Más que plata o plomo: el poder político del narcotráfico en Colombia y México 9789588806761, 9588806763

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GUSTAVO DUNCAN

MAS QUE

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PLATA O PLOMO EL PODER POLÍTICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA Y MÉXICO

DEBATE

Gustavo Duncan (Cartagena, 1973) Autor del libro Los señores de la guerra y columnista de El País de Cali y El Tiempo. Durante los últimos años se ha especializado en la relación entre el crimen y los procesos de construcción de Estado. El presente libro se deriva de su tesis doctoral en ciencia política de la Universidad de Northwestern, una investigación que culmina un trabajo de casi una década en la Uni­ versidad de los Andes y la Universidad EAFIT y que contó con el respaldo de la beca Drogas, Seguridad y Democracia del Social Science Research Council.

Más que plata o plomo

Más que plata o plomo El poder político del narcotráfico en Colombia y México

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DEBATE

Primera edición: noviembre, 2014 © 2014, Gustavo Duncan © 2014, Penguin Random House Grupo Editorial, SAS Cra 5A No. 34A - 09 Bogotá —Colombia PBX (57-1) 7430700 www.megustaleer.com.co ISBN: 978-958-8806-76-1 Diseño de portada: Paula Andrea Gutiérrez R. Shutterstock/kurhan Digitalizado por: Micheletto Sapiens Historicus Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares de copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos. Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A. Impreso en Colombia / Printed in Colombia

C o n t e n id o P rólogo ........................................................................................................ 11 INTRODUCCIÓN...............................................................................................17 L i . plan........................................................................................................................................................................2 4

PRIMERA PARTE UNA TEORÍA SOBRE EL PODER POLÍTICODEL NARCOTRÁFICO.....................37

1 U na EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE PODER.......................................... 39 2 M ercancía,

capital y geografía del estado ....................................43

L.\ evidencia: c m i v i >s............................................................................................................................ 4 4 L \ EVIDENCIA: los carteles ..................................................................................5 4

La

evidencia: cicdadcs, lavaix > ri s v pandillas.........................................68

l.I\

hallazgo básico: la criminalixación dii i ri:\< iada di la

MERCANCÍA

3 La

teoría

Y del CAPITAI..........................................................................................................................77

.................................................................................................91

L l . VAl. ( )R AGREGADO DI. LA PR( >1)1 ( < ION DI . P( )D 1.R .................................................9 5

E l . PODER COMO UN PROCESO DE DOMINACIÓN SOCIAI................................. 99

La

inclusión un el poder................................................................................. 109

I nclusión

en i-.i. mi .ruado ...................................................................................124

L a racionalidad

4 E l sentido L as

di: las instituciones de regulación sociai......... 140

político de la guerra contra las drogas .............. 151

guerras horizontales.................................................................................154

L as guerras

verticales...................................................... • .............................161

L as trayectorias

de largo plazo.................................................................. 168

SEGUNDA PARTE M éxico, C olombia 5 M éxico:

y los otros en una perspectiva comparada... 177

el precio de la democratización .................................. 179

E l estado

posrevolucionario......................................................................... 180

E l narcotráeico

hasta los setenta ............................................................ 184

E l. RESQUEBRAJAMIENTO DEL RÉGIMEN CORPORATIVISTA Y SUS ELECTOS EN LA PRODUCCIÓN DE PODER DE.SDE EL NARCOTRÁEICO........ 187

E l nacimiento

de los grandes carteles

..................................................196

E l . LINAI. DEL PRI Y EL COPA.MIL.NTO DEL TERRITORIO NACIONAI..............207

L a guerra.................................................................................................................. 214 E l caso M ichoacán.............................................................................................. 235

6 Un

estado que la guerra llevó a cumplir sus obligaciones

EN LOS MÁRGENES DEL TERRITORIO...................................................... 241 / L a política U n nuevo T ri:s

en

C olombia

antes de las drogas......................................244

proceso de apropiación del territorio ............................. 248

carteles............. ............................................................................................. 252

L a guerra

de

E scobar

contra el listado................................................ 261

Los PARA MI 1.LLARES...................................................................................................271

Los 1 . 1 I ( l( >S 1)1 l.-\ 1 ) 1 Sí I VI K\I.I/ ACION I \ 1.AS KI I \( lO\l s ni l>( )l)l K I VI R1. IR )l .n K ( )S Y \ \R< ( )TR \l K. \VI 1AS.........................................279 Los Si ÑOKI S 1)1. I.A (¡I I RRA......................................................................................286 L.\ i xí’ W sk )\ di : i.as ixstiti ......................................................................................................343

A nexo 19. mi i i m i )........................................................................................................................

B ibliografía

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Prólogo A l final ele su gobierno, el presidente de Estados Unidos Bill Clin­ ton indultó a Carlos Vignali, un reconocido narcotraficante que le pagó una gruesa suma a un abogado — cuñado de Clinton— para tramitar el indulto presidencial. El padre de Vignali también había financiado a poderosos políticos del Partido Demócrata, entre ellos a Antonio Villaraigosa, quien fue alcalde de Los Angeles en 2005. Lo irónico de la historia es que Clinton fue el mismo presidente que descertificó a Colombia por el escándalo de los dineros del cartel de Cali en la campaña de E rnesto Samper. A sí Samper hubiera capturado a la cúpula del cartel, el Departam ento de Estado de Estados Unidos fue reacio a dejar de tratarlo como un paria. Más irónico fue que Clinton, un par de años antes, había certificado a México en la lucha antidrogas a pesar de las fuertes sospechas que existían acerca de que el gobierno de Ciarlos Salinas de Gortari había recibido sobornos de los carteles. Al parecer, la necesidad de que el Acuerdo de lábre Comercio de América del N orte (NAFTA) tuviera éxito era más apremiante que lanzar un duro mensaje en contra de la corrupción.1

1

Para profundizar en el caso de Clinton ver Hernández (2001) y “The Clinton Pardons: The Scnator”, \en> York Times. 23 de febrero de 2001. Disponible en: http://\\Avw.nytinies.com/2001 /02/23/us/clinton-pardons-senator-mrs-clintonsays-hcr-brother-s-role-left-hcr-saddencd.html. b.n el caso de Samper, ver Vargas y otros (1996), y en el de Salinas de Gortari, ver I lernández (2010).

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En principio, los tres presidentes hicieron lo mismo: recibir sobornos de narcotraficantes, pero en cada caso estaban implícitas trayectorias muy distintas de la guerra contra las drogas. El pago a Clinton era un asunto restringido a lo criminal. Era la transacción típica entre un narcotraficante y un político poderoso: se pagaba al político para evitar que las autoridades pusieran en problemas sus operaciones y lo capturaran o dieran de baja. El principal efecto del soborno en la guerra contra las drogas era que drogadictos y con­ sumidores con fines recreativos podían continuar comprando una mercancía ilegal. En los casos de Samper y de Salinas de Gortari, en cambio, el asunto estaba repleto de implicaciones políticas. No solea se pagaba un soborno al político para que no interfiriera en la producción y el tráfico de drogas, sino que también se pagaba para poder ejercer como autoridad sobre una comunidad, sobre una serie de transacciones sociales, e incluso sobre un territorio. El principal efecto sobre la guerra contra las drogas era que el estado renunciaba a gobernar un pedazo de la sociedad. Las instituciones que regulaban los patrones de interacción social ahora eran controladas por orga­ nizaciones criminales, las cuales vigilaban y obligaban a la población a cumplir con dichos patrones de interacción social. Las diferencias en los efectos de la corrupción son una expresión del sentido tan desigual que tiene la guerra contra las drogas para los países consumidores y para los países productores. Mientras en lista­ dos Unidos la guerra contra las drogas es un asunto principalmente antidelincuencial, en el que ningún narcotraficante aspira a asumir funciones de gobierno, en México y Colombia la guerra contra las drogas implica la competencia por el gobierno de amplios sectores de la sociedad entre el estado y distintos tipos de organizaciones criminales, desde pandillas hasta mafias y señores de la guerra. Se trata de una guerra por la definición y el control de las instituciones que regulan el orden de innumerables comunidades y grupos sociales en un país. Este libro tiene como objeto responder a la pregunta que se deri­ va del sentido político que está implícito en la guerra contra las drogas

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en México y Colombia: ¿por qué en estos países unas organizaciones criminales han sido capaces de gobernar una porción significativa de la sociedad desde el control del narcotráfico? El argumento en su form a simple es que el gobierno ejercido por organizaciones cri­ minales ha sido posible en ciertos espacios periféricos y marginales cié la sociedad porque el capital de las drogas ha permitido dos tipos de procesos de inclusión complementarios entre sí. En primer lugar, los flujos de recursos provenientes del narcotráfico les permitieron a muchos habitantes y comunidades acceder a los mercados globales. Desde espacios remotos, con baja acumulación de capital era posible producir medios de cambio valiosos en el mercado internacional. Los medios de cambio se transformaban en inclusión en el consumo de masas para la poblaciém que directa e indirectamente accedía a los ingresos del narcotráfico. En segundo lugar, la organización de la violencia privada por una clase criminal en comunidades y territorios donde las instituciones del estado no eran lo suficientemente fuertes, permitir) que del con­ trol del narcotráfico se pasara al control de la poblacióní^Dado que además las instituciones del estado no eran funcionales para regular una economía fundada en una renta de origen criminal, existía una fuerte demanda de la sociedad por ej orden y la protección que los propios narcotraficantes proveyeron. Eue entonces cuando el crimen se convirtió en una oportunidad para que individuos provenientes de sectores excluidos accedieran a una posición de poder. A diferencia de las organizaciones políticas tradicionales, la organización de la violen­ cia privada ofrecía una oportunidad de ascenso a individuos que no disponían previamente de educación, de capital, ni de redes sociales. // Tener experiencia en el ejercicio de la violencia, voluntad para quebrar la ley y decisión para arriesgar la vida, eran, por el contrario, atributos disponibles entre los miembros de la periferia y la marginalidad. V Pero el acceso al poder por excluidos desde la organización de la violencia privada está restringido a espacios periféricos y marginales de la sociedad en los que el capital de la droga funciona como un medio de inclusión en el mercado. México y Colombia no son estados en

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proceso de colapso; en las áreas pobladas y donde están ubicados los intereses estratégicos de las élites, las instituciones estatales poseen una primacía indiscutible. La clase política, los jueces, los policías y los miembros del Ejército, entre otros tantos funcionarios públicos, tienen bajo su control el grueso de las instituciones de regulación social. Tienen el poder además para decidir sobre la utilización de la capacidad coercitiva del estado contra el narcotráfico. De hecho, esa es la razón por la que las organizaciones criminales los sobornan: para evitar que tomen la decisión de reprimirlos. Sin embargo, la decisión de reprimir o aceptar un soborno es más compleja cuando la actividad criminal — en este caso el narcotráfico— está articulada a amplias demandas sociales. La represión puede traspasar el asunto de unas organizaciones que producen drogas; puede llegar a ser tanto contra los medios de inclusión en el mercado de un pedazo de la sociedad, como contra la organización que provee orden y seguridad a la comunidad. Entre las consideraciones de la clase política que recibe sobornos de los narcotraficantes está, en consecuencia, que las decisiones de gobierno en la guerra contra las drogas no lleven a conflictos sociales. No solo es la codicia de unos políticos profesionales por enriquecerse y por tener recursos con qué competir en las elecciones. La decisión de recibir un soborno o no tampoco se reduce a las amenazas de las organizaciones criminales. Más que el dilema entre “plata o plom o”, el asunto es la .mediación entre los intereses de las áreas dominadas por las instituciones del estado y los intereses de los espacios sociales que son dominados por instituciones que surgen del narcotráfico. La clase política que se encarga de la mediación utiliza los canales democráticos para establecer los límites de poder entre ambos tipos de interés. Es un pulso permanente en el que los políticos profesio­ nales deben sopesar, por un lado, el respaldo de las organizaciones criminales y las comunidades dominadas por ellos, y por el otro, que la acumulación de poder por parte de las organizaciones criminales no rebasen su propio poder. En ese orden de ideas, el poder político del narcotráfico consiste inicialmente en la capacidad que adquieren unas organizaciones

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criminales de regular — mediante sus propios aparatos coercitivos— el orden en sociedades periféricas y marginales. Pero en una instan­ cia posterior consiste en la capacidad de acumular representación política en las instituciones democráticas para evitar que estados con sus suficientes medios coercitivos — com o el mexicano y el colom biano— repriman las bases de su ejercicio de dominación social. Los criminales al mando de ejércitos privados no son, por consiguiente, los únicos que acumulan poder desde el narcotráfico. La mediación es en sí un medio de acumulación de poder a través de la representación democrática, sobre todo para los sectores de la clase política de la periferia que se han ajustado a las transformaciones sociales introducidas por el narcotráfico. En México y Colombia quienes controlan la mediación entre dos formas de regulación social tan diferenciadas han sido los grandes beneficiarios del proceso de producción de poder desde el narcotráfico. Varias partes del libro han aparecido previamente como material de artículos académicos en revistas y textos universitarios. Del mismo modo el autor ha presentado muchas de las proposiciones teóricas planteadas a continuación en columnas de los periódicos E l País, de Cali, y E/Tiewpo, de circulación nacional. Ha sido una manera sutil de comenzar a indagar por las reacciones que pueda traer una tesis sobre el papel jugado por la criminalidad en la configuración del poder político, en particular por su papel como un medio de inclusión social y de satisfacción de demandas sociales entre sectores periféricos y marginales. Vale la pena advertir que el autor no pretende denunciar ni hacer una apología del tema. El propósito es solo interpretar un proceso histórico sobre el cual abunda demasiada evidencia y que por diversas razones, quizá muchos prejuicios y prevenciones, no ha recibido la atención que se merece por las ciencias sociales. Finalmente, deseo agradecer a mi familia: a mi esposa Adriana, mis hijos Santiago y Antonio, y mis padres Gustavo y Dayra, por su paciencia durante la escritura del libro. A Gustavo Mesa le debo una gratitud especial por com partir tantos whiskies alrededor de este libro. Con Alvaro ("amacho, Jorge Giraldo, Francisco Thoumi,

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Edward Gibson, Jeffrey Winters y Will Reno hay una deuda enorme, pues fueron indispensables en la elaboración conceptual de este libro. Sin ellos no habría libro: así de simple. También agradezco a Juan Arango, ('arlos Suárez, Jaime Jaramillo Panesso,Juan David Velasco, Oswaldo Zapata, Mariana Rivera, Claudia López, Irving Bernal, Saúl Echavarría, Rafael Grasa, Camila Suárez, Luis G uillerm o Restre­ po, César Alarcón, Carlos Flores, Carlos Zavala, Eduardo Medina, Agustín G uerrero y Jorge Castaño. Sus aportes fueron importantes. Por último, deseo reconocer el respaldo recibidó por la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la beca Drogas Seguridad y Democracia del Social Science Research Council, quienes financiaron estos años de investigación.

s

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INTRODUCCIÓN

La literatura sobre las luchas sociales del siglo veinte describe una situación típica: sectores descontentos con su situación son moviliza­ dos por distintos tipos de organizaciones para reclamarles a las élites transformaciones en el orden social. A estas luchas se les reconoce un carácter político porque visibiüzan las contradicciones entre quienes dominan y quienes son dominados. No importa el tipo de estrategias utilizadas para reclamar las transformaciones: pueden ser las más vio­ lentas o las más pacíficas; tampoco que los líderes de la protesta sean cooptados la mayoría de las veces dentro de las instituciones2 de las élites dominantes luego de hacer los mínimos ajustes necesarios en el orden social para evitar una insubordinación mayor (Piven y Cloward, 1979). Lo importante son los reclamos por transformaciones sociales. ¿Pero qué pasa con otro tipo de situaciones en las que el des­ contento existe y en vez de la organización de un partido, un m o­ vimiento, una protesta o una asonada la salida es la transformación del orden social por fuera de las instituciones de las élites? Por ejemplo, cuando una actividad económica ilegal es introducida sin mayor ruido por sectores subordinados con profundos efectos en las formas de producción y distribución de la riqueza, en el fondo se está resolviendo el descontento con el orden social existente. Si 2

l ’.n este libro se entiende por instituciones el concepto de North y otros (2009, p. I 5), que las define corno “los patrones de interacción que gobiernan v restringen las relaciones entre los individuos”.

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además surgen instituciones alternas de control social para regular las transformaciones ocurridas, la situación involucra nada más y nada menos que las relaciones de poder en la sociedad. Así las cosas hayan ocurrido en un principio sin enfrentamientos ni revueltas y sean el producto de una actividad criminal ¿no es acaso parte de una alternativa política que encuentran los sectores dominados para transform ar su situación en el orden social? Lo anterior fue lo que sucedió con el narcotráfico en México y Colombia. Las organizaciones criminales introdujeron enormes volúmenes de capital en sociedades de todo tipo: ricas y pobres. Pero para ciertas sociedades periféricas, descontentas por su exclusión económica, el capital de las drogas significó un incremento sustancial en su participación en los mercados. Las economías locales fueron rebasadas por la introducción de nuevos recursos, al punto que el orden social fue alterado de manera irreversible. Las jerarquías sociales, la división del trabajo y la distribución de la riqueza fueron transformadas sin previo avisod Eventualmente las organizaciones criminales que controlaban (mediante la violencia) los flujos de ca­ pital de las drogas, por su propio peso en las relaciones sociales, comenzarcm a imponer nuevas'instituciones de regulación social en la periferia. Mafias, señores de la guerra y demás organizaciones de coerción privada inundaron el paisaje político al reclamar las funcio­ nes propias de una autoridad local: cobraban impuestos, vigilaban los comportamientos de la población y administraban justicia. Ea violencia como medio de dominación se convirtió en sí misma en una oportunidad de acumulación de poder para los sectores en desventaja en el orden social.^Muchos criminales de origen miserable como Gonzalo Rodríguez Gacha, “el Mexicano”, o Joaquín Guzmán, “yl Chapo”, pudieron convertirse en la autoridad de sus comunidades. Las luchas políticas en estas sociedades estaban ahora dirigidas hacia la preservación de las transformaciones del orden social y hacia la 3

La composición del orden social en estos tres elementos es tomada de Moore (1978). Podría argumentarse que faltan los valores, las normas y los hábitos, aunque Moore incluye estas categorías como criterios ele clasificación de las jerarquías sociales.

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competencia por el control parcial — y en determinadas circunstan­ cias total— de las funciones de autoridad local. » . - w Como sucede en cualquier transformación de la estructura de poder, el grueso de la población permaneció en una posición subor­ dinada en el orden social, solo que ahora bajo la regulación de nuevas instituciones. Si las transform aciones en el orden de la periferia obedecieron en un principio a la satisfacción de las aspiraciones de inclusión económica de sectores marginados, en el largo plazo las transformaciones fueron preservadas por la fuerza. Más que una lucha por el corazón y las mentes de los dominados, era una lucha por sus tripas y sus hígados; por garantizar que la economía proveyera las necesidades materiales de la población de modo que no hubiera motivos para la desobediencia; por proteger a la población de las amenazas y las aspiraciones de control de otras organizaciones coer­ citivas y por imponer un sistema de normas y prácticas que al mismo tiempo que imponía orden en las relaciones sociales era implacable con cualquier intento de disidencia. En la mayoría de los casos los dominados obedecían las nuevas condiciones de dominación no porque estuvieran satisfechos con ellas sino porque no encontraban los recursos, la organización ni el respaldo social para rebelarse. O, dicho de manera más cruda: jorq u e no disponían de los medios para aspirar a un cambio en su situación de dominación. IJ Los sectores históricamente subordinados no fueron los únicos que tuvieron que adaptarse a los cambios. Para las élites tradicionales de la periferia el dilema era cómo ajustarse a una situación que había rebasado sus posibilidades. El capital de las drogas significaba que sus medios económicos no eran competencia en la nueva división del trabajo/Los negocios de siempre, como la ganadería, la agricultura y las empresas regionales, ahora eran irrelevantes ante las fortunas del narcotráfico que circulaban en la economía local. Otros medios y otros atributos definían las jerarquías y había que ajustarse a los cambios para no naufragar en el orden social. Las transformaciones fueron de igual modo una oportunidad. Ante sus restricciones de capital las élites tradicionales ofrecieron lo más valioso que tenían a

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la mano: su capacidad de mediación ante las instituciones del estado y ante las élites del centro del país. 1.a transacción iba a ser apenas natu­ ral. Ejércitos de criminales y narcotraficantes necesitaban protección frente a una eventual intervención del estado central en sus negocios, mientras que políticos, empresarios y figuras sociales de la periferia necesitaban el acceso a nuevas fuentes de capital para mantener su poder social frente a las élites emergentes de la criminalidad y a las élites del centro. Las élites legales de la periferia se convirtieron de ese modo en aliadas de las élites ilegales para preservar las transfor­ maciones del orden social, las nuevas instituciones de regulación y su nueva posición en las relaciones de poder con las élites del centro. Paradójicamente fue la relativa fortaleza del estado lo que les permitió a las élites legales de la periferia participar en el control de las nuevas instituciones y reclamar una parte de los excedentes del narcotráfico. 1.a fuente de su poder reposaba en el manejo de unas instituciones que, pese a las transformaciones del narcotráfico, continuaban siendo relevantes. Salvo áreas demasiado marginales o periféricas, la imposición de las nuevas instituciones de regulación desde el narcotráfico nunca significó la destrucción absoluta de las instituciones del estado. Las instituciones resultantes eran, por el contrario, el producto de los pulsos de fuerza entre las autoridades públicas y las autoridades criminales. Es decir, de acuerdos y de en­ frentamientos entre dos formas de autoridad que se materializaban en la existencia de una mezcla de instituciones legales e ilegales como formas de regulación social. En vez de la imposición del clásico monopolio weberiano del estado, se trataba de la imposición de un oligopolio de coerción, de una situación en la que el estado y las organizaciones criminales reclamaban de manera simultánea y So­ brepuesta la autoridad sobre la sociedad. En la práctica, la forma que tomaba la autoridad era definida por la interacción de una diversidad de actores de poder que iban desde los funcionarios civiles y militares del estado central hasta las élites tradicionales, las organizaciones coercitivas y las élites políticas y económicas que surgieron con el narcotráfico en la periferia.

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A l final, el alcance de las luchas políticas del narcotráfico re­ posaba en el control de las instituciones de regulación social. Un narcotraficante, por más capital que dispusiera, si no ejercía el control directo de una población, dependía de la clase política para obtener protección. Su poder estaba mediado por el soborno a quienes con­ trolaban las instituciones del estado. Si un funcionario investigaba al narcotraficante, la clase política podía pedir su baja; también podía definir qué operación policial se ejecutaba, qué tipo de normatividad regía sobre el narcotráfico y cómo se cumplía en la práctica. Pero el verdadero poder quedaba en manos de la clase política; si esta decidía traicionar al narcotraficante y suspender su oferta de protección, el narcotraficante podía hacer poco, salvo — en un acto desesperado— amenazar con matar a sus miembros. Esta situación cambiaba radicalmente cuando los narcotraficantes controlaban a la población con sus propios aparatos coercitivos. Ahora eran los políticos quienes tenían que contar con ellos para que las decisiones del estado se materializaran; si un funcionario quería hacer cumplir la ley sin considerar su poder, se iba a encontrar con la resistencia de una comunidad que obedecía una serie de normas y comportamientos incoherentes con los del estado. Muy seguramente iba a encon­ trar una retaliación armada mimetizada entre la misma comunidad. Muchas veces, asesinos abrían fuego intempestivamente contra los servidores del estado y al rato desparecían entre la población. Más desmoralizante iba a ser que eventualmente la clase política retiraba el respaldo al tuncionario por temor a perder los votos provenientes tle estas comunidades. La respuesta usual era entonces transar los términos y los límites de la regulación social, en otras palabras definir hasta dónde llegaba la autoridad del estado y hasta dónde la de las organizaciones criminales. En esta capacidad de transar reposaba el verdadero poder político de los narcotraficantes. Al margen de la corrupción el estado central tenía una razón de peso para tolerar las transacciones de este tipo en la periferia. Existía una fuerte legitimidad en la capacidad de las organizaciones criminales de resolver las nuevas demandas sociales que surgieron

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por el mismo narcotráfico. Los narcotraficantes y sus organizaciones coercitivas nunca fueron capaces de elaborar un discurso ni ningún otro tipo de construcción ideológica lo suficientemente convincente para legitimarse ante la opinión nacional. Eso era lo de menos. El asunto central eran los sectores sociales que ahora dependían del narcotráfico para resolver sus problemas de inclusión en el merca­ do y de provisión de justicia y protección. Con el surgimiento de nuevas instituciones de regulación, el estado debía considerar en *

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.

sus decisiones sobre la represión al narcotráfico unas contingencias políticas que iban más allá de los criminales encargados de produ­ cir y colocar la droga en los mercados internacionales. En muchos casos el estado no reprimía — o reprimía de manera restringida— a las organizaciones de narcotraficantes, porque le tocaba asumir las demandas sociales que estas organizaciones proveían. Resultaba menos costoso delegar en poderes criminales y en élites corruptas el control de comunidades periféricas cuando no disponía de los medios para satisfacer las demandas básicas de protección, justicia y sustento material. Pese a su importancia en países como México y Colombia, la manera como las organizaciones criminales interactúan con la es­ tructura de poder establecida para preservar las transformaciones del orden social y su nueva posición de poder ha sido hasta ahora un asunto tratado marginalmente en el estudio de la guerra contra las drogas. La atención sobre el tema, por centrarse en las necesidades de protección de empresarios criminales, ha reducido el carácter político del narcotráfico a un asunto de corrupción. De acuerdo con esta visión simplista, las mafias intervienen en política, bien sea por medio de alianzas o enfrentamientos, bajo una lógica puramente instrumental. Corrom pen y amenazan a las autoridades estatales con el único propósito de explotar una renta ilegal. No consideran que la dominación como un medio de imposición en el orden social pueda per se ser el principal propósito de sectores criminales en la sociedad. Tampoco consideran que la dominación de una parte de la sociedad pueda ser más importante que la corrupción y la violencia

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para obtener concesiones políticas del resto de élites de poder, entre otras concesiones aquella de poder traficar drogas en un territorio sin mayores riesgos. De hecho, la razón de fondo por la que el estado es reacio a intervenir en la periferia para reclamar la legitimidad de su autoridad es lo costoso y complejo que resulta transform ar el orden social para que sea adecuado a la capacidad regulatoria de sus instituciones. Este libro es una explicación del narcotráfico en México y C o­ lombia desde una perspectiva política, de cómo el capital y la coerción que se derivan de la droga definieron la forma de gobierno de una parte de la sociedad, y de la forma como el centro político nego­ ció con estas formas de autoridad las instituciones de regulación social en la periferia. El propósito es demostrar que el poder que se produce desde el narcotráfico tiene como sentido preservar las transformaciones en el orden social introducidas por el capital de las drogas. Son estas transformaciones las que les permiten a una serie de actores, principalmente organizaciones de coerción privada y políticos profesionales, ocupar una posición superior en la jerar­ quía de ciertas sociedades periféricas/\)rganizaciones coercitivas y políticos profesionales lideran las luchas políticas del narcotráfico porque disponen del control de las instituciones de regulación social, el cual es el principal mecanismo del narcotráfico para convertir poder económico en poder político. Desde esta perspectiva la guerra de las drogas tiene un claro sentido político. Es la lucha por evitar que la persecución c]ue el estado le hace a unos delincuentes afecte las bases de un orden y de unas formas de dominación social. La gran pregunta es: ¿por qué estados relativamente fuertes4 como el mexicano y el colombiano no están en condiciones de disputarle la obediencia de extensos grupos de población a las organizaciones criminales? 4

Kn algunos reportes se ha querido mostrar a México v Colombia como estados en proceso de colapsar, o incluso como estallos fallidos. Nada más ajeno a la realidad. Ambos estados tienen pleno control en las áreas estratégicas donde se concentra el grueso de la población. Id problema, como se expone en este libro, se remite a sociedades periféricas, en las que grupos armados desafían la capacidad regulatoria del estado. Sobre esta discusión ver Kennv y Serrano (2011) y Bejarano v Pizarro (2002).

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El

plan

La respuesta a esta pregunta comprende dos partes: la primera pro­ pone una teoría sobre el poder político del narcotráfico, y la segunda contrasta dicha teoría en México y Colombia.5 La trama central de la primera parte, es decir de la teoría, es la pregunta por las situaciones en las que el narcotráfico adquiere poder político. En otras palabras, ¿en qué circunstancias y hasta qué punto la regulación del narcotráfico se extiende a la regulación de la sociedad por medio de la imposición de nuevas instituciones de regulación? ¿Cóm o se configuran las relaciones de poder en la periferia entre las antiguas élites políticas, económicas y sociales y los sectores que surgieron gracias al narcotráfico? ¿Cóm o cambia la relación entre el poder político del centro y el poder político de la periferia ahora que el orden social, las instituciones de regulación y la estructura de poder en la periferia han sido alterados? La distinción entre el uso de la mercancía y el uso del capital en las distintas fases del negocio propone las bases teóricas para responder por el potencial de regulación social desde las drogas. Una simple mirada a los mapas del narcotráfico muestra que el manejo de la droga como una mercancía física está asociado con regiones periféricas en las que el estado es menos fuerte y donde la protección del negocio recae en organizaciones de coerción privada. Estas orga­ nizaciones eventualmente concentran tanto poder que se convierten en el estado de facto de las regiones periféricas especializadas en la producción de drogas. A medida que las operaciones involucran en mayor proporción la variable capital en relación con la variable mercancía, es decir a medida que la droga no es una mercancía sino un capital que necesita ser lavado para pagar los diferentes eslabones de la cadena productiva, el estado incrementa su presencia al pun­ to que en las grandes ciudades la organización de la violencia por narcotraficantes tiende a reducirse a asuntos criminales o al control 5

Para los lectores interesados, se puede ver la metodología de investigación en el Anexo.

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de barrios marginales. El soborno se convierte en el principal me­ canismo de intervención de los narcotraficantes en las decisiones de poder político. La relación entre geografía del estado y división del trabajo del narcotráfico no es pues un asunto inocuo. Involucra ni más ni menos que la influencia potencial del narcotráfico sobre las relaciones de poder en una sociedad. La teoría propone que la localización de las operaciones de producción y tráfico en áreas periféricas es producto de la mayor criminalización que el estado hace de la droga en su forma de mercancía. Com o resultado, es en sociedades periféricas en las que el capital de la droga, a pesar de constituir la tajada más pequeña del negocio, tiene sus mayores efectos en la imposición de nuevas instituciones de dominación social. A menor presencia de instituciones estatales y menor acumulación de capital, mayores son las oportunidades de controlar sociedades desde la protección del narcotráfico. Organiza­ ciones de coerción privada y políticos profesionales encuentran en la provisión de demandas básicas — como la inclusión en el mercado y la oferta de seguridad y justicia— un medio para reclamar la obe­ diencia de la población. Un nuevo orden emerge en el que tanto los criminales y políticos, como los empresarios que legalizan el capital de las drogas, ocupan las posiciones superiores de la jerarquía social. Al criminalizar una parte importante de la base económica de la sociedad, el estado se encuentra incapaz de reclamar el monopolio de las funciones de regulación social y, en casos extremos, de ejercer un mínimo de autoridad. De acuerdo con esta interpretación, la guerra contra las drogas tiene un contenido político que rebasa la lucha contra el crimen: es el pulso de fuerzas entre el estado y unas élites criminales por el gobierno de amplios sectores sociales en la periferia y por mantener las bases del nuevo orden social sobre el cual soportan su poder. Es, además, un orden con un arraigo social tan fuerte que la acción del estado llega con relativa facilidad hasta la captura y eliminación de los líderes criminales pero tropieza con bastantes problemas para adecuar los valores, normas y com portam ientos de la periferia a

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la capacidad regulatoria de sus instituciones. En muchos casos los costos de pro,visión de las nuevas demandas sociales introducidas por el narcotráfico disuaden al estado de asumir una regulación monopólica de la sociedad. El pulso de fuerzas, o lo que es lo mismo: el sentido político de la guerra contra las drogas, es acerca de los límites de poder entre las instituciones del estado y las instituciones de regulación impuestas desde la protección del narcotráfico. Como anotamos arriba, la segunda parte contrasta la teoría en México y Colombia, dos casos específicos de f>aíses donde existen poderosas organizaciones que controlan todas las etapas productivas del negocio, y su variación con respecto a casos de países consumi­ dores, intermediarios en el tráfico y productores. Aunque en ambos países el sentido político del narcotráfico está dado por la preserva­ ción de cambios en el orden social, cada caso presenta una trayectoria particular. Sin duda el narcotráfico tiene un profundo contenido político, pero no es toda la política que se vive en países como México v Colombia. Cada trayectoria responde a la forma particular como el capital de la droga produce poder para ciertos actores — básicamen­ te políticos y organizaciones de coerción privada— y cómo estos sectores se asimilan y alteran las luchas políticas existentes desde la imposición de instituciones de dominación alternas al estado. La historia política de cada país configura la trayectoria del narcotráfico en su estructura de poder. En México el eje central de esta trayectoria es la evolución del sistema autoritario corporativista del Partido Revolucionario Insti­ tucional (PRI) a la apertura democrática de principios de siglo XXI. El tráfico de drogas de México a Estados Unidos se remonta a la primera mitad del siglo XX. Su control estaba en manos de élites regionales afiliadas a la estructura autoritaria del PRI. Las élites po­ líticas utilizaban los cuerpos de seguridad del estado para controlar las rentas de la marihuana y del opio. Los espacios de regulación social por parte de las mafias estaban restringidos a áreas remotas. A principios de los setenta el incremento de las demandas por dro­ gas convirtió el narcotráfico en una actividad económica de mayor

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envergadura. Los recursos disponibles permitieron el surgimiento de una clase criminal que reclamaba un poder superior en relación con las élites del PRI. La apertura del sistema político a finales de los noventa fue la oportunidad que estaban esperando. El PRI tenía la capacidad de concentrar la acción de las instituciones coercitivas del estado contra cualquier narcotraficante que amenazara con rom ­ per los pactos trazados con las autoridades políticas a lo largo del territorio nacional. Cuando el sistema introdujo el incremento de la competencia democrática, la capacidad de utilizar las instituciones coercitivas del estado por la clase política se resintió. Los primeros síntomas de este resquebrajamiento sucedieron antes de la transición del poder hacia el Partido Acción Nacional (PAN). Por un lado, un narcotraficante del cartel del G olfo reclutó antiguos miembros de las fuerzas de seguridad del estado para com ­ petir por el dominio de las plazas en ese cartel. Ya habían nacido “los Zetas” como un aparato coercitivo por fuera del control de las instituciones estatales, luego no sería el único caso en el que antiguos miembros de fuerzas de seguridad pasaran a trabajar con criminales; por el contrario, reclutarlos como jefes de seguridad se convertiría en una práctica habitual de los carteles del narcotráfico. Por otro lado, algunos carteles comenzaron a utilizar pandillas y criminales rasos para controlar los mercados de drogas locales. Su propósito no era solo económico, pues, de hecho, implicaban muchos costos y su rentabilidad era despreciable en comparación con el mercado internacional; el propósito era más bien político porque se trataba de controlar territorios a lo largo de las rutas de la droga en México! A principios de la década del 2000, luego de la llegada al poder del PAN, la independencia de las instituciones del estado alcanzada por los carteles era evidente. En diversas zonas de México ejércitos privados asumían progresivamente funciones de regulación social. I.a realidad se hizo inocultable cuando estalló la violencia entre car­ teles que se enfrentaban en un vertiginoso proceso de expansión territorial. Si en un principio la apertura del sistema político había despojado al estado de los mecanismos institucionales para apaciguar

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Más que plata plo excepcional del caso colombiano estuvo en que la aparición de poderosas mafias de narcotraficantes estaba superpuesta a la guerra interna contra las guerrillas marxistas, lo que condujo a su vez a la participación de gentes de diversos orígenes sociales en la organización de la violencia al margen del estado. Los líderes de las guerrillas marxistas, quienes provenían de sectores medios con preparación universitaria, terminaron por las circunstancias del conllicto colombiano controlando gran parte de la producción de los cultivos de coca en los territorios más periféricos del país. Por su parte, los capos del narcotráfico que compraron grandes extensiones de tierra en zonas semiperiféricas terminaron aliados con terrate­ nientes tradicionales en la conform ación de grupos paramilitares para defenderse de las guerrillas. Pero como la dinámica de la guerra contrainsurgente exigía el control de las rentas del narcotráfico, muy pronto se involucraron en el negocio individuos pertenecientes a familias acomodadas de regiones ganaderas y latifundistas. Miembros de las élites tradicionales de los departamentos de Córdoba y Cesar, como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 4 0 ”, se convirtieron en señores de la guerra que exigían tributación no solo al narcotráfico sino a toda la producción ilegal que tenía lugar en sus territorios.4748 47 Betancourt (19‘M) habla de cinco focos mañosos. Pero muchas organizaciones que surgieron en otras regiones de Colombia eran en realidad subsidiarias tic la capacidad de estas tres mafias de colocar cocaína en el mercado internacional. 48 Cuantío el control de la sociedad era muy extenso, los paramilitares regulaban incluso la producción legal (Duncan, 2006).

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En cuarto lugar, los requerimientos operativos de la variable ca­ pital exigen de los participantes del negocio una serie de habilidades, experiencia y contactos sociales que están disponibles principalmente entre las clases altas y los sectores acomodados. La formación como abogado, economista o financista es un activo valioso para conocer las modalidades más efectivas y seguras de movimientos de capital, para estar al tanto de las prácticas regulatorias del estado y, sobre todo, para desarrollar las habilidades sociales que permitan relacio­ narse con élites legales de todo tipo. El blanqueo de dinero ofrece en ese sentido ventajas a sectores con experiencia en el manejo de la riqueza y en las relaciones con el poder político y el poder social. Es posible además para las clases altas involucrarse en el negocio sin ex­ perimentar los riesgos de otras fases del negocio de las drogas. Gran parte de los servicios demandados por las empresas narcotraficantes son ambiguos en cuanto a su carácter de legalidad o ilegalidad por no tener una clara relación con actividades criminales. En muchos casos los abogados, políticos y empresarios que prestan servicios indispensables para el negocio no cometen ningún delito salvo co­ nocer el origen ilegal de los recursos que reciben como pago. Incluso cuando se involucran en actividades criminales es más complicado que su responsabilidad penal sea comprobada por medio de algún material probatorio, por no estar comprometidos directamente en la manipulación de mercancía. Tan fuerte es la distinción de clases entre la mercancía y el ca­ pital, que aun para los propios narcotraficantes especializados en la introducción de la droga a los mercados finales el contacto con la mercancía señala el estatus en el mundo criminal, como lo expresan Decker y Chapman (2008): La variable clave que distinguía las dos grandes categorías de roles [en el narcotráfico] era el contacto con las drogas. Había una clara distinción de roles entre los individuos que tenían contacto fí­ sico o que veían las drogas y quienes no tenían contacto. La primera categoría incluía roles de estatus inferiores y los individuos en dichos roles eran más susceptibles de ser capturados. [...] Los individuos

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que negociaban y tenían contacto con gente en Colombia tenían un estatus superior que aquellos que nunca obtuvieron acceso a estos contactos (p. 90).49 Aunque poseer riqueza, educación y contactos con las élites antes de trabajar con narcotraficantes eran atributos beneficiosos en las operaciones de lavado, el desarrollo de ciertas actividades formales e ilegales permitieron que la colocación de los excedentes del nar­ cotráfico en la economía no fuera acaparada por sectores de élite. Sectores medios y emergentes, sin mayor dotación inicial de capital, encontraron la oportunidad de convertirse en grandes empresarios por medio de economías informales, piratería, comercio de contra­ bando, construcción, mercados de abastos, repuestos y en general todas las oportunidades de negocio que surgen con la disponibilidad de efectivo del narcotráfico. Estos mercados, a pesar de sus rasgos informales, pobremente regulados por el estado y relacionados con recursos de la droga, gozan de una amplia legitimidad por la cantidad de población que resuelve su aprovisionamiento material por medio de ellos. Misse (2007) argumenta que existen actividades ilegales que por su amplia aceptación entre ciertos sectores de la sociedad no reciben el mismo tratamiento de las autoridades. Por ejemplo, los vendedores de mercancía pirata en las calles más transitarlas de una metrópoli están cometiendo un crimen al igual que lo comete un vendedor de drogas al detal. Sin embargo, las autoridades van a repri­ mir con mayor severidad al vendedor de drogas por el rechazo social tan fuerte hacia esta actividad, mientras que el vendedor pirata es aceptado socialmente como una alternativa a menor costo de acceso a mercancías de uso popular. El argumento de Misse es importante no tanto porque las distintas fases operativas del narcotráfico estén relacionadas con distintos niveles de tolerancia social, tal como lo evidencia la propia criminalización diferenciada entre la mercancía y el capital, sino por la form a como la redistribución del capital del •l() Traducción del autor.

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narcotráfico entre muchas comunidades genera de manera sutil todo un proceso de legitimación de empresarios y actividades económicas vinculados con prácticas criminales. En marzo del 20 13 fue capturado por la Fiscalía colombiana Marco Antonio Gil Garzón, alias “el Papero”, por cargos de lavado de activos. Gil, de 66 años, era un accionista de Corabastos — la cen­ tral de alimentos que abastece a Bogotá— que utilizaba sus negocios en el sector para lavar dinero de narcotraficantes. Lo llamativo del caso es la cantidad de capital que legalizó y el periodo de tiempo tan extenso durante el cual pudo prestar sus servicios sin ser perse­ guido por las autoridades. Según un reportaje de E l Tlewpo (2013),50 en 1983 Gil pasó súbitamente de ser “un humilde campesino, de sombrero y ruana, que se ganaba la vida cargando bultos en Corabastos” a ser propietario de las bodegas de su-patrón. “ Una década después, el campesino ya era socio de uno de los más importantes constructores del país y tenía inversiones en hoteles, empresas de transporte, exportadoras de flores y complejos comerciales, como Unicentro de Villavicencio”. El reportaje estima la fortuna de Gil en cuatrocientos cincuenta millones de dólares, producto de cerca de veinticinco años de relaciones con narcotraficantes que van desde Pablo Escobar hasta Miguel Arroyave, el jefe de los paramilitares en Bogotá a principios de la década del 2000. El caso de G il muestra, por un lado, que para individuos originarios de posiciones inferiores en el orden social hay oportunidades de enriquecimiento en sectores legales de la economía, como las centrales de abastos, donde las instituciones del estado tienen restricciones regulatorias. Y por otro lado, que sus actividades gozaban de una amplia aceptación entre todo tipo de población, no necesariamente vinculada con actividades ilícitas. En Corabastos Gil tenía numerosos socios y trabajadores que dependían de él para financiar sus negocios y sus salarios, todo dentro del ámbito legal. Por fuera de la central de abastos entre sus 50 “1.1 ‘Papero’ pasó de cargador de bultos a capo multimillonario”, publicado el 24 de marzo de 2013. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documcnto/ CMS-12709524.

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socios y clientes estaban prestigiosos constructores y empresarios de la finca raíz de Bogotá.51 En Ciudad de México las autoridades encontraron doscientos siete millones de dólares en efectivo en la casa del empresario de origen chino Zhenli Ye G on, además de otros pocos millones en ti iñero mexicano, euros y oro. Ye G on tenía empresas importadoras de fármacos legales que al parecer eran utilizadas para traer seudoefedrina de China. La seudoefedrina era utilizada como un insumo para la fabricación de drogas sintéticas. Pero lo interesante del caso Ye G on no es cómo él utilizaba una empresa legal para surtir los insumos en el proceso de fabricación de mercancías. Tanta cantidad de efectivo en una sola incautación es una señal de que su función más importante era el lavado. De hecho, se comprobé) que Ye G on había gastado ciento veinticinco millones de dólares apostando en casinos de Las Vegas en lo que se cree son operaciones encubiertas para lavar dólares.52 Uno de estos casinos, Las Vegas Sand Corp, era de propiedad de uno de los principales donantes (diez millones tic dólares) de la campaña del candidato presidencial republicano Mitt Romney. Asimismo Ye G on declaró a la justicia que del dinero eticontrado en su casa ciento cincuenta millones de dólares perte­ necían en realidad a miembros del gabinete del presidente mexicano 1 51 Por ejemplo estaba Pedro Gómez Barrero, uno de los constructores más importantes de Colombia. Ver artículo de Id Tiempo “Pedro Gómez dice que ya no tiene nexos con el ‘Papero’ de Corabastos”. Id artículo sostiene que: “Id empresario aseguró que, desde 2007, cuando F.I. TIEMPí) publicó que Marcos Antonio Gil, el llamado ‘zar’ de la papa de Corabastos, había sitio incluido en la Lista Clinton, liquidó los tres proyectos en los que este aparecía”. Publicado el 23 de abril de 2012. Disponible en: http://\v\v\v.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-l 1635301. 52 Id uso de casinos para lavar dinero se ha convertido en una práctica común. En México los periódicos reiterativamente reportan la explosión en el número de casinos como un mecanismo fácil y seguro de lavado tle dinero. Ver por ejemplo en I ¿/jornada tle México el artículo: “Monterrey: un oasis del lavado de dinero mediante el auge tle casinos”, publicado el 10 tle abril tle 2011. Disponible en: http://\v\v\v. jornada.unam.mx/2011/04/10/politica/005nlpol. De hecho fue en Monterrey donde ocurrió el famoso caso del Casino Royale en el que 52 personas murieron cuando un grupo tle sicarios incendió el casino al parecer por no haber pagado una extorsión a una mafia.

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Felipe Calderón. Sea como fuere la operación de lavado, era claro que contaba con la aceptación de actores poderosos en el poder ' > político.53 Para efectos del argumento central de esta sección acerca de la criminalización diferenciada entre mercancía y capital, vale la pena citar la justificación de Rogelio de la Garza, el abogado defensor de Ye G on, para evitar que su cliente, quien fue detenido en Estados Unidos, fuera extraditado a México donde temía un atentado contra su vida. De la Garza, el abogado de Ye Gong, dijo que: “va a pelear por la libertad inmediata de Ye G ong si es* extraditado a México, bajo el argumento que el dinero fue obtenido legalmente y que a Ye G ong no le fueron encontrados narcóticos”.54 El caso de Gil y Ye G on son solo dos ejemplos de sectores de economías susceptibles al ingreso de enormes volúmenes de capital del narcotráfico que rápidamente se convierten en un mecanismo para incluir empresarios y trabajadores en actividades mucho menos criminalizadas que la producción y el transporte de drogas, algunas de ellas incluso perfectamente legales y formales ante las instituciones del estado aun en países en los que — como México y Colombia— el sector informal alcanza casi la mitad del tamaño total de la economía.

53 Ver en The Washington I "unesel artículo: “Alleged drug trafficker arrested in Maryland”, publicado el 24 de julio de 2007. Disponible en: http://\v\v\v.\vashingrontintes, com/news/2007/jul/24/alleged-drug-trafficker-arrested-in-maryland. Ver también en la revista /ai China, “Id alucinante caso del empresario mexicano Xhenli Ye Gon”, publicado el 16 de agosto de 2007. Disponible en: http://www.zaichina. net/2012/08/16/el-alucinante-caso-del-empresario-mcxicano-zhenli-ye-gon. 54 Tomado de The Washington Times (ver nota anterior). Traducción riel autor.

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La teoría Una lectura simple de las diferencias en la criminalización entre mercancía y capital es que aquellos sectores relacionados con la mercancía experimentan una mayor represión estatal porque no disponen de influencia en los medios legítimos de poder. Esta lectura subordina los motivos políticos a los intereses económicos de los sectores involucrados. El eje del argumento es que la diferencia en el grado de criminalización les permite a las jerarquías superiores del orden social quedarse con una porción mayor de los excedentes producidos sin asumir los riesgos de una actividad ilegal. Sin embar­ go, es una lectura incompleta en cuanto subestima las aspiraciones políticas de sectores subordinados. Muchos espacios de la sociedad se transforman con la introducción del capital de las drogas y con estas transformaciones surgen nuevas demandas sociales en la periferia que son satisfechas por organizaciones coercitivas y por políticos profesionales. En consecuencia, además de la distribución social del riesgo, existen motivos políticos para criminalizar a las organizacio­ nes que se especializan en el manejo de la mercancía y la violencia. Estas organizaciones imponen nuevas instituciones de regulación que satisfacen demandas sociales que el estado no encuentra cómo satisfacer con sus instituciones. En sí las transformaciones ocurridas son un desafío político porque se trata de la aparición de una competencia por las funciones ile regulación y de toma de decisiones en la sociedad. De hecho,

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los puntos ele acuerdo entre la clase política y los sectores de poder que emergen con el narcotráfico son económicos. Aunque es una reacción apenas natural que quienes controlan las instituciones del estado traten de impedir que otras fuerzas disputen sus espacios de dominación, la clase política cede porciones de su poder a cambio de participación en los excedentes del narcotráfico. La contradic­ ción política se resuelve mediante una transacción económica. Una teoría sobre el poder político del narcotráfico implica entonces dos asuntos esenciales: por un lado está el tema*de la distribución del dominio social entre la clase política y las organizaciones criminales, entendiendo este dominio como la imposición de instituciones de regulación sobre una serie de.espacios y transacciones en la sociedad. Como objeto de análisis la clase política no funciona como un actor homogéneo; existen grandes diferencias entré la clase política del centro y de la periferia, ambas manejan las instituciones del estado pero sus medios de poder varían sustancialmente. Mientras el estado central dispone de enorm es cantidades de recursos y de medios coercitivos para doblegar a las organizaciones criminales, los políticos de la periferia — por sus restricciones de medios y recursos— están obligados a negociar sus espacios de dominación. El resultado final refleja cóm o la geografía del estado coincide con la división del trabajo en el narcotráfico entre mercancía y capital. Cuando reciben sobornos, los políticos del centro — ubicados en lugares donde se lava el capital— están realizando concesiones en temas concretos de la protección de un negocio ilegal, mientras que los políticos de la periferia, ubicados en lugares donde se produce la mercancía, están realizando concesiones en el ejercicio de la regulación social. El asunto es un pulso de fuerzas acerca de hasta dónde llegan las instituciones del estado y hasta dónde las instituciones de los aparatos coercitivos del narcotráfico. Por otro lado está el tema de los pulsos de fuerza entre el centro y la periferia por la nueva serie de intereses estructurales que surgen del narcotráfico. Estos intereses involucran tanto a los actores que ejercen la dominación social — políticos y criminales— como a las

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sociedades dominadas. Para los sectores dominantes la cuestión gira en torno a la preservación de un orden social que garantiza una posición en las jerarquías superiores de la sociedad. Para los sectores dominados la cuestión gira en torno a las dos demandas básicas que surgen del narcotráfico: el acceso al mercado como for­ ma de inclusión económica, y la provisión de orden y seguridad en espacios donde las instituciones del estado no operan a plenitud por la criminalización de los flujos de capital que sostienen el mercado. Así, en las decisiones que toman en las instituciones legales, lps políticos de la periferia tienen que considerar los efectos que tiene un negocio ilegal sobre los intereses estructurales de la sociedad local. El problema es que sus intereses, al igual que aquellos de las sociedades que gobiernan, están ligados en mayor grado a una actividad criminalizada por las propias instituciones del estado. A l margen del soborno y la corrupción que ocurre en todos los niveles de la política, las decisiones de poder entre el centro y la periferia contemplan en estos casos pulsos de fuerzas acerca del papel de la criminalidad en la organización de la sociedad. La dominación de la sociedad en la periferia, y el pulso de tuerzas entre el centro y la periferia, señalan de ese modo el funda­ mento central de una teoría sobre el poder político del narcotráfico: si se entiende el poder político como la capacidad de lograr que las decisiones importantes en una sociedad consideren los intereses propios, los efectos del narcotráfico en el poder político rebasan el tema de la protección de los narcotraficantes. El capital y la coerción producidos desde el narcotráfico pueden convertirse en ún medio importante para influir sobre las instituciones del estado si las transformaciones en el orden social por el narcotráfico pro­ pician la aparición de nuevas instituciones de regulación social. Y a pesar de que el capital es producido directamente por los narcotra­ ficantes, com o medio de producción de poder no pertenece a los narcotraficantes, o al menos no a todos los narcotraficantes. Son las organizaciones de coerción privada y la clase política los actores sociales que concentran la capacidad de decisión generada por el

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narcotráfico bien sea en lo relativo a las instituciones de regulación en la periferia o bien sea en lo relativo a la mediación con la clase política nacional. Concentran esta capacidad porque articulan, por la fuerza o por conveniencia, los intereses de sectores de la sociedad que surgen de las transformaciones del narcotráfico. En consecuen­ cia, lo realmente importante no es el poder de los narcotraficantes en sí, sino cómo el narcotráfico produce poder entre un conjunto de actores sociales. Esta sección propone una explicación al proceso de aparición de formas de dominación monopólicas y oligopólicas por parte de organizaciones criminales como el resultado de las nuevas deman­ das sociales que surgen del -narcotráfico en espacios periféricos y marginales. En particular de demandas de inclusión en el mercado de masas y de provisión de orden y seguridad. La explicación utiliza las condiciones de acumulación de capital para identificar aquellas sociedades en las que las organizaciones criminales potencialmente pueden ejercer su dominio, donde pueden dominar el estado y donde lo más probable es que políticos y criminales compartan la domina­ ción. La acumulación de capital importa porque a menores niveles de acumulación mayores son las demandas sociales que surgen del narcotráfico y, a su vez, mayores son los espacios y las transacciones sociales que caen bajo la esfera de regulación de organizaciones criminales. Lo que además coincide con toda la evidencia provista anteriormente sobre la relación entre la criminajización de la variable mercancía y la ubicación de las fases iniciales del narcotráfico en sociedades distantes al estado. Una conclusión importante de esta argumentación teórica es que los pulsos de fuerza entre el centro y la periferia son pulsos defuerza políticos por la legitimidad del uso del crimen como medio deacceso al mercado mundial desde sociedades con baja acumulación de capital. Es elecir, la instauración ele- un orden social y político alterno tiene conio sentido una forma de organización económica de la sociedad muy elistinta al proyecto de organización económica ofrecido por el estado a las sociedades periféricas.

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EL V A L O R

A G R E G A D O D E L A P R O D U C C IÓ N D E P O D E R

El narcotráfico es un negocio volátil, lleno de incertidumbres, amena­ zas, y en el que cualquier error está asociado con altas probabilidades de perder la vida o ser encarcelado por largos periodos de tiempo. 1.a forma típica para reducir estos riesgos es por medio de un pago por protección. FJ pago bien sea a una mafia, un ejército privado, un político, un general de la policía o un juez, significa la diferencia entre estar vivo o ser asesinado, o entre estar libre o ser prisionero. I.a paradoja es que toda protección en el narcotráfico encarna una amenaza. Solo es posible ofrecer protección cuando se dispone de la capacidad de amenazar. El ejército privado de un mañoso que protege a un corredor de drogas tiene los medios para expropiar la mercancía y asesinar a quienes la transportan. El político que recibe sobornos para evitar que las autoridades persigan a un capo tiene la capacidad de influir sobre las autoridades para producir su captura. El punto de quiebre está en la capacidad que tienen las organiza­ ciones que ofrecen protección de neutralizar las otras amenazas. El mañoso y el político ofrecen una protección creíble solo cuando son capaces de someter a otros mañosos y de anular la influencia de otros políticos. Si las principales amenazas que afrontan los narcotrañcantes provienen de otros criminales y de las instituciones estatales, no es casual entonces que las dos principales formas de protección giren en torno a la coerción privada y a la influencia sobre el estado. Una frase del capo colombiano Daniel Barrera, alias “el Loco”, resume así esta lógica del narcotráfico como un negocio basado en el domi­ nio de la coerción privada y de las instituciones estales: “El que no trabaja para mí, lo mato o lo entrego a la ley”."0 Sin embargo, todo el asunto de la protección no puede reducirse a la neutralización de las amenazas directas que se ciernen sobre unos criminales. También es un asunto que involucra el poder en las instituciones estatales para 55 Ver Semana: littp://www.semana.com/nacion/grabaciones-del-ultimo-capo-daniel -loco-barrera/185133-3.aspx.

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garantizar que las decisiones políticas en una sociedad se ajusten a las necesidades de*protección y de creación de rentas desde una actividad ilegal. Incluso puede llegar a ser el poder para permitirle a unas instituciones cié regulación social funcionar bajo el control de organizaciones criminales sin la interferencia del estado en ciertos espacios de la sociedad. Las críticas sobre el concepto de Gambetta (2007) de la marta como “el negocio de la protección privada” apuntan en ese sentido a una serie de atributos de las mafias que van más allá de la función de proteger. Ln particular el asunto de la competencia por el poder y la acumulación de riqueza desde sectores en desventaja en el orden social son aspectos fundamentales de la marta que son dejados de lado por Gambetta (Camacho, 2Q10).56 Krauthausen (1998) se refiere a los martosos como “especialistas en la acumulación y el ejercicio del poder. El poder, de cierta forma, es su más importante medio de producción” (p. 56). Los martosos tienen además otra peculiaridad que los distingue de otros especia­ listas en la producción de poder: organizan la provisión de mercados y el ejercicio de la violencia para imponer intereses. No en vano Volkov (2002) en sus trabajos sobre la mafia rusa se refiere más bien a las “empresas de la violencia” como “una serie de soluciones organizacionales y estrategias de acción que permiten a una fuerza organizada (o violencia organizada) ser convertida en dinero u otras rentas valiosas de form a permanente” (p. 27). La relación entre la oferta de protección y la producción de poder tiene una fuerte implicación en la economía política del nar­ cotráfico. Com o se ha argumentado antes, el narcotráfico es una empresa de producción de poder: criminales y políticos pueden ofrecer protección porque producen poder, lo que implica que la mayor parte del valor agregado en el narcotráfico proviene de orga­ nizaciones especializadas tanto en la organización de un mercado ilegal como en la protección de este mercado a partir de su influencia sobre las decisiones de poder político. El verdadero poder de un 56 Las críticas de ('amacho (2010) están basadas en los textos de Umberto Santino v Giovanni La l iura, (1990) y de Pino Arlacchi, (1986).

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criminal o un político no se reduce a la protección que le brindan a un narcotraficante, sino a su capacidad efectiva de influir sobre las decisiones que se toman en una sociedad. Por consiguiente, el narcotráfico forma parte de una manera particular del capitalismo descrito por Weber: el capitalismo político.57 Criminales y políticos producen el poder necesario para que el negocio de las drogas sea viable y este poder se convierte en una renta cuando el costo de la protección se agrega a los costos de producción en el precio final de la mercancía. Es así como la diferencia tan alta que existe entre el precio final de la droga y sus costos de producción es el resultado de los pagos realizados a organizaciones especializadas en la producción de poder. Una manera simple de contrastar las diferencias en la formación del poder entre el capitalismo político y el capitalismo racional — aquel que consiste en la competencia abierta en el mercado regulado por un estado racional— consiste en comparar los efectos que tiene la venta de $ 100 de producto por un empresario legal y otro narcotraficante. De $ 100 que vende el empresario legal, por ejemplo un industrial, sus costos son del orden de $91 y su utilidad final es del orden de $9. De estos costos, $15 corresponden a impuestos que financian un estado con determinadas características propias para la protección de la producción industrial como la imparcialidad, la predictibilidad, etcétera, es decir un estado racional m oderno en términos weberianos. En el otro lado, un capo de un cartel, por cada $100 que vende tiene unos costos de tan solo $30, le quedan $70 para invertir en la acumulación de poder. Com o de la disponibilidad de poder depende no solo su protección sino también su capacidad ile controlar centros de producción y rutas de tráfico, los capos de los carteles están dispuestos a invertir muchos recursos en organi­ zaciones de coerción privada y en políticos corruptos para reducir los riesgos de su empresa. Con más razón lo harán si su aspiración es extender su poder al dominio de la sociedad. Suponiendo que .S7 La idea de las mafias del narcotráfico como un caso de capitalismo político ha sido trabajada por Bernal (2004), Misse (2007) y Duncan (2006).

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invierten $45 — igual les quedan $25 de ganancia neta— , el resultado es contundente: para que los empresarios legales puedan invertir recursos equivalentes a los de los narcotraficantes en una autoridad favorable a la protección de sus negocios y sus intereses, necesitan producir ¡tres veces más capital! De allí que en las zonas periféricas con baja acumulación de capital la extensión de la regulación del negocio a la regulación social por ejércitos privados sea un proceso prácticamente espontáneo. ^ Pero el asunto central de la producción de.poder en una sociedad no se reduce a las necesidades de protección de las empresas narcotraficantes. El poder es el resultado de la interacción de numerosas fuerzas sociales en una dinámica continua que determina quiénes dominan, quiénes son dominados y bajo qué condiciones ocurre la dominación. Quienes tienen el poder lo hacen por razones que rebasan la producción de drogas. Bien sea por los recursos materiales, la transmisión de una ideología, las habilidades militares o el control de las instituciones estatales, entre otras tantas razones, los poderosos son capaces de reclamar la obediencia y el respaldo de numerosas fuerzas sociales, lo que a su vez les permite imponer decisiones sobre otros sectores de la sociedad. Estas decisiones tampoco se reducen a las necesidades de protección de las empresas narcotraficantes. In­ volucran, además de la imposición de sus propios intereses, muchos otros temas necesarios para disponer del respaldo de una parte de la sociedad y convertir este respaldo en medios efectivos de poder. Un político puede recibir sobornos de un narcotraficante, pero al final solo podrá brindar protecciém si suficientes miembros de la 58 Las cifras de todo este párrafo están fundadas en supuestos hipotéticos, no forman parte de un ejercicio científico riguroso. Se utilizan para arrojar una idea de la diferencia en los efectos en la producción de poder de cada peso producido por el sector legal en relación con el producido por el narcotráfico. Los datos de costos legales están basados en las tasas de rentabilidad promedio del informe Comportamiento del sector real de la economía, de la Superintendencia Colombiana de Sociedades, Bogotá, abril de 2012. Los S14 de impuestos en el sector legal están basados en cifras del Banco Mundial sobre la recaudación tributaria como porcentaje del P1B. Las cifras de los costos del narcotráfico están basadas en entrevistas del autor a paramilirares colombianos y narcotraficantes mexicanos.

OS

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(íustavo Duncan

sociedad lo respaldan en las elecciones para ser elegido en un cargo público. Dicho de otro modo, antes tiene que convertir este dinero en votos. Los asuntos de interés que tratará si eventualmente es elegido incluyen muchos temas distintos a los asuntos prioritarios para el narcotraficante. Su propia carrera, su fortuna personal, los temas sensibles para los votantes, las exigencias particulares de sus bases clientelistas, los intereses de otros políticos profesionales que pueden convertirse en aliados potenciales de sus aspiraciones, etcétera, son asuntos cruciales dentro de las decisiones que debe considerar para acumular poder. El verdadero poder reposa entonces en la manera como crimi­ nales y políticos ejercen dominación social porque la protección del narcotráfico está articulada a los intereses de amplios sectores en la sociedad. Estos sectores no solo incluyen a élites que se benefician del narcotráfico, sino también a sectores subordinados que proveen ciertas demandas básicas desde el capital de las drogas y los aparatos coercitivos del crimen. E

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p o d e r

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p r o c e so

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d o m in a c ió n

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La definición weberiana de poder como “la probabilidad que tiene

A de que B haga algo que de otro m odo no haría” se torna más compleja cuando A y B no son actores individuales. Una clase social, una comunidad, una región o una coalición política es un entramado de actores que, aunque pueden coordinar sus esfuerzos para presio­ nar a otro actor igual de complejo a actuar de determinada manera, mantiene en su interior una serie de relaciones de jerarquización que encarnan relaciones de poder. A y B son en sí mismos unidades de poder compuestas por dominadores y dominados. Por consiguiente, el poder d e A sobre B en un entramado social complejo se deriva de la capacidad d e A de organizar a otros actores mediante los recursos disponibles para imponer decisiones sobre B. Sin organización, sin recursos y sin el soporte de otros actores, el poder de A sobre B como actores sociales es inexistente.

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En el caso del narcotráfico las transformaciones en la estructura de poder de una sociedad provienen del nuevo capital disponible. Sin embargó, el capital por sí solo no produce ni siquiera el poder suficiente para garantizar su propiedad por parte de una clase criminal inmensamente rica. Sin un ejército que lo proteja, un narcotraficante es presa fácil de un escuadrón de asesinos a sueldo. El verdadero poder está en otro aspecto: en cómo los nuevos recursos disponibles expanden la capacidad de ciertas organizaciones c]ue articulan la dominación de amplios sectores sociales cori las demandas de pro­ tección del negocio. El narcotraficante A logra que la autoridad B no lo expropie o lo capture solo si el político C , que tiene la influencia sobre el estado por los votos de la comunidad /), influye sobre la capacidad represiva de B. De igual modo, A puede pagarle a un señor de la guerra E para refugiarse entre la población /), porque E domina una región entera al margen de la intervención de las autoridades estatales. En ambos casos es la organización del dominio de un sector de la sociedad, bien sea por medio de una maquinaria electoral o de un ejército privado, lo que permite convertir el capital de los narcotraficantes en un medio de protección efectivo. El punto de quiebre en el proceso de producción de poder desde el narcotráfico ocurre cuando — debido a la magnitud de las transformaciones sociales— la regulación de actividades puramente criminales se extiende a la regulación de la sociedad. Un narcotra­ ficante en un pueblo pequeño que surte la mayor parte del capital que se mueve en el lugar se convierte en la práctica en el proveedor de sus necesidades materiales. La redistribución de capital puede ser intencionada con el propósito de satisfacer la aspiración emocional de convertir el éxito económico en reconocimiento social, como suelen hacer muchos narcotraficantes al reclamar la posición de patrón entre su comunidad. Si el narcotraficante además cuenta con suficientes medios coercitivos, puede utilizar su ejército privado para convertirse en la autoridad local. Se convierte en un juez que protege el orden establecido porque es capaz de imponer sus deci­ siones sobre conflictos y diferencias de todo tipo. Las organizaciones

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coercitivas del narcotráfico en estos y en otros muchos casos regulan toda una serie de transacciones sociales que nada tienen que ver directamente con el tráfico de drogas. Su espectro de regulación puede ampliarse incluso hasta legitimarse como una organización que garantiza la provisión de las demandas de protección, orden y seguridad material entre numerosos sectores de la periferia, lis así com o muchos narcotraficantes, además de regular el tráfico de drogas, ofrecen seguridad a las comunidades donde habitan, admi­ nistran justicia y surten con sus excedentes la capacidad adquisitiva del mercado local. 1 .a regulación por organizaciones de coerción privada adquiere un fuerte soporte social cuando un sector significativo de la pobla­ ción encuentra en su dominación una fuente importante de provi­ sión de sus demandas sociales. No importa qué tan injustas sean las condiciones de dominación si están dentro de los límites de lo justo de acuerdo con la construcción moral de la propia sociedad.59 Sin duda las organizaciones coercitivas del narcotráfico, al mismo tiempo que protegen, son implacables contra quienes no obedecen sus órdenes; proveen justicia entre sus dominados pero en condi­ ciones ventajosas para sus intereses, y organizan los mercados pero explotan a la población. Sin embargo, la injusticia no pareciera afectar la obediencia social mientras los sectores dominados encuentren en la situación una alternativa de provisión de demandas sociales superior a la capacidad del estado. De allí que una situación que desde afuera es vista como intolerable, en realidad es interpretada como una situación razonable o como inevitable desde adentro, en comparación con las otras alternativas disponibles. Muchas veces la 59 I.os trabajos tic Scott (2000) v Moore (1978) sobre las bases morales de la dominación, es decir de una serie de demandas sociales que quien gobierne debe proveer, coinciden con la evidencia recolectada por el autor. l.o que quebranta la obediencia social no son las condiciones actuales de injusticia sino la ruptura de la provisión de necesidades sociales bajo el límite de lo moralmente aceptable. I'.s el hambre más que la explotación, es la humillación más que el miedo, y es el desorden más que la injusticia lo que lleva a las comunidades a sublevarse a los ejércitos privados de los narcotraficantes.

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obediencia es solo el resultado de la resignación ante la ausencia de posibilidades de insubordinación dada la enorme inequidad en los medios disponibles, sobre todo en los medios coercitivos. Aun bajo el supuesto de que la población prefiera la regulación por el estado central, si no hay ningún interés ni voluntad del estado por desplegar sus instituciones, y si no hay los medios para organizar una rebelión, no hay opciones distintas a la aceptación de la situación o abando­ nar el lugar. Las cifras de desplazamiento en Colombia y México muestran cómo la dominación por ejércitos privados ha redefinido la demografía de grandes porciones de estos países.60* En todo caso los procesos de rebelión a la dominación por parte de organizaciones criminales ocurren aun en situaciones de desventaja aparente y de precariedad inicial de los medios dispo­ nibles. Los G rupos de Autodefensa en Michoacán y G uerrero que surgieron ante los abusos sexuales de la “Familia Michoacana” contra la población demuestran que hay límites morales que si las organi­ zaciones criminales transgreden pueden generar la organización de una resistencia armada. Los granjeros de clase media plantearon resistencia con relativo éxito a los ejércitos de los narcotraficantes. En Medellín muchas milicias se organizaron en los barrios marginales para enfrentar a los combos de criminales que se habían desbordado en la guerra del narcotráfico de los ochenta. Y en las zonas rurales de Colom bia, comunidades campesinas sin mayores recursos se organizaron para defenderse de las incursiones de la guerrilla en su región. Adán Rojas, Hernán Giraldo y Ramón Isaza, aunque al final se hayan convertido en señores de la guerra, en un principio fueron campesinos colonos que se habían asentado en zonas donde la gue­ rrilla de las PARC llegaron a principios de los ochenta gracias — entre otras razones— a los recursos del narcotráfico. Las exigencias de las PARC contra sus comunidades (reclutamiento forzoso, robo de 60 Para indagar por las cifras de desplazamiento forzado en México y Colombia se puede visitar la página de internet del Consejo Noruego para Refugiados. Disponible en: http://www.nrc.org.co/index.php/24-nrc-internacional/69-informe-global-dedesplazamiento-forzado.

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las cosechas, etcétera) los llevaron a liderar grupos paramilitares. No todo el paramilitarismo en Colombia tuvo su origen en prósperos terratenientes y capos del narcotráfico. 1.a regulación por parte de los aparatos coercitivos de los narcotraficantes se facilita cuando disfruta de algún tipo de aceptación social, sobre todo si quiere plantear resistencia a la eventual entrada de las instituciones del estado. En términos estrictamente militares, un señor de la guerra, una mafia o una pandilla no son competencia frente a la capacidad coercitiva de una policía o un ejército nacional. Sin embargo, cuando el estado no es capaz de proveer la protección, el orden, ni el sustento material que demandan algunos sectores de la sociedad gobernados por organizaciones criminales, estos sec­ tores — mediante sus com portam ientos cotidianos— sientan las bases de la resistencia a la regulación de las instituciones estatales. La resistencia se traduce en la menor capacidad del estado para ejecutar tareas básicas como reclamar la obediencia a su autoridad, vigilar los comportamientos de la población, extraer excedentes económicos de la producción local y, en general, de hacer cumplir las leyes que rigen la vida diaria y la interacción entre los individuos.61 Por el contrario, las organizaciones coercitivas del narcotráfico — por manejar una relación directa y pormenorizada con la población— cuentan con los medios para vigilar el comportamiento de sus dominados, extraer recursos y asegurar su obediencia. La clave está en mantener una provisión de necesidades sociales por encima de la capacidad del estado utilizando incluso los propios recursos del estado al apropiarse del control de sus instituciones.62* 61 listo es básicamente el concepto tic control social por el estado de Migdal (1988) como “la subordinación efectiva de las propias inclinaciones de la gente en cuanto a su comportamiento social o el comportamiento prescrito por otras organizaciones sociales a cambio de las normas prescritas por el estado” (p. 22). Traducción del autor. 62 I n ciertas circunstancias las mafias cuentan además con la ventaja de controlar la distribución de los servicios y recursos del estado al controlar sus instituciones locales. Kn Colombia la captura ele las instituciones locales del estado ha sido ampliamente documentada en los trabajos de Claudia López (2007 v 2010).

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se enfrenta a un cartel por lo general delega en otro la dominación de estos sectores.64* La gran, diferencia entre las luchas por el poder desde el narco­ tráfico con las luchas de los movimientos contestatarios tradicionales recae precisamente en las implicaciones que dene la transformación previa del orden social. En las luchas políticas tradicionales las trans­ formaciones, si es que ocurren, tienen lugar al final de la movilización. La respuesta de los grupos de poder es a priori evitar que las trans­ formaciones se lleven a cabo y que su posición en el orden social y sus intereses primordiales se vean afectados. Si tienen éxito total, el resultado es una revolución. Pero las revoluciones raras veces ocu­ rren, por lo general el resultado es una asimilación de la organización que lidera las protestas sociales dentro de las instituciones sociales y algunas pocas transformaciones a cambio de la desmovilización * de la protesta. Por el contrario, en el narcotráfico la lucha política es por preservar unas transformaciones que ya ocurrieron en espacios periféricos de la sociedad. Sin advertencia y de manera espontánea, ciertas aspiraciones de sectores excluidos y marginales fueron resueltas por la inyección de enormes volúmenes de capital que realizaron unos delincuentes. El asunto ahora para quienes se aprovecharon de las transformaciones del orden social — pero sobre todo para quienes alcanzaron una posición de dominaciétn— es cómo preservar las transformaciones ocurridas. Las amenazas a su situación provienen no solo de las élites del centro que eventualmente pueden encontrar un desafío en la expansión del poder de políticos de la periferia y los aparatos coercitivos del crimen, sino también de los sectores sociales de la periferia que son dominados, es decir una amenaza desde abajo. 1.a ventaja que tienen los sectores que emergen en el orden social a raíz de las transformaciones en el orden social por el narcotráfico, es que estas ocurren en espacios periféricos. Hasta ciertos límites no 64 Ia>s ejemplos abundan. Escobar en Colombia fue abatido por una alianza entre el cartel de Cali y las facciones disidentes del cartel de Medellín con las autoridades. En México el estado se ha aliado con el cartel del Golfo para responder la arremetida de “los Zetas”.

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amenazan, o no son un desafío prioritario para las élites del centro, y en muchas circunstancias son una oportunidad de acceder a nuevos

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de capital. Por estas razones, una crítica frecuente a la interpretación de la criminalidad como proceso de inclusión política y de alteración de las estructuras de poder establecidas es que — en últimas— son una extensión de las estructuras de dominación existentes.65 Los señores de la guerra y las mafias usualmente actúan con la tolerancia, a veces con la explícita protección, de las autoridades estatales y de las élites. Sin embargo, estas críticas desconocen los cambios en las instituciones de regulación social que surgen desde la irrupción en el poder de sectores excluidos, así sea solo de manera parcial en espacios periféricos y marginales de la sociedad. Las críticas también pasan por alto que las suplantaciones absolutas en el ejercicio del poder suelen ser poco frecuentes y que los líderes de las organizaciones contes­ tatarias — como los sindicatos, los partidos de izquierda e incluso guerrillas— terminan muchas veces por ser absorbidas dentro de las instituciones de dominación establecidas (Piven y Cloward, 1979).66 En el caso colombiano contrasta el origen social y el tratamiento que se dio a los líderes paramilitares en la mesa de negociación de 65 F.n el caso de los bandidos sociales esta es una apreciación recurrente. Ilobsbawm (1976) y Blok (2001) son enfáticos en argumentar que si bien el bandidismo social es un acto rebelde entre sectores sociales incontormes, los bandidos en el largo plazo tienden a aliarse con sectores de las élites para reprimir aun con mayor intensidad a sus propios miembros de clase. 66 F.n su clásico texto Ponr Peupk's M oi’e w en t , Piven y Cloward (1979), a partir de la documentación de los principales movimientos sociales en la historia de listados Unidos sostienen que: “Los líderes políticos, o las élites aliadas con ellos, tratarán de calmar los disturbios no solo atendiendo los reclamos inmediatos sino también haciendo esfuerzos por canalizar las energías v el descontento de la protesta hacia formas más legítimas y menos disruptivas de comportamiento político, en gran parte al ofrecer incentivos a los líderes de los movimientos sociales, en otras palabras al cooptarlos” (p. 30, traducción propia), l.o que, a pesar de seguir trayectorias distintas, es bastante similar al resultado ríe las mafias cuando al reclamar un reconocimiento de la legitimidad de las transformaciones sociales del narcotráfico establecen procesos de cooptación de las élites políticas. Al final todo se resuelve mediante un acuerdo de cooptación de instituciones de dominación social.

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Ralito a mediados de la década pasada en relación con el origen y el tratamiento a los líderes de las PARC en el actual proceso de paz en La Habana. Si se excluyen a algunos líderes paramilitares de la costa Caribe como Salvatore Mancuso y “Jorge 4 0 ”, ambos originarios de clases altas, los demás jefes paramilitares tienen su origen en sectores populares y en algunos casos marginales. Muchos eran campesinos pobres y criminales violentos de oficio. En cambio, casi todos los líderes de las PARC vienen de sectores medios de las ciudades que tu*

vieron la oportunidad de acceder a la educación superior. El manejo de la retórica marxista para ocupar un cargo superior en la guerrilla exige un nivel mínimo de formación. Paradójicamente, quienes di­ rigieron en su fase más cruda la lucha irregular contra la insurgencia en Colombia tenían un origen social inferior. Las diferencias en el * origen se reflejan a su vez en diferencias en las expectativas políticas y en el tratamiento dado por el estado. Mientras el proceso de paz con los grupos paramilitares tenía como sentido un sometimiento a la justicia, el proceso con las FARC ha sido concebido por los líderes guerrilleros como una oportunidad para participar en el futuro en política desde las instituciones del estado. Lo anterior no quiere decir que los aparatos coercitivos de los narcotraficantes sean la expresión más genuina de la lucha de clases. Las luchas políticas que se derivan del narcotráfico son en esen­ cia pulsos políticos por preservar las estructuras de dominación impuestas en la periferia por organizaciones criminales y políticos corruptos, no por la representación política de sectores subordinados en el orden social de la periferia. El hecho de que la dominación involucre la provisión de demandas sociales no significa una sinto­ nización entre las aspiraciones de estos sectores con los intereses de los narcotraficantes; y mucho menos la aceptación del dominio por parte de las organizaciones coercitivas del narcotráfico responde a las convicciones ideológicas de la población dominada. La dominación es en esencia una imposición a la fuerza, y si los criminales prevalecen es porque disponen de recursos y de suficiente organización para evitar desafíos a su autoridad. Es además una dominación brutal en

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la que las masacres, la violencia, las arbitrariedades, las torturas y las injusticias contra la población son una práctica corriente, como lt) demuestran los informes periodísticos y los propios videos que algunos carteles suben a internet. No obstante, también existen razones por las que los sectores subordinados en el orden social aceptan las transformaciones del narcotráfico hasta el punto de tolerar el gobierno parcial — y á veces total— de organizaciones criminales. Dos razones en especial expli­ can por qué la imposición de las nuevas instituciones de regulación social del narcotráfico son lo suficientemente legítimas para que la población las acepte: por un lado, las nuevas instituciones son una oportunidad de inclusión en el poder de sectores subordinados, y por otro lado, gracias a estas instituciones se garantiza el acceso a los mercados globales desde la periferia.

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I.a otra cara del poder como medio de protección es cómo el objeto de protección, para el caso del narcotráfico, altera la estructura de po­ der en la sociedad. Los nuevos recursos disponibles ofrecen a muchos actores una oportunidad tínica para acceder al poder o para acumular más poder. Para grupos delincuenciales la demanda de violencia por empresarios de la droga fue la oportunidad para organizar o ser parte de organizaciones coercitivas. Eventualmente, con los recursos del narcotráfico estas organizaciones fueron capaces de expandir su capacidad reguladora de actividades criminales a otra serie de tran­ sacciones sociales que no estaban directamente relacionadas con las drogas/’"Para políticos profesionales de la periferia los recursos de la67 67 Los casos de “los Zetas” en México y ele los sicarios en Meclcllín ilustran el argumento. “Los Zetas" fueron miembros corruptos ele las fuerzas ele seguridad mexicana que terminaron sirviendo al narcotraficante Osicl Cárdenas; cuando Cárdenas fue extraditarlo se apoderaron del control del negocio en numerosas zonas ele México y eventualmente se convirtieron en una mafia que controlaba innumerables transacciones sociales (Osorno, 2010). bl caso ele los sicarios de los barrios populares ele ¡Yleelcllín fue la transformación de peligrosas pandillas ele

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droga fueron el mecanismo mediante el cual pudieron competir por primera ve^ con la clase política de las áreas ricas e influyentes. De cuadros subordinados de los jefes de las directivas centrales de los partidos pasaron a ser electores importantes en estos partidos, y en algunos casos alcanzaron a crear partidos propios que rápidamente se convirtieron en fuerzas influyentes en la política nacional.68 El oficio de la violencia es una oportunidad de form ar parte de organizaciones que se especializan en la producción de poder. Cuando organizaciones criminales amplían sif espectro de regulación hasta la vigilancia de la población, los atributos necesarios para perte­ necer a estas organizaciones se convierten en atributos importantes para alcanzar una jerarquía social superior. Tener habilidades para la violencia, experiencia criminal y estar dispuesto a arriesgar la vida desde muy joven, es decir formar parte de subcSlturas delincuenciales que desprecian la normatividad del estado, llegan a ser atributos positivos para el ascenso social. Toda la ostentación de los nuevos ricos que acompaña el proceso de surgimiento del narcotráfico no es nada distinto a la construcción de unos códigos simbólicos que legitiman este ascenso (Duncan, 2014). La legitimación se expresa a su vez en la aparición desde las mismas sociedades dominadas de numerosos jóvenes dispuestos a seguir una carrera en los aparatos coercitivos del narcotráfico como mecanismo de ascenso. Las mis­ mas sociedades que experimentan la dominación parcial o total por organizaciones criminales suelen ser el origen de la mano de obra que reproduce la dominación. 1.a idea de una subcultura criminal ha sido trabajada por Cohén (1966) y Cloward y Ohlin (1960) a partir del sentimiento de exclu­ sión de aquellas comunidades que son separadas de sus prácticas tradicionales durante los procesos de modernización. Cuando las comunidades no alcanzan a insertarse en la vida moderna y sus opcio­ nes dentro de las nuevas reglas del juego son escasas, sus miembros adolescentes en grupos vigilantes que regulaban el orden del barrio (Salazar, 1990; Martin, 2012) y luego en el músculo de la guerra de Lscobar contra el estado. 68 Id caso de Colombia está muy bien documentado por López (2010).

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pueden desarrollar sistemas de estratificación y de normas alternos que pasan por alguna actividad criminal. Los autores señalan además que la trayectoria que toman las subculturas depende del tipo de organizaciones de adultos que demandan los servicios de los crimi­ nales marginales. Cuando no existen organizaciones de adultos, los jóvenes delincuentes se dedican al vandalismo, al pillaje y a delitos sin mayor sofisticación, así se traten de actos muy violentos. Cuando el crimen organizado recluta a estos jóvenes, por el contrario, im­ pone disciplina en sus actuaciones y los orienta hacia modalidades delictivas mucho más rentables. En el caso del narcotráfico, como se ha expuesto, el reclutamiento de los jóvenes de las subculturas delincuenciales tiene como propósito la construcción de los aparatos coercitivos que se encargan de regular el negocio y eventualmente regular transacciones v espacios sociales. Dado el poder y los recursos en juego, la violencia que alcanzan a producir estos jóvenes puede llegar a niveles dramáticos, pero al mismo tiempo lo es la disciplina que imponen las organizaciones criminales. En las organizaciones coercitivas del narcotráfico los excesos sin autorización de los capos se pagan muy caro. 1.a idea original de las subculturas criminales fue concebida para sociedades urbanas en contextos de modernización. Sin embargo, las subculturas también pueden desarrollarse en comunidades rurales o semiurbanas. El propio capital de las drogas provee los recursos económicos para financiar procesos de rápida modernización en periferias de todo tipo donde algún tipo de actividad delincuencial relacionada con el narcotráfico se convierte en el medio principal de realización social. El crimen como medio de realización se evidencia en el sentido de la actividad narcotraficante. Para algunos criminales el narcotráfico es estrictamente una oportunidad económica. Delegan la protección de su capital en la capacidad coercitiva de organiza­ ciones criminales y en la corrupción de las autoridades policivas y la clase política. Su origen social es variado y su interés se enfoca exclusivamente en la acumulación de riqueza y en la inmunidad para disfrutar de la riqueza. Pero para otro tipo de narcotraficantes

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el propósito no es solo enriquecerse sino reclamar una posición de poder, controlar aparatos coercitivos — sean señores de la guerra, mañas y pandillas— para alcanzar una posición superior en las rela­ ciones de dominación que existen en toda sociedad. Sus motivaciones rebasan lo puramente económico. La riqueza es un medio para ser reconocido como autoridad por una comunidad. Lo irónico es que el poder como una realización personal desde el ejercicio de la violencia y la criminalidad le debe mucho a las de­ mandas por protección y justicia que surgen'de la competencia por el poder entre criminales. En entornos donde las organizaciones cri­ minales se enfrentan por controlar las instituciones de regulación de la sociedad, la seguridad se convierte en un servicio escaso y valioso. La provisión de un mínimo de orden significa la diferencia entre una situación de casi completa indefensión y una situación en que, pese a la explotación sistemática por una organización criminal, existe algo de seguridad física y garantías a la propiedad. La incertidumbre sobre la propiedad, la seguridad física y las normas y los comportamientos permitidos es enorme cuando las organizaciones criminales están interesadas exclusivamente en una depredación de corto plazo. Por el contrario, una dominación estable, con algún nivel de compromisos entre dominadores y dominados, aunque supone un alto grado de ex­ plotación también supone una predictibilidad en las reglas del juego. El control de la cotidianidad por parte de una organización criminal provee al menos de protección y de justicia no solo contra otras agrupaciones criminales sino contra otros pobladores que puedan abusar de la ausencia de autoridad. La oportunidad está dada para que jóvenes criminales hagan carrera en organizaciones coercitivas que son el poder de facto que regula y vigila los comportamientos cotidianos de la población. En una entrevista radial, el capo del cartel del norte del Valle, Hernando Góm ez Bustamante, alias “Rasguño”, narró en form a descarnada cómo en los municipios de la región los miembros de sus-combos (bandas de asesinos a sueldo) eran capaces desde controlar las votaciones hasta perseguir a cualquier delincuente que operara por fuera de las órdenes del cartel:

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— Además [responde “Rasguño”] que él le decía a los líderes del pueblo que manejaban los otros jefes de combos míos autorizados para que esos votos, que ellos tenían en esos barrios, los pudiera ma­ nejar “el Flaco” como él los necesitara para la señora [una reconocida senadora]. — [Pregunta del entrevistador] ¿Cómo así los jefes de combo? ¿Tenía usted una organización delictiva y esa organización delictiva tenía también organización política? ¿Cómo que los jefes de combo dicen que los líderes...? — Doctor [interrumpe “Rasguño”] en esos pueblos los delin­ cuentes se vuelven los policías del barrio. Ellos son los que dicen qué se hace y no se hace. Entonces cada uno se reunieron |sic] con “el Flaco” y le aportaron a “el Flaco” la gente que ellos tenían en esos barrios [para manejar las votaciones a favor de la senadora]. Siempre se manejo asi. Cuando el narcotráfico se convierte en una subcultura, desde la pe­ riferia y desde las comunidades marginales el ejercicio de la violencia y el oficio del crimen es en muchas circunstancias la única alternativa ile poder. Pero las oportunidades de poder varían de acuerdo con el tipo de organizaciones coercitivas imperantes. En el potencial de poder de las organizaciones criminales inciden dos variables: por un lado está su ubicación en relación con la geografía del estado (distante o cercana), y por el otro el tipo de interacción con el estado central que tienen las organizaciones coercitivas (mediación o represan) (figura 1). En cuanto a la primera variable, las subculturas en zonas rurales y semiurbanas donde se mueve la mercancía y donde residen algunos grandes capos ocurren en contextos distantes de la gran sociedad,69

69 Ver en lafni.com.co, “Alias ‘rasguño’ dice que Dilian Francisca Toro recibió apoyo de líderes que presionaron a la población para que votaran por ella”. Audio disponible en: http://www.lafm.com.co/audios/19-03-10/alias-rasgu-o-dice-quedilian-francisca-toro-recibi-apoyo-dc-l-deres-que-presionaron. Transcrito el 6 de noviembre de 2013.

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en los que la subcultura — por su separación física—- termina im­ poniendo abiertamente sus valores, normas y comportamientos, sin importar que estos desafíen las instituciones estatales. Allí, como se expuso previamente, la capacidad del estado central es menor. En las áreas urbanas las subculturas en cambio permanecen en una situación de mayor marginación por la presencia estatal. Son comunidades ubicadas al interior mismo de la gran sociedad, donde tienen lugar las transacciones de capital del narcotráfico y la venta minorista de drogas. 1 -os espacios de dominación del crimen^on restringidos. I .as subculturas tienen su nicho entonces entre los espacios de regulación de las mafias y entre los guetos de comunidades marginadas. Respecto a la segunda variable está el tipo de interacción con el estado central que tienen las organizaciones coercitivas. Las as­ piraciones de poder y el potencial de dominación social de estas organizaciones marcan diferencias sustantivas en la respuesta del estado. Cuando las élites y la clase política del centro encuentran que las aspiraciones y la capacidad de poder de las organizaciones coercitivas amenazan sus márgenes de poder y sus intereses primor­ diales, la respuesta es la represión. Pero si el desafío solo implica la pérdida del control de las instituciones de regulación social en espa­ cios y comunidades periféricas, su necesidad de reprimir es menor. Si adicionalmente las organizaciones criminales están dispuestas a concertar unos límites en sus pretensiones de dominación y a ceder una parte de sus ganancias, en vez de represión hay mediación. Para los miembros de una subcultura criminal las oportunidades de poder varían considerablemente si se trata de enfrentar la represión del estado o si existen canales de comunicación entre las instituciones legales e ilegales. El contacto con la legalidad permite otro tipo de aprendizaje y adaptación a los miembros de la subcultura: el manejo de las relaciones con la clase política. Pese al carácter volátil de la dominación por parte de criminales y de las relaciones, con el poder legal, las dos variables anteriores permiten clasificar las organizaciones coercitivas del narcotráfico en cuatro tipos ideales: guerrillas, señores de la guerra, mafias y pandillas.

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F ig u ra 1. Variables que inciden en el potencial de poder de las organizaciones criminales Tipo de interacción c el Estado central con M e d ia c ió n

R e p r e s ió n

D is ta n te (z o n a s d e d o m in a c ió n m o n o p ó lic a

S e ñ o re s d e la

U b ic a c ió n c o n

e n la s q u e p r e d o m in a la

g u e rra

r e la c ió n a la

p r o d u c c ió n d e m e r c a n c ía )

G u e r r illa s

g e o g r a fía d e l E s ta d o

C e r c a n a (z o n a s d e d o m in a c ió n o lig o p ó lic a e n la s q u e p r e d o m in a n la s

M a fia s

P a n d illa s

t r a n s a c c io n e s d e c a p ita l)

La figura 1 sitúa las cuatro categorías anteriores en relación con las dos variables. En comunidades aisladas de la geografía del estado predominan las guerrillas y los señores de la guerra, capaces de asumir la autoridad cuasimonopólica del territorio, es decir cobrar impuestos, ofrecer protección y administrar justicia al margen de las instituciones del estado. La diferencia entre guerrillas y señores de la guerra estriba en que las primeras tienen como propósito la toma del poder nacional, mientras que las segundas centran su interés en la dominación local. De hecho, en sus fases primarias las guerrillas no se form aron para regular la producción de mercancía. Provienen en realidad de procesos políticos más complejos en los que las rentas ile la droga se convierten en un medio importante para unos fines políticos muy concretos que atañen el derrocamiento y suplantación del estado nacional. Lo político en las guerrillas precede a lo delincuencial. En consecuencia, las posibilidades de interacción con el estado central son bastante restringidas, en ocasiones nulas.71170 70 Sin embargo, Staniland (2012) argumenta con evidencia plausible que los grupos guerrilleros constantemente establecen acuerdos con el estado acerca de los límites en la dominación territorial, y en muchos otros aspectos aun en medio de la guerra. I’n todo caso, la cooperación — como la plantea este autor— entre insurgentes y estados no es comparable con la que sucede entre las organizaciones coercitivas del narcotráfico y el estado.

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Las PARC en Colombia y Sendero Luminoso en el Perú son ejemplos de, guerrillas marxistas que term inaron controlando las zonas productoras de hoja de coca. Por ser zonas aisladas y distantes del estado las subculturas criminales que se desarrollan allí abarcan la sociedad en su conjunto. La vida social gira alrededor de la produc­ ción de hoja de coca pero el poder no depende directamente de la producción de la mercancía sino de la organización de la coerción por las guerrillas. Y el acceso al poder para los miembros de la subcultura pasa por ser parte de un ejército guerrillero. Sin embargo, la carrera hacia el poder dentro de este tipo de organizaciones coercitivas tiene grandes limitaciones. La estructura jerárquica de las insurgencias marxistas subordina los mapdos rurales a los cuadros ideológicos provenientes de las ciudades, la mayoría de ellos formados en uni­ versidades y originarios de clases medias. LoS mandos originarios de zonas rurales pueden convertirse en comandantes guerrilleros en sociedades productoras de coca pero su dominio está sujeto a los controles y a las decisiones estratégicas tomadas por la jefatura de la insurgencia. Los señores de la guerra son una categoría aparte de las guerrillas porque su interés político no se centra en el derrocamiento y suplan­ tación del estado nacional. Tampoco son mafias porque su grado de dominación en las comunidades periféricas alcanza a ser monopólico mientras que el de las mafias es oligopólico, es decir sus instituciones de regulación social están sobrepuestas a las del estado. “El Chapo” Guzmán en la sierra de Sinaloa, y los grandes jefes de las AUC en las áreas rurales de Colombia a finales de los noventa son ejemplos de señores de la guerra. El hecho de que sean organizaciones centradas en la dominación de comunidades distantes en la geografía del estado les permite mediar con el estado central sin representar un desafío intratable. La dominación de áreas rurales y periféricas en principio no afecta los intereses de las élites nacionales que habitan en las grandes ciudades. El choque de intereses solo ocurre cuando los señores de la guerra aspiran a extender su ejercicio de control social hacia áreas más pobladas que involucran los intereses de las élites.

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Las subculturas criminales en la categoría de señores de la guerra involucran al grueso de la sociedad. Debido a la escasa acumulación de capital, la realización social pasa inevitablemente por los recur­ sos del narcotráfico. Incluso los sectores superiores de la jerarquía social deben adecuarse a las transformaciones ocurridas. Si se es un político o un terrateniente es necesario interactuar con los aparatos coercitivos de los señores de la guerra. Al igual que en sociedades dominadas por las guerrillas, el oficio de la violencia se convierte en el principal medio de obtención de poder entre sectores subordinados en el orden social. Pero, a diferencia de las guerrillas, el poco peso de la ideología permite la promoción en los ejércitos privados de quienes provienen de sectores con escasa educación y formación política. Los atributos necesarios para liderar un ejército privado están disponibles para los jóvenes pertenecientes a estas subculturas criminales; es suficiente con tener habilidades en la organización de la coerción y en la coordinación de la logística relacionada con los procesos productivos del narcotráfico en lo local. No existe una jefalura central que imponga restricciones tan severas a las aspiraciones de los criminales locales como las tiene una guerrilla. El caso de Michoacán y G uerrero en México es diciente de cómo comunidades dominadas por señores de la guerra provenientes de otras regiones terminaron por producir sus propias subculturas criminales. Primero los cultivos se convirtieron en la actividad económica primordial y luego la organización de la violencia por pobladores locales dio origen a carteles nativos que les disputaban la dominación local a los grupos de Sinaloa y a “los Zetas” (Maldonado, 2012a). La ubicación en zonas cercanas en la geografía del estado da lugar a organizaciones coercitivas que operan en forma paralela a las instituciones de regulación estatales. El asunto en cuestión son las transacciones y los espacios sociales que por diferentes razones no son sujeto de la regulación estatal a pesar de que sus instituciones están presentes. Las mafias se encargan de regular transacciones sociales que el estado no puede regular por sus rasgos de inform a­ lidad y de ilegalidad, o simplemente porque sus instituciones son

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inadecuadas para las demandas de protección, orden y financiación de estos negocios. Las ventas de contrabando, las loterías ilegales y los créditos sobre el margen de usura son casos típicos de transaccio­ nes vulnerables al control de la mafia. En el narcotráfico las mafias regulan los espacios urbanos donde tienen lugar las transacciones de lavado de capital y las actividades conexas a las operaciones de lavado. Para un narcotraficante poderoso controlar la mafia en una ciudad es importante porque así sus márgenes de control sean limitados en comparación con la capacidad de control de un señor de la guerra, el grueso de las ganancias del negocio pasa por las economías urbanas. Por ser actividades en las que el estado tiene limitaciones de regulación y que manifiestan una alta demanda social la interacción entre la mafia y el estado es siempre una opción latente. La clase política tiene mucho que ganar mediando entfe lo legal y lo ilegal. Además de los sobornos y el respaldo para ocupar cargos públicos, las mafias se encargan de imponer orden en transacciones sociales que si no son reguladas pueden ser problemáticas para el estado y la sociedad. Si en las zonas de tolerancia, de casinos y apuestas, de comercios de contrabando, entre otros ambientes urbanos, no existe una organización que imponga orden, la criminalidad pue­ de desbordarse hacia el resto de la sociedad. En el fondo, la clase política recoge la legitimidad que en la práctica tienen una serie de actividades informales, ilegales y en ocasiones criminales y adecúa el funcionamiento de las instituciones estatales para permitir que dichas actividades puedan ocurrir y que sean reguladas por algún tipo de organización coercitiva. La mafia gana porque además de hacerse a las rentas producidas por estas actividades obtiene protección frente a las autoridades y logra que el capital del narcotráfico se legitime por medio de su movimiento en mercados legales. El aparato coercitivo de las mafias se trata de grupos de asesinos y vigilantes a sueldo que imponen por la fuerza el derecho a explotar determinadas rentas y las normas que deben seguir los participantes en las transacciones que caen bajo su control. Las oficinas de cobro en Colombia y los carteles en grandes ciudades com o Tijuana y

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Culiacán y “los Zetas” en Tamaulipas y Nuevo León operan como mafias. Cualquier narcotraficante que quiera utilizar estas ciudades como zonas de lavado, corredores de drogas o simplemente un lugar para vivir, debe pagar una parte de sus ganancias y pedir aprobación a las mafias. Sin embargo, al mismo tiempo que es una fuerza represora de aquellos que se dedican a actividades por fuera de la órbita de regulación estatal, las mafias prestan un servicio invaluable: ofrecen orden y seguridad en contextos en los que de otro modo habría una situación demasiado caótica y riesgosa. Ante la ausencia de ley, las mafias ofrecen el cumplimiento de un sistema normativo informal que aunque injusto en muchos aspectos es demandado por quienes no encuentran una alternativa distinta. El dominio social de las mafias en las áreas urbanas no es en ningún caso un proceso absoluto. Se trata de una situación de do­ minio compartido. No existe un m onopolio de la regulación social cuando están de por medio las instituciones del estado. Se trata de situaciones de dominio oligopólico semejantes a la situación descrita por Migdal (1988) de espacios de la sociedad con sus propios sistemas normativos que:

[...] se resisten al reemplazo de su control social por aquel del estado (p. 36). [...] Aunque el control social es fragmentado esto no quiere decir que la población no está siendo gobernada, seguramente lo está. La asignación de normas, sin embargo, no está centralizada. Numerosos sistemas de justicias operan simultáneamente” (p. 39). I,a diferencia con Migdal es que en vez de tratarse de castas o grupos tradicionales provenientes de periodos de colonización, la resistencia al control social del estado por parte de las mafias del narcotráfi­ co proviene de subculturas formadas en periodos históricos más recientes. 1 tn el caso de las mafias el desarrollo de subculturas delincuenciales no compromete necesariamente a las comunidades más deprimi­ das de la sociedad. Algunas habilidades necesarias en la mafia como la administración, la logística y otros conocimientos especializados

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inadecuadas para las demandas de protección, orden y financiación de estos negocios. Las ventas de contrabando, las loterías ilegales y los créditos sobre el margen de usura son casos típicos de transaccio­ nes vulnerables al control de la mafia. En el narcotráfico las mafias regulan los espacios urbanos donde tienen lugar las transacciones de lavado de capital y las actividades conexas a las operaciones de lavado. Para un narcotraficante poderoso controlar la mafia en una ciudad es im portante porque así sus márgenes de control sean limitados en comparación con la capacidad de control de un señor de la guerra, el grueso de las ganancias del negocio pasa por las econom ías urbanas. Por ser actividades en las que el estado tiene limitaciones de regulación y que manifiestan.una alta demanda social la interacción entre la mafia y el estado es siempre una opción latente. La clase política tiene mucho que ganar mediando entfe lo legal y lo ilegal. Adem ás de los sobornos y el respaldo para ocupar cargos públicos, las mafias se encargan de im poner orden en transacciones sociales que si no son reguladas pueden ser problem áticas para el estado y la sociedad. Si en las zonas de tolerancia, de casinos y apuestas, de com ercios de contrabando, entre otros ambientes urbanos, no existe una organización que im ponga orden, la criminalidad pue­ de desbordarse hacia el resto de la sociedad. En el fondo, la clase política recoge la legitimidad que en la práctica tienen una serie de actividades inform ales, ilegales y en ocasiones criminales y adecúa el funcionamiento de las instituciones estatales para perm itir que dichas actividades puedan ocurrir y que sean reguladas por algún tipo de organización coercitiva. La mafia gana porque además de hacerse a las rentas producidas por estas actividades obtiene protección frente a las autoridades y logra que el capital del narcotráfico se legitime por medio de su m ovim iento en m ercados legales. El aparato coercitivo de las mafias se trata de grupos de asesinos y vigilantes a sueldo que im ponen por la fuerza el derecho a explotar determinadas rentas y las norm as que deben seguir los participantes en las transacciones que caen bajo su control. Las oficinas de cobro en C olom bia y los carteles en grandes ciudades com o Tijuana y

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Culiacán y “los Zetas” en Tamaulipas y Nuevo León operan como mafias. Cualquier narcotraficante que quiera utilizar estas ciudades como zonas de lavado, corredores de drogas o simplemente un lugar para vivir, debe pagar una parte de sus ganancias y pedir aprobación a las mafias. Sin embargo, al mismo tiempo que es una fuerza represora de aquellos que se dedican a actividades por fuera de la órbita de regulación estatal, las mafias prestan un servicio invaluable: ofrecen orden y seguridad en contextos en los que de otro modo habría una situación demasiado caótica y riesgosa. Ante la ausencia de ley, las mafias ofrecen el cumplimiento de un sistema normativo informal que aunque injusto en muchos aspectos es demandado por quienes no encuentran una alternativa distinta. El dominio social de las mafias en las áreas urbanas no es en ningún caso un proceso absoluto. Se trata de una situación de do­ minio compartido. No existe un m onopolio de la regulación social cuando están de por medio las instituciones del estado. Se trata de situaciones de dominio oligopólico semejantes a la situación descrita por Migdal (1988) de espacios de la sociedad con sus propios sistemas normativos que: [...] se resisten al reemplazo de su control social por aquel del estado (p. 36). [...] Aunque el control social es fragmentado esto no quiere decir que la población no está siendo gobernada, seguramente lo está. La asignación de normas, sin embargo, no está centralizada. Numerosos sistemas de justicias operan simultáneamente” (p. 39). I.a diferencia con Migdal es que en vez de tratarse de castas o grupos tradicionales provenientes de periodos de colonización, la resistencia al control social del estado por parte de las mafias del narcotráfi­ co proviene de subculturas formadas en periodos históricos más recientes. Iín el caso de las mafias el desarrollo de subculturas delincuenciales no compromete necesariamente a las comunidades más deprimi­ das de la sociedad. Algunas habilidades necesarias en la mafia como la administración, la logística y otros conocimientos especializados

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excluyen a criminales originarios de áreas deprimidas quienes no disponen de mayor educación ni formación. Del mismo modo la necesidad de establecer contactos con la clase política y las élites legales exige un mínimo de destrezas sociales para interactuar con quienes desde la legalidad pueden ofrecer protección a las mafias. Por consiguiente, si las comunidades populares, no particularmente mar­ ginadas, se especializan en la producción de los dirigentes y cuadros medios de la mafia, las comunidades excluidas se especializan en la producción de otro tipo de organizaciones coercitivas del narcotrá­ fico: las pandillas. Las subculturas criminales de áreas marginadas en una ciudad producen la clase delincuencial encargada de la regulación de la venta minorista de droga. Se trata principalmente del oficio de la violencia como una oportunidad para aspit^ir a una posición de poder en contornos sociales muy concretos. La demanda social por protección y justicia es más apremiante en estos escenarios que en el resto de espacios de una ciudad por las características propias de la regulación social por pandillas. AI estar en manos de jóvenes y adolescentes sin mayor autocontrol, el ejercicio de la dominación en barrios marginales es sumamente volátil y la población está sujeta a abusos constantes. No es extraño que la respuesta a las pandillas surjan de habitantes del lugar que crean una organización similar para acabar con los abusos, o de una organización mañosa externa que reprima la pandilla dominante, recomponga sus miembros y exija mayor disciplina en el trato a la comunidad. Para el estado la dominación de las comunidades marginales por pandillas representa un desafío costoso, difícil de obviar por ocurrir cerca de sus instituciones y con pocas posibilidades de mediación por la ausencia de interlocutores. El despliegue de las instituciones estatales en las áreas marginales oscila entre el gasto social para aliviar la situación económica y la vigilancia por unidades especiales de la fuerza pública que, a pesar de cercar a las pandillas en el terri torio, son inoperantes para ejercer funciones de regulación social. La suplantación de las funciones de los políticos profesionales en las comunidades por el control social de las pandillas impide que

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el estado pueda encontrar interlocutores directos para negociar el tipo de instituciones de regulación tolerables en el lugar. Las pocas negociaciones que el estado puede entablar con adolescentes en armas se reducen a lo que las autoridades y los políticos externos a la comunidad alcancen a transar clandestinamente. La mayoría de las negociaciones involucran la repartición de algún tipo de renta ilegal. La Policía recibe sobornos por no intervenir en la venta minorista de drogas mientras que la clase política les paga a las pandillas por recibir los votos de la comunidad y eventualmente negocia desfalcos con inversiones en obras públicas en el lugar. Las pocas negocia­ ciones que ocurren a nivel del estado central atañen a ocasionales pactos de paz entre las pandillas para evitar desbordes excesivos de la violencia. 1 Las pandillas son en cambio una oportunidad para organizacio­ nes criminales más complejas y poderosas para expandir su control liada territorios incrustados en el centro de la geografía del estado. Por medio de las pandillas establecen un control sobre plazas y corre­ dores de tráfico que pueden ser estratégicos para la organización. De hecho, las rentas que producen el control de comunidades marginales no son el principal interés de las grandes organizaciones criminales. Lo verdaderamente importante es la disponibilidad de un territorio libre de la presencia de competidores justo en áreas urbanas donde la presencia del estado es más intensa (Hernández, 2012). Los “com­ bos” en Medellín y “los Zetillas” en México son casos de pandillas bajo el control de superestructuras criminales con el propósito de imponer una regulación sobre los empresarios del narcotráfico que habitan en estos lugares. Quien quiera que pretenda lavar dinero de71 71 í’n el caso de Medellín un pacto de paz entre las dos facciones que se disputaban el control de la ciudad, la de alias “Sebastián” y la de alias “Valenciano”,fue acordado en el 2010 por medio de la gestión de un reconocido mediador en temas de paz de la sociedad civil. La razón del pacto tenía que ver con losJuegos Panamericanos que ese año tenían lugar en Medellín. El pacto que era secreto se filtró a la prensa y tanto el gobierno nacional como de la ciudad rechazaron tener cualquier conocimiento de lo ocurrido para evitar un escándalo. Sin embargo, todo indica que estaban al tanto de las negociaciones.

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la droga o refugiarse en una ciudad sin pagar parte de su renta a la mafia, deberá enfrentar la capacidad de fuego de las pandillas. Una quinta categoría de organizaciones coercitivas del narco­ tráfico se deriva de la combinación de varias de las anteriores. Se trata de superorganizaciones criminales que controlan y coordinan otras organizaciones. “El Chapo” Guzmán y “el Mayo” Zambada, por ejemplo, son señores de la guerra en la sierra de Sinaloa, pero en Culiacán y en muchas ciudades de México delegan en mafias bajo su control directo la regulación de las plazas de tráfico. “Los Zetas” funcionan de manera parecida. En ciertas áreas son señores de la guerra, en otras áreas son mafias, e incluso controlan pandillas en los barrios marginales de ciudades importantes. En Colombia la situación es parecida. “D on Berna” tenía un ejército paramilitar que ejercía un dominio monopólico en la zona de’ Valencia, Córdoba, y en el nordeste de Antioquia, mientras era la cabeza de la mafia en Medellín e imponía el orden entre las pandillas de adolescentes de las comunas de la ciudad, conocidas como “com bos”. En general las grandes organizaciones de narcotraficantes que en un momento dado controlan el grueso de los flujos de drogas hacia el mercado internacional, y que son bautizadas como carteles por las autoridades, funcionan dentro de este esquema de control y coordinación de una suma de organizaciones coercitivas del tipo de señores de la guerra, mafia y pandillas. Las guerrillas, por la naturaleza de su lucha política y por su incapacidad de controlar las fases del narcotráfico que invo­ lucran el transporte hacia los mercados internacionales, hasta ahora han podido subordinar poco a otras categorías de organizaciones.72 La existencia de superorganizaciones criminales es lo que permi­ te a su vez que ciertos narcotraficantes alcancen a concentrar el poder suficiente para interactuar con políticos y autoridades nacionales. No es solo un asunto de la disponibilidad de recursos suficientes para 72 Aun así, las 1;A R C y el K L N en Colombia han sido capaces de organizar pandillas como grupos de milicianos en ciudades como Medellín. Kventualmente estos grupos se desmovilizaron en un proceso de paz, pero luego fueron absorbidos por los paramilitares de “Do n Berna” en su ingreso en la ciudad (Giraldo y Mesa, 2013).

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sobornar incluso a miembros de primera línea del gobierno central; es en realidad un poder que proviene de la influencia sobre un agregado dq fuerzas políticas locales que se proyectan en la competencia políti­ ca nacional. Los recursos ilegales en términos de capital y coerción de las superorganizaciones criminales son una oportunidad para muchos políticos profesionales de la periferia de acceder a cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas del nivel nacional. Sin el soporte de las organizaciones criminales nunca tendrían esta capacidad. De este modo, el gran capo de un cartel dispone de un colectivo de políticos influyentes que pueden servir de interlocutores con los generales de las fuerzas armadas y de la policía, los jefes de los partidos políticos, el congreso, las cortes y el gobierno central. I.a interlocución de los capos de las superorganizaciones criminales no tiene que ser ni siquiera explícita. Basta con que se haga un mal ambiente para el ascenso de un militar, el nombramiento de un juez, la aprobación de una ley o el saboteo a una política pública para que los intereses básicos de una organización criminal se preserven sobre los intereses de otras organizaciones competidoras. En consecuencia, la oportunidad de poder no es solo para indi­ viduos provenientes de sectores marginales y populares dispuestos a hacer carrera en los aparatos coercitivos de las organizaciones criminales, sino que los políticos profesionales de la periferia, que en muchos casos no provienen de sectores excluidos,73 encuentran en las transformaciones ocurridas una oportunidad inédita de influir sobre el estado y el sistema político del centro, tanto en términos 73 Velasco (2014), en su tesis de maestría, hace una categorización muy interesante sobre el tipo de relaciones que se establecieron entre políticos y paramilitares; para este autor existen tres categorías: los notables, los caciques y los emergentes. Los primeros, ubicados en grandes ciudades, contaban con capital y estatus suficiente para contrarrestar las aspiraciones de poder político de los paramilitares. Las transacciones se enfocaban en la defensa contra la insurgencia a cambio del control sobre la criminalidad. Los segundos, ubicados en ciudades intermedias, podían eventualmente tener capital pero no era suficiente para contrarrestar el poder coercitivo de los paramilitares. Algunos caciques políticos que no contaban con tierras estaban en una situación aún más crítica, por lo que terminaron siendo sometidos. Los emergentes pertenecieron a la clase política que se hizo con los paramilitares.

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burocráticos y presupuéstales como de decisiones de poder. Políticos como )uan Carlos Martínez, quien empezó de la nada en un peque­ ño pueblo del Pacífico caucano, una de las regiones más pobres de Colombia, o como Juan Francisco “K iko” Góm ez, quien heredó el poder v la riqueza de una de las castas políticas más representativas de La Guajira, nunca hubieran podido ser influyentes en el nivel nacional de no ser por el peso electoral que alcanzaron gracias al capital y la coerción del narcotráfico. 4 No importaba su origen social, el uno pobre y el otro rico de nacimiento, la clave estaba en sus habilidades para construir una maquinaria política que sumara votaciones; con los excedentes del negocio de la droga en la periferia, los recursos para hacerlo estaban disponibles en cantidades ilimitadas. I

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Fin términos agregados, los ingresos por el tráfico de drogas en países como México y Colombia no son el eje de sus economías, s pero para ciertas comunidades las rentas de la droga marcan diferencias sustanciales entre lo que pueden consumir y lo que no. No es casual que en comunidades donde las drogas sostienen el mercado local exista toda una simbología alrededor de la ostentación de objetos de consumo. Las camionetas todoterreno, los estéreos a todo volumen, las mujeres repletas de silicona, las armas forradas en oro y demás símbolos de esta subcultura son solo una expresión de las relaciones745 74 Para indagar sobre ]uan Carlos Martínez, ver, por ejemplo, en la revista S em ana el artículo: “¿Juan Carlos Martínez insiste en seguir la estela narcopolítica de Pablo Escobar?”, publicado el 2H de junio de 2012. Disponible en: bttp://\v\v\v.semana. com/nacion/articulo/juan-carlos-tnartincz-insiste-seguir-estela-narcopoli tica pablo-cscobar/260293-3. Y sobre Kiko Góm e z ver en la revista S em ana el artículo: “U n gobernador de miedo en 1.a Guajira”, publicado el 4 de mayo de 2013. Disponible en: http://vvvw.semana.com/nacion/articulo/un-gobernador-miedo la-guajira/342196-3. 75 Thoumi (1994) y Mejía v Rico (2011) hacen una interesante recopilación de los estudios sobre las magnitudes económicas del tráfico de drogas en Colombia. Pese a su escepticismo sobre diversas mediciones, sus estimaciones muestran que no pasan de 5 puntos del P1B.

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económicas que les permiten a los narcotraficantes acceder al po­ der social. Son valorados en una comunidad porque se encargan de producir el capital que sostiene el proceso de inclusión en el consumo del mundo desarrollado así el grueso de la comunidad no esté vinculado directamente con el tráfico de drogas. La capacidad de producir medios de cambio valiosos en el mercado internacional desde sociedades con baja acumulación de capital es un atributo crucial para comprender la economía política del narcotráfico como una actividad criminal diferente a aquellas que depredan sobre los excedentes de la economía local. En vez de empobrecer el mercado interno, el narcotráfico lo enriquece tanto en su tamaño como en el tipo de mercancías disponibles. Los relatos acerca de la vida cotidiana en las zonas previamente aisladas de los mercados mundiales donde ocurre la producción de droga como mercancía están repletos de historia de transform acio­ nes extremas por la inclusión súbita de la droga en el mercado de masas. En el Perú, la etnografía de Morales (1989) sobre el municipio amazónico de Tingo María contrasta los cambios ocurridos con la bonanza de la coca: Cuando en 1996 visité Tingo María por primera vez, era un pe­ queño pueblo cuya calle principal era la carretera polvorienta que conectaba Lima con el pueblo de Pucallpa (una ciudad en las tierras bajas de la cuenca amazónica). El pueblo tenía tres pocilgas de hoteles y un hotel para turistas, unos pocos restaurantes mediocres y un burdel situado cerca de 500 metros de la calle principal. En ese entonces, las tierras recientemente colonizadas en las selvas de los alrededores de Tingo María todavía no estaban en plena producción [...] Doce años después, [...] Tingo María se había convertido en un centro de tráfico de cocaína. Tenía su propio centro médico regional, escuelas primarias y secundarias y un muy intenso mercado. Como una de las mayores ciudades en la selva, Tingo María cuenta con un puesto administrativo y comercial para la región del Alto Huallaga. Muchas organizaciones del gobierno nacional, incluyendo las cinco fuerzas de control social y represión política, tienen sus sedes regionales en Tingo María. Tres

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principales marcas japonesas de carros y camionetas tienen muestra­ rios y almacenes localizados en la calle principal. Firmas de médicos y abogados tienen sus oficinas privadas concentradas en una sección de la ciudad. Bares y clubes nocturnos son nuevos elementos cultu­ rales que proveen costosas bebidas, comidas y entretenimiento para residentes y visitantes. Los dos burdeles atienden dos tipos diferentes de clientelas. Además jóvenes transeúntes, homosexuales y drogadictos están siempre cruzando esquinas atestadas y paradas de buses. Mendigos, ladrones, emboladores y niños vendedores de periódicos situados alrededor de las puertas de los bancos, los restaurantes y los bares completan la imagen de la “ciudad blanca” (p. 95).76 Los relatos periodísticos del inicio de los cultivos de coca en las selvas de Colombia son similares, como este de E lhíspectador (2013): El Oasis no escapó de este cambio. Según narran sus habitantes, antes del 2000 la vereda entera y sus alrededores ya giraban en torno a la coca. Hubo dinero para fiestas cada fin de semana, prostitutas traídas de lejos, camionetas y motos para los más modestos. Efranio Ávila, por ejemplo, tenía entre 20 y 30 trabajadores en su finca para el cultivo de esta planta. Recuerda que los domingos, día de mercado, llegaban a la plaza personas de todo el país a comprar hojas o, incluso, coca procesada en laboratorios improvisados por los campesinos. “No había ni por donde caminar y se veía el billete por todos lados”, añade. “Nadie se dedicaba a otra cosa, excepto los tenderos que surtían a la población de alimentos traídos de otros pueblos y departamentos, porque aquí no había más que hacer que la coca. La gran ventaja era que el que llegaba pobre, salía con plata. Esa era la ley”, narra José Herrera, campesino de la zona. Un relato etnográfico sobre el efecto económico del narcotráfico en la región del cartel del norte del Valle en Colombia ilustra el impacto 76 Traducción del autor. 77 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/sin-coca-tambien-hay-oasisarticulo-440854

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en las posibilidades de inserción económica desde un aspecto tan trivial como el mercado de las mascotas: “Un hecho bien significativo en este sentido, es que aquí no se conocían sino los perros llamados ‘gozques’; mire las razas finas que hay ahora, y hasta almacenes de lujos y comidas para mascotas” (Betancourt, 1998, p. 177); estas transformaciones incluyen por supuesto otros aspectos más signifi­ cativos de la vida cotidiana:

Roldanillo [un pueblo de la región] ha progresado con las mafias; aquí no había casas de más de dos pisos y mire ahora: centros comer­ ciales, edificios, hoteles, piscinas, supermercados y las tremendas fincas y haciendas de los alrededores. Durante la violencia el mercado se hacía en la plaza, con toldas y mesas de madera; más tarde se construyó la Galería Municipal. Ahora los de la Galería están en crisis, pues los que mandan son los de los supermercados y las famas de carne, regadas por todo el pueblo; hay más de ocho supermercados. No sé si venderán tanto, pero los capitales que tienen no se consiguen así tan facilito, trabajando legalmente (p. 162). La importancia que adquiere el capital de las drogas en la formación de los mercados periféricos responde a transformaciones estructu­ rales de los mercados, en particular a la importancia que adquieren los intercambios globales en las economías locales.™ En su versión más simple, los mercados son el resultado de la producción de la78 78 En el caso de Bolivia, Painter (1994) identifica así los propios mercados globales como medios de lavado de las ganancias por narcotráfico: “A c om mo n form of legalizing or laundering cocaine dollars was to buy expensive electronic goods such as televisions, hi-fi Systems, and video recorders in centers such as Panama City, impon them, and then sell them at priees obten below the parchase price. Stalls at markets such as Miamicito in 1.a Paz and l.a Cancha in Cochabamba were, until recentlv, stacked high with such equipment. Money could also be laundered (to a much lesser extent) by the importa!ion of large voluntes of cheaper Ítems such as canned food, textiles, shoes, and plástic goods from Perú, Argentina, Chile, and Brazil, all of which have been rcadilv available in local markets since 1985. Local chambers of commerce representing small and large industrial companies frequently complained of the negative impact of the flood of cheap goods onto the national market, which they said, was often a way of legalizing monev earned from coca-cocaine producrion” (p. 60).

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sociedad. Una proporción de la producción se destina al consumo mientras que la otra se reinvierte para acumular capital o se exporta y se convierte en medios de cambio para importar mercancías. Si una economía no cuenta con los medios para producir bienes valiosos en otros mercados, su consumo dependerá de lo producido por la misma sociedad, a menos de que disponga de inversiones en otras sociedades para utilizar sus rendimientos como medios de cambios. La producción de las grandes ciudades del mundo desarrollado, por *

ejemplo, se concentra ahora en servicios y comercio. A pesar de los pocos bienes industriales que producen, su acumulación de capital les permite convertirse en los principales mercados mundiales. Otra al­ ternativa de inclusión en Ios-mercados globales son las transferencias por razones políticas. Los estados redistribuyen recursos de zonas * ricas a zonas pobres con el propósito de extender su dominio a lo largo del territorio. El pago de la burocracia, los servicios públicos y la infraestructura estatal se convierten así en una fuente de recursos para financiar la capacidad del mercado local. Dada la diversidad actual del consumo de masas del mundo globalizado, es impensable la autoprovisión como estrategia económica. Bien sea productos tan simples como una peluca o una camiseta, o tan sofisticados com o un avión a reacción o una superproducción cinematográfica, tienen su origen en distintos lugares del mundo que se han especializado en su producción. Es tanta la especialización y la competencia que ni siquiera las economías avanzadas pueden aspirar a producir toda la gama de mercancías que com ponen el consum o de masas actual. M ucho menos pueden pretender las sociedades con baja acumulación de capital hacer parte de formas globales de consumo por medio de la autoprovisión. Es por esta razón que la inclusión en el mercado como una demanda social tiene un efecto tan significativo sobre las relaciones de dominación. En el momento en que la provisión de este tipo de bienes se convierte en parte del sustento material que debe garantizarse para obtener la obediencia social, las organizaciones coercitivas del narcotráfico encuentran una oportunidad de dominación en el aislamiento del

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mercado local.79 En otras palabras, el arreglo social sobre aquello que materialmente debe garantizarse para obtener la obediencia se transforma radicalmente cuando la sociedad considera el acceso al mercado de masas como parte de sus prioridades. Entre m enor sea la acumulación de capital, la producción legal de medios de cambio y las transferencias del estado más importante es el narcotráfico para la provisión del consumo material y para la obtención de la obediencia de sectores sociales excluidos del mercado. La expansión del consumo de masas hacia todo tipo de socieda­ des, aun con bajos niveles de acumulación de capital, es un fenómeno propio de la globalización. Esta expansión ocurre además en un momento particular de la historia en el que el acceso al consumo posfordista80 del mundo globalizado se convierte en el sentido y el propósito de la producción económica de las sociedades (Lee, 1993). 79 Al respecto, Duffiekl (1998) argumenta que la actual proliferación tic proyectos políticos basados en el control de organizaciones de coerción privadas corno mafias, señores de la guerra y milicias son respuestas coherentes desde zonas pobremente desarrolladas para insertarse en los mercados globales. La ventaja comparativa que ofrecen estos proyectos políticos es precisamente su capacidad de regular formas ilícitas de inserción en el mercado global que no serían rentables mediante la regulación de las instituciones de los modernos estados nación. Gallant (1999) incluso documenta el papel de las redes ilegales de bandidos y piratas en la difusión global del capitalismo durante los últimos trescientos años. 80 El consumo posfordista es la otra cara de la crisis en la estructura productiva del fordismo durante la década tic los setenta. Así como las empresas abandonaron las rigideces de la cadena productiva del taylorismo y optaron por la tercerización y la delegación del trabajo no calificado en lugares donde la mano de obra era más barata, la nueva sobreproducción de mercancías encontró una salida para garantizar su consumo en la creación tle estéticas hedonistas y en la hipersegmentación de los mercados. Ahora las mercancías no están pensadas estrictamente hacia la satisfacción de necesidades materiales concretas como una casa para habitar, un carro para transportarse o un electrodoméstico para facilitar tareas caseras. Los objetos posfordisras están pensados además para transmitir experiencias y recrear sensaciones así sea de manera transitoria y fluida. Se hace turismo para conocer a la manera de cada quien los modos de vida de otras sociedades, se va a restaurantes y clubes y se utilizan tecnologías de la comunicación (como internet y teléfonos celulares) para construir experiencias comunes con otros individuos. Dada la diversidad de experiencias y sensaciones que los distintos grupos de consumidores potenciales querían recrear en sus prácticas de consumos, se creó todo un sector de la economía especializado en identificarlas v satisfacerlas. De allí la importancia que

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No es necesario que ocurra el narcotráfico en una sociedad para que este consurqo tenga lugar. En muchos casos la diferencia solo es de grado, es decir de un volumen adicional de objetos de consumo dis­ ponibles en el mercado. Pero precisamente el hecho de que el capital de las drogas esté asociado con un proceso de transformación tan extendido es lo que explica que una actividad criminal tenga efec­ tos tan profundos en la sociedad. Cuando sociedades tradicionales se insertan en el consumo de masas del mundo globalizado están asimilando nuevos objetos materiales que retiefinen los valores, las normas y los hábitos de la población. Las relaciones laborales, las relaciones afectivas, la diversión, los intercambios entre grupos y entre individuos, adquieren nuevos sentidos desde estos objetos materiales. Los efectos de la inclusión en los mercados globales se ven reflejados en dos tipos de transformaciones complementarias entre sí: una nueva jerarquización social a partir del acceso al consumo y, hasta determinado grado, una nueva división del trabajo en la sociedad. Las nuevas mercancías tienen un sentido simbólico81 que rebasa sus aspectos puramente materiales. Las vestimentas de fibra sintética, los electrodomésticos, los licores de lujo, los teléfonos celulares, el internet y demás mercancías, además de cumplir una función material contribuyen a redefinir la clasificación social. G ran parte del proceso de definición de las jerarquías en un contexto social proviene de la creación de valores simbólicos sobre ciertos objetos de consu­ mo y del control sobre la distribución de estos objetos (Douglas e Isherwood, 1981). En el caso concreto de las transformaciones en el orden social como consecuencia del narcotráfico, la nueva jerarquización de la sociedad pasa por el valor simbólico que adquieren los objetos de consumo masivo. Los narcotraficantes, por poseer los adquirieron especialistas como los diseñadores y administradores de la información para atender las particularidades de cada mercado. Ver, entre otros, Lee (1993) y Alonso (2005). 81 La construcción de una estética narcotraficante obedece precisamente a la necesidad de legitimar simbólicamente la apropiación del poder económico y político. Ver por ejemplo los textos de Astorga (1995) y Ldberg (2004).

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medios de consumo y por asignar su distribución en esa sociedad, se convierten en poderosos y su propio consumo funciona como una demostración simbólica para legitimar las nuevas jerarquías sociales. Según la versión de un cronista sobre Sinaloa (Osorno, 2010), El vestuario de un narcotraficante es un código que proclama: “Soy un indomable, estoy al margen de la ley”. Mientras más crece y se divulga el estigma del narco, el narco lo reafirma más. De la punta de las botas de avestruz australiana a los botones fosforescentes de las camisas Versace adaptación vaquera, la clandestinidad por lo ilegal de las actividades queda para otro momento (p. 281). En ese sentido, si las élites tradicionales no cuentan con capital suficiente para evitar que la inclusión local en los mercados globales sea dependiente del narcotráfico, se encuentran en grave riesgo de perder el control sobre la distribución de los objetos de consumo que definen las jerarquías sociales. Como anota Appadurai (1991): “cuando los cambios rápidos en la esfera del consumo no son inspi­ rados y regulados por los detentadores del poder, parecen amenazar a estos” (p. 45). Entre más periférica fuera la economía donde llegaba el capital de las drogas, mayor era la probabilidad de que ocurrieran cambios en las jerarquías sociales a raíz de cambios en las pautas de consumo. En México y Colombia el tráfico de drogas transform ó dramáticamente la capacidad de estas economías. Desde las zonas ile cultivo hasta los puntos finales de embarque se abrieron nuevos mercados con mercancías globales. Y al margen de lo que se iba en extravagancias y en despilfarro, la llegada del consumo de masas a espacios sociales excluidos de los mercados globales significó una iransformación profunda en las jerarquías sociales. La ostentación de vestuarios, automóviles y demás objetos de lujo, desconocidos en su entorno, potenció la celebración social de los narcotraficantes y su imposición como nuevos “patrones” de la comunidad al replantear el valor simbólico de los objetos que distinguían a la población. Eue así como en pequeños municipios aislados de los mercados, los bienes y las formas austeras de consumo que distinguían a los notables,

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caciques y terratenientes de los siervos, campesinos y clases bajas, volaron en pedazos con la arremetida del nuevo consumo traído por los narcotraficantes. Mario Arango (1988), un analista de la época en que el narco­ tráfico hizo su irrupción en Medellín, describió en su obra Impacto

del narcotráfico en Antioquia la actitud desafiante que había implícita en el consumo de los narcotraficantes, en un texto muy interesante, aunque lleno de prejuicios, sobre los cambios sociales que trajeron las drogas en la región. Interpretó la ostentación en el consumo como un esfuerzo por proyectar simbólicamente su recién adquirido prestigio sobre las élites tradicionales, así: En la tarde de un domingo de 1987 salí de Medellín con un grupo de amigos a un paseo por municipios cercanos, a la denominada la vuelta a oriente. Al detenernos, como es de rigor en estos casos, en un restaurante de carretera a tomar una copa, concentré mi atención en la clientela, los modelos de automóviles parqueados y los que llegaban. La mayoría de las personas correspondía, aparentemente, a quienes hace veinte años llamaban negros, pero ahora su condición social era otra. No se trataba ya de personas apocadas por la inseguridad que provoca la pobreza y la dependencia patronal. Por el contrario, eran hombres que no sólo hacían ostentación con los mayores y más cos­ tosos consumos, vestuario informal y llamativo y pechos cubiertos por relumbrantes objetos de oro, sino que se encontraban acompañados de las mujeres mejor trajeadas, al menos por el costo de sus prendas importadas, pertenecientes igualmente, a la misma franja social. Los ostentosos vehículos aparcados eran propiedad de tan exótico grupo. Hace veinte años, cualquiera de esos arrogantes individuos, si no fuera por el equipamiento que los acompañaba, habría podido asociarse con el modesto albañil, el chofer de camión o la mesera de café (p. 13). El otro aspecto de los cambios en las jerarquías sociales por las nuevas pautas de consumo son las transformaciones en la división del trabajo, es decir, las transformaciones en lo que la sociedad pro­ duce y el papel que se le asigna a los individuos en la producción

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por pertenecer a un grupo social con determ inados atributos. En Bahía Solano,82 un pueblo costero del Pacífico colombiano, algunos jóvenes pescadores cambiaron de profesión. De las obsoletas em ­ barcaciones y de las extenuantes jornadas diarias en el mar, pasaron a veloces botes g o fa s t de última generación que llevaban cocaína a Centroamérica. Si bien el trabajo en las go fa st era sumamente ries­ goso — pues las autoridades, los piratas y los accidentes diezmaban las tripulaciones— , cada viaje era suficiente para vivir varios meses gastando a manos llenas en el pueblo. La celebración consistía en un derroche de objetos de consum o sin precedentes. Las prostitutas traídas de Medellín, los autos, el licor, los grupos musicales, yates de lujo y demás, se convirtieron en nuevos símbolos de prestigio social. Quienes llevaron estos cambios a Bahía Solano fueron inicialmente narcotraficantes del cartel de M edellín y del cartel del norte del Valle, que vieron en la localización del lugar un punto de embarque estratégico de drogas hacia M éxico y Centroamérica. Proyectar el consum o de masas com o un mecanismo para convencer a los pes­ cadores del lugar de cambiar de ocupación fue sencillo. Por un lado, existía entre los jóvenes una exposición perm anente a la publicidad de las nuevas mercancías que proveía el narcotráfico, es decir que antes de su llegada ya eran atractivas para la comunidad, y por otro lado los objetos de consum o fueron acondicionados dentro de una estética propia83 para reproducir un sistema de clasificación social que proyectaba a quienes accedían a las rentas del narcotráfico en las jerarquías superiores. Las m otos, la vestimenta, la arquitectura, la diversión y demás objetos de consum o masivo tenían una moda particular para representar el éxito social de quienes accedían a estos objetos. 82 Esta información proviene de diversos reportajes aparecidos en prensa pero especialmente de un estudiante del autor originario del lugar. Se omite su nombre por razones de seguridad. 83 El uso de la construcción de una estética propia como elemento de formación y legitimación de poder ha sido recurrentemente tratado. Ver, por ejemplo, Moore (2005) y James (2013).

1.3.3

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Bahía Solano se trata de una población aislada de poco más de diez mil habitantes, desconectada de la red de carreteras del país. Es parte de la periferia más extrema. Pero aun en ciudades interme­ dias los efectos de la inclusión en los mercados por el narcotráfico pueden sentirse en los cambios en las jerarquías sociales inducidas por el consumo y en la división del trabajo que implica la llegada de nuevas actividades económicas. En Culiacán, la capital de Sinaloa, es evidente cómo el consumo que se desprende del negocio de las dro­ gas form a parte de los atributos para la clasificación de la sociedad. Las crónicas de O sorno (2010) y Valdez Cárdenas (2009) ilustran de sobra las transformaciones ocurridas alrededor de los excesos y las celebraciones de los narcotraficantes en Sinaloa. Pero existen de igual modo transformaciones más sutiles relacionadas con la expansión del comercio, la construcción, los servicios v'el sector terciario de la economía debido a la expansión del mercado local que significa una nueva división del trabajo en la sociedad. Ahora, en vez de la agricultura, el grueso de la población se dedica a empleos en estos sectores de la economía, incluyendo todo el comercio informal que se desprende de la necesidad de lavar las ganancias de la droga. A partir de comparaciones entre el PIB y los ahorros bancarios, Ibarra (2009) sostiene que: Sinaloa con un coeficiente de 18 %, es el octavo lugar [en ahorro bancario], aunque en tamaño del PIB general es el lugar 14. Ello sig­ nifica que tiene más dinero en los bancos que el correspondiente al tamaño de la economía regional, lo cual resulta paradójico pues el flujo de dinero nominal de una economía responde al flujo real de bienes y servicios. Dado que Sinaloa no es ni de lejos un centro de servicios financieros de importancia nacional o internacional, el coeficiente debería estar en ese lugar 14 también. Incluso, Mendoza ubica a Cu­ liacán como la ciudad nueve entre las de mayor ahorro bancario en el país, siendo lugar 17 en PIB industrial y de servicios en 2003 (p. 34). Más allá de qué tanta especulación exista en el uso del desfase entre PIB y ahorros bancarios para estimar el peso del capital de las drogas

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en la economía de Sinaloa, según Ibarra (2009) entre el quince y el veinte por ciento, los resultados son contundentes. No es sorpren­ dente entonces que el orden social y las relaciones de poder sean alterados desde el control que se ejerce sobre la distribución de estos recursos. Ln escenarios con baja acumulación de capital en relación con los flujos de ingreso del narcotráfico, la jerarquización social no se encuentra afectada además por la variedad y la complejidad de las prácticas de consumo del mundo desarrollado. A diferencia de las distinciones sociales que se desprenden de las diferencias en el con­ sumo estudiadas por Bourdieu (1979) en las sociedades occidentales, las distinciones en las comunidades con subculturas narcotraficantes no demandan una alta acumulación de capital cultural. La nueva clasificación social está fundada en distinciones menos complejas como la de tener o no tener los medios con qué pagar por un bien. Sin embargo, los efectos en el orden social son sustanciales. Sin necesidad de un discurso sofisticado o de grandes elaboraciones ideológicas, los narcotraficantes se convierten en los proveedores del sustento material, simplemente por ser instrumentales al pro­ ceso de inclusión en los mercados globales. Los contenidos que legitiman esta inclusión ni siquiera tienen que ser elaborados por las organizaciones coercitivas o por los políticos que ofrecen protección a los narcotraficantes; el sustento ideológico lo provee la propia simbología de los objetos de consumo. Desde la moda y los estilos tle vida hasta los programas de televisión por cable y las páginas de internet reproducen permanentemente mensajes dirigidos a legitimar los nuevos patrones de inclusión material. Quienes pretenden acu­ mular poder solo necesitan garantizar la capacidad adquisitiva de la población en el mercado. De su legitimación se encargan los medios y los contenidos que son elaborados com o parte de un proceso abrumador de transform aciones sociales por la expansión mundial del consumo posfordista. Políticos y criminales no están obligados a defender explícitamente la legitimidad del narcotráfico ante las comunidades. La

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opulencia de los narcotraficantes como símbolo de prestigio social y como un.mecanismo para com prom eter a la comunidad con la protección del negocio solo funciona en las comunidades en las que han irrumpido subculturas criminales. En el resto de comunidades la mayoría de la población se dedica a actividades que no están relacio­ nadas directamente con la comisión de un delito. Mucho menos es la opulencia material de los criminales un sello definitivo del prestigio alcanzado por cada miembro de la sociedad. Para muchos de ellos tanta opulencia es en realidad un símbolo de mal gusto. Eos efectos políticos se centran en un aspecto más sutil: en la protección de una fuente de capital que determina el grado de inclusión en el mercado de una parte de la población, por lo que el propósito no es movilizar a la población en una defensa explícita del narcotráfico. Las nece­ sidades se centran en otro aspecto: en convertir la provisión de las demandas materiales de la población en suficiente respaldo social para acumular poder. Y la tarea de acumular poder se facilita para criminales y políticos corruptos en sociedades de baja acumulación de capital en las que la inclusión en el mercado a través de las rentas de la droga necesita la exclusión de las instituciones del estado. La criminalización de la droga por parte del estado impide que sus instituciones funcionen en aquellas sociedades de la periferia en las que los flujos de capital ilegal sostienen el mercado. Las organizaciones coercitivas del narcotráfico acumulan poder cuando regulan la inclusión de sectores previamente excluidos o reza­ gados del mercado. Estas organizaciones funcionan como institucio­ nes alternas a las del estado que ofrecen protección a la producción ilegal de capital. En el fondo son las mismas dos variables usadas por Tilly (2001) para interpretar el proceso de construcción de los modernos estados nación de occidente — capital y coerción— , pero con grandes diferencias en su interacción y en sus efectos sobre la trayectoria del estado. En vez del proceso de desarme de los ejércitos privados al interior del territorio para monopolizar los medios de coerción y de negociación con los poseedores del capital para finan­ ciar la capacidad de regulación social del estado, en el narcotráfico

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se trata de la delegación de la coerción para proteger una fuente de capital que no puede ser regulada directamente por el estado. Si no se garantizan estos flujos de capital no se dispone del suficiente respaldo para dominar ciertos espacios sociales en la periferia. Un descenso súbito en los niveles de aprovisionamiento material puede conducir eventualmente a potenciales protestas entre la población y a un abierto malestar social.84 Pero más común que la protesta social es el rechazo en las votaciones a las autoridades políticas que no garantizan el aprovisionamiento material de sus clientelas. El uso del clientelismo en el proceso de inclusión en el mercado juega un papel central en el alcance de las instituciones de regulación social impuestas por organizaciones criminales (Krauthausen, 1998). Un narcotraficante por sí solo no tiene cómo convertir su capital en respaldo de la población para acumular poder. Pero cuando paga una parte de su capital para obtener protección de las organizaciones coercitivas y de la clase política, está indirectamente com prando respaldo popular por medio del clientelismo. Las organizaciones coercitivas y la clase política invierten en las demandas materiales de sus clientelas a cambio de su respaldo para controlar las instituciones que regulan la sociedad. Sin embargo, las instituciones resultantes varían de acuerdo con la importancia que tienen los flujos de capital de la droga en la inclusión material de la población. Entre menor sea la acumulación de capital de una sociedad, mayor será la proporción de trabajadores y comunidades que dependen económicamente del intercambio clientelista para garantizar su participación en el mer­ cado. La tendencia hacia la imposición de las instituciones de las organizaciones criminales será mayor porque en escenarios de baja acumulación de capital la clase política no dispone de recursos para competir con las organizaciones coercitivas de los narcotraficantes. De hecho, el clientelismo adecuado a las prácticas de regulación H4 Las protestas de los cocaleros en Colombia y Bolivia, y las manifestaciones de respaldo a capos de los carteles que son capturados o abatidos como “el Chapo” Guzmán y Pablo Escobar, dan una idea de hasta dónde puede llegar el malestar social.

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social de las organizaciones criminales es en sí mismo parte de las instituciones impuestas desde el narcotráfico. Quien reconoce y co­ labora con el ejercicio de la autoridad tiene mayores probabilidades de acceso a los recursos y a los trabajos en las empresas legales e ilegales que financian los narcotraficantes. En las zonas serranas de Sinaloa, por ejemplo, para participar en la siembra de marihuana o amapola es necesario “alinearse” al grupo narcotraficante que controle la zona (Zavala, 2012). No solo obtienen protección del grupo y posibilidades de comercialización de la mercancía, sino que la relación clientelista implica acceso al financiamiento de los cultivos y de la subsistencia familiar. Un luga­ reño entrevistado por Zavala (2012) sostenía que: I.a mayor parte de la gente, los poquiteros, gente pobre, los cam­ pesinos que lo hacen por sobrevivencia [... |le venden al que le compra mejor, simplemente. Generalmente hay compradores cautivos, porque les han pagado bien, porque les deben el favor, porque incluso a veces les sueltas una lana... “Estoy muy necesitado, préstame $5000”, y lo hacen, adelantado. Entonces la gente vende la mota al que les compra mejor [...] el que compraba, era un narco, un viejo bueno; pues como no había confrontación, no había necesidad de matar a nadie, eran excepcionales las muertes, era un viejo que aglutinaba, era el líder del narcotráfico y llevaba prosperidad. Porque realmente allá no hay, salvo excepciones no hay inversiones en fuentes de empleo o en agricultura, que no sea con dinero del narcotráfico. Entonces allá puedo decir que socialmente, que les vaya bien a los narcos es una esperanza de mejorar, de obtener empleo, de que haya agricultura [...] Quién con dinero bueno, ganado con el sudor de la frente va a invertir su capital en una agricultura de temporal que no es redituable y que corre el riesgo de que si no hay agua, si no hay lluvias... nadie. Entonces, quien sí lo puede hacer son los narcotraficantes porque finalmente es una forma de lavar dinero, de limpiar el dinero, es una forma de ganarse, además, mucho consenso social, cariño de la gente, esperanza de que ahora sí invierta; que dicen que va a sembrar 50 hectáreas de ajonjolí, pues es una gran esperanza (p. 34).

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I.a disponibilidad de clientelas leales es reiterativamente documentada como una fuente de protección de capos del narcotráfico frente a la persecución del estado y de otros criminales. Las clientelas saben que su inclusión material depende de la dominación de su patrón. El poderoso capo del cartel del norte del Valle, W ilber Varela, tuvo que sacar a Miguel Solano mediante engaños de su pueblo, Roldanillo, para poder matarlo porque cada vez que enviaba sicarios a asesinarlo eran identificados como extraños por la población (López, 2008). De acuerdo con el relato de alias “el Navegante”, el infiltrado que entregó a G onzalo Rodríguez Gacha, “el Mexicano”, en las costas de Colombia, lejos de su área de operaciones en la zona esmeraldera, sospechaba de la gente de la región: “la gente de la Costa no era de fiar, a diferencia, según enfatizó, de sus coterráneos de Pacho [su pueblo natal donde era el patrón]. A llá si me ven acorralado todo el mundo me ayuda, me recalcó (Velázquez, 1992, p. 99)”. En Matamoros el capo Osiel Cárdenas recibía información de la gente del lugar si se enteraban de movimientos extraños. Un día la gente le inform ó que había una camioneta sospechosa dando vueltas por la ciudad, eran un agente de la DEA y otros dos del FBI que le seguían los pasos. Ravelo (2009) describió así el episodio: “Osiel es un benefactor social en su tierra, ha tejido complicidades, y en poblaciones urbanas y rurales le guardan tanto estima como respeto. No faltan las voces indiscretas que lo enteran de que policías estadounidenses siguen sus pasos” (p. 185). En sus crónicas O sorno (2013) relató cómo “los Zetas” movilizaron un barrio de Monterrey para pedir la salida del Ejército: Hace ya tiempo que en la independencia se gesta un resentimiento que las bandas de narcotraficantes han sabido capitalizar, según me contaron varios hombres y mujeres que trabajan en la zona atendiendo necesidades sociales con el debido permiso de las pandillas. El mundo oculto se asomó cuando los Zetas imitaron exitosamente el acarreo que practican los partidos políticos y llevaron a centenares de vecinos de la independencia y otras colonias a bloquear las principales avenidas de la ciudad pidiendo la salida del Ejército. Precisamente el día del Ejército (p. 49).

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A medida que ocurren procesos de acumulación de capital, la clase política suple progresivamente a las organizaciones criminales como agentes mediadores del intercambio clientelista con los recursos del narcotráfico. La inclusión en el mercado no depende absolutamente del capital de las drogas por lo que los políticos profesionales pueden obtener recursos de otras fuentes, incluyendo el propio estado. Más aún, gran parte de la población no necesita una relación clientelista para su inclusión material; esta se puede conseguir trabajo sin nece­ sidad de la mediación de algún patrón, por medio de un intercambio libre de cualquier presión política. Cuando ya se trata de sociedades con alta acumulación de capital, la clase política no tiene cómo ganar elecciones basadas exclusivajnente en el soporte de las clientelas. El clientelismo se reduce a espacios marginales y a los intercambios propios de los operadores de la política. Las’ mayorías electorales se conquistan a través de los medios de comunicación y la opinión pública. Por consiguiente, la acumulación de poder está por fuera de la conversión del capital de los narcotraficantes en clientelas que deben su inclusión en el mercado a estos recursos. El capital de los narcotraficantes a lo sumo se puede convertir en sobornos para pagar las campañas de los políticos. En últimas, las variaciones en las instituciones de regulación social responden a la racionalidad tan diferenciada de los agentes que controlan el capital, legal e ilegal, en los distintos tipos de sociedades y en la form a en que pueden convertir este capital en soporte de la población a determinado tipo de instituciones de gobierno.

La

r a c io n a l id a d

d e

l a s

in s t it u c io n e s

D E R E G U L A C IÓ N SO C IA L

Los acuerdos de dominación en la periferia entre la clase política y las organizaciones de coerción privada no son estables. Tampoco las relaciones entre centro y periferia permanecen estáticas en el tiempo. Los cambios en los funcionarios estatales, las aspiraciones de las facciones políticas, la competencia por el control del tráfico

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de drogas y, sobre todo, las alteraciones de los equilibrios de fuerza, suelen conducir a rupturas. Los m om entos de inestabilidad son también momentos de redefiniciones entre actores legales e ilegales. Sin embargo, la evidencia sobre la geografía del estado y la división del trabajo en el narcotráfico entre mercancía y capital muestran que pese a la volatilidad de la dominación ciertas tendencias per­ manecen estables. Luego de las redefiniciones de poder los tipos de instituciones dominantes guardan toda una racionalidad con los niveles de acumulación de capital. ¿En qué consiste esta racionalidad? En el predominio de instituciones de dominación — bien sea bajo el control del estado, de organizaciones de coerción privada o de ambos— coherentes con los niveles de acumulación de capital.85 La figura 2 resume los efectos — en un espacio social dado— de la acumulación de capital en la inclusión en el mercado de acuerdo con distintas formas de regulación: m onopolio por el estado, oügopolio de coerción y m onopolio de organizaciones de coerción privada. En el lado derecho de la figura están ubicados los espacios sociales en los que han ocurrido procesos de acumulación de capital. A partir del punto B, en que predomina el m onopolio del estado y la influencia del narcotráfico, funciona a través de sobornos a las autoridades, la rentabilidad en términos de inclusión en el mercado de la población local es mayor bajo las instituciones de regulación del estado. De hecho, a medida que se acumula más capital en la sociedad, la rentabilidad de una hipotética regulación monopólica por mafias, o incluso de una regulación oligopólica, es descendente. Solo en los vecindarios marginales y en los mercados criminales donde la actividad económica legal es reducida existe algún tipo de ganancia en la regulación por parte de las organizaciones coercitivas del narcotráfico, sean pandillas o mafias.

85 Este argumento no es del todo original, pues puede comprenderse como una adap­ tación en un estado del argumento de Duffield (1998) sobre las diferencias en la organización política del sur con respecto al norte como una respuesta a sus po­ sibilidades en el capitalismo mundial.

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F ig ura 2. Efectos de la acumulación de capital en la inclusión en el mercado de acuerdo con distintas formas de regulación

La acumulación de capital está asociada con la disponibilidad de recursos para el consumo de la sociedad. Si la acumulación es alta, la intensidad y la variedad de agentes económicos que atienden el mercado interno es mayor. Numerosos empresarios satisfacen la demanda de una población con suficientes ingresos para participar libremente en el mercado sin necesidad de apelar a relaciones clientelistas. Los empresarios son un grupo influyente, con intereses y fuentes de poder autónomas por su propia disponibilidad de capital. No dependen, por ejemplo, de los recursos que provienen de los narcotraficantes o de las transferencias estatales que controla la clase política. La acumulación de capital en una sociedad permite man­ tener el dinamismo del mercado interno al margen de los ingresos controlados por mañosos y políticos. Por consiguiente, la inclusión en el mercado por medio del capital de la droga está restringida a una proporción poco significativa de la población. Los empresarios formales que deben su ascendencia en el orden social a los procesos de acumulación de capital prefieren la regulación

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del estado que la de cualquier organización criminal. La razón es sim­ ple: el estado ofrece mayores garantías a sus derechos de propiedad. Puede haber laxitud frente a los recursos que los narcotraficantes inyectan al mercado local, de hecho favorecen la demanda de sus productos, pero no encuentran conveniente que el control de estos recursos amenace la hegemonía del estado. Ni mafias ni los seño­ res de la guerra, mucho menos guerrillas y pandillas, ofrecen una protección de sus derechos de propiedad tan confiable como la del estado. Además, una eventual pérdida de la capacidad de regulación del estado implica potenciales pérdidas de capital en las empresas que proveen el consumo interno. A l no ser dependientes del capital de las drogas, los recursos traídos por las mafias no compensan las pérdidas por los nuevos tributos que impone una clase criminal al dominio de la sociedad, mucho menos compensan las pérdidas que implica una administración deficiente del estado dirigida por burócratas que son elegidos por su lealtad con organizaciones criminales en vez de por sus méritos. Es así que la mayor fortaleza de la sociedad civil en socie­ dades con alta acumulación de capital implica una fuerte vigilancia a las actuaciones del gobierno. Medios de comunicación, universidades, centros de investigación y demás organizaciones influyentes en la opinión pública, adquieren influencia sobre las decisiones políticas, así como autonomía de quienes eventualmente puedan concentrar los medios económicos. Por consiguiente, el acceso al poder de organizaciones de coerción privada y de narcotraficantes queda re­ ducida a su capacidad de soborno de las autoridades, mientras que su capacidad de regulación social se limita a mercados informales e ilegales y a los barrios marginales. Cuando los mercados dependen de los capitales de la droga para mantener la capacidad de consumo, la racionalidad de la naturaleza de la regulación social varía. Los oligopolios de la coerción son más rentables en situaciones de acumulación intermedia de capital porque protegen unos recursos cuyo tamaño en relación con el mercado local son considerables. De hecho, es por su visibilidad que la clandestinidad no funciona como mecanismo de protección

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F ig ura 2. Efectos de la acumulación de capital en la inclusión en el mercado de acuerdo con distintas formas de regulación Capacidad de consumo

La acumulación de capital está asociada con la disponibilidad de recursos para el consumo de la sociedad. Si la acumulación es alta, la intensidad y la variedad de agentes económicos que atienden el mercado interno es mayor. Numerosos empresarios satisfacen la demanda de una población con suficientes ingresos para participar libremente en el mercado sin necesidad de apelar a relaciones clientelistas. Los empresarios son un grupo influyente, con intereses y fuentes de poder autónomas por su propia disponibilidad de capital. No dependen, por ejemplo, de los recursos que provienen de los narcotraficantes o de las transferencias estatales que controla la clase política. La acumulación de capital en una sociedad permite man­ tener el dinamismo del mercado interno al margen de los ingresos controlados por mañosos y políticos. Por consiguiente, la inclusión en el mercado por medio del capital de la droga está restringida a una proporción poco significativa de la población. Los empresarios formales que deben su ascendencia en el orden social a los procesos de acumulación de capital prefieren la regulación

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del estado que la de cualquier organización criminal. La razón es sim­ ple: el estado ofrece mayores garantías a sus derechos de propiedad. Puede haber laxitud frente a los recursos que los narcotraficantes inyectan al mercado local, de hecho favorecen la demanda de sus productos, pero no encuentran conveniente que el control de estos recursos amenace la hegemonía del estado. Ni mafias ni los seño­ res de la guerra, mucho menos guerrillas y pandillas, ofrecen una protección de sus derechos de propiedad tan confiable como la del estado. Además, una eventual pérdida de la capacidad de regulación del estado implica potenciales pérdidas de capital en las empresas que proveen el consumo interno. A l no ser dependientes del capital de las drogas, los recursos traídos por las mafias no compensan las pérdidas por los nuevos tributos que impone una clase criminal al dominio de la sociedad, mucho menos compensan las pérdidas que implica una administración deficiente del estado dirigida por burócratas que son elegidos por su lealtad con organizaciones criminales en vez de por sus méritos. Es así que la mayor fortaleza de la sociedad civil en socie­ dades con alta acumulación de capital implica una fuerte vigilancia a las actuaciones del gobierno. Medios de comunicación, universidades, centros de investigación y demás organizaciones influyentes en la opinión pública, adquieren influencia sobre las decisiones políticas, así como autonomía de quienes eventualmente puedan concentrar los medios económicos. Por consiguiente, el acceso al poder de organizaciones de coerción privada y de narcotraficantes queda re­ ducida a su capacidad de soborno de las autoridades, mientras que su capacidad de regulación social se limita a mercados informales e ilegales y a los barrios marginales. Cuando los mercados dependen de los capitales de la droga para mantener la capacidad de consumo, la racionalidad de la naturaleza de la regulación social varía. Los oligopolios de la coerción son más rentables en situaciones de acumulación intermedia de capital porque protegen unos recursos cuyo tamaño en relación con el mercado local son considerables. De hecho, es por su visibilidad que la clandestinidad no funciona como mecanismo de protección

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y alguna mafia debe — además de proteger a los empresarios que se encargan de inyectar los recursos de la droga— im poner algún tipo de orden en el mercado. Las instituciones del estado no tienen cóm o proteger y regular m ercados que han sido filtrados por el narcotráfico, así se trate de mercancías legales. Los costos adicio­ nales que se desprenden de los cobros por protección de las mafias y de la corrupción sistemática de los gobiernos son compensados por el incremento de la demanda interna. Sin la distribución de los recursos del narcotráfico en el mercado y la sociedad local, las ventas se vendrían al piso. La lógica dicta entonces que en estos contextos los empresarios del mercado interno prefieren sacrificar su poder social y político a cambio de mantener sus aspiraciones económicas. El respaldo a una dominación oligopólica no es solo parte de la racionalidad de las élites. Igual de importaVite es la racionalidad de los sectores subordinados, quienes en vez de tornarse en una amenaza suelen tornarse en un medio para garantizar la propiedad por medio de relaciones clientelistas. El clientelismo en estos casos es una form a de redistribución que garantiza la inclusión económica de sectores subordinados a cambio de respaldar el poder de las mafias. Una tarea importante de las mafias para garantizar la defensa de la propiedad de narcotraficantes y demás empresarios ilegales consiste en la construcción de clientelas leales entre la población local. Es solo por medio del respaldo de estas clientelas que las mafias concentran votos, soldados y apoyo popular para defender la propiedad de los ataques del estado y de otros criminales. Los sectores dominados encuentran de ese modo en las relaciones clientelistas un mecanis­ mo de inclusión económica en circunstancias en las que la limitada acumulación de capital restringe el libre acceso al mercado. Existen razones económicas y políticas para que ciertas élites le­ gales en sociedades con mediana acumulación de capital sean reacias a aceptar una dominación absoluta por parte de las mafias. Políticos profesionales, terratenientes, comerciantes, trabajadores calificados, empresarios formales y demás élites locales pueden beneficiarse del capital de las drogas para mantener la demanda de sus productos.

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Pero si las instituciones de regulación de las mafias adquieren de­ masiado poder, pueden ser sometidas a niveles intolerables de ex­ tracción de rentas, o expropiadas de sus negocios y despojadas del control de la administración pública. Las instituciones del estado son las que garantizan que las mafias no vulneren sus derechos de propiedad y sus fuentes de poder. Solo las autoridades pueden evitar que una mafia le impida a un político hacer campaña electoral o que arrebate las tierras y el ganado de un hacendado. De no ser así, mu­ chos empresarios optarían por abandonar la zona y sacar su capital hacia lugares donde las instituciones del estado ofrezcan mayores garantías, lo que conduciría a su vez a una caída en la capacidad de los mercados locales y por consiguiente de los niveles de consumo. Ln la figura 2 esta lógica puede observarse entre los puntos A y B, donde la rentabilidad de una regulación oligopólica es superior al monopolio de las organizaciones de coerción privada o del estado. Si la regulación por mafias es racional desde lo local, ¿qué tan ra­ cional encuentra el estado central la existencia de formas oligopólicas de autoridad en la periferia? Ln principio las mafias que redefinen las instituciones reguladoras del orden local son una amenaza, desafían su monopolio. Sin embargo, es un desafío manejable debido a la capacidad del estado de intervenir en las instituciones de regulación a través de la mediación de la clase política. Los oligopolios de coerción son en esencia situaciones de mediación entre el estado central y los políticos profesionales de la periferia. El estado central realiza dos tipos de concesiones muy pragmáticas desde la perspectiva de sus intereses: en primer lugar tolera la dominación social de una clase criminal en la periferia sin necesidad de asumir los costos directos de la inclusión en el mercado; de paso evita el rechazo que generaría la represión contra los medios de inclusión de estos sectores, y en Ncgundo lugar el estado utiliza la coerción de las mafias para mantener d orden en la periferia y reprimir amenazas más graves a su auto­ ridad, desde criminales comunes hasta organizaciones insurgentes como sucede en Colombia. Ln otras palabras, las mafias constituyen un ahorro de recursos para el estado y las élites del centro por los

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costos que implicaría llevar la coerción a áreas periféricas donde la extracción, de rentas legales es limitada. Por último, en aquellos espacios periféricos y marginales de escasa acumulación de capital, donde el capital de la droga desborda la capacidad adquisitiva del mercado interno, la racionalidad apunta hacia la regulación monopólica de algún tipo de ejército irregular. La seguridad de quienes trabajan en actividades ilegales está garantizada por algún aparato coercitivo distinto al estado porque la llegada de sus instituciones significa la dilución de la principal actividad económica, y como efecto colateral el desplome de los mercados locales. La clase política que controla las instituciones del estado encuentra además que su papel como mediadores entre el centro y la periferia puede llegar a ser irrelevante por el poco peso de los recursos del estado y del capital privado en relación con el capital de las drogas. En las zonas de cultivo de coca del Putumayo colombiano, por ejemplo, Torres (2012) entrevistó a un líder del Partido Liberal que admitió así su incapacidad para ganarse a la población dentro de la lógica del clientelismo político: “Los del Bajo Putumayo tenían sus vidas independientes. Ellos no necesitaban votar, porque allá vivían mucho de la coca, no de la política. Ellos no dependen de las gentes que vamos al Congreso o a la G obernación” (p. 15). El problema es en esencia la protección de los flujos de capital del narcotráfico. Sin los recursos de la producción primaria de drogas, ni los empresarios que surten el consumo interno, ni los pobladores, dispondrían de recursos para participar en el mercado. Lo que se aprecia en la figura 2 con la diferencia de rentabilidad entre las distintas formas de regulación social en términos de inclusión en el mercado. El dominio de la sociedad por guerrillas, mafias, señores de la guerra y paramilitares tiene su razón de ser en la protección del narcotráfico como fuente de capital de los mercados locales. La guerrilla en Colombia alcanzó un extenso control territorial porque disponía de una base social de colonos cultivadores de coca que demandaba orden y seguridad al margen de la regulación del estadc >. Los cultivadores de marihuana y opio en México han sido el soporte

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social de la dominación de carteles como el de Sinaloa y la “Familia Michoacana”. La criminalización de los cultivos en las aisladas laderas de la sierra de Sinaloa y Durango facilitó la demanda por institucio­ nes alternas a las del estado para proteger la vida económica de las comunidades. Sin importar el grado de injusticia de las relaciones de dominación, los dominados encuentran en el poder de estas organi­ zaciones coercitivas las bases de un orden que garantiza la protección de sus fuentes de subsistencia material. No importa la injusticia ni el grado de explotación económica. Los niveles tan limitados de acumulación de capital suponen una racionalidad muy distinta en cuanto a las expectativas económicas de la población dominada. En vez de inversiones pensadas en términos de rendimientos de largo plazo, las preocupaciones de los cultivadores de coca, marihuana y opio están centradas en la disponibilidad inmediata de medios de pagos para participar en el mercado. Sobre el caso de los cultivadores de coca en Bolivia, Painter (1994) lo resume así: |... j este es quizás el beneficio de la coca que más ha sido pasado por alto: provee Liquidez inmediata y garantizada en cualquier mo­ mento del año — una forma de convertibilidad instantánea en dinero cuando los tiempos son buenos o malos. Es decir, los retornos sobre un periodo de tiempo son menos significativos que el efecto inmediato de la coca al facilitar los flujos de dinero en efectivo (p. 12).H ÍI La gran diferencia con las sociedades en las que la regulación es ejercida por oligopolios de coerción es que la clase política, por su excesiva subordinación en el orden local, no funciona como un me­ diador en la construcción de instituciones de regulación local.8 Las distancias entre las normas, los valores y los comportamientos para H6 Traducción del autor. H7 1.a distinción que hace Reno (2002) sobre la naturaleza de las mafias rusas y los señores de la guerra somalíes es relevante como un paralelo de la diferencia entre los oligopolios de coerción y los monopolios de coerción que se plantea aquí. La mafia rusa debe sortear el poder del estado y de sus instituciones, mientras que en Somalia estos son inexistentes.

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costos que implicaría llevar la coerción a áreas periféricas donde la extracción,de rentas legales es limitada. Por último, en aquellos espacios periféricos y marginales de escasa acumulación de capital, donde el capital de la droga desborda la capacidad adquisitiva del mercado interno, la racionalidad apunta hacia la regulación monopólica de algún tipo de ejército irregular. La seguridad de quienes trabajan en actividades ilegales está garantizada por algún aparato coercitivo distinto al estado porque la llegada de sus instituciones significa la dilución de la principal actividad económica, y como efecto colateral el desplome de los mercados locales. La clase política que controla las instituciones del estado encuentra además que su papel como mediadores entre el centro y la periferia puede llegar a ser irrelevante por el poco peso de los recursos del estado y del capital privado en relación con el capital de las drogas. En las zonas de cultivo de coca del Putumayo colombiano, por ejemplo, Torres (2012) entrevistó a un líder del Partido Liberal que admitió así su incapacidad para ganarse a la población dentro de la lógica del clientelismo político: “Los del Bajo Putumayo tenían sus vidas independientes. Ellos no necesitaban votar, porque allá vivían mucho de la coca, no de la política. Ellos no dependen de las gentes que vamos al Congreso o a la G obernación” (p. 15). El problema es en esencia la protección de los flujos de capital del narcotráfico. Sin los recursos de la producción primaria de drogas, ni los empresarios que surten el consumo interno, ni los pobladores, dispondrían de recursos para participar en el mercado. Lo que se aprecia en la figura 2 con la diferencia de rentabilidad entre las distintas formas de regulación social en términos de inclusión en el mercado. El dominio de la sociedad por guerrillas, mafias, señores de la guerra y paramilitares tiene su razón de ser en la protección del narcotráfico como tuente de capital de los mercados locales. La guerrilla en Colombia alcanzó un extenso control territorial porque disponía de una base social de colonos cultivadores de coca que demandaba orden y seguridad al margen de la regulación del estado. Los cultivadores de marihuana y opio en México han sido el soporte

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social de la dominación de carteles corno el de Sinaloa y la “Familia Michoacana”. La criminalizacitm de los cultivos en las aisladas laderas de la sierra de Sinaloa y Durango facilitó la demanda por institucio­ nes alternas a las del estado para proteger la vida económica de las comunidades. Sin im portar el grado de injusticia de las relaciones de dominación, los dominados encuentran en el poder de estas organi­ zaciones coercitivas las bases de un orden que garantiza la protección de sus fuentes de subsistencia material. No importa la injusticia ni el grado de explotación económica. Los niveles tan limitados de acumulación de capital suponen una racionalidad muv distinta en cuanto a las expectativas económicas de la población dominada. F.n vez de inversiones pensadas en términos de rendimientos de largo plazo, las preocupaciones de los cultivadores de coca, marihuana y opio están centradas en la disponibilidad inmediata de medios depagos para participar en el mercado. Sobre el caso de los cultivadores ile coca en Bolivia, Painter (1994) lo resume así: |...) este es quizás el beneficio de la coca que más ha sido pasado por alto: provee liquidez inmediata y garantizada en cualquier mo­ mento del año — una forma de convertibilidad instantánea en dinero cuando los tiempos son buenos o malos. Fs decir, los retornos sobre un periodo de tiempo son menos significativos que el efecto inmediato de la coca al facilitar los flujos de dinero en efectivo (p. 12).s Traducción del autor.

H7 |,a distinción que hace Reno (2(102) sobre la naturaleza de las mafias rusas v los señores de la guerra somalíes es relevante como un paralelo de la diferencia entre los oligopolios de coerción y los monopolios de coerción que se plantea aquí. La mafia rusa debe sortear el poder del estado v de sus instituciones, mientras que en Somalia estos son inexistentes.

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E l sentido político de la guerra contra las drogas Pero yo tengo una pregunta. Si la violencia en Juárez es simplemente una batalla entre grandes carteles por controlar el cruce hacia listados Unidos, entonces por qué ocurren asesinatos a lo largo de toda la ciudad... Charles Bowden89

La guerra contra las drogas encarna tres sentidos muy diferenciados entre sí: uno, liderado en su mayor parte por agencias de seguridad como la D E A y el FBI, que ven la guerra como un enfrentamiento Contra organizaciones criminales sin mayores consideraciones polílicas. Su propósito es destruir carteles que causan daños severos a la población al proveer el mercado mundial de drogas y al financiar organizaciones terroristas. Un segundo sentido compete a los esta­ dos de los países productores que se enfrentan a una guerra en la que el narcotráfico es en sí un asunto secundario frente al desafío que diversas organizaciones criminales plantean al ejercicio de su imtoridad sobre amplios sectores de la sociedad. Es una guerra en la que está en juego la imposición de las instituciones de regulación uncial a lo largo del territorio y las relaciones de poder del estado central con las autoridades formales e informales en la periferia. Y un tercer y último sentido involucra las guerras entre organizaciones 1 omínales.

Se trata de la violencia entre mafias, señores de la guerra y pandillas por imponerse como la única fuerza irregular que controla

determinadas transacciones sociales en un territorio dado.

Il'l

Ito v ik -n (2(111, p. l0 2 ).Tn u lu tc ió n ile l autor.

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Desde esta óptica es claro que a medida que la guerra se sitúa en la periferia de los países productores su sentido se concentra en asuntos políticos, concernientes a la definición de las instituciones de regulación social y a la disputa por el ejercicio de la autoridad.'1" Son estas guerras las que además generan los mayores volúmenes de violencia e involucran a la población civil toda vez que el control del negocio queda supeditado al control parcial — y en determinadas condiciones total— de la sociedad. Una simple comparación entre las tasas de homicidio del condado de Miami Dade durante el inicio de los ochenta en la época de los cowboys de la cocaína, las tasas de Medellín durante la guerra de IEscobar contra el estado y de Ciudad Juárez a finales de la década del 2000, ilustra la desproporciém de la violencia cuando la dominación social está en juego. Si se superponen las cifras de las tres ciudades en una misma gráfica (ver figura 3) a duras penas son visibles las variaciones en el número de asesinatos en Miami Dade, de 227 a mediados de los setentas se llegó a 602 casos anuales en 1981. Por su parte, en Medellín, de un poco más de 1000 muertes por año en 1983 se llegó a 6349 en 1991. Los incrementos en las cifras de Ciudad juárez lueron igual de escandalosos, de 173 casos anuales se pasó a más de 3000 en solo tres años. Id tamaño til­ la población en las tres ciudades durante sus picos de violencia era similar, alrededor de un millón y medio de habitantes, por lo que las cifras absolutas no esconden mayores diferencias relativas.'11 Más aún, la menor capacidad de registro de las oficinas forenses de México v Colombia sugiere que los homicidios en Ciudad juárez y Medellín seguramente fueron superiores a los reportados. Este capítulo se interesa por aquellas guerras del narcotráfico que involucran el ejercicio de la dominación de la sociedad, en otras palabras por guerras que se extienden hasta el control y la vigilancia de la población. Lo sucedido en Medellín y en Ciudad juárez sería901 90 ! .n particular se trata tic una guerra ti el tercer tipo, por el ejercicio tic la autoridad al nivel de las comunidades, aludiendo a 1lolsti (1996). 91 ívi número tle habitantes de Miami Dade en 1980 era de 1.625.781, en Ciudad Juan en 2010 era tle 1.332.131 v en Medellín en 1993 era de 1.630.009.

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una guerra en estos términos, mientras que los sucesos de Miami alrededor de los asesinatos de Dadeland sería tan solo una vendetta de delincuentes. El argumento central es que en el narcotráfico las guerras tienen un sentido político cuando está de por medio la de­ finición de las conductas permitidas entre la población, el acceso a recursos a cambio de proveer seguridad y justicia, y el derecho a actuar como autoridad en un territorio dado al margen del estado. Cuando la guerra contra las drogas es la conjunción de una serie de esfuerzos policivos por neutralizar capos y operarios del negocio su sentido es puramente antidelincuencial. Por consiguiente, las guerras con carácter político ocurren cuando por diversas razones una orga­ nización con medios coercitivos pretende incursionar en los espacios sociales bajo el dominio de otra organización, o cuando el estado y los delincuentes se disputan la regulación de un espacio social. Aunque son categorías entremezcladas, las primeras pueden clasificarse como guerras horizontales y las segundas como guerras verticales. Figura 3. Total de homicidios por año en Miami Dade, Ciudad Juárez y Medellín 7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

------ M ia m i-D a d e

------- C iudad Ju árez

-------M edellín

l iii'ine: Para Miami Dade: Stauffer (20(11), para Ciudad Juárez: Alarcón (2(114) v para Medellín: (¡¡raido (2008).

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M ás q u e plat; a o p lo m o

L

a s

g u e r r a s

h o r iz o n t a l e s

La primera categoría comprende lias guerras entre organizaciones criminales por imponerse en un es|pacio social sin que implique una transform ación apreciable de las instituciones existentes. Se trata de la violencia entre mafias, señorres de la guerra y organizaciones relativamente similares por impomerse como la única fuerza regula­ dora de determinadas transaccionies sociales en un territorio dado. Si ocurre en sociedades perifériccas donde previamente existe un monopolio de la coerción por organizaciones criminales, la guerra es entre ejércitos privados por deffinir quién prevalece como fuerza monopólica. Si ocurre en sociedaides medianamente integradas en las que existen oligopolios de coetrción, la guerra es por definir qué organización regula las transacciones sociales en conjunto con las instituciones del estado. En las guterras horizontales las instituciones de regulación social como tal no ctambian en sus aspectos genéricos, lo que cambia es la facción que ccontrola las instituciones. 1 .as razones que motivan estass guerras son muy variadas: pueden ir desde la codicia de un capo poor controlar todo el narcotráfico, hasta las venganzas y los celos personales, pero todas comprenden dos planos de enfrentamientos. Píor un lado está la neutralización de la capacidad de fuego del aparato coercitivo del enemigo: se trata de eliminar la mayor cantidad de soldiados, sicarios, informantes y demás miembros del contrincante o de demostrar suficiente superioridad para persuadirlos a cambiar de b;ando. Por otro lado está el control de la población, es decir lograr eque la sociedad acepte la autoridad de una nueva organización crimiinal. Para acaparar las instituciones de regulación social los aparatos coercitivos del narcotráfico tienen que lanzar un mensaje contundemte: ahora hay una nueva autoridad v quien no obedezca o guarde lealtrad a la anterior organización dorni nante sufrirá las consecuencias. P\)r esta razón la violencia resultante aunque suele ser bastante llamadwa por los mensajes de crueldad que se lanzan las partes en cada asesimato y su consiguiente retaliación, ;il final la escala de los enfrentamiemtos suele ser limitada en términos

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estrictamente militares. Salvo los enfrentamientos entre señores dé­ la guerra v guerrillas en zonas muv periféricas, los combates no consisten en choques de ejércitos masivos en el campo de batalla sino en v e n d e t t a s , la eliminación de bandas de asesinos a sueldo, el terror contra comunidades asociadas con el enemigo v el asesinato pormenorizado y sistemático de los miembros de cada organización. Entre más extendidas estén las instituciones de regulación de las organizaciones criminales en una sociedad, más parecida es a la lógica de la violencia en las guerras civiles elaborada por kalvvas (2006). La guerra es por obtener la colaboración de la población por medio del ejercicio del control social, de modo que se eviten deserciones hacia las organizaciones adversarias. Las limitaciones en la escala tic los enfrentamientos contrastan con su duración. Por los bajos costos de este tipo de guerras v la inestabilidad de las propias organizaciones criminales, la violencia puede extenderse durante largos periodos de tiempo. En muchas circunstancias la violencia es solo el reflejo de las disputas en una organización criminal por definir las jefaturas de las instituciones dedominación social; no es ni siquiera una guerra como tal, es solo el mecanismo que tiene este tipo de organizaciones para definir quién ocupa los cargos de poder. Durante- su avance a lo largo de la costa norte tic Colombia a finales de los noventa, los paramilitares de Car­ los Castaño fueron absorbiendo a los grupos paramilitares existentes. En realidad se trataba de la absorción de ejércitos privados de señores de la guerra por una organización superior. Muchas organizaciones se rindieron pero algunas, como la de I lemán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marra, opusieron resistencia. 1mego de sangrientas batallas en la sierra, v de v e n d e t t a s e n una ciudad de medio millón de habitantes, donde los paramilitares alcanzaron a decretar toque de queda,'1'2las facciones pactaron una tregua. En adelante los ejércitos l,.) I-;i información sobre la guerra en Sania Mana está documentada en el norial Verdad A hiena, ” I as batallas de I lemán Ci i raido, v como terminó sometido a ' ” e,i -! cuando el mafioso o el señor de la guerra pretenden apropiarse de espacios sociales que son afines con las instituciones del estado.

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Majo esas circunstancias, el estado está obligado a responder a las pretensiones de dominación de las mafias. Las élites políticas y eco­ nómicas, la sociedad civil y las propias autoridades tienen mucho que perder si ceden el control de las instituciones. Por lo general, las guerras verticales consisten en guerras irregulares en las que las mafias utilizan terrorismo, asesinatos selectivos y magnicidios para doblegar la voluntad del estado y las élites y presionar a la población civil para que se realicen concesiones. Por su parte, el estado tiene que plantear la guerra en dos frentes: en los espacios de las ciudades donde incursionan las mafias, y en las comunidades periféricas desde donde los líderes de las mafias dirigen la guerra. Por la capacidad de mimetizarse entre la población que tienen las mafias, suele ocurrir que el estado apele a la guerra sucia y a alianzas con otras mafias que no aspiran a ejercer dominación en espacios sociales bajo el control de las instituciones estatales. La guerra de Pablo Escobar contra el cartel de Cali era una guerra horizontal entre dos carteles por someter a su rival de otra ciudad, pero al mismo tiempo la guerra de Escobar contra el estado era una guerra vertical por imponer sus instituciones sobre las del estado, has bombas, el secuestro de familiares de las élites de Bogotá, los magnicidios, los asesinatos de policías, fueron los medios de guerra de Escobar para obligar al estado a pactar unas condiciones de so­ metimiento que le permitían controlar la segunda ciudad del país. Su poder yacía en el dominio de las barriadas populares y marginales de Mcdellín y sus jóvenes criminales que estaban dispuestos a enfrentar­ se a un enemigo muy superior por un momento de riqueza y gloria. Ante el tamaño de la amenaza, el estado apeló a masacres en estos barrios y a alianzas con otros carteles como el de Cali (Legarda, 2005; Martin, 2012). En México una guerra vertical ocurrió con la irrupción ile “los Zetas” y su pretensión de convertirse en un cartel que no solo regulaba el narcotráfico sino también todo tipo de actividades económicas — incluyendo las legales— en ciudades importantes como Monterrey. De nuevo la respuesta del estado rayó en la guerra sucia. El uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y la

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Marina condujo a numerosas violaciones de derechos humanos. Y en muchas circunstancias era clara la alianza de las autoridades con Sinaloa para someter a “los Zetas” (Hernández, 2010). L

a s t r a y e c t o r ia s

d e

la r g o

p l a z o

En la práctica, las guerras del narcotráfico involucran simultánea­ mente ambos tipos de conflictos, no suelen ser unidimensionales. El estado incursiona en sociedades reguladas p*or organizaciones de coerción privada al tiempo que realiza acuerdos con alguna mafia o señor de la guerra sobre el tipo de instituciones de regulación que se impondrán en el territorio. No pretende imponer las suyas por los costos que implica la transformación de las instituciones en sociedades periféricas y marginales, pero media con la clase política o delega en ejércitos privados las instituciones de regulación del orden local. La mediación es acerca de qué tipo de prácticas de los aparatos coercitivos del narcotráfico pueden ser toleradas y cuáles no. A su vez, las organizaciones criminales exigen niveles mínimos de inmunidad para las empresas narcotraficantes que funcionan bajo su paraguas de protección. Los empresarios del narcotráfico que están por fuera de su paraguas de protección sufren tanta represión de las autoridades que si no se someten a pagar una parte de sus ganancias desaparecen del negocio. Las guerras del narcotráfico suelen tratarse entonces de con­ flictos con un propósito muy distinto a la destrucción total de las organizaciones que trafican drogas, como lo pregonan las agencias internacionales de seguridad y los propios estados comprometidos en la guerra. Es más bien acerca de cómo el estado sortea la presencia en su territorio de instituciones alternas bajo el control de organiza­ ciones criminales. Es además un desafío que está sujeto a las pobres ganancias que hay en el control de espacios sociales reacios a la regulación del estado y a los potenciales costos de intervención, a la pérdida de soporte popular, al riesgo de corrupción de las autoridades estatales y al despilfarro de recursos en una guerra que se presume

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inagotable. No es extraño entonces que en las guerras de la droga-la mediación o la delegación del poder en organizaciones criminales que garantizan un orden local sea un asunto recurrente. Las alianzas entre criminales y el estado son asuntos que aunque coyunturales tienden a convertirse en una situación estructural del sistema político. Al final se trata de un sistema de acuerdos explícitos y tácitos entre el estado y distintas facciones criminales con su respectivo soporte social a lo largo de la geografía del país. La corrupción sistemática de la clase política en países provee­ dores del mercado internacional de drogas es una expresión de la necesidad de interacción entre el estado y las organizaciones crimi­ nales. Políticos corruptos definen los límites del poder de las partes, es decir hasta dónde una organización criminal regula transacciones y espacios sociales que desbordan la regulación de lo puramente ilegal, y hasta dónde el estado reprime una actividad criminalizada que in­ fluye en las relaciones económicas y de poder de numerosos sectores sociales. También definen las alianzas que el estado realiza con las diferentes organizaciones para reducir el desafío a su autoridad. Cada tanto surgen organizaciones que no respetan los límites trazados por el resto de poderes de la sociedad y se enfrentan al estado, el cual suele responder mediante alianzas con sus competidores en el crimen. Luego de someter a las organizaciones insurrectas, el estado concede a sus aliados la regulación de las transacciones y los espacios sociales que eran dominados por las organizaciones derrotadas. Entretanto, el manejo de la interacción entre el estado y las mafias es en sí una oportunidad para acumular poder. No es extraño que los políticos profesionales y las autoridades policivas que se han especializado en la mediación se conviertan al final en actores de poder de primer orden. Disponen de la coerción y el capital de la criminalidad para acumular poder, y de las instituciones del estado para negociar en términos ventajosos con mafiosos y señores de la guerra. Las declaraciones de alias “Rasguño” a la Fiscalía colombiana desde una cárcel en Estados Unidos dicen mucho del grado de co­ rrupción necesaria para que las mafias del narcotráfico funcionen con

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el poder que han dispuesto durante las últimas décadas. Asimismo dice mucho de cómo actores legales necesitan el respaldo de las organizaciones criminales para poder gobernar y de cómo a cambio hay una delegación del dominio del territorio en las instituciones de las mafias. Su confesión™ abarca temas tan trascendentales en la vida política de un país como la elección de un presidente y de congresistas en sus zonas de dominio para evitar la extradición: Había que subir a Samper y apoyarlo con votos y con dinero porque con Samper ellos [se refiere a los máximos capos del cartel del norte del Valle en 1994, Orlando Henao y alias “Don Efra”] tenían un manejo total para evitar la extradición y poder tener manejo de lo que era fiscalía, policía, corte y todas esas cosas de política. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron cada uno va a manejar su terruño, va a apoyar los votos de Samper y cada uno va a tener su representante a la Cámara y sí puede su senador, para que en el momento que haya que entrar a apoyar la no extradición de nacionales, que esa era la finalidad de todo eso porque los americanos tenían un proyecto grande, que eso salga negativo (p. 47-48). El uso de los congresistas amigos del cartel del norte del Valle para definir los ascensos de los coroneles a generales y sus nombramientos en las plazas nacionales: Hubo manejo para poner los Coroneles de la Policía en el Valle [... | Creo que hay una junta como de siete u ocho Senadores. Y en­ tonces esos Coroneles de la Policía iban a hablar con nosotros para que les ayudáramos con “Nacho” |un político del norte del Valle], para que “Nacho” hablara con esos Senadores y los ascendieran a Gene­ rales. Por eso me di cuenta yo que existía una junta en el Senado para ascenderlos a ellos. Entonces ya Danilo |se refiere a Danilo González, un antiguo Coronel de la Policía convertido en narcotraficante], bueno entonces este hombre nos camina, entonces los que Danilo y ese Co­ ronel Jaramillo, creo, decían que servían eran los que se sugerían para98 98 http://ww\v.scribd.com/doc/49283661 /trascripcion-rasguno-doc

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ascenderlos a Generales. Y todos los comandantes de departamentos, todo eso lo manejábamos todo nosotros totalmente (p. 11-12)." Y el control de los alcaldes para tener información de los consejos de seguridad que se hacían en las alcaldías municipales de la región del norte del Valle y controlar la seguridad de los municipios: [EJs la función de los alcaldes, que uno trata de tener, como todos los lunes hay consejo de seguridad en los batallones, entonces uno dene acceso a esa información todos los lunes de qué está pasando, qué pasó el fin de semana, cuáles son las quejas, para dónde van eso es lo que uno hace con los alcaldes de los pueblitos... porque no se hace más1"" (p. 34) [...] en un pueblo como Cartago, que tiene 100 o 120 mil habitantes, nunca nos hicieron un operativo, nunca se cayó un cargamento, nunca hubo gente detenida, se cometían las depuraciones normales de un pueblo de esos de delincuencia común, de robo, de abigeato, nunca hubo un detenido... (p. 52)."" Arias y Goldstein (2010) han acuñado el término pluralismo violento para referirse a la presencia sistemática de la violencia en los pro­ cesos democráticos de América Latina. La interacción con actores armados y con criminales ha sido parte importante de la construc­ ción de las instituciones estatales. En ese sentido, el capital y la coerción que se derivan del narcotráfico son factores decisorios de las trayectorias particulares que toman los pluralismos violentos en países como México y Colombia. No se trata per se de un proceso tic debilitamiento del estado y de la democracia. Se trata más bien de la construcción de instituciones de dominación coherentes con las formas de acumulación de capital tan distintas que existen entre el centro y la periferia de estos países. En su famoso libro Haciendo la gn erray haciendo el estado como crimen organizado, Tilly (1985) compara el910 99 Op. Cit. p. 11. 100 Op. Cit. p. 34. 101 ( )p. Cit. p. 52.

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proceso de construcción de los estados de Europa con la protección y extracción de rentas por organizaciones criminales. Los estados se hicieron a partir de la eliminación o cooptación de la competencia interna, es decir de otras organizaciones armadas que aspiraban a imponer su capacidad de coerción y extracción de recursos en un territorio. La form a particular de los modernos estados nación de Europa surgió de la acumulación de capital por parte de agentes eco­ nómicos protegidos por el estado. En un momento dado, las exigen­ cias de los capitalistas se impusieron sobre los intereses extractivos del estado. Quienes controlaban el estado tuvieron que considerar las demandas de quienes controlaban el capital porque solo con sus recursos podían mantener los medios de coerción suficientes para afrontar las amenazas de otros estados y de la competencia interna. Tuvieron que dejar de comportarse com o “el crimen organizado”. En un m om ento más reciente, a partir de la m odernización y la industrialización, las rentas por protección fueron rebasadas pol­ las rentas por innovación tecnológica en la producción económica (Lañe, 1958). La idea de los estados como empresas de coerción para extraer rentas quedaba entonces relegada como un asunto del pasado. En apariencias, la construcción del estado en los casos de Méxi­ co y Colombia ha seguido en términos gruesos una lógica similar de concentración de la coerción y de acumulación de capital. En ambos casos han surgido estados relativamente fuertes basados en el respaldo de una clase capitalista. Desde mediados del siglo veinte la autoridad central ha estado plenamente definida, así hayan ocu­ rrido cambios de gobierno y, en unos pocos casos, de regímenes. Las élites políticas siempre han podido acceder a suficiente capital para ejercer y legitimar la autoridad del estado central. A cambio, las élites económicas se han beneficiado de la protección del estado y de la aparición de un enorme mercado interno"’2 para garantizar sus propiedades, crear nuevas empresas económicas y acumular más capital. Los resultados saltan a la vista: de acuerdo con la revista 102 De acuerdo con el l'M l, México y Colombia son la economía número 11 y 28 del mundo utilizando el PIB a precios constantes entre naciones.

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h'orbes, el magnate mexicano Carlos Slim ha sido el segundo hombre más rico del mundo, y los colombianos Sarmiento y Santodomingo han estado entre los cien primeros de la lista.103 La reciente explosión de violencia asociada con el narcotráfico podría hacer parecer que la concentración de la coerción y la ca­ pacidad de administrar los recursos públicos por parte del estado atraviesa una crisis estructural. La toma de poblados por parte de la guerrilla, las masacres de los grupos paramilitares, la exhibición de cuerpos decapitados en la vía pública y demás actos de terror de las mafias, ciertamente advierten que el estado está en serios problemas para imponer un monopolio de la coerción. Sin embargo, contrario a las versiones de colapso o de debilidad estructural, este texto ofrece una explicación distinta del proceso de construcción de estado de acuerdo con las relaciones entre coerción y capital. Su conclusión principal es que: i) la guerra contra las drogas en México y Colombia se trata sobre la imposición de organizaciones coercitivas distintas al estado central coherentes con las dinámicas capitalistas de las áreas periféricas, y que ii) la hegemonía del estado central nunca ha estado amenazada en sus principales centros de poder, por tanto no se trata de estados en proceso de colapso, mucho menos de estados fallidos. ¡ Más aún, en el largo plazo la guerra ha significado un proceso paulatino de fortalecimiento de la capacidad estatal en México y C o­ lombia. La capacidad de cobrar impuestos, de desplegar sus aparatos coercitivos y de prestar servicios públicos se ha expandido por las mismas exigencias de la guerra. Ciuando organizaciones criminales desafiaron la autoridad del estado, la respuesta fue un lento pero progresivo fortalecimiento institucional. Las instituciones del estado, con todos los defectos asociados a la corrupción y a la distorsión de sus normas, fueron obligadas a ampliar sus capacidades de manera paralela a la imposición de las instituciones de las organizaciones criminales. Aunque en la periferia la balanza de poder se hubiera inclinado hacia la criminalidad, el estado se veía obligado a fortalecer 103 Ver: htip://\vvvw.forbcs.com/lists/2010/10/billionaires-2Ü10_The-\X'orkls-BiUionaircs

_Rank.html. 173

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sus instituciones en sociedades en las que antes no había o escasa­ mente había, llegado; y no había llegado hasta allá porque no existía ningún interés ni ninguna amenaza para hacerlo. La guerra contra los drogas, o lo que se conoce como tal, fue el motivo que obligó al estado a desplegar sus instituciones en sociedades periféricas como mecanismo de contención del desafío a su autoridad. El Plan Colombia y el Plan Mérida — que en principio fueron diseñados como iniciativas para combatir el narcotráfico— termi­ naron muy rápido convirtiéndose en planeS de políticas públicas para fortalecer el estado. En otras palabras, un estado como Estados Unidos, con una visión de la guerra contra las drogas com o un asunto puramente antideliricuencial, term inó por reconocer que detrás de la guerra contra las drogas estaba el tema del surgimiento de instituciones de regulación social alternas al estado. De otra parte, la propia inclusión de sociedades periféricas en el mercado y en la vida política desde el narcotráfico creó condiciones adecuadas para la imposición en el largo plazo de las instituciones del estado como mecanismos de regulación social. Fue así que a raíz de la guerra en Colombia el estado instaló estaciones de policía en pueblos remotos donde la coca abrió nuevos mercados y atrajo población. Luego cons­ truyó carreteras y llevó oficinas de atención social. Paulatinamente la bonanza se fue diluyendo por la propia presencia de las autoridades y el desplazamiento de los cultivos a áreas más remotas. Después de mucho tiempo, lo que entonces era territorio bajo el control de orga­ nizaciones armadas irregulares se convertía en territorio del estado así fuera bajo una form a precaria de regulación por sus instituciones. Esta aproximación a las implicaciones políticas de la guerra contra el narcotráfico sugiere una historia más compleja que la de una simple disputa del estado contra violentas organizaciones criminales con alta capacidad de corrupción. Es en realidad la historia, por un lado, de cómo sectores subordinados en la sociedad aprovechan la disponibilidad de coerción y capital para organizar un proceso de acumulación de poder y ric]ueza y, por otro lado, de cómo alrededor de este proceso las sociedades periféricas son de manera espontánea

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y sin ningún plan preconcebido incluidas dentro de la economía y la política nacional. Es también la historia de cómo el estado es forzado a compartir, y en ocasiones delegar, el ejercicio de la coerción para satisfacer demandas sociales. Y recurrentemente es la historia de los desencuentros entre el estado y las organizaciones criminales por imponer sus instituciones a lo largo de la geografía nacional, con las consiguientes explosiones de violencia que desbordan los actores directamente com prom etidos en el enfrentam iento e involucran poblaciones que en apariencia nada tienen que ver con la guerra contra las drogas. El trabajo que queda a continuación es develar cómo han sido las trayectorias particulares de construcción de instituciones alternas de regulación social en la periferia de México y Colombia, y cómo han sido las relaciones de poder entre el estado central, la clase política y las organizaciones criminales.

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SEGUNDA PARTE

M

é x ic o ,

C o l o m b ia y l o s o t r o s PERSPECTIVA COMPARADA

en una

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M éxico: el precio de la dem ocratización Un ex guerrillero regiomontano de los setenta me explicaba que lo que no había podido hacer la Liga Comunista 23 de septiembre, fundada por un estudiante del TEC de Monterrey, ni las Fuerzas de liberación Nacional, que aquí nacieron y son el antecedente del Ejército Zapatista (EZLN), lo vinieron a hacer Los Zetas: derrumbar la dura roca del corporati­ vísimo priista. Diego Osorno (2013, p. 52)

A pesar de ser el terreno de organizaciones productoras de drogas desde tempranas décadas del siglo X X , el régimen del PRI en México ofreció a las élites regionales un control incuestionable sobre las organizaciones armadas de los narcotraficantes. Las instituciones au­ toritarias del nivel central de gobierno se replicaban en los gobiernos locales castigando cualquier forma de disidencia. Sin importar que se tratara de una actividad ilícita, los narcotraficantes debían someterse a la autoridad de la clase política y las autoridades priistas, lo que signi­ ficaba que quienes producían y traficaban drogas debían transferir la mayor parte de sus ganancias a las élites formales que controlaban las instituciones impuestas por el PRI. En varios casos estas mismas élites eran las que se encargaban directamente del tráfico, como ocurrió en Sinaloa y en Tamaulipas (Astorga, 2005; Flores, 2012). Cuando el régimen priista llegó a su fin con el cambio de siglo, resultado de un proceso que venía de más de una década atrás, los

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mecanismos de control de las élites regionales y nacionales sobre el narcotráfico,se debilitaron (Bailey y Godson, 2000; Palacios y Serra­ no, 2010). Entre el entramado de instituciones que surgieron con la apertura democrática estaban las instituciones impuestas por los narcotraficantes con sus aparatos coercitivos. Este capítulo interpreta la guerra del narcotráfico en México como una consecuencia imprevista del proceso de democratización del régimen político. La proliferación de aparatos coercitivos con capacidad de regulación social significó una distorsión de las instituciones democráticas. La violencia surgió en una primera instancia como resultado de la competencia entre distintas organizaciones criminales por dominar espacios sociales valiosos como rutas y centros de producción de drogas.1"4 Fue una respuesta apenas natural ante las oportunidades abiertas por el cam­ bio de régimen político. Pero en una instancia posterior la violencia involucró a las autoridades estatales cuando el gobierno central quiso recuperar en mayor o menor grado la primacía de sus instituciones.

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p o s r e v o l u c io n a r io

El desafío de los líderes revolucionarios que derrotaron a Porfirio Díaz era cómo pacificar las distintas facciones armadas que habían contribuido a la lucha y ahora aspiraban a expandir su poder desde el estado y desde la preservación de sus ejércitos. La salida de la revolución mexicana fue entonces la construcción de un régimen corporativista que, en vez de desarmar las facciones y los caciques regionales, los integró dentro de las instituciones del estado (Medi­ na, 2006; Garrido, 1982). Cualquier reclamo, aspiración de poder o disputa sobre recursos debía ser tramitada dentro del partido como mecanismo de alineación de las fuerzas políticas existentes. A cambio de someterse a la disciplina del PRI, los diversos sectores sociales — desde las élites regionales y económicas hasta los obreros y los campesinos—- podían obtener recursos, privilegios y diversos tipos 104 La violencia del narcotráfico como tasas globales de homicidio arranca realmente en el 2008 (ver F.scalante, 2010).

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de concesiones del estado. La construcción de este régimen corporativista no fue sencilla. El proceso de centralización del poder político tomó varias décadas desde el final de la Revolución hasta la fundación form al del PRI en 1946 (Medina, 2006): La flexibilidad necesaria para resolver las tensiones entre el centro y la periferia, los caciques y el estado, se alcanza mediante la funda­ ción del partido de la revolución, que integra nuevas fuerzas sociales, equilibra los grupos políticos y favorece la constitución de un estado fuerte. Aunque en lo político continúa la tradición postdemocrática de los liberales decimonónicos, esta de nuevo se topa con resistencias sociales de consideración. Las antiguas redes de poder caciquil en el país se reconstituyeron vía los hombres fuertes revolucionarios. Pero la base para nuevas alianzas, ahora de naturaleza más amplia a través de gremios y campesinos, estaba cimentada y era posible, siempre y cuando se centralizara el poder. Cosa que sucedió, otorgándole al segundo estado mexicano los medios para darle un empujón mayor a la modernización económica, frente a la cual la política quedó postergada para mejores tiempos (p. 16). Quienes quedaban por fuera de los arreglos institucionales del PRI estaban en grandes desventajas para acceder al poder y a los recur­ sos del estado. El Partido Acción Nacional (PAN), el segundo más importante en México, fue fundado en 1939 y solo en 1989 pudo ganar por primera vez las elecciones a la gobernación de un estado. En el caso de organizaciones disidentes como las guerrillas y los movimientos de izquierda, estos eran aplastados por las fuerzas de seguridad apenas amenazaban al sistema. El aniquilamiento de los núcleos guerrilleros que surgieron a mediados de los sesenta, y la masacre de Tlatelolco en 1968, eran una demostración de que el aparato de seguridad del estado era implacable cuando se proponía reprimir a las disidencias. Pero paradójicamente la disidencia era tolerada, e incluso fomentada, si se realizaba desde las instituciones del PRI. Los sindicatos, por ejemplo, fueron absorbidos por el PRI y cumplían un papel fundamental para tramitar las demandas ante

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el estado de todo tipo de trabajadores; su acción llegaba hasta los trabajadores informales e ilegales. Las ventas de fayuca, mercancías de consumo» masivo traídas de contrabando desde Estados Unidos, estaban reguladas por sindicatos adscritos al PRI que garantizaban que ni la policía ni los funcionarios aduaneros interfirieran con estas actividades (Sandoval, 2012). Si en el centro se disciplinaba a las potenciales disidencias me­ diante la absorción en las instituciones del estado, en la periferia las instituciones del PRI eran utilizadas para garantizar un orden social según los intereses básicos de las élites. Fue así como el esta­ do desarmó a las élites regionales en el proceso posrevolucionario, pero las élites regionales pudieron utilizar la capacidad coercitiva del estado, así como el resto-de sus instituciones, para im poner su dominación en la periferia.105 Uno de los tantos usos de la fuerza del estado estuvo dirigido a la protección -—y al mismo tiempo al sometimiento— de los narcotraficantes, sobre todo en aquellas regiones donde la producción de drogas era una fuente de capital importante para las élites locales. Ahora bien: el PRI como una institución que absorbía todas las disconformidades y potenciales insubordinaciones y las sometía al sistema, cuando no las reprimía, no era una estructura de gobierno monolítica a lo largo del territorio. Las instituciones del centro no necesariamente se replicaban de la misma manera en la periferia. El ejercicio de gobierno en la periferia se ajustaba a las prácticas, a las fuerzas sociales y a la economía política de lo local. El autoritarismo era en muchos casos parte de un proceso competitivo entre diversas facciones de élites, la cual implicaba desde las alianzas con clases y sectores sociales subordinados hasta la cultura particular de la sociedad. A l margen de toda la discusión sobre la clasificación del

105 Si bien se asume el desarme de los hombres fuertes de la Revolución en las regiones como un proceso exitoso, en realidad fue incompleto y lleno de matices. En muchos casos los hombres fuertes pasaron de tener un ejército privado a hacer uso discrecional de los aparatos de seguridad estatales. Rath (2013) desmitifica el carácter pacífico de la desmilitarización del México posrevolucionario.

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régimen político mexicano y sus expresiones en la periferia (ver por ejemplo Rubín, 2003), dos de sus atributos son imprescindibles para comprender las instituciones de regulación social que surgieron en México como consecuencia del auge del narcotráfico y su evolución durante el proceso de democratización. De un lado estaba la prolife­ ración de sistemas autoritarios en el nivel subnacional de gobierno, los cuales se basaban en el control de las instituciones locales del estado y de las relaciones con el estado central.106 Un aspecto central del sistema era la importancia que tenía el control de los recursos del estado para controlar las rentas públicas y privadas disponibles. El poder económico se derivaba en su mayor parte del poder político, al punto de que era muy complicado construir una gran fortuna sin el respaldo del PRI (Valdés Ugalde, 2000). De otro lado estaba el peso de las características de la economía y la sociedad local en la definición de las trayectorias que tomaban los autoritarismos subnacionales. El grado de acumulación de capital y la configuración demográfica eran esenciales para definir cuál era el tipo tanto de las élites que controlaban las regiones mexicanas, como de la relación que establecían con los sectores subordinados.107 Cuanto m enor era el nivel de modernización económica y de urba­ nización de una sociedad subnacional, mayor era la dependencia de las élites de los recursos del estado central para capturar la lealtad de las clientelas. Cuando el andamiaje económico del régimen priista comenzó a hacerse inviable a partir de la crisis de los ochenta, mu­ chas de estas sociedades verían cómo el narcotráfico se convertiría en el elemento central de la lucha por el poder político. Pero esta transformación sería parte de la historia reciente de México. La im106Gibson (2004) realiza una excelente categorización de los sistemas autoritarios subnacionales en las democracias. De hecho utiliza un caso en México en la transición hacia la democracia. Para el caso de principios y mediados de siglos el autoritarismo subnacional es una expresión local de un sistema autoritario en el nivel nacional. 107 Al respecto, Ramírez (2000) realiza un análisis interesante sobre los diferentes efectos en el largo plazo que tuvo la corrupción en la formación de la estructura productiva y demográfica de Yucatán.

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posición de instituciones de regulación social desde el narcotráfico en México comienza mucho antes de la gran bonanza de las drogas, a mediados de los setenta.

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Autores como Astorga (2005) y Flores (2012) sitúan los inicios de la producción de drogas en México desde al menos los inicios del siglo X X. Según Astorga, la amapola como materia prima para la produc­ ción de opio fue traída por inmigrantes chinos a Sinaloa. Cuando las élites sinaloenses se dieron cuenta de lo lucrativo que era el opio y sus derivados se apropiaron del negocio; crearon un ambiente hostil contra los chinos y utilizaron las autoridades para reprimirlos. Un reportero policiaco decía en el Universal Gráfico que: “las primeras campañas de la policía sanitaria fueron contra los ‘chinitos’. Desde el Porfiriato los periódicos hablaban de los fumaderos de opio y de los chinos como viciosos y representantes de las peores pasiones (Astorga, 2005, p. 40)”. También se enfrentaron para disputar el control sobre el negocio de las drogas. En 1944, el gobernador de Sinaloa Rodolfo Loaiza fue asesinado por políticos, terratenientes y militares de la región como consecuencia de sus denuncias sobre la producción de opio. En Tamaulipas la situación fue similar. Miembros de las élites que controlaban la vida política y las principales rentas económicas rápi damente se apropiaron del tráfico de marihuana a Estados Unidos. Fue una operación relativamente sencilla dado que ya controlaban el contrabando en la frontera nororiental de México. Juan Nepomuceno Guerra, un hombre fuerte del PR1 famoso por sus excentricidades, se encargaría del negocio. De acuerdo con la abundante evidencia recolectada por Flores (2012), Juan N. Guerra, como se le solía nombrar, sería señalado por múltiples fuentes como un reconocido contrabandista y traficante de drogas en Tamaulipas. Guerra fue la cabeza fundadora de la or ganización criminal que ha sido designada coloquialmente como el

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Cártel del Golfo, que décadas después sería encabezado también por su sobrino, Juan García Abrego (p. 153). Guerra se haría famoso por el asesinato de un hijo de Pancho Villa, Octavio Villa Coss, en un incidente relacionado al parecer con el incumplimiento en el pago de unas extorsiones (Villa era policía aduanero). También por el asesinato de su esposa, la actriz Gloria Landeros, a raíz de una infidelidad. G uerra fue exculpado de ambos homicidios gracias a sus influencias en el nivel central y regional de gobierno. Los casos de Sinaloa y de Tamaulipas, que serían el origen de los posteriormente famosos carteles mexicanos de Guadalajara y el Golfo, resumen los efectos del narcotráfico sobre las instituciones de regulación social durante la hegemonía del PRI. Hasta la década del setenta las rentas del narcotráfico fueron fácilmente controladas por las élites priistas de las regiones. El mecanismo de control de estas rentas era el mismo utilizado para controlar el poder político y las rentas de la economía local. Por medio del manejo de las relaciones con el poder central, las élites regionales disponían del respaldo de los aparatos coercitivos del estado y de la influencia sobre la rama judicial para garantizar la impunidad de sus acciones, lo que al final de cuentas significaba una “parroquialización” de las instituciones del gobierno local (Gibson, 2004), al punto de que ciertos “hom ­ bres fuertes” se convertían en verdaderos autócratas regionales. El negocio de las drogas era solo uno más dentro de aquella categoría de actividades económicas que eran susceptibles de ser apropiadas por quienes detentaban el poder. En ese entonces, ni la heroína ni la marihuana, los dos principales productos psicoactivos de México, eran productos importantes en los mercados mundiales. Las drogas se convertirían en una mercan­ cía valiosa solo a partir de finales de los setenta con el auge de las sustancias psicoactivas recreacionales y con la criminalización del negocio que elevó los precios de producción cuando Nixon declaró la guerra contra las drogas. Otras actividades económicas capturaban

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la atención de los hombres fuertes de la periferia; las más rentables eran la agricultura, la ganadería, los recursos naturales, la corrupción con los recursos del estado, el contrabando, la concesión de mono polios y la construcción, entre otras. Así fue como las élites del PRI que tenían el control de las instituciones del estado local acapararon tierras, garantizaron su propiedad y obtuvieron inversiones públicas como riego, vías y subsidios para hacerlas más rentables. Se trataba esencialmente de una form a de producción capitalista fundada en los beneficios que se derivaban del poder político. La producción de marihuana y heroína se ajustaba fácilmente a esa form a de producción capitalista porque la esencia del nego­ cio estaba en la reducción de riesgo a partir de la protección que ofrecía el poder del PRI. El problema para los delincuentes que se dedicaban exclusivamente a la producción y el tráfico de drogas era que estaban sujetos al control de quienes tenían los medios para ofrecer protección, es decir el aparato coercitivo del estado. Con el respaldo policial que el PRI brindaba a sus hombres fuertes en las regiones, los delincuentes eran fácilmente sometidos por quienes detentaban el poder político local (Resa, 2001).108 En muchos casos eran los propios hombres fuertes quienes organizaban directamente las operaciones de producción y tráfico. En consecuencia, no solo la mayor parte de las rentas del narcotráfico acababa en manos de las élites políticas sino que la capacidad de los narcotraficantes de influir sobre las instituciones de regulación social era sumamente restringida. Salvo en algunos ranchos y poblados aislados donde criminales con arraigo popular se convertían en autoridad de facto, el dominio quedaba en manos tanto de las élites asociadas con el PRI como en las instituciones hegemónicas del sistema político mexicanc >. 108 Resa (2001) incluso señala la subordinación de la policía a la clase política dentro del esquema de clientelismo corporativista del PRI como un medio de sometimiento de los criminales: “De este modo cumplen con una premisa del contrato que une a los policías con quienes los nombraron y los protegen: cumplen con sus funciones policiales cuando existe una voluntad firme de actuar, demostrando así a sus protectores políticos —en momentos clave— la importancia de su presencia más allá de la trasfercncia de rentas” (p. 29).

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En consecuencia, los efectos del narcotráfico en el poder p o­ lítico fueron mínimos hasta los setenta. Los recursos de las drogas no eran suficientes para influir o para ser un tema relevante en la competencia política en el nivel central, mientras que en el nivel subnacional era un asunto bajo el control de las élites priistas que imponían sus instituciones de regulación social gracias al respaldo del aparato coercitivo del estado. El problema se reducía a cómo las élites regionales extraían las mayores rentas posibles de la producción y el tráfico de drogas a sectores puramente criminales sin ninguna capacidad apreciable de ejercer dominación social. Pero la subor­ dinación de los bandidos al estado y a las élites priistas comenzó a resquebrajarse cuando la hegemonía del PRI entró en crisis, justo en la misma época en que comenzó el auge del mercado mundial por sustancias psicoactivas. E

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r e s q u e b r a ja m ie n t o

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c o r p o r a t iv is t a

Y SU S E F E C T O S E N L A P R O D U C C IÓ N D E P O D E R D E SD E E L N A R C O T R Á F IC O

La caída del PRI como fuerza institucional hegemónica en México nq fue un proceso inmediato. Tomó décadas para que finalmente el PAN llegara al palacio presidencial en Los Pinos. Dos de la causas del resquebrajamiento del régimen priista tendrían consecuencias definitivas en la apropiación del ejercicio de la regulación social por las organizaciones coercitivas del narcotráfico. En primer lugar, la ampliación de la competencia política debilitaría el respaldo de los aparatos coercitivos del estado del que gozaban las élites locales. En las elecciones presidenciales de 1988 el famoso “dedazo” con que el presidente elegía a su sucesor dentro de la jerarquía del PRI estuvo a punto de no funcionar. Fue necesario recurrir al fraude para que Carlos Salinas de Gortari, el elegido del entonces presidente Miguel de la Madrid, venciera a Cuauhtémoc Cárdenas.109 Dentro del sistema 109 IU robo de las elecciones de 1988 es un tema del que se discute abiertamente en México. Los acontecimientos fueron bastante sospechosos ese día: el sistema de

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político mexicano las señales de agotamiento de la rígida disciplina priista eran evidentes desde al menos una década atrás.*110 Tanto nu merosas facciones del PRI, como líderes políticos de otros partidos, reclamaban un espacio de participación y de oportunidades reales de competencia electoral por fuera de los manejos y las transacciones internas del PRI. Tanta presión daría resultados concretos muy pron to. En 1989, por primera vez desde el surgimiento del PRI, el PAN logró triunfar en las elecciones para la gobernación de un estado. Ernesto Ruffo A ppel111 fue elegido gobernador de Baja California; antes había sido elegido secretario municipal de Ensenada. Ese mis­ mo año Cuauhtémoc Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrastrando a numerosos sectores de izquierda del PRI hacia una abierta disidencia. La apertura de la competencia electoral hacia facciones disi­ dentes del régimen priista no significaba una lucha real contra las transacciones clientelistas y la corrupción sistemática como práctica de gobierno y como forma de hacer política. El PAN y el PRD hacían uso del clientelismo y de corrupción con la misma intensidad que el PRI. El cambio estaba en que el poder del PRI se debilitó al ceder el manejo jerarquizado que tenía sobre las instituciones del estado. Las decisiones en el partido ya no significaban necesariamente decisiones estatales. Otros partidos y las disidencias internas tenían ahora cómo influir sobre las actuaciones de distintas agencias de gobierno. Dicho de otro modo, el régimen político guardaba sus antiguos rasgos de conteo colapso intempestivamente y todas las tendencias que daban ganador a Cárdenas sobre Salinas de Gortari se revertieron. 110 Durante el sexenio 1970-76 el presidente Luis F.cheverría lideró un proceso de apertura democrática como una concesión a las expresiones de descontento de finales de los sesenta. Como resultado de la reforma política de IEcheverría, la capacidad de competir por el poder desde fuera de las instituciones tradicionales del PRI se ampliaría progresivamente (Bolívar, 2003). 111 De todas formas el narcotráfico infiltraba las campañas de los políticos que desafiaban al PRI. Ruffo Appel ha sido reiteradamente acusado de corrupción con el cartel de Tijuana. Ver en El Universal de México el artículo “Piden investigar .i Ruffo Appel y Eugenio Elorduy”, publicado el 12 de febrero de 2012. Disponible en: http://w\vw.eluniversal.com.mx/notas/829743.html (2012).

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corrupción y clientelismo, solo que pasaba de ser una estructura jerarquizada a una estructura dispersa. Y la dispersión constituyó una oportunidad de poder para las organizaciones criminales que controlaban el tráfico de drogas. Las fuerzas políticas en regiones de baja acumulación de capital y presencia estatal no disponían ahora de la influencia suficiente sobre las instituciones coercitivas del estado central para someter a los narcotraficantes. Antes un gobernador o un alcalde de la periferia, aunque no contara con suficientes recursos propios, podía hacer uso de la infraestructura del PRI para recibir apoyo de las fuerzas de seguridad del estado contra las eventuales pretensiones de poder de los narcotraficantes. Aunque un político local no fuera competencia frente al capital y la coerción de una clase criminal, la estructura jerárquica del PRI lo proveía con el respaldo suficiente para garantizar la hegemonía del partido y por consiguiente de la clase política en las regiones. La relación jerárquica y disciplinada del PRI desde el centro hacia sus bases regionales queda plasmada en la famosa anécdota del maletín con sobornos que la Procuraduría General de la República (PGR) recogía de los narcotraficantes de Sinaloa y que llegaba hasta el palacio presidencial. Según una fuente de la periodista Anabel Hernández (2010), vinculada directamente con el narcotráfico: Cada determinado tiempo la maleta hacía su viaje, desde abajo, desde los que directamente cobraban el dinero hasta la oficina del procurador. Era un largo viaje pero nadie se atrevía a sacarle dinero a la maleta. Eran fajos y fajos de billetes verdes, dólares. Puede uno cerrar los ojos e imaginarlo hasta casi percibir el olor a billetes cada vez que se abría el equipaje. Lo que pasaba después con la maleta nadie lo sabía. Se perdía de mano en mano hasta llegar a Los Pinos (p. 121). Puede que haya mucho de mito en está rememoración de un narcotraficante pero es sintomática de la imagen generalizada que se tenía en Sinaloa del funcionamiento de la corrupción estatal durante los tiempos en que todavía el PRI tenía el control de la situación. Una anécdota casual da una idea del control de la clase política durante los

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tiempos del PRI en el poder. En una entrevista a varios sinaloenses conocedores por diversas circunstancias del fenómeno del narcotráfi­ co en la región, todos respondieron al unísono a la pregunta de quién mandaba antes de la transición democrática: “pos el gobernador”. Cuando la estructura de poder político se dispersó se perdió el respaldo de las instituciones coercitivas del estado a los políticos de la periferia. En adelante los políticos de la periferia del PAN, del PRD o de facciones disidentes del PRI no tendrían cómo acceder a las ins tituciones coercitivas del estado para someter a los narcotraficantes (Flores, 2009). El asunto no era que los narcotraficantes impusieran su poder sobre la clase política para arrebatar las funciones de go­ bierno, sino que en la negociación tan extendida entre criminales y políticos estos últimos ya no tenían los medios para imponerse. Los resultados de las transacciones iban a favorecer el poder de los criminales en el sentido de que podían ampliar su influencia sobre las decisiones de poder y extender el ejercicio directo de gobierno por medio de sus aparatos coercitivos. Sin el respaldo de un partido único de gobierno que coordinara la acción del estado contra cualquier desafío a la clase política, el clientelismo y la corrupción dejarían deser un patrimonio autónomo de la clase política. En regiones periféricas de pobre acumulación de capital los narcotraficantes contaban con mayores recursos para construir sus propias bases clientelistas. Los recursos del estado no eran sufi­ cientes para que la clase política compitiera con la capacidad dé­ los narcotraficantes de proveer con recursos a las comunidades. 1.a ventaja en términos de clientelas y ele capital disponible significaba que la clase política dependía de los narcotraficantes para ganar elecciones. Tanto los votos de sus clientelas com o sus recursos para financiar las campañas elejaban fuera de la contienda a aquellos candielatos que no transaran con ellos. Por supuesto, los términos de las transacciones favorecían a los narcotraficantes ahora que la clase política no disponía del respaldo de un partido con influencia sobre las instituciones coercitivas del estado central. Astorga (200S) sostiene incluso que:

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[...] no es fortuito que el incremento en los niveles de violencia relacionados con el tráfico de drogas en los años noventa se haya observado en un primer momento en algunos estados donde la opo­ sición política se convirtió en gobierno, coincidentemente estados productores de plantas ilegales, de tráfico y tránsito de drogas, así como de lavado de dinero (p. 163). En segundo lugar, los cambios en las condiciones económicas de México a principios de los ochenta debilitaron las fuentes de recursos que sostenían el sistema de lealtades en la estructura hegemónica del PR1. El descontento de obreros, campesinos, comerciantes y demás bases sociales era cooptado por medio de la concesión de algún tipo de renta que era administrada por alguna red de operarios políticos del partido. El sistema funcionaba porque el estado disponía de recursos suficientes para satisfacer las nuevas demandas que surgían de sectores descontentos. El auge de las exportaciones petroleras, un crecimiento ' sostenido a partir de un modelo de sustitución de importaciones, las inversiones estatales en la industria, la financiación internacional y en general el manejo keynesiano del gasto público mantenían una bases de recursos para cooptar las clientelas adscritas al PRI a cambio de aceptar la autoridad central y la legitimidad del régimen.112 A principios dedos ochenta estas fuentes de recursos com en­ zaron a deteriorarse. El endeudamiento era insostenible; el protec­ cionismo como fórmula de crecimiento se agotaba por la falta de competitividad, y la ineficiencia de la alta injerencia del estado en la producción iban a resquebrajar la base económica que sostenía el sistema de férreas lealtades en el PRI. La situación demandaba reformas estructurales que en ese entonces apuntaron hacia la pri­ vatización, el ajuste fiscal y macroeconómico, y hacia la reducción del sistema de producción corporativista. Los tecnócratas del PRI, liderados por Salinas de G ortari, impusieron la línea económica neoliberal durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Para el PRI 112 De hecho este periodo se conoce como el milagro mexicano por haber alcanzado un crecimiento promedio del 6,27% anual entre 1940 y 1970.

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comunidades y regiones productoras de drogas. El control se fue extendiendo de los ranchos y veredas apartadas, territorios históricos de los narcotraficantes, hacia los municipios y las ciudades. En Sinaloa los narcotraficantes dejaron de ser subordinados del gobernador. Los mismqs entrevistados que al unísono respondieron “pos el go­ bernador” a la pregunta sobre quién mandaba aquí, contaron otra anécdota que ilustra la nueva situación de poder: [...] hay una historia que dice que el gobernador X [se omite el nombre por razones de confidencialidad] *un día estaba en un restau­ rante de la carretera. De repente llegó un escuadrón en camionetas y con “cuernos de chivo” |rifles AK-47J. Sin problemas sometieron a su escolta. El jefe del escuadrón se acercó entonces al gobernador y le pasó un teléfono celular. Eran “el Chapo” y “el Mayo” recordándole quién mandaba en la plaza.114 En muchas regiones de México, pese a la expansión de sus institu ciones de regulación social, los narcotraficantes no cobraban extor siones a los habitantes ni a la actividad económica legal. Los costos de la prestación de servicios de protección y de una rudimentaria justicia se compensaban con las rentas que generaba el monopolio de la plaza para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El ejercicio de la autoridad significaba inmunidad para la actividad narcotraficante. Aun en la actualidad existen regiones de México como Sinaloa donde los narcotraficantes se abstienen de cobrar extorsiones como resultado de pactos y costumbres tradicionales."' La existencia de estrechos vínculos de los criminales con los pobla dores, en gran parte porque ellos provienen de esas comunidades, evita que ocurran procesos extractivos de actividades distintas a la producción y el tráfico de drogas. Hacerlo equivaldría a romper las bases de su legitimidad. 114 Entrevista en Sinaloa. julio de 2013. 115 Existe el mito ele que entre la policía federal y los narcotraficantes de Sinaloa existían una serie de leyes no escritas t]ue estos debían seguir, como mantener la plaza en paz, no vender drogas localmente y ayudar económicamente a la población.

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De ningún modo el proceso de democratización y el incremento de los medios económicos de los narcotraficantes en relación con las élites legales explican el auge que toma el narcotráfico en México. Estos dos factores explican en realidad otro asunto: la trayectoria que toma el poder político que se produce desde el narcotráfico. Tanto la preservación del orden social que surgió de la inyección de capitales de la droga como la imposición de sus propias instituciones dé regu­ lación se convertirían eventualmente en el principal propósito de los capos de los carteles mexicanos. Para la clase política de la periferia el desafío era ahora cómo preservar su poder y su posición en la jerarquía social en medio de un proceso paulatino de cambio en las condiciones estructurales de la sociedad por parte del narcotráfico. Para la clase política del centro del país el asunto era cómo negociar con una clase política en la periferia que disponía de mayor fuerza y autonomía no solo por el proceso de democratización sino gracias a los recursos y a la capacidad coercitiva del narcotráfico. El resultado más evidente en el mediano plazo sería la “guerra del narco” en México, pero de manera silenciosa otro resultado tendría un efecto más profundo sobre la naturaleza del poder. Las nuevas instituciones incluirían el ejercicio de la coerción privada como medio de regulación social y de provisión de una gran parte de las demandas de la población. Estas demandas incluían mucho más que la inclusión material de sectores previamente excluidos. En muchas comunidades la provisión de protección y de justicia comenzarían a ser servicios prestados por organizaciones criminales o de manera conjunta entre estas organizaciones y las agencias de seguridad del estado. Sería un proceso progresivo que empezaría a evidenciarse con el relevo generacional del cartel de Sinaloa luego de la detención de Miguel Angel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, Rafael ( iaro Quintero y demás miembros de su cúpula luego del asesinato del agente de la D E A Kike Camarena. A partir de entonces sería que surgirían los actuales carteles capaces de disputarle al estado la regulación de la sociedad.

M ás q u e

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g r a n d e s

c a r t e l e s

(Mando la rabia se encuentra con la sed de revancha hay dos salidas posibles: la frustración o la ambición desmedida. Roberto Saviano (2014) En la segunda mitad de los setenta una situación especial propició la intervención de los aparatos coercitivos del estado sobre las organiza­ ciones narcotraficantes de Sinaloa. Presionado por Estados Unidos, el gobierno mexicano lanzó la “Operación Cóndor”, una ofensiva sin precedentes contra los cultivos de marihuana y opio localizados en la Sierra Madre. Casi veinte mil efectivos del ejército, la marina y la PGR tomaron parte en esta ofensiva. Las principales víctimas fueron los pequeños campesinos, quienes agudizaron aún más su natural desconfianza con el estado (Grillo, 2012). Por su parte, los capos narcotraficantes no tuvieron que experimentar la persecución del estado en carne propia.116 La corrupción sistemática entre la dirigencia del PRI, las autoridades y las élites sinaloenses sirvió para que les advirtieran con antelación. No hubo remedio distinto a la huida. Los campesinos culti­ vadores de droga bajaron de las montañas hacia Culiacán y demás poblados de las tierras bajas del estado. Mientras tanto, los capos escogieron Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, como lu gar de refugio. En la segunda ciudad de México estos campesinos millonarios llamaron la atención con sus botas de piel de avestruz, sombreros vaqueros y rifles A K -47 “cuernos de chivo”. Sin embargi >, pese a ser tan llamativos, estos narcotraficantes no disponían de los medios ni estaban dadas las condiciones en el contexto social para que pudieran regular la sociedad. Si bien regularmente amedrentaban a la gente del común en las discotecas y en las calles — donde nadie 116 A excepción de Pedro Aviles, el capo de capos, que fue abatido por la policía en 1978. En Sinaloa se dice que su asesinato fue a traición por otros narcotraficantes interesados en tomar su puesto.

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se atrevía a responder sus insolencias, y corrompían en serie a los políticos, las autoridades y a la dirigencia de la ciudad— , su capacidad de imponer sus propias instituciones era bastante limitada. Su poder era en esencia un poder sobre el narcotráfico. Ya para esa época la D E A había bautizado a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas como carteles. Por eso en un principio se llamó erróneamente a los narcotraficantes de Sinaloa como “el cartel de Guadalajara”. Era solo que por una coyuntura los capos de esa región se refugiaban en Guadalajara donde los excesos de los capos de este cartel habían atraído la atención de la DEA. Sus dos agentes apostados en la ciudad habían logrado infringir golpes importantes al cartel. En particular habían logrado la identificación y destrucción del rancho El Búfalo. La respuesta de los narcotraficantes al golpe de la D E A tendría enormes repercusiones en la historia del narcotráfico en México. El secuestro, las torturas y posterior asesi­ nato del agente Enrique “Kike” Camarena conduciría a la captura de toda una generación de capos del cartel de Sinaloa y trazaría las relaciones posteriores entre los nuevos capos con el poder político mexicano (Shannon, 1988). Para cualquier narcotraficante quedaría claro que tocar un agen­ te de la D E A significaba un final seguro en una tumba o en una prisión. La presión del gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano fue tan fuerte que los mismos políticos y autoridades policivas que protegían al cartel de Guadalajara capturaron a los capos sinaloenses. Ernesto “el N eto” Fonseca fue capturado en 1985; Rafael Caro Quintero alcanzó a huir a Costa Rica pero fue localizado por la D E A el mismo año; Félix Gallardo, “el Padrino”, alcanzó a estar más tiempo por fuera de prisión y finalmente fue capturado en 1989. Tanta visibilidad obligó de manera indirecta al estado mexicano a poner un límite a sus aspiraciones de poder. Pero aunque toda una generación de líderes de Sinaloa acabó tras las rejas, las organizaciones narcotraficantes de Sinaloa estaban lejos ile acabarse. Desde la cárcel Félix Gallardo estaba organizando el reemplazo de las jefaturas.

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En Sinaloa existía toda una subcultura narcotraficante entre la gente de los ranchos que componían la Sierra Madre. Se trataba de todo un sistema de valores, normas y comportamientos que giraban alrededor de la producción y el tráfico de drogas como una actividad legítima. Según Zavala (2012) esta subcultura está fundada en la imagen del narcotraficante como un héroe popular que posee las siguientes características: “a) origen humilde, b) enfrentado al po­ deroso (gobierno, policías), c) éxito traducido en poder económico e invulnerabilidad, d) altruismo y e) un montaje escenográfico en los medios de comunicación masiva para su idealización” (p. 37). Los sucesores de Félix Gallardo y demás capos estaban listos para reemplazarlos desde mucho antes del asesinato de Camarena. Amado Carrillo Fuentes, Joaquín “el Chapo” Guzmán, Ismael “el Mayo” Zambada, Héctor “el G üero” Palma, los hermanos Arellano Félix, entre otros criminales, fueron comisionados o simplemente recono­ cidos como jefes de las distintas plazas que quedaron disponibles a nuevos mandos. Se trató, como es usual luego de una ofensiva contra las jefaturas de un cartel, de un proceso de prom oción de mandos criminales. Se form aron nuevos carteles como Tijuana y Juárez que no eran nada distinto a los operadores de Sinaloa que habían ascen­ dido en la organización gracias a los arreglos de Félix Gallardo desde la cárcel. Saviano (2014) se refiere incluso a una reunión mítica — en el sentido de que no hay evidencia concreta de su ocurrencia perc > en el imaginario de toda la gente ocurrió— en la que Félix Gallardo asignó las correspondientes plazas:

Quizá esta historia sea una leyenda, pero siempre he pensado quí­ solo una leyenda similar podía contener la fuerza simbólica necesaria para dar vida a un auténtico mito fundacional. [...] Nacían en aquel momento los cárteles del narcotráfico exactamente tal como existen hoy más de veinte años después. Nacían organizaciones criminales que ya no tenían nada que ver con el pasado. Nacían instituciones con un territorio de su competencia sobre el que imponer tarifas v condiciones de venta, medidas de protección entre productores v consumidores finales. Los cárteles del narcotráfico tienen capacidad 198

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y poder para decidir precios e influencias con un acuerdo sentados a una mesa, con una nueva regla o una nueva ley (p. 47). Pero com o también es usual en las organizaciones de narcotraficantes, los nuevos capos no demoraron en tomar autonomía de la generación anterior de capos. Los Arellano Félix se quedaron con Tijuana y Baja California, “el Mayo” Zambada y “el Chapo” Guzmán tomaron el control de Sinaloa y otros operarios controlarían diversas regiones como Michoacán y Guerrero. De toda la nueva generación de capos de Sinaloa, Am ado Carrillo Fuentes, conocido como “el Señor de los Cielos” por utilizar aviones a reacción Boeing 727 para transportar cocaína desde Colombia, se convertiría en el narcotraficante más poderoso de México. Carrillo había reemplazado a Pablo Acosta en el control del paso fronterizo de Ciudad Juárez hacia Estados Unidos. Su principal fortaleza eran los contactos que había establecido con el gobierno durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Si bien el PRI había dado una muestra de su fortaleza al someter sin mayores problemas a Félix Gallardo, Fonseca, Caro Quintero y demás miembros de la vieja jefatura de Sinaloa por la presión de la D E A , eso no significaba que la traición a quienes antes pagaban jugosos sobornos iba a ser el fin de la corrupción. Inmediatamente la clase política del PRI arregló la situación con los nuevos mandos de los carteles: quienes quedaban por fuera de los acuerdos sufrían la represión del estado y sus aparatos coercitivos.117 Fue así como otros que fortalecieron su posición en el entramado de narcotraficantes mexicanos por medio del respaldo del gobierno de Salinas de G ortari fueron los miembros del cartel del Golfo. Los 117 Con la llegada de nuevos mandos políticos y policiacos que no formaban parte de su portafolio de sobornos, no solo los carteles caían en desgracia: a veces las circunstancias políticas llevaban a que los funcionarios públicos también cayeran en desgracia, como le sucedió al general Gutiérrez Rebollo en 1997, que fue sentenciado a 40 años de cárcel por proteger a Amado Carrillo. En 1994, con el cambio de gobierno de Salinas de Gortari a Zedillo, toda la estructura de protección institucional al narcotráfico cambió y él fue una de las víctimas por estar protegiendo la facción equivocada.

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hermanos García Ábrego retomaron el control de la organización de su tío Juan García Guerra Nepomuceno. Ahora, con el auge del mercado internacional de drogas su organización había hecho el trán sito de una mafia local que controlaba la vida política, la corrupción del estado, el contrabando y el tráfico de marihuana en Tamaulipas, a uno de los carteles más poderosos de México. La protección del gobierno de Salinas de Gortari les permitió expandirse a lo largo del costado occidental del país (Flores, 2012). Para 1995 la cantidad de droga c¡ue movían era tanta que el FBI puso a Juan García Ábrego en la lista de los diez criminales más buscados (Ravelo, 2009). El surgimiento de grandes carteles a principios de los noventa coincidió con otra circunstancia favorable para los narcotraficantes mexicanos: las autoridades estadounidenses cerraron la ruta del Cari be a los contrabandistas de drogas colombianos. México se convirtió entonces en el principal corredor de entrada de cocaína para Estadc >s Unidos. La droga llegaba a puertos y aeropuertos mexicanos, legales y clandestinos, y de allí era transportada por diversas rutas hasta l;i frontera norte, donde cruzaba al mercado final. Como resultado de l.i presión de las autoridades estadounidenses la fortuna de los narcotra ficantes mexicanos crecería a otro nivel al despojar a los colombiant >s de una de las fases más rentables del negocio. Pero las consecuencias del cierre de la ruta del Caribe no solo se harían sentir en el trafica i de cocaína como actividad delictiva; la nueva disponibilidad de ca pital de los carteles había coincidido con un fenómeno previamente mencionado: la pérdida del respaldo de los aparatos coercitivos del estado a los políticos de la periferia por el debilitamiento del PRI. Algunos narcotraficantes aprovecharon la situación y reclutaron miembros de la criminalidad local para dominar las distintas pla/;is por donde transitaban las rutas de tráfico de drogas. Comenzaron a reemplazar a las autoridades estatales en las funciones de vigi lancia y control de la población. La venta de droga al menudeo se convirtió en una actividad im portante para los carteles no tamo porque las ganancias del mercado mexicano fueran significativas (los precios eran incomparables con los de Estados Unidos) sino

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porque el control de la venta al menudeo facilitaba el control de las plazas. Los criminales reclutados para esta tarea se convertían en la policía privada de los carteles.118 El presidente Felipe Calderón, quien años después le declararía la guerra al narcotráfico, reconoció en una entrevista al N ew York Times la transformación en la estructura de control territorial de los carteles a partir de su involucramiento en la venta al menudeo en México: Un criminal podía decirle a una autoridad, un alcalde, por ejem­ plo, tú no te metas conmigo, yo no me meto condgo, y todos felices, y además aquí está el dinero para tu campaña. Hace 15 años si ese criminal únicamente se dedicaba a pasar droga a Estados Unidos, lo único que tenía que hacer, es más bien sobornar a una autoridad Americana [sic]. Y su negocio en México era más bien no ser visto, era de muy bajo perfil. Por eso ese “arreglo” aparentemente funcionaba o no derivaba en violencia. El problema es cuando los criminales en México comienzan no solo a pasar droga a Estados Unidos, lo que es narcotráfico tradicional, sino a vender en México. Es decir, narcotráfico más narcomenudeo. En términos de negocio, el narcotráfico es un negocio de logística y de transporte, de volumen. El narcomenudeo es un negocio de detalles, de retail, que implica muchísimo más personas, mucho menos volumen. ¿Y por qué es una gran diferencia? Porque el narcomenudeo en México obliga necesariamente o presiona a los grupos criminales a tomar control territorial que antes no lo buscaban. Antes controlaban a un alcalde en Nogales o en Agua Prieta, donde sea o en F.l Paso o en fin, a Lomas en Chihuahua, y simplemente pasaban sin ser vistos y a la frontera y se acabó. Pero si ahora quieren vender droga además en Juárez pues tienen que pelearse contra sus adversa­ rios dentro de Juárez y eso implica una matanza terrible, indignante, dolorosa, que hace que los grupos criminales se disputen una plaza que antes no se disputaban. Es casi una progresión, es casi de geometría IIHI.os textos periodísticos de Reyna (2012) y Hernández (2012), y la investigación sobre Juárez de Alarcón (2014), ofrecen abundante evidencia acerca de cómo el control de las ventas de droga al menudeo por la baja criminalidad se convirtió en una variable fundamental para el control territorial.

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analítica. Es decir, las dimensiones en la geometría analítica en un punto ,es muy diferente de una línea que es una sucesión de puntos y es diferente que una superficie que es una multiplicidad de puntos en dos dimensiones ya. Aquí no es lo mismo controlar un punto en la frontera que controlar una ruta para pasar droga que controlar ya toda una superficie. Al controlar toda una superficie chocan los grupos um >s con otros y eso provoca una violencia feroz.119 La extensión del control de las actividadestilícitas a la regulación de transacciones y espacios sociales fue un paso natural de los carteles que progresivamente iban ampliando su área de dominación territo­ rial de los corredores de droga hacia Estados Unidos. Poco a poco iban despojando al estado de sus funciones esenciales: la provisión de protección y justicia. En la mayoría de las plazas controladas por narcotraficantes sus aparatos coercitivos no le cobraban impuestos a la población y a las actividades legales. Las rentas que dejaban los mercados locales de drogas y las ganancias de las rutas hacia el mer­ cado internacional subsidiaban los servicios de protección y justicia. Es decir, ofrecían las funciones de estado gratis porque ser autoridad garantizaba unas ganancias y unos niveles menores de riesgo que compensaban los costos de ofrecer vigilancia y orden a la población. El relevo generacional en el cartel de Sinaloa no fue entonces solamente un cambio de nombres: fue también un cambio en la influencia territorial y en la capacidad de regulación social del cartel. A l incrementarse la demanda mundial por drogas y la participación de México en la provisión de esa demanda, y al debilitarse la cap;i cidad represiva de la clase política local, surgió una oportunidad de poder para los miembros de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas: criminales originarios de los humildes ranchos de Sinaloa descubrieron que tenían los medios de coerción y de 119 “The Complete Interview with President Felipe Calderón in Spanish (La Entrevista Completa en I ispañol)”. En l he New ) ork I ¿///es, publicado el 17 de octubre de 2011 Visto el 16 de abril de 2014. Disponible en: http://\vww:nytimes.com/2011/10/21/ world/amcricas/caldcron-transcript-in-spanish.html?pagewanted=all&_r=0.

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capital para regular parcialmente — y en las áreas más periféricas totalmente— las sociedades en las que se producía y se traficaba la mercancía. Lo que antes era un fenóm eno muy localizado en los pasos fronterizos con Estados Unidos y en las zonas de cultivo como la Sierra Madre y las zonas de Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, ahora era un proceso de expansión nacional. La expan­ sión de la dominación social por narcotraficantes era necesaria para ofrecerle protección a un negocio en pleno crecimiento territorial. Salvo los hermanos Arellano Félix, que pertenecían a la clase alta de Culiacán,12" la oportunidad de poder fue para miembros de comunidades excluidas de Sinaloa. La biografía de los nuevos capos era bastante similar: gente nacida en ranchos pobres de la Sierra o de los valles cercanos a la Sierra, la mayoría de ellos en ranchos pertenecientes al municipio serrano de Badiraguato. Aunque muy humildes, de jóvenes tuvieron una exposición temprana a las prácti­ cas criminales del narcotráfico, desde la siembra y el contrabando de la mercancía hasta el uso de la violencia como un medio de control del negocio (Grillo, 2012; Astorga 2005). No era raro que tuvieran vínculos parentales con criminales ya famosos. Am ado Carrillo, por ejemplo, era sobrino de Ernesto “el N eto” Eonseca. Muchos comen­ zaron como guardaespaldas y sicarios o como operarios del cartel en lugares estratégicos para el tráfico internacional. Se mezclaban el resentimiento por las carencias materiales con la oportunidad dis­ ponible en empresas criminales. La selección natural tan intensa de este tipo de negocios se encargó de seleccionar a los más ambiciosos, audaces y hábiles en el manejo de una empresa criminal tan compleja. Más aún, quienes llegaban a la jefatura mostraban otro rasgo en común: el ansia de un reconocimiento legítimo como autoridad entre la población. El éxito económ ico era incompleto si no era120

120 El caso de los hermanos Arellano Félix se trató de algo excepcional porque se dedicaron al eslabón más violento y riesgoso de la cadena productiva del narcotráfico. Al parecer todo se debió a un tío que se había involucrado en el narcotráfico en Estados Unidos, y al gusto que tomaron como adolescentes a socializar con narcotraficantes violentos de las zonas serranas (ver Blancornelas, 2009).

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celebrado y reconocido por los miembros de una comunidad que en muchos casos era la misma de donde provenía el capo del cartel. La celebración tenía, además de la pura satisfacción emocional, un sentido instrumental. Dado que la dominación social era un factor crucial para garantizar la disponibilidad de un territorio desde don­ de producir y traficar mercancía, los capos que establecían fuertes lazos de lealtad con sus comunidades tenían una enorm e ventaja en el proceso de selección natural del negocio. Quienes proveían las demandas materiales y de orden y justicia de las comunidades se legitimaban como autoridades locales y podían reducir los riesgos del negocio a niveles mínimos. Una simple búsqueda en internet de documentales y entrevistas disponibles de los capos de esta generación en Sinaloa muestra toda esta serie de rasgos comunes de resentimiento social, exclusión, aspira­ ciones de redención material y el uso del clientelismo para legitimarse como autoridad. En el caso de Amado Carrillo, un documental de la cadena Univisión lo retrató así en la voz de varios entrevistados: “Amado Carrillo era un ser querido y respetado, la gente lo pro tegía, lo cuidaba, lo apoyaba”. [...] “Ayudó a que tuvieran educación, que se hicieran escuelas, que se les proporcionara electricidad, agua, iglesias donde podían ir y rezar”. [...] “Las personas que se dedican al mal camino una razón tienen, o sea que los empujó el gobierno, o sea que no tenemos opciones en nuestros países”. [...] “En su familia vio necesidades y no le gustó, a nadie le gusta ver sufrir a su madre o a su padre por falta de recursos”. [...] “Eran personas que eran orgullosas de ser bandidos, que eran contra el gobierno. Si el gobierno no nos eslá proporcionando las básicas cosas que necesitamos, vamos a hacerlo por nuestra propia cuenta”.121 Y al Chapo Guzmán el periodista Gerardo Reyes lo retrató así: Pocos medios de comunicación han llegado hasta Badiraguato el fortín del Chapo Guzmán, un pueblo que lo admira y lo protege. 121 Amado Carrillo El Señor de Los Cielos (El cartel de Juárez). Visto el 15 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=jD5ZZEqMbDQ.

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Quizá esa sea la razón por la cual se ha garantizado la clandestinidad del narcotraficante durante tantos años. Guzmán nació aquí en un rancho pobre la Tuna, un caserío ubicado a seis horas de la cabecera municipal. [...] Por caminos como este el Chapo Guzmán iba acompa­ ñando a su padre que llevaba la marihuana a lomo de burro. Al regresar el padre ya no tenía ni un centavo producto de la venta de marihuana porque se la había gastado en licor. Por ese motivo Guzmán comenzó a sembrar sus propias cosechas de marihuana antes de cumplir 15 años según relata Alejandro Almazán, biógrafo del Chapo: “Es una tierra olvidada por el gobierno, donde lo único que te queda es morirte de hambre o progresar sembrando marihuana o amapola”.122 La expansión del poder de los aparatos coercitivos de los narcotraficantes significó a su vez un incremento en las concesiones de las élites políticas de Culiacán que los protegían. Si antes el gobernador era reconocido como la autoridad sobre los narcotraficantes, ahora los narcotraficantes eran decisivos para definir quién ocupaba los cargos del estado. La clase política dependía de los recursos del narcotráfico para ser competitiva en las elecciones, porque este era la principal fuente de capital en el estado de Sinaloa (Ibarra, 2009). Asimismo la violencia de los narcotraficantes era un medio de persuasiétn contundente. La clase política tuvo que ajustarse a la nueva realidad: debían utilizar a los narcotraficantes para acceder a las instituciones del estado, y paradójicamente utilizar las instituciones del estado para imponer límites a las aspiraciones de poder de los narcotraficantes. En el proceso de ajuste de las élites legales de la periferia el uso de las instituciones del estado como mecanismo de protección o de represión de los narcotraficantes se convirtió en su principal recurso en las transacciones con las élites ilegales. Sin embargo, las instituciones del estado en lo local como re­ curso principal en la competencia por el poder habían perdido de­ masiada fuerza para impedir que los carteles empezaran a regular 122 Kl Chapo Guzmán, el fugitivo eterno. Disponible en: http://www.youtube.com/ watch?v=Pe_dJO_Yz.2E. Visto el 15 de marzo de 2014.

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transacciones sociales, incluso en ciudades capitales como Culiacán. Estaba en juego la redefinición de las instituciones de regulación social a partir del uso de organizaciones de coerción privadas. Las transformaciones en el orden social de Sinaloa como resultado del capital de los narcotraficantes se reflejaban en una pérdida relativa de la autoridad de la clase política y, en consecuencia, en nuevas instituciones basadas en: i) el ejercicio de la coerción por las propias organizaciones criminales como reguladoras parciales y totales del orden social, y ii) la capacidad de las organizaciones criminales de influir en las decisiones políticas de la sociedad, tanto por la capacidad de financiar a la clase política como por el peso que adquirieron los recursos de la droga en la inclusión de los mercados locales.123 Estas transformaciones'no fueron propias solo de Sinaloa y su capital Culiacán; del mismo modo no fue solo un asunto de narcotraficantes sinaloenses que asumían funciones de autoridad a lo largo de rutas y áreas de producción de drogas como ocurrió en Juárez y Tijuana. El cartel del Golfo, pese a la captura y extradición de su líder Juan García Abrego, continuó su proceso de expansión a lo largo de la costa este de México hasta llegar a Quintana Roo y Yucatán. Osiel Cárdenas, junto con otros capos del cartel del Golfo, tomaron el releve > generacional en medio de feroces luchas intestinas. Su propensión a traicionar a sus aliados llevó a que a Cárdenas se le conociera con el alias de “el mata amigos”. A finales de la década del noventa Cárde­ nas contrató a antiguos miembros del G AFE , una unidad especial del ejército mexicano, y form ó su propio ejército paramilitar, “los Zetas”. Con ellos amplió su control sobre amplios territorios y sobre las operaciones de tráfico que ocurrían allí. A l igual que los miembros del cartel de Sinaloa, impuso en estos territorios las instituciones de regulación del narcotráfico. En las ciudades la regulación era parcial, compartida con el estado, mientras que en las áreas rurales y los muni cipios pequeños la regulación era total (Ravelo, 2009; Osorno, 2013). 123 Sobre el progresivo involucramiento de los carteles en la financiación de las campaña-, políticas ver Hernández (2010 y 2012), Reyna (2012), y en general las reiterativas denuncias aparecidas en medios corno la revista Proceso.

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A l final de la presidencia de Zedillo, el último presidente del PRI, en numerosas regiones de México los narcotraficantes se habían convertido en autoridad y eran actores relevantes en las decisiones políticas, al menos al nivel de las comunidades. En algunas de estas regiones ya comenzaban a cobrarle extorsiones a las actividades que no tenían ninguna relación directa con las drogas ni con el crimen. A manera de un impuesto, los habitantes de los ranchos, los poblados pequeños, o las áreas marginales de las ciudades, debían pagarles periódicamente a los vigilantes de los narcotraficantes apostados en el lugar. La producción económica de todo tipo también debía pagar su respectiva cuota si estaba localizada en áreas donde las autoridades del estado no ofrecían suficiente protección (Grillo, 2012). Un sector particularmente susceptible de caer bajo la regulación, y en ocasiones bajo el control directo de las mafias que surgían alrededor de los aparatos coercitivos del narcotráfico, iban a ser los mercados infor­ males y los mercados de contrabando (Sandoval, 2012; Resa, 2003).

El

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p r i y

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En el 2000 la situación llegó a un punto todavía más crítico por el cambio de partido de gobierno. Luego de 70 años el PRI salió del poder. 1il régimen autoritario había llegado a su fin. La apertura de­ mocrática se traducía en un aun mayor debilitamiento de la influencia de la clase política regional sobre las agencias del estado encargadas de imponer sus instituciones sobre las de los narcotraficantes. La razón obedecía más a una falta de coordinación y a las restricciones apenas naturales que el proceso de democratización imponía sobre las agencias represivas del estado que a un aumento en los recursos materiales de las organizaciones criminales. Para el 2000 los narcotraficantes ya eran inmensamente ricos. El cambio de gobierno hacia un nuevo partido significaba la ruptura de un dique. Los recursos del estado central ahora no estaban concentrados en las manos de un solo partido, ni mucho menos

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seguían la estructura de distribución jerárquica impuesta por el PR1. La competencia por los cargos públicos era en sí una competencia por acceder a los recursos del estado sin las restricciones previas del autoritarismo. En principio todos los aspirantes tenían opciones, o, dicho de modo más preciso, no iban a encontrar restricciones insalvables desde arriba, es decir desde el partido que controlaba el estado central.124 Pero aunque en teoría bastaba con ganar la prefe­ rencia de los votantes en las regiones para ser parte de los gobiernos locales, en la práctica el acceso a recursos marcaba la diferencia en la capacidad de ganar la preferencia de los votantes. En realidad la gran diferencia con la llegada del PAN al gobierno central no era solo que los aparatos coercitivos del estado dejaron de imponer las decisiones de las directivas del PRI a lo largo de los gobiernos terri­ toriales de México, sino que también era que las restricciones para acceder a los recursos y niveles de fraude se habían reducido a un umbral suficiente para poder hablar de un sistema competitivo entre los distintos partidos y facciones que competían en las elecciones. La oportunidad para los carteles del narcotráfico estaba en que ahora, como nunca, su alta disponibilidad de recursos podía marcar las diferencias en los resultados electorales. En regiones donde no existía una acumulación significativa de capital la única fuente derecursos para ser competitivo en una elección eran las rentas públi cas. Quien controlaba el gobierno local controlaba la distribución de estas rentas y, por consiguiente, tenía las mayores probabilidades de ganar las elecciones.125 Sin embargo, si existía un narcotraficantc dispuesto a invertir en la campaña, todas las ventajas de manejar las rentas públicas se diluían ante el volumen de recursos que generaba la droga, y ante las necesidades de poder y protección del negocio. 124 Woldenberg (2007) encontró que el fortalecimiento de la capacidad financiera lit­ ios partidos por medio de los recursos públicos fue uno de los factores claves para explicar el incremento de su competítividad en las elecciones desde finales de la década de los noventa. 125 Para dimensionar la importancia de los recursos públicos en la política local, ver, por ejemplo, la recopilación de artículos en \m reconfiguración de la hegemonía priis/a, coordinado por Hernández García (2011).

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Pero el dinero no lo era todo para ganar las elecciones: antes había que convertirlo en votos. Para eso estaba un elemento central del sistema político mexicano: el clientelismo. La distribución de recur­ sos — en form a de bienes y servicios— entre diversos sectores de la población era decisiva para obtener el poder político. Si durante el régimen autoritario del PRI el clientelismo era un mecanismo para evitar disidencias entre la población (a cualquier sector potencial­ mente insurrecto se le cooptaba a través de su inclusión en las redes de distribución del estado, después de la llegada del PAN era un mecanismo de competencia política. En principio, el combustible d e l' sistema clientelista eran los recursos del estado. Con ellos se accedía a subsidios y obras públicas para los más pobres, empleos para los cuadros políticos y contratos para los financiadores de las campañas. La suma de toda la población que dependía de los procesos redis­ tributivos de un político clientelista se convertía en su fuerza para competir en las elecciones. Pero, de manera análoga a las rentas del estado los recursos de los narcotraficantes se convirtieron en un mecanismo en la cons­ trucción de clientelas políticas. Sin embargo, no se trataba solo de un traslado de recursos de un cartel narcotraficante a un político profesional para que ampliara su red de clientelas: al convertirse en autoridad local, los carteles también habían desarrollado sus propias bases clientelistas. Tenían ventajas porque el capital de la droga había introducido nuevos elementos de intercambio en el clientelismo. Habían enriquecido el volumen de bienes materiales que debían proveerse a las clientelas para garantizar su respaldo en la competencia por el poder. La inyección de capitales en sociedades de escaso dinamismo económico había significado un proceso acele­ rado de inclusión en los mercados que era dependiente de aquellos empresarios que manejaban localmente el dinero del narcotráfico. Por medio de estos empresarios, los carteles definían quiénes en la sociedad eran los principales beneficiarios de toda la demanda laboral de baja calificación que iba a ser reclutada para atender la ampliación de los mercados. Las clientelas de los carteles estaban

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compuestas por quienes trabajaban en los comercios que se movían gracias al capital de las drogas, por quienes dependían directamente del trabajo que ofrecían los narcotraficantes o por quienes recibían su redistribución filantrópica. A l respecto, Sandoval (2012) ha estudiado el caso de la fayuca en la frontera nororiental de México. Con la irrupción de “los Zetas” en Tamaulipas, la fayuca, que es toda la mercancía de consumo masivo que los mexicanos traen para vender en mercados populares o mer cados de contrabando conocidos como “pulg*as”, pasó del control de los sindicatos del PR1 al crimen organizado. Mediante la coerción los carteles desmantelaron la relación entre la clase política priista y sus clientelas de vendedores de fayuca. A l mismo tiempo, como resultado de su mayor disponibilidad de capital, los carteles ampliaron la escala del negocio. Ahora traían directamente sus contenedores de China a través de Los Angeles en vez de comprar la fayuca en Texas. El volumen del comercio se disparó, junto con toda la estructura social que dependía de este comercio. A l final de su texto Sandoval (2012) se pregunta: ¿Cómo se reproducen en lo cotidiano las relaciones de poder? ¿Son la impunidad, la corrupción, el compadrazgo, el clientelismo, la familia, la solidaridad, más que la escuela o el trabajo en su sentido formal y económico, los verdaderos espacios en que los mexicanos encontramos el acceso a un cierto lugar en la sociedad en general, a una identidad, a un ser yo mismo? (p. 59). En la misma zona, en una colonia miserable hacia las afueras de Monterrey, el autor conoció directamente a habitantes de la comti nidad que expresaban un profundo sentimiento de agradecimiento a Heriberto Lazcano, alias “Z -3” o “el Lazca”, por las despensas que periódicamente regalaba a cada uno de los hogares. Asimismo, los carteles habían introducido la prestación de serv í cios de protección yy.justicia en la relación clientelista. Formar parte de la clientela de un car tel en un territorio controlado por sus apa ratos coercitivos implicaba estar bajo su esfera de regulación social,

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1'orzados o no, la población local dependía del establecimiento de una relación clientelista para recibir seguridad y justicia. En épocas normales, la seguridad era un servicio que se agradecía: ladrones, atracadores, violadores y demás criminales comunes eran extermi­ nados en comunidades marginales y periféricas por otros criminales que form aban parte de los aparatos armados de los carteles. Pero en épocas de guerra la seguridad se convertía en un servicio indis­ pensable cuando las clientelas podían llegar a ser objetivos militares por ser los soportes del poder de los carteles rivales. Todas estas transformaciones en la naturaleza del clientelismo, tanto en su relación con el régimen político nacional como en su relación co>n los poderes de facto del narcotráfico en lo local, tendrían un efecto significativo en la configuración de las élites regionales. A medida que los carteles se expandían a lo largo del territorio mexicano en realidad no se trataba de una sola guerra. Era más bien la suma de muchas pequeñas guerras por apropiarse de cada una de las plazas que componían los corredores de tráfico; era asimismo una guerra en dos dimensiones: en primer lugar estaban las disputas en la organización por definir las jerarquías, la asignación de tareas y la distribución del capital producido. Los enfrentamientos en las organizaciones crimi nales mexicanas como consecuencia de la definición de su estructura interna de poder eran apenas naturales. Pedro Avilés, quien inventó el tráfico moderno de marihuana en Sinaloa, fue asesinado por miembros de su propia organización, que luego se convertiría en el moderno cartel de Sinaloa, liderado por Félix Gallardo, “el N eto” Fonseca y Caro Quintero. De Pablo Acosta, quien controlaba el cruce de drogas 130 Para dimensional' el grado de corrupción del caso, ver en el periódico Hxtélsioré artículo “De |esús ltevna a Yarrington: narcopolítica”, publicado el 9 de abril de 2014. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez menendez/2014 /0 4 /1 1 9 /9 5 3 133. 131

Escalante (2010) encontró que de hecho las tasas de homicidio en México se redujeron entre el 2000'v el 2007. El aumento de la violencia estuvo concentrado en determinados estados como Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas, donde se concentró la guerra del narcotráfico.

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desde Ciudad Juárez a El Paso (Texas), se dice que fue traicionado por su pupilo Amado Carrillo, quien lo entregó a las autoridades mexicanas y al FBI para quedarse con la plaza.132 En el proceso de expansión territorial de los carteles las rupturas internas se reflejaban en rupturas geográficas. Cuando una facción con influencia territorial se insubordinaba a sus superiores en la estructura del cartel, la insubordinación podía significar la pérdida para el cartel de los territorios dominados por la facción disidente. Los corredores de tráfico quedaban cortados, por lo que la violencia subsiguiente no era solo por someter a los insurrectos, pues lo que estaba en juego eran plazas estratégicas para el transporte de drogas. La propia lógica de expansión territorial de los carteles basada en organizaciones armadas con funciones de regulación social propi­ ciaba la aparición de disidencias. Cuando a un aparato armado se le asignaba el control de una plaza se le estaba dando la oportunidad de acumular nuevos recursos, ampliar su influencia sobre la clase política local, crear clientelas leales entre la población y fortalecer su aparato armado con nuevos miembros. Más aún: el control de la plaza era una oportunidad para desarrollar contactos con otros narcotraficantes que podían proveerlos con mercancía o pagar por el uso del lugar para traficar. Eventualmente el poder y los recursos acumulados le permitían a la facción a cargo de la plaza replantear los términos de sus acuerdos con la jefatura del cartel. Una mayor participación en las ganancias, mayor autonomía en las decisiones locales y la asignación de nuevos territorios eran una aspiración natural para cualquier organización criminal que tuviera los medios para reclamarlos. Llegado a ciertos límites, la jefatura debía optar por reprimir sus aspiraciones o por correr el riesgo de alimentar con más recursos y poder a una facción potencialmente disidente, lo que en el largo plazo conduciría a un problema aún más grave.133 132 De hedió Carrillo asesinó a Rafael Aguilar Guajardo, quien era el remplazo natural de Acosta. 133 Un artículo de Michellc García en la página In Sight Crime muestra cómo el cartel de Sinaloa no funciona como una estructura monolítica y jerárquica sino que los capos

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La guerra entre los hermanos Beltrán Leyva y el cartel de Si naloa tuvo su origen en la form ación de este tipo de disidencias en un cartel. Los hermanos Beltrán Leyva eran operadores del cartel de Sinaloa en varias plazas de México. De acuerdo con entrevistas del autor en Culiacán, la ruptura se atribuye a un episodio relacio­ nado con el aeropuerto de Ciudad de México cuando los hermanos Beltrán Leyva, a quienes se les había comisionado el control del aeropuerto, les pidieron una colaboración a los capos de Sinaloa para pagar los sobornos a las autoridades. “El Mayo” Zambada y “el Chapo” Guzmán negaron la colaboración y se desencadenó la ruptura. Ellos movían la mercancía por el aeropuerto sin pagar nada, mientras los hermanos Beltrán Leyva debían asumir todos los costos de mantener el control de tan importante engranaje en la estructura del narcotráfico en México. Entonces decidieron independizarse y trabajar por su cuenta. El problema era que las plazas controladas por ellos y las que necesitaban controlar para colocar la droga en Estados Unidos también eran estratégicas para el cartel de Sinaloa. Reveles (2011) por su parte sitúa el inicio de los enfrentamientos en la toma de los Beltrán Leyva de una ruta en el estado de Sonora que estaba asignada a otro operador del cartel. Para aplacar la disidencia, “el Chapo” y “el Mayo” entregaron a Alfredo Beltrán Leyva, alias “el M ochom o”, a las autoridades. En retaliación, los Beltrán asesinaron a un hijo de “el Chapo” y de allí en adelante continuó una vendetta di' sangre entre bandidos de Sinaloa que conocían muy bien las redes parentales de cada uno de sus enemigos. La guerra subsiguiente iba a ser en extrem o sangrienta por que involucraba las bases sociales de cada lado. Las familias de los Beltrán Leyva, de “el Chapo” Guzmán, de “el Mayo” Zambada y demás capos de ambos carteles eran parte de redes de parentesco

deben persuadir constantemente a sus miembros y operarios a lo largo del territoru > En ese sentido se refiere más a una federación que a un cartel. Ver el artículo “Coui i Docs Raise Questions about México Sinaloa Cartel Narrative”, publicado el 12 di noviembre de 2013. Disponible en: http://www.insightcrime.org/news-analysis/ zambada-trial,

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ampliamente conocidas por compartir un mismo origen geográfico. Entre la población en Sinaloa se rumora incluso que existen rela­ ciones directas de parentesco entre ellos. Tanta cercanía tiene como consecuencia la desconfianza sobre cualquiera asociado a la red de parentesco del enemigo. En las distintas comunidades de Sinaloa ambas partes conocían muy bien quiénes eran leales a la dominación del aparato coercitivo del contrario, por lo que estas comunidades se convirtieron en blancos legítimos (Grillo, 2012). La lógica de la violencia en las guerras civiles analizada por Kalyvas (2006) tendría su expresión en una disputa entre carteles de narcotraficantes y redes familiares en Sinaloa. La ruptura entre “los Zetas” y el cartel del G olfo se originó de un modo similar, a partir de la insurrección de una disidencia en la organización. Luego de la captura y posterior extradición de Osiel Cárdenas, el aparato coercitivo tan sofisticado que había creado quedó sin una cabeza visible que los dirigiera y, sobre todo, que los financiara. En ese momento la facción especializada en el ejercicio de la coerción sintió que tenía los medios para someter a las jefaturas que teman el control de los contactos y las redes operativas para producir el capital de las drogas. Entonces comenzó una insubordinación generalizada. La estrategia de “los Zetas” consistía en imponer sus medios coercitivos para tributar todas las transacciones económicas susceptibles de ser reguladas por una organización criminal a lo largo ile Tamaulipas y los estados en los que el cartel del G olfo ejercía control territorial. Para dominar las zonas marginales de cada plaza reclutaban pandillas y delincuentes locales a quienes se referían como “zetillas” (Osorno, 2013). Los narcotraficantes tradicionales del cartel del G olfo se vieron abrumados con la difusión y la insubordinación de las organizaciones especializadas en la coerción. . En el caso de “los Zetas”, su surgimiento implicaba un cambio con respecto a la estrategia de los anteriores carteles de no cobrar impuestos a la población del común como parte del ejercicio de la do­ minación social. Los servicios de justicia y protección se subsidiaban gracias al control de las rentas del narcotráfico que eran la principal

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fuente de capital de estas comunidades y de las organizaciones cri mínales. Per© las circunstancias que motivaron la insubordinación de “los Zetas” hicieron imposible continuar con la financiación exclusiva del narcotráfico. En un principio no manejaban mayores contactos internacionales, ni rutas de tráfico hacia Estados Unidos, y su financiamiento dependía de la extracción de excedentes de las economías locales (Resa, 2003). Cuando finalmente “los Zetas” se hicieron al control de plazas importantes para el transporte interna cional de drogas, dispusieron del capital de las drogas en cantidades significativas. Sin embargo, el aparato coercitivo que se había mon tado sobre el cobro de protección a las ventas locales de droga y a las transacciones comerciales de todo tipo era imposible de desmon tar. Había adquirido una dinámica propia que si bien les permitía a quienes ejercían la coerción mantener una eventual independencia de quienes producían el capital, también corrían el riesgo de generar resistencia entre la población bajo su dominio. En el largo plazo el tema de la predación económica a la sociedad llegó a ser tan crítico que incluso el cartel de Jalisco Nueva Generación se promocionó en un video colgado en el portal YouTube, en el que dicen que ells sí eran narcotraficantes y por eso no tenían que cobrar extorsiones como lo hacían los Caballeros Templarios. En el video se escuch;i: El Cártel |sic| de Jalisco Nueva Generación transmite este co municado a la sociedad de Guerrero y Michoacán para que sepan el propósito de esta guerra en contra de los mugrosos Caballeros Templarios, ya que en el comunicado anterior varias personas se pre­ guntaron el porqué de esta guerra. La guerra no es contra la sociedad, para que no se alarmen. 1.a guerra es en contra de esos individuos, que ya muchas personas estamos cansados de tantas injusticias |sis al aliarse con alguno de ellos. No fue casual que se convirtieran en

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objetivos de guerra. Únicamente en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) fueron asesinados más de tres mil policías.135 Pero el problema era más grave que la simple colusión de la Policía con uno de los bandos. El ordenamiento institucional de la fuerza policiva en México respondía a tres instancias de gobierno diferentes: la municipal, que estaba sujeta al presidente municipal (el alcalde en términos mexicanos); la estatal al gobernador del estado, y la federal al gobierno central. El gran problema era que mientras el cartel local tenía comprada a la policía municipal, el cartel invasor podía estar respaldado por la policía estatal o la federal. Incluso se daban casos en que el respaldo era de parte del Ejército o de la Marina. El resultado final podía ser sumamente cruel porque los objetivos de guerra de un cuerpo del estado eran los miembros de otro cuerpo del estado. Bowden (2011), por ejemplo, describió cómo las mujeres policías de Ciudad Juárez temían salir a patrullar porque podían ser violadas por los miembros del Ejército. En las zonas rurales, en los ranchos y en los municipios pequeños la lógica era similar, con la diferencia de que la escasez de población permitía — por un lado— un control más férreo sobre quienes entraban y salían de la zona, pero, — por otro lado— requería el uso de tropas de un carácter más convencional. Fusiles, ametralladoras, lanzagranadas, camiones y camionetas blindadas se convertían en medios necesarios para incursionar en territorio enemigo. 1 .as autoridades también jugaban un papel crucial en las guerras rurales, sobre todo el Ejército y la Marina por su capacidad de combate en espacios abiertos donde la menor concentración de población civil permitía el uso indiscriminado de la fuerza contra el enemigo. El cartel defensor perdía la guerra cuando sus mandos y sus operarios a cargo de la plaza eran eliminados o expulsados. Entonces el cartel invasor imponía sus propios aparatos armados como actores centrales en el gobierno de la plaza, bien fueran gentes del lugar o 135 Ver en el periódico Excélsior el artículo “Van 2 mil 997 agentes muertos en lucha anticrimen”, publicado el 3 de enero de 2012. Disponible en: http://www.excelsior. com.mx/2012/01 /03/nacional/798797.

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gente traída de otra parte. El oficio de gobierno correspondía a las funciones de vigilancia de la plaza pero también de administración de justicia y — en el caso de ciertas organizaciones como “los Ze tas”— de cobros de tributos a la población. Dado que intervenían en muchas normas y comportamientos permitidos a la sociedad, los carteles tenían que interactuar necesariamente con agentes de poder locales. Entre más fuertes eran las instituciones del estado, mayor era la interacción con alcaldes, jueces, policías, políticos y funcionarios estatales para imponer las instituciones de regulación social. Los nuevos carteles se especializaban en las transacciones informales e ilegales y los espacios marginales de la sociedad que muy probablemente ya eran regulados por el anterior cartel, mientras que las agencias del estado mantenían la regulación del sector formal y de Iqs vecindarios de clase alta y media. Cuando la presencia de las instituciones del estado era escasa, principalmente en zonas rurales, con poca acumulación de capital y de población, la derrota del cartel defensor implicaba la imposición de una nueva autoridad a niveles casi monopólicos. Fue así como a medida que los carteles se extendieron en el territorio mexicano y que los enfrentamientos implicaban el dominio de territorios — bien fuera de manera monopólica u oligopólica— , la violencia comenzó a tener como blanco a la población civil. Al estilo de las guerras civiles, el propósito era imponerse como instituciones de gobierno en espacios geográficos estratégicos para la producción de capital desde el narcotráfico. El resultado podía llegar a ser brutal. Sucedieron masacres absurdas como la del grupo musical el Kombo Kolom bia por “los Zetas”, solo porque habían ofrecido conciertos a miembros del cartel del G olfo.136 Por consiguiente, en la guerra reciente del narcotráfico en México no solo había que contar con la influencia sobre el estado y sus aparatos coercitivos para destruir 136 Ver en Univisión noticias el artículo “Los Zetas mataron a los integrantes de Komlx > Kolombia por venganza”, publicado el 18 de marzo de 2014. Disponible en: http:// noticias.univision.com/article/ 1889427/2014-03-18/mexico/noticias/losmataron-a-los-integrantes-de-kombo-kolombia-por-venganza.

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al enemigo, sino que había que considerar el papel de la población en su conjunto. La guerra en un espacio territorial determinado se ganaba cuando la sociedad aceptaba por la fuerza, pero también por un mínimo de legitimidad, el ejercicio de la autoridad de los aparatos coercitivos de los carteles. Para el estado mexicano el desafío era recuperar, y en ocasiones construir, las instituciones de regulación social que había perdido durante la transición hacia la democracia. La solución obvia consistía en el incremento de la capacidad coercitiva del estado. Progresiva­ mente los gobiernos panistas fueron involucrando al Ejército y a la Marina en operaciones antidrogas, en gran parte porque existía poca confianza en la Policía por sus altos niveles de corrupción pero también porque la situación tan apremiante de seguridad no daba tiempo para form ar nuevos cuerpos policiales. Sin embargo, los resultados fueron bastante limitados. El Ejército y la Marina eran muy efectivos como fuerza de choque pero no estaban entrenados para vigilar a la población civil de manera cotidiana. Las violaciones de derechos humanos se convirtieron en un tema preocupante.13 De igual modo, los miembros del Ejército y de la Marina comenzaron a ser sujetos de soborno por parte de los carteles. Más complicado para el estado era el asunto de la provisión de demandas sociales básicas en el ejercicio de la regulación social. Sus instituciones tenían serios problemas para garantizar la inclusión ma­ terial, es decir el acceso a los mercados, si reprimía al narcotráfico. La destrucción de los carteles como instituciones que protegían el flujo de recursos hacia comunidades y sectores con baja acumulación de capital significaba que en adelante quedaban excluidos de los merca­ dos. El estado no tenía los medios para generar estos flujos de capital hacia espacios periféricos. Del mismo modo las instituciones estatales no eran funcionales parar ofrecer protección ni justicia en sociedades en las que la destrucción de las viejas pautas de comportamiento,137 137 El informe Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘g uerra contra el narcotráfico' de México por Hum a n Rights Watch publicado en 2011 da una idea de la dimensión del problema.

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las figuras de respeto y los mecanismos tradicionales de resolución de disputas habían desaparecido por el nuevo orden impuesto por el narcotráfico. Alguien tenía que poner límites a los excesos de 1s jóvenes seducidos por la subcultura de la criminalidad, reglas de juego alrededor de todos los negocios informales que surgían con los excedentes de la droga y normas de comportamiento cotidianas para evitar agravios entre los miembros de la comunidad. Contradi > a las instituciones del estado que debían seguir un debido procese >, respetar leyes que se fundaban en valores antagónicos a las realidades del contexto e invertir enormes volúmenes de recursos para resolver las demandas de regulación social, las instituciones coercitivas de los carteles eran sumamente eficientes en esa función; estos ofrecían instituciones de regulación social capaces de proveer las demandas básicas de gobierno de esta población. Antes de la guerra del narcotráfico la debilidad de las institu ciones del estado en muchas comunidades periféricas de México era irrelevante porque el capital y la coerción que producían estas sociedades apenas alcanzaba para insurreccionar el orden local. 1 .a infraestructura institucional montada por el PRI era capaz de provecí a las élites políticas leales en la periferia con los medios suficientes para detener cualquier insurrección. 1.a coerción estaba disponible en el aparato de fuerza del estado y el clientelismo con los recursos públicos permitía disuadir a quienes sintieran que su subsistencia eco nómica estaba en riesgo. Los sectores potencialmente descontentos no tenían cómo competir con las redes de lealtad clientelistas esta blecidas por el PRI desde el centro hasta las regiones. Sus recursos eran sumamente limitados, así como su capacidad de organización, por la form a como las instituciones del PRI habían acaparado los sindicatos, movimientos sociales y demás asociaciones comunales. Si el triunfo del PAN significó la ruptura definitiva del control del PRI sobre las instituciones del estado, el capital y la capacidad coercitiv; introducida por el narcotráfico significaron la ruptura del control di las instituciones del estado sobre los mecanismos de resistencia di sectores subordinados en el orden social.

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Es así como en una proporción significativa la guerra del nar­ cotráfico en México después del 2000 se explica por la pérdida del control de las instituciones del estado sobre las transformaciones del orden social. Los carteles, es decir unas organizaciones criminales con sus propios aparatos coercitivos, imponían ahora sus instituciones de regulación sobre sociedades que experimentaban profundos cambios en sus formas de producir riqueza, distribuirla entre sus miembros y asignar jerarquías sociales. La base de estos cambios era el capital del narcotráfico que les había permitido a sociedades periféricas y marginales integrarse finalmente a los mercados mundiales. La guerra se manifestaba en la competencia entre los carteles por imponerse a lo largo de territorios poblados por comunidades periféricas y marginales. La dominación de un sector de la población era un medio de producción de poder tanto para controlar las rutas y los centros de producción de drogas, como para garantizar la protección del negocio. Una breve cronología de la guerra del narcotráfico posterior a la salida del PRI en el 2000 puede iniciarse con los intentos del cartel de Sinaloa dirigido por “el Chapo” Guzmán y “el Mayo” Zambada de apoderarse del territorio del cartel de Tijuana. Si bien era una guerra que venía de mucho antes,138 para la segunda mitad de la década era claro que el cartel de Sinaloa se estaba imponiendo en la disputa. Los Arellano Félix, quienes también eran sinaloenses, habían sufrido demasiadas bajas y varios de sus principales cabecillas habían caído o habían sido capturados por las autoridades. Benjamín Arellano Félix fue capturado por autoridades mexicanas en el 2002, el mismo año que su hermano Ramón fue abatido por la Policía. O tro hermano, 138 Se dice que los inicios de la guerra están en el enfrentamiento entre “el Güero” Palma con los Arellano Félix luego de la distribución territorial de l élix Gallardo (Saviano, 2014). Pero hay versiones que van más atrás y que señalan incluso que en aquel entonces el actual socio de “el Chapo”, “el Mayo” Zambada, estaría conspirando con los Arellano Félix para asesinarlo. Ver en Unión Jalisco el artículo “1.a lucha del Cártel de Sinaloa vs los Arellano Félix”, publicado el 5 de julio de 2013. Disponible en: http://www.unionjalisco.mx/articulo/2013/07/05/seguridad/la-lucha-dcl-cartelde-sinaloa-vs-los-arellano-felix.

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Francisco, fue sorprendido en 2006 por autoridades norteamericanas en un paseo de pesca en alta mar e inmediatamente fue enviado a una prisión en Estados Unidos. Poco a poco los operarios y aparatos armados del cartel de Sinaloa fueron copando la plaza de Tijuana hasta prácticamente extinguir a los Arellano Félix. En 2013, el mayor de los hermanos, Rafael, fue asesinado por un sicario disfrazado de payaso en una fiesta familiar. La derrota de Tijuana le permitió al cartel de Sinaloa incursionar en nuevas plazas con mayor fuerza. O tro ©bjetivo era someter al cartel de Juárez que, al igual que el de Tijuana, estaba conforma do por narcotraficantes originarios de Sinaloa. Desde la muerte de Amado Carrillo, alias “el Señor de los Cielos”, se habían producido escaramuzas entre ambos carteles. Pero en 2004 las hostilidades se desataron cuando sicarios de “el Chapo” Guzmán asesinaron a Rodolfo Carrillo, hermano de Amado. En retaliación, el cartel de Juárez se alió con los principales enemigos del cartel de Sinaloa, “los Zetas”. Sin embargo, estos realineamientos entre carteles no impli caban la incursión en el territorio enemigo de aparatos coercitivos con el propósito de establecer algún tipo de control territorial. Los enfrentamientos, cuando ocurrían, estaban dirigidos únicamente a aniquilar los mandos de los carteles en cada una de sus zonas. A partir de finales de 2007 la situación iba a ser muy distinta (Alarcón, 2014). Con la desaparición de Am ado la capacidad del cartel de Juárez tic gestionar mercancía desde Colombia y otros centros de producción se vio dramáticamente mermada. El negocio principal del cartel era ahora la venta de los derechos de paso de mercancía por las aduanas ubicadas en la frontera norte de la ciudad. Evitarse estos cobros y apoderarse de la plaza para m onopolizar esta ruta de entrada de drogas hacia Estados Unidos era un botín de guerra muy atractivo. Sin duda, el cartel de Juárez controlaba una de las plazas más valiosas del narcotráfico en México. La ciudad limitaba con El Pas< >, Texas; con un tráfico anual de quince millones de vehículos y justo en medio de los 3100 kilómetros de frontera con Estados Unidos, las oportunidades de introducir drogas a través de la red de autopistas

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que se desprendía del cruce aduanero eran inagotables. El resultado sería una de las confrontaciones más feroces en una ciudad como consecuencia de la guerra entre carteles. “El Chapo” Guzmán y “el Mayo” Zambada reclutaban pandillas y enviaban grupos paramili­ tares a aniquilar a los operarios y sicarios de Juárez. Por su parte, los parientes del extinto capo Amado Carrillo hacían uso de la pandilla Barrio Azteca y de La Línea, un sector de la fuerza policial, para repeler la invasión (Alarcón, 2014). En la ciudad y sus alrededores los combates eran implacables contra cualquier sospechoso de per­ tenecer al grupo enemigo, al tiempo que el estado había perdido su capacidad de controlar en lo más mínimo lo que sucedía allí. En su apocalíptico relato sobre la ciudad, Bowden (2011) retrató así la des­ trucción de la capacidad de regulación por las instituciones estatales: Dado que los policías son usualmente criminales, poco les interesa combatir el crimen. Dado que la tortura es la herramienta forense básica para hacer cumplir la ley, los funcionarios de la ley y el orden han desarrollado pocas, si es que alguna, destrezas para resolver los crímenes (p. 114).139 Las fuerzas de seguridad del estado también contribuyeron a p ro­ fundizar la espiral de retaliaciones y atrocidades contra la población. Sobre todo a raíz del cambio en la política antidrogas del estado central, cuando ocurrió el traspaso de gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón en 2006. De acuerdo con revelaciones de Wikileaks, debido a un gran desconocimiento de la situación y de la capacidad real del estado Calderón decidió declararle la guerra al narcotráfico (Torre, 2013). Otra razón que se argumenta detrás de la declaratoria de guerra es la falta de legitimidad de su gobierno por el estrecho margen de victoria que obtuvo sobre el candidato del PRD, de tan solo el 0,58 %, y las sospechas de fraude que llevaron a que su triunfo nunca fuera reconocido por el PRD. Hernández (2012) sostiene que los factores de peso en la decisión de guerra de Calderón eran una 139 Traducción del autor.

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estrategia de legitimación y de protección al cartel de Sinaloa. Sin embargo, las entrevistas realizadas a Calderón revelan que no estaba tan despistado sobre el tipo de amenaza que iba a afrontar. Para él estaba claro que la guerra era una guerra por recuperar las institu ciones del estado y de que se trataba de un problema ineludible por la escalada de violencia entre los carteles, de modo que el estado ni > podía quedarse cruzado de brazos.140 Sea cual fuera la razón de la declaratoria de guerra, Calderón agudizó los enfrentamientos porque incrementó los aparatos coercitivos en disputa al tiempo que los problemas de coordinación entre las agencias de seguridad del nivel nacional y del nivel regional se agravaron. La estrategia de guerra de Calderón consistió en involucrar com< > nunca antes al Ejército y a la Marina en la lucha contra los carteles. Si bien los resultados en términos de capacidad de choque mejoraron notoriamente — capos como “el M ochom o” Beltrán Leyva fueron masacrados en sendos combates con el Ejército— , fue inevitable que ocurrieran efectos colaterales indeseables. Las unidades del Ejército v de la Marina desplegadas en el terreno se corrompieron y terminan >n en muchos casos trabajando para alguna de las partes. La situación era caótica porque además la corrupción era fragmentada. No ocurrí,i que el Ejército o la Marina estuvieran coludidos con determinado cartel, sino que las distintas unidades de cada fuerza se aliaban con uno u otro cartel. En palabras de un narcotraficante entrevistado en Sinaloa, “cada quien tenía sus generales y sus almirantes, imposible comprarlos a todos”. 140 En la misma entrevista en l'heNew York lim es citada previamente, Calderón sostuvo “En el viejo sistema político, en el viejo régimen político autoritario se pensaba qm arreglándose con los criminales no pasaba nada. Si esa práctica política se traslada a lo que ahora estamos viviendo. Un alcalde o un jefe de policía que se “arregla” (emir comillas) con los criminales lo único que hace es permitir que le quiten el puel >l, la autoridad de su pueblo. Y cuando entra otro grupo criminal y se da cuenta di que ese alcalde o ese jefe de policía está coludido con el bando contrario entom i > 1 termina también-matándolo. Es un problema muy complejo. Por esa razón es mu falsa premisa suponer, como algunos suponen, que uno como gobernante puede un hacer nada y no pasa nada. Esa idea de que si uno no se mete con los criminales im pasa nada está equivocada”.

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En Ciudad Juárez las fuerzas federales respaldaron la incursión del cartel de Sinaloa mientras que la policía municipal se mantuvo leal al cartel local. El resultado era que las fuerzas del estado se enfrentaban entre sí en beneficio de los carteles del narcotráfico. La incapacidad de las instituciones del estado de regular espacios marginales de la ciudad y las valiosas transacciones de drogas que allí tenían lugar, obligaba a delegar en los carteles el gobierno parcial de la ciudad. Luego de los cerca de diez mil asesinatos ocurridos durante el sexenio de Calderón, los enfrentamientos entre los dos carteles por Ciudad Juárez se zanjaron con un aparente acuerdo entre las partes. Según dos fuentes consultadas, el acuerdo estipulaba que el cartel de Sinaloa mantendría el control de los territorios circundantes y podría pasar mercancía hacia El Paso (Texas) sin mayores problemas; por su parte, el cartel de Juárez mantendría su posición de control sobre el territorio circundante al puesto aduanero de Estados Unidos. Aunque Ciudad Juárez fue quizá uno de los lugares más emble­ máticos de la guerra del narcotráfico en México, la ofensiva inicial del gobierno de Calderón estuvo en realidad dirigida a “los Zetas”, en la zona noroccidental de México, y a los carteles de los estados de Michoacán y Guerrero. Estas organizaciones habían convertido numerosos municipios, poblados y ranchos en verdaderos territorios de guerra. Allí era donde aparecían la mayor parte de los cadáve­ res — colgando de los puentes o abandonados por montones en vehículos a los lados de la carretera— que tanto habían llamado la atención mundial. Eran la pura imagen del terror que desde mediados del 2000 encarnaba la guerra del narcotráfico en México. Si bien algunos analistas como Hernández (2010 y 2012) han argumentado que la prioridad de la ofensiva del gobierno Calderón contra ciertos carteles como “los Zetas” era producto de una alianza con el cartel ile Sinaloa, en particular con “el Chapo” Guzmán, lo cierto es que la razón estaba más por el lado del mayor desafío que ciertos carteles representaban contra el estado. D e hecho, ambas razones pueden ser complementarias: carteles como “los Zetas” tenían una menor capacidad de corrupción del nivel central de gobierno, y al mismo

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tiempo significaban una amenaza mayor a la autoridad que el estado en principio— debe mantener a lo largo del territorio. La superioridad del desafío al estado por “los Zetas” tuvo su razón de ser en la form a como irrumpió esta organización. Como se mencionó previamente, “los Zetas” tenían dos características que hacían que concentraran la atención del estado en la guerra contra el narcotráfico: en primer lugar eran un aparato especializado en producir violencia para someter a otras organizaciones criminales, algunas de ellas extremadamente peligrosas. Lo que da una idea dé­ la apuesta realizada por Osicl Cárdenas, el narcotraficante que los reclutó, para incrementar la capacidad coercitiva de su organización sobre el resto de carteles. En segundo lugar, luego de la captura y posterior extradición de Osiel Cárdenas, “los Zetas” quedaron sin una fuente regular de ingresos y con un poder enorm e sobre las transacciones del cartel del Golfo. La necesidad de liquidez los llevaría a explotar los excedentes de la economía local y a apropiarse — mediante el ejercicio brutal de la violencia— de las rutas y con­ tactos en Colombia pertenecientes a otros narcotraficantes. En otras palabras, la irrupción de “los Zetas” como organización criminal con aspiraciones de dominación de los territorios del cartel del G olfo estuvo marcada por su ventaja comparativa: la capacidad de ejercer la fuerza a niveles desconocidos. Por consiguiente, el motivo de la ofensiva del estado era reducir el desorden que causaba la violencia desbordada de “los Zetas”, así sus esfuerzos al final condujeran a la imposición de la regulación por otro cartel en el territorio donde “los Zetas” eran expulsados. El estado podía tolerar que alguna organización criminal impusiera sus instituciones de regulación en sociedades periféricas, siempre y cuando su dominación implicara un mínimo de orden que evitara su necesidad de intervenir. De otro modo, el estado hubiera asistido impasible a un escalamiento desbordado de la violencia en manos de los carteles. Más allá de destruir todos los carteles y eliminar todos los capos del narcotráfia > en México, propósito que en la práctica era inviable, la lógica de la guerra lanzada por Calderón estaba marcada por el establecimiento

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de urnos límites a las aspiraciones de control territorial de las orga­ nizaciones narcotraficantes. (Otras regiones de México donde la escalada de la violencia condlujo a una intervención del estado en el inicio del sexenio de Caldlerón fueron Michoacán y Guerrero. Allí “los Zetas” pretendían manitener el control de los centros de producción de marihuana, anfettaminas y heroína en la zona de tierra caliente, así como los com edores de drogas que salían desde el puerto de Lázaro Cárdenas, que estaba bajo el dominio del cartel del G olfo. Sin embargo, en tiemipos recientes desde la misma región habían surgido organizaciontes criminales que oponían resistencia a la dominación ejercida por líos aparatos coercitivos del cartel del G olfo (Maldonado, 2012a; Valdlés Castellanos, 2013). Las nuevas generaciones no estaban dispuesstas a continuar en una posición subordinada como cultivadores de rmarihuana o amapola, o como simples operarios en la zona de otrots carteles. La brutalidad de “los Zetas” provocó además que los grufpos criminales de la región organizaran su propio cartel no solo cormo un medio de disputa por las rentas locales del narcotráfico sino) como una form a de resistencia social. Surgió entonces la “Familiia Michoacana”, dirigida por Nazario M oreno González, alias “el Chatyo” y quien se hacía llamar “el más loco”. Moreno form ó un cartel con un profundo sentido de legitima­ ción) social al punto que escribió su propia biblia. En ella sugería los cormportamientos deseables de la población y entregaba mensajes de aliviio y de superación personal. A l margen de si la población creía o neo en los mensajes místicos de Moreno, la “Familia Michoacana” tuvro mucho éxito en extender su capacidad de regulación social en la rcegión. Se impusieron sobre “los Zetas” y crearon un freno a las faccciones de Sinaloa que pretendían entrar desde el estado de Guerretro. Ignacio “Nacho” Coronel, asociado de “el Chapo” Guzmán se habaía instalado en Guadalajara, capital de Jalisco. No fue difícil en una prirmera instancia controlar la plaza, era un lugar que históricamente habbía pertenecido a los narcotraficantes de Sinaloa. El problema era quee en los estados vecinos de Michoacán y G uerrero disponían de

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un alto valor estratégico para el narcotráfico y “los Zetas” tenían aspiraciones de expandir su control hacia la zona. La guerra no demoró ert estallar. Vinieron las decapitaciones, videos de masacres subidos en internet, ahorcados colgando de los puentes, mensajes en mantas, etcétera. En ese entonces la “Familia Michoacana” y “Na­ cho” Coronel, como agente del cartel de Sinaloa, se aliaron contra “los Zetas” bajo la lógica de atacar al enemigo común. Durante esa misma época, como se mencionó previamente, en el cartel de Sinaloa ocurrían importantes fracturas. La guerra entre sinaloenses involucraría el asesinato de civiles en gran escala. La amenaza para la Federación, como ahora se conocía a las facciones de Sinaloa leales a “el Chapo” Guzmán y a “el Mayo” Zambada, provenía del sur y del norte del estado, donde los Beltrán tenían relaciones paténtales con la comunidad. Pero lo más grave para el cartel de Sinaloa fue que la ruptura significó un realineamiento de fuerzas en una escala nacional que perjudicó su proyecto de control de las principales plazas del narcotráfico en México. “Los Zetas” y el cartel de Juárez sellaron alianzas con los Beltrán Leyva para contener a “el Chapo” Guzmán. Por su parte, la Federación se alió con sus antiguos rivales del cartel del G olfo para despojar a “los Zetas” de las plazas conquistadas en Nuevo León y Tamaulipas. Sinaloa había aprovechado la fractura interna de “los Zetas” para incursionar en los territorios históricos del cartel del Golfo, pero bajo las nuevas circunstancias lo más sensato era un acuerdo entre ellos.141 Sinaloa obtenía un corredor importante de salida de mercancía hacia la costa oriental de Estados Unidos. Por su parte, el cartel del G olfo obtenía un respiro y un soporte de fuerza significativo ante la arremetida de “los Zetas”. Entrada la segunda década del nuevo siglo era claro que la ofen­ siva de Calderón contra “los Zetas” parecía estar dando resultados. 141 Ver por ejemplo en Reporte índigo, El cerco contra Zetas, publicado el 19 de julio de 2013: “(¡radualmente, de forma muy lenta en esta guerra de I.os Zetas, que hicieron una alianza con el disminuido Cártel del Eos Beltrán Eeyva, la organización que dirigía en libertad el Z-40 fue llevando sus mandos hacia Coahuila por el empuje de la alianza entre el C D G v Los Chapos”.Disponible en: http://w\v\v.reporteindigo. com/reporte/monterrev/el-cerco-conrra-zetas.

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Pese a que las tasas de homicidio se habían disparado, la expansión de “los Zetas” había sido frenada: ahora se encontraban en fase de contracción territorial. Su principal líder, Heriberto Lazcano, alias “el Lazca”, fue abatido en octubre de 2012. Otros carteles también sufrieron golpes importantes. Arturo Beltrán Levva, alias “el Barbas”, fue abatido por la Marina en 2009. “Nacho” Coronel fue asesinado por un com ando militar en 20 10. La gente de Coronel acusó al cartel de Sinaloa de haberlos traicionado y creó su propia organiza­ ción, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Por su parte, la “Familia Michoacana” había sufrido fracturas internas a raíz de la supuesta desaparición de su líder Nazario Moreno (luego se conoció que en realidad estaba vivo cuando la policía lo dio de baja “nuevamente” a principios de 2014). De estas fracturas surgieron los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez Martínez, alias “la Tuta”, como principal cartel en Michoacán. Para el cambio de gobierno de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, a principios de 2013, un nuevo mapa del control territorial de los carteles había surgido en México. El cartel de Sinaloa se mostraba com o la organización más fuerte, con mayor extensión territorial y control de corredores de droga hacia Estados Unidos. Sin embargo, muchos otros carteles sobrevivían y mantenían el control de territo­ rios y corredores importantes. Luego de tanta guerra, capos caídos y sangre derramada, era claro que la victoria absoluta por Sinaloa era imposible. Entonces vinieron los acuerdos con las otras organiza­ ciones provenientes de Sinaloa, los Beltrán Leyva y los Carrillo. Se definieron plazas, corredores, tarifas y fronteras entre las distintas organizaciones y sus facciones encargadas del control coercitivo en el territorio. Entre los grandes jefes de los carteles el acuerdo al parecer no fue complicado; lo complicado — según un narcotraficante entre­ vistado en Sinaloa— “era bajar el acuerdo a las bases. Gente que hasta hace poco se estaba dando madrazos con las organizaciones vecinas ahora había que convencerlos que siguieran en paz como si nada”. Con el PR1 de nuevo en el gobierno central se esperaba que volvieran los viejos pactos con los carteles para pacificar el país.

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Más que plata o plomo

Sin embargo, ni la estructura institucional del sistema político ni la sociedad mexicana era la misma que le permitió al PR l mantener a las organizaciones criminales bajo control durante las décadas del autoritarismo. Para hacerlo, habría que revertir la democracia de modo que los mandatarios en las regiones fueran del mismo partido que el del gobierno central. Solo con la reducción de la competencia democrática era posible que la clase política en las regiones dispusiera de suficiente capacidad coercitiva desde el estado central para así, como en los viejos tiempos, someter a las organizaciones narcotraficantes. Por supuesto México no iba a sacrificar la democracia para acabar con el narcotráfico. La violencia se redujo durante el primer año del gobierno de Peña Nieto,142 pero no fue claro si era el resultado de pactos polí­ ticos con los carteles o la consecuencia lógica del desgaste de los seis años de guerra dura del gobierno de Calderón. Ya el territorio de la mayoría de los carteles estaba plenamente definido, del mismo modo que estaban definidos los equilibrios de fuerza entre ellos. Los excesos de carteles como “los Zetas” habían llevado al estado central a debilitar su capacidad coercitiva, lo que se traducía en ventajas militares para los carteles rivales que moderaban el ejercicio de la violencia. Sea como fuere, a Peña Nieto le tocó una situación donde si bien los carteles imponían sus instituciones de regulación social en numerosas regiones, poblados y ciudades de México, el estado había logrado reprimir sus aspiraciones de expansión territorial. Existían espacios y transacciones sociales que el estado y las élites mexicanas no estaban dispuestos a ceder a las instituciones de regulación dé­ los narcotraficantes. De hecho, el resultado de la ofensiva estatal en muchos casos podía no conducir a la expulsión de las organizaciones narcotraficantes de una plaza, pero sí repercutía en la disminución de su capacidad de regulación social. Los carteles podían refugiarse allí 142 Ver en CNN México, el artículo “La tasa de homicidios en México es alta pese a reducción de 13% en 9 meses”, publicado el 3 de septiembre de 2013. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/03/la-tasa-de-homicidios-en-mexico es-alta-pe se-a-reduccion-de-13-en-9-meses.

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pero no podían gobernar en la práctica, o era mucho menos sobre lo que gobernaban. Los avances del estado se hicieron sentir no solo en la reduc­ ción de la violencia, sino que varios de los capos más importantes comenzaron a ser capturados o dados de baja. A finales de febrero de 2 0 14 fue capturado ni más ni menos que “el Chapo” Guzmán, el principal capo de México. También fue capturado en julio del año anterior Miguel Angel Treviño, alias “Z -40”, el líder de “los Zetas”. En Michoacán dos de los líderes históricos de los Caballeros Templarios, “el Chayo” y Kike Planearte, fueron dados de baja. Actualmente el gobierno parece haber superado la crisis del sexenio anterior. Sin embargo, una situación inédita de violencia parece haber surgido a raíz de la respuesta de la población civil a los abusos de los carteles del nar­ cotráfico: la organización de grupos de autodefensas en Michoacán. E

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c a so

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ic h o a c á n

En algunos casos las prácticas de dominación cotidiana de los carteles pueden ser tan oprobiosas, que la pregunta es: ¿por qué las comuni­ dades no organizan alguna forma de resistencia armada? La literatura de ciencias sociales sostiene que por lo general los dominados no plantean una resistencia abierta porque no disponen de los recursos, la organización ni la concientización para insubordinarse.143 El di­ nero de las drogas y los ejércitos privados son una fuerza disuasiva contundente para cualquier comunidad. Si además esa comunidad no dispone de mayor influencia sobre las instituciones del estado sus oportunidades de resistencia son aún menores. No queda nada distinto que la sumisión frente al oprobio o el desplazamiento hacia otra sociedad o región. Sin embargo, tanto Scott (2000) como Moore (2005) argumentan que existen ciertos umbrales morales de obedien­ cia. Estos umbrales son construcciones culturales de cada sociedad. No son estáticos sino que son una fabricación perm anente que 143 Básicamente estas aproximaciones aluden a los problemas de acción colectiva sub­ yacentes entre sectores sociales dominados.

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dicta las normas y los comportamientos permitidos por los sectores dominantes. La violación del umbral de normas y comportamientos permitidos en el ejercicio de la dominación puede llevar a la aparición de expresiones de abierta resistencia entre los sectores subordinados. La extorsión, el secuestro, la expropiación, la humillación de los sicarios y los abusos sexuales tienen límites. El caso de las autodefensas de Michoacán demuestra que aun en condiciones desiguales de recursos, organización e influencia, la población es capaz de plantear resistencia armada a los carteles cuando traspasan los umbrales morales de la dominación. Cansados de los abusos de los Caballeros Templarios, José Manuel Míreles organizó un grupo de guardias armados entre la población de Tepalcatepec. La estrategia de Míreles para persuadir a sus paisanos de vencer el miedo a organizar una resistencia consistió en visitar a los ganaderos del municipio a espaldas de los vigilantes del cartel en reuniones clandestinas. Luego de esa labor de persuasión pudo finalmente contar con suficiente fuerza para hacer frente a los sicarios que cobraban las extorsiones: Ya teníamos desde hacía seis meses la intención de hacer algo para sacudirnos de esta situación pero todos habíamos tenido miedo, todo el tiempo habíamos tenido miedo. Se empezó a hacer un movimiento nocturno muy discreto, discreto porque no lo descubrieron hasta el día mismo que estalló) el levantamiento. [...] De tal forma que el 24 de febrero a las nueve en punto de la mañana había ochenta ganaderos aquí, pero ya con camisetas de policías comunitarios. Ya tenían aquí a la gente que venía por la cuota [por el cobro de la extorsión] de todas las vacas que se vendían”.144 Su experimento tuvo tanto éxito que surgieron nuevos grupos en otros municipios. A l día de hoy las autodefensas, también conocidas como guardias o policías comunitarias, han sido capaces de expulsar a los narcotraficantes de varios municipios de la región. 144 Ver en Youtube, “Autodefensa ciudadana en Michoacán”. Disponible en: hrtp:// www.youtube.com/\vatch?v=WPubHOpV89k. Consultado el 6 de abril de 2014.

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La lección para los Caballeros Templarios es que no todo de­ pende de los equilibrios de fuerza. En un principio la comunidad soportó los secuestros y las extorsiones generalizadas de la mafia. Al fin de cuentas los productores recuperaban el cobro por extorsión al aumentar los precios finales del ganado y de las tortillas. Sin em­ bargo, “el problema detonó — afirma Míreles— cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña porque esa si se va a quedar conmigo varios días y no te la regresaban hasta cuando estaba emba­ razada”.14^Los Caballeros Templarios habían atravesado un umbral moral que detonó la insurrección. Las comunidades que se rebelaron a los Caballeros Templarios no estaban compuestas por campesinos miserables y marginados. No estaban habituados a semejante grado de humillación como lo advierte Míreles: “Así como le llegaban a la gente pobre de los ranchos, así le llegaban también a los ganaderos más ricos ”.U(' Eran sectores medios, muchos de los cuales tenían preparación universitaria y propiedades. Aunque sus recursos no eran competencia frente a la riqueza de los Caballeros Templarios, sí tenían los medios mínimos para organizar una resistencia. Sus miembros aseguraban que con la producción de granjas de limones incautadas a los Caballeros Templarios y con las armas incautadas financiaban el movimiento. No obstante, “la Tuta” los acusaba de recibir armas de otros carteles interesados en debilitar a los Templarios como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Pero aun asumiendo que sean ciertas las acusaciones de “la Tuta” sobre el origen de las armas, hasta ahora no hay evidencia periodística ni judicial que asocie a las autodefensas con motivaciones narcotraficantes. Es decir, su ejercicio de la violencia no está dirigido a producir poder para controlar el capital que produce la droga en los municipios bajo su control. La organización de la coer­ ción, por el contrario, está dirigida a evitar que los carteles impongan sus instituciones de regulación social por ser demasiado oprobiosas.1456 145 ídem. 146 ídem.

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Más que plata o piorno

¿El caso de las autodefensas quiere decir que los pobres y margi­ nados están condenados a la obediencia en condiciones oprobiosas? Más bien quiere decir que la inequidad en una sociedad se expresa hasta en sus formas de resistencia. Las comunidades marginales y periféricas de México también se sacuden de la dominación de las mafias. La diferencia es que las organizaciones que surgen como resistencia a la dominación adoptan las mismas instituciones de los carteles dominantes. De hecho, los Caballeros Templarios surgieron como resistencia a carteles de otras regiones como “los Zetas” y Sinaloa. Los recursos de la droga y la violencia eran los únicos medios disponibles para resistir. En el largo plazo se convirtieron en medios para dominar. En una entrevista del canal Fox, “La Tuta”, el líder dé­ los Caballeros Templarios, respondió así a la pregunta de ¿quién se cree usted para ser el que establezca la ley?: Si mal no recuerdo, al último que secuestraron [en la región] fue a mi padre y tuve que hacer lo que tenía que hacer. En ese entonces yo era un nato delincuente, narcotraficante de drogas [sic], entonces porque yo me la rifaba y tenía mi dinerito me querían robar y se­ cuestrar a mis familiares y no lo permití. No me voy a comparar con ningún personaje de la historia, ni quiero compararme, ¿por qué se levantaron en armas Pancho Villa y Emiliano Zapata? Pancho Villa era un delincuentazo, todos lo sabemos, la historia lo dice. Pero hay cosas que se salen de cauce porque hay gentes que no establecen el estado de derecho. Yo no quiero establecer un estado de derecho y lo he repetido y lo he dicho, que se establezca el estado de derecho. Y si yo soy culpable y mis Caballeros Templarios somos culpables que vengan y las autoridades competentes de la federación, el estado y el municipio que nos contengan, que no nos dejen operar [...] Yo estoy dispuesto a poner orden y te lo puedo constatar si hay orden o no. Teinvité si quieres presenciar algo. A esos dos que violaron no se las voy a perdonar con nada [se refiere a un par de violadores capturados pol­ los Caballeros Templarios que “la Tuta” ejecutó durante la entrevista |. Yo sé que estoy rompiendo los códigos de la Constitución Política. [Pero] cuando un presidente no cumple con sus funciones el pueblo

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lo demanda y lo puede hacer a un lado, ¿verdad? Yo no quiero eso. Unicamente quiero y lo pedimos que se establezca un orden, que las autoridades hagan su trabajo. Entonces, ¿qué no haigamos [sic] Caballeros Templarios y que vayan los de Jalisco y “los Zetas” y se apoderen de Michoacán? Nosotros sacamos en el 2008 a “los Zetas” de Michoacán, de Lázaro Cárdenas y de Uruapan.147 No tardó mucho la resistencia organizada por “la Tuta” en con­ vertirse en un cartel similar al de los grandes capos de México. Las instituciones de regulación social establecidas para defenderse de carteles invasores eran casi las mismas a las utilizadas por estos, la única diferencia era que ahora estaban bajo el control de criminales locales que concentraban como nunca antes el manejo de enormes flujos de capital para expandir su aparato coercitivo. El control del territorio le había permiddo al cartel de “la Tuta” ampliar su partici­ pación en las rentas del narcotráfico y en toda una serie de actividades valiosas en Michoacán como la explotación de las minas de hierro148 y la extorsión de actividades legales. El problema era que mientras las instituciones de los Caballeros Templarios funcionaban como un canal de acceso a los mercados y al poder para sectores subordinados en el orden social, para los sectores posicionados en la jerarquía social de las áreas rurales estas mismas instituciones significaban humillación y deterioro econó­ mico. En consecuencia, la resistencia de los sectores posicionados en las áreas rurales de Michoacán provino de la creación de otro tipo de instituciones, la de las guardias comunitarias o autodefensas. Estas eran instituciones adecuadas para la defensa del capital de 147 Ver YouTube, “EXCLUSIVA: La Tuta: Incómodo y acusador, lo que no se vio” [Parte 2], publicado el 19 de enero de 2014. Disponible en: http://vwv.youtubc. com/watch?v=TkIBT2_-9FA. Consultado el 7 de abril de 2014. 148 De acuerdo con un reportaje del Canal 4 de Inglaterra, la explotación de estas minas le deja al crimen organizado entre 150 y 200 millones de dólares anuales. Guillermo Galdos, Kiiights iemplar link to México Iron Ore Arreste, publicado el 7 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.channel4.com/news/mexico-knights-templar-latuta-iron-ore-lazara-cardenas.

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sectores sociales que ya habían acumulado algo de riqueza, así fuera insignificante comparada con la de los narcotraficantes, y que no estaban interesados en la organización de la coerción para producir capital. De hecho, el propósito final era que el estado eliminara a los Caballeros Templarios y demás carteles y asumiera el control de la situación. Por tanto, se trató de un fenóm eno nuevo en México, en el que sectores previamente incluidos, desde áreas periféricas, se organizaban para restringir la pérdida de la ascendencia de las instituciones del estado sobre el orden social.

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Un estado que la guerra llevó a cum plir sus obligaciones en los m árgenes del territorio Si en México la guerra de las drogas estuvo marcada por el proceso de democratización, en Colombia la guerra giró en torno al proceso inacabado de integración del territorio por parte del estado y a la amenaza que las guerrillas marxistas representaban para los narcotraficantes. A mediados de los setenta, justo antes de la bonanza de la cocaína, el estado colombiano había logrado superar muchos rezagos en cuanto a la capacidad de im poner sus instituciones a lo largo del territorio. La violencia partidista de las décadas previas había sido reducida a niveles tolerables,149 lo que permitía regular las sociedades regionales por medio de redes de políticos profesionales que mal que bien acataban las decisiones de las élites políticas del centro. Además, un largo periodo de crecimiento económico había dotado al estado con recursos suficientes para encauzar la com pe­ tencia política dentro de las reglas del juego establecidas por él. El clientelismo político se convirtió en el principal mecanismo tanto para asegurar las lealtades de las autoridades regionales, como para desplegar las instituciones del estado en las regiones (Leal y Dávila, 1990; Guillén, 1996). Pero la expansión del estado en el territorio todavía era un asunto incompleto. Existían numerosos procesos de poblamiento por fuera 149 Si bien la reducción en las rasas de homicidios fue dramática en relación con los anos de la Violencia clásica, nunca volvió a estar por los niveles tan bajos de las décadas de los veinte y los treinta (Ramsey, 1981; Gaitán, 1995).

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de su control. Eran procesos cíclicos de colonización que ampliaban la frontera habitada del país hacia selvas y sabanas sin ningún tipo de infraestructura estatal. Luego de una fase de asentamiento se creaban nuevos centros de población que paulatinamente se iban asimilando al estado por medio de nuevas vías, nombramiento de funcionarios públicos, titulación de la propiedad, dotación de servicios básicos y conexión con el mercado interno. Los colonos que no lograban acceder a tierras o que no lograban asentarse en las cabeceras ur­ banas continuaban el ciclo al internarse en zonas aún más remotas iniciando un nuevo proceso de asentamiento territorial (jaramillo y otros, 1989). Dada la enorme extensión de Colombia en relación con *

su población, los procesos de ampliación de la frontera habitable no representaban un problema para el estado. El problema era otro: en muchas zonas de colonización, por su mismo aislamiento, una serie de guerrillas marxistas encontraron un terreno fértil para imponerse com o fuerza dominante (Molano, 1987). Sin necesidad de crear mayores elaboraciones ideológicas se convirtieron en el estado de la población colona (Londoño, 1989). Cuando el narcotráfico se convirtió en la principal fuente de capital de las economías periféricas, el proceso de poblamiento y de despliegue del estado en el territorio tendría enormes consecuencias en las trayectorias de la guerra de las drogas en Colombia. Por un lado, las guerrillas encontrarían en los narcotraficantes unos sujetos de extorsión y secuestro de donde extraer valiosos recursos para financiar la toma del poder nacional. En respuesta al uso sistemático del secuestro y de la extorsión, los narcotraficantes organizarían ejércitos privados capaces de enfrentar a las guerrillas por el control de extensas regiones del país (Medina Gallego, 1990). Fue así como la existencia de una insurgencia marxista obligó a los narcotraficantes a organizar aparatos coercitivos con un propósito más complejo que el puro control de un negocio ilegal (Duncan, 2006). Desde muy temprano, los aparatos de guerra de los narcotraficantes tenían como propósito la dominación de sociedades periféricas para evitar quedar bajo la subordinación de las guerrillas. Mientras que para los carteles

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mexicanos la creación de unas instituciones de regulación social fue el resultado de un proceso gradual de relajación de las instituciones autoritarias del PRI, para los narcotraficantes colombianos fue el resultado de una necesidad elemental de supervivencia. Por otro lado, los cultivos de coca convirtieron a la población colona en un sujeto valioso de dominación en los márgenes del estado. En primer lugar, los cultivos trajeron capital a unas sociedades que a duras penas producían para su subsistencia. A l regular estas socieda­ des, la guerrilla se apropió fácilmente de los principales excedentes de la fase primaria de la producción de cocaína. En segundo lugar, el trabajo en una actividad criminalizada por el estado hizo que fuera imposible para las instituciones estatales regular la población de las zonas de colonización. Cientos de miles de familias que dependían de una actividad económica ilegal se convirtieron en ciudadanos de la guerrilla por la sola razón de que las instituciones del estado reprimían los cultivos ilícitos. Con estos dos elementos estratégicos la guerrilla pudo proyectar desde las regiones más periféricas de Colombia una ofensiva hacia las áreas integradas para llevar a cabo su aspiración de tomar el poder nacional. Y aunque nunca estuvo cerca de amenazar al estado central, la guerrilla llegó a ser un desafío real para el orden establecido en las áreas circundantes a las grandes ciudades (Rangel, 1998). La guerra de las drogas estuvo entonces condicionada por la amenaza de una insurgencia marxista desde las regiones periféricas donde las instituciones del estado apenas eran existentes. Las alianzas que surgieron entre las organizaciones narcotraficantes, las élites regionales y las autoridades estatales estaban motivadas no solo por las ganancias económicas y la necesidad de delegar la regulación de un orden social que dependía de las drogas para su inclusión en los mercados, sino por la necesidad de contener a la guerrilla. En el largo plazo, el desafío que representaban los ejércitos privados de los narcotraficantes y la guerrilla por su capacidad de regular las sociedades en la periferia obligó al estado a asumir sus funciones básicas en regiones donde nunca lo hubiera hecho. La guerra de las

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drogas en Colombia ha sido, en consecuencia, parte del proceso deconstrucción de estado hacia los márgenes de su territorio.

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p o l ít ic a

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C

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l a s

d r o g a s

Cuando las exportaciones de cocaína llegaron a ser un asunto im­ portante en Colombia las tendencias de las fuerzas políticas se re­ virtieron. Era el final del Frente Nacional, un acuerdo entre las élites políticas de Bogotá para pacificar los cuadros políticos en las regiones y recuperar el control del gobierno nacional (Hartlyn, 1993). Los resultados saltaban a la vista. Aunque el país nunca volvió a alcanzar las tasas de homicidio tan bajas de la década del treinta, la violencia dé­ los años cincuenta finalmente se había reducido a niveles manejables (Ramsey, 1981; Gaitán, 1995). Quedaban como rezago numerosos grupos armados que a manera de bandoleros y pequeñas mafias rurales competían por el dominio de las comunidades periféricas. Si bien sus luchas y su imposición significaban un padecimiento para la población, la violencia de estos grupos ya no constituía una amenaza para las élites urbanas. El grueso de la producción económica tenía lugar en las grandes ciudades por fuera de la capacidad extractiva dé­ los grupos criminales. De hecho, el problema de la violencia de los años cincuenta había sido más político que económico. 1 .as facciones extremistas de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, habían incitado desde Bogotá a sus cuadros en las regiones a exterminar a sus oponentes políticos.150 Nunca se trató de una guerra civil tradicional en la que dos ejércitos se enfrentaban para imponer un modelo de gobierno y de sociedad. La violencia tenía su form a en el asesinato, la expropiación y el destierro por pequeños grupos armados para lograr el control de los cargos burocráticos y la anulación de las 150 Numerosos textos sobre la Violencia clásica en Colombia (a la que ya los textos se refieren con V mayúscula) documentan el papel de ciertos sectores de las élites nacionales en el fomento de los conflictos locales. Ver, por ejemplo, Henderson (2006), Atehortúa (1995) y Acevedo (1995).

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Ciustavo Duncan

aspiraciones políticas del enemigo. Pero no por carecer de grandes ejércitos la violencia era moderada. Las cifras de muertos superaron el centenar de miles y la situación en determ inado m om ento se salió del control de las élites políticas en Bogotá. En cierto punto la situación amenazaba con volver inviable el manejo político de la nación (Palacios, 1995; Sáenz Rovner, 1992). Las élites políticas más moderadas acordaron entonces el rem­ plazo del presidente Laureano G óm ez, un radical interesado en implantar un proyecto corporativista de estado — al estilo de Franco en España (Henderson, 2006)— por el general del Ejército Gustavo Rojas Pinilla. El plan era que Rojas pacificara los grupos armados que se habían salido de control en las regiones, y que luego le devolviera el poder a los sectores moderados de las élites políticas liberales y conservadoras. Sin embargo, el plan no salió como lo esperaban. El proceso de pacificación arrojaba resultados más bien pobres y, más grave aún, Rojas no daba señales de querer devolver el poder (Ramsey, 1981; Sáenz Rovner, 2002): todo lo contrario, quería perpetuarse en la presidencia a partir de una dictadura populista. La respuesta de las élites fue un pacto consocionalista'1' entre liberales y conservado­ res para compartir el poder durante dieciséis años, conocido como el Frente Nacional. El pacto comenzó en 1958. Cada cuatro años había elecciones dentro de un mismo partido para elegir presidente. El presidente designaba los gobernadores y los alcaldes con base en una repartición milimétrica entre los dos partidos (Flartlyn, 1993). De ese modo, la violencia política con el propósito de acaparar los cargos de los gobiernos locales perdía todo sentido. Aun así, quedaron muchos resabios de la violencia. Las mafias y cuadrillas de bandoleros que se habían insubordinado del control de los jefes políticos en lo local amenazaban con criminalizar el ejercicio de gobierno en numerosos municipios.'12 Imponían por la fuerza a 151 El consocionalismo se refiere a pactos entre élites políticas para evitar o apaciguar enfrentamientos. El pacto consiste esencialmente en la repartición del gobierno. 152 Ver por ejemplo Roldan (2003), Sánchez y Meertens (2001), Atehortúa (1995), entre muchos otros.

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los mandatarios, se apropiaban de la tierra y de las principales rentas, eliminaban a cualquiera que reclamara ante sus excesos y hacían us< > de la violenéia privada para regular las relaciones sociales y económi cas de las comunidades. En otras palabras, competían con el estad< > para ejercer como autoridad local. Pero la mutación de la violencia política tradicional en organizaciones puramente criminales tenía una grave limitación en su competencia con el estado central. Salvo las mafias que controlaban la producción de esmeraldas en Boyacá,IM eran escasos los recursos de que disponían. Las fuentes de produc­ ción de capital en la periferia eran muy pobres. Eran economías de subsistencia o, en el mejor de los casos, de provisión de mercados regionales o de minifundios cafeteros. Las restricciones de capital les impedían a los grupos criminales extenderse desde áreas periféricas hasta áreas más integradas donde la amenaza para el estado fuera mayor. Las élites económicas del país no encontraban en la proliferación del bandolerismo un riesgo para sus empresas y negocios. Además, paulatinamente el estado fue sometiendo a los principales líderes criminales al punto de que, a meciiados de los setenta, el bandolerismo era un asunto bajo control. Quedaba como rezago el uso de la violencia privada como una prác­ tica cotidiana entre diversas comunidades periféricas para regular las transacciones sociales (Pécaut, 2001). Si bien en ese entonces no se percibía en el uso de la violencia privada un factor de desestabiliza­ ción, se pensaba que a medida que el país se modernizaba estas prác­ ticas iban a diluirse, en el largo plazo serían cruciales en el desarrollo de instituciones de dominación social desde el narcotráfico. Durantela guerra reciente numerosas organizaciones especializadas en el uso de la coerción como mecanismo de regulación social tendrían sus orígenes en sociedades en las que previamente la violencia privada era una práctica de regulación cotidiana. En la zona esmeraldera, en los Llanos Orientales, en el norte del Valle del Cauca, en el sur de Córdoba y Urabá, en el Magdalena medio, entre otras tantas 153 El caso de las mafias esmeralderas antes del auge de la cocaína está suficientemente detallado en el texto Guerra verde, de Claver Téllez (1993).

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Gustavo Duncan

regiones, las relaciones sociales de sus comunidades pasaban por la organización de la violencia privada (Duncan, 2006). La base de la pacificación por las élites nacionales fue el clientelismo político. El estado central distribuía recursos para el desarrollo de la periferia, y a su vez la clase política seleccionaba los beneficiarios de estos recursos. Los beneficiarios a cambio votaban por los políticos profesionales que les aseguraban algún tipo de acceso a los recursos del estado. El control de los recursos públicos por el nivel central de gobierno les permitió a las élites nacionales moldear dentro de ciertos márgenes el comportamiento de las élites políticas regionales. Quien no acataba los lincamientos del centro dejaba de recibir unos recursos indispensables para ganar las votaciones y participar en el poder político. Dentro de estos lincamientos estaba la pacificación de la competencia política. Había ocurrido la transform ación del clientelismo de hacienda, fundado en el acceso a los beneficios y excedentes de la tierra, al clientelismo político, fundado en el acceso a los recursos del estado (Leal y Dávila, 1990; Archer, 1990). En el fondo todo era un reflejo de las profundas transform a­ ciones de Colombia durante el Frente Nacional. La modernización ocurrida durante este periodo había traído cambios sustanciales en la configuración de los grupos de poder en el país (Gouéset, 1998). La población había dejado de ser predominantemente rural, ahora casi un 70% vivía en las ciudades. La industria, el comercio y los servicios se convirtieron en la base de la economía, por lo que la producción de capital quedó en manos de las élites empresariales de las cuatro grandes ciudades donde se concentraban las principales fábricas y los mercados del país.154 El desempeño económico fue además sobresaliente, las tasas de crecimiento alcanzaron prom e­ dios por encima del 5% durante los gobiernos del final del Frente Nacional. La prosperidad también repercutió en el desarrollo social. La provisión de servicios básicos como educación, salud y acueducto pasó a ser una prioridad del estado. El país se había comprometido 154 Estas ciudades eran Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

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con el modelo de desarrollo del New Deal, fundado en institucio­ nes democráticas y circunscrito a la esfera de influencia de Estados Unidos en el contexto de la G uerra Fría. La disponibilidad de recursos y el proceso centralizado de desa­ rrollo consolidaron a Bogotá como el eje del poder político del país; nunca antes el estado central había contado con tantos recursos e infraestructura para imponerse en las regiones (Henderson, 2006; Gouéset, 1998). Históricamente el estado colombiano había tenido grandes problemas para prolongar su pode? en el territorio por la precariedad de recursos, la enorme extensión geográfica de la nación y las dificultades de comunicación. La única alternativa había sido delegar el poder en las élites económicas y notables de las regiones. El proceso de modernización durante el siglo X X finalmente había roto las bases institucionales del poder político tradicional al transformar la estructura económica y al propiciar nuevas relaciones de poder basadas en la mediación de políticos profesionales. Sin embargo, entre tantos asuntos que habían quedado irresueltos con el proyecto de pacificación del Frente Nacional, uno en particular tendría hon das repercusiones en la guerra de las drogas en Colombia. Si bien el estado había logrado extender su autoridad hacia los territorios previamente poblados, aún quedaba un volum en significativo de población que no encontraba un lugar definitivo de asentamiento. Dada la abundancia de nuevas tierras en las selvas y sabanas que todavía no habían sido explotadas, el proceso de colonización propi ciado por la violencia y la concentración de tierras en los territorios integrados era un asunto inacabado. Su principal consecuencia era que de manera recurrente aparecían nuevos territorios al margen dé­ la autoridad y las instituciones del estado.

Un

n u e v o

p r o c e so

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a p r o p ia c ió n

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t e r r it o r io

Una secuela de la violencia clásica fueron los procesos masivos de­ desplazamientos de campesinos. Era común el elespojo violento dela tierra pe>r parte de gamonales y baneloleros que usaban las luchas

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Gustavo H uman

políticas com o fachada para acumular propiedades (Reyes, 2009; Pizarro, 1991). Muchos de estos campesinos migraron hacia las selvas y llanuras del suroriente de Colombia en busca de un lugar de asentamiento. Se convirtieron en colonos que adecuaban zonas baldías a una agricultura de subsistencia y la integraban al territorio poblado del país. Para el estado central la colonización de territorios despoblados fue una salida para aliviar la presión de la población desplazada por la violencia. Tanto así que parte de las colonizaciones hacia los Llanos Orientales fueron promovidas por el propio estado. En sí mismo el proceso de colonización fue violento. En Medellíti del Ariari, por ejemplo, el estado debía dividir las comunidades de colonos de acuerdo con su filiación partidista para evitar que se mataran entre ellos (Londoño, 1989). En algunos casos los grupos de colonos se armaban para defenderse de las cuadrillas paramilitares de los gamonales. Crearon grupos de autodefensa que ejercían como autoridad en los nuevos territorios de asentamiento. El Partido Comu­ nista (PC) hizo trabajo político en estas comunidades con el propósito de convertir las autodefensas campesinas en la guerrilla del partido dentro de la estrategia de combinación de todas las formas de lucha (Pizarro, 1991). Uno de estos asentamientos campesinos, Marquetalia, se constituyó en la esencia del mito fundacional de las FARC. Se trataba de una comunidad campesina con su respectiva autodefensa que resistió la ofensiva militar de 1964 luego de que el senador Alvaro Gómez denunciara la existencia de repúblicas independientes al inte­ rior del territorio nacional. Los marquetalianos, luego de rom per el cerco militar, migraron hacia las selvas del suroriente. Llegaron juntos a decenas de miles de campesinos que habían huido de la violencia de mediados de siglo. Aunque a finales de los setenta esta población se había convertido en la base social de las FARC, en un principio se trataba de campesinos sin tierras afiliados a los partidos tradicionales. Las comunidades campesinas que protegían las FARC eran apenas un puñado de habitantes en comparación con la masa de colonos que buscaba un lugar de asentamiento definitivo. Pero la orientación política impartida por el PC propició la conformación de un tipo

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particular de relación entre el ejército guerrillero y su base social. I;.n vez de una guerrilla agrarista que se centrara en el derecho a la tierra y en la integración de la periferia al resto de la sociedad colombiana, que eran las principales preocupaciones de los colonos, surgió una guerrilla con objetivos maximalistas, interesada en la transformación comunista del estado y la sociedad. De hecho, en el momento de su fundación, las FARC formaban parte de la estrategia que tenía el partido en Bogotá para la toma del poder nacional. Una manifestación del predominio de los intereses políticos del *

PC sobre las preocupaciones estrictamente agraristas fue la confi­ guración de los mandos de la guerrilla. Si bien en un principio el liderazgo de las FARC estuvo repartido entre los cuadros del PC de las ciudades y los combatientes campesinos que lideraban los grupos de autodefensas, paulatinamente quienes venían del par tido se hicieron al control de la organización. A principios de los ochenta, cuando comienza la expansión de las FARC, ya era claro cjue la guerrilla funcionaba bajo la lógica soviética de la vanguardia revolucionaria. Esta lógica le inyectó una doctrina y una disciplina interna a la organización que evitaba la fragmentación de su fuerza militar. Si algo ha caracterizado a las FARC es la capacidad de con trolar sus unidades de guerra desplegadas a lo largo del territorio. Las acciones militares de sus partes han estado subordinadas a los objetivos políticos trazados por un mando central (Delgado, 2007). Pero al mismo tiempo las FARC tenían una tarea política mem >s ambiciosa: ¿cómo gobernar las áreas campesinas donde la guerrilla se había convertido en un estado de facto? Pretender la imposición de un modelo comunista allí era inviable mientras la guerra contra el es­ tado estuviera vigente. Los recursos que demandaba la construcción de un aparato burocrático que administrara la totalidad de la sociedad colona rebasaban sus posibilidades. La población local tampoco es taba dispuesta a aceptar un orden social bajo instituciones marxistas; no tenía sentido en un contexto en el que primaba la producción de subsistencia. La solución de las FARC fue pragmática. El gobierm > de las comunidades cotonas se ejecutaría por medio de una mezcla

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de las instituciones clientelistas tradicionales de la vida campesina con el autoritarismo y la disciplina de la organización guerrillera.155* La guerrilla funcionaría como un patrón capaz de proveer orden y protección. A cambio exigiría su reconocimiento como autoridad y recursos para organizar la guerra. Si bien estas regiones eran su­ mamente pobres, a medida que la población crecía y el territorio de colonización se ampliaba, la guerrilla disponía de más hombres y de espacios geográficos para afianzar su capacidad de resistencia. Los mandos medios de origen rural, por su conocimiento y pertenencia a las comunidades, eran propicios para la tarea de establecer lazos clientelistas como mecanismo de gobierno local. Por su parte, el estado tenía poco interés en crear las organizacio­ nes burocráticas que regularan esta parte del territorio. Los costos de regulación en una periferia remota eran enormes ante las restricciones presupuéstales del estado colombiano durante los sesenta y setenta. Los recursos estaban orientados más a la lucha contrainsurgente propia de la Guerra Fría que a la creación de instituciones estatales por fuera de los circuitos integrados al país moderno. La consecuen­ cia fue la disponibilidad para el mando de las FARC de un espacio geográfico desde donde organizar la toma del poder nacional. Dado que todavía estos territorios están por ser incluidos dentro de las instituciones del estado, las FARC han podido plantear una guerra prolongada por la toma del poder. Tanto así que en los análisis de esta guerrilla se recalca su sentido indefinido del tiempo (Rangel, 1998). Pero con la llegada del narcotráfico a Colombia, los planes militares trazados por Manuel Marulanda Vélez — el máximo comandante de la guerrilla— se vieron acelerados por la disponibilidad de recursos para escalar la guerra hacia las áreas integradas. Los mandos urba­ nos form ados por el PC contaban ahora con una población y un

155 Aguilera (2014) se enfoca en la normatividad de la guerrilla y encuentra que tanto las FARC como el 1ÍLN tienen normas rígidas estipuladas por los mandos en cuanto al trato a la población civil. Sin embargo, el autor encontró en el trabajo de campo que esas normas están sujetas a la realidad local y en muchas ocasiones terminan siendo extremadamente arbitrarias.

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territorio desde donde llevar a cabo un proyecto revolucionario. Y lo más importante: los cultivos de coca convirtieron a los colora >s de la más remota periferia en un sujeto valioso de dominación por el capital que producían y por la incapacidad del estado de regular estas sociedades al haber criminalizado su principal actividad económica. T

r e s

c a r t e l e s

De todas las mafias que surgieron con el auge de la cocaína en Colombia tres se consolidarían a principios de los ochentas como los ejes del control y de la organización del negocio: el cartel de Medellín, el cartel de Cali y los grupos de esmeralderos en los Llanos Orientales.156 En adelante la. historia del narcotráfico colombiano giró en torno a las disputas entre estas tres mafias y al interior de ellas. Aunque no se tratara de organizaciones homogéneas en su origen, su estructura, sus métodos y su evolución, las tres mafias tenían un elemento común: el establecimiento en algún momento de instituciones de regulación social por medio de la coerción privada. Indistintamente de las formas, alianzas políticas y bases de respaldo popular, el ejercicio de la violencia se extendió de la regulación del narcotráfico com o actividad puramente criminal, a la regulación de numerosas transacciones y espacios sociales. El cartel de Medellín tuvo sus orígenes en contrabandistas y criminales de oficio que a mediados de los setenta colaboraban y competían por abastecer la creciente demanda de cocaína en Esta dos Unidos. De las primeras guerras por el control del negocio se consolidaron una serie de narcotraficantes que conform aron lo que ;i principios de los ochenta se denominó como el cartel de Medellín.1’ 156 Muchas organizaciones surgirían en otras regiones de Colombia, pero serían subsidiarias de la capacidad de estas mafias de colocar la mercancía en el mercado internacional Incluso dependerían de la asistencia de estas mafias para ejercer dominio territorial. Al respecto Betancourt (1994) propone cinco focos de la mafia en Colombia, aunque en sus análisis incluye algunas mafias consideradas aquí como subsidiarias.157 157 Ver Baquero (2012) y Martin (2012).

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El cartel era liderado por Pablo Escobar, a quien la prensa nacional presentó como el “Robin Hood paisa” por sus generosas inversiones entre comunidades deprimidas.158 El surgimiento del cartel ocurrió durante un periodo particularmente difícil en la ciudad. El ideal antioqueño13'1 de una sociedad incluyente con alta movilidad social y con una economía capaz de absorber a la población dentro de una apuesta de progreso fundada en el desarrollo industrial estaba agotado (Franco, 2006). La consecuencia social más dramática fue que el aparato productivo tradicional se quedó corto para atender un rápido proceso de urbanización. Para los sectores excluidos del mercado laboral que demandaban las grandes empresas de las élites industriales y el resto de la economía formal existían dos alternativas: el clientelismo político y el sector informal. Desde mediados de siglo había surgido en la ciudad una clase política profesional que había despojado a los empresarios tradicionales del control del gobierno (Ocampo, 2006). Aunque no disponían de la riqueza de las élites empresariales, los políticos profesionales obtuvieron una enorme ventaja mediante los recursos del estado. G ran parte de las demandas sociales que surgían del proceso de urbanización de la población eran tramitadas por ellos (Martin, 2012). Para los excluidos de la economía form al y de las redes clientelistas de los políticos profesionales existía un sector inform al en constante crecimiento. Décadas atrás había surgido un mercado ambulante en la zona de Guayaquil (Ocampo, 2002; 158 Kn 1983, la revista Sanana, quizá el semanario más importante de Colombia, tituló en su portada y publicó un artículo sobre Pablo Escobar como “Un Robin Hood paisa”. 159Medellín es la capital de Antioquia, una región colombiana donde la forma de explotación minera durante la Colonia y posteriormente el cultivo minifundista de café propiciaron la aparición de unas relaciones sociales distintas a las del resto de Colombia. La estructura asociativa de hacienda con sus patrones jerarquizados no tuvieron lugar (Guillén, 1996). Existía por el contrario cierta movilidad social, monetización de las relaciones clientelistas y un mercado interno. Estas condiciones a su vez crearon una imagen idealizada de unas élites comprometidas con los valores de la modernización capitalista en el contexto de una relación armónica entre obreros y patrones (Gribe de Hincapié, 2001).

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Hincapié y Correa 2005). Este mercado informal fue reforzado por un creciente auge de las ventas de contrabando de cigarrillos, licores, electrodomésticos y toda una serie de artículos de consumo masivt >. Los contrabandistas que siempre fueron una parte del paisaje social antioqueño adquirieron un papel más relevante al atender una de manda en expansión y ofrecer trabajo a muchos que no contaban con oportunidades en los mercados formales. A mediados de los setenta la explosión del consumo de cocaína en Estados Unidos les permitió a las organizaciones contrabandistas dar un salto en la escala de sus actividades. D*el abastecimiento del mercado local de cigarrillos y licores extranjeros pasaron a controlar el abastecimiento de un mercado mundial de varios billones de dólares. Los contrabandistas y las bandas de delincuentes pasaron de ser per sonajes oscuros a ser el centro de la celebración social. Eran aceptados incluso entre las clases medias y altas que gustaban de relacionarse con unos nuevos ricos dispuestos a gastar sin control en una fiesta para cautivar a sus invitados, en regalos para seducir amantes y en la compra de empresas quebradas para ser aceptados por la élite social. Los mercados informales y las ventas de contrabando florecieron con la abundancia de dólares y de mercancía que era utilizada para blanquear capitales. El comercio al detal, por ser un sector intensivo en empleo poco calificado, fue un alivio para gran parte de la pobla ción de bajos recursos que había quedado marginada del mercado laboral durante la crisis de finales de los setenta. Para los sectores populares la bonanza del comercio y de la construcción significó la oportunidad de participar por primera vez en el mercado de masas. Al ser la provisión del mercado parte importante de las deman das de regulación social, quien controlaba las rentas de la droga tenía la oportunidad de influir sobre las relaciones de poder. El narcotráfico como actividad criminal generaba directamente toda una serie de empleos y subempleos, la mayoría de ellos compuestos por actividades legales que dependían del patrón narcotraficante. Las redes de parentesco, amistad, solidaridad, pertenencia a algu na comunidad o cualquier otra form a de intercambio clientelista

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usualmente condicionaba el acceso a estos oficios. A cambio del trabajo había que reconocer la relación de poder que se derivaba de la oportunidad laboral. Indirectamente el narcotráfico también influyó en las relaciones de poder porque la clase política, los empresarios del lavado y demás actores sociales que acumulaban capital alrededor de las drogas utilizaba el respaldo de la población que dependía mate­ rialmente de ellos para reclamarle protección al negocio. Una parte significativa de la clientela de la clase política y de los empresarios del contrabando del centro de la ciudad se volvió dependiente de las rentas de la droga sin apenas saber de dónde venía su puesto de trabajo o simplemente su paga por votar por determinado candidato. En el caso del cartel de Medellín las oportunidades para los delincuentes no solo estaban en el acceso a una fuente inagotable de capital. La guerra de Pablo Escobar contra el estado, como se verá más adelante, les permitió a muchos criminales violentos adquirir un poder en la ciudad impensable en condiciones normales. Quienes tenían ventajas en el ejercicio de la violencia, principalmente aquellos jóvenes que pertenecían a las subculturas criminales de los barrios pobres de la ciudad, podían hacer parte del aparato de guerra de un narcotraficante que había decidido desafiar a las élites tradicionales no solo de Medellín sino de Bogotá, es decir las élites del estado central. En contraste, la trayectoria del cartel de Cali fue diametralmente opuesta a la del cartel de Medellín. Mientras Escobar planteaba una resistencia abierta a las élites por sus pretensiones de reivindicación social, la jefatura del cartel de Cali optó por evitar que sus aspira­ ciones sociales no condujeran a rupturas. Los hermanos Rodríguez Orejuela se centraron en usar a las élites de Cali para resolver los problemas básicos de protección del negocio. En otras palabras, las relaciones se plantearon en torno a cómo evitar el encarcelamiento, la captura o el abatimiento de sus miembros y la expropiación de su riqueza, en vez de ser aceptados socialmente (Rempel, 2 0 12 ; Chepesiuk, 2005). Como consecuencia, las élites de Cali encontraron en estos narcotraficantes unos socios ideales para acceder a nuevos capitales y para evitar que criminales de sectores marginales utilizaran

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la capacidad económica y organizativa del narcotráfico como una herramienta de insubordinación social. Las transformaciones sociales que ocurrieron como resultado de la inyección de nuevos capitales pudieron ser asimiladas por las élites tradicionales sin que pusieran en riesgo su posición en las jerarquías de la sociedad. Aun así, la falta de un desafío a las élites dominantes no quie­ re decir que el cartel de Cali no hubiera utilizado el crimen para ejercer como autoridad, o al menos para intervenir en decisiones sobre muchas transacciones y espacios sociales no directamente involucrados con la pura actividad narcotraficante. Una revisión de la sección judicial del periódico ¡ i l Tiempo de 1982 y 1983 muestra que en Medellín los homicidios desde motocicletas, típico de los sicarios, estaban disparados. Mientras tanto en Cali las noticias sobre homicidios apuntaban más por el latió de la limpieza social. Lxistía un control de la criminalidad desde las mismas autoridades policivas que organizaban matanzas de delincuentes que afectaban la seguridad pública (Atehortúa, 1998). Los hermanos Rodríguez Orejuela y de­ más líderes del cartel de Cali financiaban a estas mismas autoridades para mantener el control de la criminalidad de la ciudad. Lo nece­ sitaban entre otras razones porque su control sobre el narcotráfico exigía que cualquier potencial disidencia en el mundo criminal fuera contrarrestada. Por esta razón las subculturas delincuenciales que existían en los barrios marginales de la ciudad no encontraron en esa época una organización criminal sofisticada que proyectara su potencial de producir violencia hacia prácticas delincuenciales más rentables y complejas que el atraco callejero, el vandalismo o como máximo el control de formas precarias de criminalidad. La autoridad del cartel de Cali en la ciudad también se reflejaba en su influencia sobre decisiones económicas y políticas. Participaban directamente en muchas de las juntas directivas de empresas impor­ tantes, sobre todo en el sector de la construcción, el comercio y los servicios. Tenían capacidad de veto sobre la elección de los mandata­ rios locales. La radio era prácticamente manejada por ellos. Incluso se adueñaron del equipo de fútbol América de Cali, que era un medio de

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aglutinación de sentimientos y de identidades muy fuertes. Toda esta influencia social se hizo evidente en entrevistas con sectores cercanos de la élite caleña, quienes admitieron que antes de que Escobar fuera abatido y la persecución de las autoridades se centrara sobre el cartel de Cali existían reuniones ocasionales entre élites legales e ilegales para tratar los asuntos importantes de la ciudad. Esta postura de colaboración con las élites fue producto principalmente de la visión, la estrategia y el deseo de reciclamiento social de Gilberto Rodríguez Orejuela. Es posible especular que si Escobar hubiera sido caleño igual hubiera utilizado los barrios marginales con sus delincuentes para plantear una resistencia a los sectores dominantes. El carácter rebelde del crimen también está sujeto al factor humano. Pero la trayectoria elitista del cartel de Cali en la ciudad tenía un paralelo más violento en una parte de la organización que funcionaba en un entorno social muy distinto. Se trataba de los operarios, sicarios y trabajadores rasos provenientes de los pueblos de la zona norte del departamento del Valle del Cauca que bajo el mando de capos locales soportaban gran parte de las actividades criminales del cartel. Estos pueblos eran culturalmente parte de la migración antioqueña.160 Y a diferencia de una ciudad como Cali, las élites locales no tenían córner competir con la avalancha de dólares que trajo el narcotráfi­ co. Las jerarquías sociales y económicas fueron transformadas en sus cimientos. Un nuevo orden social surgió con la consiguiente aparición de nuevas relaciones de dominación (Betancourt, 1998). Cualquier criminal podía alzarse con la regulación de la sociedad si con las ganancias del negocio controlaba las bandas de asesinos a sueldo que abundaban en la región. Tanto sería el control de los narcotraficantes en los municipios del norte del Valle del Cauca, que en una entrevista la ex alcaldesa de El D ovio y familiar de Iván 160 1.a migración antioqueña consistió en un proceso demográfico de poblamiento de los valles y montañas alrededor del río Cauca hacia el sur de Medellín. listos campesinos fueron importantes además porque se dedicaron al cultivo del café en minifundios formando el primer gran mercado interno que dio origen a la industrialización de Antioquia. I lasta mediados del siglo XX Antioquia tendría la delantera en cuanto a producción industrial. Ver Brew (1997) y López Toro (1970).

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Urdinola dijo: “Iván Urdinola, procesado por narcotráfico, mientras pudo no dejó sembrar coca en el cañón, porque sabía que si lo per­ mitía, El D ovio se dañaba”.161 Ni más ni menos tenía la autoridad suficiente para imponer el tipo de actividad narcotraficante que se podía realizar en la región. El menor grado de urbanización y de acumulación de capital produjo un efecto similar en los Llanos Orientales. El orden so cial era muy vulnerable a las transformaciones introducidas por el narcotráfico. La diferencia era que cuando el narcotráfico llegó a la región ya existían organizaciones criminales con capacidad de reclamar funciones de regulación social. Las mafias esmeralderas de Boyacá y Cundinamarca llevaban varias décadas controlando con sus ejércitos privados los municipios productores de esmeraldas. Varios bandidos sociales como Efraín González y Humberto “el G anso” Ariza habían sido reclutados por los jefes mafiosos de las esmeraldas para mantener el orden en las zonas de explotación minera.162 De las zonas mineras se habían extendido hacia el sur, a las tierras bajas de los Llanos Orientales, donde grandes propiedades de tierras llanas estaban disponibles y donde la autoridad del estado era poco menos que precaria. Contaban con los aparatos coercitivos necesarios para defender la apropiación de estas tierras. A finales de los años setenta se instalaron laboratorios para el procesamiento de cocaína en las áreas selváticas que rodeaban la re­ gión de los latifundios de los esmeralderos. El aislamiento era la me­ jor protección contra la persecución de las autoridades. Tranquilandia y Villa Coca fueron solo dos casos documentados de estos enormes complejos capaces de producir varias toneladas mensuales de cocaína con pistas propias y barracas para alojar cientos de trabajadores. 161 Ver en /:/ Rspectador el artículo “Travesía por el norte del Valle del Cauca (111). ‘I.a maldita droga acabó con la familia’”, publicado el 28 de enero de 2013. Disponible en: http://\vw\v.elespectador.com/noticias/nacional/maldita-droga-acabo-familia articulo-400964. 162 Para la historia del poder social y armado de los esmeralderos después del auge de la cocaína, ver Cribe Alarcón (1992) y Claver Téllez (1993).

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La zona no era controlada por las mafias esmeralderas sino por las FARC. Sin embargo, las mafias esmeralderas eran importantes en el control de las tierras que circundaban las zonas bajo el control de las guerrillas. Ellos eran los encargados de proteger los corredores de movilidad donde circulaban todos los insumos necesarios para la fabricación de drogas. Varios mañosos de las esmeraldas, como Gilberto Molina y G onzalo Rodríguez Gacha, hicieron el tránsito hacia la cocaína y se convirtieron en jugadores importantes en el narcotráfico. El paso era apenas natural por la disponibilidad de aparatos coercitivos para proteger una industria ilegal y por la loca­ lización estratégica de la región. Si bien el narcotráfico no alteró el orden social en los muni­ cipios esmeralderos de la cordillera oriental, allí los mañosos de siempre continuaron dominando la sociedad, mientras en los Llanos Orientales el orden social experimentó transformaciones sustantivas. El capital de las drogas dinamizó una economía local basada en la ganadería y en la producción agraria extensiva. Los nuevos flujos de capitales alentaron un proceso de urbanización y tercerización de la economía. La población de San José del Guaviare, por ejemplo, pasó de ser un poblado de dos mil habitantes a un municipio de más de veinte mil habitantes con un dinámico mercado de camperos, electrodomésticos, discotecas y prostitutas que atendía la bonanza de la hoja de coca. Los colonos habían conocido por primera vez el mercado de masas y como resultado las jerarquías sociales pasaban ahora por la capacidad de adquirir bienes en este mercado. A mediados de los años ochenta las alianzas con la guerrilla para el cuidado de los laboratorios y de los nuevos cultivos de coca llegaron a su fin por desencuentros con los narcotraficantes de los Llanos. Se ha especulado mucho acerca de los motivos precisos de la ruptura: si fue por un robo de ganado o de un cargamento de drogas. Pero lo cierto es que la ruptura era inevitable por la confluencia de dos fuerzas con muy distintas pretensiones de dominación y de imposición de un orden social. Los enfrentamientos con la guerrilla obligaron a las mafias esmeralderas a organizar ejércitos más grandes

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y sofisticados para contener las aspiraciones de expansión territorial desde las zonas de laboratorios y de cultivos. Se habían creado así las bases para la expansión en los Llanos de una serie de ejércitos privados bajo el mando de criminales que, además de controlar rutas, laboratorios de cocaína y cultivos de coca, se convertían en el estado local. Rodríguez Gacha “el Mexicano”, V íctor Carranza y la familia Buitrago estuvieron entre estos jefes mañosos que enfrentaron a la guerrilla durante la década de los años ochenta (Dudley, 2008). La presencia de un enemigo común le facilitó a una clase criminal la realización de alianzas con otros sectores de élite. Los líderes polí­ ticos de la región y la fuerza pública rápidamente unieron esfuerzos con el narcotráfico para enfrentar a la guerrilla y a sectores civiles que eran cercanos a la guerrilla com o los miembros del partido Unión Patriótica (UP), que surgió durante la tregua pactada con el gobierno de Belisario Betancur en 1984. Hernando Durán Dussán, ex guerrillero liberal de la violencia de mediados del siglo X X y fu tu re> precandidato a la presidencia, fue uno de estos caciques electorales de los que existe documentación y testimonios sobre sus nexos con mañosos y generales del Ejército para enfrentar a la guerrilla y a la competencia electoral de izquierda (Prada, 2008). Los empresarios locales también encontraron en los narcotraficantes una oportunidad de acceder a nuevos capitales para desarrollar la agroindustria, la ganadería y todo el sector terciario en los crecientes centros poblados de la región. Las necesidades de las élites legales de acceder a los recursos del narcotráfico y a la protección de ejércitos privados contra la guerrilla legitimaron la oportunidad de dominación social desde el crimen, de la misma manera que lo hicieron la Policía y el Ejército como principales instituciones del estado central en la región, quienes apreciaban tanto sus esfuerzos en la lucha contra la insurgencia comí > los sobornos por no entrometerse en la producción de cocaína. De estos tres carteles surgieron distintos aparatos coercitivos y organizaciones criminales cuando se expandieron a lo largo del país para surtir los mercados internacionales de cocaína. Llegaron a lugares tan diversos como La Guajira, que disponía de valiosas rutas

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de contrabando en el extremo nororiental de Colombia, o a Tumaco i y el Putumayo en el extremo suroccidental, que ofrecían sitios de embarque y de siembra. Fue así como la difusión a nuevos territorios se tradujo en transformaciones sociales y políticas. El capital del nar­ cotráfico llevó mercados a lugares donde las economías a duras penas estaban superando la producción de subsistencia. Muchas élites de la periferia, propietarias de enormes fortunas regionales, vieron cómo su capital quedaba rezagado. Los cambios en las relaciones económicas repercutieron a su vez en las relaciones de poder y en las jerarquías establecidas. El ejercicio de la política dentro de las instituciones democráticas sería redefinido por la capacidad de los narcotraficantes de alterar los resultados electorales por medio de la financiación de las campañas (López, 2010). No solo estaban en juego los equilibrios de poder entre los políticos profesionales de la periferia, sino que los equilibrios de poder entre el centro y la periferia también fueron redefinidos. Y así como la política dentro de los canales institucionales del estado era alterada por el narcotráfico, las relaciones de poder y las instituciones de dominación en lo local fueron alteradas como consecuencia de la proliferación de organizaciones coercitivas. En zonas periféricas era apenas normal que los ejércitos privados de los narcotraficantes, por el solo peso de su capacidad coercitiva y su riqueza, impusieran la ley y vigilaran a la población. Pero los efectos del narcotráfico en las instituciones de regu­ lación social y en el poder político en Colombia seguirían diversas trayectorias que estarían fundadas no solo en las condiciones estruc­ turales de las distintas sociedades sino también en las actuaciones particulares de los agentes legales e ilegales. A principios de los ochenta Pablo Escobar daría form a a las relaciones entre el estado y los criminales al declararle la guerra al estado colombiano.

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A principios de los ochenta era claro que Pablo Escobar ambicionaba mucho más que la pura riqueza. A pesar de estar dedicado de lleno

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al crimen buscaba convertirse en un personaje público. La apuesta inicial para llenar sus aspiraciones de reconocimiento fue la carrera política. Escobar utilizó su dinero para ganarse el respaldo de los sectores populares a partir del más puro clientelismo. Construyó canchas de fútbol, repartió mercados, abrió sitios de atención donde la gente venía en busca de ayuda material e incluso construyó un barrio para los habitantes de Moravia, quienes hasta ese entonces vivían literalmente sobre un cerro de basuras. Las inversiones entre la población local se materializaron en el corto plazo con su elección a la Cámara de Representantes, lo cual tendría importantes repercusiones jurídicas porque entonces gozaba de inmunidad parlamentaria. En el largo plazo las inversiones fueron aún más beneficiosas cuando Escobar llegó a ser una figura carismática en las barriadas populares de la ciudad. Estos vecindarios se convirtieron en su principal fuente de respaldo popular en la guerra contra el estado. Mientras el estado no podía confiar en sus habitantes, Escobar encontraba información confiable, lugares de refugio y jóvenes dispuestos a hacer parte de su ejército. La mayoría de la clase política no tuvo problemas en aceptar las contribuciones de Escobar. Hasta antes del debate de los dineros calientes a finales de agosto de 1983 no existía un rechazo apreciable al tema de la financiación de la política por narcotraficantes. De todas maneras las cosas no cambiaron después. El escándalo público no sería suficiente para persuadir a la clase política de aceptar contri buciones. Se había instaurado una nueva form a de hacer campaña en la que era difícil competir en cualquier tipo de elección si no se contaba con recursos de la droga. Las clientelas exigían ahora mucho más en el intercambio de votos por favores y prebendas. 1 úi contraprestación, la clase política tenía que garantizar que las deci siones institucionales no afectaran en lo posible el flujo de recursos del narcotráfico hacía sus clientelas. También comenzaron a surgir nuevos millonarios, quienes se convirtieron en un grupo de peso en la economía local no solo por los recursos que controlaban sino por la cantidad de empleo sin calificación que demandaban en sectores

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com o la construcción y el comercio. A l financiar estos sectores, el narcotráfico había creado unas bases sólidas entre la población. Si se necesitaba organizar una movilización en contra de la Policía, incum plir cotidianamente la ley, respaldar votaciones para elegir políticos que influyeran en decisiones favorables al narcotráfico, o si simplemente se necesitaba demostrar ante el resto de la sociedad la importancia social de los mercados informales, había ahora un volum en importante de población dispuesta para la tarea. En un principio la resistencia a la irrupción de Escobar en el escenario nacional fue más bien pobre. El grueso de actores de poder se ajustó a las transformaciones sociales del narcotráfico y asimiló la estructura de poder a los nuevos intereses. El único gru­ po social reacio a las aspiraciones de poder y ascenso social de los narco traficantes con capacidad real de interponerse fue un sector de la sociedad civil y de las élites sociales. Una parte de la prensa, la clase política, los notables, los representantes de los gremios y en general de la gente con influencia social rechazó de entrada cualquier pretensión de legitimidad de los narcotraficantes. Los motivos del rechazo eran en parte morales (a veces moralistas) y en parte el resultado de prejuicios sociales contra individuos de origen popular. El diario E l Espectador fue implacable con Escobar. Del mismo modo el Nuevo Liberalismo — partido político form ado por Luis Carlos Galán— fue una fuerza política que basó su plataforma ideológica en el combate frontal a la relación entre narcotráfico y política. La reacción de estos sectores llevó a Escobar a liderar una organización que se autodenominó como “los Extraditables”. El punto central de disputa era el tratado de extradición con Estados Unidos que bajo las nuevas directrices de la guerra contra las drogas se convertía en una amenaza real para los narcotraficantes. La respuesta de Escobar fue implacable. Para abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el inicio de la guerra contra el estado, Escobar ya disponía de un poder más complejo que el del simple soborno y la amenaza. El representaba el liderazgo de una serie de organizaciones que, además de traficar

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drogas, se habían convertido en actores dominantes en la ciudad. Cualquier ataque a los intereses de estas organizaciones implicaba una reacción de otros sectores sociales, tanto dominadores como dominados, que veían afectados sus intereses. Ahora existía una clase política que necesitaba los recursos del narcotráfico para competir por los puestos públicos; unas clientelas que demandaban nuevos servicios y recursos para ofrecer su respaldo en las elecciones; unos sectores de la economía que dependían de los flujos de capital de las drogas para mantenerse en el mercado y, sobre todo, un conjunto de comunidades en Medelh'n que encontraron directamente en Escobar un mecanismo de inclusión material y simbólica. Las decisiones de poder que Escobar como un actor A pretendía imponer al estado como un actor B, básicamente la inmunidad a un negocio ilegal y su reconocimiento político, pasaban ahora por las consideraciones que el estado tenía que hacer para no afectar el soporte social de Escobar. Si las autoridades policivas pretendían re­ primir los centros de lavado de los narcotraficantes, se iba a tropezar con la resistencia de los políticos, los empresarios, los trabajadores y quienes vivían del empleo que generaban estas empresas. Y si las autoridades judiciales pretendían encarcelar a los políticos que recibían financiación del narcotráfico, se iban a encontrar con la pérdida de soporte electoral de sus clientelas. Un caso di cíente de los efectos del rechazo del narcotráfico sobre la definición del poder político fue la elección presidencial de 1982. De acuerdo con distintas fuentes y testimonios, las campañas de los dos principales candidatos, Betancur y López, recibieron aportes del cartel de Medelh'n.163 Pero 163 Lil ex tesorero regional de la campaña presidencial de Betancur era Diego Londoño White, una persona muy cercana a Escobar. La amante de Escobar, Virginia Vallejo, su biógrafo Alonso Salazar y su sicario “Popeye” han recalcado las relaciones con Alfonso López Michelscn. En el artículo de El Tiempo “Alonso Salazar habla sobre el mito de Pablo Escobar”, publicado el 7 de julio de 2012, Salazar sostiene: “está el tema de la financiación de la campaña de Alfonso López y las informaciones de que Gustavo Gaviria financiaba la campaña de Belisario Betancur”. Ver también en YouTube “Entrevista de Francisco Santos al ex jefe narco ‘Popeye’ en RCN La Radio” (min. 19:24): “El hombre que siempre protegió al cartel de Medcllín, que nunca lo he dicho y solo lo voy a decir en esta entrevista, es el ex presidente

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en la parte final de la contienda la campaña de López por alguna razón declinó de las contribuciones del narcotráfico. El resultado fue que los caciques liberales de la región Caribe no se movilizaron con suficiente vigor para inclinar las votaciones a favor de López.164 La guerra contra el estado no estuvo exenta de intentos de ne­ gociación. Las reuniones en Panamá entre el ex presidente López, el procurador Jiménez G óm ez y “los Extraditables” no dieron re­ sultado por la presión de los medios. Después de que E l Espectador publicara en primera página una feroz crítica a las negociaciones, el presidente Betancur desconoció el aval que les había dado a López y ajim énez. El resultado fue la agudización de la guerra. Magnicidios de cualquier funcionario o personalidad que amenazara con perseguir a los narcotraficantes, atentados terroristas, secuestros de miembros de las élites bogotanas y el asesinato indiscriminado de policías constituyeron el repertorio militar de Escobar. El estado, pobremente preparado para afrontar el desafío terrorista, planteó su respuesta con base en el tratado de extradición con Estados Unidos y el fortalecimiento lento pero constante de su aparato policivo. El sentido de la guerra era un pulso de fuerza entre criminales por obtener inmunidad y legitimación de su ascenso social, y el estado por mantener a raya sus aspiraciones. La salida del pulso de fuerzas dependía en gran medida del respaldo y del ánimo de confrontación Alfonso López Michelsen, siempre le enviaba las razones con Alberto Santofimio”. Disponible en: http://www.youíube.com/\vatch?v=cpbr\yy8ubsQ. 164 Ver en revista Semana el artículo “Vuelven los 80”, publicado el 29 de julio de 2006: “Las preguntas sin respuesta sobre la infiltración mafiosa en la política de estos años comienzan con la elección presidencial de 1982 entre Belisario Betancur y Alfonso López. Hasta ahora se había hablado de un encuentro entre Escobar, acompañado de sus principales aliados, y la cúpula de la campaña de López, encabezada por Ernesto Samper, en el Hotel Intercontinental de Medellín. Allí se coronó un aporte ' en forma de compra de unas boletas para una rifa organizada por la campaña en Antioquia. También hubo mucho ruido en el sentido de que la campaña victoriosa, la de Betancur, había recibido ‘dineros calientes’. Vallejo afirma que dentro del clan de mañosos del cartel de Medellín había conservadores como Rodríguez Gacha, que querían ayudar a su candidato”. Por su parte, en Los jinetes de la cocaína, Labio ( Astillo (1987) menciona que Belisario Betancur recibió personalmente $110 millones en una finca en Melgar enviados por la cúpula del cartel de Medellín.

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de la población civil. Por un lado, los ataques terroristas minaban el respaldo popular a una posición dura del gobierno. El propósito de Escobar con el terrorismo era doblegar la voluntad de la sociedad para llevar al gobierno a pactar unas condiciones favorables para su sometimiento a la justicia. Por otro lado, Escobar iba a extender su base de respaldo po­ pular mediante la organización de un ejército de jóvenes sicarios. Si antes la articulación de los intereses de Escobar con amplios sectores sociales se fundaba en la provisión de necesidades materiales, aho­ ra la guerra iba a profundizar la organización de grupos armados en los barrios populares de Medellín como medio de provisión de seguridad y orden local. La dominación social en ciertas comuni­ dades se organizaba no desde la fuerza del estado sino de bandas y pandillas que asumían las funciones de autoridad.165 En los barrios populares y en los vecindarios recién formados por invasiones en las laderas había emergido una subcultura delincuencial desde antes del narcotráfico. Quien quisiera alcanzar estatus, respeto y poder, debía pertenecer a alguna pandilla o banda que además de cometer diversos delitos imponía su autoridad territorial (Martin, 2012; Angarita et al., 2008). Estos jóvenes delincuentes se convirtieron en el ejército de Escobar contra el estado. Pasaron de ser simples asesinos a sueldo de las disputas intestinas de los narcotraficantes a ser el músculo de la guerra contra el estado. Un entrevistado, quien form ó parte del ejército de bandidos de Escobar, lo resumió así: “Nosotros nos íbamos a morir robando un banco. Pablo nos dio la oportunidad de morir declarándole la guerra al estado”. La estrategia de Escobar cuando necesitó escalar la guerra fue convertir a estos delincuentes en los proveedores de las necesidades materiales de sus comunidades como mecanismo de legitimación de su poder. Eran en la práctica una reproducción local de su carácter de 1651.a provisión de orden y seguridad era en realidad un fenómeno anterior a los narcotraficantes. La presencia de pandillas, de hecho, generaba corno reacción la conformación dentro de los mismos barrios de grupos de vigilantes para defenderse de la criminalidad (Martín, 2012; Angarita et al., 2008).

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Robin Hood. Él repartía recursos del narcotráfico entre los bandidos que trabajaban a su lado y ellos redistribuían estos recursos en sus comunidades. Además de la reserva de jóvenes dispuestos a morir en una guerra liderada por criminales, la ventaja de la dominación de estas comunidades era que se convertían en territorios vedados para el estado. Si alguien cruzaba las fronteras de un barrio domi­ nado por las bandas y los combos de Escobar, y era sospechoso de ser policía, inmediatamente era ejecutado sin que mediara pregunta alguna. Más de quinientos policías murieron cuando Escobar dio la orden de pagar una recompensa de varios miles de dólares por cada agente asesinado. En declaraciones recientes, “D on Berna”, uno de los líderes de la agrupación de narcotraficantes que se enfrentó a Escobar conocida como “los Pepes”, confesó que en un principio a duras penas podían entrar a Medellín porque Escobar tenía cinco mil bandidos que le eran leales en las comunas (Don Berna, 2014). Cuando Escobar optó por la guerra total contra el estado la clase política que había recibido sus sobornos quedó en medio de un fuego cruzado. Una cosa era la indulgencia con la corrupción polí­ tica tradicional, pero otra cosa era recibir recursos y proteger desde el estado a unos delincuentes que mataban indiscriminadamente y que tenían com o objetivo la destrucción de las instituciones. Las élites nacionales tampoco iban a perdonar que estuvieran aliados con quienes secuestraban a sus familiares. Las circunstancias eran muy distintas en comparación a cuando recién comenzaban a recibir recursos de los narcotraficantes. Persuadir a un oficial de la Policía de aceptar sobornos del cartel o influenciar a un miembro del gobierno nacional para que nombrara un funcionario corrupto en la oficina de impuestos era una tarea sencilla si no existía un control decidido por parte del estado y la sociedad. Con la guerra, las instituciones del estado, la prensa y la sociedad civil se volvieron vigilantes. La razón tras el asesinato y las amenazas de varios políticos que habían tenido vínculos con Escobar fue que en el nuevo escenario no podían cum­ plir con los pactos establecidos. El caso de Federico Estrada Vélez, un importante político de Antioquia, es diciente. Pese a aparecer en fotos

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en 19 8 2 166 — cuando era senador de la República— con Gustavo Gaviria, primo y principal socio de Escobar, en 1990 fue asesinado por su negativa a mediar ante el gobierno nacional (Bahamón, 1991). Inicialmente Escobar pudo someter al estado en sus preten­ siones fundamentales. Los atentados terroristas crearon un clima de opinión favorable a la negociación que, sumado al secuestro de familiares de las élites bogotanas,167 condujeron al gobierno de G a­ viria a ofrecer una salida jurídica a “los Extraditables”. Los términos de la negociación de paz con los narcotraficantes se sellaron en la Constitución de 1991 con la abolición de la extradición (Lemaitre, 2011). Las demás concesiones jurídicas de la política de sometimiento a la justicia — como las condiciones y la duración de la reclusión, el tipo de delaciones necesarias'para ser acogidos en un proceso de sometimiento y la posibilidad de legalización de su riqueza-— solo eran creíbles para Escobar si existía una prohibición constitucional de la extradición; a los pocos días de firmada la nueva Constitución, se entregó a la justicia para ser recluido en La Catedral. En realidad era una cárcel construida por Escobar mismo, vigilada por policías que estaban en su nómina y sin mayores controles. El cartel continuó funcionando como siempre, los narcotraficantes en la ciudad tenían que pagar su respectiva cuota y las organizaciones de sicarios en las barriadas reconocían su autoridad. Sin embargo, varios acontecimientos iban a conducir a rupturas en su organización. Si durante la década anterior los narcotraficantes estaban agradecidos por la lucha contra la extradición, en el momento de ingresar a La Catedral ya había descontento entre muchos de ellos por los costos y los sacrificios de la guerra. ¿Qué sentido había en 166 Ver en revista Semana el artículo “til lío de las fotos”, publicado el 15 de noviembre de 1993. 167 Un asunto poco analizado por académicos y periodistas es el peso relativo del terrorismo y del secuestro de familiares de la élite naci de ceder en el tema de la extradición. Los testimonios, e incluso la serie televisiva til patrón del mal, que -trata sobre Escobar, hablan abiertamente de la expedición \ la aprobación del Decreto 3030 de 1990 como condición de Escobar para liberar a Francisco Santos, entre otros secuestrados.

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ser multimillonario en dólares, en algunos casos billonario, si no se podía vivir en paz? Los narcotraficantes comenzaban a extrañar los viejos tiempos en que bastaba con pagar sobornos para disfrutar de su dinero. Los extremos de brutalidad a los que había llegado el enfrentamiento hicieron que cualquier funcionario del estado o miembro de las fuerzas de seguridad fuera reacio a proteger al cartel de Medellín. Mientras tanto, el cartel de Cali, enemigo acérrimo de Escobar, podía comprar a la clase política con la misma facilidad con que compraban víveres en el supermercado (Rempel, 2012). Y no solo los narcotraficantes se resentían de los costos y sacrificios de la guerra: la ciudad también vivía aterrorizada. La poca base social que permanecía leal a Escobar era la población de las barriadas. Las retaliaciones violentas e indiscriminadas de la Policía contra los jóvenes de estos lugares no habían hecho más que ahondar su natural desconfianza contra el estado. Muy pronto, tras el arribo a La Catedral, el resquebrajamiento del respaldo social a Escobar se iba a materializar en una tensión entre el ala militar del cartel, compuesta por los bandidos de los barrios populares, y el ala empresarial, compuesta por traficantes multimillonarios. Cualquier chispa estaba presta para hacer estallar un conflicto interno. La chispa llegaría con el robo de veinte millones de dólares a los hermanos Moneada por uno de los sicarios de Escobar. En ese punto a Escobar le tocó elegir entre los bandidos — quienes eran los que hacían la guerra— y los narcotraficantes — quienes eran los que financiaban la guerra. Sabía que cualquier decisión que tomara iba a ser su final. Luego de asesinar a Moneada y a Galeano, el ala empresarial del cartel entró en disidencia. Bajo el liderazgo de Fidel Castaño, y en alianza con el cartel de Cali, crearon “los Pepes” (perseguidos por Pablo Escobar). Escobar nunca volvería a disponer del soporte económico del resto de narcotraficantes de la ciudad. Era cuestión de tiempo para que lo eliminaran luego de su fuga de la cárcel de La Catedral. En realidad el final de Escobar vino de mucho antes, cuando agotó las posibilidades de mediación con el resto de actores de poder.

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Su ambición por doblegar al estado y por obtener un reconocimientt > social fuera de toda proporción tensó los equilibrios de fuerza hasta un punto en que la mayoría de los actores de poder se convirtieron en enemigos. No fue una respuesta en general contra el narcotráfico, sino en particular contra Escobar. Pese a la resistencia desde el inicio de algunos sectores, la mayor parte de los actores con poder en la sociedad colombiana no tuvieron mayores desencuentros con los narcotraficantes. Además de beneficiarse de sus flujos de capital, no querían asumir los costos y los riesgos asociados con su represión. 1 .a unión de diversos sectores de poder contra Escobar no fue motivada estrictamente por asuntos morales. Los motivos también estuvieron por el lado de la amenaza que significaba Escobar contra sectores que aunque no tenían reparos morales a pactar tácita y explícitamente con narcotraficantes, tampoco estaban dispuestos a ceder sus márgenes de poder. Escobar no fue abatido por E l Espectador ni por el N uevo 1 áberalismo, sino por los mismos políticos, policías y demás autoridades que antes hacían poco contra el narcotráfico, cuando comprendieron que si no exterminaban a su enemigo su propio poder estaba en juego. La principal prueba de que no se trataba de una guerra contra el narcotráfico sino contra Escobar fueron las numerosas alianzas que se realizaron con narcotraficantes y paramilitares para abatirlo.1''11 Algunos de estos mismos narcotraficantes y paramilitares asumie­ ron la dominación de las comunidades en las que antes Escobar proveía protección, orden y sustento material. Los paramilitares de los hermanos Castaño, que no eran nada distinto a una disidencia en el cartel de Medellín, además de quedarse con lo que antes era de Escobar, comenzaron un proceso de expansión territorial a lo largo del país bajo la lógica de absorción de los pequeños ejércitos168 168 En sus entrevistas con agentes de la CIA, a Bowden (2001) no le queda ninguna duda de estos pactos. Y en documentos desclasificados de Estados Unidos queda claro que las alianzas involucraron las agencias de seguridad de ese país: “contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda, tue apoyado por ese país ‘para localizar el narcotraficanie fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño’”. Ver en revista Semana el artículo “Pacto con el diablo”, publicado el 16 de febrero 2008.

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privados y las mafias locales dentro de ejércitos de señores de la guerra (Duncan, 2006). L O S P A R A M IL IT A R E S

A principios de los ochenta, distintas agrupaciones subversivas ha­ bían comenzado un proceso de expansión territorial desde selvas y poblados remotos hasta municipios y ciudades intermedias. Los prin­ cipales perjudicados de la ola expansiva de la guerrilla de la periferia al centro no fueron las éli'tes nacionales. Salvo algunos secuestros, la capacidad militar de la insurgencia para amenazar la propiedad y la integridad física de las élites del centro era muy limitada. Quienes en realidad sufrieron el grueso de la carga de la expansión guerrillera fueron las élites de las regiones. De la noche a la mañana su capital se desvalorizó por la amenaza de expropiación y su vida cotidiana zozobró ante los continuos secuestros y extorsiones. La respuesta inicial vino en form a de la organización de escuadrones de la muerte y de milicias por las fuerzas de seguridad del estado y por las élites regionales; (Romero, 2003). Esta primera fase del paramilitarismo se trataba de grupos de guardaespaldas, sicarios y miembros del ejército y de la policía que de manera emcubierta asesinaban a civiles sospechosos de hacer parte de la guerrilla o de simpatizar con ella. En el contexto de la Guerra Fría las fuerzas de seguridad del estado comenzaron a organizar milicias campesinais para vigilar los movimientos de la insurgencia y de sus colaboradores en el terreno. De hecho, hasta entrados los ochenta era legal qiue el Ejército armara a civiles para defenderse de las gue­ rrillas.169 Y no solo las fuerzas de seguridad, los grandes terratenientes y los caciq|ues regionales apoyaron las iniciativas irregulares contra la insurgetncia, sino que muchos campesinos pobres term inaron del lado d.el establecimiento por los constantes abusos. Era una práctica com ún que la insurgencia le reclamara al campesinado el 1691.a normiativa que amparaba la entrega de armas a civiles por las fuerzas militares era el Decrelto 3398 de 1965. 271

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reclutamiento de un hijo para la causa y la producción de alimentos para la subsistencia de la tropa. Si no colaboraban eran ejecutados, expropiados 0 desplazados, de modo que armarse era tan solo una reacción natural para sobrevivir. En cierto momento, las organizaciones paramilitares rebasaron su papel instrumental. Mientras que su propósito inicial era la de­ fensa de la propiedad del capital, la escalada de la guerra permitió en el largo plazo a los especialistas en coerción utilizar la violen­ cia para producir capital y poder. Quienes tomaron las armas para enfrentarse a la guerrilla fueron campesinos pobres y medios. Así las élites económicas pagaran la cuenta de la guerra, el oficio de la violencia les permitió a estos campesinos controlar en la práctica el ejercicio de la coerción. G onzalo Pérez y su hijo Henry, así como otros paramilitares del Magdalena Medio, com o Ramón Isaza, a lo sumo alcanzaban a pertenecer a las clases medias de la zona. Pérez era enferm ero de un hospital, e Isaza un pequeño ganadero (Sánchez Jr., 2003). La guerra contra las FARC en la región fue un mecanismo de ascenso social impresionante para ellos. Al liderar la iniciativa paramilitar contra las FARC desplazaron a las instituciones del estado y asumieron funciones de autoridad local. El control de los medios coercitivos les había permitido superar su posición de simples subordinados en el orden social. Casi inmediatamente otra circunstancia contribuiría a la concen­ tración de poder en manos de quienes hacían la guerra: las drogas se convirtieron en la principal fuente de capital de las zonas rurales y por consiguiente los narcotraficantes se convirtieron en la principal víctima de las guerrillas. Pablo Escobar y los hermanos Ochoa fun­ daron en Medellín el MAS (Muerte a Secuestradores) en retaliación al secuestro de sus familiares por el M -19. Luego de ubicar, secuestrar y torturar a los miembros de la red del M -19 en Medellín, Escobar y el cartel de Medellín lograron, además de rescatarlos, establecer una serie de acuerdos con la guerrilla (Salazar, 2001). Los puntos básicos de estos acuerdos estaban sustentados en que no secuestraran a los narcotraficantes ni a sus familiares y en que renunciaran a competir

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por el control de la ciudad, y a cambio el M -19 recibiría pagos re­ currentes y podría usar la ciudad como lugar de refugio. El caso del M AS no fue el único ni el más significativo en el desarrollo posterior del paramilitarismo; de hecho si a algo condujo fue a una alianza entre guerrillas y narcotraficantes. Por su parte, en numerosas zonas rurales los narcotraficantes crearon grupos paramilitares con mayor capacidad de combate y control territorial. Contaban con recursos de sobra para enfrentar a la guerrilla. A diferencia de Escobar, su ubicación en la geografía del estado no les permitía establecer alianzas con las guerrillas. Sus intereses estaban localizados en municipios intermedios, pequeños poblados y áreas rurales que, en contraste con una ciudad como Medellín, constituían un objetivo factible para las guerrillas e incluso necesario dentro de sus planes inmediatos de expansión territorial. Las luchas por la dominación del orden local entre los paramilitares de los narcotraficantes y las guerrillas serían entonces a muerte. La difusión del narcotráfico hacia las áreas periféricas facilitó el proceso de transformación de los paramilitares de ejércitos privados creados para proteger el capital, a ejércitos privados que producían capital. Si la producción de poder era parte central de la economía de la droga, el ejercicio de la coerción privada era un mecanismo ideal para producir poder y para controlar el negocio. En el largo plazo, quienes hacían la guerra en el terreno se encontraron con que tenían los medios para imponer sus condiciones a quienes se dedicaban exclusivamente a la producción y el transporte de drogas. En el narcotráfico el poder de los medios coercitivos progresivamente se imponía sobre el puro poder de los medios económicos. Quien solo fabricaba y transportaba drogas en las áreas periféricas del país, donde ocurría la guerra contra la insurgencia, estaba sujeto al control de los distintos grupos armados. Organizar ejércitos privados y regular sociedades en un territorio dado se convirtió en un requisito para controlar el narcotráfico. Grandes narcotraficantes como Rodríguez Gacha, “el Mexicano”, quienes tenían intereses en áreas rurales, se vieron obligados a hacer la guerra para defenderse de las guerrillas (Medina Gallego, 1990).

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Sucedieron casos como el de Fidel Castaño, un hacendado antioqueño, quien conform ó junto a sus hermanos su propio ejército para­ militar para vengar el secuestro y asesinato de su padre. La historia de los Castaño en realidad comienza a mediados de los setenta, cuando Fidel se involucró en negocios de drogas y en otras actividades crimi­ nales. Con los recursos acumulados regresó a Amalfi, su tierra natal en Antioquia, donde se convirtió en el magnate del pueblo. En ese entonces la guerrilla se expandía por medio del control territorial de áreas periféricas como Amalfi. Para financiarse, la guerrilla ape­ laba al secuestro de terratenientes, comerciantes, políticos y demás personas pudientes del área, entre los que se contaban por supuesto los narcotraficantes y sus familiares. El padre de Fidel Castaño fue una de esas víctimas. Después de pagar varias veces el rescate, los hermanos Castaño se enteraron de que su padre había muerto en cautiverio. La respuesta fue una cruel venganza contra todo aquel que se sospechara tuviera algo que ver con la guerrilla en la región. Los Castaño pasaron así de ser un grupo de criminales del cartel de Medellín a un ejército paramilitar. El propósito en un principio era la venganza contra la guerrilla, pero muy pronto las revanchas personales fueron rebasadas por el afán de dominación territorial para aprovechar corredores naturales para el tráfico de drogas. Fidel Castaño adquirió la hacienda Las Tangas en Córdoba, a cientos de kilómetros de su tierra natal en Amalfi, y comenzó a expandir su control desde la margen izquierda del río Sinú hacia la región del Urabá (Cívico, 2010). La expulsión de la guerrilla de la zona, junto a su imposición como autoridad de facto, se vio recompensada con el control de las pistas de salida de droga hacia el Caribe. Su caso demostraría que el dominio de la sociedad en un territorio dado garantizaba el uso seguro de ese territorio para la producción y el tráfico de drogas, así como un lugar de refugio para los narcotrafi­ cantes. Quien regulaba la sociedad regulaba el negocio. En la década siguiente se intensificaron las alianzas entre narcotraficantes y paramilitares. Com o los hermanos Castaño, surgieron grupos paramilitares en muchas otras zonas de Colombia donde los

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narcotraficantes compraron tierras (Reyes, 2009). Muchos de ellos, al proveer seguridad y bienestar material, se convirtieron en “patrones” de la comunidad. Al margen del terror, eran un referente para sus paisanos — en particular para aquellos con menores oportunidades— de que existía una alternativa para tener éxito social sin poseer mayor capital económico ni social. También era una demostración de que desde las propias comunidades se podía competir con el poder de las élites tradicionales. Sin perder las costumbres y los valores propios de alguien del lugar, era posible alcanzar suficiente poder y riqueza para interactuar con autoridad frente al estado y a las élites tradicionales. La creciente amenaza de la guerrilla evitó que los potenciales desencuentros entre los paramilitares, las élites locales y las fuer­ zas de seguridad del estado llevaran a un enfrentamiento. El uso del paramilitarismo com o un medio para controlar las rentas del narcotráfico fue desestimado por su papel en la contención de las guerrillas, que entonces eran la principal amenaza para el estable­ cimiento económico y político. Era la Guerra Fría, por lo que la presión de las agencias internacionales de derechos humanos y de las propias instituciones estatales en contra de las relaciones entre autoridades, élites legales y paramilitares, era mucho menor que lo que sería décadas más tarde.17(1 Otra razón de peso del centro para tolerar la expansión del paramilitarismo en la periferia era la conve­ niencia de delegar los costos de la contención de la guerrilla en los ejércitos paramilitares. De otro modo, el centro hubiera tenido que hacer uso de sus propios recursos para primero someter a los para­ militares y luego derrotar a las guerrillas. Fue así como numerosos militares, policías, políticos y terratenientes terminaron aliados con los grupos paramilitares del narcotráfico. Los motivos de la alianza no se reducían a la neutralización de un enemigo común, sino que también incluían transacciones económicas y políticas para repartirse elecciones, rentas y gobiernos locales. 170También es cierto que en su momento surgieron voces de protesta en el propio establecimiento, como fueron el periódico Hl I ispectador, la Procuraduría de Horacio Serpa y los políticos del Nuevo liberalismo encabezados por Taris Ciarlos Galán.

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Para las élites y la población de la periferia la proliferación de grupos paramilitares sujetos al control de narcotraficantes significaba una profunda transformación del orden social. Las relaciones econó­ micas, las jerarquías sociales y la imposición de las normas cotidianas habían sido alteradas. El capital del narcotráfico y la coerción de los paramilitares era demasiado para las instituciones existentes en las sociedades periféricas. Los terratenientes y empresarios agrícolas podían continuar con sus negocios en la zona pero ya no eran la única élite económica. Del mismo modo, la clase política tenía que negociar con los narcotraficantes la financiación de las campañas y con los paramilitares una suerte de permiso para hacer proselitismo. Habían surgido así unas nuevas instituciones de regulación social que la población en su conjuntó debía obedecer si no deseaba ex­ perimentar retaliaciones de quienes vigilaban su vida cotidiana. La población debía tener mucho cuidado para no quedar en medio del fuego cruzado por ser considerado como soporte social del enemigo. Las masacres, las desapariciones y los asesinatos selectivos se habían convertido en parte central de la estrategia de guerra de guerrillas y paramilitares (González y otros, 2003; Uribe Alarcón, 2004). El nuevo orden social impuesto en las regiones colombianas no necesariamente implicaba un rechazo de las élites tradicionales. La defensa contra la guerrilla era un servicio invaluable cuando estaba en juego su propia supervivencia. Asimismo, los recursos del narco­ tráfico — de manera indirecta y a veces sin mayores riesgos— eran una oportunidad de negocios en un momento en el que las econo­ mías regionales se rezagaban ante el crecimiento de los servicios y la industria en las grandes ciudades. Tanto el grueso de las élites económicas como políticas, así como la población en general, se acomodaron a las nuevas circunstancias y de ese modo legitimaron las nuevas instituciones de dominación. El efecto más contundente en la política sería que desde regiones periféricas se aglutinarían los votos para representar los nuevos intereses creados por la irrup­ ción del narcotráfico y el paramilitarismo. Estos intereses giraban, como se anotó en la primera parte, en torno a la preservación de

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las trainsformaciones del orden social y a las posiciones de poder alcanzadas por la clase política de la periferia y los líderes de los ejércitos paramilitares. La trayectoria política que tomaría el paramilitarismo en los ochenta estuvo además marcada por el anticomunismo de la Guerra Fría. Las jefaturas en Bogotá de ambos partidos, liberal y conservador, se peleaban por los votos de las regiones que controlaban los paramilitafes. Estaban dispuestos a conceder suficiente autonomía para que llevaran a cabo la guerra contra la insurgencia y aseguraran su dominación en la periferia a cambio de votos. Las alianzas con el cen­ tro también involucraron los organismos de seguridad del estado que tenían que enfrentarse a la insurgencia marxista.171 En el nivel local, las propias fuerzas militares jugaron un papel activo en la formación de los primeros grupos paramilitares, y ya en la segunda mitad de los ochenta las alianzas con los organismos de seguridad llegaron hasta la organización de una guerra sucia a escala nacional. Los hermanos Castaáo, “el Mexicano” y otros líderes paramilitares participaron en operaciones clandestinas junto a miembros del Ejército, la Policía y el DAS para cometer numerosos magnicidios de candidatos de izquier­ da. Mis de mil miembros de un partido político, la unión Patriótica (UP), :ueron asesinados por los paramilitares (Campos, 2014). Lt UP había surgido com o el partido político de las PARC en el conteito de los diálogos de paz con el presidente Belisario Betancur en 19f6. El problema era que al tiempo que la guerrilla amedrentaba a la clse política tradicional, secuestraba a empresarios y terratenien­ tes délas regiones y combatía a la fuerza pública, su brazo político participaba en las elecciones. Más grave era que muchos de los líderes del PC, la UP y de la izquierda en movimientos legales, respaldaban el seciestro y la lucha armada. En ese escenario, las retaliaciones contri civiles de izquierda involucraron acciones de diversa natura­ leza, c?sde el magnicidio de líderes políticos hasta las vendettas en el marccde la competencia electoral en pequeños municipios. En las 171 Sc'te las alianzas entre criminalidad, paramilitarismo y clase política, ver Gutiérrez Saín (2007) y López (2007 y 2010).

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regiones se volvió una práctica común que los paramilitares — en alianza con la clase política tradicional— aniquilara la competencia política de izquierda para evitar que la insurgencia eventualmente tuviera influencia sobre el gobierno municipal.172 Los esfuerzos de la sociedad civil, las agencias de los derechos humanos y algunos funcionarios del estado central no fueron sufi­ cientes para atenuar la violencia política. Todavía era la Guerra Fría y muchos sectores de poder eran tolerantes con las retaliaciones violentas contra la izquierda. Lo irónico era que al mismo tiempo que algunos narcotraficantes se enfrentaban con el estado establecían alianzas con las autoridades en la guerra sucia contra la izquierda. Fidel Castaño, por ejemplo, se reunía con Escobar para planear atentados en Bogotá y Medellfn mientras mantenía contactos con el Ejército, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para aniquilar políticos, dirigentes y activistas. Su hermano Carlos incluso confesó su participación directa en el asesinato de Carlos Pizarro, el principal líder de la recién desmovilizada guerrilla del M -19.173 Incluso más paradójica fue la participación del DAS, un organismo que estaba enfrentado a muerte con Escobar, en el asesinato de Luis Carlos Galán, quien era el peor enemigo de Escobar entre la clase política del centro del país. La alianza entre narcotra­ ficantes y autoridades estatales para matar a Galán fue posible por los contactos que tenían los paramilitares del Magdalena Medio con el DAS en la guerra sucia contra la guerrilla.174 No obstante su expansión a lo largo de la década de los ochenta, el fenómeno paramilitar en Colombia entró en declive a principios de los noventa. En el contexto de la guerra contra Escobar, el estado 172 lin el caso de Urabá, estos asesinatos de miembros de la UP han sido documentados por Suárez (2007) y Agudelo (2005). 173 \ 'ere!libro Mi confesión, de Carlos Castaño (2001). 174 Los mismos paramilitares han relacionado al DAS con el crimen de Galán. Ver en revista Semana el artículo “Krnesto Báez relaciona al DAS con el asesinato de Luis Carlos ( jalan”, publicado el 4 de junio de 2004. Disponible en: http://w\vw.semana. com/nacion/ justicia/articulo/ernesto-baez-relaciona-das-asesinato-luis-carlos galan/103794-3.

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com enzó a reprim ir los grupos relacionados con el narcotráfico, sobre todo a los paramilitares del Magdalena Medio que estaban subordinados al control de Rodríguez Gacha, “el Mexicano”, uno de los principales socios de Escobar. La presión llevó a que luego de la muerte de “el Mexicano” las autodefensas del Magdalena Medio cam­ biaran de bando y se unieran al estado en la cacería contra Escobar (Sánchez Jr., 2003). Sin embargo, el declive se debió principalmente a que si bien los paramilitares comenzaron a adquirir autonomía, los medios de que disponían no les permitían controlar los grandes negocios de la droga en el país. Erran grupos relativamente pequeños capaces de controlar áreas rurales con mano de hierro, incluso a las operaciones de tráfico de drogas que tenían lugar allí, pero estaban dispersos y no existía ningún mando superior que coordinara sus acciones. Su poder era limitado si se comparaba con el cartel de Medellín o el cartel de Cali. En ese entonces las grandes operaciones de narcotráfico eran controladas por carteles urbanos. Tan vulnerables eran los paramilitares frente al poder de los carteles de las ciudades, que Escobar no tuvo problemas para vengar la traición de Henry Pérez en Puerto Boyacá, el pueblo donde estaba ubicado el grueso de su tropa. Luego del asesinato de Pérez, los grupos paramilitares del Magdalena Medio entraron en una fase de degradación en la que se enfrentaban entre sí por cualquier botín, fuera drogas, extorsión o cualquier renta criminal que estuviera disponible (Sánchez Jr., 2003). Los grupos paramilitares que sobrevivieron lo hicieron por­ que estaban subordinados al control de otro tipo de actores, como autoridades públicas, terratenientes, ganaderos y los propios narcotraficantes, que imponían límites y disciplina a sus actuaciones. Su función volvió a ser principalmente antisubversiva. L O S E F E C T O S D E L A D E S C E N T R A L IZ A C IÓ N E N L A S R E L A C IO N E S D E P O D E R E N T R E P O L ÍT IC O S Y N A R C O T R A F IC A N T E S

A principios de los noventa el estado central no estaba en juego. Nunca estuvo en riesgo de colapsar como titulaba la prensa por las

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escabrosas noticias que sucedían en el país. El problema era grave pero era de otra naturaleza. Por un lado, la guerra contra Escobar había creado un ambiente de inseguridad y temor en pleno centro de las instituciones nacionales. Las bombas explotaban en los mejores barrios de las grandes ciudades o al lado de las oficinas del gobierno central. Las élites de Bogotá por primera vez eran asesinadas y se­ cuestradas. Escobar había llevado hasta donde ellos una guerra que históricamente les había sido distante en sus efectos más dolorosos. Pero nunca fue una guerra en que estuviera en juego el papel de las élites como grupo social que controlaba las instituciones del estado central, mucho menos estaba en juego la existencia de las institu­ ciones. Más temprano que tarde, tal como sucedió, Escobar iba a ser neutralizado lanzando un mensaje al resto de bandidos de que si decidían sublevarse al estado y a las élites, su final estaba asegurado. Los siguientes capos de la droga captaron el mensaje y optaron por transar clandestinamente los límites de su poder con la clase política y las autoridades. Por otro lado, las falencias históricas del estado para ofrecer pro­ tección y orden en la periferia se hicieron evidentes por la expansión de la guerrilla y por la manera como los narcotraficantes y sus apara­ tos coercitivos asumían el poder regional. Aunque las zonas donde el conflicto con las guerrillas era más intenso, estas no constituían espacios estratégicos para la supervivencia del estado — salvo donde había explotaciones petroleras, la riqueza y la población existente era poca— , la violencia le exigía al estado cumplir sus obligaciones en los márgenes del territorio. De no hacerlo corría el riesgo de que la guerra insurgente se extendiera hacia áreas cercanas al centro, donde estaban localizadas tanto las élites como el grueso de la población y los grandes mercados del país. En las circunstancias previas a la expansión de la insurgencia, y al influjo de los capitales de la droga, el estado no tenía mayor necesidad de invertir mayores recursos para llevar sus instituciones hacia la periferia. La apuesta de las élites políticas en Bogotá era por un proceso pausado de construcción de estado y de inclusión de los territorios periféricos por medio

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de inversiones públicas de la mano de la clase política regional. Se trataba de una estrategia de desarrollo típica de las democracias del tercer mundo que fue trastocada violentamente por las aspiraciones de dominación social de diversos grupos armados con una capacidad de financiación inaudita. Entonces el estado se vio obligado a planear no solo cómo hacer crecer la economía e incluir a la población en las instituciones del capitalismo, sino en hacer una guerra para evitar que otras instituciones regularan los espacios periféricos y marginales de la sociedad. La crisis de aquellos años se agudizó además por las demandas por descentralización del estado. La pacificación del país luego de la violencia clásica se basó en las restricciones a la competencia electoral y, en cierto sentido, a la participación política. Como las gobernacio­ nes, las alcaldías y los consiguientes cargos públicos eran asignados a miembros de los partidos tradicionales, otros partidos — como la izquierda radical y las disidencias de derecha— no tenían opciones de ocupar cargos del gobierno local a menos que fuera en coalición con los liberales y conservadores.175 Estos sectores, junto a los políticos profesionales de las regiones, resentían que desde la presidencia se nombrara a gobernadores y alcaldes. Había una enorm e presión para que el estado se descentralizara, lo que implicaba elecciones populares de gobernadores y alcaldes y la delegación en los gobiernos locales de un porcentaje superior del gasto público. La coyuntura para estas transformaciones era favorable. Las agencias de desarrollo internacionales como el Banco Mundial y el FMI apoyaban la idea de la descentralización como mecanismo de desarrollo. Asimismo, dentro de la agenda de negociación de guerrillas como el M -19 y el EPL — que se desmovilizaron a principios de los noventa— estaba una ampliación de la democracia local como parte de sus demandas políticas.176 175 El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) es un buen ejemplo ele cómo sectores disidentes negociaban su representación política con los partidos tradicionales. 176 Incluso hoy el M-19 rememora la Constitución de 1991 como una de las máximas conquistas políticas del pueblo colombiano.

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En ese contexto se procedió a la elaboración de la nueva Consti­ tución de 19 9 1, en la que se ahondó el proceso de descentralización del estado que ya había comenzado a finales de los ochenta.177 La ampliación de la competencia democrática en el nivel subnacional fue una oportunidad de poder para paramilitares y narcotraficantes (Sánchez y Chacón, 2005). Las razones fueron similares a lo sucedido en México con la democratización, aunque en mucha menor pro­ porción, pues el colombiano no era un régimen autoritario. Quienes controlaban las instituciones del estado en lo local no disponían dé­ los medios suficientes para contrarrestar las aspiraciones de poder de quienes controlaban el narcotráfico. Fue así como la apertura dé­ la competencia electoral en lo local, y la disponibilidad de nuevas rentas públicas, facilitaron la intervención de narcotraficantes y pa­ ramilitares en el proceso electoral. El resultado sería una profunda transformación en la estructura del poder. Para comprender estas transformaciones serían importantes tres aspectos: en primer lugar, los recursos de la droga alteraron la dinámica de la competencia electoral en el nivel subnacional. Numerosos políticos profesionales de segunda línea que nunca hubieran soñado con competir con los barones electorales se encontraron con recursos más que suficientes para desafiarlos. En municipios y ciudades intermedias el clientelism< > con los recursos del estado no era competencia frente a un clientelismo basado en la financiación del narcotráfico. Y no solo estaba la plata del narcotráfico, sino que la ampliación de las transferencias del centro a las regiones incrementó las oportunidades de captura de recursos públicos sin necesidad de los grandes mediadores de la política. En entornos tan competitivos con candidatos fácilmente cooptables y vulnerables a las amenazas no fue difícil para narcotra ficantes y paramilitares competir por el control de las instituciones del estado en lo local (Duncan, 2006). 177 La elección popular de gobernadores y alcaldes fue introducida un poco antes de la Constitución de 1991, en 1988. Id principal cambio en ese sentido de la Constitución de 1991 tuvo que ver con las competencias de los mandatarios locales y el monto de los recursos públicos que quedaron bajo su control directo.

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En segundo lugar, el control sobre las instituciones del estado y su suplantación por otro tipo de instituciones basadas en el ejercicio de la coerción privada respondía a la nueva economía política de las regiones. Las nuevas instituciones permitían que los flujos de capital de las drogas alimentaran las economías locales, de modo que la inclusión en los mercados globales por comunidades periféricas estuviera garantizada. Hasta principios de los ochenta el desarrollo basado en el proteccionismo y la sustitución de importaciones le había permitido a las regiones abastecer el mercado nacional de bienes agrícolas. Su integración en la economía nacional dependía de su especialización en determinados productos. Con la apertura de los mercados mundiales y el crecimiento de las ciudades, muchas regiones fueron quedando rezagadas en el contexto de la economía nacional. No podían competir con las importaciones agrícolas de países en los que los subsidios o el costo de la mano de obra re­ bajaban los precios finales de la mercancía a niveles de pérdidas. Tampoco tenían cómo producir mayores excedentes para responder a la diversificación del consumo que tenía lugar desde mediados de los setenta. Los flujos de capital de las drogas se convirtieron en una alternativa para resolver su aislamiento de los mercados globales. En tercer lugar, el poder acumulado en lo local desde la coerción y el capital de las drogas, así como la aparición de una economía política muy específica en las regiones, redefinieron las relaciones políticas entre el centro y la periferia. La clase política de la periferia disponía ahora de medios propios, tanto legales como ilegales, para reclamarle al poder político central una redefinición de los equilibrios de poder y la consideración de sus intereses básicos, en particular de los intereses que surgían de la inclusión de las regiones periféricas en los mercados globales y de las transformaciones en el orden social que esta inclusión implicaba. En consecuencia, cuando políticos de provincia recibían el dinero y el apoyo armado de los narcotraficantes, y el gobierno nacional recibía el respaldo de estos políticos en el Congreso, estaba ocurriendo una transacción más compleja que el simple intercambio de sobornos y prebendas. Aunque en apariencias

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los políticos del centro y de la periferia no tuvieran en mente nada distinto a beneficiarse de una transacción ilegal, en sus actos estaba implícito el establecimiento de unos límites sobre la influencia territo­ rial de dos tipos de instituciones muy distintas. Al aceptar el respaldo de una clase política comprometida con mañosos y paramilitares, el gobierno nacional delegaba el control de las instituciones de la periferia a los intereses económicos y políticos que habían surgido desde el narcotráfico. El soborno era para el caso un mecanismo de las instituciones formales de la democracia que definía los límites del poder de las instituciones del narcotráfico y de sus aparatos armados en la periferia de Colombia. Los nuevos equilibrios entre el centro y la periferia derivados de la descentralización política y del creciente poder del narcotráfico se reflejaron en recurrentes escándalos. A raíz de la guerra de Escobar contra el estado la prensa fue crítica de cualquier vínculo de la clase política con el cartel de Medellín. Sin embargo, los apremios de la guerra dejaron pasar por alto toda la serie de alianzas que se estable­ cían con otros carteles. El de Cali fue desde entonces tejiendo una minuciosa red de corrupción en la clase política de ambos partidos. En 1994, cuando pensaban que con la muerte de Pablo Escobar, su peor enemigo, la situación no podía ser mejor para ellos, estalló el escándalo por la financiación de la campaña del presidente Ernesto Samper. Si bien Sam per pudo mantenerse en el cargo a pesar de las pruebas existentes, las redes de corrupción del cartel de Cali queda­ ron expuestas y muchos de los políticos cercanos acabaron tras las rejas o desprestigiados. El debilitamiento del cartel fue progresivo al punto de que antes de que Samper dejara la presidencia en 1998, sus principales líderes estaban muertos o encarcelados y el cartel del norte del Valle había tomado el control del narcotráfico en Cali y la región. El “Proceso 8 0 0 0 ”, com o se le conoció al escándalo de los dineros del cartel de Cali en la campaña de Samper, no fue el único. Una década más tarde vendría un escándalo aun peor: la parapolítica. Alrededor de cien congresistas serían procesados judicialmente por

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vínculos con los paramilitares. Pero la reiteración de estos escán­ dalos era en el fondo un síntoma de un problema que cada cierto tiempo provocaban las relaciones entre narcotráfico y clase política en Colombia. Dado que el respaldo en capital y coerción de los narcotraficantes generaba unas ventajas enormes en la competencia electoral, particularmente en lo regional, los sectores de la clase polí­ tica que no recibían este apoyo eventualmente quedaban marginados de los cargos públicos. Además, en un momento dado, los propios narcotraficantes terminaban por concentrar demasiado poder de modo que desplazaban a los políticos que recibían su respaldo. La respuesta de la clase política era entonces desmontar aquella orga­ nización que pretendía reducir sus márgenes de poder. Sin importar que previamente hubieran recibido respaldo de esta organización, hacían uso de las instituciones del estado, es decir de las autoridades y de la justicia, para desmantelarla. Sucedió con Escobar cuando pretendió ocupar directamente cargos públicos, con el cartel de Cali cuando dejó por fuera a Andrés Pastrana de la presidencia al financiar al Partido Liberal y, una década después, con los paramilitares al pretender subordinar a la clase política de las regiones. La respuesta en todos los casos fue la misma: el estado mediante negociaciones o guerras, terminó por desmantelar el poder de las organizaciones narcotraficantes. En el caso concreto del cartel de Cali, las circunstancias que rodearon su final fueron de la mano de un desplazamiento del poder de las organizaciones narcotraficantes hacia municipios intermedios y áreas rurales. A mediados de los noventa la recuperación del estado en grandes ciudades com o Medellín y Cali se debió a la presión por desmontar los espacios de regulación social impuestos por los narcotraficantes en escenarios donde no estaban dadas las condi­ ciones para que sus instituciones renunciaran a ejercer su autoridad. En una década, el estado ya había fortalecido sus instituciones, al menos las represivas, para reducir las aspiraciones de control social de las organizaciones de sicarios de Escobar. Era cuestión de tiempo para que el estado ganara terreno. Sin embargo, en los municipios

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los políticos del centro y de la periferia no tuvieran en mente nada distinto a beneficiarse de una transacción ilegal, en sus actos estaba implícito el establecimiento de unos límites sobre la influencia territo-j rial de dos tipos de instituciones muy distintas. A l aceptar el respalde) de una clase política comprometida con mañosos y paramilitares, el gobierno nacional delegaba el control de las instituciones de la periferia a los intereses económicos y políticos que habían surgido desde el narcotráfico. El soborno era para el caso un mecanismo de las instituciones formales de la democracia que definía los límites del poder de las instituciones del narcotráfico y de sus aparatos armados en la periferia de Colombia. Los nuevos equilibrios entre el centro y la periferia derivados de la descentralización política y del creciente poder del narcotráfico se reflejaron en recurrentes escándalos. A raíz de la guerra de Escobar contra el estado la prensa fue crítica de cualquier vínculo de la clase política con el cartel de Medellín. Sin embargo, los apremios de la guerra dejaron pasar por alto toda la serie de alianzas que se estable1' cían con otros carteles. El de Cali fue desde entonces tejiendo una minuciosa red de corrupción en la clase política de ambos partidos. En 1994, cuando pensaban que con la muerte de Pablo Escobar, su peor enemigo, la situación no podía ser mejor para ellos, estalló el escándalo por la financiación de la campaña del presidente Ernesto Samper. Si bien Samper pudo mantenerse en el cargo a pesar de las pruebas existentes, las redes de corrupción del cartel de Cali queda­ ron expuestas y muchos de los políticos cercanos acabaron tras las rejas o desprestigiados. El debilitamiento del cartel fue progresivo al punto de que antes de que Samper dejara la presidencia en 1998, sus principales líderes estaban muertos o encarcelados y el cartel del norte del Valle había tomado el control del narcotráfico en Cali y la región. El “Proceso 8 0 00 ”, como se le conoció al escándalo de los dineros del cartel de Cali en la campaña de Samper, no fue el única >. Una década más tarde vendría un escándalo aun peor: la parapolítica. Alrededor de cien congresistas serían procesados judicialmente por

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vínculos con los paramilitares. Pero la reiteración de estos escán­ dalos era en el fondo un síntoma de un problema que cada cierto tiempo provocaban las relaciones entre narcotráfico y clase política en Colombia. Dado que el respaldo en capital y coerción de los narcotraficantes generaba unas ventajas enormes en la competencia electoral, particularmente en lo regional, los sectores de la clase polí­ tica que no recibían este apoyo eventualmente quedaban marginados de los cargos públicos. Además, en un momento dado, los propios narcotraficantes terminaban por concentrar demasiado poder de modo que desplazaban a los políticos que recibían su respaldo. La respuesta de la clase política era entonces desmontar aquella orga­ nización que pretendía reducir sus márgenes de poder. Sin importar que previamente hubieran recibido respaldo de esta organización, hacían uso de las instituciones del estado, es decir de las autoridades y de la justicia, para desmantelarla. Sucedió con Escobar cuando pretendió ocupar directamente cargos públicos, con el cartel de Cali cuando dejó por fúera a Andrés Pastrana de la presidencia al financiar al Partido Liberal y, una década después, con los paramilitares al pretender subordinar a la clase política de las regiones. La respuesta en todos los casos fue la misma: el estado mediante negociaciones o guerras, terminó por desmantelar el poder de las organizaciones narcotraficantes. En el caso concreto del cartel de Cali, las circunstancias que rodearon su final fueron de la mano de un desplazamiento del poder de las organizaciones narcotraficantes hacia municipios intermedios y áreas rurales. A mediados de los noventa la recuperación del estado en grandes ciudades com o Medellín y Cali se debió a la presión por desm ontar los espacios de regulación social impuestos por los narcotraficantes en escenarios donde no estaban dadas las condi­ ciones para que sus instituciones renunciaran a ejercer su autoridad. En una década, el estado ya había fortalecido sus instituciones, al menos las represivas, para reducir las aspiraciones de control social de las organizaciones de sicarios de Escobar. Era cuestión de tiempo para que el estado ganara terreno. Sin embargo, en los municipios

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UNALECTURACLAVEPARA ENTENDERLOSALCANCESDEL PODERDELNARCOTRÁFICO

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“Esta aproximación a las implicaciones políticas de la guerra contra el narcotráfi­ co sugiere una historia más compleja que no jueiciu )EL1ÍN ! la de una simple disputa del estado contra violentas organizaciones criminales con alta capacidad de corrupción. Es en reali­ dad la historia, por un lado, de cómo sec­ tores subordinados en la sociedad aprove­ chan la disponibilidad de coerción y capital para organizar un proceso de acumulación de poder y riqueza y, por otro lado, de cómo alrededor de este proceso las sociedades periféricas son de manera espontánea y sin ningún plan preconcebido incluidas dentro de la economía y la política nacional. Es también la histo­ ria de cómo el estado es forzado a compartir, y en ocasiones dele­ gar, el ejercicio de la coerción para satisfacer demandas sociales. Y recurrentemente es la historia de los desencuentros entre el estado y las organizaciones criminales por imponer sus institu­ ciones a lo largo de la geografía nacional, con las consiguientes explosiones de violencia que desbordan los actores directamente comprometidos en el enfrentamiento e involucran a poblaciones que en apariencia nada tienen que ver con la guerra contra las drogas”.

B 4Í8 2

Gustavo Duncan

ISBN: 978-958-8806-76-1

DEBATE

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