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Sociología del cuerpo Gritos apagados y voces del mañana Violencia, derechos humanos y certidumbre

SOCIOLOGÍA DEL CUERPO GRITOS APAGADOS Y VOCES DEL MAÑANA VIOLENCIA, DERECHOS HUMANOS Y CERTIDUMBRE

Compiladores

SONIA WINER LUIS E. OCAMPO BANDA ROBINSON SALAZAR PÉREZ

Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Universidad de Occidente/México UBA/UNICEN/UdeO

Colección Insumisos Latinoamericanos elaleph.com

Sociología del cuerpo: gritos apagados y voces del mañana: violencia, derechos humanos y certidumbre / Robinson Salazar Pérez ... [et al.]; compilado por Sonia Winer; Luis Ernesto Ocampo Banda; Robinson Salazar Pérez. - 1a ed. - Buenos Aires: Elaleph.com, 2012. 334 p.; 21x15 cm. - (Insumisos latinoamericanos) ISBN 978-987-1701-52-0 1. Sociología Política. I. Salazar Pérez, Robinson II. Winer, Sonia, comp. III. Ocampo Banda, Luis Ernesto, comp. IV. Salazar Pérez, Robinson, comp. CDD 306.2

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

© 2012, los autores de los respectivos trabajos. © 2012, Imagen de tapa: Gerardo Riente, título de la obra: “Miedos y certidumbre”, Olavarría, 10 de agosto de 2012. © 2012, Elaleph.com S.R.L. [email protected] http://www.elaleph.com Primera edición Este libro ha sido editado en Argentina. ISBN 978-987-1701-52-0 Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en el mes de octubre de 2012 en Bibliográfika, Bucarelli 1160, Buenos Aires, Argentina.

Insumisos Latinoamericanos Cuerpo Académico Internacional e Interinstitucional Director Robinson Salazar Pérez

Cuerpo académico y Comité editorial Pablo González Casanova, Jorge Alonso Sánchez, Jorge Beinstein, Fernando Mires, Manuel A. Garretón, Martín Shaw, Jorge Rojas Hernández, Gerónimo de Sierra, Alberto Riella, Guido Galafassi, Atilio A. Boron, Roberto Follari, Ambrosio Velasco Gómez, Oscar Picardo Joao, Carmen Beatriz Fernández, Edgardo Ovidio Garbulsky, Héctor Díaz-Polanco, Rosario Espinal, Sergio Salinas, Alfredo Falero, Álvaro Márquez Fernández, Ignacio Medina, Marco A. Gandásegui, Jorge Cadena Roa, Isidro H. Cisneros, Efrén Barrera Restrepo, Jaime Preciado Coronado, Robinson Salazar Pérez, Ricardo Pérez Montfort, José Ramón Fabelo, María Pilar García, Ricardo Melgar Bao, Norma Fuller, Flabián Nievas, John Saxe Fernández, Gian Carlo Delgado, Gerónimo de Sierra, Dídimo Castillo, Yamandú Acosta, Julián Rebón, Adrian Scribano, John Saxe-Fernández, Carlos Fazio, Raúl Villamil y Lucio Oliver.

Comité de Redacción Robinson Salazar Pérez Nchamah Miller

ÍNDICE Prólogo Incertidumbre, la única certeza

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Introducción

19 PARTE I VIOLENCIA, TORTURA Y MIEDOS

Reflexión para el debate “El saber de la violencia y la violencia del saber” Denise Najmanovich

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Sociología del cuerpo y objetivo de la violencia Robinson Salazar Introducción De la violencia física a la violencia simbólica Tortura Acoso laboral y tortura psicológica La tortura psicológica de los medios La vida inconmensurable y la tortura de la muerte

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Tortura: la guerra en tiempos de paz Flabian Nievas I. La relación de la tortura y la verdad II. La tortura como excepcionalidad III. La “anómala” persistencia IV. La difusión de la tortura V. La variación de la tortura (como práctica) VI. La variación de la tortura (como indicación) VII. Los efectos de la tortura

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El Mozote: El holograma de la muerte. Memoria histórica de El Salvador Rudis Yilmar Flores Hernández Introducción Ascenso histórico del militarismo El Mozote: Operación rescate, tierra arrasada El Mozote nunca más Miedos en el inconsciente colectivo de los sobrevivientes del Mozote Los miedos del “desierto” en una “Pampa florida” Pablo Ormazabal Desierto o “Pampa florida” Ley de tierra Hacia una nueva Ruralidad Los de veterinaria y el setentismo de La Plata La tierra, antropologia y el setentismo en Olavarría Voces locales, miedos y educación Reflexiones finales Gobernar con el miedo. La guerra contra el narco en México (2006-2012) Martín Gabriel Barrón Cruz Presentación Los orígenes «Estrategia» vs el narco Éxito de la lucha El miedo Conclusión Sociedad fragmentada y miedos Luis E. Ocampo Banda Contexto de la fragmentación Fragmentación comunitaria Subjetividades y cuestionamiento al Estado A manera de conclusión

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La criminalización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil. Un balance de la literatura a partir del caso Pocinhos en el estado de Paraíba Gonzalo Adrián Rojas y Paula Oliveira Adissi Introducción I. El caso Pocinhos en Paraíba, Brasil II. Un breve balance de la literatura sobre la criminalización del MST Breves conclusiones finales Bibliografía complementaria

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PARTE II DERECHOS HUMANOS ASIGNATURA PENDIENTE Los derechos humanos en el pensamiento del Premio Nobel 1980, Adolfo Pérez Esquivel: Un pensamiento vivo Sonia Winer Discurso de Adolfo Pérez Esquivel al recibir el Premio Nobel de la Paz 1980

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Semiótica de la violencia e ideología de los Derechos Humanos 191 Álvaro B. Márquez-Fernández El código de la violencia en los sistemas de represión social 191 La coacción política de la violencia pública 195 El derecho a la vida desde una política de Derechos Humanos 200 Los Derechos Sociales de los pueblos indígenas en tensión: Las disputas por el territorio y los recursos naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Tarija (Bolivia) Juan Wahren Introducción Las disputas por el territorio y lo recursos naturales en el espacio tradicional del Pueblo Guaraní Conclusiones Bibliografía complementaria

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Dilemas de los derechos económicos, sociales y culturales Juan Carlos Wlasic Introducción Tres teorías de interpretación de la Constitución Nacional Una aproximación epistemológica y metodológica crítica Algunas consideraciones generales en torno de los DESC Algunas consideraciones en torno al derecho de acceso a una alimentación adecuada El Derecho como discurso del poder y como construcción social Bibliografía complementaria Los derechos humanos en la justicia militar. Nueva arquitectura jurídica del sistema de justicia militar en Argentina Ramiro Riera Introducción El concepto de ciudadano de uniforme La arquitectura jurídica local e internacional en materia de derechos humanos y justicia militar El diseño del sistema de justicia militar de la Ley Nº 26.394 La implementación y el proceso de reglamentación Conclusiones

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PARTE III CERTIDUMBRE DESDE ABAJO Dilemas y conjeturas sobre la certidumbre Flabián Nievas y Adrián Scribano La presencia de lo arcaico De los instrumentos como artefactos de certeza Atrapando la Bestia Usando la certeza o de la disminución de las impurezas Redescubriendo la incertidumbre La construcción social de sentido La posibilidad de incidencia desde las ciencias sociales Bibliografía complementaria

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Voces de la certidumbre en los pueblos de Olavarría, Argentina Entrevista a Maribel García por Robinson Salazar Pérez Maribel García, directora de la Red de Museos Municipales de los Pueblos de Olavarría Cincuenta que cuentan. Olavarría, 2 y 3 de abril Mi viaje a Olavarría Bibliografía complementaria El deporte como estrategia de inclusión social y certidumbre Derribando mitos hacia la utopía Paula Negroni Introducción Educación Popular: la vigencia del legado de Paulo Freire Un córner corto contra la exclusión Para jugar al hockey hacen falta “Lobas” Reflexiones finales Bibliografía complementaria

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Video-Capítulo: Miedos y construcción de certidumbre en los pueblos de Olavarría Marina Schucky Contenido del video capítulo Sinopsis Bibliografía

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Los Autores

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PRÓLOGO El cuerpo es un ramillete de emociones, recibe golpes, censuras, torturas, hostigamiento, acoso, amenazas, angustias, temores, miedos y tormentosas mentiras que lo agobian y muchas veces lo dejan extenuado, casi siempre con pocas posibilidades de reaccionar ante el alud de coacciones que lo debilitan día a día, quedándole sólo el recurso de la toma de conciencia para reaccionar y anteponerse ante todas la intimidaciones que lo rodean. En el Siglo XXI la plutocracia dominante, tuvo en sus inicios la preocupación de construir un nuevo blanco de los ataques para controlar el mundo, donde el territorio no era la parte importante como predominó en la geopolítica, ahora fue el ser humano, la subjetividad del hombre, la mente de los individuos, la conciencia de los humanos, el cuerpo en su “complitud”, como sustancia única que tiene un destino, recibir violencia. De esta manera se fueron creando diversas estrategias, herramientas y armas para lanzarlas contra la humanidad del hombre, desde mensajes subliminales hasta amenazas burdas, todas ellas con el firme propósito de desactivar el arsenal de respuesta que una sociedad acosada pueda esgrimir. Medios de comunicación fueron predispuestos como plataforma de lanzamiento de mensajes que acorralaban a los luchadores sociales, con estigmatizaciones de terroristas, criminalizaciones de sus actos, recorte de libertades y derechos, disminución de espacios laborales, educativos y públicos, arrinconamiento para que no fuesen visibilizados y ante todo señalamientos inadmisibles que los fueron alojando a un rincón donde la condición de indefensión absoluta de sus derechos y necesidades fue de tal magnitud que lo arropó la impotencia. Las fuerzas policiales fueron asociadas con organizaciones ilegales, narcotraficantes, pandillas, crimen organizado, paramilitares, sicarios y escuadrones de limpieza social, con el firme designio de desplazar, asesinar y destruir la trama social donde líderes comunitarios, jóvenes militantes, mujeres – 13 –

activistas, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas que luchaban por defender la naturaleza y reproducción de los bosques, la sustentabilidad de la vida orgánica-política y mantener la lucha contra la depredación y despojo. Los sistemas productivos se desestructuraron, a muchas comunidades le sustrajeron el mundo del trabajo, las dejaron sin posibilidad de reproducirse y el camino que le señalaron fue el de la segregación, migraciones y desempleo, le robaban la esperanza, la dignidad y desnudos, ante privatizaciones y desalojos, el cuerpo fue vaciándose de conciencia y quedaban despojos, retazos de humanidad sin futuro. La violencia se enseñoreó, ocupó el sitió más emblemático en la mente, todos de manera cotidiana hacen referencia a ella, la simbolizan con muerte, asalto, robos, accidentes, peligros, temores, miedos, pérdida de trabajo, despojos, dolor, carencias, piratería, narcotráfico, trata de blanca, migraciones, rapto, secuestro, tortura, defraudación, crisis, estafa, enfermedades emergentes, tragedias, amenazas naturales, terrorismo, sicariato, contaminación e intimidaciones, en fin podemos afirmar que entramos en el túnel de la incertidumbre como única certeza.

Incertidumbre, la única certeza Atrapar las conciencias en la red de la incertidumbre fue el mayor propósito de los “amos” de las riquezas, siempre tuvieron presente que la parte de mayor sensibilidad en el hombre es su mente; destruir las ideas, romper los vínculos relacionales, los lazos sociales, desestructurando la cadena de diálogos y fundiendo la confianza, el tejido de reciprocidades tendrían rupturas, las desconfianzas aflorarían, los sujetos de-significarían al otro y lo construirían subjetivamente como potencial agresor. Ahí estaba la clave del nuevo dominio, las estrategias vitales transitarían por el camino del miedo, afirma Enrique Gil Calvo que son vehiculizados por el miedo percibido, donde invisibilizan la fuente de donde es formulado, es conspiratorio, manipulante, construyen terror y paraliza a quien lo recibe. Indagar y construir senderos sobre la incertidumbre, la violencia, los miedos y los horrores, nos llevó a desplazarnos por distintos caminos y territorios, lecturas y discusiones nos fueron dando las fortalezas para entender que las emociones es un blanco específico pero sensible, con un ataque demoledor, el colectivo humano que lo reciba no tendrían un periodo de recuperación inmediato, porque los registros de la violencia, tortura, hambre, – 14 –

dolor y miedos, lo irían reduciendo a una escala ínfima de lo humano y más aun, lo confinarían al rincón de los invisibilizados. Dominique Moïsi en su libro “La geopolítica de las emociones” nos alentó a proseguir la tarea asumida, él centra su análisis en 3 emociones primordiales: el miedo, la esperanza y la humillación. Elige esas 3 emociones porque están ligadas a la noción de “confianza”, que es el factor determinante de la forma en que las naciones y los pueblos encaran los retos con que se topan y se relacionan entre sí... anota en su texto mencionado... el miedo es la ausencia de confianza porque vives preocupado por el presente y el futuro se vuelve amenazante. La esperanza por el contrario, es una expresión de confianza, está basada en la convicción de que el día de hoy es mejor que el de ayer y mañana será mejor que hoy.1 En México de 11 millones de jóvenes en edad para asistir a la universidad, únicamente 2.4 millones tienen esa oportunidad. Pero 1.8 millones asiste a una universidad pública; el resto, 0.6 millones asiste a una universidad privada. En resumen hay 7 millones de jóvenes aproximadamente que el Instituto Mexicano de la Juventud estima que no trabajan, ni estudian y no han podido colocarse en el mercado laboral, es un contingente nada despreciable para el crimen organizado que les ofrece enganches, según entrevista a agente ligado al negocio ilícito, en cargos de “tienderos” (vendedores de droga), “halcones” (vigilantes) y “operativos”, que van armados y tienen funciones como cuidar a los distribuidores de mayoreo y “levantar” (secuestrar) rivales. Los “halcones” cobran 4 mil pesos quincenales (unos 300 dólares) y los “tienderos”, 3 mil pesos (230 dólares), “Vigías” que son adultos con negocios a la entrada de cada barrio, vendedores de drogas al menudeo, vigilantes de rutas, enganchadores en escuelas y universidades, redes de meseros y taxistas que perciben salarios que fluctúan entre 5,000 mil a 10 mil pesos mensuales (de 400 a 800 dólares mensuales) pero ocultan decir el sueldo de los “operativos”, porque ellos juegan “en las ligas mayores”, con entrenamiento y equipos que sólo las fuerzas especiales de ciertos países pueden contar.2 1 Moïsi Dominique, 2009, La geopolítica de las emociones. Cómo las culturas del miedo, la humillación y la esperanza están reconfigurando el mundo. Edit. Grupo Norma, Colombia, p. 22. 2 Salazar, Robinson, 2011, base de dato de trabajo Pueblos del miedo, Mazatlán, Sinaloa, 2011, borrador. Jerarquía de trabajos en el narcotráfico, 2011, Información de un controlador de ruta en una ciudad de México que controla más de 12 barrios, 3000 empleados y es representante de un cartel en la ciudad. N/E.

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El cuadro de la marquesina remata con un dibujo dantesco en donde 5 millones de niños y niñas no gozan de ninguna garantía de seguridad alimentaria, educativa ni familiar, trabajan según el Módulo de Trabajo Infantil 2009 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en ese año había 28.9 millones de niños y niñas de 5 a 17 años de edad (26.2% de la población total del país), de los cuales 50.7% son niños y 49.3% son niñas. De estos menores, 55.5% realiza quehaceres domésticos en el hogar y estudia, 28.5% sólo estudia y 4.7% combina el trabajo remunerado con los quehaceres domésticos y el estudio. El informe señala que las áreas urbanas (localidades de 100,000 y más habitantes) concentran 29.7% del total de menores ocupados, y en contraste 70.3% radicaba en localidades con menos de 100,000 habitantes, tal parece que la modernización trae mayor esclavitud y elevada insensibilidad social. La guerra trasminó la amplia capilaridad de la dermis social, no hay rincón ni intersticio donde el miedo, el temor, la incertidumbre y la angustia social, no transiten, con capa de muerte y rostro compungido toca las puertas de los hogares y rastrea la trayectoria de cada ser humano. El pánico está arrinconado porque el miedo paraliza, fragmenta e impide que el bucle de la reciprocidad extienda sus hilos; todos están fruncidos, celosos del otro, desconfiando de la sombra y con el dispositivo activado de que en cualquier momento es una víctima de la guerra. Las razones son suficientes para impulsar investigaciones que deriven en intervención profesional para detener en parte el deterioro de nuestra sociedad. Insumisos Latinoamericanos, de nueva cuenta, convocó a una pléyade de pensadores de varios países de Nuestra América, como le denominó José Martí, y puso sobre la mesa la prioridad de vincular tres rubros que atormentan a las sociedades de nuestros pueblos: La violencia, los derechos Humanos y la Certidumbre, siendo la última la recuperación de la confianza, las estrategias hasta ahora probadas y los resultados obtenidos en casos específicos en países que han decidido amarrar en la dársena la esperanza y el futuro, como lo hacen varios pueblos de Argentina. Tuvimos en cuenta que la sociedad Argentina vivió desarreglos institucionales y conflictos sociales de envergadura desde diciembre de 2001 hasta marzo de 2003, donde la crisis económica, acompañada por movilizaciones de grandes segmentos sociales, índice de desempleo que llevaron a 2 millones y medios de argentinos sin fuente de trabajo, las arcas del gobierno vaciadas y los recursos públicos privatizados, conformaron un escenario – 16 –

político-social de alto riesgo, con vaciamiento del orden institucional y poca credibilidad de la política y sus gobernantes. La conflictividad de alta densidad copó la extensa capilaridad de la sociedad, obstruyó los canales de diálogos, los espacios públicos reemplazaron la agenda pública y el gobierno, sin muchos recursos por la poca credibilidad, mantenía el orden acotado con medidas coactivas sin paliar la fuente generadora del malestar de inconformidad y desajuste societal. Sin embargo, entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, se tomaron medidas de carácter público de fomento para contener la tendencia de empobrecimiento que incorporaron a miles de familias a trabajo comunitario, cooperativo, de servicio social; mantuvo una escala móvil de salario en función de la inflación, innovó una política educativa de becarios para doctorar con más de 50 mil nuevos jóvenes en un plazo de 6 años, apostó al fortalecimiento del mercado interno y dirigió las inversiones a robustecer parte de la industrialización que habían detenido o desarmado en años anteriores. Los factores reseñados van acompañados de una estrategia discursivacomunicacional que lleva como objetivo enaltecer la dignidad del ciudadano, incorporarlo a la política nacional, a sentirse parte del proyecto de la nación, defender sus instituciones y ciudadanizar gran parte de los asuntos públicos. Hay limitaciones, distorsiones que levantan críticas y fallas estructurales, de ahí que no ensalzamos el modelo, pero si reconocemos que hay rincones, lugares y pueblos que han avanzado en la siembra de confianza y esperanza, que existe política pública más efectiva que en otros países, los habitantes tienen mayores iniciativas y hacen historia y los logros son digno de reconocerse y más aun si vienen desde abajo y con los de abajo. El libro cuenta con ensayos de colegas argentinos, venezolanos, salvadoreños, brasileños, mexicanos y colombianos, dan cuenta de su realidad, elucubran con propiedad y abren a mesa de discusión sobre una temática que nos reta permanentemente a reflexionar, porque la esperanza y la confianza están en el horizonte de todo ser humano. Conjuntar a investigadores de diferentes latitudes no es tarea fácil, pero la concordancia de ideas, los trabajos sembrados en cada lugar, las discusiones que desde el año 2007, en el marco de las actividades del XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) que tuvo lugar en el mes agosto en la Ciudad de Guadalajara, México, diferentes investigadores de reconocida trayectoria abrieron el paraguas por primera vez como – 17 –

Grupo de Trabajo fundando el “GT26: Sociología de las Emociones y los Cuerpos”. (cuerposyemociones2009.blogspot.com.ar) para ir construyendo un espacio de institucionalización sobre una temática que no existía en la Sociología Latinoamericana. Para los años 2009 y 2011, se redoblaron los esfuerzos y tanto en el XXVII y como en el XXVIII Congreso ALAS –de Buenos Aires y Recife respectivamente– se han sumado docentes y estudiantes cuyos intereses se tramaron alrededor de una propuesta amplia, pluralista y de un fuerte compromiso con la temática que hoy nos ocupa, sin desatender las publicaciones, como RELACES dirigida por Adrián Scribano (www.relaces.com.ar ) que han fortalecido la Red Latinoamericana de Estudios Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos. Bienvenido el intercambio de ideas y argumentos y de nueva cuenta, enhorabuena la tarea de los Insumisos de América Latina. Robinson Salazar Invierno de 2012-08-26, Argentina

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INTRODUCCIÓN Crisol de académicos e investigadores comprometidos con el estudio y transformación de la realidad en Latinoamérica es el acumulado que se acopia en la obra SOCIOLOGÍA DEL CUERPO: Gritos apagados y voces del mañana. Violencia, derechos humanos y certidumbre. Debate diestro que profundiza en escenarios cotidianos en donde la violencia, la tortura, las desapariciones de comunidades e individuos; el temor aposentado en los espacios públicos secuestra la posibilidad de atisbar horizontes ciertos a los cuales arribar en medio de ambientes hostiles diseñados para sembrar el miedo y el control social. La incesante violación de los derechos humanos por parte de cuerpos policiales y militares no ha logrado frenar la movilización y las prácticas solidarias que reclaman garantías y protección del Estado. La comunidad construye formas de expresión y resistencia que perfilan la búsqueda por la cimentación de certidumbres en un mundo globalizado donde la constante es la individuación cual forma excelsa de vigilancia. La obra se divide en tres apartados: Violencia, tortura y miedos. Derechos humanos: Asignatura pendiente. Cierra con el encabezado Certidumbre desde abajo. La primera parte, Violencia, tortura y miedos, la inaugura la epistemóloga Denise Najmanovich, con la disertación El saber de la violencia y la violencia del saber, nos ofrece cuatro visiones de violencia que van de posturas esencialistas, a las lecturas dicotómicas, bien-mal, violento-pacífico. Asimetría, paridad, violencia simbólica y contexto cultural vertebran el discurso compartido por la autora. Sociología del cuerpo y tortura, titula su colaboración Robinson Salazar, el cuerpo leído como muro de contención ante la violencia física y psicológica, receptor de vejaciones en donde la individualidad deja ver la indefensión de la persona ante el quebranto de una norma instituida por el Estado o las prácticas de convivencia social. Flabián Nievas nos comparte Tortura: la guerra en tiempos de paz. ¿Qué hay detrás – 19 –

de este fenómeno que a todas luces lo sentimos como aberrante?, es uno de los cuestionamientos que lanza el autor. La tortura como situación excepcional orientada a preservar un bien superior, en donde el responsable último es el torturado por su negativa a colaborar. Doble victimización al individuo. Rudis Flores Hernández nos presenta, El Mozote: El holograma de la muerte; en escenarios de guerra, de creciente militarismo en El Salvador al cierre del siglo XX se presentan masacres de la sociedad civil bajo el argumento de la lucha contrainsurgente auspiciada por Estados Unidos; huellas imborrables para los sobrevivientes de las comunidades arrasadas. Los miedos del “desierto” en una “pampa florida”, de Pablo Ormazábal, aborda la tensión cotidiana entre dos posturas; la eurocriolla de frontera del paisaje de pampa con despoblamiento de los pueblos originarios, y su contraparte, una elaboración imaginaria territorial como “pampa florida” saturada de producción simbólica agropecuaria. Martin Barrón aporta; Gobernar con el miedo; el gobierno de Felipe Calderón ha hecho de la guerra contra el narcotráfico su sustento. La lucha contra el crimen organizado ha facilitado a su sexenio la legitimidad no adquirida en las urnas. Se militariza la política y el país es administrado con medidas de excepción. Luis Ernesto Ocampo colabora con Sociedad fragmentada y miedos; colectivo abandonado, el mundo del trabajo desestructurado, la fragmentación social se incrementa, las identidades se desvanecen; desplazados, pobreza, polarización política aderezada con violencia Estatal, del crimen organizado y miedos en un modelo económico devastador. La Criminalización del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin tierra (MST) en el Brasil; es la participación de Gonzalo Rojas y Paula Oliveira, donde se rescata el Caso Pocinhos, 2009, y se muestra, con base en la literatura existente la criminalización de los movimientos sociales, en particular del MST. En el apartado II Derechos Humanos: Asignatura pendiente; se apertura con el documento Los derechos humanos en el pensamiento del Premio Nobel 1980 Adolfo Pérez Esquivel: un pensamiento vivo. Entrevista desarrollada por Sonia Winer, “los derechos humanos como integrales, indivisibles y como valores fundamentales de la construcción democrática”. Paz, antiterrorismo, democracia son conceptos centrales en el discurso de Pérez Esquivel. Semiótica de la violencia y derechos humanos, comparte Álvaro Márquez-Fernández, quien registra una dislocación en el uso de la ley en relación a los bienes políticos y económicos que se deben resguardar en favor del conglomerado social, vía el Estado, quien se encuentra obligado a responder a los requerimientos ciudadanos. Los derechos sociales de los – 20 –

pueblos indígenas en tensión, de Juan Wahren quien encuentra resistencias y conflictos comunitarios por ello, aborda el caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Tarija en el marco de sus luchas por reconocimiento a su identidad y cultura, por el derecho al uso y gestión de territorios ancestrales que aparecen como nodales en la construcción de sus derechos como pueblo indígena. Juan Carlos Wlasic incursiona en los Dilemas de los derechos económicos, sociales y culturales, la búsqueda jurídica para enfrentar problemas estructurales de los Estados y de la economía global en la vigencia de los derechos a la protección contra el hambre y desenmascarar prácticas de desigualdad y explotación. Los derechos humanos en la justicia militar, de Ramiro Riera presenta al “ciudadano de uniforme”, y la democratización de las fuerzas castrenses como expresión del fortalecimiento del Estado de derecho, y de la defensa de los derechos humanos en Argentina. El último apartado, Certidumbre desde abajo, lo inician Flabián Nievas y Adrián Scribano, Dilemas y conjeturas sobre la certidumbre, titulan la aportación. En la base de construcción de certidumbre se despliega no un solo credo religioso privativo, ni una ciencia singular en la inacabada lucha por aminorar la angustia y restituir la certidumbre, hoy el concurso es amplio, y es prioritario dotar de certidumbre a los explotados. Voces de la certidumbre en los pueblos de Olavarría, Argentina; se titula la entrevista a Maribel García, quien lucha por la recuperación de la memoria mediante los museos. Así, se pugna por el rescate de la memoria histórica de la comunidad mediante fotografías, cuenta cuentos, películas, recetas de la abuela. Museos generadores de certidumbre, actividades en donde se involucra a infantes, jóvenes y adultos. Los museos populares como generadores de certidumbre en escenarios inciertos. El deporte como estrategia de inclusión social y certidumbre, es la aportación de la Paula Negroni quien muestra la recuperación de certidumbre vía la participación comunitaria, la deconstrucción de mitos y prejuicios al promover un nosotros nuevo, donde florece una subjetividad deliberativa. La obra cierra con un Video-capítulo titulado: Miedos y construcción de certidumbre en los pueblos de Olavarría, elaborado por Marina Schucky, en el cual se retoma el mundo del trabajo y su desestructuración, la cimentación de lazos comunitarios y la recuperación del espacio público. El mundo académico cuenta hoy con nuevos prismáticos para la observación de una realidad social y comunitaria borrosa, cambiante; urgida de asideros desde los cuales construir certidumbre en un mundo globalizado, en donde el contexto se fragmenta, emergen nuevos actores reclamantes de – 21 –

derechos para sus cuerpos, sus comunidades y tradiciones, su hábitat, sus lecturas y formas de recuperación de la memoria histórica, constantemente asediada por poderes fácticos quienes buscan desmentalizar; imponer la individuación como mecanismo de negar la historicidad y de aniquilamiento comunitario. La certidumbre se puede construir desde abajo, la praxis, la intersubjetividad dialogante lo han puesto de manifiesto. Luis E. Ocampo Banda Agosto de 2012, Sinaloa/México

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PARTE I VIOLENCIA, TORTURA Y MIEDOS

REFLEXIÓN PARA EL DEBATE “EL SABER DE LA VIOLENCIA Y LA VIOLENCIA DEL SABER” Denise Najmanovich En las jornadas y congresos profesionales suele hablarse de la violencia de los otros: de los hombres, de los estudiantes, de los adolescentes, nunca de nuestra violencia como profesionales, de la violencia que nosotros ejercemos. Considero que en la actualidad se hace imprescindible subsanar este “olvido”, inaugurar un ámbito de reflexión, de intercambio, y de producción de sentido en relación con la violencia del saber, los modos en que éste se efectúa y cómo prevenirnos de nosotros mismos. Para hacerlo voy a abordar sólo cuatro cuestiones que considero fundamentales: 1. La violencia del absoluto Esta violencia se relaciona directamente con los modelos esencialistas que suponen que la violencia es algo absolutamente y totalmente definido. Ya se considere desde un esencialismo psíquico, biológico, o social, siempre se trata a la violencia como un “objeto” (no en vano se utiliza un sustantivo) y se la piensa como propiedad o característica de un “sujeto de la violencia” que puede ser un hombre, una especie, un grupo. Además, es muy común encontrar que los que profesan un esencialismo psicológico creen que los únicos esencialistas son los biólogos; a su vez, los sociólogos acusan de esencialismo a los psicólogos. Y así, de acusación en acusación. Podría ser gracioso, si no fuera que es tan peligroso para la convivencia. De hecho, cuando el tono es de acusación, es muy probable que estemos tratando con creencias esencialistas. Podemos utilizar este rasgo como un detector de “violencias encubiertas y al acecho”. – 25 –

2. La violencia de las generalizaciones Esta es una violencia estructural de aquellos que ven el mundo a la luz de un solo marco teórico, ideológico o religioso, al que confunden con el mundo. Las generalizaciones como “los hombres siempre son más violentos que las mujeres”, “las personas de tal clase, grupo, raza son naturalmente violentas”, tan extendidas en muchos discursos nos presentan un mundo sin relieve, en blanco y negro. Este tipo de actitud generalizadora presenta aristas más peligrosas aún cuando concebimos categorías rígidas, absolutamente excluyentes, sin matices, sin estructura interna, sin diversidad. Es muy común, encontrar textos cuyo título informa que se tratará el tema de la “violencia doméstica” y ya en la segunda hoja, se han deslizado –para nunca más volver– de la temática inicial a la de la “violencia contra la mujer”, como si ésta fuera la única forma de violencia que se ejerce en los hogares. 3. La violencia del “a priori” Esta es una de las formas más extendidas de la violencia de los profesionales que “combaten” la violencia. Es la que está implícita en cualquier sabelotodo que, amparado en una teoría, modelo, o dispositivo encuentra únicamente lo que ya previamente ha puesto como condición. Desde esta mirada sólo son visibles las entidades y procesos que la teoría ha descripto, sólo puede preguntarse aquello que está predefinido en la grilla de intervención. Esta posición, o mejor aún, esta estética-ética relacional, es responsable de la incapacidad de ligarse con la situación particular en la que se está trabajando y con la singularidad de cada contexto. Desde los “a-priori” (que no sólo significa antes sino también independientemente de la experiencia) hacen que cada encuentro con el mundo sea un caso particular de lo que uno ya sabía, otro ejemplo de la teoría, y no una posibilidad nueva para pensar y construir sentido específico que legitime una situación única. La última, y no por eso menos importante: 4. La violencia dicotómica La violencia dicotómica, que consiste en dividir al mundo en dos polos opuestos y antagónicos (bien-mal, violento-pacífico, cuerpo-mente, sujetoobjeto), es el modo estructural de la violencia teórica en toda la modernidad y en todas las disciplinas. En este contexto quiero tomar solamente ejemplos que competen a los temas más comunes cuando se habla de violencia: uno – 26 –

es la dicotomía entre violencia física y violencia simbólica, y la otra es la polaridad infierno-paraíso. Consideremos ahora la dicotomía entre la violencia física y la violencia simbólica. Tal vez por “formación” profesional, no puedo dejar de pensar que lo que llamamos simbólico no es un conjunto de abstracciones que descienden mágicamente en nuestro cerebro. Los largos años que pasé en la facultad de bioquímica me enseñaron que el cuerpo no procesa “palabras” o “imágenes” sino intercambios de materia y energía. Las palabras que escuchamos son el resultado de un movimiento vibratorio que es transformado a impulso nervioso y que establece diferencias neuronales específicas que son luego traducidas a palabras con sentido. Un bioquímico que no está metido dentro de un tubo de ensayo, sabe que todo lo que es simbólico va a entrar al cuerpo a través de procesos materiales y energéticos: va a producir el aumento de alguna hormona, una disminución de inmunoglobulinas, un “disparo neuronal”, una contracción muscular. No hay ningún fenómeno simbólico que no tenga un correlato fisiológico. Por otra parte, mi trabajo como epistemóloga y mi relación con la problemática de las redes sociales, ha permitido que me percatara que cuando se habla de la violencia física es importantísimo tener en cuenta que el daño producido no es directamente proporcional al impacto material o energético del golpe en sí. Es imprescindible tener en cuenta el “daño moral” que el golpe físico produce, el efecto emocional, afectivo, simbólico de toda situación vivida. Si no hay humillación, iniquidad, ofensa, insulto o ultraje, no lo llamamos violencia. Si somos capaces de ir más allá de las teorías, modos de pensamiento y actitudes heredadas del dualismo moderno, si hacemos el esfuerzo de pensar de forma no dicotómica, nos damos cuenta que en toda y cualquier circunstancia estos dos modos de violencia –que no son opuestos, que están siempre correlacionados–, se dan conjuntamente. Es más, no resulta difícil encontrar que no siempre la violencia física es corporalmente más intensa que la violencia simbólica. A veces un insulto, un grito, una mirada desdeñosa, un gesto deja una marca para toda la vida. Y no me refiero sólo a una huella psicológica. Me refiero a un rastro corporal: un infarto, un espasmo, un desequilibrio iónico, etc. El efecto físico de la violencia simbólica puede ser devastador, llegando hasta el extremo de matar. En la película “La última ola”, dirigida por de Peter Weir, se puede ver “una muerte ritual”, o tal vez debamos decir “virtual: un brujo le muestra un hueso –o lo que nosotros al menos concebimos como tal– a otro aborigen provocándole una muerte instantánea. Todo ocurre a distancia, sin contacto – 27 –

“físico” –o lo que nosotros solemos llamar contacto físico–. También entre nosotros ocurren cosas semejantes aunque de modos muy distintos y con diferentes efectos, no se trata de un ejemplo exótico. En nuestra cultura es algo comúnmente aceptado el hecho de que es posible llevar una persona al suicidio, o a la locura, o producirle un inmenso daño corporal presionándola con palabras, imágenes u otros medios simbólicos. La violencia simbólica tiene siempre un correlato físico, que no es lineal pero no por ello es menos eficaz o abstracta. Lo oposición extremista entre una situación infernal y otra paradisíaca es peor aún, si cabe, que la anterior, impidiéndonos pensar los fenómenos de una manera multidimensional, en su sutileza y complejidad. Desde esta posición se establece una emocionalidad y una práctica que inhibe todo trato con la diversidad de la vida y sobre todo con la problemática de la convivencialidad. Si salimos del estrecho marco de la problemática de la “prevención de la violencia” y ampliamos nuestra mirada, nuestra inteligencia y sensibilidad, podremos ver que lo que está en cuestión son “las formas de convivencia”, y no sólo entre humanos sino con la naturaleza a la que pertenecemos. Pretender que existe alguna clase de situación que es completamente y absolutamente no violenta, ni agresiva, ni tensa, en cualquier campo vital no sólo resulta ingenuo sino más bien absurdo. Estos ideales absolutos constituyen lo que he denominado “la trampa platónica”. En comparación con estos arquetipos perfectos todo es fallido, degradado, impuro, menoscabado. Cualquier situación real de la vida, comparada con ese ideal, será un pequeño infierno, porque ninguna podrá nunca aspirar a igualar el paraíso. Y, además, tenemos que estar contentos, porque tampoco se trata del verdadero infierno que estará siempre acechándonos. Si partimos de una concepción infernal de la violencia y orientamos nuestras prácticas hacia situaciones pretendidamente idílicas nuestros éxitos serán escasos y además deslucidos. Estaremos siempre en falta pues nuestro objetivo es por definición inalcanzable. En cambio, si somos capaces de pensar la violencia de otro modo, sabiendo que ningún ideal es fértil ni real, tendremos la oportunidad de pensar la convivencialidad en las situaciones vitales en las que nos encontramos y no como desviaciones lamentables de una naturaleza torcida. Se inicia así una búsqueda sin término que exige en cada situación distinguir entre tensión productiva, agresión y violencia. Muchos autores han avanzado en ese camino, y disponemos de útiles herramientas para pensar...en tanto no las transformemos en fetiches para idolatrar, en modelos únicos portadores de verdades absolutas, y seamos – 28 –

capaces de utilizarlos como instrumentos para configurar pensamiento en cada encuentro. Quisiera advertir que no se trata de una cuestión de palabras, hay quienes usan “violencia” para dar a entender lo mismo que otros hacen con “agresión”, esto depende de cada corriente, cada autor e incluso cada traductor. Es preciso, tener en cuenta aquí también la violencia que ejercemos cuando exigimos que todos hablen (y piensen) como nosotros. Para entender qué se está diciendo en cada caso es preciso atender al contexto específico en relación con la postura que se está pensando. Los escenarios que yo quisiera compartir ahora con ustedes, son muy diferentes a las obras en “blanco y negro” que hemos comentado. Lo que hemos denominado como “el abordaje de la complejidad”, implica un modo diferente de pensar el conocimiento y las prácticas profesionales. Desde esta perspectiva, yo diría que la simplicidad es un modo de conocimiento centrado en lo ya sabido. Y que, desde lo ya sabido, obtura el pensar. Todo lo que ocurre tiene que ser mirado a través del filtro instituido previamente, sea lo que fuera. En los abordajes desde la complejidad, en cambio, el conocimiento o lo ya sabido es una condición para el pensar, pero no determina el producto del pensamiento. Es un punto de partida inevitable y valiosa, imprescindible para pensar pero no suficiente, ni privilegiado, puesto que “pensar es cambiar de ideas”. En relación con el tema de la violencia hay un aspecto muy importante que quisiera destacar y es que en casi todos los modelos, programas, proyectos que tienen que ver con la “prevención de la violencia”, los profesionales suelen ubicarse como totalmente ajenos a las situaciones violentas. Se supone que el que está previniendo la violencia es alguna clase de sabio ecuánime (nuestra moderna versión del santo), que sabe perfectamente qué es la violencia –puesto que él se va a ocupar de prevenirla–, y que puede diagnosticarla, evitarla y/o curarla. Con Elina Dabas –presidenta de FUNDARED– trabajamos en un proyecto junto a un equipo de la Universidad Católica de Santiago de Chile que fue transformándose a lo largo del tiempo. En un principio el equipo chileno venía desarrollando un programa para la prevención de la violencia en las escuelas. A través de las conversaciones, cursos, seminarios y encuentros fuimos cambiando el eje de “la prevención de la violencia” hacia el de “la promoción de la convivencia”, y hacia el final del proyecto estábamos ya trabajando la noción de “cogestión de la convivencia”. El trabajo culminó con la realización de un gran “Encuentro de Promoción de la Cultura – 29 –

del Buen Trato”. Nuestra actitud y modalidad de trabajo, así como el espíritu que compartimos con los participantes del encuentro estuvo sesgada por la idea de que cualquier intervención en relación con los problemas de violencia puede ser abordada con más dignidad y eficacia si los profesionales reconocen y aceptan su implicación y son capaces de abandonar las categorías dicotómicas que llevan a intervenciones basadas en la culpa y el castigo, para construir modos de abordaje basados en la responsabilidad común en la convivencia. Para ello hay que asumir que parte de la violencia institucional que hoy vivimos incluye muchas veces la violencia de los “agentes de prevención”. Llevar adelante una práctica implicada y responsable exige que seamos capaces de reconocer simultáneamente la paridad y la diversidad. Este es un gran desafío para todos los profesionales, especialmente los que tienen título universitario o que ejercen cargos directivos, pues están acostumbrados a “disfrutar” de una posición jerárquicamente superior. Esa asimetría, cuando se considera como un absoluto, es ya de por sí violencia estructural y, para colmo, invisibilizada. En toda institución piramidal la arquitectura –física y organizativa– resulta violenta. Hasta el lenguaje es violento en su gramática de exclusiones, algo que pasa desapercibido si sólo prestamos atención al tono o al carácter políticamente correcto del discurso. La violencia no es algo que se pueda predicar del “ser” sino que es algo que se efectúa en el espacio relacional y nuestra existencia en los vínculos siempre se da desde la paridad en la pertenencia y simultáneamente la diferencia en la modalidad. Paridad no es horizontalidad ni tampoco simetría. Pertenecemos en paridad a la relación, nadie tiene un estatus privilegiado absoluto, total o eterno. Aún cuando se manifiesten importantes asimetrías actuales o locales, pues la paridad no significa igualdad. Cada persona habita el espacio relacional de modos diferente, pero en tanto lo habita tiene derecho a ser reconocido como un legítimo otro. Esta distinción es fundamental porque muchos de los que trabajan en las temáticas relacionadas con la violencia, iniciaron un camino interesante al reconocer la paridad: los modelos sistémicos particularmente. Sin embargo, en la mayoría de los abordajes olvidaron –o quedó en un punto ciego– el aspecto asimétrico de toda relación. Otros, por el contrario, sólo son capaces de ver las diferencias pero nunca la paridad. Las feministas, por ejemplo, suelen tener el buen gusto o el buen tino de denunciar las asimetrías, pero acostumbran “dejar de lado” la paridad. Desde un abordaje de la complejidad, que implica no sólo una concepción sino también una ética y una estética, es posible afirmar al – 30 –

mismo tiempo la asimetría y la paridad, pues partimos de un enfoque multidimensional. De este modo evitamos caer en una concepción extremista que concibe a las personas como víctimas o victimarios absolutos. Nadie es esencialmente ni lo uno ni lo otro. Todos podemos ocupar en distintos momentos de nuestra vida una u otra posición en cada relación. No es nada extraño que un marido que acostumbra a ejercer violencia sobre su mujer y sus hijos resulte ser un subordinado sumiso, un amigo plácido y un hijo bondadoso. Más aún, en otros momentos puede también ser un marido apacible, un amigo furioso o un hijo brutal. Lo mismo, por supuesto, es válido para las mujeres. Esas descripciones terribles en las que las mujeres golpeadas o abusadas aparecen como “mosquitas muertas” pueden corresponder a algunas situaciones, incluso a muchas, pero esa “víctima total” es también una figura ideologizada, o teorizada, que muchas veces no corresponde en absoluto a la persona que está sufriendo la posición de víctima en una relación violenta. Por el contrario, muchas mujeres de las caratuladas como “fuertes” e incluso como “fálicas” han padecido maltratos. Estas generalizaciones además de ser otro modo de la violencia, tienden a poner a esa mujer todavía en un lugar peor del que está en la relación violenta, porque ponen la condición de víctima en su ser. Si abandonamos los ideales de pureza absoluta, y con ellos las esperanzas vanas que éstos crean, así como los miedos que producen, podemos generar modos de convivencia responsable en los que podamos modular las tensiones sin caer en las etiquetas, la patologización o la judicialización de las prácticas sociales. Es necesario producir y cultivar una gramática que no esté centrada en el verbo “Ser” que convierte todo acto en un destino, y toda característica local en atributo total, de tal modo que un hombre ES un maltratador y una mujer ES una víctima. La forma del discurso de los abordajes de la complejidad, que no son mero formalismo, nos lleva a decir-sentir-pensar que en una relación en un momento dado alguien actúa como victimario y otro como víctima. Cada dominio de experiencia es a su vez múltiple, facetado. Es necesario ver cada situación desde las distintas perspectivas y en el contexto específico de la vida de los protagonistas. Entonces, la construcción social de la violencia como fenómeno multidimensional nos lleva a darnos cuenta de que tenemos que estar alertas para no caer en la violencia de la generalización y así poder pensar en cada situación para pensar cómo una familia, un grupo, o un colectivo particular construye la situación como violenta, o no. Muchas veces nosotros para no pecar – 31 –

de excesivamente universalistas plateamos que algo es propio de “nuestra cultura”. Pero, ¿cuál es nuestra cultura?. Cuando hago esta pregunta, suelen contestarme con una mueca condescendiente: “La cultura occidental”. Una respuesta que puede ser correcta en cierto sentido, pero su generalidad la hace completamente inadecuada para el que estamos considerando. En relación con lo que se considera o no, violento, suele ser muy diferente la apreciación de una familia de paraguayos que la de los argentinos o franceses. Los porteños poco tienen en común con los mapuches, los jóvenes de la Villa 31 raramente comparten códigos y sensibilidades con los de La Horqueta, y los miembros de la iglesia evangélica tienen una concepción y una vivencia muy diferente de la violencia de la que tienen los budistas. En nuestra experiencia de trabajo de Fundared y el grupo chileno encontramos que al cambiar el estilo de intervención y pasar de la “la prevención de la violencia” a “la promoción de la cultura del buen trato” no sólo se transformaban las prácticas, las actitudes y las percepciones de los participantes –tanto profesionales como “beneficiarios” del proyecto– sino que aparecían otros actores que hasta ese momento estaban completamente invisibilizados: los no-docentes, los vecinos y otros miembros de la comunidad educativa y su contexto que no figuran en los organigramas clásicos. En los inicios de proyecto cuando se hablaba de la prevención de la violencia escolar sobre todo se destacaba la que protagonizaban los alumnos (esta modo de concebir la cuestión es probablemente el más extendido). Al transformar el estilo de abordaje y pasar de la prevención de la violencia a la gestión de la convivencia es hizo evidente la necesidad de incluir a todos los actores sociales que participan de la comunidad educativa. Tampoco era posible decir a-priori qué era buen trato, sino que era algo que iba surgiendo en función de las interacciones locales, a veces sin poder ser explicitado pero claramente vivido y sentido por los participantes. Lo que es buen trato en Argentina puede ser un trato espantoso en Japón, o lo que se acepta entre adolescentes resulta chocante para los adultos. Lo que es buen trato dentro de un colectivo protestante puede ser mal trato en un colectivo judío. Es en cada situación que irá creándose y expandiéndose la posibilidad de gestar y sostener un espacio de convivencia estimulante, productivo, capaz de aceptar la diversidad y navegar los conflictos. El problema es que muchas veces los profesionales caemos en lo que he denominado “captura definicional”. Esta es una de las formas de la violencia del saber desde la cual se dictamina desde afuera qué es la violencia, sin pensar la situación específica que se está tratando sino haciéndola “objeto de conocimien– 32 –

to”. Es decir, codificándola, cuadriculándola según el marco teórico y las casillas del proyecto surgido de las usinas académicas o burocráticas (o mixtas). La estética-ética del abordaje de la complejidad para trabajar con los problemas de violencia queda maravillosamente expresada en una frase de Gilles Deleuze: “No hay método, no hay receta, sólo una larga preparación...”

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SOCIOLOGÍA DEL CUERPO Y OBJETIVO DE LA VIOLENCIA Robinson Salazar Introducción El cierre de ciclo del Siglo XX encapsuló la certidumbre, todos los esfuerzos, avances científicos, los logros de las luchas políticas y las instituciones que el Estado fue creando para ofrecer un ambiente de seguridad y bienestar en lo posible fue abortado con el advenimiento del Siglo XXI, cuyo binomio globalización de mercados y modelo neoliberal desarticuló todo el armazón que sostenía la certeza, sembró en la subjetividad colectiva la sensación de una levedad en grandes segmentos sociales, las acciones improntas despacharon por la borda la construcción de sentido, los hechos significativos de la vida que fueron elementos coadyuvantes para armar el entramado de la sociedad tales como la amistad, el amor, las solidaridades, el lazo social, la convivencia comunitaria, la familia, el cuadro axiológico en su conjunto, fueron desvaneciéndose ante la fuerza demoledora de la ideología del consumo, la individualidad, la competencia y la libertad basada en el dinero. No hubo campo de las emociones del cuerpo que no fueran atendidas por la ideología del poder plutocrático, que desde los centros de operaciones habilitaron los resortes y estrategias para incidir de maneras rotunda en el pensamiento, propagaron sobre la amplia capilaridad social un modelo de producir pensamiento seductor y sin complejidad, donde lo instantáneo evita construir procesos, indagar el pasado, revisar articulaciones y lógicas de encadenamiento; la síntesis es lo más importante, dado que es el producto que no tiene explicación y atrae la atención de todos por los atributos que ofrece, sin embargo su vida está periodizada porque dentro de poco, en otro instante, será reemplazado por otra síntesis o producto de mayor velocidad, utilidad y propiedades novedosas. La duración deja de ser un valor y se constituye en un defecto. – 35 –

Es un modelo de pensamiento que desecha, reemplaza, destruye y consume con voracidad lo nuevo, no le da importancia a lo sustituido, porque el pasado no tiene significancia y el futuro es el presente prolongado de acuerdo con el horario que tenga internalizado el actor en su vida cotidiana, porque el largo plazo fue desconectado de su laboratorio de ideas y por vez primera los modelos adelantan el calendario y lo acomodan de tal forma que hacen pensar que puedes vivir el futuro antes de que llegue. Torcieron la historia a su antojo, el tiempo perdió la batalla, todo es inmediato y la búsqueda del éxito abrió la competencia de manera desordenada, sin mediar preparación ni objetivos, lo importante es ganar dañando a todos y trascender sin conocer hasta donde. El nuevo individuo con estas debilidades y sin soporte social, fue blanco de certeros mensajes mediáticos, vulnerable en su condición humana, punto de atracción para aplicar violencia física y simbólica y destino del miedo y terror. Ahora bien, en una sociedad desvertebrada y quebrantada en sus hilos asociativos, el sujeto no suma, queda expuesto a los vendavales de los enemigos y su única herramienta de lucha es su cuerpo, mediante el cual exhibe sus prendas de vestir, joyas, colores y bellezas que el mundo del consumo le brinda, pero a su vez es el muro de contención de golpes, violencia física y psicológica, destino de los mensajes del miedo y el terror, blanco de estrategias intimidatorias y núcleo receptor de todas las vejaciones que pretendan infringir sobre él. La individualidad deja en indefensión absoluta al hombre, lo aísla de todo soporte y los otros lo ven, al momento que es ultrajado, como un cuerpo que recibe castigo o merecedor de su situación infausta porque trasgredió alguna norma vigente del Estado o quebró la débil línea de la convivencia social. Entonces vivir en el aislamiento nos deja en situación de riesgo permanente, eres vulnerable ante los represores pero tus congéneres dudan de tu reputación al momento que eres agredido, dado que el otro es ajeno o es visto como un potencial agresor o transgresor del orden.

De la violencia física a la violencia simbólica La violencia física o simbólica a través de la historia siempre fue y sigue percibiéndose como un acto bochornoso, abominable y censurable desde toda perspectiva humana. Todo acto de violencia indica que se trata de un ejercicio de coerción doloroso que experimenta un cuerpo ante la acción del ejecutor, el actuar in– 36 –

tencionalmente sobre el “otro” no tiene en cuenta la anuencia de la víctima, así que es un acto contra la voluntad del agredido. Pero va más allá del acto de coerción, sino que tiene una finalidad, una meta que puede ser la venganza, el odio, el desprecio, la obtención de un beneficio económico y político o la ostentación del poder. Toda violencia busca debilitar, reducir y doblegar al otro hasta conseguir un propósito, ya sea moral, de honor o económico-político, pero el interés siempre está en la expectativa del acto violento. Existe la violencia física que es observable empíricamente a través de los golpes, lesiones en el cuerpo, muerte propinada, tortura, secuestro, entre otras; también hay espacio para la violencia simbólica que pasa por los mecanismos de vigilancia y control como le denominada Foucault en su memorable libro Vigilar y Castigar, donde el castigo y sadismo que administrado en el Siglo XVIII, fue reemplazado por el celo, la persecución, el miedo y el control del cuerpo, del individuo y abrió el sendero de glorificar la violencia con ausencia de dolores visibles pero lesiones perdurables en el subconsciente de los hombres. La violencia simbólica es más efectiva, aunque no es directa ni es detectada por registros de golpes o lesiones, pero con el tiempo asume el papel de violencia estructural porque poco a poco va filtrándose por la capilaridad institucional, por los vasos comunicantes del Estado y trasciende por los ramales que entroncan con los distintos segmentos de la sociedad. Es tan eficaz que los individuos la asumen como algo natural, la legitiman con su aceptación, no la cuestionan y, aunque impide que desarrollemos todas nuestras habilidades y derechos humanos, es incuestionable por nuestras conciencias. Hoy los dos tipos de violencias conviven, no se excluyen, antes por el contrario, son complementarias y ambas van dirigida al mismo objetivo. La violencia física está encargada de la agresión para provocar dolor y la violencia simbólica “desestructura la vertebración del pensamiento, construye escenarios de riesgos insertados en la subjetividad de los colectivos humanos. El objetivo es alterar los estados de ánimo en las personas que conduzcan a desordenarle las coordenadas que dan estabilidad a la vida cotidiana, puesto que la angustia, el temor y la sensación de estar en peligro los lleva a estados depresivos y de angustia colectiva”.1 Salazar, Robinson, 2006, “Visibilizando al enemigo: EE.UU. vs. América Latina”, en revista Utopía y praxis latinoamericana, Universidad del Zulia, Venezuela, pp. 87-102, Año II, No 33, abril-junio. 1

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En el campo de la sociología del cuerpo los espacios de análisis han transitado por la actitud corporal, los ademanes, la vestimenta, actos comportamentales, expresiones del gesto, timbre de voz y otras esferas que son propias de los hombres que conforman los ámbitos socio genético y psicogenético. Sin embargo, los avances en la sociología incorporan otros terrenos que competen al lenguaje, el discurso hasta quedar estructurado el cuerpo como un territorio donde el dolor, la maldad, el odio, el malestar, la tensión, el signo y la política encuentra un espacio de expresión en quien lo habita y quien lo enajena. Desde esa perspectiva, sería plausible observar en los cuerpos cómo se expresa el malestar social y la crisis de relaciones sociales, a partir de considerar que el problema de la expropiación del poder del cuerpo o del dominio del cuerpo, se produce porque históricamente se constituye un ámbito de relaciones sociales que visibiliza eso y otro ámbito de relaciones sociales que lo obstaculiza.2 El cuerpo contiene subjetividad, ideas, racionalidad, intencionalidad, sentido y pertenencia a un territorio, nombre, apellido, ideología y es un banco de conocimiento. Ese cuerpo al construir vínculos afectivos, identitarios o axiológicos crece, expande sus fronteras y es blanco de políticas públicas, de reconocimiento, simpatía, identidades colectivas hasta llegar a ser una tipología de cuerpos acorde a las relaciones sociales prevalecientes que al crecer y consolidarse, dan base para una corporeidad culturalmente hegemónica. Lo interesante en el cuerpo es el núcleo residente de emociones, sensaciones donde el pudor, la vergüenza, el dolor y alegrías que son construcciones sociales que derivan de procesos socio-económicos, políticos y mentales... de ahí que todo cuerpo ocupa un lugar-tiempo, moldeado por las relaciones sociales que lo disciplinan, lo agreden, ajustan, internalizan ideas, desarman y arman instintos, pasiones, valores que son inculcadas a través de pautas de comportamiento, cuadro axiológico y sentidos que aparecen como normales o sanciones pero socialmente aceptadas o compartidas.3

Tortura Ahora bien, si concebimos la tortura como el aniquilamiento del sujeto por parte de fuerzas represivas u opositoras a través de golpes, instrumentos sofisticados para producir dolor físico, vejación, destrucción anímica hasta 2 Marín, Juan Carlos; Forte, Gustavo; Pérez, Verónica; Antón, Gustavo y otros, 2010, El cuerpo territorio de poder, Ediciones P.i.c.a.s.o, Argentina. 3

Ídem. – 38 –

llegar a punto de inflexión en la resistencia de la víctima, es el cuerpo y su contenido descrito el blanco de toda acción violenta. Los ataques físicos tienden a producir vivencias de aniquilamiento y destrucción del esquema corporal, lo que implica una pérdida de reconocimiento de la identidad personal. El objetivo es que la persona agredida se sienta desindentificada consigo mismo, donde el vehículo que lo desconfigura es el dolor y las consecuencias del mismo en el cuerpo de él y de otros torturados, cuyo mensaje es: “así quedaras marcado por tu comportamiento” o “así quedarás si no haces lo que te pedimos”. La parte medular de un ejercicio de tortura es la vejación, donde el primer paso es romper la vertebración valórica, esto es, desnudar a la victima para vulnerar la intimidad, sus secretos, espacio privado resguardado ante los ojos escrutadores del otro que al ser rasgado el velo queda expuesto al vacío, la incertidumbre y el pudor devaluado, aunado a todo esto está la deprivación sensorial y motriz que funge como maquina demoledora del esquema de resistencia porque limita a la victima a movilizarse o hacer sus necesidades básicas fisiológicas y lo peor, esta atenida a permisos del custodio y vigilancia de su desnudez. Es una situación que tiene movimiento pendular entre la muerte y mañana, no sabe si vivirá el día siguiente, aunque en su mente tenga borrado la temporalidad y espacialidad por el encierro, los golpes y pérdida del don de la ubicuidad. Lo pendular es una ventana de soledad, aun si estás en un recinto acompañado, el desconocer al otro, la intencionalidad o situación de quien vive experiencia común, la confianza está rota porque no te percibes como un colectivo o producto social, sino un individuo aislado, sin elementos de defensa y expuesto a la fuerza del secuestrador y los límites de tu resistencia. Todo esto orilla a destruir también la autoestima del secuestrado a través de la humillación, vejación sexual, gritos, golpes, ofensas y culpabilidad que le inculcan cada vez que sufre un dolor o tortura. La autoestima es la idea de quién soy y mis valores que dan soporte a la idea de mi mismo. Es la valoración que un sujeto posee de sí, desde una perspectiva psicoanalítica es un producto de la relación entre el Yo y el ideal del Yo. Esto está conformado de acuerdo con determinados valores a los que aspira cumplir el sujeto. El resultado es traumático porque cae en el abismo de las depresiones, angustia y hasta intento de suicidio por la desvalorización o denigración sufrida. Otro aspecto que no podemos desdeñar es el silencio guardado una vez liberados, que muchas veces es percibido como la prolongación del secuestro, – 39 –

dado que no superan la experiencia registrada frente al horror infringido en su cuerpo, pudor deshilado, la rabia contenida y rumiada en su resistencia impotente, el desconcierto de tu pasado con el presente, el futuro como ser vejado y resentido socialmente y la imposibilidad de ordenar todas las vivencias, cargas de sentido y compartirla con alguien que guardará el secreto o le ayude a dotarla de sentido. Es todo imposible por estar roto el lazo de confianza, que es un mecanismo de reducción de la complejidad y de la incertidumbre en la medida que abre caminos de diálogos, acompañamientos y acciones conjuntas en el futuro. Es una apuesta hecha en el presente hacia el futuro y fundamentada en el pasado; debido a que el cúmulo de experiencias vividas y los beneficios obtenidos en lo personal y en el ámbito colectivo, son tierra fértil para sostener la creencia de que confiar en otra persona en el presente puede ser útil y básica para el futuro. Indudablemente, la confianza equivale a una suerte de cuenta corriente, de la cual es posible gastar hasta un cierto monto, pero es necesario depositar para evitar caer en la falta de fondos. Existe, por consiguiente, un cierto umbral que, si es traspasado, conduce a la pérdida de confianza.4 No toda traición a la confianza conlleva a la desunión, todo reside en la gravedad del incumplimiento y capacidad de resarcir el daño con acciones futuras de reconstrucción de confianzas deterioradas o lastimadas. El silencio esconde sufrimiento y dolor, oculta verdades y es una fortaleza intima en el torturado que blinda sin palabras y oculta en el pasado el rostro de la amargura. Especialistas en el tema de la tortura han señalado 4 posibles mecanismos que dan cuenta del porqué del silencio: 1.

En la tortura, por el intenso y prolongado dolor, se produce un shock neurogénico que conlleva a estados de inconsciencia en diversos grados, desde la obnubilación (enturbiamiento y estrechamiento de la conciencia) hasta el estupor (estado de inercia, vacío o suspensión de la actividad psíquica). Esta situación afecta la memoria de fijación durante el episodio traumático y la memoria evocativa subsecuente. Se produce así una amnesia lacunar, con vacío de la memoria que puede persistir largo tiempo, incluso de por vida. Posteriormente conlleva a situaciones esporádicas o continuas de angustia.

Rodríguez Mansilla, Darío, 1996, “Introducción a libro Confianza”, de Luhmann Niklas, Universidad Iberoamericana y Anthropos, España.

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2.

El ataque al cuerpo (trauma corporal) afecta el núcleo básico de la identidad que es el Yo-Corporal. La persona se encuentra en un estado de indefensión extrema que remite a las experiencias corporales primitivas de desamparo y desnudez. Es una regresión con secuela de escotomas en el registro de lo vivido.

3.

Produce una disociación esquizoide defensiva. La disociación es un mecanismo de defensa características de los niveles mentales más primitivos y son instrumentados frente a vivencias de aniquilación en actos de tortura. La representación del propio cuerpo es escindida y proyectada al exterior, “el cuerpo no me pertenecía”, la persona no es la misma que era antes y no es siempre consciente de esta diferencia.

4.

Los sentimientos de pudor, vergüenza, humillación, que dificultan la comunicación de lo ocurrido durante la tortura, están vinculados a ciertas vivencias “intimas” en las que queda comprometida la relación del Yo y el Ideal del Yo, produce una fisura entre la imagen y la realidad de mi cuerpo y desata los bloqueos del silencio.5

Por lo anterior, el silencio es un vestido protector que aparece por la quebradura de la cofia que cubría el pudor y la vergüenza y jurídicamente es difícil contabilizar el monto o dimensión del daño ocasionado al torturado porque muchos de los sufrimientos y lesiones son de carácter psíquicos y quedan refugiados en el rincón del silencio miedo o sepultado en la soledad del torturado. En síntesis, la tortura, como actividad mafiosa, producto de la debilidad estatal si hablamos de secuestros, pero terror si la practica el Estado, busca lucrar, obtener información y silencio, doblega a las comunidades, es eficaz como estrategia de intimidación y asegura la viabilidad de un gran negocio (industria del secuestro) si está ligada a las trampas de la corrupción. De todas maneras la tortura veja, lastima, destruye vectores de la vida y obnubila a la victima para llevar a cabo una convivencia sana, pulveriza su autoestima y deja como resultado un despojo humano sin horizonte en el futuro.

Kordon, Diana; Edelman, Lucila; Lagos, Darío y Kersner, Daniel, 2005, “La tortura, más allá de la extrema soledad” en Efectos psicológicos y psicosociales de la represión política y la impunidad. Ediciones Madres de Plaza de mayo, Argentina. 5

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Acoso laboral y tortura psicológica La destrucción del Estado por parte de los grandes poderes que dan soporte al modelo neoliberal, no sólo pretendía desregular las economías nacionales, sino que su ambición estaba por encima de lo meramente comercial, pretendía dominar el mundo saqueando las riquezas del ente político a fin de evitar un proceso político reversible, esto es, si una fuerza política adversaria arribaba al poder, no contaba con los recursos para sobrevivir, porque el Estado no tenia activos públicos, tampoco suficiente dinero para dotar de certidumbre a la sociedad. Un Estado en bancarrota, supeditado a los organismos y finanzas internacionales no representaba ningún riesgo si lo gobernaba la izquierda, derecha o cualquier fórmula política, dado que el capital está fuera de las esferas pública y cuenta con una constelación de organismos multinacionales que aíslan o boicotean todo intento emancipador desde el Estado. La formula elaborada y puesta en práctica desnutrió al Estado para que no garantizara derechos, desciudadanizara a la población, borrara de su imaginario los referentes institucionales que avalaban los postulados de justicia necesarios para la convivencia social y el desarrollo humano. Arrojaba al individuo a una situación de inequidad, sin privilegios y expuesto a la inseguridad y abuso de la autoridad despótica. Así fue asomándose el acoso laboral bajo la estrategia de la crisis económica que sobresaltó los pronósticos por supuesta indisciplina fiscal, déficit presupuestario excesivo, endeudamiento desproporcionado, insolvencia por falta de liquidez de los bancos o desequilibrio en la balanza de pago y el comercio, escenario caótico que conlleva a recortar derechos sociales, disminuir el salario, desaparecer prestaciones sociales en aras de mantener la fuente laboral. Es una estrategia que a corto plazo genera riquezas a los empleadores, pero a mediano plazo las políticas de austeridad no son eficaces, son económicamente ineficientes. Permíteme explicarme. ¿Qué pasa con las políticas de ajuste, de austeridad? Se reducen los salarios, se disminuyen las pensiones, se destruyen los servicios públicos. Todo ello desemboca en una contracción de la economía. La gente consume menos porque tiene menos poder adquisitivo. Entonces las empresas reducen su producción porque baja la demanda. Si se reduce la producción despiden a empleados, lo que aumenta la tasa de desempleo. Por consiguiente, el Estado tendrá que gastar más dinero en ayudas a los desocupados y tendrá menos ingresos puesto que los parados dejarán de pagar impuestos.6 Lamrani, Salim, 2012, “Las políticas de austeridad son económicamente ineficientes” leído el 4 de mayo 2012 en http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/17139-salim-

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Es ante todo, entonces, un modelo de represión que busca con el miedo hacer que la gente no proteste, no asita a las manifestaciones porque se va a encontrar con problemas, y crear miedo entre los propios activistas porque se están jugando la piel porque “vamos a ir a por vosotros”. Se intenta separar la opinión pública mayoritaria de los sectores más activistas, pero esto a veces les puede funcionar y otras veces no y puede tener un efecto inverso al deseado. Hasta ahora la represión ha sido tan desproporcionada que en algunos lugares ha detenido la indignación, en otros han fracasado en su intento.7 Es una comunicación hostil, coactiva, sin reserva ética orientada de manera sistemática por jefes de área de recursos humanos y empresarios hacia el grupo o segmento de trabajadores, acosándolos psicológicamente hasta disminuirles su potencial deliberativo, arrinconan sus espacios de cavilación, fragmentar las ligas de diálogo, reventar las fibras de resistencia colectiva y encerrarlo en un mutismo, donde intercambiar opiniones o argumentos con otro trabajador, lo coloca en la bandeja de la vulnerabilidad y el despido. Es un estado de indefensión absoluta, demoledor de entereza analítica bajo el paraguas del acoso que poco a poco mina la capacidad de respuesta pero ante todo un estado anímico y de salud. Millones de trabajadores de diversos rincones del mundo están en situación de riesgo de salud, producto de la estrategia del miedo, acoso y represión psicológica que responde a la coerción adocenada que impera en los centros de trabajo y sólo la han confrontado las movilizaciones, de otra manera, es la estrategia de persecución que desmonta derechos, aniquila los gremios sindicales, derrota la movilización política y encierra en la jaula del mutismo a los que aceptan la amenaza del desempleo.

La tortura psicológica de los medios 2001 fue el inicio del Siglo XXI y también la nueva era de los medios en el campo de la guerra y las disputas por mantener incólume el modelo neoliberal, las incursiones que había logrado en el terreno cultural, en los años 80 lamrani-%E2%80%9Clas-pol%C3%ADticas-de-austeridad-son-econ%C3%B3micamenteineficientes%E2%80%9D.html Antentas, J. M. y Vivas, E., 2012, “La crisis es un punto de inflexión, nunca se vuelve al antes de la crisis”, entrevista a Josep María Antentas y Esther Vivas a raíz de la publicación de “Planeta indignado. Ocupando el futuro”, leída el 4 de mayo de 2012 en http://www.bolpress. com/art.php?Cod=2012050402

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del Siglo XX, fueron reforzadas a principio de la nueva centuria con el fin de convertir a los medios de comunicación en la artillería de primera línea cuyo fin es la de desarticular las memorias colectivas, quitar el freno a la ambición consumista, sembrar el escenario de mercancías descartable, liberar de toda atadura la “libertad del mercado” y ante todo, obnubilar las mentes de los pobladores de las ciudades y comunidades donde los medios llegaran. Algunos escritores le han denominado el Plan Cóndor mediático, dado que su incursión en la política fue y sigue apareciendo frontal, sin solapamiento ni hipocresía, disfrazado con un vestido confeccionado con epidemia lenguaraz de independencia, imparcialidad y supuesto apego a la democracia. Es la era de la mentira y el ocultamiento de verdades que prevalecen en la realidad social. Indudablemente, la asunción de los medios en la cadena de torturas fue posible porque los grandes centros de poder tomaron conciencia que el Estado como ente político y de cohesión social, entraba en una fase de implosión por la expansión del capitalismo en su fase denominada globalización, cuyas frontera porosas fueron desaforadas por diversos agentes entre ellos las empresas multinacionales, crimen organizado, guerras y las transacciones comerciales que dejaron sin fuerza al Estado para vigilar su territorio; pero aún hay más, el avasallamiento de los contagios de la globalización, incontrolable por los mismos creadores, idearon la construcción ideológica-política de Seguridad Democrática, cuyo vector es situar la amenaza como cuña incómoda que desestabiliza el sistema emocional y de equilibrio en cualquier persona. La amenaza es una representación, una señal o signo, disposición, gesto o manifestación que aparece en el subconsciente colectivo o individual, percibido como el anuncio de una situación de riesgo, malestar, inseguridad o deterioro no deseado y que vulnera, en quien lo percibe, la coraza de certeza y lo pone en peligro absoluto y cercano a la muerte. Es una atmosfera de miedo perpetuo, movilidad recortada, ausencia de propiedad sobre el espacio, temeroso del tiempo, ciego ante las oportunidades e inflexible para articular posibilidades de escapatoria o nuevos escenarios. Es una jaula de acero invisible que atrapa no sólo el cuerpo de las personas, sino el pensamiento y libertad de imaginar. Las amenazas son multivariadas, súbitas, atemporales y mortales, van desde el terrorismo, revolución, limpieza social, crimen, contaminación, enfermedades desconocidas y emergentes, crisis económica, de bienes de consumo como agua, energía, transporte, alimentaria, pandillas, vendetta, narcotráfico, militarismo, envenenamiento nuclear, bombas entre otras que – 44 –

son sobredimensionadas o magnificadas por los medios para controlar estallidos sociales o reclamos ciudadanos. El sistema emocional está secuestrado por la TV, periódicos, la Internet y la radio cuyos mensajeros actúan bajo la férula de los empresarios y magnates que controlan el mundo y les interesa gobernar y dirigir el universo de los negocios bajo e paraguas del caos. El caos es una forma de administrar la política de dominación en la medida que mantienes influencia en los factores vitales que mueven el mundo (economía, tecnología, armamento, recursos naturales estratégicos y medios de comunicación) y los hace invisible ante los enemigos, manipulando el comportamiento de cada uno de los elementos mencionados y asignándole de manera irreal trayectorias erráticas que descontrolan la percepción de los adversarios y cargan de inseguridad al enemigo. Entonces vivir en un universo inestable, errático, con trayectorias inverosímiles nos lleva a un estado de angustia, temor y tortura, toda vez que carecemos de la certeza necesaria para emprender una acción determinada. Sin la confianza pertinente, el perceptor de señales e información no cuenta con la disposición y voluntad para interactuar, tampoco puede compartir u opinar sobre los temores introyectados en la subjetividad, revelando así un estado de bloqueo en sus facultades asociativas y de dialogo con otros. En alguna de las veces, despersonaliza al afectado, la paranoia y esquizofrenia son rasgos de su personalidad, los actos compulsivos son frecuentes y la dársena de la soledad le pide que ancle ahí los años de vida que le quedan. Ahora bien los medios de manera permanente nos dejan caer una lluvia de amenazas, cuyo proceso de mentalización pasa por varias etapas. En la primera, se produce un derrumbe de la organización mental cercana al pánico y terror. En la segunda, se busca dar un nombre o encontrar signos mediante los cuales semantizar la manera es un intento de resolverla, evitarla, implementar sistemas defensivos, controlarla y anularla. Luego, en la etapa siguiente se produce una oscilación entre denegación y concientización, y en el mejor de los casos se restablece una organización vital cuyo eje ilusorio es impedir la efectivización de la amenaza. Los mecanismos de adaptación imponen la vida a cualquier precio. Es probable que éste sea el momento en el cual el agredido se entrega al agresor en un intento de salvar su vida. Es también el momento de la creación de baluartes o mitos que conllevan a la fatalidad.8 Puget, Janine, 2006, “La violencia social y psicoanálisis. De lo ajeno estructurante a lo ajeno ajenizante”, en Puget, Janine y Kaës, René, Violencia de Estado y psicoanálisis, Lumen, Argentina.

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Las amenazas suelen aparecer en coyunturas favorables para el gran capital y casi siempre están cerca de procesos electorales riesgosos para los mercados, bajo el techo de asonadas de movimientos sociales, decisiones de gobiernos con perfil popular, insolvencia financiera de los bancos, instauración de una situación de guerra, interés por militarizar regiones y privatizar recursos públicos. Justo en esos contextos están las fuentes borboteantes de los miedos, temores y amenazadas que torturan las subjetividades colectivas. El carácter coyuntural, la incertidumbre que predomina en lo que va del Siglo XXI, el agotamiento del modelo neoliberal y la política guerrerista que el coloso del norte instrumenta, son los factores que torturan, en la medida que agotan la capacidad de resistencia de la humanidad, no hay lugar seguro, las confrontaciones bélicas aumentan, los actos homicidas súbitos, la crisis financiera que utilizan para desemplear y negar derechos, la tendencia incremental del crimen organizado, nos pone en una nube que puede desprenderse en una lluvia que ahogue las pocas esperanzas ancladas en las comunidades y colectivos humanos. La certeza ausente y la confianza deteriorada, nos deja sin una apuesta hecha en el presente para afianzar el futuro, porque la ruptura del eje conectivo del tiempo nos desalojo el pasado de la memoria. No hay referentes seguros de las anteriores certezas que nos ayuden a otear la sociedad futura, tampoco un ideal para luchar, un horizonte político ni una ideología cimentada en hechos históricos. Hoy quedamos huérfanos y toca luchar en medio de la oquedad de la política, el vaciamiento de las instituciones y la debilidad del Estado. Justo ahí, el mercado y la constelación de consorte como son los banqueros, los medios de comunicación, partidos políticos, sistema judicial y organizaciones internacionales, se juntan en forma de guirnalda y encapsulan las esperanzas y siembran la incertidumbre y el caos. La desestructuración de la confianza fue el blanco de los medios, que descalabró al momento que irrumpió en el cuerpo social para vejar y deteriorar las comunidades y gremios; con la destrucción de las comunidades se atacó de manera contundente la confianza, devenida de las relaciones sociales cargadas de reciprocidades para intercambia saberes, intereses y bienes. Si el marco de interacción social está influenciado por el individualismo, el lucro, el consumo y el hedonismo, la confianza se desvanece, las comunidades paralizan la red de intercambios y la fragmentación aflora, hasta arrojar una comunidad imaginaria pero en la realidad es un lote de fragmentos humanos que viven pero no comparten. – 46 –

Así viven miles de comunidades en la tortura de la inseguridad y la vocería de los medios, se distingue claramente los miedos por el temor al crimen y a los malhechores. Predomina la desconfianza en los demás y en sus intenciones, así también una actitud que niega o considera imposible tener fe en la constancia y en la fiabilidad del compañerismo humana. Castel atribuye esta situación al individualismo contemporáneo; sugiere que la sociedad de hoy, al suprimir las comunidades y corporaciones estrechamente unidas, que antes las leyes delimitaban y velaban por su cumplimiento, y sustituirlas por el deber de ocupase cada uno de sí mismo y de sus asuntos, se ha edificado sobre el terreno pantanoso de la incertidumbre: en una sociedad de este tipo es inevitable que la inseguridad y el temor a peligros acaben siendo males endémicos.9 Por lo anterior, la vorágines que existe en la actualidad nos invita a vivir inseguros, angustiados, presos de las noticias que alojan la incertidumbre en el subconsciente y rodeados de desconocidos, sin lazo social habilitado, fragmentado en el ancho cuerpo del planeta y en permanente riesgo real o imaginario, pero seguro de que nuestras vidas están en una situación de peligro.

La vida inconmensurable y la tortura de la muerte Finalmente, los miedos en los medios han desnaturalizado la información, las fuentes de opinión que se constituían en el fragor del debate público fue desalojada por la pre-fabricada en gabinetes de empresarios y directores de noticias, ligados a consorcios, grandes negocios y monopolios de la economía de portafolio hasta convertir la televisión en un medio con características de “jaula digital” donde la realidad importa poco, los intereses de las mayorías se invisiblizan, las demandas populares son criminalizadas y el espacio público lo privatizan para enjaular a la ciudadanía en el reducto del espacio privado y tenga como único interlocutor a la caja de resonancia de mentiras y argumentos falaces que desvertebran el pensamiento crítico. La “jaula digital” está diseñada de manera tal que busca ahuyentar toda crítica de la mente de la audiencia, desmentaliza al auditorio, impone la imagen como único recurso que reemplaza el argumento y tiene mayor validez por el manipuleo que se haga de ella, conjeturar, sentar premisas, reflexionar y elaborar dilemas no es oficio de un comunicador, es cosa del pasado, ahora interesa hablar menos, seducir con la imagen e incentivar el consumo como Bauman, Zymunt, 2006, Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros. Edit. Arcadia, España.

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herramienta de movilidad social, si no consumes, no eres parte de la dinámica de la sociedad. El otro factor que esgrimen es la desideologización del discurso en caso de que haya reclamos, réplica o exigencia de la audiencia. La ideología es un tema del Siglo XX, no tiene lugar ni impacto, según el criterio de los comunicadores, lo que importa es comprar, vender, consumir y sentir placer de ejercitar esas actividades que el modelo neoliberal nos quiere ofrecer como la culminación del desarrollo humano y la calidad de vida deseada. Develar la ideología que hay tras de los medios, el mensaje, la noticia, el sesgo informativo, los melodramas, los culebrones telenovelescos, los programas de entretenimiento es un asunto de imaginación distorsionada, porque los medios no están sujeto a que les cuestionen esa parte de la intencionalidad oculta. Ellos prefieren desdeñar la ideología, presentarla como una actitud de conflicto en los seres humanos que aun viven en predisposición de crear zonas de incertidumbre o zozobra en las relaciones humanas. Es menester desmontar toda postura ideologizada, porque en los escenarios que se intenten analizar sin contar con un reservorio ideológico, seguro nos lleva a un conocimiento plano, corto, simplista de una situación determinada, por consiguiente fácil de aceptar la opinión de los medios como la verdad y la ventana que nutre con veracidad lo que acontece en el entorno inmediato. Visto así, la incertidumbre es la espada que obnubila y venda los ojos, también puede vestir de frivolidad el mundo, disfrazarlo de oportunidad o sembrar la incertidumbre. Los medios son los ojos de muchos ciudadanos que prefirieron descansar sin pensar y entregaron a los instrumentos mediático la confección de verdades y mentiras, mundos inciertos y peligros súbitos que nos enmudecen y atribulan hasta convertirnos en entes temerosos y secuestrados en el espacio privado o intimo. Entonces tienen la oportunidad extensa de construir ideológicamente más riesgos permanentes, sus programas televisivos afirman con persistencia que no hay lugares seguros, que nada nos protege y vivimos la vulnerabilidad absoluta, de ahí que la seguridad está en encerrarnos, comprar seguros de todo tipo y privilegiar los lugares cerrados y privados. La inseguridad, vulnerabilidad e inexistencia de lugar seguro prefigura un mundo donde la vida es inconmensurable, no la podemos medir con ningún parámetro, las enfermedades emergentes, el terrorismo, las crisis económicas, el desempleo, el crimen organizado y los desastres naturales son parte de la amplia constelación que está articulada en el mapa de riesgo, donde las dos salidas que tenemos son: Inseguridad y contingencias. – 48 –

Crimen, narcotráfico y terrorismo cubren el ala de la inseguridad y las contingencias son dibujadas por virus, enfermedades emergentes, accidentes, desastres naturales, crisis de sistemas de seguridad social, de salud, riesgos de la vejez, nuevas epidemias, crisis alimenticia y la muerte súbita. Al final de cuentas, no hay argumentos que valide lo enunciado, lo instantáneo e inesperado se impone, el temor arriba a la subjetividad a través de los medios de comunicación y se instala como miedo percibido, cuyas características es: la causa del riesgo, inseguridad o contingencia está oculta, la información que divulga es manipulante y disgregadora, quien la percibe, de inmediato busca un lugar seguro antes que los demás, lo que conlleva, con el devenir de los años, una alteración del genoma de las relaciones sociales, donde el otro pierde significancia, el individualismo prevalece, la muerte es una sombra que nos acompaña, la vida es súbita y las contingencia están a la orden del día y en cualquier momento, la muerte nos arranca la vida.

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TORTURA: LA GUERRA EN TIEMPOS DE PAZ Flabian Nievas ¿Por qué reflexionar sobre la tortura, tras dos siglos o más de su abolición? ¿Por qué no basta sólo con su denuncia puntual, dado que está prohibida en casi todo el mundo? ¿Qué nos fuerza a tomarla como algo que no es simplemente una excepcionalidad? ¿Qué hay detrás de este fenómeno que a todas luces lo sentimos como aberrante? ¿Por qué persiste? ¿Es siempre igual o ha variado su práctica? Estas son algunas de las cuestiones que intentaremos abordar en este artículo. Debemos, para ello, partir de la constatación de que es una práctica no por solapada menos recurrente, que podría pensarse en términos de una anomalía persistente, es decir, de un factor discordante en la configuración de la modernidad pero anclada en ella. La tortura nunca es deseable, ni siquiera por aquellos que la utilizan: se trata –se dice– de una situación extrema y excepcional con el fin de preservar un bien superior. La aplicación de la misma es para quebrar la voluntad del reo, a fin de que devele una información preciosa y única que elimine un peligro supremo. En tales situaciones en la que el tiempo es una variable sensible y la obtención de información es vital, “[...] el «buen» trabajo policial [...] involucra la necesidad de emplear métodos repugnantes y brutales”.1 Es decir, se concluye en la tortura de manera forzada; las circunstancias llevan a adoptarla aún cuando se reconozca que la misma es repulsiva. El responsable último es, en este razonamiento, el torturado. Si no se negara a colaborar, no sería necesario arribar a dicho extremo. La aplicación de tormentos aparece necesaria, en consecuencia, para descubrir la verdad de un hecho. Más adelante veremos más en detalle este argumento, pero antes de Hoffman, Bruce; “Un trabajo repugnante”, en Howard, Russell y Saywyer, Reid (comps.); Terrorismo y contraterrorismo, p. 328. 1

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ello debemos preguntarnos si es admisible la eficacia que se nos presenta, si la tortura lleva al descubrimiento de la verdad.

I. La relación de la tortura y la verdad En 1777 Pietro Verri terminaba sus Osservazioni sulla tortura,2 que se publicarían post-mortem, en 1804. Este trabajo, comenzado un año antes, fue escrito en el momento que la emperatriz María Teresa decretara la abolición de la tortura en el imperio de los Habsburgo, del que Milán formaba parte (llamada entonces la “Lombardía austríaca”). Trece años antes, su entonces amigo Cesare Beccaria había publicado anónimamente De los delitos y las penas, texto que fuera defendido por Verri ante los críticos del momento y que, en opinión de algunos expertos, fue fuertemente influenciado por este último.3 Ambos textos coinciden en el núcleo de la crítica a la aplicación de las torturas, en lo que constituye desde entonces la médula del pensamiento penal moderno.4 A partir del desmenuzamiento de un hecho presenta su demoledora crítica a esta práctica. El caso elegido fue el tormento aplicado a un grupo de personas acusadas de ser responsables de la peste que asoló a Milán en 1630.5 El proceder judicial típico de entonces era, una vez inculpado alguien, aplicarle tormentos (generalmente reglados)6 para que admitiera su crimen, cosa que luego de la tortura debía ratificar. En caso que se negara a hacerlo, sosteniendo que ha-

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Verri, Pietro; Observaciones sobre la tortura. Buenos Aires, Depalma, 1977.

Cf. la nota de Francisco Tomás y Valiente, traductor y comentarista del libro de Beccaria, en De los delitos y las penas. Buenos Aires, Orbis, 1984, p. 64. 3

4 La diferencia entre ambos estriba en que si bien Beccaria le otorga un importante tratamiento (es el capítulo más extenso, luego del de la pena de muerte), el mismo es general, mientras el trabajo de Verri parte de la exposición y el análisis de un caso real, algo atípico en los escritos de la época.

Esta peste bubónica mató, según Verri, a dos terceras partes de la población milanesa (p. 5). Estudios más recientes atenúan esa cifra, situándole en alrededor del 47% de la misma (cf. Cipolla, Carlo; Historia económica de la Europa preindustrial. Barcelona, Crítica, 2003, p. 169). 5

6 La Constitutio criminalis Theresiana, de 1768, no sólo admite la tortura sino que “prescribe con minuciosidad y cuidado las formas de aplicarla mediante cuarenta y ocho tablas ilustradas, tratando de raer así todo vuelo imaginativo y creador de los jueces y someterlos a la voluntad omnipotente del legislador, plasmada soberanamente en la ley”. Manuel de Ribacova y Ribacova, “Prólogo” a Observaciones sobre la tortura, p. VIII.

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bía “confesado” solo para que cesara su tormento, se volvía a torturarlo.7 En esas condiciones es fácilmente imaginable –y así ocurría– que, para escapar a los inenarrables padecimientos los supliciados no sólo admitieran cualquier extremo, sino que, compelidos a contar “toda la verdad”, dieran versiones fantásticas tratando de ajustarse lo más posible a un libreto que no siempre estaba en su conocimiento, pero que iban armando en la medida en que los jueces daban pistas a través de las preguntas o de la lectura de las acusaciones de otros.8 Las prácticas más corrientes apuntaban a la dislocación de las articulaciones (descoyunturamiento), mutilaciones diversas y, en general, una variada gama de técnicas que, con instrumentos específicos, actuaban sobre el cuerpo del supliciado para producirle una lenta agonía que terminaba en la muerte o con lesiones irreversibles para el torturado. Si bien la crítica a esta práctica era añeja,9 no fue sino hasta alrededor del siglo XVIII cuando tal crítica tomó cuerpo y comenzó el cese efectivo de la misma.10 Este auge del abolicionismo de la aplicación de la tortura como método judicial, de instalación de la nueva penología, puso en evidencia que la tortura no se vincula ni con el establecimiento de la justicia ni con el develamiento de la autenticidad de los hechos, sino que se liga con la resistencia física al dolor. Su aplicación, no obstante, estaba acorde a una lógica general, cual era la de expiar los males que afectaban a una comunidad, imputando la responsabilidad de los mismos a alguien, lo que permitía que funcionara una rústica causalidad atiborrada de supercherías ad hoc. La tranquilidad comunal sólo podía volver cuando el “culpable” era sancionado. No se necesitaba, para ello, verosimilitud alguna; bastaba con que el desgraciado admitiera ser el 7 En algunas partes estaba legislado que no podía aplicarse más de tres sesiones de tortura, y en otros esta cantidad quedaba librada al criterio del juez. 8 “El método con que se procedía entonces era el siguiente: se daba por cierto que el hombre encarcelado era delincuente; se le torturaba hasta que se veía forzado a declararse reo [culpable]; se le forzaba a componer la historia y nombrar a otros reos; se prendía a éstos y, sobre la base de la deposición del primero, se les sometía a tortura; sostenían su inocencia, pero se les leía cuanto constaba del precedente interrogatorio del acusador, y se persistía en atormentarlos hasta que convenían en ello.” Verri, Pietro; op. cit., p. 43. 9 Tanto Montesquieu como Verri lo hacen notar; este último en particular ofrece una gran cantidad de citas al respecto. 10 Federico II de Prusia suprimió los tormentos el 3 de junio de 1754, salvo en los casos de alta traición, y dos años después la abolió en todos los casos. En Suecia se la abolió en 1734 en casi todos los casos, y en 1772 de manera absoluta. En Francia fue eliminada con la Revolución; en Argentina, tres años después de la emancipación (en 1813).

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mentor y/o ejecutor del mal provocado. En esta lógica, la administración de tormentos jugaba un rol crucial, ya que tornaba “real” aquello que era socialmente demandado. Tal importancia queda de manifiesto en la pulcritud de la reglamentación de los procedimientos, en ocasiones ilustrados con láminas, y códigos procedimentales como el célebre Malleus maleficarum, escrito en 1486 por los monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger. Así como en 1630 se juzgó y ejecutó a los “responsables” de la peste bubónica en Milán (que hoy sabemos que son los roedores), también por entonces (y desde antes) la Santa Inquisición andaba cazando brujas, magos y herejes; en las dos primeras categorías entraban mujeres y hombres seleccionados de forma estocástica para expiar los males colectivos, pero también –y sobre todo en el último caso, el de los herejes– para censurar a los díscolos de pensamiento.11 Pero aquello que fue propio del Renacimiento quedaba totalmente fuera de lugar con el advenimiento de la modernidad; la construcción de la verdad, o del conocimiento de un hecho, se desplazó de la confesión a un sistema de indicios, evidencias y pruebas objetivas u objetivables. No hay vinculación admisible, pues, en nuestra época, entre tortura y verdad o conocimiento de un hecho.

II. La tortura como excepcionalidad Una práctica que no puede percibirse sino como aberrante no puede ser admitida, excepto que se trate de un evento extraordinario. La excepcionalidad esgrimida presenta cierta ambigüedad: por un lado refiere a la situación y por otro a la derivación de la misma, la aplicación de tortura, de modo que será necesario abordar cada arista de esta anomalía. a) La situación excepcional Montesquieu señalaba que la tortura es un instrumento propio de los gobiernos despóticos.12 El mundo de hoy está lleno de este tipo de gobiernos. Pero aún en los países en los que se cumplen los requisitos formales de la El término hereje viene del latín “hereticus”, que significa “opción”; es decir, se sancionaba a quienes optaban, los que elegían algo que, para ser considerado de tal manera, evidentemente era heterodoxo (otra opinión o pensamiento).

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“Iba a decir que la tortura podría convenir en los Gobiernos despóticos, en los cuales todo lo que inspira temor queda dentro de los resortes del Gobierno”. Montesquieu; El espíritu de las leyes. Buenos Aires, Orbis, [1748] 1984. tomo I, p. 98. 12

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democracia, la tortura persiste subterránea y endémicamente, generalmente aplicada por los cuerpos represivos y con conocimiento y tolerancia –cuando no con la prescripción– de los jueces y los políticos. Esto ha sido una constante en la historia. Dejando de lado aquellos países que, como admite Huntington, no asumen los valores occidentales,13 el problema a explicar es la persistencia de la tortura en los países occidentales. La permanencia –no por soterrada menos conocida– de esta práctica evidencia un límite claro en el desarrollo del proyecto moderno. La contradicción entre liberalismo político consecuente y capitalismo tiene como uno de sus efectos el fenómeno que estudiamos. El capitalismo necesita de una cierta dosis de liberalismo económico14 y, por cierto, de una dosis mucho menor de liberalismo político. Este último pone de manifiesto la contradicción entre igualdad social e igualdad jurídica, entre el ser social, de clase, y el ciudadano.15 Por lo general, cuando aparece la tortura, lo hace como efecto de ese antagonismo. Pese al nivel abstracto de esta afirmación, puede verificarse empíricamente que la tortura se expande como pandemia en los espacios-tiempos en los que se concentran los esfuerzos tendientes a producir cambios sociales revolucionarios en pos de la igualdad social o, en términos más generales, cuando se pone en cuestionamiento de alguna manera el statu quo. Estas situaciones, las más extremas –pero, como veremos, no la única en la que se practica la tortura– y, por lo tanto, las que mejor nos permite visualizar un fenómeno que también en otras situaciones de menor tensión existe, es en las cuales se desarrollaron las políticas y prácticas que conocemos globalmente como “contrainsurgencia”. La contrainsurgencia ha tomado esta práctica –la tortura– como centro de su actividad, producto de la llamada “escuela francesa”.16 Uno de sus principales exponentes, el coronel Roger 13 “Lo que para Occidente es universalismo, para el resto del mundo es imperialismo.” Huntington, Samuel; El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 217. Más adelante señala que hay “gobiernos reacios a sumarse a los esfuerzos por promover lo que muchos consideraban «el imperialismo de los derechos humanos».” Op. cit., p. 231 14 Aunque ésta no es absoluta: “¿Qué servicios necesitan los capitalistas del estado? El primero y principal servicio que requieren es protección contra el mercado libre. El mercado libre es enemigo mortal de la acumulación de capital.” Wallerstein, Emmanuel; Conocer el mundo. Saber el mundo. México D.F., Siglo XXI, 2002, p. 74. 15

Dualidad, ésta, que fue ácidamente criticada por Marx en La cuestión judía.

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Cf. Rubin, Marie-Monique; Escuadrones de la muerte. – 55 –

Trinquier, lo expresaba sin ambigüedades ni eufemismos: “[...] el terrorista sabe que, sorprendido y capturado, no puede esperar que le traten como un criminal ordinario o que se limiten a tomarle prisionero como lo hacen con los soldados en el campo de batalla. [...] Ningún abogado está presente cuando se efectúa este interrogatorio. Si el prisionero ofrece rápidamente la información que se le pide, el examen termina en seguida. Pero si esta información no se produce de inmediato, sus adversarios se ven forzados a obtenerla empleando cualquier medio. Entonces el terrorista [...] tiene que soportar sus sufrimientos, y quizás hasta la misma muerte, sin decir media palabra.”17 Ese “otro” (terrorista, alzado, disidente, criminal o lo que fuere) no sólo es pasible de ser torturado, es merecedor de ser tratado de tal modo. Obsérvese el deslizamiento: lo “excepcional” pasa a ocupar el lugar de la prescripción; ya no únicamente se lo puede someter a suplicio, sino que debe ser torturado. La tortura aparece ahora como imperativo moral, lo cual nos instala en el otro punto que debemos considerar. b) La derivación excepcional Transformada en un imperativo moral resulta difícil, sino directamente contradictorio, suponer que se aplica sólo excepcionalmente. Por el contrario, tal imperativo es lo que la torna extensiva. En tal sentido puede sostenerse que la tortura nunca es un evento excepcional. Siempre es una práctica generalizada en una sociedad. Y en todos los casos se puede observar que los dispositivos para llevar adelante esta práctica se encuentran extendidos, lo cual constituye la condición de posibilidad para su ejecución, entre otras cuestiones porque el personal adecuado para ello no surge sino de un largo entrenamiento. Existe la errada y esparcida opinión de que los torturadores son sádicos que gozan con el sufrimiento de sus víctimas. La mayoría de los estudios, desde Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt en adelante, coinciden en que esa no es una condición sino un efecto de la práctica, es decir, que los torturadores, al menos en su mayoría, devienen sádicos luego de un tiempo de desarrollar de manera continua tal experiencia; en tal sentido, aunque parezca impropio, es posible ver a los torturadores también como víctimas, no de la tortura en sí (de la que sin duda son victimarios), sino de una situación y una política definida por fuera de sí mismos, que tiene efectos irreversibles de degradación de sus personas y a la que no tienen alcance. Esta apreciación, sin dudas controversial, ha suscitado enérgicos pero tam17

Trinquier, Roger; La guerra moderna. Ediciones Cuatro Espadas, Buenos Aires, 1981, pp. 37/8. – 56 –

bién reflexivos debates en torno a la delimitación de la responsabilidad de los ejecutores de crímenes de Estado,18 buscando un equilibrio entre la casi natural tendencia a inculpar a los responsables inmediatos de los mismos –inobservando las fuentes gubernamentales de tales crímenes–, tal como ocurrió con el juzgamiento por la masacre de My Lai,19 y su opuesta, que es exonerar de responsabilidad a los mimos, centrándola en los mandos superiores, fundamento de la ley 23.521, de “obediencia debida”, dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina mediante la cual sólo podía juzgarse a los altos mandos del terrorismo de Estado. La búsqueda de un punto medio, que involucre a todas las partes estableciendo grados de responsabilidad diferencial es una tarea siempre dificultosa, aunque necesaria. La dificultad radica, justamente, en que se trata de una verdadera maquinaria de carácter burocrático-criminal, asociada a una larga serie de ilegalismos. Junto a ella, y como componentes de la misma, están el secuestro, la detención arbitraria –que, a diferencia del secuestro, es realizado por autoridades legales aunque sin fundamento jurídico–, la existencia de cárceles secretas, y aunado a ello, la incautación de bienes, el latrocinio y los atropellos generalizados que conllevan estas situaciones. Pudiera parecer que esto es posiblemente sólo en el marco de una férrea dictadura; sin embargo, no es así. Es notorio y público que la CIA tiene centros ilegales de detención en distintos países del mundo,20 lo cual indica palmariamente la red de Estados que participan de los ilícitos. Más dificultoso aún resulta cuando tales prácticas no son totalmente visibles. En muchas sociedades occidentales, en particular en América Latina, la tortura en comisarías o cárceles es una práctica recurrente y tolerada, lo que las torna de más imprecisa localización. No obstante, no debe suponerse que la tortura surge o existe únicamente en momentos de tensión histórico-política. En ellos se extiende, se hace más reconocible, pero sólo se expande aquello que ya estaba. De allí que, aunCf. el muy documentado análisis de Kelman, Herbert y Hamilton, Lee; Crímenes de obediencia. Los límites de la autoridad y la responsabilidad. Buenos Aires, Planeta, 1990.

18

El 16 de marzo de 1968 un comando militar estadounidense masacró una cantidad indeterminada de civiles en la aldea vietnamita de My Lai. Por dicho crimen sólo hubo un sentenciado (el teniente Calley, quien prontamente recuperó la libertad). 19

20 Cf. “Résolution du Parlement européen sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers”, resolución del 14/2/07, en la que se afirma que la CIA operó 1425 vuelos clandestinos de movimiento de prisioneros ilegales en catorce países europeos; disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2007-0032, visitado el 10/2/12.

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que con formas específicas en cada país y situación, y “aunque 147 países han ratificado este tratado internacional, la tortura sigue siendo una práctica generalizada”.21 Como corolario de lo expuesto tenemos que la tortura no es excepcional en ninguna de las dos alternativas planteadas: ni ocurre sólo en situaciones atípicas, ni se trata de una práctica puntual e inusual.

III. La “anómala” persistencia ¿Cómo comprender la persistencia de esta práctica, anómala en términos de la sensibilidad constituida en la Modernidad? ¿Cómo existe tan flagrante contradicción, entre un discurso fundado en un razonamiento apodíctico contra la tortura, y una práctica capilar extendida en el espacio y sostenida en el tiempo? La evidente colisión no obedece a fisuras en el raciocinio, ni a perversiones individuales. Ha de rastrearse esta colisión en orden a cómo se montan necesidades políticas y sistémicas con reacciones atávicas, como el miedo.22 La moral secular se ha constituido sobre la base de la paz, es decir, de la previsión, de la posibilidad de establecer con antelación un determinado rumbo, tanto para la vida individual como colectiva, sin que sus resultados se vieran mayormente afectados por azarosos y drásticos eventos sociales. Uno de tales eventos, quizás el más temido, era la guerra. La misma, en la estructura de pensamiento moderno, ha quedado disociada de la paz, y solo reapareciendo en lo cotidiano como metáfora, no como acontecimiento real. Cuando la guerra es real, cesa la paz. Esta mutua exclusión, que parece tautológica, sólo tiene esos significados profundos para nosotros, modernos. En la premodernidad, en sus diferentes épocas, la continuidad entre una y otra era tan admisible como cualquier otra situación desagradable de la vida misma. Nuestro horror por la violencia en general (y la guerra, por ser su máxima expresión, en particular) está asociado, entre otras cuestiones, a que nos reconocemos dentro del género humano, lo cual es un logro de la Mo21 Amnistía Internacional; “Amnistía Internacional denuncia casos de tortura y malos tratos en más de 98 países”, documento en línea, en http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/ articulo/amnistia-internacional-denuncia-casos-de-tortura-y-malos-tratos-en-mas-de-98-paises (visitado el 21/01/12)

Parte de estas vinculaciones la hemos abordado en Nievas, Flabián y Bonavena, Pablo; “El miedo sempiterno”, en Nievas, F. (comp.); Arquitectura política del miedo. Buenos Aires, Elaleph. com, 2010. 22

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dernidad: por primera vez en la historia nos auto-representamos como unidad: todos los individuos pertenecientes a una única y misma especie.23 Esta “invención” de la humanidad llegó a su punto más alto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en 1789, que fue la corroboración de este ideario.24 Pero, ¿realmente la humanidad abarca a todos los sujetos que podrían clasificarse dentro de esta categoría? Aquí es importante realizar una precisión: la categoría “humanidad” no es biológica, sino política. Esto es muy importante, ya que suelen entremezclarse ambos órdenes. La aspiración de la Modernidad es justamente fundir ambos registros,25 pero se trata de un esfuerzo por plasmar un proyecto político, es decir, sujeto a los avatares históricos, con fluctuaciones, que indican que no se puede dar por sentado (y la persistencia de la tortura es un indicador de ello). Entonces debemos centrarnos en la delimitación de esa categoría. En los albores de nuestra cultura, tanto en la antigua Grecia como en Roma, los esclavos no eran considerado personas. El código romano los clasificaba como “instrumentum vocale”, es decir, una cosa parlante, no una persona. Desde entonces se ha ido avanzando en el reconocimiento del “otro” como un semejante, pero tampoco este es un proceso finalizado ni mucho menos estable. Basta evocar la figura del “monstruo” para comprobarlo. El monstruo es un ser con apariencia humana sin ser humano. En nuestra época y sociedad, el monstruo suele ser el pedófilo, el violador, el terrorista, o cualquier otra figura similar, que lo torne “merecedor” de ser considerado y tratado en consecuencia. La deshumanización es un paso clave, ineludible, en los crímenes de Estado, aunque no es el único.26 Sólo despojando previamente a la víctima de su condición humana es posible 23

Álvarez-Uría, Fernando y Varela, Julia; Sociología, capitalismo y democracia, pp. 25/8.

Fue incorporada, con modificaciones, en la Constitución jacobina de 1793, y sucedida por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1795.

24

Una de las mejores definiciones de dicha aspiración es cómo opera la misma como condición de la acción: “La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá.” Arendt, Hannah, La condición humana. Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 22.

25

Kelman y Hamilton; op. cit., proponen tres instancias para que se produzcan lo que ellos denominan “crímenes de obediencia”: autorización, rutinización y deshumanización (pp. 2630). En el contexto que estamos analizando la primera es de discutible utilidad, no así las otras dos. A diferencia de ellos, no clasifico a la tortura como crimen de obediencia sino como crimen de Estado, ya que sólo es en dicho marco en que ocurre de manera sistemática. Si una persona atormenta a otra por fuera del Estado, es solo un criminal corriente. 26

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someterla a tormentos. Allí es donde emerge el imperativo moral: no sólo se puede, sino que se debe torturarlo. Las barreras morales son cruciales para entender este fenómeno. Barreras que han de considerarse no únicamente para los ejecutores o sus mandatarios, sino también para el conjunto de la sociedad en la cual este tipo de prácticas ocurren –y de la cual surgen aquellos–. La “autorización” es considerada como “una situación en la cual para mucho de los participantes no se aplican los principios morales que habitualmente rigen las relaciones humanas”.27 Esto nos reenvía a una situación relativamente anómala, inusual, excepcional. No es lo que sucede con la tortura. Si bien así se presentan discursivamente, no se trata sino de una justificación de la misma, no de su explicación. En parte también debe considerarse el efecto de la repetición rutinaria del hecho, la que no solo permite el funcionamiento interno de la maquinaria (profundiza la deshumanización) sino que también actúa como ocultamiento del fenómeno a la crítica. La aceptación social del mismo produce su invisibilidad, y cuando por alguna razón se pone en evidencia, queda sustraído de la crítica, apareciendo todo el arsenal de justificaciones.28 La indagación, por lo tanto, ha de buscar en raíces más profundas, orientadas por la pregunta ¿es una situación o un determinado tipo de sociedad la que produce potenciales torturadores –sociedad que, en consecuencia, los deja actuar y luego los protege–? Orientarnos por la segunda alternativa no sólo es coherente con el rechazo al argumento de la excepcionalidad, sino que también nos permite comprender la persistencia de este fenómeno, y entender lo difícil que es su supresión. Una exploración sobre la aceptación de la tortura Hace casi dos décadas, inspirados en el experimento de Stanley Milgram,29 realizamos un estudio exploratorio en Argentina, sobre jóvenes universita27

Kelman y Hamilton; op. cit., p. 26.

Es notable el consenso activo que suele haber de parte de la sociedad a este tipo de actividades, el que suele aparecer en ocasión de los juzgamientos de los responsables. Esto es variable en cada sociedad y momento histórico, pero siempre hay un sector que hasta eleva a estos sujetos a categoría de héroes. Fue particularmente visible este apoyo en Chile, en Uruguay y en España, cuando se intentó revisar los crímenes de Estado. 28

Milgram, Stanley; Obediencia a la autoridad. Un punto de vista experimental. Desclee de Brouwer, Henao, 1980. Como lo indica su título, este estudio se centraba en la obediencia, y la tortura (simulada, pero “real” para el espectador) era el medio por el que se observaba la obediencia. Nuestro estudio se centró en la tortura, y no en la obediencia.

29

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rios, acerca de la aceptación o tolerancia a la aplicación de tormentos.30 Con diversos matices, el 82,4% de la población estudiada (410 casos en total) aceptaban la aplicación de electricidad en otra persona bajo determinadas circunstancias experimentales.31 Del total, tan sólo el 1,5% lo hizo de manera explícita, creyendo en su necesidad en determinadas situaciones; en la mayor parte de los casos se trata de una “aceptación pasiva”, de tolerancia, lo que acontecía sólo cuando se eliminaban los condicionamientos éticos, es decir, cuando aparecía una justificación que, a su juicio, validaba esta práctica. Expresado en otros términos, la gran mayoría se opuso en abstracto a la tortura, pero en cuanto se eliminaron las barreras morales, se la aceptaba o al menos se la toleraba. Siendo el condicionamiento moral el único obstáculo, los gobiernos se esfuerzan en construir argumentos que aparezcan como valederos, a los efectos justamente de debilitar o eliminar dicha barrera. La estructura más trillada de tales razonamientos es el de la bomba de tiempo o de retardo: ¿qué hacer si se captura a quien acaba de poner una bomba que estallará en poco tiempo? ¿Se lo interroga con todas las garantías o se lo “presiona” (tortura) para que de la información que permita desactivar el artefacto y salvar vidas inocentes? Este es el núcleo de todo argumento estatal, que se amolda a cada situación, pero que siempre refuerza el carácter de “excepcionalidad” de la situación. Se trata, como resulta claro, de un dispositivo de coerción moral; se crea una disyuntiva entre preservar a muchos inocentes a cambio de vulnerar (excepcionalmente) un precepto moral/legal, o preservar dicho precepto abstracto (a favor de un criminal) a costa del sufrimiento e incluso la muerte de muchos inocentes. La falacia salta a la vista: si se sabe con certeza que tal individuo colocó el explosivo, es obvio que se sabe también dónde lo puso, por lo tanto no hay ninguna información perentoria necesaria. Si no se tiene tal certeza, sino sólo una sospecha de que tal individuo haya puesto una bomba, entonces la aplicación del tormento se basa en una presunción de culpa (lo opuesto a la presunción de inocencia, pilar de nuestro derecho penal) y, con alta probabilidad, el sujeto en cuestión admitirá cualquier extremo a fin de que cese el martirio. 30 Maañón, Mariana; Morelli, Gloria; Nievas, Flabián y Pascual, Martín; “La tortura invisible: un estudio exploratorio en Argentina”; en Figueroa Ibarra, Carlos (comp.); América Latina. Violencia y miseria en el crepúsculo del siglo, (pp. 195 a 210). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ Asociación Latinoamericana de Sociología, Puebla, 1996.

Con posterioridad a su publicación, se amplió el número de casos, superando los dos mil, sin que se registrasen variaciones significativas en cuanto a las tendencias. 31

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La variación del ropaje en nada altera la lógica de esta construcción: se pueden invocar la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la democracia y hasta los derechos humanos (lo que lo torna más siniestro) con el fin de justificar esta práctica. Esto se complementa, de manera necesaria, con la construcción de una “otredad” no-humana, monstruosa: humana sólo en apariencia, pero no en esencia. Este complemento es esencial, ya que elimina de manera definitiva las barreras morales; se puede atormentar a quien es, en esencia, no-humano –por lo tanto, no alcanzado por los derechos propios de los humanos–.

IV. La difusión de la tortura Las sociedades actuales no han contenido ni reprimido la práctica de la tortura. Por el contrario, la han dejado fluir, regulando –a veces incluso legalmente– su utilización. Es necesario en consecuencia advertir que la difusión de la misma debe considerarse en dos planos: su expansión espacial, social y temporal, pero también en cómo se volvió difusa, borrosa, poco visible. Se trata de dos cuestiones, pero inextricablemente unidas. La extensión de la tortura, su desanclaje de los núcleos espacio-temporales en los que emergen las tensiones más agudas, es parte del fenómeno de intensificación de flujos que interconectan los distintos territorios del planeta cada vez con mayor intensidad y velocidad. Las redes de secuestro de la CIA, que incluyen bases en diferentes países, incluso con una suerte de división del trabajo,32 tiene antecedentes en numerosas experiencias, una de las cuales se desarrolló en nuestro continente, con el “Plan Cóndor” u “Operativo Cóndor”, que vinculó para la represión política a los territorios de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque ocasionalmente se extendió en sus operaciones a Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. En la medida en que ha ido cambiando el tipo de guerra, haciéndose cada vez más difusa,33 también se ha ido desterritorializando la tortura, una práctica accesoria de este tipo de conflictos. La difusión territorial tiene como sustento una igual irradiación del terror. El terror fluye, navegando sobre el extendido sentimiento de insegu32 Egipto ha sido señalado repetidas veces como uno de los países en los que se concentran prisioneros para ser torturados; Guantánamo, en cambio, es un lugar de estacionamiento.

Cf. Nievas, Flabián; “De la guerra «nítida» a la guerra «difusa»”, en Nievas, Flabián (editor); Aportes para una sociología de la guerra. Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2006. 33

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ridad al que nadie puede sustraerse.34 Sobre ese telón de fondo cesa la racionalidad, reaparece lo atávico, la repulsión primitiva que tiende a suprimir el foco que genera el miedo. En un mundo tan interconectado como el de nuestra época, las fuentes de amenaza nunca parecen lejanas ni inverosímiles. La permanente recepción de mensajes unívocos satura la capacidad de selección y reflexión y torna evidencias lo que, bajo un análisis circunstanciado, no demostrarían ser más que especulaciones. El factor decisivo para que la misma sea posible –esto es, para que sea tolerada– es la construcción de una otredad lo suficientemente aprensiva como para ser merecedora de tal tratamiento. Esa figura terrorífica no es sustancial; no se trata de un enemigo concreto, sino de alguien que por parecer humano es inidentificable a simple vista, pero que en esencia es no-humano. Esa figura, otrora el comunista –personificación de una ideología, un atributo intangible– ha mutado en otra polifuncional que es la del terrorista, tanto más flexible que aquella, puesto que cualquiera puede serlo. Si bien sólo una pequeña porción de la población, estadísticamente despreciable, sufre tales vejámenes, la totalidad está bajo sospecha permanente. Son particularmente potenciales candidatos los díscolos, los insumisos, todos aquellos que, en esta sociedad atemorizada se muestran como “diferentes” –los “herejes” del siglo XXI–. El temor bloquea la capacidad de transmutación de lugares simbólicos, operación elemental que nos permite entender las razones del otro.35 Esto es lo que posibilita que la población tolere no solo los brutales eufemismos con los que inequívocamente se referencia a esta práctica cuyo nombre resulta repulsivo, sino incluso que hasta se debata públicamente la necesidad de su instrumentación.

V. La variación de la tortura (como práctica) Esta difusión es parte del proceso de mutación también, de la tortura misma como práctica. Hoy no podemos regirnos con los parámetros históricos, pues no encontraríamos casi casos de tormentos. Los fundamentos Inseguridad que, por otra parte, no se constata empíricamente. Es muy interesante la presentación que hace Castel sobre esto: vivimos en el mundo más seguro que conoció la humanidad, y quizás nunca como ahora tuvimos un sentimiento de inseguridad tan omnipresente. Cf. Castel, Robert; La inseguridad social. Buenos Aires, Manantial, 2004, pp. 11 ss. 34

35 Cf. el muy bello texto de Eqbal Ahmad; “Terrorismo: el de ellos y el nuestro”, en Howard, Russell y Sawyer, Reid; Terrorismo y contraterrorismo. Comprendiendo el nuevo contexto de la seguridad. Buenos Aires, Instituto de Publicaciones Navales, 2005. Cf. también Fisk, Robert; La gran guerra por la civilización. La conquista de Oriente Próximo. Madrid, Destino, 2006, passim.

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son los mismos, pero las formas de aplicarlos han variado. Es posible registrar, grosso modo, tres modelos de tortura, que fueron desarrollándose en la historia. Muy lejos han quedado los tiempos en que el modelo imperante era el de la tortura normada. Al menos entre los siglos XV y XVIII abundaron los manuales sobre cómo torturar. Todo estaba perfectamente regulado, qué parte del cuerpo, cómo tomarlo, que presión aplicar, detalles minuciosos de las técnicas, los procedimientos.36 Todo apuntaba a una aplicación precisa y uniforme del tormento, un procedimiento judicial pautado con el fin de conferirle validez y eficacia. El cuerpo era atacado midiendo las consecuencias: la tortura debía dejar su huella (y, salvo excepciones, las dejaba), porque no se trataba de un sistema binario: inocente o culpable, sino más bien de un continuo entre la inocencia (libre de acusación) y la culpabilidad (aceptación de los cargos y relato del hecho); la sola sospecha era ya un grado de culpabilidad y debía sancionarse. La tortura era, por lo tanto, siempre merecida. El cuerpo atestiguaba tal evento. Cuando los tormentos fueron formalmente abolidos se perdió tal regulación. Por lo general los golpes sobre el cuerpo pasaron a ocupar ese lugar. Con el uso de la electricidad, ya en el siglo XX apareció la temida “picana” eléctrica,37 la que junto a técnicas antiguas recicladas, como el “submarino” (húmedo o su variante, seco),38 constituyeron los pilares de las nuevas formas de tortura. Los procedimientos ya carecían de una regulación formal, pues estaban taxativamente ilegalizados; sin embargo no por ello dejaron de estar pautados;39 se conocen centros de entrenamiento en tortura, como los Centros de la Pacificación y la Instrucción de la Contraguerrilla, en Philippeville y en Arzew, o la tristemente célebre “Escuela de las Américas”, asentada Puede consultarse el catálogo ilustrado de la exposición itinerante “Instrumentos de tortura” (s/d), con sede en Madrid. 36

Su utilización fue primero con los animales, luego este instrumento se utilizó para la tortura y, también, fue la fuente de inspiración del electroshock, usado como terapia psiquiátrica durante gran parte del siglo pasado. 37

El “submarino” es el ahogamiento del reo, que puede ser por introducción de la cabeza en el agua (o el derrame de agua de manera permanente en su boca), que es una técnica medieval, o la privación de oxígeno por el bloqueo mecánico del flujo de aire, generalmente producido por una bolsa de polietileno que cubre las vías superiores. 38

39 “«Todos los servicios de policía, la gendarmería, la policía judicial y los de inteligencia emplean, en mayor o menor medida, la bañera [...] el tubo de agua y la electricidad [...]»”. Robin, Marie-Monique; Escuadrones de la muerte. La escuela francesa. Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 163.

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en Panamá (hoy renombrado Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, con sede en Fort Benning, Columbus, Georgia), entre otros, y también “escuelas”, como la francesa, que irradió sus conocimientos en la utilización de estas técnicas,40 todas las cuales se aplican, también, sobre el cuerpo, dejando huellas que, aunque menos ostensibles que las producidas por el modelo precedente, igual pueden ser reconocibles.41 El tercer modelo, que se ha ido desarrollando a partir de algunos aspectos del segundo, pero que cobró especificidad en los últimos años, ya no apunta al cuerpo, sino a la integridad psicológica del sujeto. A partir de la llamada “escuela francesa”, a la que acudieron en la época de Kennedy a raíz de la guerra en Vietnam (en el marco del programa Phoenix), la CIA centralmente, fue desarrollando sus propios métodos, en función de la “guerra fría”, apuntando al control de la mente. Estos son los pilares de los actuales “métodos coercitivos” aplicados en los interrogatorios, los que se basan en dos técnicas: “la «desorientación sensorial» (sensory desorientation) y el «sufrimiento auto-infligido» (self inflicted pain).”42 La desorientación se produce por la privación sensorial,43 mientras que el sufrimiento auto-infligido es el efecto de posiciones incómodas y la desorientación.44 Se trata, en suma, de llevar a un 40

Cf. Robin, Mari-Monique, op. cit., pp. 265 ss.

Ello posibilitó que en 1974 se constituyera el Grupo Médico Danés de Amnistía Internacional con la finalidad de estudiar las secuelas en personas torturadas, a fin de poder inferir por las mismas una tipología para constituir evidencia sobre la que denunciar este tipo de vejámenes. Cf. Amnistía Internacional; Prueba de tortura: Estudios preparados por el Grupo Médico Danés de Amnistía Internacional. Londres, Amnesty International Publications, 1977. 41

Teretschenko, Michel; Sobre el buen uso de la tortura. O cómo las democracias justifican lo injustificable. Madrid, Popular, 2009, p. 19.

42

43 “[...] durante una experiencia llevada a cabo en la Universidad McGill (Montreal) en 1951 por Donald Hebb [...], 22 estudiantes fueron acomodados en un compartimiento las veinticuatro horas del día ininterrumpidamente; sus percepciones sensoriales visuales, auditivas y táctiles habían sido reducidas mediante el uso de gafas, guantes y la ausencia de sonidos, y sus cabezas se dejaron reposando sobre una almohada de espuma. Al cabo de, apenas, 28 horas, la mayoría de los jóvenes sintieron alucinaciones comparables a las producidas por la mezcalina, y rehusaron continuar con la experiencia. Los responsables de la CIA, que habían financiado el experimento, acababan de descubrir que el aislamiento, el confinamiento y la modificación no violenta de las relaciones sensoriales con el medioambiente (oído, vista, tacto y temperatura) podían destruir a cualquier individuo, independientemente de cuál fuera su fuerza de voluntad.” Teretschenko, Michel; op. cit., p. 23.

“Desde el arresto, que debe ser efectuado de tal manera que produzca la «máxima incomodidad física», el prisionero será mantenido en unas condiciones de detención, que le darán, tanto como sea posible, la impresión de estar aislado del mundo, impidiéndole que 44

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extremo radical una combinación potenciada de dolor más incertidumbre, esto es, corroer la base misma de la existencia humana como tal. El tormento se vuelve desgarrador porque lo que se ataca es la propia condición humana del supliciado, no solo su cuerpo. Para ello los torturadores se valen de la ciencia y de la colaboración de profesionales y científicos que participan de manera directa o indirecta en esta práctica, lo que ha promovido el rechazo a tal colaboración por parte de asociaciones profesionales que han debido deslindar responsabilidades y delimitar éticamente lo que incumbe a sus miembros, como ha ocurrido tras conocerse la participación de psicólogos norteamericanos en las torturas de prisioneros ilegales.45 No obstante, han sido los médicos los más involucrados históricamente en este tipo de prácticas desde antaño.46 Pero no son las únicas profesiones involucradas: de manera menos directa, también antropólogos47 y sociólogos, entre otros, han facilitado medios para la evolución de esta práctica. Este compromiso de miembros de la comunidad científica –más allá de las consideraciones éticas que correspondieren– indica un grado de aceptación o tolerancia social de esta práctica cuya importancia no debemos soslayar. Es importante no evadir esta evidencia, ya que nos conduce a observar otras mutaciones más significativas y menos presentes en la conciencia colectiva. se aclimate a su nuevo ambiente. Además, se recomienda mantenerlo de pie, con la cabeza encapuchada, privarlo de la posibilidad de dormir y de sentir sensaciones táctiles y visuales durante un período suficientemente largo para quebrantar su voluntad, teniendo establecido que «las presiones psicológicas socavan la resistencia mucho más que las presiones físicas». La creencia que tiene el individuo de auto-infligirse el sufrimiento que padece es más eficaz que el sufrimiento físico: encontrando en sí mismo la fuente de su sufrimiento y no en el interrogador, se desarrolla en el detenido un profundo sentimiento de ansiedad, e incluso de culpabilidad, del cual tratará de liberarse revelando las informaciones que le sean solicitadas.” Teretschenko, Michel; op. cit., pp. 24/5. Véase “Reaffirmation of the American Psychological Association Position Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment and Its Application to Individuals Defined in the United States Code as «Enemy Combatants»”, Resolution Adopted by APA on August 19, 2007, Amended by APA on February 22, 2008, http:// www.apa.org/about/governance/council/policy/torture.aspx, visitado el 10/2/12 y Vedantam, Shankar; “APA Rules on Interrogation Abus”, The Washington Post, 20/8/07, disponible en línea en: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/19/ AR2007081901513.html

45

46

Cf. Amnistía Internacional; op. cit.

Véase McFate, Montgomery; “Antropología y contrainsurgencia: la extraña historia de su curiosa relación”, en Military Review, May-Jun 2005. 47

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VI. La variación de la tortura (como indicación) En 1984 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, firmado y ratificado por la mayoría de los Estados del mundo.48 Pese a ello, como se dijo, esta práctica es tolerada en casi todo el mundo. En el nivel discursivo, la condena de los gobiernos es usualmente unánime; pero en el nivel de las prácticas su promoción es también casi igualmente universal. Sin embargo se ha producido un cambio crucial desde el advenimiento de la modernidad: en al menos dos Estados, signatarios por lo demás de la Convención contra la Tortura, la misma es legalmente admitida. En 1996 la Corte Suprema de Justicia de Israel legitimó en la sentencia de tres casos la aplicación de tormentos, a los que presenta como “presiones físicas moderadas” (adjetivación de alcances indefinidos, que sólo busca minimizar el impacto de la medida).49 Este tipo de tratamiento no se aplica sobre los judíos israelíes, quienes gozan de plenos derechos; está destinado principalmente a palestinos y, eventualmente, a árabes israelíes, que son ciudadanos de segunda categoría en dicho país. Pero, lamentablemente, no es el único país en el que encontramos tal situación. Estados Unidos, embarcado en su ruinosa “guerra contra el terrorismo” ha dado varios pasos en la misma dirección. En su campo de concentración de prisioneros ubicado en Guantánamo se ha denunciado la aplicación sistemática de torturas.50 A partir de tales denuncias se generó un intenso debate Sólo Sudán, India y Pakistán no lo ratificaron, y una docena y media de países no adhirieron (casi todos africanos y asiáticos).

48

“La Corte sentenció que la presión y provocar una incomodidad (moderada) eran efectos colaterales legítimos de los interrogatorios, siempre que no fueran utilizados para romper el espíritu del detenido. Pero la sentencia permite la utilización de la fuerza física en los casos en los que se sospecha pueda estarse planeando la detonación de explosivos, en violación directa de las leyes internacionales, que no permiten bajo ninguna circunstancia las excepciones.” Lendman, Stephen; “La tortura como política oficial israelí (I)”, Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, 2 de febrero de 2009, en línea, en http:// www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article384. Visitado el 24/1/12. Dos años después “representantes del servicio de seguridad general israelí (Shabak) admitieron ante los magistrados de la Suprema Corte de Justicia que en determinadas circunstancias aplican métodos de presión física limitada a los sospechosos de terrorismo. [...] Lo que se alega es que la tortura en Israel se encuentra bajo control de la Justicia.” Clarín, 8/1/98. 49

Cf. Greenberg, Karen; “Imagining a world without Guantanamo?”, en The Washington Post, 12/1/12, en línea en http://www.washingtonpost.com/opinions/what-would-the-world-belike-without-guantanamo/2012/01/09/gIQAi6zdtP_story.html (visitado el 10/2/12). Véase 50

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público sobre la pertinencia o no de la aplicación de torturas. Tras el debate parlamentario que sancionó la prohibición del “submarino” (simulacro de ahogamiento), el presidente George Bush vetó dicha ley por considerarlo “una herramienta muy valiosa en la guerra contra el terrorismo”.51 Impedir su prohibición es una tácita legalización de la misma. No es mero azar que ambos países practiquen (y publiciten) las ejecuciones extrajudiciales dentro y fuera de su territorio, conocidas como “asesinatos selectivos”. Todos los principios del derecho moderno quedan sepultados bajo estas prácticas. Ha comenzado la construcción institucional de la “indignidad”. Su jalón más elevado lo encuentra en la formulación del “derecho penal del enemigo”, propuesto por Jakobs, y cuya aplicación en nuestro continente se encuentra, por ejemplo, en los fundamentos de la política de “seguridad democrática” de Colombia.52 De acuerdo con esta corriente del derecho penal, se debilitan o clausuran las garantías procesales, las que se entienden como “obstáculos” para la consumación de la sentencia.53 Esto habilita implícitamente a la aplicación de tormentos. Y ello es posible dado que “postula lisa y llanamente la deshumanización del enemigo,54 definido como el sujeto peligroso para el orden social y jurídico. El silogismo es bá-

también “U.S. Decries Abuse but Defends Interrogations; «Stress and Duress» Tactics Used on Terrorism Suspects Held in Secret Overseas Facilities”, The Washington Post, 26/12/02, y Weiner, Tim; Legado de cenizas. La historia de la CIA. Buenos Aires, Debate, 2009, pp. 544/5. Clarín, 8/3/08; 9/3/08 y La Nación 9/3/08. Véase asimismo “Rushing off a cliff ”, editorial de The New York Times, 28/9/06. 51

52 Para un circunstanciado análisis jurídico del caso colombiano véase Aponte Cardona, Alejandro; Guerra y derecho penal de enemigo. Ibáñez, Bogotá, 2006. 53 En general, cuando se tilda a funcionarios judiciales de “garantistas” se adopta este punto de vista. Otras dos características de esta corriente son “la prospección y anticipación de la punibilidad, es decir en la factibilidad de un hecho futuro a diferencia de lo que tradicionalmente se manejaba que era un suceso retrospectivo (la comisión de un delito) [y] la alta punibilidad, que se traduce en penas desproporcionadas”. Barrón Cruz, Martín Gabriel; “El rostro del miedo y la violencia en Máximo”, en Salazar, Robinson (dir.); La nueva derecha. Una reflexión latinoamericana. Buenos Aires, Elaleph.com, 2009; p. 216

“[...] un individuo que no admite ser obligado a entrar en un estado de ciudadanía no puede participar de los beneficios del concepto de persona.” Jakobs, Günther y Cancio Meliá, Manuel; Derecho Penal del enemigo. Madrid, Civitas, 2003, p. 40. “Quien no presta una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no sólo no puede esperar ser tratado aún como persona, sino que el Estado no debe tratarlo ya como persona, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas.” Ídem, p. 47. 54

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sico: los derechos (particularmente los humanos) protegen a los ciudadanos (personas); el enemigo no es persona; ergo, carece de derechos.”55 Obsérvese el paralelismo con la situación premoderna: independencia entre el hecho y el responsable del mismo (antes, porque tal vinculación sólo era expiatoria, ahora porque el hecho puede no haber existido, ya que la acción punitiva es “preventiva”); aplicación de tormentos (antes, porque no estaba constituido el concepto de “humanidad”, hoy porque está en proceso de retracción); y altas penas, fuera de la proporcionalidad establecida por el derecho moderno. La existencia de esta corriente es, en sí mismo, un hecho significativo. Pero más aún lo es la consonancia de la misma con el sentido común expresado por los ciudadanos frente a situaciones de peligro o a hechos de sangre. La activación de los miedos atávicos, amplificados por la acción de los medios de difusión masiva,56 naturaliza esta lógica anticipatorio,57 deshumanizante y extremista.

VII. Los efectos de la tortura Hemos dado cuenta de la desconexión real que existe en el conocimiento de un hecho y la tortura como método para acceder a él, cabe preguntarse cuál es la motivación última de este procedimiento tan extendido como inútil en lo que proclama como su finalidad. La aplicación corriente de tormentos tiene efectos en tres niveles: a) en el torturado y su entorno más inmediato; b) en los torturadores; y c) en el conjunto de la sociedad en que ocurren estas prácticas. Los individuos sometidos al modelo actual de tortura sufren la desintegración de su personalidad, la que dependiendo del tiempo a que es sometido y de características propias del sujeto, puede ser irreversible. La despersonalización –que es parte del proceso de deshumanización– es efecto de la privación de identidad (suelen ser identificados por un número), la privación 55 Nievas, Flabián; “Guerras y política de los cuerpos”, en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, Año 3, N° 5, abril-julio de 2011, p. 55. Véase también Scribano, Adrián; “Estados represivos: Políticas de los cuerpos y prácticas del sentir, en Revista Brasileira de Sociología da emoção. Volumen 9, N° 25, abril de 2010.

Cf. Salazar, Melissa; “El miedo mediático antiemancipatorio en América Latina” y Nievas, Flabián; “Los medios de la política y la política de los medios”, ambos en Salazar, Melissa (comp.); Los medios y la política: relación aviesa. Buenos Aires, Elaleph.com, 2011. 56

Es bastante usual escuchar que se critique a un juez por haber liberado a quien luego cometió un crimen. 57

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sensorial, que apunta a la desorientación tempo-espacial, y la auto-aflicción, constituyéndose subjetivamente en su propia fuente de padecimiento. La situación de secuestro (clandestino o público) priva al sujeto, además, de toda previsión posible, sumiéndolo en la incertidumbre más absoluta, lo que destruye la plataforma básica de la organización psíquica.58 Pero si esto ocurre en el individuo (situación de la que probablemente nunca se recupere del todo, y con seguridad nunca lo hará de manera total), en los individuos de su entorno también se introyecta la incertidumbre, lo que conduce a la inmovilidad. De esta manera, esos núcleos, probablemente activos, quedan inhabilitados para actuar, o al menos para hacerlo con eficacia. En los propios torturadores esta práctica tiene huellas indelebles: en gran cantidad de casos terminan con un marcado desequilibrio mental, que es casi imposible de revertir. Pero, más allá de las consecuencias individuales, lo sustantivo desde el punto de vista político es la posibilidad de disponer de un cuerpo capacitado para realizar una tarea que no es sencillo afrontar para un individuo medio. Por ello los miembros de este cuerpo suelen circular de un país a otro –mientras sus niveles de degradación lo permitan–, siguiendo los requerimientos de sus servicios. Finalmente, la sociedad en la que se aplica tortura, que es generalizada y conocida, la vive como una amenaza permanente; es una población dócil, incapaz de ejercer críticas, de tomar iniciativas propias, atemorizada, prisionera de aquello que, por temor, admite o aún justifica. Toda rémora de libertad queda abolida. El gran desafío es qué camino construiremos: si podremos erradicar de manera definitiva esta práctica, si sigue revelando una “anomalía” permanente, o si, como se avizora en algunos países, la misma se reinstaurará de manera plena. En tal caso habremos perdido lo más valioso de la modernidad: las nociones de humanidad y libertad.

Los individuos de la especie humana, por tener conciencia de su propia finitud, han creado un artefacto psico-social muy poderoso: el sentido, la teleología de la vida. Este tipo de tortura apunta, justamente, a destruir todo vestigio de sentido.

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EL MOZOTE: EL HOLOGRAMA DE LA MUERTE MEMORIA HISTÓRICA DE EL SALVADOR Rudis Yilmar Flores Hernández Introducción La historia de El Salvador desde a mediados del siglo XX, se manifiesta por un largo periodo de profundos conflictos políticos, económicos y sociales, que lo llevaron a la confrontación armada, por la falta de democracia y de espacios políticos que reflejaban la ausencia de participación política de la sociedad civil. Las dictaduras militares fueron durante muchos años la forma de gobierno impuesta bajo la represión. La lucha de los movimientos sociales obligó a los militares a generar cambios en las estructuras políticas, pasando a conformar una dictadura militar orgánica, vinculada a los partidos de derecha. Este articulo se fundamenta en primer lugar en un escenario que marca el ascenso del militarismo en El Salvador, la conformación de una dictadura contrainsurgente y el acompañamiento de EE.UU. en el manejo táctico militar del conflicto armado y la ejecución del genocidio en la población bajo sospechas de tener nexos con el movimiento revolucionario salvadoreño. Otro momento representa la forma de cómo se masacro a mas de mil campesinos/as en el Mozote departamento de Morazán, retomando testimonios de la principal testigo que se salvo de morir después de ser capturada por los soldados del batallón Atlacatl. También se destaca la forma en cómo se han desarrollado las denuncias e investigaciones del caso ante la justicia salvadoreña y la Corte Interamericana de Justicia, donde se desarrollo la audiencia del Mozote entre las víctimas y el Estado en el 2012 en busca de una pronta justicia que después de treinta años los gobiernos de derecha se negaron a reconocer. – 71 –

Por último se hace referencia al miedo en el inconsciente colectivo de una población que pago los costos de la estigmatización de la masacre al sufrir el rechazo en muchos espacios socio-políticos y no encontrar una respuesta, por parte del Estado, orientada a la reparación moral de las victimas con respecto al abandono que hasta hoy es evidente en todas las comunidades de los distintos cantones y caseríos objetos de la masacre.

Ascenso histórico del militarismo En El Salvador la situación de injusticia ha existido durante centenares de años; por siglos la mayoría de la población ha permanecido y aun está privada de una alimentación adecuada, atención médica, una vivienda digna, con poco acceso a la educación, empleo y un salario digno para sobrevivir. Es necesario reconocer que esta injusticia se fundamenta en un proyecto de la clase dominante con licencia para asesinar y reprimir cualquier intento de cambio por parte del pueblo, así como para aplastar toda exigencia de justicia; sin embargo a lo largo de toda la historia este pueblo desarrollo grandes esfuerzos por liberarse de la opresión y de la injusticia, teniendo un costo de decenas de miles de sus mejores hijos entre campesinos, obreros, estudiantes. Desde el siglo pasado se desarrollaron alzamientos en la zona oriental, en la paracentral con el indio Anastasio Aquino en 1832, en Sonsonate, Santa Ana y San Salvador. A principios de 1932 se produjo un alzamiento campesino contenido por el ejército y asesinando a mas de 30, mil personas entre jornaleros, artesanos, sindicalistas. La dictadura militar, como forma de Estado, se fundamentó desde 1931, en una alianza entre una fracción ultraderechista de la Fuerza Armada y la oligarquía. En el transcurso de más de medio siglo esta alianza produjo más de 150 mil víctimas producto de la violencia armada directa y cientos de miles a causa del hambre, enfermedades. El golpe de Estado de 1931, propició la instauración del general Maximiliano Hernández Martínez, y el comienzo de una etapa represiva en contra de los líderes y bases del Partido Comunista Salvadoreño, en su mayoría conformado por campesinos y grupos indígenas, culminando con la masacre de 1932.1 El rol político de los sindicatos y de los movimientos sociales en el devenir histórico obligó a los gobiernos dictatoriales a establecer nuevos meBoletín Venceremos, Documento de la Resistencia Salvadoreña. 1986 “Los Sectores Populares, tienen su opción, la opción de la Democracia, por el fin del militarismo, la opción Popular Democrática y Revolucionaria”. 1

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canismos de control político, pasando a conformar una dictadura militar orgánica, que con el devenir de los años se apadrinó de los partidos políticos para mantener el control represivo del Estado. En este escenario la oligarquía terrateniente configura un sistema electoral susceptible de controlar en caso de emergencias la Asamblea Legislativa por un solo partido político, no existiendo representación proporcional, y la institucionalidad militar era puesta en función de la preservación del sistema. La década de los años sesenta comienza con un golpe militar, impulsado por una junta cívico militar, derrocando al coronel José María Lemus, situación que conduce a reformas políticas que permitieron drenar la posibilidad para la incorporación de nuevos institutos políticos en la Asamblea Legislativa, como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en los años 50s, y que producto de sus pugnas internas, y la renuncia de miembros fundadores, dan paso al Partido de Conciliación Nacional (PCN) quien marcara en la historia de la política salvadoreña una de las mas criticadas y nefastas formas de conservar el poder político por medio del acompañamieto de los militares en la sucesión del poder del Estado en la década de los años 60s y 70s, profundizando la represión contra lideres políticos, sindicales y cerrando los espacios democráticos que marcarían la profundización de la lucha social y la creación de un ejercito guerrillero que se convirtió en la vanguardia de la lucha revolucionaria. En los años 70s, se generó en el país una situación de intensa conflictividad social y política, vinculada no sólo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, también la exclusión política de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Molina y el general Carlos Humberto Romero. Estos militares llegaron al ejecutivo tras fraudes electorales en 1972 y 1977 respectivamente. Este escenario no resultó ser prometedor para las distintas fuerzas politicas durante la década de los 70s, inclusive dentro de las filas castrenses muchos militares se inclinaron por la via militar como factor de cambios y otro sector radical opto por la institucionalización, lo que condujo a un golpe militar en 1979 y la instauración de un grupo de oficiales jóvenes y civiles en la junta revolucionaria de gobierno, propiciando la finalización de las dictaduras de carácter orgánico. A partir de la década de los años 80, las fuerzas armadas sufrieron una transformación cualitativa. La intervención norteamericana, cuyo objetivo fue preservar su hegemonía en la región, aunque se modificara la forma de dominación y cambiaran algunos autores políticos del bloque de poder en el país, la cúpula – 73 –

militar desplazó a la fracción oligárquica dando espacio a la conformación de un régimen que se caracteriza como dictadura militar contrainsurgente. El Salvador se convirtió así en un nuevo modelo de dictadura contrarrevolucionaria con enmascaramiento político muy complejo y sofisticado; pasó a ser el plan piloto de la estrategia de guerra de baja intensidad, que combinó tres elementos, la ejecución de un genocidio (50 mil muertos y un millón de desplazados entre 1980 y 1981) como factor de contención del movimiento revolucionario; segundo el escalamiento militar de la guerra asumiendo Estados Unidos el control total del ejército salvadoreño; una fachada civil para el gobierno, es decir, discurso demagógico, reformas e intentos de reformas, para ganar al pueblo que estaba masacrando. El punto de partida de este nuevo modelo de dictadura fue el pacto entre el partido Demócrata Cristiano y el ejército patrocinado por EE.UU., el presidente José Napoleón Duarte y los demócratas cristianos se comprometieron a dar mano libre al ejercito y garantizar que la matanza no sólo no fuera obstáculo para continuar con la ayuda externa sino que tendía a mejorarse y el gobierno no se vería aislado completamente.2 En una acción simultánea, los norteamericanos escalaban la guerra e intervenían en el país; los militares ejecutaban el genocidio y Duarte confundía al mundo. La dictadura militar de nuevo tipo se ponía en marcha, gobierno civil de fachada, sin ningún poder real, dado que estaba en manos de los militares y la soberanía sometida a los intereses de los norteamericanos que bajo el esquema de guerra de baja intensidad legitimaban el modelo de reformas, procesos electorales viciados, nueva constitución y el juego político limitado, todo con el fin de darle cobertura al contenido esencial a su plan que fue la acción contrarrevolucionaria justificada en el marco de la supuesta seguridad de los EE.UU. y poder salvar a su principal aliado la oligarquía terrateniente. Si comparáramos las dictaduras tradicionales anteriores con lo que significó el modelo contrainsurgente a partir del pacto PDC-ejército en enero de 1980, se producen los siguientes datos: durante el periodo del Partido Demócrata Cristiano fueron asesinados más salvadoreños que en todas las dictaduras anteriores, se produce el nivel de empobrecimiento del pueblo más significativo de la historia, los niveles de corrupción se profundizan y produce una pérdida de la soberanía, superando la dependencia de las dictaduras tradicionales. Documento de la Resistencia Salvadoreña, de circulación interna, 1987, “Insurrección Popular: Deseo o Realidad de la Lucha Social”. 2

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La guerra civil generada en las últimas décadas del siglo XX, tiene su base en la pauperización de la condiciones materiales de vida de la población y acumulación del desgaste democrático producto del cierre de los espacios políticos y la implementación de los gobiernos dictatoriales que dieron paso al conflicto y pusieron de manifiesto la injerencia directa de los norteamericanos en el manejo táctico-militar con un financiamiento de más de un millón de dólares diarios para la guerra. El escalamiento de la confrontación armada fue una alternativa para la política exterior de los EE.UU., en términos tecnológicos, en El Salvador se utilizo toda la tecnología militar y el armamento que poseían los norteamericanos en ese momento para guerras irregulares, ya que por la dimensión de la guerra les resultaba difícil la aplicación de armamento convencional de mayor poder destructivo, los mismos asesores norteamericanos reconocen en su momento que dotaron al ejercito de armamento aéreo que a la postre generó un nivel de dependencia, acomodamiento y debilidad de las Fuerzas Armadas. Se utilizo armamento de infantería más avanzado para guerras irregulares, los aviones cazabombarderos más modernos y apropiados, los helicópteros de transporte y apoyo de combate, los sistemas de comunicación y radio rastreo más sofisticados existentes en Centroamérica, piezas de artillería con el alcance y volumen de fuego adecuado a la dimensión del territorio y teatro de operaciones, con este nivel de equipos militares los EE.UU. provocaron más de 70 mil muertos, cien mil desaparecidos un millón de desplazados.3 La utilización de todo el armamento y contar con un ejército de más de 60 mil hombres y grupos paramilitares llamados defensas civiles, figuro la ejecución de un genocidio a través de sus batallones de reacción inmediata como el Arce, Belloso, Atlacatl y Atonal, a su vez mostraron su incapacidad de derrotar militarmente a un ejército guerrillero que no alcanzaba mas de los 7 mil militantes diseminados en los distintos frentes de guerra y un amplio movimiento de masas que libra su lucha en las calles, fabricas, en el campo. Durante la década de los años de 1980 se generalizaron los crímenes perpetuados por los escuadrones de la muerte a través de estructuras clandestinas de represión, cuyo accionar consistía en el secuestro, tortura y ejecución de sus víctimas. Los escuadrones de la muerte funcionaron en casi todas la unidades militares de la época a través de las secciones de inteligencia; se estructuraron en combinación con grupos civiles y fueron impulsados exclusivamente por civiles de poder económico bajo la tolerancia y conveniencia del Estado. 3

Documento de la Resistencia Salvadoreña, op. cit. – 75 –

Durante este periodo de mayor tensión y combates se incrementaron las acciones militares desde la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) y la guerrilla, dado que prevaleció el absoluto de la victoria militar, por la vía del “aplastamiento de la subversión” desde la Fuerza Armada y por la vía de la “insurrección armada” desde la guerrilla.

El Mozote: Operación rescate, tierra arrasada4 (Se estima que el ejercito asesinó a más de 1.000 campesinos) Morazán es un departamento ubicado en la zona oriental del país, limita al norte con la república de Honduras, al sur y al oeste con el departamento de San Miguel y al sur y al este con el departamento de la Unión; cuenta con una extensión territorial de 1,447 kilómetros cuadrados. Durante el conflicto armado fue uno de los principales bastiones de la lucha revolucionaria, sus condiciones geográficas por las zonas montañosas propiciaban el escenario perfecto para la guerra de guerrillas. Durante el conflicto una buena parte del departamento tuvo el holograma de tierra liberada a partir de las derrotas militares sufridas por el ejército y el aniquilamiento de compañías completas que arrojó una cantidad considerable de prisioneros de guerra que fueron canjeados por presos políticos y guerrilleros encarcelados. El cantón El Mozote está ubicado en el municipio de Meanguera departamento de Morazán, a tres kilómetros al sudoeste de Arambala, con un pequeño centro municipal que en 1980 tenía 200 habitantes aproximadamente, constituida como muchas regiones del país en una zona agrícola con predominancia la agricultura de subsistencia y el henequén era la fuente de ingreso durante la temporada seca, extrayendo el mescal para la fabricación de cintas para lazos, hamacas y de bienes ya indicados, las familias campesinas contaban con bajos niveles de educación, salud y sin posibilidades de una vivienda digna, gran parte de la población durante el fin de año emigraban a otras regiones del país a la recolección del café y a las cortas de algodón.5

4 Este tipo de operativos militares eran desarrollados por el ejército en las zonas rurales y tenían como objetivo exterminar a la población, consistía en asesinar a todo ser viviente, hombres, mujeres, niños, incluyendo gallinas, perros, cerdos, ganado y destruir todo vestigio de construcción, el objetivo era quitarle el “agua al pez” como lo reconocen los militares.

Binford, Leihg, El Mozote “vidas y Memorias” Editoriales Universidad Centroamericana (UCA). p. 171 5

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El Mozote y otros cantones y caseríos entraron en los anales de la historia, en diciembre de 1981, la guerra llegó al norte de Morazán. “La ofensiva final” de mediados de enero por parte del movimiento revolucionario en la capital salvadoreña no llevo a un desenlace militar de manera rápida y eso marcó un proceso que provocó la guerra popular prolongada que se extendería de la ciudad al campo, consolidando los distintos frentes de guerra, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El norte de Morazán fue zona de guerra desde octubre de 1980, muchos campesinos y de manera particular los terratenientes abandonaron el área, trasladándose a las ciudades o a los campos de refugiados en Colomoncagua Honduras. La masacre del Mozote es uno de los ejemplos más brutales de una estrategia militar aberrante, mediante la cual la FAES, se propuso el exterminio de campesinos a través de la perpetración de ejecuciones masivas de pobladores civiles, sin distinción de sus víctimas, fuesen niños, niñas, personas adultas mayores o enfermos. El 10 de diciembre de 1981, en el caserío el Mozote dio inicio un operativo militar con más de 4 mil efectivos militares pertenecientes a cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, patrullas de defensa civiles y las fuerza elites de la FAES como el batallón Atlacatl, unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de comandos de San Francisco Gotera denominado tierra arrasada, que comprendía el establecimiento de un cerco militar desde muchos kilómetros de distancia en las entradas de las distintas localidades con restricciones precisas de no permitir la entrada de vehículos y personas ajenas a las zonas conflictivas como los periodistas y a la Cruz Roja Salvadoreña. El caso del Mozote fue registrado como el proceso más ilustrativo de la estrategia militar genocida propuesta por Washington al igual que otros asesinatos masivos como la masacre del rio Sumpul (Chalatenango 1980) y de Calabozo en San Vicente en 1982, esta ultima consumada por el coronel Domingo Monterrosa Barrios, quien murió en octubre de 1984 en una emboscada guerrillera.6 En una ocasión de la conmemoración de la masacre, Rufina Amaya una de las sobrevivientes relataba la forma de cómo se dieron los acontecimientos, el 11 de diciembre de 1981 llegó una gran cantidad de soldados pertenecientes al Batallón Atlacatl, entraron como a las seis de la tarde y nos encerraron. A otros los sacaron de sus casas y los tendieron en la calle boca abajo, incluso a Con la muerte de Monterrosa y de siete oficiales más se quiebra el plan de guerra de baja intensidad de los gringos al perder a su mejor estratega militar y el más admirado por los norteamericanos.

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los niños y les quitaron todo el dinero, los collares, a las siete de la noche nos volvieron a sacar y comenzaron a matar a algunas personas. A las cinco de la mañana pusieron en la plaza una fila de mujeres y otra de hombres, frente a la casa de Alfredo Márquez, así nos tuvieron en la calle hasta las siete. Los niños lloraban de hambre y de frío, porque no andábamos con qué cobijarnos.7 Mientras se ejecutaba el genocidio, se desarrollaba una campaña mediática por parte de los medios de comunicación en poder de la clase dominante, radiales, televisivos y escritos como la Prensa Grafica, El diario de Hoy, difundían al mundo el impacto que estaría teniendo en ese momento el operativo antiterrorista, y que según los militares buscaba el exterminio de células guerrilleras diseminadas en el norte de Morazán y en sus informes preliminares el ejército estaba derrotando militarmente a la guerrilla, ocasionando una gran cantidad de muertos. Estos medios encubrían el asesinato de campesinos y vendían la idea al mundo y a la propia administración Reagan que en poco tiempo lograría acabar con la insurgencia.

Rufina8 sostiene que a las siete de la mañana aterrizó un helicóptero, frente a la casa de Alfredo Márquez, se apearon un montón de soldados y entraron donde estábamos nosotros, traían unos cuchillos de dos filos y nos señalaban con los fusiles. Entonces encerraron en una ermita a los hombres. Amaya, Rufina, Danner, Mark, Consalvi, Carlos Enrique, Luciérnagas en el Mozote, Ediciones Museo de la Palabra y la Imagen, novena edición, p. 156.

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Es la sobreviviente que logro escapar de los militares, y de las principales testigos, quien hasta los días de su muerte en el 2007, no logro ver que se hiciera justicia, pero su legado histórico de los relatos de la masacre están presentes en la memoria de los que siguen luchando contra la impunidad. 8

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Nosotros decíamos que tal vez no nos iban a matar. Como la ermita estaba enfrente veíamos lo que estaban haciendo con los hombres. Ya eran las diez de la mañana. Los tenían maneados y vendados y se paraban sobre ellos: a algunos ya los habían matado a esos los descabezaban y los tiraban al convento. A las doce del mediodía terminaron de matar a todos los hombres y fueron a sacar a las muchachas para llevárselas a los cerros, las madres lloraban. A las cinco de la tarde los soldados terminaron de matar a las mujeres, algunos soldados se resistían a matar los niños, pero las ordenes que traían era de no dejar vivo a nadie, procediendo a la masacre de seres inocentes, los niños gritaban mamá me están matando, me están ahorcando, nos están metiendo el cuchillo. Después de perpetrado la ejecución masiva los soldados pasaron con los matates de tusa de maíz y una candela prendida, y le pusieron fuego a las casas donde estaban los muertos, se oía el llanto de un niño dentro de la fogata, un oficial le dijo a un soldado “anda ve que a ese hijueputa no lo has matado” al ratito se oyeron los balazos.9 Sin resistencia alguna, todos estos pobladores hombres, mujeres y niños fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente en grupos; primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y por último los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. La cifra de muertes aumenta si se toma en cuenta que una buena cantidad no fue identificada por el asesinato de familias completas.10

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Luciérnagas en el Mozote, op. cit.

Fotografía tomada días después que la guerrilla logro desalojar al ejército mediante maniobras militares en la zona. 10

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En medio de este operativo militar se registraron masacres en otros cantones y caseríos como el cantón la Joya donde se cometieron más de veinte muertes el 12 de diciembre, treinta en el caserío la Ranchería y los Moradores del caserío los Toriles, el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando, más de quinientas víctimas identificadas perecieron en el Mozote y otros caseríos. Muchas más hasta el momento no han sido identificadas. De estas masacres a parte de Rufina Amaya existen otros sobrevivientes y testigos que posteriormente vieron los cadáveres que fueron dejados insepultos. En el caso del Mozote fue plenamente comprobada con la exhumación de los cadáveres en 1992. Resulta destacable en este momento que las informaciones periodísticas del oficialismo enfatizan la incomunicación a que fue sometida la zona geográfica en la cual se desarrollaba el operativo, los medios de prensa nacional reproducían los informes militares y se vendía al mundo los resultados obtenidos en el campo de batalla y el “aniquilamiento de cientos de guerrilleros”. El panorama internacional comienza a cambiar un mes después con dos reportajes de la prensa internacional que relataban la forma de cómo el ejército cometió la barbarie contra campesinos indefensos que no tenían vinculación alguna con el movimiento revolucionario, en su mayoría eran evangélicos. En enero de 1982 en un reportaje del periódico The Washington Post, titulado “Campesinos Salvadoreños describen asesinatos masivos” se relataba la forma de cómo se desarrollaron los acontecimientos después de un recorrido que la reportera Alma Guillermo Prieto realiza en la zona encontrando los escombros de las casas de adobe y decenas de cuerpos en descomposición a pesar de haber transcurrido un mes del incidente y logra entrevistar por primera vez a Rufina Amaya. El reportaje de Raymond Bonner para el The New York Time quien logró entrar a la zona conflictiva después de una solicitud hecha al FMLN incorpora datos sobre las primeras estimaciones de los muertos, relatos de sobrevivientes y de imágenes vistas de calaveras carbonizadas y huesos de decenas de cuerpos enterrados bajo techos quemados, vigas y tejas destrozadas. Se registran en ese momento 733 de un listado recabado por los campesinos donde la mayor parte eran niños mujeres y ancianos. Por su parte el FMLN denunciaba a través de Radio Vencerremos y pedía a la Cruz Roja Internacional, a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y a la prensa internacional para que verificaran el ge– 80 –

nocidio de más de novecientos campesinos, pidiendo a estas organizaciones convertirse en los ojos de la conciencia mundial. Mucha población joven se salvo de morir por no encontrarse en el lugar ya que por ser periodo de recolección de la producción de café y algodón se encontraban principalmente en el occidente del país y en la zona sur oriental considerada como la región más importante en la producción agrícola. En ese momento en Washington el embajador salvadoreño Ernesto Rivas rechazaba enfáticamente que la FAES hubiese estado empeñada en matar, no estaba dentro de la filosofía de las instituciones armadas actuar de esa forma y reconoció que si existió permanencia militar en la zona en el mes de diciembre pero en una ofensiva contra la guerrilla y de lo que se trataba era desacreditar a la fuerza armada y el proceso electoral salvadoreño. Por su parte en el congreso de los EE.UU. se desarrollaba una fuerte discusión sobre un posible recorte de la ayuda económica proporcionada para el financiamiento de la guerra, la administración Reagan debía certificar por ley ante el congreso que el gobierno salvadoreño está logrando un control sustancial sobre los elementos de la FAES, así como para poner fin a las torturas indiscriminadas y a las muertes de ciudadanos salvadoreños o se corría el riesgo del recorte de la ayuda militar bajo restricciones del congreso.11 Bajo las administraciones tanto de la Junta Revolucionaria de Gobierno de (1979-1982), del presidente provisional Álvaro Magaña de (1982-1984), del Presidente José Napoleón Duarte (1984-1989) y Félix Alfredo Cristiani (1989-1994), el Estado negó la masacre y otras que se desarrollaron en otras regiones del país incluyendo el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos ayudantas en 1989, en ocasión de desarrollar el FMLN una ofensiva militar que demostró el doble poder militar y acelero las condiciones para la firma de los acuerdos de paz.

El Mozote nunca más Este crimen de lesa humanidad demostró al mundo y al mismo congreso norteamericano que fue un error político después de la cantidad de millones de dólares invertidos en el conflicto armado y de la supuesta profesionalización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el comunismo internacional. En un esfuerzo por esclarecer los hechos y condenar a los responsables de tan abominable crimen el campesino Pedro Chicas Romero, residente de la Joya, quien se escondió en una cueva en las montañas cercanas a su pueblo 11

Informe de Tutela Legal del Arzobispado. “El Mozote Lucha por la Verdad y la Justicia” – 81 –

mientras los soldados mataban a sus familiares y vecinos, bajó a San Francisco Gotera y presentó una demanda criminal en el Juzgado de primera instancia, acusando al batallón Atlacatl de ser el responsable de la matanza del Mozote y de los pueblos aledaños. El señor Chicas le solicito al Juez Federico Ernesto Portillo que investigara y castigara a los responsables. Entre los primeros testigos que se presentaron a declarar se encontraba Rufina Amaya12 El 30 de octubre de 1990, Tutela Legal del Arzobispado presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado salvadoreño por la flagrante violación a los derechos Humanos de más de mil campesinos asesinados en la operación rescate conducida por el Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios. Un punto de quiebre en la subjetividad de los hechos se produce en 1992, cuando un grupo de antropólogas forenses argentinas comienzan las exhumaciones y después de 35 días de excavar encontraron 143 restos, identificando que fueron sepultados en el mismo momento y asegurando que solo 12 eran adultos y los demás niños menores de 12 años. El informe de balística efectuado en la habitación donde murieron los niños y sus alrededores determino que se encontraron 263 casquillos de balas provenientes de 24 armas diferentes y, de esos disparos efectuados, 240 proyectiles habían impactado en los cuerpos de los niños. Un porcentaje de acierto demasiado alto para una situación de fuego cruzado. Además, los casquillos fueron encontrados solo en dos lugares, cerca de la ventana y de la puerta. Es decir, fueron ametrallados a corta distancia. La única posibilidad es que los niños murieron arrinconados en una esquina de la habitación, mientras les disparaban desde esos dos lugares, porque los únicos impactos de bala que se encontraron estaban en el piso y en el lado interior de las paredes y ninguno en la parte exterior. La conclusión de los forenses fue que los niños no murieron de un enfrentamiento de fuego cruzado sino que fueron fusilados a corta distancia, la afirmación se fundamentó en el hallazgo de proyectiles que después de atravesar a las víctimas se incrustaron en el suelo y no se descartó que mas de algún militar por la estatura de los niños se pararan sobre ellos y les dispararan. En este momento de las exhumaciones me encontraba trabajando como técnico en educación popular en la zona norte de Morazán, un día en horas de la tarde acompañé a mi hermano de seudónimo Raúl, locutor de Radio 12

Luciérnagas en el Mozote. Op. cit. p. 118. – 82 –

Venceremos a cubrir un reportaje de los avances y llegamos en el momento en el que se descubrían los restos de una mujer que murió en estado de embarazo y contemplaba su feto en la pelvis de cuatro meses de gestación. Estos hechos desmentían al mundo que no se trataba de un cementerio guerrillero, ni de niños guerrilleros muertos o de población civil que murió producto del fuego cruzado entre soldados y guerrilleros como lo afirmaba el Instituto de Medicina Legal o de una campaña contra el gobierno para un posible recorte de la ayuda norteamericana, se trataba de un genocidio ejecutado por militares, financiado por los dólares norteamericanos y que quedaron evidenciados en el informe de la Comisión de la Verdad. Es importante destacar que en el contexto de los acuerdos de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec México, surge la comisión de la verdad para dar seguimiento a las más graves violaciones a los derechos humano cometidos durante el conflicto armado. Dicha comisión se encargó de recibir todas las denuncias que en su mayoría ocurrieron principalmente entre 1980-1981 con la puesta en marcha del plan de contrainsurgencia conducido por Washington que contemplaba la ejecución de civiles que presentaran sospechas de ser parte de las estructuras revolucionarias. El caso de la masacre del Mozote fue registrado como el caso ilustrativo de esta tragedia militar genocida, también fueron documentadas en el informe final los casos del Rio Sumpul (Chalatenango 1980) y del Calabozo (San Vicente 1982), esta ultima perpetrada por el Batallón Atlacatl al mando del Teniente Coronel Domingo Monterrosa. La comisión dictaminó sobre el patrón de los operativos antiguerrilleros, ejecutaron a campesinos, hombres, mujeres y niños que no habían opuesto ningún nivel de resistencia, simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros. El número de ejecuciones denunciadas de individuos y grupos fue tan elevado y muy fundamentado por la comisión que los llevo a descartar toda posibilidad de que se tratara de incidentes aislados o de exceso de los soldados o de sus jefes militares. Todo comprueba que se trato de un patrón de conducta basado en una estrategia deliberada de eliminar o aterrorizar a la población campesina de la zona. La comisión considero también que a pesar de las incesantes denuncias de los campesinos y de organismos defensores de los derechos humanos, no hay evidencia por parte del Estado de desarrollar una profunda investigación, las autoridades se dedicaron a calificar este tipo de denuncias de propaganda calumniosa.13 13

Informe de Tutela Legal del Arzobispado. Op. cit. – 83 –

No obstante que la comisión de la verdad dio cuenta de todos los atropellos cometidos contra la población civil, reconoció los grandes problemas estructurales que vive la población sometida a un poder político y militar incapaz de resolver los problemas más sentidos como educación, salud, con un alto grado de corrupción, burocracia y un Estado cómplice de la tragedia al garantizar la impunidad mediante la creación de la Ley de Amnistía. Bajo este contexto resultaba difícil pensar que las recomendaciones hechas por la comisión tuvieran un carácter vinculante que pudiera facilitar a las victimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación adecuada. La ley de amnistía aprobada después del informe resultó ser una ofensa para las víctimas y reafirma que la vida de los pobres ni vale ni interesa en el país, ha resultado ser más importante evitar que los militares enfrenten sus crímenes, que resarcir de alguna manera la memoria de las víctimas inocentes. Entre el 11 y 12 de diciembre de 1981 aproximadamente más de 1000 personas que habitaban los cantones del Mozote, la Ranchería, Jocote Amarillo, Los Toriles, Cerro Pando fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del batallón Atlacatl de la FAES, de las víctimas de la masacre la mitad eran niños y niñas muchos de ellos de tan solo días y meses de edad, no existe duda del carácter indiscriminado de las masacres de la crueldad con las que fueron perpetradas y de sus duras consecuencias, tampoco existe duda de su planificación previa en las más altas instancias militares, ni sobre la finalidad que perseguía exterminar a la población civil que habitaban en esa zona. El aniquilamiento es un ejemplo emblemático de los operativos conocidos como tierra arrasada, los que en este caso incluyeron la exterminación de la población entera de seis comunidades. Como consecuencia estos hechos dieron lugar a que sobrevivientes y vecinos aterrorizados se desplazaran a Honduras en búsqueda de refugio ante la imposibilidad de permanecer en la zona debido a la destrucción de sus casas animales y cultivos. Pasado más de 30 años estas masacres persisten en la impunidad, no existe ningún esclarecimiento judicial ni menos se han identificado, procesado y sancionado a los responsables, las investigaciones permanecen archivadas desde casi veinte años. Tras un sobre seguimiento dictado como consecuencia de la vigencia de la Ley de Amnistía general, mal llamada para la consolidación de la Paz, al día de hoy esta ley es la principal fuente de impunidad que impide la obtención de justicia por estas masacres y por otras graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. – 84 –

El Estado negó los hechos por décadas, sin embargo en respuesta a las peticiones hechas por Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Corte Interamericana de justicia en el periodo 45 de sesiones extraordinarias desarrollada en Guayaquil Ecuador, desarrollo el 23 de abril de 2012 la audiencia orientada a esclarecer las responsabilidades del Estado salvadoreño en esta masacre, que cobró la vida de infantes, mujeres y personas de la tercera edad. Durante la mañana en de la audiencia Dorila Márquez en su testimonio relato sobre el operativo tan inesperado la poca responsabilidad de Estado hasta la fecha en brindarles asistencia médica y su mayor deseo de justicia, María del Rosario López quien describe como entró el ejército y fueron asesinados 22 miembros de su familia y debió huir a los cerros vecinos, donde vivió oculta por seis años, sus familiares fueron enterrados en el patio de su casa siete días después que el ejercito abandono las zona y Margarita Chicas que por su parte narra cómo mataron a su esposo, y relato la forma de cómo se dio la ejecución, los militares preguntaban a los campesinos como les gustaría morir, sentados o parados. Gisela de León representante jurídica de CEJIL, reconoce que la Corte Interamericana nunca conoció un caso hasta la fecha en el que se haya aplicado una Ley de Amnistía que encubra crímenes de lesa humanidad, esperando que la sentencia que se emitirá en el último semestre del 2012 y después del reconocimiento de la responsabilidad del Estado salvadoreño en los hechos, se comience un verdadero proceso de reparación a las víctimas que no se convierta en un proceso meramente asistencialista, sino que siente las bases para una verdadera justicia. Cuando las victimas dicen “el mozote nunca más” se remite a que haya justicia, ellos plantean que no quieren venganza, no tenemos odio, lo que deseamos es que esto no vuelva a ocurrir y queremos la verdad para que los individuos y las sociedad salvadoreña puedan empezar a reconstruir su tejido social y la creación de una política integral de reparaciones en el que se puedan reparar a todas las víctimas, es indispensable el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de la verdad. Es necesario comenzar a dar visibilidad a las victimas creando una institucionalidad de política integral de reparación que conlleve a una atención psicosocial, un proceso reparador que les dignifique.

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Monumento14

En enero de 2012, en el marco de la celebración del XX aniversario de los acuerdos de Paz y a 31 años de la masacre el presidente Mauricio Funes quien llegó al ejecutivo a través del frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de Izquierda y tras reconocer los hechos, realizo un acto público en el cantón el Mozote donde aprovecho para pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño por la masacre. Este gobierno es el único desde que se cometieron los crímenes en aceptar su responsabilidad, al ser la Fuerza Armada una Institución Estatal y responsable de la ejecución y represión contra civiles en el marco del conflicto armado. Mauricio Funes, presidente de la república, pidió perdón, reconoció la matanza y dictamino que era el inicio del camino hacia la justicia, en virtud de esto resolvió instruir como comandante general de las Fuerzas Armadas a una revisión a la luz de aceptar la culpabilidad del papel histórico de la FAES y ordena no seguir desarrollando culto a personajes como el Coronel Monterrosa con cuyo nombre se identifica la Tercera Brigada de Infantería Monumento dedicado a los más de mil campesinos y campesinas asesinados el 11 de diciembre de 1981, en el Mozote y otros cantones y caseríos. En cuya placa dice “ Ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”. 14

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con sede en la ciudad de San Miguel y a otros militares que estuvieron muy vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. Ante la Corte Interamericana de Justicia la delegación del Estado Salvadoreño no intervino en ningún momento para interrogar a las tres testigos, una vez concluido los testimonios reconocen la dignidad y valentía de ellas. Declaran que del Estado considera el contenido de sus deposiciones como la verdad de lo ocurrido y trae a cuenta que su aceptación de responsabilidad conlleva al pedido de perdón por el daño inconmensurable por los hechos perpetrados por agentes estatales con tanta crueldad. El pedido de perdón hecho por la comisión gubernamental es extensivo tanto a las testigos como a las víctimas, y familiares sobrevivientes de estas masacres.

Miedos en el inconsciente colectivo de los sobrevivientes del Mozote Es importante apuntalar que la sociedad Salvadoreña vivió en la década de los años 80 del siglo pasado, el inicio de una guerra civil marcada por la falta de espacios democráticos que permitieran la participación directa de la población en la toma de decisiones, por una verdadera libertad de expresión. La represión en contra del pueblo se convirtió en una forma de detener el descontento popular generalizado de los campesinos, estudiantes, sindicalistas, maestros que se manifestaban continuamente por las condiciones de vida y la falta de espacios de participación política. El miedo era trasmitido por los aparatos represivos del Estado, los cuerpos militares inducían terror, secuestraban, torturaban, asesinaban a niños, mujeres y hombres. La década de los ochenta vio una generación de niños perdidos donde solo existían espacios para la guerra a través del reclutamiento forzoso por parte del ejército y el desplazamiento de familias enteras hacia otros países como Honduras y a las principales ciudades del país. Para los sobrevivientes del Mozote y los caseríos aledaños la migración provocada por el operativo tierra arrasada los estigmatizo y hasta la fecha después de tres décadas siguen pagando el costo de no tener un proceso de reconciliación al no encontrar a quien perdonar por las atrocidades cometidas. Por décadas algunos oficiales siguen endiosando a uno de los militares que abanderaba el plan de contrainsurgencia de los norteamericanos y el encargado de conducir táctica y militarmente muchas masacres. – 87 –

Es importante destacar que los hechos se cometieron en lugares públicos, separaban a las mujeres de los hombres y a los niños, a las mujeres en grupo jóvenes de las más viejas a quienes violaban y las asesinaban. La masacre disolvió las tramas sociales donde se insertaban los proyectos de vida, como comunitarios, se perdieron proyectos de vida, prosperidad y desarrollo, todo esto conforme al impacto todavía a treinta años, hubo una pérdida del sujeto colectivo como tal que se siente identificado en su comunidad y se produjo un duro impacto a la identidad colectiva. Según la doctora Sol Yañez Psicóloga Social española, perito ante la Corte Interamericana de Justicia sostiene que la mayoría de la población sigue experimentando secuelas, el 85% tiene pesadillas y sueños repetitivos con lo que paso, muchos además han desarrollado cánceres y enfermedades terminales, otros huyeron perdiendo bienes pero también sus raíces identidarias. Hubo ensañamiento especial con las mujeres, violencia sexual, habrían sus vientres, les sacaban sus niños y las golpeaban con palos queriendo arrasar con el símbolo de la vida y las mujeres que lograron huir embarazadas atribuyen los efectos que tienen sus hijos el día de hoy a ese escenario de terror y a esa huida; además se humillaba a los hombres por no poder proteger a sus hijos, mujer a su madre, ellos nunca tuvieron control sobre lo que estaba pasando. Otro aspecto eran los niños la mayoría tenían menos de 12 años, los mataban públicamente y esparcían sus cabezas y habían letreros con sangre que decían “un niño muerto un guerrillero menos”, era la estrategia para terminar con el futuro, ellos esperaban la navidad pero les llego la muerte y los que sobreviven tienen las imágenes de la matanza y recuerdos muy dolorosos. Asesinaron ancianos y los que hoy son viejos se quedaron sin sus vecinos, sin sus amigos, sin su soporte social, solos, abandonados institucionalmente y con una depresión crónica porque el proyecto de vida también está abandonado.15 En este contexto tenemos una cristalización del trauma de una sociedad que no recibió el apoyo de justicia y el derecho a la verdad, el regreso de las victimas al Mozote es muy doloroso en la medida que se encuentran con todo aquello que en un momento tuvo un significado histórico y formaba parte de un tejido comunitario. El operativo arraso lo que era el centro de su vida colectiva, la violencia se ejerció en las plazas y en las iglesias. Las plazas son lugares de fiestas donde ellos se reunían y las iglesias lugares de oración, Entrevista realizada a la Dra. Sol Yáñez Psicóloga Social en el Mozote el 26 de mayo de 2012 a la 1:30 de la tarde en la presentación de los avances del caso ante la Corte Interamericana de Justicia, 15

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son espacios comunitarios que todos los pueblos tienen, ellos han significado esas plazas como plazas de horror por lo tanto no pueden realizar sus fiestas ahí por sentir que es un lugar donde ahora descansan los restos de muchos de sus familiares. Se rompieron los procesos de organización, sus cooperativas, la dignidad colectiva, la forma de vida, sus bienes materiales. También se arrasó con lo simbólico, lo que tiene un sentimiento profundo, fotografías, juguetes, les mataron sus animales que en el universo campesino son muy importantes no sólo como sobrevivencia e intercambio sino que también hay un afecto, sus gallinas, sus vacas y esto genera mucho dolor en ellos, les quemaron sus casas, su tierra que los vio nacer y que forma parte de la identidad de las personas y la simbología campesina. De la población que huyo el 55% no ha regresado y los que lo hicieron que son el 45% lo han hecho progresivamente después de la firma de los acuerdos de paz de 1992, la mayoría fueron estigmatizados por la población al creer que les había ocurrido eso por apoyar a la guerrilla, en lugares como los campamentos para refugiados en Colomoncagua Honduras eran revictimizados. La gente que emigra a la ciudad enfrenta otro duelo porque las claves que te sirven para vivir en el campo no te sirven en la ciudad, en el campo se cultiva la tierra y se crían animales, en la ciudad se vive en espacios reducidos, las mujeres adquieren nuevos roles porque están sin marido y han tenido que hacer de papá y mamá.16 El principal motivo del no regreso de la población es el miedo, de que nadie les acompañó en un primer momento ya que todo estaba abandonado y quemado, es como si la vida se congelara, por otra parte la revictimizacion por parte del Estado al negar el desarrollo de los crímenes cometidos del ejercito y promover la negación de la verdad al pensar que esto abre heridas y esto hace contar una historia oficial dejando la responsabilidad a las víctimas de tener que estar contando una verdad que dicen no es oficial, esto conlleva a un nivel de inversión de la culpabilidad de parte de las victimas ante la imposición oficial durante 30 años y otro elemento es como al coronel Monterrosa lo sigue considerando la burguesía salvadoreña y el ala dura del ejercito como héroe nacional cuando el ordenó el operativo militar, esto es algo que los campesinos ven con gran dolor y los revictimiza creándoles altos niveles de desconfianza en las instituciones del Estado salvadoreño. Entrevista realizada a la Dra. Sol Yáñez Psicóloga Social en el Mozote el 26 de mayo de 2012 a la 1:30 de la tarde en la presentación de los avances del caso ante la Corte Interamericana de Justicia. 16

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Los pobladores piden justicia, hay que identificar dos cosas: lo que es legal y lo que es legítimo. Lo legal va en relación con el poder y lo legítimo se relaciona con un consenso social, con el sistema de valores que ese consenso tiene, en este caso la ley de amnistía como ley de impunidad es legal pero no es legítima para las víctimas. Los represores siguen impunes y dicha ley es el principal obstáculo para una verdadera justicia y la reconstrucción de un verdadero tejido social. Más de la mitad de la población no regresa, algunos por miedo, otros porque no tienen nada y muchos tenían 30 años de no visitar el lugar, el retorno no ha sido fácil por la falta de apoyo institucional y la mujer igual que en la ida, en el regreso es el centro, muchas cambiaron su rol desde su partida por la diferencia entre campo y ciudad, hay un esfuerzo por aprender algunos oficios por ejemplo mas de alguna aprendió bisutería, esto al volver al lugar se rescata en la elaboración de artesanías, otras quieren regresar por su tierra, traen a sus hijos y de alguna manera son las responsables de que se vaya repoblando. Las mujeres fueron objeto de un ensañamiento especial, están muy golpeadas no sólo fue la pérdida de bienes, animales a sus seres queridos, muchas de ellas fueron violadas, presenciaron crímenes horrorosos, perdieron hijos y algunas embarazadas, hay un impacto importante en la mujer al enfrentar hoy sus vidas solas o con hijos y que les resulta más difícil procesar el dolor, regresaron pero es una vida muy lenta y tortuosa. Las mujeres juegan un rol fundamental tanto en los procesos organizativos como productivos y de gestión ante los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia y ante el gobierno salvadoreño en busca de condiciones que conlleven a proceso de reparación de las victimas de acorde a la realidad económica y social de todas las comunidades, de ahí que en ellas están sembradas las esperanzas de rehacer el Mozote y resguardar su memoria.

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LOS MIEDOS DEL “DESIERTO” EN UNA “PAMPA FLORIDA” Pablo Ormazabal “...esta tierra es de nosotros y no del que tenga más...” DANIEL VIGLIETI

Desierto o “Pampa florida” La presente comunicación es un inicio para plantear el abordaje desde la arqueología del paisaje de la interpretación de los efectos de la propuesta en el 2012, de una ley de tierras en Argentina. Efectos que disparan la discusión de la soberanía de tierras, el tratamiento del paisaje y los aportes de las investigaciones arqueológicas en momentos históricos desde los estudios de frontera del Siglo XIX en la región pampeana hasta en la actualidad. La nueva ruralidad y su contexto histórico se sitúan en una mirada contemporánea desde el ángulo de lo antropológico, donde se destacan las voces ocultas del “setentismo” del Siglo XX1 y los temores referidos a lo agropecuario y la cuestión de la tierra. El lugar seleccionado es la producción social de la militancia, tanto desde la Universidad Nacional de La Plata como desde la antropología institucionalizada en el centro bonaerense en la ciudad de Olavarría.2 El marco considerado se sitúa en la tensión permanente entre dos percepciones caracterizadas: una por la ocupación eurocriolla de frontera del

1 Amato, Fernando y Cristian Boyanovsky Bazan. 2008 Setentistas. De La Plata a la Casa Rosada. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Mazzanti, Diana 2005. La institucionalización de la arqueología desde Olavarría. Andes 16. Cepiha. Universidad Nacional de Salta.127: 143.

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paisaje de pampa,3 4 5 con la desaparición y despoblamiento de los pueblos originarios, y la facilidad de visibilizar el territorio como pampa “desierto desocupado”, y otra, como una construcción imaginaria territorial como “pampa florida” con alta y diversa producción simbólica agropecuaria. La denominación perceptiva de “La pampa florida” se toma del nombre que identificaba a una red de tiendas o comercios de ramos generales, fundada por pobladores del país vasco que se asentaron a finales del Siglo XIX en la región del presente estudio. En el caso de Olavarría la “tienda” funcionaba en el centro del poblado y se ubicaba en una de las primeras construcciones arquitectónicas de ladrillos de la época.6 Momentos donde unos pobladores hegemonizaban el discurso homogeneizante como pampa de la “conquista del desierto”, y otros la identificaban de manera resistente7 como pampa diversa y por lo tanto “florida”. El conflicto entre ideas originadas de distintas percepciones del ambiente o paisaje de la pampa bonaerense se plantea como constante en el desarrollo del modelo hegemónico agroexportador en la cuestión de la tierra, que caracteriza a la argentina desde la consolidación del Estado Nacional hasta en la actualidad. El presente trabajo articula conceptos relacionados a la Arqueología histórica para desocultar los miedos y cuestiones de soberanía, los temores del paisaje y la idea de tierra como frontera fortificada del modelo agroexportador y de la nueva ruralidad.

Ley de tierra La presidenta Fernández de Kirchner ha hablado de la necesidad de impulsar una Ley de Tierras implementada por el poder legislativo y ejecutivo en el año 2012 en la Argentina. Por lo tanto dispara la pregunta ¿Qué elementos fundamentales tiene esta ley? Criado Boado, Felipe. 1991. “Construcción social del espacio y reconstrucción arqueológica del paisaje”, Boletín de Antropología Americana 24: 5-29. 3

Criado Boado, 1999. “Del terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para la Arqueología del Paisaje”, Capa 6 (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje) Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidad de Santiago de Compostela. 4

Curtoni, Rafael. 2000. “La percepción del paisaje y la reproducción de la identidad social en la región pampeana occidental”. (Argentina) TAPA 19. Traballos en Arqueoloxia da Paisaxe, Universidad de Santiago de Compostela. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje. 5

6 Azkarate, Agustin. 2007. “La arqueología de la arquitectura como arquitectura de la arqueología”, J. A. Quiros, El fin de la Arqueología en los inicios del siglo XXI, Ed. Siglo XXI, Madrid (e.p.).

Salazar Pérez, Robinson. 2012. Violencia y Miedos: una mirada desde lo social. Compilado por Luis Ernesto Ocampo. Elaleph. Buenos Aires. 7

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En el país no había ningún marco referencial para la propiedad y el dominio de la tierra en manos de extranjeros como existe en la mayoría de los países del mundo. Esta es una ley que regula esa titularidad de las tierras y sus principales características son: 1) que ningún extranjero pueda adquirir una superficie considerable. 2) Que en todo el país no pueda haber más de un grado de extranjerización del territorio, 3) Visibiliza que en la Argentina no hay un catastro Nacional de propietarios de tierra, 4) Que en la presente ley el concepto de tierras rurales se lo define en un sentido amplio, como “recurso natural no renovable” y como lugar no urbano, ocupado y de múltiples usos, y 5) Por lo tanto a la tierra se la considera como recurso estratégico y su ocupación plantea la necesidad de un registro o catastro nacional. A los efectos de reflexionar sobre los aspectos territoriales, de soberanía y simbólicos de “ la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino”... A los fines de esta ley y atendiendo a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país que recibe la inversión... Créase el Registro Nacional de tierras rurales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que tendrá la facultad de requerir a las dependencias provinciales competentes en registración y catastro inmobiliarios, la información necesaria para el cumplimiento de su función...“ Créase el Consejo Interministerial de Tierras Rurales...” Una de las banderas del neoliberalismo hegemónico de la década del 90 en el siglo XX, en el continente Suramericano, es el argumento sostenido y por lo tanto “sustentado” por la consigna de “pensar globalmente para actuar localmente”. Frente al notable y evidente fracaso del contenido impuesto y el significado de dicha frase y por las consecuencias del imperio de la exclusión y de la fragmentación social en el país, surge de sus palabras un contrasentido: el “pensar desde lo local para la acción global”. Esta es una nueva dirección conceptual inversa, que orienta la presente reflexión para “pensar” localmente la cuestión de lo agropecuario en el centro de la pampa húmeda y del recurso tierra en la argentina. El marco de la llanura pampeana en la construcción de un proyecto donde lo nacional y popular se presenta como eje transversal articula políticas públicas con políticas científicas. La ley de tierras tiene relevancia porque el pensamiento nacional se sostiene en la diversidad de su soberanía territorial. Por lo tanto el concepto de – 93 –

tierra no se restringe a solo aspectos económicos y/o tecnológicos sino fundamentalmente a una dimensión simbólica de la soberanía y de lo social. Es importante, desde el comienzo de esta reflexión, aclarar que la guía del presente análisis surge de una permanente pregunta que se cruza en toda la mirada por el andar en el camino agropecuario argentino desde “el fondo del poblamiento” y desde el espacio arqueológico y contemporáneo ruralurbano de la región pampeana. Por lo tanto de manera sintética el titulo de la presente reflexión propone que el discutir la ley de tierras nos introduce en un lugar de temores en el horizonte de significados diversos con más profundidad en el paisaje del continente de la Patria Grande. Los interrogantes surgen desde el terreno mismo de los miedos y temores de los productores y no desde la visión de la “producción” rural pensada en la “torre de marfil”8 de los aspectos teóricos restringidos y solo desde los escritorios técnicos y económicos... que argumentan ¿Porque desde el centro de la región bonaerense y específicamente desde Olavarría, se pretende contribuir con esta reflexión? Olavarría es la porción del territorio con un relevante significado arqueológico e histórico de ser el último bastión de resistencia de los pueblos originarios en la pampa húmeda en una frontera de un paisaje notablemente “fortificado”, para la instauración del homogenizante modelo agroexportador del siglo XIX que todavía se discute en muchos sectores sociales. Este centro bonaerense, con su característico pasado, de resistencias étnicas, de desestructuración de relaciones sociales y de fuertes asimetrías con alta fricción, aporta nuevas voces para el incremento del pensamiento desde lo local hacia el modelo agropecuario nacional y popular respetuoso de diversas materializaciones de los miedos y de las ideas.

Hacia una nueva Ruralidad En esta oportunidad se pretende realizar un aporte desde una mirada actual y del pasado de la llanura pampeana, junto al pensamiento de un pueblo concreto, no idealizado, desde el sector popular territorial y excluido, que se expresa de diversas maneras (en lo rural y en lo urbano) y con sus propias y contradictorias utopías. El comienzo del desafío de la actual percepción nacional y popular del país, surge del dialogo de diversos actores de los históricos partidos políticos Amato, Fernando.y Cristian Boyanovsky Bazan. 2008 Setentistas. De La Plata a la Casa Rosada. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.

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nacionales. El mismo genero la “transversalidad” desde una preocupación para la reconstrucción del pensar en un país que “no solo con el peronismo alcanza”. Olavarría fue como en otros lugares, un centro ejemplo de un nuevo poder político del fenómeno “radicalismo K leal”. El agregado de “leal” es por su participación activa en el conflicto del 2008 contra la propuesta de las corporaciones rurales. La evaluación del debate en la actualidad, con el “fragor del individualismo” (producto de la fragmentación individualizada del modelo hegemónico neoliberal) nos orienta para contribuir a una mirada hacia una decisión “relacional” superadora de temores, que caracteriza y caracterizo a todos los tiempos del Movimiento Nacional y Popular. El accionar hegemónico, centrado en lo personal como si lo social fueran conductas de un ”club de admiradores” (por intereses individualizados, de sector o corporativos), en los últimos tiempos el tema de la exclusión se construyo conceptualmente y reiteradamente desde lo urbano y dejo oculto a los excluidos rurales principalmente de la pampa húmeda. Luego del resultado político-electoral 2011, se consolida el momento con la continuidad de seguir construyendo categorías no homogéneas ni restringidas de la cuestión agropecuaria, como por ejemplo culpar los temores simplemente al enfrentamiento con el modelo sojero, a las conspiraciones corporativas rurales, o culpar a los miedos de los medios o a la oligarquía ganadera. Las causas son múltiples y de orígenes complejos, pero indudablemente son de origen de la construcción social de lo agropecuario, agroindustrial y agroalimentario de una búsqueda de explicaciones de una nueva ruralidad. Lo que ocurrió y ocurre con “el campo” no es solo la confrontación con un sector ideal (como cuando se dice “todos somos el campo”) o entre sectores (con los miedos a los “piqueteros de la abundancia”) sino que se está imponiendo una nueva vos de los excluidos en el “también nosotros somos el campo”, que expresa la contradicción interna más relevante del pensamiento de lo nacional y popular. Se están enfrentando una homogénea idea del “derrame simbólico” sojero del pasado a otra idea centrada en un modelo diverso de país con agricultura familiar, con pobladores periurbanos, con redistribución económica o “de matriz diversa”, modelo explicado permanentemente y reiteradamente con alta pedagogía por la presidenta Cristina.

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Los de veterinaria y el setentismo de La Plata El origen, desde la construcción misma del surgimiento del peronismo universitario en La Plata, se denomino “peronización universitaria”9 y ocurrió en la década del 1970. Proceso de cambios de política universitaria en un territorio de una fuerte presencia de estudiantes latinoamericanos y en una universidad de las Ciencias Naturales y del Museo del entonces perito Moreno, caracterizada con la muestra y colección de “cabezas de indios” de la denominada “campaña del desierto”. La latinoamericanización de alumnos y la hegemonía del naturalismo biológico que caracterizaba el pasado de esa casa de estudios generaron un espacio de fuertes resistencias. El “setentismo” platense no fue solo un pensamiento y acción iniciado desde las carreras de humanidades o de ciencias sociales, sino fundamentalmente la articulación de la continuidad de la ”resistencia peronista platense” y de manera casi inexplicable, la conducción en esos momentos de distintos actores que procedían de “veterinaria”, muchos de ellos mártires por la causa “Patria si, colonia no”, y por ”la universidad (que) será del pueblo cuando el pueblo recupere el poder”, que contribuyeron de manera relevante a la organización y al pensamiento nacional y popular en el País del setenta. Pensamiento expresado en la actualidad, por numerosos movimientos sociales locales, políticos, juveniles y se toma como un ejemplo, la militancia de la agrupación “la Carlos Miguel”, cuyo nombre corresponde a un médico veterinario, primer secretario general de las agrupaciones Universitarias de La Plata de la época, procedente de la agrupación de veterinaria y cuyos restos mortales (victima de las triple A en 1974) se localizan en la actualidad, en el cementerio de Olavarría. El secuestro y asesinato de Miguel ocurrió en la fecha 8 de Octubre, fecha significativa interpretada desde el terror, para golpear el Peronismo como para la reivindicación del Che Guevara. Por lo tanto es indudable que el conflicto de la extranjerización de las tierras rurales, desde sus orígenes, de ser” patria o colonia” no responde a una restringida visión de un nacionalismo sino a las contradicciones principales de la construcción de lo social en los movimientos nacionales y populares del continente de Suramérica. El caso del espacio de formación profesional agropecuario platense, caracterizado por el importante número de veterinarios, profesores, egresados y alumnos víctimas de la dictadura genocida de 1976 es destacado, porque lo Amato, Fernando.y Cristian Boyanovsky Bazan. 2008 Setentistas. De La Plata a la Casa Rosada. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.

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que se discute no es solo el agro o lo “veterinario”, por unas más o menos ideas tecno-económicas , sino el grado de diversidad simbólica del modelo de país. Cuando se dice “el campo también somos nosotros”, se dice como manera de visualizar y dar vos a otra consigna que remita a una mirada más amplia y multivocal de lo rural y de los excluidos. La nueva ruralidad, que hoy en la actualidad es más urbana o periurbana que “rural”, está otorgando una nueva identificación al país. Todo el mundo habla de soberanía alimentaria, del desplazamiento y cogestión de los pueblos originarios, del despoblamiento rural, de la agricultura familiar, de la sojizacion, del valor agregado en origen, de la cuestión sobre la extranjerización de tierras como tema nacional, de una producción del agro como posible con subsidios del Estado, de una planificación agraria que recupere el rol activo del estado, y de una ruralidad industrializada, etc. Cosa que en tiempos de políticas bonaerenses de las décadas neoliberales del 90, por ejemplo los discursos del ingeniero agrónomo Felipe Sola, entonces gobernador bonaerense, solo hablaba de seguridad alimentaria, del rol bonaerense agropecuario, de producir más y más para exportar, que el problema del campo y del dominio de la tierra es cuestión de cada provincia, de la identidad del sujeto agrario y que la tierra es un recurso natural renovable, que es posible “conservar”, y por lo tanto, es un tema económico tecnológico de la protección y conservación ambiental y que los temores del agro son problemas instituidos por algún sector de la cadena agroalimentaria como por ejemplo los proveedores de carne del conurbano y no de la incapacidad del Estado Nación en compensar y equilibrar las asimetrías entre los sectores del agro más desprotegidos y excluidos. Por lo tanto el concepto de tierra como “recurso no renovable” es fundamental en la consideración de la presente reflexión. Como es el caso de nuestro ejemplo, el sector particular de pequeños ganaderos de cría que caracteriza a ciertos municipios de Buenos Aires como Olavarría. Un simple análisis del resultado político electoral contemporáneo en los municipios del interior bonaerense, nos puede ayudar a interpretar estas nuevas voces y otras más ocultas, en un ámbito que aparentemente es totalmente desfavorable a los K, pero es un espacio donde se ve que importantes sectores más desprotegidos del campo siguen apostando a profundizar el modelo de redistribución que se argumenta. El grupo de municipios caracterizados en el país, por su producción en sus tierras en un porcentaje mayor del 80% para cría, y que las mismas son destinadas para vacas y terneros y para producir la mayor parte del primer – 97 –

eslabón de la cadena de la carne, llamados ganaderos (Tapalque, Laprida, Lamadrid, Olavarría, Las Flores. Pila, Ayacucho), son con seguridad los más perjudicados por el modelo hegemónico sojero agroexportador. En los mismos las listas K del 2009 obtuvieron el 28% de adhesión, resultado relevante frente al grupo de municipios que tienen dedicado el 50% o más, de sus tierras a la agricultura especialmente sojera, en los cuales los K obtuvieron escasamente el 18% de los votos (Azul, Bolivar, Pringles, Saladillo, Púan, etc.). En el 2011, Cristina obtuvo el 54% en este centro electoral regional bonaerense ganadero. Por lo tanto los análisis locales contribuyen a significados e interpretaciones más amplías de las transformaciones políticas de los procesos sociales de alta ruralidad.

La tierra, antropologia y el setentismo en Olavarría Desde los tiempos de la colonia, Manuel Belgrano denunciaba al cabildo por la venta de tierras cercana a la ciudad a dos familias de comerciantes... (cuya función de las mismas tenían)... la de producir alimentos sanos y abundantes para todos.10 La primera ley orgánica en Argentina sobre tierras, llamada también Ley Avellaneda de Inmigración y Colonización fue la 817 del año 1876. El presidente Avellaneda quería reemplazar al Estado por labradores y procuraba atraer la inmigración y la fundación de colonias. Bajo este impulso nacen Olavarría, Chacabuco, San Javier, Apósteles, Conesa, Frías, Choele Choel y Gral. Acha, entre otras. Un total de 13.016 habitantes (de los que 10.279 eran extranjeros) se distribuyeron en 295.485 has. Luego de la llamada “conquista del desierto”, no tan desierto por unos sino profundamente “ocupado” por otros, la modalidad de esta norma cayó presa de especuladores privados. Entre 1885 y 1889 se concedieron 15.569.717 de Has. a tan solo 234 propietarios acapararon latifundios sin poblarlos ni ponerlos a producir. Por esta nueva realidad Carlos Pellegrini en 1891 hizo cesar la enajenación de la tierra pública. Un resultado del fuerte simbolismo de la llamada “campaña o conquista del desierto” en el centro de la pampa húmeda, se visibiliza en el temor o miedo expuesto en la monumentalizacion pública en el cementerio de la de ciudad Azul durante décadas, de la cabeza de Catriel. Cipriano Catriel era el último jefe con alta relevancia entre los pueblos originarios de la región, que Bacci, Hugo 2007. “Educación agropecuaria y soberanía alimentaria. Anales de la educación común”, Año 3, Nº 8, Educación y Ambiente, DGEyC, Buenos Aires. 10

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luego su cabeza fue expuesta y pasó a integrar la colección como numero y como “patrimonio” de Parques Nacionales en el Museo de Bariloche. Los finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron tiempos agitados de apropiación de tierras fiscales. Así se fue delineando el catastro, y el latifundio se erigió como una traba estructural a la política agropecuaria. Los terratenientes explotaban la tierra a través de colonos arrendatarios y a quienes sometían en condiciones de extrema explotación. La situación de los chacareros llegó a un extremo tal que en 1912 estalló la gesta conocida como “El Grito de Alcorta”. Una multitudinaria asamblea de chacareros proclamó el 25 de junio la primera huelga agraria del país comenzando la lucha por las chacras que cultivaban con sus familias aspirando a vivir con dignidad con el fruto de su trabajo. Fue la primera expresión popular en reclamar la función social de la tierra. La huelga se extendió y el reclamo tuvo vigencia en todo el país. Nace la agremiación como “de los pequeños productores” denominada Federación Agraria Argentina. En 1940 luego de sucesivas huelgas agrarias y luchas campesinas, se sanciona la Ley 12.636 que crea el Consejo Agrario Nacional (CAN), un organismo que duró 40 años con la misión de colonizar, poblar el campo y subdividir la tierra. hasta que en 1980 el objetivo colonizador del Consejo Agrario Nacional había quedado relegado completamente y fue suprimido definitivamente por la última dictadura militar por ley 22.202 que transfirió sus tierras a las Provincias. En 1954 se encomendó al Banco de la Nación Argentina la labor colonizadora a través de la Ley 14.392. Costó 40 años generar 95.000 chacareros propietarios. Más adelante entre 1988 y 2002 bastarían sólo 14 años para eliminar a 103.000 productores agropecuarios, sin contar con los contratistas y otros tipos de productores que también desaparecieron. Cabe citar especialmente durante el gobierno de Perón la Ley 13.246 de 1948 conocida como Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales que limitó los privilegios de los terratenientes frente a sus arrendatarios y estableció líneas de créditos para el acceso a la propiedad de las parcelas trabajadas. Legitimando aquello de “la tierra para el que la trabaja”. Entre 1949 y 1955 el Banco Nación atendió 45.700 arrendatarios que solicitaron financiación para comprar la tierra que cultivaban. Esta coyuntura se daba dentro del modelo de sustitución de importaciones que imperaba entonces. Los períodos de gobierno de facto siempre significaron un paréntesis en los avance por la democratización del uso y tenencia de la tierra. El gobierno – 99 –

de Illia favoreció la división de algunos latifundios y el 9 de junio de 1966 el Congreso sanciona la Ley 16.883, conocida como “Ley de Contrato Impuesto” que profundizó el rol del Consejo Agrario Nacional (CAN) y aceleró la ejecución de un censo sobre tierras improductivas en todo el país. El relevamiento debía hacerse dentro del año siguiente y si un propietario no ponía la tierra a trabajar, el CAN podía entregarlas en arrendamiento entre los arrendatarios inscriptos, y si el propietario acordaba la venta el Estado financiaba la operación. Dos semanas después de su sanción sobrevino el golpe de Onganía quien por decreto 17.253 reencauzó el rumbo de la disputa por la propiedad de la tierra a favor de la oligarquía ganadera conservadora. Esa Ley de facto conocida como “Ley Raggio” dio por terminadas las prórrogas de los contratos de arrendamiento que venían desde 1942 y se produjeron desalojos en masa de los chacareros que fueron desarraigados de la tierra que venían trabajando desde décadas atrás. Hasta 1973 se mantuvo la tendencia regresiva en cuanto al uso de la tierra de la Ley Raggio. Madrazo en 1970, en trabajos originados en la fundación y el desarrollo del Instituto de investigaciones antropológicas de la municipalidad de Olavarría, relata y argumenta de una antropología que facilita un marco de discusión entre “el proyecto nacional y la política científica”,11 12 13 donde se sugiere revisar el “uso de la ciencia dirigido a la captación y acumulación de recursos ajenos, y (se plantea introducir de manera critica) originar una ciencia que sirva para superar las situaciones de dependencia ...(afirmando que) la política científica del mundo periférico es una empresa inseparable de proyectos nacionales más amplios y no puede sino estar al servicio de un desarrollo sin dependencia, tanto en lo económico y político como en lo cultural”. El planteo crítico de Madrazo desde su producción teórica desde Olavarría, introduce como antecedente una manera que supera miradas arqueológicas ‘ecofuncionalistas’ o redifusionistas que justifiquen la inferioridad de nuestros pueblos.14 11 Madrazo, Guillermo. 1971. Arqueología de Lobería y Salliqueló. ETNIA N 7, 66. IIAO. Olavarría. 12 Madrazo, Guillermo. 1979. Los cazadores a larga distancia de la Región Pampeana. Prehistoria Bonaerense: 13-67. Olavarría.

Madrazo, Guillermo. 1984. “Proyecto Nacional y política científica. Actualidad antropológica”, suplemento de Etnia 20. Instituto de investigaciones antropológicas. Olavarría.

13

Lorenzo, José Luis 1976. “Hacia una arqueología social. Reunión en Teotihuacán” (Octubre de 1975). Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 14

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Voces locales, miedos y educación El ordenamiento inicial de los registros escritos e históricos en el municipio de Olavarria comienza con el desarrollo del museo y sus colecciones de Damaso Arce a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sus salas o espacios son una clara disposición del arte, la ciencia, colecciones de fósiles y artefactos líticos desde una hegemónica percepción homogénea del paisaje, característica de la visión del coleccionismo de la época como naturalista y positivista. Luego en la década del 60 y 70, Arena, Valverde y Cortes realizan una recopilación de documentos escritos sistemáticamente presentados. El resultado es una publicación de la historia de Olavarría. En el mismo periodo se consolida el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO), como entidad municipal de estudios fundamentalmente relacionados a la antropología y a la orientación arqueología de los pobladores originarios de la región pampeana.15 El titulo “Justicia para Martin Fierro (o la reforma Agraria)” es la denominación de una argumentación teórica que encabeza un artículo de 1969. El autor era un joven estudiante de abogacía procedente de Olavarría. Unos de los fundadores de la juventud peronista de Olavarria La revista es una producción del centro de estudiantes de Abogacía de la Universidad Católica Argentina (UCA). El mismo decía que la cuestión de la tierra es que se “ha trasladado el problema desde el plano ideológico al plano pragmático... (como por ejemplo) la actuación de las sociedades anónimas, que impiden la división, muchas de ellas extranjeras (afirmaba que) ...en nuestro país léase King Ranch”. En 1974 la denominada Ley Giberti representó un buen intento de avanzar sobre tierras productivas en estado ocioso. Pero pronto entraría la sombra del golpe dejando atrás la idea de la función social de la tierra y se impone la idea de la ley del más fuerte. La tierra ya no era una forma de vida sino una posibilidad de negocios. El primer ataque explicito en el mismo año, a esta iniciativa, es encabezado por las corporaciones rurales, se realizo en la exposición rural precisamente en Olavarría que escandalosamente en presencia del Ministro de agricultura Giberti (Ministro de Perón) se lo incrimina públicamente desde un palco en un acto de la sociedad rural como entidad. Mazzanti, Diana 2005. La institucionalización de la arqueología desde Olavarría. Andes 16. Cepiha. Universidad Nacional de Salta.127: 143. 15

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Con el golpe de la dictadura de 1976 de la mano de Martínez de Hoz (emblemático exponente de la oligarquía ganadera terrateniente) y la adopción del neoliberalismo como dogma político, económico y social, se recupera el principio absoluto de la propiedad privada, con un modelo tecnológico y productivo que aumenta la brecha de desigualdad en el sector, donde la tendencia es la concentración y el despoblamiento rural, no la subdivisión progresiva, con ausencia absoluta del Estado. El autor del artículo mencionado, del 70 en la UCA, Mario Gubitosi, es secuestrado detenido y en su propio exilio en España, luego de ser desaparecido y torturado por la dictadura militar en Argentina, recibe una carta en 1979 de Monseñor Manuel Marengo (obispo de la diócesis de Azul) donde le comunica “continuar... alimentando el camino... de Puebla será este: lanzarnos a la misión de dar a conocer a nuestros hermanos...”. El respaldo y estimulo a su militancia en el compromiso social desde los movimientos cristianos, del líder religioso, se explica y coincide con el importante número de sacerdotes de la diócesis de Azul, que tenían posiciones relevantes en el Movimiento de sacerdotes del tercer mundo en Argentina y Latinoamérica. Es importante aclarar que la historia de la diócesis de Azul estuvo muy ligada desde sus inicios en 1937, a sus características originarias de alta ruralidad. Por lo tanto conocedora y poseedora de las contradicciones de los diversos discursos de ocupación del paisaje que hemos mencionado. Desde entonces, en los últimos 30 años se han ido armando un conjunto de variables y rumbos de alta complejidad y ocultamiento, donde la homogénea lógica neoliberal restringe “lo rural” en el campo de los aspectos tecno económicos, dejando a un lado los significados de la tenencia de la tierra y el drama o temores del despoblamiento rural. Entre ellos se impone la lógica de los fondos de inversión o de simple especulación. Actualmente la legislación permite que esos fondos entren y salgan del agro a su antojo, alquilen tierras por una cosecha (contrato accidental). Compran insumos en las casas centrales y venden fuera del distrito o provincia, lo que disminuye el mercado interno, las fuentes de trabajo y el consumo en las localidades del interior generan miedos por el despoblamiento mientras “los precios mundiales de los alimentos entre el 2005 y el 2007 aumentaron 83%”... Si el Estado no acopia, los privados tampoco lo harán porque estoquear supone costos financieros... Sin Estado y sin reservas que le permitan intervenir, los mercados quedaron en manos de los principales actores de la globalización: las corporaciones transnacionales. Aquí empieza a despuntar el motivo más pesado del aumento global de los productos alimenticios... (con) fuertes asi– 102 –

metrías de información ...16 ...Hoy esta crisis la presidenta Cristina la define como la acción responsable del anarco capitalismo. La continuación de la presencia de las Ciencias Sociales en el IIAO, a partir de 1984 en Olavarría comienza con la Comisión Municipal de estudios históricos y se da inicio al archivo municipal Alberto y Fernando Valverde gestionado por Cortes Julio, Paladino Carlos y Ormazabal Pablo. Las acciones de la entidad se restringen a la organización de eventos de Historia local y a la señalización de sitios históricos urbanos y rurales, eventos realizados principalmente durante la Democracia en 1986. En el año 1991, Paladino y Ormazabal presentan en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría el inicio de los trámites para la restitución de los restos de Cipriano Catriel (todavía patrimonio de parques Nacionales) y para que se retiren de su exhibición en el Museo de Bariloche. Se recuerda que la cabeza de Catriel, como líder del pueblo originario local, fue expuesta como signo del terror17 en una bóveda al público en la ciudad de Azul y luego paso a exhibirse en las salas del museo de la ciudad turística de Bariloche. Se puede interpretar esta materialización de lo “patrimonial” como la manera simbólica del temor y de los miedos y como un icono del terror impuesto en nuestras pampas. En el año 1995 en Olavarría con los primeros egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de antropología con orientación arqueología se integra una nueva Comisión Municipal de estudios históricos y de arqueología histórica.18 La misma realiza numerosas publicaciones, eventos y en el marco del proyecto Nacional Bicentenario concreta la articulación de políticas públicas y políticas científicas con la realización del “sendero de interpretación de arqueología histórica” en el parque municipal Bicentenario Senador Hector Lara de Olavarria. Los resultados iniciales del proyecto PICTO Educación 2005 (Olavarría y Alvear) de investigación conjunta con docentes del Instituto Superior de formación docente e investigadores del departamento de arqueología de la facultad de ciencias sociales indican ciertos obstáculos y facilitadores en el desarrollo pedagógico de los contenidos de arqueología en la formación do16 Balestri, Allasia y Coller, 2005. Las Cooperativas agropecuarias pampeanas en la década de 1990. Un estudio de casos, Intercoop, Buenos Aires, primera edición.

Fanon, Frantz 1977. Los condenados de la tierra. Fondo de la cultura económica. Ed. Americanas, México D.F.

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Funari, Paulo, 2003. Arqueología. Editorial Contexto, San Pablo. – 103 –

cente inicial para la resolución del problema de las ausencias de arqueología en la Educación formal y no formal. La integración conceptual en Olavarría de historia local, arqueología en momentos históricos y de la educación se inicia con la concreción del “sendero” en un espacio recreativo y publico. El sitio introduce a políticas públicas, la selección de contenidos pedagógicos de la arqueología y de la protección del “patrimonio” en un espacio fundacional de la ciudad “para contribuir a la construcción de políticas inspiradas en un pensamiento nacional y popular “...como una herramienta para la transformación de la realidad social a favor de los grupos reprimidos y subordinados”.19 De esta manera se comenzarían a disipar las sombras del colonialismo. La potencialidad arqueológica del lugar,20 denominado “área fundacional de Olavarría”, y la oportunidad resultante en la construcción de Memoria de diversas acciones en el Municipio, surgen en los antecedentes de la Comisión Municipal de estudios históricos y arqueología histórica y en la Facultad de Ciencias Sociales, que sugieren una reflexión sobre el análisis de los estudios de los restos culturales del pasado en los paisajes del poblamiento de Olavarría desde el “fondo del arroyo Tapalque” hasta las originarias construcciones arquitectónicas. El significado de mayor relevancia de este plan, es la puesta en orden de los estudios arqueológicos e históricos en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental y la recuperación y protección del patrimonio natural y cultural del área de estudio. La producción de información arqueológica se visualiza como un aporte para futuros trabajos de difusión y promoción de sitios correspondientes al área de Olavarría

Reflexiones finales Una serie de cuestiones contemporáneas son producidas por el pueblo de Olavarria para visualizar los miedos21 ocultos y su ansiedad en la irracional perdida de tierras de los originarios y el permanente despoblamiento agropecuario. La percepción de la resistencia de los pueblos originarios de 19 Alonso Villa, Fredy. 2000. “Arqueología de rescate y desarrollo sostenible en Colombia: critica a un vínculo instrumental” en Arqueología al Desnudo. Editores Gnecco C. y Piazzini E. Editorial Universidad del Cauca Serie de Estudios Sociales. Colombia. 20 Azkarate, Agustin. 2007. “La arqueología de la arquitectura como arquitectura de la arqueología”, J. A. Quiros, El fin de la Arqueología en los inicios del siglo XXI, Ed. Siglo XXI, Madrid (e.p.).

Salazar Pérez, Robinson. 2012. Violencia y Miedos: una mirada desde lo social. Compilado por Luis Ernesto Ocampo. Elaleph. Buenos Aires 21

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Olavarría se visibiliza en hitos monumentales de la historia local de la ciudad y en ceremonias oficiales con participación popular frente a los festejos de la memoria, identidad y de historias de inmigrantes euro criollos. En 1932 ocurre la señalización del “camino de los chilenos” sobre la conexión Olavarria Ruta 60 camino a Blanca Chica. Antigua y originaria rastrillada de los “indios a Salinas” que articula los procesos fundacionales del actual asentamiento de Olavarría y resuelve los temores de la espera a “malones”, “captura de cautivas” o “supuestas invasiones de bárbaros”. Es posible ver y destacar el ejemplo en las señalizaciones de recuerdos históricos, de campos de batalla, donde las mismas significan triunfos de fuerzas de aborígenes contra fuerzas del ejército Nacional, un ejemplo es Sierra Chica y San Jacinto. Durante la década de 1960 a 1970 se logra la identificación monumental en los campos de batalla de Sierra Chica (1855) y de San Jacinto o “combate de la tapera de barragán” (1855) La colocación, ceremonial y festejos (1936) con relación a una placa homenaje a los fundadores de Olavarría, donde dice... por su lucha contra el indio... en el salón central de ceremonia del municipio, genera luego en el mismo lugar, años más tarde, la colocación de otra placa al lado y en el mismo lugar: donde dice... .reconocimiento al pueblo mapuche... que siguen resistiendo (2010). La creación del instituto de investigación antropológica en la órbita municipal con publicaciones científicas denominadas Etnia, monografías y actualidad antropológica, facilito en épocas de la democracia específicamente, durante 1987, la señalización simbólica con las piedras originales de la destruida casa de los Catriel en Sierras Bayas, un monumento a la memoria y a las resistencia de los pueblos originario La cuestión de la ley de tierras, el marco poblacional y territorial de Olavarría en un paisaje arqueológico e histórico fuertemente y de manera destacada en todo el territorio bonaerense, como “fortificado”, y los antecedentes de las instituciones de las Ciencias Sociales locales han facilitado una reflexión interdisciplinaria para desocultar las múltiples voces que por miedo, temor y ansiedad nunca se visibilizaron ni escucharon El marco territorial se sitúa en la tensión entre dos percepciones caracterizadas desde la ocupación eurocriolla del paisaje de pampa y desde la desaparición y despoblamiento de los pueblos originarios, donde se visibiliza el territorio como pampa “desierto desocupado” y se invisiviliza la “pampa florida” con alta y diversa producción agropecuaria. – 105 –

Pobladores fundacionales hegemonizaban el discurso homogeneizante como pampa de la “conquista del desierto”, y otros se identificaban de manera resistente22 como pampa diversa y por lo tanto “florida”. El conflicto entre diversas ideas originadas en distintas percepciones del ambiente o paisaje de la pampa bonaerense se plantea como constante en el desarrollo del modelo hegemónico agroexportador que caracteriza a la argentina desde la consolidación del Estado Nacional. Proceso que el neoliberalismo impone con la mirada homogénea hacia el paisaje de pampa excluyendo los aspectos simbólicos sociales.

Salazar Pérez, Robinson. 2012. Violencia y Miedos: una mirada desde lo social. Compilado por Luis Ernesto Ocampo. Elaleph. Buenos Aires.

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GOBERNAR CON EL MIEDO LA GUERRA CONTRA EL NARCO EN MÉXICO (2006-2012) Martín Gabriel Barrón Cruz Presentación El texto aborda la forma de gobernar de Felipe Calderón (2000-2006) que ha llevado al país a una crisis de gobernabilidad nunca antes vista. La razón fue el empecinamiento del ejecutivo federal de guiar su política sexenal bajo la égida de la «lucha» al narcotráfico, para conseguirlo se sirvió de la generación del miedo en la sociedad mediante una política de enfrentamiento vertical a ciertos grupos de la delincuencia organizada. Para ello el presidente Calderón buscó asesoría, por ejemplo en el ex guerrillero Joaquín Villalobos –ahora converso a consultor internacional– quien publicó en enero de 2010 “Doce mitos de la guerra contra el narco” y luego en enero de 2012 presentó los “Nuevos Mitos de la guerra contra el narco”.1 En el lapso intermedio incluso, el hoy secretario de Gobernación, Alejandro Poiré se sumó al estudio del arte mitológico –en lugar de buscar soluciones políticas de largo plazo– al presentar “10 mitos de la lucha por la seguridad”, burda copia de los elementos desarrollados por Villalobos.2 Quizá la lógica de enfrentar el problema del narco por parte de la actual administración, fue considerarlo como si se tratase de una nueva forma de guerrilla.

Villalobos fundó y dirigió el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y en 1980 dicha organización se alió a otras organizaciones revolucionarias para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional durante la guerra civil del Salvador. Ambos artículos fueron publicados en la Revista Nexos. 1

2

Los mismos se pueden consultar en la página web de la Presidencia de la República. – 107 –

Con «los argumentos de Villalobos (...se buscaba) ocultar lo evidente: Felipe Calderón ha hecho de la guerra contra el narcotráfico el eje de su gobierno. El combate al crimen organizado ha proporcionado a su mandato una vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le ha dado las herramientas para administrar el país con medidas de excepción. La politización de la seguridad pública le ha facilitado recomponer la cadena de mando-obediencia».3 Pero más allá del debate sobre la mitología. El resultado palpable, visible, obvio e inocultable, a pocos meses de que termine la gestión de Calderón, es un clima de violencia profundo en algunas regiones del país; el ejemplo más reciente, al momento de elaborar estas notas, es que tan sólo un día fueron encontrados 49 cuerpos mutilados en las cercanías de Cadereyta, Nuevo León y días antes 18 en la ribera del Lago de Chapala en Jalisco. Esto es tan sólo una de las tantas muestras ostensibles y evidentes de que jamás hubo «estrategia» en la «lucha» contra el narcotráfico.

Los orígenes En julio del 2006 se realizaron las elecciones generales del país para elegir al Presidente de la República y renovar las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. De conformidad con el Instituto Federal Electoral (IFE) un total de 41.8 millones de mexicanos acudieron a las urnas, lo cual a decir del organismo responsable de las elecciones fue «un ejercicio democrático en el que se garantizó el derecho al voto libre y secreto de los ciudadanos, ampliándolo, por primera ocasión, a los mexicanos residentes en el extranjero».4 Después de los problemas post electorales las cifras totales de votos, mismas que incluyen los votos que fueron anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por partidos y alianzas fue el siguiente:

Luis Hernández. “Joaquín Villalobos, el intelectual del calderonismo” en La Jornada, martes 26 de enero de 2010.

3

Los datos se pueden consultar en la página web: ife.org.mx/portal/site/ifev2/ Detalle_Procesos_Electorales 4

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Partido o Alianza

Votos

Acción Nacional

14.916.927

Por el Bien de todos

14.683.096

Alianza por México

9.237.000

Alternativa Socialdemócrata y Campesina

1.124.280

Nueva Alianza

397.550

Total

40.358.853

A todos estos datos se les tiene que sumar el total aquellos que fueron vertidos a candidatos no registrados y los considerados como nulos. Para que la cifra final de votantes cierre en 41 millones 791 mil 914 votantes.5 La votación total representa al 57.9% respecto a los 72 millones 090 mil 434 registrados en el padrón nacional.6 Pero, si vemos el total de votos por candidatos o coalición el porcentaje respecto del padrón total es de apenas el 20.6% para quien resulto electo presidente. La diferencia entre el candidato electo y el segundo lugar fue de alrededor de 234 mil votos. Si se analiza lo que estos votos equivalen de manera porcentual nos encontramos con que el candidato vencedor obtuvo el 35.69% de los votos y el segundo lugar el 35.13%, es decir que la diferencia porcentual, entre primero y segundo lugar, es de apenas un 0.5%. Esto en un país verdaderamente democrático hubiera ameritado una segunda ronda en la elección. Pero en México ello es imposible. Es obvio que la avalancha de críticas y descalificaciones no se hicieron esperar, incluso se habló del «fraude electoral». Pero, más allá de las mismas y de la improcedencia decretada jurídicamente, el presidente electo fue Felipe Calderón Hinojosa. El nuevo presidente entonces tuvo que idear una estrategia para lograr su legitimación ante la sociedad mexicana. La solución fue elegir como principal tema de la agenda política: la seguridad pública. Tal y como lo manifestó al decir, en su discurso de diciembre del 2006 lo siguiente: Toda la información se contiene en los documentos que emitió el IFE que llevan por título: Elecciones Federales 2006, y se puede consultare en página web: ife.org.mx/documentos/ proceso_2005-2006/cuadernos. Véase en particular el capítulo correspondiente a Encuestas y Resultados, pp. 71-75. 5

6

Discurso de Felipe Calderón del 1 de diciembre de 2006. – 109 –

«hoy la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al Gobierno; la inseguridad pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema de estados, ciudades y regiones enteras. Una de las tres prioridades que voy a encabezar en mi Gobierno es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad; las instituciones responsables de la seguridad pública requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia. Los resultados que estas instituciones le deberán entregar a los mexicanos son vitales para recuperar la fortaleza del Estado y la convivencia social, seguridad de que nuestra vida, la de nuestras familias y nuestro patrimonio estarán protegidos. Espacios públicos para nuestros hijos y no territorio para los delincuentes, no impunidad, no abuso de los poderosos, justicia para todos (...) sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia. Pongamos fin a la impunidad, a la impunidad de los delincuentes que amenazan nuestras vidas y familias».7 Es así que a partir de la toma de posesión del presidente Calderón se reforzó la guerra (se puede poner otro calificativo pero a final de cuentas el objetivo es el mismo) contra el narcotráfico, como la principal y única estrategia de gobierno. Dio inicio a un sexenio plagado de discursos esquizofrénicos y por tanto fantasiosos, alucinantes y aberrantes. Además, quien se osara criticar la estrategia del gobierno federal debería ser considerado un traidor a la patria; por ello Calderón se esforzó en conminar a que se hablara bien de México. Incluso el grado de paranoia presidencial llegó al extremo de contratar al máximo «especialista» en imagen de los países: Simon Anholt. A fin de que diseñara una estrategia y mejorar la imagen del país en el exterior; pero, al parecer ninguna de las recomendaciones que sugirió el «gurú» de la imagen internacional se ha llevado a la práctica. ¿Entonces de que valió la asesoría y cuál fue el costo de la misma? Por otra parte, para validar la «lucha» había que brindar un sustento, el mismo se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) al señalar: «el narcotráfico es una de las manifestaciones más lesivas de la delincuencia organizada, no sólo por los altos niveles de violencia que implica, Sobre los datos del padrón electoral del 2006 el IFE emitió el Informe Ejecutivo del Comité Técnico del Padrón Electoral, 2005-2006, México, Instituto Federal Electoral. 7

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sino también por la amenaza que representa a la salud física, emocional y moral de un importante número de mexicanos (...) el número de adictos a alguna droga o al alcohol en el país se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Nadie duda del gran daño y deterioro social que genera no sólo el tráfico, sino también el consumo de drogas en México. Junto a los altos niveles de violencia y fragmentación social que genera, el narcotráfico es una industria de alto valor económico (...) ello simplemente convierte a la producción y distribución de narcóticos en un negocio muy rentable para quienes están involucrados. Ante ello, el Estado mexicano no puede ni debe renunciar a combatir este problema con todos los recursos a su alcance (...) el narcotráfico busca diversificar los canales de distribución y ampliar el número potencial de adictos, además de invadir espacios públicos como escuelas, parques y lugares de recreo. La desarticulación de bandas dedicadas al narcotráfico muestra un incremento importante en años recientes».8 Dicha visión se asemeja a la del presidente de USA, George Bush (20012009) respecto del terrorismo, enfocada en Al-Qaeda y su líder Osama Bin Laden. Ambas estrategias mesiánicas y fundamentalistas se cimentan en la generación del miedo en la población civil. Los resultados están a la vista hoy van más de 60 mil muertos en el sexenio de Calderón en su «lucha» contra los cárteles de la droga. La visión, estrategia y objetivos que se plantea en el PND contra el narcotráfico es que: «no se debe permitir que ningún estado de la República sea rehén del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia. Una de las manifestaciones más violentas de la delincuencia organizada la representan los cárteles del narcotráfico, los cuales a través de una estrategia de posicionamiento dejaron de ser transportadores de droga hacia los Estados Unidos para convertirse en líderes de estas operaciones. Estos grupos han dejado de considerar a México como un país de tránsito, buscando transformarlo en un país consumidor. El narcotráfico genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad de las personas y pone en riesgo la salud física y mental del activo más valioso que tiene México: los niños y los jóvenes. Como manifestación de la delincuencia organizada, el narcotráfico desafía al Estado y se convierte en una fuerte amenaza para la seguridad nacional. Los recursos producto del narcotráfico dan a las bandas criminales un poder 8

Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012), México, Presidencia de la República, 2007, pp. 46-47. – 111 –

enorme para la adquisición de distintas formas de transporte, armas de alto poder y sistemas avanzados de comunicación, así como equipamiento que con gran frecuencia supera al de los cuerpos policíacos encargados de combatirlos y de prevenir los delitos asociados a dicha actividad. Por eso es necesaria la colaboración de las Fuerzas Armadas en esta lucha».9 Así, las fuerzas armadas (FAS) se convirtieron en el actor principal de la «lucha» contra el narcotráfico desplazando a las fuerzas policiales. Incluso se indica en el objetivo 8.1 del PND que se destinarían recursos necesarios para modernizar las FAS. Bajo esta lógica es que las FAS lograron arrancar de tajo a las fuerzas policiales (federales, estatales y municipales) la «lucha» contra el narcotráfico. De tal manera, el número de efectivos militares se incrementó a 196,767 en 2007, pero a la par aumentó el número de desertores de las filas del ejército, por ejemplo en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) el número de desertores fue de 123,218 en esta cifra se incluyen oficiales, capitanes y jefes.10 Con lo cual se logró la militarización de las corporaciones de policía a lo ancho y largo del país.11 A la vez aumentaron las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Así, como la incorporación a las organizaciones delictivas. Para poder lograr el objetivo descrito en el PND era necesaria la ayuda externa, ésta provino mediante la «bondadosa» aportación de la Iniciativa Mérida, la cual es considerada como «un elemento muy importante para reforzar el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y policíacos y los servicios de inteligencia de México, pero es claro que el principal esfuerzo es el que haga el gobierno federal de México, así como los gobiernos estatales y municipales, para desarrollar el combate a las organizaciones criminales y poder reducir las elevadas tasas de violencia».12 9

Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012), Op. cit., pp. 58-59.

Información que proporciona Marcos Pablo Moloeznik a partir de la respuesta a la solicitud enviada el 19 de febrero de 2007 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), registrada en folio 0000700030907 y recibida el 4 de marzo de 2007. y los datos se asientan en su artículo denominado: “Las fuerzas armadas en México: entre la atipicidad y el mito” en Nueva Sociedad, Núm. 213, enero-febrero 2008, p. 167. 10

Marcos P. Moloeznik. “Presente y Futuro del papel de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Aproximación al debate sobre el rol del instrumento militar en la democracia” en Security and Defense Studies Review, Vol. 1, 2001, pp. 93-124. 11

Raúl Benítez. “El crimen organizado en México: amenaza a la democracia y la seguridad” en Mundo Nuevo, Venezuela, Núm. 5, año III, 2011, pp. 31-45. 12

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«Estrategia» vs el narco Desde el inicio de la gestión de Calderón se instrumentó una «estrategia» en la «lucha» contra los narcotraficantes; la cual consistió en «desmantelar» la protección que las organizaciones delictivas recibían de las policías (estatales y municipales) quienes se convirtieron en los «chivos expiatorios». La lógica de la lucha entonces fue que las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF) se encargarían de depurar las corporaciones policiales: unos desde lo operativo y otros buscando comprobar sus nexos con la delincuencia y en consecuencia llevarlos a prisión. El argumento que se sustentaba es que la policía era mala e ineficiente, corrupta hasta los cimientos, por tanto había que depurarla desde su raíz.

Además, desde el plano operativo se iniciaron las llamadas «Operaciones Conjuntas» llevadas a cabo, por citar algunas, en Michoacán (2006), Baja California –enfocada en Tijuana (2007), Sinaloa –centrada en la ciudad de Culiacán (2007)– y Chihuahua (2008) –especialmente en Ciudad Juárez, después se estableció el programa «Todos Somos Juárez»–, donde se desplegaron las fuerzas armadas y policiales para contrarrestar la presencia del narcotráfico. Pero, dentro de los objetivos no planeados de la «estrategia» fue la diseminación de las organizaciones hacia otros puntos del país y, en consecuencia, el ejercicio e incremento de la violencia se expandió a lo largo del país. Así, en el último año y medio (2011-2012) del sexenio se han instrumentados operativos en Acapulco, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, en cada uno de ellos se utiliza el adjetivo «Seguro»; sin embargo la violencia en algunas ciudades o regiones parece no disminuir. Lo anterior demuestra nuevamente la improvisación de las autoridades, la razón es que al igual que ocurrió en el – 113 –

sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se implementaron operativos (México Seguro) sin tener en cuenta las consecuencias de los mismos. También, es importante señalar que para dar un toque de pureza se implementó la llamada «Operación Limpieza» la cual se instrumento a fin de investigar cómo las organizaciones de narcotraficantes habían logrado infiltrarse en la PGR. Esto provocó que varios agentes del Ministerio Público fueran desteñidos, consignados y se encuentren en proceso judicial por sus vínculos con diversas organizaciones delictivas. La lógica del gobierno es que la droga (producción, tráfico y consumo) son perniciosas (demoníacas) para la sociedad y el gobierno es el redentor del mal. Esta visión mesiánica, plasmada de enorme teatralidad, simulación y montaje escénico es la que encabezó Calderón a lo largo del sexenio.

Éxito de la lucha Los resultados de la «lucha» contra el narcotráfico, de conformidad con los datos del 5° Informe de Labores de la PGR, del 1 de diciembre de 2006 a junio de 2011 se habían detenido a «145 mil 416 presuntos delincuentes, de los cuales 96 mil 821 estaban vinculados al narcotráfico, mil 603 al secuestro y 46 mil 992 a delitos conexos».13 Pero, conforme a la información que proporciona la SSPF entre julio y septiembre del 2011 se detuvieron a otras 7,752 personas más, es decir el total del «Esfuerzo Coordinado Nacional» era de 153,168 personas detenidas. Esto quiere decir que el número total de detenidos incluye el de todas las instancias abocadas a las labores del combate al narcotráfico, a saber: la propia PGR, las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, entre otras.14 Pero, conforme al V Informe de Gobierno se indica que el número de detenidos ascendía a 165,340. Es decir las diferencias entre los datos de las propias dependencias del Gobierno Federal difieren de manera ostensible.15 ¡Vaya esfuerzo! Los datos que aporta la PGR nos indican que en promedio se detuvieron, en el período que señala en su Informe, alrededor de 58 delincuentes diarios, a los cuales se logró establecer que tenían vínculos con el narcotráfico. Pero, falta calcular cuántos elementos militares y policiales realizan actividades contra el narcotráfico para saber en realidad la propor13

Quinto Informe de Labores, México, Procuraduría General de la República, 2011, p. 14.

Panorama de la Seguridad Pública, Glosa del V Informe de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, octubre 2011. 14

15

V Informe de Gobierno, México, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2011. – 114 –

ción y cuál es la efectividad de la «lucha», ya que se calcula que aproximadamente hay unos 45 mil efectivos del ejército destinados a la misma, a ellos hay que sumar los elementos de la Armada de México, así como de todas las corporaciones policiales –cabe señalar que el número total de policías (federal, ministerial, estatal y municipal) ascendía, para agosto del 2011, a 430,601 efectivos–. Por lo cual si calculamos, de manera conservadora, que fuesen 100 mil efectivos dedicados a la «feroz lucha» entonces la proporción de detenidos vinculados al narcotráfico es de tan sólo 0.9%. Pero, quizá la mejor manera de explicarlo es con la cifras de la SSPF la cual indica que del 1 de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2011 había detenido a 75,276 personas, de las cuales 2,554 estaban «vinculadas con organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico»;16 entonces, la «gran labor policial contra el narcotráfico» se reduce alrededor de 1.4 personas detenidas diarias en el lapso señalado. Por otra parte, las personas con nexos al narcotráfico representan el 0.07 respecto los 34,438 de efectivos policiales (agosto 2011) de la SSPF. Derivado de la información se pueden generar diversas preguntas, algunas de ellas pueden ser ¿Dónde está el triunfo de la lucha contra el narcotráfico? La razón de esta pregunta es que la propia SSPF desglosa de manera puntual el número de personas detenidas por organización delictiva, tal como se muestra a continuación: Cártel

Detenidos

Golfo/Zetas

890

La Familia

784

Pacífico

485

Juárez

271

Arellano Félix

66

Norte del Valle de Colombia

38

La Resistencia

18

Nueva Generación

2

16 Panorama de la Seguridad Pública, op., cit. La SSPF señala que dentro de los detenidos contemplados en el Cártel del Pacífico se considera a los hermanos Beltrán Leyva y a Edgar Valdez Villareal. Por lo que corresponde al grupo de La Resistencia los detenidos pertenecen a miembros de los cárteles del Golfo, La Familia y Milenio.

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Otra es ¿Cuántos recursos se han destinado a la seguridad pública para logros tan exiguos en la lucha contra las organizaciones de narcotraficantes? Si se analiza el presupuesto destinado en las dos últimas administraciones a seguridad encontramos un incremento brutal ya que en 2000 se destinaron poco más de 20 mil millones de pesos, lo cual es nada con los recursos destinados en 2010, mismos que ascendieron a 197 mil millones de pesos. En esta cifra se incluye a las diversas Secretarías de Estado (Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad), así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), además de los fondos y subsidios entre ellos el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), el Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y los Fondos metropolitanos. También, vale preguntarse ¿Cuántas de las personas detenidas por sus vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico fueron sentenciadas? La pregunta emana al reflexionar sobre el número de detenidos que señala la PGR e indica que en total eran 96,821 personas vinculadas al narcotráfico y contrastar dicha cifra con el número de presos que ascendía a 47,816 internos del fuero federal (diciembre de 2011), de los cuales 25,476 estaban procesados y 22,340 sentenciados. Es decir hay varios problemas importantes y graves, por ello es importante puntualizarlos de la siguiente manera: Conforme a los datos de la SSPF del 1 de diciembre de 2006 a septiembre de 2011, se detuvieron a 153,168 personas ¿Cuántas de ellas fueron procesadas y sentenciadas en el sexenio de Calderón? 1.

La cifra de detenidos tan sólo en el sexenio de Calderón, bajo la pomposa denominación, de “Esfuerzo Coordinado Nacional” para nada se corresponde con el número total de personas recluidas. La diferencia es de 105,352 personas que no sabemos cuál fue su situación jurídica o bien si no se encontraron elementos para emitir una sentencia condenatoria. Por tanto, los procesos de investigación de las instancias responsables dejan mucho que desear, pues demuestra enorme incapacidad para poder presentar un caso ante los órganos de justicia del país.

2.

Es necesario saber cuál es el delito que se les imputa a los 25,476 individuos que se encuentran en proceso judicial, ya que no todos están por vínculos con el narcotráfico. Dicha cifra tan sólo representa el 26.3% del total del “Esfuerzo Coordinado Nacional”, es decir en proporción de los 96,821. Esto si asumimos que todos los procesa– 116 –

dos lo estuvieran por delitos vinculados al narcotráfico. Lo anterior constituye una prueba más de la ineficacia de la «lucha» contra el narcotráfico de la administración de Felipe Calderón. 3.

Lo que es patente en la «lucha» contra el narcotráfico es el incremento en el número de reos, a pesar de la disminución en los centros penitenciarios,17 los datos al respecto son: Año

Cárceles

Capacidad

Presos

2006

454

164,929

210,140

2007

445

165,970

212,841

2008

438

171,437

219,754

2009

432

171,011

229,915

2010

429

172,322

225,466

2011

418

187,752

230,943

4.

Los datos en sí nos vuelven a demostrar una enorme paradoja que quizá ni el propio Pitágoras podría resolver en la alquimia de la estadística mexicana. A lo largo del sexenio desaparecieron 36 cárceles, hay varias preguntas ¿Qué pasó con todos los internos? ¿Dónde fueron a parar o les fue otorgada la libertad? ¿Cuál es el número de internos de esas prisiones?

5.

Hoy como se muestra existen 418 cárceles cuya capacidad es de 187,752 espacios, lo cual quiere decir que a lo largo del sexenio se crearon –por arte de magia– 22,823 lugares más de los que había al inicio del sexenio. Toda una verdadera proeza de los arquitectos mexicanos.

6.

Las 418 prisiones albergaban a 230,943 internos –diciembre –, lo cual quiere decir que a esa fecha había una sobrepoblación y hacinamiento carcelario de 43,191 presos. Dicha cifra representa el 23% con respecto al total de espacios edificados.

Estadísticas Históricas de México 2009, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2010. Los datos correspondientes del 2009 al 2011 provienen de Estadísticas del Sistema Penitenciario, México, Secretaría de Seguridad Pública, 2011. 17

– 117 –

7.

Por lo que respecta al número de sentenciados (22,340) del orden federal, sólo representaban el 9.6% del total de internos de todo el país. A su vez los procesados (25,476) equivalían al 11%. Entonces dichas cifras son significativas. La respuesta es NO. Vale de nuevo preguntar ¿Dónde están los logros de la inefable «lucha» contra el narcotráfico?

8.

Se calcula que en todo el sexenio de Calderón hay más de 60 mil muertos producto de la «lucha» contra el narcotráfico, esto quiere decir que el número de homicidios representa el 62% respecto del total de detenciones (96,821) realizadas en el “Esfuerzo Coordinado Nacional”.

9.

Pero, el total de procesados (25,476) representan el 42.2% respecto del número aproximado de homicidios que se calcula a lo largo del sexenio.

10. Si se suma el número de personas detenidas más los homicidios que se estima han ocurrido producto de la «lucha», tenemos una cifra de 156,821 personas que según la autoridad tenían algún nexo con la delincuencia organizada en su vertiente de narcotráfico, amén de que falta sumarle los delitos conexos. ¡Vaya gran política de miedo, violencia y extermino!

El miedo De acuerdo con Esposito el miedo es «lo que nos vincula y enfrenta con algo que ya está dentro de nosotros, pero tememos pueda extenderse hasta conquistarnos por entero. Este algo que sentimos nuestro –y de lo que, por ello mismo, tenemos el mayor de los temores– es precisamente el miedo. Tenemos miedo de nuestro miedo de la posibilidad de que el miedo sea nuestro, de que seamos justamente nosotros quienes tenemos miedo (...) porque el miedo que nos atraviesa –e incluso nos constituye– es precisa y esencialmente miedo a la muerte. Miedo de no ser más lo que somos: vivos».18 La idea plasmada por Esposito indudablemente me remite a la afirmación de Sartre que dice «todos los hombres tienen miedo. Todos. El que no tiene miedo no es normal».19 Por lo cual ¿Tener miedo es natural o es 18 Roberto Esposito. Communitas. Origen y destino de la comunidad, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2007, p. 54. 19

Jean Sartre. Le sursis, Paris, Gallimard, 1945, p. 56. – 118 –

una construcción social? Porque a todos y cada uno de nosotros, nuestros padres, hermanos o familiares, en alguna parte de nuestra historia de vida, nos dijeron que la oscuridad era mala, que en ella habitaba el demonio o los malos espíritus y que no había que estar en ella por mucho tiempo –quien hay aún hoy en día que duerme con la luz encendida pues no se acostumbra a la penumbra–; es decir nos generaron miedo. Aunque al paso del tiempo, cuando descubrimos que en esa oscuridad había placer –incluso el sexual–; es decir, no fue sino hasta que nuestra propia experiencia nos enseñó que no era tan malo como nos habían dicho. Pero, mientras tanto el miedo formaba «parte de nuestra naturaleza» y era «una muralla esencial, una garantía contra los peligros»; pero, a la vez, «puede convertirse en causa de la involución de los individuos», o bien provocará traumas. Y si el miedo es colectivo llevará a la sociedad «a comportamientos aberrantes y suicidas» porqué se alteró el sentido de la realidad.20 Pero, la sociedad está constituida y fundamentada en miedos. Por ejemplo, se tiene miedo (teológico) a un dios omnipresente y omnipotente –llámese Jehová, Alá, o cualquiera de sus múltiples derivados– que castiga a quien no sigue sus designios; pero, que a la vez nos ofrece seguridad y benevolencia si nos acogemos a sus principios y deseos. Además, le tenemos miedo a los genios, a los locos, a las fuerzas de la naturaleza, a los muertos, a los espíritus, al que mata, al que viola, a las brujas, a la policía, al narco, a morir, a la santa muerte; es decir, son «tantas las manifestaciones de miedos que cruzan y desgarran nuestro mundo» que la lista es muy larga y extensa.21 Sería más fácil preguntar ¿A que no le tenemos miedo? Sea de manera individual o colectiva. Es decir hay un miedo personal y otro multitudinario. El primero emana de un contexto particular y determinado que recoge la experiencia y la respuesta de cada uno de nosotros –puede ser desde la simple fobia, angustia, temor o espanto hasta llegar al pánico, pavor o al terror– pero, es algo determinado y que puede identificarse fácilmente.22 Por lo que respecta al segundo, es la suma de todos y cada uno de los miedos individuales, por tanto, se exageran, complican y transforman las desmesuras personales; aunque en este caso «abarca una gama de emociones que van del temor y de la aprensión a los terrores más vivos. El miedo es, en este caso, el 20

Jean Delumeau. El miedo en Occidente, Madrid, Taurus Alfaguara, 1989, pp. 22-24.

21

Ídem, p. 27.

Se puede consultar el artículo de Enrique Echeburúa. “Miedo normal y miedo patológico” en Vicente Domínguez (Coord). Los dominios del miedo, España, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 89-100. 22

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hábito que se tiene, en un grupo humano, de temer a tal o cual amenaza» la cual puede ser real o bien imaginaria.23 Es por ello que el miedo se convirtió en un arma de dominación política y de control social; 24 dos ejemplos claros: 1.

Los movimientos sociales y culturales vinculados al milenarismo, como fue el miedo al año 999 y 1999, es decir para algunos el mundo acabaría en esos años de conformidad con las predicciones apocalípticas, entonces que sucedería al año mil o al dos mil, ¿El mundo ya no existiría, la especie humana desaparecería? Bajo tales supuestos había que combatir y exterminar a los enemigos y profanadores de la fe mediante la guerra. Pero, además, las interrogantes siguen vigentes dado que aún quedan las profecías mayas de que el mundo terminará el 21 de diciembre del año 2012.

2.

En México, el miedo es una forma de control de la población,25 haciéndose hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad, que se han fortalecen mediante los mass media. Por tanto, en el proceso de «culturización» los actores sociales aprenden a tener miedo y a responder conforme a los cánones socialmente aceptados; pero, cuando no lo hace se le considera distinto e incluso inadaptado pues reacciona fuera de los parámetros esperados.

Vale la pena distinguir entre dos clases de comunidades: una es la «comunidad tradicional» y la otra es la «comunidad por venir». La diferencia sustantiva, entre ambas, estriba en que dependerá en qué medida el Estado construya o utilice 23

Jean Delumeau. El miedo..., op. cit., p. 30.

24

Catherine Lutz. Unnatural emotions, Chicago, The University of Chicago Press, 1988.

Sin embargo, hay diversos problemas entre seguridad y control, así “la proliferación de sistemas de seguridad en calles, centros comerciales o aeropuertos no son sino una expresión sensible más de la tendencia creciente a integrar todo tipo de dispositivos de control en los espacios donde se desarrolla la actividad social de distinto tipo. Esta no es una cuestión baladí, sobre todo en la medida en que, a propósito de estas cuestiones, tendemos a confundir seguridad con control. El mayor control sobre el espacio, todo parece indicar, incrementa la sensación de seguridad del usuario, pero, obviamente, no incrementa necesariamente la seguridad, dado que ésta depende de muchos y variados factores. Pero el incremento del control tiene contrapartidas. Siempre que incrementamos un poco más el control reducimos en cierta proporción la libertad y la intimidad del individuo. Ibán Díaz y Cristina Honorato. “El urbanismo del miedo y la sociedad contemporánea” en Revista Viento Sur, Núm. 116, mayo 2011, p. 58. 25

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el miedo, siguiendo el pensamiento de Esposito, como un mecanismo y fuente para mantener el poder. Por lo cual, los ciudadanos tendrán menos derechos. De esta manera, hay una paradoja en el miedo, la cual es que mientras todos pensamos y suponemos que el Estado es el garante de la defensa de la sociedad y el responsable de brindar seguridad, resulta que dependerá de la forma que infunda miedo al cuerpo social para que el «encierro» se convierta en un mecanismo de control social. Pero, el miedo se puede inmunizar, y con ello se logra «neutralizar», por lo cual existe un riesgo inicial e inevitable el surgimiento del estado de excepción, el cual puede llegar ya no ser excepcional sino en algo natural y perdurable. Así, el «miedo no sólo está en el origen de la política, sino que es su origen, en el sentido literal de que no habría política sin miedo (...a pesar) de las formas degeneradas o defectuosas de Estado (...y aquí) el miedo al menos potencialmente– tiene una carga no sólo destructiva, sino también constructiva. No determina únicamente fuga y aislamiento, sino también relación y unión. No se limita a bloquear e inmovilizar, sino que, por el contrario impulsa a reflexionar y a neutralizar el peligro: no esta del lado de lo irracional, sino del lado de la razón».26 Dentro de los pensadores contemporáneos se retoma la idea de Beck, para quien la sociedad actualmente está transitando de una comunidad de la miseria, producto de una sociedad altamente estratificada, a una comunidad del miedo, que es propia de la sociedad del riesgo; así, por ejemplo, afirma que nos encontramos «en una época en que la solidaridad surge por miedo y se convierte en fuerza política», es decir que hoy el miedo forma parte de la plataforma política de los distintos movimientos sociales.27 O bien en palabras de Wacquant, la «miseria del Estado» es la fosa que hay entre pobres y ricos la cual ha generado un clima de desconfianza y «desafío al orden existente y mina la legitimidad de la institución que simboliza la incapacidad Roberto Esposito. Communitas..., op. cit., pp. 56-57. Es importante señalar como indica Rancière que “el monopolio de la violencia legítima todavía es lo mejor que se ha encontrado para limitar la violencia y dejar para la razón los refugios donde pueda ejercerse libremente”, Jacques Rancière. El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Barcelona, Editorial Laertes, 2003, p. 56. Por otra parte, hoy “sin duda existen toda una serie de elementos que reflejan un incremento galopante del miedo y la paranoia en nuestra sociedad. Estos son fácilmente distinguibles en el medio urbano y en las formas de construir ciudad en la actualidad. La cuestión de la seguridad y el control en los nodos de transporte, espacios socialmente transnacionales por excelencia, son un reflejo inmejorable del tipo de mundo globalizado que se construye bajo la actual hegemonía neoliberal”. Ibán Díaz y Cristina Honorato, El urbanismo del miedo..., op. cit., p. 59. 26

27

Ulrich Beck. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 55. – 121 –

de este orden del nuevo régimen económico y social: la policía. Dado el vacío creado por la ausencia de mediaciones entre las poblaciones urbanas marginales (...o las delincuenciales) y el Estado por el cual se sienten rechazadas, no resulta nada sorprendente que las relaciones con la policía» se hayan vuelto extremadamente sensibles y conflictivas;28 ya que, el deterioro de las condiciones sociales derivadas de la globalización han acelerado el proceso de desigualdad social, que «favorece la reproducción de un conjunto de prácticas e interacciones violentas y crea situaciones propicias para la expansión de ciertas modalidades de delincuencia común violenta» a las cuales hay que sumar otra serie de factores como corrupción y la ineptitud de las instituciones públicas para hacer cumplir las normas por tanto se trata «de un Estado con un bajo nivel de gobernabilidad, básicamente derivado de una eficiencia (...en muchas casos seria deficiencia) administrativa y de gestión limitada y de una legitimidad social erosionada».29 A su vez Agamben sostiene que: «el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea (...donde) el significado inmediatamente biopolítico del estado de excepción como estructura original en la cual el derecho incluye en sí al viviente a través de su propia suspensión emerge con claridad en el military order (...pero) no es un derecho especial, sino que, en cuanto suspensión del propio orden jurídico, define el umbral o el concepto límite».30 De esta forma, el nuevo orden militar que ha privado en nuestro país forma parte del llamado, por Huntington, pretorianismo, el cual «se refiere a la intervención de los militares en política (...a los cuales no sólo les preocupa sus sueldos y promociones, sino) la distribución del poder y el status en todo el sistema político (...y se presenta por) la falta de instituciones políticas efectivas (...donde) el poder se encuentra fragmentado (...producto de la) debilidad de las instituciones». La fragilidad de la instituciones, fundamentalmente de las encargadas de la seguridad pública, fue lo que provocó la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico –por lo menos fue el argumento que se esgrimió para la participación–; además, por la capacidad, Loïc Wacquant. Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado, Argentina, Siglo XXI, 2007, p. 49.

28

29 Marcelo Saín. El leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, pp. 305-306.

Giorgio Agamben. Estado de excepción. Homo sacer II, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007, pp. 25-35. 30

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cohesión y disciplina, amén de «sus características de organización tanto como de su dominio o empleo de la violencia».31 Por ello, precisamente, se estableció la necesidad a combatir y para validar la actuación se expidieron diversos ordenamientos que regularon o no de manera explícita el problema, por lo cual dentro «de la teoría del estado de excepción se disuelve integralmente en la teoría del status necessitatis, de modo que el juicio sobre la subsistencia de éste agota el problema de legitimidad de aquél (...por tanto) la teoría de la necesidad no es otra cosa que una teoría de la excepción (dispentatio), en virtud de la cual un caso singular» se convierte en un problema, tal y como sucede con el narcotráfico, al cual se le debe aplicar todo el rigor de la ley. Así, finalmente, «el estado de excepción, en cuanto figura de la necesidad se presenta (...) como una disposición «ilegal» pero perfectamente «jurídica y constitucional», que se concreta en la producción de nuevas normas (...y donde) el status necessitatis se presenta así (...) como una zona ambigua e incierta en la cual los procedimientos de facto, en sí mismos extra o antijurídicos, pasan a ser derecho, y las normas jurídicas se indeterminan en mero facto; un umbral, por lo tanto, en el cual hecho y derecho se vuelven indecibles».32 Por tanto, la relación derecho, política y violencia se consolida a través del miedo.

Conclusión La «lucha» contra el narcotráfico fue la estrategia de Calderón para lograr legitimidad de su ascenso al poder. Sin embargo, en seis años dejó a un país sumido en la incertidumbre y en el miedo. Los cuales son producto de la incompetencia y de la improvisación. Producto de la «lucha» desenfrenada de Calderón hoy a los mexicanos nos consideran «víctimas colaterales», es decir ya no somos concebidos, por las autoridades, como ciudadanos. Somos simples «residuos humanos» de los cuales se puede prescindir impunemente. Es así como el estado ahora en lugar de defender a sus ciudadanos, incluso los puede privar de la vida, en aras y bajo el argumento de pretender resolver un problema mayor; es decir, se ha transformado en un estado cuyo Derecho que lo justifica es el «Derecho de Samuel Huntington. El orden político en las sociedades en cambio, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 177-217.

31

Giorgio Agamben. Estado de..., op. cit., pp. 35-65. El mejor ejemplo de lo anterior es el análisis de Omar Gabriel Orsi. Sistema penal y crimen organizado. Estrategias de aprehensión y criminalización del conflicto, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2007. 32

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Policía». Aquel que sólo difunde el miedo, no sólo en los medios de comunicación, sino lo peor lo lleva a la práctica con sus propios ciudadanos. A lo largo del sexenio hay decomisos, detenciones sin par, capturas y muertes de capos notables; pero, son irrelevantes cuando se ve el crecimiento de la violencia, el miedo, la inseguridad y la corrupción. Una prueba de este último punto, como efecto inesperado –por los políticos pero visibles para la sociedad– es que durante los primeros días de mayo de 2012, se detuvo a altos mandos militares (en situación de retiro o bien en activo) quienes son señalados de tener vínculos con las organizaciones delictivas de narcotraficantes –aún falta probar el dicho de las autoridades y llevarlos a juicio–. Entonces ¿En quién se puede confiar? Si parte el sustento del argumentó para que los militares participaran –de manera equivocada– en actividades de seguridad pública era que son la fuerza más sólida y confiable del país. Luego, el día 21 de mayo, al inaugurar el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, es decir a casi seis meses de finalizar su gestión Calderón, en nuevo acto lleno de paroxismo, con un discurso esquizofrénico y paranoico, señaló que su «Estrategia por la Seguridad» es integral, e hizo un llamado a los aspirantes a la presidencia al preguntar: ¿Qué va a pasar con la seguridad en el país? Sí se puede, y se debe, pienso, y creo que con razón en muchos casos, criticar la estrategia por la seguridad. Sí, pero, a final de cuentas, esta estrategia que, insisto, es integral, combate a los criminales, reconstrucción de instituciones y reconstrucción del tejido social ¿Va a seguir o no? ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? ¿Van a reconstruir las instituciones y reforzar las que todavía no han reconstruido o no? Lo anterior es una argucia política. La razón es que en vísperas de un proceso electoral ningún candidato, en su sano juicio, se atreverá a decir que no continuará con la lucha, so pena de perder votos pues generaría una avalancha mediática en su contra. Por otra parte, al responder, dos de los candidatos opositores al actual gobierno, que continuarán con la lucha al crimen organizado es una forma de la presente administración considere que avalan la lucha que emprendieron desde el 2006. Obvio los candidatos señalaron que realizarán cambios, es decir «continuar con un cambio», para poner distancia con la presente administración. A su vez la candidata oficial ya había manifestado que continuará con la misma tónica del actual gobierno. Así, nos espera, en caso de que llegue a la presidencia, un país con más muertos, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos, es decir una política del «gran garrote» panista. – 124 –

Pero, al revisar lo dicho por el presidente Calderón sobre la «estrategia» que dice existe, no hay alusión a la misma, por ejemplo, en el Programa Nacional de Seguridad Pública (2008-2012).33 En este sólo existe una alusión a la pomposa «Estrategia Integral de Seguridad Pública», sin especificar en ningún momento los elementos que constituyen la misma. Es decir ¿Dónde se establecen los lineamientos que cita el presidente Calderón de su estrategia, para enfrentar a los criminales, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, además de reconstruir el tejido social? Incluso al revisar el paranoico desplegado titulado «La lucha por la seguridad pública» (10-06-2010) encontramos que los puntos que señala el presidente Calderón no coinciden con la «estrategia integral» tal y como se describe a continuación: 1.

Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos.

2.

Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado. a. Una nueva Policía Federal. b. Renovación en la Procuraduría General de la República. c. Plataforma México. d. Apoyo al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

3.

Reforma al marco legal e institucional.

4.

Una política activa de Prevención del Delito.

5.

Fortalecer la cooperación internacional.

Estos puntos conforman lo que el propio presidente Calderón llama «Estrategia Nacional de Seguridad» entonces es la misma o hay varias estrategias con distinto nombre. Es patético y lamentable que las autoridades gubernamentales hablan y defiendan una «estrategia» inexistente. Una forma de corroborar lo anterior es con la información que presentó el periodista Daniel Lizárraga (22-05-2012) donde exhibe que ni la PresiPrograma Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de marzo de 2009. Dicho Programa tiene un pequeño desfase de dos años. Incluso, el patiño de Calderón, Alejandro Poire señalaba en el Foro Internacional “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición” que desde el principio de la administración «se reconoció la magnitud, el problema y se confrontó con una estrategia integral».

33

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dencia de la República, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuentan con información sobre la «estrategia» contra el narco, inclusive la SEDENA «aceptó que en el momento en el cual el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico no contaba con una estrategia militar para el despliegue de sus tropas en todo el país, previamente elaborada, para enfrentar a los carteles que dominan el trasiego de drogas hacia Estados Unidos (...a su vez el Estado Mayor) reconoció que no existe en sus archivos un plan por escrito y diseñado durante los cuatro meses del periodo de transición gubernamental (agosto-noviembre de 2006) o en el trascurso de los primeros días del nuevo Gobierno».34 Por otra parte, el general Tomás Ángeles Dahuahare, actualmente en arraigo por la PGR y quien fue subsecretario de la SEDENA hace un par de años, manifestó explícitamente, en un evento organizado por la Fundación Colosio, en mayo del 2012, que «no tenemos estrategia de seguridad nacional», eso ya se sabía, pero que lo afirme una de las máximas autoridades militares en su momento, es lamentable. Pero, no es el único reconocimiento claro ya que en septiembre de 2006, el Secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot afirmó que el programa «México Seguro» había fracasado y sostuvo que «para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, la sociedad tiene que participar y defenderse de las agresiones de la delincuencia (...) la sociedad debe involucrarse en defenderse a sí misma para que la autoridad pueda responder»; la declaración la realizó después de reunirse con el ya electo, en ese momento, presidente Calderón.35 Así, que no hay nada nuevo bajo el sol, sólo reforzar la incompetencia de la presente administración presidencial. En conclusión la gran pregunta es ¿Cuál y cómo solucionar el problema? La medida parece que no existe y menos cuando el país se encuentra inmerso en un nuevo proceso electoral, donde ninguno de los tres grandes candidatos tiene idea de lo que enfrentará y menos aún cuándo no saben cómo enfrentarán el problema. Es decir carecen de una «estrategia» para hacer frente al narcotráfico, lo único que hay es pura doxa. Verborrea política sin sustento. La información que proporciona Lizárraga obedece a diversas solicitudes que realizó a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con fundamento en la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, y se contiene en la nota “SEDENA y Los Pinos no tienen documentos de la estrategia anticrimen de FCH” en Aristegui Noticias, véase página web aristeguinoticias.com/sedena-y-los-pinos-declaran-lainexistencia-de-una-estrategia-de-combate-al-crimen/. 34

Misael H. de los Santos. “El crimen organizado rebasó al programa México Seguro: Peyrot” en La Jornada, 20 de septiembre de 2006. 35

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SOCIEDAD FRAGMENTADA Y MIEDOS Luis E. Ocampo Banda “Sin representación política ni garante de sus derechos, la sociedad contemporánea entra de manera escurridiza entre miedos y terrores, incertidumbre y nostalgia, silencios ocultos y confinamiento privado y evade todo aquello que lo coloca cerca del peligro, de ahí la elección de espacios menos institucionalizados, y la preferencia a actuar la mayor parte de su vida en la cotidianidad, los debates públicos no son círculos llamativos para ordenar nuevas ideas...”1

Contexto de la fragmentación Sociedad mexicana abandonada a su suerte en medio de procesos de globalización y competencia feroz, descarnada, carente de sensibilidad humana y compromisos de reciprocidad. Hombres y mujeres excluidos de la posibilidad real de construir certezas en medio de la individuación y competencia impuesta por el modelo económico dominante en el cual más de 7 millones de jóvenes se encuentran al margen del mercado laboral, y del acceso a los sistemas de educación pública. En donde 13.5 millones de trabajadores navegan en la informalidad; carenciados de protección y garantías sociales; desempeñan actividades de traga fuegos en los cruceros, limpia cristales, cortadores de pasto o bien dedicados al comercio ambulante, actividades que demandan baja o nula habilitación educativa pero que se constituyen en formas recurrentes de subsistencia en cada día más familias. Empresas que recurren a la modalidad de los llamados “días solidarios”, práctica en la cual los empleados se retiran a sus domicilios, o bien permanecen en la empresa, pero son jornadas no retribuidas económicamente, bajo la promesa de conservar el empleo. Despidos y recontrataciones al margen de derechos sindicales y laborales como formas de dejar en la indefensión a Salazar Pérez Robinson, 2011: 28. “Los miedos ocultos en la sociedad Latinoamericana del siglo XXI”, en Luis Ocampo. El Túnel del Miedo. 1

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agregados de trabajadores. Hoy, México vive el tránsito de ser un país de trasiego de drogas, para convertirse en un consumidor activo de las mismas. Arriesgadamente, el Estado ha dejado desprotegidas amplias capas sociales transformadas hoy en fuentes de reclutamiento y/o de gestación del “ejército de reserva” del crimen organizado; el cual promete, seductoramente, lo que el desgastado modelo capitalista se encuentra incapacitado para brindar a extensos sectores prescindidos. Adereza sombríamente la problemática nacional la sombra –vigente–, del fraude electoral del 2006. Movilizaciones políticas, y polarización social se desprenden como consecuencia del 0.56 por ciento de diferencia arrojada por los órganos electorales entre el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador y su principal oponente, –a la postre declarado triunfador–, Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. Sexenio que se apertura bajo la sospecha de la ilegitimidad, el vaciamiento de las instituciones y la descomposición de los órganos en materia electoral, la duda sembrada sobre el sistema político dominante en su conjunto, lo que obliga al presidente entrante a asumir acciones en búsqueda de legitimación política y exhibición de poder sobre una sociedad confundida, incrédula y atomizada. La guerra a la narcoviolencia se perfila como acción de distracción, a la par, legitimadora de un gobierno parido en el descontento y la movilización. El sexenio de Calderón se agota, los saldos estimados en vidas humanas superan las 96,000 muertes dolosas de diciembre de 2006 a julio de 2012. Hoy se vive una guerra repleta de saldos rojos, producto de la elección de estrategias militares por sobre opciones civilistas. A la fecha, no se logra comprender en las altas esferas del poder que la presente conflagración debió ser por educación, empleos, salud, vivienda, democracia activa por sobre la representativa. Confrontación directa a la pobreza; por el diseño de políticas públicas centradas en los sectores y zonas socialmente más carenciados. El gobierno actual será recordado por sus niveles de violencia, los más altos en el último siglo de nuestra historia. Saldo estratosférico para una guerra innecesaria, que se instrumenta para satisfacer necesidades de carácter personal y político; batalla que hoy cubre de luto a una sociedad mancillada, remitida al silencio humillante, a los aprendizajes obligatorios para sobrevivir en escenarios convulsos, en los cuales de manera cotidiana se fragmenta al individuo al igual que a la sociedad en su conjunto. Así, negación, huida, resignación o resistencia se entrecruzan en los diálogos expuestos sobre la mesa; en lo efímero del espacio público, donde la centralidad de los parlamentos convergen en escenarios atemorizantes de– 128 –

rivados de lo precario del empleo, la incertidumbre laboral, la “renovación” sexenal de la clase política, y la constante asociada al crimen organizado, lo sanguinario de su operar, lo “innovador” y diversificado de su actuar. Territorio bañado con sangre, salpicado de desapariciones forzadas endosadas al crimen organizado, pero también a los organismos policíacos y militares. Toque de queda autoimpuesto por los habitantes en zonas urbanas y rurales, poblaciones enteras desplazadas de sus comunidades como consecuencia de visiones gubernamentales belicistas en busca de una legitimidad que aún no llega a un gobierno cuestionado a lo largo del sexenio, ya por concluir, por numerosos actores políticos y sectores de la sociedad. Confrontación directa por sobre el uso de la inteligencia y de atención a sentires encontrados que reclaman, y proponen estrategias diversas para disminuir, y hoy poner un alto, a los costos desproporcionados de la conflagración actual en contra de la llamada narcoviolencia. Colectivos en búsqueda de coordenadas sobre las cuales edificar estrategias de negociación en contextos cargados de incertidumbre en donde se carece de un destino fijo o punto de arribo. Sentimientos de venganza a flor de piel, sin rostro definido de los destinatarios ante los agravios sufridos, de frente a un Estado menguado. El Estado mexicano publicita en los medios de información nacionales e internacionales, y en diversas redes sociales sus éxitos en la campaña en contra del crimen organizado, sin embargo, los resultados son magros, la detención o muerte de líderes significativos de los diversos cárteles no se ha traducido en un decremento de la violencia, menos aún, en la percepción colectiva de una “pacificación” conquistada en el territorio nacional, paz socialmente reclamada.

Fragmentación comunitaria En la sociedad del abandono y el miedo la fragmentación social crece, las identidades y pertenencias se difuminan, y paralelamente se multiplican; mundo del trabajo desestructurado, indigencia, pobreza, polarización política, desempleo, sin techo, emergentes movimientos sociales. Sensibilidades encontradas visten con ropajes nuevos a individuos, comunidades y diversos grupos sociales. Sociedad atiborrada de seres superfluos, innecesarios, carentes de uso, de valor, donde los otros no lo requieren, y puede arreglárselas igual de bien – 129 –

con él o su ausencia2. Fragmentación que de manera paulatina y firme impone lógicas de comportamiento que terminan por anular la vida en colectivo. Desigualdad material, vital o de esperanza de vida y la desigualdad existencial3 marcan al conglomerado humano en donde la propiedad de los recursos naturales o económicos se concentra en cada día menos manos, la probabilidad de morir a edades prematuras se incrementa para las mayorías en tanto se ven menguadas la libertad de acción y de toma de decisiones, la clasificación arbitraria de seres inferiores se multiplica por genero, raza, ocupación, preferencia sexual, el respeto al diferente, la comunidad y la vida se han perdido, con ello se les excluye de sus derechos; práctica que signa nuestros tiempos. Hoy, poblaciones rurales e indígenas enteras desaparecen, se descentran, se desplazan de manera forzada en la búsqueda de sobrevivencia individual o familiar; buscan el olvido, huyen ante la vivencia traumática, y la intimidación sufrida. La realidad lanzada al olvido mediante la huida y la negación como forma de restar veracidad a los hechos, de una realidad distante a nuestra capacidad de control, de tolerancia y reconocimiento frente a factores que desestabilizan al individuo y colectividades, ante los embates de grupos delincuenciales. Violencia y crimen organizado que multiplican sus formas de actuar, desde la extorsión hasta el desmembramiento de cadáveres, se pasa por el secuestro en sus diversas modalidades como mecanismo de marcar en el imaginario colectivo el miedo paralizante, y en consecuencia, el control en una sociedad que no encuentra protección en el Estado, sus cuerpos militares y policíacos; ni representatividad en los partidos políticos que se dicen significarla. La representación colectiva, y la otrora certeza soportada en la educación, el Estado y los sindicatos como factores de bienestar y ascenso social se diluyen, hoy son mirados con desconfianza y desaliento.4 Asimismo, la incrustación de la delincuencia en diferentes áreas del poder público y de gobierno tanto federal como municipal, y en diversos cuerpos de seguridad transforman en lucha titánica la “pacificación” de la pradera incendiada por la chispa de la insensibilidad, la ausencia del análisis de inteligencia oportuno y eficiente; se arroja a la sociedad mayores niveles de vacilación y perplejidad en una espiral de desestabilización asociada a la narcoviolencia. 2

Bauman Zygmunt. (2005), Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, p. 24, Paidós, España.

3

Bauman Zygmunt. (2011), 44 Cartas desde el mundo líquido, p. 103, Paidos, España.

Ocampo Banda, Luis Ernesto (2011), El Túnel del Miedo, p. 41, Colección Temas Estratégicos, Bs. As., Argentina. 4

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Cifras superiores a los 160 mil desplazados de sus comunidades de origen como consecuencia de la inseguridad y al azote de grupos delincuenciales; quienes cobran “cuotas de piso” por ser habitante, y conservar el derecho de pertenencia a la comunidad, violación de las mujeres, incorporación de manera forzada de sus jóvenes al grupo delictuoso, bajo la amenaza que de no cumplir las instrucciones y requerimientos del grupo dominante, las facturas han de ser cobradas en el resto de la familia, de quienes el grupo criminal cuenta con la información completa. Las comunidades son despojadas tanto de los productos de su trabajo como de los instrumentos de faena, se obliga a sus habitantes a decidir entre su integración al grupo delincuencial al cual deben brindan información y secrecía sobre datos e identidad de los integrantes ante conjuntos opuestos o policíacos y militares, o bien, migrar y poner a salvo la vida. La huida se ejercita en escenarios en donde la comunidad no posee formas de organización y comunicación que permita resistir con éxito los embates de un agresor identificado u oculto, en el cual la capacidad de autodefensa es exigua frente al desplazamiento operativo de la criminalidad, y en donde el príncipe se muestra incapacitado para brindar protección y seguridad a la comunidad. Así, nacen los llamados pueblos fantasmas o abandonados, otrora comunidades integradas, repletas de tradición oral, de historia y prácticas culturales las cuales tienen que ser dejadas de lado, y pasan a formar parte de los recuerdos colectivos de una comunidad que no lo es más, y solo sobrevive en los imaginarios de los desplazados. Miedo y tortura se conjugan en el movimiento y desaparición de comunidades enteras. En el horizonte próximo se vislumbra un mundo social y del trabajo desestructurado, sin referentes, el desplazado se enfrenta a nuevas y diversas actividades laborales que demandan habilidades no desarrolladas, cuya ausencia remite al individuo a lo más al subempleo, cuando no al desempleo. Tortura al enfrentar la fragmentación de su mundo social, laboral, de los afectos y la familia con las cuales se tejió una representación de seguridad, paz, certidumbre. Tortura psicológica por encontrarse de frente a un destino sin rumbo, un lugar del cual se desconocen usos, costumbres, tradiciones y formas de vida cotidiana, la duda permanente de si será posible arraigarse al nuevo destino, y si no lo seguirá la violencia desbordada que ha obligado al individuo, o familia, a buscar nuevos destinos en donde anclar ante la incertidumbre generalizada. – 131 –

Quiebre de la “realidad”, desestructuración de mundos de vida, forzamiento en la elección de un nuevo destino ausente de la voluntad del desplazado, es lo vivido principalmente en los estados de Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Guerrero durante el año 2011 según reporte del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El informe señala que solo en Ciudad Juárez, la urbe clasificada como la más violenta de México en lo que va del 2012; 24,500 personas han sido desplazadas.5 Sus ahora ex moradores, migran a ciudades o estados de la república considerados pacíficos, con lo relativo del denominador. Obligados a reescribir su historia, diseñar nuevas identidades, y formas de vida con el miedo a cuestas. Espiral en incremento que expone la violencia y el miedo como elemento central en la violación de los derechos humanos, y su estela de reconfiguración sociodemográficas. Miles de familias obligadas a huir de frente a múltiple amalgama en la que se entremezclan; la impotencia de la comunidad y de sus moradores, la impunidad con la que operan los grupos de poder y delincuenciales, así como de su lógica de pueblos arrasados. Tiene cabida en esta combinación perversa la complicidad, indolencia e incapacidad de las autoridades en sus diversos niveles. Los desplazados se multiplican, si bien es cierto, es más significativa la movilidad en zonas rurales, las ciudades no quedan al margen de este proceso. Otrora negocios boyantes bajan sus cortinas metálicas para no abrirlas más a consecuencia de la violencia y el miedo. Los expulsados deambulan condenados al olvido social y el destierro, el mapa de la muerte se enriquece y nutre con sectores vulnerables a la narcoviolencia, hoy exceptuados en su peregrinar, de sus derechos humanos. La tortura psicológica convive con los habitantes de las zonas serranas, las noches en vela modifican la afabilidad tradicional de los habitantes de comunidades; al caer la noche el sueño es abandonado, en su lugar aparecen representaciones dantescas, atemorizantes, asociadas a ¿qué pasa si llegan los “encapuchados”?, ¿si matan a los pocos animales de trabajo o manutención con que cuentan?, ¿si secuestran a las mujeres de la casa, si levantan y enrolan a los jóvenes, casi niños que aún habitan la comunidad y el domicilio particular?, las anteriores consternaciones se transforman en formas de tortura cotidianas para cientos de familias que pueblan las zonas rurales de México. 5

Desplazó narco a 160 mil mexicanos: ONU. Consultado el día 20/04/2012 de:

http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/20042012/586510.aspx – 132 –

Al sur del estado de Sinaloa, en el Noroeste de México resaltan los ejemplos de las comunidades de “Zaragoza”, “El Tiro”, “Aguacaliente del Zapote”, y recientemente la “Cieneguilla”, en el municipio serrano de Concordia, donde del 2010 al mes de marzo del 2012 familias enteras fueron obligadas a desplazarse, cobijadas únicamente con lo que en el momento del desplazamiento llevaban puesto; por los enseres domésticos, aperos de labranza, y diversos instrumentos de trabajo algunas familias regresaron con posterioridad bajo resguardo policial, otras, por el contrario, lo dejaron todo por perdido ante el temor de regresar a zonas, en posesión del crimen organizado, alejadas en consecuencia del llamado Estado de Derecho.6 Desplazamientos que dejan al descubierto la guerra por el control de las rutas y mercados del narcotráfico, identificar quiénes son los aliados, y de ser necesario eliminar opositores. Escenario trágico al cual se suma la inhabilidad manifiesta del Estado Mexicano, y de los gobiernos de los estados para ofrecer seguridad y permanencia en las comunidades, hoy atenazadas por la incertidumbre y la violencia, o bien, por el abandono. El ACNUR distingue a los desplazados internos como: “los individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres, naturales o provocados por el ser humano”.7 Así, miles de familias, la mayoría de escasos recursos, migran como consecuencia de la inseguridad endémica que azota sus comunidades y buscan refugio con familiares, amigos, organismos no gubernamentales, religiosos, o bien en espacios públicos, en tanto quedan a la espera de los apoyos para reiniciar un nuevo hogar en localidades ajenas. El crimen organizado tiene la capacidad de cometer asesinatos en masa, hacerlos públicos, desplazar comunidades enteras como expresión de control y poder, frente a otros cárteles y del Estado, cual forma de hacer ostensible su capacidad y supremacía operativa. Pone de manifiesto su fortaleza 6 Zamora, Liliana (2012). Desalojados por el terror en Concordia. Noroeste.com. consultado el 22/04/2012 de: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=761141&id_

seccion=22&fecha=2012-03-04 Durin, Séverine (2012). Los que la guerra desplazó: familias del noroeste de México en el exilio. Desacatos, núm. 38, enero-abril, pp. 29-42.

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organizativa ante un Estado que antes de emprender la guerra, debió de prevenir los altos costos que la misma le significaría al conjunto social. Hoy en México se concentra el 38 por ciento de las ciudades más violentas del mundo, y 9 de las 20 ciudades inscritas en este rubro. En orden de homicidios dolosos presentan el siguiente consecutivo: Ciudad Juárez el segundo lugar Acapulco el cuarto, Torreón el séptimo, Chihuahua octavo, Durango noveno, Culiacán décimo tercero, Mazatlán décimo quinto, Tepic décimo sexto, y Veracruz, décimo octavo por las tasas de homicidios dolosos presentadas por cada 100 mil personas cometidas en el mundo al 2011.8 Urbes convertidas en centros neurálgicos para el trasiego y distribución de droga por su valía estratégica, por tanto, valiosas en la pugna entre cárteles por el logro de su control. Guerra que obliga a la migración de habitantes de las ciudades y de sus zonas rurales en búsqueda de certidumbres. “la migración forzada –o involuntaria– incluye un conjunto de categorías legales o políticas. Todas implican a personas que han sido forzadas a escapar de sus hogares y buscar refugio en otra parte. La tendencia es llamarlos a todos “refugiados”, pero ésta es una categoría legal bastante restringida. La mayoría de los emigrantes forzados huyen por razones que no son reconocidas por el régimen internacional de refugiados y muchos de ellos son desplazados dentro de su propio país de origen.9 Comunidades abandonadas-reapropiadas hoy, re-direccionada en su uso como centros de resguardo y cobijo, de reclutamiento para nuevos integrantes, centros de almacenamiento de víveres, pertrechos, y de tránsito seguro para los grupos delincuenciales dominantes en la región. Los desplazados cargan a cuestas imaginarios de vida cotidiana; casa, alimentos, calles y plazas que hoy pierden significado ante la emergencia por la salvaguarda de la vida. Peregrinar doloroso cargado de rabia, frustración, miedo e impotencia; emociones encontradas al saberse separados por tiempo incierto del lugar donde se edificó significativamente su historia de vida, y de los escenarios y lugares en los cuales se cimentó esa identidad comunal e individual hoy fragmentadas. Mingorance Fidel. (2012) Las urbes más violentas. Consultado el día 16 de mayo de 2012 de: http://otramerica.com/mapas/las-urbes-mas-violentas/1831 8

Castles, Stephen, (2003). “La política internacional de la migración forzada”, en Migración y Desarrollo, octubre, núm. 1, consultado el 29/01/2012 de: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/660/66000106/66000106.html 9

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La huida no logra despedir al olvido el miedo, la negación de la realidad no funciona más como mecanismo protector ante la amenaza que ésta representa, y su quebrantamiento, al final el fracaso se manifiesta en la intensidad del miedo, en intentos por escapar de los efectos de su presencia se recurre al desarrollo de conductas de evitación evidentes, se renuncia al caserío, al pueblo, al apego; mas el miedo no es sujeto de olvido, la sensación de impotencia, de desasosiego e inseguridad continúa, se carga sobre los hombros el resto de la vida y enmarca el comportamiento de las comunidades. La migración forzada, por motivos de inseguridad, carece del reconocimiento y el apoyo legal y económico para la protección de los desplazados, por ello no logran gozar del resguardo del Estado, quedan en situación de indefensión e incertidumbre, y son así, doblemente victimizadas. Si bien el desplazamiento forzado, el trasiego de drogas, y sustracción de renta en forma de pago de piso, extorsiones y secuestro son manifestaciones de poder e impunidad, de capacidad de operación paramilitar; también dejan al descubierto la lógica de racionalidad económica, la búsqueda de nuevos mercados, rutas, clientes que permitan posicionar en el mercado una mercancía más, la cual genera empleos a amplios sectores de la sociedad, principalmente jóvenes excluidos de la economía formal, y del sistema educativo. Lógica económica perversa que ha logrado incorporar a sus ciclos la participación de los cuerpos de seguridad, y obliga a la migración comunal cual maniobra de subsistencia. Más de 20 mil casos de desapariciones forzadas en el ocaso del presente sexenio forman solo una mínima parte de una empresa especializada en extorsiones y secuestros. Sacrificados anónimos, sin rostro ni voz pública, pero acompañados por el clamor de esposas, padres, hijos, hermanos todos ellos demandantes de justicia, y presentación de los desparecidos, de frente a una autoridad inexorable e incompetente, que por momentos da la impresión de encontrarse coludida con el crimen organizado, como ha quedado de manifiesto en detenciones de personeros políticos, policíacos y militares en diversos puntos del país por su vinculación estrecha a grupos pertenecientes a la delincuencia organizada. Miedo e infortunio sembrado en todo México; comunidad desmoronada, doblegada por la violencia irracional del crimen organizado. Mensaje explícito de la capacidad barbárica que acompaña un “estilo de vida”, de construir nuevas subjetividades, emergentes comunidades poseedoras de signos y lenguajes propios –cabezas cercenadas, cuerpos torturados, fosas ilegales saturadas por decenas de cuerpos–, expresión de la necesidad frenética por – 135 –

hacer explícito al grupo opositor, y a la sociedad toda, la vocación de tortura y salvajismo inhumano que impregna un sello propio, y atiborra de terror a la sociedad ante el abandono del Estado, ente carente de legitimidad política y moral para la resolución de la crisis generada. Violencia carente de significación ideológica; militante, política o religiosa, donde la racionalidad económica de mercado, subyace a la competición entre facciones encontradas. Con base a la lógica instrumental de oferentedemandante se desarrollan prácticas “proteccionistas” de rutas del narcotráfico en el auge de la globalización de mercados y mercancías, los fines mercantiles prevalecen, se imponen en la devastación de comunidades, y en el trazado de las rutas de trasiego; las inconmensurables ganancias monetarias privadas “justifican” los resultados en comunidades, familias y vidas arrasadas. La delincuencia organizada actúa bajo esquemas empresariales centralistas donde la detención o muerte de alguno de sus piezas claves no implica fricciones que logren desestructurar el poder al interior de la plaza, o entre células con idéntica pertenencia. La centralidad y disciplina permiten mantener homogeneidad de mando. Así, el supuesto mediático del debilitamiento del crimen organizado bajo el argumento de la detención o muerte de algunas de sus cabezas visibles se diluye de frente a la realidad.10 Asimismo, la tesis de en cada muerto querer ver a un delincuente pierde peso, si estadísticamente no se cuenta con registros fiables del número de víctimas, menos aún se puede afirmar que cada muerto en la presente cruenta guerra sea un delincuente; el llamado “daño colateral” existe, y no debe de ser usado como un mecanismo de justificación o eufemismo, con el cual, se intente ocultar la ineptitud de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, se puede afirmar que un número indefinido de las víctimas, se encuentra en esta categoría. El Estado no logra constituirse en el eficiente agente inhibidor de la violencia, no existe trabajo, políticas traducidas a intervención que permitan gestionar los conflictos, desactivarlos antes de su transformación en prácticas de violencia. Hoy parte central en el conflicto lo asumen las estructuras alternas o paralelas al Estado, quienes le disputan, al parecer exitosamente, el ejercicio de la violencia y el poder, usufructúan la crisis vivida en las orgaMartínez-Amador David (2012) “Reconfiguración de las estructuras criminales mexicanas en el terreno centroamericano: Enfoques teóricos, categorías básicas, interpretaciones del terreno y prospectiva”, en Ocampo Banda Luis. Violencia y miedo: una mirada desde lo social. Colección Temas Estratégicos. Bs. As. Argentina.

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nizaciones de seguridad. Instituciones menguadas, anémicas por la ausencia de confianza, de estrategias eficientes y vigorosas que se traduzcan en certidumbre y confianza ciudadana. El sentido de vida y conciencia colectiva se ve desdibujado en nuestro país, la cohesión y confianza se deterioran, la historia es robada, junto a lo que en algún momento se erigía como casa, ejido, caserío, rancho y ciudad. Hoy, solo son palabras que evocan imágenes borrosas de un pasado que se resiste a convertirse en episodios carentes de sentido. En el horizonte no se vislumbra punto de arribo, es incierto, en tanto el presente se manifiesta sofocante, opresor, desprovisto de soportes de los cuales asirse para superar el estado de incertidumbre que la violencia, la migración, y el abandono del Estado, han permitido diseminar en miles de vidas. La confrontación directa del Estado en contra de los cárteles, y las luchas internas entre los mismos solo han logrado dividir, atomizar al crimen organizado sin que esto se traduzca en su aniquilamiento. Así, la clasificación formulada por el gobierno federal sobre la peligrosidad de los cárteles, y con ello el nivel de confrontación propuesto se traduce en mayor fragmentación y diversificación en el que hacer delictivo. Es la sociedad la que paga con sangre los desaciertos de una política guerrera sin dirección, por tanto, destinada al fracaso desde su nacimiento. La cauda violenta que vive el país, el gobierno busca endosarla, como parte de sus responsabilidades al conjunto de los habitantes civiles que conforman el territorio nacional, por ello, se convoca a modificar las formas de vida, a constituirse en conjunto, a la par, en “Vecinos Vigilantes”, donde todos desconfiamos de todos, como si el otro, fuese delincuente solo por el hecho de ser desconocido o diferente, y del cual es necesario resguardarse, ya sea como individuos o familias. Al cuidar sus posesiones se cuidan las de todos, la lógica consiste en lograr el bienestar colectivo bajo la premisa de la búsqueda de la ventura individual, razonamiento con el cual se logra fragmentar e individualizar aun más al colectivo. El conjunto de la sociedad convertido en avizores, policías; en tanto los responsables de la bienandanza común, quienes llevaron a una guerra infructuosa, dentro de un sistema jurídico y de seguridad saturado de inoperancia, corrupción y burocracia disfrutan con los beneficios económico-mercantiles provenientes de la instauración del miedo y la violencia.

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Subjetividades y cuestionamiento al Estado Las subjetividades e identidad en las comunidades mutan, se reconstruyen, hoy, la resistencia cual capacidad de oposición a las fuerzas de la opresión, a la amenaza, se encuentra en latencia, con expresiones intermitentes, coyunturales, que no han logrado cuajar en acciones masivas de exigencia a las obligaciones y deberes del Estado. La resistencia conlleva ejercicios en donde el individuo o colectivo pugna por su preservación, se construye como la práctica que permite la elaboración de ciudadanías, y la puja por la preservación e incremento de derechos conquistados. Así, la resistencia no es casual, o producto de acciones improntas, por el contrario, son un conjunto de acciones instrumentadas en la búsqueda de organicidad demandante, con capacidad de movilización y objetivos delineados. Resistencia, miedo y venganza se entrecruzan en las subjetividades de los habitantes del país, no solo de quienes perdieron parte de su historia en algún recién inaugurado pueblo o caserío fantasma, sino también en quienes forman parte de la amplia franja de “víctimas indirectas” del delito, conformada por familiares, amigos y compañeros de trabajo de los ejecutados o desaparecidos, quienes terminaron por pagar con su sangre la intransigencia y los traspiés ajenos. Reclamos por justicia directa impactan los deseos de los ciudadanos quienes de frente al hartazgo por la incapacidad oficial ante la invariable de violencia en ascenso asentada en el territorio nacional, expresan de formas diversas su negativa a vivir en el miedo, la zozobra constante, y se manifiestan por la ejecución inmediata del delincuente, o bien, consideran prudente recurrir al toque de queda como formas de contrarrestar los índices delictivos que día a día se presentan a la alza. Con base en la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional,11 efectuada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2011, estudio profundo sobre legalidad y legitimidad del cual se toman solo 3 puntos; dar muerte inmediata al detenido, aplicación de la pena de muerte, y toque de queda; tenemos, 47 por ciento aproximadamente de la población encuestada que se muestra “Muy en desacuerdo”, o “En desacuerdo” con la acción de dar muerte por parte de las fuerzas de seguridad a una persona integrante

Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado. IFE-IIJ, UNAM 2011. Consultado el 26/04/2012 de: http://www. juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/resultados.htm 11

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de la delincuencia organizada, y suponen es preferible presentarlo ante las autoridades competentes. Si bien los anteriores datos nos muestran la intencionalidad de respeto al marco jurídico vigente en el tratamiento de probables integrantes de la delincuencia organizada, también se presenta 31 por ciento de encuestados, –“muy de acuerdo” y “de acuerdo”–, quienes manifiestan preferencia por dar muerte inmediata al presunto miembro de la delincuencia organizada, cancelación tajante de las vías civilistas, con lo cual se abren al menos dos posibles vertientes explicativas: A) La desconfianza en el sistema de impartición de justicia, –ministerios públicos, jueces, policías–, y el temor fundado de que el presunto delincuente logre la libertad mediante la coerción, el chantaje o bien al recurrir a actos de corrupción de las autoridades competentes, B) sintetiza un deseo de dignificación frente a los oprobios recibidos como colectivo, de ahí que visualiza mediante la ejecución directa e inmediata del presunto delincuente una forma más expedita de recuperar la tranquilidad ante la “baja” manifiesta, indudable de un posible sicario. Venganza ejecutada de manera indirecta pero que ofrece seguridad relativa, al margen del derecho, en el contexto convulso vivido. La aplicación de la pena de muerte es una discusión recurrente en México, con cierta regularidad salta a la palestra la querella sobre lo pertinente o no de la aplicación de la pena máxima, y en la cual no existe forma de reposición por la sentencia cumplida, en caso de ser inocente el ejecutado. La pena de muerte no ha demostrado su efecto disuasivo e inhibidor de la violencia, aún no logra impactar los comportamientos de los delincuentes, y por lo tanto no se constituye en un freno a la creciente criminalidad. Si bien estadísticamente el dato se carga a “En desacuerdo” y “En desacuerdo en parte”, es significativo el porcentaje de encuestados (40 por ciento), que se manifiestan “De acuerdo”, y de “Acuerdo en parte”. El reclamo ante la violación a los derechos de la comunidad cobra vigencia, se expresa en la concordancia con la pena de muerte como forma extrema de disminuir los índices delictivos y recuperar la tranquilidad que un sistema judicial corrompido, y su desinstitucionalización política no han podido garantizar. Preocupante en extremo dentro de la Encuesta Nacional resulta la disposición a aceptar el “toque de queda” en el país como una forma excesiva, temeraria de reducir los niveles de violencia. La voluntad o disposición de la ciudadanía encuestada de ceder sus derechos civiles y políticos en aras de mantener una seudo seguridad mediante la vía de la restricción autoritaria, ejemplifica el nivel de desesperación e incertidumbre alcanzado. – 139 –

El toque de queda fue una medida autoritaria, antidemocrática, propia de sociedades dictatoriales como las vividas en las últimas décadas del siglo pasado en el cono sur; geografía y momentos históricos en donde el Estado, como garante del bienestar común se abroga la restricción de las garantías individuales, de libre tránsito, de asociación, así como de expresión pública en la jugada por garantizar el “orden y la paz social” bajo el argumento del combate al comunismo. En nuestro país la presencia de las tropas en las calles, la operación de retenes militares y policíacos, los cambios de horarios para el desarrollo de actividades en espacios públicos o privados, el día o la noche no representan incremento directo en la seguridad pública. “En junio pasado el gobernador de Nayarit, Ney González, decidió terminar con las clases tres semanas antes de lo establecido por la violencia. En mayo del 2007, el entonces secretario general de Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, sugirió a la ciudadanía permanecer en sus hogares durante la noche. Irónicamente él mismo sería asesinado dos años después por la mañana y frente a su casa. En julio pasado, el ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, recomendó a los ciudadanos de Ciudad Juárez atrincherarse en sus casas cuando terminaran su jornada laboral. Ya sabemos cómo le fue a los jóvenes masacrados hace una semana en dos domicilios de esa ciudad. ¿Recomendarán ahora que nadie haga reuniones ni eventos sociales dentro de sus hogares? Las precauciones sugeridas por las autoridades no han reducido el clima de violencia, ni han disminuido la cantidad de víctimas. En los hechos, el crimen ha ahuyentado la actividad comercial, turística e industrial de varias regiones, sin que las precauciones tengan algo que ver en ello. La única solución para devolver la paz, entonces, es reducir los delitos”.12 La disposición a emular las prácticas del “toque de queda” arrastra a la población a la reclusión domiciliaria, el reducir horarios de escuela para evitar el oscurecer por definirlo como peligroso, visualizar el día como seguro, la noche como responsable de la inseguridad, abandonar el espacio público, se prescinde de reuniones colectivas no solo en espacios abiertos, se incluye el espacio privado por ser atractivo para la incidencia delictiva. Así, el miedo a la violencia proveniente al crimen organizado logra alcanzar niveles de intimidación tan profundos en el inconsciente colectivo Toque de queda (2010). Consultado el 20/04/2012 de: http://www.eluniversal.com.mx/ editoriales/50403.html

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de la sociedad que la misma prefiere reducir su libertad y vida democrática, para conservar una tranquilidad exigua, donde los derechos pasan a ser cosa del pasado, se logra imponer una nueva lógica de protección sustentada por entero en las fuerzas de seguridad públicas, se puede dejar el disfrute de las conquistas civiles, políticas y sociales a la espera de nuevos tiempos. Las anteriores tres expresiones develadas por la encuesta de Cultura Constitucional; dar muerte inmediata al detenido, aplicación de la pena de muerte, y toque de queda; dibujan el hastío de una sociedad acorralada por la delincuencia, carente de organización que le posibilite exigir al Estado participación democrática en el diseño de estrategias y políticas para enfrentar la criminalidad. Por último, se puede anotar la ausencia de confianza en el Estado, en las instituciones responsables de la impartición de justicia, y hasta se acepta la reducción de libertades en aras del sosiego emanado de las fuerzas castrenses. Hoy vivimos la existencia de un modelo económico devastador, diseñado para generar exclusión, miedo y pobreza. Menoscabo sistemático de derechos, donde se encubre un ofensivo desempleo, y el incremento constante del subempleo. Lo latente en esta realidad depredadora corre en demérito constante de los colectivos, de la posibilidad de construir ciudadanía comprometida con la apropiación del espacio público. De Sousa pone los puntos sobre las íes al señalar la importancia de generar miedo y diversas expresiones de violencia como formas de control social, de desactivación de ejercicios de organización independiente, a la par que se logra legitimar la violencia proveniente de los cuerpos de seguridad. “la lucha contra el narcotráfico es muy funcional para destruir todas las posibilidades de una alternativa de izquierda en el continente, porque al militarizar la vida civil se crea de inmediato una atmósfera hostil hacia todo aquello que signifique una organización colectiva de resistencia...la lucha contra el narcotráfico, como lo fue el embate contra el comunismo y aún es la campaña contra el terrorismo, parten del mismo objetivo, que es bajar los mínimos éticos de la política para permitir que se hagan cosas que de otra manera no se podrían hacer: violaciones brutales de los derechos humanos, corrupciones también brutales. De modo que la lucha contra el narcotráfico es muy útil para permitir una impunidad que deslegitima totalmente al Estado”.13

De Sousa, Boaventura (2012) en Avilés Karina. Lucha antinarco, util para destruir alternativas de izquierda: Consultado el día 25 de febrero de 2012 de: http://www.jornada.unam. mx/2012/02/24/politica/007n1pol

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Desinstitucionalización del Estado, así como la perdida de rumbo político y de credibilidad moral en las instituciones nos arroja cotidianamente el despido del diálogo sumada a la militarización de los espacios públicos. Así, las comunidades han quedado huérfanas, no existe destinatario a quien transferir sus demandas y reclamos por seguridad, empleo y nimia certidumbre. De la resistencia necesaria, la sociedad se aproxima peligrosamente a la sumisión a los poderes fácticos, los cuales buscan engendrar súbditos inhabilitados en el diseño de estrategias de autoprotección frente a la presencia intimidante de la delincuencia en sus múltiples facetas, y la ausencia notoria del príncipe.

A manera de conclusión Autoexilio, migración, tortura psicológica, desalojo del espacio público, cierre de negocios al caer la noche, toque de queda autoimpuesto, no oficializado, por ello más violento y degradante, reclusión domiciliaria “voluntaria”, una sociedad fragmentada, que no practica la construcción de comunidad, son hoy parte del paisaje urbano y rural en grandes regiones del país. En México se vive peligrosa espiral de desestabilización y desinstitucionalización política asociada a la brutal narcoviolencia que ha logrado establecerse en amplias extensiones geográficas, donde impone su lógica criminal y de mercado, bajo la cual se logra desplazar comunidades enteras mediante el establecimiento de cobro de piso, secuestros y asesinatos; disemina miedo y migración, cada día, en más extensas zonas de la nación. La narcoviolencia se instituye en fuente de deslegitimación de la llamada clase política, a la par, que pone al desnudo la ausencia de autoridad moral y estratégica del Estado para constituirse en un rompeolas de impedimento, de negociación en escenarios de crisis ante el desbordamiento de la violencia, fundamentalmente la proveniente del crimen organizado. Queda claro que es necesaria una ciudadanía más activa, con capacidad operante y organizativa para inducir el relevo de un caduco sistema político y económico. Así, se puede afirmar que la violencia emergente del narcotráfico y el crimen organizado exteriorizan la incapacidad e ineptitud de las élites, para el ejercicio de la política, que por cierto no ha logrado construir, como modelo hegemónico, alternativas viables y prácticas para la pacificación de una sociedad inducida a la guerra. Prioritario es redescubrir la ciudad, la comunidad, apropiarse del espacio público, la ciudad toda considerada como un complejo entramado sociocul– 142 –

tural, donde sea viable edificar opciones más civilistas para la resolución de contrariedades. Es vital el reconocimiento de los atropellos cometidos a los derechos humanos por los cuerpos policíacos y militares, así como la búsqueda de políticas para resarcir, en la medida de lo posible, el daño económico, moral y psicológico causado a las víctimas directas, a los sobrevivientes a las víctimas (hijos, padres, hermanos, viudas), la tortura psicológica no deja huellas físicas, pero si genera la desestructuración subjetiva de los individuos. Resulta urgente la construcción de una ciudadanía movilizada, con capacidad de organización independiente de partidos políticos y del Estado, con fuerza suficiente para argumentar, construir diálogo, que participe de manera organizada en la toma de decisiones, y ubique la suma de los miedos como estrategias de control social, los cuales de manera paulatina socavan la propensión comunitaria, e instituyen, una orientación individualista de fragmentación social.

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LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA (MST) EN BRASIL UN BALANCE DE LA LITERATURA A PARTIR DEL CASO POCINHOS EN EL ESTADO DE PARAÍBA Gonzalo Adrián Rojas Paula Oliveira Adissi Introducción El objetivo del presente trabajo es realizar un balance de la literatura sobre la criminalización de los movimientos sociales en el Brasil, en especial la criminalización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) a partir da experiencia de un caso particular conocido como el “Caso Pocinhos”, que aconteció el 1 de mayo de 2009 en el municipio de Pocinhos en la provincia de Paraíba en el mencionado país. Primero realizaremos una breve presentación del caso, basada en los documentos judiciales, las declaraciones de las víctimas, la Oidoría de la Policía de Paraíba y entrevistas realizadas fundamentalmente con integrantes do MST que participaron de la acción. En un segundo momento realizaremos el referido balance de la literatura, sobre la criminalización de los movimientos sociales en Brasil. Este balance estará sub-dividido en seis partes: a) las investigaciones más generales sobre el tema de la criminalización de los movimientos sociales; b) las investigaciones sobre casos específicos de criminalización del MST; c) los trabajos sobre el papel de los medios de comunicación y del Poder Judicial en la criminalización de los movimientos sociales; d) la criminalización de los movimientos sociales en investigaciones de carácter sociológico y politológico; e) las investigaciones sobre criminalización de los movimientos sociales o sobre la violencia en el campo en la – 145 –

provincia de Paraíba y finalmente, f) los trabajos sobre el MST en Paraíba y el Caso Pocinhos. Por último, realizaremos unos breves comentarios finales a modo de conclusión.

I. El caso Pocinhos en Paraíba, Brasil Este relato tiene como fuente principal ocho entrevistas, seis de ellas a integrantes del MST entre participantes y víctimas del Caso; otra con el abogado defensor de los trabajadores sin tierra y una más con la coordinadora estadual del movimiento.1 Otras fuentes para la reconstrucción de este relato son los documentos judiciales del Caso, y los documentos de la Oidoría Pública de la Policía Militar de Paraíba. Según la dirigente del MST de Paraíba, el Caso Pocinhos fue un caso particular en comparación con casos anteriores, llevando en consideración los veinte años de historia del movimiento en el estado. Es particular por el tipo de represión a la que fueron sometidos los trabajadores sin tierra, con amenazas de muerte acompañadas de tortura, y prisión. El Caso, como ya mencionamos, ocurrió el primero de mayo de 2009 en el municipio de Pocinhos, situado en la provincia de Paraíba. Ese día un grupo de 60 familias, las cuales en su gran mayoría residían en el propio municipio de Pocinhos,2 fueron organizadas por el MST para montar campamentos al costado de un latifundio, la Hacienda Cabeça de Boi. Esta propiedad ya había sido decretada por el Gobierno Federal de Brasil para ser desapropiada para fines de reforma agraria a partir de un decreto de diciembre de 2008. Por este motivo, los líderes del MST creían que el campamento, que tenía como objetivo acelerar el proceso de asentamiento de las familias en el área, no sufriría represalias ni del Estado, ni de los propietarios. Pero los acontecimientos se desarrollaron de otra forma. Las familias llegaron al área alrededor de las 22 horas y entran en la hacienda para buscar leña y agua. Cerca de la media noche un grupo de siete militantes son sorprendidos por dos autos que transportaban a varios hombres encapuchados y fuertemente armados. Esos hombres llegan disparando para todos lados y 1 Todas las entrevistas fueron realizadas en el año 2010 por Paula Oliveira Adissi en las ciudades de Campina Grande, João Pessoa, Patos y Pocinhos en el estado de Paraíba en Brasil.

Inclusive algunas familias tiempo atrás fueron moradoras de la Hacienda ocupada, empleados del antiguo dueño del inmueble, el padre de la actual propietaria. 2

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agrediendo a los siete integrantes del MST. Las demás familias huyen como pueden en medio de la oscuridad, escondiéndose dentro de la mata de chicchic3 o en las grandes piedras de la hacienda. El grupo “paramilitar” estaba acompañado desde el inicio hasta el fin de esta acción extra-legal, según los relatos, por el hermano de la propietaria, el señor Constancio Magno Cavalcante, y en algunos momentos también por la propietaria del inmueble, la señora María del Rosario Magno Cavalcante. Los hombres encapuchados golpean y torturan a los siete integrantes del MST, entre los cuales dos eran menores de edad, durante aproximadamente cinco horas. Las agresiones a los sin tierra, son de todo tipo, golpes en diferentes partes del cuerpo, puntapiés, quemaduras, diversas agresiones verbales y amenazas de muerte para todos. Los hombres encapuchados incendian el auto de un colaborador del movimiento y derraman querosene sobre los cuerpos de los trabajadores sin tierra amenazando de quemarlos vivos. Unos de los sin tierra torturados es trancado en un cuarto de lo que alguna vez fue la casa de los caseros de la hacienda y a continuación los encapuchados incendian la casa con el dentro, sin embargo el integrante del MST consigue escapar saltando por la ventana. A cierta hora de la madrugada llega al local un vehículo de la Policía Militar de Paraíba (PM). Los trabajadores torturados reconocen a algunos de aquellos policías como los mismos que estaban golpeándolos horas antes. Después de la tortura y tentativa de asesinato los siete trabajadores sin tierra son colocados uno encima de los otros en el corredor del ómnibus que los había transportado las familias hasta el lugar donde acamparían. A medida que ellos eran amontonados en el corredor del ómnibus los hombres del grupo paramilitar hacían amenazas de quemar el vehículo con ellos dentro. El ómnibus deja la hacienda y en la ruta BR 230 a pocos metros del latifundio encuentra un vehículo de la Policía Federal de las Rutas (PFR). En ese momento no hay nadie encapuchado, solo hombres con la ropa de la PM y un policial con ropa de la policía forestal, según declaraciones. Los trabajadores sin tierra agredidos son llevados hasta el puesto de PFR que estaba relativamente próximo a la hacienda. En ese puesto son esposados los unos a los otros alrededor de un pilar del puesto. Sólo en ese momento los siete son identificados, pero no les es preguntado nada. Los propietarios de la hacienda pasan y conversan con los policías de las rutas. A continuación los siete integrantes son llevados a la comisaría de Policía de Campina Grande 3

Vegetación nativa de la región del Curimataú, caracterizada por sus grandes espinas. – 147 –

en Paraíba. De allí, después de las indagatorias, cinco son liberados, y dos son presos en flagrante acusados de los crímenes de apropiación de inmueble ajeno, incendio, y uno de ellos además por porte ilegal de arma de fuego. Los dos militantes son llevados a la comisaría de policía de Pocinhos, en donde permanecen presos, por tres días, y a continuación son transferidos para una cárcel en Campina Grande, hasta el día cinco de junio de 2009. Después de 35 días de prisión es concedido a los trabajadores rurales el derecho de responder a las acusaciones en libertad. Durante esos días en que los trabajadores estuvieron presos y se realizaron un conjunto de actividades de denuncia sobre el caso. Asentados y acampados del MST bloquearon cinco partes de rutas federales y provinciales que atraviesan el estado de Paraíba, distribuyendo panfletos donde se denunciaba lo ocurrido. Diversas entidades de la sociedad civil como sindicatos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, entidades y comisiones de derechos humanos, así como sectores estudiantiles y de la iglesia católica, participaron de comités por la libertad de los presos políticos, de actos, y difundieron documentos de repudio a la acción de la Justicia y de la Policía da Paraíba, y exigieron la libertad de los integrantes del MST. Los cuatro mayores diarios de la provincia, El Norte, Diario de Paraíba, Correo da Paraíba y Diario de la Borborema, le dieron cobertura al Caso en 17 notas periodísticas publicadas en sus páginas desde el día 3 de mayo hasta el día de la liberación de los presos, el 5 de junio de 2009. Los canales de televisión también dieron cobertura al caso, fue vehiculizada la noticia en los tres programas periodísticos con mayor audiencia en las televisiones Tambaú, Cabo Branco y Correo. La prensa local en los primeros tres días de acontecido los hechos sólo divulga las versiones de la policía y de la propietaria del latifundio, no mencionando en ningún momento, por ejemplo, el hecho del área ya haber sido decretada para la reforma agraria. La acción ilegal del grupo “paramilitar” también es algo invisible para la prensa durante el período inicial de la cobertura periodística. Es importante subrayar que, justamente, son en esos primeros días que se concentran el mayor número de materias periodísticas sobre el caso. Será sólo después de las intervenciones de una parte de la sociedad civil al denunciar este caso, que los medios de comunicación locales inserirán nuevas posibilidades de versiones sobre el Caso Pocinhos, aunque mantienen el discurso que criminaliza al MST y sus integrantes. El hecho que podemos destacar en esta cobertura es que durante el tiempo en que los dos trabajadores sin tierra estuvieron presos, la prensa local publicó 16 artículos sobre el Caso, – 148 –

pero en el día en que los integrantes del MST fueron liberados fue publicada apenas una única breve nota, sólo en uno de los diarios del estado. Actualmente, diciembre de 2011, los dos militantes permanecen libres, pero responden todavía judicialmente, en libertad. Nadie fue castigado por las torturas aplicadas contra los sin tierra. Internamente existe en la Policía de Paraíba una investigación sobre la acción de los policías militares, la guardia forestal y los policías civiles en el Caso de Pocinhos, el cual se encuentra parado. La hacienda Cabeça de Boi fui desapropiada en febrero de 2011 y es hoy el asentamiento de la reforma agraria donde viven 20 familias. El asentamiento lleva el nombre de 1° de mayo en memoria al día de lucha y de represión contra el campamento.

II. Un breve balance de la literatura sobre la criminalización del MST En Brasil, el tema de la criminalización de los movimientos sociales en la academia ha sido estudiado principalmente en las áreas de Derecho y de Comunicación social. Encontramos disertaciones de especialistas, tesis de doctorado, monografías de conclusión de cursos de graduación y algunas otras publicaciones sobre el tema. Pero más 80% de esos trabajos son del área del derecho. La gran mayoría de estas investigaciones se basan en casos de criminalización de movimientos sociales en el sur y en el sudeste de Brasil, en especial en las provincias de Rio Grande del Sul (RS), Paraná (PR), San Pablo (SP) y Minas Gerais (MG). No encontramos ningún trabajo sobre casos de criminalización de movimientos sociales ocurridos en la región nordeste del país. Más del 90% de estos estudios tienen como principal objeto, la criminalización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Terra (MST). Las investigaciones en el área de comunicación buscan estudiar la relación entre los medios de comunicación y el MST y en la mayoría de ellas se realiza un análisis del discurso de los textos publicados sobre el movimiento. Un ejemplo de ese tipo de estudio encontramos es: Do silencio a satanização: o discurso de Veja4 e o MST, una publicación a partir de la disertación de Eduardo Ferreira de Souza. Según este autor la estrategia de la prensa frente al MST sigue distintas etapas, primero el silencio frente a los hechos, después la tentativa de cooptación del movimiento, luego la tentativa de dividir internamente a los militantes, para por último la prensa satanizar al MST y a sus integrantes.5 4

La referencia es la Revista Veja, de difusión masiva y profundamente conservadora.

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Souza, E. Do silêncio a satanização: o discurso de veja e o MST. São Paulo: Annablume, 2004. – 149 –

a. Investigaciones generales sobre la criminalización de los movimientos sociales En el área del derecho se busca a partir de las teorías criminológicas6 entender los casos de criminalización de los movimientos sociales. Esos estudios analizan diversos procesos judiciales contra militantes de movimientos sociales, y trazan teorías y análisis sobre el carácter y el por qué de estos acontecimientos. En este sentido encontramos algunas diferencias entre los investigadores. Para Fernanda Maria da Costa Vieira el proceso de criminalización de los movimientos sociales se inserta en un contexto más amplio, que es la criminalización de la pobreza.7 Crecen los contingentes humanos de excluidos sociales: los sin techo, los desempleados, los sin tierra. De este modo, incapaz de ofrecer respuestas en el plano de las políticas sociales, el Estado ofrece a esos sectores marginalizados el brazo fuerte de su política de seguridad: se trata ahora de la penalización de la miseria.8 Para esta investigadora el proceso de criminalización del MST forma parte de un proceso global de ampliación y fortalecimiento del Estado Penal, como forma de control social sobre las camadas más pobres de la sociedad. En el caso del MST este trato se agravaría, por este movimiento cuestionar la propiedad privada. Entendemos que la criminalización del MST expresa esa coyuntura global de fortalecimiento del Estado Penal, que necesita imponer frenos, “cercas” a los que le son contrarios, aunque no hayamos perdido de vista que hay un agravante en lo que se refiere al MST, puesto que este provoca en la a raíz, un derecho intocable, absoluto, en la óptica burguesa: la propiedad.9 Son tres las principales corrientes teóricas criminológicas: la teoría estructural-funcionalista de Emile Durkheim, frente al caos social de la anomia, la Teoría del labeling approach, o del “etiquetamiento”, que diferencia analíticamente la criminalización formal de la informal y la Criminología critica, una mirada marxista de lo que socialmente se establece como crimen y criminal (MARTINS, 2007) 6

7 Vieira, F. M. C. Presos em nome da lei? Estado Penal e criminalização do MST. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Vol. 43, 2005. 8

Ibíd.

Vieira, F. M. C. Presos em nome da lei? Estado Penal e criminalização do MST. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Vol. 43, 2005. 9

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En este sentido creemos que es posible colocar la criminalización del MST en el centro de la criminalización de los pobres, pero no como forma de homogeneizarlas, sino resguardando sus debidas diferencias. Entendemos que la criminalización de los movimientos sociales tiene su especificidad, puesto que es la criminalización de organizaciones populares, con pautas y con luchas propias. Los procesos de criminalización de la pobreza en general son diferentes, se instalan en medio del desorden urbano, de la miseria y la degradación humana, o bajo los actos espontáneos de revuelta y reivindicación de las camadas más pobres. La criminalización del MST se instala sobre todo en un contexto de lucha entre las clases y sus fracciones, una lucha abierta y declarada, en el combate político entre una organización de base popular y reivindicativa y las instituciones de poder de las clases dominantes, en este caso el Estado, sus instituciones y los medios de comunicación. La criminalización de la pobreza es también una criminalización de clase, pero surge del temor de la burguesía del caos social que su propia sociedad genera, pero es una forma contingente de criminalización, menos clara que la que recae sobre el MST. Es importante y necesaria esa diferenciación aunque sea sutil, para que podamos caracterizar mejor tanto una como otra forma de criminalizar a las diferentes camadas da clase trabajadora. Otra investigadora, por su parte, Daniela Comín Martins, también del área del derecho, al estudiar el proceso de criminalización a los trabajadores rurales sin tierra en la ciudad de Quedas do Iguaçu, en la provincia de Paraná, afirma que en el centro de este proceso se encuentran los medios de comunicación, con todo su poder para estigmatizar sectores y grupos sociales. De este modo la Justicia actuaría también norteada por esa generalizada estigmatización de los integrantes del MST. (...) los sujetos comunicativos interpretan las expectativas del MST y pasan, a partir de ellas, a poseer otras expectativas. Es aquí que se encuentra el punto central para comprender el proceso de criminalización del MST y la posible traducción del mismo en un tipo penal.10 La autora parte de la hipótesis de que cuanto más próxima la persona se sienta del conflicto, mayor la tendencia de los sectores judiciales de crimiMartins C., D. A criminalização dos movimentos sociais e a luta por terras no interior do Paraná – o caso de quedas do Iguaçu. In: Ciências Sociais aplicadas Em Revista. UNIOESTE - CAMPUS MAL. CÂNDIDO RONDON - V. 7 Nº 12 - p. 15-50, 1º, 2007.

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nalizar las conductas de los sujetos. Ese involucramiento para ella es como mínimo ideológico, negando la causa del MST. Esa capacidad de aproximar a las personas de los conflictos y de los grupos que están en él es realizada a través de los medios de comunicación, a través de una divulgación estereotipada y estigmatizada de los acontecimientos sociales sobre el MST. Para esta autora el proceso de criminalización tiene más un origen en los propios medios de comunicación que en la justicia.11 Nuestra hipótesis es diferente: entendemos que existe una complementariedad entre las instituciones del Estado, las empresas de medios de comunicación, las instituciones privadas de hegemonía en general en términos gramscianos y las acciones ilegales de las clases dominantes en el campo. Por lo tanto, decir que la criminalización emana de una estigmatización propagada por los medios de comunicación es fragmentar el análisis y no permite comprender el proceso de criminalización del MST en su conjunto. Los medios de comunicación cumplen su función específica dentro del proceso dinámico de la criminalización de los movimientos sociales, pero verla como el centro de ese proceso es limitar la visión y dejar fuera importantes sujetos del mismo. Una tercera forma que encontramos para entender el proceso de criminalización de los movimientos sociales es el hecho de ser una acción política de las clases dominantes brasileñas para cohibir las luchas populares. Para investigadores del área de trabajo social como Bruno Bruziguessi y Cristina Simões Bezerra la criminalización de los movimientos sociales es un hecho histórico en los marcos de la formación económico-social capitalista de la sociedad. En lo que se refiere específicamente al caso brasileño, la criminalización tiene un aporte histórico, no sólo volcado para los sujetos penalizados individualmente, sino también en sus formas de organización política. En este sentido, a lo largo de todo el proceso de desarrollo de las relaciones capitalistas en el país, las organizaciones de la sociedad civil se mostraron como grandes amenazas al orden establecido y fueron consideradas peligrosas, del punto de vista del Estado, para todo el resto de la población. Es pautado por este pensamiento que el Estado brasileño construirá medios cada vez más determinados de inhibir, ignorar, cooptar, reprimir y controlar a las formas de organización de la sociedad civil y sus formas Martins C., D. A Criminalização dos movimentos sociais e a luta por terras no interior do Paraná – o caso de quedas do Iguaçu. In: Ciências Sociais aplicadas Em Revista. UNIOESTE - CAMPUS MAL. CÂNDIDO RONDON - V. 7 Nº 12 - p. 15-50, 1º, 2007.

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de reivindicación, protesta y manifestación, desde la más débil hasta la mejor estructurada de las organizaciones, de las más puntuales a las más articuladas de las manifestaciones.12 Esta percepción es diferente de los análisis anteriores, y tiene como telón de fondo, la idea que el Estado no es neutral sino que actúa bajo el interés de las clases dominantes. Los análisis anteriores a pesar de caracterizar al Estado de Derecho como agente de la criminalización del MST, con el objetivo de controlar socialmente a las camadas más pobres de la población, a través de la ampliación del Estado Penal, tenemos la impresión que eso aparece como un hecho coyuntural, o que es la prensa la que induce a la justicia a criminalizar a los movimientos sociales. Nuestra perspectiva tiene proximidad con el análisis hecho por Bruziguessi y Bezerra, pero los estudios que las autoras anteriores utilizan sirven para analizar jurídicamente el proceso de criminalización del MST. En lo que se refiere específicamente al concepto de criminalización es notable que el concepto, como viene es utilizado, se restringe a las acciones institucionales del Estado y a la cobertura periodística de los medios de comunicación y su caracterización en tanto MST. Algunos autores amplían el concepto de criminalización insertándolo en el de estigmatización como lo hace Foscarini, por ejemplo, o señalan el término represión como una forma más que el Estado usa frente a los movimientos sociales. (VIANA, 2005) Este debate sobre el concepto de criminalización y represión o violencia aparece en la discusión entre los autores Sergio Sauer y Aton Fon Filho. Sauer, en un capítulo dedicado a la criminalización de los movimientos sociales en su libro Terra e modernidade: a reinvenção do campo brasileiro,13 realiza una diferenciación entre violencia y criminalización. Criminalizar seria el hecho de “hacer a las personas y a las acciones ser vistas y juzgadas (por la opinión pública y por los órganos estatales) como delictivas, o sea, como acciones realizadas al margen de la ley y del orden”.14 Para este autor la criminalización se concentra en el campo exclusivamente ideológico, en el campo discursivo de los medios de comunicación y la justicia. 12 Bruziguessi, B.; Bezerra C. S. Coerção e consenso: os fundamentos da criminalização dos movimentos sociais no Brasil. In: Libertas, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 42-73, jan-jun/2010. Disponible en: www.ufjf.br/revistalibertas/files/2011/02/artigo03_12.pdf (Ùltimo acceso: 30.12.2011) 13 Sauer, S. Terra e modernidade: a reinvenção do campo brasileiro. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2010. 14

Ibíd. – 153 –

En un artículo titulado Criminalização dos movimentos sociais: democracia e repressão dos direitos humanos publicado en el libro Criminalização dos protestos e movimentos sociais, Fon Filho nos trae un concepto diferente de criminalización de los movimientos sociales. La criminalización, para él, incluye todas las formas de represión y violencia contra las organizaciones populares. Para el autor “la criminalización es un conjunto de formas represivas, sean ellas apenas ideológicas o violentas/represivas”.15 En el estudio del Caso de Pocinhos, según nuestra hipótesis, es imposible disociar la criminalización de la violencia, pues la violencia contra los trabalhadores sin tierra ya era en si su criminalización y la criminalización de los integrantes del MST, que a su vez, era también la propia violencia contra ellos. De este modo, la forma cómo define Fon Filho nos ayuda más a comprender nuestro caso. De este modo, la separación que realiza Sauer se vuelve en realidad arbitraria. Continuando con este balance, mencionaremos algunas de las investigaciones encontradas sobre casos específicos de criminalización de los movimientos sociales. b. Investigaciones sobre casos específicos de criminalización de los movimientos sociales En su trabajo de monografía para concluir su curso de graduación en Derecho, intitulado Relatos do inimigo no campo: A Criminalização dos movimentos sociais no Rio Grande do Sul (2006-2010) Efendy Emiliano Maldonado Bravo, trae aspectos amplios teóricos y empíricos del proceso de criminalización en esa provincia de Brasil. Basado centralmente en la teoría de Michel Foucault, el autor realiza un estudio a partir de los procesos judiciales que criminalizan a integrantes del MST. En el trecho del autor que citamos abajo, sobre la criminalización de los movimientos sociales en general, observamos que usa el término foucoultiano, punición: El poder punitivo, por medio de mecanismos de control social, direccionó su voluntad soberana a determinados grupos sociales, con el objetivo de normalizarlos. Esa elección parte, la gran mayoría de las veces, del juicio subjetivo de aquellos que están ejerciendo el poder económico-político, es decir, presenta una tendencia selectiva que discrimina. En la actualidad, esa tendencia se agrava con la utilización de los mecanismos psicosociales (el Fon Filho, A. Criminalização dos movimentos sociais: democracia e repressão dos direitos humanos. In: BUHL, K. e KOROL, C. (Orgs.). Criminalização dos protestos e movimentos sociais. São Paulo: 2008. 15

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poder mediático, en especial), que sedimentó una sensación de inseguridad y miedo, generalizada en la sociedad.16 En esta investigación el autor estudia especialmente las acciones del Ministerio Público de Rio Grande do Sul (RS), de la Brigada Militar de esa provincia, así como un informe reservado entre estas dos instituciones que dio origen a un mandato de disolución del MST en la provincia. Esta medida fue, más tarde, excluida de las investigaciones. La otra acción estudiada por este autor fue la medida que criminalizó a ocho trabajadores sin tierra también en la provincia de RS, a partir de una iniciativa del Poder Judicial y basándose en la Ley de Seguridad Nacional.17 La investigación tiene un rico análisis jurídico de los procesos de criminalización de trabajadores sin tierra, llegando a indicar los errores legales y las inconstitucionalidades de los procesos contra el MST en RS. Pero en relación con la visión del autor sobre el Estado, realizamos la misma crítica ya presentada a la de las autoras discutidas anteriormente. Bravo verifica los procedimientos jurídicos equivocados, las fallas e irregularidades en la investigación de los procesos contra el MST y afirma que eso se debe al hecho del Estado de Derecho se estar alejando de las causas sociales.18 No estamos afirmando la ausencia de relevancia del conocimiento de las violaciones constitucionales cometidas en los procesos de criminalización de los movimientos sociales, Bravo, E. E. M. Relatos do inimigo no campo: A Criminalização dos movimentos sociais no Rio Grande do Sul (2006-2010). São Leopoldo-RS: Bacharelado em Direito - Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - (Monografia de Conclusão de Curso), 2010.

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17 La Ley de Seguridad Nacional fue instituida durante la dictadura militar brasileña (19641985) que prevé castigar a aquellos que actúan de forma individual o en grupo en contra del Estado Democrático de Derecho. Fue a través de esa ley que fueron decretadas jurídicamente la mayoría de las prisiones y persecuciones a militantes políticos que luchaban contra la dictadura. En la actualidad continúa siendo utilizada por los gobiernos democrático-liberales, lógico que en número menor de casos, pero no deja ser significativo que no exista la decisión política de derogarla, es tan solo un indicador más de la claudicación política del Partido de los Trabajadores (PT), el cual hace nueve años ininterrumpidos que está gobernando Brasil. 18 Bravo expone que: “los resultados obtenidos con la investigación realizada indican que el Poder Judicial, el Ministerio Público y las policías de la provincia vienen, de manera sistemática, reprimiendo y criminalizando a los movimientos sociales, o sea, violando los derechos humanos, no reconocen a los integrantes de estos movimientos como ciudadanos, sujetos de derecho, sino como enemigos. De esta forma, los poderes del estado, por medio del poder punitivo, se distanciaron radicalmente de las demandas de la sociedad, transformándose en un instrumento político de las clases dominantes y del capital internacional, en el combate a los movimientos sociales campesinos.” (BRAVO, 2010, p. 185). (itálica del propio autor)

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pero parece contener una debilidad teórica de fondo en el sentido de la interpretación del Estado de Derecho al afirmar que de este modo el Estado se estaría alejando de las demandas sociales. Mistifica al Estado creyendo que el Estado capitalista en términos conceptuales en general y el estado capitalista en la formación económico-social brasileña en particular, fue comprometido con las cuestiones sociales señaladas por los movimientos sociales. Este no es el espacio adecuado para discutir sobre los elementos para pensar una teoría del poder en Foulcaut, pero si bien una de las criticas más recurrentes al filosofo francés es su ausencia de problematización sobre la importancia del Estado en la sociedad capitalista, como por ejemplo la realizada por el politólogo greco-francés Nicos Poulantzas,19 su concepción más general lleva al filósofo francés a una conclusión profundamente anti-institucionalista, podríamos hasta afirmar “neo-anarquista” y realiza una crítica al denominado Estado de derecho como un elemento más de la sociedad disciplinaria. Bravo, utiliza categorías foucoltianas en todo su trabajo, para sacar una conclusión ya no anti-marxista, sino también anti-foucoultina. Encontramos una fuerte incoherencia teórica en este texto, puesto que el teórico de la anti institucionalidad, Foulcaut, jamás esperaría que el Estado fuese otra cosa que una institución más de control social. Otras dos importantes investigaciones, ya anticipadas en este breve balance de la literatura son las realizadas profesoras de Derecho, Fernanda Maria da Costa Vieira y Daniele Comim Martins, ambas del área de sociología del Derecho. Sus investigaciones son: Presos em nome da Lei? Estado Penal e criminalização do MST (VIEIRA, s/d) y A criminalização dos movimentos sociais e a luta por terras no interior do Paraná – o caso de Quedas do Iguaçu.20 Viera estudia las acciones del Ministerio Público de RS contra el MST, las mismas que analiza Bravo, y como ya fue expuesto, estudia la criminalización del MST a partir de un contexto de ampliación del Estado Penal y de la criminalización de la pobreza, lo que denomina el “encarcelamiento de los miserables”. Esta autora cree que el Estado de Bienestar Social por estar viviendo una crisis adopta la política de encarcelar a las camadas sociales consideradas “peligrosas”.

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Poulantzas, N. Estado, poder y socialismo. Madrid, Siglo XXI, 1978.

Martins C., D. A Criminalização dos movimentos sociais e a luta por terras no interior do Paraná – o caso de quedas do Iguaçu. In: Ciências Sociais aplicadas Em Revista. UNIOESTE - CAMPUS MAL. CÂNDIDO RONDON - V. 7 Nº 12 - p. 15-50, 1º, 2007.

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Al analizar las denuncias promovidas por el Ministerio Público, tipificando las ocupaciones colectivas como crimen de asociación ilícita, así como las decisiones judiciales determinando las prisiones preventivas de los dirigentes del movimiento, percibimos una reorientación en las estrategias de control estatal en un contexto de crisis del Estado de Bienestar Social y la ampliación del Estado Penal.21 Martins C., a su vez, realiza un estudio de caso sobre la criminalización del MST en la provincia de Paraná, más específicamente en la ciudad de Quedas do Iguaçu. La investigadora a partir de datos empíricos de los procesos jurídicos contra trabajadores integrantes del MST los confronta con teorías de la criminología en los marcos de las teorías del Derecho. Con su investigación llega a la conclusión que el Estado con sus instancias e intereses económicos, construyen un aura de estigmatización alrededor de los integrantes del MST, y los medios de comunicación actuarían en la perpetuación y ampliación de la “estigmatización delictiva” del MST. Se diagnostica la influencia, sino la determinación, de las instancias de control social difuso e institucionalizado representativas del interés económico de las elites dominantes en la construcción cotidiana de la estigmatización delictiva de los sujetos involucrados en el MST, percibiéndose la reproducción y ampliación de este estereotipo en el medio ambiente comunicativo.22 La disertación de Flávio Bortolozzi Júnior, en el curso de Posgrado de Derecho de la Universidad Federal de Paraná, estudia la criminalización del MST y su lucha contra-hegemónica. El título de la investigación es: A criminalização dos movimentos sociais como obstáculo à consolidação dos direitos fundamentais.23 El autor busca entender la criminalización del MST realizando un recorrido histórico sobre el desarrollo de la propiedad privada y de los conflictos en el campo en Brasil y en América Latina. Específicamente sobre la criminalización de los movimientos sociales el Vieira, F. M. C. Presos em nome da lei? Estado Penal e criminalização do MST. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Vol. 43, 2005.

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Martins C., D. A criminalização dos movimentos sociais e a luta por terras no interior do Paraná – o caso de quedas do Iguaçu. In: Ciências Sociais aplicadas Em Revista. UNIOESTE - CAMPUS MAL. CÂNDIDO RONDON - V. 7 Nº 12 - pp. 15-50, 1º, 2007.

22

Bortolozzi, F. J. A criminalização dos movimentos sociais como obstáculo à consolidação dos direitos fundamentais. 2008. (Mestrado em Direito) Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal do Paraná.

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autor afirma que el derecho penal es utilizado de forma equivocada por el Estado para la resolución de lo que son problemas sociales y no penales. La criminalización de los movimientos sociales por el Derecho Penal como instrumento del Poder, que se utiliza de categorías legales abstractas para encuadrar las acciones políticas de grupos organizados en tipos penales y, de esta forma, legitimar y autorizar el empleo del monopolio de la fuerza, representa la estrategia de la ideología hegemónica para mantener las condiciones materiales desiguales de existencia, a través de la institucionalización de la violencia y del derecho penal no como política criminal, sino como política equivocada de resolución de los problemas sociales.24 Aspectos interesantes de esa investigación son los abordajes sobre las premisas ideológicas del sistema penal y la caracterización de los medios de comunicación como una institución de control social informal y el Estado Penal como una institución de control social formal. Esto nos ayuda por ejemplo en el análisis de los documentos jurídicos del Caso de Pocinhos. Otro artículo importante para nuestra investigación es el citado Coerção e consenso: os fundamentos da criminalização dos movimentos sociais no Brasil, de los investigadores del área de Trabajo Social, Bruno Bruziguessi y Cristina Simões Bezerra. A través de un abordaje gramsciano, el camino teórico hecho por los autores es primero caracterizar el desarrollo del Estado en la sociedad capitalista, luego analizar la sociedad civil y su complejidad frente a los instrumentos de coerción y consenso en el esfuerzo de las clases dominantes de mantener su dominación político-económica sobre las clases oprimidas.25 Los dos artículos de Leandro Gaspar Scalabrin26, O crime de ser MST27 y Estado de exceção no Rio Grande do Sul e a criminalização do MST28, traen análisis 24

Ibíd.

Bruziguessi, B.; Bezerra C. S. Coerção e consenso: os fundamentos da criminalização dos movimentos sociais no Brasil. In: Libertas, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, pp. 42-73, jan-jun / 2010. Disponible en: www.ufjf.br/revistalibertas/files/2011/02/artigo03_12.pdf (Ùltimo acceso: 30.12.2011) 25

Abogado del MST y militante de organizaciones de derechos humanos. Publicó varios artículos en revistas académicas y de organizaciones de derechos humanos sobre la criminalización de los movimientos sociales y derechos humanos. 26

Scalabrin, L. G. O crime de ser MST. In: Criminalización y derechos humanos, Año IX Nº 24, 2008a. 27

Scalabrin, L. G. Estado de exceção no rio grande do sul e a criminalização do MST. In: Filosofazer. Passo Fundo, n. 33, pp. 161-182, jul./dez. 2008b. Disponible en: www.ifibe.edu.br/seer/index.php/filosofazer/article/download/67/88. (Último acceso: 30.12.2011).

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sobre importantes casos de criminalización del movimiento en la provincia de Rio Grande do Sul (RS). Los principales acontecimientos que el estudió fueron: la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional contra ocho trabajadores sin tierra, ley sólo utilizada hasta entonces en la época de la dictadura militar brasileña; medida contra integrantes del MST que restringían sus derechos legales como ciudadanos comunes29 y la acción conjunta entre la Policía Militar, la Policía Federal, la Policía Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de las Rutas provinciales para disolver el XXIV Congreso provincial del MST (RS) en el año 2008. Su análisis jurídico, sobre esos y otros casos, concluye que la Justicia utiliza métodos y argumentos jurídicos de la dictadura militar para criminalizar en la actualidad al MST en RS. c. Los medios de comunicación y el Poder Judicial en la criminalización de los movimientos sociales De los estudios realizados, aún en el campo del derecho nos llamaron la atención dos por estudiar la relación entre los medios de comunicación y la criminalización de los movimientos sociales. El primero es un trabajo de Cristiane de Souza Reis, Por trás dos bastidores da mídia30 y el otro es O discurso midiático nos meandros da Criminalização: contemporaneidade e movimentos Sociais de Léia Tatiana Foscarini.31 Ambos trabajos afirman que los medios de comunicación refuerzan la criminalización oficial, la de las instituciones del Estado contra los movimientos sociales, y se encuentra el análisis de que hay un camino de regreso, que los medios también incitan a la criminalización llegando a interferir o fomentar los procedimientos jurídicos de criminalización de grupos y personas. Realizarían esto al estereotipar y la estigmatizar sectores sociales vistos como peligrosos. De este modo los medios llegarían a crear la figura de quien es criminoso tanto para la sociedad en general como para la propia justicia. En este contexto es que estarían incluidos como criminales los integrantes del MST. 29 Como fue el caso de la prohibición de una marcha de 300 trabajadores sin tierra de entrar en la ciudad de Coqueiros do Sul (RS), negando el derecho de libre circulación, de ir y de venir garantizado por la constitución brasileña. 30 REIS, C.S. Por trás dos bastidores da mídia. In: Contemporânea nº 3 2004.2. 2004. Disponible en: www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_03/contemporanea_n03_13_reis.pdf (Último acceso: 30. 12. 2011).

Foscarini, L. T. O discurso midiático nos meandros da criminalização: contemporaneidade e movimentos sociais. Sem data. Disponible en: http://www.nepe.ufsc.br/controle/artigos/artigo89.pdf, (Último acceso 23.02 2010). 31

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Las dos investigaciones llegan a conclusiones semejantes, sólo se diferencian en relación con los procedimientos metodológicos y teóricos. Reis realiza un análisis partiendo de las teorías sobre criminalidad y criminalización, sobre quien es criminal, y lo que es crimen, para después afirmar a partir de lecturas de teóricos del tema, que el crimen o criminal sólo existe cuando son normativizados por el Estado o instituciones “informales”, por ejemplo, los medios de comunicación o las escuelas, que este no existe en sí mismo, sino que está definido a partir de los intereses de las clases poderosas, las que controlan las instituciones formales e informales de la sociedad. En ese meandro se localizaría la criminalización del MST y de sus integrantes. Por su parte Foscarini, arriba a estas conclusiones partiendo principalmente del análisis de los documentos de los medios de comunicación sobre el MST, y de intentar comprender el significado y el papel de los medios de comunicación y del sistema penal en la sociedad actual, y entender como crean y fortalecen la estigmatización y la criminalización de grupos y de personas. La estigmatización de personas, grupos, comportamientos y situaciones al lado de la consecuente criminalización de los mismos opera de forma privilegiada con el “auxilio” de los medios, que aunque desarrollen una función importante para hacer efectiva la democracia, frecuentemente se colocan en el papel de fomentadores de una criminalidad que no raras veces es incitada por ella misma y forzada a normativizar. (Focarini, s/d, s/p) Independientemente de su cuestionable idealización de los medios como democratizadores de la sociedad, específicamente sobre ese proceso en relación con los movimientos sociales la autora dirá que los medios actúan de una forma de legitimar para toda la sociedad el castigo de los activistas de los movimientos sociales, individuos ya estigmatizados socialmente. Los medios, son meandros entre el aparato del Poder Judicial y la estigmatización y criminalización de determinados grupos, entre ellos los movimientos sociales, funciona como instrumento de legitimación de una actuación punitiva y fragmentaria del sistema penal.32 Presentamos algunas observaciones a ambas investigaciones precedentes, algunas ya mencionadas cuando nos referimos a los otros autores: podemos ver el proceso de criminalización de los movimientos sociales igual a Foscarini, L. T. O discurso midiático nos meandros da criminalização: contemporaneidade e movimentos sociais. Sem data. Disponible en: http://www.nepe.ufsc.br/controle/artigos/artigo89.pdf, (Último acceso 23.02 2010). 32

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la criminalización de individuos que comenten “delitos”, como por ejemplo los infractores comunes, como individuos que cometen robos, asesinatos, secuestros, y otros delitos, utilizando teorías que explican la categorización de crimen o criminalización referido a crímenes comunes, para explicación y entendimiento de la criminalización dos movimientos sociales? Son las principales dudas que levantamos frente a las lecturas de estos trabajos del área del derecho. Nuestra crítica no es dentro del campo jurídico sino que parte del objeto que estamos investigando. Esto es independiente que en la instrucción y en los argumentos jurídicos contra los trabajadores sin tierra criminalizados en el Caso de Pocinhos (PB) hayan sido tratados como criminales comunes,33 según nuestra hipótesis, esa era sólo la apariencia de la criminalización, la forma con que ella se presenta para la sociedad, pero que tanto para los que primero reprimieron a los trabajadores (los propietarios del latifundio y el grupo paramilitar) hasta los últimos (los medios de comunicación y la justicia) esos hechos siempre formaron parte de un conflicto esencialmente político. El proceso de criminalización de los movimientos sociales tiene como principal base oficial la acción jurídica contra protestas y reivindicaciones clasistas y/o populares, esas acciones de los movimientos sociales al ser tratadas como crímenes comunes, según nuestra interpretación es una cuestión principalmente política, pero travestida ideológicamente como un trato jurídico basado en las leyes criminales. El hecho de las acciones de los movimientos sociales ser tratadas como delitos que perturban la convivencia social, igualado a cualquier otro tipo de delito encuadrado como crimen, no significa que el Poder Judicial y las demás instituciones que criminalizan a los que actúan en las luchas clasistas y populares, no sepan las diferencias que existen entre esos sujetos. La criminalización judicial es la apariencia de los mecanismos de las clases dominantes para la contención de las luchas sociales por cambios políticos estructúrales. En la contención de otros tipos de acción tenidas como criminales no tendría ese carácter. De modo que utilizar las teorías de la criminología para entender tanto la criminalización de grupos políticos y la criminalización de grupos no políticos es un error, tanto por el riesgo de despolitizar lo que es esencialmente político como de politizar lo que es poco o nada político. Ejemplos comunes de procesos que recaen sobre el MST y sus integrantes son: el de formación de cuadrilla, asociación ilícita, invasión de inmueble ajeno, degradación de predios ´públicos o privados, entre otros. 33

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Cuando las acciones de los movimientos sociales sean estas de enfrentamiento a las leyes del Estado y\u contra la propiedad privada, son políticas, nos preguntamos: ¿las teorías de la criminología son suficientes para comprender y caracterizar el proceso de criminalización de los movimientos sociales? Entendemos que al usar las mismas prerrogativas para la categorización de crimen y/o de criminalización de forma general, para analizar el tratamiento judicial que el Estado y los medios dan a los movimientos sociales y a sus acciones, analizan de forma parcial, sólo la superficie del proceso de criminalización, apenas como él aparece en la sociedad con el objetivo de legitimar el orden social.34 De esta forma se deja de ver lo que esconde esa apariencia, que es su carácter estrictamente político, ese proceso es conducido por el bloque histórico de las clases dominantes en una determinada formación económico-social, con el objetivo de contener a los movimientos sociales y sus luchas. La criminalización de las luchas sociales y el encuadramiento de los activistas de esas luchas como criminales comunes, en nuestra hipótesis es una prerrogativa ideológica.35 Otra investigación que trata de la criminalización de los movimientos sociales promovida por los medios de comunicación es el artículo Poder e mídia: a criminalização dos movimentos sociais no Brasil nas últimas trinta décadas.36 Partiendo de una perspectiva historiográfica, si bien aparecen pocos hechos históricos en su artículo, el autor afirma que los medios de comunicación brasileños a lo largo de los últimos tres siglos, si treinta décadas, criminalizó a los movimientos sociales. En este sentido afirma: Los medios de comunicación de masas, bajo el dominio de las clases dominantes, transmiten con su fuerza de opresión ideológica a la sociedad,

34 Es importante resaltar que no siempre los movimientos sociales son criminalizados como criminales comunes, esa forma es la más numerosa en términos cuantitativos, pero, y como vimos en los casos del estado de Rio Grande do Sul, hay veces que son criminalizados con argumentos explícitamente políticos, basándose inclusive en leyes de la dictadura militar.

Como afirmamos más arriba, entendemos ideológico en el sentido de Marx en La Ideología Alemana. Las ideas de una determinada clase históricamente dominante que justamente por ser ella la detentora de los medios de producción y de reproducción materiales e inmateriales de la sociedad, transforman sus ideas particulares en ideas universales, distorsionando y limitando la comprensión sobre los hechos y los procesos sociales en curso en nuestra sociedad (MARX, 1996).

35

Volanin, L. Poder e mídia: a criminalização dos movimentos sociais no Brasil nas últimas trinta décadas. S\d. Disponible en: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/ arquivos/760-4.pdf Último acceso: 30.12.2011. 36

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que las organizaciones sociales son movimientos que desintegran el sistema social, político y económico del país.37 El artículo muestra su debilidad, por anunciar un estudio histórico sobre la criminalización de los movimientos sociales en los últimos trescientos años en el Brasil, un período histórico muy largo y como podía preverse no cumple con lo enunciado, realizando apenas, de forma breve y superficial, afirmaciones en cuanto a este hecho, pero sin demostrar nada históricamente. d. La criminalización de los movimientos sociales en las investigaciones de sociólogos y politólogos En esta parte abordaremos las investigaciones sobre la criminalización de los movimientos sociales del área de las ciencias sociales en particular la sociología y la ciencia política. Encontramos un artículo intitulado O caráter da criminalização dos movimentos sociais no Brasil del sociólogo César Sanson. Este enfoca como tema principal la cuestión de la criminalización de los movimientos sociales durante el Gobierno de Lula.38 En sus propias palabras: Se engaña quien piensa que la criminalización de los movimientos sociales perdió fuerza en el gobierno de Lula. Por el contrario, en la medida en que el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) optó por una gran coalición que va de sectores de izquierda a la derecha, disimuló los conflictos de clase y dio espacios para que los sectores conservadores retomasen sus viejas prácticas de criminalizar las luchas sociales y a sus dirigentes.39 La tesis de doctorado intitulada Navegando contra a maré: a relação entre MST e mídia, cuyo autor es Fernando Antonio da Costa Vieira, se divide en dos partes principales: la primera enfoca los grandes medios de comunicación en el Brasil y los elementos de la criminalización del MST, y en la segunda, realiza un análisis de los vehículos de comunicación del propio MST y su lucha contra-hegemónica.40 37

Ibíd.

Sanson, C. O caráter da criminalização dos movimentos sociais no Brasil. Criminalización y derechos humanos, Año IX Nº 24, 2008.

38

39

Ibíd.

Vieira, F. M. C. Presos em nome da lei? Estado Penal e criminalização do MST. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Vol. 43, 2005. 40

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Su lucha intransigente por la tierra, cuestionando la inviabilidad de la propiedad privada, hizo del movimiento un blanco de los medios, transformando al MST en una organización que rompe con la esfera del orden. Es por eso que debe ser criminalizado y aislado de la sociedad.41 No hallamos trabajos e investigaciones de sociólogos específicamente sobre el proceso de criminalización de los movimientos sociales en estos términos.42 Pero sobre el tema de la violencia en el campo tenemos muchas y variadas producciones académicas. El tema de nuestra investigación se vuelca más al termino criminalización, si bien, el estudio de nuestro objeto, el Caso de Pocinhos, también está inserto en la violencia en el campo, y por ser el término criminalización de los movimientos sociales relativamente nuevo en los medios académicos, también nos fueron de utilidad las bibliografías sobre la violencia en el campo, o sobre conflictos agrarios. Trataremos aquí de dos trabajos que en nuestra opinión son clásicos en el área. el de Leonilde Servolo de Medeiros intitulado Dimensões políticas da violência no campo43 y el de José de Souza Martins Expropriação e violência.44 Leonilde Medeiros destaca que la impunidad en el campo brasileño revela una de las caras de la violencia, que demuestra “el profundo involucramiento del Poder Judicial con los intereses ligados a la propiedad de la tierra, lo que coloca un impasse en esas situaciones de disputa”.45 La autora completa afirmando que: la violencia en el campo indica la existencia de una cara de la sociedad incapaz de reconocer derechos y negociar intereses, visto que niega al otro. Como tenemos, de un lado, la defensa de los intereses absolutos de la propiedad, se niega cualquier posibilidad de discutirlos a través de la constitución de otra concepción del derecho que colocó en pauta el tradicional lugar de la propiedad terrateniente.46 41

Ibíd.

42

La excepción es el artículo de Cesar Sason ya mencionado.

Medeiros, L. S. Dimensões políticas da violência no campo. In: Tempo, Rio de Janeiro, vol. 1, pp. 126-141, 1996. 43

44

Martins, J. S. Expropriação e violência: a questão política no campo. São Paulo: Hucitec, 1980.

Medeiros, L. S. Dimensões políticas da violência no campo. In: Tempo, Rio de Janeiro, vol. 1, pp. 126-141, 1996. 45

46

Ibíd. – 164 –

Para la socióloga, la violencia en el campo brasileño tiene una naturaleza estructural y se inscribe en la cultura política, en especial en los actores políticos del campo. De esa forma, dirá, que la “violencia persiste y se reproduce en algunas situaciones particulares, se intensifica, alimentadas por determinadas prácticas institucionales y por un determinado padrón de expresión de intereses ligados a la propiedad de la tierra”.47 Para esta autora la violencia en el campo también demuestra una pérdida del poder. Es decir al producirse luchas y destacarse movimientos sociales y dirigentes en la lucha por la tierra, las clases dominantes ven su poder amenazado, y para conservarlos actúan por medio de la violencia. Esta socióloga brinda una relevante contribución para comprender la violencia en el campo en general, y en el estudio de nuestro caso es importante la interface entre la violencia pública, la oficial, la del Estado, y la violencia privada de los pistoleros, sicarios, en síntesis, las manos armadas del latifundio. También para entender la relación entre los propietarios de tierra con las policías y con la justicia. Martins J. S., trae otros aspectos sobre la violencia en el campo. Para él los orígenes de los conflictos rurales tienen dos caras: son contra el proceso de expropiación de los campesinos y el proceso de explotación de ellos. Ambas caras forman parte de un mismo proceso que es la expansión del capitalismo en el campo. Aquellos que no consiguen resistir esa expansión se transforman en proletarios, los cuales luchan contra la explotación a la que son sometidos. De la misma forma resisten el avance capitalista en el campo los campesinos que luchan contra la amenaza permanente de expropiación a la que son sometidos. El sociólogo expondrá que esas son las dos caras combinadas de la cuestión agraria en el Brasil: “la expropiación y la explotación”.48 Complementando de la siguiente forma: La expropiación disocia el trabajador de la tierra, su principal medio de producción, lo prepara, de esta manera, para ser explotado por el capital, a quien deberá vender su fuerza de trabajo, convertida en mercadería. Sin embargo, la expropiación acentúa la concentración de tierras, en detrimento, está claro, de la pequeña explotación, que, contradictoriamente, no se extingue, se multiplica.49 Medeiros, L. S. Dimensões políticas da violência no campo. In: Tempo, Rio de Janeiro, vol. 1, pp. 126-141, 1996. 47

48

Martins, J. S. Expropriação e violência: a questão política no campo. São Paulo: Hucitec, 1980.

49

Ibíd. – 165 –

Serían tales relaciones en el campo, las generadoras de las violencias y tensiones en el medio rural brasileño. Inclusive es importante señalar que para el autor tales tensiones son ya en sí mismas violentas. Otro interesante estudio, este de carácter más cuantitativo, es el realizado por Artur Zimerman, cientista político en su investigación de posdoctorado en la Universidad de São Paulo (USP) y publicado en algunos artículos50 donde sostiene la tesis que los regímenes democráticos en el Brasil mataron más campesinos que los regímenes autoritarios. El se basa en el hecho de que fueron asesinados más campesinos durante los gobiernos democráticos, posteriores a 1985 que en la dictadura militar (1964-1985). La principal obra de este autor sobre el tema es el libro: Terra Manchada de Sangue - Conflitos agrários e mortes no campo no Brasil democrático, donde busca explicar, de manera sistemática, la violencia agraria en el país, en el período democrático, con datos sobre las muertes de campesinos en disputas de tierra. El autor presenta como hipótesis que a mayor concentración de tierras se eleva el riesgo de mayor violencia y muertes en el campo. El material cuantitativo más completo sobre el universo de la violencia en el campo en el Brasil son los informes anuales que la Comisión Pastoral de la Terra (CPT), vinculada orgánicamente a la Iglesia Católica, organiza con el nombre de Relatório da violência no campo. El informe presenta además de los datos sobre los números de conflictos, de prisiones, de agresiones, de amenazas de muerte, de destrucción de áreas cultivadas o de casas o de asesinatos entre otros, que retratan las varias formas de violencia existentes en el campo brasileño. Estos informes, traen también artículos analíticos sobre esos datos. Entre los artículos publicados en el Relatório da violência no campo, podemos destacar el intitulado A luta por direitos e a criminalização dos movimentos sociais: a qual Estado de Direito serve o sistema de justiça? de Antonio Filho e Darcy Frigo. Este contribuye con una definición de criminalización que es la que adoptamos, así como las contribuciones de Fon Filho. Para los autores, integrantes de redes de derechos humanos, la criminalización se da a través de un proceso estructurado de violencia física y simbólica, que adquiere aires de violencia institucional (pública y privada) en la medida en que sus agentes se utilizan de sus “funciones” para atribuir una naturaleza esencialmente delictiva a las manifestaciones sociales organizadas.51 50

Como por ejemplo: Governos democráticos e as vitimas da luta pela terra (ZIMERMAN, 2010).

Filho, A E Frigo, D. A luta por direitos e a criminalização dos movimentos sociais: a qual Estado de Direito serve o sistema de justiça? In: Conflitos No Campo 2009. Goiás: Editora Expressão Popular, 2010.

51

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e. Investigaciones sobre la criminalización de los movimientos sociales o la violencia en el campo en la provincia de Paraíba Específicamente sobre el proceso de criminalización de los movimientos sociales no encontramos ningún trabajo que investigue ese fenómeno en el Estado de Paraíba. La excepción es un breve artículo de un grupo de investigación del área de derecho en la Universidad Federal de Paraíba. Sin embargo, encontramos importantes fuentes en algunas bibliografías sobre conflictos y violencia en el campo. La gran mayoría de ellas se encuentra en el área de Geografía. Citaremos algunas de esas investigaciones que según nuestra evaluación traen relevantes contribuciones para investigar la criminalización del MST en Paraíba. Un texto clásico sobre los conflictos por la tierra en Paraíba es un libro de dos volúmenes Por um pedaço de chão escrito por la profesora de Geografía de la UFPB Emilia Moreira. En esos volúmenes la autora organiza en forma de relatos cortos todos los conflictos por la tierra en Paraíba de 1970 a 1995. En esos registros encontramos algunas informaciones sobre cada conflicto como, por ejemplo, la localización, el número de familias participantes, los motivos de los conflictos, y los relatos de personas involucradas en ellos. La investigación de Moreira realiza un denso levantamiento documental, recogiendo los registros del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), documentos de organizaciones populares del campo, como la Federación de los Trabajadores de la Agricultura (FETAG), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el MST; y además documentos de la prensa local. Además de la investigación documental la autora realiza entrevistas con campesinos involucrados en los conflictos. Pero como la propia autora registra en la introducción del libro, ella no consigue hacer un análisis crítico de los datos que organiza en los dos volúmenes, y espera o realizarlo en otra oportunidad o que lo hagan otros investigadores. En el libro Capítulos de Geografia Agrária da Paraíba Emilia Moreira e Ivan Targino, partiendo del estudio de la geografía agraria de la provincia traen al final de su obra un capítulo intitulado “os movimentos sociais no campo e as conquistas da classe trabalhadora”.52 En este capítulo los autores nos brindan elementos de la dinámica de los conflictos en el campo en Paraíba, quienes son sus principales actores, como actúan los terratenientes, y como Moreira, E. E Targino, I. Capítulo de geografia agrária da Paraíba. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1997.

52

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actúa el Estado. Por último, caracteriza la violencia en campo en Paraíba afirmando: En Paraíba la violencia en el campo ha asumido a lo largo del tiempo, las más diversas formas: desocupaciones, destrucción de casas y de áreas sembradas, prisiones arbitrarias, torturas y asesinatos. En las áreas de conflicto, en las huelgas de los cañeros, decenas de hombres, mujeres y niños fueron golpeados y heridos de bala. Varios dirigentes perdieron su vida, víctimas de la mano armada del latifundio en nuestra provincia. La gran mayoría de esos crímenes – algunos de ellos practicados a la luz del día y en la presencia de autoridades públicas – permanecen en la más completa impunidad: los que mandan y los ejecutores – cuyos nombres son de público conocimiento – no fueron juzgados ni presos, lo que muestra la omisión, cuando no la complicidad del poder público.53 También en el área de la geografía agraria encontramos un artículo, parte de una investigación de maestrado, que lleva como título: Questão agrária e Poder Judiciário: uma análise das disputas territoriais na Paraíba de Luanna Louyse Martins Rodrigues. En este artículo la autora estudia el conflicto agrario que se dio en Paraíba en 1997 en el Municipio de Itabaiana, en la Hacienda Tanques. Ese conflicto duró seis años y ocurrieron dos asesinatos. Rodrigues utiliza principalmente el concepto de judicialización como un fenómeno recurrente en el conflicto de la Hacienda Tanques. El concepto de judicialización expresa exactamente esa imposición de obstáculos a través de la utilización del código penal para imposibilitar las acciones de los movimientos y otras entidades en la lucha por la tierra. Tal concepto se refiere al encuadramiento de aquellos que luchan por tierra en los artículos del código penal criminalizando a los dirigentes y militantes para desarticular las reivindicaciones y el movimiento.54 Al observar los asesinatos de trabajadores rurales por los conflictos en el campo en Paraíba, la autora señala algunas características y hechos que se repiten: (1) la participación de policías en la ejecución de los crímenes; (2) la impunidad de los autores intelectuales “los que mandan a realizar” los crí53

Ibíd.

Rodrigues, L. L. M. Questão agrária e Poder Judiciário: uma análise das disputas territoriais na Paraíba. 2010.

54

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menes; (3) las oligarquías rurales como “mandantes” y (4) la falta de justicia en el campo.55 En otro artículo Rodrigues mapea los conflictos territoriales en Paraíba, o como preferimos denominar, los conflictos por la tierra, y la constitución de asentamientos de la reforma agraria.56 El artículo denominado Disputas territoriais na Paraíba: em busca da construção de território(s) de esperança,57 actualiza los datos de la investigación de Moreira sobre los conflictos en áreas rurales en la provincia de 1996 a 2007.58 A través de mapas y de gráficos la investigadora localiza los conflictos por territorio y los asentamientos rurales en el tiempo y en la geografía de la provincia. Rodriguez relaciona los conflictos con la real conquista asentamientos de la reforma agraria. De esta forma, los conflictos agrarios pueden ser comprendidos como un proceso desencadenado por los campesinos que, apoyados por los movimientos sociales, entidades e instituciones diversas, reivindican el derecho al acceso a la tierra (...). El territorio conquistado por la lucha campesina representa un nuevo lugar, un nuevo espacio de relaciones sociales, el lugar de trabajar y vivir, de construir un nuevo modo de vida.59 Una importante investigación que también se relaciona con el tema de la criminalización de los movimientos sociales es la tesis de doctorado de Marco Antonio Mitidiero, intitulada A ação territorial de uma igreja radical: teologia da libertação, luta pela terra e atuação da Comissão Pastoral da Terra no estado de Paraíba. Esta tesis al estudiar la CPT de Paraíba, realiza un amplio estudio sobre

55

Ibíd.

La autora utiliza para la definición de esas áreas de asentamiento un concepto de Moreira, territorio de esperanza: “(...) aquel conquistado y construido: por la lucha de resistencia campesina para permanecer en la tierra; por la lucha de ocupación de tierras, promovidas por los trabajadores sin tierra; por la lucha de consolidación de las diferentes formas de agricultura campesina.” (MOREIRA, 2006, p. 8). 56

(En este artículo Rodrigues es la principal autora, pero también más arriba junto con ella encontramos a Moreira E Silva). Rodrigues, L.; Silva, A.; Moreira, E. A luta camponesa por terra na Paraíba: em busca da construção de território(s) de esperança. 57

La investigación Por um pedaço de chão (Moreira, 1997) registra los conflictos entre los años de 1970 a 1995.

58

Rodrigues, L.; Silva, A.; Moreira, E. A luta camponesa por terra na Paraíba: em busca da construção de território(s) de esperança.

59

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las acciones de la Iglesia Católica60 junto a los campesinos involucrados en conflictos por tierra. Su tesis trae, entre otras cuestiones, también elementos sobre la geografía agraria de Paraíba, y discusiones sobre el comportamiento del Poder Judicial frente a los conflictos en el campo. En nuestra investigación nos interesó, cuando al analizar los conflictos en el campo en Paraíba donde la CPT realizaba un acompañamiento pastoral, político y jurídico de los casos, el autor expone el papel del Poder Judicial en estos conflictos, acuñando el término criminalização do Judiciário.61 Utiliza ese término al constatar que este poder en Paraíba siempre declaraba inocentes a asesinos, torturadores y autores intelectuales –los “mandantes– de diversos actos de violencia contra los trabajadores rurales, tornándose en su visión por estas acciones el Poder Judicial también criminal. Mitidiero textualmente explica: “es lo mismo que afirmar que, en la actuación del Poder Judicial, la balanza de la justicia pesa siempre contra el lado de los más débiles, lo que es lo mismo que afirmar que este poder es criminal”.62 Los campesinos son figuras sociales, para este autor, que se mueven por las ideas de lo “correcto”, lo justo y la ley y por otro “los propietarios rurales son figuras sociales que tradicionalmente recusaron la mediación de las leyes para resolver los problemas de tierra y laborales en sus áreas”.63 Sobre las violencias en el campo afirma: La presencia de personas al servicio de quien les pague y pistoleros, los asesinatos, las torturas, los desalojos, las amenazas son hechos mediadores para garantizar el orden idealizado e instituido por los propietarios de las haciendas. Sin embargo, contradictoriamente a esa marca histórica, cada vez más los hacendados, también, utilizan el Poder Judicial para garantizar el orden (su orden = desorden).64 60 No es la Iglesia Católica como un todo, pero si la parte que se basaba en la Teología de la Liberación, o en una perspectiva teológica y política que coloca a la necesidad de la justicia y de la igualdad entre los hombres. La misión de los teólogos de la liberación es de estar junto a los pobres, no de un modo asistencialista ni caritativamente, sino contribuyendo para que ellos sean sujetos activos de la lucha por justicia y por una vida mejor.

Mitidiero, M. A. A ação territorial de uma igreja radical: teologia da libertação, luta pela terra e atuação da comissão pastoral da terra no Estado da Paraíba. São Paulo: USP, 2008. 500f. Disponível em: www.teses.usp.br/teses (acesso em: 05.08.2010). 61

62

Ibíd.

63

Ibíd.

64

Ibíd. – 170 –

Cuando las oligarquías rurales utilizan el Poder Judicial como mediador de los conflictos según el autor ellos lo utilizarían de dos formas: por medio de recursos jurídicos basados en las leyes, o a través de influencias personales, para garantizar ser favorecidos por los funcionarios judiciales. En este sentido creemos que esas dos formas, apuntadas por Mitidiero, que tienen los hacendados oligárquicos de relacionarse con el Poder Judicial contra los campesinos, pueden ser caracterizadas de estas dos maneras, como pueden también contener las dos formas en una única. Aunque no discordemos con el autor, queda pendiente también una cuestión: ¿el Poder Judicial actúa contra los campesinos en los casos de conflicto, exclusivamente por esto estar reideramente solicitado o presionados por los grandes propietarios de tierra? Partiendo del estudio de nuestro caso, diríamos que esas dos formas apuntadas por Mitidiero en la relación entre terratenientes y el Poder Judicial son insuficientes para entender esa compleja relación. Otra investigación sobre los conflictos en el campo en la provincia de Paraíba es A violação de direitos civis de trabalhadores rurais envolvidos em conflitos agrários na comarca de Itabaiana – PB.65 Es del área de derecho, específicamente relacionada al tema de los derechos humanos y busca identificar las transgresiones contra los derechos de los trabajadores rurales que se encuentran involucrados en conflictos en el campo en el Municipio de Itabaiana. Los autores presentan la impunidad, las milicias armadas en el interior de los conflictos, la resistencia de los trabajadores, como la víctima se torna reo y relata dos casos conflictivos y violentos, el de la Hacienda Tanques en el mencionado municipio y el de la Hacienda Mendonza localizada en el Municipio de Mogeiro (PB). Este artículo nos trae importantes relatos sobre esos dos casos que podemos denominarlos (a pesar de no ser de esta forma denominado por los autores) de proceso de criminalización de los trabajadores rurales. El texto tiene un contenido parecido con una especie de informe de derechos humanos. Los autores llegan a la siguiente conclusión: No es necesario un gran esfuerzo para constatar que la brutal jerarquización oriunda del proceso de ocupación de nuestro suelo desencadenaron los conflictos agrarios y, por consiguiente, los crímenes perpetrados por el poder del latifundio y por las instancias que le dan sustento (el Estado, el Poder Judicial) contra los trabajadores rurales sin tierra. Estos además Martins L., Tosi, G. A violação de direitos civis de trabalhadores rurais envolvidos em conflitos agrários na comarca de Itabaiana – PB. In: prim@facie, ano 5, n. 9, pp. 41-63, 2006.

65

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de privados del derecho de acceso a la tierra, son todavía victimados por un Poder Judicial parcial, o sea, por la total ausencia de justicia. El monopolio de la tierra, revelado bajo la forma de concentración, y la práctica patrimonialista del poder plasmaron un orden institucional basado en la defensa de privilegios y en el poder arbitrario de la elite agraria. La lógica del poder oligárquico define los parámetros de convivencia de una sociedad en que la práctica discrecional de la justicia solapa el principio de igualdad ante la ley, transformando frecuentemente a la víctima en reo.66 f. Sobre el MST en Paraíba y el Caso de Pocinhos Sobre investigaciones que estudian el MST de Paraíba encontramos dos monografías de conclusión de curso: O MST na Paraíba: a história por seus participantes escrita por Luciana da Silva Henrique estudiante del curso de ciencias sociales y la otra escrita por la historiadora y dirigente del MST-PB Dilei Aparecida Schiochet, As origens do MST na Paraíba. La primera investigación a través de diálogos con los fundadores del MST en la provincia, cuenta la trayectoria de la organización del movimiento en Paraíba. La segunda investigación, también utilizando varias entrevistas, relata la primera ocupación de tierra hecha por el MST en la provincia, la ocupación de la Hacienda Sapucaia en 1989. En esta primera ocupación el MST fue brutalmente reprimido por pistoleros, un bebé murió durante las corridas y la dispersión que se produjo en el campamento promovida por los pistoleros, que disparaban para todos lados y golpeaban a los trabajadores sin tierra.67 Encontramos un breve artículo producido por el Núcleo de Extensión Popular Flor de Mandacaru de Derecho de la Universidad Federal de Paraíba que analiza el Caso de Pocinhos.68 Para esos investigadores el Caso de Pocinhos es un caso emblemático de violación del derecho humano a la tierra. Al analizar los procedimientos del Poder Judicial en la criminalización de los dos trabajadores rurales sin tierra presos en el Caso de Pocinhos ellos llegan a la siguiente conclusión: Martins L., Tosi, G. A violação de direitos civis de trabalhadores rurais envolvidos em conflitos agrários na comarca de Itabaiana – PB. In: prim@facie, ano 5, n. 9, pp. 41-63, 2006.

66

Schiochet, D. As origens do MST na Paraíba, 2008. Monografia (Graduação em História), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa.

67

El artículo se intitula: Assessoria jurídica popular e a criminalização dos movimentos sociais. Lo firman los estudiantes Daniella Memória, Caroline Carvalho, Douglas Pinheiro, Magno Duran, y los profesores Roberto Efrem Filho y Ana Lia Almeida. 68

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Frente al análisis del comportamiento estatal en relación con tal caso emblemático, es una pre-valoración de los fenómenos de la vida social y una pretendida sistematización coherente de las relaciones de poder. (...) Parece evidente que la condición subjetiva de los reos (por ser integrantes del MST) fue el factor determinante para una primera categoría valorativa de reprobabilidad que apunta, también, para los objetivos y motivos de sus acciones: la discriminatoria esteriotipización social (acogida por la jueza) de la figura del trabajador sin-tierra –que contraría, en su pensar y actuar, los pilares de la estructura liberal-individualista del Derecho– fuerza una argumentación jurídica que se remite, insistentemente, a las construcciones de la “opinión pública” (diseminada por los medios con intencionalidades políticas) y del “bien social” como medidas impuestas por el status quo, que impedirán cualquier dinámica intra-democrática: agentes que luchan por derechos sociales son transformados en criminales. Los argumentos de la jueza no son una isla en un paraíso extraño, extraño sería actuar fuera de ellas –repite el discurso jurídico hegemónico–.69 A pesar de la brevedad el artículo y formar parte de una investigación inicial sobre el Caso de Pocinhos el trae relevantes análisis e cuanto a la siguiente pregunta: ¿por qué la Justicia de Paraíba criminalizó los dos trabajadores sin tierra?. Nos aproximamos del análisis hecho por esos investigadores en el sentido de la caracterización del origen de esa criminalización estar basada, en lo que ellos denominan “pre-valoración” de los fenómenos de la vida social, la cual para nosotros en el caso del MST, es justamente la propia ideología, que en el proceso de criminalización de los movimientos sociales se materializa en las acciones judiciales, en las páginas de los diarios y pantallas de televisión y en la propia violencia física. Es importante destacar que los investigadores se dedican más al estudio de los procedimientos jurídicos del Caso.

Breves conclusiones finales Estas son las bibliografías en Brasil sobre la criminalización de los movimientos sociales. Nuestras investigaciones buscan comprender la criminalización como un proceso que aparece socialmente a través de la violencia Memória, D; Carvalho, C.; Pinheiro, D.; Duran, M.; Filho, R.; Almeida, A. sem data. Disponible en: http://pt.scribd.com/doc/44354247/Assessoria-juridica-popular-e-a-criminalizacao-dos-movimentos-sociais (Último acceso: 30. 12. 2011). 69

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explícita, e de la acción del Estado y en los discursos de los medios de comunicación masiva. Nuestra visión sociológico-política sobre estos se Dan a partir específico del estudio de las instituciones específicamente y su relación particular con los movimientos sociales en su acción criminalizante, pero también, y frente a todo, como el proceso se da en su conjunto, como ele se torna una unidad en el marco de una totalidad en el interior de las estrategias de las clases sociales para contener los cambios sociales. En síntesis, entendemos que a partir de la presentación de un caso particular la experiencia conocida como el Caso Pocinhos (PB) en la provincia de Paraíba (PB), realizamos un sistemático balance de la literatura sobre la criminalización de los movimientos sociales en Brasil, en especial la criminalización del MST, después de una breve presentación del caso, basado en los documentos judiciales, las declaraciones oficiales, la Oidoría de Policía de Paraíba así como en entrevistas realizadas a los participantes e a las víctimas do MST. Este esfuerzo forma parte de una investigación en curso, que estudia el bloque en el poder en los gobiernos denominados “pos-neoliberales” y las relaciones de estos con las clases, las fracciones de clases y los movimientos sociales.70 En nuestro abordaje la criminalización del MST partiendo do estudio del Caso de Pocinhos (PB), busca entender el proceso desde el punto de vista de la totalidad, Estado, Medios y terratenientes en el marco de la formación-económico-social brasileña. Concluimos tres planteando tres cosas más: a)

El tema de la criminalización de los movimientos sociales es un tema relevante y todavía pendiente en los ámbitos académicos y políticos en general y en las ciencias sociales en Brasil y en América Latina;

b)

Lo que debe ser estudiado en otras investigaciones es que esta criminalización se realiza bajo regímenes formalmente democráticoliberales con orientaciones pretendidamente sino de izquierda que se consideran “progresistas”, si eso significa alguna cosa, como el gobierno de Luis Inacio “Lula” da Silva en nuestro caso, aplicando

El proyecto está cadastrado en la Coordinación Nacional de Investigaciones Científicas (CNPQ, sus siglas en portugués) de Brasil como grupo: Práxis. Os governos pós-neoliberais na América Latina (1999-2009): uma análise comparativa. As relações entre Estado, poder político, movimentos sociais, políticas públicas e ilusão desenvolvimentista. El coordinador es Gonzalo Adrián Rojas y Paula Adissi forma parte del equipo. También está cadastrado en el Programa de Posgrado em Ciências Sociales de la Universidade Federal de campina Grande (UFCG) y en la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la misma universidad.

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leyes de la dictadura militar contra la lucha clasista y de los movimientos sociales. c)

La defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos es central en un contexto de crisis general del capitalismo y sus rápidos desdoblamientos, desde el punto de vista de los trabajadores clasistas que pretenden que la crisis sea pagada por los capitalistas en la perspectiva de la necesidad histórica de la superación de la sociedad de clases.

Bibliografía complementaria Comissão Pastoral Da Terra. Conflitos no Campo 2009. Goiás: Editora Expressão Popular, 2010. Foucault, M. Microfísica do Poder, RJ: Graal, 1985. Henrique, L. S. O MST na Paraíba: a história contada por seus participantes. João Pessoa: Bacharelado em Ciências Sociais - CCHLA - UFPB (Monografia de Conclusão de Curso), 2000. Marx, K.; Engels, F. La ideología alemana, Montevideo: Pueblos Unidos, 1956. Moreira, E. Por um pedaço de chão. Vol. 1 e 2. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1997. ——, Território(s) de Esperança: Projeto de pesquisa. João Pessoa: CNPq, 2006. Vieira C., F. A. Navegando contra a maré: a relação entre o MST e a mídia. (Doutorado em Sociologia) Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. Zimerman, A. Governos democráticos e as vítimas da luta pela terra. In: Revista Aurora, PUC, São Paulo, 2010. ——, Terra Manchada de Sangue - Conflitos agrários e mortes no campo no Brasil democrático. São Paulo: Humanitas, 2011.

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PARTE II DERECHOS HUMANOS ASIGNATURA PENDIENTE

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PENSAMIENTO DEL PREMIO NOBEL 1980, ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL: UN PENSAMIENTO VIVO Sonia Winer

¿Los derechos humanos en el siglo XXI tienen mayor significancia debido a los tiempos de barbarie que vivimos o son iguales que en el siglo XX? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los luchadores de derechos humanos en la actualidad? Son épocas distintas pero la situación sigue igual o peor. Una potencia como Estados Unidos tortura, tiene cárceles en Irak y centros como Abu Grahib y Guantánamo, hay secuestros con aviones con el consentimiento de diversos países europeos que dicen defender la democracia y, por ejemplo, cuando se habla de terrorismo, gracias a lo que acuñó George W. Bush respecto de las “guerras preventivas”, sacan las leyes antiterroristas que plantean que todo aquel que se opone al sistema es un terrorista; sin embargo nunca hablan del terrorismo estatal. Soy un sobreviviente de la dictadura militar argentina y sé lo que daña la tortura por haberla padecido, el 5 de mayo de 1977 fui parte de los llamados “vuelos de la muerte” y pude ver como desde el avión arrojaban prisioneros al mar con pesos en sus tobillos para que no flotaran y se ahogaran rápidamente, salvé mi vida gracias a la presión ejercida por la solidaridad internacional pero pude observar cómo existen mecanismos de acción psicológica para lograr que determinados grupos corporativos como las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, actúen de acuerdo con las “órdenes superiores” para después adherir a justificaciones colectiva donde la culpabilidad se diluye a través de la “suspensión de las consciencias”. Por eso el pueblo estadounidense no debe dejarse engañar por los grandes monopolios informativos que les hacen consumir noticias chatarras –como – 179 –

las hamburguesas –con el fin de demonizar y generar enemigos reales o potenciales–, los ciudadanos norteamericanos precisan reaccionar y deshacerse de ese individualismo que a muchos sectores no les permite comprender el sentido profundo de la solidaridad. Cuando pensamos los desafíos que tenemos por delante en los derechos humanos, creo que deberíamos poner atención en un eje en particular que refiere al peligro en el que se encuentra la vida planetaria, poniendo énfasis en las cuestiones medioambientales y en la defensa de los bienes naturales como el agua, denunciando la devastación de la floresta, lo terrible del crecimiento del uso de tóxicos y de agro tóxicos y del monocultivo debido a que hay intereses económicos que privilegian el capital antes que la vida de los pueblos. Hoy tenemos que hablar de derechos esenciales como los derechos de los pueblos y debemos erigir una acción superadora respecto de la defensa de los derechos humanos individuales pues existe un riesgo de vida de muchísima gente. Por ejemplo, los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aseguran que mueren por día más de treinta y cinco mil niños y niñas de hambre ¿cómo le llamamos a eso? Yo lo determino con mucha claridad como un genocidio económico porque el hambre es una bomba silenciosa que provoca demasiadas muertes. Ya monseñor Helder Cámara solía decir que la violencia de la miseria es “la madre de todas las violencias” y particularmente letal para con la infancia. En la actualidad se estaría en condiciones de superar el hambre, pero simplemente no hay decisiones políticas para hacerlo por parte los centros de poder imperantes en el mundo. Esto está violando el derecho de los pueblos y pone en riesgo la vida planetaria. Desde ahí debemos tener otra mirada u otra visión de la política de los derechos humanos del siglo XX, aunque también es cierto que, por otra parte, vemos que existe una mayor consciencia social en lugares donde las comunidades están más organizadas y salen a ejercer o a reclamar sus derechos. Ya Simón Bolívar decía que “el pueblo que ama su independencia finalmente la logra” y yo creo que esa es la gran tarea pendiente por hacer, retomar los caminos de liberación e ir descolonizando los cuerpos y las mentes a través de la lucha por una verdadera emancipación. En una era de incertidumbre, de violencia, de guerras y de vaciamiento de las instituciones impartidoras de justicia de gran parte de los países del mundo ¿es necesario continuar con la defensa de los derechos humanos fuera de los ámbitos del Estado? ¿Cómo deben actuar las organizaciones de derechos humanos respecto al ámbito estatal? – 180 –

La única forma de defender los derechos humanos es que los pueblos se pongan de pie, porque quien viola los derechos humanos es el Estado. Sólo desde la organización social y desde el reclamo de los derechos de los pueblos a una vida digna, al medioambiente, a la seguridad integral –no la seguridad de tener más policías–, se puede construir otra consciencia de qué son los derechos humanos hoy para el mundo. Los gobiernos tienen que respetar los derechos humanos y hacerlos respetar, lo que sucede es que aunque firman pactos, convenciones y protocolos internacionales al respecto, no los cumplen. Esto se puede observar no sólo en las grandes potencias sino a nivel internacional en general, donde el respeto efectivo y real de los derechos esenciales queda como espacio a construir y para mi, la única forma de que se avance es que se entiendan a los derechos humanos como integrales, indivisibles y como valores fundamentales de la construcción democrática. Una estrategia de liberación debe modificar las creencias, los valores, las actitudes sociales, y tiene que sustentarse en la transformación de los mecanismos institucionales de participación y de toma de decisiones. ¿Cómo explica entonces que desde un mismo Estado por ejemplo se implementen ciertas políticas de derechos humanos y luego se voten o promuevan leyes que vulneran principios fundamentales, como las leyes antiterroristas? El problema es que muchos de los gobiernos se mueven de acuerdo con sus intereses, la ley antiterrorista es una imposición de los Estados Unidos para garantizar las inversiones del GAFI, que es la condición primordial para lograr inversiones financieras. Es triste que muchos gobiernos estén aplicando estas leyes antiterroristas para reprimir o judicializar la protesta social. Por eso yo propongo dejar de insistir con este tipo de normas antiterroristas para en cambio analizar las terribles consecuencias provocadas por el terrorismo de Estado norteamericano. También señalo el error cando se suele mencionar una y otra vez la palabra democracia en alusión a regímenes formales, los cuales no son verdaderos puesto que no han sido llenados con contenido real de participación popular. No hay que confundir democracias con democracias delegativas, donde las personas confiamos el poder a aquellos que nos gobiernan pero luego los dirigentes hacen lo que quieren –o lo que les conviene–. Suelo decir que, lamentablemente, muchas veces los ciudadanos luego de votar “nos botan”, sobre todo porque cuando arriba el periodo electoral, los candidatos prometen de todo y luego dicen que no pueden hacer nada. Esa es la diferencia entre – 181 –

la acción que debe tener un Estado que se plantea la defensa de los derechos humanos y sus prácticas, las cuales si van en sentido contrario pueden llegar a dejarnos a los ciudadanos en situaciones de profunda indefensión. Un ejemplo a destacar es que, si bien aquí en Argentina la reforma constitucional del año 1994 estableció las consultas populares y los plebiscitos, hasta el día de hoy ni la cámara de diputados ni la de senadores se puso a reglamentarlos. En consecuencia, si quisiéramos llamar a un plebiscito popular éste no resultaría vinculante ni de cumplimiento obligatorio para el sector gubernamental. Yo me pregunto por qué los legisladores, que son dirigentes políticos y que suelen conferenciar mucho respecto de la democracia, no cumplen con el mandato de la carta magna ni con el derecho constitucional de nuestro pueblo. ¿Qué aspectos resultan esenciales para comprender la lucha por la paz y la defensa de los derechos humanos? ¿De qué forma la misma podría dotar de sentido a la humanidad? Yo entiendo que la paz no es la ausencia del conflicto sino que es una dinámica permanente de relaciones y de vida entre las personas y los pueblos. Nadie puede dar aquello que no tiene ¿no? Y si bien todos dicen querer la paz, son muy pocos los que verdaderamente la practican. Muchos pueblos viven sometidos por los miedos a la libertad, se vuelven permisivos con las injusticias y terminan dominados por quienes creían que les garantizarían su seguridad. Martin Luther King solía decir “no me duele tanto la represión de los malos como el silencio de los buenos” y yo coincido con él. Muchas guerras e invasiones, así como muchas masacres, se realizan en nombre de la paz y la supuesta defensa de la democracia, el derecho y la justicia, pero son todas grandes mentiras y es por eso que tenemos que comenzar a descubrir el sentido profundo de las palabras. Yo propongo que liberemos la palabra como energía y edifiquemos desde allí. Entendiendo que la paz es una construcción permanente de la vida y de la consciencia con uno mismo, que precisa visibilizar las injusticias y las violencias estructurales contenidas en un sistema basado en la explotación de las personas y de los recursos –explotación que se expresa en varios ámbitos y en el marco de un orden económico mundial absolutamente caracterizado por la injusticia y la desigualdad–, y que para lograr la paz ésta necesariamente debe ser compartida entre los seres humanos y entre los pueblos. Hay un escritor francés – 182 –

que tiene un poema hermoso y que sintetiza muy claramente lo que quiero trasmitir: “nadie puede ser feliz a solas”. ¿En qué momento de tu vida comenzaste a interesarte por estos temas, por los grandes problemas de la humanidad? Creo que desde siempre y que influyó mi educación como cristiano. Desde la espiritualidad fui comprendiendo la paz y fui haciéndola consciencia. Estas son cuestiones que aparecen en todas las religiones, islámicas, budistas, etc., las cuales se plantean la búsqueda de la paz interior. Para mí esto fue un aprendizaje pero no recuerdo bien cuándo comenzó. En realidad supongo que fue como el caminar, para ir de un lado a otro tuve que dar un primer paso, luego un segundo y un tercero y progresivamente estos pasos se fueron afirmando con el transcurrir de la vida. No ocurrió algo repentino como si me cayera un rayo y uno de pronto se despertara para ver con claridad los caminos a seguir. Nada de eso. Pero supongo que el librero de Plaza de Mayo que me dio la autobiografía de Mahatma Gandhi y La montaña de los Siete Círculos de Tomas Merton cuando yo era adolescente colaboró y estimuló mi andar. Más bien yo creo las inquietudes y el crecimiento basado en el amor por la humanidad fue y es –y esto es lo importante que deben tener en cuenta las futuras generaciones– un proceso parecido al que se produce al plantar semilla: cuando ésta brota y comienza a desarrollarse no suele hacerlo de golpe, sino por el contrario, va creciendo lentamente hasta dar sus frutos. Entonces ¿qué papel juega la inclusión de los derechos humanos en la educación y que cuestiones debieran plantearse como centrales en las currículas de los diferentes niveles –secundarios, terciarios y universitarios–? Según mi experiencia, y teniendo en cuenta que llevo más de cincuenta años –o más– trabajando en esa área, considero fundamental interrogarse sobre los objetivos y los fines de la educación. Porque podemos sacar muy buenos profesionales de las universidades o técnicos de las escuelas secundarias, pero si no generamos consciencia crítica y valores no podremos construir un cambio verdadero y tendremos personas con títulos académicos pero con mentes de esclavos. Hace un tiempo escribí que educar es lograr que cada persona tenga consciencia crítica para un correcto discernir sobre los verdaderos valores, es en realidad despertar consciencias para la libertad pues solo así podremos amar en plenitud. – 183 –

El problema es que hoy vivimos en un sistema que busca formar gente que le sea funcional, forma para asimilar y poder reproducir su interés y sus propios mecanismos de dominación y no educa hombres y mujeres libres. Yo siempre repito que este sistema es inhumano y no tiene capacidad de modificarse por una simple razón, nació sin corazón, sin sentimientos, sin poesía y sin el misterio de la ternura ¿cómo habría de humanizarse y formar personas para la liberación? Sin embargo, una persona con consciencia crítica y con otros valores sí cuenta con elementos para cuestionar las cosas malas de un sistema injusto y para pensar de qué manera cambiarlas para mejor. Para ello debe contar con la capacidad de rebelarse. Yo aprendí a través del tiempo que la peor de las derrotas es el conformismo y que precisamos de la insubordinación social, cultural, política y espiritual para transformarnos y aportar a la transformación de la humanidad. Nosotros estamos en procesos evolutivos, somos seres con un sentido de trascendencia en evolución y por lo tanto todavía somos imperfectos y tenemos que actuar en nuevos caminos y desafíos de liberación, por ejemplo generando un nuevo contrato social para las relaciones humanas. En especial frente a los nuevos desafíos y los cambios radicales que se están realizando en el planeta y que son producto de la voracidad de aquellos que piensan que el mundo comienza y termina con ellos –sin importarles las generaciones futuras–, y ponen la vida del globo en peligro. Hay que revisar estructuras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues están condicionadas para sostener un sistema de opresión contrario a uno de liberación popular. Por lo general, se habla mucho de los pobres pero pocos son quiénes se preguntan el por qué de su existencia ¿por qué se mueren decenas de miles de niños por día en el mundo? Lo que debemos hacer los luchadores es no sólo denunciar sino también desafiar con creatividad. Por ejemplo, una vez Fidel Castro me había invitado a conocer los ingenios de Cuba en plena zafra y cuando fuimos juntos él se fue a conversar con unos compañeros y me dejó a mí para que hablara con quienes estaban trabajando en el campo. Yo me quedé sorprendido mirando las maquinarias del los años veinte y treinta que estaban funcionando a pleno aunque eran muy viejas, entonces unas horas después, cuando me reencontré con Fidel le dije ¿cómo es que tienen en pleno funcionamiento para la zafra estas cosas antiguas si en esta época existen maquinarias mucho más avanzadas? El me contesto que ese fenómeno era gracias a los norteamericanos y yo le – 184 –

pregunté ¿por qué gracias a los norteamericanos? Respondió que si los Estados Unidos no les hubiesen puesto el bloqueo a ellos jamás se les hubiera ocurrido desarrollar la creatividad para cubrir sus necesidad y poner en marcha todos esos aparatos y encima mejorar el sistema al punto tal de poder incluso con el bagazo de la caña –que eran enviadas a las calderas– generar electricidad para el funcionamiento de los ingenios y para la red nacional que abastecía la isla. Así, aunque la revolución cubana tuvo grandes aciertos y también sus errores, hasta el día de hoy trata de superar los obstáculos y de construir nuevos paradigmas vitales para afirmar sus conquistas y dignificar a su pueblo. Esto demuestra que mucho depende de la creatividad que tenga el ser humano, el cual si bien tienes estas virtudes también tienes aspectos muy crueles. Los animales, por ejemplo, no odian, pero el ser humano sí. Los animales, si matan es por necesidad y para sobrevivir, en cambio el ser humano puede matar por placer. Y sin embargo las personas también tienen la capacidad de hacer cosas hermosas, tiene la capacidad de transformar la humanidad y es por eso que el mundo existe, no gracias a aquellos que intentan destruirlo, sino gracias a quienes pelean para preservarlo, recrearlo y mejorarlo. Esta es la diferencia. ¿Esto podría pensarse en relación con los países de América Latina que están atravesando situaciones complicadas pero que cuentan con personas con gran capacidad de resistencia? ¿Qué se puede hacer por ayudar a que la situación de violación de los derechos humanos cambie en otras naciones del mundo? Creo que toda sociedad es en parte el resultado de quienes la componen. En México gran cantidad de personas han sido dominadas por el terror y subyugadas totalmente y allí, como en Colombia, en Honduras y en Paraguay, la defensa de los derechos humanos resulta primordial porque éstos son los primeros en ser atacados por quienes quieren la dependencia de dichos pueblos. Mientras que lo que sucedió en Europa deja otra enseñanza, pues pasó debido a que muchos ciudadanos a pesar de poder anticipar la crisis se quedaron inactivos pensando que a ellos no les iba a tocar. Hoy la están sufriendo. Entonces resulta fundamental construir y alentar las capacidades y condiciones populares para observar y resistir lo que le está sucediendo, para que puedan en el futuro mirar y prevenir el avasallamiento del miedo. Ojo, una cosa es ver y otra mirar, una cosa es oír y otra escuchar. Hay intelectuales que perdieron la sabiduría, quizás porque desarrollaron el pen– 185 –

samiento sin sentimiento. Por eso insisto en que es necesario conectar las pupilas y la mente con el corazón. Suele pasar que vemos muchas cosas en la vida cotidiana pero realmente nos las observamos con profundidad, así como podemos acostumbrarnos a oír pero sin reflexionar. Las sociedades suelen presentar este fenómeno y es por eso que es necesario insistir con que la educación promueva una consciencia crítica, valores esenciales, sentido de pertenencia, identidades. Por ejemplo, el otro día Amanda, mi esposa, se dio cuenta de que los argentinos, durante las fiesta patria, prácticamente no ponen banderas en sus casas y que, en nuestro barrio, nosotros éramos los únicos que habíamos colgado una en la ventana y me preguntó ¿por qué los argentinos solo sacan la bandera durante los partidos de fútbol durante el mundial? Yo luego me quedé pensando de qué manera el sentido de pertenencia incluso a una nación lentamente se va perdiendo y difícilmente nos preguntamos cuál es nuestra identidad. Eso se debe a una política que suele estar atravesada por la dominación cultural y aunque los medios de comunicación nos bombardeen con eso la gente tiene que reaccionar porque si no los sectores dominantes habrán logrado una situación trágica de sometimiento popular que yo sintetizo en la frase monocultivo de las mentes. Cuando toda la sociedad piensa lo mismo, o mejor dicho, no piensa, es muy fácil dirigirla y sobre todo, esclavizarla. Por eso se debe destacar la reacción de personas, organizaciones populares y movimientos juveniles que están resistiendo en Paraguay, México, Colombia, y otras tantas naciones caribeñas y suramericanas para alterar el orden impuesto en una región históricamente atravesada por la intrusión de las multinacionales y por los sectores de intereses aliados a ellas, los cuales operan a veces con mayor criterio que la sumatoria de países individuales que ahora buscan fortalecerse a través de la unidad. Solo pensando en términos continentales podremos gestar otro desarrollo para nuestra América, pues no resulta posible construir un país libre en un continente sometido. Para mí la gran disyuntiva continúa vigente: liberación o dependencia, derechos de los pueblos o su avasallamiento.

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Discurso de Adolfo Pérez Esquivel al recibir el Premio Nobel de la Paz 1980 A su Majestad y la familia Real, Señor Presidente del Parlamento, Señor Primer Ministro, Señor Presidente del Comité, Señores miembros, A mis compañeros de lucha en América Latina y a las queridas Madres de Plaza de Mayo. Señoras y Señores: Con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la PAZ, de la promoción de la JUSTICIA y la solidaridad entre los pueblos. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina, y de manera muy particular de mis hermanos los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios; en nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad. Para un hombre como yo, una pequeña voz de los que no tienen voz, que lucha para que se oiga con toda la fuerza el clamor de los Pueblos, sin otra identificación que con el hombre concreto latinoamericano y como cristiano, este es sin duda el más alto honor que puedo recibir que se me considere un Servidor de la Paz. Vengo de un continente que vive entre la angustia y la Esperanza y en donde se inscribe mi historia, estoy convencido que la opción de la fuerza evangélica de la no-violencia se abre como un desafío y a perspectivas nuevas y radicales. Una opción que prioriza un valor esencial y entrañablemente cristiano: la dignidad del Hombre, la sagrada trascendente e irrenunciable dignidad del hombre que le viene del hecho primordial de ser hijo de Dios y hermano en Cristo y por lo tanto hermano nuestro. En estos largos años de lucha a través del Servicio Paz y Justicia en América Latina compartimos el camino junto a los más pobres y necesitados. – 187 –

No tenemos mucho que decir, pero sí, mucho que compartir para lograr a través de la lucha no-violenta la abolición de las injusticias, a fin de alcanzar una sociedad más justa y humana para todos. En este caminar junto a mis hermanos los pobres, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen por causa de la opresión, los que se angustian ante la perspectiva de la guerra, los que sufren la agresión de la violencia o ven postergados sus derechos elementales. Es por todos ellos que estoy aquí. Mi voz quiere tener la fuerza de la voz de los humildes. La voz que denuncia la injusticia y proclama la Esperanza en Dios y la Humanidad, que es la Esperanza del Hombre que ansia vivir en la comunión y participación con todos los hermanos como hijos de Dios. América Latina es un continente joven, vital, que fue definido por el Papa Pablo VI como el Continente de la Esperanza. Conocer es valorar una realidad con la vocación cierta de compartir su destino. Conocer es llegar a una profunda identidad con los pueblos que protagonizan un proceso histórico, estando dispuestos a redimir el dolor con el amor, asumiendo, en esta perspectiva, la praxis de Jesús. Pero cuando vemos esa realidad que viven nuestros pueblos es una ofensa a Dios, en que millones de nuestros niños, jóvenes, adultos, ancianos viven bajo el signo del sub-desarrollo. La violencia institucionalizada, la miseria y la opresión generan una realidad dual, fruto de la persistencia de sistemas políticos y económicos creadores de injusticias, que consagran un orden social que beneficia a unos pocos: ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Frente a esta realidad quiero, como los Obispos en Puebla, como los cristianos comprometidos en los movimientos que luchan por los derechos humanos, como los hombres de buena voluntad, compartir las angustias que brotan de los rostros dolientes del hombre latinoamericano, en el que reconocemos el rostro sufriente de Cristo, nuestro Señor que nos cuestiona e interpela. Les hablo teniendo ante mis ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos, los trabajadores, obreros y campesinos que son reducidos a niveles de vida infrahumana y limitados sus derechos sindicales, del rostro de los niños que padecen desnutrición, de los jóvenes que ven frustradas sus esperanzas, de los marginados urbanos, de nuestros indígenas, de las madres que buscan sus hijos desaparecidos, de los desaparecidos, muchos de ellos niños, de miles de exiliados, de los Pueblos que reclaman libertad y Justicia para todos. – 188 –

Pero pese a tanto dolor vivo la Esperanza porque siento que América Latina es un continente puesto de pie, que podrán demorar su liberación, pero nunca impedir. Vivimos la Esperanza porque creemos, como San Pablo, que el amor nunca muere y que el hombre, en el proceso histórico, ha ido creando enclaves de Amor con la práctica activa de su solidaridad en todo el mundo hacia la liberación integral del hombre y los pueblos. Para mí es esencial tener la serenidad interior de la oración para escuchar el silencio de Dios, que nos dice en nuestra vida personal y en el signo de la historia de nuestro tiempo de la fuerza del Amor. Y es por esa fe en Cristo y en los hombres que debemos aportar nuestro esfuerzo humilde en la construcción de un mundo más justo y humano. Y quiero afirmarlo con énfasis: Ese mundo es posible. Y para construir esa nueva sociedad debemos estar con las manos abiertas, fraternas, sin odios, sin rencores, para alcanzar la reconciliación y la Paz, pero con mucha firmeza, sin claudicaciones en defensa de la Verdad y la Justicia. Porque sé que nadie puede sembrar con los puños cerrados. Para sembrar es necesario abrir las manos. Quiero agradecer a todos Ustedes, al Comité Nobel por esta alta distinción a los humildes de América Latina. Me siento emocionado y a la vez comprometido a redoblar mis esfuerzos en la lucha por la paz y la Justicia. Puesto que la paz sólo es posible como fruto de la Justicia, que esta verdadera Paz, es la transformación profunda de la no-violencia que es la fuerza del Amor. Quiero expresar a Ustedes que gracias a la ayuda y comprensión de mi esposa e hijos, en los momentos más duros y difíciles de la lucha, pude continuar junto a mis hermanos de América Latina, con su amor, silencio y compañía, y siempre contribuyen a fortalecerme y darme el coraje de servir a mis hermanos. Invocando la fuerza de Cristo, nuestro Señor, como nos enseñaba en el Sermón de la Montaña y que quiero compartir con todos Ustedes con mi pueblo y el mundo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, – 189 –

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos, Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. (MATEO 5, 1-12) Reciban mi profundo agradecimiento y el saludo de los humildes de Paz y Bien.

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SEMIÓTICA DE LA VIOLENCIA E IDEOLOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Álvaro B. Márquez-Fernández El código de la violencia en los sistemas de represión social El capitalismo avanza en las sociedades modernas entre las aguas de la violencia y un poder instituido por parte del Estado, que cada vez más resulta ineficaz para normar las contradicciones políticas y económicas que son causa de las diversas formas de descomposición o desregulación social. Nos encontramos insertos en espacios de convivencia donde el respeto a las normas en su contexto de civilidad ética y moral, es casi inexistente por completo. No es que el cuerpo jurídico con el que el Estado se legitima es débil, desde el punto de vista teórico, en su interpretación y aplicación de la ley; sino, más bien, es inconsistente en el uso práctico de la ley cuando de ella depende una ejecución responsable de la justicia a la hora de garantizar la equidad y la igualdad. Desde este punto de vista, se percibe una distorsión en el uso de la ley respecto a los bienes políticos y económicos de los ciudadanos que debe resguardar la ley en bien del colectivo social. A la par de la presencia del Estado urge que la ley responda a las exigencias de una ciudadanía que es receptora del poder de la ley en su cumplimiento y obligación. Sin embargo, este ideal práctico del derecho con respecto a la obediencia que se solicita por parte del ciudadano,1 cuando el ejercicio de la ley requiere de su consentimiento y filiación, no se puede hacer realidad porque los contextos de la vida pública del ciudadano han perdido los marcos de actuación que definen el comportamiento con el que se legitima el respeto a la norma jurídica. Höffe, Otfried (2007). Ciudadano económico, ciudadano del Estado, ciudadano del mundo, Ética política en la era de la globalización. Katz Editores, Buenos Aires. 1

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En tal caso se pone en evidencia un sistema de conductas sociales muy por debajo del estándar regulador que le sirve a la ley para que sea cumplida por todos. Si se pierde ese referente contextual de la ley en su espacio de poder público para llegar a garantizar el orden que prescribe el derecho; entonces, el equilibrio social se fractura de un modo crítico y alarmante. La posibilidad de construir un diálogo en el espacio público, donde la ciudadanía genera y transforma la realidad social, es mínima, debido, precisamente, a que el sentido normativo de la ley como aplicación de la justicia en bien de todos, sólo hace posible interpretar la ejecución de la norma bajo el supuesto de que ésta es de obligado respeto por parte del ciudadano. Ahora bien, ¿Qué sucede cuando el ciudadano ya no vive y siente la presencia de la ley en el orden de regulación ciudadana, porque la interpretación del código carece de las características y conceptos que puedan orientar la comprensión de la ciudadanía en el momento de poder discernir lo que es legal o ilegal? Se ha socavado el contenido axiológico de la norma desde el punto de vista de los fines en los que la norma se instituye para poder lograr su aceptación y compromiso. La percepción de la norma legal y su cumplimiento se sitúa en los predios de la fuerza y la violencia, es decir, en la imposición y el dominio. La relación entre el ideal de justicia y el bien social es inaccesible al conjunto general de la ciudadanía, lo que genera que el sistema de violencia se expande por todo el orden de la política, determinando una especie de naturalización de la represión social para lograr mantener la vigencia del sistema.2 Los fines de las normas legales procuran que el bienestar político y económico de la sociedad pueda responder a las necesidades e intereses de los ciudadanos en su generalidad. Sin embargo, este proyecto de justicia social no se hace viable en virtud de los espacios de conflictividad que minan el espacio público de la ciudadanía hasta restar las fuerzas de cohesión de ésta en la obtención de fines que en efecto les permita aceptar y disponer de un orden social altamente satisfactorio para el pleno desarrollo de la vida cívica. De alguna manera, poco a poco, el sistema político desde el punto de vista de la interpretación de las normas, es decir, de la interpretación del mensaje social que porta el código jurídico con el que se pretende legislar a la sociedad, a fin de obtener el consentimiento mínimo y necesario para declarar la justicia como el bien superior de quienes aceptan el orden de la ley, va perdiendo en el tiempo de las prácticas políticas ciudadanas el sentido 2

Capozzi, Gino (1998). Forze, leggi e poteri. Napoli, Italia. – 192 –

de protección a los derechos humanos o mejor, de casi todos los derechos que se fundan en el respeto y valor a la vida. Es importante señalar este aspecto del análisis que se asume frente al deterioro del orden legal como un sistema de orden coercitivo, porque los fines de la ley terminan contradiciendo la justificación de principios en los que la norma se basa para prometer y comprometer la justicia como bien común. Existe, por lo tanto, un deterioro en la estructura de significación de la norma cuando se intenta aplicar la ley en su relación consecuencial con los hechos de la realidad social, política o económica, pues ella se presenta como una norma que se debe respetar por el carácter que tiene para imponerse a partir de la fuerza con la que la norma busca legislar el orden social desde el punto de vista de la unidad o control. Ello significa que el código normativo al contener un registro posible de fuerza puede perfectamente ser ejecutado por la vía de la violencia, más que por la vía del razonamiento o de la persuasión.3 Preferiblemente, debería ser sinónimo de norma legal una praxis social que buscar escoger espacios de libertad ciudadana donde la puesta en escena de las normas haga posible una interpretación de uso a partir de actos deliberativos donde el diálogo sobre la fuerza y la compulsión de la norma se encuentre al servicio de la paz y la tolerancia, aspectos que deben favorecer el reconocimiento del valor de la norma para que se logren los beneficios que de ella deben derivarse a través de la justicia. La realidad es otra muy diferente, ya que el sistema político liberal que le sirve de contexto a la norma no siempre es capaz de interpretar las relaciones sociales conflictivas al margen del poder para crear y sostener la norma por encima de los individuos o ciudadanos, que no se reconocen en su representación social. Luego, la relación entre los dos sistemas, el político y el jurídico, se revalida a través de la fuerza coactiva de la norma que sirve de sustento al campo moral y ético del poder, lo que afianza una deformación típica del Estado capitalista, cuya democracia social se fundamenta en un orden de poder que responde coactivamente, de forma inmediata, ante cualquier crisis que ponga en riesgo el valor con el que la norma absolutiza su vigencia a modo de no perder su legitimidad. El sistema de poderes a través de los que la sociedad neoliberal orienta la participación de la ciudadanía en el espacio público, actúa como represor principalmente ya que su interés final es que la norma no se deje de cumplir: Rancière, Jacques (1996). El desacuerdo. Política y filosofía. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.

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la posibilidad de desacato o de desobediencia ya presume una invalidación al poder político que refuerza la legitimidad del Estado, como ente centralizador de la administración de los poderes. Un asunto muy problemático que a diario en las sociedades actuales, pone en evidencia las estructuras profundas donde reside el poder cuando situaciones de conflictividad y violencia pública lo cuestionan en su representación social. La reciprocidad posible y esperada entre el ciudadano y el cumplimiento de la ley en sociedades cuyas semióticas de la violencia permiten encubrir el sentido represor de la ley sobre las conductas disidentes, desaparece paulatinamente de modo que el sistema de valores justos y de equidad con los que el orden jurídico adquiere su reconocimiento y legitimidad, son develados a través de prácticas ciudadanas donde el desorden institucional es lo que se promueve como medio alternativo para poder lograr el inicio de estrategias de participación más auténticas en bien del status de sus derechos humanos. Interpretar desde una semiosis de la violencia a estas sociedades liberales es, repetimos, develar el sentido cada vez más expreso de sus formas de violencia desde la más simbólica hasta la más empírica, que necesariamente pasa por la vida pública en forma de huelgas, manifestaciones, entre otros rasgos distintivos de la conflictualidad.4 Ese accionar el campo del significante político de la norma desde su incoherencia con respeto a la justicia y a la equidad, es la primera acción de movilidad discursiva que obtiene la ciudadanía a la hora de enfrentar los poderes normativos del Estado neoliberal. Todo el esfuerzo por hacer del discurso político el espacio de intervención para la crítica ideológica y el rearme categorial de la conciencia social emancipada, es la vía más expedita para producir el diálogo social que haga viable la interpretación de los espacios de poder donde reside la norma legal en su conexión con la fuerza y la violencia. Esto le permite a la ciudadanía decodificar semióticamente los sistemas de significación5 de un orden legal que en su función coactiva no puede dejar de lado su compromiso con la estructura de poder donde residen las funciones de control del Estado. El tejido social que se produce desde la violencia espacial de la norma, tiende a insertar las relaciones sociales en permanentes tramas de fuerzas para definir las orientaciones fácticas de la política. Se observa en el escenario de la sociedad civil y sus instituciones: ese momento reiterativo y crítico del uso de la fuerza como la que termina agudizando la disidencia o desobe4

Ianni, Octavio (1981). Imperialismo y cultura de la violencia en América Latina. S. XXI, México.

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Greimas, Algirdas Julien (1976). Sémiotique et sciences sociales. Seuil, Paris. – 194 –

diencia social, para resolver la situación de crisis por medio de los aparatos represores del Estado. Una auténtica contradicción, en términos filosóficos, de las democracias sociales del capitalismo liberal, pues niega con este tipo de intervención violenta lo que debiera ser la paz social de una ciudadanía que es capaz de respetar las normas con la finalidad de saber arbitrar y resolver la conflictividad. Pero se está muy lejos de ese referente de la convivencia humanista a partir de derechos comunes, pues el acatamiento tácito o expreso del orden coactivo no puede sustraerse al dominio por medio de la violencia. Quizás esto es lo que explica el grado tan exacerbado de violencia política que reina en las sociedades liberales actuales, pues todo el centro del poder gravita en una relación de dominio que se gesta a través de códigos de violencia que sirven de patrón de conducta a una ciudadanía que desconoce la legitimidad política cuando las normas que parten del reconocimiento de los derechos humanos como derechos en común no son prácticas.

La coacción política de la violencia pública Los efectos negativos que resultan de la violencia política, se hacen cada vez más visibles en una sociedad neoliberal donde se acentúa con rapidez una desarticulación de los sistemas de integración social. El Estado pretende sostener su hegemonía por medios de presión comunicativos que le permiten reforzar sus retóricas ideológicas y presumir que el control social no cede frente a los desafíos que le infringen los sectores absorbidos permanentemente por la conflictividad social y la violencia que se refleja en la vida pública. Los diversos problemas que emergen de las contradicciones de clases y que están directamente asociados a una semiótica del consumo depredador y alienante, donde el juego de la oferta y demanda enmascara los procesos de la plusvalía más perversa de la economía capitalista, vienen a agravar las condiciones de vida de la ciudadanía que vive el desamparo del bien justo que proclama la ley. Las fracturas y la dispersión de los sistemas de integración e identidades públicas que le permiten a la ciudadanía forman parte de las prácticas colectivas del poder político, ya no responden institucionalmente a los desafíos que generan las condiciones de crisis de las que forma parte activa la ciudadanía, pues ésta siempre procura situarse en una relación de contra peso que le permita descubrir el campo de las intencionalidades donde reside el poder político del Estado y sus clases aliadas. – 195 –

Lo que está en juego es una dialéctica de la violencia entre el poder coactivo de la norma que legitima el Estado a través de sus leyes, y el desacato por parte de la ciudadanía que implica la desobediencia a esa estructura de regulación social que es incapaz de satisfacer los valores de justicia y bien común que promulgan. Es inevitable el clima de violencia espacial que se presenta en unas relaciones sociales que por su alto grado de conflictividad, tiene y propone la violencia política como medio de pacificar la protesta o la revuelta. La acción política del Estado queda expuesta como violencia sin más, pues se trata de mantener dentro del contexto normativa el valor represor de la norma en su sentido más fáctico. Es decir, se dirimen los conflictos más que por el argumento y el diálogo, por el uso de la fuerza que otorga el poder según el grado de violencia que debe ser administrado para disminuir al opositor o adversario.6 La vida ciudadana se transforma en un obrar diario donde serán estas relaciones de poder y de fuerza las que suscitan los tipos de violencia social y política, que insurgen en el proyecto por “pacificar” la resistencia de aquellas clases, grupos o movimientos sociales que sufren la opresión de un sistema político que les invalida el sentido de vivir una vida digna y en paz. Es la paradoja en que se encuentra permanentemente la sociedad neoliberal, donde las posibilidades materiales a un “buen vivir”,7 son cada vez más escasas y aisladas del fenómeno existencial y real de convivir en condiciones muy precarias y desfavorables para el desarrollo humano. La crisis que genera este tipo de contradicciones propias de la sociedad capitalista, permanentemente se encuentran envueltas en formas de violencia pública que en su intento por disolver la resistencia de quienes se sienten afectados muy directamente, no disimulan una intención de intervención para el control social muy desapegada y contraria a los derechos humanos de la ciudadanía. Quizás este es el punto neural de tal tipo de problemáticas, ya que la violencia política va absorbiendo el espacio público hasta reducirlo a su mínima expresión, debido a que los roles de participación ciudadana en la construcción de los referentes filosóficos, ético y morales de las normas 6 Cortés Roda, Francisco (2007). Justicia y Exclusión. Siglo del Hombre Editores, Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Bogotá. 7 Hidalgo, Francisco (2011). “Buen vivir, Sumak Kawsay; aporte contrahegemónico del proceso andino”, Utopía y Praxis Latinoamericana. Año: 16, nº. 53. Abril-Junio, CESA-LUZ, Maracaibo, p. 107 ss. Cfr. Gudynas, Eduardo & Acosta Alberto: “La renovación de la crítica al desarrollo y el “buen vivir” como alternativa”, Utopía y Praxis Latinoamericana. Op. cit., p. 71 ss.

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legales, no tienen ninguna opción para desarrollarse al interior de los poderes políticos, contribuyendo de ese modo a reforzar una hegemonía de la política donde permanentemente se desconoce a la ciudadanía que termina sustituida por la imagen de un colectivo humano que agravia la legitimidad del Estado. Diversas formas de resistencia social van emergiendo al margen de la violencia política del Estado en su proyecto ideológico por controlar la sociedad civil y convertirla en un reflejo de sus poderes políticos, la idea de fondo no escapa a la concepción que existe en el Estado capitalista de hacer de la sociedad civil un vasallo. Sin embargo, los procesos de contra poder y de resistencia activa que enfrentan al Estado, se acrecientan desde esos espacios de marginalidad social donde las nuevas ciudadanías alternativas están construyendo y poniendo a prueba una conciencia política de clases y de activismo popular que pueden a muy corto tiempo, enfrentar la hegemonía del Estado a través de la contra violencia. No es un proyecto emancipador fácil, mucho menos se construye como respuesta utópica a una realidad que destruye los fines compartidos de una ciudadanía solidaria y comunal. En este ambiente de resistencias y de pugnas es que el poder contragehemónico8 se puede decantar en aras de procurar otros ámbitos de la convivencia ciudadana más favorables con la democratización del poder político. Pero es una lucha frontal por una sociedad de otra naturaleza política donde el poder pueda residir en los intereses del pueblo y en la discusión de los problemas como un asunto colectivo de todos. Un poder para democratizar la fuerza de participación que poseen todos los sectores de la sociedad y donde los ciudadanos toman perfecta conciencia de sus roles sociales. Bien pudiera decirse que es un poder contrahegemónico y de contraviolencia, en respuesta a lo que en estas sociedades del control social se promueve permanentemente; es decir, la imposición de un lenguaje ideológico con el que se revalida esa gramática del poder donde el significado de poder es sinónimo de sometimiento y de colonialidad. Este tipo de violencia política del que se vale el poder del Estado, va a repercutir en las relaciones sociales donde el conflicto que vive la ciudadanía deberá lograr respuestas. Sin embargo, el logro de respuestas o alternativas que permitan superar en lo inmediato la conflictividad entran en la lógica perversa del uso de la violenMárquez-Fernández, Álvaro (2011). “La crisis hegemónica: revolucionar la política a través de los poderes populares”, Utopía y Praxis Latinoamericana. Año: 16, nº. 53. Abril-Junio, CESALUZ, Maracaibo, p. 85 ss. 8

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cia que sirve de entramado a cualquier pretensión previa de discutir a partir de un lenguaje de paz y de derechos humanos.9 Las relaciones de fuerza siempre se encuentran presentes y coexistiendo del lado de las normas, pues son esas relaciones las que en diversos grados de interacción social dotan de sentido la justificación y universalidad de la violencia, como instancia pertinente de la validez de las normas a cumplir. Lo que pudiera entenderse como una correlación entre normas y normados, donde todo lo que se articula en ese orden relacional está basado o referido a formas de fuerza o de violencia, con la intensión de caracterizar una noción de poder que siempre resulta absoluta e irrebatible. Todas las relaciones quedan confiscadas por tipos o modelos de violencia espacial que van de lo político más abstracto o ideal hasta el proselitismo político de cualquier campaña electoral. El discurso esta signado por momentos cada vez más ascendentes de violencia donde el actor de la acción comunicativa que se enfrenta o abre al otro, es capaz de disponer de mediaciones con fuerte sustantividad comunicativa, que pone de manifiesto el sistema de poderes colaterales que sirven de tejido o maya a través del cual el poder se constituye pragmáticamente y dota de significación discursiva y lingüística a la gramática con la que el poder elabora sus códigos de interpretación. No se puede estar muy al exterior de este tipo de estructura significante y comunicativa del poder de la violencia para dirigir la diversidad de clases sociales, la idea de centralidad y núcleo del poder sigue prevaleciendo en la concepción estatista de la sociedad liberal. Sin poder no es posible la existencia del Estado, y sin éste el poder perdería su sentido pragmático, en el entendido de que el poder es fuerza para gobernar y violencia para justificar la normativa que sirve de sustento a esa fuerza. La posibilidad de cuestionar y develar esa relación perversa entre poder y violencia, es importante destacarla porque actualmente la problemática de la conflictividad social puede ser abordada desde la contextualidad intercultural de lo que se entiende por derechos humanos. No es el caso de que el pensamiento o filosofía contrahegemónica, responda a su modo, a esta interrogante buscando como punto de apoyo la conciencia social de clase alienada y la praxis de la libertad existencial. Se trata de que la ciudadanía esté mucho más inserta en su lenguaje y cultura, en sus praxis de crítica social y en su proyecto político alternativo y emancipador.10 Pero 9

Capozzi, Gino (2001) Diritti dell`Uomo. Jovene Editore, Napoli.

Fornet-Betancourt, Raúl (Ed) (2003). Culturas y poder. Interacción y asimetrías entre las culturas en el contexto de la globalización. Desclée, Bilbao.

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atender a estas vertientes del actual pensamiento decolonial, pasa necesariamente, por la lucha de poderes que está presente en la vida diaria de la polis y de la ciudadanía. En este plano de la reflexión y del análisis político es que se decanta el proceso de ideologización del poder y de los derechos humanos. Los escenarios de altísima violencia pública que se registran y se viven a diario en estas sociedades liberales severamente tecnificadas, pueden ser demostrativos de los tipos de violencia que permanentemente se implementan y propagan con la finalidad de sostener unos niveles de violencia represiva que sirven de detonantes a la violencia espacial de la política. Es decir, la contención de la violencia por parte de las víctimas que resulta reprimida por la producción de la plusvalía ideológica,11 se hace evidente y concreta en los momentos de crisis que sufre la hegemonía del sistema. Es una violencia que en su intención ya se encuentra inducida por el sistema de represión y eso conlleva a una interpretación errónea de la violencia revolucionaria. La violencia contrahegemónica de carácter revolucionario puede perfectamente estar en capacidad de remodelar o refundar el espacio de ciudadanía de los poderes de la política, pero para lograr este fin la contra violencia revolucionaria necesita de un discurso desideologizador que le permita competir en el escenario de la opinión pública donde las clases burguesas controlan el sentido de la realidad. Hacia ese espacio de interacción social es que se dirigen los discursos comunitarios o comunales que buscan resolver las tramas de violencia pública que ha terminado por absorber y superar las coacciones normativas del Estado. Amplios sectores de las clases subordinadas que permanecen formando parte diaria de este escenario político de las sociedades neoliberales, pueden verse como el ejemplo más directo de esta contradicción del Estado neoliberal. Y serán esas clases y sus respectivos sujetos y movimientos sociales, quienes estarán culturalmente en la posibilidad de reproducir otro campo de la realidad social, muy diferente al de la hegemonía de clases, ya que se encuentran en un uso político de la palabra y del lenguaje con otros referentes y contextos de la acción donde la comunicación social de esas clases apuntan decisivamente a un cambio del sentido y significado de la realidad, sin autoexclusiones. Una verdadera apuesta por este cambio de significación semántica en la interpretación de las normas legales, puede producir con todo efecto, el necesario cambio de conductas ciudadanas que requiere y solicita un Estado constituido por los poderes populares del ejercicio de una ciudadanía autónoma, plural y libre. 11

Silva, Ludovico (1970). La plusvalía ideológica. UCV, Caracas. – 199 –

El derecho a la vida desde una política de Derechos Humanos Lo que está en juego en las sociedades de consumo y mercado, tan característico del neoliberalismo, es una concepción del ser donde, precisamente, el valor a la vida es considerado de un modo muy utilitario, ya que esa concepción del ser vivo se debe corresponder a la ideología del poder que promulga a través de sus respectivos discursos sociales. El valor de la vida no es más que una extensión funcional del valor de cualquiera de los objetos económicos de la producción y el intercambio de mercancías. De ese modo se intercambian personas o sujetos, sin ningún problema de orden ético o moral, porque las exigencias de las reproducciones así lo exigen a través de sus leyes de producción. Por consiguiente, el hombre, en este caso el obrero, tiene y vive un valor condicionado por el orden de la producción del que forma parte en su ejercicio de fuerza social de producción. La vida del sujeto o del obrero,12 en este caso, queda entendida como una consecuencia de la relación de clases en la sociedad capitalista, y de la posición en el campo de la producción que le toca. Un derecho a ser que restringe la vida a la mínima expresión del mercado y la plusvalía del valor que se genera en la producción. Una violencia de este tipo es más que suficiente para analizar e interpretar la decisiva importancia de la filosofía en la comprensión de la existencia alienada que cerca la esfera pública de la vida del obrero y del consumidor. La tendencia de una sociedad de este tipo hacia la deshumanización del sujeto y a la tecnificación de la sociedad, termina por eliminar a la ciudadanía del espacio público de la interacción que le sirve de socialización y de crítica política; sobre todo, cuando este tipo de sociedad ha venido haciendo de la promoción de la violencia el ídolo de adoración del poder de la política, lo que ha infiltrado todo el tejido social hasta lograr constituir una gramática de la significación donde todo es expresión de la violencia como forma de vida y de comunicación. En el diálogo político que propone la democracia representativa, se parte de la premisa de que es a través del diálogo con el otro que las dificultades de interpretación propias de la conflictividad pueden ser resueltas, siempre y cuando se respeten los cánones, supuestos, principios, universales del conHinkelammert, Franz (2005). El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido. El Perro y la Rana, Caracas.

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senso y concretos de la praxis, para poder llegar a entendimientos compartidos según necesidades comunes.13 La idea reguladora de esta propuesta de diálogo es que el fundamento que lo sustenta es el de la paz y la justicia. Un dialogar en común según los intereses y sus fines compartidos por un argumento lo suficientemente racional, que implica y compromete la deliberación y sus argumentos. En modo alguno el viso de la violencia, fuerza o coacción, pueden interferir con el despliegue de una libertad comunicativa y comunal, que es la que garantiza la verdad de los acuerdos disputados. La posibilidad de un tal momento de comprensión con el otro, se debe a que el otro es reconocido como un ser humano vivo y valioso, siempre respecto a cómo es usuario del discurso y del lenguaje que sirve de relación entre los sujetos e interlocutores. No queda suficientemente claro el rol de participación dialógica en una sociedad que presume de democrática en un orden de clases excluyentes, la finalidad del diálogo con el otro donde no es viable la supresión material de la desigualdad social y la exclusión económica. Pero la tesis neoliberal asume y responde a esta sociología comunicativa de la integración, con una evidente preferencia donde se declara que sólo la perspectiva de los derechos humanos en el contexto de emergencia natural de la vida de cualquier persona, así como el derecho a la palabra y al diálogo, es una consecuencia o resultado democrático de la vida y de los poderes políticos.14 Nunca como ahora más cerca de la panacea de una sociedad de iguales y justa, sólo por la mediación de un diálogo que se basa primariamente en la noción del derecho a la vida de todos. Una deseable utopía política que recubre de cierta axiología humanista las fuentes ideológicas de los poderes del Estado. Sin embargo, el supuesto de unos derechos humanos que todavía responden a una universalidad cartesiana, que contiene a todo sujeto, ciudadano, individuo, es de singular importancia porque frente a una lucha política por la igualdad y justicia en un sistema de clases que se recrea permanentemente para obtener su legitimidad civil, nos encontramos, con la posibilidad de repolitizar los derechos humanos desde una contextualidad multicultural15 Górski, Eugene (2007). Civil society, pluralismo and Universalism. The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, USA.

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Capozzi, Gino (2006). Diritto e morales come leggi del fare. Quaderno di Filosofia dei Diritti Umani, Satura Editrice, Napoli.

14

De Sousa Santos, Boaventura (2004). Reconhecer para libertar: os caminos do cosmopolitismo multicultural, Rio de Janeiro, Civilizacao Brasileira. 15

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que pueden sacar las categorías sociales, políticas y económicas del obrar de los derechos humanos, hacia cuestiones donde la hermenéutica jurídica de los derechos humanos se ve comprometida con las conductas subjetivas de los ciudadanos en la ejecución de sus valores. Es decir, se abre la puerta a una interpretación crítica del sentido y significado de los derechos humanos en el campo de la significación intercultural de las normas que le sirven de sustento o fundamento. Se trata, por consiguiente, de situar en la esfera de la intersubjetividad la representación política con la que se puede relegitimar el valor de esos derechos humanos con respecto a la vida ciudadana de los sujetos de una sociedad. De este modo, la discusión acerca de la práctica de los derechos humanos considerados éstos como garantes de la vida de cualquier persona, sin distingos, implicaría un sustrato ético-moral que pone en evidencia las contradicciones de un sistema jurídicos que ha mantenido permanentemente una inversión de los derechos humanos, transformando a los derechos humanos en una forma de derechos para deshumanizar. Y en cuanto tal, derechos humanos al servicio de los poderes de la ideología del Estado. Sólo en la medida en que una sociedad sea capaz de considerar a los derechos humanos como un espacio de identificación y encuentro con el otro desde su diversidad y diferencias, es posible que la emergencia normativa con la que se valora la aplicación de los supuestos legales de esos derechos, sea suficientemente amplia como para tolerar que la vigencia y aceptación de esos derechos reside en una transferencialidad de valores que pueden ser aplicados a cualquier ser humano sin discriminación de algún tipo. Derechos ampliamente legislados a partir de leyes que exceden las fronteras del Estado nación tradicional, derechos que efectivamente puedan tocar la existencia de la vida de cualquier persona que se encuentre en riesgo o debilidad para sostener su status de vida. La necesidad de entender que tales derechos humanos son derechos para la humanización y la pacificación, pues se debe erradicar la violencia como la forma más inmediata de aprender a reconocer y aceptar el poder de las leyes, normas, reglamentos, a fin de orientar la vida ciudadana. La posibilidad de vivir junto a otros desde una concepción de derechos humanos, es reconocer el rol alternativo y liberador del valor axiológico de las normas en la medida en que las normas están legislando para favorecer el grado necesario de convivencia humana que se necesita en una sociedad para producir el status de igualdad y equidad, donde la justicia es el proceso y el ámbito de la obtención en común de los beneficios económicos, políticos, – 202 –

sociales, que propenden a que la ciudadanía logre optimizar la satisfacción de sus necesidades e intereses y así cumplir con los destinos del desarrollo de la política a partir del encuentro en espacios en común. Es el derecho a educar y el derecho a la palabra para dialogar con otros acerca de la concepción que se tiene del mundo, y que debe ser interpelada desde otros mundos posibles a concretar. A ese tipo de pluralidad política deben apuntar esos derechos humanos cuya carta de natalidad busque en su tiempo los procesos de absorción a gestiones gubernamentales donde el poder se transforme en un derecho público al servicio de todos. Quienes participan en el ejercicio de los poderes del Estado, optan por hacerlo desde la esfera pública del poder donde todos los ciudadanos tienen el mismo derecho, por diferentes vías o modos de acceder o apropiarlo, para lograr una convivencia de la experiencia política que haga posible que el poder responda a una concepción de la democracia donde los seres vivos y humanos, se sienta contenidos y representados desde sus respectivos mundos de vida. Se trata, entonces, de asumir la reciprocidad y solidaridad con ese otro a quien se encuentra identificado o representado, en un universo práctico de valores que potencian en todos nuevas perspectivas y sentidos de interpretación. Una sociedad donde las posibilidades de que los ciudadanos sean cada vez más actores o sujetos de un mundo que ha perdido sus fronteras regionales, nacionales y universales, por otro mundo más receptor de la imaginación y la utopía. La recuperación de la utopía como un supuesto de valor realizable para una concepción política de los derechos humanos, hace pensar en la construcción de un mundo de derechos donde todo es realizable, pues la condición humana de los seres vivos es suficiente experiencia de vida como para determinar formas de convivir con ese universo trascendente del valor. Un supuesto normativo de la ley que permite comprender el orden regulador de las leyes sin coacción o represión, pues el sentido subjetivo de la ley es el bien compartido por cada uno de los ciudadanos de una polis, que requiere de la aceptación axiológica de la norma como bien común para una paz compartida. La sociedad sería mucho más plural e intercultural, un orden de fuerzas mucho más dispuestas para la liberación, sin sesgos represivos o ideologías coactivas en lo discursivo y sus respectivas praxis sociales.

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LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN TENSIÓN: LAS DISPUTAS POR EL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ DE TARIJA (BOLIVIA) Juan Wahren Introducción La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) surge en el año 1987 integrando a más de 80.000 guaraní en su seno. Es una organización de segundo grado que nuclea a distintas comunidades guaraníes del sureste boliviano, en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Las comunidades, ubicadas en zonas rurales, constituyen los núcleos de base de la organización. Estas comunidades se agrupan a su vez en distintas capitanías cuyo responsable es un Capitán Grande –Mburuvicha Guasu en guaraní–, que se rige de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo guaraní con la incorporación de ciertas lógicas organizativas sindicales. La APG protagonizó, en los últimos diez años, un importante conflicto en la región de Campo Margarita en el departamento de Tarija donde la empresa multinacional de hidrocarburos REPSOL YPF gestiona uno de los yacimientos hidrocarburíferos más grandes de Bolivia. La disputa entre la empresa multinacional y la APG de Itika Guasu se encuentra ligada a los diferentes usos y sentidos otorgados a los recursos naturales en esos territorios habitados tradicionalmente por las comunidades guaraníes. Actualmente estas disputas territoriales se han ampliado hacia otras zonas de la región chaqueña del departamento de Tarija en la provincia del Gran Chaco compuesta por Yacuiba, Karaparí y Villa Montes, donde la APG tiene organizaciones de base y las zonales por cada – 205 –

municipio. A su vez la APG se encuentra dentro de la Confederación de Pueblos indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que es una organización nacional que agrupa a los diferentes pueblos indígenas del oriente boliviano (de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y parte de Chuquisaca) y es una de las organizaciones indígenas más importantes de Bolivia, con un fuerte protagonismo en las acciones colectivas de protesta que se desencadenaron desde mediados de la década del noventa hasta la actualidad en ese país. La APG, junto con otros movimientos campesinos, indígenas y vecinales, fueron los que posibilitaron, directa o indirectamente, el triunfo electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), estructura política que canalizó las demandas políticas de varios de los movimientos sociales bolivianos. Con la llegada del líder cocalero Evo Morales al Gobierno Nacional y el llamado a una nueva Asamblea Constituyente a fines de 2005, se cierra el ciclo de protesta iniciado poco más de una década antes. En la actualidad pareciera estar abriéndose un novedoso ciclo para los movimientos sociales en cuanto a su construcción territorial, sus complejas relaciones con el Estado boliviano y las disputas por los recursos naturales en torno a sus usos y sentidos. En torno a estas disputas es que aparecen en la actualidad los mayores puntos de conflicto entre el gobierno del MAS y algunos de los movimientos sociales. En el caso de Tarija actualmente el principal recurso natural de la región son los hidrocarburos, en efecto, en los años 2001 y 2002 se descubrieron la mayoría de los yacimientos hidrocarburíferas de Tarija y Santa Cruz de la Sierra, convirtiéndose Bolivia en el segundo país con reservas de gas de América del Sur. Esto generó un cambio cuantitativo y a la vez cualitativo en el esquema de producción hidrocarburíferas de Bolivia. Para cuando fueron descubiertos estos nuevos yacimientos, YPFB, junto con el conjunto de las empresas estatales, había sido privatizada en lo que se conoció como el proceso de “capitalización”. El 1° de mayo de 2006 el presidente Evo Morales decretó sorpresivamente la nacionalización de los hidrocarburos en un acto de fuerte simbolismo cuando apareció por la cadena nacional junto con efectivos del ejército en uno de los campos hidrocarburíferas del Gran Chaco en Tarija tomando posesión de esos yacimientos; lo cual era una de las demandas históricas de los movimientos sociales bolivianos. Luego de la nacionalización, YPFB volvió a tener un rol activo en la industria petrolera y gasífera, lo cual generó la continuación y reactivación de conflictos con las comunidades indígenas de la zona entre las empresas petroleras transnacionales, con el agregado de la intervención del Estado a través de la propia YPFB. – 206 –

En este sentido, en este trabajo abordamos estas tensiones, diálogos y conflictos a partir del caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Tarija en los últimos años, en el marco de las luchas por el reconocimiento identitario y cultural y por el derecho al acceso, uso y gestión de sus territorios ancestrales que aparecen –por las particularidad de las formas de producción y de gobierno guaraní– como nodales para la construcción plena de sus derechos sociales y humanos como pueblo indígena. Estas disputas conforman entonces, un proceso social, cultural y económico que habilita la construcción de un proyecto político emancipatorio del pueblo guaraní, íntimamente relacionado con los procesos de recuperación de sus territorios ancestrales, sus propias pautas culturales y formas de reproducción de la vida y la construcción de la autonomía indígena, como reafirmación de sus derechos sociales y humanos, en el marco del reconocimiento de las especificidades culturales y como forma de sociedad diferente a la formación social hegemónica en Bolivia, que implica una “sociedad abigarrada” al decir del pensador boliviano René Zavaleta Mercado (2008) donde coexisten en el seno de la sociedad mestiza hegemónica “formas sociales y políticas de origen no moderno que se movilizan contra los efectos expropiadores de su territorio y destructores de sus comunidades causados por los procesos modernos de explotación de la naturaleza y de las personas”. 1 Así la lucha por el “reconocimiento” de los pueblos indígenas aparece como nodal para la consecución de los derechos sociales plenos de estos pueblos originarios.2 Para ello el reconocimiento de los derechos sociales de los pueblos indígenas que impliquen este reconocimiento se pueden concentrar en aquellos que inciden en la territorialidad, es decir, el “derecho sobre propiedad, acceso y control sobre tierras, recursos naturales, biodiversidad, propiedad intelectual, consentimiento y soberanía, es decir, el núcleo duro de los derechos colectivos”.3

1

Tapia, Luis (2008) Política Salvaje, Buenos Aires, Muela del Diablo-CLACSO.

Bengoa, José (2007), la emergencia indígena en América Latina, Santiago, Fondo de Cultura Económica. 2

Toledo Llancaqueo, Víctor (2005) “Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004. ¿Las fronteras indígenas de la globalización?” en Dávalos, Pablo (Comp.) Pueblos indígenas, Estado y Democracia, Buenos Aires, CLACSO. 3

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Las disputas por el territorio y lo recursos naturales en el espacio tradicional del Pueblo Guaraní A comienzos de los noventa se dan las primeras acciones colectivas de protesta donde participa la APG en torno a demandas sobre la tierra, así en el año 1990 se produce la primera “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad” protagonizada por algunos de los pueblos indígenas de las “tierras bajas”, mojeños, guaraní, tapiete, wheenayek, entre otros. Luego se replicaron estas movilizaciones en los años 1996, 2000 y 2002, cambiando algunos de los pueblos y organizaciones participantes. Paulatinamente se van expandiendo las demandas hacia los usos y sentidos de los recursos naturales de los territorios que estaban habitando, así como ya a finales de la década del noventa, comienzan las denuncias contra los casos de contaminación que comenzó a producir la naciente industria hidrocarburíferas en la zona. En articulación con otras organizaciones campesinas e indígenas de las llamadas “tierras bajas” del oriente boliviano van asumiendo demandas de carácter nacional como la exigencia de una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. En las jornadas de la llamada “Guerra del gas” durante el mes de octubre de 2003, la APG se destaca por la realización de cortes de acceso en algunas de las empresas multinacionales de hidrocarburos así como en bloqueos de rutas y puentes estratégicos para la producción de petróleo y gas. De esta manera, las demandas en torno a la tierra fueron ampliándose hacia las demandas por el territorio, entendiendo a éste no sólo como la superficie cultivable o el espacio material habilitador de la actividad económica sino como el espacio material y simbólico de producción y reproducción de la vida de las comunidades indígenas y campesinas. En efecto, el territorio “no sólo es el lugar de la reproducción económica de grupo, sino, y estos es fundamental para la formación de la identidad, es el lugar de la significación colectiva de la historia, del pasado, de la herencia que debe prolongarse hacia el porvenir. De ahí que no sea nada casual que el primer elemento de movilización de los pueblos indígenas de las tierras bajas sea precisamente el territorio, pues ahí está anclado el mundo simbólico de la sociedad, esto es, el espacio de la ubicación y representación de la vida que tienen las personas”.4 García Linera, A. (Coord.); Chávez, M. y Costas, P. (2008) Sociología de los movimientos sociales. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política, La Paz, Plural. 4

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En este sentido, el caso más paradigmático de disputas territoriales en Tarija durante la década del noventa y hasta el año 2006 es el de la región del Itika Guasu. A partir del año 1989 se da un proceso de ocupación y recuperación territorial por parte de comunidades guaraní que vivían en la región, así como por la llegada de otros guaraní que habían dejado las viejas haciendas donde trabajaban de forma esclava a través de la figura del “empatronamiento”,5 que consistía en el trabajo agropecuario de los guaraní para el dueño de la hacienda a través de un pago en especias como alimentos, coca, tabaco, etc. y un sistemático sistema de endeudamiento de los peones guaraní con el patrón, sistema de endeudamiento que incluso era heredado de generación en generación, conformando un sistema de trabajo y explotación, heredado de la vieja hacienda colonial, que actualmente continúa vigente en algunas zonas de Tarija y Chuquisaca. El proceso de reapropiación territorial comenzó con la ocupación y desmonte de “potreros comunales” que le permitió a estas primeras familias guaraníes realizar tareas agropecuarias básicas para la subsistencia de los núcleos familiares. Paralelamente se fueron conformando distintas comunidades con la instalación de diferentes familias, recuperando así no sólo un territorio sino un modo de vida y una forma de organización de lo social ligada a los usos y costumbres del pueblo guaraní. En coordinación con las movilizaciones y acciones colectivas de los pueblos indígenas de las “tierras bajas”, las comunidades del Itika Guasu plantearon el reconocimiento de sus territorios al Estado. A través de la Ley INRA, promulgada en el año 1996 por la presión de estas movilizaciones, el Estado boliviano reconoció la forma jurídica de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que implica un aval a la posesión comunitaria, no individual, de la tierra ocupada ancestralmente por los pueblos originarios. Esta recuperación territorial se encuentra ligada a las actividades económicas de las regiones y a procesos de regeneración cultural en torno a la medicina tradicional, la religión y la historia oral, los usos y costumbres guaLa figura del “empatronamiento” es definida por el estado boliviano como personas que “trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, y que no tienen tierra en propiedad”. (Decreto Supremo N° 28.159). Esta forma de explotación laboral ha sido calificada como de trabajo “semi-esclavo”, pero consideramos que hablar de régimen “semi” esclavo implica una ocultación semántica de una situación de explotación laboral que, aunque con ciertos matices frente a la definición “clásica” de esclavitud, no se aleja sustancialmente de ésta. Por eso optamos por utilizar la noción de trabajo esclavo para dar cuenta del sistema de “empatronamiento”. 5

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raníes en torno a la vida familiar y comunitaria, además del uso del lenguaje y la transmisión de estas cosmovisiones a las nuevas generaciones. En la actualidad el Itika Guasu se encuentra conformado por 34 comunidades guaraní (algunas de ellas son de conformación mixta con población indígena y población campesina), las cuales son parte de la APG de Tarija. Sin embargo de las 216.000 has. exigidas el estado reconoció en una primer etapa 68.385 has. y en una segunda etapa otras 27.000 has. en el año 2009. De todas maneras, es importante señalar que estas hectáreas reconocidas no conforman una unidad territorial, sino que la TCO del Itika Guasu se encuentra interrumpida por tierras habitadas y/o posesionadas por otros actores sociales de la región, es decir, campesinos, ganaderos, terratenientes y las empresas petroleras multinacionales, principalmente Repsol YPF. Llamativamente casi ninguno de los pozos petroleros más importantes se encuentran reconocidos dentro de la TCO del Itika Guasu, por más que algunos de estos pozos se encuentran a tan sólo cientos de metros de algunas de las comunidades. En este sentido, como vimos anteriormente, la actividad hidrocarburífera tomó nuevos impulsos en la región a partir del descubrimiento de nuevos yacimientos, entre los cuales uno de los más importantes es el Campo Margarita que coincide territorialmente con parte de la región del Itika Guasu. La concesión de este yacimiento fue otorgada a Repsol YPF desde el año 1997 y a partir del año 2002 se intensificaron drásticamente las actividades de extracción hidrocarburíferas en la zona. Con la aparición de la empresa petrolera en la disputa territorial, las comunidades guaraní tuvieron que aprender a interactuar con un sujeto social totalmente desconocido hasta entonces, tanto en sus lógicas organizativas y económicas, como en su presencia material y territorial en el espacio considerado como propio. Las comunidades guaraní habían enfrentado e interactuado con otros actores sociales que habitaban la región, como campesinos, ganaderos y terratenientes y con el propio estado en sus diferentes niveles (municipal, departamental y nacional) pero la relación con una empresa petrolera transnacional era algo completamente novedoso, en consecuencia, esto implicó un “largo proceso para los guaraníes entender la lógica con la que operaba la petrolera, las actividades que realizaban, el apoyo legal y estatal con el que contaban, sus derechos y las acciones que ellos tenían y podían llevar adelante”.6 Orozco Ramírez, S.; García Linera, A. y Stefanoni, P. (2006), “No somos juguete de nadie...” Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización, Cochabamba, Plural Editores. 6

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“Nosotros antes no conocíamos por qué venían las petroleras, a los cuatro años que han trabajado recién hemos negociado”7 En estas nuevas disputas por el territorio con las empresas petroleras en el Itika Guasu se combinan entonces dos planos, por un lado el plano regional y nacional de alza del ciclo de protestas8 ligado a las demandas por la tierra, el territorio y los recursos naturales de los movimientos sociales indígenas y campesinos, así como la resistencia a las políticas neoliberales entre los años 2000 y 2005, y el plano local que implicaba por un lado el reconocimiento de la TCO del Itika Guasu en su totalidad y por otro, la demanda de recibir compensaciones por el uso del territorio indígena y la contaminación ambiental causada a partir de las actividades extractivas de Repsol YPF. En este sentido se combinaron las acciones protesta de la APG a nivel departamental y regional en las demandas en torno a la nacionalización de los hidrocarburos y las resistencias a los planes neoliberales, con las demandas locales del reconocimiento del territorio y las indemnizaciones exigidas a Repsol YPF. En este sentido se realizaron numerosos bloqueos de ruta y cortes de acceso a las plantas hidrocarburíferas, movilizaciones, petitorios e incluso acciones “internacionales” como una intervención de una delegación de la APG del Itika Guasu en la sede central de Repsol en España, acompañada de una manifestación de simpatizantes europeos que acompañaron la movilización y el reclamo de los indígenas guaraní del Itika Guasu. A partir del año 2006, en el marco del gobierno del MAS y del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, las acciones colectivas de la APG fueron relegadas a un segundo plano y el conflicto con la empresa petrolera pasó a un nivel de diálogo, donde Repsol YPF reconoció al pueblo indígena guaraní y a su organización, la APG, como interlocutores válidos. De todas maneras el conflicto continúa vigente pues al no haberse titulado el conjunto de la TCO reclamada por la APG para el Itika Guasu, Repsol YPF no firma el convenio de uso y “saneamiento” ambiental y económico con el pueblo guaraní que nunca fue formalmente consultado acerca del uso de los recursos naturales en sus territorios. Fabián Cayo, Capitán Grande de la Zona III del Itika Guasu, 2005, en Orozco Ramírez, S.; García Linera, A. y Stefanoni, P. (2006), “No somos juguete de nadie...” Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización, Cochabamba, Plural Editores. 7

Tarrow, Sidney. (2009) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la poltica, Madrid, Alianza. 8

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“En el fondo aquí nunca ha sido aplicado el sistema de consulta, los pueblos indígenas nunca han tenido derecho a la consulta, las empresas petroleras han hecho lo que les ha dado la gana. El motivo de eso es la pelea que sigue en el territorio del Itika Guasu entre Repsol y la APG, más de dos o tres años que están negociando un convenio, que hasta ahorita no sale precisamente porque Repsol se agarra de que todavía no está titulado el territorio. Entonces lo que hace Repsol es negociar con los ganaderos de la zona, y eso se ha venido dando en todo lo que el territorio guaraní de O’Connor y el Gran Chaco tarijeño”. (Erick Aráoz, Equipo Técnico de la APG de Tarija, entrevista, 2009). De todas maneras, la APG logró, a través de las acciones colectivas de protesta y su articulación a nivel nacional e incluso internacional posicionarse como interlocutores frente a Repsol y frente al Estado. Anteriormente Repsol YPF sólo negociaba con las comunidades directamente afectadas por los pozos petroleros, desestimando a la APG como instancia organizativa y generando a su vez conflictos entre las distintas comunidades del Itika Guasu, así como entre los dirigentes de la organización. En este sentido, la experiencia del Itika Guasu le ha permitido a la APG consolidar su esquema organizativo, así como cohesionar dentro de la organización a las distintas comunidades, más allá de su cercanía territorial con la empresa petrolera. Por otra parte, la APG tuvo que reconocer la utilización y extracción de hidrocarburos en sus territorios, cuestión que en un principio del conflicto había rechazado por considerarla que afectaría los modos de vida y las actividades productivas de las comunidades guaraní. Este cambio frente al avance de las petroleras se dio por la combinación de distintas causas. Por un lado, por el hecho consumado de la actividad petrolífera en la región, por otro lado el accionar de algunas ONG´s que apoyaban el proceso organizativo de las comunidades, principalmente el Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET) fueron reconvirtiendo la estrategia del rechazo en la demanda de una compensación económica por el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos y por los efectos contaminantes de las mismas. Luego de la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006, comenzó una participación más activa del Estado en los territorios con yacimientos hidrocarburíferos –muchos dentro de los territorios guaraní reconocidos como TCO o no– por medio de las intervenciones y controles de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos que no siempre actuaron a favor de los reclamos de los guaraní, sino que en muchos casos apuntalaron el – 212 –

accionar de las empresas multinacionales de hidrocarburos. Frente a este nuevo avance de la frontera hidrocarburífera por sobre los territorios indígenas se desplegaron dos importantes movilizaciones durante el año 2010. La primera fue la “Marcha por la defensa del territorio ancestral y el respeto a los derechos indígenas” convocada por la APG de Tarija, más precisamente por las Capitanías de Yacuiba, Villa Montes y Karaparí, cuyas consignas principales eran: “Déjennos aire, tierra y agua, déjennos árboles y animales, déjennos vida”; “La tierra no nos pertenece, porque nosotros somos parte de la tierra” y “Bolivia Yyambae, sin dueños ni patrones”. Esta fue la primera movilización de organizaciones indígenas de “tierras bajas” reclamando contra el gobierno de Evo Morales. “Nosotros como consejo de capitanes estamos convocando a una gran marcha. La primer marcha en el departamento de Tarija que estamos convocando para decirle al gobierno, y no solamente al gobierno sino a toda la gente de los municipios, todo los funcionarios, o sea todo los funcionarios públicos, gobierno nacional, departamental, regional, provincial, que respete a los pueblos indígenas, la herencia, ¿no? Que se está perdiendo y en la misma Constitución dice que hay que respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas.” (Justino Zambrana, presidente del CCGTT de la APG Tarija, entrevista, 2010). En este sentido la idea de territorio aparece en su sentido más amplio, como un espacio articulador de la vida de los guaranís con límites fluidos y difusos que lo diferencian de la tierra solamente como soporte material de la producción. Así, “la reestructuración del pueblo guaraní ha significado el desarrollo de un discurso donde se construye una noción de territorio, después de uso y aprovechamiento de recursos, para pasar al campo político, donde la cultura y la identidad se han convertido en reivindicación política” (Bazoberry y Heredia, 2004:166).9 “Hay diferencia entre la tierra y el territorio. La tierra es una cosa porque la tierra es solamente lo que vamos a utilizar, una parte, puede ser de 200 metros y ya, pero lo que a nosotros nos interesa es territorio. El territorio de nosotros propio, es lo que tenemos que tener para ser libres.” (Juan Carlos Rodríguez, Responsable de Tierra y Territorio del CCGT, entrevista, 2010). Bazoberry, Oscar y Heredia, Fernando (2004) “Las TCOs. Guaranis: dilemas y desafíos” en Paz Patiño, Sarela (Coord.) Territorios Indígenas & Empresas Petroleras, Cochabamba, CENDA. 9

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“El tema tierra no es una cosa solamente una referencia física, donde trabajas, donde vives, ¿no? El territorio es como mucho más amplio, es una casa más grande donde tú, donde nosotros como guaraní podamos ir, por ejemplo. Es un paisaje, un lugar de donde venimos... porque antiguamente el pueblo guaraní, los indígenas, hemos vivido pues de cosas silvestres, por ejemplo, animales del campo, inclusive las frutas silvestres, entonces todo eso es habitar el territorio. En ese territorio el guaraní se ha vivido tranquilo y frente a eso ha habido un avasallamiento que los españoles, los que han venido a colonizar a los pueblos, han ido entrando, poniendo e imponiendo cultura ajena. Entonces, el territorio para nosotros es mucho más grande, ¿no? La tierra es tierra, es donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos, pero el territorio es mucho más amplio, compone muchas cosas más, ¿no? Biodiversidad, recursos naturales que están en todos nosotros y que les cuidamos más que todo, ¿no? Especialmente bosques, los árboles especialmente, todo digamos, y eso para nosotros es el territorio.” (Justino Zambrana, presidente del CCGTT de la APG Tarija, entrevista, 2010). El territorio para los guaranís implica entonces una forma de habitar el espacio geográfico, una determinada forma de ser y estar que configura su propia cultura. En este sentido, su Ñande Reko (su “forma de ser y estar en el mundo”) es indivisible de la posibilidad de habitar y practicar un territorio; podemos afirmar que sin territorio no puede desarrollarse la cultura guaraní, sin territorio no es posible hablar de pueblo guaraní. Una de las razones por la cual el estado no reconoce las TCO de los guaraní en el Gran Chaco es que en esos territorios se encuentran gran cantidad de yacimientos con reservas probadas de gas y petróleo y el otorgamiento de las TCO implicaría que el pueblo guaraní debería ser consultado de manera colectiva acerca del uso de esos territorios. Es por esto que la política de saneamiento de tierras en esta región por parte del INRA apunta principalmente al reconocimiento individual de parcelas de tierras que desconocen el uso comunitario y colectivo de las comunidades indígenas que pertenecen a la APG. En los últimos años las distintas capitanías de la APG del Gran Chaco vienen planteando esta problemática que terminó de cristalizarse en las movilizaciones del año 2010 protagonizadas por estas regionales de la APG de Tarija.

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“Está claro que el gobierno no quiere dar la TCO, el territorio completo, ¿no? Pero sin embargo está expropiando para la petrolera, entonces nosotros seguramente primerito si demandamos, va a ser lo mismo, no nos van a querer dar nada... van a decir “si les damos la TCO al guaraní, pucha, aquí nos han jodido, a esto no le demos salida, no le demos curso porque nos va a dar un problemón con la empresa petrolera que ya tiene contrato” Y así está la cosa ahorita en nuestros territorios...” (Román Gómez, Mburuvicha Guasu de la APG Karaparí, entrevista, 2010). Nuestro relevamiento en algunas comunidades de la zona de Karaparí nos mostró que son afectadas directamente por las empresas de hidrocarburos, ya sea con proyectos que se encuentran funcionando hace años o con actividades de exploración y medición para la apertura e nuevos pozos, principalmente gasíferos. Estas comunidades son: Río Negro, Cañita, Ñanca Guasu, Santa Rosa, Acheral, Cañada Ancha, Canto del Agua, Salitral. En casi ninguno de estos casos las empresas realizaron procesos de consulta y participación tal cual establece la constitución nacional de Bolivia y el artículo 169 de la OIT. A lo sumo han realizado, en contados casos algún procedimiento de consulta a las OTB de cada comunidad. “Yo creo que las normas están claras, ¿no? La norma internacional de los derechos de los pueblos indígenas, lo que nosotros le pedimos al gobierno es que, por lo menos, que se cumpla la norma, ¿no? O sea, que cumpla el procedimiento, que se hagan los estudios de verdad, de los entendidos en la materia, que no nos den charla nomás, ¿no?” (Justino Zambrana, presidente del CCGTT de la APG Tarija, entrevista, 2010). Casos similares relevamos en algunas comunidades de Villa Montes y Yacuiba, principalmente aquellas cercanas al Parque Nacional Aguaragüe y otras comunidades guaraní que están en las cercanías a la ciudad de Villa Montes, donde también están las comunidades Weenhayek. Los casos más paradigmáticos de esta región los constituyen la comunidad de Tucainty y las comunidades cercanas al Parque Nacional Aguaragüe. En Tucainty, la empresa Petrobrás ingresó con acuerdo de la comunidad a partir de mecanismos muy intensos de intervención en el seno de la misma. A través de estudios de profesionales de las ciencias sociales, un trabajo de salud preventiva y promesas de “proyectos de desarrollo”, la empresa logró el consenti– 215 –

miento de la comunidad para la explotación hidrocarburífera firmando un convenio por treinta años. “Petrobras ha entrado mas o menos en el año 2003 o 2004, por ahí. Tenemos cosas firmadas con Petrobras pero realmente nosotros nunca supimos bien... ¿no? El campesino nunca es asesorado, digamos, hemos hecho unos convenios, pero realmente como ellos son profesionales, ingenieros, han llevado un sociólogo que nos envolvía a nosotros, así que hasta el último ya nos han pillado la parte débil firmamos un convenio con la empresa. Esté convenio está por treinta años. El sociólogo luego se ha ido, a empezado a conquistar a la gente de la comunidad para socializar todo, decía él, como era sociólogo, y realmente ha empezado a andar por ahí y visitar conquistando a la gente digamos metiéndole a la gente que la empresa Petrobras tenía que entrar en la comunidad, ¿no? Convenciendo a la gente, exactamente.” (Lozano Morales, Mburuvicha de la Comunidad Tucainty, APG Yacuiba, entrevista, 2010). Casi ninguno de los proyectos de desarrollo prometidos se concretó y la empresa no acepta dialogar con la comunidad ni con la APG para resolver los problemas que se suscitan con sus actividades. “Es un solo pozo que está al lado de la comunidad, el X 5. La empresa Petrobras, todo nos niega, todo nos dice que no, cualquier cosa. Antes que entre, uh, la empresa nos daba de todo, le pedíamos una cosa, nos daba, le pedíamos, por ejemplo, para el día de la madre y ya ellos iban con sus regalos, pero ahora no, ahora es distinto, ha cambiado. Eso cambió cuando se hizo el X 5, que empezaron a negar las cosas que nosotros le solicitamos a la empresa y realmente ahora no nos apoyan en nada, y estamos así... encerrados.” (Lozano Morales, Mburuvicha de la Comunidad Tucainty, APG Yacuiba, entrevista, 2010). Una vez iniciada la fase de explotación del pozo, la empresa comenzó a cercar literalmente a los habitantes de la comunidad a través de una barrera y una caseta de seguridad en el camino de acceso a la comunidad y al pozo de gas. Cada integrante de la comunidad debe pedir permiso a la empresa y esperar la autorización para entrar o salir. Por otra parte, la comunidad de Tucainty se encuentra en las adyacencias del Parque Nacional Aguaragüe donde habitan gran parte de las comunidades guaraní de Yacuiba y Villa Montes. En este Parque Nacional se han iniciado exploraciones hidrocarburíferas – 216 –

con importantes yacimientos probados que conforman el Bloque de Caipependi junto con el Campo Margarita (en la TCO del Itika Guasu) y los yacimientos existentes dentro de la TCO de Tentayapi. La problemática de este Parque Nacional es paradigmática de la situación de los territorios indígenas de la región del Gran Chaco, particularmente del pueblo guaraní. Dentro del Parque y en las comunidades cercanas existen importantes reservas gasíferas que se encuentran comprometidas en los acuerdos de provisión de energía hacia Argentina, por lo cual resulta un proyecto estratégico no sólo para las empresas de hidrocarburos sino para el propio Estado boliviano. Al ser esta región un Parque Nacional, los requerimientos socioambientales para la explotación gasífera son más exigentes que en un territorio que no se encuentre protegido por el SERNAP. Además, al ser una zona habitada por pueblos indígenas, éstos tienen el derecho a la consulta previa sobre el uso de esos territorios y los recursos naturales que se encuentran en ellos. Por otra parte, las leyes bolivianas consideran que las riquezas naturales que yacen en el subsuelo son de propiedad del estado nacional. Esta conjunción de intereses y normativas contradictorias se cristalizan en el Parque Nacional Aguaragüe, donde los trabajadores del SERNAP y las comunidades indígenas guaraní se oponen a la explotación hidrocarburífera dentro de la jurisdicción del parque y sus áreas de influencia ya que en esta zona se encuentran las principales reservas de agua, flora y fauna necesarias para la reproducción biológica y cultural de los guaraní. “Que no se explote, que no se explote. O sea eso queremos. Que se mantenga así el Parque Nacional que es parte del territorio ancestral... porque así bien se está ahora. En diez, quince años que se esté explotando todo eso y ya no tendremos agua... ¿Qué le parecería si yo le acabo de sacar toda su sangre de su cuerpo? ¿Con qué va a vivir? O sea, tiene que morir, ¿no es cierto? Es lo mismo digamos los árboles, todo lo que es Aguaragüe pues, ¿no? Todo, en especial los animales, ¿dónde van a vivir? Nos dejan pobres sinceramente, eso es un poco preocupante.” (Aída Velázquez, Asambleísta Regional Gran Chaco, APG Yacuiba, entrevista, 2010). En general, las comunidades guaraní afectadas –con el apoyo de la APG– se oponen al ingreso indiscriminado de las empresas petroleras en sus territorios y si estas empresas tienen actividades en la zona exigen consultas y participación en los estudios de impacto ambiental, así como compensaciones por los daños ocasionados por la actividad hidrocarburífera. – 217 –

La propia Constitución habilita por un lado el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas sobre el uso de los territorios donde habitan, pero al mismo tiempo este tipo de consultas no son vinculantes, a la vez que el usufructuo del subsuelo (como es el caso de los hidrocarburos) depende únicamente de la gestión del Estado nacional. Esta situación ilustra y habilita una serie de contradicciones entre un “modelo extractivista y desarrollista” y su correspondiente “Estado social neodesarrollista” y un “modelo indigenista y descolonial” con su correspondiente “Estado Plurinacional” que coexisten como proyectos diferenciados dentro del gobierno de Evo Morales, pero que también permean gran parte de los debates al interior de los distintos movimientos sociales de Bolivia en general y de la APG en particular. “Las empresas petroleras son parte de la oposición a nosotros, porque ellas piensan de que nosotros como Guaraní, como indígenas, no le vamos a dejar entrar si nosotros tenemos nuestro propia TCO., Por un lado, es sabido de que ya no vamos a permitir nosotros que ellos hagan y deshagan lo que quieran en nuestro territorio pero, por otro lado, también nos conviene a nosotros, y así vamos a tener quién sabe todavía las cosas que queramos tener, un poco más mejor, y donde también nosotros podemos trabajar incluso y donde también ya vamos a generar más empleo trabajando en la empresa petrolera, por ejemplo... tampoco podemos nosotros oponernos de que las empresas no entren. Estamos también en eso para entrar en un acuerdo, para poder conversar, si las empresas quieren entrar, por decir, a una TCO que ya es del pueblo Guaraní, bienvenido. Y esa es la parte en donde nosotros vamos a tener trabajo, vamos a tener con qué mantener a nuestra familia, porque tampoco podemos oponernos, es un bien para nosotros mismos...” (Juan Carlos Rodríguez, Responsable de Tierra y Territorio del CCGT, entrevista, 2010). “Queremos cuidar la tierra, cuidar la naturaleza y vemos que desde el ´95, ´97 que han entrado las petroleras empieza el daño, la contaminación. Y es el territorio lo que queremos recuperar, para vivir. Hoy en día se siente lo que se causa cuando se explota la naturaleza, la tierra, el uso sin control de los bosques, no los dejan ni crecer a los bosques, cuando uno sabe que ahí sale oxígeno para respirar, aire puro, y si lo seguimos maltratando, ¿cómo se piensa hacer? Va a ser triste para todos, no solamente para los guaraní; el territorio creo que es lo más importante, ¿no?” (Román Gómez, Mburuvicha Guasu de la APG Karaparí, entrevista, 2010). – 218 –

Así, el pueblo guaraní aparece en el escenario político boliviano durante la década del noventa y continúa gravitando con proyección regional y nacional las discusiones en torno a la autonomía, los recursos naturales, la tierra y el territorio, la cuestión étnica y cultural, así como la discusión de un Estado plurinacional al mismo nivel que los pueblos indígenas quechuas y aymaras y otros movimientos sociales bolivianos. En este sentido, ligamos las disputas de los guaraní por el reconocimiento cultural como pueblo y de los territorios que habitan como una posibilidad de obtener una autonomía territorial y política como proyecto emancipatorio que va más allá de las autonomías municipales, regionales y departamentales planteadas en el marco institucional de las distintas formas de autonomía reconocidas en la nueva constitución política de Bolivia. En efecto, durante el segundo mandato de Evo Morales (fue reelecto en diciembre del año 2009 con el 64,2% de los votos), comenzaron a sentirse con mayor fuerza algunas de las tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales en torno a varias demandas pendientes o frente al propio accionar de la política gubernamental. En este sentido, continúa abierto el debate del rol del nuevo “Estado plurinacional” en torno al creciente avance de los emprendimientos hidrocarburíferos en los territorios campesinos e indígenas, sobre todo en la región chaqueña y amazónica que es donde vislumbramos que se generarán la mayoría de los conflictos y tensiones entre los movimientos sociales, el Estado y las empresas multinacionales. De esta manera, las acciones colectivas de la APG, tanto a nivel nacional como a nivel del departamento de Tarija, reflejan el posible nacimiento de este nuevo ciclo de protesta donde los conflictos serán entre los pueblos indígenas y los movimientos sociales con el Estado y las empresas de hidrocarburos por los usos y sentidos contrapuestos acerca del territorio y los recursos naturales. En este sentido, nos interesa problematizar la idea predominante en muchos análisis del proceso boliviano de que el gobierno de Evo Morales es un cristalizador del proceso de movilizaciones sociales de las últimas décadas, llevando a cabo desde el andamiaje estatal, aquellas transformaciones enunciadas por los movimientos sociales bolivianos.10 También nos interesa problematizar la lectura contrapuesta que ve en el gobierno del MAS una claudicación plena de aquellas luchas y demandas en el marco de políticas reformistas que no influyen en cambios sustanciales en los núcleos Sader, Emir (2008) “América Latina ¿el eslabón más débil?: El neoliberalismo en América Latina”, New Left Review (en español) N° 52 Septiembre-Octubre, Akal, Madrid. 10

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de la dominación colonial y capitalista en Bolivia.11 Por ello, analizamos este proceso político y social desde una mirada que nos permita comprender al gobierno del MAS como un elemento más del complejo proceso de movilización social boliviano que no puede entenderse en los últimos años únicamente desde las políticas gubernamentales del MAS pero tampoco puede comprenderse sin tenerlas en cuenta. Así, las tensiones entre movimientos sociales y Estado adquieren dimensiones cada vez más complejas y, en parte, es en la disputa por los territorios donde se dirimen o donde se vislumbran con mayor claridad estos procesos de diálogo, tensiones y conflictos. “Cuando el propio gobierno está impulsando la explotación de los recursos naturales, de gas, de otros recursos que existen en el país, entonces pareciera que para qué sirve que vamos a plantear que ya no se siga haciendo estas cosas que contaminan. Cuando el propio gobierno está firmando para que sigan explorando para que sigan explotando, impulsando que se perforen los pozos, entonces pareciera que es difícil decir basta, pero yo creo que estamos haciendo bien, todos los pueblos indígenas respecto a esto para que no siga contaminando. No se cómo lo tomará el Presidente, porque pareciera que se contradice él sólo. Nosotros como pueblo guaraní tenemos que plantearle esto, no para hacerle contra sino presentarle nuestra realidad como pueblo, para defender de verdad la Madre Tierra.” (Román Gómez, Mburuvicha Guasu de la APG Karaparí, entrevista, 2010). Nos resulta interesante señalar también que fue el gobierno del MAS el que recuperó en parte, la institucionalidad política estatal que se encontraba en profunda crisis durante los primeros dos ciclos de protesta señalados. En este sentido, la relación del Estado con los movimientos sociales también se institucionalizó y, en esa relación, el Estado y también los propios movimientos sociales asumieron relaciones “corporativas”12 en torno a demandas sectoriales, dejando de lado las facetas disruptivas en el marco de canalizar las demandas sectoriales de las organizaciones a través del andamiaje estatal tradicional (que incluyó la obtención de cargos para algunos dirigentes de los movimientos sociales), más algunas nuevas estructuras específicas que se propulsaron desde el gobierno del MAS como el Viceministerio de Tierras Mamani, Pablo (Ed.) (2007) Evo Morales entre entornos blancoides, rearticulación de las oligarquías y movimientos indígenas Willka Nº 1, CADES, El Alto.

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Svampa, M., Stefanoni, P. y Fornillo, B. (2010) Debatir Bolivia. Los contornos de un proyecto de descolonización, Buenos Aires, Taurus. 12

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(encargado de la reforma agraria), o el Viceministerio de los Movimientos Sociales (encargado de atender las demandas específicas de los sindicatos y organizaciones populares urbanas, indígenas y campesinas). En este sentido, siguiendo a Luis Tapia vemos que el gobierno del MAS “es responsable de haber llevado a varias de estas organizaciones a su faceta más corporativa de sociedad civil, por lo tanto más conservadora (...) quitándole la dimensión de fuerza política que más bien plantea problemas generales y articula fuerza hacia reformas más globales en el país. Obviamente, otra parte de la responsabilidad está en las mismas organizaciones; y la explicación estaría en la historia de estas organizaciones en tanto instituciones de la sociedad civil, que las lleva a asumir, nuevamente, más esa faceta de corporación que de movimiento social”.13 En efecto, el cambio de la relación no supone un movimiento unidireccional, sino que es el conjunto de los actores relacionados quienes han cambiado estas lógicas en las arenas de diálogo y conflicto, aunque la responsabilidad principal aparece entre quienes ejercen actualmente el poder estatal en Bolivia y que provienen de los propios movimientos sociales. La tensión entre la heteronomía estatal y la autonomía de los movimientos sociales se encuentra obviamente en la lógica política del Estado, pero también en el seno de los propios movimientos sociales que se encuentran tensionados entre la disruptividad política y social y las demandas sectoriales y corporativas ligadas a la lógica estatal. En el caso boliviano, la experiencia de la COB y algunas organizaciones campesinas en el “co-gobierno” durante los años posteriores la Revolución del 52 junto al MNR marcaron las prácticas de los movimientos sociales el imaginario político nacional-popular que el MAS supo rearticular, junto con algunos componentes indigenistas-kataristas, muy eficazmente en sus políticas de gobierno. Estas son las rearticulaciones que este nuevo ciclo de protesta pone en crisis, en tanto el gobierno del MAS continúa profundizando su “línea desarrollista” en su intervención concreta en los territorios indígenas de la región amazónica y de la región chaqueña. La matriz “nacional-popular”, con fuerte arraigo en un imaginario desarrollista, se encuentra presente incluso en las organizaciones sociales y también aparecen en el seno de la APG. En efecto, la agenda gubernamental del MAS se hace eco de esta matriz nacional-popular y en relación con los recursos naturales actúa mayoritariamente en torno a una política de “desarrollo extractivista”, orientada al “control de la renta por parte del Estado” de esos recursos Tapia, Luis (2007) “Los movimientos sociales en la coyuntura del gobierno del MAS” en Willka Nº 1, CADES, El Alto. 13

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naturales. Las consecuencias ambientales de este modelo no aparecen como prioritarias en el gobierno del MAS, salvo por las posturas de la corriente indigenista dentro del gobierno de Evo Morales– cada vez más minoritaria– que está expresada principalmente por David Choquehuanca, Canciller de Bolivia.14 En el marco de estas contradicciones, aparecen diferentes críticas de la APG a algunas políticas del gobierno del MAS, particularmente en torno a las políticas de hidrocarburos y a las políticas de distribución de las tierras, aunque también se reconocen aspectos positivos del gobierno, como el avance en el reconocimiento de los pueblos indígenas, algunas políticas redistributivas, la construcción de infraestructura sanitaria y educativa, etc. “En el caso de los pueblos indígenas de Tarija, el pueblo guaraní especialmente, han cuestionado bastante el tema de tierras y lo siguen haciendo porque evidentemente esto no está avanzando en la medida en que se esperaba, tendría que haber sido mucho más notorio el cambio. Pero no hay señales en ese sentido de que la cosa estuviera cambiando positivamente, por eso hay un poquito de desencanto, de frustración y de cuestionamientos bastante duros. Pero yo creo que la mayoría de las organizaciones, las comunidades, están conscientes de que este es el camino, de que esta es la opción. La opción es seguir apostando para que se profundice el “proceso de cambio”, para que se consoliden los derechos que ya se han conquistado, se pueda avanzar en el tema éste de lograr las autonomías indígenas, la autogestión de los territorios.” (Hernán Ruiz, Equipo Técnico CCGTT de la APG Tarija, entrevista, 2009). En efecto, algunas de las críticas de la APG enfatizan las contradicciones y tensiones entre el modelo “neodesarrollista” y un discurso a favor de los derechos de los pueblos indígenas y de la “Madre Tierra” que señalamos anteriormente. En este sentido, se identifica la defensa de los recursos naturales y la tierra con la propia identidad indígena, el razonamiento de los guaranís implica que si el gobierno nacional no defiende el territorio y los recursos naturales, el gobierno pierde su propia identidad indígena. En este aspecto es donde estas contradicciones, en tanto se profundicen generarán una escisión entre el imaginario colectivo de los movimientos sociales en torno al “gobierno de los movimientos sociales” y al “proceso de cambio” del MAS en una ruptura que, de darse, será difícil de recomponer. Svampa, M., Stefanoni, P. y Fornillo, B. (2010) Debatir Bolivia. Los contornos de un proyecto de descolonización, Buenos Aires, Taurus. 14

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“Nuestro presidente de la república, ¿no? habla sobre qué es la Madre Tierra pero la Madre Tierra solamente no es discurso sino la práctica, porque la Madre Tierra no tiene manos no tiene cabeza para defenderse sino esta ahí el hijo que tiene que cuidarla.” (Justino Zambrana, presidente del CCGTT de la APG Tarija, entrevista, 2010). “El Evo entró como indígena, pero ahora no quiere ser más indígena, parece...” (Juan Carlos Rodríguez, Responsable de Tierra y Territorio del CCGT, entrevista, 2010). El “proceso de descolonización” de una sociedad vertical, racista y abigarrada como la boliviana no puede darse únicamente en los ámbitos del Estado y de la institucionalidad, sino que es un desafío que atraviesa a todos los colectivos sociales y a los individuos que componen esas sociedades yuxtapuestas y en tensión permanente. De esta manera, el derrotero que sigan las políticas acerca de los hidrocarburos, en relación con los territorios indígenas y campesinos en Bolivia definirá gran parte de este proceso de transformación social, cultural y civilizatorio en el país andino. Proceso que actúa como modelo paradigmático de las transformaciones sociales en América Latina en la última década.15 16

Conclusiones La profundización de estas contradicciones entre estos dos “proyectos civilizatorios”, podrían implicar en el futuro una serie de conflictos entre la estrategia desarrollista de parte del gobierno del MAS y algunos de los movimientos sociales indígenas, campesinos y originarios que ven afectados sus derechos sociales y humanos. La disputa y los sentidos otorgados por los guaraní al territorio cobran una dimensión estratégica en esta disputa por los recursos naturales –principalmente los hidrocarburos– pues implica una manera alternativa de habitar, practicar y resignificar esos territorios, las luchas de los guaraní “no ha sido tanto por un pedazo de tierra que cultivar sino más bien la lucha por mantener un territorio. Este concepto dice mucho más que el de “tierra” para cultivo y/o pastoreo. Puede referirse también a esto, pero implica además todo un conjunto que abarca bosques, vertientes, ríos, 15 De Sousa Santos, Boaventura (2010) Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur, Buenos Aires, Antropofagia.

Svampa, M., Stefanoni, P. y Fornillo, B. (2010) Debatir Bolivia. Los contornos de un proyecto de descolonización, Buenos Aires, Taurus. 16

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flora y fauna de los que se vive, con los que se convive y por los que se va transitando”.17 Las empresas de hidrocarburos aparecen entonces como el principal obstáculo para un uso pleno de sus derechos sociales en el acceso a los territorios en el caso de las comunidades con reconocimiento de TCO y como un impedimento para el reconocimiento de los territorios ancestrales de aquellas comunidades que aún no obtienen reconocimiento estatal como pueblo guaraní. En efecto, la identidad guaraní se encuentra anclada en el territorio; por lo tanto no reconocer sus territorios implica negarlos e invisibilizarlos como pueblo. En este sentido, nuestra hipótesis es que las disputas entre las empresas de hidrocarburos y el pueblo guaraní pone en escena un conflicto por un espacio de vida entre actores que son mutuamente excluyentes. Las formas de habitar y practicar los territorios de las empresas multinacionales no pueden coexistir con el “ser y estar” –el Ñande Reko– guaraní que precisa una utilización material y simbólica de los recursos naturales y de la tierra imposible de practicar en un mismo territorio donde se aplican las prácticas extractivistas propias de la industria hidrocarburíferas. El espacio de vida –el territorio– de los guaraní es incompatible con las necesidades de producción y reproducción de las empresas de hidrocarburos o con otros modelos de desarrollo extractivistas y mercantilizadores de la tierra y los recursos naturales, sea a partir de actividades agrícola-ganaderas de mediana y gran escala, empresas mineras, emprendimientos forestales, etc. Y si de hecho conviven estas formas antagónicas en un mismo territorio, esto sucede de manera conflictiva, es decir, en permanente tensión entre el impedimento de un desarrollo pleno de las actividades de producción de los hidrocarburos –por ejemplo, como sucede actualmente en el Itika Guasu donde la producción es mucho menor al potencial de las reservas comprobadas– y la desarticulación de diferentes lógicas comunitarias, productivas y culturales de los guaraní que, en el mejor de los casos, son suplidas por “planes de desarrollo” o compensaciones de las empresas de hidrocarburos y/o el Estado que de manera transitoria aplican políticas focalizadas de remediación de los impactos sociales y ambientales en las comunidades indígenas. En definitiva, el acceso al territorio ancestral permitiría al pueblo guaraní, poder desplegar con plenitud sus derechos sociales y humanos que habiliten la construcción de formas de vida, de gobierno y de producción afines a sus usos y costumbres, en el marco de una sociedad plural y un Estado pluricultural en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. El desafío de la construcción 17

Albó, Xavier (1990) Los guaraní-chiriguano 3. La comunidad hoy, La Paz, CIPCA. – 224 –

de un Estado plurinacional es el de poder crear una nueva institucionalidad que dé cuenta de esas “otras sociedades y culturas”, así como de las formas alternativas de habitar y practicar los territorios y de los modos de relacionamiento y utilización de los recursos naturales que allí se encuentran. Esto permitiría que los derechos sociales de los pueblos indígenas de Tarija y Bolivia (y también de América latina) sean puestos en práctica, encarnados en los territorios como una forma de reconocimiento político, económico, social y cultural en la construcción de sociedades más justas y con un relacionamiento armonioso con la “Madre Tierra”.

Bibliografía complementaria Ceceña, Ana Esther (2005), La guerra por el agua y por la vida, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Chávez, M.; Choque, L.; Olivera, O.; Mamani, P.; Chávez, P.; Prada, R.; Gutiérrez, R.; Bautista, R.; Vega, O.; Viaña, J. y Tapia, L. (2006), Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia, La Paz, Editorial Tercera Piel. Chávez, Patricia, Mokrani, Dunia y Uriona, Pilar (2010) “Una década de movimientos sociales en Boliva” en Observatorio Social de América Latina, Nº 28, CLACSO, Buenos Aires. De Sousa Santos, Boaventura (2003) Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia, Bilbao, Desclée de Brouwer. Fornillo, Bruno (2010) “Rupturas y dilemas de la Reforma Agraria durante la primera presidencia de Evo Morales” en Hernández, Juan; Armida, Marisa y Bartolini, Augusto Bolivia: Conflicto y cambio social, Editorial Newen Mapu, Buenos Aires. Mançano Fernandes, Bernardo (2005), “Movimientos socio – territoriales y movimientos socio-espaciales” en Observatorio Social de América Latina, N°16, CLACSO, Buenos Aires. Meliá, Bartolomeu (1988) Los guaraní-chiriguano 1. Ñande Reko nuestro modo de ser y bibliografía general comentada, La Paz, CIPCA. Orozco, Shirley y Viaña, Jorge (2007) “El cierre de un ciclo y la compleja relación movimientos sociales-gobierno en Bolivia” en Observatorio Social de América Latina, Nº 22, CLACSO, Buenos Aires – 225 –

Paz Patiño, Sarela (Coord.) (2004) Territorios Indígenas & Empresas Petroleras, Cochabamba, CENDA. Pifarré, Francisco (1989) Los guaraní-chiriguano 2. Historia de un Pueblo, La Paz, CIPCA. Porto Gonçalves, Walter (2002) “Da geografia ás geo-grafías: um mundo em busca de novas territorialidades” en Ceceña, A. E. y Sader, E. (Coord.) La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial, Buenos Aires, CLACSO. Prada, Raúl (2006) Horizontes de la Asamblea Constituyente, Yachaiwasi, La Paz. Rivera Cusicanqui, Silvia (2003), Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qwechwa de Bolivia, 1900-1980, La Paz, Aruwiyiri. Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo (Comp.) (2007) Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales, Buenos Aires, CLACSO-El Colectivo. Zavaleta Mercado, René (2008) Lo nacional popular en Bolivia, La Paz, Plural.

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DILEMAS DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Juan Carlos Wlasic Introducción La teoría jurídica dominante nos presenta al derecho como un discurso universalista y neutro que incluye, en su enunciado, a todas y todos sin distinción. La consecuencia de ello es que, también, las posibles interpretaciones que de la norma pueden formularse tienen esas mismas características. Por último, en ese mismo orden de ideas, la aplicación del derecho (o los derechos) no beneficia ni perjudica a nadie en particular, o sea, beneficia o perjudica a todos por igual. En ese contexto, se concluye que el derecho a la propiedad privada es operativo (exigible por su solo enunciado constitucional) en la medida en que el art. 17 de la Constitución Nacional expresa que “La propiedad es inviolable...”; y que los derechos sociales son programáticos (solo reflejan un programa futuro de gobierno) en la medida en que el art. 14 bis de la ley suprema dice: “el trabajo en sus distintas formas gozará de la protección de las leyes...”. Y todo ello bajo la sola remisión a la interpretación de las formas del enunciado jurídico, con ausencia a toda referencia del contexto económico, social y político en el que tales enunciados emergen y se desarrollan. Si bien la reforma constitucional de 1994 genera un quiebre a esta perspectiva idealista-liberal al introducir en su articulado el reconocimiento de los grupos vulnerables, del principio de igualdad de trato y de oportunidades y la constitucionalidad de las acciones positivas (art. 75 inc. 23, primer párrafo), al introducir el reconocimiento de la existencia de desigualdades materiales, y que, por clara influencia de la evolución del sistema de protección internacional de los derechos humanos, se ha afianzado el reconocimiento doctrinario y la aplicación jurisprudencial de la Teoría de los Dere– 227 –

chos, particularmente, en relación con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que plantea la aplicación de los principios de progresividad y no regresividad, la existencia de un núcleo operativo de tales derechos, la factibilidad de su exigibilidad judicial y la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación en la interpretación de las disposiciones legales a su respecto, lo cierto es que aún así, los derechos económicos, sociales y culturales aparecen como más débiles, menos operativos, y en el peor de los casos, como meras promesas. Estos límites, que en general se plantean como consecuencias directas del enunciado normativo legal-constitucional y de su interpretación, desde nuestra perspectiva, tanto la emergencia de sus enunciados como los criterios de interpretación de los mismos, se vinculan directamente con las estructuras económicas y sociales del sistema capitalista dominante que son las que le dan su verdadero sentido. Para ello abordaremos inicialmente una aproximación conceptual a la Teoría de la Constitución promesa, a la Teoría de los Derechos y a la Teoría Crítica del Derecho. En un segundo capítulo analizaremos algunas cuestiones epistemológicas y metodológicas vinculadas con la última de las teorías. Y finalmente, utilizaremos esta en un caso concreto (Derecho a una alimentación adecuada y protección contra el hambre) a los fines de probar nuestra tesis.

Tres teorías de interpretación de la Constitución Nacional La Teoría de la Constitución Promesa Los derechos económicos, sociales y culturales, en general han recibido, por regla, la calificación de *DERECHOS PROGRAMÁTICOS. (Por ej. Quiroga Lavie. “Constitución de la Nación Argentina Comentada”, p. 80). Ello significa que a fin de ser exigibles requieren de una ley que los reglamente, y además, de sancionarse dicha ley, ella también limitaría los alcances de esa misma exigibilidad. El argumento técnico-jurídico utilizado para ello consiste en señalar que el art. 14 bis de la Constitución Nacional en su primer y tercer párrafo utiliza las siguientes expresiones que remiten al dictado de leyes: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes...” “En especial, la ley establecerá...” El segundo argumento, que este mismo autor utiliza, remite a: •

LA CALIFICACION DE ESTOS DERECHOS COMO DE SEGUNDA GENERACIÓN: “Estamos en presencia de derechos – 228 –

de segunda generación, porque aquí no se trata de un derecho a la propia conducta, sino a la conducta de un tercero: el empleador o el Estado, en su caso, que deben cumplir con las prestaciones indicadas en el texto constitucional.” (pag. 80), es decir el acceso al derecho depende o está condicionado al obrar de tales terceros. Estos derechos a su vez se diferencian de aquellos consagrados en el art. 14 de la Constitución Nacional (derechos civiles y cívicos) “...considerados como de primera generación, porque básicamente están referidos a la propia conducta de quien es su titular”.1 Es decir que, mientras los derechos consagrados en el art. 14 de la C.N. son derechos subjetivos y por ende operativos, es decir, exigibles por su sola presencia constitucional, los denominados derechos sociales (art. 14 bis C.N.) son derechos en expectativa, de carácter programático, cuya exigibilidad como tales, y el alcance de la misma, dependen de la voluntad política del Estado, expresada, principalmente, a través de la ley. La Teoría de los derechos La misma parte de una serie de premisas que pasaremos a desarrollar sucintamente: •

EL FUNDAMENTO COMÚN DE LA DIGNIDAD HUMANA Y DE LA IGUALDAD. Tanto los derechos civiles y políticos como los económicos sociales y culturales tienen una fundamentación común que los coloca en un mismo nivel de importancia.

•

INTERRELACIÓN E INTERDEPENDENCIA DE DERECHOS. Que los DCP y los DESC se encuentran interrelacionados y son interdependientes, ya que el efectivo goce de los primeros exige determinados niveles de accesibilidad a los segundos, y viceversa. El efectivo goce del derecho a la vida exige acceso a determinadas prestaciones propias del derecho a la salud, por ejemplo.

•

CONJUNTO DE OBLIGACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS. Particularmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos (art. 1.1 CADH) implica obligacio-

Quiroga Lavie Humberto. “Constitución de la Nación Argentina comentada”. Editorial Zavalia. Bs. As. 1996. 1

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nes negativas de no violar tales derechos por parte del Estado Parte y sus agentes, y obligaciones positivas de generar las condiciones necesarias para su efectivo goce, tanto en relación con su organización normativa-institucional, eliminando los obstáculos para ello o generando las condiciones que favorezcan su acceso, lo que implica, en determinados casos, garantizar el acceso a determinados DESC para garantizar DCP, como el derecho a la vida. •

LA PROGRESIVIDAD Y EL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD: A partir de los criterios desarrollados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el principio de progresividad debe ser entendido como la búsqueda paulatina pero firme de la plena realización del derecho, lo que implica, por una parte la aplicación del principio de no regresividad, es decir, la imposibilidad de retrotraerse en el reconocimiento ya efectuado del derecho; la existencia de un núcleo operativo de tales derechos, por ejemplo, la educación primaria en el marco del derecho a la educación; la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación y la existencia de recursos judiciales que favorezcan su accesibilidad.

•

DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS ORIGINARIOS DE PRESTACIONES POSITIVAS. Acercar una definición de los DESC no ya como derechos subjetivos individuales, sino de carácter público y destinado a dar origen a prestaciones positivas a cargo del Estado. La obligación de la prestación y no su mera promesa.

•

VALOR NORMATIVO Y VINCULANTE DE LA CONSTITUCIÓN. Que el enunciado constitucional de los DESC resulta vinculante para los poderes públicos, en la medida en que su presencia encierra un valor normativo, por si mismo, que no puede ser desconocido. Resulta ilógico afirmar que la existencia o inexistencia de un dispositivo normativo constitucional sea neutro para quien debe cumplir con la constitución.

•

EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO. La definición del Estado de Derecho, como democrático y social, conforme predomina en la actualidad, hace necesaria la consideración de los DESC como parte de dicho Estado.

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Para una comparación jurisprudencial de la aplicación de ambas teorías frente a un tema común (Movilidad jubilatoria entre los años 1991-1995) ver los fallos de la CSJN “Chocobar Sixto” (DJ-1997-1-751) (Teoría de la Constitución Promesa) y “Sanchez María del Carmen” (DJ-2005-2-254) (Teoría de los Derechos). Teoría critica del Derecho •

EL DERECHO COMO PRÁCTICA SOCIAL Y DISCURSO DE PODER. El derecho es, por una parte, el resultado de prácticas sociales específicas que expresan históricamente los conflictos y tensiones de los grupos sociales y de los individuos que actúan en una formación social determinada. Salud reproductiva, violencia contra la mujer, no discriminación en relación con el género, son algunas de las temáticas que se han instalado en la agenda pública y legislativa a partir de prácticas sociales específicas desarrolladas con tal fin en tensión con las de otros grupos o individuos que se oponían a las mismas. Pero también es un discurso del poder en la medida en que el discurso jurídico es legitimante del poder del Estado

•

LO IDEOLÓGICO COMO CONDICIÓN NECESARIA DEL DISCURSO JURÍDICO. Es ideológico en la medida en que oculta el sentido de las relaciones estructurales establecidas entre los sujetos, con la finalidad de reproducir los mecanismos de las hegemonías sociales. Ello es posible a través de la utilización de un discurso universal y neutro que refiere a todas las personas como titulares de derechos y con posibilidad de ejercerlos efectivamente “ocultando” así las diferencias económicas y sociales reales, producto de las relaciones estructurales dominantes, que generan accesos claramente diferenciados a tales derechos, o directamente, la exclusión total y absoluta de su efectivo goce a vastos grupos de la sociedad.

•

EL DERECHO ES LEGITIMANTE DEL PODER DEL ESTADO. Dicha legitimación puede verse desde diversas aristas. En primer término, en que es el propio Estado el que sanciona, promulga y aplica las leyes, y por ende, a través de las mismas se legitima. En segundo término, porque los intereses dominantes de clase constituyen relaciones estructurales dominantes en la sociedad, las que se relacionan dialécticamente con el Estado, legitimándose mutuamente. Finalmente, las relaciones de poder y de dominación, están legitima– 231 –

das a través del derecho constituye el predominio de las relaciones estructurales de dominación a través del Estado. •

DINÁMICA DEL CAMPO JURÍDICO. Asimismo desde la perspectiva crítica se procura analizar al derecho analizando la dinámica del campo jurídico, la de sus productores, la de sus posicionamientos en el mismo, y del orden jerárquico disciplinar, con el objeto de vincular las relaciones de dominación social con las relaciones de dominación disciplinar.

•

EL DERECHO COMO DISCURSO CONSTITUTIVO. No es posible ahondar el análisis del derecho y su carácter de discurso del poder y su relación con el campo político y social, si no se destaca el carácter constitutivo de su discurso, es decir, que nomina, que dice lo que es, a partir de lo que afirma, y lo que no es, a partir de lo que silencia o no dice.

•

LA RESISTENCIA. Finalmente, y en el marco del análisis del derecho como construcción social, un análisis crítico del derecho no puede dejar de analizar las resistencias sociales que se generan frente a las relaciones y los discursos dominantes como formas de construcción alternativa a las mismas, entre otras, a través del derecho.

•

EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO. Otra característica fundamental de la teoría crítica del derecho es el necesario abordaje multidisciplinario del derecho. Ya que tan solo con esa mirada es posible identificar las características del derecho antes señaladas.

A continuación pasaremos al análisis de algunas cuestiones generales desde lo metodológico y epistemológico para encuadrar esta caracterización de la Teoría Crítica, siguiendo para ello el análisis sociológico de Pierre Bourdieu del campo jurídico como una posible alternativa de análisis, y a partir de ello, y aplicarlos a una situación jurídica concreta, procurando, con ello, abonar nuestra tesis.

Una aproximación epistemológica y metodológica crítica La teoría sociológica de Pierre Bourdieu del campo Jurídico Sintetizaremos sus aportaciones, en lo que entendemos pertinente, del modo que sigue: En primer término, una división del trabajo jurídico, que – 232 –

establece dos tipos fundamentales de agentes, como dos polos extremos, “por un lado, la interpretación orientada hacia la elaboración puramente teórica de la doctrina, monopolio de los profesores, que están encargados de enseñar las reglas en vigor bajo una forma normalizada y formalizada; y por el otro, la interpretación orientada hacia la evaluación práctica de un caso particular, patrimonio de los magistrados que llevan a cabo actos de jurisprudencia y que por ese camino pueden, algunos de ellos, contribuir también a la construcción jurídica.” Entre los cuales “está en el principio de una lucha simbólica permanente en la que se enfrentan definiciones diferentes del trabajo jurídico como interpretación autorizada de textos canónicos”.2 En esta división del trabajo jurídico en la lucha simbólica por la interpretación legítima de textos canónicos (en este caso particular de la Constitución) estamos ubicados, en principio, en el de la interpretación orientada hacia la elaboración puramente teórica de la doctrina. En segundo lugar, así como el referido autor señala que la lucha de clases adopta la forma de una lucha simbólica por la interpretación legítima de la realidad social, lo que establece relaciones de jerarquía (dominadordominado), también hacia el interior del campo jurídico, puede observarse esta situación de jerarquización o categorización. En primer término, entre las diversas ramas del derecho, por ej., él marca la relación entre el derecho civil y el derecho social (en especial el derecho del trabajo) como un desprendimiento del primero,3 y en segundo término, lo que el denomina como efectos de la homología4 definido como “un mecanismo estructural entre diferentes categorías de productores o de vendedores de servicios jurídicos y las diferentes categorías de clientes, por el cual, quienes ocupan posiciones dominadas en el campo (como el derecho social) tienden a estar dedicados también a clientes de dominados que contribuyen a redoblar la inferioridad de esas posiciones.” En tercer término, el referido autor5 señala que la retórica de la autonomía, de la neutralidad y de la universalidad( que generan los efectos consiguientes) constituyen la expresión misma de todo el funcionamiento del campo jurídico, en particular, del trabajo de racionalización, al que el sistema 2 Bourdieu Pierre “Poder, derecho y clases sociales”. Ed. Desclée de Brouwer. 2º edición. Julio de 2001. Bilbao. España. 3

Ibíd.

4

Ibíd.

5

Ibíd. – 233 –

de normas jurídicas está continuamente sometido desde hace siglos y que hacen a la esencia de su reproducción. “La retórica de la autonomía está sustentada en el hecho de que el derecho encuentra fundamento en sí mismo, es decir, en una norma fundamental como la Constitución. La retórica de neutralización se sustenta en la utilización sintáctica de construcciones pasivas y giros impersonales apropiados para subrayar la impersonalidad de la enunciación normativa y para hacer del emisor un sujeto universal, a la vez, imparcial y objetivo y por último la retórica de universalización que se logra a través de diversos procedimientos convergentes: el recurso sistemático al indicativo para enunciar las normas; el empleo de verbos conjugados en tercera persona del singular del presente o pretérito imperfecto expresando el hecho consumado(Acepta, confiesa, se compromete, ha declarado) el uso de indefinidos (Todo condenado) y del presente intemporal, aptos para expresar la generalidad y la omnitemporalidad de la regla de derecho; la referencia a valores transubjetivos que presumen la existencia de un consenso ético ( Un buen padre de familia); o el recurso a formulas lapidarias y a formas fijas que dejan poco espacio a las variaciones individuales.” Las que en definitiva son elaboradas con ese carácter, respondiendo a los intereses de las clases y grupos dominantes, interesados en negar, disimular o eufeminizar las desigualdades, y garantizar con ello la reproducción del sistema. Ponemos también en tela de juicio el principio de autonomía, ya que, pretendemos una explicación y elaboración crítica, además, por fuera del campo jurídico, en este caso desde el campo científico, (la sociología crítica de Pierre Bourdieu), ya que, conforme el mismo autor reconoce, “ según una lógica que se observa en todos los campos, los dominados solo pueden encontrar en el exterior, en el campo científico y político, los principios de una argumentación crítica tendiente a hacer del derecho una “ ciencia” dotada de su propia metodología y fundada en la realidad histórica por la intermediación, entre otras cosas, del análisis de la jurisprudencia”.6 Finalmente, hacemos nuestra su advertencia de que: “La función de mantenimiento del orden simbólico que el campo jurídico contribuye a asegurar es, como la función de reproducción del campo jurídico mismo, de sus divisiones y sus jerarquías, y del principio de visión y división que está en su fundamento, el producto de innumerables acciones que no tienen por fin el cumplimiento de esa función y que incluso pueden inspirarse en intenciones opuestas, como los intentos subversivos de las vanguardias que, en definitiBourdieu Pierre “Poder, derecho y clases sociales”. Ed. Desclée de Brouwer. 2º edición. Julio de 2001. Bilbao. España. 6

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va, contribuyen a determinar la adaptación del derecho y del campo jurídico al nuevo estado de las relaciones sociales y a asegurar así la legitimación de la forma establecida de esas relaciones. Es la estructura del juego, y no un simple efecto de agregación mecánica, lo que está en el principio de la trascendencia revelada por los casos de inversión de las intenciones, del efecto objetivo y colectivo de las acciones acumuladas”.7

Algunas consideraciones generales en torno de los DESC A partir de las categorías de análisis que hemos propuestos, en primer lugar, ponemos en crisis el carácter autónomo del derecho, de sus teorías y de su análisis. Una de las estrategias del sistema capitalista, y del funcionamiento del derecho en el mismo, radica en sostener el carácter autónomo, neutro y universalista del derecho (Teoría Pura-Mención a Toda Persona-Descontextualización estructural y coyuntural de la norma), el que encubre, con dicho discurso, la existencia de las diferencias en el goce efectivo y acceso a los derechos. Esta estrategia aparece particularmente eficiente en materia de DESC ya que procura justificar su carácter meramente programático o de efectividad limitada desde una visión puramente jurídica del problema. Ahora bien, si a su vez reconocemos la existencia de un orden jerárquico disciplinar, de fácil verificación, si tan solo advertimos la presencia constante del derecho civil en la formación curricular profesional, asociada a la jerarquización en el campo social, la que se vincula con el derecho a la propiedad, como eje, constatamos la íntima relación existente entre el derecho predominante en el sistema capitalista con la disciplina jurídica destinada, sustancialmente a su defensa, es decir, a la conservación de la propiedad adquirida, y podemos encontrar sin demasiado esfuerzo las razones por la cuales tal tratamiento se distancia del referido al derecho de acceso al mismo. En síntesis, la centralidad de la propiedad privada adquirida en el sistema capitalista y a su defensa principal a través del sistema jurídico, deja claramente de manifiesto, la subordinación existente con respecto al acceso a ese mismo derecho. (Ya sea entendido como acceso a la vivienda digna, a una justa y equitativa retribución o al salario mínimo, vital y móvil o a la movilidad y proporcionalidad jubilatoria, por ejemplo). Por otra parte, a partir del rol ideológico del derecho, y de la forma en que juegan en el sistema los reconocimientos de los intereses de las clases dominadas, y el sometimiento del derecho a un mismo proceso de racionalización 7

Ibíd. – 235 –

durante siglos, nos permite explicar como la aparición de nuevas teorías, que en la inmediatez coyuntural aparecen como de avanzada o progresistas, en lo sustancial, no hacen más que reafirmar las relaciones estructurales de dominación existentes. Así, el sometimiento de la efectividad y exigibilidad de los DESC a su vinculación con los DCP, de los cuales, el derecho a la propiedad, es el principal; es decir, como fenómeno de homologación que, en la renovación o adaptación doctrinaria o jurisprudencial, refuerza las relaciones estructurales de dominación que el propio orden jurídico, tradicionalmente sustenta. Ello se refuerza además con el fenómeno de la homología: Las clases sociales subordinados del campo social son defendidas por quienes integran el grupo de productores subordinados del campo jurídico: Trabajadores en actividad o jubilados-Derecho social. Por último no queremos dejar de señalar la inscripción de estas disputas en el contexto de una lucha simbólica por la imposición de la versión legítima del orden social. Y en este sentido la particular relevancia del discurso jurídico en esta lucha, a tenor de una de sus características propias es, su presunción social de legitimidad, y su fuerte poder coercitivo, en la medida en que habilita al Estado hasta el ejercicio legítimo de la fuerza, para la imposición de sus términos o previsiones. En síntesis, un examen crítico del orden normativo y de los debates en torno del mismo ponen claramente de manifiesto las razones estructurales que dan origen o pie a determinadas vías interpretativas de la realidad, y a poder distinguir entre formulaciones destinadas al cambio y la transformación de aquellas que tan solo agiornan argumentadamente la perduración de viejas estructuras de desigualdad social.

Algunas consideraciones en torno al derecho de acceso a una alimentación adecuada Análisis crítico de la normativa vigente en materia de derecho a una alimentación adecuada A) Universalidad y neutralidad de las normas jurídicas vinculadas con el derecho a una alimentación adecuada. Efectos. 1)

El dispositivo normativo del art. 11.1 del PIDESC refiere claramente a que el Estado parte reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,...” y el art. 11.2 que el Estado Parte “...reconociendo el derecho fundamental de – 236 –

toda persona a ser protegida contra el hambre, adoptarán... las medidas, incluso programas concretos, que se necesiten para:...”. 2)

Lo que en apariencia se nos presenta como un reconocimiento amplio e incondicionado de un derecho “a toda persona”, veremos cómo, en definitiva, concluye ocultando la existencia misma de las diferencias económicas, sociales o políticas, en la sociedad concreta, y que con su ocultamiento, concluye reafirmándolas.

3)

En primer término la neutralidad que deviene de un discurso universalista que hipotéticamente incluye a todos, como vimos, tiene como contracara que las interpretaciones y aplicaciones, que de la misma se realizan, también gozan de tal imparcialidad. Ahora bien, tomemos como ejemplo el derecho de toda persona a ser protegida contra el hambre. La universalidad y neutralidad del discurso jurídico, centrado en afirmaciones genéricas e impersonales, que obvian toda consideración a las condiciones reales de los amplios grupos humanos que en el mundo viven, o mueren, ante la ausencia total de tal protección, las que son sobradamente conocidas, torna, por una parte, inoperante el dispositivo legal a su respecto, en la medida en que obvia el tratamiento de soluciones concretas frente a problemas concretos, dejando en la sola voluntad de los Estados Partes su abordaje, pero más aún, termina desconociendo la existencia misma de tal realidad, con lo cual, concluye convalidándola.

4)

Esto último sucede en la medida en que lo ausente del discurso jurídico queda nominado como ausente de la realidad social y ello consolida la “igualdad ante la ley” como ideal. Ello además encubre las condiciones reales (intereses económicos, políticos, etc.) que intervienen en el proceso de elaboración y aprobación de un instrumento internacional, o de la sanción y promulgación de una ley nacional, y de los propios mecanismos de control internacional o de administración de justicia doméstica. (No es objeto de esta ponencia analizar pormenorizadamente tales condiciones, pero para enunciar algunos: Diferencias de desarrollo entre Estados; Los tratados como auto-limitaciones impuestas por los Estados a si mismos; mecanismos de designación y reelección de integrantes de los órganos internacionales de control; composición política del Poder Legislativo, Designación de los Jueces, Integración de los Consejos de la Magistratura, entre otros). – 237 –

5)

Asimismo, esa nominación del derecho, funcional al sistema de relaciones dominantes, cuando se ejerce en relación con aquellos derechos centrales al sistema (comenzando con el de propiedad privada), ello se constituye en consagración plena del derecho de que se trate (operativos); mientras que, si tales derechos nominados resultan, de un modo u otro, cuestionadores, de tales relaciones de dominación (derecho a ser protegido contra el hambre) estos se constituyen en meras promesas programáticas. Por lo antedicho en 3), tal interpretación –normas operativas y normas programáticas– adquiere además visos de imparcialidad y neutralidad desde el discurso jurídico, encubriendo las relaciones aquí explicitadas.

6)

Esto remite a otra consideración, que es la vinculada con las relaciones de dominación existentes hacia el interior del propio campo jurídico. Lo expresado explica además que determinadas disciplinas del derecho vinculadas más estrechamente a las relaciones de dominación existentes (Derecho civil-Propiedad privada) tienen mayor jerarquía respecto a aquellas que consagran derechos sociales (Derecho del trabajo). Ello puede demostrarse de diversos modos: El derecho civil constituye en la currícula del estudiante de derecho cinco o seis materias que lo acompañan en el transcurso de toda la carrera, los derechos humanos o el derecho del trabajo son una materia dentro de un cuatrimestre en un determinado año. El denominado “trabajo en negro” no es más que la subsumisión de la relación laboral a una relación del derecho civil: El contrato de servicio. Mientras el derecho civil y el derecho comercial (las dos disciplinas del derecho íntimamente vinculadas con la regulación de la propiedad privada) tienden a la unificación para su fortalecimiento, las disciplinas jurídicas sociales tienden a debilitarse a la sombra de tales disciplinas dominantes, a dispersarse o a disgregarse.(Ausencia de un Código del Trabajo a pesar de su enunciado en el art. 75 inc. 12 de la C.N.)

7)

Esta situación de disciplina dominada dentro del campo jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales, se convalida con el justo análisis discursivo formulado por Marta Andrich, al señalar que la utilización del término “reconociendo” no tiene fuerza ilusionaría y el término “estar” permite que no haya agente. Además de constituirse en una declaración sin garantías. (181) al referirse al derecho a ser protegido contra el hambre que contiene el art. 11.2 del PIDESC. Del mismo – 238 –

modo que la utilización de la frase “Tomar las medidas apropiadas” no crea verdaderos vínculos, al igual que el verboide “asegurar”. 8)

Podemos agregar, en el caso particular del derecho de acceso a una alimentación adecuada que, tal subordinación, se reafirma discursivamente en la medida en que en el contexto del art. 11.1 del PIDESC tiene también una situación de subordinación o dependencia, del derecho a un nivel de vida adecuado, central en el enunciado normativo citado.

9)

Esta subordinación también se refuerza por la existencia de diversas iniciativas, de distinto carácter, destinadas a la implementación efectiva del derecho a una alimentación adecuada, que por si mismas, reflejan las dificultades reales existentes para ello, desde la perspectiva jurídica. En el caso del COMITÉ DE DESC de las Naciones Unidas, la Observación General Nº 12 de 1999, al referirse al contenido normativo (art. 11 ap. 1 y 2 del PIDESC) en el parr. 6 expresa que el referido “...derecho a una alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante los Estados tienen la obligación básica para adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal cual lo dispone el párrafo 2º del art. 11, aun en caso de desastre natural o de otra índole”. Así el reconocimiento de su progresividad descarta obligaciones a cargo del Estado de carácter imperativo; lo que se refuerza al referirse al párrafo 2 y disponer que deben adoptarse “las medidas necesarias” para “mitigar” y “aliviar” el hambre, lo que torna difuso tanto el carácter de las medidas como de los objetivos perseguidos con las mismas. Por su parte en la producción de la FAO, como la “Guia para legislar sobre el derecho a la alimentación” (2010) en su introducción dice expresamente: “la mayoría de las obligaciones que establece este derecho no tienen efecto inmediato. O sea, no pueden aplicarse sin contar con la legislación correspondiente para ello” (pag. 3). Asimismo la referida Guía expresa que las Directrices Voluntarias aprobadas por la FAO en 2004: “...ofrecen recomendaciones de iniciativas que deben adoptarse en el plano nacional para la creación de un entorno favorable que permita a las personas alimentarse con dignidad...Las Directrices invitan a los Estados a incorporarlas en sus leyes internas, estrategias,

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políticas y programas...” (pag. 14). Todo lo cual refuerza el carácter no operativo de las disposiciones convencionales.8 10) Por su parte, como bien lo observa Marta Andrich (pag. 183) la forma de control que establece el PIDESC es el de las observaciones del Comité “que pueden ser molestas, pero que no entrañan compromisos.” En el caso particular de la Argentina, entre 1989 y 2004 fue objeto de tres observaciones generales (1990-1994 y 1999). (CDESC-Compilación-1989-2004, pp. 29-47). Ello refleja, además, lo espaciado de tales observaciones por países, lo que diluye aun más su efecto controlador. 11) Finalmente esta situación de subordinación podemos verificarla con lo que podemos denominar un “excesivo formalismo jurídico”, es decir, una multiplicidad de iniciativas normativas carentes de implementación efectiva. Así lo señaló el CDESC en sus observaciones sobre la Argentina de 1999: “El Comité ha examinado con interés el informe escrito de la Argentina, que contiene importante información de carácter jurídico, pero observa la falta de información concreta para evaluar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, en el país.” (Parr. 3). 12) A su vez, esta situación de subordinación disciplinar de los DESC en general, y del derecho a una alimentación adecuada y a ser protegido contra el hambre, en particular, y los agentes del campo jurídico dedicados a su defensa se reafirma (homología) en la medida en que los clientes de esos agentes pertenecen a las clases dominadas del campo social. (Pobres, marginados, excluidos sociales). 13) Por otra parte la codificación, conjuntamente con la remisión a los precedentes, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, vinculadas a su interpretación, que en nuestro caso reiteradamente han reconocido el carácter generalmente programático de las normas que consagran DESC, reproducen un fenómeno de previsibilidad y calculabilidad, que se incorpora al habitus de los agentes productores del saber jurídico, que permite garantizar su reproducción. 14) Finalmente debemos señalar la importancia del discurso jurídico en el contexto de la lucha simbólica por la explicación atendible de la realidad social. Tanto el poder de nominación que contiene, como el Andrich Marta. “Alimentos, palabras y poder”. Editorial Antropofagia. Primera edición. Marzo de 2004. 8

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pretendido ámbito de imparcialidad y neutralidad desde el que se lo formula, hacen del discurso jurídico un instrumento central en esa lucha. La calificación de los DESC como derechos en expectativa, es decir, como meramente programáticos, los diluye como tales, generando efectos diversos, como ser, menguar la responsabilidad del Estado frente a su no reconocimiento o violación; deslegitimar a quienes luchan por ellos, y sobre todo, afianzar un modelo económico, político y social que puede abiertamente desentenderse de los mismos y todo ello desde un lugar de pretendida imparcialidad y neutralidad. B) el derecho a una alimentacion adecuada: su justiciabilidad. La teoría de los derechos. Si bien a partir de 1993 (Viena) en adelante, se instaló con mayor fuerza en el contexto internacional el carácter interrelacionado e interdependiente de los derechos humanos, con el fin de mitigar el carácter subordinado de los DESC y asegurar su justiciabilidad, lo cierto es que, a pesar de tales esfuerzos, tal situación, con matices, ha subsistido. La teoría que propicia este cambio, como ya lo explicitamos, es la Teoría de los Derechos, al procurar parangonar como derechos, tanto a los Civiles y políticos como a los económicos, sociales y culturales. Es decir procura desvirtuar la pretendida diversa naturaleza de tales derechos, que, como ya expusimos, distingue entre derechos subjetivos (civiles y políticos) y derechos en expectativa (DESC).9 Siguiendo los ejemplos desarrollados en la publicación de la FAO de Christophe Golay titulada “The right to food and access to justicie” (2009) donde se desarrollan ejemplos del ámbito universal, regional y nacional de justiciabilidad del referido derecho podremos advertir, a nuestro entender, que estamos lejos de tan pretendida equiparación. En primer lugar se refiere a la aplicación del principio de no discriminación como fundamento para repeler exclusiones, que tengan tal carácter, en la ley (pag. 21). Ello como puede advertirse en nada cuestiona, en principio, el carácter programático del derecho, al ser necesaria una ley que lo reglamente. Del mismo modo, en el caso argentino, podríamos agregar la aplicación, en tal análisis, de la aplicación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) o el principio de irrazonabilidad (art. 28 C.N.), que impiden las distinciones persecutorias o irrazonables o la reglamentación que altere los derechos reconocidos por la Constitución. 9

Conf. Justiciability of right to food. Information paper. October 2004. IGWG RTFG/INF 7. Parr. 61. – 241 –

Seguidamente, con relación a la obligación de respetar el derecho a la alimentación (art. 22 y ss.), los ejemplos judiciales que se traen a colación están vinculados a violaciones de cierta masividad o generalidad que están dirigidas a una protección que supera al derecho individualmente considerado (derecho subjetivo). Así el caso de la prohibición de destruir y contaminar recursos vinculados con la alimentación por el Estado de Nigeria a través de sus fuerzas de seguridad o empresas petroleras, en perjuicio de la comunidad Ogoni. (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos-2001). O en el caso “Kenneth George” de la Corte Suprema Sudafricana (2007), donde ante la cancelación de una salida al mar de una comunidad tradicional de pescadores, se entendió que el Estado no había respetado el derecho a la alimentación de esa comunidad y ordenó se dejará sin efecto la medida. Por nuestra parte podemos citar el antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el Caso Cinco Pensionistas, sostuvo que la violación a un DESC contemplado en la CADH (art. 26) requería de una masividad de afectados, en la misma línea de pensamiento. En relación con la obligación de proteger el derechos a la alimentación (pag. 23) se citan dos precedentes de la Corte Suprema de la India que ordena proteger el mar, la tierra y el derecho al agua de comunidades tradicionales pesqueras, amenazas por la industria del camarón (1996) y la subsistencia de las actividades de las poblaciones tribales contra concesiones estatales otorgadas a la iniciativa privada. (1997). Lo que nuevamente reafirma tal protección jurisdiccional frente al carácter masivo o generalizado de las víctimas. En relación con la obligación estatal tendiente a la realización plena del derecho a la alimentación, el autor toma en consideración tres vías para dicha realización: a)

La realización del derecho fundamental a verse libre del hambre (pag. 24 y sgt.): Se trata de la protección del denominado “núcleo duro” del derecho a la alimentación. Se citan precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina (“Defensor del Pueblo de la Nación vs. PEN y otro”, 2007) que ordena al Estado nacional y provincia, la protección de comunidades indígenas de la Pcia. del Chaco contra el hambre, proveyendo acceso a alimentación y agua potable; y de la Corte Suprema de Colombia (“Abel Antonio Jaramillo”, 2004) donde, frente a la existencia de cientos de familias desplazadas, ordena le garantice el Estado el acceso básico a la alimentación. – 242 –

b)

La implementación de las medidas adoptadas por las diversas autoridades políticas nacionales (Pag. 25). En este caso se trata de dar operatividad a normas legales que explícitamente regulan el derecho a una alimentación adecuada. En el caso particular de la argentina existen diversos fallos de la CSJN en tal sentido. (“Rodríguez Karina vs. Estado Nacional y otros/ Amparo”, LL-2006-D-231-07-03-2006) ordeno se hicieran efectiva las previsiones de la ley 25724 “Programa Nacional de alimentación y Nutrición, como medida cautelar, en relación con los actores, por parte de ambos demandados).

c)

Análisis del carácter apropiado o razonable de las medidas adoptadas por los órganos políticos estatales (Pag. 26 y sgt.): Se cita el precedente la CorteIDH (“Comunidad Indígena Sawboyamaxa vs. Paraguay”, 2006) a fin de determinar si el Estado había adoptado las medidas razonables para mejorar las condiciones de vida de dicha comunidad que sabía deplorables, concluyendo que no lo había hecho. Sin perjuicio de ello debemos destacar aquí que tales medidas aparecen vinculadas con el concepto de vida digna protegido por el art. 4 de la CADH, es decir, en su relación con un derecho civil.

Como puede apreciarse tal protección del derecho a una alimentación adecuada o está condicionada, en su exigibilidad, a la existencia de una norma legal o programa político que lo implemente, lo que refuerza su natural carácter programático. O a una vulneración masiva o generalizada, es decir, a la afectación de una comunidad, o en su caso, a su relación con derechos civiles, como el derecho a la vida. Es decir que, si bien la denominada teoría de los derechos, que estos avances descriptos ejemplifica, lejos está aun de paragonar los derechos civiles y políticos, con los económicos, sociales y culturales, y entre ellos, al derecho a una alimentación adecuada.

El Derecho como discurso del poder y como construcción social Finalmente, desde una perspectiva crítica, deseamos inscribir dichos desarrollos teóricos en el marco de los contextos vinculados con las relaciones de poderes internacionales y nacionales y los procesos sociales dentro de los cuales se inscribe su surgimiento y desarrollo. – 243 –

Es de toda evidencia que la evolución histórica del capitalismo y del liberalismo político, hacen, de la propiedad privada y de determinados derechos políticos, derechos esenciales y como tales operativos, ya que, su defensa efectiva hace a la sobrevivencia de sus pilares fundamentales. La burguesía, cuando llevó adelante las revoluciones del siglo XVIII, ya contaba con capital que deseaba proteger y ampliar, y reivindicaba la conquista de derechos políticos, que, una vez obtenidos, no deseaba perder. Por lo cual resultaba de toda evidencia que los denominados derechos individuales o civiles y políticos (Declaración de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano de 1789) se constituían en los únicos derechos reconocidos por el Estado, el que, a su vez, debía garantizar su ejercicio. Cuando en 1966 se aprueban por la Asamblea General de Naciones Unidas, en forma simultánea pero separadamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en plena vigencia de la guerra fría, se materializa la lucha política e ideológica imperante en dicha época, vinculando el principio de operatividad con los DCP y el principio de progresividad con los DESC, y como consecuencia de ello, formulando las obligaciones a cargo del Estado, en el segundo de los tratados, en términos ambiguos, no imperativos, o con un alto grado de discrecionalidad a favor del Estado, en lo referente al nivel de realización de tales derechos, conforme se indicó en la primera parte del presente trabajo. La desaparición política del bloque integrante del socialismo real, representada paradigmáticamente con la caída del muro de Berlín en 1989, representó, por una parte, la finalización de la guerra fría, y por otra, la profundización del proceso de globalización a través del predominio de un discurso único, que abrió, lo que podemos denominar genéricamente como la Década Neoliberal. En ese contexto, superada la dicotomía política que sustentaba la separación entre DCP y DESC, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, comienzan a generarse diversas iniciativas que tienen por objetivo tratar de acercar ambos grupos de derechos. Así en 1990, en su Observación General nº 3 el Comité de DESC, al analizar el principio de progresividad fija que el mismo debe estar destinado a la plena efectividad del derecho, fija el principio de no regresividad y estable la existencia de núcleos básicos de los DESC de cumplimiento inmediato (plenamente operativos). El Congreso internacional de DD.HH. celebrado en Viena en 1993, consolidó la caracterización de los Derechos Humanos como interrelacionados e interdependientes, lo que también representó un claro acercamiento entre ambos grupos de derechos. Y más recientemente, se han procurado diagramar estrategias de – 244 –

exigibilidad judicial de los DESC como forma de acercar un mayor nivel de operatividad. Aquí hemos citado la guía desarrollada por la FAO en 2009, en particular referencia al derecho a la alimentación, pero también podemos referirnos al elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007, en relación con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en general. (“El acceso a la justicia como garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”) o las diversas Observaciones Generales del Comité de DESC donde ha incluido, en el análisis de determinados derechos del Pacto, el necesario acceso a la justicia como garantía. Pero estas modificaciones se dan, además, en el contexto de un proceso de globalización económica que, en general, ha acentuado las diferencias existentes entre países desarrollados y subdesarrollados, entre economías centrales y economías emergentes o entre pobres y ricos hacia el interior de cada uno de los Estados. Y se confronta, ya sea, con políticas económicas que decididamente violan o se desentienden de tales derechos, como la han sido las neoliberales apoyadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o las políticas de concentración económica basadas en el monocultivo (sojización) o con la existencia de países empobrecidos por siglos de expoliación económica. Ante ello, es evidente que los intereses económicos y políticos dominantes dentro del sistema capitalista dan prevalencia a los DCP por sobre los DESC en los términos en que lo desarrollamos en la segunda parte de nuestro trabajo. Frente a ello cabe asumir los serios problemas estructurales que tanto la economía mundial, como la de muchos estados, se plantean para la efectiva vigencia de estos derechos, y en particular, el derecho a una alimentación adecuada y ha ser protegido contra el hambre. Al igual que la utilización de recursos alimentarios para el proceso de industrialización, a partir de los biocombustibles, reduciendo su destino a la provisión de alimentos. Ese poder económico y político creo, está muy poco interesado en la realización generalizada de los DESC, y particularmente, en lograr un planeta libre del hambre. Por ende su producción jurídica a este respecto, estará marcada por las limitaciones y subordinaciones que hemos tratado de ejemplificar en las primeras partes de la presente ponencia. Por ello la construcción de hegemonías políticas, tanto en los niveles nacionales, como internacionales, que tiendan a la restructuración de las relaciones de poder impuestas por el poder económico dominante también resultan imprescindibles para la efectiva vigencia de los DESC en general, y del derecho a una alimentación adecuada, y de protección contra el hambre, – 245 –

en particular, y para que los mismos no queden como meras expresiones ideológicas encubridoras de la desigualdad y la explotación.

Bibliografía complementaria AA.VV., Materiales para una teoría crítica del derecho”, segunda edición ampliada, Lexis-Nexis, Abeledo Perrot,. Bs. As., 2006. Bernal Pulido Carlos, El derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia. Primera edición. Enero de 2005. Bogotá Colombia. Bojic Bultrini Dubravka, Guia para legislar sobre el derecho a la alimentación. Fao. Roma, 2010. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Recopilación de observaciones generales. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Courtis Christian (comp.), Desde Otra Mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, Editorial Eudeba, Nueva Edición, Bs. As., 2009. Declaración Universal de Derechos Humanos “El derecho a una alimentación adecuada”, Fao, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Boletín Informativo nº 34. Golay Cristophe “The right to food and acces to justice”, Fao, Roma, 2009. “Justiciability of the right to food”, work paper, octubre 2004. Fao, Roma, Grupo de trabajo intergubernamental. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Revista jurídica La Ley. Sagües Pedro Nestor, Elementos de derecho constitucional, t. 1 y 2, Editorial Astrea, 2da. edición actualizada y ampliada, 1997. Wlasic Juan Carlos, Manual crítico de derechos Humanos, Ed. La Ley, Bs. As., 2006. Zaffore Jorge J., Más media, derecho y poder. Ideología y conocimiento, Ed. Nova Tesis, Rosario, Santa Fe, 2007.

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LOS DERECHOS HUMANOS EN LA JUSTICIA MILITAR

NUEVA ARQUITECTURA JURÍDICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR EN ARGENTINA Ramiro Riera Introducción Desde la restauración democrática a comienzos de la década de los años 80, el sistema de defensa ha sido objeto de una paulatina y lenta transformación. Curiosamente, podría decirse que, en cierta medida, tanto el primer paso como uno de los últimos pasos dados en esta dirección, estuvieron marcados por el sistema de administración de justicia militar. Y no sólo eso. Además, ambos puntos de inflexión institucional, fueron el producto o la consecuencia de procesos sociopolíticos atravesados por la perspectiva de derechos humanos. Como sabemos, el primer paso fue dado con la sanción de la Ley Nº 23.049 durante los primeros días de la recuperación de la democracia. A poco de asumir el poder, el gobierno constitucional remitió al parlamento un proyecto para reformar aspectos puntuales y estructurales del sistema establecido por el Código de Justicia Militar sancionado por la Ley Nº 14.029 del año 1951.1 1 Los antecedentes del Derecho Penal Militar y del Derecho Disciplinario Militar como dos grandes áreas del Derecho Militar reconocen sus antecedentes mucho tiempo antes a la sanción del Código Sacheri de 1951. De hecho, el primer registro de legislación castrense en la materia que rigió al respecto fueron las Reales Ordenanzas de Carlos III de 1768. Luego de diversos reglamentos dictados como consecuencia de la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas y de los ejércitos revolucionarios del Norte y de los Andes, el segundo antecedente más importante fue la sanción del Código Penal Militar de 1895 mediante la Ley Nº 3.190 y del ya más sistemático y elaborado Código de Justicia Militar o “Código Bustillo”

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Dentro de los aspectos más relevantes de aquella primera reforma encontramos la afirmación del principio de unidad de jurisdicción consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional a través de la consagración en el artículo 445 bis de un primitivo “recurso de casación” ante las Cámaras Federales en lo Criminal y Correccional. Esta particularidad no existía, en modo alguno, en el régimen del Código de Justicia Militar cuya última instancia la constituía el ya extinto Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio del siempre posible recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así las cosas, mientras la reforma del sector defensa fue avanzando paulatinamente – no sin marchas y contra marchas – desde la sanción de la ley de defensa nacional en 1988 que estableció las diferencias entre la defensa exterior y la seguridad interior, pasando por la ley de seguridad interior de 1992 que consolidó definitivamente dicha separación, hasta las medidas del Poder Ejecutivo que comprendieron la reglamentación de la ley de defensa, la directiva de organización y funcionamiento de las fuerzas armadas y la directiva de política de defensa nacional, la administración de la justicia militar había únicamente sido testimonio de ese primer impulso de transformación del sector.2 El sistema de justicia militar debió esperar más de 24 años para retomar el camino de la modernización y de la democratización. Así, luego de varios proyectos inconclusos, a raíz de un procedimiento abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2006 el Ministerio de Defensa dispuso la conformación de una comisión de trabajo dedicada a la elaboración de un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar que finalmente el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso Nacional en el año 2007.3 El grupo de trabajo mencionado estuvo integrado por representantes de diferentes entidades, tanto del Ministerio de Defensa como de otras reparticiones estatales así como también por representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia. De este modo, luego de ser examinado y votado en ambas Cámaras del Parlamento Nacional, el proyecto de ley obtuvo sanción definitiva el 6 de agosto de 2008, al ser promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el día 26 de agosto del mismo año. de 1898 sancionado mediante la Ley Nº 3.679. Cfr. Ministerio de Defensa, La reforma integral del Sistema de Justicia Militar, Ministerio de Defensa, Buenos Aires, 2009. 2

Las normas citadas son: Decreto Nº 727/06, Decreto Nº 1691/06 y Decreto Nº 1714/09.

El grupo de trabajo fue conformado mediante la Resolución MD Nº 154/06 del 10 de febrero de 2006. 3

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El concepto de ciudadano de uniforme Si bien el proceso de reforma del sector Defensa comienza a modelarse con el regreso de la democracia a partir del año 1983, su modernización concreta y profunda no tiene lugar sino a partir de la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional acaecida en el año 2006. La modernización del sector de la Defensa nacional tiene, como uno de sus aspectos centrales, la democratización de las Fuerzas Armadas. El concepto de democratización del sector castrense y, en particular, de su instrumento militar, implica, fundamentalmente, el fortalecimiento institucional del Estado de derecho y la Constitución Nacional a través de la definición de unas Fuerzas Armadas al servicio de la democracia y la protección de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas devienen, entonces, una agencia más de todas con las que cuenta el Estado nacional para llevar adelante sus políticas públicas y dar respuesta a necesidades particulares. Una de ellas está dada por su misión principal que recae en la defensa exterior del país y en la protección de la soberanía territorial. Sin embargo, paralelamente con ellas, el instrumento militar de la nación tiene como funciones subsidiarias, sobre todo en tiempos de paz, contribuir con el esfuerzo de las autoridades nacionales en otro tipo de circunstancias. Por caso, corresponde a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los requerimientos que las autoridades constitucionales les formulen, brindar apoyo logístico y operativo ante situaciones de emergencia humanitaria o catástrofe natural y, también, si el Congreso Nacional lo dispone y el Comandante en jefe lo ordena, participar en las misiones de mantenimiento o estabilización de la paz en el marco de mandatos de las Naciones Unidas. Este conjunto de características que hacen a la modernización y a la democratización de las Fuerzas Armadas encuentran fundamento, entre otras cosas, en un concepto que hace de andamiaje y de regulador para el diseño de un número importante de políticas públicas referidas a la situación del personal militar de las Fuerzas Armadas. Dicho concepto es el de ciudadano de uniforme o, en términos más concretos, del ciudadano soldado. El concepto de ciudadano uniformado tiene como origen la reformulación completa de las Fuerzas Armadas alemanas luego de la sanción de la constitución de Potsdam en 1951. Entre las numerosas reformas introducidas el concepto de ciudadano de uniforme tiene como objeto principal dar cuenta de una concepción de la profesión militar como una actividad que mantiene continuidad con la ciudadanía. Esto significa que la carrera y la – 249 –

vida militar dejan de ser pensadas y, en consecuencia, reguladas, como una actividad singular, única y excepcional que merecía un tratamiento separado y diferenciado del resto del conjunto de la sociedad. Por el contrario, el concepto de ciudadano soldado establece un piso común entre la vida civil y la vida militar, en donde uno y otro mantienen una diferencia de grado pero no de naturaleza. Ello quiere decir, en definitiva, que la profesión militar constituye una opción profesional y una alternativa de desarrollo laboral que tienen sus particularidades y características propias que la identifican pero que no se diferencian, al final de cuentas, de otras actividades profesionales en cuanto a que todas son manifestaciones del derecho humano al trabajo. Cabe decir, no obstante, que la profesión militar, por encontrarse directamente vinculada con las funciones esenciales del Estado, tiene un régimen de reglamentación y restricción de derechos más restrictivo que en el caso de otras profesiones. De allí que los ciudadanos que optan por la profesión militar sepan, de antemano, que el ejercicio de sus derechos políticos o de sus derechos de asociación, particularmente, de asociación sindical y de huelga, se encuentran fuertemente restringidos.4 Ello no impide, sin embargo, que la profesión militar siga igual a una profesión más y que el resto de los derechos que conlleva la ciudadanía y la calidad de persona sigan perteneciéndoles. De hecho, numerosas reformas referidas a la situación del personal militar que han significado la ampliación del reconocimiento de derechos son una consecuencia directa de este paradigma. Entre ellos se encuentra, precisamente, la reforma del sistema de administración de justicia militar que tiene por objeto dar efectividad a la garantía del debido proceso a los miembros de las Fuerzas Armadas de la que, con la vigencia del antiguo Código de Justicia Militar, se encontraban excluidos. La ciudadanía se erige, entonces, como la base común a partir de la cual resulta posible construir una cultura de derechos humanos que haga eje fundamental en el ejercicio de derechos como uno de los aspectos centrales de la modernización democrática de las Fuerzas Armadas.

Véanse, al respecto, el artículo 8.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Convenio Nº 89 de la OIT, entre otros. 4

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La arquitectura jurídica local e internacional en materia de derechos humanos y justicia militar El modelo de organización jurídica y de reconocimiento de derechos bajo el cual había sido concebido el Código de Justicia Militar de 1951 encontraba su fundamento, justamente, en aquella distinción entre civiles y militares construida sobre una supuesta diferencia de naturaleza. En ese sentido, el ordenamiento jurídico castrense se constituía como un “derecho especial” con fuertes componentes de excepcionalidad que significaban una marginación del orden jurídico común y constitucional respecto de las personas a las cuales se les aplicaba. Esta particularidad era manifiesta en materia de administración de la organización y funcionamiento de la justicia militar que imponía un conjunto de limitaciones irrazonables y, por ello, arbitrarias, sobre varios aspectos de la garantía del debido proceso tanto en lo penal como en lo disciplinario. Sin perjuicio de que el ya derogado Código de Justicia Militar adolecía de serias falencias como reducir casi a lo inexistente el derecho a la defensa, su técnica legislativa, en materia de delegación legislativa y su ambigüedad de redacción, servían de base para el ejercicio arbitrario del mando entre militares. Como es sabido, tanto el derecho penal militar como el derecho disciplinario militar son reaseguros para la conducción de las Fuerzas Armadas a través de un fortalecimiento de la relación mando-obediencia que tiene sustento en la amenaza del uso de la coacción estatal. Tal es así que en el Código de Justicia Militar de 1951 se encontraba prevista la imposición de la pena de muerte, único lugar en toda la legislación nacional que mantenía esta vetusta penalidad. Vale decir, en este orden de ideas, que la antigua legislación en materia de justicia castrense se encontraba presidida por principios ajenos a un diseño de Fuerzas Armadas para la democracia y que, en la práctica concreta y cotidiana, significaban en diversas oportunidades el reflejo de una cultura institucional difícil de reformular. Así, no puede dejar de señalarse que, por ejemplo, el principio de asignación de la potestad disciplinaria, es decir, la facultad de aplicar sanciones disciplinarias, se encontraba asociada a la jerarquía militar y no al ejercicio concreto y funcional del mando. No creyéndose suficiente, el Código trataba de forma confusa y discrecional las distinciones entre faltas de índole disciplinaria y delitos de índole penal, lo que implicaba que cualquier conducta podía ser encuadrada como una u otra conforme a las opiniones y consideraciones particulares de quien tuviera la responsabilidad de decidir. – 251 –

Además, cabe señalar que toda la organización de los órganos de la justicia militar, desde los juzgados de instrucción militar, pasando por los consejos de guerra hasta llegar al consejo supremo de las Fuerzas Armadas, la fiscalía general y los demás organismos, no alcanzaban en modo alguno el estándar marcado por la garantía del debido proceso que exige independencia e imparcialidad a los funcionarios judiciales. El primero porque estos órganos de justicia se encontraban en el marco del Poder Ejecutivo y no el marco del Poder Judicial, único poder del Estado que, según la Constitución Nacional, pueden ser reconocidos como jueces, y el segundo porque sus integrantes se encontraban comprendidos en una cadena de mando que debían respetar por su condición de militares. En definitiva, el diseño de la administración del sistema de justicia militar argentino del Código de Justicia Militar vigente hasta principios de 2009 se encontraba muy alejado de las definiciones y principios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos venía sosteniendo en la materia. A lo largo de un abultado conjunto de fallos, el tribunal interamericano se ha ido pronunciado con relación a los sistemas de administración de justicia militar y las cláusulas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que regulan el accionar de los órganos jurisdiccionales y el acceso a la justicia. Un primer punto relevante establecido por la Corte Interamericana ha sido pronunciarse por la excepcionalidad de la justicia militar, indicando que: “...en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares...”. “...la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, ésta debe ser mínima...”5 En ese sentido, vale recordar que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, indeCorte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, Sentencia de Fondo, § 132. 5

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pendiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En cuanto a la justicia militar, la Comisión Interamericana se ha pronunciado de manera constante en distintos informes sobre los Estados parte de la Convención como en los casos de Chile, Colombia, Uruguay, entre otros, señalando que: “...el hecho que los jueces militares sean oficiales en servicio activo de las fuerzas militares, y por tanto jerárquicamente subordinados a las autoridades militares superiores, los hace carentes de la independencia funcional imprescindible para el ejercicio de la función judicial.”6 Así, tanto la Corte como la Comisión han desarrollado tres consideraciones en torno al incumplimiento del artículo 8° de la Convención por parte de los tribunales militares. 1. Incompatibilidad entre independencia y subordinación jerárquica militar Según la Corte, los jueces militares carecen de independencia al estar subordinados a sus superiores, de quienes reciben órdenes de acuerdo con la jerarquía militar, dada la posibilidad de que ellos puedan exigirles la absolución de los militares responsables de violaciones de derechos humanos. Sobre este mismo tema la Comisión Interamericana ha señalado que: “...el juez militar (...) no puede negarse a ejecutar una orden del superior (...) La medida de su dependencia está determinada por la naturaleza misma de las organizaciones militares. Consecuentemente la justicia llega a ser una derivación de las políticas inspiradas y dirigidas por el comando 6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile. CIDH OEA: Washington, Estados Unidos, 1985, capítulo VIII, § 139 y 140. Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Uruguay. CIDH OEA: Washington, Estados Unidos, 1978, § 1, 29 y 30. Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. CIDH OEA: Washington, Estados Unidos, 1999, capítulo V.

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militar. Cualquier juez que tratare de contradecir o alterar esas políticas sería considerado como un obstruccionista, perdería forzosamente su cargo, y perjudicaría así su carrera militar.”7 Esta incompatibilidad entre independencia judicial y la pertenencia a una estructura jerárquica y subordinada en el caso de los jueces militares que son, a su vez, oficiales en situación de actividad, ha sido consagrada por la Corte inclusive en casos ya no vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Así es, en el caso “Palamara vs. Chile” ya citado, la Corte Interamericana fue clara en sostener lo siguiente: “La Corte estima que la estructura orgánica y composición de los tribunales militares descrita en los párrafos precedentes supone que, en general, sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez o fiscales. Todo ello conlleva a que dichos tribunales carezcan de independencia e imparcialidad.”8 2. Carencia de inamovilidad y formación jurídica adecuada La inamovilidad y la adecuada preparación profesional de los magistrados son requisitos que tienden a asegurar su independencia. En el caso de la justicia militar, la Comisión ha señalado que: “...los oficiales militares en servicio activo, además de estar jerárquicamente subordinados a las autoridades y carente, por tanto de la independencia funcional imprescindible... carecen también de inamovilidad y, adicionalmente y por razones de su profesión de la formación jurídica necesaria.”9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Uruguay, § 29. 7

Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, Sentencia de Fondo, § 155. 8

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile. CIDH OEA: Washington, Estados Unidos, 1985, § 139. 9

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En sentido similar la Corte Interamericana, en el Caso “Durand y Ugarte vs. Perú”, y posteriormente en el Caso “La Cantuta”, concluyó que los tribunales integrados por miembros de las fuerzas armadas en servicio activo “...estaban incapacitados para rendir un dictamen independiente e imparcial.”10 3 La afectación de la imparcialidad Sobre la cuestión de la imparcialidad, requisito fundamental respecto de las características del órgano jurisdiccional conforme a los requisitos del artículo 8.1 de la CADH, la Comisión Interamericana ha sostenido que: “...en los procesos del sistema de la justicia militar, los integrantes del Ejército juzgan las acciones de sus colegas, lo que dificulta la imparcialidad. Los integrantes del Ejército con frecuencia se sienten obligados a proteger a sus colegas, que combaten juntos en un contexto difícil y peligroso.”11 Partiendo de estas afirmaciones, la Corte ha concluido en su jurisprudencia que: “...los tribunales militares no satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención Americana, como elementos esenciales del debido proceso legal.”12 Estos criterios interpretativos del sistema interamericano en torno al diseño de los sistemas de administración de justicia militar, se han mantenido y ampliado en la respectiva jurisprudencia de la Comisión y la Corte, inclusive en casos en los que no está de por medio la competencia del fuero castrense en delitos de lesa humanidad. Así, la Corte Interamericana en el caso “Palamara vs. Chile” reiteró que:

10 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Caso “Durand y Ugarte vs. Perú”, sentencia de Fondo, § 141. 11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, § 26.

Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Caso “Cantoral Benavides vs. Perú”, sentencia de Fondo, § 114. 12

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“La Corte estima que la estructura orgánica y composición de los tribunales militares descrita en los párrafos precedentes supone que, en general, sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez o fiscales. Todo ello conlleva a que dichos tribunales carezcan de independencia e imparcialidad (...) La independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo, garantías de inamovilidad y con una garantía contra presiones externas.”13

El diseño del sistema de justicia militar de la Ley Nº 26.394 En este contexto tuvieron lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las denuncias formuladas por los militares Argüelles14 y Correa Belisle15 las cuales se agraviaban ante el órgano internacional por el incumplimiento del Estado argentino de una serie de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a raíz del sistema todavía en vigencia del Código de Justicia Militar a cuyos términos se habían visto sujetos en procesos penales militares. En dichos casos concretos, que sirvieron de base para que el Estado nacional emprenda finalmente una reforma del sistema de justicia militar, se encontraba claramente comprobada la vulneración del debido proceso penal, fundamentalmente, en lo que respecta al derecho previsto en el articulo 8.2.e de la Convención Americana referido a la posibilidad de designar un letrado patrocinante a los efectos de asegurar la defensa técnica. Ello, sumando a los ya criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del caso “Lopez”, dejaron la puerta abierta para un cambio de paradigma respecto a los conceptos, principios y organización del sistema de justicia militar argentino en su totalidad que tuvo como corolario el texto de la Ley Nº 26.394. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, Sentencia de Fondo, § 148-155. 13

14

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 135/11, caso Nº 12.167.

15

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 15/10, caso Nº 11.758. – 256 –

El nuevo sistema de administración de justicia militar constituye una herramienta que cumple una doble exigencia: en primer lugar, incorporar los estándares internacionales en materia de garantías y respeto a los derechos humanos del personal militar y, en segundo lugar, idear un instrumento articulado y dinámico que responde a las actuales necesidades funcionales de las Fuerzas Armadas. Los distintos aspectos regulados por cada uno de los cinco anexos constituyen un todo articulado que imprime un nuevo formato a la justicia militar consolidando una nueva lógica de sistema diferente a la receptada en el derogado Código de Justicia Militar que era propio de una Fuerzas Armadas construidas bajo modelos pertenecientes al siglo XIX. Así, las interrelaciones que mantienen el Derecho Penal Militar y el Derecho Disciplinario Militar se estructuran en función de la autonomía reciproca relativa, lo cual constituye una importancia decisiva que otorga un alto grado de ejecutoriedad y celeridad al instrumento disciplinario para el ejercicio del mando. Lo mismo puede afirmarse respecto de la supresión de los tribunales militares permanentes y su reserva para casos de excepción absoluta en el marco de conflictos armados, lo cual evita que las instituciones castrenses deban tomar a su cargo esta tarea ajena a sus cometidos funcionales transfiriéndola a los órganos constitucionalmente competentes y especializados. En tal sentido, el Anexo I tiene por finalidad eliminar la inexplicable y reiteradamente cuestionada duplicación de tipos penales que existía entre el Código Penal de la Nación y el Código de Justicia Militar. Con esa finalidad, dicho anexo tiene por objeto incorporar a la ley penal las figuras penales que, por naturaleza, sean esencialmente militares, es decir, que la penalización de conductas recae exclusivamente sobre aquellas que están funcionalmente relacionadas con la actividad militar o la necesidad militar. Para ello, el nuevo texto precisa el campo semántico del término “militar” que, en sentido jurídicopenal, excede al administrativo del “estado militar” e incluye a todos aquellos que formen parte de la “cadena de mando” que va, desde el Comandante en jefe hasta el último oficial con comando de acuerdo con la estructura de cada Fuerza Armada. De igual manera se incorporaron atenuantes y agravantes vinculados con aspectos funcionales en lo militar y se adaptaron tipos penales ya existentes si son cometidos por o en perjuicio de personas con la calidad de militar. Con respecto a los tipos penales estrictamente militares, pueden mencionarse, por ejemplo, la insubordinación, las vías de hecho contra el superior, la deserción en tiempo de conflicto armado, entre otras. Este anexo contiene, además, las adecuaciones necesarias que – 257 –

debieron introducirse en el cuerpo normativo del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto a las reglas de competencia y jurisdicción. Por último, atento la calidad de “sistema” del texto de la Ley 26.394, en donde cada parte o anexo forma un todo autorregulado, es necesario mencionar la introducción de un nuevo tipo penal relacionado con el incumplimiento de las ordenes emitidas a la población civil conforme lo normado por el Anexo III. En el Anexo II, por su lado, se prevé el funcionamiento de carácter excepcional y ante la imposibilidad de la acción inmediata de los tribunales civiles ordinarios, la creación de tribunales militares para la aplicación de la ley penal militar. Estos tribunales, deben ser conformados mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional y actúan solo en caso de imposibilidad de que las autoridades judiciales ordinarias puedan tomar conocimiento del caso. De igual modo, su integración solo puede realizarse con oficiales auditores o con oficiales del cuerpo de comando con el titulo de abogados y deben ajustar su procedimiento a las reglas del Código Procesal Penal de la Nación. Desde luego, cabe señalar que las únicas personas que pueden ser sometidas a estos tribunales son exclusivamente los integrantes de las Fuerzas Armadas o aquellos alcanzados por las definiciones de militar asociadas a los tipos penales. El Anexo IV contiene el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas que constituye, quizás, una de las innovaciones más importantes de toda la reforma. El nuevo sistema disciplinario está pensado, primordialmente, como un instrumento al servicio de la eficiencia del servicio o, en otras palabras, una herramienta de gobierno y conducción de las Fuerzas Armadas destinada a mejorar los niveles de eficiencia en el cumplimiento de sus cometidos. De esta manera, la disciplina se encuentra orientada a servir a la conducción del instrumento militar de la nación para realizar sus tareas de manera más eficiente y eficaz, desprendiéndose de cuestiones valorativas relacionadas con la imagen, el prestigio o la moral de sus miembros, lo que, por otra parte, resulta vulneratorio del derecho a la libertad de intimidad consagrado en la Constitución Nacional. El Código de Disciplina que rige a partir del 27 de febrero de 2009 utiliza como factor de atribución de la potestad disciplinaria la relación funcional de comando directo y no ya la jerarquía, lo cual quiere decir, que un militar solo tiene facultades disciplinarias respecto de aquellos que se encuentren bajo sus órdenes de manera inmediata. Hay señalar, sin embargo, que dicha limitación no rige para el Comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, para el Ministro de Defensa y para los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas. Además, para el juzgamiento – 258 –

de las faltas más graves, la nueva normativa incorpora órganos colegiados que deben decir sobre la base de un debate oral denominados consejos de disciplina. Con respecto a la determinación de las faltas y las sanciones, el Código establecer una relación de proporcionalidad entre las faltas más leves y sus sanciones y las más graves y sus correctivos. Así, se establecen tres tipos de faltas: leves, graves y gravísimas; y tres tipos de sanciones: leves, graves y gravísima. Las faltas leves y graves son de naturaleza numerus apertus, mientras que las faltas gravísimas son numerus clausus y respetan el principio de legalidad disciplinaria. Por su lado, las sanciones leves van del apercibimiento a uno a cinco días de arresto simple o riguroso, las sanciones graves de seis a sesenta días de arresto simple o riguroso y la gravísima se identifica con la destitución que implica la pérdida definitiva del grado, la baja de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de volver a adquirir el estado militar. En consonancia con esta distribución, se ordenan modalidades diferentes de procedimientos de acuerdo con la sanción a imponer. El procedimiento para sanciones leves consiste en una imposición directa y para las sanciones graves debe mediar una información disciplinaria preliminar llevada a cabo por un oficial, en la cual se encuentran asegurados todos los derechos del imputado conforme a la garantía del debido proceso legal. Finalmente, para el caso de las sanciones gravísimas, su investigación corresponde a un oficial auditor instructor y su imposición a un consejo de disciplina integrado por tres oficiales superiores. Finalmente, la Auditoría General de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa, como máxima instancia del Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas. La organización de un cuerpo de oficiales auditores consagra la independencia de criterio y la formación y capacitación conjunta que resulta vital para la correcta y eficaz puesta en marcha del nuevo sistema de administración de justicia militar. Es indudable cómo el desempeño de los oficiales auditores gravita profundamente en una correcta aplicación de los principios del Código Penal de la Nación y del Código Procesal Penal de la Nación en materia de delitos militares y no militares, en el funcionamiento integral del Código Disciplinario de las Fuerzas Armadas y en una hipotética conformación de los Consejos de Guerra y de Jueces de Instrucción Militar. En todos estos aspectos del nuevo sistema de justicia militar cobran gran importancia los dictámenes, intervenciones y circulares de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas que son, en definitiva, los distintos modos mediante los cuales ejerce su conducción de Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas. – 259 –

La implementación y el proceso de reglamentación El proceso de implementación de la reforma comenzó con el dictado de un conjunto de normativas de nivel ministerial con carácter provisorio a los efectos de evaluar el funcionamiento y aplicación de la nueva normativa en materia de justicia militar. En ese sentido, se dictaron tres reglamentaciones del Código de Disciplina, una por Fuerza Armada, acompañadas de un Reglamento General de Disciplina de uso común.16 Actualmente, se encuentra en trámite un proyecto de decreto, elaborado por la Dirección Nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa y por la Auditoría General de las Fuerzas Armadas,17 mediante el cual se efectúa una reglamentación de los anexos II, IV y V de la Ley Nº 26.394, esto es, el procedimiento penal militar para tiempos de guerra u otros conflictos armados, el Código de Disciplina y el Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas, de manera común para las tres Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. En dicho proyecto, se corrigen un conjunto de dificultades detectadas durante la aplicación de las reglamentaciones provisorias por parte de una comisión especial creada a tal efecto.18 Asimismo, se aprobó una reglamentación provisoria del funcionamiento de la Auditoria General de las Fuerzas Armadas,19 cuyas mejoras y correcciones fueron incorporadas al proyecto de decreto en trámite. De igual modo, se dispuso una modificación en los planes de carrera de los oficiales auditores que integran el servicio de justicia conjunto, equiparando sus años de ascenso y sus condiciones de ingreso.20 Además, se aprobó su nueva estructura orgánica y régimen funcional conforme los requerimientos del nuevo sistema,21 se creo la Escuela del Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas destinada a la formación superior de los oficiales auditores de las tres Fuerzas,22 se dotó al nuevo organismo de todos los recursos materiales 16

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 125/09.

17

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 361/09.

18

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 416/09.

19

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 112/09.

20

Decreto Nº 1715/11.

21

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 144/10.

22

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 1237/09. – 260 –

necesarios para su adecuado desempeño23 y se asignaron los suplementos y compensaciones del personal afectado y en funciones en el organismo.24 Finalmente, resta decir, que todo este esfuerzo de reforma normativa ha requerido para su aplicación efectiva una serie de medidas complementarias destinadas a dar difusión y formación a los integrantes de las Fuerzas Armadas sobre las nuevas reglas que organizan aspectos importantes de una cultura institucional anquilosada y reactiva a los cambios profundos como que tuvo lugar con relación al sistema de justicia militar. Para ello, fue necesario efectuar publicaciones del texto legal y reglamentario, su distribución entre los elementos y unidades de las Fuerzas, la realización de jornadas y seminarios sobre la temática y la apertura de canales institucionales adecuadas para evacuar las consultas sobre la aplicación del nuevo régimen legal.

Conclusiones La evaluación de las consecuencias de la reforma del sistema de justicia militar operado por la sanción de la Ley Nº 26.394 es aun una cuestión que requiere algún tiempo más para ser completa. Sin embargo, pueden adelantarse algunas conclusiones parciales luego de algo más de tres años de vigencia. En primer lugar puede señalarse que en líneas generales el proceso de reforma ha sido exitoso y que, al contrario de varios pronósticos negativos provenientes de sectores adversos a la iniciativa, el nuevo sistema no ha provocado un caos de indisciplina militar sino que, inclusive, han mejorado sensiblemente los tiempos de gestión y de celeridad en la imposición de sancione disciplinarias. Por caso, si una destitución conforme al viejo sistema podía insumir alrededor de cinco años, con el nuevo régimen la cuestión se encuentra dirimida en sede administrativa en no más de diez meses. En segundo lugar, la transferencia del juzgamiento de los delitos militares hacia la justicia común, ha permitido a las autoridades militares y civiles desentenderse de cuestiones que a veces resultaban no del todo transparentes ante la sociedad civil, facilitando, de ese modo, la investigación y sanción de los responsables de delitos en el orden militar. En tercer lugar, el nuevo sistema, al preservar los derechos y garantías de las personas que son objeto de investigación disciplinaria o penal militar, impide que el Estado nacional sea nuevamente y en el futuro objeto de de23

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 185/09.

24

Resolución del Ministerio de Defensa Nº 659/10. – 261 –

mandas ante los tribunales internacionales por vulneración de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción como consecuencia de la aplicación de normas en el orden militar que se alejan de los parámetros que son adecuados para la protección de derechos. En cuarto y último lugar, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la reforma del sistema de justicia militar a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos constituye un paso más en la transformación de la cultura institucional de las Fuerzas Armadas hacia su democratización. En ese sentido, la revalorización de la calidad de ciudadanos del personal militar resulta un factor esencial que no puede ser dejado de lado a la hora de promover una modernización democrática del sector de Defensa y de unas Fuerzas Armadas incondicionalmente subordinadas al poder civil de la Constitución Nacional.

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PARTE III CERTIDUMBRE DESDE ABAJO

DILEMAS Y CONJETURAS SOBRE LA CERTIDUMBRE Flabián Nievas Adrián Scribano Podría decirse que el proceso de humanización del homínido ha sido, en el plano simbólico, un proceso de construcción de certezas. Muy probablemente esto se deba a su temprana conciencia de la finitud de sí mismo como individuo. Los rituales frente a la muerte conforman, sin dudas, una forma de elaboración de esta angustia primigenia. La muerte, siempre ahí, podía aparecer de formas intempestivas: un animal, un accidente, una enfermedad, mostrando la extrema fragilidad del individuo, formas –esas– que comenzaron a ser relativamente evitables a partir de la asimilación de la experiencia, “codificada” abstractamente en lo que denominamos conocimiento. De ese modo el conocimiento comenzó a ser fuente de certidumbre, permitió mitigar la angustia del presente, evocando el pasado para anticipar el futuro. Aunque vivimos inexorablemente en el presente, la emergencia del cerebro, parte sensible del cuerpo en que se asienta lo simbólico, permitió “descubrir” el tiempo y, con él, la posibilidad de atribuir sentido a las trayectorias biográficas que se trazaron sobre esa tela.1 Tal vez hayan sido las diversas maneras de experimentar y sentir el tiempo lo que llevo a los hombres a producir las sensaciones de espacio tan necesarias para referir la existencia de un individuo endeble y minúsculo en relación con el universo. El sentido, precisamente, es la principal obra de la certidumbre. La construcción de una “flecha”, de una trayectoria y, en definitiva, de una teleoUn gran debate, que va desde la filosofía hasta la física, es si el tiempo fue “descubierto”, “inventado” o “construido”. Si bien a partir del segundo principio de la termodinámica para muchos físicos es indiscutible la existencia del tiempo, tanto para Newton como para Einstein el tiempo es sólo una ilusión.

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logía, es lo que permite forjar simbólicamente un orden a partir del cual orientar la acción. La incertidumbre no desaparece, pero se restringen sus márgenes. La acción orientada dentro de cierto marco de certidumbre, la acción basada en el sentido, no la torna necesariamente más eficaz (incluso, por el contrario, puede conspirar contra ello), pero la dota subjetivamente de seguridad, cumpliendo una imprescindible función social, que es la de tornar posible (y reproductible) la acción conjunta, fundada en la satisfacción de las expectativas generadas en el marco del sentido. No obstante, el sentido no se explica por un meta-sentido –si se buscara una lógica propia que lo explicara no saldríamos de un círculo autovalidante, de una tautología–, sino por cuestiones externas al propio sentido, que abarca, en grandes rasgos, tres ámbitos fundamentales: a) el aún poco explorado y poco conocido funcionamiento neurofisiológico, esto es, la capacidad de simbolizar y su vinculación con las actuaciones orgánicas y los flujos electroquímicos que acontecen allí; b) el entorno en que se inscribe la acción humana, es decir, el ámbito de lo material, que potencia y dificulta determinadas construcciones de sentido; y c) el entramado de interacciones humanas, tanto las fortuitas como las estructuradas en relaciones sociales. Auguste Comte, con su célebre “ley de los tres estadios” trazó una interesante historia de la construcción de las certezas, aunque sólo en un nivel descriptivo, y cuya pertinencia es tanto filogenética como ontogenética. En tal sentido, pone a la religión (o las religiones) como el primer umbral histórico de certeza: los dioses “explican” los fenómenos del mundo. A diferencia de lo que él creía, este estadio no se vio desplazado por el científico (o “positivo”, en sus propios términos),2 sino que ambos coexisten. Esta coexistencia torna más complejo el análisis de la constitución de certezas. La ciencia irrumpió, circa siglos XVII, XVIII, como la estructura de la nueva fuente de certidumbre: la razón. En su forma más pura, la razón se presentó en forma de lógica y de matemática. El nuevo campo epistémico demostró una potencia no conocida hasta entonces, verificado en la transformación del entorno. No obstante, más allá de las expectativas que hacia el siglo XIX llevaron a muchos a predecir la extinción de la religión –la célebre sentencia de Nietzsche: “dios ha muerto”–,3 esto no ha ocurrido y, a casi dos siglos 2 Intermediando ambos, se encontraba el estadio “metafísico” o especulativo, pero su carácter era, según el propio Comte, transicional.

No se trató de un episodio aislado; toda la Ilustración tenía esa esperanza, desde el Iluminismo hasta el positivismo. 3

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de tales anuncios, parece irremediable que al menos por mucho tiempo más –quizás milenios– la misma persistirá. Por ello, la indagación sobre la formación de sentido ha de abarcar ambos aspectos. Ni una religión en particular ni una ciencia singular, sino ambas estructuras de pensamiento y sensibilidades que no por casualidad se ligan estrechamente a la incesante necesidad de disminución de angustia que experimenta los humanos fuente de la búsqueda de refugio en la certidumbre.4

La presencia de lo arcaico Pese a nuestra singularidad como especie, que por momentos nos lleva a olvidarnos que somos animales, tenemos muchos puntos en común con otras especies.5 Nuestro cerebro está compuesto por tres complejos: el reptiliano, el límbico y el neocórtex. El primero, que contiene el tronco del encéfalo y el cerebelo, regula las funciones primarias (latido del corazón, respiración, etc.); el segundo, que es común con los mamíferos, regula las emociones y las pulsiones (hambre y saciedad, impulsos sexuales, temores, etc.), es donde se encuentra el hipotálamo (sistema nervioso vegetativo); el último, finalmente, la capacidad de simbolizar. Cada estructura se enlaza con –y se asienta en– la anterior; no la sustituye. La presencia del sistema límbico en nuestra conducta, aunque exagerada por la sociobiología y la eutonología,6 está presente más allá de toda duda razonable. Las técnicas desarrolladas por diversas disciplinas en dos ámbitos privilegiados para el estudio de las conductas humanas, como lo son la guerra y el mercado, así lo atestiguan: todo lo ligado a la propaganda de guerra 4 Es interesante notar que ha sido Nicklas Luhmman quien en su teoría de sistemas complejos ha analizado la necesidad de todo sistema de enuclear sentido para disminuir la complejidad del mundo.

Sólo diferimos en un 2% en nuestra estructura genética de los chimpancés bonobos. Cf. Grant, Ted y Woods, Alan; Razón y revolución. Filosofía marxista y ciencia moderna. Madrid, Fundación Federico Engels, 2002, p. 45. 5

“Es muy difícil establecer separaciones claras entre la eutonología o etología humana y la sociobología. La diferencia estriba sobre todo en el punto de mirada: la eutonología estudia las funciones neurofisiológicas y deriva de ella conductas sociales, mientras que la sociobiología indaga las conductas sociales en sus bases biológicas. Recorren casi idéntico camino, pero en sentidos opuestos.” Nievas, F. y Bonavena, P.; “El miedo sempiterno”, en Nievas, Flabián (comp.); Arquitectura política del miedo. Buenos Aires, Elaleph.com, 2010, p. 23. Para una mejor comprensión de cada mirada, cf. Wilson, Edward; Sociobiology. The new synthesis. USA, President and Fellows of Harvard College, 1975; y Laborit, Henri; La paloma asesinada. Acerca de la violencia colectiva. Barcelona, Laia, 1986. 6

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(inteligencia militar) y al mercadeo (estudios de mercado) indagan ese subsuelo de la razón que regula las conductas individuales y colectivas. La primera constatación de la que parten todas estas técnicas es que la conducta humana no se orienta, salvo excepciones momentáneas, racionalmente. Hay diversas pruebas empíricas de esto, pese a que desde mucho antes que las mismas se realizaran (en la década del ’50, por profesionales –muchos de los cuales venían de prestar servicios en las Fuerzas Armadas estadounidenses– que comenzaban a abrir el campo del mercadeo) Max Weber había considerado ya dos tipos de acciones sociales no racionales (la tradicional y la afectiva), y de las racionales, solo una orientada por los fines (racionalidad pura) y la otra por los valores. No es, en tal sentido, una novedad. Lo fue en cuanto fue presentado como resultado experimental. Esto supuso un nuevo “piso” sobre el que construir certidumbre. Las fuentes de certeza, por ser siempre subjetivas, no pueden asentarse en parámetros inmóviles. La pretendida objetividad de tales referencias no es más que un proceso de objetivación que se realiza en función de la combinación entre fuentes externas y elaboración interna. Al ser cuestionado tanto el piso fundante de una racionalidad inexistente remitida al “interior” del individuo como su apoyos externos en tanto mera racionalidades de procedimientos quedan plenamente expuestas las potenciales conexiones entre creencias y certezas. De tal modo, los creyentes encuentran en todos los fenómenos evidencias de la existencia de dios, y los no creyentes sólo encuentran evidencias de lo contrario. Imposible acordar sobre tales bases. No se trata, sin embargo, de procesos solamente subjetivos: hay una base común que es la sociabilidad de los mismos. Durkheim dio un paso fundamental con su estudio de las religiones al proponer a la misma trama social como el tejido del que emanan las divinidades.7 En muchos puntos, ese esfuerzo se emparienta con el trabajo de Freud, particularmente con el de El malestar en la cultura.8

En tal sentido, realizó un trabajo sociológico –que, hoy sabemos, fue hecha sobre bases empíricas en muchos casos endebles, pese a que sus inferencias siguen siendo aplicables– sobre una idea que había sido lanzada décadas antes por Ludwig Feuerbach, en su célebre obra La esencia del cristianismo. 7

8 Freud es, quizás, más radical que Durkheim en su expresión: “[...] mediante la violenta fijación a un infantilismo psíquico y la inserción en un delirio de masas, la religión consigue ahorrar a muchos seres humanos la neurosis individual”. Freud, Sigmund; “El malestar en la cultura”, en Obras completas, tomo XXI, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, p. 84.

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Ambos nos han legado importantes señalamientos sobre cómo aproximarse a este problema, aunque no pasan de ser solo indicaciones. Constituyen un momento en el abordaje y la constitución del problema, no su dilucidación

De los instrumentos como artefactos de certeza En las ciencias sociales han existido numeroso intentos para dar cuenta de las conexiones entre manejo de la incerteza, técnica y estructuración social. La sociología del conocimiento y de la ciencia ha sido uno de dichos intentos: desde de Mannheim y su caracterización de las relaciones entre ciencia, ideología y conocimiento común pasando por Merton en su análisis de la ciencia como institución con un “ethos” particular hasta los aportes de Karin Knorr Cetina que con una perspectiva construccionista analiza la elaboración de la certezas básicas de las ciencias sobre la naturaleza. Otro intento lo han constituido los aportes de la Escuela de Frankfurt que desde su origen tomo a los resultados de la ciencia y la constitución de una racionalidad instrumental como uno de sus ejes centrales de indagación. En el marco del complejo mosaico de autores e ideas que componen lo que hoy denominamos Teoría Critica es posible advertir los siguientes elementos para una reflexión sobre las certezas en el mundo del capitalismo del siglo XX. De la mano de Horkheimer la Escuela redefinió la Teoría Crítica en contraposición a la teoría tradicional, identificando a esta última con un sistema deductivo de hipótesis pasibles de ser verificadas empíricamente cuyo ideal consistía en la unificación de los resultados de teorías de diferentes disciplinas de acuerdo con unos pocos principios fundamentales. Para Horkheimer dicha teoría tradicional mantenía un dualismo exacerbado entre pensar y ser, entre teoría y praxis, conectada directamente con una visión contemplativa de la teoría. Frente a esta “imagen” de la concepción tradicional, la teoría crítica postula que el proceso de investigación no puede ser entendido sino relacionándolo con su contexto material y su rol en la estructuración de la sociedad capitalista. Los supuestos de la Teoría Crítica según la Escuela son: a) que el sujeto que conoce no es un espíritu puro, sino que es un científico que de acuerdo con la división social del trabajo tiene determinada funciones dentro de la sociedad burguesa, b) que la historia y la historicidad en tanto práctica social ha mediado entre el sujeto y el objeto antes de constituirse los objetos de indagación y reflexión; c) que los datos lejos de ser neutros, son – 269 –

precondicionados tanto por lo social que hay en el objeto que se percibe, como por las formas sociales de percepción del sujeto que percibe, d) que la teoría se construye movida por la intenciones que implica y e) la teoría crítica debe siempre volver a justificar los problemas por ella abordada y flexibilizar su estructura interna en relación con el objeto que estudia. Es en este sentido que la Escuela se propuso construir la Teoría Crítica a partir del estudio de la sociedad industrial avanzada. Lugar desde donde encontraban una especial vinculación entre la racionalidad instrumental como forma particular de la razón históricamente determinada y la sociología que desde allí se construía. La mercantilización del tiempo y el trabajo desemboca en las sociedades tardo capitalistas en la sobre-industrialización de la vida, a partir del reinado de una razón que perdiendo su reflexividad se resuelve en la organización instrumental de las relaciones sociales e involucra claramente la “interiorización” por parte de los individuos de dicha instrumentalidad como principio de realidad. De este modo se puede observar claramente por que la Escuela se propuso retomar la razón en su propia imposibilidad de negarse, y cómo identificó dicha imposibilidad con el rol de la racionalidad instrumental en tanto columna vertebral de cosificación de la consciencia y en tanto “locus” de construcción de una sociología externa y estéril respecto a las consecuencias sociales de dicha racionalidad. “La ciencia moderna, tal como la entienden los positivistas, de refiere esencialmente a enunciados respecto a hechos y presupone, por lo tanto, la cosificación de la vida en general y de la percepción en especial. Esa ciencia ve al mundo como un mundo de hechos y de cosas y descuida la necesidad de ligar la transformación del mundo en hechos y en cosas con el proceso social”.9 En este contexto, se manifiesta la necesidad de que la teoría involucre una crítica inmanente que partiendo desde la misma “estructura” de las teorías y la filosofía, y asumiendo su función en la constitución de la sociedad, permitiera el uso intencional de la misma. El solapamiento entre una racionalidad instrumental legitimadora y el principio de constitución de la sociedad capitalista, llevó a la escuela a proponerse una crítica que desde la misma producción de las formas de entendimiento hiciera explotar lo positivo como ocultamiento de la potencialidad de la negación. 9

Horkheimer, Max; Crítica de la Razón Instrumental. Buenos Aires: Sur, 1973. – 270 –

Para comprender en qué consiste parte de la aludida crítica inmanente son esclarecedoras las siguientes palabras de Adorno en su crítica a la fenomenología: “Pero la objeción metodológica resulta demasiado formal frente a la dialéctica, que se niega absolutamente a prestar juramento respecto a la diferencia entre método y cosa. Su propio procedimiento lo constituye la crítica inmanente. No se opone tanto a la fenomenología mediante un comienzo o «proyecto» extraño y exterior a ella, como que impulsa al comienzo fenomenológico, con las propias fuerzas de éste, hacia donde él mismo no quería ir a ningún precio, forzándolo a la verdad con la confesión de su propia no-verdad”.10 La ciencia puesta frente a sí misma no puede dejar de transmitir la imagen de sus fantasmas y fantasías: sin intervención no hay regulación y la intervención es el fin de toda regulación. Entre las dialécticas de una práctica de resistencias (en la modulación psi) y la configuración épica (en el registro prometeico) de una sociedad científicamente construida la fantasía de “la verdad” se disuelve ante el fantasma de la no-certeza. La teoría crítica se acerco “peligrosamente” a esta conclusión.

Atrapando la Bestia Otro aspecto que cruza transversalmente las conexiones posibles entre búsqueda de certidumbre y colonización del futuro en los contextos de las expansiones de los poderes mundiales son los que guardan relación con la elaboración, manipulación y propagación de tecnologías de manejo de los cuerpos, las sensibilidades y las emociones. Aquellos aspectos más incontrolables, más “irracionales” y más “subjetivos” del comportamiento humano han sido objeto de estudio analítico y búsqueda de “administración”. Desde las prótesis, pasando por las intervenciones corporales hasta el diseño de gustos y percepciones sensoriales dan cuenta de la ingente cantidad de conocimiento puesto al servicio de la manipulación de las incertezas.11 Aparecen así las “conquistas del planeta interno” plagado de tecnologías para la constitución identitaria, la subjetividad y sus correlatos funcionales: “los especialistas del adentro” que dictan lo deseable a partir del “buen Adorno, Theodor; Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento. Barcelona, Planeta-Agostini, 1986, p. 13. 10

Un lugar no menor ocupa en esto la farmacología, y la patologización de conductas que da entrada a la misma. El ADD (Attention Deficit Disorder), por citar un caso, opera sobre cuerpos e identidades en formación. 11

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vivir”, que suelen presentar como “buena calidad de vida”, sin molestarse siquiera en construir evidencia alguna sobre la misma: tan ideológica es que resulta autoevidente. La conquista del “mundo material” es hoy acompañada por una sistemática exploración y colonización del “mundo interno”. El espacio de la identidad se ha transformado en maleable, en cuestión de especialistas de territorios internos desconocidos. El mundo interno, el mundo de quién soy y qué puedo ser, se ve atravesado por un sinnúmero de conocimientos que se posicionan y posesionan, en principio, del umbral de entrada a la identidad: nuestro cuerpo. Un millar de recetas para parecernos a nosotros mismos de acuerdo con otro, para acercarnos a la figura que más se asemeja a lo que queremos parecer siendo igual a otro. La constitución social del cuerpo es, en alguna medida, punto de partida y de llegada para la exteriorización de una identidad sumergida en nuestro dato material primordial e ineludible, nuestro cuerpo. Libros, artículos y revistas completas nos dicen cómo ser cada vez más parecidos a nosotros sin reconocernos. Un conocimiento que penetra físicamente nuestro modo de ser. El régimen se vuelve decálogo y estilo de vida que muestra en qué posición y condición se debe vivenciar nuestro cuerpo. En el marco de la colonización del espacio interior devenido territorio mapeado por conocimientos apegados a recomendaciones del buen parecer, la identidad se vuelve “consejo” de especialistas, cuyo carácter imperativo resulta evidente toda vez que la desadecuación de una conducta respecto de tales “consejos” queda sumida en el campo de la sinrazón. Así, aparecen los especialistas recomendando la ayuda para la auto-ayuda, revistas que reúnen una serie de slogans para la vida. Ganar dinero fácilmente, hacer el amor con su pareja toda la vida, ver crecer a sus hijos sanos, ser el centro de las fiestas, son algunas de las ideas-fuerza que recorren nuestra vida cotidiana, todas ellas dichas desde el saber, desde la palabra del especialista. Los astronautas del micro-cosmos interior navegan y señalan cómo avanzar sobre nuestros roles más íntimos. La pregunta sobre quién soy pasa a ser contestada por una serie de sistemas expertos que dan soluciones instantáneas. Por esta vía, el cuidarse y el quererse, otrora acciones subjetivas por excelencia, actividades íntimas irreemplazables, se transforman en campo de especialidad. El conocimiento –en este caso del mundo interno– vuelve a su disposicionalidad de voluntad de dominio siempre en consonancia con la angustia que provoca la incerteza. – 272 –

Usando la certeza o de la disminución de las impurezas Durante el siglo XX un punto donde se encontraron certezas, ciencia y poder fue en la construcción del inmenso aparato militar-científico que hoy se puede constatar en el planeta.12 Sea como consecuencia o como factor explicativo la aplicación de la racionalidad científica a las formas de hacer la guerra ha sido y es una de la vías por las cuales los seres humanos hemos encontrado para reducir la incerteza de las acciones del poder. El impacto en el desarrollo de la teorías de sistemas que tuvo la necesidad de administrar suministros, equipamiento y movimientos de tropas en la segunda guerra mundial; la incidencia de dicha conjunción en la re-elaboración de las teorías de colas y la emergencia de la investigación operativa; las conexiones directas entre los “ensayos” de propaganda y el estado actual del marketing; la estrecha conexión entre la investigación virológica y la expansión de las industrias farmacéuticas y la consabida relación entre Internet, Universidades, empresas y organismos militares son unos pocos ejemplos de cómo la certidumbre se fue asociando a la elaboración de un régimen de represión y control de escala planetaria. El sur global ha sido territorio de otras maneras de reducir incertezas en formas de disminución de impurezas, identificando a estas últimas con las prácticas des-ubicadas, resistentes, rebeldes y/o “revolucionarias”. Según dicta uno de los deseos más profundos de muchos de los que detentan el poder: las sociedades son más sociedades si son ordenadas y previsibles. Una gran cantidad de recursos económicos, políticos, científicos y militares/ policiales han sido puestos al servicio de la mantención de las aludidas características pero entre ellos se destacan los inmensos esfuerzos volcados en la elaboración de “técnicas de manufacturación del futuro”. Desde las políticas del shock descriptas por Naomi Klein, pasando por las recetas (recientes) del Instituto Hudson sobre las políticas de contra insurgencia ideológica llegando hasta la implementaciones “normalizadas” de la tortura como colonizadoras del futuro las tecnologías de la gestión social de las impurezas son ejemplos claros de conocimientos científicos aplicados al control de la incertezas. Otro aspecto de la gestión de la incerteza en su versión de impurezas, descontroles y desvíos lo constituyen los mismos ejes centrales de las ciencias en la actualidad: nanotecnología y genética. Sánchez Ron, José Manuel; El poder de la ciencia. Historia social, política y económica de la ciencia (siglos XIX y XX). Barcelona: Crítica, 2007. 12

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Las estructuras de experiencia cognitivas-afectivas que se producen y son producidas por las interrelaciones entre la metaforización nanotecnológica de la vida, la valorización mercantil de las diagramáticas genéticas y la monopolización de las modalidades de la bio-diversidad, asentadas y acentuadas en la política de patentes, son los ejes por donde pasan las violencias epistémicas, simbólicas y físicas de la actual trama de dominación. Dichas estructuras implican un conjunto de entramados perceptivos que desempeñan al menos tres “funciones” básicas: a) ser el horizonte de comprensión de “las vidas” en sus diversas manifestaciones, b) constituir el “saber-a-la-mano” del cual los sujetos disponen para coordinar la acción y c) socializar desapercibidamente las analogías científicas que involucran las teorías que explican los ejes aludidos arriba. La metaforización nanotecnológica de la vida implica tres momentos desde y por los cuales la mercantilización atraviesa y compone lo cognitivoafectivo: la disolución de lo aún existente, entre macro y micro visión del universo, la sensación de gestión absoluta de lo existente y la elaboración de una mirada científica de los planetas internos. La valorización de los mapas y diagramas en base al genoma y la “genomatización” de las ciencias de la vida: impactan en los paquetes cognitivos en disponibilidad, en las lógicas de “apreciabilidad” de lo cognitivamente relevante y en las prácticas de su producción y “socialización”. La identificación, clasificación, gestión y producción de la bio-diversidad es uno de los mecanismos de mayor impacto en las estructuras del sentir –y, por consiguiente, del sustento moral–: establece una línea tenue entre diverso y único, permite romper los bordes entre lugar y almacenamiento; y posibilita las más disímiles maneras de enmascarar en tanto “como si”. Intervenir un tomate para que tenga gusto a tomate nos debe hacer pensar sobre qué se está interviniendo: la materia, las conexiones de la misma con los seres humanos o la posibilidad de regular la incerteza del sabor.

Redescubriendo la incertidumbre Transitando la segunda década del siglo XXI se consolida un cambio fundamental e inédito en la historia de la humanidad: la valoración positiva de la incertidumbre como fuente primigenia de potenciales desarrollos con incidencia en el mejoramiento de la existencia y experiencia humana. Se invierte, de esta manera, el lugar de la incertidumbre: de fuente de angustia que debe exorcizarse por el conocimiento, religioso, científico o simplemen– 274 –

te práctico-consuetudinario; tenemos ahora que este mismo conocimiento, particularmente el más desarrollado, que es el científico, ha comenzado a recolocarla en un lugar opuesto al que motivó su propia existencia como tal. Surgido para combatirla, para eliminarla o situarla tan lejos como fuera posible del horizonte de la vida humana, es ahora recolocada por este mismo conocimiento en el centro de esta existencia. De este modo, contrariando el mandato histórico asumido, quizás, con la mayor fuerza durante el período positivista, la ciencia elabora la incertidumbre y, a partir de ella, postula lo impredecible como resultado de la previsibilidad.13 Ciertamente se pueden invocar aquí postulaciones ya banalizadas –aunque no enteramente comprendidas– como la teoría de caos, o las estructuras disipativas, o más en general el preponderante lugar del azar en las teorizaciones. Todo esto, en todo caso, no es más que la culminación provisoria de un largo movimiento que se remonta, en la física, cuanto menos a la mecánica cuántica –y su enigmática antimateria– y a la teoría de la relatividad general, y su no menos contraintuitiva noción del espacio curvo. Pero esto no hubiese sido posible sin la crisis de la geometría euclídea y, más profundamente aún, sin el cálculo infinitesimal, en cuyo origen está, nuevamente, la incerteza, entendida como la laxitud –quizás producto de la ignorancia– que permitió aludir la cerrazón de una racionalidad certera y precisa: la lógica.14 Pero, sin irnos tan lejos en el tiempo, no se puede obviar el surgimiento y desarrollo, desde el siglo XVII, de la noción y operacionalización de la probabilidad (Hacking: 2005) y la erosión del determinismo con la propagación de la estadística (Hacking: 2006). El edificio newtoniano comenzaba a sucumbir y pronto quedaría relegado a su lugar actual: una suerte de “guía útil” para el “usuario inexperto”. 13 Este aparente galimatías lógico no es tal: se puede prever –ver anticipadamente– el fenómeno, pero no se puede predecir –anunciar certeramente– su comportamiento. 14 “[...] al inicio del siglo XVII se había recuperado ya esencialmente todo el legado matemático y científico griego que sobrevivió al terremoto cultural que trajo consigo la Edad Media. Pero, aunque se tenía un buen conocimiento y dominio de los elementos de Euclides y de otras obras básicas, se tardaría aún unas décadas en dominar obras más profundas y difíciles, como las de Arquímedes. [...] Sin embargo, había un aspecto de la matemática de Arquímedes, y en general de toda la matemática griega, que cambió radicalmente: se trata del rigor lógico. Las matemáticas que se hicieron durante aquel período fueron, con diferencia, mucho menos rigurosas que las llevadas a cabo por los griegos. Este hecho supuso en apariencia un retroceso, aunque en realidad fue dicho cambio de actitud el que permitió finalmente la superación de los límites marcados por la matemática griega y, en particular, el descubrimiento del cálculo.” Durán, Antonio; La verdad está en el límite. El cálculo infinitesimal. Navarra, RBA, 2011, p. 32.

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La construcción social de sentido Cabe, entonces, preguntarnos: si la ciencia, fuente máxima de certeza, nos reintroduce en la incertidumbre, ¿ha fracasado la misma en su misión o, en cambio, ha dado un paso más allá del mandato social que la impulsó, desintegrando las condiciones que oficiaron de supuesto y sustento de su existencia hasta ahora? Esta pregunta, más particularmente su segunda parte, nos permite parafrasear la paradoja planteada por Castel: vivimos en el mundo más previsible ahogados por la incertidumbre.15 La puja por la instalación de certezas deviene, de manera cada vez más evidente, en una tarea política. La ciencia ha comenzado a quitar el manto de protección de la certeza, pero quizás como nunca antes se apela a la misma para la construcción de argumentos que no pueden disimular su carácter histórico y político, esto es, producto de una relación social de fuerzas dada. No es sorprendente, entonces, que se intenten imponer regulaciones sociales a partir de algunos avances científicos (no es poca la cantidad de tecno-políticos que, por ejemplo, intentan vincular conductas con estructura genética), recurriendo a un determinismo que la propia ciencia sepultó. La abrumadora cantidad de dispositivos tecnológicos operantes y superpuestos para la regulación y el control no son sino la evidencia del poder con que emerge la incerteza, que es una forma –quizás no la más adecuada– de mostrarnos que el futuro es abierto, y que su conformación es siempre, en cada instante, la composición política, siempre provisoria, de la relación de fuerzas sociales. No hay, tal vez, mayor visibilidad de esta situación que la lucha entre certidumbre e incertidumbre en ese cuasi-mágico espacio social que es el mercado, en el que la certidumbre se puntúa positivamente y la incertidumbre negativamente, con indicadores precisos. El “certidúmetro” es, sin dudas, la Bolsa de Valores. La suba o baja de acciones no refleja ningún estado real de la economía, ni de las empresas que cotizan allí, sino el marco de credibilidad que generan (expectativas de ganancia) o la incertidumbre (que conlleva pérdidas y “corridas”). Las explicaciones vulgares son de tipo psicologista, centrándose en cada agente en particular e infiriendo, de cada caso particular, el comportamiento global. Otras explicaciones más sofisticadas recurren 15 “[...] vivimos probablemente –al menos en los países desarrollados– en las sociedades más seguras que jamás hayan existido. [...] Sin embargo, en estas sociedades rodeadas y atravesadas por protecciones, las preocupaciones sobre la seguridad permanecen omnipresentes.” Castel, Robert; La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Buenos Aires, Manantial, 2004, pp. 11/2.

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a las teorías de juegos, dando cuenta de las acciones colectivas a partir de reglas implícitas. Se trata, en definitiva, de la corroboración empírica de la frugalidad de las certezas, de cómo lo más sensible del sistema se asienta en certidumbres volátiles.

La posibilidad de incidencia desde las ciencias sociales Uno de los múltiples ejes que vertebran las conexiones entre certeza e incerteza es el papel que juega la sociología en particular y las ciencias sociales en general en los procesos de transformación social. Tal vez sea esta década una en la que más fácilmente se haya aceptado el rol “progresista” de la elaboración y gestión de conocimiento científico sobre lo social. Tal vez sean estos primeros años del actual siglo un período donde más se haya acordado sobre la centralidad de la diferencia y la contingencia como rasgo de lo social. Pero también en estas múltiples dialécticas certeza/incerteza parece haberse producido una distancia no menor entre la radicalidades posibles de los cambios sociales y aceptaciones pragmáticas del posibilismo moralizante. Es en este último contexto que nos gustaría cerrar este trabajo preguntándonos por algunas de las conexiones posibles entre sociología y transformación social. En las actuales circunstancias uno de los eslabones más importantes para que se pueda comenzar un proceso por el cual se conecten (y re-conecten) sociología y emancipación lo constituye el camino de una crítica ideológica a las ideologías críticas. La academia parece estar siempre en actitud crítica, en posición “progresista”; ahora bien, el primer acto de vigilancia epistemológica debería ejercerse sobre dicha actitud. Un paso de suma importancia para la construcción de un proceso de vigilancia epistémica sobre nuestras prácticas de construcción de conocimiento lo constituye el mantenerse alerta frente al “grado” de reflexividad que contengan nuestras ideologías tenidas por críticas. Sin una actitud reflexiva que permita poner en “tela de juicio” nuestras imágenes del mundo, seguiremos construyendo un mundo a nuestra imagen y semejanza pero sin la posibilidad de ser discutido en base a informaciones, evidencias y creencias múltiples. Así, operar bajo una visión multiparadigmática de las ciencias sociales implica aceptar la necesidad de analizar críticamente nuestros propios sistemas de representaciones y clasificaciones. Sistemas que trabajan de modo rutinario e iterativo “por debajo” de nuestras opciones teórico-metodológicas. En este sentido, toda construcción de conocimiento debe poder – 277 –

oponerse al sistema de creencias de los que participan en dicha construcción. Bajo la consigna de producir rupturas con todo elemento naturalizado que exista en sus propias imágenes científicas del mundo social, los elaboradores del conocimiento sociológico deberían socio-analizar lo que en ellas hay de mecanismo fantasmagórico. Otro de los eslabones importantes para relacionar sociología y cambio social debería internarse en la indagación de las difíciles arenas que implica, en el contexto del juego democrático, la relación entre subjetividad y totalitarismo. Los mecanismos de dominación social enraizados en los procesos de apropiación e intercambio desigual, y legitimados con las astucias del sistema capitalista, están mudando. Una de las consecuencias de la aludida mudanza es la tentación totalitaria que todo régimen político tiene y que se presenta socialmente como única vía, como la última opción manifestada usualmente en la fórmula discursiva “esto o el caos”. Una sociología crítica –es decir, ortodoxa, por oposición al criticismo naturalizador tan en boga hoy en la academia–16 debería realizar un análisis de lo que en las fantasías sociales opera como mandato social ocluyendo los procesos de conformación de una subjetividad totalitaria o, para decirlo de otra manera, de aquellos procesos por los cuales se tejen progresivamente la aceptabilidad de las actitudes totalitarias. En este sentido, el análisis sintomático de los “juegos” posibles entre subjetividad y totalitarismo advendría el primer capítulo, y no el menor, de una sociología que pueda pensar el cambio social como ejercicio posible y plausible. Un tercer eslabón de las cadenas de reconexión entre sociología y emancipación social lo constituye el hacer visibles las posibles relaciones entre utopías e identidad. Desde siempre el análisis de los movimientos sociales ha preocupado a los sociólogos; hoy, luego de la era neoliberal, estos se vuelven cada vez más escasos e imprescindibles. Comprometerse con el surgimiento y desarrollo de las acciones colectivas en la región pasa, en primer lugar, por facilitar su visibilidad social. Comienza en la tarea de mostrar lo que en ellos hay de utópico y los procesos de construcción de identidad personal y colectiva que en ellos anidan. Así, en un contexto de alta fragmentación social y de pluralización de mundos de la vida, el análisis sociológico parece tener que sumergirse en la indagación de los procesos de contra-fragmentación. A casi cualquier cosa se le agrega el término “crítico” (que ya casi opera como sufijo) y con esto se supone que mágicamente cualquier banalidad se transforma en una gran elucubración. La ortodoxia sociológica es iconoclasta. Por lo tanto, una sociología crítica es, necesariamente, ortodoxa.

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Es decir, aceptando la pluralidad (de prácticas y discursos) que los fragmentos imponen, el oficio de sociólogo se podría encaminar a hacer ver cómo las utopías contemporáneas nacen de ellos y se elaboran contra ellos. La construcción de nuevas y durable certidumbres en beneficio de los explotados y necesitados es una tarea pendiente y urgente.

Bibliografía complementaria Adorno, Theodor (1986). Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento. Barcelona: Planeta-Agostini. Castel, Robert (2004). La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial. Durán, Antonio (2011). La verdad está en el límite. El cálculo infinitesimal. Navarra: RBA. Grant, Ted y Woods, Alan (2002). Razón y revolución. Filosofía marxista y ciencia moderna. Madrid: Fundación Federico Engels. Freud, Sigmund (1992); “El malestar en la cultura”, en Obras completas, tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu. Hacking, Ian (2005); El surgimiento de la probabilidad. Barcelona: Gedisa. Hacking, Ian (2006); La domesticación del azar. Barcelona: Gedisa. Laborit, Henri (1986). La paloma asesinada. Acerca de la violencia colectiva. Barcelona: Laia. Marcuse, Herbert (1985). Eros y Civilización. Buenos Aires: SudamericanaPlaneta. Nievas, F. y Bonavena, P. (2010); “El miedo sempiterno”, en Nievas, Flabián (comp.); Arquitectura política del miedo. Buenos Aires: Elaleph.com. Scribano, Adrián (2002). De gurúes, profetas e ingenieros. Ensayos de Sociología y Filosofía. Córdoba: Copiar. Scribano, Adrián (2010) “Estrategias de indagación social, multiplicidad y conocimiento: una mirada hacia el siglo XXI”; en Burity, Rodrigues y Secundino; Desigualdades e Justica Social: Diferencas Culturais & Políticas de Indentidade. Belo Horizonte: Editora Agumenvm. – 279 –

Scribano, Adrián (2010): “Filosofía de las ciencias sociales y estudios sociales sobre los cuerpos”, en Cecilia Hidalgo y Verónica Tozzi (compiladoras); Filosofía para la ciencia y la sociedad. Indagaciones en honor a Félix Gustavo Schuster. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO. Wilson, Edward (1975); Sociobiology. The new synthesis. USA: President and Fellows of Harvard College.

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VOCES DE LA CERTIDUMBRE EN LOS PUEBLOS DE OLAVARRÍA, ARGENTINA Entrevista a Maribel García por Robinson Salazar Pérez Entrevista que atiende las acciones que se realizan en los pueblos del partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, a través del programa instalado como política pública para resarcir los hilos asociativos de las comunidades rurales que tuvieron procesos de desestructuración en la década de los 90, donde los efectos de la política de privatizaciones de los recursos públicos, desmembró muchos núcleos comunitarios y rompió tradiciones, tramas sociales y provocó desplazamientos humanos. Hoy el programa Red de Museos Municipales de los Pueblos de Olavarría ha sembrado certidumbre, habilitado los resortes de las identidades y encaminó nuevas prácticas comunitarias que revitalizan a los pueblos de esta parte de Argentina.

Maribel García, directora de la Red de Museos Municipales de los Pueblos de Olavarría ¿Cuál es el diagnóstico de los pueblos de Olavarría después de la crisis de 2001 y cómo transitaron hacia la oferta del nuevo gobierno de 2003 encabezado por Nestor Kirchner? ¿Que aconteció en pueblos que fueron drásticamente afectados, Loma Negra, Sierras Bayas e Hinojo principalmente? Durante la crisis del 2001 en los pueblos se sentía una gran desolación. No éramos ajenos a lo que sucedía en el país, pero rescato algo muy interesante, las fuerzas que brotaron, no sé desde que lugar aparecieron para afrontarla. Eran momentos en que veíamos a la gente sin trabajo, pero no – 281 –

queríamos verlos sin esperanzas. Durante el 2001 comenzamos a proponer el trueque, como una opción válida. Y comenzó con una reunión pequeña, en la casa de Mónica Paoletti, donde también funcionaba la Casa de la Cultura, el Fautista de Hamelin, un lugar para los chicos en Hinojo, empezó a crecer de manera increíble. Éramos dos vecinas más de la comunidad y se sumaron otras de las calles contiguas. Fueron las mujeres las que comenzaron a tomar fuerzas y a demostrar que se podía, armando un sistema cooperativo, donde se ofrecían para pintar, hacer tortas, profesionales con sus servicios, y productos de los mas diversos. Eso sucedía una vez por semana, y se convirtió en un motivo de encuentro y plataforma para hacer frente a la situación general del país. Pero la crisis era muy fuerte, y empezaron a haber familias que vivían del trueque, así que organizamos una cooperativa, que funcionaba todas las mañanas y todos llevaban sus productos y así se podían pasar el día, al menos, y ayudar en la economía hogareña de muchas familias del pueblo. Creció tanto el trueque que comenzó a formarse en el patio cubierto de la Escuela N° 11, y el gimnasio del Club Ferroviario. Hacíamos una reunión por mes con todos los integrantes del grupo, y siempre recuerdo a un ex ferroviario que dijo: “A mí el trueque me devolvió dignidad, porque cortando pasto ahora le puedo llevar comida a mis hijos”, y en ese momento fue una alternativa válida. Más de quinientas personas se juntaban el día de la feria, y hasta editamos un boletín mensual, que se compraba también con los créditos del trueque. La propuesta fue creciendo y dimos charlas en los demás pueblos de la zona, donde copiaron el formato y lo desarrollaron, principalmente en Loma Negra, Sierras Bayas, Sierra Chica, Recalde, y en las ciudades de Azul Bolívar, Laprida y Lamadrid. Cuando alguien tenía el cumpleaños de un hijo o un bautismo por ejemplo, todos se sumaban, uno ofreciendo huevos para esa fecha, otros el sonido, las modistas con confección de vestidos, hasta un restaurante que funcionaba con créditos para las integrantes de la Red. Pero, dentro del pueblo funcionaba muy bien, cada uno conocía lo que producía el otro, si había algún inconveniente lo solucionaba. El problema que surgió en esta actividad colaboracionista y redes de reciprocidades fue al abrirse y ampliarse, venían personas de otros lugares, ofreciendo por ejemplo condimentos, pero en verdad era ladrillo rayado, siempre hay quienes intentan descarrilar los trabajos colectivos y lucran con la voluntad de otros, – 282 –

de ahí que el trueque se fue deformando al usar dinero, hacer negocios, y ahí nosotros nos quedamos al margen, porque no había una intención de lucrar con ese sistema, dependía de la buena voluntad de la gente, nada más. ¿Cómo fue la estrategia de incorporar a los pueblos a una política pública incluyente? Siempre hay una necesidad latente de inclusión de parte de los pueblos y ellos lo han venido pidiendo en forma permanente. La diferencia es que ahora el gobierno escucha a su gente, forma parte de sus reclamos y de sus necesidades. Lo que sucede en Olavarría, concretamente, hoy la gente de los pueblos puede hablar con el intendente mano a mano, porque se lo encuentra en la calle. Y ya no lo llama señor intendente, le dicen: “José”, y creo que eso habla también de una cercanía conceptual del otro, desde el gobierno, y desde el pueblo. ¿Explica cómo se incorpora un extensionista en el trabajo de los pueblos para ganar la confianza de los pobladores, incorporarlos a las actividades de participación social y qué incentivos manejas? Desde La Red de Museos Municipales de los Pueblos creemos en la necesidad de inclusión, de sumar permanentemente, de ahí que al trabajar en Red nos permitimos hacerlo con todas las instituciones, con cada vecino, con cada espacio. La forma es sentir como late diariamente ese pueblo, es compartir sabiendo del otro, y creyendo, por sobre todas las cosas, en las personas con las que contamos. Porque en cada uno tenemos una fuente de sabiduría, y eso debemos revalorizarlo. La confianza se gana con el respeto, con un trabajo serio, y el trabajo serio implica poder reírnos de nosotros mismos, hacer chistes, divertirnos. Lo profesional a veces lo relacionan con lo aburrido, y se puede ser muy profesional con una sonrisa en los labios cada día, con una broma, y buena predisposición, por sobre todas las cosas. ¿Cuál fue el primer pueblo que objetivizaron para el trabajo de Museos Populares y de qué manera de sembró la idea en la subjetividad de la comunidad? El proyecto en si creció cuando los vecinos comenzaron a pedir su propio Museo, ese para mí fue el momento en que se inicia la construcción social desde abajo. No lo imponemos, lo piden. Y en ese pedido nació una forma de trabajo: “Hay que empujar los confines, reconfigurar las relaciones, – 283 –

abandonar las viejas ortodoxias y favorecer el encuentro (de los museos) con la sociedad inclusiva”.1 Y fue en Espigas, donde había que comenzar desde las raíces, desde los cimientos, para que también se entendiera esta idea de museo, como componente clave de la vida cívica con responsabilidad social, intergeneracional. Ese espacio pensado como lugar de indagación del pasado común y debate de los problemas actuales, pero con proyección al futuro. Al principio la duda asaltó la razón. La pregunta: ¿Quién se va a ocupar de un museo en medio del campo, en un pueblo de 500 habitantes? Y hubo un compromiso del Gobierno Municipal y un acompañamiento de la comunidad en el proceso de armado del Museo. La necesidad de esa comunidad era convertir al museo en un lugar de encuentro, para que desde ese “encontrarnos”, comenzaran a surgir propuestas. Y eso fue lo que sucedió. Como lo afirma Elaine Heumann Gurian, consultora de Museos, “juntarse” es una actividad que debiera ser intensificada en todos los museos, los encuentros conversaciones e interacciones debieran ocurrir en los museos del mismo modo que suceden en los espacios públicos como plazas, cafés y bibliotecas. Nosotros comenzamos de esa manera, juntándonos con los vecinos en la plaza, en el boliche del pueblo, recuperando esa historia oral, que le dimos forma y la llevamos a la muestra. Son sus propias voces las que cuentan la historia de su pueblo. Y luego fueron ellos a contar al Museo, comenzamos con talleres, y cuando no había talleres se llevaban el mate y se sentaban a charlar, hasta hoy siguen esa acciones. En muchos casos, señoras mayores nos comentan que fue la primera vez que participaron de un Taller del Humor, por ejemplo. Que nunca habían tenido la posibilidad de juntarse así. Hoy trabajamos con los adolescentes, un proyecto de Historia oral, y narración oral, y ellos también están participando de los talleres de vida cotidiana junto con los abuelos. No se había pensado el proyecto con ese alcance, intergeneracional, pero se fue dando de manera gradual, y está funcionando. “La acción cultural es el arte de suscitar aspiraciones, no de responder a las demandas, porque las demandas no existen, se construyen”,2 y el taller de la memoria es un ejemplo que reafirma lo que dice el encargado de las políticas del público del Museo del Louvre. 1 Hooper Greenhill, “Nuovi valori nuove voci, nuove narrative”, Turín, Fondazione Giovanni Agnelli, 2003: 1-40.

Heumann Gurian, “Function follows form: how mixed-used places in museums build commity”, 2001, en Civilizing the Museum, Routledge, Londres, New York, 2006. 2

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Las exposiciones y los objetos en exhibición generan experiencia de todo tipo, sensibles, cognitivas, perceptivas, asociativas, relacionales, mediante dos resortes básicos, la resonancia y la maravilla. Silvia Aldroqui lo explica: “La resonancia tiene que ver con que el objeto remite al espectador a algo que trasciende de sus límites y evoca un mundo mucho mas amplio y complejo; la segunda se basa en la capacidad de determinados objetos para atraer y retener la mirada, para hacernos bajar los ojos, como nos recuerda Walter Benjamín, para punzarnos como describe Roland Barthes para comunicar un sentido de unicidad, para evocar una exaltada atención. Todo visitante de museo que encuentra en un museo algo propio, algo que le repercute y le hace eco, pasa por experiencias memorables”.3 Si los museos han de ser importantes para el visitante, entonces éste debe hallar en ellos algo que les pertenezca (Volkert). Pero esto no es un proceso que se da naturalmente y tampoco es igual para todos, es un trabajo, hay que producirlo, hay que investigarlo. Y va mas allá de conceptos, apela a otros modos de conocer, las emociones, las sensaciones, la imaginación. ¿La confianza de los habitantes se recupera a partir de qué pasos en el trabajo colectivo? Mientras respondo abro la página de la Red de Museos Municipales de los Pueblos. Y me encuentro con una fotografía de un auto viejo pintado y cubierto de plantas con flores, en su interior. Debajo estas intervenciones de vecinas del pueblo: Yoly Olivera: –Lo más bonito!!!! Maribel Garcia: –Yoly, como te ves pintando florcitas??? jajjaaa Yoly Olivera: –REINAAAAA, Sacamos acrílicos, acuarelas, oleos, pinceles y a pintar !!!! Marcela Heinrich –Qué bueno para el museo!!! Recibiendo la primavera!!! A buscar un autooooo!!! Yoly Olivera: –Marce, diosa vos nos das una mano!!!!!! Yoly Olivera: –Además, idea genial!!!! Marcela Heinrich: –Siiii... a buscarlo... tengo otra idea, tengo un carro antiguo, podemos con eso? Yoly Olivera: –Yaaaaaaaaa a traerlo aunque Maribel no contesta ya debe estar en el museo... le digo... siiiiiii, Marce dale... Maribel Garcia: –Sssssiiiiiii!!!!! Recibimos asi a la primavera!!!!! me encantóoooo!!!!!!! 3

Silvia Alderoqui, “Educación en Museos. Teoría y practicas”. – 285 –

Creo que es el mejor ejemplo para mostrar como se genera la confianza, haciendo, y dejando hacer. Sugiriendo y aceptando, creando y creyendo. Por sobre todas las cosas, creyendo. Y a partir de este disparador verán un carro en el patio del Museo, cubierto de flores recibiendo la primavera. Como se han visto a los crotos volviendo a caminar por las vías, las estaciones abandonadas transformadas en Museos, la magia de los cuentos en las narratones, poniéndole el alma, el corazón, las ganas, así. Y cuando todos se sienten partícipes del proyecto se logra la confianza, porque lo hacemos entre todos, y así cada cual cumple un rol dentro del grupo, todos podemos pintar, ofrecer, estar, participar. ¿Cuáles son las actividades que has instrumentado en casos como Hinojo que es un pueblo más cohesionado y tradición histórica muy fuerte? Las actividades que he instrumentado en Hinojo han sido todas actividades colectivas. El aroma de los hinojos impregnó al pueblo de un nombre particular desde que fue fundado, en 1887. Pastos e hinojos conformaban el paisaje, aunque unos pocos habitantes ya lo habían elegido en 1883, fecha en que las vías del ferrocarril abrían el suelo para darle otro perfil a estas tierras. Ya el nombre del pueblo nos dio una impronta, contar las características del hinojo como planta usada en la antigüedad por sus beneficios, y allí colocar plantas de hinojo, para sentir el aroma, y el color, ¿por qué no el sabor de sus semillas?. El lugar donde funciona el Museo es la vieja estación de trenes que estaba abandonada. Ya recuperar ese espacio histórico fue muy importante para toda la comunidad. Y luego sumarle al espacio historias interesantes, ahí nació la sala del amor, un lugar donde guardamos todas las historias de amor que nos fueron contando los vecinos, pero una pared habla de la actualidad, pintada de rosa fuerte, es el lugar donde los visitantes dejan sus mensajes de amor, corazones, pequeños relatos, fechas, iniciales, formando parte de un presente con historias para contar. El festejo de San Pedro y San Pablo, se realizó por segundo año consecutivo, todas las instituciones arman su propio muñeco, y en su interior colocan todas las penas para quemar, que el poder purificador del fuego se llevara. Lo hacen en la escuela, en el Centro de Jubilados, en el Jardín de infantes, donde ponen la penitas, y ese día, chicos, adolescentes y adultos se juntan para participar de la fogata. Hubo más de 140 muñecos y 700 personas. Este – 286 –

año 2012 la misma experiencia la hicimos también en el museo de la Piedra de Sierra Chica, con excelentes resultados, contando con la participación de toda la comunidad. También este año tuvimos una actividad especial con las Croteadas Pueblerinas, inspirados en el libro de Hugo Nario, “Bepo, el ultimo linyera”, y en la película “Que vivan los crotos” de Ana Poliak, rememoramos las épocas donde los trabajadores golondrinas caminaban por las vías, pasando por los pueblos, y formaban parte del paisaje cotidiano. Esos linyeras, o crotos, con ideas anarquistas, que fueron los que comenzaron a difundir las formas de organización de sindicatos, y vivir de manera libre, hoy tienen una agrupación que los representa y nos acompañaron en las croteadas: La Agrupación de Crotos Libres de Mar del Plata, unos diez integrantes se sumaron y seis colectivos completos, de gente que quiso participar de la actividad, nos llevaron a la estación de Sierras Bayas, donde funciona el Museo Municipal de la localidad, con exposición de artistas plásticos locales, y fuimos caminando por las vías hasta Boca Sierra, llegando mas tarde al Museo Municipal de Hinojo, donde los vecinos también se sumaron a la ranchada (forma en que los crotos denominaban los grupos que se formaban alrededor de un fuego, a los costados de las vías del tren), narradores contaron historias en el andén, finalizando con un gran guiso croto, que para poder comer había que llevar una lata, ya que los linyeras así lo hacían. Se hizo una exposición con la historia de los crotos en Argentina, y con reseñas particulares de linyeras conocidos en cada uno de los pueblos. También las muestras comenzaron a salir del Museo, para que toda la comunidad pudiera disfrutar de ellas, por eso trasladamos la muestra a los almacenes y lo denominamos “El Museo de Yapa”, mientras hacían sus compras o esperaban su turno tenían la posibilidad de reconocer a sus convecinos y parte de su propia historias. Festivales de narradores, Cuentacuentos, que llegan al Museo a contar sus historias, para chicos y grandes, domingos de charlas, películas, fiestas navideñas. El domingo la gente se reúne en el parque, frente al museo, o muestras para el día del niño denominada: “Yo también fui chico”, con fotografías de todos los vecinos del Pueblo, el Museo quedó totalmente empapelado de las fotos con mensajes, dado que los familiares se encargaron de que no hubiera ausencias. “Recetas de la abuela, y mías también”, fue el disparador para intercambiar recetas de cocina, todas llevaron sus libros de cocina, y la sorpresa fue que muchas adolescentes también lo tenían, aparecieron secretos, y hasta remedios – 287 –

caseros que se usaban cuando no había una farmacia cerca. Además un grupo de adolescentes participó del taller puesto que están trabajando en la elaboración de licores artesanales para vender. Y se llevaron consejos y experiencias. El primer aniversario del Museo se festejó en el parque, todas las instituciones armaron banderines, que estuvieron en la plaza dando la bienvenida al cumpleaños, y todas las instituciones del pueblo armaron una torta gigante, de distintos materiales reciclables, para regalarle al museo en su primer año. Hubo música, comida, y se descubrió un objeto guardado en las paredes de la estación que habían dejado los últimos empleados en la década del 80, el jefe de la estación de esa época llegó a Hinojo para compartir ese encuentro. ¿Y para pueblos con menor cohesión por singularidades que tienen que ver con su memoria histórica, formas de trabajo, diversidad de comunidades inmigrantes y vínculo con la empresa cementera, que estrategias de incorporación utilizas para incentivar la participación? En esta etapa estamos recuperando fotografías, y documentos, pero una vez finalizado el trabajo más grande de armar la muestra, el guión museográfico y museológico, comenzaré a trabajar en el pueblo con su gente. Es necesario visitarlos, charlar, contar, descubrir, para que ahí el museo pueda transformarse en el lugar de todos. Lo notamos el día que hicimos el primer encuentro de la comunidad con narradores, para hacer la noche de “Los duendes de la villa”. En ese momento hubo una entrega total, por eso pensamos que sólo hay que despertar esa confianza que hoy tenemos en los demás museos. La primera aproximación al espacio tiene que ver con la recuperación de un lugar muy importante que fue la sede del Hogar Infantil, un edificio que estaba abandonado, desde el 2001, que fue cerrado en forma definitiva, y donde pasó la infancia la mayoría de los lomanegrenses, desde la década del 30, y en poco tiempo mas se convertirá en el Museo. Todos los comentarios que se hicieron en las redes sociales se refirieron a la importancia de ese espacio para cada uno de los habitantes, por eso una de las paredes será de corcho y les permitirá a cada uno poner la fotografía de su paso por el jardín, el holograma colectivo en la memoria del pueblo. Lo importante es poder hacer sentir el Museo como propio. Así sucedió en Espigas, en Hinojo, y esperamos que ocurra en la Villa Alfredo Fortabat, donde quedará inaugurado el octavo Museo de la Red de Museos Municipales de los Pueblos de Olavarria. ¿Podrías mencionarme algunos hechos y anécdotas que podamos captar empíricamente sobre la confianza en los pueblos, por ejemplo, retorno a la – 288 –

comunidad, recuperación de espacios públicos, tradiciones y costumbres, entre otras? La narración oral fue una de las bases para comenzar a integrar los distintos grupos y hacer vivir intensamente a cada visitante en el Museo. En los encuentros quedaron demostradas las palabras del narrador e investigador Francisco Garzón Cespedes: “La oralidad nos hizo humanos y nos completa como humanos: No es sustituible porque es nuestro principal instrumento para la comunicación, la formación y la calidad de vida. Contar es reinventar la voz de los sueños y de las verdades. Contar es compartir la confianza.” Cuando organizamos el primer recorrido por los Museos con la actividad denominada “Cincuenta que cuentan”, en el que cincuenta narradores de Buenos Aires y de La Plata, junto a los visitantes llegan en colectivos a los siete pueblos donde se encuentran los Museos, recibimos correos de todos los que participaron, y todos los años insisten en venir a los museos de los Pueblos a la narratón. Estas son sus apreciaciones:

Cincuenta que cuentan Olavarría, 2 y 3 de abril Ana María Oddo Había una vez un país donde no existían los relojes. Allí el tiempo no se medía en horas, minutos y segundos sino en intensidad. La intensidad, por ejemplo, de la emoción, de la alegría, del abrazo profundo, del aplauso que nace desde el alma y se entrega como un regalo de amor, del apoyo al compañero, del placer de la escucha, de las ganas de comunicar y compartir. Ese país se llama Narratón y queda en las tierras de Olavarría, tierras de bajas temperaturas, que el visitante nunca siente porque la calidez de sus habitantes alcanza para templar el cuerpo y la voz. A ese país llegamos un grupo de narradores de Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Y un invitado especial, andaluz hasta la médula, Miguel Fo. El jefe de la expedición fue Claudio Ledesma, líder, maestro, compañero, narrador de voz acariciante y de mirada franca. Pero en Narratón ocurren cosas poco vistas: los jefes se hacen servidores, los más poderosos sostienen a los más débiles, los más experimentados aplauden a los novatos y todos se suben al tren de cada cuento y se dejan llevar por la voz del narrador o de la narradora por recorridos insospechados, que pueden llegar hasta la luna, echando a volar todos juntos multitudes de mariposas, amasando los más exquisitos chipás, – 289 –

envasando besos caseros para todos los gustos o participando de un baile de disfraces en el Boliche El Resorte, que, aunque usted no lo crea, tiene una sucursal allí mismo, en Narratón. Como si esto fuera poco, hay un fuego que, en las noches, baila sobre los troncos y dibuja en el aire las figuras de los sueños, los recuerdos del pasado y las formas del amor. Y no otra cosa que formas del amor fueron la fidelidad de la gente, chicos y grandes, que nos acompañaron pueblo por pueblo, sin cansarse, dispuestos siempre a escuchar un cuento más; la generosa invitación de Maribel a participar de su programa de radio, después de habernos presentado en cada uno de los museos; la dedicación con que los encargados de La Casa del Deporte nos atendieron y solucionaron los problemitas que se fueron presentado. No otra cosa que formas del amor fueron los abrazos de despedida, las miradas profundas y la promesa de volver a encontrarnos en ese país que no tiene relojes ni tiene colorín colorado porque en Narratón, los cuentos, por suerte, no han terminado. ([email protected])

Mi viaje a Olavarría Un día primero de Abril y un punto de encuentro, desde donde a las 22 horas, alrededor de cincuenta personas, nos subimos a un ómnibus que nos iba a llevar a Olavarría. El objetivo común, IR A CONTAR CUENTOS. Para algunas como yo, una experiencia nueva, en compañía de otros experimentados, que no por ello dejaban de traslucir sus expectativas. Llegamos a las cuatro de la mañana, a “La Casa del Deporte”. Un lugar hermoso y cálido, y desde ese momento, siempre la hospitalidad de la gente tratando de darnos la mejor comodidad posible. A las 9 de la mañana del viernes, entre café con leche, medialunas y mates, la charla, los primeros contactos con la gente nueva y el paseo hasta el centro, por una avenida amplia y limpia y un cielo diáfano. Haciendo honor a la Semana Santa, almorzamos una cazuela deliciosa y abundante. Cocinero y dueño del lugar, trabajando a la par, para que nada nos falte. A las dos de la tarde, partimos desde el Museo Dámaso Arce, hacia el Pueblo de Loma Negra. ¡Qué lindo recibimiento! Allí, en la Plaza, “abrieron el fuego” Claudio, Sasa, Raúl y Miguel. Cuentos endulzados con cosas ricas y la calidez de chicos y grandes, “pegados” a los relatos. El recorrido de la tarde seguía hacia Colonia Hinojo y Sierra Chica. La Colonia fue Fundada el 5 de enero de 1878, por Alemanes del Volga: ocho – 290 –

familias y tres solteros llegados al país en diciembre de 1877, desde Rusia. Nos contaron que luego nació Colonia Nievas, fundada por 20 familias, en las inmediaciones de Hinojo. San Miguel, fue fundada en las inmediaciones. Fue allí, en San Miguel, al día siguiente, en el Museo Miguel Stroessel Müller donde pudimos probar tortas tradicionales. No hay casa del lugar que no siga con la tradición de elaborar la Dinne Kuchen, más conocida como “Torta Rusa”. Hablé con una señora que me contó que nació en Diciembre de 1936, aunque en su documento figura como nacida en Marzo de 1937. Cuando nacían otros hermanos se ocupaban de ir a registrarlos a todos juntos. Sus padres y abuelos paternos llegaron de Rusia en 1878, con el único capital que constituía el sabio oficio de trabajar la tierra. Ella forma parte de una larga cadena de mujeres, que no se transmiten el apellido, pero que se van pasando secretos, historias, luchando por el amor, la familia, en medio de la dura tarea diaria. Se vistieron de gauchos, pero no abandonaron las tradiciones de su identidad. Mate, Chucrut, Asado, Torta Frita y Torta Rusa. El boliche “El Resorte” y el “FILE DANKE” (muchas gracias en alemán.) En cada museo, contamos historias. De autor, de anónimos y cuenteros que se “destaparon” como escritores. Museos llenos de recuerdos: los viejos enseres domésticos, los manteles al crochet, los bordados a mano, la cocina a leña, las pavas grandotas, las tazas para el té, el viejo mate, el retrato anónimo, la valija de cuero (tal vez todavía resguardando sueños), la vieja lámpara, los muebles traídos desde tan lejos... Cuántas historias mudas en cada objeto, en cada fotografía. Hasta la receta de cocina amarillenta, enmarcada en un cuadrito. En el Museo de Sierra Chica, una gigantografía sobre una vieja foto de los “Picapedreros”, poblaba una pared. Nos contaron, que trabajaban todos los días desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, incluyendo los sábados y el domingo al mediodía. Con terribles calores que quemaban sus cuerpos, obligados a vestir camisas, sombreros y pañuelos en la cabeza, y debajo de la ropa se colocaban hojas de repollo o de parra como aislantes. Así era la vida de los picapedreros, un puñado de verdaderos artesanos de la misma piedra que hoy trasciende a Olavarría y se ve reflejada en obras realizadas con granito de Sierra Chica en diversas partes del mundo. Yo no sabía que este lugar de mi país, es el único en el mundo de donde se extrae el granito rojo, que deambulo cuando visitó la Catedral Metropolitana. En la noche del viernes, se organizó el Fogón en el Zoológico “La Máxima”. Ya eran pasadas las 20 horas cuando arribamos. Nunca había paseado – 291 –

por un Zoológico a esas horas. Sugirió la idea de la caminata de la Directora del Zoo Y yo que soy porteña, orgullosa de mi amado jardín, quedé maravillada por los amplios espacios que disfrutan los animales y el cuidado minucioso que les brindan. Las privilegiadas condiciones del ambiente que les permiten criar ejemplares de Cóndores en extinción, que no se reproducen en cautiverio normalmente, para luego devolverlos a sus espacios naturales. Los monos no están en jaulas. Gozan del aire libre. Vimos ejemplares de pavos reales, de esos de todos colores y una rareza: los pavos blancos reales. ¡Dormían arriba de los árboles!. Hace pocos días, habían nacido dos cachorritos de León (“un parto no deseado”, como dijo nuestra guía) y en este Zoo de “rarezas”, los leones machos, que generalmente atacan a sus crías, los cuidan en conjunto con la madre leona. Dos cachorritos hermosos que semejaban dos gatitos rechonchos. En el andar, descubrimos esculturas que se están realizando sobre árboles añosos, muertos de pie, que simbolizan el hombre y el amor, la fe y el derecho de aprender. El fogón con los cuenta-cuentos, elevó la calidez del espacio. Chispas de fuego y llamaradas de cuentos, culminando el mágico recorrido nocturno bajo un cielo plagado de estrellas, y de verdes olores... Cuando Claudio nos contaba sobre los HORNOS DE LA CALERA, (Museo Municipal de Sitio Calera La Libertadora) así, con mayúscula, porque es GIGANTE, no lo pude creer hasta que lo viví: contar adentro de ese horno enorme, fue de cuento... Una mañana, algunos “aventurados” (era tempranito y nos habíamos acostado tarde) llegamos a la radio. Allí estaba Maribel García, la directora de los museos, con su gente, y por supuesto, mate y factura. La charla fue divertida. Partimos con “¿cómo llegaste a contar cuentos”? hasta que nos juntamos con Beatriz Cunioli, comentando el desarrollo de su muestra Fotográfica “Vulnerables”, que trata sobre mujeres y niños en situaciones de riesgo. El sábado a la noche, estuvimos en el Museo Municipal de Artes Plásticas Dámaso Arce. Este artista ya desaparecido, nació en España en 1874 y llegó a la Argentina, como tantos otros inmigrantes en l887. Fue orfebre, un cincelador autodidacta e impulsor de la platería en Olavarría y fundó este museo. En 1937 realizó una exposición de sus obras en las Galerías Witcomb, gracias a su relación con Benito Quinquela Martín. Describir sus jarrones, es un capítulo aparte. El Museo estaba colmado. Y se sucedieron los cuentos y las emociones. Los abrazos de la despedida. Nuevos amigos, de aquí y de allá. – 292 –

Me llevo de los Museos de los Pueblos de Olavarría, la experiencia iniciática de contar transitando caminos. Lo que me sentó amargo, fue el recorrido de toda la zona del Ferrocarril. Las estaciones, esos armatostes de construcción inglesa que resisten los embates del tiempo, convertidas en museos. Vías muertas. Cementerio de trenes. Alguno de carga (o su fantasma) andando por alguna línea, de tanto en tanto despierta. Pasa de vez en cuando, como para no olvidar el sonido de su andar. Regreso con la esperanza de volver pronto; muchas preguntas quedaron sin hacer. Porque una cosa es buscar respuestas en terrenos virtuales y otra la palabra y la visión de la gente. Tengo en mi corazón y en mi alma la alegría de pertenecer a un país grande y hermoso. Y un deseo profundo: la apertura de las fábricas hoy vacías, y el Ferrocarril uniendo la Patria. Y un cuento para un futuro mediático: ...“En Olavarría hubo una vez estaciones convertidas en museos. Tuvieron que construir espacios nuevos para albergar los testimonios que relatan la historia de inmigrantes y criollos de la zona. Hubo que hacerlo, porque las Estaciones del Ferrocarril, están trabajando a pleno con los trenes que circulan, todos los días”. Así aquellos que nos visitan, viven en plenitud esta propuesta de sentir nuestros lugares, objetos e historias. Esa experiencia volvió a reafirmarnos que los cuentos, los mitos, las leyendas, son desde su surgimiento fuentes de sabiduría, fuentes de imaginación y de verdad, recreación artística de la realidad, modos de ver y de entender el mundo. El ser humano comienza a volver su mirada a la oralidad porque empieza a entender que la oralidad está en la base de todo y que, por tanto, no puede ser sustituida, porque enseña a imaginar, que es enseñar a relacionarse con la vida, no sólo con el arte y la literatura, sino también con el desarrollo de la técnica y de la ciencia y de las relaciones humanas, de mirarse, escucharse. ¿Y la vinculación de jóvenes y niños de qué manera se lleva a cabo? En los museos tenemos un grupo que llamamos “amiguitos del Museo”, ellos son los encargados de presentar al pueblo cuando vienen visitas, de dar la bienvenida, de contar sus historias, y además hacemos intercambios, visitando otros museos. En el caso de los jóvenes el acercamiento se produjo a través de la narración oral. En el primer encuentro que se realizó en Hinojo hicimos una función dedicada a ellos, cuando empezaron a llegar escuchábamos sus lamentos y – 293 –

quejas por no querer ir a escuchar cuentos. Los narradores, prevenidos les dijeron que no creyeran que eran los cuentos de su infancia. Que les iban a contar cuentos para grandes. Ya la actitud de ellos cambió, En un rato comenzaron a pedir mas historias y no se querían ir. En Espigas los adolescentes propusieron a los docentes un trabajo desde la narración oral y comencé contando historias, y ellos escribieron y contaron las propias. En un primer momento pensé que iba a ser muy difícil, pero los adolescentes son incondicionales, cuando lo aceptaron ya está. Y este año están preguntando cuando vuelven los Cuentacuentos. ¿Qué fortaleza le ve a los pueblos que han recuperado la certidumbre y confianza en Olavarría? Cuando se recupera la confianza se vuelve a creer, a construir, a luchar por lo que se quiere y pedir por lo que no se tiene, pero no solo esperando que los demás lo lleven a cabo, sino haciendo, participando, creando. Creyendo. Y en los pueblos se siente. Y en los Museos Municipales de los Pueblos se ha demostrado. Querer y creer es fundamental para que los proyectos cobren vida. ¿Existe la posibilidad de instrumentar la estrategia que han socializado en los pueblos de Olavarría en otras latitudes y países? Claro que existe la posibilidad de instrumentar esta forma de trabajo en otros sitios. Porque está basado en construcciones sociales, con la misma gente del lugar, aunque cada museo tiene un enfoque diferente. En cada uno se realzan sus fortalezas y se trabaja sobre sus miedos y sus historias olvidadas, pero por sobre todo se apuesta al presente, con actividades concretas para los distintos grupos, teniendo en cuenta el relativismo cultural. Actividades que en un pueblo tienen mucha aceptación en otro no, y eso nos sucede diariamente. Pero la base de nuestro proyecto es igual para todos los museos, haciendo hincapié en la oralidad, en las formas de sentir un espacio, una historia, un objeto. Porque se necesita un trabajo responsable de un equipo que piense en llevarle a la gente la opción de contarse a sí misma, de darse a conocer, de otorgarles posibilidades de mirarse. Nuestro equipo es pequeño, están las encargadas de cada museo, que son vecinas del pueblo, a quienes vamos – 294 –

acompañando con talleres y apoyo teórico. Con ellas nos reunimos una vez por mes. Como Directora de los Museos, les planteo los proyectos y propuestas a desarrollar, entre todas les vamos dando forma y comenzamos a trabajar. Luego nos reunimos con los amigos del Museo de cada pueblo Tenemos un equipo de diseño del Área de Comunicaciones de la Municipalidad, dos administrativas, y dos personas de mantenimiento que nos ayudan con los arreglos del patio y pequeños quehaceres en cada Museo. Lo importante es descubrir la imagen poética de cada espacio, como explica Bachelart, aquellas imágenes que hacen eco inmediato en nosotros, un producto directo al corazón, del ser del hombre captado en su actualidad. La narrativa del museo interjuega constantemente con la narrativa de los visitantes, porque todos tienen algo para contar y compartir. Los objetos y sus representaciones se constituyen en bienes y valores de una identidad común, al decir de la educadora de Museos, Silvia Alderoqui, el patrimonio se ofrece como fuente de conocimiento y se concibe como objeto-huella, portador de una cultura que da cuenta de aspectos relevantes de nuestro pasado y presente. Nadie se queda en silencio, todo provoca comentarios, risas y a veces lágrimas de emoción. Tras las primeras respuestas, mas o menos nostálgicas, mas o menos críticas, se restaura la comunicación, y los visitantes entablan desde su horizonte de experiencias y expectativas, todo un juego de lecturas, metáforas, interpretaciones y conversaciones.

Bibliografía complementaria Alderoqui Pinus D, 2009, “La curaduría educativa en el desarrollo de exposiciones”. (9-3-200). Francisco Garzón Céspedes, “Por una política de estado sobre la oralidad” http://ciinoe.blogspot.com.ar/2010/03/boletin-de-prensa-de-la-ciinoedonacion.html

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EL DEPORTE COMO ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y CERTIDUMBRE

DERRIBANDO MITOS HACIA LA UTOPÍA Paula Negroni “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo” KARL MARX - XI Tesis sobre Feuerbach

Introducción Inspiración en acción: recuperando el sentido de la experiencia La experiencia reseñada es muy enriquecedora y compleja. Constituye una humilde pero genuina muestra de las potencialidades de la Educación Popular y de la importancia de la sistematización como ejercicio teóricopráctico de interpretación crítica y transformación de la realidad; como proceso constructor de pensamiento, de identidad y de sentido; como factor de unidad y desarrollo de proyectos alternativos; como aporte a la renovación de la teoría y la práctica de los procesos educativos y organizativos. La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y porqué lo han hecho de ese modo.1 Es un dispositivo colectivo de recuperación y lectura crítica de la práctica organizativa estableciendo su sentido, los componentes y procesos que intervienen en ella, cómo intervienen y qué los relaciona. Su finalidad es producir nuevos aprendizajes en la perspectiva de contribuir al fortalecimiento y consolidación de la organización popular, en su propósito de conformación 1

Jara, Oscar (1994): Para sistematizar experiencias, Costa Rica, ALFORJA. – 297 –

del pueblo como sujeto histórico protagonista de una transformación social alternativa.2 Se trata de un proceso de creación participativa de conocimientos teóricos y prácticos, desde y acerca de las prácticas de transformación emancipadora, con el propósito de reflexionar sobre su propia praxis, como sujetos colectivos, y que puedan ser verdaderos protagonistas en la identificación y resolución de sus necesidades y deseos, tanto cotidianos como históricos, superando las relaciones y mecanismos de subordinación que se oponen a esta transformación.3 Es una oportunidad para reconstruir la experiencia, generar conocimiento de manera participativa, dotar de sentido y teorizar la práctica. De igual manera, posibilita democratizar el conocimiento, involucrando de manera activa y participativa a los sujetos con los que se desarrolla la experiencia; estableciendo una comprensión dialéctica y dialógica. Por su parte, Sergio Martinic4 sostiene que, aunque en la sistematización es central la producción de conocimiento (reconstruir, interpretar, teorizar), su cometido no se agota allí; también aparecen como dimensiones o dominios propios de la sistematización, la socialización a otros del conocimiento generado (comunicación), su carácter de experiencia pedagógica para quienes participan en ella (formación) y su interés en potenciar la propia práctica que se estudia (transformación y participación), y el de comunicar los conocimientos. Entonces, la misma es un dispositivo pedagógico; un proceso formativo integral que fomenta la constitución de sujetos críticos y creativos, generando un empoderamiento colectivo que posibilita que los actores sociales adquieran conocimientos que los potencie como sujetos de poder. De este modo pretende romper con el fatalismo histórico y el pensamiento único en el terreno de la política y con el determinismo en el terreno de las ciencias sociales. Paulo Freire consideraba que “solo hay historia donde hay tiempo problematizado y no preasignado. La inexorabilidad del futuro es la negación Jaramillo, Javier (1994): Sistematización de experiencias de educación popular y de adultos. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional.

2

3 Latapí, Pablo y Félix Cadena (1983): La Educación No-formal en México: un Análisis de sus Metodologías. En Marcela Gajardo, ed., Teoría y Práctica de la Educación Popular. Ottawa, Canada, IDRC Manuscript Report-MR81s.

Martinic, Sergio (1998): El objeto de la sistematización y sus relaciones con la evaluación y la investigación. Ponencia presentada en el Seminario Latinoamericano de Sistematización de Prácticas de Animación Sociocultural y Participación Ciudadana en A.L, Medellín. 4

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de la historia”.5 En esta línea, la sistematización pretende hacer revivir la curiosidad y la rebeldía, a la vez que superar el acomodo intelectual. La historicidad de la interpretación supone entender la lógica de la experiencia particular para descubrir aquellos hilos invisibles que la relacionan con la integralidad del momento histórico del que forma parte y en el que pretende incidir (Antoni Verger i Planells6). Transformar la realidad exige comprenderla, lo que demanda la necesidad de producir conocimientos desde los procesos cotidianos. Si los proyectos están orientados a transformar el acceso de las mujeres y de los hombres a los bienes y servicios en función de la equidad, los conocimientos de cómo se producen esas transformaciones y los avances en su logro, a partir de las prácticas de sectores productivos específicos, son indispensables. La comprensión de nuestras prácticas es indispensable para extraer y compartir enseñanzas y para la construcción de una teoría que responda a la realidad de nuestras comunidades, que impulse el aprovechamiento adecuado de los recursos disponibles, así como la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, considerando las necesidades y la diversidad de intereses de las mujeres y de los hombres. Investigación Acción Participativa Esta metodología combina la teoría y la praxis, ya que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.7 Se logra así que la comunidad sea la autogestora del proceso, en un proceso cíclico de reflexión-acción-reflexión, en el que se reconfigura la relación entre conocer y hacer, entre sujeto y objeto. Este enfoque implica un replanteamiento epistemológico, político, y por tanto metodológico: rompe con el binomio clásico de sujeto y objeto de la investigación; toda investigación parte del contexto de la comunidad implicada, buscando la transformación de la realidad de las personas involucradas; esto implica operar también al interior del sistema vigente y lleva a la 5 Freire en Jara, Oscar (1998): El aporte de la sistematización a la renovación teórico-práctica de los movimientos sociales, Costa Rica, ALFORJA.

Disponible en: http://www.alboan.org/archivos/353.pdf

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Bolívar, Antonio (2007): Ciudadanía Democrática y Comunitaria en Educación y Cultura Democráticas. Antonio Bolívar, Amador Guarro (compiladores). Madrid, Wolters Kluwer. 7

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participación de los ciudadanos en la resolución de las situaciones problemáticas que los aquejan, asumiendo críticamente la realidad. Por ende, la investigación participativa es un método de especial relevancia para los esfuerzos de la Educación Popular, pues a la vez que permite el rescate de los elementos culturales propios de una clase social subalterna, el proceso mismo de la participación en la investigación refuerza –educativamente– dichos elementos (...) En el proceso de generación de conocimientos se va gestando una conciencia sobre la realidad. Es un proceso profundamente educativo ya que implica la toma de conciencia de la necesidad de transformación de la realidad. Precisamente porque el conocimiento se genera en el proceso de transformación de la realidad.8 La rigurosidad metodológica no es incompatible con la existencia de elementos subjetivos. No se investiga por conocer. Se investiga para transformar. El objetivo de la investigación es la ACCIÓN TRANSFORMADORA. La recuperación colectiva de la historia permite objetivar los distintos elementos que intervinieron, valorarla y reconocer los factores de identidad que se han mantenido pese a todos los cambios ocurridos. Así como también fortalecer la capacidad interpretativa y propositiva de las propias organizaciones, descubrir y explicitar la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo.9 La interpretación, permite descubrir el sentido de una experiencia, construye su sentido; se trata de una intervención de y en la práctica, puente para producir conocimiento y reflexión crítica sobre la misma. Son dos instancias que permiten mediar en la tensión teoría-práctica y posibilitan una intervención reflexiva y dinámica. Desde esta concepción metodológica dialéctica la realidad social se entiende desde el interior de su propia dinámica y para comprenderla resulta necesario colocarnos como sujetos que han participado de su construcción.

Schmelkes, Silvia (1986): Fundamentos teóricos de la investigación participativa. En Picón, César (Coord.); Humberto Barquera; Pablo Latapí, Silvia Schmelkes, Leonel Zúñiga. Investigación Participativa: Algunos aspectos críticos y problemáticos. Pátzcuaro, Mich., CREFAL.

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Jara, Oscar (1994): Para sistematizar experiencias, Costa Rica, ALFORJA. – 300 –

Educación Popular: la vigencia del legado de Paulo Freire10 “La política no es un medio. La política es una afirmación. La afirmación de que otro mundo es posible.” (Alain Badiou) La Educación Popular, explícitamente política, aglutina una perspectiva comunitaria; una concepción de la educación como construcción colectiva del conocimiento; el impulso de procesos de auto organización hacia una democracia más real y directa; el protagonismo de la subjetividad de las personas; las actividades culturales como herramientas educativas y la posibilidad de ser en ellas protagonistas y la forma de entender el cambio social que, sin renunciar a lo global, pretende incidir en lo local y cotidiano. Cuando me uní a la Asociación Civil Causa y Efecto11 junto con mis compañeros imaginamos un espacio educativo y un espacio de encuentro. Un espacio abierto, participativo y colectivo. Así con los años construimos un nosotros diferente, solidario, cooperativo, incluyente, integrador, colectivo, que se erigía como alternativa a la marginalidad y la exclusión dispuesta por otros, apoyándonos en la dignidad como motor del cambio y recuperando a la educación como herramienta indispensable para la transformación social. Profundicé sobre este tema en mi Tesina de Grado (2010):“Construcción de ciudadanía e inclusión socio laboral “Proyecto Revivo”. Experiencia de trabajo con jóvenes en la zona Oeste de la ciudad de Rosario.” Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe. Argentina.

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La Organización Social Causa y Efecto nace en el año 2003, en el contexto de una abrumadora realidad social, política y económica, erigiéndose como una forma de resistir la pobreza, la desigualdad, las prácticas políticas clientelares y la ausencia del Estado. Hoy, insertos en otra coyuntura, plantea que debe posicionarse no sólo desde la resistencia, sino también desde la disputa democrática por espacios de poder político. Levantando las banderas de la IGUALDAD, la DEMOCRACIA, la AUTONOMÍA y la ORGANIZACIÓN POPULAR, desde 2003 trabaja en el Distrito Oeste de la ciudad de Rosario, principalmente en el barrio denominado “Villa Banana”, donde ha construido su casa en las intersecciones de Pje. Independencia y Valparaíso. Con las banderas antes mencionadas encara los proyectos y las iniciativas en las que participamos. Actualmente, se organiza en un espacio de Educación Popular (Apoyo escolar –Alfabetización de Adultos– Espacio deportivo “Las Lobas), un espacio de Economía Social y Trabajo (Huertas comunitarias- Emprendimiento de costureros) y un espacio de vinculación con los Movimientos Sociales y el Estado. En este sentido, forma parte de diferentes espacios constituidos por organizaciones de distinto carácter como las Organizaciones Sociales del Oeste, la Mesa de Gestión del CIC Oeste y la CTA, desde donde construye con otros y al mismo tiempo participa de los conflictos sociales que involucran a los sectores populares.

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Defendemos desde entonces un proyecto educativo explícitamente político; una educación que se ocupa de las necesidades sociales y de cómo afrontarlas colectivamente. Una educación que nos hace partícipes y protagonistas del proceso educativo. Dicha tarea político-educativa apunta a que todos nos desarrollemos como sujetos activos, posibilitando una lectura crítica de la estructura social y, con ello, la concientización de ser sujetos históricos, con la capacidad de poder actuar sobre este mundo para transformarlo. Esta educación está en permanente diálogo y conexión con el contexto social que la envuelve, busca romper con la dicotomía entre teoría y práctica y encontrar herramientas que nos permitan cuestionar la lógica dominante. Paulo Freire habla de encarnar la coherencia, esto implica disminuir en nuestra práctica la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Construir conocimiento para transformar nuestra realidad social, creando propuestas que transformen nuestro entorno cotidiano, nuestras formas de relacionarnos, nuestras subjetividades individuales y colectivas... De este modo, el conocimiento teórico deja de ser una mera comprensión de lo que sucede para convertirse en un instrumento activo de crítica, en manos de las clases populares. En términos de Carlos Núñez Hurtado, la Educación Popular es un proceso continuo y sistemático de interacción entre práctica y teoría. Así, la dimensión política de la educación popular no busca conocer o contemplar la realidad social desde fuera, sino que pretende descifrar desde dentro del movimiento histórico el sentido mismo de la historia, interviniendo activa y conscientemente en su transformación, haciendo de la actividad de las masas, una actividad revolucionaria, es decir, una actividad teórico-práctica (1980:66). Por ello, para la educación popular la realidad es la fuente verdadera de conocimiento, y en consecuencia, no podemos simplificarlo al aislarlo de las dinámicas reales socio-económicas, culturales y políticas del contexto de la educación para “enseñarlo” en forma vertical, repetitiva y memorística. En síntesis, podemos decir que la educación popular sostiene un enfoque epistemológico dialéctico, complejo, procesual, holístico, contextual, histórico, dinámico, que supera las visiones parcializadas y profesionalizantes que el paradigma positivista pregona y sostiene. Por ello apela e incorpora la esfera de lo sensible (clave en los procesos pedagógicos) pero encuadrando dicho nivel en el proceso más complejo del conocer:

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“Todo conocimiento parte de la sensibilidad, pero si se queda a nivel de la sensibilidad no se constituye en saber porque sólo se transforma en conocimiento en la medida en que, superando el nivel de la sensibilidad, alcanza la razón de actuar”, nos dice Freire en una entrevista con Carlos Alberto Torres.12 La educación popular, acorde con su posición ética de construcción de “sujeto liberándose”, y con su marco epistemológico de construcción de conocimiento, afirma en su propuesta metodológica y pedagógica que el “punto de partida” de todo proceso educativo está en el nivel en que el educando se encuentra, cualquiera que éste sea. Y Freire nos dice al respecto: “Siempre el punto de partida es el sentido común de los educandos y no el rigor del educador”. Y lo aclara cuando señala: “Esto significa que desde el punto de vista de la educación como un acto de conocimiento, nosotros los educadores debemos partir –partir, ese es el verbo, no quedarnos– siempre de los niveles de comprensión de los educandos, de la comprensión de su medio, de la observación de su realidad, de la expresión que las propias masas tienen de su realidad” .13 El educador debe acompañar a los educandos posibilitando procesos y haciendo teoría de ese camino, produciendo nuevos conocimientos. Es necesario partir de la práctica social de los grupos en su devenir histórico, para desde allí interpelar la teoría y enriquecerla, con el fin de ser más eficaces en la transformación de la realidad. En esta relación vamos aportando a la creación colectiva de conocimientos imprescindible para los desarrollos de la teoría. La educación popular apunta a integrar la reflexión intelectual con el saber popular acumulado en la praxis social. Propone la reflexión “desde los movimientos populares”, desde su praxis, su memoria histórica, sus necesidades, y los procesos en los que se va constituyendo un nuevo bloque histórico social (en términos gramscianos) que altera los lugares conocidos de los grupos sociales que los integran.14 12

Entrevistas con Paulo Freire. Ediciones Gernika, 1978.

Fragmento de la entrevista realizada a Paulo Freire en San Pablo el 25 de agosto de 1985. La entrevista completa está transcripta en el libro Educación Popular: un encuentro con Paulo Freire de Rosa María Torres. 13

Korol en Cuadernos de Educación Popular Equipo de Educación Popular Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (2004): Pedagogía de la resistencia, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo América Libre. 14

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Los aspectos esenciales de la Educación Popular son: La politicidad inherente a la práctica educativa “Un pedagogo es un hombre o una mujer que piensa la política educativa desde el punto de vista teórico, filosófico, crítico. El pedagogo es, entonces, un técnico-práctico de lo que significa la educación, pero toda práctica educativa es –por naturaleza– un acto político...”15 Tanto Paulo Freire en todos sus escritos, aún los más tardíos, como los demás autores y autoras que han trabajado sobre Educación Popular coinciden en lo esencial de este aspecto: la Educación Popular es una propuesta ética, política y pedagógica. Uno de los objetivos centrales de la Educación Popular es lograr que el proceso pedagógico produzca un “empoderamiento” por parte de cada educando. Esta opción pedagógica requiere un compromiso del educador con las luchas emancipatorias de las clases populares, lo que demanda capacidad de reflexión y acción sobre sí y sobre su estar en el mundo, es decir, sobre su contexto histórico-social: “Solamente un ser capaz de emerger de su contexto, de “alejarse” de él para quedar en él; capaz de admirarlo para, objetivándolo, transformarlo, y transformándolo, saberse transformado por su propia creación; un ser que es y está siendo en el tiempo que es suyo, un ser histórico, solamente éste es capaz, por todo esto, de comprometerse” (Freire, 1979:9). Una concepción antropológica de los sujetos como seres inacabados y del mundo en constante devenir “La educación crítica considera a los hombres como seres en devenir, como seres inacabados, incompletos en una realidad igualmente inacabada y juntamente con ella (...) El carácter inacabado de los hombres y el carácter evolutivo de la realidad, exigen que la educación sea una actividad continua”.16 Según Freire, el hombre se sabe inacabado y por eso se educa. No habría educación si el hombre fuera un ser acabado. El autor asume la concepción de los 15 Entrevista en la radio a Paulo Freire. Transcripta en Cuadernos de Educación Popular Equipo de Educación Popular Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (2004): Pedagogía de la resistencia, Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo América Libre. 16

Freire, Paulo (1974): ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, México, Siglo XXI. – 304 –

hombres como seres incompletos en ese proceso de estar siendo personas para y con los demás. Esa incompletud de hombres les lleva a mostrarse curiosos en la vía de lo inédito viable. Ese inédito supera las determinaciones y asume, en su apertura, la programación, en su procesualidad abierta a la curiosidad epistémica de los sujetos pensantes-sintientes-actuantes. A su vez, Freire sostiene que enseñar exige la convicción de que el cambio es posible: “No es posible un compromiso auténtico si, al que se piensa comprometido, la realidad se le presenta como algo dado, estático e inmutable”.17 Una lectura crítica de ese contexto histórico y social. El proceso de concientización Como señala Freire en Acción Cultural para la libertad, la concientización implica superar la falsa conciencia pero implica, además, la inserción crítica de la persona concientizada dentro de una realidad desmitificada.18 El proceso de concientización empieza por el descubrimiento del significado de la existencia del hombre en el mundo (...) El hombre concientizado no puede dejar de ser, el hombre comprometido con la historia de su época.19 A través de la concientización, los individuos pueden lograr la forma más elevada de conciencia, la conciencia transitiva crítica, y reconocerse como seres cultos y potenciales agentes de cambio social.20 La revisión de la relación educador-educando asumida como diálogo de saberes “La verdadera educación es diálogo. Y este encuentro no puede darse en el vacío, sino que se da en situaciones concretas de orden social, económico, político.21 La educación popular debe partir de la sabiduría popular, de la comprensión del mundo que tienen los educandos, su familia, sus costumbres, su barrio; 17

Freire, Paulo (1979): Educación y cambio, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda.

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Freire, Paulo (1983): Acción cultural para la libertad, Buenos Aires, Ediciones Tierra Nueva.

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Barreiro, Julio (1974): Educación popular y proceso de concientización, Buenos Aires, Siglo XXI.

Coben, Diana (2001): Gramsci y Freire, héroes radicales. Políticas en educación de adultos. Madrid, Miño y Dávila Editores. 20

Barreiro, Introducción a Freire, Pulo (2009): La educación como práctica de la libertad, Buenos Aires, Siglo XXI.

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para que desde el allí de los educandos podamos construir juntos el futuro. Se trata de un proceso de lectura conjunta de la realidad” (Ubilla, 2004:75).22 El diálogo, como recurso y condición antropológica y epistémica, será el dispositivo posibilitador de la coordinación de curiosidades entre profesores y alumnos. Articulación de curiosidades que está mediada por la orquestación de experiencias democráticas al interior de los contextos culturales y educativos, tanto de docentes como en docentes.23 “El diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, los “pronuncian”, esto es, lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la humanización de todos”.24 El lugar de la vida cotidiana es sumamente importante ya que en ella se forman los valores y las ideas motrices de los seres humanos. Todos los factores de poder actúan sobre la vida cotidiana. “El respeto de los saberes (de los educandos) se inserta en el horizonte mayor en que se generan –el horizonte del contexto cultural (...) Así, pues, el respeto al saber popular implica necesariamente el respeto al contexto cultural. La localidad de los educandos es el punto de partida para el conocimiento que se van creando del mundo. “Su” mundo, en última instancia, es el primer e inevitable rostro del mundo mismo”.25 El diálogo no puede ser nunca instrumento de conquista de unos sobre otros. Sólo es conquista del mundo para la liberación de los hombres.26 Sin diálogo no puede haber comunicación, y sin comunicación no hay educación. La educación dialógica se vincula profundamente con una concepción de la comunicación. Se trata de una pedagogía de la conversación, de la pregunta, de lo grupal y lo solidario, de la democracia, del placer, del deseo, de la sensibilidad, de la ternura... 22 En Cuadernos de Educación Popular Equipo de Educación Popular Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (2004): Pedagogía de la resistencia, Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo América Libre.

Romo Torres, Ricardo (2006): Contribuciones freireanas al pensamiento latinoamericano. En publicación Paulo Freire. Cruzando Fronteras: Experiencias que se completan. Moacir Gadotti, Margarita Gomez, Lutgardes Freire (Compiladores) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero de 2003. ISBN 950-9231-83-5.

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Freire, Paulo (1974): ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, México, Siglo XXI.

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Freire, Paulo (2006): Pedagogía de la esperanza, Buenos Aires, Siglo XXI.

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Freire, Paulo (2005): Pedagogía del oprimido, Buenos Aires, Siglo XXI. – 306 –

El desarrollo de una educación problematizadora frente a la educación bancaria Para Freire, la educación bancaria... “...es “asistencial”, la segunda (educación problematizadora) es crítica; la primera, en la medida en que sirve a la dominación, inhibe el acto creador y, aunque no puede matar la intencionalidad de la conciencia como un desprenderse hacia el mundo, la “domestica” negando a los hombres en su vocación ontológica e histórica de humanizarse. La segunda, en la medida que sirve a la liberación, se asienta en el acto creador y estimula la reflexión y la acción verdaderas de los hombres sobre la realidad, responde a su vocación como seres que no pueden autenticarse al margen de la búsqueda y de la transformación creadora. La concepción y la práctica “bancarias” terminan por desconocer a los hombres como seres históricos, en tanto que la problematizadora parte, precisamente, del carácter histórico y de la historicidad de los hombres”.27 La democratización del espacio educativo La educación popular promueve una pedagogía no autoritaria. Docentes y estudiantes son a la vez estudiantes y docentes y están vinculados por un diálogo pedagógico caracterizado por una relación horizontal. Se trata de desarrollar colectivamente capacidades para poder ejercer nuevas relaciones de poder equitativas, justas, respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos. La participación desde la perspectiva de Freire plantea –como elemento central– la incorporación del potencial de expresión creativa y crítica, así como el aprovechamiento del potencial comunicativo del educando.28 “Tenemos la responsabilidad, no de intentar amoldar a los alumnos, sino de desafiarlos en el sentido de que ellos participen como sujetos de su propia formación”.29

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Freire, Paulo (2005): Pedagogía del oprimido, Buenos Aires, Siglo XXI.

Quesada Ugalde, Marlen (2006): Esperanza y Conciencia para la Educación. La apertura de espacios para una participación crítica. En publicación Paulo Freire. Cruzando Fronteras: Experiencias que se completan. Moacir Gadotti, Margarita Gomez, Lutgardes Freire (Compiladores) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero de 2003. ISBN 950-9231-83-5. 28

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Freire, Paulo (2005): Pedagogía del oprimido, Buenos Aires, Siglo XXI. – 307 –

Conciencia de participación popular significa una propuesta educacional de apertura, de redefinición de los actores sociales y sus funciones, que rompe con las formas tradicionales de educación, con las estructuras y la institucionalidad establecida, así como también impone una nueva distribución del poder del pueblo y del acceso público y participativo a la educación.30 Una escuela que se asuma ciudadana debe responder a la exigencia de la participación activa de los sujetos en el proceso educativo, y por tanto formar para la participación en la sociedad, no sólo por una razón de coherencia, sino también porque sólo involucrándonos, haciéndonos preguntas y buscando respuestas, problematizando y problematizándonos, es posible conocer.31 “Hablar a y con los educandos es una forma sin pretensiones pero altamente positiva que la maestra democrática tiene que dar, dentro de su escuela, su contribución a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos. Algo de lo que mucho precisamos y que es indispensable para el desarrollo de nuestra democracia” (Freire, 2002:97). Consiguientemente, concebimos el proyecto político-pedagógico como expresión operativa de una intencionalidad ético-política y pedagógica compartida y asumida consensualmente por todos los sujetos de acción involucrados en la praxis educativa. En este sentido, la gestión democrática y el proyecto político-pedagógico se presentan como interfaces indisociables de una praxis verdaderamente emancipatoria. La acción liberadora de la educación es inherente a la práctica pedagógica.

Brito Lorenzo, Zaylín (2008): Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victori Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero 2008. ISBN 978-987-1183-81.

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López Medero, Norma Beatriz (2008): Escuela ciudadana: espacio de diálogo entre “las pedagogías” de la pedagogía freireana. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero 2008. ISBN 978-987-1183-81-4.

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Un córner corto contra la exclusión32 “Cada jugador lleva un palo doblado en su parte más delgada hecho con un trozo de rama cuya extremidad ha sido curvada calentando la madera cuando todavía está verde y torciéndola progresivamente (...) la mayoría de ellos protegen sus piernas con haces de varillas reunidas ordenadamente con hilos de caraguatá” (José Eduardo A. Machicote).33 Tradicionalmente, el Hockey sobre Césped es un deporte que ha estado ligado a los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad, configurándose como una práctica de carácter elitista, cuyo acceso estaba real y simbólicamente restringido para los sectores populares. Sin embargo, en los últimos años el Hockey ha cobrado relevancia en nuestro país, tanto por el notable desempeño de los Seleccionados Nacionales Masculino y Femenino34 como por la participación destacada que la ciu32 Titular de la noticia publicada en el Diario “Página 12” del día Domingo 11 de octubre de 2009 en referencia al Proyecto “Al hockey se juega con bananas”. Disponible en:

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-20589-2009-10-11.html 33 En su libro “Actividades, juegos y deportes indígenas”, 1994, Ediciones Asoc. De Profesionales de la Educación Física de Rosario, ofrece una descripción del juego de “La chueca”. La chueca, como lo llamaron los españoles, y palitún o palín, los mapuches. Este juego es propio de los indígenas de Chile, y se practicaba desde mucho antes que los españoles llegaran a América. Una pelota y palos terminados en una punta curva son los implementos que se utilizan en la práctica. Los mapuches buscaban un descampado de dimensiones importantes, demarcaban un cuadrado en cuyos extremos hundían ramas y en el centro un hoyo en el que se colocaba una pelota de piedra, y posteriormente de madera o cuero y paja, actualmente es de caucho. Se colocaban frente a frente dos hileras de individuos y luchaban por llevar al otro lado la bola. Se valían de un palo de colihue o caña curvada en su extremidad inferior llamado “uiñu”. El que lograba llevarla al extremo de la línea ganaba el partido. La chueca se acompañaba de rezos, bailes rituales y banquetes y su objetivo era unir a las comunidades. En muchas ocasiones lo practicaban las mujeres. Los mapuches habían alcanzado un alto grado de sublimación en el deporte, ya que dirimían conflictos y diferencias entre ellos o con otros pueblos, el ganador tomaba la decisión, azuzaban el espíritu guerrero en el deporte y luego alcanzaban a diseñar formas específicas de resistencia a la colonización. Lo esencial es que lo que antes podía generar un conflicto armado ahora se zanjaba en el deporte, equiparado a una guerra simbólica y por ende “cruelmente” fraterna.

Las Leonas a partir del año 2000, obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2000, el Champions Trophy en 2001, en 2008, en 2009 y en 2010, el 10º Campeonato Mundial jugado en Perth en 2002, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2004 y en los Juegos Olímpicos de 2008, la medalla de bronce en el Campeonato mundial del 2006 y recientemente la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012. También se adjudicaron el campeonato mundial 2010 organizado por primera vez por la República de Argentina, en la ciudad de Rosario. 34

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dad de Rosario35 ha tenido como sede y organizadora de diferentes eventos deportivos ligados al mismo. El Seleccionado de Hockey Femenino, comúnmente conocido como “Las Leonas”, es uno de los equipos más exitosos de la historia del deporte argentino. Igualmente, la Leona Luciana Aymar, deportista rosarina, ha sido considerada siete veces como la mejor jugadora de hockey del mundo y en 2008 fue nombrada Leyenda del Hockey por la FIH, instituyéndose como referente para muchos niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Al hockey se juega con bananas En el marco del Proyecto Revivo,36 las jóvenes que concurrían los sábados por la mañana a los talleres de “Operario Metalúrgico Inicial”, observaban que yo asistía a los encuentros con mi palo de hockey. Pronto este objeto despertó su curiosidad y me preguntaron acerca de cómo podían hacer para practicar este deporte. En seguida reflexioné sobre la imposibilidad práctica de ir a un club, por los elevados costos y las barreras culturales que dichas instituciones tenían. Entonces me dije a mi misma, por qué no empezar un proyecto de hockey propio, en nuestro barrio, con las adolescentes y jóvenes que ven vedada la posibilidad de acceder a actividades lúdicas y deportivas. Fue así como surgió “Al hockey se juega con bananas”, en una clara alusión al anclaje territorial del proyecto (Villa Banana37). Rosario fue sede de la Champions Trophy de Hockey Femenino en la edición 2004 y lo fue nuevamente en el 2012. En el 2010, nuestra ciudad fue sede del Mundial de Hockey Femenino. 35

Proyecto implementado por la Organización Causa y Efecto durante los años 2007, 2008 y 2009, que se centraba en la capacitación y formación de jóvenes en capacidades, destrezas y competencias necesarias para la inserción en el campo laboral y profesional, sin descuidar la dimensión cultural: la formación ciudadana y la participación de los jóvenes en la construcción de una sociedad justa y democrática, abordando tanto la formación técnica como la comprensión crítica del mundo.

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Villa Banana se extiende: al Este de la primer vía de FFCC Belgrano con forma curva (de ahí su nombre) hasta la calle Valparaíso, teniendo al Norte como límite Av. Godoy en un tramo y Ocampo en otro. Villa Banana tiene, en general, pasillos anchos, algunos se corresponden con las calles Servando Bayo, 27 de Febrero y Lima. El barrio comenzó a conformarse hacia finales de la década del setenta, es uno de los asentamientos irregulares más grande de Rosario. Tiene características de precariedad en todo sentido, tanto habitacionales como de servicios; el acceso a la salud y a la educación es muy limitado y el acceso al deporte era aún más complejo sobre todo para las mujeres, por la falta de espacios públicos y verdes para recreación y ocio. 37

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Nuestro primer obstáculo a superar fue la falta de espacios públicos (plazas, parques) para poder jugar en el barrio. La mayoría de los espacios recreativos eran privados y las plazas y parques, además de inseguros, eran ocupados por varones que jugaban a la pelota. Era evidente que las mujeres NO tenían acceso a estos espacios. Entonces recurrimos al Estadio Municipal “Jorge Newbery” un predio cercano al barrio, donde solicitamos el uso de una pista, dos veces a la semana, para poder practicar. El primer día éramos 13, el segundo 30 y llegamos a ser 80 jugadoras. La estrategia comunicacional del “de boca en boca” fue ideal para que las mujeres fueran invitando a compañeras de escuela, vecinas, primas, amigas. Cada una de las jugadoras asumió el proyecto como propio, lo militó y de a poco fuimos conformando un equipo. Al principio hicimos una campaña de recolección de elementos deportivos usados y conseguimos nuestros primeros palos y bochas. Luego surgió de ellas la idea de cambiarse el nombre a “Las Lobas”, remitiéndose a sus ídolas “Las Leonas”, y de hacer sus propias camisetas. Para ello hicimos rifas, tortas, empanadas, fiestas, lo cual nos permitió, a través de la autogestión, mantener nuestra autonomía y conseguir el dinero necesario para afrontar esos gastos. Así pudimos también adquirir algunos materiales (bochas, más palos, conos y demás), tarjetas de colectivo y por supuesto los equipos, confeccionados por las mujeres de Costureros del Oeste.38 Este proyecto es el primero que se origina en base a una demanda concreta y una verdadera necesidad de las jóvenes del barrio, que no tenían oportunidades de acceso y disfrute de los espacios públicos, ni la posibilidad de realizar actividades recreativas y deportivas. Es allí donde radica su éxito y su fortaleza. Es claramente una política de abajo hacia arriba, que demuestra que es posible avanzar en la descentralización de decisiones y en la participación local efectiva, como herramientas para mejorar el impacto y calidad de las políticas públicas. Combatimos asimismo la sectorialización de las políticas públicas a partir de un abordaje territorial interdisciplinario en el cual lo local se convierte en 38 Iniciativa tendiente a constituir un espacio común de trabajo y capacitación para emprendedores interesados en el rubro textil, apostando a la construcción colectiva, generando lazos de cooperación y solidaridad al interior de la sociedad, donde los mismos involucrados sean protagonistas de la transformación de sus propias condiciones sociales de vida. Más información en: http://costurerosdeloeste.blogspot.com.ar/.

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un componente central de la inscripción social, considerando la inserción territorial como potencial resorte de reafiliación. El barrio se presenta así como el espacio de inscripción territorial de las clases populares. Se constituye como punto de apoyo para la estructuración de solidaridades locales y para la movilización colectiva.39 Ofrecemos formas creativas y transgresoras de participación de las jóvenes, que se oponen a la mirada paternalista, adultocéntrica, asistencialista y clientelista que presentan las políticas públicas neoliberales. Gracias a este proyecto hemos podido comprender que el deporte es una extraordinaria oportunidad para la formación integral de toda la población; un medio óptimo para mejorar la salud, la educación y la organización comunitaria, constituyéndose en un agente promotor de la calidad de vida de la población. El acceso al deporte, a la actividad física y recreativa es un derecho40 de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, diversos factores socioeconómicos y culturales han acentuado las desigualdades en los niveles de accesibilidad, participación y permanencia en actividades físicas y deportivas en nuestro país. Frente a tal escenario consideramos importante la configuración de espacios de participación ciudadana y encuentro social que, a través del deporte, contribuyan a la equidad de género, al desarrollo comunitario, la recomposición del tejido social, la integración y el buen aprovechamiento del tiempo libre. El hockey configura espacios propicios para el fortalecimiento de principios como la amistad, el trabajo en equipo, la cooperación, el respeto, la solidaridad y el compromiso, constituyendo un medio ideal para ampliar el mundo simbólico y de relaciones, a la vez que genera desarrollo humano y social promoviendo los derechos de integración a partir de la participación. El fin principal es crear, a través del deporte, un medio facilitador y complementario para que las jóvenes del barrio puedan vivir activamente la construcción de su ciudadanía, transformándose en sujetos de su propia historia. Merklen, Denis (2005): Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003), Buenos Aires, Gorla.

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40 Ley 26061. Art. 20. – DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO RECREATIVO. Los Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales.

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En este sentido el deporte juega un papel decisivo en la consolidación del derecho fundamental de circular y apropiarse de la ciudad brindando a todos y a todas acceso a las oportunidades, espacios y recursos existentes y permitiéndoles ampliar su repertorio sociocultural, como así también el derecho a la expresión corporal autónoma y una vivencia ciudadana plena; promoviendo la apropiación y la valoración del espacio público, por su condición de democrático, integrador y escenario de ciudadanía. La práctica de un deporte brinda el acceso a espacios públicos donde pueden reunirse y disfrutar de la libertad de expresión y de movimiento. El deporte puede desarrollar asimismo el sentimiento de que su cuerpo les pertenece, así como mejorar su autoestima y trabajar cuestiones de Educación Sexual y Salud Reproductiva. Dichas actividades promueven la educación, comunicación y responsabilidades, fundamentales para el empoderamiento de las mujeres. De esta manera el Hockey se convierte en una práctica comprometida con la inclusión social y la ciudadanía de niñas y jóvenes, a partir de la percepción, el reconocimiento y la utilización del territorio, del espacio urbano, de la ciudad como lugar donde se establecen los sentidos de nuestra existencia, los usos y las costumbres de nuestro tiempo.

Para jugar al hockey hacen falta “Lobas”41 “En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos del universo: la tierra, madre y virgen; activa, es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca es fin en sí mismo, como lo es la hombría (...)” (Octavio Paz). Los géneros son grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados, se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y normas.42 Se trata de un complejo de determinaciones 41 Titular de la noticia publicada en el Diario “La Capital” del día domingo 13 de diciembre de 2009. Disponible en: http://www.lacapital.com.ar/ed_mujer/2009/12/edicion_60/contenidos/noticia_5250.html 42

Lagarde, Marcela (1992): Identidad de Género. Managua, Edit. OPS.OIT. – 313 –

y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser hombre y ser mujer.43 De esta manera, nos diferenciamos porque cada sociedad, cada cultura ha dado una valoración y un significado distinto a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del ser hombre y ser mujer. Este conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas y jurídicas, asignadas a cada sexo diferencialmente, es lo que se llama género.44 Por ello, existen los géneros: femenino y masculino. Es decir, se enseña a ser hombre o a ser mujer, dependiendo de las características que tiene el cuerpo, de la forma que tienen los genitales externos. En el caso del género femenino, el ser mujer significa “ser para los otros”. Trabajar, pensar, cuidar a los otros. El énfasis está puesto más en las otras personas que en la mujer misma y en su propia vida. Por ello, son característicos de la condición femenina la subordinación, la timidez y el temor. Se considera que la mujer es incapaz para enfrentar la vida; que no puede y que no se atreve a intentar nuevas cosas y se duda de sus capacidades de abstracción, teóricas, tecnológicas, de representación social y de mando.45 En el caso del género masculino, ser hombre significa “ser para sí”. A la inversa de la construcción del género femenino, los hombres viven más para sí que para las demás personas. Eso significa que su ser es el centro de su vida. Características de la condición masculina son la constante competencia, debido a que deben mostrar que tienen el poder; gozar de espacio y reconocimiento social; se potencia su capacidad para descubrir cosas y para aventurarse; su trabajo es visible y genera remuneración económica, tienen la propiedad de los objetos y de los recursos, deben tomar las decisiones. Parafraseando a De Barbieri, no existe la mujer, como tantas veces se ha dicho, ni tampoco el varón (o el hombre). Existen mujeres y varones en diferentes situaciones sociales y culturales (...) En nuestras sociedades son las figuras de madre, esposa y ama de casa para las mujeres y las de jefe de familia y sostén económico principal del hogar, padre y esposo desde donde Lagarde, Marcela (1993): Identidad genérica y feminismo, Ponencia en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993, citado en María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 32. 43

44 Lagarde, Marcela (1994): Género e identidades genéricas. Metodología de trabajo con mujeres. Ecuador, FUNDETEC, UNICEF. Segunda edición. 45

Ibíd. – 314 –

es posible partir para estudiar el núcleo de las relaciones de género (...) la organización de la vida familiar y doméstica, espacio privilegiado de las mujeres e identificado en nuestras sociedades como el lugar de la subordinación femenina (1992). El varón tiene que tener los atributos para desempeñar ese rol dominante; la mujer los atributos para llevar adelante el rol complementario. Los que salen de esta norma, son ridiculizados. La sociedad demanda en base a un modelo que le sirve de sostén”.46 Con el proyecto “Al hockey se juega con bananas” junto a Las Lobas pudimos deconstruir estos prejuicios de género, luchando por una contrahegemonía simbólica que nos permitió transitar los límites: de lo imposible a lo posible; del NO lugar a la apropiación del espacio público; del encierro a la libertad; de soñar a hacer; de la introversión al encuentro. Derribamos de este modo dos fuertes mitos: el carácter elitista del hockey y la relación de las mujeres con el espacio público.47 La naturalización es uno de los mayores resortes de la eficacia simbólica de los mitos sociales. Como sostiene Fernández,48 los mitos operan por repetición insistente de sus narrativas. Se instituyen como universo de significaciones, de formas morales totalizadoras, esencialistas que estipulan no solo lo que debe ser una mujer o un hombre sino lo que es. En este sentido esta voluntad totalizadora opera violencia simbólica, ya que no da lugar, se apropia, tritura, invisibiliza las diferencias de sentido, la diversidad de las prácticas y posicionamientos subjetivos de los actores sociales; homogeniza por lo tanto violenta lo diverso. En tal sentido coincidimos con la autora en que las luchas por la hegemonía simbólica son parte esencial en la producción de subjetividad de los procesos sociales. Con este proyecto se instaura, de este modo, un espacio-tiempo propios, al superar la barrera de lo imposible, desconfiando de las certezas, cuestioHabichayn, Hilda (1995): Algunas consideraciones acerca de la teoría del género en Espacios de Género T.1, Rosario, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre las Mujeres.

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La esfera pública se ha concebido a sí misma como un espacio netamente masculino mientras que las mujeres siguen siendo definidas socialmente como seres fundamentalmente privados, no sólo en el sentido de que se les asigna la tarea de la reproducción social –el rol de crear y recrear a otros individuos–, sino en el que ellas mismas se hallan «privadas» de un reconocimiento social y político (Guerra Palmero: 1999). 47

Fernández, Ana María (1993): De lo imaginario social a lo imaginario grupal, Fernández, Ana María y De Brassi, Juan Carlos (compiladores). Tiempo Histórico y Campo Grupal Masas, grupos e instituciones. Buenos Aires, Nueva Visión. 48

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nando lo instituido, como plantea Castoriadis,49 50 a partir de la interrogación ilimitada. Este tiempo, opuesto al tiempo abstracto, único, universal, medible, lineal del reloj, es un tiempo subjetivo, situado, propio. Creemos que es necesaria la comprensión de las distintas formas de constitución y expresión de las juventudes, explorando comprensiva y reconstructivamente aquellos tramos de sentido y acción subterráneas, a partir de recuperar prácticas, discursos y sentires, para que los/as jóvenes puedan reconocerse en su subjetividad, en su condición identitaria como colectivos de sentido. Entonces, se trata de un compromiso y un desafío profundamente democrático, que contribuye a visualizar nuevos senderos para las y los soñadores de un mañana más igualitario, en donde los géneros, en vez de papeles funcionales prescritos, que restringen la equidad y la solidaridad, permitan la expresión de las capacidades humanas y la creación de las condiciones que se necesitan en la construcción de un orden social más justo para mujeres y hombres de todas las edades.

Reflexiones finales Experiencias educativas contrahegemónicas: del silencia a la palabra “Hubo un tiempo en el que el tiempo no era sucesión y tránsito, sino manar continuo de un presente fijo, en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pasado y el futuro. El hombre, desprendido de esa eternidad en la que todos los tiempos son uno, ha caído en el tiempo cronométrico y se ha convertido en prisionero del reloj, del calendario y de la sucesión.” (Octavio Paz) “En otros tiempos, la ninfa Eco había sabido decir. Y con tanta gracia decía, que sus palabras parecían no usadas, jamás dichas antes por boca ninguna. Pero la diosa Hera, la esposa legal de Zeus, la maldijo en uno de sus frecuentes ataques de celos. Y Eco sufrió el pero de los castigos: fue despojada de voz propia. Desde entonces, incapaz de decir, sólo puede repetir.” (Eduardo Galeano) 49 Castoriadis, Cornelius (2005): Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto, Barcelona, Gedisa.

Castoriadis, Cornelius (2007): La institución imaginaria de la sociedad, volumen 1: Marxismo y teoría revolucionaria, volumen 2: El imaginario social y la institución, Barcelona, Tusquets.

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El objetivo de este ensayo no sólo es el análisis puramente teórico de la actividad práctica-pedagógica. Estas reflexiones quieren servir, mejor, al hacer concreto, a la praxis pedagógica. Las acciones relatadas en la historia, pueden, en primer lugar, contribuir a reducir las desigualdades originadas por discriminaciones de género a través del apoyo al fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres y sus organizaciones para mejorar el desarrollo local con equidad. Todos los ciudadanos somos los protagonistas, somos el motor del cambio para la transformación de la sociedad. La idea es poder construir conocimiento para transformar nuestra realidad social, creando propuestas que transformen nuestro entorno cotidiano, nuestras formas de relacionarnos, nuestras subjetividades individuales y colectivas. Pensar, reflexionar y reconstruir las prácticas político-pedagógicas que realizamos los educadores populares en este escenario de construcción democrática de la ciudadanía, permite a la pedagogía devenir en una praxis emancipatoria, dedicada a la liberación de las clases populares. Consideramos que desde este proyecto hemos podido construir espacios sociales desde los que tejer otras relaciones sociales. Estos encuentros que se dieron entre nosotros habilitaron a la puesta en juego de experiencias, discursos, emociones, esperanza, sueños, deseos, pasión, amor, compromiso, determinación. Este tipo de relaciones que se contraponen a las que nos ofrece la lógica dominante: competencia, individualismo, egoísmo, miedo, conformismo, resignación, parálisis, desorientación... Logramos precisamente la incorporación de aspectos lúdico-recreativos para crear espacios donde lo educativo se entrecruza con la diversión, la alegría y en los que el aprendizaje se desarrolla en una relación de confianza y libertad. La reinvención, la creatividad, la pasión, la innovación nos habilitan la construcción colectiva alternativa frente a la lógica laberíntica de la exclusión. La participación generó nuevas actitudes y disposiciones, especialmente confianza en sí mismas, empoderamiento, paciencia, tolerancia, solidaridad, sentimientos de pertenencia y de protagonismo, e interés en la participación comunitaria: “Para mí al principio era difícil jugar hasta que yo empecé a jugar y me terminó gustando y lo que pensaba que era difícil era fácil. Yo no sabía lo que era realmente hockey hasta que fui y lo aprendí yo misma (...) Es una etapa muy linda de mi vida porque ahí conocés mucha gente, hacés muchos amigos, conocés lugares que no habías conocido. Antes no – 317 –

practicaba deportes, me encerraba en mí y en mi casa. Ahora ha cambiado bastante”.51 (Lorena, 18 años) “Y la verdad que no sabíamos nada, nada de nada y de a poquito fuimos aprendiendo y se fue agrandando el equipo” “Aprendí mucho el compañerismo, el apoyo de los profes cuando uno tiene un problema y la preocupación cuando una no va a entrenar se interesan en qué le pasa” “Yo le pongo mucho empeño (...) trato de tomarme mi tiempo para hacer mis cosas” (Griselda, 24 años) “Además de formarnos como deportistas nos formamos como personas: que hay que estudiar, que hay que trabajar, que para tener algo el día de mañana tenés que hacerlo vos (...) y hoy las chicas que antes no iban a la escuela ahora van” (Cintia, 19 años) Entre el 29 de agosto y el 12 de septiembre de 2010 se realizó en nuestra ciudad el XII Campeonato Mundial de Hockey sobre Hierba Femenino. Para nuestra sorpresa un día llega a nuestra práctica Cintia Aymar, hermana de “Lucha”Aymar, que nos cuenta que ella había leído una nota en el diario que conocía nuestro proyecto y que Lucha nos conseguía entradas para los partidos del Mundial. Fue un acontecimiento inolvidable, las chicas pasaron de ver los partidos de Las Leonas en la televisión a estar en el estadio y que Lucha las saludara y las felicitara: “Verlas a ellas fue lo mejor que nos pudo pasar” (Cintia, 19 años) A partir de esta iniciativa las chicas han podido decir su palabra, expresarse y reflexionar sobre esta experiencia que protagonizan. “Todo no se basa en la plata, en el dinero sino en las ganas que uno le pone, lo que uno se proyecta hacer a futuro y para mí eso es lo más valioso (...) Si uno le pone ganas se puede hacer lo que se propone. Si vos te ponés a pensar en nuestro barrio hay delincuencia, la verdad no tenemos futuro y hay que buscar un futuro mejor para nosotras y tratar de mejorar como personas, como deportistas, como mamá (...) Pasar de soñar a hacer eso es muy importante (...) que el sueño no quede solo en un sueño” (Griselda, 24 años) Los relatos de las protagonistas pueden verse en el capítulo 6 del documental que en breve se verá en la TV Pública Argentina y en el Canal Encuentro. La serie documental se llama “La Patria Deportiva”. Está disponible en: http://cda.gob.ar/serie/163/capitulos/la-patria-deportiva 51

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“Y yo que sueño tengo... y de jugar un mundial algo así (...) y que conozcan a “Las Lobas” (Lorena, 18 años) “Me gustaría crecer en mi profesión de arquera, mejorar en los errores y por qué no, ser algún día la arquera de “Las Leonas” (Karen, 18 años).De este modo, la acción en la que siempre está comprometido un Nosotros para modificar nuestro mundo común, se sitúa en la oposición más acusada posible ante el negocio solitario del pensamiento, que opera en un diálogo entre yo y yo mismo.52 En este sentido es importante la ocupación del espacio público, entendido como el lugar donde puede ejercerse una libertad que es libertad junto a los otros, donde podemos hablar sabiendo que vamos a ser escuchados.53 Lo público es el lugar de ejercicio de la política por excelencia. Esta perspectiva nos permite pensar en la construcción colectiva de escenarios participativos de debate y discusión que permitan a todos y cada uno de los involucrados expresarse y actuar con otros y crear un nosotros para transformar la realidad que nos rodea. El hockey es para nosotros una escuela sin paredes; un espacio de formación continúo que surge a partir de la necesidad imperante de encontrarnos con otros para reinventar un nosotros, recuperando el espacio público para redescubrirnos en un plano de igualdad. Hemos podido generar un proceso de liberación mental, de deconstrucción mitos, de destrucción de prejuicios, entendiendo que sin PASIÓN no es posible la IMAGINACIÓN. Esta PAIDEIA,54 educación que promueve una subjetividad reflexiva y deliberativa, subyacente en todos nuestros proyectos nos da fuerzas para superar el avance de la insignificancia, la pérdida de sentido en la vida común, la pérdida del nosotros indispensable para la existencia y la producción de un proyecto colectivo.

Arendt, Hannah (1996): La condición humana, Barcelona, Editorial Paidós.

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Brunet, Graciela (2007): Hannah Arendt: una ética de la acción y de la reflexión, Santa Fe, Ediciones UNL. 53

Castoriadis, Cornelius (1993): El mundo fragmentado, Buenos Aires, Editorial Altamira.

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Bibliografía complementaria Badiou, Alain (1990): ¿Se puede pensar la política?, Buenos Aires, Nueva Visión. De Barbieri, Teresita (1992): Sobre la Teoría Género. Una introducción teóricometodológica en Fin de Siglo. Género y cambio civilizatorio. Isis Internacional. Santiago de Chile, Ediciones de las Mujeres Nº 17. Freire, Paulo (2002): Cartas a quien pretende enseñar, Buenos Aires, Siglo XXI. Freire, Paulo (2008): El grito manso, Buenos Aires, Siglo XXI. Galeano, Eduardo (2008): Espejos, Buenos Aires, Siglo XXI. Guerra Palmero, María José (1999): Mujer, identidad y espacio público en Contrastes, Revista Interdisciplinar de Filosofía, vol IV, pp. 45-64. ISNN: 11364076. Sección de Filosofía. Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras. ——, (2001): Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias, Costa Rica, Machicote, José Eduardo A. (1994): Actividades, juegos y deportes indígenas”, Rosario, Ediciones Asociación de Profesionales de la Educación Física. Núñez Hurtado, Carlos (1980): Educar para transformar, transformar para educar, México, Editorial Humanitas. Núñez Hurtado, Carlos (2005): Educación popular: una mirada de conjunto. En: Revista Decisio. Educación Popular, Nº10, México, CREFAL. Disponible en www.crefal.edu.mx Paz, Octavio (1959): El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica. Verger i Planells, Antoni: Sistematización de Experiencias en América Latina. Una propuesta para el análisis y la recreación de la Acción Colectiva desde los movimientos sociales. Dto. de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.alboan.org/archivos/353.pdf

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VIDEO-CAPÍTULO MIEDOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERTIDUMBRE EN LOS PUEBLOS DE OLAVARRÍA Marina Schucky Contenido del video capítulo •

El mundo del trabajo como espacio de organicidad en la vida del SUJETO COMUNITARIO.

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Desestructuración del mundo del trabajo: El precipicio de la INCERTIDUMBRE.

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Recuperación de certidumbre y desalojo de los miedos:

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Sinopsis La sociedad Argentina vivió desarreglos institucionales y conflictos sociales de envergadura –período 1989 a 2003– donde la crisis económica acompañada por movilizaciones de grandes segmentos sociales, aumento del índice de desempleo, fuentes de trabajo insuficientes. Vaciamiento de los – 322 –

recursos económicos del gobierno y la creciente privatización, conformaron un escenario político-social de alto riesgo, con desmantelamiento del orden institucional y ausencia de credibilidad en la política y en sus gobernantes. El desarrollo del video capítulo: “Miedos y construcción de certidumbre en los pueblos de Olavarría” pone en escena a través del registro fílmico, los relatos de los informantes donde la vida social y cultural se organizaba en torno al trabajo. Las políticas neoliberales desestructuraron ese modo de vida. Les arrojo el miedo –no como emoción– sino instrumentado, logró paralizar y arrinconar a los habitantes de los pueblos. El pánico a la pérdida del empleo los fragmenta, empiezan a ver a “su compañero” con desconfianza, “hoy le toco a él” ...mañana a mí. Se ausenta el diálogo, se debilita la relación, se hace presente la incertidumbre, reina el malestar, la inconformidad y el desajuste social. Fueron largas jornadas de trabajo las que nos dieron la aproximación a los resultados arrojados en la investigación, trabajo compartido con el Dr. Robinson Salazar. Entrevistas, recorrer espacios y contextos referenciales dentro de las comunidades de Loma Negra y Sierras Bayas, pueblos de Olavarría Provincia de Buenos Aires. Dando voz y visibilidad a más de veinticinco informantes que nos acompañaron con sus relatos y vivencias, en compañía del “ojo fílmico”. A medida que avanzábamos, afianzábamos los vínculos y la relación con la gente. Experimentamos plena satisfacción y regocijo en la exploración. Los resultados fueron sorprendentemente alentadores para compartir y discernir con los lectores-espectadores, acercándoles nuestro campo de estudio a través de la imagen. Razones más que suficientes para impulsar y brindar experiencias a fin de intentar detener en parte, el deterioro de sociedades latinoamericanas donde las masas migran por el miedo y los pueblos desaparecen y otras se debilitan y fragmentan asolados por la guerra, el narcotráfico. “Hoy tenemos la obligación de desocultar el miedo a través de los lazos sociales, reapropiar los espacios públicos, visibilizar las fracturas y necesidades sociales, asumir una postura exigente para denunciar y exigir los derechos políticos y laborales, cargar de sentido político las calles y remplazar la opinión pública fabricada por los medios por el debate político atento a los asuntos que a todos nos interesan; es el sendero de las nuevas construcciones políticas que debemos edificar”.1 Prólogo: El tunel del miedo, Directores del Proyecto Robinson Salazar Pérez/ Melissa Salazar Echegaray.

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El sujeto comunitario enfrenta la desesperanza económica y social pero resiste, aguarda. Protege la territorialidad, los lazos identitarios. Muy despacio se reacomoda frente al caos y una vez que logra desalojar los miedos empieza a recuperar y construir certidumbre. Es el lugar para las ideas, trabajos comunitarios, reivindicando lo popular y lo festivo dentro de la comunidad –la fiesta de Reyes; la Fiesta del choripán; la del inmigrante. De a poco recuperan y se apropian de espacios públicos, cargándolos de historias, reciprocidades, tradiciones. Pudimos privilegiar los trabajos en la suma de voluntades, en los museos comunitarios, fueron una vez espacios de fuentes de trabajo: estación de trenes, caleras –museo de sitio–. Hoy esos espacios nos dan la pauta para desalojar los miedos: el sujeto comunitario se agrupa, comparte, convive, interacciona, recrea, dialoga. Se fortalece, ocupa las plazas, los festejos; además de incorporar a los jóvenes brindándoles un espacio de derecho, “la callejeada” lugar público donde convive el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia el otro; “es el lugar que garantiza la socialización y contención” es como lo definen con entusiasmo y responsabilidad sus docentes. Este sujeto comunitario que develamos nos da la certeza que se puede recuperar comunidades, internalizando certidumbre a través de la implementación de estrategias que ellos mismos fueron poniendo en práctica. La apuesta está en reinsertar el trabajo como espacio de organicidad en la vida comunitaria, que alimente las nuevas expectativas, nutra las esperanzas y recupere la virtud laboral como la actividad reveladora del sujeto y proveedora de bienes materiales y simbólicos. Es importante subrayar que este proceso se fue dando dentro de un contexto político –del 2003 en adelante– que brindó las posibilidades para restablecer una política institucional capaz de dignificar al país, al ciudadano argentino donde fue recuperando las posibilidades de trabajar. Desistió de migrar y dirigió su esfuerzo en recuperar la credibilidad perdida. Argentina, una nación con crecimiento económico, capacidad de producción; creciente industrialización; fortalecimiento del mercado interno. Con educación gratuita, laica en todos los niveles, la salud con cobertura ampliada. Son factores que revirtieron el escenario político neoliberal, recuperando un proyecto de nación. Dentro de este nuevo contexto, los pueblos y pequeñas comunidades de Olavarría resurgieron. La identidad colectiva fue el eje fundamental para construir el sujeto comunitario, la relación social cargada de reciprocidades y confianza, se resguardó una espacialidad contenedora de tradiciones, historia, legados culturales, puntos referenciales comunes, sitios de congregación, – 324 –

socialización y áreas públicas donde conviven asuntos comunes que pertenecen a la generalidad. Los protagonistas nos aproximaron, nos involucraron, nos sedujeron. Nuestra propuesta y desafío, es someternos con total humildad ante nuestro lector espectador a compartir y confrontar el trabajo: “Miedos y construcción de certidumbre en los pueblos de Olavarría” dando la voz y visibilidad a quienes una vez intentaron apagar. Video capítulo: Link: http://www.youtube.com/watch?v=wjt1sxOras Q&feature=plcp

Bibliografía Bauman Zygmunt, Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, 2000. de France Xavier, Cap. Cine y Antropología “De la observación directa a la observación diferida”, en El Salvaje Metropolitano, Edit. Legasa S.A. Gil Calvo, El miedo es el mensaje, incertidumbre y medios de comunicación, Madrid, Alianza Editorial, 2003. Guarini Carmen, Cine y Antropología, en El Salvaje Metropolitano, Editorial Legasa SA. 1991. Salazar, Robinson, “Museo Popular Comunitario, un aprendizaje desde lo local”, en Desafío y resistencia de comunidades en riesgo de extinción, Elaleph. com, 2012. Salazar, Robinson, “Plutocracias que gobiernan a través del miedo y la guerra”, en Violencia y miedo: una mirada desde lo social, Elaleph, Temas estratégicos, Argentina, 2012. Salazar, Robinson, “Los miedos ocultos en la sociedad Latinoamericana del S. XXI”. Elaleph.com, 2011.

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LOS AUTORES Denise Najmanovich www.denisenajmanovich.com.ar [email protected] Doctorada en la PUC-San Pablo. Master en Metodología de la Investigación Científica. Bioquímica. Profesora del Doctorado Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la UNER. Profesora invitada por diversas universidades de Brasil, Uruguay, Colombia, México y Chile entre otras. Autora de “El juego de los vínculos. Subjetividad y redes figuras en mutación”, “Mirar con nuevos ojos. Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo” ambos de editorial Biblos y “Epistemología para principiantes”. Investigadora de la complejidad, nuevos paradigmas, subjetividad y redes sociales. Robinson Salazar [email protected] Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa/México. Profesor Investigador visitante de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Becario Cumex 2012. Sociólogo, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales (CIDHEM), Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa/México. Autor de artículos publicados en revistas internacionales entre ellas Convergencia, México, Utopía y Praxis Latinoamericana, Venezuela, Quorum, Venezuela, Theomai, Argentina, Polis, Chile, entre otras; ha coordinado 26 libros entre los que destacan La Nueva Derecha, Una reflexión latinoamericana; Sembrando Miedo, el regreso de los militares y el despojo; Lectura crítica del Plan Puebla Panamá; Democracia Emancipatoria; Voces y Letras en insumisión; Sentido y contrasentido en América Latina; La globalización Indolente; Paradigmas emancipatorios y movimientos sociales, entre otros. Profesor de posgrado en Argentina, Venezuela, Co– 327 –

lombia, El Salvador, Bolivia y México. Director de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz. www.insumisos.com Maribel García [email protected] Directora Red de Museos Municipales de los Pueblos de Olavarría, que cuenta con ocho Museos Comunitarios. Desde 1998 registró la historia oral de los Pueblos y parajes del Partido de Olavarría, difundiéndolo en programas de TV y radio, recibió importantes premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Es fotógrafa y locutora. Ha publicado el libro “La villa Von Bernard” y “Del Interior: pueblos y parajes”. En 2010 obtuvo Mención de honor del Premio Iberoamericano de Educación y Museos Ibermuseos con el trabajo “El impacto educativo de Ellas al desnudo” y en 2010 el tercer puesto con “Quiero y deseo un Museo”. Flabián Nievas [email protected] Dr. en Ciencias Sociales, Magister en Investigación en Cs. Sociales, Lic. en Sociología (UBA). Profesor Titular regular de Sociología Sistemática (Fac. de Cs. Sociales – UBA), Prof. Titular de Sociología (CBC – UBA), investigador independiente de CONICET, Instituto “Gino Germani”, y del CIES. Ha publicado ocho libros y decenas de artículos en revistas científicas de América Latina y Europa, y de capítulos de libros. Entre sus últimas publicaciones están Aproximaciones sociológicas (comp.), Proyecto Editorial, Buenos Aires, 2011, Arquitectura política del miedo (comp.), Elaleph.com, Buenos Aires, 2010, y Algunas cuestiones de sociología; (comp.), Proyecto Editorial, Buenos Aires, 2008. Rudis Yilmar Flores Hernández [email protected] Sociólogo y Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental San Miguel y Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de Ciencias Sociales. Coautor del libro: una Década en Movimiento, Luchas Populares en América Latina, en el amanecer del siglo XXI. El Salvador en su lucha por reconstruir la Organicidad Política popular 1999-2009. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Prometeo libros 2011. El Salvador 2010: Un año de transito lento. Observatorio – 328 –

social de América latina; año XXI No 29, mayo 2010, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Coautor del libro: État des résistances dans le Sud, Amérique Latine. Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve (Belgique), 2011. Pablo Bernardino Ormazábal [email protected] Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNCPBA). Del Valle 5737 (7400) Olavarría. Provincia. de Buenos Aires. Departamento de Arqueología. INCUAPA (Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario de la Región Pampeana). Licenciado en Antropología Orientación Arqueología Expedido por: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Médico veterinario. Universidad Nacional de La Plata. doctorando en arqueología: universidad nacional del centro de la provincia de buenos aires, facultad de ciencias sociales de Olavarría. Martin Gabriel Barrón Cruz Profesor-Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales; pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI-1) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Luis E. Ocampo Banda [email protected] Sociólogo. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM). Profesor investigador de la Universidad de Occidente, Mazatlán/ México. Ha colaborado en revistas científicas en temática de ciudadanía, Estado y violencias. Libros colectivos: Gobernabilidad en crisis: Delito, conflicto y violencia en América Latina. Voces y letras en Insumisión. Compilador de los libros El túnel del Miedo, Violencia y miedo: Una mirada desde lo social. Integrante del C.A. PSICOSOCIAl. Gonzalo Adrián Rojas [email protected] Profesor de Ciencia Política y del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG) en Paraíba, – 329 –

Brasil. Posdoctorado en el área de ciencia política realizado en la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo (USP), ambos en el estado de São Paulo en Brasil, Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor colaborador de la Escuela Nacional Florestán Fernandes (ENFF) del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) con sede en la ciudad de Guararema en el estado de São Paulo en Brasil. Paula Oliveira Adissi Graduada en Comunicación Social, con habilitación en periodismo por la Universidad Federal de Paraíba (UFPB), en el estado Paraíba en Brasil y con Maestrado en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), en Paraíba en Brasil. Actualmente es profesora en la Facultad Raimundo Sá en Picos, estado de Piauí también en Brasil. Juan Carlos Wlasic [email protected] Profesor titular regular en derechos humanos y garantías constitucionales, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigador universitario. Secretario de Educación de la APDH-Mar del Plata. Juan Wahren [email protected] Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Becario Postdoctoral del CONICET. Miembro del Grupo de Estudios de Movimientos Sociales de América Latina (GEMSAL) del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Álvaro B. Márquez-Fernández Maracaibo, Venezuela. Magíster en Filosofía (Universidad del Zulia), D.E. A y Doctor en Filosofía (Université de Paris I, Pantheón-Sorbonne). Director fundador de la revista internacional de filosofía y teoría social Utopía y Praxis Latinoamericana (Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos, Universidad del Zulia (LUZ). Docente de Pregrado, Maestría y Doctorado, e investigador de la Facultad de Humanidades y Educación y de la Facultad de Ciencias – 330 –

Económicas y Sociales de LUZ. Coordinador del Programa de investigación (CONDES-LUZ), Interculturalidad y razón epistémica en América Latina, y del Proyecto (CONDES-LUZ), Red Internacional de Documentación e Investigación sobre América Latina y el Caribe (CONDES-LUZ). Autor y coautor de varios libros y más de un centenar de artículos (arbitrados e indexados), sobre Filosofía y Teoría Política, Ética, Pragmática Comunicativa, Filosofía para Niños y Niñas, Crisis del Estado en América Latina. Docente e investigador adscrito al Centro de Filosofía para Niños y Niñas de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA). Catedrático del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Coordinador de la Maestría en Pensamiento Latinoamericano (UNICA). Conferencista invitado por universidades de España, México, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Italia. Investigador acreditado por el Programa de Promoción al Investigador (PEII-FONACIT), en su mayor nivel (nivel “C”). Sonia Winer [email protected] Politóloga y Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Magister en investigación y estudios latinoamericanos en la Universidad Toulouse le Mirail II. Docente de la materia “Cultura para la Paz y Derechos Humanos” e Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Ramiro Riera [email protected] Abogado, profesor en ciencias jurídicas y licenciando en filosofía (UBA). Magíster en derechos humanos (UNLP). Doctorando en derecho internacional (UBA). Docente de derechos humanos y garantías (UBA). Adrian Scribano [email protected] Investigador Independiente de CONICET. Doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires; Lic. en Ciencias del Desarrollo. Especialización en Sociología Política del ILADES/ Université Catholique de Louvain, Santiago de Chile/Belgica; Lic. en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y Diplomado de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de De– 331 –

recho de la Universidad Complutense de Madrid, España. Director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos. CIES (estudiosociologicos.com.ar) Paula Negroni [email protected] Licenciada en Ciencia Política. Docente Adscripta de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Rosario. Educadora Popular de la Organización Social “Causa y Efecto”. Rosario. Investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales. Ética y Prácticas Alternativas Paulo Freire. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Rosario. Doctoranda en Ciencia Política, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario. Área de Investigación: Democracia, Participación y Aprendizajes Ciudadanos. Coordinadora del Programa “Hockey Tod@s Juegan”. Subsecretaría de Recreación y Deportes. Municipalidad de Rosario. Marina Schucky [email protected] Licenciada en Comunicación Social con orientación en comunicación institucional, mediática e investigación. Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. UNICEN. Docente Cátedra: “Taller de Técnicas Audiovisuales II TV”. Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. UNICEN. (Desde 1999 hasta la fecha). Docente investigador Facso, Unicen. Área Cultura visual. “El uso del films en la investigación”. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Realización de producción audiovisual en el ámbito de Extensión Universitaria, UNICEN, en calidad de servicio a terceros: documentales, institucionales, pedagógicos y publicitarios. (Período 1991 a 2002). Autora proyecto Productora audiovisual independiente KINOKI contenidos, (2010 hasta la fecha).

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