Libertad de conciencia, neutralidad del estado y principio de laicidad (un estudio constitucional comparado).pdf 9788477871699

Citation preview

ANA VALERO HEREDIA

Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad (Un estudio Constitucional Comparado) 2008

ANA VALERO HEREDIA

Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad (Un Estudio Constitucional Comparado)

2008

ANA VALERO HEREDIA

Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad (Un Estudio Constitucional Comparado)

Edita Ministerio de Justicia Secretaría General Técnica. NIPO 051-08-002-3 ISBN 978-84-7787-169-9 Depósito legal M-4314-2008 Imprime Artegraf. S.A. Sebastián Gómez, 5 28026. Madrid

A Néstor Mir, por la estación compartida

ÍNDICE

PRÓLOGO

11

ABREVIATURAS UTILIZADAS

15

INTRODUCCIÓN

17

CAPÍTULO PRIMERO: LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. I.

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA: SUSTRATO ONTOLÓGICO DE LAS LIBERTADES IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA 23 1.1. La libertad de conciencia: derecho matriz anclado en el artículo 16.1 de la Constitución española 23 1.2. La libertad de conciencia en la jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo 33 1.3. La libertad de conciencia en el Derecho Constitucional Comparado 43

a) La libertad de conciencia en el Derecho Constitucional estadounidense 43 b) La libertad de conciencia en el Derecho Constitucional italiano 51 c) La libertad de conciencia en el Derecho Constitucional francés 57 d) La libertad de conciencia en el Derecho Constitucional alemán 59 II. LA DOBLE DIMENSIÓN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 63 2.1. El carácter bidimensional de la libertad de conciencia: de la intangibilidad de la dimensión interna del derecho a la limitabilidad de su dimensión externa 63 2.2. El carácter bidimensional de la libertad de conciencia en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Derecho Constitucional Comparado 74 a) La doble dimensión de la libertad de conciencia en la doctrina de los órganos de Estrasburgo 74 b) La doble dimensión de la libertad de conciencia en el Derecho Constitucional Comparado 79

2.3. La vertiente negativa del derecho: faceta de su dimensión externa 91 CAPÍTULO SEGUNDO: LA LIBERTAD DE CONCIENCIA INDIVIDUAL COMO FUNDAMENTO DE UNA “CONCIENCIA COLECTIVA LIBRE”. I.

EL PRINCIPIO PLURALISTA Y LA NEUTRALIDAD DEL ESTADO: MARCO IMPRESCINDIBLE PARA LA EFECTIVIDAD DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 105 1.1. El principio pluralista: “emanación” de la tutela efectiva de la libertad de conciencia 105 1.2. El principio de neutralidad del Estado: “presupuesto” de la tutela efectiva de la libertad de conciencia 112

II. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA: ELEMENTO ESENCIAL DE LA “DIGNIDAD” DE LA PERSONA, FUNDAMENTO DEL “LIBRE DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD” Y GARANTÍA DE UNA “CONCIENCIA COLECTIVA LIBRE” 119 CAPÍTULO TERCERO: EL PRINCIPIO DE LAICIDAD Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA “RELIGIOSA”: UN BINOMIO INESCINDIBLE. I.

BREVE MIRADA AL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LAICIDAD COMO PRINCIPIO INTRÍNSECAMENTE LIGADO A LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA RELIGIOSA: DE LA “LAICIDAD ESTRICTA” A LA “LAICIDAD ABIERTA, ACTIVA O POSITIVA” 126

II. ELEMENTOS CONFORMADORES DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD 132 2.1. El principio de laicidad en el Derecho Constitucional Comparado 133 a)

El principio de laicidad en el ordenamiento jurídico italiano: una “laicità di servizio” en un régimen de “pluralismo religioso e culturale” 133

b)

El principio de laicidad en el ordenamiento jurídico francés: de la “neutralité negative” a la “neutralité positive” 140

c)

El principio de laicidad en el ordenamiento jurídico estadounidense: de la “strict separation” a la “accommodation of the free exercise” 146

d)

El principio de laicidad en el ordenamiento jurídico alemán: un modelo de “neutralidad abierta” 156

2.2. El principio de laicidad en el ordenamiento jurídico español: un modelo de “laicidad positiva” 161 JURISPRUDENCIA CITADA

171

BIBLIOGRAFÍA CITADA

177

PRÓLOGO

Con sumo gusto cumplo la promesa que hice a la autora de escribir un breve prólogo para este volumen, que aborda con éxito el delicado tema de la libertad de conciencia. Creo un deber comenzar diciendo que he conocido a Ana Valero hace relativamente poco tiempo, cuando se encontraba ya en la fase final de la elaboración de su tesis doctoral. Ello quiere decir que no he tenido ninguna participación en su formación de postgrado, ni en la dirección de sus investigaciones de doctorado. No puedo, así, arrogarme mérito alguno en la culminación de un trabajo auténticamente excelente. Y lo siento. Este trabajo constituye una parte con sustantividad propia de la tesis doctoral que Ana Valero defendió en la Universidad de Valencia a comienzos del verano de 2007. Aquella tesis mereció la máxima calificación de una comisión cuyos miembros no pueden ser tenidos por complacientes. Tuve la suerte de ser miembro de la misma y, por ello, puedo asegurar que pocas veces he asistido a una discusión doctoral tan vivaz, sincera e interesante. A veces hay días, como sin duda lo fue aquél, en que lo que uno hace coincide extrañamente con la imagen ideal que uno mismo tiene de la profesión universitaria. Los lectores de este volumen apreciarán enseguida la sólida formación jurídica de la autora y –lo que es aún más importantesu particular sensibilidad para examinar cuestiones complejas y potencialmente polémicas, como son las inherentes a la libertad de conciencia. El derecho es una disciplina que, en contra de lo que muchos creen, exige largas horas de estudio. No es cierto que

12 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

sea suficiente familiarizarse con unas pocas nociones básicas, para luego sumergirse en una práctica que todo lo enseña. No, no es cierto. Pero, una vez dicho esto, es preciso recordar también que el estudio no basta para cultivar adecuadamente el derecho. Desde los romanos sabemos que es también imprescindible la prudencia. Y prudencia no es lo mismo que eclecticismo, ni mucho menos que temor reverencial a adoptar una posición propia. La prudencia es saber emplear la dosis de energía, mucha o poca, requerida por las circunstancias del caso; y, sobre todo, es no perder nunca de vista la realidad ni ignorar sus matices. Pues bien, Ana Valero es una jurista prudente, como puede comprobarse leyendo este trabajo. El campo de los derechos fundamentales, al que pertenece la libertad de conciencia, se ha convertido en los últimos años en el más frecuentado por las jóvenes generaciones de constitucionalistas, que se inician en el estudio de esta especialidad. Ello contrasta con lo que era usual hasta hace diez o quince años, cuando primaban otro tipo de temas, como los relativos a las fuentes del derecho o al Estado autonómico. No sé si se trata sólo de modas. No obstante, estoy convencido de que los derechos fundamentales son el capítulo del derecho constitucional que mejor destaca su especificidad frente a otras ramas del derecho; y ello por dos motivos: uno, que en materia de derechos fundamentales no somos tributarios de construcciones teóricas previas provenientes de otras disciplinas, como el derecho civil o el derecho administrativo; y otro, que los derechos fundamentales permiten al constitucionalista sentir que su especialidad tiene una verdadera dimensión práctica o, al menos, una dimensión práctica independiente de la lucha política que tiene lugar en las instituciones públicas. Los derechos fundamentales, en otras palabras, son aquella parte del derecho constitucional que más tiene que ver con la sociedad. Este trabajo es una muy buena muestra de lo que acabo de decir. Dentro de esa multitud de publicaciones sobre derechos fundamentales que caracteriza a estos tiempos hay, como en cualquier sitio, obras buenas, obras malas y obras simplemente regulares. Esta pertenece, sin reserva alguna, a la primera categoría. Me parece, en fin, que no es ocioso señalar algo más: la tesis doctoral de la que procede este volumen fue terminada en circunstancias particularmente difíciles. Su autora, por causas que no le eran imputables, perdió la vinculación contractual con su departamento

Prólogo l 13

de origen y se encontró sin el soporte económico necesario. A pesar de ello, no se rindió. Pero lo más admirable no es esto. Lo admirable es, más bien, que en un mundo tan fieramente localista como el de la universidad española tuviera el coraje de buscar mejor fortuna en otros lugares, aceptando incluso trabajos extra-académicos para poder concluir, a toda costa, su tesis doctoral y no quedar fuera de la carrera universitaria. Esta disposición a moverse y a asumir riesgos representa la mejor tradición académica, entre otras razones porque, incluso en la era de Internet, las ideas tienen una acusada tendencia a estar en la cabeza de las personas y a desplazarse con ellas. Sólo espero que el extraordinario esfuerzo realizado por Ana Valero no sea baldío. LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO. Madrid, enero de 2008.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

- ATC: Auto del Tribunal Constitucional; - BOE: Boletín Oficial del Estado; - CC: Código Civil; - CE: Constitución Española; - CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos; - DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos; - LOLR: Ley Orgánica de Libertad Religiosa; - LOPJM: Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor; - RER: Registro de Entidades Religiosas; - STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; - STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; - TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos; - VV.AA: Varios autores.

INTRODUCCIÓN

La promulgación de la Constitución española de 1978 supuso un cambio radical en las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en España mediante el reconocimiento de la neutralidad del Estado y la libertad de conciencia de los individuos y comunidades. Sin embargo, a día de hoy, cuando la Norma Suprema alcanza sus treinta años de vigencia, la determinación del alcance y contenido de los principios de laicidad del Estado y de libertad de conciencia sigue sin resultar una materia pacífica. Múltiples son los ejemplos prácticos con los que se puede ilustrar la controversia que genera la aplicación de los principios de laicidad y libertad de conciencia, no sólo en España, sino también en otros países del entorno: En primer lugar, cabría mencionar los conflictos derivados de la exhibición de simbología religiosa en el ámbito educativo, respecto de los cuales las respuestas adoptadas, bien por vía legislativa, bien por vía jurisprudencial, no siempre han alcanzado un mismo grado de consenso social. Ejemplo de ello sería, desde la perspectiva legislativa, la aprobación de la llamada “Ley de la laicidad” francesa, del año 2004, que, como es sabido, prohíbe el porte o exhibición de signos o prendas que manifiesten una pertenencia religiosa en las escuelas, colegios y liceos públicos. Desde una perspectiva jurisprudencial, son recientes los pronunciamientos del Tribunal Constitucional alemán o del Tribunal Federal suizo en torno a los conflictos jurídicos que suscita la presencia de símbolos religiosos en el ámbito educativo. Igualmente goza de actualidad el debate que, en torno a la presencia del crucifijo en los centros educativos

18 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

italianos, ha suscitado la adopción por parte de un Tribunal de L’Aquila de una medida cautelar que exigía la retirada de dicha imagen de las aulas de una escuela pública de primaria. Debe tenerse en cuenta, que el sustrato socio-cultural de los países en los que se ha activado un debate concerniente a estas cuestiones en sede legislativa o jurisdiccional se asemeja al español en la medida en que su principal característica es la creciente heterogeneidad étnica, cultural y religiosa de sus poblaciones, estrechamente ligada a la llegada de una cada vez más intensa inmigración de orientación religiosa distinta de la cristiana y a la proliferación de confesiones y grupos ideológicos y religiosos cuyos principios identitarios difieren de los tradicionalmente mayoritarios. La transformación del paisaje social tiene su fiel reflejo en el desarrollo de una intensa diversidad cultural en las aulas, lo que plantea nuevos retos al sistema educativo. Ante el repentino incremento del volumen de alumnos con lenguas, valores, culturas, religiones y costumbres muy diversas, el desafío de la integración educativa exige atender, entre otras cuestiones, a los problemas jurídicos que suscita la conciliación de las novedosas manifestaciones que derivan del ejercicio de la libertad de conciencia. Sin abandonar el ámbito educativo, procede reseñar otro género de conflictos de indudable actualidad, aquellos en los que se arguye el derecho de libertad de conciencia de padres o alumnos para justificar el incumplimiento de los imperativos derivados del deber de enseñanza básica obligatoria. Entre tal tipo de conflictos se encuentran los casos de objeción de conciencia de los alumnos a determinadas materias integradas en el currículo educativo o las prácticas de homeschooling o de absentismo escolar cuando las menores han alcanzado determinada edad. Supuestos dotados de una gran carga simbólica son asimismo aquellos relacionados con la participación de instituciones o autoridades públicas en actos dotados de un carácter inminentemente religioso o la participación de las Administraciones Publicas en entidades dependientes de las confesiones religiosas. Cabe plantearse, hasta qué punto dichas prácticas se ajustan a las exigencias del principio constitucional de laicidad. Ofrecer respuestas a las cuestiones planteadas excedería del objeto del presente trabajo, pues aventurarse en tal propósito requeriría llevar a cabo un estudio sistemático de las particula-

Introducción l 19

ridades de todas ellas y de los derechos fundamentales afectados. La vocación del libro que el lector tiene entre sus manos es más modesta pero no por ello menos necesaria habida cuenta que todo examen riguroso de las cuestiones descritas debe tomar por guía los principios de laicidad del Estado y de libertad de conciencia. Al análisis del significado y alcance de tales principios se destina la presente investigación y, para ello, tratarán de descifrarse las singularidades que los mismos revisten en el ordenamiento constitucional español y en el Derecho Comparado, sin desdeñar la pretensión de extraer parámetros generalizables.

CAPÍTULO PRIMERO: LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

I. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA: SUSTRATO ONTOLÓGICO DE LAS LIBERTADES IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA.

1.1. LA

LIBERTAD DE CONCIENCIA : DERECHO MATRIZ ANCLADO EN EL ARTÍCULO 16.1 DE LA C ONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

El artículo 16 de la Constitución española se divide en tres párrafos en los que se establece: a) el ámbito normativo del derecho o “tipo” iusfundamental, que prefigura el sector de la realidad objeto de la garantía: éste se encuentra conformado por un ámbito de libertad individual y colectivo sujeto a una reserva de limitación en su vertiente externa: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”; b) una prohibición dirigida a impedir injerencias abusivas en el reducto mínimo de la personalidad del individuo compuesto por su faceta ética o valorativa: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”; y c) un reconocimiento de la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa que se acompaña de la imposición a éstos de un deber de cooperar con las distintas confesiones religiosas: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Se observa cómo el párrafo primero del artículo 16 CE realiza un tratamiento paralelo de las libertades ideológica y religiosa –puesto que la libertad de culto queda claramente subsumida en

24 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

el objeto material de ésta última1-. Si bien es cierto que –a diferencia de lo que ocurre en otros textos constitucionales o internacionales que serán estudiados con posterioridad- la libertad de conciencia no se encuentra expresamente prevista como tal en la Constitución española2, no es menos cierto que la misma se halla implícitamente anclada en su artículo 16.1 en cuanto que presupuesto o sustrato ontológico de las libertades ideológica y religiosa. Así, en la génesis de estas dos libertades se encuentra la voluntad del constituyente de salvaguardar una esfera privada del individuo exenta de intromisiones externas a la que el ordenamiento otorga una protección plena. En dicha esfera individual se integran las ideas o creencias de la persona que conforman las convicciones más arraigadas en su foro interno y que, por tanto, son la base de su más trascendente autodeterminación personal y vital. De este modo, en la delimitación del objeto material protegido por la libertad de conciencia se insertan los imperativos derivados de las convicciones del individuo, sean éstas de índole religiosa o secular, que definen su propia identidad personal, como sujeto distinto y libre, y que determinan la orientación de sus conductas frente a sí mismo y frente a los demás. Esto significa que, en la medida que la libertad de conciencia se configura

1

La doctrina es unánime en señalar que la libertad de culto debe ser subsumida en el ámbito de protección de la libertad religiosa al tratarse de una manifestación de la misma. Por todos cabe destacar la observación realizada al respecto por J. MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO: “Si la libertad de culto es el ‘derecho a la práctica’ de las ceremonias públicas o privadas de una confesión religiosa, estamos ante un derecho comprendido en la libertad religiosa. De este modo, la libertad de culto no aparece como una libertad autónoma o distinta de la libertad religiosa sino como una de sus manifestaciones externas”. Véase en Constitución y libertad religiosa en España, Dykinson, Madrid, 2000, p. 293.

2

La libertad de conciencia aparece por primera vez expresamente reconocida como tal en la historia del constitucionalismo español en la Constitución española de la Segunda República de 1931, cuyo artículo 27 señala que “la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública”. La Constitución española de 1978 solamente utiliza el término “conciencia” en dos ocasiones: en el artículo 30.2 en que se reconoce la objeción de conciencia al servicio militar y en el artículo 20.1 d) en referencia al derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas.

La Libertad de Conciencia l 25

como la capacidad para percibir la propia identidad como sujeto singular y libre, percepción que luego determina la orientación de las conductas de dicho sujeto frente a sí mismo y frente a los demás, la “ideología” y la “religión” son el conjunto de ideas y creencias que resultan de dicha percepción3. Todo ello conduce a aseverar que la Constitución española consagra dos derechos fundamentales -la libertad ideológica y la libertad religiosa- que poseen un sustrato genérico o denominador común compuesto por el derecho de toda persona a conformar y a mantener sus propias convicciones, a manifestarlas externamente y a comportarse de acuerdo con las prescripciones de su código axiológico, con independencia de que éste posea un carácter subsumible en el ámbito de lo ideológico o de lo religioso. Sustrato común al que desde aquí se opta por designar con el nombre de “libertad de conciencia”4.

3

Confirma dichas afirmaciones J. A. XIOL RÍOS: “La libertad ideológica o libertad de conciencia”, en La libertad ideológica, Actas de las VI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 16.

4

Algunos autores utilizan el término “libertad de pensamiento” para referirse a dicho sustrato genérico o denominador común. Así, E. ESPÍN TEMPLADO emplea tal expresión para aludir “al derecho de toda persona a mantener en libertad sus ideas y convicciones y a manifestarlas externamente mediante la palabra o sus propios actos”: “Los derechos de la esfera personal” en VVAA: Derecho Constitucional, Vol. I, El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 222. Por su parte, F. J. DÍAZ REVORIO sostiene que “este genérico derecho fundamental tendría dos manifestaciones diferentes: la religiosa, relativa a las creencias trascendentes en torno a un ser supremo y a la existencia de otra vida más allá de ésta, y la ideológica, que englobaría todas las restantes opiniones sobre el hombre o la sociedad”. Véase la opinión del autor en “La libertad de ideología y religión”, Parlamento y Constitución, núm. 1, 1997, p. 204. Otra parte de la doctrina prefiere recurrir, en cambio, al término “libertad de creencias” para hacer alusión a dicha libertad genérica: J. DE ESTEBAN y P. J. GONZÁLEZ TREVIJANO SÁNCHEZ: Curso de Derecho Constitucional español, Volumen II, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1993, p. 49; J. MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO: Constitución y libertad religiosa en España, op. cit., p. 311, el cual habla de “libertad de creencias” o “de convicción”; y M. ALENDA SALINAS: “La libertad de creencias del menor y uso de signos de identidad religioso-culturales”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 2003, p. 194.

26 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

En el objeto material de dicho sustrato común de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 16.1 CE, no tienen cabida cualesquiera opiniones del individuo sino sólo aquellas ideas o creencias que ostentan el rango de auténticas convicciones5. Pues el ordenamiento jurídico prevé, en efecto, un distinto grado de protección en atención al elevado nivel de arraigo que ostentan

Partiendo asimismo de una concepción globalizadora del artículo 16.1 CE, J. M. CONTRERAS MAZARÍO señala que “con independencia de que se utilice el término ‘libertad de conciencia’, ‘libertad de pensamiento’, ‘libertad de ideas y creencias’ o ‘libertad religiosa’ en sentido amplio, en la génesis del artículo 16.1 CE se encuentra aquel derecho que garantiza la protección plena de cuantas posiciones personales puedan elegirse o adoptarse –incluida las relativas a un ser supremo–. Este precepto protege, al mismo tiempo, el ámbito de libertad necesario para formar la propia conciencia; para elegir o adoptar las propias ideas, creencias o convicciones, religiosas o no religiosas; para actuar conforme a aquéllas; y para no ser obligado a comportarse en su contra”. Véase la postura del autor en “La libertad de conciencia y la función promocional del Estado en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”, Laicidad y Libertades, Escritos Jurídicos, núm. 0, diciembre de 2000, p. 141. Por su parte, J. R. POLO SABAU se suma a la visión unitaria de los derechos proclamados en el artículo 16.1 CE al sostener que “la adecuada interpretación sistemática del artículo 16, presidida por la cláusula de remisión hermenéutica que se contiene en el artículo 1.2, apunta inequívocamente hacia la existencia de un solo derecho al que, por otra parte, la doctrina se ha referido utilizando distintas denominaciones que son, a estos efectos, intercambiables, como es el caso de la libertad ideológica y religiosa, la libertad de creencias, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, etc. El enunciado formalmente tripartito de nuestra norma constitucional sólo puede ser entendido, en el contexto del sistema, como un descriptor de las dimensiones en las que se manifiestan socialmente las convicciones individuales o, en terminología de inspiración germana, la particular cosmovisión de cada uno”. Véase dicha interpretación en: “En torno a la naturaleza jurídica de la libertad ideológica y religiosa en la Constitución española”, Revista de las Cortes Generales, núm. 60, tercer cuatrimestre, 2003, p. 138. Por último, autores como J. BRAGE CAMAZANO y J. A. SOUTO PAZ hablan de la “libertad de conciencia” o “de pensamiento” en la que entienden comprendidas las libertades religiosa y la ideológica. Véase la opinión del primero en Los límites a los derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004, p. 55, y la del segundo en Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 257. 5

Conviene destacar la definición que del término “convicción” realiza el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “Idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido”.

La Libertad de Conciencia l 27

las “ideas” y “creencias” de la persona en su foro interno frente al carácter endeble o provisorio de las meras “opiniones”6. De este modo, el tratamiento jurídico que reciben las auténticas “convicciones”, sean éstas de carácter ideológico o religioso, es distinto al recibido por las meras “opiniones”: sólo las convicciones del ser humano configuran ese ámbito de realidad donde el artículo 16 CE despliega una protección jurídica reforzada garantizando la autodeterminación del comportamiento individual o colectivo con el único límite el orden público protegido por la ley7.

6

El carácter provisorio de las “opiniones” es confirmado por la definición que del término “opinión” otorga la Real Academia de la Lengua Española: “Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable”. El Tribunal Constitucional en la Sentencia 47/1985, de 27 de marzo, FJ 1°, excluye de la protección jurídica reforzada directa del artículo 16.1 CE a la libertad de opinión a la que encuadra en el artículo 20 CE que dispensa, en principio, una protección menor al estar sometida a más limitaciones: “La libertad de conciencia reside en el artículo 16 y, en cambio, la libertad de pensamiento en el artículo 20. Pero, aunque separables en tanto que objeto material del saber, en tanto que perspectivas, se pueden proyectar sobre los objetos materiales de ambos artículos”. En el mismo sentido se pronuncian las SSTC 20/1990, de 15 de febrero, FFJJ 2° y 5°; 137/1990, de 19 de julio, FJ 8° y 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 6°. R. PERALTA pone en evidencia la distinción entre ‘ideas’ y ‘opiniones’ acudiendo a la etimología griega de ambas palabras: “la doxa, la opinión, revela inseguridad, provisionalidad, falta de sólida fundamentación, lo que no sucede con la episteme o idea, ya contrastada o fundamentada e integrante de un todo o sistema”. Véase dicha distinción en La libertad de conciencia y Estado constitucional, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2003, p. 23. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ sostiene que “las convicciones que constituyen el núcleo duro de la propia identidad disfrutan de una protección jurídica reforzada frente a las meras opiniones, pues las primeras son consideradas datos sensibles o altamente sensibles por las leyes de protección de datos, ponen coto a la acción imperativa del Derecho –privacidad e intimidad- y, aunque sea excepcionalmente, tienen fuerza liberadora de la eficacia vinculante de las normas jurídicas en los supuestos de objeción de conciencia”. Pueden leerse estas afirmaciones en: Derecho de la Libertad de Conciencia I: libertad de conciencia y laicidad, Cívitas, Madrid. 2002, p. 21.

7

Como es sabido, en relación con la libertad religiosa, el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 5 de julio de 1980, en el desarrollo del artículo 16.3 CE, menciona aquellos elementos que constituyen el orden público: “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus

28 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Por tanto, las libertades ideológica y religiosa se configuran como los dos derechos fundamentales en que se manifiesta la genérica libertad de conciencia. En definitiva, como señala PECES-BARBA, “la libertad de conciencia se encuentra constituida por lo que la Constitución española denomina libertad ideológica y religiosa”8, y en ella se integran las opciones ideológicas o espirituales del individuo que adquieren el carácter de auténticas convicciones, es decir, aquéllas que, en palabras de LLAMAZARES FERNÁNDEZ, son “vividas” y “sentidas” por la persona como parte integrante de su propia identidad9. La conciencia es concebida, de este modo, como la concreción de la dimensión ética de la persona que adquiere manifestación en las libertades ideológica o religiosa en virtud de la naturaleza de las convicciones practicadas10. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 120/1990, de 27 de junio, FJ 4°, “es indudable que muchos de los derechos fundamentales y libertades públicas tutelables en amparo son proyecciones del valor libertad, pero sólo estas proyecciones concretas crean derechos amparables en vía procesal”. En este sentido, se ha sostenido que “la alteridad es una característica intrínseca de lo jurídico y, por ello sólo los derechos con contacto social o efecto externo interesan a los juristas y pueden ser objeto de ordenación jurídico-constitucional11. Desde este punto de vista,

libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática”. El Tribunal Constitucional ha manifestado en varios de sus pronunciamientos que el orden público está constituido por tales elementos. Véase por todas la STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 8º. 8

G. PECES-BARBA: “Algunas reflexiones sobre la libertad ideológica y religiosa”, en I. C. IBÁN (Coord.): Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989, p. 60.

9

D. LLAMAZARES: Derecho de la libertad de conciencia II, Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad, Cívitas, Madrid, 2003, p. 18.

10

En términos parecidos se manifiesta A. CALVO ESPIGA: “Conciencia y Estado de Derecho”, Laicidad y Libertades, Escritos Jurídicos, núm. 1, diciembre, 2001, p. 17.

11

En tales términos se manifiesta J. BRAGE CAMAZANO aludiendo a la postura de K.A. BETTERMANN, véase la cita en Los límites a los derechos fundamentales, op. cit., p. 55.

La Libertad de Conciencia l 29

procede señalar que es aquella dimensión del derecho que atiende a la exteriorización del ámbito íntimo de la conciencia la que adquiere una primera relevancia jurídica como consecuencia de la necesidad de regular su interrelación con otros derechos y bienes constitucionales. Sin embargo, ello no significa que deba prescindirse de la relevancia jurídica que posee la dimensión interna de las libertades ideológica o religiosa habida cuenta que el Derecho está llamado a impedir las injerencias ilegítimas que sobre dicho forum internum pudieren producirse. En este sentido, conviene anticipar en este momento que tanto la libertad ideológica como la religiosa poseen un carácter bidimensional y que sus dos vertientes o dimensiones interesan al ordenamiento. Atendiendo ahora a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cabe señalar que ésta no ha sido unívoca a la hora de abordar la delimitación conceptual del artículo 16.1 CE. Sin embargo, como se constatará seguidamente, la variabilidad de los conceptos utilizados por el Juez de la Constitución para referirse al ámbito de inmunidad protegido por las libertades del artículo 16.1 CE, no es óbice para deducir de sus pronunciamientos la existencia de un núcleo común a ambas libertades configurado por el derecho a adquirir y a poseer “internamente” y a manifestar “externamente” las propias convicciones, con independencia de que su tenor resulte subsumible en el ámbito de lo religioso o de lo ideológico. En sus primeros pronunciamientos, el Tribunal utilizó la dicción literal del artículo 16.1 CE para referirse indivisamente a la “libertad de la persona de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección”, pareciendo aludir con ello a un único “derecho a la libertad ideológica y religiosa”12. Dicha concepción unitaria de la dimensión subjetiva del derecho quedaba plasmada, asimismo, aunque bajo la rúbrica “libertad de ideas y creencias”, en dos pronunciamientos posteriores mediante el empleo de la expresión “libertad de profesión y expresión, pública o privada, de las propias convicciones religiosas, filosóficas o morales” 13.Esta interpreta-

12

En tal sentido se pronuncia el Tribunal en el ATC 180/1986, de 21 de febrero, FJ 2° y en su anterior Sentencia 5/1981, de 13 de febrero, FJ 7°.

13

STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8°, posteriormente ratificada por el ATC 359/1985, de 29 de mayo, FJ 2°.

30 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

ción unitaria del artículo 16.1 CE ha sido corroborada por una Sentencia más reciente, la 141/2000, de 29 de mayo, en la que el Juez constitucional alude a una genérica “libertad de creencias” para referirse al “objeto último protegido en el artículo 16 de la Constitución”. Además, dicha importante Sentencia prescinde de la índole religiosa o secular de las creencias profesadas para definir el objeto material del derecho: “(...) la libertad de creencias garantizada en el artículo 16.1 CE protege frente a cualquier clase de compulsión externa de un poder público en materia de conciencia que impida o sancione a una persona por creer en lo que desea (dimensión interna) y hacer manifiesta su creencia si así lo quiere (dimensión externa) –FJ 2°-. La libertad de creencias, sea cual sea su naturaleza, religiosa o secular, representa el reconocimiento de un ámbito de actuación constitucionalmente inmune a la coacción estatal garantizado por el artículo 16 CE, ‘sin más limitación, en sus manifestaciones, que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley’. Ampara, pues, un agere licere consistente, por lo que ahora importa, en profesar las creencias que se desee y conducirse de acuerdo con ellas, así como mantenerlas frente a terceros y poder hacer proselitismo de las mismas” –FJ 4°-.

La atribución de una acepción amplia al término “creencias” ha sido reiterada por el Tribunal en su STC 46/2001, de 15 de febrero, en cuyo FJ 4° acude ex artículo 10.2 CE a la interpretación dada al artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “(...) resulta de interés recordar la interpretación del artículo 18.1 de la Declaración Universal que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha plasmado en el Comentario General de 20 de julio de 1993, a cuyo tenor, dicho precepto ‘protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia; los términos creencia o religión deben entenderse en sentido amplio’, añadiendo que ‘el artículo 18 no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones o creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales”.

Es importante destacar en este momento, al hilo de la referencia concreta realizada por el Juez de la Constitución, que la interpretación dada al artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones

La Libertad de Conciencia l 31

Unidas, reafirma la interpretación anteriormente señalada acerca de la protección reforzada que debe otorgarse a todas las ideas y creencias del individuo que alcanzan el rango de auténticas convicciones, independientemente de su tenor religioso o secular. En este sentido, el Comité interpreta que “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (...) es profundo y de largo alcance; abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas”14. En otras ocasiones, el Tribunal Constitucional ha empleado expresamente el término “libertad de conciencia” para referirse al artículo 16.1 CE, sin embargo, su utilización ha sido objeto de una interpretación versátil y un tanto confusa por parte del Tribunal. Así, en un primer momento, la libertad de conciencia apareció concebida –en la STC 15/1982, de 23 de abril- como una concreción autónoma de la libertad ideológica del artículo 16 y no a la inversa, de la cual era extraíble en calidad de manifestación de la misma, la objeción de conciencia como “(...) garantía jurídica de la abstención de una determinada conducta” –FJ 6°-. Sin embargo, la jurisprudencia posterior fue ajustándose a una concepción más genérica de la libertad de conciencia entendida como categoría ontológica de las libertades ideológica y religiosa. Así, apuntando hacia un reconocimiento implícito de la “libertad de conciencia” junto con la “libertad de pensamiento” en el artículo 16.1 CE, la STC 19/1985, de 13 de febrero, señala en su FJ 2° que “el derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución comprende, junto con las modalidades de la libertad de conciencia y de pensamiento, íntimas y también exteriorizadas, una libertad de acción respecto de las cuales el artículo 16.2 establece un acotamiento negativo en cuanto dispone que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su conciencia, religión o creencias” y, en la misma línea, el Auto 617/1984, de 31 de octubre, dispone que (...) la libertad de conciencia (...) se concreta en la posibilidad jurídicamente garantizada de acomodar el sujeto su conducta (...) y su

14

Comentario General 22 (48) al artículo 18.1, aprobado el 20 de julio de 1993, núm. 1.

32 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

forma de vida a sus propias convicciones con exclusión de cualquier intervención por parte del Estado, quien, por otra parte, asume la protección del ejercicio de dicha libertad frente a otras personas o grupos sociales” –FJ 4°. Se observa cómo, al emplear dos términos no expresamente mencionados por la Constitución para referirse al derecho reconocido en el artículo 16.1, el Juez constitucional otorga un carácter aglutinante a las categorías “libertad de conciencia” y “libertad de pensamiento” que las convierte en base o sustrato común de las libertades ideológica y religiosa. A dicha concepción hermenéutica se suman aquellos pronunciamientos del Tribunal en los que la “libertad de conciencia” viene identificada con las libertades ideológica y religiosa. Identificación que viene a confirmar la tesis que concibe a la libertad de conciencia como una libertad matriz vinculada al momento originario en el que tiene lugar el pleno poder de autodeterminación de las convicciones personales del individuo, las cuales van a cristalizar secuencialmente en el elenco de facultades que integran esas específicas manifestaciones de la misma que son las libertades ideológica y religiosa. A este respecto es significativo, en relación con la libertad religiosa, el Auto 551/1985, de 24 de julio, cuyo FJ 3° dispone que: “El artículo 16 reconoce el derecho a la libertad religiosa que en cuanto libertad de conciencia se concreta en la posibilidad jurídicamente garantizada de acomodar el sujeto su conducta religiosa y su forma de vida a sus propias convicciones con exclusión por parte del Estado quien asume la protección del ejercicio de dicha libertad frente a otras personas o grupos sociales”. Igualmente, en relación con la libertad ideológica, la Sentencia 160/1987, de 27 de octubre, se aparta en su FJ 3° de la concepción originaria que hacía derivar la libertad de conciencia de una genérica libertad ideológica llegando a identificar ambas libertades. Así, al hablar del derecho constitucional reconocido por la Norma Suprema en su artículo 30.2, afirma que éste “(...) constituye (...) una excepción al cumplimiento de un deber general, solamente permitido por el artículo 30.2, en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo de la libertad ideológica o de conciencia (artículo 16 CE) (...)”15.

15

Doctrina ratificada por el Auto 71/1993, de 1 de marzo, FJ 2°.

La Libertad de Conciencia l 33

Conviene subrayar, como conclusión de la exposición realizada, que tanto la doctrina académica como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se hacen eco de la pluralidad de términos existentes para aludir a aquel ámbito personalísimo del individuo que es su conciencia o interioridad personal. En la medida en que dicho ámbito de interioridad adquiere proyección constitucional en los derechos reconocidos por el artículo 16.1 de la Norma Suprema, se convierte en objetivo de estas páginas profundizar en el tratamiento jurídico-constitucional que recibe aquel sustrato común de ambas libertades que permite a su titular conformar sus convicciones y actuar de acuerdo con ellas, sustrato o denominador común al que desde aquí se ha dado en llamar “libertad de conciencia”.

1.2. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS ÓRGANOS DE ESTRASBURGO. La redacción otorgada por los constituyentes al párrafo primero del artículo 16 no coincide con la prevista por los textos internacionales de protección de los derechos humanos. Mientras la mayor parte de estos últimos hacen referencia a la protección de la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, el precepto constitucional emplea los términos libertad ideológica, religiosa y de culto para referirse a dicha realidad jurídica. Atendiendo a la fijación del ámbito normativo del derecho realizada por los Textos internacionales de protección de los derechos humanos, destaca, en primer lugar, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 194816: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión y de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

16

Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948. Como es sabido, se trata de una declaración sin valor jurídico vinculante y que no prevé sistema alguno de control jurisdiccional para proteger los derechos en ella reconocidos.

34 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 196617, establece lo siguiente en su artículo 18: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”.

En el sistema regional europeo destaca la aprobación, en el marco del Consejo de Europa, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 195018. A los efectos del presente estudio, la preeminente relevancia de dicho Convenio reside no sólo en el hecho de que en torno al mismo se crea un complejo organigrama de control jurisdiccional que garantiza la tutela de los derechos en él reconocidos, sino también en la incidencia que la interpretación otorgada a sus preceptos por los dictámenes de la extinta Comisión y por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos19 posee para la propia

17

Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre. Este Pacto es jurídicamente vinculante para los Estados firmantes y, aunque tampoco instrumenta un sistema de control propiamente jurisdiccional, si prevé un sistema de conciliación amistosa en el que intervienen dos órganos mediadores: en una primera fase interviene el Comité de Derechos Humanos y en una segunda, en caso de no haberse llegado a un acuerdo en la primera, participa la Comisión de Conciliación.

18

Roma, 4 de noviembre de 1950. Ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979).

19

Como es sabido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el instrumento garante del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 y sus Protocolos, tal y como se recoge en su Título II –artículos 19 a 51-. La regulación del Tribunal Europeo, según el Título II, es el resultado de una reforma realizada por el Protocolo número 11, de 11 de mayo de 1994, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998. A partir de esta fecha la Comisión Europea de Derechos Humanos se suprime y su labor de filtro previo es asumida por el propio Tribunal, que actúa organizado en Comités de tres jueces, Salas de siete jueces y en Gran sala de diecisiete jueces. Sin embargo, en la presente investigación se acudirá a los dictámenes de la extinta Comisión dado que en sus decisiones de inadmisibilidad se recogen importantes afirmaciones en relación con casos relativos a la libertad de conciencia que no llegaban al Tribunal.

La Libertad de Conciencia l 35

interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, debido al valor hermenéutico otorgado por su artículo 10.2 a los textos internaciones sobre derechos fundamentales20. Como es sabido, el artículo 10.2 CE entraña una importante apertura del sistema jurídico español al ordenamiento internacional de derechos humanos en la medida en que su dicción literal convierte a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los restantes tratados sobre dicha materia en criterio hermenéutico o parámetro de interpretación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Criterio al que debe recurrir el intér-

20

Artículo 10.2 CE: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Sobre el valor hermenéutico que poseen las sentencias del TEDH para la interpretación del contenido y alcance de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, pueden consultarse entre otros: C. FERNÁNDEZCASADEVANTE: La aplicación del CEDH en España: análisis de la jurisprudencia constitucional, Tecnos, Madrid, 1988; J. DELGADO BARRIO: “Proyección de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia española”, Revista de Administración Pública, núm. 119, 1989, pp. 233-254; T. FREIXES SANJUÁN: “Las principales construcciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: El standard mínimo exigible a los sistemas internos de derechos en Europa”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, núm. 11-12, 1995, pp. 97-115; L. MARTÍNRETORTILLO BAQUER: “La recepción por el Tribunal Constitucional de la jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista de Administración Pública, núm. 137, mayo-agosto, 1995, pp. 7-29; L. M. BUJOSA VADELL: Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento español, Tecnos, Madrid, 1997; C. RUÍZ MIGUEL: La ejecución de las sentencias del TEDH: un estudio sobre la relación entre el Derecho nacional y el internacional, Tecnos, Madrid, 1997; E. GARCÍA JIMÉNEZ: El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el umbral del siglo XXI, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998; A. SÁIZ ARNAIZ: La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los derechos humanos: El artículo 10.2 de la Constitución española, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999. Además, de acuerdo con la dicción literal del artículo 46 CEDH: “1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. 2. La Sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución”.

36 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

prete constitucional en el desempeño de la tarea de precisión de su alcance y contenido21. Centrando ahora el análisis en el derecho objeto de estudio, conviene destacar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa realiza una transposición quasi literal de lo previsto por la Declaración Universal de Derechos Humanos al señalar en su artículo 9.1 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos”.

Además de esta mención expresa, las referencias a la libertad de conciencia se recogen asimismo en otros dos preceptos del Convenio: El artículo 14 singulariza “la religión” y “las opiniones políticas o de cualquier otra índole” como circunstancias personales que no pueden dar lugar a un trato discriminatorio en el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio. Y, el artículo 2 del Primer Protocolo Adicional22, impone al Estado, en el marco de la regulación del estatuto jurídico del derecho a la educación, el deber de respetar las “convicciones religiosas y filosóficas” de los padres sobre la enseñanza de sus hijos. Asimismo, no cabe olvidar que, en el ámbito de la Unión Europea, el recientemente aprobado aunque no ratificado Tratado por el que se establece una Constitución para Europa23, realiza en su artí-

21

Véanse al respecto las SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 3°; 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5°; 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4° y 76/1994, de 14 de marzo, FJ 2°.

22

Protocolo Adicional Primero al CEDH del Consejo de Europa, de 20 de marzo de 1952, en vigor desde el 18 de mayo de 1958. Firmado por España el 23 de febrero de 1978 y ratificado el 27 de noviembre de 1990, fecha en la que entra en vigor para España.

23

El 29 de octubre de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 25 Estados miembros y los 3 países candidatos firmaron el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, cuyo proyecto había sido aprobado el 18 de junio anterior. Como es sabido, el mismo se halla pendiente de ratificación por todos los Estados miembros. El texto puede consultarse en http://www.constitucioneuropea.es

La Libertad de Conciencia l 37

culo II-70 una transposición literal del artículo 9.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que añade un expreso reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia: “1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2.

Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio”.

Como ocurre en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las referencias a la libertad de conciencia no sólo se recogen en el precepto destinado a la consagración expresa de la misma. Pues, el artículo II-74 del Tratado, reconocedor del derecho a la educación, amplía el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme con sus convicciones “religiosas” y “filosóficas” a las de índole “pedagógico” –párrafo 3º- y el artículo II-84 incluye la “religión o convicciones” entre las cláusulas específicas de no discriminación. En este momento es importante recordar de nuevo que la remisión interpretativa realizada por el artículo 10.2 CE no sólo se extiende a los textos internacionales en materia de derechos –entre los que se hallará la Constitución europea cuando sea ratificadasino que abarca también las decisiones de los órganos creados por éstos y las resoluciones y recomendaciones de las organizaciones internacionales de las que España forma parte. Entre ellas, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, adquieren una particular relevancia las decisiones de la Comisión Europea de Derechos Humanos y, de modo particular, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habida cuenta que sus pronunciamientos poseen un valor interpretativo directo de la Constitución española en materia de derechos fundamentales24.

24

Es importante destacar que el artículo II-112 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa dispone en su párrafo 3º que: “En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y

38 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Centrando pues el análisis en la interpretación que del derecho a la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” han realizado hasta el momento los órganos de Estrasburgo, es importante poner de relieve que, la hoy extinta Comisión Europea de Derechos Humanos25, ha declarado que el artículo 9.1 del Convenio protege primordialmente “la esfera de las convicciones personales y de las creencias religiosas, es decir, el ámbito denominado forum internum o “propia interioridad” del individuo”26. Así pues, si bien la dicción literal del artículo 9.1 apunta a la existencia de tres derechos distintos, su ratio y la interpretación que del mismo han realizado los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación, conduce a suscribir el carácter unitario y común de la realidad jurídica que constituye su objeto de protección: el conjunto de convicciones que conforman una determinada concepción o interpretación de la existencia humana, con independencia de que la misma se asiente sobre principios religiosos, filosóficos o ideológicos27.

de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión Europea conceda una protección más extensa”. Sobre la jurisprudencia del TEDH relativa al artículo 9 del CEDH véase M. J. GUTIÉRREZ DEL MORAL y M. CAÑIVANO SALVADOR: El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Atelier, Barcelona, 2003. 25

El Protocolo núm. 11, adoptado el 11 de mayo de 1994 y ratificado por España el 16 de diciembre de 1996 atribuye en exclusiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la competencia para conocer de todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio (artículo 32). Como es sabido, antes intervenían también la Comisión Europea y el Comité de Ministros.

26

La expresión forum internum es empleada entre otras por las Decisiones de la Comisión 10358/83, en el Caso C. c. Reino Unido y 10678/83, en el Caso V. c. Holanda. Asimismo, es utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia promulgada en el Caso Valsamis c. Grecia, de 18 de diciembre de 1996.

27

J. MARTÍNEZ TORRÓN suscribe esta afirmación al señalar que “sería desenfocado considerar que esos términos se corresponden con tres libertades diversas, cada una de ellas con un ámbito de protección propio y exclusivo (...) en realidad se está hablando de distintas dimensiones de un solo derecho de libertad”. Véase la postura del autor en “La protección internacional de la libertad religiosa” en Tratado de Derecho Eclesiástico, EUNSA, Pamplona, 1994, pp. 188-189.

La Libertad de Conciencia l 39

En relación con las creencias que pueden integrar dicho forum internum y que se insertan, por tanto, en la ratio legis del artículo 9, la jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo ha denegado el acceso a la protección dispensada por dicho precepto a cualquier tipo de creencias, insertando en su objeto material sólo a aquéllas que, bien están dotadas de un carácter religioso o bien, careciendo de tal carácter, poseen una entidad tal que ejercen una función semejante a la desempeñada por la religión en la vida de quien las profesa28. Así, al interpretar la expresión “convicciones filosóficas”, integrada junto con el término “convicciones religiosas” en el artículo 2 del Protocolo número 1 del Convenio, el Tribunal ha manifestado, en el Caso Campbell y Cosans c. el Reino Unido, que: “el término convicciones –al que hacen referencia tanto el artículo 9.1 del Convenio como el artículo 2 del Protocolo Adicional Primero- (...) no es sinónimo del de ‘opiniones’ o ‘ideas’ –que se incluyen en el ámbito de protección del derecho a la libre manifestación del pensamiento del artículo 10 del Convenio-, sino que únicamente “se aplica a los convencimientos que alcanzan un elevado grado de obligatoriedad, de seriedad, de coherencia y de importancia, y que

Comparten dicha posición doctrinal entre otros: J. M. CONTRERAS MAZARÍO: “La libertad religiosa y la no discriminación por motivos religiosos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol V, 1989, p. 28 y J. A. SOUTO PAZ: Comunidad política y libertad de creencias, Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado, op. cit., p. 189. 28

En relación con el término ‘religión’, tanto la Comisión como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sostenido que quedan auspiciadas por dicho término las llamadas ‘creencias tradicionales’ –tales como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo o el budismo-, sin embargo, sus pronunciamientos han sido variables cuando lo que se ha tratado de solventar es si bajo dicho término eran subsumibles otro tipo de credos de profesión más minoritaria. Para las religiones tradicionales véanse las Decisiones 10180/82, en el Caso D. c. Francia; 11579/85, en el Caso Khan c. el Reino Unido; 16278/90, en el Caso Karaduman c. Turquía y 11518/75, en el Caso X c. el Reino Unido. Por lo que respecta a la inclusión en el término ‘religión’ de las creencias profesadas por grupos religiosos minoritarios véase la Decisión 10410/83, en el Caso N. c. Suecia; la Decisión 8282/78, en el Caso Iglesia de la Cienciología y 128 de sus miembros c. Suecia; la Decisión 8652/79, en el Caso X. c. Austria; la Decisión 7291/75, en el Caso X. c. el Reino Unido; la Decisión 12587/86, en el Caso Chappell c. el Reino Unido y la STEDH, en el Caso Valsamis c. Grecia, de 18 de diciembre de 1996.

40 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

merecen respeto en una sociedad democrática, no siendo incompatibles con la dignidad de la persona (...)”.

La obligatoriedad, seriedad, coherencia e importancia son las notas definitorias que distinguen las “convicciones” amparadas por el artículo 9 del Convenio de las meras “opiniones” a las que hace referencia el artículo 1029. De manera que, tal y como ha señalado la doctrina, la diferencia entre el ámbito de aplicación de ambos preceptos atiende no tanto al contenido de la convicción –pues puede tratarse de convicciones religiosas, agnósticas o ateas e incluso de aquéllas que desbordan la esfera de la espiritualidad30- cuanto a su relevancia

29

STEDH de 25 de febrero de 1982, en el Caso Campbell y Cosans c. el Reino Unido. Si bien tales afirmaciones las realiza el Tribunal en relación con las ‘convicciones filosóficas’ a las que se refiere el artículo 2 del Protocolo Adicional Primero del Convenio, la propia sentencia alude a que tal interpretación es extensible asimismo al artículo 9. Esta doctrina es reiterada por el TEDH en la Sentencia de 18 de diciembre de 1996, en el Caso Efstratiou c. Grecia, donde afirma expresamente: “El término ‘convicción’ aparece en el artículo 9 en el contexto del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La noción ‘convicciones religiosas y filosóficas’ figura en el artículo 2 del Protocolo núm. 1. Aplicando esta disposición, la Corte ha juzgado que, considerada aisladamente y en su acepción ordinaria, el término ‘convicción’ no es sinónimo del término ‘opiniones’. Aquél se aplica a los convencimientos que alcanzan un cierto grado de fuerza, de seriedad, de coherencia y de importancia”: Consideración de Derecho núm. 26. En términos idénticos se pronuncia la STEDH de 18 de diciembre de 1996, en el Caso Valsamis c. Grecia, Consideración de Derecho núm. 25. También la Comisión se ha pronunciado en la misma línea al afirmar que las creencias a las que hace referencia el artículo 9 se refieren a “una visión coherente de los problemas fundamentales”: Decisiones de la Comisión 8741/79, en el Caso X c. la República Federal de Alemania y 8566/79.

30

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado en su Sentencia de 25 de mayo de 1993, en el Caso Kokkinakis c. Grecia, que las creencias religiosas en un sentido no teístico, que incluye el ateísmo y el agnosticismo, se encuentran protegidas por el artículo 9 del Convenio. Por otro lado, ha señalado que no es requerido el elemento metafísico, por lo que las convicciones con una raíz ética o filosófica se encuentran asimismo incluidas dentro del ámbito de protección del precepto. Así, en su Sentencia de 1986, en el Caso Knudsen c. Noruega, consideró protegida por el artículo 9 del Convenio la oposición al aborto y en su Sentencia de 1989, en el Caso Le Cour Grandmaison et Fritz c. Francia, estimó que el pacifismo es una convicción protegida por el mismo precepto.

La Libertad de Conciencia l 41

sobre la esfera moral o intelectual de la persona31. El objeto material de las facultades inherentes al artículo 9 del Convenio se encuentra integrado, en consecuencia, por el conjunto de ideas o creencias del ser humano de cuya intensidad se desprenden consecuencias éticas prescriptibles para el comportamiento externo de su titular. Sobre la base de las citadas notas definitorias, el Tribunal y la Comisión han considerado “convicciones” tuteladas por el artículo 9 del CEDH el ateísmo, la oposición de los padres al régimen de castigos corporales en el sistema escolar, el pacifismo o los convencimientos filosóficos32. Y desde una perspectiva negativa, la

31

En dichos términos se pronuncia I. MARTÍN SÁNCHEZ aludiendo a lo mantenido por C. MORVIDUCCI. Véase del primer autor La recepción por el Tribunal Constitucional español de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Comares, Granada, 2002, p. 21 y, del segundo, “La protezione della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d’Europa”, en S. FERRARI y T. SCOVAZZI: La tutela della libertà di religione, Cedam, Padova, 1988, p. 44. Por su parte, J. MARTÍNEZ-TORRÓN afirma que “una observación atenta de los preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de su Protocolo Adicional Primero, así como de la jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo, permite concluir que los términos “libertad de pensamiento, religión y conciencia” no aluden a tres libertades distintas, sino a tres aspectos de una sola libertad. El contenido de esa única libertad puede describirse sintéticamente como la libertad de creer y de actuar de conformidad con las propias creencias. Dicha libertad, en aras del principio de igualdad, se extiende tanto a las creencias religiosas como a las creencias no religiosas que posean una intensidad axiológica equiparable (es decir, creencias de las que se derivan pautas de conducta que tienen valor de norma suprema para el individuo)”. Véase la opinión del autor en “Derecho de familia y libertad de conciencia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en VVAA, Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho Comparado, Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Gupuzkoa, 2001, p. 145.

32

Para las dos primeras convicciones véanse respectivamente la Decisión de la Comisión 10491/83, en el Caso Lena y Anna Angelini c. Suecia y la STEDH de 25 de mayo de 1993, en el Caso Kokkinakis c. Grecia. En esta última, el Tribunal afirma que “la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión representa uno de los fundamentos de una ‘sociedad democrática’ y es uno de los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero también es un bien precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes”. En relación con las creencias pacifistas, destaca la Decisión de la Comisión 7050/75, en el Caso Arrowsmith c. Reino Unido, según la cual, el pacifismo en tanto que filosofía que entra en el campo de aplicación del dere-

42 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Comisión ha sostenido que no cabe incluir bajo el paraguas del término “convicciones” las preferencias lingüísticas de los padres respecto a la educación de sus hijos o la pretensión del demandante de que sus cenizas fueran esparcidas en su jardín33. Cabe destacar, no obstante, que este método interpretativo desarrollado por los órganos de Estrasburgo, que funda sus máximas no tanto en la índole de las ideas o creencias ostentadas cuanto en la relevancia que las mismas adquieren en la vida de su titular, no siempre ha resultado inalterable en su aplicación. Así, en no pocas ocasiones, los pronunciamientos del Tribunal y de la Comisión han tendido a proteger exclusivamente, bajo el auspicio del artículo 9.1, aquellos comportamientos que derivan de una creencia cuyos principios definitorios puedan ser equiparados a los de una religión34. De este modo, por ejemplo, en la Decisión 11595/85, en el Caso Suter c. Suiza, la Comisión declaró que un Estado puede conceder un trato

cho a la libertad de pensamiento y de conciencia, puede ser considerada una convicción protegida por el artículo 9.1 del Convenio. Por último, la Comisión Europea ha señalado que pueden ser sujeto activo del derecho reconocido del artículo 9 del Convenio, los colectivos que poseen fines “filosóficos”: Decisión de la Comisión 12587/86. 33

Para el primer supuesto véase la STEDH de 23 de julio de 1968, en el Caso lingüístico belga y, para el segundo, la Decisión de la Comisión 8741/79, en el Caso X contra la República Federal de Alemania: En esta última la Comisión señala que la citada voluntad más que a una creencia responde a un deseo personal. De este modo, la Comisión reitera su doctrina en virtud de la cual la práctica protegida por el artículo 9 del Convenio debe responder a “una coherente visión de los problemas fundamentales”, doctrina a la que no respondía este caso.

34

J. MARTÍNEZ-TORRÓN destaca que buena parte de las decisiones de la Comisión señalan que el artículo 9 “protege indudablemente las creencias de carácter estrictamente religioso. Calificativo que, probablemente ha de tomarse en el sentido tradicional que posee en la cultura occidental, y, por tanto, con las connotaciones que comporta nuestra herencia judeo-cristiana: creencia en un ser supremo y trascendente, de la que se deriva un dogma, una moral y un culto determinados, y que cuenta con una cierta organización estable –no necesariamente jerárquica-, vertebrada sobre personas cualificadas o ministros. Así parecen confirmarlo algunas decisiones de la Comisión que hablan de ‘una creencia o religión en una forma generalmente reconocida’, y de ‘actos íntimamente vinculados a esas actitudes, tales como los actos de culto o devoción’”: Decisiones de la Comisión 10358/83; 10678/83 y 14049/88. Véase la opinión del autor en “La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea”, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. IX, 1993, p. 63.

La Libertad de Conciencia l 43

desigual favorable a los Testigos de Jehová, no extensible a otros colectivos, que los exima del cumplimiento del servicio social sustitutorio sobre la base de que sus creencias responden a un standard objetivo de sinceridad que no es predicable de otras creencias de tipo secular. En términos generales parece, por tanto, que este método hermenéutico, que trata de obtener de las convicciones de carácter secular una estructura similar a aquélla que es propia de las convicciones religiosas –estructura basada en una tradicional y predeterminada práctica-, ha conducido a los órganos de Estrasburgo a centrar la mayor parte de las decisiones relativas al derecho del artículo 9 en las creencias de tipo religioso o en aquéllas que poseen rasgos similares en demérito de las convicciones de cualquier otra índole35.

1.3. LA

LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL TITUCIONAL COMPARADO

DERECHO CONS-

A) LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL ESTADOUNIDENSE Atendiendo ahora a la experiencia que ofrece el Derecho Comparado, cabe destacar que, en Estados Unidos, ha sucedido algo parecido a lo detectado en la jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo pues, ante la ausencia de reconocimiento constitucional de un genérico derecho de libertad de conciencia, el Tribunal Supremo ha realizado, mediante una evolución oscilante de su jurisprudencia, una interpretación expansiva del término “religión” para integrar en él todas aquellas creencias de la persona que ocupan un papel trascendente en su vida con independencia del carácter religioso o secular de las mismas. La Corte Suprema americana ha optado por utilizar un concepto amplio de religión integrador de aquellas convicciones del individuo que, no poseyendo un carácter estrictamente religioso, adquieren un papel en la vida de

35

A esta problemática hace referencia el estudio desarrollado por L. M. HAMMER: The International Human Right to Freedom of Conscience, Some suggestions for its development and application, Ashgate, Burlington, 2001.

44 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

quien las practica equiparable al ocupado por la religión en la vida de quienes profesan una concreta fe. Sin embargo, dicho método hermenéutico, basado en el recurso a una concepción amplia de la libertad religiosa que ampara la libertad secularizada de creencias, conlleva, como se verá, un importante riesgo: el de situar los rasgos definitorios de las creencias religiosas como el referente o el tertium comparationis al que deben ajustarse las convicciones de carácter secular para obtener la cobertura de la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda norteamericana. Como es sabido, la Free Exercise Clause de la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense consagra en “negativo” el derecho fundamental de libertad religiosa al vetar al Congreso la posibilidad de dictar ley alguna que prohíba el ejercicio de la religión36. Si bien la temprana jurisprudencia de la Corte Suprema se limitó a incluir en su objeto material “la libertad para creer o no, para tener o no unas u otras creencias religiosas y para actuar de acuerdo con sus prescripciones”, en un segundo momento, dicha protección se extiende, en respeto al principio de igualdad, a creencias de índole secularizada a través de todo un abanico de pronunciamientos relativos a supuestos de objeción de conciencia basados en creencias de índole filosófica o ideológica. De acuerdo con ello, los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo circunscribieron la virtualidad del término “religión” a concepciones exclusivamente teístas, sin embargo, como se expondrá, su jurisprudencia ha ido evolucionando hacia el reconocimiento de una acepción amplia del término “religión” que protege cualesquiera convicciones dotadas de una sinceridad y entidad relevantes en la vida de su poseedor. La mayor parte de las resoluciones de la Supreme Court relativas al concepto de religión han sido promulgadas a partir de asuntos en los que se cuestionaba si el ámbito de protección de la Free Exercise Clause debía extenderse a actitudes individuales o colectivas derivadas de las exigencias de la propia conciencia no siempre compatibles

36

Un estudio sobre la protección jurídica del derecho de libertad religiosa en Estados Unidos puede verse en G. M. MORÁN: La Protección Jurídica de la Libertad Religiosa en U. S. A., Servicio de publicacions e intercambio cientifico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1989.

La Libertad de Conciencia l 45

con la obligación jurídica impuesta por la observancia de una norma. Así, el primer caso en el que el Tribunal otorgó una definición del término religión fue Davis v. Beason (1890)37, en el que declaró la constitucionalidad de una ley de Idaho que exigía a los electores prestar juramento negando su carácter de polígamos, hecho que resultaba incompatible con las exigencias religiosas de los mormones. El Juez Field otorgó en este supuesto una definición del término religión claramente enraizada en postulados de índole teísta: “El término religión hace referencia a las opiniones de una persona sobre sus relaciones con su Creador, sobre las obligaciones que imponen su Ser y Naturaleza, y sobre la obediencia a su voluntad, diferenciándose así del mero culto en el seno de una secta cualquiera”.

Esta concepción teísta y restrictiva del término religión fue ratificada por el Tribunal en el Caso United States v. Macinstosh (1931)38, donde sostuvo que: “La esencia de la religión es la creencia en una relación con Dios que implica obligaciones superiores a aquéllas que nacen de cualquier relación humana”.

Sin embargo, pocos años después la Corte Suprema dio un giro a su jurisprudencia al reconocer que son múltiples las cosmovisiones que pueden regir la conducta ética del ser humano, lo que impide una completa identificación del término religión con concepciones exclusivamente teístas. De este modo, se produce una equiparación entre las creencias religiosas y seculares a la hora de estimar el grado de relevancia de las convicciones individuales y su efectiva inclusión en el ámbito de protección de la Primera Enmienda. Tales afirmaciones las realizó la Alta instancia en los Casos United States v. Ballard (1944)39 y Fowler v. Rhode Island (1953)40, al sostener que:

37

133 U.S. 333 (1890).

38

283 U.S. 605 (1931). En este supuesto se denegó la ciudadanía estadounidense a un extranjero que se negó a realizar una promesa en virtud de la cual debía comprometerse a portar armas. El individuo amparaba su negativa en razones de índole ética e ideológica al afirmar que no las portaría salvo que él mismo creyese en la justificación moral de una guerra.

39

322 U.S. 78 (1944).

40

345 U.S. 67 (1953).

46 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

“La libertad de pensamiento, que incluye la libertad de creencia religiosa, es básica en una sociedad de hombres libres. Ésta incluye el derecho a mantener teorías sobre la vida y la muerte y sobre el más allá que sean una completa herejía para los seguidores de los credos ortodoxos”.

No obstante, el paso definitivo hacia una progresiva flexibilización del concepto de religión lo realizó el Tribunal en el Caso Torcaso v. Watkins (1961)41, donde sostuvo que: “Ni los Estados ni el Gobierno Federal pueden obligar constitucionalmente a una persona a creer o no creer en una religión. Del mismo modo, no pueden aprobar leyes o imponer requerimientos que ayuden a todas las religiones frente a los no creyentes, ni pueden ayudar a aquellas religiones basadas en la creencia de la existencia de Dios frente a aquellas otras religiones fundadas sobre diferentes creencias, bajo el riesgo de vulnerar la Establishment Clause”.

La relevancia del razonamiento del Tribunal radica en que de él emana un concepto laxo de religión cuyos rasgos definitorios no residen necesariamente en la creencia en un ser supremo, lo cual deriva en el fin de la identificación entre religión y teísmo. En la misma línea, la sentencia United States v. Seeger (1965)42, dotó de un nuevo alcance a la definición legal de religión, en virtud del cual, lo verdaderamente relevante a la hora de determinar la aplicación de la Cláusula de Libre Ejercicio no sería tanto la naturaleza de las creencias profesadas como la sinceridad y el papel que las mismas desempeñan en la conciencia del individuo. En este caso se discutía si la condena recaída sobre Seeger, como consecuencia de su objeción a ser reclutado para participar en la guerra de Vietnam, vulneraba el derecho de libre ejercicio de la religión del peticionario. Y ello porque, si bien la Universal Military Training and Service Act se limitaba a reconocer un derecho de exención a aquéllos que basaban su objeción en creencias de índole religiosa, la conducta desobediente de Seeger encontraba fundamento en “un credo puramente ético”. Ante las dificultades que planteaba el tratar de dirimir si las creencias profesadas por el objetor podían

41

367 U.S. 488 (1961).

42

380 U.S. 163 (1965).

La Libertad de Conciencia l 47

o no ser calificadas como religiosas, el Tribunal optó por otorgar una definición laxa del concepto de religión que resultase operativa jurídicamente, así afirmó que: “entraría dentro de dicha definición legal una creencia sincera y significativa que ocupara en la vida de su poseedor un lugar paralelo al que ocupa Dios en la vida de aquellos a quienes se les reconoce cualificados para la exención”.

En el presente caso el Tribunal adoptó el denominado “test de la posición paralela de Seeger”, en virtud del cual, en los supuestos en que se reclamaba la aplicación de una excepción a la ley, quedaban amparadas por la Cláusula de Libre Ejercicio aquellas creencias que ocupan posiciones paralelas en la vida de sus poseedores a las que ocupa la creencia en un Ser supremo en la vida de los practicantes de un credo ortodoxo43.

43

El Tribunal afirmó a este respecto: “Reconocemos las dificultades que siempre ha encarado la persona que juzga los hechos en estos casos. Esperamos que el test que hemos trazado se pruebe menos oneroso. El examinador está provisto de una regla que permite la consideración de criterios con los que tiene una experiencia considerable. Mientras que las palabras de los solicitantes pueden diferir, el test es de sencilla aplicación. Es esencialmente objetivo, esto es, ¿la creencia examinada ocupa en la vida del objetor el mismo lugar que el de una creencia ortodoxa en Dios ocupa en la vida de alguien claramente cualificado para la exención? (...) Además, debemos recordar que al resolver estos problemas de exención, uno trata con las creencias de diferentes individuos los cuales las articulan en una multitud de formas. Así, en este ámbito tan intensamente personal, a la afirmación del manifestante de que su creencia es una parte esencial de una fe religiosa, debe dársele, por supuesto, un gran peso (...). La validez de lo que crea no pude ser cuestionada. Algunos teólogos, y también algunos juristas, podrían verse tentados a cuestionar la existencia del Ser Supremo al que alude el manifestante o la verdad de sus conceptos. Pero hay preguntas que están vedadas al gobierno. Como dijo el Juez Douglas en la sentencia del Caso United States v. Ballard: los hombres pueden creer lo que no pueden probar. No pueden ponerse a prueba sus doctrinas religiosas o sus creencias. La experiencia religiosa, tan real como la vida para unos, puede ser incomprensible para otros. Los tribunales, en este sentido, no son libres para rechazar creencias porque las encuentren incomprensibles. Su tarea es decidir si las creencias profesadas por un manifestante son sinceras y si son, en su propio esquema de las cosas, religiosas (...). Pero aclaremos inmediatamente que mientras que la verdad de una creencia no está sujeta a examen, queda la importante cuestión de determinar si ésta es sinceramente sostenida. La pregunta clave acerca de la sinceridad de las convicciones invocadas es la que debe ser resuelta en cada caso ante la reclamación de exención (del servicio militar) por un objetor de conciencia”.

48 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Esta importante sentencia fue coronada pocos años más tarde por otro pronunciamiento, el del Caso Welsh II v. United States (1970)44. En esta ocasión, la Alta instancia reconoció expresamente que lo verdaderamente relevante para que una conducta quedase amparada por el ámbito de protección de la Free Exercise Clause era que las creencias alegadas conformasen las convicciones más arraigadas de la persona, aquéllas que -independientemente de su base ética, moral o religiosa- gozan de un grado de sinceridad y profundidad tal, que son el fundamento de la conciencia del individuo45. En el caso concreto, la oposición a la guerra por parte del demandante se anclaba sobre convicciones estrictamente seculares “nacía de sus lecturas de la historia y la sociología”-. El Tribunal aplicó el llamado “test de la posición paralela de Seeger” y decretó que la “sinceridad y profundidad” de las convicciones de Welsh las convertía en susceptibles de la protección otorgada por la Primera Enmienda, dado que las mismas desempeñaban una función equiparable a la de la religión. A partir de la evolución descrita, puede deducirse que la Corte Suprema norteamericana determina el ámbito de aplicación de la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda constitucional en función del grado de relevancia que las convicciones alegadas alcanzan en la vida de su titular. Sin embargo, con el fin de estimar dicho grado de relevancia, la Corte recurre a un instrumen-

44

398 U.S. 333 (1970).

45

Como ha puesto de manifiesto J. R. POLO SABAU, varias sentencias posteriores a Welsh evidencian que los parámetros de medición instaurados por la Corte Suprema Federal apuntan hacia un criterio muy flexible y extensivo en relación con la evaluación casuística de la sinceridad con la que se esgrimen las convicciones religiosas: Thomas v. Review Board of the Indiana Employment Security División, 450 U.S. 707 (1981) y Hobbie v. Unemployment Appeals Commission of Florida, 480 U.S. 136 (1987). Véanse referencias a éstas y otras sentencias de la Corte en La libertad de enseñanza en el derecho norteamericano, Universidad Complutense Servicio de Publicaciones, Madrid, 1999, pp. 82 y ss. Por su parte, D. O. CONCKLE señala que las dificultades que genera el test sobre la “sinceridad” de las convicciones han sido mitigadas por el énfasis puesto por la Corte Suprema contemporánea en el “test de la equidad formal o no discriminación”. Véase en Constitutional Law: The Religion Clauses, Foundation Press, New York, 2003, pp. 70-71.

La Libertad de Conciencia l 49

to hermenéutico –el “test de la posición paralela” de Seeger-, que puede ser catalogado como una “construcción por analogía”, pues adopta como término de comparación una religión ya aceptada a partir de cuyos rasgos definitorios trata de dirimir si las creencias cuestionadas poseen características similares que las conviertan en equiparables46. En este orden de cosas, se observa cómo los esfuerzos realizados para evitar los efectos discriminatorios que pudieren derivar del otorgamiento de un tratamiento privilegiado a las convicciones asentadas sobre una creencia teológica frente a las creencias de orden secular, han conducido a la Alta Instancia estadounidense a dilatar el concepto de “religión” hasta extremos que lo desnaturalizan. Se ha perfilado un concepto secularizado de religión, hecho que podría haberse evitado mediante el otorgamiento de una interpretación extensiva de la Free Exercise Clause que subsumiese la libertad religiosa en el ámbito de una genérica libertad de conciencia o de pensamiento y que incluyese, en su ámbito de protección, cualesquiera creencias del individuo que, independientemente de su carácter religioso o secular, alcancen el rango de “convicciones”47. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha optado por seguir el

46

En términos parecidos se pronuncian A. M. VEGA GUTIÉRREZ y J. PÉREZ DELGADO: “Una aproximación al concepto jurídico de religión en la jurisprudencia norteamericana”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, núm. 1, enero, 2003, (www.iustel.com), p. 42. En la doctrina americana, el Parallel Position Test ha sido estudiado, entre otros, por F. J. BECKWITH: Law, Darwinism and Public Education: The Establishment Clause and the Challenge of Intelligent Design, Rowman and Littlefield Publishers Inc., Maryland, 2003, pp. 147 y ss.

47

O. CELADOR ANGÓN sostiene que desde esta perspectiva “el bien protegido por la Cláusula de Libre Ejercicio debe ser la genérica libertad de conciencia en la cual debe incluirse la libertad religiosa”. Véase su opinión en Estatuto jurídico de las confesiones religiosas en el ordenamiento jurídico estadounidense, Dykinson, 1998, pp. 248-250. Cabe señalar que, en el caso en que ha reafirmado el reconocimiento del derecho a abortar -Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992)-, la Corte Suprema norteamericana apela a una “zona de conciencia y creencia constitucionalmente protegida y al derecho de cada persona a definir su propio concepto de la existencia, del significado del universo y del misterio de la vida humana”. Como ha puesto de manifiesto D. O. CONKLE, “aunque escritas en el marco del reconocimiento del derecho al aborto, el lenguaje empleado sugiere que la Corte con-

50 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

camino de la ampliación del concepto de religión hasta el extremo de poder ser aplicado a las creencias no religiosas48. Sobre la base de la exposición realizada, puede certificarse que tanto los órganos de Estrasburgo como la Alta Instancia norteamericana atienden en su jurisprudencia a la entidad de las ideas o creencias profesadas a la hora de determinar qué tipo de conductas quedan amparadas por el artículo 9.1 del Convenio o por la Cláusula de Libre Ejercicio respectivamente. Este método integrador, que incide en la vocación aglutinante del término “convicciones”o en una interpretación expansiva del concepto de “religión”, produce, sin embargo, una distorsión en su aplicación como consecuencia del recurso a técnicas basadas en la “equiparación” entre creencias de índole diversa. Así, en aras a solventar las objeciones que desde el punto de vista del principio de igualdad pudiere generar el otorgamiento de un tratamiento privilegiado a las convicciones de índole religiosa frente a aquéllas que ahondan sus raíces en prescripciones de índole secular, ambas Cortes otorgan un valor comparador a las primeras que produce, en no pocas ocasiones, efectos contrarios a los deseados49.

temporánea encuentra valores constitucionales en las decisiones de conciencia, esto es, en las decisiones morales de propia definición y de propia determinación que pueden o pueden no ser religiosas en un sentido convencional”. Véase la opinión del autor en: Constitutional Law: The Religion Clauses, Foundation Press, Nueva York, 2003, p. 65. 48

49

En la doctrina norteamericana numerosos autores han estudiado la jurisprudencia de la Corte Suprema relativa a la definición del concepto “religión”. Por todos véanse: A. M. ADAMS y C. J. EMMERICH: A Nation Dedicated to Religious Liberty: The Constitutional Heritage of the Religious Clauses, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 1990, pp. 90-91; E. CHEMERINSKY: Constitutional Law: Principles and Policies, Aspen, New York, 1997, pp. 972977 y M. W. MCCONELLM J. H. GARVEY y T. C. BERG: Religion and the Constitution, Aspen Publishers, New York, 2002, pp. 869-905. En relación con la jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo, J. MARTÍNEZTORRÓN señala que “la religión parece erigirse, por tanto, en la clave conceptual para delimitar el ámbito material de protección del artículo 9.1 del CEDH, que incluiría las ideas religiosas –en su significado tradicional- y las ideas no religiosas de intensidad axiológica equiparable en orden a guiar el comportamiento personal”. Véase esta opinión en “La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea”, op. cit. p. 86.

La Libertad de Conciencia l 51

B) LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL ITALIANO. En Italia, la Norma Suprema de 1947 tampoco alude expresamente a un genérico derecho de libertad de conciencia50. Sin embargo, dicha ausencia de expreso reconocimiento ha sido suplida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional51. Ya en el año 1989, el Alto Tribunal italiano declaró por primera vez explícitamente que la libertad de conciencia es un derecho dotado de rango constitucional52: “La libertad de conciencia, referida a la profesión de fe religiosa o de opinión en materia religiosa, no es respetada sólo cuando el Estado impone actos de culto, sino también cuando impone el cumplimiento de actos con significado religioso. El reclamo a la importancia religiosa del juramento, ligado a la responsabilidad que el que jura asume delante de Dios, no puede en consecuencia más

50

Asimismo, en la doctrina estadounidense D. O. CONKLE ha puesto de relieve que “la Corte Suprema norteamericana, en una sentencia posterior a Seeger -Frazee v. Illinois Department of Employment Security, 489 U.S. 829 (1989)-, determinó que la Free Exercise Clause protegía la observancia individual del Sabbath aun cuando dicha conducta no se basase en la doctrina o enseñanza de una iglesia concreta o de un cuerpo religioso determinado. Sin embargo, la persona cuya conducta fue protegida era cristiana y hacía derivar su creencia de una interpretación propia y particular de la Biblia. De manera que, aunque Frazee protegió una creencia personal, dicha creencia era en cualquier caso una creencia religiosa en el sentido convencional del término”. El autor llega a afirmar que para poder insertar una creencia personal en el ámbito de protección de las Cláusulas religiosas de la Constitución, “es preciso que la misma sea teística o en cierto modo religiosa en un sentido convencional”. Véase su postura en Constitutional Law: The Religion Clauses, op. cit., pp. 64-65. Sin embargo, sí que se encuentran referencias específicas a la libertad de conciencia en los Acuerdos de 1984 con la Iglesia católica –artículo 9.4- y en los Acuerdos firmados con otras confesiones: Acuerdo con la Mesa Valdese –artículos 7.2 y 9.2-; Acuerdo con la Unión italiana de las Iglesias cristianas adventistas del Séptimo Día –artículo 11.1-; Acuerdo con la Asamblea de Dios –artículo 8.1-; y Acuerdo con la Unión de Comunidades hebreas italianas –artículo 11.1-.

51

G. DI COSIMO señala que “la libertad de conciencia no es el único principio que la Constitución no prevé –expresamente- y que sin embargo presupone –necesariamente-”. Véase la presente afirmación en Coscienza e Costituzione, I limiti del Diritto di fronte ai convencimenti interiori della persona, Giuffrè, Milán, 2000, p. 82.

52

Corte Constituzionale, Sentencia núm. 409/1989, de 18 de julio.

52 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

que reguardar al creyente. La tutela de quien no es creyente viene asegurada insertando en la fórmula del juramento una expresión que limita el reclamo al vínculo religioso, que sólo el creyente contrae”.

Pocos años después, en la Sentencia núm. 149/1995, de 5 de mayo, relativa a la constitucionalidad de la fórmula del juramento de los testigos en el proceso civil, la Corte Costituzionale sostiene que: “La conciencia individual posee relevancia constitucional como principio creativo que hace posible la realidad de las libertades fundamentales del hombre (...). La misma goza, por tanto, de una protección constitucional proporcionada a la necesidad de que tales libertades y tales derechos no resulten irrazonablemente comprimidos en su posibilidad de manifestación y desarrollo a causa de preclusiones o de impedimentos impuestos injustificadamente a las posibilidades de determinación de la conciencia misma”.

De dichas afirmaciones deriva, por un lado, “la prioridad absoluta” y el “carácter fundador” que la libertad de conciencia adquiere en la escala de valores expresada por la Constitución, de la cual procede el deber de prestarle una protección “proporcionada” a tan elevada posición. Por otro lado, se deduce asimismo que la conciencia individual es el fundamento ontológico de los derechos inviolables del hombre. Después, en la Sentencia núm. 334/1996, de 8 de octubre, relativa a la constitucionalidad de la fórmula del juramento decisorio, la Corte afirmó que “la esfera íntima de la conciencia individual debe ser considerada el reflejo jurídico más profundo de la idea universal de la dignidad de la persona humana” y que “la libertad de conciencia representa un aspecto de la dignidad que incumbe tanto a los creyentes como a los no creyentes”. Por lo que la conciencia requiere de una tutela similar a aquélla acordada para los derechos inviolables del hombre y, por ende, “proporcionada a la prioridad absoluta y al carácter fundamental a ellos reconocido por la escala de valores constitucionalmente establecida”. En dicha ocasión, la Corte sostuvo, además, que la conciencia individual representa “(...) un valor constitucional de rango tan elevado que justifica la concesión de dispensas al acatamiento de deberes públicos sobre los cuales la Constitución declara su inderogabilidad”.

La Libertad de Conciencia l 53

En su Sentencia 422/1993, de 3 de diciembre, la Corte señaló que la libertad de conciencia emana de una interpretación sistemática de los artículos 2, 19 y 21 de la Constitución53. Mientras el artículo 2 -que consagra el principio personalista al configurar la “personalidad” del hombre como conditio sine qua non para la garantía de su respeto y desarrollo54 - constituye la base sobre la que se asienta la inserción de la libertad de conciencia entre los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución; el artículo 19 tutela la libre expresión de la fe o creencias religiosas; y el 21 la libre manifestación de los propios convencimientos morales o filosóficos55. De acuerdo con dicha individualización de los parámetros constitucionales que dan sustento a la libertad de conciencia, son elocuentes las palabras de la Alta Corte en la Sentencia núm. 467/1991, de 19 de diciembre: “De aquí deriva que cuando sea racionalmente necesaria para garantizar el núcleo esencial de uno o más derechos inviolables del hombre, como por ejemplo, la libertad de manifestar las propias convicciones morales o filosóficas (artículo 21 de la Constitución) o la propia fe religiosa (artículo 19 de la Constitución), la esfera íntima de la conciencia individual debe ser considera-

53

54 55

El artículo 2 de la Constitución italiana señala que: “La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, sea como individuo sea en el seno de las formaciones sociales donde se desarrolla su personalidad, y requiere el cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social”. El artículo 19 de la Constitución consagra el derecho de libertad religiosa al señalar que: “todos tienen derecho a profesar libremente su propia fe religiosa en cualquier forma, individual o asociada, a realizar propaganda y a ejercer en privado o en público el culto, siempre que no se trate de ritos contrarios a las buenas costumbres”. Por su parte, el artículo 21 de la Norma Fundamental consagra la libertad ideológica o de pensamiento al expresar que “todos tienen derecho a manifestar libremente su pensamiento de palabra, por escrito o mediante cualquier otro medio de difusión”. En la doctrina, se manifiesta totalmente a favor de dicha interpretación S. LARICCIA: “L’obiezione di coscienza nel diritto italiano”, Quaderni di Diritto e Politica Eclesiástica, 1989, p. 65. P. BARILE: Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 25. Esta doctrina ha sido ratificada posteriormente por la Sentencia de la Corte Costituzionale núm. 43/1997, de 20 de febrero.

54 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

da como el reflejo jurídico más profundo de la idea universal de dignidad de la persona humana que circunda aquellos derechos”.

Esto significa, tal y como ha señalado la doctrina, que en Italia la libertad de conciencia despliega su tutela sobre dos niveles de garantía: uno, que atiende a su presupuesto y otro, que atiende a sus campos de acción. En el primer nivel, la libertad de conciencia, dada su condición de derecho inviolable, actúa como presupuesto del libre desarrollo de la personalidad del individuo -artículo 2 de la Constitución56-; mientras que, en el segundo nivel, la libertad de conciencia encaja en los campos de acción de dos preceptos constitucionales cuya distinción se fundamenta en su diferente objeto material: el artículo 19, opera cuando las convicciones del individuo poseen una base religiosa y el artículo 21 despliega su efectividad cuando se trata de creencias exentas de un tenor confesional57. Todo ello, ha conducido a gran parte de la doctrina italiana a afirmar algo que parece evidente: que la libertad de conciencia y la libertad religiosa son conceptualmente distintas. Y ello por la lógica razón de que la libertad de conciencia opera también en campos de la experiencia humana distintos del religioso, lo que reclama su autónoma configuración jurídica58. En relación con

56

Gran parte de la doctrina italiana considera que el derecho de libertad de conciencia es el germen o núcleo esencial del sistema de derechos fundamentales. Así, R. BERTOLINO afirma “que el principio de autodeterminación personal en el ámbito de las cuestiones del espíritu es el presupuesto de las Constituciones; y que la libertad de conciencia, el más fundamental e intangible de los derechos, es la regla básica de los modernos sistemas jurídicos”. En este sentido, el autor define la libertad de conciencia como “la más fundamental de entre todas las libertades”. Véase al respecto: “La libertà religiosa e gli altri diritti humani”, Diritto Ecclesiastico, 1996, Vol. I, pp. 33-34.

57

En tales términos se pronuncia G. DI COSIMO: Coscienza e Costituzione, I limiti del Diritto di fronte ai convencimenti interiori della persona, op. cit. p. 95.

58

En este sentido se pronuncian: F. FINOCCHIARO, el cual sostiene que “la libertad de conciencia consiste en la libertad para profesar la religión que se quiera o para no profesar ninguna así como la libertad para poseer una visión laica del mundo y de la vida”. Véase del autor: “Commento all’articulo 19” en G. BRANCA (dir.) Commentario della Costituzione, Bolonia-Roma, 1975, p. 261; En términos parecidos S. FOIS: “Garanzia costituzionale delle manifestazioni di pensiero

La Libertad de Conciencia l 55

ello, son elocuentes las palabras de DI COSIMO cuando sostiene que en el marco de tutela de la conciencia individual, dispuesta por la libertad de conciencia, encuentra espacio la tutela de la conciencia religiosa que, en función de la peculiaridad del bien tutelado, requiere de una expresa fuente normativa de garantía, la contenida en el artículo 19 de la Constitución. En otros términos, sobre la base de la tutela general que la libertad de conciencia proporciona a los convencimientos interiores del individuo, se engarza la específica tutela que la libertad religiosa despliega sobre las convicciones de fe59. Por este motivo, afirma el autor, “la libertad religiosa puede ser conceptuada como la libertad de

in materia religiosa” en AA.VV: Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Milán, 1973; S. LARICCIA: Coscienza e libertà, Il Molino, Bolonia, 1989, pp. 108-109; Y, más recientemente, G. DI COSIMO: Coscienza e Costituzione, I limiti del Diritto di fronte ai convencimenti interiori della persona, op. cit. p. 103 y P. BELLINI: “L’ateismo nel sistema delle libertà fondametali”, Quaderni di Diritto e Politica Eclesiástica, núm. 2, 1985, pp. 93-96. 59

Los últimos pasos dados en la materia aluden a la subsunción de la libertad religiosa en una más genérica libertad de conciencia, tal y como evidencia la redacción del Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa y derogación de la normativa sobre cultos admitidos, de 18 de marzo de 2002 –Progetto di Legge núm. 2531, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi-. Pues, a pesar de referirse en su título a las normas sobre la libertad religiosa, el Capítulo Primero del mismo se destina a la regulación del “Derecho fundamental de libertad de conciencia y de religión”. En esta línea, el artículo 1 señala que las normas contenidas en el mismo se enmarcan dentro de la más general libertad de conciencia “(...) tal y como ésta es garantizada a todos de conformidad con la Constitución, las convenciones internacionales sobre los derechos del hombre y los principios generalmente reconocidos en la materia”. Además, el artículo segundo concreta qué ha de entenderse por “libertad de conciencia y de religión” haciendo mención explícita de las creencias exentas de carácter religioso. En este sentido, el precepto dispone: “La libertad de conciencia y de religión comprende el derecho a profesar libremente la propia fe religiosa o creencia, en cualquier forma, individual o asociadamente, a difundirla y propagarla, a observar los ritos y ejercitar el culto en privado o en público. Comprende, entre otros, el derecho a cambiar de religión o creencia o a no tener ninguna. (...)”. Y, los artículos tercero y cuarto mencionan asimismo “el derecho a no ser discriminado en razón de la propia fe religiosa o creencia” y el “derecho de los padres a instruir y educar a los hijos coherentemente con su fe religiosa o creencia”. Véase un análisis del citado Proyecto en P. C. PARDO PRIETO: “Crónica legislativa. Italia”, Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos, Número 2, Diciembre 2002, pp. 443- 473.

56 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

la conciencia que, en función de su especialidad, se orienta a la materia religiosa”60. De todo lo expuesto se deduce que tanto las “convicciones laicas” como las “convicciones religiosas” poseen el derecho a una igual tutela, en tanto que manifestaciones ambas de la conciencia del individuo y elementos imprescindibles para el libre desarrollo de su personalidad61. La distinción válidamente predicable entre la “conciencia laica” y la “conciencia religiosa” abarca, por tanto, la naturaleza de las convicciones interiores del ser humano: aquéllas dotadas de un carácter religioso son objeto material del derecho reconocido en el artículo 19 y las convicciones del individuo basadas en idearios éticos o filosóficos constituyen el objeto del artículo 21 de la Constitución italiana. Así, el fundamento último tanto del derecho de libertad de pensamiento como del de libertad religiosa es el genérico derecho de libertad de conciencia62. Antes de continuar con la exposición del Derecho comparado, procede recapitular, en este momento, algunas de las directrices que caracterizan los métodos de interpretación constitucional utilizados por las distintas Cortes hasta ahora estudiadas en materia de libertad de conciencia:

60

G. DI COSIMO: Coscienza e Costituzione, op. cit., p. 103.

61

En esta línea T. MARTINES sostiene que “la libertad de conciencia no puede entenderse como un simple aspecto de la libertad religiosa, sino como un derecho que incluye todas las múltiples opciones espirituales del individuo, tanto religiosas como de otra índole”: “Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza”, en I. C. IBÁN (Coord..): Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989, p. 33.

62

En tales términos se pronuncia P. BELLINI: “L’ateismo nel sistema delle libertà fondametali”, op. cit., p. 98. Por su parte R. BERTOLINO sostiene que “entendida en sentido rigurosamente jurídico, la libertad de conciencia no puede significar otra cosa que la (posible) libertad de cada uno de actuar, en la vida de relaciones relevantes a los fines de la disciplina normativa, según los dictámenes de la propia conciencia: todos los dictámenes, en consecuencia, también aquellos de naturaleza no religiosa”. Véase la opinión del autor en: Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell’uomo e istituzione. Saggi di diritto costituzionale caonico, G. Giappichelli, Turín, 1989, p. 90.

La Libertad de Conciencia l 57

Mientras los órganos de Estrasburgo recurren a la acotación del término “forum internum” para delimitar el ámbito de aplicación del artículo 9.1 del Convenio, la jurisprudencia norteamericana realiza una interpretación extensiva del concepto de “religión” con el fin de concretar qué conductas basadas en la conciencia de su titular quedan amparadas por la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda constitucional. Por su parte, la Corte Costituzionale italiana actúa en un sentido diverso al acudir al método de la interpretación sistemática de la Constitución para extraer de sus preceptos una categoría jurídica, la de “libertad de conciencia”, que no se encuentra expresamente prevista en el tenor literal de aquéllos. Si bien es cierto que, a diferencia del Tribunal Constitucional español, la Corte italiana ha afirmado expresamente que la libertad de conciencia se configura como una emanación de aquellos preceptos de la Norma Suprema que consagran el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libre manifestación de los pensamientos morales o filosóficos, las bases de su razonamiento pueden ser equiparadas a aquéllas que sustentan la interpretación unitaria que del artículo 16.1 CE ha realizado el Juez de la Constitución español. Interpretación unitaria de la cual cabe extrapolar la existencia de un nexo común entre las libertades ideológica y religiosa: aquél que atiende a la interioridad de la conciencia del individuo y a su manifestación externa.

C) LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL FRANCÉS. En el ordenamiento jurídico francés, la libertad de conciencia se encuentra garantizada a través de su proclamación en textos adoptados en diferentes épocas pero integrantes, todos ellos, del bloque de la constitucionalidad. Los primeros cimientos de este derecho se hallan en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, de 26 de agosto de 1789, cuyo artículo 10, aun sin hacer mención explícita del mismo, dispone que “Nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluidas las religiosas, siempre y cuando su manifestación no vulnere el orden público protegido por la ley”. La primera proclamación legislativa de la libertad de conciencia con tal denominación tiene lugar en el artículo 1° de la Ley de

58 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

separación de las Iglesias y el Estado de 9 de diciembre de 1905, el cual expresa que “La República garantiza la libertad de conciencia. Y garantiza el libre ejercicio de los cultos con las únicas restricciones que deriven del orden público”. Con dicha Ley se alude a las creencias en general -las religiosas y las dotadas de un carácter secular- al enmarcar la libertad religiosa –reconocida con la expresión “libertad de culto”- en el seno de un concepto más amplio de libertad de conciencia entendida asimismo como libertad de pensamiento o ideológica. La proclamación constitucional del derecho se produce por primera vez, aunque sin mención expresa del término “libertad de conciencia”, en el Preámbulo de la Constitución de 1946, cuyo párrafo 5° afirma: “Nadie puede ser despedido de su trabajo o empleo en razón de sus orígenes, de sus opiniones o de sus creencias”. Se observa cómo, en este caso, tampoco el constituyente francés vincula el término “creencias” a las convicciones religiosas. Y en la misma línea se expresa la vigente Constitución de 4 de octubre de 195863 cuando promulga en su artículo 2 la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y el respeto por todas las creencias”64, así como cuando consagra el carácter laico del Estado al afirmar en su artículo 1 que “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, de raza o de religión y que respeta todas las creencias (...)”65. Por otra parte, el Consejo Constitucional, a través de su Decisión sobre la Libertad de enseñanza y de conciencia de 23 de noviembre de 1977, afirmó que la libertad de conciencia se configura como

63

Debe recordarse que el Preámbulo de la vigente Constitución francesa proclama solemnemente su adhesión a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, confirmada y complementada por el Preámbulo de la Constitución de 1946.

64

Antiguo artículo 2.1 de la Constitución (revisado por la Ley constitucional núm. 95-880, de 4 de agosto de 1995). Los demás elementos de este artículo (lengua, emblema e himno nacional, divisa y principio de la República) se incluyen en el actual artículo 2 de la Constitución.

65

Texto actualizado después de la reforma constitucional de 17 de marzo de 2003. Esta fórmula retoma lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de 27 de octubre de 1946.

La Libertad de Conciencia l 59

un principio fundamental reconocido por las leyes de la República integrante del bloque de la constitucionalidad66. Esta libertad queda tipificada, por tanto, como un principio general del Derecho dotado de valor constitucional y es definida como la libertad de opinión y de creencias67. Se observa cómo la elevación de la libertad de conciencia al rango de principio constitucional en el ordenamiento jurídico francés ha evitado que se produzcan las disfunciones que genera el otorgamiento de un tratamiento jurídico diferenciado a las convicciones que reposan sobre una fe religiosa frente a aquéllas otras que se asientan sobre posturas no fideístas o aconfesionales.

D) LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL ALEMÁN. En Alemania, la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949, alude de forma expresa en su artículo 4 a la libertad de conciencia, en el marco de un amplio entramado terminológico: “1. La libertad de creencias, de conciencia y la libertad de confesión religiosa

66

67

Considerando 5° de la Decisión del Conseil Constitutionnel núm. 87 de 23 de noviembre de 1977. Esta afirmación es posteriormente reiterada por el Dictamen del Consejo de Estado francés de 27 de noviembre de 1989. El texto puede encontrarse en Revue Française de Droit Administratif, VI-1, 1990, pp. 6-9. P. LANGERON, sin embargo, entiende en un planteamiento similar al aquí defendido que “la inclusión de la libertad de opinión en el ámbito de protección de la libertad de conciencia posee un carácter restringido, pues sólo quedan incluidas en este último las ideas u opiniones del individuo que contribuyen a configurar su cosmovisión o aquéllas que lo comprometen en su actuación y comportamiento”. Véase la opinión del autor en Liberté de conscience des agents publics et laïcité, Economica, Presses Universitaires D’Aix-Marseille, 1986, p. 128. Por su parte, V. D. LOCHACK sostiene que “la libertad de conciencia no se reduce a la libertad religiosa ni es una forma más de libertad de opinión. La libertad de conciencia se distingue notablemente de la libertad de opinión por su relación estrecha con el foro interior de la persona, por el hecho de que su objeto de protección no son las opiniones sino las convicciones”. Tales afirmaciones se encuentran en “For intérieur et liberté de coscience” en Le for intérieur, Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, PUF, París, 1995, p. 181.

60 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

e ideológica son inviolables. 2. Se garantiza el libre ejercicio del culto”68. Además, en su artículo 3 se proclama la interdicción de toda discriminación basada en las convicciones, al afirmar que “nadie podrá ser perjudicado ni privilegiado por su sexo, ascendencia, raza, idioma, patria u origen, creencias o concepciones religiosas o políticas”. Como apunta LLAMAZARES FERNÁNDEZ, la doctrina académica alemana tampoco es unánime a la hora de abordar la delimitación conceptual y terminológica del derecho, pues un sector de la misma considera que la libertad de conciencia forma parte integrante de los derechos de libertad ideológica y religiosa, mientras que otro estima que se trata un derecho constitucional autónomo que incluye conceptualmente a las libertades ideológica y religiosa, siendo, incluso, su fundamento jurídico69. A los efectos que interesan a la presente investigación, conviene resaltar que el Tribunal Constitucional alemán ha otorgado una definición secularizada de la libertad de conciencia que coincide con la tesis aquí sostenida. El mismo la define como “la libertad para comportarse de acuerdo, no con cualesquiera ideas o creencias del individuo, sino sólo con aquéllas que son percibidas por el sujeto como mandatos incondicionales”. En consonancia con ello, el Juez de Karlsruhe define la decisión en conciencia como “toda decisión éticamente seria, orientada por las categorías del bien y del mal, que la persona considera tan vinculante e incondicionalmente obligatoria (...) que no puede actuar en contra de ella sin entrar en abierta contradicción con la propia conciencia”70.

68

El artículo 140 de la vigente Constitución alemana reconoce como parte integrante de la misma los artículos 136 a 141 de la Constitución de Weimar de 1919 -que son desarrollo del artículo 4 de la Ley Fundamental de Bonn- en los que se establece que nadie podrá ser obligado a manifestar sus propias creencias religiosas y que no existe una Iglesia de Estado.

69

D. LLAMAZARES: Derecho de Libertad de Conciencia I, libertad de conciencia y laicidad, op. cit., p. 207.

70

BVerfGE –Entscheidungen des Bundesvarfssungsgerichts (Recopilación oficial de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán)- 12, 45, 55. Véase un comentario de la misma en W. LOSCHELDER: “The non-fulfillment of legally imposed obligations because of conflicting decisions of conscience –the legal situation in the Federal Republic of Germany (FRG)-”, Conscientious objection in the EC countries, Milán, 1992, p. 30.

La Libertad de Conciencia l 61

Ratificando dicha doctrina, el Tribunal Federal alemán ha hecho coincidir el objeto material de la libertad de conciencia con las convicciones del individuo que vinculan su propio comportamiento externo, con independencia de la índole ideológica o religiosa de las mismas71. Sobre la base del estudio realizado hasta el momento, conviene concluir por ahora que el derecho de libertad de conciencia confiere a su titular la potestad para conformar, mantener y exteriorizar el conjunto de ideas o creencias que configuran su código valorativo privado. La entidad y el arraigo que éstas adquieren en el foro interno del individuo determina su inclusión en la categoría de las “convicciones” que integran el objeto material del derecho. Pero será en los próximos epígrafes donde se estudie en profundidad el elenco de facultades que componen su ámbito de protección y el conjunto de principios jurídicos que conforman el marco imprescindible para su efectiva tutela. Baste por el momento subrayar que los recursos hermenéuticos empleados por las diversas Cortes constitucionales y por los órganos de Estrasburgo para determinar qué conductas quedan amparadas bajo el paraguas de la libertad de conciencia no son siempre los mismos. Así, si bien las virtudes e inconvenientes de cada uno de estos métodos se han hecho evidentes a través de la exposición de las consecuencias que produce su aplicación, no conviene dejar de lado que todos ellos coinciden en dotar de una relevancia trascendente a la entidad y al carácter vinculante que las convicciones profesadas poseen para su titular.

71

BVerfGE 41, 29 (49): “El artículo 4 LFB no sólo contiene un derecho individual de defensa, sino que establece la obligación, en un sentido positivo, de garantizar la práctica de las propias convicciones y el alcance de un autónomo y personal desarrollo en la esfera religiosa e ideológica”.

II. LA DOBLE DIMENSIÓN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA.

2.1. EL

CARÁCTER BIDIMENSIONAL DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA: DE LA INTANGIBILIDAD DE LA DIMENSIÓN INTERNA DEL DERECHO A LA LIMITABILIDAD DE SU DIMENSIÓN EXTERNA.

Conviene comenzar este epígrafe haciendo alusión a unas palabras del Juez Constitucional español que ilustran con especial nitidez la entidad y el alcance que la libertad de conciencia adquiere en el proceso de configuración de la autonomía del ser humano y, por ende, en la afirmación de su dignidad: “La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”72.

Cuando el Tribunal Constitucional habla de “autodeterminación consciente y responsable” de la propia vida, está aludiendo a la “libertad individual de conciencia”, que comprende dos facultades intrínsicamente vinculadas a la configuración de la identidad personal:

72

STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8°.

64 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

a) En primer lugar, cabe hacer referencia a la libertad individual, la cual garantiza la capacidad para adoptar una singular ética privada tutelando, de este modo, la independencia moral del individuo. A ella se refiere el Tribunal Constitucional cuando afirma que: “la libertad es el pleno poder de autodeterminación de las facultades que componen esa específica manifestación calificada por la Constitución como libre”73.

De acuerdo con ello, la independencia moral del individuo presupone la garantía de una previa libertad de opción para conformar sus convicciones más profundas, opción que cristaliza en el ejercicio de la libertad ideológica –cuando la elección se produce entre un plural abanico de opciones filosóficas o políticas-, y/o en el ejercicio de la libertad religiosa -que consiente la autónoma adscripción o no a una determinada confesión u opción espiritual-74. b) En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, la libertad individual de conciencia convierte a las convicciones arrogadas en pauta o directriz de la propia conducta en la medida en que son ellas las que dictan al individuo lo que está bien y lo que está mal75. Habida cuenta que las convicciones libremente adoptadas conforman el referente axiológico de la persona, el comportamiento exterior coherente con aquéllas se erige como uno de los elementos esenciales del derecho.

73

STC 244/1991, de 16 de diciembre, FJ 2°.

74

Estas afirmaciones se apoyan en las realizadas por R. BERMEJO y C. RAMÓN en relación con la libertad religiosa, quienes sostienen que “la primera manifestación del hecho religioso es la adhesión personal a un sistema o visión del mundo –el acto de fe o su rechazo o negación- que, en cuanto libre ejercicio de la conciencia individual, constituye una forma de la libertad de pensamiento (...): la libertad de conciencia (...) es la base de la libertad religiosa”. Véase en “Reflexiones sobre la libertad de religión en el ámbito europeo”, Ius Canonicum, XXXIII, núm. 65, 1993, p. 32.

75

Conviene destacar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española otorga como una de las definiciones del término conciencia la siguiente: “Conocimiento interior del bien y del mal”.

La Libertad de Conciencia l 65

Desde esta perspectiva, procede examinar a continuación el carácter bidimensional de la libertad de conciencia que impide configurarla como una mera libertad interior para materializarla externamente en una “libertad de acción y comportamiento”. La libertad de conciencia, categoría genérica que comprende las libertades ideológica y religiosa del artículo 16.1 CE, integra en su contenido material dos dimensiones o vertientes: la puramente interna, que comprende la libertad para creer o no creer y para poseer unas u otras convicciones o no poseer ninguna, la cual incluye, como se verá, el derecho la libre formación de la conciencia como base o sustrato ontológico de aquélla; y la dimensión externa, que engloba la libertad para manifestar y proclamar las ideas o creencias profesadas y el derecho a comportarse externamente de acuerdo con sus prescripciones y a no comportarse en modo que las contradiga76. En palabras del Tribunal Constitucional: “la libertad de conciencia supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia sino también a obrar de manera conforme a los imperativos de la misma77.

El ámbito de protección del derecho en su vertiente interna comprende la facultad del individuo para adoptar una personal y libre cosmovisión del mundo y de sí mismo e incluso cambiarla, así como para asumir una postura autónoma y consciente sobre aquello que le rodea. En definitiva, la libertad de conciencia confiere al individuo la capacidad para asumir libremente su ética privada sin injerencias externas y para percibir su propia identidad78.

76

Suscriben esta distinción de las facultades inherentes al derecho D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: Derecho de la Libertad de Conciencia I, libertad de conciencia y laicidad, op. cit., p. 22 y A. CASTRO JOVER: “La libertad de conciencia y la objeción de conciencia individual en la jurisprudencia constitucional española”, en Javier Martínez Torrón (ed.): La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional, Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada, 1997, p. 136.

77

STC 15/1982, de 23 de abril, FJ 6º.

78

Entre las definiciones de “conciencia” otorgadas por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua conviene destacar en este momento aquella que reza: “Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta”.

66 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Como ha quedado expuesto en el epígrafe anterior del presente libro, integran el ámbito material de la genérica libertad de conciencia todas las ideas o creencias de la persona que alcanzan el rango de convicciones, es decir, aquéllas que conforman su guía ética o moral y que definen sus pautas de comportamiento y su propia autonomía identitaria, las cuales se proyectan en el ejercicio de las libertades ideológica o religiosa79. De acuerdo con lo cual, será la relevancia y el arraigo o estabilidad alcanzados por dichas ideas y/o creencias en el foro interno del individuo y no el cariz de las mismas, lo que determine los distintos efectos que puede producir la ponderación de los derechos consagrados en el artículo 16.1 CE con otros derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Así, por ejemplo, sólo las ideas y creencias que adquieren el rango de “convicciones” podrán ser invocadas en orden a obtener determinadas exenciones ante eventuales contradicciones entre la norma de conciencia y la observancia de concretos deberes jurídicos, lo cual no sucede, en ningún caso, respecto de las meras opiniones80. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español es especialmente fecunda en el reconocimiento de la dimensión interna de los derechos de libertad ideológica y religiosa, la cual se encuentra ya presente en sus primeros pronunciamientos relativos al artícu-

79

F. J. DÍAZ REVORIO señala que “la dimensión interna del derecho comporta la facultad de adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y de representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones ideológicas o religiosas”: “La libertad de ideología y religión”, op. cit., p. 204.

80

Esta delimitación del objeto material del artículo 16.1 CE no es incompatible con la enfática negación del TC según la cual no es admisible una objeción general por motivos de conciencia a los deberes constitucionales y legales. Por ello, será necesaria la realización de un examen casuístico que permita identificar en qué casos prevalece el legítimo ejercicio del derecho fundamental. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ sostiene que “el derecho a no ser obligado a comportarse en contra de las propias opiniones no está protegido por el ordenamiento cuando esa conducta implique una violación de, o desobediencia a, un mandato legal. Ese derecho –que en todo caso deberá ser reconocido por la propia ley- sólo existe cuando el comportamiento exigido por el Derecho es contrario a convicciones –creencias o ideas- tan arraigadas que son concebidas por el sujeto como parte de su propia identidad y, en consecuencia, la infidelidad a las mismas es vivida como una traición a sí mismo y, en definitiva, como una desrealización personal”. Véase en Derecho de la Libertad de Conciencia I, libertad de conciencia y laicidad, op. cit., p. 23.

La Libertad de Conciencia l 67

lo 16.1 CE. Así, en la STC 24/1982, de 13 de mayo, el intérprete supremo de la Constitución otorgó una definición de la libertad religiosa que la identificaba con el derecho de toda persona a asumir o rechazar una determinada creencia religiosa sin coacción alguna proveniente de los poderes públicos o de terceros, vetando con ello toda ilegítima invasión en la esfera de su autonomía: “(...) es (...) la libertad religiosa (...) un derecho de carácter fundamental que se concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere del individuo (...). Dicho de otro modo, el principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales” –FJ 1°-81.

Más adelante, en el Auto 180/1986, de 21 de febrero, la Corte Constitucional apunta expresamente a la “capacidad para elegir” como presupuesto de la autonomía en el ámbito de la conciencia: “El derecho a la libertad ideológica y religiosa (...) implica la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección” –FJ 2°-.

Una alusión expresa a la dimensión interna de la libertad ideológica la lleva a cabo el Tribunal en las SSTC 120/1990, de 27 de junio y 137/1990, de 19 de julio, donde realiza una interpretación laxa de dicha vertiente del derecho al identificarla no sólo con el derecho de todos a poseer su propia concepción explicativa del hombre, del mundo y de la vida, sino también con la facultad para valorar la realidad bajo el prisma de aquélla: “Ciertamente la libertad ideológica (...) no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones”. -FFJJ 10° y 8° respectivamente-.

Posteriormente, en la STC 292/1993, de 18 de octubre, el Tribunal iguala la vertiente interna del derecho con la libertad para poder escoger entre el pluralismo de opciones de conciencia existentes. Este pronunciamiento resulta especialmente interesante en la medida en que en el mismo el Tribunal engloba el tipo de convic-

81

Doctrina ratificada por la STC 166/1996, de 28 de octubre, FJ 2°.

68 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

ciones que constituyen el objeto típico de la libertad religiosa en un ámbito más general auspiciado por la libertad ideológica: “La libertad ideológica en el contexto democrático gobernado por el principio pluralista basado en la tolerancia y el respeto a la discrepancia y a la diferencia, es comprensiva de todas las opciones que suscita la vida personal y social, que no pueden dejarse reducidas a las convicciones que se tengan respecto al fenómeno religioso y al destino último del ser humano, (...)” –FJ 5°-.

La “autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” a la que el Tribunal Constitucional se refirió como manifestación singular de la dignidad de la persona82, se traduce, cuando de la vertiente interna de la libertad religiosa se trata, en la facultad para autodeterminarse intelectualmente frente al fenómeno religioso. De este modo, el Tribunal vincula la dimensión interna del derecho con la dignidad de la persona al sostener en las SSTC 177/1996, de 11 de noviembre; 154/2002, de 18 de julio y 101/2004, de 2 de junio, que: “El derecho a la libertad religiosa del artículo 16.1 CE garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual.” –FFJJ 9°, 6° y 3° respectivamente-.

La dimensión interna del derecho incluye, por tanto, el reconocimiento de un ámbito de libre elección inmune a la coacción externa proveniente del Estado o de terceros. Especialmente incisiva con las injerencias que provengan de terceros es la STC 141/2000, de 29 de mayo, la cual señala que: “(...) la libertad de creencias garantizada en el artículo 16.1 CE protege frente a cualquier clase de compulsión externa de un poder público en materia de conciencia que impida o sancione a una persona por creer en lo que desea (dimensión interna)”–FJ 2°-. “La libertad de creencias encuentra (...) su límite más evidente en esa misma libertad, en su manifestación negativa, esto es, en el derecho del tercero afectado a no creer o a no compartir o a no soportar los actos de proselitismo ajenos” –FJ 4°-.

82

STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8°.

La Libertad de Conciencia l 69

De acuerdo con lo expuesto cabe concluir, que la dimensión interna del derecho protege una ilimitada e incoercible libertad de elección en el ámbito de las creencias personales, lo que conlleva la imposibilidad de someter esta faceta del derecho a restricciones de ninguna índole. Las principales consecuencias jurídicas que de ello se derivan para el Estado pueden sintetizarse en: a) la prohibición de los poderes públicos de invadir la esfera inafectable de la interioridad individual, mediante la pretensión de influir en la toma de decisiones sobre una materia de exclusiva competencia personal; y b) el deber del Estado de actuar como garante de la dimensión interna del derecho frente a las injerencias procedentes de terceros83. En relación con ello, procede apuntar en este momento, sin perjuicio de la profundización que el argumento requerirá en momentos posteriores de la investigación, que la firme garantía de la dimensión interna de la libertad de conciencia exige, como conditio sine qua non para su realización, la efectiva vigencia del “principio de neutralidad ideológica y religiosa del Estado” y la vinculación o compromiso positivo de los poderes públicos con el “principio del pluralismo”. Pero, como es lógico, la libertad de conciencia no agota su virtualidad en la facultad que asiste al individuo para no ser hostigado a la hora de asumir o rechazar los parámetros que definen su conducta ética y su identidad personal sino que, además, la vertiente externa del derecho le ampara para exteriorizar o transmitir sus convicciones y para actuar de acuerdo con ellas o sin contradecirlas, ejercicio del derecho que puede realizarse “individual o colectivamente”. De otro modo, la libertad se agotaría en el plano subjetivo interno. Así, mientras la vertiente interna del derecho protege la libertad para elegir, adoptar, rechazar o incluso abandonar unas u otras convicciones configuradoras de la propia identidad personal, la vertiente externa faculta a su titular para expresar, declarar y

83

Se hace significativa en este punto otra de las definiciones del término “conciencia” otorgada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aquella que la identifica con la “actividad mental a la que sólo puede tener acceso el propio sujeto”.

70 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

manifestar libremente los imperativos derivados de las mismas, haciendo partícipes de su contenido a terceros mediante su transmisión, enseñanza, difusión o propaganda. En este sentido, son elocuentes las palabras del Tribunal Constitucional en su ya citado Auto 180/1986, de 21 de febrero, cuando señala que: “(...) el derecho a la libertad ideológica y religiosa (...) implica la libertad de (...) manifestar (la religión o creencias de su elección) mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza, según declara el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales –artículo 9- y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículo 18-” –FJ 2°-.

Asimismo, dicha vertiente externa otorga al individuo una genérica libertad para adoptar conductas o comportamientos coherentes con sus normas de conciencia, no pudiendo ser constreñido –ni por el Estado ni por cualesquiera personas o grupos sociales- a conducirse en contra de ellas con el único límite del orden público protegido por la ley. Con el fin de ilustrar estas afirmaciones, conviene retomar en este momento algunas de las Sentencias del Tribunal Constitucional apuntadas supra que resultan útiles para analizar las facultades intrínsecas a la vertiente externa del derecho. La libertad de conciencia implica, desde el plano de su dimensión externa, el reconocimiento de una facultas agendi84 que se concreta en la tutela y garantía de un ámbito de acción y comportamiento que ha de ser respetado tanto por los poderes públicos como por los particulares. De acuerdo con este enfoque, son significativas las palabras del Tribunal Constitucional en su Auto 551/1985, de 24 de julio, el cual dispone: “El artículo 16 reconoce el derecho a la libertad religiosa que en cuanto libertad de conciencia se concreta en la posibilidad jurídicamente garantizada de acomodar el sujeto su conducta religiosa y su forma de vida a sus propias convicciones con exclusión de cualquier intervención por parte del Estado quien asume la protección del ejercicio de dicha libertad frente a otras personas o grupos sociales” –FJ 3°-85.

84

Término utilizado por J. M. CONTRERAS MAZARÍO: “La libertad de conciencia y la función promocional del Estado en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”, op. cit., p. 142.

85

En términos similares se pronuncian las SSTC 166/1996, de 28 de octubre, FJ 2° y 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4°.

La Libertad de Conciencia l 71

Sobre la base de las argumentaciones expuestas puede entenderse que el derecho de libertad de conciencia no agota su contenido en el respeto a la autonomía en materia de convicciones de sus titulares, sino que alberga, igualmente, la eventual exteriorización de las mismas. Esta vertiente externa incluye el reconocimiento de un ámbito de actuación constitucionalmente inmune a cualquier tipo de coacciones que debe considerarse incluido en el contenido esencial del derecho, pues la relevancia jurídica de su ejercicio radica en el comportamiento coherente con las convicciones de sus titulares86, así, en su Sentencia STC 177/1996, de 11 de noviembre, el Tribunal explica: “El derecho a la libertad religiosa del artículo 16.1 CE (...), al igual que la ideológica (...), incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos a actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros” –FJ 9°-87.

La protección dispensada por la Carta Magna a una de las libertades más claramente enraizadas en la autonomía de cada persona se dirige, pues, no sólo a garantizar la inmunidad del foro interno del individuo y de sus convicciones éticas o morales –sean éstas de carácter religioso o secular-, sino a proteger, igualmente, su manifestación externa. La delimitación material del derecho exige, en aras a evitar su desnaturalización, que el ordenamiento dispense una efectiva protección a la libertad de actuar de acuerdo con las

86

En este sentido se manifiesta F. J. DÍAZ REVORIO al afirmar que “en la delimitación del contenido esencial del derecho reconocido en el artículo 16.1 CE debe entenderse incluida la posibilidad de actuar de acuerdo con las propias creencias, pero respetando, en todo caso, las exigencias de otros derechos fundamentales, valores o bienes constitucionales”. Véase la opinión del autor en “La libertad ideológica y de religión”, op.cit., p. 211.

87

En términos parecidos se pronuncia el Tribunal en su ATC 1277/1988, de 30 de noviembre, cuando dispone: “La libertad ideológica que recoge el artículo 16.1 de la Constitución no constituye, como es obvio, una mera libertad interior, sino que dentro de su contenido esencial se incluye la posibilidad de su manifestación externa. Asimismo, es claro que esta manifestación externa no se circunscribe a la oral/escrita, sino que incluye también la adopción de actitudes y conductas como se deduce de los propios términos del artículo 16.1, al prever como únicas limitaciones posibles las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley” –FJ 2°-.

72 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

propias convicciones. Así, tal y como disponen las SSTC 120/1990 y STC 137/1990, de 19 de julio: “la libertad ideológica (...) comprende, (...), una dimensión externa de agere licere, con arreglo a las pr opias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos” –FJ 10° y 8° respectivamente-.

Por su parte, la STC 141/2000, de 29 de mayo, concreta el alcance de otra de las facultades inherente a la vertiente externa del derecho, aquélla que consiste en sostener las propias convicciones frente a terceros. Así, especifica que la misma incluye la posibilidad de intentar convencer al prójimo acerca de las virtualidades de su propia creencia mediante el ejercicio del proselitismo, que ampara incluso el derecho de los grupos ideológicamente caracterizados a difundir, propagar o enseñar sus ideas o creencias: “La libertad de creencias (...) sea cual sea su naturaleza, religiosa o secular, (...) ampara un agere licere consistente, por lo que ahora importa, en profesar las creencias que se desee y conducirse de acuerdo con ellas, así como mantenerlas frente a terceros y poder hacer proselitismo de las mismas” –FJ 4°-.

De todo lo expuesto se deduce, a modo de recapitulación, que el derecho de libertad de conciencia exige de los poderes públicos un deber de vigilancia para que el ámbito de autonomía valorativa que configura su objeto de protección quede libre de toda injerencia procedente de ellos mismos o de terceros particulares. Espacio de inmunidad que se extiende tanto a su ámbito interno, es decir, al momento de la adopción o elección de las propias convicciones, como a su ámbito externo, que comprende el momento en que dichas convicciones se solidifican en manifestaciones externas y que pueden consistir en la práctica, la enseñanza, el culto, o en cualquier otro tipo de actuación que comporte la observancia de las ideas o creencias adoptadas y profesadas. Ciertamente, la vertiente externa de la libertad de conciencia atiende a los comportamientos que adquieren relevancia jurídica en función de su “conexión” con las convicciones que conforman la conciencia de la persona. En este sentido, la actuación conforme con las prescripciones del credo o ideología practicada constituye una faceta imprescindible para la efectividad de ese reducto íntimo de la personalidad del individuo que constituye su libertad de con-

La Libertad de Conciencia l 73

ciencia. Sin embargo, esto no significa que la libertad de conciencia se configure como un derecho de carácter absoluto, no sujeto a limitaciones. Mientras la vertiente interna de la libertad de conciencia tutela el derecho a no sufrir interferencias en la esfera de las convicciones profesadas y garantiza un poder de autodeterminación “en conciencia” de la propia vida, la vertiente externa del derecho, refrenda un poder de actuación consecuente con aquéllas pero siempre dentro de los límites del orden constitucional vigente. Como es sabido, los derechos fundamentales se integran recíprocamente formando un todo unitario. Son elementos constitutivos del cuadro integral de la Constitución y se enmarcan en una relación de recíproco condicionamiento los unos con los otros y ellos con otros bienes constitucionales88. En la “delimitación constitucional” del derecho, el artículo 16.1 CE prefigura sus contornos sujetando la vertiente externa de las libertades ideológica y religiosa al respeto del “orden público protegido por la ley”89. Así, el precepto constitucional dispone expresamente que son las “manifestaciones” externas de la libertad ideológica y religiosa las que han de respetar dicho límite explícito. Mientras que la dimensión interna de ambas libertades se configura como ilimitable, la articulación de la dimensión externa con otros derechos fundamentales o bienes constitucionales con los que puede entrar en conflicto, determina la existencia de límites que le son constitucionalmente aplicables90. Esto, sin embargo, no debe

88

P. HÄBERLE: La libertad fundamental en el Estado constitucional, Comares, Granada, 2003, p. 68.

89

El término “delimitación constitucional” del derecho hace referencia a la previsión que realiza la propia Constitución de los límites aplicables al mismo, la cual puede ser explícita o implícita. Ya que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “la propia Constitución es norma de limitación, pues en ella cada derecho no se concibe como absoluto, sino que viene configurado en atención a otros derechos”: STC 126/1995, de 25 de julio, FJ 2°. En una fase posterior, la delimitación constitucional del derecho es concretizada, en primer lugar, por el legislador en el desarrollo normativo del derecho y en la regulación de sus condiciones de ejercicio y, posteriormente, por los órganos jurisdiccionales en los casos concretos.

90

En este sentido G. PECES-BARBA sostiene que “los límites de los derechos son situaciones comprendidas en el supuesto de hecho del derecho”. Véase del autor su Curso de Derechos Fundamentales, Eudema Universidad, Madrid, 1991, pp. 589 y ss.

74 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

conducir a pensar que la dimensión externa es la única dotada de relevancia jurídica. En la medida en que el titular del derecho puede ser objeto de inducciones o coacciones externas que afecten indebidamente al ámbito de interioridad conformado por su conciencia, la dimensión interna de las libertades ideológica y religiosa reclama asimismo la atención del ordenamiento.

2.2. EL

CARÁCTER BIDIMENSIONAL DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO.

A) LA DOBLE DIMENSIÓN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN LA DOCTRINA DE LOS ÓRGANOS DE ESTRASBURGO. En relación con la determinación del ámbito material de la libertad de conciencia, procede destacar ahora que, en idéntico sentido a la doctrina del Tribunal Constitucional español, los órganos de Estrasburgo han reiterado la existencia de dos dimensiones o vertientes del derecho reconocido en el artículo 9.1 del Convenio: una dimensión interna, de carácter absoluto o ilimitable, que comprende la libertad para elegir y para poseer una determinada concepción de la existencia desde postulados ideológicos, filosóficos o religiosos, para no poseer ninguna, o para renunciar a la propia y sustituirla por otra nueva; y una dimensión externa, que abarca la libertad para actuar de acuerdo con la propia religión o creencia o para no actuar en contra de ella y para manifestar externamente las propias convicciones –“por medio del culto91, la enseñanza92, las prácticas y la observación de los ritos”93-. Dimensión, esta última, que posee

91

STEDH de 9 de diciembre de 1994, en el Caso Saints Monasteres c. Grecia.

92

STEDH de 7 de diciembre de 1976, en el Caso Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen c. Dinamarca.

93

Esta enumeración no es taxativa sino que posee un carácter ejemplificativo, admitiéndose otras vías no mencionadas expresamente. El culto y los ritos son medios específicamente religiosos mientras que los otros dos, la enseñanza y las prácticas, son comunes a toda manifestación de cualquier creencia o convicción.

La Libertad de Conciencia l 75

un carácter relativo habida cuenta que los límites previstos por el párrafo 2° del artículo 9 le son exclusivamente aplicables94. Por lo que atañe a la “práctica” de las creencias profesadas –faceta integrada en la dimensión externa del derecho-, es importante destacar que la hoy inexistente Comisión Europea de Derechos Humanos estableció una clara distinción entre los términos “manifestación” de una religión o ideología y “motivación” de los actos que canalizan su expresión externa. Concretamente, en el Asunto Arrowsmith c. Reino Unido, sostuvo que el artículo 9 del Convenio no siempre extiende su ámbito de protección a los comportamientos externos que encuentran su base o fundamento en las creencias profesadas: “el término práctica (...) no abarca todos y cada uno de los actos que están motivados o influenciados por una concreta religión o creencia”; por cuanto, “cuando las acciones de los individuos no manifiestan –o expresan- realmente la creencia en cuestión, no pueden considerarse protegidas como tales por el artículo 9.1, aunque estén motivadas o influidas por aquélla”95.

De acuerdo con lo prescrito por el llamado “Arrowsmith test”, el ámbito de protección del artículo 9 del Convenio Europeo no se

94

El artículo 9.2 prevé la aplicación de límites a la dimensión externa de la libertad de pensamiento, conciencia y religión “cuando sean necesarios en una sociedad democrática, para la salvaguarda de la seguridad, la protección del orden, la salud o la moral públicas, así como la protección de los derechos y libertades de los demás”. Aluden a la doble dimensión del derecho las Decisiones de la Comisión 10358/83, en el Caso C. c. Reino Unido; 10678/83, en el Caso V. c. Holanda y 14049/88. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguiendo la doctrina de la Comisión, ha aludido a la doble dimensión del derecho al señalar expresamente: “(...) while religious freedom is primaly a matter of individual conscience, it also implies, inter alia, freedom to manifest one’s religion”. Asimismo, ha sostenido que las limitaciones establecidas en el artículo 9.2 del Convenio sólo son aplicables a la libertad de manifestar la propia religión o convicciones: STEDH de 25 de mayo de 1993, en el Caso Kokkinakis c. Grecia.

95

Decisión de la Comisión 7050/75, en el Caso Arrowsmith c. Reino Unido, relativo a una pacifista británica condenada a prisión por haber distribuido folletos entre los soldados ingleses acuartelados en Irlanda del Norte. En este caso, la Comisión consideró que la actividad de la condenada no constituía una “práctica” de sus creencias en la medida en que los folletos no versaban sobre el pacifismo propiamente dicho sino sobre la oposición política a la actuación del gobierno en Irlanda del Norte.

76 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

extiende a todos y cada uno de los comportamientos externos del individuo que se adaptan a sus propias convicciones. Pues, no basta con que la conducta encuentre su motivación o influencia en las ideas o creencias internamente profesadas, sino que es preciso que aquélla se configure como una auténtica y necesaria manifestación de su forum internum. De lo cual se deduce, que sólo el comportamiento obligado en conciencia es tomado en consideración por el artículo 9 del Convenio y no así el comportamiento simplemente permitido por las propias convicciones96. La doble dimensión de la libertad contenida en el artículo 9.1 del Convenio es doctrina reiterada igualmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia. A este respecto, la primera Sentencia en la que el Tribunal resuelve con fundamento en el artículo 9, promulgada el 25 de mayo de 1993, en el Caso Kokkinakis c. Grecia, prescribe: “Si la libertad religiosa emana en principio del foro interno, ésta ‘implica’, por tanto, especialmente, la de ‘manifestar su religión’. El testimonio, en palabras y en actos, se encuentra ligado a la existencia de convicciones religiosas.

Tal doctrina ha sido reiterada posteriormente por la Comisión, tal y como señala J. MARTÍNEZ-TORRÓN, las Decisiones 10358/83, relativa a la objeción de conciencia al pago de impuestos en la proporción del presupuesto estatal destinado a ejército y armamento; 10678/83, relativa a la objeción de conciencia al pago del sistema público de pensiones; 11579/85, relativa a la contradicción entre las normas matrimoniales religiosas y civiles; 14049/88, relativa al pago de impuestos en la proporción del presupuesto estatal dedicado a subvencionar la realización de abortos legales, que son cubiertos por la Seguridad Social en Francia desde el año 1982. Véase una relación de las Decisiones de la Comisión citadas en “La doctrina jurisprudencial de los órganos de Estrasburgo sobre libertad religiosa”, en VV.AA: Estudios de Derecho Público en Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Tecnos, 1997, p. 1555. El mismo autor destaca la utilización que de esta doctrina hace la Comisión para denegar la existencia de un pretendido derecho al aborto en su Decisión 6959/75, en el Caso Brüggeman y Scheuten, donde sostiene que la libertad de conciencia protege sólo los comportamientos obligados por la propia conciencia y no los simplemente permitidos. Véase el comentario a dicha Decisión en “Derecho de familia y libertad de conciencia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, op. cit., p. 146. 96

En términos similares se pronuncia J. MARTÍNEZ-TORRÓN: “La protección de la libertad religiosa en el sistema del Consejo de Europa”, en A. DE LA HERA y R. M. MARTÍNEZ DE CODES (coords.), Proyección nacional e internacional de la libertad religiosa, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 2001, p. 122.

La Libertad de Conciencia l 77

En términos del artículo 9, la libertad de manifestar su religión no se ejerce únicamente de manera colectiva ‘en público’ y en el círculo de los que comparten la fe, puede también ejercerse individualmente’ y ‘en privado’; además comporta el derecho de intentar convencer a su prójimo, por ejemplo, mediante la ‘enseñanza’, puesto que ‘la libertad de cambiar de religión o de convicción’, consagrada por el artículo 9, correría el riesgo de quedarse en letra muerta” –Considerando de Derecho núm. 31-97.

La Corte de Estrasburgo reitera esta doctrina en su Sentencia de 1 de julio de 1997, en el Caso Kalac c. Turquía, aludiendo de forma expresa al carácter relativo y limitable de la vertiente externa del derecho: “(...) ésta no protege cualesquiera actos motivados o inspirados por una religión o convicción” -Considerando de Derecho núm. 27-98.

La referencia a la doble dimensión del derecho es constante en la jurisprudencia de la Corte relativa al artículo 9 del Convenio y, a través de ella, se va dilucidando qué “prácticas” o “manifestaciones” de las propias convicciones se insertan en el ámbito de protección de su dimensión externa y qué otras en cambio son exceptuadas del mismo. Así, la Sentencia de 24 de febrero de 1998, en el Caso Larissis y otros c. Grecia, dispone: “(...) si la libertad religiosa depende en primer lugar del fuero interno, comprende especialmente, la de ‘manifestar su religión’ y el derecho a intentar convencer al prójimo, por ejemplo ‘mediante la enseñanza’. El artículo 9 no protege sin embargo cualquier acto motivado o inspirado por una religión o una creencia. Así, no protege el proselitismo de mala calidad, como, por ejemplo, una actividad que ofrezca ventajas materiales o sociales o el ejercicio de una presión abusiva con vistas a obtener adhesiones a una Iglesia” –Considerando de Derecho núm. 45-.

La Sentencia de 27 de junio de 2000, en el Caso Asociación de culto israelita Cha’are Shalom Ve Tsedek c. Francia, recuerda las

97

Doctrina reiterada en la STEDH, de 17 de octubre de 2002, en el Caso Agga c. Grecia, Considerando de Derecho núm. 52.

98

Doctrina en la que insiste el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 26 de octubre de 2000, en el Caso Asan y Tchaouch c. Bulgaria, Considerando de Derecho núm. 60.

78 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

distintas formas que puede adoptar la práctica o manifestación de una religión o convicción, a saber: “el culto, la enseñanza, las prácticas y el cumplimiento u observación de los ritos” -Considerando de Derecho núm. 73-99.

Y la Sentencia de 13 de diciembre de 2001, en el Caso Iglesia metropolitana de Besarabia y otros c. Moldavia, reitera la doctrina del carácter bidimensional de la libertad garantizada por el artículo 9.1 en los siguientes términos: “El testimonio, en palabras o actos, está vinculado a la existencia de convicciones religiosas. Esta libertad implica, en particular, la libertad de adherirse o no a una religión y la de practicar o no”.

Singular apreciación realiza una reciente Sentencia de 29 de junio de 2004, la promulgada en el Caso Líela Sahin c. Turquía, donde la Corte apostilla su doctrina relativa al carácter limitado de la dimensión externa del derecho del siguiente modo: “el artículo 9 (...) no siempre garantiza el derecho a comportarse en el ámbito público de manera dictada por una convicción” –Considerando de Derecho núm. 66-100.

Se observa cómo, de forma análoga a lo dispuesto por la doctrina del Tribunal Constitucional español, los órganos de Estrasburgo destacan en su jurisprudencia el carácter relativo de la faceta externa de la libertad de conciencia. La cual ha de ser armonizada, en sus distintas manifestaciones, con la vertiente interna del mismo derecho –cuando el testimonio de conciencia interfiere abusivamente en la conciencia de terceros- y con las exigencias de protección procedentes de otros derechos o bienes trascendentales en una sociedad democrática101.

99

Doctrina reiterada recientemente en la STEDH, de 24 de junio de 2004, en el Caso Vergos c. Grecia, Considerando de Derecho núm. 33.

100

Considerando de Derecho núm. 66.

101

A. TORRES GUTIÉRREZ señala a este respecto que “la libertad de pensamiento, conciencia y religión se articula como uno de los fundamentos de lo que el

La Libertad de Conciencia l 79

B) LA DOBLE DIMENSIÓN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO. Atendiendo de nuevo al derecho comparado, conviene subrayar que, si bien han sido muchas las Cortes Constitucionales que, a través de su jurisprudencia, han señalado el carácter limitado de la vertiente externa del derecho, que deriva de su necesaria armonización con los demás derechos y bienes constitucionalmente reconocidos, en las próximas páginas se va a prestar una atención singularizada a la jurisprudencia que sobre la materia ha emitido el Tribunal Supremo norteamericano. La razón de dicha selección trae causa de una realidad muy concreta: como es sabido, las peculiaridades del sistema constitucional norteamericano han condicionado que, en este país, el desarrollo de la ardua y compleja tarea de la interpretación constitucional, de naturaleza forzosamente casuista, haya generado un profuso y trabado abanico de criterios y standards jurisprudenciales con los que abordar las dificultades que suscita la limitación de los derechos fundamentales. Es por ello que, la exégesis de los mismos puede resultar de especial utilidad para afrontar con mayor solvencia, y siempre con las cautelas que exige la atención a modelos constitucionales de tradición diversa a la española, la cada vez más amplia y dificultosa tarea de racionalización jurídica de la realidad en materia de convicciones. En Estados Unidos, la Supreme Court ya en sus tempranos pronunciamientos trazó, como criterio hermenéutico cardinal para la interpretación de la Free Exercise Clause, una meridiana distinción entre el carácter absoluto de la “libertad de creer” y el carácter relativo o limitado de la “libertad de practicar el propio credo”. Como es sabido, la Cláusula de Establecimiento norteamericana reconocida en la Primera Enmienda de la Constitución instaura

Convenio considera como una sociedad democrática. Este tipo de sociedades se caracteriza precisamente por la nota de pluralismo inherente a las mismas, y sin el reconocimiento de la libertad de conciencia resultará imposible la plena realización del pluralismo democrático”. Véase en “La libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9 CEDH)” en J. GARCÍA ROCA y P. SANTOLAYA (coords.): “La Europa de los Derechos: El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”, Madrid, 2005, p. 512.

80 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

de manera contundente un wall of separation entre el Estado y la religión102. La teoría de separación definida por primera vez por la Corte Suprema en el año 1947, en el Caso Everson v. Board of Education103, supone que los poderes públicos no pueden interferir en las creencias ni en las prácticas religiosas de los ciudadanos, ni pueden fomentar o promover por medio alguno la religión ni estable-

102

La Primera Enmienda aprobada en 1791 pertenece al grupo de enmiendas –hasta la octava- que garantizan derechos individuales frente a la intervención del Gobierno federal y son bautizadas con el nombre de Bill of Rights. Los Estados miembros, salvo en caso de mención expresa por parte de la Constitución, pueden regular aquellas materias que según sus respectivas Constituciones pertenezcan a su competencia. El carácter de aplicación federal de la Primera Enmienda, determinaba que el Gobierno federal no fuese competente para regular la libertad religiosa en los Estados miembros, de modo que éstos, en función de lo dispuesto por sus respectivas Constituciones, podían aplicar límites en sus territorios a la libertad religiosa sin vulnerar por ello la Primera Enmienda. Como es sabido, a partir de la promulgación de la célebre sentencia Marbury v. Madison –5 U.S. (1 Granch) 137 (1803)- el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció la vinculación de todos los Estados a la Constitución y la nulidad de toda ley, estatal o federal, que resultase contraria a la misma, consagrando de esta forma el principio de supremacía constitucional. Posteriormente, a través de la llamada “doctrina de la incorporación”, el Tribunal Supremo determinó en el Caso Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937), que las libertades comprendidas en las enmiendas primera a décima serían de aplicación directa a los Estados a través de la Decimocuarta Enmienda. Esta última –que había sido ratificada en 1868 al finalizar la Guerra de Secesión-, establecía que “Todas las personas nacidas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado de su residencia. Ningún Estado promulgará ni obligará a cumplir ley alguna que limite los privilegios o inmunidades de ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a nadie de su vida, libertad o hacienda, sin el debido proceso jurídico; ni negará a ninguna persona bajo su jurisdicción la protección equitativa de las leyes”. Por tanto, si bien la intención de sus redactores fue la de establecer una norma constitucional vinculante que obligase a los Estados a respetar la igualdad entre razas, otorgándose protección federal a la prohibición de la esclavitud, ésta se ha ido convirtiendo en un vigoroso instrumento para exigir a los Estados el cumplimiento de los derechos reconocidos en las diez primeras enmiendas, incluida la libertad religiosa.

103

330 U. S 1 (1947). El Juez constitucional americano se pronunció acerca de la constitucionalidad de un Estatuto de Nueva Jersey en virtud del cual las escuelas religiosas podían beneficiarse de determinadas ayudas destinadas al transporte escolar. El hecho impugnado fue la recaudación coactiva de impuestos por parte del Estado destinados en parte a las escuelas privadas de titularidad religiosa.

La Libertad de Conciencia l 81

cer una confesión como oficial; asimismo queda vedada la posibilidad de dispensar un trato más favorable a una determinada confesión religiosa y la adopción de leyes que supongan la financiación, patrocinio o subvención directa o indirecta de una religión concreta. Sin embargo, el “principio de acomodación” o “teoría de las acomodaciones permisibles” ha permitido relativizar –a través de los pronunciamientos del Tribunal Supremo norteamericano- las estrictas normas de separación entre la religión y el Estado derivadas de la Cláusula de Establecimiento y de su interpretación por la primera jurisprudencia norteamericana. Dicha acomodación tiene lugar cuando el Estado pretende promover los valores recogidos por la Cláusula de Libre Ejercicio eximiendo a individuos con creencias religiosas del cumplimiento de determinadas normas estatales. La acomodación tiene su finalidad o razón de ser en la protección del libre ejercicio de la religión y, para ello, el Estado puede cooperar con las organizaciones religiosas y otorgarles ayudas para la subvención de sus actividades siempre que dicha cooperación se realice en el plano de la igualdad y no excluya a ningún grupo religioso104. Ciertamente, la Cláusula de Libre Ejercicio prohíbe la aprobación de cualquier ley que impida el libre ejercicio de la religión, vetando las intromisiones gubernamentales en materia religiosa. La definición de standards generales de revisión para resolver los conflictos constitucionales suscitados entre el interés del Estado y la protección de los derechos individuales, es un cometido que el Juez constitucional estadounidense ha realizado con especial prodigalidad en el ámbito de la Cláusula de Libre Ejercicio. Dichos standards han evolucionado desde niveles bajos de escrutinio de las leyes limitadoras del derecho –low-level scrutiny- hasta niveles más estrictos –high level scrutiny-.

104

La doctrina de las “acomodaciones permisibles” ha sido refrendada por el Tribunal Supremo en buena parte de sus pronunciamientos: Zorach v. Clauson, 343 U.S. 396 (1942), Committee for Public Education and Religious Liberty v. Nyquist, 413 U.S. 356 (1973), Comité for Public Education and Religious Freedom v. Regan, 444 U.S. 646 (1980). Como ha quedado señalado, el caso en el que la doctrina de la acomodación alcanzó su cima fue Corporation of Presiding Bishop v. Amos, 483 US 327 (1987).

82 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Ya, en sus primeras sentencias, la Corte diferenció entre “creencia” y “práctica” religiosa, señalando que la segunda se encuentra estrictamente sujeta a lo dispuesto por las leyes cuando éstas tipifican conductas con carácter general. La primera aplicación de la Free Exercise Clause por parte de la Alta instancia americana se produjo en el Caso Reynolds v. United States (1879)105. En éste y en otros dos casos suscitados en 1890, la Corte aplicó el llamado lowlevel-scrutiny para declarar la constitucionalidad de la legislación que tipificaba penalmente la práctica de la poligamia –la cual había sido alegada por sendos integrantes de la iglesia mormona como práctica arraigada a sus creencias religiosas-. En Reynolds, la Corte afirmó que: “(...) Las leyes se hacen para gobernar conductas, y aunque no pueden interferir con simples creencias religiosas y opiniones, sí pueden hacerlo con prácticas (religiosas). (...) Consentir lo contrario sería convertir las doctrinas de las creencias religiosas en superiores a la ley, y tendría como consecuencia permitir que cada ciudadano dictase su propia ley. En tales circunstancias un gobierno sólo podría existir nominalmente”.

Con mayor ímpetu la Corte ratificó tal distinción entre la esfera interna y externa del derecho y la sujeción de esta última a lo dispuesto por la ley en el Caso Davis v. Beason (1890)106. En él mantuvo que: “(...) nunca se deseó o supuso que la Primera Enmienda podría ser invocada como protección contra la legislación que castiga los actos contrarios a la paz, el buen nombre y la moral de la sociedad. (...) A pesar de lo libre que pueda ser el ejercicio de la religión, éste debe estar subordinado a las leyes penales del país (...)”.

La Supreme Court ratificaba, de este modo, el carácter absoluto de la dimensión interna del derecho y el carácter relativo de su vertiente externa, al afirmar que la Cláusula de Libre Ejercicio protege las opiniones religiosas acerca de la poligamia pero no las acciones basadas en tales creencias.

105

98 U. S. 145 (1879).

106

133 U.S. 333 (1890).

La Libertad de Conciencia l 83

En un conjunto de casos resueltos entre los años 1918 y 1945, la Corte aplicó la misma doctrina a las reclamaciones que se sustentaban en la Cláusula de Libre Ejercicio para objetar en conciencia contra la guerra por quienes profesaban creencias basadas en el pacifismo: Las sentencias emitidas en los Asuntos Arver v. United States (1918)107, United States v. Schwimmer (1929)108 y United States v. Macintosh (1931)109, reiteraron que las creencias pacifistas se encontraban constitucionalmente protegidas, pero no así las acciones u omisiones fundadas en tales creencias. Se observa cómo, entre los años 1879 y 1945, la Corte aplica los principios que rigen el low-level-scrutiny, también llamado rational basis test, en virtud de los cuales, la determinación de la constitucionalidad de la norma limitadora de la libertad religiosa individual se produce a partir de los siguientes criterios: a) que la norma persiga la satisfacción de un interés gubernamental legítimo –legitimate governmental interest-; y b) que se encuentre razonablemente relacionada con dicho interés –reasonably related. Como se ha visto, en Reynolds v. United States (1879), la Corte aplica dicho test al asentar la constitucionalidad de las normas que tipificaban penalmente la poligamia sobre la base de su carácter “general” y “razonable” 110. Este standard de revisión es de nuevo utilizado en los casos examinados relativos al pacifismo como Aver v. United States (1918), donde la Supreme Court legitima la restricción del derecho sobre la base del “necesario” y “apropiado” poder del Congreso para regular las medidas necesarias para la defensa de la seguridad nacional. Sin embargo, pocos años después, en el Caso Cantwell v. Connecticut (1940), el Tribunal Supremo dulcifica las consecuencias extraíbles de su temprana doctrina basada en el establecimiento de una estricta distinción entre belife-action en materia de libre ejercicio. Así aunque, por un lado, ratifica expresamente su doctrina anterior al afirmar que la Cláusula de Libre Ejercicio

107

245 U.S. 366 (1918).

108

279 U.S. 644 (1929).

109

283 U.S. 605 (1931). El mismo criterio es utilizado en el ya citado Caso Davis v. Beason 133 u.s. 333 (1890).

110

84 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

comprende dos aspectos o dimensiones distintas de un mismo derecho: “la libertad de creer (o no creer) y la libertad de actuar conforme a las propias creencias”, afirmando que “la primera es absoluta pero, por la naturaleza de las cosas, la segunda no puede serlo. La conducta permanece sometida a regulación para proteger a la sociedad”111.

al mismo tiempo, adopta una perspectiva hermenéutica mucho más garantista de las acciones auspiciadas por los imperativos de la conciencia individual. De este modo, a partir de ahora, sus pronunciamientos llevarían a cabo una sistémica exclusión de los comportamientos arraigados en motivaciones de índole religiosa del ámbito de aplicación de las leyes generales del Estado, salvo en aquellos supuestos en los que los mismos resultasen “clara y actualmente peligrosos para la sociedad”. Así, en el previamente mencionado Caso Cantwell v. Connecticut (1940), la Corte sostuvo: “El ejercicio de la libertad religiosa puede ser legítimamente limitado, sólo en el caso en que el mismo pueda dar lugar a un clear and present danger to society”.

Se observa cómo en el presente asunto la Supreme Court aplica una categoría intermedia de escrutinio, el llamado heightened scrutiny o intermediate scrutiny test. Bajo los principios de este standard intermedio de control, la Corte ampara la constitu-

111

Cantwell v. Connecticut (1940), 310 U.S. 296 (1940): “The constitutional inhibition of legislation on the subject of religion has a double aspect. On the one hand, it forestalls compulsion by law of the acceptance of any creed or the practice of any form of worship. Freedom of conscience and freedom to adhere to such religious organization or form of worship as the individual many choose cannot be restricted by law. On the other hand, it safeguards the free exercise of the chosen form of religion. Thus the Amendment embraces two concepts –freedom to belive and freedom to act. The first is absolute but, in the nature of things, the second cannot be. Conduct remains subject to regulation for the protection of society. The freedom to act must have appropriate definition to preserve the enforcement of that protection. In every case the power to regulate must be so exercised as not, in attaining a permissible end, unduly to infringe the protected freedom”.

La Libertad de Conciencia l 85

cionalidad de la ley que restringe el libre ejercicio de la libertad de conciencia cuando: a) aquélla responda a un importante o significativo interés gubernamental –important governmental interest- y, b) cuando se encuentre substancialmente relacionada con dicho interés -substantially related to that interest-. Este test es aplicado por primera vez en el ámbito de la Free Exercise Clause en el ya citado Cantwell v. Connecticut (1940), donde la Corte designa como conductas excluidas de la regulación estatal la “creencia religiosa”, el “culto” y la “asamblea religiosa” salvo en los casos en que éstas resulten penalmente perseguibles- y somete la regulación del resto de actuaciones de conciencia a criterios de generalidad y no discriminación. Con todo, cabe señalar que en esta materia la doctrina jurisprudencial de la Corte estadounidense no ha sido lineal y unívoca. De manera que, en el curso de los años sesenta, la Corte retrocede de nuevo hacia posturas menos garantistas de la vertiente externa del derecho. Así, el criterio que había sido fijado en Cantwell es sustituido por el llamado balancing test o criterio de la ponderación, en virtud del cual, en el caso de producirse un conflicto de intereses entre el Estado y las exigencias religiosas individuales, se hace necesario acudir a una ponderación con el fin de dotar de prevalencia al interés de mayor entidad112.

112

Como es sabido, la aparición de la metáfora del balancing en la práctica interpretativa del Derecho estadounidense se encuentra vinculada a la afirmación del movimiento del realismo jurídico. Pero, sólo a partir de los años treinta el balancing aparece explícitamente como un método de interpretación constitucional. Y es precisamente la Primera Enmienda de la Constitución el área donde con mayor profusión se han desarrollado las disputas sobre la ponderación. Para una exposición detallada de los orígenes y el desarrollo de la aplicación de la técnica de la ponderación en el Derecho constitucional norteamericano véase A. VESPAZIANI: Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, Cedam, Pádua, 2002. El autor explica que el recurso a la ponderación de los intereses sociales en las decisiones judiciales reflejaba la aspiración del movimiento realista de liberar al razonamiento jurídico de los esquemas iusnaturalistas de la common law, en virtud de los cuales, la lógica del derecho privado tradicional venía mecánicamente aplicada a los institutos del Derecho público, alejando la realidad del Derecho de las transformaciones sociales de una sociedad en vías de un rápido desarrollo industrial. La introducción de la técnica de la ponderación significaba, por tanto, reconocer que en la sociedad pluralista existen pretensiones conflictivas merecedoras de tutela: p. 7.

86 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Así, bajo el high level scrutiny, también llamado strict scrutiny standard of review o compelling state interest test, la Corte Suprema americana instaura una serie de principios de índole más severa para precisar cuándo una norma puede devenir inconstitucional por vulnerar la dimensión externa de la libertad de creencias113. Sobre la base del “principio de necesidad”, el Tribunal americano requiere que los poderes públicos demuestren un interés apremiante de “orden más elevado” para justificar la interferencia en la conducta ética del individuo realizada por una norma de aplicabilidad general –compelling governmental interest. Y aun en caso de que este requisito quede acreditado, los poderes públicos deben demostrar asimismo la inexistencia de otros medios menos gravosos para con la conducta religiosa que fuesen susceptibles de alcanzar y satisfacer el interés público –narrowly tailored to achieve that interest–. En Sherbert v. Verner (1963), la Corte aplica por primera vez su strict scrutiny standard of review en el ámbito de la Free Exercise Clause. En función del mismo, la ley ya no sólo debe poseer un carácter general, como requería el rational basis test; ni debe limitarse a no ser discriminatoria ni dejar de afectar a las creencias religiosas, como requiere el intermediate scrutiny test. La ley ahora debe a) servir a un interés apremiante “de orden más elevado” –compelling state interest- que justifique la interferencia en la conducta religiosa de un individuo; y b) poseer un carácter apropiado para alcanzar dicho interés provocando la menor intrusión posible en el derecho de libre ejercicio. Con Sherbert, el Tribunal abre la posibilidad de reconocer exenciones a leyes dotadas de un carácter general y neutral cuando las mismas gravan la libertad de conciencia del individuo. Dicha posibilidad se orienta a través del conocido como balancing test114. Así, a

113

El Test fue introducido en 1963 por el Caso Sherbert v. Verner, 374 US 398 (1963).

114

En Sherbert la Corte examina, por un lado, la ley general y, por otro, su particular aplicación en el caso concreto. De este modo, no habiendo probado el demandado la existencia de un elevado o compulsivo interés estatal que justifique la restricción de la libertad del demandante y que el utilizado es el medio menos lesivo para la libertad restingida, la Corte ordena que el demandante sea eximido de la aplicación de ley general.

La Libertad de Conciencia l 87

partir de Sherbert el criterio del clear and present danger fijado en Cantwell, es sustituido por la aplicación del criterio del balancing. Como ha quedado expuesto, se trata de dos criterios técnicamente bien diversos: en el primero, la esencialidad del principio religioso no es discutida y su prevalencia sobre las normas dotadas con rango de ley se encuentra garantizada a menos que el juez detecte en aquél un serio y probable riesgo para la sociedad civil. En cambio, en virtud del criterio del balancing, no sólo “un verdadero peligro” sino un “simple interés” de la sociedad civil puede bastar para obstaculizar el libre ejercicio de las creencias, siempre que dicho interés sea apreciado por el juez como prevalente frente al interés religioso contrastante. Además, la teoría de la ponderación vino a exigir a la judicatura una valoración -en términos de relevancia para el ejercicio del derecho- de la sinceridad y entidad de las convicciones afectadas y de la trascendencia de la práctica religiosa cuyo ejercicio queda obstaculizado por la norma así como un enjuiciamiento que permitiese determinar el grado de obstrucción que la norma estatal produce en el ejercicio de la libertad religiosa. La Corte Suprema aplicó el strict scrutiny test of free exercise en diez casos después de Sherbert, en seis ocasiones a favor del demandante que reclamaba la vulneración de su libertad religiosa, y en las cuatro restantes a favor de los intereses gubernamentales115. Sin embargo, una decisión adoptada en 1990 por el Tribunal Supremo frenó la aplicación del citado test en el conocido Caso Employment División v. Smith116. El Tribunal Supremo rechazó

115

Los seis primeros casos son: Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972); McDaniel v. Paty, 435 U.S. 618 (1978); Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981); Thomas v. Review Board, 450 U.S. 707 (1981); Hobbie v. Unemployment Commission, 480 U.S. 136 (1987) y Frazee v. Illinois Department of Employment Security, 489 U.S. 829 (1989). Por lo que respecta a los casos en los que habiéndose aplicado el test de estricto escrutinio se falló a favor de los poderes públicos, éstos son los siguientes: Gillette v. United States, 401 U.S. 437 (1971); United States v. Lee, 455 U.S. 252 (1982); Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574 (1983) y Hernández v. Commissioner of International Revenue, 490 U.S. 680 (1989).

116

Employment División v. Smith, 494 U.S 872 (1990). En el caso concreto, se denegó a los dos demandantes –miembros de la Iglesia Nativa Americana- la concesión de la correspondiente compensación económica por el despido laboral ocasionado a raíz de la ingestión de peyote (una droga alucinógena) en su ámbi-

88 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

formalmente la aplicación del citado test de estricto escrutinio y lo sustituyó por otro menos riguroso. Así, declaró que, a partir de ese momento, las autoridades públicas autoras de una medida limitadora de la libertad religiosa no debían seguir demostrando la existencia de un interés apremiante en la adopción de la misma, pues se presumía la satisfacción del libre ejercicio siempre que dicha medida fuese neutral y de aplicación general, a menos que se tratase de una norma dirigida específicamente a una práctica religiosa concreta o que infringiese un derecho constitucional adicional, como es, en su caso, la libertad de expresión. El juez Scalia, en representación de la mayoría, sostuvo que el Compelling State Interest Test no podía ser aplicado a todos los supuestos en los que se denunciaba la vulneración de la libertad religiosa, pues ello implicaría concebir dicha libertad como un derecho ilimitado apto para auspiciar el incumplimiento de cualquier obligación civil. En palabras de la propia Corte “the right of free exercise does not relieve an individual of the obligation to comply with a valid and neutral law of general applicability on the ground that the law proscribes –or prescribes- conduct that his religion prescribes –or proscribes”-. La flexibilización de los requisitos establecidos en el Compelling State Interest Test supuso que, ante la adopción por parte de los poderes públicos de una disposición normativa de carácter neutral y general que entrase en conflicto con el ejercicio de la libertad religiosa o que interfiriese en una práctica religiosa determinada, sobre los mismos dejaría de recaer el deber de verificar que el objetivo perseguido por dicha norma era lo suficientemente relevante para el interés público como para que la limitación o restricción del ejercicio del derecho estuviese justificada.

to de trabajo, y ello a pesar de que dicha conducta se encontraba auspiciada por los postulados de su religión. La Corte Suprema americana dictaminó que la Cláusula de Libre Ejercicio no puede exceptuar a nadie del cumplimiento de las leyes sobre drogas dado que las mismas no fueron aprobadas con finalidad religiosa alguna y que son de aplicación general. Asimismo afirmó que “las creencias religiosas individuales no pueden excusar del cumplimiento de aquellas conductas que el Estado considera inapropiadas y así lo hace constar en sus normas”.

La Libertad de Conciencia l 89

Se observa cómo, de este modo, resultaba invertida la carga de la prueba que hasta el momento recaía sobre los poderes públicos, ya que ahora éstos dejarían de estar obligados a certificar que para satisfacer un interés público prevalente resultaba necesaria la adopción de normas que pudiesen contradecir el principio de libre ejercicio de la práctica religiosa. Esta doctrina jurisprudencial, tendencialmente limitadora de la protección que la Free Exercise Clause otorga a la libertad religiosa, fue ratificada por un posterior pronunciamiento del Juez Constitucional en el Caso Lukumi Babalu Aye v. Hialeah (1993)117. En este caso el Tribunal declaró inconstitucional una ordenanza municipal de la ciudad de Hialeah que prohibía el sacrificio de animales en ceremonias religiosas, a sabiendas de que ésta era una práctica esencial para el culto religioso de la Iglesia Lukumi Babalu Aye. A pesar de la razonabilidad de los argumentos esgrimidos por las autoridades de la ciudad de Hialeah en su defensa –pues afirmaron que el fin de la ordenanza era prevenir la crueldad contra los animales, evitar la posible comercialización y consumo de dichos restos cárnicos y sortear los problemas de sanidad e higiene que pudieren plantearse- la Corte Suprema estimó que “el gobierno no puede imponer selectivamente límites a las creencias religiosas” y apreció que la ordenanza no era neutral y resultaba inconstitucional al afectar directamente la libertad religiosa de los demandantes. Se hace evidente que, el hecho de que la norma vulneradora de la práctica religiosa se hubiese dirigido específicamente a los actos de culto de un concreto colectivo, condujo a la declaración de su inconstitucionalidad. Con posterioridad a dichos pronunciamientos del Tribunal Supremo, y con el fin de paliar los efectos restrictivos de su doctrina sobre el derecho de libertad religiosa, fue promulgada la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa en noviembre de 1993 –the Religious Freedom Restoration Act, RFRA- cuyo principal objetivo era restaurar el Compelling State Interest Test de Sherber118. De

117

508 U. S. 520 (1993).

118

La Religious Freedom Restoration Act fue promulgada por el Congreso en virtud de la competencia que le atribuye la sección quinta de la Decimocuarta Enmienda. Esta Enmienda permite al Congreso promulgar normas que garanticen el ejercicio de los derechos civiles de las diez primeras enmiendas

90 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

esta forma, la citada ley repuso la exigencia de que los poderes públicos demostrasen la existencia de un interés apremiante en todos los casos donde el ejercicio religioso se viese sustancialmente recortado. Este hito legislativo trataba de dar satisfacción a dos objetivos básicos: a) impedir que los poderes públicos limitasen la libertad religiosa aun cuando tal restricción derivase de la aplicación de una norma general, excepto en los casos en que concurriese una fundada razón social y; b) que resultase lo suficientemente acreditado que la medida adoptada resultaba ser el medio menos restrictivo para la libertad religiosa. Sin embargo, cuatro años después de la citada promulgación, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema americana en el Caso City of Boerne Texas v. Flores, Archbishop of San Antonio (1997)119, donde

y que garanticen la igualdad en el ejercicio de los mismos. El límite a esta facultad legislativa es no alterar el significado de los derechos protegidos por la Decimocuarta Enmienda ni suplantar las competencias de los Estados. A ello hace referencia E. RELAÑO PASTOR: “Las nuevas tendencias de separación Iglesia-Estado en la jurisprudencia estadounidense”, Revista de Derecho Político, Universidad Nacional a Distancia, núm. 60, 2004, p. 264. 119

117 S.Ct. 2157, 2164 (1997). La normativa sobre patrimonio histórico de la ciudad de Boerne, en el Estado de Texas, incluyó en el inventario de los bienes de patrimonio histórico de la ciudad un lugar de culto propiedad de la Iglesia católica. Ante la desestimación por parte de las autoridades municipales de la solicitud presentada por la Iglesia para llevar a cabo remodelaciones en dicho lugar, el obispo de San Antonio denunció la inconstitucionalidad de la normativa urbanística al amparo de la Religious Freedom Restoration Act. A pesar de las particularidades del caso, el debate judicial estuvo centrado en la constitucionalidad de la propia Ley. Como señala E. RELAÑO PASTOR, La Ley para Restaurar la Libertad Religiosa fue declarada inconstitucional sobre la base de tres motivos: a) Porque supone una intrusión del Congreso federal en las competencias los Estados ya que prescribe a los Estados lo que la Decimocuarta enmienda, en sí misma, no prohíbe y, además, modifica el alcance y contenido del derecho constitucional a la libertad religiosa; b) Su ámbito de aplicación ha sido una norma neutral que tiene como sujeto pasivo el conjunto de los ciudadanos de dicha ciudad, creyentes o no creyentes. Por lo tanto, no tiene una función preventiva como garantía a la libertad religiosa. Además, con la RFRA se ofrece una protección desmedida y desproporcionada al derecho de libertad religiosa; c) El Congreso federal se ha excedido con la promulgación de la RFRA puesto que esta ley tiene como objeto guiar las decisiones de los casos y controversias judiciales, las cuales sólo deben obedecer a la regla del precedente. Por lo tanto, se está vulnerando el princi-

La Libertad de Conciencia l 91

sostuvo que la regulación establecida por la citada Ley otorgaba una desmedida y desproporcionada protección de la libertad religiosa vulneradora de principios constitucionales120. La exposición realizada conduce a suscribir las razones expuestas acerca del interés que para el objeto de la presente investigación poseen los parámetros elaborados por la Corte Suprema norteamericana en relación con los límites a los que queda supeditado el “ejercicio” o “manifestación” externa de la libertad de conciencia. El “sentido práctico” de este análisis reside en el hecho de que, también en España, se hace necesario tratar de extraer, a partir de la jurisprudencia constitucional, criterios generales en materia de límites aplicables a la vertiente externa de las libertades ideológica y religiosa, aun sin olvidar que aquélla se encuentra siempre vinculada a la dialéctica del caso concreto a enjuiciar.

2.3. LA

VERTIENTE NEGATIVA DEL DERECHO: FACETA DE SU DIMENSIÓN EXTERNA.

La dimensión externa del derecho incluye asimismo una vertiente negativa. Si se parte de la definición general de BOBBIO, en virtud de la cual, la faceta negativa de la libertad “comprende tanto la ausencia de impedimentos como la ausencia de constricciones”121 y la misma se extrapola al ámbito de la libertad de conciencia, se obtienen dos facultades directamente vinculadas con la

120

121

pio de separación de poderes. Véase en “Las nuevas tendencias de separación Iglesia-Estado en la jurisprudencia estadounidense”, op. cit., p. 266. Con posterioridad a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa se ha aprobado en septiembre de 2000 una Ley sobre Uso religioso del Suelo y sobre las Personas dependientes de las Instituciones, que impide al gobierno interferir en el uso religioso del suelo y garantiza la libertad religiosa de los internos en las instituciones públicas (en centros penitenciarios, en hospitales ...). La Corte afirmó: “Legislation which alters the meaning of the Free Exercise Clause cannot be said to be enforcing the Clause”. Véase una exposición de los postulados de esta Sentencia en J. WITTE JR.: Religion and the American Constitutional Experiment, Essential Rights and Liberties, Westview Press, Colorado, 2000, p. 124. N. BOBBIO: Eguaglianza e libertà, Einaudi, Turín, 1995, p. 46.

92 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

dimensión externa del derecho que integran su contenido esencial: a) el derecho a no declarar sobre las propias convicciones ideológicas o religiosas -que la Constitución española prevé expresamente en el artículo 16.2122-; y b) el derecho a no verse obligado a participar en actos o manifestaciones propias de creencias no profesadas o contrarias a las convicciones cultivadas123. a) La primera de las facultades inherentes a la libertad de conciencia negativa auspicia al individuo para mantener sus convicciones en el ámbito intangible de la autonomía individual, sin sufrir coacciones por ello. Si, como ha quedado expuesto, la dimensión interna del derecho empece toda compulsión al efecto de asumir o abandonar una determinada creencia y la dimensión externa faculta a la persona para manifestar externamente las creencias profesadas, es lógico pensar que la segunda extiende su ámbito de protección a la voluntad del individuo para no manifestar externamente sus convicciones a través de la “expresión”124. A ello se ha referido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 19/1985, de 13 de febrero: “(...) el derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución comprende, junto con las modalidades de la libertad de conciencia y la de pensamiento, íntimas y también exteriorizadas, una libertad de acción respecto de las cuales el artículo 16.2 CE establece un acotamiento negativo en cuanto dispone que ‘nadie podrá ser obligado a declarar sobre su conciencia, religión o creencias” –FJ 2°-125.

122

Este derecho fue recogido asimismo por el artículo 2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (BOE núm. 177, de 24 de julio de 1980), cuyo tenor literal dispone: “la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a (...) abstenerse a declarar sobre las creencias o ausencia de las mismas”.

123

Sobre la distinción entre concepción positiva y negativa de la libertad en general, R. ALEXY sostiene que “mientras la libertad positiva tiene como objeto la libertad de acción, la libertad negativa consiste en garantizar un abanico de alternativas que permitan posteriormente la libertad de acción”. Véase del autor Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 210 y ss. Sobre la materia puede consultarse M. J. ROCA: La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, Universidad de Santiago de Compostela, 1992.

124

125

En el mismo sentido se manifiesta el Tribunal en su Auto 40/1999, de 20 de febrero, FJ 2°.

La Libertad de Conciencia l 93

Doctrina posteriormente actualizada por la Sentencia 46/2001, de 15 de febrero: “El artículo 16.1 CE garantiza la libertad religiosa y de culto ‘de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley’. Este reconocimiento de ‘un ámbito de libertad y una esfera de agere licere (...) con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales’ se complementa, en su dimensión negativa, por la determinación constitucional de que ‘nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias’ (artículo 16.2 CE)” –FJ 4°-.

Diversas son las ocasiones en que el Tribunal Constitucional español se ha referido a esta facultad inherente a la dimensión negativa del derecho en relación con supuestos de hecho tan dispares como: la negativa a prestar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución126; la imposición estatal del estudio del Derecho Canónico para obtener un título académico público127; la obligación de hacer constar los motivos de la objeción en la solicitud del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar128; o la revelación de la afiliación sindical129. Del examen de todos ellos se deduce, en consonancia con lo señalado por ESPÍN TEMPLADO, que en razón de diversas circunstancias y dentro de ciertos límites, puede ser legítimo que tanto los poderes públicos como los particulares puedan condicionar determinados actos al conocimiento de la ideología o creencias de una persona cuando a ello les habilite el ejercicio legítimo de derechos constitucionales propios o la protección de valores o intereses generales de relevancia constitucional130. Así, si bien es cierto que la vertiente negativa del derecho admite ciertas restricciones o excepcio-

126

SSTC 101/1983, de 18 de noviembre; 122/1983, de 16 de diciembre y 119/1990, de 21 de junio.

127

ATC 359/1985, de 29 de mayo.

128

STC 160/1987, de 27 de octubre.

129

STC 292/1993, de 18 de octubre.

130

Véanse las citadas observaciones en “Los derechos de la esfera personal”, op. cit., p. 222.

94 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

nes legítimas131, “debe recordarse que el artículo 14 CE excluye expresamente la discriminación por razón de religión u opinión, lo que refuerza la prohibición prevista en el artículo 16 CE al limitar las posibles consecuencias del conocimiento por terceros de tales creencias ideológicas o religiosas”132. b) La segunda de las facultades en que cristaliza la vertiente negativa de la libertad de conciencia, es aquélla que otorga a su titular la capacidad para declinar su participación o su toma de posición a favor de una convicción distinta a la propia o simplemente no compartida. Facultad intrínsicamente conectada con el principio de interdicción de identificación de los poderes públicos con cualesquiera creencias religiosas o ideológicas. A dicha manifestación de la vertiente negativa del derecho se refirió expresamente el Juez Constitucional en la Sentencia 177/1996, de 11 de noviembre, donde tuvo ocasión de enjuiciar si el deber de disciplina al que se encuentra sujeto un miembro de las Fuerzas Armadas conlleva que éste pueda ser compelido, en contra de su voluntad, a tomar parte en un acto militar dotado de entidad religiosa. Tal y como dispone el Tribunal, “el recurrente perseguía hacer valer la vertiente negativa de su libertad religiosa frente a lo que consideraba un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias, por el que un poder público (...) le habría obligado a participar en un acto (...) en contra de su voluntad y convicciones personales” –FJ 9º-. El Juez Constitucional, aun no apreciando una forzosa incompatibilidad entre la participación de las Fuerzas Armadas en un acto de índole religiosa y las exigencias de no identificación derivadas

131

Otro ejemplo se encuentra en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: “Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado”.

132

En tales términos se pronuncia E. ESPÍN TEMPLADO: “Los derechos de la esfera personal”, op. cit., p. 223.

La Libertad de Conciencia l 95

del principio de neutralidad del Estado, estimó que toda sanción impuesta a la conducta del actor –el cual había abandonado su puesto en la formación militar en el momento en que se rendían honores a la Virgen- implicaba una vulneración del principio de inmunidad de coacción en materia de creencias irreconciliable con el ejercicio coherente de la libertad religiosa. Se observa cómo, de este modo, el Juez de la Constitución expande el alcance de la vertiente negativa del derecho más allá de su contenido constitucionalmente declarado en el párrafo 2° del artículo 16, añadiendo que la misma: “garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esta naturaleza. Decisión personal, a la que no se pueden oponer las Fuerzas Armadas que, como los demás poderes públicos, sí están, en tales casos, vinculadas negativamente por el mandato de neutralidad en materia religiosa del artículo 16.3 CE. En consecuencia, aun cuando se considere que la participación del actor en la parada militar obedecía a razones de representación institucional de las Fuerzas Armadas en un acto religioso, debió respetarse el principio de voluntariedad en la asistencia y, por tanto, atenderse a la solicitud del actor de ser relevado del servicio, en tanto que expresión legítima de su derecho de libertad religiosa”-FJ 10°-133.

Esta doctrina ha sido recientemente reiterada por la Sentencia 101/2004, de 2 de junio, en la que se enjuiciaba un supuesto similar al resuelto en la Sentencia anteriormente comentada. En él, de nuevo “el recurrente pretendía hacer valer la vertiente negativa de su libertad religiosa frente a lo que consideraba un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias, y por el que un poder público, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado, le habría obligado a participar en un acto, que estimaba de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales” –FJ 4º-. Una vez más, tras comprobar las connotaciones religiosas del servicio prestado por el Cuerpo Nacional de Policía al que pertenecía el demandante, el Tribunal dispone que la libertad religiosa negativa de este último ampara sobradamente su rechazo a tomar parte en manifestaciones de culto contrarias a las procesadas.

133

Esta doctrina había sido previamente declarada por el Tribunal en su ATC 551/1985, de 24 de julio de 1985, relativo a la libertad religiosa negativa de los guardas municipales.

96 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Se observa cómo, en uno y otro caso, el Tribunal Constitucional presta una especial atención a la subjetividad de la “decisión personal” de los demandantes para decretar la ilegitimidad de la intromisión en su derecho fundamental. Principio de voluntariedad que vincula negativamente a los poderes públicos como consecuencia del mandato de neutralidad al que están sujetos estos últimos en virtud de lo dispuesto por el artículo 16.3 de la Norma Suprema. La dimensión negativa de la libertad de conciencia ha sido asimismo abordada por la jurisprudencia de Estrasburgo en los Casos Efstratiou c. Grecia134 y Valsamis c. Grecia135. En ellos la Corte Europea examina si la sanción impuesta por las autoridades educativas a dos alumnas que se negaron a participar en sendos desfiles conmemorativos de la fiesta nacional griega vulneraba, entre otros, su libertad de conciencia negativa, comprensiva de “la facultad de no manifestar, mediante actos de adhesión, convicciones u opiniones contrarias a las suyas”. Los demandantes, padres de las menores y ellas mismas, alegaban que el rechazo de éstas a participar en un desfile escolar que conmemoraba el inicio de la guerra de 1940 entre Grecia y la Italia fascista, en el que iban a tomar parte autoridades militares y eclesiásticas, encontraba fundamento en el hecho de que para ellos “el pacifismo constituye un dogma fundamental de su religión que les prohíbe todo comportamiento o práctica ligada, aun indirectamente, a la guerra o a la violencia. Razón por la cual, además, los Testigos de Jehová rechazan realizar el servicio militar o participar en manifestaciones con connotaciones militares”. Sin embargo, el Tribunal Europeo estimó que no cabía apreciar, ni en el propósito ni en la modalidad de la manifestación, ningún elemento que vulnerase las convicciones de los demandantes dado el carácter de interés público que revestían tales conmemoraciones: “(...) nada se puede apreciar, ni en la finalidad ni en la forma de la manifestación de que se trata que pueda chocar con las convicciones pacifistas de los demandantes (...) pues (...) tales conmemoraciones de acontecimientos nacio-

134

STEDH de 18 de diciembre de 1996, en el Caso Efstratiou c. Grecia.

135

STEDH de 18 de diciembre de 1996, en el Caso Valsamis c. Grecia.

La Libertad de Conciencia l 97

nales sirven, a su manera, tanto a objetivos pacifistas como al interés público. En sí misma, la presencia de militares en determinados desfiles que tienen lugar en Grecia el día interesado no modifica su naturaleza”- Considerando de Derecho núm. 32-136.

La Corte de Estrasburgo minimiza el carácter simbólico que la ceremonia conmemorativa posee para los demandantes -el cual se contrapone a las convicciones religiosas profundamente vividas por ellos- utilizando el argumento de que el artículo 9 en ningún caso garantiza un derecho a ser eximido de normas disciplinarias aplicadas de modo general y neutral. No apreciando, por tanto, una contradicción evidente entre el pacifismo consustancial a las convicciones de los Testigos de Jehová y el carácter del desfile escolar conmemorativo, la Corte de Estrasburgo considera legítima una restricción indirecta en el derecho de libertad de conciencia de los demandantes procedente de una “ley que persigue una finalidad secular legítima”137. A diferencia del Tribunal Constitucional español, la Corte de Estrasburgo no dota de una relevancia nuclear al elemento de la

136

Según la Comisión, la fiesta nacional conmemorada con el desfile: “se encuentra enteramente integrada en la educación tradicional de todas las escuelas griegas y atiende a la protección de la memoria histórica del país así como a la exaltación de los ideales nacionales, tales como el amor por la libertad y la protección de la integridad del territorio. (...) De este modo, la sanción impuesta no puede ser considerada como un intento de adoctrinamiento contrario a las convicciones religiosas de los progenitores”. En un supuesto similar, de 3 de mayo de 1993, en el Asunto Karaduman c. Turquía, la Comisión afirmó que el artículo 9 del Convenio no confiere a un alumno el derecho a invocar sus convicciones religiosas para rechazar someterse a las reglas disciplinarias de su escuela que se aplican de manera general y neutra al ámbito de la educación escolar.

137

J. MARTÍNEZ-TORRÓN señala que “si se atiende a la jurisprudencia del Juez de Estrasburgo se llega a la conclusión de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos protege únicamente contra las interferencias del Estado que estén directamente encaminadas a restringir el culto o la expansión de ciertas religiones. Por el contrario, el artículo 9 no ofrece protección alguna contra aquellas interferencias que son consecuencia de una ley neutral. En consecuencia, los problemas se plantean cuando los deberes legales impuestos por una ley ‘neutral’ entran en conflicto con las obligaciones morales de algunas personas, las cuales ven cómo su derecho a la libre práctica de la religión o creencia resulta indirectamente pero inevitablemente restringido”. Véase del autor: “La protección de la libertad religiosa en el sistema del Consejo de Europa”, op. cit., p. 123.

98 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

apreciación subjetiva de los demandantes y prioriza el carácter “neutral” de la norma que impone el deber limitador de su libertad de conciencia138. Además, mientras el Tribunal Constitucional español aprecia la existencia de connotaciones religiosas en los actos militares enjuiciados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los desfiles escolares objeto de la controversia son meros actos cívicos exentos de significado religioso alguno. Esta diferente estimación del carácter “religioso” o “secular” del acto enjuiciado por ambas Cortes no evade sin embargo la cuestión de fondo: aquélla que radica en determinar si toda limitación de la dimensión negativa de la libertad de conciencia que proceda de una norma de carácter neutral responde a criterios de razonabilidad jurídica. Una valoración crítica de los postulados de dicha doctrina, sobre la que asienta su fundamento la decisión alcanzada por el Tribunal Europeo, exige retomar en este punto de la investigación algunos de los criterios empleados por la Corte Suprema estadounidense en su jurisprudencia relativa a la Cláusula de Libre Ejercicio. Como ha quedado expuesto, el Tribunal Supremo norteamericano ha reconocido en determinados pasajes de su doctrina que aun cuando la norma objeto de controversia constitucional posea un propósito estrictamente secular, la neutralidad de la misma no garantiza necesariamente que su aplicación resulte inocua para el libre ejercicio de la libertad de conciencia, pudiendo producir su inhibición. Sobre la base del “principio de la acomodación” o “teoría de las acomodaciones permisibles”, la Corte Suprema ha llegado en ocasiones a estimar acorde con la Constitución la concesión de exenciones al cumplimiento de normas neutrales para garantizar así el libre ejercicio de la libertad de conciencia, salvo en el caso de

138

Varias son las decisiones en que la Comisión Europea de Derechos Humanos ha enfatizado la finalidad neutral de la norma y ha ignorado el conflicto real que provocaba su aplicación para la conciencia de ciertas personas. En síntesis, el planteamiento de la Comisión ha consistido en apreciar que no existe interferencia alguna en el ejercicio de la libertad de conciencia cuando la legislación no persigue directamente un fin restrictivo o discriminatorio de ciertas convicciones religiosas o éticas, ya sea en abstracto, ya sea en su aplicación a los casos singulares. Véanse a este respecto las Decisiones de la Comisión 10358/83; 14049/88; 10678/83 y 14331/88.

La Libertad de Conciencia l 99

que dichas exenciones produzcan un grave perjuicio para los intereses generales de la sociedad y siempre con arreglo a criterios de proporcionalidad. Si sobre esta base se examinan de nuevo los supuestos planteados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aprecia que es precisamente el carácter “neutral” de la norma enjuiciada lo que legitima el efecto limitador que su aplicación produce sobre la dimensión negativa de la libertad religiosa de las alumnas. Pero es que, además, la Corte de Estrasburgo fundamenta la legitimidad de la limitación del derecho sobre la vocación de la norma limitadora, que responde en este caso a la intención de salvaguardar un “interés público” consistente en la potenciación de objetivos pacifistas entre la comunidad escolar. Es doctrina reiterada por los órganos de Estrasburgo que toda limitación admisible al ejercicio del derecho reconocido en el artículo 9.1 del Convenio ha de responder a una medida necesaria, en los términos del Convenio, en el marco de una “sociedad democrática”. Así, ha afirmado la Corte en sus pronunciamientos que la necesidad de las medidas limitadoras no puede ser estimada en términos absolutos sino de acuerdo con la concurrencia de varios factores entre los que se incluye “la naturaleza del derecho en cuestión, el grado de interferencia, es decir, si ésta es proporcionada al fin legítimo perseguido, la naturaleza del interés público y el grado de protección que precisa el derecho según las circunstancias del caso”139: a) En atención al primero de los factores señalados por la Corte en su jurisprudencia, esto es, aquel que atiende a la “naturaleza del derecho limitado”, cabe señalar que es claro que la prioritaria naturaleza del derecho de libertad de conciencia determina su consustancialidad con el sistema democrático de convivencia, de

139

Decisión 7805/77, en el Caso X y la Iglesia de la Cienciología contra Suecia. Véase una exposición de la jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo en materia de libertad de conciencia y su incidencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en I. MARTÍN SÁNCHEZ, La recepción por el Tribunal Constitucional español de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, op. cit.

100 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

manera que los límites que le son aplicables deben interpretarse siempre restrictivamente; b) El segundo de los criterios apuntados observa el “grado de interferencia” producido por la norma limitadora en el ámbito de protección del derecho: interferencia que consiste en este caso en la restricción de su dimensión negativa; c) El tercero de los requisitos, que apunta al “principio de proporcionalidad” de la restricción, es obviado por la Corte en el supuesto examinado, conculcando con ello el espíritu del Convenio140; y, d) El cuarto de los criterios, examina si existe un “interés público” cuya tutela requiera de dicha limitación del derecho: a este respecto procede afirmar que el deber de asistencia a un desfile conmemorativo de carácter extraescolar, impuesto por la norma limitadora, difícilmente puede responder a un “interés público” prevalente pues la limitación del derecho no tiene como finalidad, en este caso, ni evitar posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de terceros, ni proteger el derecho de las propias estudiantes objetoras a recibir una educación integral, pues ellas no rechazaron su asistencia a las lecciones integrantes del currículum educativo sino que sólo desdeñaron su asistencia a un desfile de carácter extraescolar. En tal sentido, es significativo el hecho de que el mismo Tribunal Europeo se sorprenda “de que pueda exigirse a los alumnos desfilar un día de fiesta escolar”141. Por ello, desde aquí se comparte el tenor del Voto disidente emitido conjuntamente por los Jueces Thór Vilhjálmsson y Jambrek, según el cual, la Corte debería haber aceptado la apreciación subjetiva que los demandantes realizan del acto conmemorativo, al no existir motivo alguno para sostener que la participación de las menores en el polémico desfile se configura como “una medida necesaria en una sociedad democrática (...) para la protección de los derechos y libertades de los demás”142.

140

En tales términos se pronuncia S. CAÑAMARES ARRIBAS: Libertad religiosa, Simbología y Laicidad del Estado, Aranzadi, 2005, p. 173.

141

Considerando de Derecho núm. 32.

142

A este respecto son significativas las palabras del Juez Fischbach en su Voto Particular a la STEDH Chassagnou (1999), donde afirma: “¿hasta qué punto

La Libertad de Conciencia l 101

Más tarde, en el Caso Buscarini y otros c. San Marino143, el Juez de Estrasburgo hizo valer la dimensión negativa del derecho de tres parlamentarios electos de San Marino frente la exigencia, prevista por la ley vigente, de jurar sus cargos ante los Evangelios para tomar posesión de los respectivos escaños. En este asunto, la Corte afirma expresamente que la libertad de elegir la propia religión o creencia faculta al individuo para no declarar lealtad a un credo determinado al que no se pertenece. Y estima que la citada obligación legal produjo una coacción sobre los parlamentarios contraria al artículo 9 del Convenio, al exigir su adhesión a una determinada creencia religiosa para acceder a un cargo público. Conviene destacar que en la resolución del presente caso, el Tribunal tomó en especial consideración las observaciones emitidas por la Comisión Europea de Derechos Humanos en su Informe, en virtud de las cuales, resultaría contradictorio someter el acceso a un cargo público que tiene como finalidad representar en el Parlamento diferentes visiones de la sociedad a la condición de adherirse previamente a una singular visión de índole religiosa, pues ello supondría una restricción de la libertad de conciencia “en ningún caso necesaria en una sociedad democrática”. Tras la exposición dedicada en este epígrafe al estudio del carácter bidimensional de la libertad de conciencia, procede insistir en la idea de que la misma expande su ámbito de protección más allá de la libertad interior del individuo para conformar su autonomía ética y comprende una “libertad de acción o comportamiento” acorde con las propias convicciones. El derecho a la libertad de conciencia presupone la facultad del individuo para autodeterminar y desarrollar su personalidad y para comportarse de acuerdo con

es legítimo a la luz del artículo 9 del Convenio obligar a los individuos a tomar parte en actividades contrarias a sus creencias? Si la actividad impuesta sirve sin ninguna ambigüedad al interés general, puede aceptarse que, en ciertas circunstancias, un Estado miembro pueda obligar a los individuos a participar a pesar de sus creencias. Por ejemplo, un individuo no puede alegar válidamente sus convicciones antimilitaristas para rehusar pagar los impuestos sobre la base de que una parte de lo recaudado se usa para el presupuesto de defensa. Por otra parte, obligar a un individuo a tomar parte en una actividad que sirve esencialmente a intereses privados vulnera manifiestamente el artículo 9”. 143

STEDH de 18 de febrero de 1999.

102 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

los dictados axiológicos de su foro interno, en el respeto del orden constitucional establecido. La “inmunidad de coacción” proferida por el derecho al ámbito de las convicciones individuales, determina el carácter inviolable del proceso interno de asunción de las mismas y la tutela de un agere licere que cristaliza en el derecho a conducirse de acuerdo con las propias ideas o creencias o a no conducirse de forma que las contradiga. En consecuencia, es importante insistir en el carácter absoluto de aquella dimensión del derecho que faculta a su titular para determinar subjetivamente qué tipo de obligaciones se derivan de la asunción de unas determinadas convicciones. Ciertamente, el ámbito de inmunidad que configura el tipo iusfundamental impide a los poderes públicos entrar a valorar o poner en cuestionamiento el margen de apreciación subjetiva que al respecto poseen los titulares del derecho, siempre y cuando la manifestación externa de dichas obligaciones no vulnere el orden público protegido por la ley. Por su parte, la faceta externa de la libertad de conciencia que, como se ha visto, posee un carácter relativo habida cuenta que su ejercicio debe armonizarse con las exigencias de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, exige, sin embargo, como punto de partida inherente a su naturaleza jurídica, que los límites que le son aplicables se interpreten en todo caso de manera restrictiva. Afirmación, esta última, incompatible con la adopción de medidas que, con un importante grado de abstracción y desvinculadas de las circunstancias del caso concreto, limiten la faceta externa del derecho sin atender a criterios de ponderación y proporcionalidad jurídica.

CAPÍTULO SEGUNDO: LA LIBERTAD DE CONCIENCIA INDIVIDUAL COMO FUNDAMENTO DE UNA “CONCIENCIA COLECTIVA LIBRE”.

I. EL PRINCIPIO PLURALISTA Y LA NEUTRALIDAD DEL ESTADO: MARCO IMPRESCINDIBLE PARA LA EFECTIVIDAD DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA.

PRINCIPIO PLURALISTA: “EMANACIÓN” DE LA TUTELA EFECTIVA DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA.

1.1. EL

El pluralismo como valor sustantivo es el presupuesto de los sistemas democráticos actuales. De conformidad con ello, la Norma Fundamental española no sólo reconoce su importancia mediante la consagración del “pluralismo político” como uno de los valores superiores del ordenamiento –artículo 1.1 CE-, sino que defiende un modelo de sociedad necesariamente pluralista y enuncia los derechos fundamentales como reglas de la convivencia plural. La Constitución española de 1978 es fruto de una evolución filosófica asentada sobre la dotación de una preeminencia axiológica a la libertad e igualdad del ser humano. Así, la consagración constitucional de los derechos fundamentales y del principio de neutralidad del Estado conduce inexorablemente a la estimación del pluralismo ideológico y religioso como lógica consecuencia de la libre expresividad de los individuos y de los grupos en que se insertan144. La existencia de un nexo conceptual entre la fundamentación universalista de la libertad de conciencia, por un lado, y el funda-

144

G. PECES-BARBA señala que “el pluralismo va más allá de su proyección política para comprender a todas las estructuras sociales, a este pluralismo se refiere el artículo 9.2 CE cuando reconoce la libertad de los individuos y de los grupos en que se inserta”. Véase en Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1990, p. 132.

106 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

mento normativo del modelo democrático pluralista configurado por la Constitución, por otro, resulta indiscutible145. De acuerdo con ello, el Tribunal Constitucional ha declarado que los derechos reconocidos en el artículo 16.1 CE son una herramienta cardinal para garantizar el correcto desenvolvimiento del sistema democrático146. La libertad de conciencia individual, fundamento de la conciencia colectiva libre y, por ende, de la opinión pública plural, se convierte, de este modo, en una auténtica garantía institucional necesaria para la realización efectiva de los valores superiores del ordenamiento y, por lo tanto, para asegurar el sistema democrático de convivencia147. Todo ello ha conducido al Tribunal a afirmar que la libertad de ideas y creencias se configura como el sustrato o fundamento de los valores superiores del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los que destaca la libertad y el pluralismo político148. En este sentido, es significativo lo dispuesto por la Sentencia 20/1990, de 15 de febrero: “Las libertades que garantiza el artículo 16.1 exceden del ámbito personal por su dimensión institucional y porque significan el reconocimiento y la garantía de la opinión pública libre y, por tanto, del pluralismo propugnado por el artículo 1.1 de la Constitución, como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico” –FJ 4°-.

En el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo también ha destacado que los derechos reconocidos en el artículo 9 son presupuesto del sistema democrático de convivencia. En este sentido, son elo-

145

H. KELSEN subraya que “el concepto moderno de democracia se caracteriza por la tutela de ciertas ‘libertades intelectuales’ entre las que ocupa un lugar preeminente la libertad de conciencia”: La democrazia, Mulino, Bolonia, 1981, p. 195.

146

STC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 4°.

147

En esta línea se manifiestan las SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 2º; 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 8º y la citada 20/1990, de 15 de febrero, FJ 6º.

148

STC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 3°. En el mismo FJ el Tribunal destaca la máxima amplitud con que la libertad ideológica está reconocida en el artículo 16.1 CE, por ser fundamento, juntamente con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, según se proclama en el artículo 10.1 CE, de otras libertades y derechos fundamentales”.

La libertad de conciencia individual como fundamento de una “conciencia colectiva libre” l 107

cuentes las palabras del Tribunal Europeo en su Sentencia de 25 de mayo de 1993, en el Caso Kokkinakis c. Grecia: “Tal y como garantiza el artículo 9 la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión representa uno de los fundamentos de una ‘sociedad democrática” –Considerando de Derecho núm. 31-149.

A este respecto, es importante destacar que el concepto de “sociedad democrática” representa a ojos de la Corte “un elemento fundamental del orden público europeo”, ya que “la totalidad del Convenio se encuentra destinado a salvaguardar y a promover los ideales y los valores sobre los que aquélla se sustenta”150. En el desarrollo de su tarea de precisión jurisprudencial del contenido y alcance del término “sociedad democrática”, la Corte ha dotado de una importancia central al “principio del pluralismo”. Así, comenzó por evocar en sus pronunciamientos las ideas de “pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura sin las cuales no es posible una ‘sociedad democrática’151,

149

Doctrina mantenida por el Tribunal Europeo en toda su jurisprudencia relativa al artículo 9 del Convenio, recientemente reiterada en la Sentencia de 24 de junio de 2004, en el Caso Vergos c. Grecia, Considerando de Derecho núm. 33.

150

En este sentido se manifiestan las SSTEDH de 30 de enero de 1998, en el Caso Partido Comunista Unificado y otros c. Turquía, Considerando de Derecho núm. 45; de 13 de febrero de 2003, en el Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros c. Turquía, Considerando de Derecho núm. 86 y, recientemente, la de 14 de febrero de 2004, en el Caso Gorzelik c. Polonia.

151

SSTEDH de 7 de diciembre de 1976, en el Caso Handsyde c. Reino Unido, Considerando de Derecho núm. 49 y de 20 de septiembre de 1994, en el Caso Otto Preminger-Institut c. Austria, Considerando de Derecho 49. En un asunto posterior, el Tribunal Europeo añadió que “la democracia no se vincula a la supremacía constante de la opinión de una mayoría sino que exige un equilibrio que garantice a las minorías un justo tratamiento y que evite todo abuso de una posición dominante”: Sentencia de 13 de agosto de 1981, en el Caso Young, James y Webster c. Reino Unido, Considerando de Derecho núm. 44. Por su parte, el Tribunal Constitucional español en su Auto 40/1999, FJ 2°, se ha remitido a la Sentencia Handyside para afirmar que con el establecimiento de actividades alternativas y complementarias a la enseñanza de la religión “(...) se persigue educar en la tolerancia y en el respeto a las convicciones ajenas, valores sin los cuales no hay una sociedad democrática (...) y para cuya efectiva realización es precisa la maduración intelectual en una mentalidad amplia y abierta”.

108 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

para progresivamente dotar de un valor autónomo a dicho principio152. Ciertamente, en los asuntos relativos a la libertad de conciencia religiosa, la Corte Europea ha declarado en múltiples ocasiones que el principio pluralista es consustancial a la noción de “sociedad democrática”. La Sentencia de 26 de septiembre de 1996, en el Caso Manoussakis y otros c. Grecia, es expresiva en este sentido pues en ella el Juez de Estrasburgo identifica como uno de los elementos conformadores de la noción de “sociedad democrática” el valor del “pluralismo religioso”: “Para delimitar la amplitud del margen de apreciación del que gozan los Estados la Corte debe tener en cuenta la necesidad de mantener un verdadero pluralismo religioso, inherente a la noción de sociedad democrática” –Considerando de Derecho núm. 44-153.

Por su parte, la Sentencia de 14 de diciembre de 1999, en el Caso Serif c. Grecia, sostiene: “El Tribunal recuerda que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es uno de los fundamentos de la ‘sociedad democrática’ en el sentido del Convenio. El pluralismo, inseparable a una sociedad democrática, que se ha ido consiguiendo a lo largo de los siglos con grandes dificultades, depende de ello” 154.

El Tribunal vuelve a ser explícito a este respecto en su Sentencia de 31 de julio de 2001, en el Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) c. Turquía:

152

Un estudio de los principios pluralista y de neutralidad en la jurisprudencia del TEDH puede verse en A. GARCÍA URETA: “Neutralidad del Estado y libertad religiosa en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos” en LASAGABASTER HERRARTE (Ed.): Multiculturalidad y laicidad. A propósito del Informe Stasi, Lete Argitaletxea, Pamplona, 2004, pp. 255 y ss.

153

Doctrina reiterada por la STEDH de 13 de diciembre de 2001, Caso Iglesia metropolitana de Besarabia y otros c. Moldavia, Considerando de Derecho núm. 119.

154

Doctrina reiterada por las SSTEDH de 26 de octubre de 2000, en el Caso Hasan y Tchaouch c. Bulgaria, Considerando de Derecho núm. 60; y de 17 de octubre de 2002, en el Caso Agga c. Grecia, Considerando de Derecho núm. 56.

La libertad de conciencia individual como fundamento de una “conciencia colectiva libre” l 109

“El Tribunal recuerda que, tal y como protege el artículo 9, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión representa uno de los cimientos de “una sociedad democrática” en el sentido del Convenio. Figura, en su dimensión religiosa, entre los elementos esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero es también un bien precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes. Va en ello el pluralismo –duramente conquistado a lo largo de los siglos- consustancial a tal sociedad”. –Considerando de Derecho núm. 48-155.

La confirmación del principio pluralista como uno de los valores esenciales de la democracia se hace inequívoca en la doctrina del Tribunal Europeo cuando afirma que, en los casos en que la aplicación de límites al derecho reconocido en el artículo 9 del Convenio produzca una restricción del principio pluralista, las razones que justifiquen su imposición deben gozar de una entidad reforzada para ser estimadas proporcionadas al fin perseguido con la restricción del derecho156. Los litigios relativos a las minorías nacionales o culturales han constituido otro de los terrenos propicios para el desarrollo del principio del pluralismo por parte del Tribunal, cuyo campo de acción sobrepasa la esfera de lo político para extenderse a todos los elementos que contribuyen a definir los rasgos propios de la identidad individual o colectiva. Así, en la Sentencia de 17 de febrero de 2004, en el Caso Gorzelik y otros c. Polonia, el Tribunal Europeo señala que el pluralismo no concierne exclusivamente a la expresión e intercambio de ideas en materia política sino que: “el mismo reposa sobre el verdadero reconocimiento y respeto de la diversidad y de la dinámica de las tradiciones culturales, de las identidades étnicas y cul-

155

Doctrina reiterada por las SSTEDH de 13 de diciembre de 2001, en el Caso Iglesia metropolitana de Besarabia y otros c. Moldavia, Considerando de Derecho núm. 114 y de 29 de junio de 2004, en el Caso Líela Sahin c. Turquía, Considerando de Derecho núm. 66. Es importante destacar que en el Caso Iglesia Metropolitana el Tribunal señala que a la garantía del pluralismo consustancial a la sociedad democrática contribuye la neutralidad e imparcialidad del Estado frente a las creencias y comunidades religiosas: Considerando de Derecho núm. 116.

156

Confirma esta doctrina entre otras la STEDH de 13 de diciembre de 2001, en el Caso Iglesia metropolitana de Besarabia y otros c. Moldavia, Considerando de Derecho núm. 119.

110 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

turales, de las convicciones religiosas y de las ideas y conceptos artísticos, literarios o socio-económicos. Una interacción armoniosa entre personas y grupos con identidades diferentes es esencial para la cohesión social”. -Considerando de Derecho núm. 56-.

Citando el Preámbulo del Convenio, el Tribunal añade que “una sociedad pluralista y verdaderamente democrática no debe respetar únicamente la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de toda persona perteneciente a una minoría nacional, sino que debe crear igualmente las condiciones que permitan manifestar, preservar y desarrollar dicha identidad”157. También el Tribunal Constitucional español es consecuente con una acepción amplia del principio pluralista. Pues si bien es cierto que la Norma constitucional española sólo hace expresa referencia en su articulado al llamado “pluralismo político” –artículo 1.1-, la apelación a un genérico “pluralismo de ideas y creencias” es constante en la doctrina del Tribunal relativa a las libertades del artículo 16.1 CE. Así, el Juez Constitucional ha utilizado en ocasiones el término “pluralismo” con carácter general, sin el calificativo de “político”, para referirse al presupuesto necesario de la neutralidad de los poderes públicos158, mientras que en otras ha recurrido al término “pluralismo de creencias existente en la sociedad española”159 o a “las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática –artículo 1.1 CE-”160 para destacar que la

157

La cursiva es mía. Véase en el mismo sentido la STEDH de 18 de febrero de 2001, en el Caso Chapman c. Reino Unido, Considerando de Derecho núm. 93.

158

STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 9°: “(...) Un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes han de ser ideológicamente neutrales”.

159

STC 340/1993, de 16 de noviembre , FJ 4°: “En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que los términos empleados por el inciso inicial del artículo 16.3 de la Constitución no sólo expresan el carácter no confesional del Estado en atención al pluralismo de creencias existente en la sociedad española y la garantía de la libertad religiosa de todos (...)”.

160

STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9°: “(...) los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, cuentan con un derecho a actuar en este campo con plena inmunidad de actuación del Estado, cuya neutralidad en materia

La libertad de conciencia individual como fundamento de una “conciencia colectiva libre” l 111

neutralidad de los poderes públicos es el cimiento sobre el que se apoya un efectivo ejercicio del derecho fundamental y la conformación pacífica del pluralismo inherente a toda sociedad democrática. De este modo, la Constitución española permite, a través del libre ejercicio de los derechos y libertades, en general, y de las libertades ideológica y religiosa, en particular, así como a través del mandato de neutralidad del Estado, la conformación de una sociedad plural en lo ideológico y en lo religioso y, en definitiva, la constitución de una sociedad multicultural habida cuenta que las plurales convicciones individuales, que definen las diversas identidades personales o colectivas, poseen una dimensión cultural inherente a toda cosmovisión. De acuerdo con ello, el Estado debe garantizar el libre ejercicio e interacción de las diversas cosmovisiones, no sólo de aquéllas que son mayoritarias, sin asumir actitudes de promoción exclusivas y excluyentes. Sólo a través de una auténtica “neutralidad cultural” de los poderes públicos se produce la realización del “principio pluralista” y, sólo a través de ambos, se garantiza la tutela del derecho a la diversidad ideológica y religiosa 161.

religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática –artículo 1.1-”. 161

En conexión con ello G. CÁMARA VILLAR sostiene que “sólo la garantía de la libre existencia y manifestación de las convicciones personales, sociales y religiosas permiten, en efecto, asegurar una sociedad plural, libre y democrática. En consecuencia, el respeto al pluralismo social y político que basilarmente sostiene al Estado social y democrático de Derecho exige la plenitud de efectividad de las libertades ideológica y religiosa, y nada de ello sería posible si no se parte de la neutralidad del Estado en este terreno”. Véase la opinión del autor en: “Un problema constitucional no resuelto: el derecho garantizado en el artículo 27.3 de la Constitución española y la enseñanza de la religión y su alternativa en los centros educativos” F. BALAGUER CALLEJÓN: Derecho Constitucional y Cultura, Estudios en Homenaje a Peter Häberle, Tecnos, Madrid, 2004, p. 446. En relación con el principio del pluralismo puede verse asimismo J. M. MARTÍ SÁNCHEZ: “Pluralismo: implicaciones jurídicas y de política religiosa”, Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 22, 1997, pp. 49-65.

112 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

1.2. EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO: “PRESUPUESTO” DE LA TUTELA EFECTIVA DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. Como es sabido, el Juez constitucional español ha señalado que los derechos fundamentales “responden a un sistema de valores y principios de carácter universal que subyacen a la Declaración de Derechos y a los diversos convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por España, y que, asumidos como ‘decisión constitucional básica’, han de informar todo el ordenamiento jurídico” 162. El concepto ‘derecho fundamental’ implica que todo derecho, a partir de su reconocimiento constitucional, no sólo posee una dimensión subjetiva, que garantiza una interdicción o proscripción delimitadora de un ámbito material vedado al legislador y al resto de poderes públicos, sino que cuenta, además, con una dimensión objetiva, que implica la obligación de los poderes públicos de desarrollar una conducta activa en garantía de su efectividad163. Los derechos fundamentales se convierten, así, en criterios de ordenación del sistema y en fundamentos materiales del ordenamiento164. La reiteradísima doctrina sobre la doble naturaleza –subjetiva y objetiva- de los derechos fundamentales, fue inicialmente predicada por el Tribunal Constitucional alemán y tempranamente asumida por el Juez constitucional español165. En palabras de este último, los derechos fundamentales, sin perjuicio de su naturaleza

162

STC 21/1981, de 15 de junio, FJ 10°.

163

Acerca de la doble dimensión subjetiva y objetiva de los derechos fundamentales, pueden consultarse entre otros: G. PECES-BARBA: Curso de Derechos Fundamentales, op. cit., pp. 413 y ss y A. PÉREZ LUÑO: Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 17 y ss.

164

Como al efecto sostuvo SCHENEIDER, “los derechos son la conditio sine qua non del Estado constitucional democrático, puesto que no pueden dejar de ser pensados sin que peligre la forma de Estado o se transforme radicalmente”. H. P. SCHENEIDER: “Peculiaridad y función de los derechos fundamentales de un Estado constitucional democrático”, Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, 1979, p.23.

165

El Tribunal de Karlsruhe, en sendas Sentencias de 1975 y 1978, señaló que “(...) las normas en que se plasman los derechos fundamentales contienen no sólo derechos subjetivos reaccionales del individuo frente al Estado, sino que al mismo tiempo incorporan un orden axiológico objetivo que, en su condición

La libertad de conciencia individual como fundamento de una “conciencia colectiva libre” l 113

subjetiva, son “elementos esenciales del ordenamiento objetivo de una comunidad nacional, en cuanto éste se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de derecho, y más tarde, en el Estado social de derecho o Estado social y democrático de derecho, según la fórmula de nuestra Constitución”166. De manera que, “(...) los derechos fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado, y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste”167. Esto significa que, en el marco del Estado social y democrático de Derecho, los derechos fundamentales son al mismo tiempo vínculos y límites jurídico-constitucionales, tanto de carácter formal como substancial, que condicionan y subordinan todos los actos de producción o ejecución jurídica. De manera que, los derechos dejan de ser entendidos exclusivamente como un acervo de facultades subjetivas orientadas a garantizar ámbitos de libertad de la persona, para convertirse, al mismo tiempo, en principios estructurales del ordenamiento constitucional que requieren de una actuación positiva del Estado en orden a garantizar su satisfacción. Dicha actuación positiva de los poderes públicos no sólo les será exigible en relación con los derechos sociales sino también respecto de los derechos sobre los que el Estado asumía tradicionalmente una obligación negativa o de no interferencia, entre los que se encuentra la libertad de conciencia. La efectividad de la libertad de conciencia en su dimensión individual y colectiva, que posee como sujetos activos a los individuos o a las comunidades en que se inserta, vincula la posición jurídica del Estado como sujeto pasivo de los derechos fundamentales que la integran. Ciertamente, en su condición de garante negativo de los derechos, el Estado se encuentra sujeto a un deber de no intro-

de decisiones constitucionales básicas, vale para todos los ámbitos del Derecho, proporcionando directrices e impulsos para la legislación, la administración y la jurisprudencia. Jurisprudencia citada por K. STERN en “El sistema de los derechos fundamentales en la República Federal Alemana”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 1, 1988. 166

SSTC 25/1981, de 25 de julio, FJ 5°; 53/1985, de 11 de abril, FJ 4° y 129/1989, de 17 de julio, FJ 3°.

167

STC 53/1985, de 14 de julio, FJ 4º.

114 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

misión en la esfera de las convicciones de los ciudadanos y a una obligación de no impedir su libre ejercicio. Pero además, a dicha obligación “de no hacer” se suma, en orden a favorecer las condiciones óptimas de ejercicio de los derechos, el mandato promocional al que alude el artículo 9.2 de la Norma Suprema. En consecuencia, en el modelo de Estado social promulgado por la Constitución, el principio de neutralidad ideológica y confesional que debe regir la actuación de los poderes públicos posee un contenido positivo: aquél que les exige una intervención activa consignada a posibilitar el óptimo e igualitario ejercicio de las libertades ideológica y religiosa por todas las personas. Sin embargo, debe subrayarse que el aspecto positivo de las libertades ideológica y religiosa, derivado de la genérica función promocional del artículo 9.2 CE, no las convierte en derechos de prestación. Y ello porque cabe establecer una clara distinción dogmática entre aquellas obligaciones positivas asumidas por los poderes públicos para facilitar un ejercicio real y efectivo de los derechos de libertad, de un lado, y aquellas otras que son constitucionalmente privativas de los derechos de prestación en sentido estricto, de otro. Como señala la doctrina, “la técnica normativa de la obligación prestacional está presente en ambos casos, pero, indudablemente, con un alcance muy distinto en uno y otro”168. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha definido la dimensión prestacional de los derechos de libertad como “una directriz de actuación favorecedora de la libertad del individuo y de los grupos en que se integra, y creadora de las adecuadas condiciones para que tales libertades sean reales y efectivas”169. Atendiendo en primer lugar a la vertiente negativa del principio de neutralidad estatal, conviene señalar que ésta se concreta, cuando de la efectividad de la libertades ideológica y religiosa se trata, en un deber de no intromisión en la esfera de las convicciones de los ciudadanos y en una obligación de no impedir su libre desarrollo y puesta en práctica170. Este deber de no intromisión o injerencia

168

J. R. POLO SABAU: “En torno a la naturaleza jurídica de la libertad ideológica y religiosa en la Constitución española”, op. cit., p. 156.

169

STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 7º.

170

En este sentido son elocuentes las palabras del Tribunal Constitucional en su Auto 276/1983, de 8 de junio: “(...) cuando el artículo 27.3 garantiza el derecho

La libertad de conciencia individual como fundamento de una “conciencia colectiva libre” l 115

cristaliza en una “inmunidad de coacción” de sus titulares frente a los poderes públicos en la libre conformación o puesta en práctica de las propias ideas o creencias171. De forma que, será imputable al Estado la conculcación del derecho en los casos en que medie una relación de causalidad entre la actuación compulsiva o intrusiva de los poderes públicos y la perturbación del acto de adopción o manifestación de la propia ideología o creencia religiosa172. Dicha inmunidad de coacción viene garantizada asimismo por la interdicción que recae sobre los poderes públicos de adjuntar “sanciones o represalias” a cualquier manifestación de las libertades ideológica o religiosa173. En este ámbito, se producirá la vulneración de las libertades ideológica y religiosa cuando exista una

de los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, está estableciendo una órbita de libertad privada y de terreno acotado para el poder público, impidiendo formaciones ideológicas imperativamente predispuestas desde el Estado” –FJ 1°-. 171

A este respecto son significativas las palabras del Juez Constitucional en la Sentencia 120/1990, de 27 de junio: “(...) para que los actos de los poderes públicos puedan ser anulados por violaciones de la libertad ideológica reconocida en el artículo 16.1 CE es cuando menos preciso, de una parte, que aquellos perturben o impidan de algún modo la adopción o el mantenimiento en libertad de una determinada ideología o pensamiento y no simplemente que se incida en la expresión de determinados criterios (...). De otra se exige que entre el contenido y el sostenimiento de éstos y lo dispuesto en los actos que se combatan quepa apreciar una relación de causalidad suficiente para la imputación del ilícito constitucional” –FJ 10°-. En idéntico sentido se manifiesta la STC 137/1990, de 19 de julio, FJ 8°.

172

Recientemente esta doctrina ha sido reiterada por la Sentencia 46/2001, de 15 de febrero: “(...) este Tribunal ha afirmado que la libertad de creencias garantizada en el artículo 16.1 CE protege frente a cualquier clase de compulsión externa de un poder público en materia de conciencia que impida o sancione a una persona por creer en lo que desea –dimensión interna- y hacer manifiesta su creencia si así lo quiere –dimensión externa-. (...). Los poderes públicos conculcarán dicha libertad (...) si perturban o impiden de algún modo la adopción, el mantenimiento o la expresión de determinadas creencias cuando exista un nexo causal entre la actuación de los poderes públicos y dichas restricciones y éstas resulten de todo punto desproporcionadas” –FFJJ 2° y 4°-.

173

STC 208/1989, de 14 de diciembre –FJ 6°-; Confirman esta doctrina el ATC 346/1991, de 15 de noviembre, FJ 4°

116 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

interrelación entre la actuación de los poderes públicos –dirigida a contener la libre exteriorización de los derechos- y la represión que la libre manifestación de las ideas y creencias efectivamente experimenta174. La vertiente negativa del principio de neutralidad garantiza además el derecho de los ciudadanos a no sufrir discriminación de trato jurídico por razón de sus convicciones ideológicas o religiosas o en virtud de sus actitudes vinculadas a aquéllas175. Por lo que atañe, en segundo lugar, a la vertiente positiva del principio de neutralidad estatal, cabe afirmar que, como tratará de exponerse en el análisis de las cuestiones concretas que configu-

174

175

A este respecto son elocuentes las palabras del Tribunal en su Auto 380/1996, de 17 de diciembre, donde rechaza que la tipificación penal de la “insumisión” vulnere el derecho de libertad ideológica. El Tribunal estima que dicha tipificación no sanciona la ideología sobre la que se asienta la voluntad que guía al individuo en la negativa del cumplimiento de la prestación social sustitutoria, ni su manifestación externa materializada en acto de insumisión, pues la sanción prevista deriva del incumplimiento de un deber jurídico: “(...) no se sanciona la exteriorización de la voluntad de negarse a cumplir la prestación social sustitutoria, sino el propio incumplimiento efectivo y definitivo de la misma por parte del sujeto llamada a realizarla (...)” –FJ 4°-. STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1°: “(...) no es posible establecer ningún tipo de discriminación o de trato jurídico diverso de los ciudadanos en función de su ideología o sus creencias (...). Dicho de otro modo, el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de libertad en esta materia, significa que las actitudes religiosas (o ideológicas) de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico”. También el TEDH, Sentencia de 7 de diciembre de 1976, en el Caso Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen ha señalado que: “(...) el artículo 14 -del Convenio- prohíbe en el campo de los derechos y libertades garantizados un trato discriminatorio que tenga por base o por motivo una característica personal mediante la cual las personas o grupos se distinguen unos de otros”, Considerando de Derecho 56. En el ámbito del CEDH el principio de neutralidad se ha ido configurando en la Jurisprudencia del TEDH a partir del citado Caso Kjeldsen, en el que se estableció que el Estado no puede “perseguir fines de adoctrinamiento que pudieran ser considerados irrespetuosos con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres”, idea reiterada en los Casos Cha’are Shalom Ve Tsedek c. Francia, de 27 de junio de 2000 y en los dos pronunciamientos sobre el Partido de la Prosperidad y otros c. Turquía. Así, en la Sentencia de 31 de julio de 2001, el TEDH afirmó que “el Estado queda configurado como el garante de los derechos individuales y de las libertades y, el organizador imparcial de la práctica de las diversas creencias y religiones en una sociedad democrática”. Y en la Sentencia de 13 de diciembre de 2003, dispuso que “el deber de neutralidad e imparcialidad del Estado es incompatible con cualquier poder por parte del Estado que lo legitime para evaluar la legitimidad de las creencias religiosas de sus ciudadanos”.

La libertad de conciencia individual como fundamento de una “conciencia colectiva libre” l 117

ran el objeto de la presente investigación, la neutralidad que debe presidir la actuación del Estado en materia ideológica y religiosa no impide el desempeño por parte de los poderes públicos de una actitud de fomento del orden axiológico objetivo constituido por el concreto sistema de valores que positiviza el Texto constitucional. El principio de neutralidad estatal no es incompatible con una labor de “impulso” del llamado “ideario constitucional” en cuyo haber se insertan los valores superiores a los que hacen referencia los artículos 1.1 y 10.1 CE y el elenco de derechos fundamentales a cuyo servicio se subordina la estructura del Estado. Como señala CASTRO JOVER, los poderes públicos se hallan vinculados por un deber de “protección” y de “promoción” de aquel “mínimo ético” que hace posible el pluralismo y la convivencia pacífica176 y que se encuentra configurado por el sistema teleológico constitucional de transmisión de valores democráticos177.

176

A. CASTRO JOVER: “Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 3, octubre, 2003, (www.iustel.com), p. 16. En un artículo distinto, la misma autora se refiere a dicho mínimo ético en los términos de “opción axiológica” realizada por el constituyente y que “se concreta en el artículo 10.1 CE y en todos aquellos artículos de la CE en los que se regulan los derechos fundamentales como instrumentos esenciales para el libre desarrollo de la personalidad y para cuya adecuada garantía y protección es necesario que el Estado sea democrático y laico. Así pues, el ordenamiento parte con unos signos de identidad cultural que constituyen el límite al reconocimiento de aquellas manifestaciones culturales que intenten subvertirlos. A partir de este mínimo, no negociable, el Estado debe permanecer neutral ante las distintas manifestaciones culturales garantizando su desarrollo”. Véase en “Inmigración, pluralismo religioso-cultural y educación”, Laicidad y Libertades, Escritos Jurídicos, Núm. 2, diciembre, 2002, p. 94.

177

Una postura parecida es la mantenida por J. A. XIOL RÍOS en “La libertad ideológica o libertad de conciencia”, La libertad ideológica, Actas de las VI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 17. También E. ÁLVAREZ CONDE ratifica esta afirmación cuando defiende la existencia de una “ideología constitucional”, así sostiene que la propia redacción del artículo 1.1 y del sistema de derechos y libertades permiten afirmar la existencia de una ideología democrática en el seno de la Constitución dentro de la cual tienen cabida distintas opciones políticas”, y desde aquí se añadiría “distintas opciones ideológicas o religiosas”. Véase esta afirmación en Curso de Derecho Constitucional, Vol.II, Tecnos, Madrid, p. 336.

II. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA: ELEMENTO ESENCIAL DE LA “DIGNIDAD” DE LA PERSONA, FUNDAMENTO DEL “LIBRE DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD” Y GARANTÍA DE UNA “CONCIENCIA COLECTIVA LIBRE”.

El camino recorrido a lo largo de los dos primeros Capítulos de la investigación conduce a ultimar sus argumentos e inaugurar los próximos poniendo de manifiesto la estrecha vinculación existente entre el derecho de libertad de conciencia y los pilares estructurales del modelo de Estado social y democrático de Derecho diseñado por la Constitución española. Desde sus primeros pronunciamientos relativos al artículo 16.1 CE, el Tribunal Constitucional ha venido insistiendo en que, en su condición de derecho subjetivo, la libertad de ideas y creencias faculta a toda persona para asumir o repudiar unas determinadas convicciones sin coacción alguna proveniente de los poderes públicos –proscripción derivada asimismo de la dimensión institucional del derecho que se plasma en la neutralidad del Estado- o de cualesquiera personas o grupos sociales. Esta vertiente interna del derecho tiene como fin último proteger la autonomía ética de la persona -su claustro íntimo de creencias- como exigencia derivada de su dignidad. En este sentido, son elocuentes las palabras del Tribunal Constitucional cuando señala que: “El artículo 16.1 CE (...) garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual (...) vinculado a la propia personalidad y dignidad individual”178.

178

STC 177/1996, FJ 9°. En términos parecidos se había pronunciado el ATC 230/1994, FJ único, que vinculó el “principio de libre autodeterminación personal” al control de las facultades intelectuales y de la conciencia como expresiones de “autonomía personal”.

120 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

La dignidad humana -criterio sobre el que se asientan los valores superiores, los principios y los derechos recogidos en la Constitución- encuentra en la libre capacidad de elección del individuo uno de sus rasgos primigenios179. De acuerdo con PECESBARBA, la dignidad humana es la especial consideración que merece el hombre a partir del reconocimiento en él de varios rasgos que constituyen la expresión de esa dignidad. Entre dichos rasgos destaca la capacidad de elección individual imprescindible para la conformación de su autonomía moral180. De manera que, dicha capacidad de elección en libertad hará posible que a lo largo de su vida el individuo vaya acomodando sus decisiones y conductas a las normas o imperativos que él mismo se ha otorgado, o por los que él mismo ha optado, como plasmación última de su autonomía o independencia moral. Las ideas o creencias que la persona hace suyas se convierten en auténticas convicciones cuando son vividas y sentidas como parte integrante de la propia identidad. Esto significa, que el individuo desarrolla y conforma su propia personalidad mediante la adecuación y acomodación de sus conductas externas a las prescripciones marcadas por sus convicciones internas, afirmándose con ello su dignidad. En este sentido, son significativas las palabras del Tribunal Constitucional cuando afirma que: “Junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada al libre desarrollo de la personalidad –artículo 10- y a los derechos (...) a la libertad de ideas y creencias –artículo 16-. Del sentido de estos preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”181.

179

180 181

Esta concepción es la mantenida por el Tribunal Constitucional alemán en su sentencia BVerfGE 41, 29 (44) donde señala que “el estándar ético al que responde la Ley Fundamental se fundamenta en una concepción del hombre que responde a los principios de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad sobre la base de las nociones de autodeterminación y de responsabilidad individual”. G. PECES-BARBA: “La libertad del hombre y el genoma”, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 2, octubre-marzo, 1994, p. 319. STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8° en la que el Tribunal Constitucional reconoce explícitamente el valor jurídico de la idea de dignidad.

La libertad de conciencia individual como fundamento de una “conciencia colectiva libre” l 121

La adecuación de las conductas externas a las convicciones internas que conforman la propia conciencia constituye la prueba más ineludible de la autodeterminación personal y, por lo tanto, de la dignidad humana. Asimismo, la autonomía de la conciencia colmada con el derecho a vivir conforme a ella, constituyen el instrumento imprescindible para el libre desarrollo de la personalidad. La autonomía ética o moral del individuo –basada en una conciencia secularizada o conformada a partir de creencias de fe- se configura, por tanto, como uno de los aspectos esenciales de la dignidad humana182. El respeto a la capacidad de toda persona para autodeterminarse moralmente en su vida individual, es decir, para elegir su ética privada, resulta ser asimismo una de las claves esenciales del Estado democrático de Derecho, pues, como afirma PECESBARBA, la autonomía moral y su género, la dignidad humana, son el deber básico del que emanan los valores y los derechos que sostienen la democracia, es decir, la autonomía política183. De acuerdo con la estrecha relación existente entre la libertad de conciencia y la dignidad de la persona, el Tribunal Constitucional ha señalado que aquélla debe interpretarse siempre en su sentido más amplio y sus límites en su sentido más restringido dado su carácter de garantía institucional y de fundamento de la realización efectiva de los valores superiores del ordenamiento y, en definitiva, del propio sistema democrático184. De modo que, la forma-

182

183

184

J. GONZÁLEZ PÉREZ señala que “entre los derechos considerados como más íntimamente vinculados a la dignidad de la persona, ocupa (...) un lugar preferente el derecho a la libertad ideológica y religiosa”, véase en La dignidad de la persona, Cívitas, Madrid, 1986, p. 108. G. PECES-BARBA: La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Dykinson, Madrid, 2003. p. 67. SSTC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 3° y 120/1990, de 27 de junio, FJ 9º. Esta doctrina del Tribunal Constitucional español coincide con lo mantenido por el Tribunal Constitucional Federal alemán en su jurisprudencia relativa al artículo 4.1 de la LFB. Así, el Tribunal de Karlsruhe se ha referido reiteradamente a la estrecha relación existente entre la libertad de conciencia y la dignidad de la persona, valor supremo del sistema de derechos fundamentales. Ello ha conducido al Tribunal alemán a coincidir con el Tribunal español en que aquélla ha de interpretarse siempre de forma amplia y sus límites de forma restrictiva. Véanse, por todas, BVerfGE 24, 236 (246) y BVerfGE 35, 366 (376).

122 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

ción libre de las conciencias individuales se convierte en el sustrato de una conciencia colectiva libre y de una opinión pública plural. Se observa cómo, en tanto que fundamento y sustrato ontológico de los demás derechos fundamentales185, la libertad de conciencia desempeña un papel cardinal en el desarrollo de la personalidad del individuo y en la correlativa conformación de la identidad que lo singulariza, la cual reclama -como requisito imprescindible para su plena realización- la efectiva vigencia del principio de neutralidad de los poderes públicos. Ello supone, además, que a partir del ejercicio de la libertad de conciencia –derecho que permite la asunción de una autonomía ética propia- el individuo define el modelo conforme al cual va a regir y a proyectar su participación social, condicionando, de este modo, su autodeterminación colectiva. En efecto, la libre conformación de la conciencia individual es el presupuesto básico y la antesala de la formación de una auténtica conciencia colectiva libre. Y ello porque, la capacidad para definir libremente la propia ética privada es un paso previo e ineludible para la conformación del pluralismo necesario en todo sistema democrático. Sólo desde la libre conformación de “plurales” éticas privadas es posible consolidar una ética pública en la que el respeto y el fomento del pluralismo como valor superior del ordenamiento (artículo 1.1 CE) sea uno de sus rasgos definitorios186.

185

Comparte esta afirmación en la doctrina J. A. XIOL RÍOS: “La libertad ideológica o libertad de conciencia”, op. cit., p. 20.

186

En este sentido, J. M. MORALES ARROYO señala que “sólo una sociedad donde se garantiza la existencia libre de distintas convicciones personales y sociales se articula como una sociedad pluralista”, véase en “El lugar de la libertad ideológica en el catálogo de los derechos constitucionales”, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 2, 1993-1994, p. 287.

CAPÍTULO TERCERO: EL PRINCIPIO DE LAICIDAD Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA “RELIGIOSA”: UN BINOMIO INESCINDIBLE.

No es posible cerrar el análisis de los rasgos que caracterizan el principio de neutralidad estatal sin atender a las peculiaridades que éste adquiere cuando actúa como marco imprescindible para la efectividad del derecho de libertad de conciencia religiosa. Habida cuenta que, cuando de la efectividad del derecho de libertad religiosa se trata el principio de neutralidad estatal queda subsumido dentro de un principio más amplio de “laicidad”, el estudio del contenido constitucional de este último se convierte en tarea ineludible para el objeto de la presente investigación. Tarea que vendrá acompañada por el análisis del alcance y significado que este principio adquiere en el Derecho Comparado. Como es sabido, los constituyentes de 1978 optaron por la frase “ninguna confesión tendrá carácter estatal” para definir el modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas –artículo 16.3 CE- en detrimento del empleo del término laicidad, entre otros motivos, en orden a optimizar el consenso político en torno a la Norma Fundamental. Por otro lado, la utilización jurisprudencial del término laicidad no se ha producido hasta épocas muy recientes, prevaleciendo el recurso al término “aconfesionalidad” en la doctrina del Tribunal Constitucional hasta la promulgación de la reciente STC 46/2001, de 15 de febrero. En ella el Juez Constitucional emplea por primera vez el término “laicidad positiva” y no lo abandona en su jurisprudencia posterior relativa a la libertad religiosa187. Tratando de evitar las discrepancias doctrinales planteadas en torno a la elección de uno u otro término, puede afirmarse, sin embargo, que existe un consenso generalizado en torno a la idea de que el modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas fijado por la Norma Suprema del 78, integra todos y cada uno de los elementos que configuran el principio jurídico de laicidad.

187

El término “laicidad positiva” es utilizado posteriormente por el Tribunal Constitucional en las SSTC 128/2001, de 4 de julio, FJ 2°; 154/2002, de 18 de julio, FJ 6° y 101/2004, de 2 de junio, FJ 3°.

126 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

I. BREVE MIRADA AL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LAICIDAD COMO PRINCIPIO INTRÍNSICAMENTE LIGADO A LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA RELIGIOSA: DE LA “LAICIDAD ESTRICTA” A LA “LAICIDAD ABIERTA, ACTIVA O POSITIVA”.

El concepto de laicidad surge y se desarrolla históricamente en Europa a partir de los siglos XVIII y XIX con referencia a postulados filosóficos y a realizaciones institucionales que han contribuido a identificarlo, durante largo tiempo, con el régimen de separación jurídica entre el Estado y los cultos. Con la vista puesta en la trágica experiencia histórica de las guerras de religión en Europa, el principio de laicidad nace con el objetivo de evitar para el futuro cualquier discriminación entre los ciudadanos por motivos religiosos en el seno de los nuevos Estados nacionales. Este modelo afloró como antagónico al sistema del Antiguo Régimen, donde la alianza entre el poder religioso y el poder político había alcanzado su punto álgido. En consecuencia, sobre el principio de laicidad reposaban las más tenaces reivindicaciones de independencia del Estado burgués respecto de una Iglesia católica acostumbrada a una continua intromisión en los asuntos temporales. En la segunda mitad del siglo XIX se desarrollan con celeridad dos procesos paralelos: por un lado, el Estado renuncia a inmiscuirse en los asuntos internos de las confesiones y, por otro, las iglesias mitigan su intervención en el ámbito de los asuntos temporales, consagrándose, con ello, la aconfesionalidad y la neutralidad del Estado en materia religiosa y filosófica. Este modelo histórico, expresión en el plano jurídico de la ideología del llamado “Derecho laico”, conduce a estimar la laicidad como atributo esencial del Derecho positivo, el cual queda circunscrito a un objeto plenamente

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 127

secular y autónomo respecto de cualquier referencia o instancia de naturaleza u origen religioso o confesional188. Su máxima afirmación se produce ya en la primera mitad del siglo XX en Francia, donde quedó establecida formalmente una absoluta disociación entre el fenómeno religioso, considerado como un asunto perteneciente a la esfera privada del individuo, y la esfera pública a través de la conocida Loi de séparation entre las iglesias y el Estado de 1905189. Esta primigenia laicidad nace, por tanto, vinculada a la tutela de la libertad religiosa como derecho de defensa frente al Estado, la cual se configura como el germen o matriz de los futuros derechos fundamentales190. Así, entre los derechos y libertades que fueron consagrados por primera vez como naturales e innatos a la condición de persona en las iniciales Declaraciones de Derechos de las revoluciones americana y francesa, ocupa un lugar privilegiado la libertad religiosa, configurada como una de las libertades públicas tradicionales más relevantes, cuyo solemne reconocimiento venía a formalizar la exigencia de un deber de abstención por parte del Estado tendente a posibilitar el ejercicio

188

En la doctrina francesa, alude a la ideología del “Derecho laico” J. RIVERO: “De l’idéologie à la règle de droit: la notion de la laïcité dans la jurisprudence administrative”, en La Laïcité, Actos de la VII sesión del “Centre de sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice”, París, 1960, pp. 263-283. Y en la doctrina italiana más recientemente P. CAVANA: Interpretazioni della laicità, Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto, Editorial A.V.E, Roma, 1998, p. 25.

189

La ley contiene un amplio abanico de disposiciones que la doctrina ha clasificado tradicionalmente en dos grupos: el primero, relativo a la afirmación de la libertad de conciencia y de culto, cuyo máximo exponente es el artículo 1 de la Ley: “La República garantiza la libertad de conciencia. La misma garantiza el libre ejercicio de los cultos bajo las solas restricciones que aplicables en interés del orden público”. Y, el segundo, dedicado a la instauración del régimen de separación entre el Estado y las iglesias, del cual es representativo el artículo 2 de la Ley: “La República no reconoce, ni salaria, ni subvenciona ningún culto”.

190

E. GARCÍA DE ENTERRÍA afirma, siguiendo la tesis de Jellinek, que la idea de recoger legislativamente los derechos innatos, inalienables y sagrados de la persona no es de origen político sino religioso, pues tiene su origen en las colonias de protestantes puritanos ingleses y holandeses que se establecieron en América en el siglo XVII. Véase en La lengua de los derechos, Civitas, Madrid, 2001, p. 55.

128 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

de la libertad humana y con ella el resto de sus derechos fundamentales191. De este modo, el Estado liberal que surge de la Revolución francesa y cuya vigencia se extiende a la mayoría de los ordenamientos occidentales desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, consagró la libertad religiosa como una libertad pública de titularidad universal, aunque acotada a una esfera de agere licere exenta de intromisiones por parte del Estado. Esto significa que la libertad religiosa se definía principalmente en este momento como un “pouvoir d’agir” identificado con la libertad de adoptar o no una religión concreta, de conformar el propio comportamiento a sus dogmas o prescripciones y de no sufrir, a este respecto, ningún tipo de discriminación o compulsión. Como es sabido, durante el siglo XIX europeo la vigencia de los derechos individuales estuvo subordinada a la entidad que a éstos otorgaba el legislador. El alcance de los derechos no trascendió -durante el período del constitucionalismo liberal- de su mera proclamación formal, al “comenzar” y “acabar” con el principio de legalidad192. La edificación del Estado liberal en torno al principio de libertad, entendido éste como baluarte del individuo frente al Estado, justificó que los derechos se configurasen medularmente como derechos de defensa frente a los poderes públicos, los cuáles debían limitarse a adoptar una actitud abstencionista o de no intromisión en la libertad individual de los ciudadanos. Al mismo tiempo, una concepción puramente “formalista” del principio de

191

Artículo 10 de la Declaración de derechos (Bill of Rights) de Virginia, de 12 de junio de 1776: “Que la religión, o el deber que tenemos con nuestro Creador, y la manera de cumplirlo, sólo puede regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza y la violencia; y, por consiguiente todos los hombres tienen derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo con los dictados de su conciencia”. Artículo 10 de la Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano 1789: “Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la Ley”.

192

P. CRUZ VILLALÓN afirma que: “En Europa, durante todo el siglo XIX, el principio de legalidad es el ‘alfa y omega’ de los derechos individuales: los derechos comienzan y acaban con el principio de legalidad”. Véase en “Formación y evolución de los derechos fundamentales”, La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, p. 39.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 129

igualdad no permitió ir más allá de la mera abolición “en” la norma de los privilegios heredados del Antiguo Régimen. De modo que, si bien el Estado liberal de Derecho selló el carácter general y abstracto de la ley y la universalidad en sus efectos en relación con sus destinatarios, ésta no dejó de expresar los intereses de una minoría social, quedando el principio de igualdad relegado a una concepción estrictamente formal y, por tanto, insuficiente para garantizar una igualdad real o sustantiva193. La magnificencia del poder parlamentario frente al carácter meramente declarativo de los principios constitucionales, unido a la ausencia de órganos encargados del control de la constitucionalidad de las normas, hacen del constitucionalismo decimonónico un período en el que los derechos comprendidos en la Constitución sólo adquieren carta de naturaleza en la medida en que el legislador los asume como propios. Frente a ello, las Constituciones de la posguerra alcanzan el carácter de auténticas constituciones normativas, abriéndose paso las tesis que vinculan al legislador al contenido constitucional de los derechos, concebidos como auténticos límites materiales impuestos a la voluntad de la ley. Esto, unido a la creación de Tribunales Constitucionales, entendidos como órganos encargados de llevar a cabo un auténtico control de constitucionalidad de las leyes, permite hablar, por primera vez, de auténticos derechos fundamentales. Por lo cual, la lucha por la validez de los derechos frente a la acción del legislador responde al anhelo de blindar la sustantividad de aquéllos frente a la voluntad mayoritaria, siendo la normatividad de la Constitución la fórmula idónea para garantizar el respeto de las minorías. En este contexto, la nueva noción de derechos fundamentales acarrea una transmutación de la propia funcionalidad que hasta el momento se les reconocía, de manera que, éstos dejan de entenderse como meras libertades negativas frente a los poderes

193

Como afirma de nuevo P. CRUZ VILLALÓN, “La vigencia del principio de legalidad no es en sí misma suficiente para poder hablar de la existencia de auténticos ‘derechos fundamentales’. Puede hablarse de ‘libertades públicas’ en Francia o de ‘derechos públicos subjetivos’ en Alemania, pero en ningún caso de ‘derechos fundamentales’”, Ibidem, p. 45.

130 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

públicos para recubrirse al mismo tiempo de un carácter institucional, a tenor del cual se convierten en el fundamento último del Estado194. Esta configuración de los derechos fundamentales como principios informadores del ordenamiento jurídico, y por ende, de la actuación del Estado, se hace evidente de manera significativa en la configuración constitucional de la libertad de conciencia llevada a cabo por las Constituciones de la posguerra que, como la francesa de 1946, la alemana de 1949, la italiana de 1947 y más tarde la española de 1978, realizan un pleno reconocimiento de aquélla como derecho subjetivo de defensa frente al Estado y como principio supremo del ordenamiento que vincula la actuación de todos los poderes públicos en orden a su optimización. En tanto que principio informador de la actuación del Estado, éste queda vinculado por dos aspectos del derecho-principio: por un lado, se encuentra constreñido a respetar la libertad de conciencia absteniéndose de realizar injerencias ilegítimas en las convicciones de los ciudadanos, lo que exige no sólo permitir al individuo elegir sus creencias y ordenar su vida conforme a las mismas, sino también garantizar la neutralidad de la Administración respecto de las convicciones de la ciudadanía; y, por otro, el Estado se compromete a hacer posible, a través de la promoción de las condiciones de ejercicio del derecho, su efectividad. De acuerdo con PECES-BARBA de lo que se trata es de promover “el desarrollo de la personalidad por medio del ejercicio de un derecho subjetivo que genere un derecho de exigir una determinada conducta positiva del Estado”195. Como es lógico, el advenimiento del Estado social -interventor en materia social y promotor de la efectividad de los derechos fundamentales-, con su decisiva valoración del pluralismo político, social y cultural, conduce a la consagración de una nueva noción de laicidad que asienta sus bases en un profundo respeto por “toutes

194

Ello conduce a la concepción de los derechos constitucionales como auténticos “derechos fundamentales”, E. W. BÖCKENFÖRDE: Escritos sobre Derechos Fundamentales, Nomos, Baden-Baden, 1993 y A. E. PÉREZ LUÑO: Los derechos fundamentales, op. cit.

195

G. PECES-BARBA: La Constitución española de 1978: un estudio de derecho y política, Ed. Fernando Torres, 1981, Valencia, pp. 25-26.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 131

les croyances” –artículo 2 de la Constitución francesa de 1958-. Al régimen de separación jurídica entre el Estado y las confesiones religiosas –ejemplificado en la Ley francesa de 1905- que configura la “laïcité au sens strict” propia del Estado liberal, se suma, a partir de este momento, la idea de que la laicidad del Estado es compatible con un determinado modelo de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas que tiene como fin primordial remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de la libertad de conciencia de los ciudadanos. A este modelo se le conoce con el nombre de “laicidad positiva” o “laicidad abierta, activa o cooperativa”196.

196

M. J. ROCA utiliza el término “laicidad cooperativa” para referirse a una interpretación de la neutralidad del Estado presente en la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales italiana, alemana y española. Véase en: “La neutralidad del Estado: fundamento doctrinal y actual delimitación en la jurisprudencia”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 48, 1996, p. 264.

132 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

II. ELEMENTOS CONFORMADORES DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD.

Con ánimo de ahondar en estas cuestiones, se hace necesario llevar a cabo un análisis en profundidad de los rasgos que caracterizan el modelo de laicidad extraíble del orden constitucional vigente, marco imprescindible para la efectiva garantía del derecho de libertad de conciencia y principio jurídico cardinal para la consagración de un auténtico pluralismo ideológico y religioso inherente a toda sociedad democrática. En este sentido, será necesario analizar el significado que el término laicidad asume a la luz del marco constitucional vigente sin perder de vista que el mismo está llamado a dar respuestas de consenso a los conflictos de identidad que adquieren cada vez mayor relevancia en contextos sociales como los actuales y que enlazan con la reivindicación y la afirmación pública de la diversidad y la lucha por su reconocimiento. Debe partir esta exposición asumiendo las dificultades que genera cualquier tentativa de imputar un significado unívoco al concepto de laicidad. La imposibilidad de encontrar contornos estables y bien definidos en esta empresa se halla estrechamente vinculada al hecho de que no es posible definir la laicidad extirpándola del preciso contexto constitucional y normativo en que se inserta. A pesar de dicha dificultad, a continuación tratará de realizarse un profundo análisis de los rasgos que delimitan el principio de laicidad en el Derecho Constitucional Comparado con el objetivo de examinar si los elementos que lo integran poseen similitudes con aquellos elementos que definen el modelo español de laicidad y si de todos ellos es posible extraer un denominador común.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 133

2.1. EL

PRINCIPIO DE LAICIDAD EN EL TITUCIONAL COMPARADO.

DERECHO CONS-

A) EL PRINCIPIO DE LAICIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ITALIANO: UNA “LAICITÀ DI SERVIZIO” EN UN RÉGIMEN DE “PLURALISMO RELIGIOSO E CULTURALE”. La Norma Fundamental italiana no contiene en ninguno de sus preceptos una alusión expresa al carácter laico del Estado italiano. Sin embargo, es unánime entre la doctrina tal estimación explícitamente anunciada por la Corte Costituzionale a partir del año ochenta y nueve. La doctrina italiana ha señalado que las normas contenidas en los artículos 2, 3, 7, 8, 19 y 21197 contribuyen a delinear una connotación “positiva” del Estado laico. Si de una parte, tal expresión parece instrumentar el reforzamiento del principio de igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de creencias, de otra, la laicidad debe ser interpretada conjuntamente con el carácter personalista que emerge de la compleja arquitectura del ordenamiento italiano y, en particular, del estatuto de los derechos de libertad198. El concepto de laicidad, derivado de una interpretación sistemática de las normas constitucionales citadas, parece

197

El texto de los artículos 2, 19 y 21 ya ha sido citado supra en la Nota 44. Los demás se exponen a continuación: Artículo 3: “Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales o sociales”; Artículo 7: “El Estado y la Iglesia son, cada uno en su propia esfera, independientes y soberanos”. “Sus relaciones se regulan por los Tratados de Letrán. No requerirán procedimiento de revisión constitucional las modificaciones de los Tratados aceptadas por las dos partes”; Artículo 8: “Todas las confesiones religiosas serán igualmente libres ante la ley. Las confesiones religiosas distintas de la católica tendrán derecho a organizarse según sus propios estatutos en la medida en que no se opongan al ordenamiento jurídico italiano. Sus relaciones con el Estado serán reguladas por ley sobre la base de acuerdos con las representaciones respectivas”.

198

En tales términos se pronuncia I. NICOTRA: “Il crocifisso nei luoghi pubblici: la Corte Costituzionale ad un vivido tra riaffermazione della laicità di “servizio” e fughe in avanti verso un laicismo oltranzista” en BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (Coords.): La Laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Giappichelli, Turín, 2004, p. 234.

134 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

orientado a la promoción del más amplio pluralismo ideológico y religioso, en consonancia con la tutela de los diversos aspectos de la personalidad humana. En consecuencia, la vigencia del principio de laicidad en el ordenamiento jurídico italiano no entraña la asunción de una actitud “hostil” por parte de los poderes públicos hacia las convicciones de la ciudadanía, sean éstas o no de carácter religioso, sino la adopción de una actitud garante y protectora de la libertad de conciencia en un régimen de “pluralismo confesional y cultural”199. Como se ha dicho, el término “laicidad del Estado” tiene un origen jurisprudencial en el orden constitucional italiano. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas han contribuido a desarrollar un modelo de laicidad que la doctrina italiana ha dado en llamar “laicità di servizio”, pues de ellos se deduce que la laicidad no es sólo un principio institucional ligado a un determinado modelo histórico de relaciones entre la Iglesia y el Estado, sino el vértice de la “garantía de la libertad de (conciencia) religiosa en un régimen de pluralismo cultural y religioso”. La Corte Constitucional hizo mención expresa del principio de laicidad por primera vez en su sentencia núm. 203/1989, de 12 de abril. Llamada a pronunciarse sobre la legitimidad de las disposiciones legislativas que establecen la enseñanza de la religión católica en la escuela pública, la Corte apeló “al principio supremo de la laicidad del Estado” para sancionar el carácter facultativo de tal enseñanza. Calificándolo expresamente como “uno de los perfiles de la forma de Estado delineada por la Carta Constitucional de la República”, la Corte sostiene que el principio de laicidad posee un “valor superior respecto de otras normas o leyes de rango constitucional”, consagrándolo, de este modo, como el más importante parámetro de constitucionalidad del régimen jurídico de la libertad de conciencia. El fundamento de tal principio venía expresamente individuado por la Corte en los artículos 2, 3, 7, 8, 19 y 20 de la Norma Fundamental, y su contenido “no implica una total indiferencia del Estado hacia las religiones sino una garantía del Estado

199

Expresión utilizada por la Corte Costituzionale en la Sentencia núm. 203/1989, de 12 de abril.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 135

para la salvaguarda de la libertad de religión en un régimen de pluralismo confesional y cultural”200. El intérprete supremo de la Constitución vincula, de este modo, el principio de laicidad del Estado a la tutela de la libertad de conciencia religiosa del individuo al señalar que “(...) el Estado laico debe garantizar que no resulten limitadas las libertades recogidas en el artículo 19 de la Constitución”. En esta línea interpretativa, la Corte aclara que “el principio de laicidad viene respetado en la medida en que la elección –entre la recepción o no de la enseñanza religiosa- no dé lugar a forma alguna de discriminación”. De manera que, “sólo el ejercicio del derecho a recibir la enseñanza de la religión católica crea la obligación educativa de frecuentarla” pues “la actitud laica del Estado se pone al servicio de concretas instancias de la conciencia civil y religiosa de los ciudadanos”. Siguiendo a la doctrina, de las palabras de la Corte se deduce la existencia de dos aspectos que singularizan al principio de laicidad del Estado italiano: el aspecto garantista y el promocional. El aspecto garantista hace referencia al perfil negativo de la libertad

200

Un comentario a esta sentencia puede verse en S. FERRARI: “Ora di religione: per la consulta l’ora alternativa non è obligatoria”, Corriere Giuridico, 1989, pp. 626 y ss. La Sentencia núm. 259/1990, de 25 de mayo, vuelve a incidir en la idea de que el principio de laicidad “(...) implica la garantía del Estado para la salvaguarda de la libertad religiosa, en un régimen de pluralismo confesional y cultural”. En esta Sentencia viene declarada la inconstitucionalidad de varias disposiciones del Real Decreto núm. 1731, de 30 de octubre de 1930, relativo a las Normas sobre las comunidades israelitas y sobre la unión de las mismas, que atribuía aquéllas el carácter de entes públicos. A los ojos de la Corte, tal carácter “se presenta del todo incompatible con el principio constitucional de autonomía estatutaria de las confesiones religiosas diversas de la católica y con el principio de laicidad del Estado”. Y ello porque la disciplina examinada “comporta la subyugación de formaciones sociales, que se constituyen bajo el sustrato de una confesión religiosa, a la penetrante injerencia de los órganos del Estado. Lo que constituye una evidente discriminación que contrasta con el principio de igualdad, con el de libertad religiosa y con el principio de autonomía de las confesiones religiosas”. “Tal discriminación entra en contradicción con el principio de laicidad del Estado porque (...) éste implica la garantía del Estado para la salvaguarda de la libertad religiosa, en un régimen de pluralismo confesional y cultural”. Por otro lado, la Corte vuelve a calificar el principio de laicidad del Estado como supremo en el ordenamiento en su Sentencia núm. 195/1993, de 27 de abril.

136 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

de conciencia e impone al Estado la obligación de garantizar a los individuos una inmunidad de coacción en esta materia201. Este aspecto garantista coincide, pues, con el contenido histórico originario otorgado al principio de laicidad como instrumento protector de la esfera íntima de la conciencia individual, la cual debe permanecer exenta de intromisiones externas. Por su parte, el aspecto promocional del principio de laicidad atiende a la dimensión positiva de la libertad de conciencia. Cuando el libre y efectivo ejercicio del derecho reclama de una actitud positiva por parte de los poderes públicos, “la actitud laica del Estado no responde a postulados (...) de extrañeza u hostilidad (...) frente a la religión o frente a un credo particular, sino que aquél se pone al servicio de las concretas instancias de la conciencia civil y religiosa de los ciudadanos”202. Desde esta perspectiva, la actuación del principio de laicidad no puede mantenerse exclusivamente vinculada a la tutela de la dimensión negativa de la libertad de conciencia sino que requiere de una intervención positiva del legislador y del resto de poderes públicos tendente a promover las condiciones necesarias para el favorecimiento de una auténtica y libre participación de los ciudadanos y de los distintos grupos sociales en la producción de los valores culturales presentes en la sociedad203.

201

Este aspecto garantista de la laicidad se concreta según la citada Sentencia 203/1989, de 12 de abril, en la afirmación de un “stato di non obbligo” para los estudiantes que no optan por el seguimiento de la enseñanza católica, ya que la imposición de otras materias alternativas con carácter obligatorio “constituiría una patente discriminación hacia éstos (...)”.

202

Hace referencia a estos dos aspectos de la laicidad P. CAVANA: Interpretazioni della laicità, op., cit., p. 256 y ss. A ello hace referencia A. VITALE: “Laicità e modelli di Stato”, en M. TEDESCHI (Coord.): Il principio di laicità nello Stato democratico, Soveria Mannelli, Rubettino, 1996, pp. 248-249. Otro sector de la doctrina ha sido más crítico con esta concepción del principio de laicidad apuntando la existencia de una supuesta contradicción entre los dos aspectos que integran su contenido. Así, se ha sostenido que el principio de neutralidad ideológica y religiosa del Estado parece contrastar con aquel aspecto de la laicidad que atribuye al Estado un rol de sujeción o servicio a las concretas instancias de la conciencia civil y religiosa de los ciudadanos, llamada “attitudine di servizio” o “logica istrumentale”. Concepción, esta última, que reclama una actitud intervencionista de los poderes públicos tendente a satisfacer las concretas necesidades de la pluralidad de opciones religiosas o ético-culturales

203

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 137

En efecto, como señala la doctrina, si el objetivo del Estado social es el pleno desarrollo de la persona humana y la promoción de las condiciones que permitan su plena participación en la vida política, social y cultural –artículo 3.2 de la Constitución italiana-, la acción del Estado debe estar encaminada a garantizar las condiciones estructurales necesarias para que el debate cultural y la participación en la vida social pueda desarrollarse libremente entre todos los componentes de la sociedad204. De acuerdo con ello, la Corte Costituzionale italiana define el principio de laicidad como “la lógica instrumental propia del Estado para acoger y garantizar la autodeterminación de los ciudadanos”. De modo que, tal principio no se identifica con una exclusiva actitud abstencionista o de no interferencia por parte del Estado en el ámbito de las convicciones de sus ciudadanos sino que comprende, además, una intervención positiva de los poderes públicos tendente a hacer efectivo y accesible a todos ellos el ejercicio de su libertad de conciencia, concebida como expresión esencial de su personalidad individual. La jurisprudencia posterior de la Corte Costituzionale ha hecho referencia en diversas ocasiones a la dimensión garantista del principio de laicidad, tal y como se observa en otras dos sentencias constitucionales relativas a la enseñanza de la religión en las escuelas, la núm. 13/1991, de 14 de enero y la núm. 290/1992, de 22 de junio. En ellas, dotando de una protección reforzada a la dimensión negativa de la libertad de conciencia, la Corte señala el valor finalista del “stato di non obbligo” en el que se encuentran los estudiantes que no optan por la enseñanza de la religión, estableciendo que “no deben hacerse equivalentes y alternativas la enseñanza de

de los ciudadanos y de los grupos en que se insertan. En este sentido, algún autor ha señalado que la concepción positiva de la laicidad “produce el riesgo de convertir al Estado en instrumento de las opciones religiosas o ideológicas socialmente más fuertes o mayoritarias invirtiéndose, con ello, la función propia del ‘principio de neutralidad’ que consiste en la garantía de los derechos fundamentales de los individuos”. En tales términos se pronuncia L. GUERZONI: “Problemi della laicità nell’esperienza giuridica positiva: il diritto ecclesiastico” en DALLA TORRE, G. (Coord.): Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell´esperienza giuridica contemporanea, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 120. 204

A ello se refiere P. CAVANA: Interpretazioni della laicità, op., cit., pp. 265 y ss.

138 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

la religión católica y cualquier otra obligación educativa, con el fin de no condicionar desde el externo de la conciencia individual el ejercicio de una libertad constitucional como la religiosa que atiene a la interioridad de la persona”. En estas dos sentencias la Corte alude asimismo a la dimensión promocional del principio de laicidad del Estado al señalar que “la enseñanza de la religión católica, comprendida entre las demás enseñanzas en el plano didáctico con igual dignidad cultural, de acuerdo con lo previsto por la normativa basada en los Pactos con la Iglesia católica, no es causa de discriminación ni contrasta con el principio supremo de laicidad del Estado” concebido como “logica strumentale” al servicio de las exigencias de conciencia, en este caso religiosas, de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la Corte estima que la presencia de la enseñanza de la religión católica en la escuela pública no entraña contradicción alguna con el principio de laicidad del Estado sino que constituye una más de sus manifestaciones, siempre y cuando quede salvaguardada la libertad de conciencia negativa de los alumnos que no optan por dicha instrucción mediante la no imposición de enseñanzas alternativas. Otro de los elementos que definen el principio de laicidad vigente en el ordenamiento jurídico italiano es la regla de separación entre los órdenes civil y religioso, que encuentra su fundamento constitucional en la distinción de competencias entre el Estado y la Iglesia prevista en el artículo 7 de la Norma Suprema. A dicha distinción ha hecho referencia la Corte Costituzionale en su Sentencia núm. 334/1996, de 8 de octubre, en la que declara la inconstitucionalidad del artículo 238.1 y 2 del Código Civil en la parte en que, regulando el modo de prestación del juramento decisorio en el proceso civil, preveía, por un lado, que el jurante viniese advertido por el juez acerca de la importancia religiosa del juramento y, por otro, que el interesado debía jurar “delante de Dios y de los hombres”. En la motivación de la sentencia, la Corte alude expresamente a la distinción entre el orden de las cuestiones civiles y el orden de las cuestiones religiosas, afirmando que la citada distinción “caracteriza en lo esencial el fundamental o ‘supremo’ principio constitucional de laicidad o no confesionalidad del Estado”, el cual comporta que “la religión o las obligaciones morales que derivan de la misma no puedan ser impuestas como medio a los fines del Estado”. En sustancia, la afirmación de la libertad de conciencia y del principio de distinción entre los órde-

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 139

nes convierte en inadmisible cualquier intervención prescriptiva por parte del Estado relacionada con las prácticas o comportamientos derivados de la conciencia de los ciudadanos. A la vista de lo dispuesto por el intérprete supremo de la Constitución en su posterior Sentencia núm. 329/1997, de 14 de noviembre, el principio constitucional de laicidad incluye, como otro de sus elementos definitorios, la ecuanimidad del Estado en sus relaciones con las distintas confesiones religiosas. Así, el Tribunal ha observado a este respecto que “(...) la protección del sentimiento religioso asume el significado de un corolario del derecho constitucional de libertad religiosa, abrazando del mismo modo la experiencia religiosa de todos aquellos que la viven en su dimensión individual y comunitaria. Una actitud contraria a esto, incidiría sobre la igual dignidad de la persona y entraría en contraste con el principio constitucional de laicidad o no confesionalidad del Estado, el cual no implica indiferencia frente a la experiencia religiosa sino equidistancia e imparcialidad de la legislación respecto a todas las confesiones”. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia núm. 508/2000, de 20 de noviembre, donde, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 402 del Código Penal –el cual tipificaba el vilipendio de la religión del Estado-, la Corte señala que “Sobre la base del principio fundamental de igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de religión –artículo 3 de la Constitución- y del principio de igual libertad ante la ley de todas las confesiones religiosas –artículo 8 de la Constitución-, la actitud del Estado no puede ser más que de equidistancia e imparcialidad en su relación con estas últimas. (...) Tal posición de equidistancia e imparcialidad es el reflejo del principio de laicidad que la Corte Constitucional ha derivado del sistema de normas constitucionales, un principio que asume el rango de principio supremo (...) y que caracteriza en sentido pluralista la forma de nuestro Estado en el cual deben convivir, en igualdad de libertad, credos, culturas y tradiciones diversas”205.

205

En términos parecidos se pronuncia la Corte en su Sentencia núm. 327/2002, de 9 de julio, donde ha declarado la ilegitimidad constitucional del artículo 405 del Código Penal italiano. Este precepto establecía penas más graves para los actos que provocasen turbación a las funciones religiosas del culto católico, frente a las previstas por el artículo 406 del Código Penal para los actos cometidos con-

140 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

De conformidad con ello, la Corte también ha señalado, en su Sentencia núm. 440/1995, de 18 de octubre, la imposibilidad de hacer referencia al criterio cuantitativo, que atiende al número de adherentes que posee una confesión determinada, para justificar y legitimar comportamientos y previsiones legislativas discriminatorias respecto a otros cultos, al afirmar que “(...) se impone una igual protección de la conciencia de cada persona que se reconoce en una fe con independencia de cuál sea la confesión a la que pertenece”.

B) EL PRINCIPIO DE LAICIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO FRANCÉS: DE LA “NEUTRALITÉ NEGATIVE” A LA “NEUTRALITÉ POSITIVE”. La afirmación del principio de laicidad en el ordenamiento jurídico francés ha experimentado diversas fases coincidentes con algunos de los pasajes fundamentales de la historia reciente del país galo. A este respecto, la doctrina francesa ha individualizado cuatro momentos que caracterizan la evolución experimentada por un principio cuyos rasgos estructurales, aún hoy vigentes, ya fueron diseñados por la Ley de separación del Estado y las iglesias de 1905. Prescindiendo de las tesis históricas que vinculan el nacimiento de este principio a los primeros enfrentamientos entre el poder monárquico y el papado durante la Edad Media, puede afirmarse que la primera referencia a la idea de la laicidad del Estado en el ordenamiento francés se encuentra en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, cuyo artículo 3 proclama la absoluta y exclusiva soberanía de la nación de la que es directa emanación el Estado, el cual se eleva sobre toda autoridad pública o privada: “Le principe de toute soverainité reside essentiellement dans la nation: nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément”.

tra otros cultos. En la motivación de la Sentencia se puede leer: “El principio fundamental de laicidad del Estado, que implica equidistancia e imparcialidad hacia todas las confesiones, no puede tolerar que el comportamiento que impida o turbe el ejercicio de funciones, ceremonias o prácticas religiosas de cultos diversos del católico, sea considerado menos grave que aquél que provoque los mismos daños al culto católico”.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 141

Con el advenimiento de la III República francesa, la laicidad, concebida como doctrina político-filosófica, se confirma como una “idéologie de combat” vinculada a la confinación de la experiencia religiosa al foro íntimo de la conciencia individual. Sin embargo, la idea de laicidad sólo es conceptuada jurídicamente con la promulgación de un compendio de leyes destinadas a crear un modelo de escuela laica y a consolidar el principio de neutralidad de la enseñanza pública, entre las que destaca la Ley de 28 de marzo de 1882, conocida como Loi Ferry, sobre la obligatoriedad de la enseñanza primaria. El proceso de laicización de la escuela pública fue general y se extendió tanto a los espacios educativos206, como a los programas curriculares207 y a los docentes208. Sin embargo, el “pacto laico” que caracteriza al vigente ordenamiento jurídico francés, sólo se consumó en su plenitud con la adopción de la Ley de 9 de diciembre de 1905, sobre la separación de las iglesias y el Estado209. Esta ley, que representa hasta la fecha el cimiento del régimen jurídico de la laicidad francesa, contiene

206

Una circular de 2 de noviembre de 1882 preveía la exclusión de todo símbolo religioso de los institutos escolásticos.

207

Así, la neutralidad de los programas educativos de la escuela pública quedó garantizada a través de la sustitución de la instrucción religiosa por una instrucción “moral y cívica” –artículo 1-, aunque, con el fin de garantizar el derecho a la instrucción religiosa de los alumnos –de acuerdo con los derechos educativos de sus progenitores-, el artículo 2 de la Ley previó la fijación de un día de reposo escolar durante la semana destinado a permitir que aquellos que lo deseasen pudieran recibir educación confesional en el exterior de los edificios escolásticos y fuera del horario de las lecciones.

208

La conocida como Loi Goblet, de 30 de octubre de 1886, sobre la organización de la enseñanza primaria, asignó el ejercicio de la función docente al personal exclusivamente laico. A este respecto dispuso que: “dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement réservé à un personnel laïque”: Artículo 17 de la Ley devenido artículo L. 141-5 del Código de la Educación. Con la aprobación de esta Ley se derogó el Concordato firmado entre la Santa Sede y la República francesa de 17 de julio de 1801. Además se procedió a la supresión de la contribución económica del Estado al culto, se confiscaron los bienes eclesiásticos, se sometió a la Iglesia católica al derecho común de asociaciones y se estableció que el uso de los templos para los actos de culto quedaban supeditados a la obtención de un permiso por parte de la autoridad gubernativa. Todo ello pone en evidencia la valoración separatista del régimen instaurado por la presente norma.

209

142 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

una amplia serie de disposiciones que pueden ser clasificadas en dos grupos: a) El primero, referido a la afirmación de la libertad de conciencia y de culto de todos los ciudadanos con el único limite del orden público, derecho que se encuentra expresamente previsto en el artículo I -“La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercise des cultes sous les seuls restrictions édictées ci-après dans l’intéret de l’ordre public”-. Como consecuencia del tratamiento igualitario que el reconocimiento de un genérico derecho de libertad de conciencia comporta en referencia a las creencias de los ciudadanos, todas las confesiones religiosas quedan sometidas al Derecho común en su naturaleza jurídica de asociaciones privadas; b) Y, el segundo, dedicado a la instauración de un régimen de separación entre el Estado y las confesiones religiosas, al que se refiere su artículo II -“La République ne reconnaît ne salaire, ni ne subventionne aucun culte”-. Dicha separación es concebida como el marco necesario para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de su derecho fundamental y el régimen de autonomía interna de las confesiones religiosas. Sin embargo, el principio de laicidad sólo hizo su ingreso formal y expreso en un texto constitucional con la promulgación de la Constitución de 27 de octubre de 1946, que enlaza, mediante su incorporación, con la Declaración de los Derechos del Hombre y con la Ley de 1905. Así, su artículo primero dispone que “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et social” y su Preámbulo recita: “L’organisation del l’enseignement gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État”. La constitucionalización del principio de laicidad a través de la explícita calificación de la República como “laica” selló la apertura de una nueva fase en el complejo proceso de instauración de la laicidad en el ordenamiento jurídico francés. A partir de este momento, la tradicional concepción de la laicidad -anclada en el estricto principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas- sufrió un proceso de mutación ligado a una importante evolución legislativa y jurisprudencial que condujo a la configuración de un nuevo juego de equilibrios entre los diversos principios conformadores de su contenido. De este modo, al tradicional principio separatista se sumaría un nuevo principio, el de neutralidad

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 143

del Estado frente a las diversas convicciones filosóficas o religiosas de los ciudadanos, instrumentos ambos al servicio de la tutela de la libertad de conciencia. Dicha evolución, encabezada principalmente por la doctrina del Consejo de Estado y por ciertas intervenciones legislativas, derivó hacia la dotación de una nueva dimensión al principio de neutralidad: al deber de abstención o no injerencia del Estado en las opciones de conciencia de los individuos, se sumaba ahora un deber positivo de actuación destinado a permitir el ejercicio o manifestación de la opción realizada, a través de la llamada “neutralité positive”210. Producto de esta nueva concepción es, en el ámbito educativo, la Ley Debré de 31 de diciembre de 1959, que dando actuación a los principios de libertad de enseñanza y pluralismo educativo, introdujo la posibilidad de que los institutos privados de enseñanza recibieran financiación pública a través de su libre introducción en el sistema público de enseñanza mediante el régimen de contratos, previa verificación del cumplimiento de determinados parámetros y principios establecidos por la legislación educativa. Más tarde, los redactores de la Constitución francesa de 4 de octubre de 1958, no desdeñaron la citada evolución jurisprudencial y legislativa así como el clima más distendido reinante en las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, para añadir al texto del artículo I de la Constitución del 46 dos nuevas frases que alejaban definitivamente al ordenamiento jurídico francés del espíritu de estricta separación fijado por el legislador en 1905: “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et social”. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans dinstinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances”-artículo 1-.

De acuerdo con lo señalado por la doctrina, la constitucionalización del principio de laicidad en el artículo primero del Texto de 1958 ha determinado el paso definitivo de una tradicional laicidad basada en la separación legislativa -que subrayaba la independencia del Estado frente a las convicciones religiosas- a una “nouvelle laicité plus souple et ouverte” insistente en la tutela de la libertad

210

J. RIVERO: “La notion juridique de laïcité”, Recueil Dalloz, 1949, p. 278.

144 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

de conciencia. Esta última concepción atribuye al principio de laicidad una connotación positiva habida cuenta que en su contenido se incluye la idea de que el Estado “admet toutes les religions et qu’il ne peut prendre des dispositions affectant leur organisation ou leur exercise”211. De manera que, dicha neutralidad se afirma no sólo “à l’égard des religions, mais aussi en matière philosophique, idéologique et meme étique” 212. Por tanto, a partir de este momento, con la redacción del artículo 1 de la Constitución del 58 se consigue vincular el principio de laicidad con el de igualdad y el respeto de todas las creencias, ampliándose su contenido: a la laicidad-separación se suma la laicidad-neutralidad que admite la cooperación del Estado con las confesiones cuando la misma sea necesaria para hacer posible el real y efectivo ejercicio del derecho de libertad de conciencia de los ciudadanos, y se empieza a caer en la cuenta de que, siquiera con carácter excepcional, la especificidad del ejercicio de la libertad de conciencia religiosa puede exigir, para la consecución de ese mismo objetivo, una legislación especial que se aparte del Derecho común213. Pero el paso definitivo desde una “laicidad pasiva” -identificada con la tradicional interdicción de la intervención del Estado en el ámbito de las convicciones religiosas: “neutralité negative”- hacia un modelo de “laicidad activa” -que añade al principio de separación la obligación de los poderes públicos de garantizar el efectivo ejercicio de la libertad religiosa: “neutralité positive” 214-, es definitivamente instaurado por la jurisprudencia del Consejo de Estado a finales de los años ochenta, a partir de su pronunciamiento en el llamado “affaire du foulard” en el marco del sistema educativo

211

M. BARBIER: “Esquisse d’une théorie de la laicité”, Le débat, núm. 77/1993, p. 82.

212

Ibidem, p. 80.

213

Esta última circunstancia es destacada por D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: Derecho de la Libertad de Conciencia I, libertad de conciencia y laicidad, op. cit., p. 233.

214

Utiliza este término G. KOUBI: “La laïcité dans le texte de la Constitution”, Revue du Droit Public et de la Science politique en France et a l’étranger, núm. 5, septiembre-octubre, 1997, p. 1304.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 145

público215. Y ello porque dicha jurisprudencia dota de un valor preponderante a la libertad positiva del individuo y al derecho a su autodeterminación religiosa en el ámbito de la esfera pública, donde el sujeto conserva los propios derechos fundamentales y la propia identidad cultural y religiosa, con los únicos límites intrínsecos que derivan del respeto de la libertad de conciencia de terceros y de las exigencias de regular el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, en la actualidad, los nuevos desafíos derivados del crecimiento y consolidación del pluralismo cultural y religioso en el seno de la sociedad francesa, plasmados en la cuestión relativa a la presencia de signos religiosos en la escuela pública, han desencadenado un proceso de redefinición del equilibrio alcanzado en torno al concepto jurídico de laicidad. Las reivindicaciones identitarias en el seno de la escuela –que remettent en cause le modèle républicaine d’intégration216- han conducido al legislador francés a aprobar recientemente la “Ley núm. 2004-228 de 15 de marzo de 2004 que enmarca, en aplicación del principio de laicidad, el porte de signos o de prendas que manifiestan una pertenencia religiosa en las escuelas, colegios y liceos públicos”. Ley que produce un flagrante endurecimiento de las medidas que delimitan el ejercicio del derecho de manifestación religiosa y que abandona la interpretación “favor libertatis” mantenida por el Consejo de Estado en su jurisprudencia anterior217.

215

G. WAITS: “La laïcité, l’école et le droit”, Revue de Droit Scolaire, n° 9, mayojunio, 1995, pp. 27-31. Véase asimismo J. TREMEAU: “L’école, la religion et la Constitution”, Annuaire Internacional de Justice Constitutionnelle”, Vol. XII, 1996, pp. 241-256.

216

Rapport n° 1275 de la Mission d’Information sur la question du port de signes religieux a l’école, de 5 de diciembre de 2003: http: // www.assemblee-nat.fr/12/ dossiers/laicite.asp (26/10/2004). Un interesante estudio comparativo entre los rasgos esenciales de la laicidad francesa y estadounidense puede verse en: T. JEREMY JUN: “Under God but Not the Scarf: The Founding Myths of Religious Freedom in the United States and Laicité in France”, Journal of Church and State, Volumen 46, Núm. 1, Winter, 2004, pp. 7-24.

217

146 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

C) EL PRINCIPIO DE LAICIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE: DE LA “STRICT SEPARATION” A LA “ACCOMMODATION OF THE FREE EXERCISE”. La Norma Fundamental estadounidense adopta un modelo de laicidad separatista, cuya nota característica se encuentra en el tenor literal de la Primera Enmienda constitucional, en la cual puede leerse que “El Congreso no elaborará ninguna ley referente al establecimiento de una religión”. Sin embargo, como es lógico, este precepto, que prohíbe la confesionalidad del Estado –Cláusula de Establecimiento-, se complementa con el reconocimiento de la libertad de conciencia religiosa en la llamada –Cláusula de Libre Ejercicio-, en virtud de la cual, “se prohíbe al Estado la aprobación de leyes que prohíban el libre ejercicio de la religión”. El equilibrio o conciliación entre ambas cláusulas define el modelo de neutralidad del Estado en materia religiosa. Sin embargo, como tratará de exponerse, la preponderancia de una u otra ha variado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, optándose en ocasiones por un modelo de “neutralidad estricta” y en otras por un modelo de “neutralidad abierta, positiva o activa”218. A la luz de lo dispuesto por la Primera Enmienda del Bill of Rights y por el tenor literal de las Constituciones de muchos Estados federados -que contienen normas específicas destinadas a vetar la concesión de privilegios públicos a las confesiones religiosas y a prohibir la financiación pública de objetivos de carácter religioso-, puede sostenerse que, en términos de principio, el ordenamiento constitucional estadounidense es esencialmente separatista. La doctrina del “separatismo” o “teoría de la separación” -que tiene su origen en la metáfora utilizada por Thomas Jefferson acerca de la existencia de un “muro de separación” entre Estado e Iglesiafue ofrecida por primera vez por el Juez Black en el año 1947, en el Caso Everson v. Board of Education, donde dispuso toda una serie

218

Un análisis de las distintas calificaciones que puede recibir la neutralidad del Estado puede verse en B. ALÁEZ CORRAL: “Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 67, 2003, pp. 102 y ss.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 147

de medidas que pueden resumirse como sigue: “ni los Estados ni el gobierno Federal pueden fomentar o promover por medio alguno la religión ni establecer una confesión como oficial; asimismo queda vedada la posibilidad de dispensar un trato más favorable a una determinada confesión religiosa y la adopción de leyes que supongan la financiación, patrocinio o subvención directa o indirecta de una religión concreta; se establece la interdicción de toda actuación que pudiere coaccionar o influir en una persona para que asista o para que permanezca apartada de una iglesia en contra de su voluntad, forzarle a que profese una religión o a que no profese ninguna; nadie puede ser desfavorecido por tener o profesar creencias religiosas o ateas, por la asistencia o no asistencia al culto; ningún impuesto, sea cual sea el importe, puede ser recaudado para la subvención de actividad o institución religiosa alguna; ningún Estado ni el Gobierno Federal pueden, de forma pública o encubierta, participar en los asuntos de ninguna organización o grupo religioso, ni viceversa”219. En Everson se eleva a principio constitucional la separación de las iglesias y el Estado y se incorpora la vinculación de la Cláusula de Establecimiento a los Estados federados220. El período que media desde el promulgación de Everson hasta principios de los años ochenta ha sido calificado como “era dominante del separatismo”. Así, dicha doctrina fue aplicada a un amplio abanico de supuestos en su mayor parte destinados a declarar la inconstitucionalidad de las ceremonias, la oración o plegaria y los símbolos religiosos presentes en la escuela pública221. Sin embargo,

219

330 U.S. 1 (1947). En esta sentencia el Tribunal Supremo se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley del Estado de Nueva Jersey que otorgaba financiación pública en materia de transporte escolar tanto a escuelas públicas como privadas con ideario religioso. Aunque se mantuvo el programa establecido por la ley, la sentencia diseño la teoría de la separación, en virtud de la cual, cualquier ayuda directa gubernamental destinada a escuelas religiosas resulta inconstitucional por vulnerar la Cláusula de Establecimiento.

220

A partir de esta sentencia, el Tribunal Supremo asume la incorporación de la Cláusula de Establecimiento a todos los Estados federados uniformizándose la neutralidad en el ámbito estatal y federal.

221

En relación con las plegarias recitadas al inicio de las lecciones véase Engel v. Vitale, 370 U.S. (1962) y por lo que respecta a la lectura de fragmentos de la Biblia en clase, puede verse Abington School District v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963).

148 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

la necesidad de coordinar y conciliar las dos cláusulas integrantes de la Primera Enmienda, sobre todo en aquellos supuestos en que la Cláusula de Libre Ejercicio obliga al poder público a respetar la libertad de actuar conforme a las creencias religiosas y la Cláusula de Establecimiento exige desconocer el ejercicio de dicha libertad, ha conducido a la Corte Suprema norteamericana a buscar respuestas jurisprudenciales tendentes a equilibrar las exigencias de ambas222. Con tal intención, la llamada “teoría de la acomodación” reduce el radio de acción de la doctrina separatista para buscar el “acomodo” de las creencias religiosas en la Cláusula de Establecimiento223. Dicha teoría, como su propio nombre indica, encuentra su esencia en el intento de armonizar las exigencias derivadas de la Cláusula de Establecimiento con aquéllas que provienen de la Cláusula de Libre Ejercicio. De forma que, si la primera limita los beneficios que el Estado puede otorgar a la religión, y la segunda, exige que se restrinjan las cargas que el legislador pueda imponer a la misma, la teoría de la acomodación trata de garantizar que los individuos que profesan cualesquiera creencias religiosas queden eximidos del

222

Como señala E. RELAÑO PASTOR, los casos más paradigmáticos en que se produce una contradicción entre las exigencias de ambas cláusulas son los referidos a la educación pública. Pues, por un lado, los padres poseen el derecho a educar a sus hijos en las creencias religiosas que crean conveniente y los centros educativos públicos tienen el derecho a beneficiarse de ayudas estatales; mientras que, por otro lado, la financiación estatal de una institución educativa que obedece a las demandas de los padres puede violar la Establishment Clause. Véase en “Las nuevas tendencias de separación Iglesia-Estado en la jurisprudencia estadounidense”, op. cit., p. 259.

223

La teoría de la acomodación fue esgrimida por la Corte Suprema antes de Everson en varios casos relacionados con el papel del Estado en el ámbito de las escuelas religiosas. Asimismo, dicha doctrina fue reiterada por la Alta instancia en otros pronunciamientos posteriores a Everson pero en yuxtaposición con las tendencias más separatistas esgrimidas por la Corte. Entre ellos destacan McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 (1948) y Zorach v. Clauson, 343 U. S. 306 (1952), los cuales han declarado compatible con la laicidad y el separatismo instituido por la Establishment Clause, la colaboración de las autoridades educativas y las eclesiásticas en orden a permitir a los alumnos que deseasen recibir instrucción religiosa en las respectivas iglesias o templos salir una hora antes de la escuela una vez a la semana. Desde mediados de los ochenta, la doctrina de la acomodación retornó bajo la forma de una “benevolente neutralidad” basada en el Lemon Test.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 149

cumplimiento de determinadas leyes de carácter general en orden a favorecer el libre ejercicio de su derecho. La acomodación entre ambas cláusulas es buscada, por tanto, cuando el Estado trata de proteger y promover primordialmente los valores que integran la Cláusula de Libre Ejercicio224. La doctrina de la acomodación encuentra notables similitudes o puntos de conexión con la expuesta doctrina separatista. Así, ambas prohíben la existencia de nexos formales entre el poder público y las confesiones o grupos religiosos; ambas impiden la existencia de coerción por parte de instancias públicas en materia de enseñanza de la religión o su observancia; y las dos comparten la tesis de que el pluralismo religioso ha de recibir un tratamiento equitativo en la ley, no pudiendo existir discriminación sobre la base de las creencias religiosas. Sin embargo, ambas doctrinas difieren asimismo en importantes cuestiones: mientras que el separatismo prohíbe cualquier ayuda gubernamental dirigida a los grupos o actividades dotados de carácter religioso, la teoría de la acomodación permite que el Estado coopere con las confesiones religiosas, siempre que dicha cooperación se realice en un plano de igualdad y cuando no otorgue un tratamiento preferencial a los colectivos religiosos. Además, el separatismo prohíbe categóricamente cualquier participación gubernamental en actos de culto, educacionales o actos de caridad de carácter religioso, mientras que la doctrina de la acomodación permite dicha participación siempre y cuando los ciudadanos no se encuentren impelidos a participar en actos que vulneren su libertad de conciencia225.

224

A propósito de la doctrina de las “acomodaciones permisibles” véase R. SERRA CRISTÓBAL: “Constitución, enseñanza y religión en los Estados Unidos de América”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 48, SeptiembreDiciembre, 1999, p. 281-283.

225

Las únicas acomodaciones –o exenciones a las leyes de carácter general- mantenidas por la Corte Suprema son aquéllas que favorecen a la totalidad de los grupos religiosos, sin distinción entre ellos. La doctrina de las acomodaciones permisibles encuentra su punto álgido en Corporation of Presiding Bishop v. Amos, 483 U.S. 327 (1987), donde la Corte señaló que no resultaba contraria a la Cláusula de Establecimiento una ley que otorgaba a las corporaciones religiosas una exención en la aplicación de las normas sobre discriminación en el empleo en materia de contratación de personal.

150 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Sin embargo, a inicios de los años sesenta, la Corte Suprema norteamericana adoptó un camino intermedio entre ambas fórmulas al convertir al principio de neutralidad en la nueva fórmula con la que abordar las distintas aristas que presenta la interpretación de la Primera Enmienda constitucional226. El principio de neutralidad adquiere diversas acepciones en la jurisprudencia de la Corte Suprema: en virtud de la llamada neutralidad formal, todas las convicciones, incluso la ausencia de las mismas, deben recibir una misma protección derivada del derecho a recibir un trato igualitario. Por su parte, la neutralidad sustantiva persigue la neutralización en el iter legislativo del alcance de cualesquiera convicciones en orden a obtener una general igualdad de resultados. Y por último, de acuerdo con las exigencias de la llamada neutralidad disgregadora, el principio de neutralidad del Estado se considera quebrantado cuando una ley promueve la religión sin tomar en consideración si otras soluciones alternativas podrían dar lugar a una mayor o menor promoción de la religión o a una inhibición de la misma227. Estas tres manifestaciones del principio de neutralidad quedan recogidas en el año 1971 por la Corte Suprema en el comúnmente conocido como Lemon Test228, donde se establecen tres requisitos que determinan cuándo una norma jurídica resulta respetuosa con la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda: 1) En primer lugar, es necesario que la norma enjuiciada tenga un propósito estrictamente secular, y que, por tanto, esté exenta de cualquier motivación religiosa. Se observa cómo este primer requisito atiende a las exigencias del principio de neutralidad sustantiva. El mismo fue esgrimido por la Corte en el Caso Lynch v. Donnelly (1984), donde determinó que la inclusión de un nacimiento como parte integrante de una exposición navideña municipal no violaba la Cláusula de Establecimiento. Y ello porque la citada exposición respondía a un propósito estrictamente secular

226

La primera de las sentencias en que se utiliza expresamente el principio de neutralidad es Abington School District v. Schempp, 374 U.S. (1963).

227

Véase al respecto R. SERRA CRISTÓBAL, “Constitución, enseñanza y religión en los Estados Unidos de América”, op. cit., p. 279. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971).

228

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 151

-“el de celebrar las fiestas navideñas”-, “no constituía más que el reconocimiento por el municipio de la herencia religiosa existente y debía entenderse, por tanto, como una manifestación cultural más”229. 2) El segundo criterio atiende al efecto primario producido por la norma objeto de controversia constitucional, el cual no debe ser el favorecimiento de la religión. Este criterio atiende al principio de neutralidad disgregadora y fue claramente aplicado por la Corte en el Caso Com. For Public Education and Religious Liberty v. Nyquist (1973), donde se consideró vulneradora de la Cláusula de Establecimiento una ley que otorgaba a los padres de los niños asistentes a una escuela religiosa el derecho a percibir el reembolso de los gastos que les hubiere ocasionado el mantenimiento y reparación de la escuela a través de donaciones públicas. La razón manejada por el Tribunal fue que “la norma producía el efecto inmediato de ayudar a la religión, pues no existía la certeza suficiente de que todas las donaciones públicas fuesen a ser utilizadas para sufragar actividades de la escuela de carácter estrictamente secular”230. 3) El último de los criterios fijados por el Lemon Test exige que la aplicación de la norma enjuiciada no produzca una excesiva

229

465 U.S. 668 (1984). Cabe señalar que en su influyente voto particular concurrente al fallo de la citada sentencia, la Juez O’Connor propuso una “clarificación” del Lemon Test que ha sido empleada en algunas ocasiones por la Corte bajo lo que se ha dado en llamar Endorsement Test. O’Connor argumentó que el estudio de la violación de la Cláusula de Establecimiento debe reducirse al análisis de la intención del gobierno de respaldar o desaprobar una religión. El TS hizo suyo el razonamiento de la Juez O’Connor en una sentencia posterior County of Allegheny v. American Civil Liberties Union, 492 U.S. 573 (1989). En ella el magistrado ponente desarrolla dicho test concretando lo que serán los principios interpretativos para los casos de la Cláusula de Establecimiento: “a) Cualquier respaldo gubernamental de una religión es inconstitucional porque envía un mensaje de exclusión a los no creyentes; b) El efecto que desencadena cualquier demostración de corte religioso dependerá de la evaluación que haga del mismo un observador imparcial”. Un examen del Endorsement Test puede verse en E. RELAÑO PASTOR: “Las desventajas del principio de neutralidad en Estados Unidos: una relectura de la cláusula de no establecimiento”, Quaderni di Diritto e Politica Eclesiástica, núm. 3, Anno XI, Dicembre, 2003, p. 853.

230

423 U.S. 756 (1973).

152 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

conexión –“excessive entanglement”- entre los poderes públicos y la religión231. La lectura “separatista” del Lemon Test –que es la mantenida en la propia sentencia que lo instaura- es la prioritaria durante la mayor parte de los años setenta y principios de los ochenta y ejemplo de la misma son las sentencias emitidas en los Casos Wallace v. Jaffre (1985), donde se declara la inconstitucionalidad de las disposiciones que establecían la práctica de momentos de silencio dedicados a la oración en las escuelas públicas y Texas Monthly v. Bullock (1989), que estimó vulneradoras de la Cláusula de Establecimiento las exenciones al pago de impuestos estatales destinadas a las publicaciones de índole religiosa232. Sin embargo, el Tribunal Supremo norteamericano no siempre ha mantenido en su jurisprudencia una aplicación estricta o separacionista del Lemon Test, así en el año 1970, en el Caso Walz v. Tax Commission of the City of New York (1970)233, la Corte ya había realizado una lectura “acomodacionista” del mismo que sería retomada durante los años ochenta en un abanico de casos relacionados con la participación gubernamental en la educación religiosa234. En Walz el Juez constitucional mantiene que “las exigencias del principio general de neutralidad –prohibición de establecimiento gubernamental de una religión o interdicción de interferencias provenientes de los poderes públicos en este ámbito- no son incompatibles con el mantenimiento de una benevolent neutrality que permita el libre ejercicio de la religión sin interferencias”. Y, más tarde, en Board of Education of Kiryas Joel Village School District v. Grumet (1994)235, el juez Souter defiende una interpretación novedosa de la versión “acomodacionista” del principio de neutralidad al afirmar que el acomodo se extenderá no sólo a los grupos

231

Sobre la aplicación del tercer requisito del Lemon Test véase Larkin v. Grendel’s Den Inc., 459 U.S. 116 (1982).

232

472 U.S. 38 (1985) y 489 U.S 1 (1989), respectivamente.

233 234

397 U.S. 664 (1970). Mueller v. Allen 463 U.S. 388 (1983) y Bowen v. Kendrick 487 U.S 589 (1988).

235

512 U. S. 687 (1994).

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 153

religiosos sino a cualquier grupo que se encuentre en una situación y en un contexto parecido236. En otras ocasiones, el Tribunal Supremo ha recurrido a la doctrina de la “no coerción” o Coertion Test para determinar si la acomodación de la religión coacciona las creencias de terceros o produce una coerción sobre las personas a la hora de participar en actos de índole religiosa. Ello puede producirse, principalmente, cuando se permite la realización de actos religiosos en ambientes no estrictamente relegados a la privacidad y en los que están llamados a participar personas que no necesariamente comparten las convicciones religiosas allí representadas237. La Corte Suprema elaboró el llamado Coertion Test en el Caso Lee v. Weisman (1992), donde dispuso que la oración celebrada por un rabino durante el acto de graduación en una escuela pública violaba la Establishment Clause. Y ello porque, la relevancia que la ceremonia de graduación posee para alumnos y progenitores podía determinar que los asistentes a la misma se viesen coaccionados a participar en un acto religioso no compartido, a pesar de que la asistencia al acto era voluntaria y que los receptores de la oración eran alumnos con un elevado grado de madurez238. Esta doctrina ha sido recientemente ratificada en Santa Fe Independent School District v. Doe (2000), donde el Tribunal Supremo examinó si la recitación de oraciones antes de la celebración de los eventos deportivos en el seno de la escuela pública vulneraba la Establishment Clause239. La oración tenía lugar al

236

El Tribunal Supremo declara inconstitucional una ley del Estado de Nueva York por la que se creaba un distrito escolar especial para estudiantes con discapacidad física de la comunidad religiosa de los Satmar Hasidic. La vulneración del principio de neutralidad formal se hace evidente desde el momento que se otorga un trato especial a una comunidad religiosa sin que exista la certidumbre de que en un futuro las reclamaciones que en dicho sentido realizasen otros grupos podrían verse satisfechas. De este modo, no puede producirse el acomodo reclamado y la ley es declarada inconstitucional.

237

Puede verse una exposición de los principales rasgos de esta doctrina en J. WITTE JR.: Religion and the American Constitutional Experiment, Essential Rights and Liberties, op. cit. 505 U.S. 577 (1992).

238 239

530 U.S. 290 (2000).

154 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

comienzo de cada partido de fútbol que se oficiaba en el campo deportivo de la escuela fuera del horario escolar, siendo elegida por votación entre los alumnos la persona encargada de pronunciar el rezo. Al inicio, la oración no tenía que ser necesariamente de carácter religioso ya que su objetivo consistía en favorecer la solemnidad del acto deportivo, sin embargo, como regla general y por decisión de los alumnos, ésta solía hacer referencia a determinadas creencias religiosas y a la existencia de un ser supremo. Este hecho fue denunciado por un grupo de padres de alumnos del centro por considerar que la celebración de la oración vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución federal. De acuerdo con el precedente fijado en Lee, la Corte Suprema aplicó el Coercion Test y decretó que aunque la oración tenía lugar en horario extraescolar, su promulgación podía vulnerar la libertad de conciencia de determinados miembros de la comunidad escolar que participaban en el evento por la cualidad deportiva del mismo. Por último, el estricto separatismo originario –y los obstáculos que del mismo se derivaban para el libre ejercicio de la religiónhan sido mitigados por la Corte, en otras ocasiones, mediante el recurso expreso a la doctrina del “Equal Treatment”. Así, a partir de 1993, la Corte Suprema comenzó a afirmar explícitamente que las instituciones religiosas y los individuos que profesan creencias de esta índole no están privados del derecho de igual acceso a los programas de asistencia gubernamentales o a los forums a los que acceden grupos o instituciones de cualquier otra índole -“open to all on equal terms”240-. Así, por ejemplo, en Rosenberger v. University of Virginia (1995), la Corte declaró el derecho de los grupos religiosos a acceder en condiciones de igualdad junto con otros colectivos estudiantiles a las subvenciones estatales concedidas para sufragar las publicaciones universitarias concedidas a los colectivos estudiantiles. Se observa cómo la introducción de nuevas doctrinas con las que conjugar la virtualidad de las dos cláusulas que integran la

240

Son deudoras de esta doctrina las Sentencias Lamb’s Chapel v. Center Moriches Union Free School District, 509 U.S.384 (1993); Zobrest v. Catalina Foothills School District, 509 U. S 1 (1993); Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah, 508 U.S. 520 (1993).

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 155

Primera Enmienda constitucional, ha permitido allanar los obstáculos que para el libre ejercicio suponía el enérgico separatismo originario o las dificultades derivadas de la doctrina de la acomodación. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido mantenida por la Corte Suprema con una cierta permanencia en sus pronunciamientos. La yuxtaposición de sentencias en las que se resuelve sobre la base de principios tan dispares como la neutralidad, el tratamiento equitativo o la coerción, pone en evidencia la inexistencia de un criterio uniforme con el que abordar las siempre problemáticas cuestiones concernientes a la libertad religiosa. No procede cerrar este epígrafe sin hacer una sucinta alusión a uno de los conceptos más llamativos de los empleados por la Corte Suprema para fijar los contornos de la Cláusula de Establecimiento, el llamado criterio de la “Tradition”. Éste ha sido aplicado por la Corte para afirmar que la Establishment Clause consiente algunas prácticas gubernamentales que a primera vista bien pueden resultar deliberadamente contrarias a las exigencias del Lemon Test. Concretamente, la Corte ha aprobado la constitucionalidad de la acción de gracias del Presidente que, desde los tiempos de George Washington, ha incluido referencias religiosas; la rúbrica de apertura de las sesiones de la Corte Suprema –“God save the United States and this Honorable Court”-, que data de la época del Juez Marshall; el lema nacional –“in God we trust”-, oficializado en el año 1956; la inclusión de dicho lema en las monedas de curso legal, que tiene su origen en el año 1800 y que fue generalizada a partir del año 1950; y la inclusión de la frase “one nation under God” en la llamada Promesa de Lealtad -“Pledge of Allegiance”- desde el año 1954241.

241

Véase a este respecto Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668, 674-78 (1984). En el año 2002, la Novena Corte de Apelación de Circuito afirmó en el caso Newdow v. U.S. Congress et al. que cuando la Promesa de Lealtad es recitada por los profesores de la escuela pública, la frase “under God” vulnera la Cláusula de Establecimiento de la Constitución”. Un comentario a esta sentencia puede verse en S. R. LOOMIS y J. RODRIGUEZ: “The incontrovertible ontological fact of God: Newdow, State Education, and the Status of God”, Journal of Church and State, Volumen 46, Núm. 1, invierno, 2004, pp. 115-130. Como se verá el Capítulo III de la Tesis, dicha doctrina ha sido ratificada por la Suprema Corte.

156 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la doctrina242, cabe subrayar la existencia de ciertos límites aplicables a la implícita excepción que supone el argumento de la tradición respecto de las exigencias del Lemon Test. Concretamente, dichos límites pueden resumirse en tres: a) en primer lugar, la práctica gubernamental ha de representar una amplia y veterana tradición en la cultura americana; b) en segundo lugar, la promoción gubernamental de la religión no puede favorecer a una particular religión respecto de otras; y, c) en tercer lugar, el soporte gubernamental de la religión ha de ser primordial y fundamentalmente simbólico, y no tratarse, en ningún caso, de un soporte tangible o coercitivo243.

D) EL PRINCIPIO DE LAICIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ALEMÁN: UN MODELO DE “NEUTRALIDAD ABIERTA”. La Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949 diseña el modelo de neutralidad vigente a través del reconocimiento de la libertad de conciencia y de la consagración del principio de separación entre la Iglesia y el Estado244. Sin embargo, ha sido el Tribunal Constitucional Federal alemán el que con mayor prodigalidad ha desarrollado los rasgos

242

D. O. CONCKLE: Constitutional Law: The Religion Clauses, op. cit., pp. 127128.

243

Un elaborado estudio del papel del criterio de la tradición en el marco de la Establishment Clause puede encontrarse en D. O. CONKLE: “Toward a General Theory of the Establishment Clause”, New York University Lae Review, núm. 82, 1988, pp. 1172-1179.

244

El artículo 4.1 de la Ley Fundamental de Bonn dispone que “La libertad de credo, de conciencia y de confesión religiosa e ideológica son inviolables. 2. Se garantiza el ejercicio de la religión sin impedimentos”. El principio de neutralidad del Estado no sólo deriva de dicho artículo sino también de los artículos 3.3, 33.1 y 140 de la LFB en conexión con artículos 136.1 y 4 y 137.1 de la Constitución de Weimar (1919). Los artículos 3.3 y 33.1 LFB prohíben la discriminación por razones religiosas y declaran la irrelevancia de la confesión religiosa para el disfrute de los derechos civiles y políticos y para el acceso a cargos públicos y a la función pública respectivamente. En virtud del artículo 140 de la LFB determinados preceptos de la Constitución Weimariana forman parte de la

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 157

propios de dicho modelo que puede ser calificado de “neutralidad abierta”. Así, ha señalado que, el principio de neutralidad estatal incluye en su radio de acción el principio de separación o no identificación del Estado con ninguna religión ni ideología que inspire su actividad o funciones: “El artículo 4.1 de la Ley Fundamental no confiere al individuo ni a las comunidades religiosas el derecho a manifestar las propias convicciones de fe con el sostenimiento del Estado. De la libertad religiosa garantizada en dicho precepto se deriva, a sensu contrario, el principio de neutralidad del Estado frente a las diversas religiones y confesiones. En un Estado en el que conviven una pluralidad de convicciones diferentes de carácter religioso y laico, que en algunos casos llegan a ser incluso contrapuestas, sólo puede garantizarse la convivencia pacífica entre todas ellas si el Estado se somete a las exigencias de una estricta neutralidad en la materia. El Estado no debe poner en peligro la paz religiosa en la sociedad. Este principio encuentra sus raíces no sólo en el artículo 4.1 LF sino también en los artículos 3.3245, 33.3246 y 140 LF junto con los artículos 136. 1 y 4 y 137.1 de la Constitución de Weimar. Tales disposiciones se oponen a la introducción de formas jurídicas propias de una iglesia de Estado (staatskirchliche Rechtsformen) y prohíben cualquier tratamiento privilegiado a favor de determinadas confesiones al mismo tiempo que impiden la discriminación de creyentes de otras religiones”.247

245

LFB, entre ellos, el artículo 136.1, que declara que los derechos civiles y políticos no estarán condicionados ni limitados por el ejercicio de la libertad religiosa; el artículo 136.4, que dispone que nadie puede ser obligado a participar en un acto de culto o ceremonia religiosa ni a utilizar una forma religiosa de juramento; y el artículo 137.1, que prohíbe la existencia de una iglesia oficial. El artículo 3.3 LFB prohíbe a los poderes públicos dispensar un trato más favorable o discriminar a los individuos en función de su sexo, ascendencia, raza, idioma, patria y origen, creencias o concepciones religiosas o filosóficas.

246

El artículo 33.3 ratifica la prohibición de intromisión del Estado en los asuntos religiosos o ideológicos de la ciudadanía al disponer que el disfrute de derechos civiles y la admisión a cargos públicos, así como los derechos adquiridos en la función pública deben ser independientes de toda profesión religiosa, pues a nadie puede derivar perjuicio alguno por pertenecer o por no pertenecer a una confesión o ideología determinada. En la misma línea inciden los artículos 136.1 y 4 y 137.1 de la Constitución de Weimar, incorporados a la Ley Fundamental de Bonn a través de su artículo 140.

247

Este principio es constante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Al respecto véanse BVerfGE 19, 206 (216); 24, 236 (246); 33, 23 (28).

158 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

Pero al mismo tiempo, en orden a garantizar el efectivo ejercicio de la libertad de conciencia de los ciudadanos, dicha separación no lleva aparejada una actitud de indiferencia u hostilidad por parte de los poderes públicos hacia las agrupaciones sociales –confesiones religiosas y asociaciones ideológicas- en el seno de las cuales se desarrolla la dimensión colectiva de la libertad: “El artículo 4.1 de la Ley Fundamental de Bonn no se limita a impedir que el Estado lleve a cabo cualquier tipo de injerencia en las convicciones, en los actos o en las representaciones de la fe de los individuos o de las comunidades religiosas, sino que le impone, asimismo, el deber de garantizar a aquéllos un espacio de acción (Betätigunsraum) en el seno del cual la personalidad pueda desarrollarse en un ámbito religioso-ideal (religiösweltanschaulich) y el deber de protegerlos frente a las agresiones o impedimentos que provengan de los individuos pertenecientes a otras formaciones religiosas o de otros grupos religiosos”248.

La cooperación con las confesiones religiosas y asociaciones ideológicas se encuentra encaminada, por tanto, a la consecución del pleno ejercicio del derecho, siempre dentro de las exigencias del principio de igualdad249:

248

BVerfGE 41, 29 (49). Como ha puesto de manifiesto X. ARDOZ SANTISTEBAN “La jurisprudencia alemana distingue entre una “neutralidad distante”, en el sentido de no identificación con religiones y concepciones ideológicas y con sus instituciones, por un lado, y una neutralidad “respetuosa y previsora”, en el sentido de una actitud que promueva por igual la libertad de credo de todas las confesiones, por otro. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal Administrativo, la neutralidad respetuosa y previsora que acoge la Constitución alemana se fundamentaría en los siguientes datos constitucionales: la referencia a Dios en el Preámbulo constitucional; la previsión constitucional de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas como asignatura ordinaria, con excepción de las escuelas confesionales (artículo 7.3); la posibilidad jurídica de creación de escuelas confesionales y aconfesionales, incluidas las ligadas a concepciones no trascendentes del mundo (artículo 7.5); así como la amplia recepción del Derecho público eclesiástico de la Constitución de Weimar (artículo 140), entre cuyas normas destaca la atribución a las Iglesias del estatus de corporaciones de Derecho Público (BVerwGE 109, 40 (46)). Véase en: “Aproximación a la relación entre Estado y religión en el ámbito escolar en Alemania” en I. LASAGABASTER HERRARTE (Ed.): Multiculturalidad y laicidad. A propósito del Informe Stasi, op. cit., p. 220

249

Como señala D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, el principio de bilateralidad en la regulación de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas no está

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 159

“No importa la fuerza numérica de creyentes o la relevancia social de cada una de las religiones porque precisamente el derecho fundamental de libertad de creencias se encuentra ligado por vocación a la protección de las minorías250. El Estado debe, en cambio, orientar el tratamiento de las diversas comunidades religiosas e ideológicas hacia el principio de igualdad251. Aun en aquellas cuestiones en las que el Estado colabora con las comunidades religiosas o las promueve, su acción no debe comportar una identificación con comunidades religiosas específicas”252.

Pero es quizá en el terreno de la escuela pública donde la jurisprudencia constitucional ha sido más prolija a la hora de abordar las características propias del modelo de “neutralidad abierta” al que responde el orden constitucional alemán. De este modo, el Juez de Karlsrhue ha señalado que, en el ámbito de la organización escolar -donde la Ley Fundamental otorga a los Länder una amplia libertad de configuración253- no contradice el marco constitucional vigente la toma en consideración por parte de los poderes públicos de las tradiciones escolares, la composición confesional de la población y su más o menos intenso arraigo religioso254. De acuerdo con ello, en la conocida sentencia sobre la presencia de crucifijos en las escuelas de Baviera, de 16 de mayo de 1995, el Juez constitucional afirma que el Estado puede realizar en el ámbito educativo alusiones a determinadas ideas religiosas o ideológicas ya que, “(...) también un Estado que garantiza la plena libertad de creencias –y que debe observar una estricta neutralidad religiosa e ideológica- no está obligado a prescindir de aquellas actitudes o convicciones valorativas que derivan de la cultura y

constitucionalizado pero, dada la tradición de la fórmula de los Acuerdos tanto del Estado Federal como de los Länder, puede afirmarse que la prioridad que desde Weimar se ha dado a esta vía para regular las relaciones del Estado con las Iglesias ha adquirido fuerza vinculante por la vía de la costumbre. Véase en La Libertad de Conciencia I, libertad de conciencia y laicidad, op. cit., p. 217. 250

BVerfGE 32, 98 (106).

251

BVerfGE 19, 1 (8); 19, 206 (216); 24, 236 (246).

252

BVerfGE 30, 415 (422). BVerfG, 41, 29 (44). Como es sabido, el artículo 7.7 de la LFB otorga a los Länder plenas competencias educativas para el libre diseño de la escuela pública.

253

254

BVerfGE 41, 29 (50).

160 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

que se encuentran enraizadas en la historia como fundamento de la cohesión social”255. La neutralidad del Estado no se identifica, en consecuencia, con una rotunda negación de las manifestaciones religiosas en la esfera pública sino con la apertura frente al pluralismo cultural, ideológico y religioso presente en la sociedad y fruto del ejercicio de la libertad de conciencia de los ciudadanos. La neutralidad religiosa e ideológica del Estado, necesaria en todo contexto pluralista, se proyecta sobre el ámbito educativo de manera tal que convierte a este último en espacio propicio para el contraste y la interacción de la diversidad, sin que ello conduzca a una identificación del Estado con las creencias manifestadas256. No obstante, una reciente sentencia de 24 de septiembre de 2003257, parece adentrar la doctrina del Tribunal alemán hacia los caminos del separatismo, pues en ella se sostiene que “(...) si bien la creciente pluralidad religiosa en el seno de las escuelas alemanas es una buena oportunidad para estimular la tolerancia mutua y favorecer la integración, es asimismo una fuente potencial de conflictos. Dicha realidad puede aconsejar el reforzamiento legislativo del mandato de neutralidad estatal en el ámbito escolar mediante la prohibición de aquellos comportamientos que, aunque

255

El propio Bundesverfassungsgericht en su jurisprudencia anterior relativa a la constitucionalidad de la oración en la escuela había estimado conforme a la Norma Fundamental las “referencias” (Bezüge) a la cultura cristiana en las escuelas públicas: BVerfGE 41, 29 (50 s.). En dicha decisión –Auto de 16 de octubre de 1979- la Corte dispone que la presencia de la oración en la escuela no es contraria al principio de neutralidad religiosa del Estado siempre y cuando sea respetada la libertad de conciencia negativa de los alumnos, esto es, cuando aquéllos no sean compelidos a tomar parte en la oración.

256

Como ha puesto de manifiesto M. GARCÍA PECHUÁN, la doctrina alemana ha acuñado el concepto de “neutralidad abierta de la escuela”. Véase una exposición al respecto en “La libertad de manifestación de las creencias de los enseñantes y la presencia del ‘chador’ en la escuela: nuevas orientaciones jurisprudenciales en Alemania”, Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, núm. 16, 2002, p. 178.

257

BVR1436/02: www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030603_2bvr143602.html (26/10/2004).

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 161

constitutivos del ejercicio de las creencias religiosas, puedan favorecer tal conflictividad”258.

2.2. EL

PRINCIPIO DE LAICIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UN MODELO DE “LAICIDAD POSITIVA”.

De acuerdo con la evolución experimentada por todos los países estudiados, también el modelo de neutralidad confesional del Estado diseñado por el Texto constitucional español responde a un modelo de “laicidad positiva o abierta”259. Así, al principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas al que hace referencia el artículo 16.3 de la Constitución –que bebe de la concepción liberal del Estado-, se suma el principio de “neutralidad positiva”, que impone a los poderes públicos el deber de asumir un rol activo en la salvaguarda y efectividad del derecho fundamental de libertad de conciencia en condiciones de igualdad –principio, este último, que se configura como uno de los elementos esenciales del Estado social de Derecho esbozado por el artículo 9.2 de la Constitución-260. El modelo de laicidad estatal vigente en el Texto del 78 hunde sus raíces en la idea de dignidad humana, cuya realización requiere de la plena efectividad del derecho de libertad de conciencia en condiciones de igualdad. De este modo, deben considerarse como principios informadores del mismo los siguientes:

258

259

260

Puede verse un comentario a la presente sentencia en M. Á. MARTÍN VIDA y S. MÜLLER-GRUNE: “¿Puede una maestra portar durante las clases en una escuela pública un pañuelo en la cabeza por motivos religiosos? (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 24 de septiembre de 2003, caso Ludin)”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 70, 2004, pp. 313-337. Un estudio sobre el principio de laicidad en España y Francia véase en: Mª T. ARECES PIÑOL: El principio de laicidad en las jurisprudencias española y francesa, Ediciones de la Universitat de lleida, Lleida, 2003. Sobre el carácter laico del modelo de Estado diseñado por la Constitución puede verse: J. MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO: Constitución y Libertad religiosa en España, Dykinson, Madrid, 2000 y A. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR: “Estado laico y libertad religiosa”, Revista de Estudios Políticos, núm. 6, Nueva Época, Noviembre-Diciembre, 1978, pp. 57-80.

162 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

1.

El principio de separación, que alude a la interdicción de toda confusión o “identificación” entre lo público y lo religioso:

Como se desprende del análisis realizado, la definición del contenido y alcance del principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas, al que también puede denominarse “dimensión negativa de la neutralidad” o “aconfesionalidad estatal”261, adquiere un elevado grado de consenso en la jurisprudencia de las diversas Cortes constitucionales de los países estudiados. Así, en los pronunciamientos de todas ellas se encuentran elementos comunes a los extraíbles de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español: a) En primer lugar, el principio de separación se opone a la introducción de formas jurídicas propias de una iglesia de Estado (staatskirchliche Rechtsformen)262 o impide el establecimiento de una confesión como oficial263. b) En segundo lugar, el mismo principio veda “cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales”264, lo que implica, que “la religión o las obligaciones morales que derivan de la misma no puedan ser impuestas como medio a los fines del Estado”265. c) A ello se suma el hecho de que los “valores e intereses religiosos no pueden erigirse en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos”266 y que “las confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica (...)”267.

261

En la jurisprudencia constitucional española el término más utilizado es el de “aconfesionalidad” –SSTC 1/1981, FFJ 1° y 6°; 66/1982, FJ 2°; 129/1996, FJ 1°pero asimismo se emplea el término “no confesionalidad” –STC 340/1993, FJ 5°- y “neutralidad” –SSTC 177/1996, FJ 9°- de los poderes públicos.

262

BVerfGE 19, 206 (216); 24, 236 (246); 33, 23 (28).

263

Everson v. Board of Education (1947), 330 U.S. 1 (1947).

264

SSTC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1°; 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9°.

265

Corte Costituzionale, Sentencia núm. 334 de septiembre-octubre de 1996.

266

STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1°.

267

STC 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4°.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 163

De todo ello se desprende que el principio de separación entre el Estado y las confesiones impide que los valores religiosos en sí mismos considerados puedan ser objeto de apreciación positiva por parte del Estado, el cual no puede convertir la satisfacción de los mismos en un fin propio. A este respecto, son especialmente ilustrativas las palabras del Tribunal Constitucional español cuando señala que268: “(...) de ninguno de los apartados del artículo 16 de la Constitución se deriva que el Estado deba promover un culto o devoción específicos de entre los incluidos en una confesión religiosa”269.

En consecuencia, tal valoración positiva únicamente es predicable del derecho fundamental de libertad religiosa, de forma que sólo es objeto de “promoción” por parte de los poderes públicos el conjunto de condiciones necesarias para garantizar su ejercicio en igualdad270. Paralelamente, las creencias o sentimientos religiosos, en tanto que elementos integrantes del objeto material del derecho y fruto de su ejercicio, son deudores de un deber de “protección” en ningún caso identificable con un deber de “promoción”. A ello se refiere el Tribunal Constitucional cuando indica en su Auto 180/1986 que: “(...) el carácter aconfesional del Estado no implica que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad no puedan ser objeto de protección (...). Y, por otra parte, la pretensión individual o general de respeto a las convicciones

268

A. CASTRO JOVER sostiene que “el principio de separación entre el Estado y las confesiones impide la promoción de la religión como substrato necesario para el ejercicio de la libertad religiosa”. Véase en “Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos”, op. cit., p. 8.

269

Auto 470/1983, FJ único.

270

F. J. GARCÍA OLIVA señala que “no es el hecho religioso en sí lo que nuestra Norma valora positivamente, sino la promoción de las condiciones que se precisan para ejercer la libertad. La actitud positiva, de este modo, está en relación con la libertad del individuo o del grupo, y no con el hecho religioso como tal”. Véase en “Modelo constitucional y sistemas de Acuerdos”, en VV.AA: Laicidad, cooperación y sistema de Acuerdos: actas del VI Congreso interuniversitario de Derecho eclesiástico para estudiantes, Universidad Complutense, Madrid, 1997, p. 96.

164 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

religiosas pertenece a las bases de la convivencia democrática que (...) debe ser garantizada” –FJ 2º-.

Ciertamente, los poderes públicos se encuentran vinculados por un deber de optimización de las condiciones de ejercicio de la libertad religiosa –artículo 9.2 CE-, que se materializa en la obligación de proteger las convicciones y sentimientos religiosos que constituyen su objeto material. Lo cual no significa que el Estado deba promover o incentivar la difusión del hecho religioso en sí mismo considerado pues la aconfesionalidad del Estado o el principio de separación entre el Estado y las confesiones impide la estimación positiva de cualquier valor confesional. A los argumentos expuestos debe agregarse, además, que una concepción basada en la valoración positiva del hecho religioso es objetable desde el punto de vista del principio de igualdad –artículo 14 CE-. Habida cuenta que el ejercicio del derecho –que tutela en su dimensión interna el proceso de reflexión frente al hecho religioso- puede conducir a sus titulares a optar por convicciones basadas en la negación de la fe o por creencias asentadas sobre códigos valorativos alejados de lo religioso, cabe afirmar que las exigencias del principio de igualdad y no discriminación debieran conducir a una valoración positiva de todas ellas. Dado que los valores religiosos no pueden orientar la actuación de los poderes públicos, el Estado debe asumir una postura de imparcialidad y equidistancia frente a los distintos sentimientos religiosos de los ciudadanos y, como señala la doctrina, no puede sustituir a las confesiones religiosas en la persecución y en la búsqueda de la finalidad propia de estas últimas271. 2.

El segundo de los principios informadores del modelo de laicidad fijado por la Norma Constitucional española es el llamado principio de neutralidad positiva, el cual emana de la concepción social del Estado, lo que implica su inevitable vinculación con el principio de igualdad –artículos 9.2 y 14 CE-:

271

A esta última precisión hace referencia J. M. CONTRERAS MAZARIO: “Algunas consideraciones sobre la libertad de conciencia en el sistema constitucional español”, op. cit., p. 154.

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 165

Con el propósito de satisfacer la garantía del efectivo y plural ejercicio de la libertad religiosa de los individuos y las comunidades272, la vertiente positiva del principio de neutralidad estatal engloba en su ámbito de acción la posibilidad de que el Estado coopere con los individuos y con las comunidades en orden a optimizar las condiciones de ejercicio de su libertad religiosa –sin perder por ello la posición de neutralidad que debe ostentar frente a las diversas opciones religiosas y sin permitir a éstas suplantar las funciones estatales-273. Así, en el marco del deber general de facilitar el ejercicio del derecho fundamental, creando las condiciones que lo hagan posible y removiendo los obstáculos que lo dificulten –artículo 9.2 CE-, se inserta la obligación del Estado de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y de mantener las correspondientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas –artículo 16.3 CE-274.

272

A. CASTRO JOVER señala que “en un Estado social se parte de la idea de que la igualdad material no es posible sin la intervención de los poderes públicos. Esta actividad positiva de los poderes públicos es necesaria, aunque no siempre y no en la misma medida, también en los derechos de libertad, tradicionalmente considerados derechos de defensa frente a los que el Estado debe abstenerse. De manera que esta intervención de los poderes públicos transforma el elemento neutralidad, con respecto al Estado liberal, añadiéndole la cualidad de positiva y encuentra su base normativa en el artículo 9.2 CE”. Véase en “Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos”, op. cit., p.

273

La STC 154/2002, de 18 de julio, señala en su FJ 6° que “en su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a la que se refiere el artículo 16.3 CE: por un lado, la de neutralidad de los poderes públicos, insita en la aconfesionalidad del Estado; por otro lado, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas Iglesias. En este sentido, el artículo 16.3 CE, tras formular una declaración de neutralidad, considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener ‘las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que ‘veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales’”. Doctrina reiterada por la STC 101/2004, FJ 3°.

274

Principio constitucional de cooperación que ha sido desarrollado por el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el cual prevé la conclusión de acuerdos o convenios de cooperación, que habrán de aprobarse mediante ley de las Cortes Generales, con iglesias, confesiones y comunidades inscritas en

166 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

El principio constitucional de cooperación trae causa, por tanto, de la “vertiente positiva” del principio de neutralidad religiosa275 y tiene como fin principal y exclusivo garantizar la efectividad del derecho fundamental de libertad de conciencia religiosa276. En este aspecto, siguiendo a CASTRO JOVER, cabe señalar que el principio de cooperación hace referencia a la actividad positiva de los poderes públicos tendente a facilitar el ejercicio de la libertad religiosa y a corregir las desigualdades materiales existentes en este ámbito. En los casos en que el ejercicio del derecho fundamental requiere de la cooperación con las confesiones religiosas, dicha cooperación se configura como una proyección de la cláusula del Estado social y democrático de la que es desarrollo el artículo 9.2 CE277.

el Registro de Entidades Religiosas que, por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado notorio arraigo en España. Como es sabido, en desarrollo de este mandato constitucional de cooperación, se han establecido relaciones de este carácter con la Iglesia Católica y con otras confesiones, teniendo en cuenta las creencias de los españoles y el relativo arraigo en España de cada una de ellas. Primero se concretaron con la Iglesia Católica mediante los Acuerdos de cooperación entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Jurídicos, sobre Enseñanza y Asuntos culturales, sobre Asuntos Económicos y sobre Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de Clérigos y Religiosos (tratados, por tanto) que fueron ratificados por instrumento de 4 de diciembre de 1979, (BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 1979). Del mismo modo, con posterioridad se han establecido con las confesiones y comunidades más arraigadas en España: Acuerdos de Cooperación con la Federación de Entidades Evangélicas de España (Ley 24/1992, de 10 de noviembre); con la Federación de Comunidades Israelitas de España (Ley 25/1992, de la misma fecha) y con la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992, también de la misma fecha), (BOE núm. 272, de 12 de diciembre de 1992). 275

En tal sentido se manifiesta A. LÓPEZ CASTILLO: La libertad religiosa en la jurisprudencia constitucional, Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 90.

276

El Tribunal Constitucional español ha señalado en esta línea que “la cooperación trata de facilitar que los ciudadanos reciban en el ejercicio de la propia libertad religiosa y de culto la correspondiente asistencia religiosa” –STC de 13 de abril de 1992, FJ 3°-.

277

A. CASTRO JOVER: “Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos”, op. cit., p. 16. En el mismo sentido se manifiesta D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ cuando señala que “el mandato de cooperación contenido en el artículo 16.3 CE es una proyección del artículo 9.2 CE que no añade nada nuevo. No era

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 167

La neutralidad estatal impide una actitud promocional de las creencias religiosas. Aquéllo que merece una valoración positiva por parte del Estado y que reclama una intervención de los poderes públicos en orden a su promoción y optimización son las condiciones de ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa y no el hecho religioso en sí mismo considerado278. Del análisis realizado se desprende que también el principio de “neutralidad positiva” alcanza un elevado consenso entre los países estudiados. En los ordenamientos jurídicos de todos ellos se halla presente un nuevo concepto de laicidad que alberga en su seno interpretaciones favorables a la actuación positiva de los poderes públicos en orden a garantizar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho fundamental. De manera que, cuando al concepto tradicional de laicidad, identificado con el principio de separación, se añade el principio de “neutralidad positiva”, se obtiene un nuevo concepto que puede ser acuñado con el término general de “laicidad positiva”.

necesaria su formulación específica respecto de las creencias y las confesiones religiosas, salvo para evitar cualquier deslizamiento hacia el laicismo. Otra cosa implicaría que se impusiera constitucionalmente a los poderes públicos la obligación de parcialidad y violación de la neutralidad, valorando mejor las creencias religiosas de sus ciudadanos que las no religiosas”. Véase la opinión del autor en Derecho de la libertad de conciencia I, libertad de conciencia y laicidad, op. cit., p. 325. Por último, cabe destacar asimismo la postura mantenida por R. PERALTA, quien señala que “la singularización de la Iglesia católica en el texto constitucional se explica desde un factor sociológico pero no desde la consideración estricta de la religión por parte del Estado como ámbito íntimo de la conciencia individual. El mandato de cooperación con las confesiones religiosas ha dado pie a una interpretación sesgada del mismo, cuando dicho mandato solo debiera interpretarse desde los postulados del Estado laico y del principio personalista, esto es, desde la consideración primaria de la estricta neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa y desde la primacía del derecho de libertad religiosa del ciudadano”. Véase en Libertad de conciencia y Estado constitucional, op. cit., p. 127. 278

En términos parecidos se pronuncia A. CASTRO JOVER: “Laicidad y actividad de los poderes públicos”, op.cit., pp. 8 y ss. A este respecto cabe citar la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2005. En ella, el Tribunal señala que “aquello que pugna con el pluralismo y la libertad religiosa que proclama la Constitución (artículos 1 y 16.1) es la apología de una determinada fe religiosa o el adoctrinamiento en sus principios. (FJ 5°).

168 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

El Tribunal Constitucional ha recurrido a dicha denominación en su jurisprudencia, haciéndolo por primera vez en la Sentencia 46/2001, de 15 de febrero”279. En esta Sentencia, el Juez de la Constitución inserta expresamente el principio de separación o neutralidad negativa en el marco del artículo 16 CE y recurre al artículo 9.2 para referirse al principio de neutralidad positiva, que establece un deber de intervención positiva de los poderes públicos en orden a garantizar la efectividad del derecho. Dicha intervención positiva debe ir encaminada a satisfacer “la posibilidad ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de todas aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso”280 como objeto material del derecho fundamental281. De la exposición de los rasgos propios que el principio de laicidad adquiere en los distintos ordenamientos es posible extraer una idea común a todos ellos: que la “libre autodeterminación” del individuo en materia de convicciones requiere no sólo de una actitud abstencionista o de no injerencia por parte del Estado en dicho ámbito de su personalidad, sino que reclama asimismo la adopción de una actitud positiva en los casos en que la plenitud en el ejercicio igualitario del derecho fundamental así lo precisa.

279

“(...) como especial expresión de la actitud positiva de los poderes públicos respecto del ejercicio –en el caso concreto- colectivo de la libertad religiosa, en sus plurales manifestaciones o conductas, el artículo 16.3, tras formular una declaración de neutralidad (...), considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener ‘las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que ‘veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales’” –FJ 4°-.

280

FJ 4° de la misma Sentencia. En ella el Juez de la Constitución vincula la existencia del Registro de Entidades Religiosas a las exigencias derivadas del artículo 9.2 CE: (...) en tanto que “instrumento ordenado a ‘remover los obstáculos’ y a ‘promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos’ ex artículo 9.2” –FJ 9°.

281

“(...) la articulación por el legislador orgánico, en desarrollo del derecho fundamental concernido, de un sistema de registro como el instaurado por el artículo 5 de la Ley Orgánica 7/1980, ha de situarse en el adecuado contexto constitucional: a) de una parte, del que surge del propio artículo 16 CE, conforme al cual el

El principio de laicidad y la libertad de conciencia “religiosa”: un binomio inescindible l 169

Así pues, procede concluir que el principio de neutralidad estatal, principio que se manifiesta en el de laicidad cuando de la faceta “religiosa” de la conciencia se trata, define la posición jurídica del Estado como sujeto pasivo de las libertades ideológica y religiosa. Su vigencia deviene, de este modo, en el marco imprescindible para la efectividad de ambas y en el instrumento necesario para la libre conformación del pluralismo inherente a todo sistema democrático.

Estado y los poderes públicos han de adoptar ante el hecho religioso una actitud de abstención o neutralidad, que se traduce en el mandato de que ninguna confesión tenga carácter estatal, (...); b) el que hunde sus raíces en el artículo 9.2 del Texto Constitucional, conforme al cual se impone a los poderes públicos una directriz de actuación favorecedora de la libertad del individuo y de los grupos en que se integra, y creadora de las condiciones para que tales libertades sean reales y efectivas, y no meros enunciados carentes de contenido”, -FJ 7°-. R. PERALTA señala que “del análisis de la STC 46/2001 se desprende que resulta insostenible la interpretación de que el artículo 16.3 CE introduce un tipo especial y diferenciado de cooperación respecto del que establece el artículo 9.2 CE”. Véase la postura del autor en Libertad de Conciencia y Estado Constitucional, op. cit., p. 175.

JURISPRUDENCIA CITADA

• JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL: • AUTOS: -

ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC

276/1983, de 8 de junio; 470/1983, de 19 de octubre; 359/1985, de 29 de mayo; 551/1985, de 24 de julio; 180/1986, de 21 de febrero; 1277/1988, de 30 de noviembre; 230/1994, de 18 de julio; 40/1999, de 20 de febrero;

• SENTENCIAS: -

STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC

1/1981, de 26 de enero; 5/1981, de 13 de febrero; 6/1981, de 16 de marzo; 21/1981, de 15 de junio; 22/1981, de 2 de julio; 15/1982, de 23 de abril; 24/1982, de 13 de mayo; 66/1982, de 12 de noviembre; 101/1983, de 18 de noviembre; 122/1983, de 16 de diciembre;

172 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

-

STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC STC

47/1985, de 27 de marzo; 53/1985, de 11 de abril; 159/1986, de 16 de diciembre; 160/1987, de 27 de octubre; 20/1990, de 15 de febrero; 119/1990, de 21 de junio; 120/1990, de 27 de junio; 137/1990, de 19 de julio; 28/1991, de 14 de febrero; 64/1991, de 22 de marzo; 214/1991, de 11 de noviembre; 244/1991, de 16 de diciembre; 292/1993, de 18 de octubre; 340/1993, de 16 de noviembre; 76/1994, de 14 de marzo; 126/1995, de 25 de julio; 129/1996, de 9 de julio; 166/1996, de 28 de octubre; 177/1996, de 11 de noviembre; 49/1999, de 5 de abril; 171/1999, de 27 de septiembre; 126/2000, de 16 de mayo; 46/2001, de 15 de febrero; 202/2001, de 15 de octubre; 154/2002, de 18 de julio; 101/2004, de 2 de junio; 139/2004, de 13 de septiembre; 152/2005, de 6 de junio;

• JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: - STEDH de 7 de diciembre de 1976, en el Caso Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen c. Dinamarca; - STEDH de 7 de diciembre de 1976, en el Caso Handsyde c. Reino Unido; - STEDH de 9 de mayo de 1977, en el Caso X c. Reino Unido;

Jurisprudencia citada l 173

- STEDH de 3 de octubre de 1978, en el Caso X e Y c. República Federal de Alemania; - STEDH de 13 de agosto de 1981, en el Caso Young, James y Webster c. Reino Unido; - STEDH de 22 de octubre de 1981, en el Caso Dudgeon c. Reino Unido; - STEDH de 25 de febrero de 1982, en el Caso Campbell y Cosans c. el Reino Unido; - STEDH de 13 de marzo de 1984, en el Caso L. H y A c. Reino Unido; - STEDH de 9 de mayo de 1989, en el Caso Grufman c. Suecia; - STEDH de 25 de mayo de 1993, en el Caso Kokkinakis c. Grecia; - STEDH de 26 de septiembre de 1996, en el Caso Manoussakis y otros c. Grecia; - STEDH de 18 de diciembre de 1996, en el Caso Valsamis c. Grecia; - STEDH de 18 de diciembre de 1996, en el Caso Efstratiou c. Grecia; - STEDH de 1 de julio de 1997, en el Caso Kalac c. Turquía; - STEDH de 24 de febrero de 1998, en el Caso Larissis y otros c. Grecia; - STEDH de 18 de febrero de 1999, en el Caso Buscarini y otros c. San Marino. - STEDH de 14 de diciembre de 1999, en el Caso Serif c. Grecia; - STEDH de 27 de abril de 2000, en el Caso L. c. Finlandia; - STEDH de 27 de junio de 2000, en el Caso Asociación de culto israelita Cha’are Shalom Ve Tsedek c. Francia; - STEDH de 18 de febrero de 2001, en el Caso Chapman c. Reino Unido; - Sentencia de 31 de julio de 2001, en el Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) c. Turquía; - STEDH de 13 de diciembre de 2001, en el Caso Iglesia metropolitana de Besarabia y otros c. Moldavia. - STEDH de 17 de octubre de 2002, en el Caso Agga c. Grecia; - STEDH 13 de febrero de 2003, en el Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros c. Turquía;

174 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

- STEDH 14 de febrero de 2004, en el Caso Gorzelik c. Polonia; - STEDH de 17 de febrero de 2004, en el Caso Gorzelik y otros c. Polonia; - STEDH de 24 de junio de 2004, en el Caso Vergos c. Grecia; - STEDH de 29 de junio de 2004, en el Caso Líela Sahin c. Turquía;

• DECISIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS: - Decisión de la Comisión 11595/85, en el Caso Suter c. Suiza;

• JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE EE.UU: -

98 U.S. 145 (1879), en el Caso Reynolds v. United States; 133 U.S. 333 (1890), en el Caso Davis v. Beason; 245 U.S. 366 (1918), en el Caso Arver v. United States; 279 U.S. 644 (1929), en el Caso United States Schwimmer; 283 U.S. 605 (1931), en el Caso United States Macinstosh; 302 U.S. 319 (1937), en el Caso Palko v. Connecticut; 310 U.S. 296 (1940), en el Caso Cantwell v. Connecticut; 321 U.S. (1944), en el Caso Prince v. Massachussets; 322 U.S. 78 (1944), en el Caso United States v. Ballard; 330 U.S. 1 (1947), en el Caso Everson v. Board Education; 345 U.S. 67 (1953), en el Caso Fowler v. Rhode Island; 367 U.S. 488 (1961), en el Caso Torcaso v. Watkins; 374 U.S. 398 (1963) en el Caso Sherbert v. Verner; 393 U.S. 97 (1968), en el Caso Epperson v. Arkansas; 397 U.S. 664 (1970), en el Caso Walz v. Tax Commission the City of New York; 398 U.S. 333 (1970), en el Caso Welsh II v. United States; 403 U.S. 602 (1971), en el Caso Lemon v. Kurtzman,

v. v.

of

of

Jurisprudencia citada l 175

- 406 U.S. 205 (1972), en el Caso Wisconsin v. Yoder; - 413 U.S. 356 (1973), en el Caso Committee for Public Education and Religious Liberty v. Nyquist; - 435 U.S. 618 (1978), en el Caso McDaniel v. Paty; - 465 U.S. 668 (1984), en el Caso Lynch v. Donnelly; - 472 U.S. 38 (1985), en el Caso Wallace v. Jaffre; - 489 U.S. 1 (1989), en el Caso Monthly v. Bullock; - 494 U.S. 872 (1990), en el Caso Employment División v. Smith; - 505 U.S. 577 (1992), en el Caso Lee v. Weisman; - 508 U.S. 520 (1993), en el Caso Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah; - 512 U. S. 687 (1994), Board of Education of Kiryas Joel Village School District v. Grumet; - 515 U.S. 819 (1995), en el Caso Rosenberger v. University of Virginia; - 530 U.S. 290 (2000), en el Caso Santa Fe Independent School District v. Doe;

• JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ITALIANA: - Corte Constituzionale, Sentencia núm. 203/1989, de 12 abril; - Corte Constituzionale, Sentencia núm. 467/1991, de 19 diciembre; - Corte Constituzionale, Sentencia 422/1993, de 3 diciembre; - Corte Constituzionale, Sentencia núm. 149/1995, de 5 mayo; - Corte Costituzionale, Sentencia núm. 440/1995, de 18 octubre; - Corte Constituzionale, Sentencia núm. 334/1996, de 8 octubre; - Corte Costituzionale, Sentencia núm. 329/1997, de 14 noviembre; - Corte Costituzionale, Sentencia núm. 508/2000, de 20 noviembre.

de de de de de de de de

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

- A. CALVO ESPIGA: “Conciencia y Estado de Derecho”, Laicidad y Libertades, Escritos Jurídicos, núm. 1, diciembre, 2001. - A. CASTRO JOVER: “La libertad de conciencia y la objeción de conciencia individual en la jurisprudencia constitucional española”, en Javier Martínez Torrón (ed.): La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional, Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada, 1997. “Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 3, octubre, 2003, (www.iustel.com). - A. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR: “Estado laico y libertad religiosa”, Revista de Estudios Políticos, núm. 6, Nueva Época, Noviembre-Diciembre, 1978. - A. GARCÍA URETA: “Neutralidad del Estado y libertad religiosa en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos” en LASAGABASTER HERRARTE (Ed.): Multiculturalidad y laicidad. A propósito del Informe Stasi, Lete Argitaletxea, Pamplona, 2004. - A. LÓPEZ CASTILLO: La libertad religiosa en la jurisprudencia constitucional, Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional, Aranzadi, Pamplona, 2002. - A. SÁIZ ARNAIZ: La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los derechos humanos: El artículo 10.2 de la Constitución española, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.

178 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

- A. TORRES GUTIÉRREZ: “La libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9 CEDH)” en J. GARCÍA ROCA y P. SANTOLAYA (coords.): La Europa de los Derechos: El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005. - A. VESPAZIANI: Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, Cedam, Pádua, 2002. - A. VITALE: “Laicità e modelli di Stato”, en M. TEDESCHI (Coord.): Il principio di laicità nello Stato democratico, Soveria Mannelli, Rubettino, 1996. - A. E. PÉREZ LUÑO: Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1984. - A. M. ADAMS y C. J. EMMERICH: A Nation Dedicated to Religious Liberty: The Constitutional Heritage of the Religious Clauses, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 1990. - A. M. VEGA GUTIÉRREZ y J. PÉREZ DELGADO: “Una aproximación al concepto jurídico de religión en la jurisprudencia norteamericana”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, núm. 1, enero, 2003. - B. ALÁEZ CORRAL: “Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 67, 2003. - C. FERNÁNDEZ-CASADEVANTE: La aplicación del CEDH en España: análisis de la jurisprudencia constitucional, Tecnos, Madrid, 1988. - C. MORVIDUCCI: “La protezione della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d’Europa”, en S. FERRARI y T. SCOVAZZI: La tutela della libertà di religione, Cedam, Padova, 1988. - C. RUÍZ MIGUEL: La ejecución de las sentencias del TEDH: un estudio sobre la relación entre el Derecho nacional y el internacional, Tecnos, Madrid, 1997. - D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ: Derecho de la Libertad de Conciencia I: libertad de conciencia y laicidad, Cívitas, Madrid, 2002. Derecho de la libertad de conciencia II, Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad, Cívitas, Madrid, 2003. - D. LOCHACK: “For intérieur et liberté de coscience” en Le for intérieur, Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, PUF, París, 1995.

Bibliografía citada l 179

- D. O. CONCKLE: “Toward a General Theory of the Establishment Clause”, New York University Lae Review, núm. 82, 1988. Constitutional Law: The Religion Clauses, Foundation Press, New York, 2003. - E. ÁLVAREZ CONDE: Curso de Derecho Constitucional, Vol.II, Tecnos, Madrid, 2000. - E. CHEMERINSKY: Constitutional Law: Principles and Policies, Aspen, New York, 1997. - E. ESPÍN TEMPLADO: “Los derechos de la esfera personal” en VVAA Derecho Constitucional, Vol. I, El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002. - E. GARCÍA DE ENTERRÍA: La lengua de los derechos, Civitas, Madrid, 2001. - E. GARCÍA JIMÉNEZ: El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el umbral del siglo XXI, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998. - E. RELAÑO PASTOR: “Las desventajas del principio de neutralidad en Estados Unidos: una relectura de la cláusula de no establecimiento”, Quaderni di Diritto e Politica Eclesiástica, núm. 3, Anno XI, Dicembre, 2003. “Las nuevas tendencias de separación Iglesia-Estado en la jurisprudencia estadounidense”, Revista de Derecho Político, Universidad Nacional a Distancia, núm. 60, 2004. - E. W. BÖCKENFÖRDE: Escritos sobre Derechos Fundamentales, Nomos, Baden-Baden, 1993. - F. BALAGUER CALLEJÓN: Derecho Constitucional y Cultura, Estudios en Homenaje a Peter Häberle, Tecnos, Madrid, 2004. - F. FINOCCHIARO: “Commento all’articulo 19” en G. BRANCA (dir.) Commentario della Costituzione, Bolonia-Roma, 1975. - F. J. BECKWITH: Law, Darwinism and Public Education: The Establishment Clause and the Challenge of Intelligent Design, Rowman and Littlefield Publishers Inc., Maryland, 2003. - F. J. DÍAZ REVORIO: “La libertad de ideología y religión”, Parlamento y Constitución, núm. 1, 1997. - F. J. GARCÍA OLIVA: “Modelo constitucional y sistemas de Acuerdos”, en VV.AA: Laicidad, cooperación y sistema de Acuerdos: actas del VI Congreso interuniversitario de Derecho eclesiástico para estudiantes, Universidad Complutense, Madrid, 1997.

180 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

- G. KOUBI: “La laïcité dans le texte de la Constitution”, Revue du Droit Public et de la Science politique en France et a l’étranger, núm. 5, septiembre-octubre, 1997. - G. PECES-BARBA: La Constitución española de 1978: un estudio de derecho y política, Ed. Fernando Torres, 1981, Valencia. “Algunas reflexiones sobre la libertad ideológica y religiosa”, en I. C. IBÁN (Coord.): Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989. Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1990. “La libertad del hombre y el genoma”, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 2, octubremarzo, 1994. La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Dykinson, Madrid, 2003. Curso de Derechos Fundamentales, Eudema Universidad, Madrid, 1991. - G. WAITS: “La laïcité, l’école et le droit”, Revue de Droit Scolaire, n° 9, mayo-junio, 1995. - G. DI COSIMO: Coscienza e Costituzione, I limiti del Diritto di fronte ai convencimenti interiori della persona, Giuffrè, Milán, 2000. - G. M. MORÁN: La Protección Jurídica de la Libertad Religiosa en U. S. A., Servicio de publicacions e intercambio cientifico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1989. - H. KELSEN: La democrazia, Mulino, Bolonia, 1981. - H. P. SCHENEIDER: “Peculiaridad y función de los derechos fundamentales de un Estado constitucional democrático”, Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, 1979. - I. MARTÍN SÁNCHEZ: La recepción por el Tribunal Constitucional español de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Comares, Granada, 2002. - I. NICOTRA: “Il crocifisso nei luoghi pubblici: la Corte Costituzionale ad un vivido tra riaffermazione della laicità di “servizio” e fughe in avanti verso un laicismo oltranzista” en BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (Coords.): La Laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Giappichelli, Turín, 2004.

Bibliografía citada l 181

- J. BRAGE CAMAZANO: Los límites a los derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004. - J. DELGADO BARRIO: “Proyección de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia española”, Revista de Administración Pública, núm. 119, 1989. - J. GONZÁLEZ PÉREZ: La dignidad de la persona, Cívitas, Madrid, 1986. - J. MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO Constitución y libertad religiosa en España, Dykinson, Madrid, 2000. - J. MARTÍNEZ TORRÓN: “La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea”, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. IX, 1993. “La doctrina jurisprudencial de los órganos de Estrasburgo sobre libertad religiosa”, en VV.AA: Estudios de Derecho Público en Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Tecnos, 1997. - “La protección internacional de la libertad religiosa” en Tratado de Derecho Eclesiástico, EUNSA, Pamplona, 1994. Derecho de familia y libertad de conciencia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en VVAA, Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho Comparado, Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Gupuzkoa, 2001. “La protección de la libertad religiosa en el sistema del Consejo de Europa”, en A. DE LA HERA y R. M. MARTÍNEZ DE CODES (coords.), Proyección nacional e internacional de la libertad religiosa, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 2001. - J. RIVERO: “La notion juridique de laïcité”, Recueil Dalloz, 1949. “De l’idéologie à la règle de droit: la notion de la laïcité dans la jurisprudence administrative”, en La Laïcité, Actos de la VII sesión del “Centre de sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice”, París, 1960. - J. TREMEAU: “L’école, la religion et la Constitution”, Annuaire Internacional de Justice Constitutionnelle”, Vol. XII, 1996. - J. JR. WITTE: Religion and the American Constitutional Experiment, Essential Rights and Liberties, Westview Press, Colorado, 2000.

182 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

- J. A. SOUTO PAZ: Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado, Marcial Pons, Madrid, 1999. - J. A. XIOL RÍOS: “La libertad ideológica o libertad de conciencia”, en La libertad ideológica, Actas de las VI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001. - J. DE ESTEBAN y P. J. GONZÁLEZ TREVIJANO SÁNCHEZ: Curso de Derecho Constitucional español, Volumen II, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1993. - J. M. CONTRERAS MAZARÍO: “La libertad religiosa y la no discriminación por motivos religiosos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol V, 1989. - J. M. MARTÍ SÁNCHEZ: “Pluralismo: implicaciones jurídicas y de política religiosa”, Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 22, 1997. “La libertad de conciencia y la función promocional del Estado en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”, Laicidad y Libertades, Escritos Jurídicos, núm. 0, diciembre de 2000. - J. M. MORALES ARROYO: “El lugar de la libertad ideológica en el catálogo de los derechos constitucionales”, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 2, 1993-1994. - J. R. POLO SABAU: La libertad de enseñanza en el derecho norteamericano, Universidad Complutense Servicio de Publicaciones, Madrid, 1999. “En torno a la naturaleza jurídica de la libertad ideológica y religiosa en la Constitución española”, Revista de las Cortes Generales, núm. 60, tercer cuatrimestre, 2003. - K. STERN “El sistema de los derechos fundamentales en la República Federal Alemana”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 1, 1988. - L. GUERZONI: “Problemi della laicità nell’esperienza giuridica positiva: il diritto ecclesiastico” en DALLA TORRE, G. (Coord.): Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell´esperienza giuridica contemporanea, Giappichelli, Torino, 1993. - L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER: “La recepción por el Tribunal Constitucional de la jurisprudencial del Tribunal

Bibliografía citada l 183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Europeo de Derechos Humanos”, Revista de Administración Pública, núm. 137, mayo-agosto, 1995. L. M. BUJOSA VADELL: Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento español, Tecnos, Madrid, 1997. L. M. HAMMER: The International Human Right to Freedom of Conscience, Some suggestions for its development and application, Ashgate, Burlington, 2001. M. ALENDA SALINAS: “La libertad de creencias del menor y uso de signos de identidad religioso-culturales”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 2003. M. BARBIER: “Esquisse d’une théorie de la laicité”, Le débat, núm. 77/1993. M. GARCÍA PECHUÁN: “La libertad de manifestación de las creencias de los enseñantes y la presencia del ‘chador’ en la escuela: nuevas orientaciones jurisprudenciales en Alemania”, Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, núm. 16, 2002. M. A. MARTÍN VIDA y S. MÜLLER-GRUNE: “¿Puede una maestra portar durante las clases en una escuela pública un pañuelo en la cabeza por motivos religiosos? (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 24 de septiembre de 2003, caso Ludin)”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 70, 2004. M. J. GUTIÉRREZ DEL MORAL y M. CAÑIVANO SALVADOR: El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Atelier, Barcelona, 2003. M. J. ROCA: La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, Universidad de Santiago de Compostela, 1992. “La neutralidad del Estado: fundamento doctrinal y actual delimitación en la jurisprudencia”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 48, 1996. M. T. ARECES PIÑOL: El principio de laicidad en las jurisprudencias española y francesa, Ediciones de la Universitat de lleida, Lleida, 2003. M. W. MCCONELLM, J. H. GARVEY y T. C. BERG: Religion and the Constitution, Aspen Publishers, New York, 2002.

184 l Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y Principio de Laicidad

- O. CELADOR ANGÓN: Estatuto jurídico de las confesiones religiosas en el ordenamiento jurídico estadounidense, Dykinson, Madrid, 1998. - P. CAVANA: Interpretazioni della laicità, Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto, Editorial A.V.E, Roma, 1998. - P. CRUZ VILLALÓN: La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999. - P. BARILE: Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984. - P. BELLINI: “L’ateismo nel sistema delle libertà fondametali”, Quaderni di Diritto e Politica Eclesiástica, núm. 2, 1985. - P. HÄBERLE: La libertad fundamental en el Estado constitucional, Comares, Granada, 2003. - P. LANGERON: Liberté de conscience des agents publics et laïcité, Economica, Presses Universitaires D’Aix-Marseille, 1986. - P. C. PARDO PRIETO: “Crónica legislativa. Italia”, Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos, Número 2, Diciembre 2002. - R. ALEXY: Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997. - R. BERMEJO y C. RAMÓN: “Reflexiones sobre la libertad de religión en el ámbito europeo”, Ius Canonicum, XXXIII, núm. 65, 1993. - R. BERTOLINO: Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell’uomo e istituzione. Saggi di diritto costituzionale caonico, G. Giappichelli, Turín, 1989. “La libertà religiosa e gli altri diritti humani”, Diritto Ecclesiastico, 1996, Vol. I. - R. PERALTA: La libertad de conciencia y Estado constitucional, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2003. - R. SERRA CRISTÓBAL: “Constitución, enseñanza y religión en los Estados Unidos de América”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 48, Septiembre-Diciembre, 1999. - T. FREIXES SANJUÁN: “Las principales construcciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: El standard mínimo exigible a los sistemas internos de derechos en Europa”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, núm. 11-12, 1995.

Bibliografía citada l 185

- S. CAÑAMARES ARRIBAS: Libertad religiosa, Simbología y Laicidad del Estado, Aranzadi, Pamplona, 2005. - S. FERRARI: “Ora di religione: per la consulta l’ora alternativa non è obligatoria”, Corriere Giuridico, 1989. - S. FOIS: “Garanzia costituzionale delle manifestazioni di pensiero in materia religiosa” en AA.VV: Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, Milán, 1973. - S. LARICCIA: Coscienza e libertà, Il Molino, Bolonia, 1989. “L’obiezione di coscienza nel diritto italiano”, Quaderni di Diritto e Politica Eclesiástica, 1989. - S. R. LOOMIS y J. RODRIGUEZ: “The incontrovertible ontological fact of God: Newdow, State Education, and the Status of God”, Journal of Church and State, Volumen 46, Núm. 1, invierno, 2004. - T. JEREMY JUN: “Under God but Not the Scarf: The Founding Myths of Religious Freedom in the United States and Laicité in France”, Journal of Church and State, Volumen 46, Núm. 1, Winter, 2004. - T. MARTINES: “Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza”, en I. C. IBÁN (Coord..): Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989. - W. LOSCHELDER: “The non-fulfillment of legally imposed obligations because of conflicting decisions of conscience –the legal situation in the Federal Republic of Germany (FRG)-”, Conscientious objection in the EC countries, Milán, 1992. - X. ARDOZ SANTISTEBAN: “Aproximación a la relación entre Estado y religión en el ámbito escolar en Alemania” en I. LASAGABASTER HERRARTE (Ed.): Multiculturalidad y laicidad. A propósito del Informe Stasi, Lete, Argitaletxea, Pamplona, 2004.