX. La promoción de actitudes solidarias de la población ante el desarrollo habitacional y el impulso a la autoconstrucción organizada y al movimiento social cooperativista de vivienda; X. La información y difusión de los programas públicos habitacionales, con objeto de que la población beneficiaria tenga un mejor conocimiento y participación en los mismos; XL La integración de la vivienda a su entorno ecológico y la preservación de los recursos y características del medio ambiente; XII. La promoción al sector privado, para que canalice sus recursos a la construcción de vivienda de interés social, y XIII. La articulación y congruencia de las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal con las de los gobiernos estatales y municipales y con las de los sectores privado y social, tendente a la integración de un sistema nacional de vivienda para la satisfacción de las necesidades habitacionales del país. Del texto antes transcrito se infiere que la administración pública y sus diversos organismos de gestión en materia de vivienda, deben articular sus acciones en forma coherente en el contexto del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, haciendo participar directamente tanto a los grupos sociales como a las instancias estatales y municipales. ARTÍCULO

Ecología:

6q Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y

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I. Formular y conducir la política general de vivienda, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y con las que dicte al respecto el Ejecutivo Federal, así como coordinar los programas y acciones que tiendan a satisfacer necesidades habitacionales que realicen las entidades de la administración pública federal y las funciones y programas afines que en su caso se determinen; II. Promover, coordinar o realizar los programas habitacionales que determine el Ejecutivo Federal; III. Intervenir en la formulación y presentar a la Secretaría de Programación y Presupuesto los proyectos de presupuestos anuales de las entidades de la administración pública federal en las que funja como coordinador de sector y que realicen programas de vivienda; IV. Coordinar el sistema nacional de vivienda; en la forma en que se convenga con los gobiernos de los estados y los municipios, de acuerdo con los lineamientos, normas y mecanismos que al efecto se establezcan; V. Vigilar, en el ámbito de su competencia, que las entidades del sector que coordina conduzcan sus actividades conforme a las disposiciones de esta ley y al programa sectorial de vivienda; VI. Fomentar la producción y distribución de materiales de construcción e intervenir en la regulación del mercado de tierra para vivienda, determinando las políticas y reglas generales que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de adquisición y enajenación de suelo, en los términos del capítulo tercero de este ordenamiento y demás aplicables; VII. Fomentar, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, la constitución de organizaciones comunitarias, sociedades cooperativas y otras de esfuerzo solidario, para la producción y mejoramiento de vivienda; VIII. Formular las normas de diseño y construcción de la vivienda, para el bienestar y desarrollo de la familia, incorporando criterios ecotécnicos y fomentando el uso de las tecnologías más adecuadas; IX. Determinar los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda, con sujeción a la Ley de Planeación y a la Ley de Información Estadística y Geográfica y a las normas que en la materia emita la Secretaría de Programación y Presupuesto; X. Organizar y fomentar investigaciones en materia de vivienda, y XI. Las demás que le señalen las leyes y el Ejecutivo Federal.

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Del precepto anterior se desprende que la SEDUE pasa a tomar el control de ejecución directa del Programa Sectorial de la Vivienda, coordinando esta importante competencia con la Secretaría de Programación y Presupuesto y teniendo a su cargo, además, la tarea de establecer convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios; asimismo, concertando con los grupos sociales y sector privado, programas de acción para el desarrollo de viviendas de interés social. Completa el marco de competencia de esta Secretaría la aplicación de la Ley que comentamos, debiendo los organismos de gestión de la vivienda encuadrar sus acciones en los lineamientos que seguramente a nivel reglamentario deberá expedir esta dependencia en un futuro próximo. ARTÍCULO 79 Las acciones públicas federales de vivienda se programarán a través de:

I. El Programa Sectorial de Vivienda; II. Los programas institucionales de las entidades de la administración pública federal que lleven a cabo acciones habitacionales, y III. Los programas operativos anuales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, que regirán la ejecución de las acciones habitacionales específicas. La programación de las acciones públicas de vivienda se sujetarán a lo dispuesto en esta ley, en la Ley de Planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo y será congruente con los programas de desarrollo urbano y vivienda estatales y municipales, en los términos de los respectivos acuerdos de coordinación.

Este precepto pone de manifiesto la congruencia que debe existir entré el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Planeación, el Programa Sectorial de Vivienda con la aplicación de esta Ley por parte de la SEDUE, de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de los diversos órganos de gestión que actualmente operan en el sector de la vivienda. Esta congruencia, si bien parte del Plan Nacional de Desarrollo, debe darse desde el municipio hacia arriba, de tal suerte que la iniciativa para la solución del problema habitacional, tenga concretamente como sujeto activo a los propios interesados, fomentando la autoconstrucción de viviendas.

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ARTÍCULO 89

El Programa Sectorial de Vivienda será formulado

por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, de los grupos sociales y de los particulares interesados. Dicha Secretaría, previo dictamen de la de Programación y Presupuesto, someterá el programa a la consideración del Ejecutivo Federal y una vez aprobado por éste, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos diarios de mayor circulación en el país, pudiendo publicarse en estos últimos, en forma abreviada. Asimismo, la citada dependencia mantendrá para consulta del público dicho programa sectorial. Este precepto apunta a establecer una comunicación transparente

entre las distintas instancias del Programa Sectorial de Vivienda y los

grupos sociales interesados, obligando entonces a la SEDUE a publicar en el Diario Oficial los dictámenes en relación a los programas diseñados. ARTICULO 10.

Las acciones y lineamientos básicos que compren-

da el Suelo para la vivienda; Producción y distribución de materiales de construcción; Producción y mejoramiento de la vivienda urbana; Producción y mejoramiento de la vivienda rural y apoyo a las comunidades rurales para su desarrollo; V. Fomento a la autoconstrucción y apoyo a la vivienda de construcción progresiva; VI. Fomento a la producción y mejoramiento de vivienda a través de sociedades cooperativas y otras formas de gestión social; VII. La tipificación y aplicación de diseños en la construcción de vivienda, la coordinación modular de elementos y componentes y de espacios arquitectónicos y la aplicación de criterios ecotécnicos; VIII. La aplicación de recursos financieros; • IX. Medidas de asistencia técnica, organización y capacitación social; X. Promoción y apoyo a los programas de vivienda de los go' biernos de las entidades federativas y de los municipios. I. II. III. IV.

Este artículo señala los elementos que integran el Programa Sectode Vivienda que debe armonizar con el Programa Sectorial de

rial

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Desarrollo Urbano, como elementos centrales. Ambos programas son dirigidos por la SEDUE. Otros artículos importantes son el 19 (suelo y reservas territoriales), el 22 (diagnóstico de los requerimientos de tierra urbana para la vivienda), el 30 (declara de utilidad pública la producción y distribución de materiales para la construcción de viviendas), el 45 (política de créditos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), el 49 (sociedades cooperativas de vivienda), el 57 (coordinación y concertación con los estados, municipios y sectores social y privado, respectivamente) y, finalmente, el 63 (participación de cámaras industriales, colegios profesionales y universidades en el Plan Sectorial de la Vivienda). En síntesis, la Ley Federal de Vivienda establece: 1. El Plan Sectorial de la Vivienda; 2. La programación de los sectores federal, estatal y municipal en la ejecución de este Programa; 3. La centralización por parte de SEDUE del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano con el Programa Sectorial de la Vivienda; 4. La regulación y rectoría del Estado en los campos de producción y distribución de materiales para la construcción de viviendas; 5. La regulación de normas y tecnologías para la construcción de viviendas de interés social; 6. La nueva política de crédito para la vivienda; 7. El fomento de sociedades cooperativas de vivienda; 8. La coordinación con estados y municipios, y concertación con los sectores privado y social. Consecuencia de estas importantes innovaciones legislativas es el Programa Nacional para el Desarrollo de la Vivienda dado a conocer el 24 de febrero de 1984 por el presidente De la Madrid, cuyos objetivos son: "Apoyar prioritariamente la vivienda popular progresiva; el aliento a la producción de sus insumos y a la construcción comunitaria y cooperativista; el aumento de la cobertura social de las inversiones públicas en vivienda; la mayor accesibilidad social a la vivienda y la mejora sustancial en la condición y calidad de vida de la población de escasos recursos". Las metas de dicho Programa son: "Para 1984 las dependencias, entidades y organismos públicos de vivienda han programado una inversión de $257 300 millones que representan cerca del 1% del producto interno bruto". Las líneas de acción apuntan a: vivienda termi-

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nada, vivienda progresiva, mejoramiento de vivienda, parques de materiales, adquisición de tierras. Dicho ambicioso Programa es el producto de los trabajos efectuados por la SEDUE, estrechamente coordinados con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Trabajo y Previsión Social, con la intervención de la Banca Nacional, del INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI y Fondo de Habitaciones Populares y del Secretariado Técnico de Gabinetes de la Presidencia de la República." 5. órganos de gestión paraestatal en materia de vivienda 1. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este Instituto está contemplado en la fracción XII del artículo 123. apartado "A", y tiene a su cargo el manejo del Fondo Nacional de la Vivienda que se forma con las aportaciones que los patrones hacen para dar cumplimiento a la obligación de proporcionar habitaciones a sus trabajadores. El Infonavit tiene la responsabilidad de operar un sistema de financiamiento que permita a los derechohabientes ( trabajadores subordinados) obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones, la construcción, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, el pago de pasivos contraídos por esos conceptos, y coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad. El Instituto está obligado a cuidar -de que sus actividades se realicen dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano" (artículo 49). El Infonavit es un organismo de gestiones tripartita creado mediante la Ley de Congreso (D.O. 24-IV-72). 2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El ISSSTE opera el sistema de seguridad social que previene la fracción XI del artículo 123 constitucional, apartado "B", y sustituyó a la Dirección de Pensiones Civiles (Diario Oficial 12-VIII-25). Esta institución, conforme a las bases constitucionales y a su ley (Diario Oficial 30-XII-59), tiene como uno de sus objetivos la venta o arrendamiento barato de viviendas a sus derechohabientes, así como el otor" Véase detalles del Programa en los principales periódicos de la República mexicana el día 24 de febrero de 1984.

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gamiento de créditos blandos para la adquisición de terrenos para uso habitacional, para la compra de vivienda, su construcción, su mejoramiento o su redención. La Ley del ISSSTE prevé que parte de sus reservas se inviertan en las operaciones citadas. 3. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Este organismo (Diario Oficial 29-VI-76) cumple funciones habitacionales similares al ISSSTE, en beneficio de los miembros activos del ejército, fuerza aérea y armada. 4. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A. Se trata de una de las primeras instituciones de crédito que creó el Estado (7-XI-34). Su objetivo social es sumamente amplio: movilizar recursos a obras y servicios públicos --sobre todo municipales—; actuar como agente financiero del gobierno, fungir como asesor técnico del sector público y llevar a cabo proyectos de vivienda de interés social. En la realidad, el BANOBRAS es un banco de desarrollo municipal y urbano. Este banco maneja el Fondo de Habitaciones Populares --fideicoque promueve la construcción de vivienmiso, S. A. (D.O. 1 111 46) da para ser adquirida por personas de ingresos medios. 5. Fondo de Operaciones y Descuento Bancario a la Vivienda. Este fideicomiso público —en el que figura el banco central como fiduciaria— coordina y vigila el programa financiero de la vivienda que en 1963 diseñó el ejecutivo federal para que en el marco del encaje legal la banca canalice recursos a la construcción y venta de vivienda de interés social, FOVI, aunque de manera marginal, actúa directamente en la construcción habitacional utilizando recursos fiscales o créditos externos. Así, esta entidad se desempeña como promotor de vivienda y como órgano de dictamen, autorización y apoyo para que con recursos bancarios se financien promociones de terceros. 6. Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda. Esta entidad paraestatal también participa en el Programa Financiero de Vivienda: es un fideicomiso público que tiene como fin garantizar a las instituciones bancarias acreditantes la recuperación de los créditos para vivienda que hayan otorgado; otorgar a esas instituciones garantías complementarias; compensar costos de manejo crediticio y apoyar, para efecto de liquidez, en caso de mora de los acreditados. 7. Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado. -

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El FOVISSSTE es un organismo desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que maneja el fondo financiero que se forma con las aportaciones que realizan el Estado y los organismos descentralizados regulados por el apartado "B" del artículo 123 constitucional, para cumplir con la obligación de proporcionar habitaciones a su personal. El FOVISSSTE tiene funciones similares a las que ejerce el INFONAVIT y las prestaciones que otorga son distintas y adicionales a las que administra directamente el ISSSTE. Este mecanismo se estableció en 1972 (Diario Oficial 28-XII-72). 8. Fondo de la Vivienda para los Miembros del Activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Este fondo —el tercero de los fondos de vivienda— tiene el mismo perfil que el FOVISSSTE. Es manejado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se integra con aportaciones estatales y otorga las prestaciones que tanto el FOVISSSTE como el INFONAVIT conceden (D.O. 28-XII-72). 9. Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, Guerrero. Este fideicomiso público fue constituido en acatamiento a un decreto presidencial (D.O. 21 VI 76) y tiene por finalidad servir de instrumento para la coordinación de los esfuerzos federales dirigidos al desarrollo económico y social de Acapulco. Esta localidad presenta numerosos y graves problemas urbanos motivados por su excesivo crecimiento demográfico y económico. La principal tarea del fideicomiso es: Adquirir, urbanizar, fraccionar, vender, arrendar y administrar bienes inmuebles para el adecuado desarrollo de Acapulco y contraer los pasivos necesarios que para ello autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto. 10. Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de la Ciudad Lázaro Cárdenas. Esta entidad tiene fines semejantes a los que busca el fideicomiso público citado arriba y se creó en virtud del crecimiento acelerado que tiene la ciudad Lázaro Cárdenas, con motivo de los planes dirigidos a constituirla en un polo de desarrollo regional. 11. Fideicomisos para ciudades industriales. Han sido constituidos más de quince fideicomisos públicos para llevar a cabo ciudades industriales en distintas localidades que conforme al Plan Nacional de Desarrollo Industrial tienen condiciones para registrar una evolución industrial significativa. El objeto principal de -

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estos fideicomisos es asegurar que las plantas industriales contarán con las facilidades necesarias y que no distorsionarán la estructura y desarrollo de las localidades. Además, existe el fideicomiso para el estudio y el fomento de conjuntos, parques, ciudades industriales y centros comerciales. 12. Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra. A CORETT (D.O. 8-XI-74) su decreto de creación le confiere atribuciones para regularizar la tenencia de la tierra; programar espacios libres para el crecimiento urbanístico, promover la incorporación de las áreas regularizadas al fondo legal de las ciudades, promover fraccionamientos urbanos y suburbanos, y suscribir escrituras y títulos de propiedad. 13. Comisiones de conurbación. Los complejos que suscitan las conurbaciones que son de la competencia concurrente de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios han hecho necesario el establecimiento de entidades paraestatales sui genenis: las comisiones de conurbación a las que se les encarga "la regulación de los asentamientos humanos, tendiendo a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural" de las zonas conurbanas. Estas entidades son organismos públicos de carácter técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto del jefe del Ejecutivo federal. Las comisiones elaboran el plan de ordenación de la zona conurbana: fomentan el aprovechamiento social de los elementos naturales; proponen programas para el desarrollo rural y urbano; promueven la coordinación de las obras federales y gestionan la compatibilidad de los planes estatales y municipales de desarrollo urbano. Hasta la actualidad el presidente de la República ha establecido seis comisiones de conurbación. E. EL DERECHO AMBIENTAL En el contexto de la salud ambiental, y ante la gravedad de la situación que México enfrenta al respecto, se ha desarrollado un conjunto de disposiciones jurídicas de diversas jerarquías que dan sustento y legitimidad a un verdadero derecho ambiental mexicano. Podemos definir a esta novel disciplina, conocida también como derecho ecológico, siguiendo a Raúl Braries:

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE VIVIENDA QUE INCIDEN EN MATERIA DE NORMAS Y TECNOLOGÍA Y SU INTERRELACIÓN CON OTRAS LEYES

CUADRO RESUMEN

Capítulos

I. Disposiciones generales

Ley Federal de Vivienda

Reglamento Interior

(art. 18)

Art. 2° fracc. V, VI, VII, XIV Fracc. I, V, VII, XIV Art. 3° Art. 4° fracc. I, II, IV, VI Art. fracc. II, VI, VII

II. De la programación de las acciones públicas de vivienda

Art. 10° fracc. II, VI, VII Art. 11° fracc. II, III, IV Art. 15' fracc. VI Art. 189 III. Del suelo para la vivienda Art. 219 fracc. II Art, 319 IV. De la producción y distribución de materiales Art. 32' de construcción para Art. 34° Art. 369 la vivienda



Fracc, IV, VII, IX Fracc. II, VII, VIII, IX Fracc. I, II, V Fracc. V, VII, XI Fracc. V, VIII, IX, XI Fracc. II Fracc. II

Otras disposiciones

LP Art. 1° fracc. IV, V Art. 2° frac. III LGS Art. 1189 fracc. II, III LP Art. fracc. L II LP Art. 49 LP Art. 16" fracc. I, III, V LP Art. 23° LP Art. 169 fracc. VII LP Art. 169 fracc. VII

Fracc. I Fracc. V Fracc. V, VII, IX Fracc. V Fracc. V, VII, IX

LP Art. 2° fracc. VI LP Art. 33

Capítulos

V. De las normas y tecnologia para la vivienda

Ley Federal de Vivienda

Reglamento interior (art. 18)

Art. 389 Art. 39° Art. 409 fracc. I, II, III, IV, V

Fracc. I, II Fracc. IV, X Fracc. IV, XII

Art. 419 Art. 429

Fracc. VI, VII Fracc. XIII

Art, 43° Art. 449 VI. Del otorgamiento de crédito y asignación de vivienda VIL De las sociedades cooperativas de vivienda

Art. 459

LP Ley de Planeación. LGS Ley General de Salud. LNPM Ley de Normas, Pesos y Medidas.

Art. 1189 fracc. II, III LGS LRTT Art. 99 trace. IV LP Art. 379 LNPM Art. 79 incisos b y d Art. 26° Art. 29' fracc. 1, II, /II Art. 359 LRTT Art. 99 fracc, II incisos a, c, d, f, g

Fracc. XIV

Art. 49° Art. 509

VIII. De la coordinación con Art. 58° fracc. IV a VIII los estados y municipios Art. 60° y concertación con los Art. 619 fracc. I a VI sectores social y privado Art. 649 fracc. I, II y Hl

Otras disposiciones

LGSC Art. 19 fracc. I Art. 21° incisos a, b y d Fracc. II y III (Art. 18) Frace. JI!

1,P LP LP

Art. 34° fracc. I y V Art. 29 fracc. V Art. 34° fracc. Art. 389

LGSC Ley General de Sociedades Cooperativas. LSP.TT Ley sobre el Registro y la Transferencia de Tecnologia y el uso y explotación de patentes y marcas.

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Derecho ambiental como el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos.89

Este derecho ambiental tiene su fundamento constitucional en el artículo 27 de la carta de Querétaro, al establecer la naturaleza derivada de la propiedad privada sobre tierras y aguas, siendo la nación la propietaria originaria de dichos recursos naturales. Otro fundamento constitucional es la adición para la base cuarta de la fracción XVI del artículo 73 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1971. Por otra parte, en el artículo 25 de la ley fundamental se menciona con ocasión de la economía mixta la expresión -cuidado del medio

ambiente", con lo cual se legitima como valor a proteger por el sistema económico. A nivel secundario el derecho ambiental está regulado por la nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por la Ley General de Salud (artículo 181-184 especialmente entre otros preceptos),

la Ley Federal del Mar, Ley Federal de Pesca, Ley Federal de Turismo, Ley Forestal, Ley de Comercio Exterior (artículo 4o., fracciones IV, V y VI). A nivel internacional mención expresa merece el Acuerdo sobre Cooperación en Caso de Desastres Naturales suscrito entre México y Estados Unidos y publicado en el Diario Oficial de la Fede-

ración el

4-IV-8 1.

Finalmente, en 1983 los mismos gobiernos suscribieron el Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza. Por último, el Convenio de Panamá constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) establece bases de cooperación regional para casos de desastres naturales (D.O. Como vemos, hay una abundante legislación sobre el derecho ambiental mexicano, siendo la Ley Ecológica de 1988 el código fundamental a la cual dedicamos las siguientes páginas de este volumen.

89 Brafies, Raúl, Derecho ambiental mexicano, México, Universo Veintiuno, 1987. p. 32.

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1. Ley General del Eguiliibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (D.O. 28-1-1988)

a) Objetivos de la Ley." Los objetivos principales de la nueva ley ecológica son los siguientes: * Definir los principios de la política ecológica general y regular los instrumentos para su aplicación. * El ordenamiento ecológico. * La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. * La protección de las áreas naturales y, la flora y la fauna silvestres y acuáticas. * El aprovechamiento racional de los elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos con el equilibrio de los ecosistemas. * La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. * La concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios en la materia. * La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la participación corresponsable de la sociedad en las materias que regulan esta Ley. b) Conceptos básicos

La presente Ley define algunos conceptos que es importante conocer a efecto de interpretarla correctamente; los más relevantes se exponen a continuación: * Ambiente: conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinados. * Áreas naturales protegidas: zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre y que han quedado sujetas al régimen de protección. 90 Resumen extraído de IDC, excelente publicación del Grupo Expansión, núm. 47, marzo, 1988.

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* Aprovechamiento racional: utilización de los elementos naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente. * Contaminación: presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. * Contaminante: toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. * Contingencia ambiental: situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. * Ecosistema: unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. * Desequilibrio ecológico: alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. * Residuo: cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. * Residuos peligrosos: aquellos residuos, en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. c) Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Por virtud de la expedición de la Ley que se comenta, la Sedue adquirió las siguientes atribuciones: * Formular y conducir la política general de ecología. * Aplicar, en la esfera de su competencia, la Ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecológicas que expida y vigilar su observancia. * Realizar las distintas acciones que le competen a fin de preservar, proteger y restaurar el equilibrio ecológico y el ambiente, coordi-

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nándose, en su caso, con las demás dependencia de la administración pública federal, según sus respectivas esferas de competencia. * Formular y desarrollar programas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y propiciar el manejo integral de los recursos naturales. * Programar el ordenamiento ecológico general del territorio del país, en coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y autoridades locales. * Expedir las normas técnicas ecológicas que serán observadas en todo el territorio nacional. * Formular los criterios ecológicos que deberán observarse en la aplicación de la política general de ecología; la protección de la flora y fauna silvestres y acuáticas; el aprovechamiento de los recursos naturales; el ordenamiento ecológico general del territorio; y la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo; con la participación que en su caso corresponda a otras dependencias. * Determinar la aplicación de tecnología que reduzca las emisiones contaminantes de vehículos automotores en coordinación con la Secofi y la Semip. * Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas que se establezcan para productos utilizados como combustibles o energéticos. * Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen los efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordinación con la SARH y la Secofi. * Proponer al Ejecutivo Federal, la adopción de las medidas necesarias para la prevención y control de contingencias ambientales y aplicarlas en el ámbito de su competencia. d) Comisión Nacional de Ecología

La Ley crea una nueva institución llamada Comisión Nacional de Ecología, que es un órgano permanente de coordinación intersecretarial y que fungirá además como instancia para promover la concertación entre la sociedad y el Estado en la materia. La comisión analizará problemas y propondrá prioridades, programas y acciones ecológicas; en esta comisión podrán participar las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyas atribuciones tengan relación con el objeto propio de la Comisión. Serán invi-

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tados para participar en la misma, representantes del sector privado, organizaciones civiles e instituciones educativas. La Comisión presentará bianualmente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Sedue, un informe detallado de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en el país. e) Política ecológica Tal y como lo dispone el presente ordenamiento, en la planeación nacional del desarrollo será considerada la política ecológica general .que tendrá como instrumentos los siguientes: * Planeación ecológica. * Ordenamiento ecológico. * Criterios ecológicos en la promoción del desarrollo. * Regulación ecológica de los asentamientos humanos. * Evaluación del impacto ambiental. * Normas técnicas ecológicas. * Medidas de protección de áreas naturales. * Investigación y educación ecológicas. * Información y vigilancia. De estos instrumentos interesan para este análisis dos de ellos, específicamente, ya que tienen incidencia directa en la actividad empresarial. En primer término, se cuenta la evaluación del impacto ambiental que se considerará para que el gobierno federal autorice la realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas emitidas por la autoridad para proteger al ambiente. Asimismo, una vez otorgada la autorización .deberán cumplirse los requisitos impuestos después de evaluar tal impacto que pudiera originar dichas actividades. Bajo estas circunstancias, corresponde a la Sedue evaluar dicho impacto ambiental, particularmente tratándose de las siguientes materias: * Obra pública federal. * Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos y carboductos. * Industria química, petroquímica, siderúrgica, papelera, azucarera, de bebidas, del cemento, automotriz y de generación y transmisión de electricidad.

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* Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y no minerales, reservadas a la Federación. * Desarrollos turísticos federales. * Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos radiactivos. * Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies de difícil regeneración. f) Normas técnicas ecológicas El otro aspecto relevante de los instrumentos de esta política, son las normas técnicas ecológicas, conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Sedue, que establecen los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y además que uniformen principios, criterios, políticas y estrategias en la materia. Las normas técnicas ecológicas determinarán los parámetros dentrode los cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Cabe mencionar también que las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad del Estado o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que fijen en las normas técnicas ecológicas aplicables. g) Aprovechamiento racional de los elementos naturales En este punto se prevén algunos aspectos trascendentes para la actividad empresarial, principalmente por lo que se refiere al otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales. De entre estos recursos destacan el agua y el suelo. De modo que para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios: * Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico.

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* El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico. * Para el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y, el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos. Estos criterios serán tomados en cuenta para el otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten el ciclo hidrológico. Por otra parte, para la protección y aprovechamiento del suelo se considerarán los siguientes criterios: * El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas. * El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva. * Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos. * La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración. Los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal considerarán estos criterios.

h) Protección de la atmósfera Para la protección a la atmósfera se considerará que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país, así como que las emisiones de contaminantes de la atmósfera ya sea de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire adecuada. De manera que para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera la Sedue:

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* Expedirá, en coordinación con la Secretaría de Salud en lo referente a la salud humana, las normas técnicas ecológicas correspondientes. * Requerirá la instalación de equipos de control de emisiones a quienes realicen actividades contaminantes. * Expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, así como para la certificación por la autoridad competente de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes determinadas. * Expedirá en coordinación con el sector energético y la Secofi, las normas técnicas ecológicas que deberán ser observadas por la industria automotriz para reducir las emisiones de origen vehicular. Con base en lo anterior, para el otorgamiento de estímulos fiscales. las autoridades competentes considerarán a quiénes: * Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera. * Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control y en general de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera. * Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes. * Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas. Protección del agua. Por lo que se refiere a la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios: * Su prevención es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país. * Corresponde al Estado y a la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo. * El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

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* Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo. En relación con la prevención y control de la contaminación del agua corresponde a la Sedue expedir en coordinación con la SARH, las normas técnicas para el vertimiento de aguas residuales en redes, colectoras, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua. También le corresponde emitir los criterios, lineamientos y condiciones que deban satisfacerse para regular el alejamiento, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, a fin de evitar contaminación que afecte el equilibrio de los ecosistemas. Asimismo la Sedue debe dictaminar las solicitudes de permisos para infiltrar o descargar aguas residuales en terrenos o cuerpos distintos de los alcantarillados, así como resolver sobre las solicitudes de autorización para el establecimiento de plantas de tratamiento de sus descargas conjuntas, cuando dichas descargas contaminantes provengan de dos o más instalaciones o industrias, tomando en consideración los criterios sanitarios de la Secretaría de Salud. Por otra parte, a la Sedue compete, en coordinación con la SARH, emitir opinión a la que deberá sujetarse la programación y construcción de nuevas industrias que puedan producir descargas contaminantes de aguas residuales, así como de las obras e instalaciones conducentes a purificar las aguas residuales de procedencia industrial. En este mismo sentido se indica que el otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan. La citada dependencia deberá resolver sobre las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales, sustancias o cualquier otro tipo de residuos en aguas marinas, fijando en cada caso las normas técnicas ecológicas correspondientes. También en relación a la contaminación del agua, quedan sujetas a regulación específica por virtud de esta Ley: * Las descargas de origen industrial. * Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descarga s. * Las descargas derivadas de actividades agropecuarias.

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* Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables.

* La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. * Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos.

En consecuencia, no podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la dependencia competente. Protección del suelo. Por lo que hace a la prevención y contaminación del suelo, los criterios conducentes se aplicarán en la ordenación y regulación del desarrollo urbano, en la operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos municipales en rellenos sanitarios, así como en el otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la operación e instalación de confinamientos o depósitos de residuos y para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. Por otro lado, quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y limínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas expedidas por la Sedue, que considerarán los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, que determine la Secretaría de Salud. i) Medidas de control y de seguridad Inspección y vigilancia, las dependencias competentes podrán realizar, por conducto de personal autorizado, visitas de inspección, llevando dicho personal documentos oficiales que lo acrediten como tal, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán, constar en forma circunstanciada, los hechos que se presenten durante: la diligencia. Concluida la inspección se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, firmándose posteriormente el acta por las personas que intervinieron en la diligencia y por dos testigos.

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Cabe citar que el particular está obligado a permitir al personal autorizado el acceso al lugar sujeto a inspección, así como a proporcionar toda clase información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, mismas que será guardada por la autoridad con absoluta reserva, excepto en caso de requerimiento judicial. Cuando el visitado obstaculice la inspección, la autoridad podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, en caso de que exista irregularidad, para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, y para que dentro del término de diez días hábiles manifieste por escrito lo conducente y ofrezca las pruebas respectivas. Una vez oído el presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado. Elementos de la resolución administrativa. En la resolución citada se sefialarán, o en su caso se adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor. Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste comunicará por escrito las medidas tomadas. Medidas de seguridad. Por otra parte, cuando algún riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, la Sedue como medida de seguridad podrá ordenar el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes correspondientes y promover la ejecución ante la autoridad competente. Sanciones administrativas. Las violaciones a las disposiciones de la presente Ley constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Sedue de la siguiente manera: * Multa por el equivalente de 20 a 20 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento de imponer la sanción. * Clausura temporal o definitiva, parcial o total. * Arresto administrativo hasta por 36 horas. Asimismo, cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación

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o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción. Para la imposición de las sanciones por infracciones a la Ley Ecológica se considerará: * La gravedad de la infracción, tomando en cuenta principalmente el criterio de impacto en la salud pública y la generación de desequilibrios ecológicos. * Las condiciones económicas del infractor. * La reincidencia, si la hubiere. j)

Recurso administrativo

Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la Ley que se analiza podrán ser recurridas por los interesados en el término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, a través del recurso administrativo de inconformidad, que se interpondrá por escrito ante el titular de la unidad administrativa que hubiera dictado la resolución recurrida. Elementos del recurso. En el escrito en el que se interponga el recurso se señalará: * * * * *

El nombre y domicilio del recurrente. La fecha en que tuvo conocimiento de la resolución recurrida. El acto o resolución que se impugna. Los agravios causados por la resolución o acto impugnado. La determinación de la autoridad que haya dictado la resolución u ordenado o ejecutado el acto. * Los documentos y demás medios ofrecidos como pruebas. * La solicitud de suspensión del acto o resolución impugnada, previa a la comprobación de haber garantizado el interés fiscal en su caso.

Una vez admitido el recurso por la autoridad, ésta decretará la suspensión si fuese procedente y desahogará las pruebas que procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la admisión. Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas, se dictará resolución en la que se confirme, modifique o revoque la resolución recurrida o el acto combatido.

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k) Delitos en materia ecológica Este ordenamiento prevé diversas conductas consideradas como delictivas, a saber: * Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que, sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad aplicables a actividades industriales, comerciales y de servicios altamente riesgosas, realice, autorice u ordene la realización de tales actividades, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora, o la fauna o los ecosistemas. Si dichas actividades riesgosas se llevan a cabo en un centro de población se podrá elevar la pena hasta tres arios más de prisión y la multa hasta 20 000 días de salario mínimo. * Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 1 000 a 20 000 días de salario mínimo, al que sin autorización de la Sedue o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, recicle, recolecte, deseche, descargue, disponga, o en general realice actos con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos. Igual pena se impondrá a quien contraviniendo los términos de la autorización respectiva, importe o exporte materiales o residuos peli-

grosos, como ya se mencionó. * Se impondrá pena de un mes a cinco arios de prisión y multa por el equivalente de 10 a 10 000 días de salario mínimo al que despida o descargue en la atmósfera, o lo autorice o lo ordene, gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas. * Se impondrá pena de tres meses a cinco arios de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 000 días de salario mínimo, al que sin autorización descargue, deposite o infiltre, o lo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes

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de agua, que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas. Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar hasta tres arios más. * Se impondrá pena de un mes a cinco arios de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 000 días de salario mínimo a quien rebasando los límites fijados en las normas técnicas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas. 2. Reglamento en Materia de Impacto Ambiental (D.O. 7-VI-1988) Este Reglamento detalla el concepto de impacto ambiental establecido en ley ecológica y obliga a las personas naturales y morales que realicen obras o actividades que afecten los ecosistemas, a obtener de Sedue un dictamen o estudio de riesgo, señalando los procedimientos al respecto. El concepto integral que ahora se maneja incorpora la actividad pesquera, forestal y áreas naturales protegidas. El capítulo VII del Reglamento se refiere a medidas de control y de seguridad y sanciones, y que el artículo 47 señala textualmente:

47. Las infracciones de carácter administrativo a los preceptos de la Ley y el Reglamento, serán sancionadas por la Secretaría en asuntos de competencia federal conforme a lo que establece el Reglamento, con una o más de las siguientes sanciones:

ARTÍCULO

I. Multa por el equivalente de 20 a 20 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción; II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; Hl. Suspensión, revocación de la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada para la realización de una obra o actividad de las previstas en los artículos 5o. y 36 del Reglamento, y IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Si una vez impuestas las sanciones a que se refieren los párrafos anteriores, y vencido el plazo en su caso concedido para subsanar la o las infracciones cometidas, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsistieran, podrán imponerse multas por cada día que trans-

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curra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas que en estos casos se impongan, excedan de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción. En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido. En los casos en que el infractor solucionare la causa que dio origen al desequilibrio ecológico o deterioro al ambiente, la Secretaría podrá modificar o revocar la sanción impuesta. 3. Otros proyectos de reglamentos en materia de impacto ambiental 1. Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas. 2. Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación Atmosférica. 3. Reglamento de Residuos Peligrosos. 4. Reglamento de Ruido y Vibraciones. 5. Reglamento de Ordenamiento Ecológico del Territorio. 6. Reglamento del Sistema Nacional de áreas Naturales Protegidas. 7. Reglamento para el Manejo de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. 8. Reglamento para el Manejo de Residuos de Lenta Degradación. F.

LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Entre las características de nuestra economía mixta, está la facultad que tiene el Ejecutivo Federal de reglamentar la oferta de bienes y servicios que llegan a los consumidores. La protección al consumidor es una expresión de los derechos sociales que apunta a garantizar un mercado que equilibre en parte los intereses difusos del consumidor frente al poder, en algunos casos, monopólicos u oligopólicos, de proveedores de bienes y servicios (públicos y privados) que unidos a medios de comunicación de masas imponen conductas y orientan decisiones consumistas perjudiciales a la comunidad. La protección del consumidor en nuestro derecho económico se encuentra regulada por los siguientes ordenamientos secundarios, de los cuales derivan acuerdos, reglamentos y decretos diversos:

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1. Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica (D.O. 20-X11-50) y su Reglamento (D.O. 10-1-51); , 2. Ley Federal de Meteología y Normalización (DO. 26-1-88); 3. Ley General de Salud (D.O. 7-11-84); 4. Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (D.O. 28-1-88); 5. Ley Federal de Protección al Consumidor (22-XII-75); 6. Ley de Comercio Exterior (D.O. 27-1-86); 7. Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional (D.O. 31-VIII-34) y sus reformas de (D.O. 15-1-1980). 1. Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica

Esta Ley, de claro corte intervencionista, está encaminada a regular la intervención pública, encauzando jurídicamente los comportamientos de los operadores económicos hacia un mercado sano y reprimiendo los ilícitos que bajo fines de lucro puedan atentar contra la economía nacional y las grandes mayorías consumidoras. Se califica como una ley de previsión que coloca al Ejecutivo Federal en posibilidad de controlar y regular precios y ofertas de productos esenciales para la población. Un buen ejemplo lo encontramos actualmente en que los artículos de la canasta básica están controlados sus precios máximos, vía control directo o vía registro de precios trimestrales, función ésta que cumple la Subsecretaría de Comercio Interior de la Secofi. Además de las sanciones establecidas en el artículo 13 para la violación de disposiciones de la propia Ley o sus reglamentos, se concede acción pública para hacer las denuncias correspondientes (artículo 14). Quedando siempre el recurso administrativo de reconsideración (artículo 16). Están sujetos a esta Ley quienes realicen actividades industriales o comerciales en la producción y distribución de: 1. Artículos de consumo generalizado; 2. Efectos de uso general para el vestido de la población del país; 3. Materias primas esenciales para la actividad industrial; 4. Productos de las industrias fundamentales; 5. Artículos producidos por ramas importantes de la industria nacional; 6. En general, los productos que presenten renglones considerables de la actividad económica mexicana;

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7. Los servicios que afecten a la producción, distribución y comercialización de dichas mercancías, y todos aquellos servicios que se refieran a materias de interés público o beneficio general. El 4 de enero de 1951 fue publicado en el Diario Oficial el primer decreto que especificó cuáles son las mercancías señaladas en forma general por el artículo lo. de la Ley que comentamos, y a partir de entonces ha sido adicionado con mercancías que son consideradas de interés general. Los artículos de la canasta básica en el contexto del Pacto de Solidaridad Económica son cerca de setenta, siendo los más representativos carne, leche, jabones, detergentes, zapatos, prendas de vestir, electricidad, teléfonos, tortilla, pan y transporte público incluyendo las gasolinas. 2.

Ley Federal de Protección al Consumidor (D.O. 5-11-1976 y 151-88 )

En el contexto de los derechos sociales, con respeto a la protección del derecho al consumo de los mexicanos, destaca la Ley Federal de Protección al Consumidor, del 22 de diciembre de 1975, y orientada a proteger y tutelar los derechos e intereses de todos los ciudadanos, con respecto al uso o disfrute de bienes y de la prestación de servicios. A este conjunto de disposiciones de orden público o de interés social, el legislador lo calificó como irrenunciable por los consumidores, y lo define "aplicable, cualesquiera que sean las disposiciones establecidas por otras leyes, costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario-. Asimismo, al precisarse que para los efectos del cumplimiento de esta Ley serán órganos auxiliares de la Secofin toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, se provee a la Ley de un espectro cierto y general de aplicación y vigencia. Sin embargo, la globalidad de la Ley culmina cuando obliga al acatamiento de sus disposiciones no solamente a los comerciantes y prestadores de servicios, y a los industriales sino, lo que es particularmente importante, cuando incluye a las empresas de participación estatal, a los organismos descentralizados, así como a los órganos del Estado; estos últimos, en cuanto estén dedicados a actividades de producción, distribución, comercialización de bienes o prestación de servicios. Recordando algo a lo que nos hemos referido al hablar de las formas exageradas de la publicidad como un medio para manipular la ca-

CURSO DE DERECHO ECONÓMICO

425

pacidad de selección y la necesidad real del ciudadano común (para llevarlo a comprar productos innecesarios o carentes de la calidad conteniente), la ley obliga a todo proveedor de bienes o servicios a informar con veracidad y certidumbre al consumidor, prohibiendo expresamente las formas de publicidad que induzcan a error en relación a los componentes, usos y propiedades de productos o servicios. Para buscar el dinamismo que la Ley debe tener, en función de la naturaleza tan amplia de las relaciones que regula, faculta a la Secofi para vigilar todo lo relacionado con la composición, peso, propiedades, características, indicaciones para uso, presentación y conservación de productos que se ofertan, fijando las normas procedentes para cada caso. De la misma forma le da competencia a esta dependencia, es decir, a la Secofin, para que ordene las modificaciones a los sistemas de venta de bienes, o a los de arrendamiento, para evitar prácticas contrarias al interés de la ciudadanía. Imperativamente la Ley incide en el campo de los precios de los productos, particularmente en aquellos que son de consumo generalizado, así como en las tarifas de los servicios que reclaman los sectores mayoritarios. En forma expresa rompe toda posibilidad de explotación mercantil a través de trueques o de ventas condicionadas, regulando aquellas modalidades de promoción especial de ventas, que conocemos como -ofertas-. Para evitar que tengan origen en la voracidad de comerciantes o intermediarios, o bien en la ignorancia o el aislamiento de los consumidores, todas las operaciones que impliquen crédito parcial o total, quedan sometidas a condiciones específicas, señalando sanciones importantes para quienes las violen, y confirmando la irrenunciabilidad del demandante de productos o servicios a la protección legal establecida. Los intereses y plazos quedan sujetos a modalidades que no hagan vulnerable la economía general, en función de las limitaciones de la mayoría social consumidora. Los cargos máximos que deban hacerse al consumidor por contratos de crédito, como investigación, cobranza, quebrantos relativos a cuentas incobrables y administración de créditos, establece la Ley que deberán ser fijados por Secofin previa opinión de una comisión consultiva, que integrarán representantes del Banco de México, del Instituto Nacional del Consumidor, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y de la Confederación de Cámaras de Comercio. Esta comisión, para emitir su opinión, tiene la oportunidad de

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JORGE WITKER V.

llevar a cabo un análisis general de las condiciones de la economía, ofreciendo información que siempre resultará útil para la decisión que la Secretaría de Comercio deba tomar. En estas condiciones, resulta interesante destacar que la Ley estatuye que el interés moratorio no podrá exceder al fijado por ella, y cuando se haya omitido la fijación relativa, del 25% de los intereses ordinarios estipulados, es decir, de una cuarta parte de lo que importen los referidos intereses ordinarios. De igual manera, estipula que los intereses se causarán sobre saldos insolutos, y que su pago deberá hacerse por periodos vencidos. Los casos de compraventa en abonos de bienes, muebles o inmuebles, quedan comprendidos en la Ley y se fijan mecanismos para vigilar desde el cumplimiento de los mismos, hasta la disolución; o bien, los casos de incumplimiento por cualquiera de las partes, de manera que e/ daño que resulte no sea motivo de lesión o abuso. El consumidor queda protegido por la Ley, en todos los casos en que se reduzcan la calidad y la cantidad de lo que creyó comprar, y para ello, la decisión de las autoridades tendrá como apoyo los mínimos y máximos de tolerancia que se establezcan previamente. En el caso de bienes de uso continuado, que no respondan a las especificaciones ofrecidas, tanto en calidad de materiales como en funcionamiento específico, los consumidores tendrán derecho a la reparación gratuita, a la reposición, o bien a la devolución de su dinero sin descartar la posibilidad de indemnización, cuando se ha causado daño comprobable en sus intereses al consumidor. Todos estos mecanismos de protección al consumidor no se agotan en plazos fatales, y en el caso de productos duraderos los fabricantes o productores quedan obligados a asegurar el suministro de partes y refacciones durante el lapso en que se fabriquen, y cuando se dejen de distribuir o vender, de manera que quien adquiere bienes de este tipo no quede expuesto a los avatares del juego mercantilista de oferta y demanda; o bien, al retiro del mercado de determinados artículos. Esta reglamentación la hace extensiva la Ley al comercio de artículos importados, en plazos y condiciones que las autoridades competentes señalan y vigilan en su cumplimiento. En la misma forma la prestación de servicios es motivo de reglamentación por lo que respecta a la mano de obra, al uso de refacciones e incluso en las tarifas correspondientes a una y a otras. La Ley no será democrática en su aspecto de fondo, sino que tomará en cuenta el espíritu con el que debe prestarse todo servicio, o bien ofrecerse cualquier producto, que es el de buscar el servicio de la co-

CURSO DE DERECHO ECONÓMICO

427

munidad; de ahí se desprende que se cancele terminantemente cualquier intención o posibilidad discriminatoria. Esta Ley, para promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora en el campo tan extenso y variado de las transacciones por adquisición de productos y servicios, en su capítulo octavo crea la Procuraduría Federal del Consumidor como organismo descentralizado de servicio social, con funciones específicas de autoridad, dando carácter de auxiliares de dicha Procuraduría a toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, así como a las organizaciones representativas de consumidores en términos de la reglamentación respectiva. La Procuraduría Federal del Consumidor representa, de este modo, los intereses de la población consumidora tanto en lo individual como colectivamente, y lo mismo ante los proveedores de bienes y servicios como ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Compete también a la Procuraduría, al mismo tiempo que proponer medidas encaminadas a proteger al sector de consumidores, proporcionar asesoría gratuita a los consumidores en lo particular, a través de sus organismos representativos. También autoriza la Ley a la Procuraduría para denunciar, ante las autoridades a que corresponda intervenir, la violación de precios, normas de calidad, peso, medida y demás características, así como las prácticas monopólicas que tan gravemente perjudican a la comunidad. La Procuraduría Federal del Consumidor queda facultada para conciliar controversias entre proveedores y consumidores, en general, y dicha acción arbitral, cuando esta Ley no contenga las disposiciones del caso, se realizará con apego a las disposiciones de la legislación ordinaria. Si después de excitar a los que intervienen en el proceso de venta de productos y servicios, la Procuraduría no percibe que logre sus objetivos, deberá denunciar los hechos que constituyen delitos, faltas y omisiones, ante las autoridades correspondientes. Asimismo, la Ley faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que solicite a la autoridad competente, la regulación de la venta de productos o servicios cuyo empleo o uso sea pernicioso para la sociedad, y da carácter de interés social a las resoluciones que dicten a este respecto las autoridades que intervengan, incluso para los efectos de la Ley de Amparo vigente. Los contratos, en todos sus órdenes, quedan sujetos a las previsiones de equidad que forman parte de nuestra legislación ordinaria.

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JORGE WITKER V.

Para cumplir con esta competencia, la Procuraduría Federal del Consumidor empleará, como medios de apremio, multas hasta de veinte mil pesos; auxilio de la fuerza pública; en caso de rebeldía, se hará valer la figura jurídica denominada "delitos en contra de la autoridad". Con fecha 12 de enero de 1988 en el Diario Oficial de la Federación se publica un decreto por el cual se dota a la Procuraduría Federal del Consumidor de más autoridad reformando el Código de Procedimentos Civiles para el Distrito Federal y la propia ley de la materia. Los artículos reformados del Código mencionado son el 444, 500, 504 y 961. Por su parte el artículo 59 de la Ley Federal en la materia queda ahora su texto así: ARTÍCULO 59. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene las siguientes atribuciones: I a VIL.. VII. Procurar la satisfacción de los derechos a los consumidores, conforme a los siguientes procedimientos: a) al d). . . e) Los reconocimientos de los consumidores y proveedores de obligaciones a su cargo, y los ofrecimientos para cumplirlas, que consten por escrito y sean aceptados por su contraparte, formulados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, obligan de pleno derecho. Tales reconocimientos y los laudos que dicte la mencionada Procuraduría, traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en forma inmediata en la vía de apremio o en el juicio ejecutivo a elección del interesado. f) al I)... IX a XV... Esta reforma constituye un avance fundamental, pues el carácter arbitral de la Procuraduría habría mostrado insuficiencias. Ahora, transformada en autoridad ejecutiva, en cuanto a sus resoluciones, a ejecutarse ante los tribunales competentes, jerarquiza enormemente el concepto mismo de protección efectiva a los consumidores.

CURSO DE DERECHO ECONÓMICO

429

La protección del consumidor y su legislación es de competencia de Secofi, según lo señalan los artículos 18 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con fundamento en los artículos 73, fracción X y 89, fracción I de la Constitución federal. En efecto, la fracción II del artículo 34 de ley mencionada expresa: "Se faculta a la Secretaría a regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios". Según el Reglamento Interior de Secofi (D.O. 20-VIII-85), tanto la Dirección General de Desarrollo del Comercio Interior, como la Dirección General de Inspección y Vigilancia, son las dependencias que bajo la Subsecretaría de Comercio Interior, tienen competencia para proteger a los consumidores y aplicar las normas más importantes en la materia (Ley Orgánica del artículo 28 constitucional, Ley de Atribuciones, Ley de Meteología y Normalización, y la propia Ley de Protección al Consumidor). 3. La protección del consumidor regulada por otras leyes Conviene señalar que la Ley General de Salud en su artículo 194 señala que la Secretaría de Salud tiene a su cargo: "El control sanitario del proceso de importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, medicamentos, estupefacientes, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas que constituyan riesgos para la salud, así como las materias primas que intervengan en su elaboración". De los artículos 195 a 233 se desprenden las facultades de esa dependencia en materia de fiscalización y vigilancia sanitaria en función de los consumidores. Por su parte, el artículo 49, fracción VI de la Ley de Comercio Exterior, faculta a Secofi para restringir importaciones y exportaciones atentatorias a la salud pública. La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente también dedica artículos a la protección de los consumidores desde su propia perspectiva. Concluimos este capítulo anexando un organigrama de funcionamiento de la PROFECO y cuadros estadísticos acerca de su actuación en sus doce años de existencia.

430

JORGE WITKER V.

ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL

FROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

PROCURADOR

1

SECRETARIA

CONTRALORIA

PARTICULAR

INTERNA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

• SUBPROCURADURIA A

SUBPROCURADURIA

1 DIRECCION 1.. GENERAL DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

DIRE.CCION GENERAL DE CONTRATOS DE ADHESION

DIRECCION GENERAL DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 1 DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES

FEDERALES

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

r17IRECCION GENERAL LiDE QUEJAS

H DIRECCION GENERAL1 DE CONCILIACION

DIRECC/ON GENERAL DE ARBITRAJE

DIRECCION GENERA DE 11 APOYO TECNICO

DIRECC/DN DE DELEGACIoNES METROP9LITANAS

r

I

SUBPROCURADURIA

GENERAL k DIRECCION DE PROMOCION ORGANIZACION Y CAPACITACION

COORDINACION GENERAL DE ADMIN1STRACION

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

r.RACCIGN GENERAL DE ORGANIZACION. PROGRAM AMOR E INFORMÁTICA

TOTAL DE ASUNTOS INGRESADOS Y ATENDIDOS

Ario

Oficinas centrales

Delegaciones federales

Delegaciones metropolitanas

Total

1976

105,161

109,454

_-

214,615

1977

110,772

152,972

--

263,744

1978

151,058

177,331

--

328,389

1979

220,900

305,054

--

525,954

1980

293,852

412,701

--

711,553

u pzini

1981

367,616

467,875

--

835,491

O

1982

408,853

588,350

--

997,203

1983

429,137

762,912

-

1'192,049

1984

343,210

911,679

3,340

1'258,229

1985

375,079

1'271,979

75,894

1'722,952

1986

427,864

1'415,689

145,309

1'988,862

1987

450,184

1'634,549

130,242

2'214,975

3'688,686

8'210,545

354,785

12'254.016

Total

x o

III

o o

432

JORGE WITKER V. LABOR ARBITRAL

Ano

Oficinas centrales

-

ASUNTOS CONCLUIDOS

Delegaciones federales

Total

1976

342

166

508

1977

686

72

758

1978

926

243

1,169

1979

949

172

1,121

1980

802

244

1,046

1981

963

96

1,059

1982

874

163

1,037

1983

1,611

75

1,686

1984

1,553

180

1,733

1985

2,238

133

2,371

1986

1,001

964

1,965

1987

1,139

31

1,170

Total

13,084

2,539

15,623

433

CURSO DE DERECHO ECONÓMICO CONTRATOS DE ADHESIÓN REQUERIDOS Y APROBADOS

Año

Total

1976

955

1977

155

1978

1,492

1979

665

1980

611

1981

458

1982

554

1983

322

1984

8,806

1985

560

1986

2,031

1987

4,071

Total

20,680

LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

LEY FEDERAL DE VIVIENDA CAPÍTULO I

Disposiciones generales ARTÍCULO 19 La presente Ley es reglamentaria del artículo 49, pá-

rrafo cuarto, de la Constitución General de la República. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. El conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de los estados y municipios y la concertación con las organizaciones de los sectores social y privado, conforme a los lineamientos de la política general de vivienda. ARTícuLo 29 Los lineamientos generales de la política nacional de vivienda, son los siguientes: I. La ampliación de las posibilidades de acceso a la vivienda que permita beneficiar el mayor número de personas, atendiendo preferentemente a la población urbana y rural de bajos ingresos; II. La constitución de reservas territoriales y el establecimiento de oferta pública de suelo para vivienda de interés social, para evitar la especulación sobre el suelo urbano, prever sus requerimientos y promover los medios y formas de adquisición del mismo; III. La ampliación de la cobertura social de los mecanismos de financiamiento para la vivienda, a fin de que se canalice un mayor volumen de recursos a los trabajadores no asalariados, los marginados de las zonas urbanas, los campesinos y la población de ingresos medios; IV. La articulación y congruencia de las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las de los gobiernos estatales y municipales y con las de los sectores social y privado, tendientes a la integración de un Sistema Nacional de Vivienda para la satisfacción de las necesidades habitacionales del país; V. La promoción de la participación activa y responsable de los sectores social y privado, mediante acciones concertadas en donde se esta-

436

JORGE WITKER V.

blezcan los estímulos correspondientes para canalizar sus recursos y esfuerzos al auspicio de la construcción y mejoramiento de vivienda así como la construcción y mejoramiento de vivienda en renta; VI. El mejoramiento del inventario habitacional y la organización y estímulo a la producción, mejoramiento y conservación de la vivienda urbana y rural y de sus materiales básicos para el bienestar de la familia mexicana; VII. El mejoramiento de los procesos de producción de la vivienda y la promoción de sistemas constructivos socialmente apropiados; VIII. El impulso a la función de la vivienda como un factor de ordenación territorial y estructuración interna de los centros de población y de arraigo y mejoría de la población rural en su medio; IX. El apoyo a la construcción de la infraestructura de servicios para la vivienda, a través de la participación organizada de la comunidad; X. La promoción y el apoyo a la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda a efecto de reducir sus costos; XI. La integración de la vivienda a su entorno ecológico y la preservación de los recursos y características del medio ambiente; XII. La promoción de actitudes solidarias de la población para el desarrollo habitacional y el impulso a la autoconstrucción organizada y al movimiento social cooperativista de vivienda, y XIII. La información y difusión de los programas públicos habitacionales, con objeto de que la población beneficiaria tenga un mejor conocimiento y participación en los mismos. ARTÍCULO 39 Se establece el Sistema Nacional de Vivienda que es el conjunto integrado y armónico de relaciones jurídicas, económicas, sociales, políticas, tecnológicas y metodológicas que dan coherencia a las acciones, instrumentos y procesos de los sectores público social y privado, orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda. Para todos los efectos legales, se entiende por vivienda de interés social aquella cuyo valor, al términos de su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por diez el salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona de que se trate. ARTÍCULO 49 Los instrumentos y apoyos al desarrollo de la política nacional de vivienda que establece esta Ley comprenden:

I. La formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que participan en la producción, asignación, financiamiento y mejoramiento de la vivienda;

CURSO DE DERECHO ECONÓMICO

437

II. Las normas para operar y conducir las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de tierra para vivienda; III. Los estímulos y fomentos para la producción, distribución, usos de materiales y asistencia técnica para la construcción; IV. Las normas y tecnologías para la vivienda; V. Las normas para el otorgamiento de créditos y asignación de vivienda; VI. La promoción y fomento a las sociedades cooperativas de vivienda y de otras formas de gestión solidaria, y VII. Las bases de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos de los estados, con los municipios y con los sectores, social y privado, para el establecimiento del Sistema Nacional de Vivienda. ARTÍCULO 59 Las dependencias, entidades y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal que formulen programas de vivienda o lleven a cabo acciones habitacionales, quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley. Las entidades públicas y organismos descentralizados encargados de ejecutar o financiar programas de vivienda para los trabajadores, conforme a la obligación prevista en el artículo 123 de la Constitución General de la República, se regirán en los términos de las leyes que regulan su propia organización y funcionamiento y coordinarán sus lineamientos de Política general y objetivos a los que marca esta Ley y el Plan Nacional de Desarrollo en los términos de la Ley de Planeación. Los representantes gubernamentales en los órganos de gobierno, administración y vigilancia de dichos organismos, cuidarán que sus actividades se ajusten a lo dispuesto en esta ley. ARTÍCULO 6° Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de vivienda, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y con las que dicte al respecto el Ejecutivo Federal así como coordinar los programas y acciones que tiendan a satisfacer necesidades habitacionales que realicen las entidades de la Administración Pública Federal y las funciones y programas afines que en su caso se determinen; II. Promover, coordinar o realizar los programas habitacionales que determine el Ejecutivo Federal; III. Intervenir en la formulación y presentar a la Secretaría de Programación y Presupuesto los proyectos de presupuestos anuales de las

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entidades de la Administración Pública Federal en las que funja como coordinador de sector y que realicen programas de vivienda; IV. Coordinar el sistema nacional de vivienda, en la forma en que se convenga con los gobiernos de los Estados y los Municipios, de acuerdo con los lineamientos, normas y mecanismos que al efecto se establezcan; V. Vigilar, en el ámbito de su competencia, que las entidades del sector que coordina conduzcan sus actividades conforme a las disposiciones de esta Ley y al programa sectorial de vivienda; VI. Fomentar la producción y distribución de materiales de construcción; VII. Intervenir en la regulación del mercado de tierra para vivienda, determinando las políticas y reglas generales que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de adquisición y enajenación de suelo, en los términos del capítulo tercero de este ordenamiento, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General de Bienes y demás aplicables; VIII. Fomentar, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, la constitución de organizaciones comunitarias, sociedades cooperativas y otras de esfuerzo solidario para la producción y mejoramiento de vivienda; IX. Integrar y formular las normas de diseño y construcción de la vivienda, para el bienestar y desarrollo de la familia incorporando criterios ecotécnicos y fomentando el uso de las tecnologías más adecuadas, con la participación de los Estados y Municipios en sus respectivas circunscripciones; X. Determinar los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda con sujeción a la Ley de Planeación y a la Ley de Información Estadística y Geográfica y a las normas que en la materia emita la Secretaría de Programación y Presupuesto; XI. Promover y coordinar la atención de las necesidades de vivienda, en caso de siniestros que afecten centros de población, y que le señale el Presidente de la República: XII. Organizar y fomentar la investigación en materia de vivienda, y XIII. Las demás que le señalen las Leyes y el Ejecutivo Federal. CAPÍTULO II

De la programación de las acciones públicas de vivienda ARTÍCULO 79 Las acciones públicas federales de vivienda se programarán a través de:

I. El Programa Sectorial de Vivienda;

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II. Los programas institucionales de las entidades de la Administración Pública Federal que lleve a cabo acciones habitacionales, y III. Los programas operativos anuales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que regirán la ejecución de las acciones habitacionales específicas. La programación de las acciones públicas de vivienda se sujetarán a lo dispuesto en esta ley, en la Ley de Planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo y será congruente con los programas de desarrollo urbano y vivienda estatales y municipales, en los términos de los respectivos acuerdos de coordinación. ARTfcuLo 8° El Programa Sectorial de Vivienda será formulado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, de los grupos sociales y de los particulares interesados. Dicha Secretaría, previo dictamen de la de Programación y Presupuesto, someterá el programa a la consideración del Ejecutivo Federal y una vez aprobado por éste, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos diarios de mayor circulación en el país, pudiendo publicarse en estos últimos, en forma abreviada. Asimismo, la citada dependencia mantendrá para consulta del público dicho programa sectorial. ARTÍCULO 90

El Programa Sectorial de Vivienda deberá contener:

I. El diagnóstico de los problemas habitacionales en el país; II. Los objetivos que se persigan y que regirán el desempeño de las acciones habitacionales de la Administración Pública Federal; III. La estrategia general que comprenderá las acciones básicas, el señalamiento de prioridades y su previsible impacto en el sistema económico y social; IV. Los lineamientos para la programación institucional y anual, con el señalamiento de metas y previsión de recursos; V. La articulación del programa con el gasto público y su vinculación presupuestal; VI. Las bases de coordinación con las entidades federativas y los municipios; VII. Las bases de concertación con los sectores social y privado: VIII. El manejo de instrumentos de políticas económica y social, relacionados con la vivienda y los responsables de su ejecución; IX. La ejecución, en su caso, de proyectos estratégicos, y X. Los demás que señalen el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

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ARTÍCULO 10. Las acciones y lineamientos básicos que comprenda el Programa Sectorial de Vivienda serán, cuando menos, los siguientes:

I. Suelo para vivienda y oferta pública en fraccionamientos populares; II. Producción y distribución de materiales de construcción; III. Producción y mejoramiento de la vivienda urbana; V. Producción y mejoramiento de la vivienda rural y apoyo a las comunidades rurales para su desarrollo; V. Fomento a la autoconstrucción y apoyo a la vivienda de construcción progresista; VI. Fomento a la producción y mejoramiento de vivienda a través de sociedades cooperativas y otras formas de gestión social; VII. La tipificación y aplicación de diseños en la construcción de vivienda, la coordinación modular de elementos y componentes y de espacios arquitectónicos y la aplicación de criterios ecotécnicos; VIII. La canalización y aplicación de recursos financieros y asistencia crediticia de amplia cobertura para vivienda de interés social; IX. Medidas de asistencia técnica, organización y capacitación social, y X. Promoción y apoyo a los programas de vivienda de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. ARTÍCULO 11. Para el cumplimiento del Programa Sectorial de vivienda, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la programación de sus actividades, deberán:

I. Promover la canalización de recursos financieros a tasas de interés preferenciales compatibles con el Programa Sectorial de Vivienda; II. Apoyar la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda; III. Promover ante las autoridades correspondientes, la expedición de los permisos, licencias y autorizaciones respectivos, agilizando los trámites y procedimientos. IV. Apoyar la constitución, registro y operación de sociedades cooperativas dedicadas a la producción y mejoramiento de vivienda; V. Establecer medidas para capacitar y dar asistencia técnica a los grupos sociales organizados, con el fin de formar instructores y promotores sociales del desarrollo habitacional, y VI. Establecer, en su caso, el otorgamiento de estímulos para la ejecución de los programas de vivienda y transmitir los inmuebles de su patrimonio que para ello sean necesarios. ARTICULO ,12. El Programa Sectorial de Vivienda, una vez aprobado y publicado, será obligatorio para las dependencias y entidades de la

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Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de la Ley de Planeación. ARTÍCULO 13. El Programa Sectorial de Vivienda y los programas Administración

institucionales serán evaluados anualmente, a efecto de comprobar si han sido cumplidos sus objetivos y de conocer los efectos de las diversas acciones habitacionales realizadas. Los resultados de dicha revisión y las adecuaciones que, en su caso, se propongan, serán aprobados y publicados en los términos del artículo 80 de esta Ley. ARTÍCULO 14. Los programas institucionales que se formulen y que incluyan acciones habitacionales, deberán ajustarse, en lo conducente, a lo dispuesto por el Programa Sectorial de Vivienda. Las entidades de la Administración Pública Federal, al elaborar sus respectivos programas, se ajustarán a lo que dispongan las leyes que rijan su organización y funcionamiento. Las entidades sectorizadas bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, deberán presentar a dicha dependencia para su autorización, sus programas institucionales. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminar sobre los programas institucionales de las entidades de la Administración Pública Federal que realicen acciones habitacionales, cuyos dictámenes remitirá a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para efectos de aprobación en los casos de su competencia y para que los considere en el proceso de presupuestación. ARTÍCULO 15. Las entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda, formularán sus programas operativos anuales que servirán de base para la integración de los anteproyectos anuales de presupuesto que, cuando menos, deberán contener: I. La relación con las políticas, objetivos, metas y prioridades del Programa Sectorial de Vivienda; II. Los medios de financiamiento y asignación de sus recursos, señalando el número de beneficiarios y el nivel de sus ingresos; III. El establecimiento de medidas tendientes a una adecuada recuperación de los recursos; IV. La congruencia con los programas sectoriales de desarrollo urbano y de ecología; V. Sus necesidades de suelo, reservas territoriales y la forma de atenderlas; VI. La utilización preferente de diseños, de sistemas y procedimientos constructivos, que hayan sido tipificados conforme al capítulo V de esta Ley; VII. El plazo de ejecución de las obras; VIII. Definición de acciones que se concertarán con los sectores social y privado y que se convendrán con los gobiernos de los Estados y Municipios, y

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IX. Los demás datos que señale la Secretaría de Programación y Presupuesto. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología remitirá a la de Programación y Presupuesto, en todos los casos, los dictámenes que formule sobre dichos programas operativos para que sean considerados en el proceso de presupuestación. ARTÍCULO 16. Los informes de las entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda, sobre los avances y evaluación de sus programas anuales, deberán contener reportes financieros, presupuestales, grados de avances de las obras, causas y explicación de las demoras y de modificaciones a los proyectos originales, si los hubiere. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología tomará en cuenta dichos informes y evaluaciones para la emisión de los dictámenes a que se hace referencia en el artículo anterior y para la revisión y evaluación del Programa Sectorial de Vivienda. ARTÍCULO 17. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología propondrá a las dependencias competentes, medidas de financiamiento y estímulos para el cumplimiento de los programas de vivienda, así como sistemas de control, seguimiento y evaluación de los mismos. Awrícuw 18. Los programas de las entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones para la vivienda rural, se ajustarán en lo conducente, a la política sectorial de desarrollo rural integral y tenderán al mejoramiento y construcción de viviendas que fomenten al arraigo de los campesinos a su medio, a la utilización preferente de materiales regionales, a la utilización de procedimientos de conservación y desarrollo ecológico, al uso de tecnología apropiada y de sistemas constructivos locales que coadyuven a elevar los niveles de bienestar, mejorando las condiciones sanitarias y de habitalidad. Estas acciones deberán comprender, también, medidas para el desarrollo de los anexos a la vivienda, destinados a las actividades productivas. CAPÍTULO III

Del suelo para la vivienda ARTÍCULO 19. Se considera de utilidad pública la adquisición de tierra para la construcción de viviendas de interés social o para la constitución de reservas territoriales destinadas a fines habitacionales. ARTÍCULO 20. Los apoyos e instrumentos que el Gobierno Federal establezca en materia de suelo para vivienda, se dirigirán preferentemente:

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I. A participar en el mercado inmobiliario con el fin de generar una oferta pública de suelo para el desarrollo de fraccionamientos populares destinados a la población de bajos ingresos; y II. A satisfacer las necesidades de suelo para la ejecución de acciones habitacionales de los organismos y entidades de la Administración Pública Federal, de los organismos de los estados y municipios, y de lasorganizaciones sociales y los particulares que lo soliciten con arreglo

al Programa Sectorial de Vivienda.

ARTÍCULO 21. La asignación o enajenación de suelo de propiedad federal, para la ejecución de fraccionamientos populares a que alude la fracción I del artículo anterior, una vez descontadas las áreas necesarias para el equipamiento y servicios urbanos, deberá sujetarse a los, requisitos siguientes:

I. Dirigirse a la población con ingreso máximo de hasta cuatro veces el salario mínimo general de la zona de que se trate, y atender preferentemente a los de más bajos ingresos; II. El tamaño de los lotes para la vivienda de interés social deberá corresponder a las normas de habitabilidad que al efecto se expidan; III. El precio máximo de venta de sus lotes, no excederá del que señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y IV. Cumplir con las normas de planeación urbana y demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO 22. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de acuerdo con lo previsto en el Programa Sectorial de Vivienda, así como en los planes de desarrollo urbano municipal, realizará estudios que determinen, a nivel nacional, los requerimientos de tierra urbana para vivienda. La misma Secretaría podrá coordinar dichos estudios con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en los términos que en cada caso convenga. Los estudios tomarán en cuenta las necesidades presentes y las del futuro inmediato y conforme a estas previsiones se harán los programas. de adquisición específicos. ARTÍCULO 23. Las entidades de la Administración Pública Federal podrán adquirir y enajenar predios para destinarse a programas de vivienda, mediante la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano. y Ecología, que se otorgue bajo las condiciones siguientes:

I. Que la adquisición o enajenación esté prevista en el correspondiente programa anual autorizado; II. Que sea compatible con lo previsto en los Programas Sectoriales, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología;

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III. Que se observen los planes y disposiciones locales que regulan el uso del suelo; IV. Que se evalúe la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y servicios públicos en los predios de que se trate, y V. Que se verifique la existencia del programa de financiamiento o de partida presupuestal respectivos. ARTÍCULO 24. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y a solicitud de los Estados, de los Municipios, de las entidades públicas, de las organizaciones y grupos sociales y privados que tengan por objeto el desarrollo de fraccionamientos populares o la satisfacción de necesidades de vivienda de interés social, podrá transmitirles áreas o predios del dominio privado de la Federación en los términos de esta Ley y de la General de Bienes Nacionales, observando en todo caso:

I. La aptitud de los bienes para ser utilizados en los programas respectivos; II. Que el aprovechamiento de los inmuebles sea congruente con el Programa Sectorial de Vivienda, el correspondiente programa estatal de vivienda, el plan municipal de desarrollo urbano y sus declaratorias de usos y destinos de suelo; III. Que los solicitantes cuenten con un programa financiero en el que se prevea la aplicación de los recursos, y IV. Que se cumpla, en su caso, con los requisitos señalados en esta Ley para los fraccionamientos populares. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología dará preferencia a los solicitantes de tierra que acepten y convengan que los productos de la comercialización de las áreas o predios se sigan utilizando en acciones de vivienda de interés social. ARTÍCULO 25. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología fijará mecanismos de información, calificación y clasificación de los bienes del dominio privado de la Federación, con objeto de normar, técnica y socialmente, su aprovechamiento. Con base en lo anterior, la propia Secretaría elaborará un catálogo de terrenos aptos para destinar a programas de vivienda, considerando las condiciones básicas de equipamiento urbano y factibilidad de introducción de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y electricidad, con el menor costo posible. Los programas de adquisición de inmuebles para vivienda, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán considerar, en primer término, los terrenos incluidos en dicho catálogo.

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ARTÍCULO 26. En los ordenamientos en que se autoricen las transmisiones de bienes del dominio privado de la Federación, para la realización de proyectos habitacionales o fraccionamientos populares, se determinará el periodo máximo para su realización, a efecto de garantizar el aprovechamiento oportuno de los predios. ARTÍCULO 27. Los adquirentes de bienes inmuebles provenientes del dominio privado de la Federación a que se refieren los artículos anteriores, estarán obligados a transmitirlos, a su vez, en los términos y condiciones señalados en los programas que se les aprueben, debiendo cumplir, además, los siguientes requisitos:

I. Los beneficiarios y la forma de pago se determinarán conforme a su nivel de ingresos y capacidad adquisitiva, dando preferencia a personas de escasos recursos; II. Los propietarios de otro bien inmueble, no podrán ser beneficiarios, y III. Los demás que señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en las reglas generales que al efecto expida. ARTÍCULO 28. Las enajenaciones de vivienda y lotes de interés social, que realicen las entidades de la Administración Pública Federal, provenientes de bienes del dominio privado de la Federación, no requerirán de intervención notarial. Los contratos que al efecto se otorguen, serán los instrumentos que acrediten la titularidad de derechos de propiedad y sus formas serán las que autorice la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de conformidad con el Artículo 74 de la Ley General de Bienes Nacionales. ARTICULO 29. Los Servidores Públicos que para obtener un beneficio para sí o en favor de terceros autoricen la enajenación o enajenen inmuebles del dominio privado de la Federación en contravención a lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 21 de esta Ley, y los particulares que adquieran para fraccionamientos populares dichos bienes con violación de los preceptos citados, así como los particulares que adquieran en contravención a la fracción II del artículo 27, serán sancionados con prisión de dos años a doce arios y multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y tratándose de Servidores Públicos, además con la destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

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JORGE WITKER V. CAPÍTULO IV

De la producción y distribución de materiales de construcción para la vivienda ARTÍCULO 30. La producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda, es de interés social, por lo que se impulsará, bajo criterios de equidad social y productividad y con sujeción a las modalidades que dicte el interés público, la participación de los sectores público, social y privado en estos procesos, a efecto de reducir sus costos y asegurar su abasto suficiente y oportuno. ARTÍCULO 31. Las acciones públicas destinadas a fomentar la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda de interés social, atenderán preferentemente a las demandas de sociedades cooperativas y organizaciones sociales y comunitarias; a personas de escasos recursos para sus acciones de autoconstrucción de vivienda y a la población rural para la producción y mejoramiento de su vivienda. ARTÍCULO 32. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con las autoridades competentes, promoverá la explotación de bancos de materiales básicos de construcción, localizados en los bienes inmuebles de propiedad federal, sujetándose, para su transmisión o concesión, a lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, salvo lo que, para casos especiales, dispongan otras Leyes. La misma Secretaría otorgará a los gobiernos de los Estados, a los municipios, a las sociedades cooperativas, grupos sociales organizados y a los particulares que lo soliciten, el apoyo y la asesoría necesarios para el estudio, aprovechamiento y explotación de bancos de materiales básicos para la construcción de la vivienda; promoverá ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos para ese efecto y ante los gobiernos de los Estados y los municipios la simplificación de trámites y procedimientos para la expedición de permisos, licencias o autorizaciones necesarios. ARTICULO 33. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, podrán promover la celebración de convenios de concertación con las organizaciones sociales o con los particulares a efecto de asegurar la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de viviendas de interés social. ARTICULO 34. Las dependencias federales competentes, con la opinión de los sectores social y privado, integrarán un paquete de materiales básicos para la construcción de viviendas de interés social y estimularán su producción y distribución. ARTÍCULO 35. El Ejecutivo Federal promoverá la creación o el mejoramiento de mecanismos de distribución, almacenamiento, transfor-

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/nación, transporte y servicios de los materiales básicos para la construcción de vivienda. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la de Energía. Minas e Industria Paraestatal y otras dependencias en las esferas de sus respectivas competencias, vigilarán que las autorizaciones, permisos o concesiones relacionados con la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda, se otorguen de conformidad con las disposiciones de este capítulo. ARTÍCULO 36. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de los Estados y los Municipios, promoverá la creación y el establecimiento de unidades de producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda, determinando, para tal efecto, centros prioritarios de consumo acordes con las políticas y programas de vivienda. En dichas unidades se prestará asesoría a los adquirentes de materiales, con el objeto de optimizar el uso adecuado de los mismos en calidad y proporción y, en su caso, facilitarles prototipos de proyectos arquitectónicos, especificaciones de obra y orientación para obtener las licencias y permisos de construcción necesarios. Los acuerdos de coordinación que se celebren para la creación y operación de las unidades mencionadas de producción y distribución, contendrán las disposiciones conducentes a fin de evitar la intermediación y especulación con los materiales básicos de construcción. ARTÍCULO 37. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomará las medidas necesarias para que las instituciones de banca y crédito apoyen financieramente a la producción y distribución de materiales básicos de construcción de bajo costo de acuerdo a lo establecido en esta Ley. CAPÍTULO V

De las normas y tecnología para la vivienda ARTÍCULO 38. Las acciones para la producción y el mejoramiento de vivienda que lleven a cabo las dependencias o entidades de la Administración Pública se sujetarán a las normas de diseño, tecnología de la construcción, uso y aprovechamiento señaladas en este capítulo. Dichas normas propiciarán la participación de la población beneficiada en la producción y mejoramiento de su vivienda y tendrán por objeto elevar la calidad de las edificaciones; serán formuladas por los comités de normas y producción de la vivienda a que se refieren las disposiciones del capítulo VIII de esta Ley y, en todo caso, guardarán congruencia con lo dispuesto en los ordenamientos locales aplicables.

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ARTÍCULO 39. Las normas de diseño arquitectónico deberán considerar los espacios interiores y exteriores y los elementos funcionales de la vivienda y de sus servicios, la tipificación de sus componentes, la coordinación modular de éstos y el desarrollo de prototipos constructivos, considerando las distintas zonas del país y las modalidades habitacionales. En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción. ARTÍCULO 40. Las normas de tecnología para la construcción de las viviendas deberán considerar:

I. La calidad y tipo de los materiales, productos, componentes, elementos, procedimientos constructivos, sistemas de edificación y el uso de los mismos, conforme a cada localidad o región; II. La utilización de ecotécnicas y de ingeniería ambiental aplicable a la vivienda, entre otros aspectos deberá considerar la racionalización del uso del agua y sus sistemas de reutilización; III. Los componentes prefabricados y sus sistemas de construcción idóneos con el fin de consolidar una tecnología nacional en la materia; IV. Los mecanismos para racionalizar la producción masiva de vivienda, y V. El aprovechamiento de fuentes alternas de energía. ARTÍCULO 41. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promoverá la aplicación de tecnologías de bajo costo y alta productividad para la construcción de vivienda y, en particular, la creación de tecnologías que puedan utilizar las personas o los grupos organizados que autoproduzcan su vivienda. Asimismo, buscará que la tecnología sea la adecuada a los requerimientos sociales y regionales y a las características de la población urbana y rural, estableciendo mecanismos de investigación y experimentación tecnológicas. ARTÍCULO 42. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, considerando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dictará las disposiciones necesarias para regular y controlar la transferencia de tecnología aplicable a la vivienda y establecer las normas de calidad para la producción industrial de materiales básicos para la construcción de vivienda. ARTÍCULO 43. Las normas, de administración y mantenimiento de conjuntos habitacionales y en general de la vivienda multifamiliar realizada por las entidades de la Administración Pública Federal, propiciarán que dichas acciones queden a cargo de los usuarios. ARTÍCULO 44. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, apoyarán de manera prioritaria la aplicación de las normas a que se refiere este capítulo.

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CAPÍTULO VI

Del otorgamiento de crédito y asignación de vivienda ARTÍCULO 45. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las autoridades financieras y crediticias expedirán, con arreglo a los ordenamientos legales aplicables, las reglas para la operación y el otorgamiento de créditos para viviendas producidas o mejoradas con recursos federales, para el cumplimiento de los propósitos de esta ley. Los organismos que ejecuten o financien vivienda para los trabajadores, en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución General de la República, se regirán por lo previsto en sus respectivas leyes orgánicas y promoverán, en lo conducente, la aplicación de las normas a que se refiere este capítulo. ARTÍCULO 46. Con el fin de beneficiar al mayor número de personas las entidades de la Administración Pública Federal, sólo podrán conceder a una persona, créditos para la adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de una sola vivienda producida con la aplicación de bienes inmuebles o recursos federales. Para el otorgamiento de créditos o para la asignación o enajenación de las viviendas a que se refiere el párrafo anterior, tendrán los mismos derechos todos los posibles beneficiarios, pero en igualdad de condiciones se dará preferencia a las personas de más bajos ingresos y las que sean sostén de su familia. ARTÍCULO 47. Los organismos públicos federales de vivienda incluirán en el clausulado de los contratos que celebren para la enajenación de viviendas, entre otras, la estipulación de que el adquirente de la vivienda sólo podrá transferir sus derechos de propiedad sobre la misma a otra persona que reúna los mismos requisitos y condiciones establecidos por el organismo para la enajenación de viviendas de este tipo y que se cuente con el consentimiento, dado por escrito, del propio organismo. Será nula y no producirá efecto jurídico alguno la transmisión de vivienda que se haga contraviniendo esta disposición. Por otra parte, en los contratos de otorgamiento de créditos para vivienda, se deberá estipular, como causa de rescisión, el hecho de que el acreditado utilice la vivienda para fin principal distinto al de habitación regular o que no la utilice. En todo caso, los notarios y demás fedatarios públicos, deberán vi— gilar, en las operaciones en que intervengan, que se cumplan las dispo— siciones contenidas en este artículo. En los contratos de otorgamiento de créditos, se podrá pactar la afectación de derechos de los acreditados para el efecto de que, una vez liberado el crédito, la vivienda se constituya en patrimonio de familia, en los términos del Código Civil respectivo.

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ARTícuLD 48. Los organismos públicos federales de vivienda deberán dar publicidad a los listados de las personas beneficiarias de las acciones que realicen, una vez realizado el proceso de selección correspondiente, a través de los medios y en los lugares que se consideren con mayor posibilidad de difusión en la localidad de que se trate. CAPÍTULO VII

De las sociedades cooperativas de vivienda ARTÍCULO 49. Son sociedades cooperativas de vivienda aquellas que se constituyan con objeto de construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar viviendas, o de producir, obtener o distribuir materiales básicos de construcción para sus socios. Sólo se considerarán sociedades cooperativas de vivienda, aquellas que funcionen de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, con las de la Ley General de Sociedades Cooperativas y otros ordenamientos aplicables. ARTÍCULO 50. Las sociedades cooperativas de vivienda podrán ser de los siguientes tipos:

I. De producción, adquisición o distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda; II. De construcción y mejoramiento de un solo proyecto habitacional; III. De promoción, continua y permanente, de proyectos habitacionales que atiendan las necesidades de sus socios, organizados en secciones o en unidades cooperativas, y IV. De conservación, administración y prestación de servicios para las viviendas multifamiliares o conjuntos habitacionales. ARTÍCULO 51. Para la constitución de las sociedades cooperativas de vivienda y sus modificaciones, bastará asamblea general que celebren los interesados para establecer las bases constitutivas o sus modificadones, de cuya asamblea se levantará acta circunstanciada, que deberá remitirse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una vez que dicha dependencia reciba las actas de que se trata, hará las inscripciones correspondientes en el Registro Cooperativo Nacional. Si existiera alguna anomalía en las actas, lo comunicará a los solicitantes en un lapso no mayor de veinte días para que éstas se subsanen en un periodo que no exceda de sesenta días. Si los solicitantes no lo hicieran, se tendrá por cancelado el Registro. ARTICULO 52. Las sociedades cooperativas de vivienda sólo podrán adquirir los bienes estrictamente necesarios para la consecución de sus fines.

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ARTICULO 53. Las sociedades cooperativas de vivienda podrán constituir las comisiones y fondos sociales que considere necesarios la asamblea general. ARTÍCULO 54. Las sociedades cooperativas existentes podrán acordar la organización y constitución de unidades o secciones cooperativas de vivienda. Las unidades o secciones cooperativas de vivienda sólo podrán realizar los actos a que se refieren las fracciones II y IV del Artículo 50 de esta Ley, pudiendo adquirir los materiales necesarios. ARTÍCULO 55. Las sociedades cooperativas de vivienda sólo entregarán las viviendas que produzcan a sus socios y podrán utilizar para ello, la forma que determine la asamblea. En las bases constitutivas de las sociedades cooperativas de vivienda, se podrá establecer que la administración y mantenimiento de las viviendas o conjuntos habitacionales que transmitan, queden a cargo de la sociedad. Las sociedades cooperativas de vivienda podrán realizar operaciones, prestar sus servicios y enajenar los materiales que produzcan a los organismos públicos de vivienda y a otras sociedades cooperativas. ARTÍCULO 56. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tendrá a su cargo vigilar el cumplimiento de las normas a que se refiere este capítulos. CAPÍTULO

VIII

De la coordinación con los estados y municipios y concertación con los sectores social y privado ARTÍCULO 57. El Ejecutivo Federal ejercerá las atribuciones que le confiere esta Ley, cuando proceda, en coordinación con los gobiernos de los Estados y con los Municipales. Para tal efecto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el marco del sistema nacional de planeación, celebrará los acuerdos y convenios de coordinación procedentes en los que se establecerán las bases para la operación administrativa del sistema nacional de vivienda y para el apoyo a la ejecución de los programas de vivienda estatales y municipales. ARTÍCULO 58. Los convenios y acuerdos de coordinación del Gobierno Federal, con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, para la operación del Sistema Nacional de Vivienda, se referirán, entre otros, a los siguientes aspectos:

I. La articulación y congruencia de las políticas y de los programas federales de vivienda con los de los Estados y Municipios;

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II. La aplicación o la transferencia de recursos para la ejecución de las acciones previstas en los programas y las formas en que se determine; III. La transmisión de suelo urbano o reservas territoriales, para el desarrollo de fraccionamientos populares y programas de vivienda; IV. La organización y promoción de la producción y distribución de materiales de construcción; V. El otorgamiento de estímulos y apoyos para la producción y mejoramiento de la vivienda en renta; VI. La asistencia y capacitación para la programación, instrumentación, ejecución y evaluación de programas de vivienda; VII. La articulación de las normas y tecnología aplicables a las acciones de vivienda; VIII. El apoyo a las sociedades cooperativas de vivienda; IX. El apoyo y asistencia a los organismos locales encargados de normar y operar los programas de vivienda y de aquellas medidas que fortalezcan la gestión en los municipios de programas habitacionales; X. El establecimiento de mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda, y XI. Los criterios para la celebración conjunta de convenios de concertación con las organizaciones sociales y con los particulares. ARTÍCULO 59. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con base en los convenios y acuerdos de coordinación que se hayan celebrado con los gobiernos de los estados y los municipios, llevará a efecto:

I. Coordinar las acciones de los organismos que participen en la elaboración, ejecución y control de los programas federales de vivienda que se realicen en cada entidad federativa, y II. Promover ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal su intervención conducente, para determinar los apoyos financieros, fiscales, administrativos y, en general, todos aquellos estímulos que procedan para la ejecución de los programas estatales de vivienda. •

ARTÍCULO 60. El Gobierno Federal gestionará ante los gobiernos de las entidades federativas la creación de Comités Estatales de Normas y Promoción de Vivienda, que tendrán por objeto apoyar a la producción y mejoramiento de la vivienda y de sus elementos y la elaboración, registro y evaluación de las normas y tecnologías para la vivienda. En dichos Comités participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las de los estados y munici-

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pios, así como las organizaciones de los sectores privado y social interesados en el desarrollo habitacional que así lo convengan. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promoverá ante las autoridades competentes, la adopción de las normas dictadas por los Comités. ARTÍCULO

61. Los Comités Estatales de Normas y Promoción de Vivienda a que se refiere el artículo anterior, que se establezcan en cada uno de los estados, tendrán como funciones, entre otras, las

de proponer a las autoridades correspondientes:

I. La adopción de normas y procedimientos para facilitar la división, fusión y relotificación y todas aquellas medidas tendientes al aprovechamiento de áreas urbanas para vivienda; II. Las normas de diseño, tecnología, administración y mantenimiento a que se refiere el capítulo V de esta Ley; III. Los trámites y procedimientos ágiles y sencillos para la construcción de vivienda: IV. Las medidas para el establecimiento y operación de las unidades de producción y distribución de materiales básicos para la construcción; V. Los procedimientos de consulta e información que faciliten los acuerdos y convenios de coordinación y concertación que incidan en la materia; VI. Aquellas que expresamente se señalen en los convenios de coordinación respectivos, y VII. Las medidas para que el autoconstructor no sea considerado como patrón para los efectos de pago de cuotas y gravámenes. ARTÍCULO 62. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal promoverán, dentro de las esferas de sus respectivas competencias, la participación de los sectores social y privado en los procesos de programación, ejecución y evaluación de las acciones habitacionales. ARTÍCULOS 63. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en los términos de la Ley de Planeación, de la programación de la vivienda y de los acuerdos y convenios de coordinación que se hayan celebrado con los gobiernos de los Estados y los Municipios, promoverá y celebrará convenios de concertación, en su caso, en los términos del capítulo VI de la Ley de Planeación, con las Cámaras de Industria y de Comercio, con los colegios y asociaciones de profesionistas, con las instituciones docentes y de investigación, con las organizaciones sociales y con los particulares interesados en el desarrollo habitacional sobre su participación en el sistema nacional de vivienda.

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ARTÍCULO 64. La concertación de acciones de la Administración Pública Federal en materia de vivienda con los grupos y organizaciones sociales y privados, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley y a la programación de la vivienda y se realizará mediante la celebración de los contratos y convenios de derecho público que dispone la Ley de Planeación, para establecer, entre otros, los siguientes objetivos:

I. La definición de mecanismos y apoyos específicos para los proyectos habitacionales; II. La participación de la comunidad en la gestión, ejecución y evaluación de proyectos habitacionales, y III. La canalización de esfuerzos y recursos en los procesos de producción y mejoramiento de vivienda. ARTÍCULO 65. Los particulares inconformes con las resoluciones administrativas que se dicten con fundamento en la presente Ley, dispondrán del recurso de revisión, el cual se sujeta a las siguientes reglas:

I. El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución que se recurra; II. En el escrito de revisión, se precisarán el nombre y domicilio del promovente, los agravios que considere le cause la resolución impugnada, y los elementos de prueba que considere necesarios; al escrito deberá acompafiarse el documento que acredite la personalidad del promovente, cuando actúe en nombre y por cuenta de otro, y III. El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto, cuando se presente fuera del término a que se refiere la fracción I o cuando no se acredite la personalidad del promovente. TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a los preceptos de esta Ley. Tercero. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en un periodo no mayor a 180 días, el Gobierno Federal promoverá la celebración de los convenios de coordinación con los Gobiernos de los Estados y Municipios, para el establecimiento de los Comités de Normas y Promoción de Vivienda a que se refiere el artículo 60. México, D. F., a 29 de diciembre de 1983.—Luz Lajous, D.P.— Raúl Salinas Lozano, S.P.—Artemio Meixueiro, D.S.—Myrna Esther Hoyos de Navarrete, S.S.—Rúbricas.

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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.—Miguel de la Madrid Hurtado.—Rúbrica.--El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog Flores.—Rúbrica.—El Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.—Rúbrica.—El Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Francisco Labastida Ochoa.—Rúbrica.—El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes.—Rúbrica.—El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés.—Rúbrica.—El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Marcelo Javelly Girard.—Rúbrica.—El Secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.—Rúbrica.—El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.—Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.—Rúbrica.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

LA

(Publicada en el Diario Oficial de 28 de enero de 1988). Presidente de la República. MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales CAPÍTULO

I

Normas Preliminares

1° La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer las bases para: ARTÍCULO

I. Definir los principios de la política ecológica general y regular los instrumentos para su aplicación;

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II. El ordenamiento ecológico; III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; IV. La protección de las áreas naturales y la flora y fauna silvestres y acuáticas; V. El aprovechamiento racional de los elementos naturales de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos con el equilibrio de los ecosistemas; VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; VII. La concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, en la materia, y VIII. La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la participación corresponsable de la sociedad, en las materias de este ordenamiento. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las contenidas en otras leyes sobre cuestiones específicas que se relacionan con las materias que regula este propio ordenamiento. ARTÍCULO •29 Se consideran de utilidad pública: I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables; II. El establecimiento de zonas prioritarias de preservación y restauración del equilibrio ecológico; III. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e incremento de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestres y acuáticas, frente al peligro de deterioro grave o extinción, y IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvagualdia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas. ARTÍCULO 3° Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por el nombre que interactúan en un espacio y tiempo determinados; II. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, y que han quedado sujetas al régimen de protección; III. Aprovechamiento racional: La utilización de los elementos naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente; IV. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;

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V. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural; VI. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; VII. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento; VIII. Criterios ecológicos: Los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; IX. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman al ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; X. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; XI. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; XII. Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado, sin la inducción del hombre; XIII. Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas; XIV. Fauna silvestre: Las especies animales terrestres, que subsistan sujetas a los procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio nacional y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y

apropiación; XV. Flora silvestre: Las especies vegetales terrestres así como hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se

desarrollan libremente en el territorio nacional, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; XVI. Flora y fauna acuáticas: Las especies biológicas y elementos biogénicos que tienen como medio de vida temporal, parcial o permanente las aguas, en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción;

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XVII. Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza; XVIII. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; XIX. Mejoramiento: El incremento de la calidad del ambiente; XX. Ordenamiento ecológico: El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; XXI. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; XXII. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente; XXIII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar su deterioro; XXIV. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre; XXV. Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes; XXVI. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; XXVII. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas infecciosas o irritantes representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; XXVIII. Restauración: Conjunto de actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; XXIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y XXX. Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.

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CAPÍTULO II

Concurrencia Entre la Federación y las Entidades Federativas y los Municipios ARTÍCULO 49 Las atribuciones que en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente tiene el Estado y que son objeto de esta Ley, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, con sujeción a las siguientes bases:

I. Son asuntos de competencia federal los de alcance general en la nación o de interés de la federación; y II. Competen a los estados y municipios, los asuntos no comprendidos en la fracción anterior, conforme a las facultades que ésta y otras leyes les otorgan, para ejercerlas en forma exclusiva o participar en su ejercicio con la Federación, en sus respectivas circunscripciones. ARTÍCULO 50 Son asuntos de alcance general en la nación o de interés de la Federación:

I. La formulación y conducción de la política general de ecología; II. La formulación de los criterios ecológicos generales que deberán observarse en la aplicación de los instrumentos de la política ecológica, para la protección de las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres y acuáticas, para el aprovechamiento de los recursos naturales, para el ordenamiento ecológico del territorio y para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo; III. Los que por naturaleza y complejidad requieran de la participación de la Federación; IV. Las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal; V. Los originados en otros países, que afecten al equilibrio ecológica dentro del territorio nacional o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción; VI. Los originados dentro del territorio nacional o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción, que afecten al equilibrio ecológico de otros países; VII. Los que afecten al equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas; VIII. La expedición de las normas técnicas en las materias objeto de esta Ley; IX. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios a los.

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ecosistemas o de los daños reales o potenciales a la población o al ambiente lo haga necesario; X. La regulación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, según ésta y otras leyes y sus disposiciones reglamentarias, por la magnitud o gravedad de los efectos que puedan generar en el equilibrio ecológico o el ambiente; XI. La creación y administración de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, con la participación de las autoridades locales, en los casos que ésta y otras leyes lo prevean; XII. La protección de la flora y fauna silvestres, para conservarlas y desarrollarlas, en los términos de esta Ley y de la Ley Federal de Caza; XIII. La protección de la flora y fauna acuáticas, en aguas de propiedad nacional o sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción; XIV. La protección de la atmósfera en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal; XV. El aprovechamiento racional y la prevención y el control de la contaminación de aguas de jurisdicción federal, conforme a esta Ley, la Ley Federal de Aguas, las disposiciones vigentes del derecho internacional y las normas que de dichas disposiciones se deriven; XVI. El ordenamiento ecológico general del territorio del país; XVII. El aprovechamiento racional de los recursos forestales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal, así como el aprovechamiento racional del suelo en actividades productivas, de acuerdo con su vocación; y la prevención y control de la contaminación y degradación de los suelos; XVIII. La regulación de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos del subsuelo que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la nación, en cuanto puedan originar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente; XIX. La regulación de las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos; XX. La prevención y el control de la emisión de contaminantes, en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal, que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, y XXI. Los demás que ésta y otras leyes reserven a la Federación. ARTÍCULO 69 Compete a las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribución de atribuciones que se establezca en las leyes locales:

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I. La formulación de la política y de los criterios ecológicos, particulares en cada entidad federativa, que guarden congruencia con los que en su caso hubiere formulado la Federación, en las materias a que se

refiere el presente artículo; II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción de las entidades federativas y de los municipios, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federación por ésta u otras leyes;

III. La prevención y el control de emergencias ecológicas y contin-

gencias ambientales, en forma aislada o participativa con la Federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños

al ambiente no rebasen el territorio de la entidad federativa o del municipio, o no hagan necesaria la acción exclusiva de la Federación; IV. La regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando por los efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas o el ambiente de una entidad federativa o del municipio correspondiente; V. La regulación, creación y administración de los parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica, que esta Ley prevé; VI. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción estatal o municipal; VII. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal; VIII. La regulación del aprovechamiento racional y la prevención y el control de la contaminación de las aguas de jurisdicción de los estados; IX. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación, en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso de aguas residuales, conforme a esta Ley y las demás aplicables; X. El ordenamiento ecológico local, particularmente en los asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos regulados en esta Ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos y en las disposiciones locales; XI. La regulación con fines ecológicos, del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan

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utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento; XII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales; XIII. La regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, conforme a esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, y XIV. Los demás asuntos que se prevén en esta Ley. Con base en las disposiciones que para la distribución de competencias en las materias que regula esta Ley expidan los congresos locales con arreglo a sus respectivas constituciones, los ayuntamientos dictarán los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno, a efecto de que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las disposiciones del presente ordenamiento. En el ejercicio de sus atribuciones, las entidades federativas y en su caso, los municipios, observarán las disposiciones de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven y aplicarán las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría. AirrícuLo 79 El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, y en su caso con la intervención de otras dependencias, podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y con su participación, con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, para la realización de acciones en las materias objeto de esta Ley. Cuando así lo soliciten los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la Secretaría les prestará la asistencia técnica necesaria. CAPÍTULO III

Atribuciones de la Secretaría y Coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal ARTÍCULO 89

Corresponde a la Secretaría:

I. Formular y conducir la política general de ecología; II. Aplicar, en la esfera de su competencia, esta Ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecológicas que expida y vigilar su observancia; III. Realizar las distintas acciones que le competen a fin de preservar, proteger y restaurar el equilibrio ecológico y el ambiente coordinándose en su caso, con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, según sus respectivas esferas de competencia;

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IV. Coordinar estudios y acciones para proponer al Ejecutivo Federal la creación de áreas naturales protegidas, de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de esta Ley, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal y a las autoridades locales, y participar en las acciones que deban realizarse conforme a las resoluciones del propio Ejecutivo; V. Formular y desarrollar programas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y propiciar el manejo integral de los recursos naturales; VI. Programar el ordenamiento ecológico general del territorio del país, en coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y autoridades locales, según sus respectivas esferas de competencia; VII. Expedir las normas técnicas ecológicas que serán observadas en todo el territorio nacional; VIII. Formular los criterios ecológicos que deberán observarse en la aplicación de la política general de ecología; la protección de la flora y fauna silvestres y acuáticas; el aprovechamiento de los recursos naturales; el ordenamiento ecológico general del territorio; y la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo; con la participación que en su caso corresponda a otras dependencias; IX. Evaluar el impacto ambiental en las actividades a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta Ley; X. Formular y conducir la política de saneamiento ambiental, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo referente a la salud humana; XI. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos, en coordinación con la Secretaría de Salud; XII. Determinar la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones contaminantes de vehículos automotores, en coordinación con las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, Minas é Industria Paraestatal; XIII. Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas que se establezcan para productos utilizados como combustibles o energéticos; XIV. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen los efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud, y de Comercio y Fomento Industrial; XV. Proponer al Ejecutivo Federal la expedición de disposiciones conducentes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; XVI. Proponer al Ejecutivo Federal, la adopción de las medidas necesarias para la prevención y control de contingencias ambientales y aplicarlas en el ámbito de su competencia;

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XVII. Coordinar la aplicación por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de las medidas que determine el Ejecutivo Federal para la prevención y el control de contingencias ambientales; XVIII. Concertar acciones con los sectores social y privado; XIX. Formular y desarrollar programas para promover el uso de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los recursos naturales, considerando las distintas regiones ecológicas del país, y XX. Las demás que conforme a ésta u otras leyes o disposiciones reglamentarias le correspondan. ARTÍCULO 99 En el Distrito Federal la Secretaría ejercerá las atribuciones a que se refiere el artículo anterior y el Departamento del Distrito Federal ejercerá las que se prevén para las autoridades locales, sin perjuicio de las que competan a la asamblea de representantes del Distrito Federal, ajustándose a las siguientes disposiciones especiales;

A) Corresponde a la Secretaría: I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada en el Distrito Federal por fuentes fijas que no funcionen como establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, y participar, de conformidad con el acuerdo de coordinación que al efecto celebre con el Departamento del Distrito Federal, en la prevención y control de la generada por fuentes móviles que circulen en el propio territorio del Distrito Federal; II. Expedir las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminación de la atmósfera de fuentes móviles; III. Determinar la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones contaminantes de los vehículos automotores, en coordinación con las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, Minas e Industria Paraestatal; IV. Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas que en su caso se establezcan para productos utilizados como combustibles o energéticos en el Distrito Federal; V. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica en el Distrito Federal; VI. Establecer las condiciones de descarga de las aguas residuales de los sistemas de drenaje del Distrito Federal a los cuerpos receptores; VII. Expedir coordinadamente con las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, las normas técnicas para regular el alejamiento, explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales;

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VIII. Expedir las normas técnicas para la recolección, tratamiento y disposición de toda clase de residuos, en coordinación con la Secretaría de Salud; IX. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos, en coordinación con la Secretaría de Salud; X. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen los efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud, y de Comercio y Fomento Industrial; XI. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal; XII. Evaluar el impacto ambiental en la realización de obras o actividades públicas o privadas a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta Ley, que puedan afectar o deteriorar significativamente el equilibrio ecológico, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, y vigilar su observancia; XIII. Proponer al Ejecutivo Federal la adopción de las medidas necesarias para la prevención y el control de contingencias ambientales y aplicarlas en el ámbito de su competencia; XIV. Coordinar la aplicación por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las medidas que determine el Ejecutivo Federal, para la prevención y control de contingencias ambientales; XV. Determinar las bases para la organización y administración de los parques nacionales, y en coordinación con las dependencias competentes, de las demás reservas ecológicas en el Distrito Federal, y XVI. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en los asuntos de su competencia.

B) Corresponde al Departamento del Distrito Federal: I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada en el Distrito Federal por fuentes fijas, que funcionen como establecimientos mercantiles y espectáculos públicos y por toda clase de fuentes móviles que circulen en su territorio; II. Establecer y operar sistemas de verificación del parque vehicular en circulación en el Distrito Federal, en relación con la contaminación de la atmósfera, y en su caso, limitar la circulación de los vehículos cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que determine la Secretaría; III. Aplicar las medidas de tránsito y vialidad necesarias para reducir los niveles de emisión de los automotores;

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IV. Verificar el cumplimiento de las normas de emisión máxima permisible del transporte público; V. Operar la red regional de laboratorios de análisis de la contaminación atmosférica; VI. Aplicar las normas técnicas que expidan la Secretaría y la Secretaría de Salud, para regular las descargas de aguas al sistema de drenaje y alcantarillado del Distrito Federal; VII. Establecer y desarrollar la política del reuso de aguas en el Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; VIII. Implantar y operar sistemas de tratamiento de aguas residuales de conformidad con las normas técnicas ecológicas aplicables; IX. Proponer al Ejecutivo Federal la expedición de las disposiciones que regulen las actividades de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, observando las normas técnicas ecológicas aplicables; X. Establecer los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos a que hace referencia la fracción anterior; XI. Determinar los criterios ecológicos que serán incorporados en los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos aplicables, en esta materia; XII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación y ejecución de los programas especiales que establezca la Federación, para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios; XIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que expida el Ejecutivo Federal para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que generen contaminación, en las zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequiEbrios ecológicos; • XIV. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en el territorio del Distrito Federal, salvo en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal; XV. Evaluar el impacto ambiental en la realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan afectar o deteriorar significativamente el equilibrio ecológico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de esta Ley, en las materias no comprendidas en el artículo 29 del presente ordenamiento y vigilar su observancia; XVI. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las medidas que determine el Ejecutivo Federal, para la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales; XVII. Participar, en los términos que convenga con la Secretaría, en la organización y administración de los parques nacionales, y según lo acuerde con la propia Secretaría y las demás dependencias compe-

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tentes, en la organización y administración de las restantes reservas ecológicas ubicadas en el Distrito Federal; XVIII. Observar las normas técnicas ecológicas en la prestación de los servicios públicos de alcantarillado, limpia, mercados y centros de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales, y XIX. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en los asuntos de su competencia. C) La Secretaría y el Departamento del Distrito Federal se coordidinarán particularmente cuando se trate de las siguientes materias: I. Desarrollar programas de capacitación para prevenir y controlar la contaminación atmosférica; II. Aplicar, en las obras e instalaciones destinadas al tratamiento de aguas residuales que se construyan en el Distrito Federal, los criterios que emitan las autoridades federales, a efecto de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua que pasen al territorio de otra u otras entidades federativas, satisfagan las normas técnicas ecológicas aplicables; III. Promover, ante el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la realización, en el marco de la Ley de Planeación, de programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico en aquellas zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios; IV. Proponer al Ejecutivo Federal la creación de áreas naturales protegidas en el Distrito Federal, y V. Promover y fomentar la participación ciudadana en las distintas acciones y programas para preservar y restaurar los ecosistemas y para proteger el ambiente. ARTÍCULO 10. Corresponde a la Secretaría llevar a cabo las acciones para la prevención y el control de la contaminación atmosférica generada en actividades industriales, en los municipios de la zona conurbada al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 5o. de esta Ley, con la participación de las entidades Federativas, y en su caso, de los municipios que correspondan. ARTÍCULO 11. Las diversas dependencias del Ejecutivo Federal ejercerán las atribuciones que les otorgan otras leyes, en materia relacionadas con el objeto de este ordenamiento, observando lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 80. de esta Ley. ARTÍCULO 12, La Comisión Nacional de Ecología es un órgano permanente de coordinación intersecretarial, que fungirá además como instancia para promover la concertación entre la sociedad y el Estado en la materia.

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Dicho órgano tendrá la naturaleza de comisión intersecretarial, y se integrará y funcionará de acuerdo con lo que disponga el Ejecutivo Federal. La Comisión analizará problemas y propondrá prioridades, programas y acciones ecológicas. Para el eficaz desempeño de sus trabajos, podrán participar en la Comisión las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto propio de la Comisión. Los representantes de los gobiernos de los estados y municipios serán invitados a participar cuando se trate de fenómenos de impacto ambiental considerable en la entidad o municipio correspondiente, y por acuerdo de la Comisión, también lo serán miembros de los sectores social y privado, organizaciones de productores, organizaciones civiles e instituciones educativas, así como otros representantes de la sociedad. La Comisión presentará bianualmente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, un informe detallado de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en el país. ARTÍCULO 13. En caso de emergencia ecológica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría, y las demás autoridades competentes, propondrán en forma coordinada al Ejecutivo Federal las medidas necesarias. ARTÍCULO 14. Las dependencias de la Administración Pública se coordinarán con la Secretaría en los casos de ejecución de las obras públicas a que se refiere el artículo 56, fracción II, de la Ley de Obras Públicas, cuando exista peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o por caso fortuito o de fuerza mayor. CAPÍTULO IV

Política Ecológica ARTÍCULO 15. Para la formulación y conducción de la política ecológica y la expedición de normas técnicas y demás instrumentos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país; II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;

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IV. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones; V. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos; VI. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; VIII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; IX. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza; X. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico; XI. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para preservar este derecho; XII. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de la vida de la población; XIII. Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional, y XIV. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales. ARTÍCULO 16. Las entidades federativas y los municipios en el ámBitcr de sus competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones 1 al XI del artículo anterior.

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JORGE WITKER y. CAPÍTULO V

Instrumentos de la Política Ecológica SECCIÓN I

Planeación Ecológica ARTícuLo 17. En la planeación del desarrollo, será considerada la política ecológica general y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. ARTÍCULO 18. El Gobierno Federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta Ley y las demás aplicables. SECCIÓN II

Ordenamiento Ecológico ARTÍCULO 19. Para el ordenamiento ecológico se consideran los siguientes criterios:

I. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización económica del país; II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes; HL Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; " IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, y V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades. ARTÍCULO 20. El ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y de los asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases:

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I. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, el ordenamiento ecológico será considerado en: a) La realización de obras públicas que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales; b) Las autorizaciones relativas al uso del suelo en el ámbito regional para actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, que puedan causar desequilibrios ecológicos; c) El otorgamiento de asignaciones, concesiones, autorizaciones o permisos para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional; d) El otorgamiento de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal; e) El otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas, y f) El financiamiento a las actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, para inducir su adecuada localización. II. En cuanto a la localización de la actividad productiva secundaria y de los servicios, el ordenamiento ecológico será considerado en: a) La realización de obras públicas susceptibles de influir en la localización de las actividades productivas; b) El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada localización, y en su caso, su reubicación; c) El otorgamíento de estímulos fiscales orientados a promover la adecuada localización de las actividades productivas; y d) Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o establecimientos, comerciales o de servicios. III. En lo que se refiere a los asentamientos humanos, el ordenamiento ecológico será considerado en: a) La fundación de nuevos centros de población; b) La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano; c) La ordenación urbana del territorio, y los programas del Gobierno Federal para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, y d) Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, otorgados por las sociedades nacionales de crédito y otras entidades paraestatales.

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SECCIÓN III

Criterios Ecológicos en la Promoción del Desarrollo ARTÍCULO 21. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, que se relacionen con las materias objeto de este ordenamiento, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se observarán los criterios ecológicos generales que establezcan esta Ley y demás disposiciones que de ella emanen. ARTÍCULO 22. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la federación, las actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

SECCIÓN IV

Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos ARTÍCULO 23. La regulación ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que lleven a cabo el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios. ARTÍCULO 24. Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal considerarán los siguientes criterios generales:

I. La política ecológica en los asentamientos humanos, requiere, para ser eficaz, de una estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación; II. La política ecológica debe buscar la corrección de aquelos desequilibrios que deterioren la calidad de la vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida, y III. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental para proteger y mejorar la calidad de vida.

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ARTÍCULO 25. Los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos serán considerados en:

I. La formulación y aplicación de las políticas generales de desarrollo urbano y vivienda; II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realice el Gobierno Federal; y III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda y en las de desarrollo urbano que expida la Secretaría. ARTÍCULO 26. En el programa sectorial de desarrollo urbano se incorporarán los siguientes elementos ecológicos y ambientales: I. Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente; II. La observancia del ordenamiento ecológico del territorio; III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades, y IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultura/ con áreas verdes y zonas de convivencia social. ARTÍCULO 27. El programa sectorial de vivienda y las acciones de vivienda que ejecute o financie el Gobierno Federal, promoverán: I. Que la vivienda que se construya en las zonas de expansión de los asentamientos humanos guarde una relación adecuada con los elementos naturales de dichas zonas y que considere áreas verdes suficientes para la convivencia social, y II. Que la vivienda que se construya en los asentamientos humanos incorpore criterios ecológicos y de protección al ambiente, tanto en su diseño como en las tecnologías aplicadas, para mejorar la calidad de la vida. SECCIÓN V

Evaluación del Impacto Ambiental ARTÍCULO 28. La realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas emitidas por la Federación para proteger al ambiente, deberán

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sujetarse a la autorización previa del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría o de las entidades federativas o municipios, conforme a las competencias que señala esta Ley, así como al cumplimiento de los requisitos que se les impongan una vez evaluado el impacto ambiental que pudieren originar, sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes. Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental por la realización de obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, la Secretaría requerirá a los interesados que en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, se incluya la descripción de los posibles efectos de dichas obras o actividades en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento. ARTÍCULO 29. Corresponderá al Gobierno Federal, pqr conducto de la Secretaría, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, particularmente tratándose de las siguientes materias: I. Obra pública federal; II. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos y carboductos; III. Industria, química, petroquímica, siderúrgica, papelera, azucarera, de bebidas, del cemento, automotriz y de generación y transmisión de electricidad; IV. Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y no minerales, reservadas a la Federación; V. Desarrollos turísticos federales; VI. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos, y VII. Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley Forestal. ARTÍCULO 30. En la realización de estudios y en el otorgamiento de permisos y autorizaciones para los aprovechamientos forestales, cambio de uso de terrenos forestales y extracción de materiales de dichos terrenos, deberán considerarse los dictámenes generales de impacto ambiental por regiones, ecosistemas territoriales definidos o para especies vegetales, que emita la Secretaría en los términos previstos por el artículo 23 de la Ley Forestal. ARTÍCULO 31. Corresponde a las entidades federativas y a los municipios evaluar el impacto ambiental en materias no comprendidas en el artículo 29 de este ordenamiento, ni reservadas a la Federación en ésta u otras leyes.

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ARTÍCULO 32. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 28 del presente ordenamiento, los interesados deberán presentar ante la autoridad correspondiente, una manifestación de impacto ambiental. En su caso, dicha manifestación deberá ir acompañada de un estudio de riesgo de la obra, de sus modificaciones o de las actividades previstas, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio ecológico durante su ejecución, operación normal y en caso de accidente. La Secretaría establecerá el registro al que se inscribirán los prestadores de servicios que realicen estudios de impacto ambiental y determinarán los requisitos y procedimientos de carácter técnico que dichos prestadores de servicios deberán satisfacer para su inscripción. ARTÍCULO 33. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental y satisfechos los requerimientos formulados por la autoridad competente, cualquier persona podrá consultar el expediente correspondiente. Los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva, información que haya sido integrada al expediente, y que de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, o intereses lícitos de naturaleza mercantil. ARTÍCULO 34. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría en los casos previstos en el artículo 29 de esta Ley, o en su caso el Departamento del Distrito Federal, dictará la resolución correspondiente. En dicha resolución podrá otorgarse la autorización para la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate, en los términos solicitados; negarse dicha autorización, u otorgarse de manera condicionada a la modificación del proyecto de obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la operación normal y aun en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría o en su caso el Departardento del Distrito Federal, señalará los requerimientos que deban observarse para la ejecución de la obra _o la realización de la actividad prevista. ARTÍCULO 35. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, prestará asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales que así lo soliciten, para la evaluación de la manifestación de impacto ambiental o del estudio de riesgo en su caso. SECCIÓN VI Normas Técnicas Ecológicas

ARTÍCULO 36. Para los efectos de esta Ley, se entiende por norma técnica ecológica, el conjunto de reglas científicas o tecnológicas emi-

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tidas por la Secretaría, que establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y, además que uniformen principios, criterios, políticas y 'estrategias en la materia. Las normas técnicas ecológicas, determinarán los parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. ARTÍCULO 37. Las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad ,del Estado o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que se fijen en las normas técnicas ecológicas aplicables. SECCIÓN VII

Medidas de Protección de Áreas Naturales ARTÍCULO 38. La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán medidas de protección de las áreas naturales de manera que •se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación. SECCIÓN VIII

Investigación y Educación Ecológicas ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud. Asimismo, propiciarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de los medios de comunicación masiva. La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales. ARTÍCULO 40. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el

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trabajo en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta Ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial. Asimismo, propiciará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. ARTÍCULO 41. El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y protejer los ecosistemas. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia. SECCIÓN IX

Información y Vigilancia ARTÍCULO

42. La Secretaría mantendrá un sistema permanente

de

información y vigilancia sobre los ecosistemas y su equilibrio en el territorio nacional; para lo cual, podrá coordinar sus acciones con las

entidades federativas y los municipios. Asimismo, establecerá sistemas de evaluación de las acciones que emprenda. ARTÍCULO 43. La Secretaría editará una gaceta en la que se publicarán las normas técnicas ecológicas que expida en los términos de esta Ley, así como los acuerdos, órdenes, resoluciones, circulares, notificadones, avisos y en general todos aquellos comunicados emitidos por la Secretaría y cualquier otra información que determine la propia dependencia, independientemente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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JORGE WITKER V. TÍTULO SEGUNDO

Áreas Naturales Protegidas CAPÍTULO

I

Categorías, Declaratorias y Ordenamiento de Áreas Naturales Protegidas SECCIÓN I

Tipos y Caracteres de las Áreas Naturales Protegidas ARTÍCULO 44. En los términos de ésta y de las demás leyes aplicables, las áreas naturales del territorio nacional a que se refiere el presente capítulo, podrán ser materia de protección, como reservas ecológicas, para los propósitos y con los efectos y modalidades que en tales ordenamientos se precisan, mediante la imposición de las limitaciones que determinen las autoridades competentes para realizar en ellas sólo los usos y aprovechamientos social y nacionalmente necesarios. Las mismas son consideradas en la presente Ley como áreas naturales protegidas y su establecimiento es de interés público. ARTÍCULO 45. La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción; III. Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos; IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; V. Generar conocimiento y tecnologías que permitan el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales del país, así como su preservación; VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área, y

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VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos de importancia para la cultura e identidad nacionales. ARTÍCULO

46. Se consideran áreas naturales protegidas:

I. Reservas de la biosfera; II. Reservas especiales de la biosfera; III. Parques nacionales; IV. Monumentos naturales; V. Parques marinos nacionales; VI. Áreas de protección de recursos naturales; VII. Áreas de protección de flora y fauna; VIII. Parques urbanos, y IX. Zonas sujetas a conservación ecológica. Para efectos de lo establecido en el presente título son de interés de la Federación las áreas naturales comprendidas en las fracciones I a VII anteriores, y de jurisdicción local las comprendidas en las fracciones VIII y IX de este artículo, así como las que tengan ese carácter conforme a las disposiciones estatales o municipales correspondientes. ARTÍCULO 47. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, participarán sus habitantes de conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto se celebren, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas. ARTÍCULO 48. Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas representativas biogeográficas relevantes, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, y al menos, una zona no alterada, en que habiten especies consideradas endémicas, amenazadas, o en peligro de extinción, y cuya superficie sea mayor a 10 000 hectáreas. En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. En las propias reservas podrán determinarse la superficie o superficies que protejan a la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en que podrán realizarse actividades productivas de las comunidades que ahí habiten en

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el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, así como actividades educativas, recreativas, de investigación aplicada y de capacitación. Tales actividades deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas y a los usos del suelo que establezcan las declaratorias que constituyan las reservas. En las reservas de la biosfera no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población. ARTÍCULO 49. Las reservas especiales de la biosfera se constituirán del mismo modo que las de la biosfera, en áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, en que habiten especies que se consideren endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, pero que por su dimensión menor en relación con dichas reservas de la biosfera, sea en superficie o en diversidad de especies no corresponda conceptuarlas dentro de este tipo. Awríano 50. Los parques nacionales se constituirán conforme a esta Ley y la Ley Forestal, en terrenos forestales, tratándose de representaciones biográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo o de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna de importancia nacional, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones de interés general análogas. Dichas áreas serán para uso público y en ellas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicas. En estas áreas podrán otorgarse autorizaciones para realizar aprovechamiento forestales cuando exista dictamen técnico de la Secretaría que establezca la conveniencia ecológica del aprovechamiento de que :se trate. En el otorgamiento de dichas autorizaciones se dará preferencia a quienes ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva. Corresponde a la propia Secretaría la organización, idministración, .conservación, acondicionamiento y vigilancia de los parques nacionales, la que podrá coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública Federal y con los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas no lucrativas, para la conservación, fomento y debido aprovechamiento de los mencionados parques. ARTÍCULO 51. Los monumentos naturales se establecerán conforme a esta Ley y a la Ley Forestal en áreas que contengan uno o varios elementos naturales de importancia nacional, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de

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ecosistemas ni ia superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. En los mbnumentOs naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación. ARTÍCULO 52. Los parques marinos nacionales se establecerán en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional, y podrán comprender las playas y la zona federal marítimo terrestre contigua. En estas áreas sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, las de investigación, recreación y educación ecológicas, así como los aprovechamientos de recursos naturales que hayan sido autorizados, de conformidad con lo que dispone esta Ley, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal del Mar, las demás leyes aplicables y sus reglamentos, así como las normas vigentes del derecho internacional. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas quedarán sujetas a lo que dispongan las declaraciones de creación correspondientes. Dichas autorizaciones podrán otorgarse a las comunidades asentadas en sus litorales. ARTÍCULO 53. Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la preservación y restauración de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas. Se consideran dentro de esta categoría de manejo las siguientes áeras: I. Reservas forestales; II. Reservas forestales nacionales; III. Zonas protectoras forestales; IV. Zonas de restauración y propagación forestal, y V. Zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones. El establecimiento, administración y organización de las áreas de protección de recursos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por esta Ley, la Ley Forestal, la Ley Federal de Aguas y los demás ordenamientos aplicables. ARTÍCULO 54. Las áreas de protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas, se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de las Leyes Federal de Caza y Federal de Pesca y de las demás aplicables, en los lugares que contienen los habitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas. En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación,

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refugio e investigación de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulten posibles según los estudios que se realicen, en el que deberá sujetarse a las normas técnicas ecológicas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria o en las resoluciones que la modificaren. ARTICULO 55. Los parques urbanos son aquellas áreas, de uso público, constituidas por las entidades federativas y los municipios en los centros de población para obtener y preservar el equilibrio en los ecosistemas urbanos industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivos y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la población y valores artísticos, históricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad. ARTÍCULO 56. Las zonas sujetas a conservación ecológica son aquellas constituidas por las entidades federativas y los municipios en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que existan uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general. SECCIÓN II

Declaratorias para el Establecimiento, Conservación, Administración Desarrollo y Vigilancia de Áreas Naturales Protegidas ARTÍCULO 57. Las áreas naturales protegidas se establecerán mediante declaratoria que expida el Ejecutivo Federal conforme a ésta y a las demás leyes aplicables, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios respectivos, según proceda, cuando se trate de áreas naturales protegidas de interés de la Federación; y por las entidades federativas y los municipios conforme a esta Ley y las leyes locales, en los casos de áreas naturales protegidas en jurisdicción local. ARTÍCULO 58. En la realización de los estudios previos que den base a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áeras naturales protegidas de interés de la Federación, podrán participar las entidades federativas y los municipios en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate. ARTÍCULO 59. La Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal, la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, en los casos en que otras leyes

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no lo atribuyan a dependencias diversas, y promoverá ante las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca y las demás según su competencia, lo propongan al propio Ejecutivo Federal. Asimismo, podrá proponer a los gobiernos de los estados y municipios, según sea el caso, el establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdicción local. ARTICULO 60. Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación contendrán, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, los siguientes elementos: I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la zonificación correspondiente; II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección; III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán; IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las prevenciones de las Leyes de Expropiación y Federal de la Reforma Agraria, y V. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área. ARTÍCULO 61. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificarán previamente a los propieta-

rios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en él o los registros públicos de la propiedad que correspondan. ARTÍCULO 62. Una vez establecida un área natural protegida sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos, por la autoridad que la haya establecido, de conformidad con los estudios que al efecto se realicen. ARTÍCULO 63. Las áreas naturales protegidas establecidas por el Ejecutivo Federal podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad y quedarán sujetas a la condición de inafectables a que se refiere el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los casos que ahí se prevén. ARTÍCULO 64. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la ex-

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ploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente Ley, de las leyes en que se fundamenten las declaraciones de creación correspondiente, así como las prevenciones de las propias declaratorias. El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico. Las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, prestarán a ejidatarios y comuneros la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior y podrán prestar asesoría técnica a pequeños propietarios cuando éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela. La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico. ARTÍCULO 65. La dependencia o dependencias del Ejecutivo Federal que hubieren propuesto el establecimiento de un área natural protegida de interés de la Federación elaborarán el programa de manejo del área de que se trate, con la participación de las demás dependencias competentes y las autoridades locales, en el plazo que señale la declaratoria correspondiente. En los casos de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local, se estará a lo que dispongan las normas estatales y municipales. ARTÍCULO 66. Las declaratorias para el establecimiento de reservas de la biosfera y de reservas especiales de la biosfera, se expedirán por el Ejecutivo Federal, conforme a lo que disponen esta Ley, la Ley Forestal y las demás aplicables. En estos casos la Secretaría promoverá ante las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca, y de las demás que tuvieren atribuciones relacionadas con las materias de protección a establecer, la elaboración de los estudios previos que se requieran, y tendrá a su cargo la coordinación de los mismos. En las declaratorias se determinará la forma como deben realizarse las actividades y medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las reservas de la biosfera, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes, las que serán coordinadas por la Secretaría. La propia Secretaría, con la participación de las demás dependencias competentes, de la Comisión Nacional de Ecología, y en su caso de la Comisión Nacional Forestal, propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y convenios de concertación con los sectores social y privado, en el marco de Sistema Nacional de Planeación Democrática.

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ARTÍCULO 67. Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior regularán las materias que se estimen necesarias, entre otras:

I. La forma en que los gobiernos de los estados y de los municipios participarán en la administración de la reserva; II. La coordinación de las políticas federales con las de los estados y municipios y la elaboración del programa de manejo de la reserva, con la formulación de compromisos para su ejecución; III. El origen y destino de los recursos financieros para la administración de la reserva; IV. Los tipos y forma como se han de llevar a cabo la investigación y la experimentación en la reserva, y V. Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, los grupos sociales y los grupos científicos y académicos. ARTÍCULO 68. El programa de manejo de la reserva deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales de la reserva, en el contexto nacional, regional y local; II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la investigación, uso de recursos, extensión, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control; III. Los objetivos específicos de la reserva; y IV. Las normas técnicas aplicables, cuando corresponda, para el aprovechamiento de la flora y de la fauna, las cortas sanitarias, de cultivo y domésticas, así como aquellas destinadas a evitar la contaminación del suelo y de las aguas. ARTÍCULO 69. Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer para la protección de las áreas de reservas de la biosfera, o reservas especiales de la biosfera, serán las que establecen, según las materias respectivas, la presente Ley, las Leyes Forestal, Federal de Aguas, Federal de Pesca, Federal de Caza, Orgánica de la Administración Pública Federal, y las demás que resulten aplicables, las cuales podrán consistir en restringir o prohibir actividades que puedan alterar los ecosistemas; imponer modalidades a la propiedad privada; y regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Quedan comprendidas en dichas medidas las vedas temporales o indefinidas, totales o parciales. De conformidad con el artículo 61 de esta Ley, las declaratorias contendrán los motivos y fundamentos de las medidas que se impongan,

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y citación a los interesados a fin de que la Secretaría reciba las manifestaciones que éstos le formulen por escrito dentro del término que se establezca en las mismas declaratorias y resuelva fundadamente dentro de los treinta días siguientes. Para este efecto, cada una de las dependencias que hubieren intervenido en los estudios previos y propuestas de declaratoria, desahogará por conducto de la Secretaría la parte de las peticiones que corresponda a sus atribuciones. ARTÍCULO 70. Cuando se determinen zonas núcleo en las reservas de la biosfera, o en las reservas especiales de la biosfera, quedará expresamente prohibido: I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de corriente o depósitos de agua, así como desarrollar cualquier actividad contaminante; II. Interrumpir o desviar los flujos hidráulicos; III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora silvestre, y IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por la declaratoria. ARTÍCULO 71. Los parques marinos nacionales se establecerán mediante declaratoria del Ejecutivo Federal a propuesta, en forma coordinada, de la Secretaría y de las Secretarías de Pesca y de Marina. Previo al establecimiento de un parque marino nacional, las citadas dependencias llevarán a cabo los estudios y las investigaciones que den base a la expedición de la declaratoria correspondiente. Las declaratorias por las que se establezcan parques marinos nacionales deberán contener:

I. La delimitación precisa del área sujeta a protección, señalando en su caso la zonificación correspondiente; II. La descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente. Previo dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá regularse el tránsito de embarcaciones por la zona, el establecimiento o utilización de instalaciones artificiales y plataformas y estructuras con fines pesqueros. Podrá regularse, asimismo la exploración o explotación de los recursos naturales de los fondos marinos y su subsuelo; III. Las modalidades y limitaciones a que se sujetará dentro del área el uso o aprovechamiento de los recursos naturales. La declaratoria podrá establecer el requisito de autorización previa de la pesca con fines de consumo doméstico, de fomento y deportivo recreativo, conforme a la Ley de la materia, y IV. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área.

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Una vez establecidos, la administración, organización y manejo de los parques marinos nacionales corresponderá a las Secretarías de Pesca y de Marina con la participación de la Secretaría, y se hará con arreglo a lo que disponen esta Ley, la Ley Federal del Mar, la Ley Federal de Pesca y las demás leyes aplicables, la declaratoria correspondiente y el programa de manejo que las propias dependencias formulen. ARTÍCULO 72. Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, previstos en las fracciones III, IV, VI y VII del artículo 46 de esta Ley, se expedirán por el Ejecutivo Federal, conforme a lo que disponen la Ley Forestal, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal de Caza y las demás leyes relativas, a propuesta de las dependencias en ellas señaladas, aplicándose en lo no previsto en tales ordenamientos, las disposiciones de la presente Ley. ARTÍCULO 73. La Secretaría promoverá y coordinará la realización de los estudios previos y la propuesta al Ejecutivo Federal de tales áreas, particularmente cuando concurran en ellas materias de la competencia de varias dependencias. ARTÍCULO 74. Para el establecimiento de las áreas de protección de flora y fauna silvestres, la Secretaría realizará los estudios previos necesarios y propondrá al Ejecutivo Federal la expedición de las declaratorias correspondientes. La conservación, administración, desarrollo y vigilancia de dichas áreas corresponderá a la Secretaría. ARTÍCULO 75. Todos los actos, convenios y contratos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo. CAPÍTULO II

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas ARTÍCULO 76. Las áreas naturales protegidas que sean consideradas como de interés de la Federación, constituyen en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ARTICULO 77. La Secretaría llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el que se

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consignan los datos de su inscripción en los registros públicos de la propiedad correspondientes. ARTÍCULO 78. Con el propósito de preservar el patrimonio natural de la nación, y con arreglo a las bases de coordinación que al efecto se celebren en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las dependencias competentes de la administración pública federal incorporarán en las reglas de manejo de las áreas naturales protegidas cuya administración les compete, aquellas que determine la Secretaría para proveer eficazmente la protección de los ecosistemas y sus elementos. La propia Secretaría promoverá ante las autoridades locales la adopción por parte de éstas de las bases de manejo que regulan la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales en el sistema nacional. Podrá celebrar asimismo, convenios de concertación con grupos sociales y particulares interesados, para facilitar el logro de los fines para los que se hubieren establecido las áreas naturales del sistema nacional. CAPÍTULO III

Flora y Fauna Silvestres y Acuáticas ARTÍCULO 79. Para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, se considerarán los siguientes criterios:

I. La preservación del habitat natural de las especies de flora y fauna del territorio nacional, así como la vigilancia de sus zonas de reproducción; II. La protección de los procesos evolutivos de las especies y sus recursos genéticos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país a la protección e investigación; III. La protección y desarrollo de las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, a fin de recuperar su estabilidad ,poblacion al; IV. El combate del tráfico ilegal de especies; V. El fortalecimiento de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de fauna silvestre, y VI. La concertación con la comunidad para propiciar su participación en la conservación de especies. ARTÍCULO 80. Los criterios para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, serán considerados, entre otros, en los siguientes casos:

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I. El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres y acuáticas; II. El establecimiento o modificación de vedas de la flora y fauna silvestres y acuáticas; III. Las acciones de sanidad fitopecuaria; IV.

La protección y conservación de la flora y fauna del territorio

nacional, contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias; V. El establecimiento del régimen técnico de conservación de la flora y fauna acuáticas; VI. La formulación del programa anual de producción, repoblación, cultivo, siembra y diseminación de especies de la flora y fauna acuática; VII. La creación de áreas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y VIII. La determinación de los métodos y medidas aplicables o indispensables para la conservación, cultivo y repoblación de los recursos pesqueros. ARTÍCULO 81. La Secretaría establecerá o, en su caso, promoverá ante las autoridades competentes, el establecimiento de vedas de la flora y fauna silvestres y acuáticas y la modificación o levantamiento de las mismas. Las vedas que se decreten tendrán como finalidad la conservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o refugio de los especímenes, principalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Los decretos de veda deberán precisar su naturaleza y temporalidad, los límites de las áreas o zonas vedadas y las especies de la flora o la fauna comprendidas en ellas. Dichos decretos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el de la entidad o entidades federativas donde se ubique el área vedada. ARTÍCULO 82. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a la posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres, las personas físicas o morales que se dediquen a las expresadas actividades deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría. ARTICULO 83. El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el habitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies.

492 JORGE WITKER V. ARTÍCULO 84. La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca expedirá las normas técnicas ecológicas de conservación y aprovechamiento del habitat de la flora y fauna silvestres y acuáticas. ARTÍCULO 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero. ARTÍCULO 86. A la Secretaría le corresponde aplicar las disposiciones que sobre aprovechamiento y conservación de especies de la fauna silvestre establezcan ésta y otras leyes, y autorizar su aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias, conforme a otras leyes. ARTÍCULO 87. El aprovechamiento de especies de la fauna silvestre en actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio y proporcionen un número suficiente para el repoblamiento de la especie. No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción excepto en los casos de investigación científica.

TÍTULO TERCERO

Aprovechamiento Racional de los Elementos Naturales CAPÍTULO I

Aprovechamiento Racional del Agua y los Ecosistemas Acuáticos ARTÍCULO 88. Para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios: I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico; II. El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico, y

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III. Para el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos. ARTÍCULO 89. Los criterios para el aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas acuáticos, serán considerados en: I. La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico; II. El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o puedan afectar el ciclo hidrológico; III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de propiedad nacional; IV. El establecimiento de vedas de aguas del subsuelo; V. Las suspensiones que decrete el Ejecutivo Federal, en los términos de la Ley Federal de Aguas, de todos aquellos aprovechamientos, obras y actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales o afecten el equilibrio ecológico de una región; VI. La suspensión que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de todas aquellas obras que -dañen los recursos hidráulicos nacionales; VII. La suspensión que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la Secretaría, de las obras que causen desequilibrio ecológico en una región o afecten o puedani afectar los elementos de los ecosistemas; VIII. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros de población e industrias; IX. Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del Distrito Federal respecto de la política de reuso de aguas; X. Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción; XI. El establecimiento de distritos de acuacultura, y XII. La creación y administración de reservas y zonas de protección pesquera. ARTÍCULO 90. La Secretaría, en coordinación con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua para consumo humano.

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ARTÍCULO 91. El otorgamiento de las autorizaciones para afectar el curso o cauce de las corrientes de agua, se sujetará a los criterios ecológicos contenidos en la presente Ley. ARTÍCULO 92. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el tratamiento de aguas residuales y su reuso. ARTÍCULO 93. La Secretaría y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en sus respectivas esferas de competencia, realizarán las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las corrientes y cuerpos de aguas de propiedad de la nación. ARTICULO 94. La exploración, explotación y administración de los recursos acuáticos vivos y no vivos, se sujetará a lo que establecen las leyes de la materia y a los criterios y demás disposiciones que establece esta Ley en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Awrícuw 95. La Secretaría podrá solicitar, a la Secretaría de Pesca, la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorizaciones para la realización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de las especies ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico. ARTÍCULO 96, La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Pesca y, en su caso, con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, expedirá las normas técnicas para la protección de los ecosistemas y promoverá la concertación de acciones de protección y restauración de los ecosistemas acuáticos con los sectores productivos y las comunidades. ARTÍCULO 97. La Secretaría establecerá viveros, criaderos y reservas de especies de la flora y fauna acuáticas, en su caso con la participación de la Secretaría de Pesca.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento Racional del Suelo y sus Recursos ARTÍCULO 98. Para la protección y aprovechamiento del suelo se considerará los siguientes criterios:

I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva;

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III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos; IV. En las zonas de pendientes pronunciadas en las que se presenten fenómenos de erosión o de degradación del suelo, se deben introducir cultivos y teconologías que permitan revertir el fenómeno, y V. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración. ARTÍCULO 99. Los criterios ecológicos para la protección y aprovechamiento del suelo se considerarán en:

I. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno Federal, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas; II. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos; III. La operación y administración del sistema nacional de suelo y de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda: IV. La determinación de usos, reservas y destinos en predios forestales; V. El establecimiento de zonas protectoras forestales; VI. La determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes de agostadero: VII. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación de suelos; VIII. El establecimiento de distritos de conservación del suelo; IX. La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio nacional; X. El otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos de aprovechamiento forestal; XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales, y XII. Cuando así proceda; de conformidad con la ley de la materia, al encomendarse la explotación de tierras que hayan sido declaradas ociosas. En estos casos se promoverá su utilización de acuerdo con las aptitudes naturales del terreno y el adecuado equilibrio de los ecosistemas.

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ARTICULO 100. Los permisos y en general las autorizaciones de aprovechamiento forestal, implican la obligación de hacer un uso racional de ese recurso. Cuando las actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio ecológico, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la revocación, modificación o suspensión del permiso o autorización respectivo, en los casos previstos por el artículo 56 de la Ley Forestal. ARTÍCULO 101. En las zonas selváticas, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicable. I. El aprovechamiento racional de los ecosistemas selváticos, donde existan actividades agropecuarias establecidas; II. El cambio progresivo de la práctica de roza, tumba y quema a otras que no impliquen deterioro de los ecosistemas; III. La consideración de los criterios ecológicos en las actividades de extracción de recursos no renovables; IV. La introducción de cultivos compatibles con los ecosistemas y que favorezcan su restauración cuando hayan sufrido deterioro, y V. La regulación ecológica de los asentamientos humanos. ARTÍCULO 102. Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas o el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta Ley y demás aplicables. ARTÍCULO 103. Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación necesarias para evitar el deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico, en los términos de lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables. , AiTicuLo 104. La Secretaría promoverá ante lá Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 'y las demás dependencias competentes, la intioducción y generalización de prácticas de protección y reclipe.z ración de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de atitorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando mtiÉtan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico de la zona. ARTÍCULO 105. En aquellas zonas cine presenten graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría con la participación de las demás competentes, formulará los proyectos de programas especiales para la reStauración del equilibrio ecológico que resulten convenientes, y prornoverW su aprobación por el Ej'ectitivo Federal con la intervención de la Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación.

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Cuando los fenómenos de desequilibrio ecológico en tales zonas lo requieran en forma inminente, por estarse produciendo procesos de desertificación o pérdidas de recursos de muy difícil reparación o aun irreversibles, el Ejecutivo Federal, por causa de interés público, a propuesta que la Secretaría formule en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y otras dependencias competentes, podrá expedir declaratorias para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades. Las

declaratorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Las declaraciones que se expidan surtirán efecto previa audiencia a los interesados, quienes deberán ofrecer y aportar las pruebas necesarias para justificar las cuestiones que planteen en un plazo que no excederá de veinte días a partir de la notificación correspondiente. Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán: I. La delimitación de la zona, precisando superficie, ubicación y deslinde; II. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y la realización de actividades contaminantes; III. Los programas de recuperación que determine el Ejecutivo Federal en la zona, los que podrán ser materia de acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados y municipios y de concertación con los sectores social y privado, y IV. La determinación de su vigencia. ARTÍCULO 106. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo 105 quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades sobre el uso o aprovechamiento de los mismos, previstas en la declaratoria correspondiente. Los notarios y cualesquier otros fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan. Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo que en la mencionada declaratoria se establezca. ARTÍCULO 107. En los estímulos fiscales que se otorguen a las actividades forestales, deberán considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la actividad forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos de esta Ley y de la Ley Forestal.

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JORGE WITKER V. CAPÍTULO Hl

Efectos de la Exploración y Explotación de los Recursos no Renovables en el Equilibrio Ecológico ARTÍCULO 108. Para prevenir y controlar los efectos nocivos de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables en el equilibrio e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas técnicas ecológicas que permitan: I. La protección de las aguas que sean utilizadas o sean el resultado de esas actividades, de modo que puedan ser objeto de otros usos; II. La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente tratadas, y III. La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales. ARTÍCULO 109. Las normas técnicas ecológicas a que se refiere el artículo anterior serán observadas por los titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. TÍTULO CUARTO Protección al Ambiente CAPÍTULO 1 Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera ARTÍCULO 110. Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país, y II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y equilibrio ecológico. ARTÍCULO 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría:

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I. Expedirá, en coordinación con la Secretaría de Salud en lo referente a la salud humana, las normas técnicas ecológicas correspondientes, especificando los niveles permisibles de emisión e inmisión por contaminante y por fuente de contaminación, de acuerdo con el reglamento respectivo; II. Convendrá, y en su caso, podrá requerir la instalación de equipos de control de emisiones con quienes realicen actividades contaminantes en zonas conurbanas ubicadas en dos o más entidades federativas, y cuando se trate de bienes o zonas de jurisdicción federal; III. Expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire; IV. Expedirá las normas técnicas ecológicas para la certificación por la autoridad competente, de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes determinadas; V. Expedirá en coordinación con el sector energético y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, las normas técnicas ecológicas que deberán ser observadas por la industria automotriz para reducir las emisiones de origen vehicular, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud; VI. Promoverá, en coordinación con las autoridades correspondientes, el establecimiento de sistemas de verificación del parque vehicular, y VII. Ejercerá las demás facultades que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. ARTÍCULO 112. En materia de contaminación atmosférica, los gobiernos de los estados y de los municipios en los ámbitos de sus respectivas jurisdicciones:

I. Llevarán a cabo las acciones de prevención y el control de la contaminación del aire en bienes y zonas de jurisdicción estatal; II. Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes; III. Convendrán con quienes realicen actividades contaminantes, y en su caso les requerirán la instalación de equipos de control de emisiones cuando se trate de actividades de jurisdicción local, y promoverán ante la Secretaría dicha instalación, en los casos de jurisdicción federal; IV. Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación, y evaluarán el impacto ambiental en los casos de jurisdicción local previstos en el artículo 31 de esta Ley;

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V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación; VI. Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Dichos sistemas deberán contar con dictamen técnico previo de la Secretaría. Ésta promoverá, mediante acuerdos de coordinación, la incorporación de los reportes locales de monitoreo a la información nacional cuya integración estará a cargo de la propia Secretaría; VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emi"siones del transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación; VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica; IX. Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad o municipio correspondiente, que convengan con la Secretaría a través de los acuerdos de coordinación que se celebren; X. Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos, de acuerdo con esta Ley, y XI. Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. ARTÍCULO 113. No podrán emitirse contaminantes a la atmósfera, que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría. Cuando dichas emisiones contengan materiales o residuos peligrosos, se requerirá para su emisión la previa autorización de la Secretaría. ARTÍCULO 114. Las autoridades competentes promoverán, en las zonas que se hubieren determinado como aptas para uso industrial, próximas a áreas habitacionales, la instalación de industrias que utilicen tecnologías y combustibles que generen menor contaminación. ARTÍCULO 115. La Secretaría promoverá que en la determinación de usos del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes. ARTÍCULO 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:

I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;

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• II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera; III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes, y IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas. CAPÍTULO II

Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos ARTÍCULO 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:

I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país; II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas; IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, y V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación del agua. ARTÍCULO 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en:

I. El establecimiento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública; II. La formulación de las normas técnicas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo humano; III. Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para entrega de agua en bloque a los sistemas usuarios o a usuarios, especialmente en

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lo que se refiere a la determinación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban instalarse; IV. La restricción o suspensión de explotaciones y aprovechamientos que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en los casos de disminución, escasez o contaminación de las fuentes de abastecimiento, o para proteger los servicios de agua potable; V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en general los usuarios de las aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones, y VI. La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos. ARTÍCULO 119. Para la prevención y control de la contaminación del agua corresponderá:

I. A la Secretaría: a) Expedir, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y las demás autoridades competentes, las normas técnicas para el vertimiento de aguas residuales en redes colectoras, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como infiltrarlas en terrenos; b) Emitir los criterios, lineamientos, requisitos y demás condiciones que deban satisfacerse para regular el alejamiento, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, a fin de evitar contaminación que afecte el equilibrio de los ecosistemas o a sus componentes, y en su caso, en coordinación con la Secretaría de Salud, cuando se ponga en peligro la salud pública; c) Expedir las normas técnicas ecológicas a las que se sujetará el almacenamiento de aguas residuales, con la intervención que en su caso competa a otras dependencias; d) Dictaminar las solicitudes de permisos para infiltrar o descargar aguas residuales en terrenos o cuerpo distintos de los alcantarillados; e) Fijar condiciones particulares de descarga cuando se trate de aguas residuales generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal y de aquellas vertidas directamente en aguas de propiedad nacional; f) Fijar condiciones particulares de descarga a quienes generen aguas residuales captadas por sistemas de alcantarillado, cuando dichos sistemas viertan sus aguas en cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua de propiedad nacional, sin observar las normas

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técnicas ecológicas o, en su caso, las condiciones particulares de descarga que hubiese fijado la Secretaría; g) Promover el reuso de aguas residuales tratadas en actividades agrícolas e industriales; h) Determinar los procesos de tratamiento de las aguas residuales, considerando los criterios sanitarios que en materia de salud pública

emita la Secretaría de Salud, en función del destino de esas aguas y

las condiciones del cuerpo receptor, que serán incorporados en los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para la entrega de agua en bloque a sistemas usuarios o a usuarios, conforme a la Ley Federal de Aguas; i) Resolver sobre las solicitudes de autorización para el establecimiento de plantas de tratamiento y sus descargas conjuntas, cuando dichas descargas contaminantes provengan de dos o más obras, instalaciones o industrias de jurisdicción federal, tomando en consideración los criterios sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud. Esta autorización únicamente podrá otorgarse cuando los efectos en las cuencas de aguas nacionales lo permitan, conforme a los usos determinados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; y j) Promover la incorporación de sistemas de separación de las aguas residuales de origen doméstico de aquellas de origen industrial en los drenajes de los centros de población, así como la instalación de plantas de tratamiento para evitar la contaminación de aguas. II. A la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Salud: a) Expedir las normas técnicas ecológicas para el uso o aprovechamiento de aguas residuales; b) Emitir opinión a la que deberá sujetarse la programación y construcción de nuevas industrias que puedan producir descargas contaminantes de aguas residuales, así como de las obras e instalaciones conducentes a purificar las aguas residuales de procedencia industrial en los casos de jurisdicción federal, y c) Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán observarse para el tratamiento de aguas residuales de origen urbano que se destinen a la industria y a la agricultura. Para el ejercicio de esta atribución, dichas dependencias tomarán como base los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes. III. A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, resolver sobre las solicitudes de concesión, permiso o autorización que se formulen para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, considerando los criterios y lineamientos, para la preservación del equilibrio ecológico;

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IV. A la Secretaría expedir normas técnicas sobre la ejecución de obras relacionadas con el alejamiento, tratamiento y destino de las aguas residuales conducidas o no, por sistemas de alcantarillado, considerando los criterios sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud; y V. A los estados y municipios: a) El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; b) Requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan las normas técnicas ecológicas que se expidan, la instalación de sistemas de tratamiento; c) Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el municipio o autoridad estatal respectiva pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar, y d) Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la Secretaría. ARTÍCULO 120. Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local;

I. Las descargas de origen industrial; II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas; III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias; IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables; V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos, y VII. El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua. ARTICULO 121. No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población. ARTÍCULO 122. Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o domésticos y de las de usos industriales o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo,

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y en general, las que se derramen en los suelos, reunir las condiciones necesarias para prevenir: I. Contaminación de los cuerpos receptores; II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado. ARTÍCULO 123. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido. Cuando dichas descargas, derrames o infiltraciones contengan materiales o residuos peligrosos, deberán contar con la autorización previa de la Secretaría. ARTÍCULO 124. Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud y promoverá ante la autoridad competente la negativa del permiso o autorización correspondiente, o su inmediata revocación, y en su caso, la suspensión del suministro. ARTÍCULO 125. La Secretaría, considerando los criterios sanitarios que en materia de salubridad general establezca la Secretaría de Salud, así como los usos de las cuencas de aguas nacionales determinados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, determinará las condiciones particulares de descarga y los sistemas de tratamiento que deberán instalar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para descargar aguas residuales. ARTÍCULO 126. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren los municipios, las autoridades estatales, o el Departamento del Distrito Federal, deberán cumplir con las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan. ARTÍCULO 127. La Secretaría, y las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, emitirán, opinión, con base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes, para la programación y construcción de obras e instalaciones de purificación de aguas residuales de procedencia industrial. ARTÍCULO 128. Las aguas residuales provenientes del alcantarillado urbano podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se some-

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ten en los casos que se requiera al tratamiento que cumpla con las normas técnicas emitidas por la Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud. En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se promoverán acciones para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego. ARTÍCULO 129. El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan. ARTÍCULO 130. La Secretaría resolverá sobre las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales, sustancias o cualquier otro tipo de residuos en aguas marinas, fijando en cada caso las normas técnicas ecológicas, condiciones y tratamiento de las aguas y residuos, de acuerdo al reglamento correspondiente. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes. ARTÍCULO 131. Para la protección del medio marino, el Ejecutivo Federal emitirá los criterios para la explotación, conservación y administración de los recursos naturales, vivos y abióticos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, así como los que deberán observarse para la realización de actividades de exploración y explotación en la zona económica exclusiva. ARTÍCULO 132. La Secretaría se coordinará con las Secretarías de Marina, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Pesca; a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para prevenir, controlar, vigilar y abatir la contaminación del medio marino, y preservar y restaurar el equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo que se establece en la presente Ley, la Ley Federal del Mar, los demás ordenamientos aplicables y las normas vigentes del derecho internacional. ARTÍCULO 133. La Secretaría y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud conforme a otros ordenamientos legales, realizarán un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan o, en su caso, promover su ejecución. En los casos de aguas de jurisdicción local se coordinarán con las autoridades de los estados y municipios.

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CAPÍTULO III

Prevención y Control de la Contaminación del Suelo ARTÍCULO 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos; III. Es necesario racionalizar la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; e incorporar técnicas y procedimientos para stt reuso y reciclaje, y IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas. ARTÍCULO 135. Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se consideran, en los siguientes casos:

I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano; II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos municipales en rellenos sanitarios; III. Las autorizaciones para la instalación y operación de confinamientos o depósitos de residuos, y IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. ARTÍCULO 136. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I. La contaminación del suelo; II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; III. Las alteraciones en el suelo que alteren su aprovechamiento, uso o explotación, y IV. Riesgos y problemas de salud. ARTÍCULO 137. Queda sujeto a la autorización de los gobiernos de los estados o en su caso, de los municipios, con arreglo a las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

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municipales. Los materiales y residuos peligrosos se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo V de este mismo Título. ARTÍCULO 138. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales para: I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales, y II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. ARTÍCULO 139. Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan. ARTÍCULO 140. Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación se llevarán a cabo con arreglo a lo que disponga el reglamento correspondiente. ARTÍCULO 141. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial promoverá la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de pr pcluctos cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos. ARTÍCULO 142. En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta. ARTÍCULO 143. Los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas y a las normas técnicas que expidan en forma coordinada la Secretaría y las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud y de Comercio y Fomento Industrial, para evitar que se causen desequilibrios ecológicos. El reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichas sustancias o productos, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. ARTÍCULO 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordi-

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nadamente con las Secretarías de Salud, de Agricultura y Recursos

Hidráulicos y de Comercio y Fomento Industrial participará en el examen de las tarifas arancelarias relativas a importación o exportación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. No podrán otorgarse autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas cuando su uso no esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabricado. La Secretaría promoverá ante las autoridades competentes el establecimiento de requisitos especiales para la fabricación en el país de dichas sustancias y productos, cuando su uso pueda causar desequilibrios ecológicos. CAPÍTULO IV

Actividades Consideradas Como Riesgosas ARTÍCULO 145, La Secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente tomándose en consideración:

I. Las condiciones topográficas, meteorológicas y climatológicas de las zonas; II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos; III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de po-

blación y sobre los recursos naturales; IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas; V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas, y VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos. ARTÍCULO 146. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría, previa la opinión de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal. de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y del Trabajo y Previsión Social, determinarán y publicarán en el Diario Oficial de la Federación los listados de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, para efecto de lo establecido en la presente Ley. ARTÍCULO 147. La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosos, se llevará a cabo en apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella

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emanen y las normas técnicas de seguridad y operación que expidan, en forma coordinada, la Secretaría y las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social. Para tal fin, en aquellos establecimientos en los que se realicen actividades consideradas altamente riesgosas, deberán incorporarse los equipos e instalaciones que correspondan con arreglo a las normas técnicas que se expidan. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, elaborarán, actualizarán y, en los términos del reglamento correspondiente, someterán a la aprobación de la Secretaría y de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos. Cuando las actividades consideradas altamente riesgosas se realicen o vayan a realizarse en el Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal participará en el análisis y, en su caso, aprobación de los programas de prevención correspondientes. ARTÍCULO 148. Las entidades federativas y los municipios regularán la realización de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando éstas afecten al equilibrio de los ecosistemas o al ambiente de la entidad federativa en general, o del municipio correspondiente. ARTÍCULO 149. La regulación a que se refiere el artículo anterior corresponderá a los municipios, cuando en la realización de las actividades no consideradas altamente riesgosas se generen residuos que sean vertidos a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población o integrados a la basura; así como cuando se trate de actividades relacionadas con residuos no peligrosos generados en servicios públicos cuya regulación o manejo correspondan á los propios municipios o se relacionen con dichos servicios. CAPÍTULO V

Materiales y Residuos Peligrosos ARTÍCULO 150. La Secretaría, previa la opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Gobernación; determinará y publicará en el Diario Oficial de la Federación los listados de materiales y residuos peligrosos para efecto de lo establecido en la presente Ley. ARTÍCULO 151. La instalación y operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, requerirá de la autorización previa de la Secretaría.

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ARTÍCULO 152. Los materiales y residuos que se definan Como peligrosos para el equilibrio ecológico deberán ser manejados con arreglo a las normas técnicas ecológicas y procedimientos que establezca la Secretaría, con la participación de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Agricultura y Recursos Hidráulicos. ARTÍCULO 153. La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal. En todo caso deberán observarse las siguientes disposiciones:

I. Corresponderá a la Secretaría el control y la vigilancia ecológica de los materiales o residuos peligrosos importados o a exportarse, aplicando las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de que sobre este particular prevé la Ley Aduanera; II. Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o reuso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes; III. No podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos cuyo único objeto sea su disposición final o simple depósito, almacenamiento o confinamiento en el territorio nacional o en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; IV. No podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional de materiales peligrosos que no satisfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaboradas o cuya elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al que estuvieren destinados; ni podrá autorizarse dicho tránsito de residuos peligrosos, cuando tales materiales y residuos provengan del extranjero para ser destinados a un tercer país; V. El otorgamiento de autorizaciones para la exportación de materiales o residuos peligrosos cuyo único objeto sea su disposición final en el extranjero, quedará sujeto a que exista consentimiento expreso del país receptor; VI. Los materiales y residuos peligrosos generales en los procesos de producción, transformación, elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia prima introducida al país bajo el régimen de importación temporal, inclusive los regulados en el artículo 85 de la Ley Aduanera, deberán ser retornados al país de procedencia dentro del plazo que para tal efecto determine la Secretaría; VII. El otorgamiento de autorizaciones por parte de la Secretaría para la importación o exportación de materiales o residuos peligrosos quedará sujeto a que se garantice debidamente el cumplimiento de lo que establezca la presente Ley y las demás disposiciones aplicables, así como la reparación de los daños y perjuicios que pudieran causarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero; y

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VIII. En adición a lo que establezcan otras disposiciones aplicables. podrán revocarse las autorizaciones que se hubieren otorgado para la importación de materiales y residuos peligrosos, sin perjuicio de la imposición de la sanción o sanciones que corresponda, en los siguientes casos: a) Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los materiales o residuos peligrosos autorizados constituyen mayor riesgo para el equilibrio ecológico que el que se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autorización correspondiente; b) Cuando la operación de importación o exportación no cumpla los requisitos fijados en la guía ecológica que expida la Secretaría; c) Cuando los materiales o residuos peligrosos ya no posean los atributos o características conforme a los cuales fueron autorizados, y d) Cuando se determine que la solicitud correspondiente contenga datos falsos, o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud. CAPÍTULO VI

Energía Nuclear ARTÍCULO 154. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. con la participación que, en su caso, corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la eneigía nuclear, la industria nuclear y en general, las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo en apego a normas de seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico, correspondiendo a la Secretaría realizar la evaluación de impacto ambiental. CAPÍTULO VII

Ruido, Vibraciones, EneÇgía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación Visual ARTÍCULO 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas térmicas ecológicas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de

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contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia. adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes. ARTÍCULO 156. Las normas técnicas ecológicas en materias objeto del presente capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores y fijarán los límites de emisión. La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarias con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños a la salud. La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma. TÍTULO QUINTO

Participación Social

CAPÍTULO ÚNICO ARTICULO 157. El Gobierno Federal promoverá la participación y responsabilidad de la sociedad en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda. ARTÍCULO 158. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría: I. Convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, de las entidades, de instituciones educativas, de instituciones privadas no lucrativas y de otros representantes de la sociedad, para que manifiesten su opinión y propuestas; II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; con organizaciones campesinas y comunidades rurales para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacio-

514 JORGE WITKER V. nadas con el aprovechamiento racional de los recursos naturales, con organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la protección del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas; así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; III. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones ecológicas. Para estos efectos se buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos y en general de personalidades cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a formar y orientar a la opinión pública; IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, y V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos. Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada con los estados y municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales. ARTÍCULO 159, La Secretaría propondrá a la Comisión Nacional de Ecología, la participación de representantes de los principales sectores de la sociedad, así como de organizaciones, instituciones y particulares con quienes hubiese celebrado convenios de concertación en los términos de esta Ley. TÍTULO SEXTO

Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones CAPÍTULO I

Observancia de la Ley ARTÍCULO 160. Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta

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Ley, salvo que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestio-

nes, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento. Cuando se trate de asuntos de competencia local, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, aplicarán lo dispuesto en el presente título, en las leyes que expidan las legislaturas locales o, en su caso, en los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos. CAPÍTULO II

Inspección y Vigilancia ARTÍCULO 161. Las entidades federativas y los municipios, podrán realizar actos de inspección y vigilancia, para la verificación del cumplimiento de esta Ley en asuntos de orden federal. Para tal fin, la Federación y las entidades federativas, y con la intervención de éstas, los municipios, celebrarán los acuerdos de coordinación pertinentes. ARTÍCULO 162. Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento. Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. ARTÍCULO 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección. ARTÍCULO 164. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta. A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado, Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de

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la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. ARTÍCULO 165. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 162 de esta Ley, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la Ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial. ARTÍCULO 166. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar. ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando el requerimiento y para que, dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección, y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten. ARTICULO 168. Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado. ARTícuLo 169. En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso, adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables. Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo. Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las me-

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¿idas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme al artículo 171 de esta Ley. En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados que pudieran configurar uno o más delitos. CAPÍTULO III

Medidas de Seguridad ARTÍCULO 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud pública, la Secretaría como medida de seguridad, podrá ordenar el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes correspondientes, y promover la ejecución ante la autoridad competente, en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen. •

CAPÍTULO IV

Sanciones Administrativas ARTÍCULO 171. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Secretaría en asuntos de competencia de la Federación, no reservados expresamente a otra dependencia y, en los demás casos por las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, Y conforme a las disposiciones locales que se expidan, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción; II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, y III. Arresto administrativo hasta por 36 horas. Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las

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multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva. ARTícuLo 172. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción. ARTÍCULO 173. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente el criterio de impacto en la salud pública y la generación de desequilibrios ecológicos; II. Las condiciones económicas del infractor, y III. La reincidencia, si la hubiere. ARTÍCULO 174. Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones. ARTÍCULO 175. La Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico. CAPÍTULO V

Recurso de Inconformidad ARTÍCULO 176. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridas por los interesados en el término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. ARTÍCULO 177. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante el titular de la unidad administrativa que hubiere dictado la resolución recurrida, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que el escrito correspondiente se haya depositado en el servicio postal mexicano.

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señalará:

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178. En el escrito en que se interponga el recurso se

I. El nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, el de la persona que promueva en su nombre y representación, acreditando debidamente la personalidad con que comparece si ésta no se tenía justificada ante la autoridad que conozca del asunto; II. La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo conocimiento de la resolución recurrida; III. El acto o resolución que se impugna; IV. Los agravios que, a juicio del recurrente, le cause la resolución o el acto impugnado; V. La mención de la autoridad que haya dictado la resolución u ordenado o ejecutado el acto: VI. Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba, que tengan relación inmediata o directa con la resolución o acto impugnado y que por causas supervenientes no hubiere estado en posibilidad de ofrecer al oponer sus defensas en el escrito a que se refiere el artículo 164 de esta Ley. Dichos documentos deberán acompañarse al escrito a que se refiere el presente artículo; VII. Las pruebas que el recurrente ofrezca en relación con el acto o la resolución impugnado, acompañando los documentos que se relacionen con éste; no podrá ofrecerse como prueba la confesión de la autoridad, y VIII. La solicitud de suspensión del acto o resolución impugnado previa la comprobación de haber garantizado, en su caso, debidamente el interés fiscal. ARTÍCULO 179. Al recibir el recurso, la autoridad del conocimiento verificará si éste fue interpuesto en tiempo, admitiéndolo a trámite o rechazándolo. Para el caso de que lo admita, decretará la suspensión si fuese procedente, y desahogará las pruebas que procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la notificación del proveído de admisión. ARTÍCULO 180. La ejecución de la resolución impugnada se podrá suspender cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Lo solicite así el interesado; II. No se pueda seguir perjuicio al interés general; III. No se trate de infracciones reincidentes; IV. Que de ejecutarse la resolución, pueda causar daños de difícil reparación para el recurrente, y V. Se garantice el interés fiscal.

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ARTÍCULO 181. Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas, si las hubiere, se dictará resolución en la que se confirme, modifique o revoque la resolución recurrida o el acto combatido. Dicha resolución se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado. CAPÍTULO VI

De los Delitos del Orden Federal ARTÍCULO 182. Para proceder penalmente por los delitos previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría formule la denuncia correspondiente, salvo que se trate de casos de flagrante delito. ARTÍCULO 183. Se impondrá pena de tres meses a seis arios de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que, sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad y operación aplicables a que se refiere el artículo 147 de esta Ley, realice, autorice u ordene la realización de actividades que conforme a este mismo ordenamiento se considera como riesgosas, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas. Cuando las actividades consideradas como riesgosas, a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo en un centro de población, se podrá elevar la pena hasta tres arios más de prisión y la multa hasta 20 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. ARTÍCULO 184. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 1 000 a 20 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de Ja Secretaría o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, reuse, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o en general realice actos con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos. Igual pena se impondrá a quien contraviniendo los términos de la autorización que para el efecto hubiere otorgado la Secretaría, importe o exporte materiales o residuos peligrosos. En los casos en que las conductas ilícitas a que se refiere el presente artículo, se relacionen con las sustancias tóxicas o peligrosas a que alude el artículo 456 de la Ley General de Salud, con inminente riesgo a la salud de las personas, se estará a lo dispuesto en dicha Ley. ARTÍCULO 185. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 000 días de salarios mínimo ge-

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neral vigente en el Distrito Federal, al que con violación a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, despida, descargue en la atmósfera, o lo autorice o lo ordene, gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas. ARTÍCULO 186. Se impondrá pena de tres meses a cinco arios de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de la autoridad competente y en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, descargue, deposite o infiltre o lo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, flora o la fauna o los ecosistemas. Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar hasta tres arios más. ARTÍCULO 187. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, en zonas de jurisdicción federal, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas. ARTÍCULO 188. El Congreso de la Unión, en tratándose del Distrito Federal, y las legislaturas de los estados en lo relativo a su jurisdicción, expedirán las leyes que establezcan las sanciones penales y administrativas por violaciones a esta Ley, en las materias del orden local que regula. Las disposiciones locales que se expidan de acuerdo con la distribución de competencias previstas en este mismo ordenamiento, señalarán las sanciones por violaciones a las mismas. Los ayuntamientos regularán las sanciones administrativas por violaciones a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno, que a su vez expidan en la esfera de su respectiva competencia. CAPÍTULO VII Denuncia Popular

ARTÍCULO 189. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, o ante otras autoridades federales o locales según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la Federación, que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen

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materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y

restauración del equilibrio ecológico. Si en la localidad no existiere representación de la Secretaría, la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación. Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la Secretaría. ARTÍCULO 190. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante. ARTÍCULO 191. La Secretaría, una vez recibida la denuncia, procederá por los medios que resulten conducentes, a identificar al denunciante y, en su caso, hará saber la denuncia a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida. ARTÍCULO 192. La Secretaría efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la evaluación correspondiente. Si los hechos fueron de competencia local ,hará llegar la denuncia ante la autoridad competente y promoverá ante la misma la ejecución de las medidas que resulten procedentes. ARTíctuo 193. La Secretaría, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas. ARTÍCULO 194. Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, el o los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba en caso de ser presentado en juicio. ARTÍCULOS TRANSITORIOS Primero. Esta Ley entrará en vigor el día primero de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

Segundo. Se abroga la Ley Federal de Protección al Ambiente de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de enero de mil novecientos ochenta y dos, y se derogan las demás disposiciones legales en lo que se opongan a las de la presente Ley.

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Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regular las materias que según las disposiciones de este ordenamiento son de competencia de estados y municipios corresponderá a la Federación aplicar esta Ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su participación, con los municipios que corresponda, según el caso. Tercero. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. Las referencias legales o reglamentarias a la Ley Federal de Protección al Ambiente, se entienden hechas en lo aplicable a la presente Ley. Cuarto. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección al Ambiente, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de dicha Ley que se abroga México, D. F., 22 de diciembre de 1987.—Dip. David Jiménez González, Presidente.—Sen. Armando Trasuiria Taylor, Presidente.—Dip. Patricia Villanueva Abra jam, Secretario.—Sen. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Secretaria.— (Rúbricas). En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.—Miguel de la Madrid H.— (Rúbrica) .—E1 Secretario de Gobernación.—Manuel Bartlett D.— (Rúbrica).

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1 Al Margen un Sello Con el Escudo Nacional Que Dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente: DECRETO El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: CAPÍTULO PRIMERO Definiciones y Competencias ARTÍCULO 19 Las disposiciones de esta Ley regirán en toda la República y son de orden público e interés social. Son irrenunciables por los consumidores y serán aplicables cualesquiera que sean las establecidas por otras leyes, costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario. La aplicación y vigilancia en la esfera administrativa de las disposiciones de la presente Ley, a falta de competencia específica de determinada dependencia del Ejecutivo Federal, corresponderán a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y a la Procuraduría Federal del Consumidor. Serán órganos auxiliares para la aplicación y vigilancia de lo dispuesto en esta Ley toda clase de autoridades federales, estatales y municipales. Los agentes del Ministerio Público Federal orientarán a los consumidores respecto de los alcances de esta Ley, los procedimientos y las autoridades competentes para conocer de sus quejas. ARTÍCULO 29 Quedan obligados al cumplimiento de esta Ley los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, así como las empresas de participación estatal, organismos descentralizados y los órganos del Estado, en cuanto desarrollen actividades de producción, distribución o

Publicado en el Diario Oticial de la Federación el día 22 de diciembre de 1975.

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comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores. Asimismo, quedan obligados al cumplimiento de esta Ley los arrendadores y arrendatarios de bienes destinados para habitación en el Distrito Federal. Para los efectos del párrafo anterior, la presente Ley es de aplicación local en el Distrito Federal en materia de protección al inquilino en arrendamientos para habitación. ARTÍCULO 39 Para los efectos de esta Ley por consumidor se entiende a quien contrata, para su utilización, la adquisición, uso o disfrute de bienes o la prestación de servicios. Por proveedores, a las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 29 y por comerciantes a quienes hagan del comercio su ocupación habitual o reiterada, cuyo objeto sea la compraventa de bienes muebles o inmuebles, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de dichos bienes. Los actos jurídicos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a esta Ley cuando los proveedores sean fraccionadores o constructores de viviendas para venta al público o cuando otorguen al consumidor el derecho a usar o disfrutar de inmuebles durante lapsos determinados dentro de cada mes o año o dentro de cualquier otro periodo determinado de tiempo, cualquiera que sea la denominación de los contratos respectivos. Los actos jurídicos relacionados con bienes muebles y servicios quedarán sujetos a las prevenciones de esta Ley, cuando las partes tengan el carácter de proveedor y consumidor en términos de la misma. ARTÍCULO 39 BIS. Para los fines del artículo 29 se entiende por arrendador y arrendatario a quienes, conforme a las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, se hayan obligado recíprocamente uno a .conceder el uso temporal de un inmueble destinado a la habitación y el otro a pagar por ello un precio cierto. ARTÍCULO 49 Quedan exceptuados de las disposiciones de esta Ley los servicios que se presten en virtud de un contrato o relación de trabajo, el servicio público de banca y crédito y los servicios profesionales, salvo que en este último caso, concurra alguna de las siguientes .circunstancias: I. Incluyan el suministro de bienes, y productos o la prestación de .servicios distintos a los estrictamente profesionales. II. Los materiales empleados en la ejecución del trabajo encargado .al profesionista sean distintos a los convenidos con éste.

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CAPÍTULO SEGUNDO

De la Publicidad y Garantías ARTÍCULO 59 Todo proveedor de bienes o servicios está obligado a informar clara, veraz y suficientemente al consumidor, cualquiera que sea el medio que utilice. En consecuencia, se prohibe que en cualquier tipo de información, comunicación o publicidad comercial se haga uso de textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente impliquen inexactitud, obscuridad, omisión, ambigüedad, exageración o que por cualquier otra circunstancia puedan inducir al consumidor a engaño, error o confusión sobre:

I. El origen del producto, bien sea geográfico, comercial o de cualquier otra índole, o, en su caso, del lugar de prestación del servicio y la tecnología empleada. II. Los componentes, o ingredientes que integran el producto o el porcentaje en que concurran en él. III. Los beneficios o implicaciones del uso del producto o servicio. IV. Las características del producto, tales como dimensiones, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad o atributos o, en su caso, las características del servicio que se ofrezca. V. Propiedades del producto o servicio no demostrables. VI. La fecha de elaboración y caducidad, cuando estos datos deban indicarse. VII. Características o cualidades basadas en comparaciones tendenciosas, falsas o exageradas, respecto de otros bienes o servicios iguales o similares, que se produzcan o presten en el país o en el extranjero. VIII. Los télminos de las garantías, si se ofreciesen. IX. Reconocimientos o aprobaciones oficiales o institucionales, sean nacionales o extranjeros como adjudicación de trofeos, medallas, premios o diplomas. Los anunciantes podrán solicitar de la autoridad competente opinión o dictamen sobre la publicidad que pretendan realizar. Si la opinión o dictamen no se rindiera dentro del plazo de 45 días, la publicidad propuesta se entenderá aprobada. La autoridad podrá requerir la documentación comprobatoria y la información complementaria del caso, por una sola vez, dentro de los primeros quince días de dicho término, entendiéndose interrumpido aquél durante todo el tiempo que el interesado tarde en presentarla. La aprobación expresa o tácita libera al anunciante de la responsabilidad prevista en el artículo octavo.

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Sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir, no se entenderá aprobada la publicidad cuando el anunciante hubiera proporcionado datos falsos a la autoridad. La información sobre bienes y servicios provenientes del extranjero estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, respecto de la cual existe responsabilidad solidaria entre la empresa matriz y sus filiales, subsidiarias, sucursales y agencias. ARTÍCULO 69 La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estará facultada para: I. Obligar, respecto de aquellos productos que estime pertinente, a que se indique en términos comprensibles y veraces, en los mismos o en sus envases, empaques, envolturas, substancias o ingredientes de que están hechos o constituidos, así como sus propiedades, características, fecha de caducidad y los instructivos y advertencias para el uso normal y conservación del producto. II. Determinar la forma y capacidad de las presentaciones de los productos, así como el contenido neto, el peso drenado y las tolerancias, caso en el cual la producción y la comercialización deben sujetarse a dichas determinaciones. III. Determinar, respecto de los productos a que se refieren las fracciones anteriores, la forma y términos en que deberá incorporarse la información obligatoria correspondiente. IV. Fijar las normas y procedimientos a que se someterán las garantías de los productos y servicios, para asegurar su cumplimiento, salvo que estén sujetos a la inspección o vigilancia de otra dependencia del Ejecutivo Federal, en cuyo caso ésta ejercerá la presente atribución. V. Ordenar se hagan las modificaciones procedentes a los sistemas y prácticas de comercialización de bienes, servicios y arrendamiento de bienes a que se refiere esta Ley, para evitar prácticas engañosas o trato inequitativo al consumidor. Igual atribución tendrán las dependencias competentes en razón de su materia, cuando se trate de prestación de servicios. VI. Fijar los precios de productos de consumo generalizado o de interés público, incluidos los de importación, así como las tarifas de los servicios que se ofrezcan al público, cuya fijación no corresponda a otra autoridad, de acuerdo en uno y otro caso, con las leyes aplicables y los reglamentos o decretos que expida el Ejecutivo Federal. VII. Obligar a que se indique el precio de fábrica o de venta al público de los productos, cualquiera que estos sean, en sus envases, empaques o envolturas o mediante letreros colocados en el lugar donde se encuentren para el expendio, se anuncien u ofrezcan al público. VIII. Diseñar la política y lineamientos conforme a los cuales se elaborarán los programas de orientación, organización y capacitación de

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los consumidores; coordinar y participar en su ejecución y evaluar su desarrollo. IX. Dictar las resoluciones, acuerdos o medidas administrativas pertinentes para hacer cumplir las normas de protección y orientación a los consumidores. Las resoluciones de carácter general dictadas con fundamento en este artículo se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Cuando tengan por objeto obligar únicamente a un número limitado de sujetos, bastará la notificación de la resolución respectiva, la cual se llevará a cabo por cualquier medio fehaciente. ARTÍCULO 79 En todos los casos, los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases, empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y en moneda nacional, en términos comprensibles y legibles y conforme al sistema general de unidades de medida, pero tratándose de productos destinados a la exportación o para ser adquiridos por el turismo extranjero, podrán usarse además idiomas y unidades monetarias o de medida extranjeras, previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. ARTÍCULO 89 La falta de veracidad en los informes o instrucciones a que se refieren los artículos anteriores, es causa de responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionaren. ARTICULO 99 La dependencia competente en cada caso ordenará que se suspenda la publicidad que viole lo dispuesto en el artículo anterior y podrá exigir al anunciante que, a cargo del mismo, realice la publicidad correctiva en la forma en que aquélla la estime suficiente, sin perjuicio de impor erle las sanciones en que hubiera incurrido. ARTÍCULO 10. Se prohíbe emplear en los productos, en sus envases, empaques, envolturas, etiquetas o propaganda, expresiones tales como producto de exportación", "calidad de exportación- o cualquier otra que dé a entender que existe una calidad para el mercado interno y otra para el externo, salvo autorización expresa de la autoridad competente. Las leyendas "garantizado", "garantía" o cualquiera otra equivalente sólo podrán emplearse cuando se indique en qué consisten y la forma en que el consumidor pueda hacerla efectiva, o cuando se trate de productos sujetos a normas de cumplimiento obligatorio u ostentar la contraseña oficial correspondiente. ARTÍCULO 11. Los términos de las garantías serán claros y precisos. En todo caso deberán indicar su alcance, duración y condiciones, así como los establecimientos y la forma en que puedan hacerse efectivas. Cuando las garantías no cumplan los requisitos mencionados, podrá ordenarse su modificación o prohibirse su ofrecimiento.

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La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o la dependencia competente, en su caso, quedará facultada para fijar las bases mínimas que deberán contener las pólizas de garantía. ARTÍCULO 12. Cuando se expendan al público productos, con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, deberán indicarse de manera precisa y ostensible tales circunstancias al consumidor y hacerse constar en los propios artículos, envolturas, notas de remisión o facturas correspondientes. ARTÍCULO 13. El proveedor deberá incorporar en los productos peligrosos, o en instructivo anexo a los mismos, las advertencias e informes para que su empleo se realice con la mayor seguridad posible. También deberán proporcionar la misma información quienes presten servicios peligrosos. Esta obligación será exigible cuando la peligrosidad sea notoria, derive de la propia naturaleza del producto o servicio, o haya sido definida por autoridad competente. Las autoridades competentes estarán facultadas para señalar los términos y la forma en que deba advertirse la peligrosidad de los bienes o servicios de que se trate. El incumplimiento de la obligación a que se refiere este artículo es causa de responsabilidad por los daños o perjuicios que se ocasionaren y sujeta al responsable, a las sanciones correspondientes. ARTÍCULO 14. Salvo que se requiera legalmente de algún requisito, no podrá negarse la venta al consumidor de productos que se tengan en existencia, ni condicionarse dicha venta a la adquisición de otro producto o contratación de un servicio, ni venderse a mayor precio de aquél con que se anuncie o al fijado oficialmente. Se presume la existencia de productos por el solo hecho de anunciarse en los aparadores o, tratándose de productos alimenticios de consumo generalizado, por manejarse normalmente en razón del giro del proveedor. El proveedor que no tenga el producto debe anunciarlo; si se comprueba que no hizo el anuncio respectivo o que éste es falso, se le impondrá algunas de las sanciones prevista en el artículo 86. ARTíctmo 15. Para los efectos de esta Ley, se entiende por "promoción" la práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio de cualquier naturaleza, en forma gratuita, a precio reducido o de participar en sorteos, concursos o eventos similares. También se considera promoción el ofrecimiento de un contenido mayor en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido, o de dos o más productos iguales o diversos por un solo precio, así como la inclusión en los propios productos, en las tapas, etiquetas o envases, de figuras o leyendas impresas distintas de las que obligatoriamente deban usarse o a cuyo uso se tenga derecho.

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Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra leyenda similar, se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los que prevalezcan en el mercado o, en su caso, a los normales del establecimiento. ARTÍCULO 16. En las promociones y ofertas se observarán las reglas siguientes: I. En los anuncios respectivos, deberán indicarse las condiciones, el término de duración o el volumen de mercancías del ofrecimiento. Si no se fija plazo ni volumen, se presume que son indefinidos hasta en tanto se haga del conocimiento público la revocación, de modo adecuado y por los mismos medios de difusión. II. Todo consumidor que reúna los requisitos respegivos tendrá derecho, durante el término o en tanto exista el volumen de mercancías del ofrecimiento, a la adquisición de los productos o a la prestación del servicio objeto de la promoción u oferta. III. Las demás que se establezcan en el Reglamento respectivo. ARTÍCULO 17. Para las promociones de bienes se requerirá la previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; para las de servicios, la de la dependencia a que corresponda su control, inspección o vigilancia. De no corresponder a dependencia alguna, la Secretaría mencionada será la competente para otorgar las autorizaciones. Las autorizaciones para las promociones se otorgarán sin perjuicio de la intervención de otras dependencias en los actos relacionados con la materia de su competencia. ARTÍCULO 18. Si el autor de la promoción u oferta no cumple su ofrecimiento, el consumidor podrá optar por el cumplimiento forzoso, por aceptar otro bien o servicio equivalente o por la rescisión del contrato y, en su caso, tendrá derecho al pago de daños y perjuicios, los cuales no serán inferiores a la diferencia económica entre el valor del bien o servicio objeto de la promoción u oferta y su precio corriente. En su caso será aplicable la sanción a que se refiere la parte final del artículo 30. ARTÍCULO 19. El proveedor está obligado a suministrar el bien o servicio en los términos de la publicidad realizada, en los que se señalen en el propio producto o de acuerdo con lo que haya estipulado con el consumidor. En caso de que el consumidor o el proveedor incurran en error tratándose de la compraventa de un bien, uno y otro tendrán derecho, dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración del contrato, al cambio o a la bonificación del valor de la cosa por la compra de otra.

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En lo que se refiere al párrafo anterior y en aquel otro en que por mutuo consentimiento se rescinde el contrato, queda prohibido al proveedor de bienes comprar, reconocer, o bonificar al consumidor un precio inferior al originalmente pactado o pagado, siempre y cuando el bien no haya sufrido deterioro o haya reducido su valor por cualquier circunstancia, sea o no imputable al consumidor. Los gastos que origine la devolución o la restitución de la cosa, en su caso, serán por cuenta de aquel a quien sea imputable el error. Las reglas previstas en este artículo, no se aplicarán cuando se trate de bienes de consumo inmediato. CAPÍTULO TERCERO

De las Operaciones a Crédito ARTÍCULO 20. En toda operación en que se conceda crédito al consumidor, el proveedor está obligado a informar previamente a aquél sobre el precio de contado del bien o servicio de que se trate, el monto de los intereses y la tasa a que éstos se calculan el total de los intereses a pagar, el monto y detalle de cualquier cargo si lo hubiere, el número de pagos a realizar, su periodicidad, la cantidad total a pagar por dicho bien o servicio y el derecho que tiene a liquidar anticipadamente el crédito con la consiguiente reducción de los intereses. En los contratos respectivos, de los que deberá entregarse copia con nombre y firma autógrafa del proveedor o de persona autorizada al consumidor, se señalarán con toda claridad los datos a que se refiere el párrafo anterior y la fecha en que será entregado el bien o prestado el servicio. ARTÍCULO 21. En los contratos de compra venta a plazo o de prestación de servicio con pago diferido, se calcularán los intereses sobre el precio de contado menos el enganche que se hubiere pagado. Cuando se conceda por un tercero un crédito para el pago del bien o servicio, la operación concertada quedará sujeta en lo conducente a lo dispuesto en los artículos 20 a 24 cuando se haya constituido una garantía real sobre el bien de que se trate o cuando se haya documentado el crédito en forma tal que el deudor pueda oponer excepciones personales o causales. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si el acreditante es una Institución de Crédito. ARTÍCULO 22. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial queda autorizada para fijar las tasas máximas de interés y los cargos máximos adicionales que puedan hacerse al consumidor en cualquier acto o contrato relacionado con las operaciones sujetas a esta ley y en las cuales se le conceda crédito, tales como gastos de investigación, cobranzas, quebrantos derivados de cuentas incobrables y de administración de crédito. Para tal fin la Secretaría de Comercio y Fomento

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Industrial hará las investigaciones y formulará las consultas a los organismos que estime pertinentes. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomará las medidas necesarias conforme a las disposiciones legales aplicables, para que los cargos adicionales y los intereses autorizados no repercutan en el precio de los bienes o servicios, en su caso. El ejercicio de las facultades que concede este artículo se hará mediante disposiciones de carácter general que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación. El precio al público del bien o servicio es independiente, para los efectos de esta Ley, de los intereses y cargos a que se refiere este artículo. ARTÍCULO 23. El interés moratorio no podrá exceder al fijado conforme al artículo anterior y, de haberse omitido la fijación relativa del 25% de los intereses ordinarios estipulados. No podrán cobrarse intereses sobre intereses devengados y no pagados, ni capitalizar intereses. ARTÍCULO 24. Cuando se haya determinado una tasa máxima de intereses conforme al artículo 22, no producirán efecto legal alguno los pactos en que se estipulen intereses superiores. De violar esta disposición, el proveedor estará obligado a la devolución de las diferencias, sin perjuicio de la sanción que amerite. En el caso de que no se haya determinado dicha tasa, no podrán aplicarse en las operaciones a crédito tasas de interés superiores a las autorizadas por el Banco de México para los préstamos que efectúan las sociedades nacionales de crédito tomando en cuenta el lapso durante el cual deba cubrirse el crédito. ARTÍCULO 25. Los intereses se causarán, exclusivamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y su pago no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos. Cualquier estipulación en contrario a lo dispuesto en este artículo no producirá efecto alguno entre las partes. ARTícupo 26. La contravención a lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 se considerará como usura o ventaja usuraria para todos los efectos legales a que haya lugar. ARTÍCULO 27. La compraventa de inmuebles en los casos a que se refiere al artículo 3o., requerirá, cuando la entrega del bien sea a futuro, que se garantice, por cualquier medio que permita la Ley, el cunaplinliento de esta entrega, lo que vigilará la Procuraduría Federal del Consumidor y, en su caso, sancionará la omisión. En todo caso, las minutas de los contratos de adhesión en que conste la venta del inmueble, deberán ser previamente aprobadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, debiendo estipularse el precio, los intereses, la forma y periodicidad de los pagos, la fecha de entre-

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ga, las especificaciones, planos y demás elementos que individualicen el bien. No podrán los proveedores recibir pagos de los consumidores por cualquier concepto, hasta en tanto no se formalice la relación contractual de compraventa entre ellos, excepto el relativo a gastos de investigación. Salvo lo dispuetso en otras disposiciones legales en las operaciones a plazo o con reserva de dominio no podrá aumentarse el precio estipulado del bien o servicio materia de la operación. ARTICULO 28. En los casos de compraventa a plazos de bienes muebles o inmuebles a que se refiere esta Ley, si se rescinde el contrato, vendedor y comprador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho. El vendedor que hubiere entregado la cosa, tendrá derecho a exigir por el uso de ella el pago de un alquiler o renta y de una indemnización por el deterioro que haya sufrido. El alquiler, renta o indemnización serán fijados por las partes al momento de pactarse la rescisión voluntaria o, a falta de acuerdo, por peritos designados administrativamente de someterse el caso a la Procuraduría Federal del Consumidor. El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a los intereses de la cantidad que entregó, computados conforme a la misma tasa con que se pagaron. Cualquier estipulación, costumbre, práctica o uso en contrario, serán ilícitos y no producirán efecto alguno. El comprador a plazos tiene siempre el derecho de pagar por anticipado sin más cargos que los que hubiere en caso de renegociación del crédito. ARTÍCULO 29. En los casos de operaciones en que el precio debe cubrirse en exhibiciones periódicas, cuando el consumidor haya cubierto más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos, si el proveedor pretende o demanda la rescisión o cumplimiento del contrato por mora, tendrá derecho el consumidor a optar por la rescisión en los términos del artículo anterior o por el pago del adeudo vencido más las prestaciones que legalmente procedan. En todo caso los pagos que realice el consumidor, aún en forma extemporánea, que sean aceptados por el proveedor liberarán a aquél de las obligaciones inherentes a dichos pagos. ARTÍCULO 29. Bis. Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para constituir un fondo común administrado por un tercero, destinado a la adquisición de determinados bienes y servicios, sólo podrán ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la que se otorgará únicamente cuando se satisfagan los siguientes requisitos y de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

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I. Que los bienes objeto de la comercialización en el sistema sólo

sean bienes muebles o servicios turísticos comprendidos en el Reglamento. II. Que el administrador de los fondos sea una persona moral cons-

tituida de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles. III. Que la empresa acredite la suficiente capacidad económica, financiera y administrativa, además de la viabilidad operativa del Sistema, en los términos que fije la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. IV. Que los grupos se integren por un número determinado de consumidores, en las proporciones que fije el Reglamento con relación al número de aportaciones mensuales, las cuales no podrán ser menos de 12 ni más de 60. V. Que las aportaciones mensuales de los consumidores sean equivalentes al precio del bien o servicio dividido entre el número de mensualidades correspondientes. Dichas aportaciones se reajustarán en proporción a las variaciones de los precios de los bienes o servicios, en cuyo caso a partir del nuevo precio se adecuarán las aportaciones mensuales correspondientes de todos los consumidores, adjudicatarios o no, que continúen en el grupo. VI. Que los cargos al consumidor, en favor de la empresa, se limiten en su caso a una cuota de inscripción y a un porcentaje del valor del bien o servicio turístico por gastos de administración, el cual se distribuirá en cada una de las aportaciones mensuales. El monto de dichos cargos no deberá exceder de los que fije el Reglamento. VII. Que se prevea la constitución de reservas o fondos especiales para proteger los intereses de los consumidores integrantes de los grupos, cuyo saldo se devolverá proporcionalmente a los propios consumidores al liquidarse cada grupo. Para la constitución y aplicación de estas reservas, se observará lo que disponga el Reglamento. VIII. Que se precise pormenorizadamente los procedimientos de adjudicación de los bienes o servicios turísticos, los que únicamente podrán ser sobre la base de sorteo, subasta, puntuación o antigüedad. IX. Que la administración del sistema contrate el seguro correspondiente en favor de los beneficiarios que designen los consumidores integrantes de los grupos para que, en caso de fallecimiento del consumidor, se liquide el saldo adeudado y se entregue el bien o se preste el servicio. X. Que la admisión de consumidores a los grupos se formalice mediante contratos individuales cuyas cláusulas hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. XI. Que se prevea en los contratos a celebrarse con los consumidores, el derecho de éstos a retirarse del grupo y a recuperar las aportaciones efectuadas, menos los cargos autorizados, así como la forma

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de sustituir las vacantes para mantener la integración del grupo en la proporción que corresponda. XII. Que se garantice, a través de los medios que determine la Secretaría, el oportuno suministro de los bienes o, en su caso, la prestación de los servicios turísticos. XIII. Que se cubran los derechos que correspondan por la expedición de la autorización y por los servicios de inspección y vigilancia que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá realizar permanentemente. Entre los sistemas alternativos de adjudicación, no podrá excluirse el de sorteo, que se realizará de conformidad con el procedimiento que para tal efecto sea aprobado por la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando conceda la autorización, fijará el número de grupos con que podrá operar la empresa y determinará los procedimientos para el manejo y supervisión de las aportaciones. El sistema de comercialización, previsto en este artículo, no podrá utilizarse respecto de bienes o servicios distintos a los contemplados en el mismo. Reforma DO 7-1-82. CAPÍTULO CUARTO

De /as Responsabilidades por Incumplimiento ARTÍCULO 30. Los pagos hechos en exceso del precio legalmente autorizado o en su caso, del estipulado, son recuperables por el consumidor, y causarán el máximo de los intereses moratorios a que se refiere el artículo 23. La acción para solicitar estos pagos, prescribe en un año a partir de la fecha en que tuvo lugar el efectuado. Los pagos hechos en exceso de la renta convenida, cuando se trate de arrendamientos para habitación en el Distrito Federal, son recuperables en los términos de la presente ley. Si el proveedor no devuelve la cantidad cobrada en exceso dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la reclamación, ameritará la sanción administrativa correspondiente. ARTÍCULO 31. El consumidor puede optar por pedir la rescisión o la reducción del precio y, en cualquier caso, la indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que habitualmente se destine- o que disminuya de tal modo su calidad o la posibilidad de

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su uso, que de haberlos conocido el consumidor no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella. Las acciones que nacen de lo dispuesto en este artículo se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega del bien, salvo que la legislación común señale un plazo mayor. ARTÍCULO 32. Los consumidores tendrán derecho a la reposición del producto, a la bonificación o devolución de la cantidad pagada en exceso, en los siguientes casos: I. Cuando, considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto de un producto sea inferior al que debiera ser o la cantidad de que se trate sea menor a la indicada en el envase o empaque; y II. Cuando el consumidor advierta que algún instrumento empleado para la medición opera o ha sido utilizado en su perjuicio, fuera de los límites de tolerancia fijados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para este tipo de instrumentos. La reclamación derivada del derecho consignado en los párrafos precedentes deberá presentarse al proveedor, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de haber recibido el producto o a aquella en que se advierta la deficiencia de la medición o del instrumento empleado para ella. El proveedor incurrirá en mora si no satisface la reclamación dentro de un plazo que no excederá de 15 días. ARTÍCULO 33. Los consumidores tendrán derecho, además de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, a la reparación gratuita del bien, y, cuando ello no sea posible, a su reposición; o, de no ser posible la una ni la otra, a la devolución de la cantidad pagada, en los siguientes casos: I. Cuando los productos sujetos a normas de calidad de cumplimiento obligatorio, o que ostenten la contraseña oficial de conformidad con ella, no cumplan las especificaciones correspondientes; II. Cuando los materiales, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten; III. Cuando la Ley de los metales de los artículos de joyería u orfebrería sea inferior a la que en ellos se indique. IV. Cuando el producto se hubiere adquirido con determinada garantía y, dentro del lapso de ella, se pusiera de manifiesto la deficiencia de la cualidad o propiedad garantizada, siempre que se hubiere utilizado en condiciones normales; V. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al cual está destinado; y

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VI. Cuando proveedor y consumidor hubiesen convenido que los productos objeto de la operación debieran reunir determinadas especificaciones que no se cumplieren. ARTÍCULO 34. La reclamación a que se refiere el artículo 33, deberá presentarse al vendedor o al fabricante, indistintamente, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que no se hubiese alterado sustancialmente por descuido del consumidor. Si el producto se vendió con determinada garantía se estará al lapso que en ella se señale, si fuere mayor. El vendedor o en su caso el fabricante deberán satisfacer toda reclamación fundada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que le fue presentada, salvo que sea estrictamente necesario un plazo mayor. El vendedor o el fabricante podrán rehusarse a satisfacer la reclamación si ésta es extemporánea, si el producto ha sido usado en condiciones distintas a las normales o si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor. ARTÍCULO 35. Las comprobaciones de calidad, especificaciones o cualquier otra característica, se efectuarán conforme a las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas, conforme a las normas, métodos o procedimientos que determine la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o la dependencia competente del Ejecutivo Federal, previa audiencia de los interesados. ARTÍCULO 36. Los productos que hubieren repuesto los distribuidores o comerciantes, y aquellos por los que devolvieron la cantidad recibida en pago, deberán serles repuestos, contra su entrega, por la persona de quienes los adquirieron o por el fabricante, así como, en su caso, el costo de su reparación o el de la devolución, siempre y cuando el defecto que ocasione la devolución les sea imputable. ARTÍCULO 37. Los fabricantes de productos deberán asegurar el suministro oportuno de partes y refacciones durante el lapso en que aquellos se fabriquen, armen o distribuyan y, posteriormente, durante un lapso razonable en función de la durabilidad de los productos. Igual obligación tendrán quienes importen productos para su venta al público, respecto de los que distribuyan en el país. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá determinar el plazo y señalar las bases para el cumplimiento de esta obligación y, cuando lo estimare conveniente, exigir el otorgamiento de una garantía adecuada. ARTÍCULO 38. El consumidor tiene derecho a exigir facturas o comprobantes, los cuales deberán contener los datos específicos de la compraventa, del servicio recibido, o, en general, de la operación realizada. Dichas facturas o comprobantes deberán cumplir con las disposiciones fiscales aplicables.

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CAPÍTULO QUINTO

De los Servicios ARTÍCULO 39. Las personas dedicadas a la reparación de toda clase de productos deberán emplear, en los servicios que presten, partes y refacciones nuevas y apropiadas para el producto de que se trate, salvo que el solicitante del servicio autorice expresamente que se utilicen otras. Cuando las partes o refacciones estén sujetas a norma de cumplimiento obligatorio, se emplearán únicamente las que ostenten la contraseña que denote tal circunstancia. El empleo de partes y refacciones distintas de las mencionadas, además de ameritar la sanción correspondiente dará lugar a que se obligue a quien hizo la reparación o sustituir, sin cargo adicional, las partes Y refacciones de que trate, Es aplicable, en lo conducente, lo que establece el artículo 30 de esta Ley. ARTÍCULO 40. Si dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que fue devuelto el producto al solicitante del servicio, presenta deficiencias relacionadas con la reparación de que fue objeto e imputables al prestador del servicio, éste tendrá obligación de repararlo de nueva cuenta y sin costo adicional, en el plazo estrictamente necesario. Si se otorgó garantía por mayor lapso se estará a este término para reclamar la deficiencia de la reparación. En este caso así como en el previsto en el último párrafo del artículo anterior, el prestador del servicio deberá cubrir al solicitante del mismo una cantidad igual al importe que éste hubiere tenido que erogar por el alquiler del producto durante el tiempo que dure la nueva reparación más los daños y perjuicios ocasionados. Es aplicable en lo conducente lo que establece el artículo 30 de esta Ley. ARTÍCULO 41. Quienes presten servicios de acondicionamiento, reparación, limpieza o cualquiera otro similar, deberán indemnizar al consumidor si por deficiencia del servicio el bien se pierde o sufre tal deterioro que resulte total o parcialmente inapropiado para el uso a que esté destinado. Es aplicable, en lo conducente, lo que establece el artículo 30 de esta Ley. El derecho a la indemnización no podrá ser limitado por pacto entre las partes. ARTÍCULO 42. En todo establecimiento de prestación de servicios deberá fijarse la tarifa de los principales a la vista del público con caracteres claramente legibles. La tarifa de los demás servicios, con excepción de aquellos que por sus características hayan de regularse convencionalmente, deberá, en todo caso, estar disponible para el público. ARTÍCULO 43. Queda estrictamente prohibido todo sistema o práctica que establezca de hecho dos precios distintos para un mismo servicio;

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uno, por su ofrecimiento general al público, y otro, a través de uno o varios intermediarios que de modo sistemático lo encarezcan. ARTÍCULO 44. Los proveedores de servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, reserva al derecho de admisión y otras prácticas similares, salvo causas plenamente justificadas en cada caso que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, o que se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos. ARTÍCULO 45. Los proveedores de servicios tendrán obligación de expedir factura o comprobante de los trabajos efectuados, en los que deberán especificarse, las partes, refacciones y materiales empleados, el precio de ellos y de la mano de obra, así como la garantía que en su caso se haya otorgado. Dichas facturas y comprobantes deberán cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. CAPÍTULO SEXTO

De las Ventas a Domicilio ARTÍCULO 46. Por venta a domicilio se entiende la que se propone

a una persona física en el lugar donde habite en forma permanente o

transitoria, o en el de su trabajo. Las normas de este capítulo regirán los casos de arrendamiento de bienes muebles o de prestación de servicios, cuando se realicen en las circunstancias previstas en el párrafo anterior. Lo dispuesto en este capítulo no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor y pagados de contado. ARTÍCULO 47. Las ventas a domicilio deberán constar en un contrato escrito que contendrá: A) El nombre y dirección del proveedor y su empleado vendedor, en su caso; B) El Registro Federal de Causantes del proveedor y su empleado vendedor, en su caso; C) El nombre y dirección del consumidor; D) La designación precisa de la naturaleza y características de los bienes o servicios contratados; E) Las condiciones de ejecución del contrato; F) El precio y demás requisitos saalados en el artículo 20; G) La facultad del consumidor para revocar el consentimiento. El consumidor conservará un ejemplar del contrato.

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ARTÍCULO 48. Tratándose de las ventas a domicilio, el contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados a partir de su firma. Durante ese lapso el consumidor tiene la facultad de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante aviso o bien entregado personalmente al agente en su caso, o bien remitido por correo certificado con acuse de recibo, o por otro medio fehaciente. La revocación hecha conforme a este artículo deja sin efecto la operación. ARTÍCULO 49. Los proveedores que realicen ventas a domicilio por medio de vendedores deberán acreditar la representación de éstos mediante credenciales que expidan al efecto. CAPÍTULO SÉPTIMO

Disposiciones Generales ARTÍCULO 50. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial sancionará a petición de parte interesada, a quien incurra en la práctica consistente en insertar algún aviso en la prensa o en cualquier otro medio masivo de difusión, dirigido nominativamente a uno o varios consumidores, para hacer efectivo un cobro o el cumplimiento de un contrato. ARTÍCULO 51. Queda prohibida la práctica de entregar vales, fichas o mercancías, como "cambio" o saldo a favor del consumidor, en lugar de moneda de curio corriente. ARTÍCULO 52. Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los precios, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, reservaciones y demás circunstancias conforme a las cuales se hubiere ofrecido, obligado o convenido originalmente con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio. ARTÍCULO 53. La violación reiterada o contumaz a lo dispuesto en el artículo anterior, tratándose de servicios públicos de concesión federal, turísticos o de transporte, o de viaje, hoteles, restaurantes u otros servicios análogos, podrá sancionarse por la autoridad competente, independientemente de la multa que corresponda, con la cancelación o revocación de la concesión, licencia, permiso o autorización respectivos y, en su caso, con la clausura temporal o definitiva del establecimiento. ARTÍCULO 54. Queda estrictamente prohibido que en cualquier establecimiento comercial o de servicios se ejerzan en contra del público acciones directas que atenten en contra de su libertad, su seguridad e integridad personal, así como todo género de inquisiciones y registros personales, o en general, actos que ofendan su dignidad o pudor. En caso de que se sorprenda al consumidor en la comisión flagrante de un delito, los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se

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limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes. La infracción a esta disposición se sancionará conforme a lo previsto en el artículo anterior, independientemente de la reparación del daño moral y de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado. ARTÍCULO 55. Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad civil y administrativa, por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que preste servicios en el establecimiento de que se trate, aun cuando no tengan con el mismo una relación laboral, independientemente de la responsabilidad personal en que hubiere incurrido el agente de la infracción. ARTÍCULO 56. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese concepto. CAPITULO OCTAVO

Procuraduría Federal del Consumidor ARTÍCULO 57. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y

patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley. ARTICULO 57 BIS. Tratándose de inmuebles destinados a la habitación la Procuraduría Federal del Consumidor protege asimismo los derechos de los arrendatarios en el Distrito Federal, cuando se trate de arrendamientos para habitación. ARTÍCULO 58. El domicilio de la Procuraduría será la ciudad de México y se establecerán delegaciones en todos y cada uno de los Estados así como en los lugares en que se considere necesario. Los tribunales federales serán competentes para resolver todas las controversias en que sea parte. Para los efectos del artículo anterior, serán coadyuvantes de la Procuraduría toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, así como las organizaciones de los consumidores de acuerdo con lo que disponga el reglamento respectivo. ARTÍCULO 59. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene las siguientes atribuciones:

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L Representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridades administrativas, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan, encaminados a proteger el interés del consumidor. II. Representar colectivamente a los consumidores en cuanto tales, ante entidades u organismos privados y ante los proveedores de bienes o prestadores de servicios. III. Representar a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales, previo el mandato correspondiente, cuando a juicio de la Procuraduría la solución que pueda darse al caso planteado, llegare a trascender al tratamiento de intereses colectivos. IV. Estudiar y proponer a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial proyectos de disposiciones jurídicas o de reformas a las que se encuentren vigentes, tendientes a evitar prácticas industriales, comerciales o en la prestación de servicios, que afecten a los consumidores. V. Proporcionar asesoría gratuita a los consumidores. VI. Denunciar ante las autoridades competentes los casos de violación de precios, normas de calidad, peso, medida y otras características de los productos y servicios, que lleguen a su conocimiento. VII. Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que se presuma la existencia de prácticas monopólicas o tendientes a la creación de monopolios, así como las que violen las disposiciones del artículo 28 Constitucional y sus leyes reglamentarias. VIII. Procurar la satisfacción de los derechos a los consumidores conforme a los siguientes procedimientos: a) Recibir las quejas y reclamaciones que procedan de acuerdo con esta Ley y requerir al proveedor que rinda un informe por escrito sobre los hechos, dentro de un plazo de 5 días hábiles. Si del informe del proveedor se infiere que está dispuesto a satisfacer la reclamación, previa comprobación de la satisfacción al consumidor, se dará por concluido el caso. b) De no haber quedado satisfecha la reclamación del consumidor se citará a éste y al proveedor a una audiencia de conciliación, de la cual se levantará acta, sea cual fuere el resultado de la misma. Si hubiere conciliación y el proveedor queda obligado a alguna prestación, se estará a lo dispuesto en el inciso e) de esta fracción. De no haber concurrido el consumidor a la audiencia de conciliación, se le tendrá por desistido de su reclamación y no podrá presentar otra ante la propia Procuraduría por los mismos hechos y respecto del mismo proveedor, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en otra vía, salvo que justifique dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de la misma, la causa de la inasistencia, en cuyo caso se citará de nueva cuenta por una sola vez a otra audiencia de conciliación.

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c) Si consumidor y proveedor asistiesen a la audiencia de conciliación y no se lograse ésta, la Procuraduría Federal del Consumidor los invitará a que de común acuerdo la designen árbitro, sea en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, a elección de los mismos. El compromiso se hará constar en acta que al efecto se levante. En amigable composición se fijarán las cuestiones que deberán ser objeto de arbitraje y la Procuraduría tendrá libertad de resolver en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a reglas legales, pero observando las formalidades esenciales del procedimiento. La Procuraduría tendrá la facultad de allegarse todos los elementos de prueba que juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan sometido en arbitraje. La resolución correspondiente sólo admitirá aclaración de la misma. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes formularán compromiso, en el que fijarán igualmente las reglas del procedimiento que convencionalmente establezcan, en el que se aplicará supletoriamente el Código de Comercio y, a falta de disposición en dicho Código el ordenamiento procesal civil local aplicable. Las resoluciones en juicio arbitral de estricto derecho, dictadas en el curso del procedimiento, admitirán como único recurso el de revocación. Los laudos no admitirán recurso alguno, si así lo disponen las partes en el compromiso arbitral. d) Si no hubo conciliación ni compromiso arbitral o el proveedor no asistió a la audiencia a que se refiere el inciso b) pero sí el consumidor, la Procuraduría analizará los hechos motivo de la reclamación para determinar si implican posible violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor. En el caso de que se concluya respecto a la inexistencia de posible violación se dictará resolución, dejando a salvo los derechos de proveedor y consumidor, para que los ejerciten ante la jurisdicción ordinaria. De inferirse la existencia de una posible violación, se dará a consumidor y proveedor un término de 10 días hábiles comunes a ambos para que rindan pruebas y formulen alegatos, hecho lo cual en un lapso que no excederá de 15 días hábiles, con base en las circunstancias, pruebas u otros elementos de juicio, determinará si existió o no la violación y dictará la resolución administrativa que proceda, dejando a salvo los derechos de proveedor y consumidor, según sea el caso, para que los ejercite ante la jurisdicción ordinaria. Si los hechos motivo de la reclamación consisten en infracción a artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor diversos de los mencionados en el artículo 87 de la misma, se harán del conocimiento de la autoridad competente. e) Los reconocimientos de los consumidores y proveedores de obligaciones a su cargo, y los ofrecimientos para cumplirlas, que consten por escrito y sean aceptados por su contraparte, formulados ante la Pro-

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curaduría Federal del Consumidor, obligan de pleno derecho; tales reconocimientos y los laudos que dicte la mencionada Procuraduría, traen

aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en forma inmediata en la vía de apremio o en el juicio ejecutivo

a elección del interesado.

f) Los plazos para presentar las reclamaciones con base en esta Ley serán los previstos en la misma o, de no haber previsión alguna, de seis meses siguientes al día en que se haya recibido o debió recibirse el bien, se haya disfrutado o debió disfrutarse el servicio. Tratándose de bienes inmuebles, dicho plazo será de un año. En todo caso, presentada oportunamente la reclamación se tendrá por interrumpido el término para la prescripción de las acciones del orden civil o mercantil durante el lapso que dure el procedimiento a que se refieren los incisos a), b) y d) de esta fracción. g) Dentro del procedimiento a que se refiere esta fracción, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá recibir billetes de depósito expedidos por la institución legalmente autorizada para ello, de lo que notificará al interesado para los efectos a que hubiere lugar. Una vez concluido el procedimiento, se endosarán d:chos billetes según corresponda. h) Cuando se haya presentado alguna reclamación en la Procuraduría Federal del Consumidor o se esté sustanciando el procedimiento a que se refiere esta fracción, resultará improcedente, en otra vía, cualquier juicio para dirimir las diferencias entre proveedor y consumidor por los mismos hechos. i) Si para resolver sobre la reclamación se requiere peritaje respecto de las condiciones del bien adquirido u objeto de determinado servicio, se aceptarán los peritos que propongan proveedor y consumidor y, en caso de discrepancias entre ellos, la Procuraduría Federal del Consumidor designará un perito. Lo mismo se observará en caso de que proveedor y consumidor o uno solo de ellos no proponga peritos. IX. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito. X. Excitar a las autoridades competentes a que tomen las medidas adecuadas para combatir, detener, modificar, o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores o de la economía popular. XI. Denunciar ante las autoridades correspondientes y además, en su caso ante el superior jerárquico de la autoridad responsable, los hechos que lleguen a su conocimiento, derivados de la aplicación de esta Ley que puedan constituir delitos o infracciones. XII. Hacer del conocimiento del Inst i tuto Nacional del Consumidor, cuando lo juzgue conveniente, las excitativas que haga a las autoridades, en los términos de la fracción X de este artículo.

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XIII. Organizar y manejar el Registro Público de Contratos de Adhesión a que se refiere el artículo 63. XIV. Promover la constitución de organizaciones de consumidores y prestarles la asesoría necesaria. XV. En general, velar en la esfera de su competencia por el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen. ARTÍCULO 59 BIS. Tratándose de inmuebles destinados a la habitación ubicados en el Distrito Federal, la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá las mismas atribuciones a que se refiere el artículo anterior, de representación, vigilancia y tutela de los derechos de los arrendatarios. ARTÍCULO 60. El Procurador Federal del Consumidor tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar legalmente a la Procuraduría. II. Nombrar y remover al personal al servicio de la Procuraduría en los términos del artículo 76, señalándole sus funciones y remuneraciones. III. Crear las unidades técnicas y administrativas que se requieren para el buen funcionamiento de la Procuraduría. IV. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para el funcionamiento de la Institución. V. Proponer el presupuesto de la Procuraduría y autorizar el ejercicio del aprobado. VI. Delegar facultades en servidores públicos subalternos, mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. VII. En general, ejercer las facultades que a la Procuraduría Federal del Consumidor, le confieran las diversas disposiciones legales. ARTÍCULO 61. El Procurador Federal será nombrado por el Presidente de la República, deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener título de Licenciado en Derecho. ARTÍCULO 62. La Procuraduría Federal del Consumidor, solicitará a la autoridad administrativa competente que regule la venta de productos o la prestación de servicios cuando por causas inherentes a dichos productos o servicios, o a su empleo inadecuado o anárquico se deriven efectos perniciosos para la sociedad en general o para la salud física o psíquica de los consumidores. Las resoluciones que dicten las autoridades administrativas en los términos de este artículo, son de interés social y de orden público para los efectos que se mencionan en el artículo 124 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTíct11.0 63. La Procuraduría Federal del Consumidor vigilará que los contratos de adhesión no contengan cláusulas que establezcan pres-

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taciones desproporcionadas a cargo de los consumidores o les impongan obligaciones inequitativas. Para los efectos de esta Ley se entienden por contratos de adhesión aquellos cuyas clásulas fueron redactadas unilateralmente por el proveedor y la contraparte no tuvo oportunidad de describirlas, así como los demás documentos elaborados por los proveedores para uso en sus transacciones mercantiles y que rijan la prestación del servicio o la operación, aun cuando no contengan todas las cláusulas normales de un contrato. Cuando los términos de los contratos de adhesión no requieran autorización o aprobación por parte de alguna dependencia del Ejecutivo Federal, deberán ser aprobados por la Procuraduría Federal del Consumidor en representación del interés colectivo de los consumidores. Los términos de dichos contratos deberán ser dictaminados por la Procuraduría Federal del Consumidor dentro del mes siguiente al día en que recibe la solicitud respectiva. De no emitirse el dictamen en dicho lapso se considerará no aprobado el contrato de adhesión. Los modelos de los contratos, una vez aprobados, deberán ser inscritos en el Registro Público de Contratos de Adhesión que llevará la Procuraduría Federal del Consumidor, en el que deberán inscribirse también los contratos autorizados o aprobados por otras autoridades. El uso de contratos de adhesión no aprobados, previamente por la Procuraduría Federal del Consumidor en los casos de su competencia,

será sancionado por la propia Procuraduría, en los términos del ar-

tículo 87. Cualquier modificación que se pretenda hacer a las estipulaciones de un contrato registrado será objeto de nueva aprobación y registro. ARTÍCULO 64. Todo contrato de adhesión, así como aquellos que sean hechos en machotes o formularios o en serie mediante cualquier procedimiento deberán ser escritos íntegramente en idioma español y con caracteres legibles a simple vista para una persona de visión normal. El consumidor podrá demandar la nulidad del contrato o de las cláusulas que contravengan esta disposición. ARTICULO 65. Las autoridades, proveedores y consumidores, están obligados a proporcionar a la Procuraduría Federal del Consumidor,

en un plazo no mayor de quince días, o en el que la misma señale, los

datos e informes que solicite por escrito y que sean conducentes para el desempeño de su función. ARTÍCULO 66. La Procuraduría Federal del Consumidor, para el desempeñó de las funciones que le atribuye la Ley, podrá emplear los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta por el importe de cien veces el salario mínimo general

diario correspondiento al Distrto Federal. En caso de que p:n.sista la

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infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. De reincidir el proveedor se estará a lo dispuesto en el artículo 88. II. El auxilio de la fuerza pública. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por delito en contra de la autoridad. CAPÍTULO NOVENO Instituto Nacional del Consumidor ARTÍCULO 67. Se crea el Instituto Nacional del Consumidor, como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. ARTICULO 68. El Instituto Nacional del Consumidor, tendrá las finalidades siguientes:

A) Informar y capacitar al consumidor en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. B) Orientar al consumidor para que utilice racionalmente su capacidad de compra. C) Orientarlo en el conocimiento de prácticas comerciales publicitarias, lesivas a sus intereses. D) Auspiciar hábitos de consumo que protejan el patrimonio familiar y promuevan un sano desarrollo y una más adecuada asignación de los recursos productivos del país. ARTÍCULO 69. Para el logro de las finalidades a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional del Consumidor tendrá las siguientes funciones: I. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. II. Formular y realizar programas de difusión de los derechos del consumidor. III. Orientar a la industria y al comercio respecto a las necesidades y problemas de los consumidores. IV. Realizar y apoyar investigaciones en el área de consumo. V. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos en materia de orientación al consumidor.

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VI. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten en los consumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado. Awrícuw 70. El Instituto Nacional del Consumidor estará integrado por un Consejo Directivo, un Director General y los funcionarios y personal que se requiera. Su domicilio será la ciudad de México y podrá establecer delegaciones y oficinas en otros lugares. ARTÍCULO 71. El Consejo Directivo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Crédito Público, Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes y de Turismo, por el Director General de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, el Presidente del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, un vocal designado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, tres por las organizaciones obreras, dos por las organizaciones de campesinos y ejidatarios, uno por la Confederación Nacional de la Pequeñ'a Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal, uno por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, uno por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y uno designado por el propio Consejo Directivo del Instituto, del seno de una organización de carácter privado que se haya distinguido por su labor de protección a los consumidores. Por cada propietario se designará un suplente y los cargos de todos ellos serán gratuitos. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. ARTÍCULO 72. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial presidirá el Consejo Directivo y tendrá voto de calidad. ARTÍCULO 73. El Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones: A) Aprobar el programa anual del organismo; B) Conocer los informes de labores realizadas; C) Estudiar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto anual; D) Examinar la cuenta anual del organismo; E) Expedir el Reglamento Interior del organismo; F) Designar su Secretario; G) Considerar los asuntos que le someta al Director General; y H) Reunirse por lo menos una vez cada 60 días.

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ARTÍCULO 74. El Director General será nombrado por el Presidente de la República y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar legalmente al Instituto; II. Otorgar y revocar poderes generales y especiales, con o sin cláusula de sustitución; III. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo; IV. Elaborar y presentar para autorización del Consejo Directivo antes del mes de septiembre de cada año, los planes y programas de operación; V. Formular y presentar al Consejo Directivo estados financieros, balances e informes que permitan conocer el estado administrativo y operativo del organismo. VI. Elaborar los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos y someterlos, antes del mes de septiembre de cada año a la consideración y, en su caso, a la aprobación del Consejo Directivo; VII. Nombrar y remover al personal técnico y administrativo al servicio del Instituto, señalándole sus funciones y remuneraciones; VIII. Crear las unidades técnicas y administrativas que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto; y IX. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto del Instituto. ARTÍCULO

75. El patrimonio del Instituto se integrará con:

I. Los bienes y recursos que le otorgue el Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas, y demás organismos del Sector Público, así como particulares, para el cumplimiento de sus fines; II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del aprovechamiento de sus bienes; III. Los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier otro título legal. CAPÍTULO DÉCIMO

De la Situación jurídica del Personal ARTÍCULO 76. Las relaciones de trabajo entre la Procuraduría Federal del Consumidor y sus trabajadores, así como las del Instituto Nacional del Consumidor y sus trabajadores, se regularán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

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Se considera personal de confianza al que desempeñe funciones di-.

rectivas, de investigación, vigilancia, supervisión y otras similares. Asimismo, tendrán este carácter quienes se encuentren adscritos a las oficinas superiores, los delegados y los que manejen fondos y valores. ARTÍCULO 77. El personal de la Procuraduría Federal del Consumi-

dor y del Instituto Nacional del Consumidor estará incorporado al régimen de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. CAPÍTULO DECIMOPRIMERO

Inspección y Vigilancia

ARTÍCULO 78. Los servicios de inspección y vigilancia de las autoridades a quienes corresponda, en la esfera de su competencia, velar por la aplicación y cumplimiento de esta Ley, incluirán: I. Requerir informes y la II. Visitas de inspección.

presentación de documentos.

ARTÍCULO 79. Las personas físicas o morales tendrán obligación de proporcionar a las autoridades competentes los informes y datos que se

les requiera por escrito, relacionados con los fines de la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella. ARTÍCULO 80. Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por las autoridades competentes, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. Dichas autoridades podrán autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles, a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización. ARTICULO 81. Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, distribuyan, almacenen o vendan productos o mercancías o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar las visitas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo precedente. ARTICULO 82. Se entienden por visitas de inspección las que se prac-

tiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten o expendan productos o mercancías o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se presten los servicios y los documentos relacionados con la actividad

de que se trate. ARTÍCULO 83. De toda visita se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hu-

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biese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó si aquella se hubiese negado a proponerlos. ARTÍCULO 84. En las actas se hará constar: I. Hora, día, mes y ario en que se practique; II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; III. Número y fecha de la orden de comisión que la motivó: IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia; V. Nombre y domicilio de las personas que fungieren como testigos, sea que hubieren sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector; VI. Datos relativos a la actuación; VII. Declaración del visitado si quisiera hacerla; VIII. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector. ARTÍCULO 85. Del acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez. CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO

Sanciones ARTÍCULO 86. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas por la autoridad competente con:

I. Multa hasta por el importe de quinientas veces el salario mínimo general diario correspondiente al Distrito Federal. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. II. Clausura temporal hasta por 60 días. III. Arresto administrativo hasta por 36 horas. IV. Las previstas por los artículos 53 y 54 para los casos a que los mismos se refieren. ARTÍCULO 87. Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad o con motivo de los datos que aporten las denuncias de los consumidores, con base en la publicidad ordenada por los proveedores o por cualquier otro elemento o circunstancia de la que se infiera en forma fehaciente infracción a esta Ley o demás dis-

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posiciones derivadas de ella. En todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo 89 del presente ordenamiento. La Procuraduría Federal del Consumidor impondrá las sanciones a que se refiere el artículo 86 por infracción a los artículos 20, 27, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 64, 65, 79 y 81, cuando, en estos dos últimos casos, el requerimiento lo formulen servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor u ordenen las visitas de inspección. Las demás sanciones administrativas por infracciones a esta Ley serán impuestas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o, en su caso, tratándose de servicios, por la autoridad a quien corresponda su control o vigilancia. En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de la infracción por dos autoridades administrativas. ARTÍCULO 88. En los casos de reincidencia, se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que en cada caso su monto exceda del triple del máximo fijado en. el artículo 86. Se entienden por reincidencias, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos arios siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. ARTÍCULO 89. Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta: I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; II. Las condiciones económicas del infractor, y III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o servicios, así como el perjuicio ocasionado a los consumidores o a la sociedad en general. ARTÍCULO 90. El incumplimiento por parte de los proveedores a las disposiciones contenidas en esta Ley y a las demás que de ella se deriven, dará lugar a la sanción administrativa correspondiente y a la imposición de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores; además, serán causa de responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionaren, los que se determinarán y reclamarán conforme a la legislación común. • Las resoluciones administrativas que dicte la Procuraduría Federal del Consumidor conforme lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 59 y que hubieren quedado firmes de acuerdo con el artículo 97, deberán ser cumplidas por las personas obligadas a ello. Su incumpli-

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miento ameritará las sanciones administrativas que señala el artículo 86, sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. CAPÍTULO DECIMOTERCERO

Recursos Administrativos ARTÍCULO 91. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión, por escrito que presentarán ante la inmediata autoridad superior de la responsable, dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución, salvo que el acto que la motivó se encuentre regido por otra ley, caso en el cual se estará a lo dispuesto en la misma. ARTÍCULO 92. Cuando el recurso no se interponga a nombre propio deberá acreditarse la personalidad de quien lo promueva. ARTÍCULO 93. En el recurso administrativo podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional, siempre que tengan relación con los hechos que constituyan la motivación de la resolución recurrida. Al interponerse el recurso deberán ofrecerse las pruebas correspondientes y acompañarse los documentos. Los recurrentes podrán ampliar el ofrecimiento de pruebas y la exhibición de documentos hasta quince días después de la presentación del recurso. ARTÍCULO 94. Si se ofrecieren pruebas que ameritan desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, para tal efecto. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este capítulo será aplicable supletoriamente en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles. ARTÍCULO 95. La autoridad que conozca del recurso dictará la resolución que proceda dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de las pruebas, o si se ofrecieran pruebas que ameritaren desahogo, a la fecha en que se haya efectuado éste. ARTÍCULO 96. El recurso se tendrá por no interpuesto:

I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 91; II. Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscriba o no se haya acreditado legalmente

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dentro del plazo que se le hubiere concedido para desahogar la prevención; y III. Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo. La autoridad que conozca del recurso prevendrá al recurrente para que firme la documentación en caso de no haberlo hecho. ARTÍCULO 97. Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el artículo 91, las que se dicten al resolver el recurso o aquellas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas. ARTÍCULO 98. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de multas, siempre que se garantice su importe, en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente. Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas, y de sanciones que no sean multas, la suspensión sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos:

I. Que la solicite el recurrente;

II. Que el recurso sea procedente, atento a lo dispuesto en el artículo 91; III. Que de otorgarse la suspensión no tenga por efecto la consuma-

ción o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley

y las disposiciones que deriven de ella; IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, en el monto que fije discrecionalmente la autoridad administrativa, bajo su responsabilidad; V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o de difícil reparación en contra del recurrente.

NOTA: En el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1975 se publicó la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR que entró en vigor el 5 de febrero de 1976. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1985 se publicaron las reformas, ediciones y modificaciones a los siguientes artículos de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: — Se reforman y adicionan los artículos 19, 39, 49, 59, 60, 79, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27,28, 29, 52, 57, 59, 60, 63, 66, 78, 86, 87 y 90.

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— Se modifican los artículos 11, 29 bis, 32, 35, 37, 50, 71 y 72. — Se modifican los artículos 29 y 30 de la Ley vigente y se adicionan los artículos 3 bis, 57 bis y 59 bis. Estas reformas entraron en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Para constituir la garantía a que se refiere el artículo 27, se concede a los proveedores un plazo de seis meses a partir de la fecha de vigencia de tal precepto. ,Tercero. Para solicitar la aprobación de los contratos de adhesión actualmente en uso y el registro de los mismos, en los casos a que se refiere al artículo 63 de esta Ley, se concede un plazo de cuatro meses a partir de su vigencia. México, D. F., a 17 de diciembre de 1984. TRANSITORIO Artículo único. El presente Decreto será en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D. F., 23 de diciembre de 1987. REGLAMENTO DEL ARTICULO 29 BIS CAPÍTULO I

Disposiciones Generales ARTÍCULO IQ Este Reglamento tiene por objeto establecer las reglas de operación del sistema de comercialización a que se refiere el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como los procedimientos para obtener la autorización a fin de operar dicho sistema. ARTÍCULO 29 Corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la aplicación de las disposiciones de este Reglamento, sin perjuicio de la intervención de la Secretaría de Gobernación conforme a su competencia en materia de sorteos.

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ARTÍCULO 39 El sistema de comercialización a que se refiere el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sólo podrá ponerse en práctica cuando se trate de:

I. Bienes Muebles: a) b) c) d)

Vehículos automotores. Maquinaria y equipo agrícola e industrial. Equipos propios para actividades profesionales y técnicas. Enseres necesarios para el hogar.

Los bienes muebles deberán ser nuevos y con un precio al público no inferior de 200 veces el salario mínimo general vigente de la zona económica denominada Distrito Federal, Área Metropolitana, o 90 veces dicho salario si se presenta el Convenio a que se refiere el último párrafo del artículo 45 de este Reglamento. Podrán comprenderse diversos bienes muebles de los ya indicados para ser adquiridos por cada uno de los integrantes de los grupos que se constituyan para tal fin, caso en el cual el precio de los diversos bienes que integren un conjunto no deberá ser inferior al mencionado. II. Servicios turísticos consistentes en pasajes, estancia y demás gastos inherentes al mismo viaje, siempre que éste sea para lugares dentro del territorio nacional, cuyo costo no sea inferior a 90 veces el salario mínimo general de la zona económica mencionada, siempre que los prestadores de servicios turísticos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo y cuenten con el respectivo permiso de operación. ARTÍCULO 49 Las controversias que resulten con motivo de la interpretación administrativa de las disposiciones legales o contractuales aplicables al sistema de comercialización a que se refiere el artículo l9 de este Reglamento serán resueltas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, salvo que se refieran a la reglamentación, autorización y vigilancia de los sorteos, en cuyo caso corresponderá a la de Gobernación resolver lo que proceda. ARTÍCULO 59 Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Empresa, la persona moral autorizada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para poner en práctica el sistema de comercialización a que se refiere el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. II. Solicitante, la persona física o moral que haya presentado a la empresa solicitud de ingreso para participar en el sistema indicado. III. Integrante del Grupo, el solicitante que ha sido aceptado por la empresa administradora y forma parte de un grupo ya integrado.

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IV. Grupo, conjunto de integrantes cuyas aportaciones forman un fondo común con el fin de obtener, cada uno de ellos, el bien o servicio de que se trate mediante los procedimientos de adjudicación que se establezcan en el contrato respectivo. V. Adjudicatario, integrante del grupo que por los procedimientos establecidos en este Reglamento, ha obtenido el derecho a recibir o ha recibido el bien o servicio objeto del contrato. VI. Bien o servicio, cualquiera de los que se refiere el artículo 39, el cual debe quedar debidamente precisado en el contrato. VII. Cuota de inscripción, la cantidad que se autorice a cobrar por la empresa con motivo de la aceptación del solicitante. VIII. Aportación, la cantidad mensual resultante de dividir el precio del bien o servicio entre el número de mensualidades establecidas en el contrato, en el cual podrá preverse la modificación de dicha aportación en razón de los incrementos o disminuciones de los precios de los bienes o servicios. IX. Gastos de administración, el porcentaje del precio del bien o servicio que podrá cobrar la empresa administradora por los diversos actos que debe realizar para la consecución de los fines del sistema. X. Cuota mensual total, la cantidad que cada mes debe cubrir el integrante del grupo a la empresa administradora, resultante de la suma de los siguientes conceptos: aportaciones, gastos de administración, primas de seguro de vida y demás previstos en el contrato. CAPÍTULO II

De los Grupos ARTÍCULO 69 El número de consumidores que podrán integrar un grupo será como máximo dos veces y medio el número de aportaciones

mensuales, las cuales no podrán ser menos de 12 ni más de 60. ARTÍCULO 79 Se tendrá por constituido un grupo cuando se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se hayan admitido por la empresa administradora tantos solicitantes como integrantes del mismo tenga el plan para el que se constituirá. II. Que dicha admisión haya sido notificada a cada solicitante, con indicación del lugar, fecha y hora en que se celebrará la primera reunión.

ARTÍCULO 89 Los solicitantes aceptados tendrán derecho a la devolución de todos los pagos que hubieren efectuado si a los 75 días naturales siguiente a la fecha de la firma de su respectivo contrato no

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se ha celebrado la primera reunión correspondiente al grupo de que se trate. A la cantidad a devolver deberá incrementársele el interés correspondiente al lapso que conservó la empresa. ARTÍCULO 99 La empresa podrá cubrir dentro de cada grupo, las vacantes de integrantes no adjudicatarios que ocurran durante la vigencia del mismo, la cual no podrá prorrogarse por ningún motivo. El nuevo integrante del grupo deberá cubrir previamente a la empresa las aportaciones anteriores a su ingreso al valor vigente en el momento de la sustitución y, en su caso, la cuota de inscripción. ARTÍCULO 10. Los integrantes del grupo que estuvieren al corriente en el pago de sus cuotas mensuales totales podrán: I. Ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato en cuyo caso la empresa podrá exigirle al cesionario la cuota de inscripción. En tal caso la empresa no tendrá obligación de devolverle cantidad alguna al cedente y dentro del término de 10 días naturales siguientes a la presentación del cesionario podrá rehusarse a aceptarlo si tuviere causa justificada. De no comunicarle la no aceptación en dicho plazo se tendrá como nuevo integrante del grupo. II. Renunciar a continuar en el grupo, en cuyo caso tendrán derecho a la devolución de las aportaciones, con las deducciones previstas en este Reglamento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que hubiere sido sustituido o, de no ser así, hasta la liquidación del grupo. ARTÍCULO 11. Las empresas podrán tener por rescindido automáticamente el contrato por falta de pagos de dos o más cuotas mensuales totales consecutivas, a integrantes no adjudicatarios, siempre que se les comunique por escrito en forma fehaciente, con diez días naturales de anticipación, cuando menos, tal consecuencia. Esta causa de rescisión sólo podrá operar si se consigna en el contrato. Para la devolución de las aportaciones a quienes hayan causado baja por falta de pago, se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior. CAPÍTULO III

De las Aportaciones y Demás Cuotas ARTÍCULO 12. Para determinar el monto de la aportación mensual se dividirá el precio que tenga el bien o servicio en el momento de la iniciación del grupo, entre el número de meses en que operará. El valor de las aportaciones así obtenidas se reajustará en proporción a las variaciones de los precios de dichos bienes o servicios, en cuyo caso a partir del nuevo precio los integrantes del grupo que no 1-m7an saldado

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el total de sus cuotas mensuales totales tendrán obligación de cubrir la cantidad por concepto de aportación que resulte, sean o no adjudicatarios. En el contrato respectivo se establecerá la base conforme a la cual se determinó el precio del bien o servicio. El reajuste por la variación del precio sólo se hará si se modificare el correspondiente a la base conforme a la cual se determinó el precio. ARTÍCULO 13. La cuota de inscripción se cobrará una sola vez y se aplicará para los gastos inherentes a la investigación de solvencia, antecedentes y demás particularidades de los solicitantes. Dicha cuota se devolverá de inmediato en el caso de que no se apruebe el ingreso. Dentro del término de quince días naturales contados a partir de la fecha de la solicitud, la empresa deberá notificar al solicitante su aceptación o no. De no hacerla se le tendrá por aceptado. ARTÍCULO 14. La cuota de inscripción no deberá exceder del 1% del precio del bien o servicio. Los gastos de administración serán, como máximo, el 0.2% del precio en el mes correspondiente. ARTÍCULO 15. Las modificaciones por concepto de aportaciones, gastos de administración, primas de seguros de vida y demás cargos conforme al contrato, deberán ser notificados a los integrantes del grupo por la empresa por el medio más idóneo que apruebe la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Los integrantes del grupo, adjudicatarios o no, se obligarán a pagar el monto correspondiente a partir del momento en que sucedan las modificaciones de precio del bien o servicio. ARTÍCULO 16. Una vez constituido el grupo la empresa deberá contratar el seguro de vida correspondiente a favor de los beneficiarios que designen los intereses del mismo. En caso de fallecimiento de cualquiera de éstos, se pagarán las aportaciones y gastos de administración restantes con cargo al seguro. De no contratarse este seguro serán a cargo de la empresa las aportaciones y los gastos. ARTÍCULO 17. En los contratos que suscriban los integrantes del grupo podrá establecerse el pago de gastos relacionados con la entrega del bien al adjudicatario incluyendo el seguro contra robo, siniestro o daños. ARTÍCULO 18. En los recibos de pago que otorgue la empresa por cuota mensual total deberán especificarse las cantidades correspondientes a aportación mensual, gastos de administración, seguro de vida y demás conceptos establecidos en el contrato.

Respecto de las cuotas mensuales totales adelantadas no podrá haber

incrementos ni aún en el caso de aumentos en el precio del bien o servicio durante el lapso que comprenda el adelanto. Las diferencias, si las hubiere, en relación al nuevo precio del bien o servicio serán a cargo de la empresa.

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ARTÍCULO 20. Una vez efectuada la última adjudicación no deberá modificarse la cuota mensual total vigente en ese momento. ARTÍCULO 21. De las aportaciones que se devuelvan a los integrantes del grupo no adjudicatarios que causen baja por renuncia o mora, se deducirán, por concepto de indemnización, dos aportaciones si la baja se produjo a consecuencia de renuncia y tres por mora, salvo que lo aportado sea insuficiente para cubrir estas deducciones, caso en el cual no habrá devolución alguna. Dicha indemnización formará parte del activo del grupo y se aplicará como lo dispone el artículo 54 de este Reglamento. Las aportaciones que se deduzcan y, en su caso, las devoluciones de éstas, se harán conforme al valor vigente del bien o servicio en el momento de la deducción o devolución. ARTÍCULO 22. La empresa administradora podrá cobrar a los integrantes del grupo adjudicatorios o no, un recargo equivalente al interés legal, por cada uno de los pagos mensuales que efectúen con posterioridad a la fecha en que debieron hacerlo, el que se calculará sobre la cuota mensual total y podrá quedar a beneficio de la empresa. En todo caso las cuotas mensuales totales adecuadas se cubrirán al valor vigente en el momento del pago. CAPÍTULO IV

De las Adjudicaciones ARTÍCULO 23. La empresa estará obligada a celebrar, en los términos del contrato, reuniones a fin de adjudicar los bienes o servicios materia del mismo. Los integrantes del grupo que estuvieren al corriente en el pago de sus cuotas mensuales totales, tendrán derecho a participar en los actos de adjudicación, los que serán presididos por representantes de la empresa. ARTÍCULO 24. Las reuniones o actos de adjudicación serán válidos siempre que se hayan notificado a todos los integrantes del grupo, por cualquier medio idóneo y con la debida anticipación, el día, hora y lugar en que se celebrarán. La forma de notificación podrá consistir en un calendario en que se contengan dichos datos y que deberá entregarse a los integrantes del grupo en la primera reunión. En todo caso el medio o forma de notificación deberá ser aprobado por las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y Gobernación. ARTÍCULO 25. Las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Gobernación podrán concurrir, por medio de los representantes que designen, a las reuniones que se celebren para la adjudicación de bienes o servicios. Para tal fin la empresa administradora tendrá obligación

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de informar a dichas Secretarías, con una anticipación mínima de 5 días, el día, hora y lugar en que se celebrará la reunión. La omisión de proporcionar el informe ameritará la consiguiente sanción a la empresa. ARTÍCULO 26. El primer bien o servicio que deba adjudicarse con la periodicidad que se establezca en el contrato deberá hacerse mediante sorteo, en el que participarán tantos números como integrantes tenga cada grupo y el orden de extracción de los números se denominará orden secuencial para los fines de este Reglamento. Si en número obtenido en primer lugar corresponde a un integrante del grupo que no tenga derecho a participar en el sorteo por no estar al corriente en el pago de sus cuotas mensuales totales, haya causado baja por cualquier motivo o sea ya adjudicatario, el bien o servicio se adjudicará al que corresponda siguiendo el orden secuencial obtenido en el sorteo. El procedimiento de sorteo se hará en los términos que previamente autorice la Secretaría de Gobernación y que podrá consistir en un sorteo por cada grupo o en un sorteo en que se comprendan diversos grupos o la totalidad de ellos. AirrícuLo 27. Se entiende por subasta, para los fines de este Reglamento, el procedimiento consistente en adjudicar el bien o servicio al integrante que ofrezca el mayor número de cuotas mensuales totales por adelantado, lo que se verificará por los representantes de la empresa y por los que designe la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Dicho ofrecimiento deberá hacerse por escrito en sobre cerrado y entregarse con la debida anticipación a la celebración de la reunión, salvo que la Secretaría de Comercio y Fomento -Industrial autorice previamente que el ofrecimiento se haga en forma verbal en la propia reunión. Las cuotas mensuales totales que se cubran en subasta, no podrán ser objeto de incremento alguno y se aplicarán al pago de las últimas mensualidades siguiendo un orden inverso. ARTÍCULO 28. En caso de que al subastar ofrezca igual número de cuotas mensuales totales dos o más integrantes del grupo, se adjudicará el bien o servicio atendiendo al de mayor puntuación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de este Reglamento. De persistir la igualdad, al de mayor antigüedad dentro del grupo. De subsistir el empate se estará al orden secuencial del sorteo. De no llevarse el sistema de puntuación se estará a la antigüedad para la adjudicación y, en caso de empate, al orden secuencia' del sorteo. Si quien ofreció el mayor número de cuotas mensuales totales no cumple su ofrecimiento dentro del término que se establezca en el contrato respectivo, la adjudicación del bien o servicio se hará al integrante

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del grupo que corresponda, atendiendo al mayor número de cuotas

mensuales totales ofrecidas en dicha subasta.

Al integrante del grupo que no cumpla su ofrecimiento de cubrir las

cuotas mensuales totales por adelantado, se le impondrá una pena, por concepto de indemnización a favor del grupo, equivalente al 50% de

una aportación mensual al valor vigente. ARTÍCULO 29. En los casos de que nadie obtuviera el bien o servicio por subasta y hubiere fondos suficientes para adquirirlo o contratarlo,

se adjudicará conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior, según sea el caso.

ARTÍCULO 30. La puntuación se determinará por la oportunidad en el pago de cuotas mensuales totales. Se otorgarán puntos en los siguientes términos: tres, si el pago se hace con una anticipación mínima de 10 días naturales a la fecha en que debe realizarse el pago; dos, en la fecha de vencimiento al pago o dentro de los 9 días anteriores a ésta y uno cuando el pago se haga hasta cinco días después de la fecha de vencimiento. ARTÍCULO 31. Cuando la adjudicación se efectúe por puntuación, en

caso de que existan dos o más integrantes del grupo con la misma, se atenderá a la antigüedad y si también aplicando este criterio resulta empate, se estará al orden secuencial obtenido en el sorteo correspondiente al mes de que se trate. ARTÍCULO 32. La antigüedad se establecerá en razón de la fecha del pago de la cuota de inscripción y sólo podrá utilizarse para dirimir situaciones de empate. ARTÍCULO 33. Salvo caso fortuito o de fuerza mayor, la empresa deberá entregar los bienes o la orden de prestación de servicios a los adjudicatarios, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el contrato para la entrega o, en su caso, dentro del plazo que el adjudicatario acepte si es mayor. De no hacer dicha entrega, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará las medidas correspondientes para que la empresa cumpla con dicha obligación, sin perjuicio de la sanción que proceda y de la intervención de la Secretaría de Gobernación si la adjudicación fue consecuencia de un sorteo. El adjuglicatario podrá rehusarse a recibir el bien o servicio dentro del plazo de 5 días siguientes a aquel en que resultó adjudicado, siempre que lo comunique a la empresa por escrito dentro de tal plazo. En tal caso se entregará el bien o servicio a otro integrante del grupo que el

lo acepte atendiendo lo dispuesto por el artículo 28. De no aceptarlo ningún otro integrante, el adjudicatario tendrá obligación de recibirlo. En caso de que algún otro integrante del grupo acepte recibir el bien o servicio, el adjudicatario que se rehusó a recibirlo perderá su calidad

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de tal y sólo la podrá recuperar mediante los procedimientos establecidos en este Reglamento. ARTÍCULO 34. Si el adjudicatario tiene derecho a elegir determinada marca o características del bien que debe entregársele, tendrá obligación de cubrir las diferencias de precios en este bien en relación con los precios normales del mismo, así como de pagar los incrementos de precio ocurridos dentro de los 30 días naturales a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Las diferencias de precios posteriores a dicho plazo serán a cargo de la empresa. ARTÍCULO 35. Los títulos de crédito que suscriban los adjudicatarios deberán ser en favor de la empresa y ostentar la leyenda "No negociable". La falta de pago de dos mensualidades consecutivas dará derecho a la empresa, a exigir, en la vía que corresponda, el pago total del saldo insoluto. ARTÍCULO 36. Las cuotas mensuales totales que se ofrezcan en subasta deberán cubrirse en cantidades líquidas. Si no hubo proposiciones en subasta o no se ofreció la mínima estipulada en el contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 29. En el caso de que un mismo integrante del grupo resultare adjudicatario por sorteo y subasta, o puntuación y subasta, se le adjudicará el bien o servicio en razón del sorteo o del puntaje y no tendrá obligación de cumplir con el ofrecimiento hecho en la subasta. El bien o servicio destinado para adjudicarse mediante este procedimiento se adjudicará al que haya ofrecido en segundo lugar el mayor número de cuotas mensuales totales, como lo dispone el tercer párrafo del artículo 28. ARTÍCULO 37. En el caso de que los bienes o servicios materia del contrato no se sigan produciendo o prestando por los respectivos proveedores, la empresa deberá convocar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que suceda tal hecho, a los integrantes del grupo a una reunión para que acuerden la sustitución o lo que consideren conveniente, sin afectar a los adjudicatarios que ya hubieren recibido el bien o servicio. La reunión será válida si concurre el 50% más uno de los integrantes del grupo no adjudicatarios. De no celebrarse la reunión por falta de quórum se convocará a otra, la que deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días siguientes y será válida cualquiera que sea el número de asistentes. Del resultado de la reunión se levantará el acta respectiva, un tanto de la cual será entregada a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para su revisión y, en su caso, aprobación, así como otro tanto a la Secretaría de Gobernación. Además, deberá comunicarse a los integrantes del grupo que no asistieron, por cualquier medio fehaciente, lo acordado en la reunión.

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El mismo procedimiento se seguirá cuando la falta de suministro de

bienes o servicios, sea por caso fortuito o fuerza mayor. CAPÍTULO V

De las Autorizaciones ARTÍCULO

38. Para obtener la autorización a que se refiere el artícu-

ARTÍCULO

39. Las autorizaciones se concederán cuando se cumplan

29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la empresa peticionaria deberá presentar una solicitud en la forma aprobada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como los documentos que en la misma se indiquen. Si los datos o documentos resultaren incompletos, la Secretaría requerirá a la peticionaria para que los complemente, otorgándole un plazo para tal fin, que no podrá ser menos de 10 ni mayor de 30 días hábiles, transcurrido el cual si no se cumple con lo requerido se tendrá por no presentada la solicitud. lo

los siguientes requisitos: I. Que la peticionaria sea una persona moral constituida de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones aplicables. II. Que se demuestre la capacidad económica, financiera y administrativa de la empresa y la viabilidad operativa del sistema. III. Que se describa pormenorizadamente el sistema de comercialización que se empleará, desarrollando lo dispuesto en las fracciones IV a XII del artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y ajustándose a este Reglamento. IV. Que se precisen los procedimientos para el cobro y manejo de las aportaciones que hagan los consumidores y, en su caso, del fondo de reserva. V. Que se cubran los derechos por la expedición de la autorización y por los servicios de inspección y vigilancia. VI. Que se acompañe la constancia relativa a la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y el permiso de operación de la Secretaría de Turismo, cuando se trate de servicios turísticos. VIL Que se proporcione la demás información que, en relación con las fracciones anteriores, requiera la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. ARTÍCULO 40. Las peticionarias deberán acreditar, con el testimonio público respectivo, su legal existencia de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual debe obrar la inscripción en el Registro Público de Comercio.

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En todo caso la peticionaria debe observar lo dispuesto en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. ARTÍCULO 41. La capacidad económica, financiera y administrativa de la empresa peticionaria se acreditará con:

I. Capital social proporcional a las operaciones anuales que realice o pretenda realizar. II. Estados financieros del último ejercicio o, en su caso, estados financieros proforma con los anexos respectivos. III. Estudio de viabilidad operativa de sistema que contemple las condiciones del mercado de los bienes o servicios que se pretenden comercializar; análisis del sistema que pretendan operar; evaluación y proyección de precios, fuentes de financiamiento y conclusiones del estudio ,e1 cual deberá estar firmado por el titular del órgano de gobierno de la empresa y un profesional responsable del estudio. IV. Diseños de formas de papelería a utilizar en las operaciones relativas al sistema. V. La demás información que requiera la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. ARTÍCULO 42. Los contratos a celebrar por la empresa administradora con los solicitantes deberán contener, como mínimo, las prevenciones relativas a:

I. Denominación o razón social, domicilio, órganos de gobierno y demás datos de la empresa. II. Nombre, domicilio y demás generales de la peticionaria. III. Especificación del bien o servicio a adquirir por los solicitantes; número mínimo que se adjudicará mensualmente, procedimientos de adjudicación y término para la entrega; así como las garantías que debe ofrecer el adjudicatario para recibir el bien o servicio. IV. Precio inicial del bien o servicio, número de aportaciones mensuales en que se cubrirá, especificando las cantidades iniciales y las causas por las cuales se modificarían éstas, así como la forma de manejarlas. V. Las demás cantidades que deben cubrir los integrantes del grupo, precisando el concepto de cada una de ellas. VI. Número de solicitantes que integrarán cada grupo, plazo para su constitución y, en su caso, procedimiento para la sustitución de vacantes. VII. Renuncia, cesión de derechos y causas de rescisión de contrato, así como las consecuencias de cada una de ellas.

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VIII. Seguros que se contratarán a favor de los beneficiarios de los integrantes del grupo y, en su caso, en relación con los bienes a adquirir. IX. Procedimientos por los que se notificarán a los integrantes del grupo los diversos actos que deben comunicárseles. X. Procedimiento y plazo para la liquidación del grupo. ARTÍCULO 43. Los contratos serán aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial si sus cláusulas y demás datos se ajustan a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, a este Reglamento, a las demás disposiciones aplicables, a los términos de la autorización que se conceda para operar y siempre que el procedimiento de sorteos haya sido aprobado por la Secretaría de Gobernación. ARTÍCULO 44. Una vez aceptado el solicitante, la empresa tendrá obligación de entregarle un tanto del contrato y un folleto explicativo del sistema de comercialización de que se trate, previamente aprobado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en que se contengan las prevenciones del artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de este Reglamento de interés para los integrantes del grupo. Si el integrante del grupo extraviare su contrato o recibos de pago, la empresa tendrá obligación de proporcionarle copias debidamente autorizadas. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial vigilará que la publicidad cumpla con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y ordenará, en su caso, se le hagan las correcciones o modificaciones que procedan. Queda prohibido que en la publicidad que por cualquier medio lleven a cabo las empresas para difundir el sistema de comercialización a que se refiere este Reglamento, se induzca a error a los consumidores sobre los requisitos y procedimientos de adjudicación o sobre las características de los bienes o servicios que se ofrezcan. ARTÍCULO 45. Las empresas administradoras deberán garantizar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el oportuno suministro de los bienes, o la prestación de los servicios, en los siguientes términos •

I. Con los convenios que tengan celebrados con los fabricantes o proveedores que proporcionarán los bienes o servicios. II. Con fianza equivalente al 2.5% del valor total de la operación por cada grupo que se autorice. Si el convenio celebrado por la empresa administradora con los fabricantes de los bienes o con los prestadores directos de los servicios implica la obligación de éstos ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de suministrarlos oportunamente, aun en el caso de que

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la empresa administradora no haya cubierto su valor, la Secretaría podrá eximirla del otorgamiento de la fianza. ARTÍCULO 46. La fianza se otorgará a disposición de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con cargo a la misma se cubrirá la reparación a los adjudicatarios, cuando la empresa administradora no cumpla con la entrega de los bienes o servicios. ARTÍCULO 47. El número de grupos con que podrá operar la empresa y el aumento o disminución de ellos, los determinará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en razón de la capacidad económica, financiera y administrativa y de la viabilidad operativa del sistema, en vista del cumplimiento que la empresa haya dado a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a este Reglamento y a la autorización particular que se 1e haya otorgado. CAPÍTULO VI

Del Manejo de Fondos g Liquidación de Grupos ARTÍCULO 48. Las empresas administradoras deberán llevar sus controles, expedientes, archivos y demás procedimientos administrativos y financieros en forma tal que sean de fácil consulta. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá ordenarles realicen los ajustes y cambios necesarios para tal fin. En todo caso, deberá llevarse un estado de cuentas por cada uno de los grupos y por cada integrante de estos, el cual se proporcionará a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando lo requiera. ARTÍCULO 49. Las aportaciones de los integrantes de los grupos para la adquisición de los bienes o servicios materia del contrato deberán depositarse de inmediato en una cuenta específica de alguna institución de crédito, salvo las correspondientes a servicios turísticos, las que deberán depositarse en el Banco Nacional de Turismo, S.A. La empresa tendrá obligación de proporcionar mensualmente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el estado de la cuenta relativa. ARTÍCULO 50. La empresa administradora no deberá aplicar a fines distintos a la adquisición de los bienes o servicios objeto del contrato, los fondos obtenidos por concepto de aportaciones mensuales. ARTÍCULO 51. Dentro de los 30 días siguientes a cada trimestre calendario las empresas administradoras deberán presentar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la siguiente información:

I. Estados financieros al último día del trimestre respectivo, así como los anexos correspondientes.

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II. Relación de integrantes del grupo que resultaron adjudicados y el procedimiento por el cual lo fueron; de los bienes o servicios proporcionados a los adjudicatarios y de los pendientes de entrega; así como de los integrantes del grupo que causaron baja por cualquier motivo y, en su caso, de los que los sustituyeron. Con la información correspondiente al último trimestre calendario deberá acompañarse un resumen de los cuatro trimestres. ARTÍCULO 52. Las empresas administradoras deberán presentar anualmente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se tengan por formulados, los estados financieros debidamente auditados. ARTÍCULO 53. La liquidación del grupo se iniciará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la última adjudicación y conforme al siguiente procedimiento: I. Se determinarán las cantidades a devolver por concepto de aportaciones mensuales cubiertas por los integrantes del grupo que hubieren causado baja por cualquier motivo. II. Se determinarán las aportaciones mensuales pagadas en exceso, entendiéndose por tales aquellas que no fueron necesarias para la adquisición de bienes o servicios. III. Las aportaciones indicadas en las fracciones I y II, se devolverán en el orden siguiente: a) A quienes dejaron de pertenecer al grupo, de acuerdo con la fecha de su baja. b) A quienes hicieron aportaciones en exceso, en razón de las fechas en que cubrieron las excedentes. Las devoluciones a que se refiere este artículo se harán conforme al valor de la aportación vigente para la adquisición del último bien o servicio adjudicado. ARTÍCULO 54. Dentro de los 30 días naturales siguientes al término de vigencia del grupo, y una vez hechas las devoluciones a que se refiere el artículo anterior, se determinará el activo del grupo que se hubiere constituido por las indemnizaciones a que se refiere este Reglamento, del cual el 25% podrá corresponder a la empresa administradora y el 75%, como mínimo, se dividirá entre el número de cuotas mensuales totales pagadas puntualmente. Con base en este cálculo, se hará la distribución a quienes las hayan cubierto puntualmente. ARTÍCULO 55. Cuando en un grupo se hayan dejado de cubrir más del 50% de las cuotas mensuales totales por los integrantes del grupo, la empresa administradora deberá convocar a reunión en los términos del artículo 37 para solucionar el problema. De dicha reunión deberá

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levantarse acta, un tanto de la cual se entregará a las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Gobernación para que determine lo conducente de acuerdo con su competencia. CAPÍTULO

VII

Sanciones y Recursos ARTÍCULO 56. Cuando la empresa administradora deje de satisfacer lo previsto en el artículo 39 de este Reglamento, no proporcione regularmente la información que en el mismo se prevé o la que la requiera la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cometa alguna infracción grave en perjuicio de los integrantes del grupo o reiteradamente viole el contrato suscrito con éstos, podrá revocársele, previa audiencia, la autorización, en cuyo caso la empresa administradora procederá a la liquidación de todas sus operaciones conforme a las bases que expida la Secretaría oyendo a la empresa y a los integrantes de los grupos no adjudicatarios. ARTÍCULO 57. Las sanciones y recursos administrativos que procedan por infracción al artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a este Reglamento, a la autorización otorgada o a los términos del contrato celebrado con los integrantes de los grupos, se regirán por lo dispuesto en dicha ley y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La primera información trimestral a que se refiere el artículo 51 deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes al lapso que durante el trimestre de calendario se hayan realizado operaciones, a fin de que las subsecuentes se presenten comprendiendo dicho trimestre. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y dos.—José López Portillo.--Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.—Rúbrica.—la Secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría.—Rúbrica.—E1 Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez.—Rúbrica. Diario Oficial. Lunes 7 de junio de 1982.

ACUERDOS DEL C. PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR ACUERDO QUE DELEGA FACULTADES EN LOS DELEGADOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 1 SALVADOR PLIEGO MONTES. Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 57, 58 y 60 fracciones III y IV de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la mejor distribución del trabajo dentro de la dependencia federal a mi cargo y sin perjuicio de mi intervención cuando lo juzgue conveniente, expido el presente:

Acuerdo que delega facultades en los delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor.

PRIMERO. Delego en los titulares de las Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor las facultades necesarias para ejercer las atribuciones que a esta dependencia le confiere la Ley Federal de Protección al Consumidor, excepción hecha de las previstas en los artículos 62 y 63. En los casos de representación de consumidores ante autoridades jurisdiccionales; de denuncias relativas a violaciones del artículo 28 constitucional y sus leyes reglamentarias; formulación de excitativas a las autoridades competentes y hacerlas del conocimiento del Instituto Nacional del Consumidor; así como las denuncias ante superiores jerárquicos de autoridades responsables, a los que se refieren las fracciones III, VII, X, XI, XII del artículo 59 de la ley en cita, deberán obtener, previamente, el acuerdo escrito del suscrito Procurador _Federal o del Subprocurador a quien corresponde el asunto por razón de la materia. por conducto de la Dirección General de Delegaciones Federales y con conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. SEGUNDO. En materia de recursos, conocerá directamente del de revocación y de aclaración, previstos en el artículo 59, fracción VIII de la ley. 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 1980,

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Igualmente, resolverán directamente los escritos en los que se solicite la cancelación o reducción de las multas que impongan con fundamento en el artículo 66, fracción I de la Ley. Del uso de esta atribución darán cuenta directamente al suscrito para efectos estadísticos y de control de políticas institucionales, al rendir sus informes periódicos de labores. Asimismo, quedan facultados para recibir los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten o de las sanciones que impongan, distintas de las señaladas en el párrafo anterior, remitiendo las constancias necesarias, de inmediato, a las oficinas centrales para su admisión, trámite y resolución por el superior jerárquico a quien corresponda el asunto por razón de la materia. El proyecto de resolución correspondiente será elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. TERCERO. Por lo que toca a la vigilancia que debe ejercerse respecto a los contratos de adhesión, a los hechos en formularios o machotes, o reproducidos en serie, a los que se refiere el artículo 63 de la ley, se faculta a los Delegados Federales para requerir la exhibición de los mismos, así como para dictar las resoluciones de trámite que por este concepto procedan, en los términos de la propia ley, remitiendo sin demora las constancias del caso a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con conocimiento de la Dirección General de Delegaciones Federales. CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor, en toda la República, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deja sin efectos el de 14 de febrero de 1976, publicado el 2 de abril del mismo ario.

México, Distrito Federal, a dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta,—El Procurador Federal, Salvador Pliego Montes.—Rúbrica. ACUERDO DEL PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR POR EL QUE SE FACULTA AL SUBPROCURADOR TÉCNICO AL TRAMITE Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS, DENUNCIAS, INCIDENTES DE NULIDAD Y EXCEPCIONES PROCESALES Salvador Pliego Montes, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en el artículo 60 fracciones III y IV y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y

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CONSIDERANDO Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entre otras funciones, tiene la de elaborar las denuncias tanto administrativas como penales, que el suscrito formule en el ejercicio de sus atribuciones, en los términos de lo dispuesto en el artículo 59 fracciones VI, VII, IX, XI y XII de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el trámite de los procedimientos en los que las partes oponen excepciones y promueven nulidades. Que, asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como órgano jurídico consultivo y contencioso de esta Procuraduría debe emitir opinión respecto de los recursos administrativos que las partes interpongan en contra de las resoluciones que pronuncien sus funciones, a fin de que en todos los casos se establezcan criterios jurídicos uniformes y acordes con las disposiciones que nos rigen. Que como en las Direcciones Generales de Conciliación, de Quejas, de Delegaciones Federales y en las propias Delegaciones Federales, en razón a sus funciones se conocen de recursos administrativos, denuncias, incidentes de nulidad y excepciones procesales, se estima conveniente que la Subprocuraduría Técnica conforme a sus atribuciones establezca los criterios legales correspondientes, a través del área jurídica de esta Dependencia, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO PRIMERO. Se autoriza al C. Subprocurador Técnico para determinar las políticas y criterios jurídicos uniformes en los casos de recursos administrativos, denuncias, incidentes de nulidad y excepciones procesales. SEGUNDO. Conforme a las Leyes, Reglamentos y Decretos que regulen el caso, los recursos, denuncias, competencias y nulidades, se tramitarán y resolverán por el C. Subprocurador Técnico a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor en toda la República Mexicana al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D. F., a 25 de julio de 1983.—El Procurador Federal del Consumidor, Salvador Pliego Montes.—Rúbrica. Diario Oficial.

Jueves 28 de julio de 1983.

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ACUERDO DEL PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR POR EL QUE DELEGA FACULTADES EN MATERIA DE SANCIONES Salvador Pliego Montes, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en el artículo 60 fracciones III y IV y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y CONSIDERANDO Que siendo necesario que para la imposición de las sanciones previstas en el artículo 86 fracción I de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como para su reducción o revocación, en su caso, sean analizadas previamente por el órgano de esta Dependencia que emite la opinión técnica jurídica correspondiente. Que la Subprocuraduría Técnica en razón a su estructura y funciones debe de conocer de este tipo de procedimientos, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con objeto de que tanto la imposición de sanciones como la reducción o revocación de ellas se ajusten a las normas y procedimientos que nos rigen y se establezcan criterios jurídicos apegados a ellas, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO PRIMERO. Se faculta al C. Subprocurador Técnico, para imponer, modificar y revocar las sanciones previstas en el artículo 86 fracción I de la Ley Federal de Protección al Consumidor. SEGUNDO. Se deja sin efecto la parte relativa del acuerdo de 15 de octubre de 1980 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 del mismo mes y año, en todo lo que se oponga al contenido del presente. TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor en toda la República Mexicana al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D. F., 25 de julio de 1983.—E1 Procurador Federal del

Consumidor, Salvador Pliego Montes.—Rúbrica. Diario Oficial. jueves 28 de julio de 1983.

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ACUERDO DEL PROCURADOR FEDERAL

DEL CONSUMIDOR QUE ESTABLECE LA FORMA DE SUPLIR SUS AUSENCIAS TEMPORALES SALVADOR PLIEGO MONTES, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 57 y 60, fracción III y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y

CONSIDERANDO Que en razón a las funciones que se realizan en la Procuraduría Federal del Consumidor, a la premura de los términos procesales de los asuntos que el área técnica de la misma conoce y a las acciones de apoyo administrativo y presupuestales que realiza el área ejecutiva y en tanto se expida el Reglamento Interior de la Procuraduría, para establecer la forma de suplir las ausencias temporales del titular, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO PRIMERO. Que durante mis ausencias temporales, el despacho y resolución de los asuntos concernientes al área jurídica, en razón de su carácter eminentemente técnico, quedarán a cargo del Subprocurador Técnico y los asuntos concernientes al área administrativa, en razón a su carácter eminentemente ejecutivo, quedarán a cargo del Subprocurador Ejecutivo. SEGUNDO. Para conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales y para que surta los efectos legales procedentes, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. TRANSITORIO ÚNICO. Este acuerdo entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deja sin efecto el acuerdo de 6 de abril de 1978 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año. México, D. F., a 25 de agosto de 1983.—E1 Procurador Federal del Consumidor, Salvador Pliego Montes.—Rúbrica. Diario Oficial. Martes 30 de agosto de 1983.

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ACUERDO DEL PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR QUE DELEGA FACULTADES EN MATERIA DE QUEJAS SALVADOR PLIEGO MONTES, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 57, 58, 60 fracciones III y IV y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la mejor organización del trabajo y sin perjuicio de mi intervención cuando lo juzgue conveniente, expido el siguiente: ACUERDO PRIMERO. Se faculta al Subprocurador Técnico para tramitar, acordar y resolver los asuntos materia de la competencia de la Dirección General de Quejas, así como para firmar la documentación relativa y resolver los recursos que se interpongan respecto de los acuerdos o resoluciones que emita el Director General de Quejas y sus subalternos. SEGUNDO. Se faculta al Director General de Quejas para tramitar, acordar y resolver los asuntos materia de la competencia de la Dirección General de Quejas, así como para firmar toda la documentación relativa y ejercer las atribuciones previstas en los artículos 65, 66. fracciones I y II; 86, fracción I; 87, 88, 89, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor. TERCERO. Se faculta, asimismo, al C. Subprocurador Técnico para revocar, reducir o condonar las sanciones impuestas por la Dirección General de Quejas, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor en toda la República Mexicana al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deja sin efecto el acuerdo del 15 de octubre de 1980 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año.

México, D. F., a 24 de agosto de 1983.—E1 Procurador Federal del Consumidor, Salvador Pliego Montes.--Rúbrica. Diario Oficial. Martes 30 de agosto de 1983.

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ACUERDO DEL PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR QUE DELEGA FACULTADES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN SALVADOR PLIEGO MONTES, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 57, 59 fracción VIII, 60 fracciones III y IV, y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la mejor organización del trabajo y sin perjuicio de mi intervención cuando lo juzgue conveniente, expido el siguiente

ACUERDO PRIMERO. En materia de procedimiento, se faculta al Subprocuraclor Técnico para tramitar, acordar y resolver los asuntos de competencia de la Dirección General de Conciliación, así como para firmar toda la documentación relativa. SEGUNDO. En materia de procedimiento, se faculta al Director General de Conciliación para tramitar, acordar y resolver los asuntos de la competencia de la Dirección General de Conciliación, y firmar la documentación relativa, así como para ejercer las atribuciones previstas en los artículos 65, 66, 86 fracción I, 87, 88 y 89 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. TERCERO. Se faculta al Subdirector General de Conciliación para tramitar, acordar y resolver la misma clase de asuntos que el Director General, y firmar la documentación relativa, en los casos en que la cuantía no exceda de un mil doscientos cincuenta veces el salario mínimo diario que rija en el Distrito Federal, así como para ejercer las atribuciones previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con exclusión de las previstas en los artículos 86 fracción I, 87, 88 y 89 de la propia Ley. CUARTO. En los términos y con las limitaciones previstos en el punto que antecede, se faculta al jefe del Departamento de Conciliación para tramitar, acordar y resolver la misma clase de asuntos y firmar la documentación relativa, en los casos en que la cuantía no exceda de doscientas cincuenta veces el salario mínimo diario que rija en el Distrito Federal. QUINTO. El Subprocurador Técnico y el Director General de Conciliación quedan facultados para acordar que se agotó la fase concilia-, toria y para expedir la constancia respectiva.

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SEXTO. Se faculta asimismo al Subprocurador Técnico para revocar, reducir o condonar las sanciones impuestas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

TRANSITORIO ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y deja sin efecto en lo que se opongan, los acuerdos de 20 de enero de 1977 y 19 de marzo de 1978, publicados en los Diarios Oficiales del 26 de enero de 1977 y 14 de marzo de 1978.

México, Distrito Federal, a veinte de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.—Salvador Pliego Montes.—Rúbrica. Diario Oficial. Viernes 27 de enero de 1984.

ACUERDO DEL PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR QUE DELEGA FACULTADES EN MATERIA DE ARBITRAJE SALVADOR PLIEGO MONTES, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 57, 59 fracción VIII, 60 fracciones III y IV, y demás relativos de, la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la mejor organización del trabajo y sin perjuicio de mi intervención cuando lo juzgue conveniente, expido el siguiente

ACUERDO PRIMERO. En materia de procedimiento, se faculta al Subprocurador Técnico para tramitar, acordar y resolver los asuntos materia de la competencia de la Dirección General de Arbitraje, así como para firmar .toda la documentación relativa. SEGUNDO. En materia del procedimiento, se faculta al Director Gemeral de Arbitraje para tramitar, acordar y autorizar, las actuaciones .de los juicios arbitrales que se desahoguen conforme a las reglas que convencionalmente fijen las partes, así como para revisar los proyectos de laudos que serán enviados a la consideración y firma del Procurador Federal del Consumidor, por conducto del Subprocurador Técnico y expedir copias certificadas de las actuaciones y constancias que soliciten las Autoridades o las partes.

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TERCERO. Se faculta asimismo al Director General de Arbitraje para tramitar, acordar y resolver los demás asuntos materia de la competencia de la Dirección General de Arbitraje, así como para firmar la documentación relativa y ejercer las atribuciones previstas en los artículos 65, 66 y 86 fracción I, 87, 88 y 89 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. CUARTO. Se faculta a los Secretarios Arbitrales para asistir y dar fe de las actuaciones dentro de los juicios arbitrales. QUINTO. Se faculta asimismo al Subprocurador Técnico para revocar, reducir o condonar las sanciones impuestas por la Dirección General de Arbitraje, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

TRANSITORIO ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deja sin efecto en lo que se opongan, los acuerdos de 20 de enero de 1977 y 19 de marzo de 1978, publicados en los Diarios Oficiales del 26 de enero de 1977 y 14 de marzo de 1978.

México, Distrito Federal, a veinte de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.—Salvador Pliego Montes.—Rúbrica. Diario Oficial. Viernes 27 de enero de 1984.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR ACUERDO del Procurador Federal del Consumidor que crea las Direcciones Generales de Arrendamiento Inmobiliario, de Resoluciones

Administrativas, de Apoyo Técnico y del Registro Público de Contratos de Adhesión.

SALVADOR PLIEGO MONTES, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 57, 57 Bis, 59, 59 Bis, 60 y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. CONSIDERANDO Las reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 7 de febrero

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de 1985, amplían la intervención de la Procuraduría, en la aplicación y vigilancia de la Ley en la Esfera Administrativa. De esta manera, además de la Conciliación y el Arbitraje, en el artículo 59 de la citada Ley, se establece un procedimiento administrativo en el que oyendo al proveedor y al consumidor, podrá determinar si se violó o no la Ley Federal de Protección al Consumidor y en su caso, imponer la sanción correspondiente. En los términos de lo dispuesto por los artículos 27, segundo párrafo y 63 de la Ley en cita, la Procuraduría Federal del Consumidor debe revisar y aprobar en el orden de su competencia, los contratos de adhesión o de machote con los que realicen sus operaciones comerciales los proveedores o prestadores de servicios y que estos contratos, así como los aprobados por otras autoridades, deberán ser inscritos en el Registro Público en Contratos de Adhesión a cargo de la propia Institución. Asimismo con las reformas a los artículos 19 y 30 segundo párrafo y la adicción de los artículos 39 Bis, 57 Bis y 59 Bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, resulta la competencia de esta Procuraduría Federal del Consumidor para intervenir en los conflictos relacionados con el arrendamiento de inmuebles destinados para la habitación, dentro de la jurisdicción del Distrito Federal. Con el propósito de dotar a la Procuraduría de una estructura congruente con las nuevas facultades que se le han conferido y de reagrupar en una Unidad Administrativa Diversos Servicios de Apoyo institucional, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO PRIMERO. Se crean las Direcciones Generales de Arrendamiento Inmobiliario, de Resoluciones Administrativas, de Apoyo Técnico y del Registro Público de Contratos de Adhesión con cargo al presupuesto autorizado a la Procuraduría Federal del Consumidor. SEGUNDO. La Dirección General de Arrendamiento Inmobiliario ejercerá las funciones que en esta materia le otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin perjuicio de la intervención directa del Titular cuando así lo estime conveniente. TERCERO. La Dirección General de Resoluciones Administrativas resolverá todo lo que concierne al procedimiento administrativo a que se refiere el inciso d) de la fracción VIII del artículo 59 de la Ley en cita, sin perjuicio de la intervención directa del Titular cuando así lo estime conveniente.

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CUARTO. La Dirección de Apoyo Técnico realizará las notificaciones, citaciones, emplazamientos, inspecciones, verificaciones y demás diligencias que se ordenen por las diferentes áreas respectivas según sus funciones; organizará y manejará la Defensoría de Oficio que preste a los consumidores y emitirá los peritajes, dictámenes e información técnica que soliciten las diversas unidades de la Procuraduría, sin perjuicio de la intervención directa del titular cuando así lo estime conveniente. QUINTO. La Dirección General del Registro Público de Contratos de Adhesión, organizará, manejará y controlará el Registro Público de Contratos de Adhesión y dictaminará sobre el contenido de losmismos, sin perjuicios de la intervención directa del Titular cuando así lo estime conveniente.

SEXTO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D. F., a 9 de septiembre de 1985.—E1 Procurador Federal del Consumidor, Salvador Pliego Montes..—Rúbrica. Diario Oficial. Martes 10 de septiembre de 1985.

ACUERDO COMPLEMENTARIO (14 de agosto de 1987) ACUERDO del Procurador Federal del Consumidor que establece la forma de suplir ausencias temporales, adscribe unidades y delega facultades en los funcionarios que se indican. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Procuraduría Federal del Consumidor. ACUERDO del Procurador Federal del Consumidor que establece la forma de suplir ausencias temporales, adscribe unidades y delega facultades en los funcionarios que se indican. SALVADOR PLIEGO MONTES, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 57, 57 Bis, 58, 59, 59 Bis, 60 fracción II, III, VI y VII y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la mejor organización de las funciones de la Procuraduría a mi cargo y sin perjuicio de mi intervención cuando lo juzgue conveniente, expido el siguiente

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ACUERDO PRIMERO. En la atención, despacho y resolución de los asuntos competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, el Procurador será suplido en sus ausencias temporales por los Subprocuradores "A", "B" y "C", en ese orden. En asuntos judiciales podrá ser suplido indistintamente por cualquiera de dichos funcionarios. En las ausencias temporales de los Subprocuradores "A" y "B", para el despacho y resolución de los asuntos delegados en el presente Acuerdo, el Subprocurador "A" será substituido por el Subprocurador "By éste por el primero. El Subprocurador "C" será suplido por los Subprocuradores "A" y "B" en ese orden. El Coordinador General de Administración, será suplido en sus ausencias temporales por el Director General de Administración. Los Directores Generales serán suplidos en sus ausencias temporales por el Director de Área respectivo, éste por los Subdirectores y éstos por el jefe de Departamento. Los Delegados Federales y Metropolitanos serán suplidos en sus ausencias temporales por el servidor público que designe su Director respectivo. SEGUNDO. Las Unidades Administrativas de la Procuraduría Federal del Consumidor quedan adscritas en los siguientes términos: A la Subprocuraduría "A" las Direcciones Generales de Delegaciones Federales, Arrendamiento Inmobiliario, Resoluciones Administrativas, Registro Público de Contratos de Adhesión y la Dirección de Delegaciones Metropolitanas. A la Subprocuraduría "B" las Direcciones Generales de Quejas, Conciliación, Arbitraje, Apoyo Técnico y Asuntos Jurídicos. A la Subprocuraduría "C" la Dirección General de Promoción, Organización y Capacitación. A la Coordinación General de Administración las Direcciones Generales de Administración y de Organización, Programación e Informática.

TERCERO. Los Subprocuradores "A", "B" y "C" y el Coordinador General de Administración podrán tramitar, acordar, resolver y firmar los asuntos relacionados con las materias que se les adscriben. Conforme a la legislación que regule el caso y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los Subprocuradores "A" y "B" formularán denuncias ante las autoridades que procedan, tramitarán y resolverán los recursos, incidentes de nulidad y excepciones procesales que se promuevan. Asimismo, quedan facultados para imponer, modificar,

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revocar, condonar o cancelar las sanciones previstas en los artículos 66 y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. CUARTO. El Director General de Delegaciones Federales que facultado para organizar, controlar y coordinar las Delegaciones Federales en los Estados de la Federación, con el objeto de que cumplan las políticas generales y específicas en las diversas materias competencia de la Procuraduría y en la administración de recursos; supervisar y promover que las Delegaciones Federales cumplan las normas, programas, lineamientos y disposiciones legales que regulan el ejercicio de sus funciones; fijar los mecanismos y lineamientos necesarios que permitan a las Delegaciones establecer una adecuada coordinación con las Direcciones Generales de la Procuraduría, Autoridades Federales, Estatales y Municipales y, en general, con las organizaciones regionales y locales de consumidores y proveedores, controlar a todo el personal foráneo de la Procuraduría; vigilar, por conducto de las Delegaciones Federales el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de quienes se encuentren obligados a observarlas y cuya aplicación corresponde a la Procuraduría; admitir, substanciar y resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que emitan los Delegados Federales; ordenar la practica de inspecciones, verificaciones y peritajes que el ejercicio de su función requiera; resolver las solicitudes de reducción de multas impuestas como medio de apremio; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia firmando la documentación relativa; ejercer las atribuciones contenidas en los artículos 65, 66, 86 fracción 1, 87 y 88 de la Ley invocada y expedir copias certificadas de los asuntos a su cargo. Las facultades delegadas en el párrafo anterior se conceden igualmente al Director de Delegaciones de la Metropolitana respecto de las Delegaciones de la Procuraduría correspondientes al área Metropolitana. QUINTO. Se delegan en el Director General de Arrendamiento Inmobiliario en materia de Arrendamiento de inmuebles para habitación

en el Distrito Federal, las facultades necesarias para proporcionar orientación, consulta y asesoría jurídica, recibir y dar trámite a las quejas y reclamaciones que se presentan en la Procuraduría; requerir y recibir de los proveedores el informe a que se refiere el artículo 59 fracción VIII, inciso a) de la Ley de la materia, señalando día y hora para su recepción, conciliar los intereses de las partes, recibir billetes de depósito y acordar su entrega, ordenar la práctica de inspecciones, verificaciones y peritajes que el ejercicio de su función requiera; vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes en los convenios que suscriban; resolver excepciones procesales, expedir co-

584 JORGE WITKER V. pías certificadas de los asuntos a su cargo y en general tramitar el procedimiento conciliatorio previsto en la fracción VIII del artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor denunciar ante las autoridades administrativas competentes los casos de violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a otras disposiciones legales que lleguen a su conocimiento; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia firmando la documentación relativa. Asimismo, substanciará por todos sus trámites el procedimiento administrativo previsto en el inciso d) de la fracción VIII del artículo 59 de la Ley hasta ponerlo en estado de resolución la cual será dictada por la Dirección General de Resoluciones Administrativas; resolver las solicitudes de reducción de multas impuestas como medio de apremio y ejercer las atribuciones contenidas en los artículos 65, 66, 68 fracción I, 87 y 88 de Ley invocada. SEXTO. Queda a cargo del Director General de Resoluciones Administrativas instrumentar por todos sus trámites el procedimiento administrativo que señala el inciso d) de la fracción VIII del artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, previo análisis de los hechos materia de la queja o reclamación e inferencia de posible violación a la Ley, dictando la resolución que proceda; hacer del conocimiento de la autoridad competente las violaciones a la Ley de la materia y de otras disposiciones legales que lleguen a su conocimiento; instrumentar para resolución del superior jerárquico los recursos de revisión en contra de sanciones aplicadas con fundamento en los artículos 66 y 86 de la Ley; resolver las peticiones de reducción, revocación, cancelación o condonación de multas; ordenar la práctica de inspección, verificación y peritaje que el ejercicio de su función requiere; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia firmando la documentación relativa y expedir copias certificadas de los asuntos a su cargo y ejercer las atribuciones contenidas en los artículos y ejercer las atribuciones contenidas en los artículos 65, 66, 86 fracción I, 87 y 88 de la Ley invocada. SÉPTIMO. Se autoriza al Director General del Registro Público de Contratos de Adhesión para vigilar que los contratos de Adhesión no contengan clásulas contrarias a la Ley y aprobarlos en los casos de competencia de la Procuraduría; organizar y manejar el Registro Público de Contratos de Adhesión e inscribir en el mismo los autorizados, ya sea por esta institución o por otras autoridades; aplicar sanciones por el uso de contratos de adhesión no aprobados previamente; vigilar en términos del artículo 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor el otorgamiento de garantías y sancionar su omisión; requerir a los proveedores la presentación de documentos que utilice en sus tran-

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sacciones mercantiles, para su revisión, aprobación e inscripción; llevar el control y registro de los documentos que acrediten la representación ante este Organismo de consumidores y proveedores; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia firmando la documentación relativa; expedir copias certificadas de los asuntos a su cargo y ejercer las atribuciones previstas en los artículos 27, 59 fracción XIII, 63, 64, 65, 66, 86 fracción I, 87 y 88 de la Ley de la materia. OCTAVO. Se conceden facultades al Director General de Quejas para proporcionar orientación, consulta y asesoría jurídica a consumidores; recibir y dar trámite a las quejas y reclamaciones que en forma personal, por escrito o telefónicamente se presenta ante la Procuraduría; requerir a los proveedores el informe a que se refiere el artículo 59 fracción VIII, inciso a) de la Ley de la materia, señalando día y hora para su recepción; ordenar la práctica de diligencias de inspección y verificación que sean necesarias; conciliar por la vía telefónica los intereses de las partes; denunciar ante las autoridades administrativas competentes los casos de violación de la Ley invocada y a otras disposiciones legales; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia firmando la documentación relativa; expedir copias certificadas de los asuntos a su cargo y ejercer las atribuciones previstas en los artículos 59 fracción VI, 65, 66, 86 fracción I, 87 y 88 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. NOVENO. Se faculta al Director General de Conciliación para recibir el informe que rindan los proveedores y conciliar los intereses de las partes, celebrando las audiencias respectivas; exhortar a las partes a que designen árbitro a la Procuraduría en los casos que proceda; recibir billetes de depósito y acordar su entrega; ordenar la práctica de inspecciones, verificaciones y peritajes que el ejercicio de su función requiera; vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes en los convenios que suscriban; resolver las excepciones procesales que se promuevan; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia, firmando la documentación relativa; expedir copias certificadas de los asuntos a su cargo y en general instruir en términos de Ley el procedimiento conciliatorio previsto en la fracción VIII del artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Asimismo, substanciará por todos sus trámites el procedimiento administrativo previsto en el inciso d) de la fracción VIII, del artículo 59 de la Ley de la materia hasta ponerlo en estado de resolución la cual será dictada por la Dirección General de Resoluciones Administrativas; resolver las solicitudes de reducción de multas impuestas como medio de apremio y ejercer las atribuciones contenidas en los artículos 65, 66, 86 fracción I, 87 y 88 de la Ley invocada.

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DÉCIMO. Se faculta al Director General de Arbitraje para hacer constar el compromiso arbitral que celebran las partes y substanciar por todos sus trámites los juicios arbitrales a que se refiere el artículo 59 fracción VIII, inciso c) de la Ley Federal de Protección al Consumidor, formular los proyectos de laudos que dicha fracción indica; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia, firmando la documentación relativa; expedir copias certificadas de las actuaciones y constancias de los asuntos a su cargo; reducir, condonar o cancelar las multas impuestas como medio de apremio y ejecutar las atribuciones previstas en los artículos 65, 66, 86 fracción I, 87 y 88 de la Ley de la materia. Los secretarios arbitrales quedan facultados para asistir, autorizar y dar fe en las actuaciones que se practiquen en los juicios antes citados. DECIMOPRIMERO. El Director General de Apoyo Técnico queda facultado para practicar visitas domiciliarias de verificación e inspección, así como para requerir informes, datos o documentos con objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que corresponde a la Procuraduría hacer cumplir y vigilar su observancia levantando las actas y demás constancias que procedan, realizar notificaciones, citaciones, emplazamientos, inspecciones, verificaciones y demás diligencias que se ordenen por las diferentes unidades administrativas conforme a sus funciones; organizar la defensoría de oficio proporcionándola a los consumidores; emitir dictámenes periciales e informes que se le requieran, solicitando en su caso, auxilio de otras instituciones; realizar conciliación domiciliaria; reducir multas impuestas como medio de apremio; tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia, firmando la documentación relativa y expedir copias certificadas de los asuntos a su cargo y ejercer las atribuciones previstas en los artículos 59 fracción VI, 65, 66, 78 a 85, 86 fracción I, 87 y 88 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. DECIMOSEGUNDO. El Director General de Asuntos Jurídicos queda facultado para realizar y formular, conforme a los lineamientos del Procurador los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionan con la esfera de competencia de la Procuraduría; llevar la compilación de los mismos; remitir al Diario Oficial de la Federación, disposiciones que deban publicarse; preparar y supervisar las ediciones de las normas jurídicas a que se refiere este apartado; proponer los criterios jurídicos de interpretación y aplicación administrativa de las normas que rigen las actividades, así como asesorar a éstas y resolver las consultas que le formulen. Elaborar los informes en los juicios de amparo y las contestaciones de demanda en los judiciales o contencioso-administrativos; ofrecer en

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dichos juicios las pruebas que procedan, formular alegatos, interponer toda clase de recursos y, en general, atender el procedimiento y procurar que las resoluciones que en ellos se pronuncien; firmar las instancias judiciales y contencioso-administrativas que competan a esta institución, las denuncias y demás promociones ante el Ministerio Público de los hechos que así lo ameriten, los documentos y actuaciones en los juicios laborales y expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Procuraduría cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, para cualquier procedimiento, proceso o averiguación. DECIMOTERCERO. Se faculta al Director General de Promoción, Organización y Capacitación para promover y difundir los derechos que la Ley otorga a los consumidores; planear, programar y ejecutar las políticas para el desarrollo de las actividades de promotoria, organización, capacitación y asesoría de la población consumidora; acreditar, en los términos de los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a las personas designadas en cargos honoríficos como representantes de las organizaciones de consumidores que coadyuvan con la Procuraduría; promover la concertación y colaboración de la Procuraduría con otras Instituciones y Organismos Públicos, sociales y privados, y establecer los mecanismos de coordinación adecuados que contribuyan a la orientación y protección de los intereses del consumidor y tramitar, acordar y resolver todos los asuntos materia de su competencia firmando la documentación relativa. DECIMOCUARTO. Se delega en el Distrito General de Administración facultades para proponer y aplicar las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración, planeación y programación de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a los objetivos y programas de la Procuraduría; elaborar y consolidar el programa-presupuesto, sometiendo a la consideración del Procurador los proyectos respectivos, gestionar ante la Coordinación del Sector y de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la aprobación del proyecto del presupuesto anual y de las modificaciones al mismo durante su ejercicio, una vez aprobado; controlar los ingresos y egresos de la Institución, operar el ejercicio del presupuesto y elaborar los estados financieros y contables; tramitar ante la Coordinación Sectorial las ministraciones de los recursos fiscales autorizados y retirar las ministraciones de la Tesorería de la Federación; efectuar el pago de las erogaciones del presupuesto aprobado, así como vigilar su ejercicio y contabilidad; expedir y, en su caso, certificar las constancias relativas al puesto o cargo que ocuparon u ocupen, sueldos y demás circunstancias inherentes al personal del Organismo, autorizar los movimientos del mismo y resolver los casos

588 JORGE WITKER V. de terminación de los efectos de nombramientos; vigilar el cumplimiento de las condiciones generales del trabajo de la Institución; mantener actualizado el sistema de escalafón de los trabajadores, promover su difusión y proponer al Procurador la designación o remoción, en su caso, de quienes deban representar a la Procuraduría en la Comisión Mixta de Escalafón; dirigir y controlar los mecanismos de administración de sueldos y salarios y pago de remuneraciones al personal, así como tramitar y controlar los movimientos e incidencias y las prestaciones, estímulos y recompensas a que tiene derecho; atender la capacitación y el desarrollo del personal; formalizar los convenios y contratos en los que la Dependencia sea parte y que afecten su presupuesto, así como los demás documentos que impliquen actos de administración, conforme a los lineamientos que fije el Procurador; realizar y controlar las adquisiciones así como llevar el control y normar la conservación y el mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y equipo al servicio de la misma. DECIMOQUINTO. Se delegan al Director General de Organización, Programación e Informática facultades para proponer y difundir las normas, directrices, políticas y criterios técnicos de los procesos internos de organización, programación y evaluación de la Procuraduría, así como determinar los correspondientes a informática, analizar y dictaminar las estructuras de organización, sistemas y procedimientos de trabajo de las unidades administrativas y proponer las adecuaciones y modernización procedentes, formular el Manual de Organización de la Procuraduría y otros manuales administrativos de procedimiento y de servicios al público; elaborar los documentos que deba aportar la institución para los informes presidenciales; planear, diseñar, establecer, normar y mantener, en coordinación con las unidades administrativas, los modelos y sistemas de información automatizados requeridos para satisfacer las necesidades de la Dependencia, así como administrar la infraestructura en materia de información, coordinar el proceso de integración de información y estadística del Organismo; establecer lineamientos necesarios para el diseño, desarrollo, mantenimiento y operatividad de los modelos y sistemas de información que se requieren; analizar permanentemente los flujos de información de la Institución para evaluar la simplificación de la administración, así como para los datos susceptibles de ser integrados a las estructuras informáticas. DECIMOSEXTO. Con el propósito de agilizar el despacho de los asuntos de las unidades administrativas competentes, las facultades delegadas a los Directores Generales comprendidas en este Acuerdo, se conceden a sus respectivos Directores de Área en los asuntos cuya cuantía no exceda de mil doscientas cincuenta veces al salario mínimo diario

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que rija en el Distrito Federal, a los Subdirectores en asuntos hasta setecientas veces dicho salario y a los Jefes de Departamento en asuntos cuya cuantía no sobrepase quinientas veces el expresado salario, con excepción de las atribuciones de reducir sanciones aplicadas en vía de apremio y las previstas en los dispositivos 86 fracción I, 87 y 88 de la Ley de la materia. DECIMOSÉPTIMO. Se delegan en los Titulares de las Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, las facultades necesarias para ejercer las atribuciones que a este Organismo le confiere la Ley Federal de Protección al Consumidor, a excepción de las previstas en los artículos 27, 62 y 63. Por lo que se refiere a las establecidas en el artículo 59 fracciones III, VII, IX, X, XI y XII de la Ley en cita, deberán obtener previamente, acuerdo escrito del Procurador o del Subprocurador a quien corresponda el asunto por razón de materia. En las facultades previstas en el dispositivo 86 fracciones II, III y IV de la Ley invocada, los Delegados Federales deberán hacer los trámites que ordena el inciso d) fracción VIII del artículo 59, hasta poner el procedimiento para dictar resolución, remitiendo el expediente a la Dirección General de Resoluciones Administrativas para ese efecto, o en su caso emitirla previo acuerdo escrito del Procurador. Igualmente, resolverán directamente las solicitudes de reducción, cancelación o condonación de multas que impongan con fundamento en el artículo 66 fracción I de la Ley de la materia; asimismo, quedan facultados para tramitar y resolver las excepciones procesales que se promuevan en los asuntos a su cargo y recibir los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten, remitiendo las constancias necesarias de inmediato a la Dirección General de Delegaciones Federales para su admisión, trámite y resolución; ejercer funciones de Oficialía de Partes, para recibir todo tipo de correspondencia dirigida a cualquier funcionario de la Procuraduría, acusando el correspondiente recibo, remitiéndola de inmediato al destinatario conforme a las instrucciones que reciban y para expedir copias certificadas de los asuntos a su cargo. Por lo que toca a vigilancia que debe ejercer respecto a la constitución de garantías y contratos de adhesión a que se refieren los artículos 27 y 63 de la Ley, se faculta a los Delegados Federales para requerir la exhibición de los mismos, así como para dictar las resoluciones de trámite que por este concepto proceden, en los términos de la propia Ley, remitiendo si demora las constancias a la Dirección General del Registro Público de Contratos de Adhesión para su aprobación y registro.

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DECIMOCTAVO. Las facultades delegadas en el punto anterior se concedan igualmente a los Delegados Metropolitanos, excluyéndose además de las excepciones y limitaciones expresamente consignadas, las atribuciones de instruir juicios arbitrales, emitir laudos y aplicar las sanciones previstas en el artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En todo caso las facultades que se delegan a los Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores, Delegados Federales y Metropolitanos y Jefes de Departamento, se entenderán sin perjuicio de la intervención de cualquier superior jerárquico de ellos. Las facultades que en el presente Acuerdo se delegan, se entenderán sin perjuicio del ejercicio directo del Procurador Federal del Consumidor. Para que surta los efectos legales procedentes publíquese en el DiaDECIMONOVENO.

rio Oficial de la Federación. TRANSITORIO UNICO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deroga los emitidos con fecha 13 de febrero de 1980, 25 de julio, 24 y 25 de agosto de 1983 y 20 de enero de 1984, publicados en los Diarios Oficiales de los días 27 de febrero de 1980, 28 de julio y 30 de agosto de 1983 y 27 enero de 1984 en lo que se opongan al presente. México, Distrito Federal, a doce de agosto de mil novecientos ochenta y siete.—E1 Procurador Federal del Consumidor, Salvador Pliego Montes.—Rúbrica.

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