Codigo Civil Mexicano Comentado Tomo 4

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CÓDIGO flvit Para el Distrito Federal en nigeria común y para toda la República en materia federal «:» Kira le int it we.

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primera parte

DE LAS OBLIGACIONES

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Tomo IV

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Primera edición, diciembre de 1987. Primera reimpresión, diciembre de 1988. Segunda reimpresión, julio de 1990. Segunda edición, octubre de 1993. 0 1987, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

0 Por características de edición MIGUEL ÁNGEL PORRÚA, LIBRERO-EDITOR

Derechos reservados conforme a la ley. ISBN: 968-842-404-8 Obra completa ISBN: 968-842408-0 Tomo IV IMPRESO EN MÉXICO • PRINTED 1N MEXICO

Amargura 4, San Ángel, Villa Álvaro Obregón, 01000, México, D.F.

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Be las obligaciones

Libro cuarto-primera parte

(OLIBMINIES

Dr. Sergio T. Azúa Reyes S.T.A.R.

Lic. Ingrid Brena Sesma I.B.S.

Lic. Lisandro Cruz Ponce L.C.P.

Lic. Mercedes Ferrería Bandarregui M.F.B. Dr. Ignacio Galindo Garfias I.C.G.

Dra. Carmen García Mendieta C.G.M. Lic. Cecilia Licona Vite C.L.V.

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Lic. Alicia Elena Pérez Duarte y Norofía &E.P.D. y N. Lic. Francisco Villalón Esquerro F.V.E.

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Código Ovil para el Distrito Federal en materia conaút■ y para toda la República en :materia federal texto esistatade

se terminó de imprimir en la ciudad de México, durante el mes de octubre de 1993. La edición en papel de 58 gramos, consta de 2,000 ejemplares más sobrantes para reposición y estuvo al cuidado de la oficina lito-tipográfica de la casa editora.

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LIBRO CUARTO De las obligaciones PRIMERA PARTE De las obligaciones en general TITULO PRIMERO Fuentes de las obligaciones CAPITULO 1

Contratos Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

ARTÍCULO 1792.

Algunos autores han señalado que este precepto omite mencionar que el convenio puede también tener por efecto conservar las obligaciones (Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las obligaciones. Puebla, Cajica, p. 182; Masnatta, Flector. La autocontratación, Buenos Aires, Depalma, 1965, p. 17) Podría tal vez considerarse que el acuerdo de voluntades para que una obligación siga subsistiendo es una modificación de la obligación que se encuentra en trance de extinguirse, acaso podríamos decir que el convenio, en el sentido en que lo expresa el precepto en comentario, es el acuerdo de dos o más partes para modificar una situación jurídica. El "acuerdo de dos o más personas" hace alusión al consentimiento, que siendo un elemento esencial del contrato, se forma mediante la oferta de una de las partes y la consiguiente aceptación de la otra, ambos unidos, integran la figura jurídica del consentimiento El precepto se refiere a la posibilidad de la intervención "de dos o más personas.' en la formulación del contrato y no alude a dos o más partes, ya que dos o más personas pueden mantener un interés unificado que forme la voluntad de una de las partes en el contrato, aunque para ello se requieran las declaraciones de voluntad de dos o más personas. JAMO.

[II

ARTS, 1793 y 1794

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 1793.

Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

Según el sentido literal de este artículo, los contratos no constituyen sino una especie del género "convenio". Con un criterio más riguroso, la doctrina tradicionalmente ha distinguido los convenios en sentido lato de aquellos otros en sentido estricto. Estos últimos, en oposición a los contratos, reducen sus funciones a la modificación y extinción de obligaciones y derechos. En virtud de ello es común que en este último caso se hable p.e. de convenio cuando se trate de disolver una sociedad conyugal o de efectuar una transacción. De todas formas, no resulta fácil determinar con precisión los límites distintivos de cada una de

estas figuras (convenio y contrato) porque la vida económica actual impone con frecuencia una amplia variedad de situaciones que mezcla en forma indistinta diversos compromisos en una sola figura, que por su naturaleza resulta compleja. La definición que contiene este precepto es inadecuada (Toda definición en la ley es peligrosa, Javoleno, libro XI. Epistolarium) por exceso, pues en ella quedarán incluidos los acuerdos de voluntad llamados por Messineo "convenciones" y que no tienen un contenido técnicamente obligacional como los convenios de divorcio que ponen fin al estado de matrimonio y crean obligaciones y derechos para los divorciantes. (Véase Messineo, Francesco, Doctrina general del contrato, Trad. de Fontanarrosa. Sentis Melendo y Volterra. Buenos

Aires, Ediciones Jurídicas Europa América 1952 p. 48).

I.G.G. ARTÍCULO 1794. Para la existencia del contrato se requiere:

I.—Consentimiento; II.—Objeto que pueda ser materia del contrato. El uso del vocablo existencia en este precepto ha dado lugar a una interpretación

que, relacionada estrechamente con la contenida en el a. 2224, suscita hasta la fecha uno de los más enconados puntos de discusión de la doctrina del derecho

civil, que es la de reconocer a la inexistencia como categoría distinta de la nulidad absoluta. Esta mención de la existencia del contrato en nuestra opinión debe reducirse a una dimensión de carácter estrictamente jurídico, aunque ello no sea sino una grave tautología. Así para la existencia del contrato se requiere que haya consentimiento y un objeto materia del mismo. El consentimiento, según lo advertimos, es una figura dual, en principio

polarizada y finalmente concordante: se inicia con una policitación u oferta que reclama una aceptación. 2]

ARTS. 1794 y 179$

TITULO PRIMERO/CAPITULO I

En tales términos, la figura jurídica del consentimiento puede definirse como el concurso de voluntades coincidentes en un mismo objeto. El segundo elemento indispensable para la presencia del Gontrato es el objeto. Tradicionalmente se opina que este requisito puede también ser considerado en una doble perspectiva que distingue la cosa material a que él se refiere y el hecho ,jurídico que la obligación incorpora. En el primer caso se trata de un objeto indirecto y en el segundo de uno directo. Aunque esta consideración no obedece a una perspectiva de la vida económica, sí resulta indudablemente valiosa a partir de la consideración fundamental jurídica del especialista. En el derecho comparado se habla con frecuencia de la "causa" como un tercer elemento indispensable para la existencia de la obligación, pero el texto legal que comentamos ha soslayado dicho elemento. A pesar de ello, existiendo de todas formas un motivo determinante en cada una de las partes para contratar, nuestro legislador parece haber sustituido dicho concepto por el menos discutible de "fin o motivo determinante de la voluntad". El consentimiento o acuerdo de voluntades son elementos de existencia del contrato, en tanto que faltando cualquiera de ellos el negocio jurídico no puede siquiera concebirse, no puede existir conceptualmente. Se trata de elementos esenciales para que lo querido por las partes pueda formar el consentimiento del contrato. J.A.M.G.

El contrato puede ser invalidado: 1.—Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 11.—Por vicios del consentimiento; 111.—Porque su objeto; o su motivo o fin sea ilícito; IV.—Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

ARTÍCULO 1795.

Puede acaecer que aun existiendo el acto, no logre la plena realización de los efectos jurídicos a que se encontraba destinado, porque la ley exija el cumplimiento de ciertos requisitos de validez; en general, se refiere a los elementos que estructuran el negocio que teniendo existencia, requiere de tales elementos para producir efectos. 1. Las partes que otorgan un contrato deben ser capaces. En este sentido, la capacidad jurídica se refiere a la de ejercicio, es decir, a la aptitud de quienes intervienen en el otorgamiento del contrato para hacer valer por si mismos sus derechos y obligaciones. En un sentido general, todas las personas son capaces (a. 1798 en relación con el a. 22). Las causas que originan el estado de incapacidad civil son la minoría de edad, el estado de interdicción (locura, idiotismo, imbecilidad), la sordomudez [3]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1795 y 1795

en personas analfabetas, la ebriedad consuetudinaria y la drogadicción inmoderada y habitual (a. 450, en relación con el a. 24). 2. La ley exige también que la voluntad de los que intervienen en el acto, se haya formado exenta de vicios. El consentimiento, en este contexto, debe ser la expresión de dos o más voluntades, libre y consciente, que se dirige a

la producción de efectos jurídicos. Afirmar que la voluntad se ha formado conscientemente significa que no ha sido fruto de error o de dolo, y decir que la voluntad se ha manifestado (exteriorizado) libremente, significa que ha sido declarada sin coacción moral ( amenazas ) o física (fuerza). En uno y otro caso, el consentimiento no ha podido dar al contrata la validez jurídica para que

produzca efecto y por lo tanto puede ser invalidado. Según el esquema que nuestra ley maneja, estos vicios son el' error, la violencia, el dolo y la mala fe a que se refieren los aa. 1812-1823. 3. El siguiente requisito de validez se refiere a la licitud del objeto y del motivo o fin. Es decir la licitud de lo que las partes deben de hacer o no hacer y también el fin que se propusieron al contratar o al motivo que los determinó a celebrar

ese negocio jurídico (causa final). El a. 1830 dispone: "Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres". Lo mismo cabe decir en términos del a. 1831, respecto del fin o motivo determinante de la

voluntad, que tampoco debe ser ilícito. 4. Por último el consentimiento debe manifestarse precisamente en la forma que la ley establece. No se refiere el Código aquí, al caso de solemnidad en la forma. Por forma debe entenderse el medio empleado para manifestar la voluntad encaminada a la producción de obligaciones. Hay diversas maneras en que se expresa esta forma. Incluso, en ocasiones, la ley concede relevancia jurídica al simple silencio u omisión de las partes. Casos claros al respecto son: el del a. 2547 que se refiere al mandato; a. 2486 que se ocupa del arrendamiento y muy probablemente el del a. 2762 que trata del contrato de aparcería. En rigor, las formas más comunes de exteriorizar la voluntad son la forma

expresa y la tácita. En la primera, la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito y hasta por señas, si éstas resultan de significado inequívoco; la segunda resulta de hechos o actos cuya realización supone, desde el punto de vista legal, la expresión de un consentimiento.

No obstante, el código establece para cada contrato la forma (formalidad) que debe revestir el consentimiento. - En términos de lo dispuesto en el a. 2228, la ausencia de forma produce la nulidad relativa del acto. J.A.M.G.

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una

ARTÍCULO 1796.

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ART. 1798

TITULO PRIMERO/CAPITULO 1

forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. En la intención del legislador, la regla general para el perfeccionamiento de los contratos se hace consistir en la expresión del consentimiento de una manera simple. Por excepción el perfeccionamiento surge en acto posterior para aquellos contratos que deban revestir una cierta forma establecida por la ley. Así entendidas las cosas, en nuestro derecho prevalecerá el principio consensual frente a la posición contraria que se identifica bajo el nombre de formalismo. Este precepto concuerda con lo dispuesto en el a. 2232, conforme al cual "Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley". La segunda parte del precepto en comentario agrega que perfeccionado el contrato obliga en los términos expresamente convenidos; pero más allá de ellos también a las consecuencias que van de acuerdo con la naturaleza del contrato, conforme a la buena fe, que es un principio fundamental en el contrato, el uso y la ley. La buena fe contractual significa lealtad a lo prometido en las cláusulas del contrato, de manera expresa o tácita (cláusulas naturales) realizando la conducta esperada conforme a las normas del contrato, de la ley y de los usos que suelen seguirse en la interpretación del cumplimiento de lo convenido. Con ello se pretende indicar que la buena fe consiste en el rechazo de todo aquello que sea contrario a la intención común de las partes que se revela o manifiesta en la naturaleza del contrato (del conjunto de las cláusulas), y de la práctica reiterada para interpretarlo conforme a su especie. La buena fe contractual comprende la recíproca lealtad que debe observarse al celebrar el contrato, la que se exige a las partes durante la vigencia del mismo y la que atañe al cumplimiento de las obligaciones contraídas. La razón que da Betti para excluir esta materia (el abuso del derecho y el venire contra factum proprium) del campo de la buena fe se funda en una consideración muy profunda: en la necesidad de encontrar algo que sea esencial a la buena fe obligacional y que como hemos visto reside en el criterio de reciprocidad, es decir en el comportamiento debido y esperado que precisamente sirve para modelar el vínculo jurídico que hace surgir la obligación. (De los Mosos, José Luis, El principio de la buena fe. Barcelona Bosch, 1965, p. 51). En este sentido el concepto de buena fe, coincide con el que servía de fundamento a los contratos bona fide del derecho romano, la obligación recí-

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ARTS. 1795, 1797 y 1795

LIBRO' CUARTO

proca de las partes de dar o hacer lo que era conforme a la buena fe. Quidquid darefacere oportet ex fide bona.

El principio que postula el precepto en comentario, se sustenta en igual manera en los aa. 1832, 1852 y 1856. I.G.G. ARTÍCULO 1797. La validez y el cumplimiento de los contratos no

puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. El contrato por definición es un acuerdo entre dos o más partes, es por lo tanto

fruto de un ajuste de intereses recíprocos, por lo consiguiente su validez y cumplimiento no puede abandonarse luego al arbitrio de una sola de ellas sin amenazar seriamente el principio de paridad que constituye su esencia. La fuerza obligatoria del contrato, requiere esencialmente de esa conjunción de voluntades sobre un objeto licito y posible. Por otra parte, es obvio que si bien la fuerza coercitiva del contrato supone necesariamente el consentimiento de las partes, la validez de sus cláusulas depende de que el negocio jurídico reúna los elementos de validez que independientemente de la voluntad de uno de los contratantes o de ambos, exige

imperativamente el CC (ver aa. 1794 y 1795).

Este precepto forma parte de un conjunto de disposiciones legales que fijan justos límites a la autonomía de los particulares para estipular en los contratos lo que a su interés convenga (a. 1939),1 sino para que no violen con ello la disposición de orden público, que contiene el precepto que aquí se comenta. J. A.M.G.

De la capacidad ARTÍCULO 1798. Son

hábiles para contratar todas las personas no

exceptuadas por la ley.

Este artículo expresa la regla general de capacidad jurídica para aquellas personas no exceptuadas expresamente por la ley. La incapacidad debe ser expresa y se encuentra establecida en los aa. 23 y 450 del CC que se refieren respectivamente a los menores de edad no emancipados y a los mayores de edad privados de pleno discernimiento por causas patológicas, fisiológicas o hábitos viciosos. Las personas morales, reconocidas por la ley cuya capacidad para contratar y obligarse está restringida a disposiciones constitucionales y legales, se encuentra

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TITULO PRIMERO/CAPITULO I

ARTS. 1798, 1799 y 1800

además limitada a la celebración de sólo aquellos negocios jurídicos que requiera un objeto o finalidad social. J.A.M.G.

La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común.

ARTÍCULO 1799.

La incapacidad, es una causa de nulidad relativa que sólo puede ser invocada por el incapaz o su representante (a. 2230) por lo que es la única persona legitimada para hacer valer la nulidad que se origina. La obligación contraída por un incapaz conjuntamente con otros deudores, sobre un objeto indivisible por su naturaleza, que fuera declarada nula parcialmente —sólo por lo que al incapaz se refiere— produciría el efecto de que el acreedor podría exigir el cumplimiento de la obligación indivisible en contra de los demás deudores y éstos no podrían repetir contra el menor cuya obligación es nula, lo cual contraría los principios de la nulidad que se producen en contra de las partes de la relación jurídica que es declarada inválida. 1.G.G.

Representación A RTÍCUL O 1800, El que es hábil para contratar, puede hacerlo por

sí o por medio de otro legalmente autorizado. La expresión "legalmente autorizado" que usa el artículo en cita, hace referencia a la figura jurídica del mandato que tiene como objeto la sustitución física de una persona por aquella a quien faculta para intervenir por cuenta de aquella y generalmente también en su nombre en uno o varios negocios jurídicos. En rigor, significa que una persona manifiesta su voluntad jurídicamente por medio de otra. Pareciera natural pensar, que quien contrata debe manifestar por sí su voluntad de hacerlo. Sin empargo, la complejidad de la vida económica actual y la

facilidad existente en las comunicaciones imponen la necesidad de actuar jurídicamente por medio de otra persona que actúa como representante. Todo ello se refiere al caso de personas físicas, pero la necesidad puede tornarse más patente cuando se trata de personas morales cuya representación resulta indispensable. En este contexto, un representante es aquella persona que emite una declaración de voluntad ajena con el objeto de obligarlo jurídicamente. La función de [7]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1800, 1801 y 1802

este sujeto es por lo tanto meramente instrumental: se reduce a su actuación en la formación y perfeccionamiento del contrato, cuyos efectos se producen en el patrimonio del representado. El precepto se refiere no sólo al caso del apoderado que actúa en nombre y por cuenta del poderdante (mandato con representación), sino también a aquellos casos en los que una persona actúa con la autorización legal de quien lo faculta para actuar por cuenta del representado, aunque frente al otro contratante, actuando en nombre propio (mandato sin representación), Ver aa. 2546 y 2560. I.G.G.

Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley

ARTÍCULO 1801.

En este precepto, el legislador se refiere a las facultades de quien se ostenta como representante de otro. Quien interviene en un negocio jurídico, en representación de otra persona, debe estar autorizado por ésta o por la ley para ello. En última instancia, esta autorización proviene siempre del texto legal, puesto que la autorización del mandante debe encontrar una base en los preceptos legales. Para contratar, es indispensable que el representante declare o emita su propia voluntad, la cual a través de la representación se imputa jurídicamente al representado. Esto último es lo que se llama poder de representación. Si seguimos literalmente el texto del articulo en cita, encontramos que esta autorización puede ser de dos especies: legal y voluntaria. La primera se refiere a la representación de las personas que sufren de incapacidad, de las personas morales (representación orgánica). La segunda proviene de personas físicas capaces, que mediante el acto de apoderamiento designan a un mandatario. J.A.M.G. ARTÍCULO 1802. Los

contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con la mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató.

En rigor, los contratos celebrados por quien se ostenta como legítimo representante sin serio debieran ser inexistentes, en virtud de faltar en ellos el consentimiento de la persona que se obliga como contratante (el supuesto representado) [81

TITULO PRIMERO/CAPITULO 1



ARTS. 1802, 1803 y 1844

conforme a la ley. El legislador ha sancionado en forma expresa dicha irregularidad con la nulidad relativa del acto, porque admite la posibilidad de su convalidación (por vía de ratificación) antes de que se retracte la otra parte.

J.A.M.G.

Del Consentimiento ARTÍCULO 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito.

Es

expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la

voluntad deba manifestarse expresamente. Por regla general, el consentimiento se declara en forma expresa, por palabras verbales o escritas o por signos inequívocos que manifiestan sin duda la voluntad de contratar, El consentimiento se ha expresado en lenguaje hablado y en lenguaje escrito. 'También puede CN p r esa r se el consentimiento por medio de signos o gestos... con un simple signo afirmativo de cabeza... son manifestaciones directas. En doctrina se conoce además, el consentimiento tácito. O sea la manifestación indirecta tic la voluntad.. se ejecutan hechos que demuestran que se ha celebrado (el contrato) porque estos hechos

que pueden también ser palabras no tienen otra explicación. Véase Borja Soriano Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 180. Ya hemos hecho referencia a ciertos artículos en los cuales nuestro derecho admite la expresión de una voluntad tácita (aa. 2486, 2547 y 2762). J.A.M.G, ARTÍCULO 1804. Toda

persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo.

Como declaración unilateral de voluntad, la proposición de una persona dirigida a otra-para celebrar el contrato (policitación) si se ha fijado un plazo al

destinatario de la oferta, para aceptar ésta, obliga al policitante a mantener su ofrecimiento durante el plazo fijado. Puesto que la propuesta tiene por objeto la celebración de un contrato y el consentimiento es elemento esencial de este acto juridico, se requiere que la

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MITS. 1804, 1805 y 15013

1.18R0 CUARTO

oferta de contratar obligue a quien la hace hasta el vencimiento del plazo que el propio policitante ha fijado al destinatario para aceptarla para que pueda tener lugar la formación del consentimiento J.A.M.G. ARTÍCULO 1805.

Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono.

Hay que distinguir dos situaciones: el primer caso cuando se trate de persona presente; el segundo caso, cuando la persona a quien va dirigida la oferta esté ausente. De esta última hipótesis se ocupa el siguiente artículo. Cuando se propone la celebración del contrato entre presentes, el destinatario debe declarar su aceptación para obligar al oferente a sostener su propuesta. Ello es igualmente válido en la oferta hecha telefónicamente, por la inmediatez que este aparato permite en la conversación. No existiendo la respuesta en forma inmedita, el autor queda desligado. J.A.M.G.

Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no presente, el autor de la oferta quedará ligado durante tres días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del correo público, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo público, según las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones.

ARTÍCULO 1806.

La segunda hipótesis se refiere al caso de contratación entre personas que no están presentes. Aquí se vincula el oferente por un plazo de tres días, además del tiempo necesario según la distancia y la dificultad en las comunicaciones por la ida y vuelta regular del correo público o del que se juzgue necesario, si no lo hay, atendiendo a las circunstancias. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior y la teoría de la recepción adoptada por el artículo siguiente, la aceptación debe llegar al proponente dentro del plazo que fija el precepto que se comenta. J.A.M.G.

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TITULO PRIMERO/CAPITULO- 1

ARTS. 1807, 1808 y 1809

ARTÍCULO 1807. El contrato se forma en el momento en que el

proponente recibe la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos precedentes. Sobre este problema de la contratación entre no presentes gravita una compleja discusión teórica cuya importancia no puede quedar soslayada, puesto que se refiere al momento en que se perfecciona el contrato. Cuatro distintas teorías se discuten la primacía en este campo. La primera opina que el consentimiento se forma en el momento en que el aceptante manifiesta o declara su aceptación. La segunda, sostiene que ello no basta y que resulta necesario asimismo que el presunto aceptante envíe su declaración al oferente. La tercera teoría va más allá, y superando las deficiencias de las dos anteriores sostiene que es indispensable que el policitante reciba efectivamente la declaración. Una última tesis destaca el hecho de que el oferente debe además informarse de la declaración contenida en el envío para que se perfeccione el contrato. La discusión no es trivial, aunque la multiplicidad y perfeccionamiento de los medios de comunicación hayan superado sobradamente la antigua contratación epistolar que sirve de modelo a este enfoque teórico. Nuestro CC adopta en su a. 1807 el sistema de la recepción y sólo por excepción acoge el sistema de la información en el caso de la donación (a. 2340). J.AM.G.

La oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retractación antes que la oferta. La misma regla se aplica al caso en que se retire la aceptación.

ARTICULO 1808.

La relación jurídica no surge antes de que se forme el consentimiento, conforme al sistema adoptado por los preceptos anteriores. Así, el oferente puede retirar su propuesta antes de que ésta haya llegado a conocimiento del destinatario. A la inversa, el presunto aceptante puede retirar su respuesta inicial haciendo llegar al oferente su retractación, antes de que éste reciba la aceptación. J.A.M.G. ARTICULO 1809. Si

al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el proponente, sin que el aceptante fuere sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquél obligados a sostener el contrato.

ARTS. 1809, 1810 y 1811

LIBRO CUARTO

En virtud de la aceptación de la herencia, los herederos están obligados a responder de las cargas que la misma contenga, según el principio establecido en los aa. 1281 y 1284. El destinatario de la oferta que ignora la muerte del proponente ha aceptado la oferta con el propósito de quedar obligado y por lo tanto, los herederos del proponente de la misma manera quedan obligados a sostener la oferta en los términos propuestos por el oferente, ahora autor de la herencia. Este precepto establece que el contrato quedará perfeccionado aunque el destinatario de la oferta, acepte la propuesta después de la muerte del proponente siempre que la aceptación se reciba por quien representa a la sucesión del oferente, dentro del plazo a que se refieren los aa. 1806 y 1807. I ,G.G.

El proponente quedará libre de su oferta cuando la respuesta que reciba no sea una aceptación lisa y llana, sino que importe modificación de la primera. En este caso la respuesta se considera como nueva proposición que se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores.

ARTÍCULO 1810.

Puesto que el consentimiento requiere el conocimiento por ambas partes, del contenido de la voluntad de la otra, es inconcuso que cualquier modificación a la propuesta inicial constituye una oferta que hace ahora el destinatario que ha rechazado la proposición primitiva, y entonces el esquema jurídico se desplaza a la considerada como nueva proposición. El caso es bastante similar al de !a aceptación tardía, que incapaz de valer como tal sí vale como nueva oferta.

J.A.M.G.

La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen efectos si los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar, y si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos.

ARTÍCULO 1811.

El diálogo que por virtud de este medio de comunicación se establece entre los negociantes no puede considerarse simultáneo ni directo, como en el caso del

[121

TITULO PRIMERO/CAPITULO 1

ARTS. 1811, 1812 y 1813

teléfono. El texto legal estima tácitamente que se trata aquí de una contratación entre no presentes, y por ello impone el seguimiento de reglas específicas que tienden a evitar la posibilidad de fraude en la contratación. Estas mismas reglas por analogía pueden aplicarse al caso de las contrataciones por el sistema telex, si las partes han convenido en contratar por este medio y de acuerdo con lo establecido previamente entre ellos para probar la autenticidad de la oferta y aceptacion. J.A,M.G.

Vicios del Consentimiento ARTÍCULO 1812. El consentimiento no

es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

Aparte del error, de la violencia y del dolo, deben considerarse vicios del consentimiento la mala fe y la lesión. Gutiérrez y González (Derecho de las obligaciones, Puebla, Cajica, p. 272) añade también la reticencia, entendiendo por ella "el silencio que voluntariamente guarda uno de los contratantes al exteriorizar su voluntad, respecto de alguno o algunos hechos ignorados por su cocontratante, y que tienen relación con el acto jurídico que celebran". Este mismo autor opina que el dolo y la mala intención —o mala fe— constituyen materias especiales relacionadas con el error. En general, por vicio debe entenderse la presencia de alguna causa que impide que la voluntad se forme conscientemente o que se declare libremente. J.A.M.G.

El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa,

ARTÍCULO 1813.

"El error consiste —dice Stolfi— en la falsa representación de la realidad: determinada por la ignorancia, es decir, por no haber tenido la parte conocimiento de todas las circunstancias que influyen en el acto concertado, o por la equivocación, es decir, por no haber valorado exactamente la influencia de dichas circunstancias" (Stolfi, Teoría del negocio jurídico, Madrid. Revista de Derecho Privado, p. 171). El error radical que consiste en un desacuerdo entre [13]

ARTS. 1813, 1814 y 1815

LIBRO COARTO

lo querido y lo que se ha declarado, no vicia la voluntad, la excluye enteramente. Puede recaer el error en circunstancias accidentales que no influyen en la voluntad del sujeto: es el error indiferente; ly finalmente el error vicio propiamente dicho que produce la nulidad del contrato, porque recae sobre el motivo determinante de la voluntad. Se dice que vicia la voluntad porque de no existir el error (falso supuesto) la voluntada del sujeto se habría formado en otro sentido. El error de hecho no requiere de conocimientos especializados y atañe, en cambio, a circunstancias prácticas de la vida cotidiana. Por tanto, comprende una gran variedad de supuestos que van desde el falso conocimiento sobre la naturaleza del contrato hasta el error en el cálculo. Como ya advertíamos, la gravedad del vicio es distinta según la naturaleza del error: si recae sobre la esencia del contrato o sobre la sustancia o cualidad de ese objeto produce la inexistencia del acto; si recae sobre la sustancia o cualidad de ese objeto en manera que constituyó el motivo determinante para la celebración del contrato o sobre la persona con quien específicamente se contrata, el error es causa de nulidad relativa. El error de derecho se refiere a ignorancia o a una incorrecta interpretación sobre la aplicación de una norma jurídica aplicable al contrato que se pretende celebrar. Para que este error constituya un vicio de nulidad, debe también recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de una de las partes. El error que vicia la voluntad se une a la teoría de la falsa causa; es el supuesto que no coincide con la realidad y que determinó a una de las partes a celebrar el contrato. J.A.M.G. ARTÍCULO 1814. El error de cálculo sólo da lugar a que se

rectifique. Este es especificamente el caso de error indiferente en el contrato, que debe distinguirse cuidadosamente del error en la cantidad, ya que este último conduce a un equívoco en la contabilidad. Así, p.c., si se adquieren diez hectáreas a razón de ciento treinta mil pesos cada una, y en el contrato por error se escribe un millón treinta mil pesos. El contrato es válido, pero debe corregirse. El error en la cantidad, supone en cambio pensar que se compran cincuenta sacos de maíz cuando en realidad sólo son cuarenta. Este error, no puede conducir sólo a una rectificación del negocio, sino a su anulación. J.A.M.G. ARTÍCULO 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera

sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o [14]

ARTS. IRIS y 1818

TITULO PRIMERO/CAPITULO

mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. El dolo es una especie de error, porque se trata de un error provocado por medio de artificios o maquinaciones para hacer caer en error o mantener en él a uno de los contratantes. El dolo malo decia.Lobeón es "toda malicia, engaño o maquinación para valerse de la ignorancia de &ro, engañarle o defraudarle" (D. 4,3,1,2,). El concepto de mala fe guarda estrecha conexión con el dolo. La doctrina ha considerado que la mala fe supone una actitud pasiva en contraposición al dolo. En ambos casos (dolo y mala fe) la voluntad se forma de manera que a una de las partes se le ha impedido conocer la realidad sobre lo que contrata y merced a los subterfugios empleados o a la disimulación del error en que se encuentra uno de los contratantes, el otro se aprovecha de ese error, con detrimento de la buena fe que debe sustentar toda relación contractual. Uno de los contratantes

tiene la intención consciente de dañar a la otra parte. (A. de Cossío y Corral, El dolo en el derecho civil, Madrid, Revista de derecho privado, 1955, pp. 3 a 19).

dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquélla, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico.

ARTÍCULO 1816. El

El texto legal cuida de precisar que tanto el dolo como la mala fe constituyen

necesariamente la causa determinante de la celebración del contrato. Si este precepto se relaciona con el a. 1813, la prueba de esta causa resultará si ene! acto de la celebración, se declara cuál ha sido el motivo determinante del contrato o se deduce de las circunstancias. La ley incorpora en este precepto el dolo que proviene de un tercero como causa de nulidad, pero es preciso que la parte que se aprovecha de las maquinaciones del tercero, tenga conocimiento del dolo que aquel emplea para engañar al otro contratante. Es decir que aquella parte que resulte beneficiada se coludá con la otra (guardando silencio) para engañar a la víctima del dolo. El dolo en todo caso ha de ser la causa determinante del contrato (41olus causan) dans). Es decir que debe provocar un error sobre las cualidades esenciales del objeto, sobre la cantidad o sobre la naturaleza del mismo. Pero es necesario hacer la siguiente consideración: Puede (el dolo) influir en dos maneras sobre la voluntad: o bien determinándola de modo que sin él, el negocio se habría realizado (dolus causan., dans) o bien influyendo sobre motivos secundarios de tal guisa que aun sin [15]

ARTS. 1816, 1817 y 1818

LIBRO CUARTO

la presencia del dolo, el negocio se habría celebrado, pero bajo condiciones distintas y en general menos onerosas (dolus incidens) de Rugiero Maroe, Istiluzioni di Diritto Envaso, Milán, 1957, vol. I, p. 121. J.A.M.G. ARTÍCULO 1817. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de

ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones.

Si ambos contratantes han infringido la regla general de contratación prevista en el a. 1796 respecto a la obligación de conducirse conforme a la buena fe, al uso o la ley, ninguna de las partes puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. Con escrupulosidad, el legislador podría haber distinguido la gravedad en el dolo de cada una de las partes, porque pudo suceder que una de ellas actuara con mayor alevosía. Pero lo que interesa es sancionar el hecho de que, con independencia de la distinta medida de la gravedad del dolo, ambas partes procedieron violando los principios de buena fe y probidad que deben regir la celebración de los contratos. El dolo se compensa con el dolo, reza un antiguo proloquio, que expresa la sentencia del jurista Marciano: "Si ambos obraron mutuamente con dolo malo, no pueden ejercitar la acción de dolo" (DI. 36, 4, 3, de dolo malo)

El dolo mutuo no da lugar a la nulidad del contrato y no es necesario para que así sea que el dolo de uno y otro contratante sean de igual gravedad, ni siquiera entre los resultados de las maquinaciones insidiosas. Lo que conduce a viciar la voluntad es la dañada intención que causan las manipulaciones o engaños de las dos partes para perjudicarse una a otra, usando el contrato como instrumento de sus aviesas intenciones. El dolo se considera por la sola cualidad del hecho. J.A.M.G.

Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga ésta de alguno de los contratantes, ya de un tercero, interesado o no en el contrato.

ARTÍCULO 1818.

En la violencia, como en el dolo, es indiferente que la causa de nulidad provenga de alguno de los contratantes o de un tercero. El contrato celebrado por violencia es nulo en forma relativa, según lo previsto en el a. 2161. [16]

ARTS. 1818 y 1819

TITULO PRIMERO/CAPITULO I

La violencia a que se refiere este artículo comprende la fuerza física y la intimidación. El CC español claramente define la violencia (a. 1267) comprensiva de estos dos aspectos: la fuerza irresistible y el temor irracional (miedo) provocado por medio de amenazas en contra de uno de los contratantes que ejerza el otro contratante o un tercero. Se distingue claramente una de la otra (violencia e intimidación) —dice Manresa— en que la violencia es externa y la intimidación llega al interior, a la raíz de la voluntad. En que aquélla impide la expresión de ésta, sustituyéndola con un acto material arrancado por otra persona y la segunda comienza a influir en la misma determinación de la voluntad, cohibiéndola entonces y dejándola que se manifieste como propia del que consiente. (Manresa y Navarro José María, Comentarios al código civil español, 6a ed., Madrid, Reus, 1967, t. VIII, vol. 2, p. 570). J.A.M.G. ARTICULO 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o

amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Una voluntad declarada por violencia está viciada porque no es libre. En rigor, el vicio no es precisamente la violencia ejercida, sino el temor que se encuentra detrás de ella, porque la violencia es solamente el medio para presionar la declaración, empleando la fuerza física o amenazando con causar un mal inminente ya sea de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante y de las personas mencionadas en este artículo. Con precisión, la ley detalla cuáles son los bienes que se encuentran protegidos contra la violencia, no obstante deberá atenderse a las circunstancias específicas que rodeen el caso; así no será lo mismo amenazar a un anciano que a un hombre jóven y vigoroso. Otra precisión es importante: la violencia debe ejercerse contra la parte que interviene en el contrato, ya de una menera directa o indirecta. La doctrina entiende que tanto la violencia moral (vis compulsiva) como la violencia física (vis absoluta) deben ser serias, es decir, de una naturaleza tal que realmente coaccione a una persona común, y además deben ser injustas, es decir, que no debe consistir en el ejercicio legítimo de un derecho J.A.M.G. [17]

ARTS. 1820, 1821 y 1822

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 1820. El temor reverencia', esto es, el solo temor de

desagradar a las personas a quienes se deben sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. En este caso, el miedo no proviene de la amenaza de un mal serio e injusto, sino del temor que se tiene hacia una determinada persona a quien se le debe sumisión y respeto. Ello no impide que en este caso pueda concurrir también la violencia, cuando la persona a quien se guarda consideración emplea además amenazas para mantener o aumentar su jerarquía moral sobre el contratante. En rigor el temor reverencia] en una persona normal, no suele llegar a coaccionar la voluntad en manera que constituya el vicio de violencia o intimidación, de modo que prive a quien lo experimente de la necesaria libertad de decisión para determinarse a concluir o no concluir un negocio jurídico. Cuando así opera ese temor, quien lo experimenta es de ánimo débil, de espíritu pusilánime, es entonces su natural timidez, la que influye en él para celebrar el acto o para no celebrarlo. No es propiamente porque haya intimidación ni amenaza lo decisivo para inclinar su voluntad en uno u otro sentido. J.A.M.G. ARTÍCULO 1821. Las consideraciones generales que los contratan-

tes expusieren sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no importen engaño o amenaza alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia. Este artículo expresa la irrelevancia de los medios empleados para la promoción de un producto o la invitación para adquirir una mercancía ponderando los beneficios que eventualmente obtendría de ella una de las partes ( dolo bueno ). Las modernas técnicas publicitarias en los distintos medios de comunicación recurren con frecuencia a exagerar las cualidades y bondades del producto que se ofrece en venta o los perjuicios que puedan evitarse al adquirirlo. Aunque a veces sea dificil distinguir entre la afirmación exagerada y el deliberado engaño, la ley estima que este tipo de consideraciones no constituyen causa de nulidad y que no pueden tomarse en cuenta para calificar el dolo o la violencia porque no existe propósito de causar daño al otro contratante. J.A.1v1.G. ARTÍCULO 1822. No es- licito renunciar para lo futuro la nulidad

que resulte del dolo o de la violencia. [18]

ARTS. 1822, 1823 y 1829

TITULO PRIMERO/CAPITULO I

En los términos de este artículo, una cláusula en que se estipulara la renuncia de los contratantes a las acciones de nulidad por dolo o violencia estaría afectada de nulidad absoluta, conforme a los aa. 1830 y 80. de este código. Ello es obvio si consideramos que quien emplea la violencia o el dolo para la formación del contrato actúa ilícitamente y porque viola una norma de orden público de carácter preceptivo y de aplicación irrenunciable. En sentido contrario, el intérprete debe razonablemente suponer quei es lícito, en cambio, renunciar a la nulidad que eventualmente resulte del error, de la lesión y de la mala fe. Aunque esta consideración podría objetarse si consideramos que el contratante que ha sufrido estos vicios lógicamente desconoce su presencia en el momento de la contratación. Sin embargo, no puede argumentarse que así ocurra con la lesión, por la propia naturaleza del vicio; por lo que respecta al error y la mala fe, el contratante que acepta la renuncia del ejercicio de la acción de nulidad, estará necesariamente consciente de la posibilidad de su presencia. J.A.M.G.

ARTÍCULO 1823. Si habiendo cesado la violencia o siendo cono-

cido el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por semejantes vicios. El acto nulo por causa de violencia, puede ser ratificado al cesar esta causa de nulidad. En este caso la voluntad del contratante es considerar válido el negocio celebrado, cuando puede libremente declarar su voluntad. Este precepto concuerda con lo dispuesto en los aa. 2233 y 2234 que expresamente establecen la confirmación o ratificación de un acto nulo por causa de error, dolo, violencia o incapacidad de una de las partes. J.A.M.G.

Del objeto y del motivo o fin de los contratos ARTÍCULO 1824. Son objeto de los contratos:

1. La cosa que el obligado debe dar; II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Este artículo distingue el objeto de los contratos a partir de un punto de vista que la doctrina ha distinguido cuidadosamente, clasificando el objeto (indirecto) del contrato, en obligaciones de dar una cosa, en obligaciones de prestar un hecho y en obligaciones que constituyen simples abstenciones. [19]

ARTS. 1824, 1825 y IBIS

LIBRO CUARTO

Dar, hacer o no hacer constituye el objeto de la obligación e indirecto del contrato, en tanto que crear o trasmitir derechos y obligaciones es el objeto directo del contrato. Con demasiada sutileza, impropia de códigos, distinguen los escritores entre el objeto de los contratos, que son las relaciones jurídicas que originan, comprensivas de obligaciones, y el objeto de éstas, que es la cosa acto, u omisión cuya prestación suponen. Pero en definitiva tendremos que cosas, acto u omisión vienen a ser también el objeto real, aunque mediato, último del contrato. Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1967, t. VIII, vol. 2, p. 598. J.A.M.G.

La cosa objeto del contrato debe: lo. Existir en la naturaleza. 2o. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio.

ARTÍCULO 1825.

Tres son los requisitos que debe reunir la cosa material objeto de contrato: aunque parezca obvio, debe existir en la naturaleza, bajo pena de causar la inexistencia del contrato por ausencia de uno de los requisitos esenciales del mismo, según el texto del a. 1794. A pesar de ello, es posible que algunas cosas que al momento de la celebración del contrato no existan, puedan ser objeto de contrato como ocurre con las cosas futuras. Este es el caso previsto en el a. 1826. Aparte ello, el código consigna otra hipótesis ext el a. 2792, relativo al contrato de compraventa de cosas que se espera lleguen a existir (compra de esperanza). En segundo lugar, la cosa objeto del contrato debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie, para de esta manera individualizarla dentro de un género de cosas. Puede acaecer asimismo que el objeto no se identifique con precisión al celebrarse un contrato, pero que ello pueda hacerse al momento de exigir su cumplimiento. Se entiende que la cosa es determinada, cuando se especifica señalándola concretamente de modo que se conozca en su individualidad. Se dice que la cosa es determinable en cuanto a su especie, cuando en el contrato se han establecido las bases para determinar aquélla, sin que para ello se requiera nuevo acuerdo de las partes. Por último, la cosa debe estar en el comercio. Ha de recordarse aquí que las cosas se encuentran fuera del comercio bien por naturaleza, o bien por disposición de la ley, (aa. 738 y 749). J. A.M,G.

Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serio la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento.

ARTÍCULO 1826.

[20]

TITULO PRIMERO/CAPITULO

I

ARTS, 1828, 1827 y 1828

Este es precisamente el caso de excepción que establece la primera regla del artículo anterior. Por razones morales la herencia de una persona viva no puede ser objeto de un contrato. Aparte de las razones de carácter moral, hay algunos argumentos históricos que apoyan esta disposición: desde Roma, se prohibía la disposición de la propia herencia por acto entre vivos con el objeto de proteger la libertad de testar. También se prohibía que dos personas celebraran convenios sobre la sucesión de un tercero con el fin de evitar en las partes el interés en su muerte. 1-lay también razones económicas que apoyan la prohibición: los convenios que eventualmente pudieran hacerse sobre la herencia de una persona viva no tienen una base real porque no impiden que el propietario pueda disponer por acto entre vivos, de sus bienes, de modo que el convenio se reduce a un ámbito abstracto e hipotético que podría carecer de objeto al morir aquél. J.A.M.G. ARTÍCULO 1827. El hecho positivo o negativo, objeto delcontrato,

debe ser: I. Posible; II. Lícito. El texto legal insiste en la posibilidad del hecho objeto del contrato, es decir, que el hecho pueda ser realizado. La imposibilidad debe ser absoluta. El hecho no podrá ser prestado por el obligado ni por alguna otra persona en manera alguna. (ver comentario al a. 1929). La licitud del hecho objeto de la obligación y del contrato (a reserva de abundar sobre este punto ene! comentario al a. 1930) se refiere a que no ha de ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres (leyes preceptivas y prohibitivas). Al respecto el a. 1828 precisa las características tanto de la imposibilidad fisica como de la imposibilidad jurídica. El a. 1830 en un sentido contrario se ocupa de la licitud que constituye el segundo requisito del objeto directo de los contratos. A.M.G. ARTÍCULO 1828. Es imposible el hecho que no puede existir por-

que es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. [211

LIBRO CUARTO

ARTS. 1828, 1829 y 1830

El legislador distingue en el texto la imposibilidad física de la imposibilidad jurídica. La primera se presenta cuando el hecho es imposible porque es contrario a una ley de la naturaleza. La imposibilidad es jurídica cuando hay incompatibilidad entre el hecho y la norma de derecho que lo rige. Propiamente la imposibilidad jurídica existe cuando el hecho no se ajusta a los presupuestos previstos para que la norma pueda ser aplicable. Así, es imposible jurídicamente la venta de cosas ajena porque ésta exige que previamente el vendedor pueda disponer de la cosa vendida. El artículo en comentario se refiere a la imposibilidad concebida en términos absolutos, es decir, que la prestación resulte igualmente imposible de ser ejecutada para todo mundo. En efecto, la constitución de una obligación de realización imposible solamente para el deudor, no es un argumento válido para eludir la obligación respectiva, que podrá ser cumplida por otra persona a costa del obligado. (Véase artículo siguiente). J.A.M.G. ARTÍCULO 1829. No

se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado , pero sí por otra persona en lugar de él.

Este precepto se refiere al caso d imposibilidad relativa que anotábamos en el artículo anterior. En la hipótesis, el deudor se encuentra igualmente obligado al cumplimiento o a responder de los daños y perjuicios en caso negativo. La imposibilidad es absoluta cuando se refiere a la naturaleza física o jurídica del hecho que es objeto de la obligación, de manera que no puede ser prestado en ningún caso, por persona alguna. La imposibilidad es relativa si el deudor carece de las cualidades o aptitudes y por lo tanto no puede prestar el hecho; pero puede ser cumplido por otra persona. El precepto que se comenta se refiere a la imposibilidad relativa. J.A.M.G. ARTÍCULO 1830. Es

ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

En términos del diverso a. 80., los actos que son ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas de interés público son ilícitos y la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto produce nulidad absoluta o relativa según lo disponga la ley (a. 2225). [22]

TITULO PRIMERO/CAPITULO 1

ARTS. 1830, 1831 y 1832

Son leyes de orden público: a) todas las que integran el derecho público; b) las que reglamentan el estado y capacidad de las personas; c) las que organizan la propiedad inmueble; d) las que imponen a las partes prohibiciones o medidas dictadas en protección de los terceros y e) las que tienden a la protección de un contratante frente al otro (Marcel Planiol, citado por Ignacio Galindo Garfias. Derecho civil, primer curso, 7a. ed., México, Porrúa, 1985, p. 133). El concepto de "buenas costumbres" es necesariamente vago e impreciso; cambia según la época y el lugar. El arbitrio del juzgador tiene aquí un amplio campo de juego y el análisis de las circunstancias especiales en que se desarrolle el caso específico resulta imprescindible. J.A.M.G.

ARTÍCULO 1831. El fin o motivo determinante de la voluntad de

los que contratan, tampoco deber ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. El fin o motivo determinante es la causa que induce a las partes a contratar. Es la finalidad que se propusieron alcanzar al celebrar el contrato . En consecuencia, nuestro CC acepta la teoría de la causa aunque eluda el uso del vocablo "causa" y prefiera usar las palabras "fin o motivo" que si bien tampoco están libres de críticas, evocan necesariamente el móvil subjetivo que las ha llevado a contratar. En este precepto como en algunos otros (ver aa. 1795, fr. 111, 1813) el código se refiere al fin o motivo determinante del contrato y es aplicable a los negocios jurídicos en general (a. 1859). De ellos se desprende que considera a la causa o fin del contrato como un elemento implícito cuando se refiere a la ilicitud del motivo, etc., siguiendo así la opinión de Bonnecase, quien escribe: "la causa es el fin concreto, de interés general o privado, que más allá de un acto jurídico determinado y por medio de este acto, tratan de alcanzar sus autores; este fin no se halla necesariamente ligado a la estructura técnica de un acto jurídico y es, por lo contrario, susceptible de variar en los actos jurídicos pertenecientes a la misma categoría". Elementos de/derecho civil, trad. de José Ma. Cajica, México, Puebla, Cajica, 1945, t. II, p. 267. J.A.M.G.

Forma ARTICULO 1832. En los contratos civiles cada uno se obliga en la

manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. [251

ARTS. 1832 y 1833

LIBRO CUARTO

La regla general que enuncia este artículo establece que para la perfección del contrato no se requieren formalidades determinadas; pero dispone al mismo tiempo, que esta regla no se aplica cuando se exija expresamente alguna formalidad especial. Así en nuestro sistema prevalece el principio consensual para la validez de las obligaciones. Lo dispuesto por este precepto, debe relacionarse con la norma contenida en el a. 1796 conforme a la cual los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Nuestro código, sin embargo, adopta una tesis ecléctica que intenta conciliar los principios de celeridad y rapidez en las transacciones con un mínimo de seguridad indispensable. Ambos principios se recogen r 11 la redacción literal de este artículo: en su primer párrafo, se orienta decididamente por la tesis consensualista, y en la parte final, establece como caso excepcional el principio de la formalidad contractual. Casos expresamente consignados por la ley en los que se exigen formalidades, se encuentran p.c. en los aa. 2246, que requiere la forma escrita en el contrato de promesa; 2316 para la compraventa de inmuebles; 2344 y 2345 para la donación; 2448-f y 2448-g para el arrendamiento; 2551, 2556 y 2586 para el mandato; 2656 para las cartas de porte; 2671 y 2690 para las asociaciones y sociedades; 2740 para la aparcería; 2776 para el contrato de renta vitalicia; 2917 para hipoteca; 2945 para las transacciones; 2536 y 2538, que exigen la entrega de la cosa zn el contrato de depósito y 2858 que consigna el mismo requisito para el contrato de prenda. Dos preceptos nos informan claramente que a pesar de ese númeroso grupo de disposiciones, lo convenido entre las partes prevalece, sobre las formalidades del contrato. Así el a. 1851, sobre interpretación de los contratos, dispone que ha de atenderse a la intención evidente de los contratantes antes que al sentido literal de las palabras y con mayor claridad el a. 2232 dispone que "cuando la falta de forma produzca la nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley". Véase comentario al artículo siguiente. I.G.G. y J.A.M.G. ARTÍCULO 1833. Cuando la ley exija determinada forma para un

contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. La falta de formalidad prevista por la ley, produce la nulidad relativa del contrato, en términos del a. 2228. Ello se confirma con la posibilidad de [24]

ARTS. 1833 y 1834

TITULO PRIMERO/CAPITULO 1

convalidación que permite la segunda parte del artículo con una acción proforma que el CPC para el DF recoge en los aa. 25 y 27 en el capítulo primero, denominado "De las acciones". El artículo que se comenta, plantea una aparente oposición entre una acción de otorgamiento de la formalidad prescrita y la acción de nulidad relativa. ¿Cómo resolver el dilema? La opinión dominante sugiere que los contratos se celebran para que surtan sus efectos previstos, y no para destruirse luego, opinión que encuentra apoyo en lo dispuesto por el a. 2232 que se cita en el comentario al artículo anterior. En otras palabras, la acción de nulidad por falta de formalidades del acto por ser relativa, cede si una de las partes ejerce acción pro-forma a que se refieren los preceptos citados en esta nota. I.G.G. y J.A.M.G.

Cuando se exija la forma escrita para el contrato. los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.

ARTÍCULO 1834.

La obligación de firmar el escrito que contiene un contrato obedece a que es el medio de expresión material y perceptible —duradera— de la voluntad de los contratantes. La firma es, en rigor la prueba escrita del consentimiento, del acuerdo de voluntades. La necesidad de firmar el documento relativo al final del conjunto de las cláusulas en cuyo contenido han convenido los contratantes, expresa la voluntad de querer obligarse al cumplimiento de lo pactado. Es costumbre que en un acto jurídico consignado en varias Cojas, se haga firmar a los interesados, al margen de cada una de ellas, para hacer constar su aceptación con el contenido de cada foja y dificultar la posibilidad de su alteración. Esta práctica es obligatoria en los documentos que se presentan originales ante el notario, para su protocolización (a. 60, fr. II L N). La segunda parte del artículo que recoge también con detalle la LN impone al fedatario la obligación de consignar las generales de la persona que firma a ruego de quien se encuentra imposibilitado para hacerlo o no sabe firmar. Todo ello se vincula, además con la obligación del notario de cerciorarse de la identidad de los otorgantes y evitar la posibilidad de suplantación (a. 62 fr. III incisos a y d de la L N). I.G.G. y J.A.M.G. [25]

ARTS. 1835 y 1836

LIBRO CUARTO

División de los contratos 1835. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacía la otra sin que ésta le quede obligada.

ARTÍCULO

Este y los siguientes artículos agrupados bajo el rubro "División de los contratos" han sido criticados porque la doctrina juzga innecesaria su inclusión en el código. La clasificación —arguye— pertenece más bien a una distinción de carácter doctrinal que a una distinción con utilidad legislativa. Además —añade— la clasificación es incompleta porque no comprende a los contratos reales, consensuales y formales, principales y accesorios, instantáneos y de tracto sucesivo. Incluso, esta misma clasificación es sólo una, entre varias otras que atienden a aspectos diversos en las características de los contratos. Sin embargo, la crítica no se justifica. Primero porque no se trata de una clasificación propiamente dicha, sino de una división de los contratos o con mejor expresión, de grupos o especies de contratos, con fines prácticos; así p.e. los preceptos aplicables a la resolución de los contratos por incumplimiento o a la ejecución forzada de los mismos, sólo son aplicables a los contratos bilaterales. Las consecuencias de la buena o mala fe del adquirente difieren según que se trate de contratos a título oneroso o a título 'gratuito y así en lo tocante al momento en que nace la obligación de entregar la cosa, será necesario determinar previamente si se trata de un contrato conmutativo o aleatorio, etc. En fin es una división útil y conveniente desde el punto de vista práctico, con el propósito de aplicar en cada caso concreto los principios legales que rigen a los contratos. 1.0.0. y J.A.M.G. ARTÍCULO 1836. El

contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente.

El contrato es bilateral cuando ambas partes se obligan. En rigor esta es la forma típica del contrato porque reproduce el sinalagma perfecto de una obligación con derechos y obligaciones dependientes entre sí. Derechos y obligaciones se corresponden recíprocamente en su nacimiento y en su ejecución. De esa reciprocidad resulta que la ejecución de la obligación de una de las partes depende de que la otra parte ejecute la que le corresponde. En consecuencia, ninguno de los obligados en el contrato bilateral puede ser constreñido a cumplir, si la otra parte no cumple. Como consecuencia de esa reciprocidad, la inejecución del contrato por una

[26]

TITULO PRIMERO/CAPITULÓ 1

ARTS. 1838, 1837 y 1839

de las partes origina que la parte que ha cumplido tenga derecho de su resolución o bien puede obligar a la parte que no cumple a ejecutar lo convenido (a. 1949). Es efecto primordial de la bilateralidad de las obligaciones, la interdependencia que existe entre las prestaciones.

ARTÍCULO 1837, Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. La categoría de los contratos onerosos, atiende a una característica que aparentemente puede confundirse con la anterior. Un contrato oneroso es aquel en que ambas partes tienen a su cargo una obligación y al mismo tiempo quedan facultadas para el ejercicio de un derecho. En el contrato gratuito, una sola de las partes soporta el gravamen en beneficio de la otra. El fundamento de esta categoría de los contratos no es la reciprocidad entre las obligaciones, sino entre los gravámenes y provechos que adquieren las partes. El mutuo simple es un contrato bilateral y gratuito, porque sólo el mutuario obtiene provecho aunque ambas partes se obligan, una a trasferir la propiedad de una suma de dinero u otro bien fungible y la otra a restituir lo recibido (a. 2384). En tanto que el mutuo con interés (aa. 2384 y 2393) es un contrato bilateral y oneroso, porque el mutuario aprovecha el uso de la suma prestada y el mutuante recibe el provecho de los intereses pactados. I.G.G. ARTÍCULO 1838. El

contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste. Es aleatorio, cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice.

El contrato es oneroso, cuando cada una de las partes, desde que celebran el contrato está obligada a realizar las prestaciones que le corresponden. Es aleatorio cuando la ejecución de la prestación depende de un acontecimiento incierto.

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ARTS. 1838, 1839 y 1840

LIBRO CUARTO

Así se caracteriza el contrato conmutativo como aquel en que es posible apreciar cuantitativamente y desde el momento de la celebración del contrato, los beneficios o pérdidas. En el contrato aleatorio, no es posible apreciar cuál haya de ser la pérdida o la ganancia que se obtendrá por virtud del contrato. Ejemplo de contratos aleatorios son el juego y la apuesta (a. 2764) la renta vitalicia (a, 2774) y la compra de esperanza (a. 2792). I.G.G. y J.A.M.G.

Cláusulas que pueden contener los contratos.

Los contratantes pueden poner las Cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.

ARTÍCULO 1839.

Este precepto sigue una tradición del derecho romano que distinguía entre los elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato (essentialia, natura/la y accidenta/la negota). Los primeros constituían requisitos indispensables a todo contrato y en cuya ausencia no era posible concebir la existencia misma del negocio: los segundos hacían referencia a las consecuencias ordinarias o propias de cada especie de contrato; los últimos aludían a aquellas cláusulas que no siendo esenciales ni propias de la naturaleza del negocio, pueden ser introducidas por las partes como elementos que se incorporan al negocio para modificar sus naturales efectos. En esta última clasificación la autonomía de la voluntad tiene un amplio margen en la selección e introducción de cláusulas que sean de interés de los contratantes, deben ser introducidas en el contrato por el consentimiento expreso de las partes. Por lo contrario, las cláusulas que hacen referencia a los elementos esenciales y naturales del contrato forman por disposición de la ley, parte integrante del negocio jurídico; las primeras no pueden modificarse por la voluntad de los autores del acto, en tanto que las segundas, pueden ser excluidas o modificadas por convenio expreso de las partes. I.G.G. y J.A.M.G.

Pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal

ARTÍCULO 1840.

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ARTS. 1840 y 1841

TITULO PRIMERO/CAPITULO I

estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y perjuicios. He aquí una cláusula que se inserta generalmente al final de los contratos, estipulando la imposición de una pena para el caso de incumplimiento o incumplimiento defectuoso, de cualquiera de las partes. Esta disposición debe relacionarse con la contenida en el diverso a. 2117 que permite la regularización también convencional de la responsabilidad civil. Como se sabe, esta responsabilidad civil se traduce normalmente en el pago de los daños y perjuicios, pero en este caso la estipulación de la pena desplaza la obligación de pagar los daños y perjuicios; sustituye a éstos, cuantificando anticipadamente los que producirá el incumplimiento o retardo en la ejecución de la obligación. El CC portugués (de 1966) ofrece en su a. 810 un concepto preciso de la cláusula penal, diciendo: "Las partes pueden fijar convencionalmente la cuantía de la indemnización exigible por incumplimiento; es lo que se llama cláusula penal." La pena se hace consistir en el pago de cierta cantidad de dinero a título de indemnización. I.G.G. y J.A.M.Ci. ARTÍCULO 1841. La

nulidad del contrato importa la de la cláusula penal; pero la nulidad de ésta no acarrera la de aquél. Sin embargo, cuando se promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta del consentimiento de dicha persona. Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro, a favor de un tercero, y la persona con quien se estipule se sujete a una pena para el caso de no cumplir lo prometido.

De acuerdo con lo dispuesto por el a. 2238, si las distintas estipulaciones de un acto pueden subsistir separadas, la nulidad que afecte a una de ellas, no vicia a todo el acto. En consecuencia, el contrato puede ser válido aunque la cláusula penal carezca de validez; no así ésta, si el contrato es nulo. El precepto en comentario, confirma la aplicación de la cláusula penal. conforme a la regla general enunciada en el artículo citado en el primer párrafo de este comentario. En caso de la estipulación en favor de tercero, si éste último no acepta la prestación convenida a su favor, el estipulante puede exigir al promitente el

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ARTS. 1841, 1842 y 1843

LIBRO CUARTO

cumplimiento de lo prometido (a. 1869 segundo párrafo), está legalmente facultado para ello. Pero las obligaciones subsisten entre estipulante y promitente. Cuando se estipula por otro (promesa de porte-fort) el promitente ha contraído una obligación de hacer, puesto que se ha comprometido a obtener el consentimiento de un tercero y de obligarse en favor del otro contratante; si no acepta éste, el tercerol promitente: es responsable (obtener la aceptación del tercero), del incumplimiento de la obligación de hacer que contrajo frente al otro contratante. En ambos casos, no se presenta cuestión alguna de nulidad, porque el tercero es extraño a la relación contractual entre promitente y estipulante. I.G.G.

Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

ARTÍCULO 1842.

Para la exigibilidad de la pena convencional, es suficiente el incumplimiento del obligado, pues la pena tiene el doble carácter de sanción a cargo del deudor que no cumple dando lo que debe dar, haciendo lo que le incumbe o absteniéndose de aquello que se obligó a no hacer. La pena es también un instrumento para cuantificar los daños y perjuicios causados por la no ejecución de lo debido que se determina por la cuantía de la pena estipulada; además el perjudicado no tiene que probar la existencia del daño. Al deudor incumbe la carga de la prueba de que ha ejecutado la obligación a su cargo en la forma, tiempo y lugar convenidos, para quedar liberado de pagar la pena convencional. Es ilustrativo lo dispuesto en los aa. 655 y 656 del CC de la República de Argentina los cuales disponen, el primero, que la pena "entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses" y que el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe la insuficiencia de la pena; y el segundo establece que -para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno". I.G.G.

La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía.a la obligación principal.

ARTÍCULO 1843.

[30]

TITULO PRIMERO/CAPITULO I

ARTS. 1843 y 1844

Es desde luego evidente que no se puede estipular una pena convencional con un valor mayor al de la obligación principal, porque entonces daría margen al nacimiento de un beneficio indebido en la parte que la exige. La cláusula penal es una estipulación que cuantifica por anticipado los daños que causa el incumplimiento de la obligación contractual, lo cual explica por qué no puede exceder en importe a ésta.

Pena convencional. Si se rebasa el importe de la obligación principal, adolece de nulidad parcial respecto del excedente. La pena convencional no es sino la determinación previa del monto de los perjuicios, fijados de antemano con objeto de superar las dificultades de prueba que puedan existir para puntualizar la cuantía de los daños o de los perjuicios sufridos; y tornando como base lo dicho, es necesario interpretar las cláusulas que se refieren a la pena de acuerdo con las disposiciones legales sobre interpretación de los contratos, para concluir si tal cláusula adolece o no de nulidad, en vista del monto de los perjuicios o del daño y del monto de ella misma, puesto que no puede ser mayor que aquéllos; y así es nula parcialmente sólo en cuanto exceda del monto de los perjuicios o daños causados realmente. (Anales de Jurisprudencia. Indice general t. Derecho civil p. 460). J.A.M.G. ARTÍCULO 1844. Si

la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción.

Un principio de elemental justicia autoriza la reducción de la pena en la misma medida en que el deudor cumplió parcialmente con la obligación. En ocasiones no será fácil ajustar la proporción de manera exacta; pero en todo caso el criterio puede regirse por una valoración razonable y justa de las circunstancias. El artículo que se comenta excluye la posibilidad de incumplimiento parcial en el caso de obligaciones indivisibles. La SCJN ha resuelto en tesis jurisprudencial lo siguiente: El Código Civil para el Distrito Federal admite la mutabilidad de la pena convencional, ya que en su artículo 1843 dispone que la cláusula penal, no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal; el artículo 1844 ordena que si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción, y el articulo 1845 establece que si la modificación no pudiere ser exactamente proporcional, el juez reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación; de manera que si una pena pactada es mayor en su valor o cuantía que la obligación principal, la parte excedente

[311

ABTS. 1844, 1845 y 1846



LIBRO CUARTO

es nula, de acuerdo con el artículo 8Ç' del Código Civil, por ser contraria a una ley prohibitiva. (Apéndice del S.IF, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 610. Jurisprudencia 205). I.G.G. y J.A.M.G.

ARTÍCULO 1845, Si

la modificación no pudiere ser exactamente proporcional, e! juez reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación.

Con un sano criterio, este precepto abre la posibilidad de la intervención judicial para la valoración equitativa de las circunstancias que ocurren en la obligación parcialmente cumplida, cuando la reducción de la pena no pudiera ser exactamente proporcional. En el caso, el juez deberá normar su criterio oyendo a ambas partes contratantes. Con la referencia a la "naturaleza y demás circunstancias de la obligación", el precepto alude a los obstáculos que pudieron haberse presentado al obligado y que ocasionaron directamente el incumplimiento. Deberá tratarse en todo caso de circunstancias fortuitas que impidan el cumplimiento de la obligación conforme a lo pactado. Estas circunstancias son las que el juez debe ponderar para reducir la pena, teniendo en cuenta además la naturaleza de la obligación. En suma, en caso de incumplimiento parcial y cuando se trata por ejemplo de prestación de un hecho, si el cumplimiento ha sido parcial, el juez goza de un criterio moderador para cuantificar la pena en razón de la naturaleza de la prestación.

1.G.G. ARTÍCULO 1846. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la

obligación o el pago de la pena, pero no ambos; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación, o porque ésta no se preste de la manera convenida. El acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación originalmente pactada, y el pago de la pena, cuando las partes han convenido en que deberá pagarse por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación. En este caso, la pena no sustituye a los daños y perjuicios compensatorios, sino que cuantifica

[32j

TITULO PRIMERO/CAPITULO /

ARTS. 1848, 1847, 1848 y 1849

los daños y perjuicios moratorios y por lo tanto, puede exigirse su pago juntamente con la ejecución de la obligación. I.G.G.

No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable.

ARTÍCULO 1847.

La pena es exigible en los casos en que proceda la reclamación por daños y perjuicios y esta acción sólo procede cuando el incumplimiento es imputable al deudor, es decir por culpa o negligencia y no por caso fortuito o fuerza mayor o cuando la causa o motivo del incumplimiento sea imputable al propio acreedor (Véase a. 2 I I 1). I.G.G.

ARTÍCULO 1848. En las obligaciones mancomunadas con cláusula penal, bastará la contravención de uno de los herederos del deudor para que se incurra en la pena. De las obligaciones mancomunadas se ocupa el CC en sus aa. 1984 a 2010. Existe mancomunidad cuando hay varios deudores o acreedores y, respecto de una misma obligación que se considera dividida en tantas partes como acreedores o deudores haya (aa. 1984 y 1985). Cuando hay mancomunidad de deudores y el heredero de uno de ellos no cumple la obligación en la parte que le incumbe, debe pagar la pena, en la cuantía que le corresponda en la totalidad de la deuda, al autor de la herencia como deudor mancomunado que fue, en razón de que cada porción de la deuda se considera distinta de las demás que integran la totalidad. I.G.G.

ARTÍCULO 1849. En el caso del artículo anterior, cada uno de los herederos responderá de la parte de la pena que le corresponda, en proporción a su cuota hereditaria. Este artículo reafirma lo dispuesto en el diverso 1844 distribuyendo en forma proporcional la pena establecida. La disposición se aplica cuando la obligación

[33]

ARTS. 1849 y 1850

L113110 CIJAHTO

es divisible, según ílo dispuesto por el a. 2003. (Ver comentarios al artículo anterior). J.A.M.G.

ARTÍCULO 1850. Tratándose de obligaciones indivisibles, se

observará lo dispuesto en el artículo 2007. La obligación es indivisible si la prestación no puede ser cumplida sino por entero (a. 2003). Por lo tanto, aquí el acreedor (o los acreedores) no pueden sino exigir su total ejecución y correlativamente, el deudor (o deudores) no podrán cumplir sino la totalidad de la prestación. En las obligaciones indivisibles si son varios los deudores cada uno de ellos y cada uno de sus herederos está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado la solidaridad (a. 2006). De la misma manera, cada uno de los herederos del acreedor, puede exigir la prestación por entero dando garantía a los demás co-herederos de que reconocerá la parte proporcional que les corresponda sobre la cosa indivisa. Que no puede perdonar el heredero el total de la deuda (como lo dispone el a. 2007) se explica porque existe entre todos una especie de co-propiedad sobre la cosa común por imperativo de la indivisibilidad de la prestación. Que no pueda recibir tampoco el valor de la cosa en lugar de la cosa misma, porque carece de facultades para actuar en representación de los demás acreedores para aceptar una dación en pago, liberando al deudor que paga mediante una prestación distinta de la convenida. Pero si hubiere remitido la deuda o recibido el valor de la cosa, no desaparece la naturaleza indivisible de la deuda. El obligado continúa debiendo la cosa en su totalidad y sólo tendrá derecho a que se abone la parte proporcional del valor de ella, que corresponderá al heredero que ha remitido la deuda o que ha consentido en recibir en pago en lugar de la cosa, una suma de dinero. Es esta una nota distintiva de las deudas indivisas que la distingue entre otras, de la solidaridad. En las obligaciones indivisibles no es admisible ni la remisión o quita, ni la novación, ni la dación en pago que acepte uno o varios de los acreedores (se requiere unánime consenso de todos) en tanto que en la solidaridad, uno u otro de los acreedores solidarios puede convenir en extinguir la deuda por cualquiera de los medios antes dichos y es él quien responde ante los demás acreedores solidarios, de la porción que en el crédito corresponda a cada uno (aa. 1991 y 1992).

[5 4]

TITULO PRIMERO/CAPITULO I

ART. 1851

Interpretación ARTÍCULO 1851. Si los términos de un contrato son claros y no

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Si interpretar una ley significa desentrañar su sentido y significación, interpretar un contrato implicará desentrañar el sentido y significado de la voluntad contractual; determinar la común intención de las partes y fijar su alcance y efectos. . Cuando la fórmula empleada por las partes contratantes es clara y congruente no hay, en realidad problema alguno, éste surge cuando la expresión de la voluntad es ambigua, incierta o contradictoria. Se interpretan los contratos cuando la voluntad no ha sido expresada en forma precisa o cuando hay una discrepancia entre la expresión de la voluntad externada y la verdadera voluntad de las partes: existe, por un lado, el querer de las partes que no trascendió al exterior o que está en contradicción con la declaración expresada. Los aa. 1851 al 1857 establecen las normas de interpretación de los contratos. El contenido del primer párrafo del a. 1851 más que una norma interpretativa

de la voluntad de las partes constituye una regla congruente con el principio de legalidad establecido en el a. 14 constitucional y 19 del CC. En cambio, el segundo párrafo del mismo artículo representa una auténtica norma interpretativa de la voluntad contractual, cuando las palabras sean equívocas o los términos del contrato no sean claros, habrá que averiguar el propósito de los contratantes. Algunos autores ven, en este segundo párrafo la aplicación de la teoría subjetivista o de la voluntad interna cuyo autor es Savigny, según el cual, para interpretar un contrato habrá que desentrañar la voluntad interna de los contratantes. El intérprete se convierte en un investigador psicológico que tratará de

averiguar lo que los contratantes quisieron decir para determinar cuál es el alcance que han querido dar al contrato. En efecto, el precepto sigue la teoría subjetivista, pero algunas otras normas de este código se apegan a la teoría objetivista, según la cual para interpretar un contrato habrá que partir de la volutad declarada. En opinión de Miguel Angel Quintanilla (Derecho de las obligaciones, México, ENEP Acatlán, 1979, p. 58), ambas teorías se complementan puesto que las dos tratan de descubrir la verdadera voluntad de las partes, una con métodos psicológicos y la otra a través de la voluntad declarada. El a. 1851 recoge la teoría de la voluntad real o interna con las debidas limitaciones que reclaman la protección del interés de los terceros y la salvaguarda de la seguridad de la contratación (Bejarano, Manuel, Obligaciones civiles, México, 051

ARTS. 1851, 1852, 1853 y 1854

LIBRO CUARTO

Harla Happer, 1980, p. 142), siempre y cuando la intención sea evidente. La intención puede probarse por todos los medios y reflejarse en diferentes hechos. 1.B.S. ARTÍCULO 1852. Cualquiera que sea la generalidad de los términos

de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar. La regla establece que en casos de duda, la interpretación de lob contratos será restrictiva, esto quiere decir que las expresiones empleadas en el contrato por generales que sean, no pueden ir más allá de lo que las partes se han propuesto contratar. 1.B.S. ARTÍCULO 1853. Si alguna cláusula de los contratos admitiere

diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado • para que produzca efecto. El fundamento de este artículo se encuentra en la suposición de que los contratos se celebran con el fin de producir el resultado que las partes se han propuesto. El intérprete deberá elegir entre varios sentidos prefiriendo aquel que tienda a la realización del fin buscado por las partes y que resulte más viable real y jurídicamente, siempre que el efecto producido no se oponga a lo indicado por el conjunto de las demás estipulaciones. Sólo habrá interpretación respecto a las expresiones que presenten dudas o tengan varios significados, cada uno de los cuales excluya al otro u otros. La interpretación buscará la mayor eficacia y no amparará estipulaciones manifiestamente ociosas, imposibles o viciadas. (Borja Soriano, Teoría general de las obligaciones, 2a. ed., México, Porrúa, 1953, p. 311). I.B.S. ARTÍCULO 1854. Las cláusulas de los contratos deben interpre-

tarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. La interpretación del contrato deber ser una interpretación de conjunto o integradora. Las cláusulas individualmente pueden adquirir un significado in[361

TITULO PRIMERO1 CAPITULO 1

ARTS. 1854, 1855 y 1856

exacto; sólo el enlace entre las cláusulas permite una interpretación armónica del contrato. El contrato persigue un fin, por lo tanto, sus cláusulas deben tener una conexión entre sí. No todas las cláusulas tiene la misma importancia, algunas reflejan lo esencial, el propósito de los contratantes, y otras lo accidental; alrededor de las primeras debe girar la interpretación. La oposición entre las cláusulas lleva a sacrificar las más oscuras y si todas fueren claras, las que se opongan a la efectividad del contrato. I.B.S.

Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.

ARTÍCULO 1855.

El objeto del contrato se refiere al propósito de los contratantes, representa lo particular de cada convenio. La naturaleza significa la índole general del contrato y los fines que le asigna la ley. La interpretación de las palabras equívocas procurará la realización del propósito de los contratantes conforme a la naturaleza general de la especie de contrato que han elegido las partes. I.B.S.

El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos.

ARTÍCULO 1856.

El uso es una práctica establecida, en una región o entre personas que pertenecen a una clase, un gremio, etc. Como la costumbre, el uso debe ser reiterado durante un período de tiempo suficiente para considerar que es uniformemente aceptado; se requieren además, la convicción de que ese uso se impone bajo la sanción del derecho. El uso y la costumbre a que se refiere este precepto se dirigen a aclarar el sentido de la voluntad contractual haciendo referencia a lo que suele practicarse en la materia, a los usos contractuales o de negocios, siempre y cuando el uso y la costumbre sirvan para completar o aclarar los términos del contrato; pero no podrán suplir o modificar la voluntad de las partes o contravenir ninguna disposición legal. El término país, empleado en el texto del artículo puede presentar problemas en vista de la variedad de usos y costumbres en los distintos estados y regiones del territorio nacional. En opinión de Manresa (citado por Manuel Borja Soriano, Teoría de las obligaciones, 2a. ed., México, Porrúa, 1953, t. 1., p. 315), el lugar que importa es el del cumplimiento que teniendo relación mayor con la [37]

LIBRO C UARTO

ARTS. 1838, 1837 y 1858

efectividad del contrato sirve principalmente para determinar en cuanto al alcance, extensión 'y forma de cumplir lo pactado, el uso o la costumbre aplicable. El intérprete tendrá que conocer la práctica general de ese lugar pero los usos y costumbres sólo serán invocados en caso de ambigüedad de las cláusulas contractuales. I.B.S. ARTÍCULO 1857. Cuando

absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.

El precepto plantea dos soluciones frente a dos situaciones diferentes: La primera proporciona otra regla más de interpretación aplicable cuando la duda persiste a pesar de haberse intentado interpretar el contrato en los términos de los artículos anteriores, y cuando la incertidumbre se refiere a cláusulas accidentales del contrato. Si el contrato es oneroso, la duda se resolverá procurando el mayor equilibrio entre las prestaciones. Si el contrato es gratuito, puesto que implica un acto de liberalidad, se interpretará en el sentido del menor gravamen para el obligado. La segunda solución, la declaración de nulidad del contrato, se aplica si la duda recae sobre el objeto principal, entendiéndose como tal, los elementos esenciales que cada contrato implica. (Ver comentarios al a. 2224 del CC). I.B.S. Disposiciones finales

Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y

ARTÍCULO 1858.

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TITULO PRIMERO/CAPITULOS I y II

ARTS. 1858, 1859 y 1800

en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los reglamentados en este ordenamiento. El CC reglamenta un número limitado de contratos pues el legislador no puede prever todas las posibilidades de contratación que la realidad pueda generar. Si la voluntad expresada por las partes coincide con alguno de los contratos reglamentados por el código, se regirá por las disposiciones aplicables al caso concreto, si la voluntad no coincide plenamente con alguno de los contratos regulados, se regirá por las reglas generales de los contratos (propiamente, de las obligaciones); por las estipulaciones de las partes; y en el caso de omisiones, por las disposiciones del contrato con el que tengan mayor semejanza.

Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

ARTÍCULO 1859.

El mismo razonamiento del comentario al artículo anterior es válido para este artículo, el legislador no puede prever todos los actos jurídicos que la realidad puede generar. La norma establecida en este precepto permite la integración, interpretación y regulación de los convenios y otros negocios jurídicos aplicando las disposiciones legales sobre contratos; sin embargo, esta regla acepta excepciones cuando haya disposiciones especiales para esos actos o cuando la aplicación supletoria se oponga a la naturaleza de los mismos. (Ver comentarios al a. 1858 del CC). I.B.S.

CAPITULO II De la declaración unilateral de la voluntad

El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento.

ARTÍCULO 1860.

Los aa. del 1860 al 1881 regulan la declaración unilateral de la voluntad y lo que no estuviere reglamentado por ellos se regirá por las disposiciones legales sobre los contratos, conforme a lo establecido por el a. 1859. [39]

ART. 1860

LIBRO CUARTO

La declaración unilateral de la voluntad es la exteriorización de la voluntad de querer quedar obligado a realizar determinada prestación, no sólo de cumplir esa prestación, sino de atribuir a determinadas personas la situación de acreedor que las faculta para exigir continuamente el cumplimiento de la obligación contraída. El CC que comentamos inspirándose en el CC alemán admite esta declaración de voluntad, como fuente de obligaciones. Los redactores del código en su informe expresan: ...la comisión, de acuerdo con la opinión de los autores de los Códigos modernos y con la de notables publicistas, reglamentó las obligaciones que nacen por declaración unilateral de voluntad, como son las ofertas al público, las promesas de recompensa, las estipulaciones a favor de terceros, los títulos al portador etc... —y agrega— y no se comprende por qué una persona capaz de obligarse con otro, no pueda imponerse voluntariamente una obligación o constreñir su conducta, antes de que tenga conocimiento de que su oferta va a ser aceptada, de que el tercero admite la estipulación que lo beneficia o de que los títulos entren en circulación. Por su parte Josserand afirma: 396. Principio. Es un principio en nuestro derecho positivo francés, que no depende de una voluntad única la creación de obligaciones; para alcanzar ese fin, debe ligarse a otra voluntad, lo que equivale a decir que la fuente de las obligaciones voluntarias es esencialmente de naturaleza contractual. 397. Derogaciones. Pero ocurre excepcionalmente que una voluntad aislada reviste fuerza obligatoria: una persona llega a ser deudora, a veces también acreedora, por manifestación unilateral de voluntad; lo que no debe sorprendernos demasiado, pues ya sabemos que la propiedad misma se puede adquirir por medio de la manifestación unilateral de voluntad que representa la toma de posesión consciente de un mueble, a saber, la ocupación: desde el momento que podemos llegar a ser propietarios prescindiendo de cualquier acuerdo, no debemos extrañarnos de que en ocasiones lleguemos a ser deudores, y también acreedores por decisión espontánea y motu proprio. Los contratos no son todos los actos jurídicos; por debajo de ellos, existen actos de formación unilateral que, como aquéllos, tienden a la creación de relaciones obligatorias y que, como aquéllos también, realizan efectivamente ese objetivo. (Derecho civil. Buenos Aires, Bosch, 1950, t. II, vol. I, pág. 278 núms. 396 y 397).

I.B.S. [40]

TITULO PRIMERO/CAPITULO II

MITS. 1881, 1882 y 1883

El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido.

ARTÍCULO 1861.

Es una declaración unilateral de voluntad que se origina de la intención declarada de quedar obligado; pero a diferencia de la hipótesis prevista en el artículo anterior, ahora solamente quiere obligarse el oferente frente a la persona o personas que llenen determinados requisitos o cumplan cierto servicio que el declarante señala al emitir su declaración. El pago de la obligación contraída, se hará como recompensa por el servicio prestado o los requisitos cumplidos por quien de esa manera se convierte en acreedor. I.B.S.

El que en los términos del artículo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare la condición señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida.

ARTÍCULO 1862.

Conforme a este precepto, en el momento en que cierta persona cumple los requisitos señalados, adquiere el derecho de exigir la contraprestación en forma de recompensa. Si fueron varios los sujetos que desempeñaron el servicio o cumplieron la condición se estará a lo dispuesto por el a. 1865. (Ver comentarios al a. 1861). .8 .S.

Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la coúdición, podrá el promitente revocar su oferta, siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento. En este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir la condición por la que se había ofrecido recompensa, tiene derecho a que se le reembolse.

ARTÍCULO 1863.

El que hace una oferta o promesa de recompensa al público puede limitar o no el tiempo en que se debe cumplir con lo solicitado. Si no fijó plazo para el cumplimiento de la condición o servicio exigidos, el oferente puede revocarla en [41]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1883, 1864 y 1865

cualquier momento, siempre que lo haga con la misma publicidad empleada para hacer la oferta. En tanto que no exista un sujeto que haya prestado el servicio o cumplido la condición, no habrá quién pueda exigir la contraprestación ofrecida: pero si una persona prueba haber realizado gastos tendientes a prestar el servicio o cumplir la condición, puede exigir de quien hizo la oferta, el reembolso de lo gastado. I.B.S.

Si se hubiere señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el prornitente su. ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo.

ARTÍCULO 1864.

El que hace una oferta o promesa de recompensa al público sujeta a plazo está obligado a mantener la oferta, durante el plazo señalado. En este caso, el plazo se ha señalado a favor de quien debe cumplir el servicio o la condición exigidos; si el declarante revoca la oferta antes de la llegada del plazo se causa un perjuicio a aquel que está ejecutando la obra o se está preparado para ejecutarla. Se aplica la misma regla que consagra el a. 1804, relativa a la formación del contrato. En la hipótesis del artículo que se comenta, el oferente queda ligado por su oferta hasta la expiración del plazo señalado a quienes quieran aprovecharla. I.B.S.

Si el acto señalado por el promitente fuere ejecutado por más de un individuo, tendrán derecho a la recompensa: I.—El que primero ejecutare la obra o cumpliere la condición; la ejecución es simultánea, o varios llenan al mismo tiempo la condición, se repartirá la recompensa por partes iguales; 111.—Si la recompensa no fuere divisible se sorteará entre los interesados.

ARTÍCULO 1865.

Cuando respondan a la promesa de recompensa varias personas que han ejecutado la obra o cumplido la condición exigida, la recompensa se otorgará de acuerdo a los siguientes principios: primero en tiempo, primero en derecho; el que primero ejecutare la obra o cumPliera la condición, recibirá la recompensa. Las otras dos fracciones responden a un principio de equidad; a iguales condi[42]

ARTS. 1865, 1866, 1867 y 1868

TITULO PRIMERO/CAPITULO II

ciones iguales derechos, y si la recompensa no pudiese ser dividida se sorteará entre los interesados. I.B.S. ARTÍCULO 1866. En los concursos en que haya promesa de recom-

pensa para los que llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo. El concurso con promesa de recompensa se dirige en especial a un grupo de personas que se encuentren en posibilidad de reunir los requisitos exigidos en la oferta ajuicio del propio oferente o de las personas que para ese efecto designe. No basta la sola pretensión del aspirante, se requiere además, ciertas calidades que habrán de ser calificadas para obtener la adjudicación del premio. Es esencial que el promitente determine un plazo para que los aspirantes se presenten a la calificación de las condiciones exigidas en la convocatoria del concurso. I .B.S. ARTÍCULO 1867. El promitente tiene derecho de designar la per-

sona que deba decidir a quién o a quiénes de los concursantes se otorga la recompensa. Cuando el promitente no pueda o no quiera ser quien directamente elija al vencedor del certamen o concurso, puede designar a una o varias personas calificadas que aprecien las cualidades de los concursantes o la calidad de las obras presentadas, y decidan quién o quiénes merecen el premio ofrecido. LBS. ARTÍCULO 1868. En los contratos se pueden hacer estipulaciones

en favor de tercero de acuerdo con los siguientes artículos. En la estipulación a favor de tercero deben distinguirse dos relaciones jurídicas distintas: la primera entre los contratantes, estipulante y promitente; a través de un acuerdo de voluntades el promitente se obliga a ejecutar una prestación a favor de un tercero y el estipulante queda obligado a pagar al promitente una contraprestación que se establece en el contrato. Como consecuencia de ese acuerdo de voluntades, el promitente queda obligado a ejecutar una prestación a favor de un tercero (beneficiario). Surge así [43]

ARTS. 1868, 1889 y 1870

LIBRO CUARTO

la otra relación jurídica entre promitente y beneficiario. Para que esta relación se establezca no se requiere del concurso de voluntades entre el promitente y el beneficiario, basta con que el tercero no repudie, para que el derecho se tenga por nacido tácitamente desde que se hizo la estipulación, aun antes de que el tercero acepte y sin que éste tenga a su cargo obligación alguna. (Ver comentarios a los aa. 1869, 1970 y 1871). LBS.

La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a éste, salvo pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que se ha obligado. También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación.

ARTÍCULO 1869.

En virtud de la relación jurídica surgida de un contrato celebrado entre estipulante y prornitente, el estipulante podrá exigir al promitente el cumplimiento de la obligación a favor de un tercero y a su vez el tercero podrá exigir del promitente la ejecución de la contraprestación pactada en el contrato. El promitente puede negarse a ejecutar lo pactado, mientras el estipulante no cumpla lo ofrecido. Entre el promitente y el tercero existe otra relación jurídica; en ella no surge a cargo del tercero obligación alguna, pues en el contrato celebrado entre estipulante y prornitente, el beneficiario no se ha obligado; pero si no pueden crearse obligaciones a cargo del tercero, sí puede éste obtener y exigir del promitente los beneficios que se estipulen a su favor desde que el contrato se perfeccionó. (Ver comentarios a los aa. 1868 y 1870 del CC). I.B.S. ARTÍCULO 1870. El

derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la facultad que los contratantes conservan de imponerle las modalidades que juzguen convenientes, siempre que éstas 'consten expresamente en el referido contrato.

La estipulación a favor de iercero nace al perfeccionarse el contrato que la establezca. Puesto que se trata de una declaración unilateral de la voluntad en [44]

TITULO PRIMERO/CAPITULO II

ARTS. 1870 y 1871

relación al tercero, no es necesaria la manifestación de voluntad de éste, pues si así fuere estaríamos entonces en presencia de un contrato. Es suficiente con que el tercero no repudie la prestación a su favor, para que el derecho se tenga por nacido desde el momento en que se hizo la estipulación. (Rojina Villegas, Rafael Derecho civil mexicano, 4a. ed., México, Porrúa, 1981, t. V, vol. I, p. 457). El contrato en el que se estipula a favor de un tercero, puede sujetarse a modalidades, término o condición, pues aunque el contrato no es la fuente de la obligación, es el origen de la estipulación, formada por el acuerdo de voluntades entre estipulante y promitente. Por consiguiente, cuando el contrato impone determinada condición o término para la estipulación, esta modalidad es válida. Siguiendo este mismo criterio, si del contrato ha nacido la estipulación, cuando ese negocio sea nulo o inexistente, desaparece el motivo o la causa eficiente de donde nace aquélla, y como consecuencia la estipulación a favor de tercero también sería nula o inexistente. (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, 4a. ed., México, Porrúa, 1981, t. V, pp. 459 y 460). 1.B.S.

ARTÍCULO 1871. La

estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla. En tal caso, o cuando el tercero rehúse la prestación estipulada a su favor, el derecho se considera como no nacido.

La estipulación a favor de tercero se origina en un contrato celebrado entre estipulante y promitente, la revocación de la estipulación sólo puede llevarse a cabo por el acuerdo de voluntades de ambos contratantes siguiendo el principio de que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes. La estipulación podrá revocarse hasta antes de que el tercero manifieste su voluntad de aprovechar la prestación; en este lapso el beneficiario no ha sufrido perjuicio alguno, ya que no ha habido hasta entonces un acrecentamiento de su patrimonio que será efectivo hasta que declare hacer suya la prestación ofrecida. La revocación no puede tener lugar a partir de ese momento porque han quedado obligados frente a él promitente y estipulante. El tercero también puede rechazar la estipulación a su favor, en tal caso, la expectativa nunca se transformó en un derecho exigible. (Ver comentarios a los aa. 1868, 1869, 1870 del CC).

I.B.S. [451

LIBRO CUARTO

ARTS. 1872 y 1873

ARTÍCULO 1872. El

promitente podrá, salvo pacto en contrario, oponer al tercero las excepciones derivadas del contrato.

Por las razones expuestas en los comentarios a los aa. 1868, 1869 y 1870, el contrato es el medio jurídico que origina la estipulación a favor de tercero. Ese acuerdo de voluntades da la medida y existencia al derecho de tercero. Si el beneficiario intenta una acción contra el promitente, éste puede oponer las mismas excepciones derivadas del contrato que podría hacer valer contra el estipulante, por ejemplo, puede negarse a realizar lo pactado mientras el estipulante no cumpla con lo ofrecido. (Ver comentarios a los aa. 1868, 1869, 1870 y 1871 del CC). I.B.S. ARTÍCULO 1873. Puede

el deudor obligarse otorgando documentos civiles pagaderos a la orden o al portador.

Los aa. del 1873 al 1881 regulan los títulos civiles a la orden y al portador, estos títulos constituyen otra forma de declaración unilateral de la voluntad generadora de obligaciones. Contienen la obligación de realizar una prestación a favor de alguien determinado o indeterminado que se encuentre en posesión del documento y se encuentre legitimado conforme a la ley para exigir el cumplimiento de la obligación según que se trate de un título nominativo, a la orden o al portador. Se discute si la LTOC que entró en vigor el 15 de septiembre de 1932 deroga las disposiciones del CC aplicables a esta clase de documentos, tomando en cuenta que el CC de 1928 inició su vigencia el 1° de octubre de 1932. Al respecto, la doctrina generalmente aceptada formula el siguiente planteamiento: La fecha de una ley se determina por la fecha de su promulgación y no por la de su vigencia, pues la eficacia formal de una ley, concierne a la orden para su aplicación y no al momento en que entra en vigor. (Ferrara, Tratado civil, t. I, p. 252 y 253 citado por Borja Soriano, Teoría general de las obligaciones, 2a. ed., México, Porrúa, 1953, t. I, p. 366) "Cuando el legislador ha manifestado sucesivamente dos voluntades diferentes, es la más reciente la que debe prevalecer" Borja Soriano (idem). Por tanto, si el CC fue promulgado en 1928 y la LTOC en agosto de 1932, esta ley deroga las disposiciones del CC, que es anterior, en lo que a ella se opongan. El a. 3Q transitorio de la Ley establece: "...se derogan todas las demás leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley". El a. IQ de la LTOC define: "son cosas mercantiles los títulos de crédito; su emisión, expedición, endoso, aval y aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio." [46]

TITULO PRIMERO/CAPITULO



ARTS. 1873, 1874 y 1873

La SON emitió la siguiente tesis: Endoso de documentas civiles. Los artículos del 1873 al 1881 del Código

Civil en el Distrito Federal que se refieren al otorgamiento de documentos civiles pagaderos a la orden o al portador, fueron derogados por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, de 26 de agosto de 1932 en su a. 3Q transitorio, por oponerse aquellos artículos a dicha ley. Por tanto, los documentos civiles no pueden transl'erirse por endoso, sino que para ello es necesaria la cesión de derechos. (Quinta época, t. LXXIV, p. 4567. Delgado Abeytia Héctor). "No hay pues título valor civil, todo título valor es mercantil, pero sí hay títulos no valores civiles con las cláusulas a la orden o al portador, es decir, documentos que desde el punto de vista de circulación pueden transmitirse por endoso o tradición. Estas formas de tradición no son exclusivamente mercantiles". (Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Derecho mercantil, 16a. ed., México, Porrúa, 1982, t. I, p. 266). Por las razones expuestas se omiten los comentarios a los artículos de este código que se refieren a los documentos civiles a la orden o al portador, que se regulan por las disposiciones del derecho mercantil. 'Rafael Rojina sostiene opinión en co ntra (Compendio de derecho civil, t. I. Teoría general de las obligaciones. México, Antigua Librería Robredo, 1962, p. 205). 1.G.G.

La propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a la orden, se transfiere por simple endoso, que contendrá el lugar y fecha en que se hace, el concepto en que se reciba el valor del documento, el nombre de la persona a cuya orden se otorgó el endoso y la firma del endosante.

ARTÍCULO 1874.

Ver comentario al a. 1873.

El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante, sin ninguna otra indicación; pero no podrán ejercitarse los derechos privados del endoso sin

ARTÍCULO 1875.

[47]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1875, 1876, 1877, 1878 y 1879

llenarlo con todos los requisitos exigidos por el artículo que precede. Ver comentario al a. 1873.

Todos los que endosen un documento quedan obligados solidariamente para con el portador, en garantía del mismo. Sin embargo, puede hacerse el endoso sin la responsabilidad solidaria del endosante, siempre que así se haga constar expresamente al extenderse el endoso.

ARTÍCULO 1876.

Ver comentario al a. 1873.

ARTÍCULO 1877.

La propiedad de los documentos civiles que sean al portador, se transfiere por la simple entrega del título.

Ver comentario al a. 1873.

ARTÍCULO 1878. El

deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente y entregue el título al portador, a menos que haya recibido orden judicial para no hacer el pago.

Ver comentario al a. 1873. I.G.G. ARTÍCULO 1879. La

obligación del que emite el título al portador no desaparece, aunque demuestre que el título entró en circulación contra su voluntad.

Ver comentario al a. 1873. I.G.G. [9 8]

ARTS. 1880, 1881 y 1882

TITULO PRIMERO/CAPITULOS II y III

ARTÍCULO 1880. El

suscriptor del título al portador no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título, las que se deriven de su texto o las que tenga en contra del portador que lo presente.

Ver comentario al a. 1873. I.G.G.

La persona que ha sido desposeída injustamente de títulos al portador, sólo con orden judicial puede impedir que se paguen al detentador que los presente al cobro.

ARTÍCULO 1881.

Ver comentario al a. 1873. I.G.G.

CAPITULO III Del enriquecimiento ilegítimo

El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido.

ARTÍCULO 1882.

Todo enriquecimiento a costa de otra persona debe tener una causa o razón jurídica que los justifique o explique, pues nadie debe enriquecerse sin motivo en perjuicio ajeno. Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri lo cupletiorem. (Pomponio 206, D. 50, 17). La redacción del precepto tiene como antecedente el proyecto francoitaliano de las obligaciones y de los contratos, que impone a quien se enriquece sin causa la obligación de restituir a quien por ello se empobrece, el importe de su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento. Se descubren los siguientes elementos en el enriquecimiento ilegítimo: a) El enriquecimiento de una persona; b)el empobrecimiento de otra; c)una relación entre el enriquecimiento de una y el empobrecimiento de la otra; y d) una ausencia de causa en ese enriquecimiento. El enriquecimiento supone una ventaja económica de alguien en detrimento de otro. Habrá enriquecimiento no sólo cuando se ha recibido una prestación [49]

LIBRO CUARTO De las obligaciones CAPITULO III Del enriquecimiento ilegítimo

ARTS. 1880, 1881 y 1882

TITULO PRIMERO/CAPITULOS II y III

ARTÍCULO 1880. El

suscriptor del título al portador no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título, las que se deriven de su texto o las que tenga en contra del portador que lo presente.

Ver comentario al a. 1873. I.G.G.

La persona que ha sido desposeída injustamente de títulos al portador, sólo con orden judicial puede impedir que se paguen al detentador que los presente al cobro.

ARTÍCULO 1881.

Ver comentario al a. 1873. I.G.G.

CAPITULO III Del enriquecimiento ilegítimo

El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido.

ARTÍCULO 1882.

Todo enriquecimiento a costa de otra persona debe tener una causa o razón jurídica que los justifique o explique, pues nadie debe enriquecerse sin motivo en perjuicio ajeno. Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri lo cupletiorem. (Pomponio 206, D. 50, 17). La redacción del precepto tiene como antecedente el proyecto francoitaliano de las obligaciones y de los contratos, que impone a quien se enriquece sin causa la obligación de restituir a quien por ello se empobrece, el importe de su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento. Se descubren los siguientes elementos en el enriquecimiento ilegítimo: a) El enriquecimiento de una persona; b)el empobrecimiento de otra; c)una relación entre el enriquecimiento de una y el empobrecimiento de la otra; y d) una ausencia de causa en ese enriquecimiento. El enriquecimiento supone una ventaja económica de alguien en detrimento de otro. Habrá enriquecimiento no sólo cuando se ha recibido una prestación [49]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1882 y 1883

sino también cuando el deudor se ha liberado de una obligación. El empobrecimiento quiere decir pérdida pecuniaria, pago de un dinero, constitución de un derecho real o pago por un servicio prestado. Es necesario que el enriquecimiento de una persona sea la consecuencia directa del sacrificio o del hecho de la otra. La falta de causa se entiende como la ausencia de una obligación que tenga su fuente en la ley o en un contrato o una sentencia. Del enriquecimiento sin causa o ilegítimo, nace una obligación a cargo del que se enriquece a favor del que se empobrece. Este puede reclamar la indemnización de su empobrecimiento en la medida en que el primero se ha enriquecido. El demandante no puede reclamar más que aquello en que se ha empobrecido, porque la acción tiene un carácter.de indemnización (a. 26 CPC); el demandado a su vez sólo tiene la obligación de restituir lo que ha recibido sin causa. (Borja Soriano, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1953, p. 371, 372 y 373). El que se empobrece tiene la acción in rem verso, se trata de una acción estabilizadora del desequilibrio causado por el beneficio económico obtenido sin causa legal y no de una medida reparadora de todo el daño o pérdidas resentidos. La acción in rem verso se distingue por eso de la acción derivada de los hechos ilícitos, la cual impone, por lo general, una reparación total. I.B.S.

ARTÍCULO 1883. Cuando

se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que Por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.

Pago es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido (a. 2062 CC). Hay pago de lo indebido cuando una persona, entrega a otra por error, una cosa que no debía o ejecuta un servicio a favor de ella que no tenía derecho de exigir el que recibe. Se trata de un pago hecho por error. Sea porque no existe obligación o porque existiendo la deuda quien paga no es el deudor o a quien se paga no es el acreedor. En la entrega realizada por error, el que paga indebidamente debe estar bajo la falsa creencia de que existe a su cargo una obligación, en el mismo estado supuestamente estará el que recibe la prestación pues de no ser así actuaría con dolo o mala fe y su responsabilidad no derivaría de un pago indebido sino de un [50j

TITULO PRIMERO/CAPITULO 411

ARTS. 1883, 1889 y 11185

hecho ilícito (Gutiérrez y González, Derecho de las obligaciones, 5a. ed., Puebla, Cajica, 1984, p. 426). La buena o mala fe en el que recibe es determinante para establecer los efectos del pago de lo indebido. Si el pago consistió en una cosa, el que la recibe de buena fe debe restituirla, y si consistió en una prestación, debe pagar una indemnización en la medida de su enriquecimiento. Si hubo mala fe en el que recibe la cosa, se estará a los efectos señalados en los artículos siguientes, si recibió un servicio debe pagar el precio corriente de esa prestación. I.B.S.

ARTÍCULO 1884. El que acepte un pago indebido, si hubiere proce-. dido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir, de las cosas que los produjeren. Además, responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquiera causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre. No responderá del caso fortuito cuando éste hubiere podido afectar del.mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó. Si el que acepta un pago de lo indebido lo hace de mala fe, es decir, a sabiendas de que no existe la deuda o de que quien paga no es la persona deudora o de que aquella no es la acreedora, está actuando dentro del campo de los hechos ilícitos y no sólo debe devolver lo recibido sino abonar intereses y frutos percibidos o dejado de producir, además de responder de los menoscabos y perjuicios que sufre el que la entregó. La mayorír de los autores mexicanos coinciden en que la indemnización que debe cubrir el accipiens que procede de mala fe, no tiene por fuente un pago indebido, sino un hecho ilícito (mala fe al recibir) que producirá además de los efectos civiles señalados en este precepto, los efectos civiles y penales derivados de los hechos ilícitos. LBS. ARTÍCULO 1885. Si el que recibió la cosa con mala fe, la hubiere

enajenado a un tercero que tuviere también mala fe, podrá el dueño reivindicarla y cobrar de uno y otro los daños y perjuicios. [51]

MIT 5. 1885, 1888 y 1887

LIBRO CUARTO

Si el que recibió el pago sabía que no había una causa legal y con ello obtuvo un beneficio; y además enajenó la cosa a un tercero que también conocía lo indebido del pago, el que pagó tiene acción in rem verso para recobrar la cosa y para cobrar daños y perjuicios contra cualquiera de los dos, o contra ambos, porque serán responsables solidarios de la reparación del daño causado por su mala fe y además tendrá las acciones civiles y penales derivadas de la realización de hechos ilícitos (ver comentarios a los aa. 1883 y 1884). LBS. ARTÍCULO 1886. Si el tercero a quien se enajena la cosa la adquiere

de buena fe, sólo podrá reivindicarse si la enajenación se hizo a título gratuito. Existe una diferencia entre el tercero que recibe la cosa pagada indebidamente pero de buena fe y el que la recibe de mala fe. El que actuó de mala fe sufre la reivindicación de la cosa entregada y pagará los daños y perjuicios. El que actuó de buena fe sólo estará obligado a restituir la cosa si la recibió a título gratuito. El que recibió el pago sin causa, estará obligado en los términos de los aa. 1883, 1884 y 1887 según haya actuado de buena o mala fe. I.B.S. ARTICULO 1887. El que de buena fe hubiere aceptado un pago

indebido de cosa cierta y determinada, sólo responderá de los menoscabos o pérdida de ésta y de sus accesiones, en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si la hubiere enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. La persona que se enriqueció en detrimento de otro debe restituir el importe de su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento ajeno. El efecto principal es la restitución de la cosa (a. 1883 CC). Cuando esto no sea posible, p.c., porque la cosa se haya perdido o ha sufrido gran menoscabo, restituirá el precio de ella hasta el importe de la ganancia obtenida pero no se responde de daños ni de perjuicios. Si el que recibió la cosa de buena fe, la enajena a un tercero, la enajenación será válida pero el enajenante estará obligado a restituir el precio recibido o, en su caso, cederá la acción para que el solvens pueda hacerlo efectivo del tercero que la adquirió. I.B.S. [52]

TITULO PRIMERO/CAPITULO III

ARTS. 1888, 1889 y 1890

ARTÍCULO 1888. Si el que recibió de buena fe una cosa dada en

pago indebido, la hubiere donado, no subsistirá la donación y se aplicará al donatario lo dispuesto en el artículo anterior. El que recibe de buena fe una cosa dada en pago indebido debe restituirla (a. 1883 CC) pero si la donó, la donación queda sin efecto. En vista de que la donación es un acto a título gratuito, el donatario además deberá responder de los menoscabos y pérdidas de la cosa y de sus accesiones en cuanto por ellas se hubiere enriquecido; de manera que la obligación establecida en el a. 1887 a cargo del que recibió la cosa de buena fe, se transmite, al donatario que se benefició con ella. I.B.S. ARTÍCULO 1889. El que de buena fe hubiere aceptado un pago

indebido, tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si con la separación no sufre detrimento la cosa dada en pago. Si sufre, tiene derecho a que se le pague una cantidad equivalente al aumento de valor que recibió la cosa con la mejora hecha. De alguna manera el que paga lo que no debe, actúa con negligencia así sea leve, por lo menos incurre en error y dei que no debe ser víctima el que aceptó el pago de buena fe, quien tendrá derecho a que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles. Cuando la separación no sea posible sin causar un detrimento en la cosa dada en pago, el que la recibió tendrá derecho a que se le pague una cantidad equivalente al aumento que recibió la cosa con las mejoras. Si así no fuera estariamos en un caso de enriquecimiento ilegítimo. La obligación del que recibe, consiste únicamente en restituir el importe de la ganancia que obtuvo con la cosa entregada indebidamente en pago. LBS. ARTÍCULO 1890. Queda libre de la obligación de restituir el que,

creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, dejado prescribir la acción, abandonado las prendas, o cancelado las garantías de su derecho. El que paga [53j

ARTS. 1890, 1891 y 1892

LIBRO CUARTO

indebidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores, respecto de los cuales la acción estuviese viva. Este precepto consigna una excepción a la obligación de restituir la cosa recibida. El pago de lo indebido, como se señaló en el artículo anterior, es atribuible a la negligencia o al error del que cometió el pago, que no debe perjudicar al que lo recibe. Exigirle la restitución equivaldría a causarle un perjuicio por la pérdida de un crédito a su favor o por la imposibilidad de probarlo. El pagador sólo tendrá acción para reclamar la restitución contra el verdadero deudor o los fiadores respecto de los cuales estuviese aún viva la acción del crédito que corresponderá al cobro y por cuenta del cual creyó recibir el pago, hay pues una substitución de acciones. (Borja Soriano, Teoría general de las obligaciones, 2a. ed., México. Porrüa, 1953, t. I, p. 379). I.B.S.

La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclama. En este caso, justificada la entrega por el demandante, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que recibió.

ARTÍCULO 1891.

Aquel que pretenda haber entregado indebidamente algo o realizado una prestación, no puede menos que estar obligado a probar el pago y lo indebido del mismo, pero si el que se enriqueció negare que recibió el pago y se probare que éste se realizó, entonces se presumirá que el pago era indebido y la mala fe del que recibió. Entonces la prueba de la legitimidad del pago corresponde al receptor. LBS. ARTICULO 1892. Se presume que hubo error en el pago, cuando se

entrega cosa que no se debía o que ya estaba pagada; pero aquel a quien se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquiera otra causa justa. [5 4]

TITULO PRIMERO/CAPITULO .111

ARTS. 1892, 1893 y 1894

El precepto contiene dos normas: la que establece la presunción de error cuando en el momento del pago no existe obligación, sea porque jamás ha surgido ésta (ausencia absoluta de causa de la deuda) o porque se ha extinguido por haber sido pagada con anterioridad. La segunda parte del precepto dispone que la presencia del pago por error queda destruida si se prueba que el pago se ha hecho a título de liberalidad. Entonces el pago tiene una causa que lo justifica. I.B.S. ARTÍCULO 1893. La acción para repetir lo pagado indebidamente

prescribe en un año, contado desde que se conoció el error que originó el pago. El solo transcurso de cinco años, contados desde el pago indebido, hace perder el derecho para reclamar su devolución. La ley concede al que realice un pago que considere indebido, un año a partir de que conoció el error, para ejercer la restitución mediante el ejercicio de la acción de repetición de lo indebido. En todo caso el plazo de la prescripción es de cinco años, que se computarán a partir de la fecha del pago con independencia de que el solvens haya o no conocido el error. I.B.S. ARTÍCULO 1894. El que ha pagado para cumplir una deuda pres-

crita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir. La deuda prescrita o el cumplimiento de un deber moral, por no ser coercibles, son obligaciones naturales. "En la obligación natural —dice Borja Soriano citando a Hérmard— el acreedor está privado del derecho de exigir la ejecución; su derecho está desprovisto de sanción. Pero si el deudor ejecuta la obligación voluntariamente, no puede reclamar lo que ha entregado, la obligación natural sirve de base a un pago válido" (Teoría general de las obligaciones, 8a. ed., México, Porrúa, 1982, p. 562). En la deuda prescrita, la acción para exigir su cumplimiento prescribe, pero la causa de la obligación subsiste. El pago realizado no será indebido. Lo mismo ocurre con el cumplimiento de un deber moral, existe la obligación pero no se-puede exigir su cumplimiento coactivamente, se está nuevamente en [551

ARTS. 1894 y 1895

LIBRO CUARTO

presencia de una causa, por lo tanto, el pago efectuado no se considerará indebido. El CC italiano dispone que esta regla no es aplicable cuando el pago indebido ha sido hecho por un incapaz, el cual conserva la acción de repetición aunque se trate de cumplir una deuda prescrita o de un deber moral. El precepto en comentario se refiere a la falta de coercibilidad de la obligación. Sin embargo, en el caso de la donación remuneratoria, no procede la acción de repetición conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en razón de que existe causa jurídica para obligar (la intención de remunerar) aunque pudiera o no tratarse del cumplimiento de un deber moral. El donatario tiene acción para exigir el pago de la obligación remuneratoria contraída por el donante. "La soluti retentio en las obligaciones naturales depende de la existencia de una justa causa de la atribución, la cual se pone acertadamente en relieve cuando se afirma que la obligación natural es una causa so/vendí válida, aunque puede no ser una válida causa de la obligación". (Emilio Moscati, Obligazioni naturali, Italia, Giuffre Editore, Enciclopedia del Diritto, 1979, p. 379). El artículo en comentario comprende los casos en que se paga por error una deuda, sin saber que ya no es exigible judicialmente o cuando también por error, se cumple una obligación moral creyendo que se trata de una obligación exigible judicialmente (pago de alimentos a un pariente colateral de quinto grado). I.G.G.

Lo que se hubiere entregado para la realización de un fin que sea ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder del que lo recibió. El cincuenta por ciento se destinará a la Beneficencia Pública y cl otro cincuenta por ciento tiene derecho a recuperarlo el que lo entregó.

ARTÍCULO 1895.

De acuerdo con el principio postulado en los aa. 82, 1795, fr. III y 2225, la nulidad del acto por ilicitud de su fin o motivo, daría lugar a la restitución de las prestaciones recibidas. Pero, según se establece en este artículo, el que pagó tiene acción para reclamar la devolución del cincuenta por ciento de lo que se ha entregado. Independientemente de la acción de repetición parcial, el coautor de un hecho ilícito estará sujeto a la reparación de los daños causados a terceros y a la responsabilidad por el daño cometido. (Ver comentarios a los aa. 2268, 2765 y 2768 del CC). I.B.S. [56]

TITULO PRIMERO/CAPITULO IV

ARTS. 1896 y 1897

CAPITULO IV De la gestión de negocios El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio.

ARTÍCULO 1896.

El a. 1801 del CC establece: "Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley ", en este caso, es la ley la que permite la figura de la gestión de negocios. (Gutiérrez y González, Derecho de/as obligaciones, 5a. ed., Puebla, Cajica, 1984, p. 432). El gestar interviene oficiosamente en negocios ajenos ejecutando actos jurídicos o materiales, en interés del dueño. La gestión de negocios debe tener los siguientes elementos: 1. Existencia de un negocio que no sea del gestor y que él mismo conozca esta circunstancia, pues si el gestor cree que el negocio es suyo, no habría gestión, sino enriquecimiento ilegítimo para el dueño del negocio. 2. Que el gestor obre voluntaria y gratuitamente. Debe actuar en forma espontánea y convencido de que va a evitar un daño a una persona que no puede atender sus asuntos y con el ánimo de actuar sin retribución alguna. 3. Un elemento subjetivo, la intención de obligar al dueño del negocio por lo que el gestor ha hecho. Si éste actúa, pero tiene el propósito de quedar obligado (y no el dueño) frente a la persona con quien contrata, no hay gestión de negocios, sino otra figura jurídica, por ejemplo una donación. 4. Que el gestor no tenga obligación como representante legal o mandatario de llevar al cabo la gestión. Su intervención debe ser espontánea, sin que exista deber alguno de gestionar. 5. El gestor debe actuar conforme a los intereses del dueño, lo cual es entendible si se piensa que se trata de evitar a éste un daño.

I.B.S.

El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios, e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione.

ARTÍCULO 1897.

El gestor actúa sin estar obligado a ello, y con la intención de procurar un beneficio al dueño del negocio: pero su actuación debe ser diligente, pues en caso contrario, será responsable de los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se causen al dueño.

[571

ARTS. 1897, 1898 y 1899

LIBRO CUARTO

La diligencia que debe prestar el gestor, es la que emplea en sus propios negocios (culpa leve en concreto). Hay culpa o negligencia, cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella (a. 2025 del CC). Las obligaciones que genera la gestión de negocios no pueden ser modificadas ni estar sujetas a modalidad, y una vez que alguien espontáneamente se hace cargo de los asuntos de otro, se presenta la figura jurídica de la gestión de negocios. I.B.S. ARTICULO 1898. Si la gestión tiene por objeto evitar un daño

inminente al dueño, el gestor no responde más que de su dolo o de su falta grave. Si la intervención del gestor tiene por objeto evitar un daño inminente, no responde de su culpa leve, sino sólo del dolo o de su culpa grave, es decir, por la intención de causar daño o por una falta considerada grave. Esta excepción obedece a que debiendo el gestor actuar urgentemente, no dispone siempre de tiempo necesario para ponderar las consecuencias de una conducta que no es la que necesariamente asumiría en la atención de sus propios negocios. (Ver comentarios a los aa. 1896 y 1897). I.G.G. e I.B.S. ARTÍCULO 1899. Si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o

presunta del dueño, el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquél, aunque no haya incurrido en falta. Si el gestor se hace cargo de un negocio ajeno en forma espontánea, contrariando la voluntad (real o presunta del dueño) compromete gravemente su responsabilidad, porque debe responder de los daños y perjuicios que se causen a aquél, independientemente de que haya incurrido en culpa en la gestión (ver a. 1905). La responsabilidad a su cargo, nace del hecho de asumir una conducta que el dueño le habría prohibido llevar al cabo, y con ello, el gestor toma para sí la responsabilidad por los daños causados, como consecuencia de esta intervención contraria a los deseos del dueño. I.G.G. [58]

TITULO PRIMERO/CAPITULO TV

ARTS. 1900, 1901 y 1902

ARTíCULO 1900. El gestor responde aun del caso fortuito si ha

hecho operaciones arriesgadas, aunque el dueño del negocio tuviere costumbre de hacerlas; o si hubiere obrado más en interés propio que en interés del dueño del negocio. Si el gestor actúa más en su propio interés que en el del dueño no actúa verdaderamente como gestor, sino en contra de la naturaleza misma de la gestión de negocios ajenos. Si efectúa operaciones arriesgadas que no suele hacer el dueño con sus propias cosas responsable del daño que cause por su conducta imprudente o indebidamente ventajosa, la cual constituye un hecho reprobable y por lo tanto ilícito, que por su gravedad puede estimarse doloso (la culpa grave se equipara al dolo). El a. 2111 establece que responde del caso fortuito el que ha dado causa o contribuido a él, o cuando la ley impone esta responsabilidad. I.G.G.

ARTÍCULO 1901. Si el gestor delegare en otra persona todos o algunos de los deberes de su cargo, responderá de los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación directa de éste para con el propietario del negocio. La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria. El gestor puede delegar alguna o todas sus obligaciones, pero él será el responsable de los actos del delegado, de manera que el dueño del negocio tiene acción contra el gestor y contra el delegado. ¿Existirá una responsabilidad solidaria entre el gestor y su delegado? El artículo en comentario señala expresamente la responsabilidad solidaria cuando los gestores fueren dos o más pero no la establece para el gestor y su delegado. I.B.S.

ARTÍCULO 1902. El gestor, tan pronto como sea posible, debe dar

aviso de su gestión al dueño y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. [59]

ARTS. 1902, 1901 y 1904

LIBRO CUARTO

El gestor está obligado a dar aviso de su gestión al dueño y a esperar su decisión. La razón por la cual el gestor debe dar este aviso tiene por objeto: a) que este último asuma, por si o por representante, la dirección de su negocio; b) que ratifique o no ratifique a la brevedad posible los actos de gestión y Ç) para relevar al gestor de las obligaciones y responsabilidades que ha adquirido respecto del dueño. Por ello, el precepto obliga al gestor a esperar la decisión del dueño para continuar la gestión, excepto en el caso en que la espera resultare peligrosa para el negocio que es materia de la gestión. ¿Cuánto tiempo debe esperar el gestor la respuesta del dueño? Pensamos que por analogía debe aplicarse el plazo de tres días que señala el a. 1806, si el gestor no ha señalado otro plazo mayor al dar el aviso. I.G.G. ARTÍCULO 1903. El dueño de un asunto que hubiere sido útilmente

gestionado, debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraido a nombre de él y pagar los gastos de acuerdo con lo prevenido en los artículos siguientes. Se entiende que los negocios fueron útilmente gestionados cuando el gestor ha hecho lo que conviene hacer, lo que se debe hacer respecto del negocio, atendiendo a las circunstancias, independientemente de que la intervención del gestor haya reportado utilidad o provecho económico al dueño. Para determinar la utilidad de la gestión, se debe atender al momento en que ésta se realiza, sin importar que por acontecimientos posteriores, los resultados de la misma puedan no reportar beneficios económicos. I.G.G. e I.B.S. ARTÍCULO 1904. Deben pagarse al gestor los gastos necesarios que

hubiere hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses legales correspondientes; pero no tiene derecho de cobrar retribución por el desempeño de la gestión. 4l gestor actúa por oficiosidad en interés del dueño y con el ánimo de hacerle una liberalidad, por lo tanto, el gestor no tiene derecho a cobrar retribución alguna por el desempeño de la gestión. Pero si el gestor realizó gastos tiene derecho a que éstos se le reembolsen, de manera que bastará demostrar que el gestor actuó con la diligencia debida para tener derecho a pedir el reembolso de los gastos efectuados en el ejercicio de su [60]

TITULO PRIMERO/CAPITULO IV

ARTS. 1904, 1905 y 1906

gestión, más los intereses legales correspondientes. (Ver comentarios al a. 1906 CC). LBS. ARTÍCULO 1905. El gestor que se encargue de un asunto contra la

expresa voluntad del dueño, si éste se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquél el importe de los gastos hasta donde alcancen los beneficios, a no ser que la gestión hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios hechos. La gestión de negocios es una interferencia en la esfera jurídica ajena que se funda en un sentimiento de solidaridad social, pero debe establecerse hasta qué punto un individuo puede interferir en la esfera patrimonial de otro. Si el gestor actúa contra la voluntad expresa del dueño del negocio, será preciso distinguir si éste aprovechó o no la gestión. Si no se aprovechó, no está obligado a pagar ninguna suma al gestor por concepto de gastos; si se benefició con la gestión, pagará a aquél el importe de los gastos hasta donde alcancen los beneficios a menos que la gestión haya tenido por objeto cumplir un deber impuesto al dueño por el Estado en interés público. En ese caso, este último pagará todos los gastos causados por la gestión. I.B.S. ARTÍCULO 1906. La ratificación pura y simple del dueño del nego-

cio, produce todos los efectos de un mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la gestión principió. La ratificación Ide la gestión' produce el efecto de que el gestor tiene derecho al reembolso de los gastos, aunque no le haya producido beneficios. Este efecto se refiere a las relaciones entre el gestor y el dueño del negocio. En cuanto a terceros, la ratificación produce los efectos del mandato, es decir el dueño adquiere todos los derechos y obligaciones contraídos por el gestor, respecto del negocio gestionado. El precepto se aplica a la ratificación expresa y a la ratificación tácita; en ambos casos se producen los efectos del mandato.

ARTS. 1908, 1907, 1908 y 1909

LIBRO CUARTO

En cuanto al reembolso de los gastos por aplicación de la regla contenida en este precepto, la ratificación otorga al gestor el derecho al reembolso de los gastos efectuados en la gestión, I.G.G. ARTÍCULO 1907. Cuando el dueño del negocio no ratifique la

gestión, sólo responderá de los gastos que originó ésta, hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio. Hay ocasiones en que no obstante el servicio que se le ha prestado de manera espontánea, el dueño del negocio no ratifica la gestión, de ser así, sólo responde frente al gestor de los gastos que la gestión haya originado, hasta el monto de las ventajas que obtuvo. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida en que él se ha enriquecido, a. 1882 CC. Es la misma regla que contiene el a. 1899, para el caso de que el gestor procediere contra la voluntad del dueño. I.B.S. ARTÍCULO 1908, Cuando sin consentimiento del obligado a pres-

tar alimentos, los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamar de aquél su importe, a no constar que los dio con ánimo de hacer un acto de beneficencia. Un tercero puede efectuar un pago ignorándolo el deudor y aun en contra de la voluntad de éste (aa. 2067 y 2068 CC). En uno u otro caso el tercero que ha ministrado alimentos tiene derecho a exigir a quien por ley está obligado a darlos, el reembolso de las cantidades que hubiere cubierto al acreedor alimentista, por aplicación del mismo principio enunciado anteriormente, que sirve de fundamento a lo dispuesto por el artículo en comentario.

ARTÍCULO 1909. Los gastos funerarios proporcionados a la condi-

ción de la persona y a los usos de la localidad, deberán ser satisfechos al que los haga, aunque el difunto no hubiese [62]

TITULO PRIMERO/CAPITULOS IV y V

ARTS. 1909 y 1910

dejado bienes, por aquéllos que hubieren tenido la obligación de alimentarlo en vida. Los gastos de entierro y funeral (deudas mortuorias) son a cargo de los bienes de la herencia (a. 1754). Si no hubiere bienes del difunto, estos gastos son a cargo de quienes en vida tuvieron el deber de alimentarlo. De allí se ve que los deudores alimentistas tienen, además de la deuda por alimentos, la obligación de pagar los gastos mortuorios del acreedor alimentista. La persona que como gestor oficioso cubre de su peculio esos gastos, puede repetir en contra de los deudores alimenticios. I.G.G.

CAPITULO V De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos ARTÍCULO 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas

costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El legislador de 1928 ha colocado en un capítulo aparte la responsabilidad por ilicitud extracontractual, siguiendo al código suizo de las obligaciones en sus aa. 41 al 61 que habla de las obligaciones derivadas de los actos ilícitos. En nuestros códigos civiles anteriores y especialmente el CC de 1870 se reguló dentro del capítulo de la responsabilidad civil las hipótesis de la falta de cumplimiento de un contrato y de los actos u omisiones que están sujetos a responsabilidad por la Ley, en sus aa. 1574 al 1603. Esto quiere decir que el legislador de 1870 reguló la responsabilidad contractual y la extracontractual de ilícitos en un mismo capítulo. Siguiendo la técnica alemana reflejada en el código suizo, el artículo que comentamos establece una obligación: La de reparar el daño causado cuando se obra ilícitamente o contra las buenas costumbres. La jurisprudencia de la SC.IN ha resuelto: Responsabilidad extraeontractual. Tratándose de responsabilidad deri-

vada de algún acto ilícito, de dolo o de culpa grave, no puede decirse que la responsabilidad tenga como base el incumplimiento del contrato, porque esos actos trascienden el contenido y alcance de la convención. [63]

ARTS. 1910 y 1911

LIBRO CUARTO

Quien intencionalmente cause un daño a otro es responsable de esos actos independientemente de que exista entre él y la víctima un vínculo contractual. El que incurre en falta grave y cause con ello daños que van más allá del incumplimiento del contrato, como sería la muerte de los pasajeros en el transporte, incurre en responsabilidad extracontractual. Los actos que dan origen a este tipo de responsabilidades, colocan al causante en la posición de un tercero extraño. Tesis jurisprudencial núm 265, del Apéndice al SJF, 1971-1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 757. Esta tesis jurisprudencial muy claramente nos indica que el artículo que comentamos reguló la responsabilidad derivada por actos ilícitos, añadiendo que no puede en esta hipótesis considerarse que tal responsabilidad se refiera sólo al incumplimiento de un contrato. Lo que quiere decir que si alguno obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño a otro está obligado a repararlo, independientemente de si entre el autor del ilícito y la víctima existía o no, un vínculo contractual. Si vinculamos este artículo que estamos comentando con el que regula la responsabilidad objetiva (a. 1913) podríamos decir que cabe formular las siguientes observaciones: no todo obrar ilícito es fuente de obligaciones sino sólo aquel que cause daño a otro; en ocasiones aun sin ilícito se puede incurrir en responsabilidad (como veremos al analizar el a. 1913 de este código respecto del uso de mecanismos peligrosos); finalmente, la ilicitud civil es diversa de la valoración penal, pues mientras que la primera hace referencia a la satisfacción de un interés privado, la segunda se refiere a un interés público destinado a la conservación social. En otros términos cuando el legislador habla de obrar ilícito supone que 'éste es resultado de un actuar consciente o que surge por negligencia o impericia. De la responsabilidad a que se refiere este artículo solamente se exime si la víctima a su vez hubiere realizado una conducta culposa o negligente. J.J.L.M.

ARTÍCULO 1911. El

incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la responsabilidad recaiga en las personas de él encargadas, conforme lo dispuesto en los artículos 1919, 1920, 1921 y 1922.

Este artículo también está inspirado en la primera parte del a. 54 del código suizo de las obligaciones en donde se indica que por motivos de equidad, el juez puede condenar a una persona incapaz de discernimiento, a la reparación parcial o total del daño que hubiese ocasionado. [64]

ARTS. 1911 y 1912

TITULO PRIMERO/CAPITULO V

El CP mexicano de 1870 ya consagraba el mismo principio, pues decía que no era correcto que si un incapaz tuviere suficiente patrimonio y causara un daño, no por su calidad de tal debe quedar eximido de responsabilidad. El artículo que comentamos quiere decir en otros términos, que cuando un incapaz causa un daño debe repararlo independientemente de la responsabilidad que tengan los que ejerzan la patria potestad y los tutores de los incapacitados aun cuando prueben que el hecho acaeció fuera de su presencia, si apareciere que ellos no han ejercitado la suficiente vigilancia sobre los incapaces. Independientemente de la responsabilidad de los que ejercen la patria potestad o de los' tutores, el propio patrimonio del incapaz responde de los daños causados por éste. J.J.L.M.

se cause daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.

ARTICULO 1912. Cuando al ejercitar un derecho

La disposición que se comenta prohibe el abuso de derecho, y así se le llama: "doctrina del abuso de derecho"; asimismo se conoce con el nombre de prohibición de actos de emulación. Principia el texto indicando que "cuando al ejercitar un derecho se cause un daño a otro..." Lo que significa que abarcaría toda ciase de derechos subjetivos; siendo el derecho subjetivo un acto en el que su titular persigue la satisfacción de sus propios intereses, la palabra derecho abarcará aquí todos los derechos reales y personales, pero más específicamente al derecho de propiedad (ver a. 840). Una de las características del derecho de propiedad es que es un derecho completo, queriendo decir con esto que cuando no se encuentra afectado por límites precisos su titular puede hacer lo que crea conveniente, porque se piensa que nadie mejor que el titular de un derecho para cuidar de él y aprovecharlo. Si el orden jurídico es precisamente un orden, permitirá que el propietario ejercite su derecho, pero si al ejercitarlo lo único que pretende es causar un daño sin utilidad para el titular det derecho, esos actos se le prohíben bajo el concepto de abuso de derecho. Nuestro código, que está ambientado en un criterio de socialidad, no puede permitir los actos de emulación, es decir aquéllos con los cuales el propietario intenta abusar del poder, produciendo daños sin ventaja propia. J.J.L.M. [65]

ART. 1913

LIBRO CUARTO

Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

ARTÍCULO 1913.

Hemos visto, al comentar al a. 1910, qu,.. los actos ilícitos exigen que su iealización sea con dolo o culpa para producir responsabilidad por daño. El artículo que estamos comentando establece la responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad en el sentido de que para que la misma opere no se requiere la existencia de culpa alguna. El legislador dispone que cuando se hace uso de mecanismos peligrosos se está obligado a responder del daño que cause, aunque no se obre ilícitamente. "Según derecho natural aquél debe sentir el embargo de la cosa, que ha el pro della", L. 29 T. 34, párrafo VII. La doctrina señala que el fundamento de la responsabilidad objetiva es el principio de la equidad genérica, es decir, es de justicia y equidad que quien pretenda las ventajas de una comodidad tenga las desventajas de la obligación de reparar los daños que el uso de su comodidad cause. La jurisprudencia mexicana ha sostenido que la responsabilidad objetiva es independiente de la culpabilidad del agente. Apéndice al Si F, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, tesis jurisprudencia] núm. 266, p. 758. Los elementos de la responsabilidad objetiva son: 1. Que se use un mecanismo peligroso; 2. Que se cause daño; 3. Que haya una relación de causa efecto entre el hecho y el daño; 4. Que no exista culpa inexcusable de la víctima. En otros términos basta que al usarse un mecanismo peligroso se cause daño para que el titular del mecanismo (automóvil, máquina industrial o agrícola, etc.), esté en la obligación de repararlo, teniendo el propietario del mecanismo peligroso, la carga de probar para poder excluirse de la responsabilidad; se requiere probar culpa o negligencia inexcusable de la víctima (apéndice citado, tesis 267). La responsabilidad civil objetiva no se refiere sólo a la persona física que maneja los mecanismos peligrosos, sino que comprende también a la persona moral que los pone al servicio público y no se requiere que en el manejo se obre ilícitamente, pues aunque haya un obrar lícito no podrá eximirse de la responsabilidad. (Tesis jurisprudencial núm. 261 y las tesis relacionadas. Apéndice al SJF 1917-1985, pp. 741 y ss.). Indudablemente que la responsabilidad objetiva no está comprendida dentro de los límites del contrato y, por lo tanto, la convención relativa al mismo no deroga las disposiciones que las rigen, es decir, que cuando se cause el daño con el mecanismo peligroso, el único modo de excluir la responsabilidad será pro[66]

TITULO PRIMERO/CAPITULO 'V

ARTS. 1913 y 1914

bando que existió culpa o negligencia inexcusable de la víctima, prueba que estará a cargo del titular del mecanismo peligroso. En jurisprudencia visible en los Anales de jurisprudencia, Indice general, 1980, Derecho civil, t. 1, p. 604. El TSJ del DF resolvió lo que sigue:

Responsabilidad objetiva, Tesis de la culpa y del riesgo creado. Antecedentes de los sistemas legislativos extranjeros que rigen nuestro Código Civil. La doctrina dice que el Código Civil vigente, apartándose del Código Francés y de los Códigos Mexicanos del 70 y 84, adopta la responsabilidad civil proveniente de daños tanto por el principio de la culpa, como por los sistemas del Código Alemán y Suizo de las obligaciones; y, por cuanto a la idea del riesgo, sigue al de la Unión Soviética. En consecuencia, al lado de la tesis de la culpa, que constituye el principio general de responsabilidad, adoptado por nuestros sistemas legislativos, encontramos el principio de la responsabilidad objetiva o del riesgo creado. La tesis del riesgo creado suprime el aspecto subjetivo como fundamento esencial de la responsabilidad civil; por lo que, lo único básico, para establecer tal responsabilidad, es: a). La realización de una actividad calificada en la doctrina y en la legislación como peligrosa; b). La realización de un daño; y, c). La existencia de una relación de causalidad entre los elementos antes señalados.

J.J.L.M.

Cuando sin el empleo de mecanismos, instrumentos, etc., a que se refiere el artículo anterior y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes se producen daños, cada una de ellas los soportará sin derecho a indemnización.

ARTÍCULO 1914.

Congruente con la disposición anterior (véanse los comentarios a los aa. 1910 y 1913), el legislador señala en este artículo que cuando no se emplean mecanismos o instrumentos peligrosos y si no hay culpa o negligencia en ninguna de las partes, si se produjeran daños, cada una de dichas partes soportará los daños sin derecho a indemnización. Es decir que si no hay un acto ilícito, ni tampoco una responsabilidad que deriva de equidad genérica por el uso de un instrumento mecánico que cause daños, cada una de las partes estará obligada a soportar los daños que se causaren sin derecho a indemnización.

J.J.L.M.

C 671

LIBRO CUARTO

ART. 1915

La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código.

ARTÍCULO 1915.

La disposición que comentamos consagra las consecuencias del evento dañoso, bien sea del daño precedido por culpa o negligencia (a. 1910), del que resulta por el ejercicio de un derecho sin utilidad para el titular y con la sola intención de causarlo (a. 1912) o del que se desprenda de la responsabilidad objetiva (a. 1913). El principio general será que el que cause daño debe repararlo. El artículo que se comenta delimita cuál es el daño resarcible. Entendemos por daño resarcible la lesión de un interés patrimonial, directa o indirectamente. El artículo faculta a la víctima para elegir entre el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o el pago de daños y perjuicios. Recuérdese que los daños son disminución patrimonial que se ha sufrido y los perjuicios la cesación de ganancias. Si los daños causados a las personas produjesen la muerte, la incapacidad parcial o permanentemente, total temporal, o parcial temporal, el grado dé reparación se determinará atendiendo a lo que regula la LFT. El legislador ordenó que para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región, se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la LFT. [68]

TITULO PRIMERO/CAPITULO V

ARTS. 1915 y 1916

Lógicamente en caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima, los cuales estarán legitimados procesalmente, demostrando su carácter de herederos sin necesidad de la apertura del juicio sucesorio correspondiente, pues se tiene derecho a la herencia desde la muerte del autor de la misma, como a un patrimonio común (a. 1288 del CC). Finalmente el legislador señala que los créditos por indemnización, cuando la víctima fuere un asalariado, son intransferibles, y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes que facultará al deudor a hacer los pagos en forma de pensión. El último párrafo del artículo que comentamos indica que las regias de la reparación del daño por hechos ilícitos se aplicarán a la hipótesis en que los daños se causen a las personas por defecto de los conductores y medios de transporte que empleen, lo que quiere decir que en esta hipótesis la responsabilidad que resulta no es contractual sino extracontractual. J.J. L.M.

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quie.-1 incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus funcionarios conforme al artículo 1928, ambas disposiciones del presente Código. La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

A RTiCULO 1916.

[69]

LIBRO pUARTO

ART. 1916

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medíos informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original. Hemos definido el daño resarcible como la lesión de un interés directa o indirectamente patrimonial (véase el comentario del artículo anterior). El artículo que estamos comentando se refiere a un interés indirectamente patrimonial por cuanto que el legislador principia por definir el daño moral como aquél que consiste en la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí mismo tienen los demás. Para que exista reparación por daño moral se requiere probar dos extremos y es el primero que exista un hecho u omisión ilícitos (véase el segundo párrafo del artículo que se comenta y el a. 1916 bis), y además debe acreditarse el daño que directamente le hubiere causado esa conducta, es decir, que sea la consecuencia inmediata de la conducta realizada. La indemnización por daño moral procede con independencia de que se haya causado daño material; el legislador en este artículo la extiende tanto a la responsabilidad extracontractual como la responsabilidad contractual y aun cuando el texto original del CC 1928, exime su procedencia en los casos de responsabilidad objetiva y de responsabilidad por parte del Estado, el texto actual del artículo que comentamos (reformas del DO, del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos) la extiende tanto a los casos de responsabilidad objetiva como de la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. La responsabilidad por daño moral posee tres características fundamentales: La primera es que no es transmisible a terceros por acto entre vivos, es decir, es intransmisible, y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida, porque se supone que si se han herido los sentimientos, afectos, honor y consideración de sí mismo y de ello puede obtener una reparación patrimonial, no se justifica la cesión de este derecho a un tercero o la iniciación de la acción por los herederos, si el autor de la sucesión era el único que podría haber apreciado si .existía y no la inició en vida. [70]

TITULO PRIMERO/CAPITULO, V

ARTS. 1910 y 1918 Bit

La segunda característica es el monto de la indemnización; se determina con criterio de relatividad, esto es, no se traduce en tablas objetivas de responsabilidad, pues el juez la señalará en la sentencia, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima y las circunstancias concretas del caso. Finalmente, como tercera característica, nos encontramos que el resarcimiento de los daños morales no necesariamente tiende al restablecimiento de la situación anterior, lo cual en la mayoría de los casos sería imposible: tiene más bien una función de recompensa por el sufrimiento o la humillación sufrida y por eso el derecho alemán le llama "dinero del llanto". Es esta la razón por la que el juez está facultado a petición de la víctima y con cargo al responsable a ordenar la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios informativos que estime convenientes, mas si el daño moral deriva de un acto que ha tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto, con la misma relevancia que tuvo la difusión del hecho dañoso. J.J.L.M.

ARTÍCULO 1916 Bis. No estará obligado a la reparación del daño

moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal conducta. Congruente con nuestras disposiciones constitucionales el legislador exime de la obligación de reparar el daño moral a quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, conforme a los aa. 6° y 7/ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los textos constitucionales consagran la garantía de la libertad de manifestación de las ideas, limitándolas sólo en el caso de que estad manifestaciones ataquen a la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Es decir la manifestación de las ideas debe ser creativa y no destructiva de un orden moral de derecho o perturbadora del orden público. [711

ARTS. 1916 Bis, 1917 y 1918



LIBRO CUARTO

Lo mismo acaece con la libertad de escribir y publicar escritos, es plena y puede abarcar cualquier materia pero tiene límites ciertos, pues el escritor debe respetar la vida privada y la paz pública. (Véase comentario al artículo anterior). J.J.L.M. ARTÍCULO 1917. Las personas que han causado en común un

daño, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo. Conforme al a. 1988 de este CC, la solidaridad no se presume, resulta de la Ley o de la voluntad de las partes. El artículo que comentamos establece la responsabilidad solidaria, cuando son varias las personas que han causado daño. Tradicionalmente la responsabilidad por actos ilícitos que en derecho romano recibe el nombre de culpa aquiliana, da lugar a la responsabilidad solidaria de los coautores. J.J. L.M. ARTÍCULO 1918. Las personas morales son responsables de los

daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Las personas morales —dispone el a. 27 del CC— obran y se obligan por medio de los órganos que las representan. Las personas físicas, en ejercicio de las funciones que competen al órgano de la persona moral, actúan como representantes de ésta, por lo que las obligaciones y los derechos derivados de la actividad del órgano son adquiridos por la persona moral. El artículo materia de este comentario, es mera aplicación de ese principio, en lo que atañe a la responsabilidad de la persona jurídica. Tal es la regla general en esta materia, aplicable enteramente a las personas morales de derecho privado, lo cual admite una importante modalidad, en lo que atañe a la responsabilidad del Estado, según puede verse del texto del a. 1928. Sobre este particular, René Savatier (Traité de/a Responsabilité Civile en Drait Francais, t. I, Les Sources de la Responsabiüté Civile, 12a. ed., París, 1951, núm. 207, p. 256) explica lo siguiente: Culpa directa de una persona moral por sus órganos. Ya sea que se considere o no a la persona moral como una ficción, lo cierto es que para actuar [72]

TITULO PRIMERO/CAPITULO V

ARTS. 1918 y 1919

necesita servirse de una voluntad inteligente y libre, para lo cual requiere de la intervención de la persona física; es ésta quien la introduce en la vida jurídica. La voluntad declarada por la persona física, como órgano de la persona jurídica, es atribuida a la persona moral; la voluntad de aquélla es la voluntad de sus órganos. De la misma manera que el contrato celebrado por el órgano es atribuido a la persona moral, el hecho ilícito dañoso cometido por aquél, se considera que es obra de ésta. Desde el momento en que el órgano puede prever y evitar el acto ilícito, es de la misma manera previsible y evitable para la persona moral, cuya inteligencia y voluntad se encuentren en el órgano. 1.G.G. ARTÍCULO 1919. Los

que ejerzan la patria potestad tienen obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos.

La disposición que es objeto de este comentario, se encuentra en estrecha vinculación con lo dispuesto en los aa, 411, 412, 413, 414, 421, 422 y 423 a cuyos comentarios nos remitimos. Es consecuencia del deber impuesto a las personas que ejercen la patria potestad, cuidar de los menores que se encuentren bajo de ella y educarlos convenientemente. En este deber se encuentra implícita la importante obligación de vigilar su conducta. La patria potestad impone fundamentalmente deberes a quienes la ejercen no sólo frente a los hijos, sino de manera igualmente principal, respecto de los terceros, cuyo cumplimiento requiere la atención y diligencia adecuadas para impedir que el menor cause daños a éstos en la persona o en sus bienes. Los redactores del CC francés, dicen en el párrafo tercero del a. 1384 (que es el antecedente legislativo del precepto que comentamos) según nos informan H. y L. Mazeaud, que después de recordar que la responsabilidad excepcional de los padres está vinculada a la potestad, y a la autoridad que la ley les impone para perfeccionar y educar convenientemente a los hijos; de donde nace la necesidad en que se hallan los padres, de vigilar la conducta de los hijos, con aquel celo, aquel cuidado, aquel interés que deben inspirar a la vez el anhelo de la dicha de los hijos y el tierno afecto que les profesan. [Bertrand de Greuille agregaba en su informe al Tribunal]. Además, esa garantía cesa cuando los hijos no habitan la casa paterna, porque fuera de ella, la dependencia de los hijos se hace menos absoluta, menos directa; el ejercicio de la potestad del padre es menos segura y la vigilancia, ilusoria. (Compendio del tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delic[73/

ARTS. 1919 y 1920

Lula° CUARTO

basa y contractual, del francés de Carlos V Valencia Estrada, Colmex, Ed., México, t. 1, núm. 257, p. 314). Tres requisitos son indispensables para que surja esta responsabilidad: a) Que las personas responsables se encuentren en ejercicio de la patria potestad; b) Que el menor sujeto a ella haya causado un daño y c) que el menor habite con las personas que sobre él ejercen la patria potestad. Debe advertirse que la responsabilidad de los ascendientes que se encuentren en ejercicio de la patria potestad, por los daños causados por los hijos menores sujetos a ella, es exigible, siempre que el daño haya sido causado por un hecho culposo o doloso del menor. Los padres, sólo tienen el deber de oponerse a los actos culpables de su hijo. De esta manera mediante un rodeo, al estudiar la culpa, no en la persona del hijo sino en la de los padres, llegamos a no comprometer la responsabilidad de éstos sino en !os casos en que el acto perjudicial ejecutado por el hijo sea culpable, con el bien entendido de que el hijo, aunque sea demente o no haya alcanzado la edad de la razón, puede cometer una culpa. (op. cit. p. 318). I.G.G.

Cesa la responsabilidad a que se refiere el articulo anterior, cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios, de talleres, etc., pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de que se trata.

ARTÍCULO 1920.

La responsabilidad que establece este artículo a cargo de los directores de escuela, jefes de taller, etc., por los daños causados por los menores de edad cuando se encuentren bajo su autoridad o dependencia, descansa en la presunción juris tantum de que si el daño ha ocurrido es porque el director o maestro de la escuela, el jefe del taller o dueño del mismo, no ha ejercido la vigilancia que debía sobre la conducta del menor que se encuentra bajo su autoridad o dirección. Este precepto, en unión de los aa. 1921 y 1922, forman un conjunto de disposiciones legales que fundan en la culpa in vigilando la responsabilidad por el daño causado por el hecho de terceros que se encuentran colocados en situación de dependencia respecto de los responsables, ya sea que se trate de obreros o dependientes, de menores de edad, etc. En el supuesto previsto en este artículo es necesario que el menor se encuentre en el momento de causar el daño, bajo la autoridad o vigilancia de las personas encargadas de él. [74]

ARTS. 1920 y 1921

TITULO PRIMERO/CAPITULO" V

En la vigilancia que están obligadas a ejercer las personas sobre el menor, conforme a lo dispuesto en este precepto, deben poner aquel cuidado necesario para evitar que se produzca el daño razonablemente previsible, dada la edad y condición del menor que lo ha causado, teniendo en cuenta además las circunstancias concretas en que el hecho ha ocurrido. Debe tenerse presente lo dispuesto por el a. 1911, I.G.G. ARTICULO 1921. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es

aplicable a los tutores, respecto de los incapacitados que tienen bajo su cuidado. De acuerdo con el sistema adoptado por nuestro CC la responsabilidad del tutor por los daños causados por el pupilo, se rige, según lo dispone este artículo, por las mismas reglas aplicables en los casos de daños causados por menores de edad sujetos a patria potestad o sometidos al cuidado y vigilancia de las personas a las que se refiere el precepto anterior. La redacción del precepto que se comenta, no es feliz. En efecto, para que surja la responsabilidad de las personas que ejercen la patria potestad en el caso previsto en el a. 1919, es preciso que el menor habite con ellos y la exención de responsabilidad del autor, conforme a lo dispuesto por el a. 1920, depende de que el daño ocurra cuando el menor se encuentre bajo la autoridad o dependencia de los directores de colegios o talleres cuando se produzca el hecho dañoso. Es frecuente que el pupilo no habite con el tutor, sino que se encuentre bajo el cuidado de otras personas, que pueden no ser directores de colegios, o guarderías para menores o talleres. En estos casos se puede advertir claramente que la responsabilidad es del tutor que tiene a su cargo la guarda de la persona del menor (a. 449) es decir, el cuidado del menor obliga a procurar que la custodia del pupilo se encomiende a personas capacitadas para evitar que el menor pueda causar daños. Por lo que consideramos que el tutor no será responsable de la reparación de los daños causados por el pupilo, en los casos previstos en los aa. 1919 y 1920, si prueba que ha tenido el cuidado necesario para que el menor que no habita con él, se encuentre bajo la custodia de personas capacitadas para vigilar de manera adecuada su conducta. Desde nuestro punto de vista, el recto sentido del precepto que comentamos presume o debe presumir en el tutor la culpa in eligendo. En tanto los dos preceptos que anteceden al que comentamos, se refieren a la culpa in vigilando. Hacemos esta afirmación con fundamento en la naturaleza de la tutela y a la función de la misma que se encuentra expresada en el a. 449 citado, puesto que el tutor tiene a su cargo "la guarda" y educación de la persona del pupilo" por donde concluimos que incurre en violación de ese deber y por lo tanto en la [75]

AltTS. 1921 y 1922

LIBRO CUARTO

consiguiente responsabilidad civil ante la víctima del daño, en tanto no pruebe que las personas que ha elegido para que se encarguen de la custodia dei menor, ejercieron la vigilancia adecuada para evitar que el daño ocurriera.

ARTÍCULO 1922. Ni los padres ni los tutores tienen obligación de

responder de los daños y perjuicios que causen los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados. De este artículo aparece que el CC presume que los padres o tutores dan la debida vigilancia sobre la conducta de sus hijos o pupilos cuando éstos han causado daño y que contra esta presunción procede como única excusa absolutoria, la prueba de la imposibilidad de evitar ese daño; es decir, tendrán que probar que a pesar de que han ejercido una cuidadosa vigilancia sobre el menor, se produjo el daño. De acuerdo con el segundo párrafo del texto que se comenta, no es una causa de exención de responsabilidad de los padres o tutores, el hecho de que el daño se haya producido fuera de su presencia, mientras no prueben que en cumplimiento del deber de cuidar al menor, no han incurrido en culpa de ninguna especie al haberse ausentado del lugar en donde el hijo menor o el pupilo causó el daño, sino que, antes de ausentarse tomaron todas las medidas que la prudencia aconseja para que el hecho de no estar presentes no signifique en manera alguna abandono de sus obligaciones de vigilancia y cuidado del menor. El tratadista argentino Arturo Acuña Anzorena ("Responsabilidad de los padres por hechos dañosos de sus hijos", en Estudios sobre la responsabilidad civil, Argentina, La Plata, Editora Platense, 1961, p. 303) expone: Ante términos equivalentes, empleados por el a. 1384 § 5/0 del CC francés (con el cual concuerda el dispositivo que es materia de estos comentarios) sus intérpretes se han preguntado si la prueba que por este artículo se exige, es únicamente la de la ausencia de culpa o si por el contrario la del daño se debe a una causa extraña, como la fuerza mayor o la culpa de la víctima... Más delicada nos parece la interpretación de la segunda parte del artículo 116 (argentino) cuando reproduciendo a Aubry et Rau establece que: "esta [76]

ARTS. 1922 y 1923

TITULO PRIMERO/CAPITULO V

imposibilidad no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si apareciese que ellos no habían tenido una vigilancia activa sobre sus hijos". En suma, los padres y tutores tienen el deber de cuidar de la persona de sus hijos y pupilos y de vigilar su conducta, para evitar que causen daños, por lo que deben tornar todas aquellas medidas que sean necesarias para prevenir esos daños, no sólo ejerciendo una vigilancia directa sobre el menor, sino adoptando aquellas providencias que sean necesarias para tal objeto. 1.G.G.

Los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden. En este caso se aplica también lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 1923.

La responsabilidad de los maestros artesanos por los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden, en nuestro sistema legislativo está fundada en la culpa in vigilando. En este aspecto nuestro código se aparta de la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia francesa, conforme a la cual, los maestros artesanos contraen una responsabilidad directa, por los daños causados por sus operarios, fundada en la culpa en la elección de sus operarios y por lo tanto no admite prueba en contrario frente a la acción ejercida por la víctima del daño. En nuestro sistema, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del artículo en comentario, el maestro artesano puede hacer valer en su defensa para eximirse de la responsabilidad, que le ha sido imposible evitar el daño, por no haber incurrido en culpa alguna. El precepto en comentario, merece la crítica de que remite a los artículos anteriores para eximir de responsabilidad a los maestros artesanos, cuando se trata de dos hipótesis distintas tratándose de los padres y tutores, respecto de los menores que están bajo su cuidado, bien está que puedan eximirse de responsabilidad si prueban que no han incurrido en culpa alguna. En cambio, la relación jurídica que existe entre el maestro artesano y sus operarios es una relación laboral, de dependencia y autoridad en el desempeño del trabajo que le encomiende el patrón. Por otra parte, el daño se produce con ocasión de la ejecución de una obra que ha encargado a éste un tercero ante quien el maestro artesano es quien actúa por medio de su dependiente u operario. La remisión del precepto al a. 1922 (que no existe en el CC francés) debe en nuestro concepto interpretarse en el sentido de que el maestro artesano sólo podrá eximirse de la responsabilidad civil que establece este artículo, si demues-

[771

ARTS. 1923 y 1924



LIBRO CUARTO

tra que fue imposible evitar el daño porque éste se causó por caso fortuito o fuerza mayor o por culpa o negligencia de la víctima. I.G.G. ARTíCULO 1924. Los patrones y los dueños de establecimientos

mercantiles están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia. El precepto se inspira en los mismos principios en que se apoya la disposición del artículo anterior; es decir en la culpa de la elección del operario que ha causado el daño y en la dependencia en que éste se encuentra respecto del dueño del establecimiento o empresa de cuyo personal forma parte. Vale para éste el mismo comentario del a. 1923. Añadiremos ahora que no hallamos razón convincente para separar en dos preceptos una misma norma aplicable a hipótesis normativas que comprenden situaciones jurídicamente iguales a saber, la situación de dependencia y dirección que existe entre el patrón y el operario u obrero, ya que en nada se altera esta situación si se trata de maestros artesanos (a. 1923) o de patrones o dueños de establecimientos mercantiles, a quienes se refiere el dispositivo que es objeto de esta glosa. El a. 1384 del CC francés en su amplia redacción comprende la responsabilidad por hechos de terceros, de la cual forma parte la norma contenida en el precepto que estamos anotando. Parece en consecuencia oportuno trascribir la opinión de conspicuos comentaristas del derecho francés en esta materia: La opinión clásica sostenida por Pothier y Laurent es en el sentido de que el fundamento de la responsabilidad de los patrones, radica en una presunción de culpa en la elección de sus encargados. Si la autoridad del comitente sobre sus encargados —dice Pianiol— es el germen de su responsabilidad, necesario es descubrir en esta misma autoridad una razón suficiente para hacer pesar sobre una persona, las culpas de otra. Es aquí donde nacen las confusiones. Se tiene opción entre dos explicaciones: o bien es porque el encargado obra en virtud de instrucciones de su comitente o bien es porque el comitente teniendo la vigilancia de los hechos del encargado, debe considerarse corno tolerando todo lo que no impide. En los dos sistemas se da a la responsabilidad del comitente una sólida base moral, porque se descubre en su conducta una culpa que le es personal y que consiste en su complicidad o en su negligencia: la [78]

TITULO P.R1MERWCAPITULO. V

ARTS. 1924 y 1925

conducta del encargado depende de la voluntad del comitente... Pero las consecuencias de toda explicación de este género se revelan enseguida: es la necesidad de admitir para el comitente un medio de escapar a la condena, probando la ausencia de culpa... y en tanto que se quiera fundar la responsabilidad del comitente sobre la idea de culpa, se chocará con la objeción capital de que toda responsabilidad fundada sobre una idea de presunción de culpa debe admitir la prueba contraria, bajo pena de ser inicua. (Elude sur la responsabilité civil, 1909, citado por Acuña Anzorena, Estudios sobre la responsabilidad civil, Argentina, La Plata, 1963. p. 260). I.G.G.

Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su encargo.

ARTÍCULO 1925.

En este artículo el legislador establece una variante en lo que se refiere a la responsabilidad del jefe de casa o del hotelero, por los daños que causen sus sirvientes, empleados o dependientes de la negociación. En efecto, si en los supuestos previstos en los artículos anteriores, la responsabilidad se funda en una presunción de culpa juris tantum que por ello admite prueba en contrario, de la redacción misma del precepto que comentamos se desprende que ahora nos encontramos en presencia de una presunción que no admite prueba en contrario. El fundamento de esta responsabilidad es diferente al que sustenta la responsabilidad que por hechos de terceros establecen los preceptos anteriores. En tanto la responsabilidad de los padres y tutores se funda en el deber de custodia de los menores que están bajo su cuidado y la de los maestros artesanos y dueños de establecimientos mercantiles descansa en la relación de dependencia y dirección de la que deriva y que puede concurrir con la relación laboral en la culpa in eligendo, en la hipótesis normativa prevista en este artículo son otros los fundamentos de responsabilidad que el mismo establece. En primer lugar, se observa que el artículo emplea la locución "jefe de casa", en relación con los sirvientes de ella, por lo que, independientemente de la expresión romana de domine o jefe de la domus, el uso de este tipo de lenguaje indica que el daño que ha sufrido la víctima debe haber sido causado por el sirviente en la casa y por hallarse la víctima o sus pertenencias en ella, en razón de que existe un elemento de confianza entre la víctima y el jefe de la casa. El mismo elemento de confianza aparece en el caso de los hoteleros. En efecto, conforme lo dispuesto por el a. 2266, el costo de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta albergue a otro, mediante retribución convenida, comprendién[79]

ARTS. 1925 y 1926

LIBRO CUARTO

dose o no en la retribución el precio de los alimentos y otros gastos que origine el hospedaje. Hospedaje significa tanto albergue, y en mejor connotación, la hospitalidad que brinda el hostelero, por un pago. En los casos previstos en el dispositivo que se comenta (jefes de casa y hospederos) va implícita la idea de hospitalidad, que comprende la atención y cuidados de quien la ofrece y la confianza de quien la recibe. De allí se sigue que las personas que conforme a este precepto son responsables por los actos de sus sirvientes o empleados, deben responder por los daños causados por ellos en cuanto éstos deriven de la permanencia en la casa o en el hostal. Se advierte también que es práctica de los establecimientos mercantiles que prestan servicio de hostelería, ofrecer a los huéspedes servicio de caja de seguridad, para la guarda, bajo la responsabilidad de estos últimos, de sus objetos personales, a fin de protegerlos contra robo. Esto como es obvio, no exonera de responsabilidad a los propietarios de tales establecimientos por daños que sufran los huéspedes en su persona y en sus bienes, si éstos ocurren con ocasión de los servicios turísticos que presta la empresa hotelera. I.G.G.

1926. En los casos previstos por los artículos 1923,1924 y 1925 el que sufra daño puede exigir la reparación directamente del responsable, en los términos de este Capitulo.

ARTÍCULO

Si los aa. 1923, 1924 y 1925, declaran responsables a los maestros artesanos,

patrones, dueños de establecimientos de hoteles o casas de hospedaje, esto no quita que la víctima o sus herederos puedan exigir la reparación directamente del responsable en los términos de los aa. 1910, 1911 y 1913 de este código. Asimismo, si han sido los maestros, patrones o dueños, los que han cubierto la reparación del daño causado por sus sirvientes, empleados u operarios, el a. 1927 les faculta para repetir de ellos lo que hubieren pagado. El resarcimiento puede ser exigido a elección de la víctima, bien del causante directo del daño o del obligado a responder de la reparación, en los casos previstos en los artículos citados en el precepto que se comenta. De allí se concluye que para que haya lugar a la reparación, el causante directo del daño debe haber incurrido en culpa en concurrencia con la culpa del responsable indirecto de la reparación. (Mazeaud H. y L. Tratado teórico, práctico de la responsabilidad civil, delictuosa y contractual, México, Colmex, t. 11 s/f, p. 356). J.J.L.M.

[80]

1

ARTS. 1927 y 1928

TITULO PRIMERO/ CAPITULO V

El que paga el daño causado por sus sirvientes, empleados u operarios, puede repetir de ellos lo que hubiere pagado.

ARTÍCULO 1927.

La obligación de reparar el daño, que recae en el patrón o dueño de egtablecimientes mercantiles, hoteleros u hospederos cuando el daño es causado por sus dependientes, sirvientes, obreros o empleados, es directa frente a la víctima, pero no puede quedar exento de sufrir la consecuencia de su culpa el autor material del mismo, quien está obligado conforme a este precepto a reembolsar al patrón de las sumas que haya tenido que pagar a quien sufrió el daño. La responsabilidad del propietario del establecimiento aparece aquí establecida en protección de la víctima, quien cuenta con mejor garantía de pago si el obligado a reparar es el propietario del establecimiento y además el causante inmediato del daño.

I.G.G. ARTÍCULO 1928. El

Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercico de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado.

Este artículo dispone que el Estado (la Nación) es responsable por los daños que causen sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Siendo el Estado (propiamente la Nación) una persona moral debe responder de los daños y perjuicios (aa. 25, frs. I y II, y 1918 del CC) que causen sus órganos; pero esta responsabilidad es en este caso subsidiaria. El funcionario es el órgano de la persona moral pública y como toda persona moral debe responder de los actos que llevan a cabo los órganos que la representan; puesto que éstos actúan en su calidad de agentes de la persona moral. Sin embargo, esa responsabilidad, tratándose de la persona moral de derecho público (la Federación, Los Estados y los Municipios) sólo puede hacerse efectiva en el patrimonio de esas entidades públicas cuando el funcionario (servidor público) que ha causado el daño, carezca de bienes o los que tenga sean insuficientes para satisfacer el importe de la reparación. La responsabilidad de los servidores públicos (funcionarios y empleados públicos) es de dos especies: la que contraen frente al poder estatal por delitos y faltas cometidas que configuran una inadecuada prestación del servicio público [81]

ARTS. 1928 y 1929

LIBRO CUARTO

que el poder estatal les ha encomendado. En este primer aspecto, la responsabilidad según la naturaleza de la violación cometida puede ser política, administrativa o penal, y está regida por la LRSP. Un segundo aspecto se presenta cuando en ejercicio de sus funciones y actuando como órgano del poder estatal, el servidor público causa daños a terceros. El daño es consecuencia del ejercicio de la representación orgánica, por lo que es la persona moral la que finalmente responde así sea en manera subsidiaria, frerite a la víctima del daño. Para que el servidor público comprometa su responsabilidad civil, se requiere que haya incurrido en culpa o dolo al ejercer sus funciones y que como consecuencia de ello, se haya producido el daño. Es la víctima del daño, quien debe probar que el servidor público, incurrió en dolo, negligencia, impericia, descuido, omisión o falta de previsión o de cuidado en el desempeño de su cargo y que de esa culpa se ha originado el daño cuya reparación se demanda. La responsabilidad a que se refiere el artículo en comentario, deriva de una conducta culposa o dolosa del agente del poder público, causante directo del daño, de allí que sea él quien debe responder directamente de la reparación; pero puesto que ha actuado como representante del poder estatal, también debe responder subsidiariamente la persona moral del daño que ha causado el órgano. Dados los términos claros del artículo en comentario, la acción de reparación debe ser ejercida a la vez contra el funcionario o empleado y contra la persona moral que responde subsidiariamente. I.G.G.

El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no probare algunas de estas circunstancias: I.—Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; II.—Que el animal fue provocado; 111.—Que hubo imprudencia por parte del ofendido; IV.—Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

ARTÍCULO 1929.

Se presume que el dueño ha incurrido en una falta de vigilancia del animal que ha causado un daño. Debe probar que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario o que el animal fue provocado con imprudencia por parte del ofendido o cualquier otro hecho del que resulte caso fortuito o fuerza mayor. Sólo rindiendo la prueba de [82]

mut.°

PRIMERO/CAPITULO V

ARTS. 1929, 1930 y 1931

estos tres extremos quedará sin efecto la presunción de culpa precepto.

a que se refiere este

Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal.

ARTÍCULO 1930.

La provocación del animal por la víctima, exime de culpa al dueño del animal que ha causado el daño, porque quien ha sufrido ese daño ha incurrido en culpa inexcusable y conforme a lo dispuesto por el a. 1910, ello es causa de exoneración de responsabilidad del dueño del animal que ha sido excitado. ¿Qué diferencia existe entre los actos de provocación a los que se refiere la fr. 11 del artículo anterior y los actos de excitación que menciona el precepto en comentario? Propiamente no hay una diferencia sustancial: en ambos casos, la causa eficiente del daño es imputable a un tercero, al provocador o a quien lo ha excitado para atacar. Sin embargo, puede establecerse una distinción. En la provocación la víctima es quien ha hostigado al animal para atacar, en tanto que los actos de excitación, pueden ser llevados al cabo indiferenciadamente por terceros que pueden no ser precisamente las víctimas del daño, pero que por esa razón son responsables de la reparación del daño que por su culpa ha acaecido. I.G.G.

ARTÍCULO 1931. El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de reparaciones necesarias o por vicios de construcción. Este artículo impone al propietario de un edificio, la responsabilidad por los daños que resulten de la rutina de todo o parte de el cuando esta ruina se deba a la falta de reparaciones necesarias o a vicios de construcción. Dice Manresa, que la responsabilidad "sólo proviene de la existencia de la culpa o negligencia que implica la omisión o la falta de ejecución de las reparaciones debidas; esto es, de las necesarias para evitar dicha ruina". (Citado por Borja Soriano, Teoría de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 363). Corresponde al actor probar que el edificio requería reparaciones o que los vicios de construcción fueron la causa inmediata del daño. En todo caso el demandado (propietario del edificio) tendrá la carga de probar su excepción, que es la falta de culpa por su parte. [83]

IRTS. 1931 y 1932

LIBRO CUARTO

Puesto que aun cuando (su defensa) consiste en una negativa, dicha excepción se funda en una afirmación o un hecho positivo, cuya existencia afirma, y conforme con dicho criterio, el propietario del edificio, cuya ruina produjo el daño objeto de la reclamación del perjudicado, debe probar, para liberarse de la obligación establecida por el artículo 1907 (del CC español que contiene la misma disposición del mexicano) que el hecho de la ruina no provino de falta de reparaciones, ya por haberse hecho oportunamente las que necesitaba el edificio o por no ser éstas necesarias en razón del buen estado de conservación, extremos ambos que envuelven una afirmación cada uno de ellos imponiendo al demandado la obligación de la prueba, porque ésta corresponde al que afirma, según doctrina unánimemente aceptada y reconocida por todos. En otros términos, interpretando el a. 1931 del CC, a la luz del a. 282 del CPC, si en un juicio de responsabilidad seguido contra el propietario de un edificio que ha causado daños, corresponde al actor probar que el inmueble requería reparaciones por el estado de natural deterioro o por vicios de construcción, el propietario a su vez podrá excepcionarse probando que oportunamente hizo las reparaciones que requiere el edificio o que la ruina de dicho edificio no provino de vicios de construcción. Por ruina del edificio se entiende para los efectos de este artículo, no la destrucción de todo o parte de una construcción, sino la debilidad o falta de solidez que es la causa directa del daño producido, ya sea por vetustez o por vicio de construcción. "Debemos pues afirmar que hay ruina de un edificio, en el sentido del artículo 1386 (del CC francés, concordante con el que es objeto de esta nota) cada vez que haya caída total o parcial de los materiales que componen el edificio" (Mazeaud H. y L., Compendio del tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictuosa y contractual. México, Colmex, s/f.. t. I, p. 395). La hipótesis a la que se refiere este artículo es distinta a la prevista en el a. 839. Este último alude a la responsabilidad derivada de la ejecución de excavaciones requeridas por la construcción de un edificio y que resultan dañosas para el predio vecino. La responsabilidad a la que se refiere el precepto en comentario es la que proviene del "hecho de las cosas", porque caen debido al estado de deterioro en que se encuentran los materiales, aunque no sean de mayor entidad, siempre que por ello se haya producido el daño. I.G.G. ARTÍCULO 1932. Igualmente responderán los propietarios de los

daños causados: I.—Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de substancias explosivas; [84]

TITULO PRIMERO/CAPITULO V

ARTS. 1932 y 1933

II.—Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las propiedades; HL—Por la caída de sus árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; IV.—Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes; V.—Poi los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen sobre la propiedad de éste; VI.—Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materias o animales nocivas a la salud o por cualquiera causa que sin derecho origine algún daño. En este artículo se presenta un conjunto de hipótesis en que la responsabilidad del dueño, deriva del hecho de las cosas inanimadas, con independencia de la culpa del dueño de la cosa que ha causado el daño. Si en el caso del artículo anterior, el propietario puede eximirse de responsabilidad probando que ha actuado como debía, para evitar el daño, en los casos previstos en las seis fracciones del precepto en comentario, el dueño es responsable simplemente por el hecho de la causación del daño. La SUN ha sostenido el siguiente criterio: Responsabilidad objetiva, daños causados por un edificio. La responsabilidad objetiva establecida por el artículo 1932 del Código Civil, en la última parte de su fracción VI, no se apoya en la culpa del propietario o encargado de guardar un edificio, sino en la obligación legal de aquél de garantizar a todos los que hacen uso de él su seguridad personal, de manera que no sufran daño alguno, pues debe partirse del principio jurídico de que todos los hombres tienen derecho a la seguridad de su persona y de sus bienes, y por tanto, todo daño no autorizado por la ley constituye una violación de ese derecho. SJF, Sexta Epoca, cuarta parte, vol. XL, p. 168, A.D. 4607/59, Manuela García, 5 votos. I.G.G.

Los jefes de familia que habiten una casa o parte de ella, son responsables de los daños causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la misma.

ARTÍCULO 1933.

La responsabilidad de los jefes de familia que establece este artículo, se funda en la culpa in vigilando, pues es obligación de ellos cuidar el orden y los posibles daños que se puedan causar al caer o arrojar objetos desde la casa. [85]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1933, 1934 y 1933

Este precepto en su redacción y en su contenido enuncia en su versión casi intacta, su origen romano (actioeffusis el defecas). Por ello y porque en el Digesto se sigue la opinión de Ulpiano, transcribimos las palabras con las que aparece en ese monumento legislativo, respecto a los que hubieren arrojado o vertido algo. "Daré acción por el doble del daño que haya causado o hecho, contra el que habitase el inmueble desde el cual se hubiere arrojado o vertido algo en un lugar de tránsito o estacionamiento ordinario... nadie hay que niegue que el pretor edictó esto con gran utilidad, ya que es públicamente útil que se transite por los caminos sin miedo ni peligro" (D.9.3.). I.G.G. ARTÍCULO 1934. La acción para exigir la reparación de los daños

causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño. El precepto concuerda con los aa. 1138 y 1161 de este mismo código. La acción para exigir la reparación de daños causados ya provenga de responsabilidad subjetiva u objetiva, o de abuso de derecho, prescribe en dos años contados a partir del día en que se causa el daño. La prescripeion general en materia civil es de diez años conforme al a. 1159, pero la acción de responsabilidad por dañaos causados, es una excepción y tiene un término de prescripción más corto y que el artículo que se comenta fija en dos años. J.J.L.M.

CAPITULO VI Del riesgo profesional ARTÍCULO 1935. Los patrones son responsables de los accidentes

del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en el ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por tanto, los patrones deben pagar la indeminización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para traba[86]

TITULO PRIMERO/CAPITULO VI

ARTS. 1935, 1936 y 1937

jar. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrón contrate el trabajo por intermediario. La doctrina considera que la responsabilidad patronal se funda en la idea de una responsabilidad objetiva, que resulta de la explotación de la empresa. La responsabilidad subjetiva surge de la idea de culpa o del solo hecho del riesgo creado (objetiva); es decir en el caso previsto en el precepto en comentario, el patrón es responsable en razón de que la empresa como unidad productiva supone la creación de un riesgo al que están expuestos sus empleados u obreros al desempeñar el trabajo que aquél les ha encomendado. Es el riesgo profesional. El riesgo profesional tiene su fundamento en la fr. XIV del a. 123 constitucional y en la actual LFT, queda regulado en los aa. 473 y 474. La citada Ley sustituye el concepto de riesgo profesional, por el riesgo de trabajo. El cambio es puramente terminológico. J.J.L.M.

ARTÍCULO 1936. Incumbe a los patrones el pago de la responsabilidad que nace de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, independientemente de toda idea de culpa o negligencia de su parte. En el riesgo profesional o riesgo del trabajo, la responsabilidad de los patrones es independiente de toda idea de culpa o negligencia; el obrero no estará obligado a probar ninguno de estos extremos. (Véase comentario al artículo anterior). J.J.L.M.

El patrón no responderá de los accidentes del trabajo, cuando el trabajador voluntariamente (no por imprudencia) los haya producido.

ARTÍCULO 1937.

El patrón o dueño de la empresa solamente podría eximirse de responsabilidad si probare que el trabajador voluntariamente se ha producido el accidente; en otros términos, se requiere probar dolo del trabajador en la producción del accidente, la imprudencia del trabajador no eximiría al patrón de responsabilidad. (Véanse los comentarios a los dos artículos anteriores). J.J.L.M. [87]

ARTS. 193S y 1039

LIBRO CUARTO

TITULO SEGUNDO Modalidades de las obligaciones CAPITULO I De las obligaciones condicionales

La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto.

ARTÍCULO 1938.

Los contratantes, dispone el artículo 1839, pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieren a requisitos esenciales del contrato se tendrán por puestas aunque no se expresen. De este principio se desprende que los autores del acto jurídico o en su caso las partes, pueden darle al negocio un contenido variable y complejo e incluso como se dice en el a. 1858 las partes pueden elaborar figuras no reguladas por el legislador, es decir, contratos innominados o atípicos. Las modalidades de las obligaciones son autolimitaciones a la voluntad de las partes, que los contratantes sujetan a la iniciación o terminación de los efectos propios del acto que celebran u otorgan. El legislador regula la condición, el término y el modo o carga. La obligación, dice el artículo que comentamos, es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro o incierto. Algunos actos jurídicos no admiten que las partes convengan o coloquen condiciones: Tal sucede en el matrimonio, el reconocimiento de hijos, y la adopción. Tampoco pueden ponerse condiciones a la aceptación o renuncia de la herencia. Fuera de esos límites las partes son libres para sujetar voluntariamente el nacimiento o la resolución de una obligación a la realización de un acontecimiento futuro de realización incierta. En el primer caso, esto es cuando suspende la existencia de la obligación, la condición recibe el nombre de suspensiva, en el segundo se denomina resolutoria.

La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación.

ARTÍCULO 1939.

Como hemos dicho, la condición, que es un acontecimiento futuro de realización incierta, puede suspender la existencia de la obligación, hasta en tanto no se realice o cumpla dicho acontecimiento. [881

TITULO SEGUNDO/CAP1TULO I

MITS. 1939, 1940 y 1941

En este caso el cumplimiento de la obligación está pendiente. En efecto en algunas hipótesis el legislador presume que ciertos negocios se han sujetado a presupuestos, tales como el que acontezca o no un hecho o situación, como acaece en la hipótesis de revocación del testamento o de la donación por superveniencia de hijos. En este caso estamos ante un presupuesto establecido por la ley y no ante una condición suspensiva. La condición suspensiva es una modalidad que las partes elaboran y en esto se distingue del presupuesto que es un hecho que la ley requiere para que el acto produzca o deje de producir efectos. J.J.L.M.

ARTÍCULO

1940. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligacion, volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere existido.

Cuando el acontecimiento futuro e incierto resuelve la obligación, recibe el nombre de resolutorio y hace volver las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiera existido. Ea condición resolutoria supone que la obligación ha nacido desde el momento de su formación y tiene vida jurídica, la que la concluye cuando se realiza el acontecimiento futuro e incierto, volviendo las cosas al estado que tenían como si la obligación nunca hubiera existido. (Véase el comentario al artículo siguiente). J.J.L.M. ARTÍCULO 1941.

Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente.

El legislador establece una presunción de retroactividad de efectos cuando la condición se cumple, pues si el acontecimiento futuro e incierto se realiza, se retrotraen los efectos al tiempo en que la obligación fue formada. Esto quiere decir que si la condición es suspensiva y se realiza, los efectos de la obligación se retrotraen al momento en que la obligación se formó. Si fuere resolutoria los efectos de derecho que se hayan realizado se destruyen y se hacen volver las cosas al estado que tenían antes. La incertidumbre da base a la retroactividad de tal manera que si el acontecimiento fuere de realización cierta, no sería posible retrotraer los efectos. Si el [89]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1941 y 1942

acontecimiento puede o no realizarse, los efectos de la obligación o su realización se retrotraen al tiempo en que la obligación fue formada. El legislador establece dos excepciones a esta regla genérica: siendo la primera, que no operará la retroactividad si así se desprende de la voluntad de las partes. Tampoco fungiría esa retroactividad, si la naturaleza del acto no lo permite. Tradicionalmente se dice que en los actos de tracto sucesivo no habrá efectos retroactivos y por consecuencia no Se hará la restitución respectiva de frutos o intereses.

En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. El acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho.

ARTÍCULO 1942.

En el negocio sujeto a condición o condicionado deben distinguirse dos etapas, siendo la primera aquella en que es incierto que se verifique el acontecimiento y la segunda cuando la condición se ha realizado y por lo tanto existe un estado de certidumbre. Entre tanto la condición se cumple se dice que el negocio se encuentra .en incertidumbre o en estado de pendencia, porque está pendiente de producir efectos definitivos. Aun cuando el negocio se encuentre en estado de pendencia, puede entre tanto hablarse de efectos jurídicos preliminares. La doctrina también la llama expectativa tutelada. En consecuencia hay una espectativa tutelada, cuando el negocio está sujeto a condición y hay incertidumbre sobre si se va o no a verificar el acontecimiento, de tal suerte que si la condición es suspensiva, el derecho no ha nacido y si dicha condición es resolutoria, el derecho nacido podría resolverse si el acontecimiento futuro se realiza. Por esa razón el artículo que comentamos consagra derechos al acreedor e impone obligaciones al deudor, pues éste debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. El acreedor, por su parte puede. antes de que la condición se cumpla, ejercitar los actos de conservación. En otros términos la etapa de pendencia en la que se encuentra.un sujeto por una condición, faculta al acreedor para el ejercicio de los actos de conservación de sus derechos e impone al deudor el deber de abstenerse de todo acto que tienda a impedir la realización o cumplimiento de la obligación. [90]

TITULO SEGUNDO/CAPITULO 1

MITS. 1942, 1943 y 1944

Esa es la razón por la que un artículo posterior (el a. 1945) dice que la condición se tendrá por cumplida cuando el deudor impidiese voluntariamente su cumplimiento. J.J.L.M.

Las condiciones imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la ley o que sean contra las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas dependa. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.

ARTÍCULO 1943.

La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. Hemos dicho que en cuanto a sus efectos las condiciones se distinguen en suspensivas o resolutorias (véase los comentarios a los aa. 1938, 1939 y 1940). Asimismo veremos que en cuanto a la causa que los produce, las condiciones se clasificarán en potestativas, casuales y mixtas (véase el comentario al artículo siguiente). Por último las condiciones se clasifican en posibles e imposibles, lícitas e ilícitas. Las condiciones imposibles pueden serio por imposibilidad física o jurídica (véase el a. 1828). La imposibilidad física o jurídica bien sea de dar o de hacer anula la obligación que de ellas dependa. Los mismos efectos se producirán cuando la condición sea ilícita, pues siendo ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, si el negocio jurídico se sujeta a una condición ilícita, anula la obligación. Por último la condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta, es decir, el negocio se entiende como puro y simple. En lógica se dice que dos negativas hacen una afirmación y si la condición es imposible es negativa y consiste en un no hacer, esto traduce el negocio en puro y simple, y se tiene por no puesta.

ARTÍCULO 1944. Cuando

el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula.

Hemos dicho en el comentario al artículo anterior, que las condiciones admiten diversos criterios de clasificación. Uno de estos criterios hace referencia a la [91]

LIBRO COARTO

ARTS. 1944, 1943 y 1948

causa eficiente o causa productora del acontecimiento. Conforme a éste criterio las condiciones se clasifican en potestativas, casuales y mixtas. La condición es potestativa cuando depende de la voluntad de una de las partes. Será casual cuando el hecho jurídico depende de la suerte o de un tercero. Condición mixta es aquella cuyo cumplimiento depende de la voluntad de una de las partes y de la suerte. El legislador dispone en el artículo que comentamos que si el cumplimiento de la condición depende de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Hacer depender el cumplimiento de la obligación del exclusivo arbitrio o voluntad del deudor, sería negar la existencia misma de la obligación. Conforme al a. 1797 la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, por esa razón si el cumplimiento o pago de una obligación dependiera de la exclusiva voluntad del deudor el cumplimiento de la obligación quedaría al arbitrio de uno de los contratantes; no sería propiamente una obligación, sino un acto que no obligaría al deudor, lo cual es por su solo enunciado, un contrasentido. J.J.L.M.

Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento.

ARTÍCULO 1945.

Hemos dicho al comentar el a. 1942 que el negocio condicionado o sujeto a condición se encuentra sujeto a dos períodos de tiempo siendo el primero la condición que no se haya cumplido pero que puede cumplirse y el segundo que dicho acontecimiento ya se ha realizado. También dijimos que si la condición se encuentra pendiente, el acreedor tiene derechos conservatorios y el deudor tiene deberes, siendo el fundamental el de abstenerse de todo acto que impida que la obligación no se cumpla. El artículo que se comenta impone al obligado la sanción de tener por cumplida la condición si impidió voluntariamente su cumplimiento. J.J.L.M. ARTÍCULO 1946. La

obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo fijo, caduca si pasa el término sin realizarse o desde que sea indudable que la condición no puede cumplirse.

En la hipótesis del artículo que comentamos los efectos del negocio jurídico se sujetarán a una condición que ocurra dentro de un tiempo fijo. [92]

TITULO SEGUNDO/CAPITULO 1

ARTS. 1946, 11147 y 1948

Si ha transcurrido el término sin que el acontecimiento incierto llegara a realizarse o cuando es indudable que dicho acontecimiento no puede cumplirse, el legislador dispone que la obligación contraída caduca. La caducidad es el vencimiento de un término aceleratorio a la convalidación o a la invalidación, pues su transcurso extingue el poder de convalidar o invalidar. (Carnelutti, Teoría general del derecho, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1955, p. 432). En la hipótesis del articulo que se comenta, efectivamente la caducidad consistiría en que transcurrido un tiempo sin que la condición se cumpla haría firme el negocio (convalidación) o bienio destruiría (efecto similar a la nulidad). J.J.L.M.

La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida transcurrido el que verosímilmente se hubiere querido señalar, atenta la naturaleza de la obligación.

ARTÍCULO 1947.

El supuesto o hipótesis a que este artículo se refiere es diferente al artículo anterior pues aquí el legislador supone que si la obligación se contrajo bajo la condición de que no se verifique en un tiempo, la obligación será exigible si pasa el término sin verficarse. En otras palabras habiendo transcurrido el tiempo señalado sin que se verifique la condición el cumplimiento de la obligación es exigible. Podría acaecer que no se hubiese señalado un tiempo, pero si se hubiese puesto la condición sujeta a que en un lapso temporal no se verificara, el legislador resuelve: que si ha transcurrido el tiempo que verosímilmente se hubiere querido señalar, atendiendo a la naturaleza de la obligación, aun cuando el término no se hubiese señalado expresamente, la condición deberá reputarse cumplida.

Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva, y pendiente ésta, se perdiere, deteriorare o bien se mejorare la cosa que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes:

ARTÍCULO 1948.

[93]

LIBRO CUARTO

ART. 1948

I.—Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación; II.—Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Entiéndese que la cosa se pierde cuando se encuentra en alguno de los casos mencionados en el artículo 2021. 111.—Cuando la cosa se deteriore sin culpa del deudor, éste cumple su obligación entregando la cosa al acreedor en el estado en que se encuentre al cumplirse la condición; IV.—Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento, con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos; V.—Si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor; VI.—Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario.

Hemos dicho que la obligación es condicional cuando su existencia o resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. La primera de dichas condiciones se denomina suspensiva pues de su cumplimiento depende la existencia de la obligación (véase los comentarios a los aa. 1938 y 1939). El legislador en el artículo que comentamos hace referencia al riesgo de la cosa (pérdida o deterioro) cuando la condición suspensiva se encuentra pendiente de la realización. Para resolver esta cuestión el articulo que se comenta tiene seis fracciones que hacen referencia a cada una de esas diversas hipótesis. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, el dueño sufre la pérdida (fr. 1). Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste quedará obligado al resarcimiento de daños y perjuicios (fr. II). La pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario (a. 2018). Asimismo, recuérdese que la cosa se pierde cuando fisicamente ha perecido, cuando ha quedado fuera del comercio, o cuando ha desaparecido de modo que no se tenga noticia de ella o que aunque se tenga alguna, la cosa no se puede recobrar (a. 2021). Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor éste cumple su obligación entregando la misma al acreedor en el estado en que se encuentre al cumplirse la obligación, pues el deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpa suya [94]

ARTS. 194S y 1949

TITULO SEGUNDO/CAPITULO I

está obligado a ceder al acreedor sólo los derechos y acciones que tuviere para reclamar la indemnización a quien fuere responsable ( fr. III y a. 2020). Si la cosa se deteriora por culpa del deudor el acreedor, tendrá la facultad de optar entre la resolución de la obligación o exigir su cumplimiento, con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos (a. 1949). Es un principio de derecho que las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo, ceden a favor del poseedor. La fr. V del articulo que comentamos declara que las mejoras serán a favor del acreedor de la cosa, pues es quien tiene el derecho de poseerla. Finalmente si la cosa se mejorase a expensas del deudor éste sólo podrá retirar las mejoras, siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de la cosa, ya que no tiene derecho de reclamar su precio (a. 1003 y fr. VI del artículo que se comenta). J.J.L,M.

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

ARTÍCULO 1949.

En el contrato bilateral existe correspondencia entre las prestaciones desde el momento de la formación del contrato que debe continuar durante toda la vida del mismo. Por esa razón, se habla de un sinalagma genético y de un sinalagma funcional. El incumplimiento de una de las partes da origen a la resolución de los contratos con prestaciones recíprocas o a la ejecución forzada de la obligación no cumplida, a elección del contratante que cumple su obligación. Para ello se requiere que uno de los contratistas haya incurrido en demora. Esta facultad de resolver las obligaciones está implícita en los contratos bilaterales y es irrenunciable. Su naturaleza jurídica nos plantea diversos problemas. El primero de ellos consistiría en saber quién debe cumplir primeramente cuando las obligaciones son recíprocas; contestaremos que las obligaciones recíprocas, salvo que tengan un término, deben cumplirse coetáneamente, es decir, al mismo tiempo. En seguida podriamos preguntarnos qué sucede si antes de que la obligación fuere exigible, una de las prestaciones estuviera en peligro de incumplimiento, ya [95]

LOMO CUARTO

ARTS. 1949 y 1950

sea porque el obligado haya caído en estado de insolvencia o porque el que se obligó a pagar el precio a plazo, tuviere fundado temor de verse perturbado en la posesión o derecho que hubiere adquirido por virtud del contrato. En estos casos el legislador otorga el derecho de retención de la prestación prometida (véanse los aa. 2287 y 2299) y por lo tanto, se encuentra legitimado para no ejecutar la prestación que le incumbe. En esta hipótesis quien ejerce ese derecho, no incurre en mora. Si se ha cumplido se tiene derecho de exigir que la otra parte cumpla o que se resuelva el contrato, con el pago de daños y el resarcimiento de perjuicios causados por el incumplimiento. La resolución es una facultad entendiéndose por tal, la libertad de quien la tiene, para ejercer o no la acción correspondiente. Por último la parte demandada a la que se le exija la resolución o el cumplimiento de la obligación, podría a su vez oponer como excepción, la de contrato incumplido o no cumplido por el demandante en la forma convenida, porque es el cumplimiento un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción del que demandase la resolución y no pretendiera engañar al órgano judicial alegando la acción que establece el precepto en comentario. Finalmente la resolución de un contrato recíproco puede convenirse expresamente y en este caso estamos en la hipótesis de una resolución expresa o pacto comisorio expreso que haría resolver la obligación a partir del momento del incumplimiento aun cuando tuviera que acudirse al órgano judicial para que se declare ese incumplimiento. Puede finalmente ejercitarse la resolución después de haber optado por el cumplimiento si éste resultara imposible. Pero si se ha optado por la resolución, no podrá pedirse el cumplimiento. Los vocablos resolución y rescisión se consideran como sinónimos en la práctica, sin embargo, la rescisión tiene como razón de ser evitar que se cause un perjuicio, una lesión económica al otro contratante, mientras que la resolución del contrato, toma su origen fundamentalmente del incumplimiento de una de las obligaciones reciprocas. De allí que la resolución o ley comisoria sólo se concibe en las obligaciones recíprocas.

La resolución deI contrato fundado en falta de pago por parte del adquirente de la propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los mismos, no surtirá efectos contra tercero de buena fe, si no ha (sic) estipulado expresamente y ha sido inscrito en el Registro Público en la forma prevenida por la ley.

ARTíCULO 1950.

[96]

TITULO SEGUNDO/CAPIITULO I

ARTS. 1950 y 1951

En el comentario al artículo anterior se dijo que cuando el cumplimiento del contrato es imputable a uno de los contratantes, el que ha cumplido puede exigir la resolución del contrato. Los contratos que transfieren o transmiten la propiedad de bienes inmuebles pueden ser, entre otros, la compraventa, permuta o donación. Son contratos que tienen eficacia real, producen sus efectos sobre un derecho real (la propiedad de la cosa). Conforme al a. 2014 de este código, en las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas la transmisión de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato. En la hipótesis del artículo que se comenta, existe un contrato en el que se ha transmitido la propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los mismos (v.gr. hipoteca) y que una de las partes ha incurrido en incumplimiento y por lo tanto, la parte que ha cumplido está facultada para exigir la resolución del contrato, por lo que las partes deben restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido, por efecto del contrato que se resuelve. Por lo tanto ¿qué sucede si tratándose de un contrato con eficacia real, se ejercita la acción de resolución por incumplimiento? La resolución no surtirá efectos contra terceros de buena fe si no ha sido estipulada expresamente y no ha sido inscrita en el RPP, con lo cual este pacto comisorio adquiere publicidad registral y por lo tanto, es oponible a todos los terceros (a. 3011). Puede advertirse que para la aplicación dei precepto en comentario, es indispensable que las partes hayan ejercido el derecho que les otorga este artículo optando desde la celebración del contrato por su resolución en caso de incumplimiento, siempre que esta cláusula sea expresa y se haya inscrito en la matrícula. En otros términos, la resolución implícita no surte efectos en contra de tercero de buena fe. Pero sí la cláusula resolutoria que haya sido inscrita. J.J.L.M. ARTÍCULO 1951. Respecto

de bienes muebles no tendrá lugar la rescisión, salvo lo previsto para las ventas en las que se faculte al comprador a pagar el precio en abonos.

El antecedente de la norma que contiene este precepto, lo hallamos en el segundo párrafo del a. 1043 del proyecto de García Goyena que dispone: "Respecto de bienes muebles, haya habido o no estipulación expresa, nunca tendrá lugar (la resolución) contra el tercero que los haya adquirido de buena fe". Estás líneas forman parte del proyecto español citado, en cuyo primer párrafo contiene una disposición concordante con el a. 1950 del código que comentamos que se refiere a la resolución de los contratos con eficacia real sobre bienes [97]

LIBRO CUARTO

ART. 1951

inmuebles, en tanto que en nuestro código se reguló en precepto separado (1951) los efectos de la resolución de los contratos por incumplimiento sobre bienes inmuebles. García Goyena, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del código civil español, Madrid, 1974, reimpresión de la edición de Madrid de 1852, p. 562. El legislador pudo haberse limitado a indicar que la resolución (no la rescisión) respecto de bienes muebles, para surtir efectos en contra de tercero de buena fe, requiere la cláusula resolutoria expresa y su inscripción, siempre que se tratase de un mueble registrable; es decir, de un mueble que sea susceptible de identificarse de manera indubitable. Para comprender el alcance de este artículo resulta necesario, haber analizado los dos anteriores y conforme a dichas disposiciones, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe; y por otra parte debe tomarse en cuenta que si se trata de un contrato con eficacia real sobre bienes muebles (traslativo de la propiedad o constitutivo de un derecho real) no procede la resolución por incumplimiento salvo que el comprador no cumpla su obligación de cubrir el precio si éste debe pagarse en parcialidades, lo cual no añade nada al principio enunciado en el a. 1949 (ley comisoria). En cuanto a la obligación del vendedor de entregar la cosa convenida, parecería que no le es aplicable la resolución tácita en caso de incumplimiento y que el comprador sólo tiene la acción de ejecución forzada para obtener la entrega. La Tercera Sala de la SCJN, ha pronunciado la siguiente tesis: Rescisión, cláusula de. Se tiene por puesta aunque no se haya pactado

expresamente, aun cuando las partes no hubieran pactado la causal de rescisión para el caso de incumplimiento de alguna de ellas, no es obstáculo para que pueda ejercitarse, pues se trata de una cláusula que es consecuencia del contrato de compraventa con reserva de dominio. (Informe correspondiente al año de 1982, Segunda Parte, Tercera Sala, pág. 92.) Debe interpretarse que el precepto tiene aplicación a un tercero de buena fe. Al ordenar el legislador que se esté a lo previsto para las ventas en las que se faculte al comprador a pagar el precio en abonos y como esta fórmula es una modalidad de la compraventa regulada en el a. 2310, en aplicación de esta disposición la resolución debe pactarse expresamente e inscribirse en el RPP como lo ordena el capítulo cuarto del título segundo de la tercera parte del libro cuarto de éste código específicamente conforme lo decretan los aa. 3069 y 3070. En consecuencia si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse, los contratos podrán pactar la resolución de la venta por falta de [98]

MITS. 1951, 1952 y 1953

TITULO SEGUNDO/CAPITULOS I y II

pago de precio, pero esta cláusula no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes. J.J.L.M.

Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero y éste fuere dolosamente inducido a rescindirlo, se 'tendrá por no rescindido.

ARTÍCULO 1952.

Si la resolución del contrato dependiere de un tercero y se emplean maquinaciones o artificios para inducirlo a error o mantenerlo en él y lograr así la decisión del tercero, el legislador sanciona esta Conducta ilícita realizada por alguna de las partes o por interpósita persona manteniendo la eficacia del contrato. J.J.L.M.

CAPITULO II De las obligaciones a plazo

Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un cha cierto.

ARTÍCULO 1953.

Este capítulo se encuentra ubicado dentro del título segundo denominado "Modalidades de las Obligaciones"; así, después de haber regulado la condición en el capítulo anterior, va a referirse a la segunda modalidad o sea el término y que en este caso el legislador denomina "De las Obligaciones a plazo". El artículo que estamos comentando principia por definir la obligación a plazo como aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, puntualizándose en el artículo siguiente que se entiende por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Tradicionalmente se clasifica el término en inicial y final, según que se estime

como el momento a partir del cual comenzarán a verificarse los efectos jurídicos del acto o aquel en que acabarán dichos efectos; en el primer caso estamos en presencia del término inicial y en el segundo del término final. En otras palabras, el plazo o término puede significar una limitación temporal de la eficacia del acto jurídico (plazo extintivo o final) o bien puede ser el instrumento que determina el momento en que comienza a ser exigible una prestación (plazo inicial). El término se distingue de la condición en que consiste en una fecha o se refiere a un acontecimiento que se producirá con toda seguridad, en cambio las

[99]

ARTS. 1953, 1954, 1955 y 1955

LIBRO CUARTO

obligaciones condicionales sujetan su eficacia a una incertidumbre en la realización del suceso. J.J.L.M. ARTÍCULO 1954. Entiéndese

por día cierto aquél que necesaria-

mente ha de llegar. El legislador después de haber dicho que es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, define en este artículo el contenido conceptual de día cierto indicando que es aquel que necesariamente ha de llegar. Por eso concluimos en el comentario al artículo anterior, que el término se diferencia de la condición y que consiste en una fecha o en un acontecimiento natural o voluntario que se producirá seguramente. La condición se caracteriza por hacer depender la existencia o resolución de una obligación, de un acontecimiento incierto (a. 1938); por esa razón, si no se sabe si sucederá el hecho, estaremos en presencia de una condición y no de un término y por esas circunstancias el legislador dice en el artículo que comentamos que se entiende por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Si no se sabe si sucederá el hecho se dará una condición y no un plazo. El término, sin embargo, admite una incertidumbre en el "cuando"; por eso la frase " cuando mueras" no es una condición sino un término: se sabe que ha de llegar pero no se sabe cuándo. J.J.L.M.

Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el capítulo que precede.

ARTICULO 1955.

Consecuencia de lo que llevamos comentado a propósito de los artículos anteriores, es la regla consagrada en esta disposición. En efecto si la incertidumbre afecta no sólo el cuándo sino la posibilidad de que ha de llegar o no el acontecimiento, la obligación ya no sería a plazo sino que será condicional y se regirá por las reglas establecidas en el capítulo anterior.

ARTÍCULO 1956. El

plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los artículos del 1176 al 1180.

TITULO SEGUNDO/CAPITULO II



ARTS. 1955 y 1957

En esta disposición el legislador remite al capítulo sexto del título séptimo del libro segundo de este código. Recuérdese que el tiempo al igual que el espacio ejerce influencia sobre los derechos. A la luz de la clasificación del plazo o término dijimos que puede ser inicial o final según se considere como momento a partir del cual se exige una obligación o como aquel que cesa o se extingue. El tiempo se mide aplicando el calendario común que en nuestro país es el calendario gregoriano y los artículos a los que remite la disposición que comentamos señalan períodos de tiempo o plazo que pueden expresarse en años, meses o días a partir de un determinado momento y en consecuencia, se computarán no de momento a momento sino por años; ni de día a día, sino por meses, ni de hora a hora, sino por días; lo que quiere decir que el momento se entenderá al finalizar el año, sin importar si éste es bisiesto o al finalizar el mes, sin tomar en cuenta que algunos meses tienen más días que otros y los días se computarán de veinticuatro horas naturales contadas de las veinticuatro a las veinticuatro. Una segunda regla nos indica que el día que comienza a computarse el término, se cuenta siempre entero aunque no lo sea, pero aquel en que termina será completo. Por ejemplo, la mayoría de edad cuenta a partir del día en que se nace sin importar que se nazca cerca del día siguiente, veintitrés horas cincuenta minutos, pero cuando el término concluye debe computarse completo, como si digo al tercer día después del lunes, el término concluirá a las veinticuatro horas del miércoles. De ahí la última regla: cuando el último día sea feriado el vencimiento lo será hasta el primero que le siga si fuere útil. J.J.L.M. ARTÍCULO 1957. Lo

que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. Si el que paga ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa.

Como el término o plazo consiste en una fecha o en un acontecimiento cierto es que necesariamente no puede repetir lo pagado porque la obligación existe y es perfecta desde el momento en que se contrajo; en cambio se ha visto que en las condiciones la regla es lo contrario, porque el que cumple una obligación antes de que acaezca el acontecimiento incierto, lo hace sin que se pueda afirmar que estará obligado, pudiendo por lo tanto repetir lo pagado. [101]

ARTS. 1957, 1955 y 1959

LIBRO pi/ARTO

Se dice en consecuencia que el plazo produce efecto "desde ahora", esto es, de inmediato y no "desde entonces", por lo que no quedarán sin efecto las consecuencias producidas antes de su vencimiento. No facultándose al deudor para repetir lo pagado antes de la llegada del término, el legislador sólo otorga al deudor que paga ignorando la existencia del plazo, un derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa. J.J.L.M.

El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que resulte, de la estipulación o de las circunstancias, que ha sido establecido en favor del acreedor o de las dos partes.

ARTÍCULO 1958.

Para entender esta disposición será útil que recordemos que el término o plazo puede convenirse en cualquier negocio jurídico. El legislador con justa razón solamente excepciona de esta regla, la designación de heredero, la cual no puede quedar sujeta a término ni inicial ni final, pues se dice en los aa. 1314 y 1380 que aun cuando el testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes la desginación del día en que deba comenzar o cesar la institución de heredero, se tiene por no puesta. Si el término hace referencia a la eficacia del acto jurídico en función de las relaciones que de él surgen y de las obligaciones que se derivan de su ejecución, puede decirse que las partes pueden estipulare! término a favor de cualquiera de ellas, según convenga a sus intereses. En el artículo que comentamos, se dice que si nada se ha indicado en la obligación, el plazo se presume establecido a favor del deudor, de donde se desprende que éste podrá realizar la prestación, si lo desea antes del vencimiento. También podrá estipularse que el plazo se establece en favor del acreedor y en este caso, igualmente el acreedor podrá exigir la prestación antes de su vencimiento. Si el plazo se estableció en favor de las dos partes, éstas quedarán vinculadas y obligadas a respetarlo. J.J.L.M.

Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: I.—Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que garantice la deuda;

ARTÍCULO 1959.

[102]

ARTS. 1957, 1958 y 1959

LIBRO 91/ARTO

Se dice en consecuencia que el plazo produce efecto "desde ahora", esto es, de inmediato y no "desde entonces", por lo que no quedarán sin efecto las consecuencias producidas antes de su vencimiento. No facultándose al deudor para repetir lo pagado antes de la llegada del término, el legislador sólo otorga al deudor que paga ignorando la existencia del plazo, un derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa. J.J.L.M.

El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que resulte, de La estipulación o de las circunstancias, que ha sido establecido en favor del acreedor o de las dos partes.

ARTÍCULO 1958.

Para entender esta disposición será útil que recordemos que el término o plazo puede convenirse en cualquier negocio jurídico. El legislador con justa razón solamente excepciona de esta regla, la designación de heredero, la cual no puede quedar sujeta a término ni inicial ni final, pues se dice en los aa. 1314 y 1380 que aun cuando el testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes la desginación del día en que deba comenzar o cesar la institución de heredero, se tiene por no puesta. Si el término hace referencia a la eficacia del acto jurídico en función de las relaciones que de él surgen y de las obligaciones que se derivan de su ejecución, puede decirse que las partes pueden estipulare! término a favor de cualquiera de ellas, según convenga a sus intereses. En el artículo que comentamos, se dice que si nada se ha indicado en la obligación, el plazo se presume establecido a favor del deudor, de donde se desprende que éste podrá realizar la prestación, si lo desea antes del vencimiento. También podrá estipularse que el plazo se establece en favor del acreedor y en este caso, igualmente el acreedor podrá exigir la prestación antes de su vencimiento. Si el plazo se estableció en favor de las dos partes, éstas quedarán vinculadas y obligadas a respetarlo. J.J.L.M.

Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: 1.—Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que garantice la deuda;

ARTÍCULO 1959.

[102]

TITULO SECUNDO/CAPITULO •II

ARTS. HM y 1950

I1.—Cuando no otorgue el acreedor las garantías a que estuviese comprometido; 111.—Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras. Cuando el plazo se ha señalado en beneficio' del deudor, o cuando fiada se ha dicho a este respecto y se ha señalado un término, de conformidad con el artículo anterior, el plazo se entiende en beneficio del propio deudor. Sin embargo este beneficio puede perderse y el artículo que comentamos hace referencia a esta hipótesis que la doctrina conoce con el nombre de "pérdida del beneficio del término". Conforme a este artículo el deudor perderá todo derecho a utilizar el plazo en tres hipótesis: 1. Cuando después de contraída la obligación resultare insolvente. Recuérdese que el a. 2166 define la insolvencia como aquella situación jurídica en que se encuentra el deudor, cuando la suma de sus bienes y créditos estimados en su justo precio no igualan el importe de sus deudas. Cuando el deudor se encontrase en insolvencia, perderá todo derecho de utilizar el plazo, salvo que garantice la deuda. 2. Cuando el deudor no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiese comprometido. 3. Finalmente habría un tercer caso de pérdida del beneficio del término, cuando el deudor por actos propios hubiese disminuido las garantías establecidas, o cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras. J.J.L.M.

Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo anterior sólo comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se designan.

ARTÍCULO 1960.

Conforme a los aa. 1988 y 1989,1a solidaridad que, en las obligaciones civiles no se presume sino que debe ser resultado de la ley o de la voluntad de las partes, consiste en que cada uno de los deudores, o cualquiera de ellos, están obligados al pago total o parcial de la deuda. Pues bien, si los deudores que tengan el beneficio del término fueren solidarios, esto es, estuviesen obligados a pagar individual o conjuntamente el pago total o parcial de la deuda, las reglas de [103]

LOMO CUARTO

ARTS. 1960, 1961 y 1062

pérdida del beneficio del término sólo comprenderán al deudor que se hallare en alguna de las hipótesis que se designan en el a. 1959.

CAPITULO III De las obligaciones conjuntivas y alternativas 1961. El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos.

ARTÍCULO

El legislador mexicano, habla en este capítulo de las obligaciones conjuntivas y alternativas (segundo aspecto de las modalidades de las obligaciones). Hemos dicho que las modalidades o elementos accidentales quedan estrictamente • regulados en la condición y el término a que se han referido los dos primeros capítulos. Este capítulo tercero se refiere a una división de las obligaciones en función del objeto, o si se quiere, a una modalidad de las mismas en relación con la pluralidad de objetos; en este caso la palabra modalidad tendría el contenido conceptual del lenguaje común significando un "modo de ser o manifestarse una cosa" (Casares, Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, 1951). El artículo con el que se inicia este capítulo hace referencia a la obligación conjuntiva o acumulativa, que podríamos definir como aquella en la que el deudor se obliga a diversas cosas o hechos. En este artículo el legislador establece la regla general de que si en la obligación existen varios objetos el deudor se obliga a dar todas las cosas y a prestar todos los hechos. Puede decirse que las obligaciones conjuntivas tienen un contenido complejo y el deudor se librará únicamente después de cumplir con lo que se obligó. J.J.L.M.

Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas; mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho.

ARTÍCULO 1962.

Además de la obligación conjuntiva o acumulativa a que se ha referido el legislador en el artículo anterior, en éste se regula la obligación alternativa en la [104]

ARTS. 1902, 1963 y 1964

TITULO SEGUNDO/CAPITULO III

que aun cuando el deudor ha colocado en la obligación dos hechos o dos cosas, sólo se obliga a un hecho o a una cosa. Puede decirse que en la obligación alternativa existe una relación única con dos o más objetos pero el deudor se libera prestando sólo uno de ellos. Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos o a una de dos cosas o un hecho o una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas. En otros términos la obligación alternativa es una especie dentro del género de obligaciones complejas. La fuente de las obligaciones alternativas será la voluntad de las partes o la ley. En el primer caso, esto es, si la obligación es alternativa por voluntad de las partes, su regulación quedará sujeta a lo que éstas hayan establecido; pero si la obligación alternativa nace de la ley o bien surgiendo de la voluntad de las partes éstas nada hubieren regulado en cuanto a la vida de la obligación alternativa, ésta quedará regida por los principios que el legislador establece en los artículos siguientes: Estas disposiciones las podríamos agrupar en cinco hipótesis: a) a quién corresponde la elección; b) qué sucede si teniendo la elección el deudor, una o ambas cosas se pierden con o sin su culpa (aa. 1965 al 1968); c) qué acaece si la elección compete al acreedor y una o ambas cosas se pierden con o sin culpa del deudor (aa. 1969 al 1972); d) qué sucedería si la elección es del deudor y una o ambas cosas se pierden por culpa del acreedor (aa. 1973 al 1977); e) finalmente qué sucedería si la alternatividad consistiere en la prestación de una cosa o en la ejecución de un hecho (aa. 1978 al 1988). Antes de analizar estos artículos debe precisarse que una vez realizada la elección por el deudor o por el acreedor se habla de "concentración" de la obligación y que por lo tanto cesará el derecho de elegir, convirtiéndose la obligación en simple. El segundo principio que debe tenerse en cuenta en los artículos siguientes es que si el contenido de la obligación tiene varias prestaciones la obligación no se extinguirá si alguna de las prestaciones resultara imposible por caso fortuito o fuerza mayor; pero si la prestación fuera imposible de cumplir después de hecha la elección, la obligación se extinguirá, pues ya se había transformado en simple. J.J.L.M.

ARTÍCULO 1963. En las obligaciones alternativas la elección

corresponde al deudor, si no se ha pactado otra cosa. Véase comentario al artículo siguiente.

ARTÍCULO 1964. La elección no producirá efecto sino desde que

fuere notificada. [105]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1984, 1988 y 1988

En favor del deudor se establece el principio de que si nada se ha dicho para facultar la elección, ésta en principio corresponde al deudor; pero para que la elección produzca efectos deberá ser notificada. Por aplicación del a. 2036, la notificación podrá hacerse judicial o extrajudicialmente, ante dos testigos o ante notario. Puede decirse que para que concluya la alternatividad, se requieren dos elementos: la elección y la notificación de la misma. J.J.L.M. ARTÍCULO 1965. El deudor perderá el derecho de elección cuando,

de las prestaciones a que alternativamente estuviere obligado, sólo una fuere realizable.

Cuando la elección corresponde al deudor, es un principio general de las obligaciones alternativas, que si una sola de las prestaciones fuere realizable el derecho de elección termina para el deudor. El precepto se refiere al caso de que una de las prestaciones fuere imposible o quizá ilícita; significa que en esa hipótesis por virtud de la alternatividad, la obligación no es nula, simplemente el objeto imposible queda excluido de la obligación para subsistir válida, respecto de otra u otras prestaciones. Sobre este particular, es oportuno citar las siguientes palabras de Manresa: "Puede también tener aplicación este precepto, en el sentido explicado, para aquellos casos en que la imposibilidad y aun la ilicitud de alguna prestación, no existieren al tiempo de contraer la obligación y sobrevengan luego de nacida ésta". Manresa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, Reus, 1967, t. VIII, vol. 1, p. 470. (Ver comentario al a. 1134). I.G.G.

Si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya o caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir la que quede.

ARTÍCULO 1966.

Cuando una de las cosas que el acreedor debe recibir en pago se pierde por culpa del deudor o por caso fortuito, desaparece la alternatividad por subsistir la obligación si la elección es del deudor. El deudor pierde la facultad de elegir, pero queda obligado por el cumplimiento porque la obligación se transforma en pura y simple. La consecuencia es que el deudor debe efectuar la prestación pese a que una de las cosas se ha perdido. [1061

TITULO SEGUNDO/CAPITULO- III

ARTS, 1988, 1967, 1988 y 1989

La obligación no se extingue por caso fortuito o fuerza mayor, si puede el deudor cumplir con la cosa que queda y el acreedor está obligado a recibirla y a liberar al deudor. En este caso el efecto de la alternatividad es reducir el riesgo del contrato por caso fortuito o fuerza mayor y mantener obligado al deudora pagar con la cosa que subsista. Pierde en este caso en su perjuicio el derecho de elección. I.G.G. ARTÍCULO 1967. Si las dos cosas se han perdido, y una lo ha sido

por culpa del deudor, éste debe pagar el precio de la última que se perdió. Lo mismo se observará si las dos cosas se han perdido por culpa del deudor; pero éste pagará los daños y perjuicios correspondientes. Véase comentario al artículo siguiente. ARTÍCULO 1968. Si las dos cosas se han perdido por caso fortuito,

el deudor queda libre de la obligación. Se plantea la hipótesis de la pérdida de ambas cosas cuando la elección es del deudor. El artículo distingue: a) si una de ellas se pierde por culpa del deudor, debe pagar el precio de la última que se perdió; que es la que permanecía sub obligationem y debía entregar al acreedor. b) El deudor queda obligado al resarcimiento del daño si ambas cosas se han perdido y ha incurrido en culpa en la pérdida de ellas. La parte final del artículo en comentario, es una aplicación de la regla que contiene el a. 1948 fr. II. La regla que establece el a. 1968 es una aplicación del principio conforme al cual, nadie está obligado al caso fortuito o fuerza mayor (a. 2111). Existe una imposibilidad objetiva para cumplir. I.G.G. ARTÍCULO 1969. Si la elección compete al acreedor y una de las

cosas se pierde por culpa del deudor puede el primero elegir la cosa que ha quedado o el valor de la perdida, con pago de daños y perjuicios. Véase comentario al a. 1972. [107]

ARTS. 1970, 1971 y 1972

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 1970. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, estará

obligado el acreedor a recibir la que haya quedado. Véase comentario al a. 1972. ARTÍCULO 1971. Si ambas cosas se perdieren por culpa del deudor,

podrá el acreedor exigir el valor de cualquiera de ellas con los daños y perjuicios, o la rescisión del contrato. Véase comentario al artículo siguiente. ARTÍCULO 1972. Si ambas cosas se perdieren sin culpa del deudor,

se hará la distinción siguiente: I.—Si se hubiere hecho ya la elección o designación de la cosa, la pérdida será por cuenta del acreedor; II.—Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto. Hemos agrupado estos artículos por la referencia a la cesación de la alternatividad cuando la elección corresponda al acreedor por la pérdida de una de las cosas o de todas las que son objeto de la obligación por caso fortuito o por culpa del acreedor o del deudor. a) Si una de las cosas se pierde por culpa del deudor podrá el acreedor elegir la cosa que ha quedado, o el valor de la que se ha perdido con pago de daños y perjuicios en ambos casos; b) si la cosa se pierde sin culpa del deudor estará obligado el acreedor a recibir la cosa que haya quedado; c) si ambas cosas se perdieren por culpa del deudor, podría el acreedor exigir el valor de cualquiera de ellas o la rescisión del contrato con el pago de daños en ambos casos; d) finalmente si ambas cosas se perdieren sin culpa del deudor debe distinguirse si la elección ha sido hecha y la cosa se pierde por cuenta del acreedor, por el principio de que las cosas perecen para su dueño. En la segunda hipótesis o sea cuando ambas cosas se pierdan sin culpa del deudor y la elección no se hubiere hecho, el contrato quedará sin efecto pues nadie responde del caso fortuito o fuerza mayor (a. 2111). Estos preceptos como los tres anteriormente comentados se sustentan en el principio de la imputabilidad de la culpa, como fuente de la obligación de resarcir (vid. a. 2025). Tomando en cuenta la facultad de elección (ya sea el acreedor o el deudor) cuando ocurre en culpa del facultado para hacer recaer en él las consecuencias de ella; sea para hacer cesar con perjuicio la alternatividad, sea para imponerle la [108]

TITULO SEGUNDO/CAPITULO III



AETS, 1972, 1973, 1974 y 1975

obligación de resarcir a la otra parte, de los daños y perjuicios que le causa la pérdida sufrida. Por último el precepto toma en cuenta si se ha ejercido la facultad de elección cuando la cosa se pierde sin culpa del deudor; la pérdida es para el acreedor, si ha hecho la elección porque ésta tiene como consecuencia que el riesgo de la cosa sea por su cuenta, como dueño que es de ella. De manera muy clara y sencilla el a. 1195 del CC francés dispone: "Si ambas cosas perecen sin culpa de/ deudor antes de que haya incurrido en mora, la obligación se extingue conforme al a. 1302", y éste último precepto establece en lo conducente: Cuando un cuerpo cierto y determinado que es objeto de la obligación perece, queda fuera del comercio o se pierde de manera que se ignore absolutamente su existencia, la obligación se extingue si la cosa ha perecido o se ha perdido sin culpa del deudor antes de que haya incurrido en mora. Cuando se encuentra en mora y no se trata de un caso fortuito, la obligación se extingue en el caso de que la cosa hubiere perecido igualmente en poder del acreedor, si se la hubiere entregado. (Véase el comentario el a. 2021). I.G.G.

Si la elección es del deudor y una de las cosas se pierde por culpa del acreedor, podrá el primero pedir que se le dé por libre de la obligación o que se rescinda el contrato, con indemnización de los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 1973.

Véase comentario al a. 1977.

En el caso del artículo anterior, si la elección es del acreedor, con la cosa perdida quedará satisfecha la obligación.

ARTÍCULO 1974.

Véase comentario al a. 1977.

las dos cosas se pierden por culpa del acreedor y es de éste la elección, quedará a su arbitrio devolver el precio que quiera de una de las cosas.

ARTÍCULO 1975. Si

Véase comentario al a. 1977. [109]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1976, 1977, 1978 y 1979

ARTÍCULO 1976. En el caso del artículo anterior, si la elección es

del deudor éste designará la cosa cuyo precio debe pagar, y este precio se probará conforme a derecho en caso de desacuerdo. Véase comentario al artículo siguiente. ARTÍCULO 1977. En los casos de los dos artículos que preceden, el

acreedor está obligado al pago de los daños y perjuicios. En esta hipótesis hemos agrupado los artículos que se refieren al caso en que la elección es del deudor o del acreedor y una de las cosas o ambas se pierden por culpa del acreedor. Si la elección es del deudor, y una de las cosas se pierde por culpa del acreedor, podrá el primero pedir que se le libere de la obligación o que se rescinda el contrato, con pago de daños y perjuicios (a. 1973); si la elección fuese del acreedor y hubiese culpa de éste, con la pérdida quedará satisfecha la obligación (a. 1974). Por último si las dos cosas se pierden por culpa del acreedor y es de éste la elección, quedará a su arbitrio devolver el precio de una de las cosas (a. 1975); pero si la elección es del deudor éste designará la cosa cuyo precio debe pagar el acreedor. En ambas hipótesis el acreedor estará obligado al pago de daños y perjuicios. J.J.L.M. ARTÍCULO 1978. Si el obligado a prestar una cosa o ejecutar un

hecho se rehusare a hacer lo segundo y la elección es del acreedor, éste podrá exigir la cosa o la ejecución del hecho por un tercero, en los términos del artículo 2027. Si la elección es del deudor, éste cumple entregando la cosa. Véase comentario al a. 1982. ARTÍCULO 1979. Si la cosa se pierde por culpa del deudor y la

elección es del acreedor , éste podrá exigir el precio de la cosa, la prestación del hecho o la rescisión del contrato. Véase comentario al a. 1982. [110 ]

TITULO SECUNDO/CAP1TULO .111

MITS. 1980, 1981, 1982 y 1983

ARTÍCULO 1980.

En el caso del artículo anterior, si la cosa se pierde sin culpa del deudor, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho.

Véase comentario al a. 1982.

ARTÍCULO 1981.

Haya habido o no cülpa en la pérdida de la cosa por parte del deudor, si la elección es suya, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho.

Véase comentario al artículo siguiente.

ARTÍCULO 1982.

Si la cosa se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor, se tiene por cumplida la obligación.

Estos artículos los hemos agrupado, pues se refieren a la hipótesis en que la alternatividad consiste en prestar una cosa o ejecutar un hecho y aquella se pierde ya sea por culpa del acreedor o del deudor. Si la cosa se pierde por culpa del deudor y la elección es del acreedor, éste podrá exigir el precio de la cosa, la prestación del hecho o la rescisión del contrato. Si la cosa se perdiere sin culpa del deudor, el acreedor estará obligado a recibir la prestación del hecho. Haya habido o no culpa en la pérdida de la cosa por parte del deudor y la elección es suya el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho, si la cosa se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor se tiene por cumplida la obligación. J.J.L.M.

ARTÍCULO

1983. La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en los artículos 2027 y 2028.

Este precepto se refiere a la negativa del deudor a prestar un hecho. Remite al a. 2027, conforme al cual puede optar por exigir la cosa o hacer que un tercero ejecute el hecho por el obligado, si ello es posible. Si no es posible por tratarse de un hecho que depende de las cualidades personales del obligado o una abstención (obligación de no hacer) el acreedor podrá elegir la entrega de la cosa, y en

ARTS. 1983, 1984 y 1985

LIBRO CUATRO

este caso además el pago de daños y perjuicios, tomando en cuenta el valor de la cosa que podría formar parte de la reparación del daño (aa. 2027 y 2028). I .G.G.

CAPITULO IV De las obligaciones mancomunadas ARTÍCULO 1984. Cuando

hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad.

En los procesos de creación como en los de vigencia de las relaciones jurídicas, es de ordinaria frecuencia que exista un solo acreedor y un solo deudor. Sin embargo las partes pueden convenir en que en una misma relación existan varios acreedores o varios deudores o bien dos o más acreedores y dos o más deudores. Puede ocurrir que con posterioridad a la formación de la relación jurídica factores de diversa naturaleza determinen un cambio en la composición de los sujetos activos o pasivos, como ocurre en los casos de sucesión hereditaria cuando son llamados por la ley, o por el testador varias personas a asumir la calidad de herederos o legatarios. Las obligaciones convenidas unitariamente por el autor de la sucesión, en calidad de acreedor o de deudor, tendrán desde el momento de su muerte, pluralidad de sujetos activos o pasivos. Existe mancomunidad, dispone el artículo que se comenta, cuando son varios los sujetos de una misma obligación. La mancomunidad puede existir: a) cuando hay varios acreedores y un solo deudor; b) cuando hay un solo acreedor y varios deudores; y c) cuando existen simultáneamente varios acreedores y varios deudores. En el primer caso existirá mancomunidad activa o de acreedores, en el segundo pasiva o de deudores y en el tercero mancomunidad activa y pasiva a la vez. L.C.P. ARTÍCULO 1985. La

simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de [112]

ART. 195

TITULO SEGUNDO/CAPITULO IV

la misma. En este caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros. Se desprende de la redacción de este artículo y de los demás de este capítulo, que la mancomunidad puede ser simple o solidaria. Habrá simple mancomunidad, cuando existiendo pluralidad de sujetos activos o pasivos, la deuda se divide entre todos ellos en tantas partes como acreedores y deudores existan. A cada una de las partes corresponde una deuda o un crédito distinto de los otros. En consecuencia cada acreedor sólo podrá exigir su respectiva parte y cada deudor sólo se encuentra obligado a pagar la parte de la deuda que le corresponde. Cada una de las personas que intervienen en esta operación legal se encuentra comprometida en la medida de sus intereses, y cada una de las porciones del crédito o de la deuda en ta mancomunidad, son relaciones independientes entre sí, sólo tienen en común la fuente u origen de donde proceden. De lo anterior se desprenden las siguientes consecuencias: 1. La división de la deuda puede ser legal o convencional. 2. Puede dividirse desde el instante mismo de su constitución o por hechos posteriores. 3. La deuda se considera conjunta pero no común. 4. Se considera activa la simple mancomunidad, cuando hay varios acreedores y un solo deudor. Cada uno de los primeros sólo puede exigir la parte de la deuda que a él le corresponde. 5. Existirá simple mancomunidad pasiva cuando hay un solo acreedor S, varios deudores, caso en el cual cada uno de éstos sólo está obligado a pagar la parte que le corresponda en la deuda. 6. Si existen varios acreedores y varios deudores, cada acreedor sólo puede exigir a cada uno de los deudores la parte que les haya sido asignada en la obligación. 7. El deudor insolvente no perjudica a los demás obligados y el acreedor o acreedores deben soportar la pérdida. 8. El deudor que paga más de lo que debe, está pagando la deuda de un tercero. Puede repetir para obtener la devolución de lo pagado en exceso, pero no hay subrogación, porque el a. 1999 sólo autoriza este beneficio para los deudores solidarios. 9. El deudor moroso debe ser interpelado por el acreedor o acreedores en alguna de las formas que señala la ley. 10. La interrupción de la prescripción que se produce con respecto a uno de los deudores, no interrumpe la prescripción respecto a los demás. [113]

ARTS. 1983 y 198B

LIBRO CUARTO

Dispone al efecto el a. 1173: "Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de los deudores no solidarios, se requiere el reconocimiento o citación de todos". 11. La suspensión de la prescripción sólo beneficia o perjudica individualmente a uno de los sujetos, y no aprovecha ni perjudica a los otros. 12. La pena convenida en una cláusula penal, sólo debe aplicarse al infractor. Sin embargo el a. 1848 contiene una excepción a esta regla, la cual debe aplicarse restrictivamente por disponerlo así el a. 11 respecto de las excepciones. Dice el artículo 1848: "En las obligaciones mancomunadas con cláusula penal, bastará la contravención de uno de los herederos del deudor para que se incurra en la pena". Sólo se aplica al caso de sucesión por causa de muerte. L.C.P.

Las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario.

ARTÍCULO 1986.

Este artículo establece que se presumen iguales las partes, salvo que la ley disponga lo contrario o se pacte otra cosa. En el a. 942 encontramos otro caso de igualdad de prestaciones. Dice esta disposición que se encuentra ubicada en el título de la copropiedad: "El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad". En el mismo sentido el a. 2612 dispone: "Cuando varios profesores en la misma ciencia prestan sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno". Con respecto a la segunda parte del artículo que se comenta es necesario considerar lo que dispone el a. 2026 que dice: Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de ellos responderá, proporcionalmente, exceptuándose en los casos siguientes: I.—Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente. II.—Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se encuentre en poder de uno de ellos, o cuando dependa del hecho que sólo uno de los obligados pueda prestar; 111.—Cuando la obligación sea indivisible; IV.—Cuando por el contrato se ha determinado otra cosa. L.C.P. [114]

TITULO SEGUNDO/CAPITULO -IV

ART. l987

Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.

ARTÍCULO 1987.

Se desprende de este artículo que en una obligación divisible en que exista pluralidad de acreedores, de deudores, o de ambos, existirá solidaridad, cuando cada acreedor pueda exigir el cumplimiento total de la obligación a cualquiera de los deudores, o cuando éstos se encuentran facultados para pagar al acreedor que elijan, extinguiéndose con el pago la relación jurídica y quedando liberados los demás obligados. Autores como Larombiere consideraban que la solidaridad era una ficción legal mediante la cual, "se suponía que el crédito pertenecía a una sola persona, no obstante la pluralidad de sujetos". Laurent critica esta doctrina afirmando que no es verdad que el crédito pertenezca a una sola persona, como ocurría en el derecho romano, pues el código Napoleón modificó ese criterio. Piensa que entre los acreedores solidarios puede existir una sociedad especial, sui generis, o un mandato tácito y recíproco. (Laurent F. Principes de Droit Civil, 5a. ecl., París, Ed. Marescq, 1893, t. XVII, núm. 253, p. 260). La solidaridad, según el artículo que se comenta puede ser: 1. Activa: cuando hay un solo deudor y varios acreedores, pudiendo cada uno de por sí, exigir el cumplimiento total de la obligación; 2. Pasiva: cuando hay un solo acreedor y varios deudores, quienes están obligados, cada uno de por si, al cumplimiento total de la prestación debida, y 3. Mixta: cuando en forma simultánea exista pluralidad de acreedores y deudores, teniendo cada uno de por sí, en sus respectivos casos, las facultades y obligaciones que se indican en las dos categorías anteriores. Es activa y pasiva a la vez. El maestro Manuel Borja Soriano, citando la opinión de Girard, dice que:

en el derecho romano en materia de correalidad (solidaridad) activa, cada acreedor tiene sobre el crédito la misma extensión de derechos que si fuere solo, salvo que está expuesto a ser prevenido en su ejercicio por los derechos iguales de sus coacreedores. Cada uno de ellos puede exigir el pago total al deudor y el deudor debe pagar al más diligente, sin tener el derecho de reclamar el concurso de otros ni tener en ello interés alguno; porque el pago hecho a uno lo libera respecto de todos. (Teoría general de las obligaciones, 7a. ed., México, Porrúa, 1974, t. II, p. 351). [115]

LIBRO CUARTO

ARTS. 1987 y 1988

En la misma página, agrega Borja Soriano, citando esta vez a BaudryLacantinerie et Barde En el antiguo derecho francés, cada uno de los acreedores solidarios podía, por regla general, conducirse como si hubiera sido el único dueño del crédito. Bajo el imperio del Código Civil, cada uno de los acreedores solidarios, sea en sus relaciones con los otros, sea aun en sus relaciones con el deudor, ya no es dueño del crédito sino en su parte; es pues solamente en esta medida en la que puede disponer de él. Si tiene el derecho de demandar el pago del excedente y de tomar las medidas necesarias para asegurar ese pago, es porque sus coacreedores le han dado poder a este efecto. Rafael Rojina Villegas comentando la opinión de Laurent y la citada precedentemente, dice: Los efectos de la solidaridad activa se explican en la doctrina francesa considerando que hay una especie de representación legal constituida en favor de todos los acreedores para que cualquiera de ellos pueda exigir el pago total de la obligación, fungiendo en este caso como representante de los demás. Por esto el pago que se le haga extingue la deuda, sin perjuicio de la obligación en que incurra el acreedor representante, frente a los acreedores representados. Y agrega, de la representación legal que existe entre los distintos acreedores solidarios, Planiol desprende tas siguientes consecuencias: 1. Que cada uno de ellos puede cobrarlo (el crédito) en su totalidad y otorgar recibos al deudor. 2. Que si uno de ellos hace incurrir al deudor en mora, los efectos de ésta se producen en provecho de los demás. 3. Que los intereses moratorios corren en beneficio de todos los acreedores, aun cuando se causen por acto de uno de ellos. 4. Que si uno de ellos interrumpe la prescripción, beneficia a todos. (Rojina Villegas Rafael, Compendio de derecho civil, 4a. ed., México, Porrúa, 1973, t, 11, p. 509). L.C.P. ARTÍCULO 1988. La solidaridad no se presume; resulta de la ley o

de la voluntad de las partes. El propio legislador se encarga de reafirmar el concepto contenido en el artículo que se comenta, al descartar la presunción de solidaridad en el a. 2004 que dice: "la solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible; ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria" [116]

TITULO SECUNDO/CAPITULO IV

ARTS. HM y 1989

El origen de la solidaridad se encuentra en la ley y en !a voluntad de las partes. No encontramos en la actual legislación civil ningún caso de solidaridad legal activa o de acreedores. En cambio hay varios casos de solidaridad pasiva o de deudores, entre los cuales se pueden citar los siguientes: 1. En el capítulo relativo a la gestión de negocios, el a. 1901, en su párrafo segundo dice: "La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria". 2. En materia de actos ilícitos, el a. 1917 dispone: "Las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este capítulo". 3. El subarrendatario o el cesionario quedan obligados solidariamente con el arrendatario, si éste subarrienda o cede sus derechos sin el consentimiento del arrendador (a. 2480). 4. Cuando son dos o más los comodatarios se obligan solidariamente frente al comodante (a. 2510). 5. Si fueren mandatarios o los prestadores de servicios profesionales facultan a un solo mandatario o un solo cliente, quedan solidariamente obligados (aa. 2580 y 2611). Véase sin embargo lo dispuesto por el a. 2573. 6. Cuando fueren dos o más los administradores de una sociedad civil responden subsidiariamente, pero en obligación solidaria, de las obligaciones sociales (a. 2704). Se trata en la especie de una responsablidad solidaria ilimitada, pero subsidiaria. La solidaridad puede emanar de un convenio o de una disposición testamentaria. Las partes pueden pactar la solidaridad tanto activa como pasiva. Véanse los comentarios a las aa. 175, 2006, 2026, 2573 y 2845. L.C.P. ARTÍCULO 1989. Cada

uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad.

Cada uno de los acreedores solidarios, o todos ellos en conjunto pueden:

a) exigir de cada uno de los deudores solidarios o de todos ellos el pago total de [117]

ARTS, 1989, 1990 y 1991

LIBRO CUARTO

la deuda; b) dividir el pago entre todos o algunos de los obligados solidariamente; e) si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda respecto de alguno de los deudores, podrán reclamar el pago del resto de la deuda de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores liberados de la solidaridad; d) si reclaman el todo de uno de los deudores y resultare insolvente, podrán reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. L.C.P. ARTÍCULO 1990. El pago hecho a uno de los acreedores solidarios

extingue totalmente la deuda.

Tal vez sea este el efecto más relevante de la solidaridad. De acuerdo con la disposición que se comenta, el pago total de la deuda que haga el deudor o los deudores, a cualquiera de los acreedores solidarios extingue la deuda, respecto de todos los demás acreedores. L.C.P.

La novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación.

ARTÍCULO 1991.

Se extinguen las obligaciones por el pago o cumplimiento de la deuda y por los demás medios de extinción de obligaciones que enumera el artículo que se comenta. Con respecto a la novación, el a. 2223 contiene una norma similar cuando dice: "Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1999". Se extinguen también por la novación los privilegios y garantías del antiguo crédito y sólo pueden quedar reservados aquellos que recaen sobre los bienes del deudor que contrae la nueva obligación (a. 2222). La compensación extingue por ministerio de la ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. (Véanse los aa. 2186 a 2191). Sin embargo, el artículo 2200 establece una limitación con respecto a la compensación de las deudas solidarias. Dice el artículo citado: "El deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del acreedor a sus codeudores". [118]

TITULO SEGUNDO/CAPITULO, IV

ARTS. 1991 y 1992

De acuerdo con lo establecido en el artículo que se comenta la confusión extingue las obligaciones solidarias. Sin embargo, el a. 2207 dispone que: "La confusión que se verifica en la persona del acreedor o deudor solidario, sólo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda". Los autores consideran que existe una contradicción entre la última disposición transcrita y el artículo que se comenta. Mientras el a. 1991 dispone que la confusión efectuada entre uno de los acreedores y uno de los deudores solidarios extingue totalmente la deuda con respecto a todos los que han intervenido en ella, el a. 2207 limita la confusión al interés o cuota parte, que tanto el acreedor como el deudor elegidos tuvieren en la obligación. Manuel Borja Soriano opina que debe primar el a. 1991. Dice: "en contradicción con el artículo 1991 nuestro código vigente ha copiado en su artículo 2207 al 1602 del código de 1884. Creemos que en este conflicto debe prevalecer el artículo 1991 en el que el caso de confusión forma un sistema con los demás medios de extinción de las obligaciones (Teoría general de las obligaciones, 7a. ecl., México, Porrúa, 1974, t. II, p. 353). Otros autores son de opinión distinta. Consideran que el a. 1991 establece la regla general y el 2207 la especial. Por aplicación del principio de derecho de que la norma especial prima sobre la general, "no sería posible sostener que deba prevalecer el artículo 1991, norma general sobre una forma de las obligaciones, sobre el artículo 2207 regla especial sobre una manera especial de extinguir las obligaciones". (Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las obligaciones, 5a. ed., Puebla, Cajica, núm. 1003, p. 731). L.C.P.

ARTÍCULO 1992. El

acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho quita o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos.

El pago total o parcial hecho a uno de los acreedores solidarios, sujeta al que lo recibió a responsabilidad, con respecto a sus demás coacreedores por la parte que le corresponda a cada uno en el crédito. En igual forma responderá ante ellos, si ha hecho quitas o remitido la deuda. El acreedor que ha recibido el pago, se obliga a su vez a pagar a los demás acreedores, en la parte que a cada uno corresponda y es responsable ante ellos del cumplimiento de esa obligación. L.C.P.

[1191

ARTS. 1993, 1994 y 1995

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 1993. Si falleciere alguno de los acreedores solidarios

dejando más de un heredero, cada uno de los coherederos sólo tendrá derecho de exigir o recibir la parte del crédito que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible. El artículo que se comenta considera la situación que puede producirse cuando muere alguno de los acreedores solidarios. Si el heredero fuere uno sólo, interpretando a contrario el artículo que se comenta, habría que concluir que no se producen alteraciones en el mecanismo legal de la solidaridad activa. Pero si los herederos fueren varios, cada uno de ellos sólo puede exigir o recibir la parte del crédito que le corresponda en proporción a su haber hereditario. En otras palabras, es heredero del crédito, pero no de la solidaridad. La sucesión sí podrá exigir el pago total del crédito en el que el de cujus era acreedor solidario. L.C.P. ARTÍCULO 1994. El deudor de varios acreedores solidarios se libra

pagando a cualquiera de éstos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante. De conformidad con el sistema legal que se comenta, cuando hay varios acreedores solidarios, queda liberado el deudor pagando la deuda a cualquiera de aquéllos. No obstante, si uno de los acreedores hubiere requerido judicialmente al deudor, sólo quedará liberado de la obligación pagando la deuda al requirente. El requerimiento judicial, es una interpelación de autoridad jurisdiccional al deudor para el cumplimiento de una obligación que efectuada a petición de uno de los acreedores solidarios, impone al deudor requerido el deber de sujeción a la intimación del juez que previno en la interpelación, antes que los demás acreedores solidarios. L.C.P.

El deudor solidario sólo podrá utilizar contratas reclamaciones del acreedor, las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales.

ARTÍCULO 1995.

TITULO SECUNDO/CAPITULO IV

ARTS. 1995, 1996 y 1997

El deudor podrá oponer al acreedor las excepciones comunes que se deriven de la naturaleza misma de la obligación, como la nulidad, la concesión de plazos y las personales del propio deudor, como la confusión o la compensación con un crédito existente a su favor. Sobre esta última manera de extinguir obligaciones solidarias, es necesario considerar lo que dispone el a. 2200 cuando expresa: "El deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del acreedor a sus codeudores". En este caso la compensación sólo procede contra un crédito personal del deudor y respecto de la deuda solidaria. En otros términos el deudor solidario se libera hasta el importe de su crédito compensado. El a. 1145 dispone: "La excepción que por prescripción adquiera un codeudor solidario, no aprovechará a los demás sino cuando el tiempo exigido haya debido correr del mismo modo para todos aquellos". Y agrega el a. 1146: "En el caso previsto en el artículo que precede, el acreedor sólo podrá exigir a los deudores que no prescribieren, el valor de la obligación, deducida la parte que corresponda al deudor que prescribió". L.C.P. ARTÍCULO 1996. El deudor solidario es responsable para con sus

coobligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos. Las excepciones comunes pueden liberar de la obligación a todos los codeudores si ellas son opuestas oportunamente por el deudor que paga al acreedor. Si no las opone queda responsable ante los demás coobligados por su omisión. Tal cosa ocurriría si la relación contractual adoleciera de un vicio de nulidad y el deudor requerido de pago no lo hace valer. Su omisión lo hace responsable ante los demás obligados. L.C.P. ARTÍCULO 1997. Si la cosa hubiere perecido, o la prestación se

hubiere hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderán del precio y de la indemnización de daños y perjuicios, teniendo derecho los no culpables de dirigir su acción contra el culpable o negligente. Si la prestación debida se ha hecho imposible o ha perecido la cosa sin culpa de los deudores, la obligación se considerará extinguida. Disposición muy semejante contiene el a. 2017. [121]

ARTS. 1997, 1998 y 1999

LIBRO CUARTO

Ambas disposiciones consagran el principio de que nadie está obligado a lo imposible y que no puede haber responsabilidad sin culpa, sino en los casos de excepción que establece la ley. Pero, si hubiere existido culpa de cualquiera de los coobligados, todos los demás responderán ante los acreedores por los daños y perjuicios ocasionados y por el precio de la cosa, sin perjuicio de la facultad de éstos, para dirigir su acción en contra de los culpables o negligentes. Es necesario concordar la disposición que se comenta, con el a. 2002 y considerar sobre esta materia lo establecido en los aa. 2020, 2021 y 2025, entre otros. L.C.P. ARTÍCULO 1998. Si

muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible; pero todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores.

El heredero sólo está obligado a pagar en proporción a su haber hereditario y en cuanto éste alcance para ello. La deuda solidaria no se transmite como tal a cada heredero. Sin embargo, todos los coherederos, es decir, la sucesión hereditaria, serán considerados como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores solidarios. Si el heredero es uno sólo, la relación jurídica de solidaridad no sufre ninguna alteración, teniendo en cuenta que responde de las deudas del de cujus, hasta la cuantía del acervo hereditario. Cuando son varios los herederos, no se produce división alguna, si la obligación es indivisible. El a. 2801 dispone que la responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo dispuesto en el artículo en comentario. L.C.P.

El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales.

ARTÍCULO 1999.

[1221

TITULO SEGUNDO/CAP1TULO (V

ARTS. 1999, 9000 y 2001

Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiera libertado de la solidaridad. En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor. Cuando uno de los codeudores paga por entero la deuda, se producen los siguientes efectos: 1. Tiene derecho para exigir a los demás codeudores la parte que en la deuda corresponda a cada uno de ellos; 2. Salvo convenio en contrario se entiende que los codeudores están obligados entre sí por partes iguales; es decir, se produce la mancomunidad entre los deudores. 3. El deudor que paga queda subrogado en los derechos del acreedor, excepto en lo que se refiere a la solidaridad, que salvo pacto en contrario, no existe entre los deudores. Si uno de los codeudores se encontrare imposibilitado de pagar su cuota en la deuda, la parte de éste debe ser repartida entre los demás deudores, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiera liberado de la solidaridad. L.C.P.

Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente, no interesa más que a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de toda ella a los otros codeudores.

ARTÍCULO 2000.

Es lógico que así sea, pues los demás codeudores sólo figuraban como garantes del deudor en cuyo provecho se constituyó la deuda solidaria. El pago hecho por cualquiera de los otros obligados debe ser reembolsado solamente por el único beneficiado en la negociación concertada, y no por los demás codeudores. L.C.P.

Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás.

ARTÍCULO 2001.

Reitera esta disposición la del a. 1174 que dice: "La interrupción de la prescripción a favor de alguno de los acreedores solidarios, aprovecha a todos". [123]

ARTS. 2001, 2002 y 2003

LIBRO CUARTO

De la misma manera el a. 1169 dispone: "Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios, la interrumpen también respecto de los otros". Existe una modalidad especial con respecto a la interrupción de la prescripción, cuando el acreedor hubiere consentido en eximir de la solidaridad a uno de los deudores solidarios. En ese caso no se interrumpe la prescripción en contra de los demás deudores, (aa. 1170 y 1171), y agrega el a. 1171 que complementa al anterior: "Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los herederos del deudor". L.C.P. ARTÍCULO 2002. Cuando por el no cumplimiento de la obligación

se demanden daños y perjuicios, cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos. Se establece aquí una sanción aplicable a todos los deudores solidarios, por la culpa contractual en que hubiera incurrido cualquiera de ellos. Puede el.acreedor demandar el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento a cualquiera de los deudores solidarios, a pesar de que la culpa por el incumplimiento no le sea imputable. La solidaridad en la obligación comprende la solidaridad en la reparación de los daños causados por incumplimiento de aquella obligación, que tiene naturaleza especial: la obligación es única, y la prestación es una también. Hay una situación similar en el caso previsto en el a. 1917 que podría invocarse en cuanto a lo dispuesto en este artículo y en el que comentamos pues se fundan en el mismo principio: el daño causado en común debe ser reparado en manera solidaria por los autores de él. En cuanto a las prestaciones que se deben entre sí los deudores con ocasión de la reparación del daño y de los perjuicios, es necesario recordar lo que establece al respecto el a. 1997. Véase también sobre este aspecto, lo que disponen los aa. 1848 y 1849 sobre las obligaciones mancomunadas con cláusula penal. L.C.P. ARTÍCULO 2003. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por

objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero. [124]

TITULO SEGUNDO/CAPITULO IV

ARTS. 2003, 2004 y 2003

El artículo que se comenta define las obligaciones divisibles diciendo que son aquellas que tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente e indivisibles aquellas en que las prestaciones deben ser cumplidas por entero. Para calificar de tales una y otra especie de obligaciones considera el legislador el objeto de la prestación y no los sujetos que intervienen en ella. Cuando se trata de obligaciones en que interviene un solo acreedor y un soto deudor, propiamente, se aplica el principio de la ejecución total de la prestación (Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, 4a. ed., México, Porrúa, 1973, t. III, p. 513). La indivisibilidad adquiere pues relevancia, cuando existe pluralidad de sujetos activos o pasivos (aunque no se haya pactado solidaridad) unos podrán exigir el cumplimiento total de la prestación debida y los otros estarán obligados también a su ejecución total. Todo ello por la naturaleza de las cosas; es decir, por la indivisibilidad de aquello que es materia de la prestación debida. L.C.P. ARTÍCULO 2004.

La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible; ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria.

Siendo el objeto de la obligación lo que hace indivisible la prestación, la solidaridad estipulada por las partes no le da a ésta el carácter de indivisible, aun cuando tengan semejanzas entre sí. Tampoco la indivisibilidad de la prestación la hace solidaria, pues esta forma especial de mancomunidad no se presume por disponerlo así el a. 1988. Son obligaciones indivisibles las que no sean susceptibles de cumplimiento parcial, en tanto que son obligaciones solidarias aquellas en que cada uno de los deudores o acreedores está obligado por el todo o puede exigir la totalidad de fa deuda. L.C.P. ARTÍCULO 2005.

Las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o acreedor se regirán por las reglas comunes de las obligaciones; las indivisibles en que haya más de un deudor o acreedor se sujetarán a las siguientes disposiciones.

Las obligaciones divisibles a que se refiere la primera parte de este artículo deben regirse por las reglas comunes de las obligaciones y en especial por las disposiciones del presente capítulo. [125]

MITS. 2005 y 2008

LIBRO CUANTO

Con respecto a las obligaciones indivisibles, los aa. 2006 a 2010 de este mismo capítulo se encargan de dar fisonomía propia y especial a esta dificil y complicada figura jurídica. L.C.P.

Cada uno de los que han contraído conjuntamente una deuda indivisible, está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad. Lo mismo tiene lugar respecto de los herederos de aquel que haya contraído una obligación indivisible.

ARTÍCULO 2006.

Por la complejidad del tema, se ha considerado que la indivisibilidad es una de las materias más difíciles del derecho de las obligaciones, y ello se demuestra, con la publicación de un tratado especial que hizo en el siglo XVII el jurista francés Dumoulin al cual intituló: Extricatio labyrinthi dividui et individui. Definía en su libro estas obligaciones diciendo: "cuando es imposible al deudor ejecutar parcialmente la obligación, ella es indivisible y divisible en caso contrario". Dumoulin y posteriormente Pothier, opinaban que la obligación indivisible tenía su fuente en la naturaleza misma del objeto de la obligación, o provenía de la voluntad de las partes, cuando éstas convenían en la indivisión de la obligación o de su pago. (Manuel Borja Soriano, Teoría general de las obligaciones, 7a. ed., México, Porrúa, 1974, t. II, pp. 369 y ss.). Según el maestro Borja Soriano, en nuestra legislación, se ha seguido en esta materia un procedimiento más simple, pues sólo trata la indivisibilidad "de las prestaciones", de modo que la única indivisión que la ley admite es la física o material (op. Gutiérrez y González considera que las fuentes de la indivisibilidad son dos: a) el convenio y b) la herencia; y agrega: "la divisibilidad o indivisibilidad de una obligación, depende absoluta y exclusivamente de la divisibilidad o indivisibilidad de las prestaciones. Para saber si la prestación es o no divisible, se atiende a un punto de vista económico y natural" (Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las obligaciones, 5a. ed., Puebla, Cajica, 1974, núms. 1026 y 1027). La clasificación de las obligaciones en divisibles e indivisibles adquiere importancia sólo cuando existe pluralidad de acreedores o de deudores o de ambos a la vez, porque si en la relación sólo interviene un deudor y un acreedor, la obligación no se divide y debe cumplirse por entero. El a. 1006 'se refiere a un caso de indivisibilidad especial cuando dice: "Las servidumbres son indivisibles". La disposición legal adquiere particular relevancia, cuando existen respecto de [126]

TITULO SECUNDO/CAPITULO IV



ARTS. 2006 y 2007

una misma servidumbre varios predios dominantes o sirvientes. Este aspecto lo considera el legislador en la segunda parte del a. 1066, cuando dice: Si el predio sirviente se divide entre muchos dueños, la servidumbre no se modifica, y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si es el predio dominante el que se divide entre muchos, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no variando el lugar de uso ni agravándolo de otra•manera. Mas si la servidumbre se hubiera establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante, sólo el dueño de ésta podrá continuar disfrutándola. Los aa. 1093 y 1132 complementan esta figura jurídica especialisima del derecho real de servidumbre. El a. 2006 considera la solidaridad pasiva y la indivisibilidad de la deuda, cuando son varios los obligados al cumplimiento de una misma prestación indivisible. Cada uno de los deudores no puede pagar el todo por parcialidades, debe ejecutar la obligación por entero, aun cuando no se haya pactado solidaridad. Esta obligación se extiende a los herederos de los deudores que han pactado la indivisibilidad. No puede pagar cada uno de los herederos una cuota proporcional a la que les haya correspondido en la herencia, ni ellos excusarse de pagar sólo su cuota, como ocurre en la solidaridad. (a. 1998).

ARTÍCULO 2007. Cada

uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución indivisible, obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización de los demás coherederos, pero no puede por sí solo perdonar el débito total, ni recibir el valor en lugar de la cosa. Si uno solo de los herederos ha perdonado la deuda o recibido el valor de la cosa, el coheredero no puede pedir la cosa indivisible sino devolviendo la porción del heredero que haya perdonado o que haya recibido el valor.

Se refiere este artículo a la situación que puede presentarse en la indivisibilidad cuando muere el acreedor y deja varios herederos. Dispone la ley que individualmente cualquiera de los coherederos puede exigir la completa ejecución indivisible. Del texto legal que se comenta, se desprende que el actor que recibe el pago queda obligado con los demás coherederos por los derechos que a cada uno de ellos le correspondan en la operación legal.

[127]

ARTS. 2007 y 2008

LIBRO CUARTO

Para asegurar ese resultado la ley obliga al actor a otorgar a los demás coherederos las garantías que fueren necesarias para caucionar los derechos de éstos. La ley prohibe al actor perdonar por sí solo la totalidad de la deuda y recibir en pago el valor de la cosa. Por tratarse de una norma prohibitiva, la sanción lógica según el a. 8 debería ser la nulidad. ¿Será ésta la sanción o es una excepción al a. 8? Borja Soriano dice que La remisión de la deuda hecha por uno solo de los herederos del acreedor, no producirá efecto alguno con relación a los otros, [agrega]: Cada uno de estos últimos podrá, pues, exigir la ejecución de la obligación, y exigirla integralmente, puesto que la obligación es indivisible y no susceptible, por consiguiente, de pagarse parcialmente; pero, como la remisión efectuada por su coheredero debe tener por lo menos efecto en la medida de la parte de éste, aquel no podrá exigir esta ejecución sino indemnizando al deudor de la parte correspondiente en el crédito, al coheredero que ha hecho la remisión. Cuando se viola por uno de los coherederos la prohibición que establece este artículo, la obligación no queda extinguida, pues cualquiera de los demás coherederos puede iniciar una nueva acción en contra del deudor para exigirle la entrega total de la cosa debida. Para hacerlo debe previamente devolver al deudor la porción del heredero que lo haya perdonado y el valor de la cosa si la ha recibido. Se desprende del examen de este artículo que el perdón de la deuda efectuado por uno de los coherederos, sólo puede comprender la parte que éste tiene en la obligación. Esa porción es la que debe devolver el demandante al deudor. El a. 2007 no prevé la situación legal de los acreedores directos, cuando éstos son varios, sino la de sus herederos. Es de suponer sin embargo, que estas mismas exigencias deben cumplirse respecto de ellos. El a. 2007 prohíbe a los coherederos perdonar por sí solos el total de la deuda, de lo cual se deduce que puede hacerse si concurren todos. Respecto de las obligaciones indivisibles garantizadas con cláusula penal, es necesario tener presente lo que dispone el a. 1850 cuando dice: 'Tratándose de obligaciones indivisibles se observará lo dispuesto en el artículo 2007." L.C.P.

Sólo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse una quita de ella.

ARTÍCULO 2008.

A igual conclusión se ha llegado mediante la interpretación que se ha hecho del a. 2007, el cual dispone que no puede uno solo de los acreedores perdonar el total [128]

ARTS. 200, 2009 y 2010

TITULO SEGUNDO/CAPITULO IV

de la deuda. Se deduce a contrario sensu que podrá hacerse si concurren todos. Si la deuda estuviere garantizada con fianza o hipoteca, serán aplicables, en lo que fuere procedente en derecho, las disposiciones que contienen los aa. 2847 y 2973, cuando se acordaren quitas a la obligación principal. L.C.P. ARTÍCULO 2009. El heredero del deudor, apremiado por la totali-

dad de la obligación, puede pedir un término para hacer concurrir a sus coherederos, siempre que la deuda no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el heredero demandado, el cual entonces puede ser condenado, dejando a salvo sus derechos de indemnización contra sus coherederos. Si muere uno de los deudores de una obligación indivisible y deja varios herederos, cada uno de ellos responderá por el total de la obligación. Si fuere demandado uno de los herederos, la ley le faculta para pedir se le conceda un plazo con el objeto de hacer concurrir a los demás coherederos. Sin embargo, dispone la ley, que el heredero demandado no podrá hacer uso de esta facultad, cuando por la naturaleza misma de la obligación, sea precisamente él quien deba cumplirla, quedando a salvo sus derechos de indemnización contra sus coherederos. Si el demandado ha pagado con bienes propios y la deuda es de la herencia, es necesario considerar al respecto lo que dispone el a. 2058 en su fr. III. Sin embargo es preciso tener en cuenta lo que dispone con respecto a la subrogación parcial el a. 2060 que dice: "No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible". L.C.P. ARTÍCULO 2010. Pierde la calidad de indivisible, la obligación que

se resuelve en el pago de daños y perjuicios y, entonces, se observarán las reglas siguientes: I.—Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al interés que representen en la obligación; 11.—Si sólo algunos fueron culpables, únicamente ellos responderán de los daños y perjuicios. [129]

LIBRO CUARTO

ART. 2010

Pierde la deuda el carácter de indivisible, cuando por un hecho o culpa de algunos o de todos los deudores no puede cumplirse la obligación y se resuelve en el pago de daños y perjuicios. La razón fundante de esta disposición se encuentra en que cuando hay incumplimiento, el deudor culpable debe responder frente al acreedor de su conducta ilícita (culpa contractual). La obligación original se convierte en el deber de reparar el daño causado por la inejecución de la obligación contraída y eI pago de daños y perjuicios, si es divisible. Cuando ello ocurre, pueden presentarse dos situaciones con respecto al pago: 1. Si el incumplimiento se produjo por culpa de todos los deudores, todos serán responsables del pago, en proporción al interés que cada uno de ellos tenía en la obligación. 2. Si sólo algunos fueren culpables, únicamente ellos serán responsables del Pago. Existen semejanzas y diferencias entre la indivisibilidad y la solidaridad y las más notorias son las siguientes: Semejanzas: a) cada acreedor puede exigir el cumplimiento total de la deuda y cada deudor está obligado también al pago total de ella;b) en una y otra figura jurídica, hay pluralidad de acreedores, de deudores o de ambos simultáneamente. Borja Soriano, citando a Salvat dice: La indivisibilidad y la solidaridad nos aparecen las dos como excepciones o limitaciones al principio de la divisibilidad de las obligaciones, en el caso de existir pluralidad de acreedores o de deudores. Desde este punto de vista la indivisibilidad y la solidaridad presentan un punto de semejanza: en una como en otra, cada uno de los acreedores tiene el derecho de exigir el cumplimiento íntegro de la obligación y cada uno de los deudores está obligado a cumplirla íntegramente. Diferencias: a) en caso de muerte de los acreedores o de los deudores, la obligación se divide entre los herederos si existe solidaridad, en cambio, si hay indivisibilidad, la obligación sigue siendo indivisible entre los herederos del deudor; b) En la solidaridad, la obligación del deudor de efectuar el pago total y del acreedor de exigirlo en esa forma, derivan del título de la obligación, sea convencional o legal, en cambio en la indivisibilidad la causa que origina el pago total emana de la naturaleza de la prestación debida. Por encima de la semejanza que (la solidaridad y la indivisibilidad) para el instante del cumplimiento suponen, semejanza que consiste en el grado de cohesiéin que una y otra dan a las distintas relaciones que la obligación comprende, hay una diferencia capital, consistente en que esa cohesión está, tratándose de obligaciones solidarias en el vínculo mismo y se refiere principalmente a las personas, mientras que en las obligaciones [130]

AM, 2010 y 2011

TITULO SEGUNDO/CAPITULOS IV y V

indivisibles se apoya en la conexión de las prestaciones y, por tanto, en el elemento objetivo de la obligación. Manresa y Navarro, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1967, t. VIII, vol. I, p. 545. L.C.P.

CAPITULO V De las obligaciones de dar ARTICULO 2011. La prestación de cosa puede consistir:

I.—En la traslación de dominio de cosa cierta; II.—En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta; 111.—En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. El encabezamiento del capítulo V que se analiza, se intitula "De las obligaciones de dar". Sin embargo el primero de los artículos de este capítulo denomina "prestación de cosas" a las obligaciones de dar. ¿Tienen estas frases el mismo significado legal?; ¿Por qué los aa. 1978, 2011 y 2024, entre otros, denominan "prestación de cosas" a estas obligaciones? El legislador también emplea la palabra "prestación" para referirse a las obligaciones de hacer, según puede comprobarse del examen de los aa. 1883, 1979, 1983, 2027 y 2062, entre otros. El a. 2026 en su fr. II emplea la palabra "prestación" para referirse indistintamente a las obligaciones de dar y de hacer. En otras disposiciones la palabra "prestación" equivale a "obligación" como puede apreciarse, entre otros, en los aa. 1838, 1840, 1861, 1869, 1871, 1965, 1987, 1997 y 2003. El a. 1962 parece limitar la palabra "prestación" al cumplimiento mismo de la obligación de dar o de hacer, ¿Equivaldría al pago que define el a. 2062? • Los códigos civiles de otros países no emplean la palabra prestación para referirse a las obligaciones de dar. Por excepción se utiliza en las obligaciones de hacer cuando se trata de trabajos o servicios (véanse los aa. 1136 del CC francés y 1094 del CC español). Posiblemente, la legislación que inspiró a los legisladores mexicanos de 1870, 1884 y 1928, en esta materia, fue el CC. portugués de 1867 (hoy abrogado). Este código denominaba "prestación de cosas" a las obligaciones de dar y "prestación de hechos o servicios" a las obligaciones de hacer en los aa. 711 y 732. [131]

LIBRO CUARTO

ART. 2011

En el CC mexicano de 1870 figuran dos capítulos, uno que se intitula "prestación de cosas" y el otro "prestación de hechos" (aa. 1539 a 1544). En el código de 1884 se reproducen en los aa. 1423 a 1457, las disposiciones del código de 1870. El distinguido maestro Borja Soriano, en la página 155 del tomo I de su obra Teoría general de las obligaciones, dice que el a. 1435 del código de 1884 ubicado en el capítulo "De la prestación de cosas" y el a. 2011 del código actual, son una reproducción casi literal del referido a. 714 del código de Portugal Teoría general de las obligaciones, 8a. ed., México, Porrúa, 1982, núm. 155, p. 139). El código de 1928 innovó en la materia e intituló "Obligaciones de dar" al capítulo que se comenta, en vez de "prestación de cosas" como la legislación anterior y "obligaciones de hacer" a las denominadas "prestaciones de hecho" que aparecía en códigos anteriores. Esta expresión se ha generalizado en la legislación mexicana y se emplea en diversas leyes como las tributarias y de otra naturaleza. Es necesario destacar que Marcel Planiol cuando publicó, en 1899, su obra: Tratado elemental de derecho civil, al referirse al objeto de las obligaciones dijo: Se llama objeto de la obligación la cosa que puede ser exigida al deudor por el acreedor. Este objeto puede ser un hecho positivo, como la ejecución de un trabajo, o la entrega de una suma de dinero, en tal caso se llama "prestación"; puede ser también un hecho negativo, es decir, una abstención. Entre las obligaciones que tienen por objeto una prestación positiva se hace una subdivisión: se separan aquellas cuyo objeto es la transmisión de la propiedad y se les llama obligaciones de dar, tomando esta palabra en el sentido de la latina dare. A las obligaciones positivas que no son obligaciones de dar se tes llama obligaciones de hacer. Todas las obligaciones negativas reciben indistintamente el nombre de obligaciones de no hacer. (Giorgi, Teoría de las obligaciones en derecho moderno, Madrid, Reus, 1930, t. IX, p. 174). El código de 1928 ha adoptado un procedimiento ecléctico sobre la materia. En el rubro del capítulo quinto que se analiza, las denomina "obligaciones de dar", en tanto que ene! párrafo primero del a. 2011 las designa con el nombre de "prestaciones de cosas". Para el legislador, al parecer, ambos conceptos tienen el mismo significado. La fr. I del a. 2011, dispone que la prestación de cosa puede consistir: en la traslación de dominio de cosa cierta. El a. 1825, por su parte, señala los requisitos que debe reunir el objeto y los aa. 2062, 2080 y 2105 la oportunidad en que deben cumplirse estas obligaciones. La fr. II del a. 2011 dispone que la prestación de cosa puede consistir en la enajenación temporal del uso y goce de cosa cierta. Esta fracción puede provocar errores de interpretación por el empleo de palabras que tradicionalmente en el derecho, han tenido un significado especial. Conforme a esta fracción la obligación del arrendador es dehacer, dando a la palabra enajenación un sentido más amplio que el tradicional. De acuerdo a lo [132]

TITULO SEGUNDO/CAPITULO V

ARTS. 2011, 2012 y 2013

establecido en el a. 2412, el arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien alquilado, enajenándole su uso y goce temporalmente. Es necesario advertir que cuando el legislador define una palabra o la emplea para ciertas materias, el intérprete debe darles su significado legal. Es lo que aquí ocurre precisamente. La fr. III dispone que la prestación de cosa puede consistir: en la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. Se trata de dos materias distintas: a) restitución de cosa ajena (prenda); b) pago de cosa debida (mutuo). El acreedor de una deuda garantizada con prenda se obliga a restituir ésta al dueño de la misma en el momento del cumplimiento de la obligación que está garantizada. El depositario debe restituir al depositante la cosa depositada. El mutuario debe pagar al mutante la suma que ha recibido por concepto de préstamo. L.C.P.

acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun cuando sea de mayor valor.

ARTÍCULO 2012. El

El a. 2062 define el pago o cumplimiento, diciendo que es la entrega de la cosa o cantidad debida y el precepto que se comenta, reafirma este concepto. Disposiciones semejantes a la que se comenta, contienen los aa. 1382 y 1460 respecto de los legados de cosas ciertas y determinadas. Cuando el deudor se hubiere obligado a diversas cosas, debe darlas todas. (Véase el a. 1961). Con respecto a la compra-venta, el a. 2288 ordena que el vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato. Dispone el a. 2095 que si el acreedor recibe en pago una cosa distinta de la debida, queda extinguida la obligación. No obstante, queda sujeta esa operación a las consecuencias que pueden producirse en el caso que ocurra alguna de las circunstancias que señalan los aa. 2096, 2942 y 2959. L.C.P.

La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 2013.

Puede ocurrir que los accesorios de la cosa que debe entregarse, sean indispensables o necesarios para los objetivos perseguidos por las partes que han cele[133]

Allrins. 2013

y 2014



Limo CUARTO

brado el contrato, de modo que sin ellos la especie debida no preste utilidad; o bien sean simplemente un complemento que facilita el uso de la cosa. Estas son las razones que el legislador ha tenido en consideración para disponer en el artículo que se comenta, que la obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus accesorios, con las excepciones que allí se señalan, principio que el código reitera en otros artículos, entre los cuales pueden citarse: El a. 1395 el cual dispone que la cosa legada debe ser entregada al legatario con todos sus accesorios. El a. 2289 relativo a la compra-venta, dispone a su vez que el vendedor debe entregar todos los frutos producidos desde que se perfeccione la venta y los rendimientos, acciones y títulos de la cosa. En la cesión de un crédito, según la disposición del a. 2032, deben comprenderse todos sus accesorios. El dispositivo en comentario es una aplicación del proloquio latino "Lo accesorio sigue a lo principal". L .0 .P. A R TíCU LO 2014. En las enajenanciones de cosas ciertas y determi-

nadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición ya sea natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas del Registro Público. El a. 2011 en su fr. 1 dispone que la prestación de cosa puede consistir en la traslación de dominio de cosa cierta. ¿Cómo se transfiere el dominio de una cosa en la legislación mexicana? El procedimiento es muy simple: se verifica la transferencia o "translación" de la propiedad como la denomina el legislador, por el mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición. En algunas legislaciones, siguiendo a la tradición romana, el dominio no se adquiere por el simple contrato, sino mediante un procedimiento especial, en el cual se pueden distinguir dos momentos esenciales: a) la existencia de un titulo traslativo de dominio; y b) la entrega o tradición de la cosa que se enajena. En el CC chileno el a. 588 dispone: "Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, y la prescripción". El a. 670 de ese código extranjero, dispone: "La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo". [1341

TITULO SECUNDO/CAPITULO V

ART. 2014

A su vez el a, 675 del código en cita, dice: "Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. El sistema consensual adoptado por la legislación mexicana es más sencillo. La traslación del dominio se verifica por "el mero efecto del contrato", como lo establece el artículo que se comenta, disposición que guarda una perfecta armonía con el a. 1796 que dice: "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento...", concepto que reafirma el a. 1832. Una norma similar a la que contiene el artículo que se comenta, se encuentra en el a. 2249 ubicado en el capítulo de la compra-venta que dice: "Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho". El sistema mexicano tiene cierta semejanza con el adoptado sobre la materia por el código Napoleón. Dice el a. 1583 de dicho código que la venta "es perfecta entre las partes, y la propiedad la adquiere de derecho el comprador con respecto al vendedor desde que han convenido en la cosa y en el precio aunque la cosa no se haya entregado ni el precio pagado". Un caso especial consigna el a. 2258 cuando dispone que si se trata de venta de artículos determinados y perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestras. La SC..1 ha establecido la siguiente jurisprudencia obligatoria en esta materia: Compraventa. Este contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes y desde entonces obliga a los contratantes, aunque la cosa no haya sido entregada, ni el precio satisfecho. La traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya simbólica, salvo convenio en contrario; y si bien la ley civil establece reglas relativas a la entrega de la cosa vendida, estas reglas sólo tienen por objeto determinar los límites de la obligación del vendedor de entregar esa cosa, y comprobar que la ha satisfecho debidamente.

Este resumen y las cinco ejecutorias aparecen publicadas en el Apéndice al SJF de 1975, cuarta parte, Tercera Sala, p. 233, tesis jurisprudencial número 90. Con respecto a la inscripción en el RPP, en el Apéndice al SJF de 1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 723, encontramos la síntesis de la siguiente tesis jurisprudencia!: "Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho". Es necesario advertir, que no deben confundirse los efectos del contrato traslativo de dominio, que transfiere de inmediato la propiedad de la cosa, con la [135]

ARTS. 2014, 2015 y 2016

LIBRO CUARTO

entrega material de ella. Sobre esta materia el capítulo III de la compraventa que comprende los aa. 2284 a 2292 aclaran debidamente estos conceptos. L.C.P.

En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se transferirá sino hasta el momento en que la cosa se hace cierta y determinada con conocimiento del acreedor.

ARTÍCULO 2015.

En la disposición que se comenta se consagra el principio de que las cosas indeterminadas pueden enajenarse, pero la transferencia del dominio sólo se produce cuando la cosa se hace cierta y determinada con conocimiento del acreedor. El mismo principio reafirmad a. 1825 cuando dispone que la cosa objeto del contrato puede ser determinada o determinable en cuanto a su especie. ¿En las obligaciones alternativas mientras no se haga la elección de la cosa debida, puede considerarse indeterminada la enajenación de esas especies? (Véase comentario al a. 1962).

¿Hay indeterminación en la enajenación de cosas futuras? Los aa. 1826 y 2309 se refieren a ellas. Se trata en la mayoría de los casos, de enajenaciones condicionales sobre cosas determinables: si llegan a existir son determinadas. La jurisprudencia de la SCJN aclara muchos de los conceptos que hemos estado analizando. En una ejecutoria que aparece publicada en el Apéndice al SJF de 1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 234, se dejó establecido: Aunque en términos generales, desde que la venta es perfecta, la cosa pertenece al comprador, el precio al vendedor, esto sólo puede admitirse cuando se trata de cosas ciertas y determinadas, y sólo entonces existe la acción real, para exigir la entrega de la cosa, pero si sólo se convino en el género y calidad de ella, no podría reclamarse de un tercero poseedor, que es lo que caracteriza la acción real, y el comprador tiene entonces sólo una acción personal contra el vendedor. L.C.P.

En el caso del artículo que precede, si no se designa la calidad de la cosa, el deudor cumple entregando una de mediana calidad.

ARTÍCULO 2016.

Es necesario relacionar este artículo con el anterior, puesto que se refiere a la calidad de la cosa que debe ser entregada por el deudor cuando nada se ha

[136]

ARTS. 2016 y 2017

TITULO SECUNDO/CAPITULO V

estipulado al respecto. No se trata propiamente de una cosa indeterminada, ya que el precepto que se comenta establece la regla aplicable, para que se entienda determinada la cosa cuando las partes omiten hacerlo en el acto que da origen a la obligación. Hay sin embargo normas de carácter especial, que en parte reafirman el principio general que contiene el artículo que se comenta o lo adicionan con modalidades propias. Por ejemplo, en materia de legado de cosa (mueble o inmueble) indeterminada por el testador, la elección de la cosa corresponde hacerla al obligado a pagar el legado, quien cumplirá según lo disponen los aa. 1455, 1456 y 1458, entregando una cosa de mediana calidad. Si por el contrario, el testador concede el derecho de elección al legatario éste podrá escoger la mejor y si no la hubiera en la sucesión, sólo podrá exigir una de mediana calidad o el precio de ella (a. 1457). En las obligaciones alternativas no hay propiamente indeterminación de la cosa objeto de la obligación, éstas se han determinado; sólo que las partes han convenido en que el pago puede hacerse con cualquiera de las que se encuentran sub obligatione, a elección del deudor. L.C.P.

En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las reglas siguientes: I.---Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y por los daños y perjuicios; II.—Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado que se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de daños y perjuicios; la cosa se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la Obligación; IV.—Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tiene obligación de recibir la casa en el estado en que se halle; V.—Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido.

ARTÍCULO 2017.

[1371

ARTS. 2017 y 201R



LIBRO CUARTO

Esta disposición es aplicable a las obligaciones de dar cosa cierta: a) cuando ella importa la traslación de la propiedad de la cosa; b) cuando la cosa se pierde en poder del deudor;c) cuando la cosa se deteriora en poder del deudor. Pérdida o deterioro imputable al deudor. Lafr. [trata específicamente de la pérdida de la cosa por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y por los daños y perjuicios. La fr. II se refiere al deterioro de la cosa por culpa del deudor. En este caso el acreedor puede optar: por la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o por recibir la cosa en el estado en que se encuentre y exigir la reducción del precio y el pago de daños y perjuicios. Pérdida o deterioro imputable al acreedor. La fr. 111 establece que si la cosa se pierde por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la obligación. Y la fr. IV señala que si la cosa se deteriora por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de recibirla en el estado en que se halle. Pérdida ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. La fr. V señala que en estos casos la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido. En una ejecutoria de la SCJN, que aparece publicada en el Apéndice del SJF de 1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 234, se resolvió lo siguiente: "Si perfeccionado el contrato, la cosa desaparece por fuerza mayor es incuestionable que perece para el dueño, o sea para el comprador". Pero debe quedar bien entendido que el deudor sólo queda exento de la obligación si no se encuentra en mora. A partir de ella, incurre en responsabilidad por incumplimiento de la obligación de entregar la cosa debida al acreedor de ella, lo cual constituye un acto ilícito, que es entonces la fuente de la obligación de reparare! daño que el retardo en el cumplimiento de la obligación ha causado al acreedor y de indemnizarlo por los perjuicios que éste sufra. Como se ha dicho en otros comentarios del código, en doctrina se ha denominado "teoría de los riesgos" a la figura jurídica que estamos analizando. Varios autores critican esta denominación en muy fundadas razones que se analizan en otros comentarios. (Véanse los aa. 2019 y 2021 y su comentario). L.C.P.

ARTÍCULO 2018. La

pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario.

La ley presume la culpa del deudor por la pérdida de la cosa que se encontraba en su poder. Para desvirtuar esta presunción tendrá que rendir prueba en contrario. [138]

TITULO SECUNDO/CAPITULO V

ARTS. 2019, 2019 y 2020

Se entiende que la cosa se encuentra en poder del deudor, no sólo cuando se halla en su poder, sino también cuando se encuentra a su disposición. Esta presunción de culpa deriva del hecho de que la cosa debida se encuentra bajo la custodia del deudor y esto ocurre, cuando éste se halla en mora de entregar y cuando el acreedor ha cumplido la obligación que le incumbe y aun antes de que el deudor haya incurrido en mora, se encuentra en proceso de entrega de la cosa. Esta regla es aplicable por analogia al caso de destrucción parcial de la cosa, cuando se halla en poder del deudor. Una disposición semejante consigna el a. 2468, respecto de las cosas dadas en arrendamiento, cuando dice: "La pérdida o deterioro de la cosa alquilada, se presume siempre a cargo del arrendatario, a menos que él pruebe que sobrevino sin culpa suya, en cuyo caso será a cargo del arrendador". El principio legal que consigna el artículo que se comenta, puede también aplicarse a los casos que señalan los aa. 1948 y 1997, en lo que fuere procedente. L.C.P.

ARTÍCULO 2019.

Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, no se eximirá el deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiere sido el motivo de la pérdida; a no ser que, habiendo ofrecido la cosa alque debió recibirla, se haya éste constituido en mora.

Cuando se paga una deuda con una cosa cierta y determinada para indemnizar, p.c., tos daños provenientes de un delito (dolo) o una falta (culpa) no queda eximido el deudor del pago del precio, si la cosa se pierde, cualquiera que haya sido el motivo de la pérdida. La ley no excluye el caso fortuito. Queda no obstante liberado del pago et deudor cuando el que debió recibir la cosa se hubiera constituido en mora. Esta doble sanción se ha establecido en razón del origen de la deuda. Es necesario concordar la disposición que se comenta con los aa. 1910 y siguientes. En cuanto a la manera de determinar el precio de la cosa perdida, consultar el a. 2114. L.C.P.

ARTÍCULO 2020.

El deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpa suya, está obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a quien fuere responsable. [139]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2020 y 2021

Dispone este artículo que el deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpa suya, está obligado a ceder al acreedor todos los derechos y acciones que tuviere en contra del responsable, para reclamar la indemnización que fuere procedente. No señala la ley la forma de hacer esta cesión de derechos y acciones, pues el capítulo siguiente al que estamos analizando, comprende sólo los casos específicos que allí se indican. Tampoco explica cuáles pueden ser esos derechos y acciones, ya que legalmente el acreedor es dueño de la cosa por el solo perfeccionamiento del contrato. Posiblemente se trate de derechos y acciones personales del deudor en contra del agente del daño, que guarden estrecha relación con los hechos que acarrearon la pérdida o deterioro de la cosa y todas las demás que presenten características semejantes o especiales. L.C.P.

La pérdida de la cosa puede verificarse: 1.—Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio; II.—Desapareciendo de modo que no se tenga noticias de ella o que aunque se tenga alguna, la cosa no se pueda recobrar.

ARTÍCULO 2021.

Este artículo dispone que la cosa se pierde: Cuando perece, es decir, cuando se destruye materialmente (fr. I). El usufructo, p.c., se extingue por este medio, según lo dispone la fr. VII del a. 1038. El arrendamiento termina cuando se destruye la cosa, según el a. 2483 fr. VI, con la salvedad especial que consigna el a. 243 I . La cosa también se pierde cuando queda fuera del comercio. El a. 749 dispone: "Están fuera del comercio por su naturaleza las (cosas) que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular". Asimismo se considera perdida la cosa: cuando desaparece de modo que no se tenga noticia de ella (fr. 11). Puede desaparecer la cosa por robo, hurto, extravío u otra causa semejante. Es obvio que en estos casos deberá tenérsele por perdida. Cuando la cosa no se puede recobrar, no obstante tener noticia de ella, también se le tiene por perdida. Consideramos de interés transcribir la fr. 11 dei a. 1948 por tener íntima relación con el comentario al artículo que se analiza. Dice al respecto: Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva y pendiente ésta se perdiere, deteriorare o bien se mejorare la cosa, que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes: I I.—Si la [140j

ARTS. 2021 2022 y 2023

TITULO SEGUNDO/CAPITULO V

cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Entendiéndose que la cosa se pierde cuando se encuentra en alguno de los casos mencionados en el a. 2021. L.C.P. ARTÍCULO 2022. Cuando la obligación de dar tenga por objeto una

cosa designada sólo por su género y cantidad, luego que la cosa se individualice por la elección del deudor o del acreedor, se aplicará, en caso de pérdida o deterioro, las reglas establecidas en el artículo 2017. Es un principio de derecho que los géneros no perecen, de modo que el deudor de una obligación genérica no queda liberado de su obligación si se perdieren determinadas cosas del género debido, cualquiera que sea la causa de la pérdida. Pero una vez elegida una o varias cosas determinadas, por el acreedor o el deudor según que a uno u otro corresponda la elección, quedan aquéllas perfectamente individualizadas, y si llega a perderse o deteriorarse, se estará a lo que dispone al efecto el a. 2017 para atribuir la responsabilidad por la pérdida o deterioro, a quien debe asumirla. A guisa de información mencionaremos que los aa. 765, 2256, 2257, 2384, 2385, 2388 y 2393, señalan obligaciones genéricas. L.C.P. ARTÍCULO 2023. En los casos de enajenación con reserva de la

posesión, uso o goce de la cosa hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes: I.—Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado; II.—Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la responsabilidad de éste; III.—A falta de convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le corresponda, en todo, si la cosa perece totalmente, o en parte, si la pérdida fuere solamente parcial; IV.—En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes no se convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrarán peritos que la determinen. [141]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2023, 2024 y 2215

En el supuesto previsto en este artículo las partes pueden libremente convenir lo que estimen conveniente en caso de pérdida o deterioro de la cosa. Si no existe convenio responderá de la pérdida o deterioro aquel de los contrantes por cuya culpa la cosa se haya perdido o deteriorado. Si la cosa se ha perdido o deteriorado por causa no imputable a ninguno de los contratantes, cada interesado sufrirá la pérdida que le corresponda ya sea ésta total o parcial. La hipótesis prevista es la pérdida o deterioro de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor, que hace imposible la ejecución de la obligación. Las obligaciones se extinguen a partir del momento de la pérdida de la cosa o se modifican en la medida en que la cosa se ha perdido parcialmente. El propietario vendedor soporta la pérdida de la cosa y el comprador pierde las cantidades que haya entregado como abono del precio. L.C.P. ARTÍCULO 2024. En los contratos en que la prestación de la cosa

no importe la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga culpa o negligencia de la otra parte. Se trata de actos jurídicos en los cuales la prestación importa el uso o goce temporal de cosa cierta (a. 2011). El riesgo en este caso siempre será de cuenta del acreedor, es decir, del propietario de ella, pues las cosas producen y perecen para su dueño. Si ha existido culpa o negligencia del deudor, éste será responsable. L.C.P. ARTÍCULO 2025. Hay culpa o negligencia cuando el obligado

ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. Dice el maestro Rojina Villegas que la teoría subjetiva de la responsabilidad parte del elemento culpa, estimándose como esencial para que nazca el derecho a exigir la reparación del daño. Considera que dentro del concepto lato de culpa, se entiende también el dolo. Agrega que "lo ilícito se puede definir en el derecho como toda interferencia en una esfera jurídica ajena cuando la norma no autorice ese acto de interferencia". (Tratado de derecho civil mexicano, 5a. ed., México, Porrúa, 1975, t. V, vol. II, p. 140). El maestro Gutiérrez y González expresa que "la esencia del hecho ilícito es la culpa" (Derecho de las obligaciones, 5a. ed., Puebla, Cajica, 1974, p. 451. En los comentarios a otros artículos del código se ha hecho un estudio más detenido de la "teoría de la culpa". A ellos nos remitimos. [142]

ATS. 2025 y 2026

TITULO SEGUNDO/CAPITULO V

Sin embargo, la disposición en estudio permite al intérprete determinar con relativa facilidad la existencia y extensión de la culpa, mediante el análisis exhaustivo de los hechos objetivos que se atribuyen al infractor, en el artículo que se comenta. La noción de culpa que contiene el precepto que se comenta, se refiere a un caso específico, la que debe observarse en la conservación de la cosa. Pero la noción genérica de culpa o negligencia a que alude el a. 1910 del código comprende toda conducta contraria al deber de no causar daño a otro en el cumplimiento de todas las obligaciones: de dar, de hacer y de no hacer. En este sentido amplio, la culpa denota la idea de que el sujeto ha incurrido en falta por imprudencia, impericia, falta de atención o de cuidado de donde deriva un daño causado a otro. Cuando se trata de actos positivos contrarios a la conservación de la cosa, el concepto de culpa tendrá mayor o menor extensión, según la gravedad del acto realizado por el infractor, pudiendo aun equipararse al dolo. Cuando por negligencia se dejan de ejecutar los actos necesarios para la conservación de la cosa, también podrá ser mayor o menor la responsabilidad del infractor, según sea la gravedad de la omisión. Las expresiones "culpa" y "negligencia" se encuentran también en los a. 2425 fr. 11 y 2845, igual que en el que se comenta. En cambio en diversos preceptos se emplean otros términos para expresar la idea de culpa o negligencia. P.e. el a. 2522 se refiere a la "malicia y la negligencia" y el 2578 emplea las palabras "culpa e imprudencia". L.C.P.

Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de ellos responderá, proporcionalmente, exceptuándose en los casos siguientes: I.—Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente; II.—Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se encuentre en poder de uno de ellos, o cuando dependa de hecho que sólo uno de los obligados pueda prestar; 111.—Cuando la obligación sea indivisible; IV.—Cuando por el contrato se ha determinado otra cosa.

ARTÍCULO 2026.

El párrafo primero se limita a reproducir lo dispuesto en los aa. 1985 y 1986 que tratan de la simple mancomunidad de deudores y de acreedores. De acuerdo con los preceptos citados, en la mancomunidad pasiva cada uno de los deudores no está obligado a cumplir integramente la obligación, pues la 1143]

ARTS. 2020 y 2027



LIBRO CUARTO

deuda se considera dividida en tantas partes como deudores haya y cada parte constituye una deuda distinta de las otras. Lo mismo puede decirse de los acreedores cuando hay mancomunidad activa, habrá tantos créditos como sujetos activos existan. Este artículo comprende cuatro casos de excepción al principio que estamos examinando. 1. Cuando cada uno de los deudores se hubiere obligado solidariamente. Existe solidaridad pasiva cuando dos o más deudores "reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida" (a. 1987). 2. Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se encuentre en poder de uno de ellos, o cuando dependa de un hecho que sólo uno de los obligados pueda prestar. Aquí se comprenden dos situaciones distintas: a) Cuando la cosa cierta y determinada que se debe, se encuentre en poder de uno de los deudores y b) Cuando la obligación dependa de un hecho que sólo uno de los obligados pueda prestar. En el primer caso se trata efectivamente de una obligación de dar cosa cierta y determinada y si ésta se encuentra en poder de uno de los deudores será éste el obligado a entregarla. En el segundo caso nos encontramos en presencia de una obligación de hacer que sólo uno de los obligados puede prestar. Le corresponderá a éste cumplir la obligación contraída por el conjunto de deudores. 3. Cuando la obligación sea indivisible. Al respecto dispone el a. 2003 que las obligaciones son indivisibles cuando las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero y agrega el a. 2006 que cada uno de los que han contraído conjuntamente una deuda indivisible, está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad. 4. Cuando por el contrato se ha determinado otra cosa. En derecho privado las partes son libres para convenir todo aquello que la ley no prohibe o que no atente contra las leyes de interés público. (aa. 1795 fr. III, 1830 y 1839). Las partes pueden, en consecuencia, modificar la regla general que enuncia el primer párrafo del artículo que se comenta, estipulando cuando son varios deudores de una misma cosa, que uno solo de ellos ejecute lo convenido. En este supuesto, los demás deudores responderán ante el acreedor o acreedores de las consecuencias del incumplimiento de la obligación. L.C.P.

CAPITULO VI De las obligaciones de hacer o de no hacer A RTÍCULO 2027. Si el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquél se [144]

TITULO SECUNDO/CAPITULO. VI

ART. 2027

ejecute por otro, cuando la substitución sea posible. Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.

El maestro Manuel Borja Soriano refiriéndose al objeto de la obligación, dice que debe ser una prestación o una abstención de carácter patrimonial. Y agrega:

Se llama objeto de la obligación lo que puede exigir el acreedor al deudor. Este objeto puede ser un hecho positivo como la ejecución de un trabajo o la entrega de dinero: se le llama entonces prestación; puede ser también un hecho negativo, es decir una abstención. Las obligaciones positivas que no son de dar, son las que tienen por objeto prestaciones de hecho y se llaman obligaciones de hacer. (Teoría general de/as obligaciones, México, Porrúa, 1982, números 13 y 14, p. 73). Refiriéndose a la "prestación de hechos", el maestro Borja Soriano dice: "A lo imposible nadie está obligado. Por eso el artículo 1827 en su fracción I dice que el hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe ser posible". Los aa. 1824 en su fr. II y 1827 a 1830 se refieren al objeto del contrato en las obligaciones de hacer. En los comentarios a los aa. que se citan en el párrafo inmediato anterior, se han analizado sus aspectos legales. El artículo que se comenta, dispone que en las obligaciones de hacer, el acreedor tiene derecho: a pedir que lo ejecute otro, a costa del deudor, cuando éste no lo hace; ya proceder en igual forma cuando el deudor no ejecuta el hecho en la forma convenida. Podrá pedir además que se deshaga lo mal hecho. Una disposición similar encontramos en el a. 1978 respecto de las obligaciones alternativas. Dice este artículo: "Si el obligado a prestar una cosa o ejecutar un hecho se rehusare a hacer lo segundo y la elección es del acreedor, éste podrá exigir la cosa o la ejecución del hecho por un tercero, en las términos del articulo 2027. Si la elección es del deudor, éste cumple entregando la cosa". Respecto a esta misma clase de obligaciones, dispone el a. 1983 que "la falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en los artículos 2027 y 2028". El a. 2064, ubicado en el capítulo del pago, dispone: "La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus conocimientos especiales o sus cualidades personales. Concordante con el anterior, dispone el a. 2104: [145]

ARTS. 2027 y 2028

LIBRO CUARTO

El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes: I.—Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste; II.—Si la obligación no dependiere de plazo cierto se observará lo dispuesto en la parte final del articulo 2080. El que contraviniere una obligación de hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. La parte final del a. 2080, a que se hace referéncia se aplica cuando no se ha señalado plazo para el cumplimiento de las obligaciones de hacer, y es del tenor siguiente: "Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación". Otras especies de obligaciones de hacer contienen los aa. 2245 y 2800. Dispone el primero: "La promesa de contrato sólo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido", y el 2800 ordena: "Puede también obligarse el fiador a pagar una cantidad de dinero, si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado". .El legislador en varias de las disposiciones citadas denomina prestación de hechos o de servicios, a las obligaciones de hacer. A diferencia de los códigos de 1870 y 1884, el código actual en el capítulo referente a esta clase de obligaciones las denomina "obligaciones de hacer". (Véase el comentario al a. 2011). L.C.P. ARTÍCULO 2028. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa,

quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado. Se refiere este artículo a las obligaciones que imponen al deudor una prohibición; es decir, cuando debiendo abstenerse de actuar, no lo hace. Establece el artículo que se comenta que si una persona se obliga a no hacer alguna cosa quedará sujeta al pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento. Ahora bien, tratándose de obligaciones de no hacer, el acreedor no puede obtener directamente el cumplimiento, la obligación del deudor se resuelve en el pago de daños y perjuicios y la destrucción en su caso a costa del obligado de la obra que se había prohibido ejecutar. En esta especie de obligación, la eficacia de la responsabilidad civil no implica la destrucción de la obra indebidamente ejecutada, ya que no se obtiene un eficaz cumplimiento, o una congruente reparación de los daños y perjuicios. En algunos casos se habrán producido consecuencias irreparables para el acreedor. No [146]

TITULO TERCERO/CAPITULO I

ARTS. 2028 y 2029

obstante estas obligaciones presentan la característica de que no son susceptibles de ejecución forzada sino de indemnización. Conviene señalar que el a. 524 del CPC del DF establece que en caso de incumplimiento de la sentencia que condene a no hacer, su infracción se resolverá ene! pago de daños y perjuicios, que serán señalados por el actor "para que por ellos se despache ejecución". Con respecto a las cláusulas de no enajenar (obligación de no hacer) el maestro Borja Soriano en los nümeros l88, 189, 190, 181, 182, 183, 194, 1234 y

1235 de su obra hace un extenso análisis exponiendo las distintas opiniones que existen al respecto. (Teoría general de las obligaciones. México, Porrúa, 1982, p. 154). 1.G.G. y L.C.P.

TITULO TERCERO De la transmisión de las obligaciones CAPITULO 1 De la cesión de derechos

Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otros los que tenga contra su deudor.

ARTÍCULO 2029.

La relación jurídica no se modifica por virtud de la cesión, La obligación no experimenta variación alguna; sólo ocurre que un nuevo acreedor, que es el cesionario, pasa a ocupar el lugar del anterior, o sea el cedente. Será la naturaleza misma del contrato que celebren entre si el primitivo y el nuevo acreedor, la que dará categoría jurídica a la relación contractual. La transferencia de derechos que se verifica mediante el cambio del acreedor tiene las características propias del contrato, cuyos derechos son objeto de la cesión. Se ajusta esta operación a la definición de contrato que considera el a. 1793 cuando dice que los convenios que producen o "transfieren" las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. La unanimidad de nuestros comentaristas considera que la cesión de derechos tiene su origen en un contrato. Manuel Bejarano Sánchez, en su obra: Obligaciones civiles, en la página 403, dice: "se ha dicho que la cesión es un contrato cambiante porque asume la forma de diversos contratos como la compraventa, la permuta o la donación". Don Manuel Borja Soriano, en el t. II de su obra Teoría general de las obligaciones, p. 237 núm. 1229, dice: "Noción. La cesión de crédito es un [1471

TITULO TERCERO De la transmisión de las obligaciones

TITULO TERCERO/CAPITULO I

ARTS. 2028 y 2029

obstante estas obligaciones presentan la característica de que no son susceptibles de ejecución forzada sino de indemnización. Conviene señalar que el a. 524 del CPC del DF establece que en caso de incumplimiento de la sentencia que condene a no hacer, su infracción se resolverá ene! pago de daños y perjuicios, que serán señalados por el actor "para que por ellos se despache ejecución". Con respecto a las cláusulas de no enajenar (obligación de no hacer) el maestro Borja Soriano en los nümeros l88, 189, 190, 181, 182, 183, 194, 1234 y

1235 de su obra hace un extenso análisis exponiendo las distintas opiniones que existen al respecto. (Teoría general de las obligaciones. México, Porrúa, 1982, p. 154). 1.G.G. y L.C.P.

TITULO TERCERO De la transmisión de las obligaciones CAPITULO 1 De la cesión de derechos

Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otros los que tenga contra su deudor.

ARTÍCULO 2029.

La relación jurídica no se modifica por virtud de la cesión, La obligación no experimenta variación alguna; sólo ocurre que un nuevo acreedor, que es el cesionario, pasa a ocupar el lugar del anterior, o sea el cedente. Será la naturaleza misma del contrato que celebren entre si el primitivo y el nuevo acreedor, la que dará categoría jurídica a la relación contractual. La transferencia de derechos que se verifica mediante el cambio del acreedor tiene las características propias del contrato, cuyos derechos son objeto de la cesión. Se ajusta esta operación a la definición de contrato que considera el a. 1793 cuando dice que los convenios que producen o "transfieren" las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. La unanimidad de nuestros comentaristas considera que la cesión de derechos tiene su origen en un contrato. Manuel Bejarano Sánchez, en su obra: Obligaciones civiles, en la página 403, dice: "se ha dicho que la cesión es un contrato cambiante porque asume la forma de diversos contratos como la compraventa, la permuta o la donación". Don Manuel Borja Soriano, en el t. II de su obra Teoría general de las obligaciones, p. 237 núm. 1229, dice: "Noción. La cesión de crédito es un [1471

ART. 2029

LIBRO CUARTO

contrato por el cual el acreedor, que se llama cedente, transmite los derechos que tiene en contra de su deudor a un tercero, que se llama cesionario". Don Ernesto Gutiérrez y González, en su obra Derecho de/as obligaciones, en la p. 750, núm. 1037, dice: "La cesión de derechos es un acto jurídico del género contrato, en virtud del cual un acreedor, que se denomina cedente, transmite los derechos que tiene respecto de su deudor, a un tercero que se denomina cesionario". El maestro Rojina Villegas, en el t. III del Compendio de derecho civil, p. 456, núm. 6, dice: Carácter variable de la cesión de derechos. Esta tiene un carácter variable, en virtud de que es la fuente o causa eficiente de distintos contratos o figuras jurídicas en general. Es decir, como la cesión de derechos puede ser a título oneroso o gratuito, puede dar lugar a una compraventa, si hay un precio cierto y en dinero a cambio del derecho cedido; a una permuta, si a cambio del crédito se da otro o alguna cosa; a una donación, si es a título gratuito; a una aportación en sociedad, si el crédito se trasmite a la persona moral que se constituye, etc. Los autores apuntan en sus estudios la utilidad práctica de la cesión de créditos en la vida jurídica y de los negocios, porque permite al acreedor negociar un crédito todavía no exigible y al cesionario invertir el dinero disponible u ocioso. El CC considera una gran variedad de actos a los cuales en forma específica denomina "cesión". En otros casos, aun cuando el legislador no lo diga, puede deducirse la existencia de esta figura jurídica. El capítulo que se comenta se refiere específicamente a una variedad especial y determinada de "cesión de derechos". Ella debe tener origen en ciertas figuras jurídicas, generalmente conocidas; debe realizarse entre determinadas personas, quedando sujeto su perfeccionamiento a formalidades expresamente establecidas. ¿Pueden aplicarse por analogía las disposiciones de este capítulo a otras variedades de "cesión de derechos"? Además de las disposiciones que contiene el capitulo que se comenta, existen en el código varios artículos, que en una u otra forma, se refieren a la cesión de derechos. Por vía de ejemplo, podemos citar los siguientes: 828 fr. II, 950, 1450, 1887, 2020, 2276, 2308, 2480, 2705, 2865 y 2926. Estos artículos tienen relación con los aa. 2276, 2865 y 2296. En cuanto al régimen jurídico de los otros, es necesario consultar los comentarios que se hacen sobre ellos en este trabajo. Cesión de créditos litigiosos. De acuerdo con lo dispuesto por los aa. 2272 y 2592 fr. III, puede el acreedor ceder su derecho aun cuando exista juicio [148]

ARTS. 2029 y 2030

TITULO TERCERO/CAPITULO 1

pendiente sobre el crédito mismo; pero el cedente debe declarar la existencia del juicio para no incurrir en las sanciones que señala la ley. Los códigos de 1870 y 1884 definían lo que debía entenderse por crédito litigioso (aa. 1742 y 1627 respectivamente). El código actual, no define el concepto. Sin embargo el a. 2179, presume fraudulentas las enajenaciones que haga una persona, existiendo embargos decretados en su contra, siempre que se reúnan las demás circunstancias que esa disposición señala. Es litigoso un crédito, cuando su existencia o legitimidad se encuentran sub judice.

L.C.P.

ARTÍCULO 2030. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero

sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido, cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho. En la cesión de derechos, la obligación originariamente pactada subsiste, no se altera ni modifica en forma alguna, sólo cambia el acreedor, desaparece el anterior, que es reemplazado por otro. Este asume todas las consecuencias de la relación de derecho, adquiridas por las partes, al constituirse la relación jurídica. Por esa razón, no es necesaria la autorización del deudor para proceder a ese cambio. En principio, todos los derechos pueden cederse. Por excepción no puede hacerse en los s:guientes casos: a) cuando la ley lo prohiba; b) cuando por la naturaleza misma del derecho, no sea posible su transferencia; y c) cuando las partes han convenido no hacerla. Prohibiciones legales. El a. 2276 establece una prohibición cuando dice: "Los magistrados, los jueces, el ministerio público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los bienes citados". La infracción a esta disposición trae consigo la nulidad de la cesión por considerarlo así el a. 2282. Conteniendo el a. 2276 una prohibición, la infracción a ella debe ser necesariamente la nulidad, por disponerlo así el a. 8 que dice que los actos realizados en contra de las leyes prohibitivas serán nulos. [149]

ARTS. 2030 y 2031

LIBRO CVARTO

Algunos comentaristas consideran que también serían prohibiciones sujetas al régimen jurídico que estamos analizando, las contenidas en los aa. 2308, 2480 y 2500. Casos en que no lo permite la naturaleza del derecho. Pueden citarse al respecto algunos derechos derivados de la legislación familiar, particularmente del capítulo referente a los alimentos. Convenio entre las partes. Pueden las partes convenir que en determinados derechos que surgen entre ellas, no puedan ser cedidos por el acreedor. ¿Qué consecuencia jurídica traería consigo la infracción por parte del acreedor de esta prohibición convencional? ¿Será la nulidad de la cesión como lo creen algunos comentaristas? En nuestra opinión no sería esa la sanción; sino que incurriría en responsabilidad civil, porque el acreedor al obligarse a no ceder su derecho, contrae una obligación de no hacer y en consecuencia la infracción debe sancionarse en la forma que señala el a. 2028 que dice: "El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención" y porque el deudor sólo puede negarse al pago de la deuda al cesionario, según lo establece el artículo que se comenta, en su párrafo segundo, cuando la obligación de no hacer que contrajo el acreedor, conste en el título constitutivo del derecho. Si no consta, no puede oponerse el deudor a hacer el pago al nuevo acreedor, L.C.P.

ARTÍCULO 203J . En la cesión de crédito se observarán las disposi-

ciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este Capítulo. Los autores consideran que la cesión de derechos debe hacerse mediante un contrato el cual puede ser gratuito u oneroso. Será pues una donación, una compra-venta, una permuta u otro acto jurídico cualquiera yen tal caso deberán observarse las disposiciones legales que se prescriben para esa clase de contratos, en lo que no estuvieren modificadas por las reglas especiales consignadas en el capítulo que se analiza, las cuales deben aplicarse preferentemente. Si el crédito cedido estuviere garantizado con hipoteca, debe considerarse lo que dispone el a. 2926 que dice: "El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca, previene el a. 2917, se dé conogimiento al deudor y sea inscrito en el Registro". Sobre esta clase especial de cesión, debe tomarse en consideración lo que dispone el a. 2032. [150]

TITULO TERCERO/CAPITULO I

ARTS. 2031, 2032 y 2033

Del texto del a. 2926 se desprende que la cesión puede ser total o parcial, según comprenda el todo o parte de la obligación. L.C.P. ARTÍCULO 2032. La

cesión de un crédito comprende la de ~os los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente. Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal.

Las garantías convenidas por las partes al constituirse la obligación principal, y los privilegios, subsisten, no se alteran ni se extinguen con la cesión, a diferencia de lo que ocurre en la novación, según se desprende de los aa. 2220 y 2221. Si al convenirse la cesión hubieren intereses vencidos y nada estipularen las partes sobre ellos, se presume que fueron cedidos con el crédito principal.

La cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador, puede hacerse en escrito privado que firmarán cedente, cesionario y dos testigos. Sólo cuando la ley exija que el titulo de crédito cedido conste en escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de documento.

ARTÍCULO 2033.

Esta disposición establece la forma de trasmitir mediante cesión los derechos que no sean a la orden o al portador, debiendo observarse en su caso las formalidades que el mismo artículo señala. La cesión de un crédito debe hacerse formalmente en escrito privado que suscribirán y firmarán el cedente, el cesionario y dos testigos, observándose en su caso, lo que disponen al efecto los aa. 1833 y 1843. Sólo cuando el crédito conste en escritura pública, deberá hacerse la cesión en un documento de esta naturaleza. ¿Será un ejemplo de esta especie la cesión del saldo de precio proveniente de la venta de un inmueble que ha sido enajenado por escritura pública? Es necesario destacar en esta ocasión, un especial caso comprendido en el a. 2321 el cual dispone, que puede llevarse al cabo mediante el simple endoso del título, la enajenación de los inmuebles a que esa disposición legal se refiere. ¿Se trata en la especie de la transferencia del dominio mediante la figura jurídica de [151]

ARTS. 2033

y 2034

LIBRO CUARTO

la cesión? Si así lo fuere, es necesario reconocer, en todo caso, que esa cesión no presenta las características propias de la que estamos analizando. (El a. 2926 señala un caso similar). L.C.P. ARTÍCULO 2034. La cesión de créditos que no sean a la orden o al

portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: I.—Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción, en el Registro Público de la Propiedad; se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; III.—Si se trata de un documento privado, desde el dial en que se incorpore o inscriba en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador deben tener fecha cierta para que produzcan efectos contra terceros; podría cualquier acreedor del cedente embargar el crédito cedido, si la cesión no la tiene. Aun cuando el legislador no lo diga, para que produzca efectos en contra de terceros, además de las exigencias que contiene el a. 2034, es necesario que la cesión se encuentre legalmente constituida con respecto al cedente, al cesionario y al deudor. En caso contrario carecería de eficacia jurídica, como lo dispone expresamente el a. 2040. ¿Cuándo adquieren fecha cierta los documentos en que consta la cesión? 1. Si el crédito cedido debe inscribirse en el RPP tendrá fecha cierta desde la fecha de su inscripción. El a. 2926 dispone que la cesión de un crédito hipotecario, debe inscribirse en el RPP. Esta disposición es lógica porque el cesionario, una vez pagada la deuda, debe otorgar los recibos necesarios para la cancelación de la hipoteca. Si no existe constancia de su existencia, carecerán de eficacia jurídica para el RPP, los recibos que otorgue el cesionario mientras no acredite legalmente su calidad de tal. El a. 3007 reafirma el principio que contiene esta fracción primera al decir: "Los documentos que conforme a este Código sean registrables y no se registren, no producirán efecto en perjuicio de tercero". [152]

TITULO TERCERO/CAPITULO I

ARTS. 2034 y 20311

2. Cuando la cesión se hace por medio de una escritura pública, adquiere fecha cierta desde la fecha de su otorgamiento. Tanto la inscripción en el RPP como la escritura pública, son medios eficaces establecidos por la ley para dar publicidad a las relaciones jurídicas que celebran los particulares. 3. Cuando se trata de documentos privados, la cesión que consta en dicho documento adquirirá fecha cierta: a) Desde el día en que se incorpore o inscriba en el R PP. La fr. III del a. 3005 establece la forma de registro de los documentos privados. b) Desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron. c) Desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de S ti oficio. El legislador trata de evitar los actos dolosos o fraudulentos en que pueden incurrir algunas personas. Los herederos no podrán hacer valer que el crédito cedido forme parte del acervo hereditario, porque existe un documento privado en donde consta que no forma parte del patrimonio del de cujus. Disposición semejante a las que analizamos contiene el a. 2860 que se encuentra ubicado en el capítulo de la prenda. L.C.P. ARTÍCULO 2035. Cuando no se trate de títulos a la orden o al

portador, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer el cedente en el momento en que se hace la cesión. Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación, con tal que su crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido. Esta disposición sólo se aplica a la cesión de créditos que no sean a la orden o al portador. Sobre este particular es necesario hacer una aciaracion previa. El a. 2030 estatuye que el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor. Sin embargo, el a. 2038 dispone que el deudor puede aceptar la cesión u oponerse a ella. A su vez el a. 2201 ubicado en el capítulo "de la compensación", establece que el deudor puede aceptar la cesión y el artículo siguiente le permite oponerse a ella. No existe ninguna norma que establezca la forma como debe hacerse la oposición, la época en que debe efectuarse, ni los efectos que ella produce, salvo los referentes a la compensación. (Véase a. 2038). [03]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2035, 2036 y 2037

Conforme al párrafo segundo del artículo que se comenta, si el deudor tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación, con tal que el crédito sea exigible antes de que lo sea el cedido. Sólo se considera en este párrafo la excepción de compensación, con un crédito que a su vez tuviere el deudor contra el acreedor cedente; empero sólo podrá hacerla valer el deudor, si se opuso oportunamente a la cesión (aa. 2201 y 2202). El a. 2203 en debida concordancia, dispone que "si la cesión se realizare sin consentimiento del deudor, podrá este oponer la compensación de los créditos anteriores a ella, y la de los posteriores, hasta la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la cesión". L.C.P. ARTÍCULO 2036. En los casos a que se refiere el artículo 2033, para

que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario. Corresponde al cesionario dar a conocer al deudor la existencia de la cesión para que "pueda ejercitar sus derechos contra él", como dice textualmente el artículo que se comenta. Este conocimiento se hace mediante una notificación, ya judicial, ya extrajudicial. La notificación judicial se hará de acuerdo a las normas que contiene el código de la materia. La extrajudicial puede hacerse en presencia de dos testigos o mediante la intervención de un notario. La LN faculta expresamente a los notarios públicos para intervenir en estas diligencias. Si la efectúa el cesionario, como lo expresa el precepto, el deudor debe cerciorarse de la existencia y eficacia de la cesión, empleando para ello la diligencia que aconseja la prudencia. Véase Alessio Zaccaria C., Commentario breve al cadice civile, Milano, Cian-Trabucchi, CEDAM, 1981, comentario al a. 1264 italiano. L.C.P. ARTÍCULO 2037. Sólo tiene derecho para pedir o hacer la notifica-

ción, el acreedor que presente el título justificativo del crédito, o el de la cesión, cuando aquél no sea necesario. [154]

ARTS, 9037, 2038 y 2039

TITULO TERCERO/CAPITULO I

Es evidente que si la notificación al deudor se hace judicialmente, deberá acreditar el peticionario que es el cesionario, mediante la exhibición de los documentos justificativos del crédito y de la cesión. Lo mismo ocurrirá cuando la notificación la haga el notario. ¿Es necesario exhibir esos documentos también al deudor? No cabe duda alguna que el d'hudor exigirá que se le demuestre fehacientemente la existencia de la cesión y los demás aspectos de la operación. El deudor necesita tener la seguridad de que en su oportunidad el pago lo hará al legitimo titular del derecho, pues quien paga mal paga dos veces. L.C.P. ARTÍCULO 2038. Si

el deudor está presente a la cesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado, y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación.

Además de lo dispuesto en el a. 2036 también se tendrá por hecha la notificación: a) cuando el deudor se encuentra presente en el acto mismo en que se efectúa la cesión y no se opone a ella. Argumentando a contrario ¿si hay oposición del deudor habrá que notificarle, la cesión en la forma que señala el a. 2036? b) Y cuando el deudor se encuentre ausente y se prueba que ha aceptado la cesión. L.C.P.

Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero ha notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse.

ARTÍCULO 2039.

Puede ocurrir que el titular de un derecho lo ceda a un tercero y su mandatario ignorando esta cesión proceda a ceder el mismo crédito a persona distinta. En este caso será preferido el cesionario que primero ha notificado la cesión al deudor. Si se trata de un título que debe registrarse, será preferido el que primero haga la inscripción. Este artículo confirma que es el cesionario quien debe notificar la cesión al deudor. (Véase el comentario al a. 2036). L.C.P. [155]

ARTS. 2040 y 2041

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2040. Mientras

no se haya hecho notificación al deudor, éste se libra pagando al acreedor primitivo.

Tiene suma importancia la notificación al deudor, porque mientras ella no se efectúa en forma legal, el deudor se libera de la obligación pagando al acreedor primitivo. La negligencia del cesionario, encargado de practicar la notificación, le puede acarrear un grave perjuicio, en especial cuando las partes han convenido que el pago pueda hacerse anticipadamente en la forma que señala el a. 2081 o que pueda hacerlo un tercero, como lo. dispone el a. 2074. L.C.P.

Hecha la notificación, no se libra el deudor sino pagando al cesionario.

ARTÍCULO 2041.

Una vez efectuada la notificación, el cesionario desde ese mismo instante adquiere la calidad de acreedor frente al deudor y por lo tanto está legitimado Para recibir el pago de la obligación y para liberar al deudor. A este respecto el Código de 1884 en su artículo 1628 requiere en forma absolutamente indispensable, que para que el derecho cedido pasara al cesionario, que se hiciera la entrega del título base del crédito... El Código vigente modifica el precepto... supuesto que sólo estima necesaria la presentación del título justificativo del crédito, para los efectos de hacer la notificación al deudor; pero no para que se opere la cesión entre cedente y cesionario. (Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, Teoría general de las obligaciones, México, Antigua Librería Robredo, 1962, t. III, p. 459). El a. 2073 dispone que el pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo, de modo que el deudor está obligado, una vez que le ha sido notificada la cesión, a pagar la deuda al cesionario, siempre que compruebe que es el legítimo acreedor. El deudor a quien se ha notificado la cesión sólo se libera de la obligación pagando al cesionario. Si el cesionario al notificar la cesión no exhibe las constancias que acrediten la legitimidad de su derecho de cobro, el deudor se libera depositando la cosa o cantidad debida, con citación del interesado a fin de que justifique sus derechos por los medios legales (a. 2099). I.G.G [156]

TITULO TERCERO/CAPITULO I



ARTS. 2942 y 2043

ARTÍCULO 2042. El cedente está obligado a garantir la existencia o

legitimidad del crédito al tiempo de hacerse la cesión, a no

ser que aquél se haya cedido con el carácter de dudoso.

Los comentaristas consideran que la garantía objeto de esta obligación comprende: la existencia del crédito, que el cedente es su propietario, y que puede disponer del crédito; que el derecho no está afectado de nulidad, ni adolece de ningún otro vicio y que no se han constiturdo derechos a favor de terceros sobre el crédito cedido. El maestro Manuel Borja Soriano, invocando la opinión de Cunha Gancalves, Alves Moreira y Baudry-Lacantinerie considera que "la obligación del cedente de garantizar el crédito y su existencia le obliga a garantizar: I. que el crédito que se cede existe en el momento de la cesión; 2. que es propietario del crédito; 3. que el crédito no está atacado de algún vicio por el que pueda ser anulado y 4. que no ha concedido sobre el crédito ningún derecho que pueda impedir la completa transmisión del mismo al cesionario" (op. cit. t. 11, p. 243, núm. 1230). Queda el cedente liberado de estas obligaciones, si el crédito cedido tiene el carácter de dudoso. El crédito es dudoso, cuando carece de alguno de los caracteres señalados y el cesionario conociendo esta circunstancia, conviene en adquirirlo, tomando a su cargo los riesgos de la adquisición. Vendido (cedido) un crédito de esta suerte, manifestadas por el vendedor, al comprador las contingencias a que se expone, y conocidos por éste los riesgos que desde luego acepta... es indudable que excluye lógicamente la responsabilidad del vendedor... Para que un crédito se venda como dudoso y no se dé la responsabilidad del vendedor, es menester que éste crea realmente que es dudoso, pues si a ciencia cierta supiese que estaba extinguido y esto se probara por el comprador (cesionario), el vendedor (cedente) dejará de tener buena fe y no le será aplicable el precepto que explicamos. (Manresa y Navarro, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1969, t. X, vol. I, p. 572, comentario a los aa. 1529 y 15301.

I.G.G. ARTÍCULO 2043. Con excepción de los títulos a la orden, el cedente

no está obligado a garantir la solvencia del deudor, a no

ser quese haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. [157]

MITS. 2043, 2044 y 2045

LIE110 CUARTO

Dispone el a. 2166 que "hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en este caso consiste en el conocimiento de ese déficit". Según el artículo que se comenta el cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor sino en los caso siguientes: a) cuando se hubiere estipulado expresamente; b) cuando la insolvencia del deudor fuere pública y anterior a la cesión. L.C.P. ARTÍCULO 2044. Si el cedente se hubiere hecho responsable de la

solvencia del deudor, y no se fijare el tiempo que esta responsabilidad deba durar, se limitará a un año, contando desde la fecha en que la deuda fuere exigible, si estuviere vencida; si no lo estuviere, se contará desde la fecha del vencimiento. El a. 2043 dispone que el cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, salvo que se estipule expresamente esa garantía. Si ella se hubiere pactado y no se hubiere señalado el tiempo que esta responsabilidad debe durar, ésta se limitará a un año, que se contará; a) desde la fecha en que la deuda se hizo exigible, si estuviere vencida; b) si no lo estuviere, se contará el tiempo desde la fecha del vencimiento. L.C.P. ARTÍCULO 2045. Si el crédito cedido consiste en una renta perpe-

tua, la responsabilidad por la solvencia del deudor se extingue a los cinco años, contados desde la fecha de la cesión. Cuando el crédito cedido consiste en una renta perpetua (vitalicia) y el cedente garantiza la solvencia del deudor sin especificar el tiempo que debe durar esa responsabilidad, el legislador la limita a cinco años, que se contarán desde la fecha de la cesión. No vemos que exista razón suficiente para establecer en este caso, derogación a la regla de que el cedente no garantiza la solvencia del deudor, tampoco encontramos justificado que la garantía se extinga al vencer el plazo de cinco años a partir de celebrada la cesión. I.G.G. [158]

TITULO TERCERO/CAPITULO I



ARTS. 2046 y 2047

El que cede alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, cumple con responder de la legitimidad del todo en general; pero no está obligado al saneamiento de cada una de las partes, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte.

ARTÍCULO 2046.

Se denomina cesión en globo la que recae en forma alzada sobre la totalidad de ciertos derechos. El cedente en esta clase de cesión responde de la legitimidad del todo, pero no queda obligado al saneamiento de cada una de las partes; salvo cuando la evicción comprenda el todo o la mayor parte de los créditos cedidos. Con toda claridad el precepto se refiere a la cesión de derechas que se trasmiten en conjunto, en un solo acto traslativo de la titularidad de ese grupo de derechos, que forman una unidad económica que es la materia del contrato. En esa hipótesis, el cedente no responde de la existencia y legitimidad de cada uno de los créditos cedidos en particular sino de su totalidad o de la mayor parte de ellos, que es el objeto sobre el que las partes han convenido fijando un precio alzado por todo el acervo. Por mayor parte debe entenderse en nuestra opinión, el valor económico del conjunto de derechos objeto de la cesión, y no la mayor parte de las unidades que lo componen. I.G.G.

ARTÍCULO 2047. El que cede su derecho a una herencia, sin enumerar las cosas de que ésta se compone, sólo está obligado a responder de su calidad de heredero. Se trata de la cesión del derecho de herencia, actuación que se encuentra regida por normas de excepción. En los aa. 975, 1289, 1291, 1292, 1293, 1649, 1652, 1704, 1826, 2950 fr. III, entre otros, distingue el legislador entre los derechos del heredero sobre la masa hereditaria considerada como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen una universalidad jurídica y las cosas que individualmente forman la sucesión. El artículo que se comenta se refiere al derecho que tiene legalmente el heredero sobre la herencia considerada en su totalidad, como una universalidad jurídica. Pues bien, el heredero puede ceder a un tercero su derecho hereditario y en tal caso sólo responde ante el tercero adquirente de su calidad de heredera. El heredero al transferir al adquirente su derecho sobre la universalidad jurídica, debe dar cumplimiento a lo que disponen los aa. 975 y 1292, cuando son [1591

MITS. 2047, 2048 y 2049



LIBRO CUARTO

varios los herederos. Cada uno de ellos sólo tiene en la herencia un derecho cuotativo equivalente a la porción o tanto por ciento que le fue asignada por el testador o la ley. De acuerdo a lo establecido en el a. 1292, cuando hay varios herederos y uno de ellos quiere ceder su derecho en la herencia, los otros coherederos, tienen el derecho del tanto que consiste en una preferencia para adquirir la cuota que se enajena. La cesión de derechos sobre bienes individualizados de la sucesión, se rige por las normas generales que contienen los artículos relativos de este capítulo. L.C.P.

Si el cedente se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa de la herencia que cediere, deberá abonarla al cesionario, si no se hubiere pactado lo contrario.

ARTÍCULO 2048.

Esta disposición se limita a reafirmar el principio que orienta esta materia, en orden a considerar al patrimonio hereditario como una comunidad de bienes, donde no es posible distinguir separadamente las cosas que lo integran por tratarse de una universalidad de derecho. La cesión tiene por objeto los derechos a la cuota hereditaria. Por esta razón, el legislador obliga al heredero cedente a reintegrar las cosas y los frutos -que hubiere percibido antes de la cesión o a abonar su valor al cesionario, salvo que hubieren convenido que el cedente no estuviere obligado a ello.

ARTÍCULO 2049. El

cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo si hubiere pactado lo contrario.

Es posible que estas compensaciones se hagan al convenirse el precio de la cesión, salvo que no hubiere acuerdo sobre ellas o que se convenga no Cobrarlas. L.C.P. [160]

TITULO TERCEROPCAPITULOS I y Il

MITS. 2050 y 2051

Si la cesión fuere gratuita, el cedente no será responsable para con el cesionario, ni por la existencia del crédito, ni por la solvencia del deudor.

ARTÍCULO 2050.

La cesión puede hacerse a título gratuito u oneroso. Se observarán en la cesión, dice el a. 2031, las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas por este capítulo. Los comentaristas consideran que la cesrón de derechos es un contrato y si ella se hace a título gratuito, presentará sin lugar a dudas, las características propias de la donación. Como se trata de simples liberalidades el legislador no hace más gravosas las obligaciones del cedente ni del donante, cuando los derechos cedidos o donados son dudosos. Esta es la razón por la cual el legislador en el artículo que se comenta no impone mayores obligaciones al cedente y le desliga de responder de la existencia dei crédito y de la solvencia del deudor. Por iguales razones, el a. 2351 no hace recaer sobre el donante la responsabilidad de la evicción. L.C.P.

CAPITULO II De la cesión de deudas

Para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente.

ARTÍCULO 2051.

La cesión de deudas —también llamada por la doctrina "asunción de deudas"— es un contrato en virtud del cual un deudor es substituido por otro y la obligación sigue siendo la misma. En el CC de 1884, no existía la cesión de deudas como figura jurídica autónoma: se debía recurrir a la novación por cambio de deudor que, como toda novación, generaba una nueva obligación, quedando cancelada la anterior. La cesión de deudas tuvo su origen en el CC alemán de 1900, que reglamenta la sucesión en la deuda (aspecto pasivo de la obligación) como figura jurídica paralela a la cesión del crédito (aspecto activo de la obligación). Para Manuel Borja Soriano la cesión de deuda constituye, desde el punto de vista pasivo, una forma de sucesión a título particular, sin novación (Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 598). La doctrina distingue dos procedimientos para realizar la cesión de una deuda: mediante contrato del que la asume con el [161]

ARTS. 2051 y 2052



LIBRO CUARTO

acreedor, o bien mediante contrato con el deudor; ambos procedimientos quedan comprendidos en este precepto. Cuando una deuda es asumida por un tercero mediante contrato celebrado con el acreedor, ese tercero se constituye de inmediato en deudor y el antiguo deudor queda liberado automáticamente; no es necesario que este último dé su consentimiento (se trata de una antigua expromissio, que operaba en la transmisión de la deuda); o sea que el acreedor tiene la potestad para hacer pasar la deuda del antiguo deudor a uno nuevo, por la vía de realizar un acuerdo con éste. En cambio, no es posible que el deudor cambie su situación con otra persona sin que el acreedor lo autorice: éste debe consentir expresa o tácitamente. Un deudor puede convenir con un tercero, en cederle su deuda (delegación); pero la eficacia de tal convenio depende de que el acreedor lo acepte: si rehúsa aceptar, la asunción de la deuda por;! tercero no le producirá. El código no impone ninguna formalidad especial para celebrar la asunción de deuda, por lo que hay que considerar a este contrato como consensual. La capacidad que se requiere para el acreedor y para el que asume la deuda, es la general para obligarse. C.G.M.

ARTÍCULO 2052. Se presume que el acreedor consiente en la susti-

tución del deudor, cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de réditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Este precepto dispone cuáles actos del acreedor configuran el consentimiento tácito del acreedor para la cesión de la deuda. Para que exista presunción de consentimiento del acreedor, es necesario que haya un substituto del deudor y que ejecute los actos que describe este artículo, u otros análogos. Puede suceder que la persona que pretenda substituir al deudor, con el propósito de obligarse, lo manifieste así al acreedor, para que éste pueda conocer ese propósito; si el acreedor permite entonces que el substituto realice determinados actos que implican asumir la obligación, esto se considerará como aceptación tácita de la cesión de deuda. Puede ocurrir, asimismo, que quien pretende convertirse en substituto —o cesionario de la deuda— lo haya convenido así con el deudor; si el acreedor permite que el substituto realice respecto de la deuda actos que lo obligan en nombre propio, se considerará que tácitamente ha consentido en la cesión, y ésta quedará perfeccionada. C.G.M. El62]

ARTS. 2053 y 2054

TITULO TERCEIRO/CAPITULO II

El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero, si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario.

ARTÍCULO 2053.

Cuando el legislador dice "repetir contra el primero", se refiere a proceder contra él, exigirle el pago de la deuda. Este precepto no distingue si la insolvencia del nuevo deudor es anterior a la cesión de la deuda o es posterior. Donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir; en consecuencia, ante cualquier tipo de insolvencia del nuevo deudor, no podrá perseguir por el pago al deudor primitivo. Algunos códigos extranjeros distinguen entre la insolvencia anterior y la posterior, partiendo de la base de que, si el acreedor hubiere conocido la insolvencia del que se propone como substituto, no habría aceptado la cesión. En nuestro código, si se produjese una situación así, habría que acudir a los principios generales del derecho, particularmente al principio de la buena fe con que deben concluirse los contratos: un deudor que hubiese presentado al acreedor a un tercero insolvente conociendo la insolvencia, para que quedase obligado en su lugar, habría obrado con evidente mala fe, o bien con dolo, y tal contrato seria nulo. (Ver comentarios al a. 1816). C.G.M.

Cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijen un plazo al acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, pasado ese plazo sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que rehúsa.

ARTÍCULO 2054.

Este precepto acoge el principio según el cual el silencio no significa aceptación; por el contrario, si el acreedor no explica su conformidad con la cesión, se entiende que la rechaza y la cesión no podrá tener lugar. El silencio en materia jurídica puede valorarse de tres maneras diversas: "el que calla otorga", esto es, el silencio vale como consentimiento tácito; "el que calla no dice nada", principio por el cual el silencio de una de las partes no puede interpretarse en ningún sentido, ni positivo ni negativo; "el que calla no consiente", que es el recogido por nuestro código en este artículo. Para Ripert y Boulanger, en la cesión de deuda la voluntad del acreedor desempeña un papel fundamental, puesto que sin ella la operación no puede tener lugar. Mientras el acreedor no acepte, la cesión es solamente un proyecto, que se manifiesta por una oferta colectiva, hecha al acreedor por el antiguo [163]

ARTS. 2054, 2055 y 2056

LIBRO CUARTO

deudor y el candidato a substituirlo. La aceptación de la oferta tiene efectos vinculantes para el acreedor y el substituto, y efectos liberatorios para el primer deudor. (Tratado de derecho civil, según el tratado de Planiol, trad. al castellano, Buenos Aires. La Ley, 1965, t. V., Segunda Parte, Obligaciones, p. 277 y ss). C.G.M. ARTÍCULO 2055. El deudor sustituto queda obligado en los térmi-

nos en que lo estaba el deudor primitivo; pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen.

De acuerdo a este precepto, el cambio de deudor no destruye la identidad de la obligación; solamente se modifica uno de los elementos: el sujeto pasivo. Lo esencial en la obligación es el resultado que se pretende, o sea la prestación, que variará según se trate de una obligación de dar o una de hacer. Salvo en los 'contratos celebrados innata personae, no es fundamental la identidad del deudor. Como el deudor substituto queda obligado en los mismos términos que el primitivo, debe cumplir con la obligación y con todos sus accesorios: intereses devengados y por devengar. En caso de incumplimiento será responsable por los daños y perjuicios que por tal motivo se causen, multas estipuladas, etc. A quien haya garantizado la deuda, si es un tercero, la cesión no le es oponible, salvo que consienta en ella. A contrario sensu, si quien garantizó mediante prenda o hipoteca es el primitivo deudor, esas garantías subsisten al realizarse !a cesión de la deuda. C.G.M.

El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales; pero no puede oponer las que sean personales del deudor primitivo.

ARTÍCULO 2056.

Dentro del concepto de "excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda", el que la asume puede oponer todos lo hechos que tiendan a demostrar: a) que la obligación es inexistente, b)que es nula, relativa o absoluta; c) que ya se ha extinguido, ya sea por cumplimiento, su modo natural de extinción, o por cualquier otra causa; d) que no es exigible por estar pendiente de cumplimiento [164]

TITULO TERCERO/CAP/TULOS II y III

ARTS. 2056, 2057 y 2058

una condición o un plazo; e) que ha prescrito o caducado, si es el caso. Puede oponer asimismo las excepciones que le sean personales, como la de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti), la compensación, etc. Mas no puede prevalerse de las excepciones que derivan de la relación jurídica del acreedor con el primitivo deudor, p.e.: la compensación por una deuda que el acreedor tuviese pendiente con aquél, o la remisión que el acreedor le hubiese hecho en consideración a su persona. C.G.M.

ARTÍCULO 2057.

Cuando se declara nula la sustitución de deudor, la antigua deuda renace con todos sus accesorios; pero con la reserva de derechos que pertenecen a tercero de buena fe.

Como la substitución de deuda no es una novación —en la cual la primitiva deuda se extingue y nace una nueva obligación—, sino que, en este caso, un deudor es substituido por otro, pero la obligación sigue siendo la misma, si la substitución es nula (por vicios del consentimiento, por incapacidad, etc.) vuelve a primer plano la relación jurídica acreedor-deudor primitivo, junto con los contratos de garantía accesorios a ella, intereses devengados, etc.-Sólo se protegen los derechos del tercero de buena fe, p.c., aquel a quien el deudor substituto *hubiese enajenado la cosa objeto de la relación jurídica. C.G.M.

CAPITULO III De la subrogación ARTÍCULO 2058.

La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados: 1.—Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente; II.—Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación; 111.—Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia; IV.—Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. [165]

ART. 2058

LIBRO CUARTO

La subrogación tuvo su origen en dos figuras jurídicas del derecho romano: a) El beneficio de cesión de acciones, en virtud del cual, si un acreedor demanda a un fiador, éste podía oponer la excepción de cesión de acciones, que le permitía condicionar el pago a la cesión que el acreedor le hiciese de sus derechos contra el deudor principal. b) La successio in locum creditoris, que facultaba a una persona que hubiese pagado a un acreedor hipotecario, sucederlo en sus derechos sobre el bien hipotecado. El CC para el DF de 1884 incluía la subrogación en el título "De la extinción de las obligaciones". El CC de 1928, siguiendo a Bonnecase, coloca a esta figura jurídica bajo el titulo "De la transmisión de las obligaciones". Esta colocación es correcta, dado que, si bien la subrogación es consecuencia del pago que hace un tercero al acreedor, no se extingue la obligación, sino solamente produce el cambio de la persona del acreedor. La subrogación implica la desaparición de uno de los sujetos de la relación jurídica y su reemplazo por otro que lo sustituye, sin que la relación misma se modifique. La doctrina distingue dos clases de subrogación: a) Subrogación real, cuando incide sobre el bien que es objeto de la relación jurídica; el bien que toma el lugar del anterior, queda sometido a la misma regulación; b) Subrogación personal, cuando incide sobre una persona, ya sea el sujeto activo o el pasivo de la obligación: en este caso los derechos y obligaciones existentes entre las partes subsistirán, aunque la persona que los sustenta sea sustituida por otra. La doctrina —y algunas legislaciones— distinguen entre la subrogación convencional, es decir la que tiene su origen en una convención entre las partes' (ya sea acreedor y subrogado, o bien deudor y subrogado) y subrogación legal: la que opera por imperio de la ley, en los casos específicos que ésta determina. El precepto que se comenta trata de algunos casos de subrogación legal. No son los únicos que prevé el CC; así, el a. 1999 dispone que el deudor solidario que satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor. Otros casos de subrogación legal están consagrados en los aa. 2352, 2482 y 2830 (ver comentarios respectivos). Por obra de la fr. 1, la subrogación se produce no sólo en favor de los acreedores privilegiados o hipotecarios de rango inferior, sino también con respecto al acreedor quirografario que haya pagado al acreedor privilegiado, ya que éste es preferente con respecto a aquél. No se producirá la subrogación, si un acreedor privilegiado paga a uno de grado inferior. La fr. II sienta un principio general, que comprende los supuestos de las restantes fracciones; aunque, por su formulación, este artículo pareciese taxativo, la fr. II le quita tal carácter, ya que pueden existir intereses jurídicos de muy diversas especies que lleven a un tercero a pagar la deuda. La subrogación presenta muchas ventajas para quien paga la deuda de otro; así, las garantías —reales ó personales— que puedan existir, acompañan al crédito y pasan a la titularidad del subrogante. Si el acreedor tuviese contra el [166]

TITULO TEXCEPO /CAPITULO III

MITS. 2058, 2039, Un y 20.1

deudor un título ejecutivo, tal título, con las acciones que de él emanasen, pasarían asimismo al subrogatario. (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1974, pp. 255-265; Weill, Alex y Terré, Francois, Droit Civil: Les obligations, Francia, Dalloz, 1975, pp. 1043-1059). C.G.M. ARTÍCULO 2059. Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con

dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por ministerio de la ley en los derechos del acreedor, si el préstamo constare en título auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó sólo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. El título auténtico en donde se declare el objeto del préstamo, cónstituye el elemento probatorio esencial para que el prestamista goce de la subrogación legal. De no existir tal título, tendría simplemente una acción personal, para hacerse reembolsar el 'dinero prestado; en su caso, podría aducir la existencia de un mandato o de una gestión de negocios, salvo que hubiese tenido intención de hacer una liberalidad con respecto al deudor. C.G.M. ARTÍCULO 2060. No habrá subrogación parcial en deudas de solu-

ción indivisible. Si el pago debió hacerse en una sola entrega, el hecho de chut el acreedor haya aceptado de un tercero un pago parcial, no trae consigo la subrogación en favor de quien efectuó el pago. Quedan a éste expeditas las acciones personales contra el deudor, salvo que haya obrado con animus donandi. C.G.M. ARTÍCULO 2061. El pago de los subrogados en diversas porciones

del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a prorrata. [167]

Immo cumulo

ARTS. 2061 y 2062

Este precepto es una aplicación del principio general según el cual todos los bienes del deudor constituyen la garantía de sus acreedores (a. 2964), y, si no alcanzaren, se prorrateará el producto de esos bienes entre ellos (para conditio creditoris).

C.G.M

TITULO CUARTO Efectos de las obligaciones I. Efectos de las obligaciones entre las partes Cumplimiento de las obligaciones CAPITULO I Del pago ARTÍCULO 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o

cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido.

En sentido vulgar, se entiende por pago la entrega de la suma de dinero hecha al acreedor por su deudor. En sentido jurídico, "pago" tiene una acepción más amplia: es el cumplimiento de la obligación, la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere estipulado (a. 2062). Como el pago se hace con animo solvendi, produce también la extinción de la obligación. El CC de 1884 consideraba al pago como una de las formas de extinción de las obligaciones; para el CC, de 1928 (siguiendo al código suizo de las obligaciones), es el acto de cumplimiento de las obligaciones y la extinción de la obligación no es sino uno de sus efectos. Rojina Villegas define el pago como "un acto jurídico consensual consistente en el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente". (Derecho civil mexicano, 4a. ed, México, Porrúa, 1981, t.V, vol. II, Obligaciones, p. 213). Para este autor, se trata de un acto jurídico consensual, porque para su validez no requiere de formalidad alguna. Así, quien paga puede manifestar expresamente su voluntad de hacerlo o, simplemente, entrega al acreedor la cosa debida, ejecuta el servicio prometido o se abstiene de aquello que así se hubiese estipulado. A veces se exigen determinadas formalidades para acreditar el pago, pero se trata de medios de prueba del pago: cancelación de las constancias del RPP (en el caso de prendas o hipotecas), extención de recibos, entrega al deudor del título de crédito donde figura la deuda, etc. [168]

TITULO CUARTO Efectos de las obligaciones

Immo cumulo

ARTS. 2061 y 2062

Este precepto es una aplicación del principio general según el cual todos los bienes del deudor constituyen la garantía de sus acreedores (a. 2964), y, si no alcanzaren, se prorrateará el producto de esos bienes entre ellos (para conditio creditoris).

C.G.M

TITULO CUARTO Efectos de las obligaciones I. Efectos de las obligaciones entre las partes Cumplimiento de las obligaciones CAPITULO I Del pago ARTÍCULO 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o

cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido.

En sentido vulgar, se entiende por pago la entrega de la suma de dinero hecha al acreedor por su deudor. En sentido jurídico, "pago" tiene una acepción más amplia: es el cumplimiento de la obligación, la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere estipulado (a. 2062). Como el pago se hace con animo solvendi, produce también la extinción de la obligación. El CC de 1884 consideraba al pago como una de las formas de extinción de las obligaciones; para el CC, de 1928 (siguiendo al código suizo de las obligaciones), es el acto de cumplimiento de las obligaciones y la extinción de la obligación no es sino uno de sus efectos. Rojina Villegas define el pago como "un acto jurídico consensual consistente en el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente". (Derecho civil mexicano, 4a. ed, México, Porrúa, 1981, t.V, vol. II, Obligaciones, p. 213). Para este autor, se trata de un acto jurídico consensual, porque para su validez no requiere de formalidad alguna. Así, quien paga puede manifestar expresamente su voluntad de hacerlo o, simplemente, entrega al acreedor la cosa debida, ejecuta el servicio prometido o se abstiene de aquello que así se hubiese estipulado. A veces se exigen determinadas formalidades para acreditar el pago, pero se trata de medios de prueba del pago: cancelación de las constancias del RPP (en el caso de prendas o hipotecas), extención de recibos, entrega al deudor del título de crédito donde figura la deuda, etc. [168]

TITULO CUARTO/CAPITULO I

ARTS. 2062

y

2063

El pago, como todo acto jurídico, consta de elementos esenciales, requisitos de validez y elementos específicos. Son elementos esenciales: la voluntad (expresa o tácita) del que paga y el objeto física y jurídicamente posible de la prestación. No es imprescindible la concurrencia de la voluntad del que recibe el pago, pues éste puede efectuarse aun contra su voluntad (aa. 2097 y ss. CC). En cuanto al objeto, debe tratarse de cosa que exista en la naturaleza o una prestación que sea posible realizar o que no lo sea, la cosa materia del pago,

debe ser determinada o determinable y debe estar en el comercio. (aa. 1825 y 1827). Si falta alguno de los elementos esenciales del pago, éste será inexistente, de acuerdo al a. 2224 CC. Son requisitos de validez del pago: la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento y la licitud de la prestación. En cuanto a la capacidad, se trata de la de ejercicio en general y, tratándose de transmisión de cosas, se requiere la capacidad especial para enajenar (de acuerdo a cierta parte de la doctrina, se trataría en este caso de una "legitimación"). En cuanto a la ausencia de vicios del consentimiento y a la licitud de la prestación, rigen los principios generales en estas materias, legislados en los aa. 1812 a 1823, 1824, 1830 y 1831. Son elementos específicos del pago: la existencia de una deuda, el animus so/vendí, la intervención de un solvens y la existencia de un accipiens, en lo que se refiere a !a existencia de una deuda, si bien el CC no lo exige expresamente, ello resulta de la propia definición del pago contenida en este precepto. El animus solvendi o intención de extinguir la deuda, es el elemento que sustenta la voluntad del que efectúa el pago, así, cuando se padece un error en cuanto a la existencia de la deuda o en cuanto a la persona del deudor o del acreedor, se tiene derecho a la repetición de lo pagado. So/vens es el término genérico que usa la doctrina para designar tanto al deudor propiamente dicho, como al tercero que paga por él. Paralelamente, accipiens es el propio acreedor, quien puede legítimamente recibir el pago en su nombre. (Rojina Villegas, Rafael, op. cit. supra., pp. 216-221). C.G.M.

ARTÍCULO 2063. El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se sujetarán a lo dispuesto en el Título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos. [169]

ARTS. 2063 y 2064

LIBRO CUARTO

En principio, el deudor debe pagar entregando la especie convenida. El a. 2012 del CC dispone al respecto que "El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun cuando sea de mayor valor". Pero, mediante convenio con los acreedores, el deudor puede efectuar lo que la doctrina llama "dación en pago", o "pago por entrega de bienes". En este caso, el acreedor acepta liberar al deudor recibiendo otra cosa en lugar de la debida. Esta operación requiere la misma capacidad que el pago y produce los mismos efectos. Es una forma de cumplir la obligación y, a la vez, una forma de extinguirla. Cierta doctrina encuentra un paralelismo entre esta figura jurídica y la compraventa: el acreedor obtiene la propiedad de la cosa dada en pago mediante la renuncia de la suma que le es debida, que representa el precio, la capacidad requerida para comprar o para vender, es la misma que se exige para proceder a la dación en pago; si lo que se da en pago son inmuebles, la traslación de dominio debe estar revestida de las mismas formalidades que en una compraventa. Pero la asimilación de la dación en pago a la compraventa no puede ser absoluta; así, si la deuda que se ha querido cancelar no existiese, el solvens puede reclamar la devolución de la cosa dada en pago. que se encontraría sin causa en el patrimonio del acreedor; ello no puede ocurrir con el contrato de compraventa donde se cumple con la entrega del precio. Es dudoso, asimismo, que el acreedor a quien se entregó el bien pueda ejercer las acciones de evicción, o si renace —dado el caso— su acción primiti ra por la deuda. Los convenios entre acreedores y deudores deben sujetarse.a lo legislado en materia de concurrencia y prelación de créditos. Esta disposición permite salvaguardar los derechos de los acreedores impidiendo que el deudor pacte con alguno o algunos de ellos, en detrimento de los restantes, ya que los bienes del deudor constituyen la garantía común de todos los acreedores. C.G.M.

ARTÍCULO 2064. La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus conocimientos especiales o sus cualidades personales. Son obligaciones intuitu personae aquellas en que la persona misma del deudor se ha tenido en cuenta para contratar, por sus conocimientos, capacidad, arte o habilidades específicas. En este caso, no podrá un tercero sustituir al deudor. Si el deudor efectuase el servicio por interpósita persona, el acreedor podría reclamar la indemnización por los daños y perjuicios irrogados (véase a. 2027). C.G.M. [170]

TITULO CUARTO/CAPITULO I

ARTS. 20I5 2068 y 2061

El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación.

ARTÍCULO 2065.

En principio, es el propio deudor quien está obligado a pagar y quien tiene el derecho de hacerlo. Aunque, materialmente, el pago lo haga su mandatario, jurídicamente ese es un pago hecho por el deudor mismo, ya que sobre su patrimonio recaerán las consecuencias del acto jurídico, por aplicación de las normas relativas al mandato (aa. 2546 y ss.). Si el pago lo realizara otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, se producirá la subrogación legal a favor de esa persona, según lo establece el a. 2058. Puede ocurrir que el tercero que pague no tenga un interés jurídico, sino un interés simplemente moral en el cumplimiento (como el padre que paga la deuda de su hijo, el amigo que salda la de aquel por quien profesa amistad); en estos supuestos, no habrá subrogación legal que ampare alsolvens. (Ver comentarios a los aa. 2066, 2067 y 2068). C.G.M. ARTÍCULO 2066. Puede también hacerse por un tercero no intere-

sado en el cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor.

Por tercero "no interesado" debe entenderse quien no tiene interés jurídico: esto es, un interés calificado, ya que el tercero en cuestión puede tener un interés moral o afectivo en saldar la deuda. Esta clase de solvens no puede exigir que el acreedor le subrogue en sus derechos: no opera a su favor la subrogación legal; nada impide, sin embargo, que el acreedor acceda a subrogarlo, en tal caso se trataría de una subrogación convencional. Si como indica este precepto, el solvens obra con el consentimiento expreso o presunto del deudor, se observarán las disposiciones relativas al mandato, como lo prescribe el a. 2069. (Ver comentario al a. 2058). C.G.M. ARTÍCULO 2067. Puede

hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor.

Este supuesto puede resolverse en una gestión de negocios. El a. 2070 dispone que el que hizo el pago sólo tendrá derecho de reclamar del deudor la cantidad 11711

MITS. 2067, 2068 y 2069



LIBRO CUARTO

que hubiere pagado al acreedor, si éste consintió en recibir menor suma que la debida. A la inversa, por aplicación de los principios que rigen la gestión de negocios, si el solvens pagó más de lo debido (p.c., consintió intereses más altos que los pactados) el deudor no estará obligado a reembolsarle; es más podría tener que indemnizar a éste por los daños y perjuicios irrogados, si existieren (ver comentarios a los a a. 1896 y 1897). C.G.M. ARTÍCULO 2068. Puede, por último, hacerse contra la voluntad del

deudor.

En este supuesto, de acuerdo al a. 2071, el que hizo el pago sólo tendrá derecho a cobrarle al deudor aquello en que le hubiere sido útil el pago. Esta es una aplicación del principio del enriquecimiento sin causa, ya que si el deudor, aun contra su voluntad salió beneficiado, no sería justo que su patrimonio se viese incrementado (al librarse de una deuda) en detrimento del patrimonio de la persona que pagó. Si el solvens pagó una deuda que ya estaba prescrita, o pagó el total aunque el acreedor hubiese hecho una quita a favor del deudor, p.c., el deudor no estará obligado a reembolsarle al so/veas lo pagado, sino sólo aquella parte que lo benefició. C.G.M.

En el caso del artículo 2066, se observarán las disposiciones relativas al mandato.

ARTÍCULO 2069.

La disposición que se comenta, que se refiere al caso en que el tercero que paga, lo hace con el consentimiento expreso o tácito del deudor, remite a la aplicación de las disposiciones del mandato, porque efectivamente, el tercero que no tiene interés en el cumplimiento de la obligación hace el pago como consecuencia y su ejecución de un acuerdo celebrado previamente con el obligado y si bien no actúa frente al acreedor en nombre de aquél, interviene por cuenta del deudor aunque lo haga en nombre propio. Nos encontramos en el caso del mandato sin representación (a. 2560). Pero es claro que en este supuesto, existe la figura jurídica del mandato o apoderamiento previsto en el a. 2546. Por lo demás, en el mandato, el elemento relevante y en el que se refiere a las relaciones entre el mandante y el mandatario, es que el apoderado ejecuta actos por cuenta del pcderdante. Es decir, que la intervención del tercero (mandatario) en el acto del pago, se efectúa con el consentimiento expreso o tácito del deudor, esto se explica en cierta manera, teniendo en cuenta el interés del deudor [1721

ARTS. 2069, 2070 y 2071

TITULO CUARTO/CAPITULO I

(contemplatio debitoris) e invistiendo al tercero de la acción contraria de mandato, si ha procedido con el consentimiento del obligado o de la acción in rem verso en caso contrario.

1.0.0. ARTÍCULO 2070. En el caso del artículo 2067, el que hizo el pago

sólo tendrá derecho de reclamar al deudor la cantidad que hubiere pagado al acreedor, si éste consintió en recibir menor suma que la debida. La subrogación es consecuencia del pago que hace un tercero y en esto se distingue netamente de la cesión de créditos, que si bien puede ir acompañada de la satisfacción del interés del acreedor, por el pago que éste recibe, es simplemente un acto de transmisión de los derechos del acreedor, por causa que puede reconocer el más diverso origen. Por lo tanto, el tercero que se subroga en los derechos del acreedor, tiene como título de su adquisición lo que él ha pagado, en cuanto el pago aprovecha al deudor. Ello explica porqué si el acreedor consintió en liberar al deudor recibiendo una menor suma de la debida, el tercero que paga no puede exigir al deudor más de lo que le hubiera exigido al acreedor subrogante. La cesión de derechos es un acto de especulación, en tanto que la subrogación es un pago que tiende a beneficiar al deudor. Esa es en nuestro concepto la razón que explica la disposición contenida en el precepto que se comenta. (Véase Planiol, Ripert, Esmein, Radounant y Gabolde, Tratado de derecho civil yfrancés, traducción de Mario Díaz Cruz, La Habana, Ed. cultura real, 1943, t. VII, núm. 1243).

ARTICULO 2071. En el caso del artículo 2068, el que hizo el pago

solamente tendrá derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago. En el comentario al a. 2068 se estableció que el derecho que adquiere el subrogatario contra el deudor, por virtud de la cesión, tiene como límite por una parte la utilidad que hubiere reportado a este último el pago que hizo aquél (el pago efectuado por el tercero). Conviene precisar ahora a propósito de la disposición que se comenta, que el texto emplea la expresión gramatical "aquello en que le hubiere sido útil el pago", es decir, que el deudor queda obligado frente al subrogatario hasta el importe de [173]

MITS. 2071, 2072 y 2073

LIBRO CUARTO

lo que hubiese aprovechado con el pago: por ello el precepto anterior impide que el beneficio de una quita aproveche al tercero, y el artículo que aquí se comenta dispone que si el pago que realizó el tercero no es en provecho del deudor, entonces no estaba obligado a hacerlo (véase comentario al a. 2068). 1.G.G.

El acreedor está obligado a aceptare! pago hecho por un tercero; pero no está obligado a subrogarle en sus derechos, fuera de los casos previstos en los artículos 2058 y 2059.

ARTÍCULO 2072.

En los supuestos de los aa. 2058 y 2059 (que se refieren a diversos casos en que quien hace el pago tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación), la subrogación se produce ope legis, aunque el acreedor no lo consienta; la subrogación a la que el acreedor no está obligado es la convencional. En principio, el acreedor no puede rehusar el pago que le ofrece un tercero, ya que su interés se satisface al recibir el pago de la obligación, no importando quién sea el que pague. Rojina Villegas opina que no obstante el acreedor no está obligado a recibir el pago hecho por un tercero si existe estipulación en contrario o si esa forma de pago le irroga perjuicio. (Rojina Villegas,tRafael,Derecho civil mexicano, Obligaciones, 4° ed., México, Porrúa, 1981, t.V, vol II p. 254). C.G.M.

El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo.

ARTÍCULO 2073.

Para que sea liberatorio, el pago debe hacerse a quien sea el acreedor del crédito. Esto no significa que sea la persona física que se obligó con el deudor; puede tratarse de un mandatario; el pago al mandatario se considera como hecho al acreedor mismo, ya que en el patrimonio de éste recaerán las consecuencias del pago. Se considera asimismo acreedor al heredero o legatario (causahabiente) al representante legal de un acreedor menor de edad, o que ha caído en estado de interdicción, al administrador de la sociedad conyugal o al administrador de cualquiera otra sociedad por su carácter de representante (ver comentarios a los aa. 189, fr VII 1401 y 1449 a 1453. (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano. Obligaciones, 4 ed., México, Porrúa 1981, t.V., vol. II, p. 257; Wein [174]

ARTS. 2073, 2074 y 2075

TITULO CUARTO/CAPITULO-1

Alex y Te rré, Francois, Droit Civil. Les Obligations, r ed, Francia, Dalloz, 1975, pp. 1017-1018).

ARTÍCULO 2074, El pago hecho a un tercero extinguirá la obliga-

ción, si así se hubiere estipulado o consentido por el acreedor, y en los casos en que la ley lo determine expresamente. El CC de 1884 (a. 1540) establecía que "El pago hecho a un tercero no extingue la obligación", como principio; y como excepción (a, 1541), sentaba la misma norma que el actual a. 2074. Aunque en el CC de 1928 se ha omitido formular en forma expresa el principio general. Del tenor de este precepto se desprende que el principio es el mismo que el postulado en el CC de 1884. En el caso de la cesión de un crédito, mientras no se le notifique al deudor, éste se libera pagando al acreedor primitivo (a. 2040). Para que el pago hecho a un tercero sea liberatorio, el acreedor debe haberlo "estipulado" o "consentido"; estos actos, en un orden lógico, son anteriores al pago. No obstante, la ratificación posterior al pago, efectuada por el acreedor, valdría como consentimiento. Borja Soriano, Mannel, Teoría general de las obligaciones, 7a. ed., México, Porrúa, 1974, t. II, p. 58. (Vid comentario al a. 2075). C.G.M. ARTÍCULO 2075. El pago hecho a una persona incapacitada para

administrar sus bienes, será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. También será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido en utilidad del acreedor. La capacidad requerida para recibir un pago es la misma que se exige para enajenar, dado que la aceptación de un pago es asimismo un acto de disposición: la cancelación de un crédito. Si la cantidad o cosa recibida se convirtió en utilidad para el incapaz, el pago será liberatorio; de lo contrario, no será válido. De donde se concluye que el motivo verdadero de la invalidez es el detrimento patrimonial que sufre el incapaz que recibe el pago. La carga de la prueba tendente a demostrar que el pago fue útil para el incapaz, corresponde al deuaor que paga. La nulidad del pago hecho a) incapaz sería relativa, y sólo podría ser invocada por el incapaz o su representante. A la vez, no necesitaría éste invocar y probar la existencia de lesión, para accionar por nulidad, sino que se fundaría en [175]

ARTS, 2075, 2076 y 2077

LIBRO CUARTO

la causal específica que le acuerda este artículo. (Ver Weill Alex y Terré Francois, Droit civil,- Les Obligations, 2a. ed., Francia, Dalloz, 1975, pp. 1019-1020). El inciso segundo constituye otra excepción al principio según el cual el pago debe ser hecho al propio acreedor; su norma podría haberse ubicado en el a. 2074. C.G.M. ARTÍCULO 2076. El pago hecho de buena fe al que estuviese en

posesión del crédito, liberará al deudor. El pago, para ser liberatorio, debe ser hecho de buena fe, es decir, en la creencia de que se le está pagando al verdadero acreedor. No se exige, en cambio, la buena fe de quien recibe el pago. ¿Qué alcance tiene la expresión "en posesión del crédito"? No se trata de la persona que ostente la tenencia materia] del documento donde consta el crédito, salvo que se trate de un título al portador, en el cual es dificil separar la materialidad del instrumento del derecho abstracto al crédito (dirittocartolare). Es necesario tener la posesión del derecho, del crédito en sí mismo. Y esto dependerá de las posibles formas de transmisión de ese crédito; p.c., puede tratarse de un documento a la orden que requiera endoso para su transmisión; sólo el endosatario tendrá la posesión del crédito, El pago al heredero aparente, es válido desde que éste se encuentre como tal en posesión del crédito exigible. Es importante advertir que el precepto no se refiere a la posesión del documento en donde consta la deuda, sino a la posesión del crédito, es decir, la fundada atribución de la calidad de acreedor con la que se ostenta una persona, de acuerdo con la naturaleza del crédito. La buena fe se presume si se presentan los elementos anteriormente señalados, en los que se hace consistir la posesión del crédito que legitima al poseedor para recibir válidamente el pago de la obligación. I.G.G. y C.G.M. ARTÍCULO 2077. No será válido el pago hecho al acreedor por el

deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda. Este supuesto puede presentarse en casos de embargo del crédito, o de embargo genérico de los bienes del acreedor, de quiebra o de concurso del mismo, de orden judicial de retención en juicio de alimentos, en juicio donde se discuta la titularidad de crédito, y muchas otras hipótesis. [1761

TITULO CUARTO/CAPITULO I



ARTS. 2077 y 2078

La orden judicial puede emanar de sentencia definitiva o interlocutoria, dictada en juicio ordinario, juicio especial, o bien como medida cautelar. Puede interpretarse que no es válido el pago hecho después de que al deudor se le haya notificado la retención por orden de una autoridad administrativa competente. C.G.M.

ARTÍCULO 2078. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. El pago debe hacerse con la cosa específica que es objeto de la obligación y se debe pagar la totalidad de la deuda. Estos son los principios generales que tienen que ver con el objeto del pago, o al decir de R ojina Villegas, "la exactitud en el modo". Si la obligación es de entregar cosa cierta y determinada, es necesario tener en cuenta que el acreedor no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mayor valor (a. 2012). Si la deuda tiene por objeto una cosa genérica, el deudor cumple entregando una de mediana calidad (a. 2016). El deudor debe pagar la totalidad de la deuda, aun cuando esta fuere divisible. Si el pago según se define en el a. 2062 es el cumplimiento de la obligación, el deudor no puede obligar al acreedor a recibir el pago por parcialidades. Es lo que se conoce como la indivisibilidad del pago. "El cumplimiento se define en cuanto produce la extinción de la obligación. El efecto extintivo es consustancial con el cumplimiento: sin la extinción no hay cumplimiento". (Hernández Gil, Antonio,

Derecho de obligaciones: Madrid; 1976, p. 276.

La regla de la indivisibilidad admite diversas derogaciones: a) En caso de compensación; si el deudor es a la vez acreedor de su contraparte, tiene derecho a que su deuda se compense con su crédito, si ambas cantidades fuesen líquidas y exigibles, en dinero o cosa fungible de la misma especie y calidad, hasta la cantidad que importe la menor de las deudas (aa. 2185 y ss). b) en caso de muerte del deudor, la deuda se divide de pleno derecho entre sus herederos. Pero el heredero del deudor, apremiado por la totalidad de la obligación, puede pedir un término para hacer concurrir a sus coherederos,

[177]

ARTS. 2078, 2079 y 2080

LIBRO CUARTO

siempre que la deuda no sea indivisible, o de naturaleza que sólo pueda ser cumplida por ese heredero; en tal supuesto, puede ser obligado a pagar, dejando a salvo su derecho contra los coherederos (aa. 2006 y 2009). c) si muere uno de los acreedores solidarios, cada uno de sus herederos sólo tendrá derecho a exigir la parte del crédito que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible (a. 1993). d) si muere un deudor solidario dejando varios herederos, cada uno de ellos solamente estará obligado a pagar !a cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible (a. 1998). e)cuando un codeudor paga la deuda por entero, sólo tendrá derecho a exigir a sus codeudores la parte que a cada uno le corresponde (a. 1999). (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano. Obligaciones, 4a. ed., México, Porrúa, 1981, t. IV, vol. 11, pp. 238-239). I.G.G. y C.G.M. ARTICULO 2079. El pago se hará en el tiempo designado en el

contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa. El tiempo del pago puede ser establecido convencionalmente por las partes. El precepto se refiere a las obligaciones que no son por su naturaleza o por convenio de las partes exigibles de manera inmediata. Las partes pueden convenir en la fijación de un plazo para el cumplimiento de la obligación o pueden omitir esta estipulación. En este supuesto y no apareciendo de las circunstancias del contrato que el pago debe hacerse de inmediato, se aplican las reglas a las que se refiere el artículo siguiente. (Véanse los aa. 2294 relativo a la compraventa y 2331 sobre la permuta). C.G.M.

ARTICULO 2080. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el

pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempó necesario para el cumplimiento de la obligación. [178]

TITULO CUARTO/CAPITULO .1

ARTS. 2080, 2081 y 2082

Puede ocurrir que las partes no hayan prefijado la época del pago; o bien, que la obligación se hubiese contraído en forma puramente verbal, y resulte imposible probar la fecha estipulada, en caso de discrepancia de las partes; esto sólo podría producirse en los contratos no formales. En tal supuesto, la ley establece un criterio supletorio de voluntad de las partes: el pago podrá exigirse, tratándose de obligaciones de dar, después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga al deudor (judicial o extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos). Tratándose de obligaciones de hacer, el tiempo del pago lo lijará el acreedor a] exigir la deuda, pero debe haber transcurrido un tiempo prudente como para que el deudor haya podido realizar la cosa o hecho lo estipulado. El contrato de mutuo no sigue las reglas generales cuando ei mutuario fuese labrador y el préstamo consistiese en cereales u otros productos del campa, o cuando hubiese de percibir esos frutos, u otros semejantes aun cuando no fuese labrador (a. 2385). El contrato de comodato se rige por las normas especiales de los aa. 2511 y 2512. En el contrato de depósito, si bien la obligación de depositar sigue la regla general, no es así en cuanto a la devolución del depósito: podrá exigirse la cosa en cualquier tiempo, aun cuando se hubiese estipulada un plazo para la devolución y el mismo estuviere pendiente (a. 2522). En el contrato de obra a precio alzado, a l'alta de convención entre las partes, el tiempo de la entrega será determinado por peritos (a. 2629). Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano. Obligaciones, 4a. ed., México, Porrúa, 1981, t. IV. vol. II, pp. 223-225. (',G.M.

AR IICULO 2081. Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá éste ser obligado a hacer descuentos. Sólo por vía convencional es válido el pago con descuentos. El acreedor evaluará en qué medida le es conveniente recibir determinadas sumas antes del plazo estipulado para el pago, otorgando descuentos en compensación (véase e] comentario al a. 1957). C.G.M. ARTÍCULO 2082. Por

regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley. [179]

ARTS. 2082 y 2083

LIBRO CUARTO

Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Con respecto al lugar en que debe hacerse el pago, la legislación puede optar por diversos criterios: el de la celebración del contrato, el del cumplimiento del mismo, el de ubicación de la cosa, el del domicilio, ya sea del acreedor o del deudor. Este precepto sienta como principio general el criterio del domicilio del deudor; y, como pautas secundarias, lo que se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación, o de la ley. Si las partes hubieren convenido el lugar del pago, será menester atenerse a esa voluntad. Los demás criterios se aplicarán a falta de voluntad expresa de las mismas. Predomina sin embargo, el criterio que se encuentra en armonía con la autonomía de la voluntad; se aplicarán las reglas que establece el precepto, en defecto de lo que estipularen las partes. Parece más razonable el criterio que sigue el CC español, al disponer que si se trata de la entrega de una cosa determinada, el lugar de pago, salvo pacto en contrario, será el lugar donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación (a. 1171). I.G.G. y C.G.M.

Si el pago consiste en la tradición de un inmueble o en prestaciones relativas al inmueble, deberá hacerse en el lugar donde éste se encuentre.

ARTÍCULO 2083.

La tradición real de un inmueble, obviamente debe hacerse en el lugar en que éste se encuentra ubicado. Por regla general, se realiza una tradición fieta, que consiste en la entrega de la llave, tratándose de una casa, u otra forma idónea (meramente simbólica) de recibirse el bien. La norma contenida en este artículo constituye una excepción al criterio del domicilio del deudor. Debe entenderse que si las partes estipularon otra cosa, se estará primero a lo estipulado y, en su defecto se estará a lo dispuesto por este precepto. Tratándose del contrato de compraventa, el a. 2291 lo dice expresamente: "La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el lugar convenido" (esto rige para muebles e inmuebles); si no hubiese lugar convenido, en el lugar en que se encontraba la cosa en la época en que se vendió. ( Véase comentario al artículo anterior). Entre las "prestaciones relativas al inmueble", Rojina Villegas menciona las obligaciones garantizadas con hipotecas; cuando no se designa lugar para el pago, éste no debe realizarse en el domicilio del deudor, sino en el lugar en que

TITULO CUARTO/CAPITULO I

MITS. 3093, 3094 y 2045

está ubicada la cosa hipotecada. En caso de incumplimiento, será asimismo competente el juez del lugar de ubicación del inmueble. (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano. Obligaciones, 4a. ed., México, Porrúa, 198 1, t. V., vol. 11, pp. 228-229). C.G.M.

Si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en que se entregó la cosa, salvo que se designe otro lugar.

ARTÍCULO 2084.

Este precepto constituye otra excepción al principio del domicilio del deudor (a. 2082). El lugar de pago no será el domicilio del deudor sino el lugar en que se entregó la cosa enajenada que puede no ser el mismo de la celebración del contrato, tampoco —tratándose de muebles— es necesariamente el lugar en que que el bien se hallaba ubicado en el momento de la celebración del contrato. Es el lugar de ejecución de la obligación del enajenante.

C.G.M. ARTÍCULO 2085. El

deudor que después de celebrado el contrato mudare voluntariamente de domicilio, deberá indemnizar al acreedor de los mayores gastos que haga por esta causa, para obtener el pago. De la misma manera, el acreedor debe indemnizar al deudor cuando debiendo hacerse el pago en el domicilio de aquél, cambia voluntariamente de domicilio.

La cuantificación de los gastos de entrega depende de la cosa que sea objeto de la obligación; p.c. la entrega de una suma de dinero origina menos gastos que la entrega de una carga de productos agrícolas, o de especies perecederas. Cuando

aquél que debe recibir el pago se muda voluntariamente de domicilio, habrá que estimar en cada caso cuál es la cuantía real de los mayores gastos que se puedan haber originado por el deudor para efectuar la entrega en lugar distinto del que se preveía al celebrar el contrato. Hoy en día resulta fácil remitir una suma de dinero por vía bancaria, aun a considerables distancias, mediante el pago de un porcentaje. En cambio, una carga en un camión de cierto tonelaje, genera gastos de muy diversa entidad, que van en proporción directa con la distancia (combustible, salario del conductor, 11811

LIBRO CUARTO

ARTS. 2085, 2086 y 2087

etc.); tratándose de cosas perecederas (p.c. pescado, leche, frutas de estación), un cambio de lugar de entrega a varios cientos de kilómetros del lugar primitivamente señalado puede implicar el uso de vehículo frigorífico, cosa que elevaría considerablemente los gastos de entrega. La clara norma contenida en este artículo tiende a evitar litigios. C.G.M. ARTÍCULO 2086. Los gastos de entrega serán de cuenta del deudor,

si no se hubiere estipulado otra cosa. Los gastos de entrega comprenden diversos rubros, según el objeto de la obligación: fletes, mercadería, pasaje, embalaje, transporte, etc. Debe entenderse que el precepto se refiere a los gastos necesarios y ordinarios para hacer la entrega de la cosa debida y que el obligado a hacer el pago no debe soportar otros gastos que no sean indispensables, para cumplir la obligación. Debe interpretarse que los gastos de entrega serán por cuenta del deudor cuando se haya obligado a efectuarla en lugar distinto de su domicilio. De otra 'manera tales gastos correrán por cuenta del comprador (véase el comentario al a. 22G5). I.G.G. y C.G.M. ARTÍCULO 2087. No es válido el pago hecho con cosa ajena; pero si

el pago se hubiere hecho con una cantidad de dinero u otra cosa fungible ajena, no habrá repetición contra el acreedor que la haya consumido de buena fe. Quien paga debe tener la calidad de propietario de la cosa dada en pago, pues, de lo contrario, no podría transmitir la propiedad de la misma, y su pago no sería liberatorio. El pago hecho por cosa ajena es nulo; la nulidad puede ser invocada tanto por el acreedor como por el deudor. El a. 2270, relativo a la compraventa, dice expresamente que "La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede de mala fe..." Si el verdadero propietario de la cosa dada en pago ha ratificado el mismo, o bien, con posterioridad al pago, el deudor adquirió la propiedad de la cosa, ya no será posible al acreedor demandar la nulidad. Asimismo, el deudor puede invocar la nulidad; en tal caso, puede solicitar la devolución de lo que ha pagado, ofreciendo a cambio una cosa de su propiedad. Sólo en un caso se le niega la acción de repetición: cuando el pago se hubiere [182]

TITULO CUARTO, CAPITULO 1

ARTS. 2087 y 2088

hecho con dinero u otra cosa fungible ajena y el acreedor lo hubiere consumido de buena fe. En este caso, el deudor será responsable ante el tercero dueño de la cosa, por la cantidad dada en pago, más los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado al dueño. Cuando se trate de cosa cierta y determinada, el dueño tendrá siempre a su favor la acción reivindicatoria. El pago hecho con cosa ajena puede convalidarse por varias vías: a) Cuando, antes de que el acreedor sufra la evicción de la cosa, la adquiere el deudor. De este modo, desaparece la causa que dio lugar al ejercicio de la acción de nulidad y se ha operado la transmisión de la propiedad; 6) Cuando el verdadero dueño ratifica el pago. En este caso, conservará su acción contra el deudor para exigir de él el pago de daños y perjuicios, aun cuando éste hubiere procedido de buena fe (creyéndose fundadamente dueño); e) Cuando operó a favor del acreedor o del deudor la prescripción adquisitiva. El acreedor, por error, puede aceptar en pago una cosa que en realidad es suya. En este caso el pago sería nulo y la deuda subsistiría. Ver comentarios a los aa. 2269 a 2271 (Borja Soriano, Teoría general de lux obligaciones, 7a. ed., México. Porrúa, 1974, pp. 55-56; Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano. Obligaciones., 4a. ed„ México. Porrúa, 1981, t. V, vol. 11. pp. 243-246). C.G.M.

ARTÍCULO 2088. El deudor que paga tiene derecho de exigir el

documento que acredite el pago y puede detener éste mientras que no le sea entregado. El documento que acredita el pago es la prueba idónea mediante la cual el deudor podrá demostrar que se ha extinguido la deuda, y por lo tanto que está liberado de la obligación. Ef documento usual es el recibo donde aparece la firma del acreedor. La doctrina es acorde en que la fecha del recibo se tiene por cierta, sin necesidad de que el deudor concurra a efectuar el registro o la certificación notarial de esa fecha. Pero cualquier tercero interesado tendría derecho a probar la antedatación fraudulenta del recibo. A falta del recibo y como prueba supletoria, el deudor puede exigir la presentación de los libros o papeles domésticos del acreedor, de los cuales pueden surgir menciones que prueben el pago. Parte de la doctrina afirma que la existencia de un recibo para acreditar un pago puede excusarse; p.e., cuando por razones de parentesco o amistad entre deudor y acreedor o bien por hallarse en una relación de subordinación con respecto a él no ha exigido ese documento. En estos supuestos, podría recurrirse a la prueba testimonial o presuncional. [183]

ARTS. 2088, 20811, 2090, 2091 y 2092

LIBRO CUARTO

La ley admite expresamente la prueba por presunciones, en ciertos casos: cuando se trata de pagos periódicos, la exhibición del último recibo hace presumir el pago de los adeudos anteriores (a. 2098); cuando se da recibo por el capital, se presumen pagados los intereses (a. 2090), transcurrido cierto plazo a partir de la exigibilidad de la deuda, el deudor puede invocar la prescripción extintiva a su favor; es ésta una presunción legal de liberación (Alex Weill y Francois Terré, Droit civil, Les obligations, 2a. ed., Francia, Dalloz, 1975, t. 11, vol. II., pp. 1039-1040). C.G.M.

ARTÍCULO 2089. Cuando la deuda es de pensione's que deben

satisfacerse en períodos determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario. Véase comentario al a. 2088. C.G.M. ARTÍCULO 2090.

Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se presume que éstos están pagados.

Véase comentario al a. 2088. C.G.M. ARTÍCULO 2091. La entrega del título hecho al deudor hace pre-

sumir el pago de la deuda constante en aquél. La carga de la prueba del pago corresponde al que se pretende liberado. Pero la ley crea una presunción a su favor: cuando el acreedor le hizo entrega del título donde consta la existencia de la deuda. C.G.M. ARTÍCULO 2092. El que tuviere contra sí varias deudas en favor de

un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere que éste se aplique. [184]

ARTS. 2092 y 2093

TITULO CUARTO/CAPITULO I

Para que proceda la imputación del pago se entiende que todas las deudas tienen un objeto de la misma naturaleza p.e., una suma de dinero. Puede el deudor tener especial interés en que determinada deuda se extinga primero que otra, si unas devengan interés y otras no, o cuando la tasa de interés es diferente, o bien cuando unas estén garantizadas con fianza u otro tipo de garantía y otras no. La imputación del pago puede realizarla el deudor y, si no lo hiciere, lo hará la ley en su lugar (a. 2093). La facultad del deudor tiene límites: a) Si una de las deudas es superior a la suma que el deudor paga en ese momento, no puede imputarse el pago de esa deuda, porque el acreedor no puede ser obligado a recibir un pago parcial (a. 2078); b) el deudor no puede optar por la extinción de una deuda que no es exigible en el momento de hacer el pago, si el plazo fue pactado en interés del acreedor o de ambas partes. Si el acreedor acepta esa imputación, no puede ser obligado a efectuar descuentos (a, 2081); c)si una deuda devenga intereses, el deudor no puede imputar el pago al capital sin antes haber cubierto los intereses, salvo que el acreedor lo consienta (a. 2094). C.G.M.

Si el deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá hecho el pago por cuenta de la deuda que le fuere más onerosa entre las vencidas. En igualdad de circunstancias, se aplicará a la más antigua; y siendo todas de la misma fecha, se distribuirá entre todas ellas a prorrata.

ARTÍCULO 2093.

Este precepto impone un criterio supletorio acerca de la imputación del pago, en defecto de convención o de manifestación expresa del deudor (a. 2092). En este supuesto el pago se imputará a la deuda "que le fuere más onerosa al deudor".

La deuda puede ser más gravosa para el que paga por varias causas que apreciará el juez: por ser de mayor cuantía, causar mayor tasa de interés, ser de más antigüedad, por estar causando intereses moratorios, porque la cláusula penal sea más severa para el caso de incumplimiento, por estar garantizada con

hipoteca o prenda, etc. Por "deuda más antigua" debe entenderse la que se originó antes, y no la que

primero haya vencido. La distribución del pago a prorrata entre deudas de la misma fecha, constituye una excepción al principio de que no se pueden realizar pagos parciales (a. 2078).

C.G.M. [185]

ARTS. 2094 y 2095

LIBRO CUARTO

Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario.

ARTÍCULO 2094.

Este precepto es supletorio, se aplica sólo si las partes no han convenido en que

las cantidades pagadas por el deudor se apliquen al capital con preferencia y no a los intereses. A falta de estipulación expresa, el acreedor no podrá ser compelido por el deudor para aplicar al capital el pago que éste hiciere.

El deudor no puede privar al acreedor del derecho de percibir los frutos civiles de un capital que le pertenece sin interferir en el derecho de propiedad de éste último, que consiste en disfrutar (percibir frutos) que producen los bienes de su propiedad. Por lo tanto, mientras no haya pagado los intereses vencidos el deudor no podrá con menoscabo de la producción de intereses, disminuir el capital que los produce, antes de cubrir los que ya ha producido ese mismo capital.

I.G.G.

La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida.

ARTÍCULO 2095.

Esta forma de extinción de obligaciones se denomina "dación de pago"; se produce cuando el acreedor acepta en pago de la deuda una cosa distinta a la debida, no se cambia, en este caso, el objeto de la obligación; el acreedor conviene en liberar al deudor aceptando recibir una prestación distinta de la debida. Cierta doctrina ha asimilado esta forma de pago a una compraventa: el acreedor obtiene la propiedad de la cosa que se ha dado en pago, mediante la renuncia a la cosa primitivamente debida, lo cual hace las veces de precio. En apoyo de esta tesis, se sostiene que como la enajenación y a diferencia del pago, la operación podría ser atacada mediante la acción pauliana. Si lo que se da en pago es un inmueble, los requisitos formales deben cumplirse como si se tratase de una venta, y no bastaría con un simple recibo de pago. Sin embargo, existen notables diferencias con la compraventa: si la deuda que se ha querido extinguir con la dación no existiese, el deudor podría reclamar la devolución, fundado en la condictio indebiti, y la cosa dada en pago estaría sin causa en el patrimonio del acreedor; mientras que, tratándose de compraventa, la transferencia de dominio subsistiría y el adquirente podría ser obligado a cubrir el precio. Por otra parte, si el acreedor sufriera evicción de la cosa dada en pago, renacería la obligación primitiva (a. 2096), cosa que no puede ocurrir en una compraventa. [186]

TITULO CUARTO/ CAPITULOS I Y Il

ARTS. 2095, 2090 y 2097

La dación en pago requiere la misma capacidad del deudor para hacer el pago

y produce sus mismos efectos (Alex Weill y Francois Terré, Droit civil, les

obligations. 2a. ed., Francia, Dalloz, 1975, t. II, vol. II, pp. 1021-1022). (Véanse

los comentarios a los aa. 2942 y 2943).

C.G.M. ARTÍCULO 2096. Si el acreedor sufre la evicción de la cosa que

recibe en pago, renacerá la obligación primitiva, quedando sin efecto la dación en pago. Si el deudor dio en pago a cosa ajena y el acreedor sufre evicción, el pago no será liberatorio. La norma que contiene este precepto pone en relieve que la dación de un pago no cambia el objeto de la obligación, sino que se trata de la satisfacción mediante un sucedáneo interés del acreedor por medio de una prestación distinta a la debida, de manera que si tal interés no se satisface con la cosa que ha dado en pago, no ha habido pago y por lo tanto tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la obligación que por la evicción no ha podido quedar extinguida. I.G.G.

CAPITULO II Del ofrecimiento del pago y de la consignación ARTÍCULO 2097. El ofrecimiento seguido de la consignación hace

veces de pago, si reúne todos los requisitos que para éste exige la ley. El deudor tiene la obligación y a la vez el derecho de pagar; el acreedor a su vez tiene el derecho y la obligación de recibir el pago. Las obligaciones se contraen para ser cumplidas, el pago es la ejecución de la prestación prometida. Cuando el acreedor se niega a recibir el pago ofrecido, la ley concede al deudor la facultad de liberarse de la deuda mediante el ofrecimiento de pago y en su caso procediendo a la consignación de la cosa debida. El ofrecimiento es el acto preparatorio de la consignación. Ofreciendo por medio del acreedor la cosa debida, e intimando judicialmente al acreedor para que la reciba. Es una diligencia preliminar de la consignación. [187]

ARTS. 2097, .2098 y 20911

LIBRO CUARTO

Por ello, el deudor ante la negativa del acreedor a recibir, procede a depositar la cosa materia de la obligación, poniéndola a disposición del acreedor para obligarlo a recibirla, conforme lo resuelva la sentencia que se pronuncie en el juicio de consignación que debe seguir al ofrecimiento de pago. (vidaa. 224 y 225 CPC). I.G.G.

Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o dar el documento justificativo de pago, o sí fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa.

ARTÍCULO 2098.

Se presentan varias hipótesis que justifican la consignación: Primera, que el acreedor rehúse sin justa causa iecibier la prestación debida. Para que el deudor quede liberado, habrá de probar en el juicio de consignación que la prestación ofrecida en las diligencias preliminares, constituye el pago o cumplimiento de la obligación contraída. En el juicio de consignación el acreedor deberá probar la existencia de alguna causa legalmente suficiente que funde su negativa de recibir el pago. En vista de lo que expongan las partes, el juez dictará sentencia, ya declarando procedente el pago o bien justificando la oposición del acreedor. Segunda, que el acreedor se niegue a dar el documento justificativo de pago. Tercera, cuando la persona a quien deba pagar sea incierta o se trate de un incapaz, entonces, el deudor se encuentra en la imposibilidad de que el acreedor reciba el pago y de que pueda liberarse válidamente de la obligación. Por otra parte, si no paga, incurre en responsabilidad por incumplimiento de la obligación de efectuar oportunamente el pago de lo debido y deberá cubrir el importe de los daños y perjuicios moratorios que origine el retardo. (Vid. a. 233 CPC). I.G.G. e I.B.S.

Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos, podrá el deudor depositar la cosa debida, con citación del interesado, a fin de que justifique sus derechos por los medios legales.

ARTÍCULO 2099.

Si no se trata de las dos hipótesis prescritas en el artículo anterior y los derechos [188]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

AHTS. 2099, 2100 y 2101

del acreedor son dudosos, el obligado se libera depositando la cosa debida con citación del interesado. En este caso, no se seguirá el procedimiento previsto en los artículos anteriores, procederá sin más, el depósito con intervención judicial y la citación del acreedor y en esa manera queda extinguida la obligación. En el supuesto previsto en este precepto, se presenta una cuestión de legitimación para recibir y no un problema de negativa de aceptar el pago, que es el supuesto previsto en los artículos anteriores. Tan pronto como el interesado pruebe su derecho a recibir, el juez deberá ordenar se le entregue la cosa depositada. (Vid. a. 232 CPC). I.G.G.

La consignación se hará siguiéndose el procedimiento que establezca el Código de la materia.

ARTÍCULO 2100.

La consignación es un procedimiento en forma de juicio que debe iniciar y seguir el deudor después de agotar la diligencia preliminar de ofrecimiento de pago. El CPC regula la consignación en los aa. 224 al 234. Esta diligencia preparatoria del juicio de consignación, es un procedimiento prejudicial que se rige por los principios de la jurisdicción voluntaria. La doctrina considera que si bien las disposiciones relativas al ofrecimiento de pago a que se refieren en el CC y el CPC regulan exclusivamente la consignación de la cosa (objeto de la obligación de dar) los mismos principios pueden aplicarse a las obligaciones de hacer (Fix-Zamudio, Héctor, Consignación, Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, t. II, p. 265). El ofrecimiento puede efectuarse ante juez competente o ante notario y el depósito debe realizarse en una institución de crédito autorizada por la ley, en todos los casos. (Vid. a. 233 CPC). I.B.S.

Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el pago, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos.

ARTÍCULO 2101.

El acreedor que se negó a recibir el pago, debe probar el fundamento de su oposición, en el juicio de consignación. Si el juez declara fundada la repulsa del acreedor, quedará sin efecto el procedimiento.

ANIS. 2101 y 2102



LIBRO CUAXTO

Ofrecido el pago ante la autoridad judicial en las diligencias previas a la consignación, aquélla citará al acreedor para que lo reciba. En caso de que se niegue a recibirlo se procederá al depósito en la manera que señalan los aa. 2098 y 2099 y el deudor podrá iniciar el juicio de consignación. I.B.S ARTÍCULO 2102. Aprobada la consignación por el juez, la obliga-

ción queda extinguida con todos sus efectos. Si la oposición del acreedor no resultó fundada y el juez resuelve que el ofrecimiento y la consignación estuvieron legalmente hechos, la obligación se extingue quedando liberado el deudor. La sentencia que declara legal el pago reconoce extinguida la obligación desde la consignación; pero aún más, se estima que desde el momento en que el deudor ofrece pagar extrajudicialmente, ante notario o testigos, debe considerarse pagada la deuda. Basta que el deudor pruebe que hizo ofrecimiento de pago ene! tiempo y lugar convenidos y demuestre que el acreedor se rehusó a recibir, para .que su ofrecimiento tenga la consecuencia de extinguir la obligación desde la fecha en que se hizo. (Rojina Villegas, Derecho civil mexicano, 4a. ed., México, Pornía, t. V, obligaciones, p. 277). La SCJ ha establecido la siguiente tesis: La jurisprudencia de la Suprema Corte que sostiene que "la simple consignación de la cantidad debida no hace las veces de pago, entretanto no exista declaración expresa de la autoridad judicial que apruebe tal consignación en el juicio sumario correspondiente", no debe entenderse sino en el sentido de que el deudor no queda liberado de la obligación ni extinguida ésta con todos sus efectos, tal como si no tuviera ya ningún vínculo jurídico con el acreedor, sino hasta que la autoridad judicial resuelva si fue o no fundada la oposición del acreedor para recibir el pago y así, si la oposición es fundada, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos (artículo 2101 del Código Civil), pero si no lo es, entonces la autoridad judicial tendrá que declararlo así, la consecuencia será que la obligación quede extinguida. Las consideraciones anteriores llevan a asentar que el acto jurídico del pago consumado mediante el ofrecimiento y la consignación, cuando éstos se hacen con las formalidades y requisitos que la ley exige, tiene como consecuencia la extinción de la obligación y la liberación del deudor, pero esta consecuencia no puede ser obtenida por la simple consignación, sino al través de un juicio contradictorio y de una decisión judicial. Por tanto, si en un juicio se plantea la cuestión relativa al pago al través de la excepción opuesta es incuestiona[190]

TITULO CUARTO/CAPITULOS 11 y 1

ARTS. 2102, 2103 y 2109

ble que precisamente en este procedimiento es en donde venga a resolverse si el ofrecimiento seguido de consignación que hizo el demandado, surtió efectos de pago o no, puesto que al oponer la excepción, el deudor en realidad ejercitó la acción de liberación. (sexta época, cuarta parte, vol. XXV, A.D. 5880/58 Alfonso Hinojosa. Unanimidad de 4 votos. Apéndice al SJF, cuarta parte, Tercera Sala, México, 1985, p. 127). I.G.G. e I.B.S. ARTÍCULO 2103. Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho

legalmente, todos los gastos serán de cuenta del acreedor. Debe distinguirse claramente entre los gastos de entrega, que son a cargo del deudor y los gastos que origina la consignación, los cuales si ésta es procedente son por cuenta del acreedor que se ha negado sin fundamento a recibir la prestación. Esto quiere decir que los primeros son de cuenta del deudor (a. 2080 y el acreedor deberá soportar, de acuerdo con el precepto que se comenta, los que el deudor haya hecho para llevar a cabo el ofrecimiento de pago y el juicio de consignación (transporte para llevar a cabo el depósito, renta del almacén en que se efectúa éste, etc.). Tales gastos son independientes de los que origine el pleito mismo y que constituyen los gastos y costas del juicio, de manera que aunque en la sentencia que declare bien hecha la consignación no se hiciere especial condenación en los gastos del juicio, el precepto que se comenta impone a cargo del acreedor los que haya efectuado el deudor para intentar el ofrecimiento de pago y los necesarios para efectuar el acto de consignación (véase comentario al a. 2285). I.G.G.

Incumplimiento de las obligaciones CAPITULO I Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones ARTÍCULO 2104. El que estuviere obligado a prestar un hecho y

dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo conve[191]

AHTS. 2104 y 2105



LIBRO CUARTO

nido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes: I.—Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste; II.—Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Desde el vencimiento del plazo, el deudor que incumpla, incurre en mora. El retardo en el cumplimiento constituye la mora; para que ésta exista, se requiere que el cumplimiento de la obligación sea posible. Si no lo es, Propiamente no habrá mora; sin embargo, el vocablo mora comprende las dos hipótesis de incumplimiento. I. Si se ha fijado un plazo para el cumplimiento de la obligación y a su vencimiento el deudor no cumple, debe responder por los daños y perjuicios que se causen al acreedor por el simple retardo (daños y perjuicios moratorios) o por el total y absoluto incumplimiento (daños compensatorios). II. Si la obligación es de dar y no se ha fijado plazo para su cumplimiento la responsabilidad del deudor comenzará a partir del trigésimo día siguiente a la interpelación que se haga al acreedor, judicial o extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos (a. 2080 primera parte). Tratándose de obligaciones de hacer no sujetas a plazo, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. (a. 2080 infine). Tratándose de obligaciones de no hacer, no podemos referirnos a la mora, puesto que la sola violación de conducta omisiva constituye causa por sí misma de responsabilidad; el incumplimiento es absoluto, cuando se viola la obligación de abstención. I.G.G.

ARTÍCULO 2105. En las obligaciones de dar que tengan plazo fijo,

se observará lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior. Si no tuvieren plazo cierto, se aplicará lo prevenido en el artículo 2080, parte primera. Las reglas que se establecen para las obligaciones de hacer se aplican también, a las obligaciones de dar. Es decir, al vencimiento del plazo que se haya estipulado, el deudor que no hace el pago, incurre en mora. [192]

ARTS, 2105, 21015 y 2107

TITULO CUARTO/CAPITULO I

Si no se ha señalado plazo para el cumplimiento de la obligación, el deudor que no cumple incurre en mora, después de treinta días siguientes a la interpelación que hiciere el acreedor (a. 2080 primera parte). I.G.G.

La responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula.

ARTÍCULO 2106.

El dolo en el incumplimiento del contrato, consiste en el propósito del deudor de no efectuar la prestación prometida. En este sentido se distingue del dolo, el vicio de la voluntad que se presenta en el momento de la celebración del contrato y consiste en las maquinaciones para inducir a error o mantener en él a una de las partes que contraten. El que no ejecuta la obligación que ha asumido en un contrato y no se conduce como debería hacerlo, incurre en culpa. Si además la comete con el propósito de causar un perjuicio al acreedor, se entiende que obró con dolo; por lo tanto incurre en responsabilidad, la cual es exigible en todas las obligaciones. En presencia de dolo en el incumplimiento, la renuncia a no exigir la responsabilidad, no tiene efecto, de modo que aunque hubiere un pacto que liberara al deudor, la cláusula carecería de validez. 1.B.S.

La responsabilidad de que se trata en este Titulo, además de importar la devolución de la cosa o su precio, o la de entrambos, en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios.

ARTÍCULO 2107.

La responsabilidad por incumplimiento de la obligación, comprende la restitución de la cosa que se había recibido y de no ser posible, el pago del precio de la misma o la de ambos si la cosa que se restituye ha sufrido daños o menoscabos. En este caso la obligación será a la vez restitutoria de la cosa y reparadora por los daños que haya sufrido ésta. Si la restitución no es posible, el deudor deberá pagar al acreedor por concepto de reparación el valor que tenga la cosa al tiempo en que debió efectuarse su restitución. Finalmente, la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, comprende la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, que [193]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2107, 2108 y 2109

independientes de los monoscabos que haya sufrido la cosa, resienta el acreedor por la falta de cumplimiento de la obligación. I.G.G. ARTÍCULO 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo

sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Daño, del latín damnum, es el deterioro o menoscabo, destrucción, ofensa o dolor que se provoca en las personas, cosas, valores morales o sociales de alguien. Un principio general de derecho establece que todo aquel que cause un daño a otro tiene la obligación de repararlo. (García Mendieta, Carmen, "Daño" Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, 1983, t. III, pp. 13 y 14). La doctrina distingue el "daño emergente" que es la pérdida efectiva sufrida evaluada con toda certeza y el "lucro cesante" las ganancias que se dejaron de obtener por el evento dañoso; este lucro cesante se denomina perjuicio. La reparación del daño tiende a colocar a la persona lesionada en la situación que disfrutaba antes que se produjera el hecho lesivo. El que sufrió el daño tiene que probarlo y también debe demostrar que éste es causa del incumplimiento de la obligación. I.B.S. ARTÍCULO 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera

ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. El perjuicio, llamado también "lucro cesante", es la ganancia lícita que se dejó de obtener a causa del evento dañoso y que hubiera sido percibida dentro de un cálculo razonable de probabilidades. La SCJN ha establecido la siguiente tesis de jurisprudencia: "El perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido por el cumplimiento de la obligación, privación que debe ser una consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la Obligación". Jurisprudencia, 1917-1985, Apéndice al SJF, cuarta parte, Tercera Sala, p. 610, Tesis 206. El que demanda la indemnización por perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación deberá probar: el incumplimiento, el perjuicio y la relación de causalidad entre ellos. (Véase a. 2110). I.B.S. [194]

TITULO CUARTO/CAPITULO I

ARTS. 2II0 y 2111

Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.

ARTICULO 2110.

El deudor no debe soportar toda la serie de daños que se encadenan, como consecuencia del incumplimiento de la obligación. Informan Ripert y Boulanger (Tratado de derecho civil, según el tratado de Planiol, versión al español, Buenos Aires, La Ley, 1964, t, IV, Las Obligaciones, primera parte, núm. 829, pág. 490) que los daños no deben comprender más que aquello que es una consecuencia inmediata y directa del incumplimiento del convenio. Es así, aun cuando el deudor haya cometido dolo (a. 1151 del CC francés). Esta distinción está tomada de Pot hier, para quien el deudor, aun culpable de dolo, no es responsable de los daños que no son consecuencia necesaria de sus actos y que puedan tener otras causas. (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones. México, Porrúa, 1982, p. 456). 1.G.G.

Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone.

ARTÍCULO 2111.

Con la expresión caso fortuito, que emplea el precepto en comentario, el legislador se refiere a aquellos supuestos en que el incumplimiento de la obligación obedece a una causa externa, imprevisible y por lo tanto también inevitable, de modo que el incumplimiento no depende de la voluntad del deudor. "Casos fortuitos (dice García Goyena en sus Concordancias, motivos y comentarios del código civil español, Zaragoza, España, 1979, comentando el a. 1074), son los que no pudieron preverse o previstos no pudieron evitarse". Suele llamarse caso fortuito a un acontecimiento de la naturaleza, que escapa a la previsión del hombre común y fuerza mayor a un suceso que aunque previsto no puede ser superado por los seres humanos. Sin embargo, el caso fortuito y la fuerza mayor producen el mismo efecto: la no imputabilidad del incumplimiento al deudor. En verdad se trata de una distinción sólo doctrinal. (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 472). Pueden las partes convenir en que el deudor responderá del caso fortuito. En algunos casos la ley impone esa obligación. P.e. el poseedor de mala fe responde del caso fortuito (a. 812). [195]

ARTS. 21.11, 2112, 2113 y 2114

LIBRO CUARTO

La deuda de cosa cierta y determinada que procediere de delito o falta obliga al detentador de ella a responder frente al dueño de la pérdida o deterioro de la cosa si ocurre por caso fortuito (a. 2019). 1.G.G. ARTÍCULO 2112. Si la cosa se ha perdido, o ha sufrido un detri-

mento tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está destinada, el dueño debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de ella. El deudor de una cosa, que se ha perdido o ha disminuido gravemente su valor, si ha incurrido en mora, está obligado a indemnizar al acreedor de ella, aunque la pérdida o deterioro no le sean imputables, (a. 2107). La gravedad del detrimento se determina si la cosa no puede ser empleada en el uso normal de la misma. La indemnización por el valor de la cosa, no impide que el deudor que ha retardado la devolución de ella al acreedor y durante la mora se pierde o menoscaba, deba pagar al acreedor además del valor legítimo de ella, los daños y perjuicios que se causen por el incumplimiento de la obligación que le impone el a. 2107 antes invocado. (Vid. a. 2109). 1.G.G. ARTÍCULO 2113. Si el deterioro es menos grave, sólo el importe de

éste se abonará al dueño al restituirse la cosa. Si a juicio de peritos el deterioro que ha sufrido la cosa no es tan grave, es decir, si al reparar el deterioro de la cosa puede emplearse en los usos a los que se le destina normalmente, el deudor sólo estará obligado a pagar al dueño los daños y a devolver la cosa. I.B.S.

ARTÍCULO 2114. El precio de la cosa será el que tendría al tiempo

de ser devuelta al dueño, excepto en los casos en que la ley o el pacto señalen otra época. Puesto que la obligación de indemnizar por el valor de la cosa se impone al deudor que no ha cumplido, en sustitución de esa entrega, es de justicia y [196]

TITULO CUARTO/CAPITULO 1

ARTS. 2114, 2115 y 2118

equidad, que el importe de la indemnización ha de ser el valor de la cosa en el momento en que se haga et pago en dinero, que es cuando el acreedor, aunque de manera sustitutiva, ve satisfecho su interés. Esta regla sólo dejará de aplicarse cuando se haya convenido otra fecha para el cálculo del valor o la ley disponga diversa manera de efectuar la estimación del daño causado al acreedor por el incumplimiento del deudor. I .G .G

ARTÍCULO 2115. Al estimar el deterioro de una cosa se atenderá no

solamente a la disminución que él causó en el precio de ella, sino a los gastos que necesariamente exija la reparación. La reparación del daño consiste a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible (en el caso no se presenta la posibilidad) o en el pago de daños y perjuicios (a. 1915). En el supuesto previsto en este artículo, la reparación del daño implica la erogación de gastos para llevar al cabo la restauración, gastos que son también a cargo del deudor responsable. 1.G.G.

ARTÍCULO 2116. Al fijar el valor y deterioro de una cosa, no se

atenderá al precio estimativo o de afecto, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró la cosa con objeto de lastimar los sentimientos o afectos del dueño; el aumento que por estas causas se haga, se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 1916. El que incumple debe responder de los daños causados en los términos del a. 2108, sin atender al valor estimativo o de afección del dueño; pero si el culpable destruyó o deterioró la cosa con intención de producir un daño moral en el dueño de ella, será también responsable por ese daño inmaterial causado. En cuanto a la estimación del daño moral, el juez debe tomar en cuenta las circunstancias del caso, las posibilidades económicas del ofensor y del ofendido, para determinar el importe de la compensación a que tiene derecho la víctima. Es de justicia que al ofensor se le aplique una sanción como efecto de su conducta ilícita, obligando a pagar al ofendido una suma de dinero por concepto [197]

MITS. 2116, 2117 y 2118



L18110 CUARTO

de indemnización compensatoria. (Galindo Garfias, Ignacio, "responsabilidad civil", Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, 1983, pp. 45 y 46). I.B.S. ARTICULO 2117. La responsabilidad civil puede ser regulada por

convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa. Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento, no podrán exceder del interés legal, salvo convenio en contrario. Los contratantes pueden regular la responsabilidad civil por incumplimiento, estipulando una pena convencional que sustituye a la indemnización por daños y perjuicios. Esta regulación se llama cláusula penal o pena convencional, y tiene como función evaluar anticipadamente los daños y perjuicios que pudieren causarse por el incumplimiento contractual. Su finalidad es evitar las dificultades para probar que el daño o el perjuicio efectivamente han sido causados inmediata o directamente por el incumplimiento de las obligaciones y cuál es su monto. Pueden también pactar que el deudor quedará eximido del pago de la responsabilidad civil derivada del incumplimiento, renunciando el acreedor a hacer efectiva esa responsabilidad. Esta cláusula, tiene una limitación, cuando la responsabilidad procede de dolo, la renuncia a hacerla efectiva es nula. (a. 2106 CC). La ley también puede establecer otras limitaciones. Cuando se trata de deudas de dinero, a falta de pacto en contrario, la responsabilidad por incumplimiento ha sido fijada por la ley en un interés legal del nueve por ciento anual (a. 2395). El interés convencional será el que fijen los contratantes; puede ser mayor o menor que el legal, pero en ningún caso debe ser desproporcionado, porque causaría un estado de desequilibrio que lesionaría a una de las partes. (Véase aa. 1840, 1841, 1842, 1847, 2111, 2385). I.B.S.

ARTÍCULO 2118. El pago de los gastos judiciales será a cargo del

que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.

Este precepto cierra la serie de disposiciones relativas a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, que se inicia con los preceptos que regulan [198]

TITULO CUARTO/CAPITULOS I y 11

ARTS. 2118 y 21111

los daños y perjuicios moratorios y compensatorios, sigue con la fijación del contenido de la responsabilidad civil y establece las reglas aplicables, según se trate de incumplimiento de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer y concluye con la obligación a cargo del deudor moroso de pagar las costas y gastos que origine el juicio que derive del incumplimiento. En efecto, aunque en términos generales los gastos judiciales o costas propiamente dichas, forman parte de la responsabilidad del deudor, deben distinguirse de los daños y perjuicios que ocasiona la falta de cumplimiento de la obligación. Los gastos y costas del juicio están previstos en los aa. 139 y 140 del CPC para el DF. Los gastos y costas comprenden no sólo las expensas que causa el juicio en su tramitación sino también los honorarios de los abogados que intervienen en el proceso judicial patrocinando o representando a las partes. Se han dado diversas razones para fundar la condena al pago de las costas procesales o gastos judiciales. La doctrina de la temeridad supone que la parte es condenada porque ha obrado con temeridad o mala fe; otros jurisconsultos piensan que la condenación tiene por causa el daño sufrido por el litigante vencedor en su patrimonio, como consecuencia de un proceso justo; Chiovenda sostiene que el litigante vencedor debe ser reintegrado en la plenitud de su derecho, porque tal es la misión de la justicia y agrega que dicha reintegración exige le sean pagados los gastos del proceso (Pallares, Eduardo, "costas" DIccirmarro de derechbprocesal civil, México, Porrúa, 1956, p. 162). La disposición contenida en el precepto parece hallar su fundamento en la finalidad reintegradora al acreedor en el pleno goce de su derecho que ha sido violado por el incumplimiento en que ha incurrido el deudor. I.G.G.

CAPITULO II De la evicción y saneamiento ARTÍCULO 2119. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna

cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Este precepto enuncia el concepto clásico de evicción (vencer), y exige tres requisitos para que ella opere: 1. Que el adquirente sea privado total o parcialmente de la cosa enajenada. La privación de la cosa lleva consigo —señala la doctrina— la falta de causa (título suficiente) del contrato del adquirente, ella constituye el fondo de-la evicción: si [199]

TITULO CUARTO Efectos de las obligaciones CAPITULO II De la evicción y saneamiento

TITULO CUARTO/CAPITULOS I y 11

ARTS. 2118 y 21111

los daños y perjuicios moratorios y compensatorios, sigue con la fijación del contenido de la responsabilidad civil y establece las reglas aplicables, según se trate de incumplimiento de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer y concluye con la obligación a cargo del deudor moroso de pagar las costas y gastos que origine el juicio que derive del incumplimiento. En efecto, aunque en términos generales los gastos judiciales o costas propiamente dichas, forman parte de la responsabilidad del deudor, deben distinguirse de los daños y perjuicios que ocasiona la falta de cumplimiento de la obligación. Los gastos y costas del juicio están previstos en los aa. 139 y 140 del CPC para el DF. Los gastos y costas comprenden no sólo las expensas que causa el juicio en su tramitación sino también los honorarios de los abogados que intervienen en el proceso judicial patrocinando o representando a las partes. Se han dado diversas razones para fundar la condena al pago de las costas procesales o gastos judiciales. La doctrina de la temeridad supone que la parte es condenada porque ha obrado con temeridad o mala fe; otros jurisconsultos piensan que la condenación tiene por causa el daño sufrido por el litigante vencedor en su patrimonio, como consecuencia de un proceso justo; Chiovenda sostiene que el litigante vencedor debe ser reintegrado en la plenitud de su derecho, porque tal es la misión de la justicia y agrega que dicha reintegración exige le sean pagados los gastos del proceso (Pallares, Eduardo, "costas" DIccirmarro de derechbprocesal civil, México, Porrúa, 1956, p. 162). La disposición contenida en el precepto parece hallar su fundamento en la finalidad reintegradora al acreedor en el pleno goce de su derecho que ha sido violado por el incumplimiento en que ha incurrido el deudor. I.G.G.

CAPITULO II De la evicción y saneamiento ARTÍCULO 2119. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna

cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Este precepto enuncia el concepto clásico de evicción (vencer), y exige tres requisitos para que ella opere: 1. Que el adquirente sea privado total o parcialmente de la cosa enajenada. La privación de la cosa lleva consigo —señala la doctrina— la falta de causa (título suficiente) del contrato del adquirente, ella constituye el fondo de-la evicción: si [199]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2110 y 2120

ocurre sobre el total de la adquisición, suele hablarse de evicción total, si sobre una parte, de evicción parcial, 2. Que esa privación se deba a una sentencia ejecutoriada. El enajenante responde de la privación de la cosa enajenada (véase a. 2120), y ésta sólo es efectiva cuando realizados todos los trámites procesales, se dicta sentencia ejecutoria (véanse aa. 426, 427, 428 y 429 del CPC para el DF). En dos situaciones puede hallarse el adquirente perturbado en la cosa adquirida. La primera es la perturbación de mero hecho, la segunda es la que podemos llamar perturbación de derecho, a través de un juicio en forma ante los tribunales, por más que la primera lleve también consigo la lesión de éste. La perturbación de mero hecho no da lugar a la evicción. Es la perturbación de derecho a la que este artículo se refiere, la cual requiere que un individuo acuda a los tribunales en demanda de la cosa adquirida o de parte de ella, cuando este derecho sea controvertido y desarrollado en la forma que preceptúan las leyes procesales y que finalice con una sentencia firme que prive al adquirente de todo o de parte de la cosa adquirida (Manresa y Navarro, Comentarios al código civil español, 5a. Ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1959, t. X., pp. 208 y 209). ¿Es necesario que la sentencia firme que determina el hecho de la evicción, recaiga en un procedimiento en el que el adquirente sea precisamente demandado? Ciertamente, así es conforme a la letra de los aa. 2124 y 2140 fr. V. Y además que esta sentencia cause ejecutoria. 3. Que la sentencia conozca la existencia de un derecho de tercero anterior a la adquisición sobre la cosa adquirida. Este requisito supone una falta de derecho en la persona del enajenante, que no pudo trasmitir lo que no tenía. La evicción debe tener una causa anterior a la adquisición. Los actos posteriores, no tienen relación con el negocio adquisitivo del demandado en el juicio de evicción. "No pertenecen al vendedor los casos de evicción que pueden ocurrir después de celebrada la compra". Paulo, 1. II, pr., D. de evictionibus, 21; 2. Por excepción la evicción puede resultar de circunstancias posteriores a la adquisición. Ocurre así con el vendedor que vende a dos compradores sucesivos el mismo inmueble, y el segundo comprador es el primero en registrar su adquisición (véase a. 2266): El vendedor le debe garantía al primer comprador que ha sufrido la evicción por el segundo. C.L.V. ARTÍCULO 2120. Todo el que enajena está_ obligado a responder de

la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato, de manera que esa obligación constituye una [200]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ARTS. 2120 y 2121

cláusula natural en los contratos traslativos de dominio en general en todo contrato de enajenación de bienes, a título oneroso; no es necesaria la estipulación expresa para que el enajenante quede obligado (Véase comentario al a. 1839). A esta obligación de responder por evicción, se denomina saneamiento, denominación que se emplea también, para referirse a la responsabilidad del enajenante por vicios ocultos en la cosa enajenada (véanse aa. 2123, 2126 fr. III, 2129, entre otros). La evicción es un hecho, que produce como efecto jurídico la obligación de saneamiento. La responsabilidad del saneamiento por evicción, se origina en la obligación de garantizar al adquirente la transmisión de una propiedad legítima. Tal responsabilidad puede ser considerada como un caso especial de responsabilidad por daños que se derivan por no haber cumplido los propios deberes en los negocios concertados con otros. Esta responsabilidad incumbe al enajenante en todos los negocios a título oneroso, por los cuales se ha transmitido un derecho, pero su origen romano (la obligatio de evietionem praestare), incorporó al contrato de compraventa, como una exigencia del oportere ex fide bona que expresa la buena fe implicita en el contrato. Es de advertir que nuestro CC vigente, y el de 1884, siguiendo en ello al código portugués de 1865, dedica a la evicción ya la responsabilidad que por ello deriva, un capítulo del libro en el que se encuentran las reglas generales sobre las obligaciones. El código Napoleón y los códigos que lo han seguido en este punto, regulan la materia de evicción, y ta responsabilidad que por ella surge, sólo respecto del contrato de compraventa. En derecho francés se acude a la analogía, para aplicar las reglas, del saneamiento por evicción, a todo contrato traslativo a título oneroso. C.L, V.

Los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de la evicción, y aun convenir en que ésta no se preste en ningun caso.

ARTÍCULO 2121.

La garantía por evicción es una consecuencia natural, no de esencia, de los

contratos traslativos de dominio a título oneroso. Por consiguiente, los contratantes podrán mediante pacto expreso, modificar libremente sus consecuencias, suavizando o agravando la responsabilidad o pactando la exoneración total de la misma (véase a. 1839). Las cláusulas extensivas de la responsabilidad por evicción no son frecuentes

en la práctica. Un ejemplo de ellas sería el convenio por el cual se dispusiera que aun cuando haya buena fe por parte del enajenante (véase a, 2126), si el [201]

ARTS. 2121 y 2122

LIBRO CUARTO

adquirente sufre evicción, el primero lo indemnizará con arreglo a lo previsto para el caso de enajenación de mala fe (véase a. 2127). Las cláusulas que disminuyen la garantía por evicción, son mucho más frecuentes. Un ejemplo de ellas seria el caso en que se pactara que el enajenante no respondería de las servidumbres ocultas, cuya existencia declare desconocer (véase a. 2138). En cuanto a las cláusulas por las que se renuncie al saneamiento por evicción, si bien las admite el código, las mira con recelo, restringiéndolas en un doble concepto: 1. Declarando nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, siempre que haya mala fe de parte suya (véase a. 2122); y 2. Estableciendo que para que la renuncia al saneamiento exima al enajenante de todas las obligaciones propias del mismo, es preciso que la haga el adquirente con conocimiento de los riesgos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias. C.L.V.

Es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, siempre que hubiere mala fe de parte suya.

ARTÍCULO 2122.

El contenido de este artículo está en consonancia con el principio general establecido en el a. 2106. La ley impone una limitación a la libertad de los contratantes para convenir en que no se preste la evicción en ningún caso, declarando nulo el pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, siempre que hubiere mala fe de su parte, pues equiparándose ésta al dolo, se autorizaría el fraude y la inmoralidad si se diera valor legal a este pacto. De otro modo, nada les sería más fácil a los detentadores de cosas ajenas que pasarlas a manos de otros, salvando con un pacto semejante, la responsabilidad que les resulta, con perjuicio de los adquirentes de buena fe, de quienes no puede presumirse que hayan querido dejarse engañar impunemente (Mateos Alarcón, Manuel,Lecciones de derecho civil, México, Tip, Lit. La Europea, 1892 t. III, p. 223). Ya desde el derecho romano, se establecía que aun habiendo cláusula que excusara de la garantía por evicción, el vendedor quedaba obligado si hubo dolo de su parte. ¿En qué ha de consistir la mala fe en la hipótesis en este artículo prevista? En el conocimiento previo que al tiempo de la enajenación tenga el enajenante del hecho que da lugar a la evicción y sus posibles efectos y en no manifestarlo al adquirente. La buena fe se presume, salvo prueba en contrario. La mala fe del enajenante habrá de probarse, para que se anule el pacto sobre responsabilidad. [202]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ARTS. 2122, 2123, y 2124

Si el pacto se hace y la mala fe se demuestra, el pacto es nulo y al anularse recobra toda su eficacia la responsabilidad del enajenante por la evicción (véase a. 2120). C.L.V. ARTÍCULO 2123. Cuando

el adquirente ha renunciado el derecho al saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea éste, debe el que enajena entregar únicamente el precio de la cosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 2126, frac. I y 2127, frac. I; pero aun de esta obligación quedará libre, si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias.

El efecto de la estipulación de renuncia del derecho al saneamiento es restringido. Consecuencia de esa renuncia es que al enajenante se le exima de la reparación de los daños e indemnización de los perjuicios, accesorios a la obligación de restituir al adquirente el precio que recibió por la cosa que debe devolver a éste. Según el artículo que se comenta, cuando el adquirente ha renunciado al derecho al saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea éste, debe el que enajena entregar únicamente el precio que recibió de la casa, si procedió de buena fe, conforme a lo dispuesto en los aa. 2126 fr. 1 y 2127. Devolverá a elección del adquirente, el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición o la que tenga al tiempo en que sufra la evicción. La renuncia al saneamiento puede eximir al enajenante de la obligación de restituir el precio. Esto ocurre cuando el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias, pues en tal caso se considera que ha concluido un contrato aleatorio, debiendo soportar sus riesgos. El a. 2121 establece la nulidad de la cláusula que exima al enajenante de mala fe, de su obligación de restituir el precio. Esta disposición es compatible con la que es objeto de este comentario, porque si el adquirente conoce la posibilidad de evicción, no se concibe cómo pueda haber mala fe. C.L. V.

El adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó.

ARTÍCULO 2124.

El adquirente tiene obligación de denunciar el pleito de evicción al enajenante. La razón fundante de esta exigencia de la ley es clara: el enajenante debe tener. [203]

ARTS. 2124 y 2125

LIBRO CUARTO

oportunidad de contestar la demanda del tercero, que amenaza con privar de la cosa o de parte de ella al adquirente, probando la inanidad de su pretensión. El enajenante es quien puede tener los medios de defensa contra la demanda de evicción, y si no se le diera oportunidad de ejercitarlos, sería injusto hacerle sufrir las consecuencias de una sentencia condenatoria. Nuestro CC considera imprescindible esta denuncia para obligar al enajenante al saneamiento. Por ello es preciso que el adquirente pruebe que cumplió denunciando el pleito de evicción (a. 2140 fr. V), al enajenante, para que éste sea responsable del resultado del pleito de evicción. En relación con este artículo, el CPC para el DF dispone que el enajenante deberá ser citado oportunamente para que le pare perjuicio la sentencia; y que el adquirente demandado o sus herederos deberán denunciar el pleito al enajenante antes de la contestación de la demanda (laudatio nomini actoris). El juez según las circunstancias, ampliará el término del emplazamiento para que el enajenante pueda disfrutar de un plazo completo. A tales efectos, el demandado que pida sea llamado el obligado a la evicción, deberá proporcionar el domicilio de éste; si no lo hace no se dará curso a la petición respectiva; y si afirmare que lo desconoce, deberá exhibir el importe de la publicación de los edictos, para que la notificación del pleito se haga en esta forma (aa. 22 y 657 del CPC para el DF). Al ocurrir al juicio de evicción el enajenante, lo hace como tercerista coadyuvante. No es el caso de litis consorcio. En el caso que se comenta, el adquirente, es el único demandado por el actor y el enajenante viene al pleito como coadyuvante tercerista que se adhiere para ayudar a la causa del demandado, ya que el pleito de evicción, no es el suyo propio. En el caso de litis consorcio cada uno de los actores demandados están legitimados activa o pasivamente, en defensa de un derecho propio que está sometido a la resolución en el juicio en que intervienen. La SCJN ha sostenido el siguiente criterio: Saneamiento en caso de evicción. denuncia de/pleito. Denunciar el pleito al vendedor por el saneamiento en el caso de evicción, no consiste en informarlo a título de simple plática de la demanda de un tercero, sino en solicitar del tribunal, que cite a juicio al vendedor, para que le pare perjuicio la sentencia. Apéndice el SJF, tesis de ejecutorias 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, tesis relacionadas, p. 444. C.L.V.

El fallo judicial impone al que enajena la obligación de indemnizar en los términos siguientes.

ARTÍCULO 2125.

[204]

ARTS. 2125 y 2128

TITULO CUARTO/CAPITULO II

Si la sentencia declara procedente la acción de evicción, queda obligado el que enajena a indemnizar al adquirente. ¿Cuál es el objeto de esta obligación de indemnización? Si existe pacto al respecto, se estará a lo convenido; si no se dijo nada, quedará obligado en los términos del a. 2126, si obró de buena fe; y en los términos del a. 2127, si procedió de mala fe. El fallo judicial que condene al saneamiento, fijará el importe de la obligación de indemnizar, precisamente, en los términos de los aa. 2126 y 2127, según haya habido buena o mala fe en el en ajen ante. C.L.V.

Si el que enajenó hubiera procedido de buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió la evicción: I.—E1 precio íntegro que recibió por la cosa; II.—Los gastos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el adquirente; 111.—Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; IV.—E1 valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que en la sentencia no se determine que el vendedor satisfaga su importe.

ARTÍCULO 2126.

En caso de evicción la ley obliga al enajenante a pagar diversas prestaciones pecuniarias al adquirente que ha sido vencido en el pleito. Si el enajenante procedió de buena fe, esto es, con desconocimiento de las causas de evicción, las prestaciones que debe satisfacer son las siguientes: 1. Restitución del precio íntegro que recibió por la cosa. El enajenante está obligado a restituir la totalidad del precio que recibió por la cosa; si así no fuera, se produciría un enriquecimiento sin causa, en su provecho. El enajenante no podría exigir el precio si la evicción se produjese antes de ser pagado; por la misma razón, no puede retenerlo cuando sobrevenga la evicción después del pago. La restitución del precio debe ser integra, esto es si la cosa disminuyó de valor después de que fue pagada, el adquirente vencido en el pleito de evicción tiene sin embargo, derecho a la restitución total del precio que pagó, y si por el contrario, aumentó de valor, ese aumento será en favor del adquirente. 2. El pago de los gastos causados por el contrato. Estos gastos comprenden los honorarios del notario, pago de impuestos, derechos de registro, etc. La restitución del precio sólo procuraría al que sufrió la evicción una reparación incompleta. La evicción produce consigo otras causas de pérdida que deben [205]

AktTS. 9126 y 2127

LIBRO CUARTO

repararse. De aquí que se justifique plenamente la obligación del enajenante de reembolsar al adquirente los gastos del contrato que fueron satisfechos por éste. 3. Pago de los gastos causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento. El adquirente no debe sufrir perjuicio alguno por la evicción, y esto no podría suceder si no se le abonaran los gastos originados en el pleito de evicción y, en su caso, en el de saneamiento. Tanto de los unos como de los otros, debe responder el enajenante, porque ambos le son imputables; los gastos del pleito de evicción, porque el hecho originario de la evicción arranca del enajenante o de sus causantes, y los de saneamiento, porque el mismo enajenante ha podido evitarlos allanándose a la acción de evicción. 4. Entregar el valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que en la sentencia no se determine que el vencedor (el vendedor sic en el texto del artículo) satisfaga su importe. El pago de las mejoras útiles y necesarias está fundado en que debiendo abonarse las necesarias a todo poseedor, las útiles a los que sean de buena fe, el adquirente de la cosa objeto de la evicción se encuentra en igual situación, y debe ser resarcido de su valor. El adquirente tiene ante él dos personas obligadas al pago de las mejoras, bajo condiciones diferentes. Una es el enajenante, obligado a indemnizar en virtud de los principios de garantía para el caso de evicción; la otra, el tercero que lo ha vencido, y que se aprovecha del aumento del valor producido en la cosa por los gastos del adquirente. Por tanto, sólo en el caso de que el juez no determine que el vencedor satisfaga el importe de las mejoras necesarias y útiles, su valor deberá ser cubierto por el enajenante. Las mejoras voluntarias podrán ser retiradas por el adquirente vencido en el pleito de evicción, si no se causa daño en la cosa mejorada, o reparando el que cause al retirarlas (véanse aa. 810 fr. 111 y 815). En síntesis, puede afirmarse que la ratio legis de la disposición contenida en este artículo que se comenta es que el enajenante de buena fe restituya lo recibido y repare al adquirente los gastos que haya efectuado en el bien, materia de la evicción, con ocasión del contrato y las expensas causadas en el juicio de evicción. C.L.V.

Si el que enajena hubiere procedido de mala fe, tendrá las obligaciones que expresa el artículo anterior, con las agravaciones siguientes: I.—Devolverá, a elección del adquiriente, el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción; II.—Satisfará al adquiriente el importe de las mejores voluntarias y de Mero placer que haya hecho en la cosa; 111.—Pagará los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 2127.

[206]

A/1TS. 2127 y 2128

TITULO CUARTO/CAPITULO II

La cuantía de los daños y perjuicios sufrida por el adquirente, varía según que el enajenante haya actuado de buena o de mala fe. El enajenante de mala fe es tratado más rigurosamente que el de buena fe, ya que tiene pleno conocimiento de las causas que dieron origen a la evicción de la cosa, y no obstante expone al adquirente a sufrir graves quebrantos. De esta manera se hace dolosamente de una cantidad de dinero, El enajenante de mala fe tendrá las mismas obligaciones que el que enajenó de buena fe, y además para que no se aproveche de su mala actuación, la ley le impone las agravaciones siguientes: 1. Debe devolver a elección del adquirente, el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción. El código otorga al adquirente, derechos para exigir el mayor precio que en cualquiera de los dos momentos indicados tenga la cosa, sin que por esto haya injusticia, pues el aumento de valor que haya adquirido, lo debe pagar el que enajenó de mala fe como reparación del perjuicio causado por la evicción de que es responsable. Adviértase de la redacción del párrafo correspondiente, que "el precio" que debe reintegrar el enajenante de mala fe, es el precio de mercado, (no el que recibió por la cosa) es decir el valor que tenía la cosa en la fecha del contrato de enajenación, o el que tenga en el momento en que sufra la evicción. 2. Debe satisfacer al adquirente el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer que éste haya hecho en la cosa. Sabido es que el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer no es abonable a ningún poseedor y, por lo tanto, el adquirente nunca tiene derecho a que se lo reembolsen, sin embargo, puede hacerse devolver su importe por el enajenante de mala fe, que de esta manera se ve sancionado por su conducta dolosa. 3. Por último, debe pagar los demás daños y perjuicios. Con esto se busca que el enajenante de mala fe repare el daño que ha causado al adquirente. C.L.V.

ARTÍCULO 2128, Si

el que enajena no sale sin justa causa al pleito de evicción, en tiempo hábil, o si no rinde prueba alguna, o no alega, queda obligado al saneamiento en los términos del artículo anterior.

Denunciado el pleito de evicción al enajenante, éste tiene la obligación de realizar la defensa judicial del adquirente, presentando sus títulos y empleando todos lo medios que estén a su alcance para sacar en paz y a salvo al adquirente, del juicio de evicción haciendo cesar la perturbación que se le causa. [207]

ARTS. 2128, 2129 y 2130



LIBRO CUARTO

El enajenante que no cumple con su obligación de defensa, sea porque no salga sin justa causa al pleito de evicción, en tiempo hábil, porque no rinda prueba alguna, o no alegue; debe indemnizar al adquirente como si hubiera procedido de mala fe (véase a. 2127). C.L.V.

ARTÍCULO 2129. Si

el que enajena y el que adquiere proceden de mala fe, no tendrá el segundo, en ningún caso, derecho al saneamiento ni a indemnización de ninguna especie.

En este articulo se hace una aplicación de la máxima nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Se rehúsa el derecho de reclamar indemnización, a quien obró dolosamente. "Si las dos partes actuaron con dolo malo, no ejerciten la acción de dolo", dice claramente el Digesto, Marciano l, 36, D. de dolo malo, 4,3. La SCJN ha sostenido el siguiente criterio: Saneamiento, adquirentes de mala fe.

Siendo legítima la consideración del Tribunal ad quem de ser adquirentes de mala fe tanto el actor como el demandado en el juicio de saneamiento, en virtud de que así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte en la ejecutoria de un amparo anterior, con motivo de un juicio ordinario civil de nulidad que determinó la evicción consiguiente en perjuicio del actor, bastó la circunstancia de que !a misma ejecutoria en que basó su demanda el actor, demostrara que como lo decidió este Alto Tribunal ambos contendientes fueran adquirentes de mala fe, para que tuviera inmediata aplicación el articulo 2129 del Código Civil, que previene "si el que enajena y el que adquiere proceden de mala fe no tendrá el segundo en ningún caso, derecho al saneamiento ni a indemnización de ninguna especie", y por ello se absolviera a la demandada de la acción de saneamiento. (Jurisprudencia 1917-1985. Apéndice

al SJF, cuarta parte, Tercera Sala, p. 443).

C.L.V.

Si el adquirente fuere condenado a restituir los frutos de la cosa, podrá exigir del que enajenó la indemnización de ellos o el interés legal del precio que haya dado.

ARTÍCULO 2130.

[208]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ARTS. 2130, 2131 y 2132

El enajenante debe garantizar al adquirente la posesión legítima y pacífica de la cosa y el goce de los derechos que son materia del contrato. Si el adquirente ha venido haciendo suyos los frutos de la cosa mientras ha estado en posesión de ella, y ocurrida la evicción se ve condenado a entregar al vencedor esos frutos, tiene derecho de exigir su importe del enajenante. La restitución de frutos tendrá lugar cuando el adquirente es de buena fe. En las relaciones entre adquirentes y enajenantes, la buena fe es apreciada en el momento de la enajenación. Si el adquirente obró de buena fe en ese momento puede pretender la indemnización de los frutos o el interés legal del precio que haya dado, si fuere condenado a restituirlos al vencedor. Así se explica que el adquirente por razón de su buena fe, tenga derecho respecto del enajenante a exigir la indemnización de los frutos, que tuvo que restituir al vencedor. El adquirente condenado a restituir los frutos podrá optar entre exigir al enajenante la indemnización de esos frutos, para lo cual deberá demostrar ampliamente su importe, o exigir el interés de nueve por ciento anual del precio que hubiese dado, sin necesidad de prueba alguna de su importe. C.L.V.

Si el que adquirió no fuere condenado a dicha restitución, quedarán compensados los intereses del precio con los frutos recibidos.

ARTÍCULO 2131,

Si ocurrida la evicción el adquirente no fuere condenado a restituir los frutos de la cosa al vencedor, es claro que no puede exigirlos del enajenante, pues si tuviera ese derecho vendría a percibirlos doblemente, lo cual no sería justo. Por eso, se establece que si el adquirente no es condenado a restituir los frutos al vencedor, su importe queda compensado con los intereses que al tipo legal podía producir el precio y, por consiguiente, no tiene derecho para exigir la indemnización de ellos. C.L.V.

ARTÍCULO 2132. Si

el que enajena, al ser emplazado, manifiesta que no tiene medios de defensa, y consigna el precio por no quererlo recibir el adquirente, queda libre de cualquiera responsabilidad posterior a la fecha de consignación.

Independientemente de la buena o mala fe del enajenante, si al ser emplazado reconoce no tener medios de defensa, y consigna el precio por no quererlo recibir [2091

MITS. 2132, 2133 y 2134

LIBRO CUARTO

el adquirente, se libera de cualquiera responsabilidad posterior a la fecha de consignación. No estará por tanto, obligado a indemnizar por el valor de los frutos posteriores. Si el adquirente decide seguir el pleito, no obstante la consignación del precio que efectuó el enajenante, lo hará a su propio riesgo, habida cuenta que este último confiesa que carece de pruebas de la legitimidad de su titulo y por lo tanto no debe responder de las consecuencias del•pleito de evicción. C.L. V. ARTÍCULO 2133. Las mejoras que el que enajenó hubiese hecho

antes de la enajenación, se le tomarán a cuenta de lo que debe pagar, siempre que fueren abonadas por el vencedor (sic). El saneamiento tiene por objeto poner a los contratantes en !a situación en que se encontraban antes de celebrar el contrato, de manera que ninguno lucre o se enriquezca con perjuicio del otro. En tal consideración se funda lo dispuesto en este artículo, que es aplicable a la recuperación del valor de las mejoras que hubiere hecho el que enajenó, que quedan en favor del vencedor en el pleito de evicción. Este valor será deducido del precio que debe devolver el enajenante al adquirente, en el caso de que el vencedor en el pleito de evicción hubiere abonado su importe al adquirente. C.L.V. ARTÍCULO 2134. Cuando el adquirente sólo fuere privado por la

evicción, de una parte de la cosa adquirida, se observarán respecto de ésta las reglas establecidas en este Capítulo, a no ser que el adquirente prefiera la rescisión del contrato. La evicción puede ser parcial o total. Cuando la evicción es parcial, el adquirente puede ejecutar a su arbitrio dos acciones: la resolutoria, y la de evicción para exigir e! saneamiento. Si opta por mantener el acto de adquisición, exigiendo el saneamiento, se observarán las mismas reglas establecidas para la evicción total, pues la equidad exige, al igual que la lógica, que se liquide la indemnización al adquirente vencido en evicción, según los mismos principios, cualquiera que sea la extensión de ésta. En este caso, el adquirente tendrá derecho a que se le reembolse el valor correspondiente a la parte que fue objeto de evicción; a la devolución de los gastos del contrato, proporcionales al perjuicio sufrido; al pago de los [210]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ARTS. 2134, 2135 y 2130

gastos causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento en la misma proporción. Se concede al adquirente la facultad de optar por la resolución del contrato, en consideración a la importancia que tiene la parte que ha sido objeto de evicción, que sin ella no hubiere celebrado el contrato. Esta facultad es aplicación del pacto comisorio tácito (véase a. 1959) si el enajenante no ha ejecutado las obligaciones que le incumbían. Si se pronuncia por la resolución del contrato, la enajenación quedará sin efecto; y el adquirente debe restituir el valor de la cosa. En los casos de evicción no puede hablarse del derecho del adquirente a la rescisión, porque desde el momento en que se ve privado de la cosa por sentencia ejecutoriada, es claro que no podrá devolverla; pero tratándose de evicción parcial, como parte de la cosa queda en poder del adquirente, hay términos hábiles para el ejercicio de la acción rescisoria; por este motivo el código la concede, pudiendo el adquirente optar por ella, o exigir el saneamiento, (Manresa y Navarro, Comentario.s. al código civil español, 5a. ed., Madrid, Reus, 1969, t. X, p. 230). C.L.V.

También se observará lo dispuesto ene! artículo que precede cuando en un sólo contrato se hayan enajenado dos o más cosas sin fijar el precio de cada una de ellas, y una sola sufriera la evicción.

ARTÍCULO 2135.

El adquirente tendrá derecho a exigir la rescisión del contrato o el saneamiento, si en un solo contrato adquirió dos o más cosas sin fijar el precio de cada una de ellas, y sólo una sufriera la evicción, porque se presume que no habría adquirido una cosa sin la otra o las otras. Las cosas vienen a integrar en su conjunto, para los efectos de la evicción, una especie de universitas facti o unidad que recíprocamente integran su utilidad económica que disminuye y a veces desaparece, si se desmembran. En cierto sentido para los efectos del pago del saneamiento, nos encontramos frente a un caso de indivisibilidad del objeto. C.L.V.

Ene! caso de los dos artículos anteriores, si el que adquiere elige la rescisión del contrato, está obligado a devolver la cosa libre de los gravámenes que le haya impuesto.

ARTÍCULO 2136.

[211]

ARTS. 2136, 2137 y 2138

LIBRO CUARTO

Si el adquirente opta por la rescisión (resolución) del contrato, tiene obligación de devolver la cosa, libre de los gravámenes que le haya impuesto; pues siendo el efecto de la rescisión restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse el contrato, debe devolver la cosa tal como la recibió. De esto se sigue que la resolución del contrato está condicionada a la liberación de los gravámenes de la cosa enajenada, que el adquirente haya impuesto sobre ella. C.L.V.

Si al denunciarse el pleito o durante él, reconoce el que enajenó el derecho del que reclama, y se obliga a pagar conforme a las prescripciones de este Capítulo, sólo será responsable de los gastos que se causen hasta que haga el reconocimiento, y sea cual fuere el resultado del juicio.

ARTÍCULO 2137.

Independientemente de: la buena o mala fe del enajenante, si éste reconoce el derecho del que reclama, al denunciarse el juicio o durante él, y se obliga a pagar conforme a las reglas que señala la ley, se le libera de los gastos que se causen desde la fecha del reconocimiento, sea cual fuere el resultado del juicio. La conducta de sumisión del enajenante, motiva esta disposición de contenido indiscutiblemente justo. C.L.V.

Si la finca que se enajenó se halla gravada, sin haberse hecho mención de ello en la escritura, con alguna carga o servidumbre voluntaria no aparente, el que adquirió puede pedir la indemnización correspondiente al gravamen, o la rescisión del contrato.

ARTÍCULO 2138.

Tres requisitos son necesarios para que el adquirente tenga los derechos que aquí se le confieren: 1. Que sobre la finca enajenada exista una carga o servidumbre voluntaria; 2. Que esa carga o servidumbre no sea aparente; y 3. Que no se haya hecho mención de tal situación en la escritura donde se hizo constar la enajenación. De lo anterior se desprende que el derecho del adquirente a demandar la indemnización correspondiente al gravamen, o la rescisión del contrato no existe en los siguientes casos: 1. Si la finca objeto de enajenación está gravada con una servidumbre legal. [2121

ARTS. 2138 y 2139

TITULO CUARTO /CAPITULO II

Las servidumbres legales aunque no sean aparentes obligan al adquirente, aun no denunciándolas el enajenante, porque además de que derivan de la situación natural de los predios, sirviente y dominante, no pueden considerarse ignoradas por el adquirente. Sólo las servidumbres voluntarias pueden dar lugar a la facultad de opción que se concede al adquirente. 2. Si la finca objeto de enajenación está gravada con una servidumbre voluntaria aparente. De lo que puede ver el adquirente, no es responsable el enajenante. ¿De qué puede quejarse el adquirente si no examinó la finca por si mismo, ni vio los signos que anuncian exteriormente la servidumbre? Sólo las servidumbres voluntarias no aparentes pueden producir la opción que se concede al adquirente. 3. Si aun siendo la servidumbre voluntaria y no aparente se ha hecho mención de ella en la escritura. El enajenante debe declarar cuidadosamente en el acto de enajenación, todas las cargas o servidumbres voluntarias que existan constituidas sobre la finca objeto de la enajenación, cuando no sean aparentes. Algún autor se ha preguntado si los gravámenes voluntarios no aparentes, ignorados por el adquirente y que no se mencionaron en la escritura, pero que estaban inscritos en el RPP darían lugar a indemnización o rescisión. A esto se ha respondido que el sistema de CC es el imponer al enajenante la obligación de declarar todas las servidumbres voluntarias no aparentes, si no quiere exponerse a la obligación de indemnizar, o a que se demande la rescisión. Esta obligación no puede ser disminuida por el establecimiento del registro, que no fue establecido en interés del enajenante, sino del adquirente (Ripert Georges y Jean Boulanger, Tratado de derecho civil, Buenos Aires, La Ley, 1965, t. V111, pp. 110 y 111). Algunos autores estiman a la hipótesis prevista en este artículo como un caso de evicción parcial. Nosotros creemos que se trata de vicios ocultos, pues la evicción supone privación de la cosa por virtud de sentencia ejecutoriada, y el reconocimiento de la carga o servidumbre voluntaria no aparente, ni importa privación de la cosa, ni requiere de sentencia ejecutoriada. El código no es claro al respecto, sin embargo, del texto del a. 2149 parece desprenderse que se debe considerar como un caso de vicios ocultos. C.L.V.

Las acciones rescisorias y de indemnización a que se refiere el artículo que precede, prescriben en un año, que se contará para la primera, desde el día en que se perfeccionó el contrato, y para la segunda, desde el día en que el adquirente tenga noticia de la carga o servidumbre.

ARTWULO 2139.

[213]

ARTS. 21319

y

2140



LIBRO CUARTO

Las acciones rescisoria y de indemnización no pueden ejercitarse en cualquier tiempo, porque no puede mantenerse indefinidamente la situación de incertidumbre para el enajenante, misma que existirá mientras el adquirente no exija el pago de la indemnización a que se refieren los artículos anteriores; por eso se señala un límite justo, declarándose que prescriben tales acciones en un año, que se debe contar para la primera de las acciones desde el día en que se perfeccionó el contrato, y para la segunda desde el día en que el adquirente tenga noticia de la carga o servidumbre.

ARTÍCULO 2140. El que enajena no responde por la evicción:

L—Si así se hubiere convenido; IL—En el caso del artículo 2123; III.—Si conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción, lo hubiere ocultado dolosamente al que enajena; IV.—Si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no imputable al que enajena, o de hacerlo del que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo acto; V.—Si el adquirente no cumple lo prevenido en el artículo 2124; V1.—Si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros sin consentimiento del que enajenó; VIL—Si la evicción tuvo lugar por culpa del adquirente. La responsabilidad por causa de evicción no procede en todo evento ni bajo el imperio de cualesquiera circunstancias. La disposición contenida en este artículo establece los casos en que el que enajena no responde por la evicción. Esos casos son los siguientes: 1. Cuando existe convenio de las partes en el sentido de que el enajenante no será responsable por la evicción. Esto ratifica lo dispuesto en el a. 2121 que permite a los contratantes convenir en que la evicción no se preste en ningún caso; convenio que tiene su fundamento en el hecho de que la garantía por evicción es una cláusula natural, no de la esencia, de los contratos traslativos de dominio (véase comentario al a. 2121). Cuando las partes han convenido en que el enajenante no responda por la evicción llegada que sea ésta, el adquirente tendrá derecho a que se le restituya el [214]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ART. 2140

precio de la cosa, salvo que la adquisición se haya hecho con conocimiento de las causas de la evicción y sometiéndose el adquirente a sus consecuencias (véase a. 2123). 2. Cuando el adquirente renuncia al saneamiento para el caso de evicción. Esta renuncia tampoco libera al que enajena de la obligación de restituir el precio, —igual que en caso anterior—a no ser que el adquirente, con conocimiento de los riesgos de evicción hubiese adquirido la casa, sometiéndose a sus consecuencias (véase comentario al a. 2123). 3. Cuando el adquirente conociendo, al tiempo de la adquisición, el derecho del que entabla la evicción, lo ocultó dolosamente al enajenante. El enajenante no debe responder por la evicción al adquirente, que conoce la existencia del derecho de un tercero; porque conociendo el riesgo, adquiere la cosa. 4. Cuando la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no imputable al que enajena, o de un hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo acto. Para que surja la responsabilidad por evicción, se precisa que la perturbación del derecho cuando es posterior al acto de enajenación, sea imputable al enajenante; no responde además, de la evicción cuando ésta es consecuencia de una causa que le sea ajena (culpa del adquirente). En principio el enajenante únicamente responde de la evicción cuya causa sea anterior a la enajenación, porque ésta supone que carece de derecho para enajenar. Pero la evicción puede tener una causa posterior a la enajenación y engendrar obligación de sanear; ello ocurre cuando esa causa es imputable al enajenante. Si la evicción procede de una causa que aun siendo posterior al acto de enajenación, no es imputable al que enajena, éste no es responsable. Tampoco está obligado a responder de la evicción si ésta proviene de hechos del que adquiere, ya sea posterior o anterior al acto de adquisición, pues no podría exigirse responsabilidad al enajenante, cuando la evicción procede de un hecho del adquirente. 5. Cuando el adquirente, luego que sea emplazado, no denuncie el pleito de evicción al que el enajenó. El enajenante está obligado al saneamiento siempre que oportunamente le notifique la demanda de evicción, a instancia del adquirente. El adquirente debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó (véase comentario al a. 2124) luego que sea emplazado al pleito de evicción, resultando esto probado su derecho al seneamiento existe; por el contrario, faltando la oportuna denuncia, el enajenante no estará obligado al saneamiento. Queda así, determinado de un modo claro que el efecto del incumplimiento por parte del adquirente del hecho que condiciona su derecho (denuncia del pleito de evicción) produce la caducidad de éste. 6. Cuando el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros sin consentimiento del que enajenó.

[215]

LIBRO ..j.IJARTO

ARTS. 2140, 2141 y 2142

En este caso, el que enajena no responde por la evicción en virtud de que la transacción, como todo convenio, no obliga a los terceros, y el enajenante es un tercero, porque no ha consentido en el compromiso arbitral. 7. Por último, no responde por la evicción el enajenante cuando ésta ha tenido lugar por culpa del adquirente. Es de lógica jurídica, y de evidente justicia, que el enajenante no está obligado a responder cuando las causas de evicción, además de no serle imputables, tengan su origen en la culpa del adquirente; es éste, como consecuencia de su conducta, quien debe sufrir los efectos de la evicción, soportándola sin derecho de indemnización. Propiamente, esta hipótesis está comprendida en la última parte de fa fr. IV del precepto en comentario. I.G.G. y C.L.V.

En las ventas hechas en remate judicial, eI vendedor no está obligado por causa de la evicción que sufriere la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta.

ARTÍCULO 2141.

En las ventas hechas en remate judicial, el vendedor se encuentra en una situación especial, a saber: es enajenante a su pesar, pues no vende por su propia voluntad sino a la fuerza, porque así se lo impone el juez, como resultado de un procedimiento judicial; no toma parte activa en la venta, ni escoge al comprador; ni interviene en la determinación del precio, ni en poner las demás estipulaciones del contrato. Estas y otras peculiaridades, justifican que no quede obligado, en caso de evicción, sino a devolver el precio que haya producido la venta. Frecuentemente, el vendedor embargado o quebrado será insolvente, e ilusorio el derecho concedido al adjudicatario para recuperar el precio que pagó por la cosa adquirida en remate. Esto hace que resulte de poco interés práctico la acción del comprador para que el vendedor le restituya el precio que pagó por la cosa. Véase Manresa y Navarro, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1969, t. X, vol, I, p. 354 y SS.

C.L.V.

En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa

ARTÍCULO 2142.

[2161

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ART. 2142

enajenada que la hagan impropia para los usos a que se la destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que a haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa. El enajenante está obligado a procurar al adquirente una posesión útil, propia para rendirle los servicios que tenía derecho a esperar, según la naturaleza de la cosa. Así lo exigen la buena fe y la intención de las partes; si tal obligación no queda satisfecha, la responsabilidad del enajenante se encuentra comprometida: el enajenante es garante de la cosa. Esta responsabilidad, a la que se denomina saneamiento, por los vicios ocultos o redhibitorios, tiene su fuente en que el enajenante no cumple debidamente su prestación si entrega una cosa con vicios que perjudiquen la utilidad que ella debe prestar. Según dice la ley 1, párrafo 8 título 1, libro 21 del Digesto: "Si el vicio o enfermedad fuese tal que impidiese el uso y servicio del esclavo, ello dará lugar a la redhibición". Se entiende por vicio redhibitorio todo defecto o imperfección de la cosa de tal naturaleza que la haga impropia para el uso a que se la destina o disminuya la posibilidad de destinarla a su uso normal adecuado. El código impone la responsabilidad por vicios ocultos, en todos los casos de enajenación por medio de un contrato conmutativo, esto es, en aquellos contratos en que las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento en que se celebran, no así en los aleatorios, en los que no cabe el saneamiento por defectos ocultos, puesto que el riesgo es inherente a su propia naturaleza eventual. Tal responsabilidad se establece como cláusula natural, aunque nada se exprese en el contrato. Las partes, a través de convenios pueden ampliar, restringir y suprimir la responsabilidad por vicios ocultos (véase a. 2158). Es menester, para que el enajenante incurra en esa responsabilidad: 1. Que los defectos sean ocultos, es decir, que no sean manifiestos, que el adquirente no haya podido razonablemente conocerlos. Se entiende por vicios ocultos aquellos que lo son para el comprador, cuando celebra el contrato, aunque pudieran ser conocidos fácilmente por otra persona. Una consecuencia que se sigue de esto es que si el adquirente al contratar conoció el vicio, aunque fuere oculto, no tiene derecho a exigir el saneamiento; adquirió con conocimiento de causa; aceptó adquirir la cosa en el estado en que se encontraba. 2. Que los defectos ocultos de la cosa enajenada sean de tal manera graves que la priven de aptitud para el uso a que se le destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que al haberlo conocido el adquirente no habría hecho la adquisición o habría pagado menor precio por la cosa. La responsabilidad por vicios ocultos da lugar a la acción redhibitoria, acción rescisoria del contrato o a la acción para obtener una disminución del precio pagado por ella (acción estimatoria o quanti minoris). [217]

ARTS. 2142, 2143 y 2144

LIBRO CUARTO

Véase Manresa y Navarro, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1969, t. X, vol. I, pp. 335 y ss. I.G.G. y C.L.V. ARTÍCULO 2143. El enajenante no es responsable de los defectos

manifiestos o que estén a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos. El saneamiento por defectos de la cosa enajenada sólo procede si tales defectos son ocultos (véase a. 2142), por consiguiente, el enajenante no es responsable de los vicios perceptibles a simple vista; el adquirente pudo y debió conocerlos. A éste es imputable la culpa o negligencia por no haberlos conocido, ya que conociéndolos se hubiera abstenido de contratar o habría ofrecido un precio menor. Sólo su evidente falta de cuidado pudo dar lugar a una sorpresa inexcusable (culpa lata). Tampoco responde el enajenante por los defectos que aunque no estén a la vista, el adquirente por ser un perito en la materia o por razón de su oficio o profesión, debe fácilmente conocerlos. No basta que el vicio sea oculto, es necesario que el comprador no se encuentre en posibilidad de conocerlo y se entiende en este caso que no puede haber excusa para tal desconocimiento por la pericia y habilidad del adquirente. Hay que observar en la ciencia o técnica relativas a las cosas que son materia del contrato que se celebra, un mismo defecto puede tener el carácter de vicio oculto para unas personas, y para otras no; ello dependerá de que quien adquiere sea o no experto y que por razón de su oficio deba fácilmente conocer el defecto que padece la cosa. C.L.V. ARTÍCULO 2144. En los casos del artículo 2142, puede el adqui-

rente exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad proporcionada del precio, a juicio de peritos. La existencia de defectos ocultos en la cosa enajenada, que la hagan impropia para el uso al que se destina o que disminuyan de tal modo ese uso que al haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa, le da derecho a éste a optar entre el ejercicio de dos acciones procesales: [218]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ARTS. 2144 y 2145

1. Puede demandar la resolución del contrato, y el pago de los gastos que por él hubiere hecho (acción redhibitoria). La acción de rescisión (que es propiamente una acción resolutoria por incumplimiento del contrato) toma aquí el nombre de redhibitoria, motivo por el cual a los vicios ocultos se les llama también "vicios redhibitorios" (de redhibere, devolver), porque resuelven el acto de enajenación. Con la rescisión el enajenante debe devolver el precio que se le pagó y reembolsar al adquirente los gastos ocasionados por el contrato (honorarios y gastos notariales, registro, impuestos, gastos de entrega, etc.) si fueran satisfechos por éste. El adquirente, por su parte, debe devolver la cosa. 2. Puede el adquirente optar por conservar la cosa, demandando una rebaja proporcional del precio, por medio de una acción que se denomina actio aestimatoria o quanti minoris. La porción del precio que deba rebajarse será determinada por peritos, y corresponderá al menor valor que la cosa tiene por razón de los vicios que la afectan. Los presupuestos procesales de ejercicio de ambas acciones son los mismos, pero sus resultados son diferentes; la redhibitoria, resuelve el contrato; la estimatoria, la conserva, pero con un precio reducido, o si se prefiere, lo resuelve parcialmente. C.L.V.

Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos de la cosa y no los manifestó al adquirente, tendrá éste la misma facultad que le concede el artículo anterior, debiendo, además, ser indemnizado de los daños y perjuicios si prefiere la rescisión.

ARTÍCULO 2145.

El enajenante responde por vicios ocultos, independientemente que obre de mala fe, el fundamento de las acciones redhibitoria o quanti minoris es la ineficacia de la cosa enajenada para el uso propio de ella. El adquirente, por tanto, tiene derecho a optar entre pedir la rescisión del contrato, o que se le rebaje una cantidad proporcional del precio, sin importar si el enajenante conoció o no los vicios. Empero, si el enajenante no conocía los vicios, el adquirente que pida la rescisión del contrato tiene derecho sólo a la devolución del precio que haya pagado por la cosa, y al reembolso de los gastos que por el contrato haya hecho; en cambio, sí se prueba que el enajenante conocía los defectos ocultos y no los manifestó al adquirente, queda obligado no sólo a restituir el precio de la cosa y abonar los gastos del contrato, satisfechos por el adquirente, sino también al resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios. La solución se impone, pues la actitud dolosa del enajenante constituye un hecho ilícito, y la consecuencia necesaria de todo hecho doloso, es la responsabilidad civil por hecho ilícito. [219]

ARTS. 2145, Z1413 y 2147

LIBRO CUARTO

Aun cuando este artículo no habla sino del adquirente que opte por intentar acción redhibitoria, habiendo obrado de mala fe el enajenante, tendrá derecho al abono de daños y perjuicios, quien opte por una reducción del precio porque estas dos acciones se originan en la mala fe del enajenante. La prueba del conocimiento del vicio por el enajenante, incumbe al adquirente. C.L.V.

En los casos en que el adquirente pueda elegir la indemnización o la rescisión del contrato,.una vez hecha por él la elección del derecho que va a ejercitar, no puede usar del otro sin el consentimiento del enajenante.

ARTÍCULO 2146.

La elección entre las acciones redhibitoria y quanii minoris es irrevocable, esto es, pedida la rescisión, no se puede exigir la reducción del precio, y pedida la reducción no se puede exigir la rescisión del contrato, con tal de que la cosa no haya perecido a causa de los vicios (véase a. 2147). En ese caso, el adquirente tiene derecho a la restitución del precio y la devolución de los gastos del contrato, aunque hubiese elegido la reducción del precio; mientras que en el caso de pérdida de la cosa, ya por hecho fortuito, ya por culpa del adquirente (véase a. 2160) aunque hubiese pedido la resolución del contrato, sólo tiene derecho a la reducción del precio. Sin embargo, el adquirente podrá con consentimiento del enajenante cambiar la petición por la que había optado. C.L.V.

Si la cosa enajenada pereciere o mudare de naturaleza a consecuencia de los vicios que tenía, y eran conocidos del enajenante, éste sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 2147.

Los defectos ocultos en la cosa enajenada, además de originar el ejercicio de la acción de rescisión o de la quanti minoris produce, entre otros efectos importantes, los previstos en este artículo. Si la cosa enajenada se perdiere o mudare de naturaleza (destrucción o disminución) a consecuencia de los vicios ocultos, y éstos eran conocidos por el enajenante, éste soporta el riesgo y deberá restituir el precio de la cosa, reembol[220]

TITULO CUARTO/CAPITULO II



ARTS. 2147, 9148 y 2149

sar los gastos del contrato, si fueron satisfechos por el adquirente, y reparar los daños e indemnizar los perjuicios. Esta solución es justa pues quién sino el enajenante debe soportar las consecuencias de los vicios que afectaban la cosa que enajenó. Además conociendo el enajenante los vicios y no habiéndolos manifestado, lógico es que por su actitud dolosa surja la obligación de indemnizar daños y perjuicios. El precio que debe devolver el enajenante de mala fe (que conocía los vicios ocultos de la cosa), será aquel que pagó por la cosa, más el pago de los gastos del contrato y los daños y perjuicios que sufriere el adquirente por verse privado del uso de la cosa. El adquirente deberá probar además de la existencia del vicio, que éste era oculto, que la cosa se perdió o disminuyó en su valor por causa de ese vicio y que el vendedor conocía el defecto de la cosa al tiempo de la celebración del contrato. I.G.G. y C.L.V.

Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, en el caso de que el adquirente los haya pagado.

ARTÍCULO 2148.

En este artículo el legislador ha marcado la distinción neta entre el enajenante de buena fe, obligado solamente al pago del precio y gastos del contrato satisfechos por el adquirente; y el enajenante de mala fe, a quien se impone además de aquéllas obligaciones restitutorias, la de reparar e indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el adquirente en razón de los vicios ocultos de la cosa, que la hicieron perecer o menoscabar en su naturaleza (véase a. 2149). El precio que debe restituir el enajenante de buena fe, es el que recibió del adquirente. El CC español (a. 1487) dispone expresamente lo anterior. La misma solución procede en nuestro sistema, por aplicación analógica de la fr. I del a. 2126. I.G.G. y C.L.V.

Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2142 al 2148, se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 2138 y 2139.

ARTÍCULO 2149.

La certeza en las relaciones jurídicas exige que las acciones redhibitoria y quanti minoris deban ejercerse dentro de un término breve. Este término es de seis meses [221]

LIBRO VLIARTO

AliTS. 2149 y 2150

a contar desde la entrega de la cosa enajenada, por ser éste el momento en que el adquirente puede darse cuenta de los vicios. Un plazo demasiado largo haría sumamente dificil la comprobación del hecho por parte del juez y sospechosa, además, la reclamación del adquirente. El derecho mercantil, más exigente que el derecho civil, reduce el término, a treinta días (véase a. 383 del Ceo). Hay que hacer notar que la referencia, que en el último párrafo de este precepto se hace a los aa. 2138 y 2139, nos autoriza a estimar que son vicios ocultos las cargas o servidumbres voluntarias no aparentes que graven una finca que se enajene sin que en la escritura en que conste la enajenación se haga mención de ellas. El antecedente del plazo de seis meses que establece este precepto para la prescripción de la acción de saneamiento por vicios redhibitorios lo encontramos en la Ley 65, Título 52 de la Partida 5a., en esta disposición se fijaba un plazo distinto para la prescripción por evicción que es el sistema que sigue nuestro código y no así el código español que establece el mismo plazo de seis meses para la prescripción de ambas acciones. El código no establece un plazo especial para la extinción de la acción de saneamiento para el caso de evicción, puesto que el plazo que establece este artículo se refiere a la acción redhibitoria exclusivamente. Pensamos que se trata de un caso de caducidad o extinción de la acción de responsabilidad del vendedor quien debe por ley prestar el saneamiento (por evicción y por vicios ocultos) y que dicha acción, ni se interrumpe ni se suspende por alguna causa legal o convencional. De allí que por interpretación extensiva, el plazo de seis meses debe surtirse en ambas hipótesis, (evicción y vicios ocultos). I.G.G. y C.L.V. ARTÍCULO 2150. Enajenándose dos o más animales juntamente,

sea en un precio alzado o sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio de uno da sólo lugar a la acción redhibitoria, respecto de él y no respecto a los demás, a no ser que aparezca que el adquirente no habría adquirido el sano o sanos sin el vicioso, o que la enajenación fuese de un rebaño y el vicio fuere contagioso. Establece este artículo el criterio para el caso de que siendo objeto de enajenación dos o más animales, se dé el vicio redhibitorio en uno de ellos y no respecto de los otros. En esta hipótesis, el legislador dispone que el defecto del animal viciado sólo genera la acción redhibitoria respecto de él y no respecto de los demás. Pero establece excepciones a la regla: con base en consideraciones de equidad y de la presunta voluntad del adquirente. Se prevé la posibilidad de que el vicio de uno de los animales ocasione la acción redhibitoria respecto de todos; [222]

TITULO CUARTO/CAPITULO II

ARTS. 2150, 2151 y 2152

esto ocurre si aparece que el adquirente no habría adquirido el sano o sanos sin el defectuoso, o si la enajenación es de un rebaño y el vicio que padece uno de los animales es contagioso. Es un caso similar al previsto en el a. 2261, tratándose de la evicción de un inmueble que se ha adquirido juntamente con otros. Es indiferente que el precio que el adquirente haya pagado por el conjunto de animales, haya sido en globo o fijándolo en particular para cada uno de ellos, con lo cual se advierte una diferencia fundamental con el caso previsto en el a. 2261 mencionado a cuyo comentario nos remitimos. Es determinante demostrar que el adquirente no habría celebrado el contrato, sólo respecto de los animales sanos y no en cuanto a los enfermos. El adquirente tendrá que probar si pretende la redhibición respecto del conjunto de animales, que no habría adquirido el sano o sanos sin el vicioso, lo que no resultará fácil, si se toma en cuenta la naturaleza subjetiva de tal hecho; si el vicio es contagioso, habrá que acreditar este hecho, que por ser una cuestión objetiva será de más fácil probanza. I.G.G. y C.L.V.

Se presume que el adquirente no tenia voluntad de adquirir uno solo de los animales, cuando se adquiere un tiro, yunta o pareja, aunque se haya señalado un precio separado a cada uno de los animales que los componen.

ARTÍCULO 2151.

Establece este artículo una presunción legal, por virtud de la cual no es a cargo del adquirente la prueba de que no habría adquirido el animal sano sin el vicioso. Así si se adquiere un tiro, yunta o pareja, se adquiere en rigor una unidad de trabajo, aunque se señale el precio separado a cada uno de los animales que la componen. Se presume que et adquirente no tenía intención de adquirir cada uno de los animales separadamente, sino la yunta, tiro o pareja; por lo tanto, el vicio de uno da lugar a la acción redhibitoria no sólo respecto de él, sino también de los demás, porque uno sólo de los animales componentes de la unidad no es idóneo para desarrollar el trabajo que desempeñan unidos. Esta presunción es juris tantum. Admite prueba en contrario. C.L.V. ARTÍCULO 2152. Lo

dispuesto en el artículo 2150 es aplicable a la enajenación de cualquiera otra cosa.

En la enajenación de dos o más cosas conjuntamente, sea en un precio alzado o señalado a cada una de ellas, no hay razón para establecer un criterio diferente al [223]

1.111110 CUAR

ARTS. 2152, 2153 2154

ro

prescrito para los animales en el a. 2150, pues en ambos casos (animales u otras cosas) rigen las mismas consideraciones. Un lote de cosas, un conjunto de artículos constituyen un acervo, que está formado por un número de piezas o unidades relacionadas entre sí o complementarias unas de otras, de manera que se enajenan en su totalidad, porque forman un cuerpo de objetos o cosas que sólo en su conjunto satisfacen la finalidad económica o útil que pretende el comprador. Falta la causa o motivo determinante del contrato. Empero, debe advertirse que este precepto es aplicable a las enajenaciones de cosas por acervo, y no a las de enajenaciones de inmuebles, en las que rige lo dispuesto en el a. 2261. C.L.V.

ARTÍCULO 2153. Cuando

el animal muere dentro de los tres días siguientes a su adquisición, es responsable el enajenante, si por juicio de peritos se prueba que la enfermedad existía antes de la enajenación.

Este precepto se refiere a la muerte del animal causada no sólo por los vicios redhibitorios propiamente tales, sino en general, a toda enfermedad que existía y era productora de la muerte del animal que éste padeciere antes de ser adquirido; y que no estuviese manifiesta al celebrarse el contrato. El enajenante soportará la pérdida, debiendo restituir el precio y abonar los gastos del contrato, si no conocía esa enfermedad; y deberá además, indemnizar daños y perjuicios, si le era conocida y no lo manifestó al adquirente. Dos puntos sobresalen del contenido de este artículo: 1. El plazo de los tres días se cuenta a partir de la adquisición y no desde el momento de la entrega de la cosa, a diferencia de lo que dispone el a. 2149 en relación con los aa. 2147 y 2148, cuando se trata de pérdida o menoscabo de la cosa por vicios ocultos. 2. La prueba de la época (anterior o posterior a la enajenación) en que el animal contrajo la enfermedad que le causó la muerte, es materia de dictamen de peritos. C.L.V.

Si la enajenación se declara resuelta, debe devolverse la cosa enajenada en el mismo estado en que se entregó, siendo responsable el adquirente de cualquier deterioro que no proceda del vicio o defecto ocultados.

ARTÍCULO 2154.

[224]

TITULO CUARTO/CAPITULO II



ARTS. 2154 y 2155

El efecto jurídico de la acción redhibitoria, es restituir las cosas al estado en que se hallaban al tiempo de celebrarse el contrato. De aquí la necesidad de que si la enajenación se declara resuelta, el adquirente debe devolver la cosa en el mismo estado en que la recibió, y responderá de cualquier deterioro que sufra la cosa, debido a su culpa o negligencia, no así de los que provengan de caso fortuito, pues al caso fortuito nadie está obligado, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone (a. 2111). Si debido a culpa o negligencia del adquirente no fuere posible la restitución en los términos de este artículo, se resolverá la enajenación y el adquirente pagará al enajenante las pérdidas o menoscabos que sufrió la cosa, por culpa o negligencia del adquirente. I.G.G. y C.L.V.

En caso de enajenación de animales, ya sea que se enajenen individualmente, por troncos o yuntas, o como ganados, la acción redhibitoria por causa de tachas o vicios ocultos, sólo dura veinte días, contados desde la fecha del contrato.

ARTÍCULO 2155.

Se establece aquí el plazo para el ejercicio de la acción redhibitoria en las enajenaciones de animales. Este plazo, a diferencia del que señala el a. 2149 para el ejercicio de la misma acción, cuando se trata de las cosas en general, es de veinte días, y se cuenta, no a partir de la entrega del animal, sino de la fecha de celebración del contrato. ¿Cuál es el fundamento en que se apoyó el legislador para fijar un plazo tan breve? Seguramente los datos que proporciona la ciencia veterinaria, según la cual, la mayoría de las enfermedades en los animales queda manifiesta en el término de veinte días. Por otra parte la seguridad jurídica, manda evitar en lo posible la incertidumbre en las relaciones contractuales. Algunos autores juzgan que los veinte días, que este artículo establece, debían sustituirse por cuarenta, debido a que existen enfermedades como el muermo y la fluxión periódica en los solípedos, que se manifiesta respectivamente a los noventa y a los cuarenta días de contraída la enfermedad. También se opina que el plazo debía contarse, no a partir de la celebración del contrato, sino desde el momento de la entrega del animal, porque sólo entonces el adquirente está, en posibilidad de percatarse de la existencia de los vicios redhibitorios. (Véase Manresa y Navarro, Comentarios al código civil, Madrid, Reus, 1969, t. X. vol. 1, p. 368). I.G.G. y C. L.V. [2251

ARTS. 2155 y 2157

LIBRO CUARTO

La calificación de los vicios de la cosa enajenada se hará por peritos nombrados por las partes, y por un tercero que elegirá el juez en caso de discordia.

ARTÍCULO 2156.

La prueba de los vicios se rendirá mediante dictamen pericial. La idoneidad de los peritos dependerá de la cosa a examinar. El a. 346 del CPC dispone que los peritos deben tener título en la ciencia o arte sobre Jaque ha de oírse su parecer, si la profesión estuviere reglamentada, en caso contrario, el juez designará a persona entendida en la materia. Cada una de las partes tiene derecho a nombrar un perito, debiendo elegir el juez a un tercero en caso de discordia entre los dictámentes emitidos por los designados (a. 347 CPC). C.L.V.

Los peritos declararán terminantemente si los vicios eran anteriores a la enajenación y si por causa de ellos no puede destinarse la cosa a los usos para que fue adquirida.

ARTICULO 2157.

La existencia del vicio o defecto, para que proceda el saneamiento, deberá ser anterior a la enajenación, pues á partir de ella tos riesgos son a cargo del adquirente. Por lo tanto, punto fundamental de la intervención de los peritos es determinar si los defectos existían antes de la enajenación. Igualmente, los peritos emitirán su opinión de manera terminante, y dirán si por causa de los defectos, la cosa no puede destinarse a los usos para los que fue adquirida; éste es el segundo de los presupuestos que compromete la responsabilidad del enajenante (véase a. 2142). Para hacer esta determinación, tos peritos habrán de atender no al propósito del adquirente, que pretendiera destinar la cosa quizá a un uso insólito, caprichoso, sino a los usos compatibles con la naturaleza del bien. El criterio para resolver la cuestión debe ser objetivo, y no subjetivo, ni individual del adquirente. Para determinar si el defecto o vicio es redhibitorio, se precisará que es por causa de él, que la cosa no puede destinarse, al uso adecuado que es conforme a su naturaleza.

[226]

TITULO CUARTO/CAPITULO 11

ARTS. 2158, 2159 y 2160

Las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios redhibitorios, siempre que no haya mala fe.

ARTÍCULO 2158.

La ley permite a las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, convenir en modificar y aun suprimir la responsabilidad por vicios o defectos ocultos. Es decir, pueden válidamente las partes modificar con libertad las consecuencias de esa responsabilidad, suavizándola o agrav. ándola, y aun convenir en su exoneración total. Pero una condición es precisa para la validez de tal convenio: que haya buena fe en el enajenante, esto es, que éste ignore la existencia de los vicios ocultos de los bienes que enajena. Y asi debe ser, pues lo contrario valdría tanto como autorizar la mala fe y la inmoralidad en las relaciones contractuales. El precepto se refiere a la ausencia de mala fe en el enajenante y en ese caso, basta que el adquirente ignore la existencia del vicio, para que proceda la acción redhibitoria o quanti minoris. El a. 2106, declara la nulidad de los pactos que eximen de responsabilidad procedente de dolo. 1.G.G. y C.L.V.

2159. Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después.

ARTÍCULO

El vicio, para.dar lugar al saneamiento, debe existir al tiempo de la celebración del contrato. Cae por su peso que si la cosa enajenada no estaba afectada por el vicio en el momento de la enajenación, el adquirente no puede exigir la responsabilidad al enajenante. Los vicios posteriores no comprometen la responsabilidad de éste. Los riesgos de la cosa ya no son a su cargo. Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probando este extremo, se presume que sobrevino después. El actor debe probar los hechos en que funda su demanda, y uno de esos hechos es que el vicio existía al tiempo de la celebración del contrato. C.L.V.

Si la cosa enajenada con vicios redhibitorios se pierde por caso fortuito o por culpa del adquirente, le queda a éste, sin embargo, el derecho de pedir el menor valor de la cosa por el vicio redhibitorio.

ARTÍCULO 2160.

12271

MITS. 2160 y 2161

LIBRO CUARTO

Si la cosa afectada por el vicio redhibitorio perece por caso fortuito o por culpa del adquirente, éste no puede intentar la acción redhibitoria, pero conserva el derecho de obtener que el enajenante le pague el valor disminuido de la cosa por efecto del vicio redhibitorio. Bien es cierto que en el supuesto previsto en este artículo, la pérdida no es debida a los vicios, sino a caso fortuito o a culpa del adquirente, por lo que aplicando la regla res perit domino, él deberá sufrir la pérdida. No obstante, hay que tener en cuenta en el momento de la celebración del contrato, que la cosa adquirida ya sufría un vicio oculto que de ser conocido entonces habría dado lugar a la disminución de su precio, o no se habría celebrado el contrato. Por lo tanto, si la cosa perece por caso fortuito o fuerza mayor, o por culpa del adquirente y el enajenante recibió por ella un precio mayor de-lo que en justicia valía la cosa, éste tiene obligación de devolver la diferencia, con la que se enriquecería injustamente. Si conocía los vicios de la cosa estará obligado a resarcir al adquirente de los daños que éste baya sufrido y a indemnizarlo de los perjuicios que resienta por esa causa, en razón de la mala fe con que procedió. I.G.G. y C.L.V.

ARTÍCULO 2161. El adquirente de la cosa remitida de otro lugar

que alegare que tiene vicios redbibitorios, si se trata de cosas que rápidamente se descomponen, tiene obligación de avisar inmediatamente al enajenante, que no recibe la cosa; si no lo hace, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione. Este artículo se refiere a la hipótesis de cosas remitidas de otro lugar, respecto de las cuales el adquirente afirma que tienen vicios y si además se trata de cosas que rápidamente se descomponen, el mismo adquirente debe dar aviso inmediatamente al enajenante de que no las recibe. Si no cumple con esta obligación, que le impone la ley, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione. El incumplimiento de esa obligación, es un hecho culposo y como tal es fuente de responsabilidad civil, que da derecho a exigir el pago de daños y perjuicios. Los daños y perjuicios que puede causar el adquirente con su abstención, son los que sufra el enajenante por la dilación en aviso de negativa a recibirlas, que le impidan a áquel, resarcirse a su vez de un tercero de todo o parte del valor de la cosa viciada, o de sufrir pérdida menor con el envio oportuno del aviso. C.L.V. [228]

ARTS. 2162 y 2163

TITULO CUARTO/CAPITULO II y I

El enajenante no tiene obligación de responder de los vicios redhibitorios, si el adquirente obtuvo la cosa por remate o por adjudicación judicial.

ARTíCULO 2162.

La responsabilidad por vicios ocultos no tiene lugar, si el adquirente obtuvo la cosa en remate o por adjudicación judicial. Los motivos de esta excepción a la regla contenida en el a. 2142, suelen encontrarse en que las ventas judiciales no admiten mala fe en el enajenante y en que los interesados para hacer postura, gozan de la más amplia libertad para cerciorarse de las condiciones de los bienes que se rematan y en la situación especial del enajenante, que no toma parte activa en la enajenación. Esta disposición es criticable, pues no hay razón valedera que justifique la solución dada. Pensamos que el hecho de la publicidad del remate y de la no intervención activa del enajenante en los remates y adjudicaciones judiciales, lo deben eximir de pagar daños y perjuicios, por presumirse que no pudo obrar de mala fe, pero no deben excluirlo de responder por los vicios ocultos, y por lo tanto, del deber de proporcionar una posesión útil. Con buen criterio el CC español (a. 1489) dispone que en las ventas judiciales nunca habrá lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios; pero si a exigir la rescisión o la disminución del precio, si la cosa tiene vicios ocultos. (Véase Manresa y Navarro, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1969, t. X, vol. I, p. 352). I.G.G. y C.L.V.

II.—Efectos de las obligaciones con relación a tercero CAPITULO I De los actos celebrados en fraude de los acreedores ARTÍCULO 2163. Los

actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos.

Este artículo enuncia el concepto que se conoce como acción pauliana o revocatoria cuyo origen se remonta al derecho romano, como una creación del pretor. Lleva el nombre del pretor Paulus, a quien se atribuye su introducción. La acción pauliana tiene su fundamento principal en la garantía patrimonial que tienen los acreedores sobre los bienes del deudor según lo dispuesto en el a. [229]

ART. 2163

LIBRO CUARTO

2964 y que se traduce en una "obligación de respeto" de la expectativa de satisfacción de los acreedores. La acción pauliana se basa también en razones de justicia y equidad, que exigen reparar el daño que se ha causado a otro. Son presupuestos para que los acreedores puedan impugnar un acto celebrado por su deudor los siguientes: 1. Que el deudor realice un acto que • no sea simplemente material, sino jurídico, puesto que está 'sujeto a ser anulado. Dicho acto, debe, además celebrarse realmente, es decir, no debe ser simulado porque entonces no se trataría de un caso de acción pauliana, sino de acción contra la simulación (véanse los aa. 2180 a 2184). 2. Que de la celebración del acto resulte o se agrave como consecuencia la insolvencia del deudor. Mientras el deudor no es insolvente, la garantía de los acreedores es suficiente y no pueden impugnar los actos jurídicos realizados por aquél, aunque impliquen una disminución patrimonial. En estas circunstancias los acreedores carecen de interés y sin interés no hay acción. Hay que hacer notar que la redacción de este artículo es impropia, porque tal parece que sólo se refiere a los actos de los que resulta la insolvencia y no a aquellos que la agravan; y desde el punto de vista de la acción pauliana, también estos actos pueden ser impugnables. No es de equidad que el deudor que ya es insolvente realice actos por los que aumente esa insolvencia, en perjuicio de sus acreedores y que estos actos no puedan atacarse. 3. Que la celebración del acto perjudique a los acreedores. La razón de esto es clara, ya que si no hay perjuicio no tendría el acreedor ningún interés en ejercitar la acción pauliana. Este requisito es la causa determinante de la acción. En opinión de algunos autores basta que se produzca la insolvencia para que necesariamente se origine perjuicio en los acreedores. Con criterio diferente, hay quien sostiene que el acreedor puede tener garantía consistente en fianza, prenda o hipoteca de tercero, de tal suerte que a pesar de la insolvencia de su deudor no resulte perjudicado, porque puede exigir su crédito demandando al fiador o ejercitando la acción prendaria o hipotecaria. La prueba del perjuicio corresponde al acreedor, quien además deberá demostrar su importe, cantidad con que se determinarán los efectos de la acción pauliana. 4. Que el crédito sea anterior al acto impugnado. Este requisito es una consecuencia del precedente. Los acreedores posteriores no pueden contar como garantía de su crédito los bienes que han salido del patrimonio del deudor antes del nacimiento de su crédito, si desde que el crédito nace el deudor es insolvente, no sufre perjuicio el acreedor y por lo tanto no puede pedir la nulidad del acto causante de la insolvencia. ¿De qué puede quejarse el acreedor? No debió contar con un valor salido anteriormente del patrimonio del deudor; ha tratado con un hombre ya empobrecido y lo ha tomado como tal. [230]

ARTS, 2163 y 2164

TITULO CUARTO/CAPITULO 1

Algunas legislaciones aceptan que el acreedor pueda ejercitar la acción pauliana, respecto de actos anteriores a la constitución de su derecho, siempre que demuestre que el acto fue preordenado dolosamente a fin de perjudicar la satisfacción de su crédito. En este artículo se designa a la pauliana como una acción de nulidad. Creemos que esto es incorrecto. La pauliana es una acción de revocación del acto, en la medida en que dicho acto perjudica la garantía patrimonial que corresponde al o a los acreedores que la ejercitan. La acción pauliana no ataca al acto por entero, sino sólo en la parte necesaria para reparar el daño ocasionado al acreedor; el acreedor no tiene derecho de revocar aquellas consecuencias del acto, cuya existencia no perjudica a su interés. Satisfecho el crédito, el acto queda en todo caso eficaz. Consecuencia de esto es que la revocación completa del acto no puede ocurrir sino cuando es verdaderamente necesaria para cubrir el daño sufrido por el acreedor. Los bienes vuelven al patrimonio del deudor, sólo en interés del acreedor que demanda la revocación. En realidad el negocio contra el que se dirige la acción pauliana, es un negocio válido, en cuanto contiene la totalidad de sus elementos constitutivos y de sus presupuestos de validez; únicamente es un negocio injustamente lesivo de los intereses de ciertos terceros; intereses que el ordenamiento jurídico tutela precisamente con la acción revocatoria (Betti, Emilio, Teoría general de las obligaciones, Madrid, Reus, 1928, vol. II, p. 397). C.L.V.

Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener lugar en el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del deudor, como del tercero que contrató con él.

ARTÍCULO 2164.

Con fundamento en la equidad y en la seguridad jurídica del comercio, el código distingue, para efectos de la nulidad (léase revocación) de los actos en perjuicio de los acreedores, entre actos a título oneroso y actos a título gratuito (véase a. 2165). Si el acto fuere a título oneroso, que es la hipótesis en este artículo prevista, la nulidad sólo podrá tener lugar cuando haya mala fe tanto en el deudor, como en el tercero que contrató con él, La mala fe consiste, según el a. 2166 en el conocimiento de que la suma de los bienes y créditos del deudor estimados en su justo precio, no iguala el importe de sus deudas, o lo que es lo mismo, en el conocimiento de ese déficit. La acción pauliana contra los actos a título oneroso se funda en la conducta ilícita del deudor y del tercero adquirente que obran maliciosamente en fraude [231]

ARTS. 2164, 2165 y 2166

LIBRO CUARTO

de acreedores. Este fraude no puede ser tolerado, y aunque el acto sea a título oneroso debe ceder en beneficio de los acreedores. Si falta el concurso de fraude (consdium fraudis) el acto celebrado a título oneroso se ve tutelado por la ley, que lo pone a salvo de la acción pauliana, a pesar de generar insolvencia en el deudor y perjudicar a los acreedores de éste. El carácter oneroso del acto, y la buena fe de uno o ambos contratantes, evitan que tenga lugar la revocación. Puede decirse, que en esta hipótesis los acreedores y el tercero que contrató con el deudor luchan contra un daño, pero la onerosidad del acto y la buena fe de una o de ambas partes contratantes (deudor y tercero), hace que la balanza ceda a favor del tercero y el acto no podrá ser revocado a pesar de que con él se haya causado perjuicio a los acreedores del deudor. Esta solución es justa, pues si no concurrió mala fe en ambos contratantes y el acto fue a título oneroso, privar al adquirente de un bien por el que pagó una contraprestación, sería una injusticia y resultaría además, contrario a la estabilidad de los pactos. La SC.IN ha declarado que la mala fe del tercero que contrata con el deudor, es el elemento más dificil de probar en la acción pauliana o revocatoria y generalmente no se demuestra sino a través de pruebas indirectas o presunciones. C.L.V.

Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes.

ARTÍCULO 2165.

Para la procedencia de la acción pauliana contra los actos a título gratuito no es necesario, el concurso del fraude (mala fe en el deudor y en el tercero que contrata con él). La revocación tendrá lugar aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes. En el caso se presenta un conflicto de intereses entre dos partes, una el acreedor y otra, el adquirente; aquel pretende evitar un daño, éste obtener un lucro. En este conflicto, por razones de equidad se da preferencia a los acreedores. No tiene relevancia la buena fe de las partes dado que el adquirente nada ha tenido que pagar por la adquisición; su interés se sacrifica, en todo caso, en favor de los acreedores. C.L.V.

Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no

ARTÍCULO 2166.

[232]

TITULO CUARTO/CAPITULO I



ARTS. 2166 y 2167

iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit. Este artículo define la insolvencia como una situación patrimonial en la cual "la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de su deudas". ¿Qué debe entenderse por justo precio? Se entiende el valor que tengan, los bienes y créditos en el mercado, en la época en que el acto dañoso se celebró. En cuanto a las deudas es preciso señalar que para los efectos de este artículo sólo son computables las que sean exigibles, pues sólo ellas pueden colocar al deudor en insolvencia. La mala fe es el conocimiento de la insolvencia. La mala fe del deudor consiste en el conocimiento que tenga de que por efecto del acto que celebra ha quedado insolvente o se agravará su insolvencia. Mala fe por parte del tercero es el conocimiento de que el deudor agravará su insolvencia o quedará insolvente por causa del acto a celebrar. Si el tercero es subadquirente, la mala fe consistirá en el conocimiento que tenga de que, por la celebración del acto con el primer adquirente, el deudor resultó insolvente o agravó su insolvencia. Limitado el concepto de mala fe al conocimiento del déficit de los bienes y créditos respecto de las deudas, no importa el propósito de causar daño a los acreedores, aunque éste pueda concurrir. No debe confundirse la mala fe en materia de acción pauliana con la mala fe como vicio de la voluntad definida por el a. 1816; pues si bien se trata de un mismo principio, su contenido es diferente. La mala fe pauliana es el conocimiento de la insolvencia; en cambio, la mala fe en la conclusión de un negocio jurídico es la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. C.L.V.

La acción concedida al acreedor, en los artículos anteriores, contra el primer adquirente, no procede contra tercer poseedor sino cuando éste ha adquirido de mala fe.

ARTÍCULO 2167.

Este artículo regula la situación de los subadquirentes, empleando para ellos el término "tercer poseedor". La ley niega al acreedor la acción contra el subadquirente, cuando éste ha adquirido de buena fe. Sólo el subadquirente de mala fe, es decir el que conoció la insolvencia del deudor, motivada por la primera adquisición, resultará afectado por la acción pauliana. En estos términos, la situación del tercer adquirente es regulada de manera diferente a la del primero, pues no procede contra aquél la [233]

AHTS. 2167, 2168 y 2169



LIBRO CUMTO

revocación del acto de adquisición aunque el deudor y el primer adquirente hayan sido de mala fe, si se trata de un acto a título oneroso. Algunos autores opinan que no es necesario en los actos a título gratuito, que el subadquirente sea de mala fe para que quede afectado por la acción pauliana, pues el solo carácter gratuito del acto lo hará revocable. El perjuicio que sufra el acreedor para que prospere la revocación, toda vez que el interés del acreedor que trata de evitarse un perjuicio, debe ser mayor que el del subadquirente, que busca obtener un lucro. Sin embargo, el texto de este artículo no establece distinción entre el acto oneroso o gratuito del subadquirente. El precepto exige sólo que el poseedor haya obrado de mala fe para que proceda la revocación. C.L.V.

ARTÍCULO 2168. Revocado el acto fraudulento del deudor, si

hubiere habido enajenación de propiedades, éstas se devolverán por el que las adquirió de mala fe, con todos sus frutos. En este precepto se advierte con claridad que a pesar de que el código establece que la acción pauliana es de nulidad, al determinar sus efectos se refiere a los que caracterizan la acción revocatoria; a saber la reintegración de lo que se ha recibido en virtud del acto ineficaz por razón del fraude a los acreedores que con él se perpetra. El acto es ineficaz porque se ha realizado en perjuicio de acreedores, al paso que un acto es nulo en cuanto carece de alguno de los requisitos de validez. Es por ello que la devolución de lo recibido se decreta únicamente en favor del acreedor o acreedores que intenten la acción pauliana, según lo dispone el a. 2175 (Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, 4a. ed, México, Porrúa, 1980, t. V, vol. II, p. 444). Si el adquirente adquirió de mala fe, revocado el acto, sus autores tienen obligación de restituir todos los frutos que haya producido la cosa, y los que haya dejado de producir por omisión culpable (véase a. 814). C.L.V.

ARTÍCULO 2169. El que hubiere adquirido de mala fe las cosas

enajenadas en fraude de los acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios, cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se hubiere perdido. [234]

TITULO CUARTO/CAPITULO I



ARTS. 2109 y 2170

El precepto se refiere a la hipótesis en que la cosa enajenada en fraude de acreedores hubiere pasado a un subadquirente de buena fe o cuando la cosa se hubiere perdido. Si el primer adquirente es de mala fe, deberá indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que sufriere porque no podrá ser restituida aquella al patrimonio del deudor. No hay que distinguir si la pérdida se debió a la culpa del poseedor o a caso fortuito. En efecto si hubiere sido adquirida por un subadquirente de buena fe, por disposición del a. 2167, éste no tiene obligación de restituir. Si la cosa perece aun por caso fortuito o fuerza mayor, el primer adquirente debe pagar daños y perjuicios al acreedor o acreedores que han ejercido la acción pauliana. I.G.G.

ARTÍCULO 2170. La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos

en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal. Conforme a este artículo, todo acto de disposición de bienes que lleve al cabo el deudor, son susceptibles de ser atacados por la acción pauliana, a saber: a) la enajenación de bienes que efectivamente posee; y b) la renuncia de derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal, siempre que, conforme al a. 2163, esos actos se realicen "en perjuicio de su acreedor". No son impugnables por la acción pauliana los actos de renuncia que versen sobre derechos constituidos a favor del deudor y cuyo goce fuere exclusivamente inherente a su persona, porque tales derechos no forman parte de la garantía general de los acreedores. El perjuicio es la causa determinante de la acción. Consiste en que el acto realizado por el deudor ha provocado su insolvencia o ha aumentado una insolvencia preexistente. En consecuencia, para que sea posible la acción pa uliana, es necesario que el acto haya versado sobre un valor embargable por los acreedores y comprendido en su prenda... si el derecho enajenado por el deudor era inherente a su persona exclusivamente, su sacrificio no ha perjudicado a los acreedores y no puede haber motivo para revocarlo. (Ripert, Georges y Jean Boulanger, Tratado de derecho civil, según el tratado de Planiol, Buenos Aires, La Ley, 1965, t. V, Obligaciones, 2a. parte, p. 331). C.L.V. 12351

ARTS. 2171 y 2172

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2171. Si el deudor no hubiere renunciado derechos

irrevocablemente adquiridos, sino facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuncia y usar de las facultades renunciadas. Este artículo se refiere a un tipo de actos específicos que pueden ser atacados por la acción pauliana, a saber: la renuncia que el deudor haga de facultades cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su fortuna. Tal renuncia permite a los acreedores, ejercer la acción de revocación, para hacer ingresar al patrimonio del deudor los bienes que de otro modo, quedarían fuera de la garantía patrimonial con que cuentan para el pago de sus créditos. La acción pauliana procede no únicamente contra actos del deudor, por los que salga alguna cosa que ya tenía en su patrimonio disminuyéndolo, sino también contra la renuncia de facultades cuyo ejercicio lo hubiere aumentado. Se distingue esta acción de la subrogatoria, en ésta, el acreedor ejercita en su interés, un derecho del deudor. En el caso previsto en este artículo, el acreedor ejercita un derecho propio y no del deudor quien, en el caso no podría obrar contra hecho propio. C. L.V. ARTÍCULO 2172. Es también anulable el pago hecho por el deudor

insolvente, antes del vencimiento del plazo. La acción pauliana también se ejerce para obtener la revocación de actos que benefician a algunos acreedores para extinguir obligaciones no vencidas, si con ello aumenta su insolvencia. El deudor dispone con perjuicio de otros acreedores, de los bienes que constituyen la garantía general de los créditos de todos ellos, concediendo al titular del crédito aún no vencido, una preferencia indebida que perjudicaría a los demás acreedores, pues a la fecha de vencimiento de su crédito, probablemente no hubiere obtenido el pago total, dada la insolvencia del deudor. Situación diferente es la obligación de plazo vencido; su pago no es atacable por la acción pauliana. Este pago puede ser perjudicial para los otros acreedores, pues puede reducir, en forma considerable su derecho a obtener el pago de su crédito, sin embargo no es revocable. El acreedor en este caso, se ha limitado a obtener un pago que podría exigir y ha obtenido lo que en justicia le pertenecía; por su parte el deudor ha cumplido con la obligación de cubrir un crédito vencido y exigible. C.L.V. [236]

ART. 2173

TITULO CUARTO/CAPITULO 1

ARTÍCULO 2173. Es anulable todo acto o contrato celebrado en los

treinta días anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere por objeto dar a un crédito ya existente una preferencia que no tiene. Este artículo se refiere a la procedencia de ejercicio de la acción revocatoria que los mercantilistas denominan revocatoria ordinaria en la quiebra. Procede contra los actos de enajenación celebrados por el deudor durante el período sospechoso de la quiebra o concurso (treinta días inmediatos anteriores a la declaración de quiebra o concurso) y siempre que con ese acto se dé al acreedor a quien se paga, una preferencia que no tiene. En esto se distingue la acción pauliana ordinaria de la revocatoria concursa], pues en la primera la declaratoria de ineficacia del acto de disposición celebrado por el deudor procede cuando el enajenante y el adquirente, tengan "conocimiento de la insolvencia del enaj enante (consilium fraudis) en los actos a título oneroso" Por lo que se refiere a la hipótesis prevista en el artículo materia de este comentario, debe observarse que la disposición adopta un régimen diferente al que consignan los preceptos anteriormente comentados. Este precepto establece una presunción juris et jure de mala fe del deudor y del adquirente así como del perjuicio de los acreedores para la procedencia de la acción revocatoria del acto fraudulento. Es suficiente con que el acto impugnable haya sido celebrado dentro del período sospechoso de la quiebra. Así pues, nos informa Rodríguez y Rodríguez: La acción pauliana ordinaria civil deriva de la actio pauliana delDerecho romano, que exigía la consecuencia del fraude en el deudor y de la persona que de ésta adquiría (consiliumfraudis)salvo el caso de actos gratuitos y el daño positivo de los acreedores (eventus damni)... La evolución posterior de esta acción y aquellas exigencias propias de la quiebra a que antes aludimos, llegaron a establecer dos sistemas fundamentales: uno por el cual en el caso de quiebra se fijaba un plazo (retroacción y período sospechoso) siendo anulables los actos realizados dentro del mismo, otro en el cual se dejaba al juez la decisión de la anulación de los actos en fraude de acreedores aunque no existiera plazo que limitara el ejercicio de las acciones revocatorias. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Ley de quiebras y suspensión de pagos. concordancias, anotaciones, exposición de motivos y bibliografía, México, Porrúa, 1970, p. 189.

[237]

MITS. 2174, 2175 y 2176

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2174. La

acción de nulidad mencionada en el artículo 2163 cesará luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con qué poder cubrirla.

El perjuicio a los acreedores es un presupuesto necesario para la procedencia de la acción pauliana ordinaria establecida en el a. 2163. No se requiere ese extremo cuando se trata de actos revocables celebrados por el deudor en el período sospechoso de la quiebra. En el caso del a. 2163, si cesa el perjuicio satisfaciendo el deudor la deuda que existe en favor del acreedor que ha hecho valer tal acción, cesa el interés procesal para su ejercicio. I.G.G.

La nulidad de los actos del deudor sólo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos.

ARTÍCULO 2175.

La sentencia que declare la revocación sólo produce efectos en favor de los acreedores que la demandaron y no aprovecha a quienes no impugnaron los actos de disposición o de renuncia que les perjudique, porque las acciones revocatorias ejercidas tienen como causa de pedir el perjuicio que les produce el acto impugnado, así la sentencia que en su caso se pronuncie acogiendo la petición, no puede sino tener el mismo fundamento. y por lo tanto, deberá decretar la revocación en la medida y por la cuantía del perjuicio que causa el acto que se revoca, al acreedor o acreedores que demandaron la revocación y no en provecho de aquellos acreedores que no hicieron valer la acción pauliana. La pauliana es una acción que protege al acreedor perjudicado por el acto, sin embargo la revocación no puede producir un efecto más amplio que el que exige su propio fin; esto significa que el acto será revocado hasta por el importe del crédito del acreedor demandante. Los efectos de la sentencia no se producen sobre el excedente que resultare después de satisfecho el interés del acreedor o acreedores que demandan la revocación. I.G.G. y C.L.V. ARTÍCULO 2176. El

tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado, o dando garantía suficiente sobre el pago íntegro de sus [238]

tRTS. 2176, 2177 y 2178

TITULO CUARTO/CAPITULO I

créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos. Cuando el tercero que ha adquirido los bienes del deudor, paga al acreedor que ejerce la acción revocatoria, impide que prospere la acción pauliana en razón de que desaparece la causa que le ha dado origen: el acreedor cuyo crédito ha sido extinguido, cesa de tener interés jurídico en la revocación del acto de disposición de su deudor. A su vez el tercero puede compensar frente al enajenante, las cantidades que ha pagado al acreedor demandante, con las sumas pendientes de cubrir a aquél por concepto de precio de la cosa que adquirió en el acto de enajenación. El artículo que se comenta presenta un doble efecto directo de la acción revocatoria: la satisfacción del interés del acreedor y el privilegio de su crédito, ya que de esa manera no concurre con los otros acreedores en la parte satisfecha de su crédito, en la gravación de créditos para su pago. 1.G.G.

El fraude, que consiste en la preferencia indebida a favor de un acreedor, no importa la pérdida del derecho, sino la de la preferencia.

ARTÍCULO 2177.

Cuando el fraude consiste en la preferencia indebida a favor de un acreedor, el ejercicio de la acción pauliana no importa la pérdida del derecho del acreedor indebidamente preferido sino la pérdida de la preferencia otorgada. Esto se justifica porque el perjuicio consiste únicamente en la preferencia indebida. C.L.V.

el acreedor que pide la nulidad, para acreditar la insolvencia del deudor, prueba que el monto de las deudas de éste excede al de sus bienes conocidos, le impone al deudor la obligación de acreditar que tiene bienes suficientes para cubrir esas deudas.

ARTÍCULO 2178. Si

Si prueba el acreedor que demanda la revocación, que la cuantía de las deudas de aquél excede a la de sus bienes conocidos, el deudor debe a su vez probar que tiene bienes suficientes para cubrir su pasivo. La prueba en este caso corresponde al deudor demandado, porque a los ojos del juez, no tiene el hombre rnás [239]

ARTS. 217/4 y 2179

LIBRO CUARTO

bienes conocidos, y no se puede racionalmente exigir al acreedor otra prueba que lo que es manifiesto a los terceros. Si el deudor probare su estado de solvencia cesará la acción del acreedor. (Calva, Esteban, Instituto de derecho civil, México, Imprenta de Díaz de Léon y White, 1875, t. II, p. 215). C.L.V.

ARTÍCULO 2179. Se presumen fraudulentas las enajenaciones a

título oneroso hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquiera instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores.

Para revocar enajenaciones a título oneroso, hechas por personas contra quienes se hubiese pronunciado sentencia condenatoria o expedido mandamiento de embargo, los acreedores no tienen que probar la mala fe del deudor y del tercero

que contrató con él, porque la ley establece una presunción de fraude, que se tiene como verdad mientras no se demuestre lo contrario. Esta presunción que se establece para facilitar el ejercicio de la acción pauliana, se refiere sólo a las enajenaciones a título oneroso, y la razón es clara, pues sólo respecto a esas enajenaciones se exige el consiliumfraudis, es decir, mala fe en el deudor y en el tercero que contrató con él, para que pueda tener lugar la revocación. En cuanto a las enajenaciones a título gratuito, como la revocación tiene lugar aunque haya

habido buena fe en ambos contratantes, esa presunción no es necesaria. (Véanse aa. 2164 y 2165). Para que proceda la revocación, no es requisito que el acreedor que obtuvo el mandamiento de embargo o la sentencia, sean anteriores al crédito de quien ejercita la acción. Tampoco es necesario que la sentencia condenatoria o el mandamiento de embargo se refiera a los propios bienes enajenados, sino que basta que recaiga sobre cualesquiera bienes del deudor, siempre que la enajenación o renuncia de derechos sea posterior a esa sentencia o mandato de embargo. Supuesto que este artículo habla de sentencia condenatoria en cualquier instancia, es evidente que la interposición de recurso contra ella no estorba el ejercicio de la acción pauliana. C.L.V.

[240]

ART. 2180

TITULO CUARTO/CAPITULO II

CAPITULO II De la simulación de los actos jurídicos ARTÍCULO 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o

confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. La simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente o concertadas las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado al cabo; en otras palabras, es una declaración que no exterioriza la voluntad real de las partes y que de manera deliberada o acorde emiten los autores de un acto jurídico para engañar por medio de ellos a terceros, por consiguiente, es simulado el acto cuando hay contradicción consciente entre lo querido y lo manifestado al exterior. El negocio simulado no responde a la verdad, tiene sólo una apariencia contraria a la realidad. Sus elementos característicos son: dos o más declaraciones de voluntad deliberadamente disconformes con la intención de los declarantes y con la finalidad de engañar a los terceros. Lo característico del negocio simulado es la divergencia intencional entre voluntad y declaración. Lo querido y lo declarado, están en oposición consciente. Esa disconformidad entre lo querido y lo declarado es común a ambas partes ya que fue convenido entre ellas. Existe un acuerdo para emitir la declaración deliberadamente engañosa. Las partes colaboran en la creación del acto aparente, en la producción de una apariencia jurídica que constituye el acto simulado. Sin ese concurso, el acto simulado no es posible; no basta que exista el propósito engañoso de una de las partes, con ello se tendría reserva mental, no una simulación. En el negocio simulado el engaño es el fin o motivo determinante de sus autores. Esto es lo que constituye la causa de la simulación. Pero no debe confundirse la intención de engañar con el propósito de defraudar, porque la simulación puede tener una Finalidad lícita, p.e., sustraer a la curiosidad e indiscreciones de los terceros, la naturaleza de un acto jurídico, sin el propósito de producir un daño en el derecho de los terceros; sin embargo debe reconocerse que de ordinario tiene un fin ilícito, porque se emplea bien para defraudar a terceros o para violar la ley (Ferrara, Francisco, La simulación de los negocios jurídicos, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1953, pp. 53 a 46). Véase SCJN, apéndice al SJF, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, pp. 779 a 781). C.L.V. [241]

ARTS. 2181 y 21142

L113/10 CUANTO

ARTICULO 2181. La simulación es absoluta cuando el acto simu-

lado nada tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. La simulación puede set absoluta o relativa. Es absoluta cuando las partes no quisieron concluir, en realidad, ningún asunto jurídico; no contrajeron ningún vinculo, pero han querido simular uno. El negocio absolutamente simulado tiene sólo una mera apariencia, una vana sombra, un cuerpo sin alma. En la simulación relativa las partes realizan un acto real, aunque distinto de aquél que aparece exteriormente. El acto está escondido, celado, velado, existe una ocultación de un negocio verdadero bajo una forma mentida. La figura aparente sólo sirve para engañar al público, pero detrás de esa falsa apariencia se esconde la verdad de lo que las partes han querido realizar y substraer al conocimiento de terceros. En la simulación relativa hay un acto simulado y otro, disimulado. (Ferrara, Francisco, La simulación de los negocios jur(dicos, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1953, pp. 49 y 205). C.L.V. ARTÍCULO 2182. La simulación absoluta no produce efectos jurí-

dicos. Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. En la simulación el acto simulado no tiene significación jurídica alguna, sólo sirve para producir una apariencia; las partes no tuvieron voluntad para celebrarlo, sólo quisieron crear una apariencia que como tal es ineficaz y por lo tanto no es susceptible de producir efectos jurídicos. Si las partes quisieran confirmar o llevar a ejecución esa apariencia de negocio, sería nula la confirmación, porque ésta presupone un acto que no es aparente sino defectuoso. Así en materia de simulación no se destruye, ni se suprime el acto simulado sino que se descubre que bajo esa apariencia no hay nada real. La acción de simulación tiende a anular el acto aparente que tiene una causa ilícita. Si la simulación es absoluta, apartada la apariencia engañosa nada queda que produzca efectos. Si la simulación es relativa, como ella no termina con la mera apariencia, sino que es sólo un medio para ocultar a la vista de los demás un negocio verdadero, la ineficacia de la forma externa no es obstáculo para la posible validez del negocio verdadero que contiene. Retirado el velo de la apariencia queda incólume la relación jurídica verdadera, contraída secretamente, la cual será eficaz si reúne las condiciones necesarias para su existencia y [242]

TITULO CUARTO/CAPITULO 11

ARTS. 2182, 2183 y 2184

validez (Ferrara, Francisco, La Simulación en los negocias jurídicos. Madrid. Revista de Derecho Privada, 1953, pp. 297, 236, 286, 292 y 293). La SCJN ha resuelto que debe entenderse por simulación la existencia de un contrato aparence, regido por otro celebrado a la vez y mantenido en secreto por las partes; es decir, el contenido de una declaración de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo con las partes, para producir con fines de engallo, la apariencia de un negocio jurídico que na existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo (Jurispiaudencia 1917-1985, Apéndice al SJT, cuarta parte, Tercera Sala, p. 781). I.G.G. y C. L.V. ARTÍCULO 2183.

Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública.

La SCJN ha sostenido que lo único que se requiere para ejercitar la acción de simulación es un interés jurídico en el actor. Por lo tanto, aunque este artículo establece que pueden pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados con la simulación y el MP, esto no significa que no puedan invocar dicha nulidad quienes tienen interés en ella, como puede ser cualquiera de las partes que intervienen en el acto simulado (Apéndice al SJF, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 779). C.L.V.

Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución. También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.

ARTÍCULO 2184.

La acción contra la simulación tiene por objeto que se destruya la apariencia, quedando las cosas en su situación real. En este sentido, declarada la ineficacia del acto simulado, se restituirá la cosa a quien pertenezca, con sus frutos e intereses si los hubiere. La SCJN ha expresado que independientemente de que la parte demandada no hubiera estipulado con anterioridad devolverle al actor las cantidades que percibiera como consecuencia del convenio simulado celebrado entre ellos, [243]

ARTS. 2184 y 2185

LIBRO CUARTO

dicha parte estaba obligada a devolver o restituir todo aquello que hubiere recibido. (Informe 1975, 2a. parte, Tercera Sala, p. 130). Pero los efectos de la declaración de ineficacia tienen un límite; la buena fe de los terceros que han adquirido a título oneroso. Los terceros de buena fe contratan con el que aparece como dueño de una cosa o titular de un derecho, gozan de protección legal. Esta protección se funda en la apariencia jurídica y ésta a su vez encuentra explicación en la seguridad del tráfico comercial. Sin embargo, hay que hacer notar que la ley toma en cuenta la buena fe del adquirente cuando sea a título oneroso. Por lo tanto, la simulación podrá invocarse contra terceros que adquirieron un acto de liberalidad porque en tal caso no se produce el aspecto conflictivo de intereses, ni la defraudación de expectativa propia de los contratos onerosos, que la ley protege incondicionalmente. El último párrafo de este artículo dispone: "También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe". Aunque no se menciona que dichos gravámenes deban haber sido establecidos a título oneroso, es de suponerse, por no haber motivo para pensar lo contrario, que requieren ese carácter para gozar de la tutela legal. C. L. y.

TITULO QUINTO Extinción de las obligaciones CAPITULO I De la compensación ARTICULO 2185. Tiene lugar la compensación cuando dos personas

reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.

Este artículo establece un requisito esencial para que tenga lugar la compensación: que dos personas reúnan la calidad de acreedores y deudores recíprocos y por su propio derecho. De aquí se deduce que si, p.e., un tutor demanda lo que se debe al pupilo, el deudor no podrá oponer la compensación de lo que le debe el tutor de ese deudor. Se excluye la posibilidad de que se pretenda compensar deudas propias con créditos ajenos (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 635). [244]

ART. 2180

TITULO CUARTO/CAPITULO II

CAPITULO II De la simulación de los actos jurídicos ARTÍCULO 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o

confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. La simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente o concertadas las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado al cabo; en otras palabras, es una declaración que no exterioriza la voluntad real de las partes y que de manera deliberada o acorde emiten los autores de un acto jurídico para engañar por medio de ellos a terceros, por consiguiente, es simulado el acto cuando hay contradicción consciente entre lo querido y lo manifestado al exterior. El negocio simulado no responde a la verdad, tiene sólo una apariencia contraria a la realidad. Sus elementos característicos son: dos o más declaraciones de voluntad deliberadamente disconformes con la intención de los declarantes y con la finalidad de engañar a los terceros. Lo característico del negocio simulado es la divergencia intencional entre voluntad y declaración. Lo querido y lo declarado, están en oposición consciente. Esa disconformidad entre lo querido y lo declarado es común a ambas partes ya que fue convenido entre ellas. Existe un acuerdo para emitir la declaración deliberadamente engañosa. Las partes colaboran en la creación del acto aparente, en la producción de una apariencia jurídica que constituye el acto simulado. Sin ese concurso, el acto simulado no es posible; no basta que exista el propósito engañoso de una de las partes, con ello se tendría reserva mental, no una simulación. En el negocio simulado el engaño es el fin o motivo determinante de sus autores. Esto es lo que constituye la causa de la simulación. Pero no debe confundirse la intención de engañar con el propósito de defraudar, porque la simulación puede tener una Finalidad lícita, p.e., sustraer a la curiosidad e indiscreciones de los terceros, la naturaleza de un acto jurídico, sin el propósito de producir un daño en el derecho de los terceros; sin embargo debe reconocerse que de ordinario tiene un fin ilícito, porque se emplea bien para defraudar a terceros o para violar la ley (Ferrara, Francisco, La simulación de los negocios jurídicos, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1953, pp. 53 a 46). Véase SCJN, apéndice al SJF, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, pp. 779 a 781). C.L.V. [241]

ARTS. 2181 y 2182

L1141.10 CUARTO

La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.

ARTÍCULO 2181.

La simulación puede set absoluta o relativa. Es absoluta cuando las partes no quisieron concluir, en realidad, ningún asunto jurídico; no contrajeron ningún vínculo, pero han querido simular uno. El negocio absolutamente simulado tiene sólo una mera apariencia, una vana sombra, un cuerpo sin alma. En la simulación relativa las partes realizan un acto real, aunque distinto de aquél que aparece exteriormente. El acto está escondido, celado, velado, existe una ocultación de un negocio verdadero bajo una forma mentida. La figura aparente sólo sirve para engañar al público, pero detrás de esa falsa apariencia se esconde la verdad de lo que las partes han querido realizar y substraer al conocimiento de terceros. En la simulación relativa hay un acto simulado y otro, disimulado. (Ferrara, Francisco, La simulación de los negocios jurídicos, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1953, pp. 49 y 205). C.L.V. ARTÍCULO 2182. La

simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare.

En la simulación el acto simulado no tiene significación jurídica alguna, sólo sirve para producir una apariencia; las partes no tuvieron voluntad para celebrarlo, sólo quisieron crear una apariencia que como tal es ineficaz y por lo tanto no es susceptible de producir efectos jurídicos. Si las partes quisieran confirmar o llevar a ejecución esa apariencia de negocio, sería nula la confirmación, porque ésta presupone un acto que no es aparente sino defectuoso. Así en materia de simulación no se destruye, ni se suprime el acto simulado sino que se descubre que bajo esa apariencia no hay nada real. La acción de simulación tiende a anular el acto aparente que tiene una causa ilícita. Si la simulación es absoluta, apartada la apariencia engañosa nada queda que produzca efectos. Si la simulación es relativa, como ella no termina con la mera apariencia, sino que es sólo un medio para ocultar a la vista de los demás un negocio verdadero, la ineficacia de la forma externa no es obstáculo para la posible validez del negocio verdadero que contiene. Retirado el velo de la apariencia queda incólume la relación jurídica verdadera, contraída secretamente, la cual será eficaz si reúne las condiciones necesarias para su existencia y [242]

TITULO CUARTO/CAPITULO 11

ARTS. 2182, 2183 y 2184

validez (Ferrara, Francisco, La Simulación en los negocias jurídicos. Madrid. Revista de Derecho Privada, 1953, pp. 297, 236, 286, 292 y 293). La SCJN ha resuelto que debe entenderse por simulación la existencia de un contrato aparence, regido por otro celebrado a la vez y mantenido en secreto por las partes; es decir, el contenido de una declaración de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo con las partes, para producir con fines de engallo, la apariencia de un negocio jurídico que na existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo (Jurispiaudencia 1917-1985, Apéndice al SJT, cuarta parte, Tercera Sala, p. 781). I.G.G. y C. L.V. ARTÍCULO 2183.

Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública.

La SCJN ha sostenido que lo único que se requiere para ejercitar la acción de simulación es un interés jurídico en el actor. Por lo tanto, aunque este artículo establece que pueden pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados con la simulación y el MP, esto no significa que no puedan invocar dicha nulidad quienes tienen interés en ella, como puede ser cualquiera de las partes que intervienen en el acto simulado (Apéndice al SJF, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, p. 779). C.L.V.

Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución. También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.

ARTÍCULO 2184.

La acción contra la simulación tiene por objeto que se destruya la apariencia, quedando las cosas en su situación real. En este sentido, declarada la ineficacia del acto simulado, se restituirá la cosa a quien pertenezca, con sus frutos e intereses si los hubiere. La SCJN ha expresado que independientemente de que la parte demandada no hubiera estipulado con anterioridad devolverle al actor las cantidades que percibiera como consecuencia del convenio simulado celebrado entre ellos, [243]

ARTS. 2184 y 2185

LIBRO CUARTO

dicha parte estaba obligada a devolver o restituir todo aquello que hubiere recibido. (Informe 1975, 2a. parte, Tercera Sala, p. 130). Pero los efectos de la declaración de ineficacia tienen un límite; la buena fe de los terceros que han adquirido a título oneroso. Los terceros de buena fe contratan con el que aparece como dueño de una cosa o titular de un derecho, gozan de protección legal. Esta protección se funda en la apariencia jurídica y ésta a su vez encuentra explicación en la seguridad del tráfico comercial. Sin embargo, hay que hacer notar que la ley toma en cuenta la buena fe del adquirente cuando sea a título oneroso. Por lo tanto, la simulación podrá invocarse contra terceros que adquirieron un acto de liberalidad porque en tal caso no se produce el aspecto conflictivo de intereses, ni la defraudación de expectativa propia de los contratos onerosos, que la ley protege incondicionalmente. El último párrafo de este artículo dispone: "También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe". Aunque no se menciona que dichos gravámenes deban haber sido establecidos a título oneroso, es de suponerse, por no haber motivo para pensar lo contrario, que requieren ese carácter para gozar de la tutela legal. C. L. y.

TITULO QUINTO Extinción de las obligaciones CAPITULO I De la compensación ARTICULO 2185. Tiene lugar la compensación cuando dos personas

reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.

Este artículo establece un requisito esencial para que tenga lugar la compensación: que dos personas reúnan la calidad de acreedores y deudores recíprocos y por su propio derecho. De aquí se deduce que si, p.e., un tutor demanda lo que se debe al pupilo, el deudor no podrá oponer la compensación de lo que le debe el tutor de ese deudor. Se excluye la posibilidad de que se pretenda compensar deudas propias con créditos ajenos (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 635). [244]

TITULO QUINTO Extinción de las obligaciones

ARTS. 2184 y 2185

LIBRO CUARTO

dicha parte estaba obligada a devolver o restituir todo aquello que hubiere recibido. (Informe 1975, 2a. parte, Tercera Sala, p. 130). Pero los efectos de la declaración de ineficacia tienen un límite; la buena fe de los terceros que han adquirido a título oneroso. Los terceros de buena fe contratan con el que aparece como dueño de una cosa o titular de un derecho, gozan de protección legal. Esta protección se funda en la apariencia jurídica y ésta a su vez encuentra explicación en la seguridad del tráfico comercial. Sin embargo, hay que hacer notar que la ley toma en cuenta la buena fe del adquirente cuando sea a título oneroso. Por lo tanto, la simulación podrá invocarse contra terceros que adquirieron un acto de liberalidad porque en tal caso no se produce el aspecto conflictivo de intereses, ni la defraudación de expectativa propia de los contratos onerosos, que la ley protege incondicionalmente. El último párrafo de este artículo dispone: "También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe". Aunque no se menciona que dichos gravámenes deban haber sido establecidos a título oneroso, es de suponerse, por no haber motivo para pensar lo contrario, que requieren ese carácter para gozar de la tutela legal. C. L. y.

TITULO QUINTO Extinción de las obligaciones CAPITULO I De la compensación ARTICULO 2185. Tiene lugar la compensación cuando dos personas

reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.

Este artículo establece un requisito esencial para que tenga lugar la compensación: que dos personas reúnan la calidad de acreedores y deudores recíprocos y por su propio derecho. De aquí se deduce que si, p.e., un tutor demanda lo que se debe al pupilo, el deudor no podrá oponer la compensación de lo que le debe el tutor de ese deudor. Se excluye la posibilidad de que se pretenda compensar deudas propias con créditos ajenos (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 635). [244]

ARTS. 2185 y 2186

TITULO QUINTO/CAPITULO I

Hay que aclarar que cuando se habla de deudores y acreedores recíprocamente, no se trata de reciprocidad por razón de bilateralidad, y por tanto de obligaciones que tengan una misma causa sino de concurrencia de créditos y deudas provenientes de causas diferentes, pues si hubiese reciprocidad de obligaciones no habría compensación sino bilateralidad de las obligaciones. En el Derecho romano fue en efecto reconocida la coexistencia de dos créditos recíprocos, la virtud de paralizar las recíprocas acciones, cuando uno de los acreedores alegase contra el otro aquella coexistencia, oponiéndola como excepción a la demanda de la parte contraria. La institución, sin embargo, tuvo una muy limitada aplicación en el derecho clásico. Téngase presente que aparte de la libre facultad de los acreedores recíprocos para renunciar a sus respectivas acciones y para considerar extinguidos sus créditos, no hubo una verdadera obligación de compensar (que confiriese a cada uno el derecho de retener la prestación debida y satisfacer su crédito con ella), no fue admitida, sino en determinadas y especiales relaciones como, p.c., en las del argentarzus (banquero), quien podía accionar solamente por el saldo de cuenta contra su cliente y en las del bonorum emptor (adquirente de los bienes del quebrado), que estaba obligado a deducir lo que al deudor del quebrado debía éste a su vez; y fuera de estos casos solamente en los indicia bonaefidei, en los que se confería al officium judicis la facultad de tener en cuenta los créditos recíprocos, condenando sólo por el importe de la diferencia. Justiniano reconoció a la compensación el carácter de medio universal de elisión de dos créditos contrapuestos (Ruggiero, Roberto, Instituciones de derecho civil, Madrid, Reus, 1944, vol. II, p. 228). Es famosa la definición de Modestino: "La compensación es el balance (saldo) de una deuda y de un crédito entre sí" (fr. 1 D, 162). C.L.V.

El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor.

ARTÍCULO 2186.

El efecto de la compensación es extinguir por la sola fuerza de la ley (ipsa vis legis) las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. La extinción sobreviene necesariamente en el momento en que las deudas coexisten y reúnen los requisitos para ser compensadas. No se requiere para que ello ocurra, hecho alguno por parte de los acreedores y deudores, cuya voluntad resulta por tanto, indiferente; tampoco hay necesidad de orden del juez, de suerte que cuando la compensación es opuesta, la resolución judicial no viene más que a declararla o a reconocer el fenómeno jurídico que se realizó por la coexistencia de deudas y créditos; sin embargo, debe hacerse valer como excepción frente a la demanda del acreedor. Que la compensación opera de pleno derecho significa según opinión que ha [245]

ARTS. 2186 y 2187

LIBBO CUARTO

prevalecido desde los posglosadores, que si el deudor la hace valer ante las pretensiones de su acreedor, el juez deberá declararla, "La opinión que dominó era la de que la compensación justinianea se verificaba en el momento del nacimiento de ambas deudas y por el solo efecto de la ley" (Colín A. Capitant

H., Curso elemental de derecho civil, versión al castellano, Madrid, Reus, 1960, t. Hl,

Teoría general de las obligaciones

p. 232).

El juez no puede ante el silencio de los interesados, suplir de oficio el medio de defensa que ella proporciona (Véase Borja Soriano, Manuel,

las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p, 637). Vid. a. 2194, conforme al cual la compensación

Teoría general de

produce de pleno derecho

efectos extintivos de las obligaciones compensadas, con todos sus accesorios, hipotecas, fianzas, etc.

I.G.G. y C.L.V.

La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero, o cuando siendo fungibles las cosas debidas, son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato.

ARTÍCULO 2187.

La compensación produce los efectos de un doble pago recíproco simultáneo (véase a. 2186); por ello, sólo puede tener lugar cuando existe homogeneidad en las cosas objeto de las deudas. Así lo requiere el principio de exactitud en la substancia, fundamental en todo pago, según el cual el acreedor no puede ser obligado a recibir cosa distinta de la que le es debida. Por consiguiente, la disposición de este artículo de que la compensación sólo procede cuando ambas deudas consisten en una suma de dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad, se justifica fácilmente. Decir otra cosa sería obligar al acreedor a recibir en pago una prestación distinta de la que le es debida (Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, México, Antigua Librería Robredo, 1962, p. 485). Del texto de este artículo se infiere que no son compensables las obligaciones de hacer o de no hacer. El ámbito de la compensación se circunscribe a las obligaciones de dar. Asimismo, no es compensable la obligación de dar cosa cierta y determinada ya que de lo dicho se infiere que únicamente pueden serio las susceptibles de sustituirse recíprocamente, por ser de la misma especie y calidad. C.L.V. [246]

ARTS. 218S y 21119

TITULO QUINTO/CAPITULO 1

Para que haya lugar a la compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo fueren, sólo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados.

ARTÍCULO 2188.

Es la compensación un ajuste de valores cuantitativos (pago de una deuda por otra) por ello se requiere que el importa de las obligaciones en su cuantía sea cierto y preciso. Esto significa que tengan un importe determinado o que pueda determinarse dentro del plazo de nueve días (véanse aa. 2188 y 2189). En el derecho romano fue Justiniano quien estableció esta regla: "ordenamos que en tanto se oponga la compensación en cuanto sea líquida la causa" (Código, Lib. IV, Tit. 31; Ley 14). Que las deudas compensables deben ser exigibles, significa que su pago no puede rehusarse conforme a derecho (véase a. 2190). Las deudas en las que el deudor puede invocar defensa o acción capaz de paralizar la acción del acreedor no son susceptibles de compensación, porque produciendo ésta la extinción de obligaciones por ministerio de la ley, sólo puede tener lugar cuando cada uno de los acreedores puede obligar al deudor a que le pague. Sin embargo, las deudas que no fueren igualmente líquidas y exigibles podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, que permite a las personas disponer de sus bienes como mejor les parezca, siempre que no se perjudiquen derechos de tercero o el orden público. En ese caso la doctrina habla de compensación convencional, para distinguirla de la que opera por ministerio de la ley. Vid Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, México, Antigua Librería Robredo, 1962, t. III, p. 487. La compensación por obra de la voluntad de las partes, sólo existe y produce sus efectos a partir del día en que es consentida y no desde el momento en que los créditos coexistieron. C. L.V.

Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de nueve días.

ARTÍCULO 2189.

En este artículo el legislador establece el concepto de deuda líquida, comprendiendo por tal, no sólo la de cuantía determinada, sino también aquella cuyo monto puede precisarse dentro del plazo de nueve días. Esto es así, porque cuando la fijación de la cantidad que importa la deuda es tan fácil y sencilla que [247]

ARTS. 2189, 2190 y 2191



LIBRO CUARTO

puede realizarse en tan corto tiempo, no hay razón para negar la compensación. C.L.V. ARTÍCULO 2190. Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no

puede rehusarse conforme a derecho. De acuerdo con lo dispuesto en este artículo, sólo son compensables las deudas en las que cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir su pago sin que el deudor pueda rehusarse a efectuarlo conforme a derecho. No basta que haya ausencia de término o condición, se requiere que el acreedor posea plenamente la facultad legal de exigir el pago. Así, el deudor no puede oponer en compensación a su acreedor una obligación natural a cargo de éste ya favor suyo, porque no podría obligarlo a pagar esa obligación... Por ello también, la deuda sujeta a una condición suspensiva no realizada, y la deuda no vencida, cuyo término suspensivo no haya expirado, no pueden, ni una ni otra, servir para operar una compensación: no son exigibles (Ripert, Georges y Jean Boulanger, Tratado de derecho civil, Buenos Aires, La Ley, 1965, t. V, p. 605). El crédito exigible debe ser existente y válido. Cuando la obligación está afectada de inexistencia o de nulidad, no opera la compensación, pues no puede decirse en estricto derecho que la prestación sea exigible. Vid. Rojina Villegas, • Rafael, Compendio de derecho civil, México, Antigua Librería Robredo, 1962, t. III, p. 486. C.L.V. ARTÍCULO 2191. Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha

la compensación, conforme al artículo 2186, queda expedita la acción por el resto de la deuda. La compensación tiene el efecto de extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. De aquí se infiere que si las dos deudas no son de igual cantidad, hecha la compensación, queda expedita la acción del acreedor para exigir el pago de la parte no extinguida de la deuda mayor. Esto ocurre porque respecto a esa diferencia, la deuda subsiste, y con ella la acción del acreedor. C.L.V. [248]

TITULO QUINTO/CAPITULO 1

ART. 2192

La compensación no tendrá lugar: I.—Si una de las partes la hubiere renunciado; 11.—Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo; pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación; una de las deudas fuere por alimentos; IV.—Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia; V.—Si una de las deudas procede de salario mínimo; VI.—Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas; VII.—Si la deuda fuere de cosa puesta en depósito; VIII.—Si las deudas fuesen. fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice.

ARTÍCULO 2192.

La compensación es un modo de extinción común de las obligaciones. Sin embargo, el legislador ha introducido algunas excepciones, que en su mayoría tienen como fundamento la necesidad de que el titular de uno de los créditos pueda obtener siempre el pago del mismo, aun cuando sea deudor de su acreedor. Las más antiguas de estas excepciones se remontan al derecho romano o al canónico; otras son modernas. Ellas están consagradas en este artículo, que establece que la compensación no tendrá lugar en los siguientes casos: 1. "Si una de las partes la hubiere renunciado". Las partes pueden renunciar anticipadamente a la compensación, porque es de interés privado la forma de pago que ellas convengan. 2. "Si una de las deudas toma origen de fallo condenatorio por causa de despojo; pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación". Esta disposición es aplicación de una regla establecida por el derecho canónico a saber: spoliatus ante omnia restituendus (el despojado debe ser ante todo restituido). Ella se fundamenta en la necesidad de que el despojante efectúe materialmente la devolución de lo que ha despojado y en la necesidad de impedir que un acreedor se haga justicia de propia mano, apoderándose de cosas pertenecientes a su deudor, para después invocar compensación. Si por medio de la compensación encontraran los acreedores impunidad de sus actos violentos la paz pública se vería grave y constantemente amenazada. 3. "Si una de las deudas fuere por alimentos". Los alimentos son indispensa[2491

LIBRO CUARTO

ART. 2192

bles para la subsistencia del acreedor, por lo cual el deudor alimentista debe proveer efectivamente a esa finalidad. 4. "Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia". Prevalecen las mismas razones que las expuestas en el párrafo anterior, para prohibir la compensación en ese caso previsto. Esta prohibición de compensación debería limitarse, en nuestra opinión, a la cuantía inembargable de la renta constituida para alimentos (véase a. 2787), pues sólo así resultaría plenamente justificada. 5. "Si una de las deudas procede de salario mínimo". Esta disposición tiene origen en el derecho laboral (véase a. 105 de la LFT),y tiene el mismo fundamento que las prohibiciones establecidas en las fracciones ya comentadas. 6. "Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas". La deuda privilegiada lo es, precisamente porque alguna razón de grave necesidad o de evidente utilidad pública tiene a su favor; y si esto es así, es natural que no pueda evitarse su pago por medio de la compensación. Cuando en favor de las dos deudas existen las mismas razones de preferencia, no hay razón para negar un derecho que para ambas es igual, como lo confirma el principio que enseña que el privilegiado no goza de su privilegio contra otro privilegiado, (Calva, Esteban, Instituciones de derecho civil, México, Imprenta Díaz de León y White, 1875, t. 11, p. 158). 7. "Si la deuda fuere de cosa puesta en depósito". El depósito impone al depositario, entre otras, la obligación de restituir la cosa depositada, cuya propiedad es del depositante y por lo tanto es un derecho real, que no admite compensación con derechos personales que eventualmente pudiere tener el depositario en contra del depositante. 8. "Si las deudas fueren fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice". De acuerdo con lo dispuesto en el a. 2980 del CC los créditos fiscales son preferentes y su pago se halla garantizado en el valor de los bienes que se hayan causado, la compensación sólo tiene lugar entre los créditos de la misma especie. Al respecto el a. 23 del CFF dispone: "Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que están obligados a pagar por acuerdo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios". Al efecto bastará que efectúen la compensación en la declaración respectiva. Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución por la cual están obligados a efectuar pagos, sólo se podrán compensar previa autorización de las autoridades fiscales. I.G.G. y C.L.V. [250]

ARTS. 2193, 2194, y 2195

TITULO QUINTO/CAPITULO I

Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor compensar con el endosatario lo que le debiesen los endosantes precedentes.

ARTÍCULO 2193.

Una característica de esos títulos es la autonomía. Cada nuevo título tiene un derecho distinto, autónomo, independiente del que tuvieron los anteriores. La serie de transmisiones, se lleva al cabo por medio de endoso y entrega del título y no por medio de cesión ordinaria tri la que el cesionario puede oponer la excepción que podría hacer valer en contra del cedente. El a. 2035 establece que el deudor puede oponer al cesionario, las excepciones que podría oponer al cedente en el momento en que se efectúa la cesión, excepto que se trate de documentos a la orden o al portador. Con mejor técnica jurídica el a. en comentario, no se refiere a los títulos al portador, en los que por su propia naturaleza, no podría hacerse valer la compensación que pudiera existir contra cualquiera de los anteriores tenedores, que permanecen en el anonimato. Sobre este particular consúltese al a. 8 de la LTOC que no menciona la compensación que pudiera hacer valer el obligado contra los anteriores endosatarios y en cuya fr. XI establece que podrá hacer valer el obligado las excepciones personales que tuviere contra el demandante. I.G.G.

La compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas.

ARTÍCULO 2194.

La compensación es un doble pago abreviado. Se caracteriza porque proviniendo la compensación de las obligaciones contraídas por dos personas que son a la vez entre si la una de la otra deudor y acreedor, respecto de las deudas que proceden de distinto origen, cada uno de ellos sólo puede exigir del otro obligado el pago de la suma que exceda en cuantía del crédito que a su vez tenga en contra de su deudor. Parece superfluo lo establecido frente a lo dispuesto en los aa. 2185 y 2186 a cuyos comentarios remitimos. I.G.G.

El que paga una deuda compensable, no puede, cuando exija su crédito que podía ser compensado, apro-

ARTÍCULO 2195.

[251]

AIITS. 2195, 2196 y 2197

LIBRO CUARTO

vecharse, en perjuicio de tercero, de los privilegios e hipotecas que tenga a su favor al tiempo de hacer el pago; a no ser que pruebe que ignoraba la existencia del crédito que extinguía la deuda. El pago de una deuda compensable, se extingue junto con sus accesorios. Por lo tanto, se extinguen todas las garantías. El efecto de la compensación es extinguir la deuda y las obligaciones accesorias, desde el momento en que se produce la recíproca correspondencia entre los créditos y las deudas, Por lo tanto, el deudor que paga, renunciando a la compensación, recobra su crédito como si no se hubiera extinguido por la compensación; pero no podrá hacer valer en perjuicio de terceros, los privilegios e hipotecas que quedaron extinguidos por la tácita renuncia que implica el pago efectuado. Si el deudor ignoraba que la deuda que paga era compensable, no puede decirse que hubo renuncia a la compensación y por lo tanto, los privilegios e hipotecas que tenía a su favor renacen con el pago de la deuda. 1.G .G

Si fueren varias las deudas sujetas a compensación, se seguirá, a falta de declaración, el orden establecido en el artículo 2093.

ARTÍCULO 2196.

A falta de declaración, dispone el legislador, la compensación se lleva a cabo con base en la presunta voluntad de los obligados y entonces se observan las reglas siguientes: Se hará la compensación entre las deudas que fueren más onerosas. En igualdad de circunstancias, entre las más antiguas. Siendo de la misma fecha, la compensación se hará entre todas ellas proporcionalmente. Cuando fueren varias las deudas compensables porque todas reúnan los requisitos de exigibilidad y liquidez, a falta de convenio entre las partes, se seguirá el orden que establece el artículo al que remite el precepto en comentario. C.L.V.

El derecho de compensación puede renunciarse, ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia.

ARTÍCULO 2197.

Cunha Goncalves citado por Borja Soriano dice: [252]

ARTS. 2017, 2/98 y 2199

TITULO QUINTO/CAPITULO I

Es de interés de las partes, para evitarles pérdidas de tiempo y gastos, por lo que la ley establece la compensación y no por motivos de interés público. Por eso el a. 771 dispone que el derecho de compensación puede renunciarse, y la renuncia puede hacerse ya expresamente, ya por hechos de donde necesariamente se deduzca. La renuncia, por tanto, no se presume ni puede fundarse en vagas conjeturas y apariencias. (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, 7a. ed., México, Porrúa 1974, p. 637). El deudor liberado por la compensación puede renunciar a ella anticipadamente de manera expresa o bien tácitamente, pagando la deuda compensable, como lo prevé el a. 2195. Un caso particular de renuncia tácita al derecho de compensación es aquél en que el deudor, acepta sin hacer reserva alguna la cesión del crédito que tiene contra él, el acreedor cedente. Puede el obligado oponerse a la cesión fundado en la naturaleza compensable de su deuda. I.G.G.

ARTÍCULO 2198. El fiador, antes de ser demandado por el acreedor, no puede oponer a éste la compensación del crédito que contra él tenga, con la deuda del deudor principal. La obligación del fiador es subsidiaria de la del deudor principal, no nace sino hasta que éste deja de cumplir su obligación. El fiador será demandado cuando el deudor principal no haya satisfecho la deuda. Hasta ese momento el fiador queda obligado al pago y es entonces cuando puede oponer al acreedor la compensación del crédito que tenga contra él con la deuda del deudor principal, o mejor, compensar la obligación que como fiador nace. C.L. y.

ARTÍCULO 2199. El fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al deudor principal; pero éste no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al fiador. Puesto que la obligación del fiador es accesoria, si la principal ha quedado extinguida por compensación, y con ella las obligaciones accesorias, puede él [253]

ARTS. 2199, 2200 y 2291

LIBRO CUARTO

oponer las excepciones inherentes a la obligación principal. Por lo contrario, el deudor principal no puede oponer en compensación la deuda que tiene el acreedor con el fiador, porque ésta es obligación accesoria, y la compensación sólo tiene lugar entre dos obligaciones principales. Además faltaría el requisito de la identidad de las personas (acreedor y deudor) respecto de dos obligaciones que nazcan de distintas fuentes. I.G.G.

El deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del acreedor a sus codeudores.

ARTÍCULO 2200.

En las obligaciones solidarias existe unidad de obligación, pero pluralidad e independencia de vínculos; es decir hay tantas obligaciones respecto de un mismo objeto, como deudores haya. Puesto que así es efectivamente, no puede h4ber compensación porque en la solidaridad pasiva cada uno de los deudores solidarios se halla obligado en una relación en la cual son terceros los otros deudores solidarios. El precepto que se comenta concuerda con la norma contenida en el a. 1995 conforme a la cual el deudor solidario sólo puede oponer al acreedor las excepciones derivadas de la deuda y las que sean personales. I.G.G

ARTÍCULO 2201. El deudor que hubiere consentido la cesión hecha

por el acreedor en favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que podría oponer al cedente.

La aceptación lisa y llana hecha por el deudor de la cesión de un crédito en su contra, que sea compensable es una renuncia tácita a la compensación y por lo tanto no puede hacer valer contra el cesionario la compensación, que respecto del crédito cedido podía hacer valer contra el cedente. Propiamente, el deudor al ser notificado de la cesión y hacerla valer, impide que se realice la transmisión de un crédito que ha dejado de existir desde que coexisten acreedor y deudor, ambos por su propio derecho. La compensación debe hacerse valer; lo contrario implica que el deudor renuncia a su derecho de compensar su deuda.

[254]

TITULO QUINTO/CAPITULO I

ARTS. 2202, 2203 y 2204

ARTÍCULO 2202. Si

el acreedor dio conocimiento de la cesión al deudor, y éste no consintió en ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos que tuviere contra del cedente y que fueren anteriores a la cesión.

El hecho de que el deudor (a quien el acreedor dio conocimiento de la cesión) no haya aceptado, por existir a su favor un crédito compensable con el que pretende transmitir el cedente, tiene el efecto de hacer saber al cesionario que el objeto de la cesión se ha extinguido y que por lo tanto, la cesión que pretende efectuarse carece de materia por virtud de la compensación de la deuda con el crédito que contra el acreedor existía en el momento de la cesión. (Véase comentario al a. 2001). I.G.G. ARTÍCULO 2203. Si

la cesión se realizare sin el consentimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella, y la de los posteriores, hasta la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la cesión.

Debe observarse que la cesión de créditos no requiere el consentimiento del deudor para su eficacia. El a. 2036, exige la notificación de la cesión al deudor para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos en contra de éste último. Así pues el artículo que se comenta, se refiere sin duda a la notificación de la cesión que debe hacerse al deudor. Esta notificación tiene un doble objeto: poner en conocimiento del deudor que se ha celebrado la Cesión a fin de que sepa a quién debe hacer el pago liberatorio y por otra parte, dar oportunidad al deudor para poner en conocimiento del cesionario que el crédito ha quedado extinguido total o parcialmente por pago, dación en pago, prescripción, compensación, etc. Porque tal es la razón de la notificación de la cesión, si ésta se lleva al cabo, sin notificar al deudor, no concede la transmisión de los derechos del acreedor y podrá válidamente liberarse haciendo el pago al acreedor primitivo. Al ser notificado podrá oponer en la compensación de la deuda no sólo la cesión, sino también los créditos posteriores, hasta el momento en que haya tenido conocimiento de la cesión. I.G.G. ARTÍCULO 2204. Las

deudas pagaderas en diferente lugar, pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago. [255]

LIBRO CUARTO

ARTS. 2204 y 220S

Para que tenga lugar la compensación no es necesario que las obligaciones sean pagaderas en el mismo lugar. Las deudas exigibles en diferente lugar pueden compensarse. Pero como la diferencia en el lugar de pago de una y otra deuda podría causar gastos al deudor p.e. al transportar a sus expensas el dinero o la cosa debida a la localidad donde tenía que haber recibido el pago, tiene derecho a que se le indemnice por los gastos de transporte o cambio al lugar del pago. Si la indemnización es mutua entre los deudores, el monto de los gastos de transporte o cambio, hechos recíprocamente, podrán ser compensados también. La compensación, ya se ha insistido en ello, se produce ope iegis, es decir, por determinación de la ley, y basta para que sus efectos se produzcan que se reúnan los requisitos que la ley establece a los que ya nos hemos referido (liquidez, fungibilidad, exigibilidad y concurrencia de obligaciones y derechos de crédito en dos sujetos, por causas diferentes). Se ha dicho también que la compensación es una operación aritmética que se expresa en ese concepto puramente jurídico, por lo que no requiere siquiera ni el conocimiento, ni la intervención de los interesados para que tenga lugar. Pero es necesario advertir que con frecuencia se confunde el hecho de la existencia de la compensación, con el derecho a hacerla valer (que es susceptible de renuncia, como ya se dijo al comentar el a. 2197). Se requiere entonces una excepción que la invoque y una sentencia que la declare. No hay razón alguna para establecer la distinción que supone el precepto que se comenta respecto de las deudas exigibles en diferentes lugares. El Precepto pretende referirse propiamente al reembolso de los gastos de transporte o remesa de fondos al lugar donde se debe hacer el pago. La regla sobre este particular la establece el a. 2086. Estos gastos también puede compensarlos el deudor conforme el precepto en comentario. I.G.G.

ARTÍCULO 2205. La compensación no puede tener lugar en perjui-

cio de los derechos de tercero legítimamente adquiridos. La compensación es un doble pago recíproco y por lo tanto se requiere para hacerla valer que el obligado pueda disponer o se encuentre legitimado para disponer de los bienes con los que se efectúa la compensación o en mejor expresión, que la compensación se efectúe con bienes que se encuentren en el patrimonio del deudor cuya deuda se compensa, de manera que con la compensación no se afecten derechos de tercero. El a. 2077 dispone que no es válido el pago hecho al acreedor por el deudor, después de haberse ordenado judicialmente la retención de la deuda. La regla es aplicable a la compensación que se pretendiera hacer de un crédito con una [256]

TITULO QUINTO/CAPITULOS 1 y II



MITS. 2205, 2206 y 2207

deuda cuyo pago se ha ordenado retener. Pero debe hacerse notar que no habrá perjuicio de tercero si la deuda ya se encuentra compensada cuando se ordena la retención, por haberse reunido los requisitos para que tenga lugar la compensación antes de que se haya ordenado la retención. 1.6.0.

CAPITULO De la confusión de derechos ARTÍCULO 2206. La

obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa.

La extinción de una obligación por confusión halla fundamento en el axioma de que nadie puede ser a la vez deudor y acreedor de sí mismo. Se produce la imposibilidad de ejercer el derecho de crédito ya la vez de cumplir la obligación, cuando las cualidades de sujeto activo y sujeto pasivo concurren en una misma persona: el crédito y la deuda, esto es, la obligación bajo sus dos aspectos, activo y pasivo, se extingue. Agreguemos que esa confluencia del aspecto activo y pasivo de la relación jurídica debe referirse siempre a créditos y deudas de distinto origen. Si la confusión que se había operado cesa, desaparecen los efectos que había producido: la obligación primitiva renace con todos sus accesorios y con todos los efectos jurídicos que la ley le otorga, aun respecto de terceras personas. La obligación reaparece, pues existe nuevamente la posibilidad de su cumplimiento. I.G.G. y C.L.V.

La confusión que se verifica en la persona del acreedor o deudor solidario, sólo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda.

A RTICU LO 2207.

El a, 1991 dispone: "La novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación". Existe una contradicción entre lo que dispone este precepto y el que se comenta. Borja Soriano es de la opinión, la cual compartimos, que debe prevalecer lo dispuesto en el a. 1991. [257]

ARTS. 2207 y 2205

LIBRO CUARTO

El legislador de 1928, copió en el a. 2207, que comentamos, el texto del a. 1602 del CC de 1884 que sigue el sistema francés en esta materia, es el mismo del código de 1870, conforme al cual, la confusión en la persona del acreedor o deudor solidario, solamente produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda. En el a. 1991, el CC en vigor siguió al código español y adopta el sistema tradicional romano conforme al cual, la confusión que se verifica en uno de tos acreedores o deudores solidarios extingue la obligación de todos ellos. En efecto el a. 1143 del citado código extranjero dispone en la parte conducente: "La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda hechas por cualquiera de los deudores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación sin perjuicio de lo dispuesto en el a. 1146", por lo que vale para el caso la opinión de Manresa, quien afirma que de los efectos de los actos ejecutados por uno de los deudores o acreedores solidarios, ninguno puede ser excluido, puesto que existe un vínculo de representación entre ellos, de donde se concluye que debe prevalecer —como ya se dijo— lo dispuesto por el a. 1991. ( Vid. Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 662 y ss). I.G.G.

ARTÍCULO 2208. Mientras

se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor o éste a aquél.

En el sistema adoptado por nuestro código, no se produce confusión entre el patrimonio del autor de la herencia y el heredero. Este no queda obligado en exceso de lo que recibe, porque "toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese". (Véase a. 1678). El beneficio de inventario impide que el heredero responda de las deudas hereditarias con sus propios bienes, de tal modo que el heredero puede reclamar sus créditos contra la sucesión, así como quedar obligado a pagar a la sucesión lo que él le debía al autor de la herencia. El beneficio de inventario implica la separación de los bienes del de cujus y los del heredero, que no termina sino con la partición (véanse aa. 1753 y ss., 1767 y 1769). Por ficción se considera al heredero como dueño de dos caudales distintos y separados, cada uno formado con derechos y obligaciones independientes entre sí: el que tenía antes de ser instituido y el que le pertenece por causa de la herencia. I.G.G. y C.L.V. [258]

ART. 2209

TITULO QUINTO/CAPITULO. III

CAPITULO III De la remisión de la deuda ARTÍCULO 2209. Cualquiera puede renuncilr su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos pn que la ley lo prohibe. El acreedor puede prescindir del derecho crediticio contra su deudor, puede perdonar a éste•todo o parte de la deuda. Este acto del acreedor recibe el nombre de remisión o perdón de la deuda. La remisión de la deuda es una especie del género renuncia; ésta significa dimisión voluntaria de un derecho; aquélla abdicación de derecho de crédito que un acreedor tiene en contra de uno o varios deudores determinados. La facultad del acreedor de renunciar su derecho crediticio se funda en la idea de que el acreedor de la misma manera que puede disponer de su crédito en favor de terceros, puede hacerlo en favor del deudor. Como la renuncia de créditos es un acto dispositivo de bienes, por el que el acreedor se desprende de un valor activo de su patrimonio, deberá tener aparte de la capacidad de obrar necesaria, poder de disposición del crédito (legitimación). Ciertos créditos no pueden ser materia de renuncia (a. 321). "Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afectan los derechos de terceros" (a. 6?

in fine). El acto de remisión no requiere para su validez que la voluntad conste en forma determinada, no exige formalidad especial alguna, basta que la voluntad del acreedor se manifieste clara y legítimamente, para producir la extinción de la obligación. La remisión puede ser total o parcial: total es la que comprende la extinción de toda la obligación; parcial, la que se refiere únicamente a parte de la prestación y entonces se te llama quita. Si la remisión es total, se extingue el vínculo obligatorio. Si es parcial el vínculo subsiste, pero con la deuda disminuida. Discute la doctrina sobre la calidad unilateral o bilateral del acto de remisión. Nosotros creemos que la extinción de la obligación no requiere la voluntad del deudor porque como ya se dijo, es un acto de disposición patrimonial en el que no interviene para su validez una voluntad distinta a la declaración del titular de ese patrimonio. A favor de esta idea puede invocarse el propio artículo en comentario que al preceptuar "Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas", no exige que deba aceptar el deudor. (Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, México, Porrúa, 1982, p. 643). [259]

ARTS. 2209, 221 O. 2211 y 2212

LIBRO CUARTO

La remisión es un simple acto de liberalidad, por ello se le llama también perdón de la deuda. La renuncia del crédito a cambio de una remuneración no sería remisión, sino dación en pago. C.L.V.

La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero la de éstas dejan subsistente la primera.

ARTÍCULO 2210.

La remisión de la obligación principal implica la extinción de-las obligaciones accesorias ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por el contrario, la remisión de las obligaciones accesorias no implica la extinción de la principal; si el acreedor hace remisión de tos intereses o de las garantías de la obligación, no comprende el perdón de la obligación principal. La razón es clara, la deuda principal no depende de las accesorias, sino las accesorias de la principal. C.L.V.

Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros.

ARTÍCULO 2211.

En esta hipótesis la remisión produce un efecto in personan?, presupone la voluntad de liberar sólo a uno de varios obligados, dejando subsistente la deuda en relación a los demás. Se entiende que el acreedor, por consideraciones personales a uno de los fiadores solidarios, quiso ejercer un acto de liberalidad, relevándolo sólo a él, de la fianza. Pero como el acreedor no puede mudar a su arbitrio las relaciones jurídicas de los fiadores entre sí (mancomunidad), se infiere que aquellos que no son exonerados de la fianza, no pueden ser obligados al pago de la deuda, en defecto del deudor principal, sino con deducción de la parte que debería satisfacer el fiador que obtuvo la remisión. Mateos Alarcón, Lecciones de derecho civil, México, Tip. y Lit. "La Europea" de S. Aguilar y Vera, 1900, t. 3, p. 351. C.L.V.

La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda, si el acreedor no prueba lo contrario.

ARTÍCULO 2212.

[260]

ARTS, 2/12 y 2213

TITULO QUINTO/CAPITULOS III y IV

La prenda queda constituida mediante la entrega de ella al acreedor (a. 2858). Si éste devuelve la prenda, es fundada la presunción de la remisión del derecho a la garantía. Esta es una presunción juris tantum. Es el acreedor quien debe probar que la devolución no fue con ánimo de remisión. Debe observarse que la devolución de la prenda hace presumir la extinción del derecho a la misma, no al derecho correspondiente a la obligación principal. El acreedor que devuelve la prenda, sigue siendo acreedor, solamente ha dejado de ser acreedor prendario. (Véase comentario al a. 2210). C.L.V.

CAPITULO IV De la novación

Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran substancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua.

ARTÍCULO 2213.

La novación consiste en la sustitución convencional de una obligación anterior por otra esencialmente distinta, de modo que la primera se extingue, subsistiendo sólo la segunda. "Propiamente —dice Manresa— la novación, más bien que extinguir las obligaciones lo que hace es cambiarlas en otras". (Man resa y Navarro, José María, Comentarios al código civil español, Madrid, Reus, 1967, t. VII, vol. I, p. 855, véase comentario al a. 1203). Sin embargo, este autor reconoceque esta figura tiene un efecto extintivo, puesto que la obligación anterior desaparece completamente con sus accesorios, para dar lugar a la nueva, que nace para ocupar el lugar de aquélla. De acuerdo con el sistema que en esta materia ha acogido nuestro código, con respecto a la obligación sustituyente de la anterior que se extingue, se entiende que la nueva obligación debe cambiar ya en la causa, ya en el objeto o en la condición, en tanto que los sujetos de la relación jurídica, permanecen los mismos; pues si se cambiara cualquiera de ellos no habría novación sino una cesión de crédito o de deuda. Para que haya novación el cambio ha de recaer en los elementos objetivos del negocio jurídico. El precepto emplea la expresión "novación de contrato". Propiamente debería referirse a la novación de "la obligación"; pues el cambio o sustitución también puede tener lugar entre una obligación extracontractual (responsabilidad civil, por daños causados en un accidente p.c.), lo cual mediante un convenio se cambia por una obligación de dar un inmueble. [261]

ARTS. 22E1 y 2214

LIBRO CUANTO

La doctrina considera que son requisitos de la novación, los siguientes: a) La existencia de una obligación que se extingue; b) la creación de una deuda nueva; c) una diferencia (sustancial) entre ambas obligaciones; d) la voluntad de extinguir la primera (animas novandi) y e) la capacidad (legitimación) para disponer del crédito. La alteración en la obligación que se extingue debe ser sustancial y no accidental. "Para que exista novación —dice Giorgi— es forzoso hoy en día, un cambio sustancial de la obligación, tan sustancial, que la haga extinguirse, sustituyéndola por la obligación nueva". (Giorgi, Jorge, Teoría de las obligaciones, Madrid, Reus, 1930, vol. VII, p. 419). Es opinión generalmente aceptada que la capacidad es requisito de la novación; sin embargo la capacidad de las partes es un requisito de validez de todo acto jurídico y no privativo de la novación. Por otra parte, debería referirse la doctrina a la legitimación para disponer del crédito novable. Pero este requisito, ya sea la capacidad o la legitimación no se refiere al acto en su estructura ni en su esencia sino a los otorgantes, a la facultad del sujeto para disponer, I.G.G.

La novación es un contrato, y como tal, está sujeto a las disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes.

ARTÍCULO 2214.

Nuestro código declara en el inicio del precepto, que la novación es un contrato y que en consecuencia le serán aplicables las normas relativas a los contratos, salvo las modificaciones que contienen los artículos que se han dedicado a esta figura jurídica. No parece necesario ni conveniente hacer la declaración terminante que contiene la primera frase del articulo en comentario. Los códigos civiles de Francia, España, Portugal y los códigos civiles de los estados de Puebla y Quintana Roo, no se pronuncian expresamente sobre la naturaleza contractual de la novación, no asi el CC del Estado de Tlaxcala que en su a. 1724 reproduce literalmente et texto legal que es el objeto de este comentario. El profesor Gutiérrez y González, atinadamente en nuestro parecer, critica este precepto y afirma que la novación es un convenio que en sentido amplio según el a. 1792 comprende efetos a la vez de extinción y creación de obligaciones (Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las obligaciones, Puebla, Cajica, 1961, p. 822). Sea lo que fuere, a la obligación que nace de la novación se aplican las disposiciones legales sobre contratos. Así lo establece el a. 1859, por lo que parece superfluo disponer nuevamente en el precepto materia de esta nota, lo que ya fue ordenado en el a. 1859. En efecto este precepto establece las disposi[2621

TITULO QUINTO/CAPITULO IV

AlITS. 2214, 2215 y 2216

ciones sobre contratos que se aplicarán a los convenios ya otros actos jurídicos en cuanto no se opongan a la naturaleza de ellos o a las disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. I.G.G.

La novación nunca se presume, debe constar expresamente.

ARTÍCULO 2215.

Entre los requisitos indispensables para que exista novación, la doctrina de manera unánime apunta la intención de novar (animas novandi) y así ha quedado expuesto en nuestra nota al a. 2213. La disposición legal que comentamos, se refiere ahora a la prueba de la voluntad de novar. De modo distinto a lo que ocurre en otros sistemas legislativos (francés. español, etc.) la intención de extinguir la anterior obligación y. sustituirla por una nueva, no se prueba presuntivamente, aun cuando existiera notoria incompatibilidad entre las dos obligaciones. Es preciso que se haga constar de un modo claro y terminante que la voluntad de las partes de sustituir una obligación anterior por otra nueva, nace de ese acuerdo de voluntades. En ello consiste la esencia de la novación. La disposición que se comenta, es acertada y mejora en nuestra opinión la posición de aquellas legislaciones extranjeras que admiten la posibilidad de presumir la novación, cuando hay razones concluyentes para ello, si una y otra obligación "son de todo punto incompatibles- (a. 1204 del CC español). Puesto que se trata en la novación de un acuerdo de voluntades de contenido complejo y de extremos conceptuales opuestos entre si (extinción y creación concomitante de obligaciones) la certeza en las relaciones jurídicas inter parte.s y la seguridad de los terceros —particularmente de los acreedores— exige que la voluntad de las partes que intervienen en la novación declaren expresamente en el acto mismo, la voluntad acorde de novar. I.G.G

ARTÍCULO 2216. Aun

cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquélla si así se hubiere estipulado.

Si la obligación que se extingue estaba sujeta a condición suspensiva, el negocio jurídico que nace de la novación no queda subordinado a esa modalidad, salvo [263]

L1111.10 UUAUTO

MITS. 2216 y 2217

convenio en contrario. En suma, la obligación se extingue y con ella desaparece la cláusula modal, accesoria del negocio principal. La condición estipulada es un elemento accidental del acto y propiamente de la voluntad, cuyos efectos se restringen por voluntad de las partes, y se limitan sujetándolos a la realización de un acontecimiento futuro e incierto. En el caso de la condición suspensiva, las partes han creado una situación intermedia éfitre la inexistencia y la perfección del negocio, de modo que el acto no producirá efectos como si fuera puro y simple; empezará a producirlos siempre que se. realice el acontecimiento futuro e incierto que se introduce en el acto como condición. Pendiente la condición suspensiva, se ignora si el acto producirá o no efectos (y las consecuencias del acto son la ratio juris del mismo). Para que la novación quede sometida a condición suspensiva se requiere que en la novación las partes lo declaren. Por el contrario, no es preciso hacer constar por pacto expreso que la novación queda sujeta a los efectos de la condición resolutoria, porque el acto que se extingue mientras no se realiza la condición está produciendo efectos como si fuera puro y simple, los cuales cesarán si acontece el hecho a cuya realización se sujetó la cesación de dichos efectos. I.G.G. ARTÍCULO 2217. Si

la primera obligación se hubiere extinguido al tiempo en que se contrajere la segunda, quedará la novación sin efecto.

Puesto que la novación (a. 2213) es la sustitución de una obligación nueva por una antigua, es preciso que exista la obligación que va a ser sustituida por medio de la nueva para que pueda tener lugar la novación. Es la idea de cambio, de sustitución de una obligación por otra diferente, que se genera de la novación y la extinción de la primera. Es toque distingue a esta figura del reconocimiento de deuda, la confirmación, la subrogación, la cesión de derechos, el pago, la ilación en pago y la asunción de deudas, como medios de extinción de las obligaciones, en tanto que la novación tiene el doble carácter liberatorio generador de obligaciones. Existe una relación de causa a efecto entre la obligación que se extingue y la obligación que se crea por medio de la novación. Relación causal, en una doble dirección: el motivo determinante de la extinción de una de las obligaciones es la creación de la que le sustituirá y a la inversa, la causa de las obligaciones que se crean, obedece a la extinción de las que éstas van a sustituir. En esta doble correspondencia de voluntades reside el animus novandi que desde el derecho justiniano constituye un elemento esencial de la novación (D. 46,2,30). Si a ello agregamos que es necesario que el cambio ha de recaer en el elemento sustancial [264]

ARTS. 2217, 2218

TITULO QUINTO/CAPITULO IV

y 2219

en ambas obligaciones (aliquid novandi), es necesario que la primera obligación sea válida y que no se haya extinguido por pago, prescripción, remisión, compensación, etc, o por cualquiera otro medio de extinción de las relaciones obligatorias. Es decir, el precepto que comentamos se refiere a aquellos casos en que no puede haber novación porque el deudor va habla quedado liberado de su obligación. I.G.G. ARTÍCULO 2218. La

novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen.

Esta disposición se refiere a un caso distinto al previsto en el artículo anterior. En efecto, la hipótesis en que descansa el a. 2217, es aquélla en que las obligaciones nevadas provienen de un acto válido y se extinguieron por algunas de las causas previstas en la ley que dan lugar a la liberación del deudor, en tanto que el precepto que se comenta en esta nota, se refiere a un negocio inválido que por tal razón carece de fuerza obligatoria y que a su vez producen la nulidad de la novación; es decir, se refiere al acto que en su origen carece de fuerza alguna vinculatoria y respecto del cual no cabe la posibilidad de extinción de obligación alguna, porque éstas no han podido ser generadas por un acto inválido. De la redacción del precepto que se comenta, se desprende sin mayor esfuerzo, que no pueden ser materia de novación los actos viciados de nulidad absoluta; es decir, aquellos que no son susceptibles de convalidación por confirmación o ratificación y en los que de la nulidad puede prevalerse todo interesado (a. 2226). De allí se sigue que el acto sí, puede ser materia de novación a pesar de que exista una causa de nulidad si ésta solamente puede ser invocada por el deudor, lo cual indica claramente que los actos viciados de nulidad relativa pueden ser novados en la medida en que pueden ser confirmados. (Vid. aa. 2226, 2227 y 2230). Finalmente el a. 2234, dispone que el pago, la novación o cualquier otro medio de cumplimiento voluntario se tiene por ratificación tácita (confirmación) y que la acción de nulidad queda extinguida. I.G.G.

Si la novación fuere nula, subsistirá la antigua obligación.

ARTÍCULO 2219-

[2651

ARTS. 2221, 2222 y 2223



LOMO CUANTO

beneficiar al deudor, agrava las obligaciones de los terceros, por cuanto las prolonga en el tiempo. La ampliación del plazo requiere pues, el consentimiento de aquellas personas que han constituido garantía real o caución personal. I.G.G.

Cuando la novación se efectúe entre el acreedor y algún deudor solidario, los privilegios e hipotecas del. antiguo crédito sólo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación.

ARTÍCULO 2222.

La novación que se efectúa entre el acreedor y los deudores solidarios, por aplicación del a. 2220, produce el efecto de extinguir la obligación y las accesorias, tales como los privilegios e hipotecas que la garantizan, pues nace en su lugar una deuda sustancialmente distinta, que no tiene efectos obligatorios respecto de los demás obligados cuya deuda también se ha extinguido. En otras palabras la novación de una de las deudas solidarias, extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias y a la vez necesariamente las garantías prestadas sobre bienes de terceros. De allí que, respecto de los demás deudores solidarios se extingan por la novación, los privilegios (y por identidad de razón en general las garantías) del antiguo crédito constituidos por terceros para el pago de las obligaciones de todos los deudores solidarios y que en lo futuro, después de efectuada la novación, no pueden quedar reservadas por el acreedor sino aquellas constituidas con bienes del deudor y en lo que atañe a la nueva deuda convenida en la novación. Aparece aquí cómo la obligación solidada se caracteriza porque establece a un tiempo, la unidad de objeto y la pluralidad de vínculos entre los deudores, de manera que si cambia el objeto, la nueva obligación ha de surgir independiente de la solidaridad establecida, por lo que los privilegios e hipotecas sólo pueden quedar reservados si recaen sobre los bienes del deudor que ha intervenido en la novación, pero no respecto de los bienes de terceros que no han intervenido. I.G.G.

Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1999.

ARTÍCULO 2223.

[268]

ARTS. 2220 y 2221

TITULO QUINTO/CAPITULO IV

en cli animas novandi, nos lleva a concluir que al quedar extinguida la obligación principal, con ella se extinguen las obligaciones accesorias, salvo (dispone el artículo en comentario) reserva expresa del acreedor. La regla general que postula el precepto en comentario, no requiere mayor consideración en cuanto a que constituye aplicación del conocido principio que dice: lo accesorio sigue la suerte de lo principal, conteniendo de manera concisa y sumamente clara, a la siguiente sentencia de Paulo que tiene cabal aplicación al caso que tratamos de explicar; Cuando no subsiste la causa principal, no tiene ciertamente lugar lo consiguiente. (Digesto, 50, 17, 129, p. le). I.G.G. ARTÍCULO 2221. El

acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida, si los bienes hipotecados o empeñados pertenecieren a terceros que no hubieren tenido parte en la novación. Tampoco puede reservarse la fianza sin consentimiento del fiador.

La razón fundante de lo dispuesto en este artículo es que no basta la reserva que haga el acreedor de las garantías accesorias de la obligación anterior, para que subsistan en la nueva, si tales obligaciones consisten en prenda, hipoteca, constituidas sobre,bienes de terceros, Enesos casos se requerirá el consentimiento del dueño de los bienes gravados, puesto que se trata en el caso de obligaciones de terceros anexas a la obligación principal que se extinguen con ella. Cuando la obligación principal se extinga —dice Lehmann— sólo podrán subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento.... La total extinción de la obligación anterior se manifiesta en que se extinguen todos los derechos de preferencia y accesorios que la acompañaban.... y lo mismo las excepciones... (citado por Puig Brutau ose, Fundamentos de derecho civil. Derecho general de las obligaciones, Barcelona, Bosch, 1959, t. I, vol. II, p. 397). Al respecto es interesante señalar que en nuestro derecho y conforme a lo dispuesto en este precepto, quedan extinguidas por novación todas las garantías prestadas por terceros, salvo que hayan convenido en la novación. Aun cuando la ampliación del plazo que concediere el acreedor, no constituya propiamente novación, por no tratarse de una alteración esencial de la obligación, se requerirá el consentimiento de los terceros que han prestado garantías reales o personales en la deuda anterior, para que continúen subsistiendo esas obligaciones accesorias, en virtud de que la ampliación del plazo, si bien puede [267]

ARTS. 2221, 2222 y. 2223

L I B RO CUARTO

beneficiar al deudor, agrava las obligaciones de los terceros, por cuanto las prolonga en el tiempo. La ampliación del plazo requiere pues, el consentimiento de aquellas personas que han constituido garantía real o caución personal. I.G.G. ARTÍCULO 2222. Cuando

la novación se efectúe entre el acreedor y algún deudor solidario, los privilegios e hipotecas del. antiguo crédito sólo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación.

La novación que se efectúa entre el acreedor y los deudores solidarios, por aplicación del a. 2220, produce el efecto de extinguir la obligación y las accesorias, tales como los privilegios e hipotecas que la garantizan, pues nace en su lugar una deuda sustancialmente distinta, que no tiene efectos obligatorios respecto de los demás obligados cuya deuda también se ha extinguido. En otras palabras la novación de una de las deudas solidarias, extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias y a la vez necesariamente las garantías prestadas sobre bienes de terceros. De allí que, respecto de los demás deudores solidarios se extingan por la novación, los privilegios (y por identidad de razón en generall las garantías) del antiguo crédito constituidos por terceros para el pago de las obligaciones de todos los deudores solidarios y que en lo futuro, después de efectuada la novación, no pueden quedar reservadas por el acreedor sino aquellas constituidas con bienes del deudor y en lo que atañe a la nueva deuda convenida en la novación. Aparece aquí cómo la obligación solidaria se caracteriza porque establece a un tiempo, la unidad de objeto y la pluralidad de vínculos entre los deudores, de manera que si cambia el objeto, la nueva obligación ha de surgir independiente de la solidaridad establecida, por lo que los privilegios e hipotecas sólo pueden quedar reservados si recaen sobre los bienes del deudor que ha intervenido en la novación, pero no respecto de los bienes de terceros que no han intervenido. I.G.G.

Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1999.

ARTÍCULO 2223.

[268]

TITULO QUINTO/CAPITULO IV. TITULO SEXTO

MITS. 2223 y 2224

Las consideraciones expuestas en el comentario al artículo anterior, explican por qué motivos la novación produce ei efecto de extinguir las obligaciones accesorias. El artículo que es materia de esta nota dispone que el efecto que produce la novación en las obligaciones solidarias es liberar a los demás deudores de la deuda contraída. Pero la extinción de las obligaciones que reportan cada uno de los deudores solidarios, se produce respecto del acreedor. De acuerdo con lo que dispone el a. 1999 al que remite el precepto en comentario, "el deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores, la parte que en ella les corresponda". Así pues, el efecto inmediato de la novación en la hipótesis a que nos referimos, es producir una especie de mancomunidad legal entre los deudores de la obligación anterior para reembolsar al deudor que pague la nueva obligación entre todos los deudores mancomunados. Por otra parte, el a. 1991 dispone que la novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación. De acuerdo con la naturaleza de la solidaridad, cada uno de los deudores (solidaridad pasiva) actúa por sí mismo, como si fuera único deudor de la totalidad de la deuda, y en consecuencia, el efecto extintivo de la novación que ha llevado al cabo uno de los deudores solidarios comprende la extinción de la deuda de todos. 1.G.G.

TITULO SEXTO De la inexistencia y de la nulidad ARTÍCULO 2224. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no

producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer

por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado. Este artículo enuncia el concepto de acto inexistente o mejor, del acto jurídicamente inexistente, no obstante que pueda tener existencia física. El acto inexistente es por lo tanto sólo un fenómeno que no puede tener ninguna eficacia para el derecho; se dice que es "la nada jurídica", por lo que es algo que no produce efecto legal de ninguna especie. El artículo que se comenta, al postular que hay actos que por carecer de consentimiento (voluntad) u objeto física o jurídicamente posible, son para la [2691

TITULO SEXTO De la inexistencia y de la nulidad

TITULO QUINTO/CAPITULO IV. TITULO SEXTO

MITS. 2223 y 2224

Las consideraciones expuestas en el comentario al artículo anterior, explican por qué motivos la novación produce ei efecto de extinguir las obligaciones accesorias. El artículo que es materia de esta nota dispone que el efecto que produce la novación en las obligaciones solidarias es liberar a los demás deudores de la deuda contraída. Pero la extinción de las obligaciones que reportan cada uno de los deudores solidarios, se produce respecto del acreedor. De acuerdo con lo que dispone el a. 1999 al que remite el precepto en comentario, "el deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores, la parte que en ella les corresponda". Así pues, el efecto inmediato de la novación en la hipótesis a que nos referimos, es producir una especie de mancomunidad legal entre los deudores de la obligación anterior para reembolsar al deudor que pague la nueva obligación entre todos los deudores mancomunados. Por otra parte, el a. 1991 dispone que la novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación. De acuerdo con la naturaleza de la solidaridad, cada uno de los deudores (solidaridad pasiva) actúa por sí mismo, como si fuera único deudor de la totalidad de la deuda, y en consecuencia, el efecto extintivo de la novación que ha llevado al cabo uno de los deudores solidarios comprende la extinción de la deuda de todos. 1.G.G.

TITULO SEXTO De la inexistencia y de la nulidad ARTÍCULO 2224. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no

producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer

por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado. Este artículo enuncia el concepto de acto inexistente o mejor, del acto jurídicamente inexistente, no obstante que pueda tener existencia física. El acto inexistente es por lo tanto sólo un fenómeno que no puede tener ninguna eficacia para el derecho; se dice que es "la nada jurídica", por lo que es algo que no produce efecto legal de ninguna especie. El artículo que se comenta, al postular que hay actos que por carecer de consentimiento (voluntad) u objeto física o jurídicamente posible, son para la [2691

ART. 2224

LIBRO CUARTO

ley inexistentes, encierra en una fórmula legal, la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos cuando carecen de alguno de los elementos esenciales u orgánicos indispensables en el acto o negocio jurídico. A estos elementos esenciales, a los que también se les designa como elementos de existencia del acto, son llamados por Bonnecase elementos de definición, porque cuando falta alguno de ellos, el acto no puede ni siquiera ser concebido. En lo que se refiere a la invalidez de los actos jurídicos, el código establece una invalidez que pudiera decirse radical, pues en tanto las nulidades (absoluta y relativa) a las que se refieren los artículos siguientes, destruyen los efectos del acto, la inexistencia conforme al precepto que se comenta se dirige a la esencia del mismo y le niega toda posibilidad de existencia y por lo consiguiente no puede adquirir validez por confirmación ni por prescripción pues para ello se requeriría que el acto tuviera existencia y de ello carece de un modo total. Sencillamente, es algo que no existe. Al quedar consagrada en este precepto la inexistencia como causa de invalidez de los actos jurídicos, en vigor introdujo como una de las principales innovaciones en el sistema por él adoptado en esta materia, la división tripartita de los actos en los que priva la eficacia jurídica, aceptando que junto a los actos inexistentes, hay actos que están privados de efectos, por razón de una causa que produzca su nulidad absoluta o porque se hallen privados de efectos por otras causas que sólo generan su nulidad relativa. Nuestro código anterior sólo reconocía la nulidad de pleno derecho (nulidad absoluta) y la anulabilidad del acto (nulidad relativa). La inexistencia, dispone el precepto en comentario, puede ser invocada por todo interesado, y el acto no es susceptible de convalidación, porque no reúne aquellos elementos que de un modo imperativo establece la ley, para integrar su configuración jurídica, en la manera que la norma lo exige. Tal exigencia es de orden público, su cumplimiento es de interés general y no sólo en interés de los autores del acto. La Tercera Sala de la SCJN, ha establecido la siguiente tesis jurisprudencial: Nulidad e inexistencia. Sus diferencias son meramente teóricas. Aun cuando el artículo 2224 el Código Civil, para el Distrito Federal emplea la expresión "acto jurídico inexistente", en la que pretende basarse la división tripartita de la invalidez de los actos jurídicos, según la cual se le agrupa en inexistentes, nulos y anulables, tal descripción tiene meros efectos teóricos, porque el tratamiento que el propio código da a las inexistencias, es el de las nulidades, según puede verse en las situaciones previstas por los artículos 1427, 1433, 1434, 1826 en relación con el 2950 fracción 111, 2042, 2270 y 2279, en las que teóricamente se trata de inexistencias, por falta de objeto, no obstante el Código las trata como nulidades y en los casos de los artículos 1802, 2182 y 2183 en los que la falta de consentimiento originaría la inexistencia, pero también el Código los trata como nulidades. [270]

TITULO SEXTO/CAPITULO IV

ARTS. 2224 y 2225

Apéndice al SJF, 1917-1985, cuarta parte, Tercera Sala, tesis 197, p, 590. El a. 1794 (véase el comentario respectivo) dispone que para la existencia del contrato se requiere el consentimiento y el objeto que pueda ser materia de él. De paso diremos que el concepto de invalidez es aplicable, en sus tres aspectos (inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa) no sólo al contrato sino a toda especie de actos jurídicos, de los cuales aquél es sólo una especie pues en la variada gama de actos o negocios jurídicos se encuentran actos unilaterales como el testamento, respecto a los cuales se integran por acto unilateral de voluntad y no por consentimiento (acuerdo de voluntades) y por otra parte existen actos jurídicos no contractuales que como el propio testamento o el reconocimiento de hijo requieren de una cierta solemnidad, cuya falta produce también la inexistencia del acto. En presencia de esta omisión del artículo que comentamos, debe interpretarse que el acto solemne en el que se ha omitido la solemnidad requerida por la ley, carece de consentimiento, ya que dicha solemnidad es la única forma posible legalmente de declarar válidamente la voluntad integradora del acto o negocio de cuya invalidez se trata.

ARTÍCULO 2225. La

ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley.

De acuerdo con el texto que se comenta, la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto, puede dar lugar a la nulidad absoluta o a la nulidad relativa del acto y el juzgador o el intérprete, para decidir sobre el grado de invalidez que lo afecta, tendrá que recurrir a la ley con el fin de conocer si en el caso, la regla de derecho establece una u otra nulidad. No puede por lo tanto, afirmarse. ante la sola comprobación del objeto ilícito, que el acto está viciado por una nulidad absoluta. Conforme al sistema que establecieron los códigos anteriores (de 1870 y 1884) siguiendo en ello a los principios de la denominada escuela clásica de las nulidades, siempre que el objeto de un acto era ilícito, el juez debería reconocer que existía nulidad de pleno derecho y el acto no podía ser confirmado ni ratificado, la acción de nulidad siempre y en todo caso, era imprescriptible. Como puede observarse el sistema que adopta sobre el particular el código vigente, en el precepto que se comenta difiere radicalmente del anterior. El actual es un sistema menos rígido, conforme al cual la ley dispondrá, atendiendo a los intereses que se presenten, en qué casos se pronunciará en contra del acto de objeto ilícito en grado mayor o menor de nulidad. [271]

ARTS. 2225 s 2226

1.11111.0 (12.-111TO

La disposición contenida en este articulo, como la anterior que concierne a la categoría de los actos inexistentes, marcan la línea que en materia de invalidez de los actos jurídicos, adopta el CC vigente en el DF, en lo cual se percibe la influencia de las ideas de Bonnecase, Conforme a lo dispuesto por el artículo en comentario, para conocer si un acto cuyo objeto, motivo o condición son ilícitos está afectado de nulidad absoluta o relativa, nos remitimos a lo dispuesto en los aa. 2226 y 2227 y sus comentarios, los cuales serán indispensable complemento de lo que aquí se expone. Conviene por ahora citar la opinión de Bonnecase en lo que se refiere a que no debe establecerse una distinción tajante, ni ha de considerarse en el tratamiento de este tema, que existe oposición entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Así afirma este autor: Ya hemos establecido precedentemente que las nulidades absolutas y las nulidades relativas no tienen un origen diferente, porque unas procedan de la violación de una norma de interés público y las otras de una violación a la ley de interés privado; es un error distinguir las nulidades de interés público y las de interés privado. Todas las leyes son de interés público y de allí se deriva la consecuencia que las nulidades también lo sean. Sólo que la noción de nulidad, puede ser aplicada por el legislador más o menos severamente según los casos, porque precisamente depende de él según las condiciones del momento y conforme a las necesidades de orden social decretar una u otra nulidad... Aceptamos la noción de nulidad absoluta, como lo enseña la escuela clásica... Este punto de partida nos conduce a ubicar en la categoría de las nulidades relativas, ciertas nulidades conocidas tradicionalmente como nulidades absolutas y de esta manera evitamos su evidente contradicción o una explicación arbitraria. Bonnecase, Julián, .S"uplément al Traité Théorique et Pratique de Droit Civil. par G. Baudry Lacantinerie, Recueil Sirey. Paris, 1926, tome Troisiéme, núm. 107, p. 206. 1.G.Ci. ARTÍCULO 2226. La

nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. [272]

MITS. 22211 y U27

TrtviLo iiirroicArrruto rv

Este precepto es el punto de referencia para conocer cuándo un acto que tiene un objeto, motivo o condición ilícita está afectado de nulidad absoluta o de nulidad relativa, pues el criterio que ofrece este precepto legal es el de las características que debe reunir la nulidad para ser absoluta, a saber: que no desaparece por confirmación o por prescripción y que puede hacerse valer por todo aquel que tenga interés en que el acto no produzca efectos. La ley no reserva el ejercicio de la acción en favor de ciertas y determinadas personas. En todo evento, la nulidad no impide que el acto produzca efectos mientras no se pronuncie una sentencia que declare su invalidez. Esta disposición indica claramente que la nulidad absoluta, si es decretada en una sentencia judicial por juez competente, podrá invalidar retroactivamente el acto, por lo cual, aquellos efectos que se hubieren producido, serán provisionales, mientras la sentencia no declare que deben desaparecer. Por otra parte, para privar de efectos al acto viciado de nulidad absoluta, será necesaria la intervención judicial y que la invalidez se declare en una sentencia pronunciada por juez competente, en ello radica otra de las importantes modificaciones a la corriente doctrinal y jurisprudencial que prevalecía influida por la doctrina clásica. Conforme a ella, la nulidad de un acto que deriva de la ilicitud de su objeto operaba de pleno derecho y no necesitaba ser declarada por el juez; y no se requería el ejercicio de una acción judicial para obtener una sentencia declarativa de la nulidad. El juez se limitaba a reconocer cuando era necesario, la existencia de esa causa de nulidad que operaba sin más por ministerio de la Ley. (Véase el comentario al a. 2229). I.G.G. ARTÍCULO 2227. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los

caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efec-

tos.

De acuerdo con el criterio establecido en el artículo anterior, conforme al cual el acto viciado de nulidad absoluta debe reunir las características que dicho precepto legal establece, la nulidad relativa se caracteriza porque no presenta todos los datos que distinguen a la nulidad absoluta. De manera que la falta de cualquiera de ellos hace que la nulidad sea relativa. Una coherente interpretación de los tres artículos anteriores yen presencia de lo dispuesto por el que es materia de este comentario, nos permite concluir que la nota que distingue la nulidad absoluta de la relativa, no se halla en la causa que da origen a una u otra invalidez, sino al número de personas que pueden hacer valer la acción de nulidad, ni depende de la naturaleza pública o privada del interés protegido por medio de la nulidad, antes bien, la diferencia radica en la

[273]

ART. 2227

LIBRO CUARTO

concurrencia o no de las características que presente la acción de nulidad, y esto es lo que constituye el dato verdaderamente distintivo entre una y otra especie de nulidad. En el precepto materia de esta nota, viene a encontrarse cabal explicación a la norma del a. 2225 cuando dispone que en algunos casos "según lo disponga la ley", la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto producirá la nulidad absoluta, y en otros, tendrá lugar la nulidad relativa, ya sea que la invalidez del acto reúna todos o sólo alguno o algunos de los caracteres propios de una u otra nulidad. Siguiendo la línea de esta perspectiva y de acuerdo con el punto de vista de Bonnecase inspirador del sistema adoptado en la materia por nuestro código, podemos observar que frente a la categoría de las inexistencias se coloca la nulidad de los actos jurídicos y que ésta comprende la nulidad absoluta y la relativa. Entre ellas existe sólo una diferencia de grado y no de esencia, pues ambas han sido establecidas como una sanción que priva de validez a los actos que carecen de alguno de los requisitos que la ley ha establecido como necesarios para su eficacia jurídica. En ciertos casos, la ley establece una mayor gravedad en la sanción que decreta para privar de efectos al acto nulo. Raúl Ortiz Urquidi en relación con lo dispuesto en el artículo que se comenta afirma que: En razón de la postura del código concerniente a que no se requiere que la nulidad, para ser relativa, reúna las tres características que señala la teoría clásica.., es como podemos entender, con mediana claridad el contenido del artículo 2225 antes transcrito, conforme al cual la ilicitud tanto es causa de nulidad relativa, cuanto es causa de nulidad absoluta; pues si (ella), la ilicitud existe, y la nulidad puede hacerla valer cualquier interesado y además es imprescriptible y no puede convalidarse, por descontado que dicha nulidad es absoluta; pero si la ilicitud es la causa y la nulidad es prescriptible o es convalidable o puede hacerla valer únicamente la persona a cuyo favor la establece la ley, entonces, no obstante dicha ilicitud, la nulidad es relativa. (Ortiz Urquidi, Raúl, Derecho civil. Parte general, México, Porrúa, 1977, p. 558). Dispone el precepto que la nulidad relativa siempre permite que el acto produzca sus efectos, así sea de una manera provisional. Debe observarse que de la redacción misma del precepto en cotejo con el texto literal del artículo anterior, se observa que, en el dispositivo que comentamos no se ordena que los efectos producidos deban necesariamente ser destruidos por el juez en la sentencia que declara la invalidez. De allí podemos concluir que si el acto viciado de nulidad absoluta no debe producir ningún efecto, los que haya producido serán destruidos retroactivamente por la sentencia que declare tal nulidad; en cambio, los efectos del acto incluso en nulidad relativa, siguiendo a Lutzesco, la máxima romana quod nullum est nullum producit effectum sólo tiene plena validez, [274]

TITULO SEXTO/CAPMMO,

rv



2227 y 2228

en tanto el acto no entra en contacto con la realidad de las cosas; pero en esta ocasión existe también la regla que hemos aplicado igualmente a las nulidades absolutas, de que el acto anulable produce todos sus efectos, en tanto no haya intervenido una resolución judicial, lo que hace que de ordinario, el acto anulable se presente ante el juez bajo el aspecto de ejecución. Ahora bien, una vez ejecutadol las situaciones adquiridas vendrán a agregarse, para modificar o destruir la eficacia de la máxima romana. (Lutzesco, Georges, Teoría y práctica de las nulidades. Trad. de Romero Sánchez, Manuel y López de la Cerda, Julio, México, Porrúa, 1945, p. 353). I.G.G. ARTÍCULO 2228. La

falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo.

En este artículo el legislador señala de una manera expresa en qué casos, de acuerdo con la teoría clásica y tradicional de las nulidades, se produce la nulidad relativa de los actos, que carecen de las formalidades que la ley establece, siempre que no se trate de actos solemnes en los que la invalidez, como ya se dijo en el comentario al a. 2224 se produce por la vía de la inexistencia, a saber: por vicio de la voluntad, por lesión o cuando el acto ha sido otorgado por un incapaz. La declaración contenida en el precepto que se comenta podría parecer superflua, ya que en los aa. 2229 y 2237, el legislador se ocupa de disponer qué personas y en qué casos pueden hacer valer la nulidad; cuáles son los plazos de prescripción de la acción respectiva y cuándo existe la posibilidad de convalidar el acto por medio de confirmación o ratificación, con lo cual queda establecido que en los supuestos previstos en el artículo en comentario, la nulidad es relativa. Sin embargo, parece acertada la técnica legislativa adoptada en el código, primeramente, porque a través de ella aparece estructurado en forma sistemática rigurosa y clara, el tratamiento normativo que es aplicable en nuestro derecho positivo a los casos de invalidez previstos en el texto que es materia de esta nota. Son aquéllos los casos que en la práctica con mayor frecuencia dan lugar a juicios de nulidad. Por ello, en el sistema del código, es conveniente despúes de enunciar las características de las dos acciones de nulidad y sus efectos, disponer en este precepto la acción de nulidad relativa para los casos expresamente señalados.

[275]

ART. 2225

LIBRO CUARTO

La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados.

ARTÍCULO 2229.

En la disposición que contiene este precepto encontramos una norma relativa a la legitimación para impugnar la validez de un negocio jurídico que fue concluido con omisión de las formalidades que la ley establece. Los interesados para ejercer la acción, serán las partes y sus causahabientes y aquellos terceros a quienes el acto o la ejecución del mismo, les cause algún perjuicio. Hasta allí el precepto se refiere a la legitimado ad causan:. En cuanto a la legitimación para oponer la excepción de nulidad del documento base de la acción en que se pretenda exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un acto nulo, el precepto se refiere a la defensa procesal que puede hacer valer el demandado para impedir el pronunciamiento de una sentencia condenatoria en su contra con base en un acto que carece de las formalidades necesarias. En este supuesto (la nulidad como excepción) la sentencia declarará que el actor carece de acción en contra del demandado porque el acto en que pretende fundarse, es nulo por falta de formalidades y por lo tanto no produce efectos obligatorios en contra del demandado. Adviértase que en ese caso la sentencia habrá de referirse únicamente a la absolución del demandado frente a la pretensión del actor, que es propiamente la materia del juicio indicado. En este sentido, es de aplicación el principio enunciado por Paulo (C. 2, 3, 20; Paulo. Sent, 2, ¡4, 1): Nuda pactio obligationem non parit sed pan! exceptionem. Ulpiano 1,7, 4 Digesto de pactis 2, 14). Los simples pactos (desprovistos de formalidades) no engendran obligación, pero producen excepción. En los Anales de Jurisprudencia, índice general, 1980, Derecho civil, t. I, p. 442, aparece publicada la siguiente tesis jurisprudencial del TSJ del DF. Nulidad del acto jurídico — Sus efectos son válidos mientras no se decrete su nulidad.— No debe oponerse como excepción, sino ejercitarse la acción respectiva de declaración de nulidad.— Si bien es cierto que la nulidad es

una defensa que puede oponerse en cualquier tiempo porque implica la negación del derecho del actor, debe considerarse que el acto jurídico nulo no lo es mientras no sea así declarado y, en consecuencia, los efectos jurídicos del mismo son válidos en tanto no se decrete su nulidad. Ahora bien, y considerando que en los términos del articulo 2226 del Código Civil, todo interesado puede prevalerse de la nulidad absoluta de un acto jurídico, la invocación de dicha nulidad es, entonces, una acción que se da a cualquiera para que sea declarada. En conclusión, en presencia de un acto jurídico viciado de nulidad, cualquier interesado tiene acción para pedir que se haga esa declaración y hecha que sea por autoridad competente, podrá oponerse como defensa en cualquier tiempo, respecto a los [276]

TITULO SEXTO/CAPITULO ht

ARTS. 2229 y 2230

efectos jurídicos que quieran atribuirse al acto jurídico declarado nulo, pero esto no quiere decir que ante un acto jurídico que no haya sido declarado nulo, pueda algún interesado negar sus efectos oponiendo una pretendida excepción de nulidad para la que no se ha ejercitado la acción respectiva de su declaración. (S.IF, quinta época, t. 88, p. 181). Queremos decir que la nulidad del acto y la destrucción retroactiva de sus efectos, en los casos en que proceda, deberá ser decretada en una sentencia, y como consecuencia del ejercicio de la acción de nulidad que se haga valer en la demanda que formule el actor (acción de nulidad) o en la contrademanda que presente el reo y no por la vía de excepción, pues el precepto en comentario, en nuestra opinión se refiere en este segundo caso, a la legitimación procesal al disponer que el demandado podrá oponer la excepción de nulidad para destruir la acción de pago que ejercite el actor con base en una obligación nula. I.G.G. ARTÍCULO 2230. La nulidad por causa de error, dolo, violencia,

lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz. La omisión de las formalidades que debe revestir el acto, que da lugar a su nulidad, es un vicio objetivo si aparece en el acto mismo, puesto que alude a la forma defectuosa en que ha sido declarada la voluntad. No ocurre lo mismo con las causas de nulidad a que se refiere el precepto que comentamos: todas ellas vician la voluntad en cuanto la distorsionan ya sea porque inciden sobre la concepción que el sujeto tiene del negocio como ocurre en el caso del error, el dolo o la incapacidad o recaen sobre la libertad del sujeto para determinar la conclusión del negocio (violencia o lesión). En todos estos casos, el hecho que da origen a la nulidad, actúa sobre el ánimo del sujeto de la relación, y no directamente sobre el acto. Debido a ello, el ejercicio de la acción, sólo corresponde a aquella de las partes que es el incapaz o cuya voluntad está viciada en el momento de la celebración del acto o ha sufrido la lesión. La nulidad, en las hipótesis previstas en este artículo, priva de efectos a un acto con el fin de proteger el interés de aquella de las partes que sufre algún detrimento y por ello la acción de nulidad sólo puede hacerla valer el incapaz (por medio de su representante), el que padeció el error, fue la víctima de las maniobras engañosas o resintió alguna lesión en su patrimonio como consecuencia de la celebración del acto, por su inexperiencia, ignorancia o miseria. I.G.G. [277]

AlITS. 2231 y 2232



LIBRO COARTO

ARTÍCULO 2231. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma

establecida por la ley, se extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida. El acto que carece de las formalidades que establece la ley puede adquirir plena validez mediante la confirmación. Este artículo forma parte de un conjunto de preceptos que establecen diversas formas de convalidación de los actos nulos. El que es objeto de este comentario se refiere propiamente a la ratificación del acto que es un medio a través del cual, las partes o el autor del mismo, declaran con las formalidades que antes omitieron que ratifican el acto que habían otorgado. La ratificación es una expresa declaración de voluntad dirigida a dar validez al acto nulo que carece de las formalidades que la ley exige. La confirmación en cambio puede tener lugar en forma tácita, es decir, por hechos o actos que ejecuten las partes y que razonablemente autoricen a presumir la voluntad de aceptar el acto y sus consecuencias. (Véase a. 1803). El a. 2234, llama "ratificación" a ciertos actos que como el pago y la novación (conversión), son actos que confirman lo que es el acto nulo por falta de forma. 1sta distinción que no es sólo teórica, deberá tenerse presente a propósito del comentario al a. 2232. I.G.G ARTÍCULO 2232. Cuando la falta de forma produzca nulidad del

acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley. La norma que contiene este artículo postula un principio básico no sólo en la doctrina de las nulidades sino también en cuanto se relaciona con el fundamento mismo de la teoría de las obligaciones y de los contratos: la buena fe en que descansan las relaciones jurídicas y que constituyen su presupuesto necesario y el que establece que los contratos se perfeccionan por el sólo consentimiento de las partes; es decir que su fuerza obligatoria depende antes que de las formalidades, de aquello en que los autores del acto convinieron o quisieron quedar obligados. Estos dos principios se encuentran consagrados expresamente en los aa. 1796 y 1832 del código en comentario. El primero de ellos establece que el mero consentimiento de las partes cuando no se trate de actos formales, es bastante para obligar, no sólo a lo expresamente pactado sino a todas las consecuencias que sean conformes a la naturaleza del acto, a la buena fe, al uso o a la ley. A su [278]

rrrmo sweroicArrruLe IV

ARTS. 2332 y 2233

vez y con mayor énfasis el segundo de los preceptos legales mencionados, dispone que en los contratos civiles (actos) las partes se obligan en la manera y términos en que aparezca que quisieron obligarse y que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, la validez del acto no depende de formalidades determinadas. El a. 1833 por su parte dispone, que mientras un contrato no revista la formalidad que exige la ley, no será válido; pero si consta de manera fehaciente Ja voluntad de las partes para celebrarlo, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Como puede verse, el precepto que se comenta y el que se acaba de transcribir tienen igual contenido normativo, por lo que los comentarios al anterior dispositivo deben tenerse por reproducidos aquí. Debemos agregar que la nulidad que proviene de la falta de formalidades del acto, tiene una naturaleza especial porque a pesar de que el a. 1833 que se ha citado, dispone que el acto desprovisto de la forma que la ley establece es inválido, se quiere decir que no producirá efecto legal alguno. El mismo dispositivo, inmediatamente de hacer tan categórica afirmación, permite que el acto produzca el efecto (ciertamente secundario) de que pese a que se trata de un acto inválido, no lo será tanto como para carecer de fuerza de obligar a las partes a otorgarlo con las formalidades omitidas, si la voluntad integradora del acto consta de una manera indubitable. Al respecto, el artículo que comentamos supera en su redacción y también en su sindéresis jurídica al a. 1833, puesto que en el a. 2232, el legislador se ocupó de dotar al acto de la fuerza jurídica necesaria para obligar a los otorgantes a revestir la forma prescrita por la ley, en armonía con los principios de la buena fe y de la fuerza vi nculatoria de la voluntad cuando ha sido declarada aunque de manera defectuosa, pero conocida ciertamente por los que han intervenido en el acto. I.G.G.

ARTÍCULO 2233. Cuando el contrato es nulo por incapacidad,

violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación. Los actos celebrados por un incapaz o por quien lo ha otorgado mediante violencia o error, son susceptibles de revalidación, ya sea por ratificación o por hechos que sean suficientes para tener por confirmado el acto nulo. Se requiere que la revalidación se efectúe cuando haya cesado la causa de invalidación.

La posibilidad de confirmación del acto nulo en los supuestos previstos en este artículo, queda excluida cuando se trata de una nulidad procedente de dolo. En este supuesto, el acto no puede ser confirmado por actos que autoricen a [279}

ARTS. 2233, 2234

•

2233

LIBRO CUARTO

presumir que ha desaparecido el error provocado por medio de las manipulaciones dolosas, pues aunque dicho error hubiere desaparecido, el dolo se consumó al quedar celebrado el acto y la parte se aprovechó de aquél, en el momento de la conclusión del acto, al obtener, mediante tales manipulaciones la celebración del contrato que de otra manera no habría sido posible, porque la víctima del engaño no habría consentido en contratar. Los actos de ejecución de la obligación o su conversión, una vez que éste ha sido celebrado, no modifican la situación reprobable en que se celebró el acto. No ocurre lo mismo en lo que se refiere a la incapacidad, al error o la violencia, que se prolongan en el tiempo y pueden desaparecer con posterioridad, por lo que admiten la confirmación del acto por medio de otros actos llamados de ejecución realizados cuando ha cesado la causa de incapacidad o cuando han desaparecido aquellos vicios de la voluntad. I.G.G.

ARTICULO 2234. El cumplimiento voluntario por medio del pago,

novación, o por cualquier otro modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. El precepto denomina "ratificación tácita" al pago o cumplimiento voluntario de la obligación y a cualesquiera otrds actos que lleven a la conclusión cierta de que la parte que puede ejercer la acción de nulidad, manifiesta a través de estos actos su voluntad de confirmar el negocio nulo. Primeramente surge la cuestión de saber si frente a lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier acto viciado de nulidad relativa es susceptible de valer por "ratificación tácita". Concluimos que sólo los actos a que se refiere el a. 2233 pueden ser convalidados por medio de confirmación o ratificación tácita. Habría que excluir aquellos en los que la voluntad de una de las partes ha sido arrancada por dolo. Será necesario enseguida, tener presente que la confirmación puede convalidar el acto nulo, si los actos que autorizan fundadamente a inferir la voluntad, y que otorgan validez al acto, se realizan después de que ha cesado la causa que dio origen a la nulidad. (Véase el comentario al a. 2233). I.G.G.

La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero.

ARTICULO 2235.

12801

TITULO

srwroicArrrtaz

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TV

2235 y 2236

La convalidación que comprende las hipótesis denominadas ratificación expresa y tácita, permite que los efectos provisionales del acto, adquieran fuerza de

definitivos y por lo tanto que el negocio nulo quede válido desde su origen. Es dificil imaginar el caso en que los efectos retroactivos de la confirmación de un acto nulo perjudiquen los derechos de los terceros. Si éstos conocían la causa de nulidad y se han abstenido de adquirir derechos con base en el acto cuya validez está en duda, no se ve cómo puedan aquéllos sufrir perjuicio alguno; menos aún, si su derecho depende de la validez del acto, cuando la nulidad desaparece por virtud de la confirmación. Parece claro que la confirmación no retrotrae sus efectos al día en que se

verificó el acto. Lo que ocurre es que la confirmación no puede sino actuar sobre el acto nulo en la fecha en que éste se celebró, como no podía ser de otra manera. Es una consecuencia de la voluntad de las partes, que el acto adquiera validez y si ello es así, los efectos provisionales que ha venido produciendo se tornan definitivos, a partir del día de su celebración.

La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en los plazos establecidos en el artículo 638. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el error fue conocido.

ARTÍCULO 2236.

Contiene este artículo, una remisión al a. 638 en cuanto al plazo de la prescripción de la acción de nulidad por incapacidad o error. El artículo al que reenvía la disposición que se anota, a su vez establece que la

acción para pedir la nulidad, prescribe en los términos en que lo hacen las acciones personales o reales según la naturaleza del acto cuya nulidad se pretende. Los aa. 1158 a 1164, fijan plazos distintos para la prescripción de las obligaciones a que los mismos se refieren. Cuando se trata de nulidad del acto proveniente de error, el plazo de la prescripción es de sesenta días contados a partir de la fecha en que el error fue conocido, siempre que no haya transcurrido el plazo que para la prescripción fijan los preceptos citados. Debe entenderse que el término de la prescripción de la acción de nulidad caduca si ha habido confirmación o ratificación del acto nulo y que aun después de vencido el término, se extingue la acción de nulidad por renuncia expresa o tácita, como ha quedado dicho en los comentarios a los preceptos anteriores. I.G.G. [281]

MITS. 2237 y 2238

LIBRO CUARTO

ARTÍCULO 2237. La acción para pedir la nulidad de un contrato

hecho por violencia, prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento. En este artículo se fija el plazo de seis meses para la prescripción de la acción de nulidad proveniente de violencia, contados a partir del día en que ha cesado ese vicio de la voluntad. De la interpretación sistemática de los tres preceptos últimamente comentados, se desprende que la prescripción que toma su origen del error o de la violencia, tienen plazo breve (dos y seis meses respectivamente) en tanto que la nulidad por incapacidad, por dolo o por falta de formalidades, prescriben un plazo más largo, ya sea de diez, de cinco o de dos años según la naturaleza de las obligaciones que se originen del acto. (Véase el comentario al artículo anterior). Por otra parte, en opinión de Gutiérrez y González, la prescripción extingue la acción para demandar el pago, sólo cuando se hace valer ante la autoridad judicial y es declarada en una sentencia. (Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las obligaciones, Puebla, Cajica, 1961, p. 797). I.G.G. ARTÍCULO 2238. El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es

totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera. La nulidad es una sanción que el derecho objetivo establece privando de efectos a aquellos actos que se han formado en contravención a lo dispuesto por la norma que debe regirlos. Hay casos en los que un acto jurídico puede ser contrario al derecho, sólo en parte y en otro aspecto puede haberse formado válidamente. En este supuesto y teniendo en cuenta el principio de que el intérprete debe buscar siempre que el acto sea válido y que lo útil no debe ser viciado por lo inútil, cuando algunas de las cláusulas pueden producir efectos independientemente de las que fueren nulas, no deberá decretarse la invalidez de la totalidad del acto, sino sólo parcialmente, excepto cuando aparezca del acto mismo que la voluntad de las partes fue que éste subsistiera en su integridad. El problema suele presentarse con mayor frecuencia, cuando se trata de la nulidad de una o varias cláusulas de un negocio jurídico, que en su conjunto no es contrario a la ley y por lo tanto no es inválido. Es el caso de la nulidad parcial que afecta a ciertos negocios jurídicos, como ocurre en los casos en que la ley dispone la nulidad de una determinada estipulación o que tal o cual cláusula se [282]

TrruLo MITO/CAPITULO IV

ARTS. 2238 y 2239

tenga por no puesta, sin afectar con ello la validez del negocio (Véase Ruiz Serramalera, Ricardo, Lecciones de derecho civil. El negocio jurídico. Madrid, edición mimeográfica, 1977, p. 349).

I.G.G. ARTICULO 2239. La anulación del acto obliga a las partes a resti-

tuirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. La sentencia que declara la nulidad, tiene efectos restitutorios. En ella debe ordenarse la devolución de lo percibido por las partes, puesto que el acto inválido en principio no puede producir efectos y los que haya producido antes de la declaración de nulidad, por regla general, serán destruidos retroactivamente (aa. 2226 y 2227); en consecuencia las prestaciones recíprocas entre las partes, no tienen una causa jurídica que les sirva de fundamento y, por lo tanto, lo que se recibió debe ser restituido a quien lo entregó. En el efecto restitutorio, coinciden la nulidad y la rescisión, a pesar de que conforme a la tradición romana se establece una distinción entre ambas acciones, pues sólo son rescindibles las obligaciones válidas y anulables, las obligaciones privadas-de validez. Esta distinción que hacían los juristas romanos y que García Goyena califica de una verdadera sutileza (véase Concordancia, motivos y comentarios del código civil español. Zaragoza, 1974, reimpresión de la edición de Madrid, 1852, p. 618), tenía su fundamento en la división en contratos de derecho estricto que eran los únicos que podían ser anulados cuando carecían de alguno de los requisitos formales que el derecho exigía para su perfeccionamiento y contratos de buena fe, en los que procedía la rescisión y no la nulidad. Pero en ambos supuestos la consecuencia era la misma: la restitución de lo que las partes se hablan entregado recíprocamente con motivo del contrato anulado o rescindido. La Tercera Sala de la SCJN en el informe de 1983, segunda parte, ha sustentado la siguiente tesis: Nulidad del contrato, efectos de la (legislación civil del estado de Durango).

La restitución mutua de lo recibido o percibido a virtud del acto, cuando éste se declara nulo, de acuerdo con el artículo 2120 del Código Civil para el Estado de Durango, no es sino un lógico efecto de la anulación del mismo, y corno tal el juzgador tiene la obligación de hacer el correspondiente pronunciamiento, ya sea que las partes lo hayan reclamado o no; parlo que el Tribunal de Alzada si al confirmar la sentencia del juez a-quo, que declaró is nulidad del contrato, encuentra que fue omisa en cuanto a la restitución mutua de lo recibido o percibido a virtud del acto anulado, y [283]

AHTS. 2231), 2240 y 2241

L114110 C ARTO

consecuentemente decreta tal condena, obra legalmente, pues acata lo ordenado por tal artículo. I.G.G. ARTÍCULO 2240. Si el acto fuere bilateral y las obligaciones corre-

lativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí. Contiene este artículo una regla particular, aplicable a la restitución de las prestaciones recíprocas que se efectúan en dinero o en cosas productivas de frutos. En la hipótesis a que se refiere el precepto, la declaratoria de nulidad produce un doble efecto: a) deja subsistentes los efectos que ha producido el acto recíprocamente entre las partes, los cuales quedan convalidados y compensadas las prestaciones de dinero o en frutos que han intercambiado entre ellas; es decir que las prestaciones percibidas por las partes quedan firmes hasta el día de la presentación de la demanda a pesar de la sentencia de nulidad; y b) el efecto restitutorio de la nulidad se produce únicamente a partir del día de la presentación de la demanda de nulidad. La reciprocidad de las prestaciones en los contratos bilaterales y la economía procesal explica la razón de la compensación que establece este artículo. A partir de la presentación de la demanda, no procede la compensación, porque ese acto procesal tiene efectos de interpelación respecto del demandado. En cuanto al actor, debe entenderse que por el ejercicio de la acción de nulidad, el acto cuya ineficacia se invoca queda privado de efectos; por lo tanto, al quedar sub judice su validez, la situación que prevalecía hasta entonces, sufre un cambio: las partes tienen conocimiento cierto de que la fuerza obligatoria del acto puede quedar extinguida definitivamente, si la sentencia que se pronuncie, declara su nulidad y por lo tanto, las partes deberán restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido por efecto del acto nulo. I. G.G. ARTÍCULO 2241. Mientras que uno de los contratantes no cumpla

con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su parte. [284j

TITULO SEXTO/CAPITULO EY

ARTS. 2241 y 2242

El texto del precepto en comentario está tomado literalmente del a. 1195 del Proyecto de García Goyena y en la nota respectiva este autor se expresa así: (el precepto) "guarda conformidad con el párrafo penúltimo al artículo 1007: ve las leyes allí citadas: según ellas, en ningún contrato bilateral u obligación recíproca el que no cumple la suya, no puede exigir el cumplimiento del otro contrayente: lo mismo debe observarse en las sentencias". El penúltimo párrafo del a. 1007 que cita este autor español, a la letra dice: "En las obligaciones recíprocas ninguno de los contratantes incurre en mora, si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente la obligación que le es respectiva". El contratante, que como consecuencia de la sentencia de nulidad fuere requerido para devolver la cosa que recibió por efecto del ácto nulo, sin que la otra parte cumpla por su parte con la restitución de lo que a su vez hubiere percibido, podrá oponer la excepción de que no puede ser compelido al cumplimiento de la obligación que le incumbe, en virtud de la reciprocidad de la obligación de restituir que es consecuencia de las obligaciones bilaterales y que el articulo materia de esta glosa corrobora en la norma que enuncia, por tratarse de la nulidad de las obligaciones sinalagmáticas. I.G.G.

Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietario de él en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe.

ARTÍCULO 2242.

Conforme a esta disposición, que no tiene antecedentes en los códigos de 1870 y 1884, los derechos reales o personales sobre inmuebles que adquieren los terceros por virtud del acto anulado, quedarán sin efecto; y el titular de la acción de nulidad puede reclamar de aquél que no pudiendo haber adquirido tales derechos es poseedor de los mismos, observándose las disposiciones aplicables a los adquirentes de. buena fe (véanse los aa. 810 y 811). La redacción del precepto es oscura y se presta a interpretaciones diversas. Sin embargo, debe tenerse presente que el tercero no pudo adquirir la propiedad de la cosa o la titularidad de los derechos con base en un título nulo. Es claro que el efecto de la sentencia que declare la nulidad es dejar sin ningún valor ese acto translativo de dominio o de transmisión de derechos personales. Para ello es necesario que el actual poseedor sea parte en el juicio de nulidad o en un juicio plenario de posesión, que se intentaría con apoyo en la sentencia de [285]

SliTh. 22-12

1.1111,10 1:1:ANTO

nulidad del acto de donde proceden los derechos que ostenta el tercero demandado. En la mayoría de los casos y por razones de economía procesal, el tercero adquirente debe ser emplazado al juicio de nulidad que se siga en contra de quien éste pretendió adquirir el derecho en disputa. Aparentemente la norma que contiene esta disposición (que podía haber sido suprimida sin detrimento del sistema acogido por el código), se inspira en las ideas de Lutzesco, quien se expresa así: En este caso se trata de los causa-habientes a titulo particular, es decir, de las personas que hayan recibido un bien o un derecho de una de las partes en el acto nulo. El valor de sus derechos estará pues necesariamente vinculado al del derecho de la persona de quien lo ha adquirido. De todas maneras, su extensión no podrá ser mayor que la del derecho del primer adquirente: Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet.

(Lutzesco, George, Teoría de las nulidades, Trad. de Sánchez Romero M. y López de la Cerda Julio, México, Porrúa, 1945, p. 298). La acción de reclamación contra el tercero adquirente deberá intentarse dentro del plazo de la prescripción. I.G.G.

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