La libertad de opinión y libertad religiosa: Estudio histórico-jurídico del artículo 10 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 9788436269673, 8436269675

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ESTHER SOUTO GALVÁN

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LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA

LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA (Estudio histórico jurídico del artículo 10 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano)

ESTHER SOUTO GALVÁN

U N E D EDICIONES

Esther Souto Galván

LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA Estudio histórico-jurídico del artículo 10 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA

LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA

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© UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - Madrid, 2015 www.uned.es/publicaciones

© Esther Souto Galván ISBN electrónico: 978-84-362-6967-3 Edición digital: marzo de 2015

ÍNDICE

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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I. LAS DECLARACIONES DE DERECHOS AMERICANA Y FRANCESA: LA CUESTIÓN DE LAS INFLUENCIAS RECÍPROCAS . . . . . . . . . . . . . . . .

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II. SEPARACIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA EN LA DECLARACIÓN AMERICANA Y EN LA DECLARACIÓN FRANCESA . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Textos americanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Textos franceses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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III. GÉNESIS DEL TEXTO DEL ARTÍCULO 10 DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. La oportunidad de una Declaración de Derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) El «mito de los derechos del hombre». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Celeridad y abundancia de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Eficacia jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Éxito universal y falta de estima de los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ¿Declaración o Constitución? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La libertad de opinión y de religión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Integración de la libertad de religión, libertad de pensamiento y expresión . b) La cuestión de los límites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Omisión de la libertad religiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. La persecución de los delitos secretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. La religión como deber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6. La propuesta de Marat: libertad religiosa y religión oficial . . . . . . . . . . . . . . IV. LOS PROYECTOS DE LA COMISIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. El Proyecto de 11 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. El Proyecto de 17 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La Declaración de Derechos de 1789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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V. LA CONSTITUCIÓN CIVIL DEL CLERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Regulación de la Iglesia Católica en Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Interpretación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La condena pontificia y el cisma religioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ANEXO: DOCUMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexo 1: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 . . . Anexo 2: Constitución Civil del Clero de 1790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexo 3: Constitución Francesa de 1791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PRÓLOGO

El estudio de la libertad religiosa, desde sus orígenes hasta la actualidad, constituye uno de los factores más relevantes para el conocimiento y la comprensión de la cultura occidental, a partir de ese momento histórico, temporalmente incierto, que se ha denominado modernidad. En otros estudios hemos situado la frontera de este cambio en la aparición de la libertad religiosa en las Declaraciones históricas de los Derechos humanos y, de manera especial, en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1791, al garantizar la separación Estado e Iglesia, a través de la cláusula del «establishmente clause», por la que se prohíbe al Congreso el establecimiento de una religión estatal , y al garantizar, igualmente, la libertad (free exercise clause). Las dos cláusulas representan la ruptura con el mundo cultural anterior que mantuvo dos principios inconmovibles: 1) la vinculación entre política y religión, de tal forma que la comunidad política se estructuraba sobre la base de una comunidad de creencias religiosas, convirtiendo a esas creencias religiosas en el sustento doctrinal de la comunidad política; 2) La subordinación del individuo a la comunidad, que exige al ciudadano la asunción de las creencias comunitarias como creencias propias, hasta el extremo de perder la condición del ciudadano, si se rechaza la religión comunitaria. La ruptura entre comunidad política y comunidad religiosa permite la libertad de cultos y, por consiguiente, proscribe el monopolio religioso del Estado. Ello abrirá los cauces oportunos para que el individuo pueda elegir sus propias creencias, configurando el derecho a libertad religiosa, que se convertirá en la primera de las libertades públicas. Se rompe así la subordinación entre individuo y comunidad, recabando el individuo, para hacer efectiva su propia libertad de

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creencias, la libertad de palabra o expresión, la libertad de reunión, etc, reconocidos en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es evidente que la formulación de este doble reconocimiento en la Constitución Americana: 1) separación Estado-Iglesia y 2) libertad religiosa, es el resultado de un largo proceso ideológico que, bajo la opresión del absolutismo político en Europa y de la confesionalidad estatal, comenzó a desarrollarse y a difundirse por los estrechos cauces y fisuras que ofrecía la censura y el poder arbitrario del absolutismo político. Las influencias doctrinales que dieron cuerpo ideológico a la Revolución Americana fueron sustancialmente los mismos que sirvieron de fuente de inspiración a la Revolución francesa. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana y de sus derechos y libertades tienen los mismos orígenes doctrinales en ambas resoluciones; sin embargo, es discutible que estas influencias tuvieron una interpretación equivalente en la interpretación de la libertad religiosa. Precisamente, en este estudio monográfico sobre la libertad religiosa en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano encontramos elementos claros y evidentes de esta distinta interpretación, que ha influido de una manera decisiva en las demás legislaciones europeas. La autora de esta monografía, Esther Souto Galván, profesora numeraria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene ya, a pesar de su juventud, una intensa experiencia investigadora en el campo de la libertad religiosa. En su monografía sobre «el reconocimiento de la libertad religiosa en Naciones Unidas» realiza un estudio exhaustivo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hasta los informes del Relator Especial para la libertad de 1998, de todos los documentos producidos por el Alto Organismo Internacional sobre este material, recopilando los debates sobre la elaboración de los documentos, las controversias entre los diferentes Estados-Parte, que suscribieron los documentos los documentos y la eficacia de los mismos. Desde esta perspectiva, ofrecen especial interés los Informes del Relator Especial, denunciando las violaciones del Derecho de libertad religiosa en los diferentes Estados del mundo. Con este bagaje doctrinal y con esta experiencia investigadora, la autora afronta el estudio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tomando como base los debates y resoluciones de la Asamblea Nacional. La lectura de esta monografía nos permite conocer las posiciones doctrinales presentes en el debate; llama la atención, en este sentido, la referencia continua a la religión en contrastes con la ausencia significativa en el texto final de la Declaración. La necesidad de la religión desde el punto de vista político, es

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defendida como un deber cívico de los ciudadanos y, al mismo tiempo, como una necesidad para la persecución de los delitos secretos. Tal vez, la aportación más significativa que se deriva de los debates de la Asamblea es la ausencia de una concepción de la libertad religiosa como una libertad autónoma. Los diputados que defienden la libertad religiosa lo hacen en el contexto de la libertad de pensamiento u opinión y de la libertad de expresión. La libertad religiosa forma parte de una libertad más amplia, la libertad de pensamiento, y tiene una dimensión individual, con límites severos en el ámbito de su manifestación, en el que cabe destacar el culto nacional. Así, cualquier opinión que perturbe el culto nacional, es una actuación reprobable jurídicamente; es más, se defiende que solo las publicaciones acerca de la religión nacional se deben someter al culto público. No todos coinciden, sin embargo, en la oportunidad de reconocer expresamente el derecho de libertad religiosa. Ello se explica por la propia mentalidad de los diputados que mayoritariamente parten del supuesto inquebrantable de la existencia de un culto o religión nacional. Los asambleístas no conciben un Estado sin religión, por lo que cualquier manifestación de libertad en el ámbito religioso es contemplada con una cierta desconfianza, hasta el extremo que, algunos diputados, no solo no reconocen la libertad de religión sino que defienden el deber de observar la religión o culto nacional. La exposición de Marat, al respecto, es reveladora. Es posible que su meditada intervención fuera decisiva para omitir una declaración expresa de la libertad religiosa en el marco de la Declaración, incluyéndola en el contexto de la libertad de opinión. Pero, es posible que su postura haya transcendido a la propia Declaración y haya puesto las bases de la Constitución Civil del Clero de 1790, que puede ser valorada como el epílogo de la Declaración en materia religiosa. Este documento es fundamental para comprender el pensamiento de los diputados revolucionarios: la omisión de la libertad religiosa en la Declaración y la necesidad de un culto nacional estatal. La idea de los políticos revolucionarios, hasta ese momento al menos, consiste en mantener una religión de Estado, es más, una religión más estatal, conforme con las tradicionales libertades galicanas, y más libre respecto a su dependencia de la Iglesia de Roma. La religión, desde esta perspectiva, formaría parte de la ideología revolucionaria de las estructuras políticoadministrativas del Estado. La «catolicidad» de la religión estatal se manifestaría a través de la «comunión» con la Sede de Pedro, pero libre e independiente, desde el punto de vista jurisdiccional y disciplinar de la Iglesia Romana. La influencia de esta Constitución Civil del Clero se dejará sentir en el Concordato de Napoleón de 1801 y su fracaso será el antecedente inmediato de la

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laicización del sistema político francés, que surgirá en 1905. Un sistema que, como es sabido, limitará la libertad religiosa a la libertad de conciencia, concebida como una libertad individual, interna y con graves limitaciones en su manifestación externa. Las libertades colectivas en el plano religioso surgirán notables restricciones, desgajándola de la libertad religiosa propiamente dicha y dando lugar a la libertad de cultos, coartada por las limitaciones impuestas por el Estado laico. El libro de Esther Souto Galván proporciona un material de primera mano indispensable para conocer la actitud inicial de los revolucionarios franceses en relación con la religión y la libertad religiosa. La postura de los revolucionarios, en estos primeros momentos, está muy alejada mentalmente, aunque no cronológicamente, de las posteriores persecuciones de la religión católica en Francia. Y está, igualmente, alejada de la declaración del derecho de libertad religiosa y de la separación Estado e Iglesia, proclamado por esas fechas en Estados Unidos. El «muro de separación», que defendieron, primero Roger Williams, desde una opción religiosa, y, después Jefferson, desde una postura política, constituye una postura original y genuina de la Constitución Americana. A pesar de la coincidencia de las ideologías que contribuyeron a la formación de ambos procesos revolucionarios, en este ámbito las diferencias entre la solución americana y la solución francesa no guardan ninguna relación. En consecuencia, la lectura de este libro permite desvelar algunos aspectos esenciales del nacimiento de la libertad religiosa en Europa y, posiblemente, las limitaciones conceptuales y políticas, que todavía hoy se observan en el viejo continente. El abanico de soluciones entre el Estado confesional y el Estado laico, condicionan el propio régimen del derecho de libertad religiosa; la prevención y cautela ante los nuevos movimientos religiosos, llamados sectas, refleja la subordinación de la libertad religiosa a la concepción estatal de lo religioso: confesional, de religión dominante, de cooperación o simplemente laico. En nuestra opinión, las diferencias entre Europa y Estados Unidos en materia de libertad religiosa se encuentran en ese momento crucial de la elaboración del texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y por esa razón, esta monografía constituye una aportación documental y doctrinal ciertamente estimable, que puede ayudar a comprender la propia concepción actual del derecho de libertad religiosa. JOSÉ ANTONIO SOUTO PAZ Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Monteprincipe, a veintiséis de agosto de dos mil uno

INTRODUCCIÓN

El estudio de los debates parlamentarios ofrecen una rica y abundante información sobre los documentos aprobados. Esta información resulta, todavía, más interesante cuando se trata de textos históricos. La nueva lectura de un documento histórico con mentalidad actual puede abocar a una interpretación simplista y ajena a la verdadera significación que tuvo en su momento. La investigación documental de los orígenes de las libertades públicas exige situar la norma en su contexto histórico, conocer las corrientes doctrinales presentes en el Parlamento y valorar las transacciones que todo texto parlamentario padece antes de ver la luz. Las tensiones reflejadas en los debates parlamentarios desvelan mejor que ninguna otra fuente las dificultades que han acompañado a su aprobación y, en definitiva, la mejor comprensión de su significado histórico. La formulación, casi coincidente cronológicamente, de los primeros documentos históricos declarativos de las libertades individuales en Francia y en Estados Unidos ha incitado a la doctrina a estudiar las posibles influencias recíprocas, que hayan podido ejercer unas Declaraciones sobre otras, o precisar a quien corresponde el título de originalidad y fuente de los demás. La polémica entre el constitucionalista alemán Jellinek y el académico francés Boutmy es un exponente claro del debate sobre estas posibles influencias y sobre todo, acerca de la primacía y originalidad de cada una de ellas. Cualquiera que sea la solución que se adopte –y es mayoritaria la postura que sostiene la influencia de las Declaraciones Americanas sobre las francesas–, nos parece más interesante y oportuno precisar el significado que estas libertades han tenido en cada uno de los dos continentes y su arraigo y aceptación en las Constituciones de los respectivos continentes.

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El reconocimiento de la libertad religiosa y la congruente separación Iglesia y Estado, sancionados en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ha merecido el título de primera libertad pública reconocida en los tiempos modernos y fuente de todas las demás. Esta afirmación, indiscutible en las Declaraciones y textos constitucionales de los Estados Unidos, ha tenido unas consecuencias innegables en la conformación de los principios constitucionales y en la interpretación jurisprudencial de la Constitución americana. La importancia atribuida a la libertad religiosa en el contexto constitucional y en la configuración social americana ha transcendido el ámbito territorial de los Estados Unidos. Recientemente, el Parlamento estadounidense ha aprobado la «International Religious Freedon Act of 1998», en la que se reconoce que el verdadero origen y existencia de los Estados Unidos se encuentra vinculado al derecho de libertad religiosa, que constituye un derecho fundamental y un pilar básico de la constitución americana. Este perfil genuino de la nación americana hace especialmente sensible al gobierno de la nación ante los abusos y violaciones de la libertad religiosa en numerosos países del mundo. La ley de 1998 asume un cierto aire de cruzada en el mundo y pretende conocer, investigar y sancionar estas violaciones, cualquiera que sea el lugar donde se produzcan. Con este fin la ley crea diversos organismos encargados de llevar a cabo la tarea encomendada. Se crean los cargos de Embajador para la libertad religiosa, Asesor Especial del Presidente para la libertad religiosa, la Comisión federal para la libertad religiosa y la Oficina para la libertad religiosa, al frente de la cual se encontrará el Embajador. Estos organismos deberán elaborar Informes sobre la situación de la libertad religiosa en cada uno de los Estados del mundo, de acuerdo con un orden previamente establecido, y a la vista del mismo, el Gobierno de los EEUU podrá adoptar medidas contra dicho Estado1. Este despliegue, orgánico y funcional, del Gobierno americano contrasta con las cautelas, precauciones y preocupaciones de los Estados y organismos europeos en relación con el pleno reconocimiento del derecho de libertad religiosa. La persistencia de Estados confesionales, de confesiones sociológicamente mayoritarias con privilegios estatales y la hostilidad de algunos Estados laicos hacia el hecho religioso sitúan a la libertad religiosa en una situación comprometida y distante del entusiasmo y fervor americano.

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Ambassador at large.

INTRODUCCIÓN

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Fruto y consecuencia de esta libertad religiosa vigilada, limitada y, en todo caso, sospechosa lo constituye el fenómeno de las sectas. Basándose en un único caso, con dos versiones distintas, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución, el 22 de mayo de 1984, «Sobre una acción común de los Estados miembros de la Comunidad Europea en torno a diversas violaciones de la ley cometidas por nuevas organizaciones que actúan bajo la cobertura de la libertad religiosa». Las violaciones de la ley cometidas por las nuevas organizaciones se refieren a «los problemas provocados por la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial de Sun Myung Moon» y «a las actividades de la Iglesia de la Unificación Universal dirigido por Sun Myung Moon». Partiendo de estas supuestas violaciones de la ley causadas, al parecer, por este único movimiento religioso se dice lo siguiente: «Considerando la inquietud que suscitan entre los ciudadanos europeos y sus familias las actividades de ciertas organizaciones designadas como nuevos movimientos religiosos, en la medida en la que ellas atentan contra los derechos civiles y contra los derechos del hombre y comprometen la situación social de las personas afectadas» y, tomando como fundamento esta consideración, el Parlamento Europeo acordó establecer un intercambio de información –entre los diferentes Estados de la Comunidad– sobre los problemas que conlleva la actividad de ciertos «nuevos movimientos religiosos» y el examen de una serie de problemas relacionados con ellos. Esta actividad preventiva hacia esos nuevos movimientos, llamadas también sectas, supone cuestionar la propia naturaleza de la libertad religiosa. Se trata de un derecho que, como todos los derechos fundamentales, está limitado por los derechos y libertades de los demás y por el orden público protegido por la ley. Al margen de estas limitaciones y las propias del derecho de asociación, no cabe otra limitación que la aplicación del Código Penal y de la competencia de los tribunales de justicia, si estas asociaciones realizan actividades tipificadas como delictivas. ¿Qué significado tiene la adopción de medidas preventivas, la creación de observatorios de sectas, las listas «negras» de sectas adoptadas en Bélgica y Francia o la prohibición de su inscripción registral por presuntas mediadas cautelares? El Parlamento Europeo, consciente de la restricción ilegítima que estas medidas pueden suponer, se apresura a afirmar que se reafirma el principio de existencia en los Estados miembros de la Comunidad Europea «de la total libertad de opinión y religión» y, en consecuencia, que las dudas planteadas no otorgan «ningún derecho a juzgar la legitimidad de las creencias religiosas en general y de la actividad religiosa en particular».

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La incongruencia que pueden suscitar ambas declaraciones se pretende salvar declarando que, sin poner en cuestión la validez de las creencias religiosas, se pretende centrar la cuestión en «el carácter legal de los reclutamientos de nuevos miembros y para el tratamiento reservado a estos últimos». A nadie se le oculta que se trata de una cuestión policial y judicial, siendo innecesario adoptar otras medidas que la denuncia y, en su caso, el juicio correspondiente, siempre que concurran actividades ilegales, tanto en el reclutamiento como en cualquier otra manifestación de la asociación, y, por supuesto, no solo cuando se produzca en un nuevo movimiento religioso, sino siempre que ocurra en algún grupo, cualquiera que sea su naturaleza. La prevención observada en Europa, en relación con los nuevos movimientos religiosos, causa sorpresa indisimulada en los Estados Unidos, tanto en los ámbitos políticos como doctrinales. La ley de 1998 pretende salir al paso –con un cierto tufo imperialista– ante las situaciones discriminatorias creadas a estos nuevos movimientos religiosos en Oriente y, también, en Europa. En cualquier caso, es evidente la distinta concepción de la libertad religiosa adoptada en Estados Unidos y la asumida en Europa. ¿Cuál es el fundamento de esta diferente concepción? El presente estudio permite arrojar alguna luz sobre esta cuestión, especialmente, por lo que se refiere al origen de la libertad religiosa en Europa. Los debates sobre este artículo mantenidos en la Asamblea francesa, las diferentes propuestas de redacción del texto y el sincretismo final propician una comprensión más adecuada de los orígenes de la libertad religiosa en Europa. La proclamación del derecho de libertad religiosa en EEUU, tanto en la Declaración de Virginia como en la Primera Enmienda de la Constitución, no encuentran su correlato en las Declaraciones francesas. Una primera lectura del artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 pudiera hacer pensar que reconoce el derecho de libertad religiosa, al incluir, bajo la expresión «nadie debe ser inquietado por sus opiniones», las opiniones «religiosas». Esta conclusión, sin embargo, puede resultar precipitada. Así, la lectura de los debates parlamentarios desvela que, mientras un sector de los asambleístas postula el derecho de libertad religiosa, manifestando que «cada uno tiene derecho de profesar libremente la religión que crea mejor» (Rabant) o »el derecho de ejercer libremente cualquier clase de culto» (Condorcet), la mayoría vincula la libertad religiosa a la libertad de pensamiento, excluyendo la libertad de cultos,

INTRODUCCIÓN

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por omisión o por incompatibilidad con la existencia de una religión nacional o culto público, que actuará en todo caso como límite de los derechos y libertades reconocidos. Esta postura queda reflejada en algunas expresiones de los asambleístas, al reconocer que «ningún hombre puede ser molestado por sus opiniones religiosas, siempre que y cuando obedezcan las leyes y no perturbe el culto público» (Mounier); en el mismo sentido se manifestará el diputado Bouche, al declarar que: «no se puede acusar a nadie de un crimen por sus opiniones o sus creencias religiosas, siempre y cuando no perturbe el orden público y el culto nacional». La necesidad de mantener un culto nacional o religión de Estado será una cuestión reiterada en el debate parlamentario. El propio Bouche proclamará que: «La religión católica, apostólica y romana es y seguirá siendo en Francia, la única religión nacional, dominante y pública, la única verdadera, la única que predica la moral sana, que ennoblece; y que vuelve duradero todo lo que hace por la felicidad de los hombres en un gobierno justo y moderado». Una de las razones fundamentales para mantener el culto público o religión nacional se encuentra en su indispensabilidad para perseguir los delitos secretos: «La utilidad de la religión para perseguir los delitos secretos justifica la existencia de una sola religión que merezca el respeto y la veneración de los pueblos» (Thoret). Una explicación más amplia nos la proporciona el diputado Noche: «Ahí donde la ley civil, que no tiene fuerza más que sobre las acciones, pierde su dominio, comienza el Poder de la ley religiosa, cuya fuerza se extiende sobre los pensamientos: es muy importante, pues, que la religión sea una en una Monarquía, para el culto público solamente, pero tolerante para todas las religiónes cuyo culto no es más que particular». Encontramos aquí el germen de una distinción que devendría clásica en la terminología y doctrina francesa: la libertad de conciencia o de opinión y la libertad de cultos. La primera pertenece al género de la libertad de pensamiento y se manifiesta como una libertad individual, que permite tener unas creencias propias o una propia cosmovisión, siempre que se manifieste a través de un culto público, reservado a la religión o culto nacional. La libertad de cultos o de religiónes hay que situarlo en el ámbito de las libertades colectivas, es decir, de las religiónes organizadas. Mientras la libertad de conciencia o de opinión es garantizada en la Declaración del 89, la libertad de cultos ni siquiera se menciona y los diputados más progresistas se limitan a tolerarla, como hace Nioche. La razón de la necesidad de un culto único y la exclusión de los demás vuelve a reiterarse en los siguientes términos: «Siendo que la ley no

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puede castigar más que los crímenes, la Religión y la Moral deben evitarlo, la Religión debe, por consiguiente, ayudar a la ley. Para que la Religión tenga una fuerza moral, es necesaria una unidad de medios; la Religión debe ser entonces una: varias religiónes destruirían la fuerza necesaria para una sola. La Religión exige un culto; luego, así, el respeto por la Religión y por el Culto son necesarios». El texto trascrito no pertenece a ningún diputado en particular; es la síntesis de los diferentes proyectos presentados, recogido en el Proyecto de la Asamblea de 4 de agosto de 1789. Este Proyecto de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano establece como límite de los derechos a la propia Religión: «Cualquier hombre debe ser libre de hablar y de escribir, siempre y cuando no ataque ni el honor de los ciudadanos, ni las costumbres, ni la Religión, ni la tranquilidad pública». La libertad religiosa reconocida en las Declaraciones históricas de los Estados Unidos no guarda relación alguna con la concepción francesa debatida y aprobada en la Declaración de Derechos del 89. La libertad religiosa americana comprende la libertad individual y colectiva (libertad de cultos) y prohíbe el culto nacional o religión de Estado, al establecer la cláusula de separación: el Congreso de los Estados Unidos no puede establecer una Religión oficial. La concepción francesa, en los momentos iniciales del proceso revolucionario, mantiene la tradicional unión del Trono y Altar, garantizando la existencia de una religión oficial, que formará parte de las estructuras políticas y administrativas del Estado, tal y como se regulará, en 1790, mediante la Constitución Civil del Clero. Esto se opone frontalmente a la libertad de cultos, el Estado únicamente puede tolerarlas, de tal manera que: «la sociedad debe tolerar todas las religiones, excepto aquellas que la socaven» (Marat). En consecuencias, la libertad de opinión, incluso religiosa, reconocida en la Declaración del 89, es la expresión de una libertad de pensamiento o de creencias, individual y privada, que podrá expresarse al amparo del artículo 11, que garantiza «la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones». Ahí se agota la virtualidad de la libertad de opinión, que no incluye la libertad de cultos, en principio prohibida y, en el mejor de los supuestos, tolerada en aras de la existencia de una Religión de Estado, que la tradición galicana pretenderá convertir en una Religión nacional, estatal y liberada de los vínculos de Roma, a quien estará unida solamente por los vínculos de la comunión y de la unidad en la fe. El estudio realizado, a continuación, pretende exponer, con la mayor objetividad e imparcialidad, este proceso parlamentario, en el que la primera

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Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, aparecida en el continente europeo, reconoce una limitada libertad religiosa, recluida al ámbito individual, y manifiesta su prevención y reticencia ante los cultos no oficiales, ante las religiónes «no verdaderas». Todo ello puede explicar la actitud que hoy mantienen muchos Estados europeos ante la aparición de los nuevos movimientos religiosos. Es significativo que esta actitud haya surgido en Francia –Estado laico en la actualidad–, pero que ha sido seguido en los demás Estado que, al aparecer las libertades públicas, mantuvieron la confesionalidad estatal, unos católicos, otros protestantes, otros ortodoxos, y tan solo reconocieron la libertad religiosa con manifiesto retraso y con grandes limitaciones.

I LAS DECLARACIONES DE DERECHOS AMERICANA Y FRANCESA: LA CUESTIÓN DE LAS INFLUENCIAS RECÍPROCAS

Las Declaraciones históricas, la americana y la francesa, coincidentes cronológicamente, tuvieron la afinidad añadida de basarse en unos presupuestos filosóficos comunes y de alumbrar el nacimiento de las libertades individuales en un marco político –el absolutismo–, que no sólo la había ignorado, sino que había atentado y perseguido los valores fundamentales de la dignidad de la persona humana. Las coincidencias apuntadas han llevado a algunos autores a especular acerca de las respectivas influencias entre ambas Declaraciones, llegando a conclusiones muy diversas. Tal vez el debate más significativo, en torno a esta cuestión, lo protagonizaron el constitucionalista alemán Jellinek y el francés Boutmy. El gran ius publicista español Adolfo Posada, introductor de esta polémica en España, al traducir al español la obra de Jellinek, se pregunta, en su espléndido Prólogo, si: «¿Puede discutirse siquiera el atractivo particular de la investigación de la génesis real de la Declaración de Derechos? ¿No había de tentar la curiosidad del historiador jurista, o del jurista historiador, que no se satisface con el análisis y comentario de los textos, sino que estima que éstos son el momento de una evolución; no había de tentar, digo, su curio-

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sidad la tarea de estudiar, a través de los documentos en que aquella idea ha podido producirse, el proceso-causal-de su elaboración?»2 Esta sugerencia del Profesor Posada nos ha movido a estudiar las relaciones entre el reconocimiento de la libertad religiosa en las Declaraciones americana y francesa; y esto reviste una especial importancia, si se tiene en cuenta que, para el Prof. alemán, la influencia principal que inspira la Declaración francesa no es la doctrina de origen francés, especialmente Rousseau; ni el antecedente de los Bill of Rights inglés, sino que: «La idea de consagrar legislativamente esos derechos naturales, inalienables e inviolables no es de origen político, sino religioso. Lo que hasta aquí se ha recibido como una obra de la Revolución, es en realidad fruto de la Reforma y de sus luchas. Su primer apóstol no es La Fayette, sino aquel Roger Williams que, llevado de su entusiasmo religioso, emigraba hacia las soledades para fundar un imperio sobre la base de la libertad de las creencias, y cuyo nombre los americanos aun hoy recuerdan con veneración.»3 Coherente, con esta afirmación, Jellinek mantiene que: «...comienza por entonces ya (siglo XVII), en la teoría, esta especialización de los derechos, en relación con las violentas luchas de la época. En el fondo, están los intereses religiosos y la resistencia contra la grave opresión de conciencia que los poderes políticos ejercen. Por eso surge como primer derecho individualizado de libertad, en las doctrinas de filósofos y juristas, el de la libertad de pensamiento, de creencia y de conciencia. No mucho después que la Carta de Rhode Island hubiera proclamado la libertad de la creencia, afirmaba Spinoza la libertad de pensamiento y de fe interior, como un derecho inalienable del hombre.»4 Y, siguiendo este razonamiento, añade más adelante, que: «Con la convicción adquirida de que hay un derecho, el de la conciencia, independiente del Estado, tenían el punto del cual habían de partir, especializándose, los derechos inalienables del individuo; la presión que los Poderes dominantes ejercen sobre los movimientos libres del individuo, J. JELLINEK, La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, trad. y estudio preliminar de Adolfo Posada, Madrid, 1908, págs, 16 y 17. 3 Ibídem, pág. 60. 4 Ibídem, pág. 173.

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LAS DECLARACIONES DE DERECHOS AMERICANA Y FRANCESA...

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determinan la idea de que a cada una de las direcciones de la presión corresponda un derecho del hombre. Así se produjo, al lado de la exigencia de la libertad religiosa, la de la prensa, la de la palabra, las de asociación y de reunión, la de emigración, el derecho de petición, la liberación respecto del impuesto, la pena y la prisión arbitrarias, y además de esto el derecho a la participación del individuo en la vida del Estado...»5 Para Jellinek, la influencia prioritaria que va a presidir la elaboración de la Declaración francesa son los «Convenant» o constituciones de las colonias con sus declaraciones de derechos y, de modo especial, la Declaración de Derechos de Virginia. El carácter de la libertad religiosa, como primera libertad, cronológica y ontológica, permite a este autor calificarla como primera y principal fuente de las libertades especializadas. Es aquí donde se sitúa el núcleo central de nuestra investigación: ¿El artículo 10 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se inspira en la Declaración de Derechos americana? Boutmy utiliza este artículo como la demostración más evidente de la validez de su teoría: «La filosofía francesa del siglo XVIII se eleva muy por encima de las concepciones americanas; va más alta que el cristianismo y que las doctrinas positivas; los americanos, por el contrario, se mantienen en el terreno del cristianismo puro. La libre y sobria máxima francesa es breve. El texto reviste una especie de brevedad calculada, hecha para disimular la grandeza de la cuestión.»6 Frente a esta afirmación, M. Aulard declara que, ante las diversas propuestas de establecer la religión católica como religión de Estado, se optó por una fórmula más práctica: la Iglesia católica es la religión dominante y a las demás confesiones se las tolera. «He ahí por qué, en lugar de proclamar la libertad de conciencia, se limitó a proclamar la tolerancia, en el artículo así concebido: Nadie será molestado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que sus manifestaciones no perturben el orden público establecido por la ley»7.

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Ibídem, pág. 179. Ibídem, pág. 213. Ibídem, pág. 215.

II SEPARACIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA EN LA DECLARACIÓN AMERICANA Y EN LA DECLARACIÓN FRANCESA

1. TEXTOS AMERICANOS Admitiendo la tesis de Jellinek, según la cual la influencia de las Constituciones de las colonias americanas sobre la Declaración francesa es evidente, parece que está influencia no resulta tan manifiesta en relación con la libertad religiosa. Los textos americanos básicos son los siguientes: a) Declaración de Derechos de Virginia, art. XVI: «Que la religión, o los deberes que nosotros tenemos para con nuestro Creador y la manera de cumplirlos, sólo pueden ser dirigidos por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia; y, por consiguiente, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, según los dictados de la conciencia, y que es un deber de todos practicar entre sí la resignación, el amor y la caridad cristiana.» b) Primera Enmienda a la Constitución: «El Congreso no hará ley alguna por la que se establezca una religión, o se prohíba ejercerla, o se limite la libertad de palabra, o la de la de pren-

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sa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno la reparación de sus agravios.» La libertad religiosa, garantizada en la Declaración de Virginia, se matizará en la Primera Enmienda con la fijación de dos cláusulas que serán el eje fundamental de la interpretación de la libertad religiosa en los Estados Unidos: 1) la cláusula de establecimiento o de la separación (establishment clause) y 2) la cláusula de la libertad religiosa (Free exercise clause) La cláusula del establecimiento expresa la separación entre Estado e Iglesia, que refleja la opinión de que entre ambos debe existir un «muro de separación». Como Recuerda la Profa. Morán, las bases separacionistas se asientan en los planteamientos de Roger Williams: «El fue quien primero aludió al muro de separación entre la Iglesia y el Estado como expresión metafórica de cual ha de ser la correcta orientación de las relaciones Iglesia-Estado...»8 Jefferson dará su personal interpretación del muro de separación, al decir que: «El gobierno debe intervenir sólo cuando los principios religiosos atenten contra la paz y el buen orden». O lo que es lo mismo, según la Profa. Morán, que afirmar que la injerencia gubernamental es legítima cuando se rompa el muro de separación que debería existir entre acción y opinión, es decir, «Mientras para Roger Williams el muro se erige con el fin de proteger la religión de la sociedad, para Jefferson será justamente lo contrario, se elevará para proteger a la sociedad de las presiones religiosas.»9 Sin entrar en mayores detalles sobre esta cuestión, baste decir que la Constitución americana establece como una cuestión fundamental la separación entre el Estado y la Iglesia, inaugurando, así, una formulación política que tendrá una significativa repercusión en el ámbito constitucional y doctrinal en otros Estados. 2. TEXTOS FRANCESES Ciertamente la Declaración francesa no hace mención de la separación entre Iglesia y Estado; es más, la filosofía en que se inspiran los autores de la misma se 8 Morán, G. La protección jurídica de la libertad religiosa en USA, Santiago de Compostela, 1989, pág. 25. 9 Ibídem, pág. 26.

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basa más bien, como veremos más adelante, en la necesidad de mantener la unión entre Estado e Iglesia, que se refleja en la llamada Constitución del Clero de 1790. Hay, por consiguiente, una diferencia fundamental entre la solución americana y la francesa. La separación es genuinamente americana, hasta el extremo que su implantación definitiva en Francia no se llevará a efecto plenamente hasta 1905. Por lo que se refiere a la cláusula de la libertad religiosa, propiamente dicha, ya hemos dicho que, en opinión de Aulart, la Declaración francesa no reconoce expresamente dicha libertad, pues se limita a establecer un régimen de tolerancia. No podemos olvidarnos de subrayar, por otra parte, que las dos cláusulas son complementarias e interdependientes, pues como advierte el Prof. Kurland: «las cláusulas de separación y libertad deberían ser leídas como precepto único, en el que el gobierno no puede utilizar la religión como standard para la acción o inacción porque estas cláusulas prohíben clasificaciones en materia de religión que confieran un beneficio o impongan un gravamen»10. Llegados a este punto y sintetizados los puntos básicos en los que se asienta el derecho de libertad religiosa en la Constitución Americana, estamos en condiciones de afrontar la génesis de la elaboración del artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a través de los Proyectos y propuestas presentadas a la Asamblea constituyente.

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Ibídem, pág. 34.

III GÉNESIS DEL TEXTO DEL ARTÍCULO 10 DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO

1. LA OPORTUNIDAD DE UNA DECLARACIÓN DE DERECHOS a) El «mito de los derechos del hombre» El estudio que vamos a abordar es posible gracias a la recopilación de documentos realizada por Christine Fauré, y publicada en 198811. Conviene advertir, antes de nada, que este material había sido olvidado y, a pesar de su decisiva importancia para conocer el estado de opinión de los miembros de la Asamblea, han sido relegados al silencio, como si se pretendiera –como ha dicho Tavernier– consagrar «el mito de los derechos del hombre», haciendo del texto: «algo no engendrado, que salió ya armado del cerebro de Dios. Borrar todas las huellas de su contingencia y negar el ambiente en que se originó son algunas de las técnicas que tienden a mantener la distancia sagrada respecto al texto»12. b) Celeridad y abundancia de material En cualquier caso sorprende la rapidez con la que se realizó el texto, al que se dedicaron tan solo las sesiones de los días 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de agosto y el 1 de octubre de 1789, siendo aprobado por el Rey el 5 de octubre. 11 Existe Versión española, editada por el Fondo de Cultura Económica, bajo el título: Las Declaraciones de los derechos del hombre de 1789, México, 1995. 12 Ibídem, pág. 17.

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Sorprende, también, la profusión de materiales presentados por los miembros de la Asamblea y la depuración realizada por la Ponencia, todo ello en un margen de tiempo realmente escaso. c) Eficacia jurídica Otra singularidad de esta Declaración se encuentra en su eficacia jurídica. Los asambleístas estuvieron de acuerdo en elaborar una Declaración de Derechos que precediera a la Constitución; de tal manera que no forma parte de la Constitución y ha carecido de eficacia jurídico-constitucional hasta fechas recientes, en que el Consejo de Estado reconoció eficacia vinculante a dicha Declaración13. Se trata, pues, de otra diferencia importante respecto al derecho de libertad religiosa en el ordenamiento norteamericano, pues, si en un principio, los derechos y libertades fueron enunciados en Declaraciones independientes, pronto fueron incluidos, a través de Enmiendas, en la propia Constitución. El texto resultante no agradó a la mayoría de los miembros de la Asamblea, pero, como advirtió en su día el diputado Gaultier de Biazaut: «Estábamos convencidos de que a la redacción le faltaba energía. Pero este vicio era bastante menos peligroso que los errores que creíamos percibir en algunos de los demás proyectos.»14 d) Éxito universal y falta de estima de los autores Contrasta, así, el éxito universal de la Declaración y la escasa estima que los propios autores manifestaron acerca del mismo. Así, el diputado Adrien Duquesnoy, no dudó en afirmar que: « Es de maravillarse: a no dudar que el proyecto que se adoptó es posiblemente el peor...»15. 13 El Consejo de Estado mantuvo una doctrina constante, contraria al reconocimiento del valor jurídico de la Declaración de Derecho, tanto en el siglo XIX como respecto al Preámbulo de la Constitución de 1946. La situación ha cambiado con la promulgación de la Constitución de 1958, al reconocer en su Preámbulo el reconocimiento de los derechos del hombre, de acuerdo con la Declaración de 1789, confirmados y completados por el Preámbulo de la Constitución de 1946 y al incluir el Preámbulo en el Control de Constuticionalidad (V. ROBERT,T Droits de L´Homme et libertés fóndamentales, 6ª edition, París, 1996, págs 101 y ss.). 14 Ibídem, pág. 16. 15 Ibídem, pág. 17.

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2. ¿DECLARACIÓN O CONSTITUCIÓN? El Comité de Constitución formuló el 9 de julio de 1789 los principios que deberían presidir la nueva Constitución; entre ellos se propuso que una Declaración de Derechos precediera a la Constitución. La propuesta, en nombre del Comité, fue realizada por Mounier, que expuso los siguientes argumentos: «Para que una Constitución sea buena, es preciso que se funde en los derechos del hombre y que los proteja; hay que conocer los derechos de la justicia natural concedida a todos los individuos, y hay que recordar todos los principios que deben formar la base de cualquier clase de sociedad política y que cada artículo de la Constitución puede ser la consecuencia de un principio... Esta Constitución habrá de ser corta, simple y precisa.» Con estas palabras se abrió el debate acerca de la oportunidad de elaborar una Declaración de Derechos que, lejos de encontrar una acogida unánime, suscitó recelos y adhesiones. En el debate estuvo presente el propio concepto de Constitución que, a juicio de algunos, viene a coincidir con el contenido propio de la Declaración. Así, el diputado Crénière16, sostendría que: «Al establecimiento de estos derechos naturales e imprescriptibles, anteriores a las leyes, que sólo establecen derechos positivos o relativos, yo Jean-Baptiste Crénière nación en Vendôme, diputado del Tercer Estado por el bailiazgo de Vandôme en los Estados generales y Constituyente. El 31 de julio de 1789 pronuncia sus «Observaciones sobre la Constitución de un pueblo». El 18 de agosto propone de nuevo su proyecto, esta vez como la Declaración. Se pronuncia contra el veto del Rey y lo escolta a París. Es elegido el 13 vendimiario del año IV 15 de octubre de 1795) por el departamento de Loir-et-Cher en el Consejo de Ancianos, del que forma parte hasta el año VIII. La posición de Crénière frente a la cuestión de los derechos del hombre fue ambigua, lo que hizo decir injustamente a sus comentaristas que se oponía a una proclamación de ellos. De hecho Crénière presentaba en su intervención de julio de 1789 sobre la Constitución una lista de derechos que debían incluirse en el acta constitutiva. El 18 de agosto rechazaba en términos categóricos la idea de una Declaración al estilo estadounidense y de nuevo proponía como Declaración su proyecto. Demeunier ilustra perfectamente su pensamiento en la sesión del 18 de agosto: «no crea que la Asamblea pueda adoptar el sistema del señor Crénière: este sistema tiende a confundir la Declaración de los derechos y los principios fundamentales de la Constitución; es el sistema de Hobbes, rechazado en toda Europa». Aunque dejándole al orador toda la responsabilidad de su conclusión acerca del destino de la obra de Hobbes, coincidimos con él en que Créniére se negaba a separar la idea de Declaración de la de Constitución. (Fauré C. «Las Declaraciones de los derechos del hombre de 1789). 16

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lo llamo la Constitución del Pueblo, y no creo que el Acta de esta Constitución deba enunciar otros»17. Por este motivo, el diputado adopta una actitud indiferente en cuanto a la denominación –Constitución o Declaración–, porque: «una Declaración de derechos bien concebida no es otra cosa sino el acto de la Constitución del pueblo» y «como no estoy ligado a las palabras, sino a las cosas, propongo el proyecto que acaba de leerse, como el acta de la Constitución del Pueblo francés, o como una Declaración de Derechos, o, finalmente, como preliminar de la Constitución del gobierno del pueblo»18. La oposición a la promulgación de una Declaración de Derechos nace, en gran parte, de la inseguridad y los desórdenes populares que se están produciendo en las mismas fechas en que tiene lugar el debate sobre la Declaración. Al margen de la terminología adecuada, como le ocurrió al diputado Crenière, existe también oposición a los derechos propuestos e, incluso, a la necesidad de acompañar el catálogo de derechos con una lista de deberes. La primera opción fue defendida por el Marqués de Sillery, al rechazar el contenido de los Proyectos de Declaración presentados. Su argumento toma como punto de partida el principio de que: «la moral de la mayoría de los hombres no es sino el feliz resultado de los principios que la religión grabó en su alma, en los primeros años de su vida»19. A partir de esta máxima, razona de la siguiente manera: «No es una obra filosófica lo que tenemos proyectado hacer que adopten los pueblos. Debemos conducirlos por el camino de la felicidad, queremos ilustrarlos sobre sus derechos y hacer que consideren las desgracias que los amenazarían si llegaran a desconocerlos. Es igualmente necesario recordarles las relaciones exactas que existen entre los principios del derecho natural y los que la religión les impone. Cuando estén convenciLectura hecha en la sesión de 31 de julio de 1789 (Ibídem, p. 109). Ibídem, pág.111. 19 Opinión del Marqués de Sillery relativa a la Declaración de los Derechos del hombre de 4 de agosto de 1789, (Ibídem, pág. 165). 17 18

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dos de que ésta no hace sino confirmar lo que la ley natural prescribe, captarán con entusiasmo los sensatos reglamentos que hacéis»20. Este razonamiento justifica su oposición a los proyectos de Declaración presentados y resume el pensamiento de un ministro francés, al que admira, aunque no identifica, que resume en esta frase: «uno se entregaría a una gran ilusión si espera poder fundar la moral sobre la relación del interés particular con el interés público, y si uno imagina que el imperio de las leyes sociales puede prescindir del apoyo de la religión». Desde otra opción, se pretende reconsiderar el contenido de la Declaración de derechos, que debe ser completada con una declaración de deberes, pues «si el hombre tiene derechos, también tiene deberes; y es en la relación exacta de unos y otros en lo que consiste la creencia de una Constitución perfecta»21. Esta manifestación encubre, sin embargo, una cierta oposición a la Declaración de Derechos. Así lo hace notar el diputado Sinety, al advertir que: «...no es sin fundamento que muchos honorables miembros hayan hecho observar que el hombre, abandonado únicamente a su impulso natural, podría, al interpretar según su conveniencia todos los artículos aislados de la Declaración de los derechos naturales del hombre, darles una extensión perjudicial para sus conciudadanos; y que, profundamente convencido de sus derechos personales, desconocería los de la sociedad, y perturbaría la tranquilidad». Aunque esto no debe ser motivo para impedir la aprobación de una Declaración, «sin embargo, sería una gran imprudencia y una gran ligereza no buscar los medios para evitar los peligros que puede ofrecer esta Declaración aislada... Existe un medio, creo, para alcanzar la meta saludable que nos proponemos lograr: consiste en eliminar los peligros, al adoptar esta Declaración, mediante la exposición de los deberes de los ciudadanos»22. Ibídem, págs.166-67. Ideas elementales sobre la Constitución del Sr. Jallet, diputado de Poitou, cap. IV (Ibídem, pág. 134).

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No cabe la menor duda, sin embargo, que la mayoría de las opiniones vertidas en la Asamblea resultaron favorables a la aprobación de una Declaración de Derechos. Entre otros, el Conde de Castellane, expresa su postura en los siguientes términos: «He contestado, me parece, a los que piensan que una Declaración de los Derechos de los hombres es inútil. Hay también quienes llegan más lejos y que la creen peligrosa en este momento, cuando, al estar agotadas todas las instancias del gobierno, la multitud se abandona a excesos que les hacen temer excesos mayores. Pero, señores, estoy seguro de que la mayoría de los que me escuchan pensará como yo, que el verdadero medio de detener la licencia es establecer los fundamentos de la libertad; cuanto más conozcan los hombres sus derechos, tanto más desearán leyes que los protejan; cuanto más amen a su patria, tanto más temerán el desorden; y si gente inconstante compromete de nuevo la seguridad pública, todos los ciudadanos que tengan algo que perder se unirán en contra de ellos. Creo, pues, señores, que debemos colocar una Declaración de los derechos de los hombres a la cabeza de nuestra Constitución; aunque elegida entre las que han sido propuestas, pienso que la que adoptemos debe ser discutida cuidadosamente, y que quizás no podemos rechazar, en su totalidad, ninguna de a que nos han sido propuestas; creo que esta misma Declaración debe ser admitida antes que las leyes, de las que es fuente, y de las que corregirá en lo sucesivo imperfecciones u omisiones» (suma y compendio de las opiniones sobre Exposición de los motivos que parece deben determinar que se una a la Declaración de los derechos del hombre la Declaración de los deberes del ciudadano, por el Diputado Sr. Sinety, 4 de agosto de 1789 (Ibidem, pág 157). Se suma a esta postura el Diputado Avaray al decir que «la Asamblea Nacional, al proscribir la enmienda que había sido propuesta por uno de sus miembros respecto de añadir la palabra deberes luego de la expresión de la Declaración de derechos, no parece haber pretendido prohibir a ninguno de sus miembros la facultad de proponer que se hiciera seguir la Declaración de los derechos, de una Declaración de los principales deberes de un ciudadano francés, que sumaría a la ventaja de compendiarla en pocas palabras, la de poder comprenderla y retenerla fácilmente como la de los derechos». A continuación añade una relación una relación de cinco deberes, bajo el título «Principales deberes de un ciudadano francés». (Proyecto de Constitución de los derechos de un ciudadano francés, 4 de agosto, 1789) Ibídem, pág170. Igual postura adoptaría el diputado Bouche en su Carta que sostiene la Constitución francesa en sus objetivos fundamentales, del 12 de agosto de 1789 que, sin ninguna justificación previa, declara que: «Los deberes que nos gobiernan a nosotros mismos nos ayudan a gobernarnos también en relación con los otros hombres» (Ibídem, pág 180). El mismo procedimiento será seguido por el diputado Ladebat que, en su Declaración de Derechos del hombre, propuesta el 13 de agosto de 1789, hace un elenco conjunto de derechos y deberes (Ibídem, 251). 22

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la declaración de los derechos escrito de memoria luego de la sesión de 1 de agosto de 1789)23. Es significativo, sin embargo, analizar la distinta argumentación que se utiliza para fundamentar la conveniencia y oportunidad de una Declaración de derechos. Si, para el Conde de Castellane, «el verdadero medio de detener la licencia es establecer el fundamento de la libertad», para el Conde d´Antraignes ese fundamento se encuentra en la religión, mientras que para Rabant-Saint Etiénne debe basarse en los principios de la razón que consagran que «cualquier hombre tiene derecho a existir, a conservar su existencia y a hacerla tan feliz como le sea posible. Este derecho es inalienable e imprescriptible. Los hombres aportaron este derecho a la sociedad y su fin, al reunirse, fue conservarlo»24. Su argumentación recuerda los fundamentos de los derechos y libertades invocados en las Declaraciones Americanas; sin embargo, Rabant las critica: «Me pareció que las diversas Declaraciones de derechos que nos fueron presentadas, no respondían a la idea que me había hecho del dispositivo vasto, completo y ordenado de una gran legislación; que de ser calcadas de las de los estadounidenses, tendrían los mismos defectos; que carecían de ese orden que nace de la filiación de las ideas que se desprenden sucesivamente de un principio único y generador; que presentaban ideas aisladas; que los principios, los derechos, las precauciones se confundían y estaban colocados indiferentemente, sin que haya habido otras razones para haber incluido todo, excepto que todo había parecido necesario»25. Esta actitud evoca la cuestión de la influencia de las declaraciones americanas sobre la francesa y, en consecuencia, la propia naturaleza de los derechos y libertades. Lafayette expresa claramente este último punto, cuando afirma que:

23 Ibídem, pág 114. En la misma línea se manifestará el diputado Durand de Maillane del senescaldo de Arles, que expuso el mandato de un senecaldo... en los siguientes términos: «Los diputados mandatarios de este senescaldo están encargados de proponer a la Asamblea Nacional, como objetivo realmente preliminar, el examen y la Declaración de todos los derechos naturales e imprescriptibles del hombre y del ciudadano: declaración que servirá de base a todas las leyes, y a políticas, y a civiles, que pudieran emanar, tanto en el presente como en el futuro, de todas las Asambleas Nacionales» (Opinión sobre los diferentes proyectos de la Constitución, y sobre la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pronunciada en la sesión de la Asamblea Nacional de 1 de agosto de 1789, Ibidem, pág. 115. 24 Proyecto para el preliminar de la Constitución francesa, de 18 de agosto de 1789 (Ibídem, pág. 259). 25 Ibídem, pág. 260.

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«Cualquier hombre nace con derechos inalienables e imprescriptibles; tales son la libertad en todas sus opiniones, el cuidado de su honor y de su vida, el derecho de propiedad, la completa disposición de su persona, de su industria, de todas sus facultades, la comunicación de todos los medios posibles, la búsqueda del bienestar la resistencia a la opinión»26. Esta moción iba precedida de un preámbulo muy breve, en el que destacaba una frase que causó gran impresión entre los diputados: «Para que los pueblos amen la libertad, basta que la conozcan, y para que sean libres, basta que quieran serlo». El debate de su moción, sin embargo, hizo surgir no pocas suspicacias. La presencia de La Fayette en el proceso revolucionario americano y la influencia que sobre él ejerció el proceso constituyente americano fue advertido durante el debate en la asamblea. Lally-Tollendal destacó las diferencias que existen entre «un pueblo naciente que se anuncia, un pueblo colonial que rompe los lazos de un gobierno distante», en clara alusión a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y «un pueblo antiguo que desde hace catorce siglos pone una forma de gobierno», es decir, la Monarquía francesa. La postura de La Fayette era inequívoca, llegando a afirmar lo siguiente: «Sigamos el ejemplo de los Estados Unidos». Ello provocó una reacción negativa en algunos diputados –muchos de ellos pertenecientes al estado del clero– lo que dio lugar a una airada reacción del diputado Montmorency: «Los derechos del hombre son muy claros, están grabados en todos los corazones, pero uno no sabe qué decir cuando se escucha a un tal señor Crénière afirmar audazmente que la Declaración de los derechos hechos por los estadounidenses es la obra más inepta que se pueda presentar a los hombres; ¡con qué irreverencia habla de los dioses este canalla! »27. La influencia de la revolución americana y, en especial, de su Declaración de Derechos sobre la francesa, resucitada, posteriormente, por Jellinek y Boutmy, ya estuvo presente en el propio debate parlamentario que procedió a su elaboración. Con anterioridad ya había escrito Condorcet su obra «Sobre la influencia de la Revolución estadounidense en Europa, por un oscuro habitante del antiguo 26 Moción relativas a la Declaración de los derechos del hombre, 11 de julio de 1789 (Ibídem, pág.77). 27 Ibídem, pág. 312.

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hemisferio», dedicada a La Fayette en 1786. Y, más tarde, en su escrito sobre Ideas sobre el despotismo, reconocía ya la condición de pionera de la Declaración de Virginia. En su Declaración de Derechos, en la que resulta evidente la influencia americana, manifiesta que «es necesario que una Declaración de derechos de los hombres contenga las consecuencias más inmediatas y evidentes de estos derechos; sobre todo es necesario que incluya a aquellos contra los que más a menudo han atentado las leyes conocidas de las naciones ilustradas»28. 3. LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE RELIGIÓN a) Integración de la libertad de religión, libertad de pensamiento y expresión. Por la naturaleza del presente estudio, no vamos a mencionar las diferentes libertades reconocidas por los autores de los diversos Proyectos presentados a la Asamblea. Nos limitaremos a mencionar la libertad de conciencia, culto o religión y la conexión con la libertad de pensamiento y de expresión que pueda advertirse en dichos proyectos. Entre los autores que mencionan conjuntamente estas libertades, citaremos, en primer lugar a Condorcet: «El derecho de ejercer libremente cualquier clase de culto, de profesar todas las opiniones que uno crea verdaderas, de escribir sin que las cartas o papeles puedan ser sometidos a ninguna inspección, y, por último, la libertad de prensa, es decir, el derecho a imprimir sin estar sujeto a ningún reglamento, siempre y cuando no se trate de libelos contra los particulares y contra la conducta privada de los hombres encargados de las funciones públicas, o de invitaciones a perturbar por la fuerza la paz de la sociedad, y el cumplimiento de las leyes, únicos delitos que podían cometerse mediante la imprenta, y que se castigarán de acuerdo con la ley.»29 En una línea semejante se expresará el Diputado Sallé de Chou, en su Proyecto de los derechos del hombre en sociedad:

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Declaración de los derechos (Ibidem, pág. 37). Ibidem, pág. 39.

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«La libertad del hombre en sociedad consiste en no estar sometido más que a la ley; en poder pensar, decir y escribir en materia civil, política y religiosa...»30 Esta libertad, sin embargo, está limitada por un principio, que veremos repetido en otros proyectos y que se refiere a la religión. Las leyes, dice este diputado, existen para fijar los derechos y deberes de todos los asociados y para poner freno a los que pretendan rehusarlos; sin embargo, «entre los diversos delitos que manchan a la sociedad, los hay secretos y que, por consecuencia, se encuentran fuera del alcance de las leyes: una Religión es entonces necesaria; sólo ella; en efecto, al mandar sobre las almas, puede reprimirlas»31. La conexión entre libertad de pensamiento, de expresión y de religión vuelve a aparecer en el diputado Rabant al manifestar: «Cada hombre es libre de pensar, de decir, de escribir y de hacer todo aquello que no perjudique a otros; así, ni la sociedad, ni ninguno de sus miembros puede prohibírselo...Fuera de aquello en lo que pudiera perjudicar a otros, la sociedad no puede constreñir a ningún hombre por lo que piensa, por sus opiniones, por su religión, por sus discursos, sus escritos...»32 De esta manera, en su articulado, bajo el rótulo: «Sobre la libertad de pensamiento y de opinión», establece los siguientes derechos: «Que ningún hombre es responsable de su pensamiento y de sus sentimientos, y que nadie puede pedirle cuenta de ello; Que las conciencias son perfectamente libres; que nadie tiene derecho de molestarnos, y que cada uno tiene derecho de profesar libremente la religión que crea mejor.»33 Basándose en los mismos principios, el diputado Boislandry, redactó los siguientes artículos: «15. Nadie es responsable de su pensamiento, de sus sentimientos ni de sus opiniones, incluso en materia de religión.» 30 31 32 33

Ibídem, pág. 236. Ibídem. Ibídem, pág. 259. Ibídem, pág. 265.

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Y, en desarrollo de este artículo, expondrá lo siguiente: «16. Cualquier hombre está en libertad de profesar la religión que le plazca; de rendir culto al Ser Supremo como lo juzgue conveniente, siempre que no perturbe la tranquilidad de los otros ni el orden público. 17. La libertad de prensa en el más firme apoyo de la libertad pública. 18. Cualquier hombre tiene el derecho de comunicar a los otros su pensamiento y sus sentimientos, de hacerlos imprimir, de difundirlos, de hacerlos circular libremente por medio del correo o por cualquier otra vía...» Este bloque de opiniones, reflejadas en los diferentes Proyectos, establece una estrecha conexión entre libertad de pensamiento, de religión y de expresión. Reflejan, en cierto modo, la idea final de la Declaración que reconoce la libertad de opinión, incluso religiosa. Con un carácter semejante, pero separando más netamente dichas libertades, vamos a encontrar numerosos textos que pasamos a exponer. El diputado Petiou de Villeneuve refleja esa postura en su articulado, en los siguientes términos: «12. Cada uno debe dar cuenta sólo a Dios de sus opiniones religiosas y puede abrazar el culto que le dicte su conciencia con tal que no perturbe la tranquilidad. 13. Cada uno puede expresar lo que piensa y hacerlo público; ya que no debe entorpecerse el desarrollo de las facultades intelectuales, como tampoco el desarrollo de las facultades físicas.»34 En una línea semejante se expresa el diputado Mounier: «21. Ningún hombre puede ser molestado por sus opiniones religiosas, siempre que y cuando obedezca las leyes y no perturbe el culto público. 23. La libertad de prensa es el más sólido sostén de la libertad pública...»

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Ibídem, págs. 79 y 80.

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Conviene advertir que en ambos textos se utiliza la expresión opiniones religiosas y que la fórmula utilizada recuerda más la técnica de la tolerancia que el reconocimiento del derecho de libertad religiosa. El término utilizado –opinión– y la técnica de la tolerancia pasarán al texto definitivo de la Declaración de derechos. b) La cuestión de los límites Al margen de esta observación, es oportuno tener en cuenta la cuestión de los límites. La postura de Mounier difiere de la mantenida por Pétiou, que señala como límite la tranquilidad pública, mientras que Mounier lo establece en el culto público. Esto significa que, sin mencionarlo, está reconociendo la existencia de un único culto público, que coincidirá con la única religión oficial, ya que las demás, aunque toleradas, no pueden ejercerse públicamente. También este aspecto va a tener una especial significación en otros autores, que estudiaremos más adelante, y, sobre todo, aunque está ausente en la Declaración de Derechos, va a regularse normativamente en la Constitución del Clero de 1790. Con un reconocimiento semejante de la libertad de opinión, el Diputado Duport resitúa la cuestión de los límites al sustituir el culto público por el orden público: «Nadie puede ser sometido a ninguna investigación, a causa de sus opiniones religiosas, a menos que, a este respecto haya perturbado el orden público.»35 En cambio, el diputado Bouche integra ambos límites –orden público y culto nacional– asimilando las opiniones y las creencias religiosas: «No se puede acusar a nadie de un crimen por sus opiniones o sus creencias religiosas, siempre y cuando no perturbe el orden público y el culto nacional.»

Proyecto para una Declaración de los derechos y de los principios fundamentales del gobierno, art. Décimo (Ibidem, pág. 138). Un planteamiento semejante se encuentra en el Proyecto de Constitución del Diputado Vyan de Baaudereuille, el decir; «Nadie debe dar cuenta de su fe, por tal motivo, cualquier culto es libre; empero, solo es público el de la religión dominante en el reino, y todos deben respetarlo» (Ibídem, pág.209).

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La cuestión de los límites en este autor resulta más coherente, porque establece un reconocimiento explícito de la única religión nacional: «La religión católica, apostólica y romana es y seguirá siendo en Francia, la única religión nacional, dominante y pública, la única verdadera, la única que predica la moral sana, que ennoblece; y que vuelve duradero todo lo que hace por la felicidad de los hombres en un gobierno justo y moderado.» Las consecuencias de la existencia de una religión nacional se va a reflejar inmediatamente, no solo en los límites de las opiniones religiosas sino también en los de la libertad expresión. Así, en el contexto de una solemne declaración de ilimitada libertad de imprenta, resultarán los textos que siguen: «En lo sucesivo, en Francia, cada uno tendrá la más ilimitada libertad de imprimir, de hacer que se imprima y de hacer que circulen sus ideas y sus obras...» Esta «ilimitada» libertad será limitada, sin embargo, si se perjudica a otro en su honor o propiedad, así como por el orden público y el culto nacional. Y para que no quepa lugar a dudas se añade otro artículo del siguiente tenor: «Solo las obras acerca de la religión nacional se someterán a censura pública. La funesta experiencia ha enseñado de sobra que, en este género no se escribe, no se hace nunca nada que no sirva más que de peligroso ejemplo.»36 Una expresión más rotunda del derecho a la libertad religiosa y a la libertad de pensamiento la encontramos en el Ensayo de Guiot, donde se dice que: «La libertad de conciencia o libertad religiosa no es así un acto de simple tolerancia por parte de la sociedad; es un derecho del que a ningún hombre puede privarse; y esta libertad no es susceptible de modificarse.»37

Carat que contiene la Constitución francesa en sus objetivos fundamentales, 12 de agosto 1789. (Ibídem. Pág 179 y ss.). 37 Es uno de los textos más claros en el que se reconocen el derecho de libertad religiosa que, por lo general, en los diferentes Proyectos se mueve en la línea de la tolerancia. Así, Levis, a pesar de su aparente rotundidad al reconocer el derecho de libertad de opinión, sin embargo, acaba reduciéndolo a mera tolerancia: «Cualquier hombre tiene el derecho de tener opiniones religiosas, siguiendo su conciencia, y este principio incluye el de la tolerancia» (Ibídem, pág. 244). 36

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c) Omisión de la libertad religiosa El reconocimiento de la libertad religiosa, que hemos visto en los textos anteriores, no significa que hubiera unanimidad en esta materia. En algunos proyectos dicha libertad no se menciona, ni siquiera en su vertiente de mera tolerancia; en otros queda subordinada a la preeminencia de la religión única y nacional. Más significativo resulta, sin embargo, que en otros textos no sólo no se reconoce el derecho de libertad religiosa, sino que se impone la religión única como un deber de los ciudadanos, conservando así la condición previa a la Revolución de intolerancia religiosa. En uno de los estudios más serios y profundos sobre la Declaración de derechos38, el Abate Sieyés no menciona la libertad religiosa. Al explicar el ámbito de la libertad dice que: «Es libre aquél que tiene la seguridad de que no se verá molestado en el ejercicio de su propiedad personal y en la utilización de su propiedad real. Así, pues, cualquier ciudadano tiene el derecho de permanecer, de irse, de pensar, de hablar, de escribir, de imprimir, de publicar,...» El límite a la libertad, según Sieyés, hay que situarlo «en el punto en que ésta empieza a perjudicar la libertad ajena. Es la ley la que debe reconocer y marcar estos límites». Parece evidente que la ausencia de una declaración expresa del reconocimiento del derecho de libertad religiosa no es consecuencia de una concepción confesional, que reclama una religión única nacional que pudiera impedir la existencia de la libertad religiosa o de cultos. En este caso, parece más probable que la omisión se deba a una interpretación de la libertad religiosa integrada en la libertad de pensar, que abarcaría cualquier opinión, incluso la religiosa. El texto de Sieyés no hace mención del culto público, de religión nacional o de culto dominante, lo que, en nuestra opinión, subraya la idea de que reconoce implícitamente la libertad de conciencia o religiosa, bajo el género libertad de pensamiento. Este pensamiento queda nítidamente reflejado en otro documento del mismo autor (Declaración de los derechos del ciudadano francés, 11 de agosto de 1789), Preliminares de la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los derechos del hombre y del ciudadano (Lectura ante el Comité de Constitución realizada por el abate Sieyés los días 20 y 21 de julio de 1789).

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en el que consagra un texto que va a ser asumido casi literalmente por otros diputados: «Así, nadie es responsable de lo que piensa, ni de lo que siente; cualquier hombre tiene el derecho de hablar o callar; a nadie debe prohibirse, sea cual fuere la manera, que publique lo que piensa y siente; y en particular, cada uno está en libertad de escribir, de imprimir o de hacer que se imprima lo que mejor le parezca, siempre con la condición de no atentar contra los derechos ajenos.»39 Una postura semejante la encontramos en La Fayette al decir que «cualquier hombre nace con derechos inalienables e imprescriptibles; tales son la libertad en todas sus opiniones,..., la comunicación de todos sus pensamientos por todos los medios posibles...»40. La influencia americana se deja notar al introducir como fundamentos de las libertades especializadas la naturaleza de estos derechos «inalienables e imprescriptibles», así como al establecer los límites de estos derechos, cuyo ejercicio «no tiene sino los límites que garantizan el goce de los mismos a los otros miembros de la sociedad». A pesar de las connotaciones antirreligiosas que han acompañado a la imagen del proceso revolucionario francés, hay que advertir que, en esta primera etapa que estamos examinando, esa actitud es minoritaria, sobresaliendo aquellas posturas que sostienen una concepción política sometida a la religión. Las excepciones son variadas, aunque comenzaron por incluir la religión como límite del ejercicio de las libertades. Así se dice, por ejemplo, que, si bien todo hombre «tiene derecho de decir, de hacer que se imprima lo que mejor le parezca», sin embargo, «cualquier escritor debe ser responsable asimismo de las ofensas hechas en sus escritos a los dogmas de la religión dominante»41.

39 En el mismo sentido, se manifiestan Target («cualquier hombre es libre de pensar, hablar, escribir y hacer que se imprima lo que mejor le parezca, siempre con la condición de no atentar contra los derechos ajenos»). 40 Moción relativa a la Declaración de los derechos del hombre (11 de julio de 1789). 41 CUSTINE, Declaración de los derechos del ciudadano francés, propuesta hecha el 3 de agosto al Comité de Constitución. En esta misma línea, Bouche, ect. Nota 21; Vyan de Baudreville, (Proyecto de Constitución, 4 de agosto 1789); Poncet- Delpech, (Proyecto de Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano).

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4. LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS SECRETOS Más significativa, sin embargo, es la alusión a la utilidad de la religión para perseguir los delitos secretos. «Como, por una parte, este tipo de crímenes y los crímenes secretos no encuentran freno sino en la ley natural y la Religión, siendo ésta última la confirmación y desarrollo de la primera; y, como, por otra parte, no hay, propiamente hablando, ningún crimen que como tal no perjudique a la sociedad, sea mediante la eliminación de una parte de sus miembros, sea mediante la depravación de individuos que, por ello, se vuelven menos útiles; es importante para cualquier sociedad tener una religión que reprima los crímenes secretos y los delitos que estén fuera del alcance de las leyes.»42 Basándose en este argumento previo, el Diputado Thoret concluirá lo siguiente: «Puesto que esta religión no puede cumplir con su objetivo sino en la medida en que ejerza una gran influencia sobre las conciencias, su verdad debe ser de tal manera demostrada, los principios tan firmemente inculcados, y el culto rodeado de una magnificencia tal, que reúna al mismo tiempo la confianza, el respeto y la veneración de los Pueblos. La utilidad de la religión para perseguir los delitos secretos justifica la existencia una sola religión que merezca el respeto y la veneración de los pueblos.» Así lo reconoce expresamente el diputado Nioche43: «Ahí donde la ley civil, que no tiene fuerza más que sobre las acciones, pierde su dominio, comienza el Poder de la ley religiosa, cuya fuerza se extiende sobre los pensamientos: es muy importante, pues, que la religión sea una en una Monarquía, para el culto público solamente, pero tolerante para todas las religiónes cuyo culto no es más que particular.»44

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Proyecto de Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, presentado a la Asamblea por el diputado Thoret, el 13 de agosto de 1789, n. XIV. 43

Declaración de los derechos del hombre que vive en sociedad.

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Ibídem, artículo vigésimo noveno.

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Todo ello refuerza el papel de la religión en la sociedad civil, pues: «Así, la fuerza represora, que no pertenece más que a la religión, debe estar protegida esencialmente por la Constitución, ya que es la base sobre la que descansa todo el edificio moral; pues la religión forma las costumbres, y las buenas costumbres pueden hacer todo sin las leyes; mas las leyes no pueden hacer casi nada sin las costumbres.»45 Esta argumentación ha quedado plasmado en el resumen de los diferentes proyectos, realizado por Poncet-Delpech, en los siguientes términos: «Siendo que la ley no puede castigar más que los crímenes, la Religión y la Moral deben evitarlos, la Religión debe, por consiguiente, ayudar a la ley. Para que la Religión tenga una fuerza moral, es necesaria una unidad de medios; la Religión debe ser entonces una: varias religiónes destruiría la fuerza que es necesaria para una sola. La Religión exige un Culto; luego, así, el respeto por la Religión y por el Culto son necesarios.»46 La presencia de una Religión única y su función social no impide el reconocimiento de la libertad de pensamiento («La libertad del ciudadano consiste en la propiedad de su persona, de sus ideas y de su trabajo») y de la libertad de expresión, si bien aparece limitada por la Religión: «Cualquier hombre debe ser libre de hablar y de escribir, siempre y cuando no ataque ni el honor de los Ciudadanos, ni las costumbres, ni la Religión, ni la tranquilidad pública»47. 5. LA RELIGIÓN COMO DEBER En un último grupo podemos agrupar aquellos Proyectos que no reconocen el derecho de libertad religiosa, aunque si la libertad de opinión y el deber de observar la religión. De esta forma, el diputado Jallet formula las siguientes propuestas: Ibídem, artículo trigésimo. Proyecto de Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Extraído y resumido según los diferentes Proyectos dados hasta este día (arts, 15,16,17). En el mismo sentido se manifiestan: Sinety, Exposición de los motivos que parece deben determinar que se una en la Declaración de los Derechos del hombre la declaración de los deberes del ciudadano, 4 de agosto de 1789 («Puesto que los delitos secretos están fuera del alcance de la ley, toca a la religión y a la moral suplirla; y el hombre no debe rendir cuentas de ello sino a Dios y a su conciencia», art.11). 47 Ibídem, art. 20. 45 46

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«Además de la libertad personal, el Ciudadano tiene derecho a la libertad de expresar sus opiniones. Ningún poder tiene el derecho de prohibir el ejercicio de la facultad de pensar, ninguno tiene derecho de prescribir sus límites»48. Al mismo tiempo, sin embargo, al mencionar, además de los derechos, los deberes del hombre, manifiesta lo siguiente: «Los deberes naturales nacen de las relaciones del hombre para con su Creador. Al llevar al estado social sus derechos naturales, el hombre lleva también sus deberes naturales. De ahí que no haya ninguna sociedad sin culto religioso. Así, en la Constitución, entre las leyes que establecerán los deberes del hombre, la religión, es decir, el culto público, será la primera ley. Al poner al hombre bajo la vigilancia del Ser soberano, la Religión consolida todos los vínculos del pacto social. Ésta da una base a los principios de la justicia; opone el temor de la conciencia a la tentación de los crímenes secretos; y el hombre que pueda escapar algunas veces a la ley, al burlar la vigilancia de la ley, se dará cuenta de que no puede ocultarse de la mirada penetrante e incansable de la justicia eterna.»49 La expresión de establecer este deber es formulada por Sinety, en los siguientes términos: «La verdadera felicidad del hombre no puede existir sino por el conocimiento íntimo del Ser Supremo, que lo creó, lo protege, lo ilumina, lo consuela y le asegura la recompensa de sus virtudes (art.1). La religión, al ser el freno más poderoso, debe quedar grabada en todos los corazones; y resulta perjudicial esencialmente para el buen orden y para la sociedad no respetarla» (art.11). El significado de estos deberes se completa con la tolerancia religiosa y el respeto absoluto al orden público: «Siendo que sólo Dios tiene el derecho de crear los corazones, y el medio de iluminar a los hombres, nadie debe perturbar a sus conciudadanos por sus opiniones religiosas; empero todos deben un respeto absoluto al culto público» (art.12). 48 49

Ideas elementales sobre la Constitución, cap.III, art. 2 Ibidem, cap.IV

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6. LA PROPUESTA DE MARAT: LIBERTAD RELIGIOSA Y RELIGIÓN OFICIAL Mención aparte merece, no obstante, el Proyecto50 presentado por Marat. Aparte del prestigio del autor y su relevante actuación en la Revolución, hay que resaltar la influencia de este Proyecto en la solución definitiva alcanzada en el debate final sobre la Declaración. Marat encadena la Declaración con la Constitución. No ofrece un articulado de ninguna de ellas, pero expone una extensa visión de los derechos y deberes del ciudadano y de la organización política del Estado. Y es, precisamente, en esta segunda parte donde se ocupa de la libertad religiosa. A propósito de «Los ministros de la religión», apartado de la Constitución dedicado exclusivamente a este tema, Marat declara lo siguiente: «La libertad religiosa es competencia del derecho civil y ningún ciudadano debe ser perseguido sino por haber perturbado el culto establecido. La sociedad debe tolerar todas las religiónes, excepto aquellas que la socaven.» El texto invoca tres aspectos significativos: la libertad religiosa o de conciencia; la libertad de cultos; el culto público o religión oficial. Se inicia, así, la tendencia en la legislación francesa de distinguir la libertad religiosa o de conciencia, como una libertad individual, íntima y personal, de la libertad o tolerancia de cultos, es decir, de las confesiones religiosas; y, por último, la compatibilidad de todo ello con un culto público o religión de Estado, caracterizado, siguiendo las huellas históricas del galicanismo, por su dependencia estricta del Estado, y su desligamiento de cualquier estructura eclesiástica exterior al Estado Así lo explica Marat: «Siendo que los ministros de la religión no forman un estado separado del Estado, sino una clase de ciudadanos consagrados al servicio de la Iglesia, no tienen el derecho de formar asambleas particulares sino para regular cualquier punto de disciplina. Toca a los fieles, y únicamente a los fieles, nombrar a sus pastores, como sólo a la nación toca nombrar a sus ministros; ¿y quién pretendería juzgar mejor las luces y la virtud de los aspirantes? Bajo cualquier denominación con la que se anuncien los 50 Proyecto de Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, seguido de un plazo de Constitución justo, honesto y libre, de 23 de agosto de 1789.

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ministros de la Iglesia, que sean escogidos en cada parroquia por medio de los sufragios de los parroquianos. Tal era la práctica constante de la Iglesia primitiva y el deseo de la razón.»51 La propuesta de Marat constituye, en nuestra opinión, el precedente doctrinal del reconocimiento de la libertad de conciencia en la Declaración de derechos, si bien con una fórmula más vaga, más imprecisa, bajo el rótulo de libertad de opinión. Pero, su influencia es todavía mayor y decisiva en la elaboración de la Constitución civil del Clero (a. 1790), donde se consagra la fórmula del culto público y la dependencia política de los ministros religiosos, aplicando los criterios explicitados en la propuesta de Marat, de elección de los ministros por el pueblo, con plena independencia del Papa.

51 Este texto va precedido de una argumentación amplia, de la cual parece oportuno entresacar lo siguiente: «Los pelados, así como los otros sacerdotes, son los discípulos de Jesús; deben dar a los fieles el ejemplo del amor al trabajo, de fungalidad, de modestia, de renuncia al mundo, de......, de modestia, de renuncia al mundo, de dilema, de paciencia, de resignación; y, si es justo que viven de sus oficios en el altar, no pueden pretender sino lo más necesario. Reformar la jerarquía eclesiástica, suprimir todas las comunidades religiosas y todos los beneficios sin servicio personal; llamar a los pueblos, los abates comendatarios, los grandes beneficiarios, a las funciones respetables de los párrocos, abolir totalmente la simonía, dar un trato honesto el Estado a los Ministros de la religión; he ahí lo que la sabiduría y la justicia ordenan imperiosamente; he ahí lo que la nación espera de sus diputados.»

IV LOS PROYECTOS DE LA COMISIÓN

1. EL PROYECTO DE 11 DE AGOSTO Además del Proyecto definitivo, que se convertirá en la Declaración promulgada, la Comisión de la Constitución examinó dos Proyectos previos, el 11 y el 17 de agosto. El primer Proyecto no desciende en detalle a enumerar las libertades públicas; parte de un concepto de libertad consistente en «el pleno y completo ejercicio de las facultades de cada hombre». El objeto de la ley es garantizar los derechos de todos y cada uno, y, entre ellos, los derechos de la libertad, por lo que ninguno puede ser perturbado en su libertad, «sino en virtud de la ley, bajo las formas que ésta ha prescrito y en los casos que ha previsto»52. Retomando el argumento invocado en varios Proyectos, se dice lo siguiente: «Dado que la ley no puede perseguir los delitos secretos, toca a la religión y a la moral suplirla. Es, pues, esencial, para el buen funcionamiento mismo de la sociedad, que ambas sean respetadas» (art.16). «El mantenimiento de la religión exige un culto público. El respeto por el culto publico es entonces indispensable» (art.17). 52

La Revolución francesa, trad. española de S. Tierno Galván, 1966, pág. 151.

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La necesidad de la religión para el buen funcionamiento de la sociedad exige el mantenimiento de un culto público. ¿ Se puede conciliar este culto público con la libertad religiosa? La solución la encontramos en la siguiente formulación: «Cualquier ciudadano que no perturbe el culto establecido, no debe ser hostigado» (art.18). Se utiliza, así, la fórmula tradicional de la tolerancia, cuyo límite es precisamente el culto público. El proyecto revela que, a estas alturas del debate, no se había resuelto todavía la cuestión religiosa. El mantenimiento del culto público parece una actitud continuista con la religión nacional del Antiguo Régimen; la tolerancia religiosa una tradición del régimen político francés, que ha pretendido conciliar la confesionalidad católica con la tolerancia religiosa desde el Edicto de Nantes (1598); cambian los argumentos, pero se mantiene el mismo «statu quo». La única libertad especializada que se reconoce es la libertad de expresión: «Siendo que la libre comunicación del pensamiento es un derecho del ciudadano, no debe ser restringida, sino en la medida en que perjudique los derechos ajenos» (art.19). 2. EL PROYECTO DE 17 DE AGOSTO El segundo proyecto examinado por la Comisión seis días más tarde, presenta una estructura claramente distinta del anterior. Su semejanza con el texto definitivo es evidente. El proemio o introducción es, prácticamente, idéntico con leves diferencias de redacción. Destaca la ausencia de una referencia al Ser Supremo que sí aparecerá en el documento definitivo: «en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo». El texto define la libertad del ciudadano, que consiste «en no estar sometido más que a la ley, en no tener que obedecer más que a la autoridad establecida por la ley, en poder hacer, sin temor a castigo, cualquier uso de sus facultades que no esté prohibido por la ley, y, por consecuencia, en resistirse a la opresión» (art. 6º). A partir de aquí, el texto enumera diversas libertades especializadas, empezando por la libertad física y la necesidad de que se apliquen los principios básicos del derecho penal y del derecho procesal para la aplicación de las penas. A continuación, el Proyecto se refiere a la libertad psíquica o espiritual, al decir que:

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«Así, libre en su pensamiento o en su manifestación, el ciudadano tiene derecho a difundirlo por medio de la palabra, de la escritura, de la impresión, con la reserva expresa de no perjudicar los derechos ajenos; la correspondencia, en particular, debe ser sagrada» (art.8). El Proyecto de la Comisión reconoce de manera expresa la libertad de pensamiento, pero sin mención explícita de la libertad de religión o de conciencia. Siguiendo la línea mantenida en algunos Proyectos, resulta difícil analizar esta omisión. En unos casos, parece innecesario, pues se considera que la libertad de religión es un aspecto de la libertad de pensamiento u opinión; las creencias religiosas forman parte del mundo de las opiniones personales, por lo que es irrelevante mencionarlas explícitamente. Es suficiente reconocer la libertad de pensamiento u opinión para garantizar la libertad religiosa individual. Desde otro punto de vista, la omisión de la libertad religiosa responde a criterios distintos. La existencia de una religión oficial o culto público cuestiona la posibilidad de reconocer la libertad de opinión religiosa. En algunos casos, no se menciona; entre otros, se limita a reconocer una cierta tolerancia; y, en todos los supuestos, se establece el deber de respetar el culto público. La diferencia fundamental entre los dos proyectos, en el aspecto que estamos examinando, coincide, en nuestra opinión, con las dos posturas que acabamos de comentar. El primer Proyecto reconoce el culto público y una tímida tolerancia religiosa. El segundo Proyecto no contempla expresamente el culto público, ni tampoco la libertad o tolerancia religiosa. Se limita a reconocer la libertad individual de pensamiento, con una implícita libertad de creencias individual, sin ninguna referencia al culto público, ni a los cultos disidentes. 3. LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DE 1789 El texto de la Declaración, aprobada el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea y por el rey Luis XVI, el 5 de octubre, se inspira en el Proyecto de 17 de agosto, pero teniendo muy presente, en nuestra opinión, el Proyecto de Marat. El proemio, siguiendo el texto del Proyecto del 17 de agosto, manifiesta que los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, «considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los Gobiernos» ha tomado la decisión de exponer, en una declaración solemne:

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«Los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes». A continuación, reconoce los derechos y libertades especializadas del hombre, a lo largo de 17 artículos, entre los que destacan, a nuestros efectos, los siguientes: « La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley» (art.4). Esta definición coincide sustancialmente con la definición clásica de libertad acuñada por el liberalismo: «poder hacer todo lo que no está prohibido». Y solo la ley puede prohibir alguna dimensión de esta esfera de libertad y, en concreto, aquello que limite la libertad de los demás. En definitiva, no difiere mucho de nuestro concepto actual de libertad, que solo puede estar limitada por los derechos y libertades fundamentales de los demás y por el orden público protegido por la ley, que, en todo caso, ha de ser establecido por ley orgánica y respetar el contenido esencial de la libertad. Una definición genérica y amplia de la libertad podría hacer innecesaria la enumeración de cada una de las libertades especializadas; sin embargo, al recordar lesiones graves y directas de algunos aspectos de la libertad se ha querido enumerar de manera explícita aquellas libertades más amenazadas, reconociéndolas de una manera expresa. De esta manera, se declara que: «Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley» (art.10). La fórmula utilizada, en el artículo 10, revela que la interpretación seguida por la Declaración se inspira en la vinculación de la libertad religiosa con la libertad de pensamiento. La libertad de opinión, expresión sinónima de libertad de pensamiento en el lenguaje utilizado en los debates sobre la Declaración, incluye las propias creencias religiosas. La libertad religiosa no es un género distinto de la libertad de pensamiento, por lo que no es necesario especificarlo expresamente. Por eso, y para que no haya dudas, en el texto se utiliza la expre-

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sión libertad de opinión y, de manera incidental, se incluyen las opiniones religiosas. Con esta referencia se suple la ausencia que existía en el Proyecto del 17 de agosto, pues, al no mencionar la libertad o tolerancia religiosa, podría interpretarse que no estaba amparada por la Declaración. Es interesante, sin embargo, subrayar que se trata de una libertad o tolerancia de carácter individual, quedando excluida la libertad de cultos, una distinción que, como antes dijimos, devendría clásica en la legislación y la doctrina francesa. También se aparta del Proyecto del 11 de agosto, al no mencionar la necesidad del culto público y, por tanto, de la existencia de una religión nacional. Esta omisión, sin embargo, resulta engañosa, por cuanto es necesario tener presente la Constitución civil del Clero, aprobada en 1790, que recoge las sugerencias de Marat, y a la que nos tenemos que referir para dar una visión completa de esta cuestión en los primeros años de la Revolución.

V LA CONSTITUCIÓN CIVIL DEL CLERO

1. REGULACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN FRANCIA De acuerdo con la propuesta formulada por Marat, el 12 de junio de 1790, se aprobó la Constitución Civil del Clero53, por la que se regula la situación de la Iglesia Católica en Francia. El primer Título está dedicado a los oficios eclesiásticos y en él se desarrolla toda una normativa sobre la organización eclesiástica francesa. Se comienza por adecuar las circunscripciones eclesiásticas a la político-administrativas, haciendo coincidir la diócesis con el departamento –ochenta y tres en total– y creando diez distritos metropolitanos. La organización detalla hasta el número mínimo de «almas» necesarias para crear una parroquia (6.000 habitantes), así como la descripción de los órganos colegiados (sínodos, asambleas administrativas, etc.) El Título segundo se ocupa del nombramiento de los cargos. Se establece el principio general, en virtud del cual la provisión de todos los cargos eclesiásticos se realizará a través de elecciones. Se regula el procedimiento electoral y se confía al metropolitano la facultad de verificar la idoneidad del candidato. Si éste es confirmado deberá jurar la profesión de la religión católica, apostólica y romana, así como velar con esmero por los feligreses de la diócesis, de ser fiel a la nación, a la ley y al rey y de apoyar firmemente la Constitución decretada por la Asamblea Nacional y aprobada por el Rey. 53

Constitución Civil del Clero, aprobada el 12 de julio de 1790.

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La elección de los párrocos sigue un procedimiento similar al de los obispos. El examen del candidato elegido corresponde al obispo; si es confirmado el candidato deberá prestar los mismo juramentos que los obispos. Sobre esta cuestión es preciso advertir que, en ambos supuestos, se prohíbe a los candidatos pedir la confirmación del Papa, al que únicamente podrá dirigirse por escrito «como cabeza visible de la Iglesia Universal en prueba de la unidad de fe y de comunión que debe mantener con él». Los Títulos III y IV se refieren, respectivamente, a las asignaciones económicas al clero y al deber de residencia. El Estado asume la carga económica de abonar los sueldos de los clérigos, cuya cuantía será suficiente para el mantenimiento digno y adecuado del clero. La dependencia económica del Estado no es única; los cargos, las elecciones e, incluso, el deber de residencia están supervisados y bajo el control del poder político. 2. INTERPRETACIÓN La descripción sumaria de la Constitución Civil del clero pone de relieve que, en los inicios del proceso revolucionario, la Asamblea Nacional no mantuvo una actitud hostil o revanchista frente a la religión. La Asamblea pretendió «reformar» la vida religiosa y eliminar las corruptelas que existían en la organización eclesiástica. Siguiendo las viejas tradiciones galicanas, aboga por la independencia de la Iglesia de Francia frente al Papa, reservándole a éste el papel de vínculo de unidad de la fe y de la comunión, pero eliminando cualquier interferencia con la organización de la Iglesia francesa. Este será el «banco de prueba» más grave de la nueva regulación y acabará provocando el revanchismo y la persecución religiosa. Con gran precisión describe esta situación A. Soboul: «La reforma del clero emanaba necesariamente de la reforma del Estado y de la Administración; hasta tal punto se entrelazaban ambos en el Antiguo Régimen. Provocó un conflicto religioso extraordinariamente favorable a la contrarrevolución. Los constituyentes, creyentes sinceros en su mayoría, no querían este conflicto; el catolicismo conservaba el privilegio del culto público; era el único subvencionado por la nación. Pero penetrados del espíritu galicano, los constituyentes se consideraron aptos para reformar la Iglesia»54. 54

Ibídem, pág. 152.

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El día 4 de agosto de 1789 se suprimieron los privilegios feudales y con ellos los privilegios de los beneficios eclesiásticos, incluido el diezmo. Los bienes de la Iglesia fueron confiscados y convertidos en bienes del Estado. El 13 de febrero de 1790 se suprimió el clero regular. Estas circunstancias, sin embargo, no crearon un ambiente hostil hacia la Revolución. El problema surgió en relación con la aprobación canónica de la Constitución Civil del Clero. Las opciones eran: a)someter su aprobación a un Concilio Nacional; b)someter la aprobación al Papa. Temerosos de una reacción negativa por parte de los obispos contrarrevolucionarios, se optó por la segunda solución. 3. LA CONDENA PONTIFICIA Y EL CISMA RELIGIOSO «El Papa -dice Soboul- ya había condenado como impía la Declaración de los Derechos del Hombre; sus agravios eran numerosos. Los llamados anatas habían quedado suprimidos. Aviñon repudiaba la soberanía pontifica y reclamaba su anexión a Francia. Pio VI se preocupaba tanto de su poder temporal como de su autoridad espiritual. Quiso saber primero a que atenerse sobre las intenciones del Gobierno francés con relación a la cuestión temporal y, sobre todo, al problema de Aviñon, antes de comprometerse a fondo en la cuestión espiritual. No comprendía, al tomar posiciones demasiado rápidamente, que había de sacrificar sus intereses temporales a sus intereses espirituales. Entonces lo fue alargando, llevando a cabo una especie de teje maneje a pesar de la moderación de la Asamblea, que el 24 de agosto de 1790 rehusaba tomar partido en el problema de Aviñon, remitiendo al rey la petición de los aviñonenses. La maniobra del Papa no comprometía sólo a sus intereses: llevaba la inquietud a las conciencias y a Francia al cisma de la guerra civil»55. En esta situación la consulta al Papa se tornaba compleja. Los obispos esperaban la confirmación pontificia para iniciar la reforma eclesiástica; sin embargo, el Papa, presionado por otras potencias extranjeras, por una parte del episcopado e, incluso, por el propio Rey de Francia, dilató la repuesta.

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Ibídem, pág. 155.

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Ante esta situación, el 27 de noviembre de 1790, se exigió a todos los clérigos el juramento de fidelidad a la Constitución del Reino, de la que formaba parte la Constitución Civil del Clero. Esta exigencia dividió al clero entre juramentados o constitucionales y reaccionarios, formando dos grupos, en número aproximadamente paritario, con predominio de los primeros en el Este y de los segundos en el Oeste. La situación se agravó más tarde con la condena de la Constitución Civil por parte del Papa, mediante dos breves del 14 de marzo y del 13 de abril de 1791, en los que condena solemnemente los principios de la Revolución y de la Constitución Civil: «el cisma se había consumado. El país quedó dividido en dos. La oposición «refractaria» reforzó la agitación contrarrevolucionaria; el conflicto religioso duplicó el conflicto político.»56 No entra en los objetivos de este estudio avanzar en los hechos históricos que siguieron a esta condena pontificia y a la ruptura religiosa en Francia. Sí es oportuno concluir que, en el ánimo de los constituyentes, no se contemplaba una posible separación entre el Estado y la Iglesia. Esta era una idea ajena y prácticamente impensable para quienes elaboraron las primeras normas fundamentales de la Revolución. Muy al contrario, su pensamiento estaba más vinculado a una concepción unionista, en la que la Iglesia formara parte del Estado fortaleciendo, así, los lazos políticos con los religiosos. El planteamiento, sin embargo, fracasó y de una situación positiva hacia la religión se pasó a una actitud antirreligiosa, a un proceso de laicización que, aunque breve, produjo una herida profunda en la conciencia nacional francesa. Como se puede observar en la Constitución de 1791 ya no se hace mención alguna del culto público, ni de la religión nacional. Por supuesto, tampoco se hace referencia a la libertad religiosa, ni a la libertad de cultos. Pero, como antes hemos dicho, esto ya no forma parte de los objetivos fijados para el presente estudio.

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Ibídem, pág. 155.

ANEXO: DOCUMENTOS

ANEXO 1: DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO57 DE 1789 Decretados por la Asamblea Nacional en las sesiones de los días 20, 21,22,23,24 y 26 de agosto y 1 de octubre de 1789, aceptados por el Rey el 5 de octubre Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, comprendiendo que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son la sola causa de infelicidad pública y de la corrupción del Gobierno, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, pudiendo en todo instante ser comparados con el objeto de toda institución política, sean mayormente respetados, y a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

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Fauré, C, Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, Méjico, 1995. Págs. 11-12.

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Artículo 1º. Los hombres nacen libres e iguales en derechos y las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común. Artículo 2º. El objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3º. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni corporación puede ejercitar autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo 4º. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro; por tanto, el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley. Artículo 5º. La ley no tiene el derecho de prohibir sino las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está vedado por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a ejecutar lo que ella no ordena. Artículo 6º. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir a su formación personalmente o por representantes. Debe ser la misma para todos, sea que proteja o sea que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad, sin otra distinción que la de su virtud o su talento. Artículo 7º. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos determinados en la ley y con las formalidades prescritas por ella. Aquellos que soliciten, expidan o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o arrestado por la ley debe obedecer al instante, y si resiste se hace culpable. Artículo 8º. La ley no debe establecer más penas que las estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida anteriormente al delito y legalmente aplicada. Artículo 9º. Debiendo todo hombre presumirse inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo todo rigor innecesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

ANEXO 1

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Artículo 10º. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal de que no perturbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11º. La libre comunicación de las opiniones y de los pareceres es un derecho de los más preciosos del hombre: todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir y estampar libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados en la ley. Artículo 12º. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública; esta fuerza es, por tanto, instituida en beneficio de todos y no para utilidad particular de aquellos a quienes es confiada. Artículo 13º. Para el mantenimiento de la fuerza y para los gastos de la administración es indispensable una contribución común, que debe ser repartida entre todos los ciudadanos en razón de sus medios. Artículo 14º. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o mediante sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, seguir su empleo y determinar la cualidad, la cuota, el método de cobro y la duración. Artículo 15º. La sociedad tiene derecho para pedir cuenta de su administración a todos los empleados públicos. Artículo 16º. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. Artículo 17º. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada, lo exija evidentemente y a condición de una justa y previa indemnización.

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ANEXO 2: CONSTITUCIÓN CIVIL DEL CLERO, APROBADA EL 12 DE JULIO DE 179058 Título I. De los oficios Eclesiásticos Artículo 1º. Cada departamento formará una sola diócesis y cada diócesis tendrá la misma extensión y los mismos límites que el departamento. Artículo 2º. Se determinarán las sedes de los obispados de los ochenta y tres departamentos del reino... (A continuación, los nombres de las ciudades donde se establecerán los obispados). Todos los otros obispados existentes en los ochenta y tres departamentos del reino que no figuran expresamente comprendidos en el presente artículo están y permanecerán suprimidos. Artículo 3º. El reino quedará dividido en diez distritos metropolitanos cuyas sedes serán : Roven, Reims, Besançon, Rennes, París, Bourges, Bourdeux, Toulouse, Aix y Lyon...(A continuación, los nombres de estos distritos según su posición geográfica, como costa de la Mancha, nordeste, centro, etc. Con la lista de los departamentos que debe contener cada uno de ellos). Artículo 4º. Queda prohibido a toda Iglesia o parroquia de Francia y a todo ciudadano francés reconocer, en cualquier caso y bajo cualquier pretexto, la autoridad de un obispo ordinario o metropolitano cuya sede venga establecida por el nombramiento de una potencia extranjera o de sus delegados residentes en Francia o fuera de Francia; todo ello sin afectar a la unidad de fe y de comunión que se mantendrá con la cabeza visible de la Iglesia Universal, tal como constará a continuación. Artículo 5º. Cuando el obispo diocesano se haya pronunciado en el sínodo sobre materias de su competencia, se podrá recurrir al metropolitano, el cual se manifestará en el sínodo metropolitano. Artículo 6º. Se procederá sin demora, con el acuerdo del obispo diocesano y de la administración de los distritos, a una nueva formación y circunscripción de todas las parroquias del reino; su número y extensión se determinarán según las reglas que han de establecerse.

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Texto en «Cristianismo y revolución» de Jean de Viguerie, Madrid, 1991. págs. 306-315.

ANEXO 2

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Artículo 7º. La iglesia catedralicia de cada diócesis recuperará su estado primitivo de ser al mismo tiempo iglesia parroquial e iglesia episcopal a consecuencia de la supresión o reorganización de las parroquias. Artículo 8º. La parroquia episcopal no tendrá otro pastor inmediato distinto del obispo. Todos los sacerdotes asignados a ella serán sus vicarios y ejercerán dichas funciones. Artículo 9º. En las ciudades de más de diez mil almas habrá dieciséis vicarios en la iglesia catedralicia y solamente doce donde la población conste de menos de diez mil almas. Artículo 10º. En cada diócesis se conservará o establecerá un único seminario para la preparación al sacerdocio, sin que esto suponga, por el momento, ninguna medida en relación con las otras casa de formación y educación. Artículo 11º. En la medida de lo posible el seminario quedará establecido cerca de la iglesia catedralicia e incluso en el recinto de los edificios destinados a vivienda del obispo. Artículo 12º. Un vicario superior y tres vicarios directores subordinados al obispo se encargarán de la conducta y formación de los alumnos admitidos en el seminario. Artículo 13º. Los vicarios superiores y los vicarios directores deberán asistir con los jóvenes seminaristas a todos los oficios de la parroquia catedralicia y cumplir en ella todas las funciones que el obispo y su primer vicario juzguen pertinente encomendarles. Artículo 14º. Los vicarios de las iglesias catedralicias, los vicarios superiores y los vicarios directores del seminario formarán el consejo habitual y permanente del obispo, que no podrá ejercer su jurisdicción en relación con el gobierno de la diócesis y del seminario sino después de haber consultado con ellos; no obstante, no obstante, el obispo, en el curso de sus visitas, podrá dictar las órdenes provisionales que juzgue convenientes. Artículo 15º. Las ciudades y pueblos que no consten de más de seis mil almas dispondrán de una sola parroquia; las restantes serán suprimidas e incorporadas a la iglesia principal. Artículo 16. En las ciudades de más de seis mil almas cada parroquia podrá agrupar mayor número de feligreses y se la conservará o se establecerá una nueva según lo exijan las necesidades de la población y de las localidades.

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Artículo 17º. Las asambleas administrativas, de acuerdo con el obispo diocesano, designarán en la próxima legislatura las parroquias ajenas o sucursales de ciudades del campo que convenga mantener o ampliar, establecer o suprimir, e indicarán los distritos según lo exijan las necesidades de la población, la dignidad de culto y las diferentes localidades. Artículo 18º. Las asambleas administrativas y el obispo diocesano podrán también, después de haber acordado la supresión o reunión de una parroquia, disponer que en los lugares apartados o en los que durante determinada época del año no se pueda asistir sin dificultad a la iglesia parroquial, el establecimiento o conservación de una capilla a la que el párroco enviará a un vicario los días festivos o los domingos para decir misa e instruir al pueblo. Artículo 19º. La incorporación de una parroquia a otra implicará siempre la unión de los bienes de la fábrica de la suprimida fábrica de la parroquia que se conserva. Artículo 20º. Todos los títulos y cargos distintos de los mencionados en la presente constitución, dignidades, canonjías, prebendas, medias prebendas, capillas, capellanías, tanto de iglesias catedrales como de iglesias colegiales; todos los capítulos regulares y seculares de uno y otro sexo, las abadías y prioratos en regla o en usufructo, tanto de uno como de otro sexo, y todos los otros beneficios y prebendas eclesiásticas en general, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, están suprimidos desde el día de la publicación del presente decreto sin que jamás puedan crearse otros semejantes. Artículo 21º. Todos los beneficios de la administración laica están sometidos a las disposiciones de los decretos relacionados con los beneficios de plena colación o de administración eclesiástica. Artículo 22º. Están igualmente comprendidos en dichas disposiciones todos los títulos y fundaciones de plena administración laica exceptuando las capillas actualmente atendidas en el recinto de las casas particulares por un capellán o destinadas al uso privado de su propietario. Artículo 23º. El contenido de los artículos precedentes será efectivo en todas sus cláusulas, hasta las de reversión, incluidas en las actas de fundación. (Los artículos 24 y 25 regulan los pagos de algunas fundaciones)

ANEXO 2

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Título II: Nombramiento de los cargos. Artículo 1º. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, obispos y sacerdotes accederán a sus cargos únicamente a través de elecciones. Artículo 2º. Todas las elecciones se efectuarán por la vía del escrutinio y con absoluta pluralidad de sufragios. Artículo 3º. La elección de los obispos se realizará de la forma prescrita y por el cuerpo electoral indicado en el decreto de 22 de diciembre de 1789 para el nombramiento de los miembros de la asamblea del departamento. Artículo 4º. Cuando el procurador general síndico del departamento reciba la primera noticia de la vacante de una sede episcopal por muerte, dimisión u otros, avisará a los procuradores síndicos de los distritos a efectos de convocar a los electores que hubieran procedido al último nombramiento de los miembros de la asamblea administrativa, y a la vez indicará el día en que se deberá celebrar la elección del obispo, que será lo más tarde el tercer domingo después de su carta de aviso. Artículo 5º. Si la vacante de la sede episcopal se produjera los cuatro últimos meses del año, cuando debe celebrarse la elección de los miembros de la administración del departamento, la del obispo será diferida y remitida a la siguiente asamblea de electores. Artículo 6º. La elección del obispo no se podrá hacer ni iniciar más que en domingo, en la iglesia principal de la capital del departamento, al final de la misa parroquial a la que están obligados a asistir todos los electores. Artículo 7º. Para optar a un obispado será necesario haber cumplido por lo menos durante quince años las funciones del ministerio eclesiástico en la diócesis en calidad de párroco, de ayudante o de vicario, como vicario superior o como vicario director de seminario. Artículo 8º. Los obispos cuyas sedes quedan suprimidas por el presente decreto podrán ser nombrados para los obispados actualmente vacantes a continuación, o aquellos que se creen en otros departamentos, aunque no hayan cumplido los quince años en ejercicio. Artículo 9º. A los párrocos y otros eclesiásticos que a consecuencia de la nueva circunscripción de las diócesis se encuentren en una distinta de aquella en

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la que ejercían sus funciones se les computarán dichas funciones en sus nuevas diócesis y en consecuencia serán candidatos en ellas, siempre que hayan cumplido el tiempo exigido. Artículo 10º. También podrán ser elegidos los párrocos actuales que tuvieran diez años de ejercicio en un curato de su diócesis, siempre que no hubiesen desempeñado antes de las funciones del vicario. Artículo 11º. Esta misma disposición se aplicará a los párrocos cuyas parroquias hayan quedado suprimidas en virtud del presente decreto y se les computará como tiempo de ejercicio aquel que hubiera transcurrido después de la supresión de su curato. Artículo 12º. Igualmente serán elegibles los misioneros, los vicarios generales de los obispos, los capellanes de los hospitales o encargados de la educación pública, siempre que hayan desempeñado sus funciones durante quince años contando desde su ordenación. Artículo 13º. Igualmente podrán ser candidatos todos los dignatarios, canónigos y, en general, los beneficiarios y titulares que estén obligados a residir allí donde ejercían sus funciones eclesiásticas y cuyos beneficios, títulos, cargos o empleos queden suprimidos por el presente decreto, siempre que cuenten con quince años de ejercicio, tal y como se exige de los párrocos en el artículo precedente. Artículo 14º. El presidente de la asamblea electoral proclamará al elegido en la iglesia donde se haya celebrado la elección, en presencia del pueblo y del clero, y antes de comenzar la misa solemne que se celebrará con este motivo. Artículo 15º. El presidente de la asamblea de los electores enviará al rey el acta de la elección y de la proclamación para ponerlo en conocimiento de su Majestad. Artículo 16º. En el transcurso del mes siguiente a su elección el elegido a un obispado se presentará personalmente a su obispo metropolitano, y, si resulta elegido para la sede metropolitana, al obispo más antiguo del distrito, con el acta de la elección y de la proclamación, y le rogará le sea concedida la confirmación canónica. Artículo 17º. El metropolitano o el antiguo obispo tendrá la facultad de examinar al elegido sobre su doctrina y costumbres en presencia del consejo; si le

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considera apto, le otorgará la institución canónica; en caso contrario, deberá consignar por escrito los motivos de su desaprobación firmados por el metropolitano y su consejo. Artículo 18º. El obispo de quien se solicita la confirmación no podrá exigir al elegido más juramento que su profesión de la religión católica, apostólica y romana. Artículo 19º. El nuevo obispo no podrá dirigiese al Papa para obtener confirmación alguna; pero le escribirá como cabeza visible de la Iglesia Universal en prueba de la unidad de fe y de comunión que debe mantener con él. Artículo 20º. La consagración del obispo no podrá hacerse más que en la iglesia catedralicia por su metropolitano o, en su defecto, por el obispo más antiguo del distrito de la metrópoli asistido por dos obispos de las diócesis más cercanas; en domingo, durante la misa parroquial y en presencia del pueblo y del clero. Artículo 21º. Antes de que comience la ceremonia de la consagración, el elegido, en presencia de los funcionarios municipales, del pueblo y del clero, prestará juramento solemne de velar con esmero sobre los feligreses de la diócesis que le ha sido confiada, de ser fiel a la nación, a la ley y al rey, y de apoyar firmemente la Constitución decretada por la Asamblea Nacional y aprobada por el rey. Artículo 22º. El obispo tendrá la libertad de elegir vicarios de su iglesia catedralicia entre todo el clero de su diócesis, teniendo en cuenta que no puede nombrar más que sacerdotes que hayan ejercido sus funciones eclesiásticas al menos durante diez años. Sólo podrá destituirlos con el acuerdo de su consejo y tras la deliberación que resulte de la pluralidad de las opiniones, con conocimiento de causa. Artículo 23º. Los párrocos actualmente incorporados en algunas iglesias catedralicias, así como aquellos cuyas parroquias quedan incorporadas a éstas, serán de pleno derecho, si lo solicitan, los primeros vicarios del obispo, según el orden de antigüedad en sus funciones pastorales. Artículo 24º. Los vicarios superiores y los vicarios directores del seminario serán nombrados por el obispo y su consejo y sólo podrán ser destituidos del mismo modo que los vicarios de la iglesia catedralicia. Artículo 25º. La elección de los párrocos se hará de la forma prescrita y por los electores reseñados en el decreto del 22 de diciembre de 1789 para el nombramiento de miembros de la asamblea administrativa del distrito.

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Artículo 26º. Todos los años, en la época de la constitución de las asambleas de distrito, se formará la asamblea de electores para el nombramiento de párrocos, aunque no hubiera más que una sola vacante en el distrito; con este fin, los ayuntamientos están obligados a notificar al procurador síndico del distrito las vacantes de los curatos que se produzcan en él por muerte, dimisión u otros. Artículo 27º. Al convocar la asamblea de los electores el procurador síndico enviará a cada ayuntamiento las listas de todos los curatos vacantes. Artículo 28º. La elección de los párrocos se hará por escrutinios independientes para cada curato vacante. Artículo 29º. Cada elector, antes de introducir su papeleta en la urna del escrutinio, jurará proceder en conciencia eligiendo al más digno sin que medien donativos, promesas, peticiona o amenazas. Este juramento se realizará tanto en la elección de obispos como en la de párrocos. Artículo 30º. La elección de los párrocos sólo podrá efectuarse o iniciarse en domingo, en la iglesia principal de la capital del distrito, al final de la misa parroquial a la que están obligados a asistir todos los electores. Artículo 31º. El cuerpo electoral proclamará a los elegidos en la iglesia principal antes de la misa solemne que se celebrará con este motivo en presencia del pueblo y del clero. Artículo 32º. Para ser candidato a un curato será necesario haber desempeñado las funciones de vicario en una parroquia o en un hospital o en otra casa de beneficencia de la diócesis por lo menos durante cinco años. Artículo 33º. Los párrocos cuyas parroquias hayan quedado suprimidas como consecuencia del presente decreto podrán ser elegidos aunque no hayan transcurrido los cinco años de ejercicio de la diócesis. Artículo 34º. Podrán ser candidatos a los curatos todos aquellos que eran aptos para los obispados, siempre que hayan cumplido cinco años de ejercicio. Artículo 35º. El elegido para un curato se presentará personalmente al obispo con su acta de elección y proclamación con objeto de obtener de él la institución canónica. Artículo 36º. El obispo tendrá la facultad de examinar al elegido sobre su doctrina y costumbres en presencia de su consejo; si le juzga capacitado, le otor-

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gará la institución canónica; si cree deber negársela, manifestará por escrito los motivos de su desaprobación con las firmas del obispo y su consejo. Artículo 37º. En el examen del elegido que le solicitará la institución canónica; si cree deber negársela, manifestará por escrito los motivos de su desaprobación con las firmas del obispo y su consejo. Artículo 38º. Los párrocos elegidos e investidos prestarán el mismo juramento que los obispos, en su iglesia, un domingo, antes de la misa parroquial, en presencia de los funcionarios municipales del lugar, del pueblo y del clero. Hasta entonces no podrán ejercer ninguna función eclesiástica. Artículo 39º. Tanto en la iglesia catedralicia como en cualquier iglesia parroquial existirá un registro particular en el que el secretario del ayuntamiento certificará sin gastos el acta de la prestación del juramento del obispo o del párroco, siendo ésta la única acta de toma de posesión. Artículo 40º. Los obispados y los curatos se consideran vacantes hasta que los elegidos hayan prestado el juramento antes citado. Art. 41º. Durante la vacante de la sede episcopal, el primero y, en su defecto, el segundo vicario de la iglesia catedralicia sustituirá al obispo, tanto en sus funciones ministeriales como en los actos jurisdiccionales que no exijan el carácter episcopal; en todo caso, deberá someterse al parecer del consejo. Artículo 42º. Durante la vacante de un curato la administración de la parroquia se confía al primer vicario, excepto en el caso en que el ayuntamiento decida nombrar un vicario más; si no hay vicario en la parroquia, el obispo nombrará un ayudante. Artículo 43º. Cada párroco tendrá derecho a elegir a sus vicarios pero no podrán hacerlo más que entre sacerdotes ordenados o aceptados por el obispo de la diócesis. Artículo 44º. Ningún párroco podrá destituir a sus vicarios más que por causas legítimas determinadas por el obispo y su consejo.

Título III. Título IV.

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ANEXO 3: CONSTITUCIÓN FRANCESA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1791 (SANCIONADA POR EL REY EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1791 Y JURADA EL 14)59 La Asamblea Nacional, queriendo establecer la Constitución francesa sobre los principios que acaba de reconocer y declarar; deroga irrevocablemente las instituciones que lesionaban la libertad y la igualdad de derechos. –Quedan abolidos la nobleza, las dignidades, las distinciones estamentales, el régimen feudal, las justicias patrimoniales, los títulos, denominaciones y prerrogativas derivadas, la orden de caballeros, las corporaciones o condecoraciones para las que exigían pruebas de nobleza o que supongan distinciones por nacimiento y cualquier otra superioridad, a excepción de la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. –Quedan abolidos los gremios y las corporaciones profesionales de artes y oficios. –La ley no reconoce los votos religiosos, ni ningún otro compromiso que sea contrario a los derechos naturales o a la Constitución.

Título primero. Disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución. La Constitución garantiza como derechos naturales y civiles: 1º. Que todos los ciudadanos tienen que ser admitidos para las plazas y empleos, sin otra distinción que la de las virtudes y talentos. 2º. Que todas las contribuciones serán repartidas entre todos los ciudadanos de la misma manera, en proporción a sus propiedades. 3º. Que los mismos delitos serán castigados con las mismas penas, sin distinción de las personas. La Constitución garantiza, igualmente, como derechos naturales y civiles: –La libertad de todo hombre para ir, estar, partir, sin poder ser arrestado ni detenido, más que según las formas determinadas por la Constitución. –La libertad de todo hombre para hablar, escribir, imprimir y publicar sus ideas, sin que sus escritos puedan ser sometidos a censura o inspección alguna antes de su publicación, y para profesar el culto religioso al que pertenezca. –La libertad de dirigir a las autoridades constituidas peticiones firmadas individualmen59 Texto en «La Revolución Francesa (1789-1799) de Antonio González-Pacheco, Barcelona, 1998. págs. 83-95.

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te. –El Poder Legislativo no podrá redactar ninguna ley que atente u obstaculice el ejercicio de los derechos naturales y civiles consignados en el presente título, y garantizados por la Constitución; pero como la libertad no consiste más que en poder hacer todo lo que no perjudique ni a los derechos del prójimo, ni a la seguridad pública, la ley puede establecer penas contra los actos que, atentando a la seguridad pública o a los derechos del prójimo, fueran nocivos para la sociedad. La Constitución garantiza la inviolabilidad de las propiedades, o la justa y previa indemnización de aquellas que por necesidad pública, legalmente reconocida, exigiera su sacrificio. –Los bienes destinados a los gastos del culto y a todos los servicios de utilidad pública pertenecen a la nación, y están siempre a su disposición. –La Constitución garantiza las alineaciones que han sido o sean hechas siguiendo las formas establecidas por la ley. –Los ciudadanos tienen el derecho de elegir o escoger a los ministros de culto. –Se creará y organizará una institución general de Auxilios públicos, para educar a los niños abandonados, socorrer a los enfermos pobres, y proporcionar trabajo a los pobres que estén sanos y que no hubiesen podido conseguirlo. –Se creará y organizará una Instrucción pública, común para todos los ciudadanos, gratuita respecto a los niveles de enseñanza indispensables para todos los hombres, y cuyos establecimientos serán distribuidos de manera gradual, en relación combinada con la división del reino. –Se establecerán fiestas nacionales para conservar el recuerdo de la Revolución Francesa, cultivar la fraternidad entre los ciudadanos, y vincularles a la Constitución, a la Patria y a las Leyes. –Se redactará un código de layes civiles comunes para todo el reino.

Título II. De la división del reino y del estado de los ciudadanos. Artículo 1. El Reino es Uno e Indivisible; su territorio está dividido en ochenta y tres departamentos, cada departamento en distritos, cada distrito cantones. [...] Artículo 5. El juramento cívico es: «Juro ser fiel a la Nación, a la Ley y al Rey, y defender con todas mis fuerzas la Constitución del reino, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente de los años 1789, 1790 y 1791». [... ] Artículo 9. Los ciudadanos que componen cada municipio tienen derecho a elegir por tiempo limitado, y según las formas determinadas por la ley, aquellos que, con el título de oficiales municipales, estarán encargados de administrar los asuntos particulares del municipio. [... ]

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Título III. De los poderes públicos. Artículo 1. La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible; pertenece a la nación: ninguna parte del pueblo ni ningún individuo pueden atribuirse su ejercicio. Artículo 2. La nación, de la que proceden todos los poderes, los ejerce por delegación. – La Constitución francesa es representativa; los representantes son el Cuerpo Legislativo y el rey. Artículo 3. El poder legislativo se delega en una Asamblea Nacional compuesta por representantes temporales, libremente elegidos por el pueblo, para se ejercido por ella, con la sanción del rey, de la forma en que se determina a continuación. Artículo 4. El gobierno es Monárquico: el poder Ejecutivo se delega en el rey, para ser ejercido, bajo su autoridad, por ministros y otros agentes responsables, de la forma en que se determina a continuación. Artículo 5. El poder Judicial se delega en unos jueces elegidos por tiempo limitado por el pueblo.

Capítulo primero de la asamblea nacional legislativa Artículo 1. La Asamblea Nacional que forma en el Cuerpo Legislativo es permanente, y no está compuesta más que por una sola cámara. Artículo 2. Se formará cada dos años por nuevas elecciones. Cada período de dos años será una legislatura. [...] Artículo 5. El Cuerpo Legislativo podrá ser disuelto por el rey. Sección primera. Número de representación. Bases de la representación Artículo1. El número de representantes al Cuerpo Legislativo es de setecientos cuarenta y cinco (745), a razón de ochenta y tres departamentos (83) que componen el reino e independientemente de lo que se decida para las colonias. Artículo 2. Los representantes se distribuirán entre los ochenta y tres departamentos proporcionalmente al territorio, la población y la contribución directa.

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Artículo 3. De los setecientos cuarenta y cinco representantes, doscientos cuarenta y siete se asignarán al territorio. Cada departamento nombrará tres, excepto al departamento de París, que no nombrará más que uno. [...] Sección II. Asambleas primarias. Nombramiento de electores Artículo 1. Para formar la Asamblea Nacional Legislativa, los ciudadanos activos se reunirán cada dos años en asambleas primarias en las ciudades y cantones[...] Artículo 2. Para ser ciudadano activo es necesario: -Haber nacido o llegado a ser francés. – Tener veinticinco años cumplidos. –Estar domicilio en la ciudad o en el cantón desde el tiempo que determine la ley. – Pagar, en cualquier lugar del reino, una contribución directa al menos igual al valor de tres jornadas de trabajo, y presentar el recibo. –No estar sometido a servidumbre, es decir, ser servidor a sueldo. – Estar inscrito en la lista de Guardias Nacionales, en el municipio de domicilio. –Haber prestado el juramento cívico. [...] Artículo 6. Las asambleas primarias nombrarán electores en proporción al número de ciudadanos activos domiciliados en la ciudad o cantón. [...] Artículo 7. Nadie podrá ser nombrado elector si no reúne las condiciones necesarias para ser ciudadano activo, las siguientes a saber: –En las ciudades de más de seis mil almas, la de ser propietario o usufructuario de bienes evaluados en las listas de contribución, a un ingreso igual al valor local de doscientas jornadas de trabajo, o ser un arrendatario de una vivienda evaluada en las mismas listas a un ingreso igual al valor de ciento cincuenta jornadas de trabajo. –En las ciudades de más de seis mil almas, la de ser propietario o usufructuario de bienes evaluados en las listas de contribución, a un ingreso igual al valor local de doscientas jornadas de trabajo, o ser un arrendatario de una vivienda evaluada en las mismas listas a un ingreso igual al valor de cien jornadas de trabajo. –En el campo, la de ser propietario o usufructuario de bienes evaluado en las listas de contribución, a un ingreso igual al valor local de ciento cincuenta jornadas de trabajo o ser granjero o aparcero de bienes evaluados en las mismas listas al valor de cuatrocientas jornadas de trabajo. [...]

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Sección III. Asambleas electorales. Nombramiento de representantes Artículo 1. Los electores nombrados en cada departamento se reunirán para elegir el número de representantes asignados a su departamento y un número de suplentes igual al tercio del de representantes. [...] Artículo 2. Los representantes nombrados por los departamentos no serán representantes de un departamento en particular sino de toda la nación y no se les podrá encomendar ninguna misión. [...] Sección V. Reunión de los representantes en la Asamblea Nacional Legislativa. [...] Artículo 5. El último día del mes de mayo, cualquiera que sea el número de miembros presentes, se constituirán en Asamblea Nacional Legislativa. Artículo 6. Los representantes pronunciarán todos a la vez, en nombre del pueblo francés, el juramento de «Vivir libres o morir». - Seguidamente prestarán individualmente el juramento de «Mantener con todas mis fuerzas la Constitución del reino, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, en los años 1789, 1790 y 1791, de no proponer ni consentir, en el curso de la legislatura, aquello que pueda atentar contra ella, y de ser fieles en todo a la nación, a la ley y al rey». Artículo 7. Los representantes de la nación son inviolables; no podrán ser buscados, acusados ni juzgados nunca, por lo que hubieren dicho, escrito o realizado, en el ejercido de sus funciones de representantes. Artículo 8. Podrán, por actos criminales, ser detenidos en flagrante delito, o en virtud de una orden de detención pero se avisará, sin demora, el Cuerpo Legislativo; y las diligencias no se proseguirán más que después de que el Cuerpo Legislativo hubiere decidido que la acusación ha lugar.

Capítulo II de la monarquía, de la regencia y de los ministros. Sección primera. De la Monarquía y del Rey Artículo 1. La monarquía es indivisible y delegada hereditariamente en la dinastía reinante, de varón en varón, por orden de primogenitura, con exclusión perpetua de las mujeres y de su descendencia.

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Artículo 2. La persona es inviolable y sagrada; su único título es de «Rey de los franceses». Artículo 3. No hay en Francia ninguna autoridad superior a la de la Ley, el rey no reina sino por ella y no es más que en nombre de la Ley por lo que se puede exigir obediencia. Artículo 4. El rey, en su ascenso al trono, o cuando hubiere llegado a la mayoría de edad, prestará a la nación, en presencia del Cuerpo Legislativo, el juramento de «Ser fiel a la Nación y a la Ley, emplear todo el poder que le sea delegado en mantener la Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente de los años 1789, 1790 y 1791, y hacer ejecutar las leyes»[...] Artículo 5. Si después de un mes de la invitación del Cuerpo Legislativo, el rey no ha prestado este juramento o si después de haberlo prestado se retracta, se considerará que ha abdicado la monarquía. Artículo 6. Si el rey se pone a la cabeza de un ejército y dirige las fuerzas contra la nación o si no se opone con un acto formal a tal empresa que se ejecutara en su nombre, se considerará que ha abdicado la monarquía. Artículo 7. Si el rey, habiendo salido del reino, no vuelve después de la invitación que le será hecha por el Cuerpo Legislativo y en el plazo que sea fijado por la proclamación, que no podrá ser inferior a dos meses, se considerará que ha abdicado la monarquía [...] y los ministros estarán obligados, bajo su responsabilidad, a ejercer todos los actos del Poder Ejecutivo cuyo ejercicio será suspendido para el rey ausente. Artículo 8. Después de la abdicación, expresa o legal, el rey se situará en la clase de los ciudadanos y podrá se acusado y juzgado igual que ellos por los actos posteriores a su abdicación.[...] Artículo 10. La nación atiende al esplendor del trono con un presupuesto de la Casa Real cuya suma será determinada por el Cuerpo Legislativo a cada cambio de reinado, para toda su duración. [...] Sección II. De la Regencia Artículo 1. El rey está en minoría de edad hasta los dieciocho años cumplidos. Durante su minoría habrá un Regente del Reino. [...]

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Sección IV. De los Ministros Artículo 1. Sólo al rey corresponden la elección y la revocación de los ministros. Artículo 3. Nadie puede ejercer ningún empleo, [...], sin prestar el juramento cívico o sin demostrar que ya lo ha prestado. [...] Artículo 5. Los ministros son responsables de todos los delitos que cometan contra la seguridad nacional y la Constitución, -de cualquier atentado contra la propiedad y libertad individuales, -de despilfarro del dinero público destinado a gastos de su departamento.

Capítulo III. Del ejercicio del poder legislativo. Sección Primera. Poderes y Funciones de la Asamblea Nacional Legislativa Artículo 1. La Constitución delega exclusivamente en el Cuerpo Legislativo los poderes y funciones siguientes: -1º. Proponer y decretar las leyes: el rey sólo puede invitar a que el Cuerpo Legislativo considere algún tema. –2º. Determinar los gastos públicos. –3º. Establecer las contribuciones públicas, determinar su naturaleza, la cuota, la duración y la forma de percepción. –4º. Hacer el reparto de la contribución directa entre los departamentos del reino, vigilar el empleo de los recursos públicos y de que le rindan cuentas de ello. –5º. Crear o suprimir cargos públicos. –6º. Determinar el valor, peso, acuñación y denominación de las monedas. –7º. Permitir o prohibir la entrada de tropas extranjeras en territorio francés y fuerzas navales en puertos del reino. –8º. Fijar anualmente, a propuesta del rey, el número de hombres y de barcos que compondrán los ejércitos de tierra y mar, el número y el sueldo de cada graduación, las normas de admisión y ascenso, la manera de alistamiento y de desmovilización, el equipamiento marítimo, la admisión de tropas o fuerzas navales extranjeras al servicio de Francia y el trato a los tropas en caso de licenciamiento. –9º. Regular la administración y ordenar la enajenación de bienes nacionales. –10º. Exigir ante Corte Suprema la responsabilidad de los ministros y de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo y de acusar y perseguir ante la misma Corte a quienes sean imputados de atentado y de complot contra la seguridad general del Estado o contra la Constitución. –11º. Establecer las leyes según las cuales las distinciones honoríficas o condecoraciones personales sólo se concederán a quienes hayan prestado servicios al Estado.-

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12º. El Cuerpo Legislativo es el único que tiene derecho a otorgar honores públicos a la memoria de los «grandes hombres». Artículo 2. Sólo se puede declarar la guerra por Decreto del Cuerpo Legislativo, a propuesta necesaria y formal del rey y sancionado por él. [...] Artículo 3. Pertenece al Cuerpo Legislativo ratificar los Tratados de Paz, de Alianza y de Comercio. Ningún Tratado surtirá efecto sin su ratificación. [...] Sección III. De la Sanción Real Artículo 1. Los Decretos del Cuerpo Legislativo son presentados al rey. El rey los puede rechazar. Artículo 2. En el caso de que el rey rehúse su consentimiento, este rechazo sólo es suspensivo. El rey deberá sancionar el decreto en el caso de que le sea presentado el mismo, en los mismos términos, durante las dos siguientes legislaturas. [...] Artículo 3. El rey deberá expresar su consentimiento o rechazo a cada decreto en el plazo máximo de dos meses, después de su presentación [...] Artículo 7. No obstante, serán tenidos como Leyes, sin estar sujetas a sanción, los actos del Cuerpo Legislativo que afecten a su Constitución como Asamblea deliberante, -a sus fuerzas de seguridad interior, [...] –a la convocatoria de Asambleas primarias que estén retrasadas, -al ejercicio de la policía constitucional sobre los administradores [...], -a las cuestiones relativas a la elegibilidad y a la validez de las elecciones, -igualmente, tampoco están sujetos a sanción los actos que afecten a la responsabilidad de los ministros, ni de los decretos que aprueben su acusación.

Capítulo V. Del ejercicio del poder ejecutivo. Artículo 1. El Poder Ejecutivo supremo reside exclusivamente en manos del rey. –El rey es el jefe supremo de la administración general del reino: se le confía el cuidado de vigilar del mantenimiento del orden y de la paz pública. –El rey es el jefe supremo del ejército y de la armada. –Al rey se delega el cuidado de velar sobre la seguridad exterior del reino y sobre el mantenimiento de los derechos y posesiones. [...]

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Sección primera. De la Promulgación de las Leyes Artículo 1. El Poder Ejecutivo es responsable de sellarlas con el sello del Estado y de promulgarlas. Igualmente se le encarga de hacer promulgar y ejecutar los actos del Cuerpo Legislativo que no tienen necesidad de la Sanción del rey. [...] Artículo 3. La promulgación se realizará de la siguiente forma: «N (el nombre del rey), por la gracia de Dios y por la Ley Constitucional del Estado, rey de los franceses, y a todos los presentes y que hayan de venir, Salud. La Asamblea Nacional ha decretado y Nos queremos y ordenamos lo siguiente: (Se inserta la copia literal del decreto, sin ninguna modificación). [...] Dando fe de ello, firmamos la presente, sellándolo con el sello del Estado». [...] Artículo 6. El Poder Ejecutivo no puede redactar ninguna Ley, aunque sea provisional, sino tan sólo redactar «Proclamas» relativas a las Leyes, para ordenar o recordar su ejecución. Sección II. De la Administración Interior Artículo 1. En cada departamento existe una administración superior y en cada distrito una administración subordinada. Artículo 2. Los administradores no tienen ningún carácter representativo. Son agentes elegidos por el pueblo y por un tiempo determinado, para ejercer funciones administrativas, bajo la vigilancia y la autoridad del rey. [...] Sección III. De las Relaciones Exteriores [...] Artículo 2. Toda declaración de guerra se hará en estos términos: «Por parte del rey de los franceses, en nombre de la Nación». Artículo 3. Pertenece al rey ajustar y firmar, con todas las potencias extranjeras, todos los Tratados de Paz, de Alianza y de Comercio y cualesquiera Convenciones que juzgue necesarias para el bien del Estado, excepto la ratificación que hará el Cuerpo Legislativo.

Capítulo V. Del poder judicial. Artículo 1. El Poder Judicial, en ningún caso, será ejercido por el Cuerpo Legislativo ni por el rey.

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Artículo 2. La justicia será impartida gratuitamente por jueces elegidos temporalmente por el Pueblo e instaurados por reales despachos del rey que no podrá denegar. [...] El fiscal será nombrado por el Pueblo. Artículo 3. Los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del Poder Legislativo o suspender la ejecución de las leyes [...]. Artículo 11. Todo aquel que sea detenido y conducido ante el oficial de policía será interrogado inmediatamente o, a lo más tardar, en las veinticuatro horas siguientes. Si del interrogatorio se desprende que no hay de que acusarle se le dejará en libertad, o si ha lugar detenerle, se le conducirá a la cárcel en el tiempo más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días. [...] Artículo 19. Existirá para todo el Reino un único Tribunal de Casación junto al Cuerpo Legislativo. [...] Artículo 20. En cuestiones de Casación, el Tribunal de Casación no entenderá nunca del fondo de los asuntos [...] Artículo 23. Una Corte Suprema Nacional, formada por miembros del Tribunal de Casación y altos magistrados, entenderá sobre los delitos de los ministros y los principales funcionarios del Poder Ejecutivo y de los crímenes contra la seguridad del Estado, cuando el Cuerpo Legislativo conceda decreto de acusación. [...]

Título IV. De la fuerza pública Artículo 1. Se crea la Fuerza Pública para defender al Estado de los enemigos del exterior y asegurara, en el interior, el mantenimiento del orden y la ejecución de las Leyes. Artículo 2. Se compone del ejército de Tierra y de la Armada, de tropa especialmente destinada al servicio interior y, subsidiariamente por ciudadanos activos y por sus hijos en edad de llevar arnas, inscritos en la lista de la Guardia Nacional. Artículo 3. Los Guardias Nacionales no conforman un organismo militar, ni una institución en el Estado. Son los mismos ciudadanos llamados al servicio de la Fuerza Pública. [...]

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Título V. De las contribuciones públicas. Artículo 1. Las Contribuciones Públicas serán discutidas y decididas, cada año, por el Cuerpo Legislativo. No podrán prolongarse más allá del último día de la siguiente sesión, si no se han prorrogado expresamente. [...] Artículo 5. El poder Ejecutivo dirige, vigila la percepción y el pago de las contribuciones y da todas las órdenes necesarias al efecto.

Título VI. De las relaciones de la nación francesa con las naciones extranjeras. La Nación Francesa renuncia a emprender guerras de conquista y nunca empleará sus fuerzas en contra de la libertad de ningún pueblo. La Constitución no admite el derecho del perjuicio de extranjeros. Los extranjeros establecidos o no en Francia, pueden heredar a sus padres extranjeros o franceses. Pueden contratar, adquirir o percibir bienes situados en Francia y disponer de ellos en la misma medida que cualquier ciudadano francés lo hace. Conforme a la Ley. Los extranjeros en Francia se hallan sometidos a las mismas leyes criminales y de policía que los ciudadanos franceses, dejando a salvo las Convenciones acordadas con potencias extranjeras. Su persona, bienes, industria, culto, están asimismo protegidos por la Ley.

Título VII. De la revisión de los derechos constitucionales. Artículo 1. La Asamblea Nacional Constituyente declara que la Nación tiene el derecho imprescriptible de modificar su Constitución. [...] Artículo 2. La revisión solicitada se realizará cuando tres legislaturas consecutivas emitan un deseo idéntico de cambiar algún artículo constitucional. [...] Artículo 5. La cuarta legislatura, aumentada con doscientos cuarenta y nueve miembros elegidos en cada departamento, [...] formará la Asamblea de Revisión [...] Artículo 8. [...] Las Colonias y Posesiones francesas de Asia, África y América, aunque formen parte del Imperio Francés no están incluidas en la presente Constitución. [...] –La Asamblea Nacional, habiendo escuchado la lectura del Acta Constitucional arriba mencionada y tras haberla aprobado, declara que

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la Constitución queda terminada y que no se puede modificar nada en ella. Se nombrará seguidamente una diputación de sesenta miembros para presentar, en el día, el Acta Constitucional al rey.

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En este libro Esther Souto Galván proporciona un material de primera mano indispensable para conocer la actitud inicial de los revolucionarios franceses en relación con la religión y la libertad religiosa. La postura de los revolucionarios, en estos primeros momentos, está muy alejada mentalmente, aunque no cronológicamente, de las posteriores persecuciones de la religión católica en Francia. Y está, igualmente, alejada de la declaración del derecho de libertad religiosa y de la separación Estado e Iglesia, proclamado por esas fechas en Estados Unidos. En consecuencia, la lectura de este libro permite desvelar algunos aspectos esenciales del nacimiento de la libertad religiosa en Europa y, posiblemente, las limitaciones conceptuales y políticas, que todavía hoy se observan en el viejo continente. El abanico de soluciones entre el Estado confesional y el Estado laico, condicionan el propio régimen del derecho de libertad religiosa; la prevención y cautela ante los nuevos movimientos religiosos, llamados sectas, refleja la subordinación de la libertad religiosa a la concepción estatal de lo religioso: confesional, de religión dominante, de cooperación o simplemente laico. En nuestra opinión, las diferencias entre Europa y Estados Unidos en materia de libertad religiosa se encuentran en ese momento crucial de la elaboración del texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y por esa razón, esta monografía constituye una aportación documental y doctrinal ciertamente estimable, que puede ayudar a comprender la propia concepción actual del derecho de libertad religiosa.

37268PB01 ISBN 84-362-4535-0 37268

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