Ciudad y resiliencia. Última llamada [2020 ed.] 9788446049906

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Akal Pablo Rabasco (ed.)

Ciudad y resiliencia Última llamada

     

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Diseño de portada RAG Imagen de cubierta Rogelio López Cuenca Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte. Nota editorial: Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original. Nota a la edición digital: Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original. © de los textos, los autores, 2020 © Ediciones Akal, S. A., 2020 Sector Foresta, 1 28760 Tres Cantos Madrid - España Tel.: 918 061 996 Fax: 918 044 028 www.akal.com ISBN: 978-84-460-4990-6

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Control Social, territorio y tecnopolítica en el mundo poscovid Pablo de Soto

En diciembre de 2019 surgía un brote de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. El foco se establecía en un mercado mayorista de marisco, pescado y animales salvajes. El doctor Li Wenliang, un oftalmólogo del hospital central de la ciudad, fue el primero en advertir a las autoridades y en redes sociales sobre el brote. La policía de Wuhan le amonestó por «falsos comentarios sobre un brote de SARS (Síndrome Respiratoro Agudo Grave) sin confirmar». El 7 de febrero Wenliang moría por el efecto de la enfermedad causada por el virus. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo virus de la familia Coronaviridae que fue denominado SARS-CoV-2. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante las pequeñas gotas de saliva que se emiten al hablar, estornudar o toser. Al ser despedidas por un portador, que puede estar incubando la enfermedad o ser asintomático, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación. O quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional covid-19. Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a cerca del 3,75 por 100 de los infectados a la muerte. No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional en su reunión del 30 de enero de 2020. A través del tráfico aéreo internacional y las cadenas globales de suministros el virus se comenzó a propagar masivamente, afectando a casi todos los países. La OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020, con casos confirmados en 216 países, el 85 por 100 de las 251 entidades reconocidas por las Naciones Unidas. El 21 de junio

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de 2020 habían sido reportados más de 8,8 millones de casos en todo el mundo, con más de 464.000 muertes. Para evitar la expansión del virus y ayudar a aplanar la curva de contagios, los gobiernos decretaron el estado de alarma e impusieron el distanciamiento social, con restricciones a la movilidad y medidas de aislamiento: cierre de las fronteras exteriores, controles internos, reducción drástica del tráfico aéreo, evacuación de ciudadanos extranjeros, cancelación de eventos, cierre de establecimientos, universidades, escuelas y servicios religiosos. El movimiento entre unidades territoriales quedó prohibido. Se imponía un estado de excepción transitorio, por la vía de los Estados nacionales. Esta serie de medidas de control eran acompañadas de sanciones rigurosas en caso de incumplimiento. En lo que a España respecta, el estado de alarma por la pandemia del coronavirus llegó a su fin el 21 de junio con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de sanciones por desplazamientos no autorizados o por participar en actividades grupales.

Figura 1. Visualización geográfica de la propagación del virus SARS-CoV-2 a partir de su filogenia genética. Fuente: NextStrain, disponible en [https://nextstrain.org/ncov/global?].

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A medida que la covid continuó extendiéndose por todo el mundo y aumenta el número de víctimas mortales en muchos países, algunos gobiernos buscaron ayuda en la tecnología para controlar que el confinamiento domiciliario y las restricciones a la movilidad fueran cumplidas. En Hong Kong, a partir del 19 de marzo, todos los que llegaron al territorio recibieron una pulsera electrónica para garantizar que cumplieran con la cuarentena obligatoria de dos semanas. En Polonia, el gobierno impuso el uso obligatorio de la aplicación Home Quarantine para todos los que entraran en el país. La aplicación utiliza tecnología de geolocalización y reconocimiento facial, y solicita selfies al azar. El usuario tiene veinte minutos para subir la autofoto desde el lugar de confinamiento, a riesgo de ser visitado por la policía. En China, el gobierno empleó cámaras térmicas en los espacios públicos para vigilar la temperatura de los ciudadanos. Se instalaron sensores de movimiento en las puertas del domicilio de personas contagiadas para controlar el confinamiento. Se estableció un código de salud a través de la plataforma de mensajería WeChat y la de pago Alipay para valorar y etiquetar cuán «segura» es una persona. Empleando un conjunto de datos personales entregados de manera voluntaria y datos municipales, se genera un código de tres colores: verde, para «seguro»; amarillo, que exige un periodo de cuarentena de una semana, y rojo, para una cuarentena de catorce días. El programa envía la ubicación y el código de identificación del usuario a un servidor conectado con la policía para permitir a las autoridades rastrear los movimientos de las personas a lo largo del tiempo. Bélgica, China, Francia, India, Israel, Italia, Jordania, Ku­wait, España, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido han desplegado drones para restringir los movimientos de los ciudadanos. Para abril de 2020, casi un tercio de la humanidad se halla en situación de confinamiento obligatorio. En paralelo al control del confinamiento, otra serie de tecnologías se empleaban para obtener los datos de posición de las personas contagiadas y sus movimientos en el territorio con objeto tanto de anticipar posibles focos de contagio como para poder modular las restricciones de un confinamiento que estaba causando enormes estragos económicos y sociales. En comparación con el brote de 2002 de SARS y otros anteriores, la emergencia de la covid-19 está ocurriendo en un mundo mucho más digitalizado y conectado. En 2020, la vigilancia de la población no se realiza solo mediante cámaras de vídeo, sino también a partir de los smartphones que una gran mayoría de la población lleva consigo conectados todo el tiempo a internet. Esta posibilidad llevó a muchos gobiernos a diseñar plataformas y

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aplicaciones que les permitieran rastrear los pasos de sus ciudadanos con el objetivo de controlar la propagación del virus. ANÁLISIS AGREGADO DE MOVILIDAD Algunos gobiernos –incluidos China, Ecuador, Alemania, India, Israel, Italia, Polonia, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia– están utilizando el GPS a través de teléfonos móviles para rastrear a las personas, controlar cuarentenas o saber dónde podría ocurrir una propagación del virus. Con casi 6.300 casos y más de 40 muertes registradas a mediados de marzo, Corea del Sur se alzaba como el país con el mayor brote de covid-19. El país ya contaba con la experiencia de haber sufrido la epidemia del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) en 2015, y existe toda una cultura de cómo enfrentar colectivamente una epidemia. En vez de poner en marcha medidas agresivas como controles de inmigración o confinamientos, Corea del Sur montó una estrategia consistente en trazar, testear y tratar. Además de realizar numerosos test, la política del gobierno coreano ha sido localizar la mayor cantidad de casos y aislarlos. Para ello, las agencias gubernamentales han venido recolectando las grabaciones de las cámaras de vigilancia, los datos de localización de los smartphones y los registros de las compras con tarjetas de crédito para ayudar a trazar los movimientos de los pacientes de covid y establecer las cadenas de transmisión del virus. Estos datos se publican y se muestran en distintas aplicaciones, a través de una API (Application Programming Interface) pública. A partir de esta API, han surgido una gran cantidad de servicios de mapas que geolocalizan a los infectados confirmados. Estos mapas incluyen la información por distritos de las rutas de los pacientes anonimizados registrados en los últimos 18 días. Estos servicios han sido posibles gracias a la rigurosa política de transparencia del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC). Por su parte, los gobiernos municipales y de distrito envían alertas de emergencia de forma regular a los teléfonos de sus habitantes para informar sobre cualquier nuevo caso del coronavirus. El control de los enfermos y pacientes en cuarentena se lleva a cabo a través de una aplicación de smartphone desarrollada por el Ministerio de Interior y Seguridad, que permite que las personas que han recibido la orden de no salir de casa se mantengan en contacto con los trabajadores sociales e informen sobre su progreso. También usa GPS para rastrear la ubicación de los usuarios y asegurarse de que no rompan la cuarentena. Denominada «protección de seguridad de autocuarentena», está destinada a ayudar a gestionar el creciente número de casos y prevenir a los «grandes propagadores», responsables de

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muchas infecciones. Dicha aplicación envía alertas, permite monitorizar la localización y, según las autoridades, es una forma más práctica que tener que llamar por teléfono a la persona afectada para saber si cumple las recomendaciones.

Figura 2. Mapa de seguimientos de pacientes de covid-19 en Corea del Sur, Corona Map, Corea del Sur, disponible en [http://coronamap.site].

Esta cantidad de datos y transparencia no está exenta de problemas. La caza online de infectados busca identificar y detectar a los portadores del coronavirus, lo que ha causado un clima de miedo social. También se han producido filtraciones de información personal de pacientes, algunas de las cuales han demostrado ser falsas. Para minimizar estos riesgos, el gobierno coreano cambió las especificaciones de la aplicación para que solo pudieran acceder a ella las partes implicadas, es decir, el sujeto en cuarentena y el funcionario gubernamental asignado a su cuidado. TECNOLOGÍAS DIGITALES DE SEGUIMIENTO DE PROXIMIDAD Una forma de tecnología digital para la vigilancia que ha recibido amplia atención en muchos países que enfrentan la epidemia de covid en los últimos meses es el seguimiento de proximidad. El seguimiento de proximidad mide la intensidad de la señal entre dos teléfonos móviles para determinar si estaban lo

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suficientemente cerca como para que sus usuarios transmitieran el virus de una persona infectada a otra no infectada. Si un usuario da positivo de coronavirus, otros que han sido identificados como cercanos a esa persona pueden ser notificados y, a continuación, tomar las medidas adecuadas para reducir los riesgos para la salud de ellos mismos y de otros. El seguimiento de proximidad a menudo se combina con el «rastreo de contactos». El rastreo de contactos es el proceso de identificación, evaluación y gestión de personas que han estado expuestas a una enfermedad para prevenir la transmisión posterior. Cuando se aplica sistemáticamente, el rastreo de contactos permite cortar las cadenas de transmisión de una enfermedad infecciosa y, por lo tanto, es una herramienta esencial de salud pública para controlar los brotes de enfermedades infecciosas. Para que el rastreo de contactos sea efectivo, los países necesitan la capacidad adecuada, incluidos los recursos humanos, para evaluar los casos sospechosos de manera oportuna. Estos recursos humanos se concretan en brigadas detectivescas de rastreadores telefónicos, que, en los países donde se ha puesto en marcha, están compuestos por perfiles variados: desde sanitarios jubilados o parados hasta cadetes del ejército o militares en la reserva. La tecnología digital puede desempeñar un papel complementario en los programas implementados de rastreo de contactos. En el contexto de la pandemia, Singapur fue el país pionero en comenzar a usar las tecnologías digitales de seguimiento de proximidad con su aplicación TraceTogether. Esta registra la proximidad entre dos personas y la duración de su interacción, y asimismo registra a los usuarios que se encuentren a dos metros el uno del otro durante 30 minutos. Los datos se almacenan en el teléfono del usuario durante 21 días para que puedan realizar un seguimiento de las interacciones y posibles exposiciones al virus. Una tecnología similar a la de Singapur fue desarrollada en Europa bajo el acrónimo DP-3T, que da nombre al protocolo Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing o rastreo descentralizado de proximidad con preservación de la privacidad. DP-3T es un protocolo de código abierto que utiliza la funcionalidad Bluetooth Low Energy en dispositivos móviles y que garantiza que los datos personales y la computación permanezcan en el teléfono de cada individuo. La preocupación principal de los desarrolladores del proyecto, liderado por la ingeniera Carmela Troncoso, es mantener la privacidad creando la figura de «identidades efímeras». Una vez que una persona tiene la aplicación en su teléfono, esta genera una clave anónima que va «refrescándose» y cambiando cada cierto tiempo. Se trata así de un sistema descentralizado donde tanto la geolocalización como la lista de contactos no se guardan en un ordenador central en manos de la autoridad, sino que están en las

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manos de las y los usuarios: los datos se quedan en el teléfono de las personas y solo ellas pueden activar la alerta. El protocolo DP-3T fue producido por un equipo de más de 25 científicos e investigadores académicos de toda Europa, y ha sido analizado y mejorado por la comunidad internacional de desarrolladores de software libre y criptografía. Toda la documentación puede encontrarse en un repositorio de GitHub y hasta existe un pequeño cómic, elaborado por el propio equipo y traducido a múltiples lenguas, que explica mediante viñetas el diseño y funcionamiento de la tecnología. Inspirados por el protocolo DP-3T, los gigantes tecnológicos Apple y Google llegaron a un acuerdo conjunto para implementar un protocolo de interoperabilidad en sus sistemas operativos iOS y Android que permite el desarrollo de aplicaciones móviles con la funcionalidad de seguimiento de proximidad.

Figura 3. Esquema de funcionamiento de una app de seguimiento de proximidad. Fuente: Luca Ferretti, Chris Wymant, Michelle Kendall, Lele Zhao, Anel Nurtay, Lucie Abeler-Dörner, Michael Parker, David Bonsall, Christophe Fraser (2020-03-31), «Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing», Science. Doi: [10.1126/science.abb6936. ISSN 0036-8075. PMID 32234805].

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La idea detrás de la tecnología digital de seguimiento de proximidad es que funcione en los móviles sin que tengamos que hacer nada. Cada vez que te acercas a dos metros de alguien que también tenga la aplicación instalada, los teléfonos se intercambian dos códigos aleatorios generados en el momento. No se intercambia ni la identidad ni la localización. Los códigos se eliminan de los teléfonos después de catorce días, el periodo máximo de incubación del virus. Si ninguna de las dos personas da positivo dos semanas después del encuentro, es imposible que haya habido contagio. Si una persona da positivo, puede elegir publicar en un servidor sus códigos aleatorios (sin ninguna información personal) y eso avisa a los teléfonos de las personas con las que haya estado a menos de dos metros. Así, puedes saber que has estado cerca de un positivo por coronavirus y tomar las medidas adecuadas. En España, el gobierno encomendó a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SGAD) una aplicación de seguimiento de proximidad que se probaría de forma piloto en Canarias. SOLUCIONISMO TECNOLÓGICO Una tentación en la era digital es la de querer arreglarlo todo, desde el crimen y la corrupción hasta la polución o la obesidad, por medio de estrategias digitales de cuantificación y sus respectivas apps o aplicaciones móviles. Es la panacea del solucionismo tecnológico: la creencia de que para cada problema hay una respuesta, más que política, esencialmente tecnológica. La periodista canadiense Naomi Klein ha alarmado sobre las «soluciones» para los ámbitos de la sanidad o la educación ofrecidas por las corporaciones tecnológicas. Analizando el nuevo cometido de Eric Schmidt, antiguo CEO de Google que encabeza ahora una comisión para «reimaginar la realidad poscovid» en el estado de Nueva York, Klein advierte de un posible futuro dominado por la asociación de los Estados con los gigantes tecnológicos. La autora caracteriza esta amenaza como una doctrina del shock pandémico, a la que denomina como el Nuevo Pacto de las Pantallas (Screen New Deal). Rastreo de datos, comercio sin efectivo, telesalud, escuela virtual, gimnasios y cárceles son parte de una serie de propuestas para un mañana «sin contactos». En el contexto desgarrador del contaje de muertos por coronavirus, las corporaciones estarían vendiendo, según Klein, la dudosa promesa de que sus tecnologías son la única forma posible de proteger nuestras vidas contra esta y las próximas pandemias por venir. Porque las soluciones tecnológicas a menudo hacen tanto daño como bien, por ejemplo, al aumentar la discriminación racial, la exclusión social, la

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ausencia de responsabilidad y la falta de avances reales ante los problemas que supuestamente abordan. La matemática y experta en datos Cathy O’Neil, una voz autorizada en el estudio de cómo los algoritmos aumentan las desigualdades, ha llamado la atención sobre uno de los problemas de la tecnología digital de seguimiento de contactos: depender del bluetooth, una tecnología que solo tienen los smartphones. O’Neil apunta que quienes no tengan móviles, como los presos, la gente mayor o los sin techo, serán invisibles para el sistema. Quienes no tengan un incentivo para usar la aplicación, como los inmigrantes irregulares, amenazados de deportación, y los que no puedan permitirse quedarse en casa sin trabajar, no lo harán. Y estos colectivos coinciden casi a la perfección con la población que corre mayor riesgo de infección. Para O’Neil, las aplicaciones para seguimiento de la proximidad no funcionarán si los más vulnerables quedan fuera de su campo de acción. Otro problema del sistema digital de seguimiento de proximidad basado en el DP-3T es que, si bien protege la privacidad, puede ser fácilmente «troleado», pudiendo crear alarma social injustificada en manos de intereses espurios. La tecnología es además especialmente proclive a la creación de falsos positivos como, por ejemplo, cuando dos personas estén separadas por una mampara. Adicionalmente está la consideración de que la tecnología en un sentido general no existe de manera aislada del entorno en el que se desarrolla y se implanta. En ese sentido, las soluciones de seguimiento de proximidad que se han aplicado en los países asiáticos no tienen que ver solo con el procedimiento técnico en sí, sino con el grado de penetración de la tecnología, con las particularidades de sus sistemas de gobierno, con la disposición a asumir los costes en términos de privacidad, con la legislación y con la cultura del país en un sentido amplio. PANDEMIA Y TECNOPOLÍTICA: DATOS PERSONALES, SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA La tecnopolítica es un concepto en auge que pone la atención en el papel de las tecnologías, las infraestructuras y los sistemas tecnocientíficos en la construcción de las relaciones de poder, económicas y sociales. Esta perspectiva señala la relevancia de las tecnologías digitales en la configuración de la vida contemporánea en todos sus ámbitos. Incide en sentido contrario a la percepción más o menos generalizada de su carácter esencialmente técnico, ajeno a las cuestiones políticas en su concepción más convencional. El proceso de digitalización que se ha acelerado con motivo de la pandemia ha convertido el mundo de 2020 en un laboratorio tecnopolítico en lo relativo a

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cómo se utilizan y se van a utilizar nuestros datos personales. Sobre el tablero, dos perspectivas opuestas en conflicto: por una parte, los gobiernos necesitan suficiente información para gestionar la epidemia; por otra, los ciudadanos quieren mantener la privacidad de informaciones personales tan críticas como los datos médicos y de localización. El uso masivo de estos datos para la gestión de la salud pública podría verse como algo positivo. ¿Quién no quiere reducir el potencial de exposición? La cantidad de datos producidos desde los albores de la humanidad hasta 2003 se genera hoy en unos minutos. Además, los modelos computacionales avanzados, como los basados en el machine learning, han demostrado un gran potencial para rastrear la fuente o predecir la futura propagación de enfermedades infecciosas. Por lo tanto, parece imperativo aprovechar el big data y el análisis inteligente y darles un uso adecuado para la gestión de la salud pública. Pero a medida que se expande la dependencia de tecnologías potencialmente invasivas, debemos prestar atención a las medidas que se están implementando «para nuestro beneficio» ahora, las tecnologías que se están desarrollando y desplegando y las otras funciones que han cumplido o podrían cumplir, y qué sucede con estas funcionalidades una vez que esta crisis haya terminado. Para el «ciudadano cero» Edward Snowden, si bien los gobiernos pueden tener buenas intenciones cuando diseñan estas tecnologías de control, lo que están construyendo son unas «arquitecturas de la opresión». Snowden, antiguo analista de inteligencia de la National Security Agency (NSA) exiliado en Rusia, se pregunta si realmente creemos que cuando la primera ola, la segunda ola, la decimosexta ola del coronavirus sean un recuerdo olvidado hace mucho tiempo… estas capacidades de vigilancia no se mantendrán. O que estos conjuntos de datos no se guardarán. Entre las implicaciones a largo plazo, señala Snowden, está la preocupación de que una vez que la pandemia esté controlada, los gobiernos se muestren reacios a dejar de emplear estos nuevos poderes de vigilancia. Adicionalmente, según las tesis de Shoshana Zuboff presentadas en su libro The Age of Surveillance Capitalism, la extracción y explotación de los datos se ha convertido en el modelo de negocio de las corporaciones de internet, en un nuevo mecanismo de acumulación de capital. Más allá de la pérdida de privacidad, la autora ve el peligro de la destrucción de la democracia por la inducción de la modificación de los comportamientos. Zuboff cita a un exgerente de productos de Facebook que señaló que el «propósito fundamental» de los analistas de datos es influir y alterar el estado de ánimo y el comportamiento de las personas. Recordemos Cambridge Analytica. En ese sentido, una de las amenazas del mundo poscovid es que la gente pueda ser clasificada a partir de sus datos médicos, que se implementen

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pasaportes biomédicos o de inmunidad. Y que se implementen nuevos sistemas de discriminación en relación con la movilidad, con los seguros médicos, con el acceso al trabajo o con los servicios. Mucho antes de que estallara la pandemia, las luchas en torno a la vigilancia, desde el uso de software de reconocimiento facial hasta algoritmos de vigilancia predictivos, ya estaban desplegándose. Varias ciudades de todo el mundo han prohibido el reconocimiento facial, entendiendo que esta tecnología viola las leyes de privacidad, tiene fallas tecnológicas y está programada con prejuicios raciales, de género y otras formas de discriminación. En la Unión Europea, los movimientos por la privacidad habían conseguido que se aprobara el Reglamento General de Protección de Datos. Pero en otros lugares, el uso del reconocimiento facial y la inteligencia artificial se está generalizando para monitorear y controlar la disidencia. Adicionalmente, la pandemia acaece en un momento histórico en el que los gobiernos de algunos países poderosos están liderados por negacionistas de la ciencia y fuerzas de extrema derecha. Además de los efectos de nuevas oleadas de contagios masivos, se está iniciando una nueva crisis económica global, la mayor desde la Gran Depresión, y es previsible que se dé un incremento de la pobreza, el paro y la desigualdad. En principio, será mayor allí donde la covid haya impactado con mayor fuerza, como es el caso de España. En este más que probable escenario prospectivo de conflicto, los gobiernos pueden llegar a emplear plataformas tecnológicas que se hayan aprobado o diseñado bajo los miedos y urgencias de la pandemia actual. El mundo poscovid está caracterizado por una extraordinariamente compleja y delicada relación entre control y cuidados, por líneas muy delgadas que separan la dicotomía entre vigilancia y privacidad. Ante este escenario, es fundamental que las organizaciones civiles de defensa de la privacidad y los derechos humanos continúen alerta, pero también que los ciudadanos en general estemos atentos y tratemos de participar activamente en el cuidado de nuestros datos, igual que nos cuidamos del coronavirus. Lo que está en juego es el diseño de las políticas que van a regir cuestiones como que nuestros datos de salud y localización puedan ser o no utilizados, y de qué manera, por los gobiernos de pasado mañana. REFERENCIAS Angwin, J. y Strahilevitz, L., «COVID-19: Surveillance & the Future of Privacy | Angwin, Strahilevitz & Reed», debate en vídeo moderado por Betsy Reed, disponible en [https://www.youtube.com/watch?v=OIGeaW2AsEw] (último acceso el 21 de junio de 2020).

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Agroecología en 3 C: afrontando pandemias globales Ángel Calle Collado e Isabel Álvarez Vispo (integrantes de Comunaria.net)

LA CONTRACCIÓN NEOLIBERAL Quizá Friedrich Hayek, al publicar Camino de servidumbre en 1944, no imaginara que las elites neoliberales abandonarían las esencias del propio liberalismo para acabar proponiendo abiertamente fórmulas autoritarias con las que sostener la centralidad de sus mercados globalizados y especulativos. Desde ahí tratan de someter hoy todo juego social y toda idea abierta de lo político. Quizá tampoco atisbara que dicho neoliberalismo no era sino un acelerón más en un sistema económico insostenible para el conjunto de la especie humana. Quizá, sólo quizá. Porque ese mismo año Karl Polanyi también publicaba La gran transformación, donde daba cuenta de la falsa liberalidad en la construcción de los mercados, particularmente de los globales: para su progresiva consolidación se necesitaron y se seguirán precisando muchas leyes, muchas puertas giratorias, poner una maquinaria administrativa a trabajar y sancionar, además de reducir lo económico al intercambio monetario. Sería Naomi Klein la que, ya en 2007, nos advirtiera de algunos errores del marxismo vulgar: cuanto peor no es mejor; es más, La doctrina del shock le ha ido bien al neoliberalismo para aterrizar férreamente sus dogmas interesados, privatizadores y provocadores de grandes desigualdades. Hace apenas siete años, Philip Mirowski escribía el libro Nunca dejes que una crisis te gane la partida. ¿Cómo ha conseguido el neoliberalismo, responsable de la crisis, salir indemne de la misma? para comprobar, como volvía a hacer recientemente en una entrevista concedida a la revista Jacobin, que la crisis del coronavirus servía de trampolín para la bestia neoliberal y las elites que la cabalgan. Reducir el tablero de juego, sancionar e invisibilizar la existencia de alternativas o terminar por dibujarnos un único presente es la tarea a la que constantemente se dedica el gran poder, el que controla las grandes estructuras y discursos, así como la circulación de cotidianidades. El poder entendido como imposición y cercamiento desarrolla, a partir de alianzas políticas, económicas y militares de las elites, ciertos monocultivos en la representación del tiempo (cómo nos podemos organizar), espacio (dónde habitamos, con quiénes cooperar) y de la economía (cómo sostenernos). Acotamientos que, sin embargo, se nos ofrecen como futuros infinitos, posibilidades ampliadas en un

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mundo en el que la (bio)diversidad del juego social se reduce a marchas forzadas. No es un truco de magia. Se trata de una «revolución silenciosa» que no necesita de un mando único, pero sí de una coordinación en diversos frentes. En el caso de la maquinaria neoliberal, se trata de gobernar mediaciones (comunicación de masas, educación, simbología en nuestros balcones), reducir la política a las vísceras, siguiendo ahora al gurú Bannon, y aprovechar el clima de creciente crispación para seguir añadiendo leña al fuego. Las personas de abajo, que se ven excluidas del gran pastel, encuentran en ese mirar de frente al fuego la posibilidad de luz: son ellos y ellas las personas maltratadas o ninguneadas, son los otros (comunistas, feminazis, ecologistas de la subvención, aprovechados de cada sillón de la Administración, buscadores de ayudas) quienes constituyen «el problema», la no construcción de un designio histórico que juega con milenarismos (patria perdida, pueblo oprimido, esencias desplazadas) a la vez que con unas ideas de libertad muy excluyentes: hay democracia cuando el pueblo es gobernado por nuestra tribu en clave de mercados al poder. Para Boaventura de Sousa Santos, esta razón indolente (cargada de razón neoliberal) actúa contrayendo el presente y ofreciéndonos un futuro ilimitado. Es una suerte de paraíso falseado que, en algunos casos, se puede comprar a plazos. Añadiríamos que es un «paraíso» que refuerza la polarización del mundo: explotan las brechas de desigualdad, se hacen más visibles las costuras del poder en torno a prácticas colonialistas, patriarcales, racistas. La adicción física y forzosa (el endeudamiento como motor de ajustes neoliberales, privatizaciones y aliento de mercados especulativos, cambios constitucionales, restricciones presupuestarias) se complementa con la adicción social (la creación de relatos, la pasividad como clase consumidora, el control de las mediaciones sociales). El imperio de deudocracia se gesta en los años noventa a través de organizaciones como las patronales de la UNICE y la ERT en la Unión Europea, o de las reuniones anuales de Davos[1]. Ya en 2010 las transacciones de divisas representaban 15 veces más que los movimientos de servicios y productos en el mundo: especulación futurista que impone una presión exponencial sobre los bienes naturales. Y para la segunda de las adicciones contamos, por ejemplo, con Facebook, donde tienes tus «recuerdos» y «amistades» más importantes; con grandes supermercados como Mercadona, donde adquirir un número grandísimo de productos «siempre a precios bajos», y gracias a Netflix o a tu nuevo iPhone puedes revisitar la historia o sumergirte en «renovadas experiencias». Añadimos a la reducción y desperdicio de «otras experiencias» (que incluiría también la experiencia de sentir nuestro propio cuerpo o construir nuestras

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relaciones sociales) otro tipo de contracciones: la del propio territorio. Un territorio que desde el año 2009 podemos considerar oficialmente urbanizado a escala global, con la ciudad como centro territorial que genera todo un surtido de periferias a su alrededor. Una ciudad construida bajo el modelo desarrollado en el siglo XX en el que el protagonista es el vehículo, obviando las relaciones y necesidades de las personas y reforzando las posibilidades de control social. Este modelo, además de generar una ruptura en lo relacional entre las personas, también lo hace en la relación con el resto del territorio, con las periferias. El protagonismo del asfalto genera una falsa sensación de autosuficiencia, obviando la alta dependencia de la ciudad de su entorno así como la depredación que produce en él. Imaginarios que se sostienen a través de un hardware (estructuras) de megaurbes conectadas globalmente, apropiándose de flujos materiales y energéticos, imponiendo a la par un software (imaginarios) propicio a su visión de «desarrollo»[2]. Esto se relaciona con otra contracción importante: la de la propia subsistencia, donde el alimento es sustituido por simulacros a base de glutamato y aditivos. Y podemos incluir aquí también la progresiva sustitución de formas comerciales tradicionales o de cercanía por un estilo de consumo inspirado en la distinción y el pretendido ocio que nos ofrecen los grandes centros comerciales, las grandes marcas y, hoy, los centros de las ciudades como decorado o escaparate más que como lugares a habitar. Por eso, cabe hacer un recordatorio de que seguimos teniendo derechos como personas, derechos que comienzan cuando nacemos, no cuando somos dueñas de un ticket de compra. Los derechos de las personas apenas aparecen hoy en las narrativas políticas, mientras que los derechos de las consumidoras y el derecho a esquilmar los territorios son abanderados por el gran capital para su expansión[3]. Todo esto sucede ignorando las señales que nos llegan desde más allá de los números y de los mercados, más allá de las polaridades entre personas demasiado ricas y personas más que pobres. Llegan señales de un planeta que no da más de sí. Ya en los años sesenta Rachel Carson nos advertía sobre «el impetuoso y descuidado paso del hombre», haciendo referencia al modelo de producción que ignoraba todo ecosistema. Un sistema incompatible con ritmos y tiempos marcados por la naturaleza. Una estructuración de tiempo, espacio y economías en clave neoliberal donde se potencian desigualdades a través de múltiples factores: exclusión de matrices socioeconómicas, racismo, patriarcado, polarizaciones entre lo rural y lo urbano, centros económicos que refuerzan dinámicas colonialistas, estereotipos culturales y reproducción de instituciones autoritarias[4].

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A pesar de todo esto, el mundo no es tan orwelliano como parece a primera vista en este primer repaso de la gramática mercantil y consumista dominante, por varias razones. Necesitamos constantemente responder (o encontrar una salida satisfactoria) a las preguntas de cómo sostener nuestros cuerpos, qué lazos servirán para apoyarnos en nuestro bienestar material y afectivo, y en qué casa (hogar, territorio, planeta) vamos a poder vivir[5]. Desplegamos alternativas frente a los cercamientos de las elites. Nos informamos, las mujeres se rebelan frente al patriarcado, planteamos una crítica al consumo, vemos con malos ojos la implicación de propuestas políticas autoritarias o que nos repercuten vía parón económico, y algunas personas se organizan de otra forma para contestar de otra manera a esta costumbre humana de cuidar cuerpos, tejer lazos y buscarse una casa habitable. Cultivamos sociedades frente la contracción del mundo neoliberal. LA CONTRACCIÓN ALIMENTARIA Estamos cargados de razones (neoliberales) y de irracionalidades (en tanto que somos especie). Sube el presupuesto armamentístico, se insufla aire a nuevas guerras, se digitalizan las vidas y se deterioran ecosistemas y sociedades. Todo ello hace ascender el Producto Interior Bruto, pero no el bienestar ni la felicidad ni la sustentabilidad (principio de sostenibilidad fuerte) de la vida de las personas. Las pandemias amenazan. Las amenazas desesperan. El hambre afecta a más de 800 millones de personas en el planeta. La desesperación no lleva, al contrario de lo que podría pensarse desde una lógica utilitarista, a tomar la mejor de las elecciones. En primer lugar, por el propio pánico, que activa mecanismos de respuesta rápida, a veces con poca memoria. En segundo lugar, por el adiestramiento educativo o derivado de un control de las posibles interacciones. Los supermercados y las grandes cadenas de producción chatarra o de consumo poco saludable, por ejemplo, funcionan hoy como un encadenamiento de instituciones totales que limitan cualquier posibilidad de decidir, de entender, de informarse o de compartir al margen de las mismas. Las aulas, las prisiones o los centros psiquiátricos representaban para sociólogos como Goffman o Foucault los espacios donde encerrar cuerpos y encauzar mentes hacia una supuesta «normalidad». Hoy cabría añadir los hogares como espacios que encarcelan, reforzados por los encierros virtuales derivados de las nuevas tecnologías, la construcción de lugares de reserva para personas mayores o los propios supermercados ligados a esa red poco nutricional que conforman las grandes empresas de producción de comida. Las grandes cadenas de supermercados introducen, en primer lugar, una «normalización» de lo que se considera alimento: qué es comestible, qué tiene

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sellos de seguridad concedidos por Administraciones (confundiendo «inocuidad» con nutrición) o por terceras compañías (al estilo de las agencias financieras de rating), qué imágenes de un producto (una ciruela grande y redonda, igual al resto) son reconocidas como «de calidad» o «suculentas», cómo debe presentarse o elaborarse un plato, etc. Una «normalización» de utilidades que nos hace prestar más atención a lo que «nos distingue» del resto o de épocas de mayores penurias, acudiendo a la relación entre gustos y clases socioeconómicas que analizara Bourdieu. Desarrollamos «necesidades» e impulsos de compra frente a un mundo donde carecer de determinadas «cosas» no es accesorio, sino un descuadre existencial. Hemos visto la reacción nerviosa y compulsiva, al inicio de que el estado de alarma fuera decretado en este país, con respecto al acaparamiento de productos como conservas, precocinados, leche o papel higiénico: ¿en qué hábitos alimentarios andamos metidos?; ¿podemos hablar de una creciente inseguridad alimentaria en países que se supone «desarrollados»? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí, y lo justificaremos posteriormente. En segundo lugar, son también fuente de un (disimulado) cercamiento. En un súper, el cliente actual tiene la sensación de estar ante miles de referencias alimentarias. Pareciera que el mundo de la escasez, que se considera propia de tiempos rurales o premodernos, se deja atrás. Llega la sensación de «infinitud». Lo que no cuenta la pantalla de normalización del supermercado (su publicidad, sus estantes, los envases, los «consejos» que da) es que, en la práctica, la oferta se compone de productos que reducen la biodiversidad cultivada –reflejada en la reducción de miles de variedades de patatas a dos tipos (freír y cocer)–, crean simulacros de carne de pavo o de cangrejo mediante harinas, provocan adicciones o acuden a reflejos de nuestras papilas gustativas mediante el abundante uso de saborizantes artificiales. En tercer lugar, el cercamiento que construyen es también físico: el comercio minorista disminuye a marchas forzadas ante nuestra vista, lo que es expresión del ascenso de los metros cuadrados que la ciudad está concediendo a la instalación de grandes distribuidoras. Dicha instalación requiere también infraestructuras especiales, normalmente sufragadas por ayuntamientos, y facilita licencias para otros comercios o actividades de ocio que provocan la eliminación de canales de comercialización para la producción artesanal, de temporada, sostenible, etc.; canales estos que son espacios generadores de economía, pero no sólo monetaria, son espacios en los que generar lazos y relaciones de cuidado comunitario. Así, bajo la pandemia del coronavirus, la pandemia neoliberal está aumentando el acorralamiento de circuitos que se oponen a este aumento de cercamientos de economías de proximidad, cercamientos de una insalubridad y

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dependencia garantizadas, y de pérdida de biodiversidad natural o cultivos que implantan las grandes cadenas de distribución y el negocio de la comida en manos de Unilever, Nestlé o Coca-Cola. El cercamiento que se ha venido produciendo es triple: – territorial: a favor de la extensión física del negocio de la comida; – simbólico: los supermercados y no los territorios nos dan la vida y las seguridades alimentarias; – nutricional: el funcionamiento del negocio de la comida es lo que hay que defender, no la dieta equilibrada basada en productos frescos, locales y de temporada. Bajo la actual crisis, el alimento y la vida se transforman en sucedáneos, algunos tóxicos y otros de cartón piedra, como ocurre con otras necesidades y con deseos impuestos. Vemos la rapidez con que las ligas de fútbol vuelven a la televisión con estadios repletos de figuras de cartón piedra, y, en el caso de algunos clubes (alemanes), son rostros de aficionados que han pagado 19 euros por «asistir». El coronavirus proviene del modelo que estamos describiendo y que conlleva la intensificación en la explotación de bienes naturales, macrogranjas, incremento de deforestación, vuelco climático… y a la par nos propone desintensificar nuestros lazos sociales. Amazon es el lugar donde adquirir infinitos deseos en tanto que el dinero virtual pueda fluir. Netflix o HBO son plataformas de ocio para una minoría que se considera afortunada (menos de un 20 por 100 de seguimiento), pero sí son referencia de conversaciones sociales. Son también un repaso a nuestra memoria histórica a través de biopics o recreaciones históricas, por lo general con algún sesgo neoliberal, anticomunista o tendente a situar en lo anecdótico de personajes encontrados la hondura de ciertos conflictos: la serie El mecanismo como remedo del caso de corrupción política de «Lava Jato» y también como ariete político contra Lula; la serie Chernóbil, que, si bien expresa una catástrofe propia de nuestra falta de conciencia de especie, la sitúa como un problema del «comunismo ruso», sin valorar, por ejemplo, el trabajo que las grandes potencias atómicas hicieron por enterrar las consecuencias del uso de estas energías; Juego de Tronos como afianzamiento de que la guerra es firme expresión de la política, siguiendo a Karl von Clausewitz, lo que justifica también que la política, o es autoritaria, o es un juego sin tronos. ¿Qué tiene que ver esto con la alimentación en tiempos de la covid? No todo, pero sí bastante. En los discursos de los gobernantes y en los grandes medios de comunicación se ha instaurado la idea de alimentación como hecho esencial, como economía «esencial». Pero las imágenes, las ayudas y las campañas han

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gravitado enteramente alrededor de las grandes cadenas de supermercados y poco (o nada) en torno a las pequeñas producciones más sostenibles o incluso en los derechos de las personas que trabajan en la industria agroalimentaria. En Estados Unidos, cuando estalló la pandemia en el corazón del país, el presidente no hizo mucho por garantizar el funcionamiento de la industria farmacéutica o la puesta en marcha de servicios sanitarios especiales en la sanidad privada. Sin embargo, a finales de abril Trump llegó a firmar una orden ejecutiva para que la gigantesca industria cárnica se mantuviera abierta por decreto, mientras se disparaban los contagios en las fábricas de despiece y envasado. En el Estado español, las cajeras han sido transformadas, a través de campañas en internet y spots publicitarios, en heroínas y firmes defensoras del #QuedatEnCasa, mientras Mercadona las uniformaba y sonreía con las puertas abiertas al fondo de las imágenes. En paralelo, la agricultura de proximidad era descarrilada de sus canales de comercialización de proximidad: mercadillos y mercados de productoras suspendidos, a pesar de que podían asegurarse las medidas sanitarias, como evidenciaron en localidades de País Vasco o Galicia; distribuidoras que han recibido dinero público para incorporar de forma simbólica productos de hortalizas y lácteos de alguna pequeña productora; sanidad orientada a las medidas químico-sanitarias y a los mensajes de tranquilidad ante el temor de acudir a las nuevas catedrales del consumo de comida como único destino posible, haciendo invisible otra realidad que sí nos alimenta y nos nutre. El cercamiento a favor del negocio de la comida ha avanzado. El grueso del negocio permanece fiel y alentador de monocultivos intensivos y proveedores que pasan a empotrarse bajo las reglas impuestas por las grandes multinacionales de alimentos. Frente a otras prácticas agrícolas y ganaderas que ayudaban a producir alimentos de forma más sosegada y más libre de productos químicos, nuestra dieta es hoy hipercalórica y poco rica en nutrientes. Incluso en verduras o frutas frescas, pues sus forzados y rápidos crecimientos hacen que los alimentos lleguen a nuestras mesas con menores dosis de vitaminas, antioxidantes o minerales como el cobre o el hierro, que son necesarios para evitar enfermedades y defendernos mejor de enemigos externos. Las medidas adoptadas frente al coronavirus, y dada la observada posición central y privilegiada de las grandes superficies, refuerzan la circulación de la comida chatarra (que no alimento) y kilométrica, ante la dificultad de movimientos para la comercialización de productos frescos y locales. Los pirómanos, no obstante, se complacen en señalar el fuego y también se ofrecen como bomberos. Ante la malnutrición, las grandes corporaciones tienen su respuesta para salir indemnes e incluso reforzadas del shock alimentario: digitalización y suplementación alimentaria. En la práctica, estas medidas

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suponen, por un lado, monitorizar todos nuestros hábitos alimentarios e incluso nuestra información genética para poder realizar recomendaciones apropiadas y personalizadas, bien a través de productos comestibles más parecidos a alimentos, bien mediante suplementación en forma de productos farmacéuticos[6]. Desde una mirada reduccionista del concepto (ya limitante de por sí) de seguridad alimentaria, la dieta se reduce a contabilizar kilocalorías, y los alimentos, a meros productos comestibles que incluyen ciertos nutrientes, reforzando un enfoque «mecánico» de la nutrición en el que se establece una analogía entre el cuerpo que se alimenta y una máquina. Obesidad o diabetes infantil se disparan en este contexto, acompañando las hambrunas crónicas en países que han sido «fieles» a los ajustes neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Problemas de países empobrecidos pero ya mundializados a través de la globalización de productos ultraprocesados, tal como explica el informe «Viaje al centro de la alimentación que nos enferma», de la ONG Justicia Alimentaria. Esto se ve agudizado aún más en el caso de las mujeres, quienes ven su salud afectada desde distintos frentes. Por un lado, son las responsables de alimentar en los hogares, pero, a la vez, su alimentación es la menos prioritaria, por lo que, en caso de pocos recursos, siempre son las últimas en comer. Y mientras unas padecen hambre por falta de recursos, otras sufren trastornos alimentarios para responder a unos cuerpos estereotipados que la sociedad consumista les impone. DINERO AL ALZA, BIODIVERSIDAD Y DERECHOS A LA BAJA Frente a las deficiencias nutricionales, la industria agroalimentaria vende más comida chatarra y el sector farmacéutico expande el mercado de suplementos de laboratorio. Lo público es puesto en cuestión, y la responsabilidad, depositada en los hábitos de los individuos. El shock nutricional alimenta la pandemia neoliberal, y viceversa. La contracción neoliberal establece depredaciones y cercamientos no sólo sobre lo agroalimentario, sino también sobre el medio rural y sobre la fertilidad del planeta en general. Llueve sobre mojado. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de explosivos se reorientan hacia la producción de abonos químicos. El debate sobre condiciones de vida de un suelo fértil a través de procesos naturales cayó en el olvido. A partir de finales del siglo pasado, empresas de insumos como Monsanto y Bayer, fusionadas recientemente, más un puñado de grandes distribuidores en el lado de la oferta, pasan a gobernar estos imperios agroalimentarios[7]. En 2008 se habló de una escasez de alimentos que generó hambrunas, pero poco se comentaron las raíces de esta gran contracción y acaparamiento

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neoliberal. Como argumenta Eric Holt-Giménez, integrante de la organización internacional Food First: La crisis no es silenciosa, y, mientras seamos conscientes de sus causas reales, tampoco somos impotentes. El Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Programa Mundial de Alimentos, el Reto del Milenio, la Alianza por la Revolución Verde en África, el Departamento de Agricultura de EEUU, así como las grandes industrias como Yara Fertilizer, Cargill, Archer Daniels Midland, Syngenta, DuPont y Monsanto, se esmeran en evitar hablar sobre las raíces de la crisis alimentaria. Las «soluciones» que recomiendan son las mismas políticas y tecnologías que crearon el problema: hablan de incrementar la asistencia alimentaria, de liberalizar el comercio internacional agrícola y de introducir más paquetes tecnológicos y transgénicos. Estas medidas simplemente fortalecen el statu quo corporativo que controla el sistema alimentario.

Las crisis, pues, sirven para contraer economías y aumentar la depredación directa de bienes naturales a escala global, mientras se borran derechos. Al inicio del reconocimiento de la crisis mundial del coronavirus, la Unión Europea instó a los países mediterráneos a protocolizar de forma ágil las medidas a imponer para la recolección de frutas y verduras a partir de marzo. Los riesgos de desabastecimiento en mercados considerados centrales requieren que las economías periféricas se vean obligadas a garantizar suministros, aunque no derechos sociales a quienes viven del campo. El dinero no trae la felicidad y Estados Unidos es un buen ejemplo en estos días de movilizaciones frente al racismo, crisis sanitaria y creación de enormes bolsas de exclusión. Sin embargo, el «éxito» del imaginario de vida made in USA ha significado que el consumo y el crédito asociado al mismo erosionen directamente la biodiversidad del planeta. Se demanda talar más, producir más, monoculturizarnos más, algo que estamos pagando todos y todas. Esta es una de las conclusiones del estudio «La política de biodiversidad más allá del crecimiento económico», firmado por una veintena de científicos de 12 países. El aumento del cambio climático, la erosión de nuestros suelos y el desarrollo de especies (y de virus) invasores están directamente relacionados con la necesidad de revalorizar un capital monetario que desvaloriza nuestras condiciones de vida. Biodiversidad amenazada y que se expone como una de las razones detrás de la proliferación de gripes en los últimos tiempos: aviar, porcina y ahora la enfermedad denominada covid-19. Los monocultivos intensivos, la deforestación y, sobre todo, la irrupción de las macrogranjas estarían detrás de la irrupción de nuevas formas víricas que afectan a nuestra especie, algunas de las cuales se transforman en pandemias mundiales.

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La sucesión de crisis alimentarias (hambrunas, escasez, desafección alimentaria, gripes, etc.) también genera descontentos[8]. ¿Podría el actual panorama ser favorable a la reconstrucción del derecho a tener derechos, a escapar del consenso carcelario de la deuda, tan fundamental para que el neoliberalismo organice tiempos, espacios y dinámicas económicos? Podría ser, sí. Pero el campo político (lo público, lo cotidiano, la protesta) precisaría, antes de nada, sentir el empuje de un nuevo panorama social. La conciencia de opresión es un proceso que construir desde diferentes abajos que comienzan a hablar conjuntamente de supervivencia y de radicalidad democrática, nos recordaba el investigador E. P. Thompson, de lo que se considera y se vive como legítimo y lo que no. Aunque permita apuntalar algunos pilares de la casa, realizar desde arriba transformaciones que confronten el neoliberalismo se antoja poco plausible. Las cartas están marcadas. Necesitamos un cuestionamiento moral y cotidiano de la salida neoliberal, en lo económico, en lo ambiental y en la estrategia de acumular adhesiones a través de la ilusión del consumo. Sin embargo, crear una nueva economía moral (que ha de basarse en la experiencia de economías que nos socialicen en otros valores, usos y costumbres) no va a pasar por el círculo de los partidos en el poder político o con aspiraciones a ello. Poco protagonismo encontramos, en ellos, de las habitantes del medio rural, las más afectadas por la crisis alimentaria, o de propuestas que no se limiten a «parchear» la dinámica suicida de un capitalismo que amenaza con «reverdecerse». El llamado New Green Deal (El Nuevo Pacto Verde), suscrito por partidos alineados en la izquierda en América y Europa, pretende ralentizar las emisiones, promover nuevas economías, pero el giro se antoja insuficiente en el medio plazo. Sobre todo, porque no quiere cambiar el modelo de consumo, sino realizar (imposibles) ajustes de movilidad a base de tecnología más intensiva, más necesitada de materiales y que pretende mantener unas ofertas energéticas similares a las aportadas por los combustibles fósiles. No hay pan para tanto chorizo, decían en las plazas del 15M. Ni habrá energía para el hiperconsumismo, de lujos o del todo a 1 euro, que quieren defender las elites y un 20 por 100 de la población más adinerada. El neoliberalismo vende ilusiones que también se están comprando o se están imponiendo. Su salida puede ser una alianza militar-monetaria entre clases ricas y pudientes (poder cultural, institucional o religioso) que pueden escudarse bien en clases populares que se resisten a pagar las facturas del desaguisado. El ascenso de la ultraderecha está ahí. Las protestas también pueden demandar más autoritarismo. Una suerte de revolución social que, caso de tomar ciertos tintes «verdes», sí nos podría llevar a hablar de ecofascismos.

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AGROECOLOGÍA EN 3C: CULTIVAR SOCIEDAD Y CONCIENCIA DE ESPECIE Territorio es una palabra de aproximación difícil en los entornos más industrializados. En los países centrales, la cultura del liberalismo y el posterior despegue del consumo de masas nos hicieron separarnos deprisa de prácticas y culturas propias de economías tradicionalmente pegadas a los territorios. Con la centralidad del asfalto y las conurbaciones, las economías campesinas fueron consideradas obsoletas, y las economías del cuidado (hogar, reproducción y mediación social) continuaron siendo invisibilizadas. Por otra parte, todo lo que apuntara a economías comunales fue sancionado, privatizado o introducido en la lógica neoliberal: desde los montes hasta las redes de apoyo vecinales, pasando por la construcción de un cooperativismo reducido a fórmula jurídica que incrustar dentro de los grandes mercados. Cultivar sociedad pasa por construir nuevas economías y dar forma a esa economía moral (saludable, alimentaria) que sirva de freno a los atropellos de las elites o de las bases populares de la ultraderecha. Requiere, por un lado, retomar la idea de que el saber y el poder emancipador, recordando a Foucault, provienen de los márgenes, no del corazón o del cerebro de la bestia. Por otro lado, como señalan Sassen o Carlson, tenemos que repolitizarnos en clave de «somos territorios», «somos lazos sociales» y «somos especie». Y para ello no necesitamos precisamente banderas puntiagudas. Los escenarios de pandemias, vuelco climático, escasez de materiales básicos para la industria y el fin de una energía fósil accesible y «barata» apuntan hacia la opción agroecológica desde una reconstrucción del empuje social. Es ya la salida alimentaria, como indican el IPCC, la FAO o el informe científico «La política de biodiversidad más allá del crecimiento económico». Se trata de reconciliarnos con un manejo sostenible de nuestros bienes naturales, desde la biodiversidad hasta los ciclos del agua, pasando por la fertilidad de la tierra y la consolidación de sistemas agroalimentarios territorializados. Frente al abismo neoliberal, una puerta se abre. Porque «el Estado no puede ser la respuesta frente a la mundialización del riesgo», tal como nos advierte María Eugenia Rodríguez Palop. En cambio, el contagio cooperativo en todas las escalas sí puede construir potencialidades que ahora no se ven. En el campo alimentario, nuestra apuesta es lo que llamamos «Agroecología en 3C»: construir desde la tríada Cooperación-Cuidados-Circuitos Cortos. La pandemia capitalista, autoritaria y patriarcal trabaja de forma suicida para conectarnos al hardware global del negocio de la comida, bajo el potencial mando único de futuros disciplinamientos sociales. Obstaculiza la cooperación social y facilita que la pequeña producción abandone o se integre en dichos

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mercados. Llama «economía esencial» no al cuidado, al derecho a la alimentación o a la producción sostenibles, sino al funcionamiento del negocio de la comida. Sanciona los circuitos de proximidad, aunque el discurso se vista de verde y de representaciones visuales que nos devuelven a un campo idílico, desconectado de los ciclos planetarios (agua, nitrógeno, fertilidad, biodiversidad, etc.) y vacío de culturas campesinas. Nuestra perspectiva se ha focalizado en analizar sistemas agroalimentarios propios de países o regiones centrales en lo que a economías mundiales se refiere. Presenta una presión fuerte hacia la integración subordinada en los mercados globales. Son padecidos, a la vez que legitimados, por una ciudadanía carente de derechos reales en su mayor parte. Están atravesados por otras dimensiones del poder: género, clase socioeconómica, procedencia cultural, zonas rurales y despobladas, barrios periféricos, entre otros. La cuestión territorial en lugares alejados de los grandes centros urbanos y financieros sigue, en muchos casos, otros senderos, más próximos a las culturalezas, tal como indican Narciso Barrera y Víctor Toledo en La memoria biocultural; pueblos en convivencia más armoniosa con su entorno. En ellas, la tradición comunitaria de pueblos originarios, los sistemas de intercambios basados en mercados no especulativos, el acceso colectivo a tierra o a semillas, la pervivencia e innovación sobre variedades y razas autóctonas y, finalmente, la inserción de lo económico como un elemento más de lo social y de lo político, y no como un timón al margen, son inspiradores por sí mismos de la Agroecología en 3C aquí presentada. Ejemplos de lo anterior son hoy la autonomía territorial de comunidades andinas, las reclamaciones de Zonas de Reserva Campesina con orientación agroecológica en Colombia, los quilombolas como espacios autónomos instituidos por esclavos afroamericanos en Brasil, la tradición de ejidos y formas colectivas de propiedad en México, las comunidades pesqueras artesanales en todos los continentes, los manejos compartidos de montes y dehesas en el Mediterráneo, las formas de cooperativismo campesino e indígena expresadas por las culturas africanas, etc. [9]. Son expresiones, no idílicas pero sí certeras, de cómo habitar y caminar hacia la sustentabilidad de la vida y el reconocimiento de interdependencias (sociales, del ser humano con la naturaleza). En otros lenguajes, que sería conveniente traducir y contextualizar, estos grandes referentes indígenas y campesinos son hoy representantes de lo que la agroecología, el ecofeminimo o las economías sociales-solidarias tratan de reivindicar en los lugares que habitamos: reconocernos como seres frágiles en un mundo que demanda satisfactores (económicos, políticos, alimentarios, energéticos, culturales) viables para el conjunto de la especie humana.

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En nuestros contextos «globalizados», las 3 Cs son esenciales para que una política o práctica o forma de vida pueda ser considerada agroecológica. Existen sucedáneos, algunos de ellos en la agricultura certificada como ecológica. Recibe etiquetados «verdes» pero vuelve a reproducir esos esquemas: no alientan la cooperación en el territorio (la pequeña producción apenas decide sobre políticas que le afectan, mercados y economías se alejan de prácticas municipales o comunitarias), no cuidan la vida (no se priorizan los derechos de todas ni se reduce la huella de carbono o la pérdida de biodiversidad) y no disminuyen la lógica de exportación dominada por distribuidores y transformadores globales hacia los centros consumidores con mayor poder adquisitivo (se pierde soberanía alimentaria y el derecho a una nutrición adecuada y saludable). Claro está que no faltan manifiestos, declaraciones e incluso políticas activas que, desde las propias elites, reconocen el problema. Pero el grueso de lo que realmente se hace en municipios, comarcas, a escala estatal o desde la Unión Europea, sigue sancionando o invisibilizando las propuestas agroalimentarias que se inspiran en las 3 Cs. La Agroecología en 3C es una mirada, una forma de evaluar rápidamente en qué campo nos estamos situando: si en el de continuar acrecentando la barbarie o en el de empezar a estar en el mundo de otra forma, más viable y justa. Nos permite, a su vez, construir herramientas para relocalizar economías que sostengan cuerpos, lazos y nuestras casas. Agrupamos estas herramientas en tres planos en los que incidir: – Visión territorial: promover territorios vivos y sistemas agroalimentarios más locales, creando sinergias entre economías cuyo compromiso fundamental es cuidar de la vida (cuerpos, lazos, hogar); escalar prácticas agroecológicas hacia los lados y desde abajo, encaminando las políticas públicas desde la cogestión de territorios y no desde su subordinación a lógicas «globalizadoras». – El derecho global a la alimentación y nutrición adecuada: establecer la alimentación y la producción cercana y sustentable, y no el negocio de la comida, como derecho fundamental y economía a ser potenciada en diferentes ámbitos territoriales (municipio, comarca o biorregión, instituciones públicas que regulan estos derechos). – Articular experiencias desde abajo hacia arriba: escalar hacia arriba como acompañamiento del escalamiento territorial, impulsando redes de iniciativas de producción y consumo sustentables desde los diferentes «abajos», cerrando ciclos de materiales y energías, componiendo, de forma participativa, políticas públicas y consejos alimentarios a escala biorregional.

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Resulta, pues, imprescindible identificar los territorios como espacios vivos y relocalizar los sistemas agroalimentarios como algo esencial a proteger por la política (pública) y lo político (lazos e instituciones sociales). Para ello, se trata, en primer lugar, de pensar desde el territorio: cuencas hidrográficas, pisos ecosistémicos interrelacionados, hábitats manejados de forma específica en forma de bosques, dehesas, regadíos naturales, humedales, costas, etc. Buscar entonces las potencialidades de cada lugar, desbordar los límites administrativos, articularse desde iniciativas que surjan desde y para el territorio. Las políticas con matriz en la Unión Europea deberían abandonar los tratados internacionales que no abogan por la soberanía alimentaria de los pueblos y abonarse realmente a la producción de proximidad. La actual iniciativa «De la granja a la mesa», auspiciada por la Unión Europea, podría ser un paso. Pero en ella se abre la puerta a los organismos modificados genéticamente y nuevamente se deja a un lado la opinión de la pequeña producción, que, posiblemente, pagará la factura de una transición hacia la reducción de insumos tóxicos escasamente acompañada. De igual manera, el Fondo de Transición Justa, que podría llegar a los 100.000 millones de euros, pudiera ser un revulsivo para la pequeña producción alimentaria y no sólo para la industria pesada en un intento de «reverdecerla». Dejar de apoyar a la gran distribución y adoptar medidas restrictivas ante empresas que promueven una mala salud de los habitantes y del planeta. Fomentar el comercio de proximidad a través de ayudas, agendas municipales, exenciones fiscales, apoyo de infraestructuras. Quizá bastaría, para avanzar hacia procesos agroecológicos, con atascar un poco las puertas giratorias de los grandes grupos de presión e impedir que sigan girando a su favor las medidas de gracia y apoyo (investigación, subvenciones, infraestructuras). Para decidir cómo aplicar los principios agroecológicos, precisaríamos impulsar consejos alimentarios que, desde una mirada integral y nuevas formas de gobernanza, velen por nuestros derechos y por unos precios dignos para quienes viven sosteniendo nuestra esencial alimentación; consejos que regularían el funcionamiento de infraestructuras, producciones y consumos agroecológicos, que serían declarados no sólo derechos sino también equipamientos y dinámicas esenciales a proteger y potenciar en planes urbanísticos, conexiones territoriales, terrenos (peri)urbanos reservados a tal fin, entornos rurales y marítimos de exclusivo aprovechamiento sustentable, mini-industrias de transformación y redes para la comercialización directa; consejos sometidos al protagonismo de personas productoras, redes vecinales, técnicos/as en acompañamiento agroecológico, economías sociales y solidarias, educadoras ambientales, pequeño comercio e industria artesanal. Fiscalización progresiva de acuerdo al carácter esencial de estas economías (como el

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mantenimiento de la producción y comercialización tradicional, la fertilidad de la tierra, la biodiversidad cultivada o la integración agrícola-ganadera), rentas que permuten trabajos (comunitarios) por servicios ecosistémicos y ayudas directas para garantizar servicios en el medio rural así como el derecho a la alimentación de toda la población. Espacios donde problematizar quién decide, quién hace y quién puede acceder a una producción y alimentación saludables, cuando los números muestran la desigual participación de mujeres, rentas más bajas y una mayor carga en los hogares para ellas. Dichas políticas no podrán ser efectivas si no tienen una visión territorial y desde abajo, que biorregiones y municipios podrían impulsar mediante agendas propias, su razón de ser. Entender qué es no ya «ecológico», sino sencillamente viable, requiere de apoyos no inspirados en certificaciones externas (más pendientes de satisfacer los criterios de mercados globales) sino en manejos propios del lugar. Incentivar políticas basadas en la cogestión, en los nuevos comunes, de manera que cerremos necesidades de insumos, tecnologías e incluso energía en el propio territorio. Habilitar espacios, herramientas, plantas y mini-industrias cogestionadas (cooperación público-comunitaria) para lograr lo anterior. Impulsar desde aquí una compra pública (comedores, hospitales, servicios administrativos, escuelas, etc.) y una compra local (tiendas, restaurantes, grupos de consumo) que acompañen transiciones productivas. Poder generar operadores locales en temas que ahora requieren una conformación industrial: acceso a mataderos (ecológicos, móviles); fortalecimiento de sistemas de custodia del territorio o sistemas participativos de garantía (para una verificación o certificación ecológica desde prácticas viables y democratizadoras) junto al intercambio de conocimiento entre productores/as del lugar; impulso de redes comunitarias para la transición energética; venta directa y desarrollo de la producción artesanal, que no debe ser acotada y nuevamente cercada con el desarrollo de disposiciones específicas de cada región, antes al contrario. (Re)construir mediante esa cogestión público-comunitaria los puentes rural-urbano para garantizar un cierre de ciclos conjunto y no una depredación de campos y bosques. Ruralizar y repoblar pueblos desde fórmulas de acompañamiento propias de una extensión agroecológica que permitan avanzar en la denominada escala horizontal[10]. Ruralizar, agroecologizar y ecofeminizar también nuestra cultura crítica desde estos territorios y no desde laboratorios urbanos: las culturas de base territorial –aldeanas, indígenas o comunitarias– son más complejas y contextualizadas que las dinámicas que registran las urbes globales[11]. En segundo lugar, es necesario trabajar en una transición desde un enfoque de derechos. En línea con la relocalización anterior, es esencial garantizar el derecho real a la producción agroecológica y a la alimentación saludable.

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Leyes, agendas y prácticas de cogestión de políticas públicas, junto con prácticas que nos doten de autonomía y de justicia social frente a los cercamientos neoliberales, deberían garantizar: el acceso equitativo a la tierra para la producción en modelos agroecológicos, la preservación de la biodiversidad, el acceso al agua y el beneficiar la actividad a pequeña escala y artesanal, la producción de alimentos de calidad sanos y nutritivos, la comercialización preferente a través de canales cortos. Fertilizar cerrando ciclos, impulsando programas de compostaje (a cargo de partidas económicas para una «economía circular»), promover la producción de piensos e insumos a nivel regional para crear autoabastecimiento o circuitos cortos, y recordar que el derecho a la alimentación será sólo un registro legislativo o un manifiesto inútil si la soberanía alimentaria no empieza por articularse, por tener su empuje social, desde la relocalización de los sistemas agroalimentarios. Para ello es necesario otorgar protagonismo, ayudas y rentas mínimas a quienes apuesten por diversificar, integrar agricultura y ganadería, adaptar sus necesidades de insumos y energía al territorio y no a prácticas que no generan emancipación. En tercer lugar, estas transiciones en los sistemas alimentarios, en la medida en que dialogan con el territorio, no pueden darse de manera aislada, será necesario entenderse con otras. Más allá de lo que sembremos en la tierra o nos llegue al plato, estos cambios suponen un replanteamiento de paradigmas económicos y sociales, una conquista o reconquista de territorios materiales e inmateriales, que necesariamente han de construirse de forma interseccional y en alianza con otros movimientos. Queremos recordar, por ejemplo, los inicios del Plan Nacional de Alimentación en la Escuela (allá por 2010 en Brasil), que permitía a las comunidades escolares comprar directamente producción local, favoreciendo el tejido productivo y, por ende, formas de vida campesina que pudiesen sostener procesos de soberanía alimentaria. Albergamos la esperanza de que la apuesta por salud, territorio y agroecología pueda unir a personas de diferente perfil para construir un biosindicalismo alimentario. Se necesitan alianzas que superen la compartimentación y que reflejen la complejidad de los sistemas que se pretenden transformar. Vemos ejemplos, aunque todavía mínimos, en iniciativas municipalistas o en espacios de economía social y solidaria[12]. Estas alianzas conllevan entender la cooperación y la inclusividad, es decir, ampliar la diversidad en nuestras articulaciones, salir de las «estufitas calientes» y entenderse con otras, ya que la horquilla de diversidad determinará el grado de impacto y transformación que se pueda alcanzar; escalar hacia arriba y hacia los lados, incorporando una mirada interseccional[13], poniendo el énfasis en prácticas de cerrar ciclos (materiales,

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energéticos, mercantiles y políticos) tratando de obviar etiquetas, procedencias e ideologías entendidas como escudos cerrados frente a otros y otras. Los mercados (globales) o la gobernanza supeditada a los intereses privados y de un Estado que mira hacia la alimentación como un negocio que mantener no son revulsivos ni pueden ser timones para una transición agroecológica. Como recordara Polanyi, los mercados no se autorregulan, ni el precio puede ser indicador de algo viable para la especie humana. Ambos son dogmas neoliberales que permean espacios de la llamada responsabilidad social corporativa o incluso de estrategias que apelan al «bien común» mediante la construcción mercantilista. El territorio como espacio que cuidar y alimentar, el entendimiento entre diversas economías con énfasis en los cuidados y la dinamización de nuevos sistemas agroalimentarios desde lo públicocomunitario son la clave, una palanca insustituible, para el empuje social agroecológico. ¿Escogeremos la salida neoliberal o la salida agroecológica? La primera sólo puede mantenerse incrementando progresivamente los niveles de violencia, desigualdad, exclusión social y depredación de territorios. Otras prácticas, otras conciencias están cultivando ya otras sociedades. En la disputa nos va no sólo nuestra capacidad para romper cercamientos y (re)construir autonomía social, base de toda resiliencia, sino también la oportunidad de reconquistar cuerpos, lazos y un hogar en el que habitarse de forma digna.

[1] Braceros políticos de la globalización, a decir de Miren Etxezarreta en ¿Para qué sirve realmente la economía?, Barcelona, Paidós, 2015. [2] Para un análisis general de la ciudad y su ordenación de tiempos, espacios y flujos a nivel mundial, son referencia imprescindible los trabajos de José Manuel Naredo, David Harvey, Saskia Sassen o Carlos Walter Porto Gonçalves sobre megaciudades, globalización y cercamientos territoriales. [3] La economía neoliberal se enfrenta en múltiples campos a las Economías-otras, centradas en el cuidado de la vida, lo comunitario y la sustentabilidad, como hemos abordado en Ángel Calle e Isabel Álvarez, «Economías-otras: introducción a un monográfico necesario», Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica: RIESISE 2 (2019), pp. 5-26, o también Isabel Álvarez Vispo y Mirene Begiristain Zubillaga, «Feminismo para los sistemas alimentarios y la agroecología», Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica: RIESISE 2 (2019), pp. 125-146. [4] Véase Amaia Pérez Orozco, Subversión feminista de la economía, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014. [5] Para preguntas inherentes a toda propuesta económica para sostener la vida, véase Ángel Calle Collado, Rubén Suriñach Padilla y Concepción Piñeiro, «Comunes y economías para la sostenibilidad de la vida», en Rebeldías en común: sobre comunales, nuevos comunes y economías colaborativas, Madrid, Libros en Acción, 2017, pp. 15-46.

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[6] Sobre cuestiones alimentarias, (mal)nutrición y poder, véanse Isabel Álvarez y Paola Romero, «¿Nutrición digitalizada o malnutrición personalizada?», en Observatorio del derecho a la alimetnación y nutrición adecuada, Global Network for the Right to Food and Nutrition (GNRTFN), 2018, e Isabel Álvarez, «La salud y la alimentación desde la mirada feminista», en Salud y derecho a la alimentación, Fundación Entretantos (FENT) y Red de Ciudades por la Agroecología, 2018. [7] Véase Esther Vivas, El negocio de la comida, Barcelona, Icaria, 2014. [8] Véanse Ángel Calle Collado, Marta Soler Montiel, Isabel Vara Sánchez y David Gallar Hernández, «La desafección al sistema agroalimentario: ciudadanía y redes sociales», Interface: a journal for and about social movements 4, 2 (noviembre de 2012), pp. 459-489, y Eric Holt-Giménez y Raj Patel, Rebeliones alimentarias. Crisis y hambre de justicia, Barcelona, El Viejo Topo, 2011. [9] Véase E. Holt-Giménez y R. Patel, Rebeliones alimentarias, cit. [10] Sobre la cuestión de escalas en agroecología y nuevos comunes, véanse Peter Rosset y Miguel Altieri, Agroecología: ciencia y política, Barcelona, Icaria, 2018, y Ángel Calle Collado, «Los Nuevos comunes: disputando la transición inaplazable», Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica: RIESISE 2 (2019), pp. 103-124. [11] Lo cual no asume que la cultura aldeana es algo aparte de la sociedad del consumo y sus derivas simplificadoras y encauzadoras hacia una pseudocultura de masas. Para una visión de la aldea cosmopolita, véase Jaime Izquierdo Vallina, La ciudad agropolitana. La aldea cosmopolita, Oviedo, KRK, 2019. [12] Véase J. L. Fernández «Kois», N. Morán y F. Prats, Ciudades en movimiento. Avances y contradicciones de las políticas municipalistas ante las transiciones ecosociales, Madrid, Foro Transiciones, 2019. [13] Leticia Urretabizkaia, «Ampliando las miradas de la soberanía alimentaria y el feminismo hegemónico: propuestas colectivas en las intersecciones de la cadena alimentaria», VI Congreso de Economía Feminista, Valencia, 2019.

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Del boom del turismo urbano al freno a los desplazamientos Ibán Díaz

INTRODUCCIÓN El abrupto freno a los desplazamientos en marzo de 2020, a raíz de la pandemia de la covid, ha terminado de definir un boom del turismo urbano que se venía desarrollando desde la recuperación económica posterior a la crisis de 2008. Esta fase de crecimiento del sector ha sido especialmente relevante por su intensidad y ha venido caracterizada por una intensificación de la especialización turística y por una expansión de la misma a nuevos espacios. El auge de la actividad turística espolea y viene soportado por un proceso de urbanización que la sitúa en el centro de lo que Henri Lefebvre denominaba la fábrica urbana. Implica tanto la urbanización de los espacios litorales y rurales de interior como, muy notoriamente, la reestructuración y refuncionalización de las áreas centrales de las ciudades con cierto peso del turismo cultural. Uno de los espacios más afectados ha sido el Mediterráneo europeo, regiones urbanas con características similares y cuya especialización turística es quizá de las más antiguas del mundo. El Sur de Europa, que había tenido un tipo de integración económica periférica y subordinada en los procesos de industrialización desde el siglo XIX, a partir de la segunda mitad del XX pasa a integrarse en gran medida como espacio turístico y de ocio vinculado y de absorción de capitales sobrantes de las regiones industrializadas. Este proceso de especialización, que tiene un siglo en lugares como Venecia o Sevilla, se ha visto reforzado en el último tiempo, durante el cual muchas de estas ciudades han batido récords de visitantes y han expandido sus áreas turísticas y el nivel de especialización de sus áreas centrales. La relevancia de los procesos socio-espaciales desencadenados ha suscitado una cierta conflictividad, provocando protestas y la proliferación de modismos como turistificación o turismofobia. El impacto de la crisis en ciernes sobre este tipo de economías va a ser más intenso, si cabe, que en otras regiones del globo, principalmente debido a la fuerte dependencia del turismo para la creación de empleo y la entrada de divisas. El daño económico por el freno de la actividad será prácticamente global, a lo que se suma que ya había una crisis en ciernes, en la que la destrucción de capital se verá acelerada por la cuestión virológica. Como en la crisis de 2008, las economías menos productivas y más dependientes para su crecimiento del sector inmobiliario-financiero sufrirán más. No obstante, las nuevas limitaciones a la movilidad y la desconfianza de cara a los desplazamientos transfronterizos como consecuencia de la pandemia añaden un

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matiz que multiplica los efectos para economías basadas en la existencia de estos desplazamientos. El desempleo y el endeudamiento podrían cebarse con este tipo de territorios, algo que, aunque empieza a vislumbrarse, probablemente no podamos comenzar a dimensionar hasta 2021. Paradójicamente, este contexto no tiene por qué ser propicio a un cuestionamiento de la dependencia turística. Durante el periodo que va desde 2012 hasta 2020 aumentaron las críticas a los impactos negativos de un turismo excesivo y concentrado, pero curiosamente la mayor parte de estas iban dirigidas a lo que podríamos denominar epifenómenos de la especialización turística, siendo más escaso el cuestionamiento a nivel estructural, en términos de roles en la división internacional del trabajo. Hoy existe un enorme consenso sobre el carácter invariablemente benéfico del sector turístico, que no es gratuito, sino que responde a la forma que adoptó el proceso de modernización de las regiones tradicionalmente subdesarrolladas del Sur de Europa. En estas, el complejo turístico e inmobiliario-financiero se ha erigido en la base del desarrollo económico, mejorando sin lugar a dudas las condiciones de vida en estos territorios. No obstante, en la actualidad este mismo proceso dificulta cualquier cuestionamiento de la apuesta sin matices al turismo. En este escenario, el principal argumento de este texto es que la covid expone, no por primera vez pero sí con más fuerza, las debilidades de la especialización turística, como una economía vinculada a un proceso de urbanización de carácter extractivo y rentista que debe ser superada. El primer apartado se dedica a exponer las características del boom turístico entre 2012 y 2020. Estas fechas delimitan un periodo de crecimiento del sector, vinculado a la recuperación económica de la crisis de 2008. La relación con la crisis previa muestra el carácter fuertemente cíclico y vulnerable de estas economías. Este epígrafe observa también algunas de las características y vulnerabilidades del proceso de urbanización asociado a este complejo, en concreto el problema del turismo cultural y del desplazamiento en las áreas centrales de las ciudades a partir de la emergencia de los alquileres turísticos ofrecidos por plataformas online. Gran parte de la problematización del ciclo turístico se ha centrado en el análisis micro, lo que podría ser una consecuencia más del consenso ideológico sobre la falta de alternativas viables a la especialización turística. Ante esto, el segundo apartado vuelve la mirada hacia las raíces estructurales de la cuestión. Se sintetiza aquí un argumento sobre el Mediterráneo europeo y su modernización en la segunda mitad del siglo XX como un desarrollo que oculta el subdesarrollo, apuntando a las características extractivas, neocoloniales y rentistas del modelo. Finalmente, el tercer epígrafe se centra en los efectos de la pandemia de la covid sobre este tipo de economías. Se argumenta, en este sentido, que las economías dependientes del

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turismo presentarían una sobreexposición a las crisis cíclicas del capitalismo global, amplificadas por las medidas sanitarias contra la pandemia adoptadas de manera reciente. Asimismo, se valoran las primeras reacciones políticas frente a la debacle económica, mostrando su relación con un potencialmente pernicioso consenso ideológico en torno al modelo turístico. EL BOOM TURÍSTICO DEL PERIODO 2012-2020 Y SU IMPACTO SOBRE LAS CIUDADES La recuperación económica desde 2012 y el inicio de las políticas de restricción de movilidad en marzo de 2020 definen claramente una fase alcista del sector turístico. Un auténtico boom con características propias. La crisis de 2008 tuvo su origen en el sector inmobiliario-financiero, una burbuja que repetía, hasta cierto punto, el tipo de crisis de principios de la década de los noventa. El capitalismo posterior a los años setenta ha venido incrementando cada vez más el rol de la deuda y de la producción de capital ficticio en la economía, desligado de la actividad productiva. Una financiarización creciente de la economía permitida por el rápido desarrollo de las telecomunicaciones[1]. En este marco de flujos de capital global y endeudamiento familiar, el sector inmobiliario-financiero ha tendido a sobredimensionarse y a generar enormes burbujas que sostienen un aparente crecimiento de la riqueza cristalizado en la inflación acelerada de los activos inmobiliarios, que acaba derrumbándose periódicamente después de un tiempo, como un gigante con los pies de barro o como una inmensa estafa piramidal[2]. La crisis de 2008 impactó en primer lugar en las economías más volcadas sobre el mencionado sector. También afectó rápidamente a las economías dependientes del turismo, como consecuencia de la reducción de los desplazamientos en el contexto de incremento del desempleo e incertidumbre generalizada que acompaña a toda crisis económica. Sin duda, el impacto fue menor y más tardío en territorios con economías productivas e innovadoras, también en los productores primarios, aunque en un mundo interconectado, más temprano que tarde, el impacto del derrumbe financiero llegó a todos los rincones del planeta. A la hora de narrar la crisis de 2008 David Harvey[3] señalaba que la manera en que habíamos salido de la última crisis explicaba mucho de la presente. La tendencia a sustituir el vínculo entre incrementos de la productividad y salarios crecientes por la especulación financiera y el endeudamiento familiar como motor del consumo, después de la crisis de la década de los setenta, está claramente en el origen de la burbuja que estalla en 2008. De igual manera, la forma en que se salió de la crisis de 2008 puede explicar mucho de la actual. Un primer dato relevante es que las economías más vulnerables, volcadas en

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exceso sobre un modelo rentista y especulativo, por lo general, siguieron insistiendo en el mismo modelo de acumulación con pocas variantes. Al mismo tiempo, ante la imposibilidad de que la construcción y el sector inmobiliario volvieran a soportar la creación de empleo y riqueza en los niveles anteriores a 2008 (muchas de las oportunidades que permitieron la fase alcista del ciclo se habían agotado), el motor de la economía se desplazó en gran medida al turismo. El desarrollo del sector turístico y del inmobiliario-financiero había venido de la mano desde la década de los setenta, pero el primero, aunque sufrió el impacto de la crisis, fue mucho menos duradero y, con posterioridad al periodo de depresión, seguía ofreciendo oportunidades para su crecimiento. La crisis supuso un freno a los desplazamientos que se dejó notar especialmente entre 2008 y 2010. No obstante, desde entonces, los números del turismo internacional crecieron año tras año a un ritmo notable, con más 1.400 millones de turistas internacionales en 2018. Ese año España superó a Estados Unidos en número de visitantes extranjeros, siendo el segundo país que más recibió después de Francia. En 2019 batió de nuevo su récord, aproximándose a los 84 millones de turistas[4]. Estos se distribuyen de manera muy desigual. Los territorios insulares, el litoral y las grandes ciudades del Mediterráneo europeo se llevaron una parte importante, batiendo récords año tras año. En 2019, las Islas Baleares recibieron más de 16 millones de turistas y Andalucía, más de 32 millones. Durante este nuevo boom, el turismo de sol y playa había agotado en gran parte sus posibilidades de expansión tras muchas décadas de crecimiento. Las reglamentaciones ambientales y la falta de nuevas oportunidades de inversión parecían forzar al sector a reconducirse hacia un turismo más elitista en el litoral mediterráneo. Sin embargo, surgirían otras zonas de oportunidad para la masificación, como la continuación de la urbanización de las antiguas zonas rurales de interior y la expansión de las zonas turísticas en áreas urbanas, todo apoyado no tanto por el incremento de plazas hoteleras, que también se ha producido, como por la irrupción del fenómeno de los alquileres turísticos. El incremento de los flujos de visitantes en este ciclo ha estado ligado, como viene siendo habitual, a las innovaciones en los medios de comunicación y transporte, quizá de manera más notoria que en otros periodos. En primer lugar, se encuentra el efecto acumulativo de las innovaciones en los medios de transporte. El combustible barato, la competencia entre las aerolíneas y el abaratamiento de los costes han permitido un incremento constante del número de pasajeros. También el abaratamiento y la expansión del turismo de cruceros, con un impacto más localizado en las ciudades portuarias, pero con una capacidad enorme de alterar el desarrollo urbano de estas, como han comprobado ciudades como Venecia o Cádiz.

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En segundo lugar, se encuentra el impacto de internet, de la economía colaborativa y, en concreto, de lo que en principio vino a referirse como home sharing. Plataformas como Airbnb o Homeaway irrumpieron precisamente en el inicio de la crisis de 2008 y se consolidaron en el proceso de recuperación económica de la misma. La primera oficina de Airbnb en España (Barcelona) se abre en 2012, una fecha en la que empiezan a notarse los efectos de este tipo de actividad sobre los mercados urbanos de alquileres. Esta práctica apareció en principio con los ropajes de la economía social, permitiendo a particulares conseguir un ingreso extra alquilando una cama o una habitación de su propia vivienda. Aunque este tipo de práctica no deje de tener vigencia, la multiplicación de los alquileres turísticos desde 2012 ha venido acompañada de la profesionalización del sector. En las grandes ciudades mediterráneas, aunque la mayor parte de propietarios que participan de estas plataformas son particulares, la gran mayoría de las viviendas son ofertadas por operadores profesionales. Además, como el resto de la supuesta economía colaborativa, el home sharing presenta el problema de escapar a las regulaciones existentes, lo que permitió un crecimiento sin parangón de este tipo de alojamiento. Esto ha permitido una oferta creciente, con gran competencia, que ha acompañado y facilitado el crecimiento de los desplazamientos, abaratando los costes de alojamiento y multiplicando las posibilidades de los mismos. También ha desempeñado un papel determinante en ampliar las zonas de actividad turística, al facilitar el acceso con pernoctación a nuevas áreas. Asimismo, tiene un papel determinante en el sector de la vivienda y en el proceso de urbanización, contribuyendo a la inflación de los alquileres y alimentando la demanda de construcción de nuevas viviendas. Probablemente las primeras menciones a la turismofobia aparecen en prensa en Barcelona desde 2008 para referir la existencia de un conflicto creciente entre el incremento de turistas y los residentes habituales de la ciudad. Este tipo de denuncias tuvieron gran importancia en Barcelona durante toda la fase de boom turístico y se expandieron a otras ciudades como Madrid o Lisboa. También a ciudades de rango inferior como Valencia y Sevilla. En muchos casos dieron lugar al nacimiento de plataformas o asociaciones que denunciaban este tipo de conflictos, habitualmente en relación con el crecimiento de los alquileres turísticos en áreas tradicionalmente residenciales. El término turismofobia ha venido acompañado por el de turistificación. En realidad, esta noción, y otras, como balnearización, se utilizan desde hace al menos tres décadas en la academia hispanoparlante, generalmente para referir la capacidad del sector turístico para destruir el patrimonio natural, cultural y etnológico de un territorio. El término turistificación parece importarse en gran medida de la academia latinoamericana a la española en este contexto de boom

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turístico y notoriamente en relación con la denuncia de los efectos de los alquileres turísticos no regulados. Aproximadamente desde 2013 se suma el término sobreturismo (overturism) en el ámbito anglosajón (prensa, política y academia), llegando incluso a merecer la atención de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o el Consejo Europeo[5]. Hay abundante evidencia empírica sobre los perjuicios que ha causado el turismo intensivo y los alquileres turísticos durante este periodo, los cuales han afectado, en primer lugar, a las áreas centrales, a aquellas que tradicionalmente han sido espacios turísticos y a otras, habitualmente zonas residenciales obreras o sectores industriosos de la ciudad histórica, que han sido integrados recientemente en los circuitos turístico-comerciales. La inflación de los alquileres en estas áreas y la progresiva reducción de la oferta habitacional convencional conforme crecía el alquiler turístico cuentan con datos bastante fiables y se han publicado numerosos trabajos al respecto[6]. El conflicto entre los usos turístico-comerciales y residenciales en las áreas centrales tiene cierto recorrido en casi cualquier ciudad de determinado tamaño del Sur de Europa. En el urbanismo mediterráneo, alejado del modelo de suburbanización en torno a un central bussiness district anglosajón, los centros históricos han tendido a combinar usos residenciales con tendencias a la terciarización, a menudo ligada a cierta turistización temprana dependiendo de la ciudad. La sangría demográfica de los centros históricos durante el siglo XX ha sido un problema típico tratado por los urbanistas, fruto de una combinación de terciarización con la descapitalización de la edificación residencial y la valorización de nuevos sectores alejados del centro con mayor capacidad de atraer población de distintos estratos sociales. Esta tendencia va a invertirse en muchas ciudades desde la década de los noventa, en algunos casos fruto de procesos de colonización de clases medias locales, en otros por el asentamiento de migrantes extranjeros y en otros por una combinación de ambos. Sin embargo, el auge del supuesto home sharing desde 2012 genera nuevos efectos expulsivos por la conversión de alquileres convencionales en alojamientos turísticos. Por ejemplo, en Sevilla, el centro histórico, que ganaba población todos los años desde el cambio de siglo, entre 2012 y 2019 pierde unos 3.000 residentes[7]. Además, la inflación del alquiler ha afectado al conjunto de la ciudad. Más allá de que la apuesta del capital inmobiliario por el alquiler y la consecuente burbuja especulativa puedan tener varias razones, el impacto del alquiler turístico ha sido indudable. Podría hablarse de una inflación escalonada, en la que los precios prohibitivos de barrios más o menos céntricos aumentan la presión sobre otros espacios residenciales antes menos cotizados, empujando

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los precios al alza. Este efecto se expande a los sucesivos barrios de la ciudad, de tal forma que todos los hogares en régimen de alquiler pueden potencialmente sufrir los efectos de la concentración de alquileres turísticos. Más allá de la existencia de un desplazamiento forzoso, los conflictos entre residentes y turistas se han multiplicado. La masificación de turistas sobre espacios residenciales preexistentes genera un efecto en el que los vecinos experimentan una alienación respecto del barrio que habitan. La población siente que la ciudad (o el barrio) le ha sido arrebatada por el turista y que sus transformaciones escapan a su control. De la experiencia de ser parte de un barrio, de un vecindario, sobre el que se tenía cierto control cotidiano, se pasa a un entorno siempre cambiante en el que es imposible entablar relaciones estables. La alienación espacial sería aquí lo contrario de un espacio urbano apropiado por sus habitantes[8]. El espacio turístico en las ciudades contemporáneas está en constante transformación: cambian los comercios, cambian los usos del espacio público y cambia la gente al ritmo de los alquileres vacacionales. Con el boom turístico muchos barrios céntricos han entrado en una nueva aceleración de la destrucción creativa del espacio, en la que todo envejece rápidamente y se renueva para recibir nuevas rondas de inversión. Y esto se vuelve a extrapolar al conjunto de la ciudad. Los principales lugares de significación, de fiestas populares, de identidad colectiva, le son enajenados al conjunto de la población, que deja de reconocerse en ellos, generando efectos sobre la identidad y la capacidad de acción colectiva. Las zonas centrales se van haciendo inaccesibles para cualquier uso no turístico o comercial (precios prohibitivos, plazas impracticables, exceso de control sobre el espacio público, etcétera). EL MONOCULTIVO TURÍSTICO COMO MODELO Los mencionados con anterioridad no son sino una parte de los epifenómenos asociados a la especialización turística, concretamente aquellos más claramente vinculados a la estructura urbana y su problematización. Sin embargo, la especialización turística en gran parte del Mediterráneo europeo no es solo una actividad puntual que pueda tener cierto tipo de efectos regulables o incluso compensables en determinados espacios urbanos. Se trata de un modelo que sostiene la economía y, por ende, las instituciones en esta región y que está íntimamente ligado al proceso de urbanización en su conjunto en el último siglo. El turismo supone prácticamente por definición una redistribución de riqueza entre territorios receptores y emisores de turistas, por ejemplo, entre regiones urbanas y regiones rurales o, a otra escala, entre el Norte y el Sur de Europa.

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Esto ha llevado al turismo a convertirse en una panacea para impulsar el desarrollo en regiones desfavorecidas. Por supuesto, las grandes capitales europeas del Norte son algunos de los puntos más visitados del planeta. Sin embargo, la situación es notablemente diferente entre regiones urbanas, para las cuales los beneficios del turismo son un complemento a su base económica, y aquellos territorios que han tendido a especializarse en el sector turístico y en los que aparentemente no existen alternativas viables para proporcionar unos estándares de vida razonables a su población. Esta es la situación de una parte importante del Sur de Europa, que ha apostado desde hace más de medio siglo por este tipo de economía como su vía al desarrollo. Es también un planteamiento expandido por todo el mundo como una fórmula mágica para regiones donde han fracasado los procesos de industrialización y que cuentan con una inserción claramente desfavorable en el mercado capitalista global; la apuesta por el turismo es una alternativa que ha tendido a ser aceptada por gobiernos y agentes económicos de manera acrítica. Hace ya casi cincuenta años, Henri Lefebvre denunciaba cómo las ciudades mediterráneas se estaban transformando en mercancías para el consumo de alto estándar de extranjeros, turistas y visitantes, mezclando el espacio de consumo y el consumo de espacio. En el Sur de Europa, la ausencia de industrialización habría encontrado un sustituto en el desarrollo de un circuito no productivo de acumulación sostenido por el turismo y por el sector inmobiliario-constructor. Lefebvre incidía en la función del urbanismo y de lo inmobiliario en el capitalismo contemporáneo, desempeñando un papel como circuito alternativo al de la producción. Este sector habría tenido el rol estratégico de absorber los choques producto de los ciclos económicos. En caso de depresión económica, los capitales afluirían hacia este sector[9]. Esta idea está más desarrollada y sistematizada en la obra posterior de David Harvey, aunque sin hacer referencia a esta regionalización en concreto. En su libro El nuevo imperialismo, Harvey utiliza la idea del circuito secundario de Lefebvre (que ya venía desarrollando en sus obras anteriores desde el inicio de la década de los ochenta) para explicar el imperialismo y su realidad actual, siguiendo la tradición marxista de poner en diálogo las necesidades de la acumulación de capital con las relaciones geopolíticas. El geógrafo parte de la tendencia del capitalismo a desembocar en crisis de sobreproducción como consecuencia de la competencia intercapitalista. Harvey habla de un ajuste espacio-temporal que sería una solución a la crisis a través de dilaciones temporales y expansión geográfica, implicando maneras diversas de absorber el capital y el trabajo excedente[10]. Para evitar la sobreacumulación, los capitales sobrantes pueden ser absorbidos, en primer lugar, por un desplazamiento temporal a través de inversiones a largo plazo, principalmente en infraestructuras: transporte, viviendas, etc., lo que

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implica la exacerbación del proceso de urbanización. En segundo lugar, por desplazamientos espaciales abriendo nuevos mercados, nuevos espacios colonizados, donde enviar los excedentes generados en el aparato productivo y que conducen eventualmente a la sobreproducción. La urbanización del Mediterráneo europeo, si hacemos caso a Lefebvre, sería una combinación perfecta de ambos. Un modelo en el que los excedentes de los países industrializados del Norte, amenazados por la sobreproducción, serían desviados a estos circuitos no-productivos del Sur, mientras los centros financieros del Norte controlan los flujos de capital y turistas generando una relación de subordinación y dependencia. Para este autor, el turismo urbano en las ciudades del Sur de Europa se convertía en una forma de «neo­coloniali‐­ zación»[11]. Este modelo crearía una aparente riqueza que oculta el subdesarrollo y la dependencia política y económica, que emergería especialmente en los momentos de crisis. El sector inmobiliario financiero tiene unos efectos multiplicadores débiles y pocas actividades inducidas. Genera beneficios fabulosos y rápidos, a menudo de carácter especulativo o rentista, sin mediar ningún tipo de producción, pero tiene consecuencias negativas a largo plazo. En España se ha podido ver, en el curso de esos años de rápido desarrollo, durante esa famosa década, cómo el capitalismo español se iba atascando en lo inmobiliario y construía una gigantesca fachada moderna que enmascaraba el subdesarrollo existente. En determinados países, tales como España y Grecia, ese sector se ha tornado esencial, dentro de una economía que requiere intervenciones sobradamente conocidas para el que las quiera aplicar[12].

La manera en que este complejo inmobiliario financiero se ha construido sobre y para el turismo es bien conocida. Durante la segunda mitad del siglo XX se pasó de las ciudades balneario a la urbanización del litoral mediterráneo para su uso turístico. La Costa del Sol, la Costa Azul, igual que los territorios insulares, han quedado totalmente absorbidos por un proceso de urbanización extensivo. Poco a poco el auge del turismo cultural y rural, promovido por las políticas de desarrollo a nivel europeo, han desplazado estas lógicas a las zonas rurales de interior y al interior de las grandes ciudades[13]. La cuestión es que las sucesivas modernizaciones llevadas a cabo con base en este modelo han traído mejoras innegables respecto a la calidad de vida de muchos de estos territorios. Buena parte de estas economías se encontraban, ya avanzada la segunda mitad siglo XX, con un fuerte déficit en infraestructuras de todo tipo, una economía primaria exportadora, proveedora de mano de obra para las regiones industrializadas, y una enorme precariedad en las condiciones de vida de su población rural y urbana. Las mejoras en las condiciones de vida

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son indiscutibles. La mejora en el nivel de infraestructuras de transporte y de otro tipo, o incluso cierto freno a las migraciones laborales, han sido muy relevantes, implicando cierto reequilibrio territorial. No obstante, también parece innegable el hecho de que estas mejoras se llevaron a cabo bajo un modelo extremadamente vulnerable y dependiente. Un desarrollo que ha ocultado el mantenimiento de las condiciones de subdesarrollo. Hay varias razones para sostener hoy este viejo argumento de Lefebvre. En primer lugar, gran parte de las estructuras propias del modelo agroexportador y dependiente se han mantenido en el complejo turístico e inmobiliario-financiero, reproduciendo un rol periférico y subordinado en la economía europea y mundial. La clase trabajadora en este tipo de territorios se aproxima a un trabajador que se ha adaptado a situaciones de precariedad y extrema eventualidad. La mendicidad estacional que acosaba al jornalero se traslada a la dependencia de los subsidios. En el otro lado, una clase capitalista débil, mayormente iliberal, que ha pasado del rentismo a identificar riqueza con «revender con beneficio» y que depende enormemente de la inversión y la iniciativa exterior[14]. En segundo lugar, el modelo tiene un carácter extractivo. La idea de extractivismo urbano puede ser contradictoria en sí misma, en la medida en que el propio proceso de urbanización es siempre extractivo en relación con un cierto hinterland rural o natural. Sin embargo, es una metáfora que adquiere cierto sentido en las situaciones que se están describiendo. La noción de extractivismo encuentra su mejor expresión en las economías mineras, en las que empresas multinacionales explotan los recursos minerales hasta su agotamiento, solo dejando en el territorio salarios de miseria y contaminación. Este fue, por ejemplo, el modelo de explotación minero del noroeste andaluz bajo el control de la británica Rio Tinto Company Limited. De manera similar, el modelo de especialización turística se basa en el despojo del patrimonio natural y cultural de un territorio. Del déficit de infraestructuras se ha pasado a un sobredimensionamiento ilógico de las mismas, con el litoral totalmente cubierto por complejos hoteleros y de vivienda y con los espacios naturales acosados por múltiples infraestructuras de transporte, campos de golf y segundas residencias. Este proceso de urbanización apoyado en el turismo ha implicado la práctica erradicación del patrimonio etnológico del litoral, de la misma manera en que el sobreturismo cultural en las ciudades está acabando de finiquitar las formas de vida y la cultura urbanas alojadas en los centros históricos y prácticamente la posibilidad de vida cotidiana en los mismos[15]. Si bien este modelo ejerce de sostén del rentismo tradicional de la clase alta y de la comodidad de ciertas clases medias, es indudable que deja en el territorio principalmente salarios con escasa capacidad de ahorro. Los periodos de auge y

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crecimiento económico del sector muestran cómo este convive con un desempleo estructural enorme, insostenible en otros contextos. En el momento de auge del último boom turístico, territorios como Grecia, el Mezzogiorno, Andalucía o Canarias mantenían tasas de desempleo por encima del 20 por 100 que en los periodos de crisis pueden llegar a duplicarse. Aunque el turismo absorba también trabajo cualificado y bien pagado, la gran mayoría de los trabajadores del sector tienen una cualificación media-baja, con tasas enormes de eventualidad (rasgo que comparte con la construcción y que justifica el rápido incremento del desempleo en los periodos de crisis), con una gran proporción de empleo a tiempo parcial no deseado y eventualidad, rasgos que se han intensificado en muchos casos durante el último boom turístico[16]. Finalmente, se trata de un modelo fuertemente sensible a las crisis globales. El modelo es una economía basada en el capital ficticio, economía especulativa y en su mayor parte improductiva, extremadamente vulnerable a las crisis financieras que de forma cíclica acosan al capitalismo global. Tuvimos un ejemplo reciente en la crisis de 2008, durante la cual la movilidad turística se vio drásticamente reducida y el sector de la construcción y la compraventa de inmuebles quedó prácticamente paralizado. Los niveles de desempleo y de endeudamiento se dispararon en estos contextos, llevando casi a una década perdida. La crisis de 2008 no fue excepcional; este tipo de crisis se repiten cíclicamente y son especialmente dañinas con estas economías sobreexpuestas a los vaivenes de los mercados financieros y los flujos de turistas. Antes tuvimos la de 1992-1996 y, aún antes, la de 1983-1985[17]. Estas crisis son cada vez más destructivas y antes de la llegada de la covid ya aparecían signos de una desaceleración que iba a impactar en esta ocasión sobre la burbuja turística y de alquileres. La pandemia ha acelerado y probablemente empeorado todo[18]. EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA Y EL PROBLEMA DE LA POLÍTICA Las consecuencias de la pandemia de la covid para este tipo de economías pueden ser catastróficas. El virus ha acelerado una crisis en ciernes, pero además suma un parón sin precedentes en los desplazamientos ociosos, lo que evidentemente afectará a las economías más dependientes del turismo. Durante un tiempo indefinido el volumen de visitantes se verá tremendamente afectado. La mayor parte del turismo se hará a corta distancia y dentro de los límites estatales, y la recuperación de una situación como la de 2019 puede estar lejana o no producirse. Es importante identificar los impactos de esta crisis sobre los territorios dependientes del turismo porque nos están indicando un coste de

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sobreexposición a las crisis, no solo epidemiológicas. Hay al menos tres aspectos clave que explican este sobrecoste para estos países. En primer lugar, está la cuestión de la destrucción de empleo. Los empleos directamente generados por el turismo van a ser los primeros afectados por la situación, pero no son los únicos. En este tipo de territorios, el comercio, la hostelería y el transporte se ven afectados directamente por el freno a los desplazamientos, que supone un impacto enorme en las economías de litoral e insulares, donde este tipo de empleo puede implicar a una parte muy relevante de la población. Además, esto no afecta solo a los enclaves turísticos, sino que también tiene repercusiones en regiones y ciudades que suministran mano de obra temporal que se desplaza periódicamente. La crisis avoca a un nuevo parón en la construcción, que, al igual que la hostelería y el comercio, puede perder muy rápidamente un alto volumen de empleos por la elevada eventualidad. La pérdida de empleo se extiende a otros supuestamente más cualificados, como la intermediación inmobiliaria y financiera, que ocupa también a una buena parte de la población en estos territorios. Como en cualquier crisis, un rápido crecimiento del desempleo en estos sectores se contagiará rápidamente al comercio en general, que depende en su mayor parte del consumo de los trabajadores. Además, no es descartable que algunas industrias clave en estos territorios se vean afectadas, como la naval y la aeronáutica. Este problema de desempleo puede convertirse en un problema de subsistencia para muchas familias. El predominio de un tipo de empleo de cualificación baja y mal pagado hace que la capacidad de ahorro de la clase trabajadora en estos territorios sea mucho menor que en otros con mejores condiciones laborales. En estos contextos son muy numerosas las familias que viven al día, lo que implica que una gran cantidad de población pasará a depender directamente de los subsidios estatales y de la capacidad de la sociedad de articular redes de solidaridad[19]. En segundo lugar, la interrupción de las visitas internacionales supone una sangría en cuanto a la entrada de divisas. El turismo no es una exportación y, sin embargo, funciona en cierta medida como tal, porque implica un flujo constante de dinero cruzando las fronteras. Los desplazamientos cercanos intrafronterizos pueden implicar la redistribución de riqueza dentro de ese territorio o, en todo caso, como alternativa a las salidas al extranjero, una divisa que no se pierde. Pero la pérdida del turismo extranjero es difícilmente reemplazable, ya que supone una pieza clave de la balanza comercial para muchas regiones. En otros términos, la entrada de euros por este medio, unida a las exportaciones, compensa la importación de todo lo que consume la población y que no se produce en el propio territorio, que, en muchos de estos casos, es casi todo. Hemos visto cómo algo tan básico como mascarillas (por no

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hablar de otros suministros médicos más complejos, como los respiradores) deben importarse. Si se importa casi todo y esto no se compensa comercialmente, la única opción es el endeudamiento de las instituciones del Estado, algo a lo que aboca también la necesidad de afrontar la crisis social generada por el crecimiento del desempleo. Aunque la Unión Europea esté dispuesta a proveer de liquidez a estas economías, habrá que ver hasta qué punto y bajo qué condiciones. Resulte como resulte, el endeudamiento de los países del Sur de Europa será significativo, en ocasiones desastroso, y va a redundar en una mayor subordinación de los países receptores. Por último, el parón nos deja una gran cantidad de infraestructuras infrautilizadas, a veces de un nivel muy alto incluso para estándares europeos y, por ello, difíciles y costosas de mantener. Esto es evidente en las infraestructuras de transporte, que pueden sufrir un rápido deterioro y que absorben una buena cantidad de los presupuestos públicos. También en las infraestructuras privadas, incluida la vivienda, que se enfrenta no solo al deterioro que somete el tiempo a todo lo humano, sino a una rápida pérdida de valor de los activos inmobiliarios por la paralización de las transacciones. Esto parece un resultado inevitable del estallido de la burbuja de alquileres alimentada por los alquileres turísticos, pero que inevitablemente se contagiará a la devaluación del alquiler convencional y a la vivienda en venta, con precios en su mayor parte compuestos por un inflado precio del suelo de naturaleza especulativa. Esto implica que el rentismo como forma de vida de parte de las clases acomodadas de estos territorios, incluidas ciertas clases medias, se verá seriamente amenazado, expandiendo el efecto de empobrecimiento por la crisis. Nadie parece capaz de imaginar una alternativa real a algo que «medio funciona». En el prólogo a la Contribución de la Economía Política, Marx decía que los pueblos solo se plantean las tareas que pueden resolver, cuando cuentan con las condiciones materiales que permiten hacerlo. O quizá se las plantean solo cuando no tienen más remedio, como parecería decir Walter Benjamin en la cita que inicia este libro y que sirve de inspiración para su portada. Para escapar de un modelo basado en la precariedad, la dependencia y la destrucción de nuestro patrimonio cultural y natural, que ya ni siquiera funciona para la mayoría ¿no deberíamos virar hacia una economía más real, más productiva y respetuosa con el territorio? Pero la pregunta más importante es ¿quién lo va a plantear? Todos los agentes políticos parecen poner su esperanza en volver en alguna medida a lo de antes. Las soluciones pasan por seguir apostando por el turismo, la hostelería y la construcción. Recientemente, con muy pocas y honrosas excepciones, el discurso y la práctica política han seguido la senda ya transitada con anterioridad de buscar la solución a los problemas económicos potenciando los factores de la crisis. En Andalucía la

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covid está siendo una coartada perfecta para impulsar reformas neoliberales y la profundización en la economía más especulativa. Ha servido, en primer lugar, para acelerar el intento de la Junta por flexibilizar la normativa turística, facilitando la construcción de campos de golf (terriblemente escasos en el litoral, como sabemos) y el negocio inmobiliario. También se ha advertido sobre la necesidad de una nueva ley del todo urbanizable a nivel andaluz, que permita dinamizar este sector, cuyo sobredimensionamiento ya nos ha arrastrado por dos crisis terribles en poco más de una década. A esto se suma el anuncio de la Junta de Andalucía de un recorte del 10 por 100 en el presupuesto de la universidad pública, destinado a alimentar el fondo para hacer frente a la crisis de la covid, una contribución desmedida en relación con el peso real de las universidades en los presupuestos autonómicos. Esto da una idea muy clara de la conciencia existente sobre Andalucía como un territorio de camareros, donde el dinero invertido en formación es un dinero perdido. Y esto no es solo patrimonio de la derecha. Los ayuntamientos de las ciudades de mayor tamaño toman medidas con una orientación similar, como es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, su Plan 8 y su intención de promover una marca «Covid free» para atraer el turismo extranjero. El gobierno canario, por su parte, se ofrecía a pagar el test de la covid a los turistas que se aventuren en las islas. La salida del confinamiento en España ha venido presidida por la reanudación de La Liga profesional de fútbol, repleta de anuncios sobre el carácter seguro del turismo en este país, y la apertura de bares y veladores, mientras los colegios y los parques infantiles se han mantenido invariablemente cerrados y vigilados para evitar su uso. La apuesta de los gobiernos es insistir en el modelo, pero tampoco es que haya planteamientos alternativos mínimamente creíbles para la mayoría de la población. Este consenso sobre el carácter totalmente benéfico del turismo no es gratuito, sino que responde a la forma en que se produjo el proceso de modernización de las regiones tradicionalmente subdesarrolladas del Sur de Europa. Este consenso ha sido por lo general transversal al arco parlamentario y tiene un carácter popular, plenamente inserto en el sentido común de la población. La legitimidad de las principales instituciones de estos territorios se sostiene sobre un modelo que proporciona ciertos niveles de vida y seguridad a su población. El complejo turístico e inmobiliario-financiero ha sido el motor de una economía que ha permitido unos servicios públicos que no solo dan servicio a la población, sino que alimentan una clase media vinculada al empleo público que sostiene una parte importante del consumo interno. La especulación y el rentismo son la seña de identidad de la clase alta en estos territorios, pero este tipo de economía también ha supuesto una cierta democratización que ha permitido a una parte de la clase media pasarse a este

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rentismo. Los trabajadores manuales y de cualificación media-baja también han podido mantener un cierto nivel de vida a través del trabajo y de un sistema de provisión social bastante desarrollado. En España, podríamos decir que la legitimidad social de la Transición de la dictadura a la democracia liberal se ha jugado en una parte importante en este campo, implicando la permanencia de ciertos tipos de elites económicas, políticas y profesionales entre uno y otro periodo. También la legitimidad de la izquierda moderada de cara a los poderes fácticos se ha sostenido en parte sobre su complicidad o participación activa en el modelo, permitiéndole el acceso a las elites políticas del país. El gran problema es que este consenso impide cualquier cuestionamiento de la apuesta sin reparos por el turismo, lo que puede suponer una ceguera política colectiva que avoque a este tipo de economías a la catástrofe. La crisis a la que nos enfrentamos, no por primera vez pero sí con más fuerza, expone las debilidades de la especialización turística, una economía vinculada a un proceso de urbanización rentista y especulativo. Hay que considerar la enorme importancia que tiene el turismo en la región. El desempleo y el endeudamiento galopante del Estado generarán un efecto pobreza que se reflejará en el deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población. Cambiar hacia un tipo de economía menos dependiente y vulnerable, también menos agresiva con el territorio, no es algo que pueda hacerse de un día para otro. Sin embargo, romper el consenso ideológico sobre el turismo es fundamental para visualizar que la actual situación es resultado de decisiones políticas cuestionables. A su vez, quedarse en la crítica parece un esfuerzo inútil. En este contexto es igualmente fundamental ser capaz de plantear alternativas creíbles desde la política y que respondan a las necesidades y ansiedades de la mayoría de la población.

[1] Véanse D. Harvey, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Madrid, Akal, 2012, y M. Aalbers, The Financialization of Housing: A Political Economy Approach, Londres, Routledge, 2016. [2] J. M. Naredo, La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura reciente, Madrid, Siglo XXI de España, 1996. [3] D. Harvey, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, op. cit. [4] Esta información es fácilmente accesible en UNWTO, Tourism Statistics, 2020, disponible en [https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current]. [5] UNWTO, Overtourism? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, 2018, disponible en [https://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/9789284420667]. [6] La bibliografía sobre este asunto es muy abundante. Algunos buenos trabajos sobre la cuestión de la península son los de A. Cocola-Gant y A. Gago, «Airbnb, buy-to-let investment and tourism-driven displacement: A case study in Lisbon», en Environment and

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Planning A: Economy and Space (2019), pp. 1-18, y J. Sequera y J. Nofre, «Shaken, not stirred: New debates on touristification and the limits of gentrification», City 22 (2018), pp. 834-855. [7] J. Jover e I. Díaz, «Who is the city for? Overtourism, lifestyle migration and social sustainability», Tourism Geographies (2020), disponible en [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2020.1713878]. [8] I. Díaz y J. Jover, «Overtourism, place alienation and the right to the city: insights from the historic centre of Seville, Spain», Journal of Sustainable Tourism (2020), disponible en [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2020.1717504]. [9] Estas cuestiones son recurrentes en las principales obras de H. Lefebvre anteriores a La producción del espacio: El derecho a la ciudad, Barcelona, Península, 1969; La revolución urbana, Barcelona, Península, 1972, o Espacio y política, Barcelona, Península, 1976. [10] Diferentes formulaciones de esta teoría son recurrentes en la obra de Harvey. Véase D. Harvey, Limits to Capital, Nueva York, Verso, 2006, o D. Harvey, El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004. [11] H. Lefebvre, Espacio y política, cit., pp. 176. [12] Ibid., p. 56. [13] Véase M. A. Troitiño Vinuesa, El turismo en las ciudades históricas, León, Universidad de León, 1995. [14] Para el caso de Andalucía véase C. Arenas-Posadas, Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2016. [15] Véase M. Delgado-Cabeza y L. del Moral (eds.), Los megaproyectos en Andalucía. Relaciones de poder y apropiación de la riqueza, Sevilla, Aconcagua, 2009. [16] Véase I. Murray, Capitalismo y turismo en España, Barcelona, Alba Sud, 2015. [17] Véase E. Rodríguez-López e I. López-Hernández, Fin de Ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010. [18] Durante los doce meses anteriores al inicio del confinamiento eran frecuentes las noticias alertando sobre la desaceleración de los precios y un nuevo cambio de ciclo. Véanse, por ejemplo, M. J. Pérez-Barco, «La sombra de la desaceleración ya se extiende sobre el ladrillo», ABC, 27 de septiembre de 2019, disponible en [https://www.abc.es/economia/inmobiliario/abci-sombra-desaceleracion-extiende-sobreladrillo-201909270143_noticia.html] o Redacción «La vivienda acusa la desaceleración y la madurez de su ciclo de crecimiento», El País-Cinco Días, 10 de febrero de 2020, disponible en [https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/07/opinion/1581100026_715112.html] [19] Esta cuestión se trata en el texto de J. Sequera incluido en esta misma obra.

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Críticas y propuestas desde el urbanismo feminista: ciudades cuidadoras para priorizar la vida Blanca Valdivia, Col·lectiu Punt 6

La pandemia de la covid ha puesto en evidencia las carencias de un sistema socioeconómico injusto y cómo estas impactan sobre las personas. La estandarización de vivencias y necesidades, las violencias de género, el abandono institucional de los sujetos no productivos, la desatención de las necesidades de la infancia, el desamparo de las personas en situación irregular y las trabajadoras informales, el enfoque parcial sobre la salud de las personas, la priorización de lo productivo… son algunas de sus principales manifestaciones. Todas estas cuestiones están atravesadas por un tema común: los cuidados. Según Joan Tronto[1], el cuidado incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, entretejido en una red compleja que sustenta la vida. Según Amaia Pérez Orozco[2], las actividades de cuidados se mueven por una preocupación por la vida, ajena a la lógica del capital y que incluye el conjunto de actividades que, en última instancia, aseguran la vida (humana) y que adquieren sentido en el marco de relaciones interpersonales, gestionando una realidad de interdependencia. Por su parte, Yayo Herrero[3] afirma que las personas dependemos física y emocionalmente del tiempo que otras personas nos dan. Durante toda la vida, pero especialmente en ciertos momentos del ciclo vital, sería imposible sobrevivir si no fuese porque otras personas, principalmente mujeres por la división sexual del trabajo, dedican tiempo y energía a cuidarnos. Somos seres encarnados en cuerpos vulnerables que enferman y envejecen, y que son contingentes y finitos. Y, sin duda, el aprendizaje que ha quedado más patente con la crisis sanitaria mundial es que todas las personas somos vulnerables y completamente dependientes de un sistema sanitario, pero también de una red social que nos proporcione cuidados materiales y afecto. Necesidades básicas, sin ningún tipo de valoración social y que tradicionalmente han desarrollado principalmente las mujeres, y que son totalmente imprescindibles para que la vida tenga lugar. Además de las interdependencias, somos dependientes de los ecosistemas que habitamos. Esta dependencia y vulnerabilidad se han manifestado en las ciudades más que en ningún otro espacio.

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  Las ciudades no son espacios neutros, son una producción cultural y, como tal, reflejan los valores hegemónicos de la sociedad en la que se sitúan. De esta manera, nuestros espacios urbanos están inmersos en los valores de un sistema capitalista y patriarcal que se basa en la división sexual del trabajo, en la acumulación de capital y en maximizar la obtención de beneficios privados. La configuración de las ciudades ha privilegiado la esfera productiva y el beneficio económico, y los diferentes espacios se han diseñado para satisfacer las necesidades de un sujeto tipo: hombre, blanco, de clase media, sin diversidad funcional y sin personas a su cargo. Esta estandarización de necesidades invisibiliza las diferencias y las desigualdades. Tradicionalmente, los entornos urbanos se han configurado a partir de la dicotomía público-privado. El espacio público era el lugar de la vida económica, política y cultural, y estaba vinculado a los hombres, mientras que los espacios privados eran el ámbito de la reproducción y los cuidados, y era el espacio asignado a las mujeres. Aunque nos han inculcado estas dicotomías como generalizadas e inmutables, en realidad son construcciones culturales que comienzan a asentarse a partir de la Revolución industrial, en el contexto del Norte global y especialmente entre las clases sociales más acomodadas, por lo que no son universales y se pueden transformar. Esta asignación de espacios y roles ha llevado, por un lado, a que se ningunee la presencia y las contribuciones de las mujeres en la esfera pública; por ejemplo, su participación en las actividades económicas, pero también su papel en los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. Por otro lado,

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identificar el espacio privado como el escenario de las tareas reproductivas invisibiliza que en el espacio público también se llevan a cabo actividades de cuidados, como ir con las criaturas al parque, acompañar a nuestra madre al centro de salud o ir al mercado. Por esta razón, el espacio urbano actual no proporciona las condiciones físicas y materiales necesarias para los cuidados. La forma del espacio urbano, dónde se localizan las diferentes actividades, qué elementos nos encontramos en las calles, cómo se planifica la movilidad de las personas en la ciudad… todas estas cuestiones relativas a la configuración urbana no son asuntos dispuestos al azar, sino que responden a las prioridades y jerarquías existentes en un sistema con una organización económica capitalista que antepone el beneficio económico a las personas y al entorno, un sistema de orden social patriarcal asimismo que imprime desigualdades y genera opresiones y privilegios por razón de género. La crisis de la covid y las decisiones que se han tomado en torno a la gestión de la pandemia han llevado a diferentes situaciones que se materializaban en una configuración socio-espacial injusta. La pandemia ha contribuido a afianzar más que nunca la dicotomía entre espacio público y espacio privado. Los espacios domésticos se han presentado como el único espacio seguro, se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de quedarnos en casa, sin siquiera mencionar el privilegio que supone tener una vivienda y de que esta tenga unas condiciones adecuadas de superficie, ventilación, materiales… o de cómo el género, la clase, la raza, la edad o la identidad sexual o de género interactúan con el privilegio de tener una vivienda. El confinamiento ha generado un uso más intensivo de las viviendas, y hemos adaptado los espacios a nuestras necesidades cuando ha sido posible, pero no siempre lo es. ¿Cómo está definido, proyectado y diseñado el interior de las viviendas? Las viviendas están pensadas para satisfacer las necesidades de la familia nuclear normativa, y su diseño está basado en la división sexual del trabajo dentro del hogar. Cuál es el espacio para cuidar, para cocinar, para jugar, para hacer ejercicio, para el autocuidado… qué superficie tienen los dormitorios, qué actividades se efectúan en cada estancia, cuáles son las condiciones de accesibilidad, el acceso a luz y aire natural a través de terrazas y balcones… Dónde está el espacio propio que reivindicaba Virginia Woolf para que las mujeres pudiesen escribir y que nosotras consideramos esencial para el autocuidado. Como afirma Zaida Muxí[4], la vivienda es el lugar de la primera socialización y donde se desarrollan las primeras relaciones entre géneros. El espacio nunca es neutro; la manera como se divide, se articula y se jerarquiza describe los supuestos de las relaciones que se pretenden y que marcan el desarrollo de las personas que los habitan y sus relaciones.

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Se presenta la vivienda como el único espacio seguro como si fuera esta una experiencia universal. La socialización de género inculca en las mujeres el miedo a la calle, a la noche y los extraños; sin embargo, centenares de trabajos llevan décadas demostrando que es en el hogar donde las mujeres sufrimos mayor número de agresiones, y por parte de personas conocidas. Las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, referentes a 2018, sitúan el domicilio familiar como el escenario del 83,3 por 100 de los casos de asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Según datos del Ministerio de Igualdad[5], durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 15 de mayo de 2020, en que estaba decretado el estado de alarma, ha habido 18.700 peticiones de ayuda a alguno de los servicios de atención a la violencia de género, lo que supone un incremento del 61,5 por 100 respecto al mismo periodo del año anterior. Muchas mujeres se han visto obligadas a convivir encerradas con su agresor durante semanas, y, si bien los servicios públicos de atención a la violencia de género han puesto en marcha campañas específicas de atención, es fundamental reconocer el trabajo de todas las entidades feministas y las redes informales que han generado nuevas estrategias y herramientas de apoyo y atención a las mujeres para no poner en peligro su integridad y desde una perspectiva comunitaria y no revictimizadora. Un problema de raíz es la propia noción de salud que se ha utilizado durante la crisis de la covid. Es cierto que, cuando estalló la pandemia, era fundamental contener los contagios, pero es necesario incorporar una perspectiva integral preventiva y paliativa, que asimismo incluya un análisis desde los diferentes determinantes de la salud: estilos de vida, factores ambientales, aspectos genéticos y biológicos de la población, y los relacionados con los servicios de atención sanitaria. La combinación del análisis de los determinantes en salud explica, por ejemplo, que la letalidad en las mujeres es menor, pero que el número de contagios entre mujeres es mucho mayor debido a su rol de cuidadoras y a los trabajos de atención directa en el ámbito de la salud (un 76 por 100 del personal sanitario contagiado son mujeres[6]). Existe una feminización de los sectores laborales que han estado más expuestos durante la pandemia: 85 por 100 de mujeres en actividades de enfermería y relacionadas; 70 por 100 en farmacia; más de un 90 por 100 en las actividades de limpieza en empresas, centros sanitarios, hoteles y hogares, y entre un 80-85 por 100 entre el personal de supermercado, especialmente las cajeras, según datos proporcionados por la economista Carmen Castro[7]. Durante la pandemia la salud se ha abordado de forma parcial, priorizando fundamentalmente la salud física y desatendiendo los efectos que se hayan podido producir sobre la salud mental de las personas. Sin embargo, es obvio que el aislamiento derivado del confinamiento, el estado permanente de

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incertidumbre, el bombardeo de información alarmista, la sobreexposición a situaciones de riesgo, la imposibilidad de despedirte de personas queridas durante los procesos de duelo o la construcción de una percepción negativa sobre el transporte público y los espacios cerrados… tienen un impacto directo sobre la salud mental de las personas, que se puede agudizar o derivar en patologías como depresión, agorafobia, ansiedad, fobia social… Es importante recordar que la salud mental está atravesada por el género, ya que, por una parte, algunas patologías tienen una mayor incidencia en mujeres mientras que otras afectan más a los hombres, y que, además, el número de mujeres que refieren algún problema de salud mental es superior, con una proporción de 14,1 por 100 frente a 7,2 por 100[8]. También las características del entorno construido son un determinante que puede actuar como detonante de una crisis o, por el contrario, mejorar el bienestar emocional y psicológico. Garantizar espacios públicos suficientes y zonas verdes de proximidad para que las personas puedan pasear, aumentar el servicio de transporte público para evitar aglomeraciones e ir reabriendo espacios y equipamientos públicos en los que las personas pueden volver a tener un contacto personal, son solo algunos factores vinculados con la configuración y gestión urbanas que, sin duda, tendrían un impacto positivo en la salud mental (y física) de las personas. Una de las principales críticas que hacemos a la gestión de la pandemia es la estandarización de experiencias y necesidades de las diferentes personas sin importar su edad, estado de salud, territorio que habita… El capitalismo homogeneiza a las personas, como si hubiera una experiencia única y universal, en una suerte de estructuración fordista de la vida. La tipificación de necesidades siempre se basa en las subjetividades hegemónicas, por lo que las experiencias de los sujetos subalternos y las desigualdades inherentes al sistema se invisibilizan. Durante la fase de confinamiento hemos visto cómo las ya exiguas funciones urbanas definidas por Le Corbusier en La Carta de Atenas[9] –habitar (la función residencial), trabajar, la función recreativa y de esparcimiento, y circular para conectar las otras tres funciones entre sí– quedaban reducidas a la mínima expresión. Las necesidades de juego, cuidado, socialización, afecto… han sido estigmatizadas y penalizadas. Se ha construido una narrativa en la que las únicas actividades esenciales estaban vinculadas con lo productivo y con los cuidados materiales imprescindibles, construyendo una idea de salud hermética y desconectada de la dimensión psicológica, emocional y de provisión de cuidados. La priorización de la esfera económica clasifica las actividades entre necesarias e innecesarias, y jerarquiza a los sujetos según su utilidad para el sistema, lo que ha llevado a muchas situaciones de abandono institucional o de ninguneo de las políticas públicas. Es desolador el abandono al que han sido

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sometidas muchas personas mayores y dependientes que vivían tanto en residencias públicas como privadas y a las que, en muchos casos, les ha costado literalmente la vida. La infancia ha sido recluida durante dos meses en los espacios domésticos, sin el derecho de tener espacios en los que cubrir sus necesidades básicas de relación, juego, aire libre… pero con la obligación de seguir cumpliendo con los horarios y tareas escolares, generando una dependencia digital, a los ordenadores y a internet, inasumible para muchas familias. Las personas con diversidad funcional, con enfermedades crónicas, las neurodivergentes, han sido condenadas al aislamiento sin pensar en sus necesidades específicas o en que las carencias del espacio y de recursos podían vulnerar su autonomía. Una perspectiva feminista de los servicios y equipamientos públicos pone la vida, todas las vidas, en el centro. Esta crítica a la tipificación de necesidades de las personas es completamente extrapolable a la estandarización de territorios. No solo se han obviado las diferencias más significativas, como las existentes entre contextos urbanos y rurales, sino que también se han equiparado las diferentes realidades urbanas sin considerar la disparidad de situaciones enmarcada en el ámbito urbano: diferentes escalas, tipos de tramas, de densidades, de centralidades, monofuncionalidad, nivel de dispersión o compacidad, provisión de servicios urbanos… En este sentido, un factor fundamental en la vida cotidiana de las ciudades durante el confinamiento ha sido la distribución desigual del comercio de proximidad, las tiendas de productos frescos o los economatos con productos ecológicos y de km0. No en todos los barrios y territorios se puede acceder a comercios que provean de productos frescos a través de recorridos peatonales. Es fundamental una distribución equitativa de los servicios, equipamientos y comercios en todos los barrios, garantizando la proximidad. Desde Col·lectiu Punt 6 definimos proximidad como una calidad urbana que fomenta que los espacios de relación, equipamientos cotidianos, paradas de transporte público y comercios estén cerca (distancia y tiempo) y conectados (sin elementos que dificulten la conectividad a pie) con las viviendas y entre sí, de manera que sea posible para todo tipo de personas realizar a pie las actividades cotidianas con recorridos que enlacen los diferentes usos. La proximidad es una cualidad urbana que facilita la gestión de la vida cotidiana al garantizar que las diferentes actividades del día a día (de la esfera productiva, reproductiva, personal y comunitaria) puedan realizarse en un entorno próximo, mediante recorridos peatonales, accesibles y seguros, lo que nosotras denominamos «la red cotidiana».

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  Diagrama de la red cotidiana. «Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género», Adriana Ciocoletto y Col·lectiu Punt 6, 2014.

También en relación al comercio, es relevante que durante la etapa de confinamiento han aumentado las compras online, principalmente a grandes corporaciones, que ya disponían de una infraestructura organizada para poder proveer de sus productos, en muchos casos con pocas garantías y derechos laborales para los y las trabajadoras que han continuado trabajando en las semanas en las que el número de contagios era más alto. Si el volumen de compras online con reparto a domicilio se mantiene tras la pandemia, ello acarreará sin duda un impacto negativo en nuestras ciudades. Por una parte, afectará al comercio tradicional y de barrio, que no podrá competir en cuanto a inmediatez y costos; por otra, el incremento del número de desplazamientos de vehículos de carga incidirá negativamente en el tráfico –así como en la contaminación ambiental y acústica– de nuestras ciudades. La crisis de la covid también ha dejado patente las carencias de nuestras ciudades en cuanto a la falta de espacios e infraestructuras que den apoyo a las actividades y la movilidad diaria. El déficit de un mobiliario urbano (bancos, fuentes, baños públicos, sombras, zonas de juegos…) que acompañe y facilite el desarrollo de las actividades cotidianas, y especialmente de los cuidados, ya era una constante antes de la pandemia. Pero, además, la crisis sanitaria ha llevado a que un gran número de ciudades hayan precintado zonas de juego

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infantil, fuentes o baños públicos y aun advertido, mediante una señalización específica, de la prohibición de utilizar un elemento urbano tan básico como son los bancos. Todos estos elementos, aunque parezcan insignificantes, son clave para garantizar el derecho a la ciudad de muchas personas. Para una persona mayor o enferma que sale a hacer la compra, un banco o una barandilla son elementos imprescindibles para su desplazamiento, ya que le permiten apoyarse o sentarse un momento a descansar cuando lo necesita. La prohibición de usar el mobiliario urbano pone de manifiesto la hipocresía y el doble rasero que se aplica en las políticas públicas en relación a lo productivo y a los cuidados. La otra cara de la moneda son las imágenes de transportes públicos abarrotados, en el momento álgido de la pandemia, por una disminución del servicio. En este caso concreto, no se aplicaron acciones para garantizar la seguridad en los trayectos aun cuando se priorizó que las personas acudieran a sus puestos de trabajo, una situación que afectaba principalmente a personas de barrios populares y clase trabajadora. También ha sido evidente la escasez de espacios verdes en las diferentes escalas de lo doméstico, lo comunitario y lo público. Durante décadas las políticas urbanas han apostado por espacios asépticos, pavimentados y sin vegetación, fáciles de mantener y limpiar, y en los que la vegetación era un simple complemento estético. La pandemia ha provocado que muchas personas comenzaran a valorar la vegetación y las escasas zonas verdes –especialmente las menos urbanizadas– de nuestras ciudades. Esta realidad nos recuerda nuestra relación de interdependencia con el ecosistema; pese a que en las ciudades se ha producido una ruptura de cualquier vínculo con la naturaleza, el contacto con elementos naturales –tierra, árboles, huertos urbanos, vegetación…– es un factor que genera bienestar y mejora la autopercepción de salud de las personas. Desde una perspectiva ecofeminista hay que tener en cuenta, además, la importancia de la vegetación urbana para reducir la contaminación ambiental y la temperatura en verano, contribuyendo a mitigar el efecto de isla de calor. La diversidad de territorios urbanos y las desigualdades entre diferentes barrios de una misma ciudad también ponen de relieve que el modelo de planificación urbana vigente, basado en la sobreexplotación de los recursos ambientales, energéticos y territoriales, nos ha arrastrado a una enorme crisis ecológica. Las ciudades se conciben como organismos en crecimiento continuo e ilimitado, que esquilman los recursos tanto de territorios próximos como de lugares remotos, generando incontables residuos, contaminación ambiental y migraciones climáticas. El crecimiento ilimitado de las ciudades perpetúa la lógica capitalista que equipara crecimiento y prosperidad y que, en realidad, es un juego de suma

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cero en el que no se contabilizan los impactos negativos que el supuesto desarrollo económico tiene sobre la población, y gracias al cual la prosperidad se concentra en manos de unos pocos. El crecimiento continuo de las ciudades acarrea diversidad de problemáticas, desde las dificultades de la ciudadanía para incidir en la gobernanza urbana hasta los problemas ambientales, en términos de ocupación intensiva del territorio e imposibilidad de hacerse cargo de los impactos negativos en el medioambiente (contaminación, residuos); un crecimiento que condena a la población a trayectos cotidianos cada vez más largos para desplazarse o acceder a recursos y servicios urbanos. Pueden establecerse límites al crecimiento urbano cuando la estrategia territorial se piensa desde la complementariedad, la colaboración y la distribución equitativa de los recursos. En el Estado español, la mayor parte de la población se concentra en los núcleos urbanos del litoral y en Madrid: el 90 por 100 de la población se concentra en el 30 por 100 del territorio. Por lo tanto, las nuevas fórmulas de planificación y gestión de la ciudad pospandemia tienen que hacerse en el marco de un contexto de crisis ecológica y cambio climático, pero también de crisis global de los cuidados en ciudades superpobladas, con un elevado porcentaje de población envejecida y totalmente dependientes de las cadenas globales de cuidados[10]. La movilidad es una actividad fundamental en nuestras ciudades que se enfoca desde una perspectiva funcionalista, desplazarse de un punto a otro, en la planificación urbana convencional. El fin del confinamiento ha significado recuperar el pasear, ya sea caminando sola o acompañada, como una actividad recreativa, de socialización y de autocuidado, frente al tránsito acelerado de una actividad a otra al que nos habíamos acostumbrado. Pasear aumenta nuestra conexión con el entorno y con nuestro propio cuerpo. La vuelta a la actividad después del confinamiento ha significado volver a priorizar los desplazamientos productivos. Es necesario repensar los sistemas de transporte desde la movilidad cotidiana, entendiéndola como un conjunto complejo de desplazamientos que las personas hacen entrelazando las diferentes actividades de la vida cotidiana (productivas, reproductivas, personales y comunitarias). En general, la movilidad de las mujeres en las ciudades es más sostenible, ya que hacemos más desplazamientos a pie o en transporte público. Muchos de estos trayectos están vinculados con actividades de cuidados, así que son recorridos más próximos al domicilio, pero al final del día computan. A partir de la crisis sanitaria se han producido discursos de demonización del transporte público, generando la percepción de que son espacios insalubres y en los que es fácil contagiarse. Simultáneamente, se defiende el uso del vehículo

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privado como la movilidad más segura, sin hacer ningún tipo de reflexión sobre la contribución de los coches a la contaminación ambiental. Ahora más que nunca hay que defender una movilidad sostenible, que nos permita conciliar las diferentes actividades y esferas de nuestra vida. Para ello hay que romper con enfoques mercantilistas del transporte público, en los que el servicio se ajusta a la demanda para que sea económicamente rentable; la privatización del espacio público por parte de coches y motos debe desaparecer para que las personas podamos tener calles seguras, accesibles y equipadas para caminar o pasear; hay que poner en marcha acciones concretas para fomentar el uso de la bicicleta desde una perspectiva de género y promover que sea también un medio de transporte para los cuidados y para todas las edades. El confinamiento ha obligado a muchas personas a teletrabajar, invisibilizando, una vez más, las diferentes situaciones y cualquier crítica desde una perspectiva de género, de clase o anticolonial. La universalización discursiva del teletrabajo está atravesada por un profundo sesgo clasista, ya que no tiene en cuenta que hay muchos trabajos que no pueden hacerse delante de un ordenador. Este discurso del trabajo productivo, además, obvia la experiencia de las personas que trabajan en situaciones irregulares, muchas de ellas migrantes sin papeles. Un caso de extrema vulnerabilidad es el de las mujeres migradas trabajadoras del hogar y de los cuidados; colectivos como Sindillar o Mujeres Migrantes y Diversas llevan años luchando por un régimen laboral que regularice su situación y que las ampare en situaciones de enfermedad o despido como a cualquier otra persona trabajadora. Por último, en el teletrabajo existe una clara brecha de género, ya que durante el confinamiento las mujeres han continuado siendo las principales cuidadoras, teniendo que alargar y flexibilizar sus jornadas laborales para poder cuidar. Un indicador muy gráfico de la desigualdad de género impuesta por el teletrabajo es el descenso en el número de artículos científicos o de divulgación escritos por mujeres durante estas semanas, sobre todo en publicaciones que exigían una inmediatez de resultados que son totalmente incompatibles con los tiempos y ritmos de los cuidados. En definitiva, el capitalismo nos ha vendido el teletrabajo como la panacea de la conciliación y como un modelo laboral que ha venido para quedarse, sin mencionar que supone aislamiento de las personas trabajadoras, dificultando cualquier tipo de organización sindical, que los medios de producción (ordenadores, redes de internet…) corren por cuenta de la persona asalariada y que supone un coste psicológico y energético muy alto para las personas cuidadoras. La flexibilización de las medidas de confinamiento ha llevado a que las ciudades pusieran en marcha diferentes políticas urbanas, para gestionar la denominada «nueva normalidad».

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En muchas ciudades han proliferado las actuaciones de urbanismo táctico. Estas acciones consisten en transformaciones rápidas de espacios públicos, para las que se usan materiales dinámicos y de bajo coste (pintura, macetas, bolardos). Por ejemplo, en Barcelona, se han empleado pintura amarilla y maceteros para señalar la ampliación de algunas aceras. Considero positiva la adopción de medidas temporales, susceptibles de ser mejoradas y readaptadas según sean las necesidades de la población. Sin embargo, creo que la propia denominación de urbanismo táctico tiene un componente léxico claramente belicista y que reproduce y refuerza la jerarquía entre profesionales de la arquitectura y personas vecinas, con arquitectxs y urbanistas que organizan la vida social de las personas simplemente dibujando una raya o cambiando el color del pavimento. Por otro lado, creo que son medidas parciales, muy superficiales y de carácter temporal, que, además, no están integrando la diversidad de necesidades de las personas que utilizan los espacios públicos, ni factores fundamentales como la accesibilidad, la percepción de seguridad o los elementos urbanos que proporcionen apoyo a los cuidados. Si bien algunas actuaciones de urbanismo táctico pueden tener un efecto inmediato positivo para parte de la población, no afrontan el problema de raíz. Es necesario un cambio de prioridades en la ciudad basado en la centralidad de los cuidados, y para ello es necesario medidas que tengan calado, con inversiones sustanciales que promueven la vida de las personas y no actuaciones efímeras y lúdicas que simplemente son un parche.

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  De hecho, llama la atención la falta de espacios participativos, en los que las personas puedan reflexionar y compartir sus experiencias actuales. Existen muchos mecanismos y estrategias de participación, desde una perspectiva de

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género e interseccional para no reforzar las desigualdades y más allá de la participación online que no fomenta la empatía con las demás, que podrían utilizarse para incluir temas en las nuevas agendas urbanas. Nuevamente, comenzar a activar la participación vecinal depende de las voluntades políticas. Durante la crisis sanitaria algunos municipios han llevado a cabo acciones para controlar el uso de espacios, como equipamientos deportivos al aire libre o zonas de juego infantil y mobiliario urbano como bancos. Estas medidas recuerdan al paradigma del urbanismo preventivo que surgió en la década 1970 (pero que sigue vigente) para controlar el crimen y disuadir de los que esta corriente designa como «malos usos» del espacio público (hacer grafitis, dormir en la calle…). Para controlar los usos del espacio, el urbanismo preventivo utiliza diseños panópticos y la reducción del mobiliario urbano para evitar la vandalización y un uso intensivo. La nueva situación poscovid puede acarrear una reinterpretación del urbanismo preventivo, en este caso utilizando la salud como excusa para diseñar espacios cada vez más asépticos y minimizar el mobiliario y las infraestructuras urbanas que dan apoyo a las actividades cotidianas, y que ya antes de la pandemia eran bastante escasas.

  En relación al modelo de ciudad, han aparecido voces críticas con la ciudad compacta, por los altos niveles de densidad poblacional y la escasez de zonas verdes. A la par, han surgido discursos ensalzando las cualidades de los modelos de ciudad dispersa suburbana y monofuncional, e incluso la

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zonificación funcionalista, en una especie de neohigienismo urbano. No hay duda de que el modelo de ciudad compacta de usos mixtos tiene que asumir carencias previas y nuevos retos, esforzándose por garantizar condiciones de habitabilidad, salubridad, accesibilidad y seguridad a todas las personas. Retomar paradigmas urbanísticos obsoletos que son totalmente incompatibles con la sostenibilidad ambiental y de la vida no tiene ningún sentido. Repensar la ciudad desde una perspectiva feminista es dejar de crear espacios con una lógica productivista, social y políticamente restrictiva, y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar. Desde Col·lectiu Punt 6 llevamos años apostando por un cambio radical de paradigma urbano, y es el modelo de ciudad cuidadora: una ciudad que te cuida y te permite cuidarte, así como cuidar de otras personas y del entorno. En este momento, creemos que esta transformación es más necesaria que nunca, y que estamos ante una oportunidad única de cambiar las prioridades y de poner la vida en el centro. En la ciudad productiva, tiempo y espacio determinan los usos y actividades. Este modelo impone unos tiempos que no son compatibles con los cuidados, al no tener en cuenta que las personas somos funcionalmente diversas, que a veces estamos enfermas, tenemos dolores crónicos y que pasamos por diferentes etapas en el ciclo vital que hacen que no encajemos con unos ritmos y niveles de productividad impuestos y que generan frustraciones, miedos, y merman nuestra autonomía a la hora de disfrutar de la ciudad. Los espacios se planifican sectorizando usos y sujetos y favoreciendo el beneficio económico, en lugar de fomentar la interacción entre personas, la continuidad y simultaneidad de actividades, la autonomía. La concreción de espacios y redes de movilidad excluye a una parte de la población, ya que se han diseñado sin tener en cuenta las diferentes necesidades en relación con la accesibilidad, la percepción de seguridad, la diversidad de cuerpos, los ritmos… Los cuidados son imprescindibles, pero es fundamental romper con la responsabilidad individual –que en la mayoría de los casos es asumida por mujeres, sin remuneración económica o con condiciones laborales muy precarias– y que comience a ser una responsabilidad social compartida. El urbanismo feminista reivindica la importancia social de los cuidados sin que esto signifique encasillar a las mujeres en el rol de cuidadoras, sino asumiendo que todas las personas somos dependientes unas de otras y del entorno y que, por lo tanto, los cuidados deben ser una responsabilidad colectiva. La gestión de la covid desde las políticas públicas ha reforzado el modelo de familiar nuclear heterosexual como estructura proveedora de cuidados, ninguneando la

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diversidad de tipologías familiares y obviando que muchas redes de cuidados cotidianos se organizan más allá de los lazos de consanguinidad. La organización social de los cuidados en nuestras ciudades ha estado apuntalada por un sistema de bienestar totalmente insuficiente. El Estado español tiene un régimen de Estado de bienestar de tipo mediterráneo (modelo compartido con Portugal, Italia y Grecia), que se basa en la participación de las familias para cubrir ciertas necesidades materiales, de cuidados y afectivas de las personas, necesidades que en otros modelos de Estado de bienestar son principalmente cubiertas por el Estado. Derivado de este régimen de bienestar, la gestión y abastecimiento de los cuidados en nuestras ciudades pivotan entre las familias o instituciones de carácter público o privado. Una gran parte de la provisión de cuidados recae sobre las familias, principalmente sobre las mujeres de la familia. También, dada la intensidad y dedicación de muchas de estas tareas, una parte de los cuidados son externalizados, mayoritariamente a personas migradas y en condiciones laborales muy precarias. Otra parte de la provisión de cuidados recae sobre instituciones públicas (residencias, hospitales, escuelas de infancia…); pero, en el marco de una sociedad capitalista con campañas permanentes de desprestigio de los servicios públicos auspiciadas por las políticas neoliberales, cada vez hay más servicios públicos que recaen total o parcialmente en manos privadas, además de las instituciones elitistas que siempre han existido. Para incluir la corresponsabilidad como cualidad básica de la ciudad cuidadora hay que repensar el entramado social, de la misma manera que nos planteamos nuevas maneras de configurar el tiempo y el espacio en nuestras ciudades. Este modelo dicotómico que oscila entre la familia y las instituciones es claramente insuficiente, ya que desatiende multitud de necesidades; al mismo tiempo, está apuntalado por toda una serie de herramientas jurídicas y burocráticas que dificultan la gestión colectiva y autogestionada de parte de los cuidados. Esta gestión comunitaria de los cuidados se podría favorecer eliminando escollos legales y simplificando trámites administrativos y burocráticos, y también desde una dimensión urbana promoviendo usos urbanos dedicados a este fin. Durante la crisis de la covid los servicios sanitarios han estado totalmente colapsados, y la atención de los servicios sociales –que ya previamente daban una respuesta parcial y dilatada en el tiempo a las necesidades de atención a la dependencia– ha sido totalmente insuficiente. En este contexto, y con las familias totalmente sobrepasadas, han florecido los grupos de apoyo mutuo en el ámbito barrial o de carácter antirracista. En muchos casos, han sido estas redes comunitarias y autoorganizadas las que han dado respuesta a necesidades

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básicas de las familias. Estos colectivos han tenido, además, que solventar la falta de espacios e infraestructuras para organizarse, e incluso algún grupo, como la red de cuidados antirracista[11] de Barcelona, se ha encontrado con problemas legales, tras ser multados en repetidas ocasiones por la Guardia Urbana. En el contexto poscovid, es fundamental repensar la gestión de los cuidados desde la perspectiva feminista de la ciudad cuidadora. Durante la gestión de la pandemia los cuidados se han atribuido como una competencia familiar, reforzando el modelo de familia nuclear heterosexual y sin pensar en la diversidad de fórmulas y estrategias que existen para gestionar los cuidados y que van mucho más allá de los lazos familiares de consanguinidad. Es importante reivindicar los cuidados como un derecho y no una obligación para las mujeres, poder decidir a quién cuidar, sin tener que someterte al mandato de género. Por ello, los espacios urbanos tienen que adaptarse para permitir una organización social, colectiva y comunitaria de los cuidados. Por ejemplo, se podría flexibilizar y adaptar el uso de equipamientos actualmente en desuso, como los colegios, empleando patios y aulas para organizar grupos de crianza y escuelitas en la escala de proximidad del barrio y con personas de la red de apoyo.

 

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Hay que romper con la dicotomía de lo público y lo privado, recuperando y promoviendo los espacios intermedios para organizar las diferentes actividades de cuidados de manera comunitaria. Transformar la ciudad, sus relaciones, usos y prioridades evidentemente supone elaborar una mirada y una práctica radicalmente diferente al urbanismo hegemónico, androcéntrico, patriarcal y mercantil. Eso exige preguntarse qué es lo primero para redefinir prioridades y, en la medida en que la forma también hace el contenido, cómo y con qué herramientas se llevan a cabo los cambios. La pandemia nos deja una lección clara: la vulnerabilidad de los cuerpos y la importancia tanto de los cuidados como de una red de servicios públicos e infraestructuras que les den apoyo. Hasta ahora, la «nueva normalidad» ha supuesto un continuismo en cuanto a las políticas públicas. De nuevo se prioriza la esfera económica, con medidas de reactivación que impulsan el turismo y al sector hostelero, subvenciones directas a aerolíneas, ayudas al sector automovilístico, aprobación de leyes urbanísticas que promueven la activación económica a través del ladrillo[12]… Desde el poder político y económico no existe una voluntad de hacer análisis críticos que conecten las consecuencias de la pandemia con un sistema estructural totalmente injusto a nivel social y económico, ni de promover actuaciones que vayan en consonancia con la crisis ecológica y de cuidados mundial. Ahora bien, la crisis sanitaria ha llevado a muchas personas a preguntarse sobre cuáles son las cosas realmente importantes. Estas reflexiones nos deberían encaminar a un escenario más utópico, con ciudades cuidadoras que prioricen a las personas y pongan la sostenibilidad de la vida en el centro. Que finalmente se implante un modelo u otro dependerá de la organización y presión que hagamos las personas, y de que todas estemos dispuestas a perder privilegios para favorecer la corresponsabilidad social y global de los cuidados.

[1] J. Tronto, «Cuando la ciudadanía se cuida: una paradoja neoliberal del bienestar y la desigualdad», en A. Rincón (maq. y coord.), Congreso Internacional Sare 2004: «¿Hacia qué modelo de ciudadanía?», Bilbao, EMAKUNDE/Instituto Vasco de la Mujer, 2005, pp. 231-253; aquí, p. 234. Recuperado de [http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_jornadas/es_emakunde/adj untos/sare2004_es.pdf]. [2] A. Pérez Orozco, Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014, p. 104. [3] Y. Herrero, «Economía ecológica y economía feminista: un diálogo necesario», en C. Carrasco Bengoa y C. Díaz Corral (eds.), Economía feminista: desafíos, propuestas y alianzas, Barcelona, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, 2017, pp. 121-142; aquí, p. 124.

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[4] Z. Muxí Martínez, Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric, Barcelona, Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, Col·lecció Eines, 2009, p. 7. [5] [http://www.inmujer.gob.es/ca/home.htm]. [6] Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), «Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España. Fecha del informe: 07-05-2020» [disponible en https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/Enfermedade sTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes COVID-19/COVID-19 en España. Situación en Sanitarios a 07 de mayo de 2020.pdf]. [7] En Neus Navarro, «La feminització de la pressió», ViaEmpresa, 3 de abril de 2020 [https://www.viaempresa.cat/economia/feminitzacio-pressio-crisicoronavirus_2117626_102_amp.html]. [8] Encuesta Nacional de Salud de España 2017 (ENSE) [https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2017.htm]. [9] Es el manifiesto urbanístico elaborado a partir del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado en el año 1933 y que ha sido utilizado como hoja de ruta en la planificación urbana durante décadas. [10] Las cadenas globales de cuidados se definen como «cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia»; A. Pérez Orozco, D. Paiewonsky y M. García Domínguez, Cruzando fronteras II: migración y desarrollo desde una perspectiva de género, Madrid, Instituto de la Mujer y UN-INSTRAW, 2008, p. 90. [11] [https://redantirracistacuidados.wordpress.com/]. [12] [https://www.inmoley.com/NOTICIAS/2012345/2020-1-inmobiliario-urbanismovivienda/06-20-inmobiliario-018-22.html].

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La ciudad multiespecies Naturación urbana para la salud y seguridad Amanda Masha Caminals

VIRUS No hay evidencias científicas conclusivas, pero parece que el virus se originó en murciélagos y pasó luego a humanos a través del pangolín, una especie de mamífero en extinción, preciado por su carne y propiedades medicinales, y cuya venta es ilegal. De Wuhan se extendió al conjunto de China, de allí a Tailandia, Europa, Estados Unidos, Oriente Medio. De seres humanos a animales de compañía y hasta a un tigre en el zoo del Bronx en Nueva York. Las historias de la covid tienen algo de muñecas rusas en colapso; de especies que habitan dentro de especies y gestas libradas a distintas magnitudes de un mismo organismo declarando su interconexión más allá de compartimentos estancos. Nano, micro, meso, macro en colisión. Seres vivos cohabitantes del mismo planeta que parecen no responder a los cortes nítidos de la organización político-territorial que el ser humano ha impuesto para separar a las especies convivientes. Local, regional, nacional, global o rural, urbano y naturaleza, civilización son categorías en rebelión. La dimensión ecosistémica de la pandemia se relata en términos de cadenas de transmisión entre especies y transgresión de la norma. Las historias de contagio siempre incluyen al otro. Pero, según líderes de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), «hay una única especie responsable de la actual pandemia y somos nosotros»[1]. Como indica el último informe del WWF[2], pandemias como la del coronavirus son resultado directo de la destrucción de la naturaleza por parte del ser humano. La covid se suma a una larga lista de enfermedades zoonóticas emergentes que van a continuar surgiendo y desestabilizando la salud global a no ser que «arreglemos», dicen desde el WWF, nuestra relación con la naturaleza. El riesgo de contagios por parte de otras especies al ser humano es más alto que nunca, y puede estallar en un caos sanitario, económico y de seguridad global mayor que el actual. Las buenas noticias son que, según el mismo informe del WWF, tenemos una oportunidad de oro para una transformación que nos permita ser más resilientes. La clave: implementar cambios sistémicos que generen una relación sostenible con la naturaleza fomentando la biodiversidad. Lo tenemos claro: debemos entender nuestros modos de habitar el planeta de forma diferente y promover un

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cambio ecosistémico. Sin embargo y entretanto, las autoridades políticas y los medios de comunicación se afanan en abordar y relatar la «batalla contra el virus» como una lucha entre «el ser humano» y «el agente infeccioso», esa piececita de la matrioshka que hay que extirpar para que todo vuelva a estar en su sitio y podamos vivir una nueva normalidad. Nada de cambios sistémicos, una guerra más en la épica del ser humano. Pero la cuestión de fondo se obstina en manifestarse como bastante más compleja. Empieza por algo que planteaba Pepe Mujica y que ha estado en primer plano de las luchas medioambientales y del pensamiento ecológico de los últimos años: «¿Los humanos estamos llegando al límite biológico de nuestra capacidad política? ¿Seremos capaces de reconducirnos como especie y no como clase o país?»[3]. En un intento de reconducción cognitiva, el punto de partida de este capítulo es que, desde una perspectiva biológica, tenemos una noción defectuosa de nuestra propia especie. No somos un conjunto de individuos en una «batalla contra un virus», sino que somos parte de un ecosistema que ahora mismo parece expulsarnos cual sistema inmunológico a un virus. Este planteamiento implica considerar que, para sobrevivir a esta y otras crisis contemporáneas como la climática, debemos entender la política como algo que va más allá de la especie humana, como el gobierno y la organización de las sociedades de las diferentes especies que comparten planeta. A la luz de este planteamiento, se hace evidente que hemos diseñado nuestras sociedades y ciudades occidentales en modo imperativo, a través de modelos económicos de crecimiento ad infinitum no sostenibles. Sabemos que, en  2050, el 80 por 100 de la población mundial será urbana. Los asentamientos humanos exceden ya la capacidad de recursos planetarios, y esta creciente urbanización pone aún más presión en los sistemas de recursos e infraestructuras de las ciudades. Para adaptarnos a determinados escenarios de emergencia como el actual y crear comunidades resilientes, debemos considerar las ciudades como los entornos principales a transformar. Este capítulo investiga vías de «reconducción de nuestra especie» poniendo el foco en los procesos de naturación urbana. Aborda la necesidad de «arreglar» nuestra relación con la naturaleza como una cuestión de salud y seguridad global que empieza por un cambio de narrativa en nuestra comprensión sobre nosotros mismos. Ante un escenario en el que la insostenibilidad de nuestros aparatos cognitivos y modos de gobernanza se hace evidente, el garante de nuestra salud y seguridad para la resiliencia de la especie humana podría estar en modelos de coexistencia mutualistas y en procesos de naturación de las ciudades, pero, para ello, habrá que superar algunas biofobias. Las posibilidades, retos, limitaciones y consecuencias para los seres humanos de

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estos procesos son lo que este capítulo propone analizar, siguiendo la pista a políticas heterogéneas –que incluyen a actores no humanos– y a largo plazo, y atendiendo a las herramientas cognitivas que nos permitan superar ciertas fobias y recalibrar nuestra capacidad política como especie. MITOCONDRIA Hace unos 2.300 millones de años, una célula  procariota capaz de obtener energía de los nutrientes orgánicos empleando el oxígeno se fusionó, en un momento de la evolución, con otra célula primitiva al ser fagocitada  sin ser inmediatamente digerida. Así se produjo una simbiosis permanente entre ambos tipos de seres: la procariota fagocitada proporcionaba energía y la célula hospedadora ofrecía un medio estable y rico en nutrientes a la otra. Este mutuo beneficio hizo que la célula invasora llegara a formar parte del organismo mayor, acabando por convertirse en parte de él: la mitocondria. Toda arquitectura animal responde a la necesidad de cobijo, incluido el de sus crías, para su supervivencia; «modifican, para el beneficio de la especie, el mundo inmediato, incrementando la predictibilidad y el orden del hábitat»[4]. Pero ¿qué noción de beneficio ha predominado en las construcciones humanas durante su corta historia en el planeta Tierra? ¿Qué principios han dado forma a los modelos de organización de nuestras sociedades? ¿Qué ideas han posibilitado los planteamientos políticos, territoriales, arquitectónicos y urbanísticos actuales? Los orígenes de estos principios hay que buscarlos en la ciencia y, en particular, en la versión darwiniana de la teoría evolutiva que ha cristalizado de forma dominante en nuestra sociedad occidental. En la revisión de esta teoría es imprescindible hablar del trabajo de una de las biólogas más destacadas de la última centuria y cuyo trabajo empezó por el estudio de la mitocondria: Lynn Margulis. «Como especie, nos agarramos a las familiares y reconfortantes conformidades de la corriente principal», dice, y continúa: Llamemos a las restricciones culturales «incapacidades aprendidas», «pensamientos colectivos» o «construcciones sociales de la realidad»; llamemos como llamemos a las inhibiciones dominantes que determinan nuestro punto de vista, nos afectan a todos, incluidos los científicos[5].

Con esta admisión de prejuicio científico alimentado por «restricciones culturales», Margulis comienza una de sus obras seminales, Planeta simbiótico, publicada por primera vez en 1998, en la que vincula dos de los temas centrales

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de su investigación científica: la teoría de la endosimbiosis serial (SET) y Gaia. La primera estudia la simbiosis o «vida en común y en contacto físico de organismos de especies diferentes»; la segunda postula que Gaia –nombre griego para la Madre Tierra– está viva. Planteada inicialmente por James E. Lovelock, la teoría de Gaia propone que la Tierra es un organismo vivo que se autorregula. Al unir los dos temas de estudio, Margulis entiende el planeta como un macroorganismo simbiótico, la vida en común de seres de diferentes especies cuyos procesos vitales regulan al organismo mayor, la Tierra. Para Margulis, esta idea del planeta como un macroorganismo compuesto por procesos simbióticos debe verse en el contexto de la teoría evolutiva: «nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución»[6]. Así, el entendimiento que tenemos de nosotras mismas como especie empieza con las historias sobre nuestros ancestros no humanos. «A pesar de Dar­win, o tal vez debido a él», dice, «nuestra cultura no entiende todavía la ciencia de la evolución». Las lentes de la teoría darwinista de la evolución han contribuido ampliamente a que nos asentemos en el mundo a través de una lógica de la competición. Definida como capacidad de adaptación de los seres vivos a agentes perturbadores o situaciones adversas, la idea de evolución o resiliencia de las especies se ha asociado tradicionalmente a la idea de «selección natural»; esto es: la ley del más fuerte. Una cuestión clave asociada a esta versión de la teoría evolutiva es que, a pesar del evidente impacto de nuestra especie en el ecosistema planetario, al hablar de «naturaleza» seguimos empeñándonos en exceptuar a los seres humanos como un ente superior. Desde inicios de la era histórica dominada por la producción, el comercio y la acumulación de capital o capitaloceno –fechado entre 1450 y 1750 (Moore, 2017)–, la naturaleza (y, con, ella las sensibilidades ajenas a la acumulación del capital) pasó a entenderse como un ente separado de la sociedad y se convirtió en objeto de explotación y estudio. La «naturaleza» o «medio ambiente» se asoció con todo aquello más allá de los límites de la sociedad y la cultura humanas. Uno de los fundamentos de la tradicional división entre «naturaleza» y «sociedad humana» es el llamado especismo o la idea de limitar la cultura a la especie humana. El especismo se ha traducido en la definición de un modelo de gobierno planetario homogéneo regido por el ser humano, cuyas nociones de acción colectiva y de justicia están dominadas por el pensamiento político occidental. Como reacción al especismo, el reconocimiento de los derechos de subjetividades no humanas y otras entidades se ha desarrollado a través de corrientes muy diversas, la mayoría derivadas del realismo especulativo o movimiento filosófico contrario al antropocentrismo kantiano. Entre otras, el materialismo insiste en la necesidad de abandonar las comparaciones

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jerárquicas al decidir el valor o el potencial operativo de diferentes formas de vida. La ontología orientada al objeto (OOO) pone en suspensión el privilegio del sujeto humano y plantea una teoría general de los objetos o entidades no humanas, mientras corrientes como el animalismo o el antiespecismo niegan la posibilidad de hablar desde un punto de vista no antrópico y proponen una teoría de valores basada en el sensocentrismo, es decir, en la capacidad de las especies para sentir el placer y el displacer como premisa para que un ente sea sujeto de un código ético. Basándose en estudios sobre el lenguaje de animales no humanos y en la revisión de corrientes animalistas desde una perspectiva de justicia y relaciones de poder, la filósofa y artista Eva Meijer lleva tiempo investigando el lenguaje animal y teorizando sobre la idea de una política más allá de la especie humana[7]. Meijer describe algunos actos políticos de animales no humanos y los compara con la política institucional humana para sentar las bases de lo que podría ser una interacción política entre especies. A pesar de estas visiones alternativas al especismo ético-político, hay que reconocer la vigencia de la versión competitiva de la evolución en el imaginario contemporáneo y la consecuente separación entre «naturaleza» y «civilización humana». Las corrientes mencionadas proponen planteamientos políticos heterogéneos que incluyen a otras especies desde un punto de vista ético. El escenario de pandemia actual, sin embargo, requiere más vehemencia, nos permite hablar en términos de supervivencia de nuestra especie y pensar en lo propuesto al inicio –¿hemos llegado al límite biológico de nuestra capacidad política?– como una cuestión de salud y seguridad global. Para abordarlo desde esta perspectiva, hay que volver a Margulis y su respuesta a la teoría darwinista de la evolución –ampliada posteriormente por la bióloga Margaret McFall-Ngai–, que supone un reto a la teoría tradicional de la adaptación. Tanto Margulis como McFall-Ngai revisan el paradigma dominante de la competición a través de las ideas de simbiosis y cooperación entre diferentes microorganismos. En 1967, Margulis popularizó la teoría de la endosimbiosis, según la cual la mitocondria provendría de la bacteria. Para la bióloga, este fue el punto de partida de su revisión de la teoría de la evolución, y destacaba la idea de que no solo provenimos de simios y otros mamíferos, sino de una larga línea de progenitores. «Los microbios son considerados enemigos y denigrados con el nombre de gérmenes» dice Margulis; sin embargo, «la mayor parte de la evolución tuvo lugar en aquellos seres que desdeñosamente llamamos bacterias»[8]. El protagonismo concedido a los procesos simbióticos introdujo la posibilidad de entender el paradigma cooperativo como gran capacidad para la adaptación y como norma de la

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evolución. La ley del más fuerte queda así traducida en la ley de las especies cooperantes. La narrativa del individuo, el paradigma competitivo y la división entre «naturaleza» y «cultura» como consecuencia evolutiva (cuya cristalización sistémica se ve claramente en el neoliberalismo) nos han hecho olvidar que, a la luz de la versión de Margulis y como apuntaban Lucia  Pietroiusti  y Filipa Ramos parafraseando a Bruno Latour, «nunca hemos sido uno». Nuestros cuerpos se componen de muchísimas más células no humanas que humanas, hemos evolucionado y vivimos gracias a la cooperación de especies diminutas que necesitan un determinado entorno y nutrientes para vivir. El equilibrio de este entorno, la buena calidad del aire y el agua, o la alimentación saludable de la que dependen nuestros cuerpos, mantienen un equilibrio óptimo en relación con su biodiversidad, es decir, a la convivencia entre especies. Pero ¿qué impacto tiene este imaginario en nuestra forma de vida, organización políticoterritorial y modelo de ciudades? ¿Hemos integrado esta visión a la noción de salud que se aplica en el diseño urbanístico o a la gestión de crisis como la actual pandemia? ¿Qué entornos hemos diseñado para nuestra especie y en relación con entidades no humanas? RATA La rata se asocia a la pestilencia y la propagación. Durante mucho tiempo se contaba que fue a través de sus pulgas como la Peste Negra se propagó en Europa, pero estudios recientes muestran que tal vez los responsables no fueron los parásitos de los roedores, sino los de humanos. La segregación de naturaleza y cultura se ha traducido de una forma muy directa en el planeamiento urbanístico moderno de nuestras ciudades occidentales. Sobre todo a partir del siglo XIX, y después de epidemias que, como la Peste Negra, hicieron acto de presencia entre los siglos XIV y XVIII, la historia del urbanismo debe entenderse en paralelo a una corriente higienista. En el contexto español, en la Constitución de Cádiz se hacía ya el encargo a los ayuntamientos para que cuidaran de la salubridad en el ámbito territorial de la ciudad. Desde un punto de vista higienista, la salubridad o el estado general de la salud pública y el control de las pandemias en las ciudades se plantearon en clave de «limpieza» o eliminación de la «suciedad». Gran parte de las redes e infraestructuras básicas se diseñaban para aislar a la especie humana de posibles agentes infecciosos como las ratas. Todo aquello considerado «naturaleza» o naturaleza no humana fue quedando progresivamente fuera de núcleos urbanos sobre la base de un criterio de

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prevención basado en el temor a los contagios de enfermedades por parte de otras especies. Durante los últimos siglos, este temor ha dejado poso en las comunidades urbanitas, dando lugar a muchas de las biofobias –temor a seres vivos no humanos– que están presentes a nivel social y administrativo en el planteamiento de nuestras ciudades. Como alternativa a la tendencia higienista biofóbica, se plantearon en paralelo otros modelos de tintes rousseaunianos, como el de la Ciudad Lineal (1885) de Arturo Soria para Madrid o la ciudad-jardín de Howard (1898) para el norte de Londres (Letchworth). La primera planteaba un modelo de ciudad construida alrededor de un eje central en el que cada familia pudiera tener una casa con huerta y jardín[9]; respondía a la necesidad higienista de aumentar la salubridad en la vivienda obrera, pero desde una vuelta a la naturaleza individualista en la que se contemplaban zonas verdes para el espacio privado. La segunda proponía integrar el campo en las ciudades limitando su tamaño y la densidad de población, al tiempo que los núcleos urbanos se rodeaban de cinturones verdes y comunidades rurales. A pesar de estos y otros ejemplos de propuestas urbanísticas que integraban la naturaleza como elemento fundamental para la salubridad de las ciudades, las grandes urbes siguieron desarrollándose en el siglo XIX sobre la base de modelos higienistas biofóbicos. Esta integración de la naturaleza se hacía de forma controlada y casi ornamental, a través de jardines y parques que seguían el modelo francés, esto es, el principio de imponer una simetría y un orden a la naturaleza mediante una selección determinada de especies. En el siglo XX, las ciudades tuvieron que adaptarse o se diseñaron para acoger el tránsito de vehículos motorizados como protagonistas de la movilidad. Además, el cambio de modelo económico, de sociedades industriales a un capitalismo global, variará considerablemente las funciones y el diseño de los núcleos urbanos. Teorizado por Saskia Sassen en su obra Ciudad global[10] y otras posteriores, las ciudades comienzan a tener configuraciones muy específicas, que responden a factores como la dispersión global de las actividades económicas, una creciente importancia de las dinámicas frenéticas y de aglomeración de servicios o la desconexión con el entorno por parte de las grandes economías. Unas dinámicas de hipermovilidad que pretenden neutralizar tiempo y espacio[11]. Factores como la biofobia de origen higienista o la hipermovilidad de las economías globales son clave para entender la relación de nuestras ciudades con el entorno «natural». Estos modelos cognitivos derivados del protagonismo de la teoría de la adaptación por competición han hecho que destruyamos progresivamente la biodiversidad planetaria y de nuestras ciudades. En 2015, el filósofo Timothy Morton reivindicaba la necesidad de definir este tipo de

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comportamientos con el término ecópata: alguien indiferente o positivamente estimulado por el sufrimiento de seres no humanos[12]. Más allá de calificar nuestro comportamiento con respecto a otras especies desde un punto de vista ético, es importante entender que este modo de relacionarnos con el resto de habitantes del planeta se traduce en la destrucción del entorno óptimo para el buen funcionamiento de las especies que nos dan vida. La idea de «sostenibilidad», entendida como el equilibrio entre nuestra especie y los recursos naturales, conlleva una serie de cambios radicales en nuestro estilo de vida, pero lo que está en juego no es salvar el planeta, sino a la propia especie humana. Como recuerdan la ONU, la OMS o el WWF es una cuestión de salud y seguridad global: La irrupción de la covid demuestra que, cuando destruimos la biodiversidad, destruimos los sistemas que hacen posible la vida humana. Cuanto más biodiverso es un ecosistema, más difícil es para un patógeno extenderse y dominar; la pérdida de biodiversidad es una oportunidad para que pasen de animales a humanos […]. Debemos aprender y adaptarnos más rápido que nunca, y la enfermedad de la covid19 ofrece una lección que debemos aplicar a las crisis por la pérdida de biodiversidad global. Nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger a la naturaleza y su biodiversidad; ya no se trata de una cuestión de ecología, sino de supervivencia ante otras pandemias[13].

BOSQUE El Shinrin-Yoku [pasear por el bosque] previene la enfermedad al disminuir notablemente la hormona del estrés que causa tantas enfermedades. Reduce la tensión arterial y el azúcar en sangre, mejora la salud cardiovascular y metabólica, la concentración, la memoria y el umbral del dolor. Los baños de bosque potencian el sistema inmunitario al aumentar el número de las células NK (células asesinas) y la producción de proteínas anticancerígenas[14]. Uno de los problemas para abordar esta situación es que, desde la medicina tradicional, no se relata la necesidad de cuidar o tratar el medio ambiente como algo fundamental para nuestra salud. Entre los hallazgos reveladores en esta línea en los últimos años destaca el trabajo del doctor Qing Li, inmunólogo director de la Sociedad Japonesa de Medicina Forestal y considerado el máximo experto en medicina forestal. Qing Li lleva años investigando la influencia de los árboles en nuestra salud. Sus estudios, y otros en esta misma línea, corroboran que en las provincias con mayor densidad de árboles la gente está más sana. Gracias a los estudios de Qing Li, los baños de bosque forman

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parte del Programa de Salud Nacional de Japón, con 62 bosques incluidos y terapeutas especializados. A pesar de lo revolucionario de estos hallazgos, los objetivos de sostenibilidad y salud global para la especie humana demandan iniciativas que vayan más allá de propuestas curativas de fin de semana en los bosques y zonas rurales cercanas a las ciudades. Sobre todo cuando estas soluciones son accesibles solo para una pequeña parte de la población con mayor poder adquisitivo. Se requiere de «modelos de gestión de la especie» diferentes a los actuales, que se integren de forma sistémica en nuestros modos de vida. La combinación de las nociones de «salud comunitaria» y «salud ambiental» puede ofrecer un buen punto de partida para reconsiderar los espacios que habitamos en términos de salud preventiva. La primera se refiere a la salud colectiva de una determinada comunidad según la interacción entre las personas, el medio social, cultural y ambiental, así como por los servicios sanitarios a los que tienen acceso. La segunda comprende los aspectos de la salud humana que son determinados por factores ambientales (físicos, químicos, biológicos, etc.). Ambas se fundamentan en la idea de que los territorios que habitamos tienen un fuerte impacto en nuestra salud. Como indican estudios del Centre for Sustainable Healthcare (Centro para el Cuidado Sostenible de la Salud)[15] y otras organizaciones que investigan en esta línea, como el Instituto de Salud Global de Barcelona[16], las enfermedades en ciudades tienen que ver con una serie de factores de riesgo. Los barrios con menos aceras, menos parques y un peor espacio público tienen un mayor número de enfermedades asociadas y una menor esperanza de vida. A pesar de los límites de este relato –los informes raramente incluyen información sobre la distribución de estas enfermedades en la ciudad, así como por clases sociales o género–, es importante el mensaje y la práctica de la «salud comunitaria»: nuestra salud y longevidad dependen en gran medida de la calidad de los espacios públicos que nos rodean y del uso que les damos. Partiendo de esta base, desde el campo de la salud social o comunitaria se entiende el espacio público como un espacio que ayuda a compensar las desigualdades a nivel privado. En esta línea se desarrollan proyectos como el del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, con su programa NHS Forest, que tiene como objetivo incrementar el acceso de sus sanitarios/as y pacientes a zonas verdes para mejorar su salud. En España, la centralización de los sistemas sanitarios, sobre la base de una medicina tradicional que no potencia las conexiones entre espacio público y salud, omite este tipo de planteamientos preventivos y curativos. Además, la privatización de la sanidad, con el consecuente cierre progresivo de los espacios de salud municipales y la

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centralización en los hospitales, ha comportado un colapso de las instituciones sanitarias en ciudades como Madrid o Barcelona al afrontar la pandemia. ¿Cómo podemos construir ciudades más seguras y resilientes? ¿Qué hace a una ciudad más equitativa en términos de salud comunitaria y ambiental? ¿Qué tipos de espacios públicos debemos promover para fortalecer nuestras comunidades? Para los analistas de ecosistemas de la ONU[17] la respuesta es clara: necesitamos ciudades más biodiversas. Una mayor diversidad de la flora y la fauna que ayude a frenar la propagación de ciertas enfermedades vectoriales. Una diversidad en los cultivos que incremente la seguridad alimentaria y la capacidad de adaptación de algunas comunidades locales a alteraciones climáticas, económicas o ecológicas. O una mayor superficie forestal que prevenga la destrucción de las cuencas hidrográficas y la reducción de la calidad y la cantidad de agua disponible para uso doméstico y agrícola. En mayo de 2009, la COP9 –Conferencia de las Partes u Órgano Supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático– reconocía el papel clave de las ciudades y las autoridades locales para idear e implementar planes de acción para la biodiversidad en colaboración con los gobiernos nacionales. En esta cumbre se establece el Índice de Singapur, a propuesta del ministro de Desarrollo Nacional del mismo país, como herramienta para medir la biodiversidad en las ciudades. En función de un análisis de la biodiversidad autóctona, los servicios ecosistémicos que proporcionan la diversidad urbana, y la gobernanza y gestión de la biodiversidad urbana, el índice incorpora 23 indicadores. Partiendo de este índice, centros de investigación como el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA) elaboran informes de indicadores de calidad y modelos de biodiversidad urbana en ciudades como la propia Barcelona. En ellos, hablan de biodiversidad teniendo en cuenta tres niveles distintos: 1. la biodiversidad ecológica o diversidad estructural, funcional y de procesos de los diferentes ecosistemas; 2. la biodiversidad biológica o cantidad de organismos y abundancia relativa de cada uno en un punto determinado; 3. la biodiversidad genética o variedad de genomas dentro de la misma especie. Se clasifica también la biodiversidad urbana en tres tipos: 1. «mundo gris», referido a edificios, sistemas subterráneos, calles…; 2. «mundo verde», referido a parques, jardines…;

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3. «mundo azul», referida a lagos, playas… Todo ello se mide a través de procesos de monitoreo e indicadores de modelo (aquellos referidos a los procesos que determinan el funcionamiento del sistema, como el análisis de las especies utilizadas en jardinería). Caricaturizando el resumen de las consideraciones sobre la biodiversidad en las ciudades: tantos árboles equivalen a tanta atracción de especies, tantas especies equivalen a tanta diversidad. A pesar del valor de estos esfuerzos científicos para categorizar la biodiversidad urbana, lo cierto es que los empeños en el fomento de la misma apenas se recogen en el modelo clásico descrito. Una de las lagunas reconocidas del Índice de Singapur, que ha promovido este modelo, son los indicadores sobre los esfuerzos de las ciudades en tareas de restauración o recuperación del verde e integración de espacios naturales, esto es: los esfuerzos de las ciudades en cuestiones de naturación urbana. Asimismo, los microorganismos ni se mencionan en estos índices, a pesar de que los microbios constituyen la mayor reserva de especies urbanas y de biodiversidad genética en las ciudades, excediendo la biodiversidad de plantas y animales juntos. Años después, como objetivo principal del acuerdo de la COP21 (2015), los esfuerzos internacionales en la lucha contra la emergencia climática se centraron en la descarbonización de las ciudades para alcanzar su neutralidad climática. Por definición, la neutralidad climática compensa toda emisión con una cantidad equivalente de gases capturados. Por eso los procesos de naturación estaban empezando a cobrar protagonismo tanto en las políticas como en la planificación urbana de algunas ciudades, como Madrid o Barcelona. Se planteaba la naturación como un modo de entender el urbanismo que pone el acento en las infraestructuras verdes como bosques –una red estratégicamente planeada de áreas seminaturales, con entornos diseñados para desempeñar servicios como la purificación de aguas, la mejora de la calidad del aire, la mitigación climática, etc.– en vez de en las tradicionales infraestructuras grises. Es importante destacar que el concepto de naturación se basa en la implantación de estrategias y acciones sobre el verde urbano con la finalidad de conseguir una naturalización del sistema ciudad, es decir, conseguir la atracción de fauna autóctona y que no resulte perniciosa desde un punto de vista sostenibilista. Así, mientras la naturación son todos aquellos esfuerzos para dotar los ecosistemas urbanos de espacios verdes, la naturalización es el proceso de entrada de biodiversidad que se lleva a cabo sobre la base de la naturación. Siendo el objetivo final conseguir ciudades con un mayor índice de

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biodiversidad, esta distinción es crucial, pues las estrategias de naturación no pueden plantearse aisladamente y solo según parámetros clásicos como los anteriormente descritos, sino en su conjunto y como modificadoras de sistemas. En un escenario de pandemia, estos procesos de naturación de las ciudades cobran, si cabe, mayor importancia. Como indica Gary King en su estudio sobre los microbiomas urbanos, es importante considerar que la urbanización es un fenómeno relativamente reciente de la historia de la humanidad y que el sistema inmunológico humano ha evolucionado en contextos muy diferentes y con una exposición a antígenos muy distintos a los de nuestras ciudades. «La reproducción de esos contextos», dice King refiriéndose a contextos rurales, «puede contribuir a mejorar la salud en las ciudades así como a su sostenibilidad»[18]. Para ello, y entre otras medidas, el WWF sugiere la creación de incentivos económicos por parte de los gobiernos para apoyar entornos diseñados con soluciones basadas en la naturaleza [NBS por sus siglas en inglés], climáticamente inteligentes, de economías circulares y empleo verde[19]. En este punto es importante detenerse en la propuesta de las NBS para un desarrollo sostenible o la idea de que la naturaleza puede ayudar a proveer de soluciones mediante el «uso de ecosistemas naturales y servicios diseñados de una forma inteligen­te»[20]. Las NBS se refieren, pues, a todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos de la sociedad, como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. Sin una hoja de ruta clara hacia las demandas y límites de la «sostenibilidad», hay una tensión creciente entre la convicción de los beneficios del diseño urbanístico que tiende hacia una naturación con NBS –bajo la asunción de que las ciudades o las comunidades humanas urbanas van a ser capaces de adaptarse– y lo que se ha acuñado como «retirada sostenible». En relación con esta última, en su artículo «Climate change and the extinction of thought», John Gray plantea que sobrevivir a la crisis no es un objetivo irrealizable; «lo que requiere no es un desarrollo sostenible, sino algo más parecido a lo que James Lovelock, en su libro A Rough Ride to the Future (2014), llama “retirada sostenible”». Esta tensión se traduce en algunos planteamientos de políticas públicas recientes. Los problemas asociados a procesos de urbanización que amenazan a la salud humana, como la pérdida de calidad en el agua, la disponibilidad de recursos, la amplificación de los efectos isla de calor, etc., y la dificultad de materializar un desarrollo sostenible han llevado a algunos países como Corea a considerar políticas de desurbanización. Sin embargo, estudios como los de José María Rey Benayas[21], de la Universidad de Alcalá de Henares, sobre los

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beneficios de la España vaciada –en términos de reconstrucción de la naturaleza e incremento de la biodiversidad del país– sugieren que la urbanización representa el camino hacia la sostenibilidad, debido a factores como las economías de escala, especialmente en cuanto a energía, y a que permite la resilvestración del resto de territorio. En contraste con las ideas de desarrollo sostenible a través de procesos de naturación o de retirada sostenible, iniciativas como The Half-Earth Project –el proyecto de la Fundación de Edward O. Wilson que trabaja para conservar la biodiversidad de la mitad de la superficie del Planeta– actúan desde la asunción de que la intervención humana es imprescindible en un ecosistema antropológicamente alterado. Así, los procesos de naturación en las ciudades deben entenderse en esta tensión entre el ideal de comunidades hacedoras de cambio a través de un desarrollo sostenible de las ciudades, la toma de responsabilidades desde la conservación ecosistémica y las acciones de retirada sostenible con las que los seres humanos abren paso a la acción de otras especies sin su mediación. El horizonte de creación de políticas sostenibles para nuestra especie debe buscarse, en este sentido, en un territorio intermedio entre utopía y distopía que podríamos describir con lo que Kevin Kelly ha acuñado como protopia: Nuestro destino no es ni la utopía ni la distopia ni el statu quo, sino protopia. Protopia es un estado algo mejor que el de hoy y el de ayer. Es algo más complejo de visualizar, porque contiene tantos problemas nuevos como beneficios, una interacción compleja entre el trabajo propositivo y la ruptura que es difícil de predecir. […] Nos hacemos responsables de la necesidad de inventar nuevas y mejores versiones de la realidad[22].

En esta línea destaca una iniciativa reciente del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), fomentada a través de sus comunidades para el conocimiento de la innovación climática o Climate-KIC: el programa Deep Demonstrations of Clean and Healthy Cities. Partiendo del reto que supone conseguir la neutralidad climática en las ciudades en una escasa década, el EIT Climate-KIC está trabajando con 15 ayuntamientos europeos para diseñar carteras de proyectos capaces de activar transformaciones en diferentes sistemas y capas de las ciudades –desde movilidad hasta experimentos regulatorios o procesos de naturación. Con el objetivo de implementar cambios sistémicos radicales de forma rápida (la misión es que estas ciudades demuestren que tal cambio es posible en poco tiempo), se insiste en ir más allá de las dinámicas y relaciones políticas tradicionales y hacia nuevos modelos de gobernanza. En este sentido, el EIT Climate-KIC se refiere a las ciudades seleccionadas como «propietarias del

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reto», explicitando el compromiso político y de cooperación necesario para el desempeño de esta iniciativa experimental, y fomenta los lazos para el intercambio de aprendizajes entre las ciudades impulsoras. Juntamente con ciudades como Ámsterdam, Lovaina, Milán o Viena, la ciudad de Madrid impulsa desde junio de 2019 esta transformación. Madrid está planteando nuevos modelos para los procesos de naturación vinculándolos a la salud desde los campos de la salud comunitaria y ambiental, la cultura, la propuesta de nuevos modelos de financiación y estrategias para la tecnología de datos o el fomento de la participación cívica masiva. Desde un hacer sistémico y una voluntad de reunir y abordar complejidades, los actores mencionados en la ciudad de Madrid están construyendo una plataforma de trabajo muy diversa integrada por un equipo multiactor proveniente de un grupo interdepartamental por el clima del Ayuntamiento de Madrid impulsado por sus áreas de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente y Movilidad; del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid; de la empresa Ferrovial; del Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid y de una comunidad de práctica integrada por miembros de colectivos cívicos muy diversos. Algunas de las preguntas clave que se plantean son: ¿cómo desarrollar modelos económicos, redes de apoyo e intercambio, y un marco regulatorio que apoyen y fortalezcan los procesos de naturación?, ¿cómo creamos modelos de gobernanza multiactor y herramientas para diseñar, gestionar y mantener espacios verdes nuevos o regenerados desde la perspectiva de la salud? A pesar de que el éxito de este modelo está por determinar, su planteamiento de gobernanza multiactor representa un cambio de paradigma alentador: una práctica basada en el principio de que solo conseguiremos ser más resilientes aprendiendo a trabajar juntos/as. HOLOBIONTE Los  holobiontes  son entidades formadas por la asociación de diferentes especies que dan lugar a unidades ecológicas. Deriva del griego antiguo hólos, que significa «todos», y bios, que significa «organismo», «ser vivo». Se utiliza comúnmente para referirse a la asociación entre un macroorganismo (animal o planta) y los microorganismos simbióticos que componen su microbiota. Entre las muchas aristas de la idea del «desarrollo sostenible» destaca el modo de entender el entorno en términos de «recursos». Así, además de problematizar ideas simplistas de desarrollo sostenible a través de procesos sistémicos que incluyan a todo tipo de agentes de la ciudad, es importante

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reenmarcar los procesos de naturación en la idea de una reconstrucción de naturalezas urbanas en términos de salud. Para ello, es clave entender la ciudad en su expresión socioecológica, como hemos estado haciendo, e impulsar una «desfronterización» cultural entre «naturaleza» y «civilización». Sin embargo, para definir esta «desfronterización» no es suficiente con apuntar a la entrada de los sistemas naturales en las ciudades. Lo cierto es que muchas de las construcciones animales son segregantes, se separan de otras especies para su supervivencia. La diferencia está en que, para el ser humano, esta segregación extrema conlleva muchos problemas asociados. De este modo, y regresando a las ideas de Margulis, es muy probable que nuestra especie necesite un aparato simbiótico mucho más complejo. Pensar en ciudades biodiversas es entender la ciudad como una entidad formada por múltiples especies, muchas de las cuales no las consideran las tradicionales propuestas de naturación. Teniendo en cuenta que los microorganismos han dominado y formateado nuestro planeta durante 3,5 billones de años, deberíamos, pues, integrarlos en nuestra visión de futuro de ciudades naturalizadas. Los microorganismos son una «forma dominante de existencia entre las masas»[23] convivientes de las ciudades. Y, como ya hemos señalado, los microbios forman la mayor reserva de especies urbanas y biodiversidad genética en las ciudades, por encima de la biodiversidad que suponen plantas y animales. Esta diversidad incluye a especies que proveen de servicios esenciales como el tratamiento del agua, la degradación de contaminantes o la fijación del nitrógeno. Propuesta por Ilana Zilber-Rosenberg y Eugene Rosenberg, la «Teoría Hologenómica de la Evolución» considera al holobionte (animal o planta junto a los microorganismos asociados) como unidad evolutiva[24]. Para estos biotecnólogos de la Universidad de Tel Aviv, la asociación simbiótica del holobionte afecta a su grado de adaptación al medio ambiente y viceversa. En condiciones de estrés medioambiental, la asociación simbiótica del humano, animal o planta puede variar de tal manera que resulte también en variaciones del material genético. Así, nuestra asociación con los microorganismos desempeña un papel trascendental en los procesos de adaptación y evolución. «En periodos de cambios bruscos en el medio», sugieren Zilber-Rosenberg y Rosenberg, «las comunidades microbianas diversas pueden ayudar al holobionte a sobrevivir»[25]. Su visión se enmarca en la teoría del «superorganismo» del filósofo Elliott Sober y el biólogo David Sloan Wilson. En su obra El comportamiento altruista: evolución y psicología[26], Sober y Wilson estudian el comportamiento altruista como una característica biológica fundamental de la naturaleza humana y del reino animal y microbiano. Usando el ejemplo de insectos y parásitos que se sacrifican por el bien del

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superorganismo, Sober y Wilson plantean el cuidado como una capacidad desarrollada como estrategia adaptativa por parte de otras especies. Son todavía pocas las iniciativas que, desde academia y políticas públicas, están replanteando el urbanismo en esta línea. Entre otros, el microbiólogo Gary King estudia el microbioma urbano como elemento central para la biodiversidad, la resiliencia de comunidades y la salud del ser humano en sistemas urbanos, que debería ser tomado en cuenta en la implementación de políticas para la creación de sistemas sostenibles. Además, el funcionamiento a través de redes interconectadas de estas sociedades plantea un modelo que sería más que recomendable seguir en el plano organizativo. «Sin embargo», dice, «los sistemas microbianos han sido altamente inapreciados, y la poca consideración que han tenido ha sido en el contexto de enfermedades o degradación de edificios»[27]. Entre los estudios en esta dirección destaca el planteamiento de Miguel Pérez, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Massachusets Institute of Technology (MIT). «Los humanos estamos en constante simbiosis con los 100 trillones de microbios de nuestros intestinos y complejos sistemas de bacterias de nuestro entorno», apunta, y sigue: Repensando las ciudades que habitamos desde un punto de vista bacteriano, podemos empezar a plantear cuestiones fundamentales sobre la relación entre el bienestar humano y los microorganismos[28].

Para Pérez, en una sociedad en la que domina una relación de consumo y explotación con el medio ambiente, «lo ópticamente visible moldea nuestras experiencias en la ciudad y olvidamos que hay sistemas invisibles que dirigen nuestras interacciones con el medio ambiente». Por ejemplo, una de las capas más relevantes de información invisible es la asociada a la contaminación (del aire, el agua o el suelo). Algunos proyectos, como «Aire» para el pabellón catalán de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2021, comisariado por la arquitecta Olga Subirós, destacan la importancia de visibilizar los negativos de la arquitectura, en este caso la calidad del aire, para replantear nuestras ciudades. Propuestas como las de Pérez o Subirós sugieren que es imprescindible moldear nuestra percepción y visibilizar las diferentes escalas que componen los sistemas urbanos invisibles, así como su interconexión, para entender que «las ciudades son, en realidad, una colaboración masiva de Homo sapiens y el resto de especies en el planeta»[29]. En este sentido, y en nuestro camino hacia ciudades biodiversas, es crucial entender el papel que desempeñan entidades no humanas como la tecnología. Como apunta Pérez, proyectos tecnológicos centrados en la gran escala, como los satélites, han dirigido nuestra percepción urbana hacia niveles macro, con

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herramientas de navegación como Google Maps. Además, la introducción del big data y de todo tipo de sensores en las ciudades bajo la lógica de la «ciudad inteligente» ha hecho que nuestros sentidos se modulen a un nivel meso, ampliando nuestros receptores a escala humana. Ambos (macro y meso) «ofrecen un nivel de escalabilidad que proporciona una plataforma para la toma de decisiones para agentes de las administraciones públicas, urbanistas, programadores o investigadores»[30]. Pero ¿qué hay del nivel micro? ¿Qué infraestructuras nos permiten entender esa escala en el hacer de nuestras ciudades o en situaciones de crisis como la actual pandemia? Si bien hay algunas iniciativas como el Earth Microbiome Project –para definir el genoma terrestre a través de la geolocalización de datos microbianos; la investigación Pathomap –sobre las culturas microbianas del metro de Nueva York– o su ramificación global en el proyecto MetaSUB, la realidad es que las tecnologías del nivel micro no cuentan con la misma infraestructura como para entender nuestras ciudades a esa escala. El marco de un «urbanismo holobióntico posibilita un futuro en el que las bacterias son una métrica usada para diseñar las ciudades»[31]. Entender las tecnologías asociadas a la naturación en las ciudades desde las escalas macro, meso y micro nos permite abordar los retos tecnológicos desde sus posibilidades culturales y de interpretación del mundo y no desde el solucionismo tecnológico. En este caso, la tecnología puede permitirnos ampliar nuestro conocimiento del nivel micro, modificando de una forma revolucionaria nuestra visión de las ciudades que habitamos. Más allá de la tecnología, el campo de la arquitectura cuenta también con algunas iniciativas que vinculan los sistemas micro con la salud humana. Es el caso de la investigación llevada a cabo por una red de científicos de la Universidad de Oregón y liderada por Jessica Green, quienes estudian la relación entre el diseño de los edificios, la biodiversidad y la salud humana, y sugieren que la diversidad bacteriana de los espacios abiertos es crucial para nuestro bienestar[32]. Es el caso también de grupos como el Living Architecture Consortium, conformado, entre otras, por la arquitecta experimental Rachel Armstrong, de la Universidad de Newcastle, que se plantean a través de su práctica una cuestión fundamental: ¿puede la arquitectura integrar las funciones de seres vivos? Desde el Living Architecture entienden la arquitectura y el urbanismo como extensiones de nuestro propio cuerpo, espacios en los que las escalas micro, meso y macro deben convivir en relaciones de beneficio mutuo. Para Armstrong, toda la arquitectura que hemos producido hasta la fecha en las ciudades tiene algo en común:

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Está hecha a base de «tecnologías victorianas»; requiere de planos, manufactura industrial y un proceso de construcción que necesita de mano de obra y cuyo resultado es un objeto inerte. Eso se traduce en una transferencia energética unidireccional no sostenible: del medio ambiente a nuestros hogares y ciudades[33].

Sobre la convicción de que la única forma de tener ciudades sostenibles es en conexión con la naturaleza y no aislándolas de ella, Armstrong argumenta que necesitamos promover nuevos discursos y entenderlas como «sistemas vivos (living systems)» que están en una conversación constante con el mundo natural a través de procesos metabólicos. Bajo el principio de que los sistemas vivos aprovechan al máximo los recursos locales de forma sostenible, Armstrong investiga en la generación de materiales metabólicos para su práctica arquitectónica. En colaboración con el científico Martin Hanczyc, de la Universidad de Trento, trabaja en un sistema llamado protocélula: pequeñas bolsas de grasa con una batería química que, a pesar de no tener ADN, son capaces de reaccionar al medio de forma compleja, como sacar patrones de su entorno y eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. Con este tipo de tecnologías experimentales pretenden modificar la tendencia arquitectónica que prioriza las estructuras a la materia. Entre sus usos, y junto al arquitecto Christian Kerrigan, Armstrong investiga cómo las protocélulas podrían ayudar a solidificar los pilares de madera de ciudades construidas sobre el agua como Venecia. De probarse la eficiencia de sus funciones, este tipo de arquitectura constituiría una revolución sin precedentes, al usar tecnologías provenientes del mundo natural que están al alcance de países de diferentes economías. HORMIGAS Las hormigas suelen vivir en nidos aislados por familias, con una reina madre que cumple la función reproductora y una masa de trabajadoras que proveen de alimentos y protegen el nido enfrentándose a hormigas de otras familias. Sin embargo, de las casi 13.000 especies de hormigas que hay en el mundo, hay unas que se rigen por otra norma: la de la cooperación entre familias. Son las hormigas de las supercolonias, que, en vez de matar a individuos de otras especies, los alimentan para transferirles una especie de olor de la empatía y reconocerles como parte de la familia de la supercolonia. Hace unos 10 años, Angélica Navarro, la representante de Bolivia para la conferencia climática de la ONU, proponía «un plan Marshall para la Tierra»:

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Si queremos doblegar la curva de emisiones en la próxima década, necesitamos movilizaciones masivas, mayores que cualquiera de las que ha habido en la historia. Este plan debe movilizar finanzas y tecnología para transferirlas a escalas nunca vistas antes[34].

Una década después, en agosto de 2019, los líderes del G7 se reunían para tratar de dar respuesta a los incendios de la Amazonía, el primer pulmón del mundo, que empezó a arder con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Lejos de plantear medidas de acción serias para evitar la devastación, la cumbre pasó a la historia como una de las mayores muestras de cinismo ante comportamientos ecópatas. Un brindis en remoto al suicidio colectivo. A pesar de que el paradigma de la competición traducido en un capitalismo salvaje hace perdurar una mentalidad biofóbica de comportamientos ecópatas en nuestra sociedad, la proximidad de la actual pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de modelos de gobernanza globales. Si bien la realidad es la de políticas cada vez más polarizadas, el horizonte del Green Deal (el European Green Deal o el Green New Deal americano) parece esperanzador. Hasta ahora y tal como afirma el informe del WWF, una de las grandes problemáticas en cuanto a la preservación e incremento de la biodiversidad es que las políticas y regulaciones de Estado se enfrentan a grandes retos en su aplicación[35]. Hay una falta de coordinación global y de mecanismos para la rendición de cuentas, una situación extensible a la hora de hablar de los factores medioambientales que han desatado la pandemia. En el contexto europeo, el Green Deal se plantea como un marco para promover un uso eficiente de recursos a través de economías circulares, así como para restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación, todo ello con el objetivo social de «no dejar a nadie atrás». Sin embargo, cuando hablamos de viabilizar este tipo de acuerdos y de su papel para impulsar e implementar procesos de naturación urbana, es crucial considerar el marco económico. Uno de los retos asociados a la naturación de nuestras ciudades es que, para llevarse a cabo, se necesita capital privado; solo con fondos públicos es imposible conseguirlo de una manera tan radical como la que necesitamos. Esto es: que resulte en una naturalización sin precedentes para conseguir la neutralidad climática de las ciudades en 2030. A eso se le añade la complicación de que, sobre el modelo económico actual de las finanzas del libre mercado, estos procesos no son rentables, pues no ofrecen un retorno directo, sino indirecto –en disminución de costes para la ciudad por abordar la salud de forma preventiva y dotarla de unos determinados servicios de forma eficiente y sostenible–. Estos beneficios son, sobre todo, para los ayuntamientos y los habitantes de las ciudades, no para las empresas de gestión

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de inversiones globales o fondos buitre. En otras palabras: los procesos de naturación conllevan plantear paradigmas totalmente distintos a los esquemas económicos de raíz neoliberal. En el ámbito europeo, se observan tendencias distintas en los modelos de las administraciones públicas locales para impulsar el cambio sistémico que se requiere desde la capa económica. Por un lado, hay una serie de ayuntamientos que han empezado a regirse en esta última década por el modelo del bien común. Este modelo, que se plantea desde la idea de que deberíamos considerar bienes comunes factores ambientales cruciales para nuestra salud como el aire, el agua o el suelo, cobra más relevancia en un momento en el que sabemos que la calidad del aire está significativamente asociada con la pandemia del coronavirus[36]. Si bien este modelo está siendo difícil de implementar, los pocos ejemplos que tenemos, como el de la remunicipalización del agua en ciudades como Nápoles, Berlín o París, o la inclusión de estos discursos en el ámbito de la política institucional en ciudades como Barcelona, no son baladíes. Por otro lado, algunos ayuntamientos plantean desarrollar modelos de colaboración económica en el binomio público y privado o, en administraciones más experimentales, se intenta incluir también al sector cívico. El problema de este modelo es que, en el terreno de las finanzas, solo se invierte en proyectos bancables, es decir, aquellos que ofrecen un retorno económico mínimo para el inversor. Así, movilizar grandes sumas de dinero del sector privado para la naturación de ciudades bajo el modelo financiero muy probablemente pasaría por que las administraciones públicas asumieran riesgos y deuda en términos de inversión, ofreciendo garantías públicas a tales inversores. Este modelo podría suponer el uso de los procesos de naturación para escalar de forma global y a nivel institucional procesos de greenwashing –aquellos por los que las empresas hacen creer a sus consumidores que los productos que ofrecen no dañan el medio ambiente y son sostenibles, cuando no lo son. Uno de los sistemas propuestos más destacados sobre la base de la idea de la economía del no crecimiento es el de la economista británica Kate Raworth[37]: la llamada economía rosquilla. Partiendo de la idea de que el sistema económico actual no funciona –ha sido incapaz de predecir e impedir las crisis financieras que han sacudido los cimientos de nuestras sociedades, y sus puntos ciegos han desembocado en políticas que están degradando el medio ambiente a una escala que amenaza nuestro presente y futuro–, Raworth argumenta que nuestra actividad económica debería desarrollarse en el espacio situado entre una base social y un techo ecológico. En la práctica, esto significa que todo el mundo debe tener acceso a los bienes básicos –comida, vivienda y salud– pero dentro de los medios y recursos disponibles en el planeta. Este modelo, que supone un cambio radical de mentalidad, se está empezando a

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aplicar a nivel de ciudad en Ámsterdam, cuyo ayuntamiento propone implementar la economía rosquilla para la recuperación pospandemia de sus comunidades y del planeta. En cualquiera de los casos, es importante tener en mente algo que ya anunciaba la socióloga Naomi Klein: promover cambios sin querer cambiar no funciona. Si entendemos los procesos de naturación como un paso evolutivo y de adaptación necesario para garantizar la salud de nuestra especie, debemos también empezar a plantearnos modelos económicos distintos. Tal vez es relevante, entonces, recuperar la etimología del término y empezar a entender la economía como el cuidado del hogar. Tener un mercado libre que no esté al servicio del buen funcionamiento de nuestras ciudades como superorganismos (el entorno que les permite a nuestros cuerpos vivir) es como tener células cancerígenas haciendo metástasis u hormigas matándose entre ellas en vez de colaborando para sobrevivir. DROMEDARIO Dicen que un dromedario canario podría ser clave pare evitar la entrada de la covid en nuestras células y frenar su expansión. En realidad, no es el propio dromedario, claro está, sino los nanoanticuerpos que estos generan para inhibir la proteína de la membrana del coronavirus. Gracias a esta proteína, su ya famosa llave vírica ACE2[38], el virus tiene la capacidad de entrar en las células humanas y multiplicarse. Sin embargo, los camélidos producen unos anticuerpos que, siendo 10 veces más pequeños que los del ser humano, son capaces de frenar la infección inicial. No hay evidencias científicas conclusivas, pero parece que el virus se originó en murciélagos y pasó luego a humanos a través del pangolín, una especie de mamífero en extinción, preciado por su carne y propiedades medicinales, y cuya venta es ilegal. Las historias de contagio siempre incluyen al otro. Pero ¿y las historias de curación? ¿Y las de salud, seguridad y resiliencia de nuestra especie? ¿Y si esas incluyeran también al otro? ¿Y si empezamos a diseñar nuestras ciudades teniendo en cuenta modelos distintos de la evolución de nuestra especie? La covid debería servir para recordar la importancia de la propuesta de Margulis, que es una de las lecciones biológicas de la última centuria: la de la evolución cooperativa y las relaciones de simbiosis y beneficio mutuo con otras especies. El replantear la noción biológica que tenemos de nosotras mismas y del entorno que construimos para el buen funcionamiento de nuestro organismo es, sobre todo, una cuestión de salud. Para afrontar el rápido contagio de este y

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nuevos virus, necesitamos replantear los lugares que habitamos en términos de salud preventiva, y eso equivale a la preservación de la biodiversidad. Además, la idea de prevención nos da la oportunidad de redefinir la noción de seguridad, que en las últimas décadas ha sido uno de los instrumentos clave para desplegar sistemas de control social, como un vector de cuidados.  En una referencia a la Universidad de Chicago, Margulis compara los métodos «honestos, abiertos, accesibles y enérgi­cos»[39] que allí se alentaban «con la actual mentalidad obsesionada con la tecnología». La bióloga apunta a la conexión necesaria entre ciencia y filosofía con preguntas tan esenciales como ¿qué somos?, ¿de qué estamos hechos nosotros y el universo?, ¿de dónde venimos?, que el solucionismo tecnológico no contempla (sobre el solucionismo tecnológico, véase también el texto de Pablo de Soto en este mismo libro). No somos una comunidad de humanos en una «batalla contra un virus». Somos una especie más, hasta ahora dominante en la organización política planetaria, cuyas capacidades biológicas –aquellas referentes a nuestra capacidad productiva de generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber los desechos resultantes de nuestro consumo de manera sostenible– están llegando a su límite. Nos encontramos en un punto de inflexión evolutivo y nuestra supervivencia depende de que comencemos a reconsiderar nuestra relación con otras especies. Si ponemos en práctica la propuesta cooperativa de Margulis y reaccionamos a los avisos de las organizaciones internacionales sobre la urgencia de reconstruir nuestra relación con la naturaleza y aumentar la biodiversidad de nuestras ciudades, quizá podamos atender la última llamada con éxito.

[1] Líderes de las Naciones Unidas, la OMS y el WWF para Damian Carrington, en «Halt destruction of nature or we will have to face wors pandemics, say top scientists», The Guardian, 27 de abril de 2020 [https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/haltdestruction-nature-worse-pandemics-top-scientists], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [2] Véase el informe COVID-19: urgent call to protect people and nature, del WWF, junio de 2020 [https://explore.panda.org/pandemics?quicklink,], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [3] Pepe Mujica, «Una advertencia a los “sapiens”», en El País, 4 de mayo de 2020 [https://elpais.com/especiales/2020/coronavirus-covid-19/predicciones/una-advertencia-alos-sapiens/]. [4] Juhani Pallasmaa, Animales arquitectos, Barcelona, Gustavo Gili, 2020, p. 15. [5] Lynn Margulis, Planeta simbiótico: un nuevo punto de vista sobre la evolución, trad. Victoria Laporta Gonzalo, Barcelona, Debate, 2002, pp. 11-12. [6] Theodosius Dobzhansky, en L. Margulis, Planeta simbiótico…, cit., p. 35.

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[7] Véase Eva Meijer, «Political Nonhuman Animal Voices: Rethinking Language and Politics with Nonhuman Animals», Animals and Their People, Leiden, Brill, 2019. La traducción es de la autora. [8] L. Margulis, Planeta simbiótico…, op. cit., p. 12. [9] Pedro Navascués Palacio,  «La Ciudad Lineal de Arturo Soria»,  Villa de Madrid (1969), pp. 49-58. [10] Véase Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokio, Princeton, Princeton University Press, 2002 [ed. cast.: La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio, Buenos Aires, Eudeba, 2000]. [11] Saskia Sassen, A Sociology of Globalization, Nueva York, Norton, 2007, p. 97 [ed. cast.: Una sociología de la globalización, Madrid, Katz, 2007]. La traducción es de la autora. [12] Timothy Morton, mesa redonda «Nature is not natural and can never be naturalized», en SonicActs Festival, con Graham Harman, Douglas Kahn, Arie Altena y Mark Williams, Ámsterdam, 26 de febrero de 2015. [13] Véase el informe de la UNESCO COVID-19 and its link with Biodiversity, Illegal Wildlife Trafficking and Bioculturality [https://en.unesco.org/events/covid-19-and-its-linkbiodiversity-illegal-wildlife-trafficking-and-bioculturality], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [14] Véase la entrevista al doctor Qing Li en La Vanguardia, Barcelona, 5 de mayo de 2018 [https://www.lavanguardia.com/lacontra/20180505/443263142282/los-banos-debosque-potencian-el-sistema-inmune.html], consultado el 18 de junio de 2020. [15] Véase [https://sustainablehealthcare.org.uk/], consultado el 18 de junio de 2020. [16] Véase VVAA, «Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies», The Lancet. Planetary Health, noviembre de 2019 [https://www.thelancet.com/journals/lancplh/article/PIIS2542-5196(19)30215-3/fulltext], consultado el 18 de junio de 2020. [17] Véase el informe de Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis, Washington DC, 2005. Disponible en [http://www.millenniumassessment.org/en/Synthesis.aspx], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [18] Gary M. King, «Urban Microbiomes and Urban Ecology: How do Microbes in the built Environment Affect Human Sustainability in Citis?», Journal of Microbiology 52 (2014). La traducción es de la autora. [19] Informe covid-19 de la WWF, op. cit., pp. 33-35. [20] Véase el informe de la Comisión Europea, Nature-Based Solutions, en [https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [21] Jose María Rey Benayas, «El abandono de pueblos y cultivos abre la puerta a la resilvestración del  paisaje», The conversation, 5 de junio de 2019. Disponible en [https://theconversation.com/el-abandono-de-pueblos-y-cultivos-abre-la-puerta-a-laresilvestracion-del-paisaje-118137], consultado el 18 de junio de 2020. [22] Kevin Kelly, «Protopia», The Technicum, 6 de mayo de 2011 [https://kk.org/thetechnium/protopia/], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [23] Miguel Pérez, «Toward a Holobiont Urbanism: Microbial Sampling Scalability Trhough Apis Mallifera», tesis para el Máster Science in Media Arts and Sciences del

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Massachusetts Institute of Technology (MIT), junio de 2017, p. 54. La traducción es de la autora. [24] Ilana Zilber-Rosenberg y Eugene Rosenberg, «Role of Microorganisms in the Evolution of Animals and Plants: The Hologenome Theory of Evolution», FEMS Microbiology Ecology, Oxford, Blackwell, 2009. La traducción de la autora. [25] I. Zilber-Rosenberg y E. Rosenberg, «Role of Microorganisms in the Evolution of Animals and Plants…», op. cit., p. 723. [26] Véase Elliott Sober y David Sloan Wilson, El comportamiento altruista: Evolución y psicología, Madrid, Siglo XXI de España, 2010. [27] Gary M. King, «Urban Microbiomes and Urban Ecology…», cit. La traducción es de la autora. [28] M. Pérez, op. cit., p. 11. [29] Ibid., p. 14. [30] Ibid., p. 23. [31] Ibid., p. 33. [32] VVAA, «Urban greenness Influences Airborne Bacterial Community Composition», Science of The Total Environmen 571, 15 de noviembre de 2016. [33] Rachel Armstrong, «Architecture that repairs itself?», en TEDGlobal, 2009 [https://www.ted.com/talks/rachel_armstrong_architecture_that_repairs_itself? utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [34] Véase Naomi Klein, This changes everything. Capitalism vs. Climate, Londres, Simon & Schuster Paperback, 2014, p. 5 [ed. cast.: Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, Barcelona, Paidós, 2015]. La traducción es de la autora. [35] Véase el informe del WWF COVID-19: urgent call to protect people and nature, junio de 2020 [https://explore.panda.org/pandemics?quicklink], consultado el 18 de junio de 2020. La traducción es de la autora. [36] VVAA, «Correlation between climate indicators and COVID-19 pandemic in New York, USA», Science of The Total Environment 728, 1 de agosto de 2020. [37] Véase Kate Raworth, Economía rosquilla: siete maneras de entender la economía del siglo XXI, Barcelona, Paidós, 2018. [38] VVAA, «Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2», Science [https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1444#abstract-1], consultado el 8 de junio de 2020. [39] L. Margulis, Planeta simbiótico…, cit., p. 34.

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Movilidad poscovid-19 Esteban de Manuel Jerez

RESUMEN Si hay un campo en el que la idea de reconstrucción poscovid-19 aparece como particularmente confusa e inapropiada es en el de la movilidad y la organización espacial de las ciudades. Las medidas sanitarias precisas para garantizar el distanciamiento social en el espacio público y la movilidad implican una profunda reestructuración espacial y funcional de las ciudades, urgente, progresiva y permanente. En muchas ciudades de España y del mundo se están implementando medidas teorizadas y ensayadas parcialmente en ciudades como Curitiba, Copenhague, Ámsterdam, Barcelona, Vitoria y Pontevedra. Lo están haciendo de forma rápida, económica y reversible, pero con vocación de permanencia, en ciudades como Valladolid, Valencia y Londres. Solo dándole la vuelta a la actual pirámide de distribución del espacio entre los distintos modos de movilidad urbana, hoy dominada por el coche, podremos garantizar condiciones de seguridad sanitaria y evitar el colapso circulatorio, económico y ambiental. Por otra parte, aunque prefiramos ignorarlo, las pandemias, como el cambio climático, han venido para quedarse, en la medida en que son síntomas del desbordamiento de los límites de la biosfera por la actividad económica. Revertir la situación, recuperando el equilibrio ambiental roto, incluso con una decidida voluntad política y social que hoy no tenemos, es un proceso largo. Por tanto, nos enfrentamos a dos situaciones de emergencia, la climática y la sanitaria, emparentadas por sus causas y por las acciones precisas para mitigarlas, y que requieren tomar medidas de adaptación, de construcción de resiliencia, puesto que nos vamos a ver obligados a convivir con ellas. De todos los modos de transporte sostenible el que atraviesa temporalmente una situación más crítica es el transporte público, que se ve obligado a reducir su capacidad. Ello obliga a repensar en profundidad cómo compensar la pérdida de capacidad en los vehículos con incrementos de frecuencia y velocidad comercial, al tiempo que nos impele a reflexionar sobre cómo preservamos estos servicios públicos que son clave y que hoy están sometidos a las reglas mercantiles. El cambio de rumbo necesario en movilidad nos va a llevar a ciudades en las que la prioridad en el espacio público lo tendrán las personas que caminan o se apropian de nuevos espacios estanciales ganados al coche, con mejoras en seguridad, confort y accesibilidad. De este modo se favorecerá la autonomía de niñas y niños, de personas mayores o con movilidad reducida, haciendo la vida

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más fácil a las personas cuidadoras. En segundo lugar, se dará prioridad en la mayor parte de las calzadas a las personas que se mueven en bicicleta y otros vehículos de movilidad personal. En tercer lugar, al transporte público, que requiere plataformas reservadas para poder prestar con eficiencia su servicio. En cuarto lugar, a los vehículos logísticos y de transporte de mercancías. En quinto y último lugar queda relegado el actual rey, el vehículo privado, a un lugar secundario y muy restringido. Ni que decir tiene que estos cambios afectan a valores y formas de pensar, no solo a infraestructuras. Y que son cambios que se enfrentan a resistencias. Pero todo indica que las ciudades inteligentes caminan en esa dirección y que la pandemia del covid-19 acelerará su extensión. ¿QUÉ APRENDIZAJES PODEMOS EXTRAER DE LA PANDEMIA EN TORNO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD? Durante la pandemia y el consecuente confinamiento hemos experimentado cosas que no habíamos experimentado nunca, que nos han hecho repensar muchas cosas y nuestra escala de valores. Las calles de nuestras ciudades estaban desiertas. Cuando toda la actividad no esencial ha quedado en suspenso, por esas calles circulaban vehículos de transporte público casi vacíos. La vida cotidiana confinada, con sus estrictas normas, puso en evidencia la importancia de contar cerca de nuestros hogares con una buena oferta de comercio de proximidad. Al caminar hacia los comercios para el abastecimiento, con mascarillas improvisadas al principio, se nos pedía mantener unas distancias de seguridad, para las que las aceras de gran parte de la ciudad no están diseñadas. Imposible cruzarse por ellas manteniendo los dos metros de distancia exigidos. Muchos viandantes optaban en tal caso por cambiar de acera o caminar por la calzada. Sin embargo, esto solamente era posible en calles sin coches y con muy pocos viandantes. Por otra parte, hemos podido experimentar un auge sin precedentes del teletrabajo en actividades muy diversas como la educación, la administración, el comercio e, incluso, en parte de la atención sanitaria a través de consultas virtuales. También hemos asistido a la eclosión de los espacios virtuales como ágoras públicas donde dialogar sobre lo que nos estaba pasando e imaginar una sociedad y unas ciudades diferentes tras la pandemia, con todas sus dificultades y barreras para avanzar hacia ellas. Con todas sus contradicciones, esto nos ha hecho comprender que es posible mantener un nivel de actividad muy elevado sin necesidad de desplazarnos cotidianamente a los lugares de trabajo. También que ello implica invertir para resolver la brecha social en el acceso a las tecnologías y adecuar nuestros hogares para la convivencia de trabajo, estudio y

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cuidados, con espacios de esparcimiento hacia el exterior. Estos días de confinamiento nos han mostrado que es preciso redistribuir de forma más equitativa los trabajos de cuidados necesarios para mantener a nuestras familias a flote. También a valorar más esos cuidados y las personas que los desempeñan, tanto en el ámbito doméstico como en el público. Paralelamente hemos comprobado cómo la calidad del aire de nuestras ciudades mejoró sensiblemente y la naturaleza recuperó terreno rápidamente. El informe sobre reducción de los niveles de contaminación elaborado por Ecologistas en Acción demostró lo que se percibía a simple vista desde nuestros balcones y terrazas. Cielos que recuperaban su color azul transparente sin boina gris de contaminación. Las mediciones de los niveles de contaminación constataron su reducción en un 60 por 100. ¿VUELTA A LA NORMALIDAD O CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NORMALIDAD EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD? La vuelta obligada a la actividad económica en plena pandemia, con la exigencia de mantener distancias de seguridad mientras esta dure, pone en evidencia que ni aceras ni carriles bici están diseñados para permitir que nos movamos por las ciudades cumpliendo las normas. Al mismo tiempo los desplazamientos al trabajo en esa vuelta a la actividad se ven dificultados por la reducción de la capacidad de mover pasajeros del transporte público. Si un porcentaje significativo de usuarios del transporte público pasan al coche agravaremos los problemas de contaminación, nos alejaremos aún más del cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e incrementaremos el colapso circulatorio que ya padecen crónicamente nuestras ciudades. Nos preguntamos, ¿la vuelta a la normalidad es inevitablemente la vuelta a las ciudades ruidosas y contaminadas, dominadas por el coche? Vemos que hay ciudades en todo el mundo que están llevando a cabo cambios para que esto no sea así. Londres se ha planteado el problema que representa la pérdida de capacidad de las redes de transporte mientras sea preciso mantener normas de distanciamiento social que eviten rebrotes de la pandemia. Calculan que si el 70 por 100 de los antiguos usuarios del transporte público pasaran a moverse en coche se produciría un colapso circulatorio y económico. Por tanto, han decidido tomar medidas valientes para multiplicar por diez los desplazamientos a pie y en bicicleta, habilitando el espacio público para ello de forma rápida y a bajo coste.

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En España, Greenpeace publicó un mapa de las ciudades que están tomando medidas que prioricen la movilidad peatonal y ciclista para seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Valencia y Valladolid se han marcado el objetivo de dar prioridad a la bicicleta en el espacio público siguiendo técnicas similares a las de Londres. Otras ciudades como Sevilla prefirieron hacer los experimentos fuera de horario laborable, los fines de semana, y no ofrecieron ninguna alternativa real al uso del coche para ir al trabajo. Por otra parte, las medidas de reconstrucción de la economía que está adoptando el gobierno de España se están centrando en la recuperación del sector del automóvil. Mientras, no hay en el horizonte todavía un plan dirigido a fomentar el transporte público seguro y eficiente, y las empresas de transporte público, a falta de una Ley de Financiación, ven amenazado su futuro. Entran en contradicción las demandas de los sectores económicos dominantes con las demandas de las autoridades sanitarias, con las propuestas de los expertos en movilidad sostenible y con las conclusiones de la comunidad científica en cuanto a las medidas a adoptar para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en muy poco tiempo. Durante la pandemia ha sobreabundado la información y la desinformación y han faltado espacios de generación de conocimiento. Realizar un diagnóstico serio y en profundidad de las causas de la pandemia y comunicarlo a la sociedad es imprescindible para actuar frente a las causas. Sin ese diagnóstico, ¿cómo decidir si el objetivo es reconstruir la economía que teníamos, y que nos ha traído la pandemia, o si, por el contrario, necesitamos cambiar de rumbo? ESTAMOS EN EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SANITARIA Y EN VÍSPERAS DE UNA CRISIS ENERGÉTICA En diciembre de 2018 Greta Thunberg leyó en la Cumbre del Clima de Katowice, la COP24, el discurso que la convirtió en figura mundial. En una sociedad basada en el conocimiento las advertencias de los científicos serían escuchadas y tendrían consecuencias en las políticas públicas y en los comportamientos cívicos. Greta Thunberg fundamentalmente pidió a los adultos, especialmente los que están en situación de poder, que escuchen las advertencias científicas y que actúen mientras hay tiempo para no perder definitivamente una batalla que no nos podemos permitir perder, si queremos evitar dosis poco imaginables de sufrimiento social: Tenemos que hablar claro, no importa cuán incómodo sea. Vosotros solo habláis de crecimiento económico eterno porque tenéis demasiado miedo de ser impopulares. No sois lo suficientemente maduros para decir las cosas como son, incluso esa carga

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nos dejáis a nosotros(as), los(as) niños(as). Pero a mí no me importa ser popular, me preocupo de la justicia climática y del Planeta Vivo. Nuestra civilización está siendo sacrificada para que unos pocos tengan la oportunidad de seguir amasando grandes cantidades de dinero.

Los científicos hablan claro, pero no logran que sus conclusiones se plasmen en decisiones políticas y cambios culturales acordes a la gravedad extrema de la amenaza a la que nos enfrentamos. El informe del IPCC (2018) es concluyente: Contamos con los recursos y el tiempo suficiente para evitar que el calentamiento global supere 1,5 °C, pero se necesita un esfuerzo sin precedentes, en cuestión de energía, industria, transporte, agricultura, ciudades y edificios. Llegar a reducir alrededor de un 45 por 100 las emisiones globales de CO2 de origen humano en 2030, respecto a los niveles de 1990, y lograr el «cero neto» en 2050.

Todos estos «esfuerzos sin precedentes» tienen que producir, según la comunidad científica, cambios en sectores que están interrelacionados entre sí y que es preciso combinar para tener éxito. Entre ellos hay un nudo gordiano que es el cambio de modelo energético. Es sabido que la quema de combustibles fósiles es la principal causa del calentamiento global y que, por tanto, es preciso cambiar el modelo energético hacia fuentes renovables, de forma muy rápida. Pero no es tan sencillo. Por una parte, porque la economía capitalista basada en el continuo crecimiento del producto interior bruto conlleva una demanda paralela de consumo de energía. Esta no ha dejado de crecer y dificulta la transición energética, dado que el ritmo de implantación de las energías renovables no es suficiente para satisfacer la demanda creciente de energía de la economía global. La consecuencia es que hoy no se ha conseguido todavía detener el incremento lineal de la proporción de carbono en la atmósfera. Observando la Curva de Keeling la conclusión es que ninguna de las medidas que estamos tomando para combatir el calentamiento global ha tenido aparentemente el menor impacto para detener el incremento de concentraciones de CO2 en la atmósfera. De ahí que el tema sea más complejo y los científicos pidan cambios en todos los sectores de actividad que son altamente demandantes de energía: el agroalimentario, el de producción y consumo, la edificación, el modelo urbano y de transporte. Por otra parte, esos cambios van a ser necesarios ante el horizonte de declive en la capacidad de extracción de los combustibles fósiles. El crecimiento de la demanda de energía mundial no va a poder ser satisfecho mediante la suma de combustibles fósiles decrecientes y energías renovables. Hemos superado el pico de extracción de combustibles fósiles y a partir de ahora podremos extraer cantidades decrecientes cada año, con una menor tasa de retorno energético.

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Eso quiere decir que «vamos a dejar de estar subvencionados» por una energía acumulada durante millones de años y que hemos quemado literalmente en un suspiro en términos de tiempo geológico. La civilización basada en energías renovables va a ser necesariamente diferente de la altamente industrializada. Pese al fracaso de la cumbre de Katowice en diciembre de 2018, que no aprobó el informe del IPCC, las movilizaciones juveniles y de otras organizaciones ecologistas en torno a movimientos emergentes, como Fridays For Future y Extinction Rebellion, sumado a la reacción de redes científicas y académicas que promovieron declaraciones de emergencia climática en centenares de universidades de todo el mundo y urgieron a los gobiernos a sumarse a ellas y actuar en consecuencia, han logrado que, efectivamente, lo hicieran municipios, gobiernos regionales y parlamentos nacionales de todo el mundo. La emergencia sanitaria provocada por la pandemia originada por el covid-19 se ha producido en un mundo que ya estaba en emergencia climática, aunque no estuviéramos actuando frente a ella como se requiere. Pero ¿significa eso que estamos respondiendo realmente a las causas de ambas crisis? LO QUE TIENEN EN COMÚN LA EMERGENCIA SANITARIA Y LA CLIMÁTICA La crisis climática la ha provocado la emisión de gases de efecto invernadero por encima de la capacidad de absorción de la biosfera. La quema de combustibles fósiles es la causa principal. Esta ha sido y es la base energética que sustenta la civilización industrial y la economía globalizada con todo su gigantesco modelo de producción y transporte de materias primas, alimentos y productos manufacturados. Hemos podido organizar una sociedad en torno al crecimiento sostenido de la producción, que no sostenible, gracias a esas fuentes de energía acumuladas. Pero quemarlas en tan poco tiempo ha supuesto encender la calefacción a nivel global. La biosfera ha visto superada su capacidad de absorción de CO2 y este se ha acumulado en la atmósfera incrementando el abrigo protector. Quede claro una cosa: ser sostenibles no es una elección. No se puede ser insostenible indefinidamente por definición. Y las señales de alarma disparadas nos indican que se nos acaba el tiempo. Nos enfrentamos a una situación de emergencia. La crisis sanitaria la ha originado una zoonosis, favorecida por el retroceso acelerado de la naturaleza fruto de la presión de las actividades productivas. Esta excesiva presión se traduce en extinción masiva de especies, destrucción muy elevada o total de ecosistemas básicos, singularmente bosques, y contacto estrecho entre animales salvajes y ganadería industrial. La consecuencia conjunta de estos factores, como expresa de forma clara y pedagógica el

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científico Fernando Valladares, es que «teníamos una vacuna y nos la hemos cargado». Hemos reducido la capacidad que tenía la propia naturaleza para generar defensas frente a las zoonosis. La causa común de ambas situaciones de emergencia es la excesiva presión de la esfera económica sobre la ambiental. La economía ha superando los límites de la biosfera. El cambio climático y las pandemias por zoonosis son síntomas de ese diagnóstico. La economía ortodoxa, a la que hoy se acogen los gobiernos para salir de la crisis, es un paradigma de conocimiento que parte de la simplificación de que la biosfera proporciona una capacidad infinita de proveer de materia y energía y de absorber residuos. Funciona como si no existieran los principios de la termodinámica. En cualquier otro ámbito de conocimiento, hubiera sido sustituida por un paradigma nuevo basado en los principios de la termodinámica, que establece cuentas integrales de los recursos disponibles, extraídos y consumidos, de los residuos generados y su capacidad de absorción: la economía ecológica que es capaz de realizar cuentas integrales y de comparar la capacidad de la biosfera de recuperación con la huella ecológica de las actividades económicas sobre la misma. Cualquier contabilidad sostenible tendría que considerar esas cuentas integrales. Si no se ha abandonado este paradigma es porque sigue siendo funcional, como denuncia Greta Thunberg, a un pequeño pero poderoso grupo de hombres de negocios. Ante ambas situaciones de emergencia hay que adoptar medidas de mitigación y adaptación, las primeras para actuar sobre las causas y las segundas para adaptarnos a las consecuencias. ¿Actuaremos sobre ambas o asumiremos que solo podemos aspirar a adaptarnos a sus consecuencias? No creo que nadie quiera vivir en un mundo como el que hemos vivido durante el confinamiento, con la enorme carga de sufrimiento social que ha conllevado. Pero si no estamos dispuestos a cambiar de rumbo, más vale que nos vayamos acostumbrando. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA DE LA MOVILIDAD POSCOVID-19 El modelo de movilidad y transporte está fuertemente relacionado con el modelo urbano y territorial (URBS), por una parte, y con el modelo productivo, social y cultural (CIVITAS), por otra. Ambas dimensiones están estrechamente vinculadas por relaciones de causa y efecto: los cambios en la esfera espacial, de ordenación urbana y territorial inducen cambios en las formas de pensar y vivir la ciudad, y de organizar sus actividades económicas. Y viceversa, los cambios en las formas de pensar y en los valores, en las formas de producir y consumir, producen cambios en la ordenación espacial de las ciudades. Se

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producen relaciones recursivas de causa efecto que alimentan procesos de cambio, virtuosos o viciosos. Desde la década de los ochenta estamos en España en un círculo vicioso de insostenibilidad urbana con islas de excepción, que han demostrado que es posible activar círculos virtuosos de sostenibilidad. Veremos las claves que de ello nos ofrecen ciudades inteligentes como Vitoria y Pontevedra. Esos cambios son el campo de acción de la polis, dominada por la esfera representativa, pero en la que desempeña un papel crucial la dimensión participativa, la emergencia de propuestas de abajo arriba por parte de la sociedad civil, de sus organizaciones, de colectivos profesionales que están entrando en conflicto con administraciones inmovilistas en materia de movilidad. Por tanto, los cambios que se produzcan van a depender en gran medida de la inteligencia colectiva desplegada en el ámbito de la polis en cada lugar. El modelo urbano se ha expandido espacialmente, con baja densidad y se ha segregado funcionalmente, alejando los lugares de residencia de los lugares de trabajo y de compras y ocio. La extensión del área metropolitana de Sevilla, por ejemplo, se ha multiplicado por diez mientras su población solo se ha multiplicado por 1,5 desde la década de los ochenta hasta la actualidad. Esto ha multiplicado las distancias que se recorren cotidianamente, con el consecuente incremento del consumo de energía y de emisiones contaminantes. Ese crecimiento no ha sido planificado a escala metropolitana, sino que se ha producido como sumatorio de ordenaciones municipales autistas que han competido entre sí por atraer las inversiones inmobiliarias. No se ha previsto una estructura de transporte público que dé soporte a ese crecimiento y todo ha quedado supeditado a las infraestructuras para el coche. En consecuencia, el 70 por 100 de los desplazamientos cotidianos entre el área metropolitana, residencial, y la ciudad central, que concentra las actividades económicas, se produce en coche y el 46 por 100 de los coches que se mueven por esa ciudad central son de origen metropolitano. En paralelo la expansión de la economía global ha incrementado el flujo de transporte para abastecer la ciudad. En consecuencia, la huella ecológica de nuestras ciudades se ha multiplicado. Cuando el profesor Antonio Cano, en su tesis doctoral, calculó la huella ecológica del área metropolitana de Sevilla, esta resultó ser de 10.880.863,6 Ha, superior al tamaño de Andalucía. Eso significa que se necesita más superficie que la que tiene Andalucía para abastecer a Sevilla y absorber sus residuos. Todos los sectores económicos, empezando por el agroalimentario, se han visto afectados por este proceso de alargar las distancias entre producción y consumo. Las ciudades han dejado de depender de los recursos y de la producción local y regional para hacerlo del suministro de todo tipo de productos a nivel global. Es muy ilustrativo lo ocurrido con la alimentación.

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Hemos pasado de un modelo preindustrial basado en la alimentación de proximidad a un modelo dependiente de las grandes cadenas alimentarias globales. En Andalucía los alimentos que consumimos recorren una media de 4.000 kilómetros. El 80 por 100 de lo que consumimos en Andalucía procede de la economía global, con una fuerte dependencia de energías fósiles de origen externo. Este modelo de producción y consumo está acelerando el agotamiento de los recursos de los que depende; por tanto, es insostenible y estamos sufriendo ya las consecuencias. De todos los recursos que han entrado en declive, el más importante es el de las energías fósiles. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que esto va a conllevar una crisis energética que agudizará la crisis económica y afectará de forma directa al transporte. En 2008 pudimos asistir a una crisis energética debida a una escalada especulativa del precio del petróleo. La consecuencia inmediata fue una huelga de transporte organizada a nivel europeo que dejó desabastecidos los supermercados de productos básicos. La subida del precio del transporte, vinculada a la subida del precio del diésel, primer combustible afectado por la caída en la capacidad de suministro, provocó la explosión social de los Chalecos Amarillos en Francia. Ecuador, país cuya capacidad de extracción de crudo entró en fase de declive, se vio obligado a subir el precio del carburante y la consecuencia fue otra explosión social. Y lo mismo ocurrió en Chile ante la subida del precio del transporte. Todo ello nos indica que nos enfrentamos a un tema clave de muy difícil gestión, por la complejidad de factores implicados. No hay sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social, ni hay sostenibilidad económica sin sostenibilidad ambiental y social. Por otra parte, el agotamiento de recursos impone también límites al vehículo privado eléctrico o de hidrógeno, por su punto más débil y complejo de resolver, las baterías, hoy dependientes del litio y otros minerales raros y escasos. Necesariamente hay que pensar en reducir la movilidad y resolverla fundamentalmente con transporte público, en bicicleta o vehículos de movilidad personal y caminando, en un horizonte en el que habrá una reducción drástica del número de automóviles. El transporte y la organización de las ciudades son, pues, sectores clave en los que introducir cambios sin precedentes antes de 2030 para evitar superar el límite de seguridad climático. Esto, junto con el agotamiento de los recursos fósiles, empuja en una misma dirección: es preciso un cambio de paradigma del modelo urbano, territorial, económico y productivo, y por ende del de movilidad, responsable de un 35,5 por 100 de las emisiones de CO2, según la Agencia Andaluza de la Energía. Pero la investigación llevada a cabo para hacer «Las cuentas integradas del Transporte en Andalucía», por el equipo dirigido por el catedrático de economía ecológica Manuel Delgado, puso de

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manifiesto que la Agencia Andaluza de la Energía solo cuenta la parte visible del iceberg. A los 13,5 millones de toneladas de CO2 asociadas al transporte, reconocidas por dicha Agencia, habría que sumar 16,4 millones de toneladas de CO2 no reconocidas procedentes de las emisiones del transporte internacional de mercancías que abastece Andalucía, las emisiones de los modos eléctricos y no convencionales y las emisiones producidas durante las demás fases del transporte. La conclusión pone de manifiesto la magnitud del reto de hacer sostenible el transporte de personas y mercancías. El 95 por 100 de la energía que usamos en transporte en Andalucía procede de energías fósiles. Al mismo tiempo, esas emisiones contaminantes vinculadas a la movilidad son responsables de que las ciudades en que vivimos sean fuente de enfermedades y provoquen 660.000 muertes en Europa. Por otra parte, parece haber una correlación entre niveles de contaminación alta y vulnerabilidad a la covid, por lo que, en previsión de futuras pandemias, que vendrán inevitablemente mientras no se produzca una recuperación significativa de los sistemas naturales, tenemos más razones que antes de la pandemia para promover una movilidad no contaminante, sobre la base de la alianza entre transporte público y movilidad activa y de otros vehículos de movilidad personal. Ese modelo de transporte de personas y mercancías que fundamentalmente descansa en la carretera y las calzadas urbanas tiene un enorme impacto en términos espaciales. Precisa desproporcionadas cantidades de espacio, en forma de autovías de acceso a las ciudades y ocupación del espacio público de las mismas. Además, fragmenta el territorio y la ciudad, estableciendo barreras que rompen la continuidad de los itinerarios peatonales y ciclistas. Mientras continúe potenciándose el urbanismo basado en el crecimiento, el problema entra en un bucle de retroalimentación positiva que nos lleva a un callejón sin salida. Volvamos al caso de Sevilla. El Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, de ejecutarse, va a implicar un incremento de 237.934 viajes motorizados diarios, lo que equivaldría a 119.681 vehículos privados más moviéndose por la ciudad, lo que representa un incremento de un 30 por 100. El diagnóstico del Plan Metropolitano de Sevilla arroja que sería preciso incrementar en un 55 por 100 el número de carriles de acceso a la ciudad para que el incremento de movilidad previsto por el crecimiento urbanístico en el área metropolitana no provoque un colapso en los desplazamientos cotidianos entre esos asentamientos residenciales y los lugares de trabajo, ubicados en la ciudad central, a los que sería preciso añadir 30.000 nuevas plazas de aparcamientos equivalentes en superficie a 60 estadios de fútbol. Por último, pero no menos importante, es preciso considerar el impacto que la movilidad que descansa en el automóvil tiene en términos de seguridad y

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confort para los habitantes de las ciudades. Es preciso acometer una pacificación del tráfico, disminuyendo su velocidad, para reducir drásticamente la siniestralidad por accidentes. La reducción de la velocidad en las calles favorece la ciclabilidad segura. Por otra parte, es preciso recuperar espacios para el peatón a fin de generar ciudades más habitables, más caminables. Y si queremos adaptar las ciudades a las pandemias presente y futuras, es preciso ampliar anchos de aceras y extender las calles residenciales, de prioridad absoluta para el peatón. Todas estas medidas favorecen ciudades más saludables, más seguras, que propician el encuentro y la convivencia ciudadana, por tanto, ciudades más vivas. REPENSAR LA MOVILIDAD Y EL MODELO URBANO Y TERRITORIAL EN TIEMPOS DE EMERGENCIA Todo lo expuesto hasta ahora pretende situar el problema que tenemos pendiente en toda su complejidad, así como justificar que no cabe pensar en reconstruir el modelo previo a la pandemia ni es posible hacerlo. La inacción lleva como consecuencia un incremento de la insostenibilidad ambiental, social y económica, debido al trasvase inevitable de usuarios del transporte público al privado. Partimos de un modelo que depende en un 95 por 100 de combustibles fósiles. En el tema de la movilidad, el transporte y el uso del espacio público, han sido muy numerosas las aportaciones para un cambio de rumbo en el modelo urbano y de movilidad desde el ámbito académico, profesional, asociativo y desde algunos gobiernos municipales valientes. El análisis de las mismas nos permite concluir que la pandemia ha catalizado ideas de movilidad sostenible ya experimentadas con éxito y estas han servido para dar respuesta inmediata, con operaciones de reducida inversión e inmediata aplicación, al cambio de reparto espacial y modal en favor de caminantes, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y transporte público, dándole una vuelta de 180° al modelo de la vieja normalidad. Vamos a ver por qué y cómo estamos descubriendo algo que ya era evidente para los especialistas en movilidad sostenible. Si en la vieja normalidad el 70 por 100 del espacio público lo hemos dejado en manos del coche, el cambio de rumbo que precisamos para hacer frente a la crisis nos va a llevar a ciudades con muchos menos coches, en las que el 70 por 100 del espacio público sea de prioridad para los peatones y el resto, en su mayor parte, de prioridad para bicicletas, vehículos de movilidad personal y transporte público. Por razones de salud, que nos obligan a preparar las ciudades para poder guardar medidas de distanciamiento social imposibles de cumplir en calles de aceras estrechas, en carriles bici estrechos, tendremos que ampliar aceras y áreas peatonales y dar

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prioridad en la calzada a ciclistas y vehículos de movilidad personal. En tiempos en que la capacidad del transporte público se reduce a menos de la mitad, es preciso impulsar alternativas al coche privado, para evitar el colapso de las calles y autovías de acceso a las ciudades y, por tanto, de la actividad económica en las mismas. Pero también para hacer frente a la crisis energética y climática, y a las situaciones críticas a nivel social consecuentes que, sin duda, generarán mayor inestabilidad política. ¿Cómo producir este cambio? LAS SUPERMANZANAS COMO IDEA BASE PARA REORDENAR LAS REDES DE MOVILIDAD Y RECUPERAR ESPACIO DE PRIORIDAD PEATONAL: APRENDIENDO DE BARCELONA Y VITORIA La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona propuso en la primera década de este siglo el concepto de supermanzana para referirse a las unidades de espacio interior delimitado por las vías de tránsito principal de la ciudad. En el caso de esta ciudad, con su conocida trama ortogonal, las supermanzanas agrupan conjuntos de tres por tres manzanas. El viario de tránsito transcurre por el perímetro de estas supermanzanas, estableciendo una red viaria principal de calles horizontales y verticales separadas 400 metros entre sí. El interior de las supermanzanas pasa a ser de prioridad peatonal, suprimiendo el tráfico de tránsito. Se establecen bucles de acceso y salida para residentes, vehículos de carga y descarga y de servicios. Se ganan cuatro plazas interiores en lo que antes eran cruces de calles y se da la vuelta a la proporción entre espacio de prioridad peatonal y de prioridad para el coche. Esta organización en supermanzanas sirve de base para el rediseño de la red de transporte público, que pasa a tener líneas horizontales y verticales con alta frecuencia de paso para facilitar que, con un solo transbordo, sin demora, se pueda ir de un punto de ciudad a otro. Con este modelo le dan la vuelta al reparto de espacio de prioridad peatonal. La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona trabaja además con los conceptos de compacidad y complejidad para favorecer la habitabilidad y la sostenibilidad creando diversidad en las actividades de proximidad. Se trata por tanto de actuaciones sobre el espacio público y edificado, para reducir la movilidad forzada, y sobre la reorganización de la movilidad en el espacio público para favorecer que la movilidad necesaria sea prioritariamente por modos sostenibles. París ha puesto de moda este concepto al proponer como objetivo político lograr la ciudad del cuarto de hora, basada en la creación de proximidad de la vivienda al trabajo, el estudio, el comercio, el ocio y los servicios.

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Aplicando estos conceptos a toda la ciudad se consiguen tres objetivos. El primero de ellos sería reducir la necesidad de desplazamientos motorizados creando proximidad. El segundo, invertir la proporción de espacio público dedicado al coche y al peatón y a las zonas de estancia peatonal, en favor de estos últimos. El tercero consistiría en la reorganización con una estructura más clara y funcional de las redes de movilidad activa (peatonal, ciclista y de vehículos de movilidad personal) y de transporte público, con lo que se incentivan estas en detrimento del coche. ¿Es un modelo válido para ciudades que tienen otras formas urbanas más intrincadas? Vitoria, cuya forma urbana es más parecida a una tela de araña, consiguió el reconocimiento de capital verde europea aplicando estos conceptos. La trama viaria principal resultante, formada por vías circulares y radiales, permitió crear una estructura clara de las tres redes de movilidad sostenible complementarias: la peatonal, ciclista y de transporte público. El transporte público mejoró en un 70 por 100 su participación en el reparto modal de la movilidad en detrimento de los usuarios del coche, al demostrarse como un modo más eficiente y cómodo para moverse. Contribuyó a crear una red de infraestructura verde, con corredores continuos conectando las plazas, jardines y parques con el anillo verde perimetral y este, a su vez, con la red de caminos públicos rurales. El acuerdo ciudadano y político que lo hizo posible, a lo largo de doce años, con tres alcaldes de tres partidos diferentes, logró hacer la ciudad más habitable, fomentar la movilidad sostenible, incrementando el porcentaje de desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público, y reduciendo los desplazamientos en automóvil. LA ALIANZA ENTRE TRANSPORTE PÚBLICO Y BICICLETA: APRENDIENDO DE HOLANDA Holanda es conocida como el paraíso para los ciclistas, tanto los urbanos como los cicloturistas. Todo el país está articulado con una tupida red de ciclovías, magníficamente señalizadas, con planos detallados de escala país y de escala comarcal. Y esta red está perfectamente articulada con la ferroviaria. Esto permite que los desplazamientos diarios para ir de las áreas residenciales de baja densidad a los centros de trabajo se pueda hacer de manera eficiente combinando transporte público y bicicleta. En las estaciones de ferrocarril se disponen aparcamientos seguros gratuitos para ciclistas. De este modo el radio de proximidad se amplía tanto en origen como en destino. Un ciclista puede llegar a recorrer 3 kilómetros en menos de 15 minutos a una velocidad moderada de 12 kilómetros por hora. Es frecuente usar una bicicleta privada

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para ir de casa a la estación de origen y otra desde la estación de destino al trabajo. El modelo holandés es muy interesante para áreas metropolitanas como las construidas en las últimas décadas con predominio de las urbanizaciones de baja densidad, que representan un gran reto para la movilidad. La densidad baja es contraria a la eficiencia y sostenibilidad del transporte público. La alianza entre transporte público y bicicletas, especialmente en las áreas de baja densidad residencial, se sustenta en infraestructuras que favorecen la intermodalidad entre ambas. Los Park and Ride, o aparcamientos disuasorios, gratuitos para usuarios del transporte público, tienen por finalidad alimentar el acceso a las redes de transporte público desde el privado, dejando para este último los tramos finales, de origen y destino. Las bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, compartidas, públicas o privadas, pueden desempeñar así un papel determinante en un modelo de movilidad en el que el coche es prescindible o casi prescindible. DECONSTRUYENDO EL METRO EN SUPERFICIE, APRENDIENDO DE CURITIBA A finales de la década de los setenta Curitiba se planteó que necesitaba una red metropolitana de transporte público, una red de «metro» para estructurar la ciudad y su crecimiento. No salían las cuentas para lograrlo con metro subterráneo convencional, de modo que el arquitecto y alcalde Jaime Lerner se propuso el reto de deconstruir los elementos que hacen que una red de metro subterráneo sea eficiente y reconstruirlos en superficie a un coste diez veces menor. ¿Es posible mover el mismo número de pasajeros a la misma velocidad y con la misma frecuencia en superficie que de forma subterránea? El metro subterráneo no se ve afectado por el tráfico de superficie y sus atascos. ¿Se puede conseguir esto mismo en superficie? Para ello, la primera premisa era lograr una plataforma reservada para el transporte público y establecer mecanismos que den prioridad en los cruces a sus vehículos. La segunda, lograr estaciones accesibles que permitan el control de acceso antes de acceder al andén de parada de los vehículos para facilitar la rápida subida y bajada de viajeros. La tercera, contar con vehículos de alta capacidad, articulados, biarticulados o triarticulados, según la demanda. Con esas componentes se diseñó la primera red de metrobús de superficie del mundo, que se difundiría como Bus de Tránsito Rápido o BRT. El diseño de la red se adaptó a la forma del territorio metropolitano de Curitiba, creando líneas

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circulares y radiales, apoyadas por líneas alimentadoras de escala urbana o de barrio. El concepto de Curitiba demostró que era posible conseguir de forma mucho más rápida y económica una red de transporte público eficiente en superficie que de forma subterránea, y la idea se diseminó por todo el mundo. En América de sur a norte, pero también en Europa y en Asia. Para ciudades de hasta tres millones de habitantes funciona. La apuesta por este sistema logra una reducción significativa de usuarios de vehículos privados, por lo que se crea un círculo virtuoso. No hay tantos coches ocupando las calzadas, con lo que hay menos problemas para el transporte público, que se experimenta como el modo más eficiente y económico de moverse por la ciudad, además del más ecológico. En los últimos años se han producido avances significativos en los vehículos para reducir sus emisiones. Hoy están operando tranvibuses eléctricos, alimentados con pantógrafo, y de pila de combustible de hidrógeno, así como híbridos. En un caso y en otro es preciso que las ciudades prevean incrementar su capacidad de autogenerar energía eléctrica renovable para cubrir la demanda eléctrica de los vehículos, de forma directa o indirecta, obteniendo el hidrógeno por electrolisis. Para que el transporte público sea una alternativa eficiente al transporte privado es fundamental incrementar la velocidad comercial y la frecuencia de paso, así como adaptar la capacidad de los vehículos a la demanda. Los conceptos desarrollados en Curitiba para implantar redes metropolitanas de transporte público eficiente, «metros en superficie», son válidos tanto para redes de alta capacidad como redes alimentadoras o de capacidad media o baja. El sistema se puede implantar de forma progresiva, partiendo de las infraestructuras y los vehículos existentes y renovar la flota progresivamente hacia sistemas más ecológicos y eficientes. Lo esencial de estas medidas podría estar ya en funcionamiento y se puede implementar en muy poco tiempo de modo que la red se refuerce desde ya e incremente capacidad, aumentando la frecuencia y la velocidad comercial. Se pueden reservar plataformas para el transporte público inicialmente sin necesidad de realizar obras. Para ello es preciso reestructurar las líneas existentes y realizar ajustes en las líneas de transporte para lograr una red que funcione con alta frecuencia y velocidad comercial. De este modo se puede suplir la pérdida de capacidad de movimiento de pasajeros que tendrán los vehículos en los periodos en los que las pandemias obliguen a reducir el aforo de los vehículos. El resto de medidas se puede implementar de forma progresiva. La sustitución de paradas convencionales por plataformas accesibles a nivel de los vehículos, con sistema de acceso controlado, puede irse haciendo al ritmo de la capacidad financiera municipal.

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CIUDADES QUE CAMINAN, APRENDIENDO DEL METROMINUTO DE PONTEVEDRA En 1999, Miguel Anxo Fernández Lores, recién nombrado alcalde de Pontevedra, inició su mandato poniendo en marcha un ambicioso plan de peatonalización de la ciudad. Ese mismo año Juan Ignacio Zoido empezó el suyo revirtiendo el Plan Centro de Sevilla, implantado por el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, que restringía el acceso en coche al centro histórico de la ciudad. El objetivo del alcalde de Pontevedra era favorecer el desplazamiento a pie como alternativa al coche. El de Zoido, defender el uso del coche sin restricciones en el centro de la ciudad, entendiendo que así, contra toda evidencia, favorecería también el auge del comercio. Es sabido que las calles comerciales peatonalizadas mueren de éxito. Se multiplica el flujo de personas y, con ellas, el número de clientes. Como consecuencia el precio de los locales se dispara. El flujo de personas que llena una calle peatonal es muy superior al de esa misma calle cuando la mayor parte de su sección se reserva a los coches, que transcurren por ellas sin posibilidad de aparcar, dejando un estrecho espacio marginal a las personas que caminan. No necesitaba viajar el alcalde Zoido para comprobarlo. Le bastaba caminar por las calles peatonales que salen de la Plaza Nueva, peatonalizada, donde se ubica el propio ayuntamiento. Contra todo pronóstico, cuando Juan Espadas recuperó la alcaldía de la ciudad para su partido, en 2015, no hizo nada por recuperar el Plan Centro durante su primer mandato. Es interesante analizar la polis en los dos casos para entender por qué medidas similares funcionan en unas ciudades y parecen no funcionar en otras. El Plan de Pontevedra lo pensó su alcalde cuando estaba en la oposición y llegó a la conclusión de que, para tener éxito, era necesario implementarlo de manera inmediata al inicio de su mandato. Sabía que una vez la ciudadanía se habituara a una ciudad casi sin coches, no querría dar pasos atrás. Los comerciantes, como suele ocurrir, pasaron de ser los más reacios a los mayores defensores de la peatonalización. El plan de Monteseirín sin embargo se implementó al final de su segundo mandato, que coincidió además con lo peor de la crisis económico financiera. Esto propició que Zoido lo liquidara, haciendo incluso bandera electoral de ello, y retrajo a Espadas de volver a implementarlo. El Plan de Pontevedra no es simplemente un plan de restricción del tráfico de coches, ganancia de calidad de espacio público y fomento de la movilidad peatonal, aunque eso lo ha hecho de forma modélica. Reordena lógicamente el espacio público y la movilidad. Restringe el acceso en vehículo privado al centro, reduce las plazas de aparcamiento en superficie, favorece los

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aparcamientos de vehículos de suministro y servicios y recupera el conjunto del centro histórico para caminantes. En la periferia se disponen aparcamientos gratuitos de los que parten los itinerarios peatonales. Hay intervenciones en el espacio público, para mejorar su accesibilidad, seguridad y confort, pero hay algo más. Pontevedra nos aportó el concepto de «Plano Metrominuto» de la ciudad, que a través de la Red de Ciudades que caminan se va extendiendo por otras muchas ciudades. Ambas medidas son necesarias y complementarias. El plano Metrominuto genera una imagen mental de la ciudad, partiendo de hitos reconocibles por la mayoría de los habitantes, conectados entre sí por itinerarios peatonales. El plano es una imagen sinóptica inspirada en los planos de «metro». Los hitos se representan como si fueran estaciones y se conectan con líneas gruesas de itinerarios peatonales que se representan como si fueran líneas de transporte público. Cada tramo de esas líneas lleva asociada una distancia expresada en metros y un tiempo expresado en minutos. Son los tiempos precisos para ir de una «parada» a otra caminando a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Es muy fácil calcular de un vistazo cuánto se tarda caminando para ir de un lugar a otro de la ciudad. Las paradas son edificios públicos representativos atractores de movimiento, como ayuntamientos, centros de salud, centros educativos, deportivos, culturales… También parques, aparcamientos, estaciones de autobuses o ferrocarriles. De un vistazo, en el caso de Pontevedra, se descubre que es una ciudad perfectamente caminable. Todo está próximo. Hace varios años que trabajo esta idea con mis estudiantes y la hemos aplicado a municipios rurales y a barrios de Sevilla. También la hemos incorporado en trabajos profesionales para ayuntamientos. Se pueden hacer versiones de planos metrominutos para itinerarios ciclistas, partiendo de velocidades de 15 kilómetros por hora que amplían por tres el radio de proximidad de la ciudad. Una vez definida la red de itinerarios peatonales principales, en función de los hitos a unir, considerando la organización de la ciudad en supermanzanas, es preciso intervenir modificando las secciones y el trazado de las calles para ampliar aceras o plantear calles de prioridad peatonal, compartidas con el coche, acompañadas de operaciones de calmado del mismo, que se pueden implementar de forma progresiva, comenzando con operaciones económicas, rápidas y reversibles. La Red de Ciudades que Caminan ha realizado un gran trabajo de difusión del modelo de metrominuto de Pontevedra, asesorando a las ciudades asociadas en su implementación. Hoy 57 ciudades cuentan con planos metrominuto, de ellas doce europeas y una mexicana. Pero es preciso recordar que no basta con dibujar un plano para que la ciudad cuente con una red de itinerarios peatonales. Es preciso intervenir en el espacio público y reordenar la movilidad.

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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GENERACIÓN APLICADA A LA MOVILIDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO. APRENDIENDO CON COL·LECTIU PUNT 6 Y CON LAS NIÑAS Y NIÑOS La perspectiva de las mujeres sobre el espacio público y la movilidad está condicionada por su rol, todavía mayoritario, de cuidadoras principales. Su incorporación al trabajo simultaneada con ese rol introduce una complejidad mayor en los desplazamientos de ellas frente a los de ellos. Estadísticamente hablando, el hombre hace un desplazamiento lineal entre su residencia y el hogar, mayoritariamente en coche. La mujer trabajadora entre casa y el trabajo, a la ida o a la vuelta, aprovecha para llevar y recoger a los niños y niñas del colegio y para hacer alguna compra, visitar a los mayores y hacerles algún servicio, llevar por las tardes a sus hijos e hijas al parque más próximo o a las actividades extraescolares. Las personas cuidadoras son más sensibles a los problemas de accesibilidad. Caminan más y sufren más la falta de confort de calles con aceras estrechas, llenas de obstáculos, faltas de sombra, de bancos y de fuentes de agua. Son más sensibles a calles mal iluminadas e inseguras. Las mujeres, estadísticamente, son más usuarias del transporte público que los hombres y, por tanto, conocen también mejor sus carencias en frecuencia y rapidez, la falta de regularidad, los eternos tiempos de espera en paradas mal acondicionadas. El Col·lectiu Punt 6 nos ayuda a mirar la ciudad con perspectiva de género y nos aporta categorías de análisis muy interesantes para hacer diagnósticos y diseños participativos sobre el espacio público y la movilidad: la proximidad, la accesibilidad, la seguridad y el confort. Necesitamos tener en proximidad todo lo necesario para la vida cotidiana. Necesitamos recuperar la ciudad del cuarto de hora. Esas distancias próximas son adecuadas para caminar. Las ciudades de la infancia, inspiradas en el pedagogo Tonucci, impulsan la recuperación de las calles por niños y niñas, de forma segura y autónoma. La ciudad educa en adquisición de autonomía, aspecto crucial, creando las condiciones para que la infancia recupere las calles. Podríamos decir que ocurre a la inversa. Pensar las ciudades para que esto sea posible es avanzar en peatonalización. Los caminos escolares seguros y los pedibuses escolares, junto con las propuestas de mejora del acceso a los colegios para las niñas y niños que caminan, ofrecen una oportunidad estratégica para impulsar los procesos de peatonalización. Implicar a niños y niñas en el diagnóstico y el diseño de esos caminos y de los entornos escolares, implicarlos en la organización de sus pedibuses, tiene un gran potencial transformador, contribuyendo a la creación de comunidad. Su mirada es empática con las generaciones adultas, con las de sus padres y madres y las de sus abuelas y abuelos. Su mirada fresca y

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penetrante no pasa por alto las dificultades de accesibilidad y de seguridad para ellos y para las personas mayores y con movilidad reducida. Son sensibles a la presencia y ausencia de árboles, de fuentes, de bancos, algo que tiende a pasarse más por alto por parte de adultos que perciben la ciudad principalmente desde la seguridad y el confort del coche. LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO APLICANDO LA ORDENANZA DE CIUDADES 30 Y CALLES DE PRIORIDAD RESIDENCIAL Esta ordenanza de la Dirección General de Tráfico persigue pacificar el tráfico en las ciudades y hacerlas más seguras, reduciendo el número de accidentes y su gravedad. Implica que todas las calles de la ciudad tengan al menos un carril con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora y que en dichos carriles la prioridad sea para ciclistas y vehículos de movilidad personal. La irrupción de las bicicletas eléctricas y la rápida innovación en vehículos de movilidad personal, permiten ampliar enormemente la autonomía en los desplazamientos prescindiendo del coche, mucho más pesado, caro y con un gasto energético mucho más elevado. La aplicación inmediata de esta medida, en todas las ciudades, permitiría tener a muy bajo coste una red continua de ciclovías seguras por la calzada. Es lo que está haciendo Londres con el objetivo de multiplicar por diez el número de desplazamientos ciclistas y evitar así el colapso de la ciudad ante la pérdida de capacidad de mover pasajeros, durante la pandemia, por parte del transporte público. Esta medida se puede complementar con la ordenación de las ciudades en supermanzanas delimitadas por la red viaria principal, la de tránsito, que permite articular la movilidad urbana, tanto para transporte público como privado. Allí donde las aceras no cumplan con una anchura mínima de 3 metros, 8 metros si se trata de itinerarios principales, estas deberán ser ampliadas para garantizar las medidas de seguridad en el espacio público determinadas por el Ministerio de Sanidad y lograr implantar redes peatonales continuas y seguras. En las calles en las que no es posible disponer de aceras de suficiente anchura se puede implementar la ordenanza de calles residenciales de prioridad absoluta para el peatón. LAS TARJETAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO BONIFICADAS

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Una cuestión clave al abordar la movilidad es propiciar la intermodalidad efectiva, rápida y económica entre medios. Ello requiere medidas de gestión y la creación de infraestructuras que favorezcan la intermodalidad. La medida más importante que habría que implantar a nivel de gestión es la puesta en marcha de tarjetas de transporte intermodales metropolitanas como las que están en funcionamiento en Madrid y Barcelona. Estas tarjetas y sus bonificaciones constituyen políticas de gran impacto social y ambiental, que además agilizan el acceso al sistema y lo hacen accesible económicamente. CONCLUSIONES. ¿CÓMO HACER POSIBLE ESTE CAMBIO DE MODELO URBANO Y DE MOVILIDAD? Los cambios que es preciso introducir para lograr ciudades sostenibles y saludables, con los recursos disponibles a medio y largo plazo, implican un cambio de paradigma urbano y de movilidad que ya se ha iniciado en muchas ciudades. La emergencia sanitaria nos ha hecho ver la importancia de poner en marcha los cambios de forma rápida y progresiva, partiendo de los recursos disponibles, sin esperar grandes inversiones en infraestructuras. Hemos visto que hay ciudades en todo el mundo que han aprovechado la emergencia sanitaria y las medidas solicitadas por los respectivos responsables de las políticas públicas de sanidad, para implementar cambios permanentes de forma inmediata usando las herramientas del urbanismo táctico: rapidez de implantación, bajo coste o coste casi nulo y reversibilidad. Esto ha ocurrido cuando se ha dado la feliz circunstancia de contar con equipos técnicos y gestores públicos bien informados y valientes en la toma de las decisiones necesarias. Allí donde los equipos técnicos no han asimilado las ideas de movilidad sostenible y siguen priorizando la calzada para el coche, o allí donde los responsables políticos son ignorantes o timoratos, la ciudadanía ha perdido una oportunidad de oro para avanzar en pocas semanas lo que normalmente cuesta varios años. La buena noticia es que las ciudades inteligentes y valientes han demostrado que es posible y que sus medidas son replicables. Esto da fuerza a las organizaciones sociales y profesionales que en todas partes empujan para que se produzcan cambios hacia ciudades más habitables, sostenibles, seguras y saludables. Lamentablemente, tenemos muy poco desarrollada la democracia participativa, lo que limita enormemente la capacidad de incidencia política real de la sociedad civil. Los gobiernos municipales con frecuencia se limitan a cumplir formalmente los requisitos de participación, que en el mejor de los casos llega a ser consultiva y en otros se limita simplemente a cumplir con los periodos de alegaciones. En estas circunstancias, desafortunadamente, los

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debates y propuestas de la sociedad tienen más incidencia en el cambio cultural y social que en el político. En Vitoria hubo la inteligencia política de basar el proyecto de ciudad en un amplio consenso social y político que permitió la alternancia entre alcaldes de distinto signo sin que la transformación espacial de la ciudad y su movilidad sufriera por ello retrasos. Cuando se logra un alto consenso político y social en torno a cambios de gran calado, como los promovidos por Vitoria, el resultado es que estos se pueden llevar a cabo. Vitoria obtuvo el reconocimiento como capital europea en 2012. Pero más allá de dicho reconocimiento, sus ciudadanos y ciudadanas disfrutan cotidianamente de una ciudad más habitable. Pontevedra siguió una vía diferente. El cambio producido en la ciudad para lograr que sea reconocida mundialmente como una de las ciudades más amables con las personas que caminan fue el resultado de un proyecto impulsado por un político que desarrolló la idea estando en la oposición y tuvo la inteligencia y valentía de implementarla en los primeros meses de su mandato. El consenso ciudadano se produjo por la vía demostrativa, a posteriori, una vez experimentado. Sevilla obtuvo reconocimiento internacional por la implantación de una red ciclista que logró multiplicar por diez los usuarios de la bicicleta en muy poco tiempo. Lo hizo a través de presupuestos participativos y con la prensa conservadora totalmente en contra. Como en Pontevedra, el cambio introducido fue sancionado a posteriori por la vía de la experimentación satisfactoria. La controversia inicial se fue amortiguando y el cambio introducido no fue revertido, tan solo frenado, cuando hubo cambio de gobierno. El urbanismo táctico aporta herramientas adecuadas para introducir estos cambios, experimentarlos y sancionarlos, haciéndolos permanentes, ajustarlos si es preciso o revertirlos si no funcionan. Y tienen una enorme ventaja. Se pueden poner en marcha sus medidas en un contexto de escasez de recursos como el que previsiblemente vamos a afrontar. Partiendo de estos principios, y de las premisas de que el cambio necesario se tiene que empezar a producir de manera inmediata como consecuencia de la adaptación a las medidas sanitarias exigidas por la pandemia, es preciso idear cómo hacerlo partiendo de los recursos existentes y de las infraestructuras. El reto es mejorar la gestión e introducir los nuevos conceptos de forma rápida, económica y progresiva. A medida que se vayan consiguiendo más recursos se irá perfeccionando el modelo. Estamos asistiendo a una situación de experimentación a gran escala que nos va a deparar en muy poco tiempo una cantidad enorme de buenas prácticas. Las ciudades inteligentes las aprovecharán. Las que pretendan mantener políticas urbanas y de movilidad del pasado, basadas en actuaciones aisladas de gran inversión en infraestructuras,

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que no lleguen a formar redes eficientes de movilidad, es probable que acaben tomando decisiones que hipotequen su futuro, en un momento en el que nadie se lo puede permitir.

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Crisis y covid-19. Los barrios populares bajo el azote de una pandemia global Jorge Sequera UNED

No se trata de una exclusión, se trata de una cuarentena. No se trata de expulsar sino, al contrario, de establecer, fijar, dar su lugar, asignar sitios, definir presencias, y presencias en una cuadrícula. No rechazo, sino inclusión[1].

Las corrientes higienistas del espacio urbano como elemento constitutivo de la ciudad moderna y las nuevas metrópolis en el siglo XIX alcanzaron su cénit político en las epidemias urbanas que se sucedieron en la segunda mitad del XIX y las primeras décadas del XX, con la «gripe española» como hecho social total. Eran estudios que se acercaban desde la medicina a las condiciones de vida de grandes sectores de la población, tanto para la vigilancia como para la asistencia sanitaria pública[2]. Ya en las postrimerías del siglo XVIII hubo un giro científico de la salubridad; el pensamiento médico se comenzó a centrar en lo urbano y en la prevención de focos infecciosos por medio de reglamentaciones municipales, la labor coercitiva de la policía practicando visitas domiciliarias o fiscalizando el espacio público, y las intervenciones higienistas de mejora del alcantarillados, las aguas, la ventilación y la circulación del aire, así como las intervenciones sobre el espacio privado familiar. La medicina se urbanizaba y la ciudad se medicalizaba[3]. Se alejaban de las urbes cementerios, mataderos y hospitales, se calculaban los nuevos anchos de las calles y la altura de los edificios bajo criterios tecnificados. Se instauró también entonces, en términos de Diego Galeano, «la conformación de ese imaginario que asociaba enfermedad y vivienda popular». Como señala la antropóloga social Monserrat Cañedo, «los médicos higienistas construyeron un mapa de legibilidad de los males de la ciudad» señalando los barrios enfermos. La alta mortalidad de la época, junto con las epidemias y el sujeto «barrios bajos», adquirían un nuevo sentido político y moral. El barrio popular como miasma[4] a sofocar. La ciudad de la peste que un día nos describió Foucault en Vigilar y castigar, que imaginábamos ya como un retrato historiográfico, está siendo hoy nuestra realidad aumentada en época de confinamiento y pandemia global. Ciudades divididas en distritos, en barrios y en calles, donde abundan los vigilantes (policiales o vecinales), junto a rastreadores, personal médico-social de toda

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índole y consejeros epidemiólogos que dan indicaciones políticas. Esta nueva peste, como en siglos anteriores, ha conformado un espacio y un tiempo recortado, parcelado, pétreo, fijo, en silencio, mudo[5]. Pasadas las primeras semanas de confinamiento, la brecha social comenzó a convertirse en un auténtico cisma. Familias al completo, que se manejaban como funambulistas en la economía informal, veían que sus pocos e inestables recursos desaparecían. Vendedores ambulantes, personal de limpieza doméstica, chapuzas, mudanceros, chatarreros, profesionales del cobre, trabajadoras sexuales, conseguidores, pequeños dealers, expropiadores de supermercados, etc. se encontraban sin trabajo y, lo que es más importante, les habían arrebatado la calle y, por tanto, la capacidad de obtención de recursos. Aquellos que habitan los márgenes, porque no pertenecen a las clases medias, que teletrabajarían, ni a la clase trabajadora, que sería en muchos casos protegida bajo distintas modalidades de seguros y prestaciones estatales, quedaban aislados y marginalizados. Los barrios «marginalizados», en particular, serán no solo los principales afectados, sino los principales instigados. Y es que los impactos no son solo sobre la salud, sino que tanto las distintas fases de la epidemia como la llamada «nueva normalidad» han desarrollado un impasse vital atroz en el corto plazo: la pérdida de empleo e ingresos, el rehacinamiento, el bloqueo a los sistemas sanitarios por razón de la covid por un sistema de salud colapsado o la desigualdad en el acceso a recursos para salud mental o violencia de género. En el medio y largo plazo, como ya sabemos, las grandes crisis traen no solo aumentos de la desigualdad estructural, sino que, de la mano, les acompañan las acentuaciones de la morbilidad relacionadas con el aumento de enfermedades mentales, suicidios[6] o consumo de alcohol. Si bien la lógica higienista había quedado sedimentada bajo nuevas razones científicas y urbanísticas, con la pandemia actual del covid-19 aquel criterio estigmatizador que lee al otro como contagiado o potencial propagador multiplica de nuevo la diferenciación social (el sano del enfermo) y la vigilancia mutua, fiscalizando las conductas del prójimo y policializando las nuestras; una deriva reaccionaria a la que debemos estar atentos, no solo en este estado de alarma, sino, sobre todo, en su manifestación psicosocial en la llamada «nueva normalidad». En este sentido, dos mecanismos fundamentales se ciernen sobre las poblaciones de estos barrios. En primer lugar, la persecución. Un estado neopolicial con nuevas y excepcionales funciones ha otorgado a la figura de «orden público» un novedoso poder y legitimidad. En muchos casos, estas funciones se han tornado excesivas y abusivas contra la propia población a la que deben proteger. Baste señalar el particular caso de España, con más de 9.000 detenidos y 1,2 millones

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de multas durante el estado de alarma[7]. Tal como denuncia el informe de Amnistía Internacional[8], estas prácticas de control exhaustivo sobre los movimientos de la población se han hecho cumplir desde una mirada punitivista, con denuncias policiales interpuestas a población en situación de calle, uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, aumento de registros corporales y detenciones con componentes racistas, accesos a domicilios particulares sin orden judicial, incremento de las multas en barrios obreros, etc. En el caso de EEUU, a esta tesitura pandémica se le han sumado las constantes denuncias de abusos policiales raciales, que han desembocado en una de las mayores revueltas por los derechos civiles y de las minorías étnicas en Estados Unidos de los último 50 años y que pronto se ha viralizado en barrios similares en París o Londres. En segundo lugar, y como resultado, el estigma. Este, que ya preexiste, solo busca constatar esta correlación falseada y viralizada por los medios de comunicación de los clichés («siempre son los mismos») y la autopercepción («tenemos lo que nos merecemos») que coproducen y reproducen la pobreza urbana; es decir, la banalización de la desigual salud entre ciudadanos de la misma metrópolis, que se pretende explicar por su condición de barriobajeros merecedores de sus males y no por la estructuralidad atrofiante de los que habitan en los márgenes.  La amenaza de enfermedad, por tanto, genera discriminación o violencia contra grupos ya de por sí estigmatizados, convertidos hoy en chivos expiatorios[9]. CONFINAMIENTO Y DISTANCIA SOCIAL EN LOS BARRIOS POPULARES En una escena de la película Parasite de Bong Joon-Ho, el protagonista, perteneciente a la elite económica de Corea del Sur, confiesa con escamosa naturalidad a su chófer que detesta ir en el metro de Seúl por el olor de los otros. «Todos huelen igual», exhala desde la parte de atrás del coche. El conductor, afincado con su familia en un semisótano con vistas a la acera de Ahyeon-dong, uno de los barrios populares de la ciudad, asiente atónito con la cabeza, mientras lleva al protagonista de la oficina a su bauhasiana casa de enormes ventanales con vistas a su –privado– jardín. El estado de emergencia que se vive en todo el mundo incluye límites (o supresiones, depende de la perspectiva) de la movilidad y la actividad a la ciudadanía, y ha puesto a ciertas frágiles e inciertas biografías en una situación compleja. Este shock ha convertido la vivienda, mediante el confinamiento y la cuarentena, en una institución total, en términos de Goffman[10]. Una

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institución total designa «un lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente». Estas instituciones totales, cárceles, hospitales, psiquiátricos, pero también residencias de mayores, monasterios o cuarteles militares, son hoy transitoriamente nuestras casas. En cuarentena, el lazareto es nuestro hogar. Pero no todos los hogares son iguales. En algunos barrios, urbanizaciones y condominios cerrados de la ciudad –donde la ausencia de vida en las calles, incluso de la propia calle, sustituida por carreteras y aparcamientos privados pendulares (casa-oficina-casa)– esta ya era la normalidad. Esta concentración en el interior de casas y clubes privados, la articulación de la vida alrededor del jardín particular y la constatación de una realidad social propia del que mira desde grandes ventanales a su propiedad, no son más que la determinación por vivir aislados de forma activa, como el que es capaz de prever que la ciudad puede enfermar a cada momento, como el que se previene de estar rodeado de chusma contaminante, plebe hacinada. La ONU definió un hogar en los barrios marginalizados como el grupo de personas que conviven bajo un mismo techo y que no cumplen con una o más de las siguientes condiciones: 1) acceso a agua potable;  2) acceso a instalaciones sanitarias; 3) acceso a una vivienda digna, sin hacinamiento y con ventilación; 4) criterios de calidad y durabilidad estructural de la vivienda, y 5) derecho de tenencia[11]. Un cuarto de la población urbana mundial vive en estos barrios y, si atendemos a las estimaciones para las próximas décadas, la población urbana se duplicará en las dos regiones más pobres del mundo, el sur de Asia y el África subsahariana, por lo que los asentamientos informales crecerán de forma inaudita. En África, más de la mitad de la población urbana vive en estos asentamientos; en Asia, donde habita la mitad de la población urbana del mundo, es el 30 por 100; en Latinoamérica, una de cada cuatro personas[12]. En estos barrios populares, es decir, en la mayoría, la fuente primordial de lo urbano es el bullicio y la vida callejera. En términos de la urbanista Jane Jacobs, es en las calles precisamente donde se tejen las relaciones sociales y los lazos de confianza, donde el anonimato convive con el reconocimiento social. Pero esto, durante las distintas fases de la propagación y el confinamiento, transitoriamente ha desaparecido. En tiempos de reclusión, el confinamiento de buena parte de la población mundial nos ha llevado a acercarnos a esas formas de estar-en-el-mundo donde encarnar en nuestras propias vidas lo que LópezPetit llama «el malestar de la normalidad», ahora revestido de «excepción»; una normalidad devenida «excepcional» que, si nos detenemos a comprender las distintas etapas pandémicas por las que, en mayor o menor medida, están

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pasando todas la poblaciones del mundo, nos permitirá entender la asimetría de las políticas sociosanitarias llevadas a cabo. Como sabemos, las medidas de control de la propagación del SARS-Cov-2 llevan aparejadas tres fundamentales: el confinamiento, el distanciamiento social y la higiene o el lavado de manos. La primera, el confinamiento (vivienda). Más de 1.600 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de la ONU, tienen viviendas inadecuadas o infraviviendas, y entre 900 y 1.000 millones residen en asentamientos informales[13]. La sobreexposición a viviendas de baja calidad (con humedades o sin ventilación) está asociada directamente a enfermedades respiratorias graves incluso en los neonatos, mientras que el hacinamiento, pareciera obvio, genera tasas de infección más altas[14]. A esto debemos sumar los 70 millones de desplazados y refugiados que se contabilizan hoy en el mundo, según ACNUR[15]. La segunda, el distanciamiento físico/social (pan). El 60 por 100 de la población activa trabaja en la economía informal. Se calcula que 2.000 millones de personas, según la OIT, fundamentalmente en países en desarrollo, obtienen recursos de subsistencia en la informalidad[16]. Y, en tercer lugar, la higiene personal y el lavado de manos (agua). Según el último informe de la OMS junto con UNICEF, tres de cada diez personas carece de acceso a agua potable en el hogar (2.100 millones de personas) y 4.500 millones no poseen saneamientos seguros[17]. A ellos podemos sumar a los doblemente aislados o confinados: los sin techo; las personas detenidas en cárceles, centros de detención de inmigrantes o aquellos que se encuentran en campos de refugiados; las poblaciones sin seguro médico o que viven en regiones donde la salud pública es prácticamente inexistente o deficitaria: los trabajadores de bajos salarios, que día tras día viajan en transportes públicos hacinados, o los del sector primario, que en muchos casos conviven en barracones. UNA SINDEMIA GLOBAL. LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD De este modo, y como podemos comprobar, las desigualdades en el acceso a los recursos no solo muestran una profunda fractura social mundial, sino que multiplican la potencial afección, el riesgo de propagación y de enfermedad sobre esta población. Una desigualdad social y económica que se manifiesta en una estructura social de la salud que parte de precondiciones significativas para una mayor morbilidad, en el caso de la covid, entre los habitantes de los barrios populares. Es decir, como en otras ocasiones, la pandemia del covid-19 se

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agrava debido a epidemias preexistentes de enfermedades crónicas que se corresponden con una posición social y están asociadas con los determinantes sociales de la salud. Esto es, una pandemia global sindémica[18]. No podemos, por tanto, escindir de los estudios sociales sobre la pandemia del covid-19 las desigualdades existentes en enfermedades crónicas así como los determinantes sociales de la salud. Las razones por las que las pandemias son especialmente dañinas en estos lugares[19], no se reducen solo a estar más expuestos, ni se trata de la incompatibilidad con su hábitat, sino de razones salubres estructurales. Habitantes de barrios desfavorecidos socioeconómicamente tienen factores de riesgo clínicos más altos y que aumentan la gravedad y la mortalidad del covid-19: hipertensión, diabetes, asma, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, enfermedad renal, cáncer, enfermedad cardiovascular, obesidad y tabaquismo[20]. Las sindemias globales, como la que se está viviendo en 2020, se desarrollan bajo la  injusticia social sanitaria, que entrelaza la  pobreza, la violencia estructural o la carencia de acceso a recursos con las condiciones sociales en la salud. En estudios anteriores sobre otras pandemias se muestra cómo las tasas de mortalidad habían sido más altas entre los grupos socioeconómicos más bajos[21]. Por ejemplo, estudios sobre la gripe de 1918[22] en Dinamarca mostraban que la mortalidad en la primera ola de contagios fue más alta entre la clase trabajadora y aquellos que vivían en los distritos más pobres. O los realizados en Chicago, donde los contagios crecieron sobre todo en los barrios con las mayores tasas de analfabetismo y peores condiciones de vida[23]. Así, además de los probables impactos desiguales de la crisis económica, se han encontrado desigualdades significativas en aquella pandemia de 1918 llamada «gripe española»: en las tasas de mortalidad entre países ricos y pobres, entre grupos socioeconómicos altos y bajos, entre barrios con rentas altas y bajas, y entre áreas urbanas y rurales[24].  Otro factor crucial es el desigual acceso a la atención médica, incluso en los sistemas universales de salud[25]. Este acceso dispar no solo contribuye a reproducir y endemizar las desigualdades en las enfermedades crónicas, sino que la pandemia del covid-19 puede y está haciendo estragos en determinadas comunidades. Precisamente en regiones de países avanzados, como en España, Estados Unidos y el Reino Unido, donde la pandemia está teniendo graves consecuencias, se han hallado los primeros impactos de las desigualdades sociales en relación con la covid. Recientemente, un estudio en Cataluña examinaba las Áreas Básicas de Salud que han manifestado tasas más elevadas de mortalidad, encontrando que precisamente es donde residen los grupos de nivel socioeconómico más

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bajo[26]. Los datos obtenidos en plena fase pandémica publicados por el Gobierno catalán revelan que la tasa de infección por covid-19 es también mayor en los barrios más desfavorecidos de la región si se comparan con sus áreas históricamente antagónicas. En Madrid, por ejemplo, el número de contagiados crecía exponencialmente cuando se trataba de barrios populares como Puente de Vallecas o Carabanchel, o de municipios del sur, donde reside la clase trabajadora[27]. Algunos de las razones que podrían tenerse en cuenta, siendo prudente y atendiendo a estudios anteriores, siempre hacen coincidir las mismas características: alta densidad poblacional, una morfología urbana estrecha y retorcida, las cualidades deficitarias de las viviendas, el hacinamiento multifamiliar e intergeneracional[28], la fuerte movilidad laboral, la alta contaminación, la hiperutilización del transporte público y los determinantes sociales de la salud. En España, aun así, los datos, más allá de edad y sexo, no aportan directamente información por condición socioeconómica (renta, ocupación y nivel de estudios, entre otras variables) de los contagiados ni de los fallecidos. Del mismo modo, en un análisis intermedio en Estados Unidos se ha encontrado el mismo patrón socioespacial en ciudades como Chicago o Nueva York. En Chicago, tal como explican Bambra et al. en su investigación sobre desigualdad en salud y covid-19, hasta mediados de abril de 2020 el 59 por 100 de las muertes por covid-19 era población negra, lo que suponía una tasa de mortalidad por la pandemia 4 veces más elevada que entre residentes blancos. Y así lo confirman también para Reino Unido, concretamente entre la población asiática, negra y de minorías étnicas en Inglaterra y Gales, donde los datos y las diferencias apuntan al mismo sitio[29]. Recientemente, un estudio epidemiológico de la Universidad de Harvard parece confirmar de nuevo esta hipótesis: las personas que viven en las ciudades, así como las poblaciones de barrios con mayores tasas de pobreza y de hacinamiento, son las que más morbilidad tienen cuando se contagian de covid-19[30]. De nuevo coincide con aquellos que habitan comunidades con fuertes dificultades para confinarse en sus hogares o dejar de trabajar, empleados de la economía sumergida o de labores precarizadas; población en situación administrativa irregular  y que, como se sabe, no acude a los hospitales ni hace uso del sistema de salud, por miedo o por desconocimiento[31]. Por tanto, no se trataría de preguntarnos por la capacidad explicativa de la covid a partir de cuestiones de clase, sino, como destaca Martín Criado, ¿qué significa que la clase social pueda ser una causa fundamental en la posibilidad de evitar los riesgos de una enfermedad o de minimizar sus secuelas[32]?

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CONCLUSIONES En términos sistémicos, el azote de la peste está poniendo en juego, bajo el shock, varias posibles salidas a la crisis. El dilema en estos momentos es saber si estamos ante una consolidación, reafirmación y reconfiguración del modelo de gobernanza neoliberal o si, por el contrario, podemos atisbar una salida emancipatoria y colectiva, capaz de poner la vida (y las vidas) en el centro. Las redes de solidaridad y apoyo mutuo que se han ido creando se replican región por región, país por país. En regiones del Sur de Europa, las despensas solidarias y las redes vecinales se encargan de abastecer a los vecinos sin recursos. En megalópolis como Sao Paulo, la auto-organización de los moradores de la favela más grande de la ciudad, Paraisópolis, ha conseguido revertir la tendencia, y la tasa de mortalidad es la mitad de la causada por covid19 en la ciudad formal. Para ello crearon un sistema de presidentes de rua responsables de monitorear la situación, ayudar con orientaciones e información sobre los síntomas, distribuyendo cestas básicas y combatiendo la diseminación de fake news en la comunidad. Además, reclutaron personal médico, contrataron una ambulancia y facilitaron espacios para el aislamiento de contagiados[33]. Así, de un lugar a otro del planeta, la falta de políticas públicas es sustituida por las propias redes comunitarias, realizando tareas imprescindibles de salvaguarda de sus vecinos, familiares y amigos. El fortalecimiento de la afectividad y la cooperación se hace fundamental frente a la competitividad; una solidaridad y una empatía necesarias que se deben abrir paso también con aquellos que se ven sometidos a un doble confinamiento: desde las personas presas, que ven limitados sus comunicaciones y encuentros físicos con familiares, además de cancelados el régimen abierto y los permisos penitenciarios, hasta los graves peligros de salud e incumplimiento de derechos humanos que sufren los internos aislados en Centros de Internamiento de Extranjeros, pasando por las difíciles condiciones de vida en los campos de refugiados. De este modo, surgen reflexiones y propuestas que parecían sepultadas en la era de la posrecesión 2008: la importancia de los cuidados colectivos, las políticas de confianza y el fortalecimiento de la conciliación familiar y laboral; el fortalecimiento de la sanidad pública; el fortalecimiento del tejido social y el apoyo mutuo (ahora virtual, pronto en las calles); el análisis sosegado de las génesis de las epidemias relacionadas con el sistema agroindustrial global y la deforestación masiva de tierras vírgenes; la reivindicación de la renta social garantizada como garante de una vida digna; la protección de los trabajadores; el derecho a una vivienda digna y la globalización de la salud, no solo entendida como la atención del síntoma,sino en su prevención social y su

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atención al Sur global, como nos reclama Mike Davis[34]. Por un abordaje social de la crisis sanitaria y económica que se cierne sobre nosotros y que acaba de abrir una nueva era.

[1] Michel Foucault,  Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), trad. Horacio Pons, Madrid, Akal, 2007, pp. 52-53. [2] D. Galeano (2009), «Médicos y policías durante la epidemia de fiebre amarilla (Buenos Aires, 1871)», Salud colectiva 5 (2009), pp. 107-120. [3] M. Cañedo Rodríguez, «La ciudad medicalizada: epidemias, doctores y barrios bajos en el Madrid moderno» Journal of Spanish Cultural Studies 13, 4 (2012), pp. 372-407. [4] «[…] desde el siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX, la epidemiología adhirió firmemente a la teoría miasmática, que fue el pensamiento dominante entre los salubristas europeos. Los médicos tendían a caracterizar la enfermedad en términos de causas suficientes múltiples como el mal clima, el aire contaminado, la pobreza o los rasgos personales» (A. Moiso, «Determinantes de la salud», en H. Barragán, A. Moiso, M. D. L. A. Mestorino y O. A. Ojea,  Fundamentos de salud pública, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata [EDULP], 2007, p. 161). [5] R. Castro Orellana, «La ciudad apestada: neoliberalismo y postpanóptico», Revista de ciencia política (Santiago) 29, 1 (2009), pp. 165-183. [6] P. Corcoran, E. Griffin, E. Arensman, A. P. Fitzgerald y L. J. Perry, «Impact of the economic recession and subsequent austerity on suicide and self-harm in Ireland: An interrupted time series analysis»,  International journal of epidemiology  44, 3 (2015), pp. 969-977. [7] «Fin del estado de alarma: más de 9.000 detenidos y 1,2 millones de sanciones», eldiario.es, 20 de junio de 2020 [https://www.eldiario.es/politica/Fin-alarma-detenidosmillones-sanciones_0_1040096036.html]. [8] «Violaciones de derechos humanos durante el estado de alarma», informe de Amnistía Internacional publicado el 1 de julio de 2020. Disponible en: [https://www.es.amnesty.org/]. [9] J. J. Van Bavel, K. Baicker, P. S. Boggio, V. Capraro, A. Cichocka, M. Cikara y J. Drury, «Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response», Nature Human Behaviour (2020), pp. 1-12. [10] E. Goffman (2001), Internados, Buenos Aires, Amorrortu. [11] Documento temático sobre asentamientos informales. Habitat III – ONU, 2015. Disponible en: [http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-SP.pdf]. [12] L. Bonilla (2018) «Asentamientos informales: el desafío del desarrollo sostenible», El País, 25 de abril de 2018 [https://elpais.com/elpais/2018/04/25/planeta_futuro/1524658689_457018.html]. [13] ONU Noticias (2018), «Millones de personas viven sin techo o en casas inadecuadas, un asalto a la dignidad y la vida» [https://news.un.org/es/story/2018/07/1437721]. [14] M. Gibson, M. Petticrew, C. Bambra, A. J. Sowden, K. E. Wright y M. Whitehead (2011), «Housing and health inequalities: a synthesis of systematic reviews of interventions aimed at different pathways linking housing and health», Health & place 17, 1 (2011)), pp. 175-184. [15] ACNUR (2019), «El desplazamiento global supera los 70 millones de personas y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados pide más solidaridad». Disponible en:

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[https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5d09c9414/el-desplazamiento-global-superalos-70-millones-de-personas-y-el-alto-comisionado.html]. [16] OIT (2018), «La economía informal emplea más de 60 por ciento de la población activa en el mundo, según la OIT», comunicado de prensa. Disponible en: [http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627202/lang-es/index.htm?shared_from=shr-tls]. [17] OMS (2017), «2100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar y más del doble no disponen de saneamiento seguro», Comunicado de prensa. Disponible en: [https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safedrinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safesanitation#:~:text=En%20todo%20el%20mundo%2C%20alrededor, (OMS)%20y%20del%20UNICEF.]. [18] «Una sindemia es un conjunto de problemas de salud estrechamente entrelazados y que se potencian mutuamente, que afectan significativamente al estado general de salud de una población en el contexto de unos determinantes sociales estructurales nocivos», en M. Singer, Introduction to syndemics: A critical systems approach to public and community health, John Wiley & Sons, 2009; C. Bambra, R. Riordan, J. Ford y F. Matthews, «The COVID-19 pandemic and health inequalities»,  Journal of Epidemiological Community Health (2020). [19] J. J. Van Bavel, K. Baicker, P. S. Boggio, V. Capraro, A. Cichocka, M. Cikara y J. Drury, «Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response», cit. [20] C. Bambra, R. Riordan, J. Ford y F. Matthews, op. cit. [21] «Social inequality – a forgotten factor in pandemic influenza preparedness». Disponible en: [https://tidsskriftet.no/2017/05/global-helse/social-inequality-forgottenfactor-pandemic-influenza-preparedness], consultado el 3 de julio de 2020]. [22] S. E. Mamelund «1918 pandemic morbidity: The first wave hits the poor, the second wave hits the rich», Influenza and other respiratory viruses 12, 3 (2018), pp. 307-313; id., «A socially neutral disease? Individual social class, household wealth and mortality from Spanish influenza in two socially contrasting parishes in Kristiania 1918-19», Social science & medicine 62, 4 (2006), pp. 923-940. [23] K. H. Grantz, M. S. Rane, H. Salje, G. E. Glass, S. E. Schachterle y D. A. Cummings, «Disparities in influenza mortality and transmission related to sociodemographic factors within Chicago in the pandemic of 1918»,  Proceedings of the National Academy of Sciences 113, 48 (2016), pp. 13839-13844; F. Bernardi, «Coronavirus y clase social», eldiario.es [https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Coronavirus-clasesocial_6_1021257927.html]. [24] C. Bambra, R. Riordan, J. Ford y F. Matthews, op. cit. [25] A. Todd, A. Copeland y A. Kasim, «Access all areas? An area-level analysis of accessibility to general practice and community pharmacy services in England by urbanity and social deprivation», BMJ open 5, 5, e007328. Doi: [https://doi.org/10.1136/bmjopen2014-007328]. [26] [http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2020/desigualtats_socioec onomiques_covid19_aquas2020.pdf]. [27] CAM (2020). Informes de situación COVID-19. En [https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus] (consultado el 7 de mayo de 2020).

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[28] S. E. Mamelund, «1918 pandemic morbidity: The first wave hits the poor, the second wave hits the rich», Influenza and other respiratory viruses 12, 3 (2018), pp. 307-313. [29] N. House, H. Holborn y L. Wc, ICNARC report on COVID-19 in critical care, 2020. [30] J. Chen, P. Waterman y N. Krieger (2020). «COVID-19 and the unequal surge in mortality rates in Massachusetts, by city/town and ZIP Code measures of poverty, household crowding, race/ethnicity, and racialized economic segregation». Disponible en preprint en: [https://cdn1. sph. harvard. edu/wpcontent/uploads/sites/1266/2020/05/20_jtc_pdw_nk_COVID19_MAexcessmortality_text_tables_figures_final_0509_with-cover-1.pdf.]. [31] P. Simón, «La COVID-19 sí entiende de clases sociales», La Marea, 11 de mayo de 2020 [https://www.lamarea.com/2020/05/11/pobreza-covid-19/]. [32] E. Martín Criado, «Por qué el COVID-19 no entendía inicialmente de clases sociales». Disponible en: [https://entramadossociales.org/salud/por-que-el-covid-19-noentendia-inicialmente-de-clases-sociales/]; B. G. Link y J. Phelan, «Social conditions as fundamental causes of disease», Journal of health and social behavior (1995), pp. 80-94.; J. C. Phelan, G. G. Link y P. Tehranifar, «Social conditions as fundamental causes of health inequalities: theory, evidence, and policy implications»,  Journal of health and social behavior 51, supl. (2010), S28-S40. [33] [https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2020/06/paraisopolis-controlamelhor-pandemia-do-que-cidade-de-sao-paulo.html]. [34] Mike Davis, «Covid-19: el monstruo llama a la puerta», Ctxt [https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31378/coronavirus-globalizacion-capitalismofarmaceuticas-sanidad-privada-Mike-Davis.htm]; Mike Davis, Llega el monstruo, Madrid, Capitán Swing, 2020.

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Covid-19, políticas públicas y desigualdades urbanas: el caso de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina María Soledad Arqueros Mejica y Melina Ayelén Tobías (CONICET-IIGG/UBA)

INTRODUCCIÓN Pocos días después de iniciada la pandemia del covid-19, diversas voces señalaron el carácter democrático del virus al propagarse sin importar etnia, clase social o género. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la incidencia de los contagios no fue espacial ni socialmente homogénea, pues afectó principalmente a los sectores más vulnerables. Este artículo indaga en las particularidades que asumió la expansión de la covid en las villas de la Ciudad de Buenos, Argentina, entre principios del mes de abril – momento en que comenzó a ganar peso el contagio comunitario del virus– y mediados del mes de junio de 2020. Específicamente, focaliza la atención en el modo en que las características habitacionales, socio-sanitarias y ambientales de estos barrios, definieron condiciones diferenciales para que los hogares pudieran cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus. Las villas de la Ciudad de Buenos Aires son barrios autoproducidos, que comenzaron a formarse por procesos de agregación individual-familiar en la década de 1930, a través de ocupaciones de suelo vacante en áreas centrales del Área Metropolitana de Buenos Aires[1] (Merklen, 2009). Las viviendas son autoconstruidas y se organizan en una estructura interna de calles y pasillos[2]. La provisión de infraestructura básica de servicios (agua, cloacas, electricidad, gas) es deficitaria. Otra característica central de estos barrios es el hacinamiento de los hogares. Si bien en los últimos 5 años el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la decisión de avanzar en la reurbanización de algunos de ellos (específicamente, las villas 31-31 bis, 20, el barrio Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita), las intervenciones desplegadas en el territorio no se tradujeron en cambios sustantivos en sus condiciones de habitabilidad. Esto permite pensar las relaciones entre las intervenciones estatales, los procesos de salud/enfermedad y las desigualdades urbanas en el contexto de pandemia en una temporalidad amplia, donde se entrelazan procesos de corta, mediana y larga duración que definen oportunidades diferenciales en el acceso a bienes y recursos esenciales para la reproducción de la vida. En esta reflexión son insoslayables la localización de los hogares en la estructura urbana[3], pero

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también las tensiones que se presentan en términos de movilidad/inmovilidad[4]. En este sentido, las familias que residen en las villas de la Ciudad de Buenos Aires presentan múltiples desventajas para replegarse en el ámbito doméstico, tal como lo exigen las medidas de aislamiento social y prevención, y fuertes estímulos para moverse. Nos interesa pensar estas complejidades desde la perspectiva de las políticas urbanas, que aquí entendemos como procesos sociales con anclaje territorial[5] tejidos en torno a una cuestión problemática. Partimos de la idea de que se inscriben sobre los sedimentos de políticas anteriores que –por acción u omisión– tienen efectos en las características que asumen en el presente. Reconocemos así que las políticas urbanas actuales, en parte, trazan sus contornos conforme a lo que podríamos definir como las huellas o resonancias geográficas de intervenciones anteriores, que fueron conformadas en un momento dado, bajo un sistema de relaciones sociales determinadas, y condicionan o alteran el efecto concreto y esperado de las políticas[6]. Basándonos en Oszlak y O’Donnell[7], nuestra perspectiva se conforma teniendo en cuenta las acciones y omisiones de las intervenciones estatales, así como las relaciones que establecen sus agencias y las organizaciones barriales en el territorio. Esto nos lleva a una reflexión sobre el propio concepto de territorio y su doble naturaleza[8]: su dimensión simbólica, asociada a las representaciones y redefiniciones del espacio que realizan los distintos grupos y actores sociales, y su dimensión material, vinculada al ejercicio del poder en el espacio y sobre los grupos sociales que lo habitan[9]. Sin embargo, como señala Haesbaert[10], el territorio es también movimiento, acción. Desde esta perspectiva, las relaciones de poder son construidas en y con el espacio, donde el último tiene un papel constituyente. A partir de las definiciones de dominación y apropiación de Lefebvre, este autor sostiene que los sectores subalternos se territorializan (a diferencia de los hegemónicos) más por apropiación que por dominación. Esto remite al vínculo simbólico y vivencial de estos grupos con el espacio, o lo que nosotras denominaremos el habitar. A diferencia de otras ciudades contempladas en este volumen, en el Área Metropolitana de Buenos Aires la curva de contagios se aceleró en los meses de junio y julio, y se estima que estamos entrando al pico de la pandemia. De este modo, las interpretaciones aquí plasmadas son parciales y están realizadas desde un contexto de incertidumbre. Para avanzar en este proceso hemos recurrido a fuentes diversas. Por un lado, a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad sobre la expansión del covid-19 en las villas y el resto de los barrios. También nos apoyamos en informes producidos por agencias estatales y organizaciones territoriales, y en investigaciones previas realizadas

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en villas. Por último, recuperamos conversaciones que mantuvimos con compañeras y compañeros que viven y/o están realizando actividades en organizaciones de villas así como testimonios volcados en medios masivos de comunicación. El texto se organiza en seis apartados que ponen de relieve el carácter extractivista[11] de la política, característica central de los procesos de neoliberalización[12]. El primero analiza la evolución de la covid en las villas de la Ciudad de Buenos Aires en vínculo con el despliegue de los dispositivos de búsqueda activa de casos, con el fin de reflexionar sobre la circulación del virus y la temporalidad y alcance de las intervenciones públicas. El segundo y el tercer apartados se concentran en las huellas territoriales de las políticas y sus efectos en la reproducción y profundización de las desigualdades en el contexto de pandemia. Para ello focalizan la atención en las características que asumieron los procesos de reurbanización de villas en los últimos años, y las complejidades que asume la intervención pública con respecto a la provisión de infraestructura sanitaria. El cuarto y el quinto apartados reflexionan sobre las condiciones de reproducción de la vida en las villas en el contexto del ASPO, desde un abordaje que prioriza las tensiones entre movilidad/inmovilidad y las relaciones que establecen las organizaciones estatales y territoriales. Por último, se ofrecen unas breves reflexiones a modo de cierre. LA EVOLUCIÓN DE LA COVID EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: ALGUNAS REFLEXIONES COYUNTURALES El primer caso de covid-19 en Argentina se registró el 5 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. El 20 de marzo el Gobierno Nacional declaró la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional. Esta medida, que fue tomada más tempranamente que en otros países, tuvo el propósito de evitar la aceleración de los contagios y preparar el sistema de salud para afrontar la pandemia. A mediados del mes de julio, el país se encuentra transitando la quinta etapa de aislamiento, denominada «distanciamiento social»; no obstante, hay ciertas zonas que regresaron a la fase 1 debido al elevado número de contagios. Este es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)[13] (Mapa 1).

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  Mapa 1. Área Metropolitana de Buenos Aires. Código de los partidos: 1, Almirante Brown; 2, Avellaneda; 3, Berazategui; 4, Esteban Echeverría; 5, Ezeiza; 6, Florencio Varela; 7, General San Martín; 8, Hurlingham; 9, Ituzaingó; 10, José C. Paz; 11, La Matanza; 12, Lanús; 13, Lomas de Zamora; 14, Malvinas Argentinas; 15, Merlo; 16, Moreno; 17, Morón; 18, Quilmas; 19, San Fernando; 20, San Isidro; 21, San Miguel; 22, Tigre; 23, Tres de Febrero; 24, Vicente López. Fuente: L. Fernández, op. cit.

Los primeros contagios en la ciudad referían a personas que habían realizado viajes al exterior y que podrían ubicarse en el segmento ABC 1. Sin embargo, el 10 de abril, 36 días más tarde de esos registros, se detectó el primer contagio en un habitante de villas. A partir de entonces, el virus se extendió en estos barrios rápidamente: 38 días después –el 15 de mayo– se registraron 1.088

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casos positivos de covid-19. A fines de mayo, los casos positivos en las villas representaban el 41,7 por 100 del total registrado a escala de la ciudad[14]. Este desenlace produjo preocupación en las autoridades nacionales. En este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación diseñó el operativo Detectar, que se implementa a nivel local junto con los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este dispositivo está orientado a la búsqueda activa de casos sintomáticos, su posterior testeo mediante las pruebas PCR y rastreo de contactos estrechos[15]. Como señala De Soto en otro artículo de este libro, esto permite cortar las cadenas de transmisión, por lo que es una herramienta esencial de salud pública para controlar los brotes. En la actualidad, el Detectar se despliega en 6 villas, aunque al menos 31 presentaron casos positivos de covid-19 (algunas, más de 75, como el Playón de Chacarita). Esto anticipa nuestra hipótesis, que habrá que contrastar una vez finalizada la pandemia, que es que el operativo Detectar desembarca en los barrios una vez que el virus tiene circulación comunitaria, lo cual desdibuja su carácter preventivo en tanto las villas quedan expuestas a contagios (y posibles muertes) evitables.

  Gráfico 1. Línea de tiempo: evolución de medidas frente a la covid a nivel nacional y del Gobierno de la Ciudad. Fuente: elaboración propia.

En este sentido ¿qué podemos saber con los datos disponibles acerca de la expansión del virus en las villas? Para aproximar una respuesta parcial a esta pregunta, vamos a focalizar la mirada en las primeras 5 villas alcanzadas por el operativo Detectar (las villas 31-31 bis, 1-11-14, 21-24, 20 y 15)[16]. En particular, nos interesa observar los contagios en los 14 días posteriores al comienzo de la operatoria, ya que remiten al periodo de latencia del virus. Este

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dispositivo se inició en diferentes fechas en cada barrio (Gráfico 1), en base a un proceso de decisión que sigue, por un lado, el registro de casos positivos detectados y, por otro, la presión de las organizaciones territoriales.

  Mapa 2. Villas, asentamientos, núcleos habitacionales transitorios y urbanizaciones en villa por comuna. Ciudad de Buenos Aires (2019). Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019).

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En los 5 barrios analizados, la pendiente de la curva de casos positivos de covid-19 creció en los días siguientes al inicio del operativo (Gráficos 2 y 3). En principio, esto nos indica que, una vez que comenzó la búsqueda intensiva de casos, se habían producido más contagios de los que se tenía registro en los días previos.

  Gráfico 2. Evolución de contagios en las Villas 31-31bis y 1-11-14 (22 de marzo-21 de junio de 2020). Fuente: elaboración propia.

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  Gráfico 3. Evolución de contagios en las villas 15, 20 y 21-24 (22 de abril-21 de junio de 2020). Fuente: elaboración propia.

Esta tendencia se refuerza cuando se observa el comportamiento de la media de la tasa R0, que indica el ritmo reproductivo del virus[17]. Aquí la calculamos considerando el periodo de latencia de 14 días. La media también se ajusta a ese periodo, ya que nos interesa conocer su comportamiento en los días inmediatamente posteriores al inicio del operativo Detectar. Solo pudimos calcularla para las villas 21-24, 20 y 15, que son las únicas que tienen datos disponibles para el periodo de interés. La media de la tasa R0 fue de 11,4 en la villa 21-24 (18 de mayo-1 de junio), 11 en la villa 20 (26 de mayo-9 de junio) y 4 en la villa 15 (26 de mayo-9 de junio). Nunca, durante los meses de mayo y junio, alcanzó valores semejantes a escala de la ciudad, en donde osciló entre 1,9 y 2,6, dependiendo del día. El porcentaje de positividad a 21 de junio para los cinco barrios donde se desarrolla dicho operativo suma otro elemento de peso a la hora de reflexionar sobre la circulación del virus y la temporalidad y el alcance de las intervenciones públicas. También en este caso vemos que los valores son superiores a los observados a nivel ciudad, en donde ese porcentaje se ubicaba en 28,3 por 100. Ese día, en la villa 31-31 bis era del 53,82 por 100, en la 1-1114 del 44,19 por 100, en la 15 del 32,18 por 100, en la 20 del 33,95 por 100 y en la 21-24 del 31,3 por 100. Es decir que, si bien se observa una variabilidad

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amplia entre los barrios donde se está implementando este dispositivo, en todos los casos la positividad es alta. Además de informar sobre el alcance de la pandemia en los barrios, esto abre el interrogante sobre la situación real de las otras 25 villas en las que se reportaron casos. LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS FRENTE A LA COVID EN LAS VILLAS DE LA CABA La propagación de la covid en las villas desde finales del mes de abril interroga las modalidades de integración de estos territorios en el marco de la política de radicación. ¿Qué abordajes se realizaron desde las políticas públicas? ¿Cómo avanzaron las intervenciones en el territorio? ¿Quiénes fueron alcanzados por dichas intervenciones? En este sentido, los impactos de la pandemia pueden entenderse en una temporalidad más amplia, donde se entretejen procesos y políticas urbanas de mediana y larga duración. Este apartado avanza en una breve reconstrucción de las principales características que asumieron estos procesos en los últimos 5 años, que, aunque están en curso, ponen de relieve sus debilidades e incidencia en la construcción social del riesgo[18]. Sin embargo, el reconocimiento del derecho de radicación definitiva de las villas se remonta formalmente a la década de 1980. Desde entonces, los gobiernos locales se posicionaron de diversos modos frente a esta cuestión, con intervenciones que oscilaron entre el desalojo y la permanencia de los barrios[19]. En la actualidad, a pesar de las distintas intervenciones desplegadas a lo largo del tiempo, ninguna villa completó el proceso de reurbanización. Estas oscilaciones de la política son visibles, por ejemplo, en los lineamientos desplegados por las gestiones neoliberales de los gobiernos de Mauricio Macri (2007-2015) y de Horacio Rodríguez Larreta (2015-presente), ambos de la alianza Cambiemos. Mauricio Macri inició su gestión con un discurso que apuntaba al desalojo de algunos barrios localizados en áreas codiciadas por los desarrolladores inmobiliarios (villas 31-31 bis y Rodrigo Bueno). Posteriormente, en el marco de una conflictividad creciente en el territorio, viró hacia una estrategia más pragmática y heterodoxa[20], centrada en acciones coyunturales y de poco alcance para atender emergencias derivadas del déficit estructural del hábitat (por ejemplo, cortes diarios de agua y del suministro eléctrico). También se desarrollaron intervenciones de «maquillaje urbano», como la pintura de fachadas en áreas de borde[21]. Desde el año 2010, la «integración» de las villas comenzó a promoverse a través de operatorias de regularización

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dominial, manteniendo intactas las condiciones habitacionales y ambientales de los barrios. Estas acciones y omisiones de la política tendieron a naturalizar la fragmentación territorial y la desigualdad[22]. A diferencia de su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta inició su gestión anunciando la decisión de avanzar en la reurbanización de 4 villas, que, justamente, son algunas de las más afectadas por la pandemia: las villas 31-31 bis, 20, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita. Para ello se introdujeron remodelaciones en el aparato del Estado, a través de la creación de nuevos organismos (la Secretaría de Integración Social y Urbana, que está encargada de la reurbanización de la villa 31-31 bis) y la reorganización de funciones entre los de más larga data (en particular, mediante la rejerarquización del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que se encuentra abocado a los procesos de reurbanización del resto de las villas). El presupuesto asignado a la reurbanización de villas se incrementó notablemente a través de partidas propias y de préstamos de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. El modo en que se llevaron adelante estos procesos dejó marcas en el territorio –o lo que definimos en un principio como resonancias geográficas–, que cobran particular relevancia a la hora de reflexionar sobre la reproducción y profundización de las desigualdades en el contexto de pandemia. Nos interesa aquí detenernos en dos características específicas. La primera ha sido denominada por Rodríguez et. al.[23] urbanización a dos velocidades. En este periodo, los proyectos de reurbanización contemplaron entre sus componentes: a) la construcción de vivienda nueva para el realojamiento de familias afectadas por los procesos de esponjamiento; b) la provisión de infraestructura de saneamiento (agua, cloacas y desagües pluviales) y urbana (alumbrado público, pavimentación, veredas) en el macizo construido; c) la rehabilitación de las viviendas localizadas en dicha área, y d) el mejoramiento del equipamiento colectivo (plazas, canchas de fútbol, SUMs). Mientras la construcción de vivienda avanzó rápidamente en zonas de «borde», las obras en el macizo construido se demoraron. Esto debilitó el alcance de los procesos de reurbanización entre la población, ya que la mayor parte reside en el macizo construido, y tendió a rejerarquizar el espacio al interior de los barrios, configurando nuevas áreas de relegación[24]. La segunda, está vinculada a la presión al desplazamiento[25]. Por un lado, estos procesos de reurbanización estuvieron vinculados a grandes proyectos urbanos (la construcción de una Villa Olímpica en el caso de villa 20, del Paseo del Bajo en la villa 31-31 bis y la construcción del Complejo «Solares Santa María», destinado a sectores ABC1, en Rodrigo Bueno) o grandes obras de infraestructura vial (la ampliación de la avenida Triunvirato en el Playón de

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Chacarita), que promueven la renovación y dinamización del mercado en las áreas en donde se localizan. Algunas de estas operaciones involucraron la relocalización forzosa de la población afectada por dichas obras (por ejemplo, el Paseo del Bajo afecta a 1.130 familias). Por otro lado, los costos financieros asociados a la compra de la vivienda nueva y las obras de rehabilitación en las construidas generan presión en el presupuesto de los hogares. Esto se complejiza por el modo en que se plantea el acceso a las mejoras, dado que la política promueve que, para afrontar esos costos, los hogares, que forman parte del sector informal de la economía, contraigan una hipoteca bancaria en la que el bien hipotecado es la propia vivienda. El circuito financiero asociado a dichas dinámicas ha llevado a destacar el carácter extractivista de estos procesos[26]. EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS VILLAS: COMPETENCIAS FRAGMENTADAS Y DESIGUALDAD EN EL ACCESO La mayoría de las villas de la ciudad presentan problemas en torno al acceso al agua, ya sea por la falta de provisión y/o presión, que afectan a la continuidad del suministro, la cantidad de agua disponible y su calidad[27]. Esto expone a su población a riesgos socio-ambientales, debido a la posibilidad de contraer enfermedades hídricas asociadas al contacto directo con aguas servidas[28]. Las situaciones de riesgo que esto genera se agravaron en el contexto de la pandemia de la covid, donde el agua potable se constituyó en un elemento central para garantizar las condiciones de higiene y prevenir el virus. Ahora bien ¿cómo es posible que las villas carezcan de agua potable de calidad, siendo que políticas de radicación están vigentes en la ciudad desde hace cuarenta años? El origen de este problema puede encontrarse en la división histórica de competencias entre los organismos estatales y el modo en que entienden su ámbito de intervención[29]. A diferencia del resto de los barrios de la ciudad, donde los servicios sanitarios son provistos por la empresa pública Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), en las villas se resuelve a través de mangueras construidas y conectadas a la red de AySA por los propios vecinos, y de redes tendidas por el Gobierno de la Ciudad a través de organismos que intervienen en la política sectorial de villas (UGIS, SECISU, SSECHI), el envío de camiones cisterna y la entrega de agua en sachets. Según los datos provistos por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (2019), la capacidad del servicio de abastecimiento actual (que incluye el envío de camiones cisterna y la entrega de sachets de agua) alcanza los 409.000l/día para la totalidad de las villas de la ciudad. Con la emergencia producida por la

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covid, se incrementaron los viajes y el alcance de los recorridos de los camiones cisterna (se sumaron 33 viajes y 27 manzanas). Esto se reforzó con la entrega sachets de agua (10.000l), priorizando los comedores y merenderos de los distintos barrios. El objetivo de esa ampliación es lograr que el sistema alcance los 636.000l diarios[30]. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para afrontar la crítica situación sanitaria de las villas. Los vecinos de los distintos barrios advierten que persisten los problemas vinculados a la discontinuidad del agua y que los complementos propuestos no responden a sus necesidades diarias. En esta línea, Alejandra, referente de la villa 21-24, señalaba en un medio local: Hace poco tuvimos que hacer un corte de calle porque más de 15 manzanas se quedaron sin agua y otras 10 con poca presión. Se tenían que levantar los vecinos a las 2, 3 de la mañana con los baldes a juntar agua para poder aguantar en el día […] En épocas de pandemia esto es terrible, porque nosotros, que venimos laburando en las postas de salud, ¿de qué lavado de mano vamos a hablar si abrís la canilla y no tenés agua?[31] 

Esa situación se replica en el resto de las villas de la ciudad. En la 31-31 bis, por ejemplo, los camiones cisterna y la entrega de agua a granel no logran cubrir la demanda de la población. Como explicaba Camila, que reside en ese barrio, El agua no alcanza y la tenemos que hervir, ya que no es para tomar, es para tirar en los baños y lavar un poco [se refiere al agua de granel]. Con esta situación que estamos viviendo, que no podemos salir a ningún lado, hay mayoría de mis vecinos que no tienen para comprarse una botella[32].

Frente a esta situación, algunas organizaciones territoriales junto a vecinos de distintas villas presentaron un amparo colectivo[33]. Dicha acción derivó en un fallo judicial que ordenó al GCBA a garantizar 150l diarios de agua potable a los 400.000 habitantes de las villas de la ciudad y a elaborar un Plan de Contingencia acordado con la comunidad y un Protocolo de Actuación para brindar a las familias pautas claras de manejo y alerta con respecto al agua de consumo[34]. No obstante, al día de la fecha, habiendo pasado más de un mes y medio de la sentencia, el Gobierno de la Ciudad aún no respondió a los requisitos estipulados por la justicia. Los reclamos por agua potable permiten entrever las tensiones históricas entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y AySA en torno a la competencia de provisión del servicio y la regulación de su calidad en las villas[35]. Este tema cobró visibilidad a partir de las denuncias realizadas en los medios de

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comunicación por Ramona Medina y Víctor Giracoy sobre la falta prolongada de agua en la villa 31-31 bis durante la pandemia. Días después, ambos fallecieron tras contagiarse el virus. El episodio provocó una fuerte disputa entre ambos organismos por quién tenía la responsabilidad del hecho, conflicto que expresa las huellas territoriales de las políticas sectoriales. Si bien históricamente el marco regulatorio de AySA la eximió de prestar servicios en villas[36], en los últimos años flexibilizó sus criterios de construcción y operación, aceptando intervenir en calles que no se encuentren actualmente en el catastro o que tienen un ancho menor a 10 metros. Esto favoreció la expansión del servicio sanitario en algunos barrios populares del conurbano bonaerense, aunque aún quedan zonas grises donde las competencias no están del todo definidas[37]. Esta es la situación de las villas de la ciudad, donde el espacio se organiza a través de una compleja estructura de pasillos, con anchos de calle menores a los 4 metros, y donde AySA decidió no intervenir[38]. En estos casos, la operación del servicio es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, quien debe reemplazar las mangueras o cañerías, instaladas por los propios vecinos, por redes nuevas que permitan abastecer a la totalidad del barrio a través de la toma que ofrece AySA. Así, termina conformándose un complejo entramado institucional donde, en un mismo barrio, intervienen diferentes actores, con distintos recursos económicos y técnicos, y sin marcos claros de planificación, regulación y control que garanticen una prestación adecuada del servicio.

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  Imagen 1. Pasaje en villa 31, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Pablo Vitale.

Esto profundiza el acceso desigual al agua potable de red, ya que no es claro a quiénes deben exigir los habitantes de villas la prestación del servicio, ni quiénes serán los encargados de velar por su calidad y continuidad. De este modo, la falta de agua expresa el problema de gobernabilidad que afrontan los servicios públicos en estos barrios, donde los distintos organismos estatales (AySA, entes reguladores y planificadores de agua –ERAS y APLa–, y el Gobierno de la Ciudad) se deslindan de responsabilidad, vulnerando derechos esenciales y básicos para la reproducción de la vida.

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EL HABITAR COTIDIANO DE LOS HABITANTES DE LAS VILLAS Y LAS TENSIONES POR LA (IN)MOVILIDAD ¿Cuáles son las condiciones específicas de reproducción de la vida en las villas en el contexto de aislamiento? Este interrogante puede ser abordado en clave móvil, conforme a las prácticas que se despliegan en el espacio para acceder a bienes y servicios. Como señala Segura[39] (2015), la movilidad es una práctica central para comprender la producción y reproducción de las desigualdades. Por un lado, porque remite al habitar y el modo en que se accede a recursos y oportunidades urbanas; por otro, porque expresa y (re)produce relaciones sociales y de poder[40]. En este apartado nos interesa explorar la relación entre políticas públicas, movilidad (pensando la inmovilidad como parte de ella) y procesos de salud/enfermedad en el contexto de pandemia. En este sentido, una de las pocas certezas que tenemos con respecto al covid-19 es que tiene una capacidad de circulación alta. Por este motivo, la principal manera que tenemos de protegernos del virus es quedarnos en casa, replegarnos en el ámbito doméstico. Sin embargo, las condiciones de habitabilidad y socioeconómicas de los hogares generan oportunidades diferenciales para cumplir con el ASPO decretado por el Gobierno nacional. En el contexto del aislamiento, la casa se transformó de improviso en un espacio multifuncional, donde se desarrollan todas las actividades diarias. Como señala Giglia[41] (2020), esto convirtió la vivienda en un marcador de la posición social de los habitantes en el espacio urbano, donde juegan tanto sus condiciones físicas como su localización en la ciudad. En los primeros días del ASPO, la Red Feminista Soldati[42] anticipaba algunas de las dificultades que tenían las familias residentes en villas para quedarse en casa. Primero, por la convivencia con otros miembros del hogar en una vivienda de tamaño reducido sin ventilación ni iluminación adecuadas. Segundo, porque el aislamiento implicó una reconfiguración del vínculo con las instituciones y redes de referencia de los miembros de los hogares, que desempeñan un papel central en situaciones de violencia de género o adicciones, entre otras. Por último, es insoslayable la situación de las familias que residen en inquilinatos informales, donde los miembros del hogar conviven en única habitación y comparten el baño y la cocina con otros inquilinos[43]. Una particularidad común a estas distintas situaciones es el hacinamiento, que no solo complejiza la vida diaria, sino también las posibilidades de mantener la distancia y de aislarse en una habitación en caso de que se produjera algún contagio entre los miembros de la vivienda.

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  Imagen 2. Villa 20, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Pablo Vitale.

Una paradoja es que, en pleno aislamiento, las familias de villas necesitan moverse para acceder a bienes, servicios y recursos imprescindibles para la reproducción de la vida y, en algunos casos, esto es promovido mediante las intervenciones estatales. En este nivel es posible identificar cómo las acciones y omisiones estatales producen una serie de contradicciones que profundizan el riesgo y condicionan los procesos de salud/enfermedad. Por ejemplo, para acceder al agua, las familias afectadas deben realizar filas en los camiones cisterna enviados por el Gobierno de la Ciudad a cada barrio, recolectarla en tachos y acarrearlos hasta sus hogares. Esto supone, además, la acumulación de

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agua en las viviendas, en un contexto en donde la ciudad transita una epidemia de dengue que tiene especial impacto en las villas[44]. Esta enfermedad, que en casos graves puede ser mortal y que no tiene cura ni tratamiento, es transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, que se reproduce en ambientes húmedos. Por este motivo, el Gobierno de la Ciudad mantiene una activa campaña de difusión, con especial énfasis en las villas, que insiste en el descacharreo como principal medida de prevención. Sin embargo, el déficit estructural de infraestructura sanitaria, las omisiones históricas de la política de reurbanización y las modalidades específicas de acceso al agua definidas por las intervenciones estatales en el contexto de pandemia se entretejen en el presente reforzando las condiciones de exposición de la población villera a distintas enfermedades. El aislamiento también tuvo efectos en la deteriorada situación económica de los hogares, que tienen que moverse hacia otros puntos de la ciudad para trabajar. En este sentido, sus habitantes tienden a hacerlo –generalmente en condiciones de informalidad– en los sectores de la construcción y del servicio doméstico. Además, viven a diario, con los ingresos que les reportan esas actividades. Por eso, quedarse en casa implicó la pérdida del empleo y/o del ingreso, por lo que debieron reconfigurar sus estrategias para acceder al sustento diario. Así, por ejemplo, en la primera extensión del ASPO, Catalina, que vive en una villa del sur de la ciudad, señalaba lo siguiente: En estos días, los comedores seguimos cocinando para nuestros beneficiarios. […]. Lo que nos preocupa es la extensión de la cuarentena de 15 días más ¿Qué va a pasar con las familias trabajadoras cuando se les acabe la «reserva» de mercadería y de sueldo para hacer frente a esta situación? No lo sabemos[45].

La pérdida del ingreso se tradujo en una profunda crisis alimentaria. Para comer, las familias necesitan moverse hacia comedores y merenderos comunitarios, gestionados por las organizaciones barriales y escuelas públicas a retirar viandas ¿Quiénes se mueven? ¿Cómo se organiza ese movimiento? ¿Qué nos dice esto en términos de desigualdades? Tenemos naturalizado que en los testimonios sobre este tema predomine la voz de las mujeres. Esto ocurre porque son ellas, en su rol tradicional de cuidadoras, quienes salen a buscar el alimento[46]. Sus discursos dan cuenta de un peregrinar permanente, en el que, paradójicamente, la reproducción de la vida implica asumir el riesgo de enfermarse. Circular, hacer filas y cargar con los bolsones de comida (y, a veces, los tachos de agua) hasta las viviendas se volvió parte de la vida diaria de muchas de las mujeres que habitan en las villas de la ciudad. Este era el caso de Cecilia, de la villa 21-24, que explicaba en un medio gráfico de circulación nacional: «Vengo a buscar la comida para mi

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marido que es diabético. […]. Después de acá me voy al comedor de la esquina para buscar comida para mi bebé y para mí. La merienda me la dan en otro comedor»[47]. En otros casos, la búsqueda del alimento supone salir del barrio, tomar el transporte público y caminar por la ciudad, estrategias que en el contexto del ASPO se ven limitadas. En el caso de las familias con niños en edad escolar que recibían viandas en escuelas localizadas en otras áreas, se buscó acercar estas a los barrios, pero los puntos de abastecimiento fueron definidos sin considerar su localización. Así, por ejemplo, Gisela, de la villa 31-31 bis, relataba, que estando en su última semana de embarazo (por lo que es considerada población de riesgo) «[…] me daban puntos de retiro distintos para cada una de mis hijas. Me recorrí la villa de punta a punta para buscar los bolsones»[48]. Estos ejemplos ilustran el modo en que las características de las viviendas, el déficit en la provisión de servicios básicos y las condiciones socio-económicas de la población de las villas exigen transcurrir gran parte de sus días fuera de sus casas, sea para desarrollar actividades diarias que el hacinamiento no permite realizar dentro, sea para garantizarse el agua, para brindar (y recibir) un plato de comida o para ganarse la vida. Todas estas formas cotidianas de habitar la ciudad se contraponen a las exigencias del ASPO implementado por el Gobierno, profundizando las desigualdades sociales de estos grupos –y en su interior, como en el caso de las mujeres– y ahondando vulneraciones preexistentes. LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA: AGENCIAS ESTATALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES Las organizaciones de villas y los organismos estatales disputaron históricamente la participación de las primeras en el abordaje de las problemáticas barriales; en particular, porque desde las organizaciones se promueve la participación decisoria en la definición de las intervenciones públicas, especialmente las vinculadas a la reurbanización de los barrios, aspecto que las agencias estatales tendieron a omitir. Según Harvey[49], esto puede interpretarse como una disputa por la apropiación y distribución del excedente social, elemento crítico del ejercicio del derecho a la ciudad. En cambio, las agencias estatales tendieron a apoyarse en las organizaciones para la ejecución de sus intervenciones, en cuyo marco se tornan difusas las fronteras entre lo estatal y lo comunitario. Un discurso recurrente por parte del Gobierno de la Ciudad fue que las organizaciones de villas son la columna vertebral del Estado en los barrios. En

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efecto, son las organizaciones quienes están en «la primera línea» del combate contra la propagación del covid-19, pero ¿cuáles son sus condiciones de producción? La crisis alimentaria condujo a los comedores y merenderos a duplicar (o más, depende del caso) el número de raciones diarias ofrecidas en los barrios. Estos espacios son gestionados de manera voluntaria por la población –con un rol protagónico de las mujeres–, habitualmente en establecimientos comunitarios propios y a partir de la provisión de alimentos otorgada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA y por donaciones. Estas organizaciones reconfiguraron rápidamente sus actividades para hacer frente a la creciente demanda y tomar recaudos ante la posibilidad de contagios. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, denuncian que la provisión de kits de desinfección, de limpieza y de alimentos por parte del GCBA son insuficientes. Además, sufrieron cortes en el suministro de agua y electricidad. Las personas que trabajan en estos espacios no perciben ingresos, tampoco tienen obra social, ni acceden a ningún derecho laboral. Cabe señalar que se produjeron contagios entre estos trabajadores, que terminaron en la muerte de algunos de sus referentes, como Víctor Giracoy. Las postas de prevención instaladas en las villas de la ciudad (31-31 bis, 111-14, 21-24, 20, 15, Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y Ramón Carrillo) por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano tienen el objetivo de detectar posibles casos de covid-19. Para ello, testean la temperatura y evalúan los síntomas de quienes allí recurren, además de brindar información preventiva. El personal a cargo de la atención se compone, en su mayoría, por pobladores de los barrios, que desarrollan esa tarea por un subsidio de $14.000 pesos[50] y tampoco cuentan con obra social, ni seguro contra riesgos de trabajo, ni ningún otro derecho contemplado en la legislación laboral. Para completar nuestro argumento, queremos referirnos también al conflicto desencadenado en torno a la confección de un protocolo de actuación en las villas. En los primeros días del ASPO, las organizaciones de estos barrios conformaron Comités de Crisis, con el fin de anticipar acciones que permitieran mitigar sus efectos en el territorio. Con los primeros contagios, delimitaron por escrito lineamientos y acciones para avanzar en protocolos específicos de intervención, que presentaron a diferentes agencias del gobierno local. El Gobierno de la Ciudad, por su parte, carecía de un protocolo propio y desplegaba intervenciones improvisadas en el territorio. Todo esto se tradujo en una situación que habitantes y, también, empleados de «ventanilla» percibían caótica en un contexto de rápida multiplicación de los contagios. En este escenario, diferentes organizaciones presentaron un recurso de amparo[51], que obtuvo una medida cautelar por parte de la justicia, en el que

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se ordenó al GCBA a elaborar un protocolo específico de análisis, acción y prevención para la villas en un plazo de 5 días. También solicitó que se tomaran medidas hasta tanto se elabore el protocolo, como asegurar la provisión inmediata, suficiente y sostenida de elementos sanitarios (barbijos y guantes de látex), de higiene y limpieza (lavandina, jabón, alcohol en gel), elementos de medición de temperatura y agua potable. El GCBA apeló el fallo y recusó al juez que lo dictó, con el argumento de que se había extralimitado en sus funciones. En paralelo, difundió un protocolo poco claro con respecto a los criterios de realización de testeos, que omite mecanismos de protección de niños en caso de que alguno de sus padres tenga que ser internado, dispositivos para las situaciones de violencia de género y para la contención de habitantes que esperan hasta 24 h en hospitales los resultados de sus hisopados. Los tres ejemplos desarrollados dan cuenta de los modos en que las intervenciones y la presencia estatal se manifiestan en la vida cotidiana[52] de los habitantes de las villas. Por un lado, muestran los distintos posicionamientos que asumen las agencias y poderes estatales frente a la misma problemática, aquí encarnada en la diferenciación entre el poder ejecutivo y el judicial. Por otro, en el plano del ejecutivo local, evidencian formas histórica y geográficamente determinadas de producir bienes, ofrecer servicios y promover actividades. Es aquí donde se puede observar la reproducción cotidiana de la dominación a partir de la apropiación del esfuerzo creativo y de los productos del trabajo de la población de villas, así como su papel en la producción del riesgo. En una mirada más macro, esta división del trabajo (quién hace qué) y distribución de los costos de la pandemia remite sin duda a la articulación de las relaciones sociales en la ciudad capitalista. A su vez, los temas o asuntos que define «resolver» la política, nos muestran otra arista de su papel en la reproducción de las desigualdades sociales y urbanas. En este sentido, por el momento, el ejecutivo local tomó parte, con su particular lógica, en diversas problemáticas vinculadas a la pandemia y el aislamiento. Sin embargo, tuvo un desempeño errático en la contención de la covid en las villas, del que los vaivenes en torno a la elaboración de un protocolo de análisis, prevención y acción es solo una expresión. Esto dio lugar a intervenciones improvisadas y de alcance limitado, que pusieron en un lugar de fragilidad a la población y las organizaciones de los barrios, pero también a los funcionarios «de ventanilla», que debieron reconfigurar su trabajo cotidiano en el territorio sin contar con recursos ni lineamientos claros de intervención. En este sentido, queremos mencionar también que ningún funcionario político habló de cómo siguen los procesos de reurbanización en esta coyuntura. Probablemente porque parecen haberse detenido, omisión que es central

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considerar a la hora de reflexionar sobre la configuración de la agenda pública en el contexto de pandemia y la reproducción de desigualdades. POLÍTICA, CIUDAD Y PANDEMIA: ALGUNAS REFLEXIONES PROVISORIAS En este trabajo pusimos de relieve las condiciones en que se lleva adelante el ASPO en las villas y la exposición de su población al riesgo de contagio del covid-19. En la definición de ese escenario se entretejen procesos urbanos e intervenciones estatales de corta, mediana y larga duración que profundizan desigualdades en el acceso a bienes, servicios y recursos necesarios para la reproducción de la vida. En otras palabras, las acciones y omisiones de las intervenciones estatales producen oportunidades diferenciales para habitar la ciudad y, en ese plano, expresan los contornos sociales y geográficos de la dominación y de la desigualdad. Esto es visible en las huellas de la política con respecto a la definición de las condiciones habitacionales y sanitarias de los barrios, pero también en las acciones desplegadas en el contexto de pandemia para evitar la propagación del virus o «resolver» el acceso al agua, al alimento, entre otras. La situación descrita no hace más que evidenciar el carácter extractivista de la política, que se presenta como una característica central de los procesos de neoliberalización en la ciudad de Buenos Aires. Aun desde un punto de partida pesimista con respecto al futuro, la circunstancia actual amerita interrogarse sobre los efectos que traerá aparejada la pandemia de la covid en las intervenciones estatales de mediano y largo plazo en las villas de la ciudad. A fines del siglo XIX, las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Ciudad de Buenos Aires dieron lugar al origen del sistema de redes sanitarias y, con ello, a una forma de proyectar y planificar la ciudad. En esta línea, nos preguntamos si la magnitud y el alcance de esta pandemia supondrán variaciones en las modalidades de intervención estatal en estos territorios y cómo se verán condicionadas –si las hubiera– por las huellas dejadas por intervenciones anteriores. En vínculo con esto, cabe preguntarse sobre las características que asumirá la anunciada «nueva normalidad», qué condiciones definirán en el habitar cotidiano las características habitacionales, sanitarias y ambientales de las villas, y cuáles serán sus efectos y redefiniciones en términos de desigualdad urbana. En este sentido, el virus volvió a poner de relieve el carácter esencialmente político del derecho a la ciudad.

[1] D. Merklen, «Un pobre es un pobre. La sociabilidad en el barrio: entre las condiciones y las prácticas», en P. Pírez (ed.), Buenos Aires. La formación del presente, Quito, Olacchi,

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2009. [2] Los pasillos son calles angostas que, en el caso de las villas de la Ciudad, tienen en general menos de 4 metros de ancho (Imagen 1). [3] M. Di Virgilio, «Movilidad residencial», en D. Zunino Singh, G. Giucci y P. Jirón (eds.), Términos clave para los estudios de movilidad en América Latina, Ciudad de Buenos Aires, Biblos, 2017. [4] D. Zunino Singh, G. Giucci y P. Jirón, «Introducción», en D. Zunino Singh, G. Giucci y P. Jirón (eds.), Términos clave para los estudios de movilidad en América Latina, Ciudad de Buenos Aires, Biblos, 2017. [5] C. Rodríguez y M. Di Virgilio, «Coordenadas para el análisis de las políticas urbanas: un enfoque territorial», en C. Rodríguez y M. Di Virgilio (comps.), Caleidoscopio de las políticas territoriales. Un rompecabezas para armar, Buenos Aires, Prometeo, 2011. [6] F. Sabatini y F. Arenas, «Entre el Estado y el mercado: resonancias geográficas y sustentabilidad social en Santiago de Chile», EURE (Santiago) 26, 79 (2000), p. 99. [7] O. Oszlak y G. O’Donnell, «Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación», en C. Acuña (comp.), Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual [1979], Buenos Aires, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 2008. [8] C. Raffestin, Por una geografía del poder, Morelia, El Colegio de Michoacán, 2011; R. D. Sack, Human Territoriality: Its theory and history, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. [9] S. Jaglin, Services d’eau en Afrique subsaharienne. La fragmentation urbaine en question, París, CNRS Éditions, 2005. [10] R. Haesbaert, «Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad», Cultura y Representaciones Sociales 8, 15 (2013), pp. 9-42. [11] M. Svampa, «Extractivismo neodesarrollista, Gobiernos y Movimientos Sociales en América Latina», Problèmes de l`Amérique Latine 81 (2011), pp.103-128. [12] N. Theodore, J. Peck y N. Brenner, «Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados», Temas Sociales 66 (2009), pp. 1-11. [13] En los decretos presidenciales del ASPO, el AMBA comprende la Ciudad de Buenos Aires más los Partidos del Gran Buenos Aires (24 municipios). Además, también integra, entre el resto de los partidos, al denominado Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada) (L. Fernández, Censo 2010. Somos 14.839.026 habitantes en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Datos definitivos, Instituto del Conurbano-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2011). Esta región representa el aglomerado urbano más grande del país. [14] GCBA - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Coronavirus: la situación en barrios vulnerables, partes diarios del 3 de mayo al 15 de junio de 2020; GCBA - Ministerio de Salud GCBA, Covid 19. Parte diario de situación sanitaria, informes diarios del 19 de abril al 30 de junio de 2020. Cabe señalar que este y todos los indicadores del presente apartado fueron calculados conforme a las publicaciones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En los totales a nivel ciudad se sumaron las cifras de residentes y no residentes que están físicamente en la Ciudad de Buenos Aires. Esto puede generar algunas variaciones con respecto a otros cálculos, que solo recuperan el registro de la población «residente». [15] La PCR, siglas en inglés de «Reacción en Cadena de la Polimerasa», es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno para determinar si una persona contrajo la covid. La búsqueda activa de casos e identificación de contactos estrechos es realizada a través de grupos preparados para dicha tarea.

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[16] Esta definición está basada en la temporalidad de la intervención: en esas 5 villas este dispositivo comenzó a implementarse hace varias semanas, mientras que en la sexta (el Barrio Ramón Carrillo) se inició el 12 de junio, por lo que es poco lo que podemos decir con los datos disponibles. [17] Esta tasa es el cociente entre los casos producidos entre dos fechas determinadas. En este caso, el denominador estuvo representado por la cantidad de casos producidos 14 días antes de la fecha a la que correspondía el numerador. [18] H. Herzer, «Construcción del riesgo, desastre y gestión ambiental urbana: perspectivas en debate», REDESMA 5, 2 (2011), pp. 1-10. [19] C. Cravino, Entre el arraigo y el desalojo. La villa 31 de Retiro. Derecho a la ciudad, capital inmobiliario y gestión urbana, Los Polvorines, Universidad General Sarmiento, 2009. [20] C. Fainstein y A. Palombi, «Pragmatismo, desaliento de expectativas y gobernabilidad. La política de villas de las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2015)», Territorios 40 (2019), pp. 227-244. [21] C. Cravino y A. Palombi, «Políticas urbanas en el sur de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri», Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 8, 15 (2015), pp. 40-51. [22] M. S. Arqueros Mejica, La política de desarrollo de la Comuna 8 de la ciudad de Buenos Aires (1996-2015), tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018. [23] C. Rodríguez, M. S. Arqueros Mejica, F. Rodríguez y C. Zapata, «La planificación “pasito a pasito”: al son de las políticas dirigidas a villas de localización central en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)», Seminario Latinoamericano Teoría y Política sobre Asentamientos Populares, Los Polvorines, Universidad General Sarmiento, 2018. [24] Ibid. [25] Ibid. [26] M. S. Arqueros Mejica, op. cit. [27] Esto es así porque, para resolver los problemas recurrentes de baja presión, los vecinos recurren a la utilización de motores que permitan extraer la poca agua que circula en las mangueras conectadas informalmente a las redes de AySA en la periferia, y la fuerza del motor en la manguera genera un efecto vacío que incrementa la posibilidad de contaminación (E. Koutsovitis y J. Baldiviezo, «Los servicios públicos de saneamiento básico: 300.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires condenados a vivir en emergencia sanitaria», Voces en el Fénix 47 [2015], pp.136-146, aquí p.141). [28] L. Moreno y M. Tobías, «Luchas por el acceso al agua en barrios populares de la zona norte y sur del Gran Buenos Aires, Argentina», Revista Antropología Americana (DF, Instituto Panamericano de Geografía e Historia) 4, 8 (2019), pp. 137-16; G. Merlinsky, S. Fernández Bouzo, C. Montera y M. Tobías, «Social inequality, environmental justice and water policy in Buenos Aires», Rethinking Development and Inequality – An International Journal for Critical Perspectives 1, 1 (2012), pp. 49-59. [29] M. Tobías y A. Catenazzi, «¿Agua para todos o agua para quiénes? La accesibilidad al servicio de redes en la Buenos Aires hídrica del siglo XX», en Water in the Americas. París, Editions IHEAL (en prensa). [30] GCBA - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Agua en Barrios Populares, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2020. [31] P. Festa, «¿Por qué falta el agua?», Filo.News, Buenos Aires, 19 de junio de 2020. Recuperado de [https://www.filo.news/actualidad/Por-que-falta-el-agua-202006190006.html].

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[32] «Villa 31: “Violencia es no tener agua”», Canal Abierto, 5 de mayo de 2020. Recuperado de [https://canalabierto.com.ar/2020/05/05/villa31-violencia-no-tener-agua/]. [33] Dicho amparo fue motorizado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria – CLIC (Ing. María Eva Koutsivitis), el Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo), CTA – Capital (Pablo Spataro), Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando), Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas - IPYPP (Claudio Lozano) y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Villa 19 - Barrio Inta, Barrio Scapino, Villa 6 Barrio Cildáñez, Villa 15 - Ciudad Oculta y Villa 20). [34] Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente Judicial n.° 3010/2020-0, caratulado «KOUTSOVITIS, MARIA EVA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – URBANIZACIÓN VILLAS», 2020. [35] M. Tobías y A. Catenazzi, op. cit. [36] Históricamente, los marcos regulatorios de la empresa prestadora de agua establecieron, al igual que el resto de los servicios públicos, la regularización dominial como un requisito necesario para la expansión formal de las redes. [37] E. Lentini, J. M. Regueira y M. Tobías, «Los desafíos del acceso al agua y cloaca en áreas vulnerables del AMBA y el impacto en la salud», en L. Vecslir, S. Grinberg y A. Carbajo, Futuros Urbanos, Buenos Aires, UNSAM (en prensa). [38] Resolución n.o 26/17, Agencia de Planificación (APLa), Buenos Aires, 26 de septiembre de 2017. [39] R. Segura, Vivir afuera. Antropología de la experiencia urbana, Buenos Aires, UNSAM, 2015. [40] D. Zunino Singh et. al., op. cit. [41] A. Giglia, «Repensar las ciudades desde el encierro doméstico», Seminario virtual Repensar las ciudades ante el covid-19: nuevas direcciones para la investigación urbana y las políticas públicas, organizado por la Plataforma de conocimiento para la transformación urbana, 29-30 de abril de 2020, CEIICH-UNAM. [42] Red Feminista Soldati, «Realidades que evidencia y profundiza la emergencia sanitaria mundial por el covid-19 y su consecuente desigualdad (y en muchos casos imposibilidad) para cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los barrios del sur de la CABA», publicado el 31 de marzo de 2020, mimeo. [43] C. Cravino, Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana, Los Polvorines, Universidad General Sarmiento, 2006. [44] A 12 de mayo, que es el último dato publicado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, había 1.578 casos confirmados de dengue en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Las más afectadas (las villas 21-24, 20, 31-31 bis y 1-11-14) también lo eran por covid-19. [45] Catalina González, «Sin pan pero con circo», carta abierta del 30 de marzo de 2020, mimeo. [46] S. Federici, Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Madrid, Traficantes de Sueños, 2013; M. Lagarde, «Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción», Ciudad de México, 2003. [47] L. Oliva, «Villa 21-24: pánico, falta de agua y largas filas en comedores», La Nación, 20 de mayo de 2020. Recuperado de [https://www.lanacion.com.ar/comunidad/comedoresvillas-desbordados-riesgo-contagio-nid2367660]. [48] F. Tuchin, «La odisea de garantizar las viandas escolares para los niños más pobres», El País, Buenos Aires, 31 de mayo de 2020. Recuperado de [https://elpais.com/elpais/2020/05/22/planeta_futuro/1590152244_351695.html].

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[49] D. Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Akal, 2013. [50] Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de República Argentina (Instituto Nacional de Estadística y Censos de República Argentina – Ministerio de Economía de la Nación «Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires», Condiciones de vida 4, 89 [abril de 2020]), en el Gran Buenos Aires (24 partidos y CABA) la canasta básica total era igual o mayor a los $33.909 pesos (dependiendo de la composición del hogar) en abril de 2020. [51] Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente Judicial n.o 3429/2020-0, caratulado «ALVAREZ, IGNACIO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – OTROS». [52] O. Oszlak, «El rol del Estado: micro, meso, macro», conferencia dictada en el VI Congreso de Administración Pública, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y la Asociación de Administradores Gubernamentales, Resistencia, Chaco, 7 de julio de 2011.

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De la necesidad virtud. La emergencia de las cooperativas de vivienda en tiempos de crisis Marina Lora Chapela

LA VIVIENDA COMO PILAR DEL SISTEMA DEL BIENESTAR En los momentos de crisis es cuando las carencias se hacen más notables, y cuando más requerimos y valoramos unos servicios públicos bien dotados y eficientes. No nos podríamos imaginar cómo hubiéramos pasado la pandemia del covid-19 sin una sanidad pública suficientemente consolidada y, sin embargo, es la segunda crisis por la que pasamos en los últimos 15 años sin que ningún servicio público sea capaz de garantizar que podremos permanecer en la vivienda que habitamos. La crisis de 2008 fue especialmente dolosa en este sentido y el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó expuesta la perversión del sistema: la sobreproducción de vivienda durante aquella década, no estaba destinada a satisfacer la necesidad de alojamiento de las personas, a que nadie se quedara sin un lugar adecuado donde sentirse a resguardo y poder realizar su vida. Por contra, la sobreproducción de vivienda, y la voraz depredación del territorio aparejada, iba dirigida en gran medida a satisfacer la demanda de los inversores (Leal, 2010), formando parte de la maquinaría que mantenía el tren del crecimiento económico en marcha. Todo ello con la colaboración necesaria de los poderes públicos, que no sólo se mantuvieron al margen de la desorbitada escalada de los precios y de los contratos leoninos que la población contraía con las entidades bancarias, sino que, además, mediante la entonces mal llamada «política de vivienda», se dedicaron a echar más leña al fuego para mantener la máquina encendida[1]. Cuando reventó el sistema y se deshizo aquel espejismo, se juntaron las elevadísimas tasas de desempleo con que los hogares debían seguir pagando tanto las cuotas de las hipotecas como las rentas del alquiler a unos precios muy sobrevalorados[2]. Solo entre 2009 y 2014 se presentaron más de medio millón[3] de ejecuciones hipotecarias en el territorio nacional, y muchas otras familias se quedaron al límite extremo de sus posibilidades. Pero a pesar de la situación de la población, no se declara la emergencia habitacional ni se dispone ninguna medida de protección, sino que los dineros públicos se destinan al rescate de la banca que tanto había contribuido a la generación de la burbuja y al sobreendeudamiento de los hogares. Mientras las familias desahuciadas se quedaban en la calle manteniendo gran parte de la deuda pendiente, en lo que suponía un «desahucio de por vida», el Estado se gastaba

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76.410 millones de euros en rescatar a la banca, de los cuales 65.725 millones[4] ya ha reconocido que no se recuperarán jamás. A pesar de que la crisis vino acompañada de cierto descenso de los precios, pronto se produjo una nueva burbuja en el sector del alquiler, motivada esta vez por el cierre del grifo de las hipotecas por parte de los bancos, el desempleo y una mayor precariedad laboral, lo que impedía a gran parte de la población acceder a ninguna vivienda en propiedad. Poco después, a esta burbuja vino a sumarse la del turismo de masas. La posibilidad que han abierto los vuelos baratos y las plataformas de viviendas turísticas en internet ha posicionado el hecho de «viajar» como un nuevo espacio de consumo. El turismo de masas ha detraído viviendas del alquiler residencial para convertirlas en alojamientos turísticos, permitiendo de esta forma que sus propietarios multiplicaran los beneficios. A falta de una regulación que lo limite, el fenómeno de la turistificación ha provocado un nuevo encarecimiento desorbitado, que está vaciando los centros históricos y expulsando a los vecinos de sus barrios, como explicaba Ibán Díaz en el capítulo 3. Solo entre 2015 y 2019, el precio del alquiler de vivienda en el centro de Sevilla sufrió un incremento del 33 por 100[5]. Y aunque en los últimos meses las restricciones de movimiento provocadas por la covid-19 han frenado en seco ese otro virus, es de temer que solo sea mientras dure la pandemia. Pero la crisis de la covid-19 y la obligada paralización de la actividad durante el confinamiento también han conllevado la pérdida de ingresos de muchos hogares, que se han quedado sin recursos para afrontar los costes de la vivienda. En esta ocasión el rescate del Estado sí se ha dirigido a la población y se han puesto en marcha diversos programas destinados a paliar la situación, que incluían moratorias en el pago, créditos protegidos, ayudas directas e incluso suspensión de desahucios y de corte de suministros. Todas estas medidas son muy necesarias, porque ponen coto a la tragedia y apuntan por primera vez a la vivienda como un derecho que garantizar desde lo público. Sin embargo, además de insuficientes por todas las casuísticas que se han quedado fuera y por la temporalidad de las mismas, no dejan de ser medidas de contención cortoplacistas. No van dirigidas a tejer la red que realmente podría garantizar este derecho, y que no es otra que una estructura estable de vivienda adecuada y asequible en alquiler. Y tampoco se actúa sobre el mercado para luchar contra la especulación y proteger la función social de la vivienda y de la ciudad. Si en la actualidad solo contamos con un 2 por 100[6] de vivienda social y la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social es del 26 por 100 a nivel nacional y del 38 por 100 en Andalucía[7], ¿cómo se compaginan estas cifras?

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Y respecto a la brecha generacional, ¿cómo se sostiene una sociedad que mantiene la emancipación de las personas jóvenes secuestrada? Si para garantizar el derecho a vivienda de la población nos proponemos alcanzar al menos un 30 por 100 de vivienda social, la tarea que tenemos por delante es ardua y no se pueden escatimar recursos. Necesitamos un pacto social por la vivienda, para sumar el esfuerzo desde los distintos estamentos de la Administración pública e incluir a otros actores que aporten soluciones adecuadas, actuando sin ánimo de lucro o incluso con lucro limitado. En este sentido, las cooperativas de vivienda que mantienen la propiedad colectiva de los conjuntos residenciales, llevan más de un siglo construyendo soluciones sociohabitacionales para millones de personas que difícilmente habrían podido satisfacer su necesidad de alojamiento con la oferta del mercado. Se trata mayoritariamente de propuestas complejas, que van más allá de la vivienda y abarcan distintas dimensiones del habitar, entre las que destacan los tres pilares fundamentales: a) el económico, las vivienda han de ser asequibles y mantener su valor de uso a lo largo del tiempo; b) el social, integrando la participación de los socios a lo largo de todo el proceso y dotando los conjuntos residenciales de espacios para la comunidad, y c) el ambiental, procurando la sostenibilidad de las construcciones –que no se promueven para especular sino para habitar– y que se compartan recursos evitando duplicidades innecesarias. LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN LA PROVISIÓN DE VIVIENDA ADECUADA Y ASEQUIBLE Una cooperativa de vivienda es una asociación jurídica formada para procurar a sus miembros, de forma continuada y segura, el acceso a la vivienda y a otros espacios complementarios. La organización cooperativa permite a sus miembros autopromover –construir, rehabilitar, adquirir o arrendar– conjuntos habitacionales a precio de coste, manteniendo el control a lo largo del proceso y optimizando los recursos empleados. Se pueden abordar por tanto proyectos más complejos que los que se lograrían de manera individual, y las viviendas resultan más asequibles y de mayor calidad. Asimismo, la organización colectiva facilita la autogestión de estos conjuntos, permitiendo su adecuación a las necesidades y expectativas del grupo, y garantizando su buena administración y mantenimiento[8]. Las cooperativas de vivienda tienen su origen en los países escandinavos y en Alemania a principios del siglo XX, impulsadas por diversos colectivos de trabajadores que comienzan a desarrollarlas como forma de enfrentarse a sus problemas habitacionales. Pero la extensión definitiva de este movimiento

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cooperativo se produce tras la Primera Guerra Mundial, cuando, ante la carestía y las malas condiciones de la vivienda, los Gobiernos correspondientes decidieron intervenir a favor de este. El objetivo era promover vivienda digna y asequible para las clases populares, eliminando beneficios indebidos tanto en la promoción inmobiliaria como en las transmisiones posteriores de las viviendas. En 1916 una organización obrera funda la Sociedad Cooperativa de Estocolmo, que introdujo el principio que marcaría el movimiento cooperativo de vivienda que se inició poco después: para evitar los fines lucrativos que habían tenido otras sociedades, la cooperativa conservaría la propiedad del inmueble, otorgando a los socios un derecho de uso sobre las viviendas por tiempo indefinido. El modelo de cooperativa de vivienda que mayormente conocemos en España, por ser el más habitual, es el de las cooperativas de propietarios. Este consiste en que, una vez acabada la promoción del inmueble, se realiza la división horizontal y se traspasa la propiedad individual de cada vivienda a cada una de las personas socias. Después, la cooperativa, sin más razón de ser, se deshace, y las viviendas pueden volver a comercializarse en el libre mercado. Esta modalidad no es considerada por algunos expertos propiamente como una cooperativa de vivienda, sino como una cooperativa de construcción[9]. Las modalidades que se reconocen generalmente como cooperativas de vivienda y que son las que entendemos que pueden contribuir a la formación de un parque de vivienda social, son aquellas en las que la cooperativa conserva la gestión colectiva del conjunto, y las viviendas mantienen su valor de uso a lo largo del tiempo. Entre ellas encontramos las cooperativas de usuarios, las cooperativas de inquilinos y las cooperativas de gestión por inquilinos. En las cooperativas de usuarios, estas mantienen la propiedad del conjunto residencial de forma permanente, mientras que las personas socias son copropietarias y ocupan la vivienda que les corresponde bajo un derecho de uso y disfrute. De esta forma se impide que las viviendas se puedan vender de forma individual, y por lo tanto que lleguen al libre mercado y sean objeto de procesos especulativos. Al ser la propiedad colectiva, la hipoteca también lo es, quedando a nombre de la cooperativa. Las personas socias pagan una entrada inicial y unas cuotas mensuales, que sirven para cubrir la financiación y las aportaciones a los fondos cooperativos[10] y con las que van adquiriendo una serie de participaciones sobre la cooperativa hasta alcanzar el valor de coste total de la vivienda. Una vez cubierto el crédito, la cuota mensual se reduce a las aportaciones a los fondos cooperativos. Tanto el derecho de uso como las participaciones son heredables y transferibles, aunque siempre sin superar su valor de coste. El inconveniente de este sistema es que, a la hora de transferir

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las participaciones a una nueva persona socia, esta tendrá que abonar el monto de las participaciones acumuladas por el socio saliente, pero ya en este caso sin poder beneficiarse de las ventajas de la financiación colectiva. Esto produce cierto sesgo en el perfil de las nuevas incorporaciones, ya que requiere que tengan cierta capacidad adquisitiva. Otra modalidad similar a esta es la de las cooperativas de inquilinos, en las que los socios habitan sus viviendas bajo un sistema más cercano al alquiler. Al igual que en la cooperativa de usuarios, las personas socias son copropietarias del conjunto residencial, pero en este caso la cuota mensual que pagan se asemeja a una renta de alquiler, es decir, que no la capitalizan y por lo tanto no es recuperable cuando la persona socia sale de la cooperativa. Solo se recupera la entrada inicial, que será lo que deberá aportar al inicio el nuevo habitante. En este caso, una vez cubierta la hipoteca, la cuota no se reduce y los excedentes se destinan al movimiento cooperativo y al apoyo de nuevas iniciativas. Esta modalidad es la que en mayor medida apuesta por la vivienda como bien social. Antepone el valor de uso no solo al valor de cambio, sino incluso a la idea de la vivienda como canalización de los ahorros y formación del patrimonio familiar. La vivienda se considera como un bien común, en un concepto amplio, y no únicamente una propiedad colectiva de la cooperativa. Por tanto, es la tipología que preferentemente apoyan las Administraciones públicas y otras entidades que apuestan por la función social de la vivienda. Una variación dentro de esta tipología son las cooperativas de gestión por inquilinos. La diferencia es que la cooperativa no promueve ni adquiere la propiedad del inmueble, sino que o bien la tiene en régimen de alquiler en su totalidad o bien llega a un acuerdo para su gestión interesada con el propietario. En ambos caso los miembros de la cooperativa son arrendatarios a su vez de las viviendas -o estancias- que habitan. En todas estas modalidades, la tenencia colectiva del inmueble implica la permanencia de la organización cooperativa, lo que permite contar con esta estructura de gestión colectiva para establecer espacios y servicios comunitarios en beneficio de los socios y de la comunidad y para la conservación y el mantenimiento continuos del edificio. Pero además, cada nueva cooperativa contribuye a la creación de una masa crítica de socios de cooperativas de viviendas, los cuales se pueden agrupar en entidades mayores para defender y reivindicar sus derechos y sus necesidades. La Organización Internacional del Trabajo las denomina «Cooperativas de vivienda de tipo “integral”» y especifica: La experiencia demuestra que, entre los diferentes tipos de cooperativas de vivienda, el que más contribuye a crear un espíritu cooperativo es aquel en que la

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sociedad conserva la propiedad de los inmuebles reconociendo a los socios la condición de usuarios privilegiados. Esto implica una relación permanente entre la cooperativa y los socios y la creación de múltiples servicios colectivos en los grupos de viviendas, donde se forman comunidades organizadas cooperativamente, con guarderías infantiles, salas y campos de juegos, biblioteca, establecimientos comerciales, etc. Estas son las cooperativas de vivienda propiamente dichas […][11].

SE HACE CAMINO AL VOLAR Analizando experiencias cooperativas en diferentes lugares de Europa y América Latina, observamos que estas tienen diferente alcance e incidencia en sus territorios en función del marco económico y jurídico con el que pueden contar. Estos marcos se construyen, de forma única o combinada, por las Administraciones públicas y las entidades de segundo grado, además de lo que interiormente la propia cooperativa pueda constituir. La mayor o menor consolidación de estos es lo que condiciona la viabilidad y la replicabilidad de los proyectos y lo que protege la función social con la que son concebidos. Por contra, la falta de una estructura sólida donde apoyarse deja a los grupos aislados ante las determinaciones del mercado. Podemos distinguir tres niveles o grupos de cooperativas, en función de la extensión que alcanzan, y por tanto de que sean una alternativa de acceso a la vivienda para mayores sectores de población: las amplias veredas cooperativas, los caminos a través de la selva y las islas verdes. Amplias veredas cooperativas Llamamos así a aquellos modelos que han alcanzado una extensión considerable en sus territorios. Esto se debe a que pueden contar con un marco económico y jurídico estable propiciado conjuntamente por las Administraciones públicas y las organizaciones de segundo grado, las cuales además se encargan del impulso, capacitación y defensa de los intereses de las cooperativas. Algunos ejemplos destacables son las cooperativas uruguayas y las cooperativas Andel y las asociaciones Almene de Dinamarca. En Dinamarca coexisten dos modalidades diferentes: las cooperativas Andel, que responden al modelo de las cooperativas de usuarios y abarcan el 7 por 100 del parque de viviendas nacional, y las asociaciones Almene que superan el 20 por 100 bajo la modalidad de las cooperativas de inquilinos. Las cooperativas Andel resurgen a finales de los setenta, cuando se aprueba una ley que les da prioridad en la compra de edificios de alquiler privados a sus

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propios inquilinos si se constituían como cooperativas. De esta forma se pretendía favorecer la rehabilitación del antiguo parque de viviendas en alquiler que no había sido renovado por las empresas que los gestionaban[12]. Las Administraciones públicas establecen el marco jurídico de ambas modalidades, pero con las asociaciones Almene además disponen el marco financiero: el Estado subvenciona y subsidia y los municipios avalan los créditos, por lo que también ejercen una supervisión sobre las cuentas y el destino de los fondos comunes. Además, los Gobiernos municipales se reservan la adjudicación del 25 por 100 de las viviendas. El resto de plazas se determina por listas de espera abiertas y sin límite de renta, de forma que se favorezca la diversidad social. No obstante, es habitual que, al ser económicamente más accesibles, el perfil de sus asociados corresponda a personas con menos recursos que las que habitan en las cooperativas Andel o en las viviendas del sector de alquiler privado. Además, al ser una modalidad de inquilinos, los socios pueden acogerse a las ayudas al alquiler[13]. En ambos modelos queda prohibido por ley la división horizontal del inmueble para ser vendidas las viviendas. En caso de que la cooperativa se disuelva el conjunto residencial se debe transferir para que las viviendas sigan siendo de alquiler. En los dos casos cuentan con organizaciones de segundo grado: la Asociación de Cooperativas Andel y la Federación Nacional de Asociaciones Almene, aunque esta última presenta distintos niveles y es algo más compleja, pero cada una de ellas es jurídica y económicamente independiente. Las cooperativas uruguayas, tras «medio siglo de experiencias»[14], cuentan con más de 30.000 viviendas[15], lo que supone que un 2,6 por 100 de los hogares del país habita bajo esta modalidad. Tienen su origen en 1966, cuando, en un escenario de crisis económica y habitacional, se ponen en marcha tres experiencias piloto que servirían para contrastar y perfilar las claves del modelo. De esta forma se pudo recoger en la denominada Ley de vivienda de 1968 el marco regulador, jurídico y financiero para que las organizaciones sociales pudieran autopromover conjuntos habitacionales sin tener que recurrir a empresas intermediarias. La Ley establece que las cooperativas de usuarios podrán obtener financiación pública para el 85 por 100 del coste total de la promoción teniendo que aportar las cooperativas el 15 por 100 restante. En función de cómo las personas socias realizan esa aportación, distingue además entre las cooperativas de ahorro previo y las cooperativas de ayuda mutua. En las primeras se realiza una contribución económica inicial por esa cantidad, por lo que se conforman por miembros con cierta capacidad de ahorro. En las segundas, la aportación se realiza mediante el trabajo colectivo en la obra. Entre todos se construye el

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conjunto y, al finalizar la obra, se sortean las viviendas. Esta fórmula permite que sean accesibles para hogares con menores ingresos y es la modalidad con la que más cooperativas se generan, aproximadamente el 80 por 100 del total. También quedan regulados por ley los Institutos de Asistencia Técnica, que con carácter interdisciplinar deben acompañar a las cooperativas a lo largo de todo el proceso. A partir de 1989, la Municipalidad de Montevideo introduce otra de las claves principales, la Cartera de Tierras, por la que se ponen a disposición de las cooperativas suelos a precios accesibles donde acometer las promociones. Y casi al mismo tiempo, en 1990, puso en marcha el programa de reciclajes, por el que se extiende la experiencia de las cooperativas por ayuda mutua a la rehabilitación de edificios de la Ciudad Vieja. Con esto se persigue la mejora del entorno urbano histórico deteriorado, consolidando a la población existente y evitando la gentrificación. A partir de entonces, en la cartera de tierras se incluyen también inmuebles por rehabilitar. Las federaciones de cooperativas también han desempeñado un papel principal en el desarrollo de este modelo, especialmente la Federación de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM). Su actuación abarca tanto la interlocución con el resto de agentes sociales como el apoyo a las nuevas iniciativas –conformación del grupo, formación cooperativa, asesoramiento técnico–, o el fomento de la organización para la defensa de los intereses comunes y los derechos sociales. La FUCVAM permite que, a la vez que se mantienen la autogestión e independencia de cada cooperativa, estén todas coordinadas y funcionen conjuntamente para lo que se precise. La existencia de FUCVAM en el desarrollo del sistema cooperativo podría sintetizarse, en definitiva, diciendo que sin FUCVAM habría cooperativas de vivienda y con FUCVAM hay un movimiento cooperativo de vivienda[16].

Caminos a través de la selva Denominamos de esta forma a aquellas experiencias cuya extensión se produce con muchas dificultades y de manera muy limitada. Cuentan con el apoyo de las organizaciones de segundo grado, pero o bien carecen del de los poderes públicos o este se produce con bastantes debilidades. Son significativas las experiencias del Mietshäuser Syndikat[17] en Alemania y su homólogo en Reino Unido, Radical Routes; las cooperativas del MOI en Argentina, y la Unión de Cooperativas La Forja en Madrid. El MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) comienza a fraguarse en Buenos Aires en el ámbito universitario a finales de los años ochenta. Surge

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con el fin de asesorar y prestar apoyo a la población que durante la dictadura había sido expulsada de los centros históricos y, una vez reinstaurada la democracia, iba retornando y ocupando los edificios que estaban abandonados y deteriorados. Desde el inicio se reivindica el derecho a ciudad, como el derecho a la centralidad y al arraigo de las clases populares, y el derecho a vivienda. Para ello había que resolver la regularización del dominio de los edificios ocupados y la ejecución de las viviendas y los equipamientos barriales[18]. Aunque durante una primera fase se dedican al asesoramiento de los grupos, son conscientes de la necesidad del apoyo de lo público, por lo que centran su estrategia en promover en el Gobierno la instalación de políticas autogestionarias de hábitat popular. En 1999 consiguen formar parte de una mesa de trabajo intersectorial, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se cocina la Ley 341. Esta legislación reproduce muchos de los aspectos de la Ley de vivienda uruguaya: reconoce a las organizaciones sociales como sujetos de crédito para el acceso a la vivienda, reconociendo al mismo tiempo la autogestión como práctica, regula la propiedad colectiva, establece la financiación pública y también regula la asistencia técnica interdisciplinar. En cambio, no articula, como sí se hizo en Uruguay, un fondo específico para abastecer los préstamos, por lo que estos quedan supeditados a la voluntad política del Gobierno de turno. Hasta el momento son pocos los proyectos de autogestión y propiedad colectiva que han obtenido crédito, pero, además, las cantidades comprometidas sufren retrasos excesivos que hacen que muchas familias no puedan soportar unos procesos tan dilatados en el tiempo. De vuelta por Europa, nos encontramos dos experiencias que parten de la iniciativa de activistas comprometidos con la lucha por los derechos sociales, entre los que se destaca el derecho a vivienda. Se trata del Mietshäuser Syndikat en Alemania y de Radical Routes[19] en Reino Unido. Estas organizaciones se desarrollan prácticamente sin el apoyo de la Administración, que solo aparece con ayudas puntuales, lo que implica que han de diseñarse tanto su propio marco regulador como el financiero. En cuanto al marco regulador, ambos modelos se basan en establecer una organización de segundo grado con la que se vinculan todas sus filiales, la cual apoya el desarrollo de nuevas iniciativas y vela por la permanencia de los valores fundamentales del modelo. El marco financiero lo constituyen combinando la financiación de las entidades de banca ética de sus respectivos países con préstamos participativos, los cuales los aportan las personas del entorno cercano que desean apoyar el proyecto.

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En ambos casos se trata de cooperativas de inquilinos, lo que permite que las personas socias que reúnan las condiciones puedan acceder a las ayudas al alquiler establecidas en sus territorios, con lo que se garantiza que los miembros que cuentan con menos recursos puedan hacer frente al pago de la cuota. Como en el modelo Almene danés, las viviendas no solo son propiedad colectiva de la cooperativa, sino que son propiedad común, son de todos, y por tanto los excedentes que se generen tienen que revertir en beneficio de todos y destinarse al apoyo de nuevas cooperativas. Por eso es importante que ni se pueda realizar la división horizontal de los edificios, que permitiría vender las viviendas, ni que los socios adquieran participaciones valorizables, ya que ambas cuestiones pueden llegar a posibilitar la especulación y la apropiación de plusvalías de forma individual. De igual manera, se considera una apropiación pasiva disminuir la cuota mensual una vez se acaba de pagar la hipoteca, ya que se estaría dejando de pagar el uso de la vivienda y restando esos ingresos del movimiento cooperativo[20]. El Mietshäuser Syndikat surge en Friburgo, Alemania, a finales de los años setenta y principio de los ochenta. Las necesidades habitacionales de la población, junto con una gran cantidad de inmuebles vacíos y deteriorados, generaron un movimiento que tenía como objetivo okupar para rehabilitar los edificios abandonados. De esta forma además intentaban frenar las políticas públicas de renovación urbana que pretendían la demolición y nueva construcción de los inmuebles antiguos. Bajo el lema «mejor okupar para rehabilitar que poseer para destrozar»[21], se ocuparon cientos de edificios, hasta que el Gobierno tuvo que llegar a un acuerdo para regular la situación con los propietarios y los grupos de okupas. Actualmente cuentan con 156 edificios y 18 iniciativas[22] en marcha por toda Alemania. Durante estos años, los proyectos que se han desarrollado han partido tanto de grupos que habitan okupando un edificio y quieren regularizar su situación como de inquilinos que se organizan para adquirir el inmueble donde habitan, o simplemente de gente próxima que decide irse a vivir juntos y disponer de espacios para actividades comunitarias y del barrio[23]. Casi al mismo tiempo, durante la década de los ochenta, comienza a fraguarse Radical Routes en la ciudad de Leeds en Reino Unido, a partir de un pequeño grupo de cooperativas independientes. Buscan una alternativa al sistema hegemónico, tanto en el ámbito de la vivienda como en el de la educación, el trabajo… Por lo que se plantean la formación de una cooperativa de segundo grado que supusiese una red de ayuda mutua entre ellas. Actualmente, el grupo se compone de 32 cooperativas de vivienda de pequeño tamaño, cuatro cooperativas de trabajo y tres centros sociales. Además, para apoyar la financiación de las cooperativas se crea en 1999 una

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cooperativa de crédito llamada Rootstock[24], encargada de gestionar de forma centralizada los préstamos directos o participativos que anteriormente recaudaba, de su entorno cercano, cada pequeña cooperativa por separado. La Unión de Cooperativas La Forja es un interesante caso de cooperativa de gestión por inquilinos que surgió en Madrid a finales de los años ochenta. Consigue ponerse en marcha gracias al trabajo conjunto de la Administración pública y las asociaciones de vecinos, pero a pesar de mostrarse como una experiencia exitosa, acaba desmantelándose por un cambio en la voluntad política y la carencia de un marco estable que permitiese su desarrollo y le diera continuidad. Cuando el proceso de remodelación de barrios, conseguido por los movimientos vecinales, estaba prácticamente finalizado, surge una nueva dificultad: comienza a llegar a la edad de emancipación la generación siguiente de la población que encabezó estas luchas, y vuelven a encontrarse sin posibilidad de acceder a una vivienda en las condiciones adecuadas. Se trataba de jóvenes de escasos recursos, insolventes como para comprar una vivienda en «una España de propietarios»[25], pero no tan pobres como para poder optar a una vivienda pública[26]. Con las ventajas aprendidas sobre la organización colectiva, los vecinos se plantean dos criterios fundamentales para enfrentarse al problema sociohabitacional: la importancia de que los jóvenes también puedan permanecer en sus barrios y que la solución permitiese seguir desarrollándose comunitariamente. Además, apuestan por lo público, y por que se mantenga un parque social de vivienda propiedad de la comunidad autónoma. Por esto, las asociaciones de vecinos lanzan una propuesta que supone un reto tanto para las Administraciones como para los propios demandantes implicados: Cooperativas de Jóvenes para la Gestión de Vivienda Social en Alquiler[27]. El modelo consistía en la promoción por parte del IVIMA[28] de los Conjuntos Residenciales, con fondos y sobre suelos públicos, y su cesión completa a las cooperativas de vivienda bajo un contrato de gestión interesada. Cada cooperativa se encargaba de gestionar su conjunto residencial, adjudicando las viviendas entre sus socios en régimen de alquiler. Entre sus funciones se incluía la recaudación de las rentas, tanto de las viviendas como de los locales comerciales, la administración económica, la conservación y el mantenimiento de los inmuebles, velar por el buen uso, etcétera. Se construyeron dos conjuntos residenciales, uno en Vallecas para tres cooperativas y otro en Orcasitas, con un total de 492 viviendas. La tasa de morosidad de las cooperativas con el IVIMA era del 0 por 100, en un momento en que esta entidad soportaba el 40 por 100 de impagos en el resto del parque de viviendas.

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Sin embargo, tras un cambio de Gobierno en la comunidad autónoma, se les hace el vacío a las cooperativas. No se realiza ninguna otra promoción, a pesar de que había varias cooperativas conformadas esperando la adjudicación de un inmueble, y cuando pasaron los 10 años que establecía el contrato de gestión, se les ofreció a los inquilinos la compra de las viviendas por unos precios muy ventajosos. Islas verdes Por último, hablamos de islas verdes cuando se trata de iniciativas que surgen de forma aislada, sin el apoyo de las políticas públicas ni de organizaciones de segundo grado que faciliten su desarrollo ni su replicabilidad posterior, aunque, por muchos aspectos, son ejemplares y sirven como referente para otras iniciativas. Estas cooperativas se conforman por grupos de personas que comparten ciertos valores e intereses comunes –sociales, ambientales…– , cuyo objetivo es diseñar conjuntamente y autogestionar su propio proyecto residencial[29], entendido este como un sistema que va más allá de la vivienda, de forma que incorpora aquellos aspectos que los une. Adquieren por tanto especial importancia la disposición de espacios colectivos para el desarrollo personal y comunitario. Se inician de forma más o menos aislada, normalmente sin contar con un marco público en cuanto a regulación, financiación o acceso a suelo. Tampoco se sustentan en una entidad de segundo grado que los pueda acompañar en el proceso, ni les permita beneficiarse de la experiencia de otras iniciativas anteriores o acceder a fondos comunes para comenzar a dotar de solvencia la idea. Esto les genera frecuentemente serios obstáculos para poner en marcha el proyecto, por los precios excesivos del mercado, las dificultades de acceso a crédito, los impedimentos a la hipoteca colectiva, la carencia de un marco regulador adecuado que les dé seguridad jurídica entre ellos mismos y ante terceros… Y los obliga a tener que batallar cada una de estas y otras cuestiones con grandes aportes de energía e imaginación por parte del grupo. También puede ser motivo de que habitualmente los perfiles que pueden formar parte de estas experiencias requieran tener una capacidad adquisitiva media o media alta, generalmente profesionales, funcionarios, académicos, etcétera. Aunque podemos encontrar experiencias representativas por muchos lugares del mundo, vamos a centrarnos en algunas iniciativas que se han puesto en marcha en nuestro territorio, como son las primeras iniciativas de la cooperativa Los Milagros en Málaga y Trabensol en Madrid, además de otras de carácter

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intergeneracional como son La Borda en Barcelona y Entrepatios también en Madrid. Estas primeras iniciativas de cooperativas de usuarios que se ponen en marcha en España, desde la desaparición de las experiencias que se desarrollaron en Madrid, tienen que ver con lo que actualmente se denomina con el término senior cohousing. Se trata de una alternativa residencial que les planta cara a la soledad o a la falta de autonomía durante la vejez, a través de un proyecto residencial autogestionado con el que se pretende cubrir las necesidades relativas a la edad, y facilitar un ámbito relacional y de convivencia adecuado a las expectativas del grupo que lo desarrolla. Adoptan la fórmula de cooperativa de usuarios, por el convencimiento del valor de uso de las viviendas, porque la autogestión de las mismas les va a permitir mantenerse activos, y porque además les facilita disponer de espacios y servicios comunitarios adecuados a las necesidades de la edad y a las expectativas que comparten. Pero al no existir aún en nuestro país una estructura financiera adecuada, cada miembro tiene que entregar para entrar el monto total por el derecho de uso y las participaciones correspondientes a su vivienda. Una vez allí se paga una cuota mensual por el mantenimiento y los servicios de los que se dispone. A pesar de que el coste mensual es inferior a una residencia al uso, es necesaria una gran inversión inicial, por lo que se dirige a perfiles con cierta capacidad adquisitiva. La experiencia pionera en España fue el Residencial Los Milagros en Málaga, al que entran a vivir en el año 2000, y al que le siguió Trabensol en Madrid en el año 2013. A ambas les costó más de una década sacar adelante el proyecto, encontrándose con las trabas más comunes en la mayoría de estas experiencias, el precio desorbitado del suelo en el libre mercado y las dificultades de obtener una hipoteca sobre una propiedad colectiva. Actualmente hay varias en marcha, en distintos lugares de la península, enfrentándose a una coyuntura similar. En los últimos años también están apareciendo otros proyectos de cooperativas en España, pero en estos casos de carácter intergeneracional. Con un componente fuertemente reivindicativo sobre el valor de uso de las viviendas, se han conformado como cooperativas de inquilinos. La Cooperativa de Vivienda La Borda surge en el ámbito de Can Batlló, una zona industrial al sur de Barcelona cuyo estado de abandono originó que diversas organizaciones de los barrios colindantes se unieran en una plataforma ciudadana para reivindicar la actuación municipal. Reivindican la implicación de la Administración por el valor social del proyecto, la cual no llegaría hasta 2015, cuando alcanzan un acuerdo con el Ayuntamiento por el que se le cede a La Borda el derecho de superficie a 75

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años sobre el solar que esta reclamaba en el recinto de Can Batlló para la construcción del inmueble. La cesión de suelo público implica que las viviendas estarán protegidas y que queden vinculadas a la normativa al respecto. Por tanto, se limitan los ingresos máximos de las personas para que puedan ser socias de la cooperativa y la cuota mensual se equipara a la de la Vivienda Protegida en Alquiler. La financiación para la construcción quedaba del lado de la cooperativa, que tuvo que diseñar un sistema propio combinando el crédito de la banca ética, aportado por Coop57, con diversas posibilidades de préstamos participativos, más las propias aportaciones de los socios y alguna subvención que pudieron recibir. El Ayuntamiento de Barcelona, para darle impulso y apoyo a este modelo de acceso a la vivienda, además de ceder el suelo, dio un paso adelante constituyendo la Mesa de Vivienda Cooperativa. Posteriormente ha licitado y adjudicado cinco solares más para la promoción de nuevos proyectos. Sin embargo, la cuestión de la financiación sigue dependiendo exclusivamente de las propias personas cooperativistas, lo que supone una dificultad importante a la hora de promover los proyectos. Por su parte, la cooperativa de viviendas Entrepatios está ya finalizando la construcción de su proyecto en el distrito de Usera, en Madrid. Pero le ha costado largos años encontrar un solar asequible a sus posibilidades en el mercado privado. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, en este caso ni el Gobierno municipal ni el regional establecen ningún tipo apoyo a estas modalidades. La financiación se consigue con Triodos Bank, con quienes negociaron el marco estatutario que tendría la cooperativa para que se pudiera adaptar a los requisitos de la entidad bancaria. La cooperativa cuenta con dos nuevos grupos de cooperativistas para dos nuevas fases, una en Vallecas, que ya tiene suelo y otra que busca un lugar donde asentarse. LA EMERGENCIA DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN TIEMPOS DE CRISIS En distintos momentos de la historia y diferentes lugares del mundo, las cooperativas de vivienda han emergido como respuesta de las organizaciones colectivas ante las dificultades de la población de acceder a una vivienda digna. Pero cuando los recursos son limitados y las condiciones las impone el libre mercado, poner en marcha una empresa semejante puede ser imposible para

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muchos, un camino tortuoso para otros o la fortuna que recae sobre algunos privilegiados. Solo las iniciativas que han contado con un decidido respaldo desde lo público han sido las que han logrado una incidencia real en sus territorios. Con un marco jurídico y financiero que les brinde el soporte requerido, han podido conformar un parque de vivienda adecuada y asequible, complementario en la mayoría de los casos al parque público de vivienda. El crecimiento del número de cooperativas y de cooperativistas les ha permitido además constituir organizaciones de segundo grado con suficiente masa crítica como para tener un papel decisivo en la pervivencia del modelo, e incluso de la política de vivienda en general. Durante las últimas décadas, en distintos lugares del territorio español, están emergiendo experiencias singulares de la mano de distintos colectivos que buscan alternativas de acceso a la vivienda diferentes a la propiedad individual y que ven en las cooperativas una opción más asequible, participativa y respetuosa con el medio ambiente. Junto con ellos, toda una serie de agentes sociales intentan impulsar y apoyar el desarrollo de estas iniciativas. También han surgido algunos equipos de profesionales que se conforman interdisciplinarmente con el objeto de impulsar el modelo y asesorar a las cooperativas a lo largo del proceso, como Sostre Civic y LaCol en Barcelona, Lógica’eco y Jubilares en Madrid o como fue Habitares en Andalucía. Además se ha constituido la Fundación la Dinamo «con el objetivo de fomentar, promover y normalizar la implantación del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso como una alternativa a los modelos convencionales de acceso a la vivienda». Por otra parte, algunas Administraciones públicas han mostrado su interés y su apoyo a esta nueva forma de acceso a la vivienda. Además del IVIMA en su momento, el Gobierno del País Vasco o el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años, también el Ayuntamiento de Sevilla, a través de EMVISESA[30], está conformando una mesa de cooperativas y va a poner suelo a disposición para el desarrollo de alguna experiencia en la ciudad. Además, la banca ética mira con buenos ojos estas iniciativas, y como hemos visto, ya han participado en la financiación de algunos experiencias Fiare, Coop57 y Triodos Bank. Gracias al apoyo de algunos de ellos, son ya varios los grupos de cooperativistas que, como hemos visto, han conseguido sacar su proyecto adelante, como los de Trabensol, Entrepatios, La Borda u otros tantos que lo han puesto en marcha y van progresando en Madrid, Barcelona y otros puntos del territorio.

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Todas las experiencias piloto que se están desarrollando tienen un gran valor a la hora de activar algunas herramientas y de que se pueda visualizar el modelo y se demuestren su viabilidad y sus ventajas. Sin embargo, consideramos que tendrán poco alcance en cuanto a facilitar el acceso a la vivienda de la población, si no hay prevista una estructura jurídica y financiera de respaldo que de verdad posibilite la réplica y permita la extensión de los proyectos en el territorio. Por tanto, son claves la disponibilidad de suelo asequible sobre el que edificar o de inmuebles que rehabilitar, la obtención de una financiación adecuada y a título colectivo y un marco legislativo adecuado que proteja el modelo y le aporte seguridad jurídica. Y teniendo en cuenta las condiciones del mercado, son los poderes públicos los que mejor pueden facilitar estos requisitos. Para ello contamos con los patrimonios autonómicos y municipales de suelos e inmuebles, la recuperación del ICO como banca pública para financiar proyectos de vivienda de interés social y el marco de los planes de vivienda que, si bien no suponen una estructura a largo plazo, al menos sí podrían suponer un fuerte impulso y soporte inicial. Está en manos de las Administraciones públicas y de la voluntad política de los Gobiernos que estas alternativas de acceso a la vivienda, que cuentan con la integración de la participación social, puedan contribuir a garantizar el derecho a vivienda de sectores más amplios de población. OTRAS FUENTES UTILIZADAS de Manuel, E. (2010), «Construyendo triángulos para la gestión social del hábitat». Hábitat y Sociedad, 1 (Producción y Gestión Social del Hábitat), pp. 13-37. Díaz, I., y Rabasco, P. (2013), «¿Revitalización sin gentrificación? Cooperativas de vivienda por ayuda mutua en los centros de Buenos Aires y Montevideo», Cuadernos Geográficos, 52, pp. 99-118. Leal, J. (2010), «La formación de las necesidades de vivienda en la España actual», en La política de vivienda en España, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, pp. 15-50. Pelli, V. (1992), «Clarificación y Replicabilidad. La aplicación masiva de los procedimientos progresivos y participativos de vivienda» Pobreza Urbana Y Desarrollo 1, pp. 86-97. Radical Routes (2015b). How to set up a Housing Co-operative. Trabensol (n.d.-b), Memoria: Trabensol, un proyecto joven hecho por mayores. Turmo, R. (2004), Andel: el model Escandinau d’Accés a l’Habitatge. Finestra Oberta (Vol. 39). Barcelona.

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[1] Hasta el 85 por 100 del gasto público estatal en vivienda era en forma de exenciones fiscales para incentivar la compra de vivienda. Además, se estableció para todo tipo de renta, por lo que era una medida completamente regresiva, de la que se beneficiaban en mayor medida los hogares que adquirían viviendas más costosas (véase M. Lora, Cooperativas de vivienda de tenencia colectiva. Análisis de experiencias para el fomento de modelos alternativos de acceso a la vivienda en Andalucía, tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2017). [2] Entre 1998 y 2008 se produjo un incremento del precio de la vivienda libre del 236 por 100. Fuente: Ministerio de Fomento. [3] Datos del Consejo Superior del Poder Judicial. [4] Con ese dinero se podrían haber construido aproximadamente un millón de viviendas sociales, lo que hubiera supuesto multiplicar por 4 las que existen en la actualidad. [5] Índice de Precios de Referencia del Alquiler del PMVS de Sevilla 2020. EMVISESA. [6] Housing Europa. [7] Instituto Nacional de Estadística. [8] M. Lora, M. Solanas y E. de Manuel, «Propiedad individual vs. propiedad colectiva. Valor de uso vs valor de cambio», Vivienda Popular 27 (2015), p. 87. [9] Véanse Organización Internacional del Trabajo, Las cooperativas de vivienda, Ginebra, Imprenta A. Kundig, 1964, p. 163, y M. Solanas, Las cooperativas de vivienda uruguayas como sistema de produccion social del habitat y autogestion de barrios, tesis doctoral inédita, Universidad Pablo de Olavide, 2016, p. 48. [10] Fondo para la gestión y el mantenimiento del inmueble, fondo solidario para atender las situaciones adversas que puedan sufrir las personas socias y que les impida el pago de su cuota, fondos comunes con otras cooperativas para el fomento del movimiento cooperativo y el apoyo a nuevas iniciativas… [11] Organización Internacional del Trabajo, op. cit. [12] L. Vidal-Folch, Asociaciones y cooperativas de viviendas en Copenhaguen y Dinamarca. En Proyecto I+D+i «Cooperhabitar: claves para la generación de procesos cooperativos que aseguren el derecho a una vivienda digna en Andalucía» (Inédito), Sevilla, Junta de Andalucía, 2015. [13] Ibid. [14] En referencia al libro editado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República: R. Vallés (coord.), Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Medio Siglo de Experiencias, 2015. [15] Ibid. [16] B. Nahoum, Algunas claves. Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa por ayuda mutua, Montevideo, Ediciones Trilce, 2013. [17] La traducción al castellano sería «Sindicato de Inquilinos». [18] I. Díaz, «Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Buenos Aires», en Proyecto I+D+i «Cooperhabitar: claves para la generación de procesos cooperativos que aseguren el derecho a una vivienda digna en Andalucía», Sevilla, 2015. [19] «Caminos Radicales». [20] Véanse Radical Routes, Co-op Clusters. A Friends Provident Fundation and Radical Routes round table, Leeds, 2015a y How to set up a Housing Co-operative, 2015b; Mietshäuser Syndikat, Das Mietshäuser Syndikat und die Hausprojekte. Rucke Vor Zur Schlossallee, 2013. [21] En Alemán en original: Lieber Instandbesetzen als kaputtbesitzen.

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[22] [https://www.syndikat.org/es/el-combinado-empresarial/], consultado el 27 de junio de 2020. [23] Mietshäuser Syndikat, Mietshäuser Syndikat, 2010, y Mietshäuser Syndicat, 2013, cit. [24] [http://www.rootstock.org.uk/]. [25] En alusión al discurso del ministro Arrese. [26] M. Roces, Vivienda joven en alquiler, Madrid, 1990; M. Lora y M. Solanas, «Vivienda y organización popular. De la crisis social a la utopía», Vivienda Popular (Políticas habitacionales. Aportes en un año para proponer) 25 (2014), pp. 94-99. [27] M. Lora y M. Solanas, op. cit., 2014. [28] Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. [29] En lengua germana el término que se emplea es Wohnprojekte, que se puede traducir como proyecto residencial, entendiendo lo residencial como sistema que va más allá de la vivienda, que incluye las distintas dimensiones de habitar. [30] Empresa Pública de Vivienda y Suelo de Sevilla.

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«The show must go on». Sobre circulación del capital y ciudad según Marx y Harvey: una aproximación para profanos José Pérez de Lama y José Sánchez-Laulhé[1] 

Durante las primeras semanas de la pandemia, fuimos muchos los que nos maravillamos con la experiencia de vivir en un mundo que parecía haberse detenido, como si hubiéramos estado viviendo en una novela de Kurt Vonnegut. Aquello resultó ser, sin embargo, un espejismo pasajero, «the show must go on», como cantara el añorado Freddie Mercury.

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  Figura 1. Este tuit, capturado mientras trabajábamos en el presente texto, muestra bien uno de los aspectos más determinantes del funcionamiento de nuestras ciudades que conviene no perder de vista si queremos tratar de transformarlas. @avivir, 20 de junio de 2020.

CIUDAD Y CIRCULACIÓN DEL CAPITAL Introduzcamos la cuestión de la circulación del capital y su relación con la ciudad mediante esta cita de David Harvey: La circulación del dinero y el capital deben ser interpretadas como procesos ecológicos de tanta importancia como lo son la circulación del aire y del agua[2].

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Tras la crisis de 2008 empezamos a dar unas clases sobre el capital y el capitalismo en el último curso del grado en Arquitectura que está dedicado a la ciudad. Dicho curso se basaba en varias fuentes clásicas, entre otras Marx y Harvey. El argumento era sencillo, si la economía condiciona tanto la ciudad y la arquitectura como estábamos experimentando durante la crisis de 2007-2008 y años siguientes, parecía conveniente tratar de pensar un poco más sobre aquello. Tras varias aproximaciones diferentes, uno de los años lo presentamos a partir de esta idea de la circulación del capital, que resultó fácil de entender para los estudiantes y cuya analogía con los metabolismos urbanos, como sugiere la cita, nos pareció especialmente intuitiva. La bondad de la aproximación la confirmó, en cierto modo, un libro posterior del propio Harvey[3] en el que dedicaba un capítulo a mostrar su propio modelo de circulación, incluyendo un diagrama que completaba muy bien los que nosotros habíamos elaborado hasta la fecha. La idea de circulación, es conveniente señalar, no es exclusiva de Marx ni mucho menos de Harvey. Existen múltiples modelos siendo el primero, probablemente, el del Tableau économique de 1758, del fisiócrata François Quesnay, considerado como uno de los fundadores de la Economía moderna. Trataremos de presentar aquí el modelo de Harvey-Marx de una manera abierta, diferenciando partes y componentes, de forma que pueda ser usado, «tuneado» o «hackeado» –¿otra vez el plug-in, tune-up y clip-on de los arquitectos de los años sesenta?– en tanto que herramienta interpretativa o de proyecto, desde diferentes situaciones y posicionamientos. Deberá tenerse en cuenta que el modelo aquí presentado supone necesariamente una importante simplificación de la realidad. Este carácter de simplificación es a la vez virtud y defecto. Su virtud es que nos posibilita comprender en conjunto un sistema de gran complejidad –sistema cuyos especialistas y principales beneficiarios tal vez se complazcan en presentar como inescrutable para los profanos–. El defecto o los defectos tendrán que ver con que la realidad de las interacciones entre economía, ciudad y territorio será siempre mucho más compleja y llena de variaciones que lo que el sencillo modelo nos propone. La siguiente cita de Harvey sugiere esta complejidad más allá del esquema: El capital pugna por producir un paisaje geográfico favorable a su propia reproducción y evolución. […] El paisaje geográfico del capitalismo, sin embargo, se vuelve perpetuamente inestable por presiones técnicas, económicas, sociales y políticas varias, que operan en un mundo de variación inmensamente cambiante. El capital por fuerza tiene que adaptarse a este mundo en furiosa evolución, aunque, a la vez, tiene un rol clave en dar forma a este mundo. [… Entre las múltiples fuerzas económicas y financieras que pugnan por dar forma a la geografía] debe darse

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prioridad a la combinación de los procesos moleculares de acumulación sin fin del capital (el flujo y reflujo en el espacio y el tiempo de la actividad corporativa y empresarial implicada en la circulación y acumulación de capital) y el intento de organizar el espacio de una forma sistemática a través del ejercicio de los poderes estatales[4].

Precisamente, es la gran abstracción del modelo, tan propia de Marx, la que pensamos que le confiere utilidad práctica y cotidiana, como si fuera un mapa esquemático que destaca solo los principales elementos sin confundirnos con un exceso de detalle, para entender mejor cómo funciona la ciudad: la lógica general de las interacciones entre economía, ciudad y territorio, los diferentes agentes y los roles que asumen, y los principales momentos críticos y ocasiones de conflicto que se presentan en las diferentes fases del proceso de circulación. *** Empecemos entonces por la definición del capital según Marx y Harvey. Su definición, como la definición del valor sobre la que trataremos más adelante, es objeto de desacuerdo y conflicto entre las diferentes escuelas económicas, derivándose de las diferentes definiciones maneras distintas de pensar el sistema económico, incluso la sociedad. En el marco teórico marxiano su definición es de gran importancia. El capital será, en primera instancia, aquel dinero que alguien invierte en un proceso de producción con el fin de obtener más dinero. La fórmula que aparece en El capital de Marx para definir lo que allí se denomina «proceso de acumulación simple» es la siguiente: «D – M – D’», en la que D es dinero y M, mercancía. Un capitalista-industrial invierte un cierto dinero, D, en fabricar un cierto volumen de mercancías, M, que a continuación vende en el mercado para obtener un segundo dinero, D’, que deberá ser superior el inicialmente invertido. En la expresión matemática, con las que se complacía Marx para dar sabor científico a su trabajo, D’ sería igual a D + ΔD, siendo este ΔD el beneficio o ganancia del capitalista-industrial[5]. En el sistema marxiano aquello que se produce en el marco del proceso de producción capitalista es lo que se define como «mercancía». En sus escritos, Marx ponía como ejemplo de mercancías cosas como camisas y zapatos; nosotros, ya que vamos a hablar de la ciudad, podríamos hablar de viviendas. Para Marx, dinero, capital y mercancía –como veremos que ocurre también con el trabajo– no son tanto «cosas en sí» como relaciones sociales –entre capitalistas, trabajadores, consumidores, etc.–. Las viviendas del ejemplo serían una mercancía en tanto que resultado de un proceso de producción capitalista; aunque a la vez sean edificios hechos de ladrillo, madera o acero que alguien podrá habitar –más sobre esto en breve–. La lectura de El capital, con

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frecuencia, parece una novela de misterio. Muchas cosas no son lo que estamos acostumbrados a pensar, a la vez que van asumiendo diferentes condiciones o significados en diferentes momentos del proceso y según la perspectiva de quien interactúa con ellas. El proceso de circulación según el modelo que vamos a describir constará de cuatro fases, a saber, producción, realización (o consumo), distribución y reinversión (Figura 2). La clave del funcionamiento del sistema, podemos anticipar, es que el valor –«el capital es valor en movimiento», nos propone Harvey– tiene que estar en circulación de manera permanente, con las menores fricciones posibles (y desde luego sin interrupciones, como la producida por la covid), cada vez con mayor velocidad y con un volumen permanentemente creciente. En este constante proceso de transformación, en este peculiar proceso metabólico, cabría decir, se generan ciudad y territorio, que son a la vez medio y producto del proceso de circulación. Crecimiento y aceleración, imperativos de la circulación, se convierten en caracteres definitorios de la ciudadmetrópolis moderna. Como decíamos, «the show must go on», que bien podría ser uno de los lemas del capitalismo según estamos viendo con claridad en el final de este primer confinamiento.

  Figura 2. Esquema de las fases de la circulación del capital según Marx-Harvey –a través de las que se generan ciudad y territorio, que son a la vez medio y producto del proceso de circulación–. Elaboración: J. Pérez de Lama.

LA CIUDAD DE LA PRODUCCIÓN

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La producción suele considerarse la primera de las fases de la circulación del capital. Es la fase a la que se ha prestado mayor atención en la tradición marxiana, al situar aquí, como iremos viendo, el momento de la creación del valor –de ahí, su denominación alternativa de «fase o proceso de valorización»–. También es el tema central del único volumen de El capital terminado por el propio Marx. El desplazamiento del foco de atención, de la producción a la circulación del valor en su conjunto que plantea Harvey, considerando los cambios históricos y la obra de Marx más allá del primer volumen de El capital, muestra de forma más clara su relación con la ciudad y multiplica los momentos y formas de conflicto entre los diversos actores participantes en el proceso. Para su análisis Marx toma como referencia el capitalismo más avanzado de su tiempo, como era el de las grandes fábricas textiles de Mánchester durante las décadas de 1850-1860, que su amigo y colaborador Friedrich Engels conocía en preciso detalle. Como ya vimos, el proceso de producción se inicia con un dinero del que puede disponer el capitalista o empresario industrial, que decide invertirlo en la fabricación de algún tipo de bien, con el objetivo de ponerlo a continuación a la venta. A los bienes producidos en este tipo de procesos, según ya se indicó, Marx les da el nombre técnico de «mercancías». La finalidad del proceso, desde el punto de vista del capitalista, será la obtención de ganancias o beneficios. Estas ganancias solo se «realizarán», sin embargo, cuando las mercancías lleguen a ser vendidas en el mercado, de ahí el nombre que Marx da a la segunda fase del proceso, «realización», según veremos en breve. Para llevar a cabo el proceso de producción, el capitalista debe acometer dos tipos distintos de inversiones, que se describen como «capital fijo» y «capital variable». El capital fijo corresponde al dinero que el industrial debe gastar en materias primas o semielaboradas, energía, máquinas e instalaciones, edificios e incluso infraestructuras, que sean necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación (Figura 3). Según el modelo, el capital variable es aquella parte del capital que el industrial debe gastar en contratar la fuerza de trabajo, esto es, en pagar las horas de trabajo de los obreros u operarios que fabricarán concretamente los productos. Desde la perspectiva de los trabajadores, el capital variable son sus salarios. Marx llama variable a esta parte del capital porque considera que es el trabajo que se realiza sobre una cierta materia el que crea el nuevo valor que se genera en el proceso de producción: ahí radicaría la variabilidad, en el incremento del valor que produce esta parte del capital. A este incremento del valor es al que Marx llama «plusvalía» o «plusvalor». Con este mismo sentido, se llama «trabajo vivo» al desarrollado por los trabajadores en el proceso de

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producción, mientras que se llama «trabajo muerto» al que ha sido realizado previamente, y cuyo valor se considera que estaría acumulado en las materias elaboradas o en las máquinas, infraestructuras, etc., que intervienen necesariamente en el proceso de producción, pero que no aportan un nuevo valor[6]. Esta sería de manera sucinta la versión marxiana de la llamada teoría del valor-trabajo, que constituye uno de los elementos fundamentales de la teoría económica de Marx. En las diversas teorías del valor-trabajo subyace una intuición similar a la de los principios de conservación de la materia y la energía: el nuevo valor no puede salir de la nada, sino que será siempre producido por una fuerza, el trabajo, aplicada sobre la materia. Es una teoría, por otra parte, que está excluida del pensamiento económico dominante. De esta idea, la de que el trabajo es la única fuente de creación de valor, se deriva el concepto de explotación de Marx y su explicación del conflicto entre capital y trabajo. Otras escuelas económicas estructuran y denominan estos elementos de otras maneras, llamándolos, por ejemplo, factores de producción, lo que conduce a otras representaciones del proceso y de sus conflictos. Volviendo a nuestro modelo, al final del proceso de producción, el dinero inicialmente invertido se ha metamorfoseado, provisionalmente, en el valor incorporado en la mercancía. Aquí se ve que habrá un momento de posible crisis: este valor solo se realizará, como decíamos, una vez que la mercancía sea vendida en el mercado, y el valor realizado en la venta deberá ser superior al del capital –fijo más variable– invertido para que exista un beneficio sin el cual el capitalista no tendría interés en llevar a cabo el proceso y asumir los riesgos que le supone.

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  Figura 3. Diagrama del proceso de producción según Marx-Harvey, en el que se muestran los componentes del proceso de producción: capital fijo, capital variable y plusvalor, así como la fórmula general del capital, D – M – D’. Elaboración: J. Pérez de Lama.

Desde la perspectiva de la producción, podemos considerar la ciudad y el territorio de diversas maneras; destacaremos aquí, de momento, dos. En primer lugar, ciertas partes y elementos de la ciudad funcionan como medios en los procesos de producción –en tiempos de Marx y Engels, por ejemplo, las fábricas de Mánchester, pero también infraestructuras como el ferrocarril, que comunicaba desde 1830 las fábricas con el puerto de Liverpool tanto para la importación del algodón americano e indio como para la exportación de la producción textil a todo el mundo–. Según el modelo desarrollado previamente, para los capitalistas industriales estos artefactos urbanos tendrían el carácter de capital fijo, elementos que les son necesarios y suponen parte de los costes de sus procesos de producción. En segundo lugar, la ciudad misma es un producto, de las industrias de la construcción e inmobiliaria; esto es, una suma de mercancías. Si bien en tiempos de Marx este aspecto era menos relevante, en la actualidad, como sabemos, la construcción constituye uno de los principales motores de todas las grandes ciudades. En las economías occidentales, con una cierta variabilidad según sea la manera de computarlas, la suma de la producción de las industrias de la construcción e inmobiliaria supondrá en torno a un 10 por 100 y un 12 por 100 del volumen total de producción, pudiendo ser

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incluso superior durante ciertos periodos, como ocurría en China en 2017 y 2018 cuando solo la construcción llegó a suponer un 15 por 100 del producto interior bruto (PIB). Este dato se revela más interesante para los no especialistas cuando se compara con otros sectores productivos. En 2019 en España, por ejemplo, datos que se publicaban en Wikipedia cuando se prepararon estas notas, la industria (sin incluir construcción) supuso un 11,5 por 100 del PIB; el sector primario completo (minería, agricultura y pesca), un 2,5 por 100; y la energía, un 2,8 por 100. Desde la perspectiva del capitalista que los produce y vende, los diferentes elementos urbanos se definirían como mercancías, ya fueran viviendas, edificios comerciales, equipamientos, barrios, infraestructuras, espacios públicos o incluso servicios públicos. Es característico del sistema marxiano, sin embargo, que desde la perspectiva de los compradores estas mercancías tengan diferente carácter: podrían ser un bien para usar (por ejemplo, una casa en la que alguien va a vivir o quizá un equipamiento público como un ambulatorio); podrían ser una inversión en capital fijo (como en el caso de una oficina o un comercio o una fábrica), que otro capitalista o empresario vaya a incorporar en su propio proceso de producción; podría ser una inversión orientada a la renta, cuestión de gran relevancia en la ciudad (y sobre la que comentaremos más en breve). De estas diferentes condiciones es de lo que hablamos cuando afirmamos que para Marx aquello que define las cosas desde la perspectiva económica-capitalista –mercancía, capital fijo, etc.– es una relación social más que algo en sí mismo. En la diferente realidad del producto para unos y otros se da una distinción que es clave en el modelo marxiano, como es la que diferencia entre «valor de uso», «valor de cambio» y «valor». El valor de uso sería el que tiene la vivienda para aquellos que la habitan; el valor de cambio sería el valor de la vivienda para aquel que la produce y la vende; el valor, finalmente, sería, siempre en el sistema marxiano, la cantidad de trabajo acumulada directa o indirectamente en un cierto producto o mercancía –en un mercado que funcionara bien, según los supuestos capitalistas, valor de cambio y valor tenderían a coincidir con el precio, aunque como sabemos esto no ocurre siempre así–. Las relaciones, diferencias y conflictos entre unos y otros valores son parte importante del análisis y la crítica marxianas del proceso económico en general y de la ciudad en particular.

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  Figura 4. Diagrama de la ciudad desde la perspectiva de la circulación del capital. Elaboración: J. Pérez de Lama, a partir de diversos trabajos de David Harvey.

En la Figura 4 se muestran algunas de estas cuestiones en un esquema de ciudad relativamente clásico-moderno, no demasiado alejado de las propuestas de zonificación que dominaron el urbanismo de la parte central del siglo XX, aunque incluyendo algunos aspectos de las ciudades más actuales. Determinadas áreas de la ciudad se especializan en las actividades productivas (zona 4), ya fueran de tipo industrial ya del sector servicios (oficinas de la zona 1). Grandes áreas de la ciudad se dedican a infraestructuras y logística (zona 3) y también deben considerarse como parte del sistema productivo, aunque su uso también pueda ser compartido por otras actividades –por ejemplo, en el caso del sistema viario. En la ciudad más contemporánea, el sistema productivo puede afirmarse que se ha complejizado grandemente respecto de la organización espacial más estrictamente zonificada característica de la ciudad moderna. Aunque la casuística es de una enorme riqueza, nos limitaremos señalar dos cuestiones que nos parecen destacadas. La primera es la que Manuel Castells, en 1996, llamó el desarrollo de las «plantas de producción global». Esta idea explica cómo la mayoría de los

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grandes procesos de producción industrial –y de distribución de la producción– dejaron de estar localizados de manera más o menos compacta en las regiones y áreas industriales de los países occidentales, para pasar a «deslocalizarse», se decía en algún momento, y a reorganizarse en redes cuyos componentes se distribuyen globalmente: los centros de investigación y desarrollo en los nuevos entornos tecnológicos de los llamados países avanzados –los Silicon Valley y émulos varios–, las fábricas principales en países en vías de desarrollo, países que han ido cambiando a lo largo de los últimos 30 años, y los centros de mando y control en las capitales financieras globales –unos y otros conectados y coordinados por las redes tecnológicas digitales y por las redes y grandes infraestructuras logísticas que conectan el planeta de manera mucho más intensa de lo que lo había estado nunca en la historia–. El desabastecimiento en Europa o Estados Unidos, durante las primeras semanas de la pandemia, de productos como las mascarillas, los respiradores o los tests médicos fue una muestra muy clara de los efectos de esta nueva geografía productiva global (como también lo fue, por otra parte, la rapidísima extensión global del virus en primera instancia)[7]. La segunda cuestión sería la que algunos llamamos la emergencia de la «metrópolis fábrica», una hipótesis propuesta hace algunos años por el llamado «postoperaísmo» (véase, por ejemplo, Hardt y Negri[8]). Siendo una tendencia de las prácticas capitalistas contemporáneas la de tratar de extenderse a todos los tiempos y espacios de la vida, la producción dejó de centrarse en fábricas o grandes oficinas, para extenderse a toda la posmetrópolis, como diría Edward Soja. Los llamados distritos tecnológicos, las ciudades culturales o los entornos turísticos –que están centrando parte de los conflictos más evidentes en el llamado proceso de «desescalamiento» o vuelta a la normalidad– son buenas ilustraciones de esta realidad (zona 7). La renovada actualidad del teletrabajo, es decir, el trabajo desde casa, también contribuye a esta tendencia a distribuir la producción por toda la fábrica urbana, planteando interesantes preguntas sobre la reorganización del gasto en capital fijo y la propiedad de los medios de producción, etc., que recuerdan a las etapas iniciales del capitalismo en Inglaterra, y las llamadas «cottage industries», cuando los obreros textiles trabajaban en sus casas, en familia y con sus propios telares. Es difícil exagerar la importancia de la cuestión de la ciudad como mercancía. La crisis de 2007, con la burbuja inmobiliaria de la década precedente y el detonante de las llamadas «hipotecas subprime» que hizo colapsar la economía global, es una excelente ilustración. En la otra cara de este fenómeno, la cara de la demanda, estaría la crisis de décadas en el acceso a la vivienda en países como España. Volveremos sobre este asunto en las fases 3 y 4 del ciclo de la circulación del valor.

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Los cambios en la organización de la producción dan lugar a lo que podemos llamar, siguiendo a Deleuze-Guattari, procesos permanente de «desterritorialización» y «reterritorialización» –o de desestruturación y reestructuración si prefiriésemos una terminología tal vez más clásica– que no son accidentes o excepcionalidades, sino elementos constituyentes, como las crisis, del funcionamiento del capitalismo en el tiempo. LA CIUDAD DEL CONSUMO La «realización» constituye la segunda fase en el modelo de Harvey-Marx. Nombres más coloquiales para la realización serían los de venta o consumo, según nos refiramos a la implicación de vendedores o de compradoresconsumidores. Con este término se presenta la idea de que es en esta fase en la que el capitalista «realiza el valor» de las mercancías producidas previamente, esto es, hace que el valor en circulación, al que se había hecho tomar la forma mercancía, retorne a la forma dinero (el D’ de la fórmula). Esta función de mercado en el que vender y comprar los productos del campo y de la artesanía, como es conocido, se suele considerar una de las principales circunstancias en el origen de las ciudades; su resurgimiento en la Baja Edad Media europea suele asociarse a la emergencia de la burguesía y el capitalismo. La creciente concentración de la población en las metrópolis modernas hará que esta dimensión de la ciudad-mercado se haga cada vez más importante. Una de las preguntas que plantea esta fase de la realización es la de ¿quién compra las mercancías producidas? Se trata de una pregunta más interesante de lo que pudiera parecer en primera instancia. Cuando Marx escribe El capital, en la segunda mitad del siglo XIX, siendo la producción industrial relativamente reducida, la cuestión resultaba menos crítica de lo que es hoy. En la actualidad, tras casi dos siglos de crecimiento acumulado, el asunto de quién consume lo producido constituye una de las claves de la viabilidad del sistema, de sus transformaciones y de sus periódicas crisis. En relación con esta cuestión se suele citar a Henry Ford, el fundador de la empresa automovilística que lleva su nombre a finales del siglo XIX. Ford decía que sus trabajadores tenían que ganar lo suficiente como para poder comprarse uno de los coches que ellos mismos fabricaban. Esta idea de Ford explica bien lo que se caracterizará posteriormente como «sociedades de consumo» –denominación propuesta en los años setenta del pasado siglo por Jean Baudrillard–. La ciudad moderna en su conjunto, como ilustra bien el caso de la «suburbia» estadounidense, puede entenderse como el resultado espiral de estas relaciones: los trabajadores adecuadamente retribuidos podían adquirir las nuevas viviendas en urbanizaciones de las afueras de las ciudades, los coches

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para ir y volver al trabajo y a los centros comerciales, los nuevos electrodomésticos y muebles para equiparlas; las grandes obras públicas contribuían a impulsar el sistema; la actividad económica multiplicada genera mayores ingresos públicos a través de los impuestos. Este ciclo funcionó durante uno de los periodos más eficientes del capitalismo en Occidente, aproximadamente desde la década de los cincuenta a la de los setenta, siendo uno de sus principales resultados la emergencia de una clase media consumidora y relativamente acomodada –con todas las ambigüedades implicadas–. El sistema es el que caracterizó el llamado «American Way of Life» en Estados Unidos y la «sociedad del bienestar» en Europa, con sus matices diferenciales. De nuevo Castells, pero en esta ocasión en una de las primeras obras que le dio proyección internacional, La cuestión urbana (1974), caracterizó las prácticas de producción espacial de esta etapa como el urbanismo del consumo, en el que el desarrollo/crecimiento urbano estuvo impulsado principalmente por la construcción de vivienda, servicios e infraestructuras para las clases medias aspiracionales o emergentes. El caso sirve para ilustrar cómo el proyecto de crecimiento económico permanente propio de las sociedades capitalistas exige que el consumo crezca en paralelo a la producción. Lo que expresado de manera diferente sería la afirmación de que producción y realización –o consumo– son estrechamente interdependientes; de su adecuado equilibrio dependerá la eficaz circulación del valor. Cabe mencionar aquí la clasificación de las mercancías según el modelo de Harvey-Marx que plantea tres tipos principales. El primero sería el de las mercancías de primera necesidad o salariales, que serían las que consumen los trabajadores para vivir –a veces simplemente para sobrevivir–, para lo que Marx denomina la «reproducción social de la fuerza de trabajo» (algo más sobre el tema en breve). El segundo sería el de lo que denomina «bienes de lujo», que en tiempos de Marx eran consumidos por lo que llamaba «la burguesía», un término que hoy resulta quizás anacrónico. Y el tercer tipo de mercancía, el formado por aquellos bienes que van a usarse en nuevos procesos de producción, desde las materias primas y las máquinas, hasta la edificación. Como decíamos, la distribución relativa de la producción de los tipos de mercancía es importante para que el proceso de circulación pueda funcionar de manera constante y eficiente, para que siempre haya compradores, para que siempre haya oportunidades para la reinversión que resulten de interés para los capitalistas. La necesidad de este equilibrio, con el objetivo de que exista pleno empleo en un cierto espacio económico, es lo que desarrolla J. M. Keynes (1936) con su concepto de «demanda efectiva»[9]. Podríamos interpretarlo

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también como una nueva forma de medida y proporción, a la que tan aficionados han sido los arquitectos. Medida y proporción, aprovechemos la oportunidad, en la que también habría que incluir los recursos naturales y el medio ambiente. En el caso de la ciudad, se intuye con una cierta facilidad cómo aparecen este tipo de diferentes mercancías en su funcionamiento y en la propia textura y composición de la ciudad. Podríamos pensar en la ciudad de las mercancías salariales, la ciudad de las mercancías de lujo y la ciudad de la producción, según unas u otras lógicas mercantiles predominen en sus diferentes partes. *** En Kingdom Come, la novela de J. G. Ballard de 2006, un grupo de ultraderecha toma un gigantesco shopping mall próximo a uno de los principales aeropuertos de Londres, como si conquistaran el Palacio de Invierno o la Bastilla. Con lo que otros autores quizá denominarían «realismo capitalista», Ballard presenta en esta obra el tipo de espacios comerciales y relaciones sociales que caracterizan la ciudad posmoderna[10]. Durante el periodo de confinamiento, otra geografía comercial más es la que ha resultado relativamente victoriosa en esta guerra de paisajes, como ha sido la de la venta online, con sus interfaces digitales en cada casa, los almacenes robotizados y los ejércitos de repartidores precarizados. Jeff Bezos, principal propietario de Amazon y uno de los grandes impulsores de esta nueva geografía, se convirtió recientemente en el hombre más rico del mundo –su fortuna es superior al PIB del 90 por 100 de los países–. El presupuesto anual que Amazon dedica a investigación e innovación, 16.000 millones de dólares, es también del mismo orden de la suma total de gasto en I + D privado y público en España. Si hablábamos de procesos de desterritorialización y reterritorialización en el caso de los paisajes de la producción, en el campo de la realización estos son, como mínimo, de la misma importancia. LA CIUDAD DE LA DISTRIBUCIÓN: LA CIUDAD DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL La «distribución» constituiría la tercera fase de la circulación del capital-valor según el análisis de Marx-Harvey. Como su nombre sugiere, sería la fase en la que las ganancias o beneficios generados en las anteriores fases se reparten entre los diferentes agentes o instancias que han participado de una u otra manera en el proceso. Harvey lo expresa en inglés con el expresivo término de

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«claimants», aquellos que reclaman o reivindican o demandan para sí una parte de los beneficios. Si la distribución contribuyera al bienestar general de la sociedad en su conjunto y de sus diferentes partes, entonces podría decirse que esta fase sería la que justificaría en buena medida la posible «bondad del sistema». En contraste con las dos fases anteriores, la distribución no aparece en la realidad de manera neta como un momento temporal diferente, sino que es más un elemento que se piensa de manera abstracta en el modelo teórico pero que, en la realidad, estaría inscrito de diferentes maneras en las fases precedentes. Sin embargo, definir la distribución como una fase diferenciada resulta de ayuda para comprender mejor el proceso de circulación del capital. También la idea de «ciudad distributiva» resulta, a nuestro juicio, de gran interés.

  Figura 5. Esquema de la fase de distribución, con los diferentes claimants de las ganancias resultantes de la realización (venta) de la producción, según Harvey-Marx.

Los claimants, si usamos la expresión de Harvey, pueden dividirse en tres grandes sectores como son trabajo, capital y Estado o sector público (Figura 5). Entre los dos primeros, trabajo y capital, la tradición marxiana –aunque no solo esta– identifica el principal conflicto de las sociedades capitalistas. En la terminología de Marx la parte del trabajo serían los salarios, mientras que la del capital serían los beneficios propiamente tales, una vez que el capitalista recupera el capital inicialmente invertido. Esta primera distribución entre trabajo y capital tiene lugar en la fase de producción, en la «morada oculta» de la fábrica decía Marx –hoy diríamos «en el ámbito de las relaciones laborales»–. Se matizará a posteriori mediante la intervención redistributiva del Estado.

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Para dar una idea del orden de magnitud de la distribución entre capital y trabajo, se suelen comparar las rentas del capital y del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (2020) expone que las rentas del trabajo en España en 2017 suponían en torno a un 61 por 100 del PIB. La Fundación Alternativas, por su parte, estimaba que «el descenso de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional desde al menos los años ochenta constituye un tendencia global de carácter estructural ampliamente contrastada». A la hora de valorar la distribución de las rentas entre capital y trabajo, deben tenerse en cuenta las consideraciones que se hicieron anteriormente acerca de las sociedades de consumo. El ejemplo del mercado inmobiliario lo hace evidente: se pueden hacer muchas viviendas, pero si la gente no tiene dinero para comprarlas o alquilarlas, las viviendas se quedarán vacías.

  Figura 6. Complementariedad de la circulación del capital y de la circulación de la fuerza de trabajo; reproducción social de la fuerza de trabajo. Elaboración: J. Pérez de Lama.

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El análisis de la parte de los salarios o rentas del trabajo hace aparecer un segundo ciclo complementario al de la circulación del valor, el de lo que se denomina en el modelo marxiano la «reproducción social de la fuerza de trabajo» (Figura 6). La descripción que hace Marx del funcionamiento de esta otra circulación es la siguiente: el trabajador o la trabajadora vende su fuerza de trabajo al capitalista industrial, que la emplea durante la jornada de trabajo para producir mercancías. El valor de la fuerza de trabajo, que es también el coste que esta tiene para el capitalista, será como el de las otras mercancías, esto es, el tiempo de trabajo necesario para su producción. En este caso particular, será igual al valor de los alimentos, ropa, vivienda, etc., que sean necesarios para que el trabajador recupere la fuerza de trabajo gastada y pueda volver al trabajo al día siguiente. A esto es a lo que se llama «reproducción simple de la fuerza de trabajo». Pero como el capitalista no solo necesita que el trabajador vuelva cada día a su puesto de trabajo, sino también que en el futuro sus hijos puedan ocupar el puesto de sus padres, se habla de reproducción social de la fuerza de trabajo. Esta incluirá la cría y el cuidado de los niños, su educación, etc. En todo este trabajo, como es hoy bien conocido, la contribución histórica de las mujeres ha sido esencial, constituyendo esta cuestión uno de los principales objetos de la crítica feminista: las mujeres, con su trabajo, han sido uno de los principales sustentos del sistema capitalista –y a la inversa, su trabajo doméstico no remunerado es una de las principales formas de explotación del sistema[11]. Según Marx, y esta sería una de las claves de su modelo, la diferencia entre lo que el capitalista paga al trabajador –el valor de la fuerza de trabajo según lo socialmente aceptado en un cierto lugar y circunstancia– y el valor que el trabajador produce a lo largo de la jornada de trabajo, una vez descontados el resto de costes en que incurre el capitalista –el coste proporcional del capital fijo–, sería lo que constituye el beneficio del capitalista, que Marx llama «plusvalía» o «plusvalor» (véase, de nuevo, la Figura 3). No vamos a profundizar más en esta cuestión en esta instancia, quede así señalada para aquellos que no la conocieran y quisieran estudiarla. Volviendo a la ciudad, ocurre que lo que para el capitalista, en principio, es estrictamente un medio para la reproducción social de los trabajadores, para estos es su espacio de vida. Se cuestiona aquí entonces, en ocasiones, el modo de valorización capitalista, por otros valores diferentes que podrían organizar la sociedad, o al menos equilibrarse con los primeros. En la actualidad, los conflictos en estos entornos son tan relevantes y transformadores como los clásicos del trabajo, ya sean en torno al consumo, a las reivindicaciones feministas y de los cuidados, ya en torno a lo que viene llamándose desde Henri Lefebvre (1968) el «derecho a la ciudad».

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*** El segundo grupo de claimants lo constituyen los capitalistas. Aunque hasta ahora los habíamos tratado como si compusieran un ente unitario, resulta de gran interés para la comprensión del sistema entender que el capital es bastante heterogéneo –no solo por la multiplicidad evidente de los capitalistas individuales, sino porque hay diferentes maneras de actuar como tal según las funciones desempeñadas en el proceso de circulación–. Harvey-Marx distinguen cuatro categorías del capital a las que corresponde su propia forma de beneficio. En primer lugar estaría el capital industrial, que sería aquel del que hemos venido tratando hasta ahora, cuyas funciones ya hemos presentado. El segundo tipo de capital sería el mercantil o comercial. Este sería el que tiene por objeto la «realización» o comercialización de las mercancías –cuando el empresario industrial opta, por la razón que sea, por que la lleve a cabo otro agente–. La explicación propuesta por Marx es que el capitalista comercial recibe una parte del beneficio generado en el proceso de producción. Como en el resto de formas de capital su retribución, el beneficio comercial, será proporcional al capital invertido en generar las condiciones para la realización y al riesgo asumido. Vemos, sin embargo, casos como los de las grandes superficies de alimentación, o el más reciente de Amazon en la venta de libros, en los que el poder de negociación del capital comercial es muy grande respecto del de los productores, lo que le otorga la capacidad de reclamar una gran parte de los beneficios derivados de la producción. En el ámbito de la ciudad y el territorio, el capital comercial tendrá gran influencia en lo que hemos llamado la ciudad del consumo, siendo un poderosos agente en la determinación del modelo de ciudad en su conjunto, como ocurre desde finales de siglo pasado con la influencia de los centros comerciales sobre la estructura general de la ciudad, según ya comentamos. El tercer tipo de capital sería el que podemos denominar inmobiliariopropietario. Correspondería a aquellos capitalistas que invierten en los llamados bienes inmuebles –edificios, suelo– con la finalidad de obtener una renta periódica por su alquiler o explotación. En el caso de nuestro modelo de referencia, el propietario de un edificio lo alquilaría a un industrial para montar allí sus instalaciones de producción, a cambio de lo cual recibe una renta mensual o anual. Según el modelo de Marx, la renta sería otra parte que se detraería del beneficio del capitalista industrial. Dado que la ciudad se compone en buena parte de edificios, resulta evidente que esta es una práctica que caracterizará los entornos urbanos. La aportación del rentista al proceso de producción es más pasiva que la del industrial o el comerciante; su riesgo también suele considerarse menor. Por lo general, la posibilidad de extracción

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de renta suele estar ligada a lo que los economistas denominan una condición de oligopolio o monopolio (por ejemplo, el número de inmuebles en situaciones urbanas singulares, como podrían ser el perímetro de Central Park en Nueva York o en el Paseo de la Castellana en Madrid, siempre será reducido). Por último entre los sectores del capital estaría el financiero, que habría participado en los procesos de producción mediante algún tipo de crédito o fórmula de accionariado (equity, en inglés, sería el término general). Es habitual que el empresario no disponga de todo el dinero necesario para montar su línea de producción, o no le convendrá emplearlo ahí, y usará recursos de otros agentes económicos que dispongan de excedentes –a cambio de lo cual estos recibirán una parte del beneficio, proporcional, de nuevo, a su participación y al riesgo asumido–. A esta parte del beneficio, Marx-Harvey le dan el nombre de «interés». Frente a la crítica bastante común al sector financiero desde sectores de izquierda o incluso desde las tradiciones cristiana o musulmana, Marx argumentaba la necesidad esencial de esta función económica para hacer viable la circulación fluida del capital, como una especie de lubricante que permite que los procesos funcionen más efectivamente, salvando diferencias en el tiempo y haciendo posible proyectos a escalas mayores de las que podrían acometer capitalistas individuales. En este sentido, Harvey explica cómo la innovación financiera centrada en torno a la banca de los hermanos Pereire, estrechos colaboradores de Napoleón III y del barón Haussmann, fue uno de los factores fundamentales que hicieron posible la construcción del nuevo París de las décadas de 1850 y 1860; o Rifkin (2011), cómo la «suburbia» estadounidense desde la década de los cuarenta a la de los sesenta del siglo pasado es tanto un producto infraestructural, arquitectónico y sociocultural, como financiero –en concreto, del sistema hipotecario que se desarrolla específicamente con esta finalidad–. El hipotético y probablemente deseable Green New Deal sobre el que se debate en 2020, que debería afectar radicalmente al medio construido, solo podrá hacerse realidad en la medida en que haya un gran máquina financiera que lo haga viable[12]. La distribución de rentas e intereses –en sus múltiples aspectos– se funde sin clara solución de continuidad con la siguiente fase de la circulación del valor, la de la reinversión del capital, que trataremos en el siguiente epígrafe. Resulta de interés señalar, no obstante, que las diferentes instancias del capital no solo colaboran entre sí, sino que a la vez, también, compiten: por una mayor proporción de los beneficios que se generan en el conjunto del sistema, por orientar la economía en una u otra dirección, por dar forma al territorio y la ciudad y regularlos de manera que favorezca a unos o a otros. En el estudio de

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los procesos urbanos concretos resulta de gran interés prestar atención a estas cuestiones. *** Introducidos trabajo y capital, quedaría tratar el tercer y último de los sectores de grandes claimants en el reparto de los beneficios derivados de la circulación del capital: el Estado o sector público. A través de impuestos y tasas varias el Estado, en sus diversas representaciones, reclama una parte de los ingresos tanto del trabajo como del capital. La cuestión de los impuestos es por supuesto objeto de discusión y conflicto permanente, y por tanto de interés: efectivamente, el papel del Estado moderno tiene un carácter de significativa ambigüedad. Mezzadra y Neilson[13] definían recientemente una de sus principales funciones como «la mediación entre la representación del capital agregado (la composición de las diferentes formas de capital que acabamos de enumerar) y la reproducción social de la fuerza de trabajo». En un lenguaje menos especializado podríamos decir que, desde la perspectiva de la circulación del valor, el Estado se situaría como mediador entre capital y trabajo, teniendo entre sus prioridades, en cualquier caso, el optimizar las condiciones para la circulación del capital. Más concretamente, ¿qué funciones desempeña el sector público en relación con la circulación del capital? Enumeraremos algunas más destacadas, sin ánimo de ser exhaustivos. En primer lugar y como decíamos, el Estado es el que sostiene el marco en el que se produce la circulación, con la legislación, la regulación monetaria y bancaria, los aparatos de justicia, policial, militar, etc. El mercado, según enfatizó Karl Polanyi[14], es una construcción social y, como tal, tiene que ser sostenida. Por otro lado, es también el sector público el que se responsabiliza de la mayoría de las grandes inversiones necesarias para la producción y la realización; por ejemplo, la construcción de las grandes infraestructuras o el desarrollo y mantenimiento de los propios entorno urbanos –inversiones que funcionan en cierto grado como una subvención del Estado al capital–. Esta condición se ha hecho bastante patente en décadas recientes en el contexto de la competencia global entre ciudades y regiones por atraer a grandes empresas e inversores. Harvey señala cómo en este tipo de situaciones el Estado también trata de actuar como capitalista, constituyendo su beneficio o retorno de la inversión los impuestos que espera obtener del incremento de la actividad económica generada por las inversiones públicas. Del lado de la reproducción social de la fuerza de trabajo, es también el Estado, con amplias variaciones según países y circunstancias, el que la financia y sostiene –en Europa, en la tradición del Estado de bienestar, hoy

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cuestionada desde múltiples ámbitos–. Estaríamos hablando a este respecto de la vivienda social, la educación, la sanidad, ciertas condiciones para el ocio, y también de los propios entornos urbanos de las clases trabajadoras y medias, y los sistemas de transporte y servicios urbanos varios. Esta parte de la intervención del Estado puede verse de nuevo como ambivalente: desde un punto de vista se trata de una redistribución del valor generado por el conjunto de la actividad económica en beneficio de las clases trabajadoras y medias; desde otro, como una subvención del coste de la reproducción de la fuerza de trabajo que favorece al sector capitalista, que de no ser así tendría que pagar salarios más altos. LA CIUDAD DE LAS FINANZAS La cuarta fase del proceso de circulación del capital que propone Harvey la constituye la reinversión del capital inicial, incrementado por los beneficios del ciclo precedente, para el inicio de un nuevo ciclo. Esto constituye uno de los aspectos esenciales del capitalismo, que da lugar a la posibilidad de acumulación continua y que a lo largo del siglo XIX y parte del XX fue uno de los principales soportes, si no el principal, del crecimiento económico y el progreso en las sociedades occidentales. En cada nuevo ciclo, con el aumento del capital, se necesitarán más materias primas, más maquinas, más horas de trabajo, más instalaciones, más infraestructuras, etc. Cuando el sistema funciona bien desde la perspectiva de la acumulación, se produce un crecimiento exponencial: para que una economía se considere sana desde el punto de vista de la economía ortodoxa su producción debe crecer a un ritmo mínimo del 3 por 100 anual; por debajo de este ritmo de crecimiento se considera que está en estado de recesión: los capitalistas tendrán poco estímulo para asumir el riesgo de la inversión con beneficios por debajo de este nivel, generándose adicionalmente un proceso de feedback o retroalimentación que acentúa la tendencia. Una de las formas en que se ha caracterizado la economía de las últimas décadas ha sido con el término «financiarización», que podríamos describir como el dominio de esta fase del proceso de circulación, y de los capitalistas financieros que describíamos antes, sobre el conjunto de la actividad económica –una cuestión que también se reflejará en la ciudad, relacionada con la emergencia de su dimensión global[15]–. Desde hace unos años, hemos venido usando el juego de palabras «form ever follows finance» (la forma –urbana– sigue a las finanzas) para sustituir otros más clásicos y disciplinares de la historia de la arquitectura y la ciudad como el «form ever follows function» de la arquitectura moderna.

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  Figura 7. Esquema de diferentes circuitos de reinversión, economía real y economía financiera; basado en Harvey (2017). Elaboración: J. Pérez de Lama.

¿Cómo es, más concretamente, el proceso de reinversión? Harvey propone que en la economía actual existirían múltiples circuitos en este punto. El circuito primario sería el que más o menos ha sido ya descrito: el capitalista industrial recurre al capital financiero para poder producir más de lo que podría producir exclusivamente con sus propios recursos, o para poder gestionar los diferentes tiempos, por ejemplo, de gastos e ingresos. Ocurre que el crecimiento económico constante, el «crecimiento compuesto» según lo llama Harvey, hace que cada vez sea más difícil poder reinvertir el capital acumulado en el conjunto de la economía debido a su volumen exponencialmente creciente. Esta circunstancia es la que obliga a los capitalistas a buscar de manera permanente

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nuevas formas y nuevas ocasiones de inversión. Harvey denomina «circuito secundario de reinversión» a aquel en el que el capital se reinvierte en capital fijo en lugar de en producción directa, y fundamentalmente en la producción del medio construido. Harvey ha dedicado una parte importante de su trabajo a estudiar este tipo de procesos, que califica con el juego de palabras «capital fix», en especial cuando se plantean como alternativas a las situaciones de crisis: la expansión radical del París de Haussmann y Napoleón III, las grandes obras públicas del New Deal y la posguerra en Estados Unidos, que ya en parte comentábamos; la burbuja inmobiliaria y turística en España en el periodo 1995-2005 o el extraordinario desarrollo de obras públicas en China en los últimos diez años. La desregulación de la movilidad del capital a escala global que se acelera en los años ochenta del siglo pasado hace que las lógicas del desarrollo urbano local se vean afectadas, como no lo habían sido antes, por los capitales globales nómadas. Un ejemplo conocido y reciente de este tipo de nuevas lógicas es el del fondo de inversiones global Blackstone, convertido en uno de los principales propietarios y agentes en el mercado de la vivienda en España[16]. El tercer circuito, según el modelo de Harvey (2017), tendría que ver con el desarrollo de las infraestructuras sociales: educación, salud y otras. El caso de la privatización de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid (España), uno de los principales centros globales de la pandemia en la primavera de 2020, en las que se produjo un elevado porcentaje de las muertes y contagios de todo el país, es un buen caso de estudio de este tipo de prácticas y sus consecuencias en los modelos de vida urbanos. Nos limitaremos aquí a dejarlo indicado. Hay a nuestro juicio un cuarto circuito, probablemente el de mayor importancia, que estaría constituido por los capitales que se derivan a los mercados que se entienden más convencionalmente como financieros, aquellos en que se compran y venden, bien bonos, acciones u otro tipo de participaciones en empresas, bien diferentes formas de crédito-deuda, y los múltiples productos derivados de los dos grandes campos anteriores, cada vez más abstractos y difíciles de comprender para los no especialistas. No existe, diríamos, un acuerdo muy claro entre los estudiosos del asunto acerca del significado último de estas actividades. Harvey describe, al menos parte de estas, como un «capital ficticio» –que, sin embargo, tendría efecto sobre lo real, sobre la circulación de valor real, en la medida en que extrae recursos de la economía real– con consecuencias, por ejemplo, para el empleo y el desarrollo local. La crisis de 2007-2008, con sus cientos de miles de desahucios en Estados Unidos y Europa, en cuyo origen, como ya se ha comentado, estaban las llamadas «hipotecas subprime» y en

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especial un entramado de productos financieros sucesivos derivados de estas[17], es un ejemplo paradigmático de estas interacciones. Costas Lapavitsas, tal vez en el extremo opuesto, estima que este capital financiero que pareciera surgir de operaciones computacionales en realidad lo que hace es descontar la futura producción del trabajo y el uso futuro de recursos, ya sea en la forma de dividendos ya en la forma de intereses. En este sentido sería una forma de antisostenibilidad, si recordamos que el desarrollo sostenible se definía como un desarrollo tal que hiciera posible dejar a las futuras generaciones, al menos, los mismos recursos que las generaciones actuales habíamos heredado[18]. Se trate de uno u otro caso, o de alguna combinación de ambos, el asunto no es irrelevante debido al extraordinario volumen de la llamada economía financiera. Aunque los datos son bastantes según las diferentes maneras de estimarlos, debe considerarse que durante la última década el volumen de la economía financiera ha sido del mismo orden de magnitud que el de la llamada «economía real» –posiblemente tres veces mayor–, siendo además el volumen de las transacciones financieras durante este periodo unas 100 veces mayor que el de las transacciones comerciales no financieras[19]. Más allá de los prolijos y complicados detalles de esta fase, sí que puede afirmarse que actualmente constituye uno de los grandes campos de conflicto para la definición del presente y el futuro de nuestras ciudades y de la civilización en su conjunto. Cabe señalar que existen relevantes líneas de pensamiento, como la que sigue la estela de J. M. Keynes que podría representar Ann Pettifor o la de la llamada «Teoría Monetaria Moderna» (Kelton), que centran su atención en esta fase y en la participación del Estado en su regulación, y más específicamente en la idea de la producción de dinero como tecnología. El objetivo de estas y otras líneas de pensamiento, cada una con sus diferencias, podría describirse, en última instancia, como el de la reorientación del proceso de circulación del valor, de manera que genere situaciones socialmente más beneficiosas para las sociedades en su conjunto, así como más ecológicas. Los estudiosos de las monedas sociales Gwendolyn Hallsmith y Bernard Lietaer –el segundo recientemente fallecido– venían planteando, pensamos que bastante excepcionalmente, proyectos de transformación urbana desde el rediseño de la circulación del valor[20]. CONCLUSIÓN PROVISIONAL Lo expuesto en estas páginas no es más que una somera introducción, dada la complejidad del asunto que nos hemos planteado presentar. Su éxito, a nuestro juicio, sería que estimulara a profundizar en estos asuntos a aquellos lectores o

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lectoras que no los conozcan demasiado. Una manera adecuada de continuar sería ir a la obra de David Harvey –su comentario del primer volumen de El capital de Marx y luego su libro de 2017, Capital, Marx and the Madness of Economic Reason, por ejemplo. Muchas cuestiones importantes se han quedado fuera de esta introducción. Mencionaremos un par de ellas sobre las que hemos pensado últimamente. La primera es la cuestión de lo que Marx llamó «acumulación primitiva u originaria». Si inicialmente esta idea explicaba de dónde procedía originalmente el dinero que se convertía en capital (de la conquista, el régimen feudal de la tierra, etc.), en tiempos recientes, y Harvey es uno de los que más ha insistido, se viene reconociendo que esta sería la forma permanente de relación del sistema capitalista con su afuera: los territorios geográficos al margen, los territorios y tiempos existenciales que en otras épocas habían estado fuera de las relaciones mercantiles… siendo este tipo de acumulación uno de los recursos principales para el crecimiento permanente del sistema. Harvey lo viene llamando «acumulación por desposesión», término que utiliza para describir el asedio por parte de los agentes capitalistas a los bienes del común y a los servicios públicos que ha caracterizado las últimas décadas. Otras cuestiones que nos ayuda a comprender el modelo de la circulación del valor son la necesidad de que el sistema esté siempre en movimiento –como hemos visto muy claramente en la pandemia–, la cuestión crítica del crecimiento –que hemos mencionado en alguna ocasión–, la búsqueda de la aceleración y, estrechamente relacionada con esta, la creciente abstracción y la innovación tecnológica. Las dejamos aquí apuntadas para que los lectores que se sientan interpelados las exploren por su propia cuenta –o para una próxima ocasión. Y finalmente, nos parece conveniente recordar que tampoco hay que creerse todo lo que digan Marx y Harvey. Aunque los mundos de certezas y dogmas pudieran ser reconfortantes, no nos queda otra, como siempre, que guiarnos por nuestras propias intuiciones: estudiar, pensar y comparar; observar la historia y el presente; contrastar palabras y hechos; experimentar, tal vez, en la medida de lo posible… ¡Salud y aire!

[1] Agradecimientos a los amigos y colegas que han leído y comentado alguna versión del texto: José R. Pérez de Lama, Juan Torres López y Pablo DeSoto. Aunque, como suele decirse, ninguno de los defectos del texto debe considerarse responsabilidad suya; tampoco debe suponerse que compartan lo que aquí presentamos.

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[2] D. Harvey, «Notes towards a theory of uneven geographical development», en D. Harvey, Spaces of Global Capitalism, Londres-Nueva York, Verso, 2006, pp. 69-116. Cita original: «The circulation of money and of capital have to be construed as ecological variables every bit as important as the circulation of air and water». [3] D. Harvey, Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, Nueva York, Profile Books, 2017. [4] D. Harvey, Seventeen Contradictions of Capital and the End of Capitalism, Londres, Profile Books, 2014. En especial el capítulo 11: «Uneven Geographical Development and the Production of Space», pp. 146-163. [5] Sobre esto, además del texto original de Marx –El capital. Crítica de la economía política. Libro I [1867], Madrid, Akal, 2007–, puede verse D. Harvey, A Companion to Marx’s Capital, Londres Verso, 2010 [ed. cast.: Guía de El Capital de Marx. Libro primero, Madrid, Akal, 2014]. [6] Este sería uno de los aspectos más críticos del marxismo. Hoy en día, desde parte de su propia tradición se piensa acerca de la posibilidad de que en sociedades tecnológicamente avanzadas parte del valor sea creado mediante la inteligencia colectiva acumulada en máquinas o software, lo que se describe en la literatura con el concepto de General Intellect (véase, v. g., P. Mason, Postcapitalism. A Guide to the Future, Londres, Penguin Random House, 2015, pp. 133-138). [7] M. Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 1: La sociedad red [1996], Madrid, Alianza, 1997. [8] M. Hardt y A. Negri, Commonwealth, Cambridge, Mass., Belknap Harvard, 2009 [ed. cast.: Commonwealth. El proyecto de una revolución del común, Madrid, Akal, 2011]. [9] J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money [1936]; disponible en: [https://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/generaltheory/ch03.htm]. El Capítulo III («El principio de la demanda efectiva»), traducido por los autores, puede consultarse en: [https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/06/02/lademanda-efectiva-segun-keynes/]. Consultados ambos enlaces el 4 de julio de 2020. [10] Véase C. Gutiérrez García, Habitares ballardianos, distopías reales. Estudio de la obra de J.G. Ballard desde la perspectiva de la arquitectura y la ciudad, Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Sevilla, 2019. Disponible en: [https://idus.us.es/handle/11441/82366]. [11] Véase, por ejemplo, S. Federici, Revolución punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014. [12] Véanse D. Harvey, Paris, Capital of Modernity [2003], Nueva York, Routledge, 2006 [ed. cast.: París, capital de la modernidad, Madrid, Akal, 2008]; J. Rifkin, The Third Industrial Revolution. How Lateral Power is Transforming Energy, The Economy, and The World, Nueva York, Palgrave MacMillan, 2011; A. Pettifor, The Case for the Green New Deal, Londres, Verso, 2019. [13] S. Mezzadra y B. Neilson, The Politics of Operations. Excavating Contemporary Capitalism, Durham, Carolina del Norte, y Londres, Duke University Press, 2019. [14] K. Polanyi, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time [1944], Boston, Beacon Press, 2001. [15] Véase una de las referencias clásicas: S. Sassen, Cities in a world economy, Londres, Thousand Oaks/Nueva Dehli, Pine Forges Press, 2000. [16] Sobre esta cuestión debe consultarse el trabajo de Javier Gil y Jaime Palomera, investigadores militantes del Sindicato de Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres en Barcelona, respectivamente.

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[17] Para una explicación detallada y accesible, véase, por ejemplo, S. Sassen, Expulsions. Complexity and Brutality in the Global Economy, Cambridge, Mass., Belknap Harvard, 2014. [18] C. Lapavitsas, Profiting Without Producing. How Finance Exploits Us All, Londres, Verso, 2013. [19] Puede verse una breve recopilación de datos que comparan economía financiera y real que hicimos recientemente en el blog Arquitectura contable [https://arquitecturacontable.wordpress.com/2019/08/16/datos-comparativos-economiafinanciera-y-economia-real/]. [20] Véanse A. Pettifor, The Production of Money. How to Break the Power of Banks, Londres, Verso, 2017; S. Kelton, The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy, Nueva York, PublicAffairs, 2020; G. Hallsmith y B. Lietaer, Creating Wealth. Growing Local Economies with Local Currencies, Gabriola Island, New Society Publishers, 2011.

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Cuidando nuestra infancia, cuidamos nuestra ciudad. Infancia, confinamiento y entornos urbanos poscovid Roser Casanovas y Sara Ortiz Escalante, Col·lectiu Punt 6

INTRODUCCIÓN Queremos empezar este capítulo con un aviso: está escrito en formato más de ensayo que de capítulo académico, es visceral, encarnado y parte de nuestra experiencia personal atravesada por el trabajo que realizamos en una cooperativa como urbanistas feministas, por nuestras maternidades de dos niñas cada una, de entre 2 y 6 años, y por un confinamiento vivido en dos pisos de menos de 70 m2 en un barrio en Barcelona. Es una experiencia que también parte del privilegio, de ser mujeres blancas europeas, con pareja, con vivienda, con ingresos y con un contrato de trabajo. Este capítulo comparte vivencias y contradicciones personales, pero todo lo personal es político, como dice Simone de Beauvoir. Este recorrido nos permite hacer una lectura crítica de cómo la infancia ha sido y continúa siendo excluida, y se concibe como molesta, invisible y ninguneada en la construcción de nuestras ciudades y territorios, y, por lo tanto, en la construcción de nuestra sociedad. Aunque este texto ha supuesto un sobreesfuerzo de trabajo, también es una oportunidad para poder publicar y visibilizar nuestra perspectiva sobre este tema. A diferencia de muchos hombres, que han incrementado su productividad académica durante este confinamiento, nosotras solo hemos podido ocuparnos de sobrevivir, de gestionar, de cuidar, de estar, de acompañar. Y, por eso, invertir tiempo en escribir esto también es un acto político que esperemos que pueda aportar a la visibilización de los derechos de la infancia en nuestras ciudades. Los artículos que hemos referenciado son de mujeres que han escrito durante el confinamiento; no han sido muchas, pero han hecho ese sobreesfuerzo en esta situación adversa. Hablar de infancia y ciudad en el momento actual significa hablar, por un lado, de qué papel tienen niñas y niños en las políticas urbanas y en las acciones transformadoras de nuestros entornos urbanos. Pero también supone hablar de maternidades/paternidades, educación y sistemas públicos y comunitarios de cuidados, es decir, hablar de corresponsabilidad social de los cuidados. La situación actual ha puesto en evidencia la crisis de cuidados de un sistema patriarcal capitalista que, desde los feminismos, venimos señalando desde hace mucho tiempo. Nuestra sociedad ha encerrado los cuidados en el interior de nuestras viviendas para que, nuevamente, recaigan sobre las mismas personas dentro de la familia ideal nuclear heteronormativa. Para nosotras,

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desde una mirada feminista interseccional del urbanismo, este olvido de la infancia y la vuelta de la responsabilización del cuidado en los interiores de nuestros hogares no se pueden entender sin la perpetuación de la división sexual del trabajo y la dicotomía público-privado heteropatriarcal, etnocéntrica y transopresiva sobre la que se asienta nuestra sociedad capitalista. Por eso analizamos cómo la exclusión de la infancia en lo referente a las medidas que se han tomado y se siguen tomando en el contexto de esta pandemia, ha llevado a su estigmatización, invisibilización y maltrato institucional y social. Este tratamiento de la infancia es un símbolo más del adultocentrismo machista que impera en esta sociedad como sistema de dominación que perpetúa modelos capitalistas de organización social, donde la mirada del hombre blanco adulto heteronormativo continúa siendo la preponderante a favor de mantener sus privilegios y en contra de trabajar para responder a la diversidad social. Pero también hablamos de cómo el tratamiento de la infancia en esta crisis es un claro reflejo de la forma en que las responsabilidades del cuidado continúan siendo adjudicadas al espacio privado y, por lo tanto, a las mujeres, perpetuando la división sexual del trabajo y la dicotomía entre lo público y lo privado, que se materializa en el entorno físico que habitamos. Ejemplificamos esta crítica a través de situaciones que se han dado durante el confinamiento, además de lo que sigue pasando en el momento actual, para acabar con algunas propuestas. Necesitamos poner en el centro la(s) vida(s) de todas, también de la infancia y la adolescencia, y trabajar para la corresponsabilidad social de los cuidados de nuestras niñas y niños. Por ello, desde el urbanismo feminista, creemos imprescindible integrar la participación de niñas y niñas, e incorporar propuestas para la gestión de los cuidados que integren la perspectiva de la infancia desde un punto de vista de género interseccional. LA INFANCIA COMO AGENTE TRANSFORMADOR DE LA CIUDAD La infancia tiene un rol fundamental en la construcción y la transformación de la ciudad. A nivel mundial, representa una cuarta parte de la población. Si aterrizamos nuestra experiencia, en la ciudad de Barcelona, la población infantil y adolescente (0-17 años) representa el 15 por 100 del total, y es el segmento con menos peso en el conjunto de la ciudad, seguido del constituido por las personas mayores de 65 años, que suponen el 21,5 por 100 de sus habitantes. El 49 por 100 son niñas, el 16 por 100 de la población infantil tiene nacionalidad extranjera –porcentaje que se ha triplicado en los últimos 20 años– y 3.259 personas en edad infantil y adolescente (1,3 por 100 del total de infantes) entre

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0 y 15 años tienen una discapacidad reconocida. El grupo de infantes y adolescentes no es un compartimento estanco, también es un grupo de población diverso; por eso no queremos generalizar cuando hablamos de infancia. Es imprescindible incorporar una perspectiva de género interseccional para tener en cuenta cómo el sexo, la edad, el origen, la diversidad funcional, el territorio donde viven o la situación migratoria afectan al modo en que la infancia y la adolescencia viven los territorios que habitan y su derecho a la ciudad.

Desde los Departamentos de Urbanismo de nuestras ciudades se sigue sin aplicar ni confiar en la participación activa y transformadora de las personas vecinas en el desarrollo de los proyectos urbanos. Si ya es difícil conseguir convencer de que la participación de personas adultas es imprescindible, mucho más lo es que desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo se valore lo que la infancia puede aportar. Y, si con suerte se incorpora, responde a los temas y a las preguntas realizadas por personas adultas; es decir, cuando se integra a niñas y niños en procesos participativos, muchas veces se hace desde la perspectiva de las personas adultas, preguntando o abordando temas que nos interesan a

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nosotras y no preguntándonos primero qué temas quieren trabajar la infancia y la adolescencia[1]. Desde Col·lectiu Punt 6 llevamos muchos años trabajando en procesos participativos de transformación urbana con una perspectiva de género interseccional. Esto quiere decir que, en nuestra concepción del urbanismo feminista, la participación de las mujeres, en su diversidad, es esencial como expertas de sus barrios y territorios, por el conocimiento acumulado en las diferentes esferas de la vida cotidiana, por nuestra doble y triple presencia, por nuestro rol de cuidadoras, en la casa y en la comunidad. Pero, además, aplicar una perspectiva interseccional significa recoger, valorar y visibilizar las experiencias y saberes de otros grupos que han sido excluidos en los procesos de transformación urbana, entre ellos la infancia. El trabajo participativo con niños y niñas ha estado presente en nuestras diversas labores, vinculados a centros educativos, como el trabajo de patios coeducativos o el diseño de caminos escolares, pero también para la transformación y mejora de parques infantiles, la pacificación de grandes avenidas, el proceso participativo en el diseño de equipamientos como bibliotecas o zonas deportivas, o el diseño de nuevos parques o espacios públicos en torno a un mercado.

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En el trabajo con la infancia, al igual que con el resto de grupos, ponemos en el centro la vida cotidiana de las personas, y tiene como objetivo recoger sus experiencias, sus vivencias, conocer qué elementos de sus entornos favorecen su vida, su crecimiento, su autonomía y su uso y disfrute de lo que les rodea, y qué elementos consideran negativos. La infancia es totalmente conocedora del entorno donde vive, y aporta mucho valor a todos los análisis –cómo mejorar recorridos peatonales para que sean más seguros, cómo pensar espacios de juego vinculados a infraestructuras de cuidados como los bancos o los baños públicos–. La infancia tiene la capacidad de cuestionar abiertamente y de plantear dudas que muchas veces la gente adulta damos por sentado: desde por qué un sistema urbano de bici compartida no cuenta con bicicletas para infantes hasta por qué no hay lavabos públicos o fuentes de agua en todos los parques, o juegos infantiles para niñas y niños con discapacidad. La participación de la infancia en la transformación urbana es un derecho, que de alguna manera está contemplado en la Convención de los Derechos de la Infancia. El artículo 12 habla de que los Estados Partes garantizarán el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, y el artículo 13 habla de la libertad de expresión. La falta de participación de la infancia en la construcción de ciudad viola su derecho a la ciudad, es decir, al uso, disfrute y participación en el hacerla y vivirla. Y, en el contexto de la ciudad en pandemia, nos topamos con que el derecho de la infancia a la ciudad ha sido totalmente soslayado. Fue obligada a permanecer en casa durante 6 semanas (en el caso del Estado español), sin poner un pie en la calle, sin tener en cuenta en qué tipo de vivienda vivía, en qué tipo de hogar, ni cómo esto podría impactar en la salud física y emocional no solo de la población infantil, sino también de su población cuidadora. A lo largo de esas semanas, hubo momentos de felicidad para disfrutar del tiempo con las personas que forman la unidad familiar, pero también otros de tristeza y frustración absoluta de los que aún no hemos visto las verdaderas consecuencias en la salud de nuestras criaturas. Nadie pensó en las criaturas con diversidad funcional, con problemas de salud cognitiva, que necesitan sí o sí pasear y estar al aire libre. Los parques infantiles se precintaron desde el primer momento y se estigmatizó a la población infantil acusándola de propagadora del virus, por ser asintomática, cuando aún no había información fiable al respecto. En este país, el sistema ha maltratado a la población infantil y adolescente. Además de ser privadas de libertad y movimiento, las criaturas y sus cuidadoras han sido olvidadas por el sistema educativo. El papel de la educación pública en la vida de las niñas y niños ha quedado retratado. Al

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encierro en el hogar se sumó el cierre y el abandono del sistema educativo. Las niñas y niños de este país pasarán 6 meses sin ir a la escuela, con las consecuencias que esto supone para su crecimiento personal, emocional y social, sin olvidar la sobrecarga para las familias. Se ha violado su derecho a la educación, porque nuestra sociedad adultocéntrica concibe que, mientras producimos, las familias aparcamos a nuestras criaturas en la escuela. Pero evidentemente la escuela es una parte fundamental del crecimiento de la infancia. Desde que formas parte de una escuela pública, el discurso que se repite es el de que todas formamos una comunidad educativa, y que esta comunidad trabaja conjuntamente para el crecimiento y desarrollo de nuestras hijos e hijas. Pero, en esta crisis, la parte institucional, desde todas las escalas de toma de decisiones, ha olvidado que forma parte de esta comunidad. Las escuelas fueron los primeros equipamientos públicos que se cerraron con la pandemia y serán los servicios esenciales que más tardarán en volver a abrir; el país se ha centrado en responder a la economía desde una lógica productivista y capitalista, otra vez sin pensar en quien cuida. Parece ser que la educación y el rol cuidador de la escuela no le importan al sistema actual. Esto se confirma con las estrategias de privatización de algunos gobiernos, que pretenden vaciar la educación pública de recursos para así empeorar su calidad. Pero la escuela es un servicio esencial, para niñas y niños, adolescentes y jóvenes, porque es una pieza clave del proceso de socialización en esta etapa de la vida. La vuelta al cole se plantea centrada en medidas exclusivamente sanitarias, sin tener en cuenta las consecuencias emocionales y socializadoras que tendrá en nuestros hijos e hijas el distanciamiento físico, la prohibición de libre circulación entre ambientes o la mezcla de grupos en los diferentes espacios. La situación actual es muy cambiante y poco predecible, así que hay que aprender a vivir y educar en la incertidumbre; por ello la apertura de los centros educativos debe ir acompañada de medidas que refuercen la seguridad sanitaria, así como un entorno educativo de calidad y centrado en las necesidades de nuestras criaturas. Las conclusiones de la 55.a Escuela de Verano Rosa Sensat[2] apelan a la necesidad de tener «menos normas y más criterios. […] Si tenemos que esperar que nos digan lo que tenemos que hacer, no haremos nada, la covid no nos puede anular nuestra capacidad crítica»; además, también hablan de usar la imaginación como recurso imprescindible para generar y crear nuevos espacios (algo que, durante este tiempo, ha estado ausente en algunas de nuestras escuelas públicas y de las personas que las dirigen).

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Las escuelas se han vaciado, al igual que lo hicieron las calles y los parques de nuestras ciudades. Los parques infantiles también fueron precintados desde el inicio, y se abrieron mucho después que los bares. En el momento de confinamiento estricto, se vació de vida la ciudad y se llenó de control policial, pero también de policías de balcón, lo que contrastaba con las redes vecinales que se crearon en muchos barrios para apoyarse mutuamente. Cuando, por fin, decidieron que la población infantil y adolescente podía salir a la calle, fue acusada de no respetar, de aglomerarse y de violar todas las reglas, cosa que no pasó el primer día en que la población adulta salió a hacer deporte, ni cuando se abrieron los bares y sus terrazas (mucho antes, insistimos, de que eliminaran los precintos en los parques infantiles). Otra vez la lógica adultocentrista de comportamiento y relaciones propia de la sociedad patriarcal en la que estamos. Esto también ha tenido consecuencias en el modo en que la infancia está percibiendo su vuelta a la ciudad. Por un lado, los primeros días, con franjas horarias establecidas, salieron a apropiarse de las calles a pie, con patinetes, patines, skates, bicicletas y todos aquellos accesorios deseados en entornos seguros sin coches ni motos ni turistas ni terrazas. Era una sensación de conquista del espacio público muy grande que todas disfrutaban mucho; una sensación nueva, porque ni antes del confinamiento podían disfrutar así de las

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calles. Durante esos días pudimos comprobar cómo sería una ciudad sin coches, pero pronto se desvanecieron estas conquistas, ya que, a medida que avanzamos en las fases del desconfinamiento, los coches y las motos volvieron a ocupar el espacio urbano. Hemos vuelto a una «vieja» normalidad, en la que los vehículos motorizados han retornado más agresivos que antes, y las terrazas de los bares, con la excusa del distanciamiento físico, ocupan más lugar, privatizando aún más el espacio público.

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EL CUIDADO DE LA INFANCIA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA EN EL INTERIOR DEL HOGAR

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El 12 de marzo de 2020 por la tarde, con el cierre de las escuelas y el orden de confinarnos en «casa», también empieza una nueva etapa, que visibilizará y pondrá de manifiesto el olvido institucional de los sistemas públicos de cuidado. Se hará más evidente que nunca que vivimos en una sociedad profundamente patriarcal y capitalista, que ha explotado y sigue explotando a las mujeres para que realicen el trabajo de cuidado de la sociedad, a cambio de más desigualdad, más violencia y más impunidad. Empiezan meses de agotamiento para muchos hogares y en especial para muchas mujeres. En una sociedad donde se piensa la familia desde una visión heteronormativa y patriarcal, en las diferentes normas que van saliendo, cada vez quedan excluidas más mujeres: las familias monomarentales, o mujeres con empleos informales o en situación migratoria irregular, que se topan constantemente con dificultades para realizar y combinar el trabajo remunerado, los cuidados, la compra y el descanso[3]. Se impone el teletrabajo como norma universal, como si todos los trabajos se pudieran realizar desde casa, y sin entender cómo el clasismo atraviesa esta concepción del trabajo. Además, se dignan a llamar teletrabajo a sobrevivir en esta situación, en la que muchas familias se han tenido que enfrentar a circunstancias precarias de laborar a deshoras, organizar los cuidados o acompañar a la infancia en sus tareas, cuando no sin poder teletrabajar porque su trabajo no lo permite. Y todo esto entre las cuatro paredes de nuestras viviendas con diversidad de situaciones y de desigualdades, que se han visto acentuadas. El confinamiento se ha vivido de muy diferente modo en los entornos urbanos, dependiendo también de tu clase social y el poder adquisitivo. En Barcelona, una ciudad que ya acumulaba una crisis de vivienda, que desde hace años expulsa a vecinas en favor del turismo y de fondos buitre, este confinamiento ha visibilizado y cuestionado las malas condiciones de habitabilidad. También esta pandemia ha incrementado el número de personas sin techo, pues mucha gente con trabajos informales ha pasado de la noche a la mañana a no tener ingresos y, por lo tanto, a vivir en la absoluta pobreza. La crisis de la covid no es el problema, es uno de los síntomas que deja en evidencia a una sociedad patriarcal, capitalista, racista y colonial. En lo que se refiere a la ciudad, muestra la crisis de los cuidados y el soporte necesario para desarrollarlos, en una sociedad que históricamente los ha relegado a las mujeres, explotándonos. Esta crisis refuerza la división sexual del trabajo y la falsa dicotomía público-privado. Desde hace décadas, el urbanismo feminista ha argumentado cómo el modelo de ciudad actual se ha desa­rrollado sobre la base de la división sexual del trabajo. El espacio se configura a partir del dualismo público-privado, que segrega según la esfera productiva del trabajo remunerado y la repro­ductiva del

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cuidado, y que asigna funciones específicas con categorías genéri­cas de lo masculino y lo femenino, con lo que produce un sistema binario y opresivo. La división sexual del trabajo, iniciada durante la época de la industrialización, llevó a una delimitación de ámbitos espaciales masculinos y femeninos sobre los cuales se proyectaron una serie de valores e ideologías que han reforzado la construcción cultural de las categorías «hombre» y «mujer». Además, esta división se reforzó con unos determinados roles, características y atributos asignados a cada sexo. M.a Ángeles Durán argumenta cómo, con la división sexual del trabajo, en la concepción de la familia nuclear los hombres se encargan de las tareas productivas –las relacionadas con el mercado y que se dan en el ámbito de lo público–, mientras que las mujeres son las responsables de las tareas reproductivas –que se dan en el ámbito doméstico y están vinculadas al cuidado–. La diferencia biológica se utiliza como justificación natural de la distinción socialmente construida entre los sexos y de la división sexual del trabajo[4]. En las sociedades capitalistas del Norte global, este modelo que asigna a las mujeres las tareas de cuidadoras y a los hombres el trabajo asalariado, no solo ha atravesado la estructura de hogares y del mercado laboral, sino también las políticas urbanas y la propia configuración de nuestras ciudades y entornos de vida. El modelo de ciudad del siglo XX es la concreción de la separación del puesto de trabajo y la casa, la ciudad y la periferia, la vida pública y la vida privada y familiar. Uno de los principales objectivos del urbanismo feminista es romper con este sistema dualista. Como ya apunta Blanca Valdivia en su capítulo en esta misma publicación, para romper con la división espacial de lo público y lo privado, utilizamos la vida cotidiana como herramienta de análisis temporal-espacial y como metodología de trabajo, ya que establece una continuidad entre las diferentes actividades cotidianas, evi­dencia la distribución desigual de tareas y responsabilidades según el género, y nos permite reflexionar sobre si los diferentes espacios de nuestra vida están adaptados a las necesidades diarias. Entendemos la vida cotidiana como el conjunto de actividades que realizamos las personas para satisfacer nuestras necesidades en un espacio concreto y en un tiempo finito. Con el inicio del confinamiento y el cierre de todos los sistemas de apoyo a los cuidados, se han encerrado en el ámbito de lo privado todas las esferas de la vida cotidiana: la productiva, la reproductiva, la comunitaria y la propia. La aparición de las redes de apoyo mutuo en muchos barrios de nuestras ciudades ha sido un ejemplo de cómo romper el límite de la gestión privada de los cuidados y responder a una lógica de gestión comunitaria de las necesidades de las personas, como ir a hacer la compra a una persona mayor de riesgo,

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compartir internet para garantizar el acceso a la educación a niños y niñas sin conexión, coser mascarillas, organizar una fiesta de balcones o muchos otros ejemplos que todas tenemos presentes. Y aunque ha habido ejemplos de transgresiones y autoorganización para mejorar la vida de las personas que más han sufrido el cierre de los sistemas de soporte de los cuidados, ha sido muy duro compatibilizar todas las esferas de la vida en un solo espacio físico, evidenciando aún más la desigualdad de oportunidades a la hora de desarrollar nuestra vida de una forma digna en todas las esferas, priorizando la productiva por encima de la reproductiva y eliminando la posibilidad de tener tiempo para la vida comunitaria y mucho menos la esfera propia, sobre todo en el caso de familias con hijas e hijos y/o personas dependientes. Estamos obviando que, antes que nada, hay que hablar del privilegio de tener un espacio físico digno donde poder confinarse. Se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de quedarnos en casa, sin ninguna mención a la prerrogativa de tener una vivienda, de que esta tenga unas condiciones adecuadas de superficie, ventilación, materiales… de cómo el género, la clase, la raza, la edad o la identidad sexual interactúan con el derecho a tener una vivienda digna. Nos hemos encontrado resolviendo la mayoría de las necesidades de la vida propia y de nuestras personas dependientes (cuidar, socializar, educar, además de trabajar, etc.). Han encerrado la corresponsabilidad pública de los cuidados en el interior de nuestras viviendas para que, nuevamente, recaigan los cuidados sobre las mismas de siempre, agudizando las situaciones más vulnerables (mujeres víctimas de violencia machista, personas que viven solas sin un soporte físico y emocional, personas sin hogar, etcétera). Tal como documentan ya diferentes estudios, este encierro ha llevado a sobrecargar aún más a las mujeres; como se indica en «¿Quién se encarga de las tareas domésticas del ho­gar?»[5], en algunos casos sí se ha dado que, en familias nucleares heteronormativas, los hombres han incrementado su dedicación al trabajo doméstico y de cuidado. Pero la gestión, la sobrecarga, han recaído más sobre las mujeres. Y, por supuesto, nuestro tiempo y espacio de autocuidado, si ya era casi inexistente, ahora ha desparecido del todo. En esta nueva realidad, además se ha puesto en evidencia que nuestras viviendas no se adaptan a nuestras necesidades de cuidados, trabajo, socialización, etc. Desde el urbanismo feminista venimos trabajando y reclamando hace mucho tiempo cómo nuestras viviendas han invisibilizado y dificultado las tareas domésticas y de cuidado. Desde los diferentes talleres sobre la casa sin género hemos podido analizar cómo la casa ha sido utilizada como espacio de perpetuación de la división sexual del trabajo, asignando a las mujeres la res­ponsabilidad de realizar cotidianamente una serie de tareas

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domésticas en el hogar, necesarias para que el trabajo produc­tivo pudiera desarrollarse en el exterior. Analizar la vivienda desde la perspectiva de género evidencia que nuestras sociedades androcéntricas, con la ayuda de la academia y los mecanismos de diseño, han ido priorizando y simplificando las relaciones entre las personas en el interior de sus viviendas. Las casas actuales tienden, por ejemplo, a esquematizar las actividades en ellas, menos­preciar los ciclos vitales, obviar las circunstancias temporales o abolir los espacios que acompañan al trabajo doméstico. Inclu­so, por lo general, no tienen en cuenta las aspiraciones y contin­gencias personales[6]. Precisamente, el incremento de la dedicación en tareas domésticas de algunos hombres durante este confinamiento ha evidenciado algunos temas que desde Col·lectiu Punt 6 hemos venido visibilizando. Por ejemplo, cómo muchas de nuestras viviendas han sido construidas sin entender ni incorporar en su diseño el ciclo de la ropa. Aparte de la sobrecarga y el incremento de la brecha de género, el encierro en la vivienda se ha pensado como si esta fuera un espacio seguro, pero aquí de nuevo se está homogeneizando una experiencia que no es ni mucho menos universal. La vivienda ya no era un espacio seguro para muchas mujeres antes de la covid, y con el confinamiento se ha convertido en un infierno para mujeres en situación de violencia machista[7]. A este respecto, el encierro ha tenido efectos terribles al incrementarse las violencias contra las mujeres, evidenciando una vez más que la vivienda puede ser el lugar más peligroso. En qué viviendas nos hemos confinado Si analizamos las viviendas en las que vivimos, al igual que en la conformación de la estructura urbana, veremos que en la definición y diseño del espacio doméstico los valores de la sociedad patriarcal dejan su impronta al establecer jerarquías según las personas y las actividades que van a desarrollar en un determinado espacio. En la articulación y distribución espacial se continúan repitiendo las estructuras jerárquicas y rígidas de la familia nuclear pa­triarcal, que quedan reflejadas, entre otras, en la nula conside­ración que se tiene del trabajo reproductivo y sus necesidades. La vivienda ha de reconocer el cuidado y las tareas domésticas y romper con las jerarquías entres usos y sujetos. La mayoría de ve­ces la configuración espacial de nuestras viviendas es poco flexible y los usos están muy definidos por su forma física (el dormitorio es para dormir, el salón para estar, la cocina para cocinar…), hasta el punto de que el propio nombre define su uso. Sin embargo, las necesidades de las personas cambian, por lo que la utilización de los espacios debe­ría poder modificarse para ajustarse a las necesidades de cada momento. Espacios sin jerarquías,

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flexibles y que permi­tan compartir tareas, y donde puedan llevarse a cabo di‐­ ferentes actividades simultáneamente. Como hemos podido comprobar en este confinamiento, nuestras viviendas han tenido que adaptarse a todas las necesidades que las diferentes vidas que compartíamos el mismo espacio requerían. Han sido espacios de manualidades, de estudio, de juego tranquilo, de juego motriz, de coworking, de espacio de encuentro con amistades a través de la pantalla, etc. Y se ha puesto en evidencia que también la construcción de vivienda no responde a las necesidades de la infancia. En la mayoría de viviendas siempre se destina un espacio más pequeño a las personas más pequeñas de la unidad de convivencia. Es fundamental que no exista una jerarquía entre las diferen­tes personas que habitan el espacio por razón de sexo, edad o cualquier otra condición. En esta línea, tampoco deben existir jerarquías en las tareas que se desarrollan en la vivienda, de­jando a las reproductivas los espacios marginales y peor localiza‐­ dos. También debe existir una lógica en cuanto a la conexión de los espacios, su funcionalidad y versatilidad en relación con las tareas reproductivas. Esto queda muy claro si se piensa, por ejemplo, en el ciclo de la ropa, en los espacios por los que pasa desde que está sucia hasta que está limpia y volvemos a guardar­la en el armario. Y un espacio de privilegio en este momento está siendo la existencia del espacio exterior propio (un balcón, un patio, un jardín comunitario, una azotea…) como una necesidad que hay que poner en el mismo nivel que las demás características, por salud, sobre todo, el aire, cuidar a las plantas, colgar la ropa, etcétera. La resolución de las necesidades no está solo en el interior de la vivienda, sino en las agrupaciones y en su conformación urbana. Por ello la existencia de zonas intermedias en los proyectos de vi­vienda es esencial para generar espacios de encuentro y estan­cia entre el espacio doméstico y el espacio público. Estas zonas ayudan a desdibujar la dicotomía entre lo público y lo privado y permiten la existencia de enclaves a una escala más maneja­ble para la socialización, el juego o los cuidados en el espacio comunitario. Por ejemplo, un espacio de acceso a la vivienda más amplio para poner una mesa con sillas o salir a jugar. También los edificios de viviendas pueden proponer espa­cios de uso compartido de servicios para que las personas de una misma escalera puedan relacionarse entre sí y establecer vínculos sólidos de apoyo mutuo. Por ejemplo, zonas de crian­za compartida, zonas de juego y socialización de niñas, niños o adolescentes, lugares de estancia adulta, lavadoras comunita­rias, entre otras muchas opciones posibles para compartir la vida y los cuidados.

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Como en muchos otros ámbitos, la diversidad de opciones es importante para que pueda atenderse a diversidad de situa­ciones y necesidades. En el caso de la vivienda, no hay una so­lución de tipología, de tenencia y de conformación urbana única y válida. Deben existir distintas tipologías que puedan adecuarse al ciclo vital de cada agrupación familiar, mediante diferentes de formas de tenencia que garanticen el acceso al derecho a la vivienda para todas las personas. Hay que poner especial énfasis en facilitar el acceso a la vi­vienda a las mujeres, ya que, debido a la feminización de la pobre­za, tenemos mayores dificultades económicas para poder acceder a ella. ¿En qué espacios cuidamos? Pero, además de la vivienda, existen otros muchos espacios de cuidado fuera del hogar. Buena parte de las actividades domésticas y de cuidado se dan en la calle o en espacios de relación: comprar, ir a la escuela, ir a una visita médica, acompañar al parque, etc. Pero estos espacios también han sido diseñados sin la visión de que el cuidado tiene lugar en la esfera pública. Esta visión androcéntrica del espacio nos ha dado espacios como parques infantiles separados por edad, estandarizados y diseñados no desde la concepción de las necesidades de la infancia, sino como control social. Tampoco se ha pensado qué necesidades se deben cubrir. La mayoría de espacios de juego en nuestras ciudades siguen sin estar equipados con bancos para el descanso o la socialización, tanto de la infancia y la adolescencia como de las personas cuidadoras; sin lavabos públicos; sin fuentes de agua; sin espacios donde dejar carritos de coche o aparcar bicicletas y patinetes, etcétera. Recientemente, en la ciudad de Barcelona se ha impulsado un Plan de Ciudad Jugable[8], elaborado a través de la participación de diferentes agentes implicados, que tiene como objetivo incrementar, diversificar y equipar espacios de juego libre, inclusivo y diverso para la infancia. El plan contempla diagnosticar la situación de los espacios de juego y acompañar la cocreación con la infancia para transformar los parques. Y también promueve: un programa de «proteger las escuelas», donde se contempla la construcción de plazas en la puerta de cada escuela; el juego en las plazas; la elaboración de un plan de patios coeducativos, verdes y comunitarios; dar apoyo al juego de la infancia con diversidad funcional; abrir chiringuitos en espacios públicos con lavabos y préstamos de juegos, etcétera[9]. También se viene abogando a favor de los patios coeducativos, algo en lo que venimos trabajando desde Col·lectiu Punt 6 con Coeducacció desde hace ya unos años, para trasformar los patios desde una perspectiva feminista, con la participación activa de la comunidad educativa tanto en el diagnóstico como en

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la transformación física y social del patio[10]. Como se define en la publicación mencionada en la nota anterior, el patio es uno de los espacios en los que las niñas y los niños desarrollan muchas de sus capacidades, pero también donde aprenden a relacionarse con las demás, a conocer otras experiencias, a convivir, a comprender, a compartir en un espacio común con gente diversa. Por ello, desde la mirada coeducativa, es fundamental prestar atención a su configuración, a los valores que estos espacios transmiten a niñas y niños, así como a observar cómo en el uso de este espacio se generan diferentes apropiaciones y discriminaciones, siguiendo las normas de género. Este trabajo ha permitido colaborar con los diferentes agentes, pero, sobre todo, con la infancia, y responder a sus necesidades. De esta manera, los patios se diversifican en cuanto a espacios y actividades, dando cabida tanto a actividades de movimiento como a la naturaleza o a espacios de tranquilidad. Conclusiones y propuestas Como adultas, deberíamos empezar a preguntar y a hacer partícipe a la infancia y la adolescencia del abordaje de esta crisis. Es necesario saber cómo se han sentido, cómo la han vivido, qué necesitan y cómo podemos abordar respuestas que integren una visión interseccional desde la infancia y la adolescencia. Se están tomando muchas decisiones y se están produciendo cambios, por ejemplo, a nivel físico de espacio público y movilidad, de manera «táctica» y como respuesta urgente. Pero no se está haciendo un seguimiento, una evaluación con la participación activa de la ciudadanía. Sin la participación activa desde una perspectiva de género interseccional, que analice y valore las diferentes vivencias en esta ciudad poscovid, será difícil adaptarse a las distintas necesidades. Por lo tanto, ya vamos tarde en cuanto al trabajo con la infancia y la adolescencia, que ha sido uno de los grupos más olvidados. En esta urgencia de responder a la situación actual, necesitamos que las ciudades aborden la salud desde una visión holística, donde la salud sea algo más que la ausencia de enfermedad, que vivir sin este maldito virus; donde se la entienda desde todas sus vertientes, física, emocional y social, como la describe Creación Positiva en su artículo en Pikara Magazine[11]: «entendemos el concepto “salud” como un proceso complejo, determinado por la interrelación de varios factores biológicos, psicológicos, medioambientales, sociales, políticos, de derechos, donde el género, el sexo, situación administrativa, clase social, raza, procedencia, capacidades y otros elementos tienen la misma relevancia y que conformarán la propia experiencia subjetiva en términos de

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bienestar». Y esto también se debe hacer presente en cómo pensamos la configuración física de los espacios de la infancia y de cuidado. En la ampliación de aceras y carriles bici que se está haciendo en nuestra ciudad, no siempre se está teniendo en cuenta el cuidado. Es necesario hacer seguimiento y evaluación con la participación activa de la ciudadanía, pero sobre todo con la infancia, con cuidadoras, con personas con diversidad funcional o mujeres mayores. Es necesario saber qué necesitan, cuáles son las infraestructuras del cuidado con que se debe equipar el espacio público si realmente queremos ganar terreno al coche y la moto, y hacer ciudades más vivibles y amables para las personas. Pero, en la planificación del curso escolar que viene, también es esencial que se integre desde ya la participación activa de la infancia y la adolescencia, así como del resto de la comunidad educativa. Las decisiones sobre cómo debe ser la escuela no se pueden dejar solo en manos de autoridades sanitarias, que no entienden de educación. Es necesario saber qué espacios vamos a necesitar para que niñas y niños puedan ejercer su derecho a la educación; y este espacio no puede ser concebido meramente desde una lógica de cómo evitar la propagación del virus. Estábamos ya avanzando hacia modelos de educación pública que promovían la autonomía, el aprendizaje a través de la exploración, de la mezcla de edades y de la experiencia cotidiana. ¿Cómo vamos a continuar con este modelo cuando desde las autoridades sanitarias solo se piensa en cómo separar, no mezclar, limpiar, higienizar? Es importante ser imaginativas, pero, además, dotar de presupuesto a la educación pública para ampliar espacios, sacar la escuela a la calle, a los parques, al bosque, al patio…, para conseguir que los caminos escolares estén en el centro de las redes cotidianas de movilidad de nuestros barrios. Y para ello también necesitamos la experiencia y el conocimiento de infancia y adolescencia. Es esencial integrar a la infancia en todos los procesos de transformación de nuestros entornos, y esto no se puede hacer desde una visión adultocéntrica, sino permitiendo a la infancia y la adolescencia intervenir directamente en el diseño del proceso participativo y en los temas y necesidades que quieren abordar. Pero, además de cómo pensamos en los espacios de socialización, educación y crecimiento de la infancia, también debemos visibilizar, valorar y sacar de la esfera del hogar las responsabilidades del cuidado; es la única forma de evitar que los cuidados acaben recayendo exclusivamente en las mujeres. Para ello, desde Col·lectiu Punt 6 en los últimos años estamos trabajando en la creación de redes comunitarias de cuidados en el entorno de la vivienda. Esta red tiene como objetivo construir una cooperativa de vivienda y de servicios dispersa, es decir, diferentes tipologías de proyectos de vivienda y de tenencia que se agrupan para organizarse de manera comunitaria y compartir espacios de

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cuidados de las personas que forman parte en un entorno muy próximo a su vivienda. Esta red comunitaria contribuye a avanzar hacia una sociedad más corresponsable con los cuidados, porque rompe con la división público-privado y visibiliza el trabajo reproductivo en el ámbito público y comunitario, realizado aún hoy mayoritariamente por las mujeres. Además, contribuye a generar un nuevo mercado de vivienda cooperativa en un entorno ya construido, rehabilitando el parque actual a través de una nueva forma de organización social. Muchas de las actividades compartidas se pueden desarrollar en espacios ubicados cerca de las viviendas, en un radio de 500-800 metros, que sean parte de la cooperativa, como locales, solares o partes de las propias viviendas. Los espacios compartidos pueden ser físicos –como un espacio para adolescentes y/o jóvenes, un espacio de crianza, una lavandería comunitaria, habitaciones para personas invitadas, espacio para almacenaje, una cooperativa de consumo, una cocina y un comedor comunitarios, un huerto comunitario– o también formas de organización –como el grupo para hacer el camino escolar a pie o en bicicleta, un servicio de lavandería entre vecinas y vecinos, la red Radars[12], una casa segura, una red de abuelos y abuelas adoptivos, etc.–. Estos son algunos ejemplos, pero cada red depende de las personas que la formen y sus necesidades de gestión comunitaria de los cuidados. Esta pandemia ha evidenciado una crisis de cuidados de la que el feminismo viene hablando desde hace mucho tiempo, crisis que acrecienta las desigualdades de oportunidades y de acceso a los derechos de las mujeres, que aún somos las principales responsables de los cuidados de nuestra sociedad y, por lo tanto, de nuestra infancia y adolescencia. Por ello, reclamamos garantizar todos los derechos de la infancia y la adolescencia que se han eliminado o ninguneado, a través de la corresponsabilidad de su cuidado por parte del conjunto de la sociedad, porque son nuestro presente y nuestro futuro. Y reclamamos una corresponsabilización pública y social de los cuidados: las mujeres no debemos seguir siendo las únicas responsables. ¡Las mujeres ya no podemos más!

[1] Elena Ledda, «Cómo las ciudades se adaptan a la medida de los niños y niñas: sentido común y participación a través del juego», eldiario.es, 27 de junio de 2020 [https://www.eldiario.es/catalunya/ciudades-medida-criaturas-mundo_1_6065124.html]. [2] «Una escola compromesa per una educació en temps d’incertesa», conclusiones de la 55.a Escuela de Verano Rosa Sensat, disponible en [https://www.rosasensat.org/una-escolacompromesa-per-una-educacio-en-temps-dincertesa-conclusions-del-tema-general-de-la55a-escola-destiu-de-rosa-sensat/].

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[3] Esther Vivas, «¿Alguien piensa en las criaturas?», El Periódico, 23 de marzo de 2020 [https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200323/articulo-esther-vivas-confinamientocoronavirus-ninos-teletrabajo-estado-alarma-7901543]. [4] Col·lectiu Punt 6, Urbanismo feminista. Por una transformación radical de los espacios de vida, Barcelona, Virus Editorial, 2019. [5] [https://nadaesgratis.es/admin/quien-se-encarga-de-las-tareas-domesticas]. Véase también Noelia Ramírez, «“Teletrabajo de madrugada porque no llego a todo en casa”: la nueva normalidad machaca a las mujeres», El País, 27 de mayo de 2020 [https://smoda.elpais.com/feminismo/teletrabajo-de-madrugada-porque-no-llego-a-todo-encasa-la-nueva-normalidad-machaca-a-las-mujeres/]. [6] Col·lectiu Punt 6, Urbanismo feminista, cit. [7] Maria Rodó-Zárate, «Polititzar la llar en època de confinament», 5 de mayo de 2020 [https://www.pensem.cat/noticia/106/polititzar/llar/epoca/confinament]. [8] [https://institutinfancia.cat/projectes/ciutatjugable/]. [9] [https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-publicde-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc]. [10] Col·lectiu Punt 6 y Coeducacció, Patios coeducativos. Guía para la transformación feminista de los espacios educativos, Barcelona, Col·lectiu Punt 6, 2019. [11] Creación Positiva, «Reflexiones sobre los derechos de las mujeres, salud, Covid-19 y crisis de Creación Positiva», Pikara Magazine, 28 de mayo de 2020 [https://www.pikaramagazine.com/2020/05/reflexiones-sobre-los-derechos-de-las-mujeressalud-covid-19-y-crisis/]. [12] Radars es un proyecto comunitario impulsado por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para paliar los efectos de la soledad no querida y prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores. Trabajan conjuntamente con los vecinos y vecinas, comercios, farmacias, personas voluntarias, entidades y equipamientos, con el objetivo de transformar los barrios en comunidades humanas, seguras, participativas y solidarias.

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Desafíos energéticos ante la «nueva normalidad» Irene Machuca de la Rosa

Ante la crisis global que afecta tanto a la economía como a la ecología y a los valores de la sociedad, observamos, con sorpresa, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus mientras vivimos al borde del abismo forzando los límites físicos del planeta y tratamos de mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático como a la nueva normalidad que se nos avecina. En ese contexto, los servicios básicos para la ciudadanía como son el empleo, la vivienda, la alimentación, el transporte o el acceso a la energía, son, al mismo tiempo, los principales sectores de la actividad económica y, a su vez, los responsables de los mayores impactos ambientales así como de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El IPCC (2013) define los gases de efecto invernadero como el «componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero» (p. 193)[1]. Esta nueva normalidad nos plantea un nuevo desafío, en el que la sociedad en su conjunto va a desempeñar un papel fundamental en relación con la soberanía energética.

  Figura 1. Tuit de Pedripol, artista gaditano con mucho arte. Visto en Facebook, junio de 2020.

UN MODELO ENERGÉTICO CADUCO Y EXCLUYENTE

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Vivimos en un mundo en el que el consumo y el crecimiento económico se han descontrolado, donde la sociedad se ha acostumbrado a malgastar recursos y energía sin preocuparse por los límites biofísicos del planeta. Un modelo socioeconómico sostenido por un sistema energético basado en la explotación del carbón, del petróleo y del uranio, iniciado en la era de desarrollo industrial, hace más de 200 años, que está llegando a un final peligroso[2], ya que el agotamiento de los combustibles fósiles y el uranio es una realidad indiscutible, según la información que nos llega de fuentes incuestionables como la Energy Information Administration (EIA), la International Energy Agency (IEA), la Oil&Gas Journal, World Energy Council o la International Atomic Energy Agency, así como tampoco son cuestionables los problemas ambientales, y los numerosos y gravísimos conflictos sociales que genera[3]. La transición energética urbana es el gran desafío al que se enfrenta la civilización del siglo XXI. Un reto que solo podrá ser resuelto si combinamos convenientemente la eficiencia, la innovación social y las energías renovables[4]. Un futuro sin combustibles fósiles ni nucleares, aprovechando las fuentes renovables de energía, en el que la ciudadanía se coloca en el centro de todo el sistema, no solo es posible, sino que es la única salida desde el punto de vista social y económico para salvar la humanidad y el planeta. El modelo energético que tenemos en la actualidad se caracteriza por ser un modelo de generación centralizada en infraestructuras de gran complejidad, gestionadas por unas pocas empresas privadas que funcionan en régimen de oligopolio, capaces de someter la política nacional a sus propios intereses. Este modelo produce energía en estas grandes centrales a partir de unos recursos naturales contaminantes y escasos, provocando una importante huella ecológica y social, convirtiendo a España en el segundo país con mayor dependencia energética de la Unión Europea, teniendo que importar el 73,9 por 100 de los combustibles fósiles que necesitamos[5], y que acarrea una factura energética de 15.500 millones de euros al año, datos de 2018[6]. Esta situación, en la que la regulación del sector se redacta para favorecer a estas grandes empresas, dificultando la entrada de otro tipo de actores (ciudadanía y pequeñas empresas), en la gestión del sistema, es además, un modelo que excluye a cada vez más personas del acceso a la energía. De lo que no hay duda es que estamos viviendo un momento histórico de transformaciones profundas vinculadas a los efectos de una crisis de civilización multidimensional (económica, política, ecológica, cultural, sanitaria) y multiescalar (que incide desde lo local hasta lo global)[7], acentuada por las consecuencias de la reciente pandemia mundial, que está afectando a la organización socioeconómica y a las formas de vida y que requieren la emergencia de nuevas propuestas sociopolíticas.

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UNA PANDEMIA MUNDIAL QUE TAMBALEA LOS CIMIENTOS DEL CAPITALISMO La crisis de la covid-19, originada en China a finales de 2019, y reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia global el 11 de marzo de 2020, ha obligado a no pocos gobiernos a decretar el estado de alarma en países de todo el mundo. Cual si de una ficha de dominó se tratara, al gobierno de España le tocó el pasado 14 de marzo, declarando un estado de alarma que cambiaría la vida de los españoles para siempre. Una situación que inicialmente se preveía que iba a durar solo 15 días, ha durado un total de 14 semanas, con el objetivo de controlar la expansión de una enfermedad altamente contagiosa se ha limitado una serie de derechos fundamentales entre los que se encuentra la libertad de movimiento. Durante estos tres meses y medio que hemos vivido confinados en nuestras casas, mientras las ciudades dormían y la economía se iba al traste, nos ha dado tiempo a hacer más o menos cosas, pero sobre todo nos ha dado tiempo a pensar, a soñar cómo sería el mundo una vez despertáramos de este mal sueño. Ha pasado el estado de alarma y parece que la vida sigue igual que antes, volvemos a salir a la calle, a preocuparnos por las mismas injusticias, solo que ahora lo hacemos con mascarilla y guardando una cierta distancia social, sin abrazos ni apretones de manos. Si alguna cosa hemos aprendido es que, aunque el coronavirus biológicamente no distingue entre razas, condiciones sociales o lugares de origen, el hecho de cómo la sociedad se organiza en las ciudades, según nuestros hábitos de movilidad y consumo, y nuestra forma de relacionarnos, sí hace a determinados grupos sociales más vulnerables que a otros, tanto en el contagio como en la capacidad de luchar contra el virus. De este modo podemos afirmar como lo hace Manuel Franco, especialista en salud urbana y epidemiólogo de la Universidad de Alcalá y profesor de la Johns Hopkins en Estados Unidos, que «es rotundamente falso que el coronavirus no entienda de clases sociales»[8]. Así lo muestran los datos publicados por El País (Figura 2).

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  Figura 2. Renta e incidencia de la covid en los barrios de Barcelona. Fuente: J. Salas (2020) [9].

En una reciente entrevista virtual la periodista estadounidense Naomi Klein, reflexionaba sobre cómo las situaciones de crisis como desastres o pandemias afectan a la ciudadanía más vulnerable, ya que las elites aprovechan esos momentos de incertidumbre para aprobar reformas impopulares que aumentan la brecha social y económica[10]. Aquí en Andalucía esta reflexión se hace patente con la aprobación del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, que supone una desregulación ambiental por el gobierno de la Junta de Andalucía en plena crisis de la covid[11]. Este Decreto que modifica importantes leyes de protección ambiental supone un retroceso en las garantías ambientales y una reducción de la transparencia y la participación pública, ya que se ha obviado el diálogo y consenso con las organizaciones sociales, ambientales y la ciudadanía en general, como defiende el partido Equo Verdes Andalucía en su Carta Verde al presidente de la Junta de Andalucía[12]. Como viene advirtiendo desde algún tiempo la OMS y la comunidad científica, es urgente y necesario para prevenir pandemias, la contaminación y hacer frente al cambio climático. Para ello es necesario impulsar una reducción

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ambiciosa de emisiones de gases de efecto invernadero, no hay otra alternativa, porque no tenemos otro planeta al que emigrar. Es por ello que se necesita un nuevo rumbo hacia otro modelo productivo. Tanto la sociedad como la economía tienen que transitar hacia un modelo productivo más resiliente que se adapte con facilidad a las circunstancias globales generadas por pandemias o fenómenos meteorológicos extremos, un modelo menos dependiente, que ponga por delante los servicios esenciales y el bienestar de las personas, las ciudades y los pueblos, promoviendo el bien común por encima de los intereses de las elites. UN MODELO ECONÓMICO CRUENTO BASADO EN LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL La economía mundial se fundamenta en el consumo de energía, sin energía no podríamos extraer las materias primas necesarias para hacer funcionar el sistema productivo que genera los bienes y servicios que la sociedad necesita, tampoco su transporte ni el de las personas. El bienestar de la sociedad se sostiene gracias a un suministro adecuado y suficiente de energía, estableciendo una conexión entre consumo energético y nivel de vida. En este contexto, los países desarrollados, intensamente industrializados y urbanizados, con grandes infraestructuras de transporte y una fuerte mecanización, son los que mayor cantidad de energía consumen y más gases de efecto invernadero emiten, mientras que los países más pobres, con economías de subsistencia, limitadas a actividades primarias y artesanales, con un escaso desarrollo industrial, son los países con un menor consumo energético[13]. Estos países que denominamos desarrollados, son aquellos que agotaron las materias primas existentes en sus propios territorios y sostienen su economía en un modelo de sometimiento y explotación, importando recursos, mano de obra y minerales y exportando contaminación y residuos a terceros países. La economía mundial actual funciona mientras se mantenga un equilibrio entre la eficiencia y la estabilidad. Eficiencia, en cuanto que la economía busca obtener el mayor rendimiento posible al menor precio, y estabilidad, en tanto que precios y producción han de estar alineados permanentemente. Asimismo, la economía necesita confianza, para el cumplimiento de las expectativas[14]. El sistema capitalista siempre «dispuesto a sacrificar la vida a gran escala en aras de la ganancia», según señala Klein[15], es corroborado cada vez que empresarios de todo el mundo piden a sus trabajadores que vuelvan a los puestos de trabajo para salvar la economía, aunque la pandemia se cobre sus vidas. Es lo que Yayo Herrero[16], entre otros autores, denomina el «mito del crecimiento», que impone la necesidad de generar un crecimiento económico

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continuo como única forma de crear bienestar, y que sirve de excusa para la aplicación de políticas de austeridad, flexibilización del empleo, recortes de los servicios públicos y sociales, etcétera. La energía es transversal a toda economía, por eso el sector energético es considerado un sector estratégico del que dependen los demás sectores económicos. En España, al igual que en el resto de Europa, el sector energético es altamente dependiente del mercado internacional de recursos fósiles (tanto del petróleo y sus derivados, como del gas, el carbón y el uranio). Esta dependencia genera una factura exterior fósil (FEF) y una deuda ecológica cada vez más elevada (solo recodar que dos terceras partes de las reservas mundiales de petróleo se encuentran concentradas en Oriente Medio, escenario de frecuentes conflictos internacionales y de tensiones bélicas constantes). El lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky, uno de los pensadores más relevantes e influyentes de nuestro tiempo, en una reciente conversación virtual mantenida con el filósofo y cofundador de DiEM25, Srećko Horvat[17], nos advierte que aunque la situación con respecto al coronavirus es bastante seria, no debemos olvidar que la carrera hacia el borde del desastre, es mucho peor que cualquier cosa que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Se refiere a varias situaciones que nos amenazan desde hace varias décadas y que están ocasionando una crisis de la civilización: una posible guerra nuclear, exacerbada por el desgarramiento de lo que queda del régimen del control de armas, la amenaza creciente del calentamiento global, y el deterioro de la democracia. Nos advierte que necesitamos recuperar la democracia para que el mundo tome el control de su destino. Esta crisis, según Chomsky, es un fracaso colosal del mercado, que apunta a problemas fundamentales de orden social y económico, empeorados por la plaga neoliberal y continúa por el colapso de las estructuras institucionales. Pero nos invita a extraer de esta crisis del coronavirus algo positivo, una llamada a la movilización, que la gente se cuestione si es este el tipo de mundo en el que quiere vivir, un mundo que nos lleve a encerrarnos en nuestras casas (aquellos que tenemos la suerte de tener una casa en la que refugiarnos), a distanciarnos de la sociedad, porque hay un peligro ahí fuera invisible que nos amenaza. Plantea varias opciones que van desde la restauración de Estados altamente autoritarios y brutales, hasta la reconstrucción radical de la sociedad, en términos más humanos, preocupadas por las necesidades humanas y no por los beneficios privados. Tenemos que buscar la posibilidad de que la gente se organice, se comprometa, como muchos vienen haciendo, para lograr un mundo mejor, confrontándose a los enormes problemas que nos vamos encontrando en el camino, los problemas de una cada vez más posible guerra nuclear y los

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problemas de catástrofe ambiental, de la cual no hay recuperación una vez que hayamos llegado a esa etapa que no está lejos, a menos que actuemos de forma decidida. Estamos en un momento crítico para la historia de la humanidad no solo por el coronavirus, sino porque deberíamos tomar conciencia de las profundas características disfuncionales de todo el sistema socioeconómico, que nos plantea cuál es el futuro en el que sobrevivir. UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA URGENTE Y NECESARIA La transición que necesitamos no trata de sustituir fuentes fósiles por renovables gestionadas de forma centralizada por las mismas empresas que lo hacen ahora, sino que trata de impulsar un modelo distribuido donde la ciudadanía se pueda involucrar impulsando soluciones, dirigiendo la transición energética desde abajo, sin esperar el liderazgo de los que nos gobiernan, de los de arriba. Se trata de transitar hacia un modelo que reduzca las necesidades energéticas, donde la energía que necesitemos provenga exclusivamente de fuentes renovables, generada de forma distribuida, cerca de los lugares donde se va a utilizar, con infraestructuras que permitan mantener la estabilidad de red y la garantía de suministro, infraestructuras que sean de servicio público, y cuya gestión esté en manos de la ciudadanía. Es urgente, reducir nuestras necesidades de consumo, hacer un uso más responsable de la energía que utilizamos y tomar conciencia de que tendremos que poner fin a un sistema de consumo de excesos y derroche, para dar paso a un modelo equitativo, más justo y democrático. El modelo energético al que debemos transitar se plantea acompañado de un modelo de sociedad donde se reduzcan las desigualdades, donde todo el mundo tenga acceso a la energía, pero donde no se permita malgastarla. Un modelo de sociedad que se plantee un cambio de modelo productivo, donde repensemos qué consumimos, cómo producimos, cómo nos movemos y cuáles son nuestras verdaderas necesidades. LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA La participación ciudadana se considera clave y decisiva para dirigir la transición energética hacia el modelo deseado, y será necesaria para alcanzar una cultura adecuada que ayude a reducir las necesidades de energía,

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indispensable para conseguir una producción y gestión de la energía en manos de la ciudadanía. Una ciudadanía que debe transitar también de consumidora a prosumidora, de cliente pasivo de compañías de electricidad, a ser una pieza clave y desempeñar un papel activo en la cadena de producción y consumo, una ciudadanía informada y formada, con los conocimientos necesarios para ser capaz de exigir unas condiciones más justas y equitativas por los productos que va a pagar, utilizando la energía de manera más eficiente y responsable. La sociedad española, que aparentemente presenta una escasa cultura energética –debido, en parte, a la complejidad intrínseca del sector, que no es casual, y, por otra parte, a la lógica dominante que es el criterio de rentabilidad inmediata– se enfrenta a un problema de responsabilidad ciudadana, causado por una excesiva ignorancia. El principio de la solución comienza con el conocimiento y toma de conciencia respecto del problema, sobre las cuestiones que atañen al sector de la energía y todos los asuntos que la rodean. La energía percibida como algo lejano y ausente es, sin embargo, un recurso sin el cual no es posible la vida. Por tanto, para conseguir una sociedad empoderada capaz de dirigir la transición energética hacia un modelo más sostenible, justo y equitativo, es necesario que aprenda sobre todos aquellos conceptos que la rodean, sobre el modelo actual de producción, distribución y comercialización de energía, sobre los impactos ambientales, sociales y económicos genera. Una sociedad formada e informada será capaz de involucrarse y participar en distintas escalas sobre este nuevo modelo energético. De forma individual, la ciudadanía puede participar mejorando los hábitos de consumo, gestionando de forma eficiente la energía que se utiliza en sus hogares, rehabilitando en caso necesario las edificaciones para reducir la demanda energética. Además, organizándose, se puede participar de forma colectiva, impulsando proyectos cooperativos, creando redes y plataformas ciudadanas de activismo energético, formando parte de movimientos sociales para crear un discurso colectivo y corresponsabilizarse de la transición energética. Y a mayor escala, con la implicación en los órganos de decisión de sectores económicos y energéticos, órganos de participación ciudadana o la participación directa en política, se podrían conseguir resultados más favorables. El empoderamiento y la participación activa en todos estos niveles permitiría tomar decisiones conscientes sobre las cuestiones energéticas que nos rodean: con qué compañía contratar nuestro suministro eléctrico, qué acciones tomar para reducir el consumo de energía, qué proyectos renovables apoyar, qué tipo de tecnologías instalar, qué políticas exigir, etcétera.

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Es fundamental este proceso de formación ciudadana fundamentada en estudios científicos que advierte que las decisiones individuales pueden ayudar a reducir los efectos de gases de efecto invernadero (GEI) (Figura 3), para ello es necesario el cambio en las pautas de consumo de alternativas bajas en carbono. Una de las decisiones que mayor potencial en la reducción de los GEI en promedio incluye la compra de energía renovable y la producción propia de energía renovable[18]. Esta elección junto con la elección de una movilidad sostenible a pie, en bicicleta o transporte público colectivo ayudaría a reducir en 4,5 tCO2.

  Figura 3. «Tus decisiones cuentan». Fuente: Gema Alcañiz Roy (2020)[19].

Por todo ello, es necesario cuidar, poner en valor, apoyar y difundir todas las iniciativas ciudadanas que emergen desde la base social, tambaleando la estabilidad del sistema, acciones puntuales que inspiran otras iniciativas y animan a recuperar el control ciudadano del sistema energético. POLÍTICAS VALIENTES PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA

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La voluntad política de los que nos gobiernan es fundamental para regular e impulsar una transición energética cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y no los beneficios económicos de unas pocas elites. Legislar para promocionar el autoconsumo, la generación con renovables, el aumento de la eficiencia y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, son algunas de las propuestas que se pueden impulsar desde el ámbito de la política. Aunque la competencia general en materia energética resulta ser de ámbito estatal, a nivel autonómico y local se recogen otras competencias también relacionadas con el sector que pueden influir de forma beneficiosa en la transición energética. Las Comunidades Autónomas y las entidades locales tienen competencia en cuanto a movilidad, transporte público, urbanismo, ordenación del territorio y vivienda, competencias desde donde impulsar políticas energéticas que favorezcan la democratización del sistema energético. El apoyo institucional y político permite también tomar el control tanto de las redes de distribución como de la producción distribuida. Desde la política se podría impulsar la necesaria auditoría de todo el sistema energético, dar visibilidad a las relaciones de poder existentes en el sector de la energía, y regular el mercado, para que sea más justo, equitativo y coherente con los objetivos del nuevo modelo energético. Descentralizar la política energética, así como separar las relaciones entre los distintos actores, facilita la promoción de un sistema energético seguro, distribuido y participativo, donde la decisión de unos cuantos no condicione la capacidad de acción de todos los demás. El acercamiento de la gobernanza al ámbito local, según la disponibilidad de los recursos renovables, las condiciones geográficas y administrativas de la zona, que puede abarcar un barrio, un municipio, un área metropolitana o una comarca, facilita la agrupación de la población en comunidades capaces de tomar mejores decisiones si se trabaja conjuntamente, de manera colectiva, con todos los actores implicados: administración pública, universidades, asociaciones de consumidores, de vecinos, entidades sociales, organizaciones ecologistas, etcétera. Los ayuntamientos pueden promover multitud de acciones, que van desde la generación de energía a partir de fuentes renovables en edificios públicos, la creación de incentivos para la autoproducción en viviendas particulares, con participación individual y colectiva, premiar la mejora de la eficiencia energética en edificios y comercios, penalizar a quien no lo haga, potenciar que las empresas entiendan otra forma de hacer economía premiando a las empresas que apuesten por el bien común, aplicar en las contrataciones públicas cláusulas sociales y medioambientales, así como conceptos de la economía circular, apoyar el impulso de monedas sociales públicas, etc. Las ordenanzas

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municipales son la herramienta normativa que permite potenciar todas estas cuestiones, agilizando la tramitación y facilitando la vida a la gente. La combinación de lo estructural con la autoorganización y el autoconsumo son parte de la clave. También el ámbito local permite aprovechar las posibilidades que ofrecen las políticas en materia urbanística, para apostar por el desarrollo de un planeamiento urbano inteligente y acorde con la situación que tenemos y conseguir una reducción de la demanda de energía en las ciudades que permita vivir fundamentalmente con cargo a las energías renovables. Asimismo, las políticas locales ayudan a favorecer otro tipo de recursos, como los circuitos cortos de comercialización y el abastecimiento de alimentos de lugares más cercanos, apostando por la dinamización de un tejido rural vivo, todas ellas estrategias que sirven para reducir el consumo de energía de una forma importante. Más aún, desde el ámbito local se puede impulsar la recuperación del control de las redes de distribución con el objetivo de garantizar una gestión neutral de la red para una mayor democratización[20] o crear comercializadoras públicas municipales, de manera que comencemos a considerar la energía como un bien común, al cual todos tengamos derecho de acceso y, al mismo tiempo, la responsabilidad de utilizarla eficientemente y de no malgastarla. Cuestiones, todas ellas, que requieren de una verdadera voluntad política para lograrlo. LA ECONOMÍA SOCIAL AL FRENTE DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA La economía generada por el sistema eléctrico actual se asocia a un oligopolio configurado por un pequeño número de empresas que acaparan el mercado de la electricidad, eliminando la competencia, aprovechando su posición de privilegio para tomar el control sobre los precios del mercado, la gestión de las redes de transporte y distribución, así como para influenciar las políticas energéticas a favor de sus propios intereses. Grandes empresas, poderosas, que gestionan tal cantidad de recursos (económicos, materiales y humanos) que son capaces de limpiar su imagen con campañas de greenwashing, mostrándose ante la opinión pública como los únicos capaces de impulsar una transición energética verde y para todas. Frente a las lógicas capitalistas, la mercantilización y la acumulación, la economía social se plantea como alternativa para impulsar iniciativas ciudadanas de producción, distribución, consumo y financiación, desde unas lógicas basadas en la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua, que ayudan en el proceso de transición energética que se plantea.

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Una economía que, además de ser social y solidaria, debe ser ecológica y feminista, para no olvidarnos de la justicia ambiental y de género, a la hora de poner en prácticas las actividades económicas alternativas a la economía tradicional[21]. Las economías transformadoras[22], que engloban la economía social y solidaria, feminista, ecológica y de los comunes, que se articulan desde hace tiempo en torno a un movimiento económico mundial, surgen para acabar con la economía basada en la extracción, el crecimiento, la competitividad y el mercado, y caminar de forma conjunta hacia sociedades resilientes y colaborativas. Voluntad política y economía social son indisociables para adoptar soluciones a problemas graves de justicia social como la pobreza energética, a la vez que se facilita la entrada de otro tipo de empresas y actores en el sistema energético. FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FUERA DE LA ECONOMÍA DE MERCADO La democracia energética se presenta antagonista a los mercados gobernados por los regímenes oligopólicos, tendencia natural del capitalismo y de los mercados energéticos actuales. La economía social y solidaria revela su importancia por su relación con las formas de organización, gobernanza y democracia. La configuración de esta economía alternativa permite una mayor participación de los actores económicos y que el reparto de beneficios revierta directamente en la sociedad donde se desarrolla. Existen numerosas iniciativas de economía social y solidaria en el ámbito de la energía, como la financiación colectiva de plantas solares o las cooperativas comercializadoras de energía, empresas sin ánimo de lucro, que aportan las herramientas, las estructuras, los valores, la lógica de la colaboración, permitiendo un cambio de modelo energético realmente transformador. Fomentando un consumo transformador, colectivo, político y ciudadano, se crean las bases desde donde surgirán las entidades productoras transformadoras, los puestos de trabajo de mejor calidad, minimizando la desigualdad extrema y la acumulación, alternativas que promueven una economía basada en las personas, hechas por las personas, alejándose cada vez más del modelo de multinacionales globalizadas. El nacimiento de iniciativas lideradas por la propia ciudadanía con el apoyo institucional, sirve de experiencia y demuestra que estas fórmulas alternativas son una opción viable para la resolución colectiva de problemas comunitarios y ayudan a que el cambio cultural se vaya desarrollando.

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LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y LA AUTOPRODUCCIÓN COMO CAMINO PARA REDUCIR LA DEMANDA Datos extraídos del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR2014)[23], liderados por el arquitecto Albert Cuchí y el chief executive de Climate Strategy & Partners Peter Sweatman, estiman que el consumo doméstico de todas las promociones de viviendas tiene un impacto en el consumo final del orden de entre 30 y el40 por 100. Asimismo, estudios realizados por el CSIC[24] aportan que el 46 por 100 de viviendas existentes en España, se construyeron con anterioridad a la norma NBE-CT del 1979, de donde se deduce que la mayoría de ellas carecen de las prestaciones de aislamiento. Ambos estudios muestran el alto potencial de reducción de necesidades energéticas que tiene todo el parque de viviendas, que ronda del 70 al 80 por 100, mientras que en el sector industrial muestra un potencial de ahorro de hasta un 50 por 100 de estas mismas necesidades energéticas. De ahí que las estrategias de rehabilitación sean también un factor clave de la transición energética. Estrategias que han de adaptarse a las condiciones de cada territorio, permitiendo varios modelos de rehabilitación: el de comunidad a comunidad con subvención, el de barrios enteros en su conjunto, etc. Cada barrio, cada unidad de actuación, cada problema requerirá una solución concreta. La rehabilitación energética de edificios es una oportunidad para reducir la demanda energética, para aumentar la calidad de vida de las personas y mejora de la economía a nivel local. En este contexto, las administraciones deben actuar facilitando este complejo proceso, liberando presupuesto para ayudar a las familias en la rehabilitación de sus viviendas, facilitando la tramitación tanto de ayudas como de licencias e inspecciones, incluyendo además campañas de comunicación sobre las ventajas que reporta e involucrando a todos los actores, tanto al propio ayuntamiento, como a la banca, las empresas de servicios energéticos, las organizaciones sociales y empresariales, y las asociaciones vecinales. La autoproducción, o producción de energía en instalaciones propias para utilizarla directamente sin pasar por la red, es además uno de los medios de producción a partir de fuentes renovables más pedagógicos que existen. Es la manera más eficaz de acercar la energía a la ciudadanía, empoderando a la sociedad en su conjunto. La autoproducción tiene un carácter sumamente educativo, demostrándose que cuando las familias comienzan a producir su propia energía, empiezan a entender lo que cuesta y lo que significa no utilizarla de manera adecuada, comenzando a cuidar aquello que se ha creado y la cantidad de energía utilizada empieza a disminuir considerablemente. Esto

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permite a la ciudadanía tomar el control de su factura eléctrica, reduciendo su coste. COOPERATIVAS CIUDADANAS DE ENERGÍA RENOVABLE Entre las experiencias impulsadas desde la ciudadanía con más relevancia en cuanto a que permiten la apropiación de la energía por parte de la sociedad, están las que son creadas dentro del marco de la economía social. Entre las más destacadas están las cooperativas de energía renovable que han surgido por todo el mundo, que permiten a las personas socias promover proyectos de generación de energía renovable y suponen una alternativa de consumo energético más ético y responsable. Estas cooperativas sin ánimo de lucro, se rigen tanto por los principios cooperativos, como por los principios de la economía social y solidaria, y centran sus objetivos en la satisfacción de necesidades y no en la acumulación de capital, dándole un enfoque completamente diferente al de las compañías eléctricas tradicionales. Estas entidades que entran en la cadena del sistema energético por sus dos extremos, al inicio de la cadena, promoviendo la instalación de nuevas plantas de generación, y por el final de la misma, del lado de la actividad de comercialización de electricidad, se centran sobre todo en fomentar la participación de la ciudadanía en todo el proceso relacionado con la energía. La comercialización de energía, la generación y la participación, son las características generales de estas cooperativas de energía renovable. Som Energia es un modelo de cooperativa de energía renovable, sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actividad es tanto la generación de energía renovable a partir instalaciones propias financiadas por sus socias, como la actividad de comercialización, comprando en el mercado eléctrico la energía que demandan sus socias y clientes con certificado de origen 100 por 100 renovable. Con diez años de vida, Som Energia es la primera cooperativa de energía renovable que surge en España (2010) en el actual contexto energético, la que ha alcanzado mayor repercusión y extensión, operando en todo el Estado español, y que ha servido de inspiración a otras cooperativas como Goiener que opera en el País Vasco y Navarra (2012), Solabria Renovables en Cantabria (2013), Nosa Enerxía en Galicia (2014), Seneo en el País Valenciano (2014), EnergÉtica en Castilla León (2015) o La Corriente en Madrid (2015). Aunque en cuanto a precios, estas comercializadoras buscan ser lo más competitivo posible, el principal objetivo que persiguen es promover el cambio de modelo y democratizar el sector de la energía. La cooperativa Som Energia está formada por las personas socias consumidoras que participan en la toma de decisiones a través del voto en la Asamblea General; por el Consejo Rector

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(CR), órgano de representación interno y externo que gobierna la organización; la Gerencia nombrada por el CR, que se encarga de la gestión ordinaria de la cooperativa; y el Equipo Técnico, trabajadores de la empresa que llevan a cabo la actividad contable, administrativa, comunicación, atención a personas socias, la comercialización de electricidad y la gestión y seguimiento de los proyectos de generación. Además, muchas socias de forma voluntaria y altruista colaboran aportando sus conocimientos y energía uniéndose a otras socias de su mismo territorio conformando los grupos locales y colaborando en aquellos espacios de participación de los que dispone la cooperativa. El modelo de participación de Som Energia es un modelo vivo, sujeto a continuas experimentaciones, que incorpora espacios alternativos de participación además de la Asamblea General y el CR. La escuela de otoño, el encuentro de grupos locales y la herramienta virtual «Participa», se convierten en espacios de participación y de aprendizaje colectivo, donde tienen lugar el debate, la reflexión y la construcción colectiva de propuestas, permitiendo a las personas socias ser partícipes directas en la definición tanto del modelo de producción y consumo de energía renovable de la cooperativa, como del modelo de organización interna que se quiere, herramienta indispensable para la construcción de una verdadera democracia participativa. Som Energia es un modelo pionero de innovación social para la participación ciudadana en la transición energética, y ejemplo de ello es su manera de adaptarse a la situación extraordinaria de alerta social y sanitaria actual. Como respuesta a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo como sociedad debido al coronavirus, Som Energia, en su ámbito interno, no tardó en desplegar el teletrabajo, para procurar que las repercusiones en cuanto a la atención a sus socias y clientes fueran las mínimas posibles. En relación con la atención a las personas socias y clientes, conscientes de los cambios a muchos niveles (económicos, legislativos, sociales, etc.) que esta situación excepcional está provocando, la cooperativa ha adoptado una serie de medidas para intentar minimizar el impacto económico que pueda tener. Se ha facilitado la posibilidad de aplazamiento del pago de la factura durante un mes, durante el estado de alarma, pudiendo solicitarla quienes estuvieran en una situación económica complicada; se han suspendido los cortes de suministros de electricidad por impago, no computando en los plazos para realizar los pagos pendientes el tiempo que ha durado el estado de alarma, comprometiéndose, asimismo, la cooperativa, a estudiar cuál puede ser la mejor manera en que las personas que se hayan acogido a alguna de las medidas puedan saldar la deuda pendiente. También se han tomado medidas específicas para empresas y personas dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, como por ejemplo, la opción de suspender temporalmente el contrato de suministro o

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la opción de modificar la tarifa o la potencia contratada, sin coste económico adicional alguno. Además, desde el seno de la cooperativa, siendo conscientes de la dificultad del momento y de la importancia de responder colectivamente, se han apoyado diversas iniciativas solidarias. Se ha hecho una aportación al Fondo Cooperativo para la Emergencia Social y Sanitaria, un fondo de contingencia impulsado por diferentes organizaciones de la Economía Social y Solidaria, con el objetivo de dar apoyo económico a iniciativas que están ofreciendo respuesta directa a la emergencia y que requieren de recursos para su sostenibilidad[25]. También se ha solidarizado con otra cooperativa cercana adhiriéndose a su campaña #TodasALaMesa, que pretende apoyar a los colectivos más afectados por la crisis y, al mismo tiempo, fortalecer dos sectores de importancia capital para el futuro, tales como la agricultura agroecológica del territorio y los proyectos que fomentan el consumo responsable y la Economía Social y Solidaria. Además, en relación con la participación de las socias y la organización de la Asamblea, el coronavirus también ha obligado a buscar alternativas innovadoras para garantizar el derecho de participación, aprovechando las posibilidades tecnológicas que ofrece internet. La Asamblea General se configuró 100 por 100 virtual, pudiéndose seguir la retransmisión en línea del CR y la disponibilidad del espacio de votaciones también virtuales. Lamentablemente, este año los grupos locales de la cooperativa no pudieron organizar las diferentes sedes en todo el territorio para seguir la retransmisión de manera conjunta, pero esto no ha mermado la participación de las socias que de forma individual se conectaron desde sus propios hogares, para seguir la Asamblea y para ejercer su derecho de voto. Otra de las novedades que se ha implantado, junto con la celebración de la Asamblea de forma virtual, ha sido la organización de una serie de encuentros previos en línea para que las personas socias interesadas pudieran, con la colaboración del equipo técnico y el CR, resolver dudas y debatir algunos de los temas del orden del día de la Asamblea. AFRONTANDO MISMOS RETOS CON NUEVAS FÓRMULAS Ante la actual crisis ecológica, causada, por entre otros factores, el cambio climático, es la habitabilidad del planeta lo que está en juego, y por tanto debemos plantearnos cómo queremos salir de este embrollo. No debemos olvidar que, los momentos de crisis son también la oportunidad para avanzar hacia la sociedad que queremos, y ahora más que nunca, así nos lo ha enseñado la crisis sanitaria de la covid, la solución tiene que pasar ineludiblemente por la transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida.

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El reto antes y después del coronavirus sigue siendo el mismo, nos damos cuenta que «la nueva normalidad» no es tan nueva, si no que esta normalidad pospandemia o interpandemia, lo que ha hecho ha sido acelerar todos estos procesos para que sea posible la reconquista ciudadana del sector energético, la democratización del modelo energético y, en consecuencia, la transformación hacia un nuevo mundo más igual, justo, verde y lleno de solidaridad. Necesitamos mirar la transición energética hacia las energías renovables como una oportunidad social y económica única para salir de esta crisis global. Las energías renovables y las tecnologías de internet permiten ya alcanzar ese sueño de construcción de edificios y ciudades autosuficientes energéticamente, y marcan el fin de la dependencia de los combustibles fósiles, a la vez que dan paso a una economía y una industria «verde» asociada al uso de energías renovables, cada vez más eficientes, descentralizadas y limpias, con emisiones cero, donde la ciudadanía es capaz de corresponsabilizarse de los problemas al mismo tiempo que se sitúa en el centro de los beneficiarios del sistema. El sector energético abre un espacio para el cuestionamiento radical del modelo económico que tenemos, donde las multinacionales que dominan el espacio económico y político dejen paso al control por la ciudadanía y las comunidades. El consumidor, deja paso al prosumidor, una ciudadanía libre y responsable que, a la vez que produce y gestiona la energía que necesita para su vida, se sitúe en el centro de un nuevo sistema económico que se aleja cada vez más del productivismo y la acumulación que caracteriza el modelo económico capitalista actual. La transición energética supone un esfuerzo comunitario que requiere la participación de todos los actores (ciudadanía, gobiernos y empresas) para llevar a cabo ese necesario esfuerzo colectivo que sitúe a la ciudadanía en el centro de la transición, para recuperar la cultura del ahorro y la producción de energía de forma cooperativa y distribuida, combinando estrategias de ahorro, eficiencia y autoproducción. Se pone de manifiesto la necesidad de entender la economía de otra manera, poniendo en cuestión las categorías de pensamiento como las de sistema económico, producción o trabajo tal como son concebidos por la economía convencional, creando estructuras económicas fuera de la lógica capitalista, que ayuden en la toma de decisiones, las formas de organización y el marco institucional, y permitan transitar hacia formas alternativas de organizar la vida, impulsando esta transición energética desde la economía social y solidaria. El deterioro ecológico y el empobrecimiento social van de la mano, por ello, en tiempos de distanciamiento social, debemos plantearnos cómo organizarnos y aprovechar las posibilidades de la digitalización y democratización de la energía que nos brinda la era de internet, para acercar a la gente, unir, consultar,

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deliberar, encontrar una respuesta común a los problemas a los que nos enfrentamos y profundizar en estrategias que supongan trascender los intereses y las opiniones personales para ponerlas al servicio del bien común y el interés colectivo. La falta de democracia y gobernabilidad planteada como un problema grave de sostenibilidad global, y la frustración de aquellos que llevan décadas luchando por un cambio de modelo energético, que valoran la situación como un largo y valiosísimo tiempo perdido, dan paso a aquellos que creen posible un cambio cultural, productivo y de sociedad. Se abre un atisbo de esperanza, donde las pequeñas iniciativas surgidas de abajo arriba se valoran como frutos del esfuerzo ciudadano por la conquista del poder, son las semillas que hemos de cuidar y mimar, porque son las que demuestran que el cambio es posible. OTRAS FUENTES RECOMENDADAS Barcena, I. et al. (2009), Energía y deuda ecológica, Barcelona, Icaria. Centelles, I. P. (2015), Cap al 100 por cien renovable. Reflexions sobre la transitió energètic a Catalunya i la seva gobernança, Barcelona, Octaedro. Droege, P. (2014), Regenerative Region. Energy- and Climate Atlas Lake Constance-Alpine Rhine, Múnich. Riba Romeva, C. S. (2014), El crac energético: cifras y falacias, Barcelona, Octaedro.

[1] IPCC, 2013, «Glosario» (S. Planton [ed.]), en Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ed. T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P. M. Midgley, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press. [2] C. Riba, Recursos energéticos y crisis. El fin de 200 años irrepetibles, Barcelona, Octaedro, 2013. [3] Y. Herrero, «Propuestas ecofeministas para un sistema cargado de deudas», Revista de Economía Crítica 13 (2012), pp. 30-54; P. Cotarelo, «El nuevo paso hacia la relocalización energética», Ecología Política 49 (2015), pp. 76-79. [4] H. Scheer, «Solar City: Reconnecting energy generation and use to the technical and social logic of solar energy», en P. Droege, Urban Energy Transition, Ámsterdam, Elsevier, 2008, pp. 15-26. [5] INE (2019), España en cifras, 2019, disponible en [https://bit.ly/31wd6MY], consultado el 20 de junio de 2020 [6] Datacomex (2020), Estadísticas del comercio exterior, disponible en [https://bit.ly/3in2F4q], consultado el 23 de junio de 2020. [7] S. Riutort-Isern, Energía para la democracia. La cooperativa Som Energia como laboratorio social, Madrid, Fuhem Ecosocial, 2016.

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Sin ruina Breve historia tragicómica de una reconstrucción Pablo Rabasco

Las energías para realizar este libro, este esfuerzo colectivo, en un momento tan difícil surgieron al observar la capacidad del ser humano para sobreponerse a las circunstancias más adversas. También al comprobar cómo la ciudad estaba siendo un escenario rígido y sintomático de la propia pandemia de la covid-19, demostrando su capacidad para hacernos daño como individuos, pero sobre todo como comunidad. Buscar a las personas que nos acompañaran en esta aventura fue fácil. Hay excelentes investigador@s que llevan años trabajando para visibilizar que las ciudades reproducen los sistemas dominantes (económicos, sociales y familiares) en todos sus estratos. Algunas de ell@s están en este libro. El capitalismo naturaliza las desigualdades y la injusticia social dentro de un marco administrativo que actúa como freno a multitud de energías emergentes. Por eso, en cada noticia que leíamos en el periódico, en cada debate político que veíamos, en las redes sociales, en los balcones, se decían cosas que nos recordaban a artículos, libros e ideas que desde hace mucho vienen poniéndose en práctica y debatiéndose en la academia, pero, sobre todo, en otros espacios más flexibles y útiles. Ideas y prácticas que tienen mucho que ver con todo lo que nos está pasando ahora, pero especialmente con la forma de vivir anterior a esta crisis; de espaldas al medio que nos rodea, perdiendo nuestro sentido comunitario. Nuestro ámbito de reflexión ha sido la ciudad en su sentido más amplio: desde los territorios que nos rodean y debemos respetar, desde nuestros campos de cultivo, nuestras formas de movernos, de proveernos de energías, de generar economías flexibles y a escala adecuada a esos territorios, de hacer ciudades amables para que nuestros proyectos vitales surjan en ellas de forma natural, sin dejar fuera a l@s niñ@s y adolescentes, a los mayores. Ciudades para ser libres, autónomas y feministas de forma consciente. Donde el turismo no sea una agresión y no termine determinando lo que somos. Tomando conciencia del punto de partida y de que las desigualdades presentes en nuestros barrios son reflejo de nuestro desequilibrio como comunidad, pero también de nuestras dependencias. En una última reflexión como epílogo, buscaremos, en una historia de reconstrucción, las claves de lo que no nos puede pasar. Las ciudades se destruyen y construyen continuamente, a una escala muy pequeña, muchas veces fuera del control de las autoridades, escapando de él.

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Esta pequeña historia no habla de esos procesos, aunque los tiene en cuenta. Hablamos de las grandes reconstrucciones, causadas por conflictos o desastres naturales, y de cómo son esas maquinarias que se ponen en marcha. Puede que analizar alguno de los casos ahora nos ayude a observar lo que se respeta, lo que se elimina y lo que cambia sutilmente, para siempre. Hablaremos de un ejemplo concreto, el de Nueva Orleans, para que nos ayude a pensar desde otros puntos de vista sobre las ciudades que vendrán tras la crisis de la covid19, a observar sus cambios, a estar sobre aviso. Hay cosas que ya se están replicando peligrosamente. Todo empezó con la nueva normalidad, cuando de verdad fue nueva. CUANDO LA NUEVA NORMALIDAD FUE NUEVA Cuando Warren Harding apeló a una «nueva normalidad» en el eslogan de su carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos como candidato republicano en 1921, lo hizo en el contexto de dos enemigos invisibles, al menos desde la perspectiva de la ciudadanía de su país: la epidemia y la Primera Guerra Mundial. La conocida como «gripe española», que, sin embargo, surgió en territorio estadounidense, pudo tener su origen en 1917 en varios campamentos militares, mostrando su devastador desarrollo a lo largo de 1918 y 1919, donde perdieron la vida hasta 50 millones de personas en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial fue un elemento decisivo para su expansión por Europa gracias a los continuos movimientos masivos de tropas, con punto de entrada en la localidad francesa de Brest, puerto de acceso al continente de las tropas estadounidenses y donde se produjo la primera mutación del virus, un 22 de agosto de 1918.

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  Imagen 1. Influenza Pandemic. Mortality in America and Europe during 1918-1919.

Poco tiempo antes, el 2 de abril del año 1917, el anterior presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, pronunciaba las siguientes palabras: «No tenemos nada en contra del pueblo alemán. Nuestros únicos sentimientos hacia ellos son de simpatía y amistad»; cuatro días más tarde los Estados Unidos entraban en la Primera Guerra Mundial al ser aprobada por la Cámara de Representantes la conocida como Resolución Wilson. Fue, sin duda, una de las más empáticas declaraciones de guerra de todos los tiempos. En los siguientes meses, y hasta el final del conflicto en noviembre, alrededor de 120.000 soldados estadounidenses murieron en la contienda. El eslogan de Wilson para su reelección como presidente en 1916 había sido «He kept us out of war» («Él nos mantuvo fuera de la guerra»). Su heredero en la Casa Blanca lo tuvo más claro. La vuelta a la normalidad propuesta por Harding fue un hecho, y el primer presidente norteamericano nacido después de la Guerra Civil entendió que el regreso a esa normalidad pasaba por reforzar los ideales del capitalismo, apoyado estratégicamente desde el Estado. Las bases de la nueva normalidad

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tuvieron su repercusión en el desarrollo de las ciudades norteamericanas, marcando una distancia enorme con las propuestas que se desarrollarían en Europa. Salvo los años de New Deal de Roosvelt en el marco del nuevo paradigma keynesiano y la crisis de octubre de 1929, la intervención del Estado quedaba claramente definida para conformar el país que hoy es. HAUSSMANN NO NOS VALE En el viejo continente, las reformas ejecutadas audazmente por GeorgesEugène Haussmann en el París de Napoleón III en los años centrales del siglo XIX demostraron la capacidad del Estado para tomar el control fáctico del París revolucionario, sorteando y manipulando el contexto legal del urbanismo vigente y expresando su eficacia en la represión inmediata de la Comuna de París de 1871. La creación de grandes avenidas en un sistema radial que rompía la continuidad de barrios populares, permitiendo la entrada del ejército y el aislamiento eficaz de los movimientos revolucionarios, sirvió como base a otras muchas propuestas urbanas que marcarían el desarrollo de las grandes ciudades europeas de la segunda mitad del siglo XIX. Tomando ciertos elementos del espíritu de la Ilustración, como la mejora en la salubridad de las grandes ciudades, Haussmann se aseguró el apoyo de una gran parte de la población parisina, alejada del espíritu de la burguesía ilustrada y de los movimientos obreros, aún minoritarios. Pero, a la vez, con este plan se denostaron otros valores de ese espíritu ilustrado, no menos importantes, que constituían la base de la democracia en la época contemporánea y que nacieron con la Revolución francesa de 1789. Cuando el influyente historiador de la arquitectura Leonardo Benevolo analizaba en 1974 estos hechos, no dejaba de señalar que Napoleón III «ha comprobado, tras el golpe de Estado de diciembre de 1851, la utilidad de los grandes boulevards rectilíneos para atacar a las masas con descarga de fusilería. Es natural que ahora se preocupe de acabar, de una vez para siempre, con la posibilidad de que vuelvan a repetirse las barricadas populares»[1]. Pero Benevolo no deja de considerarlas como el nacimiento del urbanismo moderno, expresando que «el interés que ofrece hoy el plan de Haussmann está en su cualidad de primer modelo de una acción suficientemente amplia y enérgica como para mantenerse al paso de las transformaciones sufridas por una gran ciudad moderna y para controlarlas con decisión, en vez de padecerlas pasivamente. Haussmann se nos muestra menos culto, pero más libre de prejuicios y moderno que la mayoría de sus críticos»[2]. Las críticas en su contexto se alzaron a través de intelectuales y artistas que vieron cómo en pocos años se desmoronaba lo que empezó a llamarse el viejo

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París, pero no sólo físicamente. Finalmente, las clases populares sufrieron esta gran operación en su propia experiencia vital, al ver cómo los precios de los alquileres se multiplicaban, así como el del suelo; la ciudad quedó como un espacio para la refinanciación de los propietarios de los inmuebles y el empoderamiento de un sector empresarial que verá en las inversiones inmobiliarias un suculento generador de plusvalías. Cómo bien señala Mike Davis: La segregación urbana no es un statu quo congelado, sino más bien una incesante guerra social en la que el Estado interviene en nombre del progreso, del embellecimiento e incluso de la justicia social, para redibujar las fronteras urbanas en beneficio de propietarios de terrenos, inversores extranjeros, elites nacionales y clases acomodadas. Como sucedía en París en 1860, bajo el fanático reinado del barón Haussmann, el desarrollo urbano actual todavía se esfuerza para simultanear el máximo beneficio privado con el máximo control social[3].

Este modelo llegó a los Estados Unidos en el espíritu de la Exposición de Chicago de 1893. No debemos despreciar el hecho de que estas influencias llegaran a dicha ciudad justo en ese momento, pocos años después de las revueltas anarquistas y socialistas de Haymarket (1886), que desembocaron en el espíritu del Primero de Mayo. La falta de control sobre las ciudades preocupaba más que la intervención sobre la mejora de las condiciones de vida, aunque las reformas más ambiciosas se defendieran ante la población normalmente apelando a esto último. Pero este intento por europeizar las ciudades, especialmente en las regiones del noreste y el medio oeste, no prosperó eficazmente. Salvo el plan de McMillan para Washington DC (1902) y los de Burhham para Cleveland (1903) y Chicago (junto a Bennett, 1909), poco duró esta confianza en los modelos europeos, cargados de la retórica pesada de Haussmam, que además no compartían los mismos medios ni las mismas limitaciones de desarrollo físico ni cultural. La fuerte intervención del Estado en este tipo de operaciones a gran escala no se correspondía con la enorme confianza puesta en el desarrollo de un capitalismo liberal que había sido capaz, por ejemplo, de levantar de sus cenizas la ciudad de Chicago tras el incendio de 1871, convirtiéndola en apenas una década en la ciudad más prospera de todo el país. Ese era realmente el ejemplo a seguir. Después de una gran catástrofe, viene una gran oportunidad: la reconstrucción. A ese espíritu apelaba el presidente Harding cuando hablaba de nueva normalidad. Harding fue el primer presidente del Partido Republicano que rompió de forma radical con el intervencionismo de Estado, bajando de forma drástica los impuestos e imponiendo controles férreos a la inmigración, con especial fijación hacia orientales, italianos y griegos. El desarrollo de las

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grandes ciudades quedó liberado de los fuertes controles estatales, y la presión sobre la población inmigrante pobre se desplazó a los puertos de entrada del país en la costa Este. Warren Harding fallecía en 1923, siendo aún presidente. Su visión rupturista con la anterior línea intervencionista del Partido Republicano ha sido mantenida en lo esencial por todos sus sucesores. Esa era la nueva normalidad. NUEVA ORLEANS Pero si hay una ciudad en los Estados Unidos que escapa de los lugares comunes que ha ido definiendo el urbanismo en ese país, esa es Nueva Orleans. La ciudad recoge elementos de su fundación francesa y el control colonial alternado entre Francia y España hasta su cesión definitiva a los Estados Unidos en 1803. La mezcla de esclavos africanos desplazados desde la Cuba española y los del Haití francés generó una ciudad empoderada desde su sentimiento de esclavos en un contexto marcado por el levantamiento revolucionario haitiano, que comenzó en 1791. El espíritu de la Revolución francesa llegó pronto a sus propias colonias. Haití sigue pagando el precio. Durante el siglo XVIII, la población esclava en Nueva Orleans duplicaba en número a la de colonos blancos, y el régimen de esclavitud francés y español, no proclive a la división de familias y clanes, como sí se hizo de forma extensiva en la América colonial británica, permitió el mantenimiento en el tiempo de idiomas, música y prácticas religiosas concretos, lo cual, con el final de la guerra civil y la abolición de la esclavitud, abrió la puerta al desarrollo de un personal sincretismo entre culturas africanas ya de forma libre. Me gusta imaginar ese parto de lo que poco a poco fue llamándose jazz. En el actual Louis Armstrong Park hay un espacio que ha recobrado su nombre, Congo Square, donde el arquitecto Benjamin Latrobe dejó descritas las danzas nocturnas de esclavos que se llevaban a cabo cada noche. Las voces y las percusiones se mezclaban allí desde muchos rincones de África para ir encajando en un ritmo libre que permitiera la improvisación de voces y danzas diversas. El jazz nació en la calle, en la Nueva Orleans esclavizada de principio del XIX. Pero la ciudad, fundada en 1718 entre el delta del río Misisipi y el lago Pontchartrain, quedó enclavada en un terreno inundable y propenso a enfermedades endémicas como la malaria o la fiebre amarilla. El 49 por 100 de sus terrenos actuales se encuentran en una cota por debajo del nivel del mar. Los suburbios están entre 3 y 2 m por debajo de esta cota. La única razón para la fundación de la ciudad en este enclave es su óptima situación como puerto comercial de esclavos. En los años centrales del siglo XIX, Nueva Orleans se

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convirtió en el principal centro comercial de esclavos de los Estados Unidos. Entre 1840 y 1850, más de 100.000 africanos esclavizados fueron vendidos en su puerto y reconducidos a través del Misisipi por toda la Luisiana y estados colindantes. La ciudad se ha convertido en las últimas décadas del siglo XX en uno de los destinos turísticos más importantes para la propia población norteamericana, en busca de una arquitectura con ecos coloniales y una cultura que desbordaba sus calles, en busca de la cuna del Jazz. Esta admiración por su trazado y arquitectura, unida a valores que definen un tiempo de tragedias y resistencias, hicieron que existiera una fuerte conciencia patrimonial sobre la ciudad y sus formas culturales, que la ha hecho cambiar poco en relación a otras ciudades con procesos fundacionales similares, comparable tan sólo (y a otra escala) a San Agustín en La Florida. El 29 de agosto de 2005 dejó de sonar la música en Nueva Orleans. El huracán Katrina, uno de los más devastadores de la historia, dejó inundada el 80 por 100 de la ciudad, 107.379 viviendas quedaron anegadas y otras 26.965 seriamente dañadas por los fuertes vientos. El 80 por 100 de la población abandonó sus viviendas. Una de cada 4 casas quedó destruida. Unas 1.300 personas perdieron la vida. PITT-GEHRY HOUSE

Nueva Orleans es el único lugar donde podría hacer una locura sin que me consideraran loco. Brad Pitt Me gusta imaginar a Brad Pitt –sí, el actor de Hollywood– escuchando la inquietante noticia de las inundaciones en Nueva Orleans, incorporándose inquieto del sofá en el salón de su mansión de Beverly Hills, valorada en más de 40 millones de dólares (Wallace Neff, 1930), y quizá no pudiendo conciliar bien el sueño aquella noche. El hecho es que Pitt estaba pasando por uno de sus años más complicados en lo personal y dando un giro importante a su vida: la separación a principios de año de Jennifer Anniston, su pareja desde 2000; la aparición de Angelina Jolie; la adopción en Etiopía, ese mismo mes de junio, de una niña por parte de Jolie, que finalmente adoptaría él. Además, en 2006 nació una hija de ambos. La familia crecía, así que se hicieron con el castillo de Miraval en la Provenza francesa, con 35 habitaciones, un lago natural, helipuerto y viñedos, y con otra casa estilo Tudor en Long Island (Nueva York), con playa privada, muelle, refugio antiaéreo, dos casas de invitados de 500 m2 cada una, todo valorado en 50 millones de dólares.

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Pitt se implicaría de forma notable en la adaptación de estas viviendas a su gusto personal, hasta el punto de tomarse muy en serio la posibilidad de dedicarse profesionalmente como arquitecto y diseñador, trabajos que siempre le habían interesado. Pero a Pitt, aquella noche fatídica de agosto de 2005, se le ocurrió algo: ayudar con lo que más le gusta hacer, la arquitectura (risas tapadas). Pitt había conocido al prestigioso arquitecto Frank Gehry (ganador del Premio Pritzker en 1989) en 2001, y a partir de entonces viajó en repetidas ocasiones a su estudio de Los Ángeles, para formarse como aprendiz e ir involucrándose poco a poco en algunos de sus proyectos. En mayo de 2005, poco antes del Katrina, se dio a conocer que Pitt se implicaría directamente en el proyecto que Gehry estaba ejecutando en el nuevo paseo marítimo de Hove, en el sur de Inglaterra (inversión de 420 millones de dólares). Diseñaría un apartamento de lujo y un restaurante. El actor había conocido la ciudad de Nueva Orleans durante el rodaje de la película Entrevista con un vampiro (1994) y mostró públicamente en numerosas ocasiones su especial conexión con la ciudad, donde también tenía una casa (que no fue dañada por el Katrina, pues estaba situada en un barrio de lujo, en las zonas altas no inundables). El hecho es que Brad Pitt decidió involucrarse y crear una fundación para, desde ella, tratar de participar en la reconstrucción de la ciudad. Así nació en diciembre de 2007 Make It Right.

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  Imagen 2. Brad Pitt paseando por uno de los barrios afectados en Nueva Orleans, 2005.

La idea de Pitt fue realizar 125 viviendas contando con los mejores arquitectos que pudiera atraer a su proyecto. Serían viviendas ecológicas, sostenibles y especialmente adaptadas a un entorno inundable y de una climatología extrema como la de Nueva Orleans. Sus diseños serían innovadores y la participación de grandes nombres de la arquitectura daría visibilidad al problema, haciendo que más personas e instituciones se interesaran por la fundación y así poder construir más casas. En un momento en el cual el presidente de los Estados Unidos George W. Bush recibía fuertes críticas por su inoperancia en la gestión de la recuperación de la ciudad, que arrastraba ya las denuncias de movimientos sociales por la represión violenta sobre la población negra en las semanas posteriores al impacto del huracán, el propio Brad Pitt abanderaba la reconstrucción. Una plataforma llegó a articular un movimiento para pedir la alcaldía de Nueva Orleans para el actor. George W. Bush señaló en sus memorias: «Me enorgullezco de mi habilidad para tomar decisiones claras y efectivas. Aun así, tras el Katrina, esto no ocurrió. El problema no fue que yo tomara malas decisiones. Fue que me tomé mucho tiempo para decidir».

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  Imagen 3. George W. Bush contempla las inundaciones desde el Air Force One, 2005.

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La atractiva personalidad de Pitt consiguió que importantes arquitectos de todo el mundo se interesaran por el proyecto y se vincularan al mismo: Hitoshi Abe, Thom Mayne, MVRDV (Amsterdam), Graft (Berlín), Pugh+Scarpa, Kieram Timberlake, Morphosis, Shigeru Ban Architects (Tokyo), Adjaye Associates (Londres), entre otros. Pero la obra maestra que podía darle una visibilidad mundial era la casa que diseñarían juntos Brad Pitt y Frank Gehry para la ocasión. El hecho de que Pitt no fuera arquitecto, lejos de ser un problema, le hacía, según algunas publicaciones y medios especializados, unirse a un club selecto. La web plataformaarquitectura.cl, uno de los medios especializados más consultados en el mundo, escribía para justificar este hecho: «Los grandes maestros de la arquitectura nunca estudiaron arquitectura, como Le Corbusier o Tadao Ando». En otros medios citaban también la misma condición de Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe al justificar la ausencia de título en Pitt (respiren hondo).

  Imagen 4. Brad Pitt colaborando con Frank Gehry en su estudio.

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Pero no sólo se valió de su atractiva personalidad para captar arquitectos. Su encomiable esfuerzo le llevó a lanzar una campaña de captación de fondos para financiar el proyecto en Francia, Alemania e Inglaterra, cuyo premio consistía en tener una cita con él y al día siguiente visitar la Fundación Make It Right. Para participar en el sorteo debías abonar 25.000 dólares y luego, claro, esperar la suerte y cruzar los dedos. Pitt se propuso especialmente que la casa diseñada con Gehry (y, en general, todo el conjunto) obtuviera una de las más prestigiosas certificaciones de sostenibilidad que existen hoy día, la LEED (Leadersship in Energy & Environmental Design), un sistema de certificación creado en 1993 por el US Green Building Council de los Estados Unidos. La casa Pitt-Gehry obtuvo el nivel máximo, el LEED Platinum, al pasar de forma positiva un informe de expertos externos que revisaron el proyecto previo y la obra terminada. En España, tan sólo unos 40 edificios tienen esta certificación Platinum, y casi siempre dentro del ámbito de grandes multinacionales, como el Campus de Oficinas Repsol en Madrid, el Centro de Datos de INDITEX en A Coruña, el Edificio Google-Torre Picasso en Madrid, la tienda Loewe de la calle Goya en Madrid, un Starbucks o las oficinas corporativas de Nestlé en Barcelona, cosas así.

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  Imagen 5. Insignia LEED que se coloca a la entrada de los edificios que tienen la prestigiosa certificación.

En este nivel Platinum, LEED asegura la máxima eficiencia de los materiales desde un enfoque de respeto medioambiental, con la idea de hacer de los edificios lugares de mayor producción y con menos consumo energético. Asegura que son más saludables y seguros para sus ocupantes, y demuestra (a priori) el compromiso de su propietario con el cuidado del medioambiente y con la responsabilidad social. Puede beneficiarse de desgravaciones fiscales y costes de permisos de zonificación. Las primeras viviendas fueron levantadas en el barrio Lower Ninth Ward, uno de los más afectados por las inundaciones, y finalmente llegaron a construirse

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109 casas. En el año 2016, la Fundación Make It Right y, por ende, los proyectos de PittGehry recibieron el Premio Nacional de Diseño, otorgado desde el año 2000 por el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt (Instituto Smithsonian, Nueva York). En otras ediciones se reconoció la labor de arquitectos como el propio Frank Gehry (2000), Peter Eisenman (2001), Pei (2003), Thom Mayne (2006) o Michael Graves (2015).

  Imagen 6. Casa Pitt-Gehry, Nueva Orleans. Fuente: Make It Right Foundation.

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Pitt y Gehry recibieron el premio de manos de la primera dama, Michelle Obama, que, en sus palabras de agradecimiento, invitó a proponer muchas más viviendas, entendiendo que había nacido un modelo exportable a todos los Estados Unidos de América. Las viviendas tuvieron un precio aproximado de 240.000 dólares, aunque la construcción y los gastos generados fueron mucho más elevados. Estos sobregastos fueron pagados desde la fundación con las ayudas públicas recibidas. Recordemos las palabras de Bush, cuando prometió reconstruir Nueva Orleans «más grande y mejor», con una inversión de 200.000 millones de dólares; una inversión para una ciudad de 400.000 habitantes que supone el 60 por 100 del plan de ayudas directas aprobado por la UE para todos los países miembros en el contexto de la crisis de la covid. Así pues, el plan de Pitt, el más mediático de los esfuerzos por reconstruir Nueva Orleans, se quedó en 109 viviendas, una actuación sobre el 0,1 por 100 de las necesidades reales. FIN DEL JUEGO En 2018 empezaron a llegar las denuncias: cubiertas con humedades, escaleras descolgadas, paredes enmohecidas, materiales llenos de termitas y en estado de putrefacción, techos derrumbados, problemas estructurales, de ventilación y, en algunos casos, derrumbamiento total de la casa. Se llevó a cabo una denuncia masiva de los propietarios, fuertemente hipotecados, contra la Fundación Make It Right, de la que Pitt rápidamente abandonó su junta directiva. La juez del Tribunal de Distrito Civil Rachael Johnson ha dictaminado que Pitt seguirá implicado en la demanda más allá de su salida de la fundación, al comprobar que fue creada por el mismo Pitt con el objetivo ahora demandado en el proceso. El proceso judicial sigue su curso. Los responsables de la certificación LEED Platinum no han realizado ninguna declaración al respecto. La web Make It Right fue cerrada de forma inmediata con las primeras denuncias. Pero pasaron más cosas: más de 100.000 personas negras no han vuelto aún a Nueva Orleans; se cerraron todas las escuelas públicas de la ciudad y se convirtieron en charters school (escuelas concertadas); en la ciudad de la música se cerraron todas las escuelas públicas de música que estaban vinculadas a los colegios públicos; entre 2006 y 2014, los 4 grandes grupos de viviendas obreras de la ciudad fueron destruidos para construir barrios de alquiler para clases medias-altas; a los tres meses del Katrina se despidió a 7.500 profesores de escuelas públicas; a las 72 horas del desastre llegaron a la ciudad 54.000 policías para evitar saqueos en una ciudad sin agua ni alimentos;

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se aplicó de forma inmediata el Programa Road Home, que consistía en cuantificar las perdidas en relación, no con las actuaciones urgentes o de primera necesidad, sino con el valor de los inmuebles dañados, con lo que los propietarios de las zonas lujosas se quedaron con la parte más suculenta del pastel; en 2010 la ciudad volvió a elegir a un alcalde blanco, hecho que no se producía desde 1979. A los pocos meses del desastre, con los precios más bajos en años, Brad Pitt compró otra casa en Nueva Orleans por un valor de 3,5 millones de dólares. Al poco tiempo la vendió por 4,5 millones. CINCO SEMANAS DESPUÉS. PANABAJ Cinco semanas después de los desastres del Katrina, el huracán Stan impactó en el Caribe atlántico centroamericano, dañando especialmente a Guatemala. La pequeña población de Panabaj se encontraba situada en uno de los enclaves más hermosos del mundo, en las inmediaciones del lago Atitlán. Guatemala es el país centroamericano que ha mantenido con mayor fuerza la presencia indígena; casi el 44 por 100 de la población se declara parte de una de las 25 etnias existentes hoy día en él. Guatemala también es tristemente un escenario del terror que proyecta una enorme nube negra sobre la historia humana del siglo XX. Entre 1982 y 1983, bajo el poder del general y jefe de Estado Ríos Mont, se llevaron a cabo algunos de los más macabros episodios de exterminio racial y torturas de todo el pasado siglo. Claro que recuerdo aquel día; uno de esos días que luego, de tiempo en tiempo,  reaparecen sin permiso. Habíamos viajado al pueblo de Santiago Atitlán y, andando, nos acercamos a Panabaj. Panabaj  era un modelo en autodesarrollo; su población pertenecía a la etnia maya de los tz’utujils, una de las 21 etnias de la región del lago. Era un pueblo grande, de unos 4000 habitantes, que estuvo del lado de la guerrilla, campesinado indígena que, tras una masacre en 1990 por parte del ejército, consiguió expulsar a los militares para siempre de sus tierras. Gente valiente. El 5 de octubre de 2005 (cinco semanas después del desastre del Katrina), desde la cumbre del volcán San Lucas, que durante siglos los acunó, se desprendieron miles de toneladas de barro, piedras y agua a causa de la acción devastadora de Stan sobre las zonas deforestadas. Eran las 2:45 y todos dormían, como lo están ahora. Cuando pisé lo que había sido Panabaj, habían pasado 10 meses del desastre, pero nadie había ido a desenterrar los 1.500 cuerpos que quedaron bajo la tierra.

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No había quien pusiera cruces, no quedó casi nadie. Unos pocos críos corrían detrás de nosotros.

  Imagen 7. Panabaj. Un hombre sentado después de encontrar los restos de su hijo de 19 años. Un año después, la gente seguía buscando a pico y pala a sus familiares.

Aún se conservaban algunos edificios nuevos que estaban a punto de estrenarse; un juzgado popular, unas escuelas, el edificio de la policía municipal, la municipalidad. Signos que nos hablaban de esperanza y de eso tan extraño a lo que llamamos progreso. En esos 10 meses, el Gobierno (si algún día existió) no hizo absolutamente nada por rescatar los 1500 cuerpos que quedaron sepultados (una cifra similar al desastre de Nueva Orleans), yla cooperación internacional se volvió torpe de repente. Me contaba entonces un hombre que días atrás llovió mucho y pasó el agua, formando ríos que recorrían los olvidados cuerpos, arrastrando los huesos malheridos hasta el lago. El Gobierno intentó que las tierras que enterraban el pueblo fueran sencillamente declaradas como cementerio público, pero la gente regresó e intentó levantar casas y empezar de nuevo. A los cinco años del huracán Stan,

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se entregaron los primeros lotes de viviendas en el nuevo pueblo de Chuk Muk. Luego, con los años, vendrían Chuk Muk II, Chuk Muk III y Chuk Muk IV.

  Imagen 8. Vista de Chuk Muk, la comunidad que se concluyó de urbanizar en 2010, cinco años después de la destrucción de Panabaj, en Santiago Atitlán. Fotografía: Sololá/Elsa Coronado.

Nadie sabe ya de Panabaj, ni de los que quedaron enterrados. Esas cinco semanas y esos 1680 km que separan Nueva Orleans y Panabaj son el tiempo y la distancia que usa el capital para medir el valor de lo humano y de las comunidades que nos conforman. OTRAS FUENTES CONSULTADAS Coronado, E., «Las huellas imborrables del Mitch, Stan y otros desastres naturales», Plaza Pública, 19 de julio de 2018. Cyran, O., «Cómo matar una ciudad», Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2018. Davis, M.,  «Capitalismo de catástrofe»,  Le Monde diplomatique en español, octubre de 2005.

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Keucheyan, R., «La naturaleza tomada por las finanzas», Le Monde diplomatique en español, marzo de 2014. Lee Burke, J., El huracán, Barcelona, RBA, 2009. O’Connor, J., Causas naturales.  Ensayos de marxismo ecológico, México, Siglo XXI, 2001. Moskowitz, P., How to Kill A City: Gentrification, Inequality, and the Fight for the Neighborhood, Nueva York, Nation Books, 2017. Sudjic, D., La arquitectura del poder, Barcelona, Ariel, 2010. Zinn, H., La otra historia de los Estados Unidos, Nueva York, Siete Cuentos Editorial, 2011.

[1] L. Benévolo, Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1994, p. 96. [2] Ibid., p. 107. [3] M. Davis, Planeta de ciudades miseria, Madrid, Foca, 2007, p. 136.

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Índice Portada Portadilla Legal Control Social, territorio y tecnopolítica en el mundo poscovid Agroecología en 3 C: afrontando pandemias globales Del boom del turismo urbano al freno a los desplazamientos Críticas y propuestas desde el urbanismo feminista: ciudades cuidadoras para priorizar la vida La ciudad multiespecies Movilidad poscovid-19 Crisis y covid-19. Los barrios populares bajo el azote de una pandemia global Covid-19, políticas públicas y desigualdades urbanas: el caso de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina De la necesidad virtud. La emergencia de las cooperativas de vivienda en tiempos de crisis «The show must go on». Sobre circulación del capital y ciudad según Marx y Harvey: una aproximación para profanos Cuidando nuestra infancia, cuidamos nuestra ciudad. Infancia, confinamiento y entornos urbanos poscovid Desafíos energéticos ante la «nueva normalidad» Sin ruina. Breve historia tragicómica de una reconstrucción

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