Codigo Civil Mexicano Comentado Tomo 5

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CÓDIGO IY.I

Para el Distrito Federal

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en materia común y para toda la República en materia federal 41W,1 mol_ feii t i.cl

Libra Cuarto, segunda y tercera partes

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Libro cuarto segunda y tercera partes

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texto comentado Libro cuarto segunda y tercera partes

De los contratos Concurrencia y prelación de créditos Registro Público Artículos transitorios

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Primera edición, 1988. Primera reimpresión, febrero de 1990. Segunda edición, noviembre de 1993. O 1987, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

© Por características de edición MIGUEL. ÁNGEL PORRÚA, LiaRERo-EDITOR Derechos reservados conforme a la ley. ISBN: 968-842-404-8 Obra completa ISBN: 968-842-409-9 Tamo V IMPRESO EN MÉXICO • PRINTED IN 111EXICO

Amargura 4, San Ángei, Villa Alvaro Obregón, 01000, México, D.F.

ISBN: 968-842-404-8 Obra en seis volúmenes ISBN: 968-842-409-9 Tomo V MAP: 030057-01

LAS REFORMAS a los artículos del Libro cuarto que en esta segunda edición se integran al cuerpo de la obra, son las publicadas en los Diarios Oficiales de la Federación del 21 de julio y del 23 de septiembre.. de .1993, cuyos textos íntegros se incluyen al final de este volumen, y se acompañan de los dictámenes correspondientes que para su aprobación formuló la H. Cámara de Diputados. Se reforman, según el artículo primero del Decreto del 21 de ,julio. los artículos 2398, segundo párrafo; 2406; 2412, fracción 1; 2447; 2448; 2448-B; 2448-C; 2448-i; 2448-K; 2478; 2484; 2487; 2489, fracción 1; y 2490; se adiciona el artículo 2489 con las fracciones IV y II; y se derogan los artículos 2407; 2448-1), segundo párrafo; 2448-1; 2448-L; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2485; 2486; 2488; 2491; 2494; y 3042, último párrafo del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. El artículo único del Decreto del 23 de septiembre, modifica los artículos transitorios publicados en el Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 1993, que reforman el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

(LIMES Dr. Sergio T. Azúa Reyes s.T.A.R. Lic. Ingrid Brena Sesma I.B.S. Lic. Ligandro Cruz Ponce L.C.P.

Lic. Mercedes Ferrería Bandarregui M.F.B. Dr. Ignacio Galindo Garfias I.G.G.

Dra. Carmen García Mendieta C.G.M.

Lic. Cecilia Licena Vite C.L.V.

Lic. José de Jesús López Monroy .J .L.M.

Lic. José Antonio Márquez González J.A.M.G.

Lic. Bernardo Pérez Fernández del Castillo B.P,F.C.

Lic. Alicia Elena Pérez Duarte y Nororia A.E. P.D. y N. Lic. Francisco Villalón Esquerro F.V.E.

El libro euarto.segunda y tercera partes "be los contratos. Concurrencia y prelación de créditos. Registro Público: y Artículos transitorios del

Ciidlo

para el »barbo Federal en materia común

y para inda la República en materia federal texto contentado se terminó de imprimir en la ciudad de México, durante el mes de noviembre de 1993. La edición en papel de 58 gramos, consta de 2,000 ejemplares más sobrantes para reposición y estuvo al cuidado de la oficina lito-tipográfica de !a casa editora.

helad IItIIiIIell PO voltam a. as. CC CCo. CPC CFF CP DDF ed. fr. IVA LA LFAgr. LP LN LFPC LFT LGTOC LGVC LM LRPCIDF MP p. pp. p.c. RPP SCJN

artículo artículos Código Civil Código de Comercio Código de Procedimientos Civiles Código Fiscal Federal Código Penal Departamento del Distrito Federal edición fracción Impuesto al Valor Agregado Ley de Amparo Ley de Fomento Agropecuario Ley de Profesiones Ley del Notariado Ley Federal de Protección al Consumidor Ley Federal del Trabajo Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley General de Vías de Comunicación Ley Monetaria Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal Ministerio Público página páginas por ejemplo Registro Público de la Propiedad Suprema Corte de Justicia de la Nación

SEP S JF SRE t. v.gr. vol.

Secretaría de Educación Pública Semanario Judicial de la Federación Secretaría de Relaciones Exteriores tomo verbigracia volumen

SEGUNDA PARTE De las diversas especies de contratos TITULO PRIMERO

De los contratos preparatorios.— La promesa ARTÍCULO 2243. Puede asumirse contractualmente la obligación

de celebrar un contrato futuro. El contrato de promesa (contrato preliminar o preparatorio) es un instrumento muy útil para satisfacer los propósitos de aquellos que se interesan por tener la certeza de celebrar en forma definitiva, en época posterior, un contrato que en el presente no pueden concluir por interponerse algunas dificultades de orden práctico o legal; p.e., no se está en posibilidad de otorgar la escritura pública que exige la ley en ciertos casos, por no poder acudir de momento ante un notario, porque el bien aún no se encuentra registrado a nombre del promitente, no obstante que ya es de su propiedad o tiene ya la seguridad de adquirirlo, etc. A diferencia de los códigos civiles anteriores, en el vigente, el contrato de promesa no se limita a ser preparatorio del de compraventa, sino que puede ser preliminar de cualquiera otro. La promesa de venta sólo engendra una obligación de nacer, que es la de otorgar el contrato formal de compraventa, y es ésta, una vez perfeccionada, la que origina la obligación de entregar la cosa vendida, en los términos del contrato; y si respecto de la promesa de venta, pudiera hablarse de pago o cumplimiento, no sería para obtener la entrega de la cosa prometida en venta, sino cuando más, el acto de otorgamiento del contrato prometido. En consecuencia, no estando obligado, el promitente a entregar una finca, no puede decirse que por dicha promesa de venta quede insolvente en cuanto a la cosa prometida, mientras no se pruebe que la venta lo dejó sin otros bienes con qué responder de sus obligaciones. Quinta época, tomo IXI I, p. 1685; Pallas de Duque, María Esther, Apéndice al SJF, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala. p. 650. I.G.G. [11

ARTS. 2244 y 2245

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2244. La promesa de contratar o sea el contrato preli-

minar de otro puede ser unilateral o bilateral. La doctrina ha entendido, de acuerdo con el a. 1835, que la promesa unilateral es aquel contrato, en el que intervienen dos partes, pero solamente una queda obligada, como cuando una persona se obliga por medio de una promesa a vender a otra un determinado objeto, la segunda acepta que la primera quede obligada, pero ella a su vez no se obliga, de tal modo que es libre para exigir o no, en su momento, el cumplimiento de la promesa. Es lo que se conoce como opción. La promesa es bilateral, cuando ambos contratantes, con fundamento en la promesa, están facultados para exigirse recíprocamente la celebración del contrato definitivo (véase el a. 1836). La promesa será onerosa cuando el contratante que se beneficia de ella, se obliga a dar o a hacer algo; será gratuita cuando el beneficiado no queda obligado. Conviene precisar que el beneficio al que nos referimos es efecto del contrato de promesa y no del contrato definitivo, p.c., se estipula el pago de cierta cantidad de dinero al promitente vendedor, por convenir en fijar un cierto plazo para la celebración del contrato definitivo. S.T.A.R.

La promesa de contrato sólo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido.

ARTÍCULO 2245.

Este artículo dispone cuál es el objeto de la promesa: la obligación de celebrar en el futuro un contrato. Se trata de una obligación de hacer, la que de acuerdo con la fr. II del a. 1824 puede ser objeto de contrato. Es la promesa un contrato preparatorio de otro contrato, el definitivo, cuya celebración es lo único que puede ser objeto de la promesa de contratar. La materia de la obligación contraída en la promesa, lo constituye el contrato definitivo cuyos elementos esenciales deben constar en el contrato preparatorio. Compraventa bajo aspectos de promesa de venta. Las llamadas promesas de venta, en que no se contiene exclusivamente una obligación de

hacer sino una de dar, o se entrega la cosa y se paga el precio en su totalidad o en parte, satisfacen los elementos necesarios para la existencia de la compraventa, independientemente de la terminología defectuosa que hubieren empleado las partes. (Apéndice al SJF, Tesis Ejecutorias 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 248. Tesis Jurisprudencial

núm. 92). S.T.A.R. [2]

2a. PARTE. TIT.

ART. 2246

Para que la promesa de contratar sea válida debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo.

ARTÍCULO 2246.

Tres elementos integran este precepto: la forma escrita, precisión de los elementos característicos del contrato definitivo y limitación de la promesa a cierto

tiempo. Analicemos cada uno de ellos: 1. Forma escrita. Es un elemento fotrnal previsto por los aa. 1803 y 1834, que admiten casos de excepción a la regla de que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (a. 1796). Su inobservancia producirá la nulidad relativa de la promesa (a. 2228), la que se puede purgar por el cumplimiento de la formalidad omitida (a. 2232). 2. Precisión de los elementos característicos del contrato definitivo. No se trata de un requisito de validez, entendido como simple requisito formal, en nuestra opinión se trata de un elemento de existencia, pues en el caso de que no se precisaran los elementos característicos del contrato definitivo la promesa carecería de objeto, pues como lo exige el a. 1825, "la cosa objeto del contrato debe... II. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie". Por lo tanto, una promesa en la que se haga constar la obligación de celebrar un contrato, pero sin precisar sus elementos característicos, v. gr. la cosa y el precio, si se trata de una compraventa, carecería de objeto porque el contrato prometido no podría celebrarse. 3. Limitarse a cierto tiempo. En la obligación de establecer un término para que las partes celebren el contrato definitivo, los autores han visto una manifestación de la salvaguarda de la libertad de la persona, ya que de lo contrario podría llegarse al extremo de que uno de los promitentes quedara obligado indefinidamente al cumplimiento de una obligación, y sin posibilidad de disponer de la cosa que será objeto del contrato definitivo. Existe la regla general, establecida como supletoria de la voluntad de las partes, según la cual si no se ha fijado el tiempo en el que deba cumplirse una obligación de hacer (celebrar el contrato definitivo, en este caso), ésta deberá efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para su cumplimiento (a. 2080). Sin embargo, este precepto no es aplicable a la promesa, pues se trata de una regla general que en ningún caso tendrá primacía sobre una disposición específica dictada para el caso concreto. La razón o fundamento jurídico que existe para limitar la promesa a cierto tiempo, radica en que no puede vincularse indefinidamente a una persona para mantener su oferta. Se considera contrario a la libertad jurídica y a la libertad en general, el contrato indefinida de promesa al vincular en forma permanente a la persona a efecto de exigirle que la sostenga en todo tiempo. Sería incluso Promesa de contratar, término en la.-

ARTS. 2246 y 2247

LIBRO CUARTO

antieconómica esta promesa indefinida, sobre todo para celebrar contratos translativos de dominio. El promitente quedaría en una situación de no poder transmitir la cosa o actuar libremente para responder de su promesa unilateral cuando el beneficiario así lo reclamara (Jurisprudencia de la SCJN, tesis ejecutorias 1917-1985. Apéndice al SJF cuarta parte, Tercera Sala, p. 656). S.T.A.R.

Si el promitente rehúsa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmará el juez; salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo de todos los daños y perjuicios que se hayan originado a la otra parte.

ARTÍCULO 2247.

Este artículo se refiere al otorgamiento del contrato definitivo. En "el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de un tercero de buena fe" el juez no podrá firmar y la promesa quedará sin efecto. Esto confirma que el precepto se refiere a la firma del contrato definitivo, pues del texto se desprende que la promesa fue válida, pero quedó sin efecto, en cuanto al contrato principal. En opinión de Chiovenda, la promesa de contratar produce el efecto, en el caso de incumplimiento de la misma y a través de la ejecución forzada, de que el juez que condena al promitente incumplido a otorgar el contrato (obligación de hacer) puede válidamente suscribir el contrato definitivo en sustitución de la parte que se niega a otorgarlo. Por lo tanto, el incumplimiento de la promesa no tiene por efecto solamente el pago de daños y perjuicios (como ocurre en nuestro derecho positivo, respecto de la violación de la promesa de matrimonio), sino a la ejecución forzada, en forma directa, de la obligación de hacer, que contiene la promesa según lo que dispone el a. 2247 de nuestro CC; si el promitente rehúsa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmará el juez, salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable, el que la hace, de todos los daños y perjuicios que haya originado a la otra parte. En el mismo sentido, la fr. III del a. 517 del CPC, prescribe; "Si el hecho consiste ene! otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un acto jurídico, el juez lo ejecutará por el obligado, expresándose en el documento que se otorgó en rebeldía. Véase Galindo Garfias, Ignacio, Estudios

[4]

ARTS. 2247 y 2248

2. PARTE. TIT. I. TIT. II/CAP. I

de derecho civil, México, U NAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1981,

p. 108.

STAR.

TITULO SEGUNDO De la compra-venta CAPITULO I Disposiciones generales ARTÍCULO 2248. Habrá

compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

La lectura de este precepto puede interpretarse ene! sentido de que la transferencia de la propiedad de la cosa vendida se verifica con posterioridad a la celebración del contrato, el cual sólo tendría efectos obligatorios pero no traslativos. La redacción de este precepto es oscura y obedece sólo a razones históricas que se remontan al antiguo derecho francés y aun al romano (en los cuales se requería además del consentimiento, la entrega de la cosa, para la perfección del contrato), pero tanto la doctrina como la práctica judicial y nuestra jurisprudencia, son coincidentes en atribuir al contrato de compraventa un efecto traslativo de dominio a favor del comprador. En la definición se comprende la venta de bienes corpóreos e incorpóreos (derechos) y señala los dos elementos esenciales del contrato: la cosa y el precio en dinero (véase Borja Soriano, Manuel, El Foro, núm. 2, vol, IX Abril-Junio de

1928, p. 200). La disposición contenida en el a. 2014, según el cual

en las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin dependencia de la entrega de la cosa (ver comentario a los aa. 1796,

1833 y 2249). Por lo que generalmente la compraventa tiene una eficacia real, pudiendo ser compraventa obligatoria cuando se difiere para después la trasmisión de la propiedad en las cosas, de venta con reserva de dominio, la venta bajo condición, de venta de cosa futura, de venta de géneros y de venta de cosa alternativa... Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1973, p. 106). [SI

TITULO SEGUNDO De la compra-venta

ARTS. 2247 y 2248

2. PARTE. TIT. I. TIT. II/CAP. I

de derecho civil, México, U NAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1981,

p. 108.

STAR.

TITULO SEGUNDO De la compra-venta CAPITULO I Disposiciones generales ARTÍCULO 2248. Habrá

compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

La lectura de este precepto puede interpretarse ene! sentido de que la transferencia de la propiedad de la cosa vendida se verifica con posterioridad a la celebración del contrato, el cual sólo tendría efectos obligatorios pero no traslativos. La redacción de este precepto es oscura y obedece sólo a razones históricas que se remontan al antiguo derecho francés y aun al romano (en los cuales se requería además del consentimiento, la entrega de la cosa, para la perfección del contrato), pero tanto la doctrina como la práctica judicial y nuestra jurisprudencia, son coincidentes en atribuir al contrato de compraventa un efecto traslativo de dominio a favor del comprador. En la definición se comprende la venta de bienes corpóreos e incorpóreos (derechos) y señala los dos elementos esenciales del contrato: la cosa y el precio en dinero (véase Borja Soriano, Manuel, El Foro, núm. 2, vol, IX Abril-Junio de

1928, p. 200). La disposición contenida en el a. 2014, según el cual

en las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin dependencia de la entrega de la cosa (ver comentario a los aa. 1796,

1833 y 2249). Por lo que generalmente la compraventa tiene una eficacia real, pudiendo ser compraventa obligatoria cuando se difiere para después la trasmisión de la propiedad en las cosas, de venta con reserva de dominio, la venta bajo condición, de venta de cosa futura, de venta de géneros y de venta de cosa alternativa... Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1973, p. 106). [SI

ARTS. 2248 y 2249

LIBRO CUARTO

Por precio cierto debemos entender aquél que ha sido determinado por las partes en cierta cantidad o que es determinable en los términos del contrato, sea en relación con otra cosa que las partes señalan, sea porque convengan en que un tercero lo determine o porque de alguna otra manera se lijen las bases para determinarlo (ver a. 2251). El precio debe ser en dinero, pero puede pactarse que éste se pague parte en dinero y parte con otra cosa (a. 2250). I.G.G. ARTÍCULO 2249. Por regla general, la venta es perfecta y obligato-

ria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.

La regla general contenida en este artículo sufre excepciones en aquellos casos en que la transmisión de la propiedad se encuentra sujeta a una condición, tales son las ventas con reserva de dominio, la compra de esperanza, la venta de cosa futura y la venta que aún no se ha individualizado. El perfeccionamiento de un contrato significa que reúne todos los elementos de existencia y los requisitos de validez que la ley exige para que produzca todos sus efectos. Los contratos son perfectos y consecuentemente obligatorios desde el momento de su celebración, si reúnen todos los elementos de existencia y los requisitos de validez que la ley establece. El perfeccionamiento del contrato no puede depender de la ejecución de las obligaciones que son a cargo de las partes: el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida y el comprador a pagar el precio. Pero la entrega material de la cosa no se requiere para que tenga lugar la trasmisión de la propiedad misma. Por lo contrario, el comprador puede exigir la entrega precisamente porque como efecto de un contrato que se ha perfeccionado, el vendedor está obligado a entregarle la cosa cuya propiedad ha pasado al comprador. Este efecto del contrato de compraventa es una consecuencia natural de su perfeccionamiento. Las partes quedan obligadas a lo expresamente pactado y "a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley" (a. 1796). De acuerdo con el artículo que comentamos y con el a. 2014, y siendo la compraventa un contrato consensual, por regla general (excepto en los casos previstos en los aa. 2015, 2017, 2257 y 2258) la propiedad de la cosa pasa al comprador desde el momento en que se celebre el acto jurídico, aunque permanezca en posesión del vendedor; éste ya no podrá venderla a un tercero o disponer de ella en cualquier otra forma; pues si tal hiciera estaría disponiendo, ilícitamente de cosa ajena. I.G.G. 161

2a. PARTE. TIT. 1I/CAP. I

ARTS. 2250 y 2251

ARTÍCULO 2250. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte

en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de otra cosa. Si ¡aparte en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta. Este artículo prevé el caso de un contrato que participa de los caracteres de la compraventa y de la permuta. Será uno u otro, según que la parte del pago que se haga en numerario, sea igual o mayor que la que se cobra con el valor de otra cosa. El legislador no se ocupa de reglamentar las consecuencias que se producen en cada hipótesis, pues en realidad se trata de contratos que se identifican en su estructura y funcionamiento. En la permuta la cosa que uno de los contratantes da a cambio hace las veces de precio. Según explica la doctrina, la compraventa no es otra cosa que la permuta evolucionada por la introducción de un común denominador de los valores de cambio (pecunia). Como se verá en su oportunidad, en la permuta ambos contratantes asumen las obligaciones y adquieren los derechos que son propios del comprador. S.T. A.R. ARTÍCULO 2251. Los contratantes pueden convenir en que el pre-

cio sea el que corre en día o lugar determinados o el que fije un tercero. En este artículo cabe distinguir dos supuestos: lo. que el precio sea el que corre en día o lugar determinados y 2o. que lo fija un tercero. Si las partes han convenido que el precio sea el que corre en día o lugar determinado, la compraventa existe desde que así convienen a pesar de que se desconozca la cuantía del precio al celebrarse el contrato, pues que el precio sea cierto no implica que sea determinado por las parte, sino que se fije una manera precisa al que éstas deban sujetarse para determinarlo posteriormente. Es precio cierto, aquel que por convenio de las partes es fijado por un tercero. Se trata de un medio convenido por ellas, para la determinación del precio. El contrato reúne todos los elementos de existencia desde que se celebren, pues es claro que las partes han convenido en establecer un medio (el juicio de un tercero para la fijación del precio), mismo que en cumplimiento de una obligación de lealtad deberá fijar el precio según su leal saber y entender. Pero "si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin efecto" (a. 2253), porque no podría llevarse al cabo su ejecución. Que un contrato quede sin efecto implica que el mismo existe, pero que alguna causa se opone a que el mismo produzca sus consecuencias fácticas. I.G.G. 171

ARTS. 2252, 2253 y 2254

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2252. Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los contratantes, sino de común acuerdo. Fijado el precio y satisfechos los demás requisitos, tanto esenciales como de validez, el contrato es perfecto. Los contratantes no podrán rechazar el precio fijado por tercero, puesto que como se explicó al comentar el artículo anterior, las partes convinieron en que el precio lo determinara un tercero, por tanto, si las partes, una vez que conocen su monto de común acuerdo lo rechazan, lo que habrán hecho técnicamente, es rescindir el contrato. El tercero que fije un precio excediéndose en el ejercicio de las facultades que para ese efecto se le concedan, o que maliciosamente lo fije con intención de favorecer o perjudicar a uno de los contratantes, será responsable ante el perjudicado como autor de un hecho ilícito (a. 1910). S.T. A.R.

ARTÍCULO 2253. Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin efecto; salvo convenio en contrario. Este es un caso de ineficacia, no de inexistencia, pues como hemos dicho al comentar el a. 2251, las partes acordaron someterse al precio que debería fijar un tercero. Si éste no quiere o no puede señalarlo, el contrato no podrá surtir efectos. Podrían las partes subsanar esta causa de ineficacia pactando, p.c. el nombramiento de un tercero substituto o convenir que el precio sea el que corre en día o lugar determinado. El caso previsto en este precepto es semejante al de la condición suspensiva no cumplida, que da lugar al acto inútil, pero no a un acto inexistente o nulo. S.T.A.R.

El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

ARTÍCULO 2254.

Este artículo expresa en cuanto al contrato de compraventa, la regla general aplicable a todos los contratos, contenida en el a. 1797, consistente en que su válidez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. En el caso previsto, no se puede hablar de que hay consentimiento en el precio, si éste queda al arbitrio de una de las partes. Además, para que el precio que señale una de las partes pueda valer como tal, (81

ARTS. 2254, 2255 y 2256

2. PARTE. TIT. II/CAP. 1

se requiere que sea aceptado por la otra parte, después de que haya sido conocido. El sentido del precepto es que el precio no puede ser señalado unilateralmente por cualquiera de los contratantes. Esta disposición concuerda con el a. 1371 del proyecto de García Goyena y con el principio enunciado por Ulpiano en el Digesto 45, 1, 17 "No vale la estipulación que se condiciona al arbitrio del promitente". I.G.G.

El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar al contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude.

ARTÍCULO 2255.

La regla general es que en la compraventa el pago debe hacerse al contado, misma que concuerda con los aa. 1796, 2014, 2078, 2286 y 2296, pues desde que se perfecciona el contrato las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo que cn él han convenido, que es la transmisión de la propiedad y el pago del precio, en forma interdependiente, el vendedor no está obligado a entregar la cosa si no se le ha pagado el precio (a. 2286). La mora del comprador en el pago del precio le impone la obligación de pagar intereses moratorios (a. 2296), los que se calcularán al tipo legal, es decir, al nueve por ciento anual (a. 2395) salvo pacto en otro sentido. A su vez el comprador no está obligado a pagar el precio, mientras el vendedor no le haga entrega de la cosa vendida. Si las partes pactaren término o plazo habrán sujetado su contrato a esa modalidad y deberán cumplirlo conforme a lo convenido, de acuerdo con el principio de que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que quiso obligarse (a. 1832). El pago al contado que prescribe este artículo como regla general para la compraventa es una excepción a la regla del a. 2080 que establece que en las obligaciones de dar, si no se ha fijado tiempo para su cumplimiento, el acreedor no podrá exigirlas sino después de los treinta días siguientes a la interpelación. La excepción se justifica porque la trasmisión del dominio al comprador se verifica por el solo efecto del contrato (a. 2014) y por lo tanto, la regla es que el precio debe ser pagado al contado. S.T. A.R. ARTÍCULO 2256. El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a

personas no comerciantes y para su consumo, no podrá exceder del mayor que esos géneros tuvieren en el lugar, [91

MITS. 2255 y 2357

LIBRO CUARTO

en el período corrido desde la entrega hasta el fin de la siguiente cosecha. El criterio que guía la disposición es el del precio justo. Si bien es cierto que por el principio de la autonomía privada, las partes pueden libremente fijar el precio de la cosa materia de la compraventa. En el caso especial de frutos y cereales, por razones de orden público el principio sufre una limitación, consistente en la fijación de un criterio legal al que deberá sujetarse el precio, siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. que la venta se haga a plazo; 2. que el comprador no sea comerciante (debemos entender que no compre para revender) y 3. que adquiera la mercancía para su consumo (este tercer requisito en realidad no es más que una consecuencia o una precisión del anterior). La intención del legislador es muy clara: evitar que los comerciantes (vendedores) se aprovechen de la necesidad del público que siendo las más veces de posibilidades económicas limitadas se ve en la necesidad de comprar fiado artículos de consumo necesario como los frutos y los cereales, a precios que en condiciones normales no pagaría. Este artículo es una aplicación del principio de justicia conmutativa contenido en el a. 17. Pero el precepto en comentario es de mayor amplitud y alcance, porque si bien protege el interés del consumidor en estado de necesidad, no exige los requisitos que establece el a. 17 para que proceda la acción de nulidad en lo que exceda del "precio corrido desde la entrega hasta el final de la siguiente cosecha". La expresión frutos, empleada en este artículo, se refiere a los productos del campo, sin embargo por analogía puede aplicarse a los frutos industriales, definidos por los aa. 888 y 890. S.T.A.R. ARTÍCULO 2257. Las compras de cosas que se acostumbra gustar,

pesar o medir, no producirán sus efectos sino después que se hayan gustado, pesado o medido los objetos vendidos. Este artículo se refiere a dos tipos de objeto: 12 cosas que se acostumbra gustar y 2g cosas que se acostumbra pesar o medir. En el caso de lo que se acostumbra gustar, el contrato se celebra sujeto a condición: que la cosa guste al comprador, por tanto si éste no la aprueba, el contrato no producirá efectos, pues la intención de las partes es que la cosa sea objeto de la compraventa después de que el comprador la apruebe, por lo tanto, al no gustar, el contrato no produjo efectos. La redacción del precepto requiere una aclaración, que nos sugiere el texto del a. 1453 del CC español. El cual distingue así: a) las ventas hechas a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida y b) la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas. [101

211. PARTE. TIT. II/CAP. l

ARTS. 2257 y 2255

"La diferencia profunda y radical que existe es la siguiente: vendida una cosa a calidad de ensayo o prueba... no es dueño el comprador de apartarse o no apartarse del contrato..." (Manresa y Navarro, Comentarios al Código civil español, ba. ed., Madrid, Reus, 1969, t. X, vol. I, p. 153). El comprador debe probar que la cosa no reúne las características por él señaladas. En cambio, cuando se trata de cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, no podrá obligarse al futuro comprador a celebrare! contrato, si la cosa ofrecida no le satisface. Es muy distinto el caso de cosas que han de pesarse o medirse, pues el contrato es perfecto y obligatorio desde el momento que se determina la cosa y el precio, como cuando alguien dice: te vendo el maíz que hay en este granero a tantos pesos por kilo y el otro acepta esa oferta, el contrato se ha formado y es obligatorio; la acción de pesar o medir sólo tendrá por finalidad hacer líquido el precio total, pero no determinar el momento de la formación del contrato. I.G.G.

ARTÍCULO 2258. Cuando se trate de venta de artículos determina-

dos y perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestras. En caso de desavenencia entre los contratantes, dos peritos nombrados uno por cada parte, y un tercero, para el caso de discordia, nombrado por éstos, resolverán sobre la conformidad o inconformidad de los artículos con las muestras o calidades que sirvieron de base al contrato. Este artículo se refiere a las ventas sobre muestrario en las que la mercancía debe tener las características que coincidan con las de la muestra. En opinión de Lozano Noriega, el contrato sobre muestras, es en realidad un contrato mercantil y considera que el precepto en comentario, que es una reproducción del a. 373 del Ceo, debió comprender también la que hace "sobre calidades o especificaciones de la cosa" (Lozano Noriega, Francisco, ed., Cuarto curso de derecho civil, Contratos, México, 1970, p. 274). El contrato sobre muestras se caracteriza porque no se tiene a la vista la cosa comprada. Teniendo en cuenta el antecedente legislativo mencionado, el contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. En caso de desavenencia entre los contratantes sobre la mercancía entregada y la muestra, se resolverá por medio de prueba pericia). (Lozano Noriega, op.

ARTS. 2258, 2259 y 226Q

LIBRO CUARTO

La venta sobre muestras tiene la peculiaridad de que no hace pasar la propiedad de la cosa al comprador, hasta que la misma se individualiza con conocimiento del comprador. 1.G.G. ARTÍCULO 2259. Si la venta se hizo sólo a la vista y por acervo, aun

cuando sea de cosas que se suelen contar, pesar o medir, se entenderá realizada luego que los contratantes se avengan en el precio, y el comprador no podrá pedir la rescisión del contrato alegando no haber encontrado en el acervo, la cantidad, peso o medida que él calculaba. El precepto se refiere a la venta que se hace "sólo a la vista" a puerta cerrada, cualquiera que sea la cantidad que contenga un recipiente o una bodega, etc. La venta es perfecta, desde el momento en que las partes convienen en su precio, aunque no se encuentre en el lugar o recipiente designado, la cantidad que el comprador suponía. Se llama también a ésta "venta por acervo". (Véase Zamora y Valencia, Miguel Angel, Contratos civiles, México, Porrúa, 1981, p. 108). Aunque el artículo prevé que el comprador no podrá pedir la rescisión del contrato alegando no haber encontrado lo que esperaba, en realidad debe entenderse que no procede la acción de nulidad del contrato por causa de error del comprador; pues es obvio que de ninguna manera habrá lugar a rescisión, ya que esta acción solamente procede en el caso de que una de las partes no cumpliere con aquello a lo que se encuentra obligada. I.G.G. ARTÍCULO 2260. Habrá lugar a la rescisión si el vendedor presen-

tare el acervo como de especie homogénea, y ocultare en él especies de inferior clase y calidad de las que están a la vista. No obstante que este artículo autoriza la rescisión para el caso de engaño proveniente del vendedor, la técnica jurídica nos autoriza a afirmar que el legislador debió haber dicho que ese supuesto se sanciona con la nulidad, pues el a. 1795 en su fr. 11 establece que los contratos pueden ser invalidados por vicios del consentimiento y en el presente caso habría dolo del vendedor (ocultación de especies de inferior calidad de las que ha puesto a la vista del comprador) y que fue el motivo determinante de la voluntad del comprador, capaz de producir la invalidez del contrato (a. 1813). En el caso, el consentimiento es inválido porque el comprador fue sorprendido por dolo (a. 1812) ya que el vendedor empleó artificios para inducir a error

112]

ARTS. 2280, 2261 y 2242

Sa. PARTE. TIT. II/CAP. I

al comprador (a. 1815) presentando como homogéneo un conjunto de bienes. que en realidad no lo son. A mayor abundamiento, el a. 1816 expresamente establece que el dolo de una de las partes anula el contrato si ha sido la causa determinante del acto. Queda fuera de toda discusión que en la compraventa la entrega de un objeto de distinta especie o calidad del que se fingió que se entregaría, determina la nulidad del negocio concertado. No parece adecuado el empleo de la palabra rescisión, citada en este artículo, porque la misma supone la existencia de un acto jurídico válido, y en este caso la situación es distinta. Seguramente la confusión se debe a que se identifican las consecuencias de la nulidad con las de la rescisión: privar de efectos al contrato y volver las cosas al estado que tenían antes de la celebración del contrato. S.T.A. R. ARTÍCULO 2261. Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por

precio alzado y sin estimar especialmente sus partes o medidas, no habrá lugar a la rescisión, aunque en la entrega hubiere falta o exceso.

La expresión "precio alzado" (es la que se conoce como venta ad corpus) corresponde a la designación "acervo" aplicable a la compraventa de bienes muebles. Si la venta es de un solo inmueble, las partes que lo componen, determinan su precio como un todo, aquellas partes están comprendidas dentro del objeto que es materia de la compraventa. El acuerdo de voluntades no se realiza tomando en cuenta cada unidad, sino todas en su conjunto, que es lo que se llama "precio alzado". Como cuando se dice casa núm. 3 de la calle de la Acequia y terreno en que está construida, sin especificar los metros del terreno ni las partes que componen la casa. Lo mismo se dice cuando el objeto de la compraventa son dos o más inmuebles por un precio alzado y no por el precio de cada uno de ellos. Ya se trate de la venta a precio alzado de un inmueble o de varios, no ha lugar a la rescisión del contrato si hubiere falta o exceso en los bienes que constituyen el objeto. En estas ventas se señalan los linderos del terreno, sin hacer mención de las medidas de su superficie. El CC español (a. 1471) dispone que "el vendedor está obligado a entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos aun cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato. Se dice que la venta se ha celebrado ad corpus y no ad mensuram. (Véase a. 2290). 1.G.G. ARTÍCULO 2262.

Las acciones que nacen de los artículos 2259 a 1131

ARTS. 2262, 2263, 2264 y 2265

LIBRO CUARTO

2261 prescriben en un año, contado desde el día de la entrega. No obstante que este artículo se refiere a acciones que nacen de los aa. 2259, 2260 y 2261, de los supuestos contenidos en los indicados aa. 2959 y 2261 a los que el precepto remite, no se desprende ninguna acción; la establece el 2260 y tiene su fundamento en el dolo empleado por una de las partes para inducir a error a la Otra. El término de un año que concede este artículo para el ejercicio de la acción de "rescisión" empezará a correr desde el día en que el comprador descubrió el engaño. S.T.A.R ARTÍCULO 2263. Los contratantes pagarán por mitad los gastos de

escritura y registro, salvo convenio en contrario.

Es evidente la razón del legislador para imponer a las partes, salvo pacto en contrario, la obligación de pagar por mitad los gastos de escritura y registro: se trata de un contrato conmutativo en el que por regla general los beneficios son tanto para el comprador como para el vendedor. Si las partes han convenido libremente en las cláusulas del contrato y no han estipulado sobre el particular, ante la reciprocidad de los provechos y gravámenes, ambos contratantes deben soportar los gastos de escritura y registro, en igual proporcion. S.T.A.R.

Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, se observará lo siguiente.

ARTÍCULO 2264.

El artículo en comentario prácticamente carece de contenido ya que no expresa una disposición completa. Técnicamente los dos artículos siguientes deberían quedar integrados a éste, formando sus frs. I y II. STAR.

Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha; si no fuere posible verificar la prioridad de ésta, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa.

ARTÍCULO 2265.

1141

2a. PARTE. TIT. II/CAP. I

ARTS. 2265, 2266 y 2267

Si una misma cosa mueble fuere vendida por el mismo vendedor a dos o más personas en virtud de contratos distintos, es claro que prevalecerá la que primeramente se hizo, pues las siguientes estarían afectadas de nulidad por tratarse de ventas de cosa ajena (a. 2270). Si no fuere posible determinar, de entre varias, cuál fue la venta que se celebró primero, prevalecerá la que se hizo a quien se encuentre en posesión de la cosa, en razón de tal posesión se presume que quien la tiene fue el primer adquirente. Esta presunción es juris et de jure aunque no corresponda a la verdad por la imposibilidad de saber cuál de las ventas se celebró primero. S.T.A.R.

Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado; y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 2266,

Paralelamente a lo dispuesto en el artículo anterior, es la fecha de registro de la compra-venta de un inmueble la que otorga validez al contrato, sobre el que no ha sido inscrito en el RPP o lo fue con fecha posterior. A falta de registro de ambos contratos, valdrá la presunción de que es primer

adquirente el que se encuentra en posesión de la cosa. El orden de preferencia señalado obedece a la aplicación del principio de prioridad registra] que se enuncia diciendo que las fechas de otorgamiento del negocio, ceden a la del registro. En otras palabras: la fecha de preferencia entre derechos reales sobre una misma finca, se determinará por la prioridad de su inscripción en el RPP. "Los efectos del principio de prioridad son constitutivos ya que según el artículo 2266 prevalece la venta que primero se haya registrado aunque no fuese la primera, es decir, que prevalece una venta nula... (Carral y de Teresa, Luis (ed), Derecho notarial y derecho registra!, México, 1965, p. 248).

I.G.G.

ARTÍCULO 2267. Son nulas las ventas que produzcan la concentra-

ción o acaparamiento, en una o en pocas manos, de artículos de consumo necesario, y que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. Este precepto tiene como fundamento el a. 28 constitucional, que prohibe los monopolios y la concentración o acaparamiento en unas pocas manos, de artículos de consumo necesario que tengan por objeto el alza de su precio. 1151

ARTS. 2267, 2266 y 2269

LIBRO CUARTO

Desde el punto de vista civil, la sanción a esta prohibición es la nulidad de los actos monopólicos o de concentración de artículos de consumo necesario que produzcan el encarecimiento de esos productos. Obsérvese que la nulidad se refiere a las operaciones de venta de bienes de consumo necesario que produzcan el alza de sus precios. En nuestra opinión, la sanción de nulidad, no es adecuada, o no lo es en manera suficiente y eficaz. Las manipulaciones y en general todo acto que produzca el alza de los precios de artículos de consu mo necesario, no producirá efecto en la parte del precio de los artículos que resulte exagerado, pero sólo en este aspecto, así el precepto en comentario sería una variante de la lesión. La concentración o acaparamiento de mercaderías así como la concertación y fijación de precios inmoderados o injustificados económicamente, debería comprometer la responsabilidad civil y penal de los productores y comerciantes que participan deliberadamente en estas prácticas ilícitas. En este sentido debería redactarse el precepto. La nulidad de tales actos, es absoluta, y puede ser exigida por cualquier interesado incluso por el MP. I.G.G. ARTÍCULO 2268. Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes

hechas al fiado en cantinas, no dan derecho para exigir su precio. Este es uno de los casos que la doctrina conoce como obligaciones naturales. Si bien es cierto que el que vendió bebidas al fiado carece de acción para cobrarlas, si el que las consumió voluntariamente paga, ese acto se tiene por bien hecho y no tiene derecho de repetir del acreedor, alegando que éste carecía de acción para hacer efectivo su crédito (véase a. 1894). S.T.A.R.

CAPITULO II De la materia de la compra-venta ARTÍCULO 2269. Ninguno puede vender sino lo que es de su

propiedad. No es admisible el enunciado de este principio. El representante con facultades de dominio, está legitimado para vender los bienes de su representado, la venta que realiza el heredero aparente (a. 1343) es válida, el comprador de un inmueble 161

2a. PARTE. TIT. 1I/CAP. 11

ARTS. 2269, 2270 y 2271

adquirido de un vendedor cuyo título se encuentra inscrito en el RPP, conforme al a. 3009 del CC se convierte en propietario, aunque con posterioridad a la inscripción de ese acto, se anule el derecho del vendedor. El vendedor de cosa futura transmite la propiedad de la misma aunque en el momento de la celebración del contrato no puede ser el propietario de ella (a. 1826). Véase comentario al artículo siguiente. I.G.G. ARTÍCULO 2270. La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor es

responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe.

La regla que enuncia este precepto de manera tan general, tiene tal número de excepciones que podemos decir que el principio aplicable es precisamente el contrario. La venta de cosa ajena es válida, salvo en los casos en que la ley declare expresamente su nulidad. En efecto, es válida la venta de la prenda que efectúa extrajudicialmente el acreedor prendario, cuando así lo ha convenido con el deudor (a. 2884); lo es asimismo la venta de un bien inmueble inscrito en nombre del vendedor, cuyo título resulta posteriormente nulo (a. 3009); la que realiza el heredero aparente (a. 1343); la venta prevista en el a. 2271 cuando el comprador celebra el contrato a sabiendas de que el vendedor no es propietario de la cosa vendida (aa. 2123 y 2141), así ocurre también en la venta de cosa futura (a. 1826). La venta de cosa ajena da lugar a la obligación del vendedor de prestar el saneamiento para el caso de evicción (a. 2119). La venta es válida y obliga al vendedor; compromete la responsabilidad civil de éste, y es ineficaz (no nula) en cuanto al efecto traslativo de propiedad. Si el comprador de buena fe descubre que la cosa es ajena, podrá retener el pago o exigir que el vendedor le garantice el saneamiento (a. 2299). La inscripción de un bien en el RPP a favor del vendedor, hace presumir la buena fe del comprador (la buena fe registral), la que puede desvirtuarse demostrando que a pesar de los registros el comprador sabía que adquiriría una cosa que no pertenecía al vendedor. I.G.G. ARTÍCULO 2271. El contrato quedará revalidado, si antes de que

tenga lugar la evicción, adquiere el vendedor, por cualquier título legítimo, la propiedad de la cosa vendida (17j

141R0 CUARTO

ARTS. 9271 y 9372

En este caso el término "revalidado" equivale a "convalidado". La revalidación es la forma en que se purga la nulidad que afecta la venta de cosa ajena. No obstante que el texto del artículo parece indicar que únicamente se revalida la venta, si el vendedor adquiere la propiedad antes de que el comprador sufra la evicción, creemos que igualmente puede quedar convalidado el contrato si el vendedor adquiere la propiedad con posterioridad a la fecha en que quedó firme la sentencia de evicción, pero antes de que se haya ejecutado, puesto que la evicción consiste en la privación de todo o parte de la cosa adquirida "por sentencia que cause ejecutoria" (a. 2119) por lo que si antes de que el adquirente se viere desposeído de la cosa el vendedor adquiere la propiedad de ella, haya ejercido o no el dueño de ella la acción reivindicatoria, el titulo del adquirente de ella, queda purgado de nulidad. Finalmente, el dueño de la cosa que fue vendida por quien no es el propietario, no tiene que demandar la nulidad del contrato celebrado por éste con un tercero. Dispone de la acción reivindicatoria que ejercerá en contra del supuesto adquirente.

ARTÍCULO 2272. La

venta de cosa o derechos litigiosos no está prohibida; pero el vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio, es responsable de los daños y perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedando además, sujeto a las penas respectivas.

El CC vigente regula en este precepto la transmisión de cosas o derechos litigiosos por medio del contrato de compraventa. Más acertada parece- la posición que a este respecto adopta el código de 1884 que considera este caso como cesión de crédito o de derechos litigiosos. La transmisión de cosas o de créditos que se encuentran sub judice, puede llevarse al cabo a título de permuta, adjudicación hereditaria, etc. y no sólo a través del contrato de compraventa. Por otra parte, la transmisión de esos derechos siempre va acompañada del riesgo de que la sentencia que se pronuncie en el juicio correspondiente, niegue la existencia de tales derechos o modifique su naturaleza 9 su cuantía y ese riesgo será por cuenta del adquirente, quien los adquiere a sabiendas de su carácter de litigioso. Por ello se trata en el caso, a pesar de lo dispuesto en el artículo que se comenta, de una verdadera cesión de derechos que define el a. 2029 cuando establece: "habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor". [181

24. PARTE.

Trr. II/CAPS. II

y III

ARTS. 2272, 2273 y 2274

Si se trata de transmitir una cosa litigiosa, el negocio jurídico no tiene por materia el bien sujeto a las resultas de un juicio, sino los derechos que reconozca en favor del cedente, la sentencia que se pronuncie. De allí que el precepto imponga al vendedor la obligación de declarar que la cosa materia de la cesión se encuentra en litigio. 1.G.G.

Tratándose de la venta de determinados bienes, como los pertenecientes a incapacitados, los de propiedad pública, los empeñados o hipotecados, etc., deben observarse los requisitos exigidos por la ley para que la venta sea perfecta.

ARTÍCULO 2273.

En los casos mencionados por este artículo, así como en los relativos a enajenaciones de bienes del dominio del poder público o de los particulares en las que interviene un representante legal (órgano del poder público o representante de los menores o incapacitados) o bien cuando sobre los bienes materia de la enajenación se ha constituido algún gravamen real (prendario o hipotecario), deberá comprobarse que el enajenante está autorizado para disponer de esos bienes y que se encuentran debidamente protegidos los derechos de quienes son propietarios de esos bienes o tienen constituidos derechos reales de garantía sobre ellos. Ese parece ser el sentido del precepto, ya que en la literalidad de sus términos su enunciado no parece sino expresar un principio de tal modo general que es presupuesto necesario para la validez de todo acto o negocio jurídico. El precepto parece referirse al requisito de legitimación para disponer de los bienes a que se refiere esa disposición. 1.G.G.

CAPITULO III De los que pueden vender y comprar Los extranjeros y las personas morales no pueden comprar bienes raíces, sino sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus leyes reglamentarias.

ARTICULO 2274.

[19]

ARTS. 2274, 2275, 2270 y 2277

LIBRO CUARTO

Esta disposición, al remitir al a. 27 constitucional cuando se trata de extranjeros y personas morales que pretendan adquirir inmuebles dentro del territorio nacional, reitera las restricciones que aquel precepto impone a dichas personas en esta materia, que se especifica con mayor detalle en la Ley Orgánica de las frs. 1 y IV del a. 27 de la C. Los extranjeros y las personas morales constituidas de acuerdo con las leyes mexicanas, sólo podrán adquirir bienes raíces si convienen ante la SRE, en considerarse como nacionales respecto de esos bienes y en no invocar la protección de su gobierno en lo que respecta a tales bienes, bajo la pena de perderlos en beneficio de la Nación en caso de faltar al convenio. Aun de esta posibilidad de adquisición de inmuebles queda excluida la adquisición de bienes raíces que se encuentren ubicados en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, pues las personas físicas extranjeras y las sociedades mexicanas que no tengan la cláusula de exclusión de extranjeros tienen prohibido adquirir inmuebles en esa zona por disposición de aquel precepto constitucional. S.T. A.R. ARTfCULO 2275.

Derogado.

Los magistrados, los jueces, el ministerio público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes.

ARTÍCULO 2276.

La prohibición impuesta a las personas mencionadas en este precepto, para que adquieran bienes materia de juicios en los que intervengan, tiene como finalidad proteger a quienes son parte en un procedimiento judicial contra el peligro de verse en la situación de vender sus bienes, en forma desventajosa, atendiendo a solicitudes de quienes valiéndose de su posición, pueden captar su voluntad de quien en el proceso, se encuentra bajo dirección, el consejo ola decisión de quien se aprovecha ventajosamente de esas circunstancias en perjuicio del que se encuentra en esa situación. S.T.A.R. ARTÍCULO 2277. Se

exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior, la venta o cesión de acciones hereditarias cuando [20]

2a. PARTE. TFI'. 11/CAP. 111

ARTS. 2277, 2278 y 2279

sean coherederos las personas mencionadas, o de derechos a que estén afectos bienes de su propiedad. Es claro que cuando las personas a que se refiere el artículo anterior, tengan derecho propio como herederos, sobre porciones hereditarias, sí podrán comprar o ser cesionarios respecto de los bienes que formen parte del caudal relicto pues en ese caso actúa en gestión de su personal patrimonio. En ese supuesto, cesa la causa de la prohibición que establece el artículo anterior. S.T.A.R.

Los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender a sus padres los bienes comprendidos en la primera clase de las mencionadas en el artículo 428.

ARTÍCULO 2278.

El a. 429 dispone que los bienes a los que se refiere el precepto que se comenta, pertenecen en propiedad al hijo, por lo tanto puede disponer de ellos sin intervención de quienes ejercen sobre él la patria potestad. Existe una aparente contradicción entre el precepto que se comenta y el artículo citado en el párrafo anterior, que atribuye al hijo menor sujeto a patria potestad, la propiedad de los bienes que ha adquirido por su trabajo, en tanto que el articulo en comentario dispone que el menor de edad sujeto a patria potestad solamente puede vender a sus padres los bienes que ha adquirido por su trabajo, lo cual podría interpretarsc como una limitación al derecho de propiedad que aquél precepto reconoce al menor, sin limitación alguna. Nuestra interpretación, que armoniza con lo dispuesto por los dos preceptos citados, es que el menor sujeto a patria potestad, puede disponer libremente de los bienes que ha adquirido por su trabajo para venderlos a sus padres, pero tratándose de la venta de esos bienes a otras personas, en presencia de lo dispuesto por el a. 435 conforme al cual, se le considera como emancipado, necesita autorización judicial (a. 643 fr. I) para la enajenación, gravamen o hipoteca si se trata de bienes raíces y pretende enajenarlos a terceros o para gravarlos. En cuanto a la venta de bienes muebles, no existiendo restricción alguna, podrá enajenarlos o gravarlos sin necesidad de autorización judicial. I.G.G. ARTÍCULO 2279. Los

propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 973 y 974. [2l]

ARTS. 2279, 2280 y 2281

LIBRO CUARTO

La finalidad de este artículo es evitar que por el ingreso de un extraño en la copropiedad se vean entorpecidas las relaciones entre los copropietarios; por ello, el copropietario que quiera vender su parte debe notificar a los otros y en igualdad de circunstancias, preferir como comprador a aquél de los copropietarios que quiera hacer uso de su derecho del tanto y de entre ellos tendrá prioridad el que represente mayor porción en la copropiedad. La venta hecha en contravención a este artículo será nula y los copropietarios preteridos podrán ejercitar la acción en cualquier tiempo. (Ver comentario al a. 973). S.T.A.R. ARTÍCULO 2280. No

pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados: 1.—Los tutores y curadores; II.—Los mandatarios; 111.—Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado; IV.—Los interventores nombrados por el testador o por los herederos; V.—Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia; VI.—Los empleados públicos.

La prohibición contenida en este artículo, como la que enuncia el a. 2276, tiende a evitar el posible abuso que podrían cometer las personas que por su posición se encuentran en posibilidad de influir en el ánimo del propietario, al fin de hacerle otorgar una venta en favor de cualquiera de las personas que menciona este artículo, que podría ser perjudicial para quien de esa manera otorgara su consentimiento en el negocio. (Véase comentario al a. 2276). I.G.G. ARTÍCULO 2281. Los

peritos y los corredores no pueden comprar los bienes en cuya venta han intervenido.

Este artículo no tiene una redacción clara, pues atendiendo a su texto resulta que el perito nunca podrá comprar una cosa respecto de la cual emitió su dictamen y que el corredor no puede comprar la cosa a aquél comprador a quien la vendió por cuenta de otro, si con anterioridad intervino en su venta. [22]

2a. PARTE. TIT.

III y IV

ARTS. 2281, 2282 y 2283

Atendiendo al espíritu de este precepto creemos que el mismo debería quedar dividido en dos artículos del tenor siguiente: "Será nula la compra realizada por un perito, si el precio se ha fijado tomando como base un dictamen que él mismo emitió". Y "Los corredores no podrán intervenir como compradores en el contrato de compraventa que han concretado por cuenta y orden del vendedor". STAR.

Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este Capítulo, serán nulas, ya se hayan hecho directamente o por interpósita persona.

ARTÍCULO 2282.

El artículo establece que las disposiciones que integran este capítulo, relativo a las personas que no pueden adquirir por sí ni por interpósita persona determinados bienes allí especificados, son de orden público y que la voluntad de los particulares no puede eximir de su aplicación, por lo que se sanciona con la nulidad de los actos que violen las prohibiciones que contienen. S.T.A.R.

CAPITULO IV De las obligaciones del vendedor

El vendedor está obligado: L—A entregar al comprador la cosa vendida; II.—A garantir las calidades de la cosa; II1.—A prestar la evicción.

ARTÍCULO 2283.

Estas obligaciones son según !a naturaleza del contrato, por lo tanto admiten modalidades de diverso sentido y aun algunas pueden ser suprimidas por convenio de las partes. La última de las obligaciones establecidas por este arículo debe entenderse en el sentido de que el vendedor está obligado al saneamiento en el caso de que el comprador sufra evicción. Véanse las comentarios a los aa. 2119 y siguientes. S.T.A.R. [231

LIBRO CUARTO

ART. 2284

CAPITULO V De la entrega de la cosa vendida ARTÍCULO 2284. La entrega puede ser real, jurídica o virtual.

La entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendida, o en la entrega del título si se trata de un derecho. Hay entrega jurídica cuando aun sin estar entregada materialmente la cosa, la ley la considera recibida por el comprador. Desde el momento en que el comprador acepte que la cosa vendida quede a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de ella, y el vendedor que la conserve en su poder sólo tendrá los derechos y obligaciones de un depositario. Para que la obligación de entregar la cosa sea efectiva, el vendedor ha de realizar todos los actos necesarios a fin de ponerla en posesión del comprador. Tales actos pueden ser materiales, como en et caso de la entrega real, o virtuales como en la entrega jurídica y la llamada entrega virtual. En la doctrina francesa (Baudry-Lacantinerie, Traité Theórique et pratique de droit civil, de/a Vente... P. 290)se sostiene, y con razón, que la entrega de la cosa será siempre insuficiente si la misma no implica que la cosa haya sido puesta a disposición del comprador, para que éste pueda usarla y disfrutarla según la naturaleza y los fines del contrato. La entrega real satisface estos requisitos. No así los otros dos, pues aun en caso de que la ley determine que la cosa ha sido entregada o que lo ha sido virtualmente puede darse el caso de que el comprador se vea limitado en el uso y goce de la cosa por actos del propio vendedor o de terceros imputables a éste. Por analogía, existe entrega jurídica, cuando el comprador y vendedor convienen en que la cosa quede en poder de un tercero o del propio vende-

dor pero con otro título, vgr, arrendador, usufructuario, etc. Como entrega virtual podemos entender la entrega de las llaves de un automóvil o departamento, p.c., o el otorgamiento de las escrituras respectivas. Los códigos del siglo XIX hacían la distinción entre entrega material y virtual,

referida la primera, a bienes muebles y la segunda a inmuebles o derechos. De este precepto se desprende que el vendedor está obligado a conservar la cosa hasta que la entrega haya sido efectuada. En estos casos tiene todas las

obligaciones y derechos de un depositario. (Ver aa. 2249, 2283, 2859 y 2516 al 2538).

A.E.P.D. y N. [24]

2. PARTE. TIT. II/CAP. V

ARTS. 2285, 2288 y 2287

ARTÍCULO 2285. Los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del vendedor, y los de su transporte o traslación, de cargo del comprador, salvo convenio en contrario. Este precepto, como la mayoría de los relativos a los convenios y contratos, es supletorio de la voluntad de las partes, por lo tanto debe tenerse presente para los efectos del a. 52 de la LFPC en donde se establece que todo proveedor de bienes y

servicios está obligado a respetar términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, reservaciones y circunstancias conforme a las cuales se ofreció o se convino la entrega del bien. A .E.P.D. y N.

ARTICULO 2286. El

vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, si el comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago.

Se establece, en principio, que el vendedor debe entregar la cosa vendida en el plazo convenido o en forma simultánea al pago del preció; sin embargo, el legislador le concede el derecho de retención sobre la cosa hasta que se le cubra el precio. Este precepto precisamente consagra el mencionado derecho de retención cuyo límite, es meramente, el acuerdo de voluntades a que hacemos referencia al inicio de este comentario. Encontramos en este precepto el interés que la sociedad tiene de que las

relaciones entre las partes contractuales sean recíprocas. Interés que el legislador refleja en disposiciónes como ésta. El derecho de rétención responde a la expresión popular desde tiempos antiguos y en todos los pueblos donnant donnant, dando y dando y es correlativo al derecho concedido al vendedor de pagar el precio hasta recibir la cosa, contenido en el a. 2294 a cuyo comentario nos remitimos. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2287. Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya

concedido un término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corra inminente riesgo

de perder el precio, a no ser que el comprador le dé fianza de pagar al plazo convenido. 1-25]

Lomo CUARTO

ARTS. 2287 y 2288

El derecho de retención abarca, según se establece en este articulo, no sólo la falta real del pago del precio, sino la posibilidad de que no se realice en el plazo pactado en virtud de la insolvencia probada del comprador. Es cierto que la compraventa se perfecciona, en los términos del a. 2249, por el mero acuerdo de voluntades y desde ese momento surgen los derechos y obligaciones de las partes en los términos, modalidades y condiciones pactadas. Sin embargo, ante la posibilidad de la falta de pago el legislador otorga al vendedor facultades para proteger su patrimonio a través del ejercicio del derecho de retención o a través del afianzamiento del comprador a fin de garantizar el pago en los términos establecidos en el contrato respectivo. En la obra de Mateos Alarcón (Lecciones de derecho civil, t. V, p. 320) leemos que el dere cho de retención se otorga al vendedor en virtud de que mediante el contrato de compraventa el comprador, por el mero acuerdo de voluntades, puede enajenarla o disponer de ella poniendo en peligro los derechos del vendedor. Tal y como la ley lo establece en el articulo precedente y en éste, el vendedor queda protegido toda vez que el comprador deberá pagar el precio antes de exigir la entrega de la cosa. En las ventas a que se refiere la parte final del artículo anterior, se exceptúa al vendedor de la obligación de entregar la cosa en el único caso establecido por el numeral que comentamos: la probada insolvencia del comprador después de celebrado el contrato respectivo. Volvemos a leer en Mateos Alarcón (op. cit. p. 321) que no bastarán para autorizar la retención de la cosa vendida "temores más 6 menos serios", es necesario aportar pruebas que justifiquen la existencia de un inminente peligro de que el vendedor pierda el precio. (Véase a. 2079). A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2288. El vendedor debe entregar la cosa vendida en.el

estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Esta obligación se justifica en virtud de que el comprador es dueño de la cosa vendida desde el momento de perfeccionarse el contrato, por tanto tiene derecho a recibirla en el mismo estado en que la adquirió. La obligación correlativa del vendedor a que alude este precepto abarca sólo su responsabilidad por culpa o negligencia. Es decir, el vendedor está obligado a conservar la cosa vendida como "buen padre de familia" hasta en tanto no es entregada al comprador, de tal suerte que el riesgo de pérdida o deterioro por caso fortuito recaen sobre este último. Recordemos que existe un principio que rige la teoría del riesgo y que reza: la cosa perece para su dueño. (Véanse aa. 2017, 2018, 2019, 2020 y 2025). A.E.P.D. y N. [26]

ARTS. 2289 y 2290

2a. PARTE. TIT. II/CAP. V

Debe también el vendedor entregar todos los frutos producidos desde que se perfeccione la venta, y los rendimientos, acciones y títulos de la cosa.

ARTÍCULO 2289.

Este precepto, es igual que el anterior, responde al principio de que el comprador es dueño de la cosa desde el momento en que se perfecciona el contrato, por ello no sólo tiene derecho a que le sea entregada la cosa sino ésta y todos los frutos y accesorios producidos desde ese momento. No cabe duda de la razón que asiste al legislador: si la cosa hubiera sido entregada dichos frutos y accesiones serian aprovechados por el comprador desde ese momento, por tanto, si por razones de la naturaleza de los bienes materia de la compraventa, éstos no son entregados inmediatamente al comprador, deberán entregársele con todo lo que hubieren producido. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2290. Si en la venta de un inmueble se han designado los linderos, el vendedor estará obligado a entregar todo lo que dentro de ellos se comprenda, aunque haya exceso o disminución en las medidas expresádas en el contrato. En virtud de que en la compraventa existe un intercambio de prestaciones entre el comprador y el vendedor reflejadas en la cosa vendida y el precio que se tija por ella, por equidad en la relación contractual se considera que el vendedor está obligado a entregar la cosa exactamente en las cantidades, pesas y medidas estipuladas en el contrato. Sin embargo, tratándose de bienes inmuebles, el legislador estableció que la obligación del vendedor será entregar todo lo comprendido en los linderos señalados, independientemente de que las medidas coincidan o no con lo manifestado en el contrato respectivo, ya que aquellos determinan perfectamente la voluntad de las partes individualizando el bien sobre el que recae el contrato independientemente de las medidas en las que pudiere existir error. Es claro que el precio de la cosa se pacta en función de sus pesas y medidas, trátese de bienes muebles o inmuebles. Empero, en el caso de estos últimos la voluntad de las partes en el establecimiento de las prestaciones recíprocas es más clara atendiendo al señalamiento de los linderos —caminos, ríos, árboles, setos, etc.— y no a las medidas. Ahora bien, consideramos que si en el contrato se expresó el precio del metro cuadrado y existió un error de buena fe en las medidas —y por tanto en el precio— las partes pueden ejercitar la acción de rectificación prevista en el a. 1814 CC. Véanse los comentarios a los aa. 1114 y 2261. A.E.P.D. y N. [27]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2291 y 2292

ARTÍCULO 229 !. La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el.

lugar convenido, y si no hubiere lugar designado en el contrato, en el lugar en que se encontraba en la época en que se vendió.

En virtud de que la entrega de la cosa vendida no es más que el cumplimiento o pago de una obligación, este precepto está en concordancia con lo establecido por los numerales 2082 y 2083 de este mismo ordenamiento, con la modalidad de que no será el domicilio del deudor —vendedor— el determinante a falta de convenio expreso, sino el lugar en donde se encontraba la cosa al momento de perfeccionarse el contrato de compraventa, que puede coincidir con el domicilio del vendedor o no. La determinación del lugar en donde ha de cumplirse la obligación de entregar la cosa es de importancia capital no sólo para la liberación del vendedor y los efectos del artículo que sigue, sino para la fijación, en su caso, de la competencia del juzgador. (Véanse aa. 2082 y 2083). A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2292. Si el comprador se constituyó en mora de recibir,

abonará al vendedor el alquiler de las bodegas, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y solamente será responsable del dolo o de la culpa grave.

Este precepto establece clatamente una obligación a cargo del comprador, correlativa a la obligación que el vendedor tiene de entregar la cosa. Esta contraprestación es precisamente la de recibir la cosa, además de pagar el precio convenido. La recepción ha de hacerse al momento de la entrega si ésta se realizó en el lugar y tiempo convenido para ello. Es de puntualizar que se incurre en mora hasta que haya llegado la fecha o se haya cumplido el plazo o término pactado en el contrato. Si el vendedor quiere hacer la entrega antes de eso, el comprador no está obligado a recibirla. De esta manera las sanciones y cargas previstas en este precepto sólo surtirán y serán exigibles hasta la constitución en mora, y hasta ese momento el vendedor seguirá obligado a conservar la cosa en el estado en que se encontraba al perfeccionarse el contrato respondiendo por la pérdida de la misma, salvo caso fortuito o fuerza mayor. A.E.P.D. y N. [28]

ARTS. 2293, 2294 y 2298

2a. PARTE. TIT. II/CAP. VI

CAPITULO VI De las obligaciones del comprador ARTÍCULO 2293. El comprador debe cumplir todo aquello a que se

haya obligado, y especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos.

Este artículo resulta innecesario ya que repite el contenido del a. 1796 según el cual, las partes se obligan a lo pactado y a todas las consecuencias jurídicas propias del negocio jurídico que celebran, entre las cuales se encuentra como elemento esencial del contrato de compraventa, el pago del precio (a. 2248), que deberá ser satisfecho en el modo, tiempo y lugar convenidos (aa. 2062, 2079 y 2082). La libertad para estipular el pago del precio en el modo que las partes estimen conveniente (a. 1839), es consecuencia de la autonomía privada. STAR.

Si no se han fijado tiempo y lugar, el pago se hará en el tiempo y lugar en que se entregue la cosa.

ARTÍCULO 2294.

La compraventa que no se ha sujetado a modalidades se entiende celebrada al contado, entregándose cosa y precio en el mismo acto (a. 2286), por lo tanto ambas prestaciones se satisfarán en el mismo sitio, el que será determinado por el lugar en que de acuerdo con los preceptos anteriores deba ser entregada la cosa, dado que el precio en dinero por regla general no ofrece problemas de situación. Este artículo es superfluo dado que es repetitivo del 2082 y del 2084 que por otra parte contienen reglas que además de ser aplicables a la compraventa, son comunes a todos los contratos. S.T.A.R. ARTÍCULO 2295. Si

ocurre duda sobre cuál de los contratantes deberá hacer primero la entrega, uno y otro harán el depósito en manos de un tercero.

Si se trata de una compraventa pura y simple no habrá duda, ambas prestaciones deberán cumplirse simultáneamente. En caso de que alguno no cumpliere [29]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2295 y 2296

aduciendo que el otro no lo ha hecho, o si hay duda surgida porque el contrato se hubiere sujetado a modalidades, se depositará la cosa en manos de tercero, quien la recibirá como poseedor derivado (a. 791), y el contratante que debiera recibirla, tendrá la posesión originaria, pues debe entenderse que por el depósito se efectúa la entrega jurídica (a. 2284) ya que la constitución del depósito sólo es un medio para que las partes entreguen y reciban las recíprocas prestaciones, con lo cual ninguna de ellas incurrirá en mora. S.T.A.R.

El comprador debe intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes: I.—Si así se hubiere convenido; II.—Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta; 111.—Si se hubiere constituido en mora con arreglo a los artículos 2104 y 2105

ARTÍCULO 2296.

Los tres supuestos a que se refiere este artículo, se encuentran previstos en otras disposiciones de este código, que establece las consecuencias que se producen en el caso de que el comprador no cumpla con su obligación e incurra en mora de efectuar en tiempo el pago del precio al vendedor cuando la cosa que ha comprado le ha sido entregada. En el primer caso el comprador está obligado a pagar intereses si así se hubiere convenido. Este supuesto se encuentra comprendido en el a. 1796, que obliga a los contratantes al cumplimiento de lo expresamente pactado, en relación con el a. 2117 que permite a las partes regular por convenio su responsabilidad civil. La segunda fracción se refiere al caso en que la cosa vendida y entregada produzca fruto, y no se trate de una venta en que se haya convenido que el precio se pagara a plazos (caso previsto en el artículo siguiente), sino que la venta sea de contado; entonces el comprador incumplido en el pago del precio, incurre en responsabilidad y por lo tanto en la obligación de pagar intereses al vendedor aunque no se hayan pactado. De otro modo el adquirente obtendría un lucro indebido en detrimento del vendedor, si no abonara réditos por su parte por los frutos o rentas de la cosa que ha adquirido; pero por no haber cumplido con la obligación que le corresponde (el pago del precio) debe resarcir al vendedor de los daños y perjuicios que le ocasione tal hecho ilícito. I.G.G. y S.T.A.R. 1301

ARTS. 2297, 2298 y 2299

2a. PARTE. TIT. II/CAP. VI

ARTÍCULO 2297. En las ventas a plazo, sin estipular intereses, no

los debe el comprador por razón de aquél, aunque entretanto perciba los frutos de la cosa, pues el plazo hizo parte del mismo contrato, y debe presumirse que en esta consideración, se aumentó el precio de la venta. Este precepto dispone que no se aplican las reglas enunciadas en el artículo anterior en tas ventas a plazo, en que se ha convenido el pago del precio a plazo, sin pacto de intereses. De acuerdo con esta disposición, es indispensable ese supuesto, que los intereses no se estipulen expresamente cuando las partes han convenido en que el pago del precio se hará en parcialidades. El precepto no exige el pacto expreso, no porque exista presunción de que se aumentó el precio por los plazos convenidos, puesto que puede el vendedor renunciar tácitamente a los intereses, no estableciéndolos deliberadamente en el contrato, sino porque en las ventas a plazo se trata de una modalidad y como tal está establecida expresamente en el contrato. I.G.G.

ARTÍCULO 2298. Si la concesión del plazo fue posterior al con-

trato, el comprador estará obligado a prestar los intereses, salvo convenio en contrario. Si se estipula un plazo después de que el contrato se celebró y no hace referencia a los intereses, el comprador debe pagar los que se han estipulado desde la fecha de la celebración del contrato, si no se determinó el tipo de interés, se aplicará lo dispuesto en el a. 2395. Sólo queda eximido el deudor del pago de interés, si así lo han estipulado expresamente las partes. I.G.G. ARTÍCULO 2299. Cuando el comprador a plazo o con espera del

precio, fuere perturbado en su posesión o derecho, o tuviere justo temor de serlo, podrá suspender el pago si aún no lo ha hecho, mientras el vendedor no le asegure la posesión o le dé fianza, salvo si hay convenio en contrario. 1311

ARTS. 2299, 2300 y 2301

LIBRO CUARTO

El vendedor está obligado a prestar al comprador (a. 2283) el saneamiento en caso de evicción. El precepto que se comenta faculta al comprador para ejercer el derecho de retención del precio aún no cubierto si es demandado por la evicción o si existiera seria amenaza de que produjera esa perturbación. Podrá retener el precio en tanto el vendedor no le asegure la posesión pacífica, haciendo cesar la perturbación realizada u otorgando fianza de que no se realizarán los hechos que dan lugar al fundado temor a que se refiere el precepto. En este dispositivo, se ponen de relieve los efectos de la obligación de garantizar el uso y goce de la cosa vendida, que consiste en responder de las perturbaciones por vía jurídica (existencia de mejor derecho sobre la cosa anterior a la adquisición) y no por las perturbaciones mediante vías de hecho, de las que no responde el enajenante. I.G.G.

ARTÍCULO 2300. La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo; pero si la cosa ha sido enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1950 y 1951. El precepto dispone, en una fórmula más clara que el incumplimiento del contrato, da Jugara su resolución o a exigir su cumplimiento (a. 1949), cuando el comprador no pague el precio convenido. Si las partes han estipulado que la falta de pago producirá la resolución del contrato y esta cláusula ha sido inscrita en el RPP, producirá efectos contra un tercer adquirente. Si no ha sido inscrita la cláusula, no habrá lugar a la rescisión frente a tercero. Si el tercero adquirió a título gratuito, sí podrá tener lugar la revocación del acto por fraude de acreedores (a. 2165). Tratándose de muebles no susceptibles de inscripción en el RPP, la rescisión procederá si han pasado por titulo oneroso, a propiedad de tercero de buena fe (a. 1951). I.G.G. y S.T.A.R

CAPITULO VII De algunas modalidades del contrato de compra-venta ARTÍCULO 2301. Puede pactarse que la cosa comprada no se venda

a determinada persona; pero es nula la cláusula en que se 1321

ARTS. 2301, 2302 y 2303

2a. PARTE. TIT, II/CAP. VII

estipule que no puede venderse a persona alguna. Es válida la estipulación por la que se convenga que la cosa no puede venderse a una o más personas siempre que éstas se encuentren determinadas individualmente, la infracción del pacto no origina la nulidad de la venta, da lugar a la obligación de indemnizar al primer vendedor por los daños y perjuicios que le ocasione el incumplimiento de la obligación de no hacer (a. 2028). La cláusula de no vender a persona alguna es nula de pleno derecho ya que la parte final del artículo en comentario es de orden público porque un acuerdo semejante sería coartar absolutamente la libertad de disposición de la cosa adquirida que es inherente a la calidad de dueño y forma parte esencial del concepto de propiedad. S.T.A.R.

ARTÍCULO 2302. Queda prohibida la venta con pacto de retro-

venta, así como la promesa de venta de un bien raíz que haya sido objeto de una compra-venta entre los mismos contratantes. El pacto de retroventa, permitido en los códigos de 1870 y 1884 consistía en la condición de que dentro de un plazo determinado, no mayor de cinco años, pudiera rescindirse el contrato, devolviéndose las partes respectivamente precio y cosa. La actual prohibición que establece el artículo en comentario tiene como fundamento la negativa experiencia padecida durante la vigencia de los códigos anteriores, ya que ocultaba el otorgamiento de un crédito concedido al vendedor cuyo pago estaba garantizado con la propiedad trasmitida, lo cual aparte de ser una garantía muy superior a la que hubiera resultado suficiente, dejaba al enajenante ya la vez al adquirente temporal, en la imposibilidad de disponer de la cosa cuya propiedad trasmitía temporalmente. La prohibición de la promesa de venta a que se refiere la parte final de este artículo pretende evitar un subterfugio que permitiría obtener los mismos resultados que ofrecía la retroventa. S.T.A.R. ARTÍCULO 2303. Puede estipularse que el vendedor goce del dere-

cho de preferencia por el tanto, para el caso de que el comprador quisiere vender la cosa que fue objeto del contrato de compra-venta. 1331

ARTS. 2303. 2304 y 2305

LIBRO CUARTO

Debe distinguirse el derecho del tanto, del derecho de preferencia por el tanto; éste último, a diferencia del aquél, no resulta de la ley, sino de la voluntad de las partes, salvo casos de excepción; la violación del derecho de preferencia por el tanto no produce la nulidad de la enajenación que lo contraviene sino el pago de daños y la reparación de perjuicios. El derecho de preferencia por el tanto, que tiene lugar en la copropiedad en el usufructo y entre coherederos', (a. 1291) produce la nulidad del acto que lo viola (aa. 973 y 974); el término para el ejercicio del derecho de preferencia es de tres y diez días, según se trate de muebles o de inmuebles (excepción hecha del usufructo) en cambio en el derecho del tanto el término siempre es de ocho días. Por otra parte, cabe decir, que este artículo pretende superar los problemas a que hicimos referencia al comentar la retroventa en el artículo anterior. S.T.A.R. ARTÍCULO 2304. El vendedor está obligado a ejercer su derecho de

preferencia, dentro de tres días, si la cosa fuere mueble, después que el comprador le hubiese hecho saber la oferta que tenga por ella, bajo pena de perder su derecho si en ese tiempo no lo ejerciere. Si la cosa fuere inmueble, tendrá el término de diez días para ejercer el derecho, bajo la misma pena. En ambos casos está obligado a pagar el precio que el comprador ofreciere, y si no lo pudiere satisfacer, quedará sin efecto el pacto de preferencia. El ejercicio del derecho de preferencia obliga a su titular a pagar el precio que ofreciere el comprador por la cosa, dentro de los plazos a que se refiere este artículo. El derecho caducará si no se ejerce oportunamente. ¿Qué clase de derecho tiene el vendedor? Es un derecho de preferencia condicional ¿Cuál es la condición? La condición consiste en que el comprador quiera vender, en que el vendedor ejercite su derecho dentro del plazo que fije la ley con las condiciones que también la ley fija (Lozano Noriega, Francisco, Cuarto curso de derecho civil. Contratos, México Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1970, p. 244.)

I.G.G. ARTÍCULO 2305. Debe hacerse saber de una manera fehaciente, al

que goza del derecho de preferencia, lo que ofrezcan por la cosa, y si ésta se vendiere sin dar ese aviso, la venta es [34]

ARTS, 2305, 2306 y 2307

2. PARTE. TIT. II /CAP. Vil

válida; pero el vendedor responderá de los daños y perjuicios causados. Hacer saber de una manera fehaciente significa notificar de manera que pueda ser probada enjuicio. La notificación puede hacerse judicialmente, por notario o ante testigos, por medio de escrito cuya copia sea firmada como recibo del original por el notificado, por telegrama si el original del telegrama contiene la firma del vendedor y aun será válida la simple notificación verbal siempre y cuando se pueda demostrar que se llevó al cabo, pues lo importante es que el titular del derecho sea colocado en aptitud de ejercer su derecho. La falta de aviso no produce la invalidez de la venta, sino que obliga al vendedor a pagar daños y perjuicios a quien tiene el derecho de preferencia. S.T. A. R.

ARTICULO 2306. Si se ha concedido un plazo para pagar el precio,

el que tiene el derecho de preferencia no puede prevalerse de este término si no da las seguridades necesarias de que pagará el precio al expirar el plazo. Cuando se ejerce el derecho de preferencia ofreciendo el mismo precio que al vendedor ha ofrecido el tercero, la venta deberá celebrarla con aquél que debe ser preferido en igualdad de circunstancias, pero a la vez obliga al comprador preferente a celebrar el contrato; pero si el vendedor había concedido plazos a aquel tercero para pagar el precio, el comprador preferente deberá cubrirlo de contado o garantizar su pago, dando las seguridades necesarias de que pagará el precio al vencimiento del plazo que se había estipulado. I.G.G.

ARTÍCULO 2307. Cuando el objeto sobre el que se tiene derecho de

preferencia se venda en subasta pública, debe hacerse saber al que goza de ese derecho, el día, hora y el lugar en que se verificará el remate. En el caso de remate, la noticia que debe darse al que tiene derecho de preferencia, informándole del día, hora y lugar en que se celebrará el remate, produce los efectos del aviso a que se refiere el a. 2304. Así pues, la notificación del remate habrá de incluir la cuantía de la postura legal y los requisitos para hacer postura 1351

ARTS. 2307, 2308 y 2309



LIBRO CUARTO

con el objeto de que aquél pueda hacer valer el derecho de preferencia por el tanto, en el procedimiento de remate. El que hizo valer el derecho de preferencia, no está obligado a mejorar las posturas en la diligencia respectiva; se considera que salvo manifestación en contrario, su oferta iguala al mejor precio ofrecido en la subasta y por lo tanto, debe ser preferido en la adquisición y tendrá que fincarse el remate a su favor, en igualdad de condiciones que las ofrecidas por el mejor postor. I.G.G.

ARTÍCULO 2308.

El derecho adquirido por el pacto de preferencia no puede cederse, ni pasa a los herederos del que los disfrute.

El derecho de preferencia, adquirido por pacto, es intransmisible por cesión o por herencia. Es igualmente inembargable, porque si bien nace en relación con el contrato de compra venta, no es una parte integrante del mismo sino una restricción que el vendedor ha aceptado imponer a su derecho de disposición de la cosa adquirida con anterioridad de quien ahora tiene preferencia para adquirir y como la limitación es por su naturaleza personal y se concede precisamente a quien ha sido anteriormente el vendedor, sólo él puede hacerlo valer. De allí su naturaleza intransmisible por acto intervivos o monis causa. Es privilegio, contrario al libre comercio, que por excepción se admite como un derecho que el vendedor concede por pacto expreso, en favor de un comprador particular. I .G.G

Si se venden cosas futuras, tomando el comprador el riesgo de que no llegasen a existir, el contrato es aleatorio y se rige por lo dispuesto en el capítulo relativo a la compra de esperanza.

ARTÍCULO 2309.

Este precepto, relativo a la venta de cosa futura, excluye del contrato conmutativo de compra venta propiamente dicho, el distinto contrato aleatorio llamado de compra de esperanza que se encuentra definido en el a. 2792, ambos contratos se refieren a cosa futura. Si el riesgo de que la cosa no llegue a existir es a cargo del comprador, el contrato es de compra de esperanza. En cambio si se vende una cosa que aún no existe pero el comprador sólo queda obligado a pagar el precio si llega a existir la cosa comprada como podrían ser los frutos naturales 1.361

2a. PARTE. TIT.

VII

ARTS. 2309 y 2310

susceptibles de producir una huerta de árboles frutales, la venta es cosa de esperanza. En ambos casos se trata de venta de cosas futuras. A diferencia de la compra de esperanza a que se refiere el a. 2792 en la venta de cosa esperada, el comprador no queda obligado si la cosa no llega a producir el fruto esperado. No deben confundirse estas figuras con el contrato de obra a precio alzado en el que el deudor (empresario) se obliga por un precio a ejecutar una obra poniendo por su cuenta los materiales (a. 2616). I.G.G. y S.T.A.R.

La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos, se sujetará alas reglas siguientes: I.—Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago de uno o varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiere adquirido los bines de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público. II.—Si se trata de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable, podrá también pactarse la cláusula rescisoria, de que habla contra terceros si se inscribió en el Registro Público. ¡11.—Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse, los contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago del precio, pero esa cláusula no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes a que esta fracción se refiere.

ARTÍCULO 2310.

La fracción primera establece que se puede pactar como condición para la rescisión de la venta, la falta de pago de uno o varios abonos. En realidad esta disposición puede quedar comprendida en la rescisión por falta de pago del precio, prevista en los aa. 1949, 1950 y 2300, por lo que la falta de pago de uno solo de los abonos será causa suficiente para la rescisión. Si se ha pactado que-sólo procederá por falta de pago de varios abonos, el pacto equivale a una espera que otorga el vendedor hasta el vencimiento del abono indicado para rescindir el contrato. Para que la rescisión pueda perjudicar a terceros se requiere que la cláusula se haya inscrito en el RPP con lo cual por aplicación del principio de publicidad 137]

ARTS.

231e y 2311

LIBRO CUARTO

registral de los actos y contratos inscritos en el RPP, no pueden los terceros invocar ignorancia o desconocimiento de los mismos, particularmente tratándose de inmuebles. Atendiendo al espfritu de este artículo, entendemos que procede la rescisión, en perjuicio de un tercer adquirente, respecto de los bienes a que se refieren las frs. I y II, a pesar de que no se haya inscrito la cláusula respectiva ene! RPP, si por los medios ordinarios se demuestra 1a mala fe de éste que consiste en el conocimiento de la venta del inmueble con anterioridad al acto de aquisición. Lo dispuesto en el artículo que se comenta no es aplicable a la venta de muebles cuando el precio haya de pagarse en una sola exhibición en momento posterior; al I perfeccionamiento del contrato no obstante la semejanza con la venta a plazo, pues el a. 1951 sólo permite la rescisión de la venta de muebles, si se inscriben en el RPP cuando el precio deba pagarse en abonos. S.T.A.R.

ARTÍCULO 2311 . Si se rescinde la venta, el vendedor y el compra-

dor deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó. Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas, serán nulas.

La rescisión de un contrato igual que su anulación, obligan a las partes a

restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren entregado (a. 2239), por lo tanto, la rescisión de una compraventa obligará al comprador a devolver la cosa; sin embargo, como no podrá devolver el uso que se hizo de ella deberá en sustitución pagar una suma de dinero que fijarán peritos. Los aa. 1840 y 2117 prevén a la posibilidad de que las partes pacten la cuantía de una obligación derivada del incumplimiento de un contrato, pero una cláusula en este sentido podrá anularse si ajuicio de peritos resulta ser más onerosa que el importe del alquiler que arroje el peritaje al respecto. Este precepto por ser de orden público es irrenunciable. El legislador, previendo que uno de los contratantes abusando de la necesidad del otro le imponga cargas desproporcionadas, tuteló a éste con la nulidad de las cláusulas excesivas y creó este precepto como excepción al principio de la libertad contractual consagrado en el a. 1706. [38]

2a. PARTE. TIT. 11/CAP. VII

ARTS. 2311 y 2312

Compraventa en abonos, rescisión del contrato de. Efectos respecto al pago Si al comprador le es entregada por el vendedor la de una renta. —

posesión del inmueble motivo de la operación, como el uso no es una prestación que se pueda restituir, la ley tradujo esa restitución en el pago de una renta, pero no en atención a una simple apreciación subjetiva o presuncional de las partes contratantes, sino al valor efectivo de la prestación recibida; por eso la exigencia de que el monto de la renta que deba pagar el comprador sea fijado por peritos y no arbitrariamente por las partes. En tales circunstancias, no puede ser condenado el comprador al pago de la renta fijada de antemano por los contratantes, ya que el comprador tiene derecho irrenunciable a que su monto se fije por peritos. (SCIN, Informe correspondiente al año de 1976, Amparo directo 446/74. María del Carmen Garrido de Castellanos, 29 de enero de 1976, segunda parte, Tercera Sala, p. 30). S.T.A.R. ARTÍCULO 2312. Puede

pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado. Cuando los bienes vendidos son de los mencionados en las fracciones I y II del artículo 2310, el pacto de que se trata produce efectos contra tercero, si se inscribe en el Registro Público; cuando los bienes son de la clase a que se refiere la fracción III del artículo que se acaba de citar, se aplicará lo dispuesto en esa fracción.

La doctrina conoce a esta modalidad como venta con reserva de dominio. Se trata de una venta sujeta al pago total del precio convenido y consiste en que el vendedor transmite la propiedad de la cosa vendida al comprador, cuando éste haya satisfecho el precio que se estipuló en el contrato. El comprador que ha recibido la posesión pero no la propiedad de la cosa vendida con reserva de dominio, como aún no es dueño, no tendrá derecho de enajenarla porque es una cosa ajena; en todo caso esa enajenación sería nula (a. 2270) en perjuicio del tercer adquirente, si la cláusula de reserva de dominio se ha inscrito en el RPP. Si la cláusula no ha sido inscrita en el RPP ye! tercero adquirente es de buena fe, el que enajenó será responsable de los daños y perjuicios causados al vendedor que se reservó la propiedad. Quien se reservó el dominio podrá reivindicar la cosa si el precio no le es satisfecho. S.T.A.R. [39]

ARTS. 2313, 2314 y 2313

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2313. El vendedor a que se refiere el artículo anterior,

mientras no se venza el plazo para pagar el precio, no podrá enajenar la cosa vendida con reserva de propiedad. Esta limitación de dominio se anotará en la parte correspondiente. El vendedor que se reserva el dominio de la cosa vendida en el contrato que ha celebrado (a. 1796), tácitamente se ha obligado a no enajenar la cosa a un tercero; por tanto, si transgrede su obligación de no hacer, quedará obligado a resarcir al comprador de los daños y perjuicios que por ello se le hubiere causado (a. 2028). Si la limitación de dominio a que se refiere el artículo en comentario se ha inscrito en el RPP, el segundo adquirente lo será de mala fe y consecuentemente la adquisición no surtirá efectos, es decir, será nula (a. 1795 fr. III) teniendo el comprador, además de la acción de nulidad, la de daños y perjuicios que podrá hacer valer en contra del vendedor y del tercer adquirente, ya que ambos son responsables solidariamente (a. 1917). S.T.A.R. ARTÍCULO 2314. Si el vendedor recoge la cosa vendida porque no

le haya sido pagado su precio, se aplicará lo que dispone el artículo 2311. Véase el comentario al a. 2311. STAR. ARTÍCULO 2315.En la venta de que habla el artículo 2312, mientras

que no pasa la propiedad de la cosa vendida al comprador, si éste recibe la cosa será considerado como arrendatario de la misma. Este precepto contiene una disposición supletoria de la voluntad de las partes, aplicable en el caso de que no se haya pactado el titulo por el que el comprador tendrá la cosa en su posesión, pero es una norma de interés privado, por lo tanto renunciable, pudiéndose convenir que si por falta de satisfacción del precio no se llega a transferir la propiedad, el comprador habrá poseído a titulo de comodatario, depositario, etc. S.T.A.R. 1401

ARTS. 2316 y 2317

2a. PARTE. TIT. II/CAP. VIII

CAPITULO VIII De la forma del contrato de compra-venta ARTÍCULO 2316. El contrato de compra-venta no tequiere para su

validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. En la venta de muebles tiene plena aplicación lo preceptuado en el a. 1832, pues para su validez no se requieren formalidades determinadas, por tanto, las partes, podrán contratar válidamente usando cualquier forma para ponerse de acuerdo: palabras, escrituras, signos inequívocos o actos que autoricen a presumir su consentimiento (a. 1803), Respecto de esta clase de bienes es perfectamente aplicable la regla general del a. 2249 según el cual "...la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio...". STAR. ARTÍCULO 2317. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo

valor de avalúo no exceda al equivalente a trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante notario, juez competente o Registro Público de la Propiedad. Los contratos por los que el Departamento del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se refiere el artículo 730, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación de firmas. En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Departamento del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular, cuyo valor 1411

ART. 2317

LIBRO CUARTO

no rebase el que señala el artículo 730 de este Código, los contratos que se celebren entre las partes, podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el párrafo anterior. Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Departamento del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del Distrito Federal, quienes en estos casos reducirán un cincuenta por ciento las cuotas que correspondan conforme al arancel respectivo. De la lectura de este precepto se desprende el sentido de la reforma de que fue objeto, publicada en el Diario Oficial de la Federación en su edición de 7 de enero de 1988, fue facilitar y al mismo tiempo estimular la celebración de los contratos de compraventa de inmuebles cuyo valor económico no exceda del que el mismo precepto señala, con la finalidad de lograr la regularización de la tenencia de la tierra en el DF. En efecto, la disposición que se comenta ordena que los contratos de compraventa de inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda del equivalente a trescientos sesenta y cinco días de salario mínimo general en el DF, así como la constitución o transmisión de derechos reales, por la misma equivalencia o que garanticen el cumplimiento de obligaciones cuyo importe no sea mayor de dicha suma, puedan celebrarse en escrito privado que las partes firmarán en presencia de dos testigos y ratificarán las firmas correspondientes ante notario público, juez competente o ante el RPP a quien corresponda llevar al cabo la inscripción del contrato. Al tomar como índice de referencia el importe anual del salario mínimo general en el DF, para determinar la validez del otorgamiento del contrato en documento privado, el precepto establece un sistema flexible que permite mantener actualizado el valor real de los bienes o derechos que sean materia de esos contratos. Por otra parte, el avalúo a que se refiere el precepto debe ser el que se practique por una institución de crédito o corredor público, en primer lugar porque en la práctica ha sido el que ofrece mayor confianza a las partes; en segundo lugar, porque es el avalúo bancario o por corredor público titulado, el que ha servido de base para fijar el precio de la cosa vendida, cuando se trata de inmueble, para los efectos fiscales (aa. 95 y 101 de la MR). ¿Cuál es el juez competente ante quien deberán ratificar las firmas, las partes y los testigos del contrato? Atendiendo a lo dispuesto en el a. 156 fr.

[42]

ART. 2317

2a. PARTE. TIT. II/CAP. VIII

VIII del CPC, consideramos que es competente el juez en materia civil del DF, por razón de la cuantía del valor del avalúo del inmueble materia del contrato. Siguiendo el mismo criterio simplificador de las formalidades requeridas en relación con los actos y contratos relativos a la propiedad raíz, el segundo párrafo del artículo al que se refiere esta nota, que no fue objeto de la reforma a la que nos hemos venido refiriendo, dispuso que las enajenaciones de terrenos o casas que realice el DDF para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos cuyo valor máximo sea equivalente a tres mil seiscientos cincuenta veces el importe del salario mínimo general diario en el DF (a. 730 del CC) podrán otorgarse en escrito privado, sin que para su validez se requiera la presencia de testigos o de ratificación de firmas. La fijación del importe máximo del valor exigido para otorgar validez al documento privado en donde conste la constitución del patrimonio de familia, obedece a que la finalidad que se persigue con ello, —prevista en el a. 735 de este mismo Código— es de interés público. Por lo que se refiere a la supresión del requisito de la presencia de testigos y de la ratificación de firmas, tal supresión se justifica porque en el otorgamiento del contrato interviene como parte vendedora, el jefe del DDF, en su carácter de funcionario público y en ejercicio de sus funciones, lo cual imprime autenticidad al documento en el que se hace constar el contrato conforme a lo dispuesto en los aa. 327 y 328 del CPC del DF. El mismo criterio de valorización se aplica para permitir el otorgamiento en escrito privado de los contratos que se celebren sobre inmuebles de propiedad particular, en la ejecución de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que lleva al cabo el DDF, podrán revestir la forma escrita, sin la presencia de testigos ni ratificación de firmas. La dispensa del otorgamiento en escritura pública notarial, se explica por las mismas razones que se exponen en el párrafo anterior de este comentario. Consideramos que en este caso (cuando sólo intervengan particulares en el contrato) sí será necesario la ratificación de firmas de las partes, ante el registrador, para los efectos de practicar la inscripción en el RPP (a. 3065 del CC). En el párrafo final del precepto se establece que la gonstitución del patrimonio de la familia, y los contratos que se celebren conforme a los programas para la regularización de la tenencia de la tierra, previstos en los párrafos segundo y tercero de este artículo, pueden formalizarse ante notario público, y se harán constar en el protocolo abierto especial que para el caso debe llevar dicho fedatario, quien debe reducir en un cincuenta por ciento las cuotas que establece el arancel de notarias. Lo dispuesto en este párrafo final del precepto, parece superfluo frente al sistema sencillo del documento privado que en párrafos anteriores adopta la reforma. Sin embargo, es plausible la opción que allí se establece para el efecto de la reducción del cincuenta por ciento en la cuota de arancel. f4,31

LIBRO CUARTO

ARTS. 2317, 2318 y.23'9

Las disposiciones contenidas en este artículo derogan lo dispuesto en el a. 78 de la LN que exigía la formalidad de la escritura pública para los contratos que se refieran a inmuebles cuyo importe excediera de treinta mil pesos. No obstante consideramos que la aplicación de este articulo debe hacerse con suma cautela, pues no basta la ratificación de las firmas ante fedatario público para constatar la legitimación de las partes y su capacidad negocial, y el poder de disposición del vendedor; etc. El párrafo final establece la intervención notarial en los programas de regularización de la tenencia de la tierra, usando el "protocolo abierto" que son hojas sueltas debidamente autorizadas y foliadas por el DDF y el Consejo del Colegio de Notarios, que agilizan y abaten el costo de las escrituras correspondientes. En estos casos el notario cobrará como honorarios máximos, el cincuenta por ciento de lo que señalen sus aranceles.

Si alguno de los contratantes no supiere escribir, firmará a su nombre y a su ruego otra persona con capacidad legal, no pudiendo firmar con ese carácter ninguno de los testigos, observándose lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1834.

ARTÍCULO 2318.

Consideramos que este artículo debe coordinarse con lo dispuesto en el a. 1834, el que deberá interpretarse en el sentido de que ninguno de los testigos podrá firmar en nombre y a ruego del contratante y a la vez como testigo. El precepto que se comenta, contiene una disposición general y es por tanto aplicable a todos los contratos. Téngase en cuenta lo dispuesto en el a. 1859. S.T.A.R.

De dicho instrumento se formarán dos originales, uno para el comprador y el otro para el Registro Público.

ARTÍCULO 2319.

Por su contenido, este artículo debería constituir sólo un párrafo del a. 2317 (se refiere ala compraventa que puede válidamente otorgarse en escrito privado) al que igualmente debería quedar integrado el a. 2318 ya que los tres responden a un mismo principio. 1441

2a. PARTE. TIT. II/CAP. VIII

ARTS. 2319, 2320 y 2321

Por instrumentos originales debemos entender aquellos documentos que contengan las firmas autógrafas de las personas que intervinieron en la celebración del contrato (las partes y los testigos). S.T.A.R. ARTÍCULO 2320. Si

el valor de avalúo del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación, su venta se hará en escritura pública salvo lo dispuesto por el artículo 2317.

Este dispositivo enuncia de una manera expresa (aunque superflua) la norma que implícitamente se desprende de lo dispuesto en el a. 2317, conforme a la cual se otorgarán en escritura pública los contratos relativos a bienes inmuebles cuyo valor de avalúo exceda del importe de trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario en el DF, así como los actos constitutivos en que se transmitan derechos reales estimados hasta en una suma equivalente a igual cantidad. (Véase el comentario al a. 2317).

ARTÍCULO 2321. Tratándose

de bienes ya inscritos en el Registro y cuyo valor no exceda de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación cuando la venta sea al contado, podrá formalizarse haciéndola constar por escrito en el certificado de inscripción de propiedad que el registrador tiene obligación de expedir al vendedor a cuyo favor estén inscritos los bienes. La constancia de la venta será ratificada ante el registrador, quien tiene obligación de cerciorarse de la identidad de las partes y de la autenticidad de las firmas, y previa comprobación de que están cubiertos los impuestos correspondientes a la compraventa realizada en esta forma, hará una nueva inscripción de los bienes vendidos en favor del comprador.

Conforme a lo dispuesto en el a. 2316 el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad especial alguna; a su vez el a. 2229 dispone que por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, cuando [451

LIBRO CUARTO

ARTS. 2321 y 2322

se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho. Frente a lo ordenado en estos preceptos, ya hemos tenido oportunidad de comentar el principio establecido tocante a la compraventa de ciertos inmuebles (aa. 2317 y 2320) por lo que se refiere a las formalidades de los negocios traslativos de propiedad de los bienes inmuebles y los que constituyan derechos reales sobre esos bienes, los cuales podrán hacerse constar en escrito privado y en qué casos deberán otorgarse en escritura pública, atendiendo a las circunstancias previstas en esos preceptos a cuyos comentarios nos remitimos. El artículo a que se refiere este comentario establece que cuando el bien materia del acto traslativo de dominio ya se encuentra inscrito en el RPP y la venta es de contado, bastará una simple anotación (que no "endoso" como rezaba el precepto antes de la reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación de 7 de enero de 1988) en el certificado que el registrador tiene obligación de expedir al vendedor, si es el propietario del inmueble que aparece como tal, en el asiento respectivo siempre que el valor del inmueble no exceda de trescientos sesenta y cinco veces el importe del salario mínimo general en el DF, se hará constar el contrato. Diremos de paso que esta forma de trasmitir la propiedad inmueble aunque ya establecida con anterioridad ha tenido escasa aplicación en la práctica. En este dispositivo no se expresa cuál es el documento que va a servir de título de propiedad. En nuestra opinión el título de propiedad será el certificado de inscripción firmado y ratificado e inscrito en el RPP. El registrador hará una nueva inscripción del nombre del adquirente después de que las partes ratifiquen ante él, las firmas puestas en la anotación, previa identificación de los otorgantes y después de que se cerciore que se han cubierto los impuestos que cause la operación. Ramón Sánchez Medal (De los contratos civiles. México, Porrúa, 1973, p. 122) dice: "...dicho procedimiento no ha tenido aplicación práctica; si bien los certificados de participación inmobiliaria, podrían aprovechar este medio de circulación cambiaria de inmuebles" (aa. 228 a y 228 k de la LGTOC). I.G.G. ARTICULO 2322. La venta de bienes raíces no producirá efectos

contra tercero sino después de registrada en los términos prescritos en este Código.

Como hemos explicado al comentar otros artículos, entre las partes la venta es perfecta por mero efecto del contrato (a. 2014), sin embargo tomando en [46]

2a. PARTE. TIT. II/CAPS. VIII y IX

ARTS. 2322 y 2323

consideración la conveniencia y necesidad social de que los bienes raíces se encuentren inscritos en el RPP como medio de información pública de ciertos actos jurídicos, respecto a la situación jurídica de los bienes a los que se refieren, resulta lógico que la venta que debiendo haberse inscrito no lo ha sido, no puede producir efectos en perjuicio de quienes con fundamento en los datos del Registro reputaban como propietario al que aparece inscrito como tal en el RPP (a. 3007): S.T.A.R.

CAPITULO IX De las ventas judiciales

Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate públicos, se regirán por las disposiciones de este Título, en cuanto a la substancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en este Capítulo. En cuanto a los términos y condiciones en que hayan de verificarse, se regirán por lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles.

ARTÍCULO 2323.

La venta judicial es un tema que ha preocupado a los tratadistas ya que presenta en primer lugar, el problema relativo a saber si esta clase de ventas satisfacen las características de los contratos. A primera vista si responde al concepto de contrato contenido en los artículos que lo definen (1792-1973); sin embargo, parece quedar fuera de duda que las voluntades que lo forman (a. 1794) no son las de las partes que en él figuran como sus protagonistas. Esta es la cuestión que presenta la venta judicial, pues en ella, por regla general, no encontramos el consentimiento del vendedor, o cuando menos no otorgado libremente, por lo que se ha dicho que la venta judicial no es propiamente un contrato, sino un acto jurídico de naturaleza especial ya que a la luz de la doctrina contractual, no se explica satisfactoriamente que el juez supliendo la voluntad del vendedor pueda otorgar el contrato en su lugar, como si fuera su legítimo representante. Un precepto legal que desde un punto de vista técnico podría oponerse a considerar la venta judicial como contrato, es el a. 2269 al disponer que "ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad". Pero debe advertirse _que el juez firmará la escritura de adjudicación sólo en el caso de que el demandado se niegue a hacerlo. [471

ARTS. 2323, 2324 y 232,5

LIBRO CUARTO

No obstante lo manifestado, resulta adecuado que las "ventas judiciales" se rijan por las disposiciones del contrato de compraventa pues es evidente la semejanza de ambos actos jurídicos; además, de acuerdo con el a. 1859 "Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a su naturaleza". S.T. A.R.

No pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el juez, secretario y demás empleados del juzgado; el ejecutado, sus procuradores, abogados y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a la sucesión o a los incapacitados, respectivamente; ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del remate.

ARTÍCULO 2324.

Tomando en consideración que este precepto es una ley prohibitiva, la adquisición que de la cosa hiciera alguna de las personas que en él se indican estaría afectada de nulidad absoluta, con todas las características que a esta clase de nulidades atribuye el a. 2226. La razón de este precepto se explica en los comentarios a los aa. 2276 y 2280. S.T. A.R. ARTÍCULO 2325. Por

regla general las ventas judiciales se harán en moneda efectiva y al contado, y cuando la cosa fuere inmueble pasará al comprador libre de todo gravamen, a menos de estipulación expresa en contrario, a cuyo efecto el juez mandará hacer la cancelación o cancelaciones respectivas, en los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles.

De acuerdo con este artículo, la venta judicial es susceptible de cualquier modalidad, pero en caso de no estipularse alguna, deberá estarse a la regla general: la venta se hará al contado y el precio se pagará en dinero efectivo, constante y sonante, sin que se pueda admitir otro instrumento de pago, como sería un cheque. La disposición en este sentido se explica ya que si el remate se efectúa para que con su producto se cubra una deuda de plazo cumplido, de pagarse el precio a plazo o en abonos, se afectarían los intereses del que tiene derecho a ver 148 1

2a. PARTE. TIT. II/CAP. IX. TIT. III

ARTS. 2325, 2326 y 2327

satisfecho su crédito; el pago en dinero efectivo tiene como finalidad evitar posibles complicaciones que podrían surgir si el pago se admitiera en otra forma (un cheque que no tuviera fondos, el pago parcial con una cosa que pudiera ser objeto de evicción, etc.). Sin embargo, si el que trata de hacer efectivo su crédito con el remate judicial está de acuerdo en conceder al postor el beneficio que pudiera traer consigo alguna modalidad, y ninguno de los legítimos interesados se opone a ello, no hay inconveniente para salirse de la regla general que establece este precepto, pues de su texto mismo se desprende que se trata de una ley supletoria a falta de convenio entre las partes en el acto que dio origen al procedimiento judicial que culmina con el remate del bien de que se trata. El comentario que antecede es aplicable respecto de la cancelación o no cancelación de los gravámenes que soporten los inmuebles. S.T.A.R. ARTÍCULO 2326. En las enajenaciones judiciales que hayan de

verificarse para dividir cosa común, se observará lo dispuesto para la partición entre herederos. Cómo quiera que esta venta no tiene otra finalidad que la de terminar un estado de copropiedad al que nadie puede ser obligado a permanecer (a. 939), sic! bien que es objeto de ella no admite cómoda división, su venta resulta obligada (a. 940), siendo ésta la forma más conveniente de que cese la copropiedad (a. 976). La remisión que hace este artículo a los relativos a la partición entre herederos se funda en que los bienes que forman la masa hereditaria se encuentran destinados a dividirse, ya en especie, ya en su precio de venta, constituyendo tantas propiedades como herederos haya, sin que el propio testador pueda impedirlo. S.T.A.R.

TITULO TERCERO De la permuta ARTÍCULO 2327. La permuta es un contrato por el cual cada uno

de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250. La permuta, con el nombre común de trueque, es el antecedente histórico de la compraventa. Este último contrato surge con la aparición del dinero, que viene a [49]

TITULO TERCERO De la permuta

2a. PARTE. TIT. II/CAP. IX. TIT. III

ARTS. 2325, 2326 y 2327

satisfecho su crédito; el pago en dinero efectivo tiene como finalidad evitar posibles complicaciones que podrían surgir si el pago se admitiera en otra forma (un cheque que no tuviera fondos, el pago parcial con una cosa que pudiera ser objeto de evicción, etc.). Sin embargo, si el que trata de hacer efectivo su crédito con el remate judicial está de acuerdo en conceder al postor el beneficio que pudiera traer consigo alguna modalidad, y ninguno de los legítimos interesados se opone a ello, no hay inconveniente para salirse de la regla general que establece este precepto, pues de su texto mismo se desprende que se trata de una ley supletoria a falta de convenio entre las partes en el acto que dio origen al procedimiento judicial que culmina con el remate del bien de que se trata. El comentario que antecede es aplicable respecto de la cancelación o no cancelación de los gravámenes que soporten los inmuebles. S.T.A.R. ARTÍCULO 2326. En las enajenaciones judiciales que hayan de

verificarse para dividir cosa común, se observará lo dispuesto para la partición entre herederos. Cómo quiera que esta venta no tiene otra finalidad que la de terminar un estado de copropiedad al que nadie puede ser obligado a permanecer (a. 939), sic! bien que es objeto de ella no admite cómoda división, su venta resulta obligada (a. 940), siendo ésta la forma más conveniente de que cese la copropiedad (a. 976). La remisión que hace este artículo a los relativos a la partición entre herederos se funda en que los bienes que forman la masa hereditaria se encuentran destinados a dividirse, ya en especie, ya en su precio de venta, constituyendo tantas propiedades como herederos haya, sin que el propio testador pueda impedirlo. S.T.A.R.

TITULO TERCERO De la permuta ARTÍCULO 2327. La permuta es un contrato por el cual cada uno

de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250. La permuta, con el nombre común de trueque, es el antecedente histórico de la compraventa. Este último contrato surge con la aparición del dinero, que viene a [49]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2317 y 1328

hacer las veces de una de las cosas que se intercambian en la permuta; ello explica que las disposiciones de aquel contrato sean aplicables a éste. La permuta es un trueque de cosa por cosa. La compraventa lo es de cosa por una suma de dinero. Dado que es posible celebrar un contrato mixto formado por permuta y compraventa se le designa con el nombre de aquel que resulte dominante. Si la porción en dinero es menor que el valor de la cosa que juntamente se entrega a cambio de otra, el contrato será de permuta, en el caso contrario, será de compraventa, ye! negocio se regirá por las disposiciones aplicables a uno u otro contrato según sea el caso. S.T.A.R.

ARTícuLo 2328. Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que

se le da en permuta, y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio, y cumple con devolver la que recibió. La permuta es un contrato consensual en el que cada parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa; si alguno no puede disponer legalmente de la que ha ofrecido o ya entregado incluso, no podrá transmitirla en propiedad, por lo que habrá incumplido la obligación contractual y en rigor no se trata de un contrato nulo, en el que por hipótesis ambas partes han ejecutado las prestaciones recíprocas, sino de un contrato válido en que una de las partes ha entregado una cosa cuya propiedad no podía transmitir por no ser dueao de ella, no puede ser compelido a cumplir la prestación a su cargo, porque falta la causa de su obligación a saber: el que la otra parte cumpla con lo que le incumbe. El artículo en comentario se funda en la reciprocidad de las obligaciones según la cual en los contratos bilaterales cada parte se obliga hacia la otra fundado en la contraprestación que de ella recibirá, de tal suerte que si no existe la posibilidad de obtener lo que se le ha ofrecido, no hay causa fundante de su obligación; por lo tanto, el perrnutante que prueba que no se le transferirá la propiedad de la cosa que se le ofreció en permuta, no puede ser obligado a entregar la que él por su parte se obligó a transferir y sólo deberá regresar a su vez la que recibió, porque el contrato ha quedado resuelto por incumplimiento (a. 1949). La solución dada por el precepto a la hipótesis prevista no dispensa al permutante incumplido de la responsabilidad que le imponen los aa. 1910, 1915, 1949 y 2107. I.G.G. y S.T.A.R.

1501

2a. PARTE. TIT. III

ARTS. 2329 y 2330

ARTÍCULO 2329. El

permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en cambio, podrá reivindicar la que dio, si se halla aún en poder del otro permutante, o exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, con el pago de daños y perjuicios.

A este artículo son aplicables los comentarios que hemos formulado al a. 2328 y agregamos que en el artículo que se comenta, el permutante que hubiere sido vencido en el juicio de evicción podrá: a) Reivindicar del otro permutante la cosa que él dio a cambio de la que fue desposeído en el juicio de evicción si se halla en poder del otro contratante; b) Exigir su valor si no se encuentra ya en poder de éste último; y c) Demandar el valor de la cosa que recibió a Cambio, de la cual sufrió evicción. En las tres hipótesis con el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado con motivo del incumplimiento por causa de la evicción. En el supuesto del inciso a) la permuta queda resuelta por incumplimiento de una de las partes en cuanto ésta no transmitió la propiedad de la cosa que entregó a cambio de la que recibió en mutuo. Por ello, tendrá derecho a reivindicarla o a recibir su valor (inciso si por no hallarse la cosa en poder del otro contratante, no puede ser recuperada. Pensamos que se trata de una devolución de la cosa dada en mutuo como consecuencia de la resolución del contrato y no de la acción reivindicatoria propiamente dicha, que es una acción persecutoria del bien en poder de tercero. Se deriva de la naturaleza restitutoria de la acción, que puede optar por exigir el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio (inciso c) aún cuando ésta se encuentre en poder del permutante demandado. No distingue el precepto si el valor de la cosa y la responsabilidad por el pago de daños y perjuicios depende de la buena o mala fe del mutuante contra quien se ejercitan las acciones a que se refiere este artículo. En nuestra opinión deben aplicarse las reglas que establecen los aa. 2126 y 2127 y distinguirse, según que el perrnutante demandado conociera al tiempo de celebrar el contrato de permuta, el derecho que tuviera un tercero para reclamar la propiedad de la cosa en un juicio de evicción. )

I.G.G.

Lo dispuesto en el artículo anterior no perjudica los derechos que a título oneroso haya adquirido un tercero de buena fe sobre la cosa que reclame el que sufrió la evicción.

ARTÍCULO 2330.

El legislador ha considerado en varios preceptos que en relación con los terceros y respecto de la enajenación de cualquier derecho real existen dos ciernen-

[51]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2330 y 2331

tos capitales que deben tomarse en cuenta para proteger a los terceros adquirentes: La buena fe y el hecho de que la adquisición se haga a título oneroso. La presencia de artículos que contienen este criterio en el libro segundo del código y en la primera parte del cuarto, nos indican que sus disposiciones son aplicables no sólo al contrato de permuta, sino a cualquier otro traslativo de dominio. Entre los preceptos a que nos referimos figura señaladamente el a. 799 que protege a quien ha adquirido cosa ajena en almoneda o de comerciante en mercado público; tal tipo de adquisjciones no tiene otro sentido que hacer descansar la buena fe en un dato objetivo. El a. 1886 descansa en el mismo principio de la buena fe y hace evidente que el a. 2330 se refiere a que la acción por enriquecimiento ilegítimo no procede en contra del tercer adquirente de la cosa cuando es de buena fe. El precepto en comentario establece que el tercer adquirente de buena fe adquiere la cosa a título oneroso y es inmune al ejercicio de la acción reivindicatoria que intentare el perrnutante que sufrió la evicción. I.G.G. y S.T.A.R. ARTÍCULO 2331. Con

excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de la compra-venta, en cuanto no se opongan a los artículos anteriores.

Son aplicables a este artículo los comentarios hechos respecto al a. 2327, pues como explicamos, la única diferencia consiste en que el precio de la compraventa debe ser en dinero. Es idea generalizada que el precio es exclusivo de la compraventa; sin embargo, como se desprende de los aa. 2398 y 2399, el precio es un elemento que figura también en el contrato de arrendamiento y no es de su esencia el ser en dinero. Pretium en latín significa valor de una cosa, en su acepción pura, es decir, aquello con lo quo se compensa lo que se recibe o con lo que se paga una obligación. En el primer diccionario de la lengua, Tesoro de la lengua castellana o española, dado a luz en el año de 1611, por Sebastián de Cobarrubias, encontramos la voz "Precio Del nombre latino pretium, La estima o el valor de la tassa de una cosa. Ser cosa de precio, es ser de mucha estima". Por lo demás, el a. 2248 al definir el contrato de compraventa, dispone que eI comprador se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Por donde se ve que puede concebirse el precio como una prestación que no sea en dinero sino en especie. Debe atenderse en esto a Manresa cuando dice que las reglas de la compraventa [52]

2a. PARTE. T1T. 111. T1T. 1V/CAP. I

ARTS. 2.331 y 2332

serán aplicables a la permuta, no solamente en cuanto falta determinación especial en el código, sino además en cuanto lo consientan los motivos de semejanza de ambos contratos.., será menester consultar además previamente si en la materia en que el Código ha omitido el precepto, se dan razones de semejanza o analogía entrambos, contratos o por el contrario, dicha materia pertenece a aquellos aspectos en que los actos jurídicos compra y venta y permuta, difieren. (Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español. Madrid, Reus, 1969, t. X, vol. I. p. 602). I.G.G.

TITULO CUARTO De las donaciones CAPITULO De las donaciones en general ARTÍCULO 2332. Donación es un contrato por el que una persona

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.

De acuerdo con su definición legal, la donación presenta las siguientes características: Es un contrato, translativo de dominio, a título gratuito, o sea, por mera liberalidad; unilateral porque sólo queda obligado el donante; y unicamente pueden donarse los bienes presentes, no cabe donación de bienes futuros (a. 1333). Por tratarse de un contrato traslativo de dominio, cuando el bien que se transfiere es cierto y determinado, la transmisión de la propiedad opera por el solo efecto del contrato, sin necesidad de tradición (a. 2011 fr. I y 2014); cuando el bien o los bienes donados fueren indeterminados no se transferirán sino hasta el momento en que se hacen ciertos (a. 2015). Si no se hubiere designado la calidad de la cosa donada, el donante cumple entregando una de mediana calidad. No todas las liberalidades pueden considerarse donaciones. Sólo tienen este carácter las que se hicieren de acuerdo con lo establecido en este capítulo y aquellas que han sido consideradas como donaciones por diversas disposiciones del código, como ocurre entre otros, con los casos que señalan los aa. 192, 432 y 2775. [53]

TITULO CUARTO De las donaciones

2a. PARTE. T1T. 111. T1T. 1V/CAP. I

ARTS. 2.331 y 2332

serán aplicables a la permuta, no solamente en cuanto falta determinación especial en el código, sino además en cuanto lo consientan los motivos de semejanza de ambos contratos.., será menester consultar además previamente si en la materia en que el Código ha omitido el precepto, se dan razones de semejanza o analogía entrambos, contratos o por el contrario, dicha materia pertenece a aquellos aspectos en que los actos jurídicos compra y venta y permuta, difieren. (Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español. Madrid, Reus, 1969, t. X, vol. I. p. 602). I.G.G.

TITULO CUARTO De las donaciones CAPITULO De las donaciones en general ARTÍCULO 2332. Donación es un contrato por el que una persona

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.

De acuerdo con su definición legal, la donación presenta las siguientes características: Es un contrato, translativo de dominio, a título gratuito, o sea, por mera liberalidad; unilateral porque sólo queda obligado el donante; y unicamente pueden donarse los bienes presentes, no cabe donación de bienes futuros (a. 1333). Por tratarse de un contrato traslativo de dominio, cuando el bien que se transfiere es cierto y determinado, la transmisión de la propiedad opera por el solo efecto del contrato, sin necesidad de tradición (a. 2011 fr. I y 2014); cuando el bien o los bienes donados fueren indeterminados no se transferirán sino hasta el momento en que se hacen ciertos (a. 2015). Si no se hubiere designado la calidad de la cosa donada, el donante cumple entregando una de mediana calidad. No todas las liberalidades pueden considerarse donaciones. Sólo tienen este carácter las que se hicieren de acuerdo con lo establecido en este capítulo y aquellas que han sido consideradas como donaciones por diversas disposiciones del código, como ocurre entre otros, con los casos que señalan los aa. 192, 432 y 2775. [53]

ARTS. 2332 y 2333

LIBRO CUARTO

Hay en el código diversas disposiciones que alteran en alguna forma los preceptos que contiene este capítulo. Por tratarse de normas de excepción deben aplicarse preferentemente. Se pueden citar al efecto los aa. 219 a 231 relativos a las donaciones antenupciales; 232 a 234 sobre donaciones entre consortes y 2031 que se refiere a la cesión de derechos a título gratuito. Los autores y algunas legislaciones sudamericanas, consideran expresamente que no existe donación en los siguientes casos: cuando se repudia una herencia o legado; cuando se deja de cumplir la obligación o carga a que se encuentra sujeto un derecho eventual. Tampoco existirá en el comodato ni en el mutuo simple; en la constitución de una fianza; en los servicios que se prestan gratuitamente y cuando se deja de correr el plazo de la prescripción. La capacidad requerida para celebrar el contrato de donación es la que señala el código en los aa. 22,247 y 646, sin perjuicio de lo que se expresa a continuación. ¿Pueden los menores efectuar donaciones? Sobre esta materia es necesario tener presente lo dispuesto en los aa. 436 y 576 que prohiben a los representantes legales enajenar o gravar los bienes de sus representados, a no ser que se haga por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio para los menores cuyos bienes administran, lo cual nos permite inclinarnos por la respuesta negativa. Sin embargo el a. 229 dispone: los menores pueden hacer donaciones antenupciales pero sólo con intervención de sus padres o tutores o con aprobación judicial. L.C.P. ARTÍCULO 2333. La donación no puede comprender los bienes

futuros.

El a. 2332 al definir la donación señala que ésta sólo debe recaer sobre bienes presentes. El artículo que se comenta reafirma este concepto al disponer que no puede comprender bienes futuros. Por su naturaleza misma, la donación no puede recaer sobre cosas futuras. Pothier, citado por Rojina Villegas dice que "la donación no puede recaer sobre bienes futuros, porque debe caracterizarse como irrevocable y sería dejar al arbitrio del donante cumplir o no el contrato. No habría procedimiento alguno para que este contrato fuera eficaz si recayere sobre bienes futuros porque el donante podría no adquirirlos y desde este punto de vista quedaría la donación sin objeto". (Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil mexicano, Antigua Librería Robredo, 1962, t. III, contratos, p. 176). Los aa. 2332 y 2333, son casos de excepción a la regla general que señala el a. 1826 que dice: "Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento". [541

2a. PARTE. TIT. 1V/CAP. I

ARTS. 2333, 2334 y 2335

En el mismo sentido, se pronuncian, entre otros, los aa. 2243,2309,2798,2821 y 2923 que se refieren respectivamente a la promesa de contrato, a la compraventa de cosa esperada ya la compra de esperanza, así como a la constitución de fianzas e hipotecas para garantizar cosas futuras. L.C.P.

La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria.

ARTÍCULO 2334.

Este articulo considera diversas categorías de donaciones, clasificándolas en la siguiente forma: a) Puras, las que producen efecto de inmediato; b) Condicionales, las que dependen de la realización de un hecho futuro, eventual o contingente; c) Onerosas, las que se hacen imponiendo gravamen; d) Remuneratorias, las que se otorgan en razón de servicios especiales recibidos por el donante. Los aa. 2335 y 2336, definen cada uno de estos conceptos. L.C.P.

Pura es la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto.

ARTÍCULO 2335.

Planiol llama obligaciones puras y simples "a las que se producen errel estado normal, que no están modificadas por ninguna modalidad: plazo o condición" (citado por Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, t. II, p. 388). El CC de 1884 en su a. 1328 decía: "La obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna". El código actual no las define en el título relativo a las "Modalidades de las Obligaciones". Lo hace en el articulo que se comenta a propósito de la donación, disposición que es igual al a. 2598 del código de 1884. Francisco Lozano Noriega, en su libro dice: "Siempre se ha opuesto la donación pura a la condicional. En realidad la donación pura no solamente se opone a la condicional, sino que se opone también a la onerosa, a la remuneratoria y en general a cualquiera donación sujeta a modalidad". Lozano Noriega, Francisco (ed), Cuarto curso de derecho civil. Contratos, México, 1970, p, 273). Dispone el a. 2335 que la donación condicional es la que depende de algún acontecimiento incierto y el a. 1938 la define igualmente en términos similares al [55]

ARTS. 2335 y 2336

LIBRO CUARTO

decir: "La obligación es condicional cuando su existencia o resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto". L.C.P. ARTÍCULO 2336. Es onerosa la donación que se hace imponiendo

algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar.

Las donaciones onerosas son aquellas que se hacen imponiendb algún gravamen al donatario, como pagar determinadas deudas, obligarle a construir una escuela en terrenos que se le donan en ese acto u otra carga semejante. Algunos autores consideran que existe mucha semejanza entre las donaciones onerosas y las obligaciones modales, entendiendo el "modo" como el gravamen que se impone a una persona a quien se otorga una liberalidad. También opinan los comentaristas que éstas no son donaciones, porque los gravámenes que se imponen al donatario harían desaparecer el aspecto gratuito que caracteriza a la donación. La respuesta a este aserto la da el a. 2337 que se analizará a continuación. Se dice también que el contrato dejaría de ser unilateral para transformarse en bilateral por quedar obligadas ambas partes. Tiene importancia esta opinión, porque si el donatorio incumple las obligaciones contraídas, podría el donante o los terceros interesados en su cumplimiento, invocar el a. 1949, aplicable a los contratos bilaterales. Ruggiero considera que estas donaciones no pierden su carácter unilateral, porque la carga no es esencial en la relación jurídica sino meramente accidental. (Citado por Rojina Villegas en su obra, Compendio de derecho civil, México, Antigua Librería Robredo, 1962, t. IV, contratos, p. 179). En igual sentido opina Miguel Angel Zamora y Valencia, en su libro Contratos civiles, 2a. ed., México, Porrúa, 1985, p. 134. En sentido contrario, Francisco Lozano Noriega y Rainón Sánchez Medal, opinan que la donación onerosa es un contrato bilateral. Don Francisco Lozano Noriega dice que la donación onerosa es un contrato bilateral por ser de naturaleza compleja (Lozano Noriega, Francisco, Cuarto curso de derecho civil. Contratos, Edición del autor, México, 1970, p. 288), y don Ramón Sánchez Medal, dice que "es un contrato gratuito, generalmente unilateral, la donación, pero por excepción bilateral en un sentido amplio en la donación onerosa". De los contratos civiles, México, Porrúa, 1973, p. 165. Donación remuneratoria es la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. Ramón Sánchez Medal, [56]

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. I

ARTS. 2336 y 2337

en su obra pone como ejemplo de donación remuneratoria "haberle salvado la vida al donante en un naufragio o en un incendio" (De los contratos civiles, México, Porrúa, 1973, p. 166). El ejemplo que encontramos en el libro de Lozano Noriega, en la página 275, es el siguiente: "El caso de un enfermo grave que después de una larga enfermedad en la que fue atendido de manera gratuita, digamos por una madre de la caridad, le hace una donación. Aquí, en este servicio, quien lo presta, no tiene derecho para cobrarlo; pero la donación se hace precisamente en atención a esos servicios recibidos". En la misma obra en la página 274 dice que no puede confundirse la donación remuneratoria con la dación en pago, porque en la primera no existe obligación civil previa, en cambio en la segunda sí. En el libro tercero del CC el a. 1414, se refiere a los legados remuneratorios, los cuales tienen preferencia sobre los otros en caso de reducción de ellos. Las donaciones remuneratorias no pueden ser revocadas por sobreveniencia de hijos, dice el a. 2361 en su fr. IV. L.C.P.

Cuando la donación sea onerosa, sólo se considera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas.

ARTÍCULO 2337.

En los comentarios al artículo anterior, han sido expuestas las diversas opiniones vertidas sobre esta clase de donaciones. Francesco Messineo, refiriéndose a ellas dice: La donación es el negocio entre vivos a título gratuito en que predominante encuentra aplicación el elemento accidental que es la carga (o modus) y del cual en su lugar se ha expuesto la disciplina general. La donación en tal caso, se llama modal u onerosa o cum onere o submodo; y sigue siendo liberalidad, no obstante la carga que se haya puesto a ella, alguien la identifica con la datio ab causam futuram. (Messineo, Francesco, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, Giuffré Editore, 1954, vol. 1II,p. 44). Sigue argumentando Messineo sobre estas donaciones, que la carga es un elemento accidental y que la donación modal conserva su naturaleza de negocio unitario con causa única de liberalidad y nunca oneroso "aun cuando la carga (onere) absorba por entero la entidad de la donación". Presentan en verdad estas donaciones las características propias de las obligaciones modales. En efecto, el donante transfiere el dominio de la cosa al 57]

ARTS. 2337, 2338 y 2339

LIBRO CUARTO

donatario, quedando éste obligado a cumplir el gravamen o carga que le ha sido impuesta contractualmente. En el CC redactado por don Andrés Bello, el destacado jurista define las asignaciones modales en la siguiente forma: "Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlp a un fin especial como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada". L.C.P.

Las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en Tos casos declarados en la ley.

ARTÍCULO 2338.

En las legislaciones del siglo pasado las donaciones tenían muchos puntos de contacto con la sucesión por causa de muerte, en especial en materia de asignaciones forzosas. En nuestro sistema ha quedado proscrita la donación por causa de muerte. Así se infiere de los términos en que está redactado el precepto que se comenta y de la naturaleza contractual de la donación. La titularidad del derecho sobre la cosa donada se produce desde el momento de la aceptación del donatario; desde entonces la donación es irrevocable, según lo dispone expresamente el precepto en comentario. Además la donación no caduca por la muerte del donatario, como ocurriría si fuera por causa de muerte del donante, situación que sería en realidad un legado instituido por el donante (testador) en favor del donatario (legatario). A ese acto de liberalidad que se pretendiese otoigar como donación se aplican las disposiciones contenidas en el libro tercero y en especial los aa. 1391 y siguientes de este código, que se refieren a los legados, los cuales sólo pueden instituirse por un testamento que debe reunir bajo pena de nulidad la forma que la ley establece para esas disposiciones de última voluntad. I.G.G. ARTÍCULO 2339. Las

donaciones que se hagan para después de la muerte del donante, se regirán por las disposiciones relativas del Libro Tercero; y las que se hagan entre consortes, por lo dispuesto en el Capítulo VIII, Título V del Libro Primero. 1581

ARTS. 2330 y 2340

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. .1

Ocurre que el libro tercero se refiere sólo a las herencias y legados y en ninguna de sus partes a las donaciones. ¿Denomina impropiamente este artículo donaciones por causa de muerte a las herencias y legados? José Castán Tobeñas dice: "El Código de Napoleón siguiendo la orientación restrictiva de las donaciones iniciado en el antiguo droit costumier con la máxima donner et retenir no vaut (no es válido donar y retener) abolió las donaciones monis causa, al disponer en su artículo 893 que no se podrá disponer de los bienes a título gratuito más que por donación entre vivos o testamento". (Castán Tobeñas, José, Derecho civil español y foral, Madrid, Reus, 1952, t. IV, Derecho de Obligaciones, p. 174). Igual al sentido que encierra —expresado en otros términos— el texto legal que es objeto de este comentario. Cfr. Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles. México, Porrúa, 1973, p. 166; Lozano Noriega, Francisco, Curso de derecho civil, Contratos. México, 1970, p. 272; Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil. México, Antigua Librería Robredo, 1962, t. IV, Contratos, p. 179; Zamora y Valencia, Miguel Angel, Contratos Civiles, México, Porrúa, 1981, p. 135 Las llamadas donaciones cuya ejecución se pretendiera diferir a la muerte del donante si no constan en un testamento otorgado con las solemnidades o formalidades que la ley establece, serían inexistentes por falta de dichas solemnidades, y porque fundamentalmente no se reuniría el requisito sustancial que exige el a. 2338 en cuanto sólo pueden tener lugar entre vivos. I.G.G.

La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador.

ARTÍCULO 2340.

Difiere la formación del consentimiento en el contrato de donación, del sistema que establece el legislador con respecto a los demás contratos. El acuerdo de voluntades que se requiere para la formación del consentimiento en todo contrato, presenta dos fases bien marcadas: la oferta y la aceptación. Si las partes están presentes el consentimiento debe formarse de inmediato. Si no lo están por encontrarse en sitios distintos, el proponente espera la contestación de su oferta por espacio de tres días, más los necesarios para la ida y vuelta del correo (aa. 1803 a 1811). En los contratos por correspondencia el consentimiento se forma según el a. 1807 cuando el proponente recibe la oferta. Acoge este artículo et sistema de la recepción. De acuerdo con la opinión general de la doctrina, de conformidad con lo dispuesto en el a. 2340, en materia de donaciones el consentimiento debe

1591

ARTS. 2340, 2341, 2342 y 2343

LIBRO CUARTO

formarse de acuerdo con otro sistema: el de la información, o sea cuando el donante se entera, se informa o conoce de la aceptación de la donación. La aceptación para que surta efectos debe hacerse en vida del donante (a. 2346). El doctor Galindo Garfias es de opinión contraria; considera que el artículo en comentario, acoge el sistema de la recepción, precisamente por los términos de la redacción del a. 2340; es decir, la donación es perfecta desde el momento en que el donatario "hace saber su aceptación". El donatario cumple con la obligación que le impone este precepto, haciendo llegar la aceptación al donante (sistema de la recepción). No parece lógico interpretar el precepto en el sentido de que un hecho propio del donante —estar informado— deba ser cumplido por el donatario. Lo que la letra del precepto dice es que el donatario "Haga saber" es decir, que haga llevar al donante la información para que éste se informe de la aceptación, haciendo llegar a sus manos el pliego o la carta que la contiene. Ese, no otro debe ser el sentido de la frase "Haga saber al donante su aceptación". ¿Cómo podría el donatario probar que el donante que recibió la carta que contiene la aceptación se informó de ella? L.C.P. ARTÍCULO 2341. La donación puede hacerse verbalmente o por

escrito. Del texto de este artículo pareciera desprenderse que es facultativo para el donante declarar su voluntad en cualquiera de las dos maneras mencionadas; sin embargo no es así. Generalmente este contrato es formal y sólo por excepción consensual. I.G.G. y L.C.P. ARTÍCULO 2342. No puede hacerse donación verbal más que de

bienes muebles. Este contrato es consensual sólo cuando se donan bienes muebles. Los inmuebles, cualquiera que sea su valor, no pueden donarse verbalmente, la donación podrá constar por escrito privado, si el valor del inmueble no excede de treinta mil pesos (vid. a. 78 de la NL para el DF). L.C.P. ARTÍCULO 2343. La donación verbal sólo producirá efectos legales

cuando el valor de los muebles no pase de doscientos pesos. [6 0]

2a. PARTE. T1T. IV/CAP. 1

ARTS. 2343, 2344, 2345 y 2346

Es necesario actualizar esta norma para acomodarla a la realidad económica de hoy. Bienes muebles del valor que les asigna este artículo eran atractivos en la época en que se redactó el CC. L.C.P.

Si el valor de los muebles excede de doscientos pesos, pero no de cinco mil, la donación debe hacerse por escrito. Si excede de cinco mil pesos, la donación se reducirá a escritura pública.

ARTÍCULO 2344.

Es necesario hacer a esta disposición, los mismos comentarios a los artículos precedentes. Los gastos que demande el otorgamiento de una escritura pública pueden parecer exagerados cuando los bienes muebles donados, alcancen apenas valores que este artículo señala. (Vid a. 78 de la NL para el DF), L.C.P. ARTÍCULO 2345. La donación de bienes raíces se hará en la misma

forma que para su venta exige la ley.

Los aa. 2317 a 2322 establecen los requisitos de forma que deben observarse en la venta de bienes inmuebles. Véanse al respecto los comentarios que se han hecho a esos artículos. El a. 78 de la NL dispone que: las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor, según avalúo bancario sea mayor de treinta mil pesos y la constitución o transmisión de derechos reales estimados en más de esa suma o que garanticen un crédito por mayor cantidad que la mencionada, deberán constar por escritura ante notario, salvo los casos de excepción a que se refieren los aa. 730, 2317 y 2917 del Código Civil para el Distrito Federal. L.C.P. ARTÍCULO 2346. La

aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban hacerse; pero no surtirá efecto sí no se hiciere en vida del donante. [61]

ARTS. 2396 y 2347

LIBRO CUARTO

Si el contrato es consensual, la aceptación deberá hacerse en la misma forma (aa. 2341, 2342 y 2343). Si el contrato es formal la aceptación deberá hacerse por escrito o en escritura pública, según lo dispuesto en los aa. 2344 y 2345. De lo anterior deducen los autores, que la aceptación de las donaciones siempre debe ser expresa. Sin embargo, las donaciones antenupciales, según lo dispone el a. 225 "no necesitan para su validez la aceptación expresa". Para que la aceptación produzca efectos debe hacerse en vida del donante. Si éste fallece antes, el contrato no podrá perfeccionarse con sus herederos, pues caduca la oferta, a diferencia de lo que establece el a. 1809 sobre la formación del consentimiento en los contratos. Así como el donante debe manifestar su voluntad al donar (animusdonandi)el donatario debe exteriorizar su voluntad al aceptar la donación. Francisco Lozano Noriega, comentando el a. 2346 dice: "en cualquiera de las tres formas que puede celebrarse el contrato de donación (se refiere al verbal, al escrito y al que debe hacerse por escritura pública) debe también manifestarse la aceptación, de donde concluimos que la aceptación misma de la donación debe ser expresa". Lozano Noriega, Francisco, Cuarto curso de derecho civil. Contratos. México, 1970, p. 277. L.C.P. ARTÍCULO 2347. Es

nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias.

Al definir la donación el a. 2332 considera que ésta puede recaer en una parte o en la totalidad de los bienes presentes del donante. El a. 2347 aclara y limita el amplio concepto que contiene el a. 2332 al decir que la donación que recae en la totalidad de los bienes del donante es nula, si éste no reserva lo necesario para vivir. Si hiciere la reserva, la donación será válida. Existe no obstante, una aparente contradicción entre el artículo que se comenta y el 2355 que dice: "Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será responsable de todas las deudas del donante anteriormente contraídas..." ¿Cómo pueden conciliarse ambas disposiciones? Los autores opinan que es necesario relacionar estos dos artículos con el 2349 que considera también válida la donación de todos los bienes cuando el donante se reserva parte de ellos para testar. De acuerdo con esta interpretación habría que concluir que la donación universal que considera el a.-2355, no es la que señala este que se comenta en su 552]

ARTS. 2347, 2348 y 2349

2. PARTE. TIT. IV/CAP. 1

primera parte, sino la que se considera legalmente válida (a. 2347 segunda parte y.2349).

L.C.P.

Las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la ley.

ARTÍCULO 2348.

El a. 311 dispone que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Puede ocurrir que el presunto deudor de alimentos transfiera sus bienes mediante una donación y perjudique con ello los derechos del acreedor alimentario. En una demanda de alimentos habrá necesidad de probar que el presunto deudor tiene la capacidad económica suficiente para otorgarlos, salvo que se trate de alimentos debidos al cónyuge o a los hijos en que la obligación presenta modalidades especiales. Si el deudor de alimentos transmite sus bienes mediante una donación y disminuyen con ello sus posiblilidades económicas ocasionando perjuicios al acreedor, esa donación puede considerarse inoficiosa y revocarse o reducirse según sea el caso. Podrá revocarse por el progenitor cuando le hayan sobrevenido hijos y por el hijo póstumo, por disponerlo así el a. 2360. La donación podrá reducirse en tanto baste para que el acreedor alimentista pueda recibir alimentos. Puede impedirse lo anterior, si el donatario toma sobre sí la obligación de ministrar los alimentos y la garantiza plenamente (a. 2360). La acción de revocación por sobrevenir hijos, corresponde exclusivamente al donante y al hijo póstumo, dice el a. 2367. En cambio tienen derecho a pedir la reducción, todos los que sean acreedores alimentistas.

Si el que hace donación gen.eral de todos sus bienes, se reserva algunos para testar, sin otra declaración, se entenderá reservada la mitad de los bienes donados.

ARTÍCULO 2349.

¿Son válidas estas donaciones? El legislador en el a. 2347 sólo considera nulas las donaciones universales cuando el donante transfiere la totalidad de sus bienes. Si el donante reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias, la donación universal será válida (2347). 1631

ARTS. 2340, 2350 y 2351.

LIBRO CUARTO

Aplicando por analogía este criterio, se llega necesariamente a la conclusión de ser válidas las donaciones universales a que se refiere el a. 2349, esto es, cuando el donante reserva en el contrato parte de sus bienes para testar. Contiene el a. 2349 una disposición original, al considerar que si el donante declara en el contrato que se reserva parte de sus bienes para testar, sin ninguna otra aclaración, se entenderá reservada la mitad de los bienes donados. L.C.P. ARTÍCULO 2350. La donación hecha a varias personas conjunta-

mente, no produce a favor de éstas el derecho de acrecer, si no es que el donante lo haya establecido de un modo expreso. El derecho de acrecer lo considera la legislación universal, en forma preferente en el derecho sucesorio. Existe, cuando varios herederos o legatarios son llamados a una misma herencia o legado y falta uno de ellos. En tal caso la porción del que falta se distribuye entre los demás interesados. El CC de 1884 en los aa. 3653 a 3663 consideraba el derecho de acrecer. El a. 3653 lo definía en la siguiente forma: "derecho de acrecer es el que la ley concede a un heredero para agregar a su porción hereditaria lo que debía corresponder a otro heredero". El CC de 1928 no considera el derecho de acrecer en la sucesión testada; la porción que correspondería el heredero que falta, se distribuye entre los herederos legítimos. El CC de 1928 se refiere al derecho de acrecer en los aa. 983, 1477, 1744 y 2350. Debe pactarse expresamente, salvo en el caso que señala el a. 1744. En México, existe el derecho de acrecer en el pago de las pensiones que las leyes de seguridad social otorgan a los familiares del trabajador que fallece; también en los seguros de vida. L,C.P. ARTÍCULO 2351. El donante sólo es responsable de la evicción de

la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla. Por regla general, en materia de donaciones, el donante no responde de la evicción. Esta disposición es lógica, porque si el donante debe desprenderse en vida, de parte de sus bienes para traspasarlos gratuitamente a otro que se beneficia sin costo alguno con ese acto de liberalidad, sería inequitativo impo-

[641

ART. 2351

2. PARTE. TIT. 1V/CAP. I

nene mayores obligaciones y responsabilidades cuando el donatario, por las contingencias propias de las relaciones jurídicas, pierde esas especies. El donatario al aceptar, sabe de antemano, porque así lo establece categóricamente el a. 2351, que recibe las especies donadas, bajo la advertencia de que adquiere sólo los derechos que eventualmente pueda tener el donante sobre ellas. "Es lógico suponer, dice don Ramón Sánchez Medal, que el donante quiso donar sólo lo que en realidad pudiera pertenecerle, sin asumir mayores responsabilidades". (De los contratos civiles, 2a. ed. México, Porrúa, 1973, p. 156). Comentando esta disposición don Rafael Rojina Villegas dice que en los contratos conmutativos "...el enajenante está obligado al saneamiento para el caso de evicción y esto supone devolver el precio recibido por la cosa y pagar determinadas prestaciones. En la donación como no hay precio, el donante no está obligado a la evicción". (Derecho civil mexicano, 5a. ed., t. IV, Contratos, México, Porrúa, p. 462.) ¿Acaso es aplicable a todas las donaciones el a. 2351? Si bien se justifica plenamente que el donante no responda de la evicción en las donaciones gratuitas, no ocurre lo mismo con las onerosas. Puede ocurrir que el donatario, después de haber cumplido cabalmente con las obligaciones convenidas, sea privado de los bienes por la acción de un tercero que acredite mejores derechos sobre ellos. ¿Cómo puede recuperar lo pagado el donatario que es privado de los bienes donados después de efectuado el pago? ¿Será necesario recurrir a la evicción? Al parecer no es esa la solución y si no lo fuere, carecería de importancia determinar si el contrato es bilateral o no lo es y si en la especie son o no aplicables las disposiciones de los aa. 2119 y siguientes o la que señala el a. 2351, porque la solución, no la dan en nuestro concepto, esos artículos sino el a. 2368 que dice: "El donatario responde sólo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con la cosa donada, y no está obligado personalmente con sus bienes..." De acuerdo con ese artículo no habrá necesidad de recurrir a la evicción cuando el donatario, después de pagar las cargas pierde la cosa donada por la acción de un tercero. Como estaría pagando con sus bienes propios las cargas que se le impusieron, podrá, de acuerdo a lo establecido en el a. 2368, exigir al donante el reintegro de lo pagado. Si esta solución fuere valedera, habría que concluir que la regla que contiene el a. 2351 es de carácter general, aplicable a toda clase de donaciones. La misma solución podrá darse cuando estas donaciones sean revocadas o reducidas. El donante puede hacerse cargo de la evicción, según el a. 2351, si expresamente se obligó a prestarla. ¿Cómo se procederá en este caso? La solución será distinta según se trate de donaciones gratuitas u onerosas. Respecto de las segundas, si el donatario ha pagado las careas, podrá recuperar lo pagado por medio de la evicción y de lo dispuesto en el a. 2368. [65]

ARTS. 2351 y 2332

LIBRO CUARTO

En cuanto a las donaciones gratuitas, es interesante conocer la opinión de don Miguel Angel Zamora y Valencia, que en su libro Contratos civiles, México, Porrúa, 1981, dice, en la página 129: En el supuesto de que el donante se hubiera obligado a pagar al donatario el precio de la cosa donada si se sufre evicción, ya que éste!no es un contrato oneroso y el donante no recibió nada y por lo tanto nada debe devolver, no obstante que se le haya fijado un valor al bien en la celebración del contrato; pero sí estará obligado a pagar los gastos del contrato si hubieren sido satisfechos por el donatario, los causados en los juicios de evicción y saneamiento y el valor de las mejoras útiles y necesarias siempre que en la sentencia respectiva no se determine que el vencedor satisfaga su importe (2126) y en todo caso, el donatario quedará subrogado en todos los derechos del donante (2352). Y agrega con respecto a los vicios ocultos, que tampoco estará obligado a responder de ellos "ya que se presume que la cosa se donó en el estado que ésta guardaba al perfeccionarse el contrato" (2142). Afirman los autores, que en"las donaciones gratuitas el donante no responde de los vicios ocultos, porque el a. 2142 sólo se aplica a los contratos conmutativos. Don Rafael Rojina Villegas, en su obra Derecho c,vil mexicano, tomo VI, Contratos vol. 1, en la página 264 dice: Lógicamente no podemos aplicar estas reglas a la donación, porque no es un contrato conmutativo. Sin embargo, con motivo del contrato de donación, puede un falso donante de mala fe transmitir una cosa viciada al donatario, para causarle daños. Es decir, ejecutar un hecho ilícito con la apariencia de una liberalidad. Sobre todo, esto sería posible cuando se den en aparente donación, animales enfermos o cosas susceptibles de descomposición, pero cuyo vicio está oculto. Opina el distinguido tratadista que puede exigirse el pago de los daños y perjuicios causados por el falso donante pero no con ocasión del contrato de donación aparente, pues no ha existido el animus donandi, sino del hecho ilícito que es fuente general de obligaciones. L.C.P. ARTÍCULO 2352. No

obstante lo dispuesto en el artículo que precede, el donatario queda subrogado en todos los derechos del donante si se verifica la evicción. [661

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. I

ARTS 2352 y 2353

Se trata de una subrogación legal distinta de las señaladas en el a. 2058. Otros casos de subrogación legal consideran los aa. 1443, 1999, 2448 H y 2482. Los derechos que puede hacer valer el donatario, son entre otros, los relativos

a mejoras que prescriben los aa. 2128 fr. IV y 2133. Francisco Lozano Noriega en su obra (Contratos, México, Edición del autor, 1970, p. 285) dice: "el donatario podrá repetir en contra de la persona que transmitió la propiedad de la cosa donada al donante, porque queda subrogado en todas las acciones que al donante correspondía contra su causante". L.C.P.

Si la donación se hace con la carga de pagar las deudas del donante, sólo se entenderán comprendidas las que existan con fecha auténtica al tiempo de la donación.

ARTÍCULO 2353.

Se trata de una donación onerosa. Si la carga consiste en el pago de las deudas del donante sólo quedan comprendidas: a) las que existan al tiempo de la donación; b) las que tengan fecha auténtica.

¿A qué clase de deudas se refiere este artículo, a. las que gravan las cosas donadas o a todas las deudas del donante? El legislador no lo dice. También el a. 1454, se refiere a las deudas respecto a los legados, sin especificarlas al decir: "El legado genérico de liberación o perdón de las deudas, comprende sólo las existentes al tiempo de otorgar el testamento y no las posteriores". ¿Deben estas deudas ser líquidas y exigibles? Tampoco lo dice el legislador. El a. 2189 ubicado en el capítulo de la compensación, dice; "Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de nueve días". Y agrega el a. 2190: -Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho". ¿Qué se entiende por fecha auténtica? No lo especifica el artículo que se comenta. El a. 2034 ubicado en el capitulo de la cesión de derechos, puede ser aplicable analógicamente a la disposición que se comenta. Dispone ese artículo: La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: I. Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; II. Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; [67]

ARTS. 2353 y 2354



LIBRO CUARTO

111. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se. incorpore o inscriba en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. L.C.P.

Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el donatario no responderá de las deudas del donante, sino cuando sobre los bienes donados estuviere constituida alguna hipoteca o prenda, o en caso de fraude en perjuicio de los acreedores.

ARTÍCULO 2354.

En el examen de este artículo es necesario considerar varias hipótesis: a) se trata de donaciones que recaen sobre cosas ciertas y determinadas; b) pueden estas especies estar gravadas o no tener gravamen alguno. Si no tienen gravámenes la donación será gratuita porque el donatario no está obligado al pago de ninguna deuda del donante. Si se encuentran gravadas con prendas o hipotecas o existe la posibilidad de un fraude a los acreedores, la donación será onerosa pues el donatario quedará obligado al pago de las deudas del donante. ¿De qué deudas? ¿De todas las del donante o sólo de las que recaen sobre las especies gravadas y las provenientes de un presunto fraude? Puede este precepto interpretarse en cualquiera de tos dos sentidos por la generalidad de los conceptos que emplea al decir "...no responderá de las deudas del donante sino cuando..." Cualquiera que sea la respuesta, es necesario considerar que la responsabilidad del donatario queda limitada al valor de los bienes donados y no está obligado a pagar esas deudas con sus propios bienes, pues la ley le otorga al respecto una especie de beneficio de inventarío en esta materia (a. 2355) y le autoriza para abandonar los bienes donados si no desea obligarse (a. 2368). c) El artículo que se comenta no guarda concordancia alguna con los aa. 2163 y 2165 ubicados en el capítulo intitulado: "De los actos celebrados en fraude de los acreedores". (Acción pauliana). Estos dos artículos consideran que estas donaciones son nulas, en cambio la disposición que se comenta no lo hace, pues obliga al donatario a pagar esas deudas. Posiblemente esta falta de concordancia se deba a que en la legislación de 1884 no se consideraban nulos esos actos, sino rescindibles, con excepción de los actos simulados que podían ser rescindidos o anulados. El actual a. 2354 es una reproducción casi literal del a. 2625 del CC de 1884 que decía: "Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el donatario no responderá de las deudas del donante, sino cuando sobre los bienes donados 1681

ARTS. 2334 y 2353

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. I

estuviere constituida alguna hipoteca o en caso de fraude en perjuicio de los acreedores". La obligación que contrae el donatario de pagar las deudas del donante cuando existe fraude en perjuicio de los acreedores presenta hoy, aspectos distintos de los que tenía en el CC de 1884. El actual código, modificó en los aa. 2163 y 2165 la sanción que señalaba el anterior para esta clase de actos. Sustituyó la rescisión por la nulidad, pero no modificó la redacción del a. 2354, como debió hacerlo, para acomodarla a las nuevas modalidades establecidas por el legislador. El CC de 1884 consideraba válidas pero rescindibles estas donaciones. ¿Son actualmente nulas o válidas las donaciones de esta especie? ¿Debe el donatario pagar esas deudas o debe abstenerse de hacerlo por temor a la nulidad? ¿Si no lo hace, puede adoptar el donante medidas en su contra por el incumplimiento? ¿Si son nulas pueden convalidarse? El CC de 1884 decía en su a. 1695: "La acción de rescisión mencionada en el a. 1687 cesará luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla". El código actual dispone en su a. 2174: "La acción de nulidad mencionada en el articulo 2163 cesará luego que el deudor satisfaga la deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla". Esta disposición debe concordarse con el a. 2234. El a. 2358 se refiere a las donaciones simuladas. (Véase comentario al a. 2358). L.C.P.

la donación fuere de todos los bienes, el donatario será responsable de todas las deudas del donante anteriormente contraídas; pero sólo hasta la cantidad concurrente con los bienes donados y siempre que las deudas tengan fecha auténtica.

ARTÍCULO 2355. Si

La disposición que se comenta se encuentra en aparente contradicción con el a. 2347 que considera nulas las donaciones que comprendan la totalidad de los bienes del donante. Para aclararlo es necesario analizar, si este artículo se refiere a todos los bienes del donante sin deducción alguna, o si es otro su sentido legal. Si considera la totalidad de los bienes, estaría en franca contradicción con el principio general que el legislador ha adoptado en el. a. 2347, según el cual, la donación de todos los bienes carece de valor legal. No parece probable que el legislador haya incurrido en una contradicción tan notoria dentro de un mismo capítulo. Será necesaria pues una interpretación que permita armonizar este precepto con los principios generales que el CC ha incorporado a este contrato. [69]

LIBRO CUARTO

MITS. 2355 y 2356

Para ello será preciso analizar conjuntamente los aa. 2347, 2349 y 2355. De este estudio conjunto se llegará necesariamente a la conclusión, que el precepto que se comenta al referirse a todos los bienes está considerando sólo las disposiciones válidas, o sea aquellas en que el donante se reserva parte de sus bienes para subsistir o para testar (a. a. 2347 y 2349). La donación de todos los bienes con las reservas anotadas, obliga al donatario: a) A pagar la totalidad de las deudas del donante; b) Sólo se consideran las deudas contraídas por el donante, con anterioridad a la donación; c) Las deudas deben tener fecha auténtica. (Véase sobre esta materia el comentario al a. 2353); d) La responsabilidad del donatario queda limitada hasta la cantidad concurrente con los bienes donados. Le otorga la ley una especie de beneficio de inventario al respecto. Este mismo principio lo reitera el a. 2368 y le autoriza para abandonar los bienes donados, si no desea quedar obligado. L.C.P.

Salvo que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones que consistan en prestaciones periódicas se extinguen con la muerte del donante.

ARTÍCULO 2356.

Disposición de dudoso contenido legal. Su interpretación literal puede conducirnos a varias conclusiones, algunas notoriamente reflidas con los principios básicos que sobre liberalidades consagra la legislación civil. Preferentemente son dos los sistemas adoptados por el CC sobre liberalidades: a) La donación; y b) La sucesión por causa de muerte. La donación sólo tiene lugar entre vivos (a. 2338); y se conviene mediante un contrato (a. 2332). La sucesión por causa de muerte, en cambio, sólo produce efectos después de la muerte real o presunta del de cajas. Mientras éste viva, los posibles beneficiarios no tienen derechos adquiridos en la sucesión, sino simples espectativas (aa. 1291, 1665, 1666, 1826, 2950 fr. III). La sucesión puede ser legítima o testamentaria. En la primera, la ley señala a los beneficiarios. En la segunda la institución de heredero o legatario debe hacerse en un testamento (a. 1295). ¿Al margen del testamento pueden convenir las partes que las donaciones que consisten en pagos periódicos produzcan efectos después de la muerte del que las otorga? ¿En el CC existe algún precepto especial que en forma expresa autorice a Las partes para convenirlo? Si existiere, el CC estaría admitiendo la sucesión contractual. Parece pues dudoso el contenido y el alcance legal del artículo que se comenta, el cual puede interpretarse en dos sentidos distintos: A) Que este precepto contiene un caso de sucesión contractual. [701

2a. PARTE. TU'.

tv„icAP. t

ART. 2356

El legislador, en consonancia con los principios generales que ostenta en el capítulo "De las donaciones en general" dispone en el artículo que se comenta, que aquellas que consistan en prestaciones periódicas se extinguen con la muerte del donante. Sin embargo, este mismo artículo en su primera parte contiene, al parecer, un caso de excepción cuando expresa: "salvo que el donador dispusiere otra cosa... Si se interpreta esta frase conforme a la letra de la ley (a. 19) habría que concluir que el precepto aludido estaría considerando un caso de excepción a la regla general, aceptando indirectamente la sucesión contractual. B) Esta disposición admite, no obstante, otra interpretación diferente, cuyos fundamentos son los siguientes: 1. En materia de liberalidades el CC no ha incorporado al libro tercero ninguna disposición especial que en forma expresa considere la sucesión contractual. 2. De acuerdo a lo establecido en el a. 2339, "las donaciones que se hagan para después de la muerte del donante se regirán por las disposiciones del Libro Tercero..." 3. El a. 2356, al parecer, considera un caso de donaciones de esta naturaleza. 4. Para que exista entre ambas disposiciones la debida correspondencia y armonía, es necesario concordarlas entre si. 5. El libro tercero, que menciona el a. 2339 sólo contiene disposiciones relativas a la sucesión por causa de muerte y no considera las donaciones. 6. Para que las donaciones puedan extender sus efectos más allá de la muerte del donante (a. 2356) será necesario adaptarlas al sistema legal que consagra el libro tercero para situaciones semejantes. La adecuación se obtiene mediante el legado. Sólo así podrán quedar regidas estas donaciones por el libro tercero. 7. Reafirma esta solución el propio a. 2356, cuando en su primera parte dispone: "Salvo que el donador dispusiere otra cosa..." Al igual que en los actos de última voluntad el legislador, en este precepto, considera únicamente la voluntad del donador y no la del donatario. Esta interpretación concilia dos materias que presentan características legales diferentes. Mientras las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos (a. 2338) y son irrevocables, los legados son actos de disposición•de última voluntad, esencialmente revocables. El donatario adquiere la cosa donada tan pronto se perfecciona el contrato, (aa. 1796, 2014, 2015, 2016, 2017 y por analogía los aa. 2249 y 2284) el legatario, en cambio, no tiene ningún derecho sobre el legado mientras viva el testador (aa. 1291, 1665, 1666, 1826, 2950 fr. III). En otras legislaciones existe cierta vinculación entre ambas figuras jurídicas, en especial en materia de asignaciones forzosas. Tiene importancia práctica determinar cuál de los criterios existentes debe primar, no solo en materia de donaciones sino también en el usufructo y en la (711

ARTS. 2358 y 2357

LIBRO CUARTO

renta vitalicia gratuitos (aa. 1007, 1010, 1017, 1035, 1036, 1038 fr. IX, 2774, 2775, 2778 y 2785). ¿Se extinguen estos derechos con la muerte del donante? ¿Será necesario ratificarlos o confirmarlos mediante un legado si desea el donante que continúen vigentes después de su muerte? L.C.P.

CAPITULO II De las personas que pueden recibir donaciones ARTÍCULO 2357. Los no nacidos pueden adquirir por donación,

con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337. El CC. en los aa. 22, 263, 359, 364, 470, 1314, 1377, 1638 a 1648 y 2259, entre otros, otorga derechos especiales a los no nacidos. El artículo que se comenta dispone que los no nacidos pueden adquirir por donación. Para que estas liberalidades adquieran eficacia jurídica se requiere: a) Que la criatura se encuentre concebida al tiempo en que se hace la donación; b) Que nazca viva y sea viable, conforme a lo dispuesto en el a. 337; c) Que la donación sea aceptada por el donatario (a. 2340); d) Que se haga saber la aceptación al donador (a. 2340). ¿Será posible armonizar estos cuatro requisitos con los principios generales que consagra el CC en este capítulo, o se tratará de un caso de excepción regido por normas propias? Las donaciones, dice el a. 2338, sólo pueden tener lugar entre vivos y se consideran perfectas desde que el donatario las acepta y hace saber la aceptación al donador (a. 2340). Para resolver estas dudas, es necesario analizar, si los principios generales que contiene el capítulo de las donaciones, son o no congruentes con la disposición que se comenta, y cabe preguntar al respecto: ¿puede considerarse que son donaciones entre vivos las que se hacen al nasciturus? ¿quién debe aceptar la donación en representación del no nacido? ¿quedará perfeccionado el contrato antes del nacimiento o habrá que esperar que éste se produzca en las condiciones que señala el a. 337? Para responder a estos interrogantes, es necesario armonizar esta última disposición con el a. 22 que dice: "La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en 1721

ART. 2357

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. II

que un individuo es concebido, entra balo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código". Dispone por su parte el a. 337: "Para los efectos legales, sólo se reputa nacidc el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil. Faltando alguna de estas circunstancias,

nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad". No obstante existir una aparente contradicción entre ambas disposiciones, la respuesta al requisito que hemos signado con la letra a) parece darla el a. 22. Mientras el nasciturus se encuentre en el seno materno, por una ficción legal, este precepto lo considera "...nacido para los efectos declarados en el presente Código". Una vez efectuado el nacimiento, regirá lo que dispone el a. 337. ¿Habrá que esperar el nacimiento del nasciturus para que cobre eficacia jurídica la donación o ella se puede convenir y perfeccionar antes del nacimiento? En el primer caso se trataría de una simple oferta que quedaría sujeta a la condición suspensiva de que el beneficiario de ella nazca vivo, sea viable y viva el donante (a. 2338). En el segundo, de acuerdo a lo establecido en los aa. 1796, 2014 y 2015 la transferencia de dominio de la cosa donada se haría de inmediato, bajo la condición resolutoria negativa de que la criatura no nazca viva o no sea viable. Al parecer esta segunda opción se encuentra más de acuerdo con el tenor literal del artículo que se comenta, el cual al decir: "...con tal que hayan estado concebidos.al tiempo en que aquélla se hizo...", hace suponer que la donación fue hecha cuando aún la criatura no había nacido. Respecto de la persona que debe aceptar la donación en nombre del no nacido, el CC guarda silencio. Es oportuno preguntarnos: ¿cabe la representación legal de una criatura que aún no ha nacido y a quien la ley no le reconoce capacidad jurídica permanente sino derechos eventuales? El CC español solucionó satisfactoriamente esta duda legal, al disponer en el a. 627 lo siguiente: "Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente los representarían, si se hubiere verificado ya su nacimiento". Igual solución dio el a. 240 del CC chileno al disponer en relación a los hijos de matrimonio: "La patria potestad se ejercitará también respecto de los derechos eventuales del hijo que está en el vientre y que, si naciere vivo, se presumiría legítimo". Este derecho corresponde también a la madre (a. 486 del CC chileno). Cuando se trata de casos especiales, como de los concebidos fuera de matrimonio, los aa. 485 y siguientes del mismo cuerpo de leyes, disponen que para la protección de los derechos eventuales del que está por nacer, se les puede designar un curador. (Curador de vientre) (a. 485 del CC chileno). [731

LIBRO CUARTO

ARTS. 8367 y 1368

En el CC del DF no hay disposiciones expresas que hagan extensivo el ejercicio de la patria potestad a los no nacidos. ¿Acaso esta omisión impide su ejercicio? Tampoco se considera la designación de tutores para la protección de los derechos eventuales del que está por nacer. ¿Significa esto que no pueden designarse?. Destacados comentaristas del CC opinan que las personas llamadas a ejercer la patria potestad sobre el hijo representan también al no nacido. De aceptarse esta opinión, habría que considerar, en todo caso la situación dispar que existe entre los concebidos dentro o fuera del matrimonio. Respecto de los primeros el problema es simple. En cuanto a los segundos es necesario considerar que carecen de filiación legal si no son reconocidos por sus progenitores. Pueden éstos hacerlo aun cuando no hayan nacido (a. 364) pero el ejercicio de la patria potestad queda sometido a circunstancias especiales que señalan los aa. 415,416 y 417. ¿Si el marido comparece a aceptar la donación en representación del nasciturus quedaría impedido de impugnar posteriormente su legitimidad? (aa. 267 fr. II, 325, 328). Basándonos en el a. 22, creemos que la patria potestad se ejerce sobre el nasciturus desde el momento mismo de la concepción, respecto de los progenitores casados. Si no lo están, desde el reconocimiento prenatal (a. 364) que haga el o los reconocientes. Se fundamenta esta opinión cn el texto mismo del artículo citado que consagra una ficción legal al considerar como nacido el feto para los efectos declarados en el código. Si la ley lo reputa nacido, es lógico que la patria potestad pueda ejercerse desde la concepción o el reconocimiento, según sea el

Caso. Si el hijo nace vivo y viable los derechos adquiridos por él antes del alumbramiento se consolidan; en caso contrario se resuelven. De acuerdo con este criterio la donación que se hiciere al nasciturus podría ser aceptada por sus progenitores bajo la condición resolutoria negativa de que no nazca vivo o no sea viable. L.C.P. ARTICULO 2358. Las

donaciones hechas simulando otro contrato a personas que conforme a la ley no puedan recibirlas, son nulas, ya se hagan de un modo directo, ya por interpósita persona.

Este precepto considera nulas las donaciones que se hagan a personas que conforme a la ley no pueden recibirlas, ya sea simulandó de un modo directo con el incapacitado otro contrato, ya por interpósita persona. f74I

2a. PARTE. TIT. IV/CAPS. II y III

ARTS. 2358 y 2359

Aun cuando la ley no lo dice, se sobrentiende que son igualmente nulas las donaciones que se hagan a los incapacitados en forma directa y no mediante la simulación de contratos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la sucesión por causa de muerte, donde se detallan minuciosamente las incapacidades para heredar (aa. 1313 a 1342), la legislación civil no considera en forma expresa incapacidades para recibir donaciones. Los autores opinan que incapacidades de esta naturaleza consigna la Constitución Política Federal en los aa. 27 y 130 que prohibe a los extranjeros adquirir por donación o por otros medios, bienes inmuebles en la zona prohibida, lo mismo a las corporaciones religiosas o iglesias, porque no pueden ser titulares de derechos. (Zamora Valencia, Miguel Angel, Contratos civiles, México, Porrúa, 1981, p. 127). Algunas legislaciones extranjeras hacen extensivas las donaciones a las incapacidades del derecho sucesorio o señalan incapacidades especiales como ocurre en el ,Derecho civil francés (aa. 908 y 909). El artículo que se comenta puede contribuir a esclarecer las dudas de interpretación que surgen del análisis comparativo de los aa. 2339 y 2356. Este último dispone, que por voluntad del donador pueden producir efectos después de su muerte, las donaciones de prestaciones periódicas. A su vez eta. 2339 ordena que se apliquen a estas donaciones las normas de derecho sucesorio. ¿Regirán también las disposiciones sobre incapacidades para heredar que consigna el libro tercero? ¿Serán éstas las incapacidades a que se refiere el artículo que se comenta? De no ser así, esta disposición carecería de sentido ya que el legislador se estaría refiriendo a incapacidades que no se consagran en el CC. Sobre la "simulación de los actos jurídicos", véanse los comentarios a los aa. 2180 a 2184. L.C.P.

CAPITULO III De la revocación y reducción de las donaciones ARTÍCULO 2359. Las

donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos, pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobre viabilidad exige el artículo 337. 1751

ART. 2359

LIBRO CUARTO

Si transcurren cinco años desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hijos o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, ésta se volverá irrevocable. Lo mismo sucede si el donante muere dentro de ese plazo de cinco años sin haber revocado la donación. Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad. Por regla general las donaciones son irrevocables (a. 2338). Sólo por excepción pueden revocarse en los siguientes casos: I. Las que se hagan entre cónyuges (a. 233); 2. Cuando sobrevienen hijos al donante (a. 2359); y 3. Por ingratitud (a. 2370). Se trata de casos de excepción a los principios establecidos en los aa. 1796 y 1797, según los cuales, los contratos una vez celebrados adquieren fuerza obligatoria entre los contratantes y no pueden quedar al arbitrio de una de las partes. Algunos comentaristas fundamentan la facultad de revocar que la ley otorga al donante, en la existencia de una cláusula subyacente rebus sic stantibus que el legislador habría incorporado a este contrato, que le iutorizaría para revocar la donación, cuando se presentan situaciones distintas de las existentes al momento en que ella se hizo. (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, México, Porrúa, 1975, t. VI, vol I, p. 468; Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, red., México, Porrúa, 1984, p. 175). Si el donante no tenía hijos al momento de hacer la donación, puede revocarla dentro del plazo de cinco años, contados desde que hizo la liberalidad, cuando en ese lapso le sobrevengan hijos que nazcan vivos y sean viables (a. 337). Para este efecto, no se consideran los hijos adoptivos. Los hijos consanguíneos pueden nacer dentro o fuera del matrimonio pues la ley no distingue. En este último caso el donante puede reconocer al hijo antes (a. 364) o después del nacimiento (a. 369). La ley no le señala el plazo para hacer el reconocimiento. Respecto a la madre deberá estarse a lo que dispone el a. 360. Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad. Si transcurrieren los cinco años y no le sobrevienen hijos al donante, la donación se hará irrevocable. También se hará irrevocable, sin perjuicio de lo dispuesto en el a. 2360, en los siguientes casos: a) Si le sobrevienen hijos al donante y éste no revoca la donación dentro del plazo de cinco años; y 1761

ARTS. 2339 y 2360

2. PARTE. TIT. IV/CAP. III

b) Si el donante muere dentro de ese plazo sin haberla revocado.

La palabra hijos (en plural) que emplea el a. 2359 ha hecho pensar a algunos comentaristas que no basta con que nazca un solo hijo, opinión que no es compartida por la gran mayoría de los autores. Algunos (entre ellos Ramón Sánchez Medal y Leopoldo Aguilar) consideran que deben haber nacido dos o más hijos, para que pueda revocarse la donación; otros estiman, en cambio que basta un solo hijo (Rojina Villegas). Sobre el particular debe tomarse la expresión de "superveniencia de hijos", no en un sentido literal, exigiendo "hijos" en plural, sino más bien como una manera muy común de hablar en la práctica, ya que a una persona que tiene un solo hijo, no puede decírsele que sea una persona sin hijos, por el hecho de que tiene sólo un hijo y no varios. Esta interpretación se confirma si se toma en cuenta que es suficiente la superveniencia de un solo hijo póstumo (a. 2359, infine). El párrafo tercero del a. 2359 dispone: "Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad". ¿Acaso quiere ello significar que no puede revocarse parcialmente ni admite reducción? El hijo póstumo concebido fuera de matrimonio tendrá derecho a revocar las donaciones que en vida hizo su padre, cuando fue oportunamente reconocido por éste, en la forma que señala el a. 364. ¿Procede la revocación de las donaciones onerosas, cuando el donatario incumple las obligaciones que se le imponen? Algunos autores opinan afirmativamente. Otros, en cambio, consideran que pueden rescindirse de acuerdo a las regias generales y de lo que dispone el a. 2369. Por tratarse de una figura jurídica de carácter especial tanto en su procedencia como en sus efectos, cabe preguntarse, agregan, si pueden existir otros casos de revocación, distintos de los que señala el CC. L.C. P. ARTÍCULO 2360. Si en el primer caso del artículo anterior el padre

no hubiere revocado la donación, ésta deberá reducirse cuando se encuentre comprendida en la disposición del artículo 2348, a no ser que el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar alimentos y la garantice debidamente. El a. 2359 autoriza al donante en los párrafos primero y segundo para revocar las donaciones si le sobrevienen hijos. Es optativo para el donante usar o no de esta facultad. 1771

ARTS. 2360 y 2361

LIBRO CUARTO

Si resuelve no hacer uso de ella las donaciones podrán reducirse cuando perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a quienes tienen derecho de invocarlos (a. 2348). Los aa. 2376 a 2383 se encargan de señalar el procedimiento que debe emplearse en la reducción de las donaciones. Nos parece extraña la mención que el legislador hace al padre en este artículo y no toma en consideración a la madre, a quien excluye, al igual que lo ha hecho en el a. 435. El donatario puede impedir la reducción de las donaciones si toma sobre sí la carga de ministrar los alimentos que el donante estaba obligado a proporcionar a sus acreedores alimentarios y la garantice debidamente. Sobre la forma de garantizar el pago de las prestaciones alimenticias, habrá que estar a lo que disponen los aa. 317 y 318. L.C.P.

ARTÍCULO 2361. La donación no podrá ser revocada por superveniencia de hijos: I.—Cuando sea menor de doscientos pesos; 1I.—Cuando sea antenupcial; 111.—Cuando sea entre consortes; IV.—Cuando sea puramente remuneratoria. Aún no han sido ajustadas al actual valor de la moneda diversas referencias monetarias que se consignan en varios de los artículos del CC. Disponen los aa. 2341, 2342 y 2343 que la donación puede ser verbal cuando recae sobre bienes muebles cuyo valor no pase de doscientos pesos. Concordante con esas disposiciones, el artículo que se comenta establece que no podrán ser revocadas las donaciones cuando sean menores de doscientos pesos. Por razones obvias, estas donaciones tienen escasa significación económica hoy en día. Tampoco pueden revocarse por superveniencia de hijos las donaciones antenupciales (a. 226). Estas donaciones pueden hacerlas terceros extraños o los prometidos. La disposición que se comenta comprende a ambos. Las donaciones son condicionales, dependiendo su existencia o resolución de que el matrimonio se celebre. Si no se efectúa quedan sin efecto (a. 230). Tampoco pueden ser revocadas por superveníencia de hijos las donaciones entre consortes. Estas donaciones eran esencialmente revocables (a. 233). La ley de 27 de diciembre de 1983 restringió su amplitud. Dispone el actual a. 233: "Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los donantes, mien[781

2. PARTE. TIT. IV/CAP. III

ARTS. 2381 y 2302

tras subsista el matrimonio, cuando exista causa justificada para ello ajuicio del juez". Es necesario considerar, respecto de las donaciones entre cónyuges, lo que dispone el a. 192 que dice: "Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada cónyuge, será considerado como donación y quedará sujeto a lo prevenido en el Capítulo VIII de este Título". El a. 234 reafirma el concepto del artículo en comentario, pero emplea una expresión diferente al referirse a la revocación, pues substituye la palabra revocación por anulación que son figuras jurídicas distintas. Dice el a. 234: "Estas donaciones no se anularán Por la superveniencia de hijos, pero sé reducirán cuando sean inoficiosas en los mismos términos que las comunes". Por último, tampoco pueden revocarse por superveniencia de hijos las donaciones puramente remuneratorias, que son aquellas que se hacen en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tiene obligación de pagar (a. 2336).

L.C.P.

ARTÍCULO 2362. Rescindida la donación por superveniencia de

hijos, serán restituidos al donante los bienes donados, o su valor si han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos. Este artículo le da una tercera denominación a esta declaración de voluntad, que permite al donante dejar sin efecto una donación legalmente efectuada. El capítulo 111 de este titulo la denomina revocación; el a. 234 la llama nulidad y el que se comenta, rescisión, al igual que el a. 2369. Se trata de tres figuras jurídicas diferentes que el legislador confunde. Si bien pueden tener algunos puntos de contacto en cuanto a sus efectos, su procedencia difiere substancialmente en cada uno de los tres casos. El legislador en el a. 405 considera que puede existir revocación por acuerdo mutuo. En el derecho francés se admite esta interpretación. Sin embargo, esta posibilidad legal que, permite a las partes, por mutuo disenso, extinguir un acto jurídico válido, tiene en el lenguaje técnico un nombre especial: se denomina resinación (resiliation). No obstante el legislador en los aa. 233,405 fr. 11,406, 1871, 1494, 1495, 2359, 2370 y 2396, entre otros, considera que la revocación es una facultad que se otorga sólo a uno de los contratantes y no a ambos en los casos expresamente señalados por la ley, en los que se puede declarar unilateralmente la voluntad de dar por terminado el contrato, con efectos extintivos de las obligaciones en él contraídas, se dice que el acto es revocable.

[791

LIBRO CUARTO

ARTS. 2362 y 2363

Una vez revocada la donación, queda obligado el donatario a restituir los bienes que fueron objeto de la liberalidad o su valor si hubieren sido enajenados antes del nacimiento de los hijos. L.C.P.

Si el donatario hubiere hipotecado los bienes donados, subsistirá la hipoteca; pero tendrá derecho el donante de exigir que aquél la redima. Esto mismo tendrá lugar tratándose de usufructo o servidumbre impuestos por el donatario.

ARTÍCULO 2363.

Si bien ciertas donaciones son irrevocables existen otras que pueden ser revocadas (aa. 228, 230, 2359). Se reputa condicional la donación otorgada por una persona sin hijos (a. 2359) que no se encuentra en los casos de excepción que señala el a. 2361, (Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1972, t. V, p. 245) como también lo son las donaciones esponsalias (antenupciales) a las que se refiere el a. 230 pero ahora por haber desaparecido la causa que les dio -origen (el próximo matrimonio del donatario) y no por superveniencia de hijos (a. 234). Tiene importancia hacer esta advertencia, porque el a. 2905 ubicado en el capítulo de la hipoteca, dice: "El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquiera otra manera limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad, si la conoce". Y con respecto al usufructo el a. 1038 dispone en su fracción VIII: "El usufructo se extingue, por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo, cuando teniendo un dominio revocable, llega el caso de la revocación". El artículo que se comenta dispone que subsistirá el usufructo no obstante la revocación de la donación, pero el a. 1038 dice que se extingue ¿cuál de las dos disposiciones debe prevalecer? Lo mismo podemos decir de las servidumbres. Estas pueden ser legales y voluntarias. Al parecer este artículo se refiere a las voluntarias y éstas quedan sin efecto de acuerdo con lo establecido en el a. 1128 fr. V "cuando constituidas en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquél". Por lo que se refiere a la restitución de los frutos, véase el comentario al a. 2365 in fine. I.G.G. y L.C.P. [80]

2.. PARTE. TIT. 1V/CAP..

ARTS. 2364 y 2365

ARTÍCULO 2364, Cuando

los bienes no puedan ser restituidos en especie, el valor exigible será el que tenían aquéllos al tiempo de la donación.

De acuerdo con esta disposición, cuando los bienes domados no pueden ser restituidos en especie, será exigible el valor de éstos y para dichos efectos, se considerará el que tenían al tiempo de la donación. De la disposición contenida en este precepto, podemos interpretar lo siguiente: a) Que la revocación produce la extinción del acto revocado, ex tunc,

es decir, a partir del momento en que se produce la declaración revocatoria, para lo futuro; b) Que si el donatario, ha constituido algún gravamen o derecho real sobre el bien donado, la revocación no perjudica los derechos del tercero; c) La revocación impone al donatario la obligación de indemnizar al donante del valor que tenían los bienes donados "al tiempo de la donación"; y d) De donde se concluye que en el caso de que haya constituido algún derecho real que grave

el bien materia de la donación debe indemnizar al donante por la disminución que sobre el valor de la cosa, represente el gravamen que le impuso el donatario.

I.G.G. y L.C.P. ARTÍCULO 2365. El

donatario hace suyos los frutos de los bienes donados hasta el día en que se le notifique la revocación o hasta el día del nacimiento del hijo póstumo, en su caso.

Si la revocación la solicita el donante, el donatario hará suyos los frutos producidos por la cosa donada, hasta el día en que se le notifique la revocación. Si ésta se produce por el nacimiento del hijo póstumo, percibirá el donatario los

frutos hasta el día del nacimiento del póstumo. El a. 2383 se refiere a la percepción de los frutos por el donatario en los casos de revocación o reducción de las donaciones inoficiosas. El precepto es omiso en cuanto a los gastos por mejoras necesarias y útiles efectuadas por el donatario y respecto del destino de las mejoras de ornato, tampoco se refiere a los frutos industriales para cuya percepción el donatario ha hecho gastos e inversiones y quizá contraído deudas. Por aplicación del a. 810, el donatario, mientras no se le notifique la revocación de la donación, tiene derecho como poseedor de buena fe, a hacer suyos los

frutos percibidos y además el abono de los gastos útiles y necesarios y a retener la cosa mientras no se le paguen estas expensas así como a retirar las mejoras útiles y a que se le reembolsen los gastos para la producción de los frutos naturales e industriales que no hace suyos al tiempo de la notificación de la revocación. 1.G.G. y L.C.P.

[81]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2366 y 2367

El donante no puede renunciar anticipadamente el derecho de revocación por superveniencia de hijos.

ARTÍCULO 2366.

Esta disposición es lógica y es además de justicia. El derecho de revocar las donaciones está establecido en la ley, no sólo en beneficio del donante sino también de sus futuros descendientes, y de acuerdo con lo dispuesto en el a. 6º sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. El antecedente de este precepto lo encontramos en el a. 960 del proyecto de CC español de 1851, el que a su vez se inspira en la ley 8a., título 4º, partida 5. De muy grande utilidad resulta lo expuesto por don Florencio García Goyena (Concordancias, motivos y comentarios del código civil español, reimpresión de la edición de Madrid de 1852, Universidad de Zaragoza, 1974, p. 473): La ley por motivos de piedad presume juris el de jure que todas las donaciones llevan la tácita condición si el donador, entonces sin hijos, no los tuviere después, y esta presunción es de tal fuerza, que no valdrá la renuncia o manifestación contraria del donador, por ser contra las buenas costumbres, contra officium pietatis y los deberes que la naturaleza y la ley imponen a los padres para con sus hijos. I.G.G. y L.C.P.

La acción de revocación por superveniencia de hijos corresponde exclusivamente al donante y al hijo póstumo; pero la reducción por razón de alimentos tienen derecho de pedirla todos lo que sean acreedores alimentistas.

ARTÍCULO 2367.

Sólo corresponde al donante y al hijo póstumo el ejercicio de la acción de revocación por sobrevenir hijos. En cambio la acción para solicitar la reducción de las donaciones se otorga a todos los acreedores alimentistas. Puesto que la acción de revocación es irrenunciable, a la muerte del donante se transmite al hijo cuyo nacimiento ha dado lugar a la revocación, y se ejerce contra el donatario y sus herederos. La acción de reducción de la donación, se confiere al acreedor alimentario cuando las donaciones son inoficiosas, no es acción revocatoria sino una medida de aseguramiento del pago que corresponde a todo acreedor alimenticio del donante. El importe de la donación podrá ser reducido si el patrimonio del donante es insuficiente para pagar a los acreedores alimenticios (a. 315). L.C.P. [82]

ARTS. 2368 y 2369

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. III

ARTÍCULO 2368. El donatario responde sólo del cumplimiento de

las cargas que se le imponen con la cosa donada, y no está obligado personalmente con sus bienes. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas, abandonando la cosa donada, y si ésta perece por caso fortuito, queda libre de toda obligación. Si la donación fuere onerosa (a. 2336) o el donatario se hubiere comprometido a pagar las deudas del donante (aa. 2354, 2355 y 2356) su responsabilidad queda limitada hasta la concurrencia del valor de las cosas donadas. La disposición que se comenta es similar a la que considera el legislador en los aa. 1284 y 1678 en materia sucesoria. Según estos preceptos, toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, figura jurídica que consiste en que los herederos no se hacen responsables de las obligaciones hereditarias, sino hasta la concurrencia del valor de los bienes que componen la herencia. El donatario "...no está obligado personalmente con sus bienes...", dispone el artículo que se comenta, de donde puede deducirse que si el donatario por cualquier circunstancia hubiere pagado de su propio peculio parte o la totalidad de las cargas que se le impusieron o las deudas del donante que se comprometió a cubrir, podrá, de acuerdo con el texto de este artículo, cobrar al donante lo pagado en exceso del valor de la donación. El código le otorga una acción personal directa en contra del donante: la acción de repetición o de reembolso. Esta disposición, en nuestro concepto, reemplaza eficazmente a la acción de evicción que niega al donatario el a. 2351, Si el donatario quiere evitarse las molestias del pago de las deudas y de las cargas, cuando éstas sean muy gravosas, podrá abandonar la cosa donada. En caso de abandono ¿vuelven las especies donadas al patrimonio del donante o permanecen como un patrimonio sin dueño? ¿Podrán los acreedores ejercer sus acciones sobre ellas? También el CC se refiere al abandono, en los aa. 828 fr. 1, 944, 961, 962, 1121, 1142 y 2503, entre otros. L.C.P. ARTÍCULO 2369. En cualquier caso de rescisión o revocación del

contrato de donación, se observará lo dispuesto en los artículos 2362 y 2363. El legislador, al referirse en el a. 2362 a la revocación de las donaciones. por superveniencia de hijos, no usó la palabra técnica adecuada, sino la expresión "rescisión" que tiene connotación jurídica distinta de la revocación. [831

ARTS. 2389 y 2370

LIBRO CUARTO

En efecto, son diferentes las personas que pueden ejercitar una u otra acción y diversas las causas que las originan, como también sus efectos aun cuando presenten algunos aspectos afines. En el artículo que se comenta, el legislador emplea conjuntamente las expresiones rescisión y revocación, intercalando entre ambos vocablos la conjunción "o" como si fueran sinónimos. ¿Cuál habrá sido la intención del legislador al obrar en esta forma? ¿Quiso hacer sinónimos ambas expresiones dándoles el mismo sentido jurídico, o por lo contrario se limitó a enumerar dos medios legales destinados a dejar sin efecto relaciones contractuales? En lo que concierne al a. 2362 el uso de la expresión "rescisión" no fue adecuado por el contenido especifico de ese precepto, pero la respuesta es dudosa en el artículo que se comenta, porque los autores están de acuerdo en que la rescisión es procedente en ciertas donaciones, como las onerosas cuando el donatario incumple las obligaciones o cargas contraídas. Dispone el a. 2369 que si se rescinde o revoca una donación se observará lo dispuesto en los aa. 2362 y 2363, en orden a la restitución de los bienes o el pago de su valor, como en los casos de hipotecas, usufructos o servidumbres constituidas por el donatario sobre los bienes donados. L.C.P.

La donación puede ser revocada por ingratitud: I.—Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste; el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza.

ARTÍCULO 2370.

El legislador ya había considerado en otros preceptos la revocación por ingratitud pero en materias diferentes. Los aa. 405 y406 del capítulo de "la adopción", autorizan al adoptante para revocar la adopción por ingratitud del adoptado. Las causas que la generan y la sanción establecida, son en parte, semejantes a las que considera el artículo que se comenta. También el a. 1316 considera en cierta forma, como incapacidades para heredar, causas similares a las que inspiran el artículo que comentamos. La fr. [del a. 2370 dispone que puede revocarse la donación por ingratitud cuando el donatario ejecute alguno de los delitos que esa disposición señala. El donatario además de la sanción que la ley penal establece podrá también ser sancionado civilmente mediante la revocación de la donación. Este articulo faculta, en igual forma al donante, para revocar la donación, cuando habiendo caído en pobreza no ha sido socorrido por el donatario. 1841

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. III

ARTS. 2370 y 2371

Adviértase que nuestro código a diferencia de otros extranjeros (entre ellos el CC español, a. 648) no se refiere a la negativa del donatario a dar alimentos al donante, sino a la conducta ingrata del donatario de no acudir en ayuda del donante, socorriéndolo si ha caído en desgracia, quien en un acto de generoso desprendimiento, antes le benefició con una parte de su patrimonio. Para que sea procedente la acción de revocación, debe estarse "al valor de la donación" ¿Cuál es el significado de esta frase? No lo dice la ley. Debiera interpretarse que el deber de socorrer al donante que ha caído en pobreza no excederá del valor de los bienes recibidos en donación. En algunas legislaciones se confiere al donante la calidad de acreedor alimentario cuando ha hecho "donaciones cuantiosas" (a. 321 núm. 9 CC chileno). En las donaciones antenupciales no procede el ejercicio de la acción de revocación, sino en los casos que señala el a. 227 que dice: "Tampoco se revocarán por ingratitud, a no ser que el donante fuere un extraño, que la donación haya sido hecha a ambos esposos y los dos sean ingratos". El plazo que la ley concede para ejercitar la acción de revocación por ingratitud es de un año contado desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que lo motivó y no puede renunciarse anticipadamente su ejercicio (a. 2372). N-o pueden revocarse las donaciones por ingratitud, cuando el valor de los bienes donados no exceda de doscientos pesos, en las donaciones esponsalicias, entre consortes o cuando sean puramente remuneratorias. En cuanto a la restitución de los frutos y reembolso de gastos, véanse los comentarios a los aa. 2365 y 2371. I.G.G. y L.C.P.

Es aplicable a la revocación de las donaciones hechas por ingratitud lo dispuesto en los artículos del 2361 al 2364.

ARTÍCULO 2371.

Las donaciones que se detallan en el a. 2361, no pueden ser revocadas por ingratitud, o sea, las inferiores a doscientos pesos, las antenupciales, respecto de las cuales el a. 227 señala: "Tampoco se revocarán por ingratitud, a no ser que el donante fuere un extraño, que.la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean ingratos". Tampoco pueden revocarse por ingratitud las donaciones entre consortes y las puramente remuneratorias. Las normas sobre restitución de los bienes donados; hipoteca, usufructo y servidumbres constituidos en ellos y sobre el valor estimativo si hubieren sido enajenados, son aplicables a la revocación de estas donaciones (véanse los comentarios a los aa. 2362, 2363 y 2364). Consideramos aplicable por causa de ingratitud por lo que se refiere a la percepción de los frutos y reembolso de los gastos, lo expuesto en el comentario [851

ARTS. 2371, 2372, 2373 y 2374

LIBRO CUARTO

al a. 2365, a pesar de que no se menciona en el dispositivo en comentario, porque en este respecto el código es omiso y además, porque como se expuso al analizar dicho artículo, el donatario ha sido poseedor de buena fe y es éste el fundamento de lo que hemos sostenido. Cuando menos, ese derecho subsiste hasta que el donatario incurre en alguna de las causas de ingratitud hacia el donante. L.C.P. ARTÍCULO 2372. La acción de revocación por causa de ingratitud

no puede ser renunciada anticipadamente, y prescribe dentro de un año, contado desde que tuvo conocimiento del hecho el donador. Este artículo, como el 2366, impide que sea renunciada anticipadamente la acción de revocación por causa de ingratitud. Tal acción es nula por ser contraria a la moral y las buenas costumbres. No obstante, una vez cometidos por el donatario los actos de ingratitud, la acción que le otorga la ley al donante para ejercitar la acción es muy breve. Es de un año contado desde que el donante tuvo conocimiento del hecho. L.C.P.

ARTÍCULO 2373. Esta acción no podrá ejercitarse contra los here-

deros del donatario, a no ser que en vida de éste hubiese sido intentada. La acción de revocación por causa de ingratitud no puede iniciarse en contra de los herederos del donatario. Sólo se podrá seguir la acción en contra de ellos, cuando el donante hubiere demandado al donatario en vida de éste. Intentada la acción en vida del donante y emplazado éste ajuicio, se produce en su contra la carga procesal, de sujetarlo a las resultas del juicio y a seguirlo hasta su terminación (a. 259 CPC) obligación de cuyo cumplimiento responde el patrimonio relicto en el juicio sucesorio y constituye por lo tanto una carga de la herencia que grava a la porción que corresponde a los herederos. L.C.P.

Tampoco puede esta acción ejercitarse por los herederos del donante si éste, pudiendo, no la hubiese intentado.

ARTÍCULO 2374.

1861

2a. PARTE. TIT. IV/CAP. III

ARTS. 2374 y 2375

Cuando el donante no hubiere ejercitado la acción de revocación por ingratitud pudiendo hacerlo, no podrán intentarla sus herederos. La ingratitud es causa de revocación en cuanto el donatario es ingrato con quien le benefició y en la medida en que lo ofende o lo desampara en caso de necesidad. Por lo tanto, si el que ha realizado el acto de desprendimiento es quien puede calificar la acción que respecto de él ha realizado el donatario sólo él puede también perdonarla, como se presume que lo hizo al no revocar la donación. Se trata de derechos que no se transmiten a la muerte del de cujus y deben ejercitarse en vida del donante y del donatario (a. 2338). L.C.P.

ARTÍCULO 2375. Las donaciones inoficiosas no serán revocadas ni reducidas, cuando muerto el donante, el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar los alimentos debidos y la garantice conforme a derecho. De la redacción literal del propio artículo que se comenta se desprende además que estas donaciones pueden revocarse aun después de muerto el donante. Argumentando a contrario, podría concluirse que si el donatario no se hace cargo de las obligaciones que señala el artículo que se comenta la donación podrá revocarse. Sin embargo, este precepto deberá interpretarse en concordancia con lo dispuesto en el a. 2360 que se refiere al caso de que la revocación de la donación por lobreveniencia de hijos no hubiere sido intentada por el padre, ésta podrá ser reducida (no revocada) muerto el donante. Pero en todo caso, según lo dispone el a. 2375, no procederá la revocación, ni en su caso la reducción, si el donatario asume la obligación de pagar alimentos al hijo y además la garantice en los términos del a. 317. Hay algunos artículos del CC donde se alude a otra clase de revocaciones de ciertas donaciones especiales. El a. 228 dice: "Las donaciones antenupciales son revoclibles y se entienden revocadas por el adulterio o el abandono injustificado del domicilio conyugal por parte del donatario cuando el donante sea el otro cónyuge". En concordancia con esta disposición el a. 286 dispone: "El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho". Por su parte, el a. 262 dispone que pueden revocarse las donaciones antenupciales en los casos de nulidad de matrimonio. I.G.G. y L.C.P. 1871

ARTS. 2376, 2377 y 2376

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2376. La reducción de las donaciones comenzará por la

última en fecha, que será totalmente suprimida si la reducción no bastare a completar los alimentos. Como en los legados (a. 1414)1a reducción de las donaciones se hace de acuerdo a un orden. El a. 2376 dispone que la reducción de las donaciones empezará por la última en fecha, o sea por la más reciente. Si los bienes donados al último donatario no alcanzaren a cubrir las deudas alimentarias, la donación quedará sin efecto en su totalidad. De lo que hasta aquí se ha comentado se puede concluir que el donante podrá transmitir por donaciones, sólo aquellos bienes que no disminuyan la garantía patrimonial con la que responde del cumplimiento de la obligación alimenticia que por ley le corresponde cumplir. Por lo tanto, el orden que debe seguirse en la reducción de las donaciones será empezando por la más reciente en fecha y concluyendo por la más antigua. De ello se concluye que la responsabilidad de los donatarios por el pago de alimentos a cargo del donante no es mancomunada o proporcional, sino individual en el orden de fechas en que se efectuó cada donación; hasta que resulte insuficiente el importe de la donación inmediata posterior se procederá a reducir la donación inmediata anterior y así sucesivamente. I.G.G. y L.C.P. ARTÍCULO 2377. Si el importe de la donación menos antigua no

alcanzare, se procederá respecto a la anterior, en los términos establecidos en el artículo que precede, siguiéndose el mismo orden hasta llegar a la más antigua. Si los bienes donados al último donatario no alcanzaren a cubrir las deudas alimenticias, se procederá a la reducción con la que le sigue en fecha, y si los bienes obtenidos de ésta, fueren aún insuficientes para el pago de las deudas, proseguirá la reducción, observándose el mismo orden, hasta llegar a la más antigua. (Véase comentario al artículo anterior). L.C.P. ARTÍCULO 2378. Habiendo diversas donaciones otorgadas en el

mismo acto o en la misma fecha, se hará la reducción entre ellas a prorrata. [881

ARTS. 2378, 2370, 2380 y 2381

2. PARTE. TIT. IV/CAP. III

Si se hubieren otorgado simultáneamente diversas donaciones en el mismo acto o en la misma fecha, como no será posible observar un orden de precedencia, tendrá que hacerse la reducción disminuyéndose proporcionalmente la donación de cada uno, hasta cubrir en su totalidad las deudas. Cuando hubiere donatarios simultáneos cada uno de ellos responderá mancomunadamente (a prorrata) del pago de las obligaciones alimenticias a cargo del donante, si el patrimonio de éste resultare insuficiente para cubrir las deudas por alimentos a su cargo. L.C.P. ARTÍCULO 2379. Si

la donación consiste en bienes muebles, se tendrá presente para la reducción el valor que tenían al tiempo de ser donados.

El valor de los bienes muebles que se tomará en cuenta en la reducción de las donaciones, será el que tenían al tiempo de ser donados. Si se considera su valor, es potque ya no existen en especie, en el patrimonio del donatario. L.C.P.

ARTÍCULO 2380. Cuando la donación consiste en bienes raíces que fueren cómodamente divisibles, la reducción se hará en especie. Si se hubieren donado inmuebles y éstos pueden dividirse sin dificultades, la reducción se hará en especie devolviendo los donatarios al donante los inmuebles que sean necesarios para el pago de las deudas o la porción que del inmueble resultare por la división. L.C.P. ARTÍCULO 2381. Cuando

el inmueble no pueda ser dividido y el importe de la reducción exceda de la mitad del valor de aquél, recibirá el donatario el resto en dinero.

Cuando la donación recaiga sobre un inmueble y éste no admita cómoda división, será necesario considerar si el importe de la reducción es superior o inferior a la mitad del valor del inmueble. [891

ARTS. 2381, 2382 y 2383

LIBRO CUARTO

Si es superior a la mitad, el donatario debería devolver el inmueble y recibiría, en cambio, la diferencia en dinero, o sea la parte que sobró del valor del inmueble, después de pagadas las deudas. Esta parece ser la interpretación más adecuada del precepto que se comenta. L.C.P. ARTÍCULO 2382. Cuando

la reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el donatario pagará el resto.

Cuando la reducción es inferior al cincuenta por ciento del valor del inmueble, no existe la obligación de devolverlo; pero el donatario debe pagar en dinero el valor a que asciende la reducción. L.C.P.

Revocada o reducida una donación por inoficiosa, el donatario sólo responderá de los frutos desde que fuere demandado.

ARTÍCULO 2383.

Este artículo de la misma manera que el 2375 admite la posibilidad de que una donación sea revocada por inoficiosa. Cuando ella sea revocada o reducida, el donatario sólo responderá de los frutos desde que fuere demandado y hará suyos los percibidos anteriormente. Este precepto se refiere sólo a la percepción de los frutos sin distinguir los percibidos, de los pendientes de percibir ni al reembolso de los gastos e importe de las mejoras que hubiere hecho en la cosa donada; y es omiso también respecto a la obligación de devolver lo donado antes de que el donante le resarza de esas expensas en beneficio de la cosa que habrá de devolver. Por ello consideramos que debe tener aplicación lo dispuesto en el a. 810, respecto al poseedor de buena fe (ver comentario al a. 2365). L.C.P.

[90]

ART. 2384

2a. PARTE. TIT. V/CAP. I

TITULO QUINTO Del mutuo CAPITULO I Del mutuo simple ARTÍCULO 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante

se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

En la doctrina tradicional, recogida por los códigos civiles de 1870 y 1884, se distinguía entre el comodato o préstamo de uso y el mutuo o préstamo de consumo. Se trataba de un contrato real, porque se perfeccionaba con la entrega o tradición de la cosa (re con trahitur obligatio) y correspondía a la tripartición de los contratos en consensuales, reales y solemnes. El CC de 1928 eliminó la categoría de contratos reales; de acuerdo al a. 1796, éstos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, excepto los que deban revestir una forma especial. El mutuo pasó entOnces a ser, en la sistemática del CC, un contrato consensual. Es un contrato principal, puesto que existe por sí mismo y no es accesorio a otro contrato. En principio es un contrato gratuito, pero admite una forma onerosa —el mutuo con interés— sin que cambie la naturaleza jurídica del contrato; en su forma onerosa, es conmutativo. En cuanto a la clasificación de los contratos en unilaterales y bilaterales, la doctrina se inclina ya por uno, ya por otro criterio. En su forma tradicional (CC de 1884) se entendió por la mayoría de los autores que se trataba de un contrato unilateral, puesto que una de las partes (el mutuante) entregaba la cosa y la otra (el mutuario) contraía la obligación de devolverla, siendo esta obligación lo que caracterizaba al contrato. En la redacción dada por el CC de 1928, el mutuante obliga a transferir la propiedad de las cosas objeto del contrato, y el mutuario, a devolver. Como se perfecciona por el acuerdo de ambas panes, la obligación del mutuante es de dar: transferir la propiedad, al igual que la del mutuario, devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Puede entenderse válidamente que se trata de un contrato bilateral. De acuerdo con la LM si se ha recibido en mutuo moneda extranjera, el rnutuario puede volver su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente en el día que se haga el pago (a. 8° de la LM). Véase Informe del presidente de la SCJN correspondiente a 1982, Tercera Sala, tesis 62, p. 78. Por su objeto, se trata de un contrato traslativo de propiedad. Con respecto al mutuario, le confiere un derecho mucho más amplio que en el cornodato, por el (9Ij

ARTS. 2384 y 2385

LIBRO CUARTO

cual sólo adquiere el uso de la cosa. Para el mutuante, configura un acto de disposición; por lo tanto se requiere que éste tenga capacidad para enajenar. Por aplicación de la teoría de los riesgos, la cosa mutuada se pierde para su dueño, o sea que, mientras no se ha transferido la propiedad, el mutuante corre con los riesgos. Una vez que se ha ejecutado la obligación de parte del mutua nte (transferir la propiedad), las cosas mutuadas se pierden o deterioran para el mutuario. (López Monroy, José de Jesús, voz "mutuo", Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, IIJ, 1984, t. VI, pp. 222-223; Gamarra, Jorge, Tratado de derecho civil, Uruguay, Edit. Amaro Fernández, 1969, t. 1, pp. 151 y ss.). C.G.M. ARTICULO 2385.

Si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se observarán las reglas siguientes: I.—Si el mutuario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos; mismo se observará respecto de los mutuarios que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título; 111.—En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el artículo 2080.

El mutuo es un contrato de los llamados restitutorios, si bien la obligación de restituir surge cuando el contrato se extingue. Las frs. I y II de este precepto implican una excepción o, más bien, una puntualización del principio establecido por el a. 2080, según el cual (a falta de convención) y puesto que la restitución comprende además de la transmisión de la propiedad (obligación de dar) la devolución de lo recibido (obligación de hacer) el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Si el mutuante es labrador (fr. I) o persona que por otro título (fr. II) haya de recibir frutos del campo, ese "tiempo necesario" es, naturalmente, el de recolección de esos mismos frutos, o cosecha. La fr. 111 sigue el principio general del a. 2080. El objeto del contrato, o cosas que deben devolverse, está constituido por dinero u otras cosas fungibles. Son cosas fungibles las intercambiables, o que pueden ser sustituidas por otras similares. Pueden ser consumibles o no, pues si bien los cereales u otros productos del campo lo son, pueden existir cosas E92 1

2a. PARTE. TIT. V/CAP. 1

ARTS. 2385, 2388, 2387 y 2338

fungibles que no sean consumibles; p.e., las reproducciones en serie de un producto industrial, los ejemplares de la misma edición de un libro, etc. C.G.M. ARTÍCULO 2386. La entrega de la cosa prestada y la restitución de

lo prestado se harán en lugar convenido. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen derecho a convenir el lugar del pago. Este es el criterio principal en materia de contrato de mutuo. A falta de acuerdo de las partes, rigen los principios supletorios del a. 2387, C.G.M ARTÍCULO 2387. Cuando no se ha señalado lugar, se observarán las

reglas siguientes: 1.—La cosa prestada se entregará en el lugar donde se encuentre; II.—La restitución se hará, si el préstamo consiste en efectos, en el lugar donde se recibieron. Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor, observándose lo dispuesto en el artículo 2085. El contrato de mutuo se aparta del principio general en materia de pago, puesto que la devolución de la cosa no se realiza en el domicilio del deudor (a. 2082), sino en el lugar donde aquella se encuentra ubicada, y la devolución de efectos, en el lugar donde se recibieron. Solamente la devolución de sumas de dinero siguen el principio general. No aparece clara la distinción entre "cosa" y "efectos", teniendo en cuenta que el objeto del contrato siempre debe ser el dinero o cosas fungibles. Sin embargo, recuérdese que la legislación mercantil se refiere en algunos preceptos a "efectos de comercio", como sinónimo de valores mercantiles, o documentos representativos de dinero u otros bienes. ..En este sentido puede interpretarse el precepto se cita (véase comentario al a, 2385). C.G.M. ARTÍCULO 2388. Si no fuere posible al mutuario restituir en

género, satisfará pagando el valor que la cosa prestada [93]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2388, 2389 y 2390

tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de peritos, si no hubiere estipulación en contrario. En este precepto aparece un principio general, aplicable cuando no se puede restituir las cosas en su género: hay que atenerse a la voluntad de las partes, o sea, lo que ellas han estipulado. Como criterio supletorio, se estará al valor de la cosa prestada, considerado en el momento y el lugar en que se hizo el préstamo. El aumento o disminución de valor en el mercado que la cosa hubiere experimentado, perjudica o beneficia al mutuario, ya que la época a que debe referirse la tasación hecha por peritos es la de conclusión del contrato. En un momento económico de inflación, resultará beneficioso para el obligado devolver el precio en dinero que cosas del mismo género, en especial si se trata de cereales o frutos del campo. C.G.M. ARTÍCULO 2389. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el

deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que ésta experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuario. El prin cipo nominalista rige tanto para el dinero como para otro tipo de cosas, ya que tratándose de cosas se debe devolver "otro tanto", atendiéndose al número y no al valor. El pacto en moneda extranjera es válido, pero siempre podrá devolverse en moneda nacional, al valor de cotización que la moneda extranjera tenga en el momento de hacerse el pago. Este principio no es renunciable, puesto que tal renuncia iría contra lo dispuesto expresamente por los aa. 72, 8/ y 92 de la LM. (Véase nuestro comentario al a. 2384), C.G.M. ARTÍCULO 2390. El mutuante es responsable de los perjuicios que

sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los defectos y no dio aviso oportuno al mutuario. Para que el mutuante deba responder por vicios ocultos o mala calidad de la cosa prestada, es menester que se cumplan tres requisitos: a) Que sobrevengan [94]

ARTS. 2390 y 2391

2a. PARTE. T1T. V/CAP. 1

perjuicios al mutuario; b) Que el mutuante conozca la mala calidad o los vicios; c).que no dé aviso oportuno al mutuario. El mutuante no responde por el simple hecho de mutuar cosas de mala calidad o con vicios ocultos. Si éstos no causan perjuicios al mutuario, no existe responsabilidad; esta interpretación surge de la clara letra del precepto. La carga de la prueba de los perjuicios corresponderá al mut uario, quien deberá probar, además la relación de causalidad de los perjuicios con los defectos de la cosa mutuada, p.c., si se prestan cabezas de ganado con enfermedades transmisibles y se contagian los animales que ya eran propiedad del mutuario; o bien, semilla de mala calidad, que impide una Hiena cosecha. Los perjuicios indemnizables comprenden el dato emergente, el lucro cesante y, si fuera del caso, el. daño moral (mala calidad de un producto, que puede afectar el nombre comercial del mutuario o una marca de prestigio). El mutuante debe obrar con dolo o culpa; si desconocía los defectos de la cosa, no es responsable. Debe obrar con omisión, dolosa o culpable: el aviso debe ser oportuno, o sea con tiempo suficiente para prevenir los posibles perjuicios. El aviso intempestivo no exime de responsabilidad al mutuante. La responsabilidad del mut uante por vicio redhibitorio es menos amplía que Ja que contrae todo enajenante prevista al tenor de los aa. 2145 y 2148 que no se hace depender del conocimiento que tenga de esos vicios el que enajena. Tratándose del mutuo, conforme a la disposición que se comenta es preciso que en el juicio correspondiente el demandante pruebe que el mutuante conocía los vicios ocultos de las cosas entregadas en préstamo. Tratándose de dinero, ¿cómo puede el actor hacer valer la acción de saneamiento por los vicios ocultos de las piezas monetarias que recibió en préstamo? Suponemos que tendrá que probar cuáles fueron individualmente cada una de las monedas o billetes que recibió en tal calidad y que estas piezas son falsas. I.G.G. y C.G.M. ARTÍCULO 2391. En el caso de haberse pactado que la restitución

se h ará cuando pueda o tenga medios el deudor, se observará lo dispuesto en el articulo 2080.

Esta disposición debe armonizarse con el a. 2385, frs. I y 11, tratándose de cereales o frutos del campo, ya que "el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación" (a. 2080) puede depender del levantamiento de una cosecha (ver comentarios a los aa. 2080 y 2385).

C.G.M. [951

ARTS. 2392 y 2393

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2392. No se declararán nulas las deudas contraídas por

el menor para proporcionarse los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo se encuentre ausente.

Este precepto consagra una excepción a las normas sobre nulidades. La falta de capacidad provoca la nulidad relativa o anulabilidad del contrato (a. 2233), principio éste que queda excluido en el caso de mutuo. Con fundamento similar al de las obligaciones naturales, ésta norma crea una obligación imperativa: pagar las deudas contraídas por un menor para un fin alimentario específico. Debe hacerse la observación de que el tutor no puede tomar dinero en préstamo en nombre y por cuenta del menor o incapacitado que esté bajo su tutela. Por ausencia del representante legitimo debe entenderse la no presencia de dicho representante en el lugar de residencia del menor o incapacitado. I.G.G. y C.G.M. CAPITULO II Del mutuo con interés ARTÍCULO 2393. Es permitido estipular interés por el mutuo, ya

consista en dinero, ya en géneros.

El mutuo con interés o mutuo fructífero, se caracteriza porque el acreedor recibe una compensación por la privación temporal de su capital, ya sea éste en dinero o en cosas fungibles. Esa ganancia o interés puede ser convencional o legal (a. 2394). Si en el mutuo simple, sin interés, puede caber la duda acerca de su naturaleza unilateral o bilateral, el mutuo con interés es claramente un contrato bilateral, puesto que las partes se obligan recíprocamente, una a transferir la propiedad de la cosa mutuada y la otra a pagar un interés convenido en los plazos estipulados. De la relación de este texto se desprende que no es de la esencia del mutuo causar interés ya que conforme a lo dispuesto en los aa. 2394 y 2395, el interés es legal o convencional y el interés legal (si no hay estipulación en contrario) será del 9% anual. Sánchez Medal es de opinión en el sentido de que "siempre se necesita pacto expreso para que el mutuario deba pagar intereses (a. 2393) pues el mutuo es por su naturaleza, gratuito. Para lo que no se requiere pacto expreso es para fijar el tipo de interés porque entonces se aplica el interés legal que es el de 9% anual [961

ARTS. 2393

2a. PARTE. TIT. V/CAP. 11

y

2394

(a. 2395)". Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, I 973, p. 171. LOO. y C.G.M. ARTÍCULO 2394. El interés es legal o convencional. El interés puede consistir en dinero o en cosas fungibles, según sea la cosa mutuada. Se establece generalmente en proporción al monto del capital y a la duración de la deuda. El interés convencional sigue la ley de la oferta y la demanda: el dinero es una mercancía y su escasez o abundancia en una plaza y en un ¡aumento dado pueden determinar el interés usual en el mercado. Lo mismo ocurre con otro tipo de cosas fungibles. La libertad para fijar el tipo de interés no es absoluta, sino que existen estas cuatro limitaciones: a) Si el rédito es tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del mutuario, puede el juez. teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, y a petición del mismo mutuario, reducir equitativamente el interés hasta el interés legal (a, 2395), considerándose este caso como una aplicación del principio de la conversión del contrato (a. 1424 del CC italiano y su comentario por Trabucchi). b)-Si se pactó un interés más alto que el legal, puede el deudor después de seis meses contados desde que se celebró el contrato, reembolsar el capital anticipadamente, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al mutuante con dos meses de anticipación y pagando los intereses vencidos (a. 2396). Es éste un caso de desistimiento unilateral del contrato y no precisamente de rescisión. e) Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano en que los intereses se capitalicen y que produzcan nuevos intereses (a. 2398) lo que constituye el llamado pacto de anatocismo, que es distinto del convenio que las parles pueden celebrar válidamente después de que se hubieren devengado ya los intereses para que en lugar de pagarse esos intereses a la sazón ya causados, se incorporen al capital para producir nuevos intereses. En el mencionado pacto de anatocismo ni el deudor puede entregar ni el mutuario puede retirar los intereses, porque ambas partes han convenido de antemano en que se incorporen al capital; en cambio, en la otra situación prevista, el mutuario puede pagar los intereses vencidos y el mutuante está obligado a recibirlos. d) Existe en el CP (a. 387 fr. VIII) el delito de fraude genérico para aquél que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga ventajas usurarias de ésta, por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulan réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. Sánchez Medal, Ramón, De los Contratos civiles, México, Porrúa, 1973, p. 17L Hay que tener en cuenta, en materia de imputación del pago, los aa. 2089, 2090 y 2094. Si el interés se paga por períodos determinados (mensualmente p.c.)

1971

ARTS. 2394 y 2395

LIBRO CUARTO

el recibo que acredita el último pago hace presumir que están pagados los anteriores. Esta es una presunción simple, porque admite prueba en contrarío; se exige asimismo la prueba por escrito del hecho del pago (a. 2089). Por otra parte, cuando se realiza un pago sin especificar a qué concepto corresponde, se imputará a los intereses, salvo convenio en contrario. Es un provecho del acreedor que el pago se impute primero a los intereses en virtud de que el capital produce intereses, mientras que éstos no pueden producirlos (a. 2397). Cuando se paga el capital sin hacer reserva de los intereses, se presume que éstos están pagados (a. 2090). C.G.M.

El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.

ARTÍCULO 2395.

El interés usurario ha sido secularmente combatido por las distintas legislaciones. En este precepto coexisten dos elementos, a tener en cuenta por el juez; un elemento objetivo: la desproporción del interés ("tan desproporcionado"): un elemento subjetivo: el abuso del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor por parte del acreedor. Aquí el interés usurario produce una lesión, y el juez, evaluando las circunstancias del caso, podrá reducir el tipo de interés, hasta que coincida con el legal, o sea el nueve por ciento anual. La figura jurídica de la lesión está legislada, con alcance general, en el a. 17 del CC. Pero el precepto que se comenta es más flexible y permite al juez evaluar la existencia de lesión, la explotación de la "suma ignorancia", la "notoria inexperiencia" o la "extrema miseria" de la contraparte. En el artículo materia de este comentario, no se exige una situación de "extrema miseria" por parte del deudor, bastando con el "apuro pecuniario", asimismo, la ignorancia y la inexperiencia no están calificadas. En este precepto se observa que se hace una aplicación más amplia del concepto de "lesión" tal como aparece concebida en el CC alemán (a. 138) y en el suizo de las Obligaciones (a. 21). En esos sistemas, la lesión como remedio general contra la explotación en la parte débil en los contratos reconoce como antecedente el delito de usura, que consiste en la exorbitante y desproporcionada prestación (interés usurario) que una de las partes obtiene explotando la situación de inferioridad de la otra. Mientras que en el a. 17 el perjudicado tiene derecho a optar entre la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, por el precepto que se comenta sólo se podrá reducir el interés hasta el tipo legal. [981

ARTS. 2395, 2396 y 2397

2a. PARTE. TIT. V/CAP. II

El a. 17 da lugar a reclamar los daños y perjuicios, pero en el supuesto del mutuo usurario no es así. La usura no da lugar a la acción de reparación del daño y aunque el a. 17 está ubicado entre las disposiciones preliminares del CC, tiene alcance general y se aplica a todo tipo de contratos, el que es materia de esta glosa, es una norma especial para el contrato de mutuo. ¿Podría demandarse la nulidad del mutuo fructífero, en aplicación del a. 17 del CC? Entendemos que no, no sólo porque la regla particular prevalece sobre la general y este precepto sólo permite reducir el tipo de interés cuando éste es desproporcionado. La prueba del abuso que ha empleado el usurero es menos rigurosa que la que exige el a. 17. En efecto, el artículo que se comenta crea una presunción a favor del deudor, cuando se pactaron intereses desproporcionados ("que haga fundadamente creer"); creando presunción simple. que admite prueba en contrario. ( Véase comentario al a. 2394). I.G.G. y C.G.M.

Si se ha convenido un interés más alto que el Legal, el deudor, después de seis meses contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con dos meses de anticipación y pagando los intereses vencidos.

ARTÍCULO 2396.

En el mutuo simple, se supone que el plazo ha sido pactado en interés del rnutuario, de ahí que el a, 2385 proteja a quienes hayan de devolver cereales u otros frutos del campo, permitiéndoles hacerlo en la siguiente cosecha. En el mutuo fructífero, en cambio, el plazo se pacta en beneficio de ambas partes, ya que el acreedor obtiene una ganancia al colocar su capital, que de otro modo permanecería inactivo y el mutuario, se asegura de la disposición del capital durante el plazo convenido. Este artículo establece una excepción con respecto a la norma general del pago legislada en el a. 2081: si el acreedor acepta del deudor un pago anticipado, no estará obligado a hacer descuentos. De acuerdo a este precepto, siempre que se cumplan dos condiciones (que el interés pactado sea más alto que el legal y que hayan pasado seis meses a partir de la celebración del contrato) el deudor puede, por su sola voluntad y aunque el acreedor se oponga, devolver el capital y extinguir la obligación. El deudor debe cumplir con dos requisitos: dar aviso al acreedor con dos meses de anticipación y pagar los intereses vencidos. El acreedor sufrirá una reducción, que consiste en la pérdida de intereses por lo que resta del plazo. C.G.M.

Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.

ARTÍCULO 2397.

1991

LZBRO CUARTO

ARTS. 2387 y 2398

Este precepto prohibe el llamado "anatocismo", es decir, la capitalización de los intereses, generando a su vez un nuevo interés. La nulidad que acarrea este tipo de pactos es absoluta: la norma legal es de orden público, ya que su ratio legis es la prohibición de la usura y la protección de la justicia distributiva, en un Estado social de derecho. C.G.M.

TITULO SEXTO Del arrendamiento CAPITULO I Disposiciones generales ARTÍCULO 2398.

Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el

uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la industria.*

En la primera parte de este precepto se define al contrato de arrendamiento que en nuestro derecho se caracteriza por ser de carácter principal, toda vez que tiene una finalidad propia. Es bilateral pues se establecen obligaciones recíprocas entre el arrendador y el arrendatario; es conmutativo en virtud de que al momento de celebrarse el contrato las prestaciones son ciertas; es temporal, pues la transmisión o enajenación del uso o goce que se efectúa sólo es por cierto tiempo y además es de tracto sucesivo, dado que las prestaciones y gravámenes que se pactan se van ejecutando sucesivamente en tanto dure el contrato. Este contrato se diferencia de la compra-venta precisamente en la temporalidad de la enajenación del uso y goce de la cosa arl.mdada y la obligación de restituirla dado que es la materia del contrato. Diferencia que ha ocasionado problemas prácticos, como ocurre en el arrendamiento de bienes para su explotación. En estos casos, una parte de la doctrina nacional ha considerado que aunque la cosa arrendada —minas, bosques, etc.— sufra un desgaste y aun cuando el arrendatario haga suyos los frutos o parte del mineral extraído, estamos frente a un contrato de arrendamiento. Otra parte sostiene que no puede ser arrendamiento precisamente porque existe una transmisión de la propiedad del material extraído —maderas o [1001

TITULO SEXTO Del arrendamiento

LIBRO CUARTO

ARTS. 2397 y 2398

Este precepto prohibe el llamado "anatocismo", es decir, la capitalización de los intereses, generando a su vez un nuevo interés. La nulidad que acarrea este tipo de pactos es absoluta: la norma legal es de orden público, ya que su ratio legis es la prohibición de la usura y la protección de la justicia distributiva, en un Estado social de derecho. C.G.M.

TITULO SEXTO Del arrendamiento

CAPITULO I Disposiciones generales Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la industria.*

ARTÍCULO 2398.

En la primera parte de este precepto se define al contrato de arrendamiento que en nuestro derecho se caracteriza por ser de carácter principal, toda vez que tiene una finalidad propia. Es bilateral pues se establecen obligaciones reciprocas entre el arrendador y el arrendatario; es conmutativo en virtud de que al momento de celebrarse el contrato las prestaciones son ciertas; es temporal, pues la transmisión o enajenación del uso o goce que se efectúa sólo es por cierto tiempo y además es de tracto sucesivo, dado que las prestaciones y gravámenes que se pactan se van ejecutando sucesivamente en tanto dure el contrato. Este contrato se diferencia de la compra-venta precisamente en la temporalidad de la enajenación del uso y goce de la cosa ari,mdada y la obligación de restituirla dado que es la materia del contrato. Diferencia que ha ocasionado problemas prácticos, como ocurre en el arrendamiento de bienes para su explotación. En estos casos, una parte de la doctrina nacional ha considerado que aunque la cosa arrendada —minas, bosques, etc.— sufra un desgaste y aun cuando el arrendatario haga suyos los frutos o parte del mineral extraído, estamos frente a un contrato de arrendamiento. Otra parte sostiene que no puede ser arrendamiento precisamente porque existe una transmisión de la propiedad del material extraído —maderas o [1001

ART. usa

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . I

minerales— que forman parte de la cosa objeto del contrato, transmisión que no puede considerarse como un efecto del contrato de arrendamiento. En estos casos ¿estamos acaso frente a un contrato innominado?

Ahora bien, por lo que se refiere al precio cierto, se entiende no sólo el que las partes han convenido en cantidad determinada en el contrato, sino en general cuando en el contrato se establezcan las bases para conocerlo o determinarlo con certeza. P.e. cuando se establece como renta un porcentaje determinado sobre

los ingresos de la negociación que el arrendatario establezca en 12 localidad

arrendada. Se distingue del comodato principalmente porque este contrato es gratuito y el arrendamiento no lo es. Además, el arrendamiento puede transmitir el uso y el goce o disfrute de la cosa, y por efectos del comodato sólo se transmite el uso. Finalmente se edice que el comodato sólo puede recaer sobre bienes no fungibles y que el arrendamiento puede tener por objeto inmuebles también. Para sostener esta postura los autores se fundamentan en la definición que al a. 2497 hace del cornodato, en donde se subraya el carácter no fungible de la cosa y aparece que la fungibilidad es sólo característica de los muebles, según se desprende del a. 763.

La segunda parte de este artículo señala precisamente el interés que el legislador tiene de que la característica de la [terriporalidadj" del contrato no se pierda para los efectos prácticos de no sustraer del tráfico económico, los bienes sujetos a un arrendamiento demasiado prolongado. A.E.P.D. y N. * N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que refonna diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. ** N.E.: Debido a la reforma publicada en el DO del 21 de julio de 1993, el término entre corchetes del comentario al a. 2398 "temporalidad" quedó afectado, por ello deberá complementarse conforme al texto vigente del a. 2398. Debe tomarse en cuenta, de acuerdo con el pfo. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, que deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.)

Texto del segundo párrafo del a. 2398, anterior al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993.

a. 2398, segundo párrafo. El arrendamiento no puede exceder de diez

ahos para las fincas destinadas a habitación; de quince para las fincas

destinadas al comercio y de veinte para las fincas destinadas al ejercicio de una industria. [101]

ARTS. 23911, 2400 y 2401

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2399. La

renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada.

La renta es la contraprestación que el arrendatario ha de pagar por el derecho de usar y gozar de una cosa ajena. Puede estipularse en una suma de dinero, bien fungible por excelencia, o en cualquiera otra cosa valuable en dinero siempre y cuando esté determinada o sea cierta al momento de la celebración del contrato. Afirmamos que la renta debe pagarse con otro bien fungible, parque el legislador señala que puede ser cualquier otra cosa equivalente al dinero y esta equivalencia sólo puede darse en bienes fungibles. A.E.P.D. y N.

Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellos que la ley prohibe arrendar y los derechos estrictamente personales.

ARTÍCULO 2400.

Este precepto señala qué bienes pueden ser arrendados y cuáles no. Nos indica que deben estar dentro del comercio y ser de carácter no consumibles, dejando fuera los derechos estrictamente personales. En este numeral se fundamenta la discusión entre las diferencias de arrendamiento y la compfa-venta a que se alude en el a. 2398 ya comentado. A.E.P.D. y N.

El que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de la ley.

ARTÍCULO 2401.

Con este artículo el legislador apunta el perfil de la capacidad para arrendar. En el que la ley o el dueño pueden facultar al representante para la celebración del contrato en nombre y por cuenta de aquél y esa facultad puede provenir de un acto de voluntad (mandato) o por disposición de la ley (facultad que tienen p.e. quienes ejercen la patria potestad para administrar los bienes del hijo o del usufructuario). Debe entenderse que la autorización del dueño supone tanto una capacidad general para contratar como la posibilidad de que nazca un vínculo entre el (1021

2a. PARTE. TIT, VI/CAP, I

ARTS. 2901, 2402, 2403 y 2404

dueño y el arrendatario independientemente de que aquel no haya estado presente en el momento de la celebración del contrato. Se aplican, pues, todas las reglas de la representación y otras especiales, como en el caso del subarrendamiento (véanse los aa. 436, 573, 999, 1002 y 2480). A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2402, En

el primer caso del artículo anterior, la constitución del arrendamiento se sujetará a los límites fijados en la autorización, y en el segundo, a los que la ley haya fijado a los administradores de bienes ajenos.

En nuestra opinión, éste, como muchos otros, es un precepto repetitivo que podría haberse omitido sin ninguna consecuencia. Es obvio que el mandatario no puede actuar más allá de los límites fijados en el mandato. Como también es obvio que aquellos que administran bienes ajenos (tutor, padres, abuelos etc.) pueden hacerlo sólo dentro de los límites establecidos por la ley. En cada uno de los capítulos correspondientes el legislador ha señalado las consecuencias de la extralimitación en los actos de administración y siendo el arrendamiento uno de ellos aun sin esta disposición son de aplicársele todas las reglas relativas a los actos celebrados por quien no está facultado para ello (Véase los aa. 569, 2480 y 2568). A.E.P.D. y N.

No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios.

ARTÍCULO 2403.

Para la comprensión de éste precepto nos debemos remitir al a. 946 en donde se establece que la administración de la cosa común debe hacerse por acuerdo de los copropietarios. Frente a ello cabe preguntarse ¿el consentimiento a que se refiere este numeral debe entenderse otorgado por unanimidad, o basta la mayoría simple? Tratándose de un acto de administración bastará, conforme a lo dispuesto en el a. 946, el acuerdo de la mayoría del mismo que es obligatorio para todos los copropietarios, aunque el precepto en comentario parece exigir la unanimidad. ¿No será esta disposición una excepción a la regla general contenida en el a, 946? A.E.P.D. y N.

Se prohibe a los magistrados., a los jueces y a cualesquiera otros empleados públicos, tomar en arrendamiento, por sí o por interpósita persona, los bienes que deban arrendarse en los negocios en que intervengan.

ARTÍCULO 2404.

[103]

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . I

ARTS. 2401, 2402, 2402 y 2404

dueño y el arrendatario independientemente de que aquel no haya estado presente en el momento de la celebración del contrato. Se aplican, pues, todas las reglas de la representación y otras especiales, como en el caso del subarrendamiento (véanse los aa. 436, 573, 999, 1002 y 2480). A.E.P.D. y N.

AR-1 Í CULO 2402. En el primer caso del artículo anterior, la consti-

tución del arrendamiento se sujetará a los límites fijados en la autorización, y en el segundo, a los que la ley haya fijado a los administradores de bienes ajenos. En nuestra opinión, éste, como muchos otros, es un precepto repetitivo que podría haberse omitido sin ninguna consecuencia. Es obvio que el mandatario no puede actuar más allá de los límites fijados en el mandato. Como también es obvio que aquellos que administran bienes ajenos (tutor, padres, abuelos etc.) pueden hacerlo sólo dentro de los límites establecidos por la ley. En cada uno de los capítulos correspondientes el legislador ha señalado las consecuencias de la extralimitación en los actos de administración y siendo el arrendamiento uno de ellos aun sin esta disposición son de aplicársele todas las reglas relativas a los actos celebrados por quien no está facultado para ello (Véase los aa. 569, 2480 y 2568). A.E.P.D. y N.

No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios.

ARTÍCULO 2403.

Para la comprensión de éste precepto nos debemos remitir al a. 946 en donde se establece que la administración de la cosa común debe hacerse por acuerdo de los copropietarios. Frente a ello cabe preguntarse ¿el consentimiento a que se refiere este numeral debe entenderse otorgado por unanimidad, o basta la mayoría simple? Tratándose de un acto de administración bastará, conforme a lo dispuesto en el a. 946, el acuerdo de la mayoría del mismo que es obligatorio para todos los copropietarios, aunque el precepto en comentario parece exigir la unanimidad. ¿No será esta disposición una excepción a la regla general contenida en el a. 946? A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2404. Se

prohibe a los magistrados., a los jueces y a cualesquiera otros empleados públicos, tomar en arrendamiento, por sí o por interpósita persona, los bienes que deban arrendarse en los negocios en que intervengan. [103]

2a. PARTE. TIT. VI/CAPS . I y II

ARTS. 2411 y 2412

Además de la supletoriedad del CC en los arrendamientos de bienes propiedad del D DF, estamos aquí frente a una de las ocasiones en que este ordenamiento rige en materia federal cuando se trata de arrendamiento de bienes nacionales. Seria conveniente que el legislador revisara y actualizara los términos de nuestro código, ya que no justifica que hable de municipios en una entidad federativa cuya organización no descansa en el régimen municipal. A.E.P.D. y N.

CAPITULO II De los derechos y obligaciones del arrendador El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:

ARTÍCULO 2412.

entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso

convenido, y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada, así como en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble.* 11.—A conservar la cosa arrendada en el mismo estado,

durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias; 111.—A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables; EV—A garantir el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato; V.—A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento. La doctrina francesa resume las obligaciones del arrendador en tres palabras: entregar, mantener y sanear. Todas ellas se encuentran ennumeradas en las cinco fracciones de este precepto: a) Entregar: La fr. 1 contiene los elementos de esta obligación compleja: la

entrega de la finca, de sus pertenencias, en estado tal que pueda ser utilizada por el arrendatario según convenio o según la naturaleza de la cosa; de ésta se

ART. 2412

LIBRO CUARTO

derivan una serie de preceptos como el 2413, el 2448A y el 2426, entre otros. Es una obligación a la que la doctrina califica de esencial dado que la obligación

correlativa del arrendamiento, es decir el pago de la renta no surge sino hasta el día en que la cosa haya sido entregada. Dicha entrega puede ser real o virtual. Puede pactarse que el arrendatario tome la finca arrendada en el estado en que se encuentra y se haga cargo de ponerla en condiciones de servir para el uso convenido o su uso natural. Tal estipulación, desde nuestro punto de vista, no es aplicable a las fincas destinadas para casa-habitación toda vez que ese capítulo es de orden público e interés social y las disposiciones del mismo no pueden ser alteradas por las partes. Lo que sí puede hacerse es que con cargo a la renta, el arrendatario realice las obras y mejoras necesarias para poner la finca materia del contrato en condiciones de habitabilidad. b) Conservar: Esta obligación se debe cumplir día a día mientras dure el arrendamiento. Consta de dos elementos: uno activo y el otro pasivo. En la fr. II de este precepto encontramos el activo, es decir, la obligación a cargo del arrendador de realizar las reparaciones necesarias yen general todas las obras de mantenimiento que se requieran para que el arrendatario pueda usar la cosa según lo convenido o según la propia naturaleza de la misma. El aspecto pasivo se encuentra en el a. 2414 que prohibe al arrendatario hacer modificaciones en la cosa arrendada. c) Garantizar: Esta obligación consta de tres aspectos contenidos en las tres últimas fracciones de este articulo. El primero (fr. 111) comprende hechos personales del arrendador, es decir, éste debe abstenerse de perturbar el uso pacífico del arrendatario. La única excepción que admite este aspecto es la necesidad de reparaciones urgentes en la finca arrendada. El segundo (fr. IV) se refiere a hechos de terceros que impidan el uso o goce pacífico a que el arrendatario tiene derecho mientras dure el arrendamiento. Esta obligación se refiere al saneamiento para el caso de evicción, cuando un tercero alegue mejor derecho para privar al arrendador y en consecuencia al arrendatario de la cosa arrendada (a. 2119). Al arrendatario compete el ejercicio de interdictos posesorios como poseedor derivado (aa. 791, 792 y 2413). El tercero (fr. V) se refiere a defectos o vicios ocultos (vicios redhibitorios) la propia cosa materia del contrato. En éstos casos la obligación de garantizar implica, necesariamente, la responsabilidad del arrendador frente a los daños y perjuicios que el arrendatario sufra por esta causa. A.E.P.D. y N.

* N.E.: Texto vigente de la fracción 1 del artículo modificado en virtud del articulo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado [1081

2a. PARTE. TIT. VI CAP, II

ARTS. 2412, 2413 y 2414

en el DO del 23 de septiembre de 1993. Debe tomarse en cuenta, de acuerdo con el pfo. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, que deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto de la fracción 1 del a. 2412, anterior al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2412, fracción 1.: A entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada;

ARTÍCULO 2413. La entrega de la cosa se hará en el tiempo conve-

nido; y si no hubiere convenio, luego que el arrendador fuere requerido por el arrendatario. In este articulo el legislador concreta la obligación de entregar a cargo del arrendador. Tal entrega debe hacerse: en el tiempo pactado para ello, o en caso de tratarse de una obligación sine die en la que no hubiere pacto expreso, en cuanto el arrendatario lo requiera. Existe una regla general derivada del a, 2080. en donde se establece que la entrega se hará después de 30 días de la interpelación del acreedor. El arrendamiento es una excepción, según se desprende de este precepto. (Véase el a, 2080). A.E.P.D. y N.

El arrendador no puede, durante el arrendamiento, mudar la forma de la cosa arrendada. ni intervenir en el uso legítimo de ella, salvo el caso designado en la fracción III, del artículo 2412.

ARTÍCULO 2414.

La obligación a que se refiere este precepto es el aspecto pasivo —obligación de no hacer— derivado del deber de conservación dispuesto en el a, 2412. Esto implica que bajo ningún pretexto podrá el arrendador variar, en su substancia, la cosa arrendada de tal suerte que no pueda ser utilizada según lo pactado en el contrato o según el destino material que al momento de celebrar el contrato tenía la cosa. También se refiere este precepto a la obligación de garantizar. Complementa la disposición contenida en el a. 2212 fr. III, es decir, se ubica dentro de la garantía sobre hechos personales ; es también una obligación de no hacer a fin de que el arrendatario pueda utilizar la cosa de conformidad a lo convenido o a la naturale/a de la misma. A,E.P.D. y N. 11091

ARTS, 2415 y 2416

LIBRO CUARTO

El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, a la brevedad posible, la necesidad de las reparaciones, bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause.

ARTÍCULO 2415.

Salta a la vista que este precepto está totalmente fuera de lugar. Aparentemente la intención del legislador fue ubicarlo como la obligación recíproca que tiene el arrendador de conservar la cosa; sin embargo, si existe un capitulo especial para las obligaciones de cada una de las partes nada justifica incluir un deber a cargo del arrendatario en el capítulo correspondiente a los deberes del arrendador. Independientemente de esta critica de sistematización, la doctrina justifica esta obligación y la sanción que se impone por falta de cumplimiento aludiendo a la consideración fundamental de que el arrendatario posee la cosa a nombre del arrendador y, por lo tanto, está obligado a vigilarla y es responsable de los daños que éste sufra por su negligencia o culpa. Esta consideración a su vez se fundamenta en una razón lógica que se argumentó —en México— desde el CC de 1870: El arrendatario es el que está cerca de la cosa y utilizándola es él quien se da cuenta del estado de la misma y de las reparaciones que necesite y no el arrendador que se encuentra lejos ( Vid. Exposición de motivos del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios de la Baja California de 1870). Si el arrendatario no cumple esta obligación no podrá exigir el reembolso de lo que hubiere gastado para efectuar las reparaciones, a menos que fueren urgentes ( Vid. aa. 1896, 1902 y 1904 relativos a la gestión de negocios), ni puede utilizar corno argumento el deterioro de la cosa para rehusarse a pagar la renta. (Véase comentario al a. 2423). A.E.P.D. y N.

Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que esté destinada la cosa, quedará a elección del arrendatario rescindir el arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al arrendador al cumplimiento de su obligación, mediante el procedimiento rápido que se establezca en el Código de procedimientos Civiles.

ARTÍCULO 2416.

Una vez dado el aviso a que se refiere el artículo anterior, la doctrina ( Vid, Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles. México, Porrúa, 1973, p. 187) abre como única posibilidad para el arrendatario las acciones a que se refiere este precepto; la rescisión del contrato o el estrechamiento judicial. No estamos plenamente de acuerdo con esta interpretación ya que consideramos que vía gestión de negocios el arrendatario sí puede hacer estas reparaciones y después efectuar una compensación en la renta. Aparentemente no hay conflicto práctico grave en la postura doctrinal, sin embargo, la experiencia sufrida en la ciudad de México a raíz de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, nos hacen sostener que es más congruente y 11101

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . II

ARTS. 2416 y 2417

equitativa la interpretación que proponemos pues en los casos de las fincas dañadas por los sismos la mayoria de los arrendadores se negaron a hacer las reparaciones necesarias y si la única salida fuera la interpretación doctrinal que mencionamos la crisis habitacional habría sido muchísimo más grave, pues estas consideraciones habrían dejado a un número mayor de personas sin vivienda. La solución que ofrece el código en este precepto adolece de dos graves defectos: obliga al arrendatario a continuar con una carga por todo el tiempo que dura el juicio de rescisión de contrato a que se alude, a menos que la interpretación que da Sánchez Medal sea válida, es decir, que el arrendatario pueda rescindir el contrato en forma unilateral, y por vía de los hechos. El segundo defecto es que no existe el "procedimiento rápido" a que alude el CPC. Y aun vencido el arrendador en juicio, ¿quién efectúa las reparaciones? ¿un tercero? ¿a cargo de quién? Así pues, esta solución genera una serie de preguntas ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? mientras el arrendatario es el que tiene que usar la cosa deteriorada. De ahí que la interpretación que proponemos sea mucho más práctica que la propuesta en nuestra doctrina. A.E.P.D. y N.

El juez, según las circunstancias del caso, decidirá sobre el pago de los daños y perjuicios que se causen al arrendatario por falta de oportunidad en las reparaciones.

ARTÍCULO 2417.

La obscuridad que priva en nuestra legislación se acrecienta tratándose del arrendamiento. Este precepto es un ejemplo claro de ello: Existe el principio de la reparación del daño causado a otro, entre otras razones, por la falta de cumplimiento oportuno de nuestras obligaciones; si el legislador se hubiera preocupado por la claridad y congruencia de las normas, este artículo debería estar redactado de la siguiente forma: "El arrendador que no cumpla oportunamente con las reparaciones necesarias será responsable de los daños y perjuicios que se causen, por este motivo, al arrendatario. Para determinar el monto y procedencia, el juzgador evaluará las circunstancias del caso, tomando en consideración lo prescrito en el a. 2415". La redacción que ofrece el precepto actualmente, deja muchas interrogantes: ¿sobre qué versará la decisión del juez? ¿sobre la procedencia del pago'? ¿o sobre el monto? ¿cuáles son las circunstancias? ¿qué relación pueden guardar éstas con lo prescrito en el a. 2415'?, etc. N os in. clinamos a pensar que el legislador previó el pago de daños y perjuicios no sólo por el incumplimiento en la obligación, sino por la falta de oportunidad en su cumplimiento. Es decir, aunque el arrendador hubiere realizado las reparaciones, está obligado a resarcir al arrendatario los daños y perjuicios sufridos por el retraso en los trabajos. Por ejemplo: el arrendatario avisa al arrendador de la necesidad de impermeabilizar el inmueble antes de la temporada de lluvias porque han aparecido humedades; el arrendador no impermeabi-

LIBRO CUARTO

ARTS. 2-117, 2418 y 2419

liza inmediatamente y deja pasar la temporada de lluvias. Lo este caso puede suceder que lo que originalmente era humedad se convirtiera, por falta de reparaciones, en goteras y éstas dañaran el mobiliario de la casa. o maquinaria en la finca industrial. hl juzgador, en este caso, deberá condenar al arrendador al pago de daños y perjuicios "por falta de oportunidad en las reparaciones-. A. P. D. ■- N.

ARTÍCULO 2418.

Lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2412

no comprende las vías de hecho de terceros que no aleguen derechos sobre la cosa arrendada que impidan su uso o goce. El arrendatario, en esos casos, sólo tiene acción contra los autores de los hechos, y aunque fueren insolventes no tendrá acción contra el arrendador. Tampoco comprende los abusos de fuerza. La obligación de garantizar el uso pacificó de la cosa arrendada no comprende las acciones extrajurídicas O por la vía de los hechos de terceros. Vinculando este precepto con el siguiente, encontrarnos que el arrendatario. frente a estas perturbaciones, tiene acción personal corno poseedor de la cosa dada en arrendamiento. A.E.P.D. y N.

2419. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más breve término posible,

RTÍCU LO

toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho o abiertamente prepare en la cosa arrendada, so pena de pagar los daños y perjuicios que cause con su omisión. Lo dispuesto en este artículo no priva al arrendatario del derecho de defender, como poseedor, la cosa dada en arrendamiento. Nuevamente encontrarnos en el capitulo correspondiente a los derechos y obligaciones del arrendador, una obligación a cargo del arrendatario; es también una obligación de hacer, corno la contenida en el a. 2415, consiste en el aviso que éste ha de dar al arrendador de los hechos ilícitos de un tercero sobre la cosa dada en arrendamiento. El fundamento de esta obligación es el mismo al que se alude en el a. 2415. Pero, en este caso esta disposición permite expresamente que el arrendatario defienda por sí mismo y en su calidad de poseedor la cosa arrendada si el arrendador no lo hiciere con la oportunidad que el caso requiere (vid. aa. 791 y 792).

A.E.P.D. y N. 11121

ARTS. 2420 y 2421

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . II

ARTÍCULO 2420. Si

el arrendador fuere vencido en juicio sobre una parte de la cosa arrendada, puede el arrendatario reclamar una disminución en la renta o la rescisión del contrato y el pago de los daños y perjuicios que sufra.

A este precepto podría aplicársele, por analogía, la interpretación doctrinal que se menciona en el a. 2416, sobre todo si el arrendatario opta por la rescisión del contrato. En caso contrario, es decir, si optara por la disminución de la renta la decisión judicial necesariamente deberá ser retroactiva al momento en que el arrendatario perdió el uso de parte de la cosa arrendada y es de esperarse que el juez decrete también que lo pagado de más desde ese momento se aplique al pago de rentas subsiguientes. Sin embargo, en uno y otro caso es de esperarse que los nuevos juzgados del

arrendamiento den soluciones expeditas que permitan resolver estos conflictos —por lo menos en el arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la habitación—. A.E.P.D. y N.

El arrendador responde de los vicios o defectos de la cosa arrendada que impidan el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del arrendamiento, sin culpa del arrendatario. Este puede pedir la disminución de la renta o la rescisión del contrato, salvo que se pruebe que tuvo conocimiento antes de celebrar el contrato, de los vicios o defectos de la cosa arrendada.

ARTÍCULO 2421.

Este precepto forma parte de la obligación que el arrendador tiene de garantizar el uso pacífico de la cosa arrendada y habla precisamente de vicios ocultos que lo impidan de tal suerte que la acción de disminución o rescisión que tiene el arrendatario contra el arrendador en este renglón, no procede si tuvo conocimiento de ellos, es decir, si tales vicios fueran manifiestos y no ocultos para el arrendatario, aunque sí lo fueren para otras personas. Existe un principio desde el derecho romano que justifica esta salvedad del legislador; "Si sabes y aceptas no puedes alegar injuria o ilícito". (Vid. a. 2142 y su comentario respectivo). En cuanto a las acciones del arrendatario se les puede aplicar las mismas interpretaciones de los aa. 2416 y 2420 que anteceden. A.E.P.D.,y N. 11131

ARTS. 2422 y 2923

LIBRO CUARTO

ARTf CULO 2422. Si

al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquél: en este caso depositará judicialmente el saldo referido.

Normalmente estos saldos a favor surgen por los meses de depósito que se dan al inicio del contrato o por mejoras o reparaciones hechas en la casa arrendada que no hubieran sido cubiertas en su oportunidad por el arrendador. En la práctica generalmente los inquilinos optan por que se compense el importe de las cantidades en depósito, con las rentas pendientes al terminar el arrendamiento. De esta manera no tienen que demandar al arrendador para obtener la devolución de esas sumas. El arrendador a su vez se cobra de dicha cantidad, lo adeudado por el arrendatario. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2423. Corresponde al arrendador pagar las mejoras

hechas por el arrendatario: I.—Si en el contrato, o posteriormente, lo autorizó para hacerlas y se obligó a pagarlas; se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato; 111.—Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que transcurra el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento. Se entiende por mejora toda modificación material intrínseca o extrínseca de la cosa arrendada que pueda producir un aumento en su valor económico. Sabemos que existen cuatro tipos de mejoras, una proveniente de la acción de la naturaleza (vid. a. 822) y tres de la acción del hombre: Las voluntarias, las

útiles y las necesarias. Por regla general, el costo de las mejoras necesarias —es decir, aquellas que se realizan para impedir la pérdida o deterioro de la cosa— y las útiles —aquellas que aumentan el valor de la cosa— ha de ser cubierto por el propietario, salvo pacto en contrario; así como el importe de las voluntarias no son resarcibles y [1141

2a. PARTE. TJT. VI/CAPS . II y III

ARTS. 2423, 2424 y 2423

pueden retirarse en tanto no se cause daño a la cosa que se mejoró. ( Vid. aa. 815, 817, 818 y 819). Ahora bien, en este precepto se establecen claramente las reglas aplicables al caso de las mejoras en cosa arrendada. En nuestra opinión el legislador se refiere a las mejoras voluntarias y a las útiles ya que las necesarias han de ubicarse en el renglón de la obligación que tiene el arrendador de conservar la cosa. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2424. Las

mejoras a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, deberán ser pagadas por el arrendador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa arrendada.

El legislador establece, en justicia, un principio compensatorio que no puede ser derogado, a priori por la voluntad de las partes. Así, si el contrato se rescinde por culpa del arrendador o si se da por terminado antes de que el arrendatario pudiese ser compensado del gasto realizado mediante el uso de las mejoras, éstas deberán ser cubiertas por el arrendador independientemente de lo pactado, toda vez que el responsable de tal situación es precisamente el arrendador. A.E.P.D. y N.

CAPITULO III De los derechos y obligaciones del arrendatario ARTICULO 2425. El

arrendatario está obligado: I.—A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos; II.—A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios; III.—A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella.

Con este precepto se inicia el catálogo de obligaciones a cargo del arrendatario. En él se señalan las tres principales: El pago de las rentas; el cuidado o conserva11151

ARTS. 2925 y 2426

LIBRO CUARTO

ción de la cosa como buen padre de familia y el uso de la cosa según lo convenido o su destino natural. El pago de la renta (fr. I) es una obligación que puede calificarse de principal ya que constituye la contraprestación que ha de dar por el uso de la cosa que recibe. En ello se fundamentan los aa. 2431 a 2434 y 2445, para eximir al arrendatario del pago de la renta cuando es privado total o parcialmente del uso de la cosa. El pago debe hacerse precisamente pn la forma y tiempo convenidos (aa. 2078 y 2079) de tal suerte que la impuntualidad reiterada y sistemática en el pago, puede ser también causa de rescisión del contrato. (Vid. SJF, quinta época, t. CXXVIL p. 543 y ss. Amparo Directo 2565/55). El cuidado o conservación de la cosa es una obligación compleja que se encuentra enunciada en varios artículo de este capítulo y del precedente (vid. aa. 2415 y 2419). En este numeral (fr. II) se finca la responsabilidad que el inquilino tiene, derivada de la obligación, de responder por los daños y perjuicios que sufra la cosa objeto del contrato tanto por su culpa o negligencia como la de sus familiares, su personal de servicio o subarrendatarios. Esta fracción muestra con claridad que la preocupación del legislador e,n torno a este contrato ha estado siempre enfocada a las fincas destinadas a casa habitación, pues de otra manera hablaría de trabajadores y empleados además de los "sirvientes" y familiares. Frente a esta especificación cabe preguntar si la responsabilidad de responder también se aplica en un contrato de arrendamiento de una finca destinada al comercio, cuando el causante directo del daño ocasionado es un empleado del arrendatario. Consideramos que sí, no sólo por una interpretación analógica sino por lo dispuesto en el a. 1924. El usar la cosa de conformidad con lo pactado o el destino natural de la misma (fr. III) es una obligación y no una facultad del arrendatario. Ello implica no sólo una restricción al uso de la cosa arrendada —de tal suerte que no cause molestias, incomodidades o daños no sólo a la cosa sino a terceros— sino también el no abandonarla y usarla precisamente según su destino natural o lo establecido en el contrato respectivo. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2426. El

arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario.

Ya habíamos expresado que el pago de la renta es una obligación (contraprestación) esencial del contrato de tal suerte que el arrendatario sólo está obligado a pagarla desde el día en que recibe la cosa objeto del contrato aunque éste se hubiere celebrado antes. [1I61

2. PARTE. TIT. ',CAP, III

MITS. 2426, 2427, 2428, 2429 y 2430

La renta ese! pago que el arrendatario hace precisamente por el uso de la cosa arrendada; si este uso no se da, la obligacitm de pagar a cargo del arrendatario tampoco surge. En este precepto, el legislador hace explícito este principio lógico del contrato que nos ocupa, dejando a salvo la voluntad de las partes para expresarse en otro sentido.

A.E.P.D. y N.

La renta será pagada en el lugar convenido, y a falta de convenio, en la casa, habitación o despacho del arrendatario.

ARTÍCULO 2427.

En este artículo el legislador sigue la norma establecida en el a. 2082 en donde se expresa que la obligación ha de ser pagada en el domicilio del deudor, dejando, nuevamente, a salvo la voluntad de las partes. (Vid. a. 2082). A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2428. Lo

dispuesto en el articulo 2422 respecto del arrendador, regirá en su caso respecto del arrendatario.

Los saldos a favor del arrendador normalmente surgen por el incumplimiento en el pago de la renta, en cuyo caso el arrendador tiene la acción del desahucio o la rescisión del contrato por falta de pago oportuno. A.E.P.D. y N.

El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día que entregue la cosa arrendada.

ARTÍCULO 2429.

Esta disposición se deriva del principio lógico a que se hace referencia en el a. 2426 de tal suerte que la renta ha de ser pagada desde el primer día en que el arrendatario recibe la cosa y hasta el día en que la entrega. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2430. Si el precio del arrendamiento debiere pagarse en

frutos, y el arrendatario no los entregare en el tiempo debido, está obligado a pagar en dinero el mayor precio que tuvieren los frutos dentro del tiempo convenido. Lo dispuesto en este precepto es consecuencia de la mora del deudor en el pago de la renta cuando ésta se ha pactado en frutos. Debe ser a cargo de éste la 11171

ARTS. 2430 y 2431

LIBRO CUARTO

fluctuación del precio que éstos tienen en el mercado; fluctuación que puede hacer variar en forma considerable dicho precio no sólo de un mes a otro, sino de semana a semana, por lo cual debe cubrir el arrendatario el precio mayor que hayan alcanzado los frutos después del retardo injustificado ene! cumplimiento de la obligación de pagar la renta. No es posible establecer intereses moratorios sobre frutos de tal suerte que éstos pudieran compensar la mora, como si lo es cuando la renta se pacta en dinero. Al respecto convendría que el legislador estableciera expresamente, como sanción, el pago de intereses moratorios al tipo legal para los casos de incumplimiento en el pago de la renta dada la depreciación de nuestra moneda, aunque nada impide que la voluntad de las partes los lijen. A.E.P.D. y N.

Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más de dos meses podrá pedir la rescisión del contrato.

ARTÍCULO 2431.

Vuelve a surgir el principio de la contraprestación esencial. En este caso ya no se habla del momento en que el arrendatario recibe la cosa para su uso, ni de aquel momento en que la entrega. Se prevé la privación del uso por caso fortuito o fuerza mayor y aun aquí, cuando no existe culpa o negligencia del arrendador en el cumplimiento de la obligación de conservar la cosa, el arrendatario está facultado para retener la renta hasta en tanto dure el impedimento. Si éste dura más de dos meses puede demandar la recisión del contrato. Una vez vencido el impedimento, el arrendatario podrá usar nuevamente la cosa, y el contrato continuará en los mismos términos que antes, a menos que hubiere optado por la rescisión. Hasta antes de los sismos de septiembre de 1985 en la ciudad de México, se le veía de poca utilidad a este precepto, pues se consideraba que el arrendatario podía, por la vía de los hechos, abandonar o restituir la cosa arrendada cuando no pudiera usarla sin que el arrendador tuviera objeción alguna. Durante los meses siguientes a esa catástrofe, a muchos inquilinos damnificados privados temporalmente de sus viviendas no pudieron los arrendadores aumentar la renta estipulada. Su defensa se basó en este precepto. A.E.P.D. y N. L1181

ARTS. 2432, 2433 y 2434

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . III

ARTÍCULO 2432. Si sólo se impide en parte el uso de la cosa, podrá

el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. Sigue imperando el principio de la contraprestación; en este caso se hace hincapié en la relación de equidad que debe existir entre rentar y usar. Si el precio de la renta fue pactado por el uso de la cosa durante determinado tiempo, al disminuir éste, ha de reducirse también aquélla. Las observaciones hechas en el artículo precedente son válidas para éste; una vez recuperado el uso de toda la cosa, el arrendatario deberá cubrir íntegramente la renta pactada en el contrato. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2433. Lo dispuesto en los artículos anteriores no es

renunciable. Encontramos en este precepto una limitación a la gutonomía de la voluntad cuyo objetivo es la protección del arrendatario, de tal suerte que no pueda ser obligado, por necesidad, a renunciar a priori un derecho que equilibra la relación arrendador-arrendatario. Se resalta la importancia de la relación que debe haber entre las prestaciones en los contratos conmutativos evitando que se modifique por voluntad de las partes el justo equilibrio establecido por las mismas partes, al celebrar el contrato haciendo irrenunciable el derecho que otorga al arrendatario el artículo anterior. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2434. Si la privación del uso proviene de la evicción del

predio, se observará lo dispuesto en el artículo 2431, y si el arrendador procedió con mala fe, responderá también de los daños y perjuicios. El legislador equipara en este precepto la vis major con la evicción precisamente por lo imprevisto o imprevisible. Si el arrendador sufre evicción y la privación del uso de la cosa arrendada dura dos meses, no se causará renta; si excede de ese período el arrendatario tendrá además acción para pedir la rescisión del contrato. 1191

LIBRO CUARTO

ARTS. 2434, 2433 y 2436

Este precepto se relaciona con lo establecido por el a. 2483 fr. VIII, que deberá interpretarse en el sentido de que el contrato de arrendamiento termina si el arrendatario se ve privado del uso de la cosa arrendada por más de dos meses, por causa de evicción. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2435. El arrendatario es responsable del incendio, a no

ser que provenga de casa fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción.

Esta responsabilidad es derivada de la obligación que tiene el arrendatario de conservar y cuidar la cosa arrendada y puesto que "normalmente los incendios de fincas son por culpa o negligencia de quien las habita". A estos argumentos el legislador y la doctrina añaden un principio consignado en el a. 2018, es decir: la pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por su culpa, salvo prueba en contrario. Así pues, este precepto establece una presunción juris :m'um de culpa por descuido del inquilino que sólo acepta ciertas pruebas en contrario. En este mismo artículo se prevé la excepción del caso fortuito la vis ~dor o vicio de construcción. Situaciones en las que no existe falta de cuidado por parte del arrendatario ni hay base para presumirla. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2436. El arrendatario no responde del incendio que se

haya comunicado de otra parte, si tomó las precauciones necesarias para evitar que el fuego se propagara.

En este precepto el legislador exime de responsabilidad al inquilino, si el incendio no se originó en la localidad arrendada y si empleó la diligencia necesaria para evitar la propagación del incendio. Si falta uno de éstos elementos el inquilino deberá responder del incendio. Hay que aclarar cuáles son las precauciones necesarias para la propagación del incendio. Aparentemente no hay, o no debe haber, ninguna dificultad en precisadas, pero frente a un siniestro, sobre todo de grandes dimensiones, consideramos dificil la evaluación de esa toma de precauciones. En todo caso deberá ser el juzgador quién en última instancia, decida según las circunstancias y las pruebas que se le presenten, si el inquilino fue diligente empleando los medios aconsejables racionalmente, de acuerdo con las circunstancias para impedir la propagación del fuego. A.E.P.D. y N. [1201

ARTS. 2437, 2438 y 2439

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . III

son varios los arrendatarios y no se sabe dónde comenzó el incendio, todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen, y si el arrendador ocupa parte de la finca, también responderá proporcionalmente a la renta que esa parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la habitación de uno de los inquilinos, solamente éste será el responsable.

ARTICULO 2437. Cuando

En el caso de pluralidad de arrendatarios, y cuando no se pueda determinar dónde comenzó el incendio, la presunción de culpa se parte proporcionalmente entre todos ellos incluyendo al arrendador si éste ocupaba parte del inmueble, excepto que pueda probarse que el siniestro ocurrió por caso fortuito o fuerza mayor. Si se pudiera probar que el siniestro empezó en el local o habitación de uno de ellos él será el único responsable salvo la excepción a que se refiere el párrafo anterior. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2438. Si

alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no pudo comenzar en la parte que ocupa, quedará libre de responsabilidad.

La imposibilidad de que el incendio hubiera comenzado en un determinado departamento, exime de responsabilidad al inquilino que lo ocupa. (Vida. 2435). Tal imposibilidad ha de ser debidamente probada por dictamen de peritos y por inspección judicial, así como por todas las pruebas en contrario que anteceden. A.E.P.D. y N.

La responsabilidad en los casos de que tratan los artículos anteriores, comprende no solamente el pago de los daños y perjuicios sufridos por el propietario, sino el de los que se hayan causado a otras personas, siempre que provengan directamente del incendio.

ARTÍCULO 2439.

La responsabilidad tal y como se integra en este precepto, está directamente relacionada con los aa. 1910, 1913 y 1915. (Véanse los comentarios respectivos) A.E.P.D. y N. D.21.1

ARTS. 2440, 2441 y 2442

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2440. El arrendatario que va a establecer en la finca

arrendada una industria peligrosa, tiene obligación de asegurar dicha finca contrae! riesgo probable que origine el ejercicio de esa industria. El aseguramiento de la finca en el caso específico a que se hace referencia es consecuencia directa de la obligación de conservar y cuidar la cosa arrendada que tiene el arrendatario. Se prescribe un cuidado o precaución adicional precisamente por la peligrosidad de la industria que se establece en la finca y el riesgo que ello significa. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2441, El arrendatario no puede, sin consentimiento

expreso del arrendador, variar la forma de la cosa arrendada; y si lo hace debe cuando la devuelva, restablecerla al estado en que la reciba, siendo, además, responsable de los daños y perjuicios. Este artículo deriva de la obligación que tiene el arrendatario de conservar y cuidar la cosa arrendada a fin de que pueda devolverla en el estado en que la recibió. Según se establece en el artículo siguiente, no podrá variar su forma a menos que exista consentimiento expreso del arrendador. Si varía la forma, está obligado a restaurar la que tenía al momento de la celebración del contrato. Si en este proceso la cosa sufre algún daño o se ocasiona perjuicios al propietario arrendador por culpa del arrendatario, los que se causen deberán ser cubiertos por éste. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2442. Si el arrendatario ha recibido la finca con expresa

descripción de las partes de que se compone, debe devolverla, al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. El legislador vincula estrechamente dos obligaciones: la de conservar y cuidar la cosa arrendada tal como se ha señalado y punrualizado en artículos precedentes y la de devolverla en el mismo estado, sin deterioro, al concluir el arrendamiento. 11.22]

2a. PARTE. TIT. VI/CAP, III

ARTS. 2442, 2443 y 2444

Así pues, el objetivo de cuidado y conservación de la cosa es su devolución ene! mismo estado en que fue recibida por el arrendatario al inicio del contrato. En el término de "mismo estado" no se incluyen, y así lo expresa el legislador, ni el menoscabo ni la pérdida natural por el transcurso del tiempo o por otra causa inevitable. Para determinar ese estado en que la recibió se presentan dos supuestos; el primero de ellos lo señala este articulo; que el arrendatario haya recibido la finca con una descripción de sus partes. Al devolverla, en este caso, deberá atenderse a esta descripción que ha de estar incorporada al contrato. Al segundo supuesto se refiere el artículo siguiente. A. E.P.D. y N. ARTÍCULO 2443. La

ley presume que el arrendatario que admitió la cosa arrendada sin la descripción expresada en el articulo anterior, la recibió en buen estado, salvo la prueba en contrario.

Al segundo supuesto se refiere este numeral. Esto es, que la cosa haya sido recibida sin !a descripción de sus partes; en este caso se establece una presunción juris tantum; el arrendatario la recibió en buen estado salvo prueba en contrario y, por tanto, deberá devolverla en buen estado y salvo también, lo expreasdo en el artículo anterior infine; es decir que no responde del menoscabo sufrido por el tiempo u otra causa inevitable. (Vid a. 2011 fr. III). A.E.P.D. y N.

El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de poca importancia, que regularmente son causados por las personas que habitan el edificio.

ARTÍCULO 2444.

Si bien es cierto que las reparaciones necesarias en la cosa arrendada a fin de mantenerla en estado de servir para el uso al que fuere destinada, son parte de la obligación que tiene el arrendador (a. 2412 fr. II), cuando dichas reparaciones son de poca cuantía y ocasionadas por el uso normal de quienes ocupan el inmueble forman parte de la obligación de cuidarla y conservarla que tiene el arrendatario en los términos de este capítulo. Por este tipo de deterioros se puede entender: el mantenimiento de tuberías, f1231

ARTS. 2444 y 2445

LIBRO CUARTO

cerraduras, reposición de vidrios, etc. Son reparaciones de las llamadas locativas están definidas, sobre todo, por los usos y costumbres del lugar. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2445. El

arrendatario que por causa de reparaciones pierda el uso total o parcial de la cosa, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento, a pedir la reducción de ese precio o a la rescisión del contrato, si la pérdida del uso dura más de dos meses, en sus respectivos casos.

Debe interpretarse que el propietario arrendador tiene derecho a hacer las reparaciones, no sólo necesarias, sino aquellas que sean inaplazables para la conservación de la finca arrendada ya ello el arrendatario no puede oponerse. Se trata de reparaciones que el arrendatario está obligado a tolerar por ser indispensables e inaplazables, sin grave riesgo de la conservación de la cosa, por ello el código admite la posibilidad de que el arrendatario se vea privado temporalmente del uso de la cosa que tiene en arrendamiento. En el caso de pérdida del uso por causa de las reparaciones que deben hacerse en la cosa arrendada, el arrendatario tiene tres alternativas: no pagar el alquiler mientras duren las reparaciones, pedir la reducción de la renta o solicitar la rescisión del contrato. Cada una de las alternativas procede en los diferentes presupuestos señalados: la pérdida parcial, la pérdida total, durante dos meses o la pérdida del uso por más de dos meses. Si la pérdida es total y las reparaciones duran menos de dos meses, el arrendatario puede dejar de pagar la renta y al término de las reparaciones volver a ocupar la casa, continuando los efectos del contrato; si la reparación dura más de dos meses puede optar por la rescisión del contrato sin obligación de pagar renta mientras dure el juicio, si éste fuere necesario para dirimir la controversia entre las partes. Si la pérdida del uso sólo fuere parcial, el arrendatario tiene la opción de pedir, mientras duren las reparaciones, la reducción del alquiler en forma equitativa a la disminución de su uso o si dichas reparaciones duran más de dos meses, demandar la rescisión del contrato. Corolario de esta disposición es que el arrendatario, tratándose de esta clase de reparaciones, está obligado a tolerar las molestias, sin indemnización alguna que esas obras de reparación le causen y si por su oposición tales obras no se hacen en tiempo oportuno, es responsable ante el arrendador de los daños y perjuicios que en oposición por esa causa sobrevengan a aquél.

124]

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . III

ARTS. 2446 y 2447

ARTÍCULO 2446. Si la misma cosa se ha dado en arrendamiento

separadamente a dos o más personas y por el mismo tiempo, prevalecerá el arrendamiento primero en fecha; si no fuere posible verificar la prioridad de ésta, valdrá el arrendamiento del que tiene en su poder la cosa arrendada. Si el arrendamiento debe ser inscrito en el Registro, sólo vale el inscrito.

El legislador combina tres principios que han de aplicarse, según el caso, cuando se hubiere dado en arrendamiento una misma cosa a varios arrendatarios, en forma separada y en el mismo espacio temporal; estos principios son: primero en tiempo, primero en derecho; respeto al arrendatario que se encuentre en posesión y el principio registral. Si se puede determinar la fecha de cada contrato el primero de ellos es el válido siempre y cuando no fuere contrato inscribible en el RPP y dicha inscripción no se hubiere realizado. Es válido aun cuando otro arrendatario estuviere en posesión de la cosa. Si no se puede determinar esa fecha valdrá el principio posesorio. Así pues, vemos que el principio registra], es en su caso, el determinante para resolver el conflicto de intereses surgido por la contratación con distintas personas. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2447. En los arrendamientos que han durado más de

cinco años y cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene éste derecho si está al corriente en el pago de la renta, a que, en igualdad de condiciones, en caso de venta sea preferido en los términos del artículo 2448-J de este Código.*

* N.E.: Texto vigente del articulo modificado en virtud del articulo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del articulo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2447, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2447. En los arrendamientos que han durado más de cinco años y cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene éste derecho si está al corriente en el pago de la renta, a que, en igualdad de condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento de la finca. También gozará del derecho del tanto si el propietario quiere vender la finca arrendada, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en los artículos 2304 y 2305. 1I 51

LIBRO CUARTO

ARTS. 2447 y 2448

Se establecen dos tipos de preferencia a favor del arrendatario que esté al corriente del pago de la renta, cuyo contrato haya durado más de cinco años y haya realizado mejoras de importancia en tibien arrendado: uno es el derecho de preferencia sobre cualquier otro interesado en el nuevo arrendamiento de la finca y otro el derecho del tanto en caso de venta de la cosa arrendada. Estas preferencias sólo son aplicables a los contratos de fincas rústicas o destinadas a la industria o comercio, quedan fuera los arrendamientos sobre fincas urbanas destinadas a la habitación a las que se les aplica lo establecido en los aa. 2448-1 y 2448-J. En este caso para que prospere la preferencia para un nuevo arrendamiento o el derecho del tanto en caso de venta se requiere: a) Que el arrendamiento haya durado más de cinco años; b) Que el arrendatario esté al corriente del pago de la renta y e) Que el arrendatario haya realizado mejoras de importancia en la tinca. Si falta uno de los requisitos el arrendatario pierde estos derechos. Las facultades del arrendatario también están sujetas a una condición: la igualdad de circunstancias entre él y el tercero que desee arrendar o comprar la casa objeto del contrato. Para el ejercicio del derecho del tanto, el legislador establece que se aplicarán por analogía, las disposiciones relativas al ejercicio de este derecho en la compra-venta, por tanto el arrendador deberá hacer saber al arrendatario en forma fehaciente, la oferta que tuviere sobre la cosa, ya sea para un nuevo arrendamiento o para su venta. El arrendatario deberá ejercitar su derecho de tanto dentro del término de tres días si la cosa fuere mueble y dentro de diez días si se trata de un inmueble; si no lo hace, pierde su derecho. Si el arrendador no da el aviso a que se hace referencia o no respeta los plazos concedidos al arrendatario, ya sea el nuevo de arrendamiento o la compra-venta, son válidos pero deberá responder de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado al arrendatario. (Vid. aa. 2304, 2305 y 2459.) A.E.P.D. y N.

CAPITULO IV Del arrendamiento de fincas destinadas a la habitación ARTÍCULO 2448. Las disposiciones contenidas en los artículos

2448-A, 2448-B, 2448-G y 2448-H son de orden público e interés social, por tanto son irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta.*

* N.E.: Texto vigente del articulo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto integro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) [126]

2a. PARTE. T1T. V1/CAP, IV

ARTS. 2448 y 2498 A

Texto y comentario del a. 2448, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448. Las disposiciones de este Capítulo son de orden público e interés social. Por tanto son irrenunciables y en consecuencia, cualquier estipulación en contra se tendrá por no puesta. El capítulo sobre el arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, que se inicia con este articulo, fue una respuesta del legislador a la corriente de opinión que sobre este problema generó la reforma del a. 40 constitucional de 1983. En todos los foros se discutía sobre la incongruencia entre el derecho constitucional que toda familia tiene de gozar de una vivienda digna y decorosa y la regulación civil del arrendamiento. El legislador no podría desatender por más tiempo estas voces que llegaron desde distintos ámbitos y procedió a reformar una serie de normas, entre ellas este capítulo, para dar un paso adelante en la solución del ancestral problema entre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda digna y decorosa. Estas reformas traducen la intención del legislador de establecer una relación más justa y sana entre arrendador y arrendatario a través de la conducción de la voluntad contractual; por ello inicia el capítulo con la declaración de que se trata de normas de orden público e interés social, con lo cual en esta materia la autonomía de la voluntad se encuentra limitada por las disposiciones que el propio capítulo comprende. La contravención a estas normas no invalida el contrato, simplemente los pactos contrarios a ellos se tienen por no puestos. Su claro propósito es la protección del arrendatario quien se puede ver obligado a renunciar a sus derechos por la necesidad imperiosa de obtener una vivienda para si y su familia. Si se anula el contrato el inquilino perdería su derecho a la vivienda y en el caso se pretende impedir que el contrato de arrendamiento sirva de instrumento para perjudicar al arrendatario. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2448 A. No

deberá darse en arrendamiento una localidad que no reúna las condiciones de higiene y salubridad exigidas por la Ley de la materia.

El a. 4C constitucional establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y que la ley debe establecer los instrumentos y apoyos necesarios para ello. Uno de estos instrumentos es precisamente la prohibición de dar en arrendamiento una localidad que no reúna las condiciones de higiene y salubridad, que establece este precepto, Es cierto que ya antes de las reformas se contaba con un precepto similar. La crisis de viviendas, aunada al problema que se ha presentado en los casos de locales de "renta congelada", ha hecho ineficaz esta disposición. Así pues, las autoridades administrativas deberán crear dispositivos idóneos para devolver a esas viviendas su dignidad y decoro. A.E. P. D. y N, [127.I

ARTS. 2448 B y 2448 C

LIBRO CUARTO

AFtTfCULO 2448 B. El arrendador que no haga las obras que

ordene la autoridad correspondiente como necesarias para que una localidad sea habitable, higiénica y segura es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa.*

* N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2448 B, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448 B. El arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad sanitaria correspondiente como necesarias para que una localidad sea habitable e higiénica, es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa. Se hace hincapié en la obligación que tiene el arrendador de arrendar únicamente locales que reúnan las condiciones mínimas de higiene y salubridad haciéndolo responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por la falta de estas condiciones. Toda vez que se está hablando de condiciones de habitabilidad e higiene, los daños y peijuicios a que se hace referencia no son sólo en sus bienes, sino también en su salud física y mental. Debemos recordar que la vivienda o habitación es el lugar donde se vive, reposa, alimenta. disfruta de momentos de solaz; es un espacio en donde se busca comodidad, por tanto debe cubrir ciertos requisitos para poder satisfacer esas necesidades, tanto físicas corno psíquicas. A.E.P.D. y N.

ARTICULO 2448 C. La duración mínima de todo contrato de

arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación será de un ario forzoso para arrendador y arrendatario, salvo convenio en contrario.*

* N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo. 11281

A RTS, 2448 C y 2448 D

2a. PARTE. TIT. VI .'CAP. IV

de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 24411 C, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448 C. La duración mínima de todo contrato de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación será de un año forzoso para arrendador y arrendatario, que será prorrogable, a voluntad del arrendatario, hasta por dos años más siempre y cuando se encuentre al corriente en el pago de las rentas. El legislador consideró necesario imponer una duración especial a este tipo de contratos, complementando lo establecido en el a. 2398, a fin de garantizar la estabilidad de la familia en su casa-habitación. Consagra así, uno de los tres aspectos que comprende el derecho a la vivienda: el derecho a conservarla. Derecho de naturaleza tanto patrimonial como extrapatrimonial. La tutela patrimonial es evidente pues se puede estimar el valor pecuniario que implica el cambio constante de vivienda (gastar tanto en mudanza como en instalación y adaptación a las nuevas habitaciones). La protección extrapatrimonial se requiere principalmente porque el hogar, es un espacio en donde el individuo forma sus hábitos, en donde se autodetermina y forja su carácter y la inestabilidad de ese espacio puede generar una falta de ubicación y un sentimiento de falta de pertenencia que a su vez pueden ser origen de desajustes psíquicos. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2448 D. Para los efectos de este Capitulo la renta

deberá estipularse en moneda nacional.*

* N.E.: El segundo párrafo de este artículo fue derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pfo. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto del segundo párrafo y comentario del a. 2448 D, anteriores al de-

creto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448 D. Segundo párrafo. La renta sólo podrá ser incrementada anualmente; en su caso, el aumento no podrá exceder del 85 por ciento del incremento porcentual, fijado al salario mínimo general del Distrito Federal, en el año en el que el contrato se renueve o se prorrogue. 1'1291

ART8. 448D y 2448E

LIBRO CUARTO

En este precepto se introducen dos medidas de control para proteger, en lo posible la economía familiar del arrendatario: por una parte se obliga a las partes a estipular la renta en moneda nacional y, por la otra, se indica el incremento de la misma en función del salario mínimo general de la zona. ¿Qué es lo que sucedería si a pesar de esta disposición se pacta la renta en moneda extranjera? La respuesta lógica es que el arrendatario podrá pagarla en moneda nacional, pero no al tipo de cambio que se tenga al vencimiento del plazo convenido para su pago, sino al que tenía al momento de celebrarse el contrato. Cualquier otra interpretación va en contra del espíritu que priva en este capítulo y a las intenciones expresamente señaladas en el a. 2448. Grandes discusiones ha generado este precepto por la oscuridad del término "el año en el que el contrato se renueve o se prorrogue" ya que genera la duda de si se trata del año que inicia en enero y termina en diciembre o a los doce meses que duró el contrato que se renueva o prorroga. La intención del legislador fue que tanto la renta como el salario se incrementaran simultáneamente. Tal afirmación la hacemos con fundamento en el cambio que se realizó a última hora en el anteproyecto de reformas, en donde se hablaba del incremento al salario mínimo en el año anterior. Creemos que esa fue la intención, pero al legislador se le escapó el hecho de que los contratos de arrendamiento se renuevan en diferentes épocas del año y el salario se revisa en fechas precisas, es decir, el aumento se calculará tomando en cuenta lo que haya aumentado el salario mínimo entre la fecha de iniciación del contrato o su prórroga y la renovación que deba tener por disposición de este artículo. A.P.D. y N.

ARTÍCULO 2448 E. La renta debe pagarse en los plazos convenidos,

y a falta de convenio, por meses vencidos. El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba el inmueble objeto del contrato. En este precepto se uniforman los plazos legales en que ha de pagarse la renta. Recordemos que anteriormente, además del convencional, y precisamente a falta de pacto expreso, existían tres plazos dependiendo del monto de la renta: semanal, quincenal y mensual. En la actualidad existe un plazo único aplicable a falta de convenio expreso: mes vencido. Lo cual tiene la ventaja de evitar diferencias por razón de cuantía de la renta. Se reitera el derecho que el arrendatario tiene de pagar la renta precisamente a partir de que recibe el inmueble objeto del contrato, y no se admite pacto en contrario. (Vid. a. 2426).

A.E.P.D. y N. 11301

2. PARTE. TIT. VI ;CAP. tV

ART. 2448 F

los efectos de este Capítulo el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se imputará al arrendador. El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones: I.—Nombres del arrendador y arrendatario. II.—La ubicación del inmueble. 111.—Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que guardan. IV.—El monto de la renta. V.—La garantía, en su caso. VI.—La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado. VII.—El término del contrato. VIII.—Las obligaciones que arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la Ley.

ARTÍCULO 2448 F. Para

El contrato de arrendamiento que recaiga sobre bienes inmuebles destinados a la habitación es necesariamente formal, es decir, ha de celebrarse por escrito y con las estipulaciones que señalan en este artículo, amén de lo dispuesto en el numeral 2448L. La expresión: "la falta de esta formalidad se imputará al arrendador", implica que, en su caso, sobre él recae la carga de probar los términos del contrato. Es importante destacar, al respecto, que en el mismo decreto del 7 de febrero de 1985 se adicionó el CPC para introducir un capítulo especial para los juicios de arrendamiento. En él se establece, para que el arrendador pueda ejercitar cualesquiera de las acciones previstas en el capítulo cuarto del título séptimo de este ordenamiento que deberá presentar el contrato respectivo con su escrito inicial de demanda, requisito que no es aplicable al arrendatario ( Vid a. 958 CPC). A la afirmación de que con estas disposiciones se deja en desprotección al arrendador, cabe replicar por un lado que, es él quien fija inicialmente y por lo general, las condiciones del contrato y por otro que, en todo caso, tiene acceso a la acción para exigir, en los términos del a. 1833 del CC, que se dé la forma legal al contrato en la vía ordinaria civil y después ejercitar la acción que desee en los procedimientos especiales del arrendamiento inmobiliario. Ahora bien consideramos que en estos casos el contrato sí es válido aunque no se celebre en la forma prescrita por la ley. Fundamos nuestra afirmación precisamente en la expresión "la falta de formalidad se imputará al arrendador" y en el hecho de que el requisito que 11311

LIBRO CUARTO

ARTS. 2448 F, 2448 G y 2448 11

exige el a. 958 CPC supone la falta de formalidad cuyo cumplimiento impone al arrendador el CC. Ambas disposiciones se refieren a la falta de la forma prescrita por la ley pero no hacen referencia alguna a la invalidez del contrato. A.F_.P.D. y N.

El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente del Departamento del Distrito Federal. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia registrada del contrato. El arrendatario tendrá acción para demandar el registro mencionado y la entrega de la copia del contrato. Igualmente el arrendatario tendrá derecho para registrar su copia del contrato de arrendamiento ante la autoridad competente del Departamento del Distrito Federal.

ARTÍCULO 2448 G.

El registro del contrato tiene dos fines: el primero es el control hacendario para los efectos del impuesto que ha de cubrir el arrendador por los ingresos que obtenga; el segundo es la protección registral, tanto para las partes contratantes como para terceros de buena fe. Por el momento la única "autoridad competente" es la Tesorería del DF que es una autoridad hacendaria cuyo registro no es público y por tanto no puede cumplir los fines que se persiguen con este tipo de inscripciones. La intención fue crear un sistema registra] que ofreciera garantías y protección a las partes contratantes. Un sistema que tuviera las características de publicidad, inscripción, especialidad, tracto sucesivo, rogación, prioridadJegalidad y fe pública —propias del sistema registral aplicable a la propiedad y demás derechos reales— adaptadas a las necesidades de este tipo de contratos de arrendamiento. La realidad es que ese sistema aún no existe. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2448 H. El arrendamiento de fincas urbanas destinadas

a la habitación no termina por la muerte del arrendador ni por la del arrendatario, sino sólo por los motivos establecidos en las leyes. Con exclusión de cualquier otra persona, el cónyuge, el o la concubina, los hijos, los ascendientes en línea consanguínea o por afinidad del arrendatario fallecido se subrogarán en los derechos y obligaciones de éste, en los mismos términos del contrato, siempre y cuando hubie[132]

ARTS. 2448 11 y 24481

2a. PARTE. TIT. VI CAP. IV

ran habitado real y permanentemente el inmueble en vida del arrendatario. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las personas que ocupen el inmueble como subarrendatarias, cesionarias o por otro título semejante que no sea la situación prevista en este artículo. Aunque la muerte de una de las partes contratantes no es, ni ha sido, causa de la terminación del arrendamiento, en este capítulo el legislador hace explícita esta circunstancia y señala quiénes han de subrogarse en los derechos del arrendatario si éste muere que es además, el caso más conflictivo ya que a la muerte del arrendador el titular del contrato continúa en el uso de la casa arrendada y basta, si ello es necesario, que deposite las rentas en especie para que la sucesión se solucione y se haga la adjudicación del inmueble correspondiente. La muerte del arrendatario dejaba un vacío en cuanto a la titularidad de sus derechos y obligaciones frente al contrato. Con la explicitación a que se hace en este numeral, se señala también quiénes han de subrogarse en esos derechos. Como se trata de la protección de la "vivienda familiar" los causahabientes del arrendatario necesariamente han de ser: el cónyuge, el concubino, los hijos o sus ascendientes tanto por consanguinidad como por afinidad. Esta subrogación surtirá sus efectos siempre y cuando el familiar de que se trate haya habitado "real y permanentemente" el inmueble en vida del arrendatario. Además se requiere que la calidad con la que hubieren habitado sea precisamente la de familiar del arrendatario de tal manera que aunque fuere pariente dentro de los grados mencionados, pero habitare el inmueble en calidad de subarrendatario no podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del arrendatario. Así lo dispone expresamente el último párrafo de este precepto. Si bien es cierto que es útil el señalamiento expreso de la subrogación que se hace en este numeral, tenemos que lamentar, nuevamente, la falta de cuidado que se tiene en los diferentes pasos del proceso legislativo. Nos referimos a la expresión ".... los ascendientes en línea consanguínea o por afinidad...". La consanguinidad y la afinidad no son líneas, sino tipos de parentesco (vid.. a 292); las líneas son la recta y la colateral. Aparentemente el legislador conoce estos conceptos básicos de derecho familiar, pero, desafortunadamente la realidad es otra: descuido. El anteproyecto de estas reformas expresamente rezaba: "...los ascendientes en línea recta ya sea por consanguinidad o por afinidad", de ello desprendemos que en algún momento alguien omitió la expresión "recta ya sea" y nadie se tomó la molestia de revisar los originales y así quedó un notorio error. A. E. P, D. y N.

ARTÍCULO 2448 1. Derogado.* * NL: Artículo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 11331

ARTS. 2448 1 y 2448 3

LIBRO CUARTO

1993. De acuerdo con el pío. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2448 1, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448 I. Para los efectos de este capitulo, el arrendatario, si está al corriente en el pago de la renta tendrá derecho a que, en igualdad de condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento del inmueble. Asimismo, tendrá el derecho del tanto en caso de que el propietario quiera vender la finca arrendada. El derecho de preferencia que tiene el arrendatario para un nuevo arrendamiento y el del tanto en caso de venta tienen como único requisito el que esté al corriente en el pago de la renta. Cuando se trata de inmuebles destinados a la habitación, no es necesario que haya transcurrido un cierto plazo (vid. a. 2447), hasta que siendo inquilino se esté al corriente en el pago de la renta, para que se le prefiera, en igualdad de condiciones, a otro interesado en la venta o en el nuevo arrendamiento. A fin de poder determinar las condiciones en caso de un nuevo arrendamiento éstas deberán ser notificadas al arrendatario en forma cierta. No lo expresa asi el legislador, pero se debe sobreentender pues de otra manera se prestaría a maquinaciones dolosas que harían ineficaz esta disposición y en este respecto deberá aplicarse por analogía lo dispuesto en los aa. 2304 y 2305. A.E.P.D.y N.

ARTICULO 2448 3. En el caso de que el propietario del inmueble arrendado decida enajenado, el o los arrendatarios tendrán derecho a ser preferidos a cualquier tercero en los siguientes términos: 1.—En todos los casos el propietario deberá dar aviso por escrito al arrendatario de su deseo de vender el inmueble, precisando el precio, términos, condiciones y modalidades de la compra-venta; II. — El o los arrendatarios dispondrán de quince días para dar aviso por escrito al arrendador de su voluntad de ejercitar el derecho de preferencia que se consigna en este artículo en los términos y condiciones de la oferta, exhibiendo para ello las cantidades exigibles al momento de la aceptación de la oferta, conforme a las condiciones señaladas en ésta; 113 41

ART. 2448 I

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . IV

III.—En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la oferta inicial estará obligado a dar un nuevo aviso por escrito al arrendatario, quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de quince días. Si el cambio se refiere al precio, el arrendador sólo estará obligado a dar este nuevo aviso cuando el incremento o decremento del mismo sea de más de un diez por ciento; W —Tratándose de bienes sujetos al régimen de propiedad en condominio, se aplicarán las disposiciones de la ley de la materia; y y. — La compra-venta realizada en contravención de lo dispuesto en este artículo otorgará al arrendatario el derecho de demandar daños y perjuicios, sin que la indemnización por dichos conceptos pueda ser menor a un 50% de las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos doce meses. La acción antes mencionada prescribirá sesenta días después de que tenga conocimiento el arrendatario de la realización de la compraventa respectiva. En caso de que el arrendatario no cumpla con las condiciones establecidas en las fracciones II o III de este artículo, precluirá su derecho.* * N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del articulo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto integro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2448 3, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448 J. El ejercicio del derecho del tanto se sujetará a las siguientes reglas: I.—En todos los casos el propietario deberá dar aviso en forma indubitable al arrendatario de su deseo de vender el inmueble, precisando el precio, términos, condiciones y modalidades de la compraventa. 11.—El o los arrendatarios dispondrán de 15 días para notificar en forma indubitable el arrendador su voluntad de ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta. 11351

ART. 2448 J

LIBRO CUARTO

111.—En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la oferta inicial estará obligado a dar un nuevo aviso en forma

indubitable al arrendatario, quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de 15 días para los efectos del párrafo anterior. Si el cambio se refiere al precio, el arrendador sólo está obligado a dar este nuevo aviso cuando el incremento o decremento del mismo sea de más de un diez por ciento. IV—Tratándose de bienes sujetos al régimen de propiedad en condominio, se aplicarán las disposiciones de la Ley de la materia. V.—Los notarios deberán cerciorarse del cumplimiento de este artículo previamente a la autorización de la escritura de compra-venta. VI.—La compra-venta y su escrituración realizadas en contravención de lo dispuesto en este artículo serán nulas de pleno derecho y los notarios incurrirán en responsabilidad en los términos de la Ley de la materia. La acción de nulidad a que se refiere esta fracción prescribe a los seis meses contados a partir de que el arrendatario tuvo conocimiento de la realización del contrato. En caso de que el arrendatario no dé el aviso a que se refieren las fracciones II y III de este artículo preclu irá su derecho. Tratándose del derecho del tanto el legislador especifica un catálogo de requisitos para su ejercicio cuando el arrendamiento es de casa-habitación. Este cuidado no implica, como se llegó a decir en algunos foros populares, que el arrendamiento termina con la venta del inmueble. Lo único que se manifiesta en este detallisrno es el interés que el legislador mexicano tiene de que los arrendatarios tengan la opción de comprar las habitaciones que rentan. Recordemos en los movimientos inquilinarios "x o y" la petición de que "la casa sea para el que la habita" parafraseando al grito zapatista: iLa tierra es del que la trabaja! En caso de venta del inmueble sí se expresa que ha de darse aviso en forma indubitable al arrendatario del deseo que el arrendador tiene de vender. En dicho aviso se deberán detallar todas las modalidades de la compra-venta a fin de que aquél pueda manifestar a su vez y también en forma indubitable, si desea o no hacer uso de su derecho. El legislador no expresa que el aviso tenga que ser por escrito, notarial o judicial; se requiere que sea indubitable nada más. Lo que nos enfrenta nuevamente a la dificultad de la prueba en caso de conflicto. Pues aviso indubitable puede ser incluso verbalmente y por vía telefónica. Si no se presenta ninguna dificultad, eso bastará; en caso contrario deberán presentarse testigos de que ese aviso se dio o un principio de prueba por escrito. Esto es válido también para la respuesta del arrendatario. A fin de que el arrendatario tenga conocimiento cierto de las condiciones de la venta, el arrendador deberá avisar nuevamente en forma "indubitable" de los cambios en la oferta inicial, si los hubiere, para que el arrendatario cuente, a partir de entonces con otros 15 días para el ejercicio del derecho del tanto. Si se trata de una variación nada más del precio, el nuevo aviso sólo se requiere cuando dicha variación es de más de un 10% de la oferta inicial. La razón que se argumentó para esta especificación sobre el precio fue 136 1

2a. PARTE. T1T. 1V/CAP. VI

ARTS. 2448 j y 2448R

que de otra manera se correría el riesgo de congelar un inmueble en este proceso del ejercicio del derecho del tanto, imposibilitando su venta. De ahí que sólo se considere significativa, para los efectos de este precepto, una variación, a la alza o a la baja, de más del 10% sobre la oferta inicial (fr. 1II). A los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio que estuvieren arrendados no se les aplica lo dispuesto en este numeral, sino lo que establece el a. 15 de la LRPCIDF (fr. IV), es decir, en caso de que el arrendador o condómino desee vender su propiedad, deberá notificar al inquilino y, en su caso, a la institución oficial que haya construido o financiado el condominio, su deseo de vender. Esta notificación la hará a través del administrador del inmueble, de un notario, o de un juez. En la notificación se deberá expresar el precio ofrecido y todas las modalidades del negocio. El arrendatario contará con diez días para hacer uso del derecho del tanto. A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se responsabiliza a los notarios (frs. V y VI), éstos deberán constatar, antes de proceder a la escrituración de una compra-venta, que se ha cumplido con este precepto. Además se establece, como sanción la nulidad de la compra-venta dándose al inquilino seis meses contados a parta de que tuvo conocimiento de la operación para que ejercite la acción correspondiente. La sanción contenida en la fr. VI es una expresión que traduce la fuerza de los intereses políticos que se movieron durante la reforma o de otra manera no nos explicamos la introducción del término "nulidad de pleno derecho" que viene a sumarse a los conceptos de anulabilidad, nulidad absoluta y nulidad relativa. Parece ser que se quiso manifestar la fuerza de la sanción calificándola de 'pleno derecho", sin embargo, es un calificativo que carece de utilidad práctica, porque la acción correspondiente prescribe a los seis meses como cualquier nulidad relativa. Además, desde el punto es irrelevante que se anule o no una escritura que se refiere a un contrato ya anulado por sentencia judicial. En todo caso se hablaría de la inscripción del negocio en el RPP. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2448 K. Si varios arrendatarios hicieren uso del dere-

cho de preferencia a que se refiere el artículo anterior, será preferido el que tenga mayor antigüedad arrendando parte del inmueble y, en caso de ser igual, el que primero exhiba la cantidad exigible en los términos de la fracción II del artículo anterior, salvo convenio en contrario.*

* N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del articulo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no de! mismo, [137]

AR T5. 2448 K y 2448 L

LIBRO CUARTO

de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto integro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario de! a. 2448 K, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448 K. El propietario no puede rehusar como fiador a una persona que reúna los requisitos exigidos por la Ley para que sea fiador. Tratándose del arrendamiento de viviendas de interés serial es potestativo para el arrendatario dar fianza o sustituir esa garantía con el depósito de un mes de renta. El legislador manifiesta una preocupación especial por la vivienda familiar y aún más por aquella calificada como de interés social. Esto se traduce en normas como esta en donde se faculta al arrendatario para elegir entre dos formas de garantía: la fianza o el depósito de un mes de renta. Para el resto de los contratos que se ubican en este capitulo se conservó la prohibición para el arrendador de rehusar a los fiadores que cumplan los requisitos de ley para otorgar esa garantía. Nos preguntamos si la facultad concedida al arrendatario en el segundo párrafo de este capítulo es realmente eficaz, sobre todo porque no debemos perder de vista que, a fin de cuentas, es el arrendador el que fija las condiciones del contrato. En el seno de la comisión especial sobre inmuebles en arrendamiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión —encargada de realizar los estudios y el anteproyecto de la iniciativa de reformas sobre el arrendamiento inmobiliario— se discutió mucho sobre la garantía que debía prestar el arrendatario. Una de las dos posturas principales pretendía que se señalara únicamente el depósito como garantía, mismo que debería ser hasta por tres meses, excepto en los casos de viviendas de interés social que sería de un mes. La segunda fue la que finalmente se incorporó en la iniciativa que fue aprobada y publicada el 7 de febrero de 1985. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2448 L. Derogado.* * N.E.: Articulo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pfo. primero del articulo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2448 I., anteriores al decreto que reforma di-

versas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2448 L En todo contrato de arrendamiento para habitación deberán transcribirse íntegras las disposiciones de este capítulo. 11381

ARTS. 2448 L, 2449, 2450, 2451 y 2452

2. PARTE. T1T. VI CAP. IV

Reitera el legislador en este precepto uno de los aspectos que en la doctrina se reconoce al derecho a la vivienda: el derecho a escogerla libremente. Esta selección sólo puede darse a través de una información integral del compromiso adquirido y no sólo el conocimiento que sobre el inmueble se adquiera ya sea mediante la propaganda o la vista del mismo. Esta información completa debe, por tanto, abarcar el conocimiento de los derechos y obligaciones que la ley establece para ambas partes. Esta transcripción puede ser considerada como parte de las formalidades exigidas por la ley para la celebración del contrato. Si es así, su falta acarrearía su anulabilidad en los términos de los aa. 1832 y 1833. A.E.P D. y N.

ARTÍCULO 2449. Derogado.* ARTÍCULO 2450. Derogado.* ARTÍCULO 2451. Derogado.* ARTICULO 2452. Derogado.* * N.E.: Los artículos 2449, 2450, 2451 y 2452 que se consideraban tácitamente derogados por el a. lo. del decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones relacionadas con inmuebles en arrendamiento, publicado el 7 de febrero de 1985 en el DO, fueron expresamente derogados en virtud del articulo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Comentario a los arts. 2449, 2450, 2451 y 2452, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Consideramos que estos últimos cuatro artículos fueron derogados expresamente por el a. lo. del decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones relacionadas con inmuebles en arrendamiento, publicado el 7 de febrero de 1985 en el DO de la Federación, que dice: "Se reforma el Capitulo IV del Titulo Sexto de la Segunda Parte del Libro Cuarto del Código Civil para el Distrito Federal y el articulo 3042 del mismo ordenamiento para quedar como sigue" y se transcriben los aa. del 2448 al 2448 L, lo cual nos autoriza a hacer la afirmación inicial pues los aa. 2449 al 2452 formaban parte de ese capitulo antes de la reforma. Para quienes no quedaren satisfechos con esta consideración y afirmen que no fueron derogados expresamente, pues ello no se desprende del artículo primero que se cita. De todas maneras han de considerarse derogados tácitamente porque contienen disposiciones contrarias a la reforma o porque fueron incorporados en la misma. v N.

I 139 1

ARTS. 2453 y 2454



LIBRO CUARTO

CAPITULO V Del arrendamiento de fincas rústicas ARTÍCULO 2453.

Derogado.*

• N•E.: Artículo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pfo. primero deI artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2453, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones de' CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993, a. 2453. El propietario de un predio rústico debe cultivarlo, sin perjuicio de dejarlo descansar el tiempo que sea necesario para que no se agote su fertilidad. Si no lo cultiva, tiene obligación de darlo en arrendamiento o en aparcería, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Tierras Ociosas. Respondiendo a los principios emanados de la Constitución Política de 1917 el legislador impone a los propietarios de predios rústicos que no los cultiven, la obligación de darlos en arrendamiento o en aparcería. La comisión redactora del CC de 1928 en su revisión del proyecto expresó: La Comisión mantiene su criterio (...) de considerar el derecho de propiedad respetable y digno de protección mientras que se ejerce en beneficio de la colectividad. El propietario que por vanidad, por negligencia o mala fe, deja improductiva su finca, no merece la protección de la ley, porque desnaturaliza la propiedad al desconocer el fin social que debe llenar. Congruente con esta declaración cuya inspiración se encuentra precisamente en el a. 27 constitucional, estableció en diferentes capítulos del Código la necesidad de que la propiedad se haga productiva. Uno de ellos es precisamente este numeral. (Véase a. 830 del CC.) La Ley de tierras ociosas fue abrogada por disposición del articulo segundo transitorio de la LFAgr., por tanto la ley aplicable será esta última y no la que señala este articulo. A E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2454. La

renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de convenio, por semestres vencidos. 1 [140]

2a, PARTE. TIT. VI/CAP. V

ARTS. 2954 y 2455

Se crea un plazo legal especial para los arrendamientos rústicos precisamente porque se considera que su uso es esencialmente distinto a las fincas urbanas. El destino o uso en que pensó el legislador precisamente es el agrícola y en ellos los ciclos de siembra y recolección no se miden por meses, sino por años. Así el plazo legal —semestres vencidos— ayuda al arrendatario en la administración de sus recursos. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2455. El

arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos ordinarios; pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, por casos fortuitos extraordinarios. Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. En estos casos el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. Las disposiciones de este artículo no son renunciables.

En el informe de la comisión redactora del anteproyecto del CC de 1928, la comisión redactora expresó que se modificó el contrato de arrendamiento de tal manera que desaparecieron "todos aquellos irritantes privilegios establecidos en favor del propietario, que tan dura hacen la situación del arrendatario". Dentro del arrendamiento de fincas rústicas encontramos esa intención en cada uno de los articulos que componen el capítulo. En la legislación civil decimonónica, el campesino arrendatario de las tierras no tenía ninguna protección especial ante la pérdida de sus cosechas por situaciones imprevisibles. Para 1928 el movimiento revolucionario de 1910 había hecho nacer una conciencia de protección hacia el obrero y hacia el campesino y en general hacia el económicamente débil. Conciencia que se reflejó en un buen número de ordenannentos jurídicos alcanzando incluso al CC bastión de la clase conservadora a pesar de los esfuerzos que la alta burguesía del DF hizo para evitarlo. Así. independientemente de lo acordado entre las partes, el legislador establece en este precepto un factor de equilibrio entre arrendador y arrendatario de fincas rústicas al impedir que se grave aún más al arrendatario que perdió más de la mitad de la cosecha por casos fortuitos no predecibles al momento de contratar, facultándolo para solicitar una reducción de la renta proporcional a la ardida .uJrída

A.E.P.D. y N. 111

ARTS. 2456, 2457 y 2458

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2456. En

el arrendamiento de predios rústicos por plazo determinado, debe el arrendatario, en el último año que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor o al dueño, en su caso, el barbecho de las tierras que tenga desocupadas y en las que él no pueda verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y demás medios que fueren necesarios para las labores preparatorias del año siguiente.

A diferencia de los dos artículos anteriores, éste y los siguientes fueron tomados íntegramente de la legislación decimonónica. Se pretende permitir que tanto el nuevo arrendatario como el dueño del predio puedan preparar la tierra para poder sembrar una vez que el contrato de arrendamiento haya terminado. Pero sólo en la porción que el arrendatario no esté utilizando en ese último año. A.E.P.D. y N.

El permiso a que se refiere el artículo que precede, no será obligatorio sino en el período y por el tiempo rigurosamente indispensable, conforme a las costumbres locales, salvo convenio en contrario.

ARTÍCULO 2457.

A fin de no obstaculizar el derecho de usar la cosa arrendada que tiene el arrendatario, se señala que la autorización que éste debe dar al nuevo arrendatario o al dueño para la preparación de la siguiente siembra sólo ha de ser en los períodos y por el tiempo indispensable para ello, según las costumbres de cada lugar y la naturaleza de la siembra. Se reitera la libertad y autonomía contractual para señalar períodos y tiempo distintos a los determinados por la ley. En este caso concreto difícilmente diferirán los períodos y tiempo convenidos del legal ya que aquéllos se han de ajustar a las necesidades que la naturaleza de la siembra señale. A.E.P.D. y N.

Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el arrendatario saliente, derecho para usar de las tierras y edificios por el tiempo absolutamente indispensable para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes al terminar el contrato.

ARTÍCULO 2458.

Cuando al terminar el contrato de arrendamiento el arrendador no haya terminado de levantar la cosecha o la recolección de otros frutos podrá usar la finca sólo por el tiempo que le sea indispensable para aprovechar los frutos que el inmueble ha producido durante el arrendamiento. A.E.P.D. y N. 1142 j

2a. PARTE. TIT. VI/CAP. VI

ARTS. 2459 y 2460

CAPITULO VI Del arrendamiento de bienes muebles ARTÍCULO 2459. Son

aplicables al arrendamiento de bienes muebles las disposiciones de este Título que sean compatibles con la naturaleza de esos bienes.

El titulo a que se refiere el articulo en cita es el VI que trata del arrendamiento en general. Es atinada la previsión del legislador en cuanto la compatibilidad de las dispeisiciones del arrendamiento, ya sea éste mueble o inmueble. Como se sabe, los bienes que tienen la característica de muebles se encuentran enumerados en los aa. 752 y ss. Por lo tanto, puede perfectamente admitirse el arrendamiento o alquiler de obligaciones y derechos que tengan por objeto bienes muebles, acciones, embarcaciones de todo género, escombros y materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que se destinen a su construcción. La disposición comprende también el caso de los semovientes que por su especial naturaleza, el legislador ha querido tratar en forma especial en los aa, 2470 y 2476. En forma tradicional, el arrendamiento de muebles y semovientes ha sido considerado como alquiler. Al de naves y embarcaciones, se le denomina fletamento. A.E.P.D. y N.

Si en el contrato no se hubiere fijado plazo, ni se hubiere expresado el uso a que la cosa se destina, el arrendatario será libre para devolverla cuando quiera, y el arrendador no podrá pedirla sino después de cinco días de celebrado el contrato.

ARTÍCULO 2460.

En el caso previsto en este artículo, si no se hubiere fijado plazo para la terminación del contrato, el arrendatario debe devolver la cosa, cuando haya satisfecho el uso a que el objeto se hubiere destinado. De hecho, no es frecuente que se exprese el destino de un bien arrendado porque su propia naturaleza no lo requiere así. En cualquier caso, el legislador ha considerado que no habiendo plazo estipulado ni expresión del destino de la cosa, el término para el arrendamiento debe entenderse breve, sobre todo porque se trata de bienes muebles cuyo tráfico es mas ágil y expedito que el de los inmuebles. Es por ello que el arrendador puede pedir la devolución del objeto apenas pasados cinco ellas de celebrado el contrato, mientras que el arrendatario no se encuentra vinculado por el término y puede proceder a su devolución cuando lo desee. 1 14-31

ARTS. 2460, 2461, 2462 y 2403

LIBRO CUARTO

Como puede verse, este precepto constituye una disposición que modifica las previsiones generales aplicables al arrendamiento de inmuebles y recuerda lo previsto para la terminación del contrato de comodato, ya que el a. 2511 dispone que en ausencia del plazo estipulado y de la omisión del destino de la cosa, el comodante puede exigir la devolución de ésta, cuando le pareciere, sin quedar vinculado por el plazo que sí obliga al arrendador, lo que se explica por la gratuidad del negocio. A.E.P.D. y N.

Si la cosa se arrendó por arios, meses, semanas o días, la renta se pagará al vencimiento de cada uno de esos términos, salvo convenio en contrario.

ARTÍCULO 2461.

El artículo en comentario prevé la posibilidad de arrendamiento por término mayor que los previstos en los preceptos anteriores. Esta disposición puede tener aplicación en los modernos contratos de arrendamiento financiero tan en boga en la actualidad, que se rigen por disposiciones específicas del derecho bancario (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, DO del 14-1-85) (aa. 24-38). Este precepto encuentra sus correlativos en los aa. 2448 y 2454, que estipulan el pago por meses y semestres vencidos, en el caso de fincas urbanas y rústicas respectivamente, a falta de convenio expreso. El precepto que se comenta deja a salvo la voluntad de las partes y permite estipular que la renta se pague antes del vencimiento del término del contrato. A. E.P. D. y N.

Si el contrato se celebra por un término fijo, la renta se pagará al vencerse el plazo, salvo convenio en contrario.

ARTÍCULO 2462.

El legislador reitera en este precepto la libertad de estipulación en la fijación del tiempo para el pago, ya que vincula la hipótesis a la duración del contrato, manteniendo a salvo la disposición en contrario de las partes. Al parecer, la idea del legislador es eliminar la naturaleza periódica del pago del arrendamiento prefiriendo establecer el pago de la renta en un acto único: al vencimiento del plazo. Esta puede parecer una importante derogación al principio acogido en el arrendamiento de inmuebles, en que se establece la regla del pago periódico, lo cual se reitera en frecuentes disposiciones a lo largo del título respectivo. A.E.P.D. y N.

Si el arrendatario devuelve la cosa antes del tiempo convenido, cuando se ajuste por un solo precio, está

ARTÍCULO 2463.

1 1441

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . VI

ARTS. 2463, 2464 y 2465

obligado a pagarlo íntegro; pero si el arrendamiento se ajusta por períodos de tiempo, sólo está obligado a pagar los períodos corridos hasta la entrega. Las dos disposiciones anteriores se relacionan estrechamente con este otro precepto que constriñe al arrendatario a pagar la totalidad del precio aun cuando haga devolución anticipada de la cosa. Es importante distinguir en el contrato, la posibilidad de pago único de aquella otra que permite el pago en forma periódica, porque en este último caso los contratantes pueden dividir cómodamente el precio de modo que pueda pagarse sólo en proporción al período de uso del objeto. Sin embargo, es claro que esta divisibilidad del pago puede eventualmente perjudicar las espectativas económicas del arrendador que se encuentra a la espera de un plazo fijo y único previsto desde el inicio y al cual se refiere la siguiente disposición. Debe observarse asimismo que esta previsión deroga la regla general establecida en el a, 2478 que obliga a dar aviso indubitable con un año o dos meses de anticipación según la naturaleza del inmueble, de modo que, en justa protección de su derecho, el arrendador debería señalar un pago único que, dada la posibilidad de vencimiento anticipado por parte del arrendatario, obligue a éste último al pago integro del precio originalmente pactado. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2464. El

arrendatario está obligado a pagar la totalidad del precio, cuando se hizo el arrendamiento por tiempo fijo y los períodos sólo se pusieron como plazo para el pago.

Si la disposición anterior se refería al precio, y previa la posibilidad de ajuste en un sólo pago o en forma periódica, esta disposición se refiere, distintamente, al caso de arrendamiento por tiempo fijo y a la estipulación de una cantidad por renta por ese período. El arrendatario debe pagar la totalidad del precio convenido, entendiéndose que los períodos sólo se refieren a las exhibiciones parciales de la renta que debe cubrir el arrendatario. De esta forma el legislador ha querido proteger las espectativas del arrendador cuando ha alquilado la cosa por un tiempo expresamente determinado. Como es obvio, aunque el artículo no lo exprese, es claro que la hipótesis se refiere al caso en que el arrendatario pretenda devolver por anticipado el objeto del arrendamiento. A,E.P.D. y N.

Si se arriendan un edificio o aposento amueblados, se entenderá que el arrendamiento de los muebles es

ARTÍCULO 2465.

11451

LIBRO CUARTO

ARTS. 2465, 2460 y 2467

por el mismo tiempo que el del edificio o aposento, a menos de estipulación en contrario. En estricta aplicación del principio general de derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, este artículo consigna la hipótesis del arrendamiento de un edificio conteniendo objetos muebles en su interior, muebles en el sentido que previene el a. 761 y que se refiere al ajuar y los utensilios de una casa "que sirven exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integren". Debe entenderse que el uso del inmueble comprende el de los objetos que se encuentren en él y donde el aprovechamiento de la cosa arrendada no podría razonablemente conseguirse en forma separada. A pesar de todo, y respetando la voluntad autónoma de las partes, el legislador ha querido conservar la posibilidad de que el plazo de duración del contrato pueda señalarse en forma diferente para el edificio o aposento y los muebles que en él se encuentran, respetando la intención de los contratantes que, acogiendo el dinamismo de la vida actual pueden adoptar una y otra variante. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2466. Cuando los muebles se alquilaren con separación

del edificio, su alquiler se regirá por lo dispuesto en este Capitulo. Con un carácter meramente complementario, este artículo recoge la previsión final del anterior respecto a la posibilidad de estipulación en contrario de las partes y dispone que en el caso de alquiler separado de los muebles deberá regirse por las disposiciones previstas en este capítulo. Parece difícil suponer un caso en que los objetos muebles se alquilen con separación del arrendamiento del edificio en el que aquéllos se encuentran, sólo imaginando que el arrendador verifique el alquiler sin tomar en cuenta la edificación o aposento, pero en este caso es innecesaria la previsión del legislador, puesto que el objeto podrá ser considerado en forma totalmente separada del inmueble. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2467. El arrendatario está obligado a hacer las peque-

ñas reparaciones que exija el uso de la cosa dada en arrendamiento. Como en el caso de la regla general prevista en los aa. 2435 fr. 11 y 2444, el arrendatario está obligado a reparar los deterioros de poca importancia que se originen en el uso de la cosa dada en arrendamiento. Aunque no lo exprese el legislador, es claro que el uso del objeto debe ser en todo caso ordinario. Por mayoría de razón el arrendatario se encontrará obli1.1461

2a. PARTE. TIT. VI/ CAP. VI

ARTS, 2467, 2468 y 2469

gado a efectuar las reparaciones que por su culpa sufra la cosa alquilada, cuando la destina a un uso que no es el adecuado a su naturaleza. Debe entenderse que el arrendatario no se encuentra obligado al pago de - las medianas y grandes reparaciones que exija el uso normal y propio de los bienes arrendados. De todas formas es muy frecuente que la solución de semejante hipótesis haya de ser casuística y que responda mejor a los imperativos de la vida y del mayor o menor provecho que el arrendatario pueda obtener de la cosa. A.E.P.D. y N.

La pérdida o deterioro de la cosa alquilada, se presume siempre a cargo del arrendatario, a menos que él pruebe que sobrevino sin culpa suya, en cuyo caso será a cargo del arrendador.

ARTÍCULO 2468.

Relacionando esta disposición con las reglas generales del arrendamiento de inmuebles, puede fácilmente advertirse que, en el caso de incendio, el arrendatario no es responsable a menos que haya mediado culpa de su parte (a. 2435), como ocurre en la hipótesis prevista en este precepto. El arrendador responde de la pérdida o deterioro siempre que no haya sobrevenido culpa del arrendatario, por lo cual aquél debe soportar como dueño de la cosa los daños provenientes del caso fortuito, fuerza mayor, calamidad o vicio intrínseco. (Véanse los comentarios a los aa. 2435 y 2469). A, E.P.D. y N. ARTÍCULO 2469.

Aun cuando la pérdida o deterioro sobrevengan por caso fortuito, serán a cargo del arrendatario, si éste usó la cosa de un modo no conforme con el contrato, y sin cuyo uso no habría sobrevenido el caso fortuito.

Lo dispuesto en el artículo anterior es la regia general. El arrendatario responde de los daños que sufre la cosa arrendada como consecuencia de su culpa; pero esta regla puede alterarse si la cosa perece o se deteriora aun sin culpa suya, si por usar la cosa en contra de lo dispuesto en el contrato ésta se daña o deteriora por caso fortuito, cuando el uso inadecuado que hace de ella contribuyó a que se produzca el caso fortuito: es decir si el daño no se hubiere producido de haberse utilizado el objeto conforme a lo dispuesto en el contrato. Si se considera que en la producción del daño ha concurrido la culpa del arrendatario con el caso fortuito, pero aquella determina la responsabilidad del inquilino, la culpa consiste en este caso en la imprudencia del arrendatario que ha expuesto la cosa arrendada a la contingencia del caso fortuito, creando así un riesgo que no existiría si hubiera usado la cosa conforme a lo convenido en el contrato. [1471

ARTS. 2469, 2470 y 2471

LIBHO CUARTO

El arrendador que demanda el pago de la responsabilidad al arrendatario, deberá probar: a) que en el contrato se estipuló que la cosa debe emplearse por el arrendatario en una manera o para un fin determinado y en defecto de estipulación expresa, de acuerdo a los usos que sean conformes a la naturaleza y destino normal de la cosa arrendada. b) que el arrendatario violó esa obligación y c) que el daño no se habría producido si el arrendatario hubiera usado la cosa conforme a lo convenido. I .G.G. ARTÍCULO 2470. El arrendatario está obligado a dar de comer y

beber al animal durante el tiempo en que lo tiene en su poder, de modo que no se desmejore, y a curarle las enfermedades ligeras, sin poder cobrar nada al dueño. Como bien dice Escriche, el arrendamiento de animales o semovientes debería mejor denominarse en puridad alquiler. De esta especie de arrendamiento se ocupan los artículos finales del capítulo VI con excepción del a. 2477 que propiamente integra lo dispuesto en el a. 2476 y se refiere al caso de los aperos de la finca arrendada con inclusión del ganado de labranza o de cría. De la misma manera que la disposición del a. 2467 se refiere al deber de conservación del bien alquilado impuesto al arrendatario, el precepto que se comenta le impone la obligación de alimentar al animal durante el tiempo que lo tenga en su poder y a curarle las enfermedades ligeras. La obligación supone no sólo la conservación del animal sino también de una manera amplia la de su capacidad productiva para que pueda cumplir la labor a que se encuentra destinado de modo, dice el legislador, "que no se desmejore". Lo cual quiere decir que el arrendatario debe cuidar que no disminuya su productividad, de acuerdo con el uso a que naturalmente se destina el animal. Es decir, debe conservar su utilidad económica. I.G.G. ARTÍCULO 2471. Los frutos del animal alquilado pertenecen al

dueño, salvo convenio en contrario. De manera distinta al caso del usufructuario, quien tiene derecho a las crías y en general a todos los frutos naturales, industriales o civiles (aa. 990, 991, 992 y 1011), el arrendador tiene a su favor el derecho de disponer de todos los frutos del animal alquilado, respetando siempre el convenio que en sentido contrario haya celebrado con el arrendatario. Lo ordinario y lo más frecuente será que el arrendatario pueda disponer para sí cuando menos de los frutos industriales, ya que los primeros están constituidos por todos aquellos producidos mediante el esfuerzo o trabajo personal. En [148]

ARTS. 2471, 2472 y 2473

2. PARTE. TIT. VI/CAP . VI

cuanto a los segundos que son: las rentas, alquileres, intereses, etc., que produzca la cosa, deben pertenecer al arrendador y no al arrendatario. Cosa distinta ocurre respecto de los frutos naturales, porque se trata de una producción espontánea del animal y son verdaderos esquilmas; en tal caso, debe entenderse que pertenecen al dueño de aquél y no a quien sólo tiene el uso de la fuerza de trabajo o de recreo del animal alquilado. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2472. En caso de muerte de algún animal alquilado, sus

despojos serán entregados por el arrendatario al dueño, si son de alguna utilidad y es posible el transporte. Casi con excesiva previsión, el legislador ha consignado en forma expresa la obligación del arrendatario de entregar a su dueño los despojos del animal alquilado que ha muerto. La justa solución, en este caso, dependerá no obstante de la naturaleza del caso particular y de la especie de animal de que se trate. Por esta razón, el legislador ha descendido al detalle de prever la contingencia de la utilidad de tales despojas y la posibilidad de su trasporte, buscando el mayor beneficio económico para el dueño. La disposición debe relacionarse con los aa, 2468 y 2469 que establecen la responsabilidad por culpa del arrendatario, en caso de muerte del animal alquilado. En todo evento, debe entregar los despojos en los supuestos del artículo en comentario. A.E.P.D. y N. ARTÍCULO 2473. Cuando se arrienden dos o más animales que

forman un todo, como una yunta o un tiro, y uno de ellos se inutiliza, se rescinde el arrendamiento, a no ser que el dueño quiera dar otro que forme un todo con el que sobrevivió. Tomando en cuenta la finalidad económica del arrendamiento, el legislador ha querido proteger los intereses del arrendatario atendiendo a la función de los bienes dados en alquiler, cuando constituyen entre sí una unidad útil y productiva en su conjunto independiente de las unidades que componen. En el caso, concurre una causa de ineficacia económica del objeto del contrato que produce la resolución del acto por imposibilidad de alcanzar la finalidad que se propone el arrendatario al celebrar el contrato. La doctrina alemana designa a este fenómeno bajo el nombre genérico de pérdida de la base del negocio. De todas formas, nuestra legislación se ocupa del asunto en el a. 1949 infine. No debe propiamente hablarse de rescisión, sino de resolución del contrato, 1 149

ARTS. 2473 y 2474

LIBRO CUARTO

pero ya se sabe que nuestro legislador no ha sido muy pulcro en el empleo de los términos técnicos que aluden a las diversas situaciones de la ineficacia negocial sobreveniente. Por lo demás, la práctica jurisprudencial y la misma dogmática del legislador han contribuido a emplear el vocablo rescisión. Sea de ello lo que fuere, el dueño siempre tiene la posibilidad de neutralizar la acción rescisoria, restituyendo al contrato su finalidad económica y su utilidad original. El a. 2151 del CC establece que en el caso de vicios redhibitorios cuando se trata de dos o más animales adquiridos juntamente, se presume que el adquirente no tenía voluntad de adquirir sólo uno de los animales, cuando se trata de un tiro, yunta o pareja. Así, por analogía, tratándose en el supuesto previsto en el artículo en comentario, la muerte (o inutilidad) fortuita de uno de los animales alquilados juntamente en pareja, tiro o yunta, hace presumir que ha desaparecido la causa del contrato y por lo tanto ha lugar a su resolución, en los términos del precepto que se comenta. I.G.G.

El que contrate uno a más animales especificados individualmente, que antes de ser entregados al arrendatario se inutilizaren sin culpa del arrendador, quedará enteramente libre de la obligación si ha avisado al arrendatario inmediatamente después que se inutilizó al animal; pero si éste se ha inutilizado por culpa del arrendador o si no se ha dado el aviso, estará sujeto al pago de daños y perjuicios, o a reemplazar el animal, a elección del arrendatario.

ARTÍCULO 2474.

Este precepto contiene en lo que se refiere al contrato de arrendamiento de uno o más animales individualizados, la regla general que se enuncia diciendo: la cosa perece para el acreedor. En el caso previsto en el artículo en comentario, celebrado el contrato el arrendatario es acreedor de la cosa arrendada y el arrendador está obligado a la entrega de la misma (obligación de dar a. 2011 fr. II). En ese supuesto, los riesgos de la cosa (pérdida o deterioro) serán siempre de cuenta del acreedor por disposición del a. 2024, del cual el precepto que se comenta es una aplicación al alquiler de animales. El precepto citado dispone que la pérdida o deterioro de la cosa será por cuenta del deudor (en este caso del arrendador) si ha ocurrido por culpa de éste último, can lo cual se podrá ver que el precepto en comentario concuerda fielmente con el a. 2024 y ambos con la regla res perit cred/ion. I.G.G. [15 01

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . VI

ARTS. 2475 y 2476

En el caso del artículo anterior, si en el contrato de alquiler no se trató de animal individualmente determinado, sino de un género y número determinados, el arrendador está obligado a los daños y perjuicios, siempre que se falte a la entrega.

ARTÍCULO 2475.

La solución es distinta cuando los animales alquilados no han sido determinados en su individualidad. El arrendador se ha obligado a dar en arrendamiento un animal del mismo género, cualquiera que sea su individualidad, y puesto que ésta es indeterminada no puede concebirse que perezca, mientras no se haya hecho la entrega. No puede hablarse siquiera de riesgo del contrato antes de que se haya determinado, por ambas partes, el animal o animales que serán objeto del arrendamiento. "Los géneros, nunca perecen", dice el conocido reIrán 1.G.G.

Si en el arrendamiento de un predio rústico se incluyere el ganado de labranza o de cría existente en él, el arrendatario tendrá, respecto del ganado, los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario, pero no está obligado a dar fianza.

ARTÍCULO 2476.

Concurren aquí, en un solo acto, el arrendamiento de un bien inmueble y el de muebles. Los animales que forman el pie de cría y el ganado de labranza de una finca son bienes inmuebles por destino, pero sólo mientras estuvieren dedicados a esos fines (a. 750 fr. X). El artículo que se comenta dispone que cuando forman parte del objeto del contrato de arrendamiento, el arrendatario tendrá los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario. Es decir, hará suyos los frutos naturales e industriales de esos animales (las crías y el producto de su fuerza de trabajo) aun los frutos que estuvieren pendientes al tiempo de iniciarse el arrendamiento según lo disponen los aa. 990 y 991, pero no le pertenecen aquellos que estuvieren pendientes al tiempo de concluir el arrendamiento (véanse los comentarios a los artículos citados). Sin embargo, no está obligado el arrendatario a dar fianza para garantizar el ejercicio moderado del derecho a que se refiere el artículo que se comenta. Pero sí debe darla, si en el contrato de arrendamiento se obligó a otorgarla para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le incumben como arrendatario de la finca y del ganado de labranza o de cría que es parte integrante del inmueble rústico arrendado. I.G.G. 1 151 1

ARTS. 2477 y 2478

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2477. Lo dispuesto en el artículo 2465 es aplicable a los

aperos de la finca arrendada. Los aperos son, en general, el conjunto de los instrumentos y demás cosas necesarias para la labranza (Escriche), aunque la denominación también puede ser aplicable a cualquier Otro oficio. Los aperos de la finca, que en términos de la fr. VI del a. 750 deben ser considerados corno bienes inmuebles en cuanto se consideran unidos, conforme al a. 2465, a la finca arrendada. En suma, los aperos que forman parte por destino de la finca arrendada, están legalmente comprendidos en el inmueble arrendado y por lo tanto, el arrendamiento de ellos termina salvo pacto en contrario, al terminar el contrato de arrendamiento de la finca. A.E,P,D, y N.

CAPITULO VII Disposiciones especiales respecto de los arrendamientos por tiempo indeterminado ARTíCULO 2478. Todos los arrendamientos que no se hayan

celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso por escrito dado a la otra parte con quince días de anticipación, si el predio es urbano, y con un ario si es rústico.* * N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2478, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado ene! DO del 21 de julio de 1993. a. 2478. Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos, que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte dado en forma indubitable con dos meses de anticipación si el predio es urbano, y con un año si es rústico. De frecuente aplicación en la práctica, este precepto prevé el caso de extinción del contrato por voluntad de cualquiera de los contratantes. [1521

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . VII

ARTS. 2478 y 2479

Ll a. 2483 fr. 1 dispone que el arrendamiento puede terminar por vencimiento del plazo estipulado, por disposición de la ley o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. El precepto que se comenta ordena que si no se ha fijado plazo, el contrato puede terminar por voluntad de una u otra de las partes en cualquier tiempo, sólo con la obligación de dar aviso a la otra parte [con dos meses] de anticipación si el predio es urbano o de un año si es rústico. Este articulo contiene una causa de extinción de la relación obligatoria, que no fue mencionada en ninguna de las ocho fracciones que componen el a. 2483. Sin embargo, puede entenderse que el contrato de arrendamiento cuando es por tiempo indefinido termina por disposición de la ley, conforme con lo dispuesto en el artículo en comentario. Por aviso indubitable debe entenderse aquel que puede ser probado de manera fehaciente como el que se lleva a cabo judicialmente o ante notario. También se considera indubitable el que se efectúa ante dos testigos, si de su dicho se desprende con absoluta certeza, que efectivamente se dio a conocer a la otra parte, la voluntad de dar por terminado el contrato. El diferente plazo que el precepto establece para la anticipación del aviso, obedece a la distinta naturaleza del inmueble arrendado, según que se trate de un predio urbano o de una tinca rústica. En el primer caso, el plazo de dos meses anticipados parece razonable, en virtud de que el aprovechamiento del inmueble arrendado se obtiene por el solo uso del mismo, en tanto que una finca rústica generalmente rinde su utilidad por ciclos de una anualidad, que es el periodo normal de aprovechamiento de la cosecha o de la cría de ganado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el a. 2448-C. ARTÍCULO 2479. Dado

el aviso a que se refiere el artículo anterior, el arrendatario del predio urbano está obligado a poner cédulas y a mostrar el interior de la casa a los que pretendan verla. Respecto de los predios rústicos, se observará lo dispuesto en los artículos 2456, 2457 y 2458.

Cédulas quiere decir avisos, que en este caso se fijan en la fachada del inmueble que se ofrece en nuevo arrendamiento. Esta disposición se refiere sólo al caso de inmuebles urbanos, porque el artículo, en su parte final, hace el envío a los as. 2456, 2457 y 2458 para el caso de los predios rústicos. Tratándose de fincas rústicas, la remisión del precepto a los artículos que en él se citan imponen al arrendador la obligación de permitir al nuevo arrendatario el acceso a la finca para efectuar las faenas de preparación de la tierra para el siguiente ciclo agrícola y el uso de las tierras desocupadas y de los edificios necesarios y por el tiempo indispensable para esos mismos fines. 153j

ARTS. 2479, 2480 y 2481

LIBRO CUARTO

A su vez el arrendatario cuyo contrato está en vía de terminar, podrá usar las tierras y edificios por el tiempo también indispensable para el aprovechamiento de los frutos (recolección o cosecha y almacenamiento temporal) que quedaren pendientes al término del arrendamiento. (Véase comentario a los preceptos citados). Debe hacerse notar que este derecho de ocupación de laTinca para efectuar la cosecha pendiente, se refiere al terreno y no a los animales que forman el pie de cría. Por lo que a éstos se refiere se aplica lo dispuesto en el a. 2476. Barbecho es la porción de tierra que ya se encuentra arada y por lo tanto va a ser objeto de siembra. I.G.G. y A .E.P. D. y N.

CAPITULO VIII Del subarriendo ARTÍCULO 2480. El

arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario, de los daños y perjuicios.

El contrato de arrendamiento confiere al arrendatario el uso de la cosa arrendada y no su disposición, por tanto no tiene facultades para realizar actos de enajenación o transmisión de la tenencia y uso de la cosa arrendada. El subarrendamiento es un contrato celebrado por el arrendatario para transferir a un tercero (subarrendatario) el uso de la cosa arrendada. El arrendatario no puede válidamente celebrar el contrato de subarrendamiento, sin el consentimiento expreso del arrendador. Si el arrendador ha dado su consentimiento, tanto el arrendatario como el subarrendatario, responden solidariamente de los daños y perjuicios que su acto ocasione al propietario de la cosa, es decir cada uno deberá responder íntegramente por dichos daños y perjuicios y el arrendador podrá ejercitar la acción correspondiente contra cualquiera de ellos. Véase comentario al a. 1987. A.E.P. D. y N. ARTÍCULO 2481. Si

el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización general concedida en el contrato, el arrendatario será responsable al arrendador, como si él mismo continuara en el uso o goce de la cosa.

Estamos aquí frente a dos contratos: uno principal entre el arrendador y el arrendatario y otro accesorio entre éste último y un tercero. Se dice que el primer contrato concluye ya que el arrendatario no es quien tiene el uso y goce de la cosa; quien ahora detenta y paga la contraprestación es el [154]

ARTS. 2481 y 24E2

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . VIII

subarrendatario. De esta manera no subsisten simultáneamente los dos contratos. Sin embargo el legislador permite que por convenio expreso, el arrendatario ceda el derecho de uso de la cosa arrendada, pero tespondiendo ante el arrendador de todas y cada una de las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato. Para proteger al arrendador, el legislador deja subsistentes las obligaciones entre aquél y el arrendatario, corno usuario de la cosa dada cn arrendamiento, aunque haya transmitido el uso de ella a un tercero. Responde del buen uso que el arrendataria llaga de la cosa y del pago de los daños y perjuicios que se causen al arrendador por el uso indebido de ella, I.G.G.

Si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial del subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa.

ARTÍCULO 2482.

hl legislador se refiere, en este caso, a la celebración de un contrato de subarrendamiento previsto expresa y específicamente en el contrato de arrendamiento. Se puede decir que en este caso el subarrenclattwio es causahabiente del arrendatario y por ello queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que éste tiene en el arrendamiento, en los mismos términos en que éste último contrató con el arrendador, a menos que se pacte otra cosa como sería un nuevo precio de la renta. Se discute en la doctrina el empleo del término subrogación, figura que sólo define una transmisión de créditos por cambio de acreedor (véase a. 2058 del CC), tal discusión lleva a afirmar que en el caso que cita este precepto existe una cesión del contrato en donde se vinculan el subarrendatario y el arrendador, ya que estamos frente a un contrato en el que se produce el cambio de uno de los sujetos, de tal suerte que se extingue la primera obligación entre arrendador y arrendatario para hacer surgir una nueva entre aquél y un tercero: el subarrendatario. Desde nuestro punto de vista la cesión de contrato es la figura que mejor explica el sentido de la norma: el contrato en sus términos no varía, sigue siendo el mismo precio de la renta, la misma casa, el mismo destino que se le da, el plazo también es el mismo; sólo cambia uno de los sujetos para ser sustituido por otro en ese mismo contrato. Si el arrendador aprueba expresamente el contrato de subarrendamiento en realidad no debería hablarse de subarrendamiento sino de cesión de contrato de arrendamiento. "En él (subarrendamiento) el arrendatario no se limita a ceder, sino que se convierte en arrendador por lo que... lógico es suponer que se halla permitido también la cesión, acto en el cual, sólo hay un cambio de persona. subsistiendo en todo lo demás las primitivas condiciones. Puede decirse por esto [1551

ARTS. 2482 y 2483

LIBRO CUARTO

que en la cesión, el cedente transmite todos sus derechos sobre la cosa arrendada y cuantos puedan corresponderle contra el arrendador y el cesionario, en cambio acepta expresamente todas las obligaciones que tenia el arrendatario primitivo.. ,". Manresa y Navarro, José Ma., Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1969, t. X, vol. II, p. 88. I.G.Ci. y A.E.P.D. y N.

CAPITULO IX Del modo de terminar el arrendamiento ARTÍCULO 2483. El arrendamiento puede terminar:

I.—Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada; II.—Por convenio expreso; 111.—Por nulidad; IV.—Por rescisión; V.—Por confusión; VI.—Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor; VII.—Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública; VIII.—Por evicción de la cosa dada en arrendamiento. El catálogo de causas por las que puede terminar el arrendamiento comprende aquellos hechos anteriores, contemporáneos o posteriores a la celebración del contrato que frustrarían o invalidarían el arrendamiento. La primera causa es el cumplimiento del plazo, opera de pleno derecho y no requiere declaración judicial para darlo por terminado. (Véase a. 2484). Sin embargo, si el arrendatario continúa sin oposición del arrendador en el uso y goce de la cosa arrendada, después del vencimiento del contrato, opera la tácita reconducción. El plazo fijado por la ley opera precisamente en la prórroga legal del contrato en los términos de los aa. 2448 C y 2485, el primero es hasta por dos años y el segundo por uno, al término de los cuales el contrato se dará por terminado. Si en el contrato además de señalar su duración se especificó concretamente el objeto del arrendamiento, una vez satisfecho éste, se da por terminado el contrato sin necesidad de aviso o notificación previa. Por ejemplo, si se arrendó maquinaria para la realización de una obra determinada, una vez concluida ésta, el contrato de arrendamiento también se termina. El acuerdo de voluntades es también una causa de terminación (fr. II). [156]

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . IX

ARTS. 2483 y 2484

La nulidad (fr. III) se refiere a la invalidez del contrato por causas anteriores a su celebración como vicios del consentimiento, falta de forma exigida por la ley, imposibilidad jurídica del objeto (arrendamiento de tierras ejidales), etc. La rescisión (fr. IV) opera tanto por el incumplimiento de una de las obligaciones contraídas por una de las partes a la celebración del contrato o la imposibilidad física del arrendador de dar cumplimiento a sus obligaciones cuando por este motivo se priva al arrendatario del uso de la cosa por más de dos meses. La confusión (fr. V) es una forma de extinguir las obligaciones por reunirse las dos calidades, de acreedor y deudor, en una misma persona. Así, si el arrendatario adquiere por cualquier titulo la propiedad de la cosa arrendada, el arrendamiento se da por concluido. La pérdida o destrucción total de la cosa arrendada (fr. VI) es una circunstancia distinta a la pérdida temporal del uso señalada en el a. 2431. En este caso se trata de la pérdida de la materia del contrato. Al perderse la cosa, el arrendatario pierde su uso y goce, por tanto desaparece uno de los elementos esenciales del contrato y éste debe darse por terminado. La expropiación por causa de utilidad pública (fr. Vil) también termina el contrato a diferencia de la transmisión de la propiedad por venta, donación, sucesión, etc. (Véanse los aa. 2409 y 2410). La evicción (fr. VIII) es causa de terminación del contrato porque el tercero que tiene mejor derecho recuperó a través de una sentencia judicial la cosa arrendada, no tiene porqué respetar la transmisión temporal de su uso y goce (efecto de un contrato) por alguien que no estaba legitimado para hacerlo. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2484. Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo

determinado, concluye en el día prefijado. Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que disponen los artículos 2478 y 2479.*

* N.E.: Texto vigente del articulo modificado en virtud del articulo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto integro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2484, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2484. Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado sin necesidad de desahucio. Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que disponen los artículos 2478 y 2479. 11571

ARTS. 2484 y 2485

LIBRO CUARTO

Ya se hizo mención en el precepto anterior que cumplido el plazo por el que fue hecho el arrendamiento éste concluye sin necesidad de aviso o acciones procesales para ello. Este señalamiento responde a la naturaleza del propio contrato y a la temporalidad que de esa naturaleza se deriva. Se entiende por tiempo determinado, no sólo el que ha de concluir en una cierta fecha señalada por las partes sino también cuando su duración se sujeta a la realización de un acontecimiento que se ha de realizar fatalmente aunque se desconozca en qué momento tendrá lugar. Finalmente la ley puede señalar un plazo máximo de duración del contrato de arrendamiento (véanse los aa. 436 y 573). También se mencionó ya que el arrendador deberá requerir la entrega del bien arrendado (véanse los comentarios a los aa. 2486 y 2487). Los arrendamientos a los que no se les señaló plazo de vencimiento, son los denominados "por tiempo indeterminado" y existe disposición expresa para su terminación según lo señala este mismo numeral. A...E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2485. Derogado.* * ME.: Artículo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pfo. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitórios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2485, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO deI 21 de julio de 1993. a. 2485. Vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino, siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le prorrogue hasta por un año ese contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un diez por ciento de la renta anterior, siempre que demuestre que los alquileres en la zona de que se trate, han sufrido una alza después de que se celebró el contrato de arrendamiento. Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento, los propietarios que quieran habitar la casa o cultivar la finca cuyo arrendamiento ha vencido. La prórroga es un derecho que tiene el Arrendatario que esté al corriente del pago de la renta y que deberá ejercitar en su momento. Para ello debe hacer la solicitud correspondiente al arrendador y éste tendrá derecho a aumentar hasta en un diez por ciento la renta anterior. Son varias las consideraciones que surgen de este derecho de prórroga: a) La solicitud de la prórroga deberá hacerla el arrendatario antes de que termine el plazo por el que se contrató, pues no puede haber prórroga sobre algo que ya no existe;

Si. PARTE. TIT. VI/CAP . IX

ARTS. 2485 y 2486

b) El aumento de renta a que se hace referencia es totalmente inadecuado e ineficaz por la depreciación que ha sufrido nuestra moneda y el proceso inflacionario que se vive, por ello en las prórrogas convencionales arrendador y arrendatario suelen pactar un aumento superior. Ello no implica que, en caso de que el arrendatario tenga que acudir a juicio para hacer valer su derecho, el juzgador decrete la prórroga con un incremento superior, éste deberá ceñirse a la letra de este artículo en estos dos tipos de controversia; c) En virtud de la reforma del 7 de febrero de 1985, este numeral sólo es aplicable a las fincas rústicas y a las urbanas que no estén destinadas a la habitación pues éstas tienen un régimen especial dentro del capitulo IV de este titulo; d) Tampoco se aplica este precepto a los contratos que al 30 de diciembre de 1948 se encontraban en el supuesto del decreto que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan, aparecido en el DO de esa fecha. El artículo lo. de dicho decreto dispone que se prorrogan por ministerio de ley todos los contratos de arrendamiento de locales destinados a habitación que estuvieren ocupados por el inquilino y su familia; las ocupadas por trabajadores a domicilio; las ocupadas por talleres y las destinadas a comercios o industrias, excepto cuando los contratos se refieran a locales destinados a la habitación cuyas rentas, a la fecha del decreto fueren superiores a los trescientos pesos, los locales que el arrendador necesite para establecer en ellas una industria o comercio propios o cuando estos locales estuvieren destinados a pulquerías, cabarets, centros de vicio, etc. (a. 2o. del decreto). A.E-P.D. y N.

ARTICULO 2486. Derogado.* * N.E.: Articulo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pío. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto integro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2486, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2486. Si después de terminado el arrendamiento y•su prórroga, si la hubo, continúa el arrendatario sin oposición en el goce y uso del predio, y éste es rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año. En el presupuesto establecido en el a. 2453, es decir que el arrendamiento de predio rústico es con el fin de cultivar la tierra, este precepto establece la tácita reconducción o renovación del contrato por un año más, periodo suficien[1591

ARTS. 2488 y 2487

LIBRO CUARTO

te —según las costumbres en los pocos lugares en donde aún se cultiva la tierra en el Distrito Federal— para una cosecha más. Por lo que respecta al pago de la renta, el legislador guarda silencio en este precepto pero dadas las características de la prórroga tácita, es de entenderse que la renta será la misma que se venía pagando. Sin embargo podría aplicarse por analogía el a. 2485 que autoriza hasta un 10% de aumento en la renta o bien el 2448 D, que fija el 85% del incremento del salario mínimo en el año cuando el contrato se renueva o prorroga. 1.G.G. y A.EP.D. y N.

ARTÍCULO 2487. Si

después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento, el arrendatario continúa sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, continuará el arrendamiento por tiempo indeterminado, estando obligado el arrendatario a pagar la renta que corresponda por el tiempo que exceda conforme a lo convenido en el contrato, pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del contrato en los términos del artículo 2478. Las obligaciones contraídas por un tercero con objeto de garantizar el cumplimiento del arrendamiento, cesan al término del plazo determinado, salvo convenio en contrario.*

* N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artítulo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del articulo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2487, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2487. En el caso del artículo anterior, si el predio fuere urbano, el arrendamiento continuará por tiempo indefinido, y el arrendatario deberá pagar la renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato, con arreglo a lo que pagaba. Si la tácita reconducción se refiere al contrato de arrendamiento de un predio urbano, el legislador dispone la prórroga del contrato por tiempo indefinido, porque el objeto del arrendamiento en estos casos no está sujeto a ciclos o temporadas anuales detertninables como ocurre en la explotación de los predios rústicos. En el arrendamiento de predios urbanos, la prórroga será por tiempo indefinido y la renta ha de ser la misma que se venía pagando. [160]

2a. PARTE. TIT, VI/CAP. IX

ARTS. 2487, 2488 y 2489

En realidad este precepto y el inmediato anterior están fuera de época, pues el problema de las renovaciones o prórrogas de los contratos de arrendamiento se presenta precisamente con motivo del precio de la renta, dado el proceso inflacionario que vivimos actualmente. La respuesta del legislador debería ser, corno ya lo expresarnos anteriormente, en el establecimiento de un sistema de control de rentas eficaz y satistactorio para ambas partes. ¿Son de aplicación al caso, los aa. 2485 o 2448D? Vid comentario al artículo anterior.

A.E.P.D. y N.

ARTICULO 2488. Derogado.* * N.E.: Articulo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pío. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2488, anteriores al decreto que reforma diver-

sas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2488. Cuando haya prórroga en el contrato de arrendamiento, y en los casos de que hablan los dos artículos anteriores, cesan las obligaciones otorgadas por un tercero para la seguridad del arrendamiento, salvo convenio en contrario. Este precepto responde al principio según el cual los contratos sólo producen efectos entre las partes que los celebran. En el caso que nos ocupa se presupone la prórroga de un contrato, es de lógica consecuencia que 1a prórroga no obligue sino a quienes han manifestado expresa o tácitamente su voluntad para dicha prórroga. El tercero que otorgó una garantía en el contrato original no queda obligado por esa prórroga en la que no ha consentido, por lo tanto, como tercero ajeno a ella, lo que convinieren los otorgantes no puede obligarlo, por lo que las garantías otorgadas por él se extinguen. A.E.P.D. y N.

ARTICULO 2489. El arrendador puede exigir la rescisión del con-

trato: 1.—Por falta de pago de la renta en los términos previstos en la fracción I del artículo 2425* 11.—Por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción III del artículo 2425; [1611

ART. 2989

LIBRO CUARTO

111.—Por el subarriendo de la cosa en contravención a lo dispuesto en el artículo 2480. 1V—Por daños graves a la cosa arrendada imputables al arrendatario; y" Y. — Por variar la forma de la cosa arrendada sin contar con el consentimiento expreso del arrendador, en los términos del artículo 2441." * N.E.: Texto vigente de la fracción I del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Debe tomarse en cuenta, de acuerdo con el pfo. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO, del 21 de julio de 1993, que deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) • Las fracciones IV y V del a. 2489, fueron adicionadas en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no de dichas fracciones, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto que reforma y adiciona al final de este volumen.) Texto de la fracción I del a. 2489, anterior al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2489. fracción 1—Por la falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2452 y 2454; Las causas de rescisión que puede invocar el arrendador se refieren a la falta de cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, es decir, falta del pago de la renta, uso indebido de la casa y subarriendo sin consentimiento del arrendador. Este precepto que no se incluyó en la reforma al régimen de arrendamiento de 1985 remite al a. 2452, que fue derogado. La fr. I del artículo en comentario debería remitir al a. 2448-E que se refiere al pago de la renta cuando se trata de arrendamiento de predios urbanos. En todo caso las causas de rescisión son el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, según lo dispuesto en el a. 1949. [1 62]

ARTS. 2489 y 2490

2a. PARTE. TIT. VI/CAP, IX

Doctrinahnente se cuestiona si las causas aquí enumeradas son las únicas y se responde que no, pues el incumplimiento de toda obligación es causa de resolución del contrato y las obligaciones a cargo del arrendatario son más de estas tres. Sin embargo, se argumenta que no todo incumplimiento debe dar origen a la resolución del contrato sino sólo aquel que sea realmente de importancia frente a los intereses de la otra parte quedando la evaluación de dicha importancia a criterio del juzgador. AE..P.D. y N.

ARTICULO 2490. El arrendatario puede exigir la rescisión del

contrato: 1.— Por contravenir el arrendador la obligación a que se refiere la fracción II del artículo 2412 de este ordenamiento; — Por la pérdida total o parcial de la cosa arrendada en los términos de los artículos 2431, 2434 y 2445; y 111.—Por la existencia de defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento desconocidos por el arrendatario.*

* N.E.: Texto vigente del artículo modificado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. Los artículos transitorios a esta reforma, fueron modificados en virtud del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993. Por ello, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto integro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2490, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2490. En los casos del artículo 2445, el arrendatario podrá rescindir el contrato cuando la pérdida del uso fuere total, y aun cuando fuere parcial, si la reparación durare más de dos meses. Se ha venido haciendo mención a lo largo de este título que la transmisión de uso de la cosa dada en arrendamiento es la contraprestación a cargo del arrendador, así si el arrendatario pierde el uso de la cosa arrendada por reparaciones que deban hacerse en ella y éstas duran más de dos meses, el contrato termina, sin responsabilidad para las partes en el caso de que esas reparaciones no provengan de vicios de construcción (responsabilidad del propietario) o de daños causados por culpa del arrendatario (responsabilidad de este último). El legislador únicamente reitera lo dispuesto en el a. 2445. [163]

ARTS. 2491, 2492 y 2493

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2491. Derogado.* * N.E.: Artículo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pto. primero del articulo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2491, anteriores al decreto que reforma diversas

disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2491. Si el arrendatario no hiciere uso del derecho que para rescindir el contrato le concede el artículo anterior, hecha la reparación, continuará en el uso de la cosa, pagando la misma renta hasta que termine el plazo del arrendamiento. Si no se rescinde el contrato el arrendatario tiene derecho a que se hagan las reducciones en la renta a que se refiere el a. 2445 y una vez que terminen las reparaciones continuará, como antes de ellas, en el uso de la cosa y pagará la renta que se estipuló en el contrato aún vigente. A.E.P.D. y N.

ARTÍCULO 2492. Si el

arrendador, sin motivo fundado, se opone al subarriendo que con derecho pretenda hacer al (sic) arrendatario, podrá éste pedir la rescisión del contrato.

Aparentemente este precepto es contrario a lo estipulado en el a. 2480, sin embargo, el legislador dispone en este precepto una sanción en contra del arrendador que se niega a respetar lo convenido en el contrato de arrendamiento, en el que el arrendatario adquirió el derecho de subarrendar el bien arrendado. I.G.G.

Si el usufructuario no manifestó su calidad de tal al hacer el arrendamiento, y por haberse consolidado la propiedad con el usufructo, exige el propietario la desocupación de la finca, tiene el arrendatario derecho para demandar al arrendador la indemnización de daños y perjuicios.

ARTÍCULO 2493.

La doctrina señala como causa de terminación del contrato de arrendamiento la caducidad del usufructo cuando por extinción de éste, la propiedad se consolida en una persona distinta de usufructuario-arrendador. 11641

2a. PARTE. TIT. VI/CAP . IX

ARTS. 2494, 2495 y 2496

ARMULO 2494. Derogado.* * N.E. Artículo derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pfo. primero del artículo único del decreto publicado en el DO del 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto íntegro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) Texto y comentario del a. 2494, anteriores al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. a. 2494. En el caso del artículo anterior se observará lo que dispone el artículo 2486, si el predio fuere rústico, y si fuere urbano, lo que previene el artículo 2487. Una vez consolidada la propiedad, si el propietario no se opone al arrendamiento y el arrendatario continúa en el uso y goce del predio se entenderá prorrogado el contrato por un año si el predio fuere rústico e indefinidamente si fuere urbano. Encontramos una tácita reconducción pero con una característica propia de la causahabiencia: la no oposición del propietario lo _hace causahabiente de los derechos y obligaciones contraídas por el usufructuario en el arrendamiento del predio.

A-E.P.D. y N.

Si el predio dado en arrendamiento fuere enajenado judicialmente, el contrato de arrendamiento subsistirá, a menos que aparezca que se celebró dentro de los sesenta días anteriores al secuestro de la finca, en cuyo caso el arrendamiento podrá darse por concluido.

ARTÍCULO 2495.

La transmisión de la propiedad no es causa de terminación del contrato de arrendamiento: en esos casos el nuevo propietario adquiere los derechos y obligaciones derivados del arrendamiento del predio. Se trata de una obligación que .;c: transmite con el predio vendido (obligatio scriptae in rem). El comprador adquiere la cosa en la situación jurídica en que se encuentra al celebrar el contrato de compraventa. Sin embargo, citando la enajenación es judicial este precepto establece una excepción a la regla enunciada en el párrafo anterior; si el contrato de arrendamiento se celebró dentro de los sesenta días anteriores al secuestro, el contrato de arrendamiento podrá darse por concluido. I.G.G.

En los casos de expropiación y de ejecución judicial, se observará lo dispuesto en los artículos 2456, 2457 y 2458.

ARTÍCULO 2496.

1 6 5 .1

LIBRO CUARTO

ARTS. 2496 y 2497

En este precepto el legislador dispone que en los casos de expropiación administrativa o de remate judicial del predio arrendado, se aplicarán las mismas reglas que rigen tratándose de la terminación por cualquiera otra causa del predio arrendado, si éste es rústico, reglas que se encuentran establecidas en los artículos que cita el precepto y a cuya lectura y comentarios nosotros nos remitimos. I.G.G.

TITULO SEPTIMO Del comodato ARTÍCULO 2497. El comodato es un contrato por el cual uno de los

contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Conforme a esta definición el comodat o es un contrato gratuito, consensual, bilateral y traslativo de uso de una cosa no fungible. Es un contrato gratuito porque no hay provechos y gravámenes recíprocos; exclusivamente el comodante sufre los gravámenes y el comodatario percibe los beneficios. La gratuidad es esencial: el comodato no admite ninguna retribución; es absolutamente incompatible con el aspecto oneroso de la relación obligatoria . Si se tiene que pagar algún emolumento por el uso no hay comodato. Es un contrato consensual por oposición a real, ya que no requiere de la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. La entrega de la cosa constituye la obligación principal del comodante después de quedar perfecto por el consentimiento del.contrato. En este punto, el código se separa de la tradición romana, francesa, española y del sistema de nuestros códigos civiles de 1870 y 1884 que caracterizan al comodato como contrato real, para seguir al Código suizo de las obligaciones (a. 305) que lo regula como consensual. Es un contrato bilateral, porque de él derivan derechos y obligaciones para ambas partes contratantes; el comodante se obliga a conceder el uso de una cosa no fungible y el comodatario contrae la obligación de restituirla individualmente. Es un contrato traslativo de uso, no transfiere ni el dominio ni el goce del bien; el comodatario sólo recibe la cosa para usarla, con la obligación de devolverla oportunamente. De aquí se sigue que puedan darse en comodato no sólo bienes propios, sino también cosas de las que se tiene sólo el uso, si ese uso es transferible. Así, p.c., el usufructuario que tiene el uso y goce de un bien ajeno, puede darlo en comodato, porque su poder jurídico le permite transferir el uso (a. 1002); y el comodatario puede, con autorización del comodante, conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato (a. 2500). El objeto del contrato deben ser bienes no fungibles, pues se trata de un préstamo donde el comodatario está obligado a la restitución de la cosa recibida, en su idéntica individualidad. En otros términos, la fungibilidad no se permite, pues siendo el pago in natura, no admite la entrega de una cosa por otra. 11661

TITULO SEPTIMO Del comodato

LIBRO CUARTO

ARTS. 2496 y 2497

En este precepto el legislador dispone que en los casos de expropiación administrativa o de remate judicial del predio arrendado, se aplicarán las mismas reglas que rigen tratándose de la terminación por cualquiera otra causa del predio arrendado, si éste es rústico, reglas que se encuentran establecidas en los artículos que cita el precepto y a cuya lectura y comentarios nosotros nos remitimos. I.G.G.

TITULO SEPTIMO Del comodato ARTÍCULO 2497. El comodato es un contrato por el cual uno de los

contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Conforme a esta definición el comodat o es un contrato gratuito, consensual, bilateral y traslativo de uso de una cosa no fungible. Es un contrato gratuito porque no hay provechos y gravámenes recíprocos; exclusivamente el comodante sufre los gravámenes y el comodatario percibe los beneficios. La gratuidad es esencial: el comodato no admite ninguna retribución; es absolutamente incompatible con el aspecto oneroso de la relación obligatoria . Si se tiene que pagar algún emolumento por el uso no hay comodato. Es un contrato consensual por oposición a real, ya que no requiere de la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. La entrega de la cosa constituye la obligación principal del comodante después de quedar perfecto por el consentimiento del.contrato. En este punto, el código se separa de la tradición romana, francesa, española y del sistema de nuestros códigos civiles de 1870 y 1884 que caracterizan al comodato como contrato real, para seguir al Código suizo de las obligaciones (a. 305) que lo regula como consensual. Es un contrato bilateral, porque de él derivan derechos y obligaciones para ambas partes contratantes; el comodante se obliga a conceder el uso de una cosa no fungible y el comodatario contrae la obligación de restituirla individualmente. Es un contrato traslativo de uso, no transfiere ni el dominio ni el goce del bien; el comodatario sólo recibe la cosa para usarla, con la obligación de devolverla oportunamente. De aquí se sigue que puedan darse en comodato no sólo bienes propios, sino también cosas de las que se tiene sólo el uso, si ese uso es transferible. Así, p.c., el usufructuario que tiene el uso y goce de un bien ajeno, puede darlo en comodato, porque su poder jurídico le permite transferir el uso (a. 1002); y el comodatario puede, con autorización del comodante, conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato (a. 2500). El objeto del contrato deben ser bienes no fungibles, pues se trata de un préstamo donde el comodatario está obligado a la restitución de la cosa recibida, en su idéntica individualidad. En otros términos, la fungibilidad no se permite, pues siendo el pago in natura, no admite la entrega de una cosa por otra. 11661

2a. PARTE. TIT. VII



ARTS. 2497, 2498 y 2499

En la consideración de que la distinción entre bienes fungibles y no fungibles constituye una subdivisión de los bienes muebles, algunos autores niegan que los inmuebles puedan ser materia de comodato. Sin embargo, el concepto de no fungible, por su carácter negativo y por su consiguiente amplitud, es perfectamente aplicable a los bienes inmuebles, desde el derecho romano se admitió que el comodato abarcara tanto a muebles como inmuebles, y lo mismo ocurre en el derecho comparado (véase 1803 del CC italiano, a 305 del CC suizo de las obligaciones, etc.) Por lo demás, la SCJN ha sostenido la existencia del comodato sobre inmuebles en la ejecutoria de 22 de mayo de 1956, 621/54 de Alicia Jáuregui de Muerza ( Sánchez Medal,Ramón, De los contratos civiles, 7a. ed., México, Porrúa, 1984, p. 234). Cabe agregar que el comodato es un contrato de tracto sucesivo, porque se ejecuta en una serie de prestaciones a través del tiempo; es además, consensual en oposición a formal, porque el consentimiento puede manifestarse en cualquier forma en que los contratantes lo deseen.

Cuando el préstamo tuviere por objeto cosas consumibles, sólo será comodato si ellas fuesen prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente.

ARTÍCULO 2498.

El hecho de que el comodatario deba devolver en su individualidad la misma cosa que ha sido prestada, no obsta para que las cosas consumibles puedan ser objeto de comodato. Pero en este caso, sólo habrá comodato si las partes convienen en que aun siendo consumible, el comodatario no la consuma y

restituya la misma cosa recibida; de manera que la cosa será prestada para un uso que no implique su consumisión, como será p.c.. si se presta ad pompam vel ostentationem, es decir, para su sola exhibición o lucimiento. C.L.V.

Los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos, no podrán dar en comodato, sin autorización especial, los bienes confiados a su guarda.

ARTÍCULO 2499.

Por tratarse de un contrato gratuito, y por constituir un acto de disposición, puesto que priva al comodante, por cierto tiempo, de elementos de su patrimonio, los administradores de bienes ajenos no pueden dar en comodato sin autorización especial del propietario, los bienes confiados a su administración. Las facultades de administración no comprenden actos de disposición de bienes. Los mandatarios con facultades para actos de dominio sí tienen facultad para dar en comodato. C.L.V. [167]

ARTS. 2500, 2501, 2502 y 2503

LIBRO COARTO

ARTÍCULO 2500. Sin

permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.

El comodato es un contrato intuitu personae por lo que se refiere al comodatario, éste ha recibido la cosa para su propio uso, y no tiene derecho de prestarla, sin autorización del comodante. Si el comodatario autorizare a un tercero a servirse de la cosa sin consentimiento del comodante, podrá éste exigir la devolución anticipada de ella (véase a. 2512) y en su caso, el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por incumplimiento del contrato. C.L, V.

El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones de la cosa prestada.

ARTÍCULO 2501.

El comodato es un contrato traslativo de uso, no de dominio. Esto explica que el comodatario no adquiere los frutos y accesiones de la cosa prestada, los que por derecho de accesión pertenecen al propietario. Asi, el comodatario deberá entregar, p.c., las crías de los animales que han sido entregados en comodato. Sin embargo, esta disposición no es imperativa, es decir, la adquisición de frutos y accesiones puede quedar incluida por acuerdo expreso de las partes, ya que tal pacto, en principio, no es contrario al orden público ni a las buenas costumbres. Empero, ello sólo será posible si el comodante es el propietario de la cosa prestada, o si tiene poder para disponer de los frutos y accesiones. C.L.V.

comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa, y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa.

ARTÍCULO 2502. El

Por ser el comodato un contrato esencialmente gratuito, la ley exige al prestatario el más diligente esmero en la conservación de la cosa, y lo hace responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa, aun levísima (in abstracto). Desde el derecho romano, se impuso al comodatario una cuidadosa diligencia en la custodia de la cosa, precisamente por el carácter gratuito del préstamo. El comodatario no es responsable si prueba que el deterioro de la cosa se produjo sin culpa de su parte, por el solo efecto del uso para el que fue prestado (véase a. 2507) o por caso fortuito o fuerza mayor. C.L.V. ARTÍCULO 2503. Si

el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior de ella, abandonando su propiedad al comodatario. [1681

2a. PARTE. TIT. VII

ARTS. 2503, 2504 y 2505

Esta clisposicion es, con alguna variación, aplicación del principio general contenido en el a. 2112. Cuando por culpa o negligencia del comodatario la cosa sufre un deterioro tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse para el uso a que nat ura Intente se le destina, elcomodante podrá, en vez de pedir que se le abone el importe del deterioro, exigir el valor que la cosa tenía antes de sufrir el detrimento, abandonando su propiedad al comodatario. El comodante tiene un derecho de opción, cuyo fundamento se halla en los principios de la equidad, y en las reglas de la responsabilidad civil. Si el comodatario prueba que no hubo culpa de su parte sólo estará obligado según los erectos propios del contrato, es decir, estará obligado a restituir la cosa en el estado en que se halle. C.L.V.

El comodatario responde de la pérdida de la cosa si la emplea en uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito.

ARTÍCULO 2504,

El comodatario tiene la obligación de destinar la cosa prestada al uso para el que fue concedida y no a otro alguno. Mientras la emplea en el uso convenido no tiene porqué responder de la pérdida o deterioro de la cosa, a menos que haya culpa de su parte (Véanse aa. 2502 y 2507). Igualmente tiene obligación de devolver la cosa a la terminación del contrato. Los efectos del incumplimiento de esta obligación son rigurosos. Si destina la cosa a un uso distinto o no la entrega al tiempo que debía devolverla según lo convenido, responderá de su pérdida o deterioro, aun cuando ésta sobrevenga por caso fortuito. Esta responsabilidad importará, además de la obligación de pagar el valor de la cosa, la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, consecuencia del incumplimiento (uso ilegítimo o mora). A falta de pacto expreso sobre el uso, el comodatario deberá emplear la cosa conforme a su naturaleza ordinaria (Véase a. 2111). C.L.V.

Si la cosa perece por caso fortuito, de que el comodatario haya podido garantirla empleando la suya propia, o si no pudiendo conservar más que una de las dos, ha preferido la suya, responde de la pérdida de la otra.

ARTÍCULO 2505.

En un principio no responde del caso fortuito, porque los riesgos son para el dueño (las cosas perecen para su dueño res perit domino); sin embargo, la ley impone responsabilidad, cuando la pérdida, aunque fortuita, se hubiese evitado si el comodatario, teniendo la posibilidad de ello, hubiere preservado la cosa empleando la suya propia, o si no pudiendo salvar ambas, ha preferido la suya. Esto es justo, pues la gratuidad del acto exige del comodatario una obra altruista. f 1691

ARTS. 2505, 2508, 2507 y 2508



LIBRO CUARTO

Se dice en este caso que el comodatario, en la conservación de la cosa debe prestar la diligencia propia de "un buen padre de familia". No habrá responsabilidad si al comodatario le fue imposible elegir cuál de las cosas necesariamente debería perecer. C. L.V. ARTÍCULO 2506. Si

la cosa ha sido estimada al prestarla, su pérdida, aún cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio, si no hay convenio expreso en contrario.

Las convenciones de responsabilidad son válidas. Tienen por finalidad, generalmente, aumentar la responsabilidad, p.e. obligando a soportar las consecuencias del caso fortuito. Este artículo dispone que si la cosa ha sido valuada al celebrar el contrato, la tasación hace presumir la intención de las partes, de que el cornodante no sufrirá la pérdida de la cosa prestada por ningún evento, sino que el riesgo será a cargo del comodatario. El artículo exige convenio expreso en contrario, para librar al comodatario de esa responsabilidad. C. L.V.

Si la cosa se deteriora por el solo efecto del uso para que fue prestada, y sin culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro.

ARTÍCULO 2507.

El comodatario no responde del deterioro que sobrevenga a la cosa sin su culpa, por el sólo efecto del uso para el que fue entregada en comodato, porque ese deterioro se considera como una consecuencia necesaria de la naturaleza de las cosas. El comodante ha entregado la cosa para que se use y si el comodatario la ha empleado en el uso convenido, lo cual normalmente produce deterioro, y éste no ha incurrido en culpa, su responsabilidad no se verá comprometida. Por lo demás es posible el pacto en contrario, convención que no cambiaría la naturaleza del contrato. C.L.V.

El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación de la cosa prestada.

ARTÍCULO 2508.

Esta disposición tiene su explicación en que el comodatario recibe un provecho gratuito. El comodatario no tiene derecho a que se le reembolsen las expensas ordinarias que hubiere hecho para el uso y conservación de la cosa prestada, porque si se aprovecha y sirve de ella, justo es que soporte los gastos. Las Partidas ejemplifican el supuesto caso con el que recibía un caballo en comodato al ordenar: "tenido es de darle de lo suyo que coma" (Ley séptima, Título II Partida 5a., que ha sido tomada de la Ley 18, párrafo 2, Título 6, Libro XIII del Digesto).

I.G.G. y C.L.V. [170]

2a. PARTE. TIT. VII

ARTS. 2509, 2510 y 2511

Tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquiera otra causa le deba el dueño.

ARTÍCULO 2509.

Esta disposición encuentra justificación —corno varias de las que hemos comentado— en el hecho de ser el comodato un contrato celebrado en provecho exclusivo del comodatario. No se justifica que el comodante, que ha de beneficiar al eomodatario, al concluir el plazo del contrato se viese privado de la cosa que le pertenece, a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra causa le debiere al comodatario. Este precepto coincide en su redacción y en su disposición con el a. 1747 del CC español, que impone al comodatario la obligación de devolver la cosa al comodante precisamente a la terminación del contrato, sin que pueda retenerla en garantía del pago de cualquiera obligación que existiere a cargo del comodante, por la causa que fuere. "La razón de privar al cornodatario del derecho de retención —enseña Castán Tobeñas comentando aquel código— a diferencia del depositario que goza de ese derecho según el art. 1780 está en la circunstancia de ser el comodato un contrato celebrado en utilidad exclusiva del comodata- • río". Casta n Tobeñas. José, Derecho civil español común y foral. 7a. ed., Madrid, Reus, t. IV. Derecho de obligaciones, p. 421. I.G.G. y C.L.V.

Siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las mismas obligaciones.

ARTÍCULO 2510.

Cuando la cosa se entrega en comodato a dos o más personas conjuntamente, son solidariamente responsables respecto al prestamista; hay en tal caso solidaridad pasiva por ministerio de ley. (Véase a, 1988). Esta disposición garantiza de un modo eficaz los derechos del comodante que ha procedido por puro espíritu de liberalidad. C.L.V.

Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le pareciere. En este caso la prueba de haber convenido uso o plazo, incumbe al comodatario.

ARTÍCULO 2511.

Este precepto del código consigna, aunque el legislador no lo diga, la doctrina del precario. En el precario no se determina el uso o el plazo para exigir la cosa, ya que el tiempo de utilización de ella está a merced del comodante; éste puede exigir la cosa cuando le parezca. En el mismo sentido, este artíctilo prevé que si la duración del préstamo no viene determinada, ni un plazo se ha fijado, ni se deduce del uso previsto, el comodarite puede exigir en cualquier momento [17.11

ARTS. 2511 y 2512

LIBRO CUARTO

la devolución de la cosa ad nutum, dando por terminado el contrato. Una vez más se explica la naturaleza gratuita del comodato. Si las partes no han señalado plazo o no han precisado el uso a que se destinará la cosa, queda a decisión del que está soportando los gravámenes, determinar en qué momento, se debe extinguir la relación jurídica. La gratuidad del contrato atenúa, de esta manera, las reglas de que el cumplimiento de un contrato no puede quedar al arbitrio de una de las partes. La prueba de haber convenido uso o plazo incumbe al comodatario, porque el que afirma debe probar, y porque la ley establece una presunción que se apoya en el hecho de que las partes no han fijado plazo para la terminación del comodato, por ser éste gratuito, se debe interpretar que han convenido en que concluirá cuando lo disponga el comodante. C. L V. ARTÍCULO 2512. El comodante podrá exigir la devolución de la

cosa antes de que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de ella, probando que hay peligro de que ésta perezca si continúa en poder del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse de la cosa, sin consentimiento del comodante. El comodante no puede exigir la cosa hasta el vencimiento del plazo o uso convenidos. Esta es una consecuencia necesaria del contrato. Sin embargo, podrá hacerlo, si antes de vencer este término, se presenta alguna de las tres situaciones previstas en este artículo. El carácter gratuito del contrato y la presunción de que el comodante lo celebró en el supuesto de que no iba a necesitar la cosa, justifican que pueda exigir su devolución anticipada, si le viene necesidad urgente de ella. En efecto, si el comodante ha obrado por un ánimo de liberalidad, haciendo un favor, no puede ser obligado a mantener el favor, si esto significa agravar su situación, cuando tiene necesidad apremiante de la cosa. Por lo demás la necesidad debe ser urgente, pues si fácilmente puede satisfacerse por otros medios, no se justifica la extinción anticipada del contrato por voluntad de una de las partes. El comodante puede exigir la devolución de la cosa antes de que termine el plazo o uso convenidos, si prueba que hay peligro de que ella perezca en poder del comodatario. Esta facultad está encaminada a la conservación de la cosa materia del contrato, que impone al comodatario la obligación de restituir la cosa al vencimiento del plazo; pero si existe peligro de que perezca, antes de la expiración del término estipulado, el acreedor puede darlo por vencido anticipadamente, exigiendo la devolución de la cosa, como acto necesario para la conservación de su derecho, aplicando por mayoría de razón lo dispuesto en el párrafo final al a. 1942. Por último el comodante puede exigir la devolución de la cosa antes de que temine el plazo o uso convenidos, cuando sin su autorización el comodatario ha [172]

211. PARTE. TIT. VII

ARTS. 2512, 2513 y 2514

autorizado a un tercero a servirse de ella. En este caso, la terminación anticipada del contrato, por voluntad unilateral del comodante, se funda en el incumplimiento del contrato por el comodatario que da lugar a la resolución del contrato. C.L.V. ARTÍCULO 2513. Si

durante el préstamo el cornodatario ha tenido que hacer, para la conservación de la cosa, algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar aviso de él al comodante, éste tendrá obligación de reembolsarlo.

El comodatario debe avisar al comodante, los gastos extraordinarios que se requieran para la conservación de la cosa a fin de que éste los autorice, pues a su cargo corren, y es él quien debe decidir si se hacen o no. Si el gasto extraordinario para la conservación de la cosa es de tal manera urgente que no sea posible dar ese aviso, por implicar peligro la demora, el comodatario lo debe efectuar porque ha de cumplir, ante todo, el deber de diligencia que le impone el a. 2502, pero tiene derecho a que se le reembolse, pues a su cargo sólo son los gastos ordinarios (véase a. 2508). Este derecho se justifica plenamente, si se considera que el comodato es un contrato gratuito, incompatible con todo el ánimo de especulación, cual sería si se impusiera al comodatario sufragar los gastos extraordinarios. El precepto no establece cuál es la distinción entre gastos ordinarios y extraordinarios para la conservación de la cosa. Pensamos que debería entenderse por extraordinarios aquellos gastos que no son las reparaciones del deterioro normal de la cosa que son necesarias para su conservación sino las que deben hacerse para restaurar los menoscabos causados por eventos extraordinarios como una inundación, un terremoto, etc. C.L.V.

Cuando la cosa prestada tiene defectos tales que causen perjuicios al que se sirva de ella, el comodante es responsable de éstos, si conocía los defectos y no dio aviso oportuno al comodatario.

ARTÍCULO 2514.

La idea de que el comodante proporciona y el comodatario recibe una prestación gratuita, tiene entre otras, la consecuencia de que si la cosa tiene defectos tales que causen perjuicios al comodatario, el comodante será responsable, si habiendo conocido esos vicios, no dio aviso oportuno al comodatario. Solución diferente es la establecida por la ley para los contratos onerosos: en éstos la responsabilidad deriva de vicios ocultos, de defectos que hacen a la cosa impropia al uso a que se le destina o disminuyen gravemente ese uso; poco importa que el enajenante sea sabedor del vicio; su conocimiento y su ocultación, sólo I 1731

ARTS. 2514, 2515 y 2516

LIBRO CUARTO

importan para agravar la responsabilidad. En el caso del comodato, la situación es diferente. La responsabilidad nace de la falta cometida por el cornodante que conoce defectos tales perjudiciales para el comodatario y no da este aviso oportuno. No se admite que el comodante, escudándose en el supuesto beneficio al comodatario, le pueda causar perjuicio al no poner en su conocimiento los efectos de la cosa. Si el comodante desconocía la existencia de los defectos, no hay responsabilidad, pues falta el supuesto que la genera. Si los conoció y dio aviso oportuno, tampoco hay responsabilidad, porque lo que la ley sanciona es el conocimiento y la falta de aviso. C.L.V. ARTÍCULO 2515.

datario.

El comodato termina por la muerte del como-

Nuestro código, lo regula como contrato intuitu personae, concertado en consideración a la persona del comodatario. La muerte de éste es causa de extinción. del contrato. Sus herederos no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa entregada en comodato. En el mismo sentido se expresa el código suizo de las obligaciones (a. 311); en sentido diferente, el código civil español (a. 1742). Nuestros códigos civiles de 1870 y 1884 establecían (véase respectivamente los aa. 2669 y 2793): "Si el préstamo se hace en contemplación a sólo la persona del comodatario, los herederos de éste no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa prestada". La disposición del artículo que comentamos, no es de orden público; establece una presunción legal sobre lo que sería la intención de las partes, por tanto, admite estipulación expresa en contrario. C.L. V.

TITULO OCTAVO Del depósito y del secuestro CAPITULO I Del depósito ARTÍCULO 2516. El

depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquél le confía, ya guardarla para restituirla cuando la pida el depositante.

El contrato de depósito, llamado en latín depositum, en romance condesijo del verbo condenssar que equivale a guarda o custodia, tiene su etimología en el verbo pouere, que precedido de la partícula "de" significa fe, confianza plena del depositante en quien ha de recibir la cosa materia del depósito. [174]

TITULO OCTAVO Del depósito y del secuestro

ARTS. 2514, 2515 y 2516

LIBRO CUARTO

importan para agravar la responsabilidad. En el caso del comodato, la situación es diferente. La responsabilidad nace de la falta cometida por el comodante que conoce defectos tales perjudiciales para el comodatario y no da este aviso oportuno. No se admite que el comodante, escudándose en el supuesto beneficio al comodatario, le pueda causar perjuicio al no poner en su conocimiento los efectos de la cosa. Si el comodante desconocía la existencia de los defectos, no hay responsabilidad, pues falta el supuesto que la genera. Si los conoció y dio aviso oportuno, tampoco hay responsabilidad, porque lo que la ley sanciona es el conocimiento y la falta de aviso. C.L.V. ARTÍCULO 2515.

datario.

El comodato termina por la muerte del como-

Nuestro código, lo regula como contrato intuitu personae, concertado en consideración a la persona del comodatarí o. La muerte de éste es causa de extinción. del contrato. Sus herederos no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa entregada en comodato. En el mismo sentido se expresa el código suizo de las obligaciones (a. 311); en sentido diferente, el código civil español (a. 1742). Nuestros códigos civiles de 1870 y 1884 establecían (véase respectivamente los aa. 2669 y 2793): "Si el préstamo se hace en contemplación a sólo la persona del cornodatario, los herederos de éste no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa prestada". La disposición del artículo que comentamos, no es de orden público; establece una presunción legal sobre lo que sería la intención de las partes, por tanto, admite estipulación expresa en contrario, C.L. V.

TITULO OCTAVO Del depósito y del secuestro CAPITULO I Del depósito ARTÍCULO 2516. El depósito es un contrato por el cual el deposita-

rio se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquél le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante.

El contrato de depósito, llamado en latín depositum, en romance condesijo del verbo condenssar que equivale a guarda o custodia, tiene su etimología en el verbo pouere. que precedido de la partícula "de" significa fe, confianza plena del depositante en quien ha de recibir la cosa materia del depósito, [174]

2. PARTE. TIT. VIII/CAP. 1

ART. 2518

Es el depósito, uno de los contratos llamados de buena fe, que no transmite propiedad, sino que el depositario se obliga a recibir en guarda una cosa que se le confía, para conservarla y devolverla cuando la pida el depositante. (-Véase Castán Tobeñas, José, Derecho civil español común y foral, 7a. ed., Madrid, Reus, 1952, t. IV, Derecho de obligaciones, p. 606). De la definición en este artículo contenida, resulta que los rasgos característicos del depósito pueden reducirse a tres: a) Obligación del depositante a recibir una cosa. A diferencia de los Códigos Civiles de 1870 y 1884, que seguían la tradición romanista, en el CC vigente el contrato de depósito es consensual y no real, no es menester la entrega de la cosa para que pueda reputarse concluido. El contrato se perfecciona por el acuerdo de las partes, luego de perfeccionado genera la obligación del depositante a recibir la cosa, obligación que de ordinario se ejecuta en el momento de la celebración del contrato, pero que puede cumplirse con posterioridad. h) Obligación de guarda. Esta obligación, para cumplirse, exige como premisa que el depositario haya recibido la cosa. Si el depositante no ha hecho la entrega, no puede ejecutarse la guarda, porque no hay materia para la custodia de algo que no se ha recibido. Puede decirse que si bien la entrega en el depósito no es constitutiva del contrato, es presupuesto indispensable para que pueda exigirse del depositario el cumplimiento de la obligación de custodia y de restitución, en su caso. En el depósito esta obligación es esencial, es la causa principal de la celebración del contrato causa fiduiciae. Esto permite distinguir el depósito de otros contratos tales como el mandato, la venta condicional, el arrendamiento, etc., que igualmente implican una obligación de guarda de cosas confiadas, pero accesoria o subsidiaria de otras obligaciones propias del contrato y que no constituyen el fin o motivo determinante del contrato. c) Obligación de restitución. El depositario está obligado a restituir Ia cosa materia del depósito. Esta obligación importa la necesidad de devolver la misma cosa recibida, no otra ni su equivalente. Sólo hay verdadero depósito cuando el objeto depositado ha de ser restituido en su identidad, aun cuando se trate de cosas fungibles que puedan ser materia del llamado depósito irregular. Hay que hacer notar que el código no exige que el depositante sea propietario la mayoría de las legislaciones admite que pueden ser objeto de depósito, no sólo los bienes muebles, sino también los inmuebles, pues siendo el fin principal de este contrato, la guarda de una cosa para restituirla cuando la pida el depositante, no hay razón para excluir de él a los inmuebles. Hay que hacer notar que la entrega de la cosa no es una obligación del depositante, es un derecho que corresponde a la obligación del depositario de recibir. No es correcta la afirmación de los que dicen que el depósito es bilateral porque el depositante tiene la obligación de entregar la cosa, y el depositario la de recibirla. El depositario sí está obligado a recibirla, pero la bilateralidad depende de que él tenga derecho a una retribución, y esto ocurrirá siempre, salvo que se pacte lo contrario, [17,5]

ARTS. 2518, 2517 y 2518

LIBRO CUARTO

El depósito es consensual en oposición a formal, no se necesita para su validez que el consentimiento se manifieste de determinada manera. La forma elegida por las partes tendrá siempre un valor ad probationem. Hay que hacer notar que el código no exige que el depositante sea propietario de la cosa, por consiguiente, un usufructuario, acreedor prendario, etc., pueden confiar en depósito las cosas a un tercero. C.L.V.

Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos del lugar en que se constituya el depósito.

ARTÍCULO 2517.

En el derecho romano el depósito era esencialmente gratuito, ya que si se pactaba remuneración se transformaba en arrendamiento de obras y servicios. En esta concepción, el depositario prestaba servicio como amigo. La mayoría de las legislaciones modernas siguiendo la tradición conservan la gratuidad en el contrato, pero ya no como elemento esencial, sino como elemento natural. Nuestro CC vigente, apartándose de la concepción tradicional dispone que, salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a ser remunerado. La retribución es una cláusula natural del contrato. Ve el legislador al depósito como un negocio que aprovecha a ambas partes, salvo convenio en contrario. La retribución habrá de hacerse conforme con lo estipulado por las partes, pero si no existe pacto al respecto, se hará de acuerdo a los usos del lugar en que se constituya el depósito (véase a. 1856). En la obligación de remunerar no se comprenden los gastos hechos en la custodia ni los daños y perjuicios que por la cosa haya sufrido el depositario (véase a. 2532), los cuales deben ser cubiertos por el depositante independientemente del carácter gratuito u oneroso del depósito, C.L.V.

Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses, quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las épocas de su vencimiento, así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las leyes.

ARTÍCULO 2518.

El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito ¿Cuál es el alcance de esta obligación? Es la naturaleza de las cosas depositadas la que determina con relación al depositario los deberes exigibles de él. Si las cosas depositadas son títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses, el depositario tendrá obligación de realizar el cobro de éstos en las épocas de su 11761

2a. PARTE. TIT. VIII/CAP, 1

ARTS. 2318, 2319, 2320 y 2521

vencimiento y hacer todo lo necesario para que no se menoscabe el valor y los derechos que les corresponden conforme a la ley. La obligación de conservación implica la custodia material de la cosa, para preservar su integridad fisica, y la custodia juridica, que consiste en la realización de actos conservatorios de derechos, p.e. la interpretación judicial para evitar la prescripción extintiva de un crédito ( Sánchez Medal,Ramón,De los contratos civiles, 7a. ed., México, Porrúa, 1984, p. 235). C.L.V. ARTÍCULO 2519. La incapacidad de uno de los contratantes no

exime al otro de las obligaciones a que están sujetos el que deposita y el depositario. La capacidad requerida para la celebración del depósito es la general para contratar. Si una de las partes es incapaz, la nulidad del contrato no libera al otro contratante de las obligaciones a que están sujetos el que deposita y el depositario. La nulidad se establece en interés del incapaz, p.e. si el depositante es el incapaz, la persona que ha recibido el depósito tiene todas las obligaciones del depositario, puede ser demandado por el representante del incapaz, o por éste si llega a tener capacidad, para que cumpla las obligaciones que libremente quiso contraer; en cuanto al incapaz, éste puede hacer anular el contrato (véase a. 2228) para eximirse de las obligaciones que el depósito hace pesar sobre el depositante. C.L.V. ARTÍCULO 2520. El incapaz que acepte el depósito, puede, si se le

demanda por daños y perjuicios, oponer como excepción la nulidad del contrato; mas no podrá eximirse de restituir la cosa depositada si se conserva aún en su poder, o el provecho que hubiere recibido de su enajenación. Si el depositario es incapaz, y ocasiona daños y perjuicios por la falta de cuidado en la guarda o conservación de la cosa, puede eximirse de esta responsabilidad, oponiendo como excepción la nulidad del contrato. Sin embargo, no podrá liberarse de la obligación de restituir la cosa depositada o el provecho que hubiese recibido por su enajenación,. porque nadie debe enriquecerse injustamente en detrimento de otro. La nulidad misma del acto produce el efecto de que las partes se restituyan mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado (véase a. 2234). C.L.V. ARTICULO 2521. Cuando la incapacidad no fuere absoluta, podrá

el depositario ser condenado al pago de daños y perjuicios, si hubiere procedido con dolo o mala fe. [177]

ARTS. 2521, 2522 y 2523



LIBRO CUARTO

Con la nulidad, por causa de incapacidad, la ley ha querido proteger al incapaz, que por su condición de tal está expuesto a ser víctima del engaño, pero no podría dejar de autorizar el pago de daños y perjuicios causados con dolo o mala fe, bajo el pretexto de la incapacidad. Por esta razón, la ley, aunque empleando una expresión obscura, que debe interpretarse en el sentido de que prevé el caso de incapaces que no se hallan faltos de inteligencia, dispone que si la incapacidad no fuere absoluta, el depositario incapaz será responsable del pago de daños y perjuicios, si hubiere procedido con dolo o mala fe.

ARTÍCULO 2522.

El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito, según la reciba ya devolverla cuando el depositario (sic) se lo pida, aunque al constituirse el depósito se hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado. En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia.

El depositario está obligado a conservar la cosa; esta obligación se explica por el deber de custodia (véase a. 2516) que tiene aquel en función de su obligación de restitución. El deber de custodia se establece en interés exclusivo del depositante y pctr ello el depositario debe hallarse en todo momento dispuesto a hacer la devolución de la cosa depositada. Si el depositario se niega a la devolución, o la retarda, incurre en mora; sin embargo, esta norma hay que interpretarla de acuerdo con los principios de la buena fe, permitiendo al depositario disponer del tiempo necesario para hacer la entrega atendiendo a las circunstancias particulares del caso. El depositario responde de los daños y menoscabos que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia. Estará, por tanto, excento de responsabilidad, si demuestra que el daño se produjo por caso fortuito o fuerza mayor (véase a. 2111). Obsérvese cómo el término depósito se utiliza en este artículo en tres sentidos: el contrato, el acto del depósito y el objeto depositado. C.L.V.

Si después de constituido el depósito tiene conocimiento el depositario de que la cosa es robada y de quién es el verdadero dueño, debe dar aviso a éste o a la autoridad competente, con la reserva debida.

ARTÍCULO 2523.

Constituido el depósito nace el derecho del depositante para exigir la restitución de la cosa. El depositario debe devolver la cosa depositada al vencimiento del contrato al depositante aunque el propietario de objeto sea otra persona. Se [1781

ARTS. 2523, 2524 y 2525

2. PARTE. TIT. VIII/CAP. I

presenta una excepción cuando el depositario adquiere la certeza de que la cosa depositada es robada y conoce quién es su verdadero dueño; entonces debe abstenerse de entregarla al que constituyó el depósito y dará aviso del hecho al dueño o a la autoridad competente, guardando, al efecto, todo el sigilo posible. Si dentro de los ocho días siguientes al aviso no se le manda retener judicialmente, puede devolverla al que la depositó sin que incurra en responsabilidad civil (véase a. 2524). Las razones justificativas de este artículo son evidentes, motivos de interés público exigen la conducta que en él se requiere del depositario. C.L.V.

Si dentro de ocho días no se le manda judicialmente retener o entregar la cosa, puede devolverla al que la depositó, sin que por ello quede sujeto a responsabilidad alguna.

ARTÍCULO 2524.

La disposición contenida en este artículo tiene una doble finalidad: 1. Se requiere orden judicial para que el depositario pueda retener o entregar la cosa a persona distinta del depositante, porque de lo contrario, bajo cualquier pretexto faltaría a su deber de restitución. 2. Se establece un término máximo de ocho días contados a partir del aviso a que se refiere el artículo anterior para que si a su vencimiento no ha recibido orden judicial de retención, la entregue a quien constituyó el depósito a fin de no mantener a su cargo obligaciones provenientes de un hecho que puede ser ilícito. C.L.V. ARTÍCULO 2525. Siendo

varios los que den una sola cosa o cantidad en depósito, no podrá el depositario entregarla sino con previo consentimiento de la mayoría de los depositantes, computado por cantidades y no por personas, a no ser que al constituirse el depósito se haya convenido que la entrega se haga a cualquiera de los depositantes.

La disposición de este artículo es una cláusula natural, rige para el caso de que las partes no convengan otra cosa al respecto. Siendo varios los depositantes, dispone la ley, que el depositario cumpla con su deber de restitución entregando la cosa a aquel o a aquellos que designe la mayoría computada por cantidades y no por personas. Esto se explica porque la porción de cada depositante en el bien depositado, representa la medida de su interés, y justo es que la participación en él sirva para determinar lo que debe hacerse. Se exige mayoría por no tratarse sino de decidir una mera cuestión que puede calificarse de acto de administración. 11791

ARTS. 2525, 2528, 2527 y 2528

LIBRO CUARTO

Si se hubiere pactado solidaridad activa, esto es, que la entrega se haga a cualquiera de los depositantes, el depositario cumplirá con hacer la restitución al que se la pida; pues aunque la entrega fue colectiva, el convenio con la estipulación mencionada, lo autoriza para librarse entregando la cosa a cualquiera de los depositantes, al mismo tiempo que faculta a cada uno de éstos para exigirla. C.L.V.

El depositario entregará a cada depositante una parte de la cosa, si al constituirse el depósito se señaló la que a cada uno correspondía.

ARTÍCULO 2526.

En este caso, en realidad existen tantos depósitos como son los depositantes, por consiguiente, el depositario se libera entregando a cada depositante, la parte que le corresponde de la cosa. C.L.V.

Si no hubiere lugar designado para la entrega del depósito, la devolución se hará en el lugar donde se halla la cosa depositada. Los gastos de entrega serán de cuenta del depositante.

ARTÍCULO 2527.

Respecto al lugar en que debe hacerse la restitución se pueden distinguir dos situaciones: o en el contrato se designó el lugar para la devolución, o no hubo tal designación. Si ocurrió lo primero habrá que estar a lo pactado, así lo exige el principio de que la voluntad de las partes es ley constitutiva de la relación jurídica. Si no se designó lugar para la devolución, ésta se hará en el lugar donde se halle la cosa depositada, sin importar que ese lugar sea distinto de aquel en que se hizo el depósito. Los gastos que ocasione la entrega serán a cargo del depositante, porque el contrato se celebró en su primordial interés; y porque obligándose el depositario a la custodia y restitución de la cosa, sería injusto obligarlo al abono de los gastos que ellas impliquen. C.L.V.

El depositario no está obligado a entregar la cosa cuando judicialmente se haya mandado retener o embargar.

ARTÍCULO 2528.

Este artículo es una excepción a la regla establecida en el a. 2522 que ordena al depositario devolver la cosa cuando se la pida el depositante. Si judicialmente se ha mandado retener o embargar la cosa, el depositario no está obligado a cumplir con su deber de entrega, y si se niega a restituir, no incurre en responsabilidad. Por el contrario, si el depositario devuelve la cosa desobedeciendo el mandato judicial, incurre en responsabilidad. C.L.V. [180]

2a. PARTE. T1T.

1

ARTS. 2329, 2530, 2531 y 2532

El depositario puede, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido.

ARTÍCULO 2529.

Si se convino un plazo, el depositario está obligado a asumir la guarda hasta su vencimiento: no puede, a diferencia de lo que ocurre con el depositante (véase a. 2522), poner fin al depósito cuando lo desee. No obstante, podrá devolver la cosa antes del vencimiento del plazo pactado si prueba que existe justa causa para ello. La doctrina ha entendido por justa causa, el grave peligro de que la cosa se pierda, si continúa en poder del depositario, y la imposibilidad de desplegar una actividad de vigilancia, p.c., por falta de salud. Lo cierto es que esta es una cuestión de hecho que queda reservada a la apreciación del juzgador, quien no deberá perder de vista que la facultad concedida en este artículo es excepcional, y por lo mismo, debe interpretarse restrictivamente. C.L.V.

Cuando el depositario descubra o pruebe que es suya la cosa depositada, y el depositante insista en sostener sus derechos, debe ocurrir al juez pidiéndole orden para retenerla o para depositarla judicialmente.

ARTÍCULO 2530.

Si durante el depósito, el depositario descubre o prueba que la cosa depositada es de su propiedad, y a pesar de manifestarlo al depositante, éste insiste en sostener sus derechos, el depositario para librarse de su obligación de restituir debe demostrar judicialmente su pretendido derecho de dominio, solicitando previamente la retención o depósito de la cosa, entre tanto ejercita su derecho. (MateosAlareón,Manuel. Código civil del distrito federal concordado y anotado, México, Libreria de la Vda. de Ch. Bouret, 1906, t. HL p. 58).

C.L.V.

Cuando no se ha estipulado tiempo, el depositario puede devolver el depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente anticipación, si se necesita preparar algo para la guarda de la cosa.

ARTÍCULO 2531.

Si no se hubiese señalado plazo para la devolución, el depositario tiene libertad para restituir cuando quiera, siempre que avise con prudente anticipación al depositante, si éste necesita hacer preparativos para la guarda, p.c., preparar bodegas, recipientes, etc., pues es de suponerse que el depositario obra de buena fe, y sin interés de perjudicar al depositante. C.L.V. ARTÍCULO 2532.

El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. 11811

MITS. 2532, 2533

y

2534

LIBRO CUARTO

La disposición contenida en este artículo se justifica por la circunstancia de ser el acto de custodia, un acto ejecutado en provecho del depositante. El depositante debe reembolsar al depositario todos los gastos que éste haya hecho en la conservación de 1a cosa. El código dice "todos". ¿Todos los gastos deben ser reembolsados? Sólo los necesarios y útiles, estos últimos en razón de ser el depositario un poseedor de buena fe; en cuanto a los de lujo, ellos no son abonables (véase a. 815). El depositante debe indemnizar al depositario por los perjuicios que le haya causado el depósito. Deben comprenderse no sólo los ocasionados por los vicios de la cosa depositada (incluso los que ignorara el depositante), sino los que sobrevengan con motivo del depósito. Estos perjuicios deben haberse producido sin culpa del depositario. C.L.V.

El depositario no puede retener la cosa, aun cuando al pedírsela no haya recibido el importe de las expensas a que se refiere el artículo anterior; pero sí podrá, en este caso, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito.

ARTÍCULO 2533.

El depósito es un contrato que supone la mutua confianza, la buena fe. El depositante celebra el contrato con la confianza de que el depositario recibirá la cosa para conservarla y devolverla cuando se le pida. Es, además, un contrato en que no existe interdependencia en las obligaciones de ambas partes. Estas dos notas características, explican que se niegue al depositario el derecho de retener la cosa depositada, para garantizar el pago de un crédito a su favor ya cargo del depositante, sea derivado del depósito, sea de otra fuente. Sin embargo, por razones de justicia, se dispone que, si se trata del importe de gastos de conservación o de indemnización por los perjuicios que le haya causado el depósito, el depositario podrá, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito. En el derecho romano justinianeo, el depositario, requerido por el depositante para que devuelva el bien depositado, no podía negarse a devolverlo alegando un derecho personal o real que tuviera contra el depositante. (Véase Arias Ramos J. y Arias Bonet J. A. Derecho romano,15a. ed., Madrid, Revista de Derecho Privado, s/f, t. 11, obligaciones, familia y sucesiones, p. 598). 1.0.0. y C.L.V. ARTÍCULO 2534. Tampoco puede retener la cosa como prenda que

garantice otro crédito que tenga contra el depositante.

El contenido de este artículo tiene una explicación semejante al anterior. El depósito es un acto de confianza que obliga al depositario a no defraudar la fe que puso en él el depositante al entragarle una cosa para su guarda y custodia. 11821

2». PARTE. TIT. VIIIJ CAP. 1

ARTS. 2534 y 2535

En la hipótesis de este artículo el depositario no puede aunque el pago no se le asegure, pedir judicialmente la retención del depósito. C. L. y.

Los dueños de establecimientos en donde se reciben huéspedes, son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados, por las personas que allí se alojen; a menos que prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a los que los visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos. La responsabilidad de que habla este artículo, no excederá de la suma de doscientos cincuenta pesos, cuando no se pueda imputar culpa al hostelero o a su personal

ARTICULO 2535.

Los dueños de establecimientos en que se reciben huéspedes son considerados por la ley como depositarios, en lo que concierne a los efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados, por las personas que allí se alojen. Se trata, por así decirlo, de un depósito tácito, consecuencia del contrato de hospedaje; surge por el sólo hecho de la introducción (por el huesped) de los objetos al establecimiento, con el consentimiento del hostelero o de sus empleados autorizados; no hay una entrega in personara. El hostelero es responsable del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos, por hecho propio, y también por hecho ajeno: el de sus empleados autorizados, por aplicación de la regla contenida en el a. 1924. Esta responsabilidad se encuentra limitada a la ínfima cantidad de doscientos cincuenta pesos; pero puede incluso quedar exento de ella, si prueba que la destrucción, deterioro o pérdida, se debió a culpa del cliente, de sus acompañantes, de sus servidores o de los que lo visiten o que proviene de caso fortuito de vicios de las mismas cosas. La víctima puede obtener una reparación integral si prueba la culpa a cargo del hostelero o de su personal. La palabra "efectos" equivale a la palabra res (cosas), por lo tanto, debe interpretarse en un sentido muy amplio, a saber: vestidos, automóviles, etc. La responsabilidad a que se refiere este artículo es a efectos (cosas) que no sean de precio notoriamente elevado, pues si así lo fueren, rige respecto a ello lo dispuesto en el a. 2536. Hay que hacer notar que el depósito por introducción de efectos en el establecimiento de hospedaje, en rigor, no es contrato de depósito. La vigilancia de los efectos del cliente por el hostelero es en realidad una obligación accesoria del contrato de hospedaje. C.L.V. 11831

2a. PARTE. T1T. V111/ CAP. 11

ART. 2539

CAPITULO II Del secuestro ARTÍCULO 2539. El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta que se decida a quién debe entregarse. la ley distingue el depósito en el sentido propio del término, y el secuestro. Este supone necesariamente un litigio sobre una cosa que se entrega a un tercero para que la guarde durante la substanciación de un proceso, hasta que se resuelva a quién ha de entregarse. Ambos, depósito y secuestro, tienen la característica de que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla; difieren, principalmente, por su ámbito, naturaleza y finalidad. Por el ámbito. el secuestro no recae sino sobre cosas litigiosas, es decir, que originan un litigio o una vía de ejecución; el depósito, en cambio, recae sobre cosas no litigiosas. Por su naturaleza, el secuestro es convencional o judicial; el depósito, siempre es convencional. Por su finalidad, en el depósito la custodia y conservación es el fin principal; el secuestro tiene por objeto asegurar y sustraer la cosa del poder de su poseedor actual; tales son los motivos que lo determinan para garantizar las resultas de un litigio o la efectividad de un derecho (Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, 3a. ed., Madrid, Reus, 1920, t. IX, p. 665). El título noveno de la Partida 3a. al referirse al secuestro dice: Muchas vegadas acontece, que despues que los demandadores han fecho emplazar a los demandados, ante que les lagar] sus demandas, pidan a los Judgadores, que aquellas cosas que quieren demandar, sean puestas en manos de ames fieles, porque sospechan contra aquellos que las tienen, que las malmeteran, o que las eneubriran o las traspornan, de guisa que non prescan. E los otros a quien quieren fazer las demandas, dizen que non deuen fazer, e contienden las partes mucho a menudo sobre esta razon. Onde Nos, por sabor que auemos de destajar las contiendas, que podrían ende nascer, queremos mostrar en este titulo, por quales razones deuer ser puesta la cosa, sobre que contienden, en mano de fiel. E quales deuen ser los fieles que la han de tener. Efasta quanto tiempo deuen tener las cosas, que les dieren en fieldad. Hay que señalar que la palabra depósito, no tiene en este artículo la acepción de "contrato", sino que significa el acto mismo de poner algo en manos de alguien, noción que no necesariamente implica un contrato (véase a. 2544), aunque se le dé el tratamiento de tal. 1.G.G. y C.L.V. [1851

ARTS. 2540, 254I y 2542

LIBRO CUATRO

ARTÍCULO 2540. El secuestro es convencional o judicial. El código distingue entre secuestro judicial y convencional. El primero es ordenado por un juez (véase a. 2544); el segundo, es libremente convenido por las partes (véase a. 2541). Este tiene las caractéristicas del contrato de depósito, aunque se sujeta a un régimen especial; aquél aunque tratado como contrato, no tiene en verdad ese carácter. C.L.V. ARTÍCULO 2541. El secuestro convencional se verifica cuando los

litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, concluido el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella. El secuestro convencional es un contrato que se caracteriza por la presencia de una controversia y por el interés de todas las partes en poner las cosas en manos neutrales para que sean restituidas, una vez aclarado el derecho,a quien corresponda. Cumple, por tanto, con una función "cautelar" (Domenico Barbero, Sistema del derecho privado, trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1967, t. IV, p. 290). Se identifica, en gran medida con el depósito, tanto que el CC español lo regula precisamente como depósito. Sin embargo tiene, entre otras, las siguientes diferencias: a) Recae siempre sobre cosa litigiosa; b) Supone la voluntad de todos aquellos que pretenden tener derechos sobre esa cosa; c) La persona a quien debe hacerse la restitución no está determinada a discreción de los contendientes, sino que resultará del reconocimiento del derecho sobre la cosa; d) La restitución sólo puede ser exigida después de la terminación del litigio, por quien haya triunfado en la causa; y e) El encargado de la guarda de la cosa sólo puede librarse cuando termine la controversia que motivó el secuestro, excepto cuando las partes consintieran en liberarlo antes, o cuando el juez lo ordene, por una causa que declare legítima. C.L.V. ARTICULO 2542. El encargado del secuestro convencional no

puede libertarse de él antes de la terminación del pleito, sino consintiendo en ello todas las partes interesadas, o por una causa que el juez declare legítima. En principio la terminación del secuestro se determina por la conclusión de la controversia, El secuestro convencional obliga al secuestrario a guardar la [11361

2a. PARTE. TIT. VIII/CAP. II

ARTS. 2542, 2543 y 25.44

cosa litigiosa, para entregarla, al concluir el pleito, a aquél que conforme a la sentencia tenga derecho a ella (véase a. 2541). De aquí se sigue, que el secuestrario no puede liberarse de su encargo, sino hasta que llegue a su término el litigio que motivó el secuestro. Sin embargo, si todas las partes interesadas están de acuerdo o hay justa causa para ello, a juicio del juez, el secuestrario puede ser liberado. Las partes litigantes pueden si manifiestan su voluntad conjunta, poner fin al secuestro, pues constituido en su interés, pueden libremente extinguirlo. Igualmente puede extinguirse anticipadamente el secuestro convencional, si a petición del secuestrario el juez lo libera, p.e., por enfermedad sobrevenida o necesidad de un viaje que le impida cumplir con sus obligaciones de custodia. En todo caso, la determinación de qué ha de entenderse por causa legítima corresponde a la apreciación del juez. C.L.V.

Fuera de las excepciones acabadas de mencionar, rigen para el secuestro convencional las mismas disposiciones que para el depósito.

ARTÍCULO 2543.

El secuestro convencional tiene caracteres semejantei a los del depósito; tan es así que el CC español, lo regula conforme a las reglas del depósito voluntario. Nuestro código, inspirado, en parte, por la doctrina francesa, regula al secuestro convencional como figura aparte del depósito, sin embargo, le reconoce similitud con este contrato, desde el momento en que manda se le apliquen supletoriamente las normas del depósito. C.L.V.

Secuestro judicial es el que se constituye por decreto del juez.

ARTÍCULO 2544.

El secuestro judicial es un acto de autoridad, un acto procesal, es el depósito ordenado por el juez con motivo de un litigio, para asegurar ciertos bienes. Es una medida cautelar. La doctrina más aceptada niega al secuestro judicial toda naturaleza contractual, porque en él no hay, en el sentido estricto de la palabra, un contrato; cuando el juez ordena el secuestro, no contrata con el depositario, sino que manda asegurar ciertos bienes, con motivo de un litigio. C.L.V. 11871

ART. 2545

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2545. El

secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y, en su defecto, por las mismas del secuestro convencional.

El secuestro judicial es en su constitución un acto procesal que como tal, se rige por el CPC (véanse aa. 546 a 563), sólo en forma supletoria por el CC. El secuestro de créditos consiste en notificar al deudor que retenga el pago de su deuda quedando a disposición del juez, con apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia, y al acreedor que no disponga de ese crédito. Se nombrará depositario si se asegura el título de crédito secuestrado (a. 547 CPC). La diligencia del secuestra puede recaer sobre créditos litigiosos (a. 548 CPC). Si se trata de bienes muebles se nombrará depositario de ellos, quien tendrá el carácter de simple custodio (a. 549 CPC). El CPC distingue respecto de la naturaleza de los bienes secuestrados, en los aa. 549, 551, 553 v 555, si el secuestro ha recaído sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas, ni créditos, el depositario tiene el carácter de un simple custodio; si los bienes secuestrados consisten en cosas fungibles, el depositario tiene la obligación de averiguar su precio para buscar la oportunidad de su venta en condiciones favorables. Si se trata de fincas urbanas o sus rentas, el depositario reúne asimismo las facultades de un administrador. Por último, si el secuestro ha sido de finca rústica o negociación mercantil o industrial, debe asumir el carácter de interventor con cargo a la caja con el objeto de vigilar la contabilidad. Joaquín Escriche (Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, segunda reimpresión de la edición de la SEP. Ensenada, California, Editora e impresora Norbaja, 1974, p. 1450) dice: Secuestro. El depósito que se hace de una cosa litigiosa en un tercero, hasta que se decida a quién pertenece. Puede observarse que este autor atribuye la misma connotación a las voces "depósito" y "secuestro", de allí que el secuestro es el aseguramiento de la cosa litigiosa por medio del hecho material del depósito, si se trata de bienes corpóreos el aseguramiento puede consistir en diversos actos, tales como la notificación al deudor de un crédito, la intervención de una negociación mercantil, la inscripción del aseguramiento en el RPP, etc., que se rigen por las disposiciones del CPC, por las normas del RPP; las normas de la administración de una empresa mercantil y en su caso por las aplicables supletoriamente al secuestro convencional.

fi 881

ART. 2346

2a. PARTE. TIT. IX/CAP. I

TITULO NOVENO Del mandato CAPITULO I Disposiciones generales A RTíCULO 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. El objeto directo del contrato de mandato es producir obligaciones de hacer a cargo del mandatario y éstas consisten en la ejecución de actos jurídicos por cuenta del mandante. I,a definición que contiene el artículo en comentario, permite establecer una distinción bien clara entre mandato, poder y representación, lo cual no era posible conforme a la definición que encontramos en el a. 2342 de CC de 1884 influido por la disposición correspondiente en el código de Napoleón (a. 2546), al disponer: "Mandato o procuración es un acto por el cual una persona da a otra la facultad de hacer en su nombre alguna cosa". En los códigos anteriores el mandato era un acto siempre representativo. Conforme al CC en vigor, el mandato puede no ser representativo, es siempre un contrato y faculta al mandatario para realizar actos jurídicos por encargo del mandante. Así pues mientras el mandato es un contrato, el poder es una declaración unilateral de voluntad, autónoma, porque puede existir en forma independiente, por la que el apoderado queda investido por el poderdante para realizar "alguna cosa" (un acto, un hecho) en nombre de éste. De manera que el apoderamiento y la representación no siempre irán juntos, puede presentarse aquél sin la concurrencia de éste como acaece en el mandato no representativo. Por ello el mandato admite la posibilidad jurídica de que el mandatario actúe por cuenta del mandatario pero en nombre propio, es decir, frente a terceros aunque en la ejecución no interviene como apoderado; no obstante, frente al dueño del negocio actúa y responde como mandatario. ( Vid Barrera Graf, Jorge.La representación voluntaria en el derecho privado, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, 1967; Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, Representación poder y mandato, México, Porrúa, 1964). I.G.G. [189]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2547 y 2548

ARTÍCULO 2547. El contrato de mandato se reputa perfecto por la

aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los tres días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. El acuerdo de voluntades se concreta cuando el mandatario acepta la proposición del mandante. La aceptación puede ser expresa, de palabra, por escrito o por signos inequívocos, y tácita cuando el mandatario ejecuta los actos que le encomiende el mandante. Se reputa perfecto el mandato en el momento de la aceptación, pero deberán cubrirse las formalidades exigidas en cada tipo de mandato para su validez. En opinión de Miguel Angel Zamora, este artículo confunde los contratos de mandato con el de prestación de servicios profesionales ya que requiere que la persona a quien va dirigida la comunicación ofrezca al público el ejercicio de su profesión, por lo que debiera estar situado en el capítulo que regula la prestación de servicios profesionales. Para que esta disposición sea operante, opina Zamora Valencia, se requiere que el posible cliente formule una clara y completa policitación del contrato de prestación de servicios profesionales, señalando con toda precisión el servicio que pretenda recibir y se requiere además, que le proporcionen al profesional los medios necesarios para que pueda actuar. (Vid. Zamora Valencia, Miguel Angel, Contratos civiles, México, Porrúa, 1981, pp. 182 y 190). I.B.S.

ARTÍCULO 2548. Pueden ser objeto del mandato todos los actos

lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. El objeto del mandato es la realización de los actos jurídicos por cuenta del mandante. Se distingue del contrato de prestación de servicios profesionales en que el objeto de este último radica en la realización de actos o hechos materiales o intelectuales. El contrato del mandato recae exclusivamente sobre actos jurídicos, posibles, lícitos y de tal naturaleza que puedan ejecutarse por el mandatario, por lo tanto, el mandato no puede recaer sobre actos jurídicos que [190.1

ARTS. 2548, 2549, 2550 y 2551

20. PARTE. T1T. IX !CAP. 1

conforme a la ley sean personalísimos p.c. hacer testamento, tramitar divorcio voluntario y otros semejantes. Para otorgar el mandato se requiere en el mandante capacidad para contratar y legitimación para llevar al cabo los actos jurídicos materia del mandato; para ser mandatario se necesita capacidad para contratar. Sin embargo, se requerirá legitimación para ejecutar el acto jurídico a que se refiere el mandato, en el caso de que se trate de un poder sin representación. I.B.S. ARTÍCULO 2549. Solamente

será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente.

El mandato es en principio un contrato oneroso. La ley así lo reputa al imponer provechos y gravámenes recíprocos consistentes respecto al mandatario en ejecutar la misión que se le encargue y la obligación para el mandante, de cubrir honorarios o una retribución al mandatario. Para que este contrato sea gratuito es necesario pacto expreso, al no ser la retribución un elemento esencial, no se incluye en la definición del a. 2546. El importe de la remuneración será pactado; si ésta no se hubiere convenido habrá de acudirse a los usos del lugar (a. 1769 y 2517 por analogía), y en defecto de ellos deberá recurrirse a juicio de peritos. I.B.S ARTÍCULO 2550,

El mandato puede ser escrito o verbal.

Los aa. 2551, 2552, 2555 y 2556 determinan los casos en que el mandato puede ser verbal y cuándo debe otorgarse por escrito. (Ver comentario al a. 2556). I.B.S, ARTICULO 2551. El

mandato escrito puede otorgarse: I.—En escritura pública; II.—En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos; [1911

ARTS. 2551, 2552 y 2653

LIBRO CUARTO

III.--En carta poder sin ratificación de firmas. Puesto que el mandato, conforme al a. 2550 puede ser escrito o verbal, el precepto que se comenta se refiere al otorgamiento del mandato escrito (en documento público o en escrito privado) y después de mencionar en la fr. I al mandato otorgado en escritura pública sé refiere al que consta en escrito privado distinguiendo: a) el que se otorga en simple escrito privado y b) el que consta en carta poder. El primero requiere la ratificación de firmas ante fedatario público, juez o funcionario administrativo, cuando se otorgue para asuntos administrativos. Puede otorgarse una carta poder sin ratificación de firmas, cuando el interés del negocio no exceda de cinco mil pesos (aa. 2555 y 2556). I.B.S.

El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, hayan o no intervenido testigos. Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para que se dio.

ARTÍCULO 2552.

El a. 2556 establece que sólo puede ser verbal el mandato judicial cuando el interés del negocio no exceda de doscientos pesos. La SCJN ha emitido la siguiente jurisprudencia: Mandato requisitos del. Cuando el interés del negocio sea Mayor de doscientos pesos y no llegue a cinco mil, bastará una carta poder, o sea un escrito privado, firmado ante dos testigos, sin que sea necesario para su validez ni la previa ni la posterior, ratificación de firmas, y si el valor del negocio no llega a doscientos pesos, basta que el poder se otorgue verbalmente en autos, sin necesidad de testigos ni ratificación de ninguna clase. SJF 1917-198j, cuarta parte, Tercera Sala, p. 542. 1.B.S.

El mandato puede ser general o especial. Son generales los contenidos en los tres primeros párrafos del artículo 2554. Cualquiera otro mandato tendrá el carácter de especial.

ARTICULO 2553.

fi921

ARTS. 2553 y 2554

21«. PARTE. T1T. IX/CAP. I

El mandato puede ser general o especial. El CC reglamenta como generales los que se dan para atender un número indeterminado de asuntos, sea para pleitos y cobranzas, para administración o para actos de dominio; y especiales, aquellos que se otorgan para la atención de uno o varios asuntos específicamente determinados, ya sea para pleitos o cobranzas, para actos de administración o aun de dominio. En este último caso el mandato será especial. En la práctica pueden combinarse las ventajas del mandato especial con las del mandato general de modo que las facultades conferidas al mandatario no sean insuficientes pero tampoco excedan peligrosamente la medida exigida por la finalidad del mandato. En ese propósito se puede conferir un mandato general limitándolo a un bien o a un negocio determinado. (Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, 1982, 6a. ed., Porrúa, p. 255). Aunque se trate de un mandato general, cuando alguna ley requiere de una cláusula especial para ejercer una determinada facultad, es necesaria la cláusula expresa como acontece con la facultad para desistirse en el juicio de amparo. (a. 14 de la LA o con la facultad para otorgar títulos de crédito. a. 9 de la LTOC). Cuando el mandato se otorga para realizar actos de derecho de familia p.e. contraer matrimonio, reconocer un hijo, adoptar y otros, ese mandato debe ser especial y otorgarse siempre en escritura pública y ha de precisarse el acto concretamente para el que se refiere, de manera que el mandatario general no tiene facultades para llevar al cabo ninguno de esos actos. Por otra parte, el mandato en estos casos, se extingue al mismo tiempo que el mandatario realiza el acto jurídico que le encarga el mandante, Es pertinente por lo que se refiere a los mandatos (poderes) otorgados en el extranjero, tener presente el Protocolo sobre el régimen legal de los poderes de la séptima conferencia internacional americana que se celebró en Panamá y fue firmado en día 30 de enero de 1975. I.B.S. ARTÍCULO 2554. En todos los poderes generales para pleitos y

cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que- se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto í 193

Lamo CUARTO

ARTS. 2554 y 2555

en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. En el mandato general hay una gradación o jerarquía; el mandato general para actos de dominio, comprende el mandato para actos de administración y para pleitos y cobranzas, en tanto que el mandato general para actos de administración, sólo comprende el poder general para pleitos y cobranzas. Los autores que han estudiado el mandato sostienen opiniones diversas sobre la posibilidad de que el mandatario esté capacitado para realizar donaciones a nombre del mandante. Rojina Villegas opina que el mandato general para actos de dominio permite al mandatario hacer donaciones a nombre del mandante "supuesto que tiene todas las facultades de dueño, por lo que debe limitarse expresamente, esa facultad para impedir las donaciones" (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, L. VI, vol. II, 2a. ed., México, Antigua Librería Robredo, 1956, p. 243). En cambio, Sánchez Medal expresa que: Por dos razones el mandatario general para actos de dominio no puede hacer donaciones sin autorización expresa del mandante: a) Por analogía o por mayoría de razón ya que si el administrador general no puede conceder el uso gratuito de una cosa a través del comodato, sin permiso especial del comodante, tampoco el mandatario general para actos de dominio podrá donar sin permiso expreso especial del mandante; b) el mandato se confiere generalmente para la administración o conservación del patrimonio del mandante, no para la desintegración del mismo, salvo permiso especial, razón por la cual, el mandatario tiene facultades para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Por razones análogas no pueden los padres ni los tutores hacer donaciones de bienes de sus representados. (Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1984, 7a. ed., pp. 243 y 255). I.B.S. ARTÍCULO 2555. El mandato debe otorgarse en escritura pública o

en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes: [194]

ARTS. 2555 y 2556

2a. PARTE. TIT IX/CAP. 1

I.—Cuando sea general; II.—Cuando el interés del negocio para que se confiere llegue a cinco mil pesos o exceda de esa cantidad; 111.—Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público. Cuando los actos jurídicos encomendados al mandatario puedan comprometer de una manera importante el patrimonio del mandante como es el caso del mandato general, o cuando el interés del negocio exceda de $ 5,000.00 —cantidad verdaderamente baja en la actualidad— habrá de seguirse las formalidades señaladas en este precepto. También deben cubrirse esas formalidades cuando la ley expresamente Lo señala como en los casos del derecho de familia. (Ver comentarios a los aa. 2551 y 2553), I.B.S.

El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para que se confiere exceda de doscientos pesos y no llegue a cinco mil. Sólo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de doscientos pesos.

ARTÍCULO 2556.

El a. 2550 establece el principio de la libertad de forma que tiene el otorgante del mandato, al disponer que puede ser escrito o verbal y el precepto en comentario establece en qué caso (si la cuantía del negocio no excede de doscientos pesos) es válido del mandato otorgado verbalmente. Exige la forma de escrito privado si excediendo de esa suma, no llega a cinco mil pesos; en tanto que es preciso el otorgamiento del mandato en escritura pública si excede de tal cantidad. Por donde se ve que la regla general que establece el a. 2550 sólo surtiría en el caso de los negocios menores de doscientos pesos en los cuales las partes pueden optar por cualquiera de las formas que la ley establece para probar el consentimiento contractual. En los demás casos, el mandato es un contrato, debe otorgarse ya en escrito privado o en escritura pública (aa. 2550 y 2556): I.G.G. [1951

ARTS. 2557, 2558 y 2559

LIBRO CL/ARTO

La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden, anula el mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiese obrado en negocio propio.

ARTÍCULO 2557.

Cuando el mandato no se otorgue con las formalidades exigidas por la ley, se encuentra afectado de nulidad relativa, puesto que el a. 2231 de! CC establece: "La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley, se extingue por la confirmación de ese acto hecha en la forma omitida". Podríamos aplicar el a. 2552 que en el segundo párrafo establece: "Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para que se dio". De manera que el mandante puede ratificar los actos celebrados por quien no lo representó válidamente, y así convalida los actos llevados al cabo por éste. Las partes carecen de facultades para ejercitar !a acción proforma, puesto que el mandato es un acto por naturaleza revocable, y por lo tanto, no pueden exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley (a. 2232 del CC), salvo que se trate de mandatos irrevocables. I.B.S.

Si el mandante, el mandatario y el que haya tratado con éste, proceden de mala fe, ninguno de ellos tendrá derecho de hacer valer la falta de forma del mandato.

ARTÍCULO 2558.

No podrán ejercitar la acción ni oponer la excepción de nulidad, el mandante, mandatario o tercero que haya intervenido en el mandato o en los actos jurídicos procedentes de aquel, cuando hayan actuado de mala fe. La ley no protege a aquellos que aún conociendo la falta de formalidades celebraron actos jurídicos con la persona que se ostenta como mandatario sin serio. (Ver comentarios al a 2557). LBS.

En el caso del artículo 2557, podrá el mandante exigir del mandatario la devolución de las sumas que le haya entregado, y respecto de las cuales será considerado el último como simple depositario.

ARTÍCULO 2559.

11961

2a. PARTE.

ARTS 2559, 2560 y 2561

TT. ix/cAp. 1

En caso de nulidad del mandato por falta de formalidades, podrá el mandante, si ha procedido de buena fe, exigir del mandatario la devolución de las sumas que le haya entregado respecto de las cuales será considerado éste como depositario y como tal tendrá que devolverlas cuando lo requiera el mandante. LBS.

ARTÍCULO 2560. El mandatario, salvo convenio celebrado entre él

y el mandante, podrá desempeñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del mandante.

El mandato es la figura jurídica que permite la intervención de una persona (mandatario) por otra (mandante) en un acto jurídico. Si el mandato se otorga con representación, el mandante confiere facultades al mandatario para que éste obre en nombre y a la vez por cuenta del mandante, y por lo tanto, los actos que realice el mandatario producirán efectos inmediatamente en la persona del representado quien adquiere los derechos y las obligaciones que el representante hubiere adquirido o contraído en nombre de aquél. El mandato sin representación es aquel en que se pacta que el mandatario 'deberá obrar en nombre propio, pero por cuenta del mandante y, por lo tanto los efectos del contrato recaerán en forma indirecta en el patrimonio del mandante, en virtud de que el mandatario actúa en su propio nombre, pero por cuenta del mandante. En este caso, el mandante "no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas contra el mandante" (a. 2561 CC) I.B.S. ARTÍCULO 2561. Cuando

el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuere personal suyo. Exceptúase el caso en que se trate de cosas propias del mandante. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario.

Los efectos de las relaciones que se establezcan entre el mandante, mandatario y terceros, dependen de la especie de mandato celebrado (con o sin representa[197]

LIBRO CUARTO

AHTS. 2561. 2562 y 2563

ción) pero además se establecen relaciones entre el mandatario y el mandante (ver comentario al a. 2560). En el mandato sin representación a que se refiere este precepto cabe observar: a) que existe una relación jurídica de mandato propiamente dicho entre mandante y mandatario; b) que esta relación permanece oculta para el tercero con quien contrata el mandatario; e) que por el contrato celebrado entre el mandatario y los terceros, aquél adquiere frente a éstos, en nombre propio los derechos y obligaciones derivados de ese contrato y d) que el mandatario, está obligado a rendir cuentas al mandante y a transmitirle todos los derechos y obligaciones que adquirió en ejecución del mandato. I.G.G. e I.13.S.

CAPITULO II De las obligaciones del mandatario con respecto al mandante ARTÍCULO 2562. El mandatario, en el desempeño de su encargo, se

sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. El mandato es un contrato, un acuerdo de voluntades del que surgen obligaciones que tienen por objeto la ejecución de ciertos actos jurídicos que debe realizar el mandatario de acuerdo con las instrucciones del mandante. El mandato cualquiera que sea su especie, impone al mandatario entre otras obligaciones primordiales: a) sujetarse en la ejecución del mismo, a las instrucciones del mandante; y b) rendir cuentas de su gestión al mandante de la ejecución de los actos que éste le ha encargado, cuando lo pida el mandante o al concluir el mandato (aa. 2562, 2566, 2569 y 2570). I.G.G. e I.B.S.

ARTÍCULO 2563. En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. [198]

2a. PARTE. TIT. IX/CAP. II

ARTS. 2563, 2564 y 2565

Si durante el mandato hubiere un acontecimiento imprevisto, o las instrucciones dadas por el mandante resultasen insuficientes, o no hubiese tales instrucciones, el mandatario está obligado a consultar al mandante, cuando lo permita la naturaleza del negocio; si no fuere posible la consulta, debe actuar prudentemente como si se tratara de un negocio propio. En la interpretación acerca del alcance de las facultades conferidas al mandatario hay que proceder con un criterio restrictivo, principalmente cuando se trata de un mandato especial ya que las normas para determinar la extensión del mandato general se encuentran señaladas en la misma ley a. 2554 y se derivan del concepto general de acto de administración y acto de dominio (Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, 7a, ed.. México, Porrúa, 1984, p. 263). I.B.S.

ARTÍCULO 2564. Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del

mandatario, perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento del mandato, comunicándolo así al mandante por el medio más rápido posible. Será el criterio del mandatario el que determine si un accidente imprevisto puede convertir en perjudiciales las instrucciones recibidas del mandante. Si es éste el caso, nuevamente el criterio del mandatario determinará si procede o no la suspensión del cumplimiento de] mandato. Para ello, debe tomarse en cuenta que "en ningún caso el mandatario podrá proceder contra disposición expresa del mandato" (a. 2565 CC). Al presentarse el accidente imprevisto, el mandatario debe comunicar al mandante el accidente y sus posibles consecuencias por el medio más rápido posible. Si esto es imposible, igual que como lo prescribe el a, 2563, el mandatario deberá obrar según le dicte su prudencia, cuidando los negocios como si fueran propios. LBS.

En las operaciones hechas por el mandatario, con violación o con exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del mandante, de daños y perjuicios, quedará a opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo del mandatario.

ARTÍCULO 2565.

Si el mandatario realiza operaciones fuera de las instrucciones recibidas, actúa fuera del mandato y corresponde al mandante la opción de ratificar esas opera11991

ARTS, 2565, 2566 y 2567

LIBRO CUARTO

ciones o dejar al mandatario que se responsabilice de ellas. Los actos realizados por los mandatarios producen efectos respecto a los terceros de buena fe, de manera que si el mandante los ratifica quedará obligado frente a ellos, si no ratifica, será responsable el mandatario. Además el mandatario es responsable frente al mandante por los daños y perjuicios que les cause por la ejecución de operaciones no encomendadas. Cabría preguntarse si también la no realización de las instrucciones recibidas responsabiliza al mandatario. Pensamos que si, puesto que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga a. 2546 del CC; y "el que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo, será responsable de daños y perjuicios causados" (a. 2104 CC). I.B.S.

El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante, de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo debe dársela sin demora de la ejecución de dicho encargo.

ARTÍCULO 2566.

A contrario de lo establecido en el a. 2564 en la aplicación de este precepto no se toma en cuenta "el juicio del mandatario" ni su criterio para decidir si suspende o no el cumplimiento del mandato. Todos los hechos o circunstancias que puedan modificar o revocar el encargo deberán ser notificados inmediatamente al mandante. En tanto no pueda realizarse esa comunicación el mandatario obrará con prudencia, cuidando del negocio como propio, por aplicación extensiva del a. 2563. I.B.S.

ARTÍCULO 2567. El

mandatario no puede compensar los perjuicios que cause con los provechos que por otro motivo haya procurado al mandante.

El precepto prohibe la compensación de la obligación de indemnizar al mandante impuesta al mandatario, con los provechos que hubiere obtenido el mandante por el desempeño del mandato. La razón de esta prohibición es clara y no procede la compensación porque los provechos obtenidos por el poderdante, no originan un derecho de crédito en 12001

2a. PARTE. TIT. 1X/CAP. II

ARTS. 2567, 2568 y 2569

favor del mandatario, sino que son la causa o motivo determinante del contrato de mandato. Frente a esa situación, no se presentan tos presupuestos de la compensación, porque no existen dos deudas recíprocas, ni las partes (mandante y mandatario) reúnen entre si la calidad de deudores y acreedores recíprocos, como lo dispone el a. 2185. El único deudor es el mandatario, que se obliga a responder de los daños y perjuicios causados a su mandante por culpa o negligencia en la ejecución del mandato. I.G.G. e I.B.S.

El mandatario que se exceda de sus facultades, es responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante y al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que aquél traspasaba los límites del mandato.

ARTÍCULO 2568.

El incumplimiento del a. 2565 genera, para el mandatario, la responsabilidad por los daños y perjuicios causados al mandante. Corresponde a éste último probar el daño o perjuicio y la existencia de la obligación que el mandatario ha incumplido. Si el tercero con quien contrató el mandatario ignoraba las instrucciones del mandante, porque no constaban en el mandato o no había forma de conocerlas, también tiene derecho a la reparación del daño v al pago de perjuicios. En cambio si el tercero actuó de mala fe, es decir, si conocía o debía conocer que la conducta del mandatario era contraria a las instrucciones del mandante, no tendrá derecho a reparación alguna. I.B.S.

El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato.

ARTÍCULO 2569,

Si el objeto del mandato es la ejecución de actos jurídicos por cuenta del mandante, éste tiene derecho a estar informado del desarrollo de las gestiones, para verificarlas puede pedir informes al mandatario en el tiempo y forma convenidos y si no se hubiere pactado nada al respecto, en cualquier momento o bien al fin del contrato. 1.2011

LIBRO CUARTO

ART.,. 2569, 2570, 2571 y 2572

Corresponde al mandatario rendir cuentas de las operaciones realizadas y de las sumas que hubiere recibido así como de las utilidades o pérdidas que los negocios produzcan. El a. 520 del CPC establece que el mandatario debe ministrar al mandante con toda oportunidad, una relación de entradas y salidas con los recibos y comprobantes respectivos. LBS.

El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder.

ARTÍCULO 2570,

El mandatario debe entregar al mandante todas las ganancias que se hayan obtenido, aun las no previstas, y también las 'sumas que le hubieren entregado para ejecución del mandato. Esta obligación se explica en razón de que el mandatario es sólo un intermediario que obra por cuenta ajena, el negocio pertenece al mandante quien asume todas las consecuencias de los actos celebrados por el apoderado instituido. 1.B.S.

ARTÍCULO 2571. Lo dispuesto en el artículo anterior, se observará aun cuando lo que el mandatario recibió no fuere debido al mandante. El mandatario tiene obligación de entregar al mandante lo que reciba en ejercicio del poder (a. 2570 del CC). Si lo recibido por el mandatario no fuere debido al mandante, estariamos frente a un caso de enriquecimiento ilegítimo (ver comentario en el capítulo respectivo) y el mandante en cuyo nombre contrata el mandatario, estará obligado a restituir lo que no tenía derecho a exigir y ha recibido a través del mandatario (véase a. 1883). 1.B.S.

El mandatario debe pagar los intereses de las sumas que pertenezcan al maddante y que haya distraído de su objeto e invertido en provecho propio, desde la fecha de inversión; así como los de las cantidades en que resulte alcanzado, desde la fecha en que se constituyó en mora.

ARTÍCULO 2572.

[

202]

ARTS. 2572, 2573 y 2574

2. PARTE. TIT. IX/CAP. U

Las cantidades que recibe el mandatario en el ejercicio de su gestión pertenecen al mandante y están destinadas a los negocios de éste, de manera que si el mandatario las destina a negocios propios deberá pagar al mandante los intereses de las sumas de lo que ha distraído desde la fecha en que hubiere dispuesto de ellas o desde que se constituyó en mora; es decir, desde que debió entregarlas al mandante. sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera resultar en su contra, I.B.S.

se confiere un mandato a diversas personas respecto de un mismo negocio, aunque Sea en un solo acto, no quedarán solidariamente obligados si no se convino así expresamente.

ARTÍCULO 2573. Si

Cuando una persona, con el propósito de darle la atención más eficiente posible a sus negocios o de tener constantemente a alguien que pueda atenderlos, confiere poderes a distintas personas respecto a un mismo negocio, cuando no existe ninguna relación inmediata en el ejercicio de las facultades otorgadas a los mandatarios, cada uno es responsable de sus propios actos frente al mandante. En la pluralidad de mandatarios las partes quedan en libertad para convenir la solidaridad, si no lo hacen, cada uno será responsable frente al mandante con independencia de los demás mandatarios, de los daños y perjuicios que cause al mandante por el incumplimiento de las obligaciones que ha contraído frente a aquél. LBS.

El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello.

ARTÍCULO 2574.

El deber de cumplir con las obligaciones derivadas del mandato corresponde al mandatario en forma personal ya que se trata de un contrato intuitu personae. en razón de la confianza que inspira el mandatario al mandante. En tal virtud el mandatario no puede delegar en un tercero la ejecución del mandato, salvo que exista autorización expresa del mandante. Pero la facultad de sustitución conferida al mandatario, no se entiende otorgada al sustituto, salvo cláusula expresa. I.G.G. e 1.B.S. 11203j

ARTS. 2575, 2576 y 2577

LIBRO CJARTO

Si se le designó la persona del substituto, no podrá nombrar a otro; si no se le designó persona, podrá nombrar a la que quiera, y en este último caso solamente será responsable cuando la persona elegida fuere de mala fe o se hallare en notoria insolvencia.

ARTÍCULO 2575.

Cuando se faculta al mandatario para substituir el mandato, pueden presentarse dos situaciones: Que en la cláusula de sustitución se designe a la persona en favor de quien el mandatario puede sustituir sus facultades. Esta substitución constituye una verdadera cesión del contrato de mandato, y en tal virtud, desaparece la primera relación jurídica y se establece otra indirectamente entre el mandante y el segundo mandatario, en la cual el primer mandatario no tiene ninguna responsabilidad por el incumplimiento del mandato. Si la substitución del mandato se realiza en virtud de una autorización general (impersonal) también existe una cesión, porque la substitución no equivale a la delegación del mandato, por lo tanto, no desaparece la relación jurídica entre el mandatario y el mandante (cesión imperfecta). Aquél será responsable ante el mandante del dolo o insolvencia del sustituto (culpa in eligendo). I.B.S.

El substituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones que el mandatario.

ARTÍCULO 2576.

Luego que ha sido designado el mandatario, éste puede encomendar el cumplimiento del mandato al sustituto, quien queda obligado tanto frente al mandante como frente al mandatario original, el cual es (conforme al artículo anterior) responsable de la inejecución dolosa por parte del mandatario sustituto, además de que garantiza la solvencia de éste frente al mandante. B. S.

CAPITULO III De las obligaciones del mandante con relación al mandatario El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.

ARTÍCULO 2577.

12041

Za. PARTE. TIT. IX/CAP. III

ARTS. 2577 y 2578

Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas al (sic) mandante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde el día en que se hizo el anticipo. Porque el mandatario obra en interés del mandante, éste debe proporcionarle

los medios para que dé cumplimiento de su gestión y debe también resarcirle los

gastos y responder de los perjuicios que el cumplimiento de las obligaciones contraídas pudieran ocasionarle. Si el mandato es oneroso, es decir, si no se estipuló la gratuidad, a estas obligaciones se agrega la que tiene el mandante de pagar al mandatario una remuneración. Lo anterior significa que existen tres tipos de obligaciones a cargo del mandante: anticipo y reembolso de gastos, indemnización por daños y perjuicios (a. 2578 CC), y pago de la remuneración. En ocasiones, las gestiones encomendadas al mandatario requieren de gastos inmediatos, en tales casos, el mandatario puede solicitar del mandante el anticipo de las cantidades necesarias y éste está obligado a entregárselas. El mandatario no está obligado a erogar de su peculio cantidad alguna para el desempeño del mandato; y si no quiere hacer este gasto, debe notificar esta circunstancia oportunamente al mandante para que éste le haga la provisión de las cantidades necesarias. Si el mandatario hubiere anticipado cantidades para expensas, éstas le deberán ser reembolsadas por el mandante. Este reembolso debe pagarse aunque el mandante no se hubiere beneficiado con el negocio. El reembolso comprende la cantidad anticipada más los intereses legales que se generen desde el momento en que el mandatario efectuó el gasto. El mandatario, a fin de evitar la acumulación de intereses, está obligado a dar oportuna noticia al mandante de los gastos efectuados (a. 2566 CC). (Ver comentarios al a. 2578). I.B.S.

ARTICULO 2578. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario. Si el mandatario actuando con prudencia y cuidado en el negocio del mandante como si fuera propio, sufre daños y perjuicios causados por el cumplimiento del mandato, tiene derecho a la indemnización correspondiente. Pero debe probar [205]

ARTS. 2578, 2579 y 2580

LIBRO CUARTO

que el daño se ha producido y la relación de causa a efecto entre el cumplimiento del mandato, y el daño acaecido. I.B.S. ARTÍCULO 2579. El mandatario podrá retener en prenda las cosas

que son objeto del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso de que tratan los dos artículos anteriores. La ley autoriza el derecho de retención sólo para ciertos contratos y bajo ciertas circunstancias. Se permite en el mandato cuando de las cuentas rendidas resulte un saldo contra el mandante y éste no cumple con la obligación de pagar las indemnizaciones y efectuar los reembolsos a que está obligado con el mandatario, éste podrá retener las cosas que son objeto del mandato, El apoderado podrá retener en garantía del pago de las obligaciones que son a cargo del mandante, cosas de las que no podrá disponer porque pertenecen al mandante quien las ha recibido por motivo o en ejercicio del mandato ya las que el precepto se refiere en expresión poco feliz cuando dice "que son objeto del mandato". I.G,G. e I.B.S. ARTÍCULO 2580. Si muchas personas hubiesen nombrado a un

solo mandatario para algún negocio común, le quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Así como una persona puede nombrar a varios mandatarios, varias personas pueden nombrar un solo mandatario para un negocio común, p.c., los herederos o los copropietarios. En este caso, la ley establece expresamente la solidaridad entre los mandantes, es decir, cada uno de los mandantes es responsable solidariamente frente al mandatario, por el cumplimiento de la obligación que les impone el CC a aquéllos, de pagar la totalidad del honorario pactado , y de reembolsar las sumas de dinero anticipadas con sus intereses e indemnización. Rojina Villegas opina que cabe estipular una cláusula en sentido contrario, pactando que los mandantes respondan a prorrata. (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, 2a. ed., t. VI, vol. II, México, Antigua Libreria Robredo, 1956, p. 268). I.B.S.

[2061

2. PARTE. TIT. IX/CAP. IV

ARTS. 2581 y 2582

CAPITULO IV De las obligaciones y derechos del mandante y del mandatario con relación a tercero ARTÍCULO 2581. El mandante debe cumplir todas las obligaciones

que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Las obligaciones y los derechos del mandante en relación a los terceros depende de la especie de mandato celebrado, que puede ser con o sin representación. También depende de que los actos ejecutados por el mandatario excedan o no de las instrucciones recibidas. Si el mandato es representativo, los actos jurídicos realizados por el mandatario dentro de los límites del mandato son válidos y el mandante está obligado frente a terceros con quienes contrató el mandatario representante y se compromete a cumplir con las obligaciones contraídas por el mandatario en nombre de aquél y todos los efectos se producen directamente en el patrimonio del mandante. Si el mandato se otorgó sin representación, el mandante no se obliga frente a terceros sino el mandatario, quien queda vinculado jurídicamente. En las relaciones entre mandante y mandatario, aquél debe cumplir las obligaciones que éste contrajo con terceros. Los efectos de los actos celebrados por el mandatario en su propio nombre, pero por cuenta del mandante (en el mandato sin representación) se producen indirectamente en el patrimonio del mandante y es por lo tanto éste, quien debe cumplir frente al mandatario, las obligaciones que éste contrajo. I .G.G. e I.B.S. ARTÍCULO 2582. El mandatario no tendrá acción para exigir el

cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre del mandante, a no ser que esta facultad se haya incluido también en el poder. En el mandato con representación el apoderado no se encuentra legitimado para exigir el cumplimiento del contrato que celebró en nombre y por cuenta del mandante. Tal facultad requiere cláusula expresa. Cuando el mandatario ha obrado en nombre y por cuenta del mandante, es éste quien queda obligado respecto al tercero. Una vez concluido el negocio, el mandatario será extraño a la [207]

ARTS. 2582 y 2583

LIBRO CUARTO

relación jurídica, por lo tanto, no puede exigir el cumplimiento ni responder a las obligaciones contraídas. Cuando el mandato es sin representación sólo existen relaciones entre el mandatario y el tercero con quien éste contrató, por lo tanto, todos los derechos y obligaciones derivados del acto jurídico realizado con motivo del mandato deben ser exigidos y cumplidos respectivamente por el mandatario y el tercero con quien contrató. En todo caso las facultades concedidas al mandatario deben constar en el poder. 1.B.S.

ARTÍCULO 2583. Los actos que el mandatario practique a nombre

del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos, con relación al mismo mandante, si no los ratifica tácita o expresamente.

Cuando el representante obra más allá de los límites dentro de los cuales le fue conferida la autorización representativa, no se compromete la responsabilidad del mandante, aunque el mandatario actúa en nombre ajeno, carece de facultades para obligar al mandante; por lo tanto, no hay representación. Sólo con la ratificación (del negocio) que hiciere el mandante, los efectos del negocio realizados por el mandatario sí recaerían directa y retroactivamente en aquél. La ratificación es la manifestación de voluntad del mandante, aceptando tomar sobre sí los efectos del negocio realizado por quien dijo obrar como su representante, sin estar facultado para contraer estas obligaciones en nombre de aquél. La ratificación, sea expresa o tácita, o a través de hechos que indiquen la aprobación por parte del mandante de los actos ejecutados por su cuenta, perfeccionará los actos realizados, pero ¿en qué momento se podrá declarar que el acto es nulo por falta de ratificación? El a. 1802 del CC establece: "Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte..." Producida esta nulidad con relación al mandante, el mandatario quedará obligado, con el tercero con quien contrató indebidamente, al resarcimiento de daños y reparación de los perjuicios que le haya causado la nulidad del acto, por exceder los límites de su mandato (a. 1802). I.B.S. 1208 1

ARTS. 2584 y 2585

261. PARTE. TIT. IX/CAPS. IV y V

El tercero que hubiere contratado con el mandatario que se excedió en sus facultades, no tendrá acción contra de éste, si le hubiere dado a conocer cuáles fueron aquéllas y no se hubiere obligado personalmente por el mandante.

ARTÍCULO 2584.

Los actos realizados por el mandatario fuera de los límites establecidos en el mandato, si no son ratificados por el mandante son nulos, no crean ninguna relación jurídica entre el mandante y el tercero. Los terceros que contraten con el mandatario pero que desconozcan los límites del mandato, no quedan desprotegidos legalmente; no tienen acción contra el mandante pero sí pueden proceder contra el mandatario que se excedió en el ejercicio de sus facultades. Si los terceros actuaron conociendo los límites del mandato podrán ir contra el mandatario siempre que no hubiere contraído las obligaciones a nombre y por cuenta del mandante, pues en este caso se tratará de un mandato sin representación en el cual puesto que el mandatario actuó en su propio nombre, el exceso en el ejercicio del poder no afecta las relaciones entre el mandante y los terceros. I.G.G. e I.B,S.

CAPITULO V Del mandato judicial ARTÍCULO 2585. No

pueden ser procuradores en juicio: I.—Los incapacitados; II.—Los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la administración de justicia, en ejercicio, dentro de los limites de su jurisdicción; III.—Los empleados de la Hacienda Pública, en cualquiera causa en que puedan intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivos distritos.

El judicial es una de las especies del mandato, a través del cual se confieren facultades al mandatario para intervenir en procedimientos judiciales. No cualquier persona puede ser procurador enjuicio, la ley reglamentaria del a. 5Q constitucional establece: Art. 26. Las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contenciosos administrativos rechazarán la intervención en calidad de patronos I2119 1

LIBRO CUARTO

MITS. 2585 y 2586

o asesores técnicos del o de los interesados de personas que no tengan título profesional registrado. Se exceptúa los casos de gestores en asuntos obreros, agrarios y cooperativos y el caso de amparos en materia penal a que se refiere esta ley... La representación jurídica en materia obrera, agraria, cooperativa y penal se rige por sus leyes o códigos especiales (aa. 27 y 28 de la misma ley reglamentaria). Los preceptos que rigen el mandato judicial son de excepción a las reglas generales del mandato, por lo tanto, al mandato judicial le son aplicables las reglas expresas contenidas en estos artículos que se comentan y en los que sean omisos, se aplicarán las reglas generales del mandato. Por regla general no pueden ejecutar un mandato los que carezcan de capacidad general para contratar (a. 450 CC) y esta regla se aplica a los procuradores en juicio. Sin embargo, para el mandato judicial no es suficiente la capacidad general y a pesar de tenerla no podrán ser procuradores, por impedimentos legales, los funcionarios y empleados enumerados en las frs. II y III. Estos empleados y funcionarios, no sólo tienen imposibilidad de ser mandatarios judiciales en los negocios que conozcan, sino en todos aquellos que sean de su competencia o que estén dentro de su jurisdicción territorial. 1.13.S. ARTÍCULO 2586. El mandato judicial será otorgado en escritura

pública, o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el juez de los autos. Si el juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación. La substitución del mandato judicial se hará en la misma forma que su otorgamiento. El mandato judicial requiere de las formalidades señaladas en este artículo. Sin embargo, la SCJN, ha sustentado la tesis de que cuando el mandato judicial comprende negocios cuyo interés excede de doscientos pesos y no llegue a cinco mil, bastará un escrito firmado ante dos testigos, sin que sean necesarios ni la previa ni la posterior ratificación de firmas. (SJF, sexta época, cuarta parte, vol. LX, p. 142). En otra tesis ha expresado: Mandato Judicial, Forma del. Legislación del Estado de Tamaulipas: Con-

forme al artículo 1225 del Código Civil, el mandato judicial debe ser

otorgado en escritura pública o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el juez de los autos, pero el defecto que significa [210]

2s. PARTE. TIT. IX/CAP. V

ARTS. 2586 y 2.557

el otorgamiento del poder ante testigos y con ratificación notarial, no puede operar de pleno derecho, para anular la representación conferida, sin que la interesada la hubiese esgrimido como defensa de su parte. SJF, sexta época, cuarta parte: vol. XLV, p. 75, A.D. 1535/60. Margarita Terán Vda. de Ferrigno, 5 votos.

ARTÍCULO 2587. El procurador no necesita poder o cláusula espe-

cial sino en los casos siguientes: I.—Para desistirse; II.—Para transigir; III.—Para comprometer en árbitros; IV.—Para absolver y articular posiciones; V.—Para hacer cesión de bienes; VI.—Para recusar; VII.—Para recibir pagos: VIII.—Para los demás actos que expresamente determine la ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2554.

El procurador está obligado a realizar las gestiones que el mandante le encomiende, además de los actos expresados en el a. 2588. Si estas gestiones están comprendidas en las enumeradas en este artículo se requerirá de un poder o cláusula especial. Aun cuando se otorgue el mandato judicial con carácter general, éste no faculta al mandatario para ejecutar ciertos actos judiciales que por su naturaleza, requieran de facultades expresas. Las gestiones enumeradas en este artículo no se refieren a simples actos judiciales sino que constituyen decisiones o actuaciones que trascienden los límites mismos del desarrollo del proceso, son por ello de una mayor consecuencia para los asuntos del poderdante y en razón de esta consideración, se requiere de una formalidad especial. El a. 14 de la LA establece: "no se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva y siga el juicio de amparo pero si para que se desista de éste". I.B.S. 121 VI

LIBRO CUARTO

ARTS. 2588 y 2589

ARTÍCULO 2588. El procurador, aceptado el poder, está obligado:

I.—A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas expresadas en el artículo 2595; II.—A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; III.—A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, cuanto sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio. El mandatario judicial al aceptar el poder, se obliga a ejecutar el encargo que le confiere el mandante y por ello, debe seguir el juicio en todas sus instancias mientras el mandato no termine. También se obliga a cubrir los gastos que origine su gestión; pero el mandante está obligado a anticipar las cantidades necesarias para ello (a. 2577). Si hubiere efectuado a su expensa esos gastos, el mandante debe reembolsarlos. La aceptación del mandato judicial impone al mandatario la obligación de hacer lo que sea necesario para la defensa en juicio de los intereses del mandante. Por lo tanto, está obligado a realizar las gestiones no con simple buena voluntad sino con cierta calidad profesional que aseguran la defensa en juicio de los intereses del mandante y siempre atendiendo a las instrucciones que hubiere recibido de su poderdante. I.B.S ARTÍCULO 2589. El procurador o abogado que acepte el mandato

de una de las partes, no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primero. El procurador fue designado como tal, por la confianza que inspiró al poderdante. Aceptar la representación de la parte contraria es un acto de traición a esa confianza y un delito en el que incurren abogados patronos o litigantes, castigado por el CF. El a. 232 del CP para el DF dispone "además de las penas mencionadas (en el artículo anterior) se podrá imponer de tres meses a tres años de prisión: I.-- Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se acepte después el de la parte contraria". [212]

ARTS. 2559

2*. PARTE. TIT. IX/CAP. V

y

2590

El a. 36 de la Ley reglamentaria del artículo 52 constitucional establece: "Todo profesionista está obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes". Esta reprobable conducta de abogados y procuradores constituye el delito de prevaricato y se sanciona en razón de que en la traición a la confianza depositada en el prevaricador va implícita la alevosa conducta que implica tomar la defensa o asesoramiento de la parte contraria después de haber sido depositario de la causa que se le encomendó previamente. Por ello los abogados desde el Derecho romano, estaban obligados, bajo penas severas a guardar el secreto profesional (Dig. 25 XXVII, V). La Partida Tercera, título VI, ley IX, nos manda: Guisada cosa es, e derecho que los Abogadas a quien los ornes las prioridades de sus pleytos, que las guarden, que non las descubran a la otra parte, nin fagan engaño, en ninguna manera que ser pueda porque la otra parte que en ellos se fia, e cuyos Abogados son, pierdan su pleyto, o se les empeore. Ca pues que el recibio el pleyto de la una parte en su fe e en su verdad non se deve meter por consejero non por desengañador de la otra. E cualquier que contra esto fiziere, desque le fuere provado, mandasmos que dende adelante sea dado por orne de mala fama e que nunca pueda ser Abogado nin consejero de ningun pleyto. I.G.G, ARTÍCULO 2590. El procurador o abogado que revele a la parte

contraria los secretos de su poderdante o cliente, o le suministre documentos o datos que lo perjudiquen, será responsable de todos los daños y perjuicios, quedando, además, sujeto a lo que para estos casos dispone el Código Penal. Prohibición estricta tienen los abogados y procuradores de violar el secreto profesional. El desacato a este deber hace incurrir en responsabilidad civil por los daños y perjuicios que por ello se causen a su mandante o a su cliente, además de la responsabilidad penal en que incurra (ver comentarios al a. 2589). Agregamos ahora que el Libro V, Título XXII, ley XII de la Novísima Recopilación dice que los abogados que descubrieren los secretos de su parte a la contraria o a otros en su favor "o se hallare ayudar o consejar a ambas partes en el mismo negocio... sean privados y desde agora los privamos de dicho oficio de Abogados".

[2131

ARTS. 2591 y 2592



LIRRO CUARTO

ARTÍCULO 2591. El procurador que tuviere justo impedimento

para desempeñar su encargo, no podrá abandonarlo sin substituir el mandato, teniendo facultades para ello o sin avisar a su mandante, para que nombre a otra persona.

En casa de separación justificada o de renuncia, el procurador debe avisar al mandante para que éste tome a su cargo los asuntas o nombre a otra persona. Si el poderdante tiene facultades podrá él mismo nombrar a su substituto. El abandono del encargo sin tomar estas medidas responsabilizará al apoderada civil y penalmente. El procurador podrá renunciar (a. 2595) "de modo que se preserve íntegramente el derecho del mandante a llevar a cabo convenientemente la gestión por sí o por medio de otro" (Digesto, 17. I, 22 último párrafo), para evitar que la renuncia por intempestiva o inoportuna redunde en perjuicio del mandante. Obsérvese que el precepto se refiere a un justo impedimento, es decir, a cualquier causa que razonablemente impida al procurador cumplir el mandato que se le ha encomendado v. gr. falta oportuna de provisión de fondos, por parte del mandante, información deficiente o falsa sobre el caso, enfermedad del procurador, etc. I.G.G. e I.B.S.

La representación del procurador, cesa además de los casos expresados en el artículo 2595: I.—Por separarse del poderdante de la acción u oposición que haya formulado; IL—Por haber terminado la personalidad del poderdante; 111.—Por haber transmitido el mandante a otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión o cesión sea debidamente notificada y se haga constar en autos; IV.—Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio, manifestando que revoca el mandato; V.--Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio.

ARTÍCULO 2592.

El mandato termina por las causas establecidas en el a. 2595, pero el mandato judicial cesa también por casos especiales: Si el poderdante se separa del juicio o deja de estar legitimado ad procesum o transmite sus derechos en el mismo 12141

211. PARTE. TIIT. IX/CAP. V

ART. 2592

no existe razón para la intervención de su representante en ese juicio. La extinción del mandato judicial por haber terminado la personalidad del poderdante, opina Ramón Sánchez Medal (De los contraías civiles, México, Porrúa, 1984, p. 276): (legitimatio ad causam)

no puede entenderse en el sentido de que si el que otorgó el mandato fue a virtud de estar facultado para sustituir el mandato y después de la sustitución deja de ser mandatario, no por ello se extingue el mandato del mandatario sustituto. La causa de terminación del mandato judicial de que aquí se trata tiene lugar cuando el mandante deja de tener legitimación para intervenir como actor o como demandado en un determinado Juicio. Asi por ejemplo, si en un segundo juicio se etnbarga por una persona al actor en el primer juicio, el crédito litigioso deducido en este último, aunque la persona debe continuar como actor en este mismo juicio y por tal razón el mandatario de aquel actor no puede seguir actuando en aquel primer juicio. La SCJN ha sustentado las siguientes tesis: El mandatario judicial debe continuar en el ejercicio del mandato, después del fallecimiento del mandante, en todos aquellos negocios en que haya asumido la representación de éste, entretanto los herederos no provean por sí mismos esos negocios, siempre que de lo contrario pudiera resultarles algún perjuicio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2600 del Código Civil del Distrito Federal. (Francisco Verdaguer, Quinta época, t. LXIII, p. 1783). Mandato, Subsistencia del, Después de la Muerte del Mandante.

Mandato, Actos Ejecutados por un Mandatario con Posterioridad a la

Si habiendo fallecido el quejoso de un amparo, su mandatario sigue promoviendo para evitar la caducidad del juicio, no procede el sobreseimiento del propio juicio de amparo, pues resultaría evidentemente un perjuicio para los intereses del quejoso si su mandatario no siguiera agitando para evitar la caducidad y por lo tanto es aplicable lo dispuesto en el artículo 2480 del Código Civil que establece que aunque el mandato termina por la muerte del mandante, debe el apoderado continuar en la administración entre tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. (Sexta época, cuarta parte, vol. LXXIV, p. 31, A.D. 3375/59. Timotea Serrano, Unanimidad de 4 votos). Muerte del Mandante para Evitar la Caducidad en el Juicio de Amparo.

I.B.S.

E.215j

ARTS. 2593, 2594 y 259Z



LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2593. El

procurador que ha substituido un poder, puede revocar la substitución si tiene facultades para hacerlo, rigiendo también en este caso, respecto del substituto, lo dispuesto en la fracción IV del artículo anterior.

El procurador podrá nombrar substituto si tiene facultades para ello aa. 2574 y 2575, en tal caso igualmente podrá revocar el cargo al sustituto sin perjuicio de que el dueño del negocio pueda tambiéri revocar al sustituto. I.B.S.

La parte puede ratificar antes de la sentencia que cause ejecutoria, lo que el procurador hubiere hecho excediéndose del poder.

ARTÍCULO 2594.

Se aplica al mandato judicial la misma regla establecida en el a. 2553 (ver comentario). El poderdante podrá ratificar en cualquier momento del juicio, antes de que la sentencia cause ejecutoria, los actos realizados por el procurador en exceso del poder. En caso de que no lo haga, no existe vinculación entre el mandante y los actos ejecutados por el procurador y éste será responsable de los daños y perjuicios que se causen por su actuación. I.B.S.

CAPITULO VI De los diversos modos de terminar el mandato ARTÍCULO 2595. El

mandato termina: I.—Por la revocación; II.—Por la renuncia del mandatario; 111.—Por la muerte del mandante o del mandatario; IV.—Por la interdicción de uno u otro; V.—Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido; VI.—En los casos previstos por los artículos 670, 671 y 672.

El contrato de mandato puede terminar por las mismas causas de terminación de todos los contratos: el vencimiento del plazo o la conclusión del negocio para el [216]

ARTS. 2595 y 2590

2a. PARTE. T1T. 1X/CAP. VI

que se otorgó: p.c., si un mandante se obliga a celebrar una compraventa terminará sus gestiones con la firma de las escrituras respectivas. Pero además el mandato termina por causas especiales atendiendo a la naturaleza del mandato. Este contrato descansa en la confianza recíproca que ambas partes se profesan, es un contrato intuitu personae, de manera que si falta este elemento, cualquiera de las partes puede dar por terminado el mandato: por medio de la revocación del mandante, o de la renuncia del mandatario (aa. 2596, 2597, 2598, 2599 del CC). Si alguna de las partes muere termina el mandato (ver comentarios a los aa. 2600, 2601 y 2602 del CC). La interdicción del mandante o del mandatario genera la extinción del mandato. Se requiere que las partes (mandante y mandatario) gocen de capacidad general para contratar y que además el mandante tenga capacidad para celebrar los actos que encomiende al mandatario. Si esta capacidad cesa por haberse declarado judicialmente la interdicción de cualquiera de las partes será el tutor designado por el juez el que legalmente represente al incapacitado y por ello termina el mandato que se hubiere conferido. Si se declara interdicto al mandante habrá de nombrarle un tutor, quien en lo sucesivo será su legítimo representante. Si el que pierde la capacidad es el mandatario, por una causa sobrevenida, p.c., enajenación mental o pérdida de la libertad, efecto de una sentencia penal, no podrá cumplir con las gestiones ordenadas por el mandante y por ende termina el mandato. En los casos de ausencia del mandante previstos en los aa. 670, 671 y 672, se aplica el capítulo relativo a la declaración de ausencia de este código, de la lectura del mismo se desprende que en los casos de ausencia del mandante, el mandato termina a los dos años de que hubiere desaparecido el mandante, si el mandatario no otorga garantía en los mismos términos en que debe hacerlo el representante conforme al a. 660 del CC. Cualquiera que sea la causa de terminación del mandato no produce efectos retroactivos; las obligaciones y derechos surgidos entre las partes subsisten (rendición de cuentas, retribuciones, reembolsos, indemnizaciones, etc.). Lo mismo ocurre en las relaciones existentes con terceros: son válidos los actos celebrados por el mandatario en nombre del mandante antes de que se haya presentado la causa de terminación del mandato. I.B.S.

El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado como una condición en un contrato bilateral, o como un medio para cumplir una obligación contraída.

ARTíCULO 2596.

[2171

ART. 2596

LIBRO CUARTO

En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause. La revocación es una declaración unilateral de voluntad por medio de !a cual se deja sin efecto un acto anterior jurídicamente válido. Se trata en el caso de un derecho atribuido al mandante, quien puede ejercitarlo en cualquier momento. El fundamento de esta facultad debe buscarse en las peculiaridades del contrato puesto que no puede procederse a la ejecución de un negocio contra la voluntad del mandante. La revocación puede ser tácita o expresa, será expresa cuando conste en algún documento o el mandante la manifieste verbalmente, "cuando .y como le parezca". Se tratará de una revocación tácita, cuando el mandante realice por sí mismo los actos jurídicos encomendados al mandatario o cuando designe para el mismo negocio, a un nuevo mandatario y así se lo comunique al primero (a. 2599). Al emplear la frase "como y cuando le parezca", parecería que el legislador no exige ninguna formalidad para la revocación, sin embargo, Sánchez Medal manifiesta que en todos los casos de revocación de un mandato general o especial otorgado ante notario, debe el mandante comunicar la revocación al mismo notario para que éste apunte en una nota marginal de la escritura de mandato, la revocación del mismo y que en virtud de este acto, no expida nuevos testimonios, salvo orden judicial que así los disponga, iusertando siempre dicha nota marginal. (Sánchez Medal, Ramón, De los Contratos Civiles, México, Porrúa, 1984, p. 271). El mandato es revocable por regla general, e irrevocable por excepción. El código admite expresamente la validez de la cláusula que convierte en irrevocable el mandato, pero lo limita a dos casos de excepción a saber: cuando se hubiere estipulado como una condición para cumplir con un contrato bilateral; o como un medio para cumplir obligaciones previas entre el mandante y el mandatario. Nada expresa el código respecto a la posibilidad de estipular lisa y llanamente la irrevocabilidad del mandato sin haberla hecho depender de alguna de las situaciones mencionadas. Rojina Villegas cree muy discutible la validez de una cláusula en tal sentido, derivada exclusivamente de la voluntad de las partes que quieran darle tal naturaleza. Sánchez Medal se adhiere a este criterio y considera que fuera de los casos de excepción enumerados en forma limitativa por el legislador, no es posible convenir la irrevocabilidad del mandato. En los supuestos enunciados se trata de un mandato ligado a un contrato o a una determinada relación jurídica por lo que para ser irrevocable debe tratarse de un mandato especial y no uno general, [218]

ARTS. 2596, 2597 y 2598

2a. PARTE. TIT. IX/CAP. VI

pues en este último caso se considera que "el orden público se opone a una obligación indefinida e irrevocable" (Planiol). Cabe, sin embargo, la posible combinación de un mandato general y uno especial. También, fundado en los mismos principios, será irrenunciable el mandato sólo en los dos supuestos en que es irrevocable, porque tanto la renuncia como la revocación implicarían la modificación o la extinción por voluntad unilateral de una de las partes bien sea de la obligación a cuyo cumplimiento sirve de medio el mandato en cuestión, o bien del contrato bilateral en el que dicho mandato figuró como condición (Sánchez Medal, op. cit. p. 272). Si a pesar de haberse pactado la irrevocabilidad el mandante revoca, tal revocación no produce efecto alguno, puesto que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes. El párrafo final del artículo en comentario dispone que la parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, indemnizará a la otra si le causa daños o perjuicios, sin embargo no se aclara cuál es ese "tiempo inoportuno". En vista de la responsabilidad establecida, podríamos interpretar como inoportuna aquella revocación o renuncia que por sí mismas causen un daño o un perjuicio a la otra parte. I.B.S. ARTÍCULO 2597. Cuando

se ha dado un mandato para tratar con determinada persona, el mandante debe notificar a ésta la revocación del mandato, so pena de quedar obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación, siempre que haya habido buena fe de parte de esa persona.

Para que produzca efectos la revocación debe ser notificada en forma fehaciente al mandatario en todos los casos ya que éste, ignorando la revocación, podría continuar ejecutando el mandato. Cuando se trate de un mandato especial para tratar can una determinada persona, el mandante deberá, además, notificar la revocación al tercero con quien trataba el mandatario. Si el mandante omite esa notificación quedará obligado aun después de la revocación con el tercero, siempre que éste haya procedido de buena fe; es decir, que ignore que se han revocado las facultades del mandatario. I .B.S. ARTÍCULO 2598. El

mandante puede exigir la devolución del instrumento o escrito en que conste el mandato, y todos los [219J

ARTS. 2598, 2599 y 2600

LIBRO CUARTO

documentos relativos al negocio o negocios que tuvo a su cargo el mandatario. El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten los poderes del mandatario, responde de los daños que puedan resultar por esa causa a terceros de buena fe. Una vez revocado el mandato, el mandante no sólo puede sino debe recoger el documento en donde conste el mandato, ya que la omisión del mandante en este punto, podria dar lugar a que se usara ese documento ante terceros de buena fe y por esta omisión, e! mandante debe responder de los daños y perjuicios que de ello resulten. También tiene derecho el mandante de recoger todos los documentos relativos al negocio que tuvo a su cargo el mandatario, ya que "el mandatario está obligado a entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder" (a. 2570 del CC). I.B.S. ARTÍCULO 2599, La constitución de un nuevo mandatario para un

mismo asunto, importa la revocación del primero, desde el día en que se notifique a éste el nuevo nombramiento.

La constitución de un nuevo mandatario para el mismo asunto, es una revocación tácita del mandato anterior desde el momento de la notificación al mandatario anterior, excepto que expresamente se estipule que el nuevo nómbramiento no implica la revocación del anterior. I.B.S. ARTÍCULO 2600. Aunque el mandato termine por la muerte del

mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.

El mandato termina con la muerte del mandante por ser un contrato intuitu El mandante deposita su confianza en el mandatario y si aquél fallece desaparece ese elemento fundamental del contrato.

personae.

1220j

ARTS. 2600 y 2601

2a. PARTE. TIT. IX/CAP. VI

En caso de muerte del mandante, el mandatario no puede exigir que los herederos respeten el mandato que se le había otorgado; esto no significa que las relaciones jurídicas anteriores ya realizadas que originaron prestaciones a favor de una o de otra parte, no se transmitan por herencia. No obstante que el mandato cesa a la muerte del mandante, la ley establece medidas protectoras de los bienes de éste. El mandatario debe continuar en ejercicio de aquellas facultades necesarias para la conservación de los intereses que le hayan sido encomendados, empero no puede realizar actos de dominio; se limitará a ejecutar los actos de administración y conservación que sean necesarios para evitar pérdidas, menoscabo o deterioro de los bienes. Estas funciones las desempeñará en tanto los herederos pueden, por sí mismo, proveer a la atención de esos intereses. Esta norma también se aplica al mandatario judicial según lo ha establecido la SC.IN en la siguiente ejecutoria: Mandato Subsistencia del, Después de la Muerte de/Mandante. El manda-

tario judicial debe continuar en el ejercicio del mandato, después del fallecimiento del mandante, en todos aquellos negocios en que haya asumido la representación de éste, entre tanto los herederos no provean por sí mismos esos negocios siempre que de lo contrario pudiera resultarles algún perjuicio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2600 del Código Civil para el Distrito Federal. (Apéndice 1985, núm. 183, p, 545, Quinta época). I.B.S.

En el caso del artículo anterior, tiene derecho el mandatario para pedir al juez que señale un término corto a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios.

ARTÍCULO 2601.

En caso de muerte del mandante, el mandato termina y las medidas protectoras establecidas en el artículo anterior son interinas mientras los herederos se hacen cargo de los bienes de la herencia. Por ello el mandatario no está obligado a continuar indefinidamente como administrador de los bienes que ahora forman parte de la masa hereditaria. Para evitar que esa situación se prolongue indefinidamente tiene el mandatario derecho a solicitar del juez señale un término corto (prudente) para que los herederos se hagan cargo de sus negocios (ver comentarios al a. 2600 del CC). I.B.S. [221]

ARTS. 2602 y 2603



LOMO CUARTO

ARTÍCULO 2602. Si el mandato termina por muerte del mandata-

rio, deben sus herederos dar aviso al mandante y practicar, mientras éste resuelve, solamente las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio. La muerte del mandatario también origina la terminación del mandato. Si éste implica un cargo de confianza depositada en una determinada persona, su muerte dará fin a la relación jurídica existente. Esta causa de terminación del mandato no tiene efectos retroactivos (ver comentarios al a. 2600 CC). Los herederos del mandatario tienen derecho a exigir los honorarios causados por éste, los desembolsos que él hubiere hecho, sus intereses y el monto de los daños y perjuicios que hubiere causado el mandato al mandatario. Los herederos del mandatario tienen la obligación de dar aviso al mandante de la muerte del mandatario y deben tomar aquellas medidas que sean necesarias para evitar la pérdida, menoscabo o deterioro de los bienes de aquél. También este artículo, como el anterior, dispone que esas providencias sean interinas en tanto el mandante puede hacerse cargo de sus negocios o designar nuevo mandatario. I.B.S.

ARTÍCULO 2603. El mandatario que renuncie tiene obligación de

seguir el negocio mientras el mandante no provee a la procuración, si de lo contrario se sigue algún perjuicio. Se ha dicho en comentarios anteriores que el mandato es un contrato fundado en las calidades de la persona misma de los contratantes, que inspira recíproca confianza entre las partes, y si en algún momento no existe un entendimiento entre ellos, unilateralmente cualquiera de los dos puede poner fin al contrato a través de la revocación del mandante o de la renuncia del mandatario. El mandatario que abandone los negocios (que renuncie al mandato) debe esperar a que el mandante provea a la procuración de los mismos, si no espera, será responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante. El mandatario no está obligado a esperar indefinidamente el nombramiento de un nuevo apoderado. Por analogía, debe aplicarse lo dispuesto en el a. 2601 a cuyo comentario nos remitimos.(Vid. Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, 2a. ed., t. VI, Contratos, vol. II, México, Antigua Librería Robredo, 1956, p. 281). I.B.S. [2221

2a, PARTE. TIT. IX/CAP- VI. TIT. X/CAP. 1

ARTS. 2604 y 2605

ARTÍCULO 2604. Lo que el mandatario, sabiendo que ha cesado el

mandato, hiciere con un tercero que ignora el término de la procuración, no obliga al mandante, fuera del caso previsto en el artículo 2597. Las operaciones que realice el mandatario una vez que sabe que el mandato ha cesado, son fuera del mandato. Si se trata de un mandato especial para contratar con determinada persona y el mandante omitió la notificación de la revocación a esa persona, queda aquél obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación si ha habido buena fe de parte de esa persona, es decir, si ella desconocía la revocación (a. 2597). En consecuencia sólo se protege al tercero cuando el mandato se otorgó expresamente para contratar con determinada persona, pero si no es ese el caso, el mandante no queda obligado con el tercero, sino que éste sólo tendrá acción de daños y perjuicios contra el mandatario, que después de concluido el poder continuó haciendo uso de él, salvo que el mandante, cuando se trata de un mandato para tratar con determinada persona, no haya notificado a éste la revocación (a. 2597). En el caso previsto en el a. 2598, si el mandante descuida recoger el instrumento o escrito donde se hizo constar el mandato que ha concluido, el mandante es responsable frente a tercero de buena fe de los daños y perjuicios que esa omisión le haya ocasionado (ver comentario al a. 2598).

I.R.S.

TITULO DECIMO Del contrato de prestación de servicios CAPITULO I Del servicio doméstico, del servicio por jornal, del servido a precio alzado en el que el operario sólo pone su trabajo y del contrato de aprendizaje ARTÍCULO 2605. El servicio doméstico, el servicio por jornal, el

servicio a precio alzado en el que el operario sólo pone su trabajo, y el contrato de aprendizaje, se regirán por la Ley Reglamentaria que debe expedir el Congreso de la Unión, [2231

TITULO DECIMO Del contrato de prestación de servicios

2a, PARTE. TM IX/CAP. VI . TIT. X/CAP. 1

ARTS. 2604 y 2605

ARTICULO 2604. Lo que el mandatario, sabiendo que ha cesado el

mandato, hiciere con un tercero que ignora el término de la procuración, no obliga al mandante, fuera del caso previsto en el artículo 2597. Las operaciones que realice el mandatario una vez que sabe que el mandato ha cesado, son fuera del mandato. Si se trata de un mandato especial para contratar con determinada persona y el mandante omitió la notificación de la revocación a esa persona, queda aquél obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación si ha habido buena fe de parte de esa persona, es decir, si ella desconocía la revocación (a. 2597). En consecuencia sólo se protege al tercero cuando el mandato se otorgó expresamente para contratar con determinada persona, pero si no es ese el caso, el mandante no queda obligado con el tercero, sino que éste sólo tendrá acción de daños y perjuicios contra el mandatario, que después de concluido el poder continuó haciendo uso de él, salvo que el mandante, cuando se trata de un mandato para tratar con determinada persona, no haya notificado a éste la revocación (a. 25971.

En el caso previsto en el a. 2598, si el mandante descuida recoger el instrumento o escrito donde se hizo constar el mandato que ha concluido, el mandante es responsable frente a tercero de buena fe de los daños y perjuicios que esa omisión le haya ocasionado (ver comentario al a. 2598). I.B.S.

TITULO DECIMO Del contrato de prestación de servicios CAPITULO I Del servicio doméstico, del servicio por jornal, del servicio a precio alzado en el que el operario sólo pone su trabajo y del contrato de aprendizaje ARTÍCULO 2605. El servicio doméstico, el servicio por jornal, el

servicio a precio alzado en el que el operario sólo pone su trabajo, y el contrato de aprendizaje, se regirán por la Ley Reglamentaria que debe expedir el Congreso de la Unión, 12231

ARTS. 2605 y 2606

LIBRO CUARTO

de acuerdo con lo ordenado en el párrafo lo. del artículo 123 de la Constitución Federal. Mientras que esa ley no se expida, se observarán las disposiciones contenidas en los capítulos I, II, V y parte relativa del III, del Título XIII, del Libro Tercero del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, que comenzó a estar en vigor el lo. de junio de 1884, en lo que no contradíganlas bases fijadas en el citado artículo 123 constitucional, y lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del mismo Código Fundamental. Tomando en cuenta que el CC entró en vigore! 1 de octubre de 1932 y la LFT, a la que el precepto remite empezó a regir el 27 de agosto de 1931, las disposiciones sobre servicio doméstico del CC de 1884, dejaron de tener aplicación antes de la vigencia del CC que es materia de estos comentarios, porque al entrar en vigor este ordenamiento, el trabajo doméstico ya se regía por la ley laboral, que es aplicable al caso en el capítulo dedicado al set-Vicio doméstico. S.T.A.R.

CAPITULO II De la prestación de servicios profesionales El que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo.

ARTICULO 2606.

En el derecho romano, en el Código de Napoleón y en otros cuerpos legales inspirados en éste, el contrato de prestación de servicios profesionales estaba considerado como una variante de! arrendamiento (arrendamiento de servicios). En el derecho civil mexicano, desde el código de 1870, la prestación de servicios profesionales se ha considerado como un contrato independiente. Siguiendo el antiguo principio civilista de la libertad de contratación según el cual las partes que se obligan por medio del contrato de prestación de servicios profesionales pueden fijar libremente la retribución que corresponda al prestador, salvo que llegara a existir alguna vez ene! DF o en nuestro país, un régimen [224]

ARTS. 2806, 2607 y 2608

la. PARTE. TIT. X/CAP. II

jurídico de prestación de servicios profesionales regido por un contrato colectivo de trabajo. S.T.A.R. ART-ICULO 2607. Cuando

no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.

Es justo que cuando las partes no han pactado los honorarios de un prestador de servicios profesionales, aquéllos se determinen tomando en consideración su calidad e importancia, los usos y costumbres del lugar, etc., pues debe presumirse que las partes omitieron pactarlos expresamente por considerarlos sobreentendidos, partiendo de bases objetivas. A falta de convenio, si los servicios estuvieren regulados por arancel, como en el caso de los abogados y de los notarios, se aplicará la cuota que en él se establece pus el arancel es una norma supletoria de la voluntad contractual en materia de honorarios. S.T.A.R.

Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado.

ARTÍCULO 2608.

De acuerdo con el a. 22. transitorio de la Ley (reglamentaria del a. 5Q. constitucional), las profesiones que en sus diversas ramas necesitan titulo para su ejercicio son: actuario, arquitecto, bacteriólogo, cirujano, dentista, contador, corredor, enfermera, partera, ingeniero, licenciado en derecho, licenciado en economía, marino, médico, veterinario, metalúrgico, notario, piloto aviador, profesor de educación preescolar, profesor de educación primaria, profesor de educación secundaria, químico y trabajador social. 12251

LIBRO CUARTO

ARTS, 2608, 2609 y 2610

El a. 26 de la ley citada exceptúa el requisito del título profesional a los gestores en asuntos obreros, agrarios y cooperativos y a quienes tramiten amparos en materia penal. Con excepción de las personas indicadas se castigará de acuerdo con el a. 250 del CP a quien sin tener el título respectivo se ostente como profesionista o ejerza actos propios de la profesión (a. 62 de la LP), sin estar legalmente autorizado. Quedan exceptuados de lo establecido en el precepto en comentario, los pasantes que presten el servicio social y los que hayan obtenido autorización de !a SEP para ejercer la profesión (aa. 30, 52, 53 y 55 de la LP). (Véase el a. 1894 del CC). STAR.

AwricuLo 2609. En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal, desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. Por expensas debemos entender la provisión que se hace para solventar los gastos necesarios a fin de poder realizar el servicio profesional concertado. Si el cliente no ha expensado al prestador de servicios profesionales, las erogaciones que éste efectúe deberán ser reembolsadas con su correspondiente interés legal, calculado desde el día que se hubieren hecho y con total independencia del pago de los honorarios, pues aquéllas no quedan incluidas en éstos. Si las partes con anticipación han llegado a especiales acuerdos sobre el particular, deberán sujetarse a ellos. S.T.A.R. ARTÍCULO 2610. El pago de los honorarios y de las expensas,

cuando las haya, se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesor o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió. Este artículo establece una excepción al principio del a. 2082 según el cual el pago debe hacerse en el domicilio del deudor. La excepción se justifica ya que 112261

2a. PARTE. T1T. X/CAP. 11

ARTS. 2610, 2611 y 2612

quien ha de recibir los honorarios no es un trabajador que habitualmente esté al servicio del cliente, por el contrario, su relación es sólo esporádica, por lo que a diferencia de lo establecido en la legislación del trabajo, sería gravoso para el prestador de servicios estar requiriendo al cliente en su domicilio por los honorarios de un servicio que sólo a éste interesa recibir. El pago de las expensas en el domicilio del prestador del servicio se justifica ya que quien recibe el servicio debe proveer a quien lo presta de los elementos económicos necesarios para desempeñarlo, por lo tanto es justo que sea el beneficiado (cliente) quien satisfaga su importe, en el domicilio de aquél. Este artículo es confuso ya que no establece diferencias relativas a la época del pago de honorarios y expensas. Tomando en consideración el a. 2609 creemos que el reembolso de las expensas debe hacerse inmediatamente, pues de lo contrario deberán cubrirse intereses moratorias. En cuanto a los honorarios entendemos que deberán cubrirse al término del servicio, salvo pacto en contrario. STAR. ARTÍCULO 2611. Si varias personas encomendaren un negocio,

todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho. La naturaleza de este negocio: unidad de servicios y pluralidad de clientes, es lo que impone la solidaridad pasiva para responder por los honorarios del profesional o prestador de servicios. Es importante este artículo, ya que por disposición del 1988 la solidaridad no se presume, sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, por lo cual, aqui estamos en presencia de un caso de solidaridad pasiva por disposición de la ley. S.T.A.R.

ARTICULO 2612. Cuando varios profesores en la misma ciencia

presten sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno. Si no se ha pactado la solidaridad activa, como la ley no la presume, el cliente estará obligado por tantos contratos como prestadores de servicios hayan [227]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2612, 2613 y 2614

participado, pues con cada uno ha celebrado un contrato independiente, aunque todos se dirijan a obtener un resultado unitario. Rige la regla inversa a !a consignada en el precepto anterior, si son varios los profesionales que concurrieron en la prestación de servicios, no habrá solidaridad activa frente a cada uno de los deudores. Cada deudor está obligado por el pago de los servicios profesionales que individualmente hubiere prestado cada uno de los profesionistas. Los profesionales están facultados para cobrar a cada uno de los deudores los servicios que individualmente hubiere prestado. S.T. A.R. ARTÍCULO 2613. Los profesores tienen derecho de exigir sus honora-

rios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. La prestación de servicios es un contrato oneroso por naturaleza, por lo tanto, el cliente deberá pagar honorarios al prestador, independientemente del éxito del negocio. Esta disposición no pone al prestadora salvo de la responsabilidad en que pudiera incurrir si el fracaso le es imputable a él. Este contrato genera obligaciones llamadas de medios, es decir, que el obligado cumple, poniendo en ejecución la diligencia y cuidado idóneos, propios para lograr la finalidad que se pretende, independientemente que llegue o no a alcanzarse. En otras palabras el obligado a prestare! servicio responde de la adecuación de su conducta a las circunstancias del caso, pero no es responsable por la no concecución del resultado esperado, siempre que haya empleado razonablemente los medios indicados para lograrlo. 1.G.G. y S,T.A.R. ARTÍCULO 2614. Siempre que un profesor no pueda continuar

prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto de los abogados se observará además lo dispuesto en el artículo 2589. Este artículo armoniza dos principios jurídicos que en alguna forma podrían considerarse opuestos: 1. principio de obligatoriedad de los contratos (pacta suntservanda) y 2. principio de libertad.

[2281

2a. PARTE. TIT. X/CAP. 11

ARTS. 2814 y 2815

Por virtud del primero el prestador está obligado a efectuar el servicio ofrecido, en los términos de los aa. 1796 y 1797; por lo tanto, si el que se ha obligado no cumple con lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios que se deriven de su incumplimiento en los términos de los aa. 2104,2107 y 2117 del CC. Por el principio de libertad que postulan los dos últimos párrafos del a. 5º constitucional (entre otros) el acreedor no puede coaccionar a su deudor para que cumpla con una obligación de hacer. Resultado de la armonización de los principios aludidos, es la obligación del prestador de servicios de soportar la responsabilidad civil en que hubiere incurrido por omisión del aviso oportuno a que se refiere este artículo. El simple aviso no excluye la responsabilidad del obligado si ha incurrido en culpa en el cumplimiento de su encargo, pero la omisión del aviso obliga al profesional a reparar los daños y perjuicios que esta conducta omisiva cause a quien contrató sus servicios. S.T.A.R.

ARTICULO 2615. El que preste servicios profesionales, sólo es

responsable, hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Este artículo 'es una consecuencia de lo previsto por el a. 1976, que obliga a los contratantes no sólo a lo que expresamente han pactado, sino también a las consecuencias propias de la naturaleza del contrato, que son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por lo tanto, oponiéndose la negligencia y el dolo a la buena fe que impone la ley y la impelida a la naturaleza del contrato, el prestador de servicios tendrá responsabilidad contractual si incurre en esas faltas. El CP para el DE en los aa. 228 y ss. declara penalmente responsables a los médicos, abogados y en general a los profesionistas o expertos en un arte profesional o actividad técnica por los daños que causen en el ejercicio de esas actividades, independientemente de la responsabilidad civil que establece el artículo en comentario. I.G.G. y S.T.A.R.

[229)

LIBRO CUARTO

ART. 2616

CAPITULO III Del contrato de obras a precio alzado ARTÍCULO 2616. El

contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las reglas siguientes.

Este contrato, al igual que el de prestación de servicios, en el derecho romano se consideraba como arrendamiento de servicios. En nuestro derecho ambos son considerados con total independencia del arrendamiento. El contrato de obra a precio alzado ha sido designado de diversas maneras: contrato de empresa, contrato de industria, contrato de obras, contrato de ejecución de obra y arrendamiento de obra. El a. 2618 lo llama "por ajuste cerrado". Francisco Lozano Noriega define a este contrato como "aquel por virtud del cual una de las partes llamada empresario, a cambio de una remuneración que se obliga a cubrirle la otra, se compromete a realizar una obra en un bien inmueble o mueble poniendo los materiales necesarios y tomando a su cargo el riesgo de la ejecución de la obra". (Lozano Noriega, Francisco, Cuarto curso de derecho civil, Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., p. 492, 1970). Como puede observarse, la circunstancia de que el constructor tome a su cargo el riesgo de la obra, nos hace ver que es responsable del resultado del trabajo que se obliga a realizar y éste es el dato distintivo entre el contrato de prestación de servicios (que los textos antiguos denominaban locatio conductio operarum) conocido en derecho francés como arrendamiento de servicios en una traducción literal de la designación latina del contrato de obra (locatio conductio operis).

El primero comprende la prestación de servicios y el segundo al que se refiere este articulo es un contrato de obra o de empresa, donde el fabricante o constructor aporta los materiales y el trabajo para la realización de la obra. Es responsable de la calidad de la misma, y asume una obligación no sólo de medios sino de resultados. Esta obligación del constructor de la obra distingue el contrato de obra a precio alzado de la venta de cosa futura, en la que el vendedor se obliga a vender si la cosa llegare a existir y también se diferencia de la venta de esperanza, en la que el comprador paga el precio y asume el riesgo de que la cosa no llegue a existir (aa. 1826 y 2309). I.G.G. y S.T.A.R. [230]

ARTS. 2617, 2618 y 2619

2a. PARTE. 1TT. X/CAP. III

Todo el riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra en recibirla, o convenio expreso en contrario.

ARTÍCULO 2617.

En este precepto se parte del supuesto del a. 2616, según el cual el empresario ha puesto los materiales (además de trabajo), y por esta razón algunos juristas han sostenido que el contrato de obra a precio alzado y el de venta de cosa futura, presentan idénticos caracteres. En el comentario al artículo anterior exponemos nuestro punto de vista sobre el particular. El empresario o constructor responde del riesgo de la obra,-porque en tanto no haga la entrega de ella a quien la ordenó, ésta se encuentra bajo su custodia y responde de los daños o menoscabos que ésta sufra por su culpa o negligencia; excepto en el caso de mora en recibir por parte del acreedor, que se regirá por lo establecido en el a. 2292 y a la parte final de éste que se comenta. I.G.G. y S.T.A.R. ARTÍCULO 2618. Siempre que el empresario se. encargue

por ajuste cerrado de la obra en cosa inmueble cuyo valor sea de más de cien pesos, se otorgará el contrato por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada, y en los casos que lo requieran, un plano, diseño o presupuesto de la obra.

El contrato de obra o precio alzado, si se trata de inmuebles, por valor inferior a cien pesos (incluyendo trabajo y materiales) podrá celebrarse verbalmente, pero si excede de esa suma, estaremos en presencia de un contrato formal. Tratándose de muebles el contrato será consensual. La falta de forma escrita a que se refiere el artículo que se comenta faculta al contratante interesado a exigir que la misma sea satisfecha si la voluntad consta de manera fehaciente (aa. 1833 y 2232). S.T.A.R.

Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y surgen dificultades entre el empresario y el dueño, serán resueltas teniendo en cuenta

ARTÍCULO 2619.

1231]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2819, 2890 y 2821

la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar; oyéndose el dictamen de peritos. La naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar son datos objetivos que pueden ofrecer elementos de juicio para resolver las dificultades entre los contratantes cuando no hay planos, diseño o presupuesto. Esta norma de interpretación no impide que se apliquen las reglas generales de interpretación de los contratos establecidas en los'aa. 1851 al 1857. Debe hacerse especial mención que en todo caso debe oírse el dictamen de peritos. Son ellos los que deberán opinar sobre la adecuada ejecución de la obra en cuanto a su calidad y si ésta es justa y razonable con el precio estipulado. S.T.A.R.

El perito que forme el plano, diseño o presupuesto de una obra, y la ejecute, no puede cobrar el plano, diseño o presupuesto fuera del honorario de la obra; mas si ésta no se ha ejecutado por causa del dueño, podrá cobrarlo., a no ser que al encargárselo se haya pactado que el dueño no lo paga si no le conviniere aceptarlo.

ARTÍCULO 2620.

La ejecución de la obra es el objeto del contrato. En la obra se consideran incluidos el plano, diseño o presupuesto; pero si no se lleva al cabo la ejecución de aquélla por decisión del dueño, los planos y diseños se convierten en el objeto del contrato, y el dueño debe cubrir su importe. El dueño quedará liberado de la obligación de pagar los planos y diseños cuando la ejecución de la obra está sujeta a la aprobación plena de aquéllos. En este caso el perfeccionamiento del contrato no ha tenido lugar, porque el consentimiento o acuerdo de voluntades depende de la aprobación de los planos y diseños por el dueño. I.G.G.

Cuando se haya invitado a varios peritos para hacer planos, diseños o presupuestos, con el objeto de escoger entre ellos el que parezca mejor, y los peritos han tenido conocimiento de esta circunstancia, ninguno puede cobrar honorarios, salvo convenio expreso.

ARTÍCULO 2621.

[2321

ARTS. 2621, 2822 y 2623

2a. PARTE. TIT. X/CAP. 111

Aunque el presente artículo no exige como en el a. 1866, el requisito esencial de la fijación de un plazo, es evidente que reglamenta justamente con los artículos siguientes, un caso de concurso con promesa de recompensa; por lo tanto debemos entender que no todos lo peritos, sino sólo el autor del plano, diseño o presupuesto aceptado tendrá derecho a cobrar su valer; los demás participaron en el concurso, conociendo y aceptando que el contrato se celebrará con aquel que resultare vencedor en el concurso. STAR.

En el caso del artículo anterior, podrá el autor del plano, diseño o presupuesto aceptado, cobrar su valor cuando la obra se ejecutare conforme a él por otra persona.

ARTICULO 2622.

Este articulo tiene corno finalidad resolver un problema que puede presentarse cuando el trabajo sometido a concurso es precisamente el proyecto de obra que consta de planos, proyectos, dibujos, presupuestos, etc., aunque ha sido aprobado, la obra se ejecuta por un tercero. El contrato de obra se convierte en este caso en un contrato de servicios profesionales, que consiste en la elaboración de los planos y proyectos empleados en la construcción que no llevará al cabo el ganador del concurso. Entonces el dueño de la obra deberá pagar el importe del servicio profesional por la elaboración de los planos y el proyecto, además de los daños y perjuicios que ocasione a su autor por no ejecutar la obra. Ello en el caso de que la recompensa ofrecida en el concurso incluya la adjudicación de la obra al triunfador del mismo. I.G.G.

El autor de un plano, diseño o presupuesto que no hubiere sido aceptado, podrá también cobrar su valor si la obra se ejecutare conforme a él por otra persona, aun cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles.

ARTICULO 2623.

Este es un caso en que el dueño de la obra emplea como artificio, modificar

algunos detalles en el plano, diseño o presupuesto como si el proyecto hubiera sido rechazado, sólo tiene por objeto tratar de eludir el pago de los honorarios del autor de ese plano, diseño,'etc., lo cual podría configurar un caso de dolo (a. 1815), puesto que el dueño de la obra aceptó el plano, diseño o presupuesto, [

2331

LIBRO CUARTO

ARTS. 2823, 2824, 2825 y 2828

su autor tendrá derecho a exigir su valor, derecho que se funda tanto en la facultad de exigir el cumplimiento del contrato, como en el principio de que nadie tiene derecho a enriquecerse sin causa en detrimento de otro (a. 1882). S.T.A.R. ARTÍCULO 2624. Cuando al encargarse una obra no se ha fijado

precio, se tendrá por tal, si los contratantes no estuviesen de acuerdo después, el que designen los aranceles, o a falta de ellos el que tasen peritos. Nos remitimos al comentario que hicimos al a. 2607. S.T.A.R. ARTÍCULO 2625. El precio de la obra se pagará al entregarse ésta,

salvo convenio en contrario. Este precepto se aparta de la regla del a. 2080 supletoria de la voluntad de las partes y que faculta al acreedor para exigir el pago después de 30 días de que interpeló al deudor cuando no es estipuló que el pago se haría al contado (a.2255). Sin embargo, parece claro que el constructor de la obra ha cumplido con la obligación a su cargo, de ejecutar la obra convenida, a su vez el dueño debe pagarla al recibirla por la reciprocidad de las prestaciones que existe en un contrato sinalagmático. El dueño de la obra incurre en mora desde el momento mismo en que el constructor pone a su disposición la obra terminada, conga consecuencia de quedar obligado aquél, al pago de daños y perjuicios moratorios, por el retardo injustificado del pago del precio estipulado. I.G.G. ARTÍCULO 2626. El empresario que se encargue de ejecutar alguna

obra por precio determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los jornales. Este artículo como el anterior, se inspira en el principio conforme al cual los contratos legalmente celebrados obligan a las partes a lo que en ellos han convenido y a todas sus consecuencias conforme a la buena fe, al uso o a la ley. [2341

2. PARTE. TIT. X/CAP. III

ARTS. 2828, 2827 y 2828

No obstante, nada se opone a que en los contratos de obra a precio alzado se introduzcan cláusulas de ajuste periódico en los precios unitarios o en el precio alzado convenido, de acuerdo con las variaciones de los índices de precios de los materiales en el mercado o de los salarios en la localidad. Por medio de estas cláusulas las partes convienen en la aplicación de un procedimiento para modificar los términos del contrato, en cuanto a los precios convenidos, si ocurren fenómenos inflacionarios o de fluctuaciones no previstas en los costos de la obra o devaluaciones monetarias. Se introduce así un elemento que permite flexibilidad en el contrato de tal manera que impediría la aplicación rígida del precepto que comentamos. Por otra parte, el contrato de obra a precio alzado ofrece mediante la modalidad del contrato de obra por administración, en la que el dueño suministra los materiales, una solución comúnmente aplicada para evitar que el riesgo de situaciones imprevistas e inevitables, sea soportado por el constructor de la obra. I.G.G.

Lo dispuesto en el articulo anterior, se observará también cuando haya habido algún cambio o aumento en el plano o diseño, a no ser que sean autorizados por escrito por el dueño y con expresa designación del precio.

ARTÍCULO 2627.

Puesto que las especificaciones, características y el precio de la obra se han establecido con base en el plano o diseño aprobado por el dueño, toda modificación al mismo requiere su consentimiento. El empresario carece de facultades para alterar unilateralmente lo convenido en el contrato del que forman parte los planos y diseños. STAR.

Una vez pagado y recibido el prhcio, no ha lugar a reclamación sobre él, a menos que al pagar o recibir, las partes se hayan reservado expresamente el derecho de reclamar.

ARTÍCULO 2628.

La doctrina ha reconocido los siguientes elementos del pago: 1. de existencia: manifestación de voluntad de quien lo hace y un objeto fisica y jurídicamente posible; 2. de validez: capacidad de las partes, ausencia de vicios de la voluntad y licitud en la prestación o abstención que se realice y 3. elementos específicos: existencia de una deuda, animus solvendi, intervención de un solvens y existencia 12351

LIBRO CUARTO

ARTS. 2628, 2629 y 2630

de un accipiens. (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, 4a. ed., t. V, vol. II, México, Porrúa, 1981, pp. 216 y ss.). Un pago que se ha efectuado si reúne estos elementos, es un acto jurídico válido y por lo tanto extingue la obligación de la cual constituye su cumplimiento. Los casos en que procede reclamación necesariamente carecen de alguno de los elementos mencionados. S.T.A.R.

El que se obliga a hacer una obra por ajuste cerrado, debe comenzar y concluir en los términos designados en el contrato, yen caso contrario, en los que sean suficientes, a juicio de peritos.

ARTICULO 2629.

Es claro que si se ha pactado el tiempo en que el empresario debe comenzar y concluir una obra, las partes deben estar a las términos del contrato. La expresión "y en caso contrario" debe entenderse en el sentido de que las partes no hubieren fijado la fecha del inicio o la de conclusión de la obra. En este punto, el precepto en comentario sigue la regla que sobre el pago establece el a. 2080, según la cual en caso de silencio, tratándose de obligaciones de hacer, el acreedor puede exigir el pago cuando haya trascurrido el tiempo necesario para su cumplimiento. La justificación de cualquier retardo en la iniciación o conclusión de la obra debe ser probada por medio de juicio pericial. S.T.A.R.

ARTÍCULO 2630. El

que se obligue a hacer una obra por piezas o por medida, puede exigir que el dueño la reciba en partes y se la pague en proporción de las que reciba.

Este articulo ofrece una modalidad del contrato de obra en la que se estipula el pago "por precios unitarios", a base de estimaciones del trabajo realizado en períodos determinados de tiempo. En esta modalidad, el precio se estipula alzadamente por la totalidad de la obra, pero es exigible parcialmente, a medida que ésta se va realizando en periodos determinados dentro de un plazo en el cual ha de quedar terminada. Visto que el a. 2625 dispone que el precio de la obra se pagará al quedar ésta terminada, salvo pacto en contrario, el precepto que se comenta permite la estipulación de pagos parciales anticipados, a cuenta del importe total del precio convenido por la obra concluida. [2361

ARTS. 2830, 2831 y 2832

24. PARTE. Trr. x/cAp. III

Este artículo permite al dueño cumplir su obligación en partes, lo cual hace menos gravoso el pago si se reservara hacerlo hasta el final de la obra ya la vez alivia al constructor de hacer desembolsos de dinero durante la construcción y esperar para recuperar los gastos efectuados por cuenta del dueño de la obra, hasta la conclusión de la misma. I.G.G.

La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño; pero no habrá lugar a esa presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos a buena cuenta del precio de la obra, si no se expresa que el pago se aplique a la parte ya entregada.

ARTÍCULO 2631.

Las cantidades que el dueño pague al constructor conforme al contrato antes de la conclusión de la obra, se aplicarán a la parte de la obra que se presume apróbada y recibida por el dueño hasta ese momento, Esta regla no se aplica si el pago parcial sólo constituye un anticipo a cuenta del precio total de la obra; entonces no surge esa presunción y no se reputa aprobada la obra, sino hasta que el dueño la reciba a su satisfacción al quedar completamente concluida. Es decir, este artículo se refiere al caso previsto en el anterior, cuando se ha convenido en que el constructor ejecutará la obra por unidades, ya se trate de piezas, medidas, secciones o porciones independientes entre sí, aunque se haya fijado un precio alzado por la obra. Al pagar el dueño cada unidad o extensión, se entenderá que la aprueba y la recibe a satisfacción y no ha de interpretarse en este caso, que se trata de un anticipo a cuenta del precio total de la obra, sino de varios pagos independientes entre sí, por la porción de obra realizada y recibida por el dueño. I.G.G.

ARTÍCULO 2632. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no se

observará cuando las piezas que se manden construir no puedan ser útiles, sino formando reunidas un todo.

Si las partes entregadas de la obra, no ofrecen separadamente utilidad al dueño, no podrá pactarse pago por piezas construidas o por medidas. Si las partes, no son adecuadas aisladamente al fin deseado, no habrá razón para presumir que el dueño se encuentra conforme con la ejecución de la obra; por lo tanto, el término 12371

ARTS. 2632, 2833

y

LIBRO CUARTO

2634

para el ejercicio de la acción de pago deberá contarse a partir de la fecha en que es entregada la totalidad de la obra. S.T.A.R. ARTÍCULO 2633. El empresario que se encargue de ejecutar alguna

obra, no puede hacerla ejecutar por otro, a menos que se haya pactado lo contrario, o el dueño lo consienta; en estos casos, la obra se hará siempre bajo la responsabilidad del empresario. El contrato de obra a precio alzado da lugar a una obligación de hacer en la que es característica que el obligado reúna conocimientos y pericia especiales, que son las que en el caso en comentario inducen al dueño de la obra a encargarla a una persona y no a otra. Es fácil comprender entonces que el artículo que nos ocupa se separe de la regla del pago según la cual éste puede ser hecho por un tercero (a. 2064) y ordena que sea precisamente el empresario quien ha de cumplir personalmente esa obligación. En caso de pacto en contrario o que el dueño lo consienta al aceptar que la obra se realice por un tercero, el empresario será responsable ante el dueño de la ejecución de la obra que realice el subcontratista. S.T.A.R. ARTÍCULO 2634. Recibida y aprobada la obra por el que la

encargó, el empresario es responsable de los defectos que después aparezcan y que procedan de vicios en su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricó; a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan empleado materiales defectuosos, después que el empresario le haya dado a conocer sus defectos, o que se haya edificado en terreno inapropiado elegido por el dueño, a pesar de las observaciones del empresario. La recepción y aprobación de la cosa por quien la encargó, no exime al contratista, de la responsabilidad por vicios ocultos, por defectos de construcción o mala calidad de los materiales empleados, salvo el caso de que por ser perito deba fácilmente conocerlos el dueño de la obra (a. 2143). C2313]

211. PARTE. TIT. X/CAP.

ARTS. 2634, 2635 y 2636

Esta responsabilidad del constructor cesa si por indicaciones del dueño emplea el contratista materiales defectuosos o construye la obra en terreno inapropiado a pesar de las oportunas observaciones que hiciere el empresario.

Los vicios que de tales circunstancias se deriven ya no serán ocultos para el dueño, antes bien, recibe la obra asumiendo los riesgos de la cosa, puesto que el constructor le advirtió de las deficiencias de los materiales empleados en la fabricación o de lo inapropiado del suelo en donde se edificó. El a. 365 del CC suizo de las obligaciones, impone al constructor o contratista la misma responsabilidad del vendedor por los vicios redhibitorios de la obra

que entrega concluida al dueño.

S.T.A.R.

ARTÍCULO 2635. El dueño de una obra ajustada por un precio fijo,

puede desistir de la empresa comenzada, con tal que indemnice al empresario de todos los gastos y trabajos y de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra. El desistimiento sólo perjudica o beneficia al dueño de la obra, ya que el empresario recibe el reembolso de gastos y el importe de honorarios por lo que ha realizado. El primero podrá optar por desistir de la obra siempre y cuando del ejercicio de ese derecho no deriven perjuicios a terceros. Con razón observa Manresa que al indemnizar el dueño al contratista por la utilidad que hubiere obtenido de la obra, con ello cubre lo que éste dejó de percibir como ganancia por toda la obra y en el cálculo de esa indemnización está comprendido el costo de los materiales y el importe de los salarios del personal que hasta el momento del desistimiento hubiere causado en la parte construida de la obra "por lo que resulta (si además debe pagar los gastos y trabajos) que viene éste a indemnizar dos veces a aquél." (Manresa y Navarro, José Ma., Comentarios al código civil español. Madrid, Reus, 1965, t. X, vol, II, p. 729). S,T.A.R.

ARTÍCULO 2636. Cuando

la obra fue ajustada por peso o medida, sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por una y otra parte, concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte concluida. [239]

ARTS. 2636, 2637 y 2638

LIBBO CUARTO

Este artículo prevé la posibilidad de rescisión unilateral de un contrato de obra a destajo, sin responsabilidad alguna para la parte que lo rescinde, con la obligación a cargo del dueño, de pagar las piezas construidas o la parte de la obra que hasta entonces haya realizado el empresario o constructor. I.G.G.

Pagado el empresario de lo que le corresponde, según los dos artículos anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra, empleando a otras personas, aun cuando aquélla siga conforme al mismo plano, diseño o presupuesto.

ARTÍCULO 2637.

Como comentario a este precepto nos remitimos a lo expuesto en relación con los aa. 2622 y 2623. S.T.A.R.

el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el contrato; pero el dueño indemnizará a los herederos de aquél, del trabajo y gastos hechos.

ARTÍCULO 2638. Si

Podría ser este precepto un caso en que la causa impulsiva influye sobre la subsistencia del contrato al fallecer el constructor antes de concluirla. El contrato se extingue cuando sus cualidades personales han sido determinantes para encargar la ejecución de la obra. El precepto no lo dice así expresamente, pero se puede concluir fácilmente que este sea su sentido porque los contratos no producen efectos entre los herederos de las partes, cuando los derechos y obligaciones que de ellos se deriven, son intransmisibles como ocurre en el caso en que tratándose de obligaciones de hacer éstas se adquieren para ser ejecutadas personalmente por el profesional, artista o artesano o bajo su dirección y no por otra persona. El CC español, dispone expresamente que "cuando se ha encargado cierta obra a una persona, por razón de sus cualidades personales el contrato se rescinde por la muerte de esta persona". El contrato se ha celebrado intuitu personae, por razón de la confianza. I.G.G. [2403

U. PARTE. TIT. X/CAP. III

ARTS. 2639, 2640, 2641 y 2042

ARTICULO 2639. La misma disposición tendrá lugar si el empresa-

rio no puede concluir la obra por alguna causa independiente de su voluntad. En este caso, el contrato no puede jurídicamente subsistir.por imposibilidad de ejecución, no imputable al constructor. Podríamos decir que el obligado se ha liberado por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquiera otra razón que siendo insuperable no es imputable a la voluntad del obligado. I.G.G. ARTÍCULO 2640. Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrata, y sus herederos serán responsables del cumpli-

miento para con el empresario. A diferencia de las consecuencias que produce la muerte del empresario, a quien se ha elegido en atención a sus personales cualidades, conocimiento o experiencia, la muerte del dueño de la obra no produce la rescisión ya que n" ormalmente ello no impide a sus herederos cumplir con las obligaciones de éste (cubrir el importe de la obra). Sin embargo, como es elemento esencial de este contrato que el pago haya de ser en dinero, si se hubiere convenido que se haría en una prestación que solamente el dueño podría cumplir, se aplicarán en lo procedente los aa. 2636 y 2639. S.T.A.R. ARTICULO 2641. Los que trabajen por cuenta del empresario o le

suministren material para la obra, no tendrán acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que alcance el empresario. Este artículo es de naturaleza procesal y no sustantiva. El subcontratista puede notificar al deudor (dueño de la obra) que se abstenga de pagar las sumas que deba al contratista, hasta que el subcontratista sea pagado del importe del crédito que tenga en contra del primero, por la parte de la obra que haya ejecutado. S.T.A.R. ARTÍCULO 2642. El empresario es responsable del trabajo ejecu-

tado por las personas que ocupe en la obra. 12411

ARTS. 2042, 2643, 2644 y 2645

LIBRO CUARTO

Como comentario a este artículo nos remitimos a la parte final de las observaciones hechas al a. 2633. S.T.A.R. ARTÍCULO 2643. Cuando se conviniere en que la obra deba hacerse

a satisfacción del propietario o de otra persona, se entiende reservada la aprobación, a juicio de peritos.

Sería contrario al principio de que el cumplimiento de las obligaciones no puede quedar al arbitrio de una de las partes, y que el empresario tuviera que sujetar la aprobación de su obra al criterio unilateral del dueño, por ello, si la obra resulta satisfactoria a juicio de peritos, conforme a lo pactado, el dueño deberá tenerse por satisfecho. S.T.A.R.

El constructor de cualquiera obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra.

ARTÍCULO 2644.

Dada la reciprocidad o dependencia de las obligaciones, parece claro que el empresario no está obligado a entregar la cosa mientras no se le pague su precio. Lo dispuesto en este precepto se encuentra en armonía con lo dispuesto en el a. 2625 a cuyo comentario nos remitimos. S.T.A.R. ARTÍCULO 2645. Los empresarios constructores son responsables,

por la inobservancia de las disposiciones municipales o de policia y por todo daño que causen a los vecinos.

La responsabilidad de que habla el artículo en comentario es a cargo de los empresarios constructores y no del dueño de la obra, dicha afirmación se funda en la presunción de que mientras éste sólo requiere de la obra y celebra el contrato eventualmente, aquéllos en razón de su oficio, normalmente se dedican a su realización y consecuentemente deberán conocer y cumplir tales disposiciones. S.T.A.R. [242]

PARTE. TIT, X/CAP. IV

ART. 2646

CAPITULO IV De los porteadores y alquiladores

ARTÍCULO 2646. El contrato por el cual alguno se obliga a trans-

portar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por el aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos; si no constituye un contrato mercantil, se regirá por las reglas siguientes. Este articulo es parcialmente de carácter instrumental por la remisión que efectúa a los siguientes preceptos de este capítulo. Sin embargo, es importante la descripción dogmática del negocio. En virtud del contrato de transporte, una persona se obliga a prestar un servicio consistente en la conducción de personas o cosas, hacia un lugar determinado, asumiendo un compromiso directo y personal aunque el transporte se lleve al cabo materialmente por algún subafdinado o dependiente. Los elementos personales de este contrato son el cargador o cliente, que es la persona que entrega el objeto o, en su caso, la persona que va a ser transportada; el porteador, que es la persona física o moral que tiene a su cargo el traslado, y finalmente el consignatario o destinatario que es la persona a quien se deben entregar en su caso los bienes transportados. La referencia al contrato de "porteadores y alquiladores", responde a una denominación tradicional que la práctica contractual ya no acoge. Este contrato se encuentra hoy en franco desuso, porque ha sido desplazado por el contrato mercantil regulado con profusión en los aa. 576-604 del CCo: y por las leyes de carácter administrativo que exigen el otorgamiento de la concesión o autorización respectiva. De hecho, la dinámica de la vida moderna exige incluso la instauración de formas sofisticadas como el contrato de Ttansporte Multimodal Internacional. Por lo tanto es un hecho sumamente raro la celebración de un contrato de transporte que no involucre al mismo tiempo una actividad constante y organizada con dicha finalidad. Este es, por cierto, el criterio para la distinción que emplea la legislación mercantil: la presencia de un sujeto económico típico, que se hace residir en la empresa, y en la idea de realización de actos en masa (Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Curso de derecho mercantil, t. II, México, Porrúa, 1978, p. 241). Visto así, el contrato de transporte de naturaleza civil exige la necesidad de una actuación ocasional, que además no merezca su [2431

ARTS. 2846, 2647 y 2848

LIBRO CUARTO

inclusión en la normativa de la LGVC que, desde el punto de vista del derecho administrativo, acoge este tipo de contratos. Es importante advertir como dato curioso que a pesar de la filiación exclusivamente civilista que la regulación legal pretende conferirle, el propio texto legal utiliza el calificativo de "dependientes", que tiene una larga tradición mercantilista. J.A.M.G. ARTÍCULO 2647. Los porteadores responden del daño causado a

las personas por defecto de los conductores y medios de transporte que emplean; y este defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito que no le puede ser imputado. Entre las obligaciones del transportador o del porteador se encuentra !a de responder del daño causado a los pasajeros por negligencia o impericia de los conductores y por defectos de los medios de transporte. Esta obligación debe relacionarse con la consignada ene! a. 2649 que le impone la misma responsabilidad por las omisiones o errores en que incurrieron en el envío o transporte de mercancías. En el caso del transporte de personas, se excluye la responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito, pero sí le es imputable la falta que ocurra por defectos en el medio de transporte empleado. Una saludable previsión legal hace presumir este defecto en virtud de que el porteador tiene la obligación de mantener en buenas condiciones el equipo o los instrumentos que utilice para la transportación. (Véase el a, 1913). J.A.M.G.

ARTÍCULO 2648. Responden, igualmente, de la pérdida y de las

averías de las cosas que reciban, a no ser que prueben que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito, de fuerza mayor o de vicio de las mismas cosas. Es obligación general del porteador el cuidado y conservación de los objetos recibidos para su transportación. De allí se desprende la responsabilidad por pérdidas y averías causadas por su culpa o negligencia. En consecuencia, el (2441

2a. PARTE. TIT. X/CAP. IV

ARTS. 2698, 2649, 2650 y 2651

porteador tiene obligación de tomar las precauciones necesarias para llevar al cabo el transporte, en condiciones razonables de seguridad. J.A.M.G. ARTICULO 2649. Responden también de las omisiones o equivoca-

ción que haya en la remisión de efectos, ya sea que no los envíen en el viaje estipulado, ya sea que los envíen a parte distinta de la convenida. El envío a diferente destino conforma desde luego una causa grave de incumplimiento de contrato que en tal medida frusta las espectativas negociales del cargador. Aunque pudiera considerarse de menor gravedad el transporte en viaje distinto al previsto, el porteador debe responder también de los daños y perjuicios causados si ese error se debe a culpa o negligencia imputable a él, ya que ello constituye retraso importante en la previsión del cliente. J.A.M.G.

ARTÍCULO 2650. Responden, igualmente, de los daños causados

por retardo en el viaje, ya sea al comenzarlo o durante su cnrso, o por mutación de ruta, a menos que prueben que caso fortuito o fuerza mayor los obligó a ello. Esta disposición que se refiere al retardo en el viaje, tiene estrecha relación con el artículo anterior en cuanto a la omisión del envío en el viaje previsto, pero aun remitidos los bienes en el viaje originalmente estipulado, puede ocurrir que por culpa del porteador el envío sufra retraso que origine daños y perjuicios al cargador. De ello no es responsable si el retraso ha sido obligado por caso fortuito o fuerza mayor. Un supuesto cercano a esta hipótesis es la modificación de ruta, porque el porteador no puede alterar el itinerario programado a menos que como en el caso anterior, una grave imposibilidad lo obligue a ello. J.A.M.G.

ARTÍCULO 2651. Los

porteadores no son responsables de las cosas que no se les entreguen a ellos, sino a sus cocheros, marineros, remeros o dependientes, que no estén autorizados para recibirlas. 12451

ARTS. 2651, 2652, 2853 y 2654

LIBRO CUARTO

El porteador queda a salvo en su responsabilidad cuando los bienes que van a ser transportados se hayan entregado a persona que aunque se encuentre a su servicio, no esté autorizada para recibir los efectos. Con evidente anacronismo, el texto legal se refiere al caso de cocheros, marineros, remeros o dependientes. (Véase el a. 1924). J.A.M.G. ARTÍCULO 2652. En el caso del artículo anterior, la responsabili-

dad es exclusiva de la persona a quien se entregó la cosa. Estrechamente vinculado al precepto anterior, este artículo simplemente integra la hipótesis, fincando la responsabilidad exclusiva de la persona a quien se entregó indebidamente el objeto. En este sentido la técnica legislativa deja qué desear y no se justifica su división en dos articules de contenido tan estrechamente relacionado. J.A.M.G. ARTÍCULO 2653. La responsabilidad de todas las infracciones que

durante el transporte se cometan, de leyes o reglamentos fiscales o de policía, será del conductor y no de los pasajeros ni de los dueños de las cosas conducidas, a no ser que la falta haya sido cometida por estas personas. Una vez que el cargador ha depositado los objetos a transportar bajo la responsabilidad del porteador, no puede resultar ya jurídicamente imputable puesto que su actuación se limita a la entrega de los bienes en las condiciones requeridas por el transportador. Cabe subrayar aquí la analogía que guarda la legislación fiscal con la ubicación del contrato en el CC. En términos del a. 14 de la Ley del IVA "para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes: _II,— El transporte de personas o bienes,..", aunque en términos del a. 15 de la misma ley, no se cause el impuesto por el transporte público terrestre de personas. J.A.M.G. ARTÍCULO 2654. El porteador no será responsable de las faltas de

que trata el artículo que precede, en cuanto a las penas, sino cuando tuviere culpa; pero lo será siempre de la [2461

ARTS. 2854, 2655 y 2658

241. PARTE. TIT. X/CAP. IV

indemnización de los daños y perjuicios, conforme a las prescripciones relativas. En la misma hipótesis del artículo anterior, el que se comenta prevé expresamente la obligación del porteador, del cumplimiento de las penas por infracciones a las leyes administrativas que les sean imputables y de los darlos y perjuicios que se causen al cargador por esas infracciones en contravención a las leyes fiscales o de policía. Una sanción que puede ser impuesta en algunos casos en ese tipo de infracciones es p.e. el decomiso de los bienes transportados. JAMO. ARTÍCULO 2655. Las

personas transportadas no tienen derecho para exigir aceleración o retardo en el viaje, ni alteración alguna en la ruta, ni en las detenciones o paradas, cuando estos actos estén marcados por el reglamento respectivo o por el contrato.

La alteración de las reglas y circunstancias a las que se sujetará el viaje no puede realizarse por voluntad o exigencia de las personajtransportadas. Su cumplimiento es responsabilidad directa del porteador, siempre que éste se ajuste a las estipulaciones previstas en el contrato y en los reglamentos aplicables. J. A.M.G.

El porteador de efectos deberá extender al cargador una carta de porte de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta se expresarán: 1.—E1 nombre, apellido y domicilio del cargador; II.—El nombre, apellido y domicilio del porteador; 111.—El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden van dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta; IV.—La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan; V.—E1 precio del transporte; VI.—La fecha en que se hace la expedición; VII.— El lugar de la entrada al porteador;

ARTÍCULO 2656.

[2471

LIBRO CUARTO

ARTS. 2858 y 2857

VIII.—E1 lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; IX.—La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto. El documento en el que se consignan los términos del contrato se llama "carta de porte", que generalmente es un documento privado de redacción simple, en el que se consignan las cláusulas esenciales del contrato. Aunque el texto legal prevea la posibilidad de que el cargador reciba solamente una copia de dicha carta, la costumbre en este sentido prescribe la entrega del original, reservando un ejemplar para el porteador y otro que aprovecha la conveniencia de anexar dicho contrato a los propios efectos en viaje. La carta de porte contiene los nombres de los contratantes y la designación precisa de los objetos en tránsito, expresando sus condiciones y cualesquiera otra circunstancia que pueda hacerlos fácilmente distinguibles de mercancías similares. Otro dato igualmente importante debe referirse al precio del transporte, puesto que forma parte del contrato. La referencia a la fecha y lugar de expedición de la carta de porte son asimismo importantes, con la adición indispensable del lugar en que el porteador debe hacer la entrega al consignatario de las cosas transportadas. Por último, por la misma naturaleza del contrato, es costumbre que se estipulen desde su inicio las penas convencionales o la indemnización que debe cubrirse en caso de retraso en la entrega. Es interesante advertir que en el caso de la carta de porte mercantil, el documento rebasa su naturaleza de instrumento meramente probatorio para convertirse en un representativo de mercancías, aunque esta afirmación pueda ser discutida (Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Curso de derecho mercantil, México, Porrúa, 1963, p. 248). Actualmente, los contratos de transporte mercantil y administrativo se llevan al cabo bajo contratos de adhesión. J.A.M.G.

Las acciones que nacen del transporte, sean en pro o en contra de los porteadores, no duran más de seis meses, después de concluído el viaje.

ARTÍCULO 2657.

Se fija aquí un plazo sumamente breve para el ejercicio de las acciones que pudieran originarse del contrato. Ello es así por la evidente facilidad con que se desarrollan las comunicaciones hoy en día y por la necesidad de prestar seguridad y dinamismo al tráfico de objetos y personas. [248]

ARTS. 2657, 2658 y 2659

22. PARTE. TIT. X/CAP. IV

Con carácter mucho más casuística, el CCo. distingue el plazo en la prescripción para los viajes verificados dentro de la República y aquéllos que tienen lugar en el extranjero. J.A.M.G. ARTÍCULO 2658. Si la cosa transportada fuere de naturaleza peli-

grosa, de mala calidad o no estuviere convenientemente empacada o envasada, y el daño proviniere de alguna de esas circunstancias, la responsabilidad será del dueño del transporte, si tuvo conocimiento de ellas; en caso contrario, la responsabilidad será del que contrató con el porteador, tanto por el daño que se cause en la cosa, como por el que reciban el medio de transporte u otras personas u objetos. Esta es una hipótesis compleja que debe atender al dolo o la mala fe por ocultación del estado real o de la naturaleza de los objetos susceptibles de transportación. Es obligación del cargador, advertir al porteador de la presencia de cualesquiera de estas circunstancias, puesto que el daho puede rebasar el deterioro o destrucción de las cosas transportadas para afectar a otras cosas o causar perjuicios al porteador o a terceros. Es asimismo obligación del porteador advertir a su cliente de las posibilidades de avería o deterioro en los efectos a transportar, por vicios intrínsecos o por las malas condiciones de guarda o embalaje, quien puede hacerlo, en virtud de su mayor experiencia en la conducción de toda clase de efectos. A esta causa de responsabilidad se refiere la parte inicial del artículo en cita. J.A.M.G. ARTÍCULO 2659. El alquilador debe declarar los defectos de la

cabalgadura o de cualquier otro medio de transporte, y es responsable de los daños y perjuicios que resulten de la falta de esta declaración. Por primera vez, el legislador usa en este texto la denominación "alquilador"

para referirse al transportista o porteador. Como la referencia coincide con la mención de la cabalgadura como medio de transporte, el artículo puede prestarse a cierta confusión con la distinta figura del arrendamiento o alquiler de semovientes que se encuentra regulada en los aa. 2470 y siguientes, dentro [2491

ARTS. 2859, 2680

LIBRO CUARTO

y 2661

del rubro general de arrendamiento de bienes muebles. Ambas figuras, sin embargo, son del todo diversas si se atiende al objetivo específico que se persigue con su uso, ya que en este caso la utilización de la cabalgadura —de cualquier otro medio— se destina al transporte de las personas o de las cosas. Sin embargo, es importante precisar que, en la intención del legislador, este precepto —junto con el siguiente— puede conformar una "modalidad" del contrato de transporte, consistente en el hecho de que se prescinden de los servicios personales del porteador o de sus subordinados para hacer que el propio cargador asuma la responsabilidad en la conducción. Con este sentido preciso, el alquilador tiene la obligación de declarar los defectos del equipo puesto al servicio del cliente, bajo la pena de quedar vinculado al pago de daños y perjuicios. Es innecesario advertir el anacronismo de la ley al destacar la cabalgadura de los demás medios de transporte; en todo caso se trata de un contrato de alquiler de un medio de transporte que dirige u opera el que se sirve de él. No está colocado el precepto en su debida ubicación. J. A.M.G.

ARTÍCULO 2660. Si la cabalgadura muere o se enferma, o si en

general se inutiliza el medio de transporte, la pérdida será de cuenta del alquilador, si no prueba que el daño sobrevino por culpa del otro contratante. La interpretación anterior respecto a la modalidad específica del contrato explica plausiblemente, además de la distinta denominación en la figura del porteador, la imputación de responsabilidad para el caso de que se inutilice el medio de transporte, a menos que pueda probarse que la pérdida se haya originado por culpa del cargador o más precisamente, de la persona que se transporte a sí misma o a sus bienes, con medios ajenos. El "alquilador" es el que da en alquiler el medio de transporte y "el otro contratante" debe entenderse el que tomó en alquiler la cabalgadura (o el automóvil), para montar aquélla o para conducir éste. J.A.M.G.

ARTÍCULO 2661. A falta de convenio expreso, se observará la

costumbre del lugar, ya sobre el importe del precio y de los gastos, ya sobre el tiempo en que haya de hacerse el pago. [250]

2. PARTE. T1T. X/CAP. IV

ARTS. 2461, 2682 y 2663

En rigor la carta de porte es el documento probatorio del contrato y de las cláusulas que lo integran. A falta de convenio expreso —lo que es frecuente en un contrato de naturaleza civil que no tiene propósito de especulación comercial y por lo mismo no mantiene una actividad reiterada o constante— deberá observarse la costumbre del lugar. En este sentido la ley acierta, porque la apelación a esta fuente de derecho como norma supletoria, alcanza grados muy razonables de conformidad en las regiones en las que usos y costumbres configuran el contenido de esos contratos. J.A.M.G. ARTÍCULO 2662. El crédito por fletes que se adeudaren al portea-

dor, serán pagados preferentemente con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en poder del acreedor. El crédito por fletes tiene un privilegio singular al ser cubierto preferentemente con el precio de los efectos transportados (a. 2993 fr. V) mientras se encuentren en poder del acreedor. Esta disposición legal otorga al mismo tiempo un.derecho de retención de la mercancía transportada en favor del transportador, quien puede negarse válidamente a entregar al destinatario, mientras no haya sido pagado el flete.

1.G .G. ARTÍCULO 2663. El contrato de transporte es rescindible a volun-

tad del cargador, antes o después de comenzar el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad, y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esta, obligación, o no pagare el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. Con defectuosa terminología el legislador habla de rescisión cuando en rigor, se trata de la revocación del contrato, en virtud de declaración unilateral del cargador en distinto o contrario sentido a su voluntad inicial, ya que esta modificación de voluntad, no ha provenido de incumplimiento de su contraparte. Como el porteador no ha dado causa a la resolución del contrato, el cargador deberá indemnizar a aquél, de los daños y perjuicios que se hayan causado y que 12511

ARTS. 2663, 2664 y 2665

LIBRO CUARTO

el precepto fija en la mitad del precio del transporte, si éste no se ha iniciado o la totalidad del mismo si el viaje ya ha comenzado al tiempo de la renovación de la voluntad del cargador. La ley establece el importe de la pena en que se deberá tasar la responsabilidad civil en las hipótesis previstas en el precepto que se comenta. I.G.G. ARTÍCULO 2664. El contrato de transporte se rescindirá de hecho

antes de emprenderse el viaje, o durante su curso, si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo. Nuevamente el legislador se refiere a la rescisión invocando ahora una causa completamente distinta a la anterior, puesto que no tiene su origen en la voluntad del cargador ni en la del porteador. El legislador ha querido referirse a lo que la doctrina denomina como ineficacia del contrato por causa superviniente extrínseca a él, por causa de fuerza mayor (a. 1828), que propiamente da lugar a la terminación del contrato por imposibilidad de ejecución no imputable a las partes. I.G.G. ARTICULO 2665. En el caso previsto en el artículo anterior, cada

uno de los interesados perderá los gastos que hubiere hecho si el viaje no se ha verificado; y si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la parte proporcional al camino recorrido, y la obligación de presentar los efectos, para su depósito, a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa de hallarse en el estado consignado en la carta de porte, de cuyo hecho dará conocimiento oportuno al cargador, a cuya disposición deben quedar. Como causa de la terminación del contrato que escapa a la voluntad negocial de los contratantes, el texto legal dispone la distribución equitativamente entre las partes, tratando de ajustar el equilibrio contractual, ante un suceso que ninguna de ellas ha podido evitar. J.A.M.G. [2521

2.1. PARTE.

ART.

Trr, x/cAp. y CAPITULO V Del contrato de hospedaje

ARTÍCULO 2666

El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje.

El legislador coloca el contrato de hospedaje dentro del título décimo del libro de contratos relativo a aquellos que implican una prestación de servicio. El albergue es el lugar donde puede hallarse hospedaje o resguardo (Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona .I. Casares, 1951) y a su vez el hospedaje queda definido como "alojamiento y asistencia que se da a una persona". De donde resulta que el contrato de hospedaje consistirá en la prestación de alojamiento y asistencia que se da a una persona por un precio determinado. Clasificase por consecuencia el contrato como bilateral, oneroso, conmutativo, de eficacia puramente obligatoria por cuanto que no trasmite la propiedad y que produce efectos en un lapso o período de tiempo. Indudablemente es el típico contrato de prestación de servicios pues además de dar alojamiento, puede estipularse la asistencia y otros gastos que origina la misma. Este precepto debe vincularse con el a. 1925 que en el capítulo relativo a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos impone a los dueños de hoteles o casas de hospedaje, la responsabilidad de los daños y perjuicos causados por sus sirvientes en el ejercicio de su encargo que se funda, como se ha dicho, en la doble fuente de culpa por la elección y culpa por la vigilancia (culpa in eligendo et culpa in vigilando). Finalmente el contrato se vincula con lo que podríamos llamar depósito de hospedería regulado por los aa. 2535 al 2538 relativos al contrato de depósito y conforme a los cuales según se ha visto, los dueños de albergues responden por la custodia de las cosas introducidas en el mismo por el huésped, porque es un principio de derecho que el dueño responde de los objetos que los clientes le hayan dejado en custodia al dueño; el legislador indica que en este caso la responsabilidad no excederá de la suma de $ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), pero podría decirse que la responsabilidad será ilimitada en casos de culpa grave del hostelero o de su personal. Finalmente el posadero no se exime de responsabilidad por el hecho de poner avisos en su establecimiento para eludirla y cualquier pacto limitando o modificando esta responsabilidad será nulo (a. 2537). J.J.L.M. [253]

Alas. 2067, 2668 y 2609

LIBRO CUARTO

Este contrato se celebrará tácitamente, si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto.

ARTÍCULO 2667.

Es principio general de derecho que el que ofrece un servicio al público debe cumplirlo; por esa razón se ha visto que el mandato puede celebrarse con consentimiento no solamente expreso sino aun tácito y se discute si el silencio podría ser fuente de formación del consentimiento (a. 2547); participando el contrato de hospedaje de la naturaleza del contrato de servicio, el legislador señala que el contrato podrá celebrarse tácitamente, si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto; en otras palabras la formación del consentimiento sería tácita puesto que resultaría de hechos o actos que lo presupongan (a. 1803). J.J.L.M.

El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible.

ARTÍCULO 2668.

En concordancia con el artículo anterior y puesto que el consentimiento de las partes que celebran el contrato de hospedaje puede formarse expresa o tácitamente, cuando se reforma expresamente las partes pueden poner las condiciones que más convengan a sus intereses. Lo más común será que el consentimiento se haya formado tácitamente y en este caso las condiciones de la prestación del servicio, dice el legislador en este artículo, se regirán por el reglamento que expida la autoridad competente. Tratándose del DF la autoridad competente será el DDF y el reglamento recibe el nombre de "Reglamento de establecimientos de hospedaje, campamentos y paradores de casas rodantes", del 20 de agosto de 1984. El gobierno del DF en representación del interés general de los solicitantes de servicio ha dictado un reglamento para vigilar el cumplimiento del servicio. J.J.L.M. ARTICULO 2669. Los

equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del hospedaje; a ese efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospeden podrán retenerlos en prenda hasta que obtengan el pago de lo adeudado. 12541

2a. PARTE. TIT. X/ CAP. V. TIT. XI/ I

ARTS. 2689 y

2070

Hemos dicho que el contrato de hospedaje es bilateral; en consecuencia, el servicio que se obtiene de alojamiento y asistencia está vinculado con el precio; por esa razón el artículo que comentamos establece que los equipajes de los pasajeros responden del importe del hospedaje y esta responsabilidad otorga al dueño del establecimiento un crédito preferente conforme al a. 2993 fr, VI. Finalmente el artículo consagra a favor de los dueños de hoteles u hospederías un derecho de retención de los equipajes de los pasajeros hasta que obtengan el pago de lo adecuado. J.J.L.M.

TITULO DECIMOPRIMERO De las asociaciones y de las sociedades

De las asociaciones ARTÍCULO 2670. Cuando varios individuos convienen en reunirse,

de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Planto] en su Tratado elemental del derecho civil (Teoría General de los contratos, vol. VII, traducción de I la. edición francesa, Puebla, Cajica, 1947) reproduciendo la ley del primero de junio de 1901 define la asociación como "el contrato por el cual varias personas ponen en común su actividad y, en caso necesario, sus rentas o capitales con un fin distinto al de dividir los beneficios". Fundamenta además el autor francés la utilidad del contrato en la consecuencia de que "permite realizar un fin o ejercitar una influencia que el aislamiento de los individuos haría más difícil o aun imposible". Es característica fundamental de la asociación el que las personas que la constituyen convengan en reunirse de una manera que no sea enteramente transitoria y se distingue de la simple reunión, por su permanencia. Elemento causal del contrato lo constituye el objeto o finalidad propuesta pues la asociación tiene capital y esfuerzo que tiende a la realización de un fin común que no tiene carácter preponderantemente económico o como dice el a. 25 fr. VI de éste código, un fin político, científico, artístico, de recreo o cualquier otro propósito lícito, siempre que la reunión o asociación no fuere desconocida por la ley. [2551

TITULO DECIMOPRIMERO De las asociaciones y de las sociedades

2a. PARTE. TIT. X/ CAP. V. TIT. XI/ I

ARTS. 2689 y

2070

Hemos dicho que el contrato de hospedaje es bilateral; en consecuencia, el servicio que se obtiene de alojamiento y asistencia está vinculado con el precio; por esa razón el artículo que comentamos establece que los equipajes de los pasajeros responden del importe del hospedaje y esta responsabilidad otorga al dueño del establecimiento un crédito preferente conforme al a. 2993 fr, VI. Finalmente el artículo consagra a favor de los dueños de hoteles u hospederías un derecho de retención de los equipajes de los pasajeros hasta que obtengan el pago de lo adecuado. J.J.L.M.

TITULO DECIMOPRIMERO De las asociaciones y de las sociedades

De las asociaciones ARTÍCULO 2670. Cuando varios individuos convienen en reunirse,

de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Planto] en su Tratado elemental del derecho civil (Teoría General de los contratos, vol. VII, traducción de I la. edición francesa, Puebla, Cajica, 1947) reproduciendo la ley del primero de junio de 1901 define la asociación como "el contrato por el cual varias personas ponen en común su actividad y, en caso necesario, sus rentas o capitales con un fin distinto al de dividir los beneficios". Fundamenta además el autor francés la utilidad del contrato en la consecuencia de que "permite realizar un fin o ejercitar una influencia que el aislamiento de los individuos haría más difícil o aun imposible". Es característica fundamental de la asociación el que las personas que la constituyen convengan en reunirse de una manera que no sea enteramente transitoria y se distingue de la simple reunión, por su permanencia. Elemento causal del contrato lo constituye el objeto o finalidad propuesta pues la asociación tiene capital y esfuerzo que tiende a la realización de un fin común que no tiene carácter preponderantemente económico o como dice el a. 25 fr. VI de éste código, un fin político, científico, artístico, de recreo o cualquier otro propósito lícito, siempre que la reunión o asociación no fuere desconocida por la ley. [2551

ARTS. 2070 y 2671

LIBRO CUARTO

Decimos que no fuere desconocida por la ley, porque las corporaciones de carácter público requieren el reconocimiento por la ley (a. 25 fr. II) en tanto que la asociación no exigirá el reconocimiento de la ley para que exista, bastará con que no le sea desconocida. Efectivamente, el Código napoleónico prohibía la existencia de asociaciones pues la Revolución francesa destruyó los gremios y agrupaciones de personas que existían en Francia. El objeto fundamental era prohibir las asociaciones profesionales de trabajadores y las congregaciones religiosas, de tal suerte que el CP francés de 1810 en sus famosos aa. 291 y 292 declaraba delictuosa la asociación tan pronto como contaba con más de veinte miembros y ordenaba su disolución y la imposición de una multa, a los fundadores, directores de la asociación y propietarios de los locales en donde se realizaban las reuniones. La prohibición establecida por el CP francés no era absoluta, al decir de Planiol, las asociaciones de más de veinte miembros podían ser autorizadas por el gobierno pero esta autorización administrativa era esencialmente revocable. Las primeras asociaciones tomaron forma de sociedades secretas y sólo fueron permitidas, especialmente las asociaciones de trabajadores, a partir de la ley del primero de julio de 1901. El comentario de este artículo concluye con la observación de que la asociación es una reunión permanente para la realización de un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Es obvio que las asociaciones requieren de un patrimonio y que habrá en ellas actividades económicas pero se distinguen de las sociedades porque en éstas la combinación de los recursos o esfuerzos tiene como fin la obtención de beneficios.

ARTÍCULO 2671. El contrato por el que se constituya una asocia-

ción, debe constar por escrito. El legislador exige que el contrato de asociación conste por escrito porque el contenido u objeto de la misma no puede presumirse. En otros contratos nominados los derechos y obligaciones de las partes están precisados en atención al fin; en la asociación el objeto no puede conocerse si no lo especifican las partes, es por eso que el contrato de asociación debe celebrarse por escrito y por analogía con el a. 2693 de este código, deberá contener los nombres y apellidos de los asociados, el objeto de la asociación y el aporte en actividad, rentas o beneficios a cargo de cada uno de los miembros. J.J.L.M. F2561

ARTS. 2672, 2873 y 2674

20. PARTE. TIT. XI/I

ARTÍCULO 2672. La asociación puede admitir y excluir asociados. Los miembros de la asociación reciben el nombre de asociados. El artículo que comentamos dice que la asociación puede admitir y excluir asociados ya que conforme al a. 2674 el poder suprema de las asociaciones reside en la asamblea general, la cual resolverá sobre la admisión y exclusión de los asociados (a. 2676 fr. I),puede decirse que lo que el legislador quiso decir en esta disposición es que la asociación por conducto de su órgano fundamental que tiene el poder supremo, es decir, por conducto de la asamblea general, puede admitir y excluir asociados.

ARTÍCULO 2673. Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los

que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. Las asociaciones pueden formarse libremente puesto que como hemos dicho no podrían operar sólo aquellas que fuesen reconocidas por la ley; en consecuencia están facultadas para elaborar sus estatutos. En otros términos, los contratantes, esto es los asociados fundadores, podrán poner las cláusulas que crean convenientes (a. 1839) por lo tanto estarán legitimados para elaborar sus estatutos en el momento de la fundación y para modificarlos en una asamblea posterior que reúna los requisitos estatutarios. Los estatutos deben ser inscritos en el RPP a efecto de que puedan producir efectos con relación a terceros. De otra Suerte si estos estatutos no se inscriben, si bien producirán efectos entre los asociados fundadores no lo podrían producir en contra de los asociados que posteriormente se agreguen o de terceros, salvo respecto de los primeros que se pruebe que los conocían. La inscripción de la asociación o persona moral exige la elaboración de un instrumento, esto es escritura pública por la que se constituya e instrumentos que contenga la protocolización de los estatutos. Los instrumentos públicos de las asociaciones contendrán los elementos esenciales que hemos mencionado: nombre de los asociados, objeto, duración y domicilio y aportaciones, en aplicación de los aa. 3071 al 3074 de este código en la que hubiere analogía. J.J.L.M.

poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán

ARTÍCULO 2674. El

12571

LIBRO CUARTO

ARTS. 2674, 2675 y 2676

las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a estos documentos. Esta disposición es fundamental para la vida de la asociación. Se habla en este artículo de una potestad suprema que radica en la asamblea general y decimos potestad porque se entiende por tal el poder que tienen los sujetos en satisfacer o llevar a cabo el objeto de la institución. El legislador coloca este poder supremo en la asamblea general que se constituye por todos los asociados, por lo cual exige el llamamiento o notificación a todos ellos en la forma prevista en sus estatutos; se entiende que si los estatutos no dijesen nada al respecto el llamamiento debe efectivamente ser realizado en el domicilio que el asociado había señalado; si no se hiciese la notificación se le podría estar privando de sus derechos de asociado sin oírle y vencerle en la reunión correspondiente. La asociación se rige en sus relaciones externas e internas por el director o directores de la misma. Los estatutos fijan cuáles son las facultades que se les conceden a dichos directores; la asamblea general puede modificar ampliando o restringiendo las facultades de los mismos.

J.J.L.M.

La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil a petición de dichos asociados.

ARTÍCULO 2675.

El órgano supremo de la asociación, esto es la asamblea general, deberá reunirse en la época fijada en los estatutos. Asimismo deberá reunirse si es convocada por la dirección. Está obligada a citar a asamblea cuando fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, y si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez a petición de dichos asociados. J.J.L.M.

La asamblea general resolverá: 1.— Sobre la admisión y exclusión de los asociados; 11.— Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos.

ARTÍCULO 2676.

[258]

2a. PARTE. TIT. XI/I

ART. 2876

III.—Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva; IV.—Sobre la revocación de los nombramientos hechos; V.—Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. Hemos dicho al comentar el a. 2674 que el poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general, por esta razón el artículo que comentamos menciona los puntos que son competencia exclusiva de esa potestad suprema de la asociación. La primera de las facultades de la asamblea general consiste en resolver sobre la admisión y exclusión de los asociados; para uno y otro acto deberá estarse a lo previsto en los estatutos. Especialmente para la exclusión de un asociado debe tomarse en cuenta lo que previene el a. 2681 en el sentido de que la exclusión solamente operará por las causas que señalen los estatutos y no podría ser de otro modo por cuanto que aun cuando la doctrina estima que la asociación y sociedad son actos jurídicos de gestión colectiva el legislador las coloca dentro del libro de los contratos y las considera como tales, por consecuencia la facultad de excluir a un asociado tiene que quedar prevista en las causas que se señalen en su estatuto. La fr. II del artículo que comentamos faculta a la asamblea para disolver anticipadamente la asociación a pesar del término extintivo que se hubiera señalado o para su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos. Recuérdese que la Validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes de manera que si se ha señalado un término de duración de una asociación, la disolución anticipada de esa asociación solamente podría convenirla la asamblea general. De la misma manera si a la llegada del término el acto jurídico deja de producir efectos, la prórroga de la asociación por más tiempo del fijado en los estatutos únicamente podrá acordarla el órgano supremo de la asociación. Hemos dicho al comentar el a. 2674 que la asamblea puede designar un director o directores con arreglo a sus normas estatutarias y concederles a dichos mandatarios las facultades que se consagran en los propios estatutos más las que concede la propia asamblea. La fr. III indica expresamente que es facultad exclusiva de la asamblea el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva y por la misma razón la asamblea estará facultada para revocar los nombramientos hechos, pues si su voluntad debe tener la expresión soberana de designar a los directores, también la tendrá para revocarlos. [259]

ARTS. 2678, 2877 y 2678

LIBRO CUARTO

Finalmente los estatutos podrán señalar alguna o algunas otras facultades competencia exclusiva de la asamblea general puesto que los mandantes que cons-

tituyen la asamblea general pueden reservarse actos decisorios propios que no quieran delegar a los órganos.

J.J.L.M. ARTÍCULO 2677. Las asambleas generales sólo se ocuparán de los

asuntos contenidos en la respectiva orden del día. Sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes.

El contrato de asociación como el de sociedad además de tener un carácter contractual, constituye un acto de gestión colectiva. Entendemos por acto de gestión colectiva aquel que resulta de la decisión mayoritaria de los miembros que constituyan el grupo. Esto quiere decir que la mayoría en una asociación obliga a la totalidad de los asociados. Como quiera que se forme esta mayoría, será regulada por la norma estatutaria, pero en todo caso como la decisión mayoritaria se conoce a través de lo acordado por la asamblea general, resulta un elemento esencial para la validez de la decisión mayoritaria el que, al convocarse se defina el asunto o asuntos, a través de un documento que se conoce con el nombre de orden del día. Esto quiere decir que al convocarse a la asamblea general o reunirse ésta en la época fijada deben precisarse cuáles son los asuntos que deberán tratarse. Este material podría estar mencionado en los estatutos y entonces la convocación repetirá el contenido de los mismos, pero como el llamamiento podría hacerse por el director, son ellos quienes deberán definir los puntos sobre los cuales decidirá la asamblea. La última parte del articulo que se comenta, nos indica el carácter de gestión colectiva que tiene el contrato pues las decisiones serán tomadas por mayoría de votos, pero el legislador añade que esta mayoría de votos será de los miembros presentes, con lo que quiere decir que convocada la asamblea a la ley o a los estatutos, las decisiones se tomarán con los miembros que efectiva y fácticamente asistan, J.J.L.M. ARTÍCULO 2678. Cada

asociado gozará de un voto en las asambleas generales.

El artículo que comentamos otorga únicamente un voto a cada asociado porque si varios individuos han convenido en reunirse para alcanzar un fin político, [2601

2. PARTE. TIT. XI/1

ARTS. 2678, 2679 y 2680

artístico, cultural, o de recreo, etc., lógicamente los individuos que han constituido una asociación, son pares, es decir, son iguales. El legislador sólo otorga un voto a cada uno de los asociados. J.J.L.M.

El asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente interesados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado.

ARTÍCULO 2679.

El artículo que comentamos ordena una recusación en el proceso de las decisiones de gestión colectiva que ha de tomar la asamblea. No sería honesto que en estas decisiones el asociado directamente interesado o en intereses que afectan a su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado, pudiera tomar una decisión o coadyuvar a tomarla. El legislador consagra el derecho de decisión a los restantes asociados a efecto de que éstos con objetiva libertad voten por la resolución que consideren más adecuada. J.J.L.M. ARTÍCULO 2680. Los miembros de la asociación tendrán derecho

de separarse de ella, previo aviso dado con dos meses de anticipación.

Congruente con la libertad de asociación consagrada en el a. 9g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo que comentamos faculta a los asociados para separarse de la asociación imponiendo una carga de avisar con dos meses de anticipación. Es cierto que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes en aplicación del principio de que, en los contratos, lo que en un principio es libertad después se transforma en necesidad, pero de la misma manera que en el arrendamiento por tiempo indefinido se otorga a los contratantes el derecho de terminar el contrato dando aviso en el plazo que señala la ley, el legislador dispone en el artículo que comentamos, la facultad de separarse de la asociación atorgada a cada uno de los asociados, imponiendo sólo la carga de la notificación de esta expresión de voluntad, con dos Meses de anticipación. (Véase el comentario al a. 2682). J.J.L.M. [26IJ

ARTS. 2.81 y 2682

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2681. Los

asociados sólo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que señalan los estatutos.

Hemos dicho que la asociación puede considerarse como un contrato o como un acto de gestión colectiva y que la vida de la misma queda regulada por sus estatutos y las decisiones de la asamblea general. Constituida una asociación, los estatutos señalarán las causas conforme a las cuales sería legítimo excluir a un asociado. Sin embargo el problema resultaría interesante si nos preguntáramos ¿Qué sucede si los estatutos no señalan las causas? y podríamos responder que la asamblea en acto posterior podría señalarlas. Recuérdese, sin embargo, que los asociados son pares y que por lo tanto la asamblea no podría dictar una norma que tuviera efectos retroactivos, es decir, que examinara las decisiones de licitud válidas en un momento determinado. La asamblea puede señalar las causas de exclusión de los asociados en un momento posterior a la constitución, por ser un órgano supremo, pero esas causas no podrían aplicarse para calificar actuaciones del pasado de los propios asociados, sólo tendrían validez para el futuro. J.J.L.M.

ARTÍCULO 2682. Los asociados que voluntariamente se separen o

que fueren excluidos, perderán todo derecho al haber social.

Recuérdese que la asociación es un agrupamiento permanente a efecto de realizar un fin común que no esté prohibido por la ley. Es elemento esencial de la asociación el que la misma no puede tener un carácter preponderantemente económico. Esto significa que las decisiones de contenido patrimonial en último caso no afectarán la subsistencia de una asociación siempre que sus fines sean ajenos a la obtención de un lucro; sin embargo, para alcanzar esos fines requerirá cie un patrimonio por pequeño que éste sea. Las asociaciones tienen un patrimonio en atención a que son personas morales de conformidad con el a. 25 del CC. El patrimonio se constituye por las cuotas y por esta razón si un asociado antes del término en que concluya la asociación decide voluntariamente separarse, conforme al articulo que comentamos, dicho asociado perderá todo derecho al haber social ya que según el artículo 2686 la asamblea puede atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones y es éste el f2621

ARTS. 9882, 2883 y 2684

2a. PARTE. TIT. XI/I

derecho que perderían los asociados que voluntariamente se hubiesen separado o que fueren excluidos. J.J.L,M.

ARTÍCULO 2683. Los socios tienen derecho de vigilar que las

cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. Hemos dicho en el comentario del articulo anterior que las asociaciones si bien no persiguen un fin de carácter preponderantemente económico sí tienen un patrimonio, en atención a que son personas jurídicas y a que lo requieren o podrían requerirlo para alcanzar su finalidad. También hemos dicho que el poder supremo de la asociación radica en la asamblea general y que ésta puede designar director o directores. Como las decisiones en la asamblea se toman por mayoría y como los directores tendrán las facultades que los estatutos o asambleas les otorguen, la ejecución de las finalidades las realiza el director o los comités que al efecto se designen, por lo cual el artículo que comentamos otorga a los asociados (la ley dice socios) el derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. J.J.L.M.

ARTÍCULO 2684. La calidad de socio es intransferible. La asociación es un contrato intuitu personae, pues si varios individuos se reúnen para alcanzar un fin, la agrupación se constituye en función de la confianza que se tienen entre sí, por eso la admisión de nuevos socios requiere la aprobación de la asamblea. En consecuencia la calidad de socio (sic) no podrá transferirse. No cabe que se realice una cesión de los derechos del asociado que contienen elementos no sólo económicos sino podríamos decir de identidad personal que ha llevado a todos sus miembros a constituir la asociación, en búsqueda de finalidades que suponen una ideología similar entre ellos. J.J.L.M. [26,3]

ARTS. 288S y 2886

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2685. Las asociaciones, además de las causas previstas

en los estatutos, se extinguen: I.—Por consentimiento de la asamblea general; II.—Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundación. III.— Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; IV.—Por resolución dictada por autoridad competente. El artículo que comentamos señala las causas de extinción del contrato de asociación. Estas causas pueden estar previstas en los estatutos, pero aparte de las señaladas en ellos, el legislador permite la extinción por las causas que quedan reguladas en este artículo: La primera es el consentimiento de la asamblea general, pues si por contrato se formó una asociación por convenio podrá extinguirse; el convenio extintivo deberá tener el consentimiento de la asamblea general. La segunda causa es la conclusión del término fijado para su duración o la consecución del objeto de su fundación, pues si varias personas se han asociado fijando un término para la conclusión de la agrupación la llegada de éste pondría fin a la misma. Lo mismo sucedería si se hubiese conseguido totalmente el objeto de la fundación. La tercera causa de extinción de la asociación hace referencia a la imposibilidad para realizar el fin conforme al principio de que nadie está obligado a lo imposible. Si el fin que dio nacimiento a la asociación ya no pudo alcanzarse, el contrato debe extinguirse. Finalmente el artículo que comentamos señala que la asociación podría extinguirse por resolución dictada por autoridad competente. No sabemos a qué se refiera el legislador al mencionar autoridad competente, pero en todo caso la decisión de una autoridad administrativa tendría que ventilarse judicialmente conforme a lo dispuesto por el a. 17 de la C. J.J.L.M.

ARTÍCULO 2686. En caso de disolución, los bienes de la asociación

se aplicarán conforme a lo que determinen los estatutos y a falta de disposición de éstos, según lo que determine la asamblea general. En este caso la asamblea sólo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. l264l

2a. PARTE. TIT. XI/I y

n. CAP. 1

ARTS. 2686, 2687 y 2688

La asociación como persona colectiva tiene un patrimonio, diverso del que tienen los asociados puesto que está destinado a la consecución de un fin que no es preponderantemente económico. En caso de disolución de la asociación por las causas previstas en sus estatutos o por las señaladas en el artículo anterior los bienes de la asociación deberán aplicarse conforme a lo que determinen sus estatutos y sólo a falta de disposición de éstos según lo decida la asamblea general. El legislador faculta a la asamblea para atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Al usar la palabra "equivalga" estimo que hace referencia nó sólo al valor patrimonial nominal sino incluso al valor patrimonial real; con lo que quiero decir que las alzas y bajas de la moneda podrían retribuir más o menos lo que nominalmente hubiesen aportado los asociados. Después de hecha la atribución patrimonial del valor de sus cuotas a los asociados, si hubiere bienes, éstos se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. El objeto similar podría ser un objeto análogo más nunca un objeto equívoco. J .J .L.M. ARTÍCULO 2687. Las asociaciones de beneficencia se regirán por

las leyes especiales correspondientes. El artículo remite a las leyes de beneficencia que rigen los institutos de ese mismo nombre y que dependen de la SS. J.J.L.M.

II

De las sociedades CAPITULO I Disposiciones generales ARTÍCULO 2688. Por el contrato de sociedad los socios se obligan

mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. 1265]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2888 y 2689

El contrato de sociedad se distingue de los contratos de cambio en que como dispone el artículo en comentario, los socios se obligan a combinar sus recursos y sus esfuerzos o ambos, para la realización de un fin lícito común (y no contrapuesto) que sea preponderantemente económico, siempre que no constituya especulación comercial. Es un contrato de organización y no de cambio, en el que no hay una interdependencia de las prestaciones, sino una concurrencia de las aportaciones de los socios para realizar el fin común,propuesto. La doctrina ha discutido —aunque ahora la corriente anticontractualista tiene cada vez menos adeptos— sobre la naturaleza contractual del negocio fundacional de la sociedad. Algunos autores afirman que se trata de un acto complejo, otros que es un negocio colectivo en la medida en que los socios no tienen intereses opuestos como ocurre en el contrato, sino que en la sociedad el interés de cada socio es idéntico al de todos. Como se ha señalado acertadamente por reconocidos autores, además de los contratos de crédito existen los contratos plurilaterales o de organización, de los cuales se cita como ejemplo típico el contrato de sociedad, que se caracteriza porque en él las partes no tienen intereses distintos, ni contrarios, sino en coordinación (vid. Barrera Graf, Jorge, Las sociedades en derecho mexicano.

Generalidades, irregularidades e instituciones afines, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, pp. 14 ss. El artículo en comentario atribuye al negocio fundacional de la sociedad civil la naturaleza de contrato. Debe hacerse la distinción entre el negocio contractual y sus efectos, en los cuales figura la creación de la persona moral que surge como consecuencia del acuerdo de voluntad de los socios, las obligaciones consiguientes que contraen entre silos socios, así como la comunidad del fin que en ese acto se proponen alcanzar las partes. La finalidad de la sociedad mercantil ha de ser económica —y en este dato difiere de la asociación civil, que en ningún caso debe proponerse fines lucrativos—; pero estos fines no deben llevarse a cabo a través de la realización de actos de comercio o según expresión de artículo en comentario no deben constituir una "especulación mercantil". Una sociedad civil que se dedica a realizar actos mercantiles en forma habitual, es una sociedad mercantil irregular, de acuerdo con lo dispuesto en el a. 2 de la LGSM.

I.G.G.

La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa.

ARTÍCULO 2689.

(2,661

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. I

ARTS. 2689 y 2690

La aportación es lo que cada socio lleva a la sociedad, en dinero, en otros bienes o en industria y que ésta destina a la realización de la finalidad social. El capital de la sociedad se forma con las aportaciones de los socios; y la obligación de aportar que éstos asumen es lo que propiamente constituye el objeto del contrato, distinto del objeto o finalidad de la sociedad. Esta obligación, que puede tener contenido patrimonial (dinero o bienes de otra especie) o no patrimonial (trabajo de los socios) forma parte de la relación negocial, junto con el consentimiento y la causa (el fin lícito que a través de la persona moral se proponen conseguir las partes). A la aportación no corresponde una prestación correlativa a cargo de los demás socios; cada uno se obliga a aportar la cuota que le corresponde y asume esa obligación no frente a las otras partes contratantes, sino respecto de la sociedad que constituyen o a la que ingresen después de constituida. No obstante, la calidad de socio, con los derechos y obligaciones que ella atribuye, está unida a la aportación, en manera que aquélla depende de ésta. La aportación de bienes puede hacerse en propiedad o en uso (a. 2072). En

ambos casos forma parte del capital de la sociedad. Si la aportación consiste en el trabajo personal del socio, no forma parte integrante del capital social, puesto que se trata de una obligación de hacer, cuya ejecución no puede ser cumplida coactivamente por el deudor. Su incumplimiento dará lugar al pago de daños y perjuicios (vid. Mantilla Molina, Roberto L., Derecho mercantil. Introducción y conceptos fundamentales, México, Porrúa, 1959, p. 201. I.G.G. ARTICULO 2690. El contrato de sociedad debe constar por escrito;

pero se hará constar en escritura pública, cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. Conforme con lo dispuesto en este artículo el contrato de sociedad puede hacerse constar en escrito privado. Tendrá que otorgarse en escritura pública, cuando algún socio aporte a la sociedad la propiedad de algún bien cuya z.najenación deba hacerse en escritura pública. La falta de formalidades exigidas por la ley, en el caso de la sociedad civil, no produce la nulidad de ésta. Los socios pueden únicamente pedir su liquidación. Las operaciones celebradas antes de que se ordene la liquidación de la sociedad son válidas y producen todos sus efectos, entre los socios y frente a terceros. (Lozano Noriega, Francisco, Cuarto curso de derecho civil. Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1970, p. 525). I.G.G. 1267]

LIBRO CUARTO

ART. 2691

ARTÍCULO 2691. La falta de forma prescrita para el contrato de

sociedad, sólo produce el efecto de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido, y a falta de convenio, conforme al Capítulo V de esta Sección; pero mientras que esa liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad, la falta de forma. En el comentario al articulo anterior se dijo que el contrato de sociedad debe constar por escrito y no necesariamente en escritura pública. Agreguemos ahora que si el contrato se inscribe en el RPP, el documento privado en que conste el contrato de sociedad deberá llevar al calce constancia de que el notario, el registrador o el juez de paz, se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes (a. 3005 fr. 111). El artículo en comentario establece que la falta de forma prescrita por la ley, no produce la nulidad del contrato sino que da lugar a la liquidación de la sociedad. El precepto es aplicable a la hipótesis remota en que el contrato no conste por escrito, es decir, que se haya celebrado verbalmente. Es claro que para que cualquiera de los socios pueda pedir la liquidación de tal supuesta sociedad, debe probar previamente que se celebró el contrato; es decir, el precepto supone la existencia de una sociedad de hecho que se ha celebrado entre los propios socios y se ha ostentado ante tercero como si existiera aunque no haya ninguna constancia escrita del consentimiento de las partes para constituirla. En este caso se trata de una sociedad nula o quizá inexistente y quienes se hayan ostentado como representantes de la misma, incurrirán en responsabilidad civil frente a terceros por los daños que hayan causado, derivados de los actos que pretendieron celebrar en nombre de la sociedad. Finalmente en el caso de que se trata, la falta de formalidades no da lugar a la acción a que se refiere el a. 2232 (actio pro forma). La SCJN ha sostenido la siguiente tesis: Sociedades irregulares, acción para obtener el pago de utilidades en las. Deducida en un juicio la acción para obtener el pago de utilidades habidas en una sociedad irregular, constituida entre el actor y el demandado, como tal acción supone como presupuestos necesarios la existencia de la sociedad y de los estatutos que fueron norma de su actividad y que señalaron tanto la participación de los socios como sus derechos y obligaciones y en fin, los elementos indispensables para definir el derecho de utilidad y la comprobación de existencia de la sociedad, y por tanto, el derecho a percibir utilidades por parte del actor, y no se comprueban los elementos mencionados comprobación que no [26111

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. 1

ARTS. 2691 y 2692

puede suplirse aunque parezca indudable que hubo entre las partes una empresa que operó en ellas un negocio, porque no hay disposiciones legales aplicables supletoriamente para determinar cuáles fueron el capital de la sociedad y la cuantía de las utilidades es indudable que no puede hacerse condena alguna sobre el particular. Apéndice al SJF, 1917-1985, cuarta_parte, Tercera Sala, vol, I, p. 144, A.D. 2843/55. Antonio Vega Enríquez, Mayoría de 3 votos, México, 1985, p. 805. I.G.G. ARTÍCULO 2692. Si se formare una sociedad para un objeto

ilícito, a solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. Después de pagadas las deudas sociales conforme a la ley, a los socios se les reembolsará lo que hubieren llevado a la sociedad. Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del domicilio de la sociedad.

La ilicitud en el objeto, o mejor en los fines de la sociedad, produce la nulidad del contrato a petición de cualquiera de los socios o de todo interesado. En este caso, la declaración de nulidad produce efectos particulares. En efecto, la sentencia que declare la invalidez del contrato por causa de ilicitud, no obstante la gravedad del motivo que la produce, no destruye totalmente los efectos del contrato; los socios podrán recuperar el importe de sus aportaciones, después de cubiertas las deudas de la sociedad, lo cual indica claramente que la nulidad no afecta la validez de las operaciones llevadas al cabo con terceros, puesto que han nacido créditos a favor de éstos que la sociedad debe pagar en el período de liquidación. Existen pues, razones suficientes que impiden la invalidez de los actos celebrados en nombre de la sociedad. Conforme a lo dispuesto por el a. 2226,1a nulidad absoluta no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos cuando el juez pronuncie la nulidad. Así pues, subsisten importantes efectos producidos por el acto nulo que no serán destruidos por la sentencia de nulidad. Dispone el a. 2227, que la nulidad es relativa, cuando no reúne los caracteres de la nulidad absoluta y éste es el caso previsto en el artículo en comentario. A pesar de la ilicitud de la finalidad social, se produce la nulidad relativa. Los efectos de la nulidad si se producen, en lo que se refiere a las utilidades obtenidas por la sociedad, las cuales se destinarán a un establecimiento de 1_2691

ARTS. 2692 y 2693

LIBRO CUARTO

asistencia pública del domicilio de ésta. El precepto en su disposición final no distingue entre las utilidades pendientes de repartir y las que se hubieren distribuido obtenidas en ejercicios anteriores a la declaración de nulidad, por lo que a todas ellas alcanza lo que dispone el precepto. El plazo para exigir la devolución de lo pagado indebidamente a los socios por ese concepto es de cinco años (a. 1893). Para que se produzcan estos efectos será necesario que los socios hayan sido demandados juntamente con la sociedad en el juicio de nulidad en donde se pronuncie la sentencia respectiva. (Véase el comentario al articulo siguiente). I.G.G.

El contrato de sociedad debe contener: L—Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse; II.— La razón social; 111.—El objeto de la sociedad; IV.—E1 importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Si falta alguno de estos requisitos se aplicará lo que dispone el Artículo 2691.

ARTICULO 2693.

Se refiere el precepto a los datos que debe contener el contrato social y que son: a) los nombres de los otorgantes y la mención de su capacidad para obligarse; b) la razón social o denominación de la sociedad; e) el importe del capital social; d) !a aportación que corresponde efectuar a cada socio. Estas menciones deben aparecer necesariamente en el documento en donde consta el contrato de sociedad y constituyen requisitos esenciales exigidos para la validez del negocio fundacional. Lo cual significa que el contrato debe constar necesariamente por escrito. A estos requisitos deberá agregarse la nacionalidad de las personas físicas que constituyen la sociedad, en virtud deja capacidad restringida que conforme a la C. tienen las sociedades extranjeras para adquirir tierras, aguas y sus accesiones, restricción que conforme a la Ley reglamentaria de las frs. I y IV del a. 27 constitucional, se ha hecho extensiva a las sociedades que constituidas conforme a las leyes mexicanas, pueden tener socios extranjeros. En cuanto a la capacidad de los contratantes, debe entenderse que este requisito no sólo se refiere a la capacidad de ejercicio, sino que comprende la facultad de disposición de bienes aportados en propiedad o en uso. También deberá tomarse en cuenta que los-cónyuges necesitan autorización judicial para celebrar contratos entres! (a. 174). (270)

ARTS. 2693, 2894 y 2695

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. I

Parece imprescindible que se debe hacer mención de la razón social o denominación, para identificar a la persona moral que las partes constituyen en ese acto; y por lo que se refiere al capital social es necesario que los terceros y los socios mismos conozcan su importe, puesto que por una parte es un elemento indispensable para conocer la situación económica y financiera de la sociedad y el estado patrimonial de la persona moral. Es la medida para fijar los resultados de las operaciones de la sociedad. La exigencia legal de la inserción de estos datos ene] contrato de sociedad, es no sólo un requisito formal del contrato sino de fondo. Es elemento de prueba de su estructura jurídica y su situación económica, así como los nombres de las personas físicas que forman la sociedad, etc. I.G.G. ARTÍCULO 2694. El contrato de sociedad debe inscribirse en el

Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos contra tercero. Este precepto se relaciona con los aa. 2690 y 2691 que establecen la formalidad del escrito privado para la validez del contrato de sociedad. De acuerdo con la norma que contiene el artículo en comentario, el sentido de los dos preceptos citados es que en perjuicio de terceros el contrato de sociedad no produce efecto si no se encuentra inscrito en el RPP (Véanse los comentarios a los preceptos antes dichos). El contrato produce todos sus efectos entre las partes que lo han celebrado. Sin embargo, si los terceros debieron conocer el régimen jurídico contractual de la persona moral con quien contratan, aunque no se encuentre inscrita en el RPP el contrato produce efectos en su contra. Si bien son terceros respecto del negocio constitutivo de la sociedad, son parte en el contrato que celebraron con ella. I.G.G.

ARTÍCULO 2695. Las sociedades de naturaleza civil, que tomen la forma de las sociedades mercantiles, quedan sujetas al Código de Comercio. Dos son los elementos que deben tomarse en cuenta para distinguir una sociedad civil de una mercantil. Conforme a este precepto, el dato diferenciador esti tipo de sociedad de que se trata o la norma externa (civil o mercantil) que adopte la sociedad, según que se ajuste a las normas establecidas en el CC tratándose de [2711

LIBRO CUARTO

ARTS. 2695 y 2698

las sociedades civiles o que adopte las reglas que para las sociedades mercantiles establece la LGSM. El otro criterio que distingue a una y otra clase de sociedades ya civiles, ya mercantiles es el de la finalidad especulativa no comercial de las sociedades civiles (a. 2688) o por el contrario que los socios, se propongan a través de una sociedad formalmente civil, llevar al cabo, en manera permanente actos de especulación mercantil. Esa sociedad pese a su aspecto exterior civil, estará regida por la LGSM y se le aplicarán las disposiciones de aquella sociedad comercial con la que tenga mayor analogía. Generalmente serán las normas que rigen a la sociedad en nombre colectivo. "La calificación de la sociedad como civil o mercantil es también importante porque de ello depende que los actos jurídicos que intervengan en su constitución o en su funcionamiento sean de una u otra naturaleza... porque en el caso de una sociedad mercantil y no de una civil o de otra naturaleza, estaríamos en presencia de un comerciante según dispone el a. 32 fr. II del CCo., y como consecuencia de ello, que debe cumplir con las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio como es la contabilidad mercantil (aa. 33 y ss del CCo.), que pueda solicitar que se le constituya en suspensión de pagos (a. 394 de. la LQSP) y que incurra en quiebra (a. 14} ibid). Barrera Graf, Jorge, Las sociedades en derecho mexicano. Generalidades, irregularidades e instituciones afines. México, UNA M, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, p. 76.

I.G.G.

Será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas a otro u otros.

ARTÍCULO 2696.

El precepto prohibe enérgicamente el llamado pacto leonino, en el que todas las ganancias se atribuyen a uno o varios socios y las pérdidas a otros. La violación de esta regla o mejor aún de este principio fundamental de la sociedad, se encuentra sancionada en este precepto con la nulidad del contrato, contrariamente a lo que ocurre en el derecho mercantil, en el que la violación se sanciona con la nulidad del pacto leonino. En esa eventualidad, la nulidad es subsanable, modificando la cláusula contractual violatoria de ese precepto, a solicitud de todos los socios que son parte en el contrato. Nuestro antiguo derecho, copiando la doctrina consignada en la legislación romana estableció como uno de los pactos prohibidos en el contrato de sociedad, el que estableciera que uno de los socios llevase todas las ganancias y el otro sufriera todas las pérdidas. "Si los compañeros — [272]

2. PARTE. TIT. XI/II. CAP. I

ARTS. 2696, 2697 y 2698

decía la ley 4a. título 10 de la Partida 5a— ficieren pleito que el uno hobiere toda la ganancia et que non hobiera parte en las pérdidas, o toda la pérdida et que non hobiese parte valdría el pleito que de esta guisa pusieren, a tal compañía como esta que llaman las leyes leonina", Manresa y Navarro, José María, Comenlarios al código civil español, Madrid, Reus, 1972, t. XI, p. 502. I.G.G. ARTÍCULO 2697. No puede estipularse que a los socios capitalistas

se les restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias. La restitución a los socios capitalistas de su aportación no puede exceder en ningún caso de la suma con la que cada uno de ellos ha contribuido para formar el capital de la sociedad. Cualquier cantidad excedente tendría que ser tomada de las utilidades obtenidas como resultado de la actividad social. En ese caso, no se trataría de restitución de la aportación sino del pago de la parte proporcional que en los beneficios corresponden a los otros socios. De allí se desprende que no puede permitirse —antes se prohibe—que se estipule válidamente que uno o varios de los socios capitalistas tuvieren derecho a incluir so capa del reembolso de su cuota de aportación, otras cantidades que si no existen utilidades, tendrían que ser tomadas de la porción del capital. suma de las aportaciones de todos los socios. La disposición contenida en este artículo se encuentra en relación con el a. 2729 en el que, en principio ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse antes de la disolución de la sociedad, salvo pacto en contrario. I.G.G. ARTÍCULO 2698. El contrato de sociedad no puede modificarse

sino por consentimiento unánime de los socios. El principio de la unanimidad que rige para la modificación del contrato de sociedad, halla también aplicación en otros supuestos relativos a la sociedad civil, p.c. el que se refiere al nombramiento de los socios administradores. Cuando el nombramiento se ha hecho en la escritura social, no puede ser revocado sin la voluntad unánime de los demás socios (a. 2711); la exclusión de un socio sólo puede ser decretada por la decisión de todos los demás (a. 2707); los socios administradores necesitan de la autorización de los otros socios para enajenar o gravar los bienes de la sociedad y para tomar dinero en préstamo [273]

ARTS. 2898, 2899 y 2700

LIBRO CUARTO

(a. 2712); también para la disolución anticipada de la sociedad es indispensable el consentimiento unánime de los socios (a. 2720 fr. I). La concurrencia de la voluntad unánime de los socios para la validez de los acuerdos de modificación de las cláusulas del contrato de sociedad —y para tomar decisiones que modifiquen lo convenido en el negocio constitutivo social— pone en relieve la naturaleza contractual de la sociedad civil, propiamente del acto jurídico de donde ésta toma su origen. En efecto, en el contrato, lo convenido por las partes no puede modificarse si no es por la decisión de las partes, en sentido distinto a lo estipulado originalmente. Este principio, excepto en la sociedad colectiva y en la comandita simple, no rige para las sociedades mercantiles en las que predomina el principio del interés comercial sobre el personal de los socios (intuitu personae). En la sociedad civil como en la sociedad romana, se atiende mayormente a la idea de compañerismo (de allí que en el derecho español se les llame "compañías" a las sociedades de personas). Esto daba lugar, como en todo contrato, a las relaciones personales entre socios. I .G.G.

Después de la razón social, se agregarán estas palabras "Sociedad Civil".

ARTÍCULO 2699.

La LGSM, la LSC y su reglamento, de la misma manera que el precepto a que se refiere esta nota, exigen que a la razón social o denominación de la sociedad se agreguen siempre las palabras que indiquen cuál es el tipo de sociedad de que se trata. Esta exigencia tiene por objeto dar a conocer a los terceros con quienes contrata la sociedad, el régimen de responsabilidad patrimonial, conforme al cual está constituido el capital de la sociedad así como la responsabilidad limitada o ilimitada de cada uno de los socios que la integran y en general la estructura legal en que se sustenta la vida jurídica de la sociedad. Es costumbre generalmente aceptada y reconocida emplear las iniciales S.C. en lugar de las palabras "sociedad civil" que menciona el precepto que se comenta en esta breve nota. I.G.G. ARTÍCULO 2700. La

capacidad para que las sociedades adquieran bienes raíces, se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal y en sus leyes reglamentarias. 12741

2a. PARTE. TIT, XI/11. CAP. II

ARTS. 2700 y 2701

La capacidad de las sociedades tiene importantes limitaciones. La primera de ellas es la que fijan sus propios estatutos en cuanto no podrán desarrollar otras actividades que no tiendan directa o indirectamente a la realización de la finalidad social, siempre que sean lícitas. Seguidamente y con independencia de los fines propuestos en el contrato de sociedad, la persona moral, no podrá adquirir el dominio de las tierras y aguas dentro del territorio nacional, sino de acuerdo con las reglas que establece la fr. I del a. 27 de la C. que a la letra dice: I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas o sus acciones o para obtener concesión de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena en caso de faltar a su convenio de perder en beneficio de la nación mexicana, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. Y la fr. VI dice: Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III. IV y V (instituciones de asistencia pública y privada, sociedades por acciones e instituciones de crédito, que no pueden adquirir más inmuebles que los que sean estrictamente indispensables para su objeto directo), así como los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal o de los núcleos dotados o constituidos en centro de población agrícola, ninguna otra corporación civil, podrá administrar por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente a los fines de su institución... I .G.G.

No quedan comprendidas en este titulo las sociedades cooperativas, ni las mutualistas, que se regirán por las respectivas leyes especiales.

ARTÍCULO 2701.

No parece superfluo disponer como lo hace este precepto que a las sociedades cooperativas y a las mutualistas no le son aplicables las normas relativas a las sociedades civiles. Estas sociedades tienen en común con las sociedades civiles que aunque persiguen un fin económico, no tienen por objeto la especulación comercial. El dato que las distingue de las sociedades civiles es que en tanto la finalidad de éstas puede ser de especulación (obtención de utilidades) siempre que no se [275]

ARTS. 2701 y 2702

LIBRO CUARTO

dediquen a la realización de actos de comercio, las cooperativas y las mutualistas en ningún caso pueden perseguir fines de lucro y sus rendimientos se distribuyen entre los socios en razón del tiempo trabajado, si se trata de cooperativas de producción o de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas con la sociedad si es cooperativa de consumo ya las mutualistas que tienen por objeto la distribución de los riesgos a que se hallan expuestos los socios, entre todos los miembros de la mutualidad, y en una determinada proporción o aportación para la formación y reconstrucción de un fondo común destinado a cubir las consecuencias de esos riesgos (a. l de la LSC y a. 78 de la LIS).

1.G.G.

CAPITULO II De los socios ARTÍCULO 2702.

Cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de evicción de las cosas que aporte a la sociedad como corresponde a todo enajenante, y a indemnizar por los defectos de esas cosas como lo está el vendedor respecto deI comprador; mas si lo que prometió fue el aprovechamiento de bienes determinados, responderá por ellos según los principios que rigen las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario.

El socio que aporte a la sociedad la propiedad de bienes, queda obligado a prestar el saneamiento para el caso de evicción, Lo dispuesto en la primera parte de este articulo concuerda con lo ordenado en el a. 2120 conforme al cual, aunque nada se haya expresado en el contrato, todo el que enajena está obligado al saneamiento en el caso de evicción, salvo pacto en contrario. El precepto que se comenta dispone que en la sociedad civil el socio que aporte bienes en propiedad está obligado al saneamiento sin que se pueda estipular válidamente en contrario (a. 2121 a contrario). Parece superfluo lo dispuesto en el artículo que comentamos, en presencia de la regla general que contiene el a. 2120 ya citado; pero la disposición se justifica en materia de aportación social, porque establece en modo terminante la obligación de prestar el saneamiento a cargo de quien transmite la propiedad de bienes a una sociedad civil. Esta última no debe asumir en ningún caso las consecuencias derivadas de la privación del dominio de ese bien por evicción, puesto que la persona moral permanece obligada frente al socio, no obstante que su aportación puede resultar ilusoria como consecuencia de la evicción. [276]

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. II

ARTS. 2702 y 2703

El socio también responde por vicios redhibitorios, puesto que las relaciones jurídicas entre el socio y la persona moral provienen de un contrato conmutativo (el contrato de aportación). Por lo tanto las prestaciones que de ese negocio derivan a cargo de cada una de las partes, deben ser ciertas, y por ello deben serio los beneficios que para la sociedad representan las cosas aportadas. Si las cosas que el socio llevó a la sociedad en concepto de aportación, no prestan el servicio a que naturalmente se les destina, por causa de los defectos o vicios ocultos que padecen no hay una equivalencia entre las prestaciones. Cuando la aportación consiste solamente en el uso de uno o más bienes, el socio queda obligado a entregar a la sociedad la cosa cuyo uso aporta, con todas sus pertenencias en estado de servir, de acuerdo con su naturaleza; a conservarla en el mismo estado, haciendo por su cuenta todas las reparaciones que sean necesarias; no deberá estorbar a la sociedad el uso de la cosa, deberá garantizar el goce pacífico de ella y se obliga a responder de los daños y perjuicios que sufra la sociedad por los defectos o vicios ocultos de la cosa aportada (a. 2112). I.G.G.

menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital social sea acordado por la mayoría, los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad.

ARTÍCULO 2703. A

Salvo pacto en contrario, el socio responde únicamente del pago o cumplimiento de lo que se comprometió a aportar a la sociedad. Por manera que si se ha obligado con la saciedad a realizar una cierta prestación (de dar o hacer) y cumple ejecutando la obligación prometida la sociedad no podrá obligarlo a efectuar aportaciones nuevas o suplementarias o no previstas en el contrato social. En la sociedad civil cuando se trata de aumentos de capital social acordado por la mayoría de los socios no podrá obligar a la minoría disidente a pagar una nueva aportación y el socio inconforme, podrá separarse de la sociedad, exigir el pago de la parte proporcional que le corresponda del capital y de las utilidades obtenidas hasta el momento de la separación. Similar situación se presenta en el caso de cualquier modificación a la escritura social, en la sociedad mercantil colectiva o comandita (aa. 34 y 57 de la LGSM). Tratándose de las sociedades civiles, la razón fundante del precepto en comentario, es que si el socio inconforme con el aumento de capital no puede o no quiere participar en el aumento que ha decretado la mayoría, su situación [277]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2703 y 2704

en cuanto a la participación del capital y las utilidades de la sociedad, disminuye frente a los demás socios y el status de socio que adquirió en el contrato social al efectuar la aportación inicial le atribuye un cierto grado de influencia en las decisiones de la sociedad y de participación en los beneficios, que se modifica si no participa en los aumentos de capital. Por ello tiene el derecho de separarse de la sociedad. I.G.G. ARTÍCULO 2704. Las obligaciones sociales estarán garantizadas

subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren; los demás socios, salvo convenio en contrario, sólo estarán obligados con su aportación. El patrimonio de la sociedad, responde en manera directa e inmediata del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído la persona moral, no sólo frente a terceros sino también frente a los mismos socios en cuanto a los derechos particulares de cada uno de ellos. La responsabilidad de los socios que administran, es subsidiaria en manera ilimitada y solidaria por el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído como representantes de la sociedad. Esa responsabilidad no deriva de su calidad de socios —o cuando menos no deriva directamente— sino de la culpa o negligencia en que hayan incurrido en el cumplimiento de los deberes que les impone su cargo. Empero dicha responsabilidad es subsidiaria, es decir, sólo puede ser exigible cuando no se pueda hacer efectiva con los bienes de la sociedad. Quedaría por resolver la cuestión de la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad, por los actos ejecutados por ellos en ejercicio de sus funciones, que comprometen la responsabilidad de la persona moral frente a terceros. Tomando en cuenta que el articulo que comentamos se refiere a la responsabilidad subsidiaria de los administradores por las obligaciones sociales, en lo que se refiere a la responsabilidad personal de éstos frente a la sociedad, la persona moral puede repetir en contra del administrador por el daño que haya sufrido la sociedad, si hubo culpa o negligencia del administrador en el incumplimiento de las obligaciones sociales. Por lo demás en el precepto que comentamos, se establece el régimen jurídico de responsabilidad limitada de los socios al pago de sus aportaciones, que difiere del sistema de las sociedades mercantiles de personas (particularmente la sociedad en nombre colectivo) en la Que todos los socios responden de una manera (27131

2. PARTE. TIT. XI/11. CAP. 11

ARTS. 2704, 2705 y 2706

subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales (a. 25 de a LGSM). I.G.G.

Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados; y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, salvo pacto en contrario, en uno y en otro caso.

ARTÍCULO 2705.

La cesión que hiciere uno de los socios de su parte social sin el consentimiento de los demás, sería una modificación al contrato fundacional, para lo cual se requeriría la voluntad de todas las partes que en él han intervenido. Lo mismo se dice de la aceptación de nuevos socios. Ripert y Boulanger (Tratado de derecho civil según el tratado de Planiol, traducción de Deba García Daireaud, Buenos Aires, La Ley, 1965, t. VIII, Contratos Civiles, núm. 2202, p. 479) sobre el particular enseñan: lncesibilidad de la parte.— En razón de su carácter personal, la parte del socio no puede ser cedida a título oneroso ni a título gratuito. Esta incesibilidad se debe a que el contrato se celebra intuitu personae. En consecuencia la cesión sería posible con el consentimiento de todos los demás socios, pero en este caso hay en realidad un nuevo contrato de sociedad celebrado con el cesionario de la parte. Sin embargo, las partes pueden estipular la no cesión de la calidad de socio con el consentimiento de la mayoría de socios o aun prescindiendo de la voluntad de éstos. Un respetable autor es de opinión que si los estatutos no lo prohiben, los socios pueden ceder libremente su parte social. Nosotros no compartimos tal parecer, en vista de la redacción del precepto que comentamos (Véase Zamora y Valencia, Miguel Angel, Contratos civiles, México, Porrúa, J981, p. 243). I.G.G.

Los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios socios quieren hacer uso del tanto, les competerá éste en la proporción que representen. El término para hacer uso del derecho del tanto, será de ocho días, contados desde que reciban aviso del que pretende enajenar.

ARTÍCULO 2706.

f2791

Mas,

2700 y 2707

LIBRO CUARTO

La disposición que contiene este artículo puede suscitar duda frente a lo que disponen los preceptos anteriormente comentados sobre la prohibición —salvo pacto en contrario— que impide a los socios la transmisión de su parte social sin el consentimiento unánime de los otros socios. La norma que enuncia el precepto en comentario, no debe interpretarse en el sentido de que si un socio notifica a los otros su intención de transmitir su parte social y éstos no ejercitan el derecho del tanto, un tercero puede adquirirla sin restricciones. Este artículo es aplicable, cuando por pacto contractual que consta en los estatutos sociales, los socios pueden transmitir a terceros su calidad de socios. En este caso quien pretenda transmitir la parte social de la que es titular, deberá dar aviso a los demás socios de la operación concertada así como de las particularidades de ella para el efecto de que éstos puedan manifestar su voluntad de ofrecer iguales condiciones de adquisición, en la proporción que representan en la sociedad, cuando fueran varios interesados. El socio que pretende vender su parte social deberá esperar el plazo de ocho días para que si ninguno de los socios se interesa en adquirir la parte que se quiere transmitir, pueda enajenarla libremente a un tercero. El incumplimiento de esta obligación produce la nulidad de la transmisión que se haya hecho. Se funda esta opinión en la naturaleza misma de la sociedad civil que en principio no admite la posibilidad de ingreso de nuevos socios, sin el consentimiento de todos, según se ha comentado en la nota al a. 2705 y seguidamente, porque la invalidez del acto, es la sanción que se produce en la copropiedad (a. 973) y en la trasmisión a terceros, de derechos hereditarios (a. 1292) por violación del derecho del tanto. En éstos tres casos (copropiedad, herencia y sociedad) la sanción es la nulidad, porque con ella se pretende conservar la relación comunitaria que existe entre copropietarios, herederos y socios y preservar los derechos también comunes que podrían verse perturbados con la intromisión de extraños.

Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos.

ARTÍCULO 2707.

El contrato de sociedad crea dos especies de relaciones jurídicas: las que nacen entre la sociedad y sus socios y las que regulan las relaciones de los socios entre sí. Cualquiera que sea la naturaleza de las relaciones que nacen del pacto social, los derechos de la persona moral así como los de los socios, no son ilimitados; en su ejercicio deben respetarse los derechos individuales de los socios. Es decir aquellos que si bien son efecto del contrato de sociedad, forman el contenido de [280]

2a. PARTE. TIT. XI/II. CM'. II

ARTS. 2707 y 2708

la situación jurídica de socio y pertenecen a cada uno de ellos como titulares del status de socio que no puede ser modificado o desconocido por la sociedad, ni por los otros socios que la integran. Por ésta razón la exclusión de un socio sólo puede ser válidamente decretada por la unanimidad y siempre por causa grave prevista en los estatutos. La gravedad de la causa de exclusión se entiende en el sentido de que ella debe consistir en la violación del contrato social (incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que ha contraído el socio como parte en el contrato fundacional) y además la causa de exclusión (resolución del contrato de participación en la sociedad) debe estar prevista en los estatutos. I ,O.G.

ARTÍCULO 2708. El socio excluido es responsable de la parte de

pérdidas que le corresponda, y los otros socios pueden retener la parte del capital y utilidades de aquél, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la declaración, debiendo hacerse hasta entonces la liquidación correspondiente. En el precepto inmediato anterior, el ordenamiento pretende proteger el derecho individual del socio de permanecer en la sociedad y sólo permitir su exclusión — salvo pacto en contrario— por el voto unánime de los demás socios y siempre que exista una causa grave prevista en los estatutos de la sociedad. En la disposición contenida en el artículo en comentario, decretada la exclusión o salida del socio (sea ésta voluntaria o por haber dado causa a ella) debe protegerse el interés de la sociedad. En el caso de la separación del socio, la idea rectora en presencia de los intereses de la sociedad que pueden hallarse en conflicto con los del socio que se separa, es la salvaguarda de la continuidad de la sociedad y de la actividad que desarrolla junto con la protección del interés de los terceros, acreedores de la persona moral que cuentan con el patrimonio social para el pago de sus créditos tal como estaba formado al adquirir su crédito y que al separase uno de ellos, se vería disminuido si se le reintegra su aportación y la parte de utilidades que le corresponda, al momento de su separación de la sociedad. Por ello el precepto dispone que "los otros socios" (propiamente la sociedad) pueden retener la parte del capital y utilidades de aquél, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión, es decir, que al quedar extinguida la relación jurídica que existía entre el socio excluido y la sociedad, subsiste, sin embargo, la responsabilidad patrimonial de éste frente a terceros, en la medida que establezcan los estatutos (representada por la suma de [281]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2708 y 2709

las cuotas y cantidades que se fije en los estatutos) hasta la conclusión de las operaciones pendientes en el momento en que se decretó la exclusión, fecha en la cual la sociedad deberá hacer una liquidación de aquellas operaciones para determinar qué cantidad resulta a cargo de la sociedad por concepto de devolución de la cuota de aportación y de la parte de las utilidades que le corresponda en los resultados de la actividad de la sociedad hasta ese momento. El socio también tiene interés en conocer cuáles son las operaciones sociales por las que se encuentra comprometida su aportación y cuáles son aquellas que se celebran después de su salida de la sociedad, por las que no responde su aportación. La sociedad tiene el derecho de retención de las sumas que resulten a favor del socio excluido. Pero ¿estará obligada a hacer el pago inmediatamente concluida la operación contable de liquidación? ¿No es el caso de que los interesados y en su caso el juez, fijen un plazo razonable para el pago, teniendo en cuenta que la exlusión del socio no debe perjudicar o entorpecer el desarrollo de las operaciones sociales? I.G.G.

CAPITULO III De la administración de la sociedad ARTíCULO 2709. La administración de la sociedad puede confe-

rirse a uno o más socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquéllos, ni impedir sus efectos. Si la administración no se hubiese limitado a alguno de los socios, se observará lo dispuesto en el artículo 2719.

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas pos la sociedad civil, se realiza de acuerdo con lo dispuesto por el a. 27 del CC a través de los órganos que la representan: la junta de socios y el administrador o administradores de la sociedad. El artículo en comentario dispone que la administración de la sociedad puede encomendarse a uno a varios socios que en su calidad de órgano de administración, y en ejercicio de esas funciones dotan a la persona moral de una voluntad de la que ésta carece. Ahora bien, la sociedad civil es una sociedad de personas, en la que la confianza recíproca entre los socios es determinante, no sólo para la celebración del contrato fundacional, sino en igual a mayor medida, durante el funciona[282]

2a. PARTE. TIT. XI/11. CAP. 111

ARTS. 2709 y 2710

miento y el desarrollo mismo de las operaciones sociales. Por ello, el precepto en comentario dice que la administración de la sociedad civil puede ser encomendada a los mismos socios, pero no a terceros. La calidad de socio es un requisito para ser designado administrador y para desempeñar válidamente las funciones de representación de la sociedad, puesto que el dispositivo en comentario no autoriza la administración por terceros que no sean socios. Atendiendo a la redacción del precepto que establece que la administración de la sociedad puede encomendarse a uno o más socios, permite válidamente la posibilidad de que en la escritura social no se encomiende expresamente a ninguno de los socios y que la junta general de éstos no haya designado socios que administren. En ese supuesto, todos ellos concurrirán en la administración, corno veremos más adelante al comentar los aa. 2713 y 2719.

ARTÍCULO 2710.

El nombramiento de los socios administradores, no priva a los demás socios del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. No es válida la renuncia del derecho consignado en este artículo.

Escueta es en verdad la normativa de nuestro código, como lo es también la del CC español en materia de sociedades civiles. Como ejemplo de esta parquedad podría citarse el precepto que empezamos a comentar y que se refiere a un derecho tan importante que tienen en toda sociedad, los socios que no administran, como es el de vigilar la gestión de los administradores. Una primera reflexión se presenta respecto a si este derecho de vigilancia, se ejerce a través de un verdadero órgano de la sociedad, que actuaría en forma permanente, en representación del interés directo de la persona moral (tal como ocurre en la sociedad anónima y en la de responsabilidad limitada), si es un derecho establecido en interés exclusivo, en protección directa de los intereses individuales de los socios y si el derecho de reclamación que eventualmente deriva de esa inspección, puede ser ejercido por un solo socio, aun en detrimento de la marcha de las gestiones de los administradores. Es por ello que hemos considerado conveniente empezar por comentar en relación con la vigilancia de la administración, la prohibición que a los socios que no administran, impone el articulo que se comenta, de no contrariar ni entorpecer las gestiones de los administradores, ni impedir sus efectos.

[2831

LIBRO CUARTO

ARTS. 2710 y 2711

Primeramente parece oportuno apuntar que el derecho de vigilancia de la gestión de los administradores se ha establecido en protección en manera directa del interés individual de cada uno de los socios y que es un derecho irrenunciable. Se ha establecido, en protección de los socios, antes que en protección del interés propiamente corporativo, aunque su ejercicio repercuta indirectamente en el interés social y por ello no se ha considerado oportuno que la vigilancia de la administración, se efectúe por medio de un órgano especial, sino que se ejerza por los socios que así lo consideren conveniente. La atribución de este derecho de vigilancia a los socios de llevar al cabo la inspección de los libros y la vigilancia de los actos de los administradores, confirma que los socios actúan directamente en interés propio y en protección de su particular interés y como socios de la persona moral. No es un órgano de la sociedad quien lleva al cabo esa labor de vigilancia, sino que es el ejercicio del derecho de información de los socios, a quienes les es conferida en este precepto una facultad de inquisición, por propia iniciativa del desempeño que están llevando al cabo los administradores. Sus resultados, si no son satisfactorios para los socios que practicaron la investigación servirán de base, para solicitar de la junta de socios, a la que podrá convocar el socio interesado o en su defecto el juez, la remoción del administradoro administradores que hayan incurrido por culpa o negligencia en el desempeño de su gestión y hayan causado por ello daños a la sociedad, al mismo tiempo [os socios.inconformes podrán ejercer la acción de responsabilidad civil en contra de los administradores que resulten individualmente responsables de los actos lesivos para la sociedad. ¿Ejercen esta acción en nombre propio o en nombre de la sociedad? ¿Es una acción individual o una acción colectiva? I.G.G.

ARTICULO 2711. El

nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura de sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser judicialmente, por dolo, culpa o inhabilidad. El nombramiento de administradores, hecho después de constituida la sociedad, es revocable por mayoría de votos.

Para revocar el nombramiento de los administradores que consta en el contrato social, se requiere el consentimiento de todos los socios, porque esa revocación constituirá una modificación al contrato de sociedad y por ello el precepto requiere el acuerdo de todas las partes que intervinieron en este contrato

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2a. PARTE. TIT, XVII. CAP. III

ART. 2711

plurilateral. Es suficiente la mayoría de votos de los socios para revocare! nombramiento de los administradores que no se haya hecho en el contrato social. Puede, sin embargo, obtenerse la revocación por sentencia judicial si el administrador o administradores han incurrido en grave incumplimiento de las obligaciones que la ley o el contrato social les impone. En esa hipótesis la revocación del nombramiento, es consecuencia de incumplimiento del contrato de sociedad. Es normal que en la escritura social, mencionen las facultades de que se hallan revestidos los administradores y las limitaciones que conforme al mismo contrato social les imponen los socios. En este supuesto, la culpa o el dolo en el incumplimiento de tales obligaciones y la transgresión de las limitaciones pueden ser probadas con los elementos objetivos que nacen del propio contrato y de la conducta violatoria del administrador. En el evento excepcional de que el contrato social se limitara a la designación de administradores, sin mencionar las facultades, deberá entenderse que la intención de los socios, fue la de conferir a quienes encarga la gestión de los negocios sociales facultades de administración y no de enajenación ni para gravar los bienes de la sociedad, pues las facultades de administración sólo se refieren a aquellos actos necesarios para llevar al cabo las finalidades de la sociedad. Cualesquiera otros requerirán del consentimiento expreso de todos los socios, como se desprende de lo dispuesto en el artículo siguiente a cuyo texto y comentario nos remitimos. La cuestión que se plantea en este caso, es determinar cuáles son los actos materiales y.jurídicos que constituyen propiamente la administración de bienes ajenos: es decir cuáles son las atribuciones de representación y de ejecución que el representante administrador puede en principio llevar al cabo válidamente. Sin pretender dilucidar tan espinosa y delicada cuestión y sólo con el propósito de ofrecer una orientación al respecto, parece pertinente transcribir la opinión del maestro Roberto L. Mantilla Molina (Derecho Mercantil, México, Porrúa, 1959, p. 252) quien sobre este particular, refiriéndose a la sociedad en nombre colectivo, escribe lo siguiente: "Pueden distinguirse las facultades de gestión y las facultades de representación de los administradores. En las primeras se comprenden todos los actos materiales para la realización de los fines sociales, e incluso la decisión de los actos jurídicos que para tales efectos han de celebrarse. Las facultades de representación implican la posibilidad de celebrar negocios jurídicos cuyos efectos sean imputables a la sociedad. Como dice Garrigues, las primeras se refieren al aspecto interno de la administración; las segundas, a su aspecto externo.., las facultades de gestión y de representación abarcan todas las operaciones necesarias para el fin social...". I.G.G.

[285]

LIBRO CUARTO

ARTS, 2712 y 2713

ARTÍCULO 2712. Los socios administradores ejercerán las faculta-

des que fueren necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad; pero salvo convenio en contrario necesitan autorización expresa de los otros socios: I.—Para enajenar Ias cosas de la sociedad, si ésta no se ha constituido con ese objeto; II.—Para empeñarlas, hipotecarlas o gravadas con cualquier otro derecho real; 111.—Para tomar capitales prestados. Establece este precepto el concepto de administración de los negocios sociales y a la vez, señala un límite a! ejercicio de las facultades de los administradores. En lo que concierne a los actos de administración dejos socios encargados de la gestión social, el artículo en comentario establece que los administradores estarán investidos de todas las facultades necesarias "al giro y desarrollo de los negocios que forman el objeto de la sociedad", comprendiendo en ellas las de representación y gestión. Estas facultades no comprenden los actos de disposición o gravamen de los bienes de la sociedad ni de tomar capitales prestados, que expresamente quedan excluidas de las funciones de la administración ordinaria; por manera que para realizar actos de dominio en nombre de la sociedad, dentro de los cuales se encuentran todos aquellos de disposición o imposición de gravámenes reales sobre los bienes de la sociedad así como para comprometer el crédito de la sociedad, los administradores requieren la autorización expresa de los otros socios. No debe perderse de vista, que las funciones de los administradores, presentan caracteres muy amplios, comprenden una actividad económica de gestión y conservación del patrimonio de la sociedad y al mismo tiempo una actividad propiamente jurídica, asumiendo y extinguiendo derechos y obligaciones en nombre y por cuenta de la sociedad que representan. Estos dos aspectos íntimamente ligados a los que se refiere el artículo que comentamos, cuando para fijar el ámbito de las funciones de los administradores remite al concepto de "giro y desarrollo de los negocios que forman el objeto de la sociedad".

ARTÍCULO 2713. Las facultades que no se hayan concedido a los

administradores, serán ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. La mayoría se computará por cantidades, pero cuando una [2861

ARTS. 2713 y 2714

2a. PARTE. TIT. XI/11. CAP. III

sola persona represente el mayor interés y se trate de sociedades de más de tres socios, se necesita por lo menos el voto de la tercera parte de los socios. Aun cuando este articulo dispone que las facultades que no se hayan conferido a los administradores se entenderán reservadas a todos los socios, debe tenerse presente que si han designado administradores y no se han conferido expresamente determinadas facultades, conforme al artículo anterior, se entenderá que tienen todas aquellas necesarias de gestión de los negocios sociales y de representación de la sociedad. En consecuencia, el sentido de este precepto es el de que cuando no se haya hecho nombramiento de administradores, todos los socios-concurrirán en la administración, tomando sus decisiones por mayoría de votos que se computarán no por personas, sino por cantidades, es decir, en proporción a lo que en eL capital social represente ta cuota de cada uno de ellos. Con objeto de respetar este principio cuantitativo en el cómputo de la mayoría, sin romper el principio de la participación del conjunto de los socios en la administración de la sociedad, este mismo precepto dispone que si los socios son más de tres, se requerirá el voto de la tercera parte de los socios, cuando uno sólo de ellos represente la mayoría del interés económico. A través de este sistema, el código en el supuesto qbe se encuentra previsto en el precepto, exige que con la mayoría del interés económico concurra cuando menos la voluntad del socio o socios que representen la tercera parte de las personas que forman la sociedad. I .G.G. ARTÍCULO 2714. Siendo

varios los socios encargados indistintamente de la administración, sin declaración de que deberán proceder de acuerdo, podrá cada uno de ellos practicar separadamente los actos administrativos que crea oportunos.

Aquí se prevé el caso de que si se hubiere hecho designación de varios administradores sin especificar las funciones que corresponden a cada uno, cualquiera de ellos puede ejercer los actos de administración, sin el concurso de los otros. El caso no es frecuente ni, por otra parte, es conveniente que así se haga la designación de los administradores; porque contraría la unidad de dirección y de ejecución de los actos de los socios que administran y porque puede haber discrepancia de opiniones entre los administradores, con mengua de la buena marcha de los negocios sociales. Más aún, cuando en nuestro derecho no existe [2871

ARTS. 2714 y 2713

LIBRO

CUARTO

como ocurre p.c. en el derecho español, una norma que prevea la manera de solventar esta disidencia de criterios. Pero cuando no se ha hecho esa determinación (de las facultades que corresponden a cada uno de los administradores), no se ha exigido el concurso de los demás para el desempeño o el ejercicio de actos administrativos, pueden hallarse en contradicción las operaciones llevadas a cabo por uno de dichos administradores con las realizadas por los demás y para evitar la posibilidad de dicho caso y los perjuicios que con ello pudieran originarse a la sociedad, se discute si deben tener o no alguna limitación en sus facultades los socios encargados de la administración en dicho caso. Haciendo aplicación de los principios generales acerca del contrato de mandato, que tanta relación tiene con la materia de que nos ocupamos, pues los socios administradores de la sociedad son unos verdaderos mandatarios, hay que reconocer que no habiéndose pactado limitación alguna en cuanto a las facultades de los mismos, debe reputárseles conferidas todas las necesarias para el desempeño de su cargo, como en identidad de circunstancias hay que considerar general el poder para administrar cuando ha sido conferido en términos generales, sin determinarse ninguna limitación o especialidad en su objeto. En conformidad con este criterio, todos los administradores nombrados tienen la misma integridad de facultades, o sea, el mismo poder, y cada uno de ellos puede obrar libre e independientemente y sin limitación alguna, como si no existiese más que un solo administrador; sólo que para evitar los inconvenientes que antes hemos indicado pudiera ocurrir, por hallarse en contradicción los actos u operaciones de un administrador con los de los demás, la ley faculta a cualquiera de ellos para oponerse a

los actos de los otros antes de que hubiese surtido sus legales efectos (Mamen y Navarro José María, Comentarios al código civil espaRol, Madrid, Rens, 1972. t. XI, p. 515). El artículo que se comenta no confiere este derecho de oposición a los demás administradores. No obstante, en su calidad de socios y en ejercicio del derecho que a los de su clase otorga el a. 2711, podrán presentar las reclamaciones que juzguen oportuno (aunque no podrán oponerse) en contra de los actos de administración que pretenda llevar al cabo o que haya llevado al cabo el administrador, en perjuicio de los intereses sociales. I.G.G.

ARTÍCULO 2715. Si se ha convenido en que un administrador nada

pueda practicar sin concurso de otro, solamente podrá 12881

ARTS. 2715 y 2710

9a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. III

proceder de otra manera, en caso de que pueda resultar perjuicio grave e irreparable a la sociedad. El supuesto de este artículo es que la administración de la sociedad se ha confiado a varios socios y no se estipula que deben obrar conjuntamente todos ni por mayoría, sino que se conviene en que dos de los designados, podrán actuar válidamente en nombre de la sociedad, aun cuando no constituyan la mayoría. Ninguno de ellos por sí solo podrá tomar decisiones y ejecutarlas sin el concurso cuando menos, de otro de los administradores. En un caso de urgencia cuando por la espera de la opinión del otro administrador pueda resultar grave daño irreparable a la sociedad, cualquiera de ellos actuará individualmente. Pero sólo en el caso de excepción previsto en el precepto. El juicio sobre el daño que por la espera se ocasionará a la sociedad, debe quedar al prudente arbitrio del juez, quien decidirá tomando en cuenta todas las circunstancias y particularidades del caso. El precepto que comentamos no considera el caso de "urgencia" entre los que de una manera expresa otorgan validez a la actuación individual de uno solo de los 'administradores y en esto difiere de lo dispuesto en los códigos italiano (a. 2258) y portugués (a. 985). Sin embargo, puesto que la razón por la cual se autoriza al administrador para actuar por sí solo es evitar que se cause daño a la sociedad, debe entenderse comprendido en este artículo el caso cuya solución no admite espera para evitar un daño inminente a la sociedad. 1.G.G. ARTÍCULO 2716. Los

compromisos contraídos por los socios administradores en nombre de la sociedad, excediéndose de sus facultades, si no son ratificados por ésta, sólo obligan a la sociedad en razón del beneficio recibido.

A los actos celebrados por un representante, excediéndose de las facultades que se les hubieren conferido, se les denomina "actos ultravires" en el derecho norteamericano. En principio, los actos llevados al cabo por una persona que no está facultada para ello, deben ser nulos. Sin embargo, en materia de representación, el acto así realizado es susceptible de producir efectos en la relación con terceros respondiendo de ello el representante o el representado. Así ocurre en derecho mercantil, en el caso del factor: los actos celebrados en su propio nombre en materia comprendida en el tráfico de las que el factor está encargado, obligan al principal (aa. 314y 315 Ceo.); en otros casos puede quedar F2891

LIBRO CUARTO

ARTS. 2718 y 2717

obligado el representante, si el principal no ratifica el acto que aquél ha celebrado excediéndose de sus facultades; el representado se obliga, si ratifica los actos ultra vires que ha llevado al cabo su representante (en el caso, la sociedad por los actos del administrador) y por último, aunque la sociedad no ratifique el acto queda obligada en razón del beneficio recibido, como está previsto en el artículo que se comenta. En otros casos en que por la actividad a que se dedica la sociedad que normalmente realiza mediante la actuación del administrador, puede aquella quedar comprometida si el administrador actúa dentro de facultades que le autoriza la ley, aunque no se le hubieren concedido expresamente en la escritura social o en el acto de su nombramiento, p.c. en el caso previsto en el a. 2715. Barrera Graf escribe lo siguiente: También en materia de sociedades, el actuar del agente en violación de las facultades que le corresponden y le son propias, o la actuación en contra de las limitaciones (legales o estatutarias) que le hubieren sido impuestas, es inoponible a la sociedad, como pasa respecto a la rerpresentación; pero dicha inoponibilidad no implica ni significa, falta de responsabilidad de la sociedad por los actos —lícitos e ilícitos— cometidos por el administrador en cumplimiento de su cargo y como consecuencia de la actividad que se le ha confiado. Inoponibtes a la sociedad son tos actos lícitos o ilícitos que el administrador ejecuta en exceso del objeto social o en contra de prohibiciones o limitaciones que hubieren fijado el ordenamiento legal, los estatutos o los acuerdos de la asamblea o del órgano de administración; salvo que de manera expresa los hubiere consentido, autorizado o ratificado a la sociedad (representado) a través de la actuación de su órgano supremo o sea la junta o asamblea de socios. En cambio, existe responsabilidad de la sociedad por los actos lícitos o ilícitos que el administrador o representante ejecuten dentro de -su actividad normal y en cumplimiento del objeto social; en este caso se trata de un responsabilidad directa, por tratarse de hechos propios, es decir, de hechos realizados por el representante y que el derecho atribuye a la sociedad representada. (Barrera Graf, Jorge, La representación voluntaria en el derecho privado, México, UNAM, Instituto de Derecho comparado, 1967, p. 185). I.G.G. ARTf CULO 2717. Las

obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios encargados de la administración, sin conocimiento de la minoría, o contra su voluntad expresa, serán válidas; pero los que las hayan contraído serán [2901

ARTS. 1717 y 2718

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. III

personalmente responsables a la sociedad de los perjuicios que por ellas se cause. En la disposición de este artículo se destacan los dos aspectos de la representación a saber: el externo, con relación a terceros extraños a la sociedad y en lo interno, respecto de,las relaciones entre representado (sociedad) y representante (socio administrador). Cuando los administradores deben tomar sus decisiones por mayoría están obligados conforme lo dispone este precepto, a tomar opinión de la minoría. El incumplimiento de esta obligación, no invalida el acto celebrado por la mayoría de administradores, en lo que respecta a la relación externa. En el aspecto interno, es decir, en las relaciones entre la sociedad y los administradores, el incumplimiento de esa obligación compromete la responsabilidad de aquellos que adoptaron así esa decisión, siempre que de ella derive perjuicio a la sociedad. Adviértase que en el supuesto previsto en este artículo los administradores no se han excedido de las facultades que se les han conferido, ni se trata de un caso de desvío de poder, sino de incumplimiento de los deberes que les impone este precepto legal. Ajustándose estrictamente a la distinción entre instrucciones y límites, hay que llegar a la conclusión de que el acto del apoderado situado formalmente dentro de los límites del poder, es eficaz frente a terceros aunque se haya producido desviación o abuso. Las consecuencias del abuso deben producirse en línea de principio únicamente en la relación interna entre el representado y el representante, donde generará un deber de resarcimiento y de indemnización de daños y perjuicios. Sin embargo, en aquellos casos en que el tercero hubiere conocido o debido conocer el carácter abusivo o desviado del acto de ejercicio del poder por representante, entendemos que este hecho es determinante de la ineficacia del negocio estipulado por el representante con el tercero... (Diez Picazo, Luis, La representación en el derecha privado, Madrid, Civitas, 1979, p. 198). I.G.G. ARTÍCULO 2718. El socio o socios administradores están obligados

a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de sociedad. Este artículo impone una importante obligación a quien asume la gestión de negocios ajenos relacionada con lo dispuesto en el a. 2710, conforme al cual los (2911

ARTS. 2712 y 2719

LIBRO CUARTO

socios que administran pueden examinar en cualquier tiempo los libros de contabilidad y los documentos de la sociedad, para cerciorarse del estado que guardan los negocios de ésta y para ejercer una permanente función de vigilancia de la actuación de los socios que administran. Es verdad que la facultad de vigilancia que tienen todos los socios es distinta de la obligación de rendir cuentas que tienen los que administran bienes ajenos (mandatarios, tutores, albaceas, síndicos de concursos y administradores de sociedades); pero también es cierto que existe entre aquel derecho y esta obligación una identidad de razón: la comprobación de un adecuado desempeño de la función del administrador, que se expresa claramente en la locución latina contemplado domini, es decir, que el gestor, mandatario, administrador, etc., debe conducirse en todo momento cuidando los intereses que le han sido encomendados. El administrador (el buen administrador) debe estar dispuesto a rendir cuenta de su gestión en cualquier momento en que lo solicite aquel o aquellos cuyos intereses gestiona. Es verdad que la administración se realiza en representación de la sociedad y también es cierto que administran el patrimonio de la persona moral y no el de los socios. Pero no puede dejar de reconocerse que en la sociedad civil el principio general es que a falta de disposición en contrario, todos los socios concurren en la administración, por lo que en cierto sentido, los que han sido designados administradores, actúan como si dijéramos, administrando por todos los socios. Parece claro este razonamiento si se toma en cuenta que las facultades que no se hayan concedido a los administradores, serán ejercidas por los socios, lo cual nos permite concluir que existe una delegación de funciones de todos ellos, en favor de quienes administran. Si como es cierto, las facultades no conferidas a los administradores serán ejercidas por los socios que no administran, resolviendo por mayoría de intereses y de personas y cuando son más de tres y uno solo de ellos representa la cuota mayoritaria de capital, se necesita el voto de la tercera parte de los socios (a. 2713), se confirma que todos los socios o la mayoría de los integrantes de la sociedad, son quienes tienen originalmente el derecho de administrar. 1.G.G. ARTÍCULO 2719. Cuando la administración no se hubiere limitado

a alguno de los socios, todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría, observándose, respecto de ésta lo dispuesto en el artículo 2713. [292]

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAPS. III y IV

ARTS. 2719 y 2720

Este artículo cierra el conjunto de preceptos que forman el capítulo dedicado a la administración de la sociedad. Debería ser este artículo el primero del capítulo, porque enuncia uno de los datos o signos distintivos, propios de las sociedades de personas y particularmente de la sociedad civil, conviene a saber: la concurrencia de todos lo socios, salvo disposición contractual en contrario, en la administración de los negocios sociales. El artículo en comentario establece que cuando no se hubiere designado administrador a alguno de los socios, todos tendrán derecho de concurrir en el manejo y dirección de tos negocios comunes. En este supuesto, las decisiones se tomarán por mayoría de votos de una tercera parte de los socios, siempre que éstos representen la mayor proporción del capital social (a. 2713) y se trate de una sociedad de más de tres socios, se necesita cuando menos el voto de la tercera parte de ellos. Por otra parte, si se ha integrado esta mayoría, las decisiones serán válidas y obligan a la sociedad frente a terceros de acuerdo con lo que dispone el a. 2717, pero si no ha dado conocimiento previo de su decisión a los demás socios o si éstos se han opuesto a la medida adoptada, los socios que constituyen esa mayoría incurren en responsabilidad frente a la sociedad por la reparación de los daños que se le causen. No basta que la minoría haya votado en contra del acuerdo mayoritario; es requisito para intentar la acción de responsabilidad a que se refiere el artículo

en cita, que se formule formal oposición exponiendo ante la asamblea las razones en que se funda la disidencia.

I.G.G.

CAPITULO IV De la disolución de las sociedades ARTÍCULO 2720. La sociedad se disuelve:

I.—Por consentimiento unánime de los socios;

II.—Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad; III.— Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad; IV.—Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya [293]

LIBRO CUARTO

ART. 2720

pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquél; V.—Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad; VI.—Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea; VII.—Por resolución judicial. Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra tercero, es necesario que se haga constar en el Registro de Sociedades. La doctrina entiende que el concepto "disolución de la sociedad", se refiere a la extinción del negocio jurídico o mejor, de las relaciones jurídicas que se originan entre los socios, para la realización de la finalidad prevista en el contrato social. Este artículo contiene una enumeración de las causas que ponen fin a los derechos y obligaciones reciprocas pactadas entre los socios. La fr. I dispone que la sociedad puede disolverse por voluntad unánime de los socios, es decir, por el acuerdo de las partes para poner fin a la sociedad. Puesto que ésta nació dé un negocio jurídico, la voluntad no discordante de los que se obligaron recíprocamente, puede poner fin a las relaciones jurídicas que existían entre las partes. La fr. II dispone que la sociedad se disuelve al vencimiento del término estipulado para su duración. El término extintivo produce el efecto de resolver el negocio jurídico sujeto a esa modalidad. La realización total de la finalidad de la sociedad o la imposibilidad de realizarla, dejan sin objeto al contrato de sociedad; falta uno de los elementos esenciales del negocio jurídico y por lo tanto en una o en otra hipótesis, la sociedad carece de razón fundante suficiente para subsistir. Por ello la fr. 111 del precepto que se comenta ordena su disolución. En los casos a que se refieren las frs. II y III, comprobada la existencia de cualquiera de esas dos causas, se tendrá por disuelta la sociedad. En la fr. IV se dispone que la muerte o incapacidad de cualquiera de los socios que responda ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales es causa de disolución de la sociedad, salvo que en la escritura social se haya pactado que la sociedad continúe con los demás socios o con los herederos del socio que ha muerto. En la sociedad civil los socios que la administran responden ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales porque en ellos los demás han depositado su confianza para dirigir los negocios sociales, y así la sociedad sólo [294]

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. IV

ARTS. 2720 y 2721

podrá continuar con los socios que sobrevivan o con los herederos del fallecido, si en la escritura social y no con posterioridad al acto fundacional de la sociedad, así se hubiere estipulado, aunque nada impide que lo acuerden en pacto posterior, pero este convenio constituirá una reforma a la escritura social. En la fr. V se dispone que la muerte del socio industrial dará lugar a la disolución de la sociedad, cuando los conocimientos, la pericia, habilidad o experiencia del socio que aportó su fuerza de trabajo haya sido uno de los móviles para constituir la sociedad. Es claro que en este caso el factor intuitu personae es decisivo para que la sociedad pueda seguir desarrollando la finalidad propuesta en el contrato social. La renuncia de uno de los socios, cuando se trata de sociedades de duración ilimitada origina la disolución de ésta cuando los otros socios no desean continuar asociados (fr. VI). Sobre el particular Lozano Noriega (Cuarto curso de derecho civil. Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1962, p. 542) comentando la disposición contenida en esta fracción se expresa así: "Esta fracción está mal redactada; no es la renuncia del socio la que motiva la disolución de la sociedad, es el consentimiento unánime de los demás, porque si quieren continuar asociados, pueden hacerlo". La fr. VII dispone que la sociedad puede ser disuelta por resolución judicial. No establece la disposición en qué casos puede el juez decretar la disolución de una sociedad. En nuestra opinión el legislador se refiere a la disolución necesaria de la sociedad que se dedique a la realización de actos ilícitos. Podría ocurrir que si a pesar de que se haya presentado alguna de las causas mencionadas en este precepto la sociedad no ha sido disuelta, cualquier interesado o el MP, podrá demandar la declaración judicial de disolución. Sin embargo, en este supuesto, la causa de disolución no es la sentencia que pronuncie el juez, sin9 la realización de cualquiera de los supuestos previstos en las cinco anteriores fracciones. En protección de los intereses de tercero, es preciso que la declaración de disolución se inscriba en el Registro de Sociedades para que produzca efectos en su contra. I.G.G. ARTÍCULO 2721. Pasado

el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta continúa funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo indeterminado, sin necesidad de nueva escritura social, y su existencia puede demostrarse por todos los medios de prueba. [295]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2721 y 2722

La disposición contenida en este precepto es una aplicación del principio de la tácita reconducción de los contratos a las relaciones entre los socios. La sociedad se entiende prorrogada por tiempo indeterminado y los terceros se encuentra protegidos, porque no podrá invocarse el vencimiento del plazo de duración de la sociedad si ésta continúa operando después. Este precepto se encuentra en relación con lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. En efecto, si a pesar de que la sociedad ha tomado la decisión de declararse disuelta y ese acuerdo no ha sido inscrito en el Registro de Sociedades, dicha declaración no podrá ser opuesta a terceros. Las operaciones efectuadas por la sociedad, a pesar de que ha concluido dicho plazo, constituirán la prueba requerida de que subsiste la voluntad de los socios de prorrogar la duración de la sociedad. I.G.G. ARTÍCULO 2722. En el caso de que a la muerte de un socio, la

sociedad hubiere de continuar con los supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio difunto, para entregarla a su sucesión. Los herederos del que murió tendrán derecho al capital y utilidades que al finado correspondan en el momento en que murió y en lo sucesivo, sólo tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones contraídas por el socio que murió. La muerte de uno de los socios que no tenga responsabilidad ilimitada por las obligaciones sociales, no produce la disolución de la sociedad si se convino en que continuara con los demás; pero da lugar a la disolución parcial del contrato social por lo que se refiere a las relaciones que existían entre él y la sociedad. La disolución de la sociedad sólo respecto del socio que ha fallecido o propiamente de los herederos de éste, da lugar a la liquidación de la cuota de participación que le correspondía, a fin de entregarla a su sucesión. La cuota de liquidación comprende la parte de capital y de las utilidades obtenidas por la sociedad y no repartidas aún hasta el momento del fallecimiento. Agrega el precepto que se comenta, que los herederos tendrán participación en los derechos que fueren adquiridos por el socio y que sean exigibles después de la fecha de su muerte. De la misma manera, sus herederos quedan obligados al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el socio autor de la sucesión y que fueren exigibles en fecha posterior a su fallecimiento. I.G.G. [296]

ARTS. 2723 y 2724

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. IV

La renuncia se considera maliciosa cuando el socio que la hace se propone aprovecharse exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios deberían de recibir o reportar en común con arreglo al convenio.

ARTÍCULO 2723.

Se relaciona este artículo con lo dispuesto en la fr. VI del a. 2720. En efecto, la renuncia de un socio a una sociedad de duración indefinida si no es extemporánea ni maliciosa, cuando los demás socios no deseen continuar en la sociedad, da lugar a la disolución de ésta. Propiamente, la causa que origina la disolución de la sociedad, es la voluntad de los socios que deciden retirarse después de conocer la renuncia de uno de ellos La causa de disolución no es la renuncia del socio en ejercicio de su derecho de retiro. La renuncia no ha de ser maliciosa. Y se entiende por tal, conforme con este precepto, la que se propone para aprovecharse de los beneficios y evitarse las pérdidas. Los socios pueden retirarse legítimamente de la sociedad en dos casos: cuando se decrete un aumento de capital y no deseen participar en él (a. 2703) y én cualquier momento cuando se trate de sociedades de duración limitada. (a. 2720 fr. VI). Sobre este punto Lozano Noriega dice: "El socio pretende separarse de la sociedad para aprovecharse de los beneficios y evitarse pérdidas; yo digo ¿esto es malicia?. Esto es proceder bien: si el socio ve que la sociedad va a realizar ciertos negocios que considera se traducirán en pérdidas y la sociedal es de duración indefinida ¿por qué no separarse?" Lozano Noriega Francisco, Cuarto Curso de Derecho Civil, Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1962, p. 542). I.G.G. ARTÍCULO 2724. Se dice extemporánea la renuncia, si al hacerla, las cosas no se hallan en su estado íntegro y la sociedad

puede ser perjudicada con la disolución que originaría la renuncia.

La redacción del precepto, hace dificil su inteligencia. De acuerdo con su texto gramatical, el carácter extemporáneo de la renuncia de un socio depende de que las cosas en el momento en que ella se produzca, no guarden su integridad y la sociedad se perjudique con la renuncia que par causa de ella tenga que disolverse, [297]

ARTS. 2724 y 2725

LIBRO CUARTO

Lozano Noriega sostiene que el articulo es "absolutamente incomprensible'', tanto porque no existe un criterio para calificar cuándo en una sociedad que se encuentra funcionando las cosas permanecen íntegras, cuanto porque según lo disponen preceptos anteriores no en todos los casos la renuncia de un socio trae como consecuencia la disolución de la sociedad. (Vid. Cuarto curso de derecho civil. Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1962, p. 543). El CC español (a. 1706 segundo párrafo) dice que "Se reputa hecha en tiempo inoportuno la renuncia cuando no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en que se dilate su disolución. En este caso continuará la sociedad, hasta la terminación de los negocios pendientes". Por su parte Manresa y Navarro (Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1972, t. XI, p. 569), comentando esa disposición legislativa se expresa así: En cuanto al segundo de los requisitos citados, establece la ley como base especial del mismo, una regla cuya justicia resulta indiscutible, según la que debe reputarse que no está hecha en tiempo oportuno la renuncia cuando no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en que se dilate su disolución de los negocios pendientes. Según el antiguo Derecho, cuando la renuncia era intempestiva, el renunciante quedaba responsable de los daños y perjuicios. Podría tal vez interpretarse el precepto que comentamos en el sentido de que la renuncia se considera extemporánea en las sociedades constituidas a término extintivo, sí el que renuncia es uno de aquellos socios sin cuyo concurso no puede seguir funcionando la sociedad (socio industrial o aquel de cuya pericia o habilidad técnica o de dirección dependen las operaciones sociales) y siempre que con ocasión de la renuncia, la sociedad no pueda concluir las operaciones pendientes ("las cosas, dice el artículo, no se hallen en su estado íntegro") y en consecuencia se causen a la sociedad daños y perjuicios, de cuya reparación será responsable el socio cuya renuncia es extemporánea o como en manera más adecuada se expresa el CC español: cuando la renuncia es inoportuna. I.G.G.

ARTÍCULO 2725. La

disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con terceros.

El contrato de sociedad produce dos diferentes efectos: por una parte da lugar a un conjunto de complejas relaciones jurídicas entre los socios y por otra, crea a la persona moral. El primero de los efectos mencionados tiene lugar en (2981

ARTS. 272$ y 2728

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAPS. IV y V

el ámbito interno de la sociedad si no enteramente cuando menos en la mayoría de .ellos. En el aspecto externo, es decir, en relación con terceros y también en varios importantes aspectos entre los mismos socios, el negocio fundacional da nacimiento a la persona moral. La disolución de la sociedad, según se expresó en el comentario del a. 2720, hace cesar los efectos obligacionales del contrato de sociedad; es decir, que las relaciones jurídicas ordinarias que se originaron del contrato social entre los socios dejan de producir efectos a partir del momento en que se disuelve la sociedad, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que antes de la disolución o después de declarada ésta hayan nacido o puedan nacer entre la sociedad y los terceros y entre la sociedad y los socios. La disolución no afecta a la personalidad jurídica de la sociedad. La disolución de la sociedad, no denota extinción de la misma, ni de las relaciones con terceros, ni siquiera se extinguen las relaciones entre los socios; ocurre que se opera, como consecuencia de la disolución, un cambio de actividad de la sociedad: antes de la disolución ésta tenía como finalidad la realización de una actividad dirigida a obtener un beneficio económico, siempre que no constituyera una especulación mercantil. A partir de la disolución, su actividad se dirigirá a realizar las operaciones necesarias para proceder a la distribución del patrimonio de la sociedad entre los socios después de pagar las deudas de ésta, I.G.G.

CAPITULO V De la liquidación de la sociedad ARTÍCULO 2726. Disuelta

la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contrario. Cuando la sociedad se ponga en liquidación, debe agregarse a su nombre las palabras: "en liquidación."

La sociedad entra en estado de liquidación como consecuencia de su disolución. Esta consiste en una sucesión de actos encaminados todos a pagar las deudas de la sociedad y a distribuir el remanente entre los socios. El estado de liquidación se sitúa entre la disolución y la extinción de !a persona jurídica. El objeto de ella es la transmisión de los bienes (en dinero o en (2991

LIBRO CUARTO

ARTS. 2726 y 2727

especie) que resulte de esas operaciones, en favor de los socios, después de que se haya cubierto el pasivo de la sociedad. Durante el período de liquidación (que el precepto que se comenta fija en seis meses) salvo pacto en contrario, la actividad de la sociedad debe ceñirse a la conclusión de las operaciones pendientes, para cubrir el pasivo de la sociedad, pagar a los acreedores y repartir el remanente si lo hay, entre los socios. Puesto que la disolución no extingue la personalidad moral de la sociedad, podrá aunque en manera restringida y sólo para el efecto de la liquidación, seguir practicando operaciones. Los terceros deberán conocer que la persona moral se encuentra en liquidación, por lo tanto en trance de extinguirse. Por ello el artículo que se comenta exige que durante el período de liquidación se agregue a la denominación de la sociedad, las palabras "en liquidación", Dispone este artículo que la sociedad debe entrar en liquidación inmediatamente después de su disolución. Es decir, que disuelta la sociedad y en -estado de liquidación, no podrá de ninguna manera iniciar nuevas operaciones; su actividad se reducirá exclusivamente a concluir las que se hallen pendientes en ese momento y las necesarias para pagar las deudas y hacer efectivos los créditos de la sociedad. I.G.G.

ARTÍCULO 2727. La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar liquidadores o que ya estuvieren nombrados en la escritura social. La disolución de la sociedad produce entre otros, el efecto de hacer cesar las funciones de los socios administradores, para dar lugar al nombramiento y actuación de liquidadores, quienes serán designados en el acto de la declaratoria de disolución, si no lo han sido en el contrato social. Si no se ha hecho la designación de liquidadores en cualquiera de las maneras mencionadas en el párrafo anterior, todos los socios concurren en calidad de liquidadores y en el ejercicio de las funciones que a éstos corresponden. Las facultades de que se hallan investidos los liquidadores, son de dos especies: a) de representación de la sociedad en liquidación en relación con terceros y frente a los socios; b) de administración del patrimonio social en liquidación, para el fin de distribuir entre los socios, el activo que resulte después de pagar a todos lo acreedores y de hacer efectivos los créditos en favor de la sociedad; para concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución de la sociedad; para practicar la participación del patrimonio neto entre los socios y para obtener la cancelación de la partida de inscripción de la sociedad en el Registro de Sociedades. [3001

ARTS. 2727, 2728 y 2729

2. PARTE. TIT. XI/II. CAP. V

Cuándo sean dos o más los liquidadores, el ejercicio de las facultades que le corresponden será conjunta y decidirán por mayoría, que se computará aplicando por analogía las disposiciones contenidas en los aa. 2713 y 2719. (Véanse los comentarios a estos preceptos). 1.G.G.

ARTÍCULO 2728. Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios, quedaren algunos bienes, se considerarán utilidades, y se repartirán entre los socios en la forma convenida. Si no hubo convenio, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. Este artículo se relaciona con lo dispuesto en el a. 2696, conforme al cual ninguno de los socios puede quedar excluido de las ganancias de la sociedad. Por lo tanto, las operaciones de liquidación deberán primeramente después de pagar las deudas sociales, reintegrar a cada uno de los socios capitalistas su aportación y el sobrante, si lo hubiere, se distribuirá entre todos los socios, corno utilidades, en la proporción convenida entre ellos y si no hubiere convenio, en proporción a sus aportaciones. Los socios pueden convenir en que las utilidades de la sociedad se distribuyan en forma desigual y no en razón de sus aportaciones Pero esta liberdad para estipular el reparto de utilidades tiene como limitación la prohibición del "pacto leonino" establecida en el a. 2696 al que nos hemos referido. Existe también una importante limitación a esa libertad que impide los pactos en los que la participación de uno o varios socios en las ganancias, sea en fal manera exigua o desproporcionada que constituya un verdadero pacto usurario, que oculte o disimule la exclusión de las ganancias de uno o más socios. "Los términos del precepto mencionado (a. 1691 CC español) no impiden el que puedan pactarse partes desiguales aun entre socios que contribuyan con aportaciones iguales, a no ser que la desigualdad fuese tan grande que viniera a recaer en la prohibición del mismo, por constituir en forma encubierta o simulada el pacto vedado por la ley" (Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1962, t. XI, p. 503). I.G.G.

Ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse sino después de la disolución de la sociedad y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario.

ARTICULO 2729.

13011

LIBRO CUARTO

ARTS. 2729 y 2730

Contiene este precepto una norma que podría calificarse de característica de las sociedades civiles, que aunque tienen una finalidad económica, no persiguen un propósito de especulación comercial. Por ello, salvo pacto en contrario, las utilidades deben repartirse hasta que se practique la liquidacién de la sociedad. Es decir, los socios no pueden retirar ni el capital ni !as ganancias obtenidas por la sociedad civil, hasta que ésta se extinga por haber concluido las operaciones de liquidación, ya que forman parte de la cuota de participación en la distribución del haber social. Este precepto comprende dos cuestiones que deben considerarse separadamente. La primera es la prohibición del reembolso de la cuota de aportación. Al permitir el pacto en contrario, debe entenderse que podrán los socios pactar el reembolso con utilidades repartibles. La segunda prohibición se refiere (también salvo pacto en contrario) a la distribución de utilidades antes del reparto del patrimonio social, como consecuencia de la liquidación de la sociedad. Por lo tanto la devolución de !as aportaciones podrá pactarse con cargo a utilidades, cuando los socios hayan estipulado que éstas puedan distribuirse antes de la liquidación de la sociedad. El fin preponderantemente no económico de la sociedad civil, debe ser perseguido en principio, en provecho de la sociedad y las utilidades que se obtengan, dada la naturaleza no mercantil de la sociedad, deben acrecer el patrimonio de la sociedad misma; por lo que si en el contrato social no se ha dispuesto otra cosa los beneficios serán para la sociedad y con ello, indirectamente aumentarán el patrimonio de cada uno de los socios, puesto que las ganancias acumuladas acrecerán el valor económico de su cuota social. Por lo demás, es común que en el contrato social se disponga el reparto periódico entre los socios, de las ganancias de la sociedad. I.G.G. ARTÍCULO 2730. Si al liquidarse la sociedad no quedaren bienes

suficientes para cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida y se repartirá entre los asociados en la forma establecida en el artículo anterior. Dispone este precepto que si del balance de liquidación resultaren pérdidas, se repartirán entre los socios "en la forma establecida en el artículo anterior", aplicando al capital las pérdidas en la proporción de las utilidades que tiene cada socio. Esta disposición no se aplica a los socios industriales en presencia de lo que dispone el a. 2734. 13021

2a. PARTE. TI'!'. X1/11. CAP. V

ARTS. 2730, 2731 y 2732

Por otra parte, a falta de convenio entre los socios, la distribución de las pérdidas se hará teniendo en cuenta lo que disponen los aa. 2704 y 2719

conforme a los cuales, los socios que administren responden solidariamente del cumplimiento de las obligaciones sociales. Así pues, al liquidarse la sociedad, si hubiere pérdidas, los socios que hayan sido administradores responderán de ellas junto con la sociedad; pero esta responsabilidad deriva de los actos de administración en que hayan intervenido; y no respecto de aquellas obligaciones que se hayan contraído sin conocimiento de la sociedad o contra su voluntad expresa (a. 2717). I.G.G. ARTÍCULO 2731. Si

sólo se hubiere pactado lo que debe corresponder a los socios por utilidades, en la misma proporción responderán de las pérdidas.

Este artículo contiene una regla diferente a la que establece para la distribución de ganancias, cuando no hay convenio expreso sobre el particular. En el caso previsto en el a. 2728 la parte de utilidades que debe corresponder a cada socio, se determinará en proporción a su aportación. Cuando se trata de distribuir las pérdidas y los socios han convenido en qué proporción debe participar cada uno en las ganancias, aquéllas se distribuirán en la misma medida, con independencia de la aportación de cada uno. La regla que contiene el precepto en comentario se funda en un principio de equidad, puesto que es lícito el pacto por el que alguno o algunos de los socios participe en las utilidades en mayor proporción que otros aunque sus aportaciones sean de igual valor, parece equitativo presumir que si no se ha estipulado expresamente en qué proporción participarán en las pérdidas, ésta debe ser igual a la que corresponde a cada socio en las ganancias. El principio en que se inspira este precepto se confirma si se tiene en cuenta que a falta de pacto por regla general la distribución de las ganancias y de las pérdidas se repartirán en proporción a las aportaciones (aa. 2704 in fine y 2728). Como excepción a esta regla cuando alguno de ellos goza de determinadas ventajas o privilegios de las ganancias es de equidad, si no se ha convenido otra cosa, que soporte las pérdidas en la misma proporción en que participa en los provechos. I.G.G. ARTÍCULO 2732. Si

alguno de los socios contribuye sólo con su industria, sin que ésta se hubiere estimado, ni se hubiere [303]

ART. 2732



LIBRO CUARTO

designado cuota que por ella debiera recibir, se observarán las reglas siguientes: I.—Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que corresponda por razón de sueldos u honorarios y esto mismo se observará si son varios los socios industriales. II.—Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio capitalista que tenga más; 111.—Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por partes iguales las ganancias; IV.—Si son varios los socios industriales y están en el caso de la fracción II, llevarán entre todos la mitad de las ganancias y la dividirán entre sí por convenio y, a falta de éste, por decisión arbitral. En este artículo se encuentran las reglas que deben aplicarse a falta de convenio para determinar la cuota que en las ganancias corresponde al socio que aporta su trabajo (socio industrial). El precepto comprende diversas hipótesis: Aunque no se haya convenido expresamente sobre la proporción que en las utilidades se asigna al socio industrial, si a los servicios que constituyen su aportación se les ha fijado un valor, será éste el que servirá de base para determinar lo que habrá de corresponderle en las utilidades, en la misma proporción que dicho valor guarde con las cuotas de los socios capitalistas. Si no hay convenio, ni se hizo estimación del valor de la industria que se aporta, la participación del socio industrial en las utilidades de la sociedad se calculará según que el trabajo que se aporte pueda o no ser prestado igualmente por otra persona o cuando los socios industriales fueron varios. Si la calidad y cuantía del trabajo que se aporta no depende de habilidades o destrezas específicas del socio industrial su participación en los beneficios obtenidos será la cantidad que le correspondería percibir por concepto de salario u honorario. Si son varios los socios industriales que se encuentran comprendidos en esta hipótesis, a cada uno de ellos se le aplicará esa regla (fr. I). No establece la fracción que comentamos si esta participación en las utilidades es la única compensación que el socio industrial tiene derecho a recibir de la sociedad. Si así fuere, el socio industrial se encontraría en situación de notoria inferioridad no sólo frente a los demás socios, sino frente al personal de obreros y empleados de la sociedad, quienes aparte su salario diario tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa a la que prestan sus servicios. De otra parte el socio industrial estaría expuesto a no recibir cantidad alguna por su trabajo si la sociedad no obtiene utilidades y finalmente en aquellas l 30 41

ARTS. 2732 y 2733

24. PARTE. TIT. XI/II. CAP. V

sociedades en donde no se hubiere estipulado la distribución periódica de utilidades, el socio industrial tendría que esperar hasta el vencimiento del plazo de duración de la sociedad y hasta su separación, para percibir la cantidad que por concepto de utilidades le correspondería. Por las razones anteriores es nuestra opinión que en la hipótesis prevista en la fr. I, la participación en las utilidades del socio industrial, es independiente del salario diario o del honorario que le corresponda por los servicios prestados a la sociedad. La fr. II resuelve el caso de que los servicios prestados por el socio industrial no puedan ser desempeñados por otra persona y decide que la participación en las utilidades del socio industrial será igual a la del socio capitalista que perciba mayor utilidad. En la fr. III el precepto ordena distribuir por mitad las utilidades, si sólo hubiere un socio industrial y un socio capitalista. No se hace en este caso distinción alguna acerca de si los trabajos del socio industrial pueden o no ser desempeñados por otra persona. En la fr. IV se dispone que si son varios los socios industriales y el trabajo que aportan no puede ser hecho por otro, el 50% de las utilidades se distribuirán entré ellos, según lo hayan convenido o por decisión arbitral, a falta de convenio. L.G.G

.

Si el socio industrial hubiere contribuido también con cierto capital, se considerarán éste y la industria separadamente.

ARTÍCU L02733.

La disposición que enuncia este artículo podrá parecer innecesaria a primera vista. Sin embargo no lo es y su ubicación se justifica precisamente ene! lugar en que se encuentra, porque es una guía segura para el intérprete, para resolver el problema de la distribución de beneficios de la sociedad, cuando en unan más personas se reúnen ilas calidades de socios industriales y socios capitalistas. La hipótesis no se encuentra prevista en ninguno de los artículos anteriores, en los que se establece una tajante distinción de tratamiento entre socios industriales y socios capitalistas, posiciones ambas que no son irreductibles ni contradictorias, antes bien, admiten una sana compatibilidad, sin que tenga preponderancia una u otra categoría. Por ello, el precepto que comentamos cumple una función interpretativa conveniente y oportuna. Disipa cualquier duda que pudiera surgir, particularpersonas se reúnen las calidades de socios industriales y socios capitalistas. I.G.G. 13051

ARTS. 2734 y 2735

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2734. Si al terminar la sociedad en que hubiere socios

capitalistas e industriales, resultare que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre los socios capitalistas. Cuando la liquidación de la sociedad no presentare utilidades, los socios que aportaron capital tendrán derecho a la distribución del patrimonio social hasta donde alcance su valor, después de pagar el pasivo. En esta distribución del activo líquido del haber social sólo deben participar, cuando no hay utilidades, los socios que contribuyeron con sus aportaciones a formarlo, es decir, los socios capitalistas que transmitieron a la sociedad la propiedad, el uso o goce de bienes ciertos y determinados (prestación de dar). Cuando la aportación consiste en una prestación de hacer, que no forma parte del patrimonio de la sociedad y sólo atribuye un derecho en contra del socio industrial para exigir su ejecución dicho socio no puede pedir la devolución de un bien que no ha transmitido. Por igual razón el socio industrial no participa en las pérdidas del capital social. (Véase el artículo siguiente). I.G.G. ARTÍCULO 2735. Salvo pacto en contrario, los socios industriales

no responderán de las pérdidas. Los socios industriales no responden de las pérdidas del capital porque no han contribuido a formarlo. El patrimonio de la sociedad es la garantía general de los acreedores para el pago de sus créditos hasta donde alcance su importe. La disposición que excluye alas socios industriales de la responsabilidad de las pérdidas de la sociedad, es una consecuencia natural de que el contenido de su aportación es una obligación de hacer y no una prestación de dar. Propiamente, los socios que han aportado capital tampoco responden de las pérdidas de la sociedad, porque al transmitir el dominio, uso o goce de una cosa a la sociedad, ésta adquiere la titularidad de los derechos sobre los bienes aportados y por ende éstos han dejado de pertenecer al socio y pasan a integrar el capital de la persona moral, distinta de cada uno de sus miembros. En ese sentido, todos los socios responden hasta el límite del importe de sus aportaciones. Puede decirse válidamente que la posición del socio industrial es semejante a la que guarda el socio capitalista, porque sí no hay utilidades en la sociedad, pierde el valor de su aportación, que es su 'trabajo, por el cual no obtiene compensación. De esta manera se encuentra justificado que el socio industrial no [306]

2a. PARTE. TIT.

CAPS. V y VI

ARTS. 2735 y 2736

participe en las pérdidas del capital, pues ha perdido el fruto de su trabajo que también es un valor económico. I.G.G.

CAPITULO VI De las personas morales extranjeras de naturaleza privada La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó. Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerará que tal representante, o quien lo substituya, está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.

ARTÍCULO 2736.

Este artículo ha sido modificado en dos ocasiones. Originariamente decía: "Para que las asociaciones extranjeras de carácter civil, puedan ejercer sus actividades en el Distrito y en los Territorios Federales deberán estar autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores". El 23 de diciembre de 1974, fue publicada en el Diario Oficial una ley que lo reformó quedando redactado en la siguiente forma: "Para que las asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil, puedan ejercer sus actividades en el Distrito Federal, deberán estar autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores", La segunda modificación es reciente. Mediante el Decreto de 11 de diciembre de 1987, publicado en el Diario Oficial del 7 de enero de 1988, se reemplazó el texto del artículo en comentario. 13071

ART. 2736

LIBRO CUARTO

El texto actual difiere de los anteriores. El principio que consagraba el texto original se mantiene, con nueva ubicación dentro del CC en el actual a. 28 Bis. Estas modificaciones se han hecho con el propósito de adaptar la legislación civil a los principios aprobados en la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, efectuada en la capital de Bolivia el 24 de mayo de 1984. Esta Convención ha sido ratificada por México. Su texto aparece publicado en el Diario Oficial del 19 de agosto de 1987. Los aa. 76 fr. I y 133 de la Constitución federal disponen que los tratados celebrados por el presidente de la república con aprobación del Senado adquieren categoría legal en toda la república. Dentro de la jerarquía normativa tienen el mismo rango que las leyes federales. La Convención ratificada y las modificaciones que el decreto del 7 de enero de 1988 han introducido al CC han complementado en forma positiva la legislación civil. Estas nuevas normas hacen un acertado distingo entre la personalidad y la capacidad que el a. 22 confunde. La Convención le da el nombre de "personas jurídicas", a las entidades que nuestra legislación civil denomina "personas morales", las define y les atribuye capacidad. El artículo primero de la Convención las define diciendo: "La presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros y fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución". Constituye también un acierto esta definición, porque las legislaciones civiles, generalmente se limitan a enumerar estas entidades, sin definirlas. Constituye una excepción el a. 545 del CC chileno, redactado por don Andrés Bello, quien inspirado en las doctrinas de Savigny las define: "Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente". Tanto el artículo que se comenta, como la Convención misma reconocen capacidad a las personas jurídicas o morales. Creemos sin embargo, que los aa. 26, 2674 y 2700, ya se referían a esta materia, con las limitaciones a la capacidad, que establecen, entre otros, los aa. 1327, 1470, 1668, 2274 y 2700. El a. 550 del CC chileno, no sólo les reconoce capacidad, sino también voluntad, cuando dice: "La mayoría de los miembros de una corporación que

tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera, La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación", [308]

ART. 2738

2a. PARTE. TIT. XI/ II. CAP. Vi

Los teóricos que han pretendido dar una explicación racional a la fisonomia jurídica de estas entidades, sostienen opiniones muy dispares sobre su capacidad. No es posible referirnos en este comentario a las distintas teorías existentes sobre la materia, pero es obvio que estas concepciones doctrinarias, tienen importancia desde el punto de vista práctico, porque según sea el criterio que se adopte al respecto, permitirá resolver si los actos que realizan son imputables a la entidad misma; a sus representantes, o a ambos. Tiene también importancia su capacidad procesal, en especial en el proceso laboral y su responsabilidad en los ilícitos civiles y penales. El a. 2 de la Convención dispone que los requisitos de forma de las personas jurídicas deben regirse por la ley del lugar de su constitución, acogiendo en su integridad el principio consagrado en el denominado "Estatuto Mixto", que se sintetiza en la frase: locus regit actum, "La ley del lugar rige el acto", principio que algunos autores atribuyen a Ortolán y otros a Bártolo. Dice ese artículo: "I,a existencia, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la disolución y la fusión de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por la ley del lugar de su constitución". "Por, ley del lugar de su constitución, se entiende la del Estado Parte donde se ctimplan ios requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas". Y agrega el a. 3: "Las personas jurídicas privadas, debidamente constituidas en un Estado Parte, serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados Partes. El reconocimiento de pleno derecho no excluye la facultad del Estado Parte para exigir la comprobación de que la persona jurídica existe conforme a la ley del lugar de su constitución". El párrafo primero del artículo que se comenta acogió este mismo principio, que ya había sido considerado por la fr. IV del actual a. 13 del CC del DF, que dice: "La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal" En consecuencia, las formalidades requeridas para la creación de una persona jurídica serán las que exija la legislación del lugar de su constitución. Si estas entidades desean operar en otro de los Estados que son Partes de la, Convención, pueden hacerlo sin necesidad de nuevas formalidades; pero los efectos jurídicos que se produzcan con motivo de su funcionamiento en país extranjero, deben ajustarse a las leyes de este último país. En este aspecto, es oscuro el texto legal que se comenta y pueden surgir dudas sobre su verdadero alcance, porque el párrafo primero ocupa un sitio dentro del CC que estaba reservado en los textos anteriores, a las personas morales extranjeras. Creemos que es poco afortunado el empleo de la palabra "extranjeras" que hace este articulo. 13091

ARTS. 2736 y 2737

LIBRO CUARTO

Sin embargo, otras disposiciones del CC y de la Convención se encargan de aclarar el texto de este párrafo. En efecto, la fr. V del a, 13 del CC del DF dice: "Salvo lo prescrito en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deben ejecutarse, a menos que las partes hubieren designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho". Corrobora lo anterior el a. 28 bis y el a. 2737 que exigen el acatamiento de las normas legales del país a las personas jurídicas extranjeras que actúen u operen dentro del territorio nacional. A mayor abundamiento, los aa, 4 y 5 de la Convención, que se encuentran incorporados a la legislación mexicana, por las razones ya dichas, reafirman el mismo principio al decir el primero: "Para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá !a ley del Estado Parte donde se realicen tales actos" y agrega el a. 5: "Las personas jurídicas privadas constituidas en un Estado Parte que pretendan establecer la sede efectiva de su administración en otro Estado Parte, podrán ser obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de este último". El párrafo segundo del artículo que se comenta, limita la capacidad de las personas jurídicas a la que se otorgue en su país de origen. El párrafo tercero no emplea la frase "persona jurídica" o moral que invariablemente utiliza el legislador para referirse a estas entidades. Este párrafo se limita a emplear la palabra "persona" sin otro agregado, expresión que la legislación sólo aplica a los individuos. L.C.P.

La autorización a que se refiere el artículo 28 Bis no se concederá a menos de que las personas morales extranjeras prueben: I.—Que están constituidas con arreglo a las leyes de su país y que sus estatutos nada contienen que sea contrario a las leyes mexicanas de orden público; II.—Que tienen representante domiciliado en el lugar donde van a operar, suficientemente autorizado para responder de las obligaciones que contraigan las mencionadas personas morales.

ARTÍCULO 2737.

El a. 28 Bis, consagra hoy la norma que sobre las personas morales extranjeras que desean establecerse en el país, establecía, antes de la reforma, el a. 2736. La modificación sólo cambió de ubicación el precepto dentro del CC. 1310]

2a. PARTE. TIT.

CAPS. VI y VII

ARTS. 2737, 2738 y 2739

El a. 28 Bis dispone que sólo pueden establecerse en el país las personas morales extranjeras que hayan obtenido previamente, autorización concedida por la SRE.

La fr. I del artículo que se comenta, dispone que sólo se concederá autorización, cuando se acredite en forma fehaciente, que en la constitución de la persona moral extranjera, se han observado las normas que para tal efecto exigen las leyes de su país de origen. Deben acreditar también que en sus estatutos no hay cláusulas contrarias a las leyes mexicanas de orden público.

La fr. 11 hay que concordarla con el párrafo final ya analizado del artículo anterior. L.C.P.

Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribirán en el Registro los estatutos de las personas morales extranjeras de naturaleza privada.

ARTÍCULO 2738.

En relación con este artículo, dispone el a. 3071, fr. II del CC: "En los folios de las personas morales se inscribirán: los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas, cuando haya comp-robado el registrador que existe la autorización a que se refiere el artículo 2736 de este Código". De acuerdo con la redacción de este artículo, lo que se inscribe es el documento en el cual se da fe de haberse protocolizado en una notaría los estatutos de la persona moral extranjera. El a. 90 de la LN (DO de 8-1-1980 modicado DO 13-1-1986) señala el procedimiento legal requerido para la protocolización de cualquier documento. El a. 91 de la misma ley dispone que "los instrumentos públicos otorgados ante funcionarios extranjeros una vez legalizados y traducidos por perito oficial en su caso, podrán protocolizarse en el Distrito Federal". Es del caso advertir que la cita que el a, 3071 hace al a. 2736, debe rectificarse, porque la norma que se refiere a la autorización de las personas morales que deseen operar dentro del país la considera hoy el á. 28 Bis y no el 2736. L.C.P.

CAPITULO VII De la aparcería rural

La aparcería rural comprende la aparcería agrícola y la de ganados.

ARTÍCULO 2739.

[3111

MITS. 2739, 2740 y 2791

LIBRO CUARTO

Aunque el texto de este artículo hace pensar en la existencia de varios tipos de aparcería, el CC sólo reglamenta la rural, en sus modalidades de agrícola y de ganados. Sin embargo, las reglas de este contrato, por prescripción del a. 1858 se pueden aplicar a contratos, que si bien son de los llamado innominados, tienen gran semejanza con la aparcería rural aunque se aproxima al contrato de sociedad; así ocurre en el derecho español, en el cual a la aparcería se aplican reglas de la sociedad. Tal sucede p.c. cuando los dueños de dos animales, macho y hembra, convienen en unirlos y repartirse las orlas. Este caso no queda comprendido en la aparcería de ganados, y normalmente no podrá ser calificado de rural, pero evidentemente responde a la misma naturaleza. S.T.A.R. ARTÍCULO 2740. El contrato de aparcería deberá otorgarse por

escrito formándose dos ejemplares, uno para cada contratante. La exigencia de que este contrato conste por escrito se reduce a un documento privado, su inobservancia produce la nulidad relativa (a. 2228). La intención del legislador es muy clara: evitar discusiones sobre los provechos y cargas que a cada contratante corresponden, quedando así salvaguardados sus intereses; principalmente los del aparcero. Subsanando el frecuente problema de que el aparcero, o el dueño, no supieran o no pudieran firmar, de acuerdo con el a. 1834 podrá hacerlo otra persona a su ruego, imprimiendo éstos sólo su huella digital. Como se trata de un contrato de ejecución continuada, la nulidad por falta de forma será improcedente una vez que se ha empezado a ejecutar actos tendentes al fin perseguido, tales como arar la tierra, podar árboles, cuidar a los animales, etc., pues éstos se tienen como ratificación tácita del contrato (a. 2234). S.T.A.R. ARTÍCULO 2741. Tiene lugar la aparcería agrícola, cuando una

persona da a otra un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan, o a falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar; en el concepto de que al aparcero nunca podrá corresponderle por solo su trabajo menos del 40% de la cosecha. La palabra "dar" empleada en este artículo debe entenderse en el sentido de entregar y transferir el uso. [312]

ARTS. 2741 y 2742

2a. PARTE. TIT. XI/11. CAP. VII

Aunque en algunos de los artículos de la aparcería figura la palabra "dueño" quien celebre el contrato, puede hacerlo a través de cualquier persona legitimada para ello. La doctrina ha observado que el predio rústico objeto de la aparcería sólo existe como tal si es cultivable y que responde mejor al espíritu del precepto la expresión "tierras laborales" que la de predio rústico. El contrato de aparcería participa de alguna de las características propias de los de sociedad, de prestación de servicios y de arrendamiento, pero más señaladamente de las del primero. La protección que el precepto brinda al aparcero al reconocerle una participación no menor del cuarenta por ciento de las cosechas, es de orden público y por lo tanto irrenunciable. Su presencia en el texto legal, aunque podría ser suplida por las disposiciones que se ocupan de la lesión, evita especulaciones que sólo conducirían a entorpecer la realidad. Salvo los casos excepcionales a que se refieren los aa. 55 y 76 de la L'ERA, los terrenos ejidales no pueden ser dados en aparcería. STAR. ARTÍCULO 2742. Si

durante el término del contrato falleciere el dueño del predio dado en aparcería, o éste fuere enajenado, la aparcería subsistirá. Si es el aparcero el que muere, el contrato puede darse por terminado, salvo pacto en contrario. Cuando a la muerte del aparcero ya se hubieren hecho algunos trabajos, tales como el barbecho del terreno, la poda de los árboles, o cualquiera otra obra necesaria para el cultivo, si el propietario da por terminado el contrato, tiene obligación de pagar a los herederos del aparcero el importe de esos trabajos, en cuanto se aproveche de ellos.

Las diferentes consecuencias establecidas, según sea el propietario o el aparcero el que fallezca, obedece a que mientras la muerte del primero no altera en nada los fines o consecuencias del contrato ya que no interviene personalmente en ellas, la muerte del aparcero puede ser determinante de los resultados que se esperaban con la ejecución del contrato. De acuerdo a los principios del derecho sucesorio serán los herederos del aparcero quienes deberán recibir el importe de los trabajos efectuados por el aparcero. ¿No aparece aquí claramente el elemento personal que es decisivo p,e. en las sociedades de personas? ¿Se puede aplicar al aparcero las reglas relativas al socio industrial? STAR. [3131

LIBRO CUARTO

ARTS. 2743, 2744 y 2745

ARTÍCULO 2743. El

labrador que tuviere heredades en aparcería, no podrá levantar las mieses o cosechar los frutos en que deba tener parte, sin dar aviso al propietario o a quien haga sus veces, estando en el lugar o dentro de la municipalidad a que corresponda el predio.

La finalidad de este precepto evidentemente es evitar posibles controversias respecto del monto de las cosechas levantadas. S.T.A.R.

Si ni en el lugar, ni dentro de la municipalidad se encuentran el propietario o su representante, podrá el aparcero hacer la cosecha, midiendo, contando o pesando los frutos a presencia de dos testigos mayores de toda excepción.

ARTÍCULO 2744.

La presencia de los testigos tiene como finalidad preconstituir una prueba respecto de la cuantía y calidad de la cosecha. Aunque la ley no lo establece, resulta aconsejable levantar un acta sobre el particular. Esta prueba como todas las de su especie es objetable. Si la intervención de los testigos causa alguna erogación, la misma deberá ser a cargo del dueño de la heredad o de quien haga sus veces. S.T.A.R.

Si el aparcero no cumple lo dispuesto en los dos artículos anteriores, tendrá obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos que, de acuerdo con el contrato, fijen peritos nombrados uno por cada parte contratante. Los honorarios de los peritos serán cubiertos por el aparcero.

ARTÍCULO 2745.

Ante el desconocimiento de la realidad sobre el valor de la cosecha, deberá tenerse como tal el que determinen peritos, precisamente porque su calidad de tales dota de autoridad a su dictamen. Como la intervención de peritos se origina en el incumplimiento de una obligación de hacer del aparcero, es a éste a quien corresponde soportar sus consecuencias: cubrir los honorarios. S.T.A.R. [3141

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. VII

ARTS. 2748, 2747 y 2748

ARTICULO 2746. El

propietario del terreno no podrá levantar la cosecha sino cuando el aparcero abandone la siembra. En este caso, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2744, y si no lo hace, se aplicará por analogía lo dispuesto en el artículo 2745.

El derecho y obligación del aparcero de levantar la cosecha excluye la posibilidad de que tal actividad ordinariamente la realice el propietario del terreno, salvo en el caso de que aquél abandone la siembra. Este caso de excepción se justifica dada la conveniencia de proteger al dueño en la parte que le corresponde. Por lo demás, este articulo sólo es una síntesis de los tres precedentes, aplicada al dueño del predio. S.T.A.R. ARTÍCULO 2747. El

propietario del terreno no tiene derecho de retener de propia autoridad, todos o parte de los frutos que correspondan al aparcero, para garantizar lo que éste le deba por razón del contrato de aparcería.

La parte de la cosecha que corresponda al dueño hace las veces de pago de una renta o de una participación en los productos obtenidos en la explotación del predio por medio de la aparcería. Dadas las particularidades de este contrato, nuestro código a diferencia de íos códigos español y francés considera a la aparcería como un contrato independiente, dotado de un régimen legislativo particular y lo distingue claramente del arrendamiento y de la sociedad. S.T.A.R. ARTÍCULO 2748. Si

la cosecha se pierde por completo, el aparcero no tiene obligación de pagar las semillas que le haya proporcionado para la siembra el dueño del terreno; si la pérdida de la cosecha es parcial, en proporción a esa pérdida quedará libre el aparcero de pagar las semillas de que se trata.

En todos los casos de cultivo de tierras, el legislador ha tenido en mente que el labrador es la parte débil en los contratos que celebra, por ello, lo ha dotado de especiales protecciones, irrenunciables por ser de orden público. 1315]

ARTS. 2748, 2749 y 8750

LIBRO CUARTO

Por otro lado, teniendo en cuenta la analogía que existe entre aparcería y sociedad, hay que recordar que es principio de este último contrato que no se puede pactar que las pérdidas o ganancias correspondan a uno solo de los socios (a. 2696), si bien el dueño pierde las semillas y un posible ingreso, el aparcero pierde su trabajo, situación que implica cierta equidad pues, según se desprende del a. 2741, ambos objetos de derecho resultan equiparables. S.T.A.R. ARTÍCULO 2749. Cuando el aparcero establezca su habitación en el

campo que va a cultivar, tiene obligación el propietario de permitirle que construya su casa y de que tome el agua potable y la leña que necesite para satisfacer sus necesidades y las de su familia, así como que consuma el pasto indispensable para alimentar los animales que emplee en el cultivo.

Las obligaciones que este precepto establece a cargo del dueño obedecen fundamentalmente a razones de orden práctico, que la costumbre ha arraigado como derechos de ciertas personas en una pluralidad de contratos y estados de derecho. A este respecto véase lo establecido por los aa. 857 en su parte final y el 1049. Aquí aparece una de las particularidades, quizá la más característica, de la aparcería: la obligación a cargo del dueño de permitir al aparcero construir su casa, tomar agua potable y leña para él y las necesidades de su familia y consumir el pasto necesario para el ganado que emplee en el cultivo. Es una prestación gratuita aneja a la obligación del aparcero de cultivar la tierra como efecto del contrato de aparcería. S.T.A.R. ARTÍCULO 2750. Al

concluir el contrato de aparcería, el aparcero que hubiere cumplido fielmente sus compromisos, goza del derecho del tanto, si la tierra que estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcería.

El cultivo de la tierra en una actividad de interés social debe estar sustraída a la voluntad de los contratantes, al menos en ciertos aspectos, y por lo mismo no habrá razón por la que el dueño prefiera como aparcero a un extraño, respecto del que ya lo ha sido y ha demostrado que su actividad es provechosa tanto para él como para el dueño. Esta demostración justifica su derecho de preferencia o derecho del tanto. 1316]

ARTS. 2730, 2751 y 2732

2a. PARTE. T1T.—XI/II. CAP. VII

El espíritu de este artículo es el mismo que, en materia de arrendamiento, inspira al a. 2448 I. S.T.A.R. ARTÍCULO 2751. El propietario no tiene derecho de dejar sus

tierras ociosas, sino el tiempo que sea necesario para que recobren sus propiedades fertilizantes. En consecuencia, pasada la época que en cada región fije la autoridad municipal, conforme a la naturaleza de los cultivos, si el propietario no las comienza a cultivar por si o por medio de otros, tiene obligación de darlas en aparcería conforme a la costumbre del lugar, a quien las solicite y ofrezca las condiciones necesarias de honorabilidad y solvencia. El legislador ha considerado de interés público el ejercicio del derecho real de propiedad sobre los predios rústicos destinados a la producción. El presente ca s o es uno de los que más claramente ponen en relieve la diferencia entre la concepción romana y la actual del concepto de propiedad. La aparcería legal que establece este precepto se enfrenta al problema doctrinal que debate el tema de la libertad como supuesto necesario en todo contrato. S.T.A.R. ARTICULO 2752. Tiene lugar la aparcería de ganados cuando una

persona da a otra cierto número de animales a fin de que los cuide y alimente, con el objeto de repartirse los frutos en la proporción que convenga. Nótese que tanto en la agrícola como en la de ganados el bien que se da en aparcería es un inmueble, pues al tenor del a. 750, fr. X, son bienes inmuebles los animales que formen pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de la ganadería. Las diferencias entre ambas aparcerías proviene de su naturaleza, pero la identidad fundamental de su estructura permite un paralelismo en los preceptos que regulan las dos modalidades. Una diferencia notable consiste en que no establece a favor del aparcero de ganados, el derecho irrenunciable, de recibir un porcentaje de los productos, omisión que se explica si tomamos en cuenta que mientras en la agrícola el [31.7]

ARTS. 9732, 2753 y 2754

LIBRO CUARTO

aparcero se supone en desventaja económica con el dueño, y por lo mismo merecedor de protección, en la de ganados se parte de que el aparcero, aunque no sea a titulo de propietario, posee el terreno en que cuidará a los ganados y está en posibilidades de alimentarlos; lo que conduce a suponer en esta segunda modalidad de la aparcería, cierta igualdad entre los contratantes. S.T.A.R. ARTÍCULO 2753. Constituyen el objeto de esta aparcería las crías

de los animales y sus productos, como pieles, crines. lanas, leche, etc. Este precepto técnicamente se encuentra mal redactado, pues el a. 1824, que ese! que marca la pauta sobre el particular, establece que "Son objeto de los contratos: I. La cosa que el obligado debe dar; II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer". Interpretado este precepto como parte del sistema a que pertenece, el objeto de la aparcería de ganados estará constituido por los animales que el dueño entrega al aparcero, de la misma manera que el objeto de cualquier contrato es la cosa sobre la que el mismo versa y no sus frutos. En nuestra opinión lo que el legislador quiso expresar es que la finalidad de esta aparcería es que ambos contratantes se repartan las crías de los animales y sus productos. S.T.A.R. ARTICULO 2754. Las condiciones de este contrato se regularán por

la voluntad de los interesados; pero a falta de convenio se observará la costumbre general del lugar, salvas las siguientes disposiciones. Entendemos que cuando se dice: "Las condiciones de este contrato", se hace referencia al de aparcería de ganados y no a la de predios, pues sólo así tiene sentido hacer la salvedad de las disposiciones siguientes. La falta de convenio expreso sobre ciertos puntos del contrato implica la tácita y mutua voluntad de regirse por la costumbre del lugar, que en casos similares es usual en el medio, pues como sabiamente lo establece el a. 1796, los [3181

ARTS. 2754, 2755 y 2755

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. VII

contratos, desde que se perfeccionan, obligan a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. STAR.

ARTICULO 2755. El

aparcero de ganados está obligado a emplear en la guarda y tratamiento de los animales, el cuidado que ordinariamente emplee en sus cosas; y si así no lo hiciere, será responsable de los daños y perjuicios.

La ley impone responsabilidad al aparcero, por falta tic cuidado de los animales, pero tomando como criterio el cuidado que ordinariamente éste tiene sobre sus propias cosas. La doctrina ha criticado este parámetro (culpa in concreto) por considerar que con él un aparcero indolente con sus propias cosas siempre estaría exento de responsabilidad; sin embargo la crítica debe ser atemperada tomando en cuenta que es el dueño quien escoge al aparcero. Más conveniente, a nuestro juicio, será optar por el criterio romano de la culpa in abstracto, dividida en grave, leve y levísima, tomando en consideración que la aparcería es un contrato conmutativo y hacer responsable al aparcero por la culpa leve.

S.T.A.R. ARTÍCULO 2756. El

propietario está obligado a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del ganado y a substituir por otros, en caso de evicción, los animales perdidos; de lo contrario, es responsable de los daños y perjuicios a que diere lugar por la falta de cumplimiento del contrato.

La obligación de garantizar la posesión y el uso de una cosa es común a todos los contratos traslativos de uso y de dominio; la obligación a cargo del dueño de substituir por otros los animales en caso de evicción, equivale a mantener al aparcero en el goce de las cosas que son objeto de la aparcería en el mismo estado que éstas tenían, es decir, se trata de la obligación de responder por la evicción.

S.T.A.R. f3I91

mimo amarro

ARTS. 2751, 2758 y 2759

Será nulo el convenio de que todas las pérdidas que resultaren por caso fortuito, sean de cuenta del aparcero de ganados.

ARTÍCULO 2757.

La nulidad de un convenio celebrado en contravención de este artículo es absoluta (a. 8) ya que el mismo es a la vez una ley prohibitiva y de interés público. Es principio del derecho de sociedadel que no se puede pactar que a uno de los contratantes pertenezcan todas las ganancias y al otro correspondan todas las pérdidas (aa. 190 y 2696). Este precepto no se puede invocar para evitar la responsabilidad proveniente de caso fortuito cuando se ha dado causa o contribuido a él (a. 2111). S.T.A.R.

El aparcero de ganados no podrá disponer de ninguna cabeza, ni de las crías, sin consentimiento del propietario, ni éste sin el de aquél.

ARTÍCULO 2758.

El aparcero no podrá disponer de los animales ni de sus crías, ya que de los primeros no se le ha transmitido la propiedad y respecto de los segundos porque éstas sólo pasarán a la propiedad exclusiva de cada contratante una vez hecho el reparto de frutos. El propietario tampoco podrá disponer de esos bienes, pues su propiedad se encuentra limitada en los términos y consecuencias naturales de la aparcería. S.T.A.R. ARTÍCULO 2759. El aparcero de ganados no podrá hacer el esqui-

leo sin dar aviso al propietario, y si omite darlo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2745.

La obligación de dar aviso para hacer el esquileo tiene como finalidad evitar conflictos derivados de la inconformidad de las partes respecto a la cuantía de los productos. El incumplimiento de la prohibición hará aplicable el a. 2745, 0201

2a. PARTE. TIT. XI/II. CAP. VII

ARTS. 2759, 2760 y 2765

pues el esquileo es a la aparcería de ganados lo que la cosecha es a la aparcería agrícola. S.T.A.R. ARTÍCULO 2760. La aparcería de ganados dura el tiempo conve-

nido, y a falta de convenio, el tiempo que fuere costumbre en el lugar. La falta de acuerdo expreso sobre la duración del contrato no se interpreta como si el contrato se hubiere celebrado por tiempo indefinido. El plazo de vencimiento se entiende implícito en el contrato. Es la costumbre,

a falta de convenio expreso la que servirá de norma para conocer el tiempo de vigencia del contrato de aparcería.

S.T.A.R. ARTÍCULO 2761. El propietario cuyo ganado se enajena indebi-

damente por el aparcero, tiene derecho para reivindicarlo, menos cuando se haya rematado en pública subasta; pero conservará a salvo el que le corresponda contra el aparcero, para cobrarle los daños y perjuicios ocasionados por la falta de aviso. La acción reivindicatoria del dueño se funda en el derecho de propiedad sobre el ganado que indebidamente se le ha desconocido por la enajenación que llevare al cabo el aparcero. Recuérdese que el a. 2269 dispone que nadie puede vender sino lo que es de su propiedad. La excepción establecida para el caso de venta en pública subasta se funda en la fuerza que tiene la presunción de que el adquirente actuó de buena

fe. La acción en contra del aparcero para reclamarle daños y perjuicios se funda en la conducta ilícita de éste, más que en la falta de aviso, pues el simple aviso no lo legitima para ejercer actos de dominio. La jurisprudencia de la SCJN ha establecido:

I3211

ARTS. 2781, 2782 y 2783



LIBRO CUARTO

Acción reivindicatoria, es imprescriptible: La acción reivindicatoria no se

extingue por el transcurso del tiempo. En efecto, teniendo por objeto la acción reivindicatoria la protección del derecho de propiedad, es claro que entretanto éste no se extinga, aquélla permanecerá viva y solamente cuando por virtud de la usucapión haya desaparecido la acción reivindicatoria; de lo que se sigue que esta acción dura lo que el derecho de propiedad y no fenece por el mero transcurso del tiempo, o sea, por prescripción negativa. SJF, sexta época, vol. XV, p. 26. S.T. A.R.

Si el propietario no exige su parte dentro de los sesenta días después de fenecido el tiempo del contrato, se entenderá prorrogado éste por un año.

ARTÍCULO 2762.

Este artículo establece la tácita reconducción tanto de la aparcería agrícola como de la ganadera, no obstante que la tácita reconducción que se establece en este artículo está inspirada en el arrendamiento de inmuebles (aa. 2425 a 2458), en el presente caso el precepto no hace distinción alguna respecto a la aparcería agrícola o de ganados. Es fácil observar que el legislador partió del supuesto de que si el propietario no exige su parte dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del contrato, el aparcero conserva la posesión del predio o de los animales, según el caso, y el contrato se entiende prorrogado. La prórroga por un año, en muchos casos puede ser término arbitrario por lo que sería más conveniente establecerla por un lapso igual al del contrato fenecido. .S.T.A.R.

ARTÍCULO 2763. En el caso de venta de los animales, antes de que

termine el contrato de aparcería, disfrutarán los contratantes del derecho del tanto.

Este precepto está evidentemente inspirado en-el fin social de la propiedad. Con el propósito de que ésta no permanezca inactiva, el legislador equipara a quien [322J

2a. PARTE. TIT. X1/11. CAP. VII y T1T. XII /CAP. 1

ARTS. 2783 y 2784

trabaja en su explotación, es decir, el aparcero, a iin copropietario, pues el derecho de preferencia por el tanto es característico de las instituciones que se ocupan del aprovechamiento de bienes en beneficio colectivo, p.c. la copropiedad (a. 973), la herencia (a, 1292), las sociedades (a. 2706). STAR.

TITULO DECIMOSEGUNDO De los contratos aleatorios CAPITULO I Del juego y de la apuesta ARTÍCULO 2764. La ley no concede acción para reclamar lo que se

gana en juego prohibido. El Código Penal señalará cuáles son los juegos prohibidos. Según la doctrina el juego y la apuesta son dos conceptos distintos, aunque en ambos exista un aspecto común de carácter utilitario. La legislación civil no los define, pero los autores y algunos códigos creen encontrar diferencia entre ambos conceptos; dicen que, mientras en el juego intervienen directamente las partes, en la apuesta no existe esta intervención, sino simplemente discrepancia entre hechos o acontecimientos del pasado o d, futuro. lanresa (Comentarios al código civil español, 4a. ed., t. XII, Madrid, Reus, 1931, p. 37), define el juego diciendo que: es un contrato por elcual se arriesga un valor económico o un acontecimiento (el éxito), a cuya producción participan ambas o todas las partes. La apuesta, la define diciendo que es un contrato por el cual se arriesgan un valor económico frente a un acontecimiento que no depende de la acción de las partes, o que depende de la acción de una o más, pero no todas. Don Ramón Sánchez Medal, define el juego como el contrato aleatorio por el que las dos partes se obligan recíprocamente a pagar la una a la otra una determinada prestación en caso de que se realice [3231

TITULO DECIMOSEGUNDO De los contratos aleatorios

2a. PARTE. TIT. X1/11. CAP. VII y T1T. XII /CAP. 1

ARTS. 2783 y 2784

trabaja en su explotación, es decir, el aparcero, a iin copropietario, pues el derecho de preferencia por el tanto es característico de las instituciones que se ocupan del aprovechamiento de bienes en beneficio colectivo, p.c. la copropiedad (a. 973), la herencia (a, 1292), las sociedades (a. 2706). STAR.

TITULO DECIMOSEGUNDO De los contratos aleatorios CAPITULO I Del juego y de la apuesta ARTÍCULO 2764. La ley no concede acción para reclamar lo que se

gana en juego prohibido. El Código Penal señalará cuáles son los juegos prohibidos. Según la doctrina el juego y la apuesta son dos conceptos distintos, aunque en ambos exista un aspecto común de carácter utilitario. La legislación civil no los define, pero los autores y algunos códigos creen encontrar diferencia entre ambos conceptos; dicen que, mientras en el juego intervienen directamente las partes, en la apuesta no existe esta intervención, sino simplemente discrepancia entre hechos o acontecimientos del pasado o d, futuro. lanresa (Comentarios al código civil español, 4a. ed., t. XII, Madrid, Reus, 1931, p. 37), define el juego diciendo que: es un contrato por elcual se arriesga un valor económico o un acontecimiento (el éxito), a cuya producción participan ambas o todas las partes. La apuesta, la define diciendo que es un contrato por el cual se arriesgan un valor económico frente a un acontecimiento que no depende de la acción de las partes, o que depende de la acción de una o más, pero no todas. Don Ramón Sánchez Medal, define el juego como el contrato aleatorio por el que las dos partes se obligan recíprocamente a pagar la una a la otra una determinada prestación en caso de que se realice [3231

ART. 2764

LIBRO CUARTO

un hecho incierto del cual depende que una de las partes gane y la otra pierda dicha prestación. El hecho incierto puede depender de la sola destreza o habilidad, del azar, o de uno o de otro factor conjuntamente. También se define el juego como el contrato por el cual convienen dos o varias personas en que paguen, las que pierdan cierta cosa a las que ganan (De los contratos civiles, México, Porrúa, 1984, p. 367). Con respecto a la apuesta, dice el mismo tratadista: La apuesta puede entenderse a su vez, como el contrato aleatorio en el que una de las partes se obliga a pagar a la otra una determinada prestación en caso de que resulte cierta una determinada afirmación. Asimismo puede definírsele como el contrato por el que dos personas, que tienen un concepto distinto de un suceso pasado o futuro y determinado, se comprometen a entregar una cantidad, la una a la otra, según se realice o haya realizado dicho suceso. Don Francisco Lozano Noriega, explica con mucha claridad ambos conceptos al decir:

En el juego existe una promesa de ambos contratantes de entregar, de transmitir al otro una suma de dinero u otra cosa determinada, si determinado acontecimiento se realiza. Pero con esta particularidad; que esa promesa está sujeta a las mismas condiciones y consiste en el hecho incierto que es precisamente la obra de las partes.

Se confunde a menudo el juego y la apuesta porque en el juego hay apuestas; pero lo que caracteriza al juego es que precisamente ese hecho incierto que funciona como condición respecto a la determinación del carácter de ganancioso o perdidoso para los contratantes, es la obra de ellos, Por ejemplo: dos personas se prometen recíprocamente cien pesos si una de ellas gana a la otra un partido de frontón... En la apuesta hay una promesa recíproca, pero el hecho del que depende la atribución de la cosa objeto de la apuesta a uno o al otro de los contratantes, no es precisamente la obra de los contratantes (Contratos, 3a. ed., México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1982, pp. 498 y 499). En el ejemplo de Lozano Noriega, el juego lo realizan perscoatmehte los contratantes, o sea los jugadores mismos; en cambio en la apuesta intervienen terceros. Podrían ser los propios espectadores, cuando dividas entre ellos las simpatías por las bandas en lucha, convengan que los partidarios de los jugadores que pierdan el juego, paguen a los adherentes del otro bando una determinada prestación. Por ejemplo en un evento deportivo como el futbol o el box (destreza física) el juego lo realizan los futbolistas o los boxeadores y las apuestas las conciertan o cruzan entre silos espectadores que son terceros en el juego mismo. [3241

2e. PARTE. TIT. XII/CAP. I

ART. 2764

En el juego también suelen pactarse apuestas entre los contendientes. Pueden convenir que el perdedor pague al ganador una suma determinada u otra prestación. Puede concluirse que entre el juego y la apuesta existe una estrecha y armónica vinculación, que confunde a veces al intérprete y que ha obligado al legislador a considerarles conjuntamente en el CC yen la legislación especial que se ha dictado sobre la materia. El CC clasifica los juegos en prohibidos y no prohibidos e igual clasificación hace de las apuestas. No obstante esa clasificación, es necesario considerar esta materia, desde el aspecto civil y penal. Dispone el párrafo segundo del artículo que se comenta que el CP señalará cuáles son los juegos prohibidos. Efectivamente este cuerpo legal en sus aa. 257 a 259 los consideraba; pero estas disposiciones hoy se encuentran derogadas (DO de 31-XII-1947, a 3o. transitorio y DO de 14-1-1985). No obstante, se encuentra vigente la Ley Federal de Juegos y Sorteos (DO de 31-XII-1947). No existe concordancia entre esta ley especial y las disposiciones del CC. Dice el a. lo. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos: "Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas". La sola circunstancia de que se crucen apuestas transforma el juego en prohibido. Sin embargo, esta disposición no es categórica, y la ley permite esta clase de juegos cuando son autorizados por la Secretaria de Gobernación o se efectuán en.domicilios particulares y entre amigos y parientes. (aa. 3 a I I , 12 fr. I y 15`, El a. 2o. de la Ley citada dice: Sólo podrán permitirse: 1. El juego de ajedrez, el de damas, y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes; II. Los sorteos. Los juegos no señalados se considerarán prohibidos para los efectos de esta ley. El juego de dados que se considera en este artículo, es un juego de azar. Como esta ley especial fue promulgada en fecha posterior a la vigencia del CC y por sus carácter federal tiene mayor jerarquía, más rango que el CC que es una ley ordinaria, habrá que concluir que dicha ley, es de aplicación preferente. El aspecto civil que considera el párrafo primero del a. 2764 será analizado en el comentario al a. 2765. L.C.P. 1-3251

LIBRO CUARTO

ART. 2765

El que paga voluntariamente una deuda procedente de juego prohibido, o sus herederos, tienen derecho de reclamar la devolución del 50% de lo que se pagó. El otro cincuenta por ciento no quedará en poder del ganancioso, sino que se entregará a la Beneficencia Pública.

ARTÍCULO 2765.

Cuando uno de los jugadores no paga de inmediato las pérdidas procedentes de juegos prohibidos, no puede el ganador exigirlas judicialmente, porque el a. 2764 en su párrafo primero no le concede acción para el cobro. Por la naturaleza misma del contrato, que conlleva un origen ilícito, estas relaciones jurídicas presentan características propias. Una disposición semejante a la que se comenta la encontramos en el a. 2268: que dice: "Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado en cantinas, no dan derecho para exigir su precio". Ambas disposiciones son semejantes en sus efectos, pero diferentes en su estructura misma. Mientras una niega el nacimiento del derecho y correlativamente de la obligación, la otra sólo impide el ejercicio de la accion. Ha establecido el legislador sanciones civiles y penales destinadas a reprimir la práctica nociva de los juegos de azar y las apuestas. El a. 2764 impide al ganador el ejercicio de la acción para cobrar lo adeudado; forma por demás adecuada, de sancionar a quien infringe una prohibición de interés social. El CC no sólo impone esta sanción, el a. 2765 dice que el que paga voluntariamente una deuda procedente de juego prohibido, tiene el derecho a recobrar el 50% de lo que pagó y el otro 50% se entregará a la beneficencia pública. Es ésta una manera original de sancionar también al perdedor, copartícipe de la relación ilícita. El artículo que se comenta, faculta también a los herederos del perdedor para hacer esta reclamación. Es una acertada medida ideada por el legislador en defensa de la familia, expuesta a la ruina por la acción irreflexiva o culpable de alguno de sus miembros. Una disposición similar a la que se comenta, se encuentra en el a. 1895. Los contratos que se están analizando, presentan las siguientes características desde el punto de vista civil: a) no originan obligaciones civiles ni naturales plenamente eficaces; b) la facultad de reclamar la devolución, es opcional y no obligatoria para los interesados, sin perjuicio del derecho que la ley otorga a la beneficiencia pública. c) La ley no señala plazo para exigir la devolución. ¿Cuál será el procedimiento legal que deben seguir los interesados para exigir la devolución? ¿Deberá solicitarse previamente la nulidad del acto? Por tratarse de actos ilícitos, podría argumentarse que pueden aplicarse las 13261

ARTS. 2765 y 2766

24. PARTE. T1T. XII/CAP. I

disposiciones generales sobre nulidades que considera el CC (8, 1795, 1824, 1827, 1830, 1895, 2225 y otros). Sin embargo, del tenor literal del a. 2765 parece desprenderse que la acción para recuperar lo pagado puede ejercitarse directamente por los interesados, sin que sea necesario solicitar previamente la nulidad del acto. En efecto, este artículo no hace mención alguna a la nulidad, como ocurre en otros casos cuando el legislador quiere sancionar con la nulidad un determinado acto, p.e. los celebrados por incapaces e incapacitados (aa. 635 a 640), en el caso del derecho del tanto (a. 1292), cuando hay vicios del consentimiento (a. (a. 2230) etc. Del análisis comparativo de las disposiciones que integran este capítulo, aparece de manifiesto la intención del legislador de dar una solución especial a esta materia, al no conceder acción al ganador para el cobro de la deuda (a. 2764) y otorgar en cambio, al perdedor y sus herederos, el derecho de recobrar parte de lo pagado voluntariamente. ¿Ha querido el legislador dar una solución de eficacia legal semejante a la nulidad sin recurrir a ese arbitrio? ¿Se trata de un caso práctico de economía procesal? La verdad es que en la práctica no se hacen estos reclamos, porque según la tradición popular las deudas de juego son deudas de honor, salvo que los herederos del perdedor no lo consideren así y reclamen lo pagado. Desde el 31 de diciembre de 1947 rige la LFJS ¿Puede esta ley suplir la referencia que hace el a. 2764 al CP? Al parecer no cabría duda al respecto. El a. IQ de esta ley dispone: "Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas". Y en el a. 2 se enumeran taxativamente los juegos permitidos. La SG puede autorizar la práctica de toda clase de juegos en locales abiertos o cerrados y en las ferias regionales en los espectáculos que determine el reglamento (aa. 3 a 11). La ley permite también las rifas entre amigos y parientes y los juegos que se realicen en domicilios particulares.

ARTÍCULO 2766. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se

aplicará a las apuestas que deban tenerse como prohibidas porque tengan analogía con los juegos prohibidos. Según la doctrina los "juegos" los ejecutan los contendientes; en cambio las -apuestas" las efectúan terceros ajenos a los actores principales o los pi-opios jugadores entre sí. El artículo que se comenta adopta también este mismo criterio, según puede comprobarse de su simple lectura. [3271

LIBRO CUARTO

ARTS. 2766 y 2767

La LEJS prohibe en su articulo primero los juegos con apuesta al decir: "Quedan prohibidos en todo el territorio nacional los juegos de azar y los juegos con apuestas". Dispone esta ley que los juegos con apuestas, siempre se consideran prohibidos y consecuentemente las apuestas de terceros también tendrán ese carácter. La licitud o ilicitud de las apuestas estará condicionada a la voluntad de los contendientes. En la práctica esta dependencia de la voluntad ajena puede ocasionar perjuicios a los terceros apostadores y serias dificultades de orden probatorio. Volvemos a preguntarnos: ¿Cuando la autoridad administrativa autoriza la realización de juegos prohibidos dejan éstos de tener ese carácter? Si así fuere, sólo se considerarán prohibidos los juegos y las apuestas no autorizadas por la SG. L.C.P.

ARTÍCULO 2767. El que pierde en un juego o apuesta que no estén

prohibidos, queda obligado civilmente, con tal que la pérdida no exceda de la vigésima parte de su fortuna. Prescribe en treinta días el derecho para exigir la deuda de juego a que este articulo se refiere. En materia de juegos y apuestas, en varios aspectos, ha debido apartarse el legislador de las reglas aplicables a los demás contratos. Por tratarse de actos consensuales, pueden los contendientes ignorar la identidad y la capacidad económica del rival, desconociendo, por ello, si reúnen o no los supuestos que señala el artículo que se comenta. En el comentario de este artículo es necesario considerar en qué momento nace la obligación civil, o sea la oportunidad legal de su existencia. Mientras se realiza el juego o la apuesta, pueden presentarse simultáneamente alternativas de ganancia o pérdida en los competidores y sólo quedará determinada la identidad de los ganadores y perdedores una vez concluido el juego o aclaradas las apuestas. El texto del a. 2767 es en sentido condicional. Por la forma imperativa de su redacción esta condición no da lugar a opciones. La obligación civil queda condicionada a la concurrencia de los supuestos que consagra el artículo que se comenta. En los juegos no prohibidos el legislador autoriza al ganador para exigir el pago de la deuda, bajo la condición sine quo non, de que la pérdida no exceda de la vigésima parte de la fortuna del perdedor. Esta disposición admite dos interpretaciones: [3281

ARTS. 2767 y 2768

2a. PARTE. TIT. XII/CAP. I

1. Si la obligación excede de la vigésima parte de la fortuna del perdedor, no existirá a su cargo obligación civil de ninguna especie, o sea, que la obligación civil nace sólo cuando la pérdida no excede de la vigésima parte ya dicha. 2. La otra opinión considera que la acción civil nace en todo caso, pero si la pérdida excede de la vigésima parte de la fortuna del perdedor, la obligación civil se reduce o limita a ese porcentaje. Esta interpretación es la más conocida. Se considera, no obstante que esta interpretación se aparta del texto legal, porque el CC en ninguna de sus partes dispone que la obligación civil debe reducirse o limitarse al porcentaje ya dicho, sino que por el contrario establece que no habrá obligación civil si la pérdida excede de dicha cantidad. Reafirmaría lo anterior la falta de simpatía que demuestra el legislador por los juegos y las apuestas habiendo llegado al extremo de considerar a algunas de ellas dentro del campo delictual, en el CP primero y posteriormente en la LFJS que los reprime. El plazo que este artículo confiere al ganador para exigir el pago es muy breve. Sólo le concede treinta días. Si llegado el vencimiento, el ganador no ha intentado obtener el pago de las cantidades que el legislador le permite cobrar, se extingue la acción. No obstante, si el perdedor después del vencimiento del plazo paga las sumas a que estaba legalmente obligado, no puede exigir después de devolución por impedírselo el a. 1894. La obligación civil se transformó en natural al extinguirse por la prescripción la acción para el cobro. En el artículo que se comenta el legislador sólo considera al perdedor que no ha pagado las deudas, pero ¿qué ocurre si ha pagado la totalidad o gran parte de ellas excediéndose de los porcentajes que señala el a. 2767? No existe obligación natural porque el a. 1894 sólo le da ese carácter a las deudas extinguidas por la prescripción y a las obligaciones morales y el juego y la apuesta no pueden tener esta característica, como ya se ha expresado. ¿Podría considerarse pago indebido? ¿Quedaría habilitado el perdedor para exigir la devolución de lo pagado indebidamente dentro de los plazos que la ley señala en los aa. 1882, 1883, 1893? L.C.P.

ARTÍCULO 2768. La deuda de juego o de apuesta prohibidos no

puede compensarse, ni ser convertida por novación en una obligación civilmente eficaz. Se trata de una disposición prohibitiva según puede constatarse de la simple lectura. La sanción por la infracción a las leyes prohibitivas es la nulidad, poi disponerlo así el a. 8 del CC. 1-..329]

mimo CUARTO

ARTS. 2788 y 2789

Respecto de la compensación, este artículo guarda perfecta armonía con la fr. VI del a. 2192 que dice: "la compensación no tendrá lugar si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas". Manresa, comentando sobre la eficacia de las obligaciones contraídas para el aseguramiento de lo perdido en el juego dice: Esta cuestión ha sido planteada por Goyena en los siguientes términos: Los empeños, vales o escrituras posteriores a la pérdida, ¿son obligatorios? En opinión de dicho autor, agrega Manresa, la contestación debiera ser afirmativa, a pesar de las doctrinas sustentadas en contrario y sin que a ello obste el que se alegue que no hay convención válida sin causa, y que la ley no puede reconocer en el juego una causa capaz de hacerlo verdaderamente obligatorio, porque de ser esto rigurosamente cierto, debiera entonces repetirse lo pagado como que no se debía. (Manresa y Navarro José María, Comentarios al código civil español, 4a. ed., Madrid. Reus, t. XII. 1931, pp. 51 y 52). Manresa en sus comentarios hace un análisis de los efectos jurídicos de los préstamos hechos en el juego para utilizarlos en el propio juego. Sobre la eficacia legal de estos préstamos cita la opinión de Goyena quien resuelve esta duda en sentido afirmativo, siempre que no medie fraude. Agrega Manresa que el CC alemán en su a. 762 dispone terminantemente que no podrá repetirse "por falta de obligación" lo prestado por causas de juego o de apuesta. "No somos partidarios de opinión tan absoluta" termina diciendo el destacado autor español (op. cit. p. 51). L.C.P. ARTÍCULO 2769. El

que hubiere firmado una obligación que en realidad tenía por causa una deuda de juego o de apuesta prohibidos, conserva, aunque se atribuya a la obligación una causa civilmente eficaz, la excepción que nace del artículo anteriot, y se puede probar por todos los medibs la causa real de la obligación.

El redactor de este capítulo, fuertemente influido por las teorías causalistas, hecho fácilmente acreditable por la simple lectura de este artículo, no ha dado a esta materia una solución inspirada en esa doctrina, sino a través de una fórmula original más simple que las anteriores, pero con efectos tan o más eficaces que la nulidad. 13301

2. PARTE. TIT, X11/1.:AP. 1

ARTS. 2769, 2770 y 2771

La causa es considerada por los redactores de este artículo, desde dos aspectos: a) La causa de la deuda, que es considerada desde el punto de vista de su origen: juego o apuestas prohibidos; y b) La causa desde el punto de vista de su eficacia civil p.c. reconocimiento de deuda, suscripción de un título de crédito, etc. (causa civil de obligar). La firma de cualquier documento en que se disfrace o simule una obligación que tenga por causa una deuda de juego o apuesta prohibidos, puede ser impugnada por el perdedor, aun cuando se le atribuya una causa civilmente eficaz, pudiendo oponer a su cobró las excepciones que considera el a, 2768. Para acreditar la causa real de la obligación el legislador admite todos los medios de prueba legales. L.C.P.

ARTÍCULO 2770.

Si a una obligación de juego o apuesta prohibidos se le hubiere dado la forma de título a la orden o al portador, el suscriptor debe pagarla al portador de buena fe; pero tendrá el derecho que le concede el artículo 2765.

Por la naturaleza misma de los títulos a la orden y al portador, el suscriptor del documento no puede negarse a pagarlos a su vencimiento, siempre que el portador esté obrando de buena fe. Sin embargo, el suscriptor del documento podrá exigir la devolución de parte de lo pagoda, de acuerdo a lo establecido en el a. 2765. L.C.P.

ARTÍCULO 2771.

Cuando las personas se sirvieren del medio de la suerte, no como apuesta o juego, sino para dividir cosas comunes o terminar cuestiones, producirá en el primer caso, los efectos de una participación (sic) legítima y en el segundo, los de una transacción.

Cuando los interesados en la liquidación de una sociedad o una comunidad no logren ponerse de acuerdo en la adjudicación de los diversos lotes en que ha sido dividida la cosa o cosas comunes, puede resolverse la falta de entendimiento mediante la suerte, la que producirá todos los efectos de una partición legítima y no una participación como indebidamente dice el CC. [331]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2771, 2772 y 2773

Cuando se emplea la suerte para dirimir cuestiones o conflictos produce los efectos de una transacción. Los aa. 974, 1293 y 1865 fr. III consideran otros casos que el legislador resuelve de acuerdo con la suerte. L.C.P. ARTÍCULO 2772. Las loterías o rifas, cuando se permitan, serán

regidas, las primeras por las leyes especiales que las autoricen, y las segundas por los reglamentos de policía. El a. 3 de la LFJS, dice que corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la SG, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase, así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional que se regirá por su propia ley. L.C.P. ARTÍCULO 2771 E l contrato celebrado entre los compradores de

billetes y las loterías autorizadas en país extranjero, no será válido en el Distrito Federal a menos que la venta de esos billetes baya sido permitida por la autoridad correspondiente. El funcionamiento de loterías permite el mantenimiento de instituciones benéficas, de utilidad social y educacional y son una fuente de ingresos fiscales mediante los impuestos a los premios que obtienen los favorecidos con la suerte. Es por esto justificable que no se permita la venta de billetes de loterías extranjeras. Los impuestos a las loterías fueron establecidos mediante el decreto dictado el 30 de diciembre de 1947, el cual ha sido derogado por el a. 2 transitorio de la LIR reformada a partir del I o. de enero de 1981. En esta oportunidad se trasladó a los aa. 129, 130 y 131 el gravamen a los premios de loterías. También ha sido autorizado otro juego denominado "Pronósticos deportivos". L.C.P.

[3321

22.

ART, 2774

PARTE. TIT, XII/CAP. II

CAPITULO II De la renta vitalicia ARTÍCULO 2774. La

renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego.

La renta vitalicia debe constituirse mediante un contrato al que la ley da el calificativo de aleatorio por existir incertidumbre sobre la ganancia o pérdida que obtendrán o sufrirán las partes recíprocamente. José María Manresa y Navarro (Comentario al código civil espariol, 4a. ed„ Madrid. Rens, t. XII, 1931, p. 58) dice que es aleatorio este contrato porque la duración incierta de la persona o personas sobre cuyas vidas se puso la renta es la que influye en la pérdida o ganancia. Mediante él, las dos partes contratantes obtienen un lucro, o por lo menos esperan obtenerlo: el perceptor de la renta porque durante su vida recibe una renta mar que la que obtendría del capital entregado, y el que la paga, porque al fallecimiento de la persona por cuya vida se constituyó la renta, queda dueño del capital sin carga alguna. En la actualidad, este contrato ha perdido utilidad práctica, porque las instituciones bancarias y de seguros ofrecen modalidades más ventajosas y con menos riesgos. Cuando se constituye a título oneroso mediante un contrato, debe estipularse un precio (a. 2781) que se pagará en dinero o con una cosa mueble o inmueble que se traspasará en propiedad al constituyente (aa. 2774, 2776), denominación que la ley atribuye al obligado al pago de la pensión (a. 2781). El capital son los bienes que se entregan al constituyente (aa. 2777, 2778, 2782, 2791). A las cantidades periódicas que debe pagar el constituyente la ley las llama pensiones (aa. 2774, 2782) o rentas (aa. 2778, 2780 al 2785, 2787, 2789 y 2790). Los que deben recibir la pensión toman el nombre de pensionistas (aa. 2782, 2783, 2788 al 2790). Si las partes están de acuerdo, la renta vitalicia puede constituirse exclusivamente para el pago de pensiones alimenticias (a. 2787). Es un contrato translativo de dominio, porque los bienes que se entregan al deudor deben transferirse a éste. [333]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2779 y 2775

Las obligaciones de las partes son desiguales y esta desigualdad caracteriza la incertidumbre de obtener una ganancia o experimentar una pérdida. Las obligaciones de cada una de las partes son: para el que contrata la renta vitalicia, hacer entrega al constituyente de un capital, el cual puede estar constituido por dinero, u otros bienes muebles o inmuebles. El que recibe el capital está obligado, por su parte, a pagar una pensión durante toda la vida de la persona que señalen los contratantes. El que puede exigir el pago de la pensión se denominará acreedor y el que debe pagarla es el deudor. La obligación del deudor tendrá mayor o menor onerosidad, según sea la duración de la vida del beneficiado con la pensión. Si la vida se prolonga más allá de lo esperado, obtendrá el acreedor un lucro cuando los bienes entregados al deudor sean de un valor inferior a las pensiones pagadas, y ocurrirá todo lo contrario si la muerte del elegido sobreviene pronto, porque habrá quedado el deudor en calidad de dueño de bienes de mayor valor que los pagados por las cargas a que se obligó. No hay que confundir la renta vitalicia con el pago de los intereses que produzca el capital. En la mayoría de los casos se convendrá en una renta superior a los intereses. L.C.P. ARTÍCULO 2775. La renta vitalicia puede también constituirse a

titulo puramente gratuito, sea por donación o por testamento. Lo normal es que la renta vitalicia se convenga en un contrato oneroso. También puede constituirse a título gratuito por una donación o un legado, dice- el artículo que se comenta. Sin embargo, si ello ocurre, la liberalidad, por razones obvias, adquiere de inmediato una fisonomía legal distinta de la definida en el a. 2774. Si se constituye a título gratuito, por acto entre vivos, se considerará donación, con las salvedades que señalan los aa. 2778, 2785 y 2786. Si se constituye por causa de muerte, se otorgará en forma de legado. En la donación a título gratuito no hay trasferencia de capitales, como en la renta vitalicia onerosa. El donante contrae el compromiso de pagar las pensiones sin recibir nada en cambio. A su vez el donatario no asume obligación alguna. Si la renta vitalicia se instituye en un testamento, deberán serle aplicadas las disposiciones especiales sobre los legados, que señala el libro tercero del CC, tales como los aa. 1463 a 1468, 1483 y 1774. Deben también considerarse los aa. 1027 y 1028, cuando fuere procedente su aplicación. [334]

ARTS, 2775 y 2776

Z. PARTE. TIT. XII/CAP. II

Miguel Angel Zamora y Valencia (Contratos civiles, México, Porrúa, 1981, p..257) dice que: Las palabras renta vitalicia tienen una doble acepción: Significan el contrato y la pensión que debe pagarse durante la vida de una o más personas. Por lo anterior, cuando la ley dice que la renta vitalicia puede constituirse a título gratuito, por donación o testamento (a. 2775), está haciendo referencia al segundo de los significados apuntados. Si la pensión se constituye por testamento, no se aplicarán las reglas del contrata de renta vitalicia,

sino las normas de las sucesiones, por no tratarse de un

contrato. L.C.P.

El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito, y en escritura pública, cuando los bienes cuya propiedad se trasfiere deban enajenarse con esa solemnidad.

ARTÍCULO 2776.

El contrato de renta vitalicia debe otorgarse par escrito. La relación contractual siempre será formal pues la ley no hace distinción alguna al respecto. Cuando en el contrato oneroso de renta vitalicia se transfieran inmuebles, debe constituirse en escritura pública, en los casos en que la ley exija esa formalidad para su enajenación (aa. 78 de la LN y 2317, 2320 del CC). La escritura pública que exige este artículo permitirá inscribir el inmueble que se transfiere en el RPP (a. 3042 fr. 1), inscripción de importancia para los efectos que señalan los aa. 3007 y 3009 del CC. Ramón Sánchez Medai

(De los contratos civiles,

7a. ed., México, Porrúa, 1984,

p. 377) hace el siguiente comentario a la renta vitalicia: Es un contrato formal que debe constar por escrito y además requiere la escritura pública, si la enajenación del capital así lo exige cuando se trata de inmuebles. Habría base para sostener que en nuestro Derecho Civil, al igual que en el español (Puig Peña) y en el argentino (Salvat) el contrato oneroso de renta vitalicia es un contrato real, por cuanto que se perfecciona mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble o raíz, estimadas (a. 2774). Respecta a la inscripción del inmueble transferido en los casos en que ello es (Contratos civiles, México,

procedente, Miguel Angel Zamora Porrúa, 1981, p. 260) comenta: [3351

ARTS. 2776 y 2777



LIBRO CUARTO

Para que el contrato, cuando recaiga sobre bienes inmuebles pueda surtir efectos contra terceros, debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad (a. 3041 fr. I) y si no se hace, sólo surtirá efecto entre los contratantes, pero no puede perjudicar a terceros, quienes sí se pueden aprovechar de esa falta de inscripción, en lo que les sea favorable. L.C.P.

contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el capital, sobre la del deudor o sobre la de un tercero. También puede constituirse a favor de aquella o de aquellas personas sobre cuya vida se otorga o a favor de otra u otras personas distintas.

ARTÍCULO 2777. El

Según este artículo, el contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida:

a) del que da el capital; b) del deudor; e) de un tercero; d) de varias personas. Generalmente quien aporta el capital, contrata para sí la renta, adquiriendo la calidad jurídica de pensionista. Si la renta se contrata sobre su vida, la obligación se extinguirá con su muerte natural o presunta (aa. 656, 672 fr. III, 679, 689, 690, 705 y 706). Puede constituirse también sobre la vida del propio deudor. Esta situación puede presentarse cuando el pensionista es, al mismo tiempo, heredero del deudor. La muerte de éste, extingue el derecho a la pensión, pero te otorga la calidad de heredero. Puede constituirse por último, sobre la vida de un tercero o sobre la de varias personas. Cuando se constituye sobre la vida de varias personas nada dice la ley. ¿La muerte de una de estas personas extinguiría la obligación o habría que esperar la muerte de la última de ellas? Y si lo pueden hacer en forma sucesiva ¿podría constituirse sobre la vida de varias generaciones? Para los efectos de resolver alguno de estos interrogantes puede servir de base lo dispuesto en el a. 2774 que dice que las personas sobre cuya vida se constituye la renta deben ser determinadas. Al parecer esta determinación debe existir al tiempo de la celebración del contrato. Manresa, opina que "es indudable que la renta puede constituirse en forma sucesiva en favor de varias personas que existan todas en el momento de celebrarse el contrato, por ejemplo el padre, la madre y una hermana" (op. cit, p. 66). Ramón Sánchez Medal considera que "cuando la renta vitalicia se establece a favor de un tercero, hay una donación que hace el que da el capital y constituye la renta a favor del tercero pensionista". (De los contratos civiles. 7a. ed., México, Porrúa, 1984, p. 377).

1336]

2a. PARTE. TIT. XII/CAP. II

AIRTS. 2777 y 2778

Refiriéndose a la pluralidad de personas, Francisco Lozano Noriega (Contratos, 3a. ed., México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1982, p. 506). dice que todas estas hipótesis no están resueltas en nuestro derecho positivo de tal suerte que no hay supletoriamente a dortde acudir. Tiene que constar la voluntad de las partes de una manera clara y precisa. ¿Qué ocurriría cuando sólo se estableciera que la renta se constituye sobre la vida de diversas personas, sin aclarar cuáles son los efectos? De acuerdo con las reglas de interpretación de tos contratos, el artículo 1857, en su párrafo segundo tiene una aplicación constante y así, cuando los contratantes, pactando que la renta se constituya sobre la vida de varias personas, no aclaran las consecuencias o los efectos de cómo debe interpretarse ese pacto, se produce la nulidad del contrato. L.C.P.

ARTICULO 2778. Aunque cuando la renta se constituya a favor

de una persona que no ha puesto el capital, debe considerarse como una donación, no se sujeta a los preceptos que arreglan ese contrato, salvo los casos en que deba ser reducida por inoficiosa o anulada por incapacidad del que debe recibirla. El artículo que se comenta, sólo viene a reafirmar lo dispuesto en el a. 2775 que dice: "La renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea por donación o por testamento". "La renta vitalicia constituida en esta forma, dice don Francisco Lozano, ya no es un contrato oneroso, ya no es aleatorio. Así la renta vitalicia constituida por testamento no es más que una disposición testamentaria, no es sino un legado. En este supuesto la forma será la que rija en materia de testamentos". Lozano Noriega, Francisco, Contratos, 3a. ed., México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1982, p. 504. De acuerdo a la opinión de destacados autores, la liberalidad puede manifestarse en dos formas diferentes: a) directamente por el deudor al pensionista, mediante una donación; y b) a través de una estipulación a favor de un tercero (aa. 1869 a 1871). Dice al respecto Lc.,..ano Noriega "También puede constituirs por donación" (op. cit. p. 504). No obstante hacer esta afirmación tan categórica, se detiene de inmediato a examinar si puede ser objeto de un contrato de donación la renta vitalicia. Las donaciones, dice, no pueden recaer sobre cosas futuras (a. 2333). Si las pensiones tienen esa característica, no tendría cabida el contrato de donación. [337]

ARTS, 2778 y 2779

LIBRO CUARTO

Pero sí caben creo yo, dice Lozano Noriega (op. cit. pp. 504 y 505) respondiendo a este interrogante, lo que prohibe nuestro código civil respecto del contrato de donación es que ella comprenda bienes futuros, así el que se obliga a título gratuito a pagar el numerario suficiente para hacer el pago de las pensiones, y simplemente es futuro el cumplimiento de la obligación, pero no es futura la cosa. Hay plazo para hacer la entrega, pero la cosa misma objeto de la donación, cual es el numerario, ya existe: no es cosa futura. En este caso será aplicable lo establecido en el contrato de donación y no lo dispuesto en este capítulo. A mayor abundamiento, es preciso considerar que el propio legislador ha dispuesto en el a. 2356 que la donación puede recaer sobre prestaciones periódicas al decir: "Salvo que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones que consistan en prestaciones periódicas se extinguen con la muerte del donante". ¿Se trata acaso de una excepción a lo establecido en el a. 2333? Reafirma el artículo que se comenta que la renta vitalicia constituida a título gratuito es una donación pero no deben aplicarse a ella, los preceptos que regulan este contrato, salvo los casos en que debe ser reducida por inoficiosa o anulada por incapacidad del que debe recibirla. (Véanse los comentarios a los aa. 2348, 2356, 2358, 2360 y 2375). Comentando Sánchez Medal (De los contratos civiles, 7a. ed., México, Porrúa, 1984, p. 377), el segundo aspecto de este análisis, que hemos marcado con la letra b y que se relaciona con la posible liberalidad que pudiera existir en la estipulación a favor de un tercero dice: Además, cuando la renta se constituye a favor de un tercero, es indudable que a este beneficiario se le hace una liberalidad por lo que se requiere en él la capacidad de goce exigida para ser donatario (aa. 2357 y 2358), y además tal acto gratuito con relación al que entregó el capital podría ser impugnado a través de la acción pauliana en caso de insolvencia contemporánea de dicho constituyente de la renta (aa. 2163 y 2165). Sin embargo, esta relación de gratuita liberalidad entre el tercero beneficiario y el constituyente de la renta, no hace desaparecer el carácter oneroso dei contrato en las relaciones entre el constituyente de la renta y el deudor. L.C.P. ARTÍCULO 2779. El contrato de renta vitalicia es nulo si la persona

sobre cuya vida se constituye ha muerto antes de su otorgamiento. [3381

2a. PARTE. T1T. X11/CAP.

ARTS. 2779 y 2790

Los contratos aleatorios se caracterizan por la incertidumbre de las prestaciones. Si la persona sobre cuya vida se constituye la renta vitalicia, ha muerto antes del otorgamiento del contrato, ya no existirá incertidumbre sino certeza en los motivos y efectos de la relación contractual, y aunque la partes por error, hubieren obrado de buena fe, adolecerá de nulidad el acto. Manresa y Navarro (Comentarios al código civil español, 4a. ed., Madrid, 1931, t. XII, p. 68) refiriéndose a una disposición semejante del CC español (a. 1804) hace el siguiente comentario: Fundándose el contrato de renta vitalicia como todos los aleatorios, en una esperanza dependiente de un suceso incierto, carecería de dicho fundamento si la incertidumbre desapareciera y si el hecho que le sirve de base no existiera, como sucedería si hubieran fallecido ya al tiempo de su otorgamiento las personas sobre cuya vida se constituyese. Por lo tanto, el contrato que en dichas circunstancias se celebrara caería por su base por falta de materia, o sea de riesgo, que según hemos dicho, debe ser la esencia de esta clase de convenciones. También habría error en el consentimiento, puesto que se contrataba la renta en el supuesto de la existencia de una persona que ya no existía. Francisco Lozano Noriega, considera que en este capítulo existen causas especiales de nulidad del contrato, el cual puede ser invalidado no porque falte alguno de los requisitos que señala el a. 1725, que es aplicable a todo contrato, sino que hay causas específicas de invalidez. (Contratos, 3a. ed., México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1982, p. 508). Refiriéndose el señor Lozano al artículo que se comenta agrega: "Esto no es una causa específica, esta causa está motivada por el error; se supone que si el beneficiario de la renta supiese que la persona sobre cuya vida se ha constituido la renta ha muerto, no hubiere celebrado el contrato de renta vitalicia". (op. cit. p. 508). Es conveniente relacionar este artículo con el 2790 de este capítulo, el cual dispone que para demandar el pago de las pensiones debe justificarse la supervivencia de la persona o personas sobre cuya vida se constituyó la herencia. L.C.P.

ARTÍCULO 2780. También es nulo el contrato si la persona a cuyo favor se constituye la renta, muere dentro del plazo que en él se señale y que no podrá bajar de treinta días, contados desde el del otorgamiento.

[3391

LIBRO CUARTO

ART. 2780

Es oscura la redacción de este artículo. Sólo se limita a reproducir el texto del a. 2792 del CC de 1884. ¿A qué plazo se refiere el legislador? ¿Acaso, a los plazos que las partes convienen para el pago de las pensiones? Por tratarse de prestaciones periódicas, las partes deben señalar en los contratos los plazos dentro de los cuales deben ser pagadas las cuotas. Para aclarar el texto del artículo que se comenta, sólo existen argumentos, que nos anticipamos a reconocer, son muy débiles. Uno de ellos puede ser el a. 2792 que menciona determinados plazos para el pago de las pensiones. ¿Se refiere el artículo en comentario a esos plazos? El otro argumento podemos encontrarlo en la legislación comparada, en especial en el CC español que contiene en esta materia disposiciones muy semejantes a las del CC mexicano. Dice el a. 1804 del CC español: "Es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta a la fecha del otorgamiento, o que en el mismo tiempo se halle padeciendo una enfermedad que llegue a causar su muerte dentro de los veinte días siguientes a aquella fecha". ¿Se refiere el articulo en comentario a una situación semejante a la considerada en la segunda parte del a, 1804 del CC español? Si este fuere el significado podría concluirse inte. rpretando el artículo que se comenta, que si el pensionista muere dentro de los primeros treinta días contados desde el otorgamiento del contrato, éste adolecería de nulidad, como en el caso anterior (a. 2779). No se refiere el artículo motivo de esta glosa, al pensionista enfermo o moribundo, sino al que muere por cualquier motivo dentro de esos primeros treinta días. La nulidad será procedente, cuando muere el pensionista mismo y no la persona sobre cuya vida se ha constituido la renta, si son distintas. Comentando el a. 2780, Francisco Lozano Noriega dice: "En realidad el artículo está mal redactado.., este articulo debió referirse a la vida de la persona sobre la cual se constituyó la renta". Comenta el señor Lozano que los artículos concordantes serían el 1794 y el 1795 del CC francés, pero la cita exacta es aa. 1974 y 1975. ( Lozano Noriega Francisco, Contratos, 3a. ed., México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1982, p. 508), ¿Porqué se anula el contrato? --pregunta el señor Lozano Noriega y responde—: Por la misma causa de error (es un error presuncional). Si los contratantes supiesen que la persona sobre cuya vida se constituye la renta es una persona enferma y de tal gravedad que va a morir dentro de los veinte días siguientes (se refiere al a. 1975 del CC francés) no hubieren celebrado el contrato". (op. di. p, 509). Termina el señor Lozano manifestando su extrañeza por no haber seguido el legislador el sistema francés que como el CC español considera nulo el contrato cuando el pensionista enfermo muere dentro de los veinte días contados de la fecha en que se celebra el contrato. "La única razón es Jade evitar una ganancia exagerada: la renta vitalicia se constituye por un tiempo largo; 30 días es un 13401

ARTS. 2780 y 2781

2a. PARTE. TIT. XII/CAP. II

plazo perentorio; si la persona sobre cuya vida se constituyó la renta vitalicia muere dentro de los treinta días siguientes hay lugar a una ganancia exagerada. Es la única razón que podemos esgrimir para explicare! artículo 2780". (op. cit. pp. 509 y 510). L.C.P.

Aquél a cuyo favor se ha constituido la renta, mediante un precio, puede demandar la rescisión del contrato, si el constituyente no le da o conserva las seguridades estipuladas para su ejecución.

ARTÍCULO 2781.

De la redacción de este artículo se desprende que puede exigirse al deudor el otorgamiento de cauciones o seguridades, para garantizar el cumplimiento o "ejecución" del contrato, cuando la renta se ha constituido mediante un precio. • Si el deudor incumple esta obligación y no otorga las garantías, o no conserva las que había constituido, puede el pensionista demandar la rescisión del contrato. Si se interpreta literalmente este artículo, esta rescisión tendría la particularidad de ser pedida por la persona a cuyo favor se ha constituido la renta, que puede ser un tercero de acuerdo a lo establecido en el a. 2777. Debemos reconocer que es oscura la redacción. Para ahondar en su interpretación será necesario hacer un estudio comparativo de las diversas instituciones jurídicas incorporadas al CC, que se encuentran relacionadas con esta materia. Cuando el legislador dice: "aquél a cuyo favor se ha constituido la renta, mediante un precio..." ¿se refiere a cualquier pensionista o sólo al que ha pagado et precio? ¿puede un tercero demandar la rescisión y percibir el reintegro de las prestaciones que trae consigo la rescisión? ¿Se trata de un caso de excepción a lo dispuesto en los aa. 1949 y 2504 y siguientes del CC o simplemente deben aplicarse las normas generales establecidas por el legislador sobre esta materia? En concordancia con lo dispuesto en el artículo que se comenta, el a. 2803 ubicado en el capítulo de la fianza, dice: "En las obligaciones a plazo, o de prestación periódica el acreedor podrá exigir fianza, aun cuando en el contrato no se haya constituido, si después de celebrado, el deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretende ausentarse del lugar en que debe hacerse el pago". L.C.P.

1341 1

LIBRO CUARTO

ART. 2782

ARTÍCULO 2782. La sola falta de pago de las pensiones no auto-

riza al pensionista para demandar el reembolso del capital o la devolución de la cosa dada para constituir la renta. Es aplicable este artículo a los contratos onerosos y constituye un caso de excepción a la regla general sobre la procedencia de la rescisión que consagra el a. 1949. Sólo en los contratos onerosos de renta vitalicia, se transfieren bienes. Este contrato es bilateral porque ambas partes se obligan, como ya se ha dicho. No obstante ello, el incumplimiento por parte del obligado al pago de las pensiones no autoriza a la otra parte para demandar la rescisión del contrato. No sería equitativo exigir el reembolso del capital o la devolución de la cosa dada para constituir la renta por el simple retardo en el pago de ciertas pensiones, si no se exige al mismo tiempo el reintegro de las cuotas ya pagadas. José María Manresa y Navarro (Comentarios al código civil español, 4a. ed., Madrid, 1931, t. XII, pp. 72 y 73) dice al respecto: Si se permitiera la devolución por la falta de pago de alguno de los plazos vencidos que no fueron satisfechos puntualmente, se daría el absurdo de que el pensionista recobraría, con la restitución o rescisión una cosa de la cual estaba pagado ya en parte, toda vez qite las pensiones se reputan parte del precio del capital entregado (p. 121 y agrega: En su virtud, para que la rescisión se hiciera un término de justicia, sería preciso que al restituirse el capital se devolvieran las pensiones satisfechas (p. 73). Se pregunta el profesor Manresa si pueden las partes convenir la rescisión del contrato por falta de pago de las pensiones "¿será permitido el pacto, dice, de que no pagándose la renta vuelva al acreedor el capital o los bienes entregados para la constitución de la misma?" (op. cit. p. 74). Resuelve estos interrogantes en la siguiente forma: Si bien la regla general es que los contratos válidamente celebrados sólo pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley, es evidente que esa norma se refiere a las causas de rescisión legal, no a causas voluntarias o preestablecidas por la voluntad de los contratantes, que saben de antemano el límite marcado por ellos mismos a sus derechos y obligaciones y que se consignan y respetan con demasiada frecuencia en toda clase de contratos (op. cit. p. 75). El a. 1805 del CC español, es muy semejante al artículo que se comenta y al 2783 y dice así: "La falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital ni a volver a entrar [342]

ARTS. 2782 y 2783

2. PARTE. T1T. X11/CAP. 11

en la posesión del predio enajenado; sólo tendrá derecho a reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras". Manresa dice que "la Comisión redactora del proyecto del código español de 1851, para evitar toda duda consignó en el artículo 1709 lo mismo que dice el código vigente, añadiendo las palabras siguientes: aunque se haya pactado lo contrario" (op. cit. p. 74). Considera Manresa que al suprimir la Comisión redactora del actual código español la frase "aunque se haya pactado lo contrario", reafirmaría la tesis de que las partes pueden convenir en la rescisión. Los aa. 2782 y 2783 del CC quese comenta tienen una redacción casi idéntica al 1805 del CC español. No obstante la claridad de la argumentación del destacado tratadista español, existen opiniones en contrario. Consideramos que estos artículos encierran una muy 'sutil prohibición, cuando el legislador dice que la sola falta de pago de las pensiones "no autoriza al pensionista" o "perceptor" para demandar el reembolso del capital. Reafirmaría lo anterior el a. 2783 que niega otra opción al pensionista y sólo le permite reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras. Podemos agregar que el legislador no puede justificar un enriquecimiento ilegitimo. De existir esa prohibición, el convenio en contra de lo dispuesto en el artículo que se comenta sería nulo, por ser esa la sanción que trae consigo la infracción de una ley prohibitiva (a. 8). Queremos dejar bien en claro, que en esta materia sólo nos hemos limitado a dar a conocer opiniones divergentes. Cada cual según su criterio, podrá rebatirlas o aceptarlas. L.C.P.

El pensionista, en el caso del artículo anterior, sólo tiene derecho de ejecutar judicialmente al deudor, por el pago de las rentas vencidas, y para pedir el aseguramiento de las futuras.

ARTÍCULO 2783.

Si el deudor no paga las rentas convenidas, la ley otorga al pensionista la facultad de demandarlo judicialmente, como ya dijimos, no le permite demandar la rescisión del contrato. También le faculta este artículo para exigir el aseguramiento de las rentas futuras. Si el deudor no otorga estas seguridades o no conserva las que hubiere constituido (a. 278 i ) ¿podrán aplicársele las sanciones que señala el aÇ 2781 u otras distintas? El a. 2781 impone una sanción y es sabido que éstas son de derecho estricto. 13431

ARTS. 2783 y 2784

LIBRO CUARTO

Las obligaciones que impone el artículo que se comenta tienen causas distintas de las señaladas en el a. 2781 (el no otorgamiento o mantenimiento de las garantías) y en caso de incumplimiento (la falta de pago de las pensiones) podrá demandarse el cumplimiento de acuerdo con las reglas generales que establece la ley. Con respecto a la prueba del pago de las pensiones, el a. 2089 dispone: "Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en períodos determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario". En cuanto a la prescripción de las pensiones, dispone el a. 1162: "Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, quedarán prescritas en cinco años, contados a su vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real o acción personal", (Véase el comentario al a. 1163). E1 a. 2045, ubicado en el capítulo de "La cesión de derechos" dice: "Si el crédito cedido consiste en una renta perpetua, la responsabilidad por la solvencia del deudor se extingue a los cinco años, contados desde la fecha de la cesión". Francisco Lozano Noriega comentando el a. 2783 dice: "Y preguntamos: ¿Si el deudor tiene manera de asegurar el pago de las pensiones futuras procederá la rescisión'? Tampoco, porque el artículo lo ha negado: ha señalado expresamente las causas de rescisión, que son exclusivamente cuando el constituyente no le dé las seguridades estipuladas. Sí procede la rescisión por falta de seguridades, no por falta en el pago de pensiones. Si falta la garantía respecto al pago de las pensiones futuras, sí procede la rescisión del contrato". (Lozano Noriega, Francisco, ('oturaios, 3a. ed.. México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1982, p. 511), L.C.P. ARTÍCULO 2784. La

renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se pagará en proporción a los días que éste vivió; pero si debía pagarse por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante la vida del rentista se hubiere comenzado a cumplir.

El a. 887 clasifica los frutos en naturales, industriales y civiles. ¿Dentro de qué categoría debe encuadrarse la renta vitalicia'? La renta vitalicia es un fruto civil según se desprende de lo dispuesto en el a. 893 que dice: "Son frutos civiles los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los inmuebles, los réditos de los capitales y todos aquellos que no siendo producidos por la misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por última voluntad o por la ley", 13441

ARTS. 2784 y 2785

2.1. PARTE. TIT. X1E/CAP. II

Los frutos civiles se perciben día por día, dice el a. 816. En consecuencia, la primera parte del artículo que se comenta se encuentra en perfecta armonía con el mecanismo jurídico establecido por el legislador, con respecto a los frutos civiles. Cuando se trata del pago de rentas convenidas por plazos anticipados, el artículo que se comenta considera una excepción a estos principios, porque en tal caso debe pagarse el importe total del plazo que durante la vida del rentista se hubiere empezado a cumplir. Dispone el a, 2774 que en el contrato de renta vitalicia el deudor se obliga a pagar periódicamente.una pensión. Sin embargo, no hay en este capítulo disposición expresa que regule la forma y periodicidad del pago. Por la mención a los plazos que hace el artículo que se comenta y el a. 2780, puede deducirse que las partes contratantes deben señalar plazos convencionales para el pago de las pensiones. Puede también inferirse lo anterior del texto del a. 2783- que establece la forma de hacer efectivas las rentas "vencidas". La expresión "vencimiento", es un vocablo legal que se emplea en la doctrina, en la legislación (a. 2104, fr. I) y en el lenguaje corriente para significar la llegada o cumplimiento de un plazo. Se hace este comentario, porque puede ser útil para aclarar la oscura redacción del artículo que comentamos. L.C.P.

ARTÍCULO 2785. Solamente el que constituye a título gratuito una

renta sobre sus bienes, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta a embargo por derecho de un tercero.

La facultad que otorga este artículo al donante, se encuentra también incorporada al CC de Francia (a. 1981), al de Suiza (a. 519 del Código de las obligaciones) y en la gran mayoría de los códigos extranjeros. Por tratarse de una liberalidad, opinan los comentaristas, puede establecer el que la hace, las modalidades que crea más convenientes para asegurar el buen éxito de sus propósitos. Esta facultad que la ley otorga al donante, debe constar en el acto constitutivo y no después. El a. 544, fr. XII del PCP para el DF exceptúa del embargo a la renta vitalicia en los casos previstos en el artículo en comentario y en el a. 2787. ¿Cuáles serán los acreedores que no pueden embargar las pensiones? ¿Serán los del pensionista, los del donante, o los de ambos? En el CC español, el a. 1897 limita la inembargabilidad al decir: "El que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes, puede disponer, al tiempo 13451

LIBRO CUARTO

ARTS. 2788 y 2786

del otorgamiento, que no estará sujeta dicha renta a embargo por obligaciones del pensionista". Comentando esta disposición don José Manresa y Navarro se pregunta si los bienes sobre los cuales se constituye a título gratuito una renta podrán ser embargados por deudas del dueño de ellas y dice: "A nuestro juicio la contestación afirmativa es evidente pues sería muy fácil al dueño de ellos liberarlos de toda ejecución por deudas propias, defraudando así los inte, eses de sus acreedores". Agrega Manresa (Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1931, pp. 79,80 y 81), que: El proyecto del código de 1851 disponía en su artículo 1711 que "solamente el que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta a embargo por derechos de un tercero", pero los autorees del código, aunque conservaron su espíritu, modificaron sus términos para darle mayor claridad. Conservaron la condición de que sólo podrá hacerse uso de esa facultad al tiempo de otorgarse el contrato, o sea a la constitución de la renta, para evitar posibles y fraudulentas novaciones; y además limitaron la prohibición del embargo en cuanto a las obligaciones del pensionista, poniendo así término a las dudas a que podía dar lugar la locución empleada en el prOyecto citado, en que se hablaba de los derechos de un tercero en términos tan generales, que lo mismo podía referirse a deudas del pensionista que del contrayentede la obligación. L.C.P.

Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende las contribuciones.

ARTÍCULO 2786,

Si las obligaciones del pensionista provienen de contribuciones no pagadas, podrá embargarse la renta no obstante la declaración de inembargabilidad que hubiere hecho el donante, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. El maestro Miguel Angel Zamora Valencia (Contratos civiles, México, Porrúa, 1981,p. 262) comentando los aa. 2785 y 2786 dice: "lo dispuesto en este apartado, no comprende los créditos fiscales". Francisco Lozano Noriega (Contratos, 3a. ed.,México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1982, p. 512) refiriéndose a la inembargabilidad de las rentas, dice:

[3461

ARTS. 2786 y 2787

2. PARTE. TIT. XII/CAP. II

Los artículos 2785 y 2787 tratan sobre la creación de renta vitalicia inembargable... Se preguntará ¿por qué puede crearse una renta inembargable? ¿cuál es la razón? El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes; pero los acreedores no podrán alegar que han sufrido un perjuicio mediante la creación de una renta vitalicia inembargable. Cuando esta renta ha sido creada a título gratuito, su deudor no tenía esos bienes; no ha dado nada a cambio de ellos; por tanto, la garantía de los acreedores no ha disminuido. El que constituye una renta vitalicia a título gratuito puede declarar o estipular que esas rentas sean inembargables y los terceros, los acreedores no pueden alegar ningún perjuicio porque esos bienes no se encuentran en el patrimonio del deudor, no sirven de garantía del cumplimiento de las obligaciones del deudor. L.C.P. ARTÍCULO 2787. Si

la renta se ha constituido para alimentos, no podrá ser embargada sino en la parte que ajuicio del juez exceda de la cantidad que sea necesaria para cubrir aquéllos, según las circunstancias de la Persona.

Los alimentos, según lo dispone el a. 311, han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos. Si el juez considera que la renta vitalicia por alimentos de que disfruta el pensionista, excede de los límites que señala el a. 311, podrá embargarse la diferencia. En todo caso es necesario recordar que la ley del 27 de diciembre de 1983, introdujo una modificación al a. 311, en orden a que "determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo vigente en el Distrito Federal" y agrega este artículo: "Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente". Dei examen del artículo que se comenta surge una duda. ¿Acaso son embargables las pensiones alimenticias? Si lo interpretamos a contrario sensu podemos llegar a la conclusión que son inembargables y sólo por excepción lo serán en la parte que exceda de la estimación que haga el juez, cuando se trata de rentas vitalicias constituidas para alimentos. Rafael Rojina Villegas dice sobre esta materia: Tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los elementos necesarios para subsistir, la ley ha [347]

ARTS. 9787, 2788 y 2789

Immo CUARTO

considerado que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario seria tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir y. agrega : Aun cuando la enumeración que se hace en el ordena—

—

miento procesal (se refiere al CPC del DF) no se desprende el carácter inembargable de los alimentos, la doctrina lo confirma y el código civil nos da elementos para llegar a esa conclusión tomando en cuenta que conforme al artículo 321 el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción". Cita a continuación la opinión eti el mismo sentido de Planiol y Ripert. (Derecho civil mexicano, 4a. ed., t. II, derecho de familia, México, Parrilla,

1975, p. 170). L.C.P.

ARTÍCULO 2788. La renta vitalicia constituida sobre la vida del

mismo pensionista, no se extingue sino con la muerte de éste. Cuando la renta vitalicia se constituye sobre la vida del mismo pensionista, la obligación se extingue con la muerte de éste. Esto quiere decir, que si muere antes el encargado de pagar la pensión, la obligación de hacerlo recaerá sobre sus herederos.

L.C.P.

Si la renta se constituye sobre la vida de un tercero, no cesará con la muerte del pensionista, sino que se trasmitirá a sus herederos, y sólo cesará con la muerte de la persona sobre cuya vida se constituyó.

ARTÍCULO 2789.

Dispone el a. 2777, que el contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el capital, sobre la del deudor o sobre la de un tercero. En este último caso, si el pensionista es una persona diferente, a aquella sobre cuya vida se impuso el pago de la renta, ésta no cesará sino con la muerte del tercero. Al no extinguirse la renta con la muerte del pensionista, ella se transmite a sus herederos y sólo cesará con la muerte de la persona sobre cuya vida se

constituyó. "La muerte de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta, dice don Ramón Sánchez Medal, pone fin al contrato, pero si dicha persona es distinta del 13481

2a. PARTE. TIT. XII/CAP. II

ARTS. 2789, 2790 y 2791

pensionista o beneficiario de la renta, no se extingue la renta con la muerte de dicho pensionista sino que continúan cobrándola sus herederos hasta que fallezca aquella persona". (Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, 7a. ed., México, Porrúa, 1984, p. 380).

El pensionista sólo puede demandar las pensiones, justificando su supervivencia o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta.

ARTÍCULO 2790.

La prueba de la supervivencia de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta corresponderá al pensionista. Mantesa (op. cit. pp. 84 y 85) se pregunta ¿cómo ha de hacerse esta justificación? y dice al respecto: La presencia ante el deudor de cuya vida se deriva la subsistencia de la renta, sea el rentista o un extraño, sería una prueba plena. Cuando esto no fuere posible, como la ley no ha exigido forma alguna especial para la justificación de la existencia de la persona sobre cuya vida esté constituida la obligación, claro e indudable resulta que para dicho efecto habrá de estarse a las reglas generales de la prueba, y conforme a ellas podrá hacerse dicha justificación por cualquiera de los medios probatorios admitidos en derecho. L.C.P.

Si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del acreedor o la de aquél sobre cuya vida había sido constituida debe devolver el capital al que la constituyó o a sus herederos.

ARTÍCULO 2791.

Es un principio de derecho que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o de su propia culpa. El obligado al pago de la pensión debe devolver el capital a la persona que lo constituyó o a sus herederos cuando hubiere ocasionado la muerte del acreedor o de la persona sobre cuya vida se convino la obligación. Es una sanción que impone el legislador al que por medios ilícitos pretenda librarse de las obligaciones-contraídas. Dice Ramón Sánchez Medal que "si el deudor obligado al pago de la renta causa la muerte de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta, termina el 13491

ARTS. 2791 y 2792

LIBRO CUARTO

contrato, porque ya no debe seguirse pagando la renta, pero además dicho deudor debe devolver el capital o la cosa estimada que recibió, sin derecho a recuperar las pensiones que ya hubiere él pagado, pues la pierde como una sanción a su deslealtad y mala fe en el cumplimiento del contrato (De los contratos civiles, 7a, ed. México, Porrúa, 1984, p. 380).

CAPITULO III De la compra de esperanza ARTÍCULO 2792. Se

llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, • tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir; o bien, los productos inciertos de un hecho, que puedan estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o productos comPrados.

En esta modalidad, el objeto de la compraventa es el fruto que una cosa pueda producir, p.e. comprar el maíz que se produce en un predio en determinado cid() agrícola. El contrato se entiende celebrado desde el momento en que las partes se han puesto de acuerdo fijando el precio y los frutos que eventualmente lleguen a producirse, de tal suerte que aunque éstos no lleguen a existir, el vendedor habrá hecho suyo el precio o será acreedor por él si aún no se le ha pagado. Se ha especulado sobre si se trata de un contrato que puede o no tener objeto. Creemos que el objeto sí existe, pero en realidad no consiste propiamente en los frutos, sino en el "derecho a los que se produzcan", es decir,se trata de una venta de derechos, recuérdese que pueden ser objeto de la compraventa tanto cosas como derechos (a. 2248). Se trata de un contrato aleatorio en el que el comprador asume el riesgo de que los frutos no lleguen a existir. La diferencia entre la compra de esperanza y la de cosa futura (a. 2309) consiste en que en la primera se venden frutos y en la segunda se vende una cosa si es que ésta llega a existir.

[350]

U. PARTE. TIT. XII/CAP. III y TIT. XIII/CAP. I

ARTS. 2793 y 2794

ARTÍCULO 2793. Los

demás derechos y obligaciones de las partes, en la compra de esperanza, serán los que se determinan en el título de compra-venta.

La compra de esperanza se rige por las disposiciones dl título de la compraventa, o sean los aa, del 2248 al 2326, porque la naturaleza del objeto del contrato de compra de esperanza no la convierte en un contrato distinto, sino sólo en una modalidad de la compraventa. Esto hace que sea opinable la ubicación de los preceptos relativos en diferentes títulos del código, S.T.A.R.

TITULO DECIMOTERCERO De la fianza CAPITULO 1 De la fianza en general ARTÍCULO 2794. La

fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace.

La fianza es un contrato de garantía, que encuentra su base en el crédito personal. El fiador se compromete con el acreedor a cumplir por el deudor, si éste no lo hace. La fianza es un negocio jurídico accesorio, supone necesariamente una deuda principal cuyo cumplimiento asegure y garantice el fiador. Este no se obliga a título principal, con respecto al acreedor, sino solamente ante la previsión del incumplimiento del deudor. Se compromete para el supuesto de que el deudor no pague.. El fiador contrae un compromiso personal; su obligación surgida del contrato de fianza es distinta de la que une al acreedor y al deudor principal pues procede de otra fuente. El fiador se obliga a responder de una deuda ajena, con el propio crédito, asegura el cumplimiento de una obligación contraída por otra persona distinta. Sabido es que nadie puede ser fiador de sí mismo. En los términos de este articulo, la fianza se perfecciona por el acuerdo de voluntades de fiador y acreedor. La voluntad del fiado no es menester, pues la fianza puede ser constituida a pesar de que éste la contradiga (Véase a. 2796). [351]

TITULO DECIMOTERCERO De la fianza

U. PARTE. TIT. XII/CAP. III y TIT. XIII/CAP. I

ARTS. 2793 y 2794

ARTÍCULO 2793. Los

demás derechos y obligaciones de las partes, en la compra de esperanza, serán los que se determinan en el título de compra-venta.

La compra de esperanza se rige por las disposiciones dl título de la compraventa, o sean los aa, del 2248 al 2326, porque la naturaleza del objeto del contrato de compra de esperanza no la convierte en un contrato distinto, sino sólo en una modalidad de la compraventa. Esto hace que sea opinable la ubicación de los preceptos relativos en diferentes títulos del código, S.T.A.R.

TITULO DECIMOTERCERO De la fianza CAPITULO 1 De la fianza en general ARTÍCULO 2794. La

fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace.

La fianza es un contrato de garantía, que encuentra su base en el crédito personal. El fiador se compromete con el acreedor a cumplir por el deudor, si éste no lo hace. La fianza es un negocio jurídico accesorio, supone necesariamente una deuda principal cuyo cumplimiento asegure y garantice el fiador. Este no se obliga a título principal, con respecto al acreedor, sino solamente ante la previsión del incumplimiento del deudor. Se compromete para el supuesto de que el deudor no pague.. El fiador contrae un compromiso personal; su obligación surgida del contrato de fianza es distinta de la que une al acreedor y al deudor principal pues procede de otra fuente. El fiador se obliga a responder de una deuda ajena, con el propio crédito, asegura el cumplimiento de una obligación contraída por otra persona distinta. Sabido es que nadie puede ser fiador de sí mismo. En los términos de este articulo, la fianza se perfecciona por el acuerdo de voluntades de fiador y acreedor. La voluntad del fiado no es menester, pues la fianza puede ser constituida a pesar de que éste la contradiga (Véase a. 2796). [351]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2794 y 2795

Como la ley no establece formalidad para la validez de este contrato, puede afirmarse que es consensual, bastando el solo consentimiento, cualquiera que sea la manera en que se manifieste. C.L.V.

La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso.

ARTÍCULO 2795.

Por el origen al que la garantía debe su otorgamiento, el código distingue entre fianza legal, judicial y convencional. La fianza legal se presenta cuando la ley obliga al deudor a proporcionar al acreedor un fiador. La fianza judicial es aquella en que a virtud de mandamiento judicial, se ordena, a una de las partes litigantes, proporcione fiador, para fines

del procedimiento. Por último, la fianza convencional tiene lugar cuando por acuerdo de las partes, procura un fiador al acreedor. Algunos juristas opinan que la fianza legal y la judicial no tienen características contractuales; sin embargo, otros piensan que en todos los casos la fianza es una garantía convencional: surge de un contrato libremente concertado entre el acreedor y el fiador; nadie es fiador sin haberlo querido. Se sostiene que la clasificación de la fianza en legal, judicial y convencional, no quiere decir que sólo la convencional sea un contrato y la fianza legal o judicial no lo sea, sino que ello significa que en la fianza convencional no existe, antes de celebrar el contrato de fianza, ninguna obligación de constituir la mencionada garantía, en tanto que en la fianza judicial o legal, antes de celebrar el contrato existe ya la obligación de otorgar esa garantía personal, (Sánchez p. 388). Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1984, La fianza judicial no debe confundirse con la ordenada por la autoridad judicial en virtud del precepto expreso de la ley o en virtud del convenio. En estos casos no existe fianza judicial, porque el juez o tribunal que la ordena, no la impone por su propia autoridad, sólo condena al obligado a prestarla, porque así lo exige la ley o la convención. Puede afirmarse que el interés de distinguir entre fianza convencional, legal y judicial radica en que la primera es menos rigurosa que las dos últimas, y es que éstas tienen por objeto asegurar importantes intereses que están salvaguardados por la sociedad. Por esta razón el fiador judicial como el legal no gozan de

los beneficios de orden y de exclusión (véase a. 2855), y deben acreditar su solvencia, si van a garantizar el cumplimiento de una obligación cuya cuantía exceda de mil pesos, con bienes raíces inscritos en el RPP (véase a. 2850). La fianza puede ser gratuita u onerosa. Gratuita es la prestada por el fiador como un acto de beneficencia, sin recibir a cambio remuneración; pero esta [3521

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. I

ARTS. 2795 y 2796

gratuidad no debe entenderse como un acto de beneficiencia a favor del acreedor, sino en favor del deudor principal. La fianza es onerosa cuando el fiador recibe, por prestarla, una retribución. A este respecto cuando el fiador no consiente en obligarse, sino mediante una suma más o menos importante pagada por el acreedor, el contrato de fianza se semeja al "seguro", aunque difiere fundamentalmente en que el fiador garantiza el cumplimiento de las obligaciones del deudor, mientras que el asegurador asume la obligación de pagar al asegurado o al beneficiario una suma de dinero estipulada en el caso de que se produzca un daño por un hecho o siniestro. C.L.V.

ARTÍCULO 2796. La

fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta en la garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contradiga.

La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, porque éste es a su vez un deudor, y su obligación puede asegurarse. La doctrina, en este caso, suele hablar de fianza simple y fianza doble o subfianza: la primera se establece para asegurar el cumplimiento de la obligación principal; y, la segunda para garantizar una fianza anterior (la solvencia del fiador). El subfiador es un fiador subsidiario: aquél pagará, si el fiador, cuando esté obligado no paga; es un fiador del fiador. Para la celebración de la fianza sólo se requiere del acuerdo de voluntades del acreedor y el fiador, la voluntad del "deudor principal" es innecesaria (Véase a. 2794); por consiguiente, la fianza, lo mismo que la subfianza, puede constituirse consistiéndolo, ignorándolo y aun contradiciéndolo el fiado. Como no se presta en favor del fiado, sino del acreedor --por más que de la fianza obtenga aquél un indudable servicio— se comprende que la constitución de la misma no dependa del consentimiento del fiado. El primer fiador se encuentra en la subfianza en el mismo caso que el principal deudor en la fianza garantizada por ella, y estando dicha subfianza constituida en beneficio del acreedor y no del deudor, no es necesario el consentimiento de éste para la creación del nuevo vínculo jurídico, no pudiendo impedirlo, ni su ignorancia ni su contradicción, (Véase Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español. 3a. ed., Madrid, Reus, 1920, t. XI, p. 200).

C.L.V [353]

ARTS. 2797 y 2798

LIBRO CUARTO

La fianza no puede existir sin una obligación válida. Puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad pueda ser reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado.

ARTÍCULO 2797.

La fianza es un contrato accesorio, que precisa de una obligación válida para existir o subsistir, porque lo accesorio no tiene vida propia o independiente. Consecuencia de esto es que la obligación accesoria corre la misma suerte que la principal contraída por el deudor; si ésta es inexistente, lo será también la otra, y si sólo fuera anulable la obligación principal, anulable sería igualmente la accesoria de la fianza. Esta dependencia se manifiesta no sólo en el momento inicial de la obligación principal y de la accesoria, sino en todo el curso de la vida de ambas. Sin embargo, hay que distinguir, al tenor del segundo párrafo de este artículo, si la nulidad de la obligación principal es sólo reclamable a virtud de una excepción puramente personal del obligado, pues entonces siendo la excepción exclusiva del obligado sólo éste puede pedir la declaración de nulidad de la obligación principal, y si no lo hiciere, la obligación principal, y con ella la fianza, producirá efectos (véase a. 2227), sin que pueda oponerse a ello el fiador; si por lo contrario, no es personal del deudor la excepción. entonces podrá el fiador reclamar, la nulidad de la obligación citada, como interesado que es en su subsistencia o insubsistencia. En los casos en que la nulidad sólo pueda ser reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado, si éste la intenta y el juez la declara, la fianza se extinguirá, como consecuencia de áaberse extinguido también la relación jurídica principal (véase Manresa y Navarro, José María, Comentarlas al código civil español, 3a. ed., Madrid, Reus, 1920, t. XI, pp. 207 a 209). C.L.V.

Puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea aún conocido; pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida.

ARTÍCULO 2798,

No es necesario que la deuda por afianzar exista cuando se otorga la fianza; pues así como puede ser objeto de un contrato una cosa futura (véase a. 1826), puede garantizarse el cumplimiento de una obligación futura. En este supuesto, la existencia de la fianza dependerá del surgimiento de la obligación principal. El fiador se obliga para el caso de que la obligación futura llegue a existir. [3541

ARTS. 2798 y 2799

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. I

El código admite, la constitución de la fianza sobre deudas futuras, cuyo

importe no sea aún conocido, pero en tal caso no podrá exigirse responsabilidad al fiador, sino hasta que la deuda garantizada sea líquida. Esto se justifica por el carácter accesorio de la fianza (véase a. 2794), y por las reglas del pago (véase segundo párrafo del a. 2078). La exigibilidad de la fianza depende de que lo sea la obligación principal, y el pago de ésta sólo es exigible, si es líquida. En efecto, es indispensable que la deuda principal sea líquida y exigible, para que a su vez, pueda ser reclamable del fiador. Además, la cuantía de la obligación exigible al fiador depende de la que se fije a la obligación principal. C.L.V.

El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se hubiere obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. En caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se presume que se obligó por otro tanto.

ARTÍCULO 2799.

Del carácter accesorio de la fianza resultan, entre otros efectos, el previsto en este artículo. El fiador puede obligarse por menos o en condiciones menos onerosas que el deudor principal, pero no por más: non plus in accesione esse potes! quam in principali re, o sea: lo accesorio no puede exceder de lo principal) Según algunos autores, el plus en el afianciamiento puede significar que el fiador se obligue a más: re (en cuanto a la cosa), cuando garantizase mayor cantidad que la debida por el deudor principal; tempore, si se compromete a pagar antes del vencimiento de la obligación principal; loco, si se obliga a pagar en lugar más favorable al acreedor; y, causa, si variare la forma de la obligación principal, respondiendo puramente, de una obligación condicional (Castán Tobeflas„Tosé, Derecho civil español común _v foral, 5a, ed., Madrid, Reus, 1941, t. III, p. 361). Cuando el fiador se obliga a más que el deudor principal, su obligación no es nula, sirio que se reduce, de pleno derecho, a los límites de la obligación principal, a virtud del principio de la conservación del contrato. A este respecto, nuestro derecho, es menos riguroso que el romano, donde, por su carácter stricti iuris, la fianza in duriorem causam (con efecto más pesado) era totalmente nula. (Floris Margadant, Guillermo, El derecho privado romano, 7a. ed„ México, Esfinge, 1977, p. 386). En caso de duda sobre si el fiador se obligó por menos o por el importe de la obligación principal, se presume iuris tanium, que se obligó por el importe de [355]

ARTS. 2799, 2800 y 2801

LIBRO CUARTO

ésta, pues lo común es que el fiador garantice el pago de la obligación contraída por el fiado y el pago consiste en el cumplimiento de la obligación que éste hubiere prometido. C.L.V. ARTÍCULO 2800. Puede también obligarse el fiador a pagar una can-

tidad en dinero, si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado. En los términos de este artículo, la responsabilidad del fiador, cuando se obliga a pagar una cantidad de dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado, consiste en indemnizar daños y perjuicios, previamente cuantificados, que pueda deber el deudor, en caso de incumplimiento. C.L.V.

ARTÍCULO 2801. La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo dispuesto en el artículo 1998. Los herederos quedan ligados por las obligaciones contraídas por el autor de la sucesión, en cuanto causahabientes a titulo universal. Son responsables de su cumplimiento hasta donde alcance el acervo hereditario, conforme al principio de la responsabilidad patrimonial del deudor, que pasa a sus herederos (aa. 1284 y 2964). Esta responsabilidad está regida por las mismas reglas que establece el código, respecto de la mancomunidad proveniente de las obligaciones indivisibles pues pasando la del fiador a sus herederos, se divide de pleno derecho, porque cada uno sólo está obligado por su cuota hereditaria. Esta responsabilidad pasa a cada uno de los herederos del fiador, en proporción de la cuota que le corresponde en el haber hereditario. Si la obligación es indivisible cada heredero queda obligado por todo frente al acreedor; en tanto que, respecto de los demás coherederos, el que pagó la fianza tiene acción contra cada uno de los coherederos, en proporción a la cuota hereditaria que a ellos corresponda (aa. 1999 y 2006). La remisión al a. 1998 que contiene el precepto y que se refiere a la solidaridad pasiva, no basta para interpretar debidamente el sentido del precepto en comentario. I.G.G. y C.L.V (3561

ARTS. 2802 y 2803

2. PARTE. TIT. XIII/CAP. 1

ARTÍCULO 2802. El

obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación deba cumplirse.-

El deudor obligado a dar fiador debe proponer al acreedor una persona que reúna dos condiciones: tener capacidad para obligarse y contar con bienes suficientes para responder de la obligación que se garantiza. Exige la capacidad porque la fianza es un contrato (véase a. 1795, fr. I) y como tal requiere para ser válida de tal presupuesto. El fiador se sustituye en el lugar del deudor, para cumplir por él llegado que sea el caso; un incapaz no podría obligarse por sí; y, por lo mismo, no podría ser fiador. Acerca de esta primera condición es interesante destacar que existen, en nuestro derecho vigente, prohibiciones expresas, en virtud de las cuales los que ejercen la patria potestad, los tutores, los representantes de un ausente, síndicos, albaceas, etc., no pueden dar fianza en nombre de sus representados (véase aa. 436, 563 y 660). Por otra parte, para que un cónyuge pueda ser fiador de su consorte, en asuntos que sean de interés exclusivo de éste, se requiere autorización judicial, salvo que la fianza sea otorgada por el cónyuge para que su consorte obtenga su libertad (véase a. 175). Además de la capacidad para obligarse, se exige que el fiador tenga bienes suficientes para responder de la obligación principal, porque sólo de esta manera la fianza resulta una garantía seilia. Si el obligado a dar fianza pudiera ofrecer como fiador a una persona cuya solvencia no fuera suficiente, la garantía resultaría ilusoria. Es claro que si el deudor presenta una persona que reúna los requisitos exigidos por la ley, el acreedor no podrá rehusarse a aceptarla como fiadora; pero también es evidente que esta disposición legal es una norma en favor del acreedor, y por lo tanto él puede aceptar como fiador a persona que no cubra la condición de solvencia. Dispone, en su parte final, este artículo que el fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde la obligación principal deba cumplirse. Esto tiene por objeto facilitar al acreedor la ejecución contra el fiador, y dar sanción al principio de que la fianza, como accesoria que es de la principal, debe seguir el fuero de ésta. C.L.V.

En las obligaciones a plazo o de prestación periódica, el acreedor podrá exigir fianza, aun cuando en el

ARTÍCULO 2803.

[357]

ARTS. 2803, 2804 y 2805

LIBRO CUARTO

contrato no se haya constituido, si después de celebrado, el deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretende ausentarse del lugar en que debe hacerse el pago. El cumplimiento en las obligaciones a plazo o de prestación periódica es de tracto sucesivo, de suerte que depende siempre de la solvencia futura del deudor, y de la circunstancia de que se localice en el lugar es que debe hacerse el pago. Si el deudor, en este tipo de obligaciones, aun sin prometer fianza, al celebrar el contrato sufre menoscabo en sus bienes o pretende ausentarse del lugar en que debe hacerse el pago, la ley concede al acreedor, para salvar sus intereses, el derecho de exigir fianza, pues existe un justo motivo para temer que el deudor no cumpla. C.L.V.

Si el fiador viniere a estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas por el artículo 2802.

ARTÍCULO 2804.

Si el fiador que se hubiese obligado viniese a estado de insolvencia, el acreedor tiene derecho de exigir al deudor otro fiador que reúna las condiciones señaladas. El deudor no se perjudica en modo alguno con la regla aquí establecida, pues su deber es afianzar la obligación mientras no la extinga. Lo dispuesto en este artículo, sólo se refiere al supuesto del "obligado a dar fiador" (véase texto del a. 2802), no así al caso de fiador proporcionado por un deudor que no estuviese obligado a ello. C. L.V. ARTÍCULO 2805. El

que debiendo dar o reemplazar el fiador, no lo presenta dentro del término que el juez le señale, a petición de parte legítima, queda obligado al pago inmediato de la deuda, aunque no se haya vencido el plazo de ésta.

Lo dispuesto en este artículo es en gran medida, aplicación del principio general contenido en la fr. II del a. 1959. Si el obligado a dar fianza o reemplazar al fiador no cumple este deber, nada es más justo que se le obligue a pagar de inmediato la deuda; el acreedor no tiene por qué exponer por más tiempo su crédito, faltando la garantía que lo debía asegurar, o lo aseguraba contra el incumplimiento del deudor principal. C.L.V. 13581

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. I

ARTS, 2808, 2807 y 2808

ARTÍCULO 2806. Si la fianza fuere para garantir la administración

de bienes, cesará ésta si aquélla no se da en el término convenido o señalado por la ley, o por el juez, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa. La regla contenida en este artículo es lógica. La fianza tiene por objeto garantizar el pago de la responsabilidad civil por mala administración de los bienes. Si la fianza no se da en el término convenido o señalado por la ley, o por el juez, es consecuente que debe cesar la administración y dejen de estar los bienes dados en administración expuestos a sufrir perjuicios no reparables por la falta de garantía. C.L.V.

ARTÍCULO 2807. Si la fianza importa garantía de cantidad que el

deudor debe recibir, la suma se depositará mientras se dé la fianza. Cuando la fianza se exige en garantía de alguna cantidad que debe recibir el deudor, la suma se depositará, mientras no se dé la fianza, para protección inmediata de los intereses del acreedor quien precisamente cuenta con esa garantía, como seguridad de que la cantidad que entregue al deudor le será devuelta. C.L.V. ARTÍCULO 2808. Las cartas de recomendación en que se asegure la

probidad y solvencia de alguien, no constituyen fianza.

Esta disposición es plenamente justificable, porque la fianza es un contrato en el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace, y en las cartas de recomendación, simplemente se manifiesta la idoneidad de alguien. En modo alguno constituyen fianza, pues no sólo no hay en ellas el acuerdo de voluntades, elemento esencial de todo contrato, sino que no contienen la voluntad del suscriptor, dirigida al acreedor, de pagar por el recomendado, si éste no lo hace. C.L.V. [359]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2800, 2810 y 2811

Si las cartas de recomendación fuesen dadas de mala fe, afirmando falsamente la solvencia del recomendado, el que las suscriba será responsable del daño que sobreviniese a las personas a quienes se dirigen, por la insolvencia del recomendado.

ARTÍCULO 2809.

Si el que suscribe la carta de recomendación afirma la solvencia del recomendado, sabedor de que esto es falso, es -responsable, por dolo, de los daños y perjuicios que la insolvencia del recomendado ocasione a las personas a quienes dirige la carta; pero ello, sólo en el caso de q ue la recomendación hubiese sido el motivo que haya determinado a esas personas a contratar con el recomendado (véase a. 2810). C.L.V.

No tendrá lugar la responsabilidad del artículo anterior, si el que dio la carta probase que no fue su recomendación la que condujo a tratar con su recomendado.

ARTÍCULO 2810.

Este artículo aplica, en cierta manera, la doctrina contenida en el a. 1816. Si el suscriptor acredita que su recomendación no fue el motivo que determinó a contratar con su recomendado, no se le puede demandar indemnización alguna, porque su recomendación no fue la causa que produjo el daño. El legislador, con toda justicia, impone al suscriptor la carga de probar que no fue su recomendación la que condujo a tratar con su recomendado. C.L.V.

Quedan sujetas a las disposiciones de este Título, las fianzas otorgadas por individuos o compañías accidentalmente en favor de determinadas personas, siempre que no las extiendan en forma de póliza; que no las anuncien públicamente por la prensa o por cualquiera otro medio, y que no empleen agentes que las ofrezcan.

ARTÍCULO 2811.

La fianza civil se rige por las disposiciones del título "De la Fianza", de la segunda parte del libro cuarto del CC; es la otorgada por individuos o sociedades accidentalmente en favor de determinadas personas, siempre que: no se extiendan en forma de póliza; no se anuncien públicamente; y no se empleen [3601

2*. PARTE. TIT, XIII/CAPS. 1 y 11

ARTS. 2811 y 2812

agentes para que las ofrezcan. Los casos que no tengan esta reserva son considerados como fianza mercantil, que se rige básicamente por la LFF, ordenamiento que en su artículo tercero contiene una disposición por demás interesante, puesto que prohibe, a toda persona física o moral distinta de las instituciones de fianzas concesionadas, otorgar habitualmente fianzas a título oneroso, y agrega que salvo prueba en contrario se presume la infracción al mencionado precepto cuando el otorgamiento de fianzas se ofrece al público por cualquier medio de publicidad, o se expiden pólizas o se utilizan agentes. C.L.V.

CAPITULO II De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor ARTÍCULO 2812. El

fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, mas no las que sean personales del deudor.

Puesto que la obligación del fiador es accesoria de la del deudor principal, todo medio de defensa que éste tenga inherente a la deuda principal aprovecha al fiador; esto es lo que el artículo en comentario llama excepciones inherentes a la obligación principal (reí coherentes). Así, el fiador podrá oponer al acreedor el pago hecho por el deudor, la prescripción de la obligación principal, la compensación que se haya producido entre el deudor principal y el acreedor, etc. Pero este mismo artículo agrega que el fiador no puede oponer las excepciones que sean personales del deudor (personae coherentes); esto significa que existen medios de defensa de los cuales el fiador no puede servirse por tratarse de motivos de impugnación que no derivan del contrato, sino que se relacionan con la persona del deudor y por eso no pueden ser invocados por otra persona distinta, tal ocurre, p.e. con la excepción del deudor fundada en incapacidad (véase el a. 2228). El artículo que se comenta al mencionar las excepciones oponibles por el fiador al acreedor, omite aquellas que no son inherentes a la fianza, cuando esta ciase de defensas constituyen el medio más importante para que el fiador resulte liberado (Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, 1 la. ed., t. IV, Contratos, México, Porrúa, 1979, p. 338). C.L.V.

ARTS. 2813 y 2814

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 28 13. La renuncia voluntaria que hiciese el deudor de la

prescripción de la deuda, o de toda otra causa de liberación, o de la nulidad o rescisión de la obligación, no impide que el fiador haga valer esas excepciones.

El fiador tiene derecho a oponer las excepciones que sean inherentes a la obligación principal. Tales medios de defensa, si bien le corresponden por virtud del carácter accesorio de la fianza respecto de la deuda principal, son independientes del derecho del deudor. Por lo tanto, el deudor puede renunciar a hacer valer cualquiera causa de liberación de su obligación, pero esa renuncia no puede llegar al punto de privar al fiador del derecho de hacerlas valer por lo que se refiere a la fianza, que aun cuando es un contrato accesorio, las relaciones jurídicas entre acreedor o fiador nacen de un negocio jurídico distinto del contrato principal. I.G.G. y C.L.V. ARTÍCULO 2814. El

fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la excusión de sus bienes.

La obligación del fiador es subsidiaria, por cuanto que él pagará cuando el acreedor no haya podido obtener del deudor la satisfacción a su crédito. Consecuencia de esta naturaleza subsidiaria son los dos beneficios que este artículo reconoce al fiador, y que ordinariamente se identifican como el beneficio de orden y el de excusión. Por el beneficio de orden el acreedor no puede demandar al fiador, sin haber demandado antes al deudor; por el de excusión, el acreedor debe ejecutar primero en bienes del deudor principal, y sólo que éste sea insolvente, de tal suerte que la obligación no pueda cumplirse en todo o en parte, podrá ejecutar al fiador por la totalidad de la obligación en el primer caso, o por el saldo insoluto en el segundo (Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, I la. ed., t. IV, Contratos, México, Porrúa, 1979, p. 341). Los beneficios de orden y excusión son propios de la naturaleza de la fianza, (aunque pueden ser objeto de renuncia), puesto que en principio el fiador se obliga a pagar, en el caso de que el deudor principal no cumpla o no pueda cumplir, y para ello se requiere que el acreedor obtenga previamente sentencia condenatoria en contra del deudor principal y que éste último no tenga bienes o no sean suficientes para satisfacer el crédito que la fianza garantiza. Por ministerio de ley operan ambos beneficios, de suerte que deben renunciarse para que el fiador pierda las ventajas inherentes a los mismos. Se trata de verdaderas excepciones, por cuanto no pueden tornarse en cuenta de oficio por 13621

2a. PARTE, T1T. X111/CAP, 11

ARTS, 2814, 2815 y 2818

el juez en el juicio que el acreedor hubiere promovido contra el fiador, a menos que éste expresa y oportunamente, los haya hecho valer. (Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1984, p. 396). I.G.G. y C.L.V.

La excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la parte que no se ha cubierto.

ARTÍCULO 2815.

La excusión consiste en ejecutar primero sobre bienes del deudor, porque: éste es el principal obligado, quedando la obligación extinguida o reducida a la parte que no se logre pagar con esos bienes. El fiador sólo estará obligado a responder por el saldo insoluto. Pero no basta decir que el fiador, por el incumplimiento del deudor queda obligado a pagar el depósito o a realizar lo que debía hacer el principal obligado, sino que es preciso determinar el concepto de esa obligación a los límites de ese efecto de la fianza, para apreciar jurídicamente y sin error, cuándo empieza y hasta dónde alcanza la carga impuesta al fiador de responder por el deudor. (Véase Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, Madrid. Reus, 1973, t. XII, p. 379). I.G.G. y C.L.V.

ARTÍCULO 2816. La

excusión no tendrá lugar: 1.—Cuando el fiador renunció expresamente a ella; II.—En los casos de concurso o de insqlvencia probada del deudor; 111.—Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio de la República; IV.—Cuando el negocio para que se prestó la fianza sea propio del fiador; V.—Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por edictos, no comparezca, ni tenga bienes embargables en el lugar donde deba cumplirse la obligación. [3631

LIBRO CUARTO

ARTS. 2816 y 2817

El derecho del fiador a la excusión no es absoluto, hay casos en que no tiene lugar, sea por las condiciones en que la fianza se prestó, sea por la necesidad de evitar que se dificulte el pago al acreedor. Establece este artículo que la excusión no tendrá lugar "Cuando el fiador renunció expresamente a ella" (fr. I). El beneficio de excusión es de interés privado, se ha establecido en exclusivo interés del fiador, éste puede renunciarlo, y en ese supuesto no le aprovechará. El acto de renuncia debe constar en términos claros y precisos (véase a. 7). En la práctica se observa que en la fianza convencional, casi siempre se renuncia al beneficio de excusión, para facilitar el pago al acreedor. La fr. II establece la excusión "En los casos de concurso o de insolvencia probada del deudor". El objeto de la excusión es que el acreedor haga el pago de la obligación en bienes del deudor principal; finalidad que no se lograría en los casos en que el deudor se hallase en concurso o en estado de insolvencia probada. En estos supuestos no es necesario acudir a la excusión para comprobar que no existen bienes libres del deudor y aplicarlos al pago de la obligación. El código habla de "insolvencia probada", a efecto de evitar que los acreedores bajo pretexto de insolvencia del deudor, traten de hacer efectivo su crédito en bienes del fiador, antes que en el patrimonio del deudor sin fundamento alguno y en contra de !os naturales efectos de la fianza. Si el deudor se encuentra sujeto a concurso la prueba de su insolvencia es la declaratoria del estado concursal. (Calva, Esteban, Instituciones de derecho civil, t. II, De los contratos, México, Imprenta de Díaz de León y Whi te, 1875, p. 239). Dice la fr. III: "Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio de la República". Se justifica esta disposición, porque al acreedor le resultaría muy gravoso o tal vez imposible cobrar si tuviera que demandar al deudor fuera del territorio de la República. La fr. IV establece la renuncia "Cuando el negocio para el que se prestó la fianza sea propio del fiador". En tal supuesto habría incompatibilidad con el beneficio de excusión. Por último la fr. V dice: "Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por edictos, no comparezca ni tenga bienes embargables en el lugar donde deba cumplirse la obligación." Es evidente que en este caso no procede la excusión, porque la ejecución sobre bienes del deudor no es factible. A los supuestos previstos en este artículo hay que agregar los casos de fianza legal o judicial (véase a. 2855). C.L.V.

Para que el beneficio de excusión aproveche al fiador, son indispensables los requisitos siguientes:

ARTÍCULO 2817.

[364]

ART. 28)7

2a. PARTE. TIT. XIII! CAP. II

.—Que el fiador alegue el beneficio luego que se le requiera de pago: II.—Que designe los bienes del deudor que basten para cubrir el crédito y que se hallen dentro del distrito judicial en que deba hacerse el pago; 111.—Que anticipe o asegure competentemente los gastos de excusión. A efecto de que el beneficio de excusión no sirva de pretexto para retardar o hacer más difícil en su ejercicio la acción del acreedor, el código establece los requisitos para que el fiador pueda usarlo, a saber: 1. "Que el fiador alegue el beneficio luego que se le requiera de pago". El fiador debe alegar el beneficio de excusión como excepción dilatoria, precisamente al contestar la demanda (a. 259, fr. IV del CPC) o al ser requerido de pago, "sin esperar ningún otro trámite ni a ningún otro estado de la reclamación, a fin de evitar al acreedor el daño injusto o el perjuicio de tener que sostener una reclamación baldía contra el fiador, si después de ella o durante su sudesivo curso había éste de utilizar el indicado beneficio". Hasta tal punto llega esta exigencia, que de no cumplirse priva de dicho beneficio al fiador (Manresa y Navarro, José Ma,, Comentarios al código civil español, 3a. ed., Madrid, Reus, 1920, t. XI, p. 286). 2. "Que designe bienes del deudor que basten para cubrir el crédito y que se hallen dentro del distrito judicial en que deba hacerse el pago". La excusión no debe servir para entorpecer o hacer difícil y costosa la ejecución. Por ello el fiador debe designar bienes suficientes para cubrir el crédito, y que, además se hallen en el lugar donde debe hacerse el pago. 3. "Que anticipe o asegure competentemente los gastos de excusión". La excusión es un beneficio del fiador, y es natural que en él recaiga la obligación de adelantar o asegurar los gastos de ella. Sería injusto obligar al acreedor a realizar gastos que acaso serían inútiles. Esta fracción tiene como antecedentes el a. 2023 del CC francés y el 1745 del proyecto de García Croyena. Los autores del código español, suprimieron (a. 1832) la disposición contenida en la fr. II del precepto que estamos comentando por considerar injusta esa exigencia. En las Concordancias, motivos y comentarios (proyecto) del código español de García Goyena (Zaragoza, 1974) p. 908, este autor dice: El citado artículo francés 2023 fue vivamente combatido en cuanto a la anticipación de dinero por el fiador... En los discursos 95 y 96 se contestó victoriosamente al ataque: si la excusión cede enteramente en favor del fiador; si él no lo reclama sino para evitar el satisfacer por sí mismo una 136511

LIBRO CUARTO

ARTS. 2817, 2818, 2819 y 2820

deuda que ha garantido y en la que no se habría consentido sin la fianza, justo es que él anticipe los gastos. ¿Qué ventajas sacaría el acreedor de la fianza, si para hacer la excusión se ve obligado a la anticipación de cantidades que tal vez excedería el crédito? I.G.G. y C.L.V.

Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento, o si se descubren los que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la excusión, aunque antes no la haya pedido.

ARTÍCULO 2818.

La excusión es una excepción dilatoria, debe hacerse valer precisamente al contestar la demanda o al ser requerido de pago, para efecto de que antes de proseguirse o continuar el juicio contra el fiador, proceda judicialmente el acreedor contra el deudor principal, embargue y ejecute sobre los bienes de éste. Sin embargo, puede hacerse valer como excepción superveniente cuando el deudor adquiera bienes después del requerimiento de pago, o se descubran los que hubiese ocultado para evitar la excusión. (Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1984, p. 396), I.G.G.

ARTÍCULO 2819. El acreedor puede obligar al fiador a que haga la

excusión en los bienes del deudor.

Una vez opuesta la excepción dilatoria del beneficio de excusión por parte del fiador, el acreedor que lo hubiere demandado puede hacer cualquiera de estas dos cosas: o intentar él mismo el juicio de excusión contra el deudor principal, o bien obligar al fiador a que inicie ese juicio, y lo termine en el plazo que al efecto señale la autoridad judicial. La razón de esto se encuentra en que la excusión es sólo en beneficio del fiador, y por lo mismo, justo es que éste sufra las molestias personales y los gastos que ella implica. (Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, México, Porrúa, 1984, p. 397). I.G.G.

Si el fiador, voluntariamente u obligado por el acreedor hace por sí mismo. la excusión y pide plazo, el juez puede concederle el que crea conveniente, atendi-

ARTÍCULO 2820.

[366]

ARTS. 2820, 2821 y 2822

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. II

das las circunstancias de las personas y las calidades de la obligación. El fiador para hacer la excusión, tendrá que acudir a los tribunales a tramitar el juicio respectivo. Para esto el fiador puede pedir plazo, mismo que le será concedido por el juez, atendidas las circunstancias de las personas y las calidades de la obligación. El juez al conceder este plazo habrá de tener presente que los derechos del acreedor están en suspenso, y que es su deber procurar que se perjudique por esta causa lo menos posible. No debe por tanto entenderse que está en sus facultades conceder un término innecesario o excesivo. (Calva, Esteban, Instituciones de derecho civil, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1883, t. Iii, p. 245). I.G G. ARTÍCULO 2821. El acreedor que, cumplidos los requisitos del

artículo 2817, hubiere sido negligente en promover la excusión, queda responsable de los perjuicios que pueda causar al fiador, y éste libre de la obligación hasta la cantidad a que alcancen los bienes que hubiere designado para la excusión. Cumplidas por el fiador las condiciones precisas para que el beneficio de excusión le aproveche, debe el acreedor ser diligente en promover la excusión. Si se muestra negligente, debe responder de los perjuicios que ocasione al fiador a causa de la insolvencia sobrevenida del deudor. Esta responsabilidad no debe extenderse más allá del perjuicio que causó al fiador, por lo mismo, sólo debe abarcar el importe de los bienes cuya excusión no pudo lograrse por su culpa. C.L.V. ARTÍCULO 2822. Cuando el fiador haya renunciado el beneficio de

orden, pero no el de excusión, el acreedor puede perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al fiador; mas éste conservará el beneficio de excusión, aun cuando se dé sentencia contra los dos. Cuando el fiador haya renunciado al beneficio de orden, pero no al de excusión, el código permite, con el objeto de procurar la mayor economía en los [367]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2822 y 2823

gastos y tiempo de la reclamación, que el acreedor pueda perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al fiador. Aquí aparece claramente que, en tanto el beneficio de orden hace alusión a la prioridad del ejercicio de la acción de pago en contra del deudor principal, la exeusión se refiere no a la acción misma, sino a la ejecución de la sentencia condenatoria que debe llevarse al cabo previamente en el patrimonio del deudor y, sólo después de que los bienes del deudor principal no sean suficientes para cubrir la deuda, se podrá dirigir el procedimiento ejecutivo en contra del fiador. Por lo tanto, no hay nada que impida (si no se ha renunciado al beneficio de orden) que el acreedor demande a la vez al deudor principal y al fiador, y si no ha renunciado el fiador al beneficio de excusión, el acreedor debería intentar previamente la vía coactiva en contra del deudor principal, pues si éste resultare insolvente podría exigir el cumplimiento del pago, vía ejecución de sentencia, al fiador. I .G.G. y C.L.V. ARTÍCULO 2823. Si hubiere renunciado a los beneficios de orden y

excusión, el fiador, al ser demandado por el acreedor, puede denunciar el pleito al deudor principal, para que éste rinda las pruebas que crea conveniente; y en caso de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el fiador. En el caso de que se renuncien los beneficios de orden y excusión, y el acreedor sólo demande al fiador, éste tiene la facultad de denunciar el pleito al principal obligado, para que éste salga a juicio y rinda las pruebas que estime convenientes, pues nadie más que él puede tener los medios para rechazar la pretensión del acreedor. Si no sale a juicio, o sale y no rinde pruebas, le perjudica la sentencia pronunciada contra el fiador. La litis denuntiatio a que se refiere este artículo es de gran utilidad para el fiador pues de esta manera se libera de la obligación que tiene de oponer todas las excepciones inherentes a la obligación principal (véanse aa. 2832 y 2834), ya que para este efecto llama al deudor. Además, en ocasiones el fiador no está en aptitud de saber cuáles son esas defensas inherentes a la obligación principal, y para no incurrir después en el peligro de que el deudor le oponga esas excepciones, cuando repita contra él, lo más práctico será que lo llame a juicio. (Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, ha. ed., t. IV, Contratos, México, Porrúa, 1979, p. 342). C.L.V. (368)

ARTS. 2824, 2825 y 2828

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. II

ARTÍCULO 2824. El

que fía al fiador goza del beneficio de excusión, tanto contra el fiador como contra el deudor principal.

Se refiere este artículo a lo que, en doctrina, se conoce corno doble fianza o subfianza. Con ella la solvencia que se asegura no es la delyrincipal deudor, sino la del fiador, y, por tanto, para que pueda reclamarse contra el que presta dicha fianza, es preciso que el primer obligado no cumpla la obligación contraída por él, ni tampoco el primer fiador. Es una verdadera subfianza, y por ello el subfiador, o sea el fiador anterior, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que éste, si bien subsidiariamente. Así lo confirma este articulo al establecer que el fiador goza del beneficio de excusión, tanto contra el fiador como contra el deudor principal. C.L;V

No fían a un fiador los testigos que declaren de ciencia cierta en favor de su idoneidad; pero por analogía se les aplicará lo dispuesto en el artículo 2809.

ARTÍCULO 2825.

No constituyen fianza las declaraciones testimoniales por las que se asegure la probidad y la solvencia de alguien, porque en modo alguno puede atribuírsele el sentido de que quien las emite se compromete con aquel a quien van dirigidas, a pagar por el fiador, si éste no lo hace. Sin embargo, si el testigo declara de ciencia cierta en favor de la idoneidad de un fiador, sabedor de que esto es falso, contrae la responsabilidad de pagar daños y perjuicios que ocasione al acreedor, por la insolvencia del fiador, a menos que pruebe que no fue su declaración el motivo determinante que llevó al acreedor a aceptar la garantía. En efecto, si no fue la declaración del testigo la que indujo al acreedor a celebrar el contrato de fianza, el daño producido no tiene en dicha declaración su causa y por tanto, es natural que si el testigo prueba esto, no tenga lugar la

responsabilidad mencionada. C.L.V.

La transacción entre el acreedor y el deudor principal aprovecha al fiador, pero no le perjudica. La celebrada entre el fiador y el acreedor, aprovecha, pero no perjudica al deudor principal.

ARTÍCULO 2826.

[369]

LIBRO

ARTS. 2828 y 2827

CUARTO

La transacción, como todo convenio, no obliga a los terceros, y el fiador, en la operación celebrada entre el acreedor y el deudor principal es un tercero; Lo mismo ocurre con la celebrada entre acreedor y fiador, en cuanto hace al deudor principal. Para que la transacción obligue al fiador, en el primer caso, O al deudor principal, en el segundo, es menester que consientan en ella. C.L.V. ARTÍCULO 2827. Si son varios los fiadores de un deudor por una

sola deuda, responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquélla, no habiendo convenio en contrario; pero si sólo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los demás para que se defiendan juntamente, y en la proporción debida estén a las resultas del juicio. Dispone este artículo que si varios fiadores han afianzado a un deudor por una sola deuda, responderá cada uno de ellos por el todo de ella, como si fuese único, salvo convenio en contrario. Esto significa que los cofiadores son tratados como solidarios entre sí, pero entiéndase solidaridad, solamente en cuanto al derecho de persecución del acreedor por el total, que es el efecto principal de esta institución. Los efectos secundarios de la solidaridad no se producen respecto de los fiadores, situación que se explica por el mantenimiento, en el derecho vigente, de antiguas tradiciones que tienen su origen en el derecho romano, donde, de no haber pacto en contrario, los cofiadores respondían solidariamente. Sin embargo, el rigor de la ley es atenuado por el beneficium divisionis, con antecedentes también en el derecho romano, en virtud del cual si uno de los cofiadores era demandado por la integridad, podía exigir del acreedor que dividiese la acción entre los demás cofiadores, presentes y solventes. Nuestro código consagra este beneficio al disponer: "Si sólo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los demás para que se defiendan juntamente, y en la proporción debida estén a las resultas del juicio". El beneficio se concede como excepción dilatoria, para que se suspenda el juicio hasta que sean citados los demás cofiadores, y a la vez como excepción perentoria, a efectos de que la deuda se divida entre todos los solventes. El cofiador demandado debe manifestar su voluntad de invocar el beneficio: el juez no puede suscitar de oficio la excepción. Gozan del beneficio de división únicamente los fiadores que han afianzado al mismo deudor, por la misma deuda. Ninguna división es posible entre el fiador y el que lo fía (subfiador), ni entre fiadores dados separadamente por dos deudores solidarios: tales fiadores han garantizado la misma deuda, pero no al mismo fiador. [3701

ARTS. 2827, 2828 y 2829

2a. PARTE. TIT. XIII/CAPS. II y III

El efecto del beneficio es que la deuda se divida entre todos los fiadores solventes: El que la obligación de los cofiadores sea por la totalidad de la deuda tiene por consecuencia que la insolvencia de alguno o algunos sea soportada, en principio, por los demás. Ocurre de modo distinto en dos casos: a) Si el propio acreedor ha dividido voluntariamente la deuda; y b) Si los fiadores se han vuelto insolventes luego de haberse alegado el beneficio de división (véase a. 2840). Con un criterio diferente, el CC español dispone: "Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, la obligación de responder de ella se divide entre todos. El acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda satisfacer, a menos que se haya estipulado expresamente la solidaridad (véase a. 1837). C.L.V.

CAPITULO III De los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor

El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si ésta se hubiere otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor.

ARTÍCULO 2828.

El fiador que ha pagado, dispone de una acción personal contra el deudor principal. Dicha acción deriva, no del contrato de fianza, sino del hecho del pago, y se funda en las reglas del pago hecho por un tercero (aa. 2065 a 2072), por ello está obligado el fiador a poner en conocimiento del deudor que va a efectuar el pago (a. 2832). Para que el fiador pueda obtener el reembolso de lo que pagó se requiere que la fianza haya sido otorgada con el consentimiento del deudor. En caso contrario se aplicará lo dispuesto por el a. 2068. 1.G.G.

El fiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado por éste:

ARTÍCULO 2829.

1.3711

LIBRO CUARTO

ARTS. 2829 y 2830

I.—De la deuda principal; II.—De los intereses respectivos, desde que haya noticiado el pago al deudor, aun cuando éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor; 111.—De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago; IV.—De los darios y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. Este artículo consagra el principio tradicional según el cual el fiador que paga puede repetir contra el deudor principal. No es una acción de indemnización sino de reembolso. Implica que: 1. El fiador que paga tiene derecho a reclamar al deudor principal, la cantidad pagada por él. Los intereses debidos por el deudor al acreedor y pagados por el fiador, se consideran respecto de éste formando parte de la deuda principal. 2. Los intereses que devengue la suma pagada por el fiador desde que éste haya notificado al deudor que ha hecho el pago al acreedor, aun cuando no estuviere obligado por razón de contrato a pagarlos al acreedor. El fiador no tiene por qué sufrir pérdidas por la fianza; por ello, si pagó, tiene derecho, a que se se le abonen los intereses que la cantidad pagada le hubiera producido. El reclama los intereses a virtud del pago que efectuó, como una indemnización que se establece por ministerio de ley. Esos intereses habrán de regularse desde que se hiciere saber el pago al deudor, porque desde entonces no puede alegar ignorancia del pago hecho ni la obligación en que se halla de reintegrar lo pagado y suyas serán las consecuencias que produzca su morosidad. (Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, 2a. ed., Madrid, Reus, 1920, t. XI, p. 299). 3. Los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido el pago. La razón de esto es la misma a la del punto anterior. Desde que el fiador da el aviso indicado al deudor éste será responsable de los gastos que por su falta de pago, se originen al fiador, 4. Los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. El fiador debe ser indemnizado de todos los daños y perjuicios que haya podido sufrir. Su situación es privilegiada, pues aunque se trata de sumas de dinero, tiene derecho, además a la reparación de todos los daños que le haya ocasionado la culpa del deudor. C.L.V.

El fiador que paga, se subroga en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor.

ARTÍCULO 2830.

L3721

2a, PARTE. TIT. XIII/CAP, III

ARTS. 2830, 2831 y 2832

El fiador que paga cuenta con una doble acción; una que le es personal (véase aa. 2828 y 2829); y otra que es la acción del acreedor pagado, y que el fiador obtiene por subrogación. A esta última se refiere el presente artículo. La acción subrogatoria es considerada por algunos autores, más ventajosa que la personal, porque a diferencia de esta última, permite el fiador utilizar, como subrogado, todas las garantías o derechos accesorios (p.e. hipotecas) que corresponden al acreedor; pero por el juego de la subrogación, no puede reclamar más de lo que fuera debido al acreedor; las garantías que asegurarán el crédito no se extienden a las costas anticipadas, ni a la reparación de los daños y perjuicios experimentados personalmente por el fiador. La subrogación del fiador opera por ministerio de la ley, es una aplicación del a. 2058, fr. II, pues el fiador tiene interés jurídico en cumplir la obligación principal. C.L.V. ARTÍCULO 283 I . Si el

fiador hubiese transigido con el acreedor, no podrá exigir del deudor sino lo que en realidad haya pagado.

La transacción celebrada entre el fiador y el acreedor extingue la obligación principal mediante el cumplimiento de las prestaciones que en ella contrajo el fiador. De manera que si la fianza se otorgó con el consentimiento del deudor, a las relaciones entre éste y el fiador se aplican las disposiciones del mandato, por lo que la transacción en lo que beneficie al deudor, impide que el fiador que ha obrado por cuenta del deudor trate de lucrar pretendiendo obtener del deudor más de lo que él pagó realmente al acreedor (véase a. 2826). I G.G.

el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá éste oponerle todas las excepciones que podría oponer al acreedor al tiempo de hacer el pago.

ARTÍCULO 2832. Si

El fiador tiene obligación de notificar al deudor que va a hacer el pago, a efecto de que éste pueda oponerse si tiene excepciones para ello, manifieste su conformidad o simplemente no se oponga o declarare no tener excepciones. 13731

ARTS. 2832, 2833 y 2834

LIBRO CUARTO

En el caso de que el fiador haga el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá éste oponerle las excepciones que podría hacer valer al acreedor al tiempo de hacer el pago. El fiador no puede menoscabar los intereses legítimos del deudor, haciéndole perder su derecho a ejercitar las excepciones y defensas personales que pudiera tener contra el acreedor. C.L.V. ARTÍCULO 2833. Si

el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá éste repetir contra aquél, sino sólo contra el acreedor.

El fiador tiene la obligación de avisar al deudor que va a hacer el pago. Si paga sin dar ese aviso, y el deudor ignorante del pago, paga de nuevo, la ley lo sanciona privándolo de toda acción contra éste. El deudor no es responsable del doble pago y no tiene por que sufrir las consecuencias de una falta imputable al fiador; éste ha de dirigir su acción de reintegro contra el acreedor, que ha hecho dos veces efectivo su crédito, enriqueciéndose sin causa. El fiador no tiene otra acción que la repetición de lo indebido fundada en el pago hecho por error (aa. 1883 y ss.). C.L.V. ARTICULO 2834. Si

el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial; y por motivo fundado no pudo hacer saber el pago al deudor, éste quedará obligado a indemnizar a aquél y no podrá oponerle más excepciones que las que sean inherentes a la obligación y que no hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de ellas.

El fiador tiene obligación de poner en conocimiento del deudor el pago que va a hacer, a efecto de que no se le impongan las sanciones previstas por falta de ese aviso (véase aa. 2832 y 2833). Queda libre de responsabilidad si habiendo pagado a virtud de fallo judicial y por motivo fundado, no pudo hacer saber el pago al deudor. La resolución judicial, que lo constriñe a pagar, y la imposibilidad de dar el aviso al deudor, producen el efecto de que éste en todo caso, quede obligado a indemnizarlo (reembolsarlo del pago, intereses y expensas) sin F3741

ARTS, 2834, 2835 y 2838

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. 111

que pueda oponer más excepciones que las inherentes a la obligación principal, y que no hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de ellas. Esto es justo, pues el fiador no debe sufrir perjuicios, si no incurrió en culpa. La determinación de qué ha de entenderse por motivo fundado, queda al arbitrio del juez; pero éste debe tener en cuenta que el motivo fundado para no hacer saber al deudor el pago que va a efectuar el fiador deriva de que no haya éste denunciado el pleito al deudor principal (a. 2823) y que por ignorar el domicilio del deudor no se le pueda notificar la sentencia condenatoria pronunciada. 1.0.0. y C.L.V. ARTÍCULO 2835. Si la deuda fuere a plazo o bajo condición, y el

fiador la pagare antes de que aquél o ésta se cumplan, no podrá cobrarla del deudor sino cuando fuere legalmente exigible. La acción del fiador, bien se ejercite como acción de reembolso (véanse aa. 2828 y 2829) o como subrogatoria (véase a, 2830), tiene en nuestra ley esta excepción, a saber: si la deuda es a plazo o bajo condición, y el fiador la paga antes de que aquél o ésta se cumplan, no podrá cobrarla al deudor, sino cuando fuere legalmente exigible. Esto se explica por el carácter subsidiario de la fianza, el fiador no responde de la deuda sino en defecto del deudor, y esto sólo puede ocurrir después que ha llegado el momento en que éste debe cumplir la obligación principal. Si el fiador paga antes de que se cumpla el plazo o la condición, el deudor no puede ser obligado a reembolsar; sólo puede ser compelido al pago cuando se cumpla la condición o cuando la obligación sea exigible, es decir, al vencimiento del plazo. C.L.V.

ARTÍCULO 2836. El fiador puede, aun antes de haber pagado,

exigir que el deudor asegure el pago o lo releve de la fianza: 1.—Si fue demandado judicialmente por el pago; II.—Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente; III.—Si pretende ausentarse de la República; [375]

ART. 28319

LIBRO CUARTO

IV.—Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado, y éste ha transcurrido; V.—Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo. En principio, el fiador no tiene acción contra el deudor; sino después de haber pagado al acreedor (véanse aa. 2828 y 2830). No obstante, en ciertos casos, la ley le permite, aun antes de haber pagado, accionar contra el deudor, a efecto de que lo releve de la fianza o le dé garantías para asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Se trata de casos que constituyen circunstancias que autorizan a temer que en el momento en que el fiador esté obligado a hacer frente a su compromiso con respecto al acreedor, sus probabilidades de repetición habrán desaparecido. Estos casos son los siguientes: 1. Cuando el fiador fue demandado judicialmente por el pago. Este apartado confiere al Fiador una medida cautelar de aseguramiento de los resultados de la acción de pago que en su caso tenga que hacer valer el fiador contra el deudor que no cumple la obligación que contrajo. 2. Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente. Es como el anterior, una medida cautelar contra la insuficiencia patrimonial del deudor principal que se halla en riesgo de insolvencia. 3. Si el deudor pretende ausentarse de la República. En el supuesto previsto en este apartado la situación del deudor se torna más gravosa por cuanto aumentan las dificultades y los gastos que tiene que efectuar el fiador en el caso de demandar al deudor que se encuentra en el extranjero. 4. Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado, y éste ha transcurrido. Es evidente que la liberación habrá de tener lugar sin perjuicio para el acreedor; por tanto, para que el fiador sea relevado, se requiere el consentimiento del acreedor (a. 2051). 5. Si la deuda se hace exigible por haberse cumplido el plazo en que debe satisfacerse. Este supuesto presupone demora del deudor, con el consiguiente riesgo inminente para el fiador de responder frente al acreedor, explica la acción concedida al fiador. Este artículo debe entenderse aplicable sólo al caso en que el fiador haya otorgado la fiarrza con consentimiento del deudor. C.L.V.

13761

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. IV

ART. 2837

CAPITULO IV De los efectos de la fianza entre los cofiadores ARTÍCULO 2837. Cuando son dos o más los fiadores de un mismo

deudor y por una misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer. Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos en la misma proporción. Para que pueda tener lugar lo dispuesto en este artículo, es preciso que se haya hecho el pago en virtud de demanda judicial, o hallándose el deudor principal en estado de concurso. Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor por una misma deuda, la ley concede al que paga, una acción contra los demás. Muy antiguo es el origen de esta acción y se encuentra en las instituciones romanas, donde el fiador que había pagado podía dirigirse contra los demás, siempre y cuando hubiese obtenido previamente del acreedor la llamada "carta de lasto", mediante la cual le cedía éste todos los derechos contra aquéllos. El derecho moderno no requiere tal cesión, basta el pago para que el fiador pueda reclamar de cada uno de los otros fiadores la parte que proporcionalmente les corresponda satisfacer. Si alguno de ellos resultare insolvente, su parte recaerá sobre los otros en la misma proporción (véase a. 2827). El criterio de distribución es el de proporcionalidad, lo mismo en cuanto a las cuotas de cada fiador, que en cuanto a la parte de aumento de responsabilidad por la insolvencia de alguno de ellos, igual ocurre respecto a los deudores solidarios (véase a. 1999). Sin embargo, para que pueda ejercitar el fiador el derecho que le concede este articulo es preciso que haya pagado en virtud de demanda judicial del acreedor, o hallándose el deudor principal sujeto a concurso. La doctrina discute sobre la naturaleza de este derecho de repetición del fiador; para algunos deriva de una acción de gestión de negocios: el fiador ha gestionado el negocio de los demás, librándolos de una deuda que era común a todos; para otros es una extensión de la subrogación legal: el fiador se subroga en los derechos del acreedor, pero debe dividir su repetición entre los fiadores solventes, en la parte proporcional que les corresponda; y para otros más, se explica por la existencia entre los cofiadores de una especie de sociedad tácita que los expone a un mismo riego, lo que implica la idea de una repartición de la pérdida sufrida. E377]

AETS. 2837, 2838 y 2839

LIBRO CUARTO

(Castán Toberias, José, Derecho civil español. común yforal, 5a. ed., Madrid, Reus, 1941, t. III, p. 370). Cualquiera que sea la naturaleza que se le atribuya, no hay que confundir este derecho del fiador con el beneficio de división (a. 2827). Esto se hace frente al acreedor, en tanto que aquél es un derecho al reembolso que se hace frente a los cofiadores, cuando el fiador pagó en virtud de demanda judicial o hallándose el deudor principal en estado de concurso. C.L. V. ARTÍCULO 2838. En el caso del artículo anterior, podrán los cofia-

dores oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor principal contra el acreedor y que no fueren puramente personales del mismo deudor o del fiador que hizo el pago.

La regla establecida en este artículo cuando dispone "podrán los cofiadores oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor principal contra el acreedor y que no fueren puramente personales del mismo deudor" no es más que una ampliación del principio establecido en el a. 2812. El que los cofiadores puedan oponer al que pagó, las excepciones que éste habría podido oponer al acreedor, porque todos garantizan el pago de una obligación principal, común a todos los cofíadores y a todos benefician las excepciones que derivan de la naturaleza de aquella obligación, por ello si el fiador que pagó no hizo valer tales excepciones éstos pueden oponer en el juicio que el fiador intente en contra de cualquiera de los demás cofiadores. I.G.G. ARTÍCULO 2839.E1 beneficio

de división no tiene lugar entre los fiadores: I.—Cuando se renuncia expresamente; II.—Cuando cada uno se ha obligado mancomunadamente con el deudor; III.—Cuando alguno o algunos de los fiadores son concursados o se hallan insolventes, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en los párrafos 2o. y 3o. del artículo 2837; [3781

24. PARTE. TIT. XIII/CAP. IV

ARTS. 2839 y 2890

IV.—En el caso de la fracción IV del artículo 2816; V.—Cuando alguno o algunos de los fiadores se encuentren en alguno de los casos señalados para el deudor en las fracciones III y V del mencionado artículo 2816. Cuando hay varios cofiadores la división de la deuda cesa en los mismos casos que cesa la exeusión. (a. 2816). "El beneficio de división se reduce a un derecho que corresponde a los cofiadores cuando éstos no se hubieran obligado solidariamente para que el acreedor divida entre toda la obligación". (Valverde y Valverde, Calixto, Tratado de derecho civil español, 4a. ed., t. 111, Parte especial, Derechos personales de obligaciones, Valladolid, 1937, p. 746). Asimismo cesa la división de la deuda entre cofiadores, cuando se ha renunciado a ella cuando uno de los fiadores se ha obligado mancomunadamente con el deudor principal o con otros fiadores; en caso de concurso o de insolvencia de uno de los cofiadores etc. (véase nuestro comentario al a. 2816). I.G.G.

ARTÍCULO 2840. El

fiador que pide el beneficio de división, sólo responde por la parte del fiador o fiadores insolventes, si la insolvencia es anterior a la petición; y ni aun por esa misma insolvencia, si el acreedor voluntariamente hace el cobro a prorrata sin que el fiador lo reclame.

Si son varios fiadores responde cada uno de ellos por la totalidad de la deuda, no habiendo convenio en contrario (véase a. 2827). Esto trae como consecuencia que el fiador que pida la división deba responder por la insolvencia de los otros cofiadores puesto que su responsabilidad era por el todo. A partir de la solicitud de división, desaparece esa responsabilidad y con ella sus consecuencias. Será el acreedor a quien corresponda soportar la insolvencia sobrevenida; de su diligencia dependerá evitar riesgos futuros actuando rápidamente. Pero, ni aun por la insolvencia anterior de los demás fiadores responderá el fiador si el acreedor voluntariamente divide la deuda, porque con ello revela su voluntad de renunciar a reclamarle toda la deuda al mismo cofiador. C.L.V. [379]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2841, 2842 y 2843

ARTÍCULO 2841. El que fía al fiador, en caso de insolvencia de éste,

es responsable para con los otros fiadores, en los mismos términos en que lo sería el fiador fiado. Ninguna división cabe entre el fiador y el que lo tia. Este se encuentra obligado frente a los cofiadores de su fiado, en los mismos términos en que éste lo está. Por consiguiente, si su fiado es insolvente, responderá frente a los cortadores del cumplimiento de la obligación de éste, pues precisamente la subfianza tiene, corno principal razón, garantizar contra la insolvencia del fiado. C.L.V.

CAPITULO V De la extinción de la fianza ARTÍCULO 2842. La obligación del fiador se extingue al mismo

tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. La obligación del fiador es accesoria y se extingue con la obligación principal: su existencia depende de la de ésta, puesto que es garantía del cumplimiento de !a obligación principal. Pero la fianza es también una obligación en sí misma, y se extinguirá por las causas generales de las obligaciones, el fiador ha contraído una obligación personal, susceptible de extinguirse directamente por los modos normales de extinción de las obligaciones. De esto se sigue que la extinción de la obligación del fiador puede producirse de dos maneras: por vía accesoria, indirecta o de consecuencia (como p.e.: el pago de !a obligación principal), o por vía directa o principal (p.e. la remisión hecha por el acreedor al fiador). C.L.V. ARTÍCULO 2843. Si la obligación del deudor y la del fiador se

confunden, porque uno herede al otro, no se extingue la obligación del que fió al fiador. Esta disposición es resultado de los efectos naturales de la confusión: "La obligación se extingue por confusión —dice el a. 2206— cuando Els calidades de acreedor y deudor concurren en una misma persona". 13801

ARTS. 2843 y 2844

2a. PARTE. Trr. XIII/CAP. V

La razón de ello consiste en que la confusión en el caso de herencia, no permite que subsista la relación jurídica, por falta de sujeto activo (acreedor) y de sujeto pasivo (deudor). Esta situación no se presenta en el caso del subfiador, poi-que éste se obligó a pagar por el fiador frente al deudor principal. El subfiador que paga en este caso pierde el derecho de obtener el reembolso de lo pagado porque el fiador a quien fió. Es ahora el acreedor a quien aquél Pagó. En resumen, la confusión extingue la fianza en algunos casos y en otros no. La que tiene lugar entre el deudor y el acreedor producirá la extinción, porque cesando por virtud de ella la obligación principal, ha de cesar necesariamente la subsidiaria. La del acreedor y uno de los fiadores, no extingue la obligación principal y en cuanto a los cofiadores tampoco Clj la parte que a estos corresponde pues conforme al artículo 1194 (correspondiente con el a. 2207 del CC de 1928) en las deudas mencionadas (solidarias) no puede menos de estimarse comprendida la de aquellos sólo surte efecto la confusión en cuanto a la parte correspondiente entre acreedores y deudor en que concurran los dos preceptos y por último la confusión del fiador y del deudor o viceversa no extinguirá la obligación en cuanto al subfiador o subfiadores si los hubiere. (Véase Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1973,1, XII, p. 471.) I.G.G.

La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el consentimiento de los otros, aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha otorgado.

ARTICULO 2844.

La remisión hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el consentimiento de los demás aprovecha a todos, hasta donde alcance la parte del fiador liberado, porque el acreedor no puede por hechos propios aumentar la cuantía de las obligaciones de los demás fiadores en sus relaciones entre sí. En ese caso si los cofiadores deben responder proporcionalmente de la deuda principal, la remisión o perdón de la deuda debe ser con cargo al patrimonio del remitente y no aumentando la proporción con que cada cofiador participa en la obligación. Si los cofiadores prestan su consentimiento para la liberación con su manifestación de voluntad, habrán consentido en absorber la porción de la deuda del liberado.

C.L.V. 1 38 1]

ARTS. 2845 y 2848

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2845. Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su obligación, si por culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, privilegios o hipotecas del mismo acreedor. El Digesto, en el libro I, título XVII, Ley 14 dispone: "No se debe, por hecho propio, empeorar la situación de otro". Si por culpa o negligencia del acreedor, el fiador no puede subrogarse en los privilegios e hipotecas que corresponden al crédito afianzado, el fiador queda liberado de su obligación. El precepto establece una manera específica de extinción de la fianza, por hechos imputables al acreedor que disminuyen o menoscaban los derechos del fiador para obtener el reembolso de las cantidades cuyo pago demanda el acreedor. Contra la opinión de Manresa (Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1973, t. XII, p. 484), pensamos que dados los términos del precepto en comentario, es importante para la extinción de la fianza que el fiador pueda obtener el resarcimiento de lo pagado precisamente por no poder hacer valer los privilegios y garantías reales en las que no se pueda subrogar. Es suficiente que el acredor que recibe la satisfacción de su crédito impida por culpa o negligencia, que el fiador se subrogue en el ejercicio del crédito, en las condiciones en que éste se encontraba al otorgar la fianza. I.G.G. ARTÍCULO 2846. La prórroga o espera concedida al deudor por el

acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la fianza.

Sic! acreedor concede prórroga o espera al deudor principal, sin consentimiento del fiador, extingue la fianza, porque el acreedor no amplía la responsabilidad del fiador durante la prórroga concedida. No habrá de entenderse como prórroga, el hecho de que el acreedor no reclame el cumplimiento de la obligación inmediatamente de que sea exigible, pues tal circunstancia no revela la intención del deudor de conceder prórroga alguna, ya que conforme a lo dispuesto en la fr. V del a. 2836, cuando la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo, puede el fiador, aun antes de haber pagado, proceder contra el deudor, exigiéndole que asegure el pago o releve de la fianza. La disposición de este artículo no es aplicable sí el fiador hubiese prestado su voluntad a la prórroga o espera porque entonces desaparecería la razón en que [382]

2. PARTE. TIT. XIII/CAP. V

ARTS. 2846, 2847 y 2848

se funda, y por el contrario, expresa y bien explícita estaría en dicho caso la voluntad del fiador de aceptar las consecuencias de la prórroga o espera (Castán Tobeñas, José, Derecho civil espafío!, común yforal, 5a. ed., Madrid, Reus, 1941, t. Ill, p. 372). C.L.V.

ARTÍCULO 2847. La quita reduce la fianza en la misma proporción

que la deuda principal, y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Consecuencia del carácter de la fianza es su reducción en la misma proporción que la deuda principal, por quita que se haga de ésta. Si con ocasión de la quita la deuda principal se sujeta a nuevos gravámenes o condiciones, la fianza se extingue, porque habrá novación de la deuda principal. Es decir, la deuda garantizada con la fianza se habría extinguido para dar lugar a una nueva obligación en la que se requeriría la voluntad del fiador para que la fianza subsista. I.G.G. ARTÍCULO 2848. El fiador que se ha obligado por tiempo determi-

nado, queda libre de su obligación, si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración del plazo. También quedará libre de su obligación el fiador, cuando el acreedor, sin causa justificada, deje de Promover por más de tres meses, en el juicio entablado contra el deudor. En este precepto el legislador establece una regla específica aplicable a la expiración del termino como causa de terminación de una obligación sujeta a esta nulidad extintiva (a, 1953). Cuando el fiador se ha obligado por un cierto plazo, no queda liberado al vencimiento del término, continúa obligado durante el mes que sigue a la expiración del plazo establecido y el acreedor se beneficia de esa prórroga tácita, ya que dentro de ella puede requerir de pago judicialmente al deudor y en esta manera impedir que se produzcan los efectos expiratorios o el plazo extintivo. (3831

ARTS. 2848 y 2849

LIBRO CUARTO

Obsérvese que en este sentido el precepto introduce un medio singular e impeditivo de los efectos del plazo, a saber: El ejercicio de la acción de pago contra el deudor principal, cuando debió exigir que la acción se hiciera valer en este caso contra el deudor, cuya deuda puede no estar vencida y en contra del fiador, quien por identidad de razón no está obligado a pagar. El precepto debió disponer que en el supuesto previsto, el acreedor debe demandar al deudor dentro del plazo de treinta días señalando nuevas garantías de la deuda y en caso de no otorgarlas dar por vencida fa obligación (véase

a. 1959 fr. II) De esta manera se hace compatible lo establecido en la parte final del precepto (falta de promoción en el juicio seguido en contra del deudor principal) con la liberación o extinción de la fianza. I.G,G.

ARTÍCULO 2849. Si la fianza se ha otorgado por tiempo indetermi-

nado, tiene derecho el fiador, cuando la deuda principal se vuelve exigible, de pedir al acreedor que promueva judicialmente, dentro del plazo de un mes, el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo mencionado, o si en el juicio entablado deja de promover, sin causa justificada, por más de tres meses, el fiador quedará libre de su obligación. En esta disposición aparece claramente el interés jurídico coincidente que tienen el acreedor y el fiador en el pago de la deuda principal. El fiador puede requerir al acreedor para que en el perentorio plazo de un mes siguiente al vencimiento de la deuda ejercite la acción de pago contra el deudor que a la postre habrá de responder del cumplimiento de su obligación primero frente al acreedor y después frente al fiador que ha pagado la deuda por él contraída. Porque como lo explica entre nosotros Francisco Lozano Noriega (Cuarto curso de derecho civil. Contratos, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, México, 1970, p. 628). -El fiador tiene dos acciones fundamentales (contra el deudor) una acción personal que le deriva precisamente del contrato de fianza celebrado con el acreedor, no con el deudor; esa es la acción personal... Pero además de ésta el fiador tiene otra acción una acción oblicua en contra del deudor principal que es acción de subrogación legal". El fiador como deudor del acreedor está interesado en que el deudor cumpla la obligación contraída, por lo que la negligencia del acreedor para hacerla efectiva a sus acredores, es una causa más de extinción de la fianza. 1.G.G. 13841

ARTS. 2850 y

2. PARTE. TIT. XIII/CAP. VI

2851

CAPITULO VI De la fianza legal o judicial

El fiador que haya de darse por disposición de la ley o de providencia judicial, excepto cuando el fiador sea una institución de crédito, debe tener bienes raíces inscritos en el Registro de la Propiedad y de un valor que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. Cuando la fianza sea para garantizar el cumplimiento de una obligación cuya cuantía no exceda de mil pesos no se exigirá que el fiador tenga bienes raíces. La fianza puede substituirse con prenda o hipoteca.

ARTÍCULO 2850.

Se ocupa este precepto de la fianza que tiene como fuente la ley o una disposición judicial y exige que el fiador ha de ser: propietario de bienes inmuebles inscritos en el RPP, o una institución de crédito. Hoy en día las fianzas menores de mil pesos son un dato para la historia. Se caracterizan estas especies de fianzas porque: han de estar expresamente ordenadas por la ley, y porque las disposiciones legales a ella aplicables no pueden hacerse extensivas por analogía a las fianzas convencionales. Puede citarse corno ejemplo lo dispuesto en el último párrafo del precepto que se comenta, la fianza legal judicial puede sustituirse por prenda o hipoteca (véanse aa. 317 y 519). I.G.G.

Para otorgar una fianza legal o judicial por más de mil pesos se presentará un certificado expedido por el Encargado del Registro Público, a fin de demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes para responder del cumplimiento de la obligación que garantice.

ARTÍCULO 2851.

Esta disposición que es complemento del párrafo primero del artículo anterior, se estableció con el objeto de que las fianzas legales y judiciales constituyesen una garantía de solvencia del fiador. Conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente se hará una inscripción de la fianza y este certificado servirá de antecedente para hacer la citada inscripción. C.L.V. [385]

AMIS. 2852 y 2853

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2852. La

persona ante quien se otorgue la fianza, dentro del término de tres días, dará aviso del otorgamiento al Registro Público, para que en el folio correspondiente al bien raíz que se designó para comprobar la solvencia del fiador, se haga una anotación preventiva relativa al otorgamiento de la fianza. Extinguida ésta, dentro del mismo término de tres días se dará aviso al Registro Público, para que haga la cancelación de la anotación preventiva. La falta de avisos hace responsable al que deba darlos, de los daños y perjuicios que su omisión origine.

El otorgamiento de la fianza legal y de la judicial, aunque no crea gravámenes ni derechos reales, se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, mediante una inscripción preventiva en la tercera parte del folio real del inmueble respectivo (aa. 2852 y 3043 fr. VI del CC y a. 71 dei reglamento del RPP) para establecer una presunción legal juris et de jure, de fraude civil para el ejercicio de la acción pauliana en caso de insolvencia posterior del fiador. Esta inscripción preventiva tiene un especial efecto jurídico cuando se ha anotado a favor de una institución de fianzas en el folio real de un bien inmueble perteneciente al fiador, al contrafiador o al deudor solidario de dicha institución, porque en ese caso concreto, sin crearse propiamente un derecho real ni menos una hipoteca, se establece en la LFIE (aa. 28 y 100) un verdadero privilegio para el caso de embargo (a. 2993 fr. IX), con características propias, consistente en que el embargo que sobre el bien en cuestión llegue a practicar la citada institución le confiere a ésta un derecho de preferencia sobre los acreedores hipotecarios o embargantes al momento de la anotación marginal. De IQs contratos civiles, México, Porrúa, 1984, p. 402). C.L.V.

En los certificados de gravamen que expida el Registro Público se harán figurar las anotaciones preventivas de que habla el artículo anterior.

ARTÍCULO 2853.

Esta disposición es complemento de la contenida en el articulo anterior y de la establecida en el siguiente. Con el certificado de gravámenes se conoce cuál es la situación que guarda un inmueble, cuya inscripción es oponible a terceros, por la publicidad que revisten las anotaciones en el RPP, C.L.V. [386]

ARTS, 2854 y 2885

2a. PARTE. TIT. XIII/CAP. VI

ARTÍCULO 2854. Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas inscripciones de propiedad están anotadas conforme a lo dispuesto en el artículo 2852, y de la operación resulta la insolvencia del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta. Este precepto tiene por finalidad, lo mismo que los anteriores, hacer de la fianza legal y de la judicial, una garantía eficaz. Su antecedente se localiza en las reformas que al "Proyecto de nuevo código civil" se hicieron en 1928. Originalmente, cuando se elaboré el proyecto en mención, se dispuso que los bienes raíces señalados para responder de las obligaciones derivadas de la fianza legal o judicial, no pudieran enajenarse ni gravarse, mientras que la fianza subsistiera. Al revisarse dicho proyecto, se modificó el criterio, pues se pensó que dificultaba enormemente la constitución de fianzas de aquella naturaleza, y se optó por la creación de la presunción en este artículo contenida, que aunque menos rigorista, cumple con el propósito de hacer de la fianza legal y de la judicial una verdadera garantía. C.L.V. ARTÍCULO 2855. El

fiador legal o judicial nO puede pedir la exeuSión de los bienes del deudor principal; ni los que fían a esos fiadores, pueden pedir la excusión de éstos, así como tampoco la del deudor.

Esta disposición tiene como fin dar mayor seguridad al cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza legal o judicial negando a quienes otorgan esta clase de fianza el benefico de excusión para no dilatar el pago de las obligaciones de esa naturaleza. Ni el fiador legal o judicial ni las personas que fían a esos fiadores, podrán oponerse a la acción de pago diciendo que el acreedor no ha agotado la acción precisamente en contra del deudor principal y que ésta ha resultado infructuosa porque los bienes del demandado resultaron insuficientes. Por esta razón la ley

ha sido más rigurosa exigiendo en los artículos anteriores requisitos especiales para aceptar a los fiadores legales y judiciales. I.G.G.

[387]

ART. 2856

LIBRO CUARTO

TITULO DECIMOCUARTO De la prenda ARTfCULO 2856. La prenda es un derecho real constituido sobre

un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La palabra "prenda" se usa en tres sentidos diferentes: a) para designar el derecho real sobre cosa ajena constituido a fin de garantizar el cumplimiento de una obligación; b) para denominar el contrato que da origen a ese derecho real; c) para referirse al bien que sirve de base al mismo derecho real. Los contratos de garantía forman parte de los mecanismos de tutela del derecho de crédito. Son accesorios de una obligación principal, es decir, una relación jurídica que vincula a dos sujetos, acreedor y deudor; el acreedor es titular de un derecho de crédito que le permite exigir que el deudor cumpla determinada prestación o deuda. Si el deudor incumple, puede el acreedor recurrir al aparato coercitivo, mediante el procedimiento de la ejecución forzada, con que el derecho arma su pretensión. El concepto de garantía está estrechamente ligado con el de íncumpli mento; en una primera aproximación, garantía es cualquier medio para asegurar el cumplimiento de una obligación por parte del deudor de la misma. La doctrina distingue entre dos clases de garantías: la genérica, por la cual todos los bienes del deudor —excepto los no embargables— constituyen la garantía común de sus acreedores: el acreedor, poniendo en práctica la acción ejecutiva, puede embargar los bienes del deudor para obtener su conversión en dinero, a fin de satisfacer su crédito. Pero esta garantía genérica no es siempre suficiente para asegurar el éxito de la ejecución: los bienes pueden resultar insuficientes, o bien dejar de pertenecer al deudor, por vía de enajenación. Como el derecho del acredor simple es personal, sólo puede ejercitarse contra los bienes que en el momento de la ejecución integren el patrimonio del deudor. Otro tipo de garantías son las llamadas específicas, ellas sirven para reforzar la responsabilidad patrimonial del deudor. Las garantías específicas pueden ser personales o reales. Son personales cuando crean una nueva obligación que refuerza el vínculo originario; es el caso de la fianza, por la cual el acreedor aumenta sus posibilidades de cobro del crédito. Son reales cuando constituyen un derecho real sobre una cosa ajena. El CC admite dos de éstas últimas: la prenda y la hipoteca. Las garantías reales ya existían en el Derecho romano: se procedía a la transmisión de la propiedad de un bien al acreedor (datio) y éste se comprometía a devolverlo cuando se le pagara la deuda. Este pacto, similar a la 13881

2a. PARTE. TIT. XIV

ARTS. 2856 y 2857

compraventa con pacto de retroventa, era la fiducia cum creditore: presentaba para el deudor numerosos inconvenientes, tales como el verse privado del uso temporal de la cosa, el agotar de una sola vez el crédito que podría obtener de la misma y la imposibilidad de reivindicarla en el caso de que no le fuera devuelta. Una etapa más perfecta en el derecho de las garantías se alcanzó por los romanos al distinguir entre derechos reales principales (como el de propiedad) y accesorios (como el de prenda). El deudor podría así conservar la propiedad sobre el bien, mientras que el acreedor adquiría sobre éste un derecho de persecusión, sancionado por la vindicatio pignoris. Después del siglo 1 de nuestra era, la prenda (pignus) otorgaba el derecho de vender la cosa (pactus vendendi)y hasta de apropiarse de la misma si no se le pagaba al acreedor al vencimiento (lex cornmisoria),

El derecho real que la prenda confiere al acreedor, entraña los siguientes atributos: a) Derecho de conservar la cosa (salvo estipulación en contrario). b) Derecho de persecución: c) Derecho a la venta del bien; d) Derecho de preferencia para el cobro. La propiedad del bien sigue perteneciendo al deudor. El acreedor prendario es titular de un derecho de naturaleza diferente, que no le permite usucapir la cosa prendada. A diferencia de la antigua pignus romana, la prenda sólo puede recaer en bienes muebles, ya sean corporales o incorporales (como los créditos), con la única condición de que estén en el comercio, es decir, que puedan ser vendidos. En atención a sus efectos, la prenda es uno de los llamados negocios dispositivos, porque determina para el acreedor la constitución de un derecho real sobre cosa ajena tura in re aliena. En cuanto a su función, es la de asegurar el cumplimiento de una obligación principal. (Gamarra, Jorge, Tratado de derecho civil, Uruguay, Amalio Fernández, 1968, t. 11, pp. 122; Mazeaud, Jean Henri León, Lecciones de derecho civil (trad. Luis Alcalá Zamora y Castillo), Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, Parte Tercera, vol. I. pp. 88-133; Planiol, Marcel y Ripert Georges, Traité élémentaire de droit civil, París, Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, 1926, t. II, pp. 789-817). C.G.M.

ARTÍCULO 2857. También pueden darse en prenda los frutos pen-

dientes de los bienes raíces que deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos contra tercero necesitará inscribirse en el Registro Público a que corresponda la finca respectiva. El que dé los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos, salvo convenio en contrario. [389]

ARTS. 2057 y 2858

LIBRO

CUARTO

La prenda de frutos pendientes pertenece a la especie de prenda sin desposesión del deudor, también llamada prenda sin desplazamiento. La doctrina discute acerca de si se trata de verdadera prenda, o de hipoteca sobre muebles. Esta clase de prenda en que el deudor conserva en su poder la cosa gravada en garantía, fue conocida por los romanos y acogida por la legislación francesa a fines del siglo XIX, se desarrollé más tarde por otras legislaciones como la ley francesa sobre prenda de fundos de comercio (1898), la de warrants agrícolas (1898) y la de warrants hoteleros (1913) en derecho anglosajón. El plazo para el pago de la obligación principal, en el caso de la prenda sobre cosechas, está relacionado con la época de la cosecha, dado el carácter perecedero de los frutos. C.G.M. ARTÍCULO 2858. Para que se tenga por constituida la prenda

deberá ser entregada al acreedor, real o jurídicamente.

En el derecho romano, la prenda era un contrato real, que se perfeccionaba con la entrega de la cosa al acreedor. En opinión de la mayor parte de los tratadistas nuestro CC ha suprimido la categoría de contratos reales, pues la existencia de la prenda como un contrato real implica la entrega del bien al acreedor, y en la entrega jurídica no se realiza ésta, sino virtualmente puesto que la cosa dada emprenda queda en poder del deudor. A este resultado ya se había llegado en el derecho romano, por un camino oblicuo: si bien la entrega de la cosa empeñada era necesaria para la perfección del contrato, posteriormente era restituida al deudor, que pasaba a ser arrendatario de la misma. Más adelante se llegó a la tradición fingida, propia de la prenda sin desplazamiento. (Jean, Henri y León Mazeaud, Lecciones de derecho civil (trad. Luis Alcalá Zamora y Castillo), Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Parte Tercera, vol. I, p. 90; Marcel y Ripert, Georges, Traité élémentaire de droit civil. Ptainol, Paris, Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, 1962, t. II, p. 793). No obstante, aun cuando no hay desplazamiento de la cosa, el precepto requiere "la entrega al acreedor, real o jurídicamente". La Comisión Redactora del Código, dispuso "que en algunos casos podría sustituirse la entrega real de la prenda con la jurídica" con lo cual parece quedar establecido con toda claridad que la entrega se requiere en todo caso ya virtual o jurídicamente. Se trata entonces de un contrato real. I.G.G. y C.G.M. [390 1

2a. PARTE. TIT. XIV

ARTS. 2880 y 28130

Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley. En estos dos últimos casos, para que el contrato de prenda produzca efecto contra tercero, debe inscribirse en el Registro Público. El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes.

ARTÍCULO 2859.

Al referirse a la entrega "jurídica" de la prenda, quiere el legislador significar la entrega ficta, ya que la entrega real o material, también es jurídica. El contrato de prenda es un contrato formal (a. 2860), de modo que la entrega, aun material, no constituye un requisito para el perfeccionamiento del contrato. Pero sí, es un requisito de publicidad, que hace visible a los terceros la existencia del gravamen inherente a la cosa; ello permite la eficacia erga omnes de la garantía. La entrega de la cosa al acreedor, si bien cumple la misión de dar publicidad a la garantía, acarrea la improductividad del bien, impide su explotación económica y su circulación jurídica, de ahí que el legislador permita la llamada entrega jurídica (o ficta) en que la prenda queda en poder de un tercero o del mismo deudor. Este tipo de prenda presenta ventajas para el deudor que puede volver a gravar la cosa, si su valor excede del monto de la deuda a la que sirve de garantía; asimismo conviene al acreedor que queda eximido de la vigilancia y cuidado del bien. Si la cosa queda en poder de un tercero, en cuanto al deudor, el tercero es un mero poseedor derivado con respecto al propietario; en cuanto al acreedor, el tercero es un detentador con respecto al derecho real de prenda. El registro cumple con mayor eficacia, la función de la publicidad que la prenda requiere, para que los terceros estén enterados de la existencia del gravamen. La inscripción no constituye un requisito de validez del contrato de prenda, sino que es un factor que le atribuye eficacia erga omnes. Si se omitiese el acto de registro, la prenda tendría validez entre las partes. C.G.M.

ARTÍCULO 2860. El

contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en documento privado, se formarán dos ejemplares, uno para cada contratante. l,3911

LIBRO CUARTO

ARTS. 2860 y 2861

No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza de la fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. El contrato de prenda es formal, ya que la ley impone, de manera imperativa ("debe"), la forma escrita para su validez; puede extenderse en escritura pública o privada. Otro tipo de formalidades tienen que ver con la oponibilidad del contrato a terceros; es decir, su validez erga (mutes. Aquí el precepto legal no es taxativo, ya que permite dar certeza a la fecha por su inscripción en el RPP por medio de la escritura pública, o por cualquiera otra manera fehaciente. Es necesario que los terceros puedan conocer la existencia de la prenda. La desposesión de la cosa del poder del deudor, hace más factible la posibilidad de información de los terceros. pero en la prenda sin desplazamiento, sólo el registro puede cumplir una eficaz función de publicidad (a. 2859). La fecha cierta dei contrato de prenda permite conocer el orden de preferencia de los distintos acreedores prendarios que puedan tener derechos sobre el mismo bien; i'mpide asimismo que el deudor favorezca a un acreedor sobre otro anterior, constituyéndole una prenda posterior. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, lo dispuesto por los aa. 3007 y 3013 a cuyos comentarios nos remitimos, conforme a los cuales, la preferencia entre derechos reales constituidos sobre un bien se determina por la prioridad de su inscripción en el RPP. C.G.M.

Cuando la cosa dada en prenda sea un título de crédito que legalmente deba constar en el Registro Público, no surtirá efecto contra tercero el derecho de prenda sino desde que se inscriba en el Registro.

ARTÍCULO 2861.

Todo crédito puede ser dado en prenda siempre que sea cesible, ya que es la esencia de la prenda la enajenabilidad de la cosa que es materia de ella. Este precepto no exige que el título de crédito sea entregado al acreedor, cuando su emisión deba constar en el RPP. Cuando no se trate de títulos de crédito que deban registrarse, se requiere la entrega del título al acreedor y la inserción en él del gravamen prendario que se constituye sobre el título y la notificación al deudor (a. 2864). El CC, siguiendo la tradición del derecho romano, considera al crédito como un bien, susceptible de ser objeto de propiedad y en consecuencia, de prenda. Gayo, en las Institutas, divide las cosas en corporales e incorporales. Son 1392]

2a. PARTE. TIT. XIV

ARTS. 2861, 2862 y 2863

corporales las cosas tangibles, como un fundo, un esclavo, una cantidad de oro y plata; son incorporales las no tangibles, como las que consisten en un derecho: una herencia, un usufructo, las obligaciones de cualquier clase, etc. Para el CC un crédito es un bien mueble por determinación de la ley, según lo dice expresamente el a. 754 (Ver comentarios al a. 754). Garnarra, Jorge, Tratado de derecho civil, 2a. ed., Montevideo, Amalio M. Fernández, 1968, t. II, Primera Parte, contratos, p. 79. C.G.M.

ARTÍCULO 2862. A voluntad de los interesados podrá suplirse la

entrega del título al acreedor, con el depósito de aquél en una institución de crédito. Este artículo admite la posibilidad de efectuar la entrega de la prenda mediante depósito del título de crédito sobre el que se constituye precisamente en una institución de crédito. Este artículo permite que la desposesión del deudor no se realice necesariamente por medio de la entrega del mismo al acreedor sino mediante la constitución del depósito al que este precepto se refiere. En este sentido el precepto en comentario contiene una regla de aplicación práctica, pues permite constituir prenda sobre títulos al 'portador, sin necesidad de hacer entrega material de ellos al acreedor. I.G.G.

ARTÍCULO 2863. Si llega el caso de que los títulos dados en prenda

sean amortizados por quien los haya emitido, podrá el deudor, salvo pacto en contrario, substituirlos con otros de igual valor. En el caso de constitución de prenda sobre títulos amortizables, el deudor tiene derecho a sustituirlos por otro aún no redimido, salvo estipulación en contrario. Deberá estipularse expresamente que en el caso de amortización de tales títulos su importe quedará afecto al pago de la deuda que garantiza el documento (véanse los comentarios a los aa. 2862 y 2864). I.G.G. 1:393]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2864, 2868 y 2866

ARTÍCULO 2864. El

acreedor a quien se haya dado en prenda un título de crédito, no tiene derecho, aun cuando se venza el plazo del crédito empeñado, para cobrarle ni para recibir su importe, aun cuando voluntariamente se le ofrezca por el que lo debe; pero podrá en ambos casos exigir que el importe del crédito se deposite.

Cuando la prenda recae sobre un título de crédito, puede ocurrir que ese crédito tenga un vencimiento anterior al de la obligación que garantiza. El acreedor prendario no puede cobrar el importe del título de crédito dado en prenda, ni recibir su importe, porque no le está permitido disponer del documento. Puede, en cambio, exigir que el importe se deposite. En este caso, la prenda cambiaría de objeto: en lugar de un bien incorporal, mueble por determinación de la ley (a. 754), recaería sobre una suma de dinero, que es un bien corporal, fungible. C.G.M ARTÍCULO 2865. Si

el objeto dado en prenda fuese un crédito o acciones que no sean al portador o negociables por endoso, para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser notificado el deudor del crédito dado en prenda.

Este precepto contiene una medida de protección para el acreedor prendario. Si el crédito o las acciones que se dan en prenda no constan en un titulo a la orden o al portador se requiere que el deudor sea notificado de la constitución de-la prenda. Si bien es cierto que el deudor no ha hecho cesión del crédito que ha dado en prenda, ha limitado su facultad de disposición del mismo, por lo cual es necesario hacer saber al deudor la existencia de la prenda cuyo importe ha quedado afecto al pago de la obligación que garantiza. Efectuada la notificación, el deudor del crédito gravado sólo se libera si el acreedor prendario otorga su consentimiento, quien puede exigir que el pago se deposite, por aplicación analógica del a. 2864. I.G.G. ARTÍCULO 2866. Siempre que la prenda fuere un crédito, el acree-

dor que tuviere en su poder el título, estará obligado a [394]

2a. PARTE, TIT, XIV

ARTS. 2888, 2887 y 2868

hacer todo lo que sea necesario para que no se altere o menoscabe el derecho que aquél representa. El acreedor está obligado, p.c., a interrumpir la prescripción del crédito dado en prenda, a realizar los protestos necesarios para mantener el derecho, etc.

Si el crédito consta en documento que no sea al portador o negociable por endoso, el acreedor deberá dar aviso al deudor prendario (titular del derecho de crédito dado en prenda), que es el que tiene la legitimación procesal activa que lo • habilita para actuar en defensa de su crédito (ver a. 2865). C.G.M. ARTÍCULO 2867. Se puede constituir prenda para garantizar una

deuda, aun sin consentimiento del deudor. El contrato de prenda para garantizar una prenda tiene el efecto de que el acreedor prendario cuenta con el valor de las cosas gravadas para que con el producto de ellas se pague su crédito. Pero en el caso previsto en este artículo la garantía prendaria responde de la pérdida o insuficiencia de la prenda cuyo pago garantiza por medio de ésta segunda garantía. La prenda que garantiza otra prenda es exigible sólo en el caso al que nos referimos. Es decir, por medio de ella se refuerza la garantía con que cuenta el acreedor para la satisfacción de su crédito estableciendo una segunda garantía que opera subsidiariamente en la forma antes dicha. Si es un tercero quien constituye la prenda, la situación es diferente a la de un fiador; éste responde de la deuda con la totalidad de sus bienes, mientras que el dueño de la cosa empeñada responde propter rem, exclusivamente sobre el bien gravado con la prenda, Mazeaud-Jean Henri y León, Lecciones de derecho civil (traducción Alcalá Zamora y Castillo, Luis, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, parte tercera, vol. 1, p. 92; Planiol, Marcel y Ripert Georges, Traité élémentaire de droit civil. París, Librairie Genérale de Droit et Jurisprudence, 1926, t. 11, p, 791). I.G.G. y C.G.M. ARTÍCULO 2868. Nadie

puede dar en prenda las cosas ajenas sin estar autorizado por su dueño.

La prenda es un gravámen real que sólo puede imponer el propietario del bien que se pretende gravar, o su representante legalmente autorizado para ello. 13951

ARTS. 2868, 2869 y 2870

LIBRO CUARTO

Si el dueño de una cosa da su autorización para que sea dada en prenda en realidad es él quien constituye la prenda para garantizar la deuda de un tercero. El único consentimiento válido es del verus dominus del bien. En efecto, el bien queda gravado con un derecho real, que inhibe su disposición, ya que si se enajenare, el adquirente no podrá exigir su entrega si no es pagando el monto de la deuda, más los gastos (a. 2879). La prenda constituida a non domino es en consecuencia, nula. Si alguien prometió dar en prenda una cosa ajena y el propietario no prestó su consentimiento, por aplicación del a. 2871, el acreedor prendario puede dar por vencido el plazo de la obligación o solicitar la rescisión de la misma. C.G.M.

ARTÍCULO 2869. Si se prueba debidamente que el dueño prestó su

cosa a otro con el objeto de que éste la empeñara, valdrá la prenda como si la hubiere constituido el mismo dueño. Aquel que ha recibido del dueño la cosa para empeñarla, está autorizado para ello. Pudiera pensarse que este artículo es superfluo, atendiendo a lo dispuesto en el precepto anterior, cuando el que empeña la cosa obra en nombre y por cuenta de su propietario; pero no es así. Es válido el contrato de prenda, cuando quien lo celebra no obra en representación del propietario sino en su propio nombre, si prueba que el dueño le prestó la cosa para empeñarla y si se sujetó a las instrucciones del propietario de ella. Esta es la hipótesis prevista en el precepto en comentario. 1.G.G.

ARTÍCULO 2870. Puede darse prenda para garantir obligaciones

futuras pero en este caso no puede venderse ni adjudicarse la cosa empeñada, sin que se pruebe que la obligación principal fue legalmente exigible. La prenda como contrato accesorio, presupone la existencia de un crédito; pero puede pactarse para garantizar una obligación futura. En este caso, el crédito que garantiza es eventual. Puede constituirse prenda en garantía de una obligación sujeta a condición suspensiva, pero la prenda se considera válida desde la fecha en que fue constituida. 1396]

2. PARTE. TIT.

ARTS. 2870, 2871 y 2872

XIV

Durante la pendencia de la condición, la prenda cumple la función de vincular el bien, como garantía específica, para el caso en que la condición se cumpla. Pero no todos los efectos de la prenda tienen lugar; aunque Sustrae la cosa a la posibilidad del daño y vuelve la posición del acreedor

insensible a las sucesivas enajenaciones, no es del caso pensar, todavía, que sólo vendrá a nacer (con eficacia retroactiva) cuando la condición se

cumpla (Gamarra, Jorge, Tratado de derecho civil, Amalio M. Fernández,

1968, t. II, Primera parte, Contratos, p. 56).

C.G.M. ARTICULO 2871. Si alguno hubiere prometido dar cierta cosa en

prenda y no la hubiere entregado, sea con culpa suya o sin ella, el acreedor puede pedir que se le entregue la cosa, que se dé por vencido el plazo de la obligación o que ésta' se rescinda. El contrato de prenda debe constar por escrito por disposición expresa del

a.- 2860. Pero es posible que esté precedido por un contrato de promesa de prenda, por el cual el deudor de la obligación principal se comprometa a entregar al acreedor en prenda determinada cosa (o bien entregarla a un tercero designado para su custodia) o conservarla en su poder, pero afectada por el derecho real de la prenda, según el a. 2859. Su efecto es que hace nacer un derecho del acreedor a exigir que se constituya la prenda convenida, y la correlativa obligación, a cargo del deudor, de constituir esa prenda. Este contrato de promesa es unilateral. Si el deudor incumple el contrato de promesa, el acreedor puede exigir que se le entregue la prenda. Lo dispuesto en este precepto faculta al acreedor para exigir la entrega de la cosa sobre la que se prometió constituir la garantía y en caso de incumplimiento de la promesa, el acreedor podrá exigir el cumplimiento del contrato principal dando por vencido el plazo o demandar la resolución del mismo, todo ello según lo dispone el a. 1949. I.G.G. ARTÍCULO 2872. En el caso del artículo anterior, el acreedor no

podrá pedir que se le entregue la cosa, si ha pasado a poder de un tercero en virtud de cualquier título legal. El artículo anterior se refiere a lapromesa de prenda. El acreedor no puede exigir el cumplimiento de dicha promesa mediante la constitución de la prenda si ésta

[397]

ARTS. 2872 y 2873

LIBRO CUARTO

ha pasado a un tercero. Sólo podrá pedir la caducidad del plazo de la obligación principal o la resolución del contrato. Distinto sería el caso si la prenda ya estuviese constituida, pues el acreedor se hallarla provisto del derecho de persecución, y ningún tercero —aun el adquirente— podrá exigir la entrega del bien, si no es pagando la obligación principal. Siempre que la prenda hubiere sido oportunamente registrada (vid. comentario a los aa. 2857 y 2879.). C.G.M.

El acreedor adquiere por el empeño: I.—E1 derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada, con la preferencia que establece el articulo 2981; II. E1 derecho de recobrar la prenda de cualquier detentador, sin exceptuar al mismo deudor; 111.—El derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar la cosa empeñada, a no ser que use de ella por convenio. IV.—El de exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aun antes del plazo convenido, si la cosa empeñada se pierde o se deteriora sin su culpa.

ARTÍCULO 2873.

—

El efecto fundamental del derecho real de prenda consiste en el llamado "derecho de preferencia" (fr. I). Este derecho le permite al acreedor prendario cobrar antes que los acreedores quírografaríos; en el caso de que se hubieren constituido varias prendas sobre un mismo bien, la fecha cierta (a. 2860) de !a constitución determinará la prioridad de los acreedores prendarios entre sí, por aplicación de la regla prior tempore, potior jure. Esta regla es aplicable también a los acreedores privilegiados, pero la preferencia que confiere el derecho real prevalece sobre los demás, por tratarse de un derecho real de garantía; los privilegios generales otorgan preferencia sobre todos !os bienes del deudor, que forman su patrimonio; la prenda se ejecuta sobre un bien determinado, ya individualizado, cuya circulación está inhibida por el derecho de persecución del acreedor. Los privilegios generales entran a concurso de acreedores al paso que el derecho de prenda se hace valer con independencia del concurso, no teniendo por que estar a las resultas del mismo. Si el patrimonio del deudor no alcanza para cubrir las deudas, el monto que se obtenga se prorrateará entre los acreedores que tengan igual privilegio; mientras que el acreedor prendario cobrará la [3981

2a. PARTE. TIT. XIV



ARTS. 2873 y 2874

totalidad de su crédito, con la venta del bien dado en prenda. El saldo favorable que pudiese quedar de la ejecución prendaria, iría a integrar el patrimonio común de los demás acreedores (Véanse los aa. 2981 y 2988). El derecho de persecución (fr. III) tiene lugar cuando el deudor hace salir el bien de su patrimonio, p.e. enajenándolo a un tercero; como el gravámen que se crea por el derecho real de prenda sigue adherido a la cosa, el acreedor puede ejercer una acción para recobrarla de cualquier tercero que la haya adquirido (vindicatio pignoris).

Es es una acción que se otorga al acreedor prendario en su calidad de titular del derecho real de prenda. Ya sea que la cosa quede en poder del acreedor, o que haya sido depositada en poder de un tercero o del propio deudor, el acreedor prendario es titular del derecho real de garantía, que es la prenda. Y tal derecho le confiere una acción reipersecutoria, para defender su derecho. El acreedor prendario, por una parte, está obligado a conservar la cosa cuando ésta permanece en su poder. Pero, como no es propietario, lo hace por cuenta del constituyente, quien está obligado a reembolsarle los gastos necesarios y útiles para la conservación de la prenda (fr. I II). También deberá indemnizarlo por los vicios o defectos de la cosa que le irroguen, según la doctrina (p.e. cabezas de ganado con enfermedades contagiosas); asimismo tiene la obligación negativa de no menoscabar ni destruir el bien que recibió en prenda. Si así lo hiciere, o si la cosa se deteriorase o perdiese por caso fortuito o por acto de tercero (siempre que no mediase un acto del propio acreedor), el acreedor prendario podrá exigir la constitución de otra prenda, o solicitar la caducidad del plazo de la obligación principal (fr. IV). Gamarra Jorge, Tratado de derecho civil, Uruguay, Fernández Amalio M., 1968, t. II, Primera Parte, Contratos pp. 93, 94 y 135; Mazeaud, Jean, Henri, León, Lecciones de derecho civil (Trad. Alcalá Zamora, Luis), Buenos Aires, Ediciones Europa-América, 1962, Parte tercera, vol. 1, pp. 117-120.

C.G.M.

Si el acreedor es turbado en la posesión de la prenda, debe avisarlo al dueño para que la defienda; si el deudor no cumpliere con esta obligación, será responsable de todos los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 2874.

La constitución de la prenda en poder del acreedor impone al deudor la obligación de garantizar a aquél la tenencia pacífica de la cosa y defenderlo contra cualquier perturbación que sufriere, con el objeto de conservar la garantía constituida. [3991

ARTS. 2874 y 2875

LtBRO CUARTO

En el caso de que el acreedor fuere condenado a entregar la cosa dada en prenda, podrá demandar del deudor el pago de daños y perjuicios. El precepto es omiso respecto a !a desposesión de la prenda, confiere al acreedor el derecho de resolver el contrato principal o darlo por vencido, demandando el pago de la deuda que estaba garantizada y en ambos casos exigiendo del deudor el pago de daños y perjuicios. Deberá aplicarse por mayoría de razón, lo dispuesto en el artículo siguiente. I.G.G.

ARTÍCULO 2875. Si perdida la prenda el deudor ofreciere otra

o alguna caución, queda al arbitrio del acreedor aceptarlas o rescindir el contrato. En el caso de que la prenda, en definitiva, se hubiese perdido, tiene opción el acreedor para aceptar otra, u otro tipo de garantía, o rescindir el contrato. Puede acontecer que el bien perdido sea reemplazado en el patrimonio de su dueño por una indemnización en dinero. Puede el acreedor prendario hacer efectivo su crédito con esa suma, producto de la indemnización. (Véase el a. 2873 fr. IV). Según Planiol, la idemnización no equivale a un precio de la venta, pues no está pagada por un adquirente del bien. Las indemnizaciones pagadas por terceros culpables de daños y perjuicios, al igual que las que pague el seguro o alguna entidad estatal de asistencia, pueden, sin embargo, considerarse como subrogadas del bien perdido. El hecho que se repara ha perjudicado no sólo al propietario de la cosa, sino también al acreedor prendario y a todos los que tenían derechos particulares sobre ella. En consecuencia, ante el silencio de la ley, debería considerarse que la suma proveniente de la indemnización queda sujeta a los mIsinos privilegios que la cosa'en si misma. Es una acción de reparación de los daños y perjuicios causados a la cosa. El acreedor prendario, cuyo derecho de garantía mengua o desaparece y por lo tanto es en el juicio incoado por el deudor (aa. 656 CPC). Por otra parte, la indemnización proveniente de un seguro tiene su fuente en un contrato con el asegurador. La acción que nace de ese contrato pertenece al asegurado (constituyente de la prenda), que puede ser el propio deudor o un tercero. El CPC, no le da al acreedor prendario el poder de subtituirse al dueño. Puede, en cambio y en virtud de este precepto, aceptar otra cosa en prenda, otra garantía, o rescindir el contrato. De allí que el deudor obligue a defender la posesión derivada del acreedor prendario. (Planiol Marcel y Georges Ripert, Traité élémentaire de droit civil, 10a. f4001

2a. PARTE. TIT. XIV

ARTS. 2875 y 2876

ed., París, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1926, t. II, pp. 1090-1094). C.G.M. ARTICULO 2876. El

acreedor está obligado: 1.—A conservar la cosa empeñada como si fuera propia, y a responder de los deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia; II.—A restituir la prenda luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus intereses y los gastos de conservación de la cosa, si se han estipulado los primeros y hecho los segundos.

El acreedor prendario, de acuerdo con lo dispuesto en este precepto, tiene una obligación principal: la de restituir la cosa, cuando se hayan pagado íntegramente ei capital, más los intereses y los gastos que hubieren podido generarse. Tiene además una obligación accesoria: la del cuidado de la cosa, debe asegurar su total conservación. Su responsabilidad es la del buen padre de familia, puesto que debe conservar la cosa como si fuera propia. Responde por dolo y por culpa leve. ¿Puede el acreedor prendario vender la cosa cuando sea perecedera? (p.e. frutos almacenados en un depósito). La Corte de Casación francesa ha considerado que en ese caso debe el acreedor sustituir la prenda vendida por una cantidad igual de cosas, o por el valor de la cosa empeñada, tasada el día de la restitución. La obligación de conservar la cosa no es privativa del acreedor prendario: pesa asimismo sobre el tercero depositario y sobre el deudor, en los casos de prenda sin desplazamiento. Incumbe, por otra parte, a todos los que tienen contractualmente una cosa ajena, en los llamados contratos restitutorios (depósito, comodato, arrendamiento, etc.) Pero la responsabilidad del custodio varía según el contrato de que se trate. Por último, si bien el acreedor prendario tiene derecho a hacerse reembolsar los gastos necesarios y útiles en que incurriese, no puede reclamar compensación alguna por la custodia de la cosa. Gamarra, Jorge, Tratado de derecho civil, Uruguay, Fernández Amalio M., 1968, t II, Parte Primera, contratos, pp. 96-96; Mazeaud, Jean Henri León, Lecciones de derecho civil (trad. Alcalá Zamora, Luis), Buenos Aires, Ediciones Europa-América, 1962, Parte Tercera, vol. 1, pp. 119-129. C.G.M. [4011

ARTS. 2877, 2878 y 2A79

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2877. Si el acreedor abusa de la cosa empeñada, el

deudor puede exigir que ésta se deposite o que aquél dé fianza de restituirla en el estado en que la recibió. Este precepto es aplicable sólo en el caso en que la prenda se haya constituido con la desposesión del deudor. Tal desposesión priva al propietario del derecho de uso y goce, pero ese derecho no lo adquiere el acreedor prendario en principio, ya que la entrega se hace en calidad de garantía; es más, el acreedor asume una obligación de custodia del bien (a, 2876). Si el acreedor abusa de la cosa, en los términos del a. 2878, el deudor puede solicitar que aquélla se deposite en poder de un tercero, o que el acreedor afiance el cumplimiento de su deber de custodia. Nada impide que ese afianzamiento se realice al celebrar el contrato de prenda, en el mismo documento por cláusula especial. C.G.M. ARTÍCULO 2878. El acreedor abusa de la cosa empeñada, cuando

usa de ella sin estar autorizado por convenio, o cuando estándolo, la deteriora o aplica a objeto diverso de aquel a que está destinada. El derecho real de prenda no confiere el goce de la cosa como ocurre en la propiedad, el usufructo, el uso, o el arrendamiento. Por convenio entre las partes, el acreedor puede estar autorizado para usar de la cosa; lo que no puede es abusar de ella. Este precepto aclara qué se entiende por abuso: el uso sin convenio que, lo autorice, o el uso en forma distinta a lo estipulado; en manera que por esa causa, lá cosa se deteriora cuando el acreedor la emplea en uso diverso al que está destinada por su naturaleza. Las consecuencias del abuso las establece el a. 2877 a cuyo comentario nos remitimos. C.G.M. ARTÍCULO 2879. Si el deudor enajenare la cosa empeñada o con-

cediere su uso o posesión, el adquirente no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la obligación garantizada, con los intereses y gastos en sus respectivos casos. [402]

ARTS. 2879

24. PARTE. T1T. XIV

y

2880

La prenda es un derecho real, diferente del derecho de propiedad que tiene el constituyente; no es un desmembramiento del derecho de propiedad, como el usufructo o el uso. El propietario de la cosa (o deudor prendario), dado que conserva su derecho de propiedad, puede enajenar el bien a un tercero, quien adquiere válidamente el dominio. Pero el derecho real de prenda sigue a la cosa, aun cuando ésta salga del patrimonio del propietario de ella. Así el adquirente no podrá exigir su entrega, si no paga la deuda cuyo cumplimiento aquélla garantiza. Pero, si el acreedor prendario entrega la cosa que se hallaba en su poder, o permite que el deudor o el tercero depositario la entreguen, pierde su derecho de preferencia para el pago sobre el producto de la venta del bien (aa. 2981, 2984). Para hacer efectivo el derecho real de prenda, es necesario que el acreedor prendario conserve la tenencia de la cosa, o que si la pierde sea sin culpa de su parte. "Publicidad y realidad son nociones que van de la mano", dice Gamarra; el cese de la tenencia impide la publicidad y alcanza al derecho real, que no puede ser oculto. Si un tercero que no sea el acreedor prendario, el deudor a quien se le dejó —pacto mediante— la tenencia de la cosa, o el depositario por convenio, dejan de tenerla y el bien pasa a poder de alguien que no tenía ninguna relación con el contrato de prenda, el derecho real de prenda pierde su principal efecto, que es la preferencia para el cobro. Si el acreedor prendario pierde la tenencia sin culpa de su parte, puede ejercer su derecho persecutorio, destinado a hacerle recuperar la tenencia (a. 2873 fr. TI) (Jorge Gamarra, Tratado de derecho civil, Uruguay, Amalio M. Fernández, 1968, t. II, Primera parte, Contratos, pp. 91-92). C.G.M.

Los frutos de la cosa empeñada pertenecen al deudor; mas si por convenio los percibe el acreedor, su importe se imputará primero a los gastos, después a los intereses y el sobrante al capital.

ARTÍCULO 2880.

La cosa empeñada puede ser fructífera; es decir, producir frutos, ya sean naturales (como las crías de los animales, la leche de los mismos), o civiles (intereses que produzcan los créditos dados en prenda, p.c.). Este precepto dispone primeramente, que los frutos que produzca la cosa empeñada, salvo pacto en contrario, no son materia de la prenda constituida sobre la cosa que los ha producido y seguidamente, establece una imputación legal del pago que ha de hacerse con el producto de esos frutos, en el orden que I4031

LIBRO CUARTO

ARTS. 2880, 2881 y 2882

este mismo precepto dicta en su texto, orden que puede ser modificado por convenio entre las partes. I.G.G.

Si el deudor no paga en el plazo estipulado, y no habiéndolo, cuando tenga obligación de hacerlo conforme al artículo 2080, el acreedor podrá pedir y el juez decretará la venta en pública almoneda de la cosa empeñada, previa citación del deudor o del que hubiere constituido la prenda.

ARTÍCULO 2881.

El jus distrahendi, o derecho de vender la cosa empeñada, es de esencia en este contrato de garantía, y no se puede pactar en contrario (a. 2887) bajo pena de nulidad. Cuando la obligación principal se hace exigible, si el deudor no cumple, el acreedor prendario puede recurrir a la vía ejecutiva. Lo mismo está previsto en los aa. 451 y siguientes del CPC. En la ejecución judicial, el acreedor debe solicitar el embargo del bien gravado con la prenda. La doctrina se cuestiona acerca de si, por acuerdo de las partes puede estipularse la renuncia a los trámites del juicio ejecutivo. Los procesalistas se pronuncian por la negativa, ya que las leyes procesales son de orden público y no es posible renunciar a las normas que ellas contienen. Sin embargo, en materia de prenda, el CC permite la venta extrajudicial de la cosa, por convenio expreso de las partes. Aplicando la regla de que "quien puede lo más, puede lo menos", parece lógico que esas mismas partes puedan renunciar, judicialmente, a los trámites del juicio ejecutivo. C.G.M.

La cosa se adjudicará al acreedor en las dos terceras partes de la postura legal, si no pudiere venderse en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.

ARTÍCULO 2882.

El acreedor prendario, en caso de venta en remate público, puede ofrecer un precio y hacer postura con su crédito. Con respecto a la venta, él actúa en su propio nombre, y no como mandatario del deudor; en consecuencia, no rige para él la prohibición de adquirir el bien. Si la cosa no puede venderse por falta de postura admisible, se adjudicará al acreedor en las dos terceras partes de su valor a juicio de peritos. [404]

ARTS. 2882, 2883, 2884

U. PARTE. TIT. XIV

No obstante los términos absolutos de la ley, parece inadmisible que el bien pudiese adjudicarse al acreedor prendario contra su voluntad; es decir, que si el acreedor se negase a ser adjudicatario de la cosa, perdería su preferencia y quedaría en calidad de acreedor quirografario. Podrá entonces deducir su pretensión y actuar contra otros bienes del deudor, con base en la sentencia condenatoria pronunciada en el juicio en que se ordenó el remate de la prenda y previa la declaración expresa de que renuncia a hacer valer el derecho que le otorga el precepto en comentario. I.G.G. y C.G.M.

ARTÍCULO 2883. El deudor, sin embargo, puede convenir con el

acreedor en que éste se quede con la prenda en el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de celebrarse el contrato. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero. Este precepto autoriza una verdadera dación en pago con la cosa empeñada,

mies las partes pueden convenir en que se aplique el pago de la obligación cuyo cumplimiento garantiza. El precio de la cosa, debe ser fijado al vencimiento de la deuda y nunca antes. La cláusula por la cual el acreedor y el deudor establecen desde el principio que a falta de pago, aquél se hará propietario del bien, se llama pacto comisorio, y está prohibido por las legislaciones. Ya se prohibió en el derecho romano, en tiempos de Constantino. Tal pacto configura una especie de usura, ya que la cosa generalmente excede con mucho el valor de la deuda. Este artículo es terminante, en el sentido de que el precio de la cosa se fijará al vencimiento de la deuda, no sólo en defensa del deudor, sino de los demás acreedores, a efecto de que no se sustraiga un bien del patrimonio del deudor, por el precio comparativamente menor al que tiene en realidad. Sería poco probable que el crédito y la cosa empeñada fuesen exactamente del mismo valor. Si el acreedor no queda totalmente satisfecho en su crédito, tendrá acción de cobro sobre el resto de los bienes del deudor, en calidad de acreedor común. Si el valor de la cosa excede al de la deuda, el deudor pasará a ser acreedor por el saldo a su favor. C.G.M.

ARTÍCULO 2884. Puede por. convenio expreso venderse la prenda

extrajudicialmente. [405]

ARTS. 2884, 2885, 2886

y 2887

LIHRO CUARTO

Esta es una forma de ejecución extrajudicial de la prenda. Es especialmente conveniente en la prenda de créditos, cuando éstos constan en títulos que deben venderse en la Bolsa de Valores, o por intermedio de un corredor de bolsa autorizado. En estos casos, no se corre el riesgo de vender la prenda por debajo de su valor real; además, no se generan costas judiciales. C.G.M.

En cualquiera de los casos mencionados en los tres artículos anteriores, podrá el deudor hacer suspender la enajenación de la prenda, pagando dentro de las veinticuatro horas, contadas desde la suspensión.

ARTÍCULO 2885.

Esta disposición es una consecuencia de la accesoriedad de la prenda. Esta tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Si la obligación principal se extingue como consecuencia del pago de ella, se extinguen también las garantías otorgadas y por lo tanto el acreedor carece de acción procesal para obtener el remate de la prenda, cuando el deudor prendario paga la obligación principal dentro del término de gracia de veinticuatro horas que este precepto concede durante el cual se suspende el procedimiento de ejecución seguido en su contra por el acreedor pignoraticio. En caso de suspensión del procedimiento, deberá el deudor prendario cubrir los gastos judiciales o extrajudiciales que se hubieren ocasionado. C.G.M.

Si el producto de la venta excede a la deuda, se entregará el exceso al deudor; pero si el precio no cubre todo el crédito, tiene derecho el acreedor de demandar al deudor por lo que falte.

ARTÍCULO 2886.

Ver comentario a los aa. 2883 y 2983. C.G.M.

ARTÍCULO 2887. Es

nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse la prenda, aunque ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera de la manera establecida en los artículos que preceden. Es igualmente nula la [406]

29. PARTE. TIT. XIV



ARTS. 2887, 2888 y 2889

cláusula que prohiba al acreedor solicitar la venta de la cosa dada en prenda. En el derecho romano clásico, el acreedor carecía del derecho de vender la prenda. Este derecho lo adquirió hacia el Siglo 1 de nuestra era (pactum vendendt); asimismo se le permitió apropiarse de la cosa (lex commissoria). Posteriormente Constantino prohibio la lex commissoria, para proteger a los deudores de los usureros, pero el pactum vendendi pasó a ser de esencia en la prenda. Este precepto encara ambos aspectos, sancionando con la nulidad las cláusulas que lo contravengan. La nulidad de las cláusulas no entraña la del contrato de prenda y, menos aún, la de la obligación principal. (Jean, Henri y León Mazeaud, Lecciones de derecho civil. Tercera Parte, vol. I, trad. Alcalá Zamora y

Castillo Luis, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, pp. 89-90). C.G.M. ARTÍCULO 2888. El derecho que da la prenda al acreedor se

extiende a todos los accesorios de la cosa, y a todos los aumentos de ella. Este precepto señala la extensión del derecho de prenda: abarca los accesorios de la cosa y todo lo que se le incorpore (ya sea en forma natural o por obra del hombre) durante la vigencia del gravamen, pero es necesario deslindar el concepto de accesorios, del de frutos, pues el régimen de los frutos está regulado por el a. 2880, que en forma expresa los excluye de la prenda y los atribuye al deudor, salvo pacto en contrario. (Ver comentario al a. 2880). C.G.M ARTÍCULO 2889. El acreedor no responde por la evicción de la

prenda vendida, a no ser que intervenga dolo de su parte o que se hubiere sujetado a aquella responsabilidad expresamente. El acreedor prendario es titular de un derecho real sobre cosa ajena, mientras que el deudor o el tercero constituyente de la prenda es el propietario de la cosa. El derecho real de la prenda es un derecho especifico, que produce particulares efectos. 1407]

ARTS. 2889 y 2890

LIBRO CUARTO

El acreedor prendario está obligado fundamentalmente a la conservación de la cosa y a su restitución, una vez satisfecha la deuda. La evicción es una de las obligaciones del propietario que enajena, tal como lo dispone la fr. III del a. 2283, de manera que, si se enajena la cosa empeñada (a. 2879) y el adquirente sufriese la evicción, el acreedor que no es el que transmite la propiedad, no está obligado al saneamiento para el caso de evicción; es el propietario enajenante quien debe responder por la evicción (a. 2120). C.G.M. ARTÍCULO 2890. El derecho y la obligación que resultan de la

prenda son indivisibles, salvo el caso en que haya estipulación en contrario; sin embargo, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en prenda varios objetos, o uno que sea cómodamente divisible, ésta se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos hechos, con tal que los derechos del acreedor siempre queden eficazmente garantizados. Por el principio de indivisibilidad, el acreedor pignoraticio tiene el derecho de retener la cosa empeñada aunque se le haya pagado una parte de la deuda. Cada fracción de la cosa empeñada responde por la totalidad de la deuda, y cada fracción de la deuda está garantizada por toda la cosa. De acuerdo con éste principio, si un heredero del deudor ha pagado parte de la deuda, en proporción a su haber hereditario, no puede pretender que se le entregue parte del bien dado en prenda; igualmente, el heredero del acreedor que hubiere cobrado. su parte, no puede devolver la cosa que esté en su poder, hasta que sus coherederos estén a su vez totalmente satisfechos. Este precepto atenúa el principio de la indivisibilidad; en primer término, como no es principio que afecte el orden público, pueden las partes pactar en contrario; en segundo lugar, este artículo faculta al deudor que ha hecho pagos parciales, a retirar parte de la prenda cuando sean varias las cosas dadas en garantía o siendo una, cuando admita cómoda división. Es menester para reducir la prenda, tener en cuenta el valor económico de la cosa, puesto que el acreedor siempre debe quedar suficientemente garantizado. Aunque fisicamente los bienes puedan dividirse, puede con ello afectarse su valor comercial. (Planiol Marcel y Georges Rípert, Traité élémentaire de droit civil, París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1926, t. II,a 10a. ed. p. 808). C.G.M. 14081

24.

PARTE.

Trr. xtv

ARTS. 2891 y 2892

ARTÍCULO 2891. Extinguida

la obligación principal, sea por el pago, sea por cualquiera otra causa legal, queda extinguido el derecho de prenda.

La prenda, como contrato accesorio, sigue la suerte del clintrato principal. Al extinguirse éste último, se extingue la prenda. El modo normal de extinción de la obligación principal es el cumplimiento, o sea el pago; para que se extinga el derecho de prenda, el pago debe cubrir también los intereses causados y los gastos hechos para la conservación de la cosa empeñada (a. 2873 fr. III). La obligación principal puede extinguirse asimismo por cualquiera otra causa legal p.c. compensación, rescisión, nulidad. Estas formas acarrean tambiénia extinción de la prenda (accessorium sequitur principale). Puesto que la función de los contratos de garantía es asegurar el cumplimiento de la obligación principal, la prenda no puede subsistir una vez que desaparece la causa de su función. Esta forma de extinción de la prenda (por vía de consecuencia respecto a la oblilación principal), se llama indirecta. La doctrina denomina modos directos de extinción a aquellos que afectan inmediatamente el gravamen real: destrucción completa de la cosa, nulidad del contrato de prenda, renuncia del acreedor prendario a la garantía, confusión de las calidades de acreedor prendario propietario de la cosa, etc. (Mazeaud, Jean Henri y León, Lecciones de derecho civil (trad. Alcalá Zamora y Castillo Luis), Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, Parte Tercera, vol. I. p. 121; Gamarra Jorge, Tratado de derecho civh, 2a. ed., Uruguay, Amalio M. Fernández, 1968, t. II, pp. 54,59 y99). C.G.M.

ARTÍCULO 2892. Respecto de los montes de piedad, que con auto-

rización legal prestan dinero sobre la prenda, se observarán las leyes y reglamentos que les conciernen, y supietoriamente las disposiciones de este titulo.

Desde el momento en que el préstamo pignoraticio deja de ser un hecho accidental para convertirse en el ejercicio de una actividad empresarial ejercida en forma permanente y organizada, el estado suele tomar a su cargo esa actividad, comó forma de proteger a los deudores que de otra manera podrían caer en manos de usureros. Los llamados "Montes de Piedad" se rigen por sus propias leyes y reglamentos, que atañen al derecho público, tanto como al privado. 4091

AH». 2892 y 2893



LIBRO CUARTO

Su actividad como prestamistas se convierte entonces en un servicio asistencial de interés social, en protección de las clases económicamente débiles. C.G.M.

TITULO DECIMOQUINTO De la hipoteca CAPITULO De la hipoteca en general

La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.

ARTÍCULO 2893.

La ley distingue expresamente la naturaleza jurídica de cada uno de los contratos accesorios o de garantía. Si la fianza es un contrato (a. 2794), la prenda es entonces un derecho y la hipoteca es una garantía real, aunque en estos últimos casos no exista razón alguna que justifique la variante terminológica. No es ésta, en rigor una definición de la hipoteca. Es más bien una caracterización analítica de la figura. El término proviene del latín hypothera, que significa prenda, colocar un objeto bajo otro, como complemento o sostén. Una especial característica de la hipoteca es que los bienes sobre los que ella se constituye no se entregan al acreedor, lo que la distingue radicalmente del derecho de prenda (a. 2858). Seguramente esto encuentra su explicación en la naturaleza de los bienes que por su naturaleza pueden ser objeto de ella y que no necesitan de su entrega física para servir de garantía. La hipoteca recae forzosamente sobre bienes específicamente determinados. Constituye ésta una importante innovación del derecho moderno respecto del anterior Código de 1870 que establecía la posibilidad de constitución de hipoteca de carácter general. Así, la hipoteca nunca es tácita ni general. (a. 2919). Además de determinados, los bienes deben ser enajenables, porque este mismo precepto que se comenta prevé la posibilidad de pago al acreedor con el valor de los mismos. Según Lozano Noriega (Cuarto curso de derecho civil, Contratos, pp. 679 y ss), la palabra hipoteca puede tener tres sentidos, si nos referimos al propio contrato [

4101

TITULO DECIMOQUINTO De la hípoteca

AH». 2892 y 2893



LIBRO CUARTO

Su actividad como prestamistas se convierte entonces en un servicio asistencial de interés social, en protección de las clases económicamente débiles. C.G.M.

TITULO DECIMOQUINTO De la hipoteca CAPITULO De la hipoteca en general

La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.

ARTÍCULO 2893.

La ley distingue expresamente la naturaleza jurídica de cada uno de los contratos accesorios o de garantía. Si la fianza es un contrato (a. 2794), la prenda es entonces un derecho y la hipoteca es una garantía real, aunque en estos últimos casos no exista razón alguna que justifique la variante terminológica. No es ésta, en rigor una definición de la hipoteca. Es más bien una caracterización analítica de la figura. El término proviene del latín hypothera, que significa prenda, colocar un objeto bajo otro, como complemento o sostén. Una especial característica de la hipoteca es que los bienes sobre los que ella se constituye no se entregan al acreedor, lo que la distingue radicalmente del derecho de prenda (a. 2858). Seguramente esto encuentra su explicación en la naturaleza de los bienes que por su naturaleza pueden ser objeto de ella y que no necesitan de su entrega física para servir de garantía. La hipoteca recae forzosamente sobre bienes específicamente determinados. Constituye ésta una importante innovación del derecho moderno respecto del anterior Código de 1870 que establecía la posibilidad de constitución de hipoteca de carácter general. Así, la hipoteca nunca es tácita ni general. (a. 2919). Además de determinados, los bienes deben ser enajenables, porque este mismo precepto que se comenta prevé la posibilidad de pago al acreedor con el valor de los mismos. Según Lozano Noriega (Cuarto curso de derecho civil, Contratos, pp. 679 y ss), la palabra hipoteca puede tener tres sentidos, si nos referimos al propio contrato [

4101

24. PARTE. TIT. XV/CAP. I

ARTS. 2893, 2894 y 2895

—como acto jurídico— que origina el derecho, al derecho real que lleva ese nombre y por último, el objeto material mismo sobre el cual recae el derecho. J.A.M.G.

ARTÍCULO

2894. Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero.

Como lógica consecuencia del carácter real de la hipoteca, el derecho se transmite con el bien hipotecado. Se afirma que el derecho sigue a la cosa, ya que la garantía puede efectivamente oponerse a todo adquirente, sea cual fuere el acto que le dé origen. Como consecuencia, la hipoteca resulta inseparable del bien hipotecado No obstante ello, se acostumbra asumir en forma expresa por los adquirentes (p.c., en el caso de compraventa) la responsabilidad para su pago, lo que desde luego no constituye una inútil precaución. Si esto es así, el monto de lo garantizado con la hipoteca formará parte de la contraprestación establecida, y así lo previenen las leyes fiscales (a. 4 de la LIABI). J.A.M.G.

La hipoteca sólo puede recaer sobre bienes especialmente determinados.

ARTÍCULO 2895.

Ya hemos hecho referencia a este principio de derecho hipotecario que exige la determinación indubitable de los bienes objeto de la garantía. La disposición se relaciona con el a. 2919. Determinar los bienes significa señalarlos en su individualidad, identificando con precisión las características y cualidades que permiten distinguirlos de los demás objetos de su mismo género. Si se trata de inmuebles p.e., es indispensable señalar su ubicación, medidas y colindancias, pero no relulta necesario hacer lo mismo con las accesiones del inmueble principal. El legislador tuvo razones importantes para desestimar la conveniencia de las hipotecas genéricas. Se limitaba, p.c., la capacidad de crédito del deudor que se veía en la necesidad de solicitar un nuevo préstamo ante el recelo del acreedor que forzosamente hipotecaría en segundo lugar. Asimismo, debe recordarse que la hipoteca requiere de inscripción en el RPP para surtir efectos (a. 2919) y el derecho registral, por su parte, exige la identificación del inmueble en los asientos correspondientes (a. 3061). J.A.M.G. (411)

AM. 2896 y 2897

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2896. La

hipoteca se extiende aunque no se exprese: I. A las accesiones naturales del bien hipotecado; II. A las mejoras hechas por el propietario en tos bienes gravados; III. A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la finca y que no puedan separarse sin menoscabo de ésta o deterioro de esos objetos; IV. A los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado, y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados.

Por el principio de accesoriedad, la hipoteca cubre también las accesiones naturales, las mejoras, tos bienes muebles inseparables y las edificaciones. Ello permite conceptuar a la hipoteca como un fenómeno jurídico integral que adopta un aspecto global frente a la obligación garantizada. En el caso de accesiones, se precisa que las mismas deben ostentar el carácter de naturales y por tanto, ello parece excluir radicalmente la posibilidad de accesión artificial (a. 886). No obstante, esta última hipótesis puede considerarse comprendida en las siguientes fracciones, de modo que la adición del vocablo "natural", que el código anterior no regulaba, se justifica para considerarla separadamente de las mejoras. Las mejoras, por su parte, se encuentran reguladas en los aa, 817, 818 y 819. Respecto de los muebles incorporados de manera permanente a la cosa hipotecada, la ley establece expresamente la necesidad de que no puedan separarse del objeto principal sin deterioro del mismo o de los propios muebles incorporados. El a. 2898 prohibe hipotecar separadamente los bienes muebles con fines de ornato, comodidad o para el servicio industrial, a menos que la hipoteca los comprenda desde su inicio juntamente con el objeto principal. Por último la hipoteca asimismo comprende las edificaciones sobre el terreno hipotecado y los nuevos pisos que se construyan sobre la edificación ya existente, en vista del carácter integral de la garantía y la indivisibilidad del objeto,

J.A.M.G. ARTÍCULO 2897. Salvo pacto en contrario la hipoteca no compren-

dera: I. Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito; [412]

ARTS. 2897 y 2898

24. PARTE. T1T. XV/CAP. I

II. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. La hipoteca no comprende los frutos industriales (a. 890) de los bienes hipotecados ni las rentas ya vencidas y que no han sido satisfechas; pero corno todo ello no responde a la esencia de la hipoteca sino a sus efectos ordinarios, pueden ser incluidos por convención expresa de las partes En el caso de los frutos, para considerarlos en la hipoteca, es indispensable que se hayan producido después de que el acreedor exija el pago de su deuda. En suma, tanto los frutos industriales como las rentas vencidas pueden ser objeto de hipoteca —siempre por extensión respecto al objeto principal-- en virtud de pacto expreso entre los otorgantes. J.A.M.G.

ARTICULO 2898. No se podrán hipotecar:

I. Los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca; II. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios; III. Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante; IV. El derecho de percibir los frutos en el usufructo concedido por este Código a los ascendientes sobre los bienes de sus descendientes; V. El uso y la habitacón; VI. Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya registrado preventivamente, o si se hace constar en el Título Constitutivo de la hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio; pero en cualquiera de los casos, la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. Este articulo consigna en forma limitativa un número de hipótesis respecto de las cuales se prohibe la constitución de garantía hipotecaria. La fr. I tiene relación estrecha con el artículo inmediatamente anterior y excluye la posibilidad de su hipoteca con separación del objeto principal. {4131

LIBRO CUARTO

MITS. 2898. 2899 y 2900

La razón de ello estriba en que su conceptuación por separado les otorgaría la calidad de bienes muebles, mientras que su carácter accesorio en relación con el predio preserva su naturaleza de inmuebles por destino. Esta misma razón apoya la disposición de la fr. II. Por su parte, las servidumbres son bienes inmuebles (a. 750, fr. XII) que dada su vinculación con el predio dominante, no pueden hipotecarse en forma independiente. No puede lógicamente concebirse la hipoteca del predio sirviente sin la hipoteca del predio dominante. La prohibición de hipotecar el derecho de percibir los frutos en el usufructo legal que tienen los ascendientes sobre los bienes de los menores que se encuentran bajo su patria potestad se explica por razones de carácter familiar a las que el legislador concede, como es sabido, un interés superior. El uso y la habitación no pueden ser hipotecados porque, con fundamento en el a. 1052, constituyen bienes que no pueden enajenarse ni gravarse. Por último, los bienes de un litigio no pueden ser materia de hipoteca a menos que se realice la necesaria publicidad en el registro correspondiente o si el adquirente hace constar que tiene conocimiento de la existencia del litigio. En este caso la hipoteca queda sujeta a los resultados del juicio. J.A.M.G.

La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno no comprende el área.

ARTÍCULO 2899.

Sin dificultad, puede hipotecarse la edificación levantada en un terreno ajeno. Como es obvio, la garantía sólo comprenderá la construcción sin incluir el terreno, ya que con fundamento en el a. 2839, solamente puede hipotecar el que puede enajenar. Es preciso aclarar esta circunstancia incluso para los efectos de inscripción en el RPP, porque la edificación tendrá probablemente un asiento registral distinto al del área ajena. Evidentemente, la hipoteca de un edificio en tales circunstancias limita su negociabilidad en la vida práctica, y la hipótesis parece atentar contra la naturaleza integral de la garantía, pero es necesario advertir la necesaria protección del interés del dueño del solar. J.A.MG.

Puede hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso si el usufructo se consolidare con ella en la persona del propietario, la hipoteca se extenderá al mismo usufructo si así se hubiere pactado.

ARTÍCULO 2900.

[411]

2a. PARTE. TIT. XV/CAP. 1

ARTS. 2900, 2901 y 2902

Este mismo argumento parece enderezarse en el caso de la hipoteca de la nuda propiedad. Si el nudo propietario puede enajenar su derecho (a. 1004), así como el usufructario (a. 1002), es claro entonces que con base en el principio de que quien puede lo más, puede lo menos, tiene la capacidad de hipotecarlo. El único requisito es que se conserve el usufructo. Por lo tanto, la hipoteca no se extenderá al derecho del usufructo sino hasta que se verifique la consolidación siempre que así se hubiere pactado. Este artículo se relaciona con el diverso 2903. J.A.M.G.

Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de prelación que establece este Código. El pacto de no volver a hipotecar es nulo.

ARTÍCULO 2901.

Este artículo presenta una innovación con respecto al código anterior que juzgaba válido el pacto de no volver a hipotecar. El código vigente, utilizando el adverbio "aunque", desplaza la validez de dicha prohibición. De todas formas, se mantienen a salvo los derechos de prelación previstos en los aa. 2964 y ss., de modo que los derechos del segundo acreedor no resultan en modo alguno perjudicados porque siempre podrá encontrarse en posibilidad de advertir la amplitud de la garantía que ofrecen los bienes hipotecados. La parte final que se refiere a la nulidad del pacto de no volver a hipotecar es consecuencia de la posibilidad de ulteriores hipotecas pese al pacto que pretendiera impedirla. J.A.M.G.

El predio común no puede ser hipotecado sino con consentimiento de todos los propietarios. El copropietario puede hipotecar su porción indivisa, y al dividirse la cosa común la hipoteca gravará la parte que le corresponde en la división. El acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponda.

ARTÍCULO 2902.

Cuando la propiedad pertenezca a dos o más condueños es claro que se requiera el consentimiento de todos para gravar en su totalidad el inmueble. f4151

ARTS. 2902 y 2903

LIBRO CUARTO

Esto no impide que pueda gravarse la parte proporcional que al deudor corresponda en la propiedad indivisa del bien común, lo que desde luego constituye una forma de hipoteca futura porque se constituye sobre la parte que le corresponde al copropietario, al practicarse la división de la cosa común. En el código anterior no se permitía esta especie de hipoteca por la posible defraudación o menoscabo de los derechos del acreedor. El código vigente suprime esta posibilidad estableciendo expresamente el derecho del acreedor para intervenir en la división. El precepto parece que vulnera el principio de especialidad e identificación rigurosa del in mueble gravado; pero no es así, porque el objeto de hipoteca está claramente determinado es el derecho real de copropiedad que corresponde al copropietario que lo hipoteca y quien tiene una parte alícuota que debe estar perfectamente establecida en el título de la copropiedad. I.G.G. y J.A.M.G. ARTÍCULO 2903. La hipoteca constituida sobre derechos reales,

sólo durará mientras éstos subsistan; pero si los derechos en que aquélla se hubiere constituido se han extinguido por culpa del que los disfrutaba, éste tiene obligación de constituir una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor y, en caso contrario, a pagarle todos los daños y perjuicios. Si el derecho hipotecado fuere el de usufructo y éste concluyere por voluntad del usufructuario, la hipoteca subsistirá hasta que venza el tiempo en que el usufructo hubiera concluido, al no haber mediado el hecho voluntario que le puso fin. Relacionado con el a. 2900, este precepto permite la posibilidad de constituir hipotecas sobre derechos reales, limitando su vigencia precisamente a la duración del derecho. Por su parte, los aa. 2896 y 2897 prevén la posibilidad de extender la hipoteca a los frutos y accesiones del inmueble hipotecado. ¿Es posible entender que asimismo se extiende la hipoteca a los derechos reales que a la sazón formen parte de ella? Debe entenderse que sí, por su carácter accesorio, como en el caso de las servidumbres (a. 2893, fr. III), siempre que se pacte en forma expresa en el acto de la constitución. El propio artículo en análisis establece una serie de previsiones que se dirigen, todas, a la protección del derecho del acreedor. Si media culpa o consentimiento del deudor en la extinción del derecho real, la ley lo constriñe a la constitución de una nueva garantía o a la subsistencia del gravamen hasta el término inicialmente previsto. En su defecto, quedará obligado al pago de daños y perjuicios. U1161

22. PARTE. TIT. XV/CAP. I

ARTS. 2903, 2904 y 2905

Un caso interesante de la hipoteca sobre derechos reales lo constituye la hipoteca sobre hipoteca. Lozano Noriega consigna un ilustrativo ejemplo al respecto (Cuarto curso de derecho civil. Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1973, p. 697). Nada impide que pueda hipotecarse no solamente el dereem real de hipoteca, sino el propio derecho de crédito garantizado. Rafael Rojina Villegas (Compendio de derecho civil, México, Antigua Librería Robredo, 1962, t. IV, pp. 372 y 373) fundamenta esta afirmación en la posibilidad de hipoteca de bienes muebles. Además de la propia hipoteca y de la servidumbre, otros derechos reales que pueden asimismo hipotecarse son la copropiedad, el usufructo, la nuda propiedad, la herencia y la posesión desde el punto de vista de la caracterización de esta última como derecho real. J.A.M.G.

La hipoteca puede ser constituida tanto por el deudor como por otro a su favor.

ARTICULO 2904.

La intervención de un tercero en la constitución de la hipoteca configura un fenómeno complejo que opera en principio como una especie de contrato de fianza en virtud de que una persona extraña se está comprometiendo frente al acreedor a pagar con el valor de sus bienes en lugar del deudor directamente obligado, para el caso de incumplimiento. Nada impide que esto sea así: conforme el a. 2906, quien puede enajenar puede hipotecar y en el caso, el tercero interviene para constituir hipoteca no para cubrir una deuda propia, sino para garantizar el cumplimiento de una deuda ajena. El acreedor no ve perjudicados sus derechos en modo alguno; por lo contrario, obtiene una mejor posición en cuanto al pago de su crédito. J.A.M.G.

ARTÍCULO 2905. El propietario cuyo derecho sea condicional o de

cualquiera otra manera limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad, si la conoce. La ocultación de las modalidades o limitaciones del derecho de propiedad sobre el bien hipotecado constituye una conducta contraria a la buena fe contractual que es la base de los contratos, de conformidad con lo establecido en el a. 1796.

[4171

LIBRO CUARTO

ARTS, 2905, 2906 y 2907

Cabe, desde luego, que el deudor hipotecario ignore el menoscabo de su derecho, pero entonces queda relevado de la obligación porque lo que el legislador pretende evitar es el dolo in contrahendo. J.A.M.G. ARTÍCULO 2906.

Sólo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamente pueden ser hipotecados los bienes que pueden ser enajenados.

En rigor, el artículo consagra dos hipótesis diversas: una previene un aspecto subjetivo y por lo tanto atañe a las personas que ostentan la capacidad para hipotecar; la segunda hipótesis se refiere a un aspecto objetivo y por lo tanto, a los bienes que pueden ser objeto de la garantía. Al primer aspecto se refieren los aa. 2269,2274 a 2281 y 2313. En cuanto a la segunda parte del precepto debe decirse ante todo que los bienes deben ser enajenables y determinados. La hipoteca recae generalmente sobre bienes inmuebles. Así lo prevenían expresamente los códigos anteriores. Como ahora ya no se establece expresamente esa prevención en el a. 2893, cabe interpretar, por tanto, que los bienes inmuebles sí pueden ser objeto de hipoteca. Esta interpretación se ve corroborada con lo dispuesto en los aa. 104,106 y 121 de la LNCM. El legislador creyó así (Lozano Noriega, Francisco, Cuarto curso de derecho civil, Contratos, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, México, 1970, p. 687) salvar la contradicción por la posibilidad de hipoteca de bienes muebles por extensión (aa. 2896 fr. III y 2898 fr. II). J.A M.G.

ARTÍCULO 2907.

Si el inmueble hipotecado se hiciere, con o sin culpa del deudor, insuficiente para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos garantice debidamente la obligación principal.

Parece una precaución excesiva someter a juicio de peritos la suficiencia de la garantía hipotecaria. En la mayor parte de los casos bastará el simple consentimiento del acreedor. Como es obvio, la regulación convencional entre las partes suple desde luego las previsiones del legislador que, por lo demás, sí pueden ser necesarias para los casos de difícil decisión o de necesidad de conocimientos especializados. [418]

22.

PARTE. TIT. XV/CAP. I

ARTS. 2907, 2908, 2909 y 2910

El precepto es de aplicación al caso en que las partes no se puedan poner de acuerdo sobre la disminución de valor del bien hipotecado y sobre la cuantificación del menoscabo sufrido. J.A.M.G.

En el caso del artículo anterior, se sujetará a juicio de peritos la circunstancia de haber disminuido el valor de la finca hipotecada hasta hacerla insuficiente para responder de la obligación principal

ARTÍCULO 2908.

Este precepto se relaciona con lo dispuesto en el precepto anterior. En efecto el juicio de peritos deberá emitirse no sólo sobre la disminución de valor del bien hipotecado, sino dictaminarán acerca de si la causa de esa obligación resulta insuficiente para responder del cumplimiento de la obligación que la hipoteca garantiza y finalmente hasta donde debe alcanzar la ampliación de la hipoteca que debe constituir el deudor. J.A.M.G.

Si quedare comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no mejorare la hipoteca en los términos del artículo 2907, dentro de los ocho días siguientes a la declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del crédito hipotecario, dándose por vencida la hipoteca para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 2909.

En los términos de este artículo, el deudor hipotecario dispone de un plazo perentorio de 8 días para la mejora de la hipoteca si es el caso de la situación prevista en los dos artículos anteriores. Dicho término deberá contarse a partir de la declaracíon respectiva que debe tramitarse en la vía especial hipotecaria de conformidad con el a. 468 del CPC del DF. Esta hipótesis configura entonces un caso de extinción de la hipoteca que no se encuentra previsto en las fracciones del a. 2941 y consiguientemente de vencimiento anticipado de la deuda con ella garantizada (a. 1959 fr. J.A.M.G.

la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio u otro caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los

ARTÍCULO 2910. Si

[419]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2910 y 2911

restos de la finca, y además el valor del seguro quedará afecto al pago. Si el crédito fuere de plazo cumplido, podrá el acreedor pedir la rentención del seguro, y si no lo fuere, podrá pedir que dicho valor se imponga a su satisfacción, para que se verifique el pago al vencimiento del plazo. Lo mismo se observará con el precio que se obtuviere en el caso de ocupación por causa de utilidad pública o de venta judicial. Otro caso de extinción de la garantía —éste si previsto en forma genérica en la fr. I del a. 2941— lo constituye la destrucción por incendio u otro caso fortuito de la finca hipotecada. Sin embargo. la hipoteca subsiste sobre los restos del inmueble y si estuviere asegurado la hipoteca produce efecto sobre el importe del seguro pues queda afecto al pago del crédito. Este artículo prevé solamente la hipótesis de extinción parcial de la finca, porque admite la subsistencia de la garantía en sus restos. Desde luego, dependerá de las circunstancias específicas la determinación del valor de los restos del siniestro. El aspecto sustancial del precepto en análisis se dirige a la regulación del pago del seguro afecta ahora al pago de la deuda garantizada con hipoteca. La destrucción total o parcial de la finca, confiere al acreedor hipotecario determinados derechos sobre el importe del seguro. Dos situaciones interesa distinguir. Si el crédito hipotecario tiene ya la calidad de exigible el acreedor puede solicitar a la empresa aseguradora la retención del pago por conducto del juez competente de la suma que cubre el seguro. Si el crédito no se encontrare vencido, de todas formas podrá pedir su aseguramiento, mediante la imposición de la suma cubierta por el seguro. Los aa. 109, 110 y III de la LCS reglamentan la hipótesis previniendo que los acreedores se subrogarán de pleno derecho en la indemnización hasta el importe del crédito por tales gravámenes, lo cual hace inoperante lo dispuesto en este respecto por el precepto en comentario. Por último, la ley asimila a esta situación, los casos de ocupación por causa de utilidad pública y de venta judicial, hipótesis que constituyen asimismo un supuesto de extinción previsto en la fr. I V del a. 2941. J. A.M.G.

La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la obligación garantida, y gravará cualquier parte de los bienes hipotecados que se conserven, aunque la restante

ARTICULO 2911.

[4201

ARTS. 2911, 2912 y 2913

2a. PARTE. TIT. XV/CAP. I

hubiere desaparecido, pero sin perjuicio de lo que disponen los artículos siguientes. En protección de los derechos del acreedor, la garantía hipotecaria subsiste en forma íntegra aunque se haya reducido la obligación. Esta regla constituye un principio de aplicación general en materia de hipoteca pero, como tal, sufre frecuentes excepciones que los artículos siguientes se ocupan de precisar. Este precepto se refiere a la hipoteca con derecho real constituido sobre un bien determinado, cuya subsistencia o extensión no depende de las variaciones o contingencias a que se encuentra expuesta la obligación que con ella se garantiza como tampoco ese derecho real se ve afectado cuando disminuya parcialmente el bien gravado con ella. I.G.G. y J.A.M.G. ARTÍCULO 2912. Cuando

se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso determinar por qué porción del crédito responde cada finca, y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen, pagándose la parte de crédito que garantiza.

A pesar del carácter integral de la garantía, ésta mantiene una relación directa con el bien jurídico sobre el cual recae. Este artículo consigna la situación de hipoteca de varias fincas exigiendo la determinación del crédito en forma proporcional y separada a cada una de los inmuebles. Como bien lo explica Lozano Noriega (Cuarto curso de derecho civil. Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, p. 695) la hipoteca debe ser especial y determinada que permita a un tercero conocer por cuánto responde un bien. En este principio se rompe el principio de indivisibilidad frente al principio de determinación. La razón de la divisibilidad de la hipoteca en el caso previsto por este artículo tiene fundamento práctico: reanuda la movilidad comercial de las fincas hipotecadas y las restituye nuevamente al flujo de la circulación mercantil. I.G.G. y J.A.M.G.

Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada convenientemente se divida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la

ARTÍCULO 2913.

14211

ARTS, 2913 y 2914

LIBRO CUARTO

finca y el acreedor hipotecario; y si no se consiguiere ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial, previa audiencia de peritos. Lo propio ocurre cuando se divide en fracciones, entre distintos dueños, la hipoteca se divide también en proporción a cada una de las fracciones. La ley permite la posibilidad del acuerdo entre acreedor y el dueño de la fracción de la finca hipotecada. Si no se logra ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial previo el dictamen de peritos. Como en el mismo calo del artículo anterior, esta disposición permite el restablecimiento de la circulación mercantil de los bienes. I.G.G. ARTÍCULO 2914. Sin consentimiento del acreedor, el propietario

del predio hipotecado no puede darlo en arrendamiento, ni pactar pago anticipado de rentas, por un término que exceda a la duración de la hipoteca; bajo la pena de nulidad del contrato en la parte que exceda de la expresada duración. Si la hipotec,a no tiene plazo cierto, no podrá estipularse anticipo de rentas, ni arrendamiento, por más de un año, si se trata de finca rústica, ni por más de dos meses, si se trata de finca urbana. Este artículo dispone que la constitución de hipoteca limita el derecho de propiedad, ya que se requiere el consentimiento del acreedor hipotecario para que aquél pueda dar en arrendamiento la finca hipotecada y además no pueae pactar (ni recibir) pago anticipado de rentas más allá del término de duración de la hipoteca y si ésta no tuviere plazo cierto se fija un plazo corto para el anticipo de rentas según que se trate de finca rústica o urbana. La violación de esta disposición se sanciona con la nulidad de las actas respectivas. Así pues, el deudor hipotecario puede vender la cosa hipotecada pero no puede celebrar toda clase de actos de administración entre los cuales se encuentra el arrendamiento y la percepción de rentas. Conforme a lo dispuesto en el a. 2897 fr. II, la garantía hipotecaria comprende los frutos civiles de la cosa hipotecada y sólo grava las rentas vencidas al tiempo de hacerse exigible la obligación garantizada. El precepto que se comenta tiene por objeto que el acreedor pueda hacer efectivo al vencimiento de la obligación el derecho que sobre las rentas le otorga el a. 2897 fr. II citado. I.G.G. [4221

22. PARTE. TIT. XV/CAP. I

ARTS. 2915 y 2918

ARTÍCULO 2915. La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue intereses, no garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de tres años; a menos que se haya pactado expresamente que garantizará los intereses por más tiempo, con tal que no exceda del término para la prescripción de los intereses, y de que se haya tomado razón de esta estipulación en el Registro Público. En los términos de este artículo, la hipoteca que garantiza el pago de un crédito con intereses, no protege en perjuicio de tercero sino los intereses insolutos hasta por un plazo de tres años. No obstante ello, por respeto a la autonomía de la voluntad de los otorgantes, la ley permite la posibilidad del Pacto expreso en contrario. Esta posibilidad encuentra sus límites en el plazo previsto para la prescripción de las cantidades debidas por concepto de interés. Sea como fuere, debe tomarse razón de esa estipulación en el RPP. Con todo, contiene este precepto una proteecion a los intereses del acreedor frente a los terceros, quien al quedar constituida la garantía puede incluir en ella el pago de intereses e inscribir el pacto en el RPP para el efecto de que cualquier adquirente del bien hipotecado, garantice con él, el pago de los intereses vencidos mientras no prescriba la acción para exigir judicialmente su pago. 1.G.G. ARTICULO 2916. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa

hipotecada, en remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero. El objeto de la hipoteca es, en la definición prevista por el a. 2893, afectar los bienes hipotecados preferentemente al pago de la obligación que garantizan con el valor de esos bienes. No obstante, cabe la posibilidad de que el propio acreedor hipotecario pueda adjudicarse la cosa siempre y cuando no se presente otro postor. Según lo previsto en el segundo párrafo de este mismo artículo, el acreedor tiene a su favor la posibilidad de convenir con su deudor la adjudicación de la [423]

ARTS. 2916 y 2917



LIBRO CUARTO

tinca. Para ello es necesario que se fije el precio de adjudicación en el momento en que la deuda sea jurídicamente exigible, y no en la fecha de constitución de la hipoteca. Por tanto, según lo dispuesto en el a. 488 del CPC de! DF, en este caso no hay lugar a la venta judicial, pero de todas formas debe practicarse avalúo respecto del precio que deba corresponder a la cosa siempre en el momento de exigirse el pago. Como fuere, este convenio entre deudor y acreedor hipotecario no puede perjudicar los derechos de tercero, tales como el de otros acreedores hipotecarios, ya que éstos pueden oponerse a la adjudicación, aunque solo podrían oponer, en los términos del a. 488, in fine del CPC del DF, la prescripción de la acción hipotecaria, del adjudicatario. Es preciso comentar que aparentemente la hipótesis prevista en el artículo que se glosa, es distinta al supuesto del a. 488 del CPC, aunque se refiere al segundo párrafo del a. 2916 del CC, en realidad no concuerda la norma procesal con la hipótesis de adjudicación que comprende el precepto del código sustantivo en comentario sino a la venta del bien hipotecado en la forma convenida o por medio de corredores. Por ello, el último párrafo del a. 488 del código procesal relacionado, no limita el derecho de los ulteriores acreedores hipotecarios, para oponerse a la adjudicación del bien hipotecado al acreedor.

Para la constitución de créditos con garantía hipotecaria, se observarán las formalidades establecidas en los artículos 2317 y 2320. Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos o casas por el Departamento del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317.

ARTÍCULO 2917.

La constitución de créditos con garantía hipotecaria deberá hacerse en contrato privado cuando su valor no exceda de quinientos pesos. Este contrato privado, según lo dispuesto en el a. 2317, deberá ser firmado ante dos testigos y, todos ellos, otorgantes y testigos, deben acudir ante notario público, juez de paz o encargado del RPP para la ratificación de sus firmas. Ahora bien, según lo [4241

2a. PARTE. TIT.

XV/CAP. 1

ARTS. 2917, 2918 y 2919

dispuesto en el a. 78 de la LN del DF, la garantía de crédito por cantidades mayores de treinta mil pesos debe hacerse constar en escritura ante notario público, con la salvedad de las hipótesis consignadas en los aa. 730 y 2317 del CC del DF. Algo similar sucede en los casos de la garantía hipotecaria que se establezca por la enajenación de casas o terrenos para la constitución del patrimonio familar o para personas de recursos económicos escasos, cuando la enajenación se verifique por el DDF, siempre que el valor del inmueble no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por tres mil seiscientos cincuenta el importe del salario mínimo general diario vigente en el DF, en la época en que se constituya el patrimonio. En este caso, no hay necesidad de testigos ni ratificación de firma. J.A.M.G. ARTÍCULO 2918. La acción hipotecaria prescribirá a los diez años,

contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito. Este artículo sigue la regla general contenida en el diverso 1159. El plazo para ejercitar la acción que es de diez años empieza a contarse a partir del término previsto en el título que ha dado origen a la garantía. El procedimiento debe ventilarse conforme a lo establecido en los aa. 468 y 488 del CPC del DF, que estatuye una vía especial hipotecaria para todo juicio que se proponga la constitución, ampliación, división, registro, cancelación, pago o prelación de créditos de una hipoteca. Dicho juicio consta de dos secciones: la del principal, que contiene la demanda, la contestación, el ofrecimiento, admisión, recepción, valoración de pruebas y sentencia y por otra parte la sección de ejecución, que contiene la fijación de cédula hipotecaria, el nombramiento de depositario, el otorgamiento de fianza, avalúo, rendición de cuentas, previsiones relativas a la administración del bien, mandamiento de subasta, remate y adjudicación final. J.A.M.G. ARTÍCULO 2919, La hipoteca nunca es tácita, ni general; para

producir efectos contra tercero necesita siempre de registro, y se contrae por voluntad, en los convenios, y por necesidad, cuando la ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes determinados. En el primer caso se llama voluntaria; en el segundo, necesaria. [425}

*.RTS. 2919, 2920 y 2921

LIBRO cVAIITO

Es este un precepto de carácter fundamentalmente teórico que precisa requisitos esenciales de la figura en análisis. Su contenido debe relacionarse con lo dispuesto en el a. 2895 que se refiere a la especialidad de los bienes objeto de la hipoteca. La inscripción en el RPP no es requisito constitutivo de la hipoteca: para producir efectos contra terceros sí es necesaria dicha inscripción. La ley distingue las hipotecas voluntarias previstas en los aa. 2920 y 2930, de las hipotecas necesarias de que se ocupan los aa. 2931 y 2939. Con ello se elimina el frecuente caso de las hipotecas de carácter oculto que existieron en nuestro antiguo derecho, que establecía la procedencia de hipotecas judiciales y legales de carácter general, no necesitaban de inscripción en el RPP. J.A.M.G.

CAPITULO II De la hipoteca voluntaria ARTÍCULO 2920. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre

partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyen. En esta especie de hipoteca, el dueño de la cosa a hipotecar actúa de una manera libre y espontánea con la intención de que uno o varios bienes de su propiedad garanticen específicamente el cumplimiento de una obligación. La hipoteca puede constituirse por declaración de voluntad del deudor o bien por un tercero que garantiza el cumplimiento de la obligación contraída por aquél. La propia redacción del artículo en comentario distingue claramente esta doble fuente generadora de la hipoteca: la declaración unilateral del tercero o la convención entre deudor y acreedor; puede asimismo originarse por última voluntad, según lo dispuesto en el a. 1448 del CC del DF. J.A.M.G. ARTÍCULO 2921. La hipoteca constituida para la seguridad de una

obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero desde su incripción, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. En relación directa con el a. 2919, el legisladorsubraya la necesidad del registro para que el acta produzca efectos en relación con terceros. Cuando la obligación [42bl

2a. PARTE. TIT. XV/CAP, 11

ARTS. 2921, 2922 y 2923

no cobre exigibilidad por ser ésta futura o por estar sujeta a condición suspensiva, la hipoteca surtirá efecto contra tercero cuando la obligación futura llegue a realizarse o la condición suspensiva a cumplirse, excepto que se haya inscrito con anterioridad, pues en este caso le parará perjuicio desde su inscripción. La principal objeción que puede hacerse a esta hipoteca sobre obligaciones futuras o suspensas, se enfoca directamente a la posibilidad de existencia jurídica de un contrato accesorio cuya relación jurídica principal aún no existe. La doctrina resuelve el problema argumentando que la obligación futura mantiene en su favor una razonable previsión de existencia que depende únicamente del transcurso de cierto tiempo, en tanto que la obligación sujeta a condición ha sido querida precisamente con este carácter por las partes contratantes. Constituye ello, un derecho en espectativa que requiere protección jurídica. Si además se quiere extender esta situación de naturaleza sólo probable o simplemente posible a los terceros, la ley exige la debida publicidad del acto mediante su inscripción en el RPP para que se conozca el carácter peculiar de la relación jurídica establecida. J.A.M.G. ARTÍCULO 2922. Si la obligación asegurada estuviese sujeta a

condición resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de surtir su efecto respecto de tercero, sino desde que se haga constar en el registro el cumplimiento de la condición. La situación aquí, es distinta, porque presume una obligación principal perfectamente existente respecto de la cual no puede plantearse la posibilidad de su inexistencia. De todas formas ya se sabe que la condición resolutoria, una vez cumplida, vuelve las cosas al estado que antes tenían, como si esa obligación no hubiera existido (a. 1940), acarreando consigo como lógica consecuencia la inexistencia de la hipoteca constituida sobre la obligación principal originada en estas condiciones. Al respecto, el artículo que se comenta, dispone que la hipoteca produce efecto contra tercero, en tanto no se haga constar en el registro el cumplimiento de la condición resolutoria, si previamente se inscribió esa modalidad en el RPP. J.A.M.G. ARTÍCULO 2923. Cuando se contraiga la obligación futura o se

cumplan las condiciones de que tratan los dos artículos anteriores, deberán los interesados pedir que se haga 1427)

ARTS, 2923 y 2924

LIBRO CUARTO

constar así, por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida. Una vez llegado el momento de asumir la obligación pendiente a futuro o cumplida la condición de carácter suspensivo o resolutorio a que se encontraba sujeta la obligación, el precepto en cita reitera innecesariamente la obligación de comunicarlo al RPP. Sin embargo, lo que el legislador ha querido destacar es el hecho de que ha llegado ya a constituirse válidamente, por fin, la obligación principal y en consecuencia, la hipoteca que la acompaña. En rigor, al código incurre en una falta de precisión técnica cuando se refiere en la parte final del artículo, a la hipoteca constituida, porque no es éste el caso del supuesto previsto en el artículo inmediato anterior. Lozano Noriega expone lo siguiente: "La hipoteca surte efectos contra terceros desde que se inscribió; pero como está garantizada una obligación futura o condicional es necesario hacer constar en el registro la existencia misma o el cumplimiento de las obligaciones, de las condiciones suspensivas o resolutorias a las cuales se halla sujeta la obligación". (Cuarto curso de derecho civil, Contratos, México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 1973, p. 704), I.G.G. y J.A.M.G. ARTÍCULO 2924. Para hacer constar en el registro el cumplimiento

de las condiciones a que se refieren los artículos que preceden, o la existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los interesados al registrador la copia del documento público que así lo acredite y, en su defecto, una solicitud formulada por ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y expresando claramente los hechos que deben dar lugar a ella. Si alguno de los interesados se niega a firmar dicha solicitud, acudirá el otro a la autoridad judicial para que, previo el procedimiento correspondiente, dicte la resolución que proceda. Con aguda crítica, Lozano Noriega comenta la dificultad de obtener el consentimiento del deudor para la firma de la solicitud, que el precepto legal exige formulada por ambas partes. De hecho el propio código prevé la posibilidad de la negativa, en la parte final del mismo artículo al reglamentar un procedimiento específico para la Obtención de la firma. [4281

2. PARTE. TIT, XV/CAP. II

ARTS. 2924, 2925 y 2926

Con criterio práctico, Lozano Noriega propone resolver el problema con el otorgamiento de un mandato irrevocable en términos del a. 2596. Desde luego, ello sólo puede tener lugar en el caso de falta de documento público en que se

haga constar el acto (Lozano Noriega, Francisco, Cuarto curso de derecho civil, Contratos, México, Asociación del Notariado Mexicano, 1973, p. 705).

ARTÍCULO 2925. Todo hecho o convenio entre las partes, que

puede modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra tercero si no se hace constar en el registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial o de una nota marginal, según los casos. Asimismo estechamente vinculado al a. 2919, este precepto impone la obligación de comunicar al RPP cualquier modificación de la obligación hipotecaria. Los medios por los cuales aquélla puede verificarse comprende desde la simple anotación marginal hasta la inscripción nueva o cancelación total o parcial, según el caso. Estos convenios elaborados por las partes surten plenamente sus efectos respecto de ellas, sin necesidad alguna de inscripción.

J.A.M.G. ARTÍCULO 2926. El crédito puede cederse, en todo o en parte,

siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro. Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transrnitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito. Ya hemos visto que la forma para la constitución de la hipoteca sobre créditos se encuentra establecida en los aa. 2317 y 2320, en relación con el a. 2917 de este mismo cuerpo legal. No basta, sin embargo, que la cesión total o parcial se [429]

A.M. 2920, 2927 y 2928

LIBRO CUARTO

realice con estos requisitos. Es necesario además un simple aviso al deudor, porque no se requiere su consentimiento e inscribir la cesión en el RPP. La segunda parte del artículo, consigna el caso de excepción al trámite registral, permitiendo la constitución de fa hipoteca por simple endoso o entrega del título, siempre que se trate de obligaciones a la orden. La omisión de constancia en el registro se explica por la naturaleza de los documentos. En general, puede afirmarse que para la transmisión de la hipoteca se siguen las reglas generales de la transmisión de créditos (aa. 2031 y 2034). La cesión también puede operar en virtud de subrogación según lo establecido en el a. 2058, fr. IV. J.A.M.G. ARTÍCULO 2927. La

hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice y cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la hipoteca no podrá durar más de diez años. Los contratantes pueden señalar a la hipoteca una duración menor que la de la obligación principal.

Es regla general que la existencia de la hipoteca depende de la obligación garantizada. Es importante destacar aquí que de ninguna manera la hipoteca puede exceder la duración de la obligación principal. Ello ocurre así aun en el caso de obligaciones con término de prescripción menor al prolongado plazo de prescripción de la acción hipotecaria (a. 2918) ya que se ajusta la duración de esta última al plazo más corto de la obligación principal por aplicación de la regla general consignada en este mismo artículo. Esta consideración se ve apoyada por lo dispuesto en el a. 2941 fr. II que ordena la extinción de la hipoteca al término de la obligación principal. J. A.M.G. ARTÍCULO 2928. Cuando

se prorrogue el plazo de la obligación garantizada con la hipoteca, ésta se entenderá prorrogada por el mismo término, a no ser que expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca.

Cuando las partes consientan en diferir o prolongar el plazo de duración de la hipoteca, la ley presume que debe entenderse prorrogada la hipoteca, salvo convenio expreso de los otorgantes que, con fundamento en lo dispuesto en el [430]

2. PARTE. TIT. XV/CAP, 11

AM, 2928, 2929 y 2930

artículo anterior pueden convenir en una duración menor para el contrato accesorio. La presunción que la ley establece en este caso, responde a la dinámica del tráfico moderno a partir de una mayor simplicidad en la regulación legal del contrato. Ocurre que en tanto no se cancele o tilde la inscripción del asiento correspondiente en el RPP, el gravamen hipotecario continúa subsistente a pesar de que la obligación principal se haya extinguido (a. 2940). El derecharegistral exige para ello, el aviso indubitable por parte de los otorgantes para levantar el gravamen (a. 3030 y ss.). En los términos de este artículo, la prórroga puede ser expresa o tácita. Como es obvio la declaración en el primer caso debe constar en forma indubitable, y el término para su duración no puede ser superior al de la prórroga de la obligación. Hay prórroga tácita cuando por una sola vez se conviene en la prolongación del plazo de la obligación principal. La prolongación del término, exige las mismas formalidades previstas en la constitución inicial y debe ser asimismo objeto de asiento registral, J.A.M.G.

Si antes de que expire el plazo se prorrogare por primera vez, durante la prórroga y el término señalado para la prescripción, la hipoteca conservará la prelación que le corresponda desde su origen.

ARTÍCULO 2929.

Este artículo contiene una saludable previsión que exige la convención de la prórroga antes del vencimiento inicial de la obligación principal. En sentido contrario, la prórroga de la obligación una vez expirado el término inicial, ocasiona la pérdida de la prelación original de la hipoteca. En este último caso debe entenderse, como es de explorada doctrina para los casos de arrendamiento, que el contrato inicial ya ha fenecido y que su prórroga supone un nuevo negocio con similares características al anterior. Básicamente, es ésta la razón de que el texto legal haga perder a la garantía la prelación inicial. J.A.M.G.

La hipoteca prorrogada segunda o más veces sólo conservará la preferencia derivada del registro de su constitución por el tiempo a que se refiere el artículo anterior; por el demás tiempo o sea el de la segunda o ulterior prórroga,

ARTÍCULO 2930.

[4.311

ARTS. 2930 y 2931

LIBRO CUARTO

sólo tendrá la prelación que le corresponda por la fecha del último registro. Lo mismo se observará en el caso de que el acreedor conceda un nuevo plazo para que se le pague su crédito. Distintamente acontece en el caso de que los contratantes acuerden prorrogar dos o más veces la hipoteca convenida. En los términos de este artículo una vez transcurrido el plazo de extinción dela prórroga inicial, la garantía pierde la prelación original y solamente conserva a su favor la vigencia adquirida a partir de la fecha del último registro. Esto permite la protección de los derechos de otros acreedores, quienes indudablemente se verían perjudicados con la subsistencia varias veces prorrogada de !a hipoteca que se prolongaría en el tiempo no previsto por voluntad del deudor y del acreedor hipotecario. Prolongación que los demás acreedores no esperaban al constituir su crédito. J.A.M.G.

CAPITULO III De la hipoteca necesaria

Llámase necesaria a la hipoteca especial y expresa que por disposición de la ley están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran, o para garantizar los créditos de determinados acreedores.

ARTÍCULO 2931.

En relación con el a. 2920, la hipoteca es necesaria cuando deriva de una exigencia legal impuesta a determinadas personas para la constitución de garantía hipotecaria en los casos expresamente mencionados por la ley previstos en la disposición legal. Ejemplo de ello puede encontrarse en los aa. 2935 y 2937. Ya hemos comentado en un artículo anterior la necesidad del carácter expreso de este tipo de hipoteca que acabó con la costumbre anterior de las hipotecas ocultas o genéricas. Esta figura se dirige a la protección y seguridad en la custodia y manejo de bienes ajenos. Casos específicos se encuentran dispersos en el código, como p.c. los que se refieren a la obligación del albacea para garantizar su manejo con fianza, hipoteca, o prenda (aa. 1708, 1709 y 1710) así como en el caso de tutor (a. 591 y 14321

2. PARTE. TIT, XV/CAP. III

MITS. 2931, 2932 y 2933

ss), depositario, administrador o representante en el caso de ausencia (aa. 685 y al 686), entre otros. J.A.M.G.

La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado.

ARTÍCULO 2932.

Como este tipo de garantía tiene por objeto la protección del eficaz cumplimiento de obligaciones legales, el aseguramiento puede constituirse en cualquier tiempo, no siendo forzoso, por lo tanto, la constitución de la hipoteca precisamente ab initio. El único requisito consiste en que la obligación principal se encuentre pendiente de ejecución, incluso parcialmente. En todo caso la garantía debe ser suficiente para asegurar el cumplimiento de la obligación pendiente de ejecución. J. A.MXI.

Si para la constitución de alguna hipoteca necesaria se ofrecieren diferentes bienes y no convinieren los interesados en la parte de responsabilidad que haya de pesar sobre cada uno, conforme a lo dispuesto en el artículo 2912, decidirá la autoridad judicial, previo dictamen de peritos. Del mismo modo decidirá el Juez las cuestiones que se susciten entre los interesados, sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la constitución de cualquiera hipoteca necesaria.

ARTÍCULO 2933.

Como excepción al principio de divisibilidad de la hipoteca, (a. 2912), la ley previene la posibilidad de que existiendo diferentes bienes, se señale la parte que a cada uno de ellos corresponde en el gravamen. La parte final de este primer párrafo y la segunda parte del precepto se refieren a los supuestos ya comentados en los aa. 2907 a 2909. Como corolario a lo comentado respecto de estos preceptos en relación con el que es materia de esta nota, nos parece que en realidad las hipótesis previstas en

143.31

ARTS. 2933, 2934 y 2933

LIBRO CUARTO

constituyen casos de excepción al principio de indivisibilidad de la hipoteca. Nos parece ver en lo dispuesto en esos dispositivos, una sola hipoteca para cuya constitución el crédito se considera como dividido. ellos, no

I.G.G. y J.A.M.G.

La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la obligación que con ella se garantiza.

ARTÍCULO 2934.

Este artículo se relaciona con el diverso 2927 y enuncia la regla general del carácter accesorio de la hipoteca en relación con el contrato principal. Aunque la ley no lo diga, su regulación legal sigue los principios consignados en los aa. 2928, 2929 y 2930, ya comentados. Debe tenerse en cuenta asimismo, que de todas formas el beneficiario de la garantía mantiene a su favor el plazo de prescripción legal establecido en el a. 2918 (véanse los comentarios a los preceptos que aquí se citan). J.A.M.G. ARTÍCULO 2935. Tienen

derecho de pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus créditos: I.— El coheredero o partícipe, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto importen los respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que haya recibido; II.— Los descendientes de cuyos bienes fueren meros administradores los ascendientes, sobre los bienes de éstos, para garantizar la conservación y devolución de aquéllos; teniendo en cuenta lo que dispone la fracción III del artículo 520; III.— Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los que éstos administren; IV.—Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca especial designada por el mismo testador; V.— El Estado, los pueblos y los establecimientos públicos, sobre los bienes de sus administradores o recaudadores, para asegurar las rentas de sus respectivos cargos.

Aparte las disposiciones legales expresas que ya hemos comentado en el a. 2931, el precepto en cita contiene normas en las que establece en favor de qué personas [4341

ART5. 2935 y 2932

2a. PARTE. TIT. XV/CAP. III

deben otorgar garantía hipotecaria, quienes tienen la custodia y administración de bienes ajenos. En cada caso, la ley establece disposiciones específicas de regulación según la naturaleza de la guarda o administración de los bienes. Incluso, la fr. V se refiere a una hipótesis de derecho administrativo que, en estricta sistemática legal, aparece como fuera de contexto en la materia. En resumen la hipoteca legal o necesaria tiene lugar: a) en caso de indivisión por herencia o copropiedad; b) por causa de administración de los bienes del hijo que se halle bajo la patria potestad salvo lo dispuesto en el a. 520; e) por razón de tutela; d) a causa de legado; y e) por cargo público. J.A.M.G. ARTÍCULO 2936. La constitución de la hipoteca en los casos a que

se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, puede ser pedida: I.— En el caso de bienes de que fueren meros administradores los padres, por los herederos legítimos del menor; II.— En el caso de bienes que administren los tutores, por los herederos legítimos y por el curador del incapacitado, así como por el Consejo Local de Tutelas; III.— Por el Ministerio Público, si no la pidieren las personas enumeradas en las fracciones anteriores. Con carácter meramente complementario, este artículo se refiere a los casos de la hipoteca exigida a los padres y tutores por la responsabilidad que eventualmente asumen en el ejercicio de sus encargos. Este caso, debe relacionarse con lo dispuesto en los aa. 425, 428 y 430, teniendo en cuenta, lo que dispone la fr. III del a. 520, que se refiere a los casos de ejercicio de tutela por los ascendientes. Es un poco raro el caso en que alguno de los herederos legítimos de un menor que no haya alcanzado aún la edad suficiente para tener hijos. De todas formas la ley ha querido cubrir todas las posibilidades para el aseguramiento de la administración ejercida por los ascendientes respecto de los bienes del menor. A mayor abundamiento, de conformidad con lo dispuesto en la fr. III del propio artículo en cita, la constitución de la garantía puede solicitarse por el agente del ministerio público. Por su parte, la disposición prevista en la fr. II hace referencia al caso de la administración que corresponde al tutor de los bienes de menores e incapacitados a que se refiere la fr. III del artículo anterior. La constitución de la hipoteca necesaria, puede solicitarse por un tutor designado, al efecto, por sus herederos 43.5)

ARTS. 2930, 2937, 2938 y 2939

LIBRO CUARTO

legítimos, por el curador, así como por el Consejo Local de Tutelas. La disposición tiene relación con los aa. 519 y siguientes. J.A.M.G.

La constitución de la hipoteca por los bienes de hijos de familia, de los menores y de los demás incapacitados, se regirá por las disposiciones contenidas en el título VIII, capítulo II; título IX, capítulo IX y título XI, capítulos I y III del libro primero.

ARTICULO 2937.

De carácter meramente rernisorio, este artículo se refiere a la constitución de hipoteca necesaria por aquellos que administran bienes de menores sujetos a patria potestad o a tutela de bienes de incapacitados (aa. 441 y 519). Así como aquellos que custodien bienes de ausentes durante el período de las medidas provisionales y de la declaración de ausencia (aa. 648 y 652). Deberá advertirse que en estos últimos casos el depositario nombrado o el representante del ausente, está obligado a otorgar la caución de su manejo mediante fianza y no por medio de hipoteca. I.G.G.

Los que tienen derecho de exigir la constitución de hipoteca necesaria, tienen también el de objetar la suficiencia de la que se ofrezca, y el de pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo insuficientes para garantir el crédito; en ambos casos resolverá el juez.

ARTÍCULO 2938.

Estrechamente relacionado con los preceptos anteriores, este artículo consigna la facultad de los interesados en la constitución de la hipoteca para objetar la suficiencia de los bienes y, en su caso, solicitar la ampliación necesaria. Aunque el precepto no lo prevea en forma expresa, parece claro que el asunto puede remitirse a juicio de peritos y que en dicho dictamen deberá necesariamente apoyarse el juez para resolver en concepto. En consecuencia, este artículo se relaciona con la parte final del a. 2933. J.A.M.G.

Si el responsable de la hipoteca designada en las fracciones II, III y IV del artículo 2935 no tuviere inmuebles, no gozará el acreedor más que del privilegio mencio-

ARTÍCULO 2939.

[436]

ARTS. 2939 y 2940

2a. PARTE. TIT. XV/CAPS. III y IV

nado en el artículo 2995, fracción I, salvo lo dispuesto en el capítulo IX, del título IX, del libro primero. Si las personas obligadas a constituir la hipoteca prevista en las frs. 11, III y IV del a. 2935 son los ascendientes, los tutores y los legatarios y.no fueren propietarios de inmuebles bastantes para garantizar su manejo, quedarán eximidos de constituir tal garantía y las personas a cuyo favor se hubiere constituido la hipoteca, tendrán solamente el derecho de preferencia contra el administrador de sus bienes que les hubiera causado daños y perjuicios por el incumplimiento de sus obligaciones consignado ene! a. 2995 fr. I que se refiere a los acreedores de segunda clase en la concurrencia y prelación. La excepción prevista para esta hipótesis y que el mismo artículo menciona en su parte final se refiere a la constitución de garantía prendaria o fianza en lugar de la hipoteca. Sólo en ausencia de bienes para constituir la hipoteca o prenda, el tutor puede caucionar su manejo con el otorgamiento de fianza (a. 526). J.A.M.G.

CAPITULO IV De la extinción de las hipotecas ARTÍCULO 2940. La hipoteca produce todos sus efectos jurídicos

contra tercero mientras no sea cancelada su inscripción. En virtud de la íntima relación que la hipoteca mantiene con el asiento registral a cuyo inmueble se refiere (a. 2919), la garantía despliega todos sus efectos en tanto aquél no haya sido cancelado, y esto a pesar de que se hayan extinguido los efectos de la obligación principal y la garantía accesoria. Es obvio que esta previsión debe entenderse referida a las relaciones con terceros. De acuerdo con este principio general de publicidad, la ley protege la determinación y especialidad del gravamen, que de esta forma resulta susceptible de ser fácilmente conocido por todo interesado y especialmente, por ulteriores acreedores hipotecarios. Desde este punto de vista, la garantía hipotecaria continúa vigente en tanto no se dé aviso al RPP de la extinción del derecho. Ello puede dar origen a discrepancias entre una situación jurídica formal y la realidad, pues es frecuente en la práctica que el deudor haya liquidado su crédito sin cuidarse de solicitar al RPP la cancelación del gravamen. 114371

LIBRO

MITS. 2940 y 2941

CUARTO

En otro sentido, la previsión legal puede asimismo verse desvirtuada en la práctica por la omisión dolosa e intencional del deudor para levantar el gravamen, aún extinguida la obligación y por lo tanto su garantía accesoria (a. 2934), con el objeto de disminuir la eficacia de otra previsible hipoteca que entonces necesariamente obtendrá registro en segundo lugar. J.A.M.G.

Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca: I. Cuando se extinga el bien hipotecado; II.— Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía; III.—Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. IV.— Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, observándose lo dispuesto en el artículo 2919; V.— Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo prevenido en el artículo 2325; VI.— Por la remisión expresa del acreedor; VII.— Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria.

ARTÍCULO 2941. —

El precepto que ahora se comenta debe entenderse a la luz del asiento registral que la contiene. La hipoteca se extingue, como es obvio, cuando fenece la obligación principal que le ha dado origen. Es el caso consignado en la fr. II. Es ésta una terminación por vía de consecuencia; la suerte del negocio principal involucra necesariamente la de la obligación accesoria. Aparte esta hipótesis, la hipoteca puede extinguirse por causas que resultan de su propia naturaleza. Así p.c. si se destruye el objeto hipotecado, porque en este caso, existe imposibilidad de carácter físico para hacer efectiva la garantía (a. 1950, por analogía, en relación con el a. 1954). Cuando éste se encuentra asegurado y se destruya, el pago de la indemnización correspondiente al seguro, debe considerarse afectado para cubrir la garanda hipotecaria. (Véase comentario a los aa. 2910 y ss). La hipoteca también se extingue al extinguirse el derecho que el deudor tenía sobre la cosa hipotecada. Si consideramos, en efecto que solamente puede hipotecar el que puede enajenar (a. 2906), es.claro que cuando se extingue (no cuando se tramite) el derecho de disposición, la hipoteca se pierde, debe extin[438]

ANTS. 2941 y 2942

2*. PARTE. TIT. XV/CAP. IV

guirse porque ha cambiado la naturaleza jurídica del bien hipotecado (se ha convertido en un bien inalienable).

En esa hipótesis, el derecho real del acreedor se extingue. El precio de la indemnización queda afectado al pago de la obligación garantizada. Se produce entonces una especie de subrogación real y no de extinción, por virtud de la cual, la hipoteca se sustituye por un derecho de preferencia para que se pague al acreedor con el importe de la indemnización que debe pagarse por la finca expropiada. Caso distinto es el del remate judicial. Bien cabe pensar aquí en dos distintas posibilidades: primero, que el remate se verifique en favor del acreedor, en cuyo caso la extinción operará en forma normal; segundo, que el remate se finque en favor de un acreedor con prelación anterior, entonces el segundo acreedor hipotecario concurrirá sólo por el exceso. Por último, la hipoteca puede extinguirse por la voluntad expresa o tácita del acreedor; en el primer caso renunciando a la garantía hipotecaria y en el segundo a virtud de remisión de la deuda que la garantiza. Finalmente la hipoteca se extingue, si se deja transcurrir el término de diez años previsto para la prescripción de la acción hipotecaria (a. 2918). A.M.G.

La hipoteca extinguida por dación en pago, revivirá si el pago queda sin efecto, ya sea porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del deudor y estando todavía en su poder, ya sea porque el acreedor la pierda en virtud de la evicción.

ARTÍCULO 2942.

Con curiosa terminología que recuerda la expresión italiana utilizada para designar los cambios y anormalidades del negocio, este artículo consigna la

posibilidad de que la hipoteca cobre nuevamente eficacia (reviva), si el pago queda sin efecto. El texto no precisa si la dación en pago debe referirse a N obligación principal o bien a la obligación accesoria. No existe obstáculo alguno para que ambas queden comprendidas en la hipótesis, ya que hemos visto que la hipoteca puede extinguirse por causas directas o por vía de consecuencia. Aunque el a. 2893 establezca que el acreedor deba ser pagado con el valor de los bienes, nada impide que en la propia hipoteca pueda tener lugar el fenómeno de dación en pago, previsto en este artículo, aunque revista la forma de alguna figura jurídica diversa. J.A.M.G. 14391

ARTS. 2943 y 2944



LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2943. En los casos del artículo anterior, si el registro hubiere sido ya cancelado, revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción; quedando siempre a salvo al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor, de los daños y perjuicios que se le hayan seguido. En relación estrecha con el artículo anterior, este precepto consigna la posibilidad de que el registro de la hipoteca se hubiere ya cancelado y que, por tanto, operara su extinción. En este caso, la hipoteca solamente "revive" a partir de la nueva inscripción que en su caso se haga, perdiendo entonces el acreedor la prelación registra] originaria de una obligación que se hubiese estimado debidamente cumplida. El acreedor tendrá el derecho de ser indemnizado por el deudor de los daños y perjuicios que por tal motivo se le hayan ocasionado; p.c. a consecuencia de la intervención, en el lapso no amparado, por la inscripción que fue cancelada, de otro acreedor que inscribiere una hipoteca a su favor y desplace al acreedor cuya garantía había sido cancelada. JAMO.

TITULO DECIMOSEXTO

De las transacciones ARTÍCULO 2944. La transacción es un contrato por el cual las

partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. A partir del CC de 1870 se definía el contrato de transacción como aquél en el que "las partes dando, prometiendo o reteniendo algo, terminan una controversia presente o previenen una futura". El CC francés en el a. 2044 se limitaba a definir la transacción como "un contrato por el que las partes terminan una contestación presente o previenen una futura". Los comentaristas del Código de Napoleón criticaban el texto porque en él "falta decir por qué medios las partes consiguen ese efecto, pues hay otros actos jurídicos que conducen al mismo resultado: sentencia, desistimiento, etc.", con mayor técnica los códigos civiles mexicanos añadieron, como el actual, que las partes "haciéndose recíprocas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura". La definición está inspirada en el Código de Justiniano, porque ahí se definía como "una convención no gratuita por la que se decide una cosa dudosa, dando, reteniendo o prometiendo algo". [4401

TITULO DECIMOSEXTO

De las transacciones

ARTS. 2943 y 2944



LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2943. En los casos del artículo anterior, si el registro hubiere sido ya cancelado, revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción; quedando siempre a salvo al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor, de los daños y perjuicios que se le hayan seguido. En relación estrecha con el artículo anterior, este precepto consigna la posibilidad de que el registro de la hipoteca se hubiere ya cancelado y que, por tanto, operara su extinción. En este caso, la hipoteca solamente "revive" a partir de la nueva inscripción que en su caso se haga, perdiendo entonces el acreedor la prelación registra] originaria de una obligación que se hubiese estimado debidamente cumplida. El acreedor tendrá el derecho de ser indemnizado por el deudor de los daños y perjuicios que por tal motivo se le hayan ocasionado; p.c. a consecuencia de la intervención, en el lapso no amparado, por la inscripción que fue cancelada, de otro acreedor que inscribiere una hipoteca a su favor y desplace al acreedor cuya garantía había sido cancelada. JAMO.

TITULO DECIMOSEXTO

De las transacciones ARTÍCULO 2944. La transacción es un contrato por el cual las

partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. A partir del CC de 1870 se definía el contrato de transacción como aquél en el que "las partes dando, prometiendo o reteniendo algo, terminan una controversia presente o previenen una futura". El CC francés en el a. 2044 se limitaba a definir la transacción como "un contrato por el que las partes terminan una contestación presente o previenen una futura". Los comentaristas del Código de Napoleón criticaban el texto porque en él "falta decir por qué medios las partes consiguen ese efecto, pues hay otros actos jurídicos que conducen al mismo resultado: sentencia, desistimiento, etc.", con mayor técnica los códigos civiles mexicanos añadieron, como el actual, que las partes "haciéndose recíprocas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura". La definición está inspirada en el Código de Justiniano, porque ahí se definía como "una convención no gratuita por la que se decide una cosa dudosa, dando, reteniendo o prometiendo algo". [4401

2a. PARTE. TIT. XVI

ABTS. 2944, 2945, 2946 y 2947

El perdón o la remisión de un derecho litigoso es un acto de liberalidad mas no una transacción y las transacciones sobre derechos no litigiosos deben verse como una renuncia; por esta razón el legislador considera que la transacción es un contrato recíproco; una renuncia sería un acto de liberalidad mas no una transacción. J.J.L.M. ARTÍCULO 2945. La transacción que previene controversias futu-

ras, debe constar por escrito si el interés pasa de doscientos pesos. El legislador exige una forma, porque no puede mediante una hipótesis general abarcar todos los casos concretos: el hacer constar por escrito la transacción significa el allegarse una prueba para saber el alcance y contenido del contrato. J.J.L.M. ARTÍCULO 2946. Los ascendientes y los tutores no pueden transigir

en nombre de las personas que tienen bajo su potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y previa autorización judicial. El legislador reproduce en este artículo lo que implícitamente se regula en el a. 436 respecto a los que ejercen la patria potestad y lo que expresamente se dice en los aa. 537 fr. VI y 568 respecto de los tutores pues no pueden ni los ascendientes ni los tutores transigir en nombre de las personas que tienen bajo su potestad o guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil para los intereses de sus hijos o pupilos y siempre previa autorización judicial. J.J.L.M. ARTÍCULO 2947. Se puede transigir sobre la acción civil provenien-

te de un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena, ni se da por probado el delito. La exposición de motivos del CC de 1870, decía a propósito del a. 3269 que dicho numeral [441 I

LIBRO COARTO

ARTS. 2947, 2948 y 2949

contiene una disposición imporante; porque muchas veces el ofendido transige con su ofensor, y generalmente aun en los delitos graves se hace muy poco caso de la acción civil; que por lo mismo es muy conveniente que conste de un modo expreso que la transacción en este caso no comprende la acción pública; supuesto que los delincuentes no sólo ofenden a las personas sino también a la sociedad... Téngase en cuenta que lo dispuesto en este artículo está reproducido, implícitamente en la fr. II del a. 2950 (véase el comentario) pues indudablemente que la transacción que verse sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros será nula. Finalmente debe tomarse en consideración que la acción para exigir la reparación de los daños prescribe en dos anualidades contadas a partir del día en que se haya causado el daño (a. 1934). J.J.L.M. ARTÍCULO 2948. No se puede transigir sobre el estado civil de las

personas, ni sobre la validez del matrimonio. Las Siete Partidas decían que "contienda o pleyto que naciese sobre casamiento de algunos, non se podría meter en manos de abenidores", partida III, título IV, ley XXIV. El estado civil de las personas es de orden público, ni la capacidad de aquéllas ni el alcance de éste, pueden quedar al arbitrio de las personas. Por la misma razón, la validez del matrimonio no puede sujetarse a un compromiso de mutuas concesiones. El matrimonio es de orden público, interesa al grupo social y a los hijos y por lo mismo escapa a la voluntad de los cónyuges, bien sea la de uno o la de ambos. J.J.L.M. ARTÍCULO 2949. Es válida la transacción sobre los derechos pecu-

niarios que de la declaración del estado civil pudieran deducirse a favor de una persona; pero la transacción, en tal caso, no importa la adquisición del estado. El a. 339 de éste código faculta la transacción o arbitramiento sobre los derechos pecuniarios que de la filiación legalmente adquirida pueda deducirse, mas dicha disposición añade que las condiciones que.se hagan al que se dice hijo no importan la adquisición de estado de hijo de matrimonio. [4421

ARTS. 2949 y 2950

24. PARTE. T1T. XVI

En otros términos el orden jurídico civil permite que a través de un contrato de transacción se regulen los derechos pecuniarios que un presunto padre otorga a su hijo, pero esta actitud de misericordia o compasión, no implica que por eso se haya adquirido el estado de hijo que corresponde a una relación biológica. J.J.L.M. ARTÍCULO 2950. Será nula la transacción que verse:

1,— Sobre delito, dolo y culpa futuros; II.— Sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros; III.— Sobre sucesión futura; IV.— Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay; V.— Sobre el derecho de recibir alimentos. La disposición que comentamos es congruente con un orden jurídico civilizado. No podría ser válida una concesión patrimonial sobre delitos, dolo o culpa futuros pues esto significaría tanto como aceptar como válida la comisión del delito o la realización de maquinaciones o artificios que conduzcan al error o que disimulen éste. La ley civil, con justa razón considera nula la transacción que verse sobre delitos, dolo o culpa futuros. Por la misma razón y como hemos dicho al comentar el a. 2947 será nula la transacción sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros, pues sería tanto como aceptar como válido un desorden jurídico o una posible compulsión o amenaza futuras (fr. II). Asimismo tampoco será válida la transacción que verse sobre una sucesión futura pues si bien el a. 1826 admite la existencia de contratos con un objeto futuro, expresamente excluye la herencia de una persona viva aun cuando ésta preste su consentimiento. Obsérvese que la sucesión no será futura si el autor de la misma ha fallecido pues a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria y podrían transigir (a. 1283) y recuérdese asimismo que los actos abdicativos que son aquellos en los que se renuncia a la sucesión de una persona viva no son válidos (fr. III del artículo que comentamos y a. 1665). Por las mismas razones no será válida la transacción sobre una herencia, antes de visto el testamento si lo hay, pues entonces no habría recíprocas concesiones si se ignorase cuál es el alcance de los derechos que se tenían a consecuencia de un testamento. Finalmente el a, 321 de este código expresamente indica que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y por eso la transacción que verse sobre estos derechos será nula, no importa que el [4431

4 ARTS. 2950, 2951, 2952 y 2953 LIBRO CUARTO

derecho de percibir los alimentos surja o continúe después de la muerte del autor de la herencia, pues la subsistencia no puede ser renunciable (véase el artículo siguiente).

Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos.

ARTÍCULO 2951.

Como hemos dicho el acreedor de alimentos, bien se desprenda el crédito de un deudor que viva o de una sucesión, no puede renunciar al derecho de percibirlos pues los alimentos están en función de la vida y el no darlos equivale a un homicidio, por esa razón hemos dicho que conforme a la fr. V del a. 2950 la transacción que verse sobre el derecho de recibir alimentos es nula, sin embargo, la ley civil admite que pueda transigirse sobre las cantidades que actualmente se deban al acreedor pues éstas podrían disminuirse o aumentarse según conviniese a las partes. J.J.L.M.

ARTÍCULO 2952.

El fiador sólo queda obligado por la transacción cuando consiente en ella.

Conforme al a. 2826 la transacción entre el acreedor y el deudor principal aprovecha al fiador, pero no le perjudica, por esta razón el artículo que estamos comentando indica que el fiador sólo queda obligado por la transacción cuando consiente en ella y lógicamente el consentimiento tendría que ser expreso. Si a pesar de no haber intervenido en la transacción el fiador consiente tácitamente en ella, en aplicación del a. 1803 la transacción sí le perjudica en cuanto le obliga.

La transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquélla en los casos autorizados por la ley.

ARTÍCULO 2953.

García Goyena (Concordancias, motivos y comentarios de/código civil español, México, 1881, t. IV, p.3) dice que [4441

241. PARTE. VIT. XVI

ARTS. 2953 y 2954

la transacción tiene por objeto el componer diferencias y pleitos presentes o venideros. Es en cierto modo una sentencia pronunciada por las mismas partes, y cuando ellas se han hecho justicia, no deben ser admitidas a quejarse de sí mismas, de otro modo las transacciones vendrían a ser un nuevo manantial de pleitos. Esta firmeza e irrevocabilidad es lo que coloca a las transacciones entre los contratos más útiles a la paz de las familias y a la sociedad entera. En realidad, el legislador en el artículo que comentamos está asimilando el contrato de transacción a la sentencia por el efecto que tiene de terminar una controversia sin ulterior recurso; pero esta asimilación, dice Planiol, es falsa pues la sentencia es un acto procesal. Existe cosa juzgada cuando entre un caso y otro hay una similitud unívoca, es decir, cuando se trata de las mismas personas, de la misma causa y por los mismos motivos. En realidad el contrato de transacción produce en beneficio de los contratantes una excepción perentoria; es decir, si se demandase nuevamente, podría interponerse la excepción de transacción que tiene con la excepción de cosa juzgada una analogía. Parlo mismo la excepción de transacción no procederá sino entre las mismas partes o sus sucesores y tendría que referirse a la misma cosa ¿invocarse por las mismas causas. El legislador al dar a la transacción la eficacia y autoridad de cosa juzgada le está dando el alcance que tiene cualquier contrato pues los contratos obligan a lo expresamente estipulado. Por esa razón no puede en estricto derecho asimilarse a la sentencia, pues ésta es un acto de orden público y la transacción como cualquier contrato puede anularse si de ella se desprendiese una causa de nulidad o rescindirse si hubiese incumplimiento. J.J.L.M. ARTÍCULO 2954. Puede anularse la transacción cuando se hace en

razón de un título nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad. Hemos dicho en el comentario del artículo anterior (véase) que en realidad el legislador al considerar que la transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, está otorgando a las propias partes una excepción perentoria, pero en estricto sentido no puede asimilarse la transacción a una sentencia que es un acto procesal y concluíamos que en realidad el legislador está dando al contrato de transacción el alcance que tiene cualquier contrato obligando expresamente,a las partes a lo estrictamente estipulado. 14451

ARTS. 2954, 2955 y 2956

LIBRO CUARTO

El artículo que comentarnos establece la anulabilidad de la transacción cuando se hace en razón de un título nulo. Entendemos por título no sólo el documento sino la causa que condujo a las partes a celebrar el acto de manera que si la causa del acto jurídico es nula, la transacción celebrada será también nula. En otras palabras la transacción es un contrato accesorio en función de la controversia presente o de la futura, por eso si ésta fuese nula la transacción lo sería. Esta nulidad no podría invocarse cuando el objeto de la transacción es en función del conocimiento que se tiene de la nulidad y el contrato de transacción se celebra a efecto de resolver la posible nulidad invocada o invocable (véase el artículo siguiente).

ARTÍCULO 2955. Cuando las partes están instruidas de la nulidad

del titulo, o la disputa es sobre esa misma nulidad, pueden transigir válidamente, siempre que los derechos a que se refiere el título sean renunciables. Si la partes conocen que el acto jurídico que produce la controversia actual o que podría producir una futura, es un acto anulable, la transacción podría celebrarse en función de la disputa sobre esa misma nulidad. Recuérdese que conforme al a. 6 de este código los particulares pueden renunciar los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero; por eso si el acto jurídico es anulable, tiene un posible vicio de nulidad relativa; como dicha nulidad sólo afecta a uno de los interesados, la transacción es válida si se hiciera a efecto de prevenir la invocación de esa anulabilidad. JJ. L.M.

ARTICULO 2956. La transacción celebrada teniéndose en cuenta

documentos que después han resultado falsos por sentencia judicial, es nula. Hemos dicho que la transacción es un contrato accesorio en relación con la controversia presente o el acto jurídico que podría producir una controversia futura. Siendo un contrato accesorio seguirá lá suerte del principal, de tal modo que si la transacción se celebra teniendo en cuenta documentos que después han (446)

ARTS. 2956, 2957 y 2938

2*. PARTE. TIT. XVI

resultado falsos por sentencia judicial, dicha transacción es nula, pues no podrá la falsedad criminal servir de base a ningún convenio. J.J.L.M. ARTÍCULO 2957. El descubrimiento de nuevos títulos o documen-

tos, no es causa para anular o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe. El a. 2057 del Código de Napoleón nos dice que la transacción general o de todos los negocios o diferencias no se rescinde por el descubrimiento de títulos nuevos o desconocidos al transigirse, "a menos que ellos hayan sido retenidos por el hecho de una de las partes". Añadiendo en la segunda parte del artículo que será nula la transacción contraída en un objeto o negocio particular, si de los instrumentos nuevamente descubiertos resulta que una de las partes carecía de todo derecho sobre el objeto. El CC mexicano inspirándose en el a. 1728 del proyecto de García Goyena (México, 1881, t. I II, p. 113) indica que sólo se anulará o rescindirá la transacción si se celebró de mala fe; la transacción es válida si no ha habido mala fe porque en realidad si la hubo se cae en el caso de dolo pues se trata de una maquinación o artificio elaborado por una de las partes para que la otra caiga en error (a. 1815 de este código). J.J.L.M. ARTICULO 2958. Es nula la transacción sobre cualquier negocio

que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable, ignorada por los interesados. El proyecto de García Goyena declaraba que la transacción sobre un pleito que estuviera decidido por sentencia ejecutoriada e irrevocable se rescindirá en el único caso de que la parte que pida la rescisión ignorase la existencia de la ejecutoria (véase primera parte del a. 1729). Nuestro legislador con mayor criterio científico declara nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido por sentencia irrevocable ignorada por los interesados, porque toda transacción ha de recaer sobre un hecho dudoso o litigioso. Cuando se ha dictado una sentencia irrevocable ya no hay duda ni litigio, no existe pues un objeto en la transacción y por esta razón el acto jurídico es nulo. J.J.L.M. 14471

LIBRO CUARTO

ARTS. 2959 y 2960

ARTICULO 2959. En

las transacciones sólo hay lugar a la evicción cuando en virtud de ellas da una de las partes a la otra alguna cosa que no era objeto de la disputa y que, conforme a derecho, pierde el que la recibió.

Si a consecuencia de la transacción una de las partes da a la otra alguna cosa que no era objeto de la disputa en realidad estaríamos en presencia de una dación de pago que como sabemos conforme a.los a. 2095 y 2096 únicamente opera si el acreedor no sufre la evicción de la cosa pues en tal caso, es decir, si fuese eviccionado, la obligación primitiva renace quedando sin efecto la dación. En otros términos, la transacción que implique una dación en pago significa una enajenación a favor de la parte que recibe un objeto distinto y como todo el que enajena está obligado a la evicción aunque nada se haya dicho en el contrato, si la parte que transigió pierde lo que recibió por sentencia ejecutoriada en relación con el derecho de otra persona anterior a la adquisición, el contratante que entregó esa cosa estaría obligado al saneamiento por evicción. J.J.L.M.

Cuando la cosa dada tiene vicios o gravámenes ignorados del que la recibió, ha lugar a pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen, en los mismos términos que respecto de la cosa vendida.

ARTÍCULO 2960.

Véase el comentario del artículo anterior. Si a consecuencia de la transacción se recibe una cosa que no era objeto de la disputa en realidad había una dación en pago sujeta a las reglas de la enajenación y podría aplicarse lo dispuesto en los aa. 2142 y siguientes, es decir que el que entregó la cosa estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada, siempre que el que reciba el bien no conozca esos vicios o gravámenes. En caso de que al recibirse una cosa distinta de la que era objeto de la disputa resulte que ésta tiene vicios o gravámenes, el legislador, en el artículo que comentamos, sólo faculta al adquirente para pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen. El legislador añade "en los mismos términos que respecto de la cosa vendida". Recuérdese que el comprador en caso de vicios ocultos tiene dos acciones: la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho o la reducción de la cantidad entregada del precio. Aparece del artículo que comentamos, que sólo faculta a quien recibió la cosa en pago, a pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen. J.J.L.M. 14481

2a. PARTE. TIT. XVI



ARTS, 2961, 2962 y 2983

ARTÍCULO 2961, Por la transacción no se trasmiten sino que se

declaran o reconocen los derechos que son el objeto de las diferencias sobre que ella recae. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace, a garantirlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni importa un título propio en que fundar la prescripción. Fuera de los casos a que se refieren los aa. 2059 y 2960, es decir, que a consecuencia de la transacción se entregue alguna cosa que no era objeto de la disputa y que por consecuencia se apliquen los aa. 2095 y 2096 de este código, relativo a la dación en pago, por la transacción no se trasmiten derechos sino que se declaran o reconocen dichos derechos. Es decir, el objeto de la transacción es puramente declarativo y por esa razón no obliga al que la hace a garantizar los derechos ni impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni importa un título suficiente para fundar la prescripción. Quiere decir el legislador en la segunda parte del artículo que comentamos que como la transacción no es traslativa de dominio, no tiene eficacia real fuera de- la excepción mencionada en el artículo anterior. J.J.L.M.

ARTÍCULO 2962. Las transacciones deben interpretarse estricta-

mente y sus cláusulas son indivisibles a menos que otra cosa convengan las partes. En realidad el artículo ordena la aplicación irrestricta de la regla fundamental en la interpretación de los contiatos. Las transacciones deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas son indivisibles, lo que hace que no sea posible por regla general intentar una nulidad o rescisión de una cláusula del contrato de transacción; en otros términos la transacción forma un todo, es válida en su integridad o es nula; se rescinde en su totalidad o no se rescinde. J.J.L.M.

ARTícuLo 2963. No podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción, sin que previamente se [449]

LIBRO CUARTO

MITS. 2983 y 2964

haya asegurado la devolución de todo lo recibido, a virtud del convenio que se quiera impugnar. El que pretenda demandar contra el valor o subsistencia de la transacción está obligado a probar que garantiza la devolución de lo que ha de restituir y que cumple con la devolución que en virtud de la declaración de nulidad del contrato, está obligado (aa. 2239 y 2241 de este código). El contrato que comentamos contiene una regla procesal conforme a !a cual, no podría demandarse contra el valor o subsistencia de la transacción si no se realiza el aseguramiento de la devolución de lo que se ha recibido por causa de ella. J.J.L.M.

TERCERA PARTE TITULO PRIMERO

De la concurrencia y prelación de los créditos CAPITULO I Disposiciones generales ARTICULO 2964. El

deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables.

Este artículo enuncia el principio que establece que el patrimonio de una persona es la garantía general de sus acreedores. En otras palabras, la obligación impone al deudor no sólo el deber de cumplir sino que compromete su responsabilidad patrimonial en el caso de que no ejecute espontáneamente la prestación. Aparece aquí la distinción entre la deuda y la ejecución forzada o coercibilidad de la obligación. Los casos de excepción son aquellos en que por la naturaleza de la obligación o por disposición de la ley no puede el acreedor hacerse pago con los bienes del deudor. El a. 544 del CPC señala cuáles bienes no son susceptibles de embargo y por lo tanto no forman parte de la garantía con que cuentan los acreedores. I.G.G. y S.T,A.R. 14501

TERCERA PARTE TITULO PRIMERO

De la concurrencia y prelación de los créditos

LIBRO CUARTO

MITS. 2983 y 2964

haya asegurado la devolución de todo lo recibido, a virtud del convenio que se quiera impugnar. El que pretenda demandar contra el valor o subsistencia de la transacción está obligado a probar que garantiza la devolución de lo que ha de restituir y que cumple con la devolución que en virtud de la declaración de nulidad del contrato, está obligado (aa. 2239 y 2241 de este código). El contrato que comentamos contiene una regla procesal conforme a !a cual, no podría demandarse contra el valor o subsistencia de la transacción si no se realiza el aseguramiento de la devolución de lo que se ha recibido por causa de ella. J.J.L.M.

TERCERA PARTE TITULO PRIMERO

De la concurrencia y prelación de los créditos CAPITULO I Disposiciones generales ARTICULO 2964. El

deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables.

Este artículo enuncia el principio que establece que el patrimonio de una persona es la garantía general de sus acreedores. En otras palabras, la obligación impone al deudor no sólo el deber de cumplir sino que compromete su responsabilidad patrimonial en el caso de que no ejecute espontáneamente la prestación. Aparece aquí la distinción entre la deuda y la ejecución forzada o coercibilidad de la obligación. Los casos de excepción son aquellos en que por la naturaleza de la obligación o por disposición de la ley no puede el acreedor hacerse pago con los bienes del deudor. El a. 544 del CPC señala cuáles bienes no son susceptibles de embargo y por lo tanto no forman parte de la garantía con que cuentan los acreedores. I.G.G. y S.T,A.R. 14501

3«. PARTE. TIT. I/CAP. 1

ARTS. 2985 y 2968

ARTICULO 2965. Procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. La declaración de concurso será hecha por el juez competente, mediante los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles. El concurso de acreedores no supone la total insolvencia del deudor, es decir, que el importe de su activo, incluyendo réditos, resulte inferior a su pasivo, sino simplemente que al tiempo en que sus obligaciones se vuelven exigibles no se encuentra en posibilidad de cumplir, es decir, que suspenda el pago a sus acreedores. El concurso procede por falta de liquidez del deudor, no necesariamente por su insolvencia. El procedimiento judicial por el que se rige el concurso lo establecen los aa. 738 y siguientes del CPC. S.T,A.R. ARTÍCULO 2966. La

declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquiera otra administración que por la ley le corresponda, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas. Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar intereses las deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, que seguirán devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el valor de los bienes que los garanticen.

Siendo el patrimonio de una persona la garantía general de sus acreedores, quien ha suspendido sus pagos hace presumir que no tiene la idoneidad para administrar su patrimonio y por ello le priva de su administración. Por la misma sospecha de ineptitud el concursado no podrá desempeñar la administración de otros patrimonios como es el caso del cónyugue que administra los bienes de la sociedad conyugal o la que corresponde a quienes ejercen la patria potestad respecto de los bienes de quienes a ella se encuentran sujetos. En ello consiste lo que se conoce como desapoderamiento o desposesión de bienes del concursado. El vencimiento anticipado del plazo para pagar las deudas obedece a que los acreedores no pueden ya confiar en la solvencia del deudor y que desaparece por la sola declaración del concurso. I.G.G. y S.T.A.R. [4511

LIBRO CUARTO

ARTS. 2961 y 2968

ARTÍCULO 2967. Los capitales debidos serán pagados en el orden

establecido en este título, y si después de satisfechos quedaren fondos pertenecientes al concurso, se pagarán los réditos correspondientes, en el mismo orden en que se pagaron los capitales, pero reducidos los intereses al tipo legal, a no ser que se hubiere pactado un tipo menor. Sólo que hubiere bienes suficientes para que todos los acreedores queden pagados, se cubrirán los réditos al tipo convenido que sea superior al legal. En estricta lógica no existe razón para que los réditos sean pagados hasta que se encuentren satisfechos los capitales. La disposición obedece, según entendemos, al deseo de dividir el importe de los bienes del concursado entre todos sus acreedores en la proporción y orden que les corresponda, evitando que un derecho accesorio, como son los intereses, llegue a ocasionar que otros acreedores no puedan ser pagados ni siquiera en una parte de su crédito principal. La reducción de los intereses al tipo legal sólo procede cuando los bienes del concurso no alcancen para cubrir los convencionales. S.T.A.R. ARTÍCULO 2968, El deudor puede celebrar con sus acreedores los

convenios que estime oportunos; pero esos convenios se harán precisamente en junta de acreedores debidamente constituida. Los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán nulos. Los convenios que celebre el deudor con sus acreedores tienen por finalidad hacer posible que el primero sea rehabilitado, para lo cual los acreedores podrán conceder al concursado las quitas, las remisiones, o esperas u otras facilidades que le permitan hacer frente al pago de sus deudas. La exigencia de que los convenios se celebren en junta de acreedores debidamente constituida y la prohibición de celebrar pactos particulares tienden a evitar que algunos acreedores pretendan obtener ventajas en perjuicio de los demás.

S.T.A.R. [452]

3a. PARTE. TIT. 1/CAP. 1

ARTS, 2969, 2970 y 2971

ARTICULO 2969. La proposición de convenio se discutirá y pondrá

a votación, formando resolución el voto de un número de acreedores que compongan la mitad y uno más de los concurrentes, siempre que su interés en el concurso cubra las tres quintas partes del pasivo, deducido el importe de los créditos de los acreedores hipotecarios y pignoraticios que hubieren optado por no ir al concurso.

Constituye una resolución válida el voto de un mismo sentido de una calificada mayoría de acreedores que se constituirán con la mayoría de los que concurren a la junta, siempre que representen las tres quintas partes del pasivo computado en los términos que establece este artículo. Si bien es cierto que los que no hubieren concurrido a la junta y los disidentes pueden no estar de acuerdo con la mayoría el voto dé ésta los obliga, siempre que hubieren sido debidamente citados para concurrir y que la posición se funde en alguna de las causas mencionadas en el a. 2971. Para determinar el monto del sesenta por ciento a que se refiere este artículo se dedute el importe de los acreedores hipotecarios y pignoraticios que hubieren optado por no ir al concurso ya que su carácter de acreedores privilegiados, pone a salvo sus intereses hasta el importe de la garantía, pudiendo entrar al concurso por el saldo debido (a. 2983). I.G.G. y S.T.A.R.

Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la junta en que se hubiere aprobado el convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido a la junta podrán oponerse a la aprobación del mismo.

ARTÍCULO 2970.

La facultad de oponerse que concede este artículo a los disidentes y a los que no hubieren concurrido a la junta se limita a los casos previstos en el a. 2971. El derecho de los disidentes se fundará en las razones que aleguen para no aceptar la proposición del convenio, las que podrán ser aceptadas o rechazadas por el juez; el derecho de oposición concedido a los que no hubieren concurrido se limita a los que no hubieren sido citados legalmente a la junta (a. 2972). S.T. A.R.

Las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al convenio serán:

ARTICULO 2971.

[453]

ARTS. 2971 y 2972

LIBRO COARTO

1.— Defectos en las formas prescritas para la convocación, celebración y deliberación de la junta; II.— Falta de personalidad o representación en algunos de los votantes, siempre que su voto decida la mayoría en número o en cantidad; 111.—Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los acreedores entre sí, para votar a favor del convenio; IV.— Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad; V.— La inexactitud fraudulenta en el inventario de los bienes del deudor o en los informes de los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor. El efecto de la oposición al convenio fundada en cualquiera de las fracciones de este artículo, es impedir la aprobación judicial, por invalidez del acuerdo. En efecto, la causa de la fracción primera corresponde a la nulidad por falta de forma en la convocatoria y en la celebración de la junta. Comprende cualquiera. irregularidad de la junta en contravención a lo establecido por la ley, la que en todo caso persigue como finalidad la salvaguarda de los intereses de los acreedores; la causa prevista en la fracción segunda provoca la nulidad que corresponde a la incapacidad legal de las partes o de una de ellas que prevé la fracción segunda del a. 1795; por su parte, las últimas tres causas de oposición al convenio se fundan en los vicios del consentimiento que afectan a la voluntad de los acreedores al votar, o en el objeto, motivo o fin ilícito que afecta al convenio (fr. II y III del a. 1795). S.T. A.R.

ARTÍCULO 2972. Aprobado el convenio por el juez, será obligato-

rio para el fallido y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración, si hubieren sido citados en forma legal, o si habiéndoles notificado la aprobación del convenio no hubieren reclamado contra éste en los términos prevenidos en el Código de Procedimientos Civiles, aunque esos acreedores no estén comprendidos en la lista correspondiente, ni hayan sido parte en el procedimiento. [454]

ARTS. 2972, 2973 y 2974

3. PARTE. TIT. 1/CAP. 1

La disposición contenida en este artículo ofrece la peculiaridad de no ajustarse a lo dispuesto en el a. 1796, según el cual los contratos (en este caso el convenio) se perfeccionan por el mero consentimiento; sin embargo, la aprobación del juez no es una resolución que constituya la relación del concursado con sus acreedores, sino que tiene el único efecto de declarar que el convenio es válido, se trata de una simple certificación de legalidad, de una ratificación tendiente a poner a salvo los intereses de los acreedores de cualquier irregularidad peligrosa. El auto que apruebe o no el convenio, es apelable conforme a lo dispuesto en los aa. 753 y 754. S.T.A.R. ARTÍCULO 2973. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios,

podrán abstenerse de tomar parte en la junta de acreedores en la que haga proposiciones el deudor, y, en tal caso, las resoluciones de la junta no perjudicarán sus respectivos derechos. Si por el contrario, prefieren tener voz y voto en la mencionada junta, serán comprendidos en las esperas o quitas que la junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al título de su crédito. La abstención de los acreedores hipotecarios y los pignoraticios se debe a que sus créditos gozan de un derecho real de garantía que los pone a salvo de los riesgos de la insolvencia, pudiendo, por lo tanto, entrar al concurso por la parte de su crédito que no pueda ser satisfecha con la garantía (a. 2983). S.T.A.R. ARTÍCULO 2974. Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán

extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o continuación del concurso. La primera parte de este artículo se explica por sí misma; el pago o cumplimiento de las obligaciones es la forma normal de su extinción. [4.55]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2974, 2975 y 2976

Por su parte, el incumplimiento total o parcial del convenio produce el efecto de rescindirlo ipso jure. En este punto el artículo en comentario es una aplicación concreta del a. 1949, según el cual la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Siendo el efecto de la rescisión volver las cosas al estado que guardaban antes de la celebración del convenio (a. 1940), renacerá el estado concursa'. S.T.A.R. ARTÍCULO 2975. No

mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conservarán éstos su derecho, terminado el concurso para cobrar, de los bienes que el deudor adquiera posteriormente, la parte de crédito que no le hubiere sido satisfecha.

Si no se ha celebrado convenio alguno en que los acreedores renuncien a su crédito, total o parcialmente por remisión o quita, o beneficien de cualquier otra manera al deudor, es claro que conservarán inalterado su crédito; por lo tanto, si terminado el concurso no son pagados íntegramente conservarán su crédito por la parte insoluta ya que el deudor responde de sus obligaciones con sus bienes presentes y futuros. S.T.A.R.

Los créditos se graduarán en el orden que se clasifican en los capítulos siguientes, con la prelación que para cada clase se establezca en ellos.

ARTÍCULO 2976.

El legislador ha considerado que en caso de concurso hay créditos que deben ser protegidos con preferencia a otros. Así, existen unos que son especialmente privilegiados, de tal suerte que sus titulares no necesitan ni siquiera entrar en concurso, tal sucede con los garantizados con prenda o hipoteca y con los salarios de los trabajadores; vienen después los créditos que son determinados bienes afectos a su satisfacción (a. 2993) y se les denomina singularmente privilegiados. Frente a éstos tenemos los créditos simplemente privilegiados, que para su pago, cuentan con ciertos bienes del deudor que no son objeto de una determinada preferencia. Son los que menciona el a. 2985. Otros, no alcanzan estos beneficios y se harán efectivos entrando al concurso en el que se clasificarán, según su origen, en cuatro grupos, esta clasificación es [4561

3a. PARTE. TIT. 1/CAP. I

ARTS. 2978, 2977 y 2978

conocida como graduación. En cada uno de estos grupos ociases se establece un orden en el que deberán ser pagados los créditos debiendo, en todo caso, atenderse a la fecha de sus títulos, pero si hubiere varios que pertenecieren al

mismo orden y fecha, todos ellos se pagarán a prorrata (a. 2977); este orden de preferencia en el pago de los comprendidos en el mismo grupo se llama prelación. S.T.A.R. ARTÍCULO 2977. Concurriendo diversos acreedores de la misma

clase y número, serán pagados según la fecha de sus títulos, si aquélla constare de una manera indubitable. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata. Tres principios jurídicos sirven de fundamento a este precepto: igualdad, seguridad y prelación. Por ello la concurrencia de varios acreedores de la misma clase y número determina su igual trato en el pago, siempre que sus títulos sean de la misma fecha, de lo contrario se estará a la de cada uno de ellos si es que consta de manera indubitable. Los demás créditos en juego determinan esta exigencia de seguridad, por ello su falta funda tanta la presunción de que todos son de la misma fecha como la imposibilidad de preferir a unos respecto de otros. S.T.A.R. ARTÍCULO 2978. Los gastos judiciales hechos por un acreedor, en

lo particular, serán pagados en el lugar en que deba serlo el crédito que los haya causado. En este artículo es ciara la presencia del principio jurídico según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Conviene hacer notar que existe una diferencia de trato entre los mencionados gastos judiciales, que ocuparán el mismo lugar del crédito que los cause, y los intereses que devenguen las deudas del concursado, los que dejarán de producirse desde la fecha de la declaración del concurso (a. 2966). El legislador considera digno de protección el pago de un gasto que el acreedor se ve forzado a hacer en defensa de su crédito con igual prelación que éste. S.T.A.R. í 4571

LIBRO CUARTO

ARTS. 2979 y 2980

ARTICULO 2979. El crédito cuya preferencia provenga de convenio

fraudulento entre el acreedor y el deudor, pierde toda preferencia, a no ser que el dolo provenga sólo del deudor, quien en este caso será responsable de los danos y perjuicios que se sigan a los demás acreedores, además de las penas que merezca por el fraude. El convenio fraudulento entre acreedor y deudor a que se refiere este articulo tiene la naturaleza jurídica de un acto simulado (a. 2180), por lo tanto descubierto el fraude, las cosas volverán al estado que guardaban con anterioridad (a. 2184), es decir, el crédito perderá la preferencia que sin derecho se pretendió atribuirle y ocupará el lugar y grado que le corresponda en el concurso. Si el dolo o fraude procede sólo del deudor, la preferencia subsistirá, pero el obligado será responsable ante los otros acreedores como responsable de un acto ilícito. S. T.A.R.

CAPITULO II De los créditos hipotecarios y pignoraticios y de algunos otros privilegiados ARTÍCULO 2980. Preferentemente se pagarán los adeudos fiscales

provenientes de impuestos, con el valor de los bienes que los hayan causado. Ante la concurrencia de créditos y la imposibilidad del deudor para pagarlos por carecer de bienes para ello, la ley establece una clasificación de los créditos y una ordenación para el pago que obedecen a diversas consideraciones, a saber: a la persona del acreedor, al origen de los créditos, a su naturaleza o a la forma en que éstos fueron constituidos. Las preferencias pueden ser generales o especiales. Las primeras dan derecho al acreedor para perseguir la satisfacción de su crédito sobre todos los bienes del deudor. Por el contrario, las preferencias especiales sólo afectan a determinados bienes. En este artículo el legislador otorga a los adeudos fiscales provenientes de impuestos, una preferencia especial para ser pagados con el valor de los bienes que los hayan causado. Desde las épocas más antiguas de todas las legislaciones, estos adeudas se han considerado como privilegiados, porque son una carga inherente a los bienes [458]

34. PARTE. TIT. 1/CAP. 11

ARTS. 2980, 2981 y 2982

que los causan y porque su satisfacción es fundamental para que el Estado y los organismos que lo forman puedan realizar las funciones que les están encomendadas. La preferencia ala que este artículo se refiere, tiene una graduación superior a la otorgada a los acreedores comprendidos en los artículos de los capítulos siguientes. Además de este privilegio goza el Estado del que le otorga la fr. II del a 2995. C.L.V. ARTÍCULO 2981. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios,

no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos. La hipoteca y la prenda son derechos reales de garantía que confieren a los acreedores hipotecarios y pignoraticios el privilegio de no entrar en concurso con los demás acreedores del deudor, para hacer efectivos sus créditos, y otorgan un derecho de preferencia a sus titulares para ser pagados con el valor de los bienes hipotecados o pignorados, que no cede sino ante créditos por salarios o sueldos e indemnizaciones a trabajadores (véase a. 2989). A este efecto, el acreedor hipotecario o el prendario, puede deducir la acción real que les corresponde. en el juicio respectivo, a fin de que se proceda al remate de la cosa hipotecada o dada en prenda, y se les haga el pago del crédito garantizado (véase a. 468 y siguientes del CPC para el DF). C.L.V. ARTICULO 2982. Si hubiere varios acreedores hipotecarios garan-

tizados con los mismos bienes, pueden formar un concurso especial con ellos, y serán pagados por el orden de fechas en que se otorgaron las hipotecas, si éstas se registraron dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los gravámenes, si la inscripción se hizo fuera del término de la ley. Prevé este artículo la posibilidad de que si fuesen varios los acreedores hipotecarios garantizados con los mismos bienes del fallido, puedan formar un concur14591

¡LATS. 2982, 2983 y -2984

LIBRO CUARTO

so especial entre ellos, de manera que obtengan un pago más rápido que el que lograrían a través del juicio hipotecario. Además, se resuelve la cuestión de la prelación que surge precisamente cuando existen dos o más hipotecas sobre los mismos bienes, y la solución que se da eS que se pague a los acreedores por el orden de las fechas en que se constituyó cada hipoteca. Respecto de terceros, debe tenerse en cuenta que si la inscripción del primer testimonio de la escritura donde consta la hipoteca se realizó en los plazos de vigencia de las inscripciones preventivas a que se refiere el a. 3016, la fecha de preferencia será de la inscripción preventiva. Si el registro se hizo fuera de esos términos, según el orden en que se haya inscrito el testimonio respectivo. Se atiende, para efectos de prioridad, al hecho de la inscripción en el RPP, en cuanto a que es requisito indispensable para que los derechos registrables, puedan ser oponibles a terceros. C.L.V. ARTICULO 2983. Cuando

el valor de los bienes hipotecados o dados en prenda no alcanzare a cubrir los créditos que garantizan, por el saldo deudor entrarán al concurso los acreedores de que se trata, y serán pagados como acreedores de tercera clase.

Los créditos hipotecarios y los prendarios serán pagados preferentemente con el valor de los bienes gravados con prenda o hipoteca. Si dicho valor no alcanzare para satisfacerlos, el saldo insoluto, entra en concurso, pero con una cierta preferencia, pues la ley considera a esos créditos dentro de los de tercera clase, y con ello les da derecho a los acreedores a cobrar antes que los acreedores de que tratan los aa. 2997 y 2998. C.L.V.

ARTICULO 2984. Para que el acreedor pignoraticio goce del dere-

cho que le concede el artículo 2981, es necesario que cuando la prenda le hubiere sido entregada en la primera de las formas establecidas en el artículo 2859, la conserve en su poder o que sin culpa suya haya perdido su posesión; y que cuando le hubiere sido entregada en la segunda de ¡as formas previstas en el artículo citado, no haya [460)

3a, PARTE, T1T. 3/CAP. 11

ARTS. 2984 y 2985

consentido en que el deudor depositario o el tercero que la conserva en su poder, la entregue a otra persona. Para que el acreedor prendario, goce del derecho de preferencia que consiste en ser pagado con el valor de los bienes que garantizan su crédito, ejerciendo la acción que le compete en el juicio respectivo, es menester que la posesión derivada de la entrega real o jurídica de los bienes no se haya perdido, pues la preferencia en el pago se funda en la seguridad que ha adquirido con la entrega. Si la posesión se pierde, se extingue la prenda y desaparece la prelación; pero esto, obviamente, en el caso de que el acreedor haya dejado de poseer por acto de propia voluntad o cuando hubiere consentido en que el deudor o el tercero depositario entregara la cosa gravada a otra persona. Cuando el acreedor haya perdido la posesión por un acto ilícito, o cuando el deudor depositario o el tercero que tenía la cosa en su poder por efecto de la tradición jurídica, hacen entrega de la cosa a otra persona sin consentimiento del acreedor, éste no sólo no pierde el derecho a ser pagado con el valor de los bienes sujetos al gravamen, sino que tiene la facultad de deducir todas las acciones que nacen de su derecho. C.L.V. ARTÍCULO 2985. Del precio de los bienes hipotecados o dados en

prenda, se pagarán en el orden siguiente; 1.— Los gastos del juicio respectivo y los que causen las ventas de esos bienes; 11.— Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes; III.— La deuda de seguros de los propios bienes; IV.— Los créditos hipotecarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2982, comprendiéndose en el pago los réditos de los últimos tres arios, o los créditos pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos, durante los últimos seis meses.

Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios tienen derecho a ser pagados con el valor de los bienes que garantizan sus créditos. Esto no se opone a que, preferentemente deban ser cubiertos ciertos gastos en el orden y al efecto establecidos, en las frs. I, II y III. Razones plenamente justificables amparan ese orden y esa preferencia. Dispone este artículo: "Del 1:v-recio de los bienes hipotecados o dados en prenda, se pagarán en el orden siguiente: 146111

ARTS. 298$ y 2986

LIBRO CUARTO

1. Los gastos del juicio respectivo y los que causen las ventas de esos bienes. Siempre que para transformar en dinero los bienes del deudor, haya sido necesario hacer algunos gastos, su monto debe deducirse del precio obtenido, antes de que ningún acreedor sea pagado, cualquiera que pueda ser su carácter. 2. Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes. El privilegio para el pago de estos gastos se funda en razones de evidente justicia: Son gastos necesarios aquellos que se requieren para la conservación de la cosa, (su menoscabo o destrucción causaría perjuicio a los acreedores). 3. La deuda por seguros de los propios bienes. Los créditos por seguros gozan de privilegio porque, mientras los bienes no se vendan, garantizan a los acreedores el pago de sus créditos hasta la concurrencia del valor de las pólizas, (Véase Mateos Alarcón, Manuel, Estudios sobre el código civil del distrito federal, México, Imp. Díaz de León. 1983, t. IV, pp. 147 y 148). 4. Los créditos hipotecarios de acuerdo con lo dispuesto en el a. 2982 comprendíendose en el pago, los réditos de los últimos tres años, o los créditos pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos, durante los últimos seis meses.

Los hipotecarios serán pagados por el orden de fechas en que se otorgaron las hipotecas, si estas se registraron dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los gravámenes, si la inscripción se hizo fuera del término de la ley. Los prendarios serán pagados por el orden de la fecha en que se otorgaron, en aplicación del principio Prior in tempore potior iure. Junto con el capital se hará el pago de los réditos, de los últimos seis meses, en el de los prendarios. El CC de 1884, en este punto concedió el privilegio a los réditos causados en los últimos cinco años, tomando en cuenta los plazos de prescripción en esta materia. C.L.V.

ARTÍCULO 2986. Para

que se paguen con la preferencia señalada los créditos comprendidos en las fracciones II y III del artículo anterior, son requisitos indispensables que los primeros hayan sido necesarios, y que los segundos consten auténticamente.

La preferencia en el articulo anterior, por lo que hace a los créditos comprendidos en las frs. II y III, está sujeta a ciertos requisitos. Los gastos de conservación y administración deben ser de naturaleza tal, que sin ellos la cosa se pierda o desmejore (véase a. 817), esto es, deben ser necesarios porque sólo así se justifica la prelación de su pago. (4621

3a. PARTE. TIT. I/CAP. II

ARTS. 2988, 2987 y 2988

La deuda de seguros debe constar auténticamente, a fin de evitar fraudes y simulaciones, en perjuicio de los acreedores hipotecarios y pignoraticios. C.L.V. ARTÍCULO 2987. Si el concurso llega al período en que deba

pronunciarse sentencia de graduación, sin que los acreedores hipotecarios o pignoraticios hagan uso de los derechos que les concede el artículo 2981, el concurso hará vender los bienes y depositará el importe del crédito y de los réditos correspondientes, observándose, en su caso, las disposiciones relativas a los ausentes. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios ejercen su derecho de preferencia a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garantizan sus créditos, deduciendo sus acciones en los juicios respectivos. No tienen necesidad de entrar en concurso. Si no hacen uso de este derecho y el concurso llega al período en que se fija el orden en que deben pagarse los créditos, se venderán los bienes gravados y se depositará el importe del crédito y sus réditos correspondientes, guardándose, en su caso, las disposiciones relativas a los ausentes. (Véanse los aa. 648 y ss. y los comentarios respectivos). Con esto, se respeta la preferencia que en el pago tienen los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, sobre los bienes hipotecados o pignorados y al mismo tiempo se impide que por inactividad o ausencia, se retarde el procedimiento y el pago de los demás acreedores con el saldo que resulte. C.L.V. ARTÍCULO 2988. El concurso tiene derecho para redimir los gra-

vámenes hipotecarios y pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las deudas de que especialmente responden algunos de éstos, y, entonces, esos bienes entrarán a formar parte del fondo del concurso. Es regla que el pago de una obligación pueda ser hecha por un tercero (véanse los aa. 2065 y 2066 y sus comentarios) sin que el acreedor pueda rehusarse a aceptarlo, En ese sentido el derecho que este artículo confiere al concurso parecería innecesario; sin embargo la disposición en él contenida tiene interés, porque hace aplicable al concurso la subrogación legal que establece el a. 2058. En esta hipótesis, los demás acreedores tienen interés jurídico en el pago de la 14631

ARTS. 2988 y 2989

LIBRO CUARTO

deuda garantizada con prenda o hipoteca, por cuanto al quedar satisfecho el acreedor que se ha separado del concurso, el sobrante del valor de esos bienes pasan a formar parte de la garantía general de los demás acreedores (a. 2058 fr. I y II). Por lo demás, cuando el precepto se refiere a las "deudas de que especialmente responden algunos bienes", parece expresar que dichos bienes no forman parte de la masa del concurso. Esto es erróneo, porque los créditos a ellos relativos tienen carácter de especialmente privilegiados. En este caso, et pago que con ellos se hiciere, simplemente eliminaría ese privilegio al quedar pagado el crédito que garantizaba específicamente. C.L. V. ARTÍCULO 2989. Los

trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se les paguen los créditos que tengan por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones. Deducirán su reclamación ante la autoridad que corresponda y en cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenarán los bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata se paguen preferentemente a cualesquiera otros.

Esta disposición, reproduce lo ordenado en la fr. XXII del apartado A del a. 123 constitucional, y en los aa. 113 y 114 de la L FT, normas que junto con otras, consagran una protección especial a la clase trabajadora. Los trabajadores no necesitan entrar en concurso para hacer efectivos sus créditos por salarios o sueldos devengados ene! último año y por indemnizaciones. Deducirán su reclamación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (de acuerdo a lo previsto en los aa. 979 y980 deja LFT) para que los créditos de que se trata se paguen preferentemente sobre cualesquiera otros, incluidos los que disfruten de garantía real y los fiscales (véase a. 980 fr. ¡II de la LFT). La preferencia da derecho al trabajador para perseguir la satisfacción de su crédito sobre todos los bienes del deudor por el privilegio de que esos créditos no ceden ante cualesquiera otro privilegio o preferencia; aunque se trate de derechos reales de garantía, que afectan a determinados bienes, no podrán quedar excluidos de la acción de pago de las prestaciones laborales a las que se refiere este precepto. La preferencia, se limita, respecto de los salarios o sueldos, a los devengados ene! último año, en atención a la disposición que sobre prescripción de acciones laborales, se establece en el a. 516 de la LFT. C.L.V. 9641

ARTS. 2990 y 2991

3s1.. PARTE. TIT. 1/CAP. II

Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes muebles o raíces adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la herencia a ciertos acreedores, podrán éstos pedir que aquéllos sean separados y formar concurso especial con exclusión de los demás acreedores propios del deudor.

ARTÍCULO 2990.

Este artículo se refiere al caso de bienes adquiridos por sucesión, que soporten un gravamen impuesto por el autor de la herencia. La razón que funda la preferencia aquí establecida por la separación de bienes y formación de un concurso especial, es el propósito de salvaguardar los derechos de los acreedores preferentes de la sucesión, a fin de conservar la garantía del pago de sus créditos tal como existían en el patrimonio hereditario. Aquí se trata de acreedores preferentes por deudas adquiridas por el autor de la herencia, que cuentan con la garantía real para el pago de sus créditos, y por lo tanto, forman un acervo de bienes con los que el autor de la herencia comprometió como garantía especial para el pago de su crédito o el cumplimiento de alguna carga impuesta al heredero, quien no puede hacer frente al pago de sus propias deudas líquidas y vencidas, y por lo tanto se sujeta a un concurso con los bíenes no gravados por el autor de la herencia. El derecho de separación del concurso que este precepto establece no contradice, antes confirma, el principio concursal conocido como pars conditio creditorum puesto que coloca en situación diferente a los acreedores por créditos contraídos por el heredero concursado y a los acreedores por obligaciones o gravámenes creados por el de cujus y que el heredero recibió junto con su porción hereditaria,

El derecho reconocido en el artículo anterior no tendrá lugar: I. Si la separación de los bienes no fuere pedida dentro de tres meses, contados desde que se inició el concurso o desde la aceptación de la herencia; II. Si los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquier otro modo hubieren aceptado la responsabilidad personal del heredero.

ARTÍCULO 2991.

La facultad que otorga el artículo anterior a los acreedores de bienes adquiridos por sucesión, no tiene lugar: [465]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2991, 2992 y 2993

1 Si la separación de los bienes no fuere pedida dentro de los tres meses contados desde que se inició el concurso o desde la aceptación de la herencia. El silencio de los acreedores hace presumir que renuncian el derecho que la ley les otorga, además de que sería injusto prolongar su ejercicio de la acción de exclusión de bienes, por un tiempo indefinido con perjuicio de los acreedores del heredero. 2. Cuando los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquiera otro modo hubieren aceptado la responsabilidad personal del heredero. Obrando así han renunciado al privilegio que la ley les ha concedido, y deben sufrir las consecuencias de sus actos (Mateas Alarcón, Manuel, Estudios sobre el código civil del distrito federal, México, Imp. Díaz de León, 1893, p. 141). C.L.V. ARTÍCULO 2992. Los acreedores que obtuvieren la separación de

bienes, no podrán entrar al concurso del heredero, aunque aquéllos no alcancen a cubrir sus créditos. Si los bienes fueron separados del concurso del deudor y después de aplicar su valor al pago de los créditos que garantizan, éste es insuficiente, no podrán hacer efectivo su crédito sobre los bienes del concurso del heredero, de la misma manera que los acreedores personales del heredero no pueden ejecutar sobre los bienes de la herencia. Por lo consiguiente, aquellos acreedores que obtuvieren la separación de bienes, no tienen acción sobre los bienes propios del heredero, aunque no alcancen a cubrir sus créditos, con los bienes del difunto. I.G.G. y C.L.V.

CAPITULO III De algunos acreedores preferentes sobre determinados bienes ARTÍCULO 2993. Con el valor de los bienes que se mencionan serán

pagados preferentemente: I. La deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa salvada; II. La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de rigurosa conservación de [466]

ART. 2923

3a. PARTE. TIT. 1/CAP. III

algunos bienes, con el valor de éstos; siempre que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en esas obras; III. Los créditos a que se refiere el artículo 2644, con el precio de la obra construida; IV. Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio de la cosecha para que sirvieron y que se halle en poder del deudor; V. El crédito por fletes, con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en poder del acreedor; VI. El crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se encuentren en la casa o establecimiento donde está hospedado; VII. El crédito del arrendador, con el precio de los bienes muebles embargables que se hallen dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos de la cosecha respectiva si el predio fuere rústico; VIII. El crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no pagados, con el valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los sesenta días siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la venta fue a plazo. Tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubieren sido inmovilizados. IX. Los créditos anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecuciones de sentencias, sobre los bienes anotados y solamente en cuanto a créditos posteriores. Consagra este artículo preferencias especiales que afectan a determinados bienes al pago de créditos que con ellos se relacionan (créditos especialmente privilegiados) y que se justifican, básicamente, en consideraciones de equidad. En vista de la relación en que se hallan los bienes con el crédito, no puede exceder el privilegio concedido, del valor de los mismos bienes, y por lo tanto, sólo llegará hasta donde alcance dicho valor, (José María Manresa y Navarro. Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1931, t. XII, p. 624). Será pagada preferentemente la deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa salvada (fr. I). Esta preferencia se apoya en que sin los gastos de salvamento, la cosa no existiría en el patrimonio del deudor, y no se contarla con ella, por lo que justo es, que con su valor se paguen preferentemente dichos gastos. [467]

ART. 2993



LIBRO COARTO

La razón de la atribución de la preferencia de la fr. II es parecida a la anterior. Consiste en que sin tales gastos no existirían esos bienes, yes de justicia que con su valor se paguen. Sin embargo, para que se goce del privilegio concedido, es preciso que se llenen los siguientes requisitos, exigidos a fin de evitar fraudes: a) Que se pruebe que expresamente se contrajo la deuda para ejecutar las obras de rigurosa conservación; y b) Que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en esas obras. El constructor de cualquier obra mueble tiene derecho a que su crédito sea cubierto preferentemente con el precio de la obra (fr. III), porque ha aumentado, a su costa, la masa activa del deudor común y no ha recibido el equivalente que se le debe, y justo es que lo cobre preferentemente respecto de otros acreedores. La ley concede esta preferencia (fr. IV) en consideración al beneficio que se le otorgó al deudor al facilitarle los medios de producción necesarios de los bienes, que en otro caso habrían quedado improductivos. Para que este privilegio tenga lugar es necesario que la cosecha se encuentre en poder del deudor, a efecto de no perjudicar a terceros adquirentes. El crédito por fletes, con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en poder del acreedor. La relación entre la causa del crédito y los bienes explica esta preferencia (fr. V) que exige como presupuesto que los efectos transportados se hallen en poder de acreedor. Se trata de un privilegio derivado de un derecho de retención, que produce el resultado de procurar al acreedor su pago íntegro, sin que antes sean pagados los otros acreedores. El privilegio se tiene en tanto el acreedor no se desprenda de la cosa, si la entrega, se extingue la preferencia. Los dueños de hoteles, mesones o casas de huéspedes, por razón de la industria que ejercen se encuentran en la necesidad de contratar permanentemente con personas que no conocen y cuya solvencia generalmente sólo se puede apreciar por los bienes que introduzcan en la posada, hotel o casa de huéspedes. Por esta situación la ley les otorga un privilegio (fr. VI) para ser pagados con el valor de los muebles del huésped que se encuentren en la casa o establecimiento donde está hospedado. Este privilegio garantiza el precio del alojamiento y en su caso, los daños que por razón del hospedaje se causen. Por lo mismo, carecen de él otros créditos que el posadero, hostelero o dueño de la casa de huéspedes, pueda adquirir contra su huésped, p.c. los provenientes de préstamos de dinero. La preferencia recae sobre los bienes muebles del deudor, cualquiera que sea su clase (joyas, vehículos, etc.) que se encuentren donde está hospedado. Si el acreedor permite que el deudor saque esos bienes, pierde el privilegio. Ene! derecho romano, el privilegio de la fr. VII era conocido con el nombre de prenda o hipoteca tácita o legal. Su extensión es distinta según, sea urbano o rústico el predio. Si se trata de un predio urbano, el arrendador tiene preferencia para ser pagado con el precio de todos los bienes muebles, embargables, que se hallen dentro de la finca arrendada. Si el predio es rústico, la preferencia sólo [4681

3i. PARTE. TIT. 1/CAP. III

ART. 2993

existe sobre los frutos de la cosecha respectiva. Esta distinción es fundada, porque mientras el dueño del predio rústico tiene su garantía en los frutos del mismo, el de la urbana, que trasmite por el arrendamiento el uso de la misma, tiene.una garantía equivalente de aquélla, en los muebles del arrendatario. El privilegio concedido al vendedor (fr. VIII) se funda en que él ha aumentado, a su costa, la masa activa del deudor común y no ha recibido el equivalente que se le debe, se ha empobrecido y no ha recibido nada en cambio, ha aumentado gratuitamente la garantía de los acreedores del comprador; y, si éstos pudiesen ser pagados con el bien vendido sin que el vendedor fuese pagado, se enriquecerían a su costa, lo que sería injusto. Para que el vendedor goce de este privilegio, es preciso que haga su reclamación dentro de los sesenta días siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la venta fue a plazo. Este requisito se funda en la necesidad de evitar que la morosidad del vendedor en reclamar el precio redunde en perjuicio de los demás acreedores, yen la necesidad de evitar los fraudes porque el deudor podría hacer aparecer como no pagado el valor de la cosa, con perjuicio de sus acreedores, estando ya satisfecho. (Manuel Mateos Alarcón, Estudios sobre el código civil del distrito federal, México, Imp. Díaz de León, 1893, t. IV, p. 153). La preferencia cesa, tratándose de muebles, si éstos hubieren sido inmovilizados, es decir, si han sido materialmente incorporados a un inmueble, en el suelo o en la construcción perdiendo su individualidad, para confundirse con el edificio o construcción. En este caso ya no se puede disponer separadamente de ellos, sin el edificio a que pertenecen, cuya naturaleza toman y con el cual sólo pueden ser enajenados. No ocurre lo mismo si no se inmovilizan, es decir, si es inmueble por destino y no por naturaleza, porque conserva la posibilidad de poder transladarse de un lugar a otro. Respecto de la fr. IX del artículo en comentario estimamos que la anotación hecha en el RPP produce el efecto de que el acreedor que hubiese obtenido el embargo, secuestro o ejecución de sentencia que la motiva, sea preferido en cuanto a los bienes anotados, a aquellos acreedores que tengan créditos contraídos con posterioridad a la anotación practicada (principio de prelación registral). Dicha anotación no varía la naturaleza jurídica de la obligación para cuya seguridad se lleva a efecto, se puede, por tanto, convertir en real la acción derivada de dicha obligación. Por consiguiente, si ella fue hecha para garantizar las resultas de un juicio en que se ejercitara sólo una acción personal, ésta no pierde su primitivo carácter por el hecho de la anotación, ni puede gozar de otra preferencia que la relativa a la establecida en el presente caso (Manresa y Navarro, José Ma., op. cit., p. 626).

C.L.V. 1469]

ART. 2994

LIBRO CUARTO

CAPITULO IV Acreedores de primera clase ARTICULO 2994. Pagados los acreedores mencionados en los dos

capítulos anteriores y con el valor de todos los bienes que queden, se pagarán: I. Los gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el Código de Procedimientos; II. Los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes concursados; III. Los gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, y también los de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad y no tuviesen bienes propios; IV. Los gastos de la última enfermedad de las personas mencionadas en la fracción anterior, hechos en los últimos seis meses que precedieron al día del fallecimiento; V. El crédito por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su familia, en los seis meses anteriores a la formación del concurso; Vi. La responsabilidad civil en la parte que comprende el pago de los gastos de curación o de los funerales del ofendido y las pensiones que por concepto de alimentos se deban a sus familiares. En lo que se refiere a la obligación de restituir, por tratarse de devoluciones de cosa ajena, n.o entra en concurso, y por lo que toca a las otras indemnizaciones que se deban por el delito, se pagarán como si se tratara de acreedores comunes de cuarta clase. Se establece en este artículo un privilegio general, que se funda en consideración a la causa del crédito, independientemente de la relación que puede existir con los bienes. No hay un bien designado en especial en garantía de pago; los créditos serán pagados con el valor de todos los bienes después de satisfacer los mencionados en los dos capítulos anteriores. El orden de prelación en el pago de los gastos a que se refiere la fr. 1, se funda en que ellos se hacen para realizar (transformar en dinero) los bienes del deudor, y justo es que se paguen preferentemente. Pero esta prelación corresponde sólo a los gastos hechos en provecho de todos los acttedores, como p.c. los gastos por remate de bienes, los honorarios de los peritos valuadores, etc. Si se trata de 14701

3a. PARTE. TIT. 1/CAP. IV



ART. 2999

costas individuales que cada acreedor realiza en pro de sus pretensiones, no existe tal preferencia. Los gastos a que se refiere la fr. II son parte de la cosa misma, porque evitan que ella se pierda o deteriore en perjuicio de los acreedores. Sin ellos la cosa no existiría, y los acreedores se encontrarían con un valor menor para cubrir sus créditos. Pero, para que tenga lugar la preferencia concedida, ha de tratarse de gastos de rigurosa conservación y administración, esto es, que sean tales que sin ellos hubiera perecido en todo o en parte la cosa o se hubiera hecho impropia para el uso a que estaba destinada y que le da su valor (Mateos Alarcón, Manuel, Estudios sobre el código civil del Distrito Federal, México, Imp. de Díaz de León, 1893, t. IV, p. 147). Por lo que se refiere a la fr. III cabe señalar que el respeto a los muertos es un sentimiento que se remonta a los orígenes de la civilización. El derecho romano admitía ya esta preferencia en el pago (Dg. Lb. XI, Tít. 7, fr. 45), que pasó a la legislación de las Partidas. Nuestro Código la acoge por razones de piedad, humanidad y también de salubridad pública, para asegurar la pronta inhumación de los cadáveres, Pero ¿qué debe entenderse por gastos funerarios? Según la doctrina más generalizada, debe admitirse como tales los necesarios para la inhumación (el valor del ataúd, del transporte del cuerpo y entierro), y la ceremonia religiosa, quedando excluidos los relativos a la construcción de un monumento fúnebre, por modesto que sea. Dichos gastos han de ser proporcionados a la condición social del difunto, pudiendo el juez apreciar, discretamente, hasta dónde el monto de las expensas de que se trata responde al limite legal. La preferencia se admite no sólo cuando es el mismo deudor quien ha fallecido sino también cuando se trata de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad, pero a condición de que no tuviesen bienes propios. Este orden de preferencia (fr. IV) se inspira en una idea de humanidad que justifica que el deudor, su mujer e hijos, sujetos a patria potestad, no queden sin las atenciones que se requieren en caso de enfermedad. Pero la preferencia sólo se concede respecto de los gastos hechos en los últimos seis meses que precedieron al día del fallecimiento, porque sin esta limitación, en las enfermedades crónicas esos gastos llegarían a una cantidad exorbitante ja cual perjudicaría el legítimo interés de los demás acreedores (Calva, Esteban, Instituciones de derecho civil, México, Imp. de Díaz de León y White, 1875, t, II, p. 449). Comprenden todos los gastos necesarios para la atención del enfermo, tales como los honorarios del médico, el importe de las medicinas, los sueldos a la enfermera, la cuenta de sanatorios, etc. A diferencia de lo establecido en la fracción anterior, no se dispone que los gastos de la última enfermedad, deban corresponder a la posición social del enfermo, por razones que resultan obvias. Este orden (fr. V) para el pago, se funda en consideraciones de humanidad, establecidas en interés del deudor quien necesita obtener lo necesario para su subsistencia y la de su familia. Se refiere a los créditos por alimentos y no a otros PIM

LIBRO CUARTO

ARTS. 2994 y 2995

suministros. En los seis meses anteriores a la formación del concurso, restricción que resulta conveniente, y equitativa frente a los demás acreedores. El fundamento de la preferencia de la fr. VI se explica por la naturaleza de los créditos a que la indemnización correspondiente está destinada, a saber: alimentos, enfermedad y funerales. Cuando la responsabilidad civil importa la obligación de restituir una cosa, no entra en concurso, porque la cosa al no formar parte del patrimonio de deudor no es garantía de sus acreedores (véase a. 2964). Cualquiera otra indemnización, que se deba por delito, no goza de preferencia alguna. C. L. V.

CAPITULO V Acreedores de segunda clase ARTÍCULO 2995. Pagados los créditos antes mencionados, se paga-

rán: I. Los créditos de las personas comprendidas en las fracciones II, III y IV del artículo 2935, que no hubieren exigido la hipoteca necesaria; II. Los créditos del erario que no estén comprendidos en el artículo 2980 y los créditos a que se refiere la fracción V del artículo 2935, que no hayan sido garantizados en la forma allí prevenida; III. Los créditos de los establecimientos de beneficiencia pública o privada. Esta preferencia se otorga en consideración a la calidad de las personas titulares de los créditos: los descendientes cuyos bienes fueren administrados por sus ascendientes, los menores e incapacitados cuyos bienes sean administrados por su tutor y los legatarios por el importe de sus legados, que no hubieren exigido la hipoteca necesaria para garantizar el manejo de los administradores de sus bienes. La preferencia que establece este artículo se funda en que pudiendo haber constituido un crédito privilegiado con hipoteca necesaria y no contando con esa garantía real del acreedor, debe concedérsele una preferencia sobre los demás créditos (después de pagar a los acreedores especialmente privilegiados y [4721

311. PARTE. TIT.

licites. y

y 111

ARTS. 2995 y 2999

a los acreedores de primera clase, con exclusión de los acreedores hipotecarios que no entran al concurso). Los créditos del erario que no estén comprendidos en el a. 2980 y los del estado, los pueblos y establecimientos públicos, que no se haya garantizado con la correspondiente hipoteca sobre los bienes de los administradores o recaudadores, para asegurar las rentas de sus respectivos cargos. Las mismas o semejantes razones que fundan la preferencia que concede la fracción primera se presentan en los créditos a que se refiere la fr. II. Pero ahora la razón del interés público que existe es la buena marcha de la administración pública, lo cual requiere la constitución de la hipoteca a que se refiere la fr. V del a. 2935 o la preferencia que establece este artículo para lograr aquella finalidad respecto de las rentas de los respectivos cargos (la Nación, los Estados de la Federación y los Municipios y de los establecimientos públicos respecto de sus administradores o recaudadores). I.G.G.

CAPITULO VI Acreedores de tercera ciase Satisfechos los créditos de que se ha hablado anteriormente, se pagarán los créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro documento auténtico.

ARTÍCULO 2996.

Lo mismo que en los créditos de la primera y segunda clase (véanse aa. 2994 y 2995), los de la tercera, que son los comprendidos en este artículo, la garantía de pago recae sobre todos los bienes del deudor. El pago de los créditos a que se refiere ésta, tendrá lugar después de cubiertos los mencionados en los capítulos precedentes, pero antes de los que constan en documento privado. Esta preferencia se explica por la certeza que les otorga el constar en un documento auténtico, que como tal, aleja las posibilidades de fraude. Estos créditos tienen preferencia entre sí en el orden de las fechas de los instrumentos que los consignan. Como créditos de esta clase, será pagada la parte que hubiere quedado insoluta de los créditos hipotecarios, (Véase a. 2983). C.L.V. [4731

LIBRO CUARTO

ARTS. 2997, 2998 y 2999

CAPITULO VII Acreedores de cuarta clase ARTÍCULO 2997. Pagados los créditos enumerados en los capítulos

que preceden, se pagarán los créditos que consten en documento privado.

Los créditos que se hacen constar en documento privado y siempre que queden comprendidos en lo dispuesto en los artículos anteriores se gradúan como de cuarta y última clase. Son los créditos quirografarios que no gozan de privilegio alguno. Su pago se hará con el remanente de los bienes del deudor, después de satisfechos los créditos mencionados en los capítulos anteriores. Tienen únicamente prelación respecto de los que trata el a. 2998. Su pago se hará en el orden de su fecha, si ésta constare de manera cierta. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata. C.L.V. ARTÍCULO 2998. Con los bienes restantes serán pagados todos los

demás créditos que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. El pago se hará a prorrata y sin atender a las fechas, ni al origen de los créditos.

El último lugar en la gradación de los créditos corresponde a los mencionados en este artículo. Su pago se hará con el sobrante de la masa concursal a prorrata, sin consideración a la fecha o al origen de los créditos, porque respecto de ellos no hay base para establecer gradación alguna. Dentro de esta categoría se comprenden las indemnizaciones que se deban por delito, excluidas de la preferencia establecida en el a. 2994 fr. VI. C.L.V.

TITULO SEGUNDO Del Registi o Público CAPITULO I De su Organización ARTÍCULO 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán

en el Distrito Federal y estarán ubicadas en el lugar que [4741

TITULO SEGUNDO Del Registi o Público

LIBRO CUARTO

ARTS. 2997, 2998 y 2999

CAPITULO VII Acreedores de cuarta clase ARTÍCULO 2997. Pagados los créditos enumerados en los capítulos

que preceden, se pagarán los créditos que consten en documento privado.

Los créditos que se hacen constar en documento privado y siempre que queden comprendidos en lo dispuesto en los artículos anteriores se gradúan como de cuarta y última clase. Son los créditos quirografarios que no gozan de privilegio alguno. Su pago se hará con el remanente de los bienes del deudor, después de satisfechos los créditos mencionados en los capítulos anteriores. Tienen únicamente prelación respecto de los que trata el a. 2998. Su pago se hará en el orden de su fecha, si ésta constare de manera cierta. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata. C.L.V. ARTÍCULO 2998. Con los bienes restantes serán pagados todos los

demás créditos que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. El pago se hará a prorrata y sin atender a las fechas, ni al origen de los créditos.

El último lugar en la gradación de los créditos corresponde a los mencionados en este artículo. Su pago se hará con el sobrante de la masa concursal a prorrata, sin consideración a la fecha o al origen de los créditos, porque respecto de ellos no hay base para establecer gradación alguna. Dentro de esta categoría se comprenden las indemnizaciones que se deban por delito, excluidas de la preferencia establecida en el a. 2994 fr. VI. C.L.V.

TITULO SEGUNDO Del Registi o Público CAPITULO I De su Organización ARTÍCULO 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán

en el Distrito Federal y estarán ubicadas en el lugar que [4741

ARTS. 2999 y 3000

3a. PARTE. TIT. II/CAP. 1

determine el Jefe del Departamento del Distrito Federal. El RPP es una institución administrativa encargada de prestar un servicio público, consistente en dar publicidad a la situación jurídica de un inmueble y de los bienes muebles sólo cuando son inscribibles. En el RPP consta la historia de la propiedad inmueble para la seguridad del tráfico inmobiliario. Esta institución se regula por el CC de cada estado de la República, no así el RPC, sujeto a la legislación federal, de acuerdo con las facultades que le corresponden al Congreso de la Unión, como lo dispone el a. 73 de la C. Hay países en donde las disposiciones sobre el Registro se encuentran en una ley especial, como en España en donde existe la Ley hipotecaria. Por lo que se refiere a su organización, el RPP, en el DF, depende de la Coordinación General Jurídica y de Estudios Legislativos del Departamento del Distrito Federal, de acuerdo con el a. 38 del Reglamento interior del propio DDF. B.P.F.C. ARTICULO 3000. El Registro Público funcionará conforme al

sistema y métodos que determine el Reglamento. El RPP se reguló en nuestro país, por primera vez en el CC de 1870 y ha sido regulado también, en título especial, por los códigos de 1884 y 1928. Anteriormente existían los "oficios de hipotecas" que desempeñaban las mismas funciones regístrales. Los reglamentos que se han expedido son: 1) El Reglamento del título XXIII del Código Civil del Distrito y de la California de 28 de febrero de 1871; 2) Reglamento del Registro Público de la Propiedad de 8 agosto de 1921; 3) El Reglamento del Registro de la Propiedad de 21 de junio de 1940; 4) El Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Distrito Federal de 15 de diciembre de 1952; 5) El Reglamento de 15 de enero de 1979; 6) El Reglamento actual de 16 de abril 1980, publicado en el DO de 6 de mayo del mismo año. El estudio de esta institución puede realizarse examinando su naturaleza, finalidades y el procedimiento registral. El primer aspecto se integra por los principios registrales como el de publicidad, especialización, relación o prioridad, tracto breve, tracto sucesivo, calificación, rogación, inscripción, etc. El segundo y tercero se encuentran en el Reglamento, que establece los procedimientos registrales y la organización y finalidades del RPP. P.e., del sistema de hojas sueltas, se pasó al de de libros encuadernados y actualmente está vigente el de folios. También se ocupan de la organización y estructura del RPP, los [475l

•

LIBRO CUARTO

ARTS. 3000, 3001 y 3002

reglamentos internos que establecen el número de secciones, la filmación de archivos y el uso de la computación. B.P.F.C. ARTÍCULO 3001. El Registro será Público. Los encargados del

mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asientos que obren en los folios del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones que estén archivados. También tienen la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, así como certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen. Enuncia este precepto el principio de publicidad registral, que es esencial puesto que en él se sintetiza la función de la institución. Para llenar esa finalidad que constituye !a razón fundante del Registro y la naturaleza pública de él, en cuanto toda persona tiene derecho a informarse de los asientos que constan en los folios de Registro y de los documentos con ellos relacionados, que obren en las oficinas del RPP. A la vez los encargados del RPP tienen la obligación: a) de permitir el acceso a esa información y b) de expedir copias certificadas de las inscripciones y cuando se solicite, constancia de que existe o no existe registrado determinado acto, según los datos (asientos y anotaciones) que obran en los libros y folios. La publicidad material consiste en la inscripción, que otorga determinados derechos, tales como: la presunción de su existencia y validez y la oponibilidad frente a cualquiera otro acto de la misma naturaleza no inscrito. La publicidad formal consiste en la posibilidad de obtener del RPP las constancias y certificaciones de los asientos y anotaciones, así como de consultar personalmente !os libros y los folios. B.P.F.C. ARTÍCULO 3002. El reglamento establecerá los requisitos necesa-

rios para desempeñar los cargos que requiera el funcionamiento del Registro Público. El director del RPP es el titular de la fe pública registral, tiene el carácter de funcionario público y sus actos son considerados de autoridad para los efectos de la LA. [4761

3a. PARTE. TIT. II/CAP. I

ARTS. 3002 y 3003

Para ser director o subdirector se requiere tener título de licenciado en derecho. Este título es necesario, tanto para el director como para los registradores, en virtud de que la función registral es eminentemente jurídica, pues se necesitan poseer conocimientos de Derecho suficientes para examinar los documentos que se presenten a registro a fin de comprobar que reúne los requisitos de forma y de fondo necesarios para ser inscribibles en el Registro. B.P.F.C.

ARTÍCULO 3003. Los encargados y los empleados del Registro Público, además de las penas que les sean aplicables por los delitos en que puedan incurrir, responderán civilmente de los daños y perjuicios a que dieren lugar, cuando: I. Rehúsen admitir el título, o si no practican el asiento de presentación por el orden de entrada del documento o del aviso a que se refiere el artículo 3016; II. Practiquen algún asiento indebidamente o rehúsen practicarlo sin motivo fundado; III. Retarden, sin causa justificada, la práctica del asiento a que dé lugar el documento inscribible; IV. Cometan errores, inexactitudes u omisiones en los asientos que practiquen o en los certificados que expidan; y V. No expidan los certificados en el término reglamentario. El registrador, y en general el personal encargado del RPP, en el ejercicio de sus funciones, puede incurrir en faltas que implican la aplicación de sanciones previstas en las leyes administrativas. La responsabilidad en que puede incurrir dicho personal, comprende delitos del orden común, ya sea civil o penal, o constituir delitos de carácter fiscal. Un solo hecho puede dar lugar a varias responsabilidades concurrentes. Comprobado el nexo causal entre la conducta observada (culposa o dolosa) y el daño, el responsable debe pagar a la víctima el importe de los daños y perjuicios que le haya causado. La teoría de la responsabilidad civil regula la responsabilidad por culpa y riesgo creado. En el caso de la actuación dañosa del registrador responsable, su responsabilidad deriva siempre de la culpa y no puede provenir en ningún caso de riesgo. El prcepto señala en sus cinco fracciones los casos en que los encargados del Registro deben responder civilmente, por actos u omisiones en que incurran en [477]

LIBRO CUARTO

ARTS. 3003, 3004 y 3005

la prestación del servicio público registral que se les ha encomendado, cuando tales actos u omisiones por culpa o negligencia, causen daño a las personas que soliciten esos servicios. La enumeración no es limitativa sino enunciativa. I.G.G.

Las sentencias firmes que resulten en aplicación del artículo anterior, incluirán la inhabilitación para el desempeño del cargo o empleo hasta que sea pagada la indemnización de daños y perjuicios que en su caso corresponda.

ARTICULO 3004.

A diferencia de otro tipo de sanciones disciplinarias que provocan la suspensión definitiva en un cargo, en el artículo comentado, la sanción sólo es temporal para constreñir el pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por una conducta dolosa o culposa del registrador. Con lamentable redacción el precepto dispone que el funcionario o empleado del RPP (servidor público) que fuere condenado por sentencia firme a la reparación del daño causado en el ejercicio de su cargo, quedará inhabilitado para el desempeño del cargo hasta que se haya reparado el daño e indemnizado el perjuicio que haya causado el responsable. En rigor se trata de la suspensión temporal y condicional para el ejercicio del cargo. Sin embargo, el precepto debió establecer que independientemente de esta sanción administrativa, el juez podrá imponer al responsable, atendiendo a la gravedad de su falta, la inhabilitación definitiva para el ejercicio del cargo, cuando se trate de la comisión de un delito. (Véase la LRSP). I.G.G.

CAPITULO II Disposiciones Comunes de los Documentos Regístrales ARTICULO 3005. Sólo se registrarán:

L—Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos; II.—Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica; III.—Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley siempre que al calce (4781

3. PARTE. TIT. II/CAP. II

ARTS. 3003 y 3006

de los mismos haya la constancia de que el Notario, el Registrador, el Corredor Público o el Juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados funcionarios y llevar impreso el sello respectivo. Sólo pueden inscribirse documentos auténticos y fidedignos que reúnan los requisitos de forma y de fondo establecidos en el CC, a saber: a) los testimonios notariales; éstos son la copia que transcribe la escritura o el acta con la reproducción de los documentos que obran en el apéndice; b) los documentos auténticos, por ejemplo el decreto de expropiación, publicado en el Diaria Oficial de la Federación; c) las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica, como la sentencia de prescripción que no requiere

de su protocolización para su inscripción; d) los documentos que de acuerdo con lo dispuesto en el a. 2317 pueden otorgarse en contrato privado; v.gr. la compraventa de inmuebles, cuyo precio no excede de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el DF, en el momento de la operación; el contrato de sociedad y asociación, etcétera, siempre y cuando las firmas hayan sido ratificadas debidamente ante notario, corredor o juez competente. La fr. 1 del a. 25 del reglamento del RPP establece que corresponde a los registradores: "realizar un estudio minucioso de los documentos que les sean turnados, para determinar la procedencia o improcedencia de su registro, según resulte de su forma y contenido y de su legalidad en función de los asientos registrales preexistentes". (Véase a. 122 del reglamento del RPP). B.P.F.C.

Los actos ejecutados o los contratos otorgados en otra entidad federativa o en el extranjero, sólo se inscribirán si dichos actos o contratos tienen el carácter de inscribibles conforme a las disposiciones M'este Código y del Reglamento del Registro Público. Si los documentos respectivos apareciesen redactados en idioma extranjero y se encuentran debidamente legalizados, deberán ser previamente traducidos por perito oficial y protocolizados ante Notario. Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán si no están en desacuerdo con leyes mexicanas y si ordena su ejecución la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 3006.

[4791

ARTS. 3006 y 3007

LIBRO CUARTO

Cuando al RPP ingresa un documento otorgado fuera del DF, el registrador tiene obligación de examinarlo en cuanto a la forma, la capacidad de las partes y la legalidad. De acuerdo con el a. 121 de la C, los documentos otorgados en forma fidedigna en cualquier estado de la República, tendrán entera fe y crédito en las demás entidades de la Federación. Para ser inscribibles documentos otorgados en el extranjero pueden haber sido autorizados ante el Cónsul mexicano o bien ante un funcionario extranjero. En el primer caso, la LOA PF en ;u a. 28, fr. II, prevé que la SRE ejercerá funciones notariales por conducto de los miembros del Servicio Exterior Mexicano. En el mismo sentido el a. 47, inciso d, de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, establece que el jefe de una representación consular tiene la obligación de ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados por mexicanos en el extranjero para ser ejecutados en la República mexicana, debiendo aplicar las disposiciones establecidas en el CC para el DF en materia común y para toda la República en materia federal y la LN para el DF. Por otra parte, el a. 91 de la LN, reitera que para ejercer los poderes otorgados ante cónsul mexicano en el extranjero no se requiere de protocolización. Por último, sólo los mexicanos pueden otorgar actos jurídicos ante el cónsul mexicano, de acuerdo con el a. 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano. En el segundo caso, independientemente de las legalizaciones exigidas en el país donde se otorgue el documento, es necesaria la del cónsul mexicano acreditado en dicho país. La SRE, de acuerdo con el a. 28, fr. X de la LOAPF, legaliza a su vez la firma del cónsul mexicano. Una vez realizada la legalización, el documento otorgado ante funcionario extranjero necesita traducirse por perito oficial y protocolizarse ante notario, de acuerdo con el a. 91 de la LN para el DF. B.P.F.C.

Los documentos que conforme a este Código sean registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de tercero.

ARTICULO 3007.

Se llama tercero registral, a la persona que inscribe un derecho real adquirido de buena fe ya título oneroso si ese derecho fue adquirido del que aparecía como su titular en el RPP. Una vez inscrito su derecho es oponible y preferente a cualesquiera otro titular con derecho anterior no inscrito.

Se distingue al tercero registral del tercero negocia'. Este último es aquél que no ha sido parte ni causahabiente de un contrato, siguiendo el principio res ínter alias acta. 14801

ARTS. 3007 y 3008

3a. PARTE. TIT. II/CAP. II

Las características del tercero registra! son: 1) Que haya inscrito un derecho; 2) Que este derecho lo haya adquirido de quien aparece como titular legítimo de acuerdo con los datos que ofrece la publicidad del RPP; 3) Que sea de buena fe, esto es, que no haya conocido los vicios en las anotaciones y asientos del Registro si las hay; 4) Que haya adquirido su derecho a título oneroso. En caso de conflicto de derechos entre un adquirente a título oneroso y uno a título gratuito, se le da preferencia al primero. La SCJN, en jurisprudencia definida ha decidido: Registro Público. Terceros Adquirentes de Buena Fe. Es cierto que los derechos del tercero que adquiere con la garantía del registro, prevalecen sobre los derechos de la persona que obtiene la nulidad del título del enajenante porqueta legitimidad de tal adquisición ya no emana del título anulado sino de la fe pública registral y de la estricta observancia del trato continuo o sucesivo de las adquisiciones y enajenaciones no interrumpidas, que se traduce en una absoluta concordancia de los asientos que figuran en el Registro Público de la Propiedad. También es verdad que las constancias de la nulidad del acto o contrato cesan donde aparece inscrito un tercero adquirente de buena fe del inmueble objeto del acto anulado; pero los compradores no pueden conceptuarse como terceros de buena fe, si no ignoraron el vicio de origen del título de su enajenante, que también le es oponible; además, no basta que el adquirente se cerciore de que el inmueble está inscrito a nombre de su vendedor, sino que es necesario que examine todos los antecedentes registrados, pues si no existe continuidad en los títulos de las personas que aparecen en el registro, no puede precaverse de una ulterior reclamación. SJF, Apéndice 1917-1985, Tesis de ejecutorias, cuarta parte, Tercera Sala, p. 732.

B.P.F.C. ARTÍCULO 3008. La inscripción de los actos o contratos en el

Registro Público tiene efectos declarativos. Existen tres sistemas registrales: el sustantivo, el constitutivo y el declarativo. En el primero la inscripción en el RPP, transmite la propiedad, o sea es un elemento de existencia o esencia para adquirir o transmitir el dominio de los bienes inmuebles. A este sistema se le conoce como el de "Acta Torrens", que estuvo vigente en Australia en 1858. En el segundo sistema el derecho nace por efecto del contrato y se perfecciona con la inscripción en el RPP. La inscripción en el Registro no es potestativa sino obligatoria. Es una especie de traditio. Este sistema fue seguido a principio de este siglo, por los códigos de Alemania, Suiza, Austria y Luxemburgo. [4811

LIBRO CUARTO

ARTS. 3008 y 3009

En el tercero, que es sistema adoptado por nuestra legislación desde el CC de 1870 hasta el actual, por ser nuestra legislación consensualista, la transmisión de la propiedad se verifica por mero efecto del contrato, sin necesidad de traditio ya sea natural o simbólica (a. 2014). Pero para que surta efectos frente a terceros, debe inscribirse en el RPP; como decía Roca Sastré "El Registro no es cuna sino palacio". La SCJN, en jurisprudencia definida ha resuelto: Registro Público. Efectos de las inscripciones hechas en el. Las inscripcio-

nes hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho. (SJF, Apéndice 1917-1985, Tesis de ejecutorias, cuarta parte, Tercera Sala, p. 723). B.P.F.C. ARTÍCULO 3009. El Registro protege los derechos adquiridos por

terceros de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto cuando la causa de la nulidad resulta claramente del mismo registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando la Ley. La inscripción de un derecho en el RPP, otorga como beneficios: la presunción de su existencia y la oportunidad frente a otro no inscrito. A estas características, dentro de la doctrina, se les denomina principio de publicidad material. Es tercero de buena fe quien sin intervenir en un acto o contrato, tiene sin embargo, en relación con la cosa que ha sido objeto del acto, un derecho adquirido por título onerosos amparado por una inscripción derivada de otra proveniente de una serie no interrumpida de inscripciones (principio de tracto sucesivo) y por el principio de publicidad registral (ver comentario al a. 3007). En otras palabras es tercero de buena fe el que adquiere, de acuerdo con los datos que aparecen públicamente en el Registro (vid. SJF, sexta época, cuarta parte, vol. II, p. 250, Amparo Directo 555/57, Francisco Porras y coagraviados). La inscripción protege al adquirente de buena fe; es decir, que no conocía los vicios de la inscripción siempre y cuando haya adquirido su derecho a título oneroso. I.G.G. y B.P.F.C. [482]

3a. PARTE. TU. II/CAP. 11

ARTS. 3010 y 3011

El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma expresada por el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito. No podrá ejercitarse acción contradictoria del dominio del inmueble o derechos reales sobre los mismos o de otros derechos inscritos o anotados a favor de persona o entidad determinada, sin que, previamente a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. En caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio contra bienes o derechos reales, se sobreseerá el procedimiento respectivo de los mismos o de sus frutos, inmediatamente que conste en los autos, por manifestación auténtica del Registro Público, que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción, como causahabiente del que aparece dueño en el Registro Público.

ARTÍCULO 3010.

En el mundo del derecho existen dos campos: el de la realidad jurídica y el de la apariencia jurídica. El segundo que es el que nos interesa para el tratamiento del Registro, está formado por las presunciones legales que dan seguridad jurídica mientras no sean destruidas legalmente. Las inscripciones ene! RPP, otorgan la presunción de existencia del derecho y la legitimación de su titular, lo que da certeza jurídica en el tráfico inmobiliario. En caso de embargos y acciones contradictorias sobre derechos reales inmobiliarios, tendrá que ser parte en el juicio, el titular registral del derecho sujeto a conflicto. De lo contrario se violará en su perjuicio la garantía de audiencia consignada en el a. 14 constitucional. B.P.F.C.

Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar en el folio de la finca sobre que recaigan, en la forma que determine el Reglamento. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los

ARTÍCULO 3011.

[ 48 3]

LIBRO CUABTO

ARTS. 3011 y 3012

inmuebles que, en su caso, comprendan: la hipoteca industrial prevista por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; la hipoteca sobre los sistemas de las empresas, a que se refiere la Ley de Vías Generales de Comunicación; y los casos similares previstos en otras leyes. La inscripción se realiza por fincas, en el folio real, que de acuerdo con las • modificaciones al CC y al Reglamento del RPP de dieciséis de abril de 1980, sustituyó al sistema de libros. En el folio real se hacen constar: inscripciones en el sentido estricto, cancelaciones, anotaciones preventivas, notas marginales, avisos notariales y asientos de presentación. El reglamento describe la forma del folio real, al decir: "consistirá en una hoja que plegada en tres partes homólogas, resulte de proporciones adecuadas a su finalidad y fácil manejo manual o mecánico. Cada una de las partes integrantes del folio será de diverso color que no podrá ser reemplazado por otro". (a. 67). En este precepto se expresa el principio registral de inscripción, es decir, sólo los asientos que constan en el Registro confieren a los actos inscritos los efectos de publicidad y oponibilidad frente a terceros cuyo título no ha sido inscrito. 1.G.G. y B,P. F.C.

ARTícuLo 3012. Tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero si no consta incrita en el Registro Público. Cualquiera de los cónyuges u otro interesado tienen derecho a pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezcan a la sociedad conyugal y estén inscritos a nombre de uno solo de aquellos. Siguiendo la idea de que el RPP sólo protege a aquellos titulares que han inscrito su derecho, cuando la sociedad conyugal no ha sido inscrita y el bien aparece registrado sólo a favor de uno de los cónyuges, el otro cónyuge no se encuentra protegido por el Registro. La disposición en comentario, establece que a solicitud de uno de los cónyuges o de su acreedor, puede pedirse la rectificación del asiento para que aparezca la inscripción del inmueble a nombre de ambos, previa la inscripción de la sociedad conyugal. 14841

3a. PARTE, TIT. II/CAP. II

ARTS. 3012 y 3013

La aplicación de este artículo presenta la dificultad de que ni el código ni el reglamento del registro, mencionan en dónde debe anotarse la sociedad conyugal; si en un folio especial, en el folio de personas morales, o en el folio real de la finca que le pertenece a ambos cónyuges. En este último caso no se conoce si se va a hacer constar en forma de asiento o de anotación marginal. Este articulo muestra una excepción al principio de consentimiento, pues la inscripción puede modificarse sin la anuencia del titular registral, por el cónyuge o por el acreedor de éste. B.P.F.C.

De la Prelación ARTÍCULO 3013. La preferencia entre derechos reales sobre una

misma finca u otros derechos, se determinará por la prioridad de su inscripción en el Registro Público, cualquiera que sea la fecha de su constitución. El derecho real adquirido con anterioridad a la fecha de una anotación preventiva será preferente, aun cuando su inscripción sea posterior, siempre que se dé el aviso que previene el artículo 3016. Si la anotación preventiva se hiciere con posterioridad a la presentación del aviso preventivo, el derecho real motivo de éste será preferente, aun cuando tal aviso se hubiese dado extemporáneamente. Uno de los pilares de la seguridad jurídica proporcionado por el RPP es la prelación o principio de prioridad que tiene un documento inscrito o anotado preventivamente. La fecha de presentación determina la preferencia y rango del documento que ha ingresado al registro. Si ciertamente existe el axioma universal prior tempore, potior jure, éste se quebranta y transforma en "el que es primero en registro es primero en derecho". En la doctrina a esta prelación se le conoce como principio de prioridad o preferencia, que es una de las fundamentales en la materia. (Véase Carral y de Teresa, Luis, "Los principios Registrales", Revista Jurídica notarial, México. segunda época, núm. 14, 1961). B.P.F.C. 1 4851

LIBRO CUARTO

ARTS. 3014 y 3015

Los asientos del Registro Público, en cuanto se refieran a derechos inscribibles o anotables, producen todos sus efectos, salvo resolución judicial.

ARTÍCULO 3014.

La protección que da la inscripción de un título en el RPP suerte los efectos de la apariencia jurídica de su existencia; le da la protección de la fe pública registral; de la legitimidad de su titular; y la verdad de los hechos asentados, dándole seguridad jurídica a su titular desde el momento de su inscripción. La inscripción no puede modificarse, extinguirse o cancelarse sin la autorización de su titular, salvo el caso de una resolución judicial o tratándose de la sociedad conyugal, en el caso previsto en e! a. 3012. (Véase comentario respectivo). B.P.F.C.

La prelación entre los diversos documentos ingresados al Registro Público se determinará por la prioridad en cuanto a la fecha y número ordinal que les corresponda al presentarlos para su inscripción, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 3015.

Analizando la prioridad desde otro punto de vista, podemos decir que existe la impenetrabilidad registral, es decir, que dos derechos no pueden al mismo tiempo, ocupar el mismo lugar y tener la misma preferencia. Pueden coexistir derechos iguales, pero con prioridad distinta o como le llama la doctrina, con rango diferente. P.e., una finca puede estar gravada por dos hipotecas, una en primer lugar y otra en segundo. Cuando coexisten derechos iguales presentados para su inscripción, debe aplicarse el principio de prelación; p.c. dos compraventas sobre el mismo inmueble o una hipoteca y una compraventa realizadas simultáneamente: ¿cuál será preferente para el Registro o los terceros regístrales? Siguiendo el principio de prelación, tratándose de compraventa e hipoteca la solución se encuentra en lo dispuesto por los aa. 2266 y 2982 del CC. La SCJN en jurisprudencia definida, ha decidido: Registro. Fecha del. Es evidente que al disponer el Código Civil del

Distrito, que el registro llevará la fecha del día en que los documentos sean presentados en la oficina, manda categórica y expresamente, que las inscripciones o registros se fechen al día de la presentación de los documentos, y no que lleven la fecha del día en que efectivamente se haga la inscripción, o se acredite el pago de los derechos correspondientes. Esto [486]

3a. PARTE. TIT. II/CAP, II

ARTS. 3015 y 3016

no quiere decir que el precepto citado obligue a hacer el registro precisamente el día de la presentación del documento, sino que la inscripción surtirá efecto precisamente desde la fecha en que es presentado el documento para su registro. (SJF, Apéndice 1917-1985, Tesis de ejecutorias, cuarta parte, Tercera Sala, p. 714). B.P.F.C.

ARTÍCULO 3016. Cuando vaya a otorgarse una escritura en

la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sea inscribible, el Notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, deberá solicitar al Registro Público certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes en relación con la misma. En dicha solicitud que surtirá efectos de aviso preventivo deberá mencionar la operación y finca de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo antecedente registral. El registrador, Con esta solicitud y sin cobro de derechos por este concepto, practicará inmediatamente la nota de presentación en la parte respectiva del folio correspondiente, acta que tendrá vigencia por un término de treinta días naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias mencionadas en el párrafo precedente, el Notario o autoridad ante quien se otorgó dará aviso preventivo acerca de la operación de que se trate, al Registro Público dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y contendrá además de los datos mencionados en el párrafo anterior, la fecha de la escritura y la de su firma. El registrador, con el aviso citado y sin cobro de derecho alguno, practicará de inmediato la nota de presentación correspondiente, la cual tendrá una vigencia de noventa días naturales a partir de la fecha de presentación del aviso. Si éste se da dentro del término de treinta días a que se contrae el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a la fecha [487]

ART. 3016



LIBRO CUARTO

de presentación de la solicitud a que se refiere el mismo párrafo; en caso contrario, sólo surtirá efectos desde la fecha en que fue presentado y según el número de entrada que le corresponda. Si el testimonio respectivo se presentare al Registro Público dentro de cualquiera de los términos que señalan los dos párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos contra tercero desde la fecha de presentación del aviso y con arreglo a su número de entrada. Si el documento se presentare fenecidos los referidos plazos, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de presentación. Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo primero de este artículo fuere privado, deberán dar el aviso preventivo con vigencia por noventa días, el Notario, el Registrador o el Juez competente que se hayan cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo caso el mencionado aviso surtirá los mismos efectos que el dado por los Notarios en el caso de los instrumentos públicos. Si el contrato se ratificara ante el Registrador, éste deberá practicar de inmediato el

aviso preventivo a que este precepto se refiere. Este artículo establece una prelación especial por medio de las anotaciones preventivas. El primer párrafo dispone que la solicitud del certificado de libertad de gravámenes surte efectos de primer aviso preventivo, respecto de la operación que pretenda realizarse, siempre y cuando tenga las siguientes menciones: 1. Nombre de !os contratantes; 2. Operación y finca de que se trate; y 3. Antecedente registra]. El registrador, deberá hacer constar la solicitud y la fecha en que se presentó en fa parte de anotaciones preventivas del folio real, o marginalmente si el asiento existe en libros. Esta nota tiene una vigencia de treinta chas naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Como se indica en la exposición de motivos de la reforma al CC de 28 de diciembre de 1973, el sistema de anotación preventiva resulta de gran utilidad pues "se cierra la posibilidad de defraudación o engaño al adquirente, ya que durante la elaboración de la escritura y la obtención de certificados de inscripción, gravámenes y demás documentos, que se requieren en estos casos, los embargos, enajenaciones o cualquiera otra forma de modificación de los derechos,derivados del Registro resulta imposible, ya que las inscripciones que se hagan en estos embargos, gravámenes u operaciones, tomarán la 14881

3a. PARTE. TIT. II/CAP. 11

ARTS. 3016 y

atm

prelación que les corresponda, conforme a la oportunidad de los avisos preventivos". El segundo aviso preventivo, previsto en el segundo párrafo del artículo en comentario, o sea, el que dará el notario dentro de las 48 horas siguientes al otorgamiento de la escritura, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación del primer aviso, siempre y cuando este segundo aviso ingrese al RPP dentro de treinta días siguientes a la presentación del primero. Para que se produzcan estos efectos retroactivos en lo que se refiere a la operación regístrable, el notario deberá presentar el testimonio de !a escritura respectiva dentro de los noventa días siguientes a la presentación del segundo aviso. Este segundo aviso preventivo, deberá contener: I. Los nombres de los interesados; 2. La operación celebrada; 3. La finca de que se trata; 4. Número y fecha de firma de la escritura; y 5. Los antecedentes registrales. Para proceder al registro de los documentos privados en los que conste alguno de los actos mencionados en el párrafo primero del precepto en comentario, el notario o el juez competente en su caso, ante quien se presenten para su ratificación, después de cerciorarse de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, deberá dar un aviso preventivo al registrador. Dicho aviso tendrá una vigencia de noventa días, con los mismos efectos del aviso preventivo que los notarios deben dar en el caso de que !a operación se hubiera hecho constar en escritura pública. Si el contrato se perfeccionare en escrito privado y se ratificare ante el registrador, este funcionario estará obligado a practicar desde luego, el aviso preventivo. I.G.G. y B.P.F.C. ARTÍCULO 3017. La inscripción definitiva de un derecho que haya

sido anotado previamente surtirá sus efectos desde la fecha en que la anotación los produjo. Las anotaciones preventivas tienen la utilidad de que cuando se inscribe un titulo definitivamente, desde el punto de vista del principio de prelación o preferencia, la inscripción surte sus efectos desde el momento en que se hizo la anotación preventiva. P.e., si se inicia un juicio de prescripción adquisitiva en contra de un titular registral y se tiene la precaución de pedir al juez, en el momento de presentar la demanda, que se anote en el RPP la iniciación del juicio que tiene por objeto la usucapión, cuando se pronuncie la sentencia de prescripción y se inscriba surtirá sus efectos registrales desde el momento en que se hizo la anotación preventiva, teniendo por lo tanto la prelación y preferencia desde esa fecha. B.P.F.C. [489]

ARTS. 3018 y 3018

LIBRO CUARTO

De Quiénes Pueden Solicitar el Registro y de la Calificación Registral ARTÍCULO 3018. La inscripción o anotación de los títulos en el

Registro Público pueden pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o anotar, o por el Notario que haya autorizado la escritura de que se trate. Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de quedar registrados en tal fecha y bajo tal número. La inscripción en el RPP, se realiza siempre a instancia de parte y nunca de oficio. Es potestativo solicitar la inscripción de los derechos reales, posesión, gravámenes y limitaciones de dominio. Este precepto contiene el enunciado de otro de los principios registrales básicos que se conoce como el principio de rogación que significa, a instancia de parte. El registrador no puede actuar nunca oficiosamente. De acuerdo por lo dispuesto por el a. 30121a solicitud puede ser tácita puesto que es suficiente la sola presentación del documento en donde consta el acto registrable para que el registrador proceda a hacer la inscripción. Una vez inscrito el documento debe ser devuelto al que solicitó la inscripción. En caso de ser desechada la inscripción, el documento se devuelve con la anotación respectiva. Los notarios normalmente, por cuenta de sus clientes, se encargan de realizar y vigilar el procedimiento de inscripción. B.P.F.C. ARTÍCULO 3019. Para inscribir o anotar cualquier título deberá

constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgó aquel o de la que vaya a resultar perjudicada por la inscripción, a no ser que se trate de una inscripción de inmatriculación. Las inscripciones en el RPP, se realizan dentro de una secuencia no interrumpida entre adquisiciones y transmisiones de derecho (principio de continuidad o de tracto sucesivo). Este principio se deriva de otro, el del consentimiento, por virtud del cual el que transmite, está seguro de que no se modificará el registro a su favor, sin su consentimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el a. 3012. (Vid. comentario respectivo). [4901

3. PARTE. TIT. II/CAP. 11



ARTS. 3019, 3020 y 3021

De este principio se deduce asimismo, que no podrá registrarse nada que no emane de la inscripción anterior y que tampoco podrá registrarse derecho alguno que no aparezca inscrito a nombre del anterior titular. Finalmente el principio de tracto sucesivo de los datos inscritos hace posible la continuidad histórica del Registro mismo y de los inmuebles registrados. Salvo dos excepciones, no existen en el registro, inscripciones que no tengan antecedentes registrales: 1)Cuando el RPP se creó en el año de 1870, quedó abierto para inscribir toda posesión y la propiedad existentes en aquella época. A esas inscripciones se les llamó "primera de la finca". A partir de ese momento empieza a aplicarse el principio de tracto sucesivo. 2) En el caso de inmatriculación; que consiste en la incorporación, por medio .de un procedimiento judicial o administrativo, de un inmueble no registrado al RPP. I .G.G. y B.P.F.C.

ARTÍCULO 3020. Inscrito o anotado un título, no podrá inscribirse o anotarse otro de igual o anterior fecha que refiriéndose al mismo inmueble o derecho real, se le oponga o sea incompatible. Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación, tampoco podrá inscribirse o anotarse otro título de la clase antes expresada, mientras el asiento esté vigente. Este artículo concuerda con el principio físico de que "dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio". En el RPP dos derechos no pueden tener la misma prelación o preferencia. Como consecuencia del principio de tracto sucesivo y de la concatenación y secuencia entre un titular y otro, existe en el Registro una impenetrabilidad de un segundo título cuando ya existe uno anterior inscrito. Cabe la posibilidad de que puedan ser registrados dos o más títulos que contengan derechos no contradictorios sobre un mismo bien; entonces se inscribirán con rango preferencial diferente. De allí que el principio que enuncia este precepto aplica como en su texto se expone, la impenetrabilidad cuando se trata de derechos incompatibles u opuestos. I.G.G. ARTICULO 3021. Los Registradores calificarán bajo su responsabi-

lidad los documentos que se presenten para la práctica de 14911

LIBRO CUARTO

ART. 3041

alguna inscripción o anotación; la que suspenderán o denegarán en los casos siguientes: I. Cuando el título presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse; II. Cuando el documento no revista las formas extrínsecas que establezca la ley; III. Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o rectificado el documento, no hayan hecho constar la capacidad de los otorgantes o cuando sea notaria la incapacidad de éstos; IV. Cuando el contenido del documento sea contrario a las Leyes prohibitivas o de interés público; V. Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro; VI. Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un derecho real o cuando no se fije la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado, salvo los casos previstos en la última parte del artículo 3011, cuando se den las bases para determinar el monto de la obligación garantizada; y VII. Cuando falte algún otro requisito que deba llenar el documento de acuerdo con el Código u otras leyes aplicables. A esta actividad se le denomina "calificación registrar, y puede ser concurrente con la notarial y la judicial: p.c., un convenía celebrado entre cónyuges, requiere de autorización judicial, posteriormente se otorga en escritura pública ante notario, y más tarde se inscribe en el RPP. Este documento fue calificado por el juez, el notario, y el registrador. Examinar el titulo es un derecho y una obligación del registrador, quien bajo su responsabilidad y dentro del plazo seftalado por la ley, debe realizar este examen de manera independiente, en forma personalísima y libre de cualqier presión. Este examen debe ser de forma y de fondo, analizando los elementos extrínsecos e intrínsecos del documento que se presenta para registro. El registro debe ser negado cuando el acto no haya satisfecho los elementos de existencia y de validez o los demás requisitos que para su eficacia exija el ordenamiento legal; p.c., deberá negar la inscripción cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro. [4921

30. PARTE. T1T. 11/CAP. 11

ARTS, 3021, 3022 y 3023

Las causas de suspensión o denegación de la inscripción, señaladas en este articulo, son enuciativas y no limitativas. En suma, la calificación que debe llevar al cabo el registrador, tiene por objeto someter el título a un examen de validez (formal y material) del acto jurídico que va a asentarse en el registro. Por manera que existe una estrecha relación entre la fe pública registra!, la legalidad del acto que se anota en los folios del Registro y la calificación que establece este precepto. I.G.G. y B.P.F.C. ARTÍCULO 3022. La calificación hecha por el Registrador podrá

recurrirse ante el Director del Registro Público. Si éste confirma la calificación, el perjudicado por ella podrá reclamarla en juicio. Si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción surtirá sus efectos, desde que por primera vez se presentó el título, si se hubiere hecho la anotación preventiva a que se refiere la fracción V del artículo 3043. Cuando el registrador niega o suspende la inscripción de un documento, el solicitante puede recurrir la calificación: a) administrativamente, ante el director del Registro; b) judicialmente, ante el juez del orden común o c) en la vía de amparo. El solicitante debe tener la precaución de cuidar que se haga la anotación preventiva de la razón de denegación o suspensión de la inscripción, para no perder la prelación del registro del documento. De tal manera que si obtiene una resolución judicial favorable, que ordene la inscripción del titulo, sus efectos se retrotraigan al momento en que fue presentado originalmente.

De la Rectificación de Asiento ARTICULO 3023. La rectificación de los asientos por causa de error

material o de concepto, sólo procede cuando exista discrepancia entre el título y la inscripción. La rectificación de los asientos y anotaciones, tiene como finalidad la adecuación entre lo que aparece en el Registro y la realidad jurídica extra registral. El error en el asiento puede ser motivado por una errónea calificación del registra[493]

ARTS. 3023, 3024 y 3025

LIBRO CUARTO

dor, por ambigüedad o error en el título inscribible, o por la inexactitud en los nombres, cantidades y dimensiones de la finca. La rectificación puede realizarse según el caso, a solicitud del interesado, de oficio, o por resolución judicial. B.P.F.C.

Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de alguno de sus conceptos.

ARTÍCULO 3024.

Existe error material al redactar un asiento o anotación, si se incurre en una equivocación mecanográfica, o bien en una mala transcripción de los datos de nombres propios o cantidades. Para llevar al cabo la rectificación, basta tener a la vista el título que motivó la inscripción o los documentos que sirvieron de base para efectuarla. Esta puede realizarse a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el registrador. Un ejemplo puede ser, que en el testimonio de una escritura aparece que compra Juan González López y en la inscripción se hubiere asentado que compra Juan López González. Bastaría presentar el testimonio, para que sin costo alguno, se haga la rectificación. B.P.F.C. ARTÍCULO 3025. Se

entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en el título se altere o varíe su sentido porque el Registrador se hubiere formado un juicio equivocado del mismo, por una errónea calificación del contrato o acto en él consignado o por cualquiera otra circunstancia.

Existe error de concepto en la inscripción cuando se altere alguno de los datos del acto que contiene el título en modo que varíe el sentido asentado en el mismo. E] error de concepto puede provocarse por una falsa apreciación de] registrador o por ambigüedad en el contenido del título. En la redacción de una escritura, y sobre todo tratándose de contratos atípicos, puede haber discrepancia entre la calificación registra] y la notarial, que se refleje en los efectos jurídicos del acto inscrito. Puede existir ambigüedad 1494

ARTS. 3025, 3026 y 3027

3a. PARTE, TIT. II/CAP. II

en la descripción de la finca que provoque interpretaciones diversas. En ambos casos, por error en el concepto, puede pedirse la rectificación del asiento. B.P.F.C. ARTICULO 3026. Cuando se trate de errores de concepto los asien-

tos practicados en los folios del Registro Público sólo podrán rectificarse con el consentimiento de todos los interesados en el asiento. A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo podrá efectuarse por resolución En caso de que el Registrador se oponga a la rectificación, se observará lo dispuesto en el artículo 3022. En el caso previsto por el segundo párrafo del artículo 3012 el que solicite la rectificación deberá acompañar a la solicitud que presente al Registro, los documentos con los que pruebe el régimen matrimonial. Por ser los errores de concepto trascendentes en cuanto a sus efectos jurídicos, la rectificación debe realizarse por acuerdo de todos los interesados o por resolución judicial. Si los interesados solicitan la rectificación y el registrador no está de acuerdo procede el recurso administrativo ante el director del Registro, y en caso de que se confirme la calificación registra] hay lugar para abrir la instancia judicial por demanda en forma, ante el juez del orden común, quien previa la secuela del proceso, resolverá si procede o no la rectificación del asiento. De la misma manera, si no hay consenso de los interesados, la rectificación se solicitará por la vía judicial para lo cual deberá acompañar el documento que pruebe el régimen matrimonial. B.P.F.C. ARTÍCULO 3027. El concepto rectificado surtirá efectos desde la

fecha de su rectificación. Los asientos y anotaciones en el RPP establecen la presunción legal de la existencia del derecho inscrito; surten efectos frente a terceros y producen la apariencia jurídica de la existencia y legalidad del acto mientras no se cancelen, modifiquen, rectifiquen o caduquen. [4951

ARTS. 3027, 3028 y 029

LIBRO CUARTO

La rectificación de un asiento produce efectos a partir de la fecha de su rectificación por respeto al principio de apariencia y legitimación registral. Por el principio de apariencia registral se presume verdad jurídica lo asentado en el Registro, mientras no se rectifica. Por el principio de legitimación registral se presume titular legítimo a la persona que aparezca como tal en el asiento correspondiente hasta que este asiento no se rectifique o cancele legalmente (Vid. comentario al a. 3028). I.G.G. y B.P.F.C.

De la Extinción de Asientos ARTICULO 3028. Las

inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona.

Si una inscripción se encuentra viva, no obstante que el derecho anotado se ha extinguido o transmitido, ésta sigue otorgando la apariencia jurídica de la existencia del derecho inscrito. Mientras no se haga la cancelación de un derecho, existe la presunción de su existencia que beneficia al tercero registral y en perjuicio del titular que por negligencia, no vigiló la cancelación del asiento o la anotación. En este precepto se reitera el principio de apariencia y la fe pública registral, que son tal vez los de mayor trascendencia en el conjunto de normas que regulan la naturaleza y efectos del RPP. Los aa. 3006 y 3007 establecen el principio de la fe pública registral conforme a la cual los negocios jurídicos (onerosos) inscritos, producen plenamente todos sus efectos frente a terceros mientras subsista su inscripción en el registro. I.G.G. y R.P.F.C. ARTÍCULO 3029. Las

anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción.

A diferencia de los asientos definitivos, las anotaciones preventivas tienen un carácter temporal. Algunas caducan porque no se hayan convertido en definitivas por inactividad del interesado durante el plazo que la ley establece, p.c., las establecidas en el [4961

ARTS. 3029, 3030, 3031, y 3032

3a. PARTE. TIT. II/CAP. II

a. 3016; o bien se cancelan a petición del solicitante, o porque el derecho que protegía ha quedado inscrito en forma definitiva. B.P.F.C.

Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial.-Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte, sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la Ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad.

ARTICULO 3030.

Sólo con el consentimiento de la persona física o moral a cuyo nombre se encuentre una inscripción o anotación, procederá la cancelación del asiento o anotación en que aparece como titular de un derecho ExCepcionalmente por orden judicial, puede efectuarse la cancelación de un asiento o anotación, sin el consentimiento del titular registral. ( Vid. comentario al a. 3026). Así ocurre en el caso de la prescripción y de las ventas forzosas en las que el juez firma por imperium legis, y en rebeldía del demandado en la escritura correspondiente. • A esta protección que se le da al titular registral se le denomina principio de consentimiento.

ARTÍCULO 3031. Para que el asiento pueda cancelarse por consen-

timiento de las partes, éste deberá constar en escritura pública.

Así como se exige en el a. 3005, que los documentos que se registren tengan el carácter de fidedignos, comprendiéndose aquellos que conforme al CPC tienen pleno valor probatorio, de la misma manera para la cancelación de una inscripción se exige que el consentimiento de los interesados sea otorgado en escritura pública. B.P.F.C.

La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá ser total o parcial.

ARTICULO 3032.

14971

LIBRO CUARTO

ARTS. 3032 y 3033

Las inscripciones y anotaciones marginales pueden referirse a bienes o derechos indivisibles, a fraccionables o varios bienes. Si se inscribieron varios bienes afectos a la realización de un fin común o para garantizar una obligación, puede cancelarse parcialmente la inscripción, conforme se vaya realizando aquél o cumpliendo ésta. P.e., nuestro CC prohibe las hipotecas generales; si se hipotecan varios bienes para garantizar un crédito, tiene que mencionarse por cuánto responde cada uno de los bienes hipotecados. Si se paga al acreedor alguna cantidad que equivalga a la suma por la que responde uno de los bienes hipotecados, puede pedirse la cancelación parcial de la hipoteca en la parte gravada que garantizaba ese importe. Así, si se constituye un fideicomiso que tiene como fin que una fiduciaria adquiera un fraccionamiento y enajene los lotes que lo comprenden, podrá pedirse la cancelación del fideicomiso por lo que se refiere a cada uno de los lotes que vaya transmitiendo. B.P.F.C. ARTÍCULO 3033. Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la

cancelación total: I. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; II. Cuando se extinga, también por completo, el derecho inscrito o anotado; III. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación; IV. Cuando se declare la nulidad del asiento; V. Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen en el caso previsto en el artículo 2325; y VI. Cuando tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente. La cancelación de la inscripción procede: a) Por extinción del bien o del derecho inscrito anotado; b) Por nulidad del título o del asiento que es materia de uno y otro; c) Por remate judicial del bien sobre el que se ha. constituido el gravamen real inscrito; y d) Por inactividad del acreedor hipotecario, si no ha promovido durante dos años en el juicio hipotecario en el que se ordenó la expedición de la cédula hipotecaria. I.G.G. [4981

3. PARTE. TIT. II/CAP. II

ARTS. 3034 y 3035

ARTÍCULO 3034. Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la

cancelación parcial: I. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o anotación preventiva; y II. Cuando se reduzca el derecho inscrito o anotado. De acuerdo con el principio de especialidad, debe anotarse con precisión, describiéndolo detalladamente en la inscripción, el bien objeto de los derechos a los que se refiere ésta. Cuando el objeto disminuya o el derecho se reduce, estas circunstancias dan origen a la cancelación parcial de la inscripción que debe pedirse y ordenarse por el registrador. De acuerdo con nuestro código, tanto la prenda como la hipoteca son divisibles, por lo que en caso de pago parcial de la deuda que garantizan, puede liberarse alguno de los bienes sujetos a garantía (cuando son varios) y por lo tanto expedirse la cancelación que sobre los bienes liberados gravitaba. (a. 2912). B.P.F.C. ARTÍCULO 3035. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea

su origen, caducarán a los tres años de su fecha, salvo aquellas a las que se les fije un plazo de caducidad más breve. No obstante, a petición de parte o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse una o más veces, por dos arios cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento. La caducidad produce la extinción del asiento respectivo por el simple transcurso del tiempo; pero cualquier interesado podrá solicitar en este caso que se registre la cancelación de dicho asiento, Las anotaciones preventivas están sujetas a término o condición, tienen un carácter temporal, mientras que se realiza el asiento definitivo. En algunos preceptos el código establece el término de su vigencia, p.e. el a. 3016 establece una primera anotación preventiva con un término de 30 días, y una segunda, con un plazo de 90 días, a cuyo vencimiento caducan. En otros casos, no ocurre así, p.c. en la anotación que se hace por orden judicial, puesto que no se conoce previamente cuál será la duración del phocedimiento contencioso que determina la vigencia de la anotación preventiva, no obstante por la naturaleza provisional de esa anotación el artículo comentado 14991

LIBRO CUARTO

ARTS. 3035, 3030 y-3037

señala un término de 3 años, prorrogables por dos años una o más veces, siempre . y cuando se solicite la prórroga antes de que venza ese plazo. En los casos de caducidad previstos en este artículo cualquier interesado puede pedir que se cancele la anotación. 13.P.F.C. ARTÍCULO 3036. Cancelado

un asiento, se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refiere.

La inscripción crea la presunción (juris el jure) de la existencia del derecho registrado (a. 3010). El titular inscrito, mientras la inscripción no sea cancelada, está legitimado frente a los terceros (fe pública registral), para realizar actos de disposición del bien al que la inscripción se refiere. Esa presunción de legitimación y consecuentemente de validez frente a terceros, de los actos que lleve al cabo el titular inscrito descansa en la publicidad registral. El acto aparece ante aquellos terceros, tal como aparece en la anotación del registro. De allí y por estas razones, cancelado el asiento, el derecho que aparece registrado se extingue. I. G.G.

Los padres como administradores de los bienes de sus hijos, los tutores de menores o incapacitados y cualesquiera otros administradores, aunque habilitados para recibir pagos y dar recibos, sólo pueden consentir la cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en el caso de pagos o por sentencia judicial.

ARTÍCULO 3037.

Cuando el titular de un bien inscrito, es un menor o un incapacitado, el principio de legitimación registral para actos de disposición tiene conforme a este artículo una importante restricción. En efecto, los menores y los incapacitados obran y actúan a través de quienes ejercen sobre ellos la patria potestad o la tutela. Como sus representantes legales, pueden pedir la cancelación del registro de ese bien. Sin embargo, en todo caso los ascendientes que ejerzan la patria potestad y los tutores de menores o incapacitados que tienen la administración de los bienes de sus descendientes o pupilos, no pueden disponer a título gratuito de los derechos de estos (aa. 436 y 576). (5001

ARTS. 3037 y 3038

3a. PARTE. TIT. II/CAP. II

Por ello, puesto que el derecho registrado establece doble presunción de la existencia y de la pertenencia legítima del derecho a favor de quien aparece como titular de él ene! asiento del Registro, los representantes legales de los menores o incapacitados sólo podrán proceder a la cancelación de las inscripciones de bienes y derechos que aparezcan a nombre de sus representados, por orden judicial o cuando el representante del titular pruebe que la solicitud es consecuencia de un pago efectuado conforme a un acto celebrado a título oneroso; es decir que el menor o incapacitado ha recibido un pago a cambio de la extinción del derecho que se extingue desde el punto de vista registral, como efecto de la cancelación de la inscripción. I.G.G,

La cancelación de las inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de títulos trasmisibles por endoso, pueden hacerse: I. Presentándose la escritura otorgada por la que se hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado los títulos endosables en el acto de su otorgamiento; y II. Por ofrecimiento del pago y consignación del importe de los títulos tramitados y resueltos de acuerdo con las disposiciones legales relativas.

ARTÍCULO 3038.

La LGTOC, da la posibilidad de la emisión de títulos con garantía real colateral para asegurar su pago y de cédulas y obligaciones hipotecarias para garantizar un crédito colectivo que se encuentra documentado en títulos a la orden. Este es el caso más frecuente en la práctica financiera. En caso de las obligaciones hipotecarias, será el representante común de los tenedores, el señalado en la emisión; y en el de las cédulas hipotecarias, la institución emisora. Para cancelar la hipoteca que garantiza el crédito colectivo, en caso de las obligaciones hipotecarias, el representante común de los tenedores manifestará en escritura pública, que el crédito ha sido pagado y los títulos han sido inutilizados. Por lo que se refiere a las cédulas hipotecarias, la institución emisora tiene que incinerarlas haciéndose constar la incineración en acta levantada en presencia de un inspector de la Comisión Nacional Bancaria. El acto se inscribirá en el RPP. Como los títulos emitidos están sujetos a amortizaciones, luego de sorteados, los tenedores pueden proceder al cobro. De no hacerlo, se podrá ofrecer y 50 11

LIBRO CUARTO

ARTS. 3038, 3030 y 3040

consignar el pago judicialmente y proceder a la cancelación de la hipoteca e inscripción en el Registro. Si se trata de títulos cambiarios no seriados tales como pagarés o letras de cambio, será el último tenedor legítimo del documento quien como acreedor de su importe deberá cumplir con lo dispuesto en este artículo. B.P.F.C. ARTÍCULO 3039. Las inscripciones de hipotecas constituidas con el

objeto de garantizar títulos al portador, se cancelarán totalmente si se hiciere constar por acta notarial, estar recogida y en poder del deudor la emisión de títulos debidamente inutilizados. Procederá también la cancelación total si se presentasen, por lo menos, las tres cuartas partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el pago de los restantes, consignándose su importe y el de los intereses que procedan. La cancelación en este caso, deberá acordarse por sentencia, previos los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles. Si un crédito se encuentra documentado en títulos al portador, pudiera ser el acreedor persona incierta, y por ello está legitimado para recibir el pago quien tenga en su poder los títulos correspondientes y haga entrega de ellos al deudor que paga. Para cancelar una hipoteca que garantice un crédito de esta especie, deberá constar fidedignamente, ante notario, que la deuda ha sido pagada e inutilizados los títulos que la amparaban. Por no conocer quiénes son los titulares de los títulos emitidos, ni existir representante común de ellos, para pedir la cancelación de la hipoteca, se debe obtener resolución judicial. El procedimiento a seguir es de ofrecimiento de pago seguido de consignación, presentando el solicitante por lo menos las tres cuartas partes de los títulos emitidos e inutilizados y el billete de depósito por el importe del capital e intereses de los restantes, todo ello, conforme a lo dispuesto por los aa. 2098 del CC y 224 y ss. de CPC. 13.P.F.C. ARTICULO 3040. Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones

hipotecarias de que se trate, presentando acta notarial que í5021

3a. PARTE. TIT. II/CAP. Il

ARTS. 3040 y 3041

acredite estar recogidos y en poder del deudor, debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente al importe de la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan, por lo menos, a la décima parte del total de la emisión. La hipoteca constituida para garantizar cantidades de dinero documentadas en títulos valores, siguen las reglas comunes de la hipoteca. Si son varios los bienes hipotecados que garantizan el pago, la deuda tiene que mencionarse en la anotación del Registro, así como la cuantía de la deuda cuyo pago garantiza cada uno de esos bienes, y por lo tanto, podrán cancelarse parcialmente las hipotecas, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a) Que notarialmente se acredite estar recogidos y en poder del deudor, debidamente inutilizados, los títulos que representen un valor igual al que garantiza el bien que se pretende liberar; b) Que los títulos que se hayan inutilizado, representen por lo menos la décima parte de los emitidos. B.P.F.C. ARTÍCULO 3041. Podrá también cancelarse, total o parcialmente la

hipoteca que garantice, tanto títulos nominativos como al portador, por consentimiento del representante común de los tenedores de los títulos, siempre que esté autorizado para ello y declare bajo su responsabilidad que ha recibido el importe por el que se cancela. De acuerdo con el principio de consentimiento, sólo puede solicitar la cancelación de una inscripción el titular registra] o su representante. En caso de créditos colectivos, documentados en títulos a la orden o al portador, los tenedores pueden otorgar poder a un representante común para cancelar la hipoteca que garantiza el crédito y solicitar la cancelación de su inscripción en el Registro. En la escritura de cancelación deberá manifestar el representante que ha recibido el importe de las cantidades adeudadas. B.P.F.C.

[503]

LIBRO CUARTO

ART. 3042

CAPITULO III Del Registro de la Propiedad Inmueble y de los Títulos Inscribibles y Anotables ARTÍCULO 3042.* En el registro Público de la Propiedad inmue-

ble se inscribirán: I. Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles; II. La constitución del patrimonio familiar; III. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un periodo mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años; y IV. Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados. El diccionario de Joaquín Escriche, define el título de propiedad como: "La causa en cuya virtud poseemos alguna cosa y el instrumento con que se acredita nuestro derecho". Esta definición tiene dos aspectos: material que se expresa como la causa con cuya virtud poseemos alguna cosa y formal, si se refiere al documento en donde consta la citada causa. En la disposición que se comenta se enuncia cuál es el contenido de los documentos que pueden inscribirse, o sea el título desde el punto de vista material; es decir, la causa de donde se han originado los derechos cuya inscripción se solicita. Los títulos que son materia de inscripción, se refieren a derechos reales y derechos personales. El RPP se instituyó con el fin de proteger a los titulares de un derecho real y circunstancialmente a los titulares de un derecho personal. Por esta razón los derechos reales se asientan separadamente en la primera y segunda parte del folio real, y los derechos personales, se anotan en la tercera parte del folio aunque ésta corresponde propiamente a las anotaciones preventivas. R.P. F.C.

• N.E.: El último párrafo de este artículo fue derogado en virtud del artículo primero del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del 21 de julio de 1993. De acuerdo con el pfo. primero del artículo único del decreto publicado en el DO deI 23 de septiembre de 1993 que modifica los artículos transitorios publicados en el DO del 21 de julio de 1993, deberá interpretarse la vigencia o no del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el citado decreto. (Véase texto integro del decreto de la reforma, al final de este volumen.) 504}

3a. PARTE. TU. 11/CAP, III

ARTS. 3042 y 3043

Texto del último párrafo del a. 3042, anterior al decreto que reforma diversas disposiciones del CC publicado en el DO del 2.1 de julio de 1993. a. 3042, último párrafo. No se inscribirán las escrituras en las que se trasmita la propiedad de un inmueble dado en arrendamiento, a menos de que en ellas conste expresamente que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 2448 I y 2448 J de este Código en relación con el derecho del tanto correspondiente al arrendatario. ARTÍCULO 3043. Se anotarán preventivamente en el Registro Público: L Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquellos; II. El mandamiento y el acta de embargo, que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor; III. Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos; IV, Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohiban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales; V. Los títulos presentados al Registro Público y cuya inscripción haya sido denegada o suspendida por el Registrador; VI. Las fianzas legales o judiciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2852; VII. El decreto de expropiación y de ocupación temporal y declaración de limitación de dominio, de bienes inmuebles; VIII. Las resoluciones judiciales en materia de amparo (the ordenen la suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en el Registro Público; y IX. Cualquier otro título que sea anotable, de acuerdo con este Código u otras Leyes. Una de las formas de dar publicidad y seguridad a los terceros registrales, es el establecimiento de las anotaciones preventivas, éstas se anotan marginalmente, en los libros si se sigue ese sistema, y en la parte de anotaciones preventivas, cuando se trata de folios reales, 15051

LIBRO CUARTO

ARTS. 3043 y 3044

Las anotaciones preventivas tienen efectos retroactivos como lo dispone el a, 3016. Si los hechos o actos en ellas consignados, se realizan cumpliendo los requisitos señalados por la ley, sus efectos se retrotraen y el derecho queda inscrito en forma definitiva desde la fecha de la anotación preventiva. Cuando exista litigio judicial sobre la propiedad o posesión de un bien inmueble, puede pedirse al juez que ordene al registrador la anotación preventiva del estado litigioso en que se encuentra la finca. Esta anotación como la de los instrumentos notariales, surte efectos frente a terceros, de tal manera que se presume legalmente que el adquirente de la finca conoce que el derecho que pretende adquirir sobre la finca, se encuentra sub judice y, por lo tanto, se somete al resultado del juicio. P.e., una persona que lleva en contra de otra, un juicio de prescripción de una finca, o bien, ha iniciado la acción proforma para elevar a escritura pública un contrato privado de compraventa, puede pedir al juez que se anote el estado contencioso en que se encuentra la finca. Dictada la sentencia declaratoria de que se ha consumado la prescripción adquisitiva, retrotraerá sus efectos al momento en que se llevó al cabo la anotación preventiva. B.P.F.C:

DE LOS EFECTOS DE LAS ANOTACIONES La anotación preventiva, perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquella, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. En los casos de las fracciones IV y VIII del artículo 3043 podrá producirse el cierre del registro en los términos de la resolución correspondiente. En el caso de la fracción VI, la anotación no producirá otro efecto que el fijado por el artículo 2854. En el caso de la fracción VII, la anotación servirá únicamente para que conste la afectación en el registro del inmueble sobre el que hubiere recaído la declaración, pero bastará la publicación del decreto relativo en el -Diario Oficial" de la Federación para que queden sujetos a las resultas del mismo, tanto el propietario o poseedor, como los terceros que intervengan en cualquier acto o contrato posterior a dicha publicación, respecto del

ARTÍCULO 3044.

[5061

3a. PARTE. TIT.

ARTS. 3044 y 3045

III

inmueble afectado, debiendo hacerse la inscripción definitiva que proceda, hasta que se otorgue la escritura respectiva, salvo el caso expresamente previsto por alguna Ley en que se establezca que no es necesario este requisito. Las anotaciones preventivas surten los mismos efectos jurídicos que las definitivas, al retrotraerse sus efectos cuando se cumple la condición jurídica a la que están sujetas. ¿Querrá decir que en los casos a que se refieren las frs. IV y VIII del a. 3043 (órdenes de embargo, prohibición de enajenar el bien registrado y la suspensión del acto reclamado en el amparo) no se procederá a hacer ningún asiento en la inscripción a partir del momento en que se practique la anotación preventiva? En el caso de la fr. VI del a. 3043 (fianza legal o judicial) la anotación preventiva establece la presunción de fraude en contra del acreedor si hay insolvencia del deudor; es decir del fiador en el caso de que éste disponga de los bienes cuya inscripción ha sido anotada preventivamente (Vid. comentarios a los aa. 2852 y 2854). Por lo que se refiere a la anotación preventiva de los decretos expropiatorios (fr. VIII del a. 3043) lo dispuesto en este artículo es superfluo, ya que la publicación

en el DO cumple frente a terceros los mismos fines que llena la publicidad registral. Ahora bien, los documentos que se presenten para registro durante la vigencia de estas anotaciones, se inscribirán con la prelación que les correspondan si éstas no se convierten en definitivas. I .G.G.

ARTÍCULO 3045. Salvo los casos en que la anotación cierre el

registro, los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. Las anotaciones preventivas no producen la inalienabilidad de los bienes anotados, éstos pueden enajenarse o gravarse, pero el derecho anotado persigue a la finca frente a cualquier nuevo titular. Si el derecho anotado se confirma, surte efectos retroactivamente a la fecha de la anotación preventiva, conservando su prelación y preferencia en perjuicio del adquirente o acreedor real que inscribió después de la anotación. Puede decirse que la anotación preventiva es una llamada de atención de la existencia de un derecho anterior o preferente que se encuentra sub judice o pendiente del cumplimiento de ciertas condiciones jurídicas que al realizarse confirman como definitiva la anotación preventiva. Si una persona a pesar de esta anotación, adquiere un derecho, corre el riesgo de que ésta se convierta en definitiva y su título sea inoponible al titular registral cuya inscripción ha quedado firme,

15071

ART. 3046

LIBRO CUARTO

De la inmatrieulación ARTÍCULO 3046. La inmatriculación es la inscripción de la pro-

piedad o posesión de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, que carece de antecedentes registrales. Para cualquiera de los procedimientos de inmatriculación a que se refieren los artículos siguientes, es requisito previo que el Registro Público emita un certificado que acredite que el bien de que se trata no está inscrito, en los términos que se precisen en las disposiciones administrativas que para el efecto se expidan. El director del Registro Público podrá allegarse información de otras autoridades administrativas. El interesado en la inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble podrá optar por obtenerla mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, en los términos de las disposiciones siguientes: I.—La inmatriculación por resolución judicial se obtiene: a) Mediante información de dominio, y b) Mediante información posesoria. II.—La inmatriculación por resolución administrativa se obtiene: a) Mediante la inscripción del decreto por el que se incorpora al dominio público federal o local un inmueble; b) Mediante la inscripción del decreto por el que se desincorpore del dominio público un inmueble, o el título expedido con base en ese decreto; c) Mediante la inscripción de un título fehaciente y suficiente para adquirir la propiedad de un inmueble, en los términos del artículo 3051 de este Código; d) Mediante la inscripción de la propiedad de un inmueble adquirido por prescripción positiva, en los términos del artículo 3052 del presente Código, y e) Mediante la inscripción de la posesión de buena fe de un inmueble que reúna los requisitos de aptitud para prescribir, en los términos del artículo 3053 de este Código. [5081

3*. PARTE. TIT. II/CAP. III



ART. 3046

Bajo el subtítulo "De la inmatriculación", quedan comprendidos a partir de la reforma legislativa que aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación en la edición de 7 de enero de 1988, los procedimientos —judicial y administrativo— para obtener la inmatriculación de la propiedad o de la posesión de un predio que no tiene antecedentes registrales. El primer párrafo del artículo que comentamos define la inmatrieulación como "la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, que carece de antecedentes registrales". Para que proceda la inmatriculación, ya sea judicial o administrativa, se requiere que el RPP expida previamente certificado en el que se haga constar que el bien objeto de la propiedad o de la posesión que se pretenda inmatricular no aparece inscrito. Para ese efecto el director del RPP, podrá obtener (deberá obtener) toda la información que considere necesaria, no sólo del propio RPP, sino de cualesquiera otras autoridades administrativas. Esta disposición puede referirse en nuestro parecer, a los registros de bienes del dominio del poder público nacionales (destinados a un servicio público de uso común propios de la federación o de los municipios).

La certeza que otorga este certificado no es suficiente, pues por una parte, es difícil la búsqueda de una inscripción dada la complejidad de los sistemas que han existido en el RPP (libros y folios) y de sus jurisdicciones (había registros en Tlalpan, Tacubaya, Villa Alvaro Obregón y en el Centro); por otra parte es un principio general de todo procedimiento que los hechos negativos no se prueban. El sentido del segundo párrafo del artículo objeto de este comentario, nos indica con toda claridad que el procedimiento, o mejor, los procedimientos de inmatriculación que este precepto reformado establece, sólo es procedente, cuando se trata de inscribir la propiedad o la posesión de un bien inmueble susceptible de apropiación por los particulares, conforme a los aa. 747, 748 y 772 de este código. Es en el siguiente párrafo del precepto en donde se establecen las dos posibles vías que el código ofrece para obtener la inmatriculación: por resolución

judicial y por resolución administrativa. En cuanto a la primera, es decir, la que se ordena por resolución de juez competente, la inmatriculación procede mediante información de dominio, si se trata de inscribir la propiedad adquirida por prescripción (fr. 1 inciso a) o si se pretende que se inscriba el hecho de la posesión apta para prescribir. Ambas informaciones se recibirán de acuerdo con lo dispuesto en el CPC (aa. 927 y ss.), procedimiento que se denomina información ad perpetuam (véase a. 3047 y su comentario). La inmatricplación por resolución administrativa, procede para inscribir el decreto que incorpora o bien desincorpora un inmueble del dominio público. En este segundo caso, la inmatriculación se practicará respecto del decreto o del título expedido con base en él (fr. II incisos a y b). [509 ]

LIBRO CUARTO

ARTS. 3046 y 3047

La inmatriculación administrativa, también procede para obtener la inscripción de un título fehaciente y suficiente para adquirir la propiedad de un inmueble; para obtener la inscripción de la propiedad de un inmueble adquirida por usucapión o prescripción positiva, o bien para inscribir la posesión de buena fe, apta para prescribir. ¿Qué debemos entender por "título fehaciente y suficiente" para adquirir la propiedad de un inmueble? Entendemos por tal, la prueba indubitable del acto jurídico atributivo de la propiedad que no ha sido antes inscrito. Puede obtenerse la inmatriculación por la vía administrativa de la posesión de un inmueble, si ésta es de buena fe y además apta para prescribir; es decir, en concepto de propietario, pacífica, continua y pública (a. 1 151). Se advierte que para que proceda la inmatriculación de la posesión en la vía administrativa se requiere la buena fe en el poseedor; es decir, que haya entrado en la posesión, en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer o que el poseedor ignore los vicios de su título que le impiden poseer con derecho (a. 806). I.G.G. y B.P.F.C.

Ininatriculación por Resolución Judicial ARTÍCULO 3047. En

el caso de la información de dominio a que se refiere el inciso a) de la fracción 1 del artículo anterior, el que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos establecidas en el Libro Segundo, Título Séptimo, Capítulo II del Código Civil, y no tenga título de propiedad o, teniéndolo no sea susceptible de inscripción por defectuoso, podrá ocurrir ante el Juez competente para acreditar la prescripción rindiendo la información respectiva, en los términos de las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles. Comprobados debidamente los requisitos de la prescripción, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como titulo de propiedad y será inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Conforme a lo que este precepto dispone, el que es poseedor de un predio y carece de título de propiedad (en el sentido de documento probatorio de la causa u origen de esa propiedad) o el que tiene, por ser defectuoso, no es susceptible de inscripción, puede obtener una declaración judicial de propie1.510I

ART. 3047

3a. PARTE. TIT. II/CAP. III

dad mediante una información de dominio a la que se refiere el apartado a) de la fr. I de! a. 3046, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: a) Que exhiba certificado expedido por el RPP probatorio de que el predio no aparece inscrito, b) Que declare que carece de título de propiedad o que el que tiene no es inscribible, por defectuoso, c) Que ha venido poseyendo el predio, durante el plazo de cinco arios anteriores a la solicitud, y con los requisitos a que se refiere la fr. I del a. 1152 del CC. Cumplidos los requisitos a que se refiere el a. 122 del CPC y concluido el procedimiento que ese mismo precepto señala, el juez declarará que es propietario, quien ha sido poseedor. Esa declaratoria será inscrita en el RPP y de esta manera quedará inmatriculado el predio. El procedimiento de inmatriculación judicial previsto en este artículo y en el apartado a) de la fr. I del a. 3046, tiene lugar en la vía de jurisdicción voluntaria, conforme a lo dispuesto en el a. 927 fr. Il del CPC "para justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble". La SCJN, ha sostenido la siguiente tesis: "Conforme al artículo 3023 del Código Civil (del Estado de Guerrero, concordante con el a. 3047 del Código Civil del Distrito Federal) el que tenga una posesión jurídica de bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos y no tenga título de propiedad, podrá demostrar ante el juez competente, que ha tenido esa posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles, pero se requiere que el inmueble no esté inscrito a favor de ninguna persona en el Registro Público de la Propiedad; si está inscrito, el procedimiento que debe seguir es el indicado en el artículo 1156 (concordante con el mismo numeral de Código Civil del DF) esto es, debe promover el juicio contra el que aparezca como propietario de los mismos bienes en el Registro. De lo anterior se sigue que una información ad perpetuam promovida respecto de un inmueble inscrito, es ineficaz para demostrar la posesión, y en consecuencia, para adquirir por prescripción (SCJN Jurisprudencia, Tesis de Ejecutorias, 1917-1985. Apéndice al SJE, cuarta parte, Tercera Sala, México, 1985, p. 481). Debe advertirse que la información judicial de dominio, o mejor de la declaración judicial pronunciada como consecuencia de la información de dominio rendida, no tiene más efecto que hacer constar que la posesión es apta para prescribir y que se ha consumado la prescripción adquisitiva para que el registrador proceda a la inmatriculación del predio, sin perjuicio de los derechos de tercero, como lo establece el a. 3049 a cuyo texto nos remitimos. Las normas procedimentates contenidas en la fr. III del a. 122 del CPC deberían ubicarse formando parte del inciso II del a. 972 del mismo código, que se refiere a las informaciones de dominio, en mérito de la sistemática legislativa, puesto que ambos preceptos se complementan entre si y forman una unidad interpretativa. 1.G.G. [5111

LIBRO CUARTO

ART. 3048

ARTÍCULO 3048. En

el caso de información posesoria, a que se refiere en inciso b) de la fracción I del artículo 3046, el que tenga una posesión de buena fe apta para prescribir, de bienes inmuebles no inscritos en el Registro Público de la Propiedad en favor de persona alguna, aun antes de que trascurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posesión mediante resolución judicial que dicte el Juez competente. Para lo anterior, se deberá seguir el procedimiento que establece el Código de Procedimientos Civiles para las informaciones a que se refiere el artículo 3047. El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para producir la prescripción, al concluir el plazo de cinco años, contados desde la fecha de la inscripción. Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas para las inscripciones previstas en el Reglamento del Registro Público.

La inmatriculación de la posesión de un inmueble puede promoverse judicialmente en vía de jurisdicción voluntaria e inscribirse en el RPP, previa protocolización ante notario de las diligencias correspondientes (aa. 927 a 931 del CPC). La inscripción de la posesión prepara el posterior procedimiento declarativo de propiedad adquirida por prescripción. La inmatriculación tiene por objeto: a) atribuir a la posesión la publicidad registral; b) establecer la certeza del tiempo transcurrido de la posesión y c) tener a la posesión inscrita como apta para prescribir, es decir, con las características de buena fe, pacífica, continua, pública y en concepto de propietario (anima domini), Transcurridos cinco años desde la fecha de la inscripción puede pedirse judicialmente que se declare adquirida la propiedad por haberse consumado la prescripción. I.G.G. y B.P.F.C. ARTÍCULO 3049. Cualquiera

que se considere con derecho a los bienes cuya propiedad o posesión se solicite inscribir por resolución judicial, podrá hacerlo valer ante el juez competente. [512]

ARTS. 3049 y 3050

3a. PARTE. TIT. II/CAP. Ilt

La presentación del escrito de oposición suspenderá el curso del procedimiento de información; si éste estuviese ya concluido y aprobado, deberá el Juez poner la demanda en conocimiento del Director del Registro Público de la Propiedad para que suspenda la inscripción, y si ya estuviese hecha, para que anote dicha demanda. Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el procedimiento de oposición quedará éste sin efecto, asentándose en su caso, la cancelación que proceda. Por ser de jurisdicción voluntaria el procedimiento de información ad perpetuam, cuando hay oposición de cualquier interesado, el juez debe suspender el procedimiento. La controversia para determinar quién tiene mejor titulo entre dos propietarios o poseedores, se deduce ejercitando la acción publiciana o plenaria de posesión (a. 9Q CPC) por medio de un juicio contencioso y no en jurisdicción voluntaria. Si el procedimiento de información de dominio o de posesión estuviese concluido y aprobado, el juez lo hará del conocimiento del director del Registro para que suspenda el asiento respectivo y si ya lo hubiese hecho, para que haga la anotación de la oposición. Esta anotación, como todas las preventivas, 'retrotrae sus efectos a la fecha de iniciación de la información, sea que haya o no prosperado la acción en el momento de su anotación. La vigencia de esta anotación, como las demás, está sujeta a cierto plazo (seis meses) para hacer valer en juicio el derecho por ella protegido y de no ser así, la orden de suspensión del procedimiento de información de dominio o de posesión o la anotación preventiva caduca. I.G.G. y B.P.F.C.

Inmatriculación por resolución administrativa

La inmatriculación administrativa se realizará por resolución del Director del Registro Público de la Propiedad, quien la ordenará de plano en los casos previstos por los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 3046.

ARTÍCULO 3050.

[5131

LIBRO CUARTO

ARTS. 3050 y 3051

De acuerdo con la LBN, el patrimonio del Estado, está constituido por: los bienes de uso común; los bienes de dominio privado de la federación, de los estados y del DF; y por los bienes destinados a un servicio público. El Estado puede adquirir bienes por expropiación y por compraventa. Cuando se trata de expropiación, se requiere de la inmatriculación en el RPP para inscribir por primera vez, como bienes del Estado, los que han sido expropiados. El decreto que desincorpora del dominio público un inmueble para su enajenación a los particulares, o el título en que consta la enajenación, se inmatricula en el RPP. La LBN establece el procedimiento y las bases para enajenar un bien desincorporado del dominio público. Tanto el decreto de incorporación como el de desincorporación se inmatriculan en el RPP, mediante resolución de su director. B.P.F.C.

Quien se encuentre en el caso previsto por el inciso c) de la fracción II del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para solicitar la imatriculación, la cual será ordenada si se satisfacen los siguientes requisitos: I.- Que acredite la propiedad del inmueble mediante un título fehaciente y suficiente para adquirla; II.- Que acredite que su título tiene una antigüedad mayor de cinco años anteriores a la fecha de su solicitud, o que exhiba el o los títulos de sus causantes con la antigüedad citada, títulos que deberán ser fehacientes y suficientes para adquirir la propiedad; III.- Que manifieste bajo protesta de decir verdad si está poseyendo el predio G el nombre del poseedor en su caso; y IV.- Que acompañe las constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble, si las hubiere.

ARTÍCULO 3051.

La inscripción de títulos auténticos en el RPP, histórica y doctrinalmente se conoce como inscripción "primera de la finca", Cuando se creó el RPP en el CC de 1870, se procedió señalando un plazo perentorio, a la inmatriculación de la posesión y propiedad entonces existentes, Este artículo, como ocurrió por la reforma de 1979, revive el mismo procedimiento de inmatriculación. Los requisitos para llevar a cabo esta inmatriculación, en los términos del artículo que se comenta son: [5141

ARTS. 3051 y 3052

3a. PARTE. TIT. II/CAP. III

1. Que se expida previamente un "certificado de no inscripción". La certeza que otorga este certificado, no es absoluta. Por una parte es difícil la búsqueda de una inscripción frente a la complejidad de los diferentes sistemas que han existido en el Registro (libros y folios) y de la anterior diversidad administrativa de las oficinas del Registro (había registros en Tlalpan, 'Facubaya, Villa Alvaro Obregón y en el Centro de la ciudad); por otra parte y ante esía situación ¿cómo probar un hecho negativo? 2. Que se presente un título fehaciente de propiedad y suficiente, es decir, que tenga pleno valor probatorio (véase nuestro comentario al a. 304(i). De acuerdo con los códigos de procedimientos civiles, los documentos autorizados por los fedatarios hacen prueba plena (a. 327 CPC). 3. Que el título exprese el motivo (la causa) por el cual el solicitante es propietario, por ejemplo por compraventa, donación, permuta, etcétera. 4. Finalmente se exige que el predio esté empadronado en el catastro y al corriente en el pago del impuesto predial. (Véase comentario al a. 3052). B.P.F.C.

Quien se encuentre en el caso del inciso d), de la fracción II del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para acreditar que ha operado la prescripción conforme al siguiente procedimiento: I. El interesado presentará solicitud que exprese: a) Su nombre completo y domicilio; b) La ubicación precisa del bien, su superficie, colindancias y medidas; e) La fecha y causa de su posesión, que consiste en el hecho o acto generador de la misma; d) Que la posesión que invoca es de buena fe; e) El nombre y domicilio de la persona de quien la obtuvo el peticionario, en su caso, y los del causante de aquélla si fuere conocido; y f) El nombre y domicilio de los colindantes. II. A la solicitud a que se refiere la fracción anterior, el interesado deberá acompañar: a) El documento con el que se acredita el origen de la posesión, si tal documento existe; b) Un plano autorizado por ingeniero titulado en el que se identifique en forma indubitable el inmueble; y

ARTÍCULO 3052.

[515]

ART. 3032

LIBRO CUARTO

c) Constancia relativa al estado catastral y predial del inmueble, si existieren. III. Recibida la solicitud el Director del Registro Público de la Propiedad la hará del conocimiento, por correo certificado y con acuse de recibo, de la persona de quien se obtuvo la posesión y de su causante, si fuere conocido, así como de los colindantes, señalándoles un plazo de nueve días hábiles para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. El Director del Registro Público de la Propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las personas que pudieren considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación; IV. Si existiere oposición de las personas mencionadas en la fracción anterior, el Director del Registro Público dará por terminado el procedimiento, a efecto de que la controversia sea resuelta por el Juez competente; V. Si no existiere oposición, el Director del Registro Público señalará día y hora para una audiencia, en la cual el solicitante deberá probar su posesión, en concepto de propietario y por el tiempo exigido por este Código para prescribir, por medios que le produzcan convicción, entre los cuales será indispensable el testimonio de tres testigos que sean vecinos del inmueble cuya inmatriculación se solicita. El Director del Registro Público podrá ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho; y VI. La resolución administrativa del Director del Registro Público de la Propiedad será dictada dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere la fracción anterior, concediendo o denegando la inmatriculación y declarando en el primer caso que el poseedor ha hecho constar los antecedentes y cir[516]

ART. 3052

3a. PARTE. TIT. II/CAP. 111

cunstancias que conforme a este Código se requieran para adquirir por virtud de la prescripción; dicha resolución deberá expresar los fundamentos en que se apoya. En este artículo de nueva creación se establece el procedimiento para atribuir al registrador, dentro de un procedimiento administrativo facultades que parecen exceder las que legalmente le corresponden que son exclusivamente registrales y no atributivas de derechos y menos aún declarativas de la existencia o no existencia de situaciones jurídicas como ocurre al declarar este funcionario que el solicitante, poseedor de un predio, no registrado, se ha convertido en propietario del mismo, por haberse consumado la prescripción. El procedimiento para obtener título de propiedad por prescripción de un inmueble no inscrito en el RPP, es una actividad judicial desde el punto de vista formal y material, de conformidad con el CPC (aa. 927 a 931) y el CC (aa. 1156 y 1157). Las funciones del director del RPP son dar publicidad a la propiedad, a los derechos reales sobre inmuebles y a la posesión, y no constituirse en juzgador para resolver sobre la consumación de la prescripción de un inmueble. Por este motivo resulta jurídicamente incongruente que el director de esta institución pueda calificar pruebas y dictar resolución declarativa de propiedad por prescripción adquisitiva. La SCJN ha sustentado el siguiente criterio en jurisprudencia firme: Registro Público, efectos de las inscripciones hechas en él. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho. (Apéndice al SJF, cuarta parte, Tercera Sala, tesis 225, p. 723). Vid, en opus cit, pág. 724, la siguiente tesis relacionada con la jurisprudencia citada: Registro Público, carece en principio de efectos constitutivos en el derecho mexicano. La carencia de inscripción en el registro de una escritura de compra-venta, en rigor y en estricto derecho, en nada afecta al derecho de propiedad del interesado ni al de sus causahabientes, puesto que es bien sabido que, en principio, el Registro Público carece de efectos constitutivos entre nosotros, como en un caso lo demuestra la circunstancia de que un contrato de compra-venta es legalmente perfecto y obligatorio por el solo hecho del concierto de voluntades del comprador y del vendedor sobre la cosa y su precio, aunque la primera no 15171

ARTS. 3052 y 3053



LIBRO CUARTO

haya sido entregada ni el segundo satisfecho, y nunca porque la operación se inscriba o haya dejado de inscribirse en el Registro Público. (Quinta Epoca: Tomo CXXII, p. 461. A.D. 3472/54. José Asunción Ramírez González, 5 votos). I.G.G. y B.P.F.C. ARTÍCULO 3053. Quien

se encuentre en el caso del inciso e) de la fracción II del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para acreditar la posesión de un inmueble, apta para prescribirlo, conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior, con excepción de que en la audiencia a que se refiere su fracción V, el solicitante deberá probar su posesión presente, por los medios que produzcan convicción al Director del Registro Público, entre los cuales será indispensable el testimonio de tres testigos que sean vecinos del inmueble cuya inmatriculación se solicita.

La posesión es un hecho material que cuando reúne los requisitos mencionados en el a. 1152 genera el derecho de propiedad en el poseedor. Entre las finalidades de! RPP, está la de dar publicidad a la titularidad de la propiedad y posesión de un inmueble. La inscripción de esta última, trae consigo la presunción de que un inmueble se ha poseído pública, pacífica, continua y a título de dueño, mientras que no aparezca oposición de persona alguna. La prescripción adquisitiva, si es de buena fe, se opera mediante el transcurso de cinco años (a. 1152 fr. I). El procedimiento para acreditar la posesión es el establecido en el a. 927 del CPC. No obstante, el artículo en comentario introduce la posibilidad de que administrativamente se inmatricule la posesión, siempre que los medios de prueba a que se refiere el a. 3052 "produzcan convicción al Director del Registro Público". La llamada "Inmatriculación de la posesión", está sujeta a un juicio de valor y lo que es más grave, la calificación de la posesión no apta para prescribir, queda abandonada al criterio del registrador a quien se le confieren facultades discrecionales para decretar o no decretar la inmatriculación. En rigor, el registrador debe limitarse a inrnatricular un inmueble y la posesión que sobre él está ejerciendo el solicitante con lo cual esa posesión adquiere la publicidad del Registro, pero en ningún caso puede considerarse debidamente fundada ni motivada la calificación de la susodicha posesión que hiciere ese funcionario administrativo. (*I. Jurisprudencia de la SCJN y tesis relacionada en el comentario al a. 3052). [518]

3a, PARTE. TIT.

ARTS. 30$3 y 3054

II/CAP. JJI

Citarnos ahora la siguiente tesis jurisprudencial visible en Jurisprudencia y

Tesis Sobresalientes 1974 1975, Actualización, IV Civil, Ediciones Mayo 1978, -

p. 1106, tesis 2173, que a la letra dice; 2173. Registro Público, efectos de las inscripciones hechas en él. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho. I.G.G. y B.P.F.C.

ARTÍCULO 3054. Si la oposición a que se refiere la fracción IV

del artículo 3052 se presentara una vez concluido el procedimiento y aprobada la inmatriculación, el Director del Registro Público de la Propiedad suspenderá la inscripción, si aún no la hubiere practicado, y si ya estuviese hecha, anotará la citada oposición en la inscripción respectiva. Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover el juicio que en su caso proceda, la oposición quedará sin efecto y se cancelará la anotación relativa. Es un presupuesto del procedimiento de inmatriculación administrativa que no exista controversia sobre la posesión o propiedad del inmueble que se pretende inmatricular. Si existiere se deberá hacer saber al director del RPP, quien deberá suspender la inscripción, si aún no la hubiese practicado, o si ya lo hubiese hecho, anotará la citada oposición en la inscripción respectiva. Esta anotación tiene una vigencia de seis meses, plazo dentro del cual el opositor deberá promover el juicio correspondiente, de no promoverse la demanda ante el juez competente, caduca la orden de suspesión del procedimiento de inmatriculación o la anotación; es decir queda sin ningún efecto. Si la demanda es favorable para el opositor, los efectos de la sentencia se retrotraerán al momento de la anotación preventiva o de la suspensión del trámite de inmatriculación. La controversia para determinar cuál de dos propietarios o poseedores tienen mejor título, se resuelve judicialmente, ejercitando la acción publiciana o plenaria de posesión, en forma de juicio y no en jurisdicción voluntaria.

B.P.F.C.

[519]

ART. 3055



LIBRO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES Quien haya obtenido judicial o administrativamente la inscripción de la posesión de un inmueble, una vez que hayan transcurrido cinco años, si la posesión es de buena fe, podrá ocurrir ante eI Director del Registro Público de la Propiedad para que ordene la inscripción de la propiedad adquirida por prescripción positiva, en el folio correspondiente a la inscripción de la posesión, quien la ordenará siempre y cuando el interesado acredite fehacientemente haber continuado en la posesión del inmueble con las condiciones para prescribir, sin que exista asiento alguno que contradiga la posesión inscrita.

ARTICULO 3055.

La prescripción positiva o usucapión, es uno de los medios de adquirir la propiedad. Hasta ahora, la declaratoria de que se ha adquirido el derecho de propiedad por haberse consumado la prescripción en favor de quien ha venido poseyendo a título de dominio pacífica, continua y públicamente (a. 1151) ha sido atribuida a un juez competente quien la pronunciará previas las formalidades esenciales del procedimiento que señala la fr. Hl del a. 121 del CPC. No deja de sorprender que como consecuencia del procedimiento administrativo sumarísimo que establece el a. 3052 a cuyo comentario nos remitimos nuevamente, y por el sólo transcurso de cinco años, el registrador proceda a ordenar "la inscripción de la propiedad adquirida, si la posesión es de buena fe". (¿A juicio de quién?). Más grave aún es que si el interesado ha optado por acreditar judicialmente la posesión en diligencias de jurisdicción voluntaria, sin que medie declaración del juez, única autoridad en este caso competente, el registrador por sí y ante si, procede a ordenar la inscripción de la propiedad supuestamente adquirida por prescripción. Este procedimiento resulta además de jurídicamente inadecuado, peligroso pues no existe ni publicidad en los periódicos, ni el rendimiento de pruebas de que se ha continuado poseyendo pública, pacífica, continua y en concepto de dueño. Parece que la sola inscripción de la posesión diera la presunción juris et de jure de que se han satisfecho los requisitos establecidos en los aa. 1151 y 1152 del CC, tantas veces citados en comentarios a los artículos precedentes. I.G.G. y B.P.F.C. (5201

3. PARTE. TIT. II/CAP. 111

ARTS. 3056, 3057 y 3058

ARTICULO 3056.

Una vez ordenada judicial o administrativamente la inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble y cubierto el pago de los derechos respectivos, se hará la inscripción en el folio correspondiente.

La fe pública registral es documental y consiste en los asientos y anotaciones que aparecen en los folios, así como las certificaciones, constancias y copias certificadas de éstos. Las inscripciones deben realizarse satisfaciendo todos los requisitos físicos, jurídicos y fiscales. De acuerdo con el principio de especialización, se debe describir circunstanciadamente la finca, el derecho y el sujeto inscrito y la causa del asiento, todo ello firmado por el director del RPP. B.P.F.C.

La inmatriculación realizada mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, no podrá modificarse o cancelarse, sino en virtud de mandato judicial contenido en sentencia irrevocable, dictada en juicio en que haya sido parte el Director del Registro Público de la Propiedad.

ARTÍCULO 3057

Se considera un principio general que las autoridades no puedan revocar ni modificar por sí sus propial resoluciones sino por orden de autoridad competente. En caso de que la inmatriculación judicial o administrativa sea impugnada por tercero, la oposición se debe substanciar en forma de juicio, ante juez competente. En el procedimiento instaurado debe ser parte del director del RPP para el efecto de que sea oído y que la sentencia que se pronuncie produzca efectos en su contra. Iniciado el procedimiento judicial, el juez podrá acordar se practique la anotación preventiva para dar publicidad a la existencia del juicio de oposición. B.P.F.C.

ARTÍCULO 3058. No se inscribirán las informaciones judiciales o administrativas de posesión, ni las de dominio cuando se violen los programas de desarrollo urbano o las declaratorias de usos, destinos o reservas de predios, expedidos por la autoridad competente, o no se hayan satisfecho las disposiciones legales aplicables en materia de división y ocupación de predios, a menos que se r5211

ARTS. 3058 y 3059

LIBRO CUARTO

trate de programas de regularización de la tenencia de la tierra aprobados por la autoridad. De acuerdo con la LGAH y la LDU del DF, la autoridad administrativa puede establecer limitaciones a la propiedad en provisiones, o señalando usos y estableciendo reservas y destinos de áreas y predios determinados. También en el Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal y en el Reglamento de Planes Parciales, se encuentran otras limitaciones al uso del suelo. Tanto las providencias judiciales como los acuerdos administrativos sobre posesión y dominio de inmuebles deben acatar lo dispuesto en estas leyes y sus reglamentos, así como adaptarse a los planes y programas establecidos para el desarrollo urbano. interesa tener en cuenta lo dispuesto en los programas de regularización de la tenencia de la tierra, inspirados en el propósito de la administración del DF de proporcionar seguridad jurídica a los propietarios y poseedores de los asentamientos irregulares y dotar de viviendas a las clases más necesitadas. Con este fin, se otorgan facilidades especiales y perentorias para la titulación de los predios y viviendas sujetos a regularización. B.P.F.C.

Dei Sistema Registra! ARTfCULO 3059.

El Reglamento establecerá el sistema conforme al cual deberán llevarse los folios del Registro Público y practicarse los asientos. La primera inscripción de cada finca será de dominio o de posesión.

El sistema de asientos y anotaciones cambió con las reformas de 1979. Antes de la introducción en el RPP de esta reforma, las anotaciones y los asientos se realizaban en libros, en los que se anotaban los títulos por los que se creaban, transmitían, modificaban, gravaban o extinguían los derechos reales sobre los inmuebles. Este sistema fue substituido por el folio real, conforme al cual la finca es la unidad básica registra!. En cada folio se anotan los datos de la finca con todas las características que establecen los aa. del 58 al 65 del Reglamento siguiendo el principio de especialización, es decir, que en cada folio se deben determinar con toda precisión los datos concernientes al bien inscrito a saber: ubicación, denominación (si la [522]

3a. PARTE. TIT. II/CAP. 1:11

ARTS. 3059, 3060 y 3081

tiene) extensión superficial, medidas perimetrales y colindancias de cada uno de los lados del polígono que circunscribe al predio (a. 69 del Reglamento). El establecimiento del folio real, ha resultado muy útil en el DF, pues en cada folio se concentran las características de la finca, su titular, los gravámenes y notas preventivas. En el anterior sistema, para conocer el estado de una finca, había que acudir a varios libros ubicados en secciones distintas de las oficinas del RPP. Con el establecimiento del sistema de folio real la palabra inmatriculación tiene dos sentidos: 1) La apertura de un folio real relativo a una determinada finca sustituyendo los asientos que existían en los libros de Registro que se llevaban anteriormente; 2) Cuando se incorpora por primera vez una finca al RPP. En ambos casos que son los tratados en este artículo, los folios reales se deben abrir con base en un título de propiedad, en la posesión originaria o en la constitución de derechos reales sobre la finca. I.G.G. y 13.P.F.C. ARTÍCULO 3060. Los asientos y notas de presentación expresarán:

I. La fecha y número de entrada; II. La naturaleza del documento ye! funcionario que lo haya autorizado; III. La naturaleza del acto o negocio de que se trate; IV. Los bienes o derechos objeto del título presentado, expresando su cuantía, si constare; y V. Los nombres y apellidos de los interesados. De acuerdo con el procedimiento de inscripción y el principio de prelación, cuando un documento se presenta al RPP los asientos y notas de presentación tienen gran importancia, pues un título una vez inscrito materialmente en el folio correspondiente, surte sus efectos desde el momento de su presentación y no en el que se hizo físicamente la inscripción. Siguiendo el principio de especialidad, se debe mencionar en cada asiento o anotación la fecha de presentación, las características formales y materiales del título; los sujetos del derecho y objetos en él determinados (aa. 86 y ss. del Reglamento del RPP). B.P.F.C. ARTÍCULO 3061. Los asientos de inscripción deberán expresar las

circunstancias siguientes: [523]

LIBRO CUARTO

ART. 3083

I. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse; su medida superficial, nombre y número si constare en el título; así como las referencias al registro anterior y las catastrales que prevenga el reglamento; II. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho de que se trate; III. El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores, cuando conforme a la ley deban expresarse en el título. IV. Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada; la época en que podrá exigirse su cumplimiento; el importe de ella o la cantidad máxima asegurada cuando se trate de obligaciones de monto indeterminado; y los réditos, si se causaren, y la fecha desde que deban correr; V. Los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la inscripción y de aquellas de quienes procedan inmediatamente los bienes. Cuando el título exprese nacionalidad, lugar de origen, edad, estado civil, ocupación y domicilio de los interesados, se hará mención de esos datos en la inscripción; VI. La naturaleza del hecho o negocio jurídico; y VII. La fecha del título, número si lo tuviere, y el funcionario que lo haya autorizado. Este artículo determina lo que en la doctrina se conoce como el principio de especialización o determinación. Tiene como finalidad designar con precisión los bienes objetos de inscripción, los nombres de sus titulares, así como la naturaleza, amplitud y contenido de los derechos que se inscriben. Antiguamente existían las hipotecas universales o generales que gravaban el patrimonio del deudor. No se determinaba qué bienes integraban la garantía y por cuánto respondía cada uno de ellos. EI CC vigente, en los aa. 2912 y 2913 ordena que cuando se han hipotecado varias fincas para garantizar un crédito, se determine por qué cuantía responde cada una de las fincas hipotecadas y si un predio se ha fraccionado, se debe "repartir equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones". Respondiendo a este principio, cuando un predio es subdividido o fraccionado, o se constituye el régimen de propiedad en condominio, debe abrirse un folio por cada una de las fracciones resultantes o de los departamentos o locales en condominio y en cada folio se describirán las características particulares de cada porción, departamento o local en que se subdivide el predio o edificio. 5241

3.. PARTE. T1T. 11/CAP. III

ARTS, 3081, 3082 y 3083

Este principio de especialidad o determinación particulariza en manera concreta el bien, los sujetos y el derecho inscritos. B.P.F.C.

Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que expresa el artículo anterior, en cuanto resulten de los documentos presentados y, por lo menos, la finca o derecho anotado, la persona a quien favorezca la anotación y la fecha de ésta. Las que deban su origen a embargo o secuestro, expresarán la causa que haya dado lugar a aquellas y el importe de la obligación que los hubiere originado. Las que provengan de una declaración de expropiación, limitación de dominio u ocupación de bienes inmuebles, mencionarán la fecha del decreto respectivo, la de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación y el fin de utilidad pública que sirve de causa a la declaración.

ARTICULO 3062.

Conforme con el principio [Le especialización, en este artículo se exige determinar con claridad el derecho que se anota; haciendo mención del titular de ese derecho, la finc.a a que el mismo se refiere, con sus características y la fecha en que se hace la anotación en el Registro, para determinar la prelación. B.P.F.C.

Los asientos de cancelación de una inscripción o anotación preventiva, expresarán: 1. La clase de documento en virtud del cual se practique la cancelación, su fecha y número si lo tuviere y el funcionanario que lo autorice; II. La causa por la que se hace la cancelación; III. El nombre y apellidos de la persona a cuya instancia o con cuyo consentimiento se verifique la cancelación; IV. La expresión de quedar cancelado total o parcialmente el asiento de que se trate; y V. Cuando se trate de cancelación parcial, la parte que se segregue o que haya desaparecido del inmueble, o la que reduzca el derecho y la que subsista.

ARTÍCULO 3063.

[525]

LIBRO CUARTO

ARTS. 3063, 3064 y 3065

De la misma manera que el registrador al inscribir un documento debe calificar el título y su contenido, para decidir si procede su anotación preventiva o su inscripción, cuando se pretende realizar un asiento o anotación de cancelación, debe constatar que el documento contiene los requisitos formales y materiales necesarios para el efecto, y particularmente deberá calificar la causa que da origen a la cancelación, si las personas están legitimadas para solicitar la cancelación, y si coinciden los derechos y materia a cancelar con aquéllos a los que se refiere la solicitud de cancelación. Satisfechos los requisitos establecidos en este artículo, se procede a la cancelación parcial o total del asiento o anotación. B.P.F.C. ARTfCULO 3064. Las

anotaciones deberán contener las indicaciones para relacionar entre sí las fincas o asientos a que se refieren y, en su caso, el hecho que se trate de acreditar; y el documento en cuya virtud se extienda.

Uno de los principios en que se sustenta el sistema registral, es el llamado de tracto sucesivo, es decir, que debe haber una secuencia entre una inscripción y otra, excepto en el caso de inmatriculación, ene! que no existe antecedentes en el RPP. En cada asiento o anotación debe mencionarse cuál es su antecedente registral inmediato, para que haya una congruente concatenación entre los actos registrados. B.P.F.C. ARTíCULO 3065. Los

requisitos que según los artículos anteriores' deban contener los asientos, podrán omitirse cuando ya consten en otros del registro de la finca, haciéndose sólo referencia al asiento que los contenga.

Uno de los beneficios del "folio real" es que se encuentran concentrados en un solo folio los datos concernientes a cada finca con todas sus características, evitando que en cada inscripción se repitan los datos. En el sistema anterior, cada vez que se presentaba un nuevo título tenía que describirse nuevamente a la finca. En el sistema del "folio real", cuando hay cambio de propietario se hace el asiento correspondiente mencionado el título y sus características, el tipo de operación, y el nombre del adquirente con sus características personales, sin necesidad de describir nuevamente la finca. B.P.F.C. [5261

ARTS. 3066 y 3067

3a. PARTE. TÍT. II/CAP. III

ARTÍCULO 3066. Todos

los asientos, de la clase que fueren, deberán ir firmados por el registrador y expresar la fecha en que se practiquen, así como el día y número del asiento de presentación.

La fe pública registra] se materializa en los asientos y anotaciones preventivas que siempre contienen la fecha y firma del funcionario que se responsabiliza de la legalidad del asiento. De acuerdo con el principio de calificación, el registrador tiene el derecho y la obligación de examinar personalmente y bajo su responsabilidad, los títulos que se le presentan, tanto en su aspecto formal como en su contenido. Si procede, su inscripción debe realizarla en el plazo señalado en el Reglamento (aa. 94 y 101), y una vez inscrita el registrador es responsable del contenido y legalidad del asiento. La firma del registrador responsabiliza a éste de la certeza de la fecha de la inscripción y de la legalidad de la inscripción. En virtud de que los documentos inscritos surten efectos desde su presentación, ésta debe constar en todo asiento o anotación preventiva. B.P.F.C.

Los asientos del Registro Público no surtirán efecto mientras no estén firmados por el registrador o funcionario que lo substituya; pero la firma de aquellos puede exigirse por quien tenga el título con la certificación de haber sido registrado. Los asientos podrán anularse por resolución judicial con audiencia de los interesados, cuando substancialmente se hubieren alterado dichos asientos, así como en el caso de que se hayan cambiado los datos esenciales relativos a la finca de que se trate, o a los derechos inscritos o al titular de éstos, sin perjuicio de lo establecido respecto a la rectificación de errores, inexactitudes u omisiones.

ARTICULO 3067.

Los asientos y anotaciones realizadas en el "folio real", una vez firmados por el registrador, son documentos públicos con pleno valor probatorio (a. 327 CPC), cuya certeza no puede ser destruida más que por una sentencia que expresamente lo nulifique. La nulidad no procede por vía de excepción sino por medio de la acción o reconvención. Son causas de anulabilidad, las mismas que las del acto jurídico: falta de voluntad o de formalidades, error en el objeto, mala fe, dolo, etc. La nulidad puede ser total o parcial. No debe confundirse la nulidad de los asientos o [5271

ARTS. 3067, 3068 • 31169

LIBRO CUARTO

anotaciones con la modificación, rectificación o cancelación, aunque las consecuencias de la nulidad sea la cancelación total, o parcial. Son partes en el juicio de nulidad de los asientos registrales, el actor en el juicio y los demandados son el protegido por el asiento y el registrador. Si la nulidad de los asientos se produce por causas imputables al registrador, responderá de la reparación de los daños e indemnización de los perjuicios causados (a. 1910). B.P.F.C.

La nulidad de los asientos a que se refiere el artículo anterior, no perjudicará el derecho anteriormente adquirido por un tercero, protegido con arreglo al artículo 3009.

ARTÍCULO 3068.

Existe el derecho constitucional universalmente reconocido de que nadie puede ser privado de sus derechos, sin haber sido llamado y vencido en juicio (garantía de audiencia). Los terceros de buena fe que hayan adquirido un derecho de acuerdo con la publicidad registral, conservan sus derechos desde la fecha de su inscripción y son protegidos por la apariencia jurídica de veracidad y legalidad producida por el Registro. Así p.c., una persona en garantía del pago de su crédito constituye hipoteca sobre un bien inscrito a nombre de otra que aparece como propietario, su garantía subsiste, no obstante que sea nulificada la inscripción de propiedad del bien hipotecado. B.P.F.C.

CAPITULO IV Del Registro de Operaciones Sobre Bienes Muebles ARTÍCULO 3069. Se

inscribirán en los folios de operaciones sobre bienes muebles: I. Los contratos de compraventa de bienes muebles sujetos a condición resolutoria a que se refiere la fracción II del artículo 2310; Los contratos de compraventa de bienes muebles por los cuales el vendedor se reserva la propiedad de los mismos, a que se refiere el artículo 2312; y III. Los contratos de prenda que menciona el artículo 2859. 15281

U. PARTE. TIT. II/CAPS. IV y V

ARTS. 3069, 3070 y 3071

La inscripción de los bienes muebles en el RPP tiene como finalidad dar publicidad a la propiedad de éstos, y dar a los acreedores y terceros adquirentes la certeza de los gravámenes o modalidades a que están sujetos esos bienes que producen efectos frente a terceros. Cuando esa propiedad ha sido objeto de gravamen o limitaciones, deberán éstas inscribirse en el RPP. Si se trata del contrato de compraventa de un bien mueble con pagos diferidos, la cláusula de reserva de dominio o la condición resolutoria impuesta en los términos de los aa. 2310 y 2312 así como la constitución de la prenda conforme al a. 2859, producirán efectos contra terceros, si se inscriben en el RPP. B.P.F.C.

Toda inscripción que se haga en los folios de bienes muebles deberá expresar los datos siguientes: I. Los nombres de los contratantes; II. La naturaleza del mueble con la característica o señales que sirvan para identificarlo de manera indubitable; III. El precio y forma de pago estipulados en el contrato, y, en su caso, el importe del crédito garantizado con la prenda; IV. La fecha en que se practique y la firma del registrador.

ARTÍCULO 3070.

De acuerdo con el principio de especialidad o determinación, cuando se inscribe un bien mueble, tienen que mencionarse las características que lo identifiquen plenamente, el nombre de su titular, las cláusulas del contrato de prenda, constituida sobre ese bien y en su caso el importe del crédito que garantiza ese gravamen real así corno la fecha de su inscripción y la firma del registrador. B.P.F.C.

CAPITULO V Del Registro de Personas Morales ARTÍCULO 3071. En los folios de las personas morales se inscribi-

rán:

[529]

LIBRO CUARTO

ARTS. 3071 y 3072

I. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y asociaciones civiles y sus estatutos; II. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas, cuando haya comprobado el registrador que existe la autorización a que se refiere el artículo 2736 de este Código; y III. Las fundaciones y asociaciones de beneficencia privada. En el folio de personas morales se inscriben las personas jurídicas civiles, tales como sociedades y asociaciones civiles, nacionales y extranjeras y las fundaciones y asociaciones de beneficencia privada. Cuando se trata de personas morales mercantiles, deberán inscribirse en el Registro de Comercio, regido por el Co. En este folio se inscriben la escritura constitutiva, los estatutos y sus modificaciones y la disolución de estas personas. No obstante que el CC establece que la constitución de las asociaciones y sociedades puede constar en un contrato privado, para que sean inscritas en e! RPP, se exige que sus estatutos se protocolicen ante notario público. La falta de inscripción de estas personas morales, hace que no produzcan efectos frente a terceros (aa. 2673 y 2694). B.P.F.C.

Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán contener los datos siguientes: I. El nombre de los otorgantes; II. La razón social o denominación; III. El objeto, duración y domicilio; IV. El capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir; V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso; VI. El nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; VII. El carácter de los socios y de su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y VIII. La fecha y la firma del registrador.

ARTÍCULO 3072.

[530]

3a. PARTE. T1T. II/CAP. V

ARTS. 3072, 3073 y 3074

Este artículo determina cuáles son íos elementos esenciales de una persona moral civil que son motivo de publicidad para dar a conocer al público en general sus características, estructura y finalidad. Las personas morales civiles, a diferencia de las mercantiles, tienen personalidad jurídica, a partir de su inscripción en el registro. En el CC no existen sociedades o asociaciones civiles de hecho, con personalidad jurídica, como en las sociedades mercantiles (a. 21 LGSM). La modificación de cualquiera de las características establecidas en este artículo deberá inscribirse, y mientras no se inscriba no producirá efectos frente a tercero, el cual podrá aprovecharse de esta omisión. Especial significación tiene el nombramiento de los administradores y las facultades que se les otorguen, pues sólo con su inscripción, podrán acreditar legalmente su representación. Frecuentemente los jueces desechan una demanda por falta de legitimación activa, fundados en que el promovente no acredita la inscripción de su nombramiento en el folio de personas morales de la asociación o sociedad representada. B.P.F.C. ARTÍCULO 3073. Las demás inscripciones que se practiquen en los

folios de las personas morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato, según resulten del título respectivo.

El artículo anterior establece cómo se inicia el folio de personas morales. Todo aquel acto o contrato que en alguna manera limite o modifique la capacidad de la persona moral inscrita debe anotarse en el folio y las facultades de sus órganos, deberán inscribirse para que produzca efectos frente a terceros. B.P.F.C. ARTÍCULO 3074. Las inscripciones que se practiquen en los folios

relativos a bienes muebles y personas morales no producirán más efectos que los señalados en los artículos 2310, fracción II; 2312, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones producen. 15311

ARTS. 3674 y TRANSITORIO lo.

LIBRO CUARTO

Por ser caso de excepción, el alcance y contenido de las inscripciones relativas a bienes muebles y personas morales, se limitan a los casos expresamente mencionados a este código. A estas inscripciones se les aplica por analogía las disposiciones de este código sobre el RPP sólo en cuanto al procedimiento de inscripción, contenido, los asientos y anotaciones, pero no en cuanto a los derechos susceptibles de inscripción. B.P.F.C.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS ARTICULO lo.

Este Código comenzará a regir ello, de octubre de

1932. En este precepto el Ejecutivo de la Unión señala el día en que entró en vigore! CC: lo de octubre de 1932; este señalamiento ese! acto esencial de la promulgación de toda ley. No obstante que el CC fue promulgado por decreto de 30 de agosto de 1928, se fue publicando parcialmente en las ediciones del DO de la Federación correspondiente a los días 26 de mayo de 1928 en quo aparecieron los primeros 722 artículos, en el de 14 de julio se publicaron los artículos 723 al 1280; en la edición de 3 de agosto del mismo año, los aa. 1281 al 1791, en tanto que el 30 de agosto aparecieron publicados los aa. 1792 al 3044 que entonces constituyeron el cuerpo del código, además de los nueve artículos transitorios. Originalmente el a. lo transitorio del decreto de promulgación diponía textualmente: "Art. P — Este Código entrará en vigor, en la fecha que fije el Ejecutivo". Por decreto de 24 de agosto de 1932 publicado en el DO de lo de septiembre, en ejercico de la facultad que le concedió el decreto de promulgación, el presidente de la República reformó el a. 1 transitorio y dispuso que el CC entrara en vigor el día lo de octubre de ese año. La amplísima vacado legis del código que ha sido objeto de estos comentarios, y la poco común redacción del artículo que se comenta, se explican porque en el decreto en que se concedieron facultades al Ejecutivo para legislar, se le autorizó para reformar tanto el CC para el Distrito y Territorios Federales como el CPC aplicable en las mismas circunscripciones territoriales, pues fue propósito inicial reformar simultáneamente ambos cuerpos de leyes, de allí que se difiera la iniciación de la vigencia del CC hasta la entrada en vigencia del CPC como en efecto ocurrió.

[5321

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTS. lo. y 2o.

En efecto, la iniciación de la vigencia del CPC cuya elaboración, aprobación y promulgación no se concluyó sino hasta el IT1eS de septiembre de 1932. Empezó también el lo de octubre de 1932. I.G.G,

ARTÍCULO 2o. Sus disposiciones regirán los efectos jurídicos de

los actos anteriores a su vigencia, si con su aplicación no se violan derechos adquiridos. Por medio de este artículo el legislador permite aplicar las disposiciones del código, a los efectos jurídicos de los actos celebrados antes de su vigencia, si con ello no se afectan derechos adquiridos. El precepto que se comenta es por si mismo suficientemente claro y concide con lo dispuesto en el a. 14 constitucional. En efecto, a primera vista es dificil concebir que no se viola el principio de irretroactividad si una nueva ley se aplica a los efectos jurídicos de los actos celebrados con anterioridad a su vigencia. Sin embargo, puesto que el código empezó a regir a partir del día 19 de octubre de 1932, los efectos de los actos celebrados conforme al código de 1884, cuando han producido situaciones jurídicas concretas, afectarían derechos adquiridos si a ellos pretendiera aplicarse las disposiciones del nuevo código; por el contrario, no afectaría derecho alguno de los particulares, si se aplicaran a los efectos de actos que aunque realizados con anterioridad a su vigencia no han producido situaciones jurídicas concretas. A estos efectos pendientes de realización en lo futuro, sí podrán aplicarse las disposiciones del CC, sin violar el principio de no retroactividad conforme al postulado del precepto constitucional mencionado, puesto que —se dice— los particulares no han adquirido aún derechos, como consecuencia de sus efectos. La teoría de los derechos adquiridos para explicar la retroactividad de las leyes, puede no ser enteramente clara, pues habría que resolver cuándo un derecho ha sido adquirido y cuándo permanece como una simple espectativa. Es más claro el criterio que adopta las SUN en la siguiente ejecuto ..ia, para determinar cuándo una ley es o no retroactiva: La ley retroactiva no es la que tiene corno única característica obrar sobre el pasado, pues para que se le considere así en los términos del artículo 14 constitucional, tiene que volver efectivamente sobre el pasado, pero apreciando las condiciones de validez de un acto, en forma diversa a la ley anterior o modificando o suprimiendo efectos del mismo acto, que ya se hubieren realizado. Fuera de estos casos Retroactividad de las Leyes.

[5331

ARTS. 2o. y 3o.

LIBRO CUARTO

la ley puede modificar, sin considerarse retroactiva, los efectos futuros de hechos o actos anteriores a su promulgación. La Interpretación Constitucional de la Suprema Corte de Justicia (19171982), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1984, t. I, p. 893. Amparo administrativo en revisión, t. LXIV, 1398/39, 15 de junio de 1940, mayoría de 3 votos.

I.G.G. ARTÍCULO 3o. La capacidad jurídica de las personas se rige por lo

dispuesto en este Código, aun cuando modifique o quite la que antes gozaban; pero los actos consumados por personas capaces quedan firmes, aun cuando se vuelvan incapaces conforme a la presente ley.

En este artículo, se aplica a la capacidad de las personas, el mismo principio de irretroactividad de la ley y se dispone que a partir de la fecha de vigencia de este código, quienes conforme a él sean capaces y antes no lo fueron, adquieren plena capacidad para lo futuro, sin restricción alguna, en tanto que quienes conforme a las leyes anteriores eran capaces y de acuerdo con el código actual sean incapaces, perderán también para lo futuro la capacidad que gozaban; pero quedarán firmes y valederos los actos que hubieren realizado antes de la vigencia del CC que se comenta, distinguiendo así entre el efecto inmediato y el efecto retroactivo de una ley. La SCJN ha sostenido el siguiente criterio en materia de retroactividad de la ley: Retroactividad de las Leyes. El problema de la aplicación de las leyes en

cuanto al tiempo, descansa en la distinción entre efecto inmediato y el retroactivo de las mismas, consistiendo, el primero, en la aplicación de la ley en el presente, y el segundo, en el pasado. El principio general esquela aplicación de la ley es inmediata, esto es, que se aplique en el presente, de manera que una ley es retroactiva cuando vuelve sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar los efectos de un derecho ya realizado. Ahora bien, cuando la duración jurídica nacida al amparo de una ley, se prolonga más allá de la fecha en que esta fue abrogada o sustituida por otra, si la nueva ley pretende aplicarse a hechos realizados, es retroactiva, y si pretende aplicarse asituaciones en curso, es preciso establecer una separación entre los hechos anteriores a la fecha del cambio de legislación, que no podrán ser tocados, sin transgredir la prohibición constitucional, y los hechos posteriores 15341

ARTS. 3o. y 40.

ART1C MOS TRANSITORIOS

para los cuales la ley nueva no tendrá sino un efecto de aplicación inmediata. (Interpretación Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, México, UNAM, 1984, t.I, p. 930. Amparo administrativo en revisión 8484/39, Roberto Góngora y Coagraviado), 8 de julio de 1940, unanimidad de 4 votos.

Asi este artículo respeta los efectos ya realizados frente a los actos anteriores y modifica o suprime la posibilidad de conferir en lo futuro tal capacidad de la persona, que no reúna los requisitos que el nuevo código establece.

I.G.G. ARTÍCULO 4o. Los bienes adquiridos antes de la vigencia de la Ley

de Relaciones Familiares, por matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad legal, constituyen una copropiedad de los cónyuges, sí la sociedad no se liquidó conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. transitorio de la citada ley; cesando la sociedad de producir sus efectos desde que esa ley entró en vigor. El a. 4Q transitorio de la LRF, al que se refiere el precepto en comentario, ordenaba que los matrimonios celebrados, antes de la vigencia de dicha ley, bajo el régimen de sociedad legal, debían liquidar ésta si alguno de los cónyuges lo solicitare, de lo contrario continuará dicha sociedad como simple mancomunidad de bienes. El artículo transitorio que es materia de este comentario establece que los bienes adquiridos por los cónyuges antes de la vigencia de la LRF si la sociedad no se liquidó se regirán por las normas aplicables a la copropiedad. Es decir, la mancomunidad de los bienes de los consortes se convierte ahora en una copropiedad. De lo dispuesto en este precepto se distinguen los bienes adquiridos por los consortes antes de la LRF y los que adquirieron éstos durante la vigencia de la citada ley. De acuerdo con el sistema establecido por la LRF, los bienes que constituían la sociedad legal (antes de la vigencia de esa ley) se regirán por las disposiciones sobre comunidad de bienes, y lo mismo se dice respecto de bienes adquiridos con posterioridad por los cónyuges (a. 49 transitorio de la LRF). El régimen de comunidad de bienes que establecía la citada LRF en sustitución de la sociedad legal, se transformó en copropiedad por disposición del

artículo en comentario. Tal es el sistema que en nuestra opinión pretende 15351

LIBRO CUARTO

ARTS. 443., So. y So.

establecer este precepto cuando los bienes de los consortes se encontraban bajo el régimen de comunidad que establecía el a. 4º transitorio de la LRF. Debe observarse que el precepto en comentario establece que si la sociedad legal no se liquidó a solicitud de cualquiera de los consortes en el caso previsto en el a. 412 transitorio de la LRF, continúan como copropiedad por lo que se refiere a los bienes adquiridos bajo el régimen que establecía el CC de 1884; a esos mismos bienes se refiere el a. 4º transitorio del CC en vigor. Por lo tanto, por impedirlo el principio de no retroactividad de la ley, el artículo transitorio que se comenta sólo podrá aplicarse a partir del 1º de octubre de 1932. Por los razonamientos anteriores es nuestra opinión que el artículo transitorio del CC a que se refiere esta nota, no puede sin incurrir en retroactividad, ser aplicado a la situación que tenían los bienes conyugales durante la vigencia del a. 4Q transitorio de la LRF. Sólo se considera constituida una copropiedad, a partir de la fecha de iniciación de vigencia del CC que comentamos, fecha señalada en el a. I° transitorio de este cuerpo de leyes. 1.G. G. ARTÍCULO 5o. Los

tutores y los albaceas ya nombrados, garantizarán su manejo de acuerdo con las disposiciones de este Código, dentro del plazo de seis meses contados desde que entre en vigor, so pena de que sean removidos de su cargo, si no lo hacen.

Por la norma contenida en este artículo transitorio, se impone a los tutores y albaceas que hubieren sido designados conforme a las disposiciones del CC de 1884, la obligación de garantizar su manejo, de acuerdo con lo ordenado al respecto en el código de 1928; es decir, conforme a lo dispuesto por los aa. 519 y 1708 del código que es materia de estas notas (Vid. comentarios a los artículos que se citan). En esta forma, el artículo que se comenta, permite aplicar para lo futuro, el régimen establecido en sus normas para el otorgamiento de la caución de la gestión de los tutores y albaceas, respetando las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia del código de 1884, y sujetando a sus disposiciones, los hechos y actos futuros de los tutores y albaceas, es decir, los que se realicen a partir del día en que empezó a regir el código que se ha venido comentando. I.G.G. ARTÍCULO 6o. Las disposiciones de este Código se aplicarán a los

plazos que estén corriendo para prescribir, hacer declara15361

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTS. 6o, v 7o.

ciones de ausencia, presunciones de muerte o para cualquiera otro acto jurídico, pero el tiempo transcurrido se computará aumentándolo o disminuyéndolo en la misma proporción en que se haya aumentado o disminuido el nuevo término fijado por la presente ley. Contiene el precepto, la solución al problema de la aplicación no retroactiva de la ley tratándose del cómputo de los plazos de prescripción, declaración de ausencia y en general de cualesquiera otros actos jurídicos, entre los cuales figura en primer término la usucapión o prescripción adquisitiva. El precepto, siguiendo un criterio de equidad, ordena que el tiempo transcurrido al momento de la entrada en vigor del código que se comenta, se amplíe o se reduzca proporcionalmente a la ampliación o reducción del plazo establecido en este código, para el cómputo del plazo de que se trate. Así p e., si el plazo para adquirir la propiedad de un inmueble por usucapión era en el código de 1884 de treinta años y el que establece el código actual es de veinte, y al entrar en vigor este cuerpo de leyes, una persona ha poseido un terreno con los requisitos que la ley fija, durante 15 años, sólo requiere el transcurso de diez años para completar el plazo de prescripción adquisitiva en su favor. (véanse los comentarios a los aa. 648, 649, 669, 672, 705, 1152, 1153, 1159, 1161, 1162, 1164). I.G.G.

Las disposiciones del Código Civil anterior sobre Registro Público y su Reglamento, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las prevenciones del presente Código, mientras no se expida el nuevo Reglamento del Registro Público.

ARTICULO 7o.

El texto de este artículo se prestaría a alguna confusión, ya que de su redacción parecería desprenderse que el código de 1928 conservó la vigencia del titulo XXIII del código anterior, dedicado al RPP, repitiendo sus disposiciones en su integridad. Sin embargo esto no es así, puesto que el título segundo de la tercera parte dei libro IV del CC en vigor (aa. 2999 al 3074) contiene las disposiciones aplicables al RPP y por lo tanto, conforme al a, 9Q transitorio, queda abrogada la legislación civil anterior, entre la cual figura en primerísimo lugar el código de 1884. Bastaría decir que en lo no previsto por el código que se comenta se aplicarán las disposiciones legales que no se opongan a lo que este ordenamiento disponga. 15371

ARTS. 7o. y So.

LIBRO CUARTO

Suscita el precepto mayores dudas, cuando agrega que continuarán aplicándose tales disposiciones del código derogado, en tanto se expide el nuevo Reglamento del RPP. En estricta técnica legislativa el artículo transitorio materia de esta nota, dispone la aplicación de aquellas disposiciones reglamentarias que no se opusieren al texto del código que se comenta y no proceder a la inversa; sometiendo la vigencia de las disposiciones legales que contiene el título relativo al RPP, a la expedición del nuevo reglamento. De paso diré que el reglamento a que se refiere este precepto transitorio se expidió hasta el año de 1940.

ARTÍCULO 80. Los contratos de censo y de anticresis celebrados

bajo el imperio de la legislación anterior, continuarán regidos por las disposiciones de esa legislación. La dote ya constituida será regida por las disposiciones de la ley bajo la que se constituyó y por las estipulaciones del contrato relativo. Este precepto conservó la vigencia de los aa. 1810 a 1822 y 3066 a 3150 que se refieren a la anticresis y a !os censos consignativo enfitéutico, así como los aa. 2119 a 2228 sobre la dote. Propiamente el artículo en comentario se refiere a los efectos de aquellos contratos celebrados antes del I Q de octubre de 1932, que continuaron rigiéndose por las disposiciones relativas del código de 1884 y por las cláusulas de los contratos conforme a las cuales se celebraron. Este artículo respeta enteramente la autonomía privada en cuanto a los convenios por las partes para crear situaciones jurídicas que se prolongan en el tiempo, dando origen a ciertos derechos en favor de los interesados, derechos que fueron adquiridos por las partes contratantes desde el momento mismo en que se perfeccionó el acto jurídico respectivo: por el acreedor en la anticresis, a quien no puede despojar el nuevo cógido de la garantía de su crédito creada por medio de ese contrato; en el censo consignativo y en el enfitéutico, porque en uno y otro caso la finca está destinada a compensar al censatario por la obligación del pago de la pensión y al enfiteuta que ha adquirido el dominio útil de la finca, como contraprestación por el pago de la pensión, no puede privársele de ese derecho de garantía que ha adquirido como garantía del pago de su crédito. En cuanto a la dote, al quedar constituida ésta, el marido adquiere la propiedad de los bienes que la constituyen y que ha recibido para ayuda de las cargas del matrimonio. f5381

ARTS, So. y 90.

ART1CULOS TRANSITORIOS

En cada una de estas hipótesis, el nuevo código no puede desconocer los efectos de los contratos respectivos, sin conculcar el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio del acreedor anticrético, del censatario o enfiteuta y del marido que ha recibido la dote, sin violar lo dispuesto en el a. 14 de la C. I.G.G.

Queda derogada la legislación civil anterior; pero continuarán aplicándose las leyes especiales federales que reglamenten materia civil y las disposiciones del Código Civil anterior que la presente ley expresamente ordene que continúen en vigor.

ARTÍCULO go.

El mandato que contiene este precepto ordena la abrogación (no derogación) de todo el sistema legislativo civil anterior al l9 de octubre de 1932, fecha de iniciación de la vigencia del código que ha sido comentado. A este respecto hay que comentar que en el decreto de 7 de enero de 1926 (publicado en el DO de 30 de enero del mismo año) y en las subsecuentes prórrogas de las facultades otorgadas al Ejecutivo, en los diversos decretos que se publicaron el 6 de diciembre del mismo año y 3 de enero de 1928. En todos esos actos de soberanía, el Poder Legislativo autorizó al Ejecutivo de la Unión "para que reforme y expida los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles y Penales y de Procedimientos Penales", por lo que en todo caso debió expresar este artículo transitorio que abroga el CC de 1884 al reformar el código de 1928, en lugar de ordenar que sólo quedan en vigor las disposiciones legislativas que el propio código disponga que siguen en vigor. Tampoco tuvo facultades el Poder Ejecutivo para ordenar que continuara la vigencia de las "leyes especiales federales que reglamentan materia civil" puesto que perdieron vigencia las normas que contrarien lo dispuesto en el CC que ese decreto promulgó. Propiamente el artículo transitorio que se comenta abroga al CC de 1884 y las leyes (federales o del DF) que se opongan a lo dispuesto en el código que se ha comentado. El decreto promulgatorio dispone: Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta días del mes de agosto de mil novecientos veintiocho. —P. Ellas Calles.— Rúbrica. —El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. L5.391

ART. 90,

LIBRO CUARTO

Emilio Portes Gil—Rúbrica. —al C. Lic. Emilio Portes Gil, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.— Presente. Lo comunico a usted para su publicación y demás fines. Sufragio efectivo. No reelección. México, a 30 de agosto de 1928. —El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Emilio Portes Gil.— Rúbrica. I.G.G.

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REFORMAS AL LIBRO CUARTO Segunda y tercera partes De los contratos

Publicadas en el DO el 21 de julio de 1993 y el 23 de septiembre de 1993

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para cl Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO "EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

1541]

REFORMAS AL LIBRO CUARTO: SECUNDA Y TERCERA PARTES DE LOS CONTRATOS

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2398, segundo

párrafo; 2406; 2412, fracción 1; 2447; 2448; 2448-B; 2448C; 2448-J; 2448-K; 2478; 2484; 2487; 2489, fracción I; y 2490; se adiciona el artículo 2489 con las fracciones IV y V; y se derogan los artículos 2407; 2448-D, segundo párrafo; 2448-1; 2448-L; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2485; 2486; 2488; 2491; 2494; y 3042, último párrafo del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2398 ...

El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. ARTÍCULO 2406. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador. ARTÍCULO 2407. Derogado. ARTÍCULO 2412...

1.—A entrezar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada; así corno en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. JI a V. ARTÍCULO 2447. En los arrendamientos que han durado más de cinco arios y cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene éste derecho si está al corriente en el pago de la renta, a que, en igualdad de condiciones, en caso de venta sea preferido en los términos del artículo 2448-.1 de este Código. ARTÍCULO 2448. Las disposiciones contenidas en los artículos 2448-A, 2448-B, 2448-G y 2448-H son de orden público e interés social, por tanto son irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en. contrario se tendrá por no puesta. ARTÍCULO 2448 B. El arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad correspondiente como necesarias para que una localidad sea habitable, higiénica y scgu-

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DIARIO OFICIAL: 21 DE JULIO DE 19º3

ra es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa. ARTÍCULO 2448-C. La duración mínima de todo contrato de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación será de un año forzoso para arrendador y arrendatario, salvo convenio en contrario. ARTÍCULO 2448-D. Derogado. ARTÍCULO 2448-1. Derogado. ARTICULO 2448-1 En el caso de que el propietario del inmueble arrendado decida enajenarlo, el o los arrendatarios tendrán derecho a ser preferidos a cualquier tercero en los siguientes términos: I.—En todos los casos el propietario deberá dar aviso por escrito al arrendatario de su deseo de vender el inmueble, precisando el precio, términos, condiciones y modalidades de la compra-venta; II. —El o los arrendatarios dispondrán de quince días para dar aviso por escrito al arrendador de su voluntad de ejercitar el derecho de preferencia que se consigna en este artículo en los términos y condiciones de la oferta, exhibiendo para ello las cantidades exigibles al momento de la aceptación de la oferta, conforme a las condiciones señaladas en ésta; 111.—En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la oferta inicial estará obligado a dar un nuevo aviso por escrito al arrendatario, quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de quince días. Si el cambio se refiere al precio, el arrendador sólo estará obligado a dar este nuevo aviso cuando el incremento o decremento del mismo sea de más de un diez por ciento; IV.— Tratándose de bienes sujetos al régimen de propiedad en condominio, se aplicarán las disposiciones de la ley de la materia; y V.—La compra-venta realizada en contravención de lo dispuesto en este articulo otorgará al arrendatario el derecho de demandar daños y perjuicios, sin que la indemnización por dichos conceptos pueda ser menor a un 50% de las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos doce meses. La acción antes mencionada [543]

REFORMAS AL LIBRO CUARTO: SEGUNDA Y TERCERA PARTES DE LOS CONTRATOS

prescribirá sesenta días después de que tenga conocimiento el arrendatario de la realización de la compraventa respectiva. En caso de que el arrendatario no cumpla con las condiciones establecidas en las fracciones II o III de este artículo, precluírá su derecho. ARTÍCULO 2448-K. Si varios arrendatarios hicieren uso del derecho de preferencia a que se refiere el artículo anterior, será preferido el que tenga mayor antigüedad arrendando parte del inmueble y, en caso de ser igual, el que primero exhiba la cantidad exigible en los términos de la fracción II del artículo anterior, salvo convenio en contrario. ARTÍCULO 2448-L. Derogado. ARTÍCULO 2449. Derogado. ARTÍCULO 2450. Derogado. ARTÍCULO 2451. Derogado. ARTICULO 2452. Derogado. ARTÍCULO 2453. Derogado. ARTÍCULO 2478. Todos los arrendamientos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado; concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso por escrito dado a la otra parte con quince días de anticipación, si el predio es urbano, y con un año si es rústico. ARTÍCULO 2484. Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado. Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que disponen los artículos 2478 y 2479. ARTÍCULO 2485. Derogado. ARTICULO 2486. Derogado. ARTICULO 2487. Si después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento, el arrendatario continúa sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, continuará el arrendamiento por tiempo indeterminado, estando obligado el arrendatario a pagar la renta que corresponda por el tiempo que exceda conforme a lo convenido en el contrato; pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del contrato en los términos del articulo 2478. Las obligaciones contraídas por un tercero con objeto de garantizar el cumplimiento del [5441

DIARIO OFICIAL: 21 DE JULIO DE 1983

arrendamiento, cesan al término del plazo determinado, salvo convenio en contrario. ARTÍCULO 2488. Derogado. ARTICULO 2489... I.—Por falta de pago de la renta en los términos previstos en la fracción 1 del artículo 2425; II y III. —... 1V —Por Por daños graves a la cosa arrendada imputables al arrendatario; y V,—Por variar la forma de la cosa arrendada sin contar con el consentimiento expreso del arrendador, en los términos del artículo 2441. ARTÍCULO 2490. El arrendatario puede exigir la rescisión del contrato: 1.—Por contravenir el arrendador la obligación a que se refiere la fracción 11 del artículo 2412 de este ordenamiento; 11.—Por la pérdida total o parcial de la cosa arrendada en los términos de los artículos 2431, 2434 y 2445; y 111.—Por la existencia de defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento y desconocidas por el arrendatario. ARTÍCULO 2491. Derogado. ARTÍCULO 2494. Derogado. ARTÍCULO 3042... 1 a IV.— ARTÍCULO SEGUNDO... TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en el presente decreta, no serán aplicables a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. TERCERO. Los juicios y procedimientos judiciales o administrativos actualmente en trámite, se seguirán rigiendo por las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. (.5451

REFORMAS AL. LIBRO CUARTO: SEGUNDA Y TERCERA PARTES DE LOS CONTRATOS

México, D.F., a 14 de julio de 1993.- Dip. Juan Ramiro Robledo Ruiz, Presidente.- Sen. Mauricio Valdés Rodríguez, Presidente.- Dip. Luis Moreno Bustamante, Secretario.- Sen. Gustavo Salinas fñíguez, Secretario.- Rúbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

DICTAMEN DE FECHA 9 DE JULIO 1993 LV Legislatura de la H. Cámara de Diputados COMISION DE VIVIENDA Honorable Asamblea: A la Comisión de Vivienda de esta H. Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio y dictamen con la opinión de la Comisión del Distrito Federal, la iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común, y para toda la República en materia Federal; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de arrendamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de dicha iniciativa, por lo que en cumplimiento al mismo precepto y a lo dispuesto por el articulo 64 de la referida Ley y por los artículos 65, 87y 88 del Reglamento Interior del Congreso, nos permitimos someter al Pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente dictamen. ANTECEDENTES La vivienda se ha convertido en una de las demandas más reiteradas y más importantes en la sociedad mexicana. La respuesta a esa necesidad exige de esquemas que respondan a nuestra realidad socioeconómica y nos permitan sostener y ampliar los esfuerzos que se han venido aplicando durante los últimos aftos para obtener más vivienda. El problema de la vivienda es altamente dificil y complejo, implica la constante superación de nuestros mecanismos de financiamiento, para acceder a una vivienda propia; a regularizar un importante inventario de vivienda en la que a pesar de los afios, aún no se resuelve su titularidad, a obtener reservas territoriales aptas para la construcción de vivienda; crear reglas para una mejor convivencia humana y una mejor conservación y mantenimiento de nuestras unidades habitacionales y, desde luego, en construir más viviendas destinadas al arrendandento. El problema, en consecuencia, no puede ni debe contemplarse de manera fragmentada. Su solución debe visualizarse dentro de un marco general de desarrollo, y 1546]

DICTAMEN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS: 9 DE JULIO DE 1993

conforme a los resultados de las experiencias que se han vivido para aplicar las alternativas que más se ajusten a nuestra realidad socioeconómica. No hacerlo así, significa el inmovilismo que conduce, necesariamente, al deterioro de las condiciones sociales. Precisamente esas experiencias condujeron a que apenas hace poco, se regularizara la condición de viviendas que durante medio siglo permaneció estática, trayendo como consecuencia, serios y graves conflictos, tanto humanos como jurídicos y materiales y más recientemente aún, se diera lugar a una normatividad que propicie la mejor convivencia humana y la mejor conservación y mantenimiento de la vivienda constituida bajo el régimen de propiedad en condominio. Dentro del problema general ha adquirido especial-importancia el aspecto relativo a la vivienda en arrendamiento, la cual, durante los últimos arios, ha perdido alarmantemente su papel como alternativa para acceder a una vivienda corno consecuencia de diferentes causas. Una de esas causas, que a la vez se ha convertido en efecto, se refiere a la contracción de la construcción de vivienda para arrendamiento en tal magnitud, que durante los últimos dos años los recursos financieros disponibles por FOVI para ese mbro, no fueron aplicados por ningún promotor de vivienda. Para 19g0 ese tipo de vivienda representaba el 41,7 por ciento del total y en 1990 sólo el 25.6 por ciento, lo cual muestra una drástica disminución en su oferta, provocando una alza inequitativa del monto de las rentas, que en ocasiones resulta intolerable. Además se ha dado lugar a que quienes necesitan de ese tipo de vivienda, se vean sometidos a prácticas desleales y de abusos que en ocasiones adquieren el perfil de delitos. A lo anterior, debe agregarse que del inventario que se venia destinando al arrendamiento, existe una tendencia de transformación de vivienda en arrendamiento a condominio o a oficinas. Es decir, no sólo no se construye, sino que la existente se ha venido reduciendo cada vez más. Por otro lado, este tipo de vivienda cuenta con una norminividad que data, en algunos casos, de aproximadamente medio siglo, por lo que ha quedado rezagada y sus reglas se han convertido en ineficaces y en ocasiones hasta lesivas. En algunos otros casos, se rige por disposiciones que se crearon en 1985 con un espirito tutelar respecto a impactos económicos y sociales que prevalecieron en esa época. Sin embargo, a casi ocho años de distancia se ha observado que esa norrnatividad, paradójicamente, además de tener un efecto inhibitorio en las inversiones de vivienda para arrendamiento, deteriorando aún más el ya de por sí grave rezago habitacional, lejos de proteger al sector inquilinario, lo han llevado a un estado de inseguridad juridica y a una menor posibilidad de acceder a una vivienda digna y decorosa, por los precios elevados de renta, consecuencia de la falta de oferta. Baste cueste sentido señalar, que en la actualidad, existen familias que pagan hasta 500 nuevos pesos por un cuarto de azotea, En todo caso, el resultado no ha beneficiado ni a arrendadores ni a arrendatarios. Por el contrarío no sólo ha perjudicado a ambos, sino también a un importante número de ciudadanos a los que cada vez, es más dificil conseguir una vivienda por la escasez de la oferta que se ajuste a sus posibilidades o por los requisitos, en ocasiones, dificiles o imposibles de cubrir, que imponen algunos arrendadores, so pretexto de una mayor seguridad, requisitos que en ocasiones se apartan de la moral y de la ley. Lo anterior ha propiciado un grado de incertidumbre que ni alienta la creación de más vivienda en arrendamiento ni protege los intereses ni derechos de las partes. Además, ha generado una actitud de desconfianza, recelo y prejuicio, tanto del arrendador como del arrendatario, quienes en lugar de pereibirse como elementos necesarios para un propósito, prefieren buscar formas de ventaja, que termina por enfrentarlos agravando más el problema.

E.5471

REFORMAS AL LIBRO CUARTO: SEGUNDA Y TERCERA PARTES DE LOS CONTRATOS

Reglas, formas, prácticas y costumbres han acabado por crear una cultura de antagonismo entre arrendador y arrendatario, que se acentúa más en el terreno judicial, en el que por cierto, existen ya "tratados" de como viciar, entorpecer y deteriorar los procedimientos, motivando además, la participación de muchos malos administradores de justicia, que usufructúan esas contiendas. Ante esa realidad, la iniciativa propone la adecuación de las normas sustantivas y adjetivas que rigen al arrendamiento, para favorecer una auténtica relación de equidad jurídica entre arrendadores y arrendatarios, en donde el cumplimiento de la voluntad de las partes propicie el incremento de la construcción de viviendas en arrendamiento y con ello, el funcionamiento de un mercado más congruente. La Comisión, con base en los antecedentes expresados y corno resultado del análisis aplicado, tanto de la exposición de motivos como del contenido mismo del proyecto, ha concluido que el marco normativo propuesto, cumple con los propósitos ya referidos, al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES Esta Comisión Legisladora procedió al estudio pormenorizado de la Iniciativa, haciendo un escrupuloso examen de cada propuesta y analizando sus objetivos. Bajo este contexto, la Comisión que suscribe considera conveniente expresar los factores que la llevaron a sus conclusiones en relación a cada uno de los ordenamientos de que se compone la iniciativa. CODICO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL Esta Comisión considera acertada la modificación propuesta al artículo 2398 del Código Civil, en virtud de que se amplía el periodo para el arrendamiento de inmuebles destinados al comercio de 15 a 20 atrios, lo que permitirá que los arrendatarios que tengan un negocio que requiera un periodo prolongado para el óptimo desarrollo de su actividad la puedan realizar sin necesidad de utilizar figuras jurídicas distintas y que tengan la posibilidad de contar con un lugar de negocios por un tiempo prolongado, toque indudablemente traerá beneficios y seguridad jurídica a la actividad comercial, por lo que esta Dictamina dora sugiere la aprobación del precepto en estudio. El Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa de referencia que se reforme el artículo 2399 con el objeto de que se precise que la renta o el precio de arrendamiento, además de poder consistir en una suma de dinero o cualquier otra cosa equivalente, esta última sea cierta, determinada o determinable o cuantificable en moneda nacional, lo que a juicio de esta Dictaminador:1 no es procedente, ya que con lo mismo se podría dar lugar a operaciones que se apartarían de la naturaleza del acto jurídico del arrendamiento y podría generar incertidumbre para los arrendatarios, en consecuencia concluyó con que debe desecharse el texto propuesto para el articulo 2399 en comento, para que dicho precepto no sufra modificación alguna. Por otra parte, se considera conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal de que los contratos de arrendamiento se otorguen por escrito en todos los casos y que la falta de esta formalidad sea atribuible al arrendador, ya que es de suma importancia para darle mayor seguridad jurídica a las partes: además, en la actualidad no existen contratos de arrendamiento por una cantidad inferior a diez centavos de nuevos pesos, que es la cantidad que actualmente establece el Código en comento, por lo que esta Comisión sugiere su aprobación. Igualmente, esta Comisión considera que es procedente la derogación del requisito de que los contratos de arrendamiento de 1548]

DICTAMEN DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS: 9 DE JULIO DE 1993

fincas rústicas consten en escritura pública, ya que dicho requisito incrementa el costo de este tipo de contratos de arrendamiento sin que el arrendatario obtenga ventaja alguna al respecto. La reforma que propone el Ejecutivo Federal tiene como propósito fundamental el otorgar una mayor protección al arrendatario. Esto se logra en modificaciones como la que se proponen al articulo 2412 del Código Civil en comento para que se incluya la obligación del arrendador de entregar el inmueble arrendado en condiciones de higiene y seguridad, lo que indudablemente dará mayor protección al inquilino y el acceso a una vivienda digna y decorosa, por lo que esta Comisión propone la aprobación de dicha propuesta. La Iniciativa en estudio propone se elimine el derecho del tanto, y en su lugar se establezca el derecho de preferencia para el caso de arrendamiento de casa habitación e ilunnebles comerciales e industriales. La anterior modificación responde a que, como lo señala la exposición de motivos de la Iniciativa en dictamen, el derecho del tanto va aparejado a derechos reales y no a derechos personales, por lo que este derecho tiene una correcta aplicación en los casos de copropiedad, no así en el caso del arrendamiento, ya que en este supuesto se desvirtúa la relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario, además de que constituye un importante factor para desalentar el arrendamiento. El derecho de preferencia que se propone por el Ejecutivo Federal para que se incorpore en el Código Civil, permitirá que el arrendatario, que esté al corriente en el pago de sus rentas, sea preferido, en igualdad de condiciones, en la venta del inmueble que está arrendando. De la misma forma se considera acertada la innovación que en esta materia se propone en la Iniciativa en el sentido de establecer que en caso de que se viole el derecho de preferencia a que se refiere el párrafo anterior se podrán demandar los daños y perjuicios que ello ocasione y que la indemnización por dicho concepto no podrá ser menor del 50% de las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos doce meses, garantizando con ello que en todo caso se respetará el derecho del arrendatario de ser preferido en caso de venta del inmueble. En virtud de lo anterior, la Comisión que suscribe sugiere se apruebe la propuesta de reforma a los artículos 2447 y 2448-1 y la derogación del artículo 2448-1 del Código Civil contenidas en la Iniciativa en análisis. El articulo 2448 de la Iniciativa en comento, propone dar el carácter de orden público e irrenunciables a los derechos contenidos en los artículos 2448-A, 2448-B, 2448-G y 2448-H del Código Civil, que se refieren a condiciones de higiene, obras que debe hacer el arrendador por haber sido ordenadas por la autoridad sanitaria, el registro del contrato de arrendamiento por un año ante la autoridad competente del Departamento del Distrito Federal y a la terminación del contrato de arrendamiento por los motivos señalados en la Ley, permitiendo que estos derechos y obligaciones no puedan ser objeto de convenio entre las partes y siempre deban estar presentes en la relación contractual. Estos derechos fundamentales del arrendatario no podrán ser objeto de convenio en contrario entre las partes y el arrendador se obliga por el solo hecho de arrendar un inmueble a cumplir con dichas obligaciones en beneficio del inquilino, por lo que a juicio de la Comisión de Vivienda que suscribe son acertadas y se propone su aprobación. En los últimos años se han observado diversas controversias entre el arrendador y el arrendatario debido a la existencia de la prórroga por disposición legal del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario, lo que ha sido en perjuicio de las partes, ya que un contrato de arrendamiento por un año puede durar hasta tres años, lo cual inhibe a los propietarios de inmuebles desocupados a otorgarlos en arrendamiento. Asimismo, en el supuesto de que el arrendatario quiera arrendar un inmueble por un periodo inferior a un año, corno es el caso de estudiantes, profesionistas, o extranjeros que requieren estar por algún tiempo en esta Ciudad, no se encuentran

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REFORMAS AL LIBRO CUARTO: SECUNDA Y TERCERA PARTES DE LOS CONTRATOS

en posibilidad jurídica de hacerlo, debido a la obligación que establece el Código Civil de que los contratos de arrendamiento para casa habitación duren como mínimo dicho plazo. En virtud de lo anterior esta Comisión está de acuerdo en la propuesta del Ejecutivo Federal para que las partes puedan convenir libremente la duración del contrato de arrendamiento de acuerdo a sus circunstancias y su propia conveniencia, por lo que esta Comisión considera que debe aprobarse la eliminación de la prórroga que establece el texto vigente y la reforma al artículo 2448-C. La Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal propone se derogue el artículo 2448-D, en el que se sertala que los incrementos en la renta se harán conforme al salario mínimo, propuesta con la que esta Comisión está de acuerdo ya que considera necesario que las partes convengan libremente los términos del contrato de arrendamiento, ya que al no permitirlo se está limitando la libertad de contratar de las partes. La excesiva regulación en materia de arrendamiento de vivienda que se equilibrará con la aprobación deja Iniciativa que nos ocupa ha afectado negativamente la oferta de vivienda digna, decorosa y a precios accesibles para los mexicanos. El límite al incremento del monto de las rentas que se propone suprimir ha sido causa directa de la escasez tan aguda de vivienda para arrendamiento que vive la Ciudad de México. Este límite, al pretender proteger al arrendatario, realmente lo ha desprotegido al haber generado una escasez de vivienda, además de que las rentas se han incrementado muy por encima de ese margen en su costo, motivos por los cuales esta Comisión está de acuerdo con que se apruebe dicha propuesta. Un mayor número de vivienda para arrendamiento es la mejor garantía que puede tener el arrendatario para gozar de una casa decorosa a precios accesibles. El articulo 2448-J establece las reglas a seguir para hacer uso del derecho de preferencia por el tanto que se propone en la Iniciativa. En el precepto se contemplan diversas adecuaciones para poder hacer uso de este derecho, como es el que el aviso de enajenación sea hecho por escrito, que la aceptación se haga exhibiendo la cantidad que se pide por la venta y las consecuencias que se originan por el incumplimiento de dicho derecho de preferencia. Lo anterior da la seguridad al arrendatario de que será preferido en el caso de que se venda el inmueble en el que habita, por lo que se sugiere la aprobación del texto en comento. En relación al mismo derecho de preferencia, esta Comisión Dictaminadora considera acertada la propuesta contenida en la Iniciativa, toda vez que se establece el supuesto de que existan varios arrendatarios que hagan uso de este derecho se dé la oportunidad al arrendatario que tenga mayor tiempo arrendando parte del inmueble y cuando existan dos arrendatarios en esta situación, tendrá preferencia el primero que exhiba la cantidad exigible en los términos del Código Civil. Esta Comisión de Vivienda juzga apropiada la propuesta del Ejecutivo Federal, de derogar el artículo 2448-L, toda vez que se considera innecesario que en el contrato se transcriban íntegramente las disposiciones del Capitulo de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación al garantizar que los artículos fundamentales para la protección del arrendatario son de carácter público e interés social, por lo que son irrenunciables. Por otra parte, en la Iniciativa en comento se propone dentro de las disposiciones especiales para los arrendamientos por tiempo indeterminado, que el plazo para el aviso para dar por terminado el contrato de arrendamiento, se disminuya de dos meses a quince días, lo que se considera conveniente por la que suscribe, toda vez que facilita a las partes dar por terminado el contrato sin esperar un periodo en el que puedan sufrir perjuicios. Por otra parte, el Ejecutivo Federal propone se deroguen los artículos 2485 y 24116 del mencionado Código, el primero relativo a la prórroga del contrato de arrendamiento cuando éste haya vencido pero el inquilino haya estado al corriente en el pago de las rentas y el segundo, al supuesto de que terminado el contrato de arrenda-

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DICTAMEN DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS: 9 DE JULIO DE 1993

miento y el arrendatario continúe sin oposición en el goce y uso del predio rústico, dicho contrato será renovado por otro alio, lo que esta Dictaminadora considera acertado, toda vez que se ha comprobado que el obligar a los arrendadores a la prórroga de los contratos inhibe la imersión en la vivienda para arrendamiento, lo que ha provocado el alza tan importante en el precio del arrendamiento para casa habitación. Adicionalmente, la Iniciativa en comento propone que después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento y el arrendatario continúe sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, el contrato de arrendamiento continuará por tiempo indeterminado, pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del mismo en los términos establecidos en el Código Civil, lo que esta Comisión considera conveniente, por lo que propone su aprobación. El Ejecutivo Federal propone, nuevos supuestos para exigir la rescisión de los contratos de arrendamiento, especialmente para el arrendatario, corno son el de otorgar con vicios ocultos el inmueble arrendado y hacer modificaciones o causar daños a dicho inmueble. Esta protección adicional al arrendatario es justa y equitativa, por lo que la Comisión que suscribe sugiere su aprobación. CODIG-0 DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Esta Comisión Dietarninadora Conforme a lo ordenado por la Mesa Directiva del Pleno de esta II. Cámara de Diputados y para los efectos de rendir su opinión respecto a la Iniciativa analizada, la Comisión del Distrito Federal, mediante sesión formal de sus integrantes, procedió a su estudio, habiendo opinado, por mayoría que debe ser sometida a consideración de la II. Asamblea Legislativa para su aprobación correspondiente. Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la consideración de esta II. Asamblea Legislativa, la aprobación del siguiente PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODICO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL; CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PRCYFECCION AL CONSUMIDOR. ARTICULO PRIMERO ...* SALA DE COMISIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA LTNION.- México, D.F., a 9 de julio de 1993.

*Véase texto del decreto que reforma diversas disposiciones al CC publicado en el DO del

21 de julio de 1993.

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por el que se modifican los artículos transitorios del Diverso por el que se reforman el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, el. Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado el 21 de julio de 1993.

DECRETO

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO "EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DIVERSO POR EL QUE SE REFORMAN EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACTON EL 21 DE JULIO DE 1993.

Se reforman los artículos transitorios del Diverso por el que se reforman el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO.

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