Justicias Y Fronteras Estudios Sobre Historia De La Justicia En El Rio De La Plata (S XVI

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DARÍO G. BARRIERA -COMPILADOR-

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2009

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Barriera, Darío -compiladorJusticias y Fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. (Siglos XVI-XIX). Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. Red Columnaria, 2009. 242 pp. ISBN 978-84-8371-830-8 1. Justicia - Administración - Río de la Plata (región) - Siglo 16º - 19º II. Barriera, Darío, G. III. Título

347.9 (82) “15/18”

1ª Edición, 2009

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo las sanciones en ella previstas, queda totalmente prohibida la reproducción y/o transmisión parcial o total de este libro, por procedimientos mecánicos o electrónicos, incluyendo fotocopia, grabación magnética, óptica o cualesquiera otros procedimientos que la técnica permita o pueda permitir en el futuro, sin la expresa autorización por escrito de los propietarios del copyright. © Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2009 © Darío G. Barriera ISBN: 978-84-8371-830-8 Impreso en España - Printed in Spain Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia Tirada: 1000 ejemplares

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Índice

Presentación .................................................................................................................................. Darío G. Barriera

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Conjura de mancebos. Justicia, equipamiento político del territorio e identidades. Santa Fe del Río de la Plata, 1580 .............................................................................................. Darío G. Barriera

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Fieles y leales vasallos. Agentes subalternos y poder en los Juicios de Residencia Buenos Aires, mediados del siglo XVII .................................................................................... Oscar José Trujillo

51

Los párrocos como mediadores en las fronteras del mundo colonial Buenos Aires rural en el siglo XVIII.......................................................................................... María Elena Barral

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La cruz, la vara, la espada. Las relaciones de poder en el pueblo de Areco ..................... Juan Carlos Garavaglia Revolución y Derecho. La formación jurisprudencial en los primeros años de la Universidad de Buenos Aires (1821-1829)................................................................................ Magdalena Candioti

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¿Misión imposible? La fugaz experiencia de los jueces letrados de Primera Instancia en la campaña de Buenos Aires (1822-1824) ............................................................................ 143 Raúl O. Fradkin Los hombres que administran la justicia local. La persistencia de la notabilidad en el Oriente entrerriano (1841-1853) ................................................................................................ 165 Griselda Elisa Pressel “Íntegros y competentes”. Los magistrados de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX .................................................................... 179 María Angélica Corva

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Leyes antiguas para un estado moderno. Prácticas jurídicas en la provincia de Buenos Aires durante el período de la codificación ............................................................... 205 Melina Yangilevich “El orden moral amenazado”. Discursos, procedimientos y representaciones de la justicia y de la sociedad local a inicios del siglo XX. El caso Mateo Banks............... 225 Blanca Zeberio

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El libro que el lector tiene entre sus manos reúne un pequeño grupo de contribuciones al estudio de la administración de justicia en el área rioplatense desde la instalación del rollo en la ciudad de Santa Fe (en 1573) hasta bien entrado el siglo XIX, cuando las provincias americanas de la Monarquía en el Río de la Plata ya habían dejado de formar parte de ese cuerpo político, habían sido unidas primero, desunidas después, vueltas a unir más tarde y, traspuesto el fuelle de la mitad del siglo, se encaminaron menos indefectiblemente de lo que se ha supuesto hacia la construcción de un Estado nacional. Estas aportaciones tienen en común algo más que la convergencia sobre un tema que con legitimidad puede además adjudicarse al pasado de un territorio –la historia rioplatense, la historia argentina. Cuando hace unos pocos años planificábamos la temática sobre la cual giraría el nodo rioplatense de la Red Columnaria,1 cuando imaginábamos –como siempre lo hacemos porque es una parte preciosa y precisa de nuestra tarea– qué características debía tener el eje que mejor podía ajustarse a una agenda de intereses diversos sobre el pasado “colonial” rioplatense, pensamos que debíamos hacerlo alrededor de un observatorio. Esto permitiría que un equipo ya conformado (radicado en la Universidad Nacional de Rosario)2 continuara indagando sobre un período y un área (Santa Fe del Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX) pero, al mismo tiempo, ampliara el marco de colaboraciones con colegas de otras universidades que abordaran problemáticas similares o “asimilables” a partir de la construcción de emplazamientos de observación equivalentes. Entonces realizamos una primera convocatoria a colegas de las Universidades de Buenos Aires, Luján y Entre Ríos (luego se sumarían los de Tandil y La Plata)

1 Red temática de investigación sobre las Monarquías Ibéricas durante los siglos XVI-XVII y XVIII que articula Universidades y Centros de Investigación de doce países con sede en la Universidad de Murcia (España), y coordinada por José Javier Ruiz Ibáñez, Gaetano Sabatini y Pedro Cardim. 2 Cuyo origen es el proyecto La administración como fenómeno político: gobierno municipal, actores sociales y prácticas políticas en una dinámica de larga duración. Santa Fe, 1573-1832, SCYT, UNR, 2003-2005, dirigido por Griselda B. Tarragó.

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para compartir un proyecto donde, aparte el punto en común del territorio, el diálogo pudiera elaborarse a partir del observatorio. Así fue que un conjunto de investigadores con intereses que disciplinarmente están “clasificados” dentro de la historia jurídica, pero también de la historia del poder político, de las formas de gobierno, de la Iglesia, de la familia, de las sociedades rurales, de las rebeliones, de las costumbres, de la criminalidad, de las fronteras, de las culturas o de las representaciones… coincidimos en que algo sensible y sensato podíamos mostrar utilizando para nuestras propias miradas el prisma de muchas caras que ofrece al investigador el observar a su sociedad a través de la administración de la justicia. Es cierto que Bloch –quizás en términos excesivamente entusiastas– ya lo había dicho (¡y en 1939!): pero cuando la sugerencia es pertinente, no es inicuo para nuestra faena recorrer el trecho que va del dicho al hecho. Los trabajos aquí reunidos resultaron de una de las actividades realizadas en el marco de una experiencia de investigación que hemos llevado adelante los miembros del proyecto La administración de la justicia en el área rioplatense: tribunales, jueces, criminales y justicias desde la colonia al periodo de la organización nacional (Siglos XVIXIX) –radicado en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Rosario– y del nodo rioplatense de la Red Columnaria.3 En el marco de esta colaboración, durante los días 10 y 11 de agosto de 2007, se celebró en Rosario, Argentina, el coloquio de la Red Columnaria Justicias y Fronteras. Jueces, criminales y prácticas judiciales. La Monarquía Hispánica y el Río de la Plata (Siglos XVII-XIX).4 Allí se discutió casi una veintena de trabajos de los cuales, gracias al entusiasta apoyo de Editum, podemos hoy publicar esta selección. Otro punto en común entre estos textos emergió de la puesta en conversación de nuestros recorridos: la mirada sobre objetos y periodos diversos a partir del disparador todavía bastante amplio de la administración de la justicia nos permitió desplegar nuevas preguntas sobre problemas que parecían tener centralidad en los distintos trabajos: ¿cuánto tuvieron que ver las prácticas judiciales con el equipamiento material y simbólico del territorio? ¿De qué manera aquellas prácticas dicen y hacen

3 Los integrantes del proyecto, dirigido por Darío G. Barriera (ISHIR-CESOR, CONICET, Argentina) y co-dirigido por Griselda Tarragó (UNR, ISHIR-CESOR, Argentina) fueron: María Elena Barral (Universidad Nacional de Luján, CONICET), Elisa Caselli (doctorante de la EHESS, Francia), María Angélica Corva (UNLP, Argentina), Evangelina De los Ríos (UNR, Argentina), María Celeste Forconi (CONICET), Pablo Fucé (IIPA, Montevideo, Uruguay), Gonzalo Iraolagoitía (UNR, Argentina), Carolina A. Piazzi (CONICET, Argentina), María Paula Polimene (UNR, Argentina), Griselda Pressel (UER, Argentina), Irene Rodríguez (UNR, Argentina) y Oscar J. Trujillo (UNLu, Argentina). 4 En la ocasión, la Universidad de Cantabria y la Red Columnaria posibilitaron la presencia en el evento de Tomás A. Mantecón Movellán, de la Universidad de Cantabria, cuyas aportaciones en la reunión desde el mirador castellano –el mismo desde el cual trabaja Elisa Caselli, integrante del equipo– estamos sinceramente agradecidos. Además, la organización del coloquio permitió que asistieran al encuentro como invitados Juan Carlos Garavaglia, Raúl Fradkin, Magdalena Candioti, Melina Yangilevich y Blanca Zeberio, cuyos trabajos incluimos en esta compilación.

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a los principios de construcción de la autoridad, de la institucionalidad y dan cuenta del diseño que va adquiriendo una experiencia de poder político? Viendo a nuestros sujetos hacer justicia –administrándola, suplicando por ella, reclamándola o imaginándola– en escenarios y épocas diversas, se consiguieron pequeños pero muy precisos retratos de la profunda unidad que liga el quehacer judicial –lego, letrado, civil, militar o eclesiástico– con la historia de la organización del territorio. Justo a mitad de camino entre aquellos días de agosto de 2007 y éstos en que se cierra la edición del libro, nos sacudió la noticia del fallecimiento de Blanca Zeberio (Orieta). Haberla conocido, haber tenido el privilegio de colaborar con ella y de disfrutar de su amistad, es quizás el más sensible de los puntos en los que coincide el camino de quienes hacemos este libro, que ofrecemos en sincero homenaje a su memoria.

Darío G. Barriera Rosario, Argentina, diciembre de 2008

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Conjura de mancebos Justicia, equipamiento político del territorio e identidades Santa Fe del Río de la Plata, 1580

Darío G. Barriera

“Se originan por tanto las rebeliones no a propósito de pequeñeces, sino a causa de pequeñeces, pero provocan las revueltas con objetivos de importancia.” Aristóteles, Política, libro V.

Era noche cerrada desde hacía horas, pero la tensión de las conversaciones había dejado a Catalina en vilo. Yacía bajo las mantas, los ojos grandes, abiertos de desasosiego, mirando desde el piso el brillo de la luna que se colaba a través de una ventana pequeña en la pared de adobe, agujero mal cubierto por un paño rasgado que permitía el paso de la luz y también del frío húmedo de las noches de invierno junto al río. Su marido y otros hombres habían estado cabildeando en su casa y ella no supo dejar de imaginar la derivación de los resultados de sus planes y todos los desenlaces posibles; sobre todo, y contra su voluntad, había cavilado los peores. Repentinamente, en medio de esa noche cerrada, sus músculos se contrajeron. Sobresaltada por los gritos que procedían de las calles, donde se dejaban oír también trotes, galopes, filos de cuchillas, taconazos y los relinchos de las bestias, sujetó con fuerza la cobija. Apenas quebrado el silencio, su hombre, que tampoco dormía, saltó como encendido. Tenía el facón adherido al antebrazo, como si una parte de su cuerpo se prolongara en ese filo sucio de metal mal pulido; en el camino, de un manotazo, sumó un viejo arcabuz a su pertrecho. Ella quedó sola, oyendo los galopes, los disparos, los golpes y los gritos. Sobre todo, los gritos, esos gritos bestiales, crasamente victoriosos: ¡todo es nuestro!, ¡todo es nuestro! ¡Viva el rey! ¡Que viva el rey! Una conjura –y tal vez también una traición– se perpetraba en nombre de un monarca para ella lejano y sin rostro, desconocido, ausente, improbable. Se santiguó tres veces seguidas y se aferró nerviosamente a la manta, hasta caer vencida por el sueño.

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La mañana siguiente, Pedro, su marido, el hombre del antebrazo con puño de faca, entró empujando a un hombre con el rostro desencajado, habitado por la expresión del que no puede explicarse a sí mismo lo que está pasando. –Este va a estar preso acá –le dijo mientras la miraba. Catalina no pensó; solo se escuchó gritándole a su Pedro: –¡Qué es esto! ¡Cómo es que traes preso al teniente a nuestra casa! También sin razonarlo mucho, él se oyó ofreciéndole explicaciones: –Es que Diego Ruiz ha traído unas cartas del gobernador Abreu para prender a Juan de Garay y al Alonso de Vera. ¡El mismísimo Virrey le escribió para que nosotros prendamos al tirano! –¿Qué has dicho? ¿Qué es lo que ha traído el Diego Ruiz? –¡Que trajo las cartas de Abreu! Y ha dicho que vio con sus propios ojos las cartas del Perú, la letra del Virrey, donde le manda al gobernador Abreu que los prenda. Pocas horas después el malestar de Catalina fue confirmado a sangre y fuego. Nada salió como Pedro y sus cofrades lo habían planeado. Catalina de Torres, ahora viuda de Pedro Gallego, los ojos negros, húmedos y enormes, pudo contarle al juez lo que había pasado ese día y decirle el miedo que sintió aquella noche.1

Introducción La madrugada del 31 de mayo de 1580 fue particularmente agitada en la ciudad de Santa Fe. Varios vecinos, entre ellos algunos que podían ser considerados notables, y hasta algunos integrantes de la hueste fundadora de la ciudad, habían confabulado para desplazar a las autoridades de la ciudad que respondían a Garay y al gobierno de Asunción. El objetivo era sencillo y concreto: pretendían imponer unos nombres como alcaldes y regidores del Cabildo y colocar a la ciudad bajo la jurisdicción del Tucumán, gobernada entonces por Gonzalo de Abreu y Figueroa. La intentona duró menos de dos días y fue reprimida por una comisión que, paradójicamente, estuvo comandada e integrada por varios hombres que conformaron la lista de rebeldes. De los treinta y cuatro vecinos que habían firmado el actaacuerdo sellando la conspiración, diez fueron sentenciados; pero el nombre de siete de ellos cobró una suerte de trascendencia que permitió cristalizar la denominación del alzamiento como “La rebelión (o la revolución) de los Siete Jefes”.

1 El diálogo está construido con base en la declaración de Catalina de Torres ante el alcalde Pedro de Oliver y el escribano Alonso Fernández Montiel. Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Escribanía, I, 873. Existe copia en Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina, conservada en la Sección Tesoro, Colección Gaspar García Viñas; se cita como BN, GGV, Tomo y número de documento. BN, GGV, CXXII, 2128.

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Algunos historiadores la interpretaron en términos de conciencia de grupo y hasta como un intento independentista respecto del Imperio de Felipe II. Así, durante décadas (y en algún caso, todavía), en los manuales escolares aparece enunciada como el primer antecedente de la independencia nacional. Los amotinados de 1580 son caracterizados como héroes iniciadores de una línea histórica que culmina en los sucesos de mayo de 1810: es el primero de los “hitos coloniales” de la historia de la nación argentina. El tema, estudiado por una treintena de autores,2 ha sido consignado siempre como el más rutilante del opaco último cuarto del siglo XVI en el área.3 La extensa bibliografía que lo aborda comprende algunos trabajos donde se señala correctamente la vinculación del suceso con el proyecto de expansión peruano-tucumano sobre el área litoral; pero también otros (una gran mayoría) que interpretan el alzamiento como el síntoma de un madrugador espíritu independentista –en el marco

2 A título de ejemplo: LASSAGA, Ramón Tradiciones y Recuerdos Históricos, Peuser, Buenos Aires, 1895; CERVERA, Manuel Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, UNL, Santa Fe, 1979 [1907], Vol. I, pp. 192 y ss.; ÁLVAREZ, Juan Ensayo sobre la Historia de Santa Fe, Buenos Aires, 1910; BUSANICHE, Julio “Páginas de Historia”, en Nueva Época, Santa Fe, 3 de noviembre de 1923; CABALLERO MARTÍN, Ángel S. Historia del primer movimiento separatista en el Río de la Plata, Castelví, Santa Fe, 1939; BUSANICHE, José Carmelo Hombres y hechos de Santa Fe, Santa Fe, 1946, I; ZAPATA GOLLÁN, Agustín “Los siete jefes: la primera revolución en el Río de la Plata”, en Obras Completas, UNL, Santa Fe, 1990, IV; LÓPEZ ROSAS, José Rafael “Cuatro siglos del alzamiento de los Siete jefes”, en El Litoral, Santa Fe, 1 de junio de 1980; SIERRA, Vicente Historia de la Argentina, Buenos Aires, 1970, T. 2; LAMOTHE, Emilio Alejandro La pequeña Historia, Santa Fe, 1987; LIVI, Hebe “La revolución de los siete jefes”, en Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, LV, Santa Fe, 1985, p. 87; ROSA, José María Historia Argentina, Granda, Buenos Aires, 1970, Tomo I y ROVERANO, Andrés Santa Fe la Vieja, Santa Fe, 1960, 125 pp. La historia del Padre GUEVARA, José S. J. Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, edición de Pedro de Ángelis prologada por Andrés Carretero, Plus Ultra, Buenos Aires 1969 [1836], contiene párrafos muy citados posteriormente, en especial, p. 739. Es interesante el caso de la obrita de GARAY, Blas Compendio elemental de Historia del Paraguay, Asunción, 1896, cuyo párrafo de la p. 44 –donde relaciona el motín con la instigación de Abreu– fue suprimido en la edición de su Breve Historia del Paraguay publicada en Madrid en 1897. Entre los trabajos académicos, véase los párrafos escritos por Carlos S. Assadourian en ASSADOURIAN, Carlos S.; BEATO, Guillermo y CHIARAMONTE, José Carlos Argentina. De la Conquista a la Independencia, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986 [1972], pp. 37 y ss. y NOCETTI, Oscar y MIR, Lucio La Disputa por la Tierra, Sudamericana, Buenos Aires, 1997. La obra literaria más conocida es la de BOOZ, Mateo Aquella noche de corpus. Cronicón poemático, Santa Fe, 1942. La rebelión de junio de 1640 en Catalunia fue inmortalizada también, en una obra literaria, como Corpus de Sangre. 3 La relevancia local del episodio fue materializada por distintos gobiernos de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe dando su nombre a una avenida y a un barrio (Avenida de los Siete Jefes y barrio Siete Jefes, respectivamente) y en el escudo de armas de la ciudad (creado en 1894): en el mismo, la parte superior está dominada por la inscripción del año de la rebelión (1580) y la inferior la ocupa el año 1810, formulando así lo que desde el punto de vista de las políticas de la memoria locales constituyen dos “hitos de libertad”. Para terminar de volver curioso un criterio ya de por sí difícil de desentrañar, bajo el centro del escudo –y del gorro frigio– se inscriben otras cinco pequeñas cifras que representan otras tantas fechas –que nada tienen que ver con rebeliones: 1828 (Convención Nacional y Tratado con Brasil), 1831 (Tratado o Pacto del Litoral), 1853 (Congreso Constituyente), 1860 (Convención Reformadora) y 1866 (Convención Reformadora y Reforma sobre los derechos de exportación).

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de la construcción deliberada de una genealogía para la nación argentina que se presume existente desde (casi) siempre.4 La alianza de los mancebos rebeldes con el gobernador del Tucumán, Gonzalo de Abreu, así como la rebelión misma, son atribuidas a una polarización entre españoles e “hijos de la tierra” basada en dos supuestos: que los “españoles” habrían monopolizado el control del Cabildo santafesino y que los recursos económicos5 (básicamente la tierra) estaban muy desigualmente distribuidos entre los integrantes del grupo conquistador.6 Sin embargo, en los trabajos citados nunca se demuestra de manera acabada la inequidad en la distribución de los recursos económicos y además se ignora que la polarización supuestamente instalada en el seno del disgusto funciona en sus planteos solo localmente (ya que para derrocar a Garay los “hijos de la tierra” no tuvieron ningún problema en pactar con otro peninsular, el sevillano Gonzalo de Abreu y Figueroa).7

4 Las obras citadas de Lamothe, Caballero Martín y Julio Busaniche; también MADERO, Eduardo Historia del Puerto de Buenos Aires, Buenos Aires, 1892, p. 215. Documentalmente se apoyan en maximizar cierto párrafo contenido en el acta capitular de la ciudad de Córdoba del 29 de junio de 1580: “Se ha sabido que los vecinos de la ciudad de Santa Fe de la Gobernación del Paraguay se habían rebelado contra la Corona Real del Rey Don Felipe Nuestro Señor”, CABILDO DE CÓRDOBA, Actas Capitulares, Archivo de Córdoba, 1974. Sin embargo, Hebe Livi ya había notado que en los bandos de los rebeldes la mención a “Su Magestad” no cuestionaba el orden monárquico. Así lo entiende también Agustín Zapata Gollán, quien ubica el problema en el plano de una inquietud por autonomizarse de la pesada carga de las autoridades locales, vinculando esta opresión de Garay y sus allegados con las ambiciones expansionistas de Abreu sobre el Río de la Plata. Este argumento está apoyado claramente en las declaraciones del rebelde Diego Ruiz (BN, GGV, CXXII, 2127), que avalan la hipótesis del cambio de jurisdicción pero no de cuestionamiento al orden imperial. 5 ASSADOURIAN, Carlos “La conquista...”, en Argentina…, cit., p. 33. 6 BUSANICHE, José Hombres y hechos... cit., pp. 14 y 15. ASSADOURIAN, Carlos “La conquista...”, cit., 35. El remate de bienes de los cabecillas procesados ofrece algunas pistas que no los presentan justamente como unos miserables desheredados. Cfr. CERVERA, Manuel Historia..., cit., II, pp. 107-110; LIVI, Hebe “La revolución...”, cit. y ZAPATA GOLLÁN, Agustín “Los siete jefes”, cit., pp. 59-60. La relación de la noche de Corpus de 1580 con el proceso y proyecto de ampliación de la jurisdicción tucumana aparece encuadrada en general como una “causa externa”, siguiendo cierto modelo de historia del derecho. Así lo apuntan algunos párrafos de las obras de Blas Garay, Juan Álvarez, Cervera, Zapata Gollán, José María Rosa, Caballero Martín y Busaniche. Sostenía lo contrario el Padre José Guevara. En su Historia del Paraguay... propone que son los amotinados quienes “...procuraron ganar para sí a su mayor enemigo [de Garay], Gonzalo Abreu, gobernador de Tucumán, sujeto bullicioso con demasía, que tenía sentimientos antiguos contra Garay; y le ofrecieron la ciudad, si con gente fomentaba sus intentos: y aunque no consta la intención de Abreu, se carteaba con los rebeldes, y se dice que escondía su correspondencia.” GUEVARA, José S. J. Historia del Paraguay..., cit., p. 739. Lo que el Padre Guevara utiliza con suspicacia es el material recogido por la Residencia realizada a Abreu; pero su obra evidencia la profunda animadversión que sentía el Jesuita hacia Hernando de Lerma, a quien caracteriza de “sacrílego” y hombre capaz de maldades inenarrables, pp. 750 y ss. 7 La procedencia de Abreu la tomamos de un comentario de Ruy Díaz de Guzmán vertido en las últimas líneas de Anales del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata (La Argentina), Globus, Madrid, 1994 [1612], p. 274.

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¿Por qué volver a trabajar sobre este episodio? ¿Qué relación o qué potencialidades tiene el mismo para quienes estamos interesados en comprender las sociedades utilizando como puerta de entrada la administración de la justicia? La “Rebelión de los Siete Jefes” pudo ser estudiada gracias a ciertas felices coincidencias entre los modos que utilizaba la Monarquía para controlar a sus funcionarios y el interés de los vasallos más humildes cuya voz no era captada por los registros judiciales sino en circunstancias como esta. La gran cantidad y calidad de material que tenemos para estudiar este fenómeno –que incluye el relato de procesos orales, por ejemplo– nos llega a partir de un particular proceso judicial (un Juicio de Residencia) incoado en 1580 al gobernador del Tucumán, Gonzalo de Abreu y Figueroa. Esta fuente –conjunto de documentos compuesto por declaraciones, testimonios, pesquisas y actas levantadas en diferentes ciudades de la Real Audiencia de Charcas– permite estudiar una conjura perpetrada en una jurisdicción (Santa Fe del Paraguay y Río de la Plata) desde un proceso judicial sustanciado en otra (Santiago del Estero, Gobernación del Tucumán). La circunstancia agrega otro sabroso ingrediente, ya que de este modo algunas de las acusaciones (solo cinco) que se convierten en parte del proceso nos permiten leer en el episodio el modo en que algunos agentes estaban pensando el diseño de las jurisdicciones en las tramas periféricas de la Monarquía hispánica. Para este estudio, además de todos los legajos concernientes al Juicio de Residencia que Hernando de Lerma siguió contra Gonzalo de Abreu, gobernador del Tucumán entre 1574 y 1580,8 se utilizaron las Actas Capitulares de la ciudad de Santa Fe,9 relaciones de servicio, poderes, memorias, epistolarios y variados papeles de virreyes, adelantados y gobernadores del período.

La configuración administrativa y política del territorio La ciudad de Asunción del Paraguay, fundada en 1537, se convirtió en el primer cuerpo político europeo en la cuenca rioplatense con la creación de su Cabildo en 1541. Desde entonces fue el centro administrativo y político de la Gobernación del Paraguay y Río de la Plata. Aunque el Virreinato del Perú fue creado en 1542, esta extensa provincia quedó efectivamente bajo su jurisdicción recién en 1567. Desde el abandono del fuerte de Buenos Aires (1541) y hasta la fundación de Santa Fe (1573) Asunción fue la única ciudad en el este de la Sudamérica hispana; esta realidad contrastaba con la del área andina, donde desde la década de 1540 los europeos consiguie-

8 AGI, Escribanía de Cámara, Libro I, 873-0. Existe copia en BN, GGV. Se utilizaron las dos versiones, confrontadas. 9 Archivo General de la Provincia de Santa Fe. Se cita AGSF-ACSF, Libro y foja.

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ron fundar ciudades que tuvieron estabilidad y que fueron puntos de apoyo para avanzar sobre otros territorios como las tierras del Chilí y el área tucumana. En un diagrama de comunicaciones entre las ciudades instaladas por los europeos, la posición de Asunción distaba de ser óptima, por no decir que hasta 1573 estaba completamente aislada: las expediciones que habían rematado en su fundación estaban debilitadas y en realidad se habían detenido allí sin poder llegar al destino buscado, la tierra de la plata. Desde el momento de la fundación, sus pobladores siguieron enfocados tanto en el tramo que les faltaba remontar para alcanzar el objetivo primero como en volver sobre lo andado y poblar otro que les permitiera hacer pie en un camino de regreso al Atlántico, lo que podían imaginar allí donde había estado Sancti Spiritu (1527-32) o el fuerte de Buenos Aires (1536-41).10 Entre tanto, se iban diseñando las grandes figuras administrativas que involucraban este lugar como parte de un cuerpo político mayor, el de la Monarquía hispánica. Entre 1540 y 1580, año de la rebelión y también de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, la demarcación de las gobernaciones hispanas en Sudamérica había sido varias veces modificada; también había sufrido modificaciones la relación que se les asignaba con otras instituciones jurisdiccionales mayores tales como las Audiencias11 o los virreinatos.12 Durante los primeros años, el panorama parece algo confuso y enmarañado porque no era infrecuente que las jurisdicciones surgidas de ciertos contratos acordados por el Rey se superpusieran o contradijeran con otras creadas por funcionarios de la Monarquía residentes en América que también tenían potestad para hacer-

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Una manifestación temprana de esta conciencia puede leerse en los relatos de Pero Hernández sobre la segunda parte de los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca; véase especialmente “En tierras del Paraguay”. 11 La primera creada en territorio sudamericano fue la de la Ciudad de los Reyes (Lima), por Real Cédula (R. C.) de Carlos V dada en Barcelona el 20 de noviembre de 1542 (Recopilación, Ley 5, Tit. XV, libro II). Asunción nunca tuvo Real Audiencia; por R. C. del 4 de septiembre de 1559, Felipe II creó la Real Audiencia de La Plata (Charcas) a la cual estuvo sujeta la gobernación rioplatense desde 1563 hasta la creación de la de Buenos Aires (1661) y nuevamente después del cierre de ésta (1671). Cuando ésta volvió a abrirse en el siglo XVIII (1782-83), Buenos Aires era cabecera del virreinato del Río de la Plata. Durante el siglo XVI, en Chile existió una con sede en la ciudad de Concepción (1565-1575); la de Santiago fue creada a comienzos del siglo siguiente. Hacia el 1580, el tribunal de alzada para las gobernaciones del Paraguay-Río de la Plata y del Tucumán era la Real Audiencia de Charcas. 12 El Virreinato del Perú fue creado por una R. C. firmada en 1542, el primer virrey fue designado en marzo de 1543 y su funcionamiento fue efectivo desde el año siguiente. Comprendió en un principio las gobernaciones de Nueva Castilla y de Nueva Toledo. Luego fueron incorporándose la provincia del Estrecho, la de Chile de la Nueva Extremadura y la Gobernación del Paraguay-Río de la Plata, creada en las instrucciones de la capitulación de 1534 entre la Corona y Pedro de Mendoza, a quien había sido concedida. Para una relato pormenorizado acerca de esta secuencia véase NOCETTI, Oscar y MIR, Lucio La disputa…, cit., caps. I a III.

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lo.13 Pero lo que interesa recuperar de ese proceso es que entre los intereses de la Corona y sus contratados (los Adelantados) había tanta contradicción como complementariedad: si bien la primera imponía condiciones y retenía derechos, lo firmado en las Capitulaciones institucionalizaba una amplia delegación de potestas y auctoritas.14 La Monarquía funcionaba bien no a pesar de estas contradicciones sino gracias a ellas: sin esas amplias facultades –por ejemplo, la de otorgar poder para fundar ciudades pero también el poder de delegar esa potestad a un teniente y éste a otro– la incorporación a sus dominios de un territorio lejano y desconocido no hubiera sido posible. En definitiva, la Monarquía ponía en manos de algunos de sus súbditos instrumentos que permitían variar los proyectos conforme se presentaban las oportunidades, y el caso de la búsqueda de diferentes vías para asentar nuevas sedes de la Monarquía era una de ellas. 15 La frecuente modificación de las divisiones administrativas durante el siglo XVI se comprende observando la dinámica de los intereses que estaban en juego: por una parte, existía un diagrama concebido “desde arriba”, facturado por la Corona y expresado en las primeras capitulaciones que dejaba entrever una concepción latitudinal de las jurisdicciones; por otra, la dinámica territorial de la conquista indicaba que las jurisdicciones tenían que consolidar los movimientos de los hombres y

13 Por ejemplo, el caso de la gobernación de Centeno. NOCETTI, Oscar y MIR, Lucio La disputa…, cit., p. 57. LEVILLIER, Roberto Nueva Crónica de la conquista del Tucumán. Documentada en los Archivos de Sevilla y de Lima y en los XXIV volúmenes de publicaciones históricas de la biblioteca del Congreso Argentino editadas o envía de editarse bajo la dirección del autor. Precedida de un ensayo sobre los tiempos prehispánicos, Madrid, 1926, Tomo I, p. 158. 14 Esto significa que el rey delegaba en el virrey o en el adelantado (por contrato) no solamente el fundamento divino de las capacidades sino también los de la autoridad, atributo que correspondía a la cabeza (caput) del cuerpo. Como lo ha explicado convincentemente hace varias décadas Walter Ullmann, este principio transitaba ya el Antiguo Testamento y es muy probable que la Vulgata lo haya reformulado a partir de la experiencia jurídica romana, y de este modo influyó de manera amplia sobre toda la cultura política del Occidente cristiano. No obstante, el dispositivo que hacía funcionar esta delegación sin demasiada explicitación es un aspecto del principio de la gracia regia, también de origen bíblico, que subrayaba el anclaje divino de su potestas y de su auctoritas pero que le permitía derramarla sin renunciar a ella. La teoría descendente de la “soberanía” (supremacía) se consolidaba de este modo. “Así como el otorgamiento de poderes al rey por parte de la divinidad era el ejercicio de la voluntad y el placer de Dios, de la misma manera era la voluntad y el placer del rey otorgar favores a los demás. Para esta aplicación práctica del punto de vista descendente, el Antiguo Testamento ofrece numerosos ejemplos. Es igualmente interesante que muy frecuentemente la designación ‘desde arriba’ de los ocupantes del cargo (real) está conectada con funciones judiciales, lo que no es sorprendente, ya que la dignidad real estuvo aparentemente en todo tiempo estrechamente ligada al ejercicio de poderes judiciales.” ULLMANN, Walter Escritos sobre teoría política medieval, Eudeba, Buenos Aires, 2002, p. 117. 15 GUÉRIN, Miguel Alberto “La organización inicial del espacio rioplatense”, en TANDETER, Enrique –director– La Sociedad Colonial, Tomo II de SURIANO, Juan –director general– Nueva Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, p. 40.

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la praxis de los ejecutores de la conquista fue imponiendo jurisdicciones basadas sobre ciudades comunicadas y caminos, en cierto modo más realistas.16 En el terreno, la conquista militar de los territorios –así como su organización política y social a partir de ciudades– generaba un gran número de hombres que era necesario premiar, derivación de las reglas de juego propuestas por la Corona para asegurarse la colonización después de la conquista.17 Así, las huestes ganaban espacio físico y simbólico: obtenían prerrogativas (vecindad, lo que suponía también algunas obligaciones),18 solicitaban la concesión de honores (títulos y grados militares), que a su vez en ocasiones eran el paso previo para solicitar con arreglo a derecho mercedes de tierras (solares, cuadras, estancias) o la administración de mano de obra indígena (encomiendas). Pasados los primeros años, en cada una de las áreas donde la Corona planteó continuar la conquista tierra adentro, se forjó un número de capitanes nuevos que presionaba sobre los jefes más antiguos de la saga conquistadora e incluso sobre la misma Corona. Los jóvenes no encontraban en estos agentes la mejor predisposición para ser premiados liberalmente, de modo que esta población configuró un contingente molesto y preocupante. Este fenómeno sociológico generado en el interior de los grupos hispánicos (llamado “descarga”) influyó directamente en la velocidad y eficacia con que fueron ocupados, poblados y sometidos a la jurisdicción monárquica territorios enormes –por ejemplo los que se extienden entre los altos valles calchaquíes y las costas rioplatenses. Puede decirse que aquí también hubo una feliz coincidencia de intereses: los grupos más antiguos del área peruana, así como los de Asunción, con el acuerdo tanto del Consejo de Indias como de Felipe II, vistieron la expulsión de premio.

16 Los tres primeros “espacios políticos” (territorios) hispanos en Sudamérica fueron las gobernaciones de Nueva Castilla, Nueva Toledo y Nueva Andalucía; coetáneamente, también fueron conocidas como las gobernaciones de Pizarro, Almagro y de Mendoza (o Sanabria) respectivamente. Durante el siglo XVI hubo tantas “gobernaciones” como cesiones jurisdiccionales pactadas por la Corona con Adelantados puedan contarse. 17 Para algunos autores esto era tanto un grado de “debilidad” en la estructura “estatal” y fruto de la escasez de recursos económicos para encarar la conquista por parte de la Monarquía. Los historiadores del derecho llaman a este proceso, típico del proceso “formativo de las Indias”, la dinámica premial o del derecho premial. SERRERA, Ramón María “Derecho premial y aspiraciones señoriales de la Primera Generación de la Conquista”, en REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556), Madrid, 1992, Tomo III, p. 481 y ss. 18 Como el tener casa poblada, aun si no había mediado un casamiento formal, ya que lo que se esperaba del “casado” era arraigo en el lugar. El compromiso a la defensa de la ciudad con su propio cuerpo y armas era una de las obligaciones derivadas de la vecindad, lo mismo que el cuidado de la limpieza física y moral de la ciudad. En circunstancias de conquista, la asignación de vecindad conllevaba la asignación del solar de tierra donde establecer la casa poblada, así como tierras para la manutención –más allá del ejido.

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Esto es central para entender que la ocupación de las tierras de la cuenca del Río de la Plata y el litoral paranaense fue al mismo tiempo un proyecto deseado y alimentado por la Corona –con entradas desde el Río de la Plata a partir de la década de 1510– y un sucedáneo de la descompresión de capitanes “peruanos” sobre el área tucumana tanto como de la descompresión asunceña que hacia 1570 alojaba una nutrida población de jóvenes mestizos descendientes de la primera generación de conquistadores. Todos buscaban la salida atlántica y las elites locales habían procedido expulsando lo que identificaban como población excedente. Los poblados instalados en la línea trazada por la ampliación de la conquista desde el Alto Perú hacia el sur y suroeste fueron más numerosos y más estables que los asentamientos ensayados por quienes entraban desde el Río de la Plata. Esto se explica por la descarga continua de españoles desde el Perú pero también porque las diferentes regiones del actual noroeste argentino estaban pobladas por pueblos originarios más densamente organizados que sirvieron de botín de guerra y de mano de obra para organizar el espacio, lo que bien pudo estar en la base del éxito de su permanencia a pesar de las múltiples dificultades internas entre las huestes. Entre 1540 y 1580, el enorme territorio emplazado al sureste de la ciudad de La Plata (Charcas) y al oeste de la línea de Tordesillas ofició de inmenso botín de repartos y de sitio de ensayo para asentar jurisdicciones nuevas. Su división y subordinación en lo judicial al distrito de la Audiencia de Charcas (1563) incluyó la institución de una gobernación del Tucumán (denominada en la Real Cédula como la de Juríes y Diaguitas).19 La misma había sido sugerida desde la Real Audiencia de Lima para terminar con los conflictos jurisdiccionales entre “los de Chile” y el Cuyo, intencionalidad que aparece refrendada en la Real Cédula de 1563; los conflictos, ciertamente, no solo no desaparecieron sino que se multiplicaron.20 Este proceso de poblamiento –de noroeste a sureste– estaba alentado por las más altas autoridades de la mencionada Real Audiencia, que de este modo conseguía también “…sacar gente del distrito y premiar en alguna forma la que aguardaba recompensas por haber combatido contra Gonzalo Pizarro”.21 Esta descarga estaba presente en los planes de Francisco de Aguirre, del Oidor Matienzo22 y del virrey Toledo quien desde 1569

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Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, Madrid, 1681, Ley 9, Tít. XV, Libro II. Por ejemplo el célebre conflicto Villagra-Núñez de Prado; LEVILLIER, Roberto Chile y Tucumán en el siglo XVI, Praga, 1928. Véase también LOPE DE TOLEDO, José María “Presencia y acción de La Rioja en América”, Berceo, núm. 50, 51, 52 y 53, 1959, passim. 21 LEVILLIER, Roberto Nueva Crónica..., cit., I, p. 164. En la misma dirección va la lectura que hacen algunos vecinos: véase la “Probanza de los Vecinos de Santiago del Estero”, en Nueva Crónica…, cit., I, p. 168. 22 Para el proyecto de Aguirre Cfr. LEVILLIER, Roberto Nueva Crónica..., cit., III, p. 4. El reclamo de Matienzo es también conocido: pensaba en la reconstrucción de Buenos Aires como el camino hacia un sistema de circulación que suplantaría el de Portobello-Panamá. Un buen planteo en GUÉRIN, Miguel A. “La organización...”, cit., especialmente pp. 46 y ss. 20

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encaró este aspecto con determinación. Para ello contó con gente dispuesta a ir hacia el sur a probar mejor suerte.23 El jalonamiento de asentamientos estables, sostenía Toledo, solucionaría uno de los principales inconvenientes de la circulación económica en el sur del Virreinato, atribuido por los conquistadores a la acción de los grupos indígenas. La consigna era fortalecer lo existente y fundar en el intermedio. Por el otro lado, desde Asunción todavía se intentaba encontrar el mejor camino posible de comunicación con el Perú y no se había abandonado la idea de “...poblar abajo [al sur] para que tuviesemos puerto y navegacion de España”.24 En 1571 y 1572, en un clima de gran agitación, se produjeron conflictos en los que el gobierno local reprimió con fuerza la alteración producida por grupos de jóvenes descontentos. Entre ellos fue reclutada buena parte de la hueste que acompañó a Garay a fundar un puerto hacia el sur el 3 de abril de 1573. Sobre el Paraná y pocas leguas al sur de Santa Fe, Garay y su hueste tomaron contacto con una avanzada que provenía “del Tucumán”, hombres de Jerónimo Luis de Cabrera, quien había fundado pocas semanas atrás la ciudad de Córdoba.25 Las corrientes de la “descarga” peruana y asunceña no se habían encontrado a mitad de camino sino en la médula del litoral, unos 400 kilómetros al norte del estuario platense: la fuerza de la corriente peruana era ostensiblemente más fuerte y estaba a un tris de alcanzar la salida al Río de la Plata. El Paraguay fue gobernado por Adelantados hasta 1593 y la gobernación del Paraguay y Río de la Plata, enorme, fue una única jurisdicción con cabecera en Asunción hasta 1618, cuando se fragmentó en dos provincias.26 El 31 de mayo de 1580, la noche de la rebelión de los mancebos en Santa Fe, Garay no estaba en la ciudad: había partido a la fundación de Buenos Aires, ejecutando finalmente el ansiado asentamiento de cara al Atlántico. Por esos días su posición era la de lugarteniente de un teniente de Adelantado con capacidad para fundar ciudades: así lo había hecho en Santa Fe, gracias al poder que le extendiera Martín Suárez de Toledo (más tarde su consuegro) y por delegación de potestad por parte del mismo Juan Torres

23 Tales como Zorita, don Jerónimo Luis de Cabrera y Gonzalo de Abreu en 1573, Pedro de Zárate en 1574, Pedro de Arana en 1578. Hernando de Lerma lo hizo en 1579, no sin antes sostener algunas diferencias con el virrey, documentadas en tres cartas de Hernando de Lerma a S. M., publicadas en LEVILLIER, Roberto Nueva Crónica..., cit., III, pp. 251, 253 y 256 respectivamente. 24 Opinión sostenida, por ejemplo, por el factor Dorantes, AGI, Charcas, 42; para un resumen de estas posiciones en el interior del grupo español en Asunción véase ZAPATA GOLLÁN, Agustín “La expedición de Garay y la fundación de Santa Fe” (1970), en Obras Completas, II, UNL, Santa Fe, 1989, p. 191 y ss. 25 Diferentes versiones de este encuentro en el citado Rui Díaz de Guzmán y en AZARA, Félix Descripción e historia del Paraguay y Río de la Plata, Madrid, 1847, cap. XXX. 26 Sin embargo, a pesar de que su división efectiva no se produjo hasta ese año, desde muy pronto se pensó que podían ser gobernaciones separadas: el licenciado La Gasca, a cargo del gobierno del Perú, lo había propuesto ya en la década de 1540. La R. C. fue firmada por Felipe II en diciembre de 1617.

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de Vera y Aragón, quien debía a las gestiones del vizcaíno el mismísimo título de Adelantado. Aparte de Asunción, la única ciudad en la enorme gobernación del Paraguay y Río de la Plata era Santa Fe. Tenía su justicia ordinaria asentada en el Cabildo y su tribunal de alzada era la Real Audiencia de los Charcas, a cuatro meses de viaje.27

Rebelión en la Provincia: fronteras puertas adentro El proceso de descompresión de las novísimas elites coloniales es coetáneo con el de organización político-administrativa de las gobernaciones y puede afirmarse que, en parte, lo produjo. Si el eje de la Rebelión de 1580 parece ser el control del cabildo de una ciudad joven, el problema central es que los agentes locales, presentándose como marginados, hicieron coincidir sus disgustos e intereses con las ambiciones de un gobernador y un reordenamiento jurisdiccional a escala de virreinato que, si no estaba planificado, tampoco era improbable. Por esta razón la rebelión no es causa ni consecuencia sino un elemento más de la construcción del proceso y del contexto: su organización, su represión y su judicialización permiten comprender la constelación mirando ese destello que es el instante. Una presentación posible de los hechos que remataron en el acontecimiento es la siguiente: hacia comienzos de 1574, el gobernador de la Provincia del Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, fue reemplazado en su cargo y residenciado por su sucesor, Gonzalo de Abreu.28 Toledo le había encargado que se limitara a fundar una ciudad cerca de donde hoy está Salta y regresara al Alto Perú, pero Cabrera ignoró esas instrucciones y avanzó casi doscientas leguas al sureste hasta las costas del río Paraná, donde tomó contacto con Garay. El virrey Toledo tenía que lidiar también con otro disgusto: Felipe II había extendido un título de gobernador del Tucumán a Gonzalo de Abreu y Figueroa sobreimponiendo esa designación a la que él había hecho y a sus preferencias para suceder a Cabrera.29 Hábil, Toledo hizo de los obs-

27 También estaba bajo esta jurisdicción, en 1580, la gobernación del Tucumán, con cabeza en Santiago del Estero. 28 El juez de comisión fue Juan Arias de Altamirano, hombre de confianza de Gonzalo de Abreu. 29 Este es un caso de sobreimpresión de potestades inteligentemente capitalizada por Toledo. Felipe II había concedido al Virrey el derecho de designar los gobernadores del Tucumán, pero siguió haciéndolo él mismo. Cuando Aguirre fue puesto preso por segunda vez en 1570, Felipe II otorgó a Gonzalo de Abreu y Figueroa (R. C. del 29 de noviembre de 1570) la gobernación vacante. Toledo, apoyándose en la extensión de facultades que le había hecho el rey, un año después había hecho lo propio a favor de Jerónimo Luis de Cabrera. Abreu interpuso un recurso y un Real Decreto de fines de marzo de 1573 confirmaba a Cabrera en sus funciones, pero en el tiempo que tomó llegar el Decreto a Lima, Toledo ya había decidido capitalizar la designación de Abreu para terminar con el díscolo Cabrera.

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táculos ventaja: mandó a Abreu como sucesor de Cabrera y de este modo se evitó un conflicto con Felipe II y le puso la daga en el cuello a Cabrera: el gobernador entrante residenció a Cabrera –que murió en el proceso a causa del apasionado interrogatorio– despejando el terreno de manera literal. Hacia 1578, el gobernador Abreu fue contactado por algunos vecinos de Santa Fe, supuestamente marginados por Garay y perjudicados por el nombramiento del flamenco Simón Xaques como Teniente de Gobernador en la ciudad. En 1579, cuatro vecinos santafesinos le escribieron ofreciendo apoyo incondicional a su propósito de extender la jurisdicción del Tucumán hasta Santa Fe “…con tal que no sea el pago y galardon que Joan de Garay nos a dado que es dar lo mejor a los que vinieron a manera de dezir ayer y los que venimos a poblar tierra estamos a la mira como badajos pobres y abatidos.”30 “Los paraguayos” –tal era la designación de este grupo en la correspondencia que Abreu sostenía con su teniente de gobernador en Córdoba, Diego de Rubira– se comunicaban con el Gobernador del Tucumán a través de Diego Ruiz, hombre que contaba con la confianza de Abreu y de los vecinos de Santa Fe descontentos con Garay. Por el lado de Santa Fe, Juan de Garay –su fundador y a la sazón Teniente de Gobernador en la misma– había atado algunos nudos de una configuración que iba en contra de los intereses de Toledo y también de los de Abreu: en 1577 viajó a Charcas para interceder ante su pariente31 Hernando de Zárate, de modo de concertar el casamiento de Juana –hija del recientemente fallecido Adelantado Juan Ortíz de Zárate, también pariente suyo– con el Licenciado Juan Torres de Vera y Aragón. Juana aportaría al matrimonio –entre otras cosas– el título de Adelantado y Gobernador de las Provincias del Río de la Plata; el trámite fue tortuoso, pero en abril de 1578 Garay fue recompensado por su flamante pariente político con el cargo de Teniente de Gobernador y Capitán General de las Provincias del Río de la Plata,32 honor que reposaba hasta entonces en Diego de Mendieta. Los movimientos de Garay amenazaban a la facción de Mendieta en el Paraguay, a los intereses del

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BN, GGV, CXXI, 2092. Recuérdese que Juan de Garay no llegó por el Río de la Plata, sino que arribó a América entrando por Perú, de la mano de su tío Pedro Ortiz de Zárate, Primer Oidor de la Audiencia del Perú. ALZUGARAY, Juan José Vascos universales del siglo XVI, Encuentro, Gipúzcoa, 1988, p. 260. 32 Garay era además albaceas testamentario de Juan Ortíz de Zárate. “Información hecha á petición de Tomás de Garay como apoderado del General Hernán Arias de Saavedra, Gobernador de las provincias del Río de la Plata, y por ante el Capitán Diego Núñez de Prado, Alcalde ordinario de la Asunción, de los servicios del Capitán Juan de Garay, fundador de Buenos Aires”, en Asunción, a 23 de julio de 1596. En RUIZ GUIÑAZÚ, Enrique Garay, fundador de Buenos Aires. Documentos referentes a las fundaciones de Santa Fe y Buenos Aires publicados por la Municipalidad de la Capital Federal, administración del Señor Intendente Dr. Arturo Gramajo, prologados y coordinados por el Dr. Enrique Ruiz Guiñazú — 1580-1915, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, Buenos Aires 1915, pp. 148 a 219. Véase particularmente la p. 189. También en el testimonio de Pedro Sánchez Valderrama, ídem, p. 201. 31

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mismo virrey Toledo sobre el litoral33 y afianzaban su propia posición y la de sus familiares, titulares del Adelantazgo del Río de la Plata, en Santa Fe y Asunción. Garay se ubicaba entonces en las antípodas del proyecto toledano y obturaba los planes de Abreu. El fundador ataba nudos que le ganaban enemigos en todas las escalas: virreinato, audiencia, gobernaciones vecinas y en su propia ciudad. Hasta que se cumpliera la disposición testamentaria que hacía acreedor del adelantazgo a quien desposara a Juana, existía otra que depositaba el mando del Paraguay y Río de la Plata en el joven Diego Ortíz de Zárate y Mendieta, otro sobrino de Juan Ortíz de Zárate, quien recaló con su carabela en Santa Fe trayendo una nutrida comitiva que lo acompañó en tres bergantines. Mendieta desembarcó con 130 hombres, exhibió sus títulos en el Cabildo y comunicó que asentaría allí el gobierno provisional del Paraguay y Río de la Plata. Los abusos que “el mozalbete” había cometido en Asunción continuaron en Santa Fe, de donde fue expulsado y enviado en una carabela a España por las autoridades locales.34 Desplazando a Mendieta en 1577, Garay y los suyos se ganaron la inquina de los partidarios del “mozalbete” –denominados los mancebos. Dos de éstos, que eran además vecinos de Santa Fe –Pedro Villalta y Diego Ruiz– anudaron la enemistad de los partidarios del desplazado Mendieta con el proyecto de extensión jurisdiccional alentado por Toledo y Abreu. Dos años de comunicación consumió la gestación del plan que había sido escuetamente redactado de puño y letra por el gobernador –o algún mandadero suyo– en una minuta dirigida a los inquietos mancebos: los mensajeros procedentes de Santiago del Estero (sede de la gobernación del Tucumán, donde residía Abreu) llegaron a Santa Fe la madrugada del 31 de mayo de 1580. Leído el papelucho, se siguieron las acciones allí prescriptas: los amotinados apresaron a las autoridades locales35 y tomaron por la fuerza el gobierno de la ciudad. La mañana siguiente dejaron preso al teniente en la casa de Pedro Gallego y se reunieron en la de Lázaro de Benialvo, uno de los veci-

33 Al respecto, las declaraciones de Garay en la presentación realizada por Torres de Vera en Santa Fe, 1583; transcripción en CERVERA, Manuel Historia..., cit., Vol. III, Apéndice XI, particularmente p. 292. También el hecho que Toledo propiciaba la unión de la legitimada Juana con el hijo del Oidor Juan de Matienzo. Véase PEÑA, Enrique El escudo de armas de la ciudad de Buenos Aires, Peuser, Buenos Aires, 1944, p. 12 y GARMENDIA, José Ignacio El casamiento de Doña Juana Ortiz de Zárate: crónica histórica colonial, Buenos Aires, 1912. 34 AGSO-ACSF, I, f. 26. El acta registra el hecho de manera elegante: “…los dichos señores alcaldes dijeron y en nombre de su majestad mandaron al governador diego ortiz de çarate mendieta qantes que del todo acabara de destruir asolar y despoblar las ciudades y pueblos e lugares que tan poblados en estas dichas provincias fuese a dar cuenta a su majestad de los daños y desolaciones que en ellas avia hecho…”. “El mancebo” no llegó nunca a destino, ya que consiguió recalar en costas brasileñas. 35 Cuyos nombres y funciones conviene retener: Simón Xaques era el Teniente de Gobernador, Pedro de Oliver el Alcalde, Bernabé Luján el Alguacil Mayor, Alonso Fernández Montiel el Escribano del Cabildo, acompañados por el sobrino del Adelantado, Alonso de Vera y Aragón.

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nos organizadores de la acción. Treinta y cuatro hombres firmaron el acta donde designaban a las nuevas autoridades.36 Paradójicamente, pocas horas después, uno de los firmantes encabezó la represión que puso fin al efímero movimiento: Cristóbal de Arévalo, designado Capitán General y Justicia Mayor por los rebeldes, arengó a los recientemente depuestos para acabar con “la farsa”. Si el motín preveía una pequeña masacre contra las autoridades legales, su represión despachó otra que no por improvisada dejó de ser efectiva. Benialvo, anfitrión de los rebeldes, fue asesinado en su propia casa. Significativo, pero poco espectacular. En la misma faena, los devenidos guardianes del orden terminaron con la vida de Diego de Leyva y Pedro Gallego, esta vez en la vía pública. Más ejemplarizantes fueron las ejecuciones de Domingo Romero, en medio de la plaza, y del movedizo Diego Ruiz, ejecutado en la picota, tras brevísimo juicio sumario. Rodrigo Mosquera y Pedro de Villalta consiguieron escapar hasta Córdoba. Mejor suerte parece haber corrido Pedro Gallego el Mozo, de quien sólo se sabe que huyó.37 Mientras los apresados relataban su versión de los hechos, los hombres leales a Garay y “al orden” montaban la escena pedagógica: trozados, los restos físicos de quienes en vida habían tramado la revuelta eran expuestos en la plaza y amojonaban los caminos por los que se entraba o salía de Santa Fe. Rebeldes y leales montaron en menos de dos días la escena de una obra digna de Shakespeare, donde los actores apresaban hoy a los propios de mañana y ejecutaban mañana a los cofrades de ayer. Las rebeliones y contra-rebeliones ocurridas en otros puntos del imperio, incluso en las no tan remotas “guerras civiles del Perú”, son pródigas en ejemplos de este tipo.38 En Córdoba, Diego de Rubira –el teniente de Gobernador y hombre de confianza de Gonzalo de Abreu en esa ciudad– dispuso el arresto de Rodrigo Mosquera y Pedro Villalta, a fin de mandarlos a Santiago del Estero para que Abreu resolviese:

36 Entre las cuales se encuentran algunos notables como Diego Ramírez y Juan de Santa Cruz (como alcaldes) y Cristóbal de Arévalo como Justicia Mayor y Capitán General. Al anfitrión de la reunión se reservaba el título de Maestre de Campo. 37 El tratamiento sumario –y el castigo ejemplar e inmediato– estaba contemplado en las leyes hispánicas al encuadrarse la rebelión dentro de lo que se denominaba en la época delitos notorios. Aquí también es interesante la conexión con la tradición judeo-cristiana. En las Decretales se cita a San Agustín para capitular que “Sobre los delitos notorios proceda el Juez de oficio aunque no haya acusador.” PÉREZ y LÓPEZ, Antonio Xavier Teatro de la Legislación Universal de España e Indias por orden cronológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas y alfabético de sus títulos y principales materias, Tomo IV, Madrid, 1792, p. 213. 38 Basta recordar las idas y vueltas de algunos soldados devenidos capitanes, encomenderos y, sobre todo, hábiles en el hábito del cambio de bando como Lucas Martínez Vegazo. Véase el vívido relato de aquellas circunstancias en TRELLES AREÁSTEGUI, Efraín Lucas Martínez Vegazo. Funcionamiento de una encomienda peruana inicial, PUCP, Lima, 1982.

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pero quedaron a disposición de la justicia del residenciador del mismo a quien eran entregados. En el ínterin, Hernando de Lerma había llegado a Santiago del Estero con su designación como Gobernador y con la potestad de incoar el juicio de residencia a Gonzalo de Abreu, a quien encontró culpable en cincuenta y cuatro de los cincuenta y cinco cargos que se le imputaban.

El largo brazo de la Monarquía permite a sus más humildes vasallos agitar las manos Se ha expuesto el motivo por el cual el conflicto santafesino de 1580 puede ser comprendido sobre todo gracias al Juicio de Residencia realizado al Gobernador del Tucumán. De los cincuenta y cinco cargos que se le imputaron, cinco apuntaban a probar sus relaciones con esta revuelta, presentada como un acto en desserviçio de Su Majestad –traición a la Corona.39 En el caso del delito de traición al rey o a la corona, las Partidas preveían que podían presentarse como acusadores incluso aquellos que no podían hacerlo de manera ordinaria –esto es todo tipo de sujetos jurídicamente dependientes.40 Sumado esto a la circunstancia de ejecución de la “secreta” (la presentación de testimonios era confidencial) el juez conseguía rescatar durante la pesquisa un registro de voces desusadamente variopinto. El proceso demuestra la intimidad de la relación existente entre la justicia de la Monarquía a escala imperial con las cuestiones de gobierno y las dinámicas facciosas a escala local. Abreu fue condenado a pagar numerosas multas en dinero por maltratos de palabra, parcialidad en pleitos, por excesos en el uso de la tortura en los interrogatorios (“...haber examinado a los testigos con demasiada persuación....”) e incluso por haber promovido la pérdida de respeto de algunos vecinos y de sus mujeres.41 Durante la pesquisa realizada en Santiago de Estero y Córdoba se secuestró correspondencia del Gobernador con varias personas. Este epistolario permite reconstruir el proceso de la vinculación del Gobernador con los “paraguayos” y también la forma en que el mismo había trabajado sus relaciones en el espacio tucumano.42

39 BN, GGV, CXXII, 2125, varias declaraciones. Véase también la confesión de Ruiz, BN 2126 y el doc. 2127. 40 Partida VII, Tít I, ley 2. 41 BN, GGV, CXXI, 2112; en otro de los documentos incorporados por esta vía a la causa, Garci Sánchez, Hernán López Palomino, Alonso Abad, Gonzalo Sánchez Garçon, Juan Serrano y Luis de Gallegos, vecinos, conquistadores y pobladores de Santiago del Estero, se quejan en su descargo del 6 de julio de 1580 por apremios y falsificación de documentos contra Bartolomé de Sandoval, en un pleito sostenido entre éste y Hernán Mexía de Miraval. BN, GGV, CXXI, 2113. 42 Por razones de espacio no puede abundarse en este punto, ilustrado en otro trabajo en preparación.

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Abreu trabajó sin descanso en la confección de un tejido de relaciones que pudiera reportarle lealtades de diferente tipo durante todo el período que duró su gobernación: comenzó el mismo día que llegó a Santiago del Estero, modificando el Cabildo de la cabecera –luego haría lo propio con el de Córdoba. Conceder oficios capitulares era, sin duda, uno de los recursos más importantes con los que un gobernador contaba al llegar a una nueva sede, pero no el único. Abreu se granjeó la lealtad de algunos hombres de maneras diversas: bien pronto comenzó a repartir favores materiales con bienes que quitaba a otros y torció la balanza de la justicia de manera ostensible, beneficiando a los que convertía en sus partidarios con fallos arbitrarios y rápidos, lo que constituía otra prenda valiosa. Movilizó estos recursos en varias direcciones: consiguió la incondicionalidad de un antiguo vecino de Santiago del Estero, Diego de Rubira, a quien situó como su teniente en Córdoba.43 Este hombre cubría compromisos que Abreu tenía a la sazón con Francisco Velázquez, de quien luego consiguió el abastecimiento de caballos y avíos para los hombres que se encargaron del “negocio” de Santa Fe.44 Rubira también movilizó recursos propios para Abreu cuando se lanzó la persecución de Cristóbal de la Chica, un descarriado, una oveja perdida del rebaño que poseía demasiada información acerca de la relación entre Abreu y “los paraguayos” de Santa Fe.45 Rubira ejecutaba para su gobernador todo tipo de servicios, pagaba deudas en dinero o en especie, hacía favores judiciales, perseguía gente y hasta expulsó de la ciudad de Córdoba personas non gratas al gobernador.46 Por otra parte, el mismo Abreu había limpiado el terreno de enemigos reales y probables. Ejerciendo su potestad de Justicia Mayor enjuició a opositores y hasta ejecutó la condena a muerte de un vecino durante el período de apelación de la sentencia. La muerte de algunos encomenderos le brindó recursos para premiar a sus allegados; entre los beneficiarios se contaban su hermano y quienes le ayudaron a controlar el camino que comunicaba Santiago del Estero con Charcas a partir de 1578, vigilancia que redobló desde que tuvo noticias de la designación de su sucesor. Superpuso su autoridad a la jurisdicción eclesiástica y mandó apresar a indias por hechiceras; varias de ellas terminaron como concubinas del Gobernador y los hombres de su entorno, como objeto de premio, aunque también las utilizó como

43 Véanse las cartas de Gonzalo de Abreu a Diego de Rubira, desde Santiago del Estero, a 15 de mayo de 1580. BN, GGV, CXXI, 2102. Carta de Diego de Rubira a Gonzalo de Abreu, desde Córdoba, el 9 de junio de 1580. BN, GGV, CXXI, 2090. Carta de Gonzalo de Abreu a Diego de Rubira, desde Santiago del Estero, a 23 de abril de 1580; BN, GGV, CXXI, 2100. 44 Carta de Abreu a Rubira, desde Santiago del Estero, a 3 de junio de 1580, BN, GGV, CXXI, 2103. 45 Carta de Abreu a Rubira, desde Santiago del Estero, el 27, 28 y 29 de marzo de 1580. BN, GGV, CXXI, 2094, 2095 y 2096. Otra carta de Abreu a Rubira, desde Santiago del Estero, a 11 de abril de 1580. BN, GGV, 2098. Carta de Abreu a Rubira, desde Santiago del Estero, a 19 de abril de 1580; BN, GGV, CXXI, 2099. 46 Como es el caso de doña Luysa Martel y de su marido Godoy, quienes habrían ayudado a ocultar a Cristóbal de la Chica, poseedor de la comprometedora información.

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cazadoras de información en los lechos de los hombres que no eran completamente confiables. 47 El funcionamiento administrativo de la Monarquía preveía, no obstante, momentos que abrían posibilidades para los desgraciados que habían logrado sobrevivir a este tipo de barbarie: el Juicio de Residencia era uno de ellos.48 Durante la “secreta”, primera fase del mismo, el juez pesquisidor recibía declaraciones y denuncias sobre el accionar del residenciado de manera confidencial. Fueron muchos los vecinos y pobladores de Santiago del Estero que prestaron sus informaciones denostando el accionar de Abreu. Además de ser la oportunidad de un resarcimiento para los perjudicados, esta instancia proporcionaba una lista de probables partidarios para el gobernador recién llegado –que, en este caso, coincidía en la figura del residenciador. Luego, en la segunda instancia, llamada pública o plenaria, se presentaron demandas y recogieron testimonios que permitieron encontrar culpable a Abreu de haber procedido apasionadamente contra los partidarios de su predecesor (Jerónimo Luis de Cabrera) así como de “...aver dado ofiçios y cargos de justicia a ombres baxos y muy humildes...”. Según los vecinos que presentaron cargos en su contra, Abreu manipulaba las elecciones capitulares de las ciudades de Santiago del Estero y Tucumán49 y hasta cambiaba los alcaldes cuando no eran de su agrado.50 De todos modos, debe reconocerse que si las acusaciones fueron justas, tienen algo de estereotipo: cuando Juan Ramírez de Velasco residenció a Hernando de Lerma recogió cargos calcados y, a ojos del gobernador entrante, el pesquisidor de Abreu era un “bellaco” al que debió imputarse la nada desestimable cifra de 105 acusaciones. La reiteración se debe tanto al modo en que se implementaba el juicio –el tipo de preguntas con las que recoge información el juez pesquisidor– como al modo en que se articulaba el funcionamiento de la dinámica política de la Monar-

47

Toda la información en BN, GGV, CXXI, 2112. También existía la Visita o la Rendición de Cuentas. Éstas, y otras formas de control semejantes al Juicio de Residencia, se encuentran presentes ya en algunos capítulos de las Partidas de Alfonso X (en la Tercera), quien las retomó del Derecho Romano, que contemplaba juicios solemnes y públicos contra sus funcionarios. Quienes se habían visto perjudicados por el funcionario residenciado podían presentar formalmente sus quejas ante un Juez de Comisión, encargado de levantar las actuaciones para elaborar los cargos que se le imputarían al funcionario saliente. La tradición de la Monarquía Católica se nutrió de elementos relacionados con el control de los ministros que poco tienen que ver con la “modernidad”: la magnífica obra de Francisco de Quevedo, Política de Dios, Gobierno de Cristo (circa 1617-26, dedicado a Felipe IV) presenta crudamente la antigüedad de la tradición del juicio y escarmiento público de los ministros del Príncipe, lo que refuerza las tesis de Ullmann sobre la versión romanizada de la vulgata bíblica y su peso en la tradición política medieval (y moderna). 49 BN, GGV, 2112. 50 BN, GGV, 2112. Este punto de vista es, claro está, el de los vecinos “viejos” de Santiago del Estero que se habían visto desplazados con el advenimiento en 1574 de esta nueva camada de hombres a los que consideraban de una calidad inferior. 48

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quía con la coincidencia coyuntural de intereses entre actores muy distantes entre sí. Los partidarios de Jerónimo Luis de Cabrera, otrora desplazados y perjudicados por Abreu, encontraron en el Juicio de Residencia iniciado por Hernando de Lerma en 1580 la posibilidad de solicitar resarcimientos por vía de derecho;51 lo mismo sucedió con los desplazados por Lerma cuando éste fue residenciado por Ramírez de Velasco. Así, la intencionalidad de control contenida en la prescriptiva se concretaba contando con recursos intangibles. La lejana Audiencia no enviaba Jueces de Comisión y la Residencia era ejecutada por quien llegaba a radicarse como Gobernador.52 Esto favorecía que los perjudicados por el gobernador saliente pudieran pedir resarcimiento y, a los damnificados del día, la previsión de una situación que se revertiría con la llegada del próximo. El gobernador recientemente llegado, aunque arribaba con una comitiva estrecha, contaba en el sitio de destino con el tácito pero invalorable apoyo que le sería brindado por quienes habían visto lesionados sus intereses por el administrador anterior. Las constelaciones del poder político, observadas desde cerca, muestran su movilidad y fragilidad. El enfoque desde la fuente judicial –aun cargada de fórmulas y estereotipos– permite construir con una perspectiva desde abajo las razones de un equilibrio que no está montado sobre una fuerte centralización sino sobre cambios continuos y vibrantes. La dinámica que explica esa continuidad es puro movimiento: el orden es comprensible si se admite que la turbulencia puede ser una forma de organización.

Santa Fe, 1580: hilvanando silencios Las actas capitulares de la ciudad de Santa Fe no se hacen eco en absoluto del motín de la noche de Corpus de 1580: por el contrario, en ellas predomina un silencio lacerante. Esta sordina53 –que enseguida será cuestionada articulando dichos aparentemente inconexos– es llamativa porque muchos de los actores del bullicio siguieron viviendo en la ciudad. Las relaciones entre los miembros del grupo hispánico de la ciudad de Santa Fe se construyeron sobre la base de algunas relaciones previas –las tramadas en la etapa asunceña– y de un puñado de decisiones fuertemente constitutivas. Como lo

51

Véanse por ejemplo declaraciones de Mexía Mirabal, en BN, GGV, CXXI, 2114.

52 AGUIAR Y ACUÑA, Rodrigo y MONTEMAYOR Y CÓRDOBA DE CUENCA, Juan Francisco Sumarios

de la Recopilación General de Leyes de las Indias Occidentales, presentación de José Luis Soberanes Fernández; prólogo de Guillermo F. Margadant y estudio introductorio de Ismael Sánchez Bella, Edición Fascimilar de la edición de 1628, Fondo de Cultura Económica, México 1994, Libro IV, Títulos octavo y noveno. 53 Similar al que envolvió a las Comunidades de Castilla, por ejemplo.

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ha dicho más claramente Susan Ramírez Horton, en una ciudad recién fundada el primer grupo hegemónico se origina por decreto54 cuando se conceden la vecindad, los solares y las tierras en el término urbano. Los historiadores han sostenido que los rebeldes de 1580 conformaban un grupo social y hasta étnicamente diferenciado (los hijos de la tierra), políticamente subordinado (mancebos), sociológicamente marginado (de la propiedad de la tierra y del control del Cabildo, desposeídos del poder material y simbólico) e incidentalmente agraviado por el nombramiento de un lugarteniente “extranjero” que les era adverso (Simón Xaques). Para ajustar estas hipótesis con la participación de Abreu en la instigación del conflicto, basta con echar mano de una teoría conspirativa de la historia y atar nudos con los hilos que saltan a la vista. Pero el problema es más denso. El silencio de las actas del Cabildo santafesino no fue el único; casi terminando el siglo, el 10 de julio de 1599, Cristóbal de Arévalo –nombrado comandante de la rebelión, cabecilla de la contra-rebelión y vecino de la ciudad de Santa Fe, aunque se reconoce como natural de Asunción– enviaba al Rey un Informe de Servicios pidiendo recompensa. No obstante los treinta años de agitada vida, a los efectos de relatar sus méritos, su memoria parece conservarse prodigiosa.55 Al evocar la Rebelión de la noche de Corpus de 1580, destaca su servicio como represor de la misma y omite haber sido electo como la máxima autoridad por los rebeldes; antes de cerrar la carta, de su larga foja de servicios sólo subraya este episodio: “...embio de todo esto [...] y de cómo la ciudad de Santa Fe qués la que quite al tirano, y puse en serbicio de Vuestra Magestad, es la mejor que ay en estas provincias...”. ¿Condice la magnitud del hecho con el lugar que Arévalo le asignó en su foja de servicios? En las “informaciones” de los testigos de oficio que comparecieron frente al alcalde Pedro de Oliver en Santa Fe, los “leales” (es decir, los que se alinearon con Arévalo en la contra-rebelión) reputaron el hecho como “...uno de los mas calificados seruiçios que se .an hecho a su magestad por auerse atajado un daño tan grande como esperaua...”.56 En la cultura política católica pocas cosas cotizaban más que terminar con algún Judas, y esto no requería de la lectura de ningún tratado erudito.

54

RAMÍREZ, Susan “La elite terrateniente de la costa norte peruana: una historia económica y social de Lambayeque en la época colonial, 1700-1821”, en FLORESCANO, Enrique –coordinador– Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina, 1700-1955, Nueva Imagen, México, 1985, pp. 251-279. 55 Informe de Cristóbal de Arévalo al Rey, en 10 de julio de 1599; en CERVERA, Manuel Historia..., cit., Vol. III, pp. 301-302. 56 “Contenido de la Instrucción sumaria con motivo del motín efectuado el 30 de mayo de 1580 en Santa Fe, remitido al Gdor. Lic. Hernando de Lerma, en sobre cerrado, por el Alcalde Pedro de Oliver. Se acompaña del bando del cap. Cristóbal de Arévalo, prohibiendo la salida de gente de la ciudad sin licencia.” AGI, Escribanía de Cámara, Libro I, 873-0, recogido también en BN, GGV, CXXII, 2125.

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En el Cabildo, el silencio inicial se rasgó con un mensaje pedagógico o amenazante, según se vea. El recuerdo de la rebelión fue tácitamente puesto sobre tablas en un acto protocolar: el nombramiento del primer Alférez de la ciudad, registrado el 9 de enero de 1581, eludió las fórmulas consagradas y el texto aparece lacerado con un comentario que, por obvio, es inesperado: “...por quanto en otro cabildo pasado nombraron para este año al dicho pedro de oliber para alferez desta ciudad y sobre ello no se escrivio asunto alguno y en lo qual desde agora le nombravan y nombraron por tal alferez de la ciudad y le mandavan y mandaron que si se ofreciere alguna alteracion o levantamiento que sea de la parte de su majestad para lo qual le tomaron juramento en forma de vida de derecho…”.57 Tampoco es casual que la responsabilidad de portar el Real estandarte recayera en Pedro de Oliver, aquél que a comienzos de 1580 fuera electo alcalde de segundo voto y que oficiara de juez en las sumarias levantadas a los conjurados, sus parientes y sus aliados. Además de la designación de Pedro de Oliver, el Cuerpo daba otras señales, menos tenues: en 1581 ordenaba que anualmente el día de Corpus se haga fiesta de desagravio al Real estandarte, lo que no era habitual. Alonso Torres de Vera, uno de los apresados durante el motín, no dejó pasar oportunidad sin relatar que aquella noche su vida corrió riesgos por lealtad al Real Servicio: el edificante recuerdo parece latente y rentable todavía en 1601, cuando las ordenanzas sobre elecciones en Cabildo del Gobernador Valdés y de la Banda, incluían el ítem “...que los condenados e indiçiados y sospechosos en tiranías no sean elegidos en oficios de regimientos ni justicias...”.58 Una década más tarde, la referencia aparece reactualizada en una carta remitida por el Cabildo a la Real Audiencia de Charcas, donde se alude al año 1580 como un momento de grandes cambios políticos locales.59 Ahora bien, conociendo el final de la historia, algunos registros capitulares anteriores a 1580 pueden volverse significativos. Durante 1578, Rodrigo Mosquera (uno de los conjurados de 1580) se desempeñaba nada menos que como Procurador de la ciudad de Santa Fe, un lugar nada secundario para un vecino marginal. Durante la sesión del día 17 de junio, Mosquera presentó una información, seguida de una petición, parte de la cual nos interesa en función de los sucesos posteriores.

57

AGSF-ACSF, Tomo I, Libro Primero, f. 56, destacado mío. AGSF, Reales Cédulas y Provisiones, Tomo I. Provisiones sobre elecciones en el Cabildo dadas por el Gobernador Valdés y de la Banda a 12 de febrero de 1601. 59 “Carta para la Real Audiencia, del Cabildo de Esta Ciudad”, 5 de marzo de 1590, en AGSF-ACSF, Tomo I, Libro tercero, f. 56v. 58

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“...tambien Esab ynformado que francisco de sierra y Juan despinosa y diego bañuelos se querian venir y salir de la ciudad de la asumpcion con ciertos amigos furtivamente á la ciudad de Santiago del Estero por verse con el governador o general que para esta governacion viniere [el por entonces fantasmático sucesor de Abreu] para le informar falsas ynformaciones como ansy lo han hecho en la asumpcion y para esto pido y suplico a vuestras mercedes que si es necesario se despachen dos hombres abonados y de grandes prendas deste pueblo con despachos de vuestras mercedes para que sepa el gobernador o general que viniere en la gran lealtad en que estamos sirviendo...”.60 Hilvánese este escrito en la trama política de la coyuntura: hacia 1577, Juan de Garay viajaba a Chuquisaca a fin de concertar la alianza matrimonial entre la heredera Juana (hija mestiza reconocida por Ortíz de Zárate) y Juan Torres de Vera y Aragón, hombre de su confianza y partido. Francisco de Sierra, a quien Mosquera señala como un hombre del cual el Cabildo no debía fiarse porque podría llevar al próximo gobernador del Tucumán informaciones desafortunadas, había sido designado Teniente de Gobernador de Santa Fe por Garay ese mismo año. Juan de Espinosa y Diego Bañuelos eran también beneméritos y partidarios de Garay, hombres de la primera hora. Cuando Mosquera presentó su informe y petición, Garay se encontraba fuera de Santa Fe (regresó a la ciudad recién a comienzos de agosto de ese año) y el poder que le había otorgado Torres de Vera y Aragón data del 9 de abril; en su viaje de Charcas a Santa Fe, Garay eludió primero la presión (y la persecución) de Toledo y luego la de Abreu, ambos perjudicados por el matrimonio que por poder había gestionado exitosamente Garay, debilitando las pretensiones virreinales de controlar más firmemente el área paraguayo-rioplatense. Hermando de Lerma, por su parte, no podía hacer efectivo su nombramiento como gobernador del Tucumán: hacia 1578, la noticia de su titularidad había recorrido ya los extensos caminos que conectaban Charcas con Santa Fe; todos estaban informados, pero Lerma era sometido a diversos cuestionamientos por la Real Audiencia de Charcas y por el mismo virrey Toledo. Esta es la configuración en la que debe inscribirse la indignación que Mosquera mostraba ante la posibilidad de que los hombres elegidos fueran a Santiago del Estero o al camino hacia el norte, posiblemente para entrevistarse con Lerma –aunque quizás fuera sobre todo para apoyar logísticamente el regreso de Garay. La presión que ejerció Mosquera fue exitosa, ya que obtuvo el nombramiento de otras “...dos personas para que fuesen a la ciudad de santiago a traer despachos si los hubiere y nuevas del governador y general Juan de garay...”: los designados fueron Amador de Benialvo y Miguel de Rute, hombres que contactarían con Abreu para fortalecer su posición en Santa Fe.

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AGSF-ACSF, Tomo I, Libro Primero, f. 42, destacado mío.

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¿Quiénes eran los mancebos? La construcción de una identidad: sangre, territorio y buen gobierno Volvamos imaginariamente a la casa de Lázaro de Benialvo. Allí, el día martes treinta y uno de mayo de 1580, se juntó mucha gente a elegir justicia mayor... La elección recayó en Cristóbal de Arévalo, vecino de la ciudad; sin guardar un lógico orden de preeminencias y seguramente imponiendo la urgencia a las formas, en la misma línea del acta aparece mencionada la elección del dueño de casa como “maese de campo”.61 El acta está rubricada por treinta y cuatro firmas62 de los que constituyen esta “junta”63 que se arroga la capacidad de cambiar las autoridades que debían gobernar la ciudad. La mitad de los hombres reunidos en la casa de Benialvo integró la hueste fundadora: dieciséis de ellos habían acompañado a Juan de Garay desde Asunción.64 Tres de los cabecillas de la rebelión –Lázaro Benialvo, Pedro Gallego y Diego de Leyva– y algunos que, participando de la misma luego se volvieron “leales al rey” y reprimieron el movimiento –como Cristóbal de Arévalo y Antón Romero– habían sido además “soldados” de Garay a comienzos de la década de 1570.65 Según el testimonio de Felipe Xuárez todos estos hombres habían sido gente de “...su compañía de mucha presuncion fee y crédito...”,66 dado el lustre y el prestigio con el que contaba Garay en Asunción. Para entonces, los soldados de Garay eran considerados por el mismo testigo “baquianos” en el uso de las armas y en la práctica de la guerra contra el indígena. Siempre en el mismo testimonio, la memoria le dictaba a Felipe Xuárez que, volviendo del Perú para anudar el casamiento entre Torre y Juana, Garay “...avia travajado por el camino según tiene declarado que fueron Juan de Santa Cruz Sebastian de Aguilera y Luis Gaitan y Pedro Gallego y Lazaro Benialuo soldados de fee y credito y otros que con el fueron...”.67 Varios de los “mancebos rebeldes” habían sido hombres de confianza del vizcaíno desde comienzos de la

61

Acta de nombramiento de las autoridades por los rebeldes; BN, GGV, CXXII, 2124. Ver tabla adjunta. Puede constatarse que dos de los cabecillas que fueron procesados, Domingo Romero y Francisco Álvarez Gaytán no firmaron la misma. 63 La palabra aparece utilizada para designar la reunión en el juicio sumario seguido por Pedro de Oliver. 64 AHSF, Reproducción de testimonios históricos en adhesión al Cuarto Centenario de la Fundación de la Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, 1973, sin foliar. Otras versiones indican que son 18. 65 Los tres primeros son mencionados en el testimonio del capitán Juan Fernández de Enciso, mientras que los dos últimos en el de Pedro Sánchez Valderrama. Ambas declaraciones corresponden a “Información...”, cit., p. 195 y pp. 200-201 respectivamente. El testimonio de Felipe Suárez –de vista, además, puesto que participó de la fundación de Santa Fe y era soldado de Garay– enumera además de los nombres consignados el de Juan de Santa Cruz y el de Mateo Gil, quienes también estaban en Santa Fe el 31 de mayo de 1580. 66 “Información...”, cit., testimonio de Felipe Xuárez, p. 208. 67 “Información...”, cit., testimonio de Felipe Xuárez, p. 209. 62

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1

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X

X

X V

X X X X X

Contrarrevolución

Arrestado

Marcas ganado

Fundador X X

Ejecutado

1 4 2 1 3 1 2

Juzgado

Cristóbal de Arévalo Lázaro Benialvo Gabriel de Hermosilla Alonso Hernández Romo Diego de Leiva Diego Ramírez Pedro Gallego Domingo Vizcaíno Bartolomé Figueredo Diego de Sosa Francisco de Vergara Juan de Santa Cruz Pedro de Villalta Pedro Gallego –el Mozo Francisco de Burgos Sebastián Correa Diego de la Calzada Diego Ruiz Juan Román Felipe Juárez Sebastián de Aguilera Francisco Ramírez Juan Sánchez Pedro Martínez Juan de Ovalle Rodrigo Mosquera Cristóbal Pérez Antón Rodríguez Rodrigo Álvarez de Carrillo Juan de Vallejo Antonio Martín Sebastián de Encinas Gabriel Sánchez Lorenzo Gutiérrez

Capitular 1579/1580 ∇

Cargos Cabildo *

Tabla 1 Firmantes del acta del 31 de mayo de 1580

X X

V #

X

X

X

X

X X X

X X

X X #

X

X X

X X X

X X X X X X X

1 X 1

X # X

2

X X

X

X

X X X X X X X

X

NO FIRMARON EL ACTA PERO FUERON ARRESTADOS O PROCESADOS Domingo Romero Francisco Álvarez Gaytán Salvador de Orona X Juan Correa X Pedro Sánchez X (*) Cantidad de años que ejerció un cargo capitular entre 1574 y 1580. (∇) X significa que fue capitular uno de esos años; XX que lo fue ambos. (#) Presentó hierros en 1577. (V) Presentó hierros en 1584.

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década de 1570 hasta muy poco antes de tramarse la rebelión, incluso vemos que cuando Mosquera intentaba cambiar los nombres de los hombres que irían a Santiago del Estero, Gallego y otro de los Benialvo, Lázaro, venían con él. Pero la caracterización de los hombres rebeldes como mancebos no surge de la nada. La historiografía (incluso la más partidista) no los menciona de este modo caprichosamente. La condición está atrapada en un significante que tiene significados que, según lo muestra la experiencia “paraguaya” fueron cargándose jurídica y socialmente. Por una parte, “mancebo” hace referencia a una condición jurídica relacionada con la juventud y la dependencia; pero en el Río de la Plata (o en el Paraguay, más correctamente) está relacionada con una trama localizada, que revela cuestiones culturales relacionadas con la marcha del proceso de conformación de un orden social y político. Aun cuando regía la prohibición de utilizar armas de fuego para los más jóvenes (menores de veinticinco años), era bastante corriente que los “mancebos” se lanzaran precozmente a una vida militar con la expectativa de obtener algún tipo de privilegio en un mundo que, pocos años después de la conquista, se había vuelto particularmente mezquino en ese rubro.68 Desde edad temprana, los mancebos (hijos de indias y españoles que, reconocidos o no por sus padres, constituían un estrato inferior al de los “peninsulares” e incluso al de los españoles nacidos en América, esto es, los hijos de padre y madre española) ofrecían su apoyo a capitanes y desde luego alimentaban expectativas que no siempre podían ser satisfechas. Un bando del teniente Felipe de Cáceres pregonado en Asunción en 1571 prohibía “...el uso de armas y el montar á caballo, ni juntarse de dos ó tres para arriba, so pena de muerte corporal...”. Según su entender, los hombres que hacían esto trataban de abandonar la ciudad “...llevando todas las armas y caballos que pudiesen...”. El bando enumeraba a “...los siguientes mancebos desordenados, hijos de la tierra: Pedro Moran, Alvarez, Santiago de Ribera, Juan Martin Herrero, Francisco de Esquivel, Pedro Gallego, Arcamendia, Rodrigo Mosquera, Leiva, Amador de Venialvos, Santiago Mendez, Polo Sandoval, Manuel Antonio Herrero, Richarte, Rivero, Martin de Peralta, Luis Calafate y Anton Alonso.”69 Los nombres de esta lista son importantes: varios de los integrantes del motín de Santa Fe habían sido mentados como mancebos desordenados por Felipe de Cáceres quien los había marcado como sospechosos de sedición en la ciudad cabecera de la gobernación: muy probablemente este fuera el motivo por el cual se les pudo haber sugerido firmemente enlistarse en

68 Juan de Bernardo Centurión comenzó sus aventuras militares a la edad de dieciséis años; Hernando Arias de Saavedra lo hizo a los quince y antes de los veinte había sido designado como Teniente por Juan de Garay. 69 TRELLEZ, Manuel Ricardo Revista Patriótica del Pasado Argentino, Tomo V, Buenos Aires, 1892. Todos los resaltados me pertenecen.

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el Alarde de 1572 para embarcarse con Garay a la fundación de un puerto sobre el río Paraná.70 Desde lo más alto de la constelación de los poderes de la Monarquía en América, el virrey Francisco de Toledo no disimulaba su horror ante el crecimiento de la población que él llamaba “mestiza” y que encontraba muy notable sobre todo en las gobernaciones “monstruas” de Tucumán y del Paraguay. Su diagnóstico era alarmante: “Aquello esta en punto de perderse si vuestra magestad con breuedad no manda poner el remedio mediante la rrelacion que tengo que tengo de lo que ha hecho digo ortiz de zarate mendieta sobrino del dicho adelantado Juan ortiz de zarate que entretanto que yba la hija de la yndia que aca dexo a gouernar ella o quien con ella se casase, gouernase aquel mozo...”.71 Toledo estaba espantado con lo que podría hacer Diego de Zárate y Mendieta, los santafesinos, también. En esto –y quizás solo en esto– coincidían; sobre los caminos a seguir tenían diferencias bien profundas. Juana de Zárate, la mujer portadora de un título de Adelantado para quien la desposara, era hija natural del Adelantado Zárate con Leonor Yupanqui, una princesa inca del Perú; Juana fue legitimada por Felipe II en 1572. Muerto su padre, había quedado a la cura de don Hernando de Zárate, quien la tenía en “depósito” por mandato de la Audiencia de la ciudad de La Plata. La mediación de Garay la convirtió en esposa de Juan Torres de Vera y Aragón, y el casamiento transformó a éste en Adelantado.72 La lógica del disgusto del Virrey queda expuesta en unas cartas: sabiendo de las tratativas de Garay para concertar aquella unión,73 Toledo escribió a Felipe II advirtiendo que, siendo Juana “…hija de vna yndia y conforme a la

70 Un poco más severa parece ser en este punto la tradición imperial China; para mantener las lealtades, fundamental en la idea oriental del buen gobierno, los sospechosos de sedición (ora bajo los Ming, ora bajo sus sucesores) eran inducidos por sus superiores a suicidarse, de manera de lavar su honor y no llevar consigo a parte alguna la cepa de la traición. SPENCE, Jonathan La traición escrita. Una conjura en la China imperial, Tusquets, Barcelona, 2004. 71 Carta del virrey Don Francisco de Toledo a S. M. sobre distintas materias de gobierno, justicia, hacienda y guerra..., desde Los Reyes, a 12 de diciembre de 1577, en LEVILLIER, Roberto Gobernantes del Perú. Cartas y Papeles, siglo XVI. Documentos del Archivo de Indias, Tomo VI, “El Virrey Francisco de Toledo, 1577-1580”, Madrid, 1924, p. 12, el resaltado es mío. 72 Poder al General don Juan de Garay, en AGSF - ACSF, Tomo I, Libro Primero, f. 33, a 26 de julio de 1578. 73 Garay no sólo era un hombre muy cercano a Juan Torres de Vera y Aragón, sino que era su deudo al punto tal que, en algunas cartas al Rey, reconoce debía éste poco menos que su supervivencia. Véase, entre otras, su carta al Rey de abril de 1582, transcripta por Manuel Cervera en el Tomo III de su Historia..., cit. En la misma carta puede constatarse además, su parentesco con el Adelantado Zárate. Fue además su albaceas testamentario: “Información...”, cit., pp. 148 a 219. Original en AGI, Patronato, 1-6-47/10, Colección E. Peña.

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criança que ellas tienen seria pozible casase con algun meztizo o mulato o con alguno de los que han sido muy traidores a vuestra real corona.”74 La última categoría, que aquí se resalta, es obviamente aquella que incluye al candidato de Garay para esta alianza matrimonial que tanto disgusta a Toledo. El Virrey la relaciona con el peligro que implica dejar en personas de tales calidades como “...encargados de sus vasallos y la conuerssion y doctrina de los naturales...”: permitir el gobierno en manos de traidores o de hombres que se alejan del cristianismo por la impureza de la sangre, contaminación derivada de aquellas mujeres con las cuales se amanceban y, a veces, hasta se casaban, era mal ejemplo para la reproducción de una sociedad que debía emular los principios fundamentales de la monarquía católica. Estas “mezclas”, siempre según Toledo, estaban íntimamente vinculadas con el ejercicio de una “cultura de los motines” –escribió “la única que aprenden”– y los alzamientos contra cabezas y caudillos, vejando el buen gobierno con tiranías.75 La alineación de ideas expresadas en esa carta es clara: sangre india más barbarización y tiranía es igual a mal gobierno. Para el Virrey, las provincias del Tucumán y del Paraguay eran “mal asentadas”; porque estaban pobladas por un número demasiado alto de mestizos y mancebos. Ellos no eran “puros” y por eso no podían ser “hombres buenos”. Para el Virrey, la muerte del Adelantado Zárate y la sucesión del gobierno de la provincia paraguaya cubría de oprobio el recto sentido del buen gobierno y la justicia, llevando a un grado inadmisible la incardinación en el máximo nivel del gobierno provincial del fruto de una de esas uniones resultantes de los amancebamientos entre españoles e indias. Por otra parte, aunque omite decirlo en éstas, tenía para la “impura” su propio candidato, el hijo del Oidor Matienzo. Para la construcción del sentido de “mancebo”, aquí se ubica una nueva línea: Juana era el resultado de un “amancebamiento”76 y fue legitimada como hija y heredera de los derechos y oficios de un prominente servidor de Su Majestad. Por su vía, se legitimaba el envilecimiento de un alto oficio de gobierno y, con ello, advertía el Virrey, se enviciaba la jerarquía regia y se cultivaba el caldo de posibles próximas revueltas. Su indignación le hizo subir el tono cuando, en 1578, se dirigió a Su Majestad de la siguiente manera: “...no se como se puede satisfazer a la real conciencia de vuestra magestad nombrandolos gouierno dellas a la boluntad de los que aca vienen y estan tan cargados de hijos hijas mestizas y mulatas y quedarian vuestros subditos y vasallos con tener a estos por superiores y ser gouernados dellos y como reconoceran y ternan ellos la fidelidad que se deue a vuestra magestad especialmente que aun sin esto nos desuelamos tanto en buscar medios 74

Carta del virrey Don Francisco de Toledo a S. M…, cit., p. 16, resaltado mío. Carta del virrey Don Francisco de Toledo a S. M…, cit., p. 17. 76 Impugnado desde luego forma poco virtuosa de unión entre un hombre y una mujer. Cfr. Diccionario de Autoridades (1734) y COVARRUBIAS, Sebastián de Tesoro de la lengua Castellana, (1611). 75

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como se quite el peligro de los mestizos desta tierra y casi todo lo del paraguay es dellos...”.77 Toledo no podía ser más políticamente explícito: legando Juana el título de Adelantado se subvertía un orden jerárquico que se debía al bien común, lo que podía relajar la lealtad a la Corona. Para Toledo era incomprensible que el Rey no tomara cartas en este asunto, porque sus vasallos caerían en la confusión al reconocer como gobierno al producto de esas uniones fruto de amancebamientos. Pocos años después, hacia fines de 1585, Hernando de Montalvo, Tesorero de la Gobernación del Plata, se dirigió al Rey en estos términos: “La gran necesidad que estas provincias de presente tienen, es gente española, porque hay ya muy pocos de los viejos conquistadores; la gente de mancebos, así criollos, como mestizos, son muy muchos, y cada dia van en mayor aumento; hay de cinco partes las cuatro y media de ellos; hará de hoy en cuatro años casi mil mancebos nacidos en esta tierra; son amigos de cosas nuevas; vánse cada dia mas desvergonzado con sus mayores...”.78 El Oficial diagnosticaba y calculaba: quedaban ya pocos conquistadores y los mancebos –gente poco afecta a la autoridad– sumaban casi nueve décimos de la población. Cual arbitrista, también ofreció soluciones: “...así que conviene al servicio de nuestro Señor y de V. M. que entren en estas provincias cuatrocientos españoles, para que haya así en los pueblos que están ya poblados, como en los que nuevamente se poblaren, las dos partes de españoles y la una de estos mancebos de la tierra, y así andarán humildes y corregidos, y harán lo que están obligados al servicio de nuestro Señor y de V. M...”.79 Se trataba de guardar proporciones numéricas entre “españoles” y estos “mancebos de la tierra” que, caracterizados ya por el bando asunceño de 1571, eran recordados de una manera entre amedrentadora y preventiva en la carta del Tesorero: “…porque si nuestro Señor no remediara lo que sucedió en la ciudad de Santa Fé, víspera de Corpus Cristi, el año ochenta, saltara alguna centella en el Perú...”.80

77 Carta del virrey Don Francisco de Toledo a S. M., desde Los Reyes, a 8 de marzo de 1578, en LEVILLIER, Roberto Gobernantes del Perú…, cit., p. 25. 78 “Carta del tesorero del Río de la Plata, Hernando de Montalvo á S. M. refiriendo varios sucesos acaecidos en aquella gobernacion, fecha en la ciudad de Buenos Aires a 12 de octubre de 1585”, en TRELLES, Manuel Revista Patriótica del Pasado Argentino, Buenos Aires, 1890, Vol. IV. Todos los resaltados me pertenecen. 79 “Carta del tesorero...”, cit., el resaltado es mío. 80 “Carta del tesorero...”, cit.

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Los hechos de la víspera de Corpus de 1580 aparecen, de nuevo, mágicamente, resumiendo lo que significaba para el gobierno de la tierra estos mancebos que, según Montalvo, debían ser puestos en inferioridad numérica para convertirlos en humildes súbditos obligados al servicio de Dios y del Rey. El recuerdo de la rebelión vuelve a aparecer esta vez en la pluma de un funcionario Real. Así, en los textos de protagonistas, testigos y relatores ocasionales se asentaban, a la par de los recuerdos y de su uso pedagógico, ciertas formas de identidad que la lexicografía local atrapaba con matices respecto de sus acepciones originales. El vocablo mancebo, asociado desde tiempo inmemorial con la corta edad, la dependencia y la soltería de un hombre, se cargaba en el Paraguay y Río de la Plata con atributos particulares: un temperamento levantisco, el entusiasmo por las cosas nuevas,81 “poca amistad” por el orden. La imagen describe como estereotipos a unos jóvenes armados con “palos y macanas”, eventualmente buenos arcabuceros, listos para rebelarse. Porque aquellos mancebos manejaban también las armas de fuego y, a pesar de los testimonios que tendieron a denostarlos, no siempre lo hicieron para enfrentar a los “peninsulares”: el mismo Garay consiguió que cincuenta y dos de los mancebos hijos de la tierra que embarcaron con él desde Asunción hacia Santa Fe asentaran entre sus pertenencias algún arcabuz, mientras que él mismo –en lo que para el contexto era una verdadera ostentación– proveyó veintitrés de su cuenta para armar a los que no tuvieran uno.82 Esto es interesante porque recordemos que en su acepción jurídica castiza, mancebo es un hombre cuya condición jurídica exije que sea tutelado y –legalmente– no podía manejar este tipo de armas. A pesar de esto, Garay los armó y el factor Dorantes afirmaba que “...los mancebos hordinariamente son buenos arcabuceros en poco tiempo que lo usan...”. Toledo, Dorantes, Cáceres o Martín de Orué –todos, como Garay, peninsulares– mentaban a los hijos de españoles con indias como mancebos o mancebos de la tierra, atando los atributos de la escasa edad, la soltería y el poco apego a las autoridades. En otra carta escrita por dos oficiales reales en mayo de 1580, se afirmaba que Garay había partido desde Asunción con “...algunos españoles y setenta mancebos naturales de la tierra...”, encadenando las categorías en lugar de condensarlas: no funden “mancebos” con “naturales”.

Ajusticiar a los mancebos: justicia sumaria y orden político Somos dueños de todo, gritaban los rebeldes cerca del encarcelado Alonso de Vera. La noche anterior habían estado mostrándose unas cartas traídas desde Santiago del Estero por Ruiz y Villalta. Esa madrugada, los conjurados se movieron diná-

81 82

Sinónimo de “revueltas”. FERNÁNDEZ DÍAZ, Augusto Garay. Su vida y su obra, Rosario, 1973, Tomo I, p. 473.

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micamente y sin ningún sigilo, intercambiando con algunos vecinos promesas y amenazas por fidelidades y silencios. Pero, como ya se ha planteado, los activos rebeldes no operaban desde la marginalidad que ellos enunciaron en la famosa “carta sin firma” y que cierta historiografía quiso creerles: tenían participación en el Cabildo, tenían bienes y tenían contactos en otras ciudades.83 No eran miserables. La rebelión fue alentada por un pequeño grupo de vecinos muy integrado al organismo de gobierno municipal. En rigor, Lázaro de Benialvo, su principal cabecilla, fue regidor en 1574, 1577 y 1580; en 1579 había sido alcalde de segundo voto. Diego de Leyva lo había sido en 1576, 1578 y 1580, Rodrigo Mosquera fue regidor en 1577 y procurador en 1578; Pedro Gallego había sido alcalde de segundo voto en 1575 y regidor en 1578 y Bartolomé Figueredo alguacil menor el mismo año de la revuelta. Si tomamos en cuenta al resto de los firmantes del acta del 31 de mayo, incluidos los contra-revolucionarios, la participación de los rebeldes en el órgano de poder local se amplía todavía más. La rebelión se reprimió con muertes inmediatas, a filo de cuchillo, al grito de “viva el rey” y estigmatizando a los rebeldes a viva voz como “traidores” o “tiranos”, lo que justificaba las decapitaciones.84 Enseguida se procedió a la exhibición de sus cabezas en lugares públicos como parte de una pedagogía política del castigo profundamente judeocristiana85 pero también de la infamación de la memoria de los traidores.86 Tras haber acuchillado él mismo a uno de los cabecillas, Arévalo recuerda haber dicho “....vuestras merçedes sigan y hagan Justiçia de los demas agresores como de personas que .an quebrantado la fee a su rrey...”. No hay ningún crimen en la restitución del orden; Arévalo, rebelde evidentemente dubitativo y contrarrevolucionario sangriento, liquidó la escena con un gesto bastante austero: “...y este testigo entrego la uandera al señor teniente en nonbre de su magestad de alli adelante quedo como vn soldado cençillo como de antes solia estar...”.87

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También se ha dicho que eran marginales económicamente, lo que es difícil de demostrar. “...la ley Julia sobre el crimen de lesa majestad, que comprendía a las personas que atentaban o maquinaban contra el emperador o contra la república. Su pena es la pérdida de la vida, y la memoria del culpable era infamada aun después de su muerte”, Justiniano, Instituciones, Libro Cuarto, Tít. XVIII: 3. 85 Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante (Deuteronomio, 19:20). 86 La traición a la Corona era considerada desde luego un crimen de lesa majestad y, según la tradición romana así como la tratadística de la época, debía ser juzgada de manera breve y castigada de modo ejemplar. Cfr. CASTILLO DE BOVADILLA, Jerónimo Política para Corregidores, 1601, II, libro V, capítulo III; VILLADIEGO, Alonso de Instrucción política y práctica judicial, Madrid, 1766. Carlos I de Inglaterra fue juzgado por el delito de traición, encontrado culpable y decapitado el 30 de enero de 1649. Durante su gobierno había hecho lo propio con sus ministros Strattford (1641) y Laud (1645). Por estas tierras, muchos años después, en noviembre de 1863, la cabeza de Vicente “el Chacho” Peñaloza fue cortada y exhibida en una pica en la plaza de Olta, La Rioja. La exhibición de las cabezas de traidores, no obstante, no es una exclusividad de la cultura occidental. 87 Testimonio de Cristóbal de Arévalo, en BN, GGV, CXXII, 2125, cit. 84

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La lealtad de los traidores En la cultura política católica las muertes de los traidores y de los rebeldes siempre son justas y no requieren de mayores justificaciones; la más ejemplificadora quizás haya sido la de Diego Ruiz, ajusticiado “al pie del rollo” tras brevísimo juicio oral. Pero el atributo se asigna y los mancebos o los rebeldes lo habían recibido sencillamente porque habían perdido la partida. De haber tenido éxito, ellos hubieran conseguido convertir a Garay en un tirano al que era justo deponer y quienes no se hubieran sumado, o quienes hubieran defendido al tirano, perfectamente podrían haber sido procesados por traición. Nótese que los traidores también tenían sus lealtades y que éstas conducían derecho a la cúspide de los poderes originarios: desde su punto de vista, Diego Ruiz no moría como un traidor sino como un leal sirviente de Gonzalo de Abreu, a la sazón legítimo Gobernador del Tucumán nombrado por Su Majestad, Felipe II: en consecuencia, moría convencido de haber hecho un servicio a Su Majestad, y no mentía. Antes de ser ejecutado, Ruiz dijo conocer a todos los alzados e involucró directamente a Abreu, señalando que el Gobernador “...quería tomar posesion desta zivdad [Santa Fe] con toda la tierra.” Afirmó saber que “...cantaban liuertad vsurpando la juridiçion rreal [...] e que saue por donde vino hordenado este motin levantamiento y deseruiçio de su magestad e que esto venia hordenado por mandado del governador gonçalo de abreu...”. 88 El joven Ruiz, de apenas veintidós años, convertido en delator de Abreu con una hora de garrote frente a escribano y pluma, alcanzó a escribir a su patrón tras la confesión. Con orgullo le aseguró haber cumplido su encargo (traer las cartas), se reconoció como su criado y le pidió disculpas por el fracaso... Ruiz consideraba que moría por vuestra señoría, y le pidió, ignorando que la suerte del destinatario de su nota no era distinta de la suya propia, haga bien por mi anima pues tan justamente merezco la muerte [...] bueluo a suplicar a vuestra señoria no se oluide lo que le encomiendo de anima nuestro señor guarde la muy ilustre persona de vuestra... 89 Desde el punto de vista de los declarantes por los “leales al Real Servicio”, está claro que nada podía estar más alejado de la verdad: el verdadero servicio estaba de su lado, de quienes habían acabado con la vida de los “tiranos” (ya no solo rebeldes, ahora también tiranos, como éstos llamaban a Garay).90

88 Confesión de Diego Ruiz. Santa Fe, 1 de junio de 1580. GGV, CXXII, BN 2127. Comparando nuevamente con lo sucedido en lugares centrales de la Monarquía, es interesante destacar que tampoco al estudiar a los comuneros de Castilla de 1520 se haya enfatizado en este aspecto, clave en las reivindicaciones de tipo antiguo que, con la de nuestra conjura, no cuestionaban en absoluto el orden monárquico. 89 Carta de Diego Ruiz a Abreu. Santa Fe, 1º de junio de 1580. BN, GGV, CXXII, 2126. 90 Testimonio de Juan de Ovalle.

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El grupo contrarrevolucionario estaba integrado por un minúsculo patriciado peninsular (compuesto, además de por Juan de Garay entonces ausente, por Pedro de Oliver, Francisco del Pueyo,91 Francisco de Sierra, Alonso Fernández Romo y seis o siete hombres más) pero también por algunos jóvenes provenientes de Asunción que en casi todos los casos eran hijos de conquistadores con indias del Paraguay, es decir, hijos de la tierra. Examínese la lista de los contrarrevolucionarios: Cristóbal de Arévalo (abanderado “forzado” de los rebeldes), Diego Ramírez, Juan de Santa Cruz, Sebastián de Aguilera, Antón Rodríguez, Francisco Ramírez, Domingo Vizcaíno... Ninguno de ellos dejó de ser “natural” del Paraguay o del Perú después de la tarde del 1º de junio de 1580: pero tampoco volvió a decirse de ninguno de ellos que fuera o hubiera sido un “mancebo”. Cristóbal de Arévalo, según se desprende de su Relación de Servicios de 1599, nunca dejó de prestar apoyo al grupo dominante en Santa Fe. Gabriel de Hermosilla Sevillano, Alonso Fernández Romo, Felipe Xuárez, Sebastián de Aguilera, Diego Ramírez, Juan de Vallejo y Gabriel Sánchez son los nombres más repetidos de las composiciones capitulares entre 1581 y 1590. A partir del acto contrarrevolucionario, estos hombres se convirtieron en las cabezas de las familias renovadamente beneméritas que entre 1580 y 1600 conformaron la aristocracia de hecho que esta ciudad tuvo para darse a sí misma. En adelante, los mestizos integrantes de la hueste contrarrevolucionaria se vieron progresivamente beneficiados con más repartos de tierras –sobre todo en la “Otra Banda” del río Paraná, a comienzos de la década de 1590– la asignación de licencias para vaquear ganado y, eventualmente, controlaron el acceso a los cargos capitulares. Su nueva posición está íntimamente relacionada con la reconfiguración del orden social inmediatamente posterior a la revuelta. Una nueva aristocracia surgió de las entrañas de la conjura: los rebeldes “arrepentidos”92 asesinaron a sus propios camaradas de revuelta en nombre de “...la honra de su rey” y se aliaron con los provisoriamente deplorados “españoles”. Veamos cómo fue tramándose el posicionamiento social de algunos de estos hombres. Juan de Santa Cruz y Diego Ramírez –dos de los contrarrevolucionarios que participaron de la reunión sediciosa en casa de Benialvo– fueron en 1578 los fiadores de Simón Xaques, el Teniente de Gobernador supuestamente cuestionado por los

91 Garay le dio una encomienda sobre dos pueblos de indios hacia el 16 de agosto de 1578; copia de este documento en Anales de la Biblioteca, Introducción y notas de Paul Groussac, Coni, Buenos Aires, 1912, Tomo X, p. 126. 92 Nunca podremos afirmar cuál era el grado de convicción de cada uno de ellos al momento de firmar el acta en la junta del 31 de mayo; es probable que nunca estuvieran del todo con la rebelión (pero también es obvio que si participaron de su represión jamás reconocerían haber estado de ese lado).

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rebeldes.93 Tras la rebelión, Xaques –sospechado de una vinculación nunca probada con Abreu– fue reemplazado por Gonzalo Martel de Guzmán, quien llegaba desde Asunción designado como Teniente de Gobernador, cargo que ejerció desde julio de 1580. Sus fiadores fueron Diego de Santuchos y Pedro de Yllanes, quienes hasta entonces no habían figurado en la vida política de la villa. Santuchos obtuvo una silla de regidor en 1584, cuando Martel de Guzmán fue electo alcalde de primer voto. Éste, ahora vecino de la ciudad, era un candidato seguro del nuevo Teniente de Gobernador, don Juan de Torres Navarrete: una semana antes de esta elección, el 23 de diciembre de 1583, Martel de Guzmán había ofrecido su fianza al nuevo Teniente.94 Cuando Torres Navarrete tuvo que ausentarse de la ciudad, extendió un curioso y específico título de “Teniente de Gobernador de la Ciudad de Santa Fe” a Martel de Guzmán: el fiador, nuevamente, fue Diego Tomás de Santuchos. Los nombres de dos testigos complementan la lista de este pequeño círculo que trabaja sobre su propia solidificación: Feliciano Rodríguez y Juan de Vallejo, rebeldes firmantes, contrarrevolucionarios fieles y, poco después, beneméritos indiscutidos de la ciudad. Feliciano Rodríguez comenzaba por entonces su carrera hacia la notabilidad con algunos movimientos precisos, consolidando alianzas en un pequeño grupo: en 1583, junto a su amigo y compadre Diego Ramírez, fue fiador de los alcaldes Antonio Tomás y Juan Sánchez, dos figuras con fuerte presencia en el ámbito capitular desde la fundación de la ciudad. En 1585 Rodríguez hizo lo propio con todos los cabildantes de ese año; entre los fiadores vuelve a aparecer Juan de Vallejo, acompañado esa vez por Francisco Hernández y Alonso Fernández Romo, este último tres veces regidor entre 1580 y 1584. A comienzos del siglo XVII, se celebraron en Santa Fe algunos matrimonios entre los descendientes de este último y de Rodríguez.95 Tras la contra-rebelión, Diego Ramírez –otro que apresurada y acertadamente se alineó con los “leales”– comenzó a ocupar oficios capitulares importantes y ofreció fianzas en repetidas oportunidades. Participante de la hueste fundadora de Garay, integrante del primer Cabildo, el capitán Diego Ramírez era hijo de españoles venidos con Cabeza de Vaca, pero nació en Asunción hacia 1546. Tenía ciertos vínculos con los nacidos en esa ciudad, pero se cuidó bien de entablar relaciones cordiales y de reciprocidad con los pocos españoles que había en Santa Fe. Fue regidor en 1574, 1579 y 1582; alcalde en 1581 y 1585.96 En 1581 sus fiadores fueron Pedro de Oliver y Juan Sánchez, de quien él mismo fue fiador el año siguiente. En 1585 lo respaldaron Feliciano Rodríguez, Juan de Vallejos, Francisco Hernández y Alonso

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AGSF-ACSF, Tomo I, Libro Primero, sesión del 30 de diciembre de 1578. AGSF-ACSF, Tomo I, Libro Segundo, sesión del 23 de diciembre de 1583, f. 60. 95 Por ejemplo, Leonor de Encinas (hija de Juan Fernández Romo y María de Encinas) con Esteban de Vergara. Esta familia siguió emparentándose muy endogámicamente, ya que una de sus hijas, Bernardina de Espinosa, se casó con Alonso de Vergara, otro descendiente de la familia de Feliciano Rodríguez. CALVO, Luis María “Vecinos encomenderos de Santa Fe...”, cit., p. 102. 96 AGSF-ACSF, Tomo I, Libros Primero, Segundo y Tercero. 94

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Fernández Romo. Junto a Feliciano Rodríguez, se dijo, fue fiador de Juan Sánchez y de Antonio Tomás. Estos gestos documentan el modo en que se ofreció apoyo mutuo el grupo capitular surgido de la contra-rebelión.97 Gabriel de Hermosilla Sevillano, uno de los vecinos importantes que participó de la reunión rebelde en casa de Lázaro Benialvo, había sido alcalde en 1579 y era regidor en 1580. Volvió a serlo en 1582, 1585 y 1588 y en 1585 la ciudad lo nombró su Procurador. Durante esos años también se le confió el Real Estandarte (fue Alférez Real) y cumplió turnos como Fiel Ejecutor; cuando en 1584 Gonzalo Martel de Guzmán fue designado teniente de Santa Fe, Hermosilla asumió como Alcalde en su reemplazo y su fiador fue Juan Sánchez. No parece haber estado a la altura de quien puede ofrecer fianzas, pero las recibió de Pedro de Oliver, de Juan Sánchez (varias veces), Diego Sánchez Ceciliano, Feliciano Rodríguez, Juan de Vallejo, Francisco Hernández y Alonso Fernández Romo.98 El varias veces mencionado Pedro de Oliver fue un hombre de mucho peso en la reorganización después de la revuelta. Entre 1578 y 1588 ocupó cargos capitulares durante siete años y entre 1578 y 1581 lo hizo consecutivamente. Fue el primer Alférez de la Ciudad y en su nombramiento –le mandavan y mandaron que si se ofreciere alguna alteracion o levantamiento que sea de la parte de su majestad...– parece estar contenida la reacción institucionalizada al movimiento de la noche de corpus.99 Por último, conviene volver a observar detenidamente a los rebeldes: del análisis se desprende que revolucionarios y contrarrevolucionarios compartían algunos rasgos identitarios, pero lo que parece diferenciarlos definitivamente es su posición respecto de la autoridad de su jurisdicción y su derrota en el campo de las pruebas de fuerza. Entre los rebeldes se contaban varios capitulares y, como se dijo, los cabecillas participaban activamente en el gobierno de la ciudad. Los mancebos no eran mayoría en el Cabildo, como no lo eran en ninguna de las ciudades recién fundadas en la América colonial, y puede asegurarse que la información que manejaron y la presión que pudieron ejercer sobre otros vecinos fue posible por una situación que está en las antípodas de la que les asigna la historiografía: los rebeldes no solo no estaban marginados del gobierno local, sino que además controlaban lugares de importancia. También se ha dicho que eran económicamente marginales o “pobres”, pero algunas pistas permiten indicar que no estaban en la miseria extrema. Los dos Gallego (“el viejo” y “el mozo”) tenían ganado –como se señala en la lista, presentaron hierros en 1577. En un estudio de Manuel Cervera se examina la rendición de cuentas que el escribano Alonso Fernández Montiel realizó con motivo de la ejecución en

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AGSF-ACSF, Tomo I, Libro Primero, sesión del 3 de diciembre de 1578. Tomo I, Libros Primero y Segundo, sesiones del 1º de enero de 1582, de 1584, f. 63 y del 1º de enero de 1585. 99 AGSF-ACSF, Tomo I, Libro Primero, sesión del 9 de enero de 1581, f. 56. 98 AGSF-ACSF,

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remate de los bienes de los rebeldes,100 del que se desprende que casi todos eran propietarios de alguna cuerda de tierra en las afueras de la ciudad así como de solares que el fundador les había entregado para avecindarlos.101 Hacia 1580, la distribución de tierras en “la otra banda” del Paraná apenas había comenzado y, en cuanto a los ganados, además de lo dicho de los dos Gallego, es todavía temprano para establecer quienes serían los propietarios principales.102 Así, la existencia de una diferenciación económica importante en el interior de la hueste conquistadora es algo especulativo. No hay constancias de provechosos repartimientos de indígenas y en cuanto a los solares de la ciudad, es obvio que Garay había distribuido los mejores entre sus allegados; pero respecto de su situación en Asunción, todos los hombres que compusieron la hueste habían experimentado una mejora de condiciones ostensible.103 Lo más seguro es que buscaban una mejor posición y que la subordinación en la que decían encontrarse, si bien no era absoluta, evidentemente les resultaba incómoda. Querían más y eso no era posible en una configuración como la que Garay había conseguido consolidar. Lo notable es que, tras la rebelión (y sobre todo tras la contra-rebelión) muchos de los que participaron de la junta del 31 de mayo consiguieron instalarse precisamente donde querían a partir de enrolarse en la contrarevuelta impulsada por Arévalo, lo que permitió una nueva movilidad ascendente a costa de la sangre de algunos pares.

100 Puesto que a las ejecuciones sumarias siguieron, claro está, las confiscaciones. Esto sucede con los rebeldes en cualquier parte de la Monarquía. Véase BERMEJO CABRERO, José Luis Poder político…, cit. 101 Lázaro de Benialvo era propietario de una suerte de tierra en el Saladillo y tenía una estancia en tierra de Calchines. Francisco Álvarez Gaytán poseía una chacra, otra con casa, un solar, un carretón, yunta de bueyes y además, una estancia en el Viliplo. Mosquera era dueño de chacra y casa, estancia en el Viliplo, tierras en el Saladillo y ganado. Pedro Gallego poseía casas y chacra, estancia en los Calchines y algo de ganado. Pedro Gallego el Mozo y Juan Correa eran dueños de una cuerda de tierra; Domingo Romero de chacra y solar, Pedro Sánchez al menos de un solar, Diego de Leyva de una chacra y Bartolomé de Figueredo poseía una estancia en el Saladillo y un solar. Este documento, cuyo original no he visto, aparece recuperado en CERVERA, Manuel Ubicación de la ciudad de Santa Fe fundada por Garay. Estudio histórico, La Unión, Santa Fe, 1933, pp. 107 a 110 y en LIVI, Hebe “La revolución…”, cit., p. 97. 102 El Cabildo otorgó licencias de vaquería recién unos quince años más tarde. Aún así puede afirmarse que Bernabé Luján, Juan Martín, Antón Romero, Pedro de Espinosa y Hernán Ruiz de Salas poseían hacia 1577 sus hierros (Cuadernos de Registro de Marcas de Ganado, en AGSF-ACSF, Tomo I). Estas primeras marcas pudieron también haber sido obtenidas por varios de los rebeldes que, efectivamente tenían presencia capitular por entonces: en una sesión de dicho año, se sugiere que no se marquen hasta no “avisar” a quienes tienen ganados en las islas. La práctica de la “marca”, con todo, no iba de la mano con criterios a priori de la “propiedad”, sino que era aquélla la que, una vez legitimada en el Cabildo, señalaba quién era el derechohabiente sobre ese ganado que pastaba en una extensión sin otros límites que los ríos, arroyos o la dirección impuesta a los animales por las tormentas, los accidentes geográficos insalvables o sus propios derroteros gregarios. 103 Para confirmar este punto me he servido de numerosas entradas del índice de nombres publicado por Trelles en su “Diccionario de Apuntamientos”, cit., Revista Patriótica del Pasado Argentino, Tomos II, III, IV y V, Buenos Aires, 1890 y ss.

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Según lo muestran con claridad los hechos posteriores a la represión de la revuelta, sofocar la rebelión que habían organizado (es decir, ser dos veces traidores en dos días) fue lo que instaló a ese grupo de hombres en la elite local por una treintena de años. Quienes participaron en la rebelión de la noche de Corpus como cabecillas y no optaron por la vía del “arrepentimiento”, lisa y llanamente desaparecieron de la vida santafesina –en la mayoría de los casos, de la vida sin más. Sus familias quedaron completamente marginadas de cualquier posibilidad de participación en la vida política de la villa.104

Identidades, territorio y justicia en la frontera Todos los hombres avecindados en Santa Fe entre 1573 y 1580 provenían de Asunción del Paraguay y conformaban la descarga de la cabecera de la gobernación después de los incidentes de 1572: el bando de Cáceres los había llamado mancebos desordenados y la fundación de Santa Fe los había convertido, en 1573, en vecinos de Santa Fe del Río de la Plata. Al rebelarse contra la autoridad de quien los había investido, al relacionarse con autoridades de otra jurisdicción, pudo verse que desde Santiago del Estero o desde Córdoba, Villalta, Rodrigo de Mosquera, Diego de Leyva y Lázaro de Benialvo eran mentados como paraguayos: no porque fueran naturales de allí, sino porque “lo de Santa Fe” hacía parte “del Paraguay”. Por otra parte, hacia 1580, los vecinos de Córdoba y Santiago del Estero eran percibidos como “del Tucumán”, expresión anterior a la creación de la gobernación (1563) que designaba con un vocablo indígena una región difusa, es decir, la provincializaba.105 La documentación muestra que la pertenencia a una jurisdicción es parte inequívoca de la invocación en la asignación de identidades, pero designa realidades cualitativamente todavía algo vagas: del Tucumán, del Paraguay o, incluso, del “Río de la Plata”, se dirá ora que son gobernaciones, ora que son provincias –territorios lejanos que han sido incorporados a la Corona. El ejercicio comprensivo se vuelve imposible si se quiere aplicar la semántica propia del paradigma del Estado nacional, porque el aparente desorden lexicográfico no es tal; se trata del repertorio lingüístico utilizado por los agentes que estaban haciendo el proceso de organización política del espacio, estaban realizando el equipamiento político del territorio.106 Así, la lógica de las denominaciones múltiples y 104 “Probanza de Méritos de Juan de Espinosa (1596)”, en RUIZ GUIÑAZÚ, Enrique Garay, fundador de Buenos Aires, cit. 105 Sobre esta operación remito a mis consideraciones en “Procesos espaciales y ciudad en la historia colonial rioplatense”, en FERNÁNDEZ, Sandra Más allá del territorio. La historia regional y local como problema, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2007, pp. 95-107. 106 El concepto de equipamiento del territorio es una adaptación que realizo del de ordenamiento territorial, propuesto por la geografía francesa (p. ej., BRUNET, Roger L’aménagement du territoire en France, LDF, Paris, 1997). Originalmente éste ha sido utilizado en su primer estado por las escuelas de gubernamenta-

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confusas de los vecinos o hasta de los mismos gobernadores fragua bien con la que desplegaba la Monarquía y con las identidades que se asignaban los agentes. Lo mismo sucedía con las designaciones estampadas en la cartografía o en los relatos de viajeros y cronistas. Antonio Vázquez de Espinosa publicó en 1627 una relación donde ubicó a Santa Fe en una alta barranca a la rivera del Río de la Plata a la parte del Tucumán...107 Algunos hijos de la tierra mancebos paraguayos se convirtieron en integrantes de la elite santafesina operando una reformulación de pactos y acuerdos que impactó en lo que los agentes dicen ser y cómo consiguen ser percibidos por otros. Los jefes de familia cuya intervención del lado del orden fue destacada (Bernabé Luján, Feliciano Rodríguez, Pedro de Oliver y el capitán Diego Ramírez entre otros) más los que desde un principio estaban alineados con Garay, conformaron el grupo de los “Beneméritos”, constituyéndose en el núcleo que controló el gobierno municipal sin inconvenientes hasta los años 1620s. La rotación en los cargos capitulares fue menor después de 1580 y muestra la consolidación de algunos miembros de la comunidad que no eran precisamente “españoles”. A partir de estos gestos de apoyo como las fianzas o la celebración de alianzas matrimoniales, lograron imponer a los nuevos miembros que eran hombres de confianza: de 87 cargos capitulares elegibles entre 1581 y 1590 (sólo contabilizo aquellos de los cuales hay datos fiables), 46 (más de la mitad) fueron ocupados por hombres que ya habían intervenido en el ámbito capitular antes de 1580: y esos cuarenta y seis oficios fueron usufructuados solamente por dieciséis vecinos, a quienes es justo tener en cuenta como la estrecha elite triunfante del reordenamiento de 1580.108 Desde ese año, se integraron nuevos miembros que ingresaban justamente bilidad socialdemócratas y preeminentemente para señalar discontinuidades o inequidades territorialmente localizables con el propósito de cartografiarlas para formular estrategias que permitan corregirlas. Dado que en geografía se orientaba a relacionar la acción política con las modificaciones impresas en el territorio, he recuperado su principal característica (la recursividad, la capacidad de designar simultáneamente un proceso y resultado provisorio como parte del mismo proceso) para analizar el proceso por el cual la Monarquía hispánica instaló en los territorios que conquistaba (en nuestro caso, en el rioplatense) las relaciones sociales, jurisdiccionales y judiciales –expresadas institucionalmente– que desde el punto de vista del europeo organizaban la extensión en territorio (convirtiéndola en un espacio político). Por ello el proceso de equipamiento político de un territorio incluye las acciones de diversos agentes y de distinto tipo –que tienden a conseguir un resultado orientado por esta voluntad de ordenamiento– y las expresiones simbólicas o físicas que este accionar va imprimiendo tanto en el terreno como en la concepción de su relación con las instituciones políticas. 107 VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Antonio Compendio y descripción de las Indias Occidentales, transcrito del manuscrito original por Charles Upson Clark – Publicado bajo los auspicios del Comité Interdepartamental de Cooperación Científica y Cultural de los Estados Unidos, Smithsonian Institution, Washington 1948, [1627] p. 641. 108 Mateo Gil, Diego Ramírez, Pedro de Espinosa, Antonio Tomás, Hernán Ruiz de Salas, Alonso Fernández Montiel, Juan Sánchez, Francisco Hernández, Felipe Juárez, Hernán Sánchez, Pedro de Oliver, Simón Figueredo, Gabriel de Hermosilla Sevillano, Antón Rodríguez, Alonso Fernández Romo, Rodrigo Álvarez Holguín, a quienes debe agregarse los de Juan de Espinosa y Cristóbal de Arévalo, alineados aunque distanciados de Santa Fe.

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con el aval de hombres como Diego Ramírez, Juan Sánchez o Pedro de Oliver, y repitieron también como capitulares entre 1580 y 1589: Diego Sánchez Ceciliano, Sebastián de Aguilera, Feliciano Rodríguez, Gonzalo Martel de Guzmán y Juan Xaques constituyen lo que podría llamarse el elemento de “recambio generacional”, avalado por los más antiguos capitulares antes mencionados. El otrora mancebo ya no es mentado ni siquiera como “hijo de la tierra”: ahora es “hijo de conquistador antiguo” y aparece perfectamente integrado con los pocos peninsulares que integran la lista. El episodio cierra el ciclo de las primeras pujas por la construcción de una modesta pero efectiva aristocracia de mérito que se adueñó del control de los resortes políticos de la ciudad de Santa Fe: en este sentido, la naturaleza de su fuente de origen continuaba siendo el Real Servicio, aunque había cambiado el escenario. Las jornadas expedicionarias de peninsulares recién llegados habían dejado paso a la defensa de la ciudad y el buen gobierno por parte de hijos de conquistadores109 afanados esta vez en sofocar una rebelión que, gracias a una coincidencia de intereses entre las autoridades locales santafesinas con el gobernador entrante del Tucumán, consiguieron retratar como una traición a los intereses reales. Los rebeldes de la primera hora supieron travestir a tiempo la traición a sus compadres de conjura en lealtad al rey, articulando de esa manera la satisfacción de sus pretensiones locales y el orden más vasto de una Monarquía sin promover cambios en las gobernaciones. El cuerpo político, todavía y por mucho tiempo más, podía otorgarles sentido de cuerpo y razón política a escala de comunidad y a escala de Imperio. Las gobernaciones del Tucumán y del Río de la Plata continuaron teniendo relaciones tensas y conflictivas –al menos, sus vecinos las tuvieron. Sin embargo, no volvió a registrarse un intento de modificar esta frontera interior semejante al analizado. Volvamos al comienzo y retomemos la importancia central que tiene la administración de justicia en este caso: sin el proceso judicial hubiéramos sabido muy poco del episodio, pero también hubiéramos tenido una mirada muy parcial y sesgada del proceso de consolidación del Paraguay y Río de la Plata como una jurisdicción diferente de la del Tucumán, incluso de la dinámica de la asignación de identidades. El complejo dispositivo judicial que supone el Juicio de Residencia, analizado con los datos que aparecen en estas otras fuentes que son, fundamentalmente, las declaraciones de funcionarios y las actas de cabildo, nos ha permitido demostrar que la asignación de identidades no se agotaba en los vínculos que se tramaban con el territorio y con las jurisdicciones –los vínculos de naturaleza, ya que lo que se puso en acto está íntimamente relacionado con la cultura política de la Monarquía en pleno.

109 Como se desprende por ejemplo de la Nueva Recopilación..., los “hijos de conquistadores” debían ser preferidos para ocupar los cargos de gobierno municipal, tanto como para recibir cualquier otro tipo de beneficio. Esto es considerado en la prescriptiva Real muy tempranamente, con la aparición de la primera generación de hijos de conquistadores nacidos casi siempre de uniones jurídica y religiosamente poco ortodoxas.

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En la resolución de la crisis de 1580, el alineamiento que encuadró la represión de la revuelta detrás de las voces de “viva el rey” operaba en una dimensión hispánica de la justicia que incluía esta posibilidad de “pasar a degüello” antes del juicio justo; se valió de la dimensión romana y católica del delito de traición (lo convirtió en crimen laesae majestatis) cubriendo de este modo la ejecución y el destierro de los mancebos que fueron designados como tiranos o traidores, ubicando así a los ejecutores en la vereda de la lealtad. Los que decidieron integrar la contra-rebelión, a través de los procedimientos descriptos, hegemonizaron el control del Cabildo e hicieron pesar el atributo de la antigüedad de radicación en el área (lo que les había expulsado de Paraguay, probablemente) como requisito para integrar el Cuerpo. Al mismo tiempo, el Cabildo santafesino fue el sitio que los legitimó frente a residentes, estantes, extranjeros y vecinos de otras ciudades. Mantener buenas relaciones con las familias que controlaban la institución pasó a ser una estrategia de supervivencia. En materia judicial, el proceso seguido contra los conjurados de la noche de Corpus de 1580 (primero en Santa Fe y más tarde en Santiago del Estero) no tiene mucho de excepcional. Al contrario, frente a rebeldes y traidores –en la Monarquía la rebelión era una de las máximas manifestaciones de la traición– los agentes posicionados del lado de la auctoritas tomaron medidas ejemplificadoras para desalentar estas actitudes y preservar el statu quo desde tiempos remotos.110 Además de que las penas impuestas en estos casos eran de máxima (incluyendo la pérdida de la vida, de los bienes y de la fama), los tratadistas aconsejaban al Rey que no lo hiciera “solo y en secreto” sino públicamente, lo que era emulado por sus delegados en distintos puntos de la Monarquía.111 En el pensamiento político y jurídico hispánico la traición tuvo un tratamiento específico112 y, todavía en el siglo XIX, Martínez Marina consideraba que era “…el mayor delito, el más funesto a la sociedad y el más digno de escarmiento…” y en esto se apoyaba el célebre fundador de la escuela de historia del derecho español para justificar la dureza de las Partidas al respecto.113 Por lo demás, muchos son los elementos comunes con otras rebeliones que se dieron dentro de la Monarquía: la invocación al nombre del rey, el cambio de juris-

110 Los historiadores del derecho hispano en general acuerdan en que, durante la época moderna, no hubo novedades jurídicas en torno al castigo de este tipo de delitos. BERMEJO CABRERO, José Luis Poder político y administración de justicia en la España de los Austrias, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 2005, p. 106. 111 Martínez Marina escribió que hasta el siglo XII, siguiendo la tradición gótica “…aunque las leyes recomendaban a los príncipes la virtud de la clemencia, con todo eso no les otorgaron facultad de perdonar á los reos convencidos de traición o infidelidad contra el soberano y la patria…” MARTÍNEZ MARINA, Francisco Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los Reinos de León y Castilla: Especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de D. Alfonso el sabio, Tercera Edición, Sociedad Literaria y Tipográfica, Madrid, 1845, p. 63. 112 IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino Historia de la traición: La traición regia en León y Castilla, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1971, pp. 147 y ss. 113 MARTÍNEZ MARINA, Francisco Ensayo…, p. 387.

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dicción (Catalunia, 1640), el “juntismo”, las posturas cambiantes, el que se las juzgara como traición, su enjuiciamiento rápido y sumario, los castigos ejemplares, el reclamo de una mayor participación en el gobierno de la ciudad (Sicilia, 1646), los castigos excepcionales y la exhibición de las cabezas cortadas (Nápoles, 1647).114 El análisis de unos pocos aspectos del Juicio de Residencia que Lerma sustanció contra Abreu facilitó la percepción conjunta de la administración de la justicia en distintos niveles (el virreinato, la gobernación y la ciudad), distintas modalidades (administrativa, ordinaria y sumaria) y la articulación de los intereses de la Monarquía con los de algunos súbditos que no ocupaban lugares centrales: en este caso, saber cómo fueron juzgados aquellos hombres, fue la piedra de toque para comprender la relación entre asignación de identidades, intereses políticos, administración de justicia y equipamiento político en territorios jóvenes y turbulentos. Tanto lo eran que Hernando de Lerma les aplicó el sambenito de tierra vidriosa.

114 Véase por ejemplo VILLARI, Rosario La revuelta antiespañola en Nápoles. Los orígenes (1585-1647), Alianza, Madrid, 1979. AA.VV. 1640. La Monarquía en crisis, Crítica, Barcelona, 1992, 258 pp.

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Fieles y leales vasallos Agentes subalternos y poder en los Juicios de Residencia Buenos Aires, mediados del siglo XVII

Oscar José Trujillo

Introducción Este trabajo tiene su origen en un intento por reflexionar y discutir algunas interpretaciones acerca de la dinámica de la elite de Buenos Aires a mediados del siglo XVII. En ese sentido, algunas de las fuentes más valiosas –y más utilizadas– para enfocar el funcionamiento de la capa más alta de la sociedad colonial han sido las relacionadas con el ámbito institucional más representativo de los intereses de ese grupo: los cabildos.1 Sin embargo, una fuente más dinámica y compleja, que muestra con un grado de detalle más preciso la compleja trama de lealtades, armonías, conflictos y enfrentamientos en el seno de la elite de poder local, son los Juicios de Residencia.2 Aún cuando el carácter judicial de estas fuentes pueda ser tomado como una cierta limitación a la hora de reflexionar sobre el poder político, las redes de lealtades y la intensidad de los conflictos en el Buenos Aires colonial, creemos que un abordaje de las mismas que supere una mirada más jurídico-institucional permitirá observar esos procesos. De hecho, Tamar Herzog propuso tres formas alternativas de estudiar ese inmenso corpus documental; el enfoque jurídico-formal se encuentra represen-

1 Sería extenso resumir el listado de los trabajos que han enfocado a esta institución indiana, por ejemplo: GELMAN, Jorge “Cabildo y elite local en Buenos Aires en el siglo XVII”, en HISLA Revista Latinoamericana de Historia económica y social, núm. 6, 2° semestre de 1985; PONCE LEIVA, Pilar Certezas ante la incertidumbre: elite y cabildo de Quito en el siglo XVII, Abya-Yala, Quito, 1998; SANTOS PÉREZ, José Elites, poder local y régimen colonial. El cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala 1700-1787, Universidad de Cádiz, 1999. 2 Sobre el origen medieval, incluso sobre sus antecedentes más antiguos, han escrito numerosos autores. Sólo por mencionar algunos: CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo “La visita como institución indiana”, en Anuario de Estudios Americanos, núm. 3, 1946; DURAND FLORES, Luis “El juicio de residencia en el Perú Republicano”, en Anuario de Estudios Americanos, núm. 10, 1953; SERRA RUIZ, Rafael “Notas sobre el juicio de residencia en época de los Reyes Católicos”, en Anuario de Estudios Medievales, núm. 5, 1968.

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tado por trabajos pioneros como el de Mariluz Urquijo3 o Caro Costas.4 Estos autores resaltaron el carácter ordinario, repetitivo y rutinario de los procesos, convertidos en un mecanismo potencialmente eficaz de control de la administración indiana –aún cuando fallaran– pues evidenciaron una intención política por parte de la Corona de avanzar sobre la administración colonial. Otros trabajos utilizaron estas fuentes para estudiar aspectos más amplios como la propia administración o la sociedad sin tener presentes los diversos procesos de construcción de esa información; finalmente, hubo quienes las analizaron en términos de construcciones sociales de gran complejidad que, lejos de demostrar la neutralidad de la acción política central, dejaban claros los mecanismos de conformación de lealtades y conflictos.5 Si bien creemos necesario matizar la afirmación de Herzog en el sentido de relativizar la función fiscalizadora de estos procesos, estas instancias de comunicación y recreación de la administración, la jurisdicción, la comunidad y la paz social, como los propone la autora, tenían una característica muy peculiar en relación con otros procesos judiciales: su carácter previsible.6 La inexorabilidad de los Juicios de Residencia condicionó a los funcionarios a fortalecer redes de lealtad que sirvieran para hacer buenos negocios durante su mandato; pero por sobre todo, que sobrevivieran lo suficiente como para mantenerse cuando le llegara el momento de sentarse en el banquillo del acusado. Aprovechar amistades para ocultar riquezas obtenidas durante su mandato a la llegada del juez o conseguir testigos favorables, se convirtió en un paciente juego de política local que comenzaba incluso antes de pisar suelo americano. Por otro lado, esta fuente permite captar la voz de quienes tenían una posición más subalterna en una sociedad definida justamente por la subalternidad: funcionarios subordinados, artesanos, mujeres e indios de las reducciones cercanas –que hemos seleccionado para esta presentación entre muchos otros– quienes no dudaron en presentarse a denunciar abusos o reclamar deudas, aún cuando lo hicieran en un marco de restringida libertad.7 La Residencia se convertía así en mucho más 3 MARILUZ URQUIJO, José Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Serie 2, núm. LXX, 1952. 4 CARO COSTAS, Aída El juicio de residencia a los Gobernadores de Puerto Rico en el siglo XVIII, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 1978. Además, PONCE, Marianela El control de la gestión administrativa en el juicio de residencia al Gobernador Manuel González Torres de Navarra, ANH, 1985; VACCARI SAN MIGUEL, Letizia Sobre gobernadores y residencias en la provincia de Venezuela. (Siglos XVI, XVII, XVIII), ANH, 1992. 5 HERZOG, Tamar “La comunidad y su administración. Sobre el valor político, social y simbólico de las Residencias de Quito (1653-1753)”, en PELLISTRANDI, Benoit –coordinador– Couronne espagnole et magistratures citadines á l’époque moderne, Nouvelle Série, 34 (2), 2004. 6 TRUJILLO, Oscar “La Mano poderosa. Los Gobernadores de Buenos Aires y los juicios de residencia”, en X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Rosario, 2005 y “Los Gobernadores de Buenos Aires. Conflicto y negociación a mediados del siglo XVII”, en 52 Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 2006. 7 Sobre esta capacidad de acción de grupos locales e intermedios, matizando la hegemonía de los poderes “centrales” ver BARRIERA, Darío “Por el camino de la historia política: hacia una historia polí-

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que una presentación de acusación contra un ex funcionario: era un interesante proceso en el que lealtades y antagonismos afloraban plasmándose en el papel y, simultáneamente, permiten ver como una nueva red de solidaridades se tejía en torno al nuevo gobernador que, en la mayoría de los casos estudiados, era a la vez el juez encargado de la Residencia del anterior. Un mecanismo de diseño y rediseño del diálogo político entre la Corona y las elites regionales más alejadas de Madrid.

Con unión y conformidad Muchas veces las denuncias provenían desde los ámbitos más cercanos –tal vez por ello más conflictivos– del ejercicio del gobierno. Los Jueces Oficiales Reales, encargados de custodiar y administrar las Cajas Reales, tuvieron variedad de conflictos –como así también suculentas oportunidades de complicidad– con los gobernadores. A eso respondió, en 1691, una Real Cédula que recordaba tanto a los gobernadores como a los custodios de las Reales Cajas la obligación de visitar los navíos los tres funcionarios juntos, “…portándose con unión y conformidad…”.8 En su visita a las Cajas Reales de Buenos Aires, el Lic. Andrés León de Garavito denunció que estos ministros de su Majestad no tenían posibilidad de actuar con limpieza y transparencia por la opresión que sufrían de los gobernadores. El mismo Garavito, encargado del Juicio de Residencia del gobernador Céspedes sentenció a éste porque “…nombró por tesorero real a Enrique Enríquez, su íntimo amigo apaniguado por tenerle de su parte en las causas de descaminos y arribadas…” con la oposición de uno de los tesoreros, Luis Delgado.9 El gobernador Lariz fue acusado no sólo de desterrar al tesorero Juan Vallejo, sino de asesinarlo: “…había mandado le diesen veneno…” por mano de uno de sus confidentes, Cristóbal de Ahumada.10 En 1648, el escribano Mayor de Minas, Registros y Real Hacienda de la Trinidad, Juan Antonio Calvo de Arroyo,11 sufrió la ira del gobernador Lariz, quien lo desterró al Brasil después de que Calvo denunciara no haber podido visitar un navío con muchos pasajeros y hacienda: “…ni manifestaban la hacienda que llevaban ni constaba de las licencias por donde se podían embarcar por puerto vedado [...] por concierto y cantidad de plata que habían dado al dicho Don Jacinto de Lariz”.

tica configuracional”, en Secuencia, Nueva época, núm. 53, mayo-agosto de 2002. 8 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Charcas 29 R2 N. 58. Sobre alcabalas de Buenos Aires, 1691. 9 AGI, Escribanía 903 A. Visita a las Cajas Reales de Buenos Aires, 1631. 10 AGI, Escribanía 893. Residencia del gobernador Jacinto de Lariz, 1653. 11 AGI, Charcas, 68 N. 56 23-5-31. Confirmación de oficio de Escribano Mayor de Minas, Registros y Real Hacienda de la Trinidad. El cargo lo había ganado en almoneda pública por doce mil pesos, “…pagados a ciertos plazos”.

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El sucesor y juez, Pedro Baigorri, sentenció que Lariz había procedido “…indebida e injustamente…” por lo que ordenó se le dieran al hijo del Escribano, ya difunto, el cargo de su padre y unos tres mil trescientos treinta pesos.12 En 1673, el contador Alvarado y el tesorero Astudillo apuntaron al gobernador Salazar: “…nombró por su asesor a Don Diego Martínez de Londoño su sobrino, con salario y sueldo de un soldado ordinario de infantería en uno de septiembre de 1666 y los sirvió y tuvo el sueldo de tal siete años cumplidos…”, reclamando además la inmediata restitución del dinero.13 Otra de las denuncias a Salazar por parte de los Jueces Oficiales Reales detallaba que cuando los funcionarios se negaron a pagarle sus salarios del erario real, el Gobernador les respondió: “…que cuando no lo quisiésemos hacer que él era gobernador y se pagaría de su mano pues se hallaba gobernando y con poder absoluto y que lo mismo era cobrar de estas cajas que las de Potosí…”.14

Que los indios sean libres y tratados como vasallos Una de las premisas a las que debían responder los funcionarios encargados de tomar los Juicios de Residencia apuntaba a la averiguación acerca del trato que corregidores y otros funcionarios reales habían hecho de la población indígena. Desde mediados del siglo XVI, más precisamente mediante la Real Cédula del 9 de octubre de 1556, se dispuso que los encargados de pregonar la apertura del proceso tuvieran especial cuidado en que esas noticias “…llegasen a conocimiento de los indios para que pudieran pedir sus agravios con entera libertad…”. Además de la utilización de lenguaraces hábiles que participaban no sólo de los pregones sino también del levantamiento de las denuncias mismas, la práctica en algunos casos incluyó el nombramiento de jueces indios.15 Como todos los individuos, también ellos eran objeto y sujeto de una justicia distributiva, que otorgaba a las partes “…lo que le corresponde…” según su derecho, según su posición en el orden social.16 Aun así, a la posibilidad de que los propios damnificados hicieran uso de la facultad de denunciar en el Juicio de Residencia cualquier abuso, la figura del Protector de Naturales también tuvo un peso importante en el desarrollo de los procesos. Pese a que en el Río de la Plata su intervención, así como la obligación de los

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AGI, Escribanía 893. Residencia del gobernador Jacinto de Lariz, 1653. AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 14 AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 15 MARILUZ URQUIJO, José Ensayo sobre…, cit., p. 155. 16 BARRIERA, Darío “La ciudad y las varas: justicia, justicias y jurisdicciones (ss. XVI-XVII)”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 31, 2003. 13

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corregidores y administradores de pueblos de indios, fue más bien tardía,17 desde mediados del siglo XVII se hizo corriente su participación en las Residencias, como cuando Clemente Rodríguez, protector de naturales, reclamaba en el juicio al gobernador Andrés de Robles por salarios adeudados a los chanás de la reducción de Santo Domingo Soriano.18 En 1638 dio inicio el juicio al gobernador Pedro Esteban Dávila, tomado por el Lic. Gaspar González Pavón, de la Audiencia de Charcas, quien dispuso, en relación con la población indígena, que: “…personas de satisfacción, y que hablen las lenguas de los indios […] de las reducciones de Santiago del Baradero, el Bagual, el Caguané, la Laguna y Santiago Tubichumaní [...] tomen declaración de esos indios y sus curacas y se anoticien que Su Majestad ha venido a satisfacerles y hacerles justicia de los agravios y molestias y malos tratamientos que les hubiesen hecho, hacienda, hijos, mujeres que les hubiesen quitado…”.19 Así, el curaca Domingo, acompañado de Martín Molota, Miguel Tucumbal y Juan de Calquiguan, todos indios de Baradero, denunciaron que Antonio de Azpeitía, su corregidor, mandó “…traer a los mozos para que le errasen su ganado y le sirviesen como lo hizo con muchos de los indios…” sin abonarles nada por su trabajo. Miguel, cacique principal de la reducción del Santiago del Baradero, declaró que en tiempos en que Luis Fernández era su Corregidor, éste les hizo malos tratos “…haciéndolos trabajar en el monte en hacer carbón y cortar madera…”. Incluso a él mismo, cuando “…le pidió más tierra para su chacra, lo maltrató y tuvo preso”.20 Otras demandas fueron similares, como la que presentó Hernando Guabucaca, cacique, junto a Pedro, “…indio sujeto a éste cacique…”; quejándose de que Bartolomé Pintos usó a él y otros en llevar unos caballos a Santa Fe, cortar maderas y cañas, y sólo le pagó lo primero. Don Martín Caguané, “Cacique de los indios y reducción caguanés, encomienda de Lorenzo Cobos y otros varios…” protestó porque algunos de sus indios fueron llevados a las obras de la cárcel del Cabildo y el fuerte, apenas llegado el gobernador Dávila, quien les dio poca comida y no se preocupó durante todo su gobierno por proveerles doctrinante. Su corregidor, Antonio

17 Ese fue el argumento que esgrimió el capitán Alonso Pastor, aclarando que su título ni siquiera era de Corregidor, sino de mero administrador y que nunca, desde la fundación de la ciudad, tales servidores habían sido residenciados. AGI, Escribanía 894. A. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. Falaz argumento que no impidió la prosecución del proceso pues, como describimos a continuación, en la Residencia tomada al gobernador Pedro Dávila, se incluyó a los Corregidores de las reducciones vecinas. 18 AGI, Escribanía 897 C. Residencia del gobernador Andrés de Robles, 1679. 19 AGI, Escribanía 892 A. Residencia del gobernador Pedro Dávila, 1638. 20 AGI, Escribanía 892 A. Residencia del gobernador Pedro Dávila, 1638.

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Gómez, sólo apareció para llevarse los indios a trabajar. Don Ignacio, cacique de la reducción del Bagual, decía que sus indios trabajaron en las obras, aunque no se les pagó todo su trabajo, y que no tienen iglesia, porque se les cayó.21 Algunos de los numerosos cargos por los que debió responder el conflictivo gobernador Jacinto de Lariz en su Residencia sentenciada en 1659 incluyeron el no haber hecho bautizar a los indios, “…ni haberles dado más doctrina que de hacer carbón, cortar madera y leña y carretear [...] sin darles la paga de la ordenanza…”.22 En 1671, el gobernador Salazar, atento a la situación de los indios: “…que al presente están situados en pueblo y reducción en el pago de la magdalena, poco más o menos de dos leguas de esta ciudad y por ocasión de las enfermedades y contagios de viruelas, de que han muerto muchos y hoy se hallan convalecientes los que han quedado […] por falta de disposición necesaria del Ayudante Don Jacinto Garzón, quien los administra, no habiéndolos hecho hacer sementeras de comunidad y particulares como estaba dispuesto y permitiéndoles tener rodeos de caballos hasta cantidad de mas de doscientos […] largándose por las chacras y estancias […] matando los ganados , terneras y vacas lecheras y asimismo repartiéndolos a su arbitrio…”. Designó al Capitán Alonso Pastor23 con el encargo de que: “…ponga remedio en los excesos referidos y especialmente en extinguir la caballada dejando solamente la que juzgare tuviere por necesaria para que los caciques, los viejos e impedidos puedan venir a esta ciudad y de ella a su pueblo […] y de los producido de venta o truque de los caballos no necesarios los reducirá a bueyes de arada y a los demás aperos de labranza…”.24 Cuando Salazar fue sometido a Residencia, en 1673, Pastor intentó eludir su inclusión en el proceso, diciendo que era un mero administrador. En 1674, el juez y sucesor de Salazar, Don Andrés de Robles, dispuso que Joseph Jil Negrete, fuera el encargado de “…la pesquisa y sumaria de la residencia que se ha fulminado contra los Alcaldes provinciales, de la Santa Hermandad. Corregidores y administradores de los pueblos de indios y protector general de los

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AGI, Escribanía 892 A. Residencia del gobernador Pedro Dávila, 1638. AGI, Escribanía 1190. Sentencias del Consejo. Residencia del gobernador Jacinto de Lariz, 4 sentencias, 1659. 23 AGI, Escribanía 894 A. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 24 AGI, Escribanía 894 A. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 22

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naturales, hecha en los Pagos del Monte Grande, Conchas, Matanza, Luján y Magdalena.”25 En el interrogatorio que se tomó a los curacas en ésta última Residencia, la pesquisa secreta incluyó preguntas acerca de si habían conocido o no a sus corregidores, si éstos los habían defendido, “…o si lo han dejado hacer por amistad u otro respecto o dádivas de otras personas de donde los dichos naturales se han quedado agraviados…”; si los hicieron rezar, media hora por la mañana y otra por la tarde; si fomentaron los pueblos y sus sementeras; si les quitaron hijos o mujeres; si se han valido de ellos contra su voluntad; si les han hecho pagar más tasa por las encomiendas o si les compraron sus frutos a menor precio.26 Don Martín Iquin cacique principal “…de la parcialidad y nación Quilme…”, protestó porque el corregidor Don Jacinto Garzón, había cometido con él y su gente distintos abusos: “…a los muchachos y muchachas que no querían acudir al rezado con puntualidad, los azotaba…” y que había tenido poco cuidado en el fomento y cuidado de las sementeras, que “…eran unos pedazos muy pequeños de maíz, que no tenían ni para la mitad del año.” Que a él mismo le sacó un pedazo de tierra cultivada, de lo que “…se sintió agraviado y recibió molestia [...] calló la boca y no quiso hablar ni dar queja de miedo de los dichos […] por ser indio miserable y recién traído a este pueblo y que por esa causa nunca sembró…”. Incluso al mismo cacique le sacó un nieto, mandándolo a trabajar a una chacra donde lo maltrataron y azotaron: “…no pagaron a dicho su nieto y que si le dieron algo sería muy poco y no conforme a su trabajo por ser muchacho e incapaz…”.27 En la larga lista de quejas, denunciaron la utilización de indios para la siembra y cosecha de alimentos que luego debían comprarle a él mismo, el encierro de ganado cimarrón en su propia estancia, insultos y maltratos físicos. A Sebastián de Chuquisaca, indio ladino en lengua castellana y maestro zapatero, propietario de una chacra, el alcalde Juan del Pozo y Silva lo obligó a pagar el valor de tres fanegas de trigo que sus caballos habían comido del campo de Bernabé Gómez de Sossa. El chacarero protestó, afirmando que no fueron sólo sus caballos: “…mas estos fueron acompañados con otros de otros vecinos entre quienes le pidió este testigo se prorratease el daño y sin embargo de esta súplica, por ser indio y persona miserable le mandó lo pagase como en efecto pagó él solo las dichas tres fanegas…”. En el mismo acto, aprovechó a denunciar al alcalde de la Santa Hermandad, teniente Pedro de Saavedra, por el robo de unas cincuenta yeguas de vientre y trein-

25

AGI, Escribanía 894 A. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 27 AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 26

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ta mulas, “…y que como indio y sujeto miserable, se quedó sin sus yeguas ni mulas…”.28 A veces los abusos eran denunciados por los propios encomenderos, como cuando Don Juan Jerónimo de la Cruz, vecino feudatario, se quejó contra el Cap. Diego Rodríguez, alcalde de la Santa Hermandad, por haber azotado cruelmente a un indio de su servicio por unos caballos que habían destruido las sementeras de Isabel Pimentel, esposa de Pantaleón Denis: “…cogió al dicho indio Simón y lo llevó al corral de este declarante donde lo mando desnudar y darle con dicho negro cantidad muy considerable de Azotes, todo extrajudicialmente […] sin atender que el dicho indio no había cometido ningún delito […] si hubiesen hecho daño no lo debía pagar el indio , sino el dueño de los caballos, que era este testigo, con que quedó agraviado el miserable indio por haberlo hecho con mano de alcalde y también con la seguridad de que no había de tener defensa bastante el dicho indio por el Protector general de los naturales, que entonces lo era el Lic. Don Diego Martínez de Londoño, que está ausente en los reinos de España, quien era familiar amigo y padrino de casamiento de dicho Diego Rodríguez”. Un testigo del hecho pretendió intervenir, ofreciendo un regalo de cincuenta pesos a cambio de la suspensión del castigo “…a que le respondió el dicho Diego Rodríguez que más quería azotarle y hacer su gusto que los cincuenta pesos…”.29 Joseph, indio de Santiago del Estero, se presentó quejándose contra el alcalde de la Santa Hermandad Juan Ruiz de Ocaña, quien en 1671 lo apresó y le echó un par de grillos, “…temiendo el que declara le sobreviniese alguna vejación o castigo como indio miserable y que no tenía persona que fomentase su causa y defendiese y ayudase, hizo fuga a la ciudad de Santa Fe […] dejando su mujer pobre desvalida, sin mas amparo que el de Dios…”. Esa circunstancia fue aprovechada por el Alcalde para sacar del campo de Joseph unas diecisiete cabalgaduras. Otras quejas presentadas en estos procesos, si bien tuvieron como protagonistas a indios, deben ser consideradas como expresión de las pretensiones y protestas de encomenderos, como las que son motivo de sentencia en la Residencia de Mendo de la Cueva y Benavides, por haber capturado unos ciento sesenta indios en malocas y “…en vez de reducirlos en la ciudad…” los esclavizó, reservándose él mismo a siete de éstos. Los encomenderos protestaron por no haberlos repartido en concurso de opositores.30 28

AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 30 AGI, Escribanía 1190. Residencias de Mendo de la Cueva y Benavides y Francisco de Avendaño, gobernadores de Buenos Aires, 1658. 29

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A eso se refería Amador Báez de Alpoim, protector de naturales, cuando en la Residencia al gobernador Cabrera, en 1647, afirmaba que lo que quería el Rey era “…que los indios no sean esclavos ni sacados de su natural […] que los indios sean libres y tratados como vasallos suyos…”.31 La ignorancia de sus derechos, así como de la propia mecánica de los Juicios de Residencia, sumado al hecho de que, aún en la circunstancia de hallarse en la posibilidad de hacer uso del derecho de queja, la posición de estos indios era absolutamente mediada por su condición, y la connivencia de corregidores, jueces y curacas, como lo advierte Mariluz Urquijo, observando que los corregidores lograban solapar sus culpas teniendo contentos con obsequios a los caciques, quienes “…también por su parte hacen vejaciones y molestias a los indios, los cuáles en general no tienen voluntad más que la de sus caciques.”32

Agraviadas, pobres y miserables Otras querellas que aprovecharon la grieta que abría el Juicio de Residencia en el orden político y social de la sociedad colonial fueron promovidas por mujeres. Lariz fue acusado y condenado en la restitución de unos cuatrocientos pesos por despojar con violencia a la viuda del tesorero Juan Vallejo, Petronila Cid Maldonado, cuyo marido había sido desterrado y asesinado en Brasil por orden del polémico Gobernador.33 En 1674, el Juez recibió la declaración de Micaela de Peralta, en el pago de Luján. Esta mujer soltera de veinte años, quien vivía con su madre y hermanos pobres en la estancia de Doña María de Carvajal, viuda del capitán Juan de Zacarías, denunció al alcalde Juan de Peñalba, quien “…sin mostrar ningún papel ni dar razón alguna cogió de la compañía de su madre a esta declarante y a dos hermanas suyas nombradas María, que sería entonces de diez años y Mariana que tendría de ocho a nueve años y a todas tres las llevó a la ciudad y puso en casa de Bernardino de Ossa…”. De ese lugar, su hermana María fue llevada a casa del capitán Juan Fernández Guillén, Regidor Perpetuo, para su servicio. A María la depositó en casa del regidor Joseph Rendón, sin más razón que porque vivía mal. Aunque Micaela logró volver con su madre, Luisa de Peralta, “…viuda de Félix Gutiérrez, mujer pobre y miserable…” siguió reclamando en la Residencia por sus hermanas menores: “…por cuya razón y por ser injusta esta levada, se siente y tiene por agraviada por ser persona sumamente pobre y miserable, y que aunque caso 31

AGI, Escribanía 892 B. Residencia del gobernador Jerónimo Luis de Cabrera, Pieza 10, 1647. MARILUZ URQUIJO, José Ensayo sobre…, cit., p. 182. 33 AGI, Escribanía 893. Residencia del gobernador Jacinto de Lariz, 1653.

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negado estuviera en mal estado, le dijeron a esta declarante muchas personas que no era este caso de los tocantes a la Santa Hermandad, ni de su jurisdicción, sino de los ordinarios…”.34

Oficiales herreros, zapateros y carpinteros y sastres con cuyos oficios se sustentan Sobre la calidad de los testigos a los que el Juez debía aplicar un cuidadoso interrogatorio, las normas recomendaban que “…fuesen de distintas clases sociales, para que así se tuviese noticia de la opinión de la mayoría de la población”,35 caballeros, eclesiásticos, abogados y vecinos comunes. Así, en la Residencia tomada a Salazar, la información secreta abarcó a cuarenta y dos individuos, desde miembros del Cabildo, militares de distintos rangos –soldados reformados, capitanes, tenientes, alféreces– un mercader, un pulpero, dos sastres y un platero.36 La provisión de mano de obra medianamente especializada en saberes técnicos fue, desde la misma fundación de la ciudad, todo un problema. De hecho, uno de los argumentos más efectivos para evitar la expulsión de un barbero, cirujano, carpintero o zapatero era la utilidad de sus servicios. Justamente, esos argumentos afloraron en los Juicios de Residencia de manera reiterada. Manuel González, herrero portugués, reclamó al gobernador Cabrera setecientos ochenta y tres pesos por obras que le encargó, presentando al juicio un detalle con valores de materiales y trabajo realizado en el “…reparo de la artillería y sus cabalgamientos, planchadas, mantas, clavazón y cerraduras de los alojamientos del fuerte y herraje que hizo para el bergantín.” Aunque Cabrera había comprometido el pago con el situado que estaba pronto a llegar desde el Potosí, el Juez lo sentenció en el pago de esa suma, y que fuera él quien la cobrara de la plata pronta a llegar a Buenos Aires. La decisión del Juez se basaba en el ruego desesperado del querellante: “No tengo otras granjerías de que me sustentar…”.37 La expulsión de los vecinos portugueses en 1643 fue uno de los temas más reiterados en el Juicio de Residencia de Cabrera. Los portugueses de Buenos Aires reaccionaron con dureza desde el mismo momento de publicado el decreto de expulsión.38 La resistencia al extrañamiento vio aglutinar los esfuerzos de un seg34

AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. MARILUZ URQUIJO, José Ensayo sobre…, cit., p. 175. 36 AGI, Escribanía 894 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 37 AGI, Escribanía 892B. Residencia del gobernador Jerónimo Luis de Cabrera, Pieza 1, 1647. 38 Vale la pena advertir que en estos casos la categoría de extranjero es la clave del conflicto. Aunque no ahondaremos en esa cuestión en este trabajo, advertimos del valor discursivo que la lealtad cobra en estos testimonios y denuncias. Al respecto: TRUJILLO, Oscar “Facciones, parentesco y poder: la elite de Buenos Aires y la rebelión de Portugal de 1640”, en YUN CASALILLA, Bartolomé –director– Las redes del Imperio. Elites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, en prensa. 35

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mento más que significativo de la elite local: militares, clérigos, funcionarios y vecinos de orígenes más que beneméritos intentaron evitarlo, esgrimiendo su vecindad adquirida, su lealtad a Felipe IV y hasta la utilidad de sus servicios. Y muchos acompañaron como testigos a los portugueses que se presentaron –ya de nuevo en el puerto– a la Residencia del Gobernador saliente. Así reconocieron todos, que los portugueses siempre habían sido leales vasallos del monarca castellano, y “…trabajan con más cuidado que otros [...] otros son oficiales herreros, zapateros y carpinteros y sastres con cuyos oficios se sustentan y pasan con mucha cortedad porque esta tierra es muy pobre y corta por no tener comercio ni saca de los frutos para ninguna parte…”. Un zapatero portugués, Antonio Cuello, se presentó como testigo de un compatriota, Estacio Ultramachado, quien reclamaba del gobernador Cabrera unos quinientos pesos por mal juzgado.39 En 1644 el Magistrado lo había multado en esa suma por regresar a Buenos Aires después de su expulsión. Ambos, denunciante y testigo, habían clandestinamente fugado desde Córdoba a Santa Fe. Cuello declaró que había escapado de Córdoba porque, “…tenía necesidad de unos cueros de suela para el gasto de su oficio [...] y porque en esta ciudad suele haberlos de los que bajan del Paraguay [...] ni sabe que los demás de su nación que vienen a esta ciudad los mueva otra cosa más que buscar la vida, porque en Córdoba están padeciendo mil necesidades…”. Y que el Gobernador, en vez de encarcelarlo, “…debía estimar mi venida [...] para dar y hacer de calzar a la gente de ella por no haber como no hay ningún oficial zapatero…”. Pedro Martín, oficial zapatero, vecino, morador, portugués, también se quejó contra Cabrera, pues, “…con mano poderosa de tal gobernador que era me mandó cerrase mi tienda y no trabajase sin más causa que haberme dicho que diese obra fiada a los soldados y haber respondido yo que no tenía caudal para poderlo hacer…” y mandó a un Sargento a vigilar que no trabajara o “…me metiese de cabeza en el cepo…”. Aunque logró salir de la cárcel, el Gobernador instruyó a los soldados para que: “…no me pagasen lo que me debían aunque ellos como hombres cristianos no usaron de ello [...] gasté el poco caudal que tenía pues no tengo chacra ni estancia ni más caudal que mi oficio […] soy hombre pobre, que me sustento de mi trabajo honestamente y sin escándalo de nadie porque debía de ser amparado y no vejado y molestado…”.

39 Habría que diferenciar, asunto que no es central en este trabajo, los reclamos que apuntaban a los gobernadores como opresores que con mano tiránica se valían de su poder para sacar provecho de cualquier situación, a los reclamos como éste en el que el demandante acusaba al Gobernador de administrar arbitraria o incorrectamente la justicia.

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El Juez condenó a Cabrera con una multa de treinta pesos.40 En la Residencia tomada en 1673 al gobernador Salazar, un carpintero, Juan de Buldain, logró que se dispusiera que aquel le pagara un salario de diez reales diarios por su trabajo de diecinueve meses en las obras de la catedral.41 Otros artesanos, como Pedro de Acosta, Gonzalo González y Francisco de Espinoza, convocados como testigos en la residencia al gobernador Salazar, prefirieron destacar el celo militar y el cuidado del funcionario en los aderezos militares del puerto y excusarse de dar detalles relacionados con el tráfico de mercancías tolerado por el funcionario.42

Conclusiones Más que medidas de neto corte administrativo, los Juicios de Residencia se constituyeron como herramientas claramente políticas en la compleja ingeniería de gobierno de las Indias. Como símbolo de la concepción política de la Monarquía hispánica, las Residencias buscaron propagar la idea de una administración cohesionada, a la vez que acercar a los súbditos la imagen de un Rey lejano, ausente, que cobraba entidad en los procesos en los que el diálogo entre los agentes más subalternos de la sociedad colonial y los preceptos del derecho indiano se hacían realidad. “Lo que importaba no era el final del proceso, sino su iniciación” señala Tamar Herzog, “…el hecho de que las residencias se publicaran y que todas y cada una de las personas que vivían en la jurisdicción se llamasen a participar en ellas”,43 así como el carácter universal de esa convocatoria, que incluía tanto a españoles como a indígenas, a habitantes de la ciudad y del campo, aún cuando ocuparan lugares distantes en el cuerpo de la Monarquía. El cuadro analizado en este trabajo sólo presenta algunos segmentos de ese riquísimo diálogo político que recorría el largo proceso inaugurado en las pesquisas secretas; publicado en los interrogatorios públicos; dramatizado con cárceles, embargos, destierros y multas y ¿finalizado? en las sentencias. Al respecto, Durand Flores opinaba que: “…al establecerse la residencia en Indias como norma general y obligatoria, alcanza en su desarrollo un punto principal. Si la residencia fue en su origen un sistema jurídico de control que podía encasillarse dentro del derecho administrativo, al establecerse como norma general y obligatoria iba más allá, o mejor dicho tendía manifiestamente a ir más allá, hacia el

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AGI, Escribanía 892 C. Residencia del gobernador Jerónimo Luis de Cabrera, Pieza 25, 1647. AGI, Escribanía 895 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 42 AGI, Escribanía 895 B. Residencia del gobernador José Martínez de Salazar, 1673. 41

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ejercicio de un derecho político poco desarrollado en la cultura occidental cristiana: el derecho del pueblo de exigir cuantas a los gobernantes.”44 Aunque sea exagerado buscar rasgos democráticos en los Juicios de Residencia, el carácter claramente político de esta institución es muy evidente. El monarca, o al menos la voz que en el juicio lo representaba, aparecía así como “un poder arbitral superior a quien se recurría para resolver conflictos domésticos entre poblaciones, entre facciones urbanas, entre señores nobles, sabiendo sacar siempre buen partido de eso”.45 Un vínculo de negociación y resistencia en el que las instituciones, los discursos y las prácticas políticas mismas estaban inmersos en una pluralidad de poderes, jurisdicciones, lenguajes y fuentes del poder.46 Esa negociación es la clave que explica la creación de autoridad y los Juicios de Residencia, en su abigarrado y superpuesto desfile de actores y recursos, se constituyeron en una valiosa fuente para el estudio del gobierno colonial.

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HERZOG, Tamar “La comunidad…”, cit., p. 180. DURAND FLORES, Luis “El juicio…”, cit., p. 347. 45 GIL PUJOL, Xavier “Centralismo e localismo? Sobre as relações políticas e culturais entre capital e territórios nas monarquias européias dos séculos XVII e XVII”, en Penélope, núm. 6, 1991, p. 127. 46 Al respecto ver RAMADA CURTO, Diogo “Notes on the history of European colonial law and legal institutions”, extracto de Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Milan, 2005. Sobre la configuración, GREENE, Jack Negotiated authorities. Essays in colonial political and constitutional history, The University Press of Virginia, Charlottesville and London, 1994. 44

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María Elena Barral

Introducción Durante décadas los párrocos fueron los principales intermediarios en las zonas rurales de Buenos Aires y este papel fue primordial para el control social a falta de un poder policial bien organizado en la región. Poco antes de la Revolución de Mayo, en el paisaje social de los parajes rurales pampeanos eran más comunes las sotanas y las cruces que otros funcionarios policiales o judiciales. Frailes y sacerdotes seculares, a través de variadas formas de intervención social, daban legitimidad al estado colonial a partir de diversas prácticas. Actuaban como guardianes del orden público y moral, como curanderos espirituales y a través de distinto tipo de mediaciones se convirtieron en piezas clave del funcionamiento burocrático de la Monarquía y de su sostén ideológico.1 Las instituciones eclesiásticas contaban con variados recursos que le permitieron jugar este papel en la mediación social. Sus principales “operarios” –los párrocos o religiosos de distintas órdenes– se encontraban estratégicamente situados para utilizar los recursos de la campaña con el fin de desempeñar un papel significativo en los centros de poder urbanos. Su ubicación en la trama social de la ciudad les servía, a su vez, para sobresalir en la campaña. Además, eran parte de instituciones formales y desempeñaban roles de liderazgo y toma de decisiones asociados con ellos y contaban en la mayoría de los casos con recursos materiales y vinculares. De modo que estos eclesiásticos terminaron por conocer y practicar dos estilos culturales: el de los claustros –impregnado, en parte, por el pensamiento ilustrado– y el de la campaña, con sus costumbres y hábitos bastante alejados de las normas de civilidad que se pretendían imponer como comportamientos esperables.

1 TAYLOR, William Ministros de lo Sagrado: sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII, Colegio de Michoacán-Secretaría de Gobernación-El Colegio de México, Zamora, Michoacán, 1999.

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Otros recursos que potenciaban su mediación social –capacidades judiciales, sacramentos, cofradías, fiestas y celebraciones– procedían de la propia naturaleza de las instituciones eclesiásticas. Estas formas de intervención específicas los diferenciaba de otros mediadores y sumaban más condiciones para intervenir en los procesos de articulación social. Es en este sentido que las formas de actuación de los eclesiásticos pueden examinarse como las de unos intermediarios especializados que contaban con conocimientos y experiencias que sus feligreses no tenían.2 Los sacramentos de la Iglesia y su apropiación por parte de las feligresías excedían ampliamente el terreno religioso y se convirtieron en medios para obtener fines menos devotos. En particular el bautismo era el “ingreso” a la sociedad. Y también la vía para la construcción un tipo de relación de gran importancia en las sociedades tradicionales: el compadrazgo. ¡Qué decir acerca de la importancia de la iglesia del pueblo! En el apoyo y obediencia que los feligreses pudieran brindar a su párroco tenía mucha importancia lo que éste hiciera por la belleza del templo y la organización de las ceremonias religiosas. Su gestión podía jerarquizar devociones, al ser el encargado de divulgar la capacidad milagrosa de los santos, redundando en fama, en limosnas, en promesas y en recursos para la Iglesia, y también para los vecinos principales del partido. El templo –con su campanario, atrio y cementerio– e instituciones como las cofradías, fueron elementos simbólicos de gran potencia para la formación de un sentimiento de pertenencia a la localidad y de una identidad local. De este papel de la Iglesia como mediadora en la campaña bonaerense trata este trabajo: del modo en que organizó sus variadas intervenciones y de algunos de los instrumentos, prácticas o instituciones de los que se valió.3 También busca mostrar algunos de los cambios que experimentaron los eclesiásticos en relación con este papel de mediación social en los años posrevolucionarios. El clero de estos años ya no era el mismo que aquel del período tardocolonial. Una serie de transformaciones que se operaron desde la década revolucionaria ubicaban a los eclesiásticos en una nueva posición. Eran menos, habían perdido recursos –patrimonio territorial e institucional y fueros– y debían obedecer a un estado en construcción que centralizaba las instituciones eclesiásticas y las fiscalizaba más y más. En ese nuevo escenario dispuesto por las reformas rivadavianas debían actuar nuevos roles, compartir –y disputar– los primeros planos con noveles figuras

2 Puede verse HESPANHA, António Manuel Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Taurus Humanidades, Madrid, 1989 y WINDLER, Christian “Mediando relaciones, redes sociales y cambio político a finales del Antiguo Régimen”, en Hispania, LVIII/2, núm. 199, 1998, pp. 559574. 3 Un análisis en profundidad sobre las formas de intermediación de la Iglesia en la campaña bonaerense puede verse en BARRAL, María Elena De sotanas por la pampa. Religión y sociedad en Buenos Aires rural tardocolonial, Prometeo, Buenos Aires, 2007.

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seculares en ascenso o interpretar dignos papeles secundarios. Estas difíciles adaptaciones modificaron su papel de intermediarios y, con frecuencia, fueron acusados de “fomentar partidos”. Algunas de las herramientas que maniobraban para garantizar el orden social en la época colonial se encontrarían en otras manos en los años posrevolucionarios.

Las distintas vías de la mediación La propiedad de la tierra y las estructuras eclesiásticas Uno de los supuestos más extendidos en relación con el papel de la Iglesia en las sociedades agrarias de Antiguo Régimen, y también presente en la historiografía de Hispanoamérica colonial, considera la centralidad de su carácter de gran propietaria de tierras, situación de la que se deduce su poder e influencia social. Si bien esta afirmación difícilmente pueda ser cuestionada, para la campaña bonaerense debe ser, al menos, matizada. El estudio de las propiedades eclesiásticas mostró, en coincidencia con otros trabajos, que sus formas de inserción patrimonial en la región fueron complejas y variadas, y que compartió los rasgos básicos de la estructura agraria regional donde la gran propiedad ganadera constituía solamente una de sus modalidades y no la más habitual.4 Ciertamente, si en la campaña hubo un “gran propietario” durante el período colonial, fue la Compañía de Jesús.5 Al momento de su expulsión y habiendo vendido parte de sus propiedades, poseían el mayor volumen de tierras. Y si bien aún no se ha estudiado en profundidad el destino de los bienes rurales de los jesuitas, lo que sí puede afirmarse es que ninguna de las otras órdenes religiosas ni el clero secular se benefició de ellos y hasta en algunos casos, como el de los betlemitas, la experiencia jesuita parece haber desalentado la acumulación de tierras.6 En la campaña de Buenos Aires luego de la expulsión de los jesui-

4 HALPERIN DONGHI, Tulio “Una estancia en la campaña de Buenos Aires. Fontezuelas 1753-1809”, en FLORESCANO, Enrique –compilador– Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, Siglo XXI, México, 1975, pp. 447-463; MAYO, Carlos Los Betlemitas en Buenos Aires. Convento, economía y sociedad. 1748-1822, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1991; MAYO, Carlos y FERNÁNDEZ, Ángela “Anatomía de la estancia colonial bonaerense (1750-1810)”, en FRADKIN, Raúl –compilador– La historia agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos productivos (I), CEAL, Buenos Aires, 1993, pp. 67-81; “Anatomía de la estancia eclesiástica”, en Estudios-Investigaciones, núm. 22, La Plata, 1995, pp. 9-17. FRADKIN, Raúl “Producción y arrendamiento en Buenos Aires: la Hacienda de la Chacarita, 1779-1784”, en Cuadernos de Historia Regional, núm. 15, UNLu, 1992, pp. 67-98; BARRAL, María Elena Sociedad, Iglesia y Religión en el mundo rural bonaerense, 1770-1810, Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2001. 5 CUSHNER, Nicholas Jesuit Ranches and the Agrarian Development of Colonial Argentina, 1650-1767, State University of New York, Albany, 1983. 6 MAYO, Carlos Los Betlemitas…, cit.

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tas las instituciones eclesiásticas se encontraban en retroceso como propietarias de tierras. Del mismo modo las propiedades rurales de las órdenes religiosas y de las parroquias compartirían con las “laicas” un patrón diversificado en cuanto al acceso a la mano de obra, así como también el recurso permanente al arrendamiento de parte de sus tierras.7 El panorama reconstruido acerca de las características de las propiedades eclesiásticas en la campaña de Buenos Aires puso de relieve la necesidad de indagar sobre otras formas de influencia de la Iglesia más allá de la propiedad de la tierra y de la conformación de establecimientos agropecuarios, sobre todo en un área de frontera abierta donde el acceso a la tierra y a los recursos no constituían para esta época las preocupaciones centrales. Ello habilitó un enfoque que atendió a la importancia de otro tipo de capitales –inmateriales– y a complementar, en el estudio de los procesos de articulación social, distintos aspectos: potencial económico, redes de relaciones, saber institucionalizado y recursos del poder institucional. El despliegue de las estructuras eclesiásticas –donde las parroquias tendrían un protagonismo casi absoluto– en la campaña bonaerense puede ser visto como una de las vías privilegiadas de intervención social de la Iglesia en la región, debido a su centralidad en el proceso de construcción de un orden institucional rural, al menos en sus etapas iniciales.8 Este proceso comenzó con la instalación de las primeras parroquias rurales en 1730 y se continuó durante el siglo subsiguiente con la multiplicación de sus sedes en el interior de la antigua frontera y, más lentamente, en las áreas de la nueva frontera. Estas primeras parroquias fijaron sus sedes en los oratorios de algunas de las familias “principales” de cada poblado en formación en capillas particulares y en algunos casos en otras estructuras preexistentes –las reducciones de indios de Baradero y Quilmes–9 que quedaron bajo la jurisdicción de las parroquias más cercanas.

7 Un rasgo peculiar de los establecimientos eclesiásticos se vincula con ciertos “gastos fijos”, erogaciones que indefectiblemente debían llevarse a cabo, como por ejemplo todo lo relativo a mantenimiento del culto, del claustro y de las capillas. Independientemente de cómo fuera la marcha de los establecimientos productivos, necesitaban comprar y vender, por lo tanto la relación con el mercado presentaba características diferentes a aquellas que pudieron establecer con él otros productores que podían especular con los precios, almacenar, comprar la producción a sus arrendatarios u otros pequeños productores. Del mismo modo contaban con ingresos regulares que también tenían que ver con la naturaleza de la institución: limosnas o el pago de servicios religiosos. 8 BARRAL, María Elena “Parroquias rurales, clero y población en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX”, en Anuario del IEHS, núm. 20, UNICEN-IEHS, Tandil, 2005, pp. 359-388; BARRAL, María Elena y FRADKIN, Raúl “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 27, Buenos Aires, 2005, pp. 7-48. 9 Antes de 1730 sólo se habían desarrollado experiencias en Baradero y Quilmes y hacia mediados del siglo XVIII los jesuitas intentaron instalar –sin éxito en cuanto a su perdurabilidad– la reducción de la Purísima Concepción en la Ensenada de Samborombón y, bastante más al sur, las misiones de Nuestra Señora del Pilar y de los Desamparados.

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El mayor despliegue de las estructuras eclesiásticas se verifica en 1780 cuando se sumaron nueve parroquias, tres de las cuales ya eran viceparroquias, completándose el cuadro de quince parroquias para toda la campaña. Desde 1806 comenzó la incorporación de algunos fuertes de la línea de frontera –que contaban con capilla y capellán castrense– a la estructura diocesana como parroquias o viceparroquias. Este proceso se consolidó en 1825 cuando todos los fuertes de la antigua frontera se transformaron en parroquias o viceparroquias. Resumiendo, las estructuras parroquiales sufrieron modificaciones importantes a lo largo del siglo XVIII y las dos primeras décadas del XIX. En términos cuantitativos, entre las décadas de 1780 y 1820 se duplicaron. Sin embargo, el ritmo de este incremento no fue homogéneo en las distintas zonas de la campaña. La red parroquial empezó a consolidarse en la zona de más temprana colonización en las últimas décadas del siglo XVIII, pero hacia 1820 las distintas regiones en el interior de la vieja frontera contenían estructuras eclesiásticas en proporciones similares. Avanzando el siglo XIX, la situación se modificaría sustancialmente por, al menos, dos procesos convergentes y asociados entre sí: la preponderancia que asumió la presencia de las estructuras de poder institucional judicial y militar y sus agentes –es decir, la construcción del estado provincial– y la declinación de la importancia de las instituciones eclesiásticas y la reformulación que –acerca de su papel en el orden social– se haría desde el estado provincial a partir de la década de 1820.

Los eclesiásticos y sus formas de intervención social El servicio espiritual en estas parroquias se había nutrido hasta 1822 de un heterogéneo conjunto de eclesiásticos. Esta diversidad tenía que ver con que unos eran seculares y otros regulares; algunos eran clérigos particulares –ordenados a título de capellanía– y por lo tanto no se encontraban ligados a ninguna parroquia en particular y otros habían accedido a las órdenes mayores a través del servicio en alguna parroquia de la región, entre muchas de las situaciones en las que podemos encontrarlos. Sin embargo, dentro de este conjunto diverso un grupo se reconocía cada vez con mayor nitidez desde los primeros años del siglo XIX: los frailes franciscanos, mercedarios y dominicos. Seculares y regulares prestaban servicios religiosos en las parroquias aunque sus funciones eran diferenciadas: los curas diocesanos mandaban y los frailes obedecían o los sustituían en sus ausencias. Entre 1819 y 1821, los últimos prácticamente igualaron a los sacerdotes seculares. Esta situación se modificaría con las reformas rivadavianas al sustraer a un número importante de frailes con la supresión de algunas casas de regulares.10 Si bien algunos de ellos se 10 Aún no se han estudiado en profundidad los efectos de las medidas que buscaban favorecer las secularizaciones de los religiosos en el sentido de evaluar su incorporación al servicio de las parroquias. Pese a ello, nuestros datos cuantitativos muestran una merma importante del contingente eclesiástico luego de las reformas.

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secularizaron, esto no parece haber tenido un impacto significativo en las parroquias rurales. El panorama se puso más difícil para los religiosos a partir de 1822. Los frailes fueron el blanco de las reformas eclesiásticas. Con ellas se eliminaba la autoridad de los superiores provinciales y sujetaba a las comunidades a la autoridad del prelado de la diócesis. Los conventos debían reunir entre dieciséis y treinta religiosos y si esta norma no era acatada el estado confiscaba sus bienes. Las parroquias rurales bonaerenses sentirían el impacto de estas medidas. Junto a estas disposiciones, que sustrajeron buena parte del contingente clerical que prestaba servicios en las parroquias rurales, desde 1810 se dieron otras transformaciones que contribuyeron a la disminución de la población eclesiástica. Los cambios que se cristalizaron a partir de la Revolución abrieron nuevos espacios de desarrollo profesional para los jóvenes que en otra época hubieran optado por el sacerdocio, como los cuerpos de milicias o los medios intelectuales que dejaban de ser, gradualmente, patrimonio exclusivo del mundo eclesiástico. Al comparar la evolución de las estructuras de poder institucional eclesiásticas y a su personal con las estructuras y agentes de poder judicial/policial y militar/miliciana resulta evidente que durante las décadas centrales del siglo XVIII la presencia eclesiástica fue preponderante y la designación de alcaldes de Hermandad siguió los pasos trazados por la estructura parroquial.11 En este sentido, la estructura parroquial adquirió un papel fundante en el armado institucional en la campaña. Sin embargo, hemos podido corroborar que en los años posrevolucionarios hubo un muy leve aumento de las sedes eclesiásticas y, al mismo tiempo, un estancamiento del número de curas que debían hacer cumplir los preceptos a una población rural en constante y rápido crecimiento. Si hasta 1816 el personal que en la campaña integraba la estructura eclesiástica, por un lado, y la judicial-policial, por el otro, tenían magnitudes prácticamente idénticas, desde entonces la situación se modificaría radicalmente dada la enorme ampliación de la última –y más tarde, mucho más la de la red militar y miliciana– y el estancamiento del personal eclesiástico. Ello sugiere que la capacidad de acción de la estructura eclesiástica pudo verse seriamente limitada y no es improbable que esta situación haya influido en los comportamientos de la población Pocos o muchos, los párrocos tenían algunas funciones intransferibles como asegurar que sus feligresías cumplieran con la Iglesia. Ello imponía el recuento anual de almas que fiscalizaba el cumplimiento del precepto anual de la comunión, preferentemente durante la Cuaresma. Con este fin confeccionaban una matrícula, indicando el cumplimiento o incumplimiento de dicho precepto por parte de sus feligreses. Los obispos conocían a su clero y sabían que para llegar a conformar una

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BARRAL, María Elena y FRADKIN, Raúl, “Los pueblos…”, cit.

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feligresía obediente era necesario que los propios eclesiásticos comprendieran la importancia de esta tarea y la llevaran a cabo eficientemente. A principios del siglo XIX, el obispo Lué y Riega, durante su visita a la diócesis, aún consideraba conveniente precisar la forma en que debía confeccionarse el Libro de matrícula. “No hay persona que por su calidad o empleo esté exenta de la matrícula” expresaba el Prelado en las instrucciones a los párrocos. Las parroquias se planteaban con un centro de atracción y control de la feligresía y en esta dirección –señalada de manera particular desde el Concilio de Trento– los párrocos debían procurar que la población se aglutinara en torno a ellas. Sin embargo –adivinando la corta masividad de las respuestas– al mismo tiempo se organizaron estrategias pastorales que obligaban a los párrocos a “buscar” a sus feligreses. La coerción moral ejercida por los párrocos no siempre ni por todos fue atendida, por lo cual la Iglesia organizó otros dispositivos para llegar a aquella porción de la población que no respondía a las campanadas de los templos: los colegios de misioneros y las misiones interiores fueron algunas de estas experiencias alternativas. Estas misiones, con antecedentes en Europa desde el siglo XVII, han sido consideradas una de las manifestaciones más importantes de la ofensiva pastoral postridentina e interpretadas como intervenciones pastorales extraordinarias, de marcado carácter pedagógico, orientadas a reorganizar la vida de las comunidades y a operar en el ámbito de la conciencia, fundamentalmente por medio de la predicación y de la confesión.12 Los obispos las solicitaban para determinadas áreas que consideraban desatendidas, para encontrar solución a determinados episodios conflictivos y para “desterrar vicios públicos” y “reformar las costumbres” a través de la predicación, de las comuniones y las confesiones generales. Durante el período borbónico las misiones interiores constituyeron una práctica que, habiendo sido inaugurada en la región por los jesuitas, cobraba renovada vigencia gracias a los nuevos colegios de misioneros establecidos en región: el Hospicio o Colegio de Misioneros de San Ramón de Las Conchas de los mercedarios y el Colegio franciscano de Propaganda Fide de San Carlos de Carcarañá en Santa Fe. Obispos, cabildos y párrocos encontraron en la acción de los misioneros respuestas a diferentes problemas: los prelados apelaron a ellas como un instrumento de pacificación, los cabildos las veían como una herramienta para el ordenamiento de la vida rural y los párrocos encontraban en los misioneros una ayuda para llevar a cabo las más básicas de sus tareas pastorales. 12 CHÂTELLIER, Louis La religion des pauvres. Les missions rurales en Europe et la formation du catholicisme moderne XVIe-XIXe, Aubier, Paris 1993; PALOMO DEL BARRIO, Federico Fazer dos campos escolas excelentes: los jesuitas de Evora, la misión interior y el disciplinamiento social en la época confesional (1551-1630), Tesis Doctoral, IUE, Florencia, 2000; RICO CALLADO, Francisco Las misiones interiores en la España de los siglos XVII-XVIII, Tesis Doctoral Universidad de Alicante, 2001 y “La teatralidad en la predicación barroca: las misiones populares en la España de los siglos XVII-XVIII”, en ALCALÁ ZAMORA, José y BELENGUER, José –coordinadores– Calderón de la Barca y la España del Barroco, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, Madrid, 2001, Vol. 1, pp. 549-563.

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Desde estas mismas parroquias, algunos eclesiásticos –párrocos, tenientes de cura o clérigos particulares– se desempeñaron como maestros de primeras letras. Sin embargo, la intervención de las instituciones eclesiásticas y la religión en el ámbito de la educación se desarrolló en, al menos, tres niveles: la gestión y la enseñanza elemental, los contenidos y materiales a través de los que se llevaría a cabo y los fundamentos ideológicos del propósito civilizatorio que se estaban impulsando. Los obispos alentaban la creación de escuelas encomendando a los párrocos la dirección y fiscalización de estos establecimientos y desde el último cuarto del siglo XVIII se incrementaron las experiencias de creación de escuelas promovidas desde las autoridades civiles y eclesiásticas. Si hasta inicios del siglo XIX las iniciativas para crear escuelas podían partir tanto de los obispos, los cabildos –de Luján y de Buenos Aires– o de los notables locales –benefactores primero de los templos y luego de las escuelas– luego de la Revolución de Mayo se dio un importante impulso a la instrucción elemental a través de la acción del gobernador intendente Manuel Luis de Oliden quien empezaba a ser conocido por su política de disciplinamiento de los trabajadores rurales, uno de cuyos instrumentos más eficaces fue la papeleta de conchabo. En el ámbito educativo Oliden había ordenado la redacción de un reglamento a dos conocidos preceptores. Uno de ellos era el párroco de Luján, Francisco Argerich, quien ya había acumulado méritos fuera de su ministerio al participar en 1813 como diputado en la Asamblea legislativa. Este reglamento establecía como patronos de las escuelas a los Santos Niños Justo y Pastor, quienes debían servir como ejemplo para alcanzar la verdadera sabiduría. Otros modelos más cercanos, de probidad, justicia, moderación y policía debían ser los preceptores. Dentro del plan de estudios se destacaban como contenidos la doctrina católica así como la introducción de conceptos básicos en relación con el origen y objeto de la sociedad, los derechos del hombre y sobre la agricultura. Curas y alcaldes –en el ámbito de la educación elemental como cada vez más en otros campos– compartían obligaciones: eran los responsables de exigir a los pobladores que sus hijos asistieran a las escuelas y los encargados de evaluar cada dos meses los progresos de los niños en un ritual que se hacía en un lugar público –probablemente la iglesia o la plaza–, donde podían exhibir sus funciones de “jefes locales”. Asimismo, se fijaron las normas para el funcionamiento de las Juntas Protectoras, destinadas a la promoción y vigilancia de la educación elemental. Estas comisiones estaban integradas por el cura del pueblo, el alcalde y un vecino “de probidad” y tuvieron en sus manos las tareas de contralor de la enseñanza y de control sobre las familias para que enviaran a sus hijos a las escuelas.13

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ZURETTI, Juan Carlos La enseñanza y el Cabildo de Buenos Aires, FECIC, Buenos Aires, 1984.

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De esta manera, a partir de la gestión de Oliden, aumentaba el número de escuelas de primeras letras y aunque esto se explique a partir del impulso llevado a cabo desde las autoridades civiles, los párrocos siguieron cumpliendo un papel destacado en la gestión de estos establecimientos y la enseñanza de la religión siguió ocupando un lugar central en el conjunto de los contenidos que allí se impartían. Así, se utilizaron las estructuras parroquiales, a los párrocos y a parte de los materiales para las escuelas que se estaban empleando desde años anteriores, para implementar una educación elemental. La presencia de la Iglesia no se limitaba a las ocupaciones de los eclesiásticos en la gestión, promoción y ejercicio de la educación elemental. Los maestros debían, entre sus principales funciones, comunicar la doctrina cristiana, preparar a los niños para recibir los sacramentos y acompañarlos a misa.14 La Novísima Recopilación de Leyes de Indias –leyes Primera y Segunda– precisaba que los maestros debían ser examinados en doctrina cristiana por los párrocos y advertía sobre la importancia de una buena selección de los libros con los que los niños empezaran a leer. Según estas leyes debían suprimirse las “…fábulas frías, historias mal formuladas y discusiones indiscretas sin lenguaje puro, ni máximas sólidas…” ya que estos materiales degeneraban el gusto de los niños quienes, además, “…se acostumbran a locuciones impropias, a credulidades nocivas y a muchos vicios trascendentales de toda la vida”. Los materiales básicos para la enseñanza elemental utilizados en las escuelas rurales bonaerenses –cartillas y catones– desbordaban de contenidos religiosos.15 A través de estos textos se buscaba formar fieles devotos y obedientes súbditos-ciudadanos y homogeneizar las expresiones de religiosidad de una población que debía adoptar un nuevo modo de ser. Los párrocos eran los capellanes de las cofradías que se fueron erigiendo en las parroquias rurales de Buenos Aires, la mayoría de ellas dedicadas a las “Animas Benditas del Purgatorio”. Según las constituciones, las juntas de cofradías no podían verificarse en ausencia del capellán. Hacia 1803 la mitad de las parroquias de la campaña de Buenos Aires contaba con cofradías. No es un detalle que fuesen los partidos de antiguo asentamiento y muchas de las primeras estructuras eclesiásticas establecidas en la región y con largas administraciones de sus párrocos las que llegaron a principios del siglo XIX con un grupo de laicos organizados. Los párrocos pudieron ver en los cofrades un grupo de auxiliares dedicados a la administración

14 NEWLAND, Carlos BUENOS AIRES NO ES PAMPA: la educación elemental porteña, 1820-1860, Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires, 1992. 15 Uno de ellos era el Tratado de las Obligaciones del Hombre adoptado por el Cabildo y aprobado en 1810 por la primera Junta Revolucionaria. Otro texto utilizado era el Catón Cristiano y Catecismo de la Doctrina Cristiana dedicado a San Casiano; ambos en MAILLÉ, Augusto –coordinador– La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, Buenos Aires, 1966, Tomo IV, pp. 1-152 y 357-430. BARRAL, María Elena “Disciplina y civilidad en el mundo rural de Buenos Aires a fines de la colonia”, en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, Universität Hamburg, núm. 44, 2007, pp. 135-156.

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de las tierras “de la virgen” o “del santo”, a bautizar subconditione o en caso de necesidad, a aumentar en ocasiones las arcas parroquiales a través de sus limosnas y donaciones, a trabajar en el arreglo de los templos o a subsidiar actividades festivas en los tiempos fuertes del año litúrgico. Para los cofrades se trataba de un espacio con distintos significados, entre los que resalta el acompañamiento colectivo en el trance de la muerte asistiendo al hermano en una buena muerte.16 Aseguraban una asistencia básica, un número fijo de misas y la decencia en los actos fúnebres. Y sobre todo garantizaban unos sufragios complementarios ante la posibilidad de unos albaceas algo distraídos a la hora de organizar –y solventar– las exequias. Se trataba de una de las piezas clave de la sociabilidad mortuoria tradicional que había inaugurado Trento. Pero sus obligaciones no se limitaban a atender las urgencias en el momento del fallecimiento de algún hermano. Durante todo el año organizaban y participaban en distintas funciones religiosas. Los cofrades debían asistir los domingos a la explicación de la Doctrina Cristiana y rezo del rosario; el lunes por la mañana a la Misa solemne con vigilia que costeaba la Hermandad que concluía con la procesión de Ánimas y el viernes por la tarde al vía crucis. También ocupaban un papel destacado en las distintas celebraciones y fiestas de la comunidad, como la Pascua, el Corpus o las fiestas patronales y en sus propios aniversarios. En el Aniversario de las benditas ánimas –al que precedía un novenario– celebraban una misa solemne de réquiem con ministros y vigilia que concluía con una procesión “…que ordenada en la Iglesia se ha de encaminar al cementerio y de allí volver distribuyendo en el camino responsos y oraciones que prescribe la Iglesia Nuestra Madre”.17 A juzgar por todas estas responsabilidades en la piedad comunitaria, es probable que las cofradías y los cofrades encarnaran, en teoría, un modelo de concordia de cara a los vecinos, como se ha planteado para otras zonas de Iberoamérica.18 Sin embargo, más a menudo encontramos a los hermanos involucrados en algunas disputas que los situaron en posiciones enfrentadas y, al mismo tiempo, hemos podido verificar que las cofradías sirvieron como espacios de sociabilidad y de pertenencia de los “vecinos principales” –se requería para su acceso el requisito de limpieza de sangre– quienes encontraban en estas hermandades espacios –entre otros ámbitos e instituciones que servían a este propósito– para su construcción como el sector de los notables locales.

16 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria. Las cofradías religiosas, Universidad de Cantabria, Santander, 1990. 17 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Argentina (en adelante, AHPBA) 13-13-48, f. 35. 18 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Contrarreforma…, cit., TAYLOR, William Ministros…, cit; CARMAGNANI, Marcello El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca, Siglos XVII y XVIII, FCE, México, 1993, entre otros trabajos.

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Lo que también se desprende de algunos de nuestros análisis es que este tipo de vínculos –sus lazos de hermandad– no determinaron a los cofrades automáticamente el sentido de la acción y más bien se presentaron como recursos, entre otros posibles, a los cuales acudir en el desarrollo de sus estrategias individuales, familiares o grupales. Estas comprobaciones han permitido pensar los vínculos sociales despojados de “…la sensación de seguridad y tranquilidad epistémica brindada por las estructuras y los contextos estáticos” –como plantea Barriera–19 y considerar este tipo de lazos, más bien, como fruto de la negociación de los actores sociales y de los márgenes de acción de las personas y en sus capacidades tanto de construcción como de sostenimiento de las ambivalencias más cotidianas. Al parecer estas hermandades se construyeron en nuestra región en una consonancia mayor al espíritu de Trento que sus equivalentes peninsulares, novohispanas o andinas, ya sea por su funcionalidad en la organización de la subsistencia y reproducción comunitarias como en el tipo de funciones “infrajudiciales” que desempeñaron.20 En el caso de Nueva España (Jalisco), por ejemplo, las cofradías cobraron creciente importancia a medida que declinaban otras instituciones comunitarias. Progresivamente estas instituciones se convirtieron en centros de sentimientos comunitarios desplazando, inclusive, a las parroquias y, en el contexto de escasez de tierras, aumento de población, sequías y hambrunas, funcionaron como bienes de la comunidad y colaboraban en el pago del tributo o de los costos de los litigios por tierras.21 Más hacia el sur, en Oaxaca, Carmagnani22 ha caracterizado a las cofradías coloniales “…como organizaciones estrechamente vinculadas con la dinámica económica y social territorial…”, participando de una articulación positiva con las tendencias regionales. Tomás Mantecón Movellán23 ha estudiado el papel que asumieron las cofradías religiosas como instancias extrajudiciales en la resolución de conflictos en Cantabria. Se trataba de una dimensión de la confraternidad que abría un “escape a la jurisdicción ordinaria” por medio de mediaciones en conflictos concretos –“escándalos públicos” de índole moral o cuestiones que afectaban al colectivo de vecinos–

19 BARRIERA, Darío “Por el camino de la historia política: hacia una historia política configuracional”, en Secuencia, Nueva época, núm. 53, mayo-agosto de 2002, p. 189. 20 Sobre la noción de infrajudicialidad e infrajusticia véase MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen”, en Etudis: Revista de Historia Moderna, núm. 28, Universidad de Valencia, 2002. 21 TAYLOR, William Ministros…, cit. 22 CARMAGNANI, Marcello El regreso…, cit. p. 137. 23 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Contrarreforma…, cit.; “La capacidad del clero secular para apaciguar las disputas entre los campesinos montañeses del siglo XVIII”, en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y SUÁREZ GRIMÓN, Vicente –editores– Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, Universidad de Las Palmas, Las Palmas, 1994, pp. 149-156.

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tendentes a reequilibrar del orden que se sumaban a su acción pacificadora “regular” proporcionada a través de la organización de los ciclos festivos anuales. En los casos señalados de Nueva España y Cantabria las hermandades sumaron una serie de papeles de los que, al parecer, carecían las cofradías bonaerenses que conservaban funciones sobre todo religiosas al tiempo que se presentaron como ámbitos de construcción de las elites rurales. Es probable que, en este sentido, buscaran espejar un modelo de comunidad ideal no conflictivo y participativo en el ritual religioso frente al conjunto de la población del partido. Si no hemos verificado las funciones extrajudiciales de las cofradías sí, en cambio, hemos constatado las capacidades judiciales otorgadas a los párrocos quienes ejercieron la justicia eclesiástica dentro del confesionario y fuera de él.24 Para corregir y castigar los pecados que sus feligreses les confesaban protegidos por la celosía del confesionario sólo necesitaban la licencia otorgada –y renovada oportunamente– por el obispo. En cambio, para intervenir en asuntos del fuero externo, los párrocos debían ser nombrados jueces eclesiásticos. Como tales era su obligación proceder ante “delitos públicos y escandalosos”. La definición misma de “escándalo” como incitación al pecado pone de relieve la permeabilidad entre los ámbitos civiles y religiosos, en una época donde delito y pecado también se confundían.25 En palabras de Bartolomé Clavero: “Lo que no hay es una religión por una parte respecto a la que se definan los pecados y un derecho por otra en cuya relación se determinen los delitos. Tampoco existe una potestad eclesiástica de un lado estableciendo los pecados y una política de otro haciendo lo propio con los delitos.”26 En estos delitos “públicos y escandalosos”, los jueces eclesiásticos estaban facultados para amonestar y corregir a los acusados y para pedir el auxilio de las autoridades civiles si la situación lo requería. Pero también los alcaldes de los partidos rurales debían “celar y evitar los pecados públicos y las ofensas a Dios”. Así, se iba configurando la dupla local cura-alcalde. Y también sus funciones se equiparaban. Mientras que a los jueces eclesiásticos se los privaba progresivamente de algunas de sus capacidades judiciales –del mismo modo que sucedió con otras competencias durante el reformismo borbónico–, el número de alcaldes –también en forma paulatina– se incrementaba. La confluencia entre la política borbónica y el despliegue de instituciones y autoridades civiles generaba una pugna creciente entre los curas y los alcaldes, que se replicaría –y agudizaría– en las décadas

24 BARRAL, María Elena “‘Fuera y dentro del confesionario’. Los párrocos rurales de Buenos Aires como jueces eclesiásticos a fines del período colonial”, en Quinto Sol. Revista de Historia Regional, Año 7, núm. 7, REUN/ EdUNLPam, 2003, pp. 11-36. 25 Se puede ver al respecto TOMÁS Y VALIENTE, Francisco et ál. Sexo barroco y otras transgresiones, Alianza, Madrid, 1990. 26 CLAVERO, Bartolomé “Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones”, en TOMÁS y VALIENTE, Francisco et ál. Sexo barroco…, cit., p. 65.

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siguientes en las distintas versiones que asumiría esta pareja (gradualmente más desigual conforme se desplegaban las otras estructuras de poder institucional –no eclesiásticas– en la campaña). En los últimos años del siglo XVIII los jueces eclesiásticos vieron restringidas algunas de sus funciones. Mientras en sus procedimientos sobre el control matrimonial se les exigían más y más trámites, su capacidad de juzgar en este ámbito se redujo a tareas, sobre todo, de tipo administrativo. De otras competencias, directamente, fueron expulsados como en todo lo relativo a ejecuciones de testamentos y en las demandas vinculadas a capellanías. No obstante, varios de los litigios tienen como principales acusados precisamente a estas otras autoridades del lugar. Como sucedió en Nueva España, la reducción de las capacidades judiciales de los curas no significó que sus tareas se circunscribieran exclusivamente al ámbito sacramental. Como plantea Taylor27 al analizar la arquidiócesis de México y la diócesis de Guadalajara, la función judicial del clero podía constituir una importante fuente de poder y no siempre los párrocos aceptaron que se estrechara su autoridad como jueces. Las atribuciones que mantuvieron se dirigieron en forma privilegiada a fiscalizar las acciones de sus competidores en el ejercicio del poder institucional en el plano local. Pese a las resistencias, los párrocos fueron cada vez menos jueces formales del fuero externo frente a sus feligreses, al tiempo que eran desaforados y sometidos a los tribunales reales. Esta supresión del fuero, concretada por Rivadavia, suponía la eliminación de los privilegios estamentales de acuerdo con lo que debía ser, al menos en teoría, una sociedad de iguales. Por último, el derecho de asilo28 fue otra de las esferas que, con mayor determinación desde las reformas borbónicas, se restringió en el ejercicio de la justicia eclesiástica. Sin embargo, aún las iglesias que habían perdido la inmunidad continuaban siendo lugares sagrados, con jurisdicción eclesiástica plena y las fuerzas del orden no podían ingresar en ellas en búsqueda de los inculpados sin previo permiso otorgado por las autoridades eclesiásticas. Es poco probable que la antigua práctica del “asilo en sagrado”, fuera desterrada sin dificultades. Hasta las reformas borbónicas y en algunas regiones después, las iglesias, sus atrios y cementerios constituyeron espacios de congregación comunal y no pocas revueltas y motines en los Andes, en México o en el Río de la Plata se iniciaron en estos sitios y al toque de las campanas. Aún cuando los párrocos fueran cuestionados, e inclusive el blanco de los ataques, estos espacios fueron el lugar simbólico desde donde se hacía valer la

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TAYLOR, William, Ministros…, cit. El “asilo en sagrado” era una institución de clemencia administrada por los titulares de las parroquias inmunes o frías, un derecho que tenían “…ciertos delincuentes que se refugian en las iglesias para estar bajo el amparo de ella, y hacerse acreedores por el beneficio de la inmunidad a una pena más moderada”. Estas iglesias frías no podían ser violadas por la autoridad civil y era el párroco quien mediaba en la extracción de quienes allí se asilaran. DONOSO, Justo Manual del párroco americano, Librería de Rosa y Bouret, París, 1869, p. 84. 28

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fuerza de la comunidad constituyendo en ocasiones la “arena política” donde se decidían algunas de las formas de acción colectiva y los sitios de repliegue y lucha en enfrentamientos violentos.29

Ser un buen párroco entre dos siglos En las últimas décadas coloniales “ser un buen párroco” tenía un significado preciso. Los párrocos debían consagrarse a sus deberes pastorales. Así se planteaba tanto en Nueva España como en las lejanas tierras pampeanas. En sus relaciones de méritos y servicios se enumeraron de modo singular algunas acciones: la construcción y reconstrucción de iglesias, la fundación de escuelas o el patrocinio de cofradías. Al describir “en acción” a los párrocos novohispanos del período borbónico Taylor30 destaca las virtudes de la caridad, la paciencia, la obediencia, la moderación, el cuidado pastoral, la instrucción en la doctrina (y por lo tanto su papel de maestro más que de juez). Un buen párroco debía actuar como un padre protector, afable y generoso en sus buenas obras. Por el contrario, se condenaba en ellos la avaricia, la embriaguez, el atuendo inapropiado, la incontinencia sexual, la ira excesiva o el ausentismo de la parroquia. Las autoridades eclesiásticas y civiles de Buenos Aires no diferían de las mexicanas en cuanto a las expectativas acerca de un correcto ejercicio del ministerio parroquial. Aún en las periferias del imperio español se esperaban el mismo tipo de acciones de los párrocos y también aquí el sacerdote era un importante recurso para las feligresías. Lo que exhibían los eclesiásticos como méritos y servicios, lo que destacaban las autoridades civiles y eclesiásticas priorizaba las virtudes de la caridad, la generosidad y el resguardo de la paz y la armonía. Todas estas “obras” redundaron en la ampliación y brillo de sus curriculum y de sus carreras profesionales, al mismo tiempo que favorecieron su construcción como líderes comunitarios. Unos los pretendían más civilizadores; otros reclamaban “operarios” dedicados exclusivamente a labrar sus sementeras espirituales. Y estas labores –las más básicas de la cura de almas– no resultaron nada sencillas. En no pocas temporadas las cosechas fueron magras. Había que convertir a los pobladores de la campaña en feligreses, confesionalizarlos, reunirlos “bajo cruz y campana”, en otras palabras:

29 Pueden verse TAYLOR, William Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas, FCE, México, 1987; SALA I VILA, Núria “Algunas reflexiones sobre el papel jugado por la Iglesia y el bajo clero en las parroquias de indios en Perú (1784-1812)”, en RAMOS, Gabriela La venida del reino. Religión, evangelización y cultura en América. Siglos XVI-XX, CBC, Cusco, 1994, pp. 339-362; VAN YOUNG, Eric La Otra Rebelión, FCE, México, 2006. 30 TAYLOR, William Ministros…, cit.

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lograr que cumplieran con los preceptos básicos que la Iglesia prescribía. Confesionalizarlos. ¿Qué pedían los feligreses? En primer lugar la asistencia religiosa a través de los sacramentos. Como mínimo, los párrocos debían celebrar misa los domingos y festivos y no dejar morir a nadie sin sacramentos.31 Unos sacramentos en cuyo cobro nunca debían excederse, ni ser tiránicos. Se esperaba que el pastor de almas contribuyera a la pacificación del vecindario, a su adelantamiento, que evitara las enemistades y mantuviera a su feligresía en armonía. Un buen párroco debía garantizar el orden social. Su papel de mediación iba a revestirse de nuevos significados desde comienzos del siglo XIX. Ser un buen párroco implicaba nuevos compromisos. Así, las acciones de los eclesiásticos durante las invasiones inglesas se sumaron a los servicios resaltados en sus curriculum. Estos acontecimientos se presentaban como oportunidades inmejorables para demostrar el vasallaje, la obediencia y, cada vez más, el patriotismo. En este tipo de coyunturas comenzaba a asomar el liderazgo de algunos párrocos movilizando a la feligresía en defensa de la religión y de la patria. Pocos años más tarde, la Revolución y las guerras de independencia, al tiempo que encumbraban a algunos y abrían carreras políticas para otros, obligaron a los párrocos a enfrentarse con parte de su feligresía, les exigieron que tomaran partido. Y aprendieron a hacerlo. En el contexto de las guerras de la independencia las referencias a la religión legitimaban las acciones de unos y otros. Sus protagonistas insistían en la dimensión religiosa de la empresa. Algunas interpretaciones han tomado en serio estas expresiones y se han llegado a plantear la guerra de la independencia como una “guerra religiosa.”32 Así era definida tanto por la participación del clero como por los instrumentos intelectuales que la Iglesia y la religión proporcionaron a los combatientes.

31 Pueden verse los estudios de SAAVEDRA, Pegerto La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Crítica, Barcelona, 1994; MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Contrarreforma…, cit. y “La capacidad…”. Para la campaña de Buenos Aires: BARRAL, María Elena “¿‘Voces vagas e infundadas’? Los vecinos de Pilar y el ejercicio del ministerio parroquial, a fines del siglo XVIII”, en Sociedad y Religión, núm. 20-21, CEIL-PIETTE/CONICET, 2002, pp. 71-106 y DI STEFANO, Roberto “Pastores de rústicos rebaños. Cura de almas y mundo rural en la cultura ilustrada rioplatense”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 22, 2000, pp. 7-32. 32 DEMÉLAS-BOHY, Marie-Danielle “La guerra religiosa como modelo”, en GUERRA, FrançoisXavier –compilador– Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Complutense, Madrid, 1995, pp. 143-164. 33 Cabe mencionar que a nivel de las jurisdicciones eclesiásticas cada ruptura política significó una desarticulación territorial. Luego de la muerte del obispo Lue y Riega en 1812 el gobierno de la diócesis quedó en manos de un provisor hasta 1832 cuando se restablecieron las relaciones con Roma y se designó a un obispo residencial de Buenos Aires. Los sucesivos gobiernos revolucionarios no renunciaron al ejercicio del patronato y ensayaron distintos modos de relacionarse con las autoridades eclesiásticas y de reglamentar la vida de la Iglesia según las exigencias de cada etapa. Durante este período las ordenaciones disminuían –aunque esta merma se verificaba antes de la Revolución– y los sacerdotes envejecían y

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A la crisis institucional, provocada por la revolución y la guerra,33 le continuó el programa reformista rivadaviano que se proponía convertir las instituciones eclesiásticas en un segmento del estado en formación e implicó la expropiación de recursos económicos eclesiásticos orientada por esa misma política de centralización de sus instituciones, de desamortización de los recursos y la eliminación de los fueros.34 Estos años resultaron decisivos en el cambio del perfil de los párrocos. Si el lugar de la Iglesia y de los párrocos estaba cambiando, también lo estaban haciendo las áreas rurales de Buenos Aires. Durante las tres primeras décadas del siglo su población había crecido a un ritmo mayor que la de la ciudad de Buenos Aires y a lo largo de 1830 la superó. Si entre 1780 y 1833 la población se multiplicó por siete, el área ocupada aumentó unas seis veces en el mismo período.35 En este contexto, el cuadro de las parroquias rurales no se había modificado sustancialmente desde los primeros años del siglo XIX y el número de eclesiásticos se redujo a la mitad en los primeros años de la década de 1820. Las reformas rivadavianas modificaron el número y la composición del clero rural. En términos de cantidad de agentes el retroceso de la Iglesia era incontrastable. Y además las estructuras, instituciones y el personal eclesiástico se encontraban cada vez más ligados a un estado que los centralizaba, subordinaba y fiscalizaba. Como parte de las mismas reformas rivadavianas se multiplicaban las autoridades no religiosas. Los párrocos se vieron rodeados, en el ámbito local, de nuevas autoridades –como los jueces de paz– que acumulaban protagonismo y con quienes entraban en competencia y disputaban los espacios de mediación social. Estas experiencias harían que el clero de Buenos Aires de fines de la década de 1820 ya no fuera el mismo que aquel del período tardocolonial. Estos cambios que se operaron desde la década revolucionaria –e incluso antes– ubicaban a los eclesiásticos en una nueva posición. El papel de “funcionario” que les había otorgado el nuevo orden rivadaviano y la necesidad de pelear por un espacio de liderazgo

morían. Otros habían sido declarados enemigos de la Revolución y, por tanto, arrestados y confinados. Por su parte, las instituciones donde se formaban los futuros sacerdotes –como el seminario– tuvieron trayectorias poco continuadas y el número de alumnos que convocaban era escaso, por lo que algunos jóvenes decidían formarse y ordenarse en diócesis vecinas. 34 DI STEFANO, Roberto y ZANATTA, Loris Historia de la Iglesia Argentina, Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires, 2000. 35 Entre 1780 y 1833 el espacio sobre el cual se desplegaba la sociedad criolla creció unas seis veces pasando de unos 30.000 km2 a unos 180.000 km2; la población rural, por su parte, pasó de unos 13.000 a unos 90.000 habitantes. GARAVAGLIA, Juan Carlos Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830, Ediciones de la Flor-IEHS-Universidad Pablo de Olavide, Buenos Aires, 1999. 36 BARRAL, María Elena “Ministerio parroquial, conflictividad y politización: algunos cambios y permanencias del clero rural de Buenos Aires luego de la revolución e independencia”, en AYROLO, Valentina –compiladora– Estudios sobre clero iberoamericano, entre la independencia y el Estado-Nación, CEPIHAUNSA, Salta, 2006, pp. 153-178.

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comunitario hasta entonces fuera de discusión, redefinieron su politización.36 De tal manera, al sumarse a la lucha facciosa que a fines de la década de 1820 agitaba la campaña, el clero parroquial perdió en buena medida su capacidad para garantizar el orden. Varios conflictos en los que se ven involucrados algunos párrocos hacia fines de la década de 1820 permiten mirar ese nuevo lugar.37 Un lugar inestable y sujeto a las contingencias de la vida política de los pueblos bonaerenses. Algo de lo que podría dar fe Julián Faramiñán, el párroco de la Guardia de Luján, destituido en 1828 por el Juez de Paz del partido y un grupo de vecinos principales y, emplazado (en cuatro horas) a abandonar el partido. O podría dar testimonio del mismo Francisco de Paula Robles –en la vereda opuesta en cuanto a sus alianzas y adhesiones– acusado de “simpatizar con los anarquistas” en 1829 y de generar conductas anárquicas en sus feligreses, y sobre todo en sus feligresas (a quienes alentaba a que se separaran de sus maridos…). Estos conflictos se encuentran atravesados por una preocupación central: la labor del párroco en la preservación del orden social. Faramiñán en la Guardia de Luján era acusado de “…concitar partidos y fomentar rivalidades…”, de desquiciar “…el buen orden social de esta Guardia…” y de propiciar reuniones clandestinas en contra de las autoridades. A Robles en Chascomús, se le adjudicaba “…una conducta no sólo irregular sino criminal como ciudadano y como párroco”. La campaña había cambiado y la vida política también. La vida política había incorporado nuevas figuras y también nuevos recursos: representaciones escritas, tumultos, la prensa, los levantamientos, un nuevo tipo de faccionalismo. Los párrocos intervenían en ella sin disimulo –de un bando u otro, como Robles o Faramiñán– disputando espacios de poder, calificando sus acciones y descalificando las de sus enemigos con el repertorio ideológico de la época. Un aspecto que se había modificado profundamente era el modo de zanjar los conflictos. Hacia fines del siglo XVIII los feligreses podían opinar sobre la conveniencia de tal o cual candidato a párroco, aunque acataban los procedimientos para la designación de las autoridades. Los párrocos y sus feligreses organizaban mutuamente sus relaciones entre la tolerancia y la imposición de límites. Los primeros flexibilizaban la normativa eclesiástica para llevar a cabo una pastoral posible y los segundos hacían lo propio: si el párroco los trataba dignamente, éstos disculpaban –y aún comprendían– sus debilidades mundanas y frecuentes incontinencias sexuales. Algunas décadas más tarde todo consenso parecía quebrantado y los feligreses pedían cada vez menos de lo que los párrocos conservaban de sus funciones religiosas: la misa dominical en condiciones decentes o asistencia espiritual en la última hora, una buena muerte. Las instituciones eclesiásticas ya no contaban con demasiados recursos materiales que ofrecer y eran testigos –y en ocasiones, parte– de la construcción

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BARRAL, María Elena “Ministerio…”, cit.

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de una nueva legitimidad política y de la creación de unos instrumentos intelectuales que ahora se nutrían no solamente de la religión. Los párrocos –junto a las instituciones eclesiásticas y la religión– también formaban parte del repertorio de recursos disponibles para la lucha política. A todos ellos era posible encontrarlos en las representaciones o tumultos, en los levantamientos, en la prensa, en el púlpito. Sin embargo, el espacio de la mediación social contaba con nuevos protagonistas, como los jueces de paz, con quienes los párrocos deberían negociar acuerdos de convivencia.

Los rituales de reconciliación Veamos un ejemplo de este desplazamiento a través de la práctica de los rituales de reconciliación. Se trata de un tipo de práctica administrada por los eclesiásticos en tiempos coloniales y que se iría alejando de esta gestión hasta pasar a manos de las autoridades políticas de inicios de la década de 1830. En la época colonial una de las formas que asumieron estos rituales fue el “Sermón de los enemigos”. Esta ceremonia, llevada a cabo durante las “misiones interiores” que recorrieron la campaña bonaerense y otras zonas de la diócesis durante el siglo XVIII,38 se presentaba como un dispositivo de pacificación de las comunidades rurales. El fin principal de las misiones se orientaba a la confesión y comunión general: convertir pecadores a penitencia. Era la oportunidad para ganar Santos Jubileos o indulgencia plenaria, aunque para ello era necesario prepararse, por lo que durante varios días tenían lugar los sermones, doctrinas y penitencias. Los frailes, que partían en estas “apostólicas expediciones” desde el Colegio de Propaganda Fide de San Carlos de Carcarañá prevenían a propósito de las confesiones: “…que en estos tres o cuatro primeros días no vengan a confesarse: lo uno porque ya se sabe que en tiempo de misión todos hacen confesión general o de toda vida si nunca la han hecho, o al menos desde la última confesión general bien hecha, lo cual no se hace bien de repente, sino que es preciso tomarse tiempo, lo otro que para ganar los Santos Jubileos es preciso oír primero algunas Doctrinas y Sermones y, últimamente porque con la explicación de las pretendidas doctrinas que serán sobre la Confesión, tanto general, recibirán mucha luz para examinar mejor sus conciencias.” 39 38 Las primeras experiencias estuvieron en manos de los jesuitas y luego fueron practicadas por mercedarios y franciscanos. En este caso se trata de las misiones realizadas por los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de San Carlos de Carcarañá, quienes recorrieron toda la diócesis entre 1788 y 1793, lo cual demuestra que fue una práctica sistemática. 39 “Ceremonial de las misiones del Colegio Apostólico de San Carlos del Carcarañal. Año 1792”, en Nuevo Mundo, Instituto Teológico Francisco Fr. Luis Bolaños, 2002-2003, núm. 3-4, pp. 102.

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Una de las formas de preparar las confesiones era el “Sermón de los enemigos”: un ritual de reconciliación entre aquellas personas que se hallaban enemistadas. Los estudios sobre las misiones interiores en la Península Ibérica señalan este ritual como uno de los momentos más fuertes que tenía lugar los días de la misión porque suponía una preparación individual y comunitaria para la confesión y la comunión general. Era concebido como parte de una batería de dispositivos para que los corazones enemistados pudieran vencer el odio por las afrentas recibidas y por ello era considerado como la máxima expresión de caridad. Este tipo de prácticas penitenciales, revestidas de una fuerte carga afectiva y de un carácter espectacular, buscaban corregir “desviaciones notorias”.40 Si en otras regiones se llevaba a cabo de forma pública y se organizaba como un gran espectáculo en el cual los misioneros se presentaban como ejemplos de arrepentimiento y reconciliación pública (y, por lo tanto, iniciaban el acto del “Perdón de los enemigos”), los testimonios con que contamos para Buenos Aires muestran algo diferente. Los religiosos, al pautar esta práctica, buscaban evitar que los participantes pidieran el perdón en público con distintos argumentos: “…por la gran confusión y alboroto que ocasiona el buscarse unos a otros en la Iglesia…”, “…porque si la ofensa que se han hecho es oculta, no están obligados a dar pública satisfacción…” y “…porque nos exponíamos a que el perdón se hiciere de ceremonia y no de corazón”. Por ello establecía pasos muy prolijos para este ejercicio de la reconciliación entre vecinos: “…el que hubiese injuriado u ofendido a alguna persona, irá a buscar a su casa (o carreta) y en llegando dirá ‘La Paz de Dios sea en esta casa y responderán de adentro, Amen’”. 41 Luego pediría perdón y el que lo recibía debería decir: “‘Yo le perdono, para que Dios me perdone; y si lo he ofendido en algo, perdóneme también por amor de Dios’. Luego, si son Hombre, o Mujer, y Mujer o Marido y Mujer, se abrazarán y si gustan pueden conversar un rato indiferentemente pero no hay que hacer a conversación las cosas que ocasionaron los disgustos, no hay que decir: ‘Ud. tuvo la culpa, yo tenía razón’. Nada. Conversen (o platiquen) sobre otros asuntos y olviden para siempre sus sentimientos.” 42 Estas recomendaciones de los frailes pueden estar señalando la introducción, desde las intenciones de los frailes, de una piedad interior y más austera, a tono –en definitiva– con el combate ilustrado que se estaba llevando a cabo desde algunos 40 CHÂTELLIER, Louis La religion des pauvres…, cit.; PALOMO DEL BARRIO, Federico Fazer dos campos…, cit.; RICO CALLADO, Francisco Las misiones…, cit. y “La teatralidad…”, cit. 41 “Ceremonial de las misiones...”, cit., pp. 117-118. Destacado en el original. 42 “Ceremonial de las misiones...”, cit., p. 118. Destacado en el original.

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grupos contra las formas de la religiosidad de tipo barroco. Al mismo tiempo muestran la tensión existente entre esa piedad barroca y una conciencia que se pretendía ilustrada. Durante la década de 1820, con la disminución y casi desaparición del clero regular estas misiones –en manos de religiosos– dejaron de realizarse y recién se retomaron a lo largo de la década de 1830 cuando, bajo el rosismo, se restauraba la orden dominica y se recibía nuevamente a los jesuitas. En ausencia de los religiosos, no obstante, se encontraron sustitutos para los rituales de reconciliación. Las características que éstos asumirían dan cuenta del nuevo lugar que las instituciones eclesiásticas ocupaban en la sociedad, de las cambiantes relaciones que los poderes gubernamentales establecían con la Iglesia y del papel que, en este contexto, desempeñaban los párrocos. En la década de 1820, luego de las reformas de Rivadavia, se acudiría a los Ejercicios Espirituales cuando era necesario intervenir en algún conflicto que trascendía los límites de las comunidades. El provisor de la diócesis, José León Banegas –a falta de obispo desde 1812, cuando falleció Lue y Riega– promovía la reconciliación entre las partes enfrentadas y suministraba una “data” o tanda de estos ejercicios (que duraban entre una semana y diez días), organizados por un Director Espiritual asistido, a su vez, por beatas. Según hemos podido comprobar, en algunos casos se trasladaban a los pueblos de la campaña para realizar la “data”. Este procedimiento puede verificarse en el conflicto mencionado que involucró al párroco Julián Faramiñán en 1828. El provisor Banegas se había dirigido al curato para investigar “por sí mismo” el conflicto entre el cura y el juez de paz y allí ordenó la data de Ejercicios a fin de pacificar los ánimos. Un testimonio de los vecinos precisaba esta función de los Ejercicios: “…me consta que habiendo tenido este pueblo la felicidad de presentarse el Director Suárez con unas siervas de Dios a dar Ejercicios que realmente los necesitaba este pueblo por las muchas desavenencias y escaso de un buen pastor”.43 Esta tanda de Ejercicios Espirituales incluía un acto de reconciliación que debió llevarse a cabo ya que el eclesiástico solicitaba la certificación de la misma al Provisor y Gobernador del Obispado: “Don Julián Faramiñán cura interino de la Guardia de Luján ante VS con el debido respeto dice que para los fines que le convengan se ha de servir VS certificar a continuación de este pedimento si es cierto que hallándose VS en mi curato por el mes de abril del corriente año, el Juez de Paz Don. Julián Solveyra se reconcilió conmigo y Don. Francisco González ante VS y

43 Archivo General de la Nación, Buenos Aires (en adelante AGN) X-15-3-1. Testimonio de Francisco Gutiérrez.

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el Dr. Don Miguel Suárez protestando amistad y desistiendo de las quejas que contra mi había dado al Superior Gobierno acerca de las dispensas de matrimonio y derechos de estos que había yo exigido quedando los acusados satisfechos de no haberme excedido en los derechos exigidos y por tanto. A VS suplico se digne así certificarlo por ser de justicia que imploro.” El Provisor certificó la reconciliación testimoniando que: “…fue llamado una noche al cuarto del Rector Don Miguel Ignacio Suárez acompañado del finado Don Francisco González, el cura Don Julián Faramiñán y [encontró] a un individuo que arrodillándose delante del que certifica le pedía perdón con demostraciones tan patéticas que afectando vivamente trató luego de levantarlo de la actitud en que se hallaba y al verificarlo conoció era el Juez de Paz Don Julián Solveyra que solicitaba reconciliarse con el cura Don Julián Faramiñán y Don Francisco González lo que se verificó protestándose recíprocamente la cordialidad de sus afectos y el olvido de las disensiones anteriores.”44 En este episodio el Director de los Ejercicios Espirituales –Miguel Ignacio Suárez– era un eclesiástico aunque ya no se trataba de un religioso, sus asistentes eran beatas45 y la máxima autoridad del obispado era el Provisor. Estas modificaciones muestran las transformaciones a las que hacíamos referencia en relación con las instituciones eclesiásticas: la supresión de los conventos de regulares y con ella la desaparición de algunas de las prácticas que desarrollaban como las misiones interiores, sustituidas al parecer por la data de Ejercicios Espirituales. El Perdón de los enemigos, por su parte, era sustituido un acto de reconciliación entre las partes menos formalizado, aunque con características similares. Y además el párroco se encontraba en el centro de la disputa. Pese a estas intervenciones, la paz no llegaba ni a la Guardia de Luján ni a Luján. Es evidente que se trataba de conflictos que no sólo involucraban a personas

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AGN, X-15-3-1. La Casa de Ejercicios Espirituales fundada por María Antonia de Paz y Figueroa continuaba desarrollando sus actividades en este período. En la etapa rivadaviana vivían en la casa 31 mujeres beatas y 16 “niñas pobres” y eran constantes las quejas por parte de las autoridades acerca de la falta de reglas en aquella casa. Agradezco este dato a Alicia Fraschina, pueden verse los trabajos de la autora acerca de la fundación y desarrollo de la Casa de Ejercicios Espirituales durante la época colonial y la continuidad que supuso para la espiritualidad ignaciana. FRASCHINA, Alicia “Limitando la eficacia del Real Decreto: María Antomia de Paz y Figueroa, beata de la Compañía, 1730-1799”, en CICERCHIA, Ricardo –editor– Identidades, género y ciudadanía. Procesos históricos y cambio social en contextos multiculturales en América latina, ABYA-YALA, Quito, 2005, pp. 139-168. 45

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sino también a grupos y que sus motivos tampoco eran solamente personales. Los tumultos en zona no eran nuevos.46 Muchos de los protagonistas reaparecerían a lo largo de la década, en su mayoría alineados del mismo modo, en las mismas facciones y muchos de los argumentos para descalificar a los adversarios se reeditaban. Hacia 1831 en la Villa de Luján volvían a enfrentarse el Juez de Paz y el párroco a propósito de la negativa del eclesiástico de sacar a la Virgen de Luján en procesión el último día de una novena que había sido organizada para pedirle por el cese de la seca y para lo cual se habían recolectado limosnas. Más allá de los motivos de unos y otros merece resaltarse que el mediador ahora era Galván, el Subinspector de Campaña. Sus argumentos en esta mediación revelan parte de los cambios entre la Iglesia y los poderes políticos que mencionaba más arriba. Su principal crítica al Juez de Paz atendía a haberse dirigido al diocesano “…cometiendo el exceso de abrogarse atribuciones peculiares del Gobierno en quien reside el Patronato de las Iglesias y la protección del culto católico”. Del párroco prácticamente se burlaba por su “impopularidad” y falta de manejo de la situación. Conforme con su mediación, Galván expresaba que “…ambos recibieron y, debo asegurar, que ambos confesaron simultáneamente su error y prometieron que en lo sucesivo estaban ciertos se entenderían mejor en cualquier ocurrencia…”, aunque admitió que “…en mis primeros pasos dudé de la reconciliación”. Pese a ello se marchaba de la Villa de Luján con la satisfacción del deber cumplido e incluso manifestó: “esta tarde he paseado y visitado algunas casas con los dos”.47 Se trataba de un tipo de demostración pública de concordia que acentuaría en una nueva intervención que debió realizar algunos días después a pocos kilómetros de la Villa: en la Guardia de Luján. Galván anticipaba en una nota al Gobernador el desafío que se avecinaba: “Ahora quedo dando principio en esta Guardia donde las animosidades son muy antiguas y donde toda reconciliación ha sido siempre muy transitoria.” Y se congratulaba de la llegada de los misioneros cuya presencia, “…tal vez contribuya también a mi objeto”.48 Se trata del primer indicio de la vuelta de los regulares y estas misiones “pacificadoras”, cuya presencia se haría más visible y relevante en la ingeniería de propaganda y control del rosismo en los años sucesivos. El nuevo conflicto en la Guardia de Luján involucraba otra vez a su párroco. En esta oportunidad, las razones del enfrentamiento se vinculaban al modo en que el párroco había organizado la elección de síndico de la parroquia49 y designado una 46 FRADKIN, Raúl “Tumultos en la pampa. Una exploración de las formas de acción colectiva de la población rural de Buenos Aires durante la década de 1820”, en IX Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia, Córdoba, 2003; “Bandolerismo y politización de la población rural en Buenos Aires tras la crisis de la independencia (1815-1830)”, en Nuevo mundo mundos nuevos, EHESS, 2005 [en línea] http://nuevomundo.revues.org/document309.html [consulta: 25 de febrero de 2008] y La historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. 47 AGN, X-24-3-4. 48 AGN, X-24-3-4. 49 En abril de 1830 se habían restituido a los párrocos de campaña la administración de Ramos de fábrica y las funciones de la sindicatura las ejercerían los síndicos como defensores públicos de las rentas de

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comisión para la construcción del nuevo templo. El actual conflicto volvía a oponer a las facciones en pugna que se enfrentaban desde hacía algunos años en este poblado. Como en Luján, los dispositivos para pacificar se encontraban en manos del poder político. Elías Galván reconvenía a las partes. Al párroco le recordaba su papel en la preservación del orden social y que sus intervenciones debían mostrarse imparciales: “…que él es el pastor y que para con todos debe ser Justo y buen Padre, que de ningún modo debe tomar parte en desavenencias sino que por el contrario toda vez que asomasen lo que le corresponde es que empeñe sus funciones pastorales para cortarlas, sofocarlas, que reine la paz y que todos formen una familia”.50 Galván volvía a retirarse satisfecho. Era elegido Juan Bautista Ramos, según el subinspector: “Él ha sido recibido con gran aceptación y su imparcialidad en los partidillos que siempre ha habido acompañada de sus buenos deseos prometen resultados satisfactorios…”. A lo que agregaba que los misioneros trabajaron “incansablemente” y “todos prometieron despreciar y olvidar las diferencias pasadas.” Sin embargo Galván se detiene en un momento de su mediación y describe la pública satisfacción que le dio: “…salir inmediatamente el Comisario, el Juez de Paz y Calatayud con el que firma y dar un paseo por las principales calles de la Guardia y después de hacer una visita a los RR PP Misioneros de quienes dos y el cura estaba presente salieron acompañando al paseo que con este motivo se hizo más largo, se encaminaron para la morada del que suscribe donde se sirvió a la comitiva con café que se había preparado al efecto y se retiraron muy amigablemente comportándose de un modo muy civil en todos estos actos los tres reconciliados.”51 Las prácticas de reconciliación transparentaban la vida política y se adaptaban a las transformaciones de la Iglesia, de las instituciones eclesiásticas en la sociedad y de sus vínculos con los poderes gubernamentales y a los nuevos lugares de los párrocos. Los eclesiásticos se vieron por un lado apartados –o, en el mejor de los casos desplazados de los primeros planos– de la administración de algunas instituciones de clemencia –como el asilo en sagrado– y de los rituales de reconciliación –como el las Iglesias. Los párrocos debían dar cuenta de entradas y salidas de los productos de fábrica y rendirlas anualmente. 50 AGN, X-24-3-1. 51 AGN, X-24-3-1.

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“Perdón de los enemigos” en las misiones interiores– al tiempo que eran parte interesada e implicada en los conflictos y, por lo tanto, objeto de las nuevas formas y actores en que se gestionaban las reconciliaciones. Se podría hablar de secularización de las prácticas de reconciliación si tomamos en cuenta que quienes la gestionaban eran las autoridades políticas. Sin embargo, el argumento se desmiente a sí mismo si consideramos que se trata del régimen rosista –que se arrogaba el derecho de patronato52 y probablemente otros atributos de la Corona como el indulto real– y apelaba en forma permanente a prácticas y símbolos religiosos, mientras que la identidad federal se asumía como la del buen católico.53

52 El decreto de febrero de 1837 ordenaba que toda disposición emitida por la Santa Sede, desde el 25 de mayo de 1810 en adelante, que deseara implementarse en el territorio de la confederación debía contar con el pase o exequatur del Encargado de las Relaciones Exteriores de la República, esto es, debía contar con la aprobación de Rosas. Así, se buscaba reconstituir un poder civil con atribuciones patronales que abarcara todo el territorio de la confederación. 53 SALVATORE, Ricardo “Fiestas federales: representaciones de la República en el Buenos Aires rosista”, en Entrepasados, núm. 11, pp. 45-68, 1997; GARAVAGLIA, Juan Carlos “Escenas de la vida política en la campaña: San Antonio de Areco en una crisis del rosismo (1839-1840)”, en Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Homo Sapiens, Rosario, 1999, pp. 157-188 y DI STEFANO, Roberto El púlpito y la plaza, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

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La cruz, la vara, la espada Las relaciones de poder en el pueblo de Areco 1 Juan Carlos Garavaglia

1. La iglesia y los párrocos “E porque la sentençia de excomunion es arma con que la yglesia defiende su libertad e mantiene e gouierna las animas cristianas con justiçia de dios e deue ser mucho mas temida e guardada q otra sentençia alguna por que non ay mayor pena que muerte del anima e asy como el arma tenporal mata al cuerpo asy la sentençia de excomunion mata al anima e es llave delos rreynos delos çielos”. Ordenanzas Reales, 14842

Solórzano Pereyra, el gran jurista americano del siglo XVII, hablando de las relaciones entre la Iglesia y el poder temporal, no dudaba en afirmar que “...de uno y otro brazo se compone el Estado de la República...” (Solórzano se refiere, obviamente, a la res publica). En realidad, se trata de mucho más que eso, se puede decir que en la Monarquía Ibérica “...el reino y la corona permanecen en la Iglesia”, cuando en el reino de Francia, la otra gran monarquía católica europea “...las Iglesias tienen que caber a la fuerza en la corona”.3 Ese imbricado y estrecho lazo entre la Iglesia y la Corona corresponde a una sociedad en donde –para dar solo un ejemplo– la excomunión era peor pena que la propia muerte, como se pude ver en el párrafo de las Ordenanzas Reales de 1484 que citamos en el exergo. En pocas palabras: en la Monarquía Católica hispana la calidad de súbdito no podía escindirse de la condición de católico. Y los hombres y mujeres que fueron ocupando la región que nos interesa a partir de los inicios del siglo XVII, venían del corazón de esa Monarquía, estaban plenamente inmersos en su cultura.

1

Capítulo de un libro en preparación sobre el pueblo de San Antonio de Areco entre 1680 y 1880. Ver las Ordenanzas Reales de 1484, glosadas por Hugo de Celso en Las Leyes de todos los reynos de Castilla: abreuiadas e reduzidas…, por el maestre Nicolas Tyerria, Valladolid, 1538. 3 Ver SCHAUB, Jean-Frédéric “El pasado republicano del espacio público” en GUERRA, FrançoisXavier y LEMPÉRIÈRE, Annick et al. Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. siglos XVIII-XIX, FCE, México, 1998. 2

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La Iglesia católica cumplió entonces un papel central en la consolidación de una forma peculiar de “espacio público” en el marco del Antiguo Régimen ibérico: el cura párroco era el principio y el fin de casi todos los actos “públicos” que ritmaban la vida de cualquier súbdito de la Monarquía. Nacimiento, mediante el ritual de su paso bajo el agua de la pila bautismal, rodeado de sus padrinos y parientes. Casamiento, en el altar con la asistencia de parientes y la presencia de los testigos, previa averiguación por parte del cura del verdadero estado y relaciones familiares de los contrayentes; casamiento indisoluble que sería celosamente resguardado por el cura ante cualquier “amenaza” externa, acudiendo si fuera necesario (hasta más allá de mediados del siglo XIX) al brazo secular de los alcaldes o jueces de paz para dar su merecido a los “culpables”. La muerte también requería la presencia de la Iglesia, ésta contaba siempre con la asistencia del sacerdote (enterrar a un deudo sin su asistencia o sin abonar los correspondientes derechos podía ser objeto de sanciones)4 quien llevaba a cabo el ritual que los medios económicos de la parentela permitían, desde un simple entierro de limosna hasta el entierro mayor con misas cantadas y cruz alta. En una palabra, pareciera que todo comenzaba y terminaba bajo la mirada vigilante del párroco.5 Según algunos especialistas de la antropología e historia de la familia, como Jack Goody, ninguna otra religión habría poseído un sistema de control sobre la sociedad local tan formidable como este.6 Por supuesto, en esta sociedad rural de la campaña de Buenos Aires, las altas tasas de ilegitimidad conyugal y filial, muestran algunos de los límites precisos del accionar de la Iglesia y de su capacidad para controlar realmente la vida de sus acólitos. Pero ello no obsta para que sigamos considerando al papel de los párrocos en un lugar central en la vida pública del pueblo y su hinterland rural. Con frecuencia, alcaldes de la hermandad y párroco actuaban de consuno. Esa actuación común no sólo se concentraba en perseguir “amancebados” u hombres y mujeres que “amenazan” otros matrimonios,7

4 En el libro de defunciones de Areco el 10 de marzo de 1793 leemos “…murió Juana Anta. hija legitima de Anselmo Lima y de Benedicta Monsalvo de esta feligresía la enterró el expresado Anselmo fraudulentamente pr. lo qe. se le reprendio y se le hizo pagar el dro. por entero…”, ver Archivo Parroquial de San Antonio de Padua, Areco, Libro 2 de defunciones. En otra oportunidad, el cura Feliciano Martínez, en ocasión de la muerte de Pedro Bargueño en 1832, le pidió al Comisario que viera “…si se le ha encontrado algun dinero…” al cadáver para pagar los derechos de la Iglesia y “…aplicar algunos sufragios para su alma…”. Archivo del Juzgado de Paz de San Antonio de Areco, Areco (en adelante, AJPSAC), 1832. 5 Sobre el papel de la Iglesia en la campaña durante el período colonial, ver BARRAL, María Elena Sociedad, Iglesia y Religión en el Mundo Rural Bonaerense, 1770-1810, Tesis de Doctorado, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2001, pp. 228-234 y su libro De sotanas por la Pampa. Religión y sociedad en el Buenos Aires rural tardocolonial, Prometeo, Buenos Aires, 2008. 6 GOODY, Jack La famille en Europe, Editions du Seuil, Paris, 2001, p. 54. 7 Los ejemplos son múltiples, citemos sólo algunos. En 1773, fray Bonifacio Carvallo desde Cañada de la Cruz le solicitaba al sargento mayor Julián de Cañas que lo “prenda” a Cristóbal Sosa y lo echara del partido por amenazar un matrimonio; en 1790, el cura del Rincón de San Pedro solicitaba del virrey que

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podía alcanzar incluso a aquellos que tuvieran la mala costumbre de faltar a la misa con demasiada frecuencia (en 1797, el Teniente Cura de Areco solicitaba al Alcalde que enviara presos a la frontera de Luján a tres individuos “…por públicos escandalosos en la embriaguez y no haber cumplido con el Precepto anual de la Iglesia”).8 Y este peculiar fenómeno está muy lejos de ser “colonial”, como parece pensarlo con demasiada frecuencia una visión del pasado encandilada por la búsqueda de indicios que anuncien la “modernidad argentina”. Durante el siglo XIX, hasta un fenómeno de carácter tan claramente enraizado en la vida pública como el de las elecciones, hecho capital en función de la lenta construcción de las bases de una ciudadanía moderna, tuvo lugar durante muchos años en el atrio de la parroquia de San Antonio de Padua. Además, no pocos párrocos fueron elegidos como representantes de sus pueblos en las primeras elecciones de la década de 1810, como fue el caso de Gregorio José Gómez, cura de Areco, elector en Luján en 1813, de Francisco Argerich, cura de Luján y diputado enviado por el Cabildo lujanense a la Asamblea de ese mismo año, como también el párroco de Areco Francisco García Miranda quien, al parecer, fue votado como elector para la concurrir en Luján a la elección de diputado para la Asamblea en 1816.9 Y la etiqueta que Rosas había ideado para la instalación de los jueces de paz se realizaba en el propio altar de la parroquia del pueblo “antes de la misa mayor”, con el cura párroco como personaje central de la ceremonia.10 Algunos párrocos cercanos al poder durante el rosismo –tal el caso de Feliciano A. Martínez– llegaron incluso a proponer nombres para ocupar el cargo de juez de paz.11 Varios de los párrocos más destacados que transitaron por el curato de la iglesia de San Antonio de Padua pertenecían a familias de notables de la localidad; el segundo cura de Areco, Cristóbal de Giles (1744-1757), era un ahijado criado por doña Rosa de Giles quien fundaría, junto con su marido don José Ruiz de Arellano, la parroquia. Su sucesor, Cayetano Fernández de Agüero (1757-1772), también estaba emparentado con algunos vecinos del pueblo: su sobrina Petrona Mora de Agüero era la esposa de Juan Vieytes, un gallego avecindado en Areco desde fines de los años 1750s. y padre de Hipólito Vieytes; además, entre los propietarios de Areco de esos años había un Juan Bautista Fernández de Agüero que suponemos formaba

se obligara al pulpero Tomás Fernández a acudir a la capital por vivir amancebado (ambos en Archivo General de la Nación, en adelante AGN, IX-1-4-1). En 1831 el cura Feliciano Antonio Martínez le escribió al comisario Isidro López acerca de un vecino a quien dio “caucion suficiente ante este Juzgado de casarse con da. Rita German” y que por lo tanto pedía se lo pusiera en libertad, AJPSAC, 1831. 8 AGN, IX-1-4-1. 9 Esto surge de un escrito de Norberto Antonio Martínez de 1816, en AGN, IX-32-7-7. 10 Consultar la descripción en DÍAZ, Benito Juzgados de Paz de Campaña de la Provincia de Buenos Aires (1821-1854), Universidad Nacional de la Plata, 1959, pp. 85-86. 11 Ver la nota de Feliciano A. Martínez del 4 de diciembre de 1835, proponiendo a Manuel A. Vicenter como juez de paz, AGN, X-21-5-7.

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parte de su grupo familiar12 y una hermana del cura, Ana María Fernández de Agüero, fue registrada en los libros parroquiales como madrina en forma repetida. Durante esos años, fue teniente de cura Francisco Antonio de Suero, miembro de una de las familias más destacadas del partido y estrechamente relacionada con los fundadores de la parroquia.13 El cura Vicente Piñero (1781-1809) pertenecía también a una red familiar local muy extensa con ramificaciones tanto en la Cañada Honda (emparentado allí con la poderosa familia San Martín, cuando su padre, Jacinto Piñero “el mozo”, se casó con una hija natural de Juan Ignacio San Martín Gutiérrez de Paz) como en el pueblo mismo, donde varios de sus miembros fueron destacados jefes milicianos y alcaldes de la hermandad. Y finalmente, tenemos el ejemplo emblemático de Feliciano Martínez, el hijo de Felipe Antonio Martínez, quien también ejerció como párroco de Areco durante los años 1830-1844 y que fue personalmente muy cercano a Juan Manuel de Rosas. En esos años, Feliciano Martínez y su primo, Tiburcio Lima, constituyeron el vértice nodal del poder local. Después, la progresiva toma de control por parte de la Iglesia vaticana de las diócesis de América fue alejando a los párrocos de esta relación tan cercana con las familias de los notables locales. El italiano Juan Bautista Rossi, quien ejerció en Areco desde fines de 1849, es un ejemplo patente de este distanciamiento (lo que no le impidió entender muy rápido cuáles eran los parámetros de la cultura local en los que debía encuadrar su ministerio). Tan intensa resultó su integración a la cultura local que fue incluso “municipal” –es decir, miembro del concejo municipal– durante el año 1858.

2. La vara de justicia: alcaldes de la Hermandad y jueces de paz “La justicia considerada como una virtud moral es en la práctica un título vano desde que por desgracia puede violarse impunemente. La fuerza es la única medida de sus derechos”. Orden del día de la Junta Grande, 181114 “Yo no sé nada de omecillos (homicidios) respondió Sancho, ni en mi vida le caté a ninguno; sólo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo...”. Cervantes, El ingenioso hidalgo..., cap. X

De raigambre medieval, en 1475 en Burgos y a instancias de los Reyes Católicos, la Santa Hermandad fue recreada para luchar contra los delitos en “los caminos yer12

Archivo Histórico de Geodesia y Catastro, La Plata, Mensura 10 de San Antonio de Areco. Ver AGN, Sucesiones 3862 (Francisco Álvarez). 14 Buenos Aires, 6 de septiembre de 1811 en Registro Oficial de la República Argentina, La República, Buenos Aires, 1879, Tomo I, p. 116. Norberto Bobbio dice: “Es verdad que el poder sin derecho es ciego y el 13

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mos y despoblados”. Según nos relata un autor: “El cometido de la Institución se limita a la vigilancia en despoblado para proteger a los mercaderes y viandantes y perseguir a los delincuentes [...] valiéndose de los alcaldes y cuadrilleros...”,15 aunque no hay que olvidar que tenía asimismo funciones jurisdiccionales. Los alcaldes de la Santa Hermandad existieron también en América desde los inicios de la colonización. En el ámbito de la campaña bonaerense, durante todo el período colonial y en el independiente, hasta 1821 –cuando se suprimió el Cabildo– la justicia en el medio rural había sido depositada en dos “funcionarios”:16 los citados alcaldes de Santa Hermandad (llamados a veces “jueces pedáneos”, nombre con el que también se conocieron en otros ámbitos de América) y los alcaldes ordinarios del Cabildo de Buenos Aires17 (en fuerte concurrencia en nuestra área con los alcaldes ordinarios del vecino Cabildo de Luján, que también nombraban sus propios alcaldes). El signo de distinción de los alcaldes era la “vara de justicia” que portaban en ocasión de desempeñar sus funciones, tal como lo demuestran algunos documentos de Areco.18 Los alcaldes de la Hermandad eran “vecinos” en la jurisdicción que se tratase, por supuesto no eran letrados y estaban nombrados por el Cabildo (desde 1805, a partir de una terna presentada por el alcalde que finalizaba sus funciones19 y es casi obvio señalar el rol de cooptación que este sistema otorgó a los principales notables locales); duraban un año en el puesto y tenían jurisdicción sobre los delitos menores y las disputas civiles de poco monto siendo, además, sumariantes en los casos graves. Es decir, nacieron desde el principio con una doble vocación civil y criminal, pese a que sus orígenes estuvieron estrechamente ligados con el ejercicio de la justicia criminal, como bien le recuerda Sancho al Quijote. Los dos alcaldes ordinarios, miembros del Cabildo de Buenos Aires o del de Luján –ambos con jurisdicción sobre Areco20, como ya dijimos– “vecinos” de la ciudad o del pueblo, se ocupaban de las derecho sin poder queda vacío”; ver “Lugares clásicos y perspectivas contemporáneas sobre política y poder”, en BOBBIO, Norberto y BOVERO, Michelangelo Origen y fundamentos del poder político, Grijalbo, México, 1984. 15 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino La Santa Hermandad de los Reyes Católicos, Vilches, Sevilla, 1921, p. 18. 16 Dudamos en llamarlos funcionarios pues, en realidad, hasta los años 1830s., cuando los jueces de paz acumularon la función de comisarios de policía (y cobraban en tanto tales un pequeño estipendio), los encargados de administrar la baja justicia rural no recibían sueldo alguno por ese desempeño. De todos modos, los alcaldes de la Hermandad, como los alcaldes ordinarios, cobrarían cortos honorarios de actuación en cada caso juzgado. 17 La mejor descripción sigue siendo la de ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo La justicia capitular durante la dominación española, Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1947. 18 Ver, por ejemplo, la declaración del padre Mariano Machado en 1816 sobre la conducta de Agustín de Balmaceda como alcalde de la Hermandad, en Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata (en adelante, AHPBA), 13-1-6-49. 19 Ver el oficio del 29 de noviembre de 1805 enviado por el Cabildo a los Alcaldes, en AGN, IX-19-5-4; este sistema de ternas es a su vez una vieja herencia castellana medieval. 20 Esta doble jurisdicción en competencia mutua es una muestra típica del “policentrismo” jurídico y de la yuxtaposición de jurisdicciones característicos del sistema judicial ibérico.

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restantes demandas y de los casos criminales graves21 (asimismo, a ellos se debía apelar de las decisiones de los alcaldes de la Hermandad).22 Además de estos alcaldes, había una serie de jueces “comisionados” ad hoc que ejercían funciones judiciales en momentos y lugares precisos. Sin olvidar a los comandantes militares que en los fortines y en sus poblados adyacentes ejercían a menudo funciones jurisdiccionales.23 Como decíamos, estos alcaldes tenían competencias en la baja justicia criminal y en los conflictos económicos entre vecinos cuyos montos fueren relativamente reducidos, oficiando muchas veces como notarios ante la falta de escribanos letrados en el poblado y actuando en general como árbitros en las disputas y problemas suscitados entre los vecinos. Una de sus funciones más importantes, a medida que nos acercamos al período independiente, era la de controlar a la población flotante de jóvenes migrantes solteros que “bajaban” anualmente a la campaña para conchabarse en las tareas agrícolas y ganaderas, asegurándose, ante la amenaza de la prisión o del reclutamiento forzoso, que efectivamente se enganchasen como trabajadores asalariados; esta función los ponía en contacto (y con frecuencia, en abierto conflicto) con el comandante de las milicias locales, otro de los personajes destacados en el ámbito local del poder. Desde ya que no se trataba de un funcionario en el sentido más completo de esta palabra pues, como dijimos, no cobraba auténticos emolumentos por su actuación pero, indudablemente, ejercía funciones –judiciales, represivas, económicas y políticas– que podríamos llamar estatales, dado que apuntan, durante gran parte del período estudiado, a la construcción de una forma estatal de poder. Pero los alcaldes de la Hermandad –como sus sucesores, los jueces de paz– no perderían nunca su difícil papel de voceros de la sociedad local frente a las exigencias de ese estado en construcción (exigencias sobre todo de hombres y de recursos para el ejército). En realidad, como lo señala António Manuel Hespanha,24 la función esencial de estas magistraturas –pese a su carácter delegado– es la de mediación en el marco de la sociedad local. Y para que la mediación fuera realmente eficaz, aquellos que ocuparan esas funciones debían poseer sobre todo una cultura social más que una cultura jurídica, si bien con frecuencia no desconocían las líneas más gruesas de la tradición jurídica ibérica. Ser un “vecino de respeto” era la condición esencial para desempeñar cabalmente esa magistratura.

21 Normalmente, las causas que llegan hasta ellos van encabezadas con el titulo de “Juzgado de 1er. voto” –si se trataba del alcalde de primer voto; los alcaldes fungían así como auténticos jueces de primera instancia en las causas graves sumariadas por los alcaldes de la Hermandad. Ver, por ejemplo, AGN, Criminales, F-1, exp. 3. 22 Cfr. SOLÓRZANO PEREYRA, Juan de Política Indiana, BAE, Madrid, 1972, Tomo CCLV, libro V, capítulo I. 23 En el Fortín de Areco ello ocurrió con cierta regularidad en los años 1810-1830, ver un ejemplo de 1818, en AGN, IX-32-7-8. 24 HESPANHA, António Manuel La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

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Las redes familiares que hemos estudiado en profundidad no eran en absoluto ajenas a las relaciones de poder en el ámbito local e incluso, en algunos casos, bastante más allá de este marco. No podemos aquí hacer una historia detallada de las formas de configuración del poder local durante los siglos XVIII y XIX en la campaña de Buenos Aires y remitimos a una bibliografía donde el lector encontrará los estudios generales más destacados sobre el tema.25 Justamente en el período que siguió al de los alcaldes de la Hermandad, que se abrió en 1821 con los jueces de paz, se ven mejor esas tensiones entre las necesidades de la sociedad local y los requerimientos del estado en ciernes. Los jueces de paz, también cooptados desde Buenos Aires a través de una terna presentada por el anterior juez, poseían como ayudantes en cada cuartel a los que ahora se llaman solamente alcaldes y éstos tenían a su vez a los tenientes de alcaldes como subordinados, generalmente, de uno a tres por cuartel. Una partida, llamada con frecuencia, partida de policía, los secundaba en su accionar represivo y judicial. En diversos momentos –durante la década de 1820 y comienzos de la siguiente,26 como en algunos años del período posterior a la caída de Juan Manuel de Rosas– también tendremos a comisarios de policía, cuyas funciones son demasiado obvias como para extenderse sobre ellas.27 La coexistencia entre esos dos polos jurisdiccionales no siempre fue sencilla y por eso Rosas decidió rápidamente la eliminación de los comisarios en vistas a una sólida unificación de esas dos funciones que, según los autores clásicos del estado liberal, deberían siempre estar diferenciados: la de reprimir y la de juzgar. Mas, don Juan Manuel estaba bien lejos de los liberales y pensaba en la eficacia de la acción represiva dirigida, sobre todo, a sustentar la provisión de reclutas para un ejército siempre hambriento de hombres. No faltaron tampoco, ya en el período postrosista, los prefectos con un abanico de funciones más complejas y de

25 DÍAZ, Benito Juzgados de Paz..., cit.; SALVATORE, Ricardo “Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de Rosas”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, tercera serie, núm. 5, 1992, pp. 25-47; HALPERIN DONGHI, Tulio “Clase terrateniente y poder político en Buenos Aires (1820-1930)”, en Cuadernos de Historia Regional, 15, Universidad de Luján, Argentina, 1992, pp. 11-45; “El Imperio de la Ley: delito, estado y sociedad en la era rosista”, Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, 3:4-5, Buenos Aires, 1993-94, pp. 93-118; GARAVAGLIA, Juan Carlos Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Homo Sapiens, Rosario, 1999; GELMAN, Jorge “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto Ravignani, tercera serie, núm. 21, Buenos Aires, 1º semestre de 2000, pp. 7-32; ver también los distintos trabajos incluidos en FRADKIN, Raúl –compilador– El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, Prometeo, Buenos Aires, 2007. 26 En Areco estuvieron en funciones hasta fines de 1832, su jurisdicción se extendía originalmente más allá del partido en lo que constituía la sección quinta de las comisaría de campaña –que comprendía también al Fortín y a San Andrés de Giles– pero, en marzo de ese año, se le comunicó al comisario Isidro López que su autoridad quedaba reducida “a los limites del Juzgado de Paz de San Anto. de Areco”, ver AGN, X-21-5-7. 27 El tema no ha sido estudiado, pero los comisarios de policía aparecen ya en la primera década posrevolucionaria, cuando Agustín Echeverría fue nombrado comisario de campaña.

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quienes dependerían los jueces y los comisarios. Pero hay que señalar que el accionar de los jueces de paz se fue extendiendo entre 1821 y 1880, acentuándose su carácter de constructores del consenso político a nivel local, convirtiéndose así en auténticos jefes políticos28 en el marco de la pequeña comunidad pueblerina de la que formaban parte. Su papel en las elecciones –que se realizaron casi anualmente desde el inicio de los años 1820s.– constituye una de las piezas maestras de la pausada construcción de ese frágil consenso que haría posible la consolidación del estado durante el siglo XIX. Represión, negociación, mediación y búsqueda de un inestable consenso, he aquí las funciones principales de los jueces de paz en el tramo final del período estudiado.

Alcaldes, jueces de paz y redes familiares Dos de los grupos familiares que hemos estudiado dentro de la notabilidad local, los Lima y los Martínez, ocupan un lugar destacado en este aspecto; Francisco Xavier de Lima fue varias veces alcalde de la Hermandad nombrado por el Cabildo de Luján (e incluso fue alcalde ordinario electo de ese mismo Cabildo en los años 1760s.), pero no fue el único de esta red familiar que ocupó este tipo de cargos; sus yernos, Felipe Antonio Martínez y Agustín Balmaceda, su hijo Felipe Vidal de Lima, su nieto Tiburcio Lima, el suegro de éste, Pedro Pablo Genes y su bisnieto, Ventura Lima fueron alcaldes de la Hermandad o jueces de paz. También hay que agregar al cura Feliciano Martínez, otro de sus nietos, pues ya hemos visto que la función del párroco no es en absoluto ajena a las relaciones de poder durante todo el período y en especial en este caso particular, durante los años del rosismo. Por supuesto, aquí una de las figuras más importantes es la de Tiburcio Lima y los acontecimientos de la larga judicatura que ejerció durante los años 1840-1852. Veamos ahora a la familia Martínez. Como es lógico, dado el parentesco entre los Lima y los Martínez, durante algunos períodos coinciden parte de los nombres mencionados anteriormente, como Francisco Xavier de Lima (suegro de Felipe Antonio Martínez) y por supuesto, su hijo, el párroco Feliciano Martínez. Durante el período de los alcaldes de la Hermandad tenemos cinco miembros directos de la familia ocupando ese cargo (sin tomar en cuenta a los restantes integrantes de la familia Lima), a los que habría que sumar los nombres de Francisco Julián de Cañas, Antonio Magallanes y Pascual Antonio Figueroa (todos ellos consuegros de Felipe Antonio Martínez); ello haría llegar a ocho el número de parientes y aliados que han ocupado ese cargo hasta 1821, momento en que desaparecieron los alcaldes de la Hermandad. Si dividimos en dos períodos la época de los jueces de paz, 1822-1852 y 18521880, el dominio de este grupo familiar es aplastante –sólo se interrumpe en el fatídico año de 1840 cuando su cercano pariente, Tiburcio Lima, ocupó la judicatura. En

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En la provincia de Santa Fe tienen justamente ese nombre desde los años 1860s.

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el primer período, habría que agregar a un vecino destacado y pariente político de los Martínez, don Manuel A. Vicenter (su hijo José Domingo esposó a Apolinaria, una de las hijas del segundo lecho de Felipe Antonio Martínez); señalemos que no solo Vicenter ejerció el cargo de juez de paz en forma repetida durante los años 1830s., sino que había sido también alcalde de la Hermandad en el período previo y había ejercido el relevante puesto de alcalde ordinario del Cabildo de Luján. Es decir, cinco miembros de la familia ocuparon en forma casi ininterrumpida el cargo de juez de paz durante la década de 1830. La invasión de Lavalle en agosto de 1840 –y sobre todo, la posición de los Martínez en ese momento crucial para el rosismo– cortó de raíz este itinerario. Una vez finalizada la época de Juan Manuel de Rosas y, en especial, a partir de 1855, momento en que podemos considerar estabilizado el poder de los liberales porteños sobre el área norte de la campaña, la familia Martínez se convirtió en el eje indiscutido de la vida política de San Antonio de Areco: nueve miembros directos de la familia, yernos, hijos, nietos y bisnietos del fundador del linaje serían jueces de paz. Podemos comparar este sistema de dominio de un grupo familiar en el poder local con otros casos, como por ejemplo, el que ha estudiado Gustavo Paz en Jujuy durante este mismo período, cuando la parentela de los Sánchez de Bustamante controló el poder provincial hasta mediados de los años 1870s.29

Las funciones de las magistraturas locales Pero ¿cuáles eran en concreto las funciones de alcaldes y jueces de paz? Como ya dijimos, una de las funciones esenciales era la mediación y por razones obvias –la mayor parte de estas intervenciones era estrictamente oral– quedan pocos rastros, al menos hasta los años 1830s., de este tipo de accionar de los magistrados. De todos modos, la documentación posterior puede darnos una idea somera. Peleas entre vecinos; disputas acerca de los daños ocasionados por los ganados en los cultivos, las chacras o las quintas; conflictos de límites entre las propiedades; pleitos en los que el honor o el “nombre” de los vecinos estaba en juego; disputas matrimoniales y familiares (en las que, como ya vimos, el auxilio o la intervención del párroco era casi siempre indispensable). Esta función de mediación se desplazaba con frecuencia a un terreno más estrictamente económico: conflictos sobre arrendamientos, sobre salarios debidos y no pagados (o sobre los pagados y no cumplidos). Desde allí ya entramos en otro plano en el cual la función del alcalde (y sobre todo, desde 1821, la del juez de paz) era esencialmente económica: reconocimientos de deudas, vencimientos de obligaciones y pagarés, incumplimiento de contratos. Siempre se establecieron montos máximos para que la intervención del juez fuera posible, pero

29 Ver PAZ, Gustavo “El gobierno de los ‘conspicuos’: familia y poder en Jujuy, 1853-1875”, en SABATO, Hilda y LETTIERI, Alberto –compiladores– La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, FCE, Buenos Aires, 2003.

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los picos interminables de inflación que se sucedieron desde el período abierto por la guerra con el Imperio del Brasil en 1826 dieron por tierra con una regla demasiado estricta en este campo. Otro aspecto relevante del accionar de los alcaldes y jueces fue su intervención supliendo a los escribanos (ausentes en Areco hasta que el censo provincial de 1881 anota la existencia de un notario en el pueblo). Todos los inventarios y tasaciones post mortem necesitaban la presencia de alcaldes y jueces o la de sus delegados. La mayor parte de las compraventas de campos también pasaban por sus manos, como es asimismo relevante su papel en las mensuras de terrenos y, en especial, en aquellas ordenadas por la dirección del Catastro provincial desde su fundación en la época de Rivadavia. Si bien, el Manual para los Jueces de paz de la Campaña, editado en Buenos Aires en 182530 establecía la obligación de llevar un libro en el que se anotasen todas las decisiones de los jueces, estos libros brillan por su ausencia en los archivos. En realidad, deberíamos decir “brillaban” pues la incansable actividad de rescate documental de Lía Sellun, responsable de la Biblioteca Manuel Belgrano de Areco –que salvó uno de esos libros casi in articulo mortis entre una pila de papeles tenidos por inservibles en una visita a un depósito– nos permite ahora tener una idea del funcionamiento cotidiano del juzgado de paz de Areco en el último período que nos interesa aquí. Cuadro 1 Actuaciones registradas en el libro del Juzgado de paz 1859-1866

Económicas Reconocimiento de deudas Pago de deudas Negocios sobre lanares Arrendamientos de campos Desalojos de campos Otros asuntos referidos a campos Varios Penales y correccionales Graves Multas y trabajos públicos Mediaciones Varios

Totales 80 22 15 23 9 3 5 3

% 77% 46%

50%

4% 17

16%

4 3

4% 3%

7 10

30 Imprenta de la Independencia, 1825, en la “Instrucción” preliminar se lee en el punto 5 “Todo juicio civil, sobre cantidad que no ecseda de 300 pesos, será verbal como queda dicho; pero llevará el juez de paz un libro foliado, donde sentará acta de cada juicio de más de 50 pesos con espresión de la audiencia de las partes, prueba y sentencia”, citando el artículo 5 del reglamento del 23 de enero de 1812.

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El libro abarca las decisiones cotidianas de los jueces desde el 15 de diciembre de 1859 al 31 del mismo mes de 1868; en el Cuadro 1 presentamos los datos para el período que llega hasta marzo de 1866, pues la judicatura de Juan Francisco Font, que se inicia en ese momento, produjo una verdadera inflación de la actuación correccional del juzgado en lo que podríamos llamar las faltas menores (cabalgar por las calles del pueblo, romper un farol del alumbrado, tener animales sueltos en el pueblo o en el río, etc.). Como se puede percibir, en este período, la actividad dominante registrada en el libro se relacionaba con el mundo de las relaciones económicas. Dividida casi en partes iguales entre los negocios agrarios y las deudas de todo tipo, entre las cuales parecen dominar las mercantiles. Tampoco puede asombrarnos que los asuntos referidos a los lanares dominasen claramente en el rubro de los negocios agrarios. Hay que señalar que entre los asuntos penales (robos, heridas graves) y los correccionales –tomar un caballo “prestado” sin consentimiento del dueño, jugar a los naipes, etc.– los jueces no incluyeron a los individuos que, presionados desde Buenos Aires, enviaban al ejército como reclutas forzosos; es decir que si los incluyésemos –tomándolos de la documentación suelta del Juzgado– ese porcentaje del 16% subiría a ojos vista. No lo hacemos porque no tenemos ninguna seguridad de que la documentación suelta del Juzgado sea completa y preferimos que el lector pueda tener una idea clara del contenido del libro del mismo. Pero no es para nada una casualidad que los jueces decidieran que los vecinos que habían cometido un delito leve o una falta, solo fueran obligados a cumplir trabajos públicos y/o a pagar una multa, mientras que para los jóvenes desconocidos, la amenaza del enganche forzoso fuera algo que está siempre latente como pena para cualquier conducta considerada al margen de las leyes.31

El accionar penal del juzgado El papel de alcaldes, comisionados especiales y jueces de paz en este rubro fue siempre relevante. Para el período colonial, no hay fuentes temporalmente seriadas, pero las pocas briznas de documentación que han llegado hasta nosotros, tanto de los alcaldes de la Hermandad como de los “jueces comisionados”, los oficiales del Rey y los comandantes de milicias,32 confirman una forma de actuar que no se alejaba en

31 Y las conductas punibles se abrían en un abanico muy amplio. En 1858 se dictó una circular que es un catálogo ab absurdum de todas las prohibiciones posibles e imaginables: reuniones festivas y bailes sin permiso, bautismos, encender fuegos artificiales, corridas de avestruces y juego de pato, bebidas alcohólicas, proferir “palabras obcenas”, juegos de cartas, taba o bochas en las pulperías... ¡La circular llegaba incluso al desatino de solicitar la detención de los “jovenes blancos o de color que se encuentren en la calle jugando a la cañita, la volita u otra ocupación perjudicial”! Circular del 12 de febrero de 1858, dirigida por el comisario de policía Francisco Lozano, a los jueces de paz del Departamento del Norte, en AHPBA, juzgados de paz, San Andrés de Giles, 39-3-24 B. 32 Ver, entre otras fuentes, las comunicaciones de los años 1770s. intercambiadas entre Francisco Julián de Cañas, sargento mayor de las milicias, actuando como juez comisionado y el gobernador Vértiz sobre apresamiento de “delincuentes”, en AGN, IX-1-4-1.

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absoluto de la que conoceremos más tarde: apresamiento de “vagamundos”, cuatreros, jugadores y merodeadores bajo acusaciones vagas o con las alegaciones tales como la de llevar “…bolas, lazos, maneas y cuchillos, armas propias de gauderios y ladrones…”, como afirmaba el teniente de Dragones Antonio Pérez Dávila en 1771, agregando a renglón seguido “…y no querer conchavarse como deven…”,33 demostrando con estas palabras que la amenaza de la represión como forma de asegurar el conchabo era un hecho bien concreto y que se percibía ya claramente desde esta época temprana. En las páginas que siguen trataremos este tema para un período posterior, gracias a una documentación mucho más rica y sobre todo, seriada.

El período 1830-1852 Este lapso no cubre todos los años del período, pues partimos con ocho meses de 1832 y continuamos después de 1837 en adelante, con algunos años incompletos.34 Hemos agrupado la información por cuatro períodos más o menos comparables en cuanto al número de meses: 1832-39, 1840-42, 1843-46 y finalmente 1848-1851. Se registran 144 individuos (hemos restado a nueve detenidos por “salvajes unitarios”, porque no nos parece correcto incluirlos en este resumen general y más adelante volveremos sobre ellos); si señalamos que tenemos datos para un total de 144 meses, la primera conclusión general parece obvia: hay una media de un detenido por mes. Pero se perfilan distintos períodos; en efecto, de una media de 1,4 en 1832-39 pasamos a una de 1,7 en el período 1840-42, la más alta, que coincide con los levantamientos anti-rosistas y un agravamiento del clima político general. Es decir, que el clima político ha influido indudablemente sobre el accionar de los jueces de paz. Los dos períodos siguientes marcan un descenso clarísimo, pues pasamos de 0,7 en el período 1843-46 a 0,4 en el último período, es decir, en los años 1847-51. Y señalemos que en este último año se envían detenidos a Buenos Aires a cinco jóvenes –cuyas edades oscilan entre los doce y los quince años– que han sido detenidos ad hoc para ser enganchados para servir como “trompetas” o “pitos” en el ejército Restaurador; esto es una razzia de niños y no tiene nada que ver con el funcionamiento normal del Juzgado. Es decir, si la media desciende tan claramente en los dos últimos períodos, hay dos posibilidades de interpretación. O los jueces han cambiado de estrategia y son más “laxistas” –en Areco se trata del mismo individuo entre 1840 y 1851, el tantas veces mencionado Tiburcio Lima. O hay mucho menos “vagos” o conductas consi-

33

Antonio Pérez Dávila al gobernador, 24 de septiembre de 1771, AGN, IX-1-4-1. aquí la lista y entre corchetes el número de meses: 1832 [ocho]; 1837 [completo]; 1838 [ídem]; 1839 [ocho]; 1840 [ídem]; 1841 [ídem]; 1842 [ídem]; 1843 [ídem]; 1844 [ocho]; 1845 [completo]; 1846 [ocho]; 1847 [cuatro]; 1848 [ocho]; 1849 [completo]; 1850 [ocho]; 1851 [ídem]. En un primer tiempo los informes eran bimensuales, pero rápidamente se transformaron en cuatrimestrales y es por ello que con frecuencia solo han llegado hasta nosotros dos cuatrimestres. Las fuentes: AGN, X-25-5-7 y 21-6-4. 34 He

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deradas “sospechosas”, lo que demostraría que la política de represión del rosismo dio algunos resultados concretos. Comparando con otros juzgados, vemos que se repite el mismo fenómeno35 pero, a la vista de nuestros conocimientos actuales, es difícil optar claramente por una de las dos explicaciones posibles. ¿Cuáles son las razones por las que los jueces de paz de San Antonio de Areco, durante este período, detuvieron (y a veces, enviaron a Buenos Aires) a esos individuos? Para comenzar a responder a esta pregunta que es de una importancia clave en la discusión que nos ocupa, comencemos por realizar un identikit de estos presos. Para un 87% de ellos (125 sobre los 144) tenemos datos acerca de la edad y ello nos da una media de ca. 25 años; que es bastante inferior a la media de los peones o jornaleros del censo de 1813 para San Antonio de Areco y de 1815 para Areco Arriba, que era de 30,3 y 31,6 respectivamente, siendo 30 años la edad media para Areco en 1744. Pero señalemos que hay una caída progresiva de la edad media, que es coherente con la presencia cada vez menor de los casados entre los detenidos, como se verá. El estado civil es también un dato bastante representativo, pues lo tenemos para el 82% de los detenidos (118 sobre 144). La mayoría de éstos son solteros,36 lo que no podría asombrarnos, siendo gran parte de los restantes casados y habiendo solo dos viudos. Ahora bien, lo que habría que señalar es que los solteros fueron aumentando progresivamente su peso hasta dominar a medida que nos acercamos a los períodos finales. La cantidad de casos que estamos manejando no es excesivamente alta, pero si esta tendencia se repitiese en otros juzgados, parecería evidente que el disciplinamiento de los vecinos o domiciliados fue disminuyendo con el correr del período rosista. Los datos sobre la cualidad étnica no son abundantes y solo desde 1841 se comienzan a notar en forma más o menos episódica; en los dos últimos períodos –probablemente como resultado de instrucciones ad hoc– la notación es más regular. Si tomamos a los detenidos que hay desde el inicio de la notación de este dato en 1841 y que son 66 individuos, vemos que hay 28 con características específicas de color (es decir, el 42% de esos 66); diez cuyo color –la fuente dice siempre “color” en este caso– es negro o pardo, otros diez que son achinados y ocho trigueños. ¿Qué quieren decir estas dos últimas categorías? Achinado es con toda probabilidad aquél del que se sospechaba poseía sangre india y trigueño, es decir, el de color moreno claro. En todo caso, la notación para los considerados blancos es siempre blanco. Esta presencia de lo que se denominaba castas entre los detenidos no puede, por supuesto, sorprendernos, si recordamos la importancia que éstas tenían entre los

35 Ver nuestro trabajo “Paz, orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires, 1830-1852”, en Desarrollo Económico, Vol. 37 (146), Buenos Aires, julio- septiembre, 1997, pp. 241-262. 36 Si los detenidos tienen un porcentaje de soltería del 72%, los conchabados de 1744 en Areco lo eran en un 90%; los peones y jornaleros de San Antonio en 1813, en un 72% y jornaleros de 1815 en Areco Arriba en un 70%.

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jornaleros y peones en los censos anteriores. Lo notable es que estas categorías habían casi desaparecido de los censos de la campaña a partir de los de 1836 y 1838 (sólo en éste se sigue hablando de pardos) y no se usaban más en documentos oficiales, pero parecen seguir gozando de buena salud en el uso cotidiano –los archivos parroquiales las siguen utilizando hasta la década de 1870 y en el censo de la provincia de Buenos Aires de 1881, los datos sobre enrolamiento militar (se trata de los enrolados en la Guardia Nacional) distinguen entre “blancos y trigueños” y “pardos y negros”. No debería extrañarnos esta presencia de las antiguas “castas” entre los detenidos de esos años, si señalamos además que la población de color no ha disminuido en Areco, sino que ha crecido incluso levemente, pues de un 16% en 1815 hemos pasado al 20% en 1838. ¿Cuál era el origen de los detenidos? El dato es altamente representativo pues los tenemos para el 88% de los individuos (127 sobre 144). El primer lugar es Areco mismo y si le sumamos los pueblos de las proximidades, como Exaltación de la Cruz, Fortín de Areco y otros un poco más alejados –como San Nicolás, Zárate y Baradero– tenemos que el 34% del total había nacido en la campaña más inmediata a Areco. Un 30% era originario del Tucumán y Cuyo, siendo Córdoba y Santiago del Estero, en ese orden, los dos lugares más importantes. No puede extrañarnos esto pues solo confirma la estabilidad en la longue durée de las corrientes migratorias desde el Tucumán y Cuyo hacia la campaña bonaerense. Venía seguidamente Buenos Aires y sus cercanías con un 16% del total. Del resto, señalemos solamente la poca incidencia del Litoral (tres o cuatro santafesinos y rosarinos, un paraguayo) y la presencia mínima de los inmigrantes europeos, pues solo tres detenidos en todo el período habían nacido en Europa y se trataba siempre por hechos delictivos. En este sentido, es notable también la presencia de domiciliados, es decir, aquellos que afirmaban poseer un domicilio fijo, pues eran el 26% del total; la gran mayoría de éstos había sido detenido a causa de un hecho considerado delictivo. Pero, este dato acerca del domicilio nos permite acercarnos un poco más al tema de las migraciones. En efecto, de los 38 domiciliados, 18 estaban viviendo en donde habían nacido en el momento de la detención –diez de ellos en Areco mismo– pero más de la mitad se había movido respecto al lugar de nacimiento y señalemos que la mayor parte de los domiciliados no eran solteros, sino casados y viudos. Tenemos así dibujados complejos itinerarios que nos hablan de la persistente movilidad de una parte de la población campesina, pese a las dificultades legales que existían para ello. Veamos ahora las causas de la detención. Para casi la mitad de los individuos (69 sobre 144, o sea el 48%) se alegaba un delito. Los robos eran el tema más recurrente con 49 casos, pero solo en 40 de estos casos hay datos concretos (por ejemplo, “robó una vaca a tal vecino”), pues en los restantes se nos habla de forma muy genérica de ratero o perjudicial, etc. Podemos suponer entonces que los auténticos robos representan solo el 28% del total. Los restantes, además de la acusación genérica de rateros, entran en otros tipos de delitos, como heridas, “desobediencia” y otros. Hay

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21 desertores, es decir el 15% del total. Como dijimos, un poco menos de la mitad fue acusado de algún delito –muchas veces en términos muy vagos– y solo el 28% de los detenidos fue acusado del robo de un objeto determinado en circunstancias concretas. ¿Por qué fueron detenidos, entonces, los restantes individuos? Sencillamente por considerarlos vagos, es decir, por no tener los dos papeles mágicos que era indispensable poseer para viajar por la campaña: la papeleta de enrolamiento y la de conchabo. Por supuesto, también hay otro tipo de detenciones y ya mencionamos la razzia de jóvenes adolescentes para engancharlos como “trompetas”. Pero en la gran mayoría de los casos no delictivos –como en algunos de los que aparecían como tales, pero que en realidad se trataba solo de una forma de control social, dado que se consideraba al individuo como “peligroso” o “perjudicial”– la única causa era la falta de alguno de esos dos documentos indispensables. ¿Adónde se destinaba a los detenidos? Si bien no lo podemos saber en todos los casos, la mayor parte de los detenidos terminó en algunos de los cuerpos militares de la ciudad o la campaña. Está claro, entonces, que una de las funciones esenciales del Juzgado de Paz era el reclutamiento forzoso de los contingentes de jóvenes solteros que el ejército exigía en forma incesante. Si estos eran solteros y migrantes –como efectivamente lo eran en forma mayoritaria– menor era la punción sobre la sociedad local y por lo tanto, menores la tensiones que este accionar del Juzgado producía en ese marco. Podemos citar en este sentido un largo párrafo de la circular reservadísima que Juan Ramón Balcarce, como ministro de Guerra, envió el Juez de Paz de Luján el 14 de enero de 1830: “Uno de los objetivos que ocupan con preferencia la atencion del Govno. es consultar la completa seguridad de la Campaña con la menor molestia posible de sus habitantes y de las milicias que han prestado sin intermision servicios tan no interrumpidos como recomendables y que exigen imperiosamte. proporcionarles el descanso, con el que pueden atender a sus obligaciones domesticas y a trabajar y fixar su subsistencia. Para conseguir tan beneficos objetos, se ha fixado el Govno. en que todos los Partidos tienen hombres perjudiciales por su conducta, inutiles por su ninguna ocupacion o olgazaneria y muchos sin relaciones que los liguen, ni familia cuyas atenciones los llamen”.37 El destacado es nuestro y confirma ampliamente lo que decíamos precedentemente. Pero hay que subrayar que esta función del Juzgado de Paz no fue exclusiva de la época rosista pues, como lo hemos mostrado en otros estudios generales sobre la campaña, antes y después de Juan Manuel de Rosas, el fenómeno tuvo pocos

37 Archivo Histórico Estanislao Zevallos, Luján, Juzgado de Paz, caja 5, 1830, circular reservadísima del 14 de enero de 1830.

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cambios a lo largo del lapso que corre entre 1810 y 1880.38 De allí que el papel del juez de paz fuera de una importancia clave en la progresiva consolidación del sistema de poder que se fue estructurando a partir de la revolución en la campaña de Buenos Aires, de forma casi totalmente independiente de la opción ideológica de los sucesivos gobiernos: liberales rivadavianos, federales tibios, rosistas o liberales porteños posteriores a Caseros. Si le agregamos a esta función de los jueces la que tendrían en la organización de las elecciones, comprenderemos hasta qué punto éstos eran la piedra siliar de la compleja arquitectura de poder construida pacientemente desde la ciudad durante ese largo período. Y también, hasta qué punto era esencial para la notabilidad local controlar el juzgado.

3. Los oficiales de las milicias “Donde se instalaba un oficial militar invalidaba la autoridad del poder civil, pues todas las referencias del momento se hacían a él”. Alexander Gillespie39

En el período colonial y durante gran parte del siglo XIX, todos los campesinos varones adultos estaban obligados a cumplir con el servicio en las milicias que los constreñían a acudir a las “funciones” militares (y en especial, a las correrías en ocasión de las incursiones indígenas). Estas formaciones milicianas estaban comandadas por los vecinos más destacados. En la región que nos ocupa, varios miembros de las familias de los notables locales, como Pablo Casco de Mendoza, Felipe Antonio Martínez, Justo Sosa, Jacinto y Pedro Joseph Piñero, Francisco Julián de Cañas y por supuesto, los San Martín (en cada una de sus generaciones desde el fundador Roque en el siglo XVII, hasta Bernardo de San Martín, hijo de Juan Ignacio de San Martín y Avellaneda) ocuparon el puesto clave de capitán –en los primeros tiempos– y más tarde, de sargento mayor40 de milicias, es decir, comandante de milicias. Otros, más jóvenes –o de familias menos relevantes– fueron capitanes, tenientes, alféreces, sargentos y cabos. Algunos militares que serían más tarde actores importantes en el período independiente, como Francisco González Balcarce y otros, como

38 Lamentablemente, los datos cuantitativos no son fiables, pues no hay series completas –el archivo del juzgado de paz de Areco no las tiene y en el archivo de Buenos Aires evidentemente se han perdido. Ver nuestros estudios “De Caseros a la Guerra del Paraguay: el disciplinamiento de la población campesina en el Buenos Aires postrosista (1852-1865)” y “Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares (1810-1860)”, en GARAVAGLIA, Juan Carlos Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008. 39 Buenos Aires y el interior, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986. 40 El sargento mayor es un grado de la oficialidad (superior a capitán, teniente y alférez) que no debe ser confundido con los sargentos y cabos del cuerpo de suboficiales; equivalía al posterior de teniente coronel.

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el ya mencionado Bernardo de San Martín, quien llegó a obtener al grado de coronel, hicieron parte de su carrera en esta frontera norte de la campaña. Cuadro 2 Milicias de campaña dependientes de San Antonio de Areco en 1779 Compañías 1a Gregorio Piñero 2a Pedro de Urquizu 3a Pascual A. Figueroa 4a Francisco Pavón 5a Fermín Casco 6a Laureano Rodríguez Total general

Tenientes Melchor Pintos Pedro Armada Francisco Sierra Domingo Pavón Francisco Monsalve Jerónimo Barragán

Alféreces Silvestre Rodríguez Francisco Brian Bernardino Lima Pedro Gelves Pedro Chorroarin Juan Barrios

Sargentos

Cabos

Soldados

Total

2

4

34

40

2

4

42

48

2

4

42

48

2

4

49

55

2

4

37

43

2

4

56

62 296

Fuente: “Milicias del Campo del Partido del Sargto. Mor. Dn. Justo Sosa”, Areco, 19 de junio de 1779, en AGN, IX-1-4-1, documento núm. 381.

¿Cómo estaban compuestas las milicias locales en este período? Lamentablemente, no contamos –como ocurre para el período posterior– con una documentación socialmente detallada, pero de todos modos, la revista que organizó Juan Joseph Sardén en junio de 1779 nos da una idea de su composición y aporta el nombre de los principales oficiales, como se puede ver en el Cuadro 2. Por supuesto, no todos estos milicianos corresponden estrictamente a Areco, pues las compañías 2ª y 4ª son de algunos de los partidos vecinos, como Baradero y Cañada de la Cruz.41 De todos modos, vemos aquí al comandante, el sargento mayor Justo Sosa –descendiente de los Sosa y Monsalve– los capitanes Gregorio Piñero, Pascual A. Figueroa y Fermín Casco, miembros de destacadas familias que bien conocemos, al igual que los tenientes Francisco Monsalve, Pedro Gelves y Bernardino Lima. Y también en este caso las relaciones parentales entre los oficiales eran algo banal. Veamos algunos ejemplos; comencemos por la primera compañía, cuyo capitán Gregorio Piñero es el suegro de Fermín Casco, el capitán de la quinta 41 Una carta del sargento mayor Pascual Martínez de noviembre de 1774 nombra a algunos de los oficiales de la cuarta compañía como perteneciente “al partido de Pesquería”, es decir, Zárate, y otra de diciembre de 1777 menciona sólo a 168 hombres en la compañía de milicias de Areco, ver AGN, IX-1-41.

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compañía. En la tercera compañía, el capitán Figueroa es primo de la mujer del alférez Bernardino Lima. En la cuarta compañía, la que corresponde a Cañada de la Cruz, podemos percibir con claridad el parentesco que une a todos sus oficiales en 1779: su jefe es el capitán Francisco Pavón, quien sucede en el cargo al capitán reformado Ramón del Águila; el segundo, el teniente Domingo Pavón, es su hermano y está casado con Micaela del Águila, probablemente sobrina del capitán Ramón del Águila (quien además, es su compadre, pues fue testigo de su casamiento). El tercer oficial, el alférez Pedro Gelves, está casado con María de la Concepción Melo, cuya madre es una del Águila (comadre además de Francisco Pavón) y por otra parte, Gelves es compadre de Jerónima Pavón, la hermana de Francisco y Domingo… Pero no solo los oficiales y suboficiales tenían diversos grados de parentesco, también podía ocurrir que los soldados rasos, dado que se los agrupaba por compañías calcadas sobre el territorio, fueran parientes, pues los campesinos que habitaban una misma área territorial obviamente que serían reclutados juntos. Así, en una muestra de milicianos realizada a partir de un llamado a filas de 1839, en un momento muy duro para el rosismo, hemos podido comprobar de qué modo suele haber hermanos, primos y parientes por alianza que están reclutados en la misma compañía de milicias.42 Podía ocurrir que un outsider –es decir, alguien no relacionado directamente con las parentelas más poderosas– obtuviera un cargo militar importante gracias a sus contactos con los círculos de poder, ya fuera en Buenos Aires o incluso, en la lejana corte madrileña. Pero, en esos casos, no era nada sencillo para el parvenu hacerse de un verdadero lugar en la sociedad local e, incluso, hacerse obedecer por aquellos que, supuestamente, eran sus subordinados. Pascual Martínez, un gallego llegado a Areco en los años 1750s., tuvo la oportunidad de descubrirlo con amargura. Este hombre que, según relata un sacerdote en 1766, parece formar parte de un grupo de “gallegos inquietos”, entre los que estaban el carpintero Juan Vieytes (el padre del hombre que actuó en la revolución de independencia) y el dicho Martínez –a quien el sacerdote le otorgó, con evidente desprecio, el oficio de herrero.43 Poco después, el Cabildo de Luján lo nombró Alcalde de la Hermandad, pues en 1768 aparece ejerciendo con ese título en Areco.44 Los registros parroquiales lo muestran actuando de padrino varias veces en beneficio de otros compaisanos de su Galicia natal, como el citado Juan Vieytes, Francisco Sierra y Francisco Rañal. Hasta 1770, Pascual Martínez no gozaba de ningún grado militar y el 8 de febrero de ese año, cuando dos de sus esclavos apadrinaron a un recién nacido, su nombre aparece en el libro de bautismos adornado con el grado de sargento mayor. Pero obtener un grado caído del

42

AJPSAC, 1839. Carta de fray Francisco Robledo al gobernador Bucareli, Areco, 8 de octubre de 1766, en AGN, IX1-4-1. 44 AHPBA, 34-1-7-36. 43

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cielo no aseguraba la obediencia de sus subordinados. Cuando en mayo de 1770 Martínez quería que el capitán Juan Miguel de Sosa (uno de los descendientes del propietario del XVII Juan de Sosa y Monsalve) obedeciera una orden, éste le respondió: “…que mientras no tuviese el decreto de V. Exa. [se refiere al decreto del gobernador nombrándolo sargento mayor] no executaria orden ninguna”; poco después, en diciembre de ese mismo año, el alférez Gregorio Piñero (nieto de Jacinto Piñero “el viejo” e hijo del segundo Jacinto, quien alcanzaría el grado de sargento mayor) tuvo idéntica actitud, llegando incluso a decir –en carta el gobernador desde la Real Fortaleza, en donde se hallaba preso por esta causa– que “…rehusó el cumplimiento interin que se le hacia constar la facultad de mandarlo, o el nombramto. de tal Sargto. Mor.”45 Por supuesto, esta desobediencia no interrumpió la carrera militar de Gregorio Piñero que años más tarde llegaría a ser capitán de las milicias, como ya hemos visto en las páginas precedentes. De la legitimidad (el gobernador Bucareli había otorgado un nombramiento a todas luces legítimo) a la autoridad –la capacidad de hacerse obedecer por sus subordinados– hay un trecho que no se puede recorrer sin más en esta sociedad del Antiguo Régimen ibérico... En 1807, después del ataque en las playas de Montevideo en ocasión de las Invasiones Inglesas, los milicianos cordobeses se dispersaron; el Cabildo porteño quiso entonces recuperar las armas que les había entregado, así Luciano Ramallo, alférez del regimiento de milicias provinciales de Córdoba, se ofreció a realizar esa tarea “…haciendo entender a este Cavildo que le será facil el recojo de dhas. Armas mediante tener algun nombre entre aquella gente…”.46 Justamente, eso es lo que don Pascual Martínez no tenía cuando le cayó del cielo el nombramiento de sargento mayor. Y estos cargos militares no deben ser tomados a la ligera, pues daban un poder muy concreto y otorgaban inmunidad frente a la justicia: el fuero militar.47 En 1819, Cornelio Saavedra desde Luján, informaba al Cabildo porteño que el Alcalde de San Pedro no podía cumplir con “…sus deberes a causa de recurrir al fuero los milicianos…”48 y como se sabe, finalmente, ese fuero fue derogado en la época de Rivadavia.49 Por otra parte, los comandantes con frecuencia disputaban a los alcaldes de la Hermandad (o a los jueces comisionados especiales) funciones jurisdiccionales en el fuero penal y los conflictos entre ellos fueron constantes y repetidos. Además,

45 Carta de Pascual Martínez a Bucareli, Areco, 29 de mayo de 1770 y de Gregorio Piñero a Bucareli, 22 de diciembre de 1770, ambas en AGN, IX-1-4-1. 46 AGN, IX-19-5-6, f. 73, Buenos Aires, 4 de febrero de 1807, subrayado nuestro. 47 El amparo ante el fuero militar permitía a los oficiales de milicias sustraerse a la justicia civil; en 1805, Gregorio Lima (uno de los hijos de Francisco Xavier de Lima) y cabo de las milicias, se negó a responder ante una demanda de su cuñado F. A. Martínez, diciendo que solo prestaría declaración ante su superior (su superior jerárquico, se entiende), AGN, IX-23-6-4. 48 AGN, IX-19-6-4. 49 Los fueros fueron abolidos por una ley de la Sala de Representantes de 5 de julio de 1823, cfr. CASTRO, Manuel Antonio de Prontuario de práctica forense, Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1945 [1832].

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durante el período 1750-1780, cuando el fuerte de la frontera de Areco estaba situado inmediato al pueblo (después la fundación del Fortín de Areco correría la frontera Areco arriba), el papel del comandante era todavía mayor frente a la sociedad local. Citemos las palabras del capitán Pedro Riveros, comandante en los años 1750s. e inicios de los 1760s.: “…mediante recaer en mi en este Pago el cargo de Capitán y de procurar el bien comun de el”.50 Pero, incluso en un período posterior, es posible observar que a menudo el Sargento Mayor de las milicias ejercía funciones de represión paralelas a las de los alcaldes de la Hermandad, con la ventaja de contar con una partida de blandengues a sus órdenes.51 Ya vimos la opinión de Alexander Gillespie, el militar inglés que vivió en Areco después de las invasiones británicas y lo repite otra vez en su libro: “Los peones rendían el más sumiso respeto a la supremacía militar, mientras despreciaban las leyes, pues el garbo de un soldado era pasaporte suficiente...”.52 Esa es la razón por la que, a partir de 1820, como veremos, se eliminaron aquellas comandancias militares que no fueran de frontera. El servicio obligaba a los campesinos a acudir a las diferentes llamadas en caso de incursiones indígenas (expediciones que, destinadas normalmente a atemorizar, en general no daban lugar a verdaderos enfrentamientos armados); también debían someterse a las periódicas revistas que normalmente se realizaban durante los domingos, pero que podían llegar a durar de diez a doce días seguidos como ocurrió, por ejemplo, en mayo de 1774.53 Por supuesto, dado que los soldados milicianos eran los propios campesinos, con frecuencia las siembras, la cosecha o las yerras interrumpían toda posibilidad de prestación del servicio militar; los oficiales y suboficiales, que pertenecían al mismo ámbito social, sabían bien que solo les restaba ser tolerantes, dado que ellos también se hallaban frente a idénticas exigencias.54 Y no era raro que algunos no se presentasen a un llamado por esas razones o que otros, lisa y llanamente desertasen. 50 Carta del capitán Pedro Riveros al gobernador Alonso de la Vega, Areco, 28 de diciembre de 1760, AGN, IX-1-4-1. 51 Véase, por ejemplo, la comunicación del sargento mayor Felipe A. Martínez del 28 de febrero de 1796, acerca de las partidas de blandengues distribuidas para prevenir desórdenes en ocasión de la cosecha desde Cañada Honda hasta Cañada de la Cruz, AGN, IX-1-4-1. 52 GILLESPIE, Alexander Buenos Aires..., cit., p. 114. 53 Informe del teniente de Dragones Antonio Pérez Dávila al gobernador Vértiz, 19 de mayo de 1774, en AGN, IX-1-4-1. 54 Pedro Ximénez Castellanos al gobernador Vértiz refiriéndose a las dos compañías de Cañada de la Cruz en 1771, decía “… son los mas de ellos Labradores y en caso de que V.E. disponga se suspendan dhos. exercicios durante las Sementeras…”, en AGN, IX-1-4-2; en enero de 1773, el sargento mayor Francisco Julián de Cañas pedía la vuelta al pago de un cabo de las milicias enviado a Buenos Aires con unos presos diciendo que “es un pobre y tiene su trigo y para qe. este pobre pueda benir con brevedad a hacer su recogida de trigo”, AGN, IX-1-4-1. En noviembre de 1774, el sargento mayor Pascual Martínez informaba “...respecto a estar tan próxima la cosecha de los trigos y con ese motivo hallarse los Individuos de este Partido embarazados en prevenirse para sus faenas [...] se sirva usted diferir esta comision hasta que se pase el tpo. de la cosecha...”; tres años después, en noviembre de 1777, el mismo Pascual Martínez explicaba que los miembros de una de las compañías llamadas a servicio “... estan en las Yslas al corte de madera y leña para los cosecheros...”, ambas en AGN, IX-1-4-1.

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Demás está subrayar que la inserción de los campesinos en las milicias, dirigidas por los notables más prestigiosos, secundados por sus parientes más jóvenes o de menor peso, con los cuales esos milicianos establecían con frecuencia estrechos lazos –que podían llegar hasta el parentesco ritual– consolidaba relaciones de subordinación y de poder (recuérdese como Max Weber define al poder: “la posibilidad de obtener la obediencia de un grupo de personas al contenido concreto de un mandato” y las desventuras del sargento mayor Pascual Martínez, muestran hasta qué punto esto era así). Estas relaciones subordinadas fueron construyendo en forma lenta y progresiva líneas de fuerza que apuntarían después a la constitución de un orden estatal. Pero este orden estatal en construcción tenía delante de sí un camino muy largo por recorrer, camino sinuoso y no exento de rupturas. Estas milicias coloniales fueron reorganizadas después de la Revolución de Independencia. A partir de ese momento, los jefes de las milicias acentuaron todavía más su fuerte presencia en los conflictos locales (a causa de las exigencias en hombres para el ejército ocasionadas por las campañas militares, tanto durante las guerras de independencia, como en ocasión de los conflictos civiles), en abierta competencia con los alcaldes y jueces de paz. No es abundante la bibliografía sobre este aspecto de la cuestión militar, pero los trabajos de Tulio Halperin para el período colonial y los primeros años independientes, como los de Carlos Cansanello para los años 1820s., presentan un primer cuadro de situación.55 En los años de las primeras décadas posrevolucionarias, al menos cuatro miembros de la familia Martínez integraban las milicias: Francisco Mariano como capitán de la “5ta. Compañía de Caballería de Voluntarios de la Campaña”, su hermano Luís Ramón, teniente de esa misma Compañía y el medio hermano de ambos, Norberto Antonio Martínez, comandante interino del 4to. escuadrón del regimiento 3 de Milicias de Caballería de la Campaña en 1816. En 1829, Pedro Antonio Martínez, otro de los hermanos, era comandante militar en Areco. En 1820 se decidió la supresión de las comandancias de milicias –exceptuándose las de la frontera– a causa de “...las continuas competencias de jurisdicción y otras diferencias que frecuentemente se subsistan con los respectivos jueces Territoriales en las que hacen formar no poca parte a los vecinos...”56 pero, en realidad, hasta las reformas de 1821 y sobre todo, hasta bien avanzado el gobierno de Juan Manuel de Rosas, la independencia de los jueces territoriales frente a los jefes militares locales fue muchas veces de muy difícil afirmación.

55 HALPERIN DONGHI, Tulio “Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815”, en El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Sudamericana, Buenos Aires, 1978 y CANSANELLO, Carlos “Las milicias rurales bonaerenses entre 1820 y 1830”, Cuadernos de Historia Regional, 19, Universidad de Luján, 1998; ver, asimismo, nuestro trabajo “Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses...”, en Construir el estado, inventar la nación, cit. 56 Comunicación de Sarratea al Cabildo, 21 de abril de 1820, AGN, IX-19-6-15.

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En el período rosista, hay dos momentos diversos en la jefatura y organización de las milicias. En el primero de ellos, que muy probablemente llega hasta la vuelta de Rosas a la gobernación de la provincia en 1835, los jefes de las milicias son militares de carrera, como el teniente coronel José María Flores, quien dirige en 1831 el 2° escuadrón del regimiento 4to. de Milicias de Caballería Patricia de la Campaña –las que cumplían un papel más relevante desde el punto de vista militar– que incluye a los milicianos de Salto y Areco.57 Pero, más tarde, al menos desde los acontecimientos cruciales del año 1840, el comandante del que pasaba a ser el regimiento de Milicias de Caballería de Areco fue el propio juez de paz y esto era especialmente claro en el largo período en que Tiburcio Lima ejerció esa función. En ese momento, Tiburcio Lima era juez, comisario y comandante militar: ocupaba un lugar nodal en el marco del poder local. Junto a él, su amigo y compadre58 Jacinto Bogarín, era quien comandaba el regimiento de milicias de infantería; de este modo, la concentración del poder en el clan familiar que rodeaba a Tiburcio Lima era total. Pero ¿quiénes eran los milicianos y cuáles eran sus obligaciones? Los milicianos eran los varones domiciliados en el pueblo y en la campaña –fueran solteros o casados– que estaban obligados a prestar un servicio militar anual (y a acudir cuando se los reclamaba a causa de algún acontecimiento puntual) desde los veinte hasta los cincuenta años,59 formando así las milicias activas de caballería y de infantería. A partir de los cincuenta años pasaban a engrosar las milicias pasivas. En el período rosista, los regimientos de Caballería de Milicias Patricias cumplieron un papel determinante en muchos de los conflictos del régimen. En especial, en los decisivos años 1832-1835 y 1839-1841. En 1841, sobre un total de 7.667 hombres de tropa que contaba la provincia, los milicianos representaban el 32%, cifra que muestra la relevancia que había adquirido la milicia en ese período. Y durante esos años, todos los milicianos en activo cobraron sueldo –en el período rivadaviano lo cobraban sólo cuando estaban en campaña. Ello deja ver la importancia que habían adquirido a ojos de Rosas estos milicianos campesinos, uno de los sostenes fundamentales del régimen.

57

AGN, X-24-3-3 y 24-5-4. Jacinto Bogarín se casó con una hija de José Hilario Martínez, Gregoria, en 1822 y en ocasión del nacimiento de su hijo Simón en 1835, Tiburcio Lima fue el padrino junto con su esposa Josefa Genes. 59 Hay que señalar que estas edades no siempre se respetaban; por ejemplo, en la revista realizada en 1851 en Areco, cuyos datos exponemos en los Cuadros 2 y 3, hay varios milicianos menores de veinte años. 58

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Cuadro 3 Composición de la compañía de milicias de caballería de Areco: 1851 Ocupaciones Peones Criadores Estancieros Acarreadores

Totales 91 53% 41 24% 21 12% 7 4%

Solteros 68 75% 19 46% 8 38% 7 -

Comerciantes/artesanos Varios Total

8 3 171

2 3 107

5% 2% 100%

63%

Casados/Viudos 23 25% 22 54% 13 62% 6 64

37%

Migrantes 33 36% 3 10% 3 2 5 46

27%

Fuente: “Regimiento n° 4 de milicias; Compañía de Milicia Activa de Caballería de San Antonio de Areco”, Costa de Ramallo, 29 de octubre de 1851, en AJPSAC, 1851.

Pero, volviendo a Areco, veamos quiénes eran realmente los milicianos. El Cuadro 3 aporta los datos sobre la compañía de caballería de Areco. Es necesario advertir que hemos incluido en él a varios milicianos que estaban tachados en el original (probablemente, habían emigrado o muerto) y es por ello que la fuente da un total de 157 hombres y nuestro total es un poco superior, pero hemos preferido tomar en cuenta también a los tachados, pues así conservamos una preciosa información. La primera impresión es fuerte: hay aquí casi tantos peones como criadores, estancieros, acarreadores y artesanos o comerciantes. O sea que, cuando decimos que las milicias son la expresión de la sociedad local de la campaña, es decir, los paisanos avencidados, no estamos hablando en vano. Y una muestra realizada a partir de un llamado a filas de 1839, que hemos mencionado antes, da resultados muy similares a los de este documento. No puede extrañarnos que los mandos de las milicias estén conformados por estancieros o criadores, pero los mandos son pocos (hay tres sargentos y siete cabos, más los cuatro tenientes de alcalde) o sea que una parte sustancial de la tropa miliciana estaba compuesta también por los estancieros medios y pastores (es notable la inexistencia de las categorías de “labrador” o “chacarero” en esta lista; esto debería relacionarse con la crisis de la agricultura tal como se practicaba hasta los años 1820s.),60 por los acarreadores de ganado y por los pequeños comerciantes y artesanos del pueblo –tres comerciantes, dos albañiles, un carpintero, un sastre, un atahonero. Y si les sumamos los 24 miembros del regimiento de milicias de infantería, tendríamos ahora el cuadro siguiente:

60 En ese muestreo que hemos hecho sobre el llamado a filas de 1839 aparecen no pocos soldados cuyos padres eran “labradores” según el censo de 1813, una muestra más de la crisis de la agricultura.

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Cuadro 4 Composición de las dos compañías de milicias de Areco: 1851 Ocupaciones Peones Criadores Estancieros Comerciantes/artesanos

Totales 97 50% 42 22% 21 11% 23 12%

Solteros 71 73% 19 46% 8 38% 12 -

Acarreadores Varios Total

7 5 195

7 2 119

4% 2% 100%

61%

Casados/Viudos 26 27% 23 55% 13 62% 11 3 76

39%

Migrantes 35 36% 3 10% 3 9 2 52

27%

Fuente: “Regimiento n° 4 de milicias; Compañía de Milicia Activa de Caballeria de San Antonio de Areco” y “Milicia activa de Infanteria del Partido de Sn. Anto. de Areco”, Costa de Ramallo, 29 de octubre de 1851, en AJPSAC, 1851.

No ha cambiado mucho el panorama pero, como era de suponer, se reafirma aún más en las milicias el carácter de vecinos domiciliados que poseían sus miembros gracias al mayor peso del sector de comerciantes y artesanos –principales componentes de las milicias de infantería– que pasaron de ocho a veintitrés. Solo faltaría agregar a las milicias pasivas –que en una revista realizada en 1845 eran 37 individuos–61 para completar este cuadro general sobre las milicias en Areco hasta la caída de Rosas. Como no podía ser de otro modo, el alférez retirado que encabezaba la revista de la milicia pasiva en 1845 es Justo Casco, un lejano descendiente de Francisco Casco de Mendoza. Después de Caseros se aplicó el nombre de Guardias Nacionales a los milicianos;62 probablemente, algunos de los emigrados que volvían de Chile –también en Brasil y otros países de América eran llamados así– habían traído la novedosa palabra, pero las funciones seguían siendo las mismas. Es más, habría una transformación que haría de este servicio una de las cargas más pesadas que recaería sobre la población campesina. En 1854, un grupo de pastores y labradores de la campaña se refería a ella en estos términos “…nosotros estamos cada día arrancados de nuestros hogares, o cazados en los campos como se cazan avestruces; y cuando caímos en las bolas de algún teniente alcalde, es para que haga de nosotros lo que se quiere, guardia (nacional), blandengue, doméstico, veterano, como se le antoje al primer mandón que nos pille...”.63 José Hernández dijo en 1869 “La guardia nacional es una ins-

61

AJPSAC, 1845. Decreto del 8 de marzo de 1852, en Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 1852. 63 Memoria descriptiva de los efectos de la dictadura sobre el jornalero y el pequeño hacendado de la Provincia de Buenos Aires..., 1854 en HALPERIN DONGHI, Tulio Proyecto y construcción de una nación (1846-1880), Ariel Historia, Buenos Aires, 1995, pp. 512-522. 62

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titución arbitraria y desmovilizadora que solo se explica en medio de las agitaciones febriles que la hicieron nacer”. Veamos, rápidamente, la evolución de esta institución en las primeras décadas postrosistas. Lo primero que es necesario señalar es la progresiva pérdida de distancia entre la condición de Guardia Nacional (en adelante GN) y de elemento apto a ser reclutado para integrar el contingente (así se conoce a los regimientos de línea). En efecto, gracias a una serie de disposiciones legales y reglamentarias, los campesinos avencidados, es decir, los paisanos, para otorgarles ese nombre que los enorgullecía, estuvieran enrolados o no en la GN, comenzaron a sentir todo el peso de las cargas militares y los servicios anexos (a veces, casi tan duros como las primeras). Poco después de Caseros, en mayo de 1852, se dispuso un nuevo enrolamiento de los GN. En Areco, que forma parte ahora del regimiento 3 de GN, se le pidió al Juez que tuviera “…bien reunir todo el vecindario para que se haga el enrolamiento”.64 Esto preanunciaba una movilización de la GN y efectivamente, pocos meses después, el juez pasó a los tenientes de alcalde la orden para la movilización y éstos adjuntaron las listas de cada cuartel.65 En noviembre se señalaba que quienes no se enrolasen serían destinados “…al servicio de las tropas de línea por dos años”.66 A fines enero de 1855, al desmovilizarse la GN, el ministro Portela señalaba en una extensa circular a los jueces de paz,67 toda una serie de disposiciones tendientes a encuadrar claramente a los GN como individuos que, ante la menor falta de atención, irían a parar “…al servicio de las armas previa clasificación correspondiente…” y señalando que no se dejara enrolar –para reclutarlos así para el contingente– a aquellos que “…se hayan evadido del servicio ausentándose del partido sin conocimiento de las autoridades”. Toda la circular muestra claramente de qué forma ahora los GN pasarían a ser sospechosos ante cualquier “desviación”, situación que resulta ser la antesala del contingente. Además, la mencionada circular de desmovilización exceptuaba a los regimientos de GN de la frontera, lo que nos hace suponer que había aquí una diferencia –que se acentuaría con el tiempo– haciendo de estos regimientos un ámbito en el que los GN remitidos estaban de servicio en forma independiente de las agitaciones políticas. En este caso, la diferencia entre GN y soldados del contingente es cada vez más borrosa. No olvidemos tampoco que había dos clases de vecinos domiciliados que no acudían al servicio. Primero, los extranjeros que estaban específicamente exceptuados, tanto del servicio de la GN como de las requisas de ganado y caballos e, incluso, escapaban a las leyes represivas de la “vagancia”. Para

64 Comunicación del general Flores al juez de paz, Fortín de Areco, 18 de mayo de 1852, en AJPSAC, 1852. 65 AJPSAC, 1852. 66 Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, 1855, incluido en el volumen de ese año, pese a ser del 24 de noviembre de 1852. 67 AHPBA, juzgados de paz, San Andrés de Giles, 39-2-22, la circular está originada en el ministerio de Guerra.

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citar solo un ejemplo local, en mayo de 1859, el Oficial Segundo de la Prefectura de Areco –de la cual dependía San Andrés de Giles– le transmitió un oficio de felicitaciones del Ministerio de Gobierno al Juez por su “…recomendable celo y actividad…” en materia de aprehensión de vagos, glosando una nota del mismo juez en donde éste informaba que seis individuos que había aprehendido no eran “…soldados como se creian sino extranjeros…”68 y, por lo tanto, escapaban a las disposiciones de las leyes sobre la vagancia y los transeúntes sin pasaporte y papeleta de enrolamiento (ésta siguió siendo de uso obligatorio hasta fines del período; jefes de regimiento en los momentos más álgidos y jueces de paz durante las épocas más “reposadas” eran los responsables de su otorgamiento). Otra excepción estaba constituida por los pudientes, pues la ley les permitía pagar un “personero” que haría el servicio militar en su lugar, estableciendo de este modo frente a esa obligación –no sólo de hecho, como lo era hasta ese momento, sino también ahora de derecho– una clara divisoria de aguas en lo social. Por otra parte, cada vez que se requería algún servicio –estrictamente ajeno al hecho de empuñar las armas– como enviar caballos, ganado o carretas, acarrear cañones para la artillería u otros, eran los GN, activos o pasivos, los que debían acudir gratuitamente, demás está recordarlo. Por supuesto, los GN debían presentarse en esos casos “con caballo de tiro” (esto también eran habitual en el período precedente, durante el rosismo), o sea no sólo con el de su uso, sino también con otro de refresco. Un buen ejemplo, entre decenas posibles, es el pedido de “…diez carretas con bueyes y peones, listas para marchar y treinta á cuarenta hombres a caballo para que tiren (de la) artillería, á mas de doce reses que deben consumirse diariamente…” exigido el 7 de enero de 1853 a los jueces de paz del norte de la campaña.69 Otro más tardío. En abril de 1857, el coronel Laureano Díaz exigía quinientos hombres “…mas de Guardias Nacionales…” para la Frontera del Centro y le escribía así al juez de Areco: “…sin perdida de tiempo remita V. a este punto cincuenta Guardias Nacionales de Caballeria de ese Partido, con Caballo de Tiro si fuera posible y utiles de Campo como ser Lazo, Manea y Bolas de Potro”.70 No podemos seguir aquí con el tema, pero recordemos solamente que los acontecimientos venideros –el conflicto armado con la Confederación hasta la batalla de Pavón, la continuidad de la guerra fronteriza, que se arrastraría todavía durante dos décadas (a partir de 1869, los miembros de la GN fueron sometidos a sorteo para integrar la GN de la Frontera durante un año)71 y los efectos terribles de la guerra del Paraguay de 1865-1870, en la que la GN de la campaña participó con cuatro batallones– no hicieron más que agudizar esta avidez de hombres para el ejército; ella hizo que desde Buenos Aires se acentuaran las exigencias militares sobre la pobla68

Juzgados de paz, San Andrés de Giles, 1859, AHPBA, 39-3-24. 1853. 70 Santa Rosa de la Frontera, 6 de abril de 1857, en AJPSAC, 1857. 71 Ver el decreto del 10 de agosto de 1869 en AJPSAC, 1869. 69AJPSAC,

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ción rural. Este fue el ambiente en donde, a partir de su publicación en el año 1872, nacía (y triunfaba entre lectores y oidores de la campaña) el Martín Fierro. Su éxito de difusión entre los hombres de campo puede ser visto como un testimonio evidente del estado de la “opinión” de la población rural frente a estos problemas. Solo nos interesa aquí señalar un hecho que resulta fundamental respecto a lo que nos preocupa en este acápite. A partir de Caseros, en forma lenta pero constante, el mando de los regimientos de la GN se fue despegando del ámbito de los jueces de paz y en general, de los notables locales, para pasar a los oficiales de carrera desprendidos de los regimientos de línea. Cierto es que, en algunos casos, como en el de la comandancia por parte del coronel Antonio Cané del regimiento 3 de GN –el correspondiente a Areco– seguimos en el ámbito de las familias locales, como también es el caso de Norberto Antonio Martínez, quien al parecer llegó a ostentar el grado de capitán en 185372 (no olvidemos que era teniente en 1816). De todos modos, la tendencia en el sentido anteriormente enunciado parecía irreversible. La confirmación oficial de este hecho llegó el 17 de agosto de 1857, cuando una circular del Ministerio de Gobierno del Estado de Buenos Aires enviada a los jueces de paz daba cuenta de un decreto del 13 de ese mismo mes. Este establecía en su artículo segundo que los regimientos de la GN tendrían en lo sucesivo “…un cuadro veterano compuesto del Jefe, el cual se encargará de su mayoría y organización, de un Ayudante Mayor y de un cabo de cornetas…”; el artículo tercero es aún más claro: “Al mes de esta fecha los Jueces de Paz cesarán en el mando e intervención que hoy tienen en la Guardia Nacional”.73 Las crecientes necesidades de consolidación y de despliegue del estado que eran claramente perceptibles en los propósitos de gobierno del grupo liberal que había tomado el poder en Buenos Aires desde la caída del Rosas, ya no permitían dejar este instrumento militar (que era vital en función de apuntalar ese objetivo de extensión de las funciones estatales) en manos de los notables locales y ahora serían los oficiales de carrera –ello es lo que quiere decir en el lenguaje de la época “un cuadro veterano”– los que tomarían las decisiones de mando más relevantes. Por supuesto, jueces, alcaldes y tenientes de alcalde seguían siendo un elemento central en el sistema de reclutamiento forzoso y de disciplinamiento de la población campesina, como ya lo hemos dicho, pero ahora la conducción efectiva de las tropas de la GN escapaba a su control.

72 Comunicación de José Cané desde la Guardia de Luján al juez de paz de Areco, 20 de julio de 1753; en mayo de 1853, el juez de paz interino Fidel Torres anuncia que N. A. Martínez, a quien otorga ese grado en un informe del juzgado, está encargado de organizar las caballadas; ambas en AJPSAC, 1853. 73 AJPSAC, 1857.

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Conclusiones Como se ha dicho al inicio, este texto forma parte de un libro –que tiene casi 400 páginas– y, por lo tanto, hay en el trabajo algunas afirmaciones que aparecen algo crípticas para el lector, pero es prácticamente imposible resumir en unos folios un libro de esa extensión. De todos modos, creo que resultará evidente que uno de los objetivos del texto es relacionar estas tres “patas” del poder local con el largo y complejo proceso de construcción estatal durante el siglo XIX. Este proceso, timoneado desde la ciudad de Buenos Aires a partir del coup d’état de mayo de 1810 y que tuvo –durante el largo período estudiado– idas y vueltas bajo los signos ideológicos más diversos, arranca desde el período previo, pues como se ve en este texto –pese a su estrechez– los mecanismos de poder sobre los cuales la construcción estatal se apoya tomaron sus raíces en una sociedad local que ya poseía dos buenos siglos de existencia al momento de la Revolución de Independencia. Por otra parte, esta pequeña sociedad local no había aterrizado en paracaídas desde la nada en el medio de la llanura pampeana, ella abrevaba en varias fuentes, sobre todo, en la riquísima tradición religiosa, cultural y jurídica de la sociedad ibérica (por supuesto, africanos e indígenas también aportaron lo suyo, pero no hay dudas de que en nuestro caso ese aporte es de menor peso, aun cuando –y la música, como no pocas de las palabras de uso corriente, así lo muestran– está lejos de ser inexistente). Es decir, que los mecanismos de poder se estructuraron desde el inicio enmarcados en las grandes líneas de desarrollo de la cultura ibérica y esa herencia, transformada y “mestizada” con los más variados aportes, duró bastante más allá de fines del período que aquí nos interesa. Terminemos con un breve comentario acerca de la construcción estatal y sus relaciones con la sociedad local. En cada uno de los momentos en que se exigían desde Buenos Aires hombres y recursos para la guerra (le recuerdo al lector que desde las incursiones indígenas del siglo XVII hasta el fin de la “conquista del desierto” en los años 1880s., hombres y recursos para la guerra surgían sobre todo de la sociedad campesina), era necesario que los que exigían tuvieran éxito en su demanda y esto sólo era posible si quienes “regían” la sociedad local estaban dispuestos (a cambio de algo) a constituirse en voceros de esas demandas. Mas, como Janus, curas, alcaldes y comandantes de milicias debían dar cuenta al “centro”, pero también sabían que había limites a las demandas desde Buenos Aires: una cara hacia Buenos Aires y otra cara hacia la sociedad local. En las relaciones de poder, el “centro” solo podía crecer restándole fuerza a esos rectores de la sociedad local; el famoso monopolio de la fuerza simbólica y física que caracteriza al Estado es posible únicamente en la medida que se “desapropia” a quienes lo detentan en la sociedad local, pero eso no siempre es fácil ni sencillo. Cuando se decidió en 1857 que los jueces de paz no tuvieran intervención en todo lo referente a la Guardia Nacional, se estaba dando un paso formidable en esa dirección. Pero, al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, no hay más remedio que aceptar que los párrocos sigan teniendo inter-

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vención en la esfera privada de la vida de las parejas,35 se estaba confesando que el ejercicio de la dominación simbólica era mucho más complejo que el uso de la mera fuerza.

74 Y le recuerdo al lector que la ley de divorcio vincular es de… 1987 y la jerarquía católica sacó a la calle hasta la virgen de Luján para impedirlo.

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Revolución y Derecho La formación jurisprudencial en los primeros años de la Universidad de Buenos Aires (1821-1829) Magdalena Candioti

En la tercera década del siglo XIX el universo político y cultural rioplatense, que la Revolución ya había estremecido, se complejizó aceleradamente. Las reformas impulsadas en el marco del gobierno de Martín Rodríguez, por el llamado “grupo rivadaviano”, tuvieron una incidencia no menor en una renovación cultural signada por la multiplicación de espacios de expresión y articulación de ideas, orientados no sólo a la expresión de la sociedad civil sino, y quizás principalmente, a su creación. Estas prácticas y espacios culturales y políticos, que fueron la prensa, los teatros, las fiestas, los monumentos y las prácticas de sociabilidad (de tertulias a sociedades literarias), han sido abordados en los últimos años por una historiografía local que ha demostrado convincentemente que éstos formaron parte de una política amplia de reforma de las costumbres, los valores y “regeneración” de la sociedad.1 Entre estos espacios institucionales reformados se contó la educación. En esos años se creó la Universidad de Buenos Aires y comenzaron a formarse por primera

1 MYERS, Jorge “Las paradojas de la opinión. El discurso político rivadaviano y sus dos polos: el ‘gobierno de las luces’ y ‘la opinión pública, reina del mundo’”, en SABATO, Hilda y LETTIERI, Alberto –editores– La vida política en la Argentina del siglo XIX: Armas, votos y voces, FCE, Buenos Aires, 2003; GARAVAGLIA, Juan Carlos “A la nación por la fiesta: las Fiestas Mayas en el origen de la nación en el Plata”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 22, 2000; GALLO, Klaus “Un escenario para la ‘feliz experiencia’. Teatro, política y vida pública en Buenos Aires. 1820-1827”, en BATTICUORE, Graciela; GALLO, Klaus y MYERS, Jorge –compiladores– Resonancias románticas. Ensayos sobre historia de la cultura argentina (1820-1890), EUdeBA, Buenos Aires, 2005; MOLINA, Eugenia “Pedagogía cívica y disciplinamiento social: representaciones sobre el teatro entre 1810 y 1825”, en Prismas. Revista de Historia Intelectual, núm. 4, 2000; ALIATA, Fernando y MUNILLA LACASA, María Lía –compiladores– Carlo Zucchi y el neoclasicismo en el Río de la Plata, EUdeBA-IICBA, Buenos Aires, 1998; GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, FCE, Buenos Aires, 2001.

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vez en la antigua capital del virreinato, expertos en Derecho: futuros abogados, jueces y juristas. En estas páginas intentaré dar cuenta de cuáles fueron las orientaciones que las ideas sobre el derecho posrevolucionario tomaron en el marco de la Universidad en tanto espacio de producción y difusión sistemática de visiones “expertas” sobre estos tópicos. A partir de esta ventana reflexionaré de un modo más general sobre la centralidad del Derecho en la legitimación de la Revolución misma y sobre la diversidad de orientaciones doctrinarias que, con repercusiones sobre las formas de pensar la justicia y el Derecho, circularon en los años 1820s. en el Río de la Plata.

Un nuevo centro de formación jurisprudencial: la creación de la Universidad de Buenos Aires Cumpliendo un viejo anhelo de la antigua capital virreinal, el 9 de agosto de 1821 y luego de las dilatadas gestiones realizadas por el presbítero Antonio Sáenz, el gobernador de la provincia Martín Rodríguez inauguró la Universidad de Buenos Aires. Se fusionaron en ella prácticamente todas las instituciones educativas existentes en la ciudad y se las organizó en diversos departamentos: de primeras letras; de estudios preparatorios; de ciencias exactas; de medicina; de jurisprudencia; y de ciencias sagradas.2 Cada uno de estos departamentos fue puesto bajo la égida de un Prefecto que, como tal, formaba parte de un Tribunal Literario. Dicho tribunal era presidido por el rector, el propio Sáenz, que a su vez presidía la llamada Sala de Doctores que, integrada por todos los doctores naturales de la provincia, tenía funciones de carácter más bien consultivo. Aquí interesa analizar particularmente la organización del Departamento de Jurisprudencia y cuál fue el perfil que asumieron los estudios del Derecho, la formación de esos hombres clave de la sociedad porteña que eran los abogados, jueces y juristas.3

2 HALPERIN DONGHI, Tulio Historia de la Universidad de Buenos Aires, EUdeBA, Buenos Aires, 2002, p. 30. 3 Sobre la centralidad de los juristas y abogados en particular en la escena política argentina ver, ZIMMERMANN, Eduardo “The education of lawyers and judges in Argentina´s Organización Nacional (1860-1880)”, en ZIMMERMANN, Eduardo –compilador– Judicial Institutions in Nineteenth-Century Latin America, ILAS Press, Austin, 1996. Sobre este mismo fenómeno en Colombia ver, URIBE-URAN, Víctor Honorable lives. Lawyers, family and politics in Colombia. 1750-1850, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 2000. Sobre Brasil, ADORNO, Sergio Os aprendizes do poder. O bacharelismo liberal na política brasileira, Paz e Terra, São Paulo, 1988. Sobre Perú, AGUIRRE, Carlos “Tinterillos and leguleyos: subaltern subjects and legal intermediaries in modern Peru”, en XXII Congreso de la Latin American Studies Association, Miami, Florida, 16-18 de marzo de 2000.

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El 8 de febrero de 1822 el Gobierno de Buenos Aires decretó la institución de dos cátedras de Derecho, una de Derecho Civil y otra de Derecho Natural y de Gentes. El proyecto original de Sáenz –presbítero pero también abogado doctorado en Charcas– de establecer una tercera cátedra de Magistratura quedó descartado, mayormente por causas de índole económica y la función de entrenar a los egresados en los procedimientos y usos del foro porteño fue en parte cubierta por la labor de la Academia de Jurisprudencia Teórica y Práctica. Si una clara novedad presentaba dicho plan de estudios, era que prescindía de la enseñanza del Derecho que había sido la base de toda la formación jurisprudencial colonial: el derecho común, en su vertiente romana y canónica. A pesar de que bajo la denominación de “derecho civil” generalmente se solía enseñar el “derecho de los romanos”, como se verá, no sería éste el caso en la nueva institución. El fondo estable y duradero sobre el que se había organizado la cultura jurídica hispanoamericana, y por qué no europea, de Antiguo Régimen fue el derecho común (ius commune). En 1951, Alexander Passerin d’Entrevès escribió que: “No es exagerado decir que, junto a la Biblia, ningún texto dejó una marca más profunda en la historia de la humanidad que el Corpus Iuris Civilis”.4 Quizás esto sea efectivamente exagerado en cuanto a la humanidad se refiere, pero seguramente no lo es en relación con la experiencia jurídica hispana medieval y moderna. La centralidad del Corpus Iuris Civilis de Justiniano5 y de la doctrina de los juristas interpretando sus preceptos había sido entonces predominante en la formación de abogados y jueces en Hispanoamérica e incluso en la práctica de estos tribunales. Esta centralidad fue un objeto claro de las reformas regalistas del XVIII. Si los funcionarios reales debían comenzar a garantizar ante todo los intereses del “polo monárquico”, también su voz, esto es, las leyes por él elaboradas, debían tener preeminencia por sobre otras posibles fuentes de derecho.6 En el reinado de Carlos III se dictaron múltiples decretos tendientes a propiciar la aplicación literal de la letra de las leyes y a combatir la práctica de su interpreta-

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D’ENTREVÈS, Alexander Passerin Natural law, Hutchinson and Co., London, 1977, p. 22. El texto era en realidad una impresionante labor de compilación y codificación de materiales legales romanos realizada por encargo del emperador Justiniano y finalizada hacia el año 534. Dicho “cuerpo” reunía tres diferentes trabajos: las Institutas (un corto libro pedagógico, para la enseñanza); el Digesto (una colección de citas de antiguos juristas) y el Código (o codificación de las constituciones imperiales). Terminada la vigencia jurídica de este Derecho con la caída del imperio romano, estos preceptos fueron redescubiertos y reelaborados por los juristas de toda Europa en la alta Edad Media y sus leyes fueron retomadas en múltiples legislaciones reales desde entonces. En el mundo hispano, este Derecho tuvo por ejemplo una notable influencia que sobre las leyes reunidas en las Siete Partidas, traducción al castellano de muchas reglas del texto justiniano. 6 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Tecnos, Madrid, 1969, cap. 2; BARRIENTOS GRANDÓN, Javier La cultura jurídica en la Nueva España. Sobre la recepción de la tradición jurídica europea en el virreinato, UNAM, México, 1993, cap. 1. 5

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ción por parte de magistrados y jueces. Un Real Decreto del 9 de mayo de 1776, prohibió terminantemente “…la glosa o comento de las Leyes de Indias”. Y en 1801, una Real Cédula de “Instrucción y reglas de gobierno que han de observar los Censores Regios de las Universidades de los Reinos de las Indias e Islas Filipinas”, prohibió leer disertaciones opuestas a los derechos del monarca en las universidades, conventos y escuelas privadas del clero secular y regular. Una reglamentación especial de la misma cédula prohibió la enseñanza de doctrinas opuestas a la autoridad y regalías de la Corona. Entre ellas, “…los libros de todos los autores de los regulares expulsos deben quedar suspendidos y no enseñarse por ellos en la universidad ni en los estudios particulares”.7 Las tensiones que las políticas regalistas causaban en el plano de la formación no se vinculaban sólo a las dificultades propias de un cambio en los contenidos jurídicos enseñados, sino que ponían en el centro de los debates una cuestión mucho más sensible para instituciones controladas por hombres religiosos y, como ha mostrado Roberto Di Stefano, orientadas también a la formación de religiosos.8 Todo el dilema sobre las relaciones entre ciencia y fe y, en definitiva, el problema del carácter incompatible de la concepción del mundo ilustrada con la concepción católica, atravesó por el centro los proyectos de reforma de la educación superior colonial. José Carlos Chiaramonte ha trabajado con detalle este contexto complejo en el que toda novedad educativa –en el plano de las ciencias naturales, la Filosofía, la Teología o el Derecho– corría el riesgo de ser percibida como un ataque a los fundamentos de la religión y cómo la situación se tornaba más compleja por el hecho de que los abanderados de la defensa de la ortodoxia religiosa y la promoción del poder papal, los jesuitas, eran quienes controlaban gran parte (en el Río de la Plata prácticamente la totalidad) de las instituciones educativas del nuevo mundo. La expulsión en 1767 de la Compañía de Jesús, entre otros fines, apuntó a allanar esta fuente de trabas a la lógica regalista impulsada por los Borbones. Durante la segunda mitad del siglo, entonces, la política de afianzamiento de poder real llegó a las universidades,9 donde las voces a favor de la enseñanza del derecho regio en las facultades de jurisprudencia no dejaron de acrecentarse. En el

7 Comunicación al Gobernador de Buenos Aires, Madrid, 7 de junio de 1768, citado por CHIARAMONTE, José Carlos La ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el virreinato, Puntosur, Buenos Aires, 1989, p. 75. 8 DI STEFANO, Roberto El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política, de la monarquía católica a la república rosista, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. 9 Las universidades en las que podían formarse los jóvenes rioplatenses hacia fines del XVIII eran centralmente tres: la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca expedía grados en leyes desde 1671: se enseñaban las Instituciones de Justiniano en dos años; la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile se inauguró en 1758 y contaba con cátedras de Leyes (romanas) y de Instituta; la Universidad Mayor de San Carlos de Córdoba inauguró tardíamente sus estudios de jurisprudencia, se erigió en 1791 y comenzó a funcionar la cátedra de Instituta. Ya existía la de Cánones.

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Río de la Plata, puede destacarse la opinión autorizada que, en este sentido, expresó una figura que fue clave en la difusión de las “ideas del siglo” y el regalismo: el presbítero Juan Baltasar Maziel. En un informe redactado en diciembre de 1771, en nombre del Cabildo eclesiástico y dirigido al Gobernador del Río de la Plata, sobre el establecimiento de un colegio y una universidad en Buenos Aires con fondos de las Temporalidades, Maziel proyectó las cátedras que estimaba necesarias o deseables: “Pero no podemos dejar de echar de menos las respectivas cátedras para la enseñanza de otro legítimo y verdadero derecho, porque si éste es el que tanto se recomienda a los jueces en nuestras leyes y el que deben seguir los tribunales en la decisión de las causas, ¿Por qué no ha de ser éste el primer objeto de la enseñanza pública y el que se proponga a los jóvenes como el principal blanco a que se deben dirigir todos sus conatos? El derecho romano en nuestros reinos es cuanto más un derecho subsidiario a que sólo puede haber recurso en aquellos pocos casos que no estén prevenidos en nuestras leyes. […] parecería que erigiéndose una cátedra de Instituta, cuyo estudio es necesario por tener recopilados y reducidos a método científico los principios generales de la ciencia legal, dotándola en seiscientos pesos, se pusiesen otras tres cátedras sobre las respectivas partes de nuestro verdadero derecho. […] Si este pensamiento fuere del agrado de VE... esta universidad tendrá la gloria de ser la primera que se propuso la enseñanza del que es verdadero derecho nuestro”.10 La necesidad de poner en el centro de la formación jurídica universitaria el derecho sancionado por el rey quedaba más que asentada en la propuesta del cancelario del Colegio San Carlos. Sin embargo, también lo hacía la persistente presencia del derecho romano en las aulas americanas. Maziel en esas mismas páginas exponía: “No nos atrevamos a condenar la erección de tantas cátedras [de Digesto, Código e Institutas] para la enseñanza de un derecho que se halla abolido y sin fuerza de ley en dichos reinos desde que se publicó el Fuero Juzgo por nuestros reyes godos […] pues contiene nuestra razón la autoridad de tantas universidades que siguen esta práctica con aprobación de nuestros soberanos, y más cuando éstos, bien que sin dar a dicho derecho romano autoridad de ley en sus dominios, permiten expresamente su enseñanza,

10 CHIARAMONTE, José Carlos La ilustración…, cit., p. 196. Reproducido de GUTIÉRREZ, Juan M. Origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires, Buenos Aires, 1868, p. 358 y ss. El énfasis me partenece.

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sin duda por estar sus decisiones fundadas en los principios del derecho natural y de gentes, y poder servir no como ley sino como razón natural en los casos que no estén definidos por nuestro derecho”.11 No era una razón menor la que concurría a garantizar la presencia de los textos justinianos en los estudios superiores americanos y Maziel mismo no dejaba de participar de aquella creencia generalizada y plurisecular que veía en éstos una recopilación de “los principios generales de la ciencia legal” y de la “razón natural” aplicada a cuestiones concretas. Una confianza tan vieja en la perfección del derecho común, en su carácter de fundamento jurídico de Occidente, no se desharía fácilmente. Las reformas implementadas en las constituciones y programas universitarios muestran tanto este ascenso del derecho real castellano como el velado –o no tanto– combate contra el derecho romano. Sin embargo, más que el abandono del estudio de este último, o la difusión masiva de cátedras de derecho “nacional”, lo que se generalizó fue la enseñanza de obras que puntualizaban las relaciones entre el derecho común y el regio, como la de Juan Sala.12 Tal imposibilidad de destierro del derecho común fue un dato perdurable tanto en las universidades españolas como en las americanas de San Francisco Javier en Charcas, San Felipe de Santiago de Chile y San Carlos de Córdoba.13 Junto a este ascenso del derecho “nacional” se registraba por esos años otra transformación clave en el pensamiento político y filosófico europeo y americano: el lento tránsito desde una visión escolástica del derecho natural –referido en última instancia al Dios creador– hacia un iusnaturalismo más racionalista y secularizado. Como sostiene D’Entrèves, la idea tomista del derecho natural ya suponía que éste,

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CHIARAMONTE, José Carlos La ilustración…, cit., p. 195. En el prefacio a su segunda edición, Sala sostenía: “Hemos querido notar las leyes Romanas concordantes de las nuestras Españolas, porque aunque estas para tener completa fuerza, no necesitan apoyos extranjeros, ni estos pueden tener alguna para obligarnos; debemos sin embargo confesar, que no dexa de honrar e ilustrar nuestras decisiones el ver, que también las establecieron los Romanos en sus leyes, tan llenas, por lo común, de justicia, moralidad y prudencia, que han admirado y admirarán siempre a los doctos de todas las Naciones.” SALA, Juan Ilustración del Derecho Real de España, Oficina de Don José del Collado, Madrid, 1820, p. IV. 13 Sobre España ver, KAGAN, Richard Universidad y sociedad en la España moderna, Tecnos, Madrid, 1981. Sobre las universidades americanas, LEVAGGI, Abelardo “El derecho romano en la formación de los juristas argentinos del ochocientos”, en Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. 40, diciembre de 1986. Levaggi ha resaltado, de hecho, que cuando el virrey Nicolás de Arredondo autorizó la erección de la universidad mediterránea en 1791, se preocupó por puntualizar que “…el catedrático que se nombre estará obligado a explicar el texto de las Instituciones de Justiniano con el Comentario de Arnol de Vinnio, advirtiendo de paso las concordancias o discordancias que tenga con nuestro Derecho real, para que desde luego vayan los estudiantes instruyéndose en éste, que es el único que en materias temporales nos rige y gobierna”. GARRO, Juan María Bosquejo histórico de la Universidad de Córdoba, Buenos Aires, 1882, p. 174, citado por LEVAGGI, Abelardo “El derecho romano…”, cit., p. 20. El énfasis me pertenece. 12

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establecido por Dios, podía ser conocido por los hombres a través de la razón. La novedad radical de la noción moderna del derecho natural residió entonces en la secularización de ese carácter racional, es decir, en que esas reglas de derecho pasaron a ser consideradas válidas en sí mismas, independientemente de la hipótesis de la existencia de Dios. Se trataba, a su vez, de una noción individualista que postulaba al individuo y su consentimiento (ya no a la naturaleza o a Dios) como el origen de la sociedad civil y de la institución política.14 Esta noción muy lentamente lograría conquistar un espacio en las universidades. Estas tensiones en relación con la formación jurídica y los principios jurídicos a enseñar continuaron signando los debates del siglo XIX. Las reformas propuestas al plan de estudios de la Universidad de Córdoba por parte de Gregorio Funes en 1813 volvían a la carga, ya en el contexto posrevolucionario, sobre tales cuestiones y conciliadoramente proponían la creación de cuatro cátedras: un primer año consagrado a “las instituciones de Justiniano”; el segundo al derecho canónico; el tercero a “las leyes que nuevamente forme el Estado”; y el cuarto dedicado al “derecho público y de gentes”.15 ¿Qué visión del derecho romano tenía Gregorio Funes y qué utilidad encontraba en su enseñanza? Como Juan Baltasar Maziel, y “los sabios de mayor autoridad”, Funes consideraba al “…derecho de los romanos, como la fuente de donde se derivan las leyes civiles de todas las naciones cultas, porque sus principios por lo general están tomados de las fuentes más puras de la ley natural y de la equidad, aplicables a toda clase de gobierno”. Sostenía que Roma “fue la patria común de las leyes”, más allá de las resistencias que a éstas oponen quienes “…profesan la secta filosófica del día, cuyas declamaciones tienen por objeto desacreditar unos cuerpos legales, donde por lo común son tan respetados los principios honestos de la razón”. Si estos antiguos preceptos legales estaban fundados en el derecho natural y eran, a su vez, el fundamento de las leyes civiles de toda nación, no existía razón para que no fuesen enseñados en la nueva república. Ciertamente, recordaba Funes, “…para acabarlos de recomendar a la juventud, sólo desearíamos que no favoreciesen tanto los tronos”. Pero no dejaba entonces de puntualizar que “…los franceses mismos, que empezaron haciendo la guerra a este derecho, han acabado introduciéndolo en sus ateneos”. El plan de Antonio Sáenz para la Universidad de Buenos Aires, sin embargo, prescindió de la enseñanza del derecho común en una cátedra específica y apostó a apuntalar un iusnaturalismo moderno que debía ser enseñado en su versión de “derecho natural”, fundamento del “derecho de gentes” y de un “derecho civil” que, establecido por el nuevo estado, no debería contradecir a aquellos. Como inten-

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D’ENTRÈVES, Alexander Passerin Natural law…, cit., cap. 4. FUNES, Gregorio “Plan de estudios para la Universidad de Córdoba (1813)”, en Revista Estudios, núm. 3, Córdoba, 1994, p. 245. 15

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taré mostrar en estas páginas, las cosas no sucedieron exactamente así. El panorama filosófico rioplatense presentaba por entonces una multiplicidad de orientaciones y de voces que no se suelen considerarse en toda su heterogeneidad, en particular en el plano jurídico.

El iusnaturalismo en las aulas: las lecciones de Antonio Sáenz Antonio Sáenz no sólo fue el “primer rector y cancelario de la Universidad de Buenos Aires”16 como reza el título de su más célebre biografía, sino también el primer profesor de la cátedra de “Derecho natural y de gentes”. Fue su titular entre 1822 y mediados de 1824, cuando falleció. Alumno del Colegio San Carlos, Bachiller en Leyes (además Doctor en Teología) por la Universidad de San Francisco Javier en Charcas, practicante de la Academia Carolina y abogado matriculado en la Real Audiencia de esa ciudad y luego en la de Buenos Aires, la formación jurídica de Sáenz era vasta. Su vocación docente, varias veces frustrada en el pasado, lograba finalmente realizarse con la titularidad de tan importante cátedra. En una resolución del 3 de marzo de 1823, el Gobierno de la provincia requirió a los diversos profesores de la Universidad la redacción de sus cursos, con la doctrina o ciencia de su respectiva asignatura y de una pequeña “…historia de su respectiva facultad, desde su origen conocido hasta el presente”.17 Como resultado de este pedido, Sáenz se abocó a la redacción de su curso en dos partes, una dedicada al derecho natural y otra al derecho de gentes. Los tomos no fueron publicados sino que circularon en forma manuscrita entre los alumnos del docente. Si bien, como consecuencia de esa provisionalidad, la primera parte no se conserva, es posible conocer sus contenidos a partir del resumen existente en el “Informe de los doctores Manuel Antonio de Castro y José Francisco Acosta sobre la primera parte del curso del Dr. Antonio Sáenz”, así como por un fragmento de la misma (“Sobre los duelos”, publicado en la revista La Abeja Argentina, en julio de 1823) y, finalmente, por las constantes referencias que se realizan, en el volumen conservado, a aquel extraviado. Sáenz concebía la existencia de un derecho natural, cognoscible por los hombres a través de su razón, con los rasgos de inmutable, justo y universal, y que establecía ante todo la igualdad de los hombres. Como consecuencia de esta igualdad, funda-

16 FASOLINO, Nicolás Vida y obra del primer rector y cancelario de la Universidad de Buenos Aires. Presbítero Dr. Antonio Sáenz, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1969. 17 Citado por PESTALARDO, Agustín Historia de la enseñanza de las ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Buenos Aires, Imprenta Alsina, Buenos Aires, 1914, p. 36. También se imprimieron las lecciones de Físico-Matemáticas redactadas por don Avelino Díaz y el curso de Filosofía dictado por Juan Manuel Fernández Agüero.

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ba la existencia de la sociedad civil y del estado en el consenso otorgado por los hombres para su establecimiento. La sociedad, teorizaba, “…es una reunión de hombres que se han sometido voluntariamente a la dirección de alguna suprema autoridad, que se llama también soberana, para vivir en paz, y procurarse su propio bien y seguridad”.18 Sostenía que la bondad o malicia de todas las acciones humanas debían medirse en relación con su conformidad o disconformidad con las leyes de la naturaleza y, al decir de los doctores Castro y Acosta, refutaba “…las absurdas opiniones de los filósofos antiguos y modernos, que han negado la justicia natural, y han pretendido establecer por único principio y regla de la conducta del hombre su conveniencia y utilidad”.19 Junto a la persistente declaración, claramente moderna, del origen consensual de la sociedad y la soberanía, Sáenz no dejó, como creyente que era, de enfatizar que “hemos sido criados para vivir en sociedad” y que si bien la disolución de ésta era posible, desagradaría “al Autor de la Naturaleza”.20 De hecho, resaltaba el deber de rendir culto interno y externo a Dios y, en el tratado de derecho de gentes, sostenía que toda nación tiene derecho a tener su propia religión pero que “…el ateísmo es indigno de toda protección, porque según sus máximas desconocen el criador del universo”.21 Entre los derechos naturales enfatizaba el de la igualdad, la propia conservación y la defensa propia, la libertad, la felicidad y la propiedad. También establecía correlativamente deberes, resumidos en aquellos para con Dios, para consigo mismo y para con los demás hombres. En el fragmento “Sobre los Duelos”, ponía un énfasis especial en el hecho de que “…el que acuse al magistrado y le pida que le mande dar satisfacción de una ofensa, tan lejos de incurrir en la nota infame, cumple con su deber y se conduce como buen ciudadano”. Agregando que “…esto es conforme a la moral, a la justicia natural y a los principios de toda sociedad bien ordenada, que no puede conceder a nadie que se administre la justicia por su mano, abriendo un campo esparcido a la venganza, que al fin es un vicio y una pasión abyecta y degradada”.22 Es interesante tener en cuenta que el artículo era publicado en una importante revista, editada por la Sociedad Literaria, y puede verse como otra faceta del proyecto de “…civilizar las costumbres”. También, de hecho, puede leerse como un énfasis propio de un con-

18 SÁENZ, Antonio Instituciones elementales sobre el derecho natural y de gentes (Curso dictado en la Universidad de Buenos Aires en los años 1822-23), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino I, Buenos Aires, 1939, Tomo II, libro II, tratado 1º, p. 61. 19 SÁENZ, Antonio Instituciones…, “Informe…”, cit., p. 10. 20 SÁENZ, Antonio Instituciones…, cit., pp. 62 y 74. 21 SÁENZ, Antonio Instituciones…, cit., p. 102. 22 SÁENZ, Antonio Instituciones…, cit., pp. 41 y 42.

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texto de construcción y afianzamiento del poder estatal. En este proceso, la concentración del poder de hacer justicia en manos del gobierno no era un elemento menor. En el tomo de “Derecho de Gentes”, Sáenz apuntaba que uno de los derechos “magestáticos” o de primer orden, de un estado –que como tal debe tener “la suma del poder y de la autoridad” depositada en “alguna persona o muchas”– era no sólo hacer las leyes civiles sino también mandarlas a cumplir y ejecutar en todo el territorio y, eventualmente, ejercer el derecho de gracia para moderar su rigor.23 Las referencias del segundo hacia el primer tomo son constantes y ello se vincula al modo en que Sáenz definía el derecho de gentes: “…es el mismo derecho natural aplicado, o tomado en la parte que regla la vida social del hombre en común, o los negocios y actos de las sociedades”.24 Como el derecho natural, “…es universal y sale de la Naturaleza, dándose a conocer solamente por la recta razón […] es inalterable, tiene las bases de eterna justicia y obliga a todos”.25 Esta noción del derecho natural y de gentes era la que, ante la vacatio regis, había legitimado la retroversión de la soberanía a los pueblos y, movilizada por los grupos más radicales, había justificado la vía revolucionaria. No es casual que haya sido precisamente Sáenz el redactor del “Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de Sud-América, excitando los pueblos a la unión y al orden” en el cual se sostenía que: “Hoy no se puede sorprender la sencillez de las gentes vendiéndoles por canónica una constitución civil o haciendo bajar del cielo el título de un soberano o el óleo de su unción […] La magnificencia con que ostenta sobre el trono con todo el esplendor de la majestad, y con el aparato de grandeza que los rodea, la autenticidad con la que son reconocidos por la memoria ilustre de una sucesión que se pierde en la antigüedad de los tiempos, impone eficazmente a la ilusión, y arrastra desde luego, el séquito a la obediencia […] Con menos brillante aparato el poder y autoridad que ejercemos deriva a nuestros mismos ojos de origen tan augusto, mandamos con el poder y autoridad de los pueblos; y la voluntad soberana se ha de cumplir”.26 La tradición y la divinidad habían sido eficaces creadores de autoridad, enfatizaba Sáenz, pero esa “ilusión” ya no era sostenible. La independencia del Río de la Plata había nacido de la mano de un iusnaturalismo que, según Chiaramonte, cons-

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SÁENZ, Antonio Instituciones…, cit., pp. 64, 85 y 86. SÁENZ, Antonio Instituciones…, cit., p. 55. 25 SÁENZ, Antonio Instituciones…, cit., p. 57. 26 “Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de Sud-América, excitando los pueblos a la unión y al orden”, Imprenta de Gandarillas y Socios, Buenos Aires, 1816, en Biblioteca de Mayo, Senado de la Nación, Buenos Aires, Tomo 19, 2º parte, p. 18. 24

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tituía el fundamento de la ciencia política del siglo XVII y XVIII hispanoamericano, y que largamente continuaría gravitando.27 El iusnaturalismo, si bien era un heterogéneo conjunto de propuestas jurídico-políticas, aún en la diversidad de sus versiones, era un instrumento eficaz para legitimar la desobediencia a un orden establecido, en nombre de leyes que, no por no escritas en el papel, eran menos imperativas. El curso de Sáenz, en este sentido, era un curso digno de una colonia emancipada al calor de estos principios, retomados y reelaborados por los revolucionarios rioplatenses.28 Quizás por el hecho de que era ese orden jurídico natural e inmutable el que debía enseñar el Rector de la Universidad, en las páginas de sus Instituciones elementales no se encuentran prácticamente referencias, críticas y propuestas de cambio en relación con las leyes hispanas o patrias y la administración de justicia contemporánea. Sus reflexiones tienen un cariz de orden más bien filosófico, abstracto y, si bien continuamente refieren a experiencias históricas concretas –centralmente griegas, romanas y europeas modernas– no tienen la pretensión de establecer un orden jurídico concreto para una nación en particular. El carácter universal de los principios esbozados era precisamente la clave, las particularidades nacionales, las formas concretas de dar forma a esas leyes naturales, eran propias de cada estado y materia del derecho civil. Y coherentemente con ello, al repasar las diversas formas de gobierno –esto es, las formas de distribuir o no el ejercicio de los diversos derechos y deberes magestáticos– resaltaba con espíritu montesquiano que: “Los Legisladores deben pesar con mucha prudencia y sabiduría el carácter particular de los habitantes, el clima, la posición geográfica del país, sus productos e industria, el enlace y relaciones con otros, necesidad o superfluidad de estas; los usos y costumbres, las aptitudes religiosas, y en fin las ventajas y desventajas, la más o menos energía o inercia de los asociados […] No hay pues una forma de gobierno que sea garante por sí sola y considerada aisladamente o en teoría, de la felicidad y prosperidad de los Estados”.29 Un alumno de jurisprudencia porteño, luego de asistir a las clases del rector, probablemente no esperaba de su curso de derecho civil más que una explicación puntual y detallada de cómo cada uno de estos principios del derecho natural se

27 CHIARAMONTE, José Carlos “Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 3º serie, núm. 22, 2000; Nación y estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, Sudamericana, Buenos Aires, 2004. 28 HALPERIN DONGHI, Tulio Tradición política española e ideología revolucionaria de mayo, CEAL, Buenos Aires, 1985. 29 SÁENZ, Antonio Instituciones…, cit., p. 120.

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plasmaba en la legislación de su país. Más típicamente aún, dicho alumno podía imaginar que aprendería cómo el derecho romano había desentrañado los secretos de esa razón natural y había inspirado en consecuencia las leyes hispanas y, tras la Revolución, las patrias. Sin embargo, algo no funcionaría de esta forma. En 1823, el Profesor de derecho natural impulsó un decreto del gobierno para que los alumnos no pudieran dar sus exámenes en una de las cátedras de jurisprudencia si simultáneamente no habían asistido a las dos existentes. Indisciplina e inasistencias en su clase, incluso críticas públicas a la orientación de sus enseñanzas constituían el telón de fondo del decreto. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué las clases de Sáenz se habían vuelto aburridas o por qué los alumnos las consideraban tales?

Un derecho fundado en la utilidad: los principios de derecho de Pedro Somellera El catedrático designado por el gobierno para el dictado de “Derecho Civil”, Pedro Alcántara Somellera, imprimió una fuerte y muy novedosa orientación en la enseñanza del derecho. Nacido en Buenos Aires en 1774, Somellera había sido el primer doctor en jurisprudencia egresado de la Universidad San Carlos de Córdoba en 1797. Si bien allí adquirió una formación centralmente romanista, no fue éste el derecho que enseñó en las precarias aulas de la universidad porteña. Podemos conocer con detalle el contenido de estos cursos dado que, en 1824, también él publicó los dos tomos de sus Principios de Derecho Civil. Si bien en esta obra el catedrático reproducía el método de las Institutas (en cuanto a la organización de sus lecciones en cuestiones referentes a personas, cosas y acciones), los fundamentos de su derecho civil fueron radicalmente heterogéneos. El principio de utilidad (de la producción de más beneficios que daños por parte de una ley) era la base del nuevo sistema jurídico que Somellera buscó contribuir a crear desde su cátedra. Ni el derecho natural, ni la voluntad divina, ni la tradición o las costumbres debían determinar el contenido de las leyes positivas y, por lo tanto, las formas de regular las relaciones humanas. La nueva jurisprudencia para la nueva república del Plata debía tener un fundamento racional, científico, que sólo podía otorgar el juicio práctico en torno a la utilidad o no de cada ley, de cada institución jurídica particular. La ciencia jurídica, entonces, era para Somellera más que nunca ciencia, y ciencia capaz de regular sobre todos los casos con racionalidad, exactitud y, por tanto, sin arbitrariedad. ¿Qué significaba juzgar las leyes, las instituciones y las decisiones jurídicas sobre la base de un principio de utilidad? Implicaba que a la hora de dictar una ley se debía proceder a realizar un juicio sobre si ésta producía más bien que mal a los individuos en cuestión y a la sociedad en general. Partiendo de la idea de que la ley no podía ofrecer beneficios (derechos) sino a condición de imponer simultáneamen-

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te males (obligaciones), Somellera sostenía que “…la ley no debe imponer una carga, sino para conferir un beneficio de mayor valor”.30 Es decir, que las limitaciones que toda ley, necesariamente, imponía a la libertad individual debían estar compensadas y justificadas por los mayores bienes que generara. No sólo los legisladores debían proceder a realizar estos cálculos de costos y beneficios para garantizar el dictado de leyes justas, también los jueces “…valiéndose de estos principios [de utilidad y necesidad] podrán expedirse bien en los casos que los prácticos llaman dudosos, o de difícil prueba”.31 La nueva filosofía que inspiraba las enseñanzas de Somellera era el utilitarismo de inspiración inglesa. Según Osvaldo Cutolo fue impulsado por las sugerencias de Bernardino Rivadavia, que el catedrático se había acercado al estudio de la obra de Jeremy Bentham.32 Ricardo Piccirilli sostiene que Somellera no sólo se inspiró en el jurista inglés, sino que hizo transcripciones casi literales de su obra y, luego de cotejar los Principios con el Tratado de legislación civil y penal del inglés, concluye que “…el parecido y la concurrencia de los textos, indican que por labios de Somellera, Bentham sugería la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires”.33 Incluso Rivadavia enfatizó el hecho. En carta a Bentham, firmada el 26 de agosto de 1822, ya siendo Ministro de Gobierno de Rodríguez, Rivadavia escribía desde Buenos Aires: “…no he dejado de meditar sus principios sobre la legislación, y a mi regreso, he experimentado una satisfacción muy grande, viendo las profundas raíces que han echado el ardor de mis conciudadanos al adoptarlos […] en la Cátedra de Derecho Civil que he hecho instituir, se profesan esos principios eternos demostrados tan sabiamente en su Curso de Legislación (Publicado por Mr. Dummont), obra llamada a hacer marchar a paso de gigante la civilización”.34 Klaus Gallo señala que también John Dinwiddy, en su trabajo “Bentham and the early nineteenth century”, sostiene que el curso de Somellera estaba totalmente basado en el Traité de Législation de Bentham.35 30 SOMELLERA, Pedro Principios de Derecho Civil (Curso dictado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1824), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino II, Buenos Aires, 1939, p. 10. 31 SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. 31. 32 CUTOLO, Vicente “El primer profesor de derecho civil de las universidades de Buenos Aires y Montevideo”, Estudio Preliminar a SOMELLERA, Pedro Principios de Derecho Civil. Apéndice. De los delitos, Elche, Buenos Aires, 1958, p. XII. 33 PICCIRILLI, Ricardo Rivadavia, Peuser, Buenos Aires, 1952, p. 211. 34 Carta de Rivadavia a Bentham, 26 de agosto de 1822, citada por PICCIRILLI, Ricardo Rivadavia, cit., pp. 206-7. 35 DINWIDDY, John “Bentham and the early nineteenth centuty”, en Radicalism and reform in Britain 1780-1850, London, 1992, pp. 302-3, citado por GALLO, Klaus The struggle for an enlightened republic: Buenos Aires and Rivadavia, Institute for de Study of the Americas, London, 2006, p. 41.

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En verdad creo que es necesario matizar este juicio contundente y generalizado sobre el carácter de mera traducción de la obra de Somellera o en todo caso, enfatizar el rol clave que jugaron las enseñanzas del jurista rioplatense en el contexto de la “feliz experiencia” e incluso a lo largo de toda la década de 1820. Por un lado, entonces, si bien son innumerables las referencias que Somellera hace en sus cursos al “honorable”, al “ilustre”, al “incomparable Bentham”, también es necesario retener que existieron ciertas cuestiones en las que el jurista rioplatense se apartó de –e incluso corrigió a– su inspirador inglés. Por ejemplo criticó el proyecto benthamita de ley sobre sucesiones ad-intestato y, en general, varias opiniones de Bentham en cuestiones de herencia, que fue donde Somellera realizó sus aportes más originales.36 Por otro lado, en un escenario donde se disputaban la hegemonía jurídica y se combinaban eclécticamente la tradición del derecho romano y del iusnaturalismo, las impugnaciones abiertas de Somellera a ambos universos conceptuales presenta un gran interés y constituyó una apuesta al menos osada. La nueva base en la cual el derecho encontraba justificación, exigía para Somellera proceder a una refundación ex inhilo de todo un viejo edificio jurídico que no sólo no se había creado a partir del consentimiento de los gobernados sino que tampoco se fundaba en principios racionales. No existían a priori, para Somellera, figuras jurídicas o leyes del pasado a recuperar. El pasado debía ser olvidado para poder construir, exclusivamente sobre la sólida base de la razón, un orden legal donde poder ser realmente felices. En el discurso preliminar de sus Principios de Derecho Civil lo expresaba claramente: “Los que empiezan el estudio del derecho tienen andado más camino hacia su logro, que yo, necesitado de olvidar mucho de lo que los juristas han honrado con el nombre de jurisprudencia”.37 Hacer una especie de tabula rasa sobre la larga tradición del derecho civil romano, el derecho castellano y colonial, era la condición de posibilidad para construir nuevas leyes y aplicarlas, a partir del juicio sobre la conveniencia o no de cada disposición para regular las relaciones humanas. Esta misma aspiración a deshacerse de leyes obsoletas para crear un nuevo orden jurídico republicano, era compartida por el lejano inspirador del nuevo credo, Jeremy Bentham.38 El fuerte rechazo de la jurisprudencia heredada recorre entonces las páginas de todo el tratado de Somellera. Recurrentemente se refiere a “…la barbarie de las leyes

36 Por ejemplo, sobre la idea de Bentham de que a falta de parientes hasta el décimo grado, herede el fisco dice Somellera: “Es a la verdad raro que este grande hombre, olvidase lo filósofo en este punto, y dejando a un lado el gran principio de utilidad, se le vea convertido en un alagante del fisco”. SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. 155. 37 SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. v. 38 Sobre esta postura de Bentham ver GALLO, Klaus The struggle…, cit., p. 38 y HARRIS, Jonathan “Bernardino Rivadavia and benthamite ‘discipleship’”, in Latin American Research Review, Vol. 33, núm. 1, 1998, p. 139.

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que nos han regido”, a que “…no necesitamos los modos indirectos, que enseñan los que han jurado sostener las palabras de Justiniano”, a que “…digan lo que quieren las leyes y los autores; la razón, la justicia, la sana filosofía enseñan, que debemos separarnos de sus disposiciones y doctrinas”, “…no temamos hacer frente a la autoridad de los siglos”.39 Semejante distanciamiento del derecho romano y castellano no partía precisamente de su desconocimiento; bien por el contrario, todo el curso dialogaba con esa tradición y buscaba corregirla. Repasaba las regulaciones de la república romana así como las hispanas sobre la tutela, la curatela, el matrimonio, la patria potestad, los contratos y las obligaciones pero planteaba expresamente: “Yo no me creo en la obligación de seguir esas huellas. La razón, y no la autoridad de los hombres debe regirnos”.40 La refundación jurídica propuesta, operada en forma de un diálogo con la legislación heredada, no implicó finalmente un rechazo absoluto de todas sus instituciones. Más que un cambio de todas y cada una de las regulaciones legales mismas (sobre adopciones, transacciones, etc.), Somellera procedió a analizarlas, criticarlas, algunas veces a recuperarlas, y en todos los casos, a reemplazar su fundamento: de la autoridad heredada, de las supuestas leyes divina y natural, a la razón y el cálculo utilitario. Donde la recuperación de las figuras legales del derecho común se hizo más explícita fue en relación con las cuestiones sobre el matrimonio. ¿Qué lo impulsaba a ello? Probablemente el hecho de que en torno a esta institución era el derecho canónico más que el romano el que estaba en juego y al que eventualmente se debía impugnar. El religioso era un terreno extremadamente sensible en el que Somellera prefirió no incursionar. Por ello propuso: “Explicar [emos] en cuanto nos sea posible, qué es matrimonio, considerándolo un contrato civil, sin contrariar lo que a su respecto dice el derecho canónico”.41 Pero como señalamos, no sólo el viejo derecho común estuvo en el blanco de las críticas del jurista porteño. También la más novedosa y racionalista doctrina de los derechos naturales fue, aunque con menor insistencia, impugnada en sus lecciones. En este sentido, postulaba Somellera al final del primer tomo de su curso: “Hasta los últimos años se había creído necesario para descubrir el origen de las obligaciones echarse a nadar en el inmenso piélago de derecho natural, de ley preexistente al hombre, de conciencia íntima, de tácitos contratos, de pactos sociales, etc. Consúltese a los maestros Puffendorf, Bourla-

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SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., pp. 33, 54, 87, 106. SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. 101. 41 SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., pp. 63 y 64. 40

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maque, Watel, Locke, Rousseau, y se encontrará que ellos no han hecho otra cosa”.42 El iusnaturalismo profesado por Sáenz desde su cátedra, invocado en la prensa del período, en asambleas constituyentes y juntas de representantes43 era, en éste y otros pasajes, impugnado por el civilista porteño. Somellera, sin embargo y a diferencia de Bentham, no hizo explícitas en su tratado las razones puntuales por las que objetaba las ideas del derecho natural más allá del hecho general de que aquella doctrina no fundaba sus proposiciones en el cálculo racional de la “mayor felicidad para el mayor número”. El filósofo inglés no había temido explayarse sobre las causas que lo impulsaban a rechazar la idea de la existencia de una ley natural y de supuestos derechos naturales de los hombres. En 1795 escribió un polémico texto, “Nonsense upon stilts” (algo así como “Tonterías más que fundamentos”), en el que –comentando punto por punto la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano proclamada por la Asamblea Nacional francesa en 1789– puntualizaba su oposición a la idea de la existencia de derechos anteriores a la creación misma de los estados, al supuesto de que los gobiernos nacían del consenso y al potencial revolucionario, incluso anárquico, que tales ideas suponían, en tanto legitimación de la desobediencia de las leyes positivas en nombre de las naturales.44 Al referirse a los derechos naturales como “falacias”,45 como “ficciones imaginarias”, como “sinsentidos” que obtenían su popularidad sobre la base de apelaciones a las pasiones de las personas más que a su razón, Bentham apuntalaba un profundo positivismo jurídico. Positivismo que se puede resumir en dos frases: “sin gobierno y sin ley no hay derechos” y por lo tanto, no existen “derechos del hombre ante-legales y anti-legales”.46 Fue precisamente el proyecto de Bentham de construir un sistema jurídico prescindiendo de fundamentos naturales y divinos lo que constituyó una de sus mayores contribuciones. El iusnaturalismo era condenable entonces tanto por sus supuestos erróneos como por sus posibles usos: la hipótesis de un estado de naturaleza igualitario era

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SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. 186. Ver al respecto, CHIARAMONTE, José Carlos “Fundamentos iusnaturalistas…”, cit., pp. 56-64; Nación y estado…, cit. 44 Ver al respecto, SCHOFIELD, Philip “Jeremy Bentham’s ‘Nonsense upon stilts’”, in Utilitas, Vol. 15, núm. 1, 2003; y ALEXANDER, Amanda “Bentham, right and humanity: a fight in three rounds”, in Journal of Bentham Studies, núm. 6, 2003. 45 En particular, un tipo especial de falacia que Bentham denomina “begging the question”, esto es, que plantea una preposición abstracta (la existencia de determinados derechos) como prueba de un argumento (la necesidad de rebelarse), cuando lo que debe ser probado es esa proposición primera misma. Ver, ALEXANDER, Amanda “Bentham, right…”, cit., p. 5. 46 BENTHAM, Jeremy Rights, representations and reform. Collected Works, p. 186, citado por SCHOFIELD, Philip “Jeremy Bentham…”, cit., p. 11. 43

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históricamente falsa y la idea de un contrato social también, dado que los gobiernos nacían por la fuerza o el hábito; sólo podían ser derecho las disposiciones establecidas por el legislador, y tales derechos sólo podían crearse sobre la base de restricciones a la libertad, esto, imponiendo obligaciones. Algunos de estos elementos, como se ha mostrado, estuvieron presentes en las páginas de los Principios de Derecho Civil enseñados en la universidad rioplatense. Sin embargo, difícilmente Somellera pudo escapar a ese contexto político e intelectual dominado por la retórica del derecho natural –retórica en la cual, como ya mencionamos, se asentaban textos fundadores del orden posrevolucionario. Quizás por ello, y a pesar de las críticas nominales explícitas, en ciertas ocasiones Somellera se codeó con el lenguaje de los derechos naturales y del contrato social. En particular en el primer capítulo cuando trata precisamente “De los derechos de las personas” sostiene: “Este derecho [a la igualdad] lo mismo que los anteriores, se funda en la naturaleza del hombre”.47 “Este derecho [a la seguridad] se funda en aquel principio o axioma general: no hagas a otro lo que no quieras que otro te haga. Está a más fundado en la necesidad de la existencia, y conservación tranquila del hombre, que entró en la sociedad para verse libre de toda inquietud, e injusta opresión”.48 No se trata aquí de “medir” el grado de coherencia de las proposiciones de Somellera en relación con su maestro inglés, ni conjeturar el desconocimiento por el primero de ciertos escritos del último donde estos principios estaban establecidos con mayor claridad. Y de hecho, no todos los pensadores utilitaristas compartieron el fervor benthamita contra el iusnaturalismo (como el caso de los ingleses Prietsley y Paley, y a su manera también el de Beccaria). Al decir de Amanda Alexander, el utilitarismo podía “…convivir felizmente junto a la creencia en la Naturaleza o Dios”, y es precisamente el proyecto de Bentham de construir una teoría de los derechos/un sistema jurídico, prescindiendo de fundamentos naturales y divinos, lo que constituyó una de sus mayores contribuciones. De hecho, ambos universos conceptuales –iusnaturalismo y utilitarismo– podían confluir en una mirada del derecho positivo como producto de la voluntad general, elaborado por los legítimos representantes del pueblo. No era otra la definición de la ley civil (no por oposición a la penal sino a la natural) que ofrecía este catedrático:

47 48

SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. 39. SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. 41.

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“…entiendo por ley civil: el resultado de la expresión de la voluntad general de los coasociados, conforme a los sentimientos, y propensiones de la naturaleza, hecha por los mismos coasociados, o sus representantes legítimamente congregados, que para que obligue a todos deberá publicarse en la forma convenida, de manera que pueda llegar a su noticia”.49 En todo caso, la casi inexistencia de las referencias de Somellera al utillaje del iusnaturalismo y su impugnación abierta del mismo fueron la nota y lo radicalmente novedoso de sus enseñanzas. Los alumnos de la Universidad supieron valorarlo, así como percibir las contradicciones que el curso guardaba en relación con la otra asignatura obligatoria, la de derecho natural. Las tesis de los primeros egresados de la Universidad –entre ellas, la más célebre, de Florencio Varela sobre los delitos y las penas– constituyen un testimonio importante del fuerte predicamento de las doctrinas utilitaristas entre los estudiantes de derecho. En 1827, uno de los primeros abogados recibidos en la universidad porteña enfatizaba en su tesis que “… la utilidad general es el principio de todo buen reglamento en legislación, y la base del sistema social, es el alma de los gobiernos regulares y el arte más seguro en la difícil mezcla del juicio entre los intereses de los pueblos”.50 Como entre muchos otros estudiantes de Derecho, el utilitarismo era abrazado por Pablo Font como una nueva doctrina capaz de garantizar la cientificidad del derecho y, con ella, la de la regulación de la sociedad. La contemporánea citación, traducción y edición de obras y artículos de Bentham, de Desttut de Tracy y de otros autores afines al utilitarismo en la prensa periódica, también dan cuenta de un contexto cultural más amplio en el que estas doctrinas resonaban. La heterodoxa cátedra de “Ideología” dictada por Juan Manuel Fernández Agüero es otro interesante ejemplo de un escenario complejo en el que eclécticas referencias y nuevas autoridades eran invocadas para pensar el país y su organización institucional y cultural. El libro de Somellera no sólo fue utilizado en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de La Paz y el Colegio del Cuzco lo tomaron por esos años como texto oficial para los cursos de derecho civil. A pedido de esta última institución, Somellera se decidió a completar lo que debía ser el tercer tomo de su obra que, según había anunciado, trataría sobre “…acciones, delitos, modo de precaverlos, jueces y juicios”. Lo que envió a Cuzco fue un manuscrito con siete extensos artículos, dedicado al análisis “De los delitos, de su clasificación y de los remedios contra el mal de los delitos”. En dicho texto, reprodujo la definición benthamita de delito como “…acto libre que produce más mal que bien” y las múltiples distinciones del filósofo inglés sobre delitos: públicos, semipúblicos y privados; simples y comple49

SOMELLERA, Pedro Principios…, cit., p. 7. El énfasis pertenece al original. FONT, Pablo “Sobre el principio de utilidad”, Tesis de Jurisprudencia, Universidad de Buenos Aires, 1827, Biblioteca Nacional, Colección Candioti, Tomo I (1827-1834). 50

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jos; activos y pasivos; actuales y anteriores. Asimismo, clasificó las circunstancias en las que se producían las acciones que constituían delito y los diversos tipos de “remedios” (preventivos, supresivos, satisfactorios y penales) a tales males/delitos. Merecen ser destacadas las reflexiones que, en relación con el papel del juez, de los ejecutores de la pena y con el problema de los márgenes de arbitrariedad posibles de unos y otros, realizó su autor, en el capítulo final sobre los “remedios penales”. Al analizar las penas aflictivas –aquellas que “…causan un dolor directo en el cuerpo del delincuente que sólo produce un efecto temporal”, como los azotes– Somellera resaltaba que “…en la ejecución de esta pena habrá siempre arbitrariedad, arbitrariedad del verdugo, y esto bastaría para borrarla del catálogo de las penas comprendidas en un buen código”.51 Pero, al reseñar otras penas posibles, las llamadas “crónicas” –que si bien “…aflictivas no causan dolor corporal, pues todo su mal consiste en su duración”52 como el destierro, la cárcel, el presidio– sostenía que “La ley debe fiarse más en esta clase de penas que en otras a la prudencia y rectitud de los Jueces: ellas necesitan para ser bien aplicadas, particulares conocimientos de los individuos y un prolijo examen de sus circunstancias”. Y continuaba, “…no hay que temer por ello los males de la arbitrariedad […] porque mucho mayores son los males de la impunidad del delito o los de la desigualdad de la pena”.53 Mientras impugnaba toda arbitrariedad posible por parte del ejecutor material de las penas, Somellera admitía su necesidad en la regulación de los rasgos de la pena por parte del juez, sin que ello supusiera un regreso a la idea del arbitrio judicial que expresamente rechazaba. Sólo el funcionario judicial, atendiendo a las circunstancias del caso y el delincuente podía determinar el remedio penal más útil. La cuestión del rol central del juez en la determinación de las penas –de la cantidad de mal imponible a un delincuente, en función del mal que produjo con su delito y de las características del delincuente, y a los fines de producir un bien, esto es, evitar la impunidad y la repetición de tales delitos– también había sido un tema central en la obra de Bentham. Y como éste, Somellera encontró en la publicidad de las sentencias el medio ideal para asegurar el control, por parte de la sociedad, del accionar de los funcionarios judiciales. Estos intersticios por los que se colaba la cuestión de la arbitrariedad ante el carácter general de la leyes, permiten percibir en el seno del positivismo jurídico benthamita y somelleriano la misma tensión existente en el iusnaturalismo en torno a la primacía de un principio jurídico superior (el criterio de utilidad, en un caso, la ley natural, en el otro) a la ley positiva misma. Bentham y Somellera rechazaron expresamente esa posibilidad, sostuvieron la primacía de la ley escrita sobre cual-

51 SOMELLERA, Pedro Apéndice a los Principios de Derecho Civil. De los delitos, Elche, Buenos Aires, 1958, p. 36. 52 SOMELLERA, Pedro Apéndice…, cit., p. 39. 53 SOMELLERA, Pedro Apéndice…, cit., p. 40. El énfasis me pertenece.

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quier otro criterio, pero las exigencias de su aplicación, difícilmente remitían a una tensión posible de conjurar. En la naciente esfera pública porteña no sólo muchas sentencias judiciales fueron publicadas y sujetas a debate. También la enseñanza e incluso los exámenes de la Universidad fueron retomados por la prensa y sujetos al análisis de una opinión pública en construcción. Las críticas realizadas al curso de Somellera en el periódico El Lucero, en octubre de 1829, muestran que no todos estaban de acuerdo con el cariz que habían asumido sus lecciones de derecho civil. Pedro de Ángelis, sostenía: “Sin faltar el respeto debido al ilustrado profesor encargado de esta parte, no podemos menos que observar por ahora, que deberá sacarse mayor provecho de sus luces y de sus conocimientos. El derecho, según el método actual de enseñanza, no es una explicación del jus romano, fuente de todas las jurisprudencias modernas; no es la exposición de ningún código conocido, estrangero o patrio, para familiarizar a los jóvenes en la práctica de la legislación: es una excursión rápida sobre las opiniones de algunos escritores, que podría cuando más formar la mente de un legislador, pero es insuficiente para guiar los pasos de un abogado. ¿Qué caso puede hacerse del criterio legal de un joven, que sale de la Universidad, sin haber estudiado las leyes de ningún pueblo, ni aún las de su país, y que diserta sobre todas, por haber aprendido con Bentham a despreciar todo sistema de jurisprudencia?”.54 Las críticas podían tener un sentido político, pero también eran comprensibles desde el punto de vista jurídico y formativo. Si se compara el Prontuario de Práctica Forense de Manuel Antonio de Castro (presidente de la Cámara de Apelaciones porteña y de la Academia de Jurisprudencia) con los Principios de Somellera es posible notar hasta qué punto las reflexiones de éste último eran ante todo una propuesta radical de cambio jurídico mientras que las de aquel, si bien inéditas, una guía práctica para el abogado o el juez contemporáneo. Efectivamente, es ineludible la sensación de que el destinatario implícito de Somellera era, en primer lugar, el legislador –a quien cabía la responsabilidad de dar forma a nuevas leyes inspiradas en el principio de utilidad– y luego, en un segundo término, los abogados y jueces que habrían de administrar cotidianamente ese nuevo derecho. La obra del catedrático apostaba sin timidez al cambio, cuestionaba abiertamente el corazón de la jurisprudencia heredada y buscaba colaborar, desde lo jurídico, al proyecto rivadaviano de regeneración de la república sobre la base de la razón. La obra del camarista, por su parte, daba cuenta de cómo en los tribunales, jueces y abogados podían continuar aplicando el derecho en que se habían for54 El Lucero, núm. 39, 22 de octubre de 1829. Citado por CUTOLO, Osvaldo “En primer profesor…”, cit., p. XVIII.

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mado hasta entonces, con algunos remedos necesarios, no siempre coherentes o siquiera compartidos. De Ángelis ponía el dedo sobre una cuestión crucial: ¿cuál era el derecho que debía enseñarse en la Universidad? ¿El positivo, el natural, uno nuevo a crear? Y luego, ¿cuáles eran las herramientas jurídicas que estaban adquiriendo quienes debían desarrollarse como profesionales del derecho en el foro porteño? ¿Debían aprender el derecho vigente o discurrir sobre el derecho deseado para la nueva república? Los Principios de Derecho Civil muestran las tensiones de un jurista que al tiempo que apostaba al positivismo jurídico –a la inexistencia de otro derecho por fuera del establecido en la ley– creía fervientemente en la necesidad de reescribir el orden legal existente y principalmente de redefinir sus fundamentos. En este sentido, la formación impulsada por Somellera, más que apuntar a la enseñanza del derecho positivo, exhortaba a su reforma. Bentham había distinguido con claridad, en sus críticas a William Blackstone –su profesor de derecho en Oxford– las funciones del “expositor” del derecho –aquel encargado de explicar lo que las leyes son, lo que de hecho dicen– de las propias de un “censor” –aquel dedicado a reflexionar sobre lo que debería ser el derecho, de lo que las leyes deberían decir. Probablemente Bentham rubricaría la crítica de De Angelis si hubiera leído las lecciones de su lejano discípulo rioplatense. Los Principios y mucho más aún el Apéndice sobre los delitos, son escritos más propios de un censor que de un expositor –en palabras del publicista italiano, más útiles para un legislador que para un abogado. Sin embargo, en una Buenos Aires posrevolucionaria recién lanzada a la experiencia de dictarse sus propias leyes era más atractivo, y quizás necesario, el primero. Las críticas de De Ángelis de hecho fueron contradichas un día después, en el mismo periódico, en un Comunicado dirigido al Sr. Editor por “Un suscriptor” que salía así en defensa del profesor: “…esas lecciones son para saber el fundamento de todas las leyes […] son una explicación del jus romano, del germánico, del gálico, del hispano, y de todos los códigos de todas las naciones, sin que dejen de ser tal, porque no se encuentren el método que siguieron Misinger, Vinnio, y otros”. A su vez, el 12 y 13 de noviembre la Gaceta Mercantil publicaba otra defensa, firmaba como AGR, posiblemente Agustín Gerónimo Ruano, donde éste sostenía precisamente que Somellera enseñaba los principios del derecho más que los de un sistema de legislación particular. En 1828 Somellera debió pedir licencia debido a su mal estado de salud, y durante ese año y parte del siguiente fue reemplazado por su discípulo Florencio Varela. Luego, desde mediados de 1829, fue suplido por Celedonio Roig de la Torre hasta que, en 1830, y luego de regresar por unos meses a la cátedra, el primer profesor de Derecho Civil de la universidad porteña renunció definitivamente. Desde 1832, el jurista español Rafael Casagemas fue designado en el cargo, posición que ocupó hasta 1857.

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Sin embargo, no finalizó allí la trayectoria intelectual y docente de Pedro Somellera. Exiliado en Montevideo, se lo invitó a enseñar jurisprudencia en la recién creada Casa de Estudios Generales y a participar en la redacción de sus reglamentos. Desde 1836 y hasta 1842, dictó allí cursos de derecho civil, pero curiosamente no utilizando su libro sino las Instituciones del derecho real de España y las Indias del guatemalteco José María Álvarez. Toda una ironía o un síntoma: las Instituciones de Álvarez eran la quintaesencia del iusnaturalismo hispanoamericano. Nada más ajeno para alguien que compartiera el credo benthamita y para quien, como Somellera, escribiera tan repetidamente contra la autoridad de lo heredado y la futilidad de fundar el derecho sobre un principio que no fuera la utilidad y la felicidad del mayor número Las luces del utilitarismo se fueron extinguiendo en los años 1830s. mientras que las visiones iusnaturalistas e incluso romanistas continuaron su ascenso. En 1834, Dalmacio Vélez Sarsfield –entonces un jurista cordobés que prometía– reeditaba en Buenos Aires las Instituciones de Álvarez. Los Principios de Somellera nunca volvieron a editarse con fines pedagógicos y por esos años eran una pieza difícil de conseguir en las librerías porteñas. Sáenz se vengaba así del díscolo profesor de Derecho Civil que había sabido socavar elípticamente sus enseñanzas sosteniendo el “absurdo” de que era posible fundar un sistema jurídico sobre la conveniencia de los individuos. Pero también Somellera tuvo a la larga su triunfo ya que el positivismo jurídico estaba destinado a calar hondo en la cultura legal rioplatense. Sin embargo, la inspiración de ese positivismo no se ligó necesariamente a la racionalidad utilitarista. Pero esto ya amerita otras indagaciones.

Saberes jurídicos expertos y política La vida jurídica y judicial rioplatense suscitó reflexiones “expertas” de cariz y finalidades diversas. Ellas fueron producidas en espacios distintos que condicionaron su modo de registro y sus posibilidades de circulación. Quizás los más relevantes fueron la Academia de Jurisprudencia y la Universidad de Buenos Aires. Una vez creada esta última se convirtió en un centro de difusión de nuevas doctrinas y de críticas, no siempre leves, hacia el orden jurídico y, en menor medida, hacia la organización judicial vigente. Sus profesores fueron personajes clave de la vida socio-política porteña y americana y no sólo fueron docentes sino activos generadores de propuestas de reforma, funcionarios judiciales e incluso miembros del poder legislativo provincial y constituyente nacional. La educación jurisprudencial universitaria no estuvo entonces ajena al clima de preocupación por el diseño de un nuevo orden institucional. Lejos de restringirse a la formación de abogados litigantes, se orientó hacia la reflexión sobre los fundamentos del orden social y político y a formar juristas comprometidos con éste. De

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esta forma, el perfil profesional de los egresados no sólo buscó que fueran capaces de gestionar el Derecho existente, sino también de orientar su refundación y reorganizar su administración. Si bien las dos cátedras existentes, en sus primeros años de vida, no ofrecieron detalladas críticas de la organización judicial ni propuestas localmente orientadas sobre su reforma, sí las inspiraron. Varias tesis de jurisprudencia presentadas por los primeros doctores de la universidad así lo atestiguan. En ellas tuvo un rol preponderante la preocupación por la reforma de los procedimientos y, entre ellos, un acentuado interés por la introducción de los juicios por jurados.55 Como en la primera década revolucionaria, los rioplatenses continuaron imaginando la de 1820 como momento fundacional y de cambio, como coyuntura en la que era necesario finalmente superar el miedo a las innovaciones para lograr darse las leyes e instituciones definitivas que un país independiente merecía. En tal contexto, las propuestas “expertas” florecieron y fueron selectivamente reapropiadas por los diversos gobiernos. Los líderes políticos buscaron en los jueces, en los profesores universitarios e incluso en juristas sin estas adscripciones, como el francés Guret de Bellemare, asesores especializados cuyas propuestas a veces intentaron realizar. Las cuestiones jurídicas por ellos problematizadas no dejaron de impactar en el espacio público y las agendas oficiales. Más allá de la especificidad y la complejidad del vocabulario jurídico que empleaban, esas reflexiones apuntaban al corazón de los problemas que la nueva república debía resolver: ¿cuáles eran las leyes vigentes?, ¿debían y cómo podían reformarse?, ¿qué instituciones garantizaban mejor la libertad y la igualdad de los ciudadanos?, ¿se debían reformar aquellas existentes o instaurar otras totalmente nuevas?, ¿era posible una refundación semejante? Las respuestas que Pedro Somellera daba en su curso marcaron un hito en este sentido. La idea de una refundación completa del Derecho se expresó con él quizás más abiertamente que nunca. Un nuevo principio científico, el de la utilidad, era postulado como la piedra de toque de la reforma política, moral y legal que debía generar la república nacida de la Revolución. De esta forma, la idea del carácter construido del orden social se esbozaba con una fuerza inusitada y venía a reforzar, a su vez, el deber político de reformar el existente.

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La tesis de 1827 de Carlos Villademoros “Disertación sobre la necesidad de que se reformen los procedimientos de la justicia criminal” es un claro ejemplo de ello. En ella sostenía: “Hoy la necesidad de una organización definitiva en nuestra legislación es un clamor general como lo es la esperanza de una organización política definitiva del país. Pero entre las reformas más necesarias figura la de los procedimientos criminales, los cuales […] se hallan en un estado aún tenebroso, inquisitorial y arbitrario como en los tiempos de la tiranía metropolitana”. Biblioteca Nacional, Colección Candioti, tomo I (1821-1834), p. 2.

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La proliferación de los discursos utilitaristas en la década de 1820 se produjo en diversos campos. Su importancia en el plano jurídico es escasamente conocida pero no deja de iluminar la existencia de tempranas voces críticas, aunque tímidas, al vocabulario hegemónico de los derechos naturales y una novedosa vocación cientificista y positivista en el Derecho. La centralidad del iusnaturalismo no cedió, sin embargo, terreno en la formación jurisprudencial. Las lecciones de Antonio Sáenz apuntalaron la creencia de los abogados en el derecho natural, como prácticamente todos los documentos fundacionales de la nueva república, articulados en ese lenguaje. Una vez ausente Somellera de Buenos Aires, la cátedra de derecho civil reencontró la “normalidad” y durante más de veinte años los alumnos de jurisprudencia de la Universidad estudiaron Derecho Civil con el texto de las Instituciones de Álvarez, un cambio que Sáenz hubiera aplaudido. Los textos eruditos producidos por estos profesores juristas no tuvieron una circulación masiva pero fueron centrales para la conformación del campo jurídico rioplatense al menos por dos razones: fueron la base doctrinaria de los primeros abogados y jueces formados en la universidad porteña y establecieron los contornos intelectuales del debate jurídico experto en la región, fijando lecturas de la tradición y propuestas de reforma posibles. Ese debate trascendió las esferas eruditas para impactar un espacio público en formación en el que la ley había comenzado a ocupar un lugar inédito. La creación de una nueva legalidad había sido un desafío nacido con la Revolución. Con el tiempo la tarea ganó especificidad y ya no sólo se trató de establecer nuevas leyes, sino de redactar nuevos códigos y proclamar nuevas constituciones. Hacia 1820 cada una de estas labores había alcanzado su nombre propio y se debatía cómo era posible realizarlas. Esa fuerte y nueva conciencia del carácter contingente y perfectible del orden social, hizo de juristas, jueces y abogados actores inquietos, más o menos abiertos a las novedades del siglo pero siempre interesados en fundar y regular la nueva república. Una república en la que un nuevo legislador, representante de un nuevo soberano debería dar forma a un nuevo orden jurídico y judicial.

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Ya hace tiempo António Hespanha proponía que para poder plantear en nuevos términos el advenimiento de ese sistema de poder conocido como el “Estado moderno” era preciso considerar las “pequeñas cosas” que hicieron posible su construcción. A través de ellas pensaba que era factible “…penetrar profundamente en la realidad institucional y comprobar –ahí, en los entresijos de las instituciones y de las prácticas político-administrativas– cómo se tramaban los equilibrios de poder.”1 Esta observación nos resulta particularmente útil para el problema que aquí nos ocupa, esto es, indagar las relaciones de la sociedad bonaerense con la Justicia durante la transición del orden colonial al republicano, una faceta decisiva de las nuevas relaciones que se estaban produciendo entre la sociedad y el Estado. Al respecto, pese a todo lo que se ha avanzado en este terreno, hay muchos aspectos oscuros que no han sido objeto de estudios sistemáticos. En este sentido, uno nos parece especialmente significativo: la fallida experiencia de organizar un régimen de justicia letrada en la campaña ha quedado diluida en la atención de los historiadores, ante todo, por lo fugaz y efímera que resultó. Como es sabido, este proyecto fue parte del conjunto de iniciativas que se desplegaron al despuntar la década de 1820 para impulsar la conformación de esa nueva entidad soberana que fue el estado de Buenos Aires. Sin embargo, esta experiencia estuvo vigente tan solo durante dos años (1822-1824) para ser recién retomada en la década de 1850. Otras iniciativas institucionales que formaron parte de la misma transformación institucional (como la disolución de los cabildos, la construcción de un sistema político representativo asentado en un régimen electoral inusitadamente amplio, la constitución de un sistema regular y masivo de milicias rurales, la formación de los Juzgados de Paz y, en mucha menor medida, la constitución de una policía rural), en cambio, no sólo

1 HESPANHA, António Manuel Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Taurus, Madrid, 1989, p. 10.

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resultaron más perdurables sino que en torno a ellas se fue construyendo la implantación del estado en el mundo rural. El objetivo de este trabajo es tratar de indagar algunas de las razones y significados de este fracaso.

Los jueces y la opinión Hasta ahora la mayor parte de los estudios sobre la Justicia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX se han concentrado en describir su arquitectura institucional, en indagar algunas de las nuevas concepciones sobre el Derecho que estaban emergiendo y en analizar someramente el desarrollo de la criminalidad. Pero poco es lo que sabemos acerca de las relaciones efectivamente entabladas entre la administración de justicia y los distintos sectores sociales o en desentrañar el clima social en que esa administración se desempeñaba. Conviene, por tanto, comenzar trayendo a colación las impresiones que anotó un viajero francés como Arsène Isabelle que recorrió el área rioplatense al comenzar la década de 1830: “Hoy en día el Cabildo ha cambiado de destino; es asiento del poder judicial. ¡Esto no quiere decir que la justicia impere! Todos los tribunales y la Corte Suprema se encuentran allí reunidos. En la planta baja están los notarios, los ujieres, los escribanos públicos y la prisión principal. Los días de audiencia, la galería el balcón y el pórtico están continuamente obstruidos por gente del bajo pueblo, del campo y del interior, que van atraídos por la curiosidad.” 2 Corrijamos primero a nuestro informante: la provincia no contaba para entonces con una Corte Suprema –y no la tendría hasta mediados de siglo– ni, pese a todos los intentos, con una Constitución escrita, aunque sí estatutos en vigencia superpuestos a ese abigarrado conjunto normativo que conformaba “nuestra antigua constitución”.3 Hecha esta aclaración sigamos con aquello que sí ha percibido con claridad. En ese escenario, en esa plaza que era el epicentro de las fiestas cívicas y también “a veces el teatro, el foro”, Isabelle presenció múltiples sucesos, desde las celebraciones de una Semana Santa acompañadas al grito de “¡Viva la Federación!” hasta la quema de una buena cantidad de libros de “nuestros mejores filósofos” o la presencia del “bajo pueblo” de la ciudad y del campo en los eventos políticos (esos “sediciosos de chiripá” a quienes no dudó en identificar con “los sans-culottes de la República Argentina”) tan tumultuosa y amenazante que la seguridad de los extranjeros le aparecía garantizada sólo por los regimientos de negros. 2 ISABELLE, Arsène Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil, 1830-1834, Emecé, Buenos Aires, 2001 [1835], p. 80. 3 CHIARAMONTE, José Carlos “Acerca del origen del estado en el Río de la Plata”, en Anuario IEHS, 10, 1995, pp. 27-51.

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Más allá de las fuertes impresiones que debe haberle causado la convulsionada Buenos Aires de entonces, sus observaciones resultan útiles para comenzar a pensar un problema elusivo: ¿en qué condiciones sociales se administraba justicia? Sabemos que mucho había cambiado en el sistema de justicia desde la Revolución de 1810, pero lo cierto es que para los años 1830 seguía estando pendiente su plan de reforma general y completa aunque había sido una de las preocupaciones primordiales de las autoridades.4 Esas transformaciones de la administración de justicia en Buenos Aires han sido tratadas por una abundante bibliografía5 aunque no siempre se ha enfatizado suficientemente que los momentos de mayor impulso reformador devinieron después de una coyuntura política crítica que también había suscitado temores en las elites frente a la movilización social. Así había sucedido hacia 181112, volvió a suceder en 1816-17 y como nunca antes adquirió imperiosa centralidad en 1821-22; y, sin duda, lo fue aún más tras la convulsión política y social de 182829. Tras cada una de estas coyunturas, las autoridades sintieron la necesidad no sólo de mejorar la administración de justicia y, sobre todo, de hacerla más rápida y eficaz sino también de restablecer y reforzar el respeto social hacia la magistratura.6 4 El lector podrá advertir tanto uno como otro aspecto señalado sólo haciendo un repaso de los mensajes que presentaron los gobernadores de la provincia ante la Legislatura: Ministerio de Educación, Mensajes de los Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, 1822-1849, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, 2 tomos, 1976. 5 BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la Ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina, Ediciones Al Margen, La Plata, 2001; DÍAZ, Benito “Organización de la justicia de campaña en la Provincia de Buenos Aires (1821-24)”, en Trabajos y Comunicaciones, 4, La Plata, 1954, pp. 39-54 y Juzgados de Paz de campaña en la Provincia de Buenos Aires (1821-1854), La Plata, 1959; FRADKIN, Raúl O. “La experiencia de la justicia: estado, propietarios y arrendatarios en la campaña bonaerense (1800-1830)”, en La fuente Judicial en la Construcción de la Memoria, Departamento Histórico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 1999, pp. 145-188; GARAVAGLIA, Juan Carlos “La justicia rural en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX (Estructuras, funciones y poderes locales)”, en Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Homo Sapiens, Rosario, 1999, pp. 89-122; GARCÍA BELSUNCE, César –director– Buenos Aires, 1800-1830, II: salud y delito, Emecé, Buenos Aires, 1977; GELMAN, Jorge “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 3ª serie, núm. 21, 2000, pp. 7-32; IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización judicial argentina (ensayo histórico). Época colonial y antecedentes patrios hasta 1853, La Facultad, Buenos Aires, 1938; LEVAGGI, Abelardo Historia del derecho penal argentino, Perrot, Buenos Aires, 1977 y Orígenes de la Codificación Argentina: Los Reglamentos de Administración de Justicia, Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires, 1995; LEVENE, Ricardo “El Derecho Patrio Argentino y la organización del Poder Judicial, (18101829)”, en LEVENE, Ricardo –director– Historia de la Nación Argentina (Desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), Vol. VII, 1ª sección, El Ateneo, Buenos Aires, 1950, pp. 295-336; SÁENZ VALIENTE, José M. Bajo la campana del Cabildo. Organización y funcionamiento del cabildo de Buenos Aires después de la Revolución de mayo (1810-1821), Kraft, Buenos Aires, 1950; TAU ANZOÁTEGUI, Víctor y MARTIRE, Eduardo Manual de Historia de las Instituciones Argentinas, Macchi, Buenos Aires-Bogotá-Caracas-México, 1996 y ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Historia del Derecho Argentino, Perrot, Buenos Aires, 1966. 6 La insolencia y falta de respeto de la población hacia los magistrados se convirtió en esas coyunturas en una queja muy frecuente. Por ejemplo, ver el artículo “Administración de justicia”, en Gazeta de Buenos Aires, miércoles 22 de agosto de 1821.

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Desde esta perspectiva, la imagen que describía Isabelle adquiere un significado mayor: a una década de la disolución del Cabildo y de su ejercicio plurisecular de la justicia ordinaria de la ciudad y su campaña no sólo seguían vigentes buena parte de las normas y los procedimientos judiciales sino que los tribunales seguían funcionando en el mismo espacio y en buena medida estaban inmersos en un clima social análogo al que había imperado en la justicia capitular. La transformación de una justicia lega administrada por los vecinos en una justicia letrada a cargo de funcionarios profesionales del estado estaba, tan solo, en sus comienzos. Como antes, parece que debieron seguir impartiendo justicia rodeados de una presencia social constante y persistente. Lo cierto es que todo lo que sucedía en los tribunales parece haber sido un tema y un problema de la opinión pública tanto que no sólo eran motivo de tratamiento periodístico sino que muchas veces los interesados publicaban folletos que contenían sus descargos y la intervención de sus letrados.7 Ahora bien, si la administración de justicia en la ciudad estaba sumergida en un ambiente social vigilante y sus decisiones eran discutidas a través de artículos de prensa y folletos destinados a un público letrado, ¿qué sucedía en los pueblos de campaña? ¿Qué grado de vigilancia social imperaba en ellos frente al desempeño de una administración de justicia que había sido y seguía siendo de sede urbana?8 No es mucho lo que sabemos al respecto. Por lo pronto, conviene advertir que la separación en este como en otros aspectos de la ciudad y la campaña era menos tajantes de lo que quiere una arraigada tradición cultural y en este sentido preciso es tener en cuenta que los artículos remitidos desde pueblos rurales a los periódicos de la ciudad con quejas y denuncias

7 Se trata de una práctica que sería muy perdurable y las referencias al respecto serían interminables. A modo de ejemplo: ARÉVALO, Domingo El Coronel don Domingo Arévalo presenta al público los documentos que justifican su conducta…, Imprenta de los Expósitos, Buenos Aires, 1823; RAMÍREZ, P. Reforma de la Campaña por el Joven..., Imprenta de Álvarez, Buenos Aires, 1823; TERRADEL, José D. Nueva representación que el ciudadano Don José de Terradel eleva al Superior Gobierno, instruyendo con nuevos fundamentos su primera acusación, y con el fin de disipar las imputaciones que se propalan en detrimento de su reputación y de su justicia, Imprenta de Álvarez, Buenos Aires, 1826; TERRERO, Federico Refutación al informe del Doctor D. Eduardo Lahitte, en la causa que ha seguido la familia de D. Zenón Videla y de la finada señora Doña Sandalia Dorna sobre la nulidad de un contrato de compra venta celebrado por D. Juan Manuel de Rosas cuando fue investido con la suma del poder público, La Tribuna, Buenos Aires, 1855; Causa criminal contra el ex gobernador Juan Manuel de Rosas ante los Tribunales Ordinarios de Buenos Aires, La Tribuna, Buenos Aires, 1864; BILBAO, Manuel Vindicación y memorias de don Antonino Reyes. Edecán y secretario de don Juan Manuel de Rozas en Santos Lugares, Edición facsímil, Freeland, Buenos Aires, 1974 [1883]. 8 Hemos podido evaluar que las transformaciones producidas en la arquitectura institucional a comienzos de la década de 1820 no alteraron el carácter netamente urbano de la administración de justicia letrada. Cfr. BARRAL, María Elena; FRADKIN, Raúl O.; LUNA, Marcelo; PEICOFF, Silvina y ROBLES, Nidia “La construcción del poder estatal en una sociedad rural en transición: el acceso a la justicia civil en la campaña bonaerense (1800-1834)”, en FRADKIN, Raúl O. –director– El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del estado en el Buenos Aires rural, 1780-1830, Prometeo, Buenos Aires, 2008.

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sobre el desempeño de los comisarios y los jueces eran bastante frecuentes.9 Más importante y generalizada es la imagen que ofrece el análisis cuidadoso de los juicios: en ellos no deja de llamar la atención que tanto los imputados como los testigos parecen estar muy al tanto no sólo de lo que sucedía en el juicio en que estaban de algún modo involucrados sino también de otros en que se habían visto comprometidos sus vecinos, a veces muy antiguos. En este sentido, bien puede hablarse de una tradición litigiosa local que era bien conocida y compartida a la que deben haber contribuido decididamente los propios procedimientos judiciales imperantes que convertían a los testigos y a los peritajes y apadrinamientos a cargo de vecinos legos en una clave insustituible de su funcionamiento.10 En la campaña, por tanto, también regía –tanto o más que en la ciudad– una “opinión pública” de ribetes muy peculiares pero no por ello desestimable. Ahora bien, las relaciones entre esas formas urbanas y rurales de “opinión pública” y los jueces estaban cambiando decididamente en estos años. El fin de la justicia ordinaria capitular –con esos jueces que eran casi siempre vecinos legos que emergían de linajes familiares prestigiosos y arraigados y elegidos por el Cabildo– había debilitado la densidad del entramado social que podía constreñir el desempeño de los jueces. Además, la pérdida de las funciones de magistrados de muy diversas autoridades menores había hecho desaparecer esa instancia decisiva de control social de la administración de justicia y de lucha política que eran los juicios de residencia.11 Quizás nadie describió mejor el cambio que el abogado de los acusados por haber protagonizado un escandaloso tumulto en la Guardia de Luján en 1825 cuando terminaba su alegato afirmando que “…la opinión pública es el único Juez de residencia del qe. abusa del poder”.12

El juez y su misión Esta situación debe haber estado detrás de la decisión tomada en 1834 de publicar el primer y efímero periódico forense: El Correo Judicial. En sus páginas pueden

9 Por ejemplo, El Patriota, 8 de septiembre de 1821; El Argentino, 14 de enero de 1825 y 20 de agosto de 1825; El Americano Imparcial, 3 de marzo de 1825. Incluso, los vecinos de la campaña en algunos casos iniciaron demandas judiciales contra periódicos por noticias aparecidas sobre sus partidos: por ejemplo, AGN, Tribunal Criminal, J-1, exp. 8, 1831. 10 Un tratamiento detallado de esta cuestión en FRADKIN, Raúl O. “Cultura jurídica y cultura política: la población rural de Buenos Aires en una época de transición (1780-1830)”, en Ley, razón y justicia, núm. 11, en prensa. 11 MARILUZ URQUIJO, José Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Serie 2, núm. LXX, Sevilla, 1952. 12 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Juzgado del Crimen, 34-4-67, exp. 4, 1826, f. 49-52v.

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hallarse algunos de los tópicos más reiterados y característicos del discurso de los miembros de la estructura judicial (como su queja recurrente por el supuesto relegamiento dentro de las preocupaciones del gobierno y la sociedad) pero también algunas ideas novedosas, como la conveniencia de hacer públicos los trámites y las resoluciones judiciales. Por este medio, se esperaba mejorar los procedimientos de los jueces, especialmente de aquellos que “…no temen entregarlos a la severidad de la prensa…” y también ofrecer a los jueces, a los letrados y al público una recopilación útil. De esta forma, su editor confiaba no sólo contribuir a “…la difusión de las luces…” sino también que “…los hombres se abstienen de promover litigios injustos, retrayéndose de ellos para no ser objeto de la crítica general”. Este argumento hace referencia a una ambigüedad que contenía el discurso judicial: por un lado, postulaba como un comportamiento civilizado recurrir a la justicia para resolver los pleitos entre particulares pero, por el otro, no dejaba de hacerse cargo de la condena social hacia aquel que acostumbraba transformarse en pleitista. Sin embargo, lo más notable del discurso que este periódico buscaba propagar era una concepción que parece haber primado entre los magistrados: la de sentirse portadores de una empresa civilizatoria que les imponía la necesidad de “…hacer públicos los preceptos de los jueces sabios, sin dejarlos sepultados en su propia dignidad y para derramar entre sus conciudadanos la ciencia y la doctrina de los magistrados”. Esta concepción aparece muy claramente enunciada en el último número del periódico (el 8, del 21 de octubre de 1834) y se expresaba a través de un recurso remanido, una supuesta carta de “un Juez anciano” a su hijo que acaba de ser incorporado a la judicatura. Saturada de referencias clásicas y cristianas su autor le advierte que “…no eres ya ni mío ni tuyo: has entrado en una esclavitud honrosa, pero que es al fin esclavitud; eres esclavo del publico”. Se trata, por cierto de una misión que debe ser cumplida en forma bien solitaria: “No tienes ya paisanos, amigos ni parientes…” y le advierte que deberá “…precaverse de los manejos de amigos y domésticos”. Y, para ser aún más claro, le recuerda que hay dos “géneros de personas” que confunden los agravios con obsequios: “…las mugeres que se dejan regalar de sus galanes y los Magistrados que se dejan comprar de pretendientes. En ambos casos lo que parece dádiva, no es sino el precio de una venta”. Entonces, “…la única consideración que debe tenerse (y esto únicamente en las causas criminales) es la de servicios relevantes prestados anteriormente al País”. Sin embargo, el editor debió atajarse de las críticas que había suscitado su aparición y que se le adjudicaban una “conspiración” contra la administración de justicia y que venía a poner palmariamente de manifiesto las dificultades que tenía esta publicidad.13 Esta concepción misionera y civilizatoria de los jueces había imperado también entre las autoridades que impulsaron la transformación de la administración de jus13 El Correo Judicial (reedición facsimilar) en VÉLEZ, Bernardo Índice de la Compilación de Derecho Patrio (1832) y El Correo Judicial (1834), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, 1946.

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ticia una década antes. Por ejemplo, en su mensaje a la Legislatura provincial del 5 de mayo de 1823 los ministros B. Rivadavia y M. J. García reconocían que “…no han podido plantificarse las nuevas instituciones, sin romper y arrancar con violencia antiguos cimientos, sobre los que el curso de los años había amontonado memorias venerables y dejado arraigar intereses de todo género”, en obvia referencia a los disueltos cabildos.14 Y, al año siguiente, definían que: “La reforma de la administración de justicia es una de las primeras necesidades de nuestra Patria, y también de las más peligrosas y difíciles de ejecutar. Los códigos debían fundarla, pero darlos sin generalizar antes sus principios entre los mismos que han de explicar las leyes, aplicarlas y recibirlas, sería imprudente”.15 Las dificultades, en consecuencia, no estaban sólo en esa sociedad “rústica”, “supersticiosa” e “ignorante” sino también en el escaso cuerpo de emisarios que la misión requería para llevarse a cabo.

Los jueces letrados en la campaña Estas referencias iniciales nos permiten situar al menos tres problemas que consideramos importantes y poco transitados. En primer lugar, si bien la administración de justicia se regía por un conjunto de procedimientos y saberes especializados, estaba sometida a una suerte de escrutinio de la opinión pública. Pero esta opinión pública no estaba integrada tan sólo por los pares sociales de los jueces y litigantes y sus formas de sociabilidad admitida y aceptada a la que se dirigían los periódicos y folletos, sino también por una “curiosidad” que como advertía Isabelle podía incluir también al “bajo pueblo”. En segundo lugar, algunos de los magistrados se consideraban como una elite que debía cumplir una misión civilizatoria en la sociedad que excedía con creces los trámites que debían resolver en los tribunales a su cargo: a priori, podemos decir que esa misión (cuya concepción no era demasiado distinta de la que se adjudicaba el clero ilustrado)16 debía realizarse frente a dificultades crecientes (la tan mentada degradación del respeto a la magistratura que sentían haber vivido desde la Revolución) que provenían tanto del gobierno como de la sociedad. Por último, que para llevarla adelante se hallaban inmersos en una ambigüedad intrínseca: mientras el ideal ilustrado los orientaba a considerar que el modo civilizado de resolver los conflictos era el de recurrir a los tribunales, una suerte de ideal social imperante desconfiaba y hasta repudiaba a aquel que recurriera frecuentemente a ellos. 14

Mensajes de Gobernadores…, cit., Tomo I, p. 31. Mensajes de Gobernadores…, cit., Tomo I, p. 35. 16 BARRAL, María Elena “Buenos cristianos, ciudadanos y vasallos. Los tempranos esfuerzos civilizatorios en el mundo rural bonaerense”, en IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Córdoba, 2003 y DI STEFANO, Roberto “Pastores de rústicos rebaños. Cura de almas y mundo rural en la cultura ilustrada rioplatense”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, núm. 22, Buenos Aires, 2000, pp. 7-32. 15

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Todos estos problemas se pusieron claramente de manifiesto durante la efímera experiencia de los jueces letrados de Primera Instancia para la campaña. Como es sabido, entre 1821 y 1837 fueron suprimidos todos los cabildos que existían en el actual territorio argentino. Así, en pocos años se desmontó un sistema local de administración de justicia que debía ser suplantado por otro de justicia letrada en un proceso que era inseparable de la formación de esas nuevas entidades soberanas que eran los estados provinciales. En buena medida este proceso estuvo influido por la experiencia que se desarrolló en Buenos Aires aunque no puede ser reducido a ella. Con todo, dada esa influencia, atender a las concepciones que informaron el proceso porteño y a sus dificultades puede ayudar a poner de relieve los obstáculos que implicaba esta transformación y que nos parecen mucho mayores que lo que sugiere la rápida cronología antes señalada. Dentro del conjunto de iniciativas que emprendieron las autoridades de Buenos Aires al comenzar la década de 1820 para organizar el nuevo estado provincial, la reforma de la administración de justicia ocupó un lugar central. Asociada al diseño de un nuevo régimen político esta reforma incluyó la disolución de los cabildos de Buenos Aires y Luján y buscaba sustituir el antiguo régimen de justicia (asentado en el ejercicio de la justicia capitular y la condición de magistrados de las autoridades políticas y militares) por un sistema de jueces letrados. Esas iniciativas incluían una pretensión mayor y resolver una tarea pendiente del orden colonial: asegurar la efectiva implantación estatal en una campaña que estaba asistiendo a una notable expansión territorial, demográfica y productiva y asegurar su obediencia efectiva a las nuevas autoridades provinciales. La preparación de la reforma ya estaba en marcha hacia agosto de 1821 cuando el Gobierno solicitó públicamente un proyecto al Superior Tribunal de Justicia, que habría de ser mucho más ambicioso del finalmente aprobado pues contemplaba la creación de siete departamentos judiciales de campaña, cada uno a cargo de Jueces Mayores, que tendrían asiento en la capital, San Nicolás, Luján, Morón, Ensenada, Chascomús y Villa del Carmen de Río Negro y que debían ser jueces letrados, permanentes y rentados.17 En rigor, el clima de reforma había sido preparado por el presidente de aquel tribunal, Manuel A. Castro, a través de una serie de artículos aparecidos en el periódico oficial que incluían duras críticas al sistema de administración de justicia asentado en torno a los cabildos y que tenía como tópico central la necesidad de que la campaña “…sea purgada de centenares de malhechores que la infestan…” frente a lo cual tildaba de indolentes, ignorantes y apáticos a los jueces existentes.18 En otros términos, uno de los aspectos centrales de los impulsores

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DÍAZ, Benito Juzgados de Paz…, cit., p. 49; IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización…, cit., p.

168. 18 Aunque estos artículos ya se encontraban en las páginas de La Gaceta de Buenos Aires en septiembre de 1820 se hicieron muy frecuentes y contundentes entre julio y diciembre de 1821.

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de la reforma desde el mismo ámbito judicial era apartarse radicalmente del sistema vigente asentado en la justicia capitular. El debate en la Legislatura dio un resultado que sólo en parte retomaba estos planes y la ley del 24 de diciembre de 1821 estableció que la justicia ordinaria sería ejercida por cinco jueces letrados de Primera Instancia, dos en la ciudad y tres en la campaña, cada uno de los cuales tendría competencia en lo civil y lo criminal. A su vez, se dispuso la organización de una policía separada de estas autoridades judiciales y dependiente directamente del gobierno, que estaría formada por seis comisarios para la capital y ocho para la campaña. Por último, cada una de las parroquias iba a contar con un juez de paz que intervendría en todas las causas “…qe. las leyes y practica vig.te declara verbales, arbitrar en las diferencias, y en la Campaña reuniran las de los Alcaldes de Hermandad. qe. quedan suprimidos”.19 Aunque menos ambicioso que el plan original, el programa reformista era de indudable radicalidad. Sin embargo, una década después, sólo parte de sus objetivos habían sido cumplidos: junto al Tribunal Supremo, la Justicia de Primera Instancia se había consolidado como una estructura judicial pero ya en 1824 el Gobierno había tenido que abandonar la pretensión de implantarla efectivamente en el ámbito rural. De este modo, los Juzgados de Paz, que habían sido pensados como una instancia local y auxiliar, se consolidaron como la instancia principal de justicia rural. Por su parte, la formación de una policía rural –sin duda, uno de las prioridades del programa reformista– tuvo un decurso por demás azaroso: hacia 1824, las comisarías de campaña fueron momentáneamente disueltas y si bien muy rápidamente volvieron a formarse e incluso se aumentó su número, al comenzar la década de 1830 paulatinamente sus funciones fueron traspasadas a los jueces de paz hasta resultar prácticamente indistinguibles. En otros términos, el doble propósito de organizar sistemas de justicia y policía diferenciados y específicos para el mundo rural había fracasado y no fue sino hasta la década de 1850 que el Estado de Buenos Aires afrontó nuevamente esta tarea. 20 Fue por entonces que también se decidió la formación de departamentos de justicia criminal de campaña (y, bueno es destacarlo, sólo de justicia criminal) y nuevamente la separación de las funciones de los comisarios y los jueces de paz que había sido su atributo primordial durante el rosismo. La Cámara de Apelaciones (que había sustituido a la Real Audiencia en 1812 y que se transformaría luego en Tribunal Superior de Justicia de la Provincia) tenía una visión muy negativa tanto de la administración de justicia en la campaña como del funcionamiento de la justicia ordinaria y este diagnóstico se había hecho mucho

19 ROMAY, Francisco L. Historia de la Policía Federal Argentina, Biblioteca Policial, Buenos Aires, Tomo II, 1964, pp. 66-67. 20 Hemos analizado esta cuestión en detalle en FRADKIN, Raúl O. “Justicia, policía y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830”, en BONAUDO, Marta; REGUERA, Andrea y ZEBERIO, Blanca –coordinadoras– Escalas de la Historia Comparada. Tomo 1: Dinámicas sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2008, pp. 247-284.

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más acentuado en la década de 1820. Más aún, desde esta instancia judicial se advertía algunos de los efectos del proceso revolucionario: en primer lugar que “…las erradas ideas de una mal entendida libertad engendran un sentimiento de licencia y un espíritu de animosidad que degenera fácilmente en hábito de insubordinación…” y en segundo término que las quejas y “…clamores contra la injusticia de las leyes…” estaban mal orientadas –aunque el cuerpo reconocía la carencia de un “sistema legal”– cuando en su opinión debían imputarse a las actuaciones de los magistrados y, especialmente, en los Juzgados de Primera Instancia de campaña “…que ha juicio del Tribunal no han producido los buenos resultados que se esperaban”.21 Diversas dificultades impedían una efectiva implantación de la justicia letrada en la campaña y una de ellas era “…la falta de personas que hagan de fiscales y defensores…” como se quejaban los jueces ante la Cámara. Se trataba de una justicia que se desenvolvía dentro de un abigarrado marco normativo en el cual las innovaciones no implicaban la desaparición de las normas anteriores, en juicios que generalmente eran verbales y en los cuales la presencia de vecinos “inteligentes” suplía la ausencia de escribanos, fiscales, peritos y abogados. Estas condiciones habían llevado a que en 1813 se autorizara que las personas pudieran defenderse judicialmente sin la asistencia de letrados, pero su efecto fue la generalizada aparición de unos personajes denostados por el foro urbano –los llamados “tinterillos”–, personas prácticas pero no tituladas, que parecen haber complicado seriamente los procedimientos en los litigios (si creemos en las descripciones de los jueces)22 pero también que venían a poner en cuestión el ejercicio del monopolio del saber por parte de un grupo social que era extremadamente reducido en la campaña. Una segunda dificultad, redundantemente mencionada, era la distancia entre los vecinos y los tribunales. Esta cuestión, que ya era muy grave en el antiguo sistema pues sólo los tenían la capital y la Villa de Luján, no había sido resuelta con la constitución de dos nuevas sedes en el norte y el sur de la provincia. Más aún, estos mismos problemas se enfrentaban para la designación de los jueces de paz por partido y no había sido completamente resuelta pese a la notable multiplicación de jurisdicciones que se había producido desde 1785: es que la ampliación territorial y demográfica de la campaña era mucho más intensa y veloz que las posibilidades del sistema institucional para inscribirla.23 En tales condiciones, las dificultades de acce-

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Informes del Tribunal de Justicia al Gobierno, 1822-1842, AGN, Biblioteca Nacional, núm. 6609, Leg.

387. 22 Entre las múltiples referencias puede verse AGN, Tribunal Civil, C-13; 3 (1813); G-12; 9 (1822); G-14; 16 (1825). 23 Hemos trazado un panorama más amplio de este proceso en BARRAL, María Elena y FRADKIN, Raúl O. “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, núm. 27, 2005, pp. 7-48.

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so a la justicia eran esgrimidas por muchos vecinos para rechazar o renunciar a la designación como Alcalde de Hermandad o Juez de Paz, como haría Juan Manuel de Rosas en 1820.24 Poco antes, en 1817 denunciaba el desorden que advertía en la frontera sur y afirmaba: “El poder de los jueces de partido es anual, y por grande que sea el celo se debilita, no se respeta, o no se teme a las distancias. El de los propietarios es ninguno; por que los que lo tienen en sus campos son los guapos, que por su muchedumbre hacen callar al hacendado, que más de una vez siente haber expuesto su vida, para no tener mas que unos días solamente lejos de su vista a unos seres perjudiciales polillas de las haciendas, y de los bienes de campaña. Es imposible el orden en uno y otro, sin que lo respeten y lo tengan los que habitan la campaña; y es imposible se consiga esto, mientras las funciones de los Jueces no sean aliviadas y descansen con la bien desempeñadas de una policía rural, al paso que bien sostenidas.”25 Si esta cuestión era decisiva para seleccionar alcaldes de Hermandad y luego lo sería para los jueces de paz, mucho mayor importancia cobraba para los de Primera Instancia cuyos departamentos tenían tan solo tres “capitales” y más aún cuando el Gobierno dispuso en 1824 reducirlos y desplazarlos a la ciudad. Con esta decisión llegaba a su fin la efímera intención de montar un sistema de justicia letrada en la campaña y que llevó a la Cámara a una conclusión taxativa: “…el ensayo de jueces ordinarios en la campaña no ha correspondido a los nobles objetos que se propuso el celo del Gobierno”.26 Pero ¿cómo veían la situación esos jueces de Primera Instancia de la campaña? Desde San Nicolás, el juez Juan B. Villegas señalaba dos de las dificultades de los habitantes de la campaña para acceder a la justicia: los “traslados a grandes distancias” (no ya a la ciudad sino a la “capital” del departamento judicial) y la ausencia de “…persona alguna que pueda o quiera servirles de apoderado ni mucho menos quien pueda hacerles un leve escrito”. En tales condiciones, el Juez relataba qué había debido hacer para poder administrar justicia: “El conocimiento de estos males obligó al juzgado de mi cargo a no seguir por escrito sino en casos demasiado forzosos las causas civiles de estos infelices y si llamarlos a juicio verbal, deslindar sus respectivos derechos, dar a cada uno lo que es suyo y en casos dudosos hacer mas bien de un juez

24 IRAZUSTA, Julio Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, Edición corregida y aumentada, Jorge Llopis, Buenos Aires, 1974, Tomo I, pp. 79-81. 25 AGN, Solicitudes Civiles, I-Z, 1817, X-9-7-5. 26 AGN, X-14-5-4.

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arbitrador e invitarlos a terminar sus diferencias por medio de una transacción racional y amistosa.” 27 En otros términos, la práctica judicial efectiva recuperaba un atributo esencial del juez colonial que era más un “vecino inteligente” y socialmente reconocido que un juez de profesión: debía seguir actuando como “juez arbitrador” o “componedor” a través de un procedimiento verbal. Ello, sin duda, diluía las diferencias prescriptas entre justicia de Primera Instancia y justicia de paz pero estas “soluciones” no eran aplicables a las causas criminales y por ello el juez reclamaba imperiosamente que cada uno de estos tribunales tuviera un fiscal y un defensor que fueran “profesores del derecho”; de no ser así, sostenía, los jueces de campaña seguirían siendo “…como lo han sido hasta aquí como unos arquitectos que se empeñan en construir suntuosos edificios donde no hay operarios”. Pero aún aislado social y geográficamente este juez había desarrollado una idea bastante precisa de la “misión” que debían cumplir: “…ilustrar los habitantes de la campaña, acostumbrándolos poco a poco a conformar sus operaciones con las reglas invariables de la justicia y de la verdadera moral, consistiendo esta en que los miembros de una sociedad conozcan que deben vivir honestamente, no perjudicar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo, de tal modo que jamás obren por pasiones y deseos desarreglados”. 28 Desde la Villa de Luján, el juez Juan José Cernadas ofrecía un panorama semejante: los jueces tenían el cometido de propender a “la prosperidad y moralización” de la campaña pero advertía que los beneficios sólo se harían sentir “gradualmente” y “con mas lentitud en un País que como el nuestro [que] se está educando y moralizando, principalmente su campaña.” Aún así, evaluaba como satisfactorios los resultados frente a un sistema como el anterior que “tocaba la raya del escándalo”. Para Cernadas, las dificultades de accesibilidad también eran una cuestión cardinal aunque las consideraba menguadas en el nuevo régimen. Pero ¿cuán nuevo era? Cabe preguntarlo pues el mismo juez relataba los procedimientos que empleaba: como su colega Villegas aludía a que trataba de buscar “una feliz transacción” y consideraba que era “…un deber de la autoridad el promoverla para cortar las ruinosas consecuencias de un litis y las discordias entre las familias que son de tan funesta trascendencia al orden público”. Aparece así, nuevamente, la vigencia de prácticas y criterios “antiguos” desplegados por los defensores por excelencia del nuevo sistema y la necesidad que sentían de disminuir el número de pleitos que

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podían transformarse en causa de rivalidades entre las familias de cada comunidad vecinal. En otros términos, Cernadas confiaba no sólo en la necesidad imperiosa de mantener esta estructura judicial sino de reforzarla e independizarla por completo de la colaboración de los jueces de paz; tal era así que había decidido “formar por mí mismo los sumarios” en contra de lo establecido. Por último, desde Chascomús el juez Domingo Guzmán también enfatizó los beneficios de “esta institución benéfica y útil al País” mientras insistía que “solo el curso del tiempo hará conocer su importancia y valor.” Para Guzmán, a la distancia debía sumarse “la ignorancia y rusticidad y la natural apatía” de una población rural: en ella identificaba como “un dogma sancionado por la costumbre el componerse el agresor con el agredido o dañado, cualquiera que sea su crimen, sin ser mas perseguido o juzgado por los jueces ignorantes, que no lo serán menos por mas que se les designen o amplíen atribuciones”. La justicia letrada tenía, por tanto, una función superior: “En fin yo entiendo que el Gobierno por la creación de jueces de primera instancia en la campaña no solo se ha propuesto darle la protección e importancia que merece, mas también civilizarla difundiendo las luces aisladas en la Capital, hacer que prospere el País y que las que hoy son aldeas tristes, puedan ser mañana grandes ciudades, como ha sucedido en la Francia, la Inglaterra, la Alemania.” 29 Los tres jueces en sus respuestas iluminan aspectos del funcionamiento efectivo de la administración de justicia que suelen ser opacos a una observación histórica demasiado panorámica o que atienda exclusivamente a la normativa establecida. Una primera cuestión es muy clara: el reducido tamaño que el sector letrado tenía en el medio rural era una limitación prácticamente insuperable pero esta misma situación al parecer reforzaba la retórica de estos jueces que se nos presentan convencidos de estar cumpliendo una misión civilizatoria en absoluta soledad y aislamiento… Como ya hemos advertido, esta situación condicionaba muy fuertemente las modalidades que efectivamente adquirían los procedimientos judiciales pues los jueces dependían por completo de la colaboración de vecinos legos dotados de un saber consuetudinario (entre quienes se reclutaban sus supuestos auxiliares, tanto los jueces de paz como los comisarios) y esta situación no habría de resolverse con el traslado de los juzgados a la capital sino que terminaría por acrecentarse. En estas condiciones, era evidente que en el mismo entramado institucional estallaban las tensiones entre antiguas concepciones y prácticas y las nuevas que pretendían imponerse desde las máximas autoridades.

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Una segunda cuestión queda también en claro: si bien los jueces de Primera Instancia eran jueces letrados y debían administrar justicia a través de procedimientos escritos, en los cuales el imperio del saber profesional implicaba una mediación social especializada, las condiciones en que se impartía justicia hacían que la realidad judicial fuera bastante más compleja. El ideal judicial ilustrado concebía que la misión civilizatoria de los jueces debía derivar en que las disputas se resolvieran de acuerdo a las normas legales vigentes y a través de una instancia judicial. Pero el ideal social vigente advertía que los pleitos ocasionaban y agudizaban las disputas entre las personas (y, sobre todo, entre las familias) de una comunidad amenazando su “armonía”. En tales condiciones, si alguien actuaba “civilmente” y recurría con demasiada frecuencia a la Justicia corría el riesgo de ser calificado de “pleitista” y recibía una condena social. De modo semejante, a un juicio escrito se suponía que sólo tenían acceso las autoridades intervinientes y las partes involucradas: sin embargo, una lectura cuidadosa de los expedientes permite advertir que aún en las áreas rurales más alejadas buena parte del vecindario solía estar al tanto de lo que en el juicio sucedía y, más aún, que las más de las veces lo que formalmente se presentaba como una demanda individual solía esconder disputas de facciones sociales mucho más amplias. En otros términos, la actividad judicial estaba sometida a una suerte de escrutinio comunitario. En estas circunstancias, las respuestas de los jueces muestran que el ideal del “juez arbitrador” seguía manteniendo plena vigencia y sugiere que las formas “infrajudiciales” y “parajudiciales” de administrar justicia estaban en pleno vigor.30

La Villa de Luján: entre el viejo y el nuevo sistema Estas respuestas remiten tanto a las dificultades de accesibilidad a la justicia de la población rural como a las que tenía el estado para canalizar los conflictos a través del entramado institucional. Estos problemas excedían a los jueces de Primera Instancia y se referían al conjunto de las formas que había adoptado la administración judicial y estatal. En este sentido, la experiencia del Cabildo de Luján es aleccionadora y cuando se repasan los fundamentos empleados para justificar la institución de nuevos partidos dependientes puede verse que siempre remitían al “…muy copioso el número de vecinos, y otras gentes que se han colocado y poblado…” y a las “varias querellas” que “…por no tener Juez en la inmediación de sus Poblaciones se toman las mas de las ocasiones por propia mano el resarcimiento de los daños recibidos, originando de esto no pocas reyertas y quimeras de consecuencias bastan-

30 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna”, en Estudis, núm. 28, 2002, pp. 43-75.

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te funestas y casi irremediables…”, una argumentación que también empleaban los vecinos cuando solicitaban la formación de un nuevo partido.31 Esta experiencia es importante, además, porque la evidencia indica que la oposición a los jueces de Primera Instancia de campaña fue justamente muy activa en la Villa de Luján donde su implantación había significado el fin del Cabildo y la pérdida de los privilegios y jerarquía de sus vecinos. Conviene, entonces, que volvamos nuestra atención a la gestación de la decisión de suprimir los cabildos. Al respecto, como ha quedado en claro en estudios recientes, esta decisión estaba vinculada con la concepción de las autoridades provinciales sobre la conformación de un nuevo sistema político afirmado en torno a la representación y habría de acometerse después de aprobado el nuevo régimen electoral. Se trataba de la necesidad de barrer toda otra legitimidad competitiva y disolver una instancia de poder que podía ejercer mando de tropas, como había ocurrido con el Cabildo de Buenos Aires en octubre de 1820 y con el de Luján entre junio y julio de ese año. Sin embargo, al iniciarse el debate, la supresión de los cabildos no estaba planteada como única alternativa, también se consideró su reforma e incluso en los meses anteriores se había presentado un proyecto para conformar un régimen de intendencia para la provincia. En todo caso, resulta significativo que parecía haber mucho más consenso en suprimir el Cabildo de Luján que el de Buenos Aires aunque ya estaba claro que cualquiera fuera el sistema que se adoptara había acuerdo en traspasar las atribuciones judiciales de los cabildos a una nueva justicia letrada y las policiales a una nueva estructura que debía formarse.32 La notable debilidad del Cabildo de la Villa para afrontar el nuevo contexto queda en claro aún más si se considera que el proyecto gubernamental de supresión invocaba como uno de sus fundamentos una representación que habían elevado 160 vecinos solicitándola,33 tal como había sucedido en 1813 cuando el Gobierno revolucionario dispuso la intervención del Cabildo. El Cabildo había quedado muy golpeado después de haber sostenido dos proyectos derrotados durante la crisis de 1820 como fueron la consagración de Soler y de Alvear como gobernadores y haber

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AHEZ, Cuadernos copiadores del Libro de Acuerdos del Cabildo de la Villa de Luján. DI MEGLIO, Gabriel ¡Viva el Bajo Pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el Rosismo, Prometeo, Buenos Aires, 2006, cap. IV. HERRERO, Fabián “Un golpe de estado en Buenos Aires durante octubre de 1820”, en Anuario IEHS, núm. 18, Tandil, 2003, pp. 67-86. HERAS, Carlos La supresión del Cabildo de Buenos Aires, Imprenta Coni, Buenos Aires, 1925; SÁENZ VALIENTE, José M. Bajo la campana del Cabildo. Organización y funcionamiento del cabildo de Buenos Aires después de la Revolución de mayo (1810-1821), Kraft, Buenos Aires, 1950. TERNAVASIO, Marcela “La supresión del cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 21, 2000, pp. 33-74 y “Entre el cabildo colonial y el municipio moderno: los juzgados de paz de campaña de Buenos Aires, 1821-1854”, en BELLINGERI, Marco –coordinador– Dinámicas de antiguo régimen y orden constitucional. Representación, justicia y administración en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX, Otto editores, Torino, 2000, pp. 295-336. 33 UDAONDO, Enrique Reseña Histórica de la Villa de Luján, s/e, Luján, 1939, pp. 132-133. 32

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dado curso a la aspiración de conformar una junta de los pueblos libres bajo el amparo del ejército federal.34 Tampoco debe haber sido casual que en la zona que había sido la jurisdicción del cuerpo capitular fueron especialmente agudos los cuestionamientos a las autoridades locales en estos años.35 Los vecinos de la Villa de Luján habían perdido la jurisdicción sobre la población de sus territorios dependientes, algunos de los cuales eran partidos de antigua colonización como Pilar, Capilla del Señor y San Antonio de Areco y otros que se habían formado en los últimos años en la frontera, como Guardia de Luján, Fortín de Areco y Navarro. En rigor, la afirmación de la jurisdicción de este Cabildo formado en 1756 había estado en permanente cuestión ante todo por el duro conflicto que mantuvo con el Cabildo porteño (y que derivó en su cierre transitorio entre 1784 y 1786) pero también por las disputas jurisdiccionales que debió afrontar con el resto de las autoridades, el Virrey, los comandantes de frontera o el mismo gobierno revolucionario durante la década de 1810. En estas condiciones, no extraña que en esta zona obtuvieran importantes adhesiones las tendencias confederacionistas contra la capital en 1816 y en 1820.36 Pero, además, la elite de la Villa no sólo disputaba con las autoridades superiores y sus emisarios en la campaña sino que también debía bregar por la obediencia de sus subalternos y para el Cabildo de Luján había sido muy dificultoso afirmar su autoridad frente a los alcaldes de Hermandad que estaban a cargo de los nuevos partidos que se habían ido formando en la frontera. De este modo, la supresión del Cabildo significó la autonomización de estos partidos de su débil cabecera, la transformación de autoridades subalternas en principales y, por consiguiente, abrió intensas disputas por el poder local. En estas condiciones, para una parte de la elite local al menos desembarazarse de una instancia de poder como era el Juzgado de Primera Instancia, si bien no compensaba la autoridad perdida, resultaba un paliativo imperioso. ¿Qué estaba en discusión? La competencia jurisdiccional y la rivalidad entre jueces de paz y jueces de Primera Instancia expresaba la disímil naturaleza social de ambas instituciones. Los Juzgados de Paz se habían convertido en las instancias claves para el ejercicio del poder político local. De su control dependía la preeminencia de cada facción y su margen de autonomía. Pero los jueces no se elegían a través de elecciones, ni siquiera de las restringidas con que antes se designaban los miembros del cuerpo capitular. El acceso al cargo, por lo tanto, dependía de otro modo de acción política: la capacidad de cada facción para movilizar sus allegados y cliente-

34 CHIARAMONTE, José C. Ciudades, Provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846), Ariel, Buenos Aires, 1997, pp. 430-431. 35 FRADKIN, Raúl O. “Disputas por el poder en los pueblos del oeste bonaerense en la década de 1820”, en II Jornadas de Historia Regional, Luján, 24 y 25 de noviembre de 2006. 36 HERRERO, Fabián “Buenos Aires año 1816. Una tendencia confederacionista”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 3ª serie, núm. 12, Buenos Aires, 1995, pp. 7-32.

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las en el partido y para articularse con las redes de poder en la capital. Y la sustentabilidad de ese poder estaba directamente vinculada con su capacidad para mediar entre las demandas y expectativas que la población del partido y las exigencias del gobierno. En este sentido, en su respuesta el juez Cernadas había sostenido que antes de que el Tribunal Supremo hiciera conocer su parecer desfavorable a la permanencia de los jueces letrados de campaña “…ya corría públicamente en esta Villa que los puebleros Jueces de 1ª Instancia iban a quitarse y quedar únicamente jueces de paz, hijos de ella”. La denuncia es ilustrativa de las tensiones y rechazos que había en las comunidades vecinales hacia estos jueces extraños al medio que, no casualmente, eran sindicados como “puebleros” y su contraposición a los jueces de paz considerados por la comunidad como “hijos de ella”. Al fundamentar su denuncia el juez aludió a “…que para ello trabajaba el Juez de Paz de esta villa dn. Gerónimo Colman, ya finado, con el famoso Dn. Manuel Montiel, con quien se había unido al efecto a pesar de ser enemigos desde tiempo atrás. Datos positivos tenía para dar asenso a esta noticia mas la remití al desprecio.” En otros términos, la discusión sobre el futuro de la justicia rural lejos estaba de quedar circunscripta a las instancias judiciales, a las máximas autoridades o a la opinión pública urbana y parece haber movilizado a los pueblos y vecinos de la campaña, como vimos en otros casos. Ello no es extraño si se considera que en el plano local justicia y gobierno eran una misma y única cosa. Pero el juez apunta algo más que reafirma lo que venimos señalando: “…el estado de la campaña exige necesariamente que en ella haya una autoridad más circunspecta y respetable que la de los Jueces de Paz que por sus relaciones de amistad y parentesco en sus partidos jamás pueden revestidos de aquella imparcialidad que tan justamente se requiere”. Otras eran las expectativas del Gobierno, como lo mostraba en marzo de 1825 una circular que enviaba a todos los jueces de paz de la campaña: “La administración de justicia en la campaña ha quedado toda en manos de sus propios vecinos, y su zelo debe suplir a cuanto es indispensable para la corrección y castigo de los crímenes, como también para que la civilización del país adelante, la cual es el mejor correctivo de las costumbres, y el medio más poderoso de prosperidad. Si los jueces de paz a quienes en la campaña están hoy encargadas tan nobles funciones no consagran a ellas todos sus esfuerzos, nada valdrán ni las leyes que se sancionen, ni los reglamentos que se dicten.” 37

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Manuel José García, “Circular a los jueces de paz de campaña”, AGN- Criminales, M-2.

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Pero volvamos a los denunciados de la Villa de Luján: se nos presenta una típica imagen de la lucha política pueblerina, dos cabezas de facciones rivales –el finado juez de paz don Gregorio Colman y don Manuel Montiel– ahora aparecen unidos en la común oposición al Juez de Primera Instancia. ¿Qué sabemos de ellos? Colman pertenecía a un linaje familiar con largo arraigo y notable influencia en la zona cuyos miembros fueron destacados protagonistas de las milicias locales y del Cabildo.38 Esta influencia se debía en buena medida a los lazos de parentesco que los Colman habían logrado entablar con otros linajes influyentes como los Santana, Albarez, Irrazábal, de la Riba y Lobo Sarmiento que, como ellos, ocuparon posiciones claves en el Cabildo y en las milicias y extendían su influencia a otros poblados cercanos como Navarro. Hacia 1813, en el último padrón disponible aparecen listados varios cabezas de familia, todos ellos calificados de labradores aunque eran también propietarios de tierras, ganados y esclavos y, a juzgar por la ubicación en este listado, algunos residían en el centro de la Villa. Eran hombres de dos generaciones, casi todos oriundos de la Villa; algunas de las unidades censales que encabezaban eran mucho más numerosas de lo que era habitual y contaban con varios esclavos. Se trataba, sin duda, de un linaje de la elite local que había tenido a su cargo la administración de la justicia capitular. Su competidor y circunstancial aliado, Manuel Montiel, era el único “maestro de letras” de la Villa: había nacido en Buenos Aires y para 1813 tenía veintiocho años y estaba casado. Los Montiel, en cambio, eran un linaje menos importante y probablemente más nuevo en la zona: al parecer en su mayor parte eran migrantes recientes, no habían ocupado puestos destacados en el Cabildo, la red familiar era menos extensa y sustancialmente menos prominente que la de los Colman.39 Estamos frente a dos miembros de la elite local y su reducido sector letrado al que sólo podemos adscribir a Montiel en plenitud. Se trataba de un rasgo característico no sólo de la Villa de Luján sino de toda la campaña,40 una circunstancia que

38 En 1787 el alférez y luego capitán Miguel Jerónimo Colman se había desempeñado como Alguacil Mayor del cuerpo capitular, en 1791 y 1803 como Alcalde Ordinario y en 1797 como Regidor Decano. Hacia 1799 su hermano el capitán Bonifacio Colman fue Alguacil Mayor y en 1811, 1816 y 1818 se desempeñó como Alcalde Ordinario. Otro, el capitán José Jerónimo Colman llegó a estar al frente del regimiento de caballería de milicias en 1803 y también fue Alcalde Ordinario en 1815 y sus hijos, Matías y Gregorio, integraron el Cabildo en 1817 y 1818 como regidores. El predicamento de los Colman se extendía al pueblo subalterno de Navarro, al que había representado Pedro Pablo Colman en 1820 como diputado. 39 Nicolás Montiel era un viudo de 68 años oriundo de Buenos Aires, se desempeñaba como dependiente y encabezaba una unidad censal de seis integrantes, tres de ellos criados. Gregorio Montiel tenía 63 años, estaba casado y era un labrador que había nacido en Luján y encabezaba una unidad de siete miembros. Don Antonio Montiel tenía 38 años, nació en Buenos Aires, era labrador y su unidad censal contaba con seis integrantes. 40 Aunque no disponemos de datos precisos para la década de 1820, conviene recordar que en los padrones de campaña de 1813-15 aparecen registrados tan solo veintitrés individuos en ocupaciones de administración y gobierno y los notarios no parecen haber sido más que cinco. Apenas algo mayor (treinta individuos) eran los maestros y preceptores empadronados, menos aún los que practicaban la medici-

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debe haber acrecentado la sensación de notable aislamiento social que imperaba entre esos jueces y que otorgó rasgos específicos a las relaciones entre estado y sociedad. Y ni siquiera en ellos parece que tuvieron apoyo efectivo. No eran un sector demasiado amplio en esta Villa, sede del único Cabildo de la campaña, y entre ellos era notorio el predominio de aquellos que no eran “hijos de la Villa” y varios europeos.41 Los Colman o los Montiel no eran, por cierto, los únicos linajes políticamente importantes: para no abundar en demasía conviene mencionar sólo a los Aguirre, Estanislao Aguirre fue regidor del Cabildo en 1800 y 1810 y alcalde ordinario en 1812. Más importante fue Salvador Aguirre, uno de los escasos pulperos nativos, que fue alcalde ordinario en 1818, 1819 y 1820, mientras que José Estanislao Aguirre era regidor en 1820.42 Quizás también habría que nombrar a los Aparicio y en especial a Francisco, que en 1813 tenía 65 años, casado, labrador y tenía una unidad censal de diez miembros con cuatro esclavos.43 Posteriormente las cosas no cambiaron mucho:44 Jerónimo Colman fue designado Juez de Paz en 1822 y 1823 mientras que Pedro Pablo Colman (diputado por na (catorce individuos) y no demasiados los componentes del clero (49 individuos). GIHRR “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir de las categorías ocupacionales”, en FRADKIN, Raúl y GARAVAGLIA, Juan Carlos –editores– En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865, Prometeo, Buenos Aires, 2004, p. 36. 41 Entre los escasos miembros del sector letrado de la Villa habría que incluir además a Domingo Magueda, administrador de correos y natural de Buenos Aires; a José de la Fuente, cantor y natural de la Villa; a Lázaro Bogarín, preceptor y natural de Paraguay; a Luis Senrra, médico y natural de Galicia; a Luis Beltrán Senrra, probablemente hijo del anterior, practicante y natural de la Villa; a Pedro Espejo, médico y natural de Galicia y José de Crespo, cura y vicario, natural de Santa Fe y a quienes los acompañaban en la misma unidad: el sacristán Diniosio Millán, el presbítero Marcos Cano, el sacerdote Antonio Sáenz, el religioso franciscano Francisco Castañeda (todos naturales de Buenos Aires) y el religioso agustino Juan Moreno, natural de Murcia. Si siendo muy amplios en nuestra clasificación incluyéramos en este estrato a los diecisiete pulperos empadronados veríamos que sólo tres eran oriundos de la Villa y cinco eran europeos. 42 LEVENE, Ricardo La anarquía de 1820 y la iniciación de la vida pública de Rosas, Unión de Editores Latinos, Buenos Aires, 1954, pp. 236-237. 43 MARQUIEGUI, Dedier Norberto Estancia y poder político en un partido de la campaña bonaerense (Luján, 1750-1821), Biblos, Buenos Aires, 1990, pp. 29, 39 y 72. Hacia 1813 José Gregorio Colman, natural de Luján, tenía 58 años, era viudo, catalogado como labrador y encabeza la tercera unidad censal de la Villa compuesta de otros catorce miembros, entre ellos once criados, uno sólo de los cuales era libre. Bonifacio Colman, por su parte, encabezaba otra: era también un labrador, casado, de cincuenta años y natural de la Villa: su unidad censal contenía catorce miembros de los cuales seis eran esclavos y tres peones libres. Una tercer unidad estaba encabezada por José Teodoro Colman, casado, de treinta años y también labrador: su unidad tenía seis miembros de los cuales uno era esclavo y otro un indio peón. Manuel Colman, por su parte, era un hombre de 59 años, casado, labrador y encabezaba una unidad de siete miembros con una esclava. Don Juan León Colman, era labrador, tenía 63 años, estaba casado y encabezaba una unidad de quince miembros. Gregorio Colman, tenía 32 años, era labrador, estaba casado y su unidad se componía de ocho miembros, tres de los cuales eran criados. Estanislao Aguirre tenía 36 años, casado, tratante y tenía una unidad de ocho miembros con una criada. Salvador Aguirre tenía treinta años, casado, pulpero y tenía una unidad de seis miembros. Francisco Aparicio tenía 65 años, casado, labrador y tenía una unidad censal de diez miembros con cuatro esclavos. 44 UDAONDO, Enrique Reseña Histórica…, cit., pp. 261-265.

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Navarro en 1820) lo fue de Luján en 1825. Es decir, parece clara la preeminencia política local de los Colman durante los años que gobernó el “partido del orden”. En cambio, Salvador Aguirre ocupó este cargo en 1829, 1830, 1831 y luego en 1835 y 1837: es decir, el encumbramiento definitivo de este activo protagonista de los intentos autonomistas de la villa en 1820 se dio en los momentos en que Rosas se hizo del gobierno provincial. Sin embargo, esta preeminencia no se mantuvo: Francisco Aparicio, integrante de un antiguo e influyente linaje de la Villa, fue el juez de paz del partido ininterrumpidamente entre 1838 y 1846.45 Lo que esta evidencia sugiere –y ratifica lo que han demostrado otros estudios–46 es que el ejercicio de la autoridad institucional estaba mediado por la existencia de poderes informales en los cuales debían apoyarse los gobernantes para construir la implantación del estado en el medio social rural. Estos entramados comunitarios estaban sometidos a intensas rivalidades faccionales a través de las cuales los linajes locales luchaban por la preeminencia y para ello establecían alianzas con las autoridades superiores. En buena medida, la transformación institucional había modificado más los canales de la lucha política del antiguo régimen que su misma lógica y sus protagonistas.

Conclusiones: justicia, gobierno y sociedad rural en los orígenes del Estado de Buenos Aires Para el gobierno de la campaña las autoridades disponían de tres dispositivos institucionales heredados del régimen colonial pero perfeccionados durante el proceso revolucionario. En primer lugar, la Comandancia de Fronteras que desde 1780 tenía su asiento en la Guardia de Luján y que ejercía el mando sobre las reducidas unidades veteranas de los fuertes de la frontera y, especialmente, sobre los regimientos milicianos de caballería de campaña. En segundo término, desde 1812 se habían reconstituido las funciones de un Gobernador Intendente que desde 1815 se desempeñaba exclusivamente sobre el territorio bonaerense concentrándose en tareas de policía de campaña, para lo cual contaba con una dotación móvil harto reducida. En tercer término, disponía de un número cada vez mayor de alcaldes de Hermandad reclutados entre los principales vecinos de cada distrito y que si bien eran designados por los cabildos de Buenos Aires y Luján estaban cada vez más subordinados a los requerimientos del gobierno superior: ellos eran a la vez emisarios del gobierno y portavoces de sus comunidades y tenían a su cargo tanto el gobierno y la justicia

45 Hacia 1813 Francisco Aparicio de 65 años, casado y oriundo de Buenos Aires era empadronado como labrador y encabezaba una unidad censal de diez miembros con cuatro criados y cuatro peones. 46 MATEO, José Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX, UNMDP/GIHRR, Mar del Plata, 2001. GARAVAGLIA, Juan Carlos “Los Martínez: la complejidad de las lealtades políticas de una red familiar en el Areco rosista”, en Poder, conflicto…, cit., pp. 189-202.

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local como la clasificación de los pobladores para exigirles el cumplimiento de los servicios milicianos o destinarlos al contingente. Es decir, la capacidad efectiva para gobernar la campaña dependía notoriamente del consenso y la colaboración de los núcleos de vecinos y suponía una construcción estatal asentada en una negociación casi permanente con ellos. Pero esta organización no resultaba suficiente y a comienzos de 1819 el Directorio intentó reformularla creando una Delegación Directorial, un traspaso de funciones destinado a conformar una suerte de gobierno especial que desde la Villa de Luján venía a fungir como máxima autoridad rural y que respondía a las crecientes necesidades de orden, seguridad y defensa que imponía la guerra en Santa Fe. La constitución de la Delegación Directorial traslucía una concepción de someter la campaña entera a una autoridad militar que habría de reforzarse meses después con la organización de tres departamentos militares. Pero se trató de un intento fallido y la crisis política y social de 1820 vino a poner en evidencia la imperiosa necesidad de construir un nuevo y efectivo gobierno de la campaña. La Justicia de Paz, la Justicia de Primera Instancia y las Comisarías fueron las tres instituciones nuevas que irrumpieron en el escenario y que tuvieron muy diferente grado de consolidación y de implantación efectiva. Las tres componían un triángulo institucional recorrido por fuertes tensiones, disputas y conflictos. Eran tres instituciones que expresaban modos de relación diferentes entre el estado y la sociedad. Debe recordarse que el criterio orientador para seleccionar los jueces de paz era que debían formar parte de la comunidad que iban a gobernar mientras que, por el contrario, los comisarios y los jueces de Primera Instancia debían ser “extraños” a ella, aunque la experiencia mostró que no pudo ser así para los primeros. Los jueces de paz no sólo eran vecinos legos sin remuneración sino que su capacidad de acción estaba sometida a restricciones sociales en la medida que eran, a un mismo tiempo, emisarios del poder central y portavoces de los vecinos de su jurisdicción. Los jueces de Primera Instancia eran profesionales del Derecho, disponían de un saber especializado, integraban una burocracia y si bien residían en la cabecera del departamento, éste era una mera organización administrativa que abarcaba diversos partidos, no una comunidad vecinal como de algún modo era el partido. Eran, sin duda, una rama precaria, pero una rama al fin, del estado. Los comisarios, por su parte, pueden ser vistos quizás como el embrión más consistente de una burocracia estatal rural: eran rentados, seleccionados en su mayoría entre quienes tenían experiencia militar, ejercían una jurisdicción sobre varios partidos y el Gobierno buscaba que no tuvieran una sede fija de actuación sino una constante movilidad, aunque pocas veces lo lograba; expresaban una forma de poner en marcha la formación de una agencia institucional coercitiva destinada a la seguridad y diferenciada de las fuerzas militares y milicianas de defensa. La conclusión que puede extraerse es que de las tres instituciones, la Justicia de Paz (la menos estatal y la más imbricada con el entramado social rural) resultó la más exitosa y perdurable implantación en la sociedad rural. Estas trayectorias y éxitos diferenciales iluminan con bastante precisión la naturaleza del estado en forma-

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ción. Incluso más, los comisarios parece que primero fueron absorbidos por el entramado social local y luego terminaron por ser fusionados con los jueces de paz. Se trataba, por tanto, de una solución que resultaba de múltiples transacciones: entre las pretensiones oficiales y la dura realidad, entre tendencias y concepciones antiguas y otras más novedosas y entre los objetivos gubernamentales y el entramado social local. Con ella el gobierno podía establecer un sistema de control más directo pero firmemente asentado en poderes locales socialmente construidos y le permitía la construcción de una red de poder con profundas ramificaciones locales y con marcado carácter policial sin generar una burocracia profesional centralizada aunque convertía a los jueces de paz en personal remunerado, dotado de subalternos y una partida armada. Era una transacción desigual pero una transacción al fin y no extraña, por tanto, que en esta segunda fase de su historia la duración de los jueces de paz en sus funciones se acrecentara notablemente.47 El nuevo estado emergía, así, en el plano local sin una distinción clara entre gobierno y justicia y menos entre justicia y policía y este sería un legado perdurable. El escaso y reducido segmento social letrado en que podría haberse apoyado esa construcción –acrecentado aún más por el declinante número de sacerdotes–48 debe haber sido parte sustancial de este resultado.

47 GELMAN, Jorge “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 21, 2000, pp. 7-32. 48 BARRAL, María Elena “Las parroquias rurales de Buenos Aires entre 1730 y 1820”, en Andes. Antropología e Historia, núm. 15, 2004, pp. 19-53 y “Parroquias rurales, clero y población en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX”, en Anuario IEHS, núm. 19, Tandil, 2005, pp. 359-389.

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Los hombres que administran la justicia local La persistencia de la notabilidad en el Oriente entrerriano (1841-1853)1 Griselda Elisa Pressel

Introducción La primera mitad del siglo XIX en el espacio rioplatense marca el tránsito entre el orden colonial y el orden estatal moderno. En este proceso no estuvo ausente la construcción de una nueva estructura judicial según los basamentos de la Ilustración, el pacto social y la ley positiva.2 Dentro de este marco, el análisis de los cambios operados en el ordenamiento institucional y normativo de la Justicia en el territorio entrerriano entre 1820 y 1850,3 eje de una ponencia anterior, permitió observar que a pesar de las innovaciones enunciadas en los Reglamentos de administración de justicia de 1822 y 1849, en general permanecieron vigentes funcionarios y prácticas provenientes de la época colonial. Nos ocuparemos del ámbito rural entrerriano, en especial el llamado Oriente, indagando más allá de las funciones de los agentes de justicia rurales, con el objetivo de reconstruir el perfil medio de quienes accedieron a dichos cargos y la inserción en la comunidad donde ejercieron su poder; esto ayudará en futuras investigaciones a leer la dinámica de las relaciones sociales mediante las causas que tuvieron a cargo. En primer lugar podemos decir que como agentes directos del accionar en la campaña se desempeñaron los jueces comisionados; si bien la denominación se utiliza a partir de la época posrevolucionaria, siguieron cumpliendo las funciones de los jueces pedáneos de la época colonial. 1 Este trabajo se inició en la investigación llevada a cabo en la tesina de Licenciatura en Historia en la UNL, dirigida por la Dra. Teresa Suárez a quien agradezco sus observaciones, críticas y aportes. 2 Cfr. BARRAL, María Elena; FRADKIN, Raúl y PERRI, Gladys “¿Quiénes son los ‘perjudiciales’? Concepciones jurídicas, producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-1830)”, en Claroscuro, núm. 2, CEDCU, Rosario, UNR, 2002, pp. 75-111. 3 PRESSEL, Griselda “Construcción de la Justicia entrerriana en la primera mitad del siglo XIX”, en X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Rosario, 2005. Agradezco las acertadas sugerencias e innovadores puntos de vista de Juan Manuel Palacio y Darío Barriera.

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La selección del área de estudio no es aleatoria: es la región de origen de Justo José de Urquiza donde desempeñándose como Comandante General del Segundo Departamento Principal, antes de liderar la provincia entre 1841 y 1870, consolidó sus redes de poder a través de la designación de mandos medios subalternos y de la formación de sociedades económicas con los notables del lugar (que luego fueron funcionarios en distintas líneas en sus gobernaciones). En su segundo período se dictó una de las principales innovaciones modernizadoras, el Reglamento de Administración de Justicia de 1849, capitalizando y convirtiendo en ley una iniciativa de la gobernación de Pascual Echagüe de 1836. La búsqueda de producciones historiográficas mostró una vacancia en el tratamiento de este tema en el contexto entrerriano; sólo se encontraron dos publicaciones específicas, cuya importancia radica en el aporte de datos en relación con la evolución de la estructura judicial,4 pero no se han hallado trabajos específicos acerca de la conflictividad, actores y dinámica en la práctica de la Justicia. Por el contrario, es de destacar la importante producción en otros espacios como el bonaerense, el santafesino, el tucumano, el cordobés, tanto en el período colonial como para el siglo XIX.5 Mediante el análisis de diversas fuentes del período 1841-1853 –como las listas de jueces, los registros de contribuyentes provinciales, los censos y los sumarios judiciales– se pretende reconstruir el perfil de los agentes medios que atendieron la justicia rural, sus conexiones con la comunidad que administraban y con los inmediatos superiores que residían en las ciudades, los Alcaldes Mayores y Jueces de Paz, antes o después de 1849.6 4 Cfr. LEVAGGI, Abelardo Orígenes de la Codificación Argentina: Los Reglamentos de Administración de Justicia, Univ. Del Museo Social Argentino, Buenos Aires, 1995, cap. VII; IBÁÑEZ, Elsa Los Tribunales Federales en Entre Ríos, Imp. Colegio de Abogados de Entre Ríos, Paraná, 1974. 5 GARCÍA BELSUNCE, César Buenos Aires 1800-1830. Salud y delito, Ediciones del Banco Internacional y Banco Unido de Inversión, Buenos Aires, 1997; GARAVAGLIA, Juan Carlos Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Homo Sapiens, Rosario, 1999; TAU ANZOÁTEGUI, Víctor La Ley en América Hispana, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1992; DÍAZ, Benito “Organización de la justicia de campaña de la Provincia de Buenos Aires (1821-1824)”, en Trabajos y comunicaciones, núm. 4, Univ. de La Plata, 1954, pp. 39-54; ROMANO, Silvia “Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces de la campaña cordobesa en las primeras décadas del siglo XIX y la construcción del estado provincial autónomo”, en HERRERO, Fabián –compilador– Revolución. Política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2004, pp. 167-200; ALESSANDRONI, Gabriela y RUSTAN, María “La aplicación de la justicia en la campaña. Córdoba, 1785-1790”, en Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, núm. 4, CIFFyH, UNC, 2001, pp. 11-37; PUNTA, Ana Inés “Legislación y mecanismos formales de la aplicación de la justicia en Córdoba del Tucumán durante la primera Gobernación Intendencia (1783-1797)”, en Claroscuro, Año 3, núm. III, T. II, Rosario, 2003, pp. 207-237; “Historia y Antropología Jurídicas”, Prohistoria, Año V, núm. 5, Rosario, 2001; DOMININO CRESPO, Darío Escándalo y delitos de la gente plebe. Córdoba a fines del siglo XVIII, Ed. FFyH, Córdoba, 2007, cap. 2, pp.117-164. 6 Documentación en el Archivo General de Entre Ríos, Paraná (en adelante AGER), Serie VII Fondo Estadística, carp. núm. 1 (1823-1844) censo provincial de 1844; carp. núm. 4 (1849) censo provincial de 1849; Contribuyentes de la Provincia (1840-1855); División de Hacienda Serie IX, Subserie A, documentación relacionada con la administración judicial (1843-1853); Subserie D, causas criminales carp. 5 (1835-

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El Oriente entrerriano La sociedad de la campaña entrerriana, integrada en la rioplatense, era compleja y dinámica. Convivían pastores, labradores, medianos y pequeños propietarios, arrendatarios, ocupantes de tierras fiscales o intrusadas, agregados, puesteros, peones y esclavos. Todos ellos conformaban la mano de obra, tanto cuando se solidarizaban con sus pares como cuando se conchababan como peones en los grandes establecimientos, según las demandas de cada momento. La economía entrerriana era eminentemente rural, los datos censales de 1849 así lo corroboran: el 62% de la población residía en la campaña, mientras que el restante 38% se distribuía en una docena de centros urbanos de los que sólo la mitad sobrepasaba el millar de almas. En el período posrevolucionario se incrementó el número de la población de 26.749 en 1824 a 45.719 para 1849, debido a la continua llegada de inmigrantes, especialmente de las zonas fronterizas, ya sea por razones políticas o económicas, dinamizando con ello la estructura de la sociedad. El Oriente entrerriano se ubica sobre el río Uruguay,7 constituyendo un espacio donde –hacia la década de 1840– se consolidaron importantes circuitos comerciales con Brasil, la Banda Oriental y Buenos Aires en el ámbito del Río de La Plata; la yerba mate, el tabaco, el azúcar y los cereales eran los artículos básicos del intercambio.8 También se destacó el comercio de ultramar, centrado en los productos pecuarios, que permitió una intensa actividad de interrelación económico-social constituyendo, de hecho, a la región del Uruguay en una unidad diferenciada de la margen del Paraná. En la región podemos señalar un área vieja con epicentro en los pueblos de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, fundados por Tomás de Rocamora hacia 1783. Este último se destacaba por contar con un grupo dirigente dueño de extensas estancias, con importante número de ganado, saladeros, puestos de vapor y la infraestructura necesaria para comercializar el usufructo a distintos puertos americanos y europeos. La población masculina en la campaña tenía un índice positivo de masculinidad del 123%, 1.361 mujeres y 1.675 varones; esta diferencia da cuenta de la actividad de los saladeros –como el Buena Esperanza que contaba con 191 trabajadores– y del acantonamiento de las tropas en el campamento de Arroyo Grande.9 1845), carp. 6 (1846-1854); Subserie E, causas civiles carp. 5 (1841-1847), carp. 6 (1848-1852), carp. 7 (18531865); Recopilación de Leyes, Decretos y Acuerdos de la Provincia de Entre Ríos desde 1821 a 1873 (en adelante RLDADER) IV, V, VI, Uruguay, La voz del pueblo, 1875. 7 Esta denominación es utilizada por POENITZ, Erich “Inmigrantes ovejeros y labradores en el desarrollo del Oriente Entrerriano”, en Cuadernos de estudios regionales, núm. 8, IRICyT, Concordia, 1984, p. 7; señala como integrantes a los actuales territorios de Federación, Concordia, Colón, Uruguay y Gualeguaychú. 8 POENITZ, Erich “La ruta oriental de la yerba. Navegación y comercio en el Alto río Uruguay”, en Cuadernos de Estudios Regionales, núm 1, IRICyT, Concordia, 1981. 9 EGUIGUREN, S. R. “El Departamento de Concepción del Uruguay (E.R.) en el censo de 1849”, en Cuadernos de Estudios Regionales, núm. 7, IRDICyT, Concordia, 1983.

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Este tipo de relación no puede establecerse en Gualeguaychú, ya que los registros del censo de 1849 están incompletos (faltan los del primer distrito); a pesar de ello, se puede observar la preeminencia de la actividad ganadera –identificándose 168 hacendados y 273 jornaleros– y que el índice de masculinidad es visiblemente negativo: 576 varones adultos y 872 mujeres adultas, podríamos suponer que como consecuencia de las guerras.10 Otra área que podemos identificar es la Schmit denomina como los pueblos nuevos,11 correspondientes al noreste de Concordia y de Federación, originariamente estancias comunitarias del pueblo misionero de Yapeyú que se encontraban casi despobladas hasta 1820, pero que luego fueron ocupadas en forma más estable y continua. En cuanto a la composición de la población y guiándonos por los estudios censales, podemos constatar que hacia mediados del siglo XIX en Concordia había una gran diversidad de medianos y pequeños productores rurales y de comerciantes; la Villa representaba un gran centro urbano para la zona, concentrando el 34% del total de la población del departamento, 1.255 de un total de 3.634 habitantes. A su vez, en la zona de Federación la población estaba establecida en la campaña, la Villa sólo representaba el 2% de la población urbana del departamento, contando con 171 residentes. La campaña representaba el centro de la actividad económica y estaba compuesta, en su mayoría, por labradores-pastores, con una importante presencia de familias correntinas y misioneras12 que sobrevivían precariamente ocupando tierras fiscales donde la mano de obra era familiar. A partir del muestreo podemos concluir que la sociedad entrerriana se estaba redefiniendo, paralelamente al Estado y los marcos normativos, en un proceso donde los cambios, las adopciones y las permanencias se hicieron visibles a lo largo del siglo XIX. En este contexto, la modernización alcanzó las esferas de lo público y lo privado; los vínculos entre el sistema político y la sociedad estuvieron atravesados por la consigna del establecimiento del orden, de la acción del Estado en el disciplinamiento social.13 Este planteo es uno de los puntos clave del gobierno de Justo José de Urquiza, sustentado por leyes, decretos y otras normativas que combatían los malos hábitos –como la vagancia, los juegos de azar y las pulperías, centro de diversiones nocivas– dirigidas especialmente para el espacio rural.

10 EGUIGUREN, S. R. “Evolución de Gualeguaychú a través del censo de los censos .1783/18492”, en Cuadernos de Estudios Regionales, núm. 6, IRDICyT, Concordia, 1983. 11 SCHMIT, Roberto Ruina y resurrección en tiempos de guerra, Prometeo, Buenos Aires, 2004, cap. 3, pp. 37-69. 12 Sobre la temática ver “Correntinos y misioneros en el norte entrerriano según el censo de 1849”, en Cuadernos de Estudios Regionales, núm. 8, Concordia, IRDICyT, 1984. 13 Cfr. PRESSEL, Griselda “Regulación sobre vagos y malentretenidos en el microespacio entrerriano en la primera mitad del siglo XIX”, ponencia IV Congreso Nacional de Historia de Entre Ríos, 19 al 21 de octubre de 2001.

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El ámbito rural tomó así una importancia vital en el proyecto modernizador e integrador; todos los habitantes debían actuar en el marco de la Ley, que contenía implícitamente los principios de la civilización. La justicia se materializa en forma inmediata a través de sus agentes, los jueces comisionados o alcaldes de campaña y en forma mediata superior en las figuras de los alcaldes de Hermandad, los alcaldes mayores o jueces de paz según sea antes o después de la Reforma de 1849. Sobre ellos pondremos nuestra mirada en las próximas líneas.

¿Quiénes eran los funcionarios judiciales de la campaña? Como lo anticipamos, los agentes directos del accionar judicial en el ámbito rural fueron los jueces comisionados hasta la Reforma de 1849, luego denominados alcaldes de campaña. Estos tenían la particularidad, dentro de sus atribuciones, de atender ciertas funciones judiciales al mismo tiempo que realizaban tareas netamente policiales. Esta situación derivó en que prestaran obediencia tanto al juez de paz (en lo judicial) como al comandante (militar y político). Estos agentes de la baja justicia rural, como denomina Garavaglia a sus homónimos bonaerenses,14 cumplían las funciones de los jueces pedáneos de la época colonial y eran los encargados de mantener el orden. En esta función atendían verbalmente toda demanda cuyo valor no superara los veinticinco pesos, intentando previamente la conciliación de las partes. Si no había acuerdo, con la debida información sumaria, elevaban el caso al juez de paz. Como autoridad, el Juez Comisionado o Alcalde de Campaña tenía el privilegio de estar armado; recorría su jurisdicción acompañado con los hombres de su partida, también armados, cuidando la zona, vigilando que no se alojara persona extraña sin su conocimiento, requiriendo a los vecinos información sobre la llegada a su casa de algún transeúnte –ocultarlo constituía una falta al orden. Era también su responsabilidad detener a quienes no hubieran acudido al llamado del ejército; en caso de licencia, el individuo debía mostrar su permiso, sin el cual se encontraría en infracción. Perseguía a los desertores y a los vagos, como también recogía las armas, útiles de guerra y caballos que pertenecían al Estado y estuvieran en manos de particulares. Si bien no podía autorizar el traslado de ganado, sí podía dar permiso para faenar con el objeto de abastecer a la población; además, debía velar por el cumplimiento de las normativas emanadas del gobierno que prohibían las pulperías ambulantes y las que se organizaban en casas particulares, salvo las que se autorizaban por motivos especiales –como desabastecimiento– con la condición de no expender bebidas espirituosas. La diversión se encontraba bajo su control y consen-

14 GARAVAGLIA, Juan Carlos “La justicia rural en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX (estructura, funciones y poderes locales)”, en Poder, conflicto…, cit., pp. 89-121.

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timiento pues autorizaba las reuniones, bailes y juegos permitidos en el vecindario, siendo su responsabilidad el que todo se desarrollara en orden y con decencia. También tenía facultades como Juez de Pobres y Menores al prestar auxilio a las familias cuyos integrantes se encontraran sirviendo a la patria, a los huérfanos y viudas. En caso de incidentes mayores, como fuga de reos o bandas de salteadores, lo comunicaba al Comandante quien determinaba los pasos a seguir.15 Las amplias facultades de estos funcionarios de campaña hicieron que estuvieran sometidos a la autoridad tanto del Juez de Paz como a la del Comandante; esta ambigüedad resultó compleja y no pocas veces suscitó conflictos donde intervino el gobierno central para su resolución. Las quejas llegan hasta nosotros a través de cartas como la enviada por el juez comisionado de Arroyo Grande D. Rufino Falcón al alcalde de Hermandad Don Isidoro Pérez donde expone que: “…el encargado de la fuerza del Departamento D. Miguel Quinteros no tiene otra aplicación que el terror, que no hay más voz que la de él y que el público primeramente se dirige a él en los asuntos judiciales que a la autoridad porque saben que sino lo hacen así es un motivo de rencor. Así que deseo con ansia se dignase encargar a otra persona en el juzgado porque puede llegar el caso que tenga algún tropiezo con este jefe que sólo es bueno para gobernar esclavos.”16 La respuesta a este pedido no la hemos hallado pero sí pudimos constatar que Rufino Falcón continuó ejerciendo el cargo en los años siguientes por lo que deducimos la influencia del mismo en la zona.17 Las desavenencias ponen en evidencia la competencia en el ejercicio del poder local, en la representatividad de la ley en las pequeñas poblaciones en donde no sólo operaban los jueces y los comandantes sino también los curas párrocos. Dejando de lado las funciones y ocupándonos de las personas encargadas del orden, nos preguntamos quiénes podían ocupar la magistratura en la Justicia local y cuál era su jerarquía en la comunidad. En este punto recordemos que la comunidad rural estaba constituida por fuertes lazos de solidaridad, donde la asociación de

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Decreto señalando las atribuciones de los jueces comisionados del 15 de febrero de 1845, en RLDADER, IV, pp. 133-137. 16 AGER, Hac. IX, D. 5, Arroyo Grande, 19 de febrero de 1842. 17 Documentación de otras jurisdicciones que pertenecen a la costa del Paraná también dan cuenta de estas conductas como la del Juzgado de Victoria en donde el alcalde mayor de Hermandad Juan Giménez denunciaba al alcalde mayor de la capital Diego de Miranda “…las dificultades que experimenta el juzgado a su cargo motivada por la conducta del Comandante Francisco Arce que interviene arbitrariamente en las atribuciones que le pertenecen al juez, como el caso de la viuda del finado Zabala que vendió una casa herencia de los menores sin consentimiento de los albaceas que se opusieron inútilmente pues las escrituras fueron autorizadas por el Comandante cuando debían serlo por el juzgado.” AGER, Hac. IX, A, carp. 4, leg. 7.

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sus integrantes era vital para su subsistencia y la confianza mutua era una práctica corriente, lo que deviene en el conocimiento cabal de sus miembros y, por ende, se destacaba el vecino notable cuyo prestigio le otorgaba la posibilidad de alcanzar cargos públicos.18 De acuerdo a las condiciones establecidas por el Estatuto Provisorio de 1822 (art. 87) los funcionarios judiciales debían reunir las mismas condiciones que para Diputados: “…veinticinco años cumplidos de edad y ciudadano natural de la América, vecino, hacendado o con capital propio en cualquier otro giro de la industria o comercio, o algún arte, profesión u oficio útil, sin dependencia del Gobierno por servicio a sueldo.”19 No especifica una preparación especial, si bien se desprende la necesidad de tener solvencia propia y ser vecino. A estos requisitos reglamentarios en el período 1842-1851 debemos agregar el ser leal a la causa federal enunciada como prioritaria en las propuestas elevadas a la superioridad.20 La condición natural de América no siempre pudo cumplirse en la práctica, en ocasiones españoles y franceses desempeñaron los cargos.21 Existieron serias dificultades en cuanto al cumplimiento de la condición de letrados, que no pudo ser contemplada porque no había pobladores que tuvieran estudios de Derecho, ni siquiera en los centros urbanos donde los alcaldes mayores, luego los jueces de paz, fueron designados entre los comerciantes y hacendados reconocidos, pasando a ser los representantes de la justicia escrita más cercana a la zona rural. Los datos completos de los alcaldes mayores, jueces de paz, comandantes y jefes de Policía en el departamento Uruguay nos permitirán dar cuenta de lo expresado en el párrafo anterior. En el cargo de Alcalde Mayor se desempeñaron Juan Barceló (1844) y Mariano Jurado (1846 a 1849), continuando éste último como Juez de Paz hasta 1853 cuando fue reemplazado por Anacleto Azofra y sustituido por razones de salud en el mismo año por Pedro Irigoyen. Los cuatro mencionados pertenecían al grupo de contribuyentes destacados de la zona como comerciantes y hacendados.22 El cargo de Jefe de Policía fue desempeñado ininterrumpidamente 18 CANSANELLO, Oreste “De súbditos a ciudadanos. Los pobladores rurales bonaerenses, entre el Antiguo Régimen y la Modernidad”, en Boletín del Inst. de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 11, Buenos Aires, 1995, pp. 136-137. 19 Estatuto Provisorio de 1822, en RLDADER, I, cit., pp. 34-55 20 Expresiones tales como “…elegibles por su honradez, patriotismo federal y buenas aptitudes para juez,..” en AGER, Hac. IX, A, Carp. 4, leg. 29 (Uruguay, 10 de julio de 1849) son reiterativas como fundamento de las listas de propuestos. 21 Por Resolución del Ministro Gral. De Gob. José M. Galán se rechaza la renuncia al cargo de Juez de Paz al ciudadano D. Cayetano Mariñas de la Fuente ya que “el ser español no lo exceptúa de prestar un servicio municipal como este a que están obligados todos los vecinos de la Provincia…”. RLDADER, VI, pp. 306 y 307, 10 de marzo de 1853. 22 Gob. VII, carp. 4, leg. 17, 1849 Contribuyentes por la Provincia: Anacleto Azofra 3.106 pesos, Juan Barceló 2.337 pesos (también aporta 1.835 pesos en Concordia donde tiene una sociedad con Urquiza),

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por Fidel Sagastume entre 1845 y 1853 inclusive, integrante de una de las siete familias notables de la región.23 La Comandancia correspondió hasta 1848 al coronel José Miguel Galán, uno de los hacendados más importantes del Uruguay, vecino de Urquiza en el distrito censal de 1849, que pasó a desempeñarse como Ministro General de Gobierno.24 Su sucesor, el coronel Manuel Urdinarrain, también perteneciente al grupo de familias notables, era socio comercial y rural del Gobernador.25 Podemos concluir, teniendo en cuenta además que el Comandante elevaba las propuestas, que existía un fuerte entramado donde el poder se concentraba en una elite politizada con una población que estaba mayoritariamente afuera.26 En cuanto a los funcionarios de la baja justicia rural, en alusión a los jueces comisionados (luego alcaldes de campaña), hemos podido conocer –a través de las propuestas elevadas en su mayoría por los Comandantes– los nombres de quienes desempeñaron estos puestos entre los años 1843 y 1848 parcialmente y la totalidad de quienes lo hicieron entre 1849 y 1853, correspondientes a Gualeguaychú, Uruguay y Concordia. Con los datos obtenidos pudimos analizar la permanencia de los funcionarios en el cargo para un total de 75 jueces durante 109 períodos. La relación revela que 63 períodos fueron ocupados dos o tres veces por la misma persona, lo que equivale al 57% del total; la reiteración en tres oportunidades sólo se dio en Uruguay. El siguiente gráfico nos muestra la reiteración en el cargo de los tres departamentos.27

Mariano Jurado 2.023 pesos y Pedro Irigoyen 537 pesos, son cuatro de los veinte contribuyentes que se consignan como importantes. 23 SCHMIT, Roberto Ruina y resurrección…, cit., realiza un análisis de las familias de notables del Oriente entrerriano: Urquiza, Elía Alzaga, Galarza, Espiro, Sagastume, Urdinarrain y Calvento; las redes familiares y el entramado del poder, p. 298. 24 AGER, Gob. VII, carp. 4, leg. 2, 4to. distrito. 25 SCHMIT, Roberto Ruina y resurrección…, cit., p. 256. 26 SCHMIT, Roberto Ruina y resurrección…, cit., p. 247. 27 Sobre la base de GELMAN, Jorge “Justice, état e société dans la campagne de Buenos Aires. La rétablissement de l’ordre après la révolution”, citado por GARAVAGLIA, Juan Carlos en Poder, conflicto…, cit., p. 102.

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Gráfico 1 Jueces de campaña (1843-1853) Cantidad de períodos en funciones 3 períodos 14%

1 período 44%

2 períodos 42% Fuente: AGER, División de Hacienda Serie IX, Subserie A, documentación relacionada con la administración judicial (1843-1853).

Para obtener otros datos como origen, edad y ocupación nos remitimos a los censos. Para el caso de Gualeguaychú nuestra fuente es el Censo Policial de 1848 y para los otros dos departamentos el Censo General de la provincia de 1849. El relevamiento nos permitió identificar características de 57 jueces sobre un total de 75. En su mayoría eran casados y viudos (75%); la edad varía entre los 25 y 68 años, sin poder señalarse un promedio de edad preeminente; el 96% era residente, jefes de familia, lo que indicaría la importancia que tenía el vecino en una comunidad rural con fuertes lazos asociativos. Si pasamos a los siguientes gráficos observaremos el origen de los funcionarios, encontrando diferencias entre los departamentos de la zona vieja y los de la zona nueva. Departamento Gualeguaychú Bonaerense 8% Otros 20%

Otros

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Departamento Uruguay Bonaerense 8% Otros 20%

Otros

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Entrerriano Bonaerense

Departamento Concordia Misionero 17%

Otros 17% Otros Entrerriano Correntino

Correntino 25%

Misionero

Entrerriano 41% Fuente: AGER, Serie VII Fondo Estadística, carp. núm. 1 (1823-1844) Censo provincial de 1844; carp. núm. 4 (1849) Censo provincial de 1849; Contribuyentes de la Provincia (1840-1855)

De acuerdo a la información podemos inferir para los departamentos de Gualeguaychú y Uruguay la ocupación casi excluyente de entrerrianos en los cargos, lo que indicaría la existencia de una población afianzada donde los inmigrantes no gravitaban como referentes en la comunidad. En cambio, en el departamento Concordia la presencia de un porcentaje mayoritario de inmigrantes como funcionarios denota una comunidad en formación. Deteniéndonos en el aspecto ocupacional encontramos ciertas diferencias; compararemos los departamentos Uruguay y Concordia ya que para Gualeguaychú el censo registra a todos como hacendados sin ofrecernos elementos para diferenciarlos entre grandes, medianos o pequeños.

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Departamento Uruguay Jueces de campaña: ocupación Otros 12% Labrador 28%

Hacendado menor 16%

Otros Hacendado menor Hacendado medio Hacendado importante

Capataz 8% Encargado 8%

Encargado

Hacendado medio 16%

Capataz Labrador

Hacendado importante 12%

Departamento Concordia Jueces de campaña: ocupación Pastores 17% Labradores-Pastores 42% Pastores Hacendados Labradores-Pastores

Hacendados 41% Fuente: AGER, Serie VII Fondo Estadística, Carp núm. 1 (1823-1844) Censo provincial de 1844; Carp. núm. 4 (1849) Censo provincial de 1849

Como podemos ver, la mayoría de la población posee una ocupación relacionada con las actividades rurales; además, encontramos a militares o policías que sin duda eran gente de confianza del Comandante que accidentalmente desarrollaban estas funciones.

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Volviendo a las diferencias, en Uruguay se diversificaron más las categorías resultando llamativa la presencia de labradores en una zona eminentemente ganadera, conformando el 26% de los funcionarios. Asimismo, se aprecia un 46% de hacendados, lo cual no significa que todos ellos poseyeran fortuna; los que se mencionan como hacendados menores poseían, en el mejor de los casos, unas cien o doscientas vacas, a lo que habría que agregar la ocupación de campos ajenos para la cría. En el caso de los hacendados que dimos en llamar “medios” tenían una fortuna que le permitía vivir sin apremios, los campos eran de su propiedad y su ganado oscilaba entre mil y 3 mil cabezas entre ovinos, bovinos y yeguarizos. Los hacendados importantes como Venancio Villavicencio y Mariano Calvento formaban parte del grupo de notables de Concepción del Uruguay y participaban de sociedades con actividades que incluían el procesamiento y comercialización de productos pecuarios. En lo que respecta a Concordia no se indican grandes propietarios, los hacendados más importantes contaban –como Juan Ojeda– con cuatrocientas ovejas, cuatrocientas vacas, sesenta bueyes, sesenta caballos, cien yeguas y dos marcas; la mayoría eran labradores y pastores que trabajan familiarmente en terrenos propios y fiscales. La comunidad se revela así como menos estamentaria, en proceso de formación, cuyos integrantes luchaban por su subsistencia. Más allá de las diferencias observadas entre los pueblos viejos y los nuevos, este paneo acerca de quienes administraban justicia en la zona rural del Oriente entrerriano nos devuelve la siguiente imagen: en su mayoría eran propietarios o dependientes de cierto rango (encargado, capataz), que vivían con sus familias e integraban la comunidad en la que se desempeñaban como brazo ejecutor de las leyes, donde lo público y lo privado se fusionaban en matices de grises.

Consideraciones finales En estas líneas finales no pretendemos cerrar la temática sino más bien dar cuenta de lo mucho que falta investigar; sabemos que este es sólo el punto inicial para seguir analizando la dinámica de las prácticas judiciales en períodos más amplios y en diferentes espacios del territorio entrerriano y para acercarnos, como en este caso, a los encargados directos de intervenir en los conflictos entre los pobladores de la campaña. Una de las primeras conclusiones a la que arribamos nos muestra que los jueces de campaña representaron al vecino medio, afincado en la zona, que vivía de la explotación agropecuaria y que formaba parte activa de la comunidad a su cargo. Estas características les permitieron un conocimiento genuino de sus miembros, sus necesidades e intereses, actuando en los conflictos como mediadores y aplicando la ley difícilmente exenta de subjetividad. Además, el clima de guerra permanente asociado a la necesidad recurrente de incorporar hombres al ejército les otorgó el

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control sobre la población activa; el listado remitido al Comandante fue una herramienta legal que les permitió conceder y negar favores. En tanto fungían como la mano derecha del encargado militar y sus funciones policiales los habilitaban para perseguir a los desertores y vagos, cuya definición en cada caso quedaba a su arbitrio, llegaron a disponer –como ya hemos dado cuenta en ciertas ocasiones– castigos extremos como la muerte. Estos funcionarios, en su papel de agentes estatales con atribuciones judiciales y policiales, vieron ampliados sus poderes locales al ser los únicos referentes del orden en una población dispersa, con escasos conocimientos de sus derechos y acceso a instancias superiores de justicia; fueron los que interpretaron y aplicaron la ley en primera instancia. Debemos tener en cuenta que la justicia rural no se encontraba desarticulada de la justicia escrita de las ciudades, cuyos agentes eran los notables de la región, por lo que su accionar en cuestiones de la campaña se vinculaba con el interés por mantener la paz con el fin de proveer un mejor desarrollo a sus economías y a la defensa de la propiedad privada, nuevo concepto introducido por la Modernidad. Recordemos, además, que los miembros del grupo dirigente eran terratenientes y comerciantes por lo que era vital mantener el control de las rutas de circulación, más aún en tiempos de guerra, en donde las lealtades del peonaje y los cuadros intermedios sirvieron para su afianzamiento. Toda esta red sustentaba el dominio de Urquiza, junto con el respaldo de sus inmediatos socios como Manuel Urdinarrain, Fidel Sagastume, Juan Barceló y José Miguel Galán, quienes no dudaron en brindar sus favores a los que se mostraran fieles a la causa y permitieran la continuidad de su hegemonía en la región; en consecuencia, los jueces que accionaban en la campaña formaban parte de dicha red como cuadros menores de la pirámide del poder.

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“Íntegros y competentes” Los magistrados de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX María Angélica Corva

El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires se formó como poder del Estado sobre la base de la reforma rivadaviana, pasando entre 1853 y 1881 por un proceso de maduración que lo llevó, de una subordinación total al Poder Ejecutivo, a participar del juego de poder político, asentado en la Suprema Corte, manteniendo la dependencia representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. El Poder Judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, basada sobre la autoridad de la ley, superando la falta de confianza –herencia del sistema jurídico colonial– y la justicia urbana y subordinada al poder político del período posindependiente. Sobre la relación entre Justicia y construcción del Estado, Eduardo Zimmermann ha sostenido que por la historia de las instituciones judiciales puede observarse la interacción entre el mundo legal y el amplio proceso político, económico, social y cultural a través del cual tuvo lugar la transición del status colonial a la nación independiente durante el siglo XIX en América Latina. La construcción de nuevos sistemas judiciales locales y nacionales, junto con el constitucionalismo y la codificación, eran necesarios para lograr un orden legal en el proyecto liberal, que asegurara la igualdad legal, con el ideal de la autoridad de la ley, la protección de los derechos individuales, la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Pero este proceso no fue homogéneo, estuvo diferenciado por las características particulares del espacio donde tuvo lugar y por la dinámica interacción entre cambios y continuidades que caracterizaron a las sociedades latinoamericanas del siglo XIX.1 Para conocer esas particularidades, las investigaciones sobre política institucional se han incrementado pero, como indicó Pilar Domingo, la mayor parte de las dedicadas al sistema de justicia han sido realizadas por juristas y en su estudio de los cambios de la Suprema Corte de México y su relación con el Poder Ejecutivo ha 1 ZIMMERMANN, Eduardo –editor– Judicial Institutions in Nineteenth-Century Latin America, Institute of Latin American Studies, University of London, 1999, Introduction, pp. 1-7.

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resaltando la importancia de ver la naturaleza del sistema político y las peculiaridades de la forma del desarrollo constitucional. La construcción de las biografías de los integrantes del alto tribunal permitió observar las estrategias e incidencias en el sistema presidencial y consideró los factores sociales y políticos en el análisis de la administración de justicia, concluyendo que el papel de la Suprema Corte en el desenvolvimiento del sistema político mexicano sirvió a la consolidación del estado de legalidad y el Poder Judicial estuvo políticamente subordinado a la lógica de dominación.2 En México, los jueces ocupaban cargos en el sistema político, como pudo comprobar Víctor Uribe para Colombia al estudiar la historia de los abogados y concluir que fueron quienes controlaron el Estado y sus recursos, siendo éste el principal medio de trabajo, honor, poder, prestigio y patronazgo.3 En Argentina, la relación entre el mundo de la ley y la composición de las elites políticas se hizo visible en los abogados que fueron legisladores o ministros.4 Estudiando la administración de justicia criminal en la ciudad de Buenos Aires entre el período tardocolonial y mediados del siglo XIX, Osvaldo Barreneche siguió las continuidades en la ley criminal, los cambios en el discurso penal, la adaptación de los procedimientos judiciales y los movimientos en las relaciones de poder entre la judicatura y los agentes de aplicación de la ley, concluyendo que la justicia criminal no fue parte activa del mecanismo de formación de la Nación argentina. Políticos, legisladores y juristas coincidían en cuanto al rol ideal de la judicatura y la ley criminal en la formación del nuevo Estado, pero era imposible su implementación dada la inestabilidad política; el sistema penal sería un resultado pero no un instrumento en dicho proceso.5 En la provincia de Buenos Aires, el proceso de constitución y consolidación del Poder Judicial como parte constitutiva del Estado, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil, no ha sido suficientemente estudiado después de 1852, menos aún los juristas que participaron de él.6 Los abogados, que fueron instrumentales en la emergencia de una embrionaria esfera política dentro de las nacientes naciones independientes, ya sea como partícipes en las instituciones que

2 DOMINGO, Pilar “Judicial Independence: The Politics of the Supreme Court in Mexico”, en Journal of Latin American Studies, Vol. 32, Parte 3, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 705-735. 3 URIBE-URAN, Víctor “Elites, construcción del Estado y negocios. El cambio de significado del Honor, Status y Clase: los letrados y burócratas de Nueva Granada en el período tardo colonial y temprano post-colonial”, en URIBE-URAN, Víctor –editor– State and Society in Spanish America during the Age of Revolution, Scholarly Resources Inc., Wilmington, 2001, pp. 59-88. 4 ZIMMERMANN, Eduardo “The Education of Lawyers and Judges in Argentina’s Organización Nacional (1860-1880)”, en Judicial Institutions…, cit., pp. 104-123. 5 BARRENECHE, Osvaldo “Criminal Justice and State Formation in Early Nine teenth. Century Buenos Aires”, en ZIMMERMANN, Eduardo Judicial Institutions…, cit., pp. 86-103. 6 YANGILEVICH, Melina Crimen y castigo en la frontera (Buenos Aires, 1852-1880), Tesis Doctoral, UNICEN, Tandil, 2007, inédita.

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dieron forma a una nueva sociabilidad política, ya sea como promotores de una transformación ideológica que los llevaría a presentarse como los nuevos políticos frente a la opinión pública,7 comenzaron a formar en Buenos Aires, después de Caseros, una elite que compartía códigos culturales pero que iba delimitando en su interior los roles del litigante, el político, el legislador y el magistrado. Esto no sólo implicaba definir la figura del magistrado sino establecer las condiciones que debería reunir. El Reglamento de justicia de 1812 determinaba que la primera obligación del magistrado era su integridad y la segunda, más o menos exigente, laboriosidad y contracción a los objetos de su cargo;8 no mencionaba siquiera la idoneidad, que en la década de 1860 comenzó a ser un tema de preocupación y debate. Vicente Fidel López, inspirado en el romanticismo, el historicismo jurídico y el eclecticismo filosófico de la “generación del ‘37”, proponía la construcción de un cuerpo inamovible, con derecho a renovarse a sí mismo según sus capacidades científicas y morales, que no dependiera de la opinión pública, como seguro de un pueblo libre y feliz que superara la conflictiva relación entre igualdad y jerarquía. Para Antonio Malaver, cultor del derecho científico basado en el modelo, la magistratura debía ser un cuerpo judicial que no fuera despreciado por el foro, formado por pocos hombres distinguidos, mejor pagos y más eficientes, garantía de una justicia más rápida y económica. Creía que dada las condiciones de los medios de comunicación, la descentralización espacial no produciría cambios inmediatos, confiaba más en la descentralización ratione materiae, que consideraba altamente ventajosa al permitir a los jueces especializarse en una temática, lo que le daría mayor pericia, la especialización por materias daría jueces no sólo íntegros sino también competentes.9 Nos hemos propuesto aquí estudiar la formación de la magistratura y determinar quiénes la ocuparon en la primera instancia, en un proceso que tuvo su cúspide en 1874, cuando cambió la formación de los abogados, al crearse la Facultad de Derecho; se sancionó la ley sobre acumulación de cargos, por lo que los jueces sólo debían atender sus juzgados; y fue organizado el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cumpliendo las pautas establecidas por la Constitución sancionada en 1873. Entre 1853 y 1874 se sentaron las bases para la formación de la carrera judicial, con abogados dedicados a la magistratura, que comenzaban a dejar

7 URIBE-URAN, Víctor “Colonial Lawyers, Republican Layers and the Administration of Justice in Spanish America”, en ZIMMERMANN, Eduardo Judicial Institutions…, cit., pp. 25-48. 8 Reglamento de institución y administración de justicia del Gobierno Superior Provisional de las provincias del Río de la Plata, Supresión de la Audiencia y creación de la Cámara de Apelaciones, en Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, segunda edición que hizo de la publicación el secretario de la Suprema Corte, Dr. Aurelio Prado y Rojas, Jacobo Peuser, La Plata, 1892, I, pp. 144148. 9 MALAVER, Antonio Curso de procedimientos judiciales en materia civil y mercantil, Imprenta de Pablo E. Coni, Buenos Aires, 1875, pp. 118-119.

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la vida política para dedicarse a una formación específica que se expresaría en la especialización del derecho positivo de los años siguientes. El año 1853 fue significativo para la organización judicial pues, aún antes de sancionarse la Constitución provincial, fueron instalados los juzgados de Primera Instancia en la campaña, a partir de un proyecto de Valentín Alsina que –como presidente de la Cámara de Justicia– observó la imperiosa necesidad de llevar jueces letrados al interior de la provincia. Esta decisión significaba extender la frontera política hacia la campaña, buscando el control y la seguridad a través de los magistrados letrados. A partir de allí la preocupación sobre la administración de justicia giró en torno a la organización del más alto tribunal, la descentralización judicial, la formación técnica de los magistrados, la fundamentación legal de las sentencias y la codificación, cuyas concreciones significaban la conformación de otra frontera, la del Poder Judicial con los otros poderes. Esta investigación dedicada a los magistrados y a su relación con los demás poderes, se compone de dos partes; la primera dedicada a las modificaciones en la magistratura, influenciada por el entorno político y social, y la segunda es un ensayo metodológico para conocer a los magistrados, en la que presentaremos el modelo para estudiarlos, los datos obtenidos y las conclusiones a las que hemos arribado. Cada uno de los temas presentados será tratado en pesquisas que iremos dando a conocer a medida que avancemos en ellas.

La Magistratura Dentro del Cabildo, que definía legalmente la existencia de una ciudad, el fuero común estuvo confiado a los alcaldes de primer y segundo voto, que entendían por turno y en primera instancia todas las causas civiles y criminales que se suscitaran en la jurisdicción de su ciudad, si no correspondían a los fueros especiales. Eran elegidos anualmente en número de dos entre los vecinos más representativos y la Recopilación de las leyes de Indias de 1680 definió y reguló el papel de la magistratura, pero los magistrados adaptaban las normas generales a las necesidades y objetivos institucionales locales de Buenos Aires. Los alcaldes ordinarios del Cabildo porteño, miembros de la elite, en el cumplimento de sus funciones judiciales y policiales se habían ganado el recelo de la gente por su fama de rudos y violentos; la Audiencia, lejos de dar respuesta a los reclamos por los abusos de autoridad de los alcaldes, estaba preocupada por afianzar su autoridad.10

10 BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina, Ediciones Al Margen, La Plata, 2001, p. 72; ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo La organización judicial argentina en el período hispano, Librería del Plata, Buenos Aires, 1952.

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Esta imagen colectiva de la administración de justicia influyó en la definición de la división de poderes de la coyuntura revolucionaria, momento en que cambiaron las normas que regulaban la relación entre gobernantes y gobernados y la distribución del poder. Era necesario vencer la fuerte restricción de la potestad judicial, cifrada en la desconfianza hacia el juez y en una sobrevaloración del Poder Legislativo. El recuerdo de toda autoridad colonial como magistrado de justicia, evocaba la imagen del despotismo y la lógica jurídica del se acata pero no se cumple, que no se querían transferir a la nueva estructura política, por ello las ramas centrales en la disputa serían la legislativa y la ejecutiva quedando neutralizada la judicial y los reclamos de juristas y publicistas apuntaban a la eficacia de funcionamiento y no a romper con los límites del racionalismo normativo.11 Después de 1820 los cabildos comenzaron a ser suprimidos y las provincias se erigieron en entidades autónomas estableciéndose la división de poderes con distintos matices y solidez jurídica. El proceso se inició con legislaturas unicamerales, encargadas de nombrar al Poder Ejecutivo, y se organizaron estructuras judiciales formadas por jueces legos y tribunales superiores integrados por abogados. Al no concretarse la codificación, el orden jurídico funcionó con leyes coloniales y costumbres que no se opusieran a la nueva normativa que surgía en respuesta a las necesidades. A partir de aquí nadie pudo aspirar a legitimar el poder sin respetar, de alguna forma, la división de poderes.12 Al suprimirse el Cabildo de Buenos Aires quedó organizada la justicia ordinaria que sería administrada por cinco jueces letrados, rentados e inamovibles denominados jueces de 1ª Instancia, dos en la Capital y tres en la campaña. Algunos de los pueblos rurales, definidos por Anthony Giddens como sedes, región física que interviene como escenario de la acción social, con fronteras que contribuyen a concentrarla y permite fijar las instituciones, alcanzaron una mayor jerarquía institucional como cabecera de los Departamentos Judiciales de Campaña o cabecera de partido. El crecimiento económico y demográfico los transformó en espacios de construcción del poder institucional pero no alcanzó para sostener una estructura institucional intermedia; claro ejemplo de ello fue el fracaso de la primera instancia letrada en la campaña bonaerense.13 La inestabilidad política también implicó inseguridad laboral y precariedad en los cargos judiciales, aún en aquellos cargos que se consideraban

11 TERNAVASIO, Marcela “La división de poderes en los orígenes de la política argentina”, en Ciencia Hoy, Vol. 14, núm. 80, abril-mayo, 2004. 12 TERNAVASIO, Marcela “De la ciudad colonial al municipio moderno: la supresión de los Cabildos en el Estado de Buenos Aires”, en Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia, Neuquén, 1999; “La supresión del Cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm. 21, Buenos Aires, 1º semestre de 2000. 13 BARRAL, María Elena y FRADKIN, Raúl “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm. 27, 1º semestre de 2005, pp. 7-48.

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vitalicios, como los de jueces y fiscales, al estar sus carreras ligadas a las facciones políticas y a correr su misma suerte.14 Durante el régimen de Rosas los nombramientos en la Justicia se simplificaron en la práctica, la lealtad a la causa federal, certificada por el gobernador y sus acólitos, fue el requisito principal para obtener el puesto, así la legitimidad de la Justicia no derivaba de la división de poderes sino de la adhesión a los objetivos del régimen rosista.15 Sin embargo las prácticas del sistema judicial produjeron familiaridad con los procedimientos legales, ello generó conciencia y contrato, pedagogía de la ley, esfuerzo por restaurar la autoridad de la ley como reguladora de las interacciones sociales en la campaña. La ley se convirtió en la llave simbólica que permitió a los subalternos entender el significado del Estado y su orden, constituyéndose también en fuente de resistencia acortando la distancia con el sistema judicial.16 Después de Caseros, el Estado y la formación de sus instituciones, el proceso de construcción de la autoridad y de la obligación política, se concentró en dos cuestiones fundamentales, la producción de una nueva legitimidad política y de un nuevo consenso socio-político. En la administración de justicia, “...espacio clave de la vida institucional...”,17 uno de los desafíos fundamentales fue la descentralización judicial, por ello aún antes de sancionada la Constitución provincial de 1854, Valentín Alsina promovió la sanción de una ley que creaba dos juzgados en el interior de la provincia, cuya jurisdicción sería criminal, con opción por parte de los particulares a litigar causas civiles. Los jueces serían letrados, nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Cámara de Justicia, con un sueldo mensual de cuatro mil pesos.18 El texto constitucional de 1854 terminaba de dar forma a la magistratura de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, parte de un Poder Judicial independiente en el ejercicio de sus funciones, que sería desempeñada por jueces nombrados por el Gobernador, de una terna propuesta por el Superior Tribunal de Justicia, formada por abogados en ejercicio de la ciudadanía, mayores de veinticinco años y con dos años de ejercicio de la profesión.19 Eran magistrados letrados, que no podían ser removidos sin causa y sentencia legal, y gozarían de la compensación que la ley les designara. 14

BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la ley…, cit., p. 110. MYERS, Jorge Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista, Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 1995, pp. 73-84. 16 SALVATORE, Ricardo Wandering Paysanos, Statae order and subaltern experience in Buenos Aires during Rosas era, Duke University Press, Durham and London, 2003. 17 LETTIERI, Alberto La construcción de la República de la opinión, Buenos Aires frente al interior en la década de 1850, Prometeo, Buenos Aires, 2006. 18 Sobre el proyecto, debate y sanción de la ley, CORVA, María Angélica “La justicia letrada en la campaña bonaerense”, en Temas de historia argentina y americana, 7, Facultad de Filosofía y Letras, UCA, Buenos Aires, 2005. 19 Constitución del Estado de Buenos Aires de 1854, Sección IV Del Poder Judicial, en CORBETTA, Juan Carlos Textos constitucionales de Buenos Aires, SCBA, La Plata, 1984, pp. 73-74. 15

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La formación de los abogados El Estado moderno era Estado de derecho, Estado de leyes y el juez debía ser un hombre bueno, pero poco valía su virtud sin formación para aplicar e interpretar el Derecho, que ya no estaba en las costumbres sino en las leyes y que no se podía conocer con la sola experiencia.20 En Buenos Aires hubo un intento frustrado, a fines del siglo XVIII, de instalar los estudios jurídicos, pero el primer paso se concretó en 1814 con la creación de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, integrada por abogados registrados en la Cámara de Apelaciones, pero también doctores, licenciados y bachilleres de otras universidades; sus cursos duraban tres años y el examen final se rendía ante la Cámara.21 En 1821 se creó la Universidad de Buenos Aires y por Edicto de Erección del 9 de agosto, el gobernador Martín Rodríguez instituyó el Departamento de Jurisprudencia, con las cátedras de Derecho Civil, a cargo de Pedro Somellera, y Derecho Natural y de Gentes, encabezada por Antonio Sáenz, su primer Rector, que junto con profesores y personal eran solventados por el gobierno de Buenos Aires. Los estudios estaban organizados en dos etapas, una académica que se cursaba en la Universidad y de la que se obtenía el título de Doctor en Jurisprudencia, y otra práctica en la Academia de Jurisprudencia, llevando en total unos cinco o seis años. Este proceso se mantuvo a pesar de los cambios políticos hasta 1872, sufriendo dos modificaciones con Rosas, por un lado perdió el apoyo financiero y por otro era requisito para alcanzar el título de abogado obtener del gobierno la “...declaratoria de haber sido sumiso y obediente a sus superiores en la Universidad durante el curso de sus estudios, y de haber sido notoriamente adicto a la causa nacional de la Federación...”, de otra forma el título otorgado sería nulo y la infracción a este decreto castigada.22 La Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia fue reemplazada por la Cátedra de Procedimientos judiciales en el plan de estudios universitarios, a partir de la propuesta del diputado Leandro N. Alem, el 5 de agosto de 1872.23 Alem definía el

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LEVAGGI, Abelardo Manual de historia del derecho argentino, Depalma, Buenos Aires, 1987, II, p. 10. LEVENE, Ricardo Historia del Derecho Argentino, Kraft, Buenos Aires, 1951, VI. La evolución de los estudios jurídicos la hemos seguido con ORTIZ, Tulio Historia de la facultad de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2004. 22 Decreto del 27 de enero de 1836, Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires de 1836, Imprenta del Mercurio, Buenos Aires, 1874, p. 10. 23 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de 1872, Imprenta de La Prensa, Buenos Aires, 1873, pp. 293-295. Alem llegó a la Legislatura bonaerense como candidato del Club Electoral, que representaba el sector joven y reformista del autonomismo. BARBA, Fernando Los autonomistas del 70, CEAL, Buenos Aires, 1982, pp. 27-29; LEIVA, Alberto David Historia del foro de Buenos Aires. La tarea de pedir justicia durante los siglos XVIII a XX, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, pp. 188-200. 21

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estado de la Academia como una mera fórmula, cuyos integrantes no se reunían y los interesados en ser examinados tenían que buscarlos por todas partes, hasta en carruaje para que vayan; no bastaba la teoría para aprender incidentes y detalles que sólo se aprendían en el ejercicio de la abogacía. La Comisión de Legislación aconsejó su sanción con algunas modificaciones, aprobadas por el autor del proyecto, no sin antes destacar el valor que la Academia había tenido en la formación de alumnos y profesores. Los diputados estaban de acuerdo en la necesidad del cambio y los debates se centraron en el sueldo que recibiría el profesor a cargo y en la duración de la materia. El senador provincial, Vicente F. López, junto a su compañero de Comisión Félix de Zéliz, aconsejaron a la Cámara la sanción del proyecto24 y la ley fue sancionada el 5 de octubre de 1872. El artículo cuarto de la ley determinaba los pasos a seguir en la carrera, una vez terminados los cursos teóricos, el alumno aprobado podría ingresar a cursar Procedimientos; aprobado el curso, rendía un examen general teórico práctico de Jurisprudencia según lo determinaba el Consejo de la Universidad, debiendo presentar la tesis para obtener el diploma que lo acreditase en su carácter de Doctor en Jurisprudencia y solicitar el examen de abogado ante el Superior Tribunal de Justicia.25 El cambio se completó en 1874, al crearse la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obedeciendo a lo establecido por la Constitución provincial de 1873; su decreto Orgánico fue redactado por Juan María Gutiérrez, Pedro Goyena y José María Moreno y firmado por el gobernador Mariano Acosta, con su ministro de Gobierno Amancio Alcorta. Estos cambios han sido atribuidos a un acontecimiento acaecido en diciembre de 1871, durante la época de exámenes en el Departamento de Jurisprudencia, cuando Roberto M. Sánchez, estudiante sanjuanino, se suicidó tras ser aplazado en Derecho Romano, generando el Movimiento 13 de diciembre, liderado por Estanislao Zeballos, que con asambleas y peticiones a las autoridades universitarias y provinciales instalaron los debates en la reforma constitucional.26 Para comprender el contenido de la reforma, ayuda comparar los discursos pronunciados al abrir la Academia en 1855 y al inaugurar la Cátedra de Procedimiento en 1872. En el primer caso, Octavio Garrigós instaba a unir el conocimiento de la teoría del derecho con la práctica de la jurisprudencia, para formar al abogado y al jurisconsulto. En la Universidad habían aprendido los principios de la ciencia sin atender la vida del pueblo y las modificaciones que esos principios sufrían en la sociedad, ahora debían estudiar las aplicaciones prácticas de los principios, su desenvolvimiento e inconvenientes en la vida del pueblo, pues ambas juntas eran parte 24

Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires de 1872, Imprenta El Porvenir, Buenos Aires, 1873, pp. 306-307. 25 Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires año 1872, Imprenta del Mercurio, Buenos Aires, 1872, pp. 382-384. 26 ORTIZ, Tulio Historia de la Facultad…, cit., pp. 18-19.

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de la verdadera ciencia, el derecho no era una abstracción, era la vida misma, el orden entero de la sociedad. El teórico perfecto debía vivificar su teoría con “...una experiencia completa de la vida real, de los juicios y del resultado de los pleitos; que abrazara con un golpe de vista las combinaciones entre las costumbres, la religión, la Política y los intereses económicos de los pueblos.”27 Daniel María Cazón, diecisiete años después, fundamentaba la poca atención prestada al procedimiento, en una sociedad ocupada “...por sus hábitos de vida colonial, o inconsciente por mucho tiempo de los medios adecuados para aumentar sus libertades y garantir el derecho de cada uno sobre la propiedad y la vida...”, lo que había vuelto inorgánico el mecanismo de la justicia, “...abstraídos por una evolución constante y sin descanso en las regiones de la política.” La consecuencia había sido el retardo en los juicios y un sistema “...vejatorio e inquisitorial...”, sobre el que ahora reclamaba la sociedad un procedimiento que fuera “...resultado práctico del derecho, protegiendo el cumplimiento de las obligaciones y el sagrado de la propiedad, del honor y de la vida.” Es decir que la ciencia del derecho no servía de nada sin una administración de justicia que lo aplicara, se vislumbra aquí la preocupación por formar abogados que supieran llevar adelante las causas, pero fundamentalmente que supieran aplicar la ley para resolverlas.28

La inamovilidad y la buena conducta La Constitución de 1873 determinaba que el juez mantendría su empleo mientras durara su buena conducta, reafirmando lo que en 1854 se había enunciado como la imposibilidad de removerlos sin causa y sentencia legal. Los jueces de las Cámaras de Apelación y de Primera Instancia podían ser acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones ante un Jury calificado, formado por siete diputados y cinco senadores profesores de Derecho o en su defecto letrados con las condiciones necesarias para ser senador. El juez acusado quedaba suspendido en el desempeño de su cargo desde que era admitida la acusación; el Jury declaraba al acusado culpable o no culpable de los hechos imputados y pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa seguía en manos del juez ordinario penal.29 Una ley debía determinar los delitos y faltas acusables y reglamentar el 27 “Disertación leída por el Dr. Octavio Garrigós en la apertura de la Academia de Jurisprudencia, 1 de marzo de 1855”, en Revista de Legislación y Jurisprudencia, III, Imprenta de Buenos Aires, 1869, pp. 201208. 28 “Discurso pronunciado por el Dr. Daniel María Cazón en la apertura del aula de Procedimientos de la Universidad de Buenos Aires”, en Revista de Legislación y Jurisprudencia, VIII, Imprenta de Pablo E. Coni, 1872, pp. 373-381. 29 Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873, Cap. II, Elección, duración y responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, art. 190-193, CORBETTA, Juan Carlos Textos constitucionales…, cit., pp. 116-117.

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procedimiento a seguir, pero la ley de Jury de enjuiciamiento de magistrados fue sancionada el 12 de octubre de 1878.30 Hasta que esta institución fue organizada, seguía vigente el antiguo procedimiento de superintendencia, preservado por la misma Constitución,31 y por tal se entendía el gobierno judicial conferido por la Constitución provincial de 1854 al Superior Tribunal,32 que ejerció constantemente aplicando “...la corrección disciplinaria, la suspensión, mandato de enjuiciamiento y pena del delito o falta grave, o bien la adopción de otra medida administrativa.” Teniendo siempre presente la idea de preservar la dignidad de la magistratura, los miembros de la Suprema Corte aclaraban que “...esta atribución, que es inherente a la constitución de todo poder, que lo ejerce la generalidad de los tribunales, y especialmente el Tribunal Supremo Español, cuya organización hemos tomado en gran parte...”, no atentaba contra la dignidad del magistrado, “...que fuerte en la convicción de su derecho y en la legalidad de sus procederes, debía ver en ella el medio legítimo de levantar hasta la más leve sombra de acusaciones injustificadas.”33 El Tribunal sostenía que esta atribución constitucional no se perdería completamente con la ley de jury porque las faltas disciplinarias seguirían correspondiendo a su jurisdicción.34

30 Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires de 1878, Imprenta del Mercurio, Buenos Aires, 1878, pp. 253-264. 31 Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873, art. 158 y art. 220, Textos Constitucionales..., cit., p. 112 y 127. Reglamento para la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, art. 25, “La Corte puede llamar a su seno, a cualquier Magistrado Judicial, a fin de prevenirle por faltas u omisiones...”, en Acuerdos y sentencias..., cit., p. 26. 32 Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1854, art. 125, Textos Constitucionales..., cit., p. 74; ley del 29 de septiembre de 1857, artículo 9, inc. 4º, Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires de 1857, El Orden, Buenos Aires, pp. 113-114. 33 “Resoluciones dictadas con motivo de la venida a la capital, sin licencia, del camarista Dr. Benítez, y de los sucesos ocurridos en la casa de Justicia del departamento del Norte en 28 de septiembre de 1877”, en Acuerdos y Sentencias..., cit., I, pp. 641-643. Causa CCXXVIII, “La Suprema Corte tiene jurisdicción sobre los delitos y faltas de los magistrados en ejercicio de sus cargos, mientras no se dicten las leyes orgánicas y reglamentarais del artículo 190 de la Constitución, y aún después dictadas, en aquellos casos que no estén comprendidos en ellos.” Resolución en queja del Dr. L. F. López sobre un incidente personal con el juez de comercio Dr. Areco, 14 de julio de 1877, en Acuerdo y sentencias…, cit., pp. 669-670. 34 Uno de los casos más significativos en que tuvo que actuar el Superior Tribunal en ejercicio de la superintendencia fue el del Dr. Emilio Agrelo acusado de sustracciones indebidas de depósitos en el Banco Provincia de la sucesión de Santiago Donohag. “Causa criminal contra el Juez de Primera Instancia Emilio Agrelo y otros, por delitos graves, denunciados públicamente en el diario ‘La Prensa’, lunes 27 y martes 28 de abril de 1872, por denuncias del escribano Paulino R. Speratti (que se halla detenido en la cárcel pública) y del Dr. Ramón Posse”, en Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Cuerpo 38, Anaquel 5, legajo 316, expediente 13. Presentamos aquí esta causa en función de la atribución de superintendencia del Superior Tribunal y estamos realizando una investigación sobre la misma en particular y sobre el jury como institución.

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Magistrados rentados La cuestión de la retribución monetaria generó en estos años nuevos conflictos en torno a la acumulación de sueldos y de las jubilaciones. La primera cuestión pasó por diversas instancias hasta que finalmente los magistrados, que solían desempeñarse como legisladores a la vez que formaban parte del Poder Judicial, debieron optar entre una u otra actividad pública. En 1859 Rufino Elizalde presentó un proyecto por la Comisión de Hacienda, para fijar una regla que resolviera todas las cuestiones sobre acumulación de sueldo, ya establecida en 1821, pero arbitrariamente aplicada.35 Remitido por la Cámara de Diputados, el proyecto fue tratado por los senadores, aprobado en general y en particular, centrando el debate en torno a la cuestión económica.36 El tema reapareció en 1872, pero en otro contexto y con otros fundamentos, el proyecto sobre acumulación de empleos fue presentado por Aristóbulo del Valle y tratado por la Comisión de Negocios Constitucionales, con el fin de: “...organizar el servicio público de una manera que responda a las verdaderas necesidades del país y acabar con la práctica perniciosa de los gobiernos, de acumular en una o dos personas mayor número de empleos de los que pueden desempeñar con arreglo a sus aptitudes, sin consultar a los verdaderos intereses del país, sino los intereses personales. Es una doctrina incontestable de buena administración, que cada empleo requiere su empleado, y que sólo se tiene los empleos bien servidos cuando ellos están atendidos por personas que hacen de esa ocupación, el objeto principal de su vida.”37 En el debate para algunos seguía siendo una cuestión económica, sin embargo, se impuso la postura de quienes veían un objetivo mucho más elevado que los sueldos, el buen servicio de la administración y también los inconvenientes políticos que de la acumulación de empleos infaliblemente resultaba. La maduración del proceso llevó a que la Comisión de Negocios Constitucionales de Diputados presentara el proyecto sobre compatibilidad de empleos enviado por el Senado y aconsejara la sanción de esta ley por la que los jueces no serían más legisladores en forma simultánea, como lo hacían hasta entonces. La solución, para quienes defendían el proyecto, estaba en llamar al servicio público mayor número

35 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del Estado de Buenos Aires de 1859, Imprenta La República, Buenos Aires, 1883, sesión del 31 de agosto, pp. 315- 316. 36 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del Estado de Buenos Aires de 1859, Imprenta del Orden, Buenos Aires, 1860, sesión del 1º de septiembre, pp. 147-150. 37 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de 1872, Imprenta de La Prensa, Buenos Aires, 1873, sesión del 18 de octubre, pp. 562-563.

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de ciudadanos en vez de reconcentrarlos en pequeños núcleos que se repartieran todos los puestos públicos pagándoseles tres o cuatro sueldos a cada uno de los que sirvieran, poco se necesitaba conocer a Buenos Aires para comprender que no eran hombres competentes, con inteligencia e ilustración lo que faltaba. Los argumentos habían superado el plano económico y la mera eficiencia para centrase en la independencia de poderes, conquista que garantizaba las libertades públicas a la vez que facilitaba la acción del poder en beneficio del servicio público.38 El tema de las jubilaciones no tenía pautas claras y la Legislatura resolvía cada caso en particular, por ejemplo el 28 octubre de 1868, se le acordó a Ana B. de Cárdenas, viuda de Jacinto Cárdenas, la tercera parte del sueldo que gozaba éste como juez de Primera Instancia, por vía de pensión graciable.39 La comisión de peticiones la presentó sosteniendo que en este como en otros casos análogos, no habían tenido presente sino razones de equidad, porque no habiendo ley de pensiones todo cuanto se hiciera sobre la materia era arbitrario. El mismo año se le acordó la pensión graciable de la mitad del sueldo de que disfrutaba como camarista, a la viuda e hijos de Tiburcio de la Cárcova que dejó ocho hijos menores sin recurso para la subsistencia.40 En octubre de 1870 se aprobó la jubilación de Mario J. Beascoechea, Relator del Superior Tribunal de Justicia, con sueldo íntegro.41 En 1872 se le acordaron a Juan José Alsina, en su condición de miembro del Superior Tribunal, diez mil pesos moneda corriente mensuales.42 Previendo que en la implementación de la nueva organización judicial, prescripta por la Constitución de 1873, algunos magistrados no serían reelectos, se les acordó a los que hubieran desempeñado cargos en la Administración de Justicia con inhibición del ejercicio de su profesión, por más de diez años, cuya renta no excediera de seis mil pesos al mes, la mitad del sueldo de que gozaban, y a los que lo habían hecho por más de quince años, las dos terceras partes de sus sueldos. Lo interesante de estos debates fue como comenzó a destacarse la figura del magistrado distinta de la del litigante: “...entre el abogado y el juez hay, una distancia inmensa, que el juez ha formado sus hábitos, hábitos que no son los hábitos del abogado, que el juez tiene su manera de ver que no es la manera de ver del abogado, que el juez tiene su modo de estudiar que no es el modo de estudiar del abogado y en

38 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de 1874, Imprenta de Jorge E. Cook, Buenos Aires, 1874, sesión del 7 de agosto, pp. 450-473. 39 KETZELMAN, Federico y DE SOUZA, Rodolfo Colección completa de leyes del estado y Provincia de Buenos Aires desde 1854 a 1881, Lex, Buenos Aires, 1930, III, p. 524. 40 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de 1868, Imprenta de La Tribuna, Buenos Aires, 1871, sesión del 28 de octubre 1868, pp. 501-502. 41 Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires de 1870, p. 711. 42 KETZELMAN, Federico y DE SOUZA, Rodolfo Colección completa…, cit., IV, p. 236.

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fin señor Presidente, el ser juez es un estado; y cuando se han pasado diez, doce, quince años ejerciendo esto que yo llamo sacerdocio, al hombre que abandona su puesto es muy difícil que baje a la arena de la lucha, se necesita, un hombre de espíritu y cuerpo vigoroso para que después de pasado un tiempo tal en la judicatura pueda decir yo voy a abogar, yo voy a volver a ser lo que he sido.”43 La jubilación en estos términos fue acordada a Joaquín Cueto y a García Fernández, pero las medidas restrictivas del presupuesto, fruto de la difícil situación que atravesaba el erario público, consecuencia de la crisis, hicieron que la partida correspondiente a ambas pensiones fuera suspendida para 1876.44 Ambos ex jueces recurrieron a la Corte y la ley fue declarada inconstitucional, dejando en claro la nueva relación que se había generado entre los tres poderes. El Poder Judicial no podía decidir sobre su presupuesto pero sí podía frenar los avances de los otros poderes sobre sus atribuciones fijando una frontera política.

2. Los Magistrados Los nombramientos Para definir quiénes eran los magistrados, el primer paso fue recurrir a sus nombramientos, que debían aparecer publicados en el Registro Oficial como decretos del Poder Ejecutivo, presentados por el Ministro de Gobierno. El Superior Tribunal elevaba una terna y el Gobernador elegía al postulante que cubriría la magistratura vacante.45 Los nombramientos no siempre eran publicados y en algunos casos los abogados nombrados no asumían el cargo, por ello debimos por un lado completar la lista de los jueces y por otro confirmar su actividad. Para ambas cosas la solución más efectiva fue consultar los fondos documentales de los juzgados que tuvieron a su cargo, es decir ver a los jueces en acción, pero esto no siempre fue posible. Recordemos que al inicio del período en estudio funcionaban dos juzgados civiles y dos criminales en la Capital y uno criminal en cada nuevo departamento creado, el Norte y el Sud en 1853 y el Centro en 1856. En 1854 se creó un juzgado civil para la Capital y tres más en 1871. Dos juzgados comerciales reemplazaron al Consulado en 1862 (en la campaña el juez del crimen funciona-

43 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de 1873, Imprenta de Obras, Buenos Aires, 1882, sesión del 24 de octubre, pp. 347-352. 44 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de 1878, Imprenta El Economista, 1878, pp. 809-810. En la sesión del 31 de julio se presentaron los antecedentes, en 1876 se le había quitado la pensión y la Suprema Corte lo declaró inconstitucional. Se aprobó en general y en particular. 45 Constitución del Estado de Buenos Aires de 1854, Sección VI del Poder Judicial, art.121, CORBETTA, Juan Carlos Textos Constitucionales…, cit., p. 74.

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ba como juez mercantil) y finalmente en 1873 se creó un juzgado criminal para la Capital. De todos estos juzgados se conservan los expedientes del departamento del Sud, del Centro, el Criminal Capital y los mercantiles. Buena parte de los expedientes civiles de Capital también se conservan porque no pueden ser destruidos (familia, sucesiones, etc.). Pero al rastrear los jueces actuantes en estas causas se debe tener la precaución de no confundir a los que pertenecían a otro juzgado porque estaban a cargo temporariamente, por enfermedad, ausencia o vacancia. Otra alternativa son los papeles de los juzgados de paz, pues tenían jurisdicción propia y delegada, que era aquella por la que el juez de Primera Instancia le autorizaba a realizar actos y diligencias del proceso que no requerían su presencia. Esto generaba un intercambio de notas, firmadas por el juez, archivadas en el juzgado, como las de Exaltación de la Cruz que hemos consultado en esta oportunidad. Si no aparecen en el Registro Oficial, si no están sus expedientes o no se han comunicado con los jueces de paz de su Departamento, deberemos seguir buscando alternativas que den cuenta de su existencia como jueces, una posibilidad, compleja pero válida, sería estudiar los edictos de los periódicos. Con las fuentes mencionadas construimos los cuadros del Anexo I, que no son definitivos, sólo son un ensayo de cómo podemos reconstruir los organigramas del Poder Judicial, que tiene su primera publicación oficial en 1875. No eliminamos de los listados los abogados nombrados que no aceptaron los cargos, en uno de los casos, Martín Matheu, hijo de Domingo, presentó la nota de rechazo al Juzgado del Crimen del Departamento Capital, en la que puede observarse la diferencia que se fue estableciendo entre el ejercicio de la profesión y de la magistratura: “...no me es posible aceptar esta distinción, por cuanto habitudes de estudio y trabajo, en más de 26 años, me han constituido inadecuado para sobrellevar la gran responsabilidad de ese cargo: hábitos a mi pesar contraídos, que harían resentir el buen desempeño que requiere el servicio público. Esto mismo expliqué al Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien bondadosamente atendió como plausibles las razones prolijas de mi excusación. Agradezco a S.E. como debo la designación con que me ha elegido; pero suplico igualmente, por el órgano de Ud., se sirva dejarme en el ejercicio de mi profesión de Abogado, defiriendo a le expuesto.”46 Cubrir los cargos no fue tarea sencilla durante todo el período, pero hubo momentos especialmente conflictivos, uno de ellos fue el de los nombramientos para los nuevos juzgados del crimen de campaña. Los postulados aducían escasa instrucción, falta de experiencia, delicada salud o no contar con la edad exigida.

46 Nota presentada el 13 de noviembre de 1863, Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires de 1863, p. 325.

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Finalmente, el 27 de marzo de 1854 fue nombrado José María Juan Climarco Irigoyen en el Departamento del Norte, que no instaló su juzgado en Arrecifes, tal como determinaba la ley, sino en la Villa de Luján, según se lo indicó el ministro Irineo Portela. “...en virtud de los inconvenientes que obstan al presente la instalación del Juzgado al cargo de V.S. en el pueblo de Arrecifes, según lo resuelto por la Honorable Sala, el Gobierno a fin de que no se demore más tiempo la instalación de dicho Juzgado, tan urgentemente reclamada para el buen servicio de la administración de justicia, ha resuelto que, por ahora, y mientras se adopten las medidas necesarias a fin de cumplir lo dispuesto por la H. Sala, parta V.S. para la Guardia de Luján, a establecer allí su Juzgado...”.47 La decisión unilateral del Poder Ejecutivo tal vez fue fruto del conocimiento que Pastor Obligado adquirió de la zona en la recorrida que realizó por los pueblos del norte y centro de la provincia entre el 20 de marzo y el 8 de mayo de 1854.48 Irigoyen representaba el modelo de muchos otros jueces que durante su formación en la Academia practicaba en un estudio prestigioso y trabajaba en los ministerios como oficial, así lo manifestó cuando se presentó ante la Cámara de Justicia a solicitar su matrícula: “...cerca de dos años que me hallo incorporado en la matrícula de practicantes a juristas y más de un año antes he asistido diariamente con tal objeto al estudio del Dr. Roque Pérez, donde con la mayor contracción y estudio me he dedicado enteramente a la práctica de la jurisprudencia. Allí bajo su dirección y con un excesivo empeño he aprendido cuanto ha sido posible, y mi continua asistencia a la Academia de Jurisprudencia a pesar de mis inconvenientes que me ofrece mi calidad de empleado en uno de los Ministerios, me ha puesto hoy día en estado de poder optar al honor de pertenecer a la matrícula de Abogados de esta Excma. Cámara...”.49 Sus palabras manifestaban también la relación del juez con el Poder Ejecutivo en estos primeros años de organización de la magistratura en función de pautas constitucionales, considerada como un servicio al Gobierno, no una carrera diferenciada del ejercicio de la profesión. Cuando fue nombrado juez llevaba nueve años de libre ejercicio de la profesión y dijo que sólo aceptaba por tres meses, pero finalmente lo hizo sin límite de tiempo, considerándose feliz si conseguía “...desempe47 Nota del Ministro Portela al Juez Irigoyen, Archivo General del Nación (en adelante AGN), Buenos Aires, X-28-5-1, ff. 272, 12 de junio de 1854. 48 MOLLE, Alejandro El Departamento Judicial de Mercedes (Bs.As.), Mercedes, 1997. 49 Sobre la práctica en estudios jurídicos LEIVA, Alberto David Historia del foro…, cit., p. 158.

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ñar el Juzgado referido a satisfacción del Excmo. Gobierno para lo cual no omitirá sacrificio ninguno esforzando su contracción a fin de suplir su falta de luces...”.50 En el primer mes de trabajo (agosto de 1854) Irigoyen atendió tres causas, dos contra las personas y tres contra la propiedad, según constó en el informe presentado a la Cámara de Justicia el 1º de septiembre de 1854.51 Después de 1872 volvió a tornarse dificultoso lograr que los abogados aceptaran los cargos de juez, esto podía ser por los bajos salarios, la inestabilidad económica y política y los cambios que se avecinaban con motivo de la sanción de la nueva Constitución, a lo que se sumaba el aumento del número de juzgados de cinco en 1854 a once para la Capital y tres para la Campaña, en 1873.

Los hombres Si los registros oficiales son tan poco precisos para estos años, imaginemos cuanto más dificultoso es aproximarse a las vidas públicas y privadas de estos hombres. Existen sin duda varias vías, pero necesitábamos en esta ocasión de una que nos diera una vista lo más completa posible de todos ellos, de nada serviría ahora tener detalles precisos de algunos e ignorar la vida del resto, por ello recurrimos a los diccionarios biográficos. Los datos allí encontrados los volcamos en una planilla tipo y los confirmamos o completamos con los datos hallados en los fondos documentales. Una vez completadas estas planillas construimos un cuadro (Anexo II) combinando los datos biográficos con los obtenidos sobre su desempeño como jueces, las columnas contienen los siguientes datos: Abogado: nombre de todos los abogados que aceptaron el cargo y lo ejercieron aunque fuera por pocos días. Nacimiento: año en que nació. Lugar: ciudad de nacimiento. Título: año en que le fue otorgado el título de doctor en jurisprudencia. Matrícula: año en que se presentaron ante el más alto Tribunal a rendir el examen para obtener el título de abogado y ser inscripto en la matrícula. Recordemos que hasta 1812 fue la Real Audiencia, luego la Cámara de Apelación hasta 1857 que la reemplazó el Superior Tribunal de Justicia (Constitución de 1854) y finalmente desde 1875 la Suprema Corte de Justicia (Constitución de 1873).52 Magistrado: años en que fue juez de Primera Instancia en la provincia de Buenos Aires.

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MOLLE, Alejandro El Departamento Judicial…, cit., p. 46; AGN, 28-5-1, ff. 276-277. MOLLE, Alejandro El Departamento Judicial…, cit., p.38. Datos según la relación y estado pendiente de las causas, iniciadas y concluidas en cada mes, que debían confeccionar por acuerdo del 5 de noviembre de 1853. 52 El listado de los abogados recibidos e incorporados por la Real Audiencia, Cámara de Apelaciones, Superior Tribunal y Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires pueden consultarse en Acuerdos y sentencias..., cit., I, pp. 766-774. 51

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Departamento: departamento judicial en que ejerció la magistratura de Primera Instancia. Poder Judicial: otros cargos previos o posteriores a la Primera Instancia. Período: años en que los ejerció. Otros cargos: ejercidos en la administración pública de la provincia en forma simultánea con la magistratura. Período: años en que los ejerció. La muestra es de 49 abogados y reiteramos que no son datos definitivos, pero sí confirmados en la medida de lo posible. Las fechas de nacimiento van en ascenso desde 1799 hasta llegar a doce entre 1830 y 1840 y descienden a la mitad para la década siguiente, esto significa que un buen número de ellos nació y creció durante el rosismo, en varios casos sufriendo el destierro propio o por sus padres, como Juan José Alsina, Benito Carrasco, Carlos E. Eguía, Juan Agustín García, Claudio Martínez, Miguel Navarro Viola, Ventura Pondal y Andrés Somellera. Una manifestación del exilio fue en algunos casos la diferencia de años entre la obtención del título de doctor y la inscripción en la matrícula Otros formaron parte del gobierno de Rosas, que a pesar de haber sido reemplazados en sus cargos en un primer momento retornaron, como Eustaquio Torres. Mariano Beascoechea fue secretario del Departamento General de Escuelas y salió a campaña con Rosas, jubilándose como relator del Superior Tribunal en 1870; Miguel Estévez Seguí fue rosista en su juventud y el famoso Emilio Agrelo tiró del carro de Manuelita y renunció a la magistratura en 1873. Daniel María Cazón expresó la experiencia de esos años, asegurando que “...por lo que a mí respecta puedo asegurar que más de una vez he sentido el peso abrumador de mis primeros años bajo el respeto del falseamiento en las ideas, de la estrechez de nuestros estudios y de la poca o ninguna expansión de nuestro espíritu...”.53 Esto fue otra muestra de la unión entre ex rosistas y emigrados porteños ante un enemigo común para rechazar el Tratado de San Nicolás.54 El magistrado más joven fue Navarro Viola con veinticinco años, por lo que se cumplía con las leyes mencionadas por Francisco de Elizalde al rechazar el Juzgado del Norte en 1853; seguía un grupo de nueve abogados que habían asumido con menos de treinta años en los extremos del período, antes de 1858 o después de 1872. Los de menos de cuarenta eran diez y ya algunos eran nombrados en la década de 1860, mayormente ocupada por los nueve que tenían más de cuarenta años. Juan José Alsina y José Antonio Zavalía ocuparon la magistratura con 58 y 59 años respectivamente, siendo los dos únicos que no habían estudiado en Buenos Aires. Podríamos concluir que en los años críticos no se reparaba en la edad de los postulantes, prefiriendo los de cuarenta cuando se podía elegir. 53

“Discurso pronunciado por el Dr. Daniel María Cazón”…, cit. LETTIERI, Alberto La República de la opinión, política y opinión pública en Buenos Aires entre 1852 y 1862, Biblos, Buenos Aires, 1999, p. 69. 54

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Justicias y Fronteras

Conocemos el lugar de nacimiento de 33 de ellos, siendo el 75% de Buenos Aires, el 15% de provincias argentinas y el resto de Asunción, Luro y Montevideo. Como dijimos antes, todos estudiaron en Buenos Aires, a excepción de Juan José Alsina que lo hizo en Córdoba y José Antonio Zavalía en Chuquisaca. Alsina había nacido en Montevideo y su padre murió en la defensa de Buenos Aires en la segunda Invasión Inglesa, quedando su madre sin recurso alguno. Entre el clero realizaron una suscripción para socorrer a cuatro viudas que pudieran costear las carreras de sus hijos, realizado el sorteo en la plaza de la Victoria. Alsina resultó favorecido y partió a Córdoba a estudiar recibiéndose de Doctor en Teología en 1816, regresó a Buenos Aires a cuidar a su madre y luego retornó a Córdoba a continuar estudiando por su cuenta, llevando consigo a su hermano Valentín, se recibió y rindió el examen para la matrícula en Buenos Aires. Juez de Primera Instancia fue sólo por cinco meses pasando luego a integrar el Superior Tribunal. El caso de Zabalía resulta lógico por haber nacido en Tucumán, fue camarista en Salta y magistrado en Mercedes por siete años hasta su muerte. La cantidad de años que fueron jueces y cómo se desarrollaron sus carreras es un innegable aporte al estudio de la magistratura, porque si bien algunos de ellos eran legisladores simultáneamente, nos habla del desarrollo de carreras judiciales, que hasta ese momento no se había experimentado. El caso de Tiburcio de la Cárcova preanuncia lo dicho, atravesando los cambios posteriores a Caseros, inició sus años en tribunales como agente fiscal en 1841, en 1844 fue ascendido a juez del crimen y formó parte del primer Superior Tribunal hasta su muerte en 1868, recibiendo su viuda pensión por su actividad judicial. La carrera comenzaba como agente fiscal o relator, pasaban a juez de Primera Instancia, para luego ascender al Superior Tribunal, seguir con la carrera política o volver a ser relator hasta la jubilación. Cuando se produjo el cambio de 1875 algunos integrantes del Tribunal conformaron las Cámaras de Apelación. Otra alternativa era el paso por la campaña para acceder a la Capital, como Alejandro Heredia, Tomás Isla (que llegó hasta la Suprema Corte) y Ventura Pondal, jueces del departamento del Norte; Jacinto Cárdenas y Joaquín Cueto del Sud; Jorge Echevarría, Manuel H. Langhenheim, del Centro. Este último fue el prototipo de una carrera judicial, militante masón y defensor de la enseñanza laica. Con respecto a la simultaneidad de la magistratura y de la tarea de legislador que observamos en dieciséis de los jueces, nos resultó muy llamativo en un principio, pero luego fuimos comprendiendo que no estaba reñido con la concepción de servicio público y de la relación entre judicatura y política de esos años. En primer lugar los cargos de diputado y senador no tenían salario, la dieta se estableció en 1874 como dijera Luis V. Varela “...no como una compensación al empleo sino simplemente para hacerles comprender que el nombramiento de diputado o senador no importa un título de honorabilidad, sino que impone deberes, desde entonces como todo empleado a sueldo...”, buscando un remedio a la falta de número en las sesiones. La compensación sería de 50 mil pesos anuales divididos en cuatro mensuali-

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“Íntegros y competentes”

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dades, descontándose lo proporcional a las faltas en que hubiera incurrido. Sumado esto a la ley de compatibilidades, los jueces dejaron de ser legisladores.55

Conclusiones Iniciamos esta pesquisa convencidos de encarar la construcción de un gran rompecabezas; andados los primeros pasos descubrimos que buena parte de las piezas se habían extraviado, pero no claudicamos porque suponíamos que podríamos rearmarlas con la información de las piezas de alrededor. Poco tiempo después debimos aceptar que no era un rompecabezas, que los integrantes de la administración de justicia eran hombres y que sus conductas no encajarían unas con otra, ni siquiera las de un mismo hombre a través de los años. La investigación ha confirmado la importancia, ya establecida, de estudiar las instituciones judiciales y la evolución del papel de la ley en la sociedad y del Poder Judicial en la división de poderes. Para la provincia de Buenos Aires, la primera organización judicial estableció una magistratura letrada, rentada e inamovible que iría madurando para, en los años estudiados, extenderse en el espacio y expresarse en una formación dominada por la teoría, en la definición del rol del magistrado en los debates sobre las cuestiones relativas a su remuneración y en la conformación del jury con la intervención del Poder Legislativo. Una frontera se había expandido –el acceso a la justicia, la defensa de la vida y de la propiedad había llegado a la campaña, sin abandonar el objetivo de controlar a su población– y otra frontera intentaba fijarse –la independencia del Poder Judicial con respecto a los demás poderes. Pero esas fronteras se estaban construyendo con instituciones, que en definitiva tendrían que ser compuestas por hombres, que pertenecían a una elite y que compartían determinados códigos culturales y la construcción de una tradición jurídica propia. De aquí la importancia de avanzar en el conocimiento de la magistratura y de los magistrados para acceder al conocimiento de las relaciones entre la sociedad y el Estado. El avance en la formación y especialización de los magistrados, madurada en estos años, permitió al gobernador Dardo Rocha explicar ante la Honorable Legislatura que para cubrir los cargos vacantes por la nueva organización judicial había observado la antigüedad y elegido abogados honorables y competentes.56

55

Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires de 1874, p. 371. Mensaje del gobernador Dardo Rocha ante la Honorable Legislatura en 1882, Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires de 1882, Imprenta El Mercurio, Buenos Aires, pp. 487-488. El destacado me pertenece. 56

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198

Justicias y Fronteras

Anexo I Departamento Judicial Capital-Jueces civiles Juez

Nombramiento

Basilio Salas

09/03/1852

Domingo Pica

09/03/1852

Andrés Somellera

06/08/1853

18/08/1853

Daniel Cazón

18/08/1853

05/07/1854

Claudio Martínez

05/07/1854

13/07/1854

Osvaldo Piñero

13/07/1854

José Antonio Acosta

25/10/1854

Juan Agustín García

15/10/1857

Terna

Renuncia

06/08/1853

15/10/1857 20/06/1862

Benito Carrasco

15/10/1857

Felipe Coronel

15/10/1857

18/12/1857

Carlos Eguía

18/12/1857

30/10/1863

Alejandro Heredia

20/06/1862

26/10/1863

Pablo Font

15/07/1859

Alejo B. González

17/10/1863

Amancio Alcorta Miguel García Fernández

15/06/1871 17/10/1863

Jorge Echevarría- Saviniano Kier

Jorge Echevarría

26/10/1863

Octavio Garrigós- Amancio Pardo

Daniel María Cazón

30/10/1863

Eduardo Carranza Viamont- Amancio Pardo

Jacinto Cárdenas

14/09/1866

Sabiniano Kier- Ceferino Araujo

30/01/1868

Emilio A. Agrelo

30/01/1868

Ventura Pondal- Amancio Pardo

27/03/1873

Luis Beláustegui

15/06/1872

Ceferino Araujo- Manuel Obarrio

Diego González

09/01/1873

Octavio Bunge- Leopoldo Basavilvaso

Antonio Benguria

27/03/1873

Eduardo Basabilbaso- Manuel Obarrio

Isaac P. Areco

14/09/1866

09/01/1873

Aurelio Prado y Rojas

21/04/1873

Manuel Escobar-Victorino de la Plaza

Salvador María del Carril H.

05/05/1873

Juan S. Fernández-Manuel Escobar

Wenceslao Pacheco

15/05/1873

Carlos Saavedra Zavaleta- Jorge Damianoviche

Amancio Pardo

14/05/1873

Carlos J. Alvares-José O. Machado

26/04/1873

Departamento Judicial Capital- Jueces criminales Juez

Nombramiento

Eustaquio J. Torres

Terna

Renuncia

06/08/1853

Miguel Estévez Saguí

09/03/1852

Domingo Pica

06/08/1853

13/08/1853

Manuel Escalada

13/08/1853

27/07/1855

Andrés Somellera

18/08/1853

Tiburcio de la Cárcova

24/8/1853

Justicias C

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5:48 PM

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“Íntegros y competentes”

Claudio Martínez

24/08/1853

Ángel Medina

05/07/1854

Manuel R. García

27/07/1855

199

05/07/1854

Navarro Viola

21/02/1857

Juan José Alsina

16/05/1857

Mariano Baescoechea

15/10/1857

Eduardo Costa-Francisco Elizalde

Alejandro Heredia

15/10/1857 20/06/1862

Manuel H. Langenheim

20/06/1862

Joaquín J. Cueto

05/02/1867

30/01/1868 Ventura Pondal- Amancio Pardo

Ángel Carranza

30/01/1868

Félix Amadeo Benítez- Honorio Martel

Octavio Bunge

08/02/1873

Ignacio Gómez- Luis S. García

Diego González

26/04/1873

Manuel Escobar- Vicente Martínez

Damián H. Hudson

21/08/1873

Ignacio Gómez- Manuel Escobar

08/02/1873 12/08/1873

Departamento Judicial del Norte Juez

Nombramiento

Alejandro M. Heredia

19/05/1857

Eduardo Carranza-Feliz Sánchez de Zeliz

Terna

Marcelino Aguirre

16/09/1865

Vicente G. Quesada-Eduardo Basavilbaso

Tomás Isla

Renuncia

No acepta 20/03/1866

Ventura Pondal

20/03/1866

Angel J. Carranza- José Francisco López

Carlos J. Álvarez

04/10/1872

Adolfo Insiarte- Pedro Aguilar

Félix Amadeo Benítez

02/11/1872

Victoriano de la Plaza- Carlos Saavedra Zavaleta

04/10/1872

Departamento Judicial del Centro Juez

Nombramiento

José María Irigoyen

27/03/1854

1858

1858

20/06/1862

Manuel H. Langenheim Jorge Echeverría

20/06/1862

Martín Matheu

12/11/1863

José Antonio Zavalía

13/11/1863

Antonio Benguria

28/01/1870

Terna

Renuncia

12/11/1863 José Antonio Zavalía- Pedro Aguilar

No acepta 25/01/1870

Sisto Villegas- Juan José Montes de Oca

Justicias C

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5:48 PM

Página 200

200

Justicias y Fronteras

Departamento Judicial del Sur Juez

Nombramiento

Fernando del Arca

22/12/1853

Felipe Coronel

05/01/1854

Terna

Marcelino Ugarte-Felipe Zéliz

Renuncia

no acepta 1855

Miguel Navarro Viola

1855

1856

Carlos Correa

1856

1858

Jacinto Cárdenas

1858

1860

Joaquín J. Cueto

1860

23/03/1867

Manuel Irigoyen

23/03/1867

Julián Aguirre

Antonio Malaver- Máximo Covache

1874

1874 1879

Tribunales de Comercio Juez

Nombramiento

Terna

Mariano Pinedo Joaquín Cueto

Renuncia

16/05/1865 16/05/1865

Tomás Isla-Manuel A. Zavalía

Juan E Barra Isla Tomás

25/07/1865

Enrique Martínez

08/11/1872

Juan S. Fernández- Luis Lagos García

Justicias C

Abogado

Nacimiento

Lugar

Acosta, José Antonio

1823

Buenos Aires

Título

Magistrado

Departamento

Poder Judicial

Período

Otros cargos

Período

1848

1854-1857

Capital-civil

Superior Tribunal

1857-60

Diputado

1854-57/ 62-64

Agente fiscal

Agrelo, Emilio A.

1821

Buenos Aires

1843

1846

1868-1873

Capital-civil

Alcorta, Amancio

1842

Buenos Aires

1867

1867

1871-1872

Capital-civil

Cba.

Montevideo

1839

Buenos Aires

Barra, Juan Eulogio

1832

Buenos Aires

1857

Baescorchea, Mariano José

1812

Buenos Aires

1838

Belaústegui, Luis V.

1842

Buenos Aires

Benguria, Antonio Benítez, Félix Amadeo Bunge, Octavio Cárdenas, Jacinto

. 1844 1832

Carranza, Ángel

Buenos Aires Buenos Aires

1867 1852

1826

1857

Capital-criminal

1868

1871-1873

Capital-civil

Superior Tribunal

1857-72

1860

1863

Capital-comercial

1855

1857

1869

1872-1875

Capital-criminal

Relator STJ

1855-57

Capital-civil

Relator STJ

1870-72

Cámara civil Capital

1875

1865

1870-1875

Centro-criminal

Cámara del Centro

1875

1865

1872-1875

Norte-criminal

Cámara del Norte

1875

1869

1873-1875

Capital-criminal

1856

1858-1860

Sud-criminal

1860-1868

Capital-civil

Relator STJ

1870-71

Fiscal en la Civil

1872

S. del Estero

1856

1863

1868-1873

Capital-criminal

Relator STJ

1863

Carrasco, Benito

1815

Buenos Aires

1837

1841

1855-1857

Capital-civil

Asesor Tribunal de Comercio

1855

Cazón, Daniel María

1826

Buenos Aires

1845

1849

1853-1854

Capital-civil

STJ

1857-68

1863-1866

Capital-civil

Coronel, Felipe

1849

1855-1856

Sud-criminal

Correa, Carlos

1835

1856-1858

Sud-criminal

Cueto, Joaquín Justiniano De la Cárcova Sáenz, Tiburcio

1809

Buenos Aires

1853

1834

1858

1835 1869

1860-1867

Sud-criminal

1867-1874

Capital-criminal

1844-1857

Capital-criminal

1873-1875

Capital-civil

Agente fiscal

1841-44

STJ

1857-68

Cámara civil Capital

1875

1860-66

Diputado

1858-60

201

Del Carril , Salvador María (h)

Buenos Aires

Diputado

Página 201

1799

Areco, Isaac Paulino

1871-73 1873-73

“Íntegros y competentes”

Alsina, Juan José

Senador Diputado

5:48 PM

Matrícula

3/31/09

Anexo II

1830

Eguía, Carlos Enrique

1809

Buenos Aires

Magistrado

Departamento

Poder Judicial

Período

Otros cargos

Período

1858

1862-1863

Norte-criminal

Relator STJ

1862

Diputado

1865-67

1863-1868

Capital-civil

1857-1863

Capital-civil

STJ

1868-75

Diputado

1858-62

Cámara civil Capital

1875 Diputado

1852-56

1858-74

1857

1814 1810

Buenos Aires

García Fernández, Miguel

1827

España

García, Juan Agustín

1831

Buenos Aires

1826

Buenos Aires

González Garaño, Alejo B.

1833

Buenos Aires

Capital-criminal

1840

1852-1853

Capital-criminal

1859

Capital-civil

STJ

1859-71

1850

1857

1863-1874

Capital-civil

Relator STJ

1857-62

1849

1854

1857-1862

Capital-civil

Relator STJ

Diputado

Agente fiscal civil

Consejero M. 185657/59-60

1846

1843

1849

1855

Capital-civil

Agente fiscal

1852

Diputado

1856

1863

Capital-civil

Agente fiscal

1857

Diputado

1869

1830

1855

1857

STJ- sala civil

1863-75

SCJ

1875-84

Capital-civil

Relator STJ

1870-72

1873

Capital-criminal

Agente fiscal crimen

1872

1857-1862

Norte-criminal

1862-1863

Capital-civil

Agente fiscal civil

1854

Relator STJ

1855

Cámara Apelación del Sud

1875

1873-1875

Capital-criminal

Irigoyen, José María

1845

1854-1858

Centro-criminal

1844

1867-1875

Sud-criminal

1841

Relator Cámara de J.

1873

1867 1819

1872-84

1835

Hudson, Damián H. Irigoyen, Manuel Bernardo de

Agente fiscal civil STJ-SCJ

1860-74

Justicias y Fronteras

García, Manuel Rafael

1837

1853-1855

Página 202

Matrícula

1846

Font, Pablo

Heredia, Alejandro

1835

1823

Estevez Saguí, Miguel

González, Diego

Título

5:48 PM

Escalada, Manuel María de

Lugar

3/31/09

Nacimiento

Echevarría, Jorge

Justicias C

202

Abogado

Justicias C

Lugar

Título

Matrícula

Magistrado

Departamento

Poder Judicial

Período

1821

Buenos Aires

1849

1852

1862-1865

Norte-criminal

STJ

1872-75

1865- 1872

Capital-comercial

Cámara de Apelación criminal y mercantil

1875

Procurador SCJ

1880-85

SCJ

1885-87

Langenheim, Manuel H.

1832

Medina, Ángel Navarro Viola, Miguel

1844

1811 1830

Buenos Aires

Buenos Aires Buenos Aires

1837 1866

1832 1848

1851 1869

1836 1852

1858-1862

Centro-criminal

Relator STJ

1857

1862-1868

Capital-criminal

Asesor de menores

1857

STJ

1868-75

Cámara de Apelación del Norte

1875-78

Cámara de Apelación Civil de la Capital

1878-81

SCJ

1881-87

1853-1854

Capital-criminal

1854

Capital-civil

1872-1875

Capital-comercial

1854 1855-1856

Capital-criminal

1838

Mendoza

1864

1864

1873

Capital-civil

Pardo, Amancio

1834

Salta

1855

1859

1873

Capital-civil

Pica, Domingo

1810

1844

1846

Prado y Rojas, Aurelio Salas, Basilio

1830

1842

Paraná

Buenos Aires

1855

1867

1864

1875

STJ

1857-72

1855-1859

Diputado

1861-63

Senador

1865-66

Diputado

1856-58

Sud-criminal

Pacheco, Wenceslao

Pondal, Ventura

Cámara de Apelación Civil de la Capital

Diputado

1852-53

Capital-civil

1853

Capital-criminal

1866-1872

Norte-criminal

STJ

1857-75

Agente fiscal criminal

1873-74

Agente fiscal de Cámara criminal

1875

1869

1873-1875

Capital-civil

Secretario de SCJ

1875

1852

1852

Capital-civil

ECJ

1855

STJ

1857-74

Página 203

Martínez, Enrique

Buenos Aires

1856

Período

“Íntegros y competentes”

Martínez, Claudio

1852

Otros cargos

5:48 PM

Nacimiento

Isla, Tomás

3/31/09

Abogado

203

Título

Matrícula

Magistrado

Departamento

Poder Judicial

Período

Asunción del Paraguay

1835

1852

1853

Capital-civil

STJ

1857-74

1853-1856

Capital-criminal

SCJ

1875-79

1804

Tucumán

1831

1863

1841-1852

Capital-criminal

Agente fiscal

1852-1853

Capital-criminal

ECJ

1853-54 / 56-57

1863-1870

Centro-criminal

Camarista- Salta

1854

1854-56/ 59-65

Senador

1856-59/ 65-67/ 68-71/ 73-74

Diputado

1845-51/ 54-58

Justicias y Fronteras

1826 Chuquisaca

1834

Diputado

Página 204

Zavalía, José Antonio

Buenos Aires

Período

5:48 PM

Torres, Eustaquio J.

Otros cargos

3/31/09

Lugar

1810

Justicias C

Nacimiento

Somellera, Andrés

204

Abogado

Justicias C

3/31/09

5:48 PM

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Leyes antiguas para un estado moderno Prácticas jurídicas en la provincia de Buenos Aires durante el período de la codificación Melina Yangilevich

Introducción En un decreto de agosto de 1852 Justo José de Urquiza sostuvo que las leyes penales vigentes por entonces eran “…absolutamente inaplicables […por ser…] crueles y extravagantes, que los magistrados, para no incurrir en la infamia o en la ridiculez de ejecutarlas, legislan por sí mismos, para cada caso; y lo arbitrario, […] viene a ser un bien, comparado con el absurdo de imponer esas penas”.1 Las palabras de Urquiza transmitían el pensamiento de varios contemporáneos que creyeron que la sanción de un código penal era esencial para terminar con el arbitrio judicial que, en última instancia, evitaba la aplicación de penas crueles. Esta problemática se extendía a otras áreas del Derecho. Con el propósito de resolver una cuestión considerada esencial para la modernización del país durante la segunda mitad del siglo XIX, se elaboraron varios códigos con diferentes alcances y propósitos.2 A partir de este proceso, entre ciertos historiadores del Derecho se afianzó la idea de que dichos textos normativos reemplazaron una legislación antigua y desfasada de cara al proceso de modernización decimonónico.3 La severidad 1 Decreto del 24 de agosto de 1852, citado en TAU ANZOÁTEGUI, Víctor La codificación en Argentina. Mentalidad social e ideas jurídicas, UBA, Buenos Aires, 1977, p. 315. 2 El primero de dichos códigos fue la Constitución Nacional (1852) y la de la Provincia de Buenos Aires (1854). El Código de Comercio (1859) redactado por Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfield entró en vigencia en el estado de Buenos Aires y en 1862 fue adoptado por el conjunto del territorio argentino. En el ámbito bonaerense se aprobó el Código Rural redactado por Valentín Alsina (1865) y el Penal, obra de Carlos Tejedor (1876) que modificado se nacionalizó en 1886. Por su parte el Código Civil, obra de Dalmacio Vélez Sarsfield fue sancionado en 1869 aunque entró en vigencia dos años más tarde. 3 Estas afirmaciones pueden encontrarse en numerosos textos que analizan la evolución del derecho en el espacio rioplatense. Entre ellos, TAU ANZOÁTEGUI, Víctor La codificación…, cit. y Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre el espíritu del Derecho Indiano, INHID, Buenos Aires, 1992; LEVAGGI, Abelardo Orígenes de la codificación argentina: los Reglamentos de Administración de Justicia, UMSA, Buenos Aires, 1995. Una formulación actual puede encontrarse en DÍAZ COUSELO, José María “La tradición indiana

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de los castigos estipulados por las leyes penales vigentes –y escasamente aplicados– hicieron pensar que tales preceptos habían caído en desuso. Sin embargo, el análisis de la legislación utilizada durante el período colonial y el independiente permiten matizar esta idea para considerar que existió cierta continuidad en el marco normativo vigente durante el siglo XIX. El propósito de este trabajo consiste en analizar cambios y persistencias en la legislación penal en torno a un delito específico: el homicidio y su aplicación en los procesos judiciales. Para la consecución del objetivo planteado, se examinarán un conjunto de juicios criminales sustanciados con posterioridad a 1877 en el Departamento Judicial del Sud, con sede en Dolores.4 El análisis del uso de la legislación penal por parte de jueces de paz, letrados, abogados defensores, fiscales y acusados permitirá repensar la periodización clásica con base en los sucesos políticos y aplicada a la administración de justicia en los territorios que se independizaron de la Monarquía hispánica5 así como la indagación de los rasgos específicos de la administración de justicia criminal en la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX. El conjunto de normas penales utilizadas en el período colonial fue tan extenso como complejo. Sin embargo, fueron algunas leyes de la Séptima Partida las que se citaron con más frecuencia. En este punto conviene realizar una breve descripción de sus rasgos esenciales.

La Séptima Partida: definición de homicidio y establecimiento de penas La Séptima Partida constituye un cuerpo de normas penales elaborado hacia 1265 a instancias del monarca castellano Alfonso el Sabio.6 Como su nombre lo indica, se trató del último libro de las Siete Partidas. Según Francisco Tomás y Valiente, el propósito del Rey fue conformar un cuerpo legislativo acorde con sus aspiraciones de disputar la corona imperial.7 Por ello, se dio preeminencia al derecho romano sobre el de Castilla. Las Partidas implicaron un punto de inflexión dado que el derecho romano volvió a ejercer una influencia importante. Esto se debió a que otorgaba

y la formación del derecho argentino”, en CABALLERO JUÁREZ, José Antonio y CRUZ BARNEY, Oscar –coordinadores– Memoria del Congreso Internacional de Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados, México, 2005 [en línea] http://www.bibliojuridica.org. 4 En 1877 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el Código Penal elaborado por Carlos Tejedor. En 1886, previas modificaciones, fue aprobado para el conjunto del territorio nacional. Ver ZAFFARONI, Eugenio Manual de derecho penal, EDIAR, Buenos Aires, 2002, Parte General, p. 159. 5 ZIMMERMAN, Eduardo –editor– Judicial Institutions in Nineteenth-Century Latin America, Institute of Latin American Studies, University of London, Londres, 1999. 6 GARCÍA-GALLO, Alfonso “Los enigmas de las Partidas”, en VII Centenario de las Partidas del Rey Sabio, Instituto de España, Madrid, 1963. 7 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco Manual de Historia del Derecho Español, Tecnos, Madrid, 2003 [1979], pp. 232 y ss.

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argumentos legales que sostenían un poder central y coadyuvaba a homogeneizar la disgregación jurídica de los fueros locales. Su importancia, en relación con este estudio, radicó en que se constituyó en la principal fuente de derecho penal durante el período colonial e independiente en diversos territorios americanos.8 Al igual que los textos que la precedieron, la Séptima Partida se dividió en Libros, Títulos y Leyes. Sin embargo, a diferencia de aquellos, en este compendio cada Título definió una conducta criminal específica.9 La Séptima Partida precisó diferentes tipos penales y los castigos correspondientes. Dado que su elaboración respondió a las características jerárquicas de la sociedad hispana, se incluyeron prescripciones sobre la aplicación diferenciada de castigos de acuerdo al lugar social de la víctima y la persona acusada.10 En el reino de Castilla las Partidas convivieron con otros textos normativos que dieron lugar a un sistema jurídico complejo y contradictorio. Por ello, se sucedieron diversas recopilaciones con el objeto de ordenar y sistematizar el conjunto de legislación existente. Este conjunto llegó a América producto de la colonización castellana. En las sucesivas compilaciones realizadas en la Península la cuestión penal no fue una de las centrales. Por ello, la Séptima Partida siguió vigente como fuente de derecho en cuestiones criminales.11 Su utilización en diversos espacios de América denotó su adaptación a las situaciones divergentes que allí tuvieron lugar.12 El Virreinato del Río de la Plata no fue una excepción. El uso de este corpus normativo no concluyó con el proceso revolucionario. Por el contrario, continuó durante buena parte del siglo XIX.13 Iniciada en 1853, la organización de la justicia letrada criminal en la campaña de Buenos Aires tuvo como uno de los objetivos primordiales consolidar un poder

8 MOCHO, Jill Murder and Justice in frontier New Mexico, 1821-1846, University of New Mexico Press, Alburquerque, 1997 [1946], p. 20; CHAMBERS, Sarah De súbditos a ciudadanos: honor, género y política en Arequipa, 1780-1854, Universidad del Pacífico, Lima, 2003 [1999], especialmente capítulo 4, “De la Iglesia a los tribunales. El intento de control social”, pp. 141-178; GARCÍA VILLEGAS, Mauricio “Apuntes sobre codificación y costumbre en la Historia del derecho colombiano”, en Precedente, Anuario Jurídico, Universidad ICESI, Cali, 2003, pp. 97-124; LOSA CONTRERAS, Carmen “La influencia española en la administración de justicia del México independiente”, en Cuadernos de Historia del Derecho, núm. XI, Madrid, 2004, pp. 141-177 y ROJAS, Mauricio “Abigeato y economía en Concepción (1820-1850)”, en XXVI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Puerto Rico, 15-18 de marzo de 2006. 9 GARCÍA-GALLO, Alfonso “El libro de las leyes de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas”, en Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 21-22, 1951-1952. 10 Ley VIII, Título XXXI, Séptima Partida, “Que cosas deven catar los jueces ante que manden dar las penas; e por que razones las pueden crescer, o menguar, o toller”, en Los Códigos Españoles concordados y anotados, Tomo III, 2ª edición, Antonio de San Martín Editor, Madrid, 1872, pp. 470-472. 11 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco Manual de Historia…, cit., pp. 240 y ss. 12 Ver cita 7. 13 BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la ley TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina, Al Margen, La Plata, 2001, especialmente capítulo IV, “Cambios y continuidades de la legislación criminal después de 1810”, pp. 75-101.

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estatal –en proceso de construcción– en el ámbito rural.14 Las autoridades procuraron sentar en ese espacio las bases de un orden social adecuado al desarrollo de las relaciones capitalistas.15 El Departamento Judicial del Sud, con asiento en Dolores, conllevó la instalación de un juez letrado –la máxima autoridad existente– más allá del río Salado.16 Estos magistrados se valieron de diversas leyes para fundamentar las decisiones que tomaron en los procesos judiciales en los que le tocó intervenir.17 Entre las normas empleadas con mayor frecuencia se encontraba la Séptima Partida. Sin embargo, la utilización que se hizo de la misma fue selectiva, en tanto fue un conjunto reducido de leyes lo que se mencionaba en los procesos judiciales.18 En la Séptima Partida el homicidio fue considerado como el “matamiento de ome”.19 Según la Ley I Título VIII esta acción podía tener lugar de tres maneras. Primero, cuando una persona mataba a otra contra “derecho, razón o justicia”.20 En segundo término, cuando la acción se encuadraba dentro de las circunstancias permitidas. Por último, cuando la muerte hubiera sido provocada de manera involuntaria. Las leyes sucesivas establecían las circunstancias que los jueces debían considerar al momento de juzgar a una persona por homicidio. La Ley II afirmaba que cuando una persona mataba de manera consciente –“a sabiendas”– a algún hombre o mujer, fuera libre o siervo, le correspondía la pena de muerte. Si el ataque era realizado en defensa propia –“viniendo el otro contra el”– no correspondía pena alguna. Esta salvedad sostenía que todo hombre tenía derecho a “amparar su persona de muerte”. La Ley III estableció las razones por las que matar a una persona no podía considerarse homicidio. Estas incluían al hombre que encontrara a otro mantenien-

14 CORVA, María Angélica “La Justicia letrada en la campaña bonaerense 1853-1856”, en Temas de historia argentina y americana, núm. 7, Facultad de Filosofía y Letras, UCA, 2004, pp. 22-43. Hubo un intento previo que no llegó a prosperar. Sobre este punto ver el trabajo de Raúl Fradkin contenido en este volumen. 15 Un ejemplo de ello fue la elaboración del Código Rural por parte de Valentín Alsina. Sin embargo, Alsina no dejó de ver las dificultades en la aplicación de ciertas premisas, como el respeto a la propiedad privada. Un análisis del contenido y objetivos de ese texto en AMARAL, Samuel The rise of capitalism on the Pampas. The Estancias of Buenos Aires, 1785-1870, Cambridge University Press, Cambridge, 1998; GELMAN; Jorge “Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana, siglos XVIII y XIX”, en Historia Agraria, núm. 37, Año XV, Murcia, diciembre de 2005, pp. 467-488. 16 RONCORONI, Atilio Centenario de la creación de los Tribunales del Departamento Judicial del Sud, Peuser, Buenos Aires, 1953. 17 La obligación de los jueces de fundamentar las sentencias fue una de las modificaciones sustanciales en la administración de justicia. Sobre esta cuestión ver TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “Los comienzos de la fundamentación de las sentencias en Argentina”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 10, Instituto de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1982. 18 YANGILEVICH, Melina Crimen y castigo en la frontera (Buenos Aires, 1852-1880), Tesis doctoral, UNICEN, Tandil, 2007, inédita. 19 Ley I, Título VIII, “Que cosa es Omezillo, e quantas maneras sol del”, en Los Códigos Españoles…, cit., p. 320. 20 Definición de “torticeramente”, Diccionario de la Real Academia Española, 1780 [en línea] http://www.rae.es.

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do cópula carnal con su esposa o hermana haciendo uso de la violencia, a quien matara en su morada a un ladrón que se resistiese a ser entregado a la Justicia o a un asaltador de caminos conocido. De la misma manera, aquel que persiguiera y matara a un caballero que hubiera huido de su Señor no podía ser considerado un homicida. De igual modo, no cabía acusación a quien matara y no tuviera uso de razón.21 Según la Ley IV tampoco podía definirse como homicidio las muertes provocadas de manera involuntaria. Sin embargo, debía probarse que no había una enemistad previa. Si ello no resultaba convincente se dejaba al arbitrio del juez la pena que pudiera corresponder.22 La Ley V establecía las ocasiones en las que cabía pena por matar a otra persona por negligencia. De las ocasiones mencionadas, la más relevante para el análisis que pretendemos realizar es la que menciona que “si alguno se embriagasse de manera, que matasse otro por la beodez” le cabía una pena de destierro por cinco años. A estas leyes se sumaron otras que estipulaban los modos de establecer las penas por parte de los jueces. En los procesos criminales analizados tales leyes estaban contenidas en los títulos XXXI y XXXIV de la Séptima Partida. Del primero, interesa destacar las leyes VII y VIII. La primera estableció que los magistrados debían dictar sus fallos con posterioridad a que la acusación hubiera sido probada en juicio y de ninguna manera el castigo podía basarse en indicios o sospechas. La Ley VIII señaló las circunstancias que debían tener en cuenta los jueces antes de dictar una sentencia. Ello incluyó atender a la calidad de las personas involucradas, si se trataba un “…siervo o libre, […] hidalgo u hombre de villa o aldeas…” así como la edad. A los “…hidalgos [y] hombres honrados…” les correspondía ser sancionados de manera menos cruel que el resto. El homicida que hubiere matado a su padre o señor recibiría una pena mayor que la de cualquier otra muerte. También deberían considerarse cuestiones como el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, la hora del día, la frecuencia con que se daba, el lugar. La citada norma también estableció que a quien matase a traición debía aplicarse una pena más dura que si la muerte fuera producto de una pelea. Por último, los jueces –luego de evaluar las circunstancias del hecho– podían aumentar, disminuir o cambiar la pena.23 Otra de las leyes citada fue la XVI del Título XXXIV que no debía considerarse como voluntarias las acciones realizadas producto de la ira salvo que no sobreviniera arrepentimiento.24

21 Todas las citas fueron extraídas de la Ley II, Título VIII, Séptima Partida, “Porque razones, e en que casos, no meresce pena de homicida, aquel que mata a otro ome”, en Los Códigos Españoles…, cit., p. 321. 22 Ley IV, Título VIII, Séptima Partida, “Como aquel que mata a otro por ocasión, non merece auer pena porende”, en Los Códigos Españoles…, cit., p. 323. 23 Ley VIII, Titulo XXXI, Séptima Partida, en Los Códigos Españoles…, cit., pp. 530-532. 24 Ley XVI, Título XXXIV, Séptima Partida, en Los Códigos Españoles…, cit., p. 549.

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Al igual que en otras normas legales, en la Séptima Partida se reflejaron las características de la sociedad para la cual fue elaborada. Sin embargo, ello no implica sostener que el único propósito fuera sojuzgar a los sectores desfavorecidos de la sociedad. Si bien establecía castigos diferenciales de acuerdo a la inserción social de la víctima y el imputado, también se atendía a los derechos a los que eran acreedores todos los miembros del conjunto social. Uno de los propósitos de este texto normativo era garantizar la armonía social y por eso los jueces debían ejercer una justicia equitativa, que no era sinónimo de igualitaria. La finalidad de la equidad tendía a la búsqueda del bienestar colectivo en el marco de una sociedad jerarquizada y corporativa.25 La administración de justicia criminal en las colonias castellanas retomó muchos de estos preceptos. Luego del proceso revolucionario, se planteó un conjunto de reformas en el ámbito judicial que no modificó sustantivamente la manera en que los hombres eran juzgados.26 Durante las primeras décadas postrevolucionarias las innovaciones estuvieron vinculadas con cambios en las instituciones judiciales.27 En materia de legislación, el Reglamento Provisional de 1817 fue una muestra de la convivencia de concepciones políticas divergentes. Este sostuvo que la administración de justicia debía seguir “…los principios, orden y método que hasta ahora se han observado según las leyes y las siguientes disposiciones.”28 Paralelamente, se estableció un conjunto de derechos que correspondía a los acusados. Uno de ellos consistía en que el acusado nombrase un “padrino” que constatara las versiones escritas de las declaraciones. Uno de los artículos más importantes argumentó que “…toda sentencia en causas criminales, para que se repute válida, debe ser pronunciada por el texto expreso de la ley.”29 El siguiente inciso habilitó a los jueces para imponer penas de acuerdo a su “arbitrio prudente”. El artículo XV estableció que nadie podía ser detenido sin prueba “semiplena o indicios vehementes”. Este conjunto de artículos enumeraron las garantías que gozaban los procesados en la tramitación del juicio. Aunque pudieran parecer novedosos, muchos de ellos se encontraban asentados en la vasta y compleja legislación hispana. Por ello, sin que implique negar los cambios que sobrevinieron a partir del proceso revolucionario, resulta

25 LEVI, Giovanni “Reciprocidad mediterránea”, en Hispania, LX/1, núm. 204, 2000, pp. 103-126, [en línea] http://www.tiemposmodernos.org. 26 DÍAZ COUSELO, José María “La tradición indiana…”, cit., p. 31. 27 Una de las más relevantes para la administración de justicia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires fue la supresión de los cabildos, en 1821. Las funciones que desempeñaban los alcaldes fueron retomadas por los jueces de paz. La administración de justicia fue una de las tantas atribuciones que detentaron estas autoridades. Ver DÍAZ, Benito Los juzgados de paz de campaña de la Provincia de Buenos Aires (1821-1854), UNLP, La Plata, 1959. 28 “Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado de 1817”, en Documentos de la conformación institucional argentina, 1782-1972, Sección I, cap. V, artículo II, PEN, Ministerio del Interior, Buenos Aires, 1974, p. 185. 29 “Reglamento Provisorio…”, cit., art. XIII, p. 194.

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arriesgado sostener que este reglamento, como otras disposiciones de la época, formaron parte de un nuevo discurso jurídico. La necesidad de sancionar un código penal fue discutida por varios juristas durante el siglo XIX.30 Sin embargo, como se mencionó, tal propósito no se alcanzó –en la provincia de Buenos Aires– hasta 1877. Ello facilitó la persistencia de leyes y reglamentos promulgados en la primera mitad del siglo XIX como fuente de argumentos de sentencias y escritos jurídicos. Este conjunto normativo se sumó a la legislación colonial que continuaba vigente. Entre ellas se encontraba un decreto de 1830 que procuraba reducir el término de los procesos por el uso de armas. Allí se estableció que si las heridas infringidas ocasionaban la muerte de la víctima “con circunstancias que llamen a la espectación pública” el autor y los cómplices serían “pasados por las armas.”31 Hasta la sanción del Código Penal, los casos de homicidio fueron juzgados sobre la base de esta legislación. La puesta en vigencia del Código en 1878 en el territorio bonaerense sumó un nuevo texto a los ya vigentes. En este punto convendría detenerse para analizar sus características principales.

El Código Penal: definición de homicidio y establecimiento de penas El texto elaborado por Carlos Tejedor pretendió dar uniformidad a la dispersión legal existente y que los delitos fueran juzgados con base en ciertos criterios únicos y aplicables en todos los casos. Su organización interna repitió, en cierta medida, la utilizada hasta entonces por los textos normativos. El Código se dividió en libros, secciones y títulos. A su vez, cada uno de estos últimos se organizó en capítulos y artículos. El cuerpo de la obra estuvo conformado por dos partes. Una primera, que contenía las disposiciones generales mientras que en la segunda se establecieron los crímenes y delitos así como las penas que les correspondían. El libro I versó sobre la voluntad criminal y la consumación del crimen, la tentativa, la culpa e imprudencia, los autores principales, los cómplices así como de las personas responsables en lo civil.32 El principio general sobre el que se basó el castigo era la “intencionalidad” del sujeto. De esta manera, el artículo 8º del Título I sostuvo que: “Hay crimen cometido con dolo, cuando el agente se propone la realización del crimen proveniente de su acción, como objeto intencional de ella y a sabiendas de que la resolución es ile-

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TAU ANZOÁTEGUI, Víctor La codificación…, cit., pp. 345-348. “Decreto simplificando los juicios contra los que ofenden con las armas”, en Recopilación de las Leyes y Decretos promulgados desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de diciembre de 1835, Imprentas del Estado, Buenos Aires, 1836, Tomo II, p. 1033. 32 Es necesario remarcar la continuidad en la manera en la que se organiza la disposición de las normas en el Código respecto de la organización de los textos legales castellanos. 31

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gítima y punible”.33 De manera similar, se estipulaba que las acciones contrarias a la letra de la ley donde no pudieran imputarse intención ni negligencia no estaban sujetas a pena. Partiendo de este principio, Tejedor hizo hincapié en procurar fijar las responsabilidades de las personas por la acción realizada. Por su parte, el libro II trató sobre el castigo en general como un mal legal impuesto a aquellos que resultaran culpables de una acción u omisión indebida y respecto de la cual las leyes establecían la imposición de un castigo. Las penas estaban clasificadas en corporales, privativas del honor y humillantes y pecuniarias.34 Además se establecieron ciertas causas que eximían de la aplicación de una pena. A las personas carentes de razón, el agente que hubiere actuado por una orden superior o quien procediera en legítima defensa de su vida y propiedad no les cabía condena alguna. En este último caso, el Código estableció que la coerción debía ser mínima para controlar la agresión recibida. El uso de la legítima defensa, contenido en la Séptima Partida, fue retomado como causa de eximición del castigo aunque con mayores restricciones. Por otro lado, también se enumeraron los atenuantes, agravantes y prescripciones sobre los delitos. Los primeros se aplicaban cuando la persona que realizó la acción no tuvo intención ni desidia. También se incluyeron cuestiones como la edad de la persona acusada, la extensión del proceso por más de dos años cuando correspondía la pena capital y la aplicación de la pena inferior cuando se hubiera demostrado la comisión de un delito pero persistieran elementos inciertos. Dentro de las agravantes se incluyeron la reiteración y la reincidencia. El Título VI se ocupó de la atenuación y agravación prudencial de la pena. En los casos que la ley no establecía la pena, el juez podía y debía proporcionarla con el objeto de aumentar o disminuir la gravedad del hecho. Las circunstancias que incrementaban la criminalidad eran la cantidad de leyes transgredidas, el empleo de fuerza y la práctica constante de malas acciones, hábitos y desarreglo de costumbres.35 Por otra parte, se reducía cuando la falta de instrucción impedía al sujeto comprender la gravedad de su acción, la extrema necesidad o urgencia y cuando se hubiera obrado bajo una perturbación intelectual irrefrenable. Varias de estas disposiciones dejaron margen al arbitrio judicial. En este sentido, la capacidad para agravar o atenuar el castigo de que disponían los jueces constituyó otra continuidad respecto de la legislación castellana. Los magistrados no podían apartarse de lo que estipulaba la ley aunque 33 “Código Penal de la Provincia de Buenos Aires”, en KETZELMAN, Federico y DE SOUZA, Rodolfo Colección completa de leyes del Estado y Provincia de Buenos Aires desde 1854 a 1929, Lex, Buenos Aires, 1930, p. 418. 34 Las corporales estipulaban la muerte, presidio, penitenciaría, destierro, confinamiento, prisión y arresto. Las que afectaban el honor incluían: inhabilitación, destitución, suspensión, retractación, satisfacción, vigilancia de la autoridad, reprensión. Las pecuniarias prescribían: multa, caución, comiso, costas y gastos. “Código Penal…”, cit., pp. 432-438. 35 La “reputación” del procesado continuaba siendo un elemento a considerar por parte de los jueces al momento de evaluar la aplicación de una condena.

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podían establecer una pena de acuerdo a los mínimos y máximos previamente determinados de acuerdo a las circunstancias del crimen.36 La segunda parte del Código describió las penas correspondientes para los diferentes delitos. Este apartado se dividió en dos libros. El primero estuvo dedicado a los crímenes y transgresiones privados y los castigos pertinentes. Contenía ocho títulos referidos a los crímenes contra la vida, las lesiones corporales, los delitos contra la honestidad, la ilegalidad en materia conyugal, delitos contra el estado civil de las personas, atentados a las garantías individuales, injurias y calumnias y delitos contra la propiedad. Por su parte, el segundo libro se refirió a los delitos públicos y las penas atribuidas, agrupados en cinco títulos.37 En la opinión de Tejedor la pena a otorgar no era única sino que dependía de las circunstancias en las que se hubiera cometido el crimen. En el Código, el homicidio es definido y castigado según diversas circunstancias en torno a su comisión. El homicidio simple implicó matar a una persona “sin reflexión ni premeditación” y la pena era de seis años de presidio o penitenciaría.38 Si la víctima había provocado su muerte por medio de agresiones, ofensas o injurias la pena se reducía a tres años.39 Si un hombre mataba a su esposa al descubrirla cometiendo adulterio, el castigo iba de uno a tres años.40 En los casos en que la muerte de una persona ocurriera debido a una riña, el responsable de infligir la herida mortal sería considerado un homicida.41 El homicidio premeditado o con alevosía se definió como asesinato y se estipuló la pena de muerte para quien fuera hallado culpable,42 lo mismo que el parricidio.43 Por su parte, el infanticidio fue considerado de manera más benigna.44 Para la madre o abuelos maternos que mataran a un niño menor de tres días se estableció la pena de dos y tres años respectivamente.45 Las notorias diferencias respecto de otros homicidios respondían al valor otorgado a la honorabilidad femenina como

36 MORENO, Rodolfo El Código Penal y sus antecedentes, H. A. Tomasi editor, Buenos Aires, 1922, Tomo I, pp. 60-62. 37 Estos incluyeron los delitos contra la seguridad interior y el orden público, las infracciones realizadas por empleados públicos, las falsedades, atentados contra la religión y la salud pública. 38 “Código Penal…”, cit., Libro Segundo, Sección Primera, Título Primero, capítulo 1, artículo 196, p. 447. 39 “Código Penal…”, cit., artículo 197, p. 448. 40 “Código Penal…”, cit., artículo 198, p. 448. 41 “Código Penal…”, cit., artículos 201 a 296, pp. 448-449. 42 “Código Penal…”, cit., capítulo II, artículos 207 a 210, p. 449. 43 “Código Penal…”, cit., artículo 211, p. 449. La muerte de un ascendiente –que no fuera madre o padre–, un descendiente o cónyuge implicaba la pena de presidio o penitenciaría por tiempo indeterminado. Artículo 212, p. 449. La única excepción era la muerte de la esposa en ocasión de estar cometiendo adulterio que implicaba, tan solo, la pena de uno a tres años. 44 El infanticidio era la muerte provocada de un recién nacido, menor a tres días completos, “Código Penal…”, cit., artículo 213, p. 449. 45 “Código Penal…”, cit., artículo 214, p. 449.

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justificativo de tal acción.46 Las diferencias también estaban delimitadas claramente en torno al duelo. Mientras el lance fuera realizado con padrinos, es decir el “duelo honorable”, la muerte ocasionada se castigaba con una pena de tres años y las lesiones con un año.47 Las peleas sin padrinos que dieran lugar a la muerte de uno de los contendientes o provocasen lesiones estaban penadas con seis y tres años respectivamente. Es decir que tenía el mismo castigo que el homicidio simple. El texto del Código reflejó la concepción vigente entre los sectores acomodados de la sociedad para quienes no todas las disputas eran similares. La condición social era un claro indicador de la pena a la que un hombre podía hacerse acreedor si tomaba parte en un desafío.48 Las penas establecidas para los crímenes incluían un amplio abanico de posibilidades que dejaba en manos de los jueces atender a circunstancias agravantes o atenuantes. El análisis de un grupo de casos tramitados en los Departamentos Judiciales del Sud y de Capital49 con posterioridad a la sanción del Código permitirá considerar su uso y el del resto de la legislación penal para considerar en qué medida el texto de Tejedor implicó una “modernización” de las leyes penales.

La legislación en uso. Normas y prácticas jurídicas La organización de la justicia criminal en la campaña bonaerense fue una de las preocupaciones esenciales de las autoridades que siguieron al gobierno rosista. La constatación, a pesar de las suposiciones previas,50 de que se trataba de un espacio

46 SOCOLOW, Susan “Women and Crime: Buenos Aires, 1757-97”, en Journal of Latin American Studies, Vol. 12, núm. 1, mayo 1980, pp. 39-54 y especialmente RUGGIERO, Kristin “Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-Century Buenos Aires”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 72, núm. 3, agosto 1992, pp. 353-373. 47 “Código Penal…”, cit., capítulo VII, artículo 222, p. 450. 48 GAYOL, Sandra “Duelos, honores, leyes y derechos: Argentina, 1887-1923”, en Anuario IEHS, núm. 14, Tandil, 1999; Sociabilidad en Buenos Aires. Hombres, honor y cafés 1862-1910, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2000 y “Elogio, deslegitimación y estéticas de las violencias urbanas: Buenos Aires, 1870-1920”, en GAYOL, Sandra y KESSLER, Gabriel –compiladores– Violencias, delitos y justicias en la Argentina, Manantial, Buenos Aires, 2002. 49 En momentos de la organización de los departamentos judiciales de la campaña los partidos de Bahía Blanca y Patagones formaron parte del Departamento Judicial del Sud con asiento en Dolores. En 1863 fueron transferidos al Departamento de la Capital con sede en la ciudad de Buenos Aires debido a las dificultades de comunicación entre esos puntos por la presencia de indígenas y gauchos matreros. CORBETTA, Juan Carlos y HELGUERA, María del Carmen La evolución del mapa judicial de la provincia de Buenos Aires, 1821-1983, La Plata, 1983. 50 HALPERIN DONGHI, Tulio Proyecto y construcción de una Nación, 1846-1880, Prometeo, Buenos Aires, 2005 [1980], p. 33. Al respecto el autor sostiene que “Quienes [en 1852] creían poder recibir en herencia un Estado central al que era preciso dotar de una definición institucional precisa, pero que, aún antes de recibirlo, podía ya ser utilizado para construir una nueva nación, van a tener que aprender que, antes que ésta –o junto con ella– es preciso construir el Estado.”

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carente de orden impulsó el establecimiento exclusivo de la justicia penal.51 Este esquema institucional procuró consolidar la división de poderes, condición esencial de todo estado que pretendiera insertarse en el contexto de los países más adelantados. Sin embargo, la administración de justicia penal siguió utilizando en su quehacer cotidiano normas elaboradas más de seis siglos atrás. La discusión en torno a la necesidad de un único texto legal y sistemático no estuvo ausente del ámbito jurídico. Sin embargo, los cambios institucionales de la administración de justicia precedieron a la codificación. Ello implicó la continuidad del uso de los preceptos empleados hasta entonces legitimado por el Reglamento Provisorio de 1817.52 La organización de la justicia letrada fue una de las novedades de la segunda mitad del siglo XIX en el ámbito de la administración de justicia. A esto, se sumó la obligatoriedad de los jueces de fundamentar las sentencias.53 Esta disposición implicó que los magistrados debieron explicitar por escrito en cuáles normativas se sustentaban las decisiones que tomaban sobre los procesados. Los fiscales y defensores también dejaron asentados los preceptos utilizados para apoyar sus argumentos. Estas intervenciones permiten conocer las normas empleadas y el uso que de ellas hicieron quienes intervinieron en los procesos criminales. Los juicios seleccionados corresponden a causas por homicidios cometidos en diferentes espacios de la campaña bonaerense: Bahía Blanca, Monsalvo y Tandil. En el primero de los casos, José María González fue procesado por la muerte de Mariano San Juan en Bahía Blanca. El acusado era peón en el establecimiento rural de quien resultó muerto.54 Según las declaraciones de los testigos y del mismo González la pelea se suscitó cuando éste se presentó ante San Juan para exigirle el pago por sus tareas. El acusado sostuvo que San Juan lo atacó y que él solo se defendió. Por ello, el defensor pidió la absolución del acusado sobre la base del artículo 152 del Código Penal que sostenía que “…toda persona está autorizada para hacer uso de su fuerza personal…” para repeler un ataque contra sí. Tal violencia no estaba penada siempre que no traspasara los límites estipulados por el Código.55 Para

51 En los debates de la ley se consideró incorporar también el fuero civil, aunque finalmente no se aprobó. CORVA, María Angélica “La Justicia letrada…”, cit., p. 29. 52 GARAVAGLIA, Juan Carlos “La justicia rural en buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX (Estructuras, funciones y poderes locales)”, en Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Homo Sapiens, Rosario, 1999, p. 112. 53 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “Los comienzos de la fundamentación de las sentencias en Argentina”, cit., p. 315. 54 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Ricardo Levene” (en adelante, AHPBA), Juzgado del Crimen, Criminal contra José María González por asesinato en Bahía Blanca, 38-5-4-333-71. 55 “Código Penal…”, cit., título tercero, artículo 152, p. 440. Según el artículo 156 estos límites implicaban que la defensa era admitida “1º Contra todos los ataques dirigidos a la persona […] cuando sean […] capaz de poner en peligro la vida, la libertad o el pudor. 2º Contra el individuo que tomado en flagrante delito de hurto, resista con armas o huya con el robo en actitud amenazante […] y sin poder prendérselo de otro modo. 3º Contra los actos criminales de violencia que tengan por objeto el deterioro, o la des-

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reforzar su argumento el defensor sostuvo que González “en medio de la soledad de la campaña no pudo requerir el auxilio de la autoridad”. Sin embargo, el juez de Primera Instancia del Departamento de la Capital condenó a González a cinco años de prisión, rebajándole un año de acuerdo a los artículos 188 y 189 del Código.56 Por su parte, el fiscal de la cámara sostuvo que el hecho se encuadraba en el homicidio simple “definido y penado por el artículo 176 del Código Penal vigente”. Sostuvo además su disconformidad con la disminución de la sentencia dado que el juez no tenía la facultad de cambiar la clase de la pena, prolongar o abreviar su duración según el artículo 190 del mismo código.57 A este argumento sumó el artículo 105 que sostenía que ninguna pena de penitenciaría por tiempo determinado podía ser menor a seis años ni mayor de quince.58 Por ello, el Fiscal solicitó a la Cámara de Apelaciones la confirmación de la sentencia pero con el agregado de un año para extenderla a seis años. Por su parte, el defensor argumentó que San Juan tuvo responsabilidad en la pelea y que hirió al acusado. Según sus palabras, esta acción se encuadraba en el artículo 173 que afirmaba que cuando se demostrara el crimen contra el acusado, pero algunos elementos permanecieran inciertos o incompletos, los Tribunales deberían aplicar una pena inferior a la señalada por la ley, salvo que el caso estuviera previsto y decidido de otro modo por una disposición especial.59 La Cámara aprobó lo solicitado por el fiscal y el defensor interpuso apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que rechazó el pedido y confirmó la sentencia.60 trucción de la propiedad mueble o inmueble, y que amenacen la vida del dueño presente. 4º Contra los que tienten penetrar por la fuerza […] o de cualquier otro modo ilícito, en las propiedades raíces de otro, con peligro de la vida de sus habitantes”. 56 Estos dos artículos hacían referencia a la disminución de la criminalidad (artículo 188) y de la pena (artículo 189). En el caso del primero sostenía que eran atenuantes: “1º …la falta de instrucción, o por una debilidad natural de la inteligencia, el culpable no ha comprendido toda la gravedad del peligro, ni la extensión de la prohibición o de la pena infligida a su acción. 2º Cuando se ha determinado a cometer el crimen, por persuasión, promesas artificiosas, orden o amenaza […] 3º Cuando ha sido impelido por una miseria apremiante, o cualquiera otra necesidad urgente. 4º Cuando excitados sus deseos por una ocasión imprevista […] ha sido arrastrado […] a la ejecución del crimen. 5º Cuando ha obrado arrebatado por una pasión, o en un momento de perturbación intelectual […]. 6º Cuando resulta […] que su perversidad y desmoralización son todavía poco avanzados”. El artículo 189 sostenía que la pena se disminuiría: “1º Si el culpable se ha limitado voluntariamente a causar un daño menor que el que podía producir. 2º Si se ha esforzado […], por impedir las consecuencias del crimen o reparar sus efectos perjudiciales. 3º Si el mismo se entrega a la justicia. 4º Si en su primer o segundo interrogatorio confiesa su crimen […] 5º Si revela la existencia de nuevos culpables desconocidos a la justicia […] y la ocasión de prenderlos”. “Código Penal…”, cit., p. 446. 57 Este artículo estipulaba que “…ninguna de las causas enunciadas [por el artículo 189] autorizan al juez para separarse de la pena legal, cambiar su clase, prolongar o abreviar su duración.” En el caso en que las penas privativas de la libertad tuvieran un mínimo y máximo los Tribunales podían, luego de examinar determinadas circunstancias, prolongar o abreviar la pena, siempre dentro de los límites fijados. “Código Penal…”, cit., p. 446. 58 “Código Penal…”, cit., p. 434. 59 “Código Penal…”, cit., p. 443. 60 Criminal contra José María González…, cit.

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En este proceso que se inició en 1877 y culminó al año siguiente se utilizó exclusivamente el Código Penal recientemente promulgado para sustentar los argumentos de los diferentes agentes judiciales. De esta manera, se dejó de lado toda mención a otros tipos de fuentes sobre los que se fundamentaban las diversas posiciones en los procesos sustanciados hasta entonces.61 Debido a que se trata de un solo proceso no resulta posible realizar afirmaciones categóricas. No obstante, a partir del análisis del juicio se verifica que el vasto y complejo conjunto normativo aplicado durante la colonia y buena parte del siglo XIX en diferentes espacios del antiguo virreinato del Río de la Plata62 no aparece mencionado siquiera una vez. Antes de sostener que el Código Penal, en tanto cuerpo de leyes metódico y ordenado, se impuso en la administración de justicia criminal, conviene considerar qué sucedía en otros ámbitos. Para ello se analizarán un par de procesos sobre homicidios que se tramitaron en el Departamento Judicial del Sud con sede en Dolores. El primero de ellos tuvo lugar en Monsalvo en 1874.63 Ignacio Sosa fue acusado de la muerte de Luis Rodríguez.64 El proceso se inició tres años después cuando Sosa fue detenido. El juez de paz, Ramón Nescia, decidió remitirlo de manera inmediata porque consideró que Sosa era un individuo “peligroso” y porque existía el riesgo de que se fugase. El sumario no fue elaborado cuando tuvo lugar la muerte de Rodríguez sino solo cuando el acusado fue aprehendido. Según su primera declaración ante el juez de paz, salió al campo junto a Gervasio Conte con el propósito de buscar dos potros para domarlos cuando se presentó la víctima que vivía en las cercanías. Rodríguez increpó a Conte y le disparó un tiro, aunque sin llegar a herirlo. Luego atacó a Sosa, y éste –según sus dichos– defendiéndose con un cuchillo le dio una puñalada pero cuando Rodríguez se retiró estaba de pie. Ante la pregunta del Juez afirmó que nunca antes había tenido “motivos de enemistad” con la víctima. La situación de Sosa pareció complicarse por la acusación de abigeato que realizaron varios vecinos. Según uno de ellos, Angelino Díaz, no denunció el robo debido a “…que el tal Sosa era un bandido prófugo […] y se conformó con el mal sufri-

61 En procesos tramitados con anterioridad en el mismo departamento se utilizó la Séptima Partida así como legislación sancionada durante el siglo XIX. A modo de ejemplo ver, AHPBA, 38-1-234-38 (1864), Criminal contra José Giré y Luis Curce por haber dado muerte a José Crespo (alias Canaquias Lucano) en Patagones la noche del 28 de julio del presente año. 62 BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la ley…, cit., pp. 103 y ss., BARRAL, María Elena; FRADKIN, Raúl y PERRI, Gladys “¿Quiénes son los ‘perjudiciales’? Concepciones jurídicas, producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-1830)”, en Claroscuro, núm. 2, CEDCU, 2002, Rosario, pp. 80-87; PRESSEL, Griselda “Conflictos y tensiones en la comunidad rural en un proceso de modernización. El Oriente entrerriano a mediados del siglo XIX”, [en línea] http://www.ffyh.unc.edu.ar/modernidades. 63 Monsalvo corresponde al actual partido de Maipú. 64 Departamento Histórico Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Paquete núm. 43, Orden núm. 4 (en adelante DHJ, núm./núm.) Criminal Sosa Ignacio por muerte a Luis Rodríguez en Monsalvo el 18 de julio de 1874.

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do.” Cuando le preguntaron sobre los antecedentes del acusado sostuvo que “…ha oido decir con mucha generalidad a todos los vecinos [que] Sosa no se ocupa mas que de robar y ha muerto alevosamente á Luis Rodríguez que cuando ha oido hablar de robos siempre se cita á él como el mas notable por su audacia y destreza”. Esta cita ejemplifica la manera en que se construía una parte de la prueba en el ámbito de la administración de justicia donde la “fama y voz pública” continuaban siendo relevantes para la tramitación posterior del proceso.65 Las declaraciones de otros vecinos fueron similares. En una nueva indagatoria ante el juez de paz el acusado sostuvo que había matado a Rodríguez porque éste lo provocó con “insultos y amenazas” aunque negó que alguno hubiera estado ebrio. Por otro lado, desmintió las acusaciones de robo de animales. Cuando el sumario llegó a Dolores, Sosa desistió de contar con la asistencia del defensor de pobres y nombró al Dr. Juan Lecot. El juez de Primera Instancia Julián Aguirre envió numerosos oficios al juez de paz requiriendo el envío de los certificados de heridas y de defunción correspondientes a Luis Rodríguez y la toma de declaración a varias personas que fueron mencionadas en el expediente.66 En este estado, el fiscal Amaral solicitó al juez letrado que declarara el sobreseimiento “por ahora”67 del acusado dado que no hubo testigos directos de la pelea. El juez Aguirre accedió al pedido y remitió la causa para su consulta a la Cámara de Apelaciones. Los jueces que la integraban confirmaron la decisión del magistrado, afirmando que según el artículo 15 del Código Penal éste era uno de los casos en los que debía sobreseerse por haberse agotado los medios de averiguar la verdad, sin conseguirlo.68 Como se desprende de lo sostenido hasta aquí, la situación de Ignacio Sosa se vio favorecida cuando el proceso fue remitido al juez letrado en Dolores. La opinión que los vecinos de Monsalvo tenían sobre él no era buena. A la acusación de homicidios se agregó otra que lo involucraba en el robo de animales y su posterior venta en un matadero. Según el Juez de Paz, Sosa

65 Por cuestiones de espacio solo mencionaremos a GARAVAGLIA, Juan Carlos “Paz, orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires”, en Poder, Conflicto…, cit., p. 78 y HERZOG, Tamar La administración como un fenómeno social. La justicia penal de la ciudad de Quito (16501750), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995 y “La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno a las categorías sociales y las redes personales”, en Anuario IEHS, núm. 15, Tandil, 2000, pp. 123-131. 66 Las relaciones entre los jueces de paz y de Primera Instancia fueron conflictivas debido al control de una parte sustancial del proceso como era el sumario. Este tema ha sido analizado con mayor profundidad en YANGILEVICH, Melina “‘Para que lo tenga en cuenta en lo sucesivo...’. Relaciones y conflictos entre jueces de paz y de Primera Instancia en la administración de justicia criminal en la campaña de Buenos Aires, segunda mitad del siglo XIX”, en Xº Jornadas Departamentos/Interescuelas de Historia, UNR, Rosario, 20 al 23 de septiembre de 2005. 67 Destacado en el original. 68 El texto del artículo 15 no tiene relación con lo mencionado en el expediente. El artículo sostiene que “Hay tentativa siempre que con la intención de cometer un crimen, se ejecutan actores exteriores que tienen por objeto la consumación o preparación de ese crimen.” “Código Penal…”, cit., Título Segundo, artículo 15, p. 419.

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además de haber cometido el homicidio de Rodríguez formaba parte de una “gavilla de ladrones”. Por todos estos antecedentes su culpabilidad era evidente. El juez letrado y los integrantes de la Cámara no determinaron la inocencia de Sosa. Sin embargo, acordaron que la falta de pruebas no permitía sustentar las acusaciones y lo sobreseyeron. La fama y la opinión de los vecinos no tuvieron la misma relevancia en la instancia letrada que en el ámbito local. Los magistrados asentados en Dolores se ciñeron a los elementos de prueba que constaban en el sumario. Esta situación no fue excepcional en el Departamento Judicial del Sud y un conjunto de estudios indica situaciones similares en otros espacios y períodos.69 El segundo proceso por homicidio que analizaremos tuvo lugar en Tandil en 1878. Allí Cornelio Tolosa, Manuel Salvatierra, José Ledesma, Bernardo Ojeda y Toribia Carrizo fueron acusados de la muerte de Miguel Figueroa.70 En este caso el sumario fue elaborado por el comisario del pueblo.71 Maximino Godoy encabezó las primeras diligencias que consistieron en el reconocimiento de las heridas del cadáver de Figueroa por el médico de policía Dr. Eduardo Fidanza.72 Aunque del expediente no surgen demasiados datos sobre quién era la víctima, aparece mencionado como “Don”. El comisario tomó declaración a cada uno de los involucrados y a varios testigos. Toribia Carrizo, esposa de Salvatierra, sostuvo que la víctima llegó hasta la casa preguntando por Tolosa. Agregó que escuchó gritos y cuando se acer-

69 Esta característica de la administración de justicia letrada fue señalada por dos historiadores para espacios y periodos diferentes. Carlos Mayo encontró casos similares para la administración de justicia de la campaña durante la primera mitad del siglo XIX y Elisa Speckman Guerra para el Distrito Federal de México a fines del siglo XIX. Ambos señalaron que los magistrados letrados solían ser más condescendientes con los acusados que los magistrados locales. Ver MAYO, Carlos Estancia y sociedad en la pampa, 1740-1820, Biblos, Buenos Aires, 1995 [1989], p. 161 y SPECKMAN GUERRA, Elisa Crimen y Castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (ciudad de México, 1872-1910), El Colegio de México-UNAM, 2002, p. 264. 70 DHJ (34/2), Criminal contra Cornelio Tolosa, Manuel Salvatierra, José Ledesma, Bernardo Ojeda y Toribia Carrizo por muerte a Miguel Figueroa en el Tandil. 71 La comisaría en Tandil se instaló en 1872 como consecuencia directa de la matanza de extranjeros que tuvo lugar la madrugada del 1º de enero de ese año. Sobre la organización de la policía ver SEDEILLÁN, Gisela “La pérdida gradual de las funciones policiales del Juzgado de Paz: la creación de la institución policial en Tandil, 1872-1900”, en Anuario del Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos S. A. Segreti”, núm. 5, Córdoba, 2005, pp. 403-422. Sobre el episodio conocido como la Matanza del Tata Dios hay numerosos trabajos de diferentes perspectivas y calidades. Puede consultarse TORRE, Juan Carlos “Los crímenes de Tata Dios. El Mesías Gaucho”, en Todo es historia, núm. 4, Buenos Aires, 1967; NARIO, Hugo Tata Dios, Mesías de la última montonera, Plus Ultra, Buenos Aires, 1976; SANTOS, Juan José Una revuelta rural en la frontera sur bonaerense: Tandil, 1872, Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1995 y LYNCH, John Masacre en las Pampas. La matanza de inmigrantes en Tandil 1872, Emecé, Buenos Aires, 2001. 72 Hacia fines del siglo XIX los médicos, en tanto asesores, desempeñaron un rol fundamental en la tramitación de los juicios por homicidios y lesiones graves ante la justicia criminal. Ver RUIBAL, Beatriz “Medicina legal y derecho penal a fines del siglo XIX”, en LOBATO, Mirta Política, médicos y enfermedades. Lecturas de Historia de la salud en Argentina, Biblos/UNMdP, Buenos Aires, 1996, pp. 193-207.

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có vio a dos hombres peleando aunque no pudo distinguir de quienes se trataba porque era de noche. Mencionó que intentó separarlos y que recibió una herida en la mano izquierda. Luego llegó su marido y ella se retiró a la casa. Por su parte, Salvatierra dijo saber que su compadre Figueroa estuvo peleando con Tolosa y que ello debió ocasionarle la muerte. Reconoció como propio uno de los cuchillos de entre los elementos secuestrados por Godoy. Del resto de las armas sostuvo que un puñal era de Figueroa, un trabuco naranjero73 de Juan Serrano –peón de Figueroa–, un facón de José Ledesma, una cuchilla de Bernardo Godoy y un rebenque de Cornelio Tolosa. En su primera declaración, este último sostuvo que cuando peleó con Figueroa estaba “bastante ebrio” y que por ello no pudo recordar las circunstancias relacionadas con la disputa. Los acusados fueron remitidos a la cárcel de Dolores. Ante el juez letrado Tolosa reafirmó lo dicho ante el comisario sobre el estado de ebriedad al momento de la pelea. Sin embargo, Bernardo Godoy afirmó que lo vio ir para el pueblo “bueno de la cabeza”. El juez de Primera Instancia, Julián Aguirre, no encontró méritos suficientes para mantener a los acusados en prisión con la excepción de Tolosa. Ante el letrado se presentó Eustaquia Figueroa para pedir “…el castigo de los autores de la muerte de su hermano”.74 El fiscal Igarzábal pidió dos años y medio de presidio porque sostuvo que la ebriedad de Tolosa no fue completa en el sentido de pérdida de la conciencia dado el número de puñaladas –nueve en total. El defensor pidió un año de prisión a contar desde la detención del acusado debido a su avanzada (56 años). En la sentencia, el juez Aguirre sostuvo que la embriaguez quedó acreditada pero no en el grado mencionado por el acusado. Agregó que no había razones para creer que infirió las heridas con alevosía porque Figueroa lo atacó en primer término. Por ello, lo condenó a dos años de prisión y trabajos públicos a contar desde su aprehensión. Aguirre fundamentó su decisión en las leyes VIII Título XXXI de la Séptima Partida y la III Título XXIII de la Recopilación Castellana75 y haciendo uso del “prudente arbitrio”

73 El trabuco es un arma de fuego corta y de gran calibre que dispara balas de piedra. El naranjero posee boca acampanada y gran calibre. Ver CRUZ, Enrique “Las armas de la violencia. La frontera del Chaco de Jujuy a fines del siglo XVIII”, en Actas de VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural, UNSa, Salta, 25-27 de abril de 2007. 74 Esta interpelación de hombres y mujeres demandando que se les hiciese “justicia” no fue excepcional y se repitió en diferentes procesos. Sobre este tema ver YANGILEVICH, Melina “Prácticas jurídicas en disputa. Diálogo y confrontación entre las nociones jurídicas de jueces letrados, funcionarios judiciales, jueces de paz y paisanos de la campaña bonaerense durante el siglo XIX”, en XIº Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, UNT, Tucumán, 19-22 de septiembre de 2007. 75 En los expedientes este texto aparece mencionado como RC que significa Recopilación Castellana. Esta fue una de las denominaciones con que se conoció el Ordenamiento de Montalvo (1484) que sirvió de base a la Nueva Recopilación (1567). Sobre este tema ver MARÍA E IZQUIERDO, María José “El Ordenamiento de Montalvo y la Nueva Recopilación”, en Cuadernos de Historia del Derecho, núm. 6, Madrid, 1999, pp. 435-473.

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autorizado por el artículo 14, capítulo 13 del Reglamento de Justicia.76 La causa fue elevada a la Cámara de Apelaciones para la consulta de la sentencia. El fiscal Amaral se limitó a sostener lo realizado por su par de Primera Instancia. El defensor de pobres, Octavio Amadeo, pidió la libertad de Tolosa dado que no había cometió ningún ilícito y que las heridas fueron realizadas haciendo uso “…de un derecho [...] sagrado [que era] el de defender su propia existencia repeliendo la fuerza con la fuerza”. Para sostener sus argumentos retomó la sentencia en la parte en la que indicaba que el homicidio fue cometido en riña. Para Amadeo ésta no era “mas que un duelo sin padrinos y sin las demás formalidades esenciales en esa clase de lances tan de moda entre nosotros.”77 Para sustentar la legitimidad de la defensa propia de Tolosa citó la Ley 2 Título 8 de la Séptima Partida y la transcribió para reforzar sus consideraciones. Sin embargo, los jueces de la Cámara afirmaron que, según el artículo 159 del Código Penal, era obligación del acusado que alegaba la comisión de un homicidio en defensa propia “…establecer con pruebas bastantes la certidumbre ó probabilidad de las circunstancias que lo justifican”.78 Por ello, estos magistrados sostuvieron que en ese caso no se aplicaba lo estipulado en el artículo 160 del Código Penal.79 Para los jueces de la Cámara, Tolosa cometió un homicidio simple de acuerdo a los antecedentes de la causa y lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal que versaba sobre los casos en que la culpa era ligera.80 A pesar de que según

76 Este artículo, además del que avalaba el uso de la legislación vigente durante el periodo colonial, implicó la persistencia de una de las características salientes de la administración de justicia. Este fue uno de los aspectos más criticados por quienes propugnaban cambios en la administración de justicia penal y la legislación. Sobre este tema ver TAU ANZOÁTEGUI, Víctor La codificación..., cit., Segunda Parte: El triunfo de la codificación, pp. 253-408 y DÍAZ COUSELO, José María “Pensamiento jurídico y renovación legislativa”, en Nueva Historia de la Nación Argentina, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, Tomo 5, pp. 363 y ss. 77 Para un análisis de las diferencias atribuidas a los duelos entre caballeros y las riñas entre los hombres de los sectores populares ver GAYOL, Sandra “Elogio, deslegitimación…”, en GAYOL, Sandra y KESSLER, Gabriel Violencias, delitos…, cit., pp. 41-63. 78 El artículo 159 del Código Penal sostenía que: “No se presume que el acusado obra en estado de irresponsabilidad, o legítima defensa, y es de su obligación por consiguiente, establecer con pruebas bastantes la certidumbre o probabilidad de las circunstancias que lo justifican.” “Código Penal…”, cit., p. 441. 79 El mencionado artículo afirmaba que cuando fuera verosímil que el acusado actuara en estado de legítima defensa debido a un ataque peligroso e ilegítimo, observando los límites de la defensa permitida, la muerte ocasionada no sería considerada homicidio. “Código Penal…”, cit., pp. 441-442. 80 Según el artículo 26 la culpa es ligera: “1º Cuando la acción cometida por imprudencia no tiene mas que una relación lejana con el resultado ilegal, y no ha podido preverse, sino como un efecto posible, pero inverosímil y no acostumbrado. 2º Cuando […], el agente por debilidad de espíritu o por efecto de una afección moral no imputable, pero susceptible de perturbar la atención y la reflexión, no haya podido prever fácilmente el tamaño del peligro de su acción, o no haya podido impedir su resultado perjudicial, sino por medio de un esfuerzo extraordinario del cuerpo o del espíritu. 3º Cuando el agente se haya visto obligado por circunstancias urgentes, y que no puedan imputársele, a tomar resoluciones súbitas”. “Código Penal…”, cit., p. 422.

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el mismo Código la condena estipulada para ese delito era de seis años, los jueces sostuvieron que para convenir la pena era necesario tomar en consideración las condiciones en las que se encontraba Tolosa cuando hirió a Figueroa. Estas incluyeron la ebriedad porque “…contribuye a disminuir la criminalidad en virtud delo prescripto en el inciso quinto artículo ciento setenta y ocho C Penal”.81 Por ello, sostuvieron que a pesar de lo estipulado en el artículo 196 que uniformaba la pena en seis años para el homicidio simple, esto no se aplicaba a este caso en particular porque la víctima fue quien provocó la acción homicida. Sobre la base de estas consideraciones los jueces de la Cámara impusieron la pena de tres años de acuerdo con el artículo 197 del mismo Código. Dicho período se contaría a partir desde el día en que quedó preso.

Conclusiones La continuidad de los preceptos establecidos en el complejo conjunto normativo vigente durante el período colonial –de los cuales la Séptima Partida era uno de los más utilizados–82 trascendió a algunas normas elaboradas durante la primera mitad del siglo XIX. Tal persistencia se reflejó en dos planos aunque no se dio de la misma manera en las diferentes jurisdicciones. Por un lado, en la permanente cita de tales textos en la práctica judicial cotidiana, aún cuando el Código Penal estaba vigente en el territorio nacional en 1886.83 Por otro lado, el mismo texto recogió elementos existentes en los escritos normativos más antiguos, con los cuales se formó su autor.84 Las intervenciones de los jueces letrados son reveladoras de las dificultades en la imposición de la codificación no solo al conjunto de la población sino también a los mismos jueces, encargados de su aplicación. Luego de sancionado el Código elaborado por Tejedor algunos magistrados en el ejercicio de su práctica siguieron apelando a criterios –como el del prudente arbitrio– supuestamente desechados por el

81 El artículo 178 del Código Penal no posee incisos. Suponemos que se alude al artículo 188 que enumera las circunstancias en que disminuye la criminalidad. El inciso 5º dice “Cuando [el agente] ha obrado arrebatado por una pasión, o en un momento de perturbación intelectual, sobrevenida casualmente, y sin que de su parte haya culpa, a menos que la ley expresamente haya tenido en cuenta estas circunstancias para la fijación de la pena”. “Código Penal…”, cit., p. 446. 82 En los avisos publicados en la Gaceta Mercantil entre 1830 y 1852 se destacaban las Siete Partidas y la Recopilación de las Leyes de Indias. DÍAZ, Sandra “Los libros jurídicos en los avisos de la Gaceta Mercantil”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 29, Buenos Aires, 2002, pp. 248 y ss. 83 Hemos encontrado citada la Séptima Partida en un expediente fechado en 1890. DHJ, (125/7), López, Pascual por muerte á Feandel, Juan B. en Coronel Pringles. 84 ÁLVAREZ CORA, Enrique “La génesis de la penalística argentina (1827-1868)”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 30, Buenos Aires, 2003, pp. 13-86.

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mencionado texto. La aplicación del Código pareció seguir diferentes premisas en la administración de justicia en el ámbito urbano y en el rural. Los casos son insuficientes para arribar a conclusiones categóricas. Sin embargo, con base en lo dicho hasta aquí es posible señalar que la codificación tuvo diferentes implicancias en la administración de justicia en los departamentos de la Capital y del Sud. En el primer caso, los funcionarios judiciales apelaron, exclusivamente, al Código Penal para sostener sus posturas. Mientras que los casos sustanciados en Dolores mostraron la utilización de diferentes textos normativos para sustentar los argumentos. En estos casos la puesta en vigencia del Código no implicó la desaparición de las normas penales utilizadas hasta entonces. Los lineamientos esbozados aquí requieren ser profundizados y analizados para cada espacio específico. Ello permitirá comprender mejor la manera en que se juzgaba a los hombres y por ende el sistema social en el que estaban insertos.85 Tal análisis debería considerar de manera flexible los marcos temporales de los procesos a considerar. La sanción del Código Penal en el territorio provincial, primero, y en el nacional, después, tuvieron especial relevancia en la administración de justicia criminal. Ello no implicó la desaparición y el reemplazo de normas y prácticas vigentes durante siglos en el antiguo virreinato. Los avances en la comprensión de las maneras en que los hombres fueron juzgados son notables. Sin embargo, persisten aspectos que requieren mayor profundización. El análisis comparativo sobre la administración de justicia en diversos espacios y jurisdicciones durante el siglo decimonónico permitiría considerar y ponderar adecuadamente las transformaciones y continuidades que tuvieron lugar. Ello resulta particularmente relevante si se considera que el “hacer justicia” constituyó un aspecto central de la formación estatal que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX.

85

94.

BLOCH, Marc La sociedad feudal. Las clases y el gobierno de los hombres, Akal, Madrid, 1987 [1939], p.

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“El orden moral amenazado” Discursos, procedimientos y representaciones de la justicia y de la sociedad local a inicios del siglo XX El caso Mateo Banks

Blanca Zeberio “…siendo las ocho horas, se presentó a esta comisaría de policía, el vecino hacendado Don Mateo Banks manifestando que anoche entre las veinte y las veinte y dos horas sus peones Juan Gaitán y Claudio Loiza y Pereyra (a) el cabo negro, habían asaltado el Trébol y la ‘Buena Suerte’, propiedad de sus hermanos Miguel y Dionisio Banks y que ha tiros de escopeta habían sido muertos estos dos últimos, Julia Dillon de Banks, Ana María Banks, Cecilia Banks y que ha desaparecido Sara Banks de once años de edad. Como única sobreviviente quedaba un niña de tres años. hija de Dionisio y Sara Banks, ambos asesinados. Al mismo tiempo manifestó que él había dado muerte a Gaitán y que creía haber herido a Loiza, pero que a pesar de ello huyó”. 1

El denunciante agregaba: “...esos mismo sujetos, en el día de ayer, intentaron envenenar a las familias por medio de una sustancia tóxica en la comida. En atención al hecho ocurrido y dada su gravedad el infrascripto resuelve ponerlo de inmediato en conocimiento de SS el juez del crimen para que sirva ordenar lo que corresponde…”. Como medida de prevención se procedió a detener e incomunicar a Mateo Banks. De esta manera se iniciaba el largo e intrincado proceso a Mateo Banks, un estanciero de origen irlandés que vivía en el pueblo de Azul (provincia de Buenos Aires), que se prolongó por más de dos años y que alcanzó una enorme repercusión social y periodística. Luego de su denuncia fue detenido e incomunicado, primero por el asesinato de uno de los peones y posteriormente, y pese a su reputación en el pueblo, como el principal sospechoso del asesinato de su familia. 1 ECHAGÜE, J. N. Folleto sobre el proceso de Mateo Banks, s/e, Azul, 1924, pp. 6 y 7. Este valioso folleto, como luego veremos, reproduce parte del proceso que hemos podido reconstruir en el expediente judicial, Cámara 3a de Apelación en lo Criminal y Correccional. Departamento Capital, Provincia de Buenos, Primer cuerpo, ff. 1-4.

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Luego de un juicio oral realizado en el Sport Club de Azul, en marzo de 1923 fue declarado culpable de homicidio múltiple, defraudación y falsificación y condenado a reclusión perpetua que debía cumplirse, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal, en los territorios del sur. Producida la sentencia, la Defensa inició la apelación ante la Corte Suprema de La Plata fundada en el recurso de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley.2 La Corte Suprema resolvió, entonces, en un fallo contrario a la tradición legal, realizar un nuevo juicio por haberse omitido algunas diligencias en la substanciación del juicio oral en Azul. En el nuevo juicio, realizado en 1924, Banks fue nuevamente declarado culpable y ratificada su condena. Mientras duró su reclusión3 negó sistemáticamente su culpabilidad y presentó a lo largo de los años sucesivas demandas de libertad condicional que eran invariablemente denegadas como puede verificarse en los informes del Instituto de Clasificación de la Dirección de Institutos Penales. En su examen psicológico Mateo Banks era definido como: “…un individuo cuya expresión atenta, muy disimulada, e insincera, que se expresa con algunos tropiezos y dificultades idiomáticas y acento sajón, es charlatán y reticente , adoptando frente a su interlocutor una expresión falsamente bondadosa que se quiebra súbitamente en una sonrisa irónica y despectiva cuando lo conversado recae sobre su participación en los hechos delictuosos por lo que está condenado, que niega automáticamente. Carece de sentido moral, finge de continuo sus estados afectivos. Es de un egoísmo e improbidad persistentes e inmodificables…”.4 Esta historia culminó en 1949, cuando la Justicia finalmente otorgó a Mateo Banks, pese a los informes de la Dirección General de Institutos Penales, la libertad condicional. Mateo Banks intentó volver a su pueblo, pero según los relatos perio-

2 El documento de la Corte Suprema establecía que el recurso por inconstitucionalidad y errores de procedimiento estaba fundado, el primero, en que en el veredicto y sentencia recurrida se habían violado los artículos 173 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 10 de la ley de 21 de julio de 1914 y el segundo en infracción del Código de Procedimiento Penal. 3 Según el informe de la Dirección General de Institutos Penales, Mateo Banks estuvo recluido en varias instituciones: la Penitenciaría Nacional desde marzo de 1925 procedente de La Plata, luego trasladado en 1926 a la cárcel de Tierra del Fuego donde permaneció diez años; hasta febrero de 1936 en que, por razones de edad avanzada, fue trasladado nuevamente a la Penitenciaría Nacional. El informe institucional cierra así: “En veinte años de reclusión, y como ocurre a menudo con muchos sujetos de su categoría, se ajustó a las disposiciones del medio carcelario. En ese largo lapso solo sufrió una amonestación. Actualmente trabaja en faenas de limpieza, atento a sus condiciones físicas. Anteriormente ha trabajado en los talleres de la encuadernación y lavadero, con regular aprovechamiento.” Cuerpo 9, Causa 4444, ff. 3-12. En relación con las prácticas y discursos de las instituciones carcelarias, véase el valioso trabajo de CAIMARI, Lila Apenas un delincuente, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. 4 Cuerpo 9, ff. 4-5.

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dísticos le fue imposible residir en él porque fue rechazado por la población y debió instalarse en Buenos Aires, donde murió poco después en una pensión. Hasta aquí sucintamente descriptos los hechos tal como pueden ser reconstruidos desde los nueve cuerpos de un voluminoso expediente penal que estuvo perdido durante décadas y recuperado recientemente en el Archivo Histórico Judicial de La Plata.5 En este trabajo y a partir de este suceso, que podemos calificar de “excepcional normal” en el más clásico sentido de la categoría, nos proponemos reflexionar sobre las características de las culturas familiares y jurídicas conformadas en la sociedad pampeana entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Estas sociedades nuevas, sujetas a cambios permanentes y con débil desarrollo institucional, muy rápidamente internalizaron prácticas sociales tendientes a defender el orden moral y ciudadano. Así, a partir del análisis de los dos juicios, uno oral y otro por jurados, a los que fue sometido Mateo Banks, nos proponemos un doble abordaje: por una parte, analizar las representaciones sobre la justicia de una sociedad local que se vio fuertemente conmocionada y comprometida durante el desarrollo del juicio y condena a Banks. Y, por otra parte, reconstruir e iluminar los procedimientos judiciales, así como las estrategias argumentativas de los diferentes actores de la justicia durante el desarrollo de los juicios. En suma, intentaremos recuperar, desde este doble itinerario, las formas de construcción de una verdad jurídica y social que se retroalimentaba plenamente con las culturas familiares y jurídicas conformadas en la sociedad argentina de fines del siglo XIX. Dichas culturas estaban fuertemente imbricadas con las visiones de responsabilidad moral y culpa propias de la sociedad colonial. Estas representaciones que atravesaban la sociedad y las instituciones judiciales convivían –como recientemente lo plantean algunos estudios desde la historia de las ideas y de la Justicia– con prácticas y discursos provenientes de la criminología positivista impulsados, en el caso argentino, desde un Estado en busca de su institucionalidad.6 Esta tensión se presenta de manera evidente en este caso de homicidio múltiple, con el que la sociedad se vio conmocionada al ponerse en cuestión uno de los fundamentos de su trama social: el vínculo fraterno.

5 El expediente judicial fue recuperado en 2004 y digitalizado recientemente. Así, la reconstrucción de esta historia se demoró un par de años por la imposibilidad de consultar el expediente penal que se encontraba “extraviado” y fue recuperado, luego de una pesquisa detectivesca por la Directora del Archivo Histórico-Judicial de La Plata, María del Carmen Helguera. A ella, al igual que a sus colegas del archivo, mi más sincero agradecimiento. 6 CAIMARI, Lila Apenas…, cit.; RUIBAL, Beatriz Ideología del Control Social. Buenos Aires, 1880-1920, CEAL, Buenos Aires, 1993 [la autora consignaba, en su borrador, citas de trabajos de Sarlo, Saitta, Terán y Zimmerman, N. del E.].

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Los Banks: itinerarios de una familia irlandesa en el sur de Buenos Aires “Acaso sea cierto que lo ominoso sea lo familiarentrañable que ha experimentado una represión y retorna desde ella”. Freud, 1919

Una reconstrucción “tradicional” de la historia familiar puede ayudarnos a comenzar a desvelar este entramado de juegos discursivos institucionales y sociales que veían en este caso emblemático los riesgos de destrucción de los pilares de la sociedad burguesa: la familia, los vínculos fraternos y la propiedad privada. Mathew Banks, padre y fundador del linaje en Argentina, había nacido en Dublin, Irlanda, en 1845; era hijo de campesinos irlandeses, Michel Banks y Ana Ward. Su arribo a la Argentina está registrado, a partir de las listas de pasajeros, en 1862. Una vez en estas tierras y según las actas de matrimonio y nacimiento de los hijos se radicó en Chascomús como pastor de ovejas. A los veintitrés años se casó con Ana Keena, de veintinueve años e hija de Dionisio Keena y Catalina Gibson, todos irlandeses de origen. Los testigos del casamiento, hermanos de Ana, Timoteo de treinta y seis años y Juan de cuarenta, permiten inducir que la familia materna estaba radicada desde hacía tiempo en Argentina7 y que Mathew construyó sus redes a partir de la familia de su esposa. Las primeras referencias sobre la radicación de su propia familia aparecen años después con el nacimiento de los hijos menores, así, su hermana María (que llegó en 1868)8 de veintitrés años fue madrina de Catalina. Posteriormente, se radicó su madre Ana Ward, quien vivió hasta su muerte en 1901 junto a su hijo.9 Sus siete hijos: María Ana, Dionisio (el primogénito), Miguel, Mateo, Pedro, Catalina y Brígida nacieron en Chascomús entre 1868 y 1879.10 La historia de la conformación del patrimonio de los Banks, cuyos detalles apenas conocemos, se demoró varias décadas. En 1897, cuando el padre contaba más de cincuenta años y sus hijos eran ya adultos, Dionisio tenía treinta años y Miguel veintiocho,11 se radicaron en el partido de Azul, donde se transformaron –como empresa familiar– en arrendatarios de una parcela de doscientas hectáreas de una gran

7 Según las listas de pasajeros de origen irlandés la familia Keena se había instalado en Argentina desde los años 1840s. Ana junto a otros hermanos llegaron con posterioridad, a fines de los años 1850s. Passanger lists of Irish inmigrants in Argentina [en línea] http://www.irishgenealogy.com.ar 8 Según los datos de Passanger lists of Irish inmigrants in Argentina (1822-1889). 9 Actas de Matrimonio y Nacimiento de los hijos adjuntadas a los expedientes de la sucesión, Juzgado de Primera Instancia en lo civil y comercial, Departamento sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, libro 1, f. 242, año 1922, exp. 1423 (tres cuerpos). 10 Pedro murió en 1911, Catalina volvió a Irlanda para casarse, Brígida murió en 1911. 11 En otros trabajo hemos analizado la relación entre acumulación de la familia y edad de los hijos [la autora refería a un trabajo suyo del año 2004, N. del E.].

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estancia irlandesa perteneciente a la familia Mc Cracken y Moon. Posteriormente, en 1899 adquirieron una fracción de 340 hectáreas que denominaron “El Trébol” y que fueron ampliando bajo el liderazgo de Dionisio y Miguel a través de la compra de ganado y del alquiler de nuevas tierras en la señalada estancia. Entre 1908 y 1909 se produjo la primera “crisis” de sucesión con la muerte de los padres. La explotación, compuesta por tierras en propiedad y arriendo que sumaban 1.600 hectáreas y más de 5 mil animales entre vacunos, lanares y yeguarizos, fue dejada en condominio.12 Pero como era habitual entre las familias propietarias, la sucesión del liderazgo ya se había producido, Dionisio –el primogénito varón– y Miguel –el segundo varón en rango de nacimiento– fueron los beneficiarios de la decisión paterna y por tanto “guardianes” del destino familiar. En efecto, la muerte de los padres no significó grandes cambios en el destino del patrimonio familiar y en la distribución de los roles, sino una cristalización de una construcción subjetiva cuyas tensiones no resueltas eclosionarían unos años después. No debe olvidarse que para una familia de origen irlandés tradicional, y los Banks muestran indicios de que lo eran, la comunidad de hermanos debía aceptar las decisiones de quienes lideraban la familia. Este imperativo moral no se relacionaba únicamente con las decisiones referentes al patrimonio sino también con las formas de vida que podían elegirse. Tres de los hijos no continuaron en la explotación: Pedro (que murió en 1911) y Catalina se fueron a vivir a Buenos Aires; Brígida –la menor– fue enviada a Irlanda para casarse y murió días después de su boda en 1911. María quedó soltera junto a sus hermanos en la casa familiar. Dionisio y Miguel, en cambio, recurrieron a un matrimonio tardío y bajo las formas tradicionales, ambos desposaron jóvenes irlandesas vinculadas con la familia. Dionisio se casó en 1907 a los treinta y cuatro años con una joven irlandesa, Sara Kearney Keena, de veintiséis años, prima hermana de la familia y que vivía en Buenos Aires cuyo padre –según el acta de matrimonio– era propietario y rentista. Se establecieron en una rústica casa que construyeron en la explotación arrendada, denominada la “Buena Suerte”. Tuvieron tres hijas: Cecilia (1908), Sara (1910) y Ana (1917). Poco después del nacimiento de Ana, Sara fue internada por insania en el Hospital Melchor Romero de Buenos Aires. Una carta de Sara enviada durante el juicio –que sin duda debe ser leída en clave de estrategia de la defensa– constituye un indicio de los conflictivos vínculos familiares, ya que ésta acusaba a su marido

12 Por estos años los descendientes de la familia Mc Craken se radicaron en Inglaterra y unos de los principales arrendadores de su estancia fueron los Banks, quienes en el último contrato que firmaron en 1921, antes de la muerte de toda la familia, arrendaban 1.360 hectáreas, de las cuales subarrendaban a un vecino, Natalio Quatroccio, más de quinientas.

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de abandonarla y recluirla a causa del poder de su hermano Miguel, y señalaba que Mateo era el único que podía salvarla y protegerla.13 El segundo hermano, Miguel, siguió fielmente los pasos del primogénito: unos años después que él desposó a Julia Dillon, con quien no tuvo hijos. El matrimonio vivía a pocas hectáreas de su hermano mayor, en el campo lindero propiedad de la familia, “El Trébol”. Miguel y Dionisio continuaron al frente de la explotación incrementando las inversiones del grupo y manteniendo un estilo de vida muy austero, como puede verificarse en los sucesivos inventarios realizados que describen minuciosamente los bienes inmuebles y muebles que poseían. Mateo, en cambio, tuvo una limitada participación en las decisiones de esta empresa familiar. Es más, poco antes del asesinato de sus hermanos debió vender su parte del condominio a la sociedad familiar (118 hectáreas).

Mateo Mateo, el tercer varón en rango de nacimiento, muy pronto abandonó el grupo familiar. Dicho en términos de un historiador de la familia, podría pensarse que su exclusión del liderazgo familiar lo hizo alejarse de su familia y tentar suerte como ganadero y comerciante en la provincia de San Luis, experiencia vital que llevó a Mateo a alejarse de los mandatos familiares. Una interesante biografía de Mateo fue esbozada en su informe penitenciario, en la cual sorprende el tono casi laudatorio por sus logros individuales: “Se sabe que nunca concurrió a la escuela, logrando, empero, cierto grado de instrucción elemental gracias a los conocimientos que le impartiera su madre durante la infancia. Desde temprano comienza a trabajar en faenas rurales ayudando a los suyos. A los 19 años se separa del núcleo familiar y desenvuelve su vida de trabajo en zonas alejadas del hogar. Es así que se contrata en una estancia ubicada en la Provincia de San Luis progresando rápidamente hasta llegar a ser apoderado del dueño, atendiendo así, la administración de algunos establecimientos de campo que aquel poseía. Por cuenta propia y ajena habría realizado, también, diversas operaciones de venta de ganado. Más tarde, por razones que no han podido acreditar-

13 En la publicación se menciona esta carta como parte del relato del juicio y da cuenta de la fuerte presencia pública: “Se procedió enseguida a dar lectura de una carta dirigida por la insana esposa de Dionisio Banks a Mateo Banks, carta que le fue dirigida a éste después del crimen”. Esta carta fue leída por el traductor de Tribunales. La lectura de ella conmovió al público y al procesado. Proceso a M. Banks, cit., p. 115. Se trata de dos cartas, una escrita en pésimo español y otra dirigida a su marido, la letra y la forma en que está escrita da cuenta de una persona con desórdenes y que, además, no acepta la muerte de sus familiares. La carta de Sara no tuvo amplio peso en la toma de decisiones.

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se (y que el recluso atribuye a quebrantos de salud) vuelve a la Provincia de Buenos Aires, luego de una ausencia de 13 años…”.14 A diferencia de sus hermanos, que tuvieron matrimonios tardíos y con irlandesas, se casó con Máxima Gainza, hija de vascos, con quien tuvo siete hijos de los cuales murieron tres. En 1903 nació su primer hijo, Mateo, en San Luis y al año siguiente se instaló en el pueblo de Azul donde nacieron Jorge Alberto (1904), Pepa Ana (1908) y Pedro (1914). En esos años compró un elegante inmueble en el centro del pueblo, reflejo de la elección de una forma de vida diferente a la de sus hermanos que continuaron residiendo en el campo. El conflicto por el liderazgo debió ser una de las razones por las que Mateo se independizó poco después de la muerte del padre, dedicándose en su propia parcela a la cría de ganado. Paralelamente desarrolló actividades comerciales (era representante de la firma de automóviles Studebaker, en un período de rápida expansión del mercado) y, principalmente, desarrolló una activa vida pública. Mateo presentaba el perfil de un notable de pueblo a principios del siglo XX, representaba de manera emblemática los valores de la pequeña burguesía local. Y, a través de su activa participación pública, logró una rápida integración y reconocimiento social, que iba más allá de su real poder económico. Fue un importante militante católico con vinculaciones estrechas con la Iglesia de Azul, presidente de la Liga Católica, dirigente del Partido Conservador, miembro del Consejo Escolar, del Jockey Club de Azul, etc.

Lo fraternal colapsado Las tensiones y desavenencias entre Mateo y sus hermanos fueron el argumento, la verdad construida y aceptada, sobre la que tanto la Justicia como la sociedad local centraron sus explicaciones y fundamentos para culpabilizar y transformar a Banks en el chivo expiatorio de una sociedad que veía en el fratricidio uno de los principales pecados sociales. Desde la Psicología estos vínculos son pensados como sustanciales a la institución social. Es en la lógica del origen común que se funda la identidad fraterna, sólidamente adherida a la estructura del parentesco.15 Cuando lo fraterno ocupa un lugar central en la cultura familiar, la idea de hermanamiento atraviesa por la positiva o por la negativa al conjunto de vínculos de la familia. Por ello, en situaciones de conflicto abierto o de tragedia, como en este caso, el hermano puede ser arrojado al lugar de lo no familiar.16 Los vínculos de poder entre hermanos se redefinen a la hora de la muerte de los padres, pero en muchas familias no se produce la segunda

14

Cuerpo 9, causa núm. 4444, Cámara tercera, Solicitud de libertad condicional, f. 4. BERLFEIN, Elena; GOMEL, Silvia y STERNBACH, Susana Entre hermanos, sentido y efectos del vínculo fraterno, Lugar, Buenos Aires, 2003, pp. 170-171. 16 BERLFEIN, Elena; GOMEL, Silvia y STERNBACH, Susana Entre hermanos…, cit., p. 171. 15

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“muerte” que se relaciona con el orden de las instituciones. Por ello, aquel que busca diferenciarse y que por condiciones o necesidades quiebra el supuesto equilibrio puede ser considerado como desleal al conjunto. “Dar a cada quien lo suyo, es también dar a cada uno su lugar”. Esta cuestión de los vínculos fraternos violentados va delimitándose y apareciendo con mayor definición a medida que la indagatoria judicial avanzaba. De las declaraciones de los testigos, los vecinos más allegados y los peones que trabajaban con la familia, puede entreverse –más allá de un estilo retórico propio de hombres de campo y del tratamiento hacia los superiores en el medio rural– la reticencia a hablar de los conflictos entre los hermanos, limitándose a escuetas negativas de falta de conocimiento. Pero transcurridos los días de producidos los homicidios y luego de la reconstrucción de las actuaciones relacionadas con las actividades comerciales y crediticias de Mateo, la hipótesis del enfrentamiento ente los hermanos por las conductas fraudulentas de Mateo se incorporó como verdad (más allá de las pruebas que aparecen en el expediente y por las que nunca fue condenado). Se impuso, así, cada vez con mayor convicción, para jueces y ciudadanos, que el pecado de la codicia había sido la razón del fratricidio. La verdad “jurídica” consignaba a los hechos no como un acto de locura criminal sino como la más desmedida especulación, frialdad y cálculo económico. Este discurso comenzó a oficializarse entre los testigos, aunque mantuvieron siempre un recato al menos retórico al referirse a la figura de Banks. En fin, dicho en otras palabras, la configuración del propio discurso judicial enmarcó y (fue enmarcado por) la opinión de la sociedad. Por ello, el juez-guía nos muestra a lo largo del expediente judicial las sucesivas pruebas de esta hipótesis: las cuatro y diferentes declaraciones del acusado,17 las declaraciones de los testigos y las pericias, principalmente la psiquiátrica, que ayuda a solventar el estereotipo psicológico que explica los crímenes.

La justicia y la “metamorfosis” de Mateo Banks En el primer perfil “psicológico” se describía al acusado como: “…un hombre alto grueso y fuerte de buen color. Tiene un completo dominio sobre sí mismo casi una apariencia serena, sin afectación y demuestra tener poco más de cincuenta años. Se ve inmediatamente que es un hom-

17 Mateo Banks realizó cuatro declaraciones: en la primera de ellas culpó a los peones por el asesinato y se presentó como vengador de su familia; en la segunda, se declaró instigador del crimen, habiendo pagado a los peones para que ultimaran a su familia y, ante la extorsión de éstos luego de cometido el asesinato, los mató. Durante la tercera declaración realizó confesión plena y en la cuarta, a instancias de la defensa, planteó la retracción completa de sus declaraciones anteriores, alegando que le fueron arrancadas por presión. Estrategia decidida seguramente por su abogado defensor quien, conocedor del expediente, debió encontrarse con las sugestivas notas del Juez del crimen de Azul, felicitando el apoyo y los métodos de la policía de investigación de La Plata.

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bre de campo, con la caracterización típica de su origen británico. Reposado en sus movimientos, viste correctamente como cuadra a un hombre de posición holgada. Su aspecto impresiona bien y al contemplarlo nadie puede imaginar que pueda pesar sobre él una condena de asesinato múltiple. Su mirada es tranquila, sin altanería y sin inquietud”.18 Estas definiciones cambian abruptamente con la pericia psiquiátrica realizada en el Hospital General de la Provincia de Buenos Aires Melchor Romero; luego de la internación del acusado durante varias semanas para estudiar un caso sin precedentes, se señalaba en un cuidado lenguaje médico: “…[que] del análisis, en la apreciación y en el cálculo exacto del estado de su actividad cerebral, por encima de todo hemos tenido en cuenta un hecho trascendental, que sugiere reflexiones capaces de perturbar el espíritu sereno y que lógicamente conmovieron el cimiento moral de la sociedad humana. Era inadmisible concebir que un representante calificado del género humano pudiera cometer la acción monstruosa que se le imputa, pero como nuestra misión abarca puramente el campo de la Medicina, hasta llegar a sus límites con la justicia, debimos dejar de lado todas esas influencias y limitarnos simplemente a establecer si Mateo Banks padece alguna enfermedad orgánica infecciosa o constitucional que alterara el equilibrio de su actividad mental. Mateo Banks, un fino exponente de una raza vigorosa, con su altura su corpulencia, su complexión y su salud […] no hemos hallado factores de ninguna especie en el examen físico, somático y psíquico […] si pasamos el dintel de la medicina, llegamos al campo de la psicología, donde vemos aparecer los contornos y los relieves de su figura moral expresados en todos los aspectos de su vida, en su lenguaje, en su conducta y en todos sus actos. En el manejo de todas sus expresiones psicológicas, M B ha marcado el exponente más alto de la habilidad y de la destreza y en nuestra opinión, como en la de todos los que han tenido la oportunidad de conocer a este sujeto, Mateo Banks representa el tipo más acabado de simulación y de la disimulación, en este sentido un verdadero arquetipo”.19 Estos argumentos fueron retomados y ampliados, obviamente, en el alegato del fiscal. Así, la idea de arquetipo se vio complementada con la de fría premeditación, antesala de la acción monstruosa.

18 19

ECHAGÜE, J. N. Folleto…, cit., p. 6. Cuerpo 2, ff. 814-817.

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“Tanta maldad para apoderarse de unos cientos de pesos, podía ejecutarla un monstruo. La sociedad ha sido ultrajada por el más grande de los criminales, gran simulador, y gran disimulador, como lo calificaron los médicos. La alarma que ha producido en la misma ha sido inmensa, el daño ocasionado, sustrayendo ocho personas buenas y útiles, es irreparable; y si la ley no hiciera sentir todo su peso por medio de una pena severa y ejemplar, ello podría dar margen a la repetición de hechos vandálicos del de la naturaleza que nos ocupa. Mateo Banks había concebido la idea de apoderarse de las haciendas de sus hermanos desde un tiempo […] antes de asesinarlos. Comenzó falsificándoles las firmas en documentos por los cuales aparecían las transferencias a su favor de los animales de la sociedad ‘Banks Hermanos’. Luego empezó a poner en práctica sucesivamente todos los medios que debían conducirle a ese resultado, aún a costa de la vida de ellos”.20

El argumento final: el orden moral amenazado Lo moral se coloca en el centro de los argumentos al momento de los alegatos del fiscal y del defensor. Las estrategias de la acusación del fiscal, por ejemplo, daban igual peso a los elementos probatorios (“la pruebas” en el sentido positivo del término) que a los rasgos morales del acusado “la conducta moral del procesado, en sus operaciones bancarias deja mucho que desear [...] la forma en que mintió su declaración de bienes denunciando como suyas tierras que eran de sus hermanos retratan en parte la faz moral del reo”.21 Asimismo, en la parte final de la acusación se señalaba: “En nombre de la sociedad y de la ley, contra el más grande de los criminales que llevado del simple lucro, con odios y sin ellos, tras una larga premeditación a traición con cobardía sacrifica sus hermanos y sobrinos a quienes engaña demostrándoles ser un hombre cariñoso y con religión cristiana”. Una vez más, aparecía una doble argumentación: sus actos eran monstruosos en cuanto había cometido asesinato siendo un hombre de buena familia (que no condecía con la imagen de un criminal) que mintió y defraudó a un mismo tiempo a su familia y a la sociedad que lo reconocía, violando así dos principios pilares y fundantes de la sociedad argentina de fines del siglo XIX: la moral familiar y la propiedad privada. Estos argumentos se referenciaban en el pensamiento jurídico de la época; Carlos Rébora22 un destacado jurista de los años 1920s., a quien es probable que el fiscal hubiera leído, consideraba que debían ubicarse en el mismo orden legal el daño moral y 20

Cuerpo 4, ff. 841-842. ECHAGÜE, J. N. Folleto…, cit., p. 71, f. 570. 22 Carlos Rébora era un jurista de gran reconocimiento. Durante esos años se desempeñaba como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 21

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material a la familia: “Las disposiciones legales que obligan a los autores de los hechos dañosos a reparar el prejuicio producido por su culpa, no se limitan a las cosas materiales, comprenden además, y protegen lo que concierne la dignidad moral de la familia”.23 Entendiendo por dignidad e interés moral lo relacionado con los derechos de la familia legítima, con el honor de un hombre honrado o con las injurias recibidas por el padre de familia por los posibles comportamientos de sus hijos, nueras, yernos o nietos. El abogado defensor, por su parte, fundó su defensa en el intento de contrarrestar la imagen demonizada de Mateo Banks y aludiendo denuncias por apremios y presión de la opinión pública sobre el Juez y el Fiscal. Banks, a diferencia de lo que sostenía la opinión pública, era buen hijo, trabajador y cristiano. “Mi defendido, señor Presidente de muy joven se contrajo al trabajo especializándose en las tareas rurales siguiendo así el ejemplo de sus progenitores. Después de soportar los embates de fortuna que traen consigo estas tareas y obtenido empeñosamente un relativo bienestar en San Luis, se trasladó a Azul. Formó un hogar responsable alcanzando en la sociedad innumerables simpatías por sus indudables dotes de caballero Y, queriendo asimismo minimizar el conflicto familiar, agregaba las condiciones de familia y comerciales de mi defendido con sus hermanos eran cordiales por los cuales, estos siempre le pedían consejos y tenían la mayor confianza y consideración. Esto lo afirman, los numerosos testigos quiénes preguntados sobre el concepto manifiestan que tiene al acusado como una persona de bien…”. Hacia el final del proceso, cuando la condena era un hecho compartido, la crónica local retomaba y ampliaba esta cadena de argumentos que culminaban en la traición a los valores de la familia: “Banks es una víctima del lujo, del juego y la haraganería, más que un simulador es un inconsciente peligroso que ha perdido toda noción de la dignidad humana. Mateo Banks ha sido clasificado por alguien como el tipo de criminal nato, pero no responde a las teorías lombrosionas, sigue diciendo el informe, su cráneo perfectamente conformado y su rostro que parece reflejar bondad, oculta los verdaderos sentimientos ‘pervertidos’ de este Bon Viveur [...] que recurrió a la falsedad y a la estafa a sus hermanos para sostener su estilo de vida [...] Estas fueron las bolsas de oxígeno que prolongaron su vida social, cuando se encontró en la calle el hombre se trastornó

23 Probablemente se trate de un artículo que Juan Carlos Rébora publicó en la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Año II, núm. 8, Buenos Aires, 1924 [N. del E.].

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[...] la cárcel lo esperaba, sus hermanos lo iban a denunciar, los Bancos lo iban a procesar. Amaba el juego y resolvió jugar el todo por el todo [...] Era bien conceptuado y respetado por la sociedad y su palabra honrada no sería puesta en duda [...] él pasaría por el vengador de su familia y por ser un miembro caracterizado de la sociedad, la misma sociedad trataría de salvarlo [...] A pesar de lo que dice su defensor no era un hombre dedicado a su campo, figuraba como tal pero los hacendados eran sus hermanos, aquí en Azul liquidó su heredad vivió como un rico, y no lo era...”. De esta primera lectura de las diversas fuentes judiciales se desprende que, a lo largo del proceso, Mateo Banks fue objeto de definiciones y redefiniciones hasta ser identificado plenamente con el estereotipo del simulador. Ello significa que sus actos criminales no fueron atribuidos a una acción pasional, lo cual impedía su defensa sobre la base del viejo principio fundante del Derecho Penal del siglo XIX,24 acerca de la inexistencia de delito si la persona actuaba en estado de demencia. Mateo Banks fue categorizado como un “monstruo humano” que, siguiendo nuevamente a Foucault, es una categoría social y jurídica que se redefinió a partir del siglo XVIII y que refiere a la idea de lo monstruoso o anormal en el campo jurídico-biológico. El monstruo aparece como un fenómeno a la vez extremo y raro. Es el límite, el punto de derrumbe de la ley, al mismo tiempo la excepción, que sólo se encuentra en casos extremos. El monstruo combina lo imposible y lo prohibido y, desde allí, se define la normalidad que absorbe parte de esta animalidad. Pero el monstruo se articula con otra representación: la del individuo a corregir; el primero se caracteriza por su rareza, el segundo, es más corriente.25

Fuentes, verdades jurídica e histórica. Algunas reflexiones finales “Hacen que odie las cosas que son verosímiles cuando me las presentan como si fuesen infalibles. En cambio me gustan esas palabras que disminuyen y moderan la temeridad de nuestras proposiciones…”. M. de Montaigne26

Si bien la historia puede ser sugestiva y atraparnos en sus múltiples detalles, creemos que es de importancia reflexionar, para finalizar, acerca del “uso” de las diver24 FOUCAULT, Michel Los anormales, Curso en el Collège de France (1974-1975), FCE, Buenos Aires, 2000, p. 36. 25 FOUCAULT, Michel Los anormales, cit., p. 61. 26 M. de Montaigne, Essais, citado por GINZBURG, Carlo “Pruebas y posibilidades. Comentario al margen del libro El regreso de Martín Guerre, de Natalie Zemon Daves”, en Tentativas, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2004, p. 157.

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sas fuentes que nos permitieron la recreación del proceso. Ellas devienen en un espacio inexorable de reflexión, puesto que desde ellas se configuraron las representaciones sociales y jurídicas sobre la base de las cuales fue juzgado Mateo Banks y luego construido su mito. El personaje fue mutando en sus definiciones y categorizaciones; a medida que era culpabilizado su perfil fue adaptado a las categorías delictuales desde la cuales fue condenado. Así, de notable de pueblo, respetado por buen padre y buen católico, terminó simbolizando la sierpe humana, esa culebra maléfica que representaba los temores bíblicos, los límites y los fantasmas colectivos de esta sociedad de principios de siglo. Visiones compartidas que lógicamente atravesaban los discursos y las acciones de los funcionarios (policiales y judiciales), de los cronistas y periodistas, autores de las tres fuentes principales desde las cuales hemos mirado el suceso y que no pueden, por cierto, ser analizadas separadamente. Los expedientes judiciales, los periódicos y el folleto publicado en la época por un cronista local –que articulaba el mundo judicial y el periodístico– dan cuenta de un continuum interpretativo que juzga y condena desde una manifiesta tensión entre fundamentos morales y fundamentos científicos. Desde todos ellos se fue construyendo una verdad social que muestra, a su vez, la retroalimentación de una cultura jurídica letrada y plagada de tecnicismos y su “vulgarización” a través del consumo de parte de la sociedad, desde la crónica periodística. Revisemos los aportes que presentan los expedientes judiciales consultados (de la parte civil y penal, conformados por siete cuerpos el primero y por nueve, el segundo) a la construcción de estas verdades; en primer lugar dan cuenta de la continuidad de una trama judicial que vincula, estrechamente, en este caso, lo civil y lo penal.27 Estos expedientes preservaron información diversa sobre la vida del “reo“, que se prolongó varias décadas después de su enjuiciamiento y prisión. En el expediente civil, se sucede desde la rutina judicial una serie de actos que refiere a las formas de administración de un patrimonio que se extinguió en los años en que la única descendiente con vida de la familia alcanzó la mayoría de edad. Este proceso, menos espectacular que el penal, da cuenta de otras verdades que buscaron mantenerse ocultas, relacionadas con lo material y con las manipulaciones de las cuales

27 Hasta tal punto se encontraban vinculadas ambas jurisdicciones que, antes de la sustanciación del juicio, el fiscal Horacio Segovia, a su vez Juez en la causa civil, elevó al Juez en lo penal Illescas una solicitud para alejarse en su papel de fiscal, por considerar incompatible y violatorio del Código de Procedimientos en lo civil , desempeñar ambos cargos. El juez Illescas, luego de varias negativas, pidió resolución a la Corte Suprema de La Plata y luego de apercibimiento y multa de $400 por entorpecer a la Justicia, el fiscal Segovia se vio obligado a continuar con la causa. Dictaminó el juez Illescas: “Que las peticiones del Sr. Fiscal obstruyen el curso regular de la justicia produciendo dilaciones en daño de la parte inculpada, no obstante la terminante disposición del Código de procedimientos, art 37 , Penal, y por otra parte la inusitada tenacidad del Sr. Agente Fiscal en no querer recibir la causa para producir dictamen, importa falta contra la autoridad del infrascripto indisculpable en el representante de la sociedad , justamente interesada en la pronta resolución de esta causa que tan hondamente la ha conmocionado”. Cuerpo 3, ff. 835-837.

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fue objeto el patrimonio familiar y con un juicio civil realizado en 1925 por el cual, de manera vergonzante, los descendientes de Mateo Banks buscaron superar su estigma a partir del acto civil de cambiar el nombre de la familia. El expediente penal, por su parte, puede dividirse en dos grandes momentos: el del juicio oral realizado en el pueblo de Azul, seguido y acompañado por la prensa y la ciudadanía, y un segundo momento en el que luego de la apelación de la sentencia,28 la Corte Suprema de La Plata declaró la nulidad del juicio y se inició un nuevo proceso que culminó en 1924.29 En el primer juicio, a través de las declaraciones y solicitudes del juez Illescas, pueden entreverse las dificultades de llevar adelante en términos materiales y profesionales el enjuiciamiento de Banks (se suceden las solicitudes y reclamos del envío de peritos y profesionales que colaboren con la investigación a la Cámara de La Plata). También puede entreverse la tensión entre unos funcionarios judiciales que no podían alcanzar su íntima convicción, únicamente desde los argumentos científicos, las pruebas y las pericias y la excepcionalidad de un caso que desabordaba las posibilidades de la institución judicial en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. A esto se sumaba la excepcionalidad, ideológica, por utilizar un término actual, de un caso que se alejaba de la rutina criminal. Mateo Banks no era, para los parámetros de la época, un delincuente común, cuyo accionar pudiera explicarse y hasta justificarse desde unos argumentos científicos (su tipología, su raza, su habitat social, sus vínculos familiares, etc.; las pericias e informes no alcanzaban para explicar su accionar).30 Tal vez por ello, en el juicio oral la condena a Banks se fundó en argumentos que entremezclaban eclécticamente la criminología positivista con la condena moral, asimilando por momentos culpa con pecado. Banks representaba la amenaza de quiebre del sagrado orden social y moral a partir de la ruptura de uno de sus principales fundamentos: el vínculo fraterno. Empero, esta mirada centrada en el cuestionamiento moral, elegida por convicción (o impuesta desde fuera) de los funcionarios judiciales, debió generar contradicciones y pujas de intereses en el interior de la propia institución. El temor a una

28 La apelación estaba fundada en el principio de inconstitucionalidad y inaplicabilidad de la ley (artículo 173 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la ley del 21 de julio de 1914), así como en errores de procedimientos, relacionados con: la no convocatoria a testigos solicitados por la defensa, por haberse permitido la lectura del peritaje recusado por la defensa y por la falta de pruebas del envenenamiento y defraudación la Corte Suprema de La Plata. 29 La documentación relacionada con la decisión de la Corte Suprema de La Plata, la votación y fundamentos pueden consultarse en el cuerpo 6, causa, 17619, caratulada “Banks Mateo por Homicidio y otros delitos en el Partido de Azul”. 30 Respecto de las biografías carcelarias y los diversos principios desde las cuales eran elaboradas, puede consultarse CAIMARI, Lila Apenas…, cit., cap. 4.

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justicia excesivamente “popular” y atravesada por fuertes presiones ciudadanas debió estar en el espíritu de la reacción prudente de anular lo actuado. En Azul, la sociedad civil fue protagonista activa en demasía, entró en competencia con los actores policiales y judiciales. Esto debió atemorizar a los más profesionalizados jueces platenses, que aceptaron en un dictamen sin precedentes anular lo actuado en el juicio oral, modalidad que, por otra parte, despertaba fuertes reticencias en el medio jurídico. Tal vez, estas razones pueden ayudar explicar al historiador, que es guiado en su lectura e interpretación por un fárrago de documentos encriptados, las aparentes diferencias entre las estrategias y procedimientos del juicio seguido en Azul –más amable al investigador– y el desarrollado durante el año 1924 en la ciudad de La Plata. En el primero, la información está a disposición: los procedimientos las indagatorias y declaraciones de los testigos, la acusación fiscal, las intervenciones de la defensa y del acusado, las cartas familiares, etc. Mientras que en el segundo juicio sólo puede encontrarse la prueba documental del acto administrativo-judicial, las solicitudes para realizar nuevamente la investigación, la convocatoria al conjunto de los testigos, etc., pero nada de lo actuado durante las audiencias está transcripto, la información se reduce a un lacónico informe acerca de su realización y de las partes participantes. El desorden informativo del primero se vio reducido a un prolijo y escueto proceso judicial, que culminó con los fundamentos técnicos de la sentencia y condena.31 Esta aparente retracción de la Justicia tal vez deba relacionarse con el papel jugado durante el juicio oral por la abrumadora presencia de los medios periodísticos que, en vinculación estrecha con una activa opinión pública, actuaron sobre el proceso judicial. Esta cuestión nos conduce al segundo tipo de fuentes. Los periódicos locales,32 nacionales33 y las revistas sociales –del estilo de Caras y Caretas– de circulación muy 31 La información contenida en el cuerpo 6 del expediente puede resumirse de la siguiente manera: Se dio por iniciado el acto y el fiscal solicitó que a medida que se leyera la acusación el Presidente interrogara al acusado sobre cada uno de los hechos para que expresara si los conocía o no, resolviendo la Presidencia que se omitiera dicho trámite por oponerse la Defensa. Luego de leerse parte de la causa, intervino la Defensa y luego comenzó el juramento de los testigos. Se sucedieron las declaraciones de unos treinta testigos, de los que no se transcribió su declaración, y que se prolongó en varias audiencias. Culminó con la declaratoria del Presidente, en la que refería que una vez iniciada la acusación de la fiscalía nadie podría retirarse de la audiencia. Se concedió la palabra al Fiscal y al Defensor y se reunió el jurado a deliberar. Y luego (a ff. 1148, 1163) se transcribe el veredicto, y a f. 1165 aparece la condena. 32 Entre los periódicos de Azul que siguieron con detalle el proceso son de destacar El Ciudadano dirigido por José Ferreyro; Diario del Pueblo, dirigido por P. Cirigliano y C. Maletta; El Imparcial, dirigido por José Romeo; La Provincia de F. Llorente y P. Rodríguez Ocón director de La Razón. El primero de ellos es destacado por los contemporáneos por su profusa información sobre el Juicio Oral. 33 Durante el Juicio Oral en Azul, estuvieron presentes los cronistas de treinta diarios nacionales que incluían desde La Nación, La Prensa, La razón y Crítica; La Vanguardia, a prensa étnica como Giornale d’Italia, los medios principales de los pueblos de la provincia de Buenos, así como medios de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán, La Razón de Montevideo y revistas sociales.

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extendida en los años 1920s., brindaron (como era común en esos años) un amplísimo espacio a los detalles espeluznantes del fratricidio,34 así como a las posteriores investigaciones policiales y judiciales. Estas notas coyunturales eran propias de un tipo de periodismo desarrollado en las primeras décadas del siglo XX que, como ha sido estudiado recientemente, buscaba dar cuenta de los aspectos marginales y delictuales de una sociedad modernizada, que consumía este tipo de hechos policiales y aberrantes. Como parte de su identificación moral, los límites entre el periodismo, la institución policial y la Justicia eran frágiles y ambiguos, y se constituían en ámbitos de circulación de información. Este tipo de crónicas, en complicidad con el público, construían estereotipos sociales que se referenciaban en la reconstrucción sensacionalista de hechos violentos y aberrantes. Desde esta reconstrucción competían con la práctica judicial en cuanto a la valoración psicológica y juzgamiento del criminal.35 Un lugar especial ocupa la crónica de los sucesos realizada por un funcionario judicial y cronista local, Echagüe. Paralelamente al juzgamiento de Banks, e impactado por lo ocurrido, realizó una magnífica recopilación de información textual de los juicios, a la que agrega su propia crónica periodística tratando de brindar información exhaustiva a la ciudadanía. Su texto parece tener una doble misión: informar y remarcar el compromiso de la sociedad decente con los valores de la justicia y el de la institución judicial local (que incluía funcionarios y administrativos) por llegar a la verdad. “Tal propósito se ha tratado de conseguir, mediante la recopilación textual, que reconstruye el proceso, impreso, por así decir, el expediente (con 2000 fojas más o menos) que motiva tan célebre proceso y, que a partir del 19 de abril de 1923, en que se dio el veredicto de ‘culpable’ para Banks –por la Cámara de apelación de Azul– constituye una serie no interrumpida y a cual más emocionante de actos y diligencias judiciales y policiales, que el lector, a medida que siga el relato de las macabras escenas que se exponen difícil le será sustraerse a ese estado de ánimo que ejercen tan vandálicos hechos, posesionándose de una manera que hará imposible suspender su lectura. Tal la atracción anhelante por conocer de inmediato, hasta el fin, el tejido de falsedades, coartadas y escaramuzas, urdido por un super criminal en pugna lucha legal con la justicia [...] ni el decano de los dramas fantásticos, Eugenio Edgar, imaginaron pudiera existir realmente el monstruoso asesino que ellos crearon como el arquetipo de estupendos crímenes”.36

34 La reproducción de las fotos de las víctimas realizadas durante la autopsia pueden encontrarse en la mayor parte de los periódicos. 35 CAIMARI, Lila Apenas…, cit. [La autora preveía incluir, además, una cita sobre un trabajo de Saitta, N. del E.]. 36 ECHAGÜE, J. N. Folleto…, cit., p. 2. El destacado me pertenece.

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Y, más adelante, remarcaba: “…los cronistas contribuyeron muy eficazmente, con sus indicaciones al esclarecimiento de los crímenes, suministrando dentro de la discreción debida indicios y detalles, que la justicia ha debido estimar”.37 En suma, la verdad judicial, aun en tiempos de relativa institucionalización, competía y se nutría de estas verdades alternativas provenientes del campo periodístico, que se articulaban especularmente con los modelos aceptados por los grupos medios urbanos y por los discursos estatales. Por último, ¿cómo pensar la recreación histórica frente a esta situación? ¿Cómo sortear la tentación de ser guiados por la trama judicial? Los dilemas, tensiones y competencias que se pueden entrever, luego de la lectura y relectura de los textos señalados, se trasladan a nuestra propia interpretación-explicación; el riesgo de quedar atrapados en las diversas tramas discursivas –judicial y periodística– es una de nuestras principales preocupaciones metodológicas. Esto nos lleva a recuperar y a hacer nuestros los planteamientos de Ginzburg a propósito de su magnífico posfacio al Retour de Martín Guerre de Natalie Zemon Davies. El autor remarcaba, en ese magnífico texto, la doble selección que se produce en el análisis, la propia del procedimiento legal y la realizada por el historiador. Más allá de esta invención, la tensión y contigüidad entre las miradas del historiador y del juez no deben ni pueden soslayarse. Como señalaba Carlo Ginzburg, el historiador parece estar dirigiendo (o siendo dirigido) por el juez de la causa y los procesos serían según su entender. Creemos que uno de los caminos para intentar sortear estas miradas ingenuas es realizar una lectura de lo judicial desde la clásica y aun muy útil idea de laboratorio historiográfico, ya que además de permitirnos recuperar sus propios contextos y sentidos perdidos, nos ayuda a mirar las representaciones sociales y jurídicas como mutuamente permeadas. Desde este sendero hemos buscado pensar este caso excepcional, pero aun estamos muy lejos de aproximarnos a los sentidos auténticos de las prácticas, como provocativamente planteaba Geertz en su Conocimiento local.38

37

ECHAGÜE, J. N. Folleto…, cit., pp. 106-108. GEERTZ, Clifford Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas, Paidós, Barcelona, 1994 [1º ed. en inglés 1983], p. 75. 38

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