Curso de Derecho Civil

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CURSO DE

D ERECH O CIVIL PRIMER AÑO SEGÚN EL PROGRAMA APROBADO POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO

Explicaciones de la clase de don

ALFREDO BARROS ERRAZURIZ Profesor del ramo en la Universidad Católica de Santiago

CUARTA EDIClON GORREGlDA y AUMENTADA

EDITORIAL SANTIAGO

NAS CIMENTO 1930

CHILE

DEDICATORIA Dedico este libro a mis alumnos de la Universidad Católíca, donde be profesado la Cátedra de Código Civi1, desde el 2f de Abril de 1904.

EL AUTOR.

Índice

BIBLIOGRAFIA DEL CODIGO CIVIL CHILENO Bello· Andiés.-Obras completas. Volumen XL-Proyectos de Código Civil:-Esta obra, precedida de una introducción de don Miguel Luis Amunátegui, contiene los siguientes trabajos: 1. o Proyecto dé la sucesión por causas de muerte, publicado antes en' «El Araucano», desde el 21 de Mayo de 1841 hasta el 19 de Agosto de 1842. Este proyecto va' acompañado de numerosas notas explicativas puestas por Bello. '. 2. o Proyecto de los contratos y obligaciones cOnlJencionales, que había sido publicado en «El Araucano:., desde el 26 de Agosto de 1842 hasta. el 19 de Díciembre de 1845, en que se interrumpió. 3. o Proyecto de la sucesión por causas de muerte, Impreso antes en Santiago en Noviembre de 1846. 4. o Proyecto de los contratos y obligaciones condiCionales. impreso anteriormente en Santiago en Agosto de 1847. Obras completa.s.-Volumen XII.-Proyecto de Código Civil del año '1853. Va preéedido' de una introducción de don Miguel Luis Amunátegui. Al texto del proyecto se han agregado notas que in~ dican la fuente de donde se han tomado algunas de sus disposi~ ciones. ' , Obras completas.-VoJumen XII l.-Proyecto inédito de Códi'go CiviL---Se inicia; como los anteriores con una introduccion de don' 'Miguel Luis Amunátegui, la que se hace notar por el acopio de 'datos que preSénta. El proyecto inédito es el que sirvió de base definitiva para el que fué presentado a las cámaras. Va acompañado tru'l1bién de numerosas notas que indican el origen que se tuvo en vista para .adoptar algunas djsposiciones. ;' .Adetnas de· esfos trabajos, don Andrés Bello publicó muchos y variados artículos sobre cuestiones relacionadas con el Derecho

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Civil, señalándose entre ellas la controversia sostenida con don Miguel María Güemes, sobre la sucesión por cauSa de muerte, el artículo sobre hipotecas y privilegios y otro sobre prelación de créditos Todos estos opúsculos se encuentran en el tomo lX de l'as Obras Completas de Bello. Finalmente. hay que agregar el Mensaje con que el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de C6digo Civil, que' es Utla obra acabada de redacción, erudición y ciencia. López Vitalieio A.--Raz6n y fuente de la tey.-Es una cotícotdancia del Código Civil con fos diversos proyectos que le . prt~die­ ron y las fuentes de éstos. Presta mucha utilidad para conocet" la historia de cada artículo y-sus variaciones. Fabres José Clemente. - Obras completas Imprenta Qrvan~ tes, 1908. Tomo l.-Derecho Internacional Privado. Es· un comert~ tario a los artículos 14, 15, 16, 17 Y 18 del C6c1igo Civil y constituye el mejor ~rabajo sobre esta materia que se haya efectuado en Chile. Fué premiado por la Universidad. Lleva agregado al firtal un anexo con numerosoS e interesantes datos sobre Derecho Inttmacional Privado. La porción conyugal. Tomo II de las obras completas. Es un comentario al párrafo 2.0 del titulo V, Libro III del Código Civil. en apoyo de su doctrina acerca de la incompatibilidad en que se encuentra el cónyuge sobrevíviente para percibir al mismo tiempo porción conyugal y cuarta de libre disposíci6n en la herencia del cónyuge premuerto. Derecho de los hijos naturales.-De la nulidad y recición.~Nuli­ dad de un testamento cerrado.-Efectos de la nulidad absoluta, Tomo 111 de las Obras Completas. Son muy importantes los dos primeros trabajos, que fueron premiados por la Universidad de Chile..1nstituciones de Derecho Civil Chileno. Torno IX y X de las Obras Completas.-Como lo previene su autor en el prólogo, este trabajo no tiene por fin explicar el Código, sino darle ·la forma adecuada a la enseñanz:_-~.

Las Ordenanzas de Bilbao son reputadas como un Código de gran mérito y muchas de sus más antiguas disposiciones fueron tomadas por la célebre ordenanza de Marina publicadas por Luis XIV en 168l. Ordenanzas de I ntendentes.-En 1786 se dictó la Instrucción u Ordenanzas de, Intendentes, a pedido del Virrey de Méj ka, que propuso la creación de los intendentes de ese virreinato. Los intendentes eran funcionarios administrativos, que estaban ,sometidos .al Virrey, pero que tenían importantes atribi"lciones, principalmente en lo relativo a la Real Hacienda, materia en la cual gozaban de cierta indeper.dencia. Las Ordenanzas de, Intendentes, dictadas' al principio sólo para Méjico, se hicieron extensivas luego a los Virreinatos del Perú y Buenos Aires y a las Presidencias de Chile y Guatemala, y ejercieron bastante influencia en ,la organización ad:}" ínistrativa de nuestra República, que todavía conserva. el nombre de estos magistrados. Respecto del orden de preferencia en que. debían aplicarse en los dominios de las Indias las leyes especiales dictadas por los monarcas españoles, debemos record$T que en ,la Real Cédula que promulgó la Recop~lación de Indias, de fecha 18 de Mayo de 1680, se declara que las leyes de dicha Recopilación de Indias se guarden .y ejecuten y por ellas sean determinados todos los pleitos. y negocios que en estos reinos ocurrieren,· aunque algunas sean nuevamente hechas y no publicadas y séan diferentes o contrarias estas leyes de estos nuestros reinos de Castilla. Dispone además la misma Real Cédula,. que se observe en defecto de estas leyes de Indias lo ordenado por la Ley 11, Tít. 1, Libro 11 de la Recopilación de, Indias, quedando en su fuerza y vigor las Cédulas y Ordenanzas dadas a nuestras Reales Audiencias ,en lo que no fueren contrarias a las leyes de aquella. 12. Segundo grupo.-Leyes que constituían el derecho COmún y general de España y que, como acabamos de ver, debían aplicarse en las Colonias españolas, en teda lo que no fuera derogado o modificado por la Ley de Indias o pOl~ las Reales Cédulas u Orderianiasespeciales, todo con arreglo a lo establecido en la misma Recopilación de Indias

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13. El Fuero Juzgo o Libro de los Jueces.-Es el más antiguo de los Códigos españoles y su origen se remonta a la fundación· de la monarquía goda. Vino a poner término a la confusión existente entre la legislación de los visigodos y la de los romanos, por medio de la fusión de ambas legislaciones. Obra sucesiva de los reyes godos, las leyes de este código, que señala un gran progreso en la legislación española, fueron compiladas por el XVI Concilio de Toledo, que descartó todo lo que estimó contrario al desarrollo que en aquel entonces había adquirido el Derecho. Escrito este Código primitivamente en latín, fué traducido después, en el siglo XII I, por orden del Rey San Fernando. El Fuero )tlzgo en su estado actual, que es el mismo que ha tenido desde la conquista de España por los árabes, se divide en 12 libros; éstos en títulos y los títulos en leyes. Es un verdadero compendio bien ordenado por el Derecho Constitucional, Administratiyo, Civil, Procesal y Penal de los visigodos, redactado por el clero, y fué durante varios siglos el Código más sabio, justo y completo de la parte occidental de Europa. 14. Legislaci6n Foral. El Fuero Viejo. El Fuero Real.-Destruída por la conquista de los árabes la unidad religiosa y legislativa, tan pacientemente elaborada por los monarcas y visigodos, el Fuero Juzgo no pudo ser observado en toda España, ni siquiera en los reducidos dominios de los reyes cristianos, que preocupados principalmente de la lucha contra el invasor, no cuidaban de mantener la observancia del antiguo código visigodo. A medida que los reyes cristianos reconquistaban el suelo español y se emancipaban los pueblos, los príncipes les concedían privilegios y leyes especiales, que consagrando las costumbres de los diversos pueblos, los libertaban de tributos y otros gravámenes. Estas leyes municipales, propias de una ciudad, constituyen lo que se ha llamado fuero y vulgarmente carta puebla. El más importante de ellos es el Fuero Viejo de Castilla, que es el verdadero código de la nobleza castellana en los siglos XIII Y XIV, y como ensanchaba desmedidamente los privilegios de la nobleza, nunca fué del agrado de los reyes, los cuales dem:)rando cuanto pudieron su aprobación, trataron en seguida de deragorlo; pero obtuvo al fin sanción real en tiempo de Alfonso X. Fué observado este

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código hasta el reinado de Alfonso el Sabio, el cual promulgó e! Fuero Real, que vino a derogar muchos privilegios de los nobles, El Fuero Real, compuesto bajo la dirección de don Alfonso el Sabio, que continuó la obra de la unificación de la legislación española -emprendida por su padre el rey don Fernando, quedó terminado el año 1255. Sucesivament.e 10 recibieron por fuero municipal más de ,25 ciudades con las aldeas dependientes, y aún provincias mteras, llegando de esta mañera a ser el código gen,eral de Castilla. Como venía a disminuir los privilegios de los nobles, éstos los resistieron . enérgicamente, y en 1272 lograron que el Rey 10 derogase parcialmente otorgándoles el restablecimiento del Fuero Viejo. Sin embargo, se continuó observando en muchas partes hasta que el Ordenamiento de Alcaiá le dió nuevamente fuerza obligatoria. Se divide en cuatro libros y trata de asuntos eclesiásticos y de legislación civil, procesal y criminal; su carácter es más práctico que el Código de las Siete Partidas. 15. Leyes del Estilo.-Con este nombre y también con el RL'>.1:ER

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se distinguían tres clases de costumbres: costumbre fuera de la ley, o sea aplicable a los casos no previstos por ·la ley; costumbre según la ley, o sea" la que interpreta o, fija el sentido de la ley; y costumbre contra ley, o sea, la que viene a derogar la ley por actos contrarios a ella. En el Derecho Español ant iguo para que el uso llegara' a constituir una costumbre legítima que tuviera fuerza de ley, era menester que reuniera ciertos requisitos, a saber: que fuera útil y no perjudicial al bien común, ni contrario al derecho natUral; que se estableciera públicamente y no por actos clandestinos ; que fuera consentido o no contradicho por el soberano; qb1e· se hubiera observado constantemente por todo el pueblo o la mayor parte de él durante el espacio de diez o· veinte años; y que se hubieran dado con arreglo a él .. dos sentencias uniformes, o se hubieren desechado en juicio las demandas presentadas contra su observancia: (leyes La, 2.", 3.~, 4. a y 5." del título 2.° de la partida 1."'). El uso podía probarse por los escritos públicos, por el testimonio de personas ilustradas o ancianas de! país y por dos sentencias costumbre que resultaba de un uso que llenaba los uniformes. ·La requisitos antes indicados y que se probara en la forma dicha, tenía fuerza de ley y producía efectos jurídicos, no' s610 cuando no ha:.. bía ley en contrario, sino también para derogar la ley anterior que le fuere opuesta y para interpretar la dudosa, que debería entendersd según el sez¡tido que le dió la costumbre (ley 6. a, título 2.", partida l.a). ' , La costumbre que tenía fuerza de ley podía cesar por dos cau...; sas: 1.(1 por otra costumbre contraria introducida en debida, forma;, y 2. o por una ley posterior' escrita que la destruyera. ,

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Siguiendo la tendencia.dé los códigos modernos, el Código Ci,-:il chileno ha quitado a la costumbre la fuerza de ley. La costumbre,. dice el arto 2.° no constituye derecho, es decir, ley, sino en .los casos

en que la ley se remite a ella. 5

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En esos CRoaS excepcionales, la costumbre viene a tener fuerza de ley, e.l virtud del mandato expreso del legislador. La ley se remite a la costumbre en los siguientes casos: en el artículo 1198, que dice que no se tomarán en cuenta para imputarlos a la legítima los presentes hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio, ni otros regalos de costumbre; en el arto 1546 que dice que los contratos' obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino a las cosas que por la costumbre pertenecen a la naturaleza de esos contratos; en el artículo 1563 que, al tratar de la interpretación de los contratos, dice que las cláusulas de uso com(ín se presumen, aunque no se expresen; en el artículo 1823, que al tratar de los efectos del contrato de compraventa, dice que sin necesidad de estipulación expresa se entiende hacerse a pruebá la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo; er, el articulo 1940, que al tratar de la obligación que tiene el arrendatario de hacer las reparaciones locativas, dice que se entienden por tales las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios; en el artículo 1944, que al tratar de la obligación del arrendatario de pagar el precio o renta, dice que a falta de estipulación debe hacerlo conforme a la costumbre del país; en el artículo ·1951, que al tratar de la espiración del arrendamiento, dice que si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo o si no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa o por la costumbre, ninguna de las partes podrá hacerlo cesar, sino desahuciando a la otra; en el artículo 1954, que repite un concepto análogo al antes citado; en el artículo 1986 que al tratar sobre el tiempo del pago de la renta de arrendamiento de los prediOS rústicos, .dice que si nada se ha estipulado, se observará la costumbre del departamento; en el artículo 1987, que al tratar del servicio de los criados demésticos, se refiere a los términos del contrato o a lo establecido p:Jr la cJ0tumbre del país; y en el artículo 1997, que al tratar de los contratos para la confección de una obra material, dice que si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en (el· que ordinariamente se paga por la misma especie de obra. En materia comercial las costumbres mercantiles tienen mayor

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importancia, porque reuniendo' ciertas condiciones vienen' a 'sup'lir el silencio de la ley. (art ..{o del Código de Comercio). 42. Formación y discusión de la Ley.-La Constitución Chilena dispone que sólo incumbe al Congreso Nacional el dictar leyes; sin embargo tiene en ellas ingerencia el Poder Ejecutivo. Los proyectos de ley se deberán o 'a la iniciativa del Presidente de la República, quien los envía en forma -de mensajes' a cualquiera de las ramas del Congreso, o lo que es más corriente, a la de alguno de los miembros de éste. Aprobado el proyecto tanto en la Cámara en que tuvo origen como en la que 10 revisó, por la mayoría absolúta de la mitad más uno de los congresales presentes;' pas'ará al Presidente de la República, quien, podrá o bien aprobarlo o bien, haciendo uso de su derecho de veto; rechazarlo en todo o en parte. Si lo rechaza, la voluntad de las Cámaras prevalecerá siempre que concurra para ello,U11a mayoría de los dos tercios de sus miembros presentes; si 10 aprueba, procederá a promulgarlo. 43. Promulgación de la Ley.-La promulgación es el acto por el cual el Presidente de la República da a conocer la ley a todos los ciudadanos. El Código Civil emplea indistintamente las palabras promulgac4ón- y publicación de la ley; pero, en realidad, tienen un significado diverSO. Promulgación es el acto por el cual el Jefe del Estado -atestigua la existencia de la ley, o sea, le da como una patente de autenticidad, y publicación es el medio material de dar a conocer la ley. Para que la ley obligue no basta su publicación; es menester que transcurra el tiempo exigido por la ley para que llegue a noticia de todos, (Art. 7.° del G Civil). Hay dos sistemas de promulgación: el uniforme y el progresivo. Uniforme es aqud' en que la ley obliga 'al mismo tiempo en toda la República. Progresivo es aquel en que la ley comienza ,a obligar en proporción de la distancia de los lugares, es decir, primero en los puntos más cercanos y después en los más distantes, Ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El Código Civil establece ' ' como regla: general el sistema progresivo. El Código Civil fué promulgado por sistema uniforme, porqUe empezó a regir el mismo día en toda la República; pero se fijó' para

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su promulgación un plazo especial más largo que el de las leyes ordinarias. Vencido e! plazo que establece el artículo 7. 0 del Código Civil, se presume de derecho que la leyes conocida de todos. La presunción de derecho quiere decir que no se admite prueba ninguna en contrario. Esta disposición es análoga a la del artículo 1452 del Código Civil que dice que e! error sobre un punto de Derecho no vicia e! consentimiento. Se contempla una regla de excepción en e! artículo 8.°, que se refiere al caso de que por algún accidente hayan estado interrumpidas las comunicaciones ordinarias entre e! departamento donde se promulga la ley y el departamento que ha quedado incomunicado; pero e! que alegue la interrupción de las comunicaciones, deberá probarlo. 44. Fecha de la ley.-Como p:)dría suscitarse duda sobre si la fecha de una leyes la de! día en que el Presidente de la República la aprueba y forma el decreto de promulgación, o bien la del día en que el decreto de promulgación se publica en el Diario Oficial; el artículo 6. o de! Código Civil resuelve categóricamente esta dificultad diciendo que «la fecha de la promulgación será para losefectos legales de ella la fecba de dicho periódico». Desgraciadamente ocurre en la práctica que la publicación en el Diario Oficial se hace muchos días después de firmado el decreto de promulgación, de donde resulta que aparecen dos fechas distintas: la fecha en que se firma el decreto de promulgación, que es la que aparece en e! texto de la ley; y la fecha del día en que se publicó. Esto introduce cierta confusión que impide citar debidamente la fecha de las leyes ya que no puede tenerse a la vista en cada momento e! ejemplar de! Diario Oficial en que cada ley se publicó. Para obviar este inconveniente debería ponerse como única fecha de las leyes, la de! día en que se publican en el Diario Oficial, que es la verdadera fecha para los efectos legales. 45. Equidad natural.-Este no es un concepto vago, cuya apreciación' queda exclusivamente entregada a la voluntad del juez. Eso sería expuesto a arbitrariedades. El concepto legal de equidad

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natural consiste, en el respeto a los principios de la ley natural, que son la fuente primera y el complemento obligaqo del Código Civil. 46. Ordenpúblicó.-Orden, en general, es el arreglo de las cosas de modo que haya unidad en el conjunto. Orden público será, pues, el arreglo de las personas y de las cosas tivos graves, hubiere dispuesto expresamente lo contrario (art. 69 del C. de P. Civil). d) En materia comercial, la obligación: que vence en día Domingo o en otro día festivo, es pagadera al siguiente (art. 111 del C. de C.) 114. Medidas de extensión y peso.-.Las medidas de extensión, peso, duración y cualesquiera otra de que se haga mención en las leyes o en los,¡decretos del. Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se entenderán siempre según las definiciones legales; y a falta de éstas, en el sentido general y popular, a menos de exp~esarse otra cosa. (Art. 51). El sistema antiguo de pesos y medidas aparecía. definido en la ley de 15 de Diciembre de 1843, que fijaba como base para las medidas de longitud, la liara que equivale 836 milésimas partes del metro; la vara se divide en tres pies y en 36 pulgadas; la pulgada en 12 líneas y la línea en 12 puntos. La cuadra tenía 150 varas; y la legua 36 cuadras. . Para las medidas de Superficie fijaba la pulgada, el pie, y la vara c(1bicas. Para las medidas de áridos, la fanega, que equivale a 7,200

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pulgadas cúbicas y que se dividía en dos m?dias y también en 12 almudes y el almud en medíos almudes. Para las medidas de líquidos, la arroca, con capacidad de 3,200 pulgadas cúbicas y que se dividía en cuatro partes, llamadas cuartas de arroba; la cuarta se dividía en dos medias cuartas y la media cuarta en cuatro partes iguales, con el nombre de cuart illos. La medida de peso era el quintal, que es el peso de 3,674 pulgadas cúbicas de agua pura y que se dividía en cuatro partes iguales con el nombre de an'otas; 'la arroba en 25 liéras; la libra en 16 onzas; la onza en 16 adarmes; el adarme en 3 lcmines; y el tomín en 12 gramos. Después, por ley de 29 de Enero de 1848 se estableció como sistema legal el métrico decimal que fija como base para las medidas de longitud, el metro, que es una diez millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre y que se divide en decímetros, centímetros, milímetros y cuyas medidas mayores son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro; para las medidas de superficie, el metro cuadrado, el área que tiene cien metros cuadrados y la hectárea que tiene diez mil; para las medidas de capacic:ad para líquidD8, el litro que equivale a un decímetro cúbico; el decálitro que tiene diez litros y el decílitro que es la décima parte de un litro; para las medidas e'e á.r idos , el litro, el decálitro, el hectólitro y el kilólitro; para las medidas de volúmenes, el metro cúbico; y para las medidas de peso, el kilógramo que es el peso de un decímetro cúbico de agua destilada pesada en el vacío y a la temperatura de 4. 0 del termómetro centígrado sobre cero, y que se divide en diez hectógramos, cien decágramos, mil gramos, diez mil decígramos, cien mil centígramos y un millón de milígramos. También es medida legal de peso el quintal métrico, igual a cien kilógramos. A fin de facilitar la adopción de estas medidas para el uso común de los negocios, se autorizó al Presidente de la República por ley del 26 de Octubre de 1854, para invertir cincuenta mil pesos en la compra de pesos y medidas para proporcionarlos a un precio moderado a las personas que las necesitaren. índice

CAPÍTULO V DE

LOS ACTOS jURIDICOS

GENERALIDADES. REQUISITOS y MODALIDADES

DEL' ACTO JURÍDICO.

REPRESÉNTACrÓN. ACTOS ILÍCITOS. DERECHOS CIVILES. PRUEBAS.

115, Noción del acto jurídico.-Después de haber estudiado la ley, que es una de las fuentes más importantes de los derechos civiles, debemos dar algunas nociones fundamentales sobre los actos Jurídicos, porque los derechos civiles, en el orden patrimonial,nacen ordinariamente de manifestaciones de la libre voluntad de los indi. . viduos, a -las cuales la ley misma concede en ciertos casos la eficacia de servir .de ley para las partes, como ocurre cbn los contratos, cuando se han hecho con los requisitos legales (art. 1545). Aun, en los derechos de familia, juega un rol importante la manifestación de la voluntad de 10,5 individuos, como en el matrimonio, en la legitimación, en el reconocimiento de' un hijo natural, etc. Nuestro Código Civil trata d~ los requisitos de los actos jurídicos, en el título 11 del Libro IV, en el cual se refiere especialmente a las obligaciones y a los contratos; pero algunos.Códigos modernos, como el alemán, contemplan esta materia entre las disposiciones generales que sirven de introducción para las otras instituciones del Derecho Civil. Siguiendo este ejemplo, el programa oficial dispone que entre las materias del primer año del estudio del Derecho Civil, se incluya la relativa a los actos jurídicos en general. Los hechos jurídicos, o sea, los hechos que crean relaciones de derecho, son de dos clases: unos son actos voluntarios. del hombre, . como los contratos, cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos; los otros

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son sucesos naturales independientes de la voluntad del hombre, como la muerte de alguna persona, que da a sus parientes el derecho de heredarla, la edad, que trae consigo la capacidad del individuo, la demencia, que priva a un hombre de la capacidad. Los actos voluntarios se subdividen en actos jurídicos propiamente dichos, que son las declaraciones de voluntad que tienen p::Jr objeto crear, modificar, transmitir o extinguir los derechos, como por ejemplo los contratos, el testamento, la aceptación de una herencia, etc., y actos ilícitos o prohibidos por la ley, que causan daño a otro y que se llaman también actos materiales, porque la obligación civil no nace propiamente de la voluntad de obligarse sino del acto material ejecutado en contravención a la ley. Aquí trataremos de los actos jurídicos propiamente dichos, que se llaman así por la naturaleza de los efectos que producen y que son causa. de la mayor parte de las relar ciones de derecho que hay entre los hombres. Conviene tener presente, para evitar confusiones, que la palabra acto suele tomarse en dos acepciones diversas: una es el escrito redactado para que sirva de prueba de una manifestación de voluntad, o sea, lo que nuestra ley llama instrumento; y otra es la operación voluntaria, que tiene por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir los derechos. En este estudio tomamos la palabra actos jurídicos, en la segunda acepción, que comprende todos los actos, sean escritos o no es critos, sean consensuales o solemnes; y conviene no olvidar que por regla general los actos jurídicos son consensuales, es decir, que se perfeccionan por el solo consentimiento y que sólo por excepción, y para ciertos actos importantes, la ley exige solemnidades especiales. 116. Libertad de los individuos para la celebración de los actos jurídicos.-En materia de derecho público, hay un principio fundamental establecido en nuestra Constitución Política, que dice que ninguna magistratura, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, puede atribuirse otra autoridad o derecho que los que expresamente se le hayan conferido por las leyes, y que todo acto en contravención a ese artículo es nulo. En derecho civil, ocurre 10 contrario. El principio fundamental, en lo concerniente a las relaciones jurídicas de un or.den económico

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patrimonial, es la libertad de las convenciones. En materia civil, se entiende que 10 que no está expresamente prohibido por la ley, es permitido realizarlo; principio que reconoce nuestro Código Civil en el arto 1545, que dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y .que no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Además, ya hemos visto en btra parte que las leyes civiles tienen por lo general el carácter de supletorias de la voluntad de las partes y que se aplican en aquellos casos en que las partes no han manifestado expresamente voluntad contraria. Así, celebrado un contrato de venta o de arrendamiento, se aplican las disposiciones del Código Civil para determinar las obligaciones del comprador y del vendedor; del arrendador, y del arrendatario, en todo aquello que no aparezca expresamente contemplado en el. contrato; pero pueden las partes, aL celebrar el contrato, modificar o suprimir esos derechos y obligaciones contempladas en el Código Civil, porque tratándose de actos jurídicos de un orden patrimonial, que sólo afectan al interés privado de los contratantes, tienen estos plena libertad para fijar sus derechos y obligaciones y para renunciar a los derechos que les concede la ley. ' Aun en materias que, se relacionan con el régimen de la familia, como es la relativa a la Sociedad de bienes entre los cónyuges, pueden estos antes de contraer matrimonio, ,celebrar convenciones relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro y estas convenciones, que toman el nombre de Capitulaciones matrimoniales, pueden contener cláusulas que varían los efectos propios del régimen de comunidad de bienes que establece el Código Civil. Así, puede en ellas estipularse la separación de bienes entre los cónyuges y darse a la mujer la administración de los bienes separados, con independencia del marido (art. 1720 y decreto ley de 1925). Pero esta libertad tiene limitaciones muy importantes. La convención de las partes no puede ir contra la prohibición expresa de la ley ni derogar las leyes que interesan a las buena., costumbres o al orden público; principio éste claramente establecido por nuestro Código, al tratar de los actos y declaraciones de voluntad, cuando O

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dice que e! objeto debe ser no sólo física sino moralmente posible y que es moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público (art. 1461). La libertad de las partes para los actos jurídicos tiene, pues, tres limitaciones importantes: a) No pueden celebrar un acto contra la prohibición expresa de la ley. La sanción de esta limitación de la libertad de las partes está contemplada en e! arto 10 de! Código Civil, que dice: «Los actos que prohibe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que e! de nulidad para el caso de contravención». Para que haya prohibición expresa de la ley, no es menester que el legislador emplee las palabras sacramentales: «~e prohíte»; basta que aparezca de un modo claro la prohibición. Así, el arto 1796, que dice: «Es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados, y entre el padre y e! hijo de ~ familia» «importa una probibición expresa y es lo mismo que si dijera: «se prohibe el contrato etc.», b) Otra limitación es la, de no celebrar un acto contrario a las buenas costumbres. Se entiende' que es contrario a las buenas costumbres un acto que es contrario a la moral cristiana, que es la que determina cuáles son las buenas y las malas costumbres en los países civilizados. Un acto jurídico, que contenga estipulaciones contrarias a la moral, es doblemente nulo, según nuestra legislación, porque la estipulación inmoral importa un objeto ilícito, (art. 1461) y una causa ilícita (art. 1467). c) La otra limitación de la voluntad de las partes consiste en que no pueden derogar las leyes que interesan al orden público, es decir, al bienestar social, a la organización necesaria para el funcionamiento del Estado. Son muchas las disposiciones legales, que contienen reglas indispensables para la seguridad, moralidad pública, bienestar de las personas y comodidad de las relaciones económicas y éstas interesan al orden público, porque miran más al interés general de! Estado, que al interés particular de los contratantes.

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Son de orden público todas las leyes del Derecho Público, incluíd~ entre ellas las leyes del Derecho Penal; las leyes relativas a la organización y buen régimen de la familia, como son, las relativas al matrimonio, a la sociedad conyugal, a los derechos y deberes de los cónyuges, de los padres, de los hijos, a la filiación etc. Por lo que respecta a las leyes que miran al patrimonio, la mayoría de ellas no son de orden público porque sólo miran al interés privado; pero las que se refieren al régimen de la propiedad raíz, a la publicidad de las transacciones, al crédito hipotecario y otras análogas, son de orden público, porque son dictadas en atención al interés general y para resguardar los derechos de terceros. En materia de contratos, donde las partes tienen amplia libertad, hay sin embargo algunas disposiciones que interesan al orden público y que no pueden derogarse pore1 convenio de las partes, como son aquellas que tienden a impedir que un contr.atante abuse de su superioridad económica en perjuicio del otro para imponerle condiciones leoninas. Así, no podrían derogar las disposiciones sobre lesión enorme en la venta de bienes raíces. Finalmente, los particulares, en sus convenciones, no pueden derogar las leyes dc protección a los incapaces, porque quedaría burlado el fin que el legislador se propuso al establecerlas. 117. Actos a título gratuito y oneroso; por causa de muerte y entre vivos.-Los actos a título gratuito' son aquellos que procuran ventaja auna sola de las partes y que tienen un fin benéfico, por ejemplo, la donación, el testamento, el préstamo sin interés. Los actos a título oneroso son aquellos que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro .. Los actos por causa de muerte son aquellos por ~ los cuales una persona dispone de sus bienes para que tal resoluci6n tenga efecto después de su muerte, y que son revocables hasta ese momento, v. gr., el testamento, la donación mortis causa. Los demás actos son entre vivos y producen sus efectos en vida de sus autores ' 118. Condiciones de existencia y validez.-Hay elementos esenciales que deben concurrir en todo acto jurídico y son: 1. Capacidad

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legal; 1I. Consentimiento o voluntad de las partes; II I. Obj eto lícito; y IV, Causa lícita (art. 1445). Si falta en absoluto alguno de estos elementos esenciales, el acto es nulo, o sea, no tiene existencia legal. Esto da origen a la nulidad absoluta. Cuando todos los elementos esenciales concurren a constituir el acto jurídico, este queda legalmente formado y produce todos sus efectos. Sin embargo, este acto aparentemente bien cohstituído puede encontrarse afectado de vicios que lo inperfeccionen y permitan a ciertas personas pedir su rescisión a los tribunales. De un acto así, que nace enfermo a la vida del derecho se dice que es rescindible y de aquí nace la acción rescisoria o de nulidad relativa. Finalmente, todo contrato bilateral lleva envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado (art. 1489); de modo que un acto de esa naturaleza puede nacer bien constituído y exento de todo vicio, pero puede llegar un momento en que pierda su valor por haberse cumplido la condición resolutoria que lleva envuelta, de donde nace la acción resolutoria. Conviene también recordar que hay ciertos contratos de tracto sucesivo, que se cumplen por períodos, como el contrato de arrendamiento, y respecto de los cuales' la ley contempla la acción especial de terminación del contrato, cuando en el transcurso de su vigencia sobrevienen circunstancias que autorizan a una de las partes para ponerle término. Esta acción no obra retroactivamente. 119. Capacidad.-EI primer requisito que exige la ley para que una persona' se obligue a otra, por un acto o declaración de voluntad, es que sea legalmente capaz. Este requisito que exige la ley, al tratar de las obligaciones, es indispensable para la validez de cualquier acto jurídico, sea o no productivo de obligaciones. En general se llama capacidad, la aptitud o idoneidad para hacer alguna cosa; pero la capacidad jurídica, que es la de que ahora tratamos, es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, y para ejercer los derechos por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra. El concepto de capacidad jurídica encierra dos ideas distintas: una es la capacidad para adquirir derechos, es decir, para ser el sujeto en que ellos residan, 10 que se llama capacidad de goce o ad-

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quisitiva; y la otra, es la aptitud' para ejercer esos derechos y para

trasmitirlos, sin el ministerio o autorización de otra persona; yésta es la que se llama capacidad de ejercicio. En el artículo 1445, el Código Civil define la capaCidad de ejercicio, al decir que «la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por 'sí misma, y sin ~I ministerio o la autorización de otra». La incapacidad, o sea la falta de' capacidad, puede, pues, consistir: o bien en una inhabilidad para adquirir derechos, o bien en una inhabilidad de la persona para ejercerlos pOr sí misma y sin el ministerio o autorización de otra. La primera se llamá incapacidad de goce, y la segunda, incapacidad de ejercicio. ,La capacidad es la regla general, po~ lo cual no hay para qué averiguar quién es capaz. La incapacidad es la excepción, pOl,' 10 cual hay que averiguar quién, es incapaz y probar la incapacidad. Este principio 10 enuncia el Código diciendo: «Toda persona es legalmente capaz,' excepto aquellas que la ley declara incapaces». (art. 1446). Incapacidad de goce o adquísítiva.-'La capacidad de goce o adquisitiva se concibe perfectamente, separaua de la capacidad ge ejercicio, porque el dueño o sujeto de un derecho puede ser incapaz de ejercerlo por sí mismo, por razones naturales o legales. Estos son los que en el lenguaje jurídico ~e llaman, ordinariamente, incapaces. En nuestra legislación, como en ,todas las legislaciones modernas, la .capacidad de goce o adquisitiva pertenece en principio a todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su nacioná:': lidad, su edad, sexo, estirpe o condición; y paresa a todos les reconoce el Código Civil la calidad de personas naturales, lo que equivale a decir que pueden ser sujetos de derechos civiles. (arts. 55 y 57). Es el respeto a los principios de la ley natural y a la condición de la persomilidad humana. Quitar a un individuo la facultad de adquirir derechos es borrarlo del número d" las personas y dejarlo en la condición de los antiguos esclavos. La capacidad de goce comprende la facultad de adquirir toda clase de bienes y de conservar el dominio de ellos.

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La incapacidad de goce es algo excepcional y s610 se justifica en casos especiales. Tienen incapacidad de goce: a) Las cofradías, gremios, o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas, las cuales son incapaces de toda herencia o legados, salvo que la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento,' en cuyo caso podrá solicitarse la aprobación legal, y obtenida ésta valdrá la asignaoión. (art. 963). En otros términos, no son capaces de adquirir bienes, las cofradías, gremios o establecimientos, que no han obtenido personalidad jurídica. Si la ley no les reconoce la calidad de personas, porque no han cumplido con ciertos requisitos, es lógica al negarles el derecho de adquirir bienes; derecho que sólo corresponde a las personas; b) Los muertos civilmente, porque en virtud de la muerte civil termina la personalidad relativamente a los derechos de propiedad. (art. 95). Terminada la personalidad con relación al derecho de propiedad, no pueden los muertos civilmente, adquirir ni conservar bienes de ninguna clase; c) Las corporaciones que tienen personalidad jurídica, pueden adquirir bienes de todas clases a cualquier título, pero no pueden conservar la pose:;ión de los bienes raíces que adquieran, sin permiso especial de la legislatura. Sin este permiso especial estarán obligadas a enajenar dichos bienes, dentro de los cinco años subsiguientes al día en que hayan adquirido la posesión de ellos; y si no lo hicieren, caerán en comiso los referidos bienes. Esta prohibición no se extiende a los derechos de censo o pensión, asegurados sobre bienes raíces, ni a los derechos de usufructo, uso o habitación. (art. 556). Esta es una incapacidad especial de goce que afecta a las personas jurídicas que no tienen permiso de la legislatura, y sólo para conservar el dominio de los bienes raíces y que no se extiende a los derechos de censo, usufructo, uso o habitación ni a las pensiones aseguradas sobre bienes raíces. Incapacidad de eiercicio.- Es la inhabilidad de una persona

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para ejercer los' derechos por sí misnfa, sin el ministerio o autoriza'ción de otra. Para que una persona pueda ejercer sus derechos por sí misma y contraer obligaciones, se requiere: a) que tenga el discernimiento necesario; y b) que no haya sido declarada incapaz por la ley. Si falta alguno de estos requisitos, será incapaz de ejercicio, La incápacidad de ej ercic io prü¡viene pues de dos causas diversas: una natural y otra legal. La primera se llama incapacidad absoluta y la segunda incapacidad relativa. La incapacidad absoluta es natural y comprende aquellas personas que por razón de su edad, demencia o defecto físico no tienen el discernimiento necesario. Esta' incapacidades general para toda . .clase de actos. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordo-mudos que no pueden darse a entender por escrito (Art. 1447). La ley supone que la voluntad jurídicamente eficaz no existe en estas personas y donde falta la voluntad, falta el principio de existencia de todo acto jurídico. ' Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no, ad, miten caución (Art. 1447); adolecen de nulidad absoluta (Art. 1682) y no pueden sanearse por la ratificación ni convalecer por un lapso inferior a treinta años. La incapacidad relativa es legal ,y proviene de diversas causas, calificadas arbitrariamente por la ley, que son: la condición de menor adulto no habilitado de edad; la interdicción en que se encuentran los disipadores; el estado de mujer casada y de religioso y la calidad de persona jurídica. . Son incapaces relativos los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad; los disipadores que se hallan bajo interdicción de administrar' 10 suyo; las mujeres casadas; los religiosos y las personas jurídicas. La incapacidad de estas cinco clases de personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes (Art. 1447). Los actos de estas personas adolecen sólo de nulidad relativa, es decir, pueden anularse por el juez, a pedido de aquellos en cuyo be9

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neficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el transcurso de cuatro años contados desde el día en que haya cesado la incapacidad o por la ratincación de las partes (Art. 1684 y 1691). La incapacidad de estas personas es una medida de protección que toma la ley en favor de personas que por su edad o condición no tienen plena capacidad jurídica y en consecuencia se entiende establecida en favor de ellas mismas. La incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autorización del marido o del juez en subsidio, habiendo debido obtenerla, se entiende establecida en beneficio de In misma mujer y del marido (Art. 1684). 120. Del cOllsentimiento o voluntad de las partes.-Pluralidad de voluntades y voluntad única. Por regla general, para ejecutar un acto jurídico se necesitan dos personas, a lo menos, cemo quiera que en su mayor parte los actos jurídicos son contratos o convenciones, o sea, acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Estas personas se llaman partes. Consentimiento es el acuerdo de las voluntades concurrentes en la formación de un acto jurídico. Los actos que requieren el concurso de dos voluntades se llaman bilaterales. El acto jurídico puede también ser la obra de una voluntad única, que basta para producir un efecto jurídico: por ejemplo, el otorgamiento de un testamento, la aceptación o repudiación de una herencia, la ocupación, la emancipación, el reconocimiento de un hijo natural. Estos se llaman actos unilaterales. En los actos que dependen de la voluntad de una sola persona, no hay, propiamente hablando, consentimiento, sino declaración de voluntad. Pudiera considerarse que en alguno de los ejemplos citados, la voluntad única no es más que aparente o temporal, ya que el te;stamento, v. gr., no tiene efecto por sí mismo, sino cuando a la voluntad del testador le sale al encuentro y viene a unirse con ella la voluntad del asignatario, supuesto que entonces no más se réaliza el efecto jurídico del acto testamentario, por medio de la aceptación de la asignación. Lo mismo puede decirse en caso de asignación intestada; entonces el llamamiento a suceder lo hace la ley, presumiendo la voluntad probable del difunto.

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Sin embargo, como cada una de!las partes del acto se presenta aisladamente y se gobierna por reglas ~que le son propias, puede considerarse cada una de esas partes como un acto jurídico aislado, ejecutado por una sola voluntad. No basta que exista la voluntad de celebrar un acto jurídico; es menester que esa voluntad se declare, es decir, que se manifieste exteriormente. Esta declaración se hace de ordinario expresamente, esto oes, manifestándose verbalmente o por escrito; pero tambien se puede producir tácitamente, cuando.el interesado obra de tal manera que aparece cierta su intención jurídica Así la aceptación de una herencia es tácita cuando el heredero ejecuta un acto ,que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho de, ejecutar siRO en su calidad de heredero (Art, 1241). 121. Caracteres necesarios para la eficacia jurídica de la voluntad.-Puede suceder que un actojuridico se haya ejecutado materialmente y que falte, no obstante, la voluntad de su a~tor, porque ha procedido inconscientemente. En tal caso, el acto no existe más que en apariencia: existe en el hecho, pero no en él derecho. Las causas que' suprimen la voluntad son dos; a) la demencia . o falta de razón en el autor del acto; b) un error esencial del mismo, Demencia o privación de razón.-Una persona que es falta de juicio, por efecto de una causa fisiológica, carece de voluntad jurídicamente eficaz. En est;e caso se encuentran los impúberes, los dementes y los sordo-mudos que no puedcn darse a entender por escrito. Estas personas son incapaces de comprender lo que hacen o de dar a 'conocer claramente su voluntad. Error esencial.-Puede suceder que una persona en su sano juicio ejecuta un acto jurídico bajo la influencia de un error tal, que la voluntad desaparezca. Este error, que impide la formación del acto jurídico, tiene lugar en dos casos: 1, o El error que recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; y 2. o El error que recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta, el

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vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra (art. 1453). El Código Civil no considera estos dos' casos de error esencial como destructores del acto jurídico, capaces de producir su inexistencia o nulidad absoluta, sino que los considera como vicios de la voluntad, capaces de producir la anulabilidad o rescisión del acto. Pero la distinción resulta de la aplicación de los principios generales, y Pothier, cuyas doctrinas se han seguido principalmente en el libro De las Obligaciones, establece la diferencia entre el error que destruye el consentimiento y el error que puede hacer rescindible el contrato. 122. Vicios de la voluntad.-Para la eficacia jurídica del acto o contrato no s610 se requiere la existencia de la voluntad, sino que ésta no adolezca de vicios. Tanto el consentimiento propiamente dicho, como la declaraci6n de la voluntad única, deben estar exentos de estos vicios; el error, la fuerza, el dolo, la lesión. Error.-Sus clases.-Error es el concepto inexacto que tenemos de una cosa. Consiste en creer verdadero 10 falso y falso lo verdadero. No debe confundirse con la ignorancia, que es el desconocimiento absoluto de una cosa. La ignorancia no sabe nada, al paso que el error cree saber, pero se engaña. El error se divide en error de derecho y en error de hecho. El error de derecho, que consiste en tener un conceptoequivocado de la ley, no vicia el consentimiento. El legislador supone que todo el mundo debe conocer la ley y debe conccerla bien, por lo cual no permite alegar ignorancia o equivocado concepto de eIJa después de vencidos los plazos que se señalan para su conocimiento, sino cuando por algún accidente hayan estado interrumpidas durante dichos plazos las comunicaciones ordinarias, en cuyo caso dejará de correr el plazo por todo el tiempo que durare la incomunicación (art. 8 del C. C.). De derecho se presume la mala fe en .el error de derecho (art. 706, inc. 4.°). Aparte de la restricción consignada en el artículo 8. ° del Código Civil, hay casos de excepción en que el error de derecho no p"rjudica' v. gr. al que ha efectuado el pagO de una suma que no debía, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente

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natural. En est,e caso, el perjudicado tiene acción para la devolución de la suma indebidamente pagada (art. 2297). Análoga a este caso es la disposición del artículo 2299, que dice que del que da lo que no debe no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de 10 que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. El error de hecho, que consiste en el concepto inexacto de una cosa, puede ser eSencial, substandal o accidentaL Del error esencial no trataremos al hablar de los vicios de la voluntad, porque acabamos de decir que por, su naturaleza suprjme totalmente la voluntad, y en consecuencia no puede considerarse como un ?imple vicio de ella. ' Nos ocuparemO$, pues, en esta parte, solamente del error substancial y del accidental. El error es sUQstancial: l. o Cuando la substancia o calidad esencial del objeto sobre que yersa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal (art, 1454). 2, QCuando recayendo sobre una calidad no esencial del objeto, esta calidad es el principal motivo de una de las partes para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte: v. gr., la compra de un cuadro que Se atribuye a determinado autor, si la calidad de ser de tal autor ha sido el· principal motivo que tuvo el comprador para comprarlo, y este motivo era conocido del vendedor (art. 1456). 3. o Cuando recae sobre la persona, siempre que la considera9ión de la persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá derecho de ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato (art. 1455). Al juez corresponde decidir, según la naturaleza del contrato y las circunstancias especiales del hecho, si la consideración de la persona ha sido una ,condición del contrato. Generalmente la consideración de 'la persona será preponderante en los contratos a título

gratuito; menos frecuente en los contratos onerosos que producen

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obligación de hacer, y -muy" rara en los contratos onerosos que producen obligación de dar. Error accidental es aquel que no vicia de nulidad el consentimiento y que, por 10 tanto, no ejerce influencia sobre la validez del contrato: tales son, por ejemplo, el error de cálculo, de nombre, de redacción y el que recae sobre el valor de la cosa o sobre otros puntos accesorios. El error substancial dej a nl!lo de nulidad relativa el acto en que incide. El error accidental no da lugar a la rescisión del acto, sino a indemnización de perjuicios en algunos casos. La prueba del error incumbe al que 10 alega. Fuerza.-Sus efectos.-Fuerza o violencia es la coacción dirigida sobre la voluntad de una persona, con actos materiales o por medio de amenazas, para determinarla a consentir en un acto jurídico. La coacción puede ser física o moral, actual o inminente. La violencia no destruye el consentimiento, sino que le quita su libertad: la voluntad forzada es voluntad: el que prefiere, quiere (qui mavu!t, vult) , decían los romanos. En efecto, el que se determina bajo el imperio del miedo a celebrar un contrato que no habría aceptado en otras circunstancias, escoge el menor entre dos males que amenazan. Consiente, puesto que prefiere celebrar el contrato, a exponerse a la muerte ú otro peligro. Pero no cualquiera violencia vicia el consentimiento, sino aquella que es capaz de producir una impresión fuerte en persona de sano juicio, tomando en cuenta sU edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto de que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte, o alguno de sus a3Cendientes, a un mal irreparable y grave. El temor reverencial no vicia el consentimiento (art. 1456). Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el beneficiado por ella: basta para el caso, que sea ejercida por cualquiera persona, con el objeto de obtener el consentimiento (art. 1457). No sucede lo mismo con el dolo, el c,Ua! vicia el consentimiento cuando es obra de una de Ias partes; pero no cuando lo es de un tercero. El :ilcto ejecutado bajo el imperio de una violencia que quita su

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libertad al consentimiento. es rescindible, o en otros términos, adolece de nulidad relativa. I Doío.-Dolo es todo engaño o artificio cometido en la conclusión de un acto jurídico, o bien la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro (art. 44). Una simple mentira basta para constituirlo, cuando por medio de ella se consigue engañar a la víctima. Basta también para constituirlo" una simple reticencia, cuando la ley impone la obligación de hablar, como el casó del artículo 1861. De aquí que el dolo puede ser positivo o negativo: el primero es el empleo de maniobras directas encaminadas a engañar a otro> el segundo es la simpÍ~ ocultación o disimulo dé un hecho, que conocido de la parte contraria, le hubiera impedido contratar . . El dolo puede ser también principal o incidentaL Principal es el dolo que ejerce una influencia ta!, que determina el consentimiento de la otra parte. Incidental es el que no es bastante para determinar el consentimiento, pero que trae por consecuencia para la víctima la celebración del acto en condiciones desfavorables. Para que el dolo vicie el consentimiento, necesita ser causa determinante del acto, o sea dolo principal, es decir, que haya ejercido una influencia tai, que' aparezca claramen~e que sin él no se hubiera ejecutado el acto. C,uando el acto .jurídico no es unilateral, se exige la condición particular. de que el dolo sea obra de una de las partes contratantes,_ en lo cual se diferencia de la fuerza, que vicia el consentimiento aunque no sea obra de uná de las partes (art. 1458). Cuando el dolo es la obra exclusiva de un. tercero, la víctima puede reclamar perjuicios del culpable, pero no puede pedir la rescisión del acto, pues no sería justo castigar al' contratante inocente por el dolo de un extraño. El dolo incidentaJ no vicia el consentimiento; . sólo da derecho a la correspondiente acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de fl; contrf las primeras, por el total valor de los perjuicios, y contra las segun· das, hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo

(art. 1458).

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El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse (art. 1459). La prueba del dolo corresponde 81 quc 10 alega. Lesión.-Hay un hecho que produce a veces los mismos resultados que los vicios del consentimiento: este hecho es la lesión. Se entiende por lesión el perjuicio pecuniario que un acto jurídico puede causar a la persona que lo ha ejecutado: La ley da la acción de rescisión al que ha sufrido el perjuicio, siempre que éste sea enorme en concepto de la ley. Esta acción tiene lugar en el contrato de venta (artículo 1889), y se concede a favor del vendedor cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; ya favor del comprador, cuando 'el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella, refiriénd::>se el justo precio· al tiemp::J del contrato; y en las particiones de bienes (art. 1384), a favor de los acreedores hereditarios o testamentarios que gocen del beneficio de separación, los cuales pueden pedir la rescisión de las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los seis meses subsiguientes a la apertura de la sucesión y que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios. Igu~l acción tienen respecto de las hipotecas o censos constituídos en las mismas condiciones. Propiamente hablando, la lesión no constituye un cuarto vicio del consentimiento, distinto del error, la fuerza y el dolo, porque si el autor del acto lo ejecutó sin darse cuenta de su resultado, la lesión se confunde con el error; si lo ejecutó a ciencia cierta de lo que hacía, pero constreñido por una necesidad apremiante o por el miedo, su consentimiento ha sido forzado y la lesión se confunde entonces con la fuerza; y si ha habido engaño, se confunde con el dolo. La acción rescisoria por lesión enorme en el contrato de compra-venta expira en cuatro años (art, 1896). 123. Objeto.-Los actos jurídicos tienen por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos; de lo cual se deduce que el acto jurídico bien ejecutado tendrá siempre un objeto. Por ejemplo, un contrato tendrá ordinariamente por objeto crear obligaciones y por cons~guiente derechos; cualquiera modificación de

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las condiciones, del· contrato, aCGrdada posteriormente 'por las' partes, vendrá a modificar esos' derechos; el testamento tiene por objeto transmitir todos o parte de los bienes del testador; y una escritura de cancelación de una deuda viene a extinguir los derechos del acreedor.. 'Pero, conviene no confundir el, objeto del acto con el objeto del derecho que el acto puede crear. En efecto, el objeto del derecho, cuando se trata de derechos de familia,. es una persona: v. gr., el matrimonio o el reconocimh~nt? de un hijo natural, los que establecen derechos entre dos personas, Cuando se trata de derechos, patrimoniales, el objeto del derecho es una cosa o un hecho, Por ejemplo: el derecho de usufructo, recae necesariamente sobre una cosa determinada. El objeto de un crédito o derecho personal puede ser una suma de dinero; puede también consistir en una' obligación impuesta al deudor, de hacer o no hacer algo. Téngase presente que para que el 'acto jurídico produzca sus efectos,.' es absolutamente necesario que' nosóJo tenga objeto el acto mismo, sino también el derecho que forma la materia del acto. . Por ejemplo, si yo hago donación de un caballo a Pedro, 'el acto tiene por objeto transferir el dominio del caballo; pero si el caballo hubiera muerto antes de la donación, esta quedará sin Hecto, porque catecía de objeto el derecho. Finalmente, no basta que el acto tenga un objeto, sino que ese objeto debe ser lícito. Por regla general, hay objeto ilícito en todo acto o contrato prohibido por la ley. , 124. Causa.-Causa es el motivo que: induce al acto o contrato. (art. 1467) . . 'La causa debe ser real y lícita, pero no es necesario expresarla. Es causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria' a las buenas costumbres o al orden público. Esta noción de la causa ha sido muy discutida entre . los que sostienen que la causa constituye un elet:flento'distinto de los otros e indispensable para la validez del acto .0 contrato, y los que sostienen (y entre éstos están los más) que la noción de la causa es artificíal, 'que nada agrega a los otrOs tres elementos exigidos para la validez de los' actos Y de los contratos. ·

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En la teoría de las obligaciones,-es decir, cuando se estudian los derechos personales o créditos, es cuando la teoría de la causa debe también ser estudiada. Desde luego puede anticiparse que la causa no puede encontrarse sino en los actos jurídicos capaces de producir obligaciones; pero no todos los actos jurídicos son productivos de obligaciones: v. gr. la renuncia de una herencia no crea obligaciones; la ocupación y la posesión dan origen a derechos reales, pero no a derechos de crédito. En los contratos bilaterales, la causa de la obligación que contrae una parte consiste en la obligación correlativa de la otra parte. Así, si yo vendo mi casa, la causa de la obligaci6n que en mi calidad de vendedor c::mtraigo, de entregar la casa, consistirá en la obligaci6n que a su vez tiene el comprador de pagarme el precio de ella. . 125. Forma de los actos jurídicos. Actos consensuales y actos solemnes;-En general, los actos jurídicos no necesitan para perfeccionarse, de formalidades determinadas por la ley; basta para ello el consentimiento, que puede manifestarse de palabra o por escrito, sin f6rmulas ni ritualidades especiales. Así sucede, v. gr., con la compra de un bien mueble; con la adquisición del dominio por medio de la ocupación, etc. Pero, por excepción, hay actos o contratos que están sujetos a ciertas formalidades especiales, de manera que, sin ellas, no producen ningún efecto civil. Así sucede, v. gr. con la compra de un inmueble, la cual debe hacerse por escritura pública; con la constitución de hipoteca, la cual debe también hacerse por escritura pública, inscrita, etc., etc. Los actos jurídicos que no requieren para su validez formas determinadas y que se perfeccionan por el mero consentimiento, se llaman consensuales. Los actos que requieren para su validez formalidades especiales, se llaman .'Jo!em!1ts; solemnidale.~ son ciertos requisitos externos que la ley exige para la validez de algunos actos o contratos. Hay una gran diferencia entre los actos consensuales y los solemnes, y la diferencia consiste en esto: el acto escrito que se hace para que conste, v. gr., la venta de un bien mueble, no es más que

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una precaución tomada de' antemano para proporcionarse un medio de prueba seguro y fácil y para evitar retractaciones; pero teóriCamente, la venta existe y produce sus efectos con independencia de 10 escrito y aún cuando no se hubiera escrito nada. Por el contrario, la venta de un inmueble sin escritura pública no produce efecto alguno; es como si no se huhiera hecho, aunque conste la voluntad de las partes claramente manifestada. Como falta la forma externa, que es la escritura pública, y esta forma externa es necesaria, el acto no existe.· El Código Civil, en el artículo 1701, consagra esta doctrina cuando preceptúa que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos o contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y que se mirarán como no ejecutados los actos o no celebrados los contratos, 'aún cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumentopúblíco dentro de cierto plazo y bajo pena. , ÁI exigir la ley que se observen ciertas formalidadés en la celebración de algunos actos jurídicos, persigue el doble fin de dar publicidad al acto y de dar tiempo a una reflexión tranquila, principalmente cuando se trata de actos importantes, que una vez celebrados son irrevocables en el hecho o en el derecho. También recurre la ley al empleo de formalidades como medida de protección en favor de los incapaces. Las formalidades exigidas por la ley varían según la naturaleza de los actos o·contratos y consisten, ya en que el zcto conste por escrito, ya en que se otorgue escritura pública, o bien en la presencia de algún oficial público o ministro de fe o de cierto número de testigos, y en otros casos, en la intervención de la justicia. Así, la venta de los bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria no se reputan tan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública (art. '1801); el testamento solemne y abierto debe otorgarse ante competente escribano y tres testigos, o ante cinco testigos y es siempre escrito (artículos 1011 y 1014); la donación entre vivos, cuyo valor excediere de dos mil pesos, debe ser insinuada, es decir autorizada por el juez competente, con arreglo al artículo 1401 del Código Civil.

126. Consecuencias de la ausencia de una de las-condiciones de

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existencia o validez; Nociones someras sobre la teoría de las nulidades.-Los actos jurídicos se forman por la reunión de ciertos requisitos esenciales que .son indispensables a su existencia; estos requisitos se· refieren ya a la forma, o sea, a las solemnidades o requisitos externos de los actos, ya al fondo, o sea, a los requisitos internos de los mismos. Si uno de estos elementos esenciales falta en la constitución del acto jurídico, éste no puede nacer ni producir efecto alguno; tiene sólo la apariencia de un acto, pero carece de existencia legal. Si, por el contrario, los elementos esenciales han concurrido a la formación del acto, éste queda regularmente formado y capaz de producir efectos jurídicos. Pero puede suceder que este acto se haya celebrado en circunstancias tales, que la relación de derecho que el crea no sea conforme a la equidad, y venga así a lesionar injustamente el interés privado que merece la protección de la ley. En ambos casos hay nulidad o falta de valor en el acto jurídico, pero esa nulidad, en un caso es absoluta y en el otro, relativa. La primera se llama absoluta, en el sentido de que puede ser opuesta por toda clase de personas y de que produce la falta de valor completa y radical del acto, de tal manera que se le mira como si no se hubiera realizado. La segunda se llama relativa y ha sido introducida por la ley en favor de ciertas personas que merecen su protección; de su mismo nombre de relativa se desprende que ella sólo puede ser opuesta por las personas en cuyo beneficio la han establecido las leyes. La distinción entre ambas clases de nulidades viene desde el Derecho Romano. Respecto a la nulidad absoluta decían los textos: Nullum est negotium; nihil actum e.~t; o sea el acto no produce efecto jurídico alguno y es nulo ab initio, sin que hubiera necesidad siquiera de pronunciar la nulidad. Esto ocurría cuando el acto no reunía las condiciones necesarias para su formación, como en el caso de una venta que careciese de objeto, o bien, cuando se trataba de un acto prohibido expresamente por la ley, como la donación entre cónyuges. La rescisión o nulidad relativa apareció posteriormente como una medida de protección concedida por el pretor en los casoS en que el acto cumplía con las condiciones exigidas por el Derecho, pe-

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ro causaba un perjuicio inmerecido asu autor. Así, cuando una per"sona contrataba bajo el imperio de la fuerza. o cuando un menor de edad' había tratado con otra persona· que había abusado· de su inexperiéncia, . el .pretor cor:cedía al perjudicado la ¡-cM itutio . in inícgrum, que importaba la rescisión del acto. Mientras no se concedía la restitución por el pretor, .el acto se consideraba válido; pero estaba amenazado de perddr su efecto si el pretor, a petición del perjudicado, pronunciaba la restitución. Es muy importante establecer la distinción entre la nulidad absoluta' y la relativa. Anotaremos a continuación es::is diferencias_ a) La nulidad absoluta mira' al acto en sí mismo; el cual es nulo desde el primer momento, sin relación a persona determinada y no produce efecto alguno; de aquí que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. . La nulidad relativa no mira al acto en sí mismo, sino en cuanto se relaciona con la persona que sufre el perjuicio, de modo que no puede ser declarada de oficio; y el acto produce sus efectos nOrmales y no pierde su valor mientras el juez no declara la nulidad a petición de la parte perjudicada.· . b) La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto por el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración· por el ministerio público 'en interés de la moral o de la ley_ La declaración de nulidad relativa no puede pedirse por" el ministerio público en el solo interés de la' ley, ni puede alegarse sino pOI' aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios. e) La nulidad absoluta no puede sanear'se por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de treinta años. La nulidad relativa puede sanearse por la ratificaci~lD de las partes· y sólo puede pedirse dentro· del plazo de cuatro' años, contados desde el día en que se haya celebrado el acto o contrato, excepto el caso de violencia, en que se cuenta desde el día en que ésta hubiere cesado, y el caso de que la nulidad provenga de una in-

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capacidad legal, en que se cuenta el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. A las personas jurídicas, que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuadrienio y se contará desde la fecha del contrato (arts. 1682, 1683, 1684 y 1691). Establecida la distinción entre ambas nulidades, veamos cuáles son las causas que producen nulidad absoluta, y cuáles, relativa. Producen nulidad absoluta: In la omisión de los requisitos o solemnidades exigidas por la ley para el valor de ciertos actos o con.,. tratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan (art. 1682); 2.- la incapacidad absoluta del que ejecuta o celebra el acto (arts. 1447 y 1682); 3. o la falta de objeto y el objeto ilícito del acto (arts: 1445 y 1682); 4.° la falta de causa y la causa ilícita (arts. 1445. 1467 y 1682). Produce nulidad relativa cualquiera otra incapacid.ad personal y cualquiera otra especie de vicio del acto o contrato (art. 1682). Efectos de (a nulidad.-La nulidad absoluta y la relativa pronunciadas por sentencia ejecutoriada producen los siguientes efectos: a) dan derecho a las partes para ser restituídas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; pero no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (arts. 1469 y 1687); y b) dan acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales (art. 1689). 127. Modalidades de los actos jurídicos. Actos puros y simples. -Los actos jurídicos o son puros y simples, o sujetos a modalidades. La regla general es que sean puros y simples, es decir, firmes y valederos desde el primer momento y exentos de tocla restricción. Por consiguiente, los efectos del acto se realizan inmediatamente y para siempre. Pero, a veces los actos jurídicos están sujetos a cláusulas restrictivas, llamadas modalidades, porque modifican la eficacia del acto. No todos los actos jurídicos son susceptibles de restricciones o modalidades; así, según el artículo 1192 del Código Civil, la legítima

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rigorosa no es' susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno. . Las modalidades son: la condición, el plazo y e(modo'yson de aplicación frecuente en los testamentos JI en tos contratos, 128. Condiei6n.-Jurídicament:e hablando, la palabra condición índica la subordinación de una relación de derecho aun acontecimiento futuro e incierto. El· nacimiento o extincíón deÍ derecho depende, pues, de que se realice o no el suceso futuro e incierto puesto por condición, y hasta ese momento el acto jurídico está en una situací6n de verdadera incertidumbre. El suceso que forma el objeto de la condición debe ser futuro' e incierto, de modo que no hay verdadera condición sia la fecha dd acto o contrato ya se ha realizado el acontecimiento al cual estaba subordinada la relación de derecho, pues en este. caso no; habría .en realidad la incertidumbre, que es el elemento esencial de la condición. Tampoco hay verdadera condición si el suceso futuro es de realizacíón ciérta e inevitable, púes en este caso la int~nción de las partes es simplemente demorar la ejecución del acto hasta la época fijada. Hay relaciones de derecho que por su misma naturaleza están subordinadas al cumplimiento de un suceso determinado, de manera que si el suceso no se produce, no puede formarse Ia relación dicha. Así, una asignación tes~amentaria no produce efecto sí el asignatarío no existe natural y civilmente al tiempo de abrirse la sucesión~ salvo las excepciones legales (art. 962) . . La condición puede tener por objeto la creación de una relación de derecho, y en tal caso la condición se llama suspensiva, porque mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho, v. gr.: Dejo' mi casa a Pedro si se casa con María; o bien. la extinción de una relación de derecho, y en este caso se llama resolutoria, porque por el cumplimiento de la condición se resuelve o extingue el derecho, v. gr.: Dejo mi casa a Pedro, pero si Pedro no seca.sare antes de cumplir 25 años, pasará la casa a Juan (art. 1479). La condición se llama pendiente, mientras no se cumple; cumplida cuando ya se ha realizado plenamente el suceso puesto por con-

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dición; y fallida, cuando ya es seguro que no se realizará el suceso eventual (art. 1482). Condición sw:pensiva.-··El derecho afectado de una modalidad suspensiva carece de existencia mientras pende la condición; ni se sabe si llegará a existir. Esta incertidumbre constituye 'la esencia de la condición. El propietario o acreedor bajo una condición suspensiva tiene s610 la espectativa o posibilidad de un derecho; de aquí se deduce que no puede hacér válidamente acto alguno que signifique ejercicio del derecho que todavía no le pertenece. Sin embargo, como el derecho existe en germen, puede impetrar todas las medidas de conservación destinadas a protegerlo, para que cumplido. el evento de la condición, pueda entrar en el goce de la cosa, sin que ésta haya sufrido menoscabo o deterioro (arts. 761, 762). Una vez cumplida la condición suspensiva, desaparece toda incertidumbre, el derecho se adquiere y produce sus efectos con retroactividad, lo cual significa que el acto condicional será considerado como si hubiera realizado sus efectos en el mismo momento en que fu€: consentido, o en otros términos, como si hubiera existido siempre puro y simple. Por el contrario, fallida la condición suspensiva, el acto condicional se mirará como si nunca hubiera existido, o sea como acto inútil. Condición resolutoria.-Hemos visto que la condición suspensiva, mientras no se realiza, suspende la adquisición de un derecho; la resolutoria, en cambio, suspende su extinción. Pendiente la condición resolutoria, el asignatario es dueño de la cosa, pero en la incertidumbre de si su dominio será o no absoluto. Si la condición falla, la propiedad se consolida; el acto se reputa puro y simple, como si no hubiera estado amenazado de resolución, y los efectos ya realizados quedan a firme. Por el contrario, cumplida la condición resolutoria, deberá. el que gozaba la cosa, restituirla a la persona en cuyo favor se ha establecido la condición (ar. 1487). La condición puede ser también positiva o negativa, según que consista en que acontezca o no acontezca alguna cosa (art. 1474). Finalmente, se divide en potestativa, casual y mixta: la primera es continuar

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la que depende de la voluntad del acreedor o d~t deudor; la s¿gunda, la que depende de lavoluntad·de un tercero {) de un acaSo; y la última, la que en parte depende de la voluntad ddacreedor o del deudor y en parte de la voluntad de'un tercero o de un 'acaso (art. 1477): La condición potestativa puede ser simplemente pe tést$t iva, que es aquella que Supone Un SUceso externo cuya 'realización' depende de la voluntad, o sea, un hecho v()hmtatio dé una de las parte.s, v. gr" habitar tal casa; y üutdmeriú; potestativa, que 'es aquella que depende única y exclusivamente de la voluntad, v. 'gt,:si tal persa, na quiere, si así 10 juzga por conveniente (art. 1478). Estas dístincíones tienen importanCia, al tratar de la' teoÍ'ía de las obligaciones. 129. Plazo.-El plazo o término 'es - también' tina inodálídad, que puede, en Ciertos casos, producir, ya la sUspensión;· ya 1a útinci6n de los defectos de un acto jurídicó, Si digo: legó m.i casa tal a Pedro desde el l. de Enero do 1925: ~n este éaso el' término produce la suspensión de los· efectos de l¡¡asignaci6n y se !lema ,plazo o término suspensivo. Si digó:dejo el usufructo de mi casa taI'"a Pedro hasta el U de enero de 1925, en este caso,' el, término'produce la extinción de" ·los efectos jurídicos del usufructo y~e denomina plazo o término extintivo, Se ha dicho en ciertos 'Casos, porque no' todos Íos aCtos joridí:" cos admiten señalamiento de término, El plazo constituye modalidad solamente cuando de él se sirven las partes j:)étra limitar la duraCión de loó efectos del acto, sea fijando un tétmiñOiniéial o primordial , (dies a quo), sea fijando uno .tmal (die/! ad quem)'. " , Generalmente, el plazo es un aconteCimiento 'qué: llega en' aici fijo y preciso, verbigrf;lcia; el 1. (\ deeriero de 192'; y se Itamá enton'ces plazo a día cierto y detemünádo; pero el aéorttecirúiei'itt1esco.. gido 'como plazo puede ser de realización inevitable, sin que desde luego pueda prefijarse su fecha, como el 'de 'la muerte de tma' '¡:iersona., y entonces sé denomina a'díá cierto pew ihdetermihliO:b (art. 1081), El plazo, es, pues, unaconteéim¡ent0futuro~lo' mismO. que la condición, con la cual tiene esté carácter qué le es común;"; perb (J

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difieren en que el acontecimiento futuro llamado plazo es ci::r!,), o sea. indefectible; al paso que la condición es un acontecimiento futuro incierto, esto es, que puede suceder o no. Como de antemano se sabe que el plazo habrá de llegar indefectiblemente y que, por 10 tanto, los efectos del acto habrán de producirse, el derecho suspendido por el plazo se considera como existente desde el primer momento y como adquirido de una manera definitiva. La llegada del plazo no hace, pues, nacer el derecho, sino que permite utilizarlo al titular de él. Por consiguiente, el plazo es un accntécimienta futuro y de realización cierta, que suspende la exigibilidad o la extinción de un derecho, sin efecto retroactivo. Se dice sin ef.zeta retroactiro, porque a la llegada del plazo el acto deja de producir efectos en lo sucesivo; pero los producidos quedan adquiridos. Así, por ejemplo. en el usufructo que se extingue por la lIe~ada del día, quedan adquiridos por el usufructuario los beneficios que el usufructo le había procurado. Finalmente, . el plazo puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando la ley o las partes lo han establecido de una mahera formal y cate~órica. Es tácito, cuando' sin haberlo establecido las partes o la ley, resulta de la naturaleza misma de la relación jurídica (art. 1494). 130. Modo.-Si se transfiere o transmite algo a alguna persona para que. lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el hacer ciertas obras o sujetarse a ciertos cargos, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consi~iente, no suspende la adquisición de la cosa (art. 1089). Modo es una car~a impuesta a una persona a quien se otorga una liberalidad. verbigracia: lego a Pedro 500,000 pesos con la obligación de que funde un hospital. .Se llama cláusula ,.e~olutoria la que impone la obligación de restituir ,la cc;>sa y los frutos, si no se cumple el modo. Esta cláusula debe establecerse expresamente porque no se subentiende en caso de no expresarse (art. 1090). ,Si no se determina suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo. podrá el juez determinarlo inter-

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pretando la voluntad del constituyente y, dejando un beneficio. al asignat8:rio modal, que ascienda po{ 10 menos a la quinta parte ,d,el valo.r de la, cosa modal (art. 1094). Cuando haya de . llevarse a efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor se ha constítuído el modo, una suma proporcionada al objeto, yel resto 'delvalor de la cosa asignada vuelve al constituyente o a sus he,red~ros, si ~l no hubiere dispuesto otra cosa. El modo es frecuente en las donaciones y disposiciones, de .última voluntad. " 131. De la representación en los actos jurídicos.-La manifeStación de vohmta9 en los a~.tos' jurídicos puede emanar directamente del interesado mismo, o bien de otra persona que la efectúe por cuenta del interesado, quien contrae las relaciones de, derecho consiguientes. En este último caso hay 'representación en el acto jurídico. El representante comparece al acto y manifiesta su voluntad, pero sólo en calidad de intermediario de otro, pues él, personalmente, no adquiere derechos ni contrae obligaciones. en todas las legisla. _ L,a .representación es una ficción admitida. ciones mqdemas. Tiene mucha aplic.ación en los ,derechos patrimoniales y suple d defecto . de capacidad de aquellos que no pueden dirigirse' por sí mismos ni administrar sus negocios .. , , La representación no existía en el Qerecho ROp1ano en la forma que tiene en la actualidad. No se concebía entonces que un acto' jl,.lrídico diera nacimiento a derechos y obligaciones para una persona que no había tomado parte personal en su celebración. Pero com0l'l0 todos podían comparecer persona)mente al otorgamiento de los actos jurídicos en que tenían interés, se recurri? al arbitrio c;le ~tablecer que los efectos del acto jurídico, que., una. persona . 153. Muerte presunta.-El Código Civil presume muertos a los individuos que han desaparecido y cuya existencia se ignora, siempre que se cumplan ciertas condiciones expresamente determinadas por la ley. El sistema seguido por el Código en esta materia es bastante completo y en cierta parte original; es uno de los. primeros Códigos que han establecido la muerte presunta como término de la existencia legal de las personas. En las legislaciones antiguas, se contemplaba el caso de ausencia de una persona para el efecto del nombramiento de curador encargado de administrar sus bienes y para otros fines especiales, pero ellas no contenían un sistema completo sobre la ausencia y el desaparecimiento, porque las condiciones de esa época hacían raro el caso de que desapareciera una persona sin tenerse más noticias de ella. Hoy día, por el contrario, la facilidad de las comunicaciones, que han ensanchado las relaciones sociales y acercado a los países, ha hecho más frecuentes estos casos de desaparecimiento y ha obligado al Derecho a legislar sobre la materia.

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El Código Francés no llega hasta admitir la declaraci6n de muerte presunta; se limita a considerar al desaparecido corno una persona ausente, de cuya existencia se duda, y dicta reglas para proveer al goce de sus bienes. . La generalidad de las legislaciones modernas establecen la deela.ración de muerte presunta conjuntamente con la posesi6n definitiva de sus bienes a favor de sus herederos. Algunas de ellas acuerdan el goce de todos los frutos o 5610 de una parte de ellos a favor de los poseedores- provisorios, y van aumentando el derecho al goce de los frutos a medida que transcurre mayor tiempo desde la fecha del desaparecimiento, o sea, a medida que van disminuyendo las probabilidades dé que viva la persona ausente. Nuestto Código autoriza previamente la declaración de' 'muerte presunta, con absoluta independencia de la posesión de los bienes, la cual concede con posterioridad, una vez vencidos los plazos que la misma ley establece y que ha tratado de acortar en 10 posible, perSiguiendo el prop6sito .de disminuir las posesiones proviS'orias, que embarazan la mejora de los bienes y su circulaci6n comerciaL Vean10s ahora los requisitos que debe llenar la ausencia requerida para declarar la muerte presunta. y estudiemos ,10 que la ley entiende por ausentes. El C6digo Civil, al tratar de la prescripción, en el artículo 25úS, dice: vfER

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esa declaración produce los efectos señalados en el arto 208 del Código Civil. Esta calidad se prueba con la partida de la ~nscripción del matrimonio de los padres en la que conste la referida declaración de legitimación. El estado civil de padre, madre o hijo natural deberá probarse por el instrumento' de reconocimiento que al. efecto hayan otorgado ambos padres o uno de ellos debidamente inscrito en el Registro Civil, conforme a la ley N.O 4808 Cinc. 2.° del arto 305. La frase «deberá probarse» indica que el Código excluye otras pruebas tratándose del estado civil de hijo natural. El estado civil de hijo ilegítimo reconocido espontáneamente por, una escritura pública se prueba por la copia de la respectiva escritura y el certificado de su inscripción en el Registro Civil (art. 6 de la ley N.O 4808). Si el reconocimiento de hijo ilegítimo se hizo espontáneamente por el padre, por la madre, o por ambos, al efectuar la inscripción del nacimiento, se prueba con la copia de la correspondiente partida de inscripción, que contenga la referida declaración; la cual declaraci6n sirve de suficiente reconocimiento de hijo ilegitimo, para los e'rectos del título XIV del libro 1 del Código Civil (arto 32 de la ley N." 4808) El estado civil de hijo ilegítimo no reconocido voluntariamente, que el C6digo permite establecer con el sólo objeto de exigir alimentos (art. 280), se juStifica por medio de las diligencias judiciales que detalladamente reglamenta el tHulo 14 del libro primero del Código Civil y la inscripción de la sentencia en el Registro Civil. Finalmente, hay algunos estados o situaciones especiales, como las del, emancipado voluntariamente, que se comprueba por medio del instrU11}ento público de emancipación unido al decreto del juez que la autoriza, debidamente inscrito en el Registro Civil (art. 265); y la del habilitado de edad, que, se justifica por la copia del decreto judicial que la concede, excepto el caso 'del var6n cásado que ha cumplido 21 años, el cual queda habilitado por el ministerio de la ley, y que puede.justif1car su condición de habilitado por medio de las partidas de nacimiento y de matrimonio. 191. Medios supletorios de prueba.-A falta de las partidas o

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documentos comprobatorios del estado civil, es menester recurrir a los medios supletorios que indica el artículo 309 que dice: «La falta de los referidos documentos podrá 8uplirsc en caso necesario por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata y en defecto de estas pruebas por la posesión notoria de ese estado civil». Este artículo permite suplir la falta de la'3 partidas de estado civil por los medios que indica; pero esto no quiere decir que uno cualquiera de esos medios de prueba supletorios haga plena fe sobre la verdad de las declaraciones en él contenidas desde que según el arto 308 las partidas mismas que son el medio ordinario de prueba, no gara!1tizan la verdad de lo declarado en ellas. Veamos ahora estos diversos medios supletorios, en el orden que indica el artículo 309. 192. Otros documentos auténticos.-I.O Esa falta puede suplirse por otros documenti)s igualmente auténticos. En el proyecto de Código de don Andrés Bello de! año 1853, aparece una nota para aclarar por medio de un ejemplo esta disposición, la cual nota dice como sigue: "Se echa de menos la partida de bautismo de A. pero se presenta un testamento en que B, casada con . . e, nombra a dicho A, entre sus hijos legítimos. o se hace constar p:Jr documentos que A, fué reconocido como tal hijo en la partición de los bienes, y se le puso en posesión de ellos sin oposición ni contradicción». 193. Declaración de testigos.-2. o 0Fro medio supletorio es la declaración de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata. Aunque es peligrosa la prueba testimonial, la ley la permite en este caso, porque puede oC'.lrrir que no haya otra manera de acreditar un estado civil; pero no acepta testigos de oídas, sino testigos presenciale, de los hechos. 194. Posesrón notoria.- -}, o En defecto ¿e estas pruebas, puede acreditarse un estado ciyil por la posesión notoria del misme> estado. Poseer notoriamente un estado es gozar en el hecho y a la vista de todos, del títub y de las ventajas anexas al estado, soportando sus oblígaciones. Los antiguos comentadores expresaban los hechos cons~

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titutivos de la posesión del estado civil por medio de la siguiente fórmula: «Nomen, tractatus, fama». Nomen, es decir, llevar el n01TIbre que designa su estado. Tractatus, es decir, haber sido tratado como tal en las relaciones domésticas y sociales. Farna,' o sea, el hécho de haber sido conocido como tal por el público de' su vecindario en general. Conforme con' estos principios los artíc\..! los 310 Y 311 del Código definen e:1 qué consisre la posesión notoria del estado de matrimonio y del estado de hijo legítimo. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones doméstiCas y sociales; 'y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y 'amigos de su marido y por el vecindario de su domiciliG en general. (Art. 310). La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos, y en ,que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado como hijo legítimo de tales padres. (Art.311). En cuanto al tiempo necesario de esta posesión notoria, la ley exige, para que el juez la admita como prueba del estado civil, que' haya durado por 10 menos durante 10 años continuos (art. 312), tiempo que reputa necesario para que pueda formarse el concepto público en que se funda esta prueba. Finalmente, exige .la ley que esta prueba se verifique por un conjunto de testimonios' fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable, particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravÍo del libro o registro en que debiera encontrarse. (Art. 313), 195, Consecuencias del estado civil.-Hemos dicho que el estado civil determina la situación de la persona' en lo tocante a: sus relaciones de familia y, en consecuencia, fija sus derechos y obligaciones. En consideración a su estado, la ley le reconoce o le rehusa un derecho. ,. Además, como ya he dicho 'anteriormente, el estado civil sirve

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en algunos casos para determinar la capacidad de la persona, o sea, su aptitud para ejercer por sí misma sus derechos y cumplir sus obligaciones. 196. Especialidad de los fallos sobre estado civil.-EI inciso 2. o del artículo 3. o del Código Civil, establece la regla general sobre el valor de las sentencias y dispone que «las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren:.. Según esta regla, el fallo pronunciado en un asunto. litigioso termina definitivamente la cuestión entre las personas que en él fueron partes; pero no obsta a que otra persona que no haya intervenido en ese juicio pueda entablar contienda sobre el mismo objeto. Esta regla sufre excepción respecto de los fallos judiciales que se pronuncian sobre la legitimidad del hijo o sobre una maternidad que se impugna, los cuales tienen valor no sólo respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha legitimidad acarrea. (Art. 315). Esta excepción se funda en la necesidad de mantener la integridad e indivisibilidad de los estados civiles a que ella se refiere, la cual no podría conservarse si después de pronunciado un fallo judicial en un sentido, pudiera pronunciarse otro en sentido opuesto. Pero, para que estos fallos produzcan el efecto dicho, se exigen ciertos requisitos, que son: 1.0 Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, es decir, que sean de tal naturaleza que no pueda interponerse contra ellos ningún recurso legal, o bien, que haya transcurrido el tiempo concedido para hacer valer los recursos, sin que las partes los hayan formulado. 2. o Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor. El artículo 317 establece que legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad, el hijo contra la madre o la madre contra el hijo, y agrega que siempre que en la cuestión esté comprometida la paternidad del hijo legítimo, deberá el padre intervenir forzosamente en el juicio so pena de nulidad. Con estas disposiciones la ley ha querido que el fallo pronun.

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eiado sobre estas materias reuna las garantías necesarias, las cuales, por lo tocante a las personas que deben intervenir en el juicio, se llenan cuando en la cuestión de paternidad son contradictores el padre y el hijo y en la cuestión de maternidad el hijo y la madre. 3. ° Que no haya habido colusión en el juicio. Colusión es la ccnnivencia o arreglo privado de las partes para litigar aparentemente con el objeto de obtener una declaración judiCial en un sentido falso. Finalmente, debe tenerse presente la disposicióridel artículo 320, según la cual «ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se hayan pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madr,e del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce:>. Esta disposición prevé el caso posible de que se haya pronunciado un [a11o judicial que declare como verdadero padre o madre a quien no lo sea en realidad; y para que ella tenga lugar no importa que el fallo se haya dictado entre legítimos contradictores, porque precisamente ese es el caso de aplicaCión de este artículo; pues si no se hubiese pronunciado entre legítimos contradictores, según las reglas generales. el fallo dado en esas condiciones no sería inconveniente para que se entablara un nuevo juicio y resultaría innecesaria la disposicIón que comentamos. Termina el artículo 320 diciendo que esta reglase entenderá sin perjuicio de 10 dispuesto en el artículo 284, que dispone que la paternidad sólo puede indagarse por la confesión expresa o tácita del padre, y en el artículo 288, ineisó 2.°, que añade que no puede intentarse acción para indagar la maternidad contra ninguna mujer casada: 197. Del nombre y apellido de las personas.-La personalidad de cada individuo se distingue de las demás por medio del nombre, el cual se forma por dos elementos: l.0 el apellido de familia o nombre patronímico; y 2.° el nombre propiamente tal, que es el que sirve para individualizar a cada miembro de la familia. Durante mucho tiempb, entre los pueblos primitivos, el nombre se compuso de una denominación única e individual para cada persona y así, entre los griegos, hebreos y fenicios, cada individuo llevaba un solo nombre que se le daba en su nacimiento y que era diverso del nombre de su padre.

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Fueron los romanes los que establecieron el uso del nombre pa· tronÍmico. Los miembros de la gens se designaban bajo un mismo apellido (nomen o gentilitium) y se distinguían unos de otros agre· gando diver~os apelativos (praenomen: propio a cada individuo). Este sistema prese:1taba la ventaja de hacer a la vez del apellido el signo distintivo ¿el individuo y de la familia, pero, como a In larga result6 que dentro de una misma familia se alcanzaban los nombres (praenomen), los romanos agregaron lo que 8e llama el cognomen, o óea, un calificativo que se basaba en hechos, circunstancias o cualidades peculiares de cada ir.dividuo, con lo que se evitaba la confusión de ¡cersonas. Por ej: Escipicin Emiliano; Escipion Africano, etc. El uso del nombre individual y único, reapareció con los bárbaros, después de la disolución del Imperio romano de Occidente y se mantuvo así durante largo tiem¡::o; pero por la fuerza misma de las cosas y como consecuencia de la limitación de las palabras empleadas para la designación de las personas, fué necesario precisar la identidad de 103 individuos, indicando su filiaciónn con lo que se volvió definitiv8mente 81 empleo del apellido hereditario precedido del nombre y en el siglo XI I ya estaba completamente generalizado este uso. El hijo de dos personas casadas toma el apellido de su padre. En la inscripci6n de su nacimiento ante el oficial del Registro Civil, 5e le designa por el nombre y apellido que indique la persona que requiere la inscripción, la cual ordinariamente es el padre del recién nacido, la madre o la persona encargada por éstos. Si transcurren treinta días sin que el padre o madre requieran la inscripci6n, deberán requerirla el pariente más proximo que viviere en la casa, el médico o partera, el jefe del establecimiento en que haya nacido, la persona que le h'lya recogido o el administrador de la casa de expósitos, y esas personas indicarán el ncmbre del recién nacido. El hijo nacido fuera de matrimonio lleva también el apellido de su padre, siempre que este lo haya reconocido o bien, el apellido de su madre si sólo esta lo ha reconocido. Si no es reconocido por ninguno de sus padres, recibe entonces un nombre y apellido que son

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escogidos por la persona obligada a requerir la inscripción, a falta del padré y madre, Respecto al .cambio de nombre de ~ una persona, cuyo nacimiento ha sido ya inscrito en el Registro Civil, debemos observar que con arreglo al artícuIo 17 de la ley N. o 4808, que dice que las inscripciones .no podrán ser alteradas ¡ni modificadas sino en virtud de sentencia judicial ejecutoriada, nadie puede por su propia autoridad cambiar el nombre o apellido con que aparece inscrito en el Registro Civil; pero hay ciertos acontecimientos ¡::osteriores que pueden ser motivo suficiente para que el juez ordene modificar el apellido que una persona adquirió en el momento de la inscripción de su nacimiento. . . A!"ii, el padre que ha impugnado 18 legitimidad del hijo habido durante el matrimonio y obtenico un2 resolución judicial ejecutoriada que así lo declare podrá pédir la rectificación correspondiente de la partida de nacimiento del hijo, la que se- hará con arreglo al arto 11 de la ley de Registro Civil, anotando la rewlución judicial respectiva al margen de la inscriICción primitiva. Igual cosa sucederá cuando la legitimidad haya sido irn.ICugnada y se haya obtenido una resolución judicial, a petición de los herederos dd marido CC. Civil arto 184); de cualquier persona que tenga interés en ello (c. Civil art 185), o de los. ascendientes del marido (e. Civil arto 187). A la inversa, en la legitimación de un hijo (e. Civil arts. 202 y siguientes), cuyo apellido de inscripción primitiva es diferente del apellido del padre que lo legitima, podrá pedirse judicialmente la 'anotación correspondiente del nuevo apellido adquirido pOr la legitimación. F s esta una consecuencia de la paternidad que se. reconoce por la legitimación, y del hecho de que la f&milia ha pasado a constituirse sobre la base legal del matrimonio. Del mismo modo en caso de reconocimiento posterior del padre podrá rectifIcarse pOl" la \"Ía judicial la inscripcióh del nacimiento del hijo natural que figuraba con el a¡::ellido de In madre. Pero en el caso de investigación de la paternidad ilegítima .no podrá rectificarse la inscripción del hijo que ha logrado su recono-

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cimiento, por medio de la confesión jurada del padre, porque ese reconocimiento no produce otro efecto civil que la obligación de dar alimentos al hijo (art. 280). Las rectificaciones antes aludidas se refieren a los apellidos, pero no al nombre, el cual debe permanecer inalterable, porque no hay razón legal que justifique su cambio. El derecho al apellido tiene ciertas peculiaridades que lo hacen digno de estudio; pertenece a una familia entera, incluídos los miembros que nazcan con posterioridad y forma parte de las condiciones que contribuyen a determinar la personalidad de! individuo, en sus relaciones de familia, o sea en la manifestación externa de la filiaci6n. Está protegido por acciones civiles, porque toda contienda sobre apellido lleva envuelta una cuestión de estado civil. El derecho al nombre civil tiene además todos los caracteres propios de los derechos de familia. Es imprescriptible, porque la prescripción es propia solamente de los derechos patrimoniales y como dice e! arto 320: ninguna prescripción podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce. Es inalienable, porque es un derecho por su naturaleza personaIísimo e intransferible, y no es susceptible de estimación pecuniaria, como el nombre comercial. Es inmutable, porque las inscripciones de las partidas del registro civil sólo pueden modificarse en virtud de s~ntencia judicial, y el interesado no puede alterarlas a su voluntad; y es irrenunciable, porque crea obligaciones de familia que se imponen contra la voluntad del obligado. Finalmente conviene recordar que el artículo 354 del Código Penal sanciona con la pena de presidia menor al que usurpare el estado civil de otro yal que substrajere, ocultare, o expusiere a un hijo legítimo o ilegítimo, con ánimo verdadero o presunto de hacerle perder su estado civil y el artículo 353 castiga con presidio mayor la suposición pe parto y la substitución de un niño por otro. 198. Identificación personal obligatoria.-El decreto-ley N. o 26,

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de lB de Noviembre de 1924, establece en la República el servicio de identificación personal obligatoria, según el sistema de Juan Vucetich y la descripción morfológica de Alfonso Bertillón (art. 1.0). Están obligados a obtener su libreta de identidad todos los residentes en el territorio de la República, tanto nacionales como extranjeros, que hayan cumplido dieciocho años de edad y a renovarla cada cuatro años, exceptuados únicamente los religiosos enclaustrados, las personas rec1uídas en los hospicios y Casas de Orates; los condenados a prisión, presidio o reclusión, mientras dure la condena y los inhábiles para todo trabajo (art. 5.°). La libreta será documento suficiente para probar la identidad del individuo en todos los actos públicos o privados en que la presente, y tendrá, por tanto, valor legal; pero la que no 1'~na el requisito de haber sido renovada oentro de los cuatro años que le fija el artículo anterior no tendrá valor alguno (art. 6.°). . Los extranjeros transeuntes tendrán la obligación de adquirir libretas de identidad srsu permanencia en el país excede de dos meses (art. 13). índice

CAPITULO VII DE LAS PERSONAS ]URIDICAS

199. Noción de la Personalidad Jur;dica.-El Derecho Natural nos enseña que el hombre es sociable por naturaleza y libre para desarrollar su actividad por todos los medios legítimos, de donde nace el derecho de asociación, que es el que tiene toda persona para unirse con otros para' conseguir un fin común. Esta agrupación de personas llamada asociación constituye un ser moral distinto' de cada uno de los individuos que la forman y puede ser sujete de derechos y obligaciones civiles, supuesto que no es otra cosa que una continuación o desarrollo de la personalidad tie los asociados. La personalidad jurídica no es, como sostienen algunos, una simple creación de la ley CIvil, que deba su existencia únicamente a la voluntad del Estado, quíen puede concederla o negarla a su arbitrio: Por el contrario, la existencia de la asociación o de la persona. lidad moral es un hecho jurídico innegable que se impone al reconocimiento del legislador. Según las .palabras de un distinguido tratadista, a éste «sólo incumbe reconocer o sancionar la voluntad manifestada por una o muchas personas que abdican una parte de su personalidad jurídica en provecho de un nuevo sujeto de derechos que se trata de crear. El Estado no hace más que regularizar una operación; y el fundamento de la personalidad es la voluntad humana y no el poder de la ley». Esto no quiere decir que neguemos toda intervención del Estado en esta materia. El orden social exige que los individuos que se

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asocian den a conocer en debida forma la existencia de. la sociedad que han organizado, en uso de su libre derecho,. para obtener así el reconocimiento y amparo de la autoridad ciVil, que de otra suerte ignoraría' sU existencia. Pero, organizada la asociación con un fin lícito y dada a conocer su existencia en Íorma debida, el Estado tiene la obligació n ineludible de prestarle su reconocimiento y amparo de su autoridad. Tampoco pretendemos negar la facultad que tiene la autoridad civil para establecer ciertas formalidades o requisitos indispensables en la constitución de las as~iacionés,' en' resguardo de los intéreses de los extraños que pueden contratar cpn ellas; pero bien entendido que esta facultad jamás puede llegar hasta poner tra~as que hagan ilusorio el derecho de asociación. Imbuido nuestro Código Civil en los prinCipios del Derecho Francés, establece en el título de las personas jurídicas, restricciones graves, que coartan la libertad de asociación y que han merecido fundadas censuras de algunos jurisconsultos, por estimarlas contrarias . a la Constitución. Política. El artículo 10 de la constitución Polítita de 1925 asegura: a todos los habitantes el derecho de asociarse sin permiso previo yen conformidad a la ley y la inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna, de manera que nadie puede ser privado de la de su dominio ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tu~ viere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley y' en ·este caso previo pago de la indemnización correspondiente. •. Estas disposiciones constitúcionales nó' 'se ar'monizarl con los preceptos del Código Civil, que establecen· para la adquisición, retención y pérdida de los bienes de las asociaciones, cdndicibnes o reglas onerosas y muy distintas de las que rigen para los simpleS' particulares, y, principalmente,t con el artículo 556, qué establece que' cae'" rán en comiso los bienes raíces de las perSonas juddicas', ·cuando pasados cinco años, Gontadosdesde' la fecha en que hubieren adquirido la posesión de ellos, no obtuvÍeren permiso especiai de la legls.. latura para conservarlos ni los hubiesen enajenado, o

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Es igualmente odiosa la exigencia del permiso previo del Gobierno para el establecimiento de las personas jurídicas regidas por el título 33 del Código Civil, que son precisamente las que persiguen un fin benéfico, ajeno al lucro; mientras que en su mayor parte las sociedades industriales, sean comerciales o civiles, que persiguen un fin de lucro, pueden establecerse libremente por un simple contrato entre las partes interesadas. El Código Civil define la persona jurídica diciendo que es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contI:aer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente (art. 545). La expresi6n «persona jurídica» nos indica que el Derecho Civil se ocupa del estudio de las asociaciones o personas morales en cuanto son susceptibles de relaciones de derecho, reconociéndoles la capacidad necesaria para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de una manera análoga a las personas naturales. La palabra ficticia que emplea la definici6n quiere decir que la persona jurídica es un ser abstracto o entidad mOral que carece de existencia física, en contra-posición a las personas naturales. 200. Clasificación de las personas jurídicas.-. Corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.-El artículo 545 dice en sus incisos 2.° y 3.°: «Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter». Corporación es la agrupación de personas que unen sus esfuerzos con un fin común y que se rigen por los estatutos formados por los mismos asociados. Fundación de beneficencia pública es toda obra o establecimiento que persigue un fin benéfico o caritativo y que se rige por los estatutos que el mismo fundador le ha dictado. Aunque no son muy precisas las líneas que distinguen a estas dos categorías de personas jurídicas, no obstante, un estudio atento nos muestra ciertas diferencias, a saber: la corporación tiene por base jurídica una colectividad, o sea, una reunión de personas que movidas por un interés común juntan sus esfuerzos en un sentido dado, y la suerte de la corporación está Íntimamente ligada a la existencia o mantenimiento de los asociados; por el contrario, la fundación de beneficencia pública es absolutamente independiente, en cuanto a su

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existencia, de los hombres que la administran; ella no tiene' por base jurídica una colectividad sino una idea, un fin benéfico que -debe realizar. Es un establecimiento que existe por sí mismo, y sus' administradores son simples representantes de su personalidad propia, que la debe a la voluntad, del fundador y que se rige, por las reglas que éste ha, dictado; " ,' Hay obras o establecimientos que participan de uno y otro carácter. " Acerca ciela 'distinción anterior, debemos observar queUl'las' Y otras están sujetas en su parte eséncial,a las mismas reglas y limitaciones, en 10 tocante a sus relaciones de derecho, , ;201. Personas jurídicas de derecho público y de derecho privado.Situación, de la~ de derecho público.-Esta esJa gran división que, dentro del si;>tema 'de, nuestra legislación, determina las reglas· que s~ aplican auna y otra clasé de personas, porque el artículo 547 del Código Civ;i1, en su inGisq 2. o declara expresamente que' las disposiciones del' título en que dicho precepto se halla, o sean, las del título treinta y tres del Iíbra primero, que trata de las personas jurídicas, '«no se éxtienden a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la Nación, el Fisco, las Municipalidades,. las iglesias, las comunida_ des religiosas y los establecimientos que' se costean· con fondos °del Erario» y ágrega que: «estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes 'Y reglamentos especiales». Una sentencia de la Corte Suprema determínamuy clarament~ la' diferendá entre la naturaleza y origen d~' una y, otra clase de personas. Dice: «Que deben calificarse como corporaciones o fundaciones de derecho público aquellas que sacan su eXistencia de resoluciones de las autoridades constituídasy tienen por objeto sérvir los fines de estas mismas autoridades, dentro de la esfera deacciórí que les está señaI lada; mientras que las corporaciones de derecho pr,ivadoemanan~directamente de la iniciativa' de iosparticulares en el ejercicio del. derechode asociación' u otros, individuales, y,no están llamadás a réa..

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!izar los fines propios de los poderes públicos, sino los propósitos personales de los mismos asociados o de los fundadores». Son personas jurídicas de Derecho Público: a) La Nación él Fisco. Nación en el sentido de sociedad civil o de Estado, es la asociación de conciudadanos gobernada por una autoridad independiente y constituída dentro de determinado territorio. La nación es una persona jurídica susceptible de derechos y obligaciones de carácter público y privado y tiene sus representantes legales, que son las autoridades que la Constitución determina. Se llama Fisco a una entidad· existente dentro del Estado, que representa y administra la hacienda pública. Se dice también con propiedad que el Estado es el cuerpo político. de la Nación, que representa la potestad y el ejercicio de los poderes públicos. El Fisco es el Estado en cuanto sujeto de derechos y obligaciones del orden p'¡vado; representa el dominio y el ejercicio de los derechos patrimoniales de propiedad privada del Estado. El Fisco administra aquellos bienes que siendo de propiedad de la nación, no son del uso público de tocios los habitantes y que se llaman fiscales, como son los terrenos del sur del país que aun no se han enajenado, los cuales son de propiedad y goce exclusivo del Fisco. En contraposición a los bienes fiscales están los bienes nacionales de uso público, cuyo dominio pertenece a la Nación y su uso y goce a todos los habitantes de la Nación. Estos bienes no forman parte de lo que se llama propiamente la hacienda fiscal. Estas entidades jurídicas se rigen por las leyes del Derecho pú· blico y Administrativo. b) Las Municipalidades. Estas son corporaciones públicas encargadas directamente de la administración de los servicios locales, y aunque son entidades inferiores existentes dentro del Estado, tienen no obstante personalidad jurídica propia. Se rigen por la ley orgánica de Municipalidades. c) Las Iglesias. Aunque la Iglesia Católica es una, sin embargo cada uno de sus organismos, a saber, la Iglesia Metropolitana, sede del Arzobispo de Santiago, las Iglesias Catedrales de las otras diócesis, las Iglesias Parroquiales, etc., tienen personalidad jurídica distinta y administran separadamente sus intereses propios, pudiendo

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ej ercer derechos y contraer obligaciones civiles, todo con arreglo al Derecho Canónico, por el cual se rigen. La personalidad jurídica de derecho público de qu.e gozaba la Iglesia Católica, en sus varios organismos ~constitutivos, ha sido expresamente respetada por la Constitución Política del año 1925, en la forma en que existía al tiempo de dictarse la Constitución. En efecto, la Gonstituciónasegura a todos los habitantes de la República: «la manifestación de todas las· creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a Ias buenas costumbres o al orden público, pudien. Por su parte, el Código Civil, en el Art. 584 dice: «Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá pc>r leyes especiales». La propiedad literaria se regía anteriormente en Chile por la ley de 24 de Julio de 1834 y el Código Penal, en el Art. 471, castigaba con presidio o relegación menor en su grado mínimo o multa de ciento a mil pesos al «que cometiere cualquiera defraudación en la propiedad literaria o industrial», y ordenaba que los ejemplares, máquinas u objetos contrahechos, introducidos o expendidos fraudulentamente se aplicaran al perjudicado y también las láminas o utensilios empleados en la ejecución del fraude, cuando sólo pudieran usarse para cometerlo. Hoy día la propiedad literaria y artística se rige por el decretoley sobre proPiedad intelectual, N.O 345, de 17 de Marzo de 1925.

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En la exposición de motivos que al1tecede a este decreto-ley se deja constancia de que la ley de 24 de Julio de 1834 no pudo prever el enorme desarrollo que en el mundo entero habrían de tomar algunas ramas de la producción intelectual o del arte, entonces desconocidas o existentes sólo en germen; que esas circunstancias han variado por completo y que hay ahora necesidad imperiosa de protegér en forma práctica y eficaz este género de actividades, porque esa protección, bien reglamentada en el país y extendida por medio de la reciprocidad, al extranjero,' traerá sin duda en Chile, como ha traído en otros' países de América, un crecimiento cada día mayor de la producción original. Advierte en seguida que ese decreto-ley S!! refiere sólo a la que llama la propiedad intelectual, que corresponde a la que antes se denominaba propiedad literaria y artística y que es la que garantiza la creación propiamente tal en el campo de las letras, las ciencias y las artes, y anuncia que el Ministerio de .Industria dictará otro decreto-ley sobre la propiedad industrial, que es la que garantiza la aplicación práctica de los inventos en el campo de la industria. Veamos las principales disposiciones del decreto-ley sobre propiedad intelectual. a) En qué consiste este derecho: Esta propiedad consiste en el derecho exclusivo de distribuir, vender o aprovechar, con fin de lucro, una obra de la inteligencia pClr medio de la imprenta, litografía, grabado, copia, molde, baciado, fotografía, película cinematográfica, discos de gramófono, rollo para instrumento mecánico,' ejecución, c:mferencia, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión radio-telefónica o cualquier otro medio de reproduc.ción, multiplicación . o difusión (Art. l. o). Extiende el derecho de propiedad no s610 a los autores, sino también a 'los traductores de cualesquier obra y a los .que hagan recopilacIones, siempre que al efectuar la traducción o recolección no hayan violado derecho ajeno e indiquen claramente sus fuentes. Igualmente la extiende a los autores de transcripciones, adaptaciones o arreglos de obras ajenas, siempre que ellas tengan carácter propio:

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Reconoce la propiedad intelectual de las produciones extranjeras y permite que se registren en Chile, para que sus autores gocen de ella, siempre que en su país de origen se otorgue a JOs chilenos el mismo privilegio (art. 5.°). Salvo reserva expresa del derecho del autor, previamente anunciada, no viola la propiedad intelectual la reproducción de reseñas de discursos pronunciados en reuniones públicas; de los artículos de otros periódicos; de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas y de las deliberaciones, actas, informes de las autoridades públicas (Art. 6. o). Tampoco viola este derecho, la reproducción de diseños, grabados, obras o fragmentos de obras literarias, musicales, científicas o técnicas de corta extensión, indicándose claramente las fuentes, que se hace en los trabajos científi~s, literarios o de crítica, en las conferencias públicas y en los textos de enseñanza (Art. 11). b) Cómo se constituye: El decreto-ley dispone que esta propiedad se constituye por su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, que se llevará en la Biblioteca Nacional; ordena que al tiempo de inscribirse una obra en el Registro se paguen ciertos derechos por medio de estampillas pegadas en el Registro y que se deposite un ejemplar manuscrito, impreso o reproducido en forma integral; bastando para las obras destinadas a la reproducción cinematográfica, depositar una copia del argumento, escenificación y leyendas de la obra, y para las obras de pintura, dibujo, escultura, ingeniería y arquitectura, los croquis, fotografías o planos del original necesarios para identificarlos con las explicaciones del caso (Arts. 1.0, 14 y 18). Agrega que las obras que tienen constituida la propiedad intelec"tual anunciarán en lugar visible de cada ejemplar el número del registro, y sin este requisito no podrá reclamarse la exclusividad del goce de los derechos que confiere esta ley (Art. 15). c) Carácter temporal de esta proPiedad:

Respecto a la duración de la propiedad intelectual, establece la ley que es temporal y que se extiende a la vida del autor y transmitida por causa de muerte, expirará a los veinte años desde el fallecimiento. Si el heredero fuere el Fisco, la obra pasará a se-r de propiedad común. Cuando los autores fueren dos o más en colaboración, el

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plazo para sus sucesores se contará desde la muerte del último. Cuando el autor ~ fuere un cuerpo colegiado, conservará la propiedad de ella, por el término de cuarenta años, contados desde la fecha de la. inscripción (Art. 7.°). La propiedad intelectual de la obra póstuma corresponde a los herederos del ~utor; pero si a la época del fallecimiento no fuere éste dueño del original, la propiedad intelectual de la obra, salvo estipulación el1 contrario, corresponderá por mitad al dueño del original y a los herederos del autor. Lo cual se entiende, sin perjuicio del derecho del autor o de sus sucesores para disponer entre vivos o por testamento la parte que le corresPonde en la obra inédita (Art.~8. e). Transcurridos los plazos de duración de la propiedad intelectual, la obra pasará a ser de propiedad común. (Art. 13). d) Transmisión y transferencia: La propiedad intelectual puedria de aguas entre los ríos Queule y MehuÍn o Lingue, desde el mar, siguiendo después la línea divisoria de aguas de la cordillera de Mahuidanche y cerros de Nilcahuín, hasta la confluencia de los ríos Cruces y Leufucade; desde esta confluencia, la línea divisoria de aguas entre las hoyas hidrográficas. de los lagos Villarrica y Calafquén y que· contiene los cerros de Huiple, Puñehue-CuchaI, de Panco-Traicán, Punguichay, Volcán Villarrica, Quilquil, hasta la línea fronteriza con

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la República Argentina, y al Norte del límite Norte del Territorio de MagaIlanes; 4." Aquellos que emanen válidamente del Estado, siempre que a la fecha del pronunciamiento del Presidente de la República, se encuentren debidamente inscritos, o respecto de los cuales hubieren recaído sentencias judiciales ejecutoriadas, en juicio de dominio en que hubiere litigado como parte el Fisco; 5. ° Los títulos otorgados legalmente con anterioridad a la vigencia del Registro de! Conservador de Bienes Raíces, que no se encuentren comprendidos en los números anteriores, siempre que el que los invoque, acredite en forma fehaciente haber ocupado materialmente el terreno durante diez años, por sí o por otra persona a su nombre; 6. o Los títulos no comprendidos en los números anteriores, que hubieren sido otorgados legalmente con anterioridad a las fechas indicadas en los números 1.0, 2. 0 Y 3.° Y cuyas inscripciones se hubieren efectuado hasta cinco años después de las fechas en ellos señaladas para cada zona: La anotación de los títulos a que se refiere este artículo, tiene por objeto la verificación de las circunstancias en él indicadas. La posesión material que prescribe el inciso l. o se acreditará con el correspondiente comprobante de pago sobre contribución de bienes raíces, efectuado durante los últimos diez años, a 10 menos, sin perjuicio de los demás medios que establezca el reglamento de la presente ley. Toda cuestión, duda o dificultad que se suscite, en orden a la comprobación de la posesión material, será resuelta exclusivamente por el Presidente de la República. (Art. 7.°). Del decreto que reconoce como válidos algunos de los títulos indicados en e! artículo anterior, se tomará razón, al margen de la inscripción de dominio vigente, en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. (Art. 8.°). Los ocupantes que no se conformaren con el decreto a que se refiere el artÍCulo precedente y que no quisieren acogerse a los derechos que en él se indican, deberán demandar al Fisco dentro del plazo de seis meses, contados como en el caso del artículo anterior, a fin de que los Tribunales declaren si el predio a que el decreto se refiere, es

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o no del dominio del demandante. Si la sentencia fuere desfavorable al demandante, ordenará la cancelación de la inscripción de dominio vigente a su favor y la inscripción del predio a nombre del Fisco. (Art. 9. o). La resolución del Presidente de la República que niegue lugar a la validez de los títulos anotados, servirá de suficiente fundamento para que el interesado pueda pedir que se cite de evicción a su vendedor y hacer efectivos los derechos contemplados en el párrafo 7. o del Título XXIII del Libro IV del Código Civil. El vendedor citado tendr.i derecho a adquirir directamente del Estado el terreno en discusión o a comparecer al juicio para continuar las acCiones iniciadas. sea adheriendo a ellas o modificándolas, o a deducir las que le correspondan para que le sea reconocido el dominio. El vendedor deberá hacer valer estos derechos dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la citación que le hubiere hecho practicar el comprador. (Art. 10). Las personas 'que, en conformidad a esta ley, deban anotar sus títulos, y que no cumplieren con esta obligación o no ejercitaren, dentro de los plazos respectivos, las acciones y derechos que esta misma ley les confiere, no podrán transferir sus propiedadesJ::or acto entre vivos, ni podrán imponerles gravamen alguno. Se prohibe a los Notarios y a los Conservadores de Bienes Raíces autorizar contratos o anotar inscripciones sin que se acredite previamente haberse cumplido con la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará al rebelde una multa de quinientos a dos mil pesos, la que se repetir á indefinidamente, cada seis meses que transcurran sin darse cumplimiento a la' ley. (Art. 11). . Ir. Los que teniendo títulos de dominio, se presentaren ante el Gobierno pidiendo su recondcimiento, y éste no se los haya concedido, por no estar comprendidos sus títulos entre los que enumera el art. 7. o de esta ley, tendrán un plazo de seis meses, contados desde la fecha en que se publique en el Diario Oficial el de~reto que niega lugar a la validez· de sus títulos, para pedir el título gratuito de una hijuela de cien hectáreas por cada ocupante mayor de 20 años y veinte más por cada hijo vivo, o bien la venta de los terrenos que ocupan a

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precio de tasación, hasta dos mil o hasta cuatro mil hectáreas, según se encuentren en algunos de los tres casos contemplados más adelante. (Art. 8.°). El mismo derecho podrán hacer valer, en el plazo de dos años, contados desde la vigencia de la ley N.O 4510, de 28 de Diciembre de 1928, los que teniendo títulos de dominio no se consideraron con derecho para solicitar del Gobierno el reconocimiento de su validez, (Inciso 2.° del arto 4.°), II I. Los que ocupen y cultiven tierras fiscales de las cuales han entrado en tenencia directa antes del 1, o de Enero de 1921, podrán solicitar, dentro de los dos primeros años de vigencia de la citada ley N. o 4510, título gratuito de dominio hasta de ci",n hectáreas por cada ocupante mayor de 20 años y hasta veinte hectáreas más por cada hijo vivo, (Arts, 12, 13 Y 14), IV, Los que ocupen materialmente, desde diez años por lo menos, cualquiera extensión de terreno fiscal, acrediten haber pagado la contribución correspondiente durante ese tiempo y hayan efectuado trabajos en la forma que determine el Reglamento, tendrán derecho para pedir, dentro del mismo plazo del número anterior y siempre que el predio hubiere figurado en el Rol de Avalúos, que el Estado les venda las tierras que ocupan, hasta la cantidad máxima de dos mil hectáreas, Dentro de esta cabida el ocupante sólo podrá tener derecho a que el Estado le venda hasta mil hectáreas de terreno clasificado como agrícola por el Departamento de Tierras y Colonización. Podrá agregarse a la ocupación del solicitante la de las personas de quienes éste la haya adquirido por acto entre vivos o por sucesión por causa de muerte, (Art. 16). V. Las personas que además de los requisitos del número anterior, tienen título inscrito por más de diez años, tendrán derecho a qUe el Estado les venda las tierras que ocupen hasta la extensión máxima de cuatro mil hectáreas, sin limitación respecto a la calidad de los suelos. (Art, 18), El precio de venta será fijado en cada caso particular tomando como base la tasación que practique el Departamento de Tierras y Colonización, los años de ocupación del interesado, la antigüedad y

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calidad de sus títulos y cualquiera otra circunstancia espeCial, pero en ningún caso el precio podrá ser inferior a la cuarta parte del valor de tasación, En la tasación no se tomarán en cuenta las mejoras de cualquiera naturaleza que hayan introducido los particulares. Este precio será pagado con ,una quinta parte al contado y el resto en diez anualidades iguales, con el interés del seis por ciento anual, y el doce por ciento en caso de mora, sin perjuicio de los derechos que pudiere hacer valer el Fisco. , Las demás condiciones y modalidades de la venta se fijarán en el reglamento respectivo. (Art. 19). VI. Alas personas jurídicas ya las corporaciones o fundaciones de beneficencia pública que poseen terrenos fiscales destin~dos a servicios municioales, al culto, a establecimientos de enseñanza o de beneficen::ia, a campos de deporte o a cementerios, podrá el Preside!1te de la República c::mceder título gratuito de dominio de los terren03 que OC'Jp:m, aunque no cumplan los requisit03 antes.' indicados, siempre que no excedan de cinco hectáreas y con la condición de que- los terrenos se m:mtengan destinados a los fines que se indican. ,

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* ** Conviene también tomar nota de las siguientes disposiciones generales que tienen gran impClrtancia; Los derechos que confiere esta ley no sólo pueden ser ejercitados por los que tengan títulos exclusivos de dominio, sinJ también por por un comunero que tenga una cuota determinada o' acciones y derechos sobre un inmueble con deslindes determinados. (Art. 24). Los títulos originarios de acciones y derechos sobre inmuebles con deslindes determinados serán reconocidos por el Presidente de la República como válidos, cuando dichos títulos se encuentren ~ compren' didos en algunos de los casos indicados en los números 1. ~... 2. o y). o del artículo 7. 0 de la ley, y siempre que el que los invoque acredite que el terreno a cuyo domipio se cree con derecho, en virtud de aquel título originario, lo posee materialmente desde diez años a lo

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menos, sea que la tenencia la ejerza directamente por sí mismo o por otra pers:ma a su nombre. Para otorgar este reconocimiento será necesario que el poseedor, o la pers:ma de quien éste derive sus derechos' haya efectuado en el suelo, en cantidad apreciable, trabajos y mejoras encaminados a hacerlo productivo. La posesión material deberá acreditarse en la forma establecida en el artículo 7. o, Y los trabajos y mejoras, en la forma y condiciones que determine el Reglamento. (Art. 25). El Presidenle de la República podrá reconocer como válidos los títulos de propiedades adquiridas como cuerpo cierto o como acciones y derechos, que no S{! encuentren comprendidos entre los· indicados en el artículo 7. 0 y en el artículo 25, siempre que, a su juicio, situaciones especiales así lo justifiquen y se compruebe posesión material de diez años anteriores a la fecha del reconocimiento por el Presidente de la República, a lo menos. (Art. 26). En todos los casos en que en conformidad a estas disposiciones, quedaren extinguidos los derechos de los ocupantes, la entrega maL'1'ial de los' terrenos se hará sin forma de juicio, a cuyo efecto, el Presidente de la República ordenará notificar administrativamente a squellos para que procedan a la entrega dentro de quince días. Si hubiere siembras o frutos pendientes, el Presidente de la República podrá conceder a sus ocupantes un plazo prudencial; y si al término de éste no se efectuare la entrega se les desalojará con el auxilio de la fuerza pública. En estos casos, el Fisco no tendrá derecho a cobrar frutos, ni los ocupantes a cobrar mejoras ni indemnizaciones de ningún género. (Art, 28). En caso de que dos o más particulares, que sin tener títulos de los enumerados en el artículo 7. o pretendan derecho a un mismo terreno o parte de él, resolverá el Presidente de la República, dentro de los plazos establecidos por estas disposiciones, debiendo preferir a aquellos que acrediten ante el Departamento de Tierras y Colonización, el hecho de haberlo ocupado y trabajado personalmente. (Art.29). Los terrenos que quedaren sobrantes se inscribirán a nombre del

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Fisco en los Conservadores de Bienes Raíces respectivos, previa presentación de una minuta en que indiquen: la cabida, lugar, nombre y deslindes del terreno, agregándose una copia del plano y del acta de mensura debidamente autorizada, que se protocolizará junto con la 'minuta. (Art. 30). Los particulares que obtengan títulos eh conformidad a estas disposÍciones,' quedarán obligados a ceder gratuitamente al Fisco los terrenos necesarios- para caminos, ferrocarriles y telégrafos que la au~oridad competente determine abrir o establecer, y una faj a hasta de veintiCinco metros de terreno firme en la ribera de los ríos y lagos. (Art. 31). 241. De la propiedad indígena.- Son indígenas los aborígenes que conservan siquiera en parte sus costumbres, el idioma o el apellido paterno o materno de su raza y que alegan posesión sobre tenenos situados en la zona de la AraucanÍa. La ley jamás ha definido lo que se entiende por indígenas. La definición anterior, que es bastante exacta, está tomada de un proyeqto presentado al Congreso en 1912. La incapacidad de ejercicio a que están afectos los indígenas para eje~utar ciertos actos jurídicos; es u~a de las incapacidades particu-. lares que contempla el artículo 1447 del Código Civil, en su inciso 4.°. Durante los períodos de la Conquista y de la Colonia, los indígenas no tuvieron capacidad alguna, pues se'llegó hasta a desconocer su p-ersonalidad. Por otra parte, la' formidable resistencia que los indios ppusieron a los ejércitos españoles y a los del primer tiempb de la República, ünpidieron que' la ley entrara, a organizar su vida y especialmente su propiedad, que es el objeto de nuestro estudio. Después de la Independencia, el Bando Directorial de 4 de Marzo de 1819, como queriéndolos vengar de la esclavitud pasada, concedió a los indígenas plena capacidad para ej ecutar toda clase de actos y suprimió por innecesario el cargo de Protector de Naturales, que había creado la Monarquía Española. Esta capacidad absoluta fué acentuada más aún por el Director Supremo don Ramón Freire, que con fecha 10 de Junio de 1823, ordenó, que lo actualmente poseído por los indígenas se les declarase en perpetua y segura propiedad.

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Pero su escasa cultura y civilización hizo a los indios víctimas de los inescrupulosos, que les arrebataron sus terrenos fácilmente a la sombra de la ley. Para evitar estos fraudes, se dictaron posteriormente varias leyes que restringieron la capacidad de los naturales. Así, el decreto con fuerza legal de 14 de Marzo de 1853, basado en la ley de 2 de Julio de 1852, disponía que toda venta, arriendo o empeño de terrenos pertenecientes a indígenas o sit.uados en su t.erritorio (provincia de Arauco), debía verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del Gobernador de Indígenas del territorio respectivo, a fin de asegurarse que el acto era real y ejecutado libremente. Además, con el propósito de distinguir la propiedad particular existente en la provincia, se obligó a todos los propietarios a inscribir sus predios en el plazo de un año. Los decretos de 4 de Diciembre de 1855 y 9 de Julio de 1856 extendieron estas disposiciones a las provincias de Valdivia y LIanquihue. La ley de 4 de Diciembre de 1866, prescribió que los contratos traslaticios de dominio sobre terrenos situados en territorios de indígenas, sólo podían celebrarse válidamente cl!ando el que enajenaba tenía título inscrito y registrado competentemente. Si alguno de los contratantes era indígena, el acto debía celebrarse además con arreglo a las formalidades que establecía para estos casos el decreto de 1853. Pero las funciones que ese decreto atribuía al Intendente y a los Gobernadores se trasladaron a un funcionario especial, llamado Protector de Indígenas. No obstante estas leyes, los indios continuaron siendo víctimas de fraudes y engaños, por lo cual fué preciso dictar normas prohibi:" tivas, como la ley de 4 Agosto de 1874, que impidió a los particulares adquirir por cualquier medio terrenos de indígenas en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín. Algunas otras leyes y decretos exceptuaron ciertas regiones de los efectos de esta ley y permitieron la enajenación de ciertos terrenos. Pero la ley de 11 de Enero de 1893 extendió la prohibición a LIanquihue, Valdivia, Chiloé y Magallanes y la prorrogó por diez años más. Nuevas prórrogas se hicieron por las leyes de 1903 y 1913. Esta última prorrogó las disposiciones de la ley de 1874 hasta

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que. se dictase una ley general sobre constitución de la propiedad indígena. Después de varios ensayos, por fin se dictó esa ley, que lleva el N.O 4?02, de 24 Enero de 1930. Veamos sus principales disposicio-: nes: a) Esa ley crea juzgados especiales de indios, que procederán, de oficio a dividir las comunidades de indígenas, que tengan título de merced otorgado con arreglo a las leyes de 4 de Diciembre de 1866 y posteriores, y que conocen en única in.stan.cia tIe las ~uestiones sobre estado civil, derechos hereditarios y otras que se s'Usciten entre indígenas dentro del juicio de partición, y en primera instancia de las cuestiones sobre .dominio, posesión, tenencia o prestaciones mutuas relacionadas con esos terrenos y que se ventilen con particulares. En segunda instancia, por vía de apelación o de consulta, conocerán las Cortes de Apelaciones correspondientes. La defensa de los indígenas corre a cargo de abogados especiales, nombrados por el Gobierno. Dichos juzgados fallarán como árbitros arbitradores los juicios sobre división de cot;l1unidades y como tribunales de derecho los que se relacionen con particulares no indígenas. Las sentencias de división serán aprobadas por el Presidente de la República. b) Al liquidar las comunidades, los jueces de indios formarán tantas hijuelas. como jefes de familia, sucesiones o individuos figuren en el título de merced y las extensiones de las hijuelas serán proporcionales al número de personas con que figure cada grupo en el título de merced y si el suelo fuere de calidades diferentes, también los valores deberán ser proporcionales. Las cuotas. de los ausentes deberán ser enteradas en dinero, quedarán garantidas con hipoteca legal y sus derechos prescribirán en cinco años' desde la fecha de la inscripción. Dentro del juicio de' partición de una comunidad se liquidarán por los mismos jueces de indios las sucesiones que existieren, y la posesión notoria del estado de padre, madre, marido, mujer o hijo serán título bastante~ para constituir a favor .de los indígenas los mismos derechos hereditarios que establecen las leyes comunes a favor de los padres, cónyuges e hijos legítimos. e) La ley da fuerza especial al título de merced, el cual prevalecerá sobre cualquier otro, en caso de controversia acerca del dominio,

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excepto cuando el ocupante exhiba un título que emane del Estado, de fecha anterior al de merced, o un título de origen particular anterior al de merced, aprobado conforme a la Ley de constituci6n de la Propiedad Austral. d) Si fallado a favor de los indígenas un juicio de dominio de un terreno ocupado por particulares, hubiere que restituir a los indígenas ese terreno y en él existieren obras o mejoras de cierta importancia, queda facultado el Gobierno para exproPiar ese terreno y para venderlo a los ocupantes, invirtiendo su valor en adquirir otro terreno para transferirlo a los indígenas gratuitamente o darles el dinero, con intervención del juez de indios. e) Respecto a la capacidad de los indígenas, la ley establece: 1.0 que pendiente la comunidad, pueden los indígenas de común acuerdo enajenar, permutar o gravar el terreno comprendido en el título de merced, con autorización del juez de indios, que firmará la escritura pública en representación de ellos, percibirá el precio y lo distribuirá a prorrata de la cuota que a cada comunero corresponda; 2.° Terminada la división de la comunidad, quedan los indígenas en la siguiente situación: Tendrán la capacidad que se establece por las leyes comunes, para gravar y enajenar sus predios o hijuelas, los indígenas que hayan cumplido con la ley de Instrucción Primaria Obligatoria o que tengan algún título conferido por Universidades o Institutos del Estado o particulares. Los demás indígenas quedan sometidos, durante diez años contados desde la promulgación de esta ley, a la tutela del juez de indios, que deberá autorizar por causa de utilidad o necesidad manifiesta la enajenación o gravámen de la hijuela y su arrendamiento o contrato de aparcería, hasta por cinco años. Pasados los diez años, los indígenas podrán disponer de sus propiedades, en conformidad a las leyes comunes. 242. Distinción de las cosas relativamente al derecho de propiedad.-Cosas aproPiables y cosas inapropiables.-El Derecho Civil estudia las cosas en cuanto son o pueden ser objeto del dominio; de donde se deduce el interés que existe· de saber qué cosas son susceptibles de aprobación y cuáles no.

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Son apropiables, o sea, susceptibles de apropiaci6n, aquellas cosas que estando sometidas al poder del hombre son de utilidad limitada, de manera que una persona puede reservarlas para sí con exch.lsiÓn de los demás. Son inapropiables aquellas cosas cuyo uso es inagotable, es decir, gue pueden servir a todos sin que el goce de los. unos perjudique a los otros. Estas cosas son por naturaleza comunes a todos los hom.bres, como el alta mar, el aire atmosférico. No son, por tanto, susceptibles de dominio y ninguna corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas. Su uso y goce son determinados entre individuos de una náción por las leyes de ésta, y entre distintas naciones, por el Derecho Internacional. (Art. 585). Con el desarrollo que ha adquirido la aeronavegación, tiene mu. cha importancia: lo relativo a la soberanía del espacio atmosférico y a su reglamentación. El decreto ley N. o 675, de Noviembre de 1925, dispone éntre otras cosas: Soberanía del esjJacio atmosférico.-El Estado ejercerá plena y exclusiva soberanía sobre el espacio atmosférico existente sobre su territorio y sus aguas jurisdiccionales (Convención Internacional, de 1;3 de Octubre de 1919, ce'lebrada en París. (Art. 17). Návegación de aeronave~:-La navegación de las aeronaves chilenas será libre, pero. quedará sometida a las disposiciones de la presente ley 'y a los reglamentos correspondientes. , La navegación de las aeronaves extranjeras, tanto públicas como .privadas, se ceñirá, además, a las normas establecidas en los convenios internacionales. Ninguna aeronave que no jJos.ea nacionalidad determinada, podrá circular sobre el territorio o aguas jurisdiccionales de la República, sin autorización. (Ar~s. 18 y 19). Aeronavegación Comercial.-No podrán dedicarse a la aeronavegación comercial; 1.° Las aer:maves que no h~yan sido matriculadas; 2." Las que no sean visitadas, reconocidas y declaradas en buen estado para la navegación por peritos nombrados por la autoridad competente; y 3',0 Cuando el personal que las tripule no es\

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té en posesión de los diplomas o títulos que acrediten su especialidad, (Art 19). Zonas prohibidas.-Atendiendo a razones de orden militar o de seguridad pública, podrá prohibirse la navegación y elevación de aeronaves sobre zonas determinadas del territorio nacional y mares adyacentes (Art. 21). Vuelos sobre ciudades o pl!eblos. -No podrán volar las aeronaves sobre las ciudades o pueblos sino a una altura tal que permita aterrizar, aun en caso de descomposición de los medios .de propulsión, fuera de poblado o en un aeródromo. (Art. 30). Aterrizaje y elevación.-Sólo en caso de fuerza mayor las aeronaves podrán aterrizar o elevarse en parajes que no sean aeródromos públicos o privados debidamente establecidos. Fuera de los aeródromos, las aeronaves podrán aterrizar en terrenos no cercados o en la superficie del agua, siempre que no haya prohibición. El dueño del terreno o de la superficie del agua tendrá derecho a exigir que se les dé el nombre del propietario y del comandante de la aeronave y una vez cerciorado de ello, no podrá impedir la ascensión ni la continuación del viaje. (Arts. 33 y 41). 243. Cosas Comerciables e incomerciables.-Por regla general todos los bienes son comerciables, o'sea, susceptibles de cambiar de dueño. La libre disposición de los bienes es un atributo esencial y característico del dominio y la circulación o traslación de dominio de los bienes es lo que constituye la esencia del comercio, tomada esta palabra en su más amplia acepción. Pero hay, por excepción, ciertos bienes que revisten el carácter de incomerciables, o sea, que están fuera del comercio humano, y que no pueden ser objeto de una enajenación o transferencia.' Desde luego, todas las cosas inapropiables son por su naturaleza incomerciables, porque no siendo objeto adecuado del dominio, menos pueden serlo de una enajenación. Pero, el carácter de incomerciable corresponde también a ciertos bienes apropiables por su naturaleza, de los cuales vamos 8 ocuparnos en seguida. Tales SO)1.: a) Los bienes nacionales de uso público, o sea, aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como las calles,

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plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas. Estos bienes son incomerciables, en razón de su destino permanente a un uso público, que impide sil enajenación. b) Las ,cosas que han sido consagradas para el culto .CIivino, las cuales se regirán por el Dercho Canónico (art. 586). Sellamanco~ sas sagradas aquellas que están destinadas de una manera inme~ ¿iata al servicio del culto divinó, como son las iglesias, ornamen~ tos, vasos sagrados, etc. El Derecho Canónico prohibe la enajenación o. gravamen de estos bienes, salvo 'casos muy calificados, como sería para .subvenir a una grave necesidad, de la nación. El' dominio de estos, bienes reside en las respectivas iglesias o in~titutos, reconociéndose adem{ls en el Papa una especie de alto dominio. ' El Derecho Canónico incluye también entre las cosas, consagradas al culto divino, los cementerios católicos bendecidos por la autoridad del Obispo, los cuales quedan también fuera del comercio humano. e) Hay, cosas por su naturaleZa comerciables cuya enajenación está sin embargo momentáneamente prohibida, El artículo 1464 del Código, dispone que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menosque~l juez la autorice o el acreedor consienta en ello, y de las especies cuya' propiedad se litiga. sin permiso del juez que conoce del litigio .. La prohibición de enajenar estas cosas subsiste mientras dura el embargo o el litigio. La prohibición o embargo que ,recayere sobre bienes raÍc,esno produce efecto respecto de terceros sino desde que se insc~ibe en el Registro Conservador respectivo (artículos 287 y 474 del Código de Procedimiento) . d) Finalmente, hay ciertos derechos patrimoniales quepqr su naturaleza no pueden transferirse a otras personas, como el derecho de pedir alimentos, el derecho real de uso., etc., y de los. cuales nos .~ ocupamos al tratar de los derechos personalísirnos.244. Derecho Canónico.-Hemos visto que el Código ,serefier.e al Derecho Canónico al tratar de las cosas consagradas al culto divino. 20

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En muchas otras materias íntimamente ligadas con la 1egis1a-: ci6n civil tiene también aplicación el Derecho Canónico. Se llama Derecho Canónico el conjunto de reglas por las cuales se ordena la constitución, régimen y disciplina de la Iglesia Ca.tólica. La palabra Canónico viene de una voz griega que significa cánon o regla, nombre con que se designan las leyes eclesiásticas. El Derecho Canónico puede dividirse en dos partes: una que se llama derecho público o constituyente de la Iglesia Católica, que comprende el conjunto de leyes por las cuales la Iglesia queda constituída en sí misma, en cuanto a su potestad y en cuanto al sujeto que puede ejercerla: y la otra que es el derecho privado o administrativo, que es el conjunto de leyes por las cuales la Iglesia, por medio de suj eto idóneo, ha reducido a la práctica su potestad, según su triple función legislativa, judicial y coercitiva. El objeto del Derecho Canónico 10 constituyen la fe, las buenas costumbres y la disciplina, en cuanto éstas se refieren al orden externo y social de la Iglesia, y por consiguiente, de un modo especial en cuanto en el fuero externo se prescriben y prohiben, acompañadas de sanción eclesiástica. El estudio del Derecho Canónico tiene gran importancia, por ser el derecho por el cual se rige la sociedad más grande que han conocido los siglos; grande por su duración, pues lleva ya cerca de veinte siglos de existencia y está llamada a vivir hasta el fin del mundo; grande por su extensión territorial, pues abarca todo el mundo; grande por la influencia que ha ejercido en las ideas de todos los pueblos, sobre el origen, dignidad e igualdad de todos los hombres, y por haber ejercido con su legislación un influjo decisivo en las doctrinas jurídicas de todas las naciones. Son fuentes del Derecho Canónico, en el sentido de las obras en que estas leyes sefhaIlan, la Sagrada Escritura, en' que se halla en gran parte el derecho natural, el divino positivo y el apostólico; las obras de los. Santos Padres, en cuanto contienen las tradiciones divino-apostólicas; los. Sínodos, en especial el Tridentino; las Compilaciones antiguas, particularmente las que forman el antiguo Corpus Juris; los bularios, las colecciones de decretos de las Sagradas Congregaciones; el ThesaurLts resol. S. C. C.; la colección de Acta A.

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Sedis; y finalmente el nuevo, Código Canónico, que es hoy la fuente principal, y casi la única, juntamente con la colección de los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos y demás libros litúrgicos, sirvioodo las otras como auxiliares para la interpretación. Hasta la aparición del Código, para tener todas las fuentes jurídicas era necesario poseer una serie de obras que constan de mu,chos tomos, en folio, y de difícil adquisición; de modo que era muy difícil su consulta y árdua su aplicación en los tribunales, porque muchas habían caído en de,suso y otra~ eran ,contradictorias entre sí. Era general el d~eo de un nuevo Código y en el Concilio Vaticano se' presentaron diversos postulados pidiendo la codificación. El Papa Pío X, por su motu propio, Arduum sane, de 19 de Marzo de 1904, decretó la formación del Código, disponiendo para la ejecución de este proyecto la creación de un Consejo o Comisión Pontificia, compuesta de Cardenales designados nominalmente por el Papa y' presidida por él, o en su ausencia, por el más antiguo de los' Cardenales presentes. También dispuso Pío X que hubiera un número suficiente dé consultores elegidos por los Cardenales, con aprobación del Pápa, entre los canonistas y teólogos más doctos. El 25 del mismo mes de Marzo ya había nombrado 17 consultores. Por carta-circular del mismo día 25 mandó que a la codificación aportaran su concurso todos los Prelados -del mundo, para lo cual los Arzobispos debían oír el parecer de sus sufragáneos y de los otros Prelados, y después de oídos, exponer a la Santa Sede las mutaciones o correcciones que creían que debía hacerse en el Derecho Canónico. Concluído el primer esbozo del Código, fué enviado por partes a los Obispos de todo el mundo, con fechas 20 de Marzo ~e 1912, 1.0 de Abril de 1913, 1.0 de Julio de 1913 y 15 de Noviembre de 1914, para que reunidos con su Arzobispo, lo revisaran e hicieran sobre él las observaciones ,que juzgaran convenientes y las remitieran a la Santa Sede. Se les imponía secreto pontificio y se les permitía consultar con uno o dos canonistas del clero secular, bajo el mismo secretq. En este estado de las cosas, ocurrió la muerte de Pío X' Su

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sucesor Benedicto XV revisó todo lo actuado y promulgó el Código con fecha 27 de Mayo de 1917, fiesta de Pentecostés, por medio de la Constitución Providentissima Mater Ecclesia, en la cual se estableció que el nuevo Código no empej'aría a regir hasta el día de Pentecostés del año siguiente, que fué el 19 de Mayo de 1918. Dicha Constitución va al frente del Código, el cual se divide en cinco libros; los libros en partes; las partes en títulos; los títulos se subdividen en capítulos y éstos en artículos. El número de cánones que contiene el Código es de 2414. El libro 1 contiene sólo Normas Generales; el libro II trata de las personas; el III De las cosas; el IV De los juicios, yel V De los delitos y penas. índice

CAPÍTULO X DE LOS BIENES NACIONALES

245. Bienes nacionales.-5e llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la naci6n toda. Se dividen en bienes nacionales de uso público y bienes fiscales. Los primeros son 'aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la naci6n, como calles, plazas, etc.; y los segundos son aquellos que no pertenecen generalmente a los habitantes. (Art. 589). El carácter propio de los bienes nacionales de uso público es la i~posibilidad en que se encuentran, por raz6n de su destino, de formar parte del patrimonio' particular de una persona; enos son incomerciables y, por tanto, imprescriptibles. La autoridad pública no puede disponer de estos bienes, ni los particulares adquirirlos para su dominio privado, mientras subsiste su destinación a un uso público, Por el contrario, los bienes fiscales son comerciales y prescriptibles como cualquiera otra clase de bienes de particulares; ellos forman lo que se llama el dominio privado del Estado y se rigen por las reglas generales aplicables á la propiedad privada, sin perjuicio de las restricciones establecidas por el Derecho Público y Administrativo. Son bienes nacionales de uso público: a) Las calles y plazas y los puentes y caminos costeados por el Estado o por las Municipalidades. Los puentes y caminos o cualesquiera otras obras constru'ídas a expensas de particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. (Arts. 589, 598 y 1105); b) El mar adyacente, hasta la distancia de una legua marina

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medida désde la línea de más baja marea. Pero el derecho de policía, para objetos concernientes a la seguridad del país y a la observancia de las leyes fiscales, se extiende hasta la distancia de cuatro leguas marinas, medidas de la misma manera. (Art. 593). e) Las playas del mar, o sea, la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. (Art. 594). d) Los ríos y todas las aguas que corren po r cauces naturales, excepto las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, cuya propiedad, 'uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas y pasan con éstas a los herederos y demás sucesores de los dueños. (Art. 595). ' e) Los grandes lagos que pueden navegarse por buq ues de más de cien toneladas. La propiedad, uso y goce de los otros lagos pertenecen a los propietarios riberanos. (Art. 596). Son bienes fiscales o del dominio privado del Estado;. a) Todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. (Art. 590). b) Las nuevas islas que se formen el mar territorial o en ríos y lagos que puedan navegarse por buques 'de más de' cien toneladas. (Art. 597). Aunque los ríos y los lagos en que se forman estas islas son bienes nacionales de uso público, no obstante, dichas islas son bienes fiscales o del dominio privado del Estado, porque respecto de la parte del l~cho que se convierte en isla, cesa la afectación o destino a un uso público; e) Lc~ bienes que corresponden al Fisco en virtud del llamamiento de la ley que lo instituye heredero de una persona que fallece intestada, a falta de todos los herederos. abintestato designados en el título 2. 0 del libro 3. 0 del Código. (Art 995), d) Los biehes que el Fisco, persona jurídica de Derecho Público, puede adquirir como podría hacerlo un particular por los modos ordinarios. Así, son bienes fiscales lo que compra el Fisco para destinarlos a un servicio público, y. gr., una casa para oficina de correos; los que puede adquirir en virtud de institución testamentaria; etc.; e) Finalmente, son bienes fiscales los que caen en comiso en los

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casos determinados por la' ley, y todos aquellos que las leyes declaran como de propiedad del Fisco, materia sobre la c\.lalnos referimos al Derecho Administrativo. . Las minas, cuyo dominio 'atribuye la ley al Estado, se encuentran en una condición especial, que no permité clasificarlas ni como bienes nacionales de uso público, ya que su uso no corresponde ~ todos, ni como bienes fiscales, porque e! Estado que 'carece de ,la facultad de explotarlas o enajenarlas, no tiene el dominio útil de ellas, como sucede en los demás bienes fiscales que forman la propiedad privada del Estado: : 246. Uso y goce de los bienes nacionales de uso públieo.-.Los particulares tienen la libre ~isposíción de los bienes de su dominio privado; su uso y goce es arbitrario y no está suj eto a restricción alguna, salvo casos excepcionales en que su interés esté· en pugna con las conveniencias sociales o el derecho ajeno; pero, no ocurre lo mismo con el uso y goce que tienen los particulares en los bietles nacionales de uso público. El orden' social exige, en garantía del in-_ terés mismo de los individuos, que ese uso y goce sean reglamentados por la ley o por las ordenanzas. En rigor, esa reglamentación no corresponde al Derecho Civil qt,lé, siendo ,una rama del Derecho Privado, sólo estudia la propiedad en cuanto sujet~ al dominio par:" ticular; ese" estudio ts más propio del Derecho Público o Administrativo. No obstante, el Código contiene algunos preceptos fundamentales que' reglamentan ese uso y goce, pero 'cuida de refeiirsé, en esta parte, de un modo especial, a ,las ordenanzas generales o locales que sobre la materia se .promulguen. Se llaman ordenanzas generales lasque dicta e! Presidente de la República en uso de la facultad que le confiere la Constitución Política y que tienen aplicación en todo el territorio del país. Ordenanzas locales son las que dicta cada Municipalidad dentro de su respectivo territorio con arre'" glo a la ley orgánica de! ramo; entendiéndose por ordenanzas locales únicamente aquellas de general aplicación que impongl:tn la pena hasta de doscientos pesos de multa (N.O 2 del arto 49 del Decreto Ley N.O 740 de 15 de Diciembre de 1925). (1) ( 1) La nueva Constituci6n contempla en su artículo' i 00 las Ordenanzas provinciales dictadas por la Asamblea provincial. ',

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Las disposiciones que sobre esta materia contiene el Código Civil se limitan a establecer: a) Que perteneciendo a la nación la propiedad de las calles, plazas, etc., nadie puede ocupar espacio alguno, por pequeño que sea, de su superficie. Igual regla debería seguirse respecto de las obras que, sin ocupar la superficie, saliesen del plano vertical del lindero; pero la ley tolera que en los edificios que se construyan a los costados de las calles o plazas, haya obras que salgan medio decímetro fuera de dicho plano vertical hasta la altura de tres metros y, pasada esa altura, hasta tres decimetros. Ese es el máximum de tolerancia (Arts. 600 y 601); b) Sobre los bienes nacionales de uso público nadie puede construir obra alguna sin permiso de la autoridad competente, que es la Municipaiidad respectiva; y, en todo caso, sobre esas obras tienen los particulares el uso y goce, pero no la propiedad del suelo, que, como ya hemos dicho, no puede pasar al dominio privado mientras subsista su destino ~ un uso público. Abandonadas las obras o terminado el plazo del permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo del Estado o al uso y goce general de los habitantes, según 10 prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende 10 dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por el Estado (Arts. 599 y 602) ; e) Pertenece a todos los. habitantes el uso y goce de los ríos, por ser bienes nacionales de uso público; pero nadie podrá sacar canales de ellos para un objeto industrial o doméstico sino con arreglo a las leyes u ordenanzas respectivas (Art. 603). Volveremos sobre esta materia al tratar del régimen de las aguas; d) De la misma manera, está reglamentado el uso de la playa del mar para las naves nacionales o extranjeras, las cuales no podrán tocar ni· acercarse a ningún paraje de ella, excepto a los puertos que para este objeto· haya designado la ley, a menos que un peligro inminente de naufragio o de apresamiento u otra necesidad semejante las fuerce a ello; y los capitanes o patrones de las naves que de otro modo lo hicieren, estarán sujetos a las penas que las leyes y ordenanzas respectivas les impongan. Los náufragos tendrán libre acceso a la playa y serán socorridos por las autoridades locales (Art.) 604.

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Esta' disposición tiene por objeto evitar los contrabandos, pues sería imposible hacer efectiva una vigilancia sobre todos los parajes de la playa; e) Las personas que hubieren 'adquirido un derecho sobre ríos, lagos o islas, antes de la promulgación de este Cóqigo, lo conseryarán, no obstante las disposiciones anteriores, pues la ley no tiene efecto retroactivo y respeta, en todo caso, los derechos adquiridos. 247. Inspección de Bienes Nacionales.-Patrimonio del Estado. El Decreto-Ley N. o 315, de 11 de Marzo de 1925, creó la oficina denominada Inspección de Bienes Nacionales, que tiene a su cargo la conservación y supervigilancia de todos los bienes muebles o inmuebles que forman el patrimonip del Estado. El mismo Decreto-Ley dispone que toda solicitud en que se pi;.. da el arrendamiento o el uso de .algunos terrenos baldíos' de propiedad del Estado, playa, muelle, aguada o merced de agua, será presentada al Góbernador del Departamento en que se encuentre ' ubicado el predio y dirigida al Inspector de Bienes Nacionales, el que estudiará la solicitud y la elevl'lrá informada al Ministerio correspondiente. (Arts. 7.° y 8. 0 ) . kas concesiones, usos o arrendamientos se otorgarán por un plazo G),ue no exceda de cinco años, si se tratare de bienes urbanos y de nueve años, si se refieren a bienes rurales, pudiendo renovarse unas y otras en favor del mismo usuario o. arrendatario; pero el Gobierno podrá fijar otro plazo, si se tratare de empresas o usos industriales, que por su naturaleza exijan mayor duración. La concesión no será válida si no se inscribiere en el respectivo registro de la Inspección de Bienes Nacionales. (Arts. 10, 11 y 12). La renta de arrendamiento no será inferior al 8% anual del valor de tasación de los bienes. (Art. 17). Toda concesión pagará un impuesto especial. El denuncio de bienes que corresponden al Estado, deberá hacerse ante la Inspección de Bienes Nacionales, acompañando todos los antecedentes del caso que permitan al Fisco entablar la demanda. El Gobierno podrá conceder una remuneración que' no exceda del veinticinco por ciento del valor de dichos bienes, y que se pagará una vez recuperados, a los que suministren datos o antecedentes que

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sean útiles para que el Fisco adquiera o recupere esos bienes. (Arts. 13 y 14). 248. Caminos públicos y cáminos particulares.-La ley N. o 4851, de 11 de Marzo de 1930, dice que son caminos particulares los que declara tales el artículo 592 del Código Civil, es decir, los construídos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. Los demás son caminos públicos, los cuales se dividen en: a) caminos internacionales; b) caminos nacionales, y c) caminos regionales. Los caminos nacionales se subdividen en dos clases, a saber: 1. o Los que unen directamente entre sí las capitales de provincia y las vías fluviales navegables por embarcaciones de más de cincuenta toneladas; y 2. o Los que comunican las capitales de provincia a los puertos de navegación y a los habilitados de .cordillera de primera clase y las demás vías fluviales no comprendidas en el número anterior. Se llaman caminos regionales los que no son ni internacionales ni nacionales. También se consideran como caminos públicos las vías señaladas como tales en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluídos 10& concedidos a indígenas; y las calles designadas por la Junta Departamental, que se utilicen para atravesar las ciudades situadas sobre los caminos públicos. (Arts. l. ° y 2.°). Todo camino que esté o hubiera estado en uso público, se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido, y la autoridad administrativa ordenará su reapertura o ensanche en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente substraído al uso público. Esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio. (Art. 5. o). 249. Policía de caminos.-Cruc~s de los nu~vos caminos y la vía férrea.-Servidumbres. Corresponde al Presidente de la República reglamentar el tránsito por los caminos públicos, la concesión de permisos para ocuparlos con vías férreas y la plantación de árboles en los espacios laterales o en los terrenos adyacentes hasta una distancia de

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20 metros, pudiendo en casos calificados, ordenar la corta de los que perjudiquen la conservación o visibilidad de los caminos, abonándose al dueño la indemnización correspondiente. Los cruces de los nuevos caminos y las vías férreas serán a diferentes niveles (Art. 6.°). Se prohibe' ocupar, cerrar, obstruir o desviar los caminos públicos,'extraer tierras, depositar materiales, derramar aguas yen general hacer ninguna clase de obra, en ellos y la Municipalidad o empresa que necesite hacer obras solicitará permiso del Gobernador y depositará previamente la suma necesaria para reponer el camino a su estado primitivo (Art. 12). L.os predios rústicos tienen la serv:idumbre de permitir la extracción de materiales para la construcción y conservación, y la de' tránsito para el acarreo de esos materiales :( de los que puedan existir en el lecho de los ríos, todo con la correspondiente indemnización. También proporcionarán el agua par'a la construcción, con derecho a indemnización si le causare perjuicio (Arts. 15 y í 6). Las líneas de teléfonos, eléctricas, cañerías, etc, sólo podrán colocarse entre las cunetas y los cierros (Art. 12). 250. Aguas y canáles en los caminos públicos.-Se prohibe con-, ducir aguas por los caminos u ocupar con ellas las cunetas o fosos. El paso de las aguas lluvias o. de regadío por los caminos' se hará en la extensión indispensable para poderlos atravesar, y en acueduCtos y bajo de puentes u otras obras de arte apropiadas y definitivas construídas conforme al Reglamento. (Art. 7,°), '. En los canales que existen dentro del trazado. de los caminos, no podrán ejecutarse otras obras que las de mera conservación. (art. 8. o) Los canales que por desbordamiento pudieren perjudicar a los caminos, tendrán compuertas en su bocatoma y obras de descarga y sus dueños responderán de todo perjuicio. Si fuere menester cambiar un acueducto para construir un camino público en el terreno que . ocupaba el acueducto, la servidumbre de acueducto continuará gra~ando el resto del. predio; pero el gasto del cambio será de cargo del Fisco. (Art. 13). , , Las aguas provenientes de las lluvias o filtraciones, que se reco,

jan en los fosos de los caminos tendrán su salida a los predios ved-

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nos, y para construir el canal de salida se oirá al propietario y se cuidará de que sea la más adecuada a la topografía del terreno, (Artículo 14). 251. Ocupación de los bienes nacionales con líneas eléctricás.La ley N. o 1665, de 4 de Agosto de 1904-, establece que la autori zación para ocupar los bienes nacionales o fiscales con líneas eléctricas de cualquiera especie, corresponderá al Presidente de la República. Los permisos para instalaciones eléctricas subterráneas podrán otorgarse por un plazo de veinte años y para instalaciones eléctricas aéreas, no podrán exceder de diez años. Dispone la misma ley que en las ciudades de Santiago y Valparaiso y en las demás en que hubiere tranvías eléctricos, las líneas eléctricas de teléfonos, de alumbrado y demás que tengan por objeto la distribución de fuerza o energía eléctrica, se canalizarán subterráneamente dentro del recinto que fije el Presidente de la República. Se exceptúan de estas disposiciones las líneas destinadas exclusivamente al servicio de tranvías. 252. Obras voladizas.-La ley de transformación de Santiago, N, o 2203, de 16 de Septiembre d« 1929, dispone en su arto 10: «Hasta la altura de tres metros sobre la acera respectiva, no podrá haber en el exterior de edificio alguno, columnas, pilastras, gradas, zócalos, umbrales, puertas, ventanas, balcones, miradores y en general ninguna obra destinada a la seguridad, comodidad u ornato del edificio, que sobresalga espacio alguno fuera del plano vertical del lindero; ni podrá haber más arriba obras de aquella especie que sobresalgan más de sesenta centímetros, fuera de dicho plano vertical. La Dirección de Obras Municipales podrá autorizar la construcción de obras voladizas desde cuatro metros de altura y que se pro~ longuen tres metros fuera del plano vertical del lindero. Estas construcciones serán de metal con una techumbre de material incombustible y mal conductor del calor, que en ningún caso podrá servir de balcón'. índice

CAPITULO' XI DE LOS MODOS DE' ADQUIRIR EL DOMINIO Y PRIMERAMENTE DE LA OCUPACION 253. Modos de adquirir.-'Estudiado el dominio en sus diversas clases y las facultades inherentes a él, toca ocuparnos de los modos de adquirirlo. Los modos,de adquirir se aplican no solamente al dominio sino también a la generalidad de los derechos reales, y algunos de ellos sirven para la adquisición de cu'¡llquiera clase ge ,derechos patrimoniales, siempre que sean ~ransmisibles; pero como su principal aplicación concierne al dominio, el más importante de los derechos reales, y como, por atta parte, sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, el Derecho Civil estudia los modos de adquirir, en su relación con el dominio o derecho de propiedad. Se llama modo de adquirir a la causa próxima de la adquisición de un derecho; y se dá el nombre de título ,al acto jurídico que, en algunos casos, debe preceder y ser causa remota de la adquisición del mismo. Decimos en algunos casos, porque sucede que en la ocupación, la accesión y la prescripción no existe tal causa remota, confundiéndose el título con el modo de adquirir. En la adquisición de los derechos reales no puede faltar jamás el modo de adquirir: sin él no hay derecho real. El título dá sólo un derecho personal. Así, el contrato de compra-venta de una casa servirá de título al comprador P?ra exigir del vendedor la entrega de la casa; en virtud de él tiene solamente un derecho personal contra el vendedor. S610 una vez efectuada la tradición, que es modo de adqui-

rir, la cual se verifica por la inscripción en el Registro Conserva-

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dar. tendrá el comprador el derecho real de dominio sobre la casa, quia non pactionibus sed traditionibus dominia rerum transferentur. Los modos de adquirir el dominio son: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva (Art. 588). A estos debe agregarse la ley, que en ciertos casos sirve de modo de adquirir. Así, el usufructo de que el padre de familia goza sobre ciertos bienes del hijo, lo adquiere en virtud de la ley, y por eso se llama usufructo legal. Todos los modos de adquirir son propios para la adquisición del dominio; la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva lo son también para la adquisición de los demás derechos reales, excepto ciertas clases de servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción (art. 882); y, finalmente, la tradición y la sucesión por causa de muerte sirven además para adquirir los derechos personales o créditos. Algunos de estos modos de adquirir sirven al mismo tiempo de título, o sea, no requieren la existencia previa de ningún acto jurídico que sirva de causa remota de la . adquisición; tales son: la ocupación, la accesión y la prescripción adquisitiva; pero la tradición y la sucesión por causa de muerte exigen la existencia previa de un título que sirva de cam;a remota de la adquisición. Estos últimos, que por su naturaleza son modos de adquirir el dominio, pueden, en ciertos caS::lS, servir sólo de títulos, y esto ocurre cuando el tradente o el testador no era dueño de la cosa de que estaba en posesión. En estos casos, la tradición y la sucesión por causa de muerte no transfieren el dominio, porque nadie puede dar más de lo que tiene; pero pueden servir de título para dar principio a una posesión regular, que habilite al sucesor para adguirir la cosa por la prescripción ordinaria, siempre que exista buena fe. 254. Título.-La palabra título tiene además otro significado distinto del que le hemos dado anteriormente. Se designa también con esta palabra al instrumento justificativo de un derecho. Esta acepción se da a la palabra título cuando se dice, v. gr.: He presentado al Banco los títulos de dominio de mi casa;' queriendo indicar con ello la circunstancia de haber presentado al Banco los instru-

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mentos públicos que acreditan el derecho de dominio que uno tiene sobre su casa. CJásificáci6n de los modos de adquirir .-Los modos de adquirir son originarios o derivativos. Son originarios, la ocupación, la accesión y la prescripci6n, por,que generalmente crean un derecho que antes no existía y, en los .casos en que al parecer lo transfieren, el dominio del segundo no deriva del dueño anterior, sino que arranca su origen de ciertos hechos que producen ese efecto por determinación de la ley y con absoluta independencia del dueño .anterior. Son derivativos, la tradición y la sucesión por causa de muerte; en estos dos modos de adquirir, el dominio del adquirente y el del heredero o legatario derivan del dominio anterior del tradente o testador; aquellos son verdaderos continuadores del dominio de éstos y réciben la cosa con sus . calidades y vicios. 255. De la ocupaeión.-La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que nO pertenecen a nadie, por la toma de poseJli6n de ellas, siempre que su adquisición no ésté prohibida por las leyes chilenas o por el Derecho Internacional. Este, modo de adquirir exige la concurrencia de los siguientes requisitos: l. o Que se trate de cosas que no pertenecen a nadie, o sea, res nu· llius. Se consideran res nuWus: a) aquellas cosas que nunca han tenido dueño, como son los animales bravíos que viven naturalmente libres' e independientes del hombre y las cosas que arroja el ma.r, como las piedras, conchas y otras substancias que no presentan señales de dOminio anterior (artículos 607 y 624, inciso 2. o; b) las cosas que tenían dueño y dejan de tenerlo, por abandono voluntario de su due-, ño, como las monedas que se arrojan para que las haga suya el primer ocupante (art. 624. inciso 3.°): c) las cosas que tenían dueño y dejan de tenerlo, por la imposibilidad absoluta,de ejercer dominio sobre ellas, no mediando intervención de alguna persona, que, por engaño o fuerza, se apodere de ellas, porque en este último caso, no se perdería el dominio. La pérdida de dominio por la. causa de imposibilidad abs::Jluta, de que hablamos, tiene lugar. en el caso de los animales bravíos que recobran su ,libertad natural (art. ,619); en el caso del tesoro largo tiempo oculto, sin que haya memoria o incjicio de su

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dueño (art. 625); Y en el caso de . las cosas perdidas cuando, practicadas las posibles diligencias, no aparece el dueño ni hay esperanzas de que aparezca (arts. 629 y siguientes); d) las cosas que se toman en guerra de nación a nación y que en virtud de una ficción del Derecho de Gentes se consideran como res nullius, aunque en realidad tienen dueño; de aquí que la captura bélica no sea contada entre los modos de adquirir derivativos sino entre los originarios, como una especie de ocupación. Enumeradas las cosas que se consideran como res nullius para los efectos de la ocupación, debe tenerse presente, como una observación fundamental sobre esta materia, que en el estado actual de nuestra legislación, la ocupación como modo originario de adquirir el dominio es absolutamente inaplicable respecto de los bienes inmuebles, porque no hay en Chile bienes inmuebles que sean res nullius, en virtud del artículo 590, que atribuye al dominio del Estado, todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. t 2.° Toma de posesión. La acción del ocupante debe ser externa e interna, «corpore et animo» o sea, deben concurrir la voluntad del ocupante, elemento interno, y la aprehensión material o legal, elemento externo. Falta en absoluto el elemento de la voluntad en . los que no tienen uso de razón, a saber: los dementes y !os infantes, los cuales no pueden adquirir la posesión de una cosa mueble ni para sí mismos ni para otros; facultad esta que tienen las demás personas aunque no gocen de la libre administración de sus bienes (art. 723). El elemento externo, o sea, la aprehensión de la cosa, puede ser material o legal. No siempre es necesario que la aprehensión sea consumada; basta que haya un principio de aprehensión. Así, según el arto 617, se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravío y lo hace suyo, desde el momento en que lo ha herido gravemente, de manera que ya no le sea fácil escapar, etc. Hay otros casos en que la cosa se adquiere por ocupación, sin que medie un hecho actual del ocupante. Así, según el artículo 621, las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, se en-

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tenderán ocupadas legítimamente por' el dueño del ,segundo, siempre que éste, no se haya validQ de alguna, industria para atraerlas y aquerenciarlas: , 3~f> Que su adquisición ,no esté prohibida pot; las leyes, chilenas o por el Derecho Internacional,. Por razones de utilid~d" pública Ja, ley puede prohibir ciertas especies de ocupación ; así;' laJey ,de 19 de agosto de, 1893 prohibió durante cuatro años ~n los territorios de Chi~oé y Magallanes la pesca de lobos marinos y 'de nutrias, para evitar el agotamiento de esas especies. )._a ordenanza municipal de 25 de marzo ,de 1868 prohibió,lacaza en el departamento de Santia-, go en eLperíodo ,comprendido entre el Lo ,de: septiembre 'y el 1.0 de marzo ,de cada año:EI Derecho, Internacional, al tratar de la, ocupación militar de un territorio en caso de guerra, prohibe al Estado ocupante apoderarse de ciettQs objetos. de propiedad -particular, cOmo',50l1 los fondos ,de :partioulares;, depositados en los Banco~; tamb.ién condena 'la apropiación de objetos ,delenémigo en'· forma de ,botín o pillaje. ,

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,256. ,Diyersás clases de ocupáció~. -OcupacióÍl de "cosas animadas. Cazá y pesca,-Los mesios deocupacióri de las coslilsanimadas son la caza y la, pesca, Con referencia,:a la oCl,lpación, , los animales se, dividen en bravíos,', domésticos y domesticados (art.' , 608), Esta c1asificaciqn tiene interés para establecer cuáles son, materia de ocupación y cuáles no. Sólo los aflimales, 'bravíos que viven por su naturaleza independientes del hombre son tes, nullíus;:o sea, materia adecuáda de la ocup~ción. Los animales, domésticos "reconocen dominio del hombre, y éste los conserva aún:: cuando hayan 'entrado en tierraSi1jeflas (art, 623). .Loo 'domesticados, que -son ,bravíos' por naturalEfza, están sujetos a dominio mientras Conservan lacostumbre de volver al amparo o dependencia ,del hombre;, 'si pierde.'1 esa costumbre y recobran su libertad natural, no, persiguiéndolos ,el due-, ño, vuelven a ser resnullius. (Arts. 608 y 619). Se puede cazar en tierras propias o en las ajenas con permiso • del dueñQ; pero no es necesario este ,permiso, ,si la$ tierras no estuvieren cercadas ni plantadaso,cultivadas:' a menos ,que el ~dueño haya prohibido expresamente cazar en ellas y notificado la prohibición. El que contraviniere a esta disposición perderá lo que cace, en, 21

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provecho del dueño del terreno, a quien además indemnizará de todo perjuicio. (Artículos 609 y 610). El cazador se hace dueño del animal en virtud de la ocupaci6n, sea que ella tenga lugar en terreno propio o en terreno ajeno con los requisitos legales. El permiso de un propietario que autoriza a otro para cazar e.n su terreno no indica que le dé la propiedad de los animales que cace, los cuales no son de su dominio; el permiso indica solamente que el propietario renuncia al derecho de impedir que otro entreasu propiedad, pero la adquisición del animal que hace el cazador se efectúa en virtud de la ocupación, que tiene su base en el Derecho Natural. La pesca. debe considerarse separadamente según se trate de la pesca marítima o de la pesca en ríos y lagos de uso público, o de la pesca en aguas de dominio privado. La pesca marítima, que es la más importante de todas, es libre en alta mar, que no reconoce dominio; en el mar territorial, que reconoce dominio del Estado, sólo' es permitida a los chilenos y extranjeros domiciliados. Los pescadores marítimos pueden hacer uso de la playa y de las tierras contiguas hasta la distancia de ocho metros de la playa, para los menesteres de la pesca, sin dañar las construcciones que ahí existan; y los dueños de esos terrenos tendrán la. obligación de dej ar dentro de los dichos ocho metros, de trecho en trecho, espacios cómodos para dichos menesteres. (Arts. 611 a 614). La pesca en los ríos y lagos de uso público es libre para todos los habitantes, sin excepción alguna; pero esta pesca tiene reglas diversas de la pesca marítima. Según e! artículo 615 de! Código Civil: «a los que pesquen en ríos y lagos no les será lícito hacer uso alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas, ni atravesar las cercas"; pero esta disposición está actualmente modificada por el artículo 17 del decretoley N. o 685, de 17 de Octubre de 1925, sobre protección a la pesquería, que dice: «Los pescadores podrán usar de las riberas de los' ríos y lagos de uso público y de los terrenos contiguos hasta la distancia de cinco metros, para los menesteres de la pesca, rigiendo en estos casos las

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disposicienesde les articules 612 al 614 del Código. Civil y medificándese, per co.nsiguiente, el artículo. 615 del mismo. Código.» . . En las aguas de deminie privado. la pesca no es libre; lo.s peces que se encuentran en estanques, canales, lagunas y, en general, en aguas de deminie privado; sonde propiedad exclusiva del dueño del es~anque, canal o lago. (Artículo 619). En lo. demás, dice el artículo. 622, el ej ercicio de la caza y pesca estará sujeta a las ordenanzas especiales que sobre, esta materia se dicten. La ley N.O 4601, de 1.0 de Julio. de 1929, reglamenta la caza en general y la pesca en el mar que llama «caza marítima». Veamos 5usdispesiciones más importantes; a) Permiso para cazar. Sólo se podrá cazar de acuerde cen los artículos 609 y 610 del Código. Civil, durante el período. en que esté permitida la caza y previo un permiso del Gebernador respective; que dura un año, es instransferible y está gravado., con una pequeña centribución. Sólo podrán cazar sin permiso, dentro. de una propiedad rural, el dueño del fundo, los, miembros de su familia, les empleados de su dependencia y demás personas que residan habitualmente en la propiedad. (Art, 2 o). b) Período de veda. La, caza estará vedada por un pláZO mínimo de,seis meses en el año, que fijará el i?r~idente de la República, de manera que se consulten los fines de fomento y conservación de las especies animales útiles. En el período de veda no se podrá cazar, cemprar ni transportar piezas de caza ni levantar los nidos o destruirlos, salvo cases muy excepcienales que consulte ley. (Arts. 3. 0 y 4. 0 ) c) . Caza marítima. Sólo podrán cazar en el ,mar territorial los chilenos y extranjeros domiciliados en el país; que empleen' únicamente embarcaciones chilenas, que lleven permiso.' del respectivo Gobernador y con operaries o pescadores inscritos en registros especiales que llevarán las autoridades marítimas. La' caza de la ballena está gravada con un impuesto fiscal. ' d) Infracciones. De las infracc~ones de esta ley cenocerán los Intendentes, Gebernado.res o Subdelegados dé la respectiva localidad

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los que aplicarán la multa correspondiente. Pagada la multa podrá reclamarse a la justicia ordinaria, la que procederá breve y sumariamente. Protección a la Pesquería.-EI decreto-ley N. o 685, de 17 de octubre de 1925, sobre Protección a la Pesquería concede a las embarcaciones de bandera nacional una prima anual por cada tonelada de pescado o mariscos que se interne para el consumo del país; da ciertas facilidades económicas a las sociedades chilenas, y disrone que los beneficios de la ley de prenda agraria se apliquen a la industria de la pesca, Contempla también algunas disposiciones que reproducimos a continuación, sobre arrendamientos, poblaciones pesqueras, 'carnet, uso de las riberas de los ríos y prohibición de pesca con dinamita y de arrojar residuos a los rÍos.Arrenlamientos.-Artículo 12. El Presidente de la República podrá conceder en arrendamiento secciones de playa o partes de mar, hasta por veinte años, destinadas únicamente a instalar faenas de pesca e industrias derivadas y para explotar criaderos de peces, mariscos y crustacéos con las condiciones y requisitos que señale el reglamento. Estos arrendamientos se harán por el Ministerio de Tierras y Colonización y podrán ser rescindidos, previo desahucio de un año. Los arrendatarios de secciones de playa mantendrán siempre expeditó el tránsito y cumplirán con el Reglamento de Policía Marítima. Poblaciones pesqueras.-ArtÍculo 13. En las orillas del mar yen los puntos que se fijen por decret') supremo, se reservarán los terrenos fiscales necesarios para fundar en ellos poblaciones p::squeras. En los puntos de la costa donde no existan,actualmente terrenos fiscales disponibles y que se indiqueil también por decreto supremo, se reserva'rán p')r el Estado las tierras que el mar vaya dejando libres con el mismo fin indicado en el inciso anterior. Carnet de pescador.-Artículo 16. Toda persona que ejerza la profesión de pescador deberá tener su carnet de identidad e inscribirse en los registros especiales de la Gobernación Marítima o departamental, según el caso. Dicha inscripción no excluye el derecho que puede tener el pescador para ejercer otras faenas marítimas.

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Uso de las (Íberas de ríos y lagM.-Artículo 17. Los pescadores podrán usar de las riberas de los ríos y lagos de uso público y de los terrénos contiguos hasta . la distancia de cinco metros para los menesteres de la pesca; 'rigiendo en estos casos las ·disposiciones de los artículos 612 al 614 del Código Civil y l!10dificándose, porconsi. guiente, el artículo 615 del mismo Código'. Prohibi9iónde la pesca con dinamita.-Artículo 19. Prohíbes e la pesca con dinamita u otras substancias explosivas O' venenosas. Prohibición de arrojar resJduo$a l'Os ríos.-. Inciso 2. a del artículo 19. Prohíbese igualmente arroj ar a.los' ríos y lagos los residuos y lavados de las industrias agrícolas, fabriles y mineras, sin' que' previamente hayan sido purificados o diluídosen la forma que indique el reglamento. ' ,. 257. Ocupación de cosas inanimadas.-·El Código Civil designa con 'el nombre genérico de invénción o hallazgo la ocupación de cocas inanimadas. Esta 'tiene lugar en los siguientes casos:' 1. o Los productos que arroja el mar, como piedras, conchas y otras substancias, y que no presentan señal¡s de dominio anterior ; los cuales corresponden al primer ocupante. (Art. 624). . 2.° También con;esponden al primer ocupante aquellas cosas cuya propiedBd abandona su dueño, como las monedas que searrojan para que las haga suyas el primero que las tome. (Art. 624). 3.° EI'descubrimiento de un tesoro. Para que una cosa sea considerada como tesoro debe lIena,r cuatro requisitos: a) ser riqueza mueble, como moneda,·, joyas, etc, ·10 cual excluye los objetos inm'..lebles que puedan: existir sepultados, como los restos de antigu'as. construcciones; b) que se encuentre. sepultada o escondida d~sde lar,;, go tiempo, de manera que no puede llamarse tesoro una joya que se encuentre en la superficie del suelo; c) que se~n efectos elaborados por el hombre, 10 cual exCluye aquellas substancias preciosas que se encuentran en la tierra en un· estado nativo: y d) que no haya memorianf indicio de su .dueño. (Art. 625) .. Para determinar a quién corresponde.· el tesoro encontrado, hay que distinguir dos casos: 1. o cuando el descubridor es el mist:TIo dueño del terreno; y 2.° cuando el tesoro ha sido descubierto por

otra persona distinta del dueño del terreno. En el primer caso, el

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tesoro pertenece fntegtamente al dueño; en el segundo caso hay que averiguar si el descubrimiento ha sido fortuito o no. Si el descubrimiento ha sido fortuito, el tesoro corresponde por mitad al dueño del terreno y al descubridor. Si el descubrimiento no ha sido fortuito, es menester saber si se procedió con permiso del dueño del terreno, en cuyo caso se divirá por iguales partes entre ambos, o si se procedió sin su permiso, porque ehtonces todo el tesoro será para el dueño del terreno. (Artículo 626.) 4. o Bienes perdidos.-El Código Civil contempla como un caso de ocupación la adquisición que hace una persona que encuentra objetos perdidos y que, previos los avisos y trámites establecidos por la ley, tiene derecho a la mitad del valor de la especie una vez subastada, por no haber aparecido su dueño, correspondiendo la otra mi~ tad a la Municipalidad respectiva. Propiamente hablando, los bienes perdidos no son objeto adecuado de la ocupación, porque no son res nullíus; ellos tienen dueño, que no ha renunciado a su derecho y que puede reclamarlos. Pero ordinariamente, el propietario está en la imposibilidad de hacerlo, porque ignora la suerte que han corrido y a menudo la circunstancia misma de que se hayan extraviado, de manera que esos bienes se encuentran en tal condición como si no tuvieran dueño. Además, 'en resguardo de los derechos del propietario, la ley establece plazos y trámites, de modo que la adquicisi6n del ocupante no es inmediata, lo que la distingue de las demás especies de ocupación. La misma observación podemos hacer respecto de las especies náufragas, que siguen reglas análogas; pero establécense en este caso plazos más largos entre los distintos avisos que deben darse para noticiar el descubrimiento a los dueños que pueden encontrarse en países extraños. (Arts. 629 a 639). El decreto ley sobre aeronavegaci6n dice que se reputará perdida cualquiera aeronave que no apareciere a los tres meses de la fecha de las últimas noticias que de ella se tengan. (Art. 51). 258. Captura bélica.-Se da el nombre de captura bélica a la captura de la propiedad enemiga en tiempo de guerra:. El Derecho Internacional moderno tiende a establecer la doctrina de que la gue-

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rra es una situación de lucha entre dos estados y que, por 10 tanto, la propiedad de los particulares debe, en general, ser respetada. La declaración de París, de 16 de Abril de 1856, a la cual han adherido la mayor parte de los países, proclamó la abolición del corso, o se!;!, suprimió la intervención de los particulares que auxiliaban al Estado en la_xealización de la guerra marítima. Las naciones civilizadas han conservado el derecho de presa, que es la facultad que tienen los Estados beligerantes de capturar por medio de S1JS escua,.. dras los navíos de comercio que llevan pabellón enemigo. Nuestro Código considera la captura bélica como un caso -de ocupación; pero es menester tener presente que, jurídicamente hablando, no es un caso de verdadera ocupación, tanto por tratarse de cosas que tienen dueño, corno porque la toma de posesión se efectúa por la fuerza, 10 que es contrario a la noción de derecho. Dijimos anteriormente que esto proviene de una ficción reconocida desde antiguo . por el Derecho de Gentes, que· considera como res nulltus la propiedad del enemigo en tiempo de guerra .. Por este medio de ocupación sólo puéden adquirir dominio los Estados; las presas que hacen los bandidos, piratas._ o