Manuel Vicente Jiménez Oreamuno: el canciller [1 ed.] 9789977760407

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El Instituto de Servicio Exterior Manuel María de Peralta, fundado en agosto de 1988, es una unidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que desarrolla programas dirigidos a la profesionalización y perfeccionamiento del servicio diplomático costarricense. Lleva ese nombre en homenaje a la memoria del más destacado diplomático de la historia costarricense, embajador emérito y dos veces benemérito de la Patria. Dentro de las tareas del Instituto, la función académica cumple un papel primordial gracias a un convenio suscrito con el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica se imparte la Maestría Profesional en Diplomacia. Además, tiene como misión la formación, actualización y capacitación del personal del Servicio Exterior de la República por medio de actividades académicas y prácticas, muchas de ellas mediante tecnologías en línea. El Instituto también se encarga del rescate de la historia diplomática de Costa Rica por medio de investigaciones y publicaciones, y alberga el Museo Diplomático Braulio Carrillo y el Centro de Documentación León Fernández Bonilla. También tiene a su cargo la publicación de la Revista Costarricense de Política Exterior y diversas actividades académicas dirigidas tanto a funcionarios del Ministerio como al público en general.

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15. El Canciller Anderson: homenaje a la vida y obra del licenciado don Luis Anderson Morúa en el 140° aniversario de su nacimiento (1873-2013), Luis Fernando Ceciliano Piedra. 16. Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno: el Canciller, Jorge Umaña Vargas. 17. Gral. Joaquín Eufrasio Guzmán y Ugalde, Lardé y Larín, Jorge 18. El Canciller Toledo, Emilio Gerardo Obando Cairol. 19. El Canciller Montúfar, Joaquín Alberto Fernández Alfaro. 20. El Canciller Esquivel Ibarra (Biografía e impronta del Lic. Ascensión Esquivel Ibarra), Tomás Federico Arias Castro. 21. Los Cancilleres venidos de Colombia, Julio Ernesto Revollo Acosta. 22. El Canciller Fernández Guardia, Jorge Francisco Sáenz Carbonell. 23. Seis Cancilleres Interinos, varios autores. 24. El Canciller Lizano, Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Pedro Ramírez Sierra. 25. El Canciller Juan Rafael Argüello de Vars, Charles Salvador Hernández Viale. 26. Primera Dama Yvonne Clays, Miguel Acuña V. 27. El rey Garabito defensor de la libertad, Jorge Francisco Sáenz Carbonell 28. Manuel Vicente Jiménez Oreamuno: el canciller, Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Jorge Umaña Vargas.

Manuel Vicente Jiménez Oreamuno:

el canciller

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Don Manuel Vicente, que a pesar de la coincidencia de apellidos no era hermano de don Ricardo o don Manuel, sino primo, fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante un período mucho más prolongado que el de sus famosos primos, ya que la tuvo a su cargo por casi dos años, desde el 7 de junio de 1892 hasta el 8 de mayo de 1894. Don Manuel Vicente Jiménez intervino poco en política. En realidad, el campo favorito de don Manuel Vicente Jiménez, más que la diplomacia y la política, fue el judicial. En la Costa Rica del siglo XIX y durante buena parte del XX, la función judicial se ejercía de un modo sumamente silencioso, alejado de los titulares de la prensa y de la popularidad. Esa era la personalidad de don Manuel Vicente: rara vez se le vio en los mares de la polémica y nunca en los del escándalo. De ese hombre con probidad intachable trata este libro, que busca rescatar la figura de don Manuel Vicente Jiménez, distinguido costarricense que supo desempeñar con honor y acierto elevados cargos públicos y cuya vida constituye en muchos aspectos un ejemplo para las generaciones de hoy.

JorGe FranciSco SÁenZ CarBonell JorGe UMaÑa VarGaS

Manuel Vicente Jiménez Oreamuno: el canciller

Serie Yvonne Clays N° 28

MiniSterio de Rel acioneS EXterioreS Y Culto de CoSta Rica I nSti t u to de l Se rV i c i o E Xte r io r M a nue l M a rí a de Pe r a lta

92 J61S Sáenz Carbonell Jorge Francisco, 1960 Manuel Vicente Jiménez Oreamuno: el Canciller / Jorge Fco. Sáenz Carbonell; Jorge Umaña Vargas. San José, Costa Rica: MREC, Instituto Manuel María de Peralta, 2016. 146 p. : 21x14 cm. __ (Serie Yvonne Clays, no. 28) ISBN 978-9977-76-040-7 1. BIOGRAFÍAS. 2. COSTA RICA. 3. HISTORIA. 4. CANCILLERES 5. JIMENEZ OREAMUNO MANUEL VICENTE. I. Título. II. UMAÑA VARGAS JORGE. III. Serie. lggc

Edición aprobada por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Primera Edición: noviembre de 2016. Revisión de pruebas: Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Ubaldo García Ruiz Fotografía de la portada: Galería de Ex Cancilleres, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Edición: Ubaldo García Ruiz. Diseño y diagramación: Imprenta Nacional Preimpresión: Imprenta Nacional. Impresión: Imprenta Nacional. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, San José, Costa Rica. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Avenida 7-9, Calle 11-13, San José. Teléfono (506) 2539-5487. www.rree.go.cr Impreso en Costa Rica. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción, no autorizada por cualquier medio, mecánico o electrónico, del contenido total o parcial de esta publicación. Hecho el depósito por ley. El texto es propiedad exclusiva del autor y no debe ser reproducido sin su autorización. Asimismo, no constituye un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por lo cual las opiniones expresadas en él son de exclusiva responsabilidad del autor.

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Índice DEDICATORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CAPÍTULO I.- EL HOMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.- Apuntes genealógicos. Los Jiménez y los Oreamuno.. . . . . . . 2.- Estudios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.- Matrimonio y descendencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.- Actividades privadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.- Don Manuel Vicente Jiménez, la Unión Católica y una posible candidatura presidencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CAPÍTULO II.- LOS AÑOS ANTERIORES (1868-1892). . . . . . 29 1.- Regidor y tesorero municipal de Cartago.. . . . . . . . . . . . . . . . 2.- Diputado suplente por la provincia de Cartago a la Asamblea Constituyente de 1869.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.- Representante propietario por la provincia de Cartago.. . . . . . 4.- Juez civil y del crimen de Cartago.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.- Conjuez de la Corte Suprema de Justicia.. . . . . . . . . . . . . . . . 6.- Diputado propietario por la provincia de Cartago a la Asamblea Constituyente de 1871.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por primera vez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.- Elegido como diputado suplente por la provincia de Cartago.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por segunda vez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por tercera vez y presidente de la Sala Segunda. . . . . . . . . . . . 11.- Presidente interino de la Corte Suprema de Justicia.. . . . . . . . Jorge Francisco Sáenz Carbonell • Jorge Umaña Vargas

29 29 30 32 32 32 33 34 35 35 37 VII

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12.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por cuarta vez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 13.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por quinta vez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 CAPÍTULO III.- EL CANCILLER (1892-1894). . . . . . . . . . . . . . 42 1.- La Cancillería y los diplomáticos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.- El nombramiento. La administración Rodríguez. . . . . . B.- La Cancillería en 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.- El cuerpo diplomático y consular de Costa Rica.. . . . . . a.- Cuerpo diplomático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b.- Cuerpo consular.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.- Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.- El cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.- La política exterior. Principios generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.- La política exterior. La situación centroamericana.. . . . . . . . . 4.- La política exterior. Las relaciones con los países limítrofes. . . . A.- Las relaciones con Colombia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.- Las relaciones con Nicaragua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.- Incidentes y delimitación fronteriza.. . . . . . . . . b.- Tratado Jiménez-Gámez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.- La política exterior. Las relaciones con otros países.. . . . . . . . A.- Las relaciones con Bélgica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.- Las relaciones con España.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.- Celebraciones del IV° Centenario del primer viaje de Colón. . . . . . . . . . . . . . . . . . b.- Tratado Jiménez-Arellano.. . . . . . . . . . . . . . . . . C.- Las relaciones con los Estados Unidos de América.. . . . a.- La Exposición de Chicago.. . . . . . . . . . . . . . . . b.- El caso Weeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.- Las relaciones con Venezuela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.- Carteras anexas a la Secretaría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.- Justicia y Gracia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.- Competencia de la cartera.. . . . . . . . . . . . . . . . . b.- Asuntos de Justicia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.- Asuntos de Gracia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.- Culto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.- Competencia de la cartera.. . . . . . . . . . . . . . . . . b.- Don Manuel Vicente Jiménez y las cartas pastorales de monseñor Thiel. . . . . . D.- Beneficencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.- Competencia de la cartera.. . . . . . . . . . . . . . . . .

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b.- El contrato Jiménez-Cruz y el Colegio Agrícola Centroamericano. . . . . . . . . . c.- Otros asuntos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.- La Secretaría de Instrucción Pública.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.- Competencia de la cartera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b.- La educación religiosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.- Otros asuntos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CAPÍTULO IV.- LOS AÑOS POSTERIORES (1894-1908) . . . . 99 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.-

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por sexta vez y presidente de la Corte por primera vez (1894-1898) . . . . . . Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por sétima vez (1898-1902). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por octava vez (1902-1904).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presidente de la Corte Suprema de Justicia por segunda vez (1902-1904).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por novena vez (1904-1908). Presidente del Colegio de Abogados (1906). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fallecimiento y funerales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CRONOLOGÍA DE DON MANUEL VICENTE JIMÉNEZ OREAMUNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Memoria del Secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia de 1892-93 y 1893-94.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 BIBLIOGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 SOBRE LOS AUTORES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

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Dedicatoria A la memoria de Álvaro Coto Pacheco y Mario Fernández Silva, afectuosamente, Jorge Sáenz

Al embajador don José Joaquín Chaverri, guerrero de mil batallas por una Costa Rica mejor A mi hermano afectivo Sergio Calvo Carmona A mis padres Jorge Umaña Vargas

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Introducción Al recorrer las páginas de la historia de Costa Rica, la combinación de los apellidos Jiménez Oreamuno evoca enseguida las célebres figuras de los hermanos don Ricardo y don Manuel de Jesús, hijos del presidente don Jesús Jiménez Zamora y su esposa doña Esmeralda Oreamuno de Jiménez. Ambos hermanos participaron brillantemente en la política costarricense de fines del siglo XIX y principios del XX, especialmente don Ricardo, quien fue tres veces presidente de la República y presidió también los poderes Legislativo y Judicial. Don Manuel de Jesús, candidato presidencial y diputado, se destacó además como escritor e historiador. Entre otras cosas, los dos hermanos también fueron secretarios de Relaciones Exteriores y carteras anexas. La notoriedad de don Manuel de Jesús y don Ricardo hace que a veces se olvide que hubo un tercer canciller Jiménez Oreamuno, don Manuel Vicente, que a pesar de la coincidencia de apellidos no era hermano de aquellos, aunque sí primo hermano. Cabe indicar que don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante un período mucho más prolongado que el de sus famosos primos, ya que la tuvo a su cargo por casi dos años, desde el 7 de junio de 1892 hasta el 8 de mayo de 1894, mientras que don Manuel de Jesús fue canciller solamente de 1888 a 1889 y don Ricardo de octubre a noviembre de 1889 y de noviembre de 1889 a mayo de 1890.

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También a diferencia de sus primos, don Manuel Vicente Jiménez intervino poco en política, aunque su nombre se sugirió con cierta fuerza a fines de 1893 como posible candidato de los católicos, en medio de una campaña electoral en la que don Manuel de Jesús Jiménez era candidato de los liberales. Sin embargo, a pesar de contar con la simpatía de monseñor Bernardo Augusto Thiel, obispo de Costa Rica, don Manuel Vicente no manifestó interés por la postulación y esta no levantó vuelo. Sin embargo, llama la atención su identificación con las filas católicas, en momentos en que una buena parte de los abogados e intelectuales costarricenses de mayor relevancia se identificaba con el liberalismo y no pocas veces también con el anticlericalismo. En realidad, el campo favorito de don Manuel Vicente Jiménez, más que la diplomacia y la política, fue el judicial. Después de desempeñar las funciones de juez civil en Cartago, a los treinta y dos años de edad llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, posición que alcanzaría ocho veces más en el transcurso de su vida y que lo llevó a presidir el Poder Judicial en dos oportunidades. En la Costa Rica del siglo XIX y durante buena parte del XX, la función judicial se ejercía de un modo sumamente silencioso, alejado de los titulares de la prensa y de la popularidad. El temperamento de don Manuel Vicente Jiménez parece haber concordado perfectamente con ese perfil, ya que fue durante decenios un magistrado eminente sin querer convertirse en un personaje sobresaliente de la política nacional. Rara vez se le vio en los mares de la polémica y nunca en los del escándalo, porque su probidad siempre fue intachable. Paradójicamente, las únicas dos veces en que tuvo que enfrascarse en una polémica, obligado por sus deberes como secretario de Culto, fue con el obispo Thiel. En estas páginas procuramos rescatar la figura de don Manuel Vicente Jiménez, distinguido costarricense que supo desempeñar con honor y acierto elevadas posiciones y cuya vida constituye en muchos aspectos un ejemplo para las generaciones de hoy.

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Agradecemos la colaboración brindada por don Daniel Corrales González, don Luis González Calvo, don Bolívar Murillo Solano y don Víctor Porras Fernández.

Cartago y San Isidro de Vázquez de Coronado, octubre de 2016. Jorge Francisco Sáenz Carbonell Jorge Umaña Vargas

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Capítulo I EL HOMBRE

1.- Apuntes genealógicos. Los Jiménez y los Oreamuno. En un artículo dedicado a don Manuel Vicente Jiménez, que se publicó en la revista cultural Pandemónium en abril de 1903, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, se consignó: “El actual jefe del Poder Judicial de Costa Rica es hijo de aquella generación de hombres buenos y patriotas que presidieron el advenimiento de nuestro país a la vida de nación libre.” 1 La familia Jiménez de Cartago, que se destacó notoriamente en la política y el foro costarricense en los siglos XIX y XX, remonta sus orígenes conocidos a Domingo Jiménez Maldonado, quien en 1646 era “residente” en la ciudad de Cartago (o sea, que no había nacido allí ni todavía tenía la condición de vecino de esa población) y era de oficio mercader,

1 “El Lic. don Manuel Vicente Jiménez”, p. 635, en Pandemónium, abril de 1903, n° 9, pp. 635-636.

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es decir, comerciante 2. Posteriormente se dedicó a la agricultura y la ganadería y fue dueño de haciendas en el llamado valle de Landecho, situado en la costa del Pacífico, y en el valle de Barba 3. Domingo Jiménez Maldonado era de familia hidalga, ya que en 1654 desempeñó en Cartago el cargo de alcalde de la Santa Hermandad, para el cual se exigía el requisito de hidalguía, y en 1654 fue teniente de corregidor de Barba 4. Contrajo nupcias con doña Juana de Sojo y Pereira, hija de Lorenzo Sánchez y Álvarez Pereira y doña Juana de Sojo y Pereira, quienes descendían respectivamente de dos famosos conquistadores, el portugués Antonio Álvarez Pereira y el castellano Diego de Sojo 5. Hijo de Domingo y doña Juana fue, entre otros, Antonio Jiménez Maldonado y Sojo Pereira, quien casó con doña Mariana de ÁvilaHidalgo y Ortega, con la que tuvo copiosa descendencia. Uno de sus vástagos, Francisco Jiménez e Hidalgo, teniente de caballería en los años 1717-1718, contrajo matrimonio con doña Josefa de Bonilla y Astúa. El mayor de sus hijos varones, el capitán de milicias don José Antonio Jiménez y Bonilla, casó en la ciudad de Cartago el 9 de diciembre de 1764 con doña Antonia Petronila de Robredo y Arlegui, con la que tuvo, entre otros muchos hijos, a doña Florencia Josefa de los Ángeles y a don José Ramón de la Cruz Jiménez y Robredo. Fue dueño de una hacienda de cacao en Matina y alcanzó una posición importante en la ciudad de Cartago, donde fue juez de los campos en 1765, mayordomo de propios del Ayuntamiento de 1774 a 1777, alcalde de la Santa Hermandad en 1778 y alcalde ordinario de primer voto en 1779 y 1783. Según indica el genealogista don Norberto de Castro y Tosi “… vivió en el centro de la Ciudad, en una gran casa, circunvalada de corredores y en solar completo, donde, según indican los inventarios practicados a su muerte, no parece haberle faltado nada. Vestía 2 No se conocen sus orígenes, aunque algunas tradiciones, no confirmadas documentalmente, lo hacen descender de Domingo Jiménez, un conquistador del siglo XVI. V. CASTRO Y TOSI, Norberto de ““Familias patricias de Costa Rica”, pp. 95-96, en Revista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, Noviembre de 1975, N° 22, pp. 11-190. 3 Ibid., p. 97. 4 Ibid. 5 Ibid., pp. 96-97.

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muy atildadamente con espadín de puño de plata, uniforme con charreteras de plata, bastón con puño de oro, cadena de oro, sortija también de oro con chispas de ámbar, espuelas de plata… dejó cerca de 7000 pesos, de los que casi mil en moneda contante y sonante.” 6 Don Ramón Jiménez y Robredo, bautizado en la ciudad de Cartago el 15 de enero de 1779, casó en Cartago el 11 de abril de 1807 con doña Joaquina de Zamora y Coronado. Don Ramón fue personaje de mucho viso en la Costa Rica de su época y en 1819, cuando ejercía el cargo de alcalde primero de Cartago, le correspondió hacerse interinamente cargo del gobierno político de la provincia de Costa Rica, por enfermedad y fallecimiento del gobernador don Juan de Dios de Ayala y Medina 7. En el matrimonio Jiménez Zamora nació un considerable número de hijos, entre los que cabe mencionar a don Eustaquio, sacerdote y cafetalero; don José Manuel, padre de nuestro biografiado; don Agapito, secretario de Estado en varias carteras, y don Jesús, ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública de 1859 a 1860 y presidente de la República de 1863 a 1866 y de 1868 a 1870 y padre del también presidente y canciller don Ricardo Jiménez Oreamuno y del escritor y canciller don Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. Don José Manuel Jiménez Zamora fue bautizado en Cartago el 18 de junio de 1813 y murió en Cartago el 3 de noviembre de 1888 8. Al contrario de sus hermanos don Agapito y don Jesús, participó poco en política, ya que se dedicó principalmente a empresas agropecuarias; fue senador por Cartago de 1869 a 1870 9. A su fallecimiento, el periódico josefino La República se refirió a él como

6 Ibid., p. 99. 7 Ibid., pp. 99 y 102. 8 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQ2-JVS 9 OBREGÓN LORÍA, Rafael, El Poder Legislativo en Costa Rica, San José, Asamblea Legislativa, 1ª. ed., 1966, p. 333.

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“… venerable anciano que, lleno de hidalguía, marchó siempre por el camino de la honra, y luego murió satisfecho al ver que sus hijos heredaron en vida tan digno proceder.” 10 Don José Manuel Jiménez Zamora casó en Cartago el 20 de agosto de 1840 con doña María Dolores Oreamuno y Carazo 11. La familia Oriamuno, rebautizada Oreamuno en Costa Rica, es de raíces vasconavarras. Su antepasado más antiguo conocido fue Fernando de Oriamuno, casado con Francisca de Apaulase, vecinos de la villa de Segura, quienes vivieron en el siglo XVI. Su hijo Tomás de Oriamuno, labrador y maestro yesero, casó con María Micaela de Urbieta, natural de la villa de Asteasu y tuvo con ella, entre otros hijos, a Juan de Oriamuno y Urbieta, quien casó en Estenoz en 1631 con María de Guirguillano y Sotés y murió en Garisoain en 1675. Hijo de este matrimonio fue Juan de Oriamuno y Guirguillano, labrador y segador, quien casó con María de Andarigoyen. De esta unión nació don Juan de Oriamuno y Andarigoyen, bautizado en Garisoain en 1637, quien se trasladó a América en 1657 12. Don Juan de Oriamuno y Andarigoyen tuvo una actuación muy destacada en el reino de Tierra Firme (Panamá), donde fue capitán de infantería, caballero de la Orden de Santiago (1688), factor del Real Asiento de Negros y alcalde de Portobelo y de la ciudad de Panamá; además, obtuvo la distinción, elevadísima para la época, de ser admitido como caballero en la Orden de Santiago. Casó con doña María González Carrasco y Beltrán Naranjo, originaria de Portobelo, y tuvo con ella, entre otros hijos, a don José de Oriamuno y González Carrasco, quien casó en Panamá con doña Josefa Vázquez Meléndez 13.

10 La República, 6 de noviembre de 1888. 11 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL32-LYZ 12 CASTRO Y TOSI, Norberto de, “Familia de Oriamuno”, pp. 16-25, en Revista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, San José, noviembre de 1976, n°23, pp. 7-244. 13 Ibid., pp. 25-31.

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Dos hijos de don José y doña Josefa, don Francisco Javier y don José Antonio de Oriamuno y Vázquez Meléndez, se establecieron en Costa Rica durante la administración del gobernador don Diego de la Haya Fernández, cuya esposa doña Petronila de Hoyos Carrasco era pariente de la abuela paterna de ambos hermanos. Estos tuvieron en Costa Rica una actuación muy destacada, ya que don Francisco Javier fue teniente de gobernador de la provincia de 1747 a 1748 1760 a 1762 y don José Antonio gobernador interino de 1756 a 1757 y teniente de gobernador de 1762 a 1764. Don Francisco Javier de Oreamuno casó con doña Ana Efigenia García de Estrada y González Correa. Hijo de este matrimonio fue el capitán don José Antonio de Oriamuno, quien en Cartago el 22 de noviembre de 1752 casó con doña María de la Encarnación Muñoz de la Trinidad y Arburola. Su primogénito, el capitán de granaderos don Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad, casó con doña Florencia Jiménez y Robredo, y fue uno de los personajes más destacados de la política costarricense en los últimos años del dominio español y en la época de la Independencia. Entusiasta partidario del Imperio Mexicano, fue el líder del partido monárquico cartaginés que en marzo de 1823 dio el primer golpe militar de nuestra historia y derrocó al gobierno constitucional de la Diputación de Costa Rica. Proclamado comandante militar de las armas, fue gobernante de facto durante algunos días, hasta que las tropas republicanas de San José y Alajuela derrotaron a las de Cartago en la batalla de Ochomogo 14. Don Joaquín de Oreamuno y doña Florencia Jiménez tuvieron diecisiete hijos, el sexto de los cuales fue don Félix de Jesús Oreamuno y Jiménez, quien se destacó como oficial en la batalla de Ochomogo. Bautizado en Cartago el 4 de setiembre de 1792, casó en la misma ciudad el 29 de noviembre de 1816 con doña Ramona Carazo y Alvarado 15. En el hogar OreamunoCarazo nacieron numerosos hijos, la sexta de los cuales fue doña María Dolores, quien como ya indicamos casó con don José 14 Sobre D. Joaquín de Oreamuno, V. SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, Don Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad, San José, EUNED, 1ª. ed., 1996. 15 SANABRIA M., Víctor, Genealogías de Cartago hasta 1850, San José, Servicios Secretariales, 1ª. ed., 1957, vol. IV, pp. 977-982.

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Manuel Jiménez Zamora y fue la madre de nuestro biografiado. Doña María Dolores nació en Cartago en 1822 y murió en 1898. Don Mario Sancho Jiménez, sobrino de don Manuel Vicente y nieto de doña Dolores, recordó en sus memorias a su abuela materna, a quien se llamaba en familia “Mamá Lola”: “… una viejecita encantadora, de gran tono en medio de su sencillez, muy rezandera y fuerte en proverbios y refranes. Su casa sí era un enorme caserón a la antigua, con armarios olorosos a espliego, cuadros de santos y camarines resplandecientes de oro… se me aparece su imagen, vestida de una cotona de merino gris, sentada en una mecedora al lado del camarín del Niño Jesús, que había heredado de su tío el Padre Carazo, refiriendo historias de familia o de los temblores de San Antolín y San Estanislao… Era especialmente devota de la Virgen de Dolores… ese día iba toda la familia a misa y luego se sentaba la abuela a almorzar rodeada de todos sus hijos: Manuel Vicente, Matilde, José María, Francisco, Elisa, Nicolás, Ana y Dolores. Sólo uno faltaba siempre a esos ágapes familiares, Ramón, pero su recuerdo estaba siempre tan presente en el pensamiento de todos como el día en que se lo habían llevado a un sanatorio en Filadelfia.” 16 Don José Manuel Jiménez Zamora y doña Dolores Oreamuno y Carazo eran parientes bastante próximos, ya que el padre de él, don Ramón Jiménez, y la abuela paterna de ella, doña Florencia Jiménez de Oreamuno, eran hermanos. hijos: 16

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En el hogar Jiménez-Oreamuno nacieron los siguientes

SANCHO, Mario, Memorias, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. ed., 1961, p. 22.

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1.- Ramona Matilde, bautizada en Cartago el 25 de enero de 1843 y fallecida en esa ciudad en 1918 17, casó con don Carlos Volio Llorente. En este hogar nacieron, entre otros hijos, don Alfredo Volio Jiménez, luchador contra la tiranía tinoquista; don Claudio María Volio Jiménez, arzobispo titular de Soterópolis y obispo de Santa Rosa de Copán; don Arturo Volio Jiménez, presidente del Congreso en varias oportunidades, y don Jorge Volio Jiménez, candidato a la presidencia en 1923 y segundo designado a la presidencia, fundador del Partido Reformista. 2.- Vicente Manuel Ramón (Manuel Vicente), nuestro biografiado. 3.- José María Ramón, bautizado el 19 de abril de 1846 y sepultado en Cartago el 10 de febrero de 1848 18. 4.- Ramón Blas de Jesús, bautizado el 31 de marzo de 1848 y sepultado en Cartago el 26 de febrero de 1863 19. Según su sobrino don Mario Sancho, tuvo que ser internado en un sanatorio en Filadelfia 20. 5.- José Manuel María (José María), bautizado el 11 de junio de 1849; casó en Cartago el 30 de setiembre de 1875 con doña María Micaela Sancho y Oreamuno. Doctor en medicina. 6.- Elisa de los Ángeles, fallecida en Cartago en 1904 21. Su padre quiso casarla con don Desiderio Oreamuno y Carazo, pero ella se rehusó, por estar enamorada de don Carlos Higinio Sancho y Oreamuno, con quien finalmente contrajo nupcias en Cartago el 24 de mayo

17 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKMH-M8CQ 18 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQP-565 La partida de defunción no indica el nombre del niño fallecido. 19 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQN-4QT 20

SANCHO, 1961, p. 18.

21 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKMH-KR1G

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de 1873 22. Hijos de este matrimonio fueron, entre otros, don Carlos Sancho Jiménez, quien murió asesinado por los esbirros del tinoquismo en 1918, y el célebre escritor e intelectual don Mario Sancho Jiménez. 7.- Un niño, sepultado en Cartago el 22 de mayo de 1853 23. 8.- Petronila, posiblemente sepultada en Cartago el 5 de julio de 1854 24. 9.- Un niño, sepultado el 21 de diciembre de 1855 25. 10.- Francisco María Lucas, bautizado en Cartago el 18 de octubre de 1856 26 y posiblemente sepultado el 28 de octubre de 1857 27. 11.- José Antonio María, bautizado en Cartago el 26 de febrero de 1858 y posiblemente sepultado el 29 de mayo de 1858 28. 12.- José Francisco, bautizado el 6 de abril de 1859 29 y fallecido en Cartago en 1924 30. Casó en Cartago el 24 de setiembre de 1892 con María Mercedes Clementina Muñoz y Capurón 31 y en segundas en San José el 6 de

22

SANCHO, 1961, pp. 17-18.

23 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQ6-12D La partida de defunción no indica el nombre del niño fallecido. 24 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQX-C6L La partida de defunción no indica el nombre de la niña fallecida. 25 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQX-2QC La partida de defunción no indica el nombre del niño fallecido. 26 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQ4-W86 La partida de defunción no indica el nombre del niño fallecido. 27 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQF-S86 La partida de defunción no indica el nombre del niño fallecido. 28 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQF-72Y La partida de defunción no indica el nombre del niño fallecido. 29 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQH-88F 30 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKMH-7WYH 31 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL3J-2K8

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noviembre de 1918 con doña María Aurelia Castro Saborío 32. 13.- José Nicolás, bautizado el 24 de marzo de 1860 33 y murió en San José el 6 de mayo de 1927 34, casó en primeras nupcias en San José el 24 de octubre de 1897 con doña Julia Volio Tinoco 35 y en segundas en San José el 19 de noviembre de 1910 con Ema Valverde Carranza 36. 14.- Ana, sepultada en Cartago el 11 de setiembre de 1860 37. 15.- Ana (Anita), fallecida en 1931 38. Soltera. 16.- Francisca de los Dolores, bautizada el 10 de abril de 1861 39 y fallecida en Cartago en 1935 40. Soltera. Don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno nació en la ciudad de Cartago el 24 de julio de 1844 41 y fue bautizado en esa misma ciudad el 15 de agosto de ese año 42. Aunque se le bautizó como Vicente Manuel Ramón, por alguna razón la familia invirtió el orden de sus dos primeros nombres y siempre se le conoció como Manuel Vicente. 2.- Estudios. Don Manuel Vicente Jiménez realizó estudios de primeras letras en su ciudad natal, y posteriormente ingresó en la Universidad de Santo Tomás, donde obtuvo en 1865 los grados de 32 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQKW-79M 33 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQH-54V 34 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQKD-GNL 35 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQ9-D4R 36 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQM-FG6 37 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQF-L25 38 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKMH-8QHM 39 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQC-4PF 40 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKMH-5QGH 41

“El Lic. don Manuel Vicente Jiménez”, 1903, p. 635.

42

SANABRIA M., 1957, vol. II, p. 352.

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bachiller en Filosof ía 43 –equivalente a un título en Humanidadesy de bachiller en Leyes 44. Poco después, el joven partió hacia Guatemala, con el fin de obtener la licenciatura en Leyes en la Universidad de San Carlos Borromeo, en aquellos momentos la mejor de Centroamérica. Según consignó don Luis Cruz Meza en un artículo publicado en la revista El Foro en enero de 1908, “Allá en Guatemala todos sus compañeros lo distinguían con verdadera estimación y franco cariño; los viejos jurisconsultos de aquel país, Machado, Dardón, Diéguez, todos hacían en nuestra época de estudios constantes recuerdos de los estudiantes costarricenses y en especial del señor Jiménez.” 45 Graduado de licenciado en Leyes, el joven Jiménez regresó a Costa Rica. Efectuó los exámenes de reglamento en la Universidad de Santo Tomás y el 24 de diciembre de 1868 la Corte Suprema de Justicia lo incorporó como abogado de los tribunales de Costa Rica 46. 3.- Matrimonio y descendencia. El 10 de abril de 1875, a los treinta años de edad, don Manuel Vicente Jiménez contrajo matrimonio en la ciudad de Heredia con doña Juana Ramona de Jesús Ortiz y Garita, llamada familiarmente Juanita, quien estaba próxima a cumplir los diecinueve, ya que había nacido en esa misma ciudad el 22 de mayo de 1857, en el hogar de don Paulino Ortiz y Campos y doña Francisca de Jesús Garita y Zúñiga 47. El desposorio se efectuó el 43 951.

Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica, Ministerio de Educación Pública, N°

44 Ibid., N° 962 45 CRUZ MEZA, Luis, “Biograf ías cortas de ilustres abogados centroamericanos. Lic. Manuel Vicente Jiménez Oreamuno”, p. 300, en El Foro, 15 de enero de 1908, n° 3, pp. 300-303. 46 Ibid. 47 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQGT-LQ9

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9 de abril de 1875 en la casa de los padres de la novia y al día siguiente, 10 de abril, se efectuó en la iglesia parroquial la misa de velaciones. Ambas ceremonias fueron oficiadas por el presbítero don Manuel Arias 48. Por parte de padre, doña Juana Ortiz descendía de una familia vizcaína, que remonta sus orígenes conocidos a don Pedro de Urrutia, vecino de la villa de Elorrio en el señorío de Vizcaya, que casó con María Ochoa de Urquizu. Hijo suyo fue don Martín de Urrutia y Urquizu, quien casó en primeras nupcias con Catalina de Uriarte y en segundas con María Martínez de Igartua. Del segundo matrimonio nació don Juan Ochoa de Urrutia y Martínez de Igartua, quien casó con Marina de Maortua. Su hijo don Juan Ochoa de Urrutia y Maortua casó con María de Urizar y tuvo con ella a don Domingo de Urrutia y Urizar, quien casó con Martina de Landa. Hijo de este matrimonio fue don Juan de Urrutia y Landa, quien contrajo matrimonio en Elorrio el 2 de junio de 1623 con doña María de Galarza. Uno de los hijos de esta pareja, don Antonio de Urrutia y Galarza, casó con Marina de Ibarra y Aguirre y tuvo con ella, entre otros vástagos, a don Antonio de Urrutia e Ibarra, bautizado en Elorrio el 23 de junio de 1647. Ya bien avanzado el siglo XVII, don Antonio de Urrutia e Ibarra se estableció en Costa Rica, donde fue dueño de una hacienda cacaotera en Matina y comerciante en mulas. Tenía el grado militar de alférez y murió el 15 de setiembre de 1680 en la ciudad de Cartago. No contrajo nupcias, pero tuvo con doña Tomasa de Viveros y La Madriz-Linares un hijo extramatrimonial, llamado don José Sebastián Fernández de Urrutia. Este casó con doña Antonia de Arleguí, pero tuvo varios hijos extramatrimoniales con Benita Ortiz, entre ellos José Joaquín Ortiz, quien contrajo nupcias en Cartago el 23 de octubre de 1816 con María de los Ángeles Campos. De este matrimonio nació, entre otros hijos, Paulino de Jesús Ortiz y Campos, bautizado en Cartago el 22 de junio de 1817, que contrajo nupcias con doña Francisca de Jesús Garita y Zúñiga y fue el suegro de don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno. Don Paulino fue un conspicuo vecino de Heredia, que desempeñó entre otros cargos los de diputado suplente 48 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQP7-VY7

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por Heredia a las asambleas constituyentes de 1859 49 y 1870 50, representante propietario por Heredia de 1866 a 1868 51 y gobernador de la provincia 52. Viudo de su primera esposa, contrajo segundas nupcias en 1865 con doña Rosa Zamora, y murió en Heredia el 25 de octubre de 1893 53.

En el hogar Jiménez-Ortiz nacieron diez hijos 54: 1.- Carlos María, nació en Cartago el 2 de febrero de 1876, abogado, varias veces secretario de Estado, candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1927 y 1932: Casó en San José el 15 de marzo de 1899 con doña Mercedes Flores Camacho 55 y en segundas en Cartago el 4 de octubre de 1908 con su prima doña Angélica Sancho Jiménez 56. 2.- Juan Rafael, nació en 1877 casó en Cartago el 28 de noviembre de 1903 con doña Sara Guier Freses 57. Hijos: Juan Rafael, Enrique, María Cristina y Claudia Jiménez Guier. 3.- Luis Paulino, nació en 1879, casó en San José el 5 de enero de 1907 con doña Isabel Montealegre Echeverría 58. Hijos: Manuel Vicente, Margarita, Luis, Federico, Ana e Isabel Jiménez Montealegre. 4.- José Joaquín, nació en 1881, casó en San José el 23 de noviembre de 1914 con doña Adela Jiménez Gargollo 59.

49

OBREGÓN LORÍA, 1966, p. 295.

50 Ibid., p. 351. 51 Ibid., p. 313. 52 Gaceta Oficial, 26 de diciembre de 1868. 53 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQP6-YLR 54 MATA GAMBOA, Jesús, Monograf ía de Cartago, Cartago, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1ª. ed., 1999, p. 577. 55

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL3X-WM2

56 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL3F-N2Z 57 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL3V-LJJ 58 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQM-QPX 59 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQM-TM7

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5.- Manuel Francisco María, bautizado en Cartago el 8 de junio de 1882 60. Secretario de Hacienda y Comercio de 1917 a 1918 y de Relaciones Exteriores y carteras anexas de 1936 a 1937. Casó en San José el 19 de junio de 1906 con doña Isabel de la Guardia y de la Guardia 61 , panameña. Hijos: María Eugenia, Manuel y Adolfo Jiménez de la Guardia. 6.- Ramón María de Jesús, bautizado en Cartago el 8 de junio de 1885 62 , casó en San José el 10 de agosto de 1907 con doña Ester Soto Chaves 63 y en segundas el 1° de junio de 1921 con su sobrina doña Graciela Jiménez Flores 64. 7.- Roberto de Jesús, bautizado en Cartago el 1° de agosto de 1886 65. Casó con doña Rosario Rosabal Cordero. Hijos: Julieta, Amado, Rodrigo, María del Rosario, Lily, Roberto y María Cecilia Jiménez Rosabal. 8.- Francisco de Paula María de Jesús, bautizado en Cartago el 5 de enero de 1890 66, casó en San José el 29 de enero de 1916 con doña Regina Jiménez Gargollo, hermana de su cuñada doña Adela 67. Hijo: Edgar Jiménez Jiménez. 9.- Gonzala María Lorenza de Jesús, 9 de setiembre de 1888 68. Casó con don Enrique Clare López. Hijos: Manuel Emilio, María Julia, Virginia, Enrique, Isabel y Jorge Clare Jiménez. Hija de don Manuel Emilio fue doña María Lorena Clare Facio, esposa de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presidente de la República de 1998 a 2002. 60 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQP-BVQ 61 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQM-323 62 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQR-419 63 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQM-WZY 64 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQ9-HHZ 65 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQR-2F2 66 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQK-4VN 67 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQM-B31 68 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQT-XY1

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10.- María Rita de los Ángeles, bautizada en Cartago el 5 de enero de 1891 69. Murió en la infancia. 11.- Jorge Francisco, médico, bautizado en Cartago el 14 de agosto de 1892 70; murió trágicamente el 3 de mayo de 1920 en San José 71. Soltero. 4.- Actividades privadas. Durante la mayor parte de su vida profesional don Manuel Vicente Jiménez desempeñó funciones judiciales, que le impedían el ejercicio liberal de la profesión. Sin embargo, en épocas ajenas a tal desempeño, especialmente en sus primeros años después de su regreso a Costa Rica, laboró privadamente como abogado. En el Archivo Nacional se conservan algunos expedientes judiciales en los que aparece actuando como tal, especialmente en casos de cobro de obligaciones y asuntos de propiedades 72. Don Manuel Vicente también dedicó esfuerzos a la agricultura y la ganadería y fue propietario de fincas en la región de Turrialba. En la época en que Minor Keith se hallaba construyendo el ferrocarril a Puerto Limón, el licenciado Jiménez le vendió una franja de terreno para la vía férrea. Cabe indicar que la actual ciudad de Turrialba se erigió en propiedades adquiridas de don Manuel o sus herederos 73. En 1908, en los funerales del licenciado Jiménez, don Víctor Guardia Quirós manifestó: “Su aspecto de hombre afanoso sólo cede delante de su fisonomía de padre de familia. Alejado de la política arena, por varios años regó el surco y empuñó la azada, pero 69 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQ2-3QS 70 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLQL-VH2 71 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQKD-K6X 72 Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica, Corte Suprema de Justicia, documentos n° 7232, n° 10522, n° 31093, etc. 73 “Algunos datos históricos de Turrialba”, en http://turrialbaestuya.blogspot.com/2009/07/ algunos-datos-historicos-de-turrialba.html

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nada es comparable al cultivo de su hogar, como los antiguos patriarcas, en unión de su adorable compañera y con ardor bíblico consagró sus horas de reposo al empeño de mantener en su morada, siempre viva por la emulación y el consejo, la noción del bien, la imagen de Dios, en sus conceptos de suprema verdad y de pureza.” 74 5.- Don Manuel Vicente Jiménez, la Unión Católica y una posible candidatura presidencial. La campaña política de 1889, que se desarrolló mientras don Manuel Vicente Jiménez era magistrado de la Sala de Casación, fue sumamente apasionada. Con el apoyo del gobierno de don Bernardo Soto, los liberales respaldaron la candidatura del licenciado don Ascensión Esquivel Ibarra, segundo designado a la Presidencia, a quien se tenía por notorio anticlerical. Sus adversarios postularon al licenciado don José Rodríguez Zeledón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y su candidatura fue calurosamente acogida en los sectores populares y en la mayoría del clero. En medio de la campaña electoral, Manuel Vicente y otros trece laicos católicos decidieron formar una asociación para defender los intereses de su credo, que posiblemente consideraban gravemente amenazados si en los comicios triunfaba Esquivel, y el 7 de setiembre de 1889 formaron en San José la Unión Católica de Costa Rica, cuyo documento fundacional rezaba: “Los infrascritos, convencidos de que por las necesidades de los tiempos es indispensable que los católicos estrechemos los santos lazos que nos unen y compactemos nuestras filas para trabajar eficazmente en pro de los intereses de nuestra sagrada Religión íntimamente ligados con los de la Patria; siguiendo el ejemplo de las 74 El noticiero, 15 de enero de 1908.

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demás naciones civilizadas de Europa y de América, después de conferenciar sobre el asunto, hemos acordado por unanimidad lo siguiente: 1.) Establecer una asociación que se denominará Unión Católica de Costa Rica. Esta Asociación tendrá por objeto la defensa de los intereses católicos en toda su amplitud, o lo que es lo mismo, trabajar por restablecer y consolidar el reinado social de Nuestro Señor Jesucristo. 2.) La Unión Católica será una asociación bien organizada, fundada en la Fe, sostenida por la sumisión de la Iglesia, fortalecida por la Caridad y alentada por la Esperanza cristiana. 3.) Medios especiales para la realización de sus fines serán además de la oración y la práctica de la caridad, la prensa en todas sus formas, la palabra viva, la educación y la enseñanza cristiana, la política en su recto sentido. 4.) La Unión Católica se gobernará de conformidad con los Estatutos que oportunamente se emitan. Para redactar el proyecto de Estatutos y presentarlos dentro de ocho días, quedan nombrados los señores Manuel Vicente Jiménez, don Antonio de Barruel, don José María Sánchez G., y don Pedro Nolasco Gutiérrez. 5.) El Directorio provisional, por ahora, de la Unión Católica, queda organizado como sigue: Presidente, don Saturnino Lizano. Primer Vocal: Alejo Jiménez. Segundo Vocal: Odilón S. Jiménez. Tercer Vocal: Antonio (sic) de Barruel. Secretario: José M. Sánchez. Tesorero: José Navarro. 6.) La próxima reunión de la Sociedad se efectuará el viernes 13 del corriente a las 8 y 30 a. m. en cuyo día deberá presentarse el proyecto de Estatutos. Con lo cual terminó el acto. San José, 7 de noviembre de 1889. Firman: S. Lizano.22

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A. E. Jiménez.- O. S. Jiménez.- Manuel V. Jiménez.- José Navarro.- Manuel Dávila.Cirilo J. Meza.- Jerónimo Benavides.Salomón V. Escalante.- Jesús Roldán.Antonio de Barruel.- Tomás Peñaranda.- P. N. Gutiérrez.- José M. Sánchez, Srio.”75 En opinión de monseñor Sanabria, aunque el ex presidente de la República don Saturnino Lizano fuera la figura más notoria del grupo, “era hombre de escasas ambiciones y de muy relativas capacidades políticas” 76. Sanabria consideró que posiblemente el verdadero iniciador de la asociación fue el colombiano don José María Sánchez, quien era periodista. Por su parte, don Alejo Edmundo Jiménez Bonnefil y su hermano don Odilón llegarían a ser el alma de la Unión Católica, cuando esta entró de lleno en la política nacional 77. Ambos eran muy jóvenes: don Alejo había nacido en noviembre de 1858 78 y don Odilón había nacido el 22 de febrero de 1863 79; es decir, que en la época de la constitución de la Unión Católica de Costa Rica tenían treinta y veintiséis años respectivamente. La Unión Católica de Costa Rica al parecer no llegó a desarrollar ninguna actividad política de importancia, posiblemente gracias a que el abrumador triunfo de don José Rodríguez en las elecciones de noviembre de 1889 tranquilizó temporalmente a sus fundadores 80. Sin embargo, pronto surgieron recelos acerca de las verdaderas intenciones del candidato victorioso con respecto a los temas que interesaban a la Iglesia Católica, y el 27 de febrero de 1890, algunos de los integrantes de la Unión Católica de Costa Rica suscribieron, junto con otros laicos y varios sacerdotes, el acta constitutiva de una nueva asociación, denominada Unión Católica, cuyo propósito era 75 SANABRIA M., Víctor, Bernardo Augusto Thiel, segundo obispo de Costa Rica. Apuntamientos históricos, San José, Editorial Costa Rica, 1ª ed., 1982, pp. 398-399. 76 Ibid., p. 400. 77

Ibid., p. 401.

78

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12126-136742-18

79 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11619-13460-21 bautismo era Pedro María Santana Atilón Jiménez Bonnefil. 80

Su

nombre

de

SANABRIA M., 1982, p. 401.

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“la defensa de los intereses católicos en toda su amplitud, basándose en la fe, sometiéndose incondicionalmente a la autoridad de la Iglesia y obedeciendo estricta y humildemente la voz de nuestro Santo Padre el Papa” 81. Don Manuel Vicente Jiménez no participó en la constitución de esta nueva entidad, cuya dirección fue prácticamente monopolizada por don Alejo Edmundo Jiménez Bonnefil. Paradójicamente, como secretario de Estado de don José Rodríguez, a don Manuel Vicente le habría de tocar enfrentarse tanto con el obispo Thiel como con don Alejo Edmundo Jiménez Bonnefil. La asociación Unión Católica fue reconstituida en noviembre de 1891 como una sociedad sacerdotal 82. Sin embargo, con el apoyo de la mayoría de los sacerdotes y de buena parte de los fieles católicos, no tardó en transformarse en un verdadero partido político. Participó por primera vez en las elecciones municipales de diciembre de 1891, y para sorpresa de los liberales obtuvo una clara victoria en muchas circunscripciones 83. Alarmados, los grupos liberales constituyeron un nuevo partido llamado Nacional, que en alianza con el gobierno de Rodríguez logró derrotar a la Unión Católica en las elecciones legislativas de abril de 1892 84. A propósito de la designación de don Manuel Vicente como canciller, en agosto de 1892, el Diario del Comercio, periódico josefino de tendencias liberales, indicó: “Pertenece el Sr. Jiménez, por sus ideas y aspiraciones, a la agrupación política –aunque no sabemos si está incorporado

81

Ibid., p. 402.

82

Ibid., pp. 408-413.

83 MONGE ALFARO, Carlos, Historia de Costa Rica, San José, Imprenta Trejos Hnos., 12ª. ed., 1963, p. 221; SANABRIA M., 1982, p. 413. 84 Ibid., 1982, p. 426.

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en ella oficialmente- llamada la Unión Católica.” 85 No obstante sus vínculos o coincidencias con la Unión Católica, don Manuel Vicente Jiménez, como secretario de Estado, tuvo en 1893 dos importantes enfrentamientos con el obispo monseñor Bernardo Augusto Thiel, que detallaremos en el capítulo siguiente. A pesar de esto, sin duda el prelado tenía en alto aprecio al licenciado Jiménez y lo consideraba un católico sincero y convencido, porque, en unión de otras personas, opinó que don Manuel Vicente era la persona más indicada como candidato presidencial de la Unión Católica para las elecciones de 1894. Dada su condición de secretario de Estado de Rodríguez, quien no había manifestado su apoyo a ningún candidato, monseñor Thiel había simpatizado con su eventual postulación “… porque el puesto que ocupaba en el Gobierno podría ser garantía relativa contra una muy posible imposición del mismo Gobierno en contra de la Unión Católica.” 86 A pesar de que el obispo manifestó su deseo de que el licenciado Jiménez fuera el candidato, el 22 de setiembre de 1893, en una junta de clérigos, sin participación de Thiel ni tampoco de ningún laico, la Unión Católica, por treinta y un votos de treinta y cinco, designó como tal al licenciado don José Gregorio Trejos Gutiérrez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los votos disidentes fue dado “a la candidatura adoptada o que adoptare el Ilmo. y Revmo. Señor Obispo” 87, pero sin mencionar a don Manuel Vicente Jiménez. La designación de don José Gregorio Trejos fue posteriormente confirmada por las unidades de la Unión Católicaen diversas poblaciones, llamadas Círculos Católicos. El 15 de octubre de 1893, en una carta a don Claudio María 85

Diario del Comercio, 9 de agosto de 1892.

86

SANABRIA, 1982, pp. 445-446.

87 Ibid., p. 766.

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Volio Jiménez, sobrino de don Manuel Vicente, monseñor Thiel expresó: “Algunos amigos pensamos sacar a don Manuel V. Jiménez, pero fue imposible salir avante con él.” 88 La proclamación del licenciado Trejos como candidato no fue bien recibida en diversos sectores del partido católico, fenómeno que se dio especialmente en Heredia, su provincia natal. A mediados de octubre, el presbítero don Ezequiel Martínez y un cuñado de don Manuel Vicente Jiménez, don Paulino Ortiz Garita, decidieron formar una nueva agrupación política en esa provincia, a la cual llamaron Partido Popular Católico. El 19 de octubre de 1893, el padre Martínez, don Paulino Ortiz Garita y otros treinta y dos heredianos suscribieron un manifiesto en el que postulaban como candidato a don Manuel Vicente y declaraban que la designación de don José Gregorio Trejos como candidato era nula, por haber sido hecha por los eclesiásticos que “no ocupaban puesto de autoridad en la Unión Católica Seglar” y que su posterior ratificación por los Círculos Católicos había sido casi una farsa. Don Manuel Vicente posiblemente tenía mucho más capacidades políticas que don José Gregorio Trejos y quizá su nombre efectivamente hubiera sido más aceptable para el presidente Rodríguez. Además, podía tener mucho peso el hecho de que el obispo Thiel hubiera simpatizado con una posible candidatura suya, antes de que se designara al licenciado Trejos. Sin embargo, los católicos no podían darse el lujo de ir a las elecciones repartidos en dos agrupaciones diferentes, porque eso indudablemente favorecía a los liberales, que habían cerrado filas en torno al nombre de don Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. En la tarde del 17 de diciembre de 1893, antes de que el Partido Popular Católico lanzara oficialmente la candidatura del licenciado Jiménez, dos connotadas figuras de la novísima agrupación, don Paulino Ortiz Garita y don Alberto Sáenz Flores, efectuaron una visita a monseñor Thiel, para preguntarle 88 Ibid., p. 439.

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formalmente si un católico podía dar su voto por don Manuel Vicente para la presidencia de la República y si en las circunstancias imperantes en ese momento convenía dar el voto por él. El obispo les respondió: “… ciertamente creo que el Señor Lic. D. Manuel Vicente Jiménez es digno de la Presidencia de la República y que antes que la Unión Católica en sesión del 29 de setiembre escogiera por candidato al Sr. Lic. Don Gregorio Trejos, había manifestado el deseo que la Unión Católica lo adoptara por candidato, pero que después del día 29 de setiembre en atención a la elección hecha por la inmensa mayoría de los círculos de la Unión Católica, no era conveniente pensar más en el Lic. Don Manuel Vicente Jiménez sino en el Sr. Lic. Don Gregorio Trejos… En las circunstancias actuales en que es necesario que todos los católicos se reúnan para dar al país un gobierno católico, toda división es peligrosa, y aquellos que mantienen la división se hacen responsables de los resultados que podrían venir de ella, por consiguiente conviene renunciar a simpatías personales y dar el voto a la persona que la Unión Católica ha escogido como candidato del partido, y este es el lic. Don Gregorio Trejos.”89 Las manifestaciones del obispo, que también fueron comunicadas por este a don Alejo Edmundo Jiménez, presidente de la Directiva Central de la Unión Católica, sin duda cayeron como un balde de agua fría sobre el Partido Popular Católico y produjo la prematura disolución de este. Algunos de sus integrantes volvieron a regañadientes a las filas de la Unión Católica y otros persistieron en su negativa a apoyar la candidatura de don José Gregorio Trejos, como el presbítero Martínez, quien terminó uniéndose al Partido Civil, nueva agrupación que sin candidato 89

Ibid., pp. 766-767.

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aparente, trabajaba por las aspiraciones de don Rafael Yglesias Castro, secretario de Guerra y Marina y yerno del presidente Rodríguez. Aunque la Unión Católica contaba con un enorme arrastre popular, el gobierno de don Rodríguez no permitió que llegara al poder. Tanto en las elecciones de primer grado, celebradas en febrero de 1894, como en las de segundo, que se efectuaron en abril de ese año, la presión oficial fue enorme y descarada y los abusos estuvieron a la orden del día. Monseñor Sanabria, en su biograf ía del obispo Thiel, dice: “Seamos justos con el Gobierno del señor Rodríguez. Ningún Presidente había sido tan franco como él, cuando quería cometer un fraude. Les anunciaba que se violarían todas las leyes que fuera necesario violar, para impedir que obtuvieran el triunfo los católicos.” 90 Efectivamente, aunque la campaña electoral había enfrentado enfáticamente a los liberales y a los católicos, a fin de cuentas el gobierno de don José Rodríguez impuso como vencedor a don Rafael Yglesias.

90 Ibid., p. 451.

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Capítulo II LOS AÑOS ANTERIORES (1868-1892)

1.- Regidor y tesorero municipal de Cartago. En diciembre de 1867, poco después de su regreso a Costa Rica, don Manuel Vicente Jiménez fue elegido como fue uno de los cinco regidores propietarios que debían formar parte de la Municipalidad de Cartago durante el año de 1868. Los otros cuatro regidores elegidos fueron don José de Jesús Solano, don Carlos Volio Llorente, don Bernardino Peralta y Alvarado y don Francisco Vicente Peralta 91. Don Manuel Vicente fue también tesorero de la Municipalidad cartaginesa 92. 2.- Diputado suplente por la provincia de Cartago a la Asamblea Constituyente de 1869. El 1° de noviembre de 1868, un golpe militar derrocó al presidente don José María Castro Madriz y llevó al poder a don Jesús Jiménez Zamora, tío paterno de don Manuel Vicente Jiménez. El 13 de noviembre, el nuevo gobierno convocó a 91 Gaceta Oficial, 24 de diciembre de 1867. 92

MATA GAMBOA, 1999, p. 385.

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elecciones para una asamblea constituyente 93. El 25 de diciembre, la asamblea electoral de Cartago procedió a elegir a los diputados propietarios y suplentes que le correspondían a la provincia. Como propietarios fueron elegidos don Eusebio Figueroa Oreamuno, don Félix Mata y Lafuente, don Jesús Solano, don Francisco María Fuentes y Quirós y don José Rafael Oreamuno y Carazo. Como suplentes fueron elegidos don Desiderio Oreamuno y Carazo, don Manuel Vicente Jiménez y el presbítero Fulgencio Bonilla 94. La Asamblea Constituyente inauguró sus sesiones en San José el 1° de enero de 1869 y el 18 de febrero siguiente aprobó la nueva Constitución Política de la República, aunque no entró en vigencia sino hasta el 15 de abril. En este nuevo texto constitucional, entre otras cosas, se consagró el principio de que la educación primaria de las personas de uno y otro sexo era gratuita, obligatoria y costeada por el Estado 95. 3.- Representante propietario por la provincia de Cartago. De conformidad con la nueva Constitución, en abril de 1869 se efectuaron comicios para elegir presidente de la República, diputados y senadores. Como presidente fue elegido, por abrumadora mayoría, el mismo gobernante provisorio don Jesús Jiménez. Para representar a Cartago en la Cámara de Representantes en el primer período constitucional, los electores de esa provincia designaron a don Jesús Solano, don Desiderio Oreamuno y Carazo, don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno, don Zacarías Pacheco Cabezas y don Francisco Bonilla. Como suplentes fueron elegidos don Adriano María Bonilla y don Felipe Alvarado 96. A poco de iniciadas las sesiones del Congreso, Don Manuel Vicente presentó su renuncia como representante por 93 Decreto n° 44 de 13 de noviembre de 1868. 94 OBREGÓN LORÍA, 1966, p. 325; OBREGÓN QUESADA, Clotilde, Las Constituciones de Costa Rica, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1ª. ed., 2007-2009, vol. III, p.18. 95 Ibid., pp. 20-21. 96 Ibid., p. 333.

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Cartago 97, a fin de poder asumir el cargo de juez de primera instancia civil y del crimen de la provincia de Cartago. Sin embargo, mientras todavía estaba en funciones, los legisladores se llenaron de alarma ante la renuncia que el 21 de mayo de 1869 presentó don Jesús Jiménez a la presidencia de la República, a pesar de que el nuevo gobierno no había cumplido ni siquiera un mes. Mientras el Congreso resolvía, don Jesús llamó al ejercicio de la presidencia al primer designado, don Eusebio Figueroa Oreamuno. Para conocer de la renuncia del presidente y emitir dictamen sobre ella, el Congreso nombró una comisión ad hoc de senadores y representantes, de la que formaron parte el presbítero don Domingo Rivas y Salvatierra, don Nicolás A. Ulloa Solares, don José Prieto, don Rafael Barroeta y Baca, don Francisco Echeverría, don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno y don Jesús Solano. El 21 de mayo, por unanimidad, la comisión dictaminó en contra de la renuncia y propuso que el Congreso la declarara sin lugar 98, como en efecto lo hizo. Sin duda envalentonado por la actitud del Congreso, el presidente Jiménez le pidió el 29 de mayo que le concediera facultades omnímodas, alegando que había un centro de conspiración que trabajaba sordamente contra su gobierno. El Congreso nombró una comisión integrada por don Domingo Rivas y Salvatierra, don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno y don José Rafael Oreamuno y Carazo, que el mismo día dictaminó a favor de la solicitud presidencial 99. El Congreso aprobó el dictamen, concedió al Ejecutivo las facultades extraordinarias solicitadas y entró en receso 100.

97 Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica, Archivo del Congreso, documento número n° 8398. 98 El texto del dictamen es reproducido en GONZÁLEZ VÍQUEZ, Cleto, “El sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación”, pp. 444-445, en Obras históricas, San José, Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 2ª. ed., 1973, vol. I, pp. 13-472. 99

V. Ibid., vol. I, pp. 445-446.

100 Ibid., vol. I, p. 292.

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4.- Juez civil y del crimen de Cartago. El 24 de mayo de 1869, la Corte Suprema de Justicia nombró a don Manuel Vicente Jiménez como juez de primera instancia civil y del crimen de la provincia de Cartago, cargo para el que fue juramentado el 1° de junio de ese año 101 y con el cual inició una larga y fecunda carrera judicial. 5.- Conjuez de la Corte Suprema de Justicia. El 27 de abril de 1870 el presidente don Jesús Jiménez fue derrocado por un golpe militar que llevó a la primera magistratura a don Bruno Carranza Ramírez y a la comandancia del ejército al general don Tomás Guardia Gutiérrez. Dado que su padre don José Manuel Jiménez era hermano de don Jesús, don Manuel Vicente Jiménez y sus familiares más cercanos fueron adversarios del nuevo régimen. A pesar de esto, mediante decreto de 18 de mayo de 1870 el jefe provisorio de la República don Bruno Carranza Ramírez nombró a don Manuel Vicente como uno de los veinticinco conjueces de la Corte Suprema de Justicia 102. El cargo de conjuez, para el que también fue designado su futuro suegro don Paulino Ortiz y Campos, era equivalente al de un magistrado suplente. El nombramiento de don Manuel Vicente como conjuez de la Corte se mantuvo hasta el inicio del nuevo régimen constitucional, el 8 de mayo de 1872. 6.- Diputado propietario por la provincia de Cartago a la Asamblea Constituyente de 1871. El presidente provisorio don Tomás Guardia, que sucedió a don Bruno Carranza como gobernante de facto el 9 de agosto de 1870, convocó el 12 de agosto de 1871 a elecciones para una asamblea nacional constituyente. El 8 de octubre siguiente, la 101 Gaceta oficial, 5 de junio de 1869; “El Lic. Manuel Vicente Jiménez”, 1903, p. 635. 102 Decreto N° 21 de 18 de mayo de 1870.

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asamblea electoral de Cartago eligió como diputados propietarios por esa provincia a don Pedro García Oreamuno, don Félix Mata y Lafuente, don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno y don Jesús Solano, y como suplentes a don Manuel Aragón y a don Lucas Alvarado 103. La Asamblea Constituyente inauguró sus sesiones el 15 de octubre de 1871 y nombró una comisión para elaborar un proyecto de Constitución. Este fue sometido a la consideración del plenario el 6 de noviembre y al día siguiente se inició su discusión, que se tradujo en muy pocos cambios al texto 104. El 7 de diciembre, la Asamblea aprobó la nueva Constitución, que con numerosos altibajos y reformas, habría de regir en Costa Rica hasta 1948. El texto original de la Constitución llevó la firma de don Manuel Vicente, como diputado por Cartago. 7.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por primera vez. Como consecuencia del golpe militar que el 30 de julio de 1876 derrocó al gobierno de don Aniceto Esquivel Sáenz, se nombró como presidente provisorio de la República a don Vicente Herrera Zeledón. El 31 de julio, el presidente Herrera efectuó la designación de los magistrados que debían integrar la Corte Suprema de Justicia. Como presidente de la Corte y de la Sala Primera, tribunal que actuaba como sala de segunda y de tercera instancia, se nombró al licenciado don Vicente Sáenz Llorente, y como magistrados integrantes de la misma Sala a Félix González y Trejos y don Ezequiel Herrera Zeledón 105. Sin embargo, el licenciado Sáenz, primo hermano del gobernante derrocado, declinó la designación. Esto hizo que el 3 de agosto de 1876 el presidente Herrera nombrara como presidente de la Corte y de la Sala Primera a don Eusebio Figueroa Oreamuno, hasta entonces presidente de la Sala Segunda, y trasladara a la presidencia de esta última a don Ezequiel Herrera Zeledón 106. La magistratura que 103

OBREGÓN LORÍA, 1966, p. 357.

104

OBREGÓN QUESADA, 2007-2009, vol. IV, pp. 6-7.

105 Decreto N° 50 de 31 de julio de 1876. 106 Decreto N° 57 de 3 de agosto de 1876.

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dejó don Ezequiel en la Sala Primera permaneció vacante durante varios meses, hasta que el 5 de diciembre de 1876, el presidente Herrera nombró para llenarla a don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno 107. Esta fue la primera vez en que don Manuel Vicente desempeñó el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que habría de desempeñar en otras ocho oportunidades, y en el cual “dio relevantes pruebas de su rectitud, de su honradez, de su incansable afán por el trabajo y de su entrañable cariño a la ciencia del derecho.” 108 Don Manuel Vicente desempeñó el cargo de magistrado de la Sala Primera hasta el 11 de octubre de 1877, cuando el Gran Consejo Nacional creado por el nuevo presidente don Tomás Guardia Gutiérrez efectuó una reorganización de la Corte Suprema y nombró nuevos magistrados 109. Durante los años de la dictadura del general Guardia, que se prolongó hasta su muerte en julio de 1882, el licenciado Jiménez se mantuvo al parecer apartado de la política. Por el contrario, su cuñado don Paulino Ortiz Garita, que también adversaba al régimen guardista, se vio envuelto en 1879 en una conspiración contra el gobierno de don Tomás 110. 8.- Elegido como diputado suplente por la provincia de Cartago. En las elecciones de julio de 1882, fallecido ya el general Guardia, la asamblea electoral de la provincia de Cartago eligió como diputados propietarios a don Pedro García Oreamuno, don Jesús Solano, don Desiderio Oreamuno y Carazo y don Rafael Oreamuno y Carazo, y como diputados suplentes al presbítero don Rafael Brenes y a don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno 111. 107 Decreto N° 83 de 5 de diciembre de 1876. 108

CRUZ MEZA, 1908, p. 385.

109 Decreto N° 35 de 15 de octubre de 1877. 110 OBREGÓN LORÍA, Rafael, Hechos militares y políticos, Alajuela, Museo Histórico Cultural Juan Santa María, 2ª. ed., 1981, pp. 192-193. 111

34

OBREGÓN LORÍA, 1966, p. 391.

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Sin embargo, don Manuel Vicente renunció a esa designación, “porque su carácter independiente no le permitía tolerar ciertos manejos de la Cámara” 112, y prefirió aceptar la postulación como magistrado. 9.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por segunda vez. El Congreso elegido en julio de 1882, del que don Manuel Vicente Jiménez declinó formar parte, inauguró sus sesiones el 1° de agosto de ese año y el 3 de agosto procedió a designar a los magistrados que habrían de integrar la Corte Suprema de Justicia durante el período de 1882. La cámara designó como presidente de la Sala Segunda del alto tribunal a don José Antonio Pinto Castro, y como magistrados de la misma Sala a don Camilo Esquivel Sáenz y a don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno. Los integrantes de la nueva Corte fueron juramentados el 10 de agosto de 1882 113, junto con el general don Próspero Fernández Oreamuno, nuevo presidente de la República. 10.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por tercera vez y presidente de la Sala Segunda. El 5 de mayo de 1886 el Congreso Constitucional eligió a los magistrados que habrían de formar la Corte Suprema de Justicia en el período 1886-1890. Don Manuel Vicente Jiménez fue elegido como magistrado y presidente de la Sala Segunda, cuyos otros dos integrantes fueron don Camilo Esquivel Sáenz y don Ezequiel Gutiérrez Iglesias. 114. Los miembros de la nueva Corte fueron juramentados el 8 de mayo de 1886. Sin embargo, era previsible que el supremo tribunal pronto sería reorganizado, puesto que estaba en trámite una reforma constitucional destinada a suprimir la tercera 112

MATA GAMBOA, 1999, p. 385.

113 Decreto N° 2 de 4 de agosto de 1882. 114 Decreto N° 4 de 5 de mayo de 1886.

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instancia y a establecer en Costa Rica el sistema de Casación francés. El 18 de mayo se aprobó la reforma, que se refería a los artículos 120 y 123 de la Carta fundamental y que en lo conducente disponía: “SEGUNDA.- La Corte Suprema de Justicia se compondrá de una Corte de Casación con cinco miembros y de dos Salas de apelaciones, con tres miembros cada una. Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, de la de Casación y de las Salas de apelaciones serán determinadas por la ley. El Congreso designará los Magistrados que deban formar la Corte de Casación y cada Sala de Apelaciones, así como cual de ellos será su respectivo Presidente. El de la Corte de Casación lo será del Tribunal Supremo. TERCERA.- Para ser Magistrado se requiere: 1°. Ser costarricense por nacimiento o naturalizado con residencia de cuatro años después de obtenida la carta de naturaleza; 2° Ser ciudadano en ejercicio; 3°. Pertenecer al estado seglar; 4°. Ser mayor de treinta años; 5°. Ser abogado de la República y haber ejercido la profesión por cinco años; 6° Tener un capital propio de tres mil pesos o rendir fianza equivalente. CUARTA.- Para llenar las faltas de los Magistrados se sortearán Conjueces entre las personas que reúnan las mismas calidades requeridas para ser Magistrado, que no sean subalternos de la Corte ni 36

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empleados de los otros Supremos Poderes, y que no residan a más de veinticinco kilómetros de la capital.” 115 La reforma incluía además un artículo transitorio, que señalaba: “La nueva organización de la Suprema Corte de Justicia empezará a tener efecto tan pronto como se emita la ley orgánica respectiva.- Entonces se procederá a la elección del personal que debe componer el Supremo Tribunal de Justicia; y el tiempo de duración de los Magistrados que resulten nombrados será el que falte para completar el presente período constitucional.” 116 11.- Presidente interino de la Corte Suprema de Justicia. El 26 de febrero de 1887 murió en San José don José Antonio Pinto Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 1871, la designación de su sucesor era potestad exclusiva del Congreso Constitucional, pero este se hallaba en receso y no iniciaba sus sesiones ordinarias sino hasta el 1° de mayo de 1887. Interinamente, la presidencia de la Corte Suprema debía recaer en el magistrado presidente de la Sala Primera, don Vicente Sáenz Llorente, pero este se encontraba efectuando una visita a Puntarenas y Guanacaste, por encargo del Poder Judicial. Debido a ello, del 26 de febrero al 7 de marzo, quien presidió las sesiones de la Corte fue don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno, como presidente de la Sala Segunda. Don Vicente Sáenz se hizo cargo de la presidencia interina del tribunal el 9 de marzo de 1887 117.

115 Reformas a la Constitución de 18 de mayo de 1886. 116 Ibid. 117

V. “Minutas de las actas de la Corte Suprema de Justicia”, en La Gaceta, marzo de 1887.

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12.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por cuarta vez. El 12 de julio de 1887 el Congreso Constitucional designó nuevos magistrados, con el propósito de poner en práctica la reforma constitucional de 1886 y el modelo contenido en la nueva Ley Orgánica de Tribunales que empezaría a regir el 1° de enero de 1888. Para la presidencia de la Sala de Casación, que conllevaba la de la Corte Suprema de Justicia, la cámara designó al licenciado don José Rodríguez Zeledón 118. Los restantes abogados elegidos para integrar la Sala de Casación fueron don Juan José Ulloa Solares, don Alejandro Alvarado García, don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno y don Ezequiel Gutiérrez Iglesias. Tanto estos como los demás magistrados, cuyo período expiraba en mayo de 1890, tomaron posesión de sus cargos el 1° de enero de 1888 119. A don Manuel Vicente Jiménez le correspondió, por consiguiente, ser miembro de la Sala de Casación cuando este tribunal empezó a funcionar por primera vez en Costa Rica, y participar en abril de 1888 en la decisión del primer recurso de casación presentado, en el caso Zamora y Vargas contra Villalobos y Zamora 120. En junio de 1889 empezó a circular la idea de postular a don José Rodríguez Zeledón, presidente de la Corte, como candidato a la presidencia de la República para el período 18901894, y enfrentar así las aspiraciones del licenciado don Ascensión Esquivel Ibarra, apoyado por el gobierno del presidente don Bernardo Soto. La iniciativa tuvo mucho eco y rápidamente el licenciado Rodríguez alcanzó una asombrosa popularidad. Para poder aceptar la candidatura de la oposición, organizada en un partido llamado Constitucional, sin que se le enrostrara su permanencia en la presidencia del Poder Judicial, don José presentó su renuncia como magistrado 121, que fue admitida por el Congreso Constitucional el 28 de agosto de ese año 122. Aunque 118 Decreto N° 35 de 12 de julio de 1887. 119 Decreto N° 63 de 28 de setiembre de 1887. 120 SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, “La primera sentencia de Casación”, en Revista de Ciencias Jurídicas, setiembre-diciembre de 2001, n° 96, pp. 165-170. 121 Decreto N° 55 de 21 de agosto de 1889. 122 Decreto N° 57 de 28 de agosto de 1889.

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la designación de su sucesor correspondía exclusivamente a la cámara, esta se hallaba en sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo no había incluido la eventual elección de un nuevo presidente de la Corte en la convocatoria correspondiente, aunque el siguiente período de ordinarias no debía iniciarse sino hasta el 1° de mayo de 1890. Por consiguiente, la Corte quedó sin presidente titular, y las funciones presidenciales fueron asumidas interinamente por el licenciado don Vicente Sáenz Llorente, que era el magistrado de mayor edad de la Sala de Casación y por esta circunstancia debía reemplazar al presidente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Tribunales 123. La presidencia interina de don Vicente Sáenz Llorente se prolongó hasta el 8 de mayo de 1890. En los comicios presidenciales, don José Rodríguez obtuvo una abrumadora victoria sobre don Ascensión Esquivel. 13.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por quinta vez. El 6 de mayo de 1890 el Congreso Constitucional eligió a los magistrados que de acuerdo con la Constitución debían desempeñar funciones en el período 1890-1894. Como presidente de la Sala de Casación y de la Corte, la cámara escogió al licenciado don Ricardo Jiménez Oreamuno, primo hermano de don Manuel Vicente Jiménez. Este fue designado como presidente de la Sala Primera de Apelaciones, de la que además fueron nombrados magistrados don Ezequiel Gutiérrez Iglesias y don Ezequiel Herrera Zeledón. Todos los magistrados fueron llamados a juramentarse el 8 de ese mismo mes 124. Cabe indicar que el licenciado Gutiérrez Iglesias se excusó de aceptar el cargo, ya que el 8 de mayo sería nombrado por el presidente Rodríguez

123 V. “Minutas de las actas de la Corte Suprema de Justicia” en La Gaceta, setiembrediciembre de 1889 y enero-mayo de 1890. El artículo 47 de la Ley Orgánica de Tribunales, referido a las Salas de Apelaciones, prescribía: “En los casos de falta del Presidente será reemplazado por el Magistrado de más edad.” La Ley Orgánica no tenía una norma expresa con respecto a la falta del presidente de la Sala de Casación, pero para llenar interinamente las vacantes de la presidencia de esa Sala se aplicó en 1889 y 1892 la misma solución prevista para las Salas de Apelaciones. V. Decreto N° 11 de 29 de marzo de 1887. 124 Decreto N° 17 de 6 de mayo de 1890.

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como secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas. En su lugar se nombró el 12 de mayo a don Gerardo Castro Méndez 125. El gobierno de don José Rodríguez se inició en medio de un gran optimismo. Según escribió don Ricardo Fernández Guardia, que ciertamente no simpatizaba con él, “Los periodistas y oradores del partido constitucional lo habían pintado como un modelo de todas las perfecciones humanas, llamado a romper con las tradiciones de veinte años de gobierno dictatorial y a transformar el país, labrando su felicidad. La tarea del licenciado Rodríguez era por lo tanto una de las más arduas que han podido presentarse a un gobernante.” 126 Pronto, sin embargo, empezaron las desilusiones y la popularidad de don José Rodríguez disminuyó rápidamente: “Los que de buena fe trabajaron por su triunfo pronto comprendieron que sus esperanzas estaban defraudadas, al ver que sólo habían conseguido llevar hombres nuevos a la dirección de los negocios y que todo seguía más o menos lo mismo. Por otra parte, el partido vencido, que contaba en sus filas la mayoría intelectual del país, combatía rudamente por la prensa y de palabra al nuevo gobierno, no siempre con justicia, suscitándole toda clase de dificultades.” 127 Mientras don Manuel Vicente era presidente de la Sala Primera, se produjo un fuerte roce entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia: 125 Decreto N° 22 de 12 de mayo de 1890. 126 FERNÁNDEZ GUARDIA, Ricardo, Cartilla histórica de Costa Rica, San José, Librería e Imprenta Atenea, 8ª. ed., 1946, p. 88. 127 Ibid.

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“A los once meses de gobierno, Rodríguez suspendió las garantías individuales con pretexto de una conspiración. El presidente aprovechó la coyuntura para encarcelar a varios periodistas y particulares, que por decreto de 25 de junio de 1891 fueron condenados, junto con los supuestos revolucionarios, a penas de destierro y confinamiento. Uno de los periodistas [don Ricardo Fernández Guardia] interpuso recurso de hábeas corpus ante la suprema corte de justicia, que lo mandó poner en libertad, pero el fallo del más alto tribunal de la República no fue acatado por Rodríguez. Este es el primer caso de violación de una sentencia de justicia por un gobernante de Costa Rica.” 128 Don Manuel Vicente Jiménez desempeñó la presidencia de la Sala Primera de Apelaciones hasta el 8 de junio de 1892, cuando renunció para ser nombrado como secretario de Estado por el presidente Rodríguez 129. Le sucedió en la magistratura y la presidencia de la Sala Primera don Pedro Pérez Zeledón, elegido el 8 de junio de 1892 130.

128 Ibid., pp. 88-89. 129 Resolución N° 9 de 9 de junio de 1892. 130 Decreto N° 22 de 9 de junio de 1892.

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Capítulo III EL CANCILLER (1892-1894)

1.- La Cancillería y los diplomáticos. A.- El nombramiento. La administración Rodríguez. El 8 de mayo de 1890, al iniciar su administración, el presidente don José Rodríguez Zeledón nombró al licenciado don Ezequiel Gutiérrez Iglesias como Secretario de Relaciones Exteriores, Instrucción Pública, Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia. Al licenciado Gutiérrez Iglesias le fue admitida la renuncia el 27 de julio de 1891 131 y en su lugar fue nombrado al día siguiente el doctor Pedro María León-Páez y Brown como titular de esas carteras 132. El 4 de marzo de 1892, el presidente Rodríguez trasladó al doctor León-Páez a la Secretaría de Gobernación, Policía y Fomento, y nombró como titular de la de Relaciones Exteriores y carteras anexas a su medio hermano el licenciado don Pedro Pérez Zeledón. Este apenas estuvo dos meses en el cargo, ya que el 2 de mayo de ese mismo año se le admitió su renuncia. Interinamente se hizo cargo de la Secretaría el subsecretario, don Manuel León Brenes Ortiz. 131

Decreto n° 42 de 27 de julio de 1891.

132 Decreto n° 44 de 28 de julio de 1892.

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El 7 de junio de 1892, por estar vacante la Secretaría de Relaciones Exteriores y carteras anexas y por considerar que el licenciado don Manuel Vicente Jiménez reunía “condiciones de honorabilidad e ilustración que lo hacen digno del puesto” 133, el presidente Rodríguez, mediante decreto n° 21 de esa fecha, dispuso nombrarlo como Secretario de Estado en esos despachos. El Diario del Comercio, periódico josefino de tendencias liberales, se refirió así a su designación: “El Sr. Licdo. Don Manuel Vicente Jiménez ha sido llamado a desempeñar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pertenece el Sr. Jiménez, por sus ideas y aspiraciones, a la agrupación política –aunque no sabemos si está incorporado en ella oficialmentellamada la Unión Católica. El Sr. Jiménez es, por lo demás, honrado y de buena voluntad. Obligado a escoger en el grupo de los clericales, la elección del Sr. Rodríguez nos parece acertada.” 134 A propósito del nombramiento, el mismo periódico se refirió a la mescolanza ideológica que había en el gabinete de Rodríguez: “Extraña amalgama de encontradas ideas políticas ofrece el gobierno del Sr. Rodríguez: el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Jiménez, es bien conocido clerical; los Ministros Sres. Valverde y Vargas, presumen de liberales, y al Sr. Iglesias no se le conoce (ni conviene que se le conozca) credo político alguno. Solo un Gobierno sin ideales políticos, puede contener en su seno tan antagónicos elementos, sin que parezcan estorbarse siquiera el uno al otro.” 135 133 Decreto n° 21 de de 7 de junio de 1892. 134 Diario del Comercio, 9 de junio de 1892. 135 Ibid.

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En ese mismo año 1892, la administración Rodríguez abandonó las formas constitucionales y se transformó en una dictadura. El 31 de agosto, días después de que el Congreso le diera un voto de censura, el presidente de la República decretó la disolución de la cámara y dispuso que el 18 de setiembre siguiente se eligieran nuevos diputados 136. La decisión fue anunciada en La Gaceta del 1º de setiembre, y ese mismo día el licenciado don Ricardo Jiménez Oreamuno decidió presentar su renuncia como presidente de la Corte Suprema de Justicia y como magistrado de la Sala de Casación, lo cual hizo mediante una escueta nota dirigida a la propia Corte 137. Diecinueve miembros del extinto Congreso, encabezados por el doctor don Carlos Durán Cartín, manifestaron que habían visto con indignación el decreto de disolución, protestaron contra la arbitrariedad del Poder Ejecutivo y declararon que la corporación que viniera como fruto del decreto se arrogaría indebidamente la representación nacional y cometería un atentado de lesa nación 138. Otros políticos se sumaron a la protesta, pero no se produjo ninguna reacción popular significativa. El que reaccionó airadamente fue el Ejecutivo. El 11 de setiembre de 1892 el presidente Rodríguez suscribió con todos sus secretarios de Estado un decreto mediante el cual se suspendía el orden constitucional “por el tiempo que las circunstancias exijan”, el Ejecutivo asumía “la plenitud de los Poderes”, con excepción del Judicial, y se dejaba sin efecto la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso 139. Otro decreto de 21 de setiembre estableció penas para los propaladores de “noticia o especies falsas o subversivas, encaminadas a introducir alarma en los pueblos, o a perturbar de algún modo el orden público” 140 y dispuso que tales casos fueran conocidos por los gobernadores provinciales, no por las autoridades judiciales. Varios miembros del disuelto Congreso, periodistas y otros ciudadanos fueron encarcelados y a 136 Decreto N° 73 del 31 de agosto de 1892. 137 VARGAS COTO, Joaquín, Biograf ía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, San José, Imprenta Vargas, 1ª. ed. 1959, p. 15. 138 CERUTTI, Franco, Guzmán en Costa Rica, San José, Asociación Libro Libre, 1ª. ed., 1980 , p. 140. 139 Decreto N° 74 de 11 de setiembre de 1892. 140 Decreto N° 75 de 21 de setiembre de 1892.

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algunos de ellos se les expulsó del país o se les confinó en lugares distantes de San José 141. Don Manuel Vicente Jiménez fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y carteras anexas hasta el fin de la administración Rodríguez, el 8 de mayo de 1894. Se sabe que se apartó temporalmente de sus funciones durante uno o dos días en marzo de 1893, ya que el 7 de ese mes el secretario de Guerra y Marina don Rafael Yglesias Castro suscribió un documento como encargado interinamente de la Cancillería, pero no consta si ese recargo se debió a una ausencia pasajera o una enfermedad del canciller titular 142. En setiembre de 1893 se restablecieron las garantías individuales, a fin de permitir el desarrollo de la campaña electoral, pero como en los comicios de febrero de 1894 los resultados parecieron favorecer a la Unión Católica, el gobierno intervino para impedir su triunfo e imponer como sucesor de Rodríguez a su yerno don Rafael Yglesias. El 23 de febrero de 1894 fueron suspendidas una vez más las garantías individuales 143. Enseguida se procedió a arrestar al candidato de la Unión Católica don José Gregorio Trejos, a varios sacerdotes, a numerosos electores y a muchos partidarios y simpatizantes del partido clerical. Hubo algunos conatos de revolución en Grecia y otros lugares, pero todos fueron rápidamente dominados por las autoridades 144. En las elecciones de segundo grado, efectuadas el 1° de abril de 1894, con las garantías suspendidas y bajo una tremenda presión de las autoridades, don Rafael Yglesias obtuvo una fácil victoria. La administración Rodríguez, iniciada tan halagüeñamente el 8 de mayo de 1890, terminó el 8 de mayo de 1894 en franca impopularidad y dejando el triste recuerdo de sus abusos, a los que lamentablemente don Manuel Vicente Jiménez, aunque fuera de modo tácito, prestó su concurso como secretario de Estado. 141

FERNÁNDEZ GUARDIA, 1946, p. 89.

142 La Gaceta, 9 de marzo de 1893. 143 Decreto N° 15 de 23 de febrero de 1894. 144

OBREGÓN LORÍA, 1981, pp. 236-239.

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La Prensa Libre del 9 de mayo de 1894 publicó un comentario titulado “8 de mayo” que hacía referencia al comienzo y final del gobierno de Rodríguez y que a nuestro juicio refleja muy bien la opinión prevaleciente en aquellos momentos: “Refieren los viejos de Cartago, que Matina, en la primera mitad de este siglo, era para las imaginaciones populares una tierra de promisión. Aquel floreciente valle daba en abundancia un cacao no inferior al mejor del mundo; pero al par que árboles productores de la codiciada almendra, brotaban de la húmeda tierra las calenturas que abultan el hígado y que tornan el color rosado de la tez en el tinte amarillento de la cera. De modo que el mocetón robusto o el hombre fornido que se establecía en aquellos fecundos terrenos, volvía bien pronto a la noble y leal ciudad trocado en anciano prematuro. Para pintar este rápido cambio, las gentes de Cartago gráficamente dicen que el matinero, al marcharse y ser preguntado a dónde iba, respondía con orgullo y con voz llena y sonora: A MATINA; y al volver y ser interrogado de dónde venía, contestaba con un hilo de voz doliente y apagado: de Matina. La Administración Rodríguez ha sido para los costarricenses una empresa en Matina. Cuatro años hace hoy que el señor Rodríguez tomó posesión del mando supremo de la República, en condiciones de popularidad y prestigio, no reunidos nunca por ningún hombre público de este país.

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El 8 de mayo de 1890 habría parecido insensato sostener que el nuevo Presidente no era el mesías destinado a redimirnos de nuestros vicios de tiranía y servidumbre; y que ese hombre, tan distinguido en el foro como abogado notable y honrado, en los tribunales como juez recto y en la política como ministro independiente y digno, no haría un gobierno intachable y una administración inmaculada. La inmensa multitud que lo aclamó en ese día memorable, al volver a sus hogares, llevaba la confianza, bien fundada, de que los destinos de la nación quedaban en manos expertas y seguras, de que ese admirador de Jorge Washington sería un imitador del inmortal repúblico. ¡Cuán amarga decepción para los partidarios del señor Rodríguez! ¿Cómo podían suponer que al jurar respeto a la Constitución y a las leyes, síntesis de su programa de gobierno, juraba en vano el señor Rodríguez y que las leyes y la Constitución serían por él vilipendiadas y escarnecidas?¿Cómo podían suponer que el hombre de sus ilusiones se burlaría de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de los mandatos del Congreso Nacional, disuelto más tarde, si había prometido solemnemente mantener el principio de independencia entre los diversos Poderes de la Nación?¿Ni cómo calcular que el mandatario, elevado por la fuerza de la pública opinión, no ahogada entonces por un gobernante arbitrario, habría de dar de puntapiés al voto de los pueblos? Locura habría sido pensar entonces que un hombre de las excelentes prendas Jorge Francisco Sáenz Carbonell • Jorge Umaña Vargas

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y cuyas promesas podían recibirse como oro puro, cupieran alguna vez tamaños desafueros. Las libertades del ciudadano aherrojadas, los menores actos de los costarricenses vigilados por esbirros, el Congreso de la nación suprimido, el bolsillo de los costarricenses aligerado por nuevas y gravosas contribuciones, el erario abrumado con gastos militares y de policía, un gobierno sin rumbo, tan pronto apoyándose en los católicos para combatir a los liberales, tan pronto echando mano de los liberales para contener a los católicos, y por último el jefe del gobierno, apoyado en elementos militares para imponer como sucesor suyo a un miembro de la familia, contra la voluntad de católicos y liberales: he ahí los tristes ejemplos y las desconsoladoras enseñanzas que deja al país el mandatario de quien amigos y enemigos esperaban tantos bienes y tantos progresos para la República.” 145 B.- La Cancillería en 1892. Cuando don Manuel Vicente Jiménez fue nombrado como canciller, las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y carteras anexas se hallaban ubicadas en el elegante Palacio Nacional, que se erigía en el sector sudeste de la manzana donde hoy (2016) se erige el edificio del Banco Central de Costa Rica. El Palacio, que por espacio de un siglo sirvió de sede al Poder Legislativo, varios ministerios y otras oficinas gubernamentales, fue salvajemente demolido a fines del decenio de 1950, para construir el edificio del Banco. De conformidad con el decreto-ley N° 29 de 20 de junio de 1870 que regulaba la competencia de las diversas carteras ministeriales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores le correspondía 145

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“8 de mayo”, en La Prensa Libre, 9 de mayo de 1894.

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“… la dirección de las Relaciones diplomáticas, nombramiento y remoción de los Agentes Diplomáticos y Consulares, correspondencia con los Gobiernos extranjeros, protección de los costarricenses en el extranjero, legalización de los documentos para el exterior, comprobación de los otorgados en el extranjero y expedición de pasaportes para fuera de la República. § ÚNICO.- A la misma corresponde todo lo relativo a Concordatos.” 146 Para cumplir con estas labores, la Secretaría tenía en aquella época en la sede central un personal remunerado muy reducido. De conformidad con la ley de presupuesto para 1892, además del secretario de Estado, la Cancillería contaba con un subsecretario, un oficial mayor, un escribiente archivero, dos escribientes, un traductor oficial y un portero 147. Cuando don Manuel Vicente fue nombrado como secretario de Relaciones Exteriores, el vicecanciller era el esposo de su cuñada doña Cándida Rosa Ortiz Garita, don Manuel León Brenes Ortiz, quien había sido nombrado para ese cargo el 11 de abril de 1892 148, por renuncia del licenciado don Carlos Sáenz Esquivel. Don Manuel León fue titular de la Subsecretaría hasta el 30 de abril de 1894, ya que el 1° de mayo de ese año inició funciones como diputado por Cartago 149. En junio de 1892, el cargo de oficial mayor de la Cancillería estaba vacante, porque el 30 de mayo se había aceptado la renuncia a don Manuel González Zeledón 150, que lo desempeñaba desde el 1° de febrero 151. El 8 de noviembre de 1892 146 Decreto N° 29 de 20 de junio de 1870, art° 3°. 147 Decreto N° 59 de 16 de agosto de 1891. 148 Acuerdo n° 87 de 4 de abril de 1892. 149 SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, Historia diplomática de Costa Rica, San José, Editorial Juricentro, 1ª. ed, 1996, p. 498. 150

Acuerdo n° 96 de 30 de mayo de 1892.

151 Acuerdo n° 78 de 1° de febrero de 1892.

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se nombró para ese cargo al ex vicecanciller don Faustino Víquez Zamora 152, quien lo desempeñó durante toda la gestión de don Manuel Vicente Jiménez como canciller. Durante la gestión de don Manuel Vicente hubo otros tres cambios en el servicio interno de la Cancillería, a saber: -

Se nombró como escribiente a don José María Salazar Fernández (3 de agosto de 1892) 153.

-

Se nombró como auxiliar a don Francisco María Iglesias (4 de noviembre de 1892) 154.

- Se aceptó la renuncia de don José María Salazar Fernández al cargo de oficial escribiente (8 de noviembre de 1892) 155. C.- El cuerpo diplomático y consular de Costa Rica. a.- Cuerpo diplomático. En junio de 1892, el cuerpo diplomático de Costa Rica acreditado en el extranjero era muy reducido, ya que se limitaba a tres legaciones. La legación en España tenía como jefe de misión titular a don Manuel María de Peralta y Alfaro, II° marqués de Peralta, quien desde el 18 de enero de 1887 había sido nombrado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Bélgica, Gran Bretaña, Francia y España 156 y era también concurrente en Alemania. El secretario de la Legación era don Anselmo Volio Jiménez, sobrino de don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno.

152 Acuerdo n° 112 de 8 de noviembre de 1892. 153 Acuerdo N° 101 de 3 de agosto de 1892. 154 Acuerdo N° 111 de 4 de noviembre de 1892. 155 Acuerdo N° 112 de 8 de noviembre de 1892. 156 Acuerdo n° 40 de 18 de enero de 1887.

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En 1892, la legación en los Estados Unidos de América tenía como titular al mismo marqués de Peralta, pero dado que residía en Madrid, la jefatura temporal de la misión estaba confiada a don Joaquín Bernardo Calvo Mora, encargado de Negocios ad interim. Posteriormente, y dado que la presencia de don Manuel María de Peralta en Madrid había obedecido fundamentalmente al proyectado litigio arbitral con Colombia y esa posibilidad se había disipado, el gobierno de Costa Rica dispuso que don Manuel María de Peralta regresara a Washington, debido a lo cual la legación en Madrid se confió interinamente a don Anselmo Volio Jiménez, según detalló don Manuel Vicente Jiménez en la Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1894: “Como las Legaciones de Costa Rica en Europa a cargo del distinguido diplomático don Manuel María Peralta, más se mantienen en la actualidad para cultivar relaciones de amistad y para actos de cortesía internacional, que por exigirlo asuntos de importancia que tenga el Gobierno pendientes, se dispuso que pasara el señor Peralta a los Estados Unidos, en donde ya estaba reconocido en su carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, a prestar allí sus servicios durante el tiempo que el Gobierno lo juzgara conveniente. El Secretario de la Legación en España, don Anselmo Volio, está al frente de ella como Encargado de Negocios interino.” 157 La legación de Costa Rica en México tenía como titular al mexicano don Manuel Antonio Campero, ministro residente, quien servía su cargo en forma honoraria 158. Al principio de la administración Rodríguez, el ex presidente don José María Castro Madriz había estado nombrado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en los 157 Memoria, 1894, p. 158 Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia, San José, Tipograf ía Nacional, 1ª. ed., 1892. En lo sucesivo citada como Memoria, 1892.

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demás países centroamericanos, pero Castro Madriz falleció en San José el 4 de abril de 1892 y no se le dio sucesor. En noviembre de 1893 se nombró a don Ezequiel Gutiérrez como ministro plenipotenciario en misión especial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y como secretario a su cuñado el licenciado don Ángel Anselmo Castro Méndez 159. Esta misión únicamente pudo cumplir funciones en Honduras. En enero de 1894, pocos días después del regreso de la misión a Costa Rica, don Ángel Anselmo falleció, como consecuencia de una enfermedad contraída durante el viaje, lo cual hizo que el presidente Rodríguez y el canciller Jiménez suscribieran el 13 de ese mes un decreto para conceder a su viuda e hijos una pensión mensual de cien pesos 160. b.- Cuerpo consular. El servicio consular de Costa Rica en 1892 era bastante numeroso, pero todos sus integrantes eran extranjeros que desempeñaban sus cargos en forma honoraria. Se regía por una ley reglamentaria dictada en 1881. Al comienzo de la gestión de don Manuel Vicente Jiménez como canciller, Costa Rica tenía ciento tres funcionarios consulares honorarios, distribuidos en veinticinco países, a saber 161: a.- Alemania: un cónsul general en Berlín y cónsules en Bremen, Francfort del Meno, Hamburgo, Hanover, Leipzig, Manheim y Stettin. b.- Argentina: un cónsul en Buenos Aires. c.- Austria-Hungría: cónsules en Trieste y Viena. d.- Bélgica: cónsules generales en Amberes y Bruselas; cónsules en Amberes, Bruselas, Gante, Hasselt, Lieja y Lovaina, y un vicecónsul en Bruselas. 159 Acuerdo N° 150 de 29 de noviembre de 1893. 160 Decreto n° 00 de 13 de enero de 1894. 161 Memoria, 1892.

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e.- Brasil: un cónsul en Pernambuco. f.- Chile: un cónsul en Santiago y otro en Valparaíso. g.- Colombia: cónsules en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Colón y Panamá. h.- Dinamarca y sus dominios: un cónsul general en Copenhague y un cónsul en Saint Thomas (Indias Occidentales Danesas). i.- Ecuador: un cónsul general en Guayaquil. j.- El Salvador: un cónsul en San Salvador. k.- España: cónsules generales en Madrid y en Barcelona; cónsules en Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, La Coruña, La Habana, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Puerto de Santa María, Puerto Rico, Santa Cruz, Santander, Valencia y Valladolid, y vicecónsules en Barcelona y en Tarragona. l.- Estados Unidos de América: cónsules generales en Nueva Orleans y Nueva York, y cónsules en Boston, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco. m.- Francia: cónsules en Burdeos, Cherburgo, El Havre, Lyon, Marsella, Niza y París, y vicecónsules en Burdeos y Marsella. n.- Gran Bretaña y sus dominios: cónsules en Birmingham, Cardiff, Glasgow, Gibraltar, Kingston (Jamaica), Liverpool, Londres, Manchester, Southampton y Swansea, y vicecónsules en Falmouth, Hull y Nottingham. ñ.- Grecia: un cónsul general en Atenas. o.- Guatemala: un cónsul en la ciudad de Guatemala. p.- Honduras: un cónsul en Trujillo.

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q.- Italia: cónsules en Ancona, Génova y Nápoles y vicecónsules en Nápoles y Venecia. r.- México: cónsules en Baja California, Guaymas y Veracruz. s.- Nicaragua: cónsules en León y en Chinandega. t.- Perú: cónsules en El Callao y en Lima y un agente consular en Lima. u.- Portugal: un cónsul general en Lisboa, y cónsules en Lisboa y Oporto. v.- Suecia y Noruega: un cónsul general en Gotemburgo. w.- Suiza: un cónsul en Ginebra. x.- Venezuela: un cónsul en Caracas. Durante la gestión de don Manuel Vicente Jiménez como canciller se efectuaron los siguientes cambios en el servicio consular: -

Se nombró al señor Emilio Goguel como cónsul en París (4 de agosto de 1892) 162.

- Se nombró al señor O. J. Hübbe como cónsul en Hamburgo (11 de mayo de 1893) 163.. -

Se nombró , a don Manuel San Lucas como vicecónsul en Jipijapa, Ecuador (11 de mayo de 1893 164.

- Se nombró al señor Felipe Taglavia como cónsul en Palermo (16 de mayo de 1893) 165.

162 Acuerdo N° 103 de 4 de agosto de 1892. 163 Acuerdo N° 122 de 11 de mayo de 1893. 164 Ibid. 165 Acuerdo N° 124 de 16 de mayo de 1893.

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-

Se aceptó la renuncia de don Julio Racines como cónsul en Bogotá (19 de mayo de 1893) 166.

-

Se nombró a don Felipe N. Correa Pérez como cónsul general en Caracas (6 de julio de 1893) 167.

-

Se nombró a don Arturo Malo O´Leary como cónsul en Bogotá (11 de julio de 1893) 168.

-

Se nombró al señor Jean-René de Monchy como cónsul honorario en Rotterdam (14 de julio de 1893) 169.

-

Se nombró a don Carlos Holmann como cónsul en San Juan del Sur (3 de febrero de 1894) 170.

-

Se nombró al señor Alberto Rosnich como cónsul en Dresde (21 de febrero de 1894) 171.

-

Se aceptó la renuncia del señor Richard Liepmann como cónsul en Glasgow (13 de abril de 1894) 172.

-

Se nombró a don Antonio López de Nervia como cónsul en Vigo (13 de abril de 1894) 173.

- Se nombró a Eduardo Carricarte como cónsul en La Coruña (13 de abril de 1894) 174. -

Se nombró a don Ignacio Pedregal como vicecónsul en Vigo (13 de abril de 1894) 175.

166 Acuerdo N° 126 de 19 de mayo de 1893. 167 Acuerdo N° 135 de 6 de julio de 1893. 168 Acuerdo N° 136 de 11 de julio de 1893. 169 Acuerdo N° 137 de 14 de julio de 1893. 170 Acuerdo N° 163 de 3 de febrero de 1894. 171 Acuerdo N° 171 de 21 de febrero de 1894. 172 Acuerdo N° 171 de 13 de abril de 1894. 173 Ibid. 174 Ibid. 175 Ibid.

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-

Se nombró al señor Malcolm Cross cónsul en Glasgow (13 de abril de 1894) 176.

En el presupuesto para 1894 se creó una plaza para un secretario en el Consulado General de Costa Rica en París 177. D.- Presupuesto. En la época de la gestión de don Manuel Vicente Jiménez como canciller, las partidas presupuestarias destinadas a Relaciones Exteriores eran bastante reducidas, en comparación con lo asignado a otras carteras ministeriales. Es interesante comparar los presupuestos ordinarios de Relaciones Exteriores para 1892 178, 1893 179 y 1894 180, correspondientes a la época de la gestión de don Manuel Vicente como canciller:

PRESUPUESTO

PARA 1892

PARA 1893

PARA 1894

Presupuesto nacional

4,984,752.19

4,712,749.15

4,741,180.55

Relaciones Exteriores

105,740

74,600

60,640

Llama la atención la progresiva disminución del presupuesto de la cartera, pero cabe señalar que en el de 1892 se presupuestaron 24,000 pesos para los gastos de delimitación con Nicaragua, y en el de 1893 esa cifra había disminuido a 5000. En el presupuesto para 1894, como no parecía próxima la realización de esa tarea, ni siquiera se incluyó una partida con ese propósito. Prácticamente lo mismo ocurrió con respecto a las sumas destinadas al arreglo de la cuestión de límites con Colombia. Tanto en el presupuesto para 1892 como en el presupuesto para 176 Ibid. 177 Decreto n° 38 de 14 de setiembre de 1893. 178 Decreto n° 59 de 16 de agosto de 1891. 179 Decreto (sin número) de 19 de julio de 1892. 180 Decreto n° 38 de 14 de setiembre de 1893.

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1893 se habían incluido gastos para el proyectado litigio arbitral ante la Corona de España, pero como en 1893 ese juicio podía considerarse como frustrado, tales sumas ya no figuraron en el presupuesto decretado para 1894, lo cual explica la reducción evidente en este con respecto a aquellos. Los salarios del servicio interno se mantuvieron bastante estables durante toda la gestión de don Manuel, ya que, aparte de unos levísimos incrementos en los magros salarios de los escribientes, solo se elevó para 1893 el del traductor oficial, al cual se le habían agregado las funciones de traductor judicial para San José.

SALARIO MENSUAL 1892

SALARIO MENSUAL 1893

SALARIO MENSUAL 1894

Secretario de Estado

500

500

500

Subsecretario

250

250

250

Oficial mayor (con recargo de la sección de límites a partir de 1894)

150

150

150

Escribiente archivero

80

80

85

Escribiente

60

65

75

Escribiente

60

65

70

Traductor oficial (y judicial para San José a partir de 1893)

75

100

100

Portero

40

40

40

FUNCIONARIO

Los salarios del servicio exterior se mantuvieron también muy estables durante el período. La única plaza nueva, en el presupuesto para 1894, fue la de un secretario para el Consulado General en París:

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SALARIO MENSUAL 1892

SALARIO MENSUAL 1893

SALARIO MENSUAL 1894

Ministro en Alemania, España, Francia y Gran Bretaña

600

600

600

Secretario

200

----

200

Encargado de Negocios en los Estados Unidos

300

300

300

Secretario del Consulado General en París

----

----

100

FUNCIONARIO

Los demás gastos de la cartera experimentaron considerables variaciones en los indicados presupuestos. El presupuesto para 1892 fue el más oneroso de los tres, ya que incluía los gastos de arbitraje con Colombia, de las labores de delimitación con Nicaragua y de la legación del doctor Castro Madriz en los demás países centroamericanos. En el presupuesto para 1893, aunque la partida para los gastos del eventual arbitraje con Colombia había aumentado, la destinada a la delimitación con Nicaragua había disminuido significativamente y debido a la muerte del doctor Castro Madriz no se incluyó ninguna suma para legaciones en los demás países centroamericanos. En el presupuesto para 1894 todos esos rubros habían desaparecido y solo se mantenían los de suscripción a periódicos y gastos eventuales.

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RUBRO

1892

1893

1894

Gastos de arbitraje con Colombia

10,000

12,500

----

Gastos de delimitación con Nicaragua

24,000

5000

---

Gastos de legaciones en Centroamérica

15,000

----

----

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Cambio sobre dichas cantidades

11,100

10,500

---

Suscripción a periódicos extranjeros

600

----

600

10,000

10,000

10,000

Eventuales

E.- El cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica. Cuando don Manuel Vicente Jiménez asumió la Secretaría de Relaciones Exteriores no había una sola misión diplomática extranjera con sede en San José. Estaban acreditados como concurrentes en Costa Rica siete jefes de misión, de los cuales seis tenían su sede en Guatemala y el restante en Managua. En Guatemala tenían residencia un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Alemania (Werner von Bergen) y otro de México (el general don Ignacio Alatorre), ministros residentes de España (don Julio de Arellano), Gran Bretaña (Audley Charles Gosling) e Italia (el conde Antonio Greppi) y un encargado de Negocios de Francia (Paul-Louis Reynaud). También era concurrente en Costa Rica el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Nicaragua (Richard Cutts Shannon) 181. Durante la gestión de don Manuel Vicente como canciller se efectuaron los siguientes cambios en el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica: - Se reconoció a Otto Rudolph Peyer como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario (concurrente) de Alemania, por retiro de Werner von Bergen (17 de junio de 1892) 182. -

Se reconoció a Lewis Baker como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario (concurrente) de los Estados

181 Memoria, 1892. 182 Acuerdo n° 98 de 17 de junio de 1892.

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Unidos de América, por retiro de Richard Cutts Shannon (3 de junio de 1893) 183. -

Se reconoció a don José Dolores Gámez como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario (en misión especial) de Nicaragua (28 de octubre de 1893) 184.

- Se reconoció a Alfredo Charpentier como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario (concurrente) de Francia (14 de febrero de 1894) 185. Además de los agentes diplomáticos, se hallaban acreditados en Costa Rica agentes consulares de quince países 186: a.- Alemania: un cónsul en San José y un vicecónsul en Puntarenas. b.- Argentina: un cónsul general en San José. c.- Bélgica: un cónsul en San José. d.- Brasil: un cónsul residente en Guatemala. e.- Colombia: cónsules en San José y Puntarenas y un vicecónsul en San José. f.- Ecuador: un cónsul en San José. g.- España: un cónsul en San José. h.- Estados Unidos de América: un cónsul y un vicecónsul en San José y un agente consular en Limón y otro en Puntarenas. i.- Francia: un cónsul y un vicecónsul en San José.

183 Acuerdo n° 129 de 3 de junio de 1893. 184 Acuerdo n° 146 de 28 de octubre de 1893. 185 Acuerdo n° 170 de 14 de febrero de 1894. 186 Memoria, 1892.

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j.- Gran Bretaña: un cónsul en San José y un vicecónsul en Limón. k.- Italia: un encargado del consulado en San José. l.- Paraguay: un cónsul general en San José. m.- Perú: un cónsul en San José. n.- Suecia y Noruega: un cónsul general con sede en Gatenala. ñ.- Venezuela: un cónsul en San José. Durante la gestión de don Manuel Vicente como canciller se efectuaron los siguientes cambios en el cuerpo consular acreditado en Costa Rica: -

Se concedió el exequátur a don Julio Piza como cónsul de Chile (15 de julio de 1892) 187.

- Se reconoció a don Antonio Giustiniani Casabianca como encargado del Consulado de Francia, por ausencia del cónsul M. Craveri (26 de julio de 1892) 188. -

Se dio permiso a don Arturo Esquivel para aceptar el cargo de cónsul del Ecuador (4 de setiembre de 1892) 189.

-

Se reconoció a don Guillermo de Roux como cónsul de Colombia en Limón (9 de setiembre de 1892) 190.

-

Se reconoció a don Guido von Schotter como encargado del Consulado de Alemania, por renuncia del cónsul don Carlos W. Wahle (14 de octubre de 1892) 191.

187 Acuerdo n° 99 de 15 de julio de 1892. 188 Acuerdo n° 101 de 26 de julio de 1892. 189 Acuerdo n° 104 de 4 de setiembre de 1892. 190 Acuerdo n° 106 de 9 de setiembre de 1892. 191 Acuerdo n° 109 de 14 de octubre de 1892.

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-

Se concedió el exequátur a don Abrahan Juliao como agente consular de Colombia en Matina (1° de diciembre de 1892) 192.

-

Se concedió el exequátur a don Jorge María Marcelo Ritt como vicecónsul de Francia (18 de febrero de 1893) 193.

- Se concedió el exequátur a don Jorge Muñoz como cónsul general de Guatemala en el país (18 de marzo de 1893) 194. -

Se reconoció a Percy G. Harrison como encargado del Consulado de Gran Bretaña por siete meses, por ausencia del cónsul Cecilio Sharpe (11 de mayo 1893) 195.

-

Se concedió el exequátur a don Belisario Ramírez como agente consular de Colombia en Limón (17 de mayo de 1893) 196.

-

Se reconoció a don Guido von Schotter como encargado del Consulado de Italia, por renuncia del cónsul Carlos W. Wahle (3 de junio de 1893) 197.

-

Se concedió el exequátur a Max Diermissen como agente consular de Estados Unidos en Puntarenas (12 de junio de 1893) 198.

-

Se concedió el exequátur a Harrison R. Williams como cónsul de los Estados Unidos (26 de junio de 1893) 199.

192 Acuerdo n° 113 de 1° de diciembre de 1892. 193 Acuerdo n° 117 de 18 de febrero de 1893. 194 Acuerdo n° 121 de 18 de marzo de 1893. 195 Acuerdo n° 122 de 11 de mayo de 1893. 196 Acuerdo n° 125 de 17 de mayo de 1893. 197 Acuerdo n° 127 de 3 de junio de 1893. 198 Acuerdo n° 131 de 12 de junio de 1893. 199 Acuerdo n° 133 de 26 de junio de 1893.

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-

Se concedió el exequátur a Walter J. Field como vicecónsul de los Estados Unidos en San José (5 de octubre de 1893) 200 .

- Se concedió el exequátur a don Guido von Schotter como cónsul de Alemania en Costa Rica (17 de octubre de 1893) 201. - Se concedió el exequátur a don Giulio Mossa como cónsul de Italia (14 de febrero de 1894) 202. -

Se canceló el exequátur como cónsul de Bélgica en Costa Rica a don Alejo Edmundo Jiménez (23 de febrero de 1894) 203.

En otro orden de asuntos, el 7 de marzo de 1893 el Secretario de Guerra y Marina don Rafael Yglesias, encargado interinamente de la Cancillería, dirigió una nota al cuerpo consular acreditado en Costa Rica para solicitar que los cónsules enviaran a la Secretaría la nómina de personas inscritas en el registro de nacionalidad que llevaba cada consulado 204. 2.- La política exterior. Principios generales. En la Memoria de Relaciones Exteriores y carteras anexas presentada al Congreso Constitucional el 7 de mayo de 1894, don Manuel Vicente Jiménez expuso los fundamentos básicos de la política exterior de Costa Rica, que eran la igualdad de los Estados en sus relaciones recíprocas y el apego al Derecho: “Alta es la significación y positiva la trascendencia que así en lo político como en lo económico y social tienen los actos de los Gobiernos en sus relaciones recíprocas, 200 Acuerdo n° 141 de 5 de octubre de 1893. 201 Acuerdo n° 142 de 17 de octubre de 1893. 202 Acuerdo n° 166 de 14 de febrero de 1894. 203 Acuerdo N° 172 de 23 de febrero de 1894. 204 La Gaceta, 9 de marzo de 1893.

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cualquiera que sea la categoría que los países ocupen por su grandeza y poder en el concierto de los pueblos cultos. El olvido de esta sencilla verdad ocasiona las más de las veces perturbaciones profundas en la buena inteligencia y en la marcha tranquila de los Estados. El Gobierno, teniendo esto presente e inspirándose, por otra parte, en las más nobles doctrinas del Derecho moderno, ha puesto solícito empeño en que a este espíritu se conformen y de acuerdo con él se resuelvan sus asuntos internacionales. Consecuencia inmediata de este procedimiento es la más amplia esfera en que hoy se desenvuelven las relaciones de amistad que cultiva con los demás gobiernos de América y Europa, como lo es también el sentimiento de cordialidad que las anima.” 205 3.- La política exterior. La situación centroamericana. Durante la gestión de don Manuel Vicente Jiménez como canciller, tanto Honduras como Nicaragua se vieron afectadas por graves convulsiones políticas. En febrero de 1893, debido a la efervescencia política y militar reinante en Honduras, el presidente don Ponciano Leiva Madrid presentó la renuncia al Congreso Nacional, y en el mes de abril siguiente, el encargado del poder don Rosendo Argüello Ariza se vio obligado a entregarlo al general don Domingo Vázquez Toruño. En Nicaragua, en ese mismo mes de abril se inició una insurrección militar que terminó con la caída del presidente conservador don Roberto Sacasa y Sarria. Se sucedieron una serie de gobiernos de ef ímera duración, hasta que en setiembre tomó el poder el general don José Santos Zelaya y López. 205 Memoria del Secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia 1892-94 y 1893-94, San José, Tipograf ía Nacional, 1ª. ed., 1894, p. 1. En lo sucesivo citada como Memoria, 1894.

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Debido a una serie de desavenencias entre los presidentes Vázquez y Zelaya y a una vieja disputa limítrofe, a fines de 1893 estuvo a punto de estallar una guerra entre sus países. El gobierno nicaragüense dirigió una atenta excitativa al de Costa Rica para interponer sus buenos oficios, a fin de que se restableciera la armonía entre Nicaragua y Honduras. La idea fue aceptada por Honduras y en consecuencia nuestro país procedió a acreditar al ex canciller don Ezequiel Gutiérrez Iglesias como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Como ya se mencionó, se nombró como secretario de la misión a su cuñado don Ángel Anselmo Castro Méndez. Ambos viajaron a Tegucigalpa, donde se había decidido que empezarían sus labores de cara a la resolución del conflicto 206. El ministro Gutiérrez encontró muy buena disposición en las autoridades de Tegucigalpa, y cuando parecía que sus gestiones iban a culminar satisfactoriamente, se produjo una invasión de exiliados hondureños, animados y acompañados por los nicaragüenses. Para el 24 de diciembre de 1893, las fuerzas invasoras, comandadas por don Policarpo Bonilla, se habían establecido provisionalmente en el departamento de Choluteca, y truncaron toda posibilidad de un arreglo. Los diplomáticos costarricenses no tuvieron más remedio que interrumpir su misión, abandonar Honduras y emprender el regreso a Costa Rica. La guerra civil en Honduras concluyó con la victoria de Bonilla en febrero de 1894 207. En un texto publicado por el diario josefino La Prensa Libre, el ciudadano hondureño don Jesús Colindres se refirió a la misión de Gutiérrez del siguiente modo: “A solicitud del Gobierno de Nicaragua, el de esta República [Costa Rica] envió a la de Honduras una misión diplomática, con el objeto de intervenir con su mediación en la no muy buena armonía 206 Acuerdo N° 150 de 29 de noviembre de 1893. 207 QUIRÓS RAMÍREZ, Óscar, El canciller Gutiérrez Iglesias, San José, Imprenta Nacional, 1ª. ed., 2013, pp. 72-73.

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en que se encontraban aquellos Gobiernos, procurando hacerlos entrar en francas y cordiales relaciones. Los apreciables caballeros Doctores Ezequiel Gutiérrez y Ángel Anselmo Castro que formaban el personal de la Legación, conferenciaron en Corinto con el señor Tiburcio G. Bonilla, recomendado del Gobierno de Nicaragua quien les hizo promesas de paz y de política franca y leal, manifestándoles que su Gobierno no quería bajo ningún concepto la guerra con Honduras. Bajo estas impresiones llegó a Tegucigalpa la Legación costarricense; y cuando se celebraban las primeras conferencias y se creía en que la importante mediación de Costa Rica, retardaría cuando menos el rompimiento con Nicaragua, instigado hora a hora por Bonilla, aquel Gobierno llevando su deslealtad y felonía hasta el extremo, invadió el territorio hondureño sin respetar las más triviales fórmulas del Derecho de gentes ni al representante de esta Nación a quien engañó villanamente.



El Ministro de Costa Rica, señor Gutiérrez, se indignó como era natural al ver la insidia de los hombres de Nicaragua; y quizá con el propósito de hacer nuevas gestiones, salió de Tegucigalpa cuando los invasores se habían apoderado del Corpus.” 208

208 COLINDRES, Jesús, “La revolución de Honduras (Apuntes para la historia)”, en La Prensa Libre, 9 de mayo de 1894.

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4.- La política exterior. Las relaciones con los países limítrofes. A.- Las relaciones con Colombia. Para tratar de resolver la disputa de límites que mantenían Colombia y Costa Rica desde 1836, cuando aquella se había apoderado por la fuerza del territorio costarricense de Bocas del Toro, ambos países habían suscrito en 1880 la convención Castro-Quijano, que sometía el asunto al arbitraje del rey de Bélgica y en su defecto al del rey de España. El monarca belga se excusó, por lo que la competencia recayó en el rey de España Don Alfonso XII, quien expresó su disposición a dirimir la disputa. Sin embargo, como este monarca murió a fines de 1885, antes de que se iniciara el juicio arbitral, Colombia y Costa Rica firmaron en 1886 la convención Fernández-Holguín, en la cual acordaban mantener como árbitro a la Corona de España. Sorpresivamente, el 29 de diciembre de 1890, cuando el juicio estaba a punto de comenzar, Colombia dirigió al gobierno español una nota para manifestarle que consideraba expirado el término dentro del cual la Corona podía válidamente fallar el litigio y que por tanto debía celebrarse una nueva convención arbitral con Costa Rica. La Cancillería colombiana no se dirigió a la de Costa Rica, como hubiera sido lo lógico y lo cortés, pero en todo caso el gobierno español consideró que no podía seguir ejerciendo las funciones de árbitro si las partes no llegaban a un acuerdo 209. El 26 de junio de 1893, la Cancillería de Costa Rica se dirigió a la de Colombia para expresarle su extrañeza y disgusto por la ruptura de los compromisos adquiridos e invitarla a reanudar el curso del proceso arbitral 210. Como las autoridades costarricenses solicitaron además los buenos oficios de los Estados Unidos en la cuestión, el ministro plenipotenciario de ese país en Managua, acreditado como concurrente en Costa Rica, Lewis Baker, se dirigió al canciller Jiménez el 1° de setiembre de 1893, para expresar su deseo de que Colombia y Costa Rica pudieran continuar con el proceso arbitral, ya fuera reactivando el arbitraje de España o por algún 209

SÁENZ CARBONELL, 1996, pp. 489-490 y 506-507.

210 Memoria, 1894, p. 2.

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otro método alternativo previamente acordado que recayera sobre algún otro árbitro imparcial. El 20 de noviembre, don Manuel Vicente respondió al diplomático americano para comunicarle que ya había planteado a Colombia la necesidad de reanudar el proceso arbitral ante la Corona española o la posibilidad de encomendarlo a otro árbitro que solucionara la disputa 211. En un despacho de 4 de enero de 1894 dirigido al gobierno de Costa Rica, el de Colombia manifestó su disposición de celebrar una nueva convención arbitral y de que esta estableciera límites provisionales, mientras el árbitro elegido emitía su laudo 212. La Cancillería de Costa Rica aceptó la iniciativa colombiana, con la reserva de que nuestro país rechazaba la caducidad de los términos establecidos en la convención Fernández-Holguín, y el 12 de febrero de 1894 dirigió una nota a las autoridades de Bogotá para proponer que con ese propósito se dieran plenos poderes a las legaciones de Colombia y de Costa Rica en Washington. Con la esperanza de que Colombia aceptaría la propuesta, se le dieron poderes e instrucciones en tal sentido a don Manuel María de Peralta, ministro plenipotenciario de Costa Rica en Washington. Sin embargo, para el 7 de mayo de 1894, en vísperas de concluir la administración Rodríguez, aún no se había recibido respuesta de Colombia. En la Memoria de Relaciones Exteriores de esa fecha, el canciller Jiménez manifestó al Poder Legislativo: “De un momento a otro se aguarda la contestación a este despacho, y se abriga la esperanza que sea de conformidad, dadas las buenas disposiciones que últimamente ha manifestado Colombia para el arreglo del asunto de que os doy cuenta… Mas, cualquiera que sea la suerte que corran las negociaciones pendientes, puedo aseguraros que este litigio tendrá que ser resuelto por 211 Correspondencia entre el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América Lewis Baker y el secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas de Costa Rica Manuel Vicente Jiménez Oreamuno, pp. 439-441, en http://images.library.wisc.edu/FRUS/ EFacs/1894a/reference/frus.frus1894a.i0026.pdf. 212 Memoria, 1894, p. 2.

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el arbitraje, toda vez que el Gobierno de Colombia por la cultura y el espíritu de justicia que lo caracterizan, no querrá que sea sino la fuerza del derecho la que haya de ponerle término; y sólo sí sería de sentirse que la prolongación de este estado de cosas mantenga una situación entre ambas Repúblicas ocasionada siempre a producir dificultades jurisdiccionales o conflictos que pudieran, si no interrumpir, perturbar al menos las buenas relaciones que hoy existen.” 213 No fue sino hasta 1896 cuando Colombia y Costa Rica firmaron en Bogotá la convención Esquivel-Holguín, que sometió la cuestión limítrofe al arbitraje del presidente de Francia, en momentos en que una compañía francesa estaba construyendo el canal de Panamá. Esta inconsulta convención llevó a Costa Rica en 1900 al desastre del laudo Loubet, que conllevó la pérdida definitiva de Bocas del Toro. B.- Las relaciones con Nicaragua. a.- Incidentes y delimitación fronteriza. En 1888, un laudo arbitral del presidente de los Estados Unidos de América Stephen Grover Cleveland había confirmado la validez y vigencia del tratado Cañas-Jerez de 1858, que había fijado los límites entre Costa Rica y Nicaragua. Quedaba pendiente, sin embargo, la demarcación de la frontera sobre el terreno. Las labores que una comisión bipartita efectuó en 1890, ya durante la administración Rodríguez, quedaron inconclusas por desacuerdos entre los comisionados costarricenses y nicaragüenses. Varios intentos posteriores de reactivar el tema resultaron infructuosos 214.

213 Ibid., pp. 2-3. 214

SÁENZ CARBONELL, 1996, pp. 499-501.

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La falta de demarcación material originaba con frecuencia roces y disputas jurisdiccionales, situación que continuó después de que don Manuel Vicente Jiménez asumió la Cancillería. A fines de 1892, el gobierno de Costa Rica se quejó al de Nicaragua por la presencia de una escolta nicaragüense en el paraje denominado Los Patos, próximo a la frontera, y los actos de jurisdicción realizados allí por dicha escolta; pero Nicaragua sostuvo que dicho lugar se ubicaba en su territorio 215. El 24 de noviembre de 1892, Costa Rica propuso a Nicaragua formar una comisión de tres ingenieros, uno nombrado por cada parte y el tercero por los Estados Unidos de América, para que fijara los linderos con base en el tratado Cañas- Jerez y el Laudo Cleveland. Nicaragua contestó el 30 de noviembre que primero Costa Rica debía aprobar el tratado Castro-Guerra de 23 de diciembre de 1890, en el que se resolvían las dificultades surgidas en las labores de la comisión mixta. A comienzos de 1893, Costa Rica propuso a Nicaragua someter las diferencias al árbitro original, es decir, al presidente de los Estados Unidos de América, idea que fue aceptada en principio por Nicaragua el 6 de abril de ese año. Sin embargo, poco después en Nicaragua una guerra civil y quedaron interrumpidas las comunicaciones sobre el tema de la demarcación 216. b.- Tratado Jiménez-Gámez. En octubre de 1893, concluida ya la guerra civil en Nicaragua e instaurado en Managua el régimen del general don José Santos Zelaya y López, el gobierno de ese país envió a Costa Rica una misión especial encabezada por don José Dolores Gámez y Guzmán, como ministro plenipotenciario, a fin de negociar una convención de extradición. El ministro Gámez presentó sus cartas credenciales al presidente Rodríguez el 28 de octubre de 1893 217. El 8 de ese mes, el canciller Jiménez y el diplomático nicaragüense suscribieron en San José un tratado de extradición. El tratado Jiménez-Gámez fue ratificado por Costa Rica el 17 de 215 Ibid., p. 501. 216 Ibid. 217 La Gaceta, 29 de octubre de 1893.

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julio de 1896 y canjeado en Managua el 7 de setiembre de ese mismo año, ya cuando don Manuel Vicente había dejado sus funciones como canciller.218 5.- La política exterior. Las relaciones con otros países. A.- Las relaciones con Bélgica. Desde el 9 de setiembre de 1889, el gobierno de Costa Rica había concedido el exequátur a don Alejo Edmundo Jiménez Bonnefil como cónsul honorario de Bélgica. El señor Jiménez Bonnefil no había considerado que ese nombramiento le impidiera intervenir en la política costarricense, y como ya vimos, en noviembre de ese mismo año había participado junto con don Manuel Vicente Jiménez y otras personas en la fundación de la Unión Católica de Costa Rica. Más adelante al aparecer la Unión Católica como partido político, don Alejo Edmundo se involucró de lleno en sus actividades e incluso fue nombrado como presidente de la agrupación. Después de las borrascosas elecciones de febrero de 1894, en las que el gobierno del presidente Rodríguez prácticamente arrancó el triunfo de manos de la Unión Católica para imponer como sucesor a su yerno don Rafael Yglesias, don Alejo Edmundo Jiménez Bonnefil se quejó al gobierno por los abusos de que había sido víctima su partido y le propuso que se creara un tribunal especial para investigar las irregularidades cometidas. Por supuesto, la propuesta fue rechazada y La Gaceta defendió descaradamente la imparcialidad de las autoridades. Debido al rechazo de la propuesta de Jiménez Bonnefil, diecisiete sacerdotes remitieron al presidente Rodríguez una carta en la cual manifestaban su decisión de seguir reclamando sus derechos. El 20 de febrero, don Manuel Vicente Jiménez, en su condición de secretario de Culto, remitió la carta al obispo Thiel y le señaló que le correspondía formar juicio de esa exposición 219. Pero además, el gobierno aprovechó la circunstancia para cancelar a don Alejo Edmundo Jiménez el exequátur que lo reconocía como cónsul de 218

SÁENZ CARBONELL, 1996, p. 502.

219

SANABRIA M., 1982, pp. 449-450.

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Bélgica, lo cual se efectuó mediante el acuerdo n° 172 de 23 de febrero de 1894, suscrito por el presidente Rodríguez y el canciller Jiménez. Para este debió ser bastante incómodo llevar a cabo tal decisión, dado que había participado junto con el señor Jiménez Bonnefil en la formación de la Unión Católica de 1889. El acuerdo de cancelación del exequátur dice: “Palacio Nacional. San José, 23 de Febrero de 1894. Por cuanto el señor don Alejo E. Jiménez se injiere en la política del país como Presidente del partido denominado la Unión Católica, lo cual afecta la imparcialidad que respecto de la misma política debe guardar dicho señor en su carácter de Cónsul de Bélgica en Costa Rica, Por tanto, el Presidente de la República Acuerda: Revocar el exequátur concedido por acuerdo n° 82 de 30 de setiembre de 1889 a la patente de Cónsul del expresado señor Jiménez. Publíquese- Rubricado por el señor Presidente.- Jiménez.” 220 En su memoria al Congreso en mayo de ese año, don Manuel Vicente resumió el episodio diciendo: “Sabido es cómo este señor, faltando a la neutralidad que debiera guardar en virtud del puesto que servía, ha tomado una participación activa en la política del país en la pasada lucha electoral y no como se quiera, sino de un modo agresivo al Gobierno, al orden público y a las instituciones del país.- Tal conducta no podía ni debía 220 Acuerdo N° 172 de 23 de febrero de 1894.

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tolerarla el Gobierno, quien se vio en el caso de cancelar el exequátur respectivo.De este procedimiento y de las causas que lo motivaban, se dio parte al Gobierno de Bélgica por el órgano de nuestro Ministro Plenipotenciario en aquella Nación, don Manuel María Peralta.” 221 B.- Las relaciones con España. a.- Celebraciones del IV° Centenario del primer viaje de Colón. Para conmemorar el IV° Centenario del primer viaje de Cristóbal Colón, España y los países hispanoamericanos llevaron a cabo una variada serie de actividades, entre las que cabe mencionar once congresos internacionales y tres grandes exposiciones: la Exposición Histórico-Americana, la Exposición Histórico-Europea y la Exposición de Bellas Artes. Las dos primeras fueron inauguradas oficialmente en Madrid el 12 de noviembre de 1892, y en marzo del año siguiente se refundieron en una sola, denominada Exposición Histórico-Natural y Etnográfica, que permaneció abierta al público hasta el 30 de junio de 1893 222. Para organizar la participación de Costa Rica en la Exposición Histórico-Americana, el Gobierno de Costa Rica nombró una comisión presidida por don Manuel María de Peralta, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República en España. Como comisario especial se designó a don Anastasio Alfaro González, director del Museo Nacional de San José y como secretario de la Comisión a don Juan Fernández Ferraz, director de la Imprenta Nacional y delgado al Congreso Pedagógico de Madrid. En la comisión participaron también don Anselmo Volio Jiménez, secretario de la Legación de Costa Rica, en calidad de comisario, y los señores Guillaume Gérard y

221 Memoria, 1894, p. 6. 222 RAMÍREZ LOSADA, Dení, “La Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892 y la ¿ausencia? de México”, en Revista de Indias, 2009, vol. LXIX, n° 246, pp. 273-306.

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Francisco Montero Barrantes, en calidad de auxiliares 223.El señor Gérard era secretario privado y hombre de confianza de don Manuel María de Peralta, y don Francisco Montero Barrantes un joven y valioso intelectual, autor de la obra Elementos de Historia de Costa Rica. A don Manuel María de Peralta, en su calidad de ministro plenipotenciario de Costa Rica le correspondió representar a Costa Rica en la recepción ofrecida por la reina regente doña María Cristina de Austria, madre del rey don Alfonso XIII, en Huelva el 11 de octubre de 1892 y en la inauguración del monumento a Cristóbal Colón, efectuada por la misma reina regente en la Rábida el 12 de octubre224. Además, tanto el marqués como los demás integrantes de la Comisión representaron a Costa Rica los diversos congresos del IV° Centenario que se efectuaron en España entre el 6 de octubre y el 15 de noviembre de 1892, a saber: -

Congreso de Americanistas (Huelva): don Manuel María de Peralta, vicepresidente de ese Congreso; don Juan Fernández Ferraz, vocal, delegado.

- Congreso Geográfico Hispano-Portugués-Americano: don Manuel María de Peralta, vicepresidente de ese Congreso; don Francisco Montero Barrantes, vocal, delegado; don Anselmo Volio Jiménez, don Juan Fernández Ferraz y don Anastasio Alfaro. - Congreso Pedagógico Iberoamericano: don Juan Fernández Ferraz, delegado oficial; don Anselmo Volio Jiménez, y don Francisco Montero Barrantes, vocal. - Congreso Literario Hispanoamericano: don Manuel María de Peralta, vicepresidente de ese Congreso; don Juan Fernández Ferraz, vocal.

223 PERALTA, Manuel M. de, y Alfaro, Anastasio, Etnología centroamericana. Catálogo razonado de los objetos arqueológicos de la República de Costa Rica en la Exposición HistóricoAmericana de Madrid – 1892, Madrid, Hijos de D. Manuel Ginés Hernández, 1ª. ed., 1893, p. 108. 224

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Ibid., p. 109.

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-

Congreso Jurídico Iberoamericano: don Manuel María de Peralta, vicepresidente de ese Congreso; don Anselmo Volio Jiménez, vocal.

- Congreso Mercantil: don Manuel María de Peralta, vicepresidente de ese Congreso. - Congreso Militar: don Manuel María de Peralta, vicepresidente de ese Congreso225. El presidente de la República, don José Rodríguez Zeledón, fue nombrado presidente de Honor del Congreso Geográfico Hispano-Portugués-Americano y del Congreso Literario Hispanoamericano 226. Para la Exposición Histórico-Americana, la comisión costarricense decidió presentar una nutrida muestra de objetos de interés arqueológico, histórico y bibliográfico. La parte principal de esta muestra estaba formada por arte precolombino de Costa Rica, proveniente del Museo Nacional y de colecciones privadas. Incluía figuras y joyas de oro, una gran variedad de figuras y objetos de piedra (asientos, metates, recipientes, armas, utensilios, amuletos, etc.), objetos de jade y objetos de cerámica (cazuelas, ollas, tinajas, incensarios, escudillas, platos vasos, salvillas, imágenes, silbatos, sonajeros, etc.) 227. Además, la muestra incluía catorce pinturas al óleo del arquitecto y artista español Arturo Mélida, casi todas relativas a los indígenas de Costa Rica; una numerosa colección de armas y utensilios de los indígenas costarricenses que en 1892 conservaban su cultura primigenia, especialmente talamancas y guatusos; una colección de animales de Costa Rica disecados, especialmente pájaros, y modelos en yeso de animales fósiles, así como cincuenta y cuatro grandes cartones fotográficos que representaban diversos paisajes costarricenses, escenas de costumbres, edificios públicos, plantaciones y productos agrícolas228. También se dedicó una sección a bibliograf ía, cartograf ía y manuscritos, cuyos objetos 225

Ibid.

226

Ibid.

227

Una descripción pormenorizada de los objetos de la muestra figura en Ibid., pp. 1-85.

228

Ibid., pp. 87-89.

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pertenecían a la colección personal del marqués de Peralta 229. La parte de libros contenía prácticamente todos los que hasta entonces se habían publicado sobre Costa Rica, su geograf ía y su historia. Todos estos objetos fueron ubicados en las dos salas de exposición destinadas a Costa Rica, denominadas Sala de los Reyes Católicos y Sala de los Presidentes, que fueron diseñadas y organizadas por el arquitecto Mélida 230. Además del Gran diploma de honor concedido al Gobierno de Costa Rica por su participación, en la Exposición se concedieron medallas a los propietarios de los más significativos objetos presentados 231. Para presentar la muestra costarricense en la Exposición Histórico-América, don Manuel María de Peralta y don Anastasio Alfaro prepararon un texto, que se imprimió en Madrid el 8 de febrero de 1893, con el título de Etnología centroamericana. Catálogo razonado de los objetos arqueológicos de la República de Costa Rica en la Exposición Histórico-Americana de Madrid – 1892. Su primera parte era una introducción escrita por don Manuel María, sobre la geograf ía de Costa Rica y los indígenas costarricenses y una reseña del Museo Nacional y la arqueología indígena presentada en la Exposición. La segunda parte, titulada “Antigüedades indígenas de la República de Costa Rica”, obra sin duda de don Anastasio Alfaro, era un catálogo pormenorizado de los centenares de objetos arqueológicos costarricenses incluidos en la Exposición. Completaban la obra listados de los objetos de la sección de etnograf ía (pinturas, fotograf ías, animales disecados, etc.) y de la sección de bibliograf ía, cartograf ía y manuscritos, y una descripción de la arquitectura y decoración de las salas de Costa Rica, redactada por Peralta. Las últimas páginas contenían listados de las medallas otorgadas a personas e instituciones costarricenses, de los integrantes de la Comisión de Costa Rica y de los congresos y ceremonias a los que habían asistido. El 27 de diciembre, el marqués de Peralta dirigió una nota al canciller Jiménez para informarle de las decisiones del jurado de la Exposición:

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229

El detalle figura en Ibid., pp. 91-101

230

Ibid., pp. 103-105.

231

Ibid., p. 107.

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“Madrid, 27 de Diciembre de 1892 Señor: Tengo la honra de poner en conocimiento de U. que el jurado de recompensas de la Exposición Histórico Americana, en sesión de ayer, acordó conceder, a más del diploma de honor que corresponde al Gobierno de la República por la parte que ha tomado en ella, seis medallas de oro y una de plata a los expositores de Costa Rica a saber: A la señora doña Dolores Pacheco, viuda de Troyo, por su colección de antigüedades de Aguacaliente; Al Ilustrísimo señor doctor don Bernardo A. Thiel, Obispo de Costa Rica, por su colección de antigüedades de diversos pueblos de Costa Rica; Al Museo Nacional, por el conjunto de su Exposición; A don Anastasio Alfaro, por sus excavaciones de Turrialba; A don Juan José Matarrita, por sus antigüedades nahuas y chorotegas de Nicoya (Museo Nacional); A don Manuel M. Peralta, por sus publicaciones históricas, su colección cartográfica y su mapa histórico geográfico de Costa Rica y del Ducado de Veragua. A cada uno de los anteriores, medalla de oro. Al señor Rafael Alfaro, como colaborador de su hermano Anastasio, en Jorge Francisco Sáenz Carbonell • Jorge Umaña Vargas

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las excavaciones de Turrialba, medalla de plata. Estas son las más altas recompensas de la Exposición. Las medallas de bronce y las menciones honoríficas, que se han concedido a otras secciones, se las ha considerado inferiores a lo que merecía nuestra Exposición. Para nuestra instalación general, bajo el punto de vista arquitectónico y decorativo, el Delegado de Portugal ha propuesto medalla de oro, por creer que es la mejor de la Exposición; pero para no suscitar los celos de los demás, se ha nombrado una comisión que determine las recompensas que por este concepto se deban adjudicar. Sea como quiera, es voz unánime que por su adecuada originalidad y su arte, las instalaciones de Costa Rica y Portugal deben considerarse como las más bellas e instructivas de la Exposición. Aprovecho esta oportunidad para reiterar a U. las seguridades de mi más alta consideración. Manuel M. Peralta. Señor don Manuel Vicente Jiménez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica” 232

232 La Gaceta, 29 de enero de 1893.

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b.- Tratado Jiménez-Arellano. El 8 de noviembre de 1893 llegó a Costa Rica el ministro residente de España don Julio Arellano, quien tenía sede en Guatemala y era concurrente en nuestro país 233. Durante su estadía en San José, el diplomático español negoció con la Cancillería costarricense un convenio para la recíproca protección de la propiedad intelectual. El tratado correspondiente fue suscrito en San José el 14 de ese mes por el canciller Jiménez y el ministro Arellano. El tratado Jiménez-Arellano fue ratificado por ambas partes y sus ratificaciones se canjearon en Madrid el 20 de junio de 1896 234. C.- Las relaciones con los Estados Unidos de América. a.- La Exposición de Chicago. Para conmemorar el IV° centenario del primer viaje de Colón, en 1893 el gobierno de los Estados Unidos organizó en la ciudad de Chicago una magna exposición, a la que se dio el nombre de Exposición Universal o Exposición Mundial Colombina y en la que participaron diecinueve países. Costa Rica aceptó la invitación y expuso en Chicago una gran parte del valioso material arqueológico presentado en la Exposición Hispano-Americana de Madrid de 1892. La muestra nacional obtuvo un considerable número de premios 235. La exposición estuvo abierta desde el 1° de mayo hasta el 30 de octubre de 1893. El 13 de febrero de 1894, el ministro de los Estados Unidos acreditado como concurrente en Costa Rica, Lewis Baker, dirigió al canciller Jiménez una nota para remitirle copia de una nota del Congreso de Estados Unidos, en la que se agradecía la participación de Costa Rica en la Exposición de Chicago, y expresarle: 233 La Gaceta, 10 de noviembre de 1893. 234

SÁENZ CARBONELL, 1996, p. 508.

235 Memoria, 1894, p. 5.

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“… tengo la satisfacción de manifestar a Ud., de parte del Gobierno y Pueblo de los Estados Unidos, el elevado sentimiento de aprecio que les anima por la amistosa participación del Gobierno de Costa Rica, con el fin de asegurar el éxito de la exposición, como verdadera ostentación de las artes, industrias, manufacturas y productos del suelo, de las minas y de los mares del mundo.” 236. b.- El caso Weeks. En setiembre de 1893, el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América, Lewis Baker, solicitó al gobierno de Costa Rica la detención y extradición del abogado americano Francis H. Weeks, reo del delito de estafa, y ofreció aportar pruebas de su culpabilidad y la documentación suficiente para que, de conformidad con las prácticas internacionales en casos análogos, pudiera otorgarse la extradición, a pesar de la ausencia de un tratado bilateral sobre esa materia. Las autoridades costarricenses, ante la gravedad de las acusaciones contra Weeks, y aprovechando que estaban suspendidas las garantías individuales, ordenaron su detención hasta por cuarenta días, para dar tiempo a que Baker, quien se había trasladado de Managua a San José para atender el caso, pudiera aportar la documentación correspondiente 237. Presentados los documentos en debida forma, el asunto fue examinado por el Consejo de Gobierno, aumentado al efecto con varios abogados de prestigio, y por unanimidad se decidió acceder a la extradición solicitada, como un acto de cortesía hacia el gobierno de los Estados Unidos y por haber ofrecido este negociar con Costa Rica un tratado de extradición que comprendiera el caso 238. De acuerdo con esta decisión, Weeks

236 La Gaceta, 4 de marzo de 1894. 237 Memoria, 1894, p. 7. 238 Ibid.

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fue extraditado a los Estados Unidos y en noviembre de 1893 un tribunal de Nueva York lo condenó a diez años de prisión 239. El gobierno de los Estados Unidos dirigió al de Costa Rica una expresiva manifestación de gratitud por haber otorgado la extradición de Weeks 240, y la Cancillería costarricense dio poderes e instrucciones al ministro Peralta para negociar la convención ofrecida. Sin embargo, según informó el marqués a la Cancillería, la negociación se dificultó debido a las diferencias de legislación entre ambos países 241. Al parecer, la principal dificultad estaba referida al tema de la pena de muerte 242. D.- Las relaciones con Venezuela. A fines de 1891 el gobierno de Venezuela envió una misión a Costa Rica, encabezada por el ministro plenipotenciario don Rafael Villavicencio, al término de la cual, el 15 de enero de 1892, se suscribió un convenio sobre canje de publicaciones científicas. 243. En su memoria al Congreso Constitucional el 7 de mayo de 1894, el canciller Jiménez informó que Venezuela había constituido una legación en Costa Rica y nombrado como jefe de ella al doctor don José Rojas Paúl, con el carácter de ministro residente 244, pero no consta acuerdo alguno en que se le reconozca tal condición, como era de estilo, por lo que al parecer para esa fecha aún no había presentado cartas credenciales.

239 “Weeks pleads guilty”, en San Francisco Call, 9 de noviembre de 1893, en http://cdnc. ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=SFC18931109.2.7 240 En nota del 5 de febrero de 1894, el ministro plenipotenciario Baker dirige una carta en la que adjunta copia de otra firmada por J. R. Fellows, procurador de distrito de la ciudad de Nueva York. En La Gaceta, 4 de marzo de 1894. 241 “Weeks pleads guilty”, en San Francisco Call, 9 de noviembre de 1893, en http://cdnc. ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=SFC18931109.2.7 242 La Prensa Libre, 30 de marzo de 1894. 243

SÁENZ CARBONELL, 1996, pp. 508-509.

244 Memoria, 1894, p. 5.

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6.- Carteras anexas a la Secretaría. A.- Justicia y Gracia. a.- Competencia de la cartera. El decreto n° 29 de 20 de junio de 1870, que definía la competencia de las secretarías de Estado, fijaba en su artículo 6° el ámbito de la cartera de Justicia, a veces llamada también de Justicia y Gracia: “Art. 6°.- A la Cartera de Justicia, corresponde lo relativo a la Administración Judicial, codificaciones, Magistraturas y Ministerio Fiscal, presidios y cárceles, administración de presos, cumplimiento de condenas, rebajas y conmutaciones de penas y rehabilitaciones de delincuentes.” 245 b.- Asuntos de Justicia. La principal realización de la cartera de Justicia durante el desempeño de don Manuel Vicente Jiménez fue la emisión de una nueva normativa relativa al jurado. El 31 de octubre de 1892 se emitió un decreto con carácter de ley para regular el jurado, que estaba circunscrito a los casos de crímenes o simples delitos 246. En mayo de 1894, en su memoria al Congreso, don Manuel Vicente se refirió a esta nueva normativa del siguiente modo: “Amoldar esa institución, largo tiempo ha establecida entre nosotros, a nuestras condiciones sociales, ha sido el objeto de la ley a que me refiero. Ella, para evitar el torrente de veredictos injustos que se emitían, dispone que solo cuando hubiere duda acerca de la existencia o inexistencia 245 Decreto n° 29 de 20 de junio de 1870. 246 Decreto N° 85 de 31 de octubre de 1892.

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de los hechos que constituyen el cargo o la defensa por no haber respecto de ellos plena prueba ni estar del todo destituidos de ella, se someta al conocimiento del Jurado la resolución de las cuestiones dudosas; establece la responsabilidad de sus miembros cuando incurren en el prevaricato definido en el párrafo 46 del artículo 2° del Código Penal; y reduce el número de personas que deben componerle, con el fin de que puedan escogerse las que sean aptas para desempeñar funciones tan delicadas y de tanta trascendencia en la administración de la justicia criminal.” 247 Mediante decreto n° 278 de 20 de Agosto de 1892 se emitieron medidas para facilitar a los notarios y cartularios de las comarcas de Limón y Puntarenas, provincia de Guanacaste y cantones menores, la adquisición, con las formalidades del caso, de sus respectivos protocolos 248. Mediante decreto n° 90 de 10 de noviembre de 1892 se efectuaron varias reformas en materia de jurisdicción penal para facilitar la pronta administración de justicia y para asegurar la inmediata instrucción de ciertos sumarios, mediante la clara fijación de la competencia en materia de faltas o infracciones menores al ordenamiento penal 249. El decreto n° 106 de 28 de diciembre de 1892 declaró feriados para todos los empleados judiciales los días de fiestas cívicas, con tal de que no excedieran de tres 250. c.- Asuntos de Gracia. Mediante decreto n° 26 de 24 de julio de 1893 se dispuso que el Poder Ejecutivo, previas las formalidades de la 247 Memoria, 1894, pp. 7-8. 248 Decreto n° 278 de 20 de agosto de 1892. 249 Decreto n° 90 de 10 de noviembre de 1892. 250 Decreto n° 106 de 28 de diciembre de 1892.

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ley, pudiera conmutar la pena de arresto en confinamiento, independientemente de que la pena hubiera sido directamente impuesta o fuera el resultado de la conversión de otra 251. Además de ejercer en casos concretos el derecho de gracia, es decir, la facultad de conceder indultos, perdones y rebajas de pena, por lo general de conformidad con los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno del presidente Rodríguez también emitió en varias oportunidades medidas de gracia de carácter colectivo. El 31 de diciembre de 1892, en celebración del advenimiento del nuevo año, se concedió amplia y general amnistía a todas las personas que estuvieren sufriendo alguna pena por motivos políticos 252; sin embargo, el orden constitucional permaneció en suspenso. El 14 de setiembre de 1893, mediante un decreto suscrito por el presidente Rodríguez y todos sus secretarios de Estado, se restablecieron las garantías individuales suspendidas desde agosto de 1892, y se concedió amplia y general amnistía a todas las personas que se hallaban sufriendo destierro o confinamiento por causas políticas 253. El gobierno también tomó en consideración la situación de quienes estaban siendo encausados por delitos contra las personas cometidos entre las 5 p. m. del 7 de noviembre de 1889 y las 4 p. m. del día siguiente. En atención a que muchos de esos delitos habían sido ocasionados por la exaltación de los ánimos derivada de la lucha electoral y debían reputarse esencialmente políticos y de carácter popular, el Poder Ejecutivo emitió el 6 de octubre de 1893 un decreto suscrito por el presidente Rodríguez y el secretario de Gracia don Manuel Vicente Jiménez dirigido a declarar exentos de responsabilidad a los que hubieren cometido tales delitos, excepto los de violación y estupro, siempre que reconocieran como causas las antes indicadas 254. En mayo de 251 Decreto n° 26 de 24 de julio de 1893. 252 Decreto N° 99 de 31 de diciembre de 1892. 253 Decreto n° 39 de 14 de setiembre de 1893. 254 Decreto n° 43 de 6 de octubre de 1893.

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1894, en la Memoria de la cartera de Justicia y Gracia, don Manuel Vicente Jiménez se refirió así a esta disposición: “El Poder Ejecutivo emitió asimismo el decreto de 6 de Octubre de 1893, fundado en las consideraciones que le sirven de apoyo, y en virtud de las circunstancias de que los hechos de mayor gravedad cometidos en esta capital durante los mismos días de exaltación de ánimos, pasaron inadvertidos ante los tribunales, cuando debieron haberse juzgado con el mismo criterio que aconsejó la secuela de las causas, objeto del decreto a que me he referido.” 255 El 30 de abril de 1894 fueron indultados los complicados en los hechos políticos de febrero de ese año, con excepción del cura párroco de Grecia, presbítero don Victoriano Mayorga, quien fue confinado por una año en Nicoya, y del presbítero Victor De Gréve, quien fue expulsado del país 256. C.- Culto. a.- Competencia de la cartera. El artículo ° 8 del decreto n° 29 de 20 de junio de 1870, que definía la competencia de las secretarías de Estado, fijaba el ámbito de la cartera de Culto Art° 8.- A la Cartera de Culto, corresponde lo que concierne al Patronato nacional, pase de Decretos conciliares, bulas, breves, rescriptos pontificios, beneficios eclesiásticos, cementerios, jurisdicción y disciplina eclesiástica.” 257 255 Memoria, 1894, pp. 8- 9. 256 Decreto N° 5 de 30 de abril de 1894. 257 Decreto n° 29 de 20 de junio de 1870.

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b.- Don Manuel Vicente Jiménez y las cartas pastorales de monseñor Thiel. A pesar de sus manifiestas simpatías por la Iglesia Católica, don Manuel Vicente Jiménez, en su condición de secretario de Culto, tuvo que enfrentarse dos veces con el obispo monseñor Thiel en torno a cartas pastorales suyas. De conformidad con el inciso 13° del artículo 102 de la Constitución de 1871, era potestad del Poder Ejecutivo “conceder o negar el pase a los decretos, conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, y cualesquiera otros despachos de la autoridad eclesiástica” 258. Esta prescripción, heredada de muy antiguas disposiciones de la Corona de Castilla para mantener a raya a la Iglesia Católica en sus dominios, significaba que aunque la misma Constitución proclamaba que “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta sin previa censura” 259, se exceptuaba de esa libertad al papa y a la jerarquía eclesiástica local: todo documento emanado del papa o de las autoridades diocesanas estaba sujeto a la previa censura del gobierno y no podía ser publicada sin tal requisito. En 1891, fundamentado en esa potestad, el gobierno había prohibido a monseñor Thiel la publicación de su carta pastoral de 4 de octubre de ese año, relativa a la escuela católica y le había exigido una promesa formal de que no la haría circular, pero en enero de 1892 el prelado la puso en conocimiento de varias personas para contrarrestar ciertos ataques de la prensa contra la educación católica, y así lo informó al entonces secretario de Culto don Pedro María León-Páez, quien no planteó ninguna objeción al respecto. Alentado por esta actitud, monseñor Thiel remitió el texto de la pastoral al nuncio apostólico en Bogotá, y el 24 de octubre de 1892, una vez recibida la respuesta del nuncio, puso el parecer de este en conocimiento de don Manuel Vicente Jiménez, con la esperanza de que con base en él se le permitiera finalmente publicar la pastoral 260. El 31 de octubre, don Manuel Vicente dio respuesta al obispo, quejándose de que no hubiera 258

Constitución Política de 7 de diciembre de 1871, art° 102 inc° 13.

259 Ibid., art° 37. 260

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SANABRIA M., 1982, pp. 434-435.

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cumplido con su promesa de no publicar la pastoral y diciéndole que su texto estaba en abierta contradicción con la Carta Fundamental de la República que atribuía la suprema inspección de la enseñanza al Poder Ejecutivo; que la dirección e inspección que propugnaba y reclamaba la Iglesia no se ajustaban al artículo 52 de la Constitución, y que el Estado no podía prescindir en modo alguno de la suprema dirección de la enseñanza nacional 261. El obispo respondió a la nota del ministro el 4 de noviembre, y don Manuel Vicente le contestó de nuevo el 19 de noviembre. El 9 de diciembre, monseñor Thiel le contestó al licenciado Jiménez en un tono que no presagiaba nada bueno: “La contestación del 19 de Noviembre hace por fin luz en la cuestión enseñanza y demuestra que el Señor Presidente sigue los principios de la escuela liberal que atribuye al Estado únicamente toda intervención en ella, excluyendo lo que la Iglesia reclama para los niños católicos. Sin embargo suplico a Ud. se sirva manifestar al Señor Presidente que ejerce conmigo, coartándome la libertad de instruir a mis feligreses, un acto de verdadera tiranía y además comete una inconsecuencia con los principios del Liberalismo cuyo credo profesa. El Señor Presidente encontrará tal vez conexión en sus actos gubernativos referentes a la enseñanza, yo veo en ellos incoherencias que serán fatales para la religión y dejarán de su Gobierno un triste recuerdo.” 262 El 5 de setiembre de 1893 monseñor Thiel publicó en el Eco Católico una carta pastoral “sobre el justo salario de los jornaleros y artesanos y otros puntos de actualidad que se relacionan con la situación de los destituidos de los bienes de fortuna” 263, basada en la doctrina social de la Iglesia recientemente enunciada por 261 Ibid., p. 435. 262 Ibid. 263 Ibid., p. 436.

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el papa León XIII. El 11 de setiembre, el secretario de Guerra y Marina don Rafael Yglesias le escribió al obispo una carta personal, en la que le expresaba que la pastoral había causado sorpresa en el gobierno, pero que no se había dispuesto nada acerca de ella, y que creía que La Gaceta no se ocuparía del asunto 264 . Sin embargo, lo cierto fue que el gobierno sí reaccionó de modo virulento, y le correspondió a don Manuel Vicente Jiménez dirigirse el 14 de setiembre a monseñor Thiel para expresarle el profundo desagrado que había causado su carta pastoral: “Con motivo de la última Pastoral de Ud. expedida el 5 del corriente y publicada en el “Eco Católico” n. 280, fecha 9 de este mes, el señor Presidente de la República de acuerdo con el Consejo de Gobierno me ha dado instrucciones para manifestar a Ud. que el Poder Ejecutivo en el imprescindible deber de conservar íntegros los fueros de la Autoridad Civil y de mantener el orden y la tranquilidad de los pueblos se ve en la necesidad de llamar seriamente la atención e Ud. hacia el procedimiento empleado por Ud. dando publicidad a su citada Pastoral y a otras anteriores, sin haber obtenido previamente autorización del Poder Ejecutivo, y hacia doctrinas tan erróneas como la de que la autoridad debe fijar el precio de los salarios de los trabajadores, tan antieconómicas como la de que establezca los valores de los artículos de necesidad, tan inconvenientes como la de excitar a los obreros y artesanos a formar entre ellos sus propias asociaciones y juntar sus fuerzas de modo que puedan animosamente libertarse de la injusta e intolerable opresión que supone en los patrones. Estas doctrinas pueden dar por resultado, por las tendencias socialistas que entrañan, profundas perturbaciones en la marcha de los intereses 264 Ibid., p. 436 nota (16-b).

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recíprocos de la propiedad y el trabajo y no se compadecen con la misión conciliadora del Pastor. En consecuencia el Gobierno espera de Ud. que en cumplimiento de estrictas disposiciones legales, en adelante no dé publicidad a ningún documento sujeto al “pase” respectivo, sin llenar previamente esta formalidad, y conf ía a la vez que Ud. por todos los medios que para el fin juzgue eficaces dentro de su esfera de acción, procure que la simiente por Ud. esparcida, se recoja oportunamente para que no ocasione los trastornos sociales que está llamada a producir.” 265 El obispo respondió a don Manuel Vicente el 16 de setiembre, en una carta en la que rebatió brillantemente sus conceptos 266. En la Memoria de Relaciones Exteriores y carteras anexas que presentó al Congreso Constitucional el 7 de mayo de 1894, don Manuel Vicente no hizo ninguna referencia a sus polémicas epistolares con el obispo, y solamente dedicó dos escuetos párrafos a los asuntos de Culto: “En esta cartera no hay nada que merezca especialmente mencionarse. El Gobierno ha contribuido al mantenimiento del culto católico en la manera y forma que siempre lo había hecho; sin embargo, como en el presupuesto decretado para el año 1892 a 1893 se incurrió en algunos errores, se dispuso que en lo sucesivo se pague al Tesorero eclesiástico la suma de mil ciento treinta y ocho pesos del modo que determina el acuerdo n° 15 de 3 de Agosto de 1893, que se registra en los anexos. 265 Ibid., pp. 436-437. 266 Ibid., p. 437.

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No es ajeno a este lugar hacer referencia al decreto de 4 de Agosto de 1892 que estableció en las escuelas primarias del Estado la enseñanza del Catecismo cristiano y de la Historia sagrada, a cargo de los respectivos maestros, a los alumnos de ambos sexos cuyos padres, tutores o encargados no manifestasen decisión en contrario. Esta disposición fue acogida con gran entusiasmo por todos los pueblos de la República, y ha contribuido altamente al bienestar general.” 267. D.- Beneficencia. a.- Competencia de la cartera. Con respecto a la competencia de la cartera de Beneficencia, el decreto-ley de 20 de junio de 1870 disponía: Art° 10.-A la Cartera de Beneficencia, pertenece lo relativo a la administración de hospitales, casas de refugio y maternidad, montes de piedad y de socorros públicos, nombramiento de médicos titulares, fomento de la facultad de medicina y obstetricia, establecimientos de farmacia, medidas sanitarias, conservación y propagación del fluido vacuno y cuidado de baños termales.” 268 b.- El contrato Jiménez-Cruz y el Colegio Agrícola Centroamericano. Uno de los principales asuntos de los que correspondió ocuparse a don Manuel Vicente Jiménez en su condición de secretario de Beneficencia, fue el del contrato que suscribió en junio de 1893 con don Antonio Cruz y Polanco, abogado 267 Memoria, 1894, p. 9. 268 Decreto n° 29 de 20 de junio de 1870.

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guatemalteco residente en Costa Rica, para establecer en Costa Rica una institución para la enseñanza teórica y práctica de la agricultura, que se llamaría Colegio Agrícola Centroamericano y sería regentada por padres salesianos. Con ese propósito, el doctor Cruz y Polanco donaba al Estado una hacienda de cuatrocientas manzanas en Curridabat, llamada Las Mercedes. El donante debía hacer los arreglos necesarios con el superior de la Pía la Sociedad de San Francisco de Sales, establecida en Turín, para que la congregación tomara a su cargo la dirección y manejo del colegio 269. Aunque el artículo 1° de la ley de 22 de julio de 1884 prohibía el establecimiento de órdenes monásticas o comunidades religiosas en la República, cualesquiera que fueran su clase y denominación, se partió del supuesto que como la congregación salesiana no se organizaba en conventos en sentido estricto, no estaba comprendida en la prohibición. El 29 de abril de 1894, en vísperas del final de su administración, el presidente Rodríguez, “en medio de numerosa y distinguida concurrencia, que dio al acto la mayor solemnidad” 270 , puso la primera piedra del edificio que debía alojar la nueva institución, después de que la bendijo el arzobispo de Guatemala monseñor Ricardo Casanova y Estrada, que se encontraba en aquellos momentos exiliado en Costa Rica. Un periódico católico guatemalteco reseñó así la ceremonia: “El domingo 29 de abril próximo pasado, se procedió a la colocación y la bendición de la primera piedra del edificio donde se ha de instalar el Colegio Agrícola Centroamericano, en la finca, “Las Mercedes” en Costa Rica, y que bajo la dirección de los padres salesianos de Don Bosco va a fundar el generoso Doctor Don Antonio Cruz y Polanco. Como es sabido por un contrato solemne que celebró con el gobierno de Costa Rica, el Doctor Cruz, 269 Contrato N° 5 de 22 junio de 1893. 270 Memoria, 1894, p. 10.

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además de la finca de su propiedad dona para el colegio cien mil pesos. El Ilmo. Señor Arzobispo de Guatemala Lic. Ricardo Casanova y Estrada hizo la bendición de la primera piedra del Colegio, acto que fue solemnizado con la asistencia del presidente de la república de Costa Rica, y del Ilmo. Sr. Thiel Obispo de la Diócesis, del fundador y otras personas notables.” 271 Don Manuel Vicente Jiménez expresó poco después al Congreso Constitucional que inició sesiones el 1° de mayo de 1894: “El “Colegio Agrícola Centroamericano”… reviste capital importancia para la educación de la juventud. En ese establecimiento tienen campo vasto los jóvenes pobres, y también los que posean medios de subsistencia holgada, para formar su aprendizaje en las distintas escalas de la agricultura, y para adquirir los conocimientos que imparte la escuela primaria, y otros de artes y oficios y aun de segunda enseñanza, debiendo dedicar todos parte de su tiempo a los trabajos manuales, como aplicación práctica de sus estudios teóricos.” 272 A pesar de tan halagüeños comienzos, el proyecto no llegó a materializarse, ya que el Congreso se opuso rotundamente al ingreso de los padres salesianos al país. El diputado don Leonidas Pacheco Cabezas presentó un proyecto de ley para impedir su venida a Costa Rica y así anular el contrato Jiménez271 “Semana Católica”, vol. III, año 3. No. 105, 1894, p. 2, cit. en BARRERA ELÍAS, Modesto Francisco, La reorganización de la Iglesia Católica en la República de Guatemala, durante el gobierno eclesiástico del Arzobispo Ricardo Casanova y Estrada de 1885 a 1913, Guatemala, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, tesis de grado, 2013, p. 85, en http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/14/14_0495.pdf 272 Memoria, 1894, p. 10.

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Cruz de 1893 273. Aunque algunos legisladores combatieron la propuesta de Pacheco, prevalecieron los adversarios de los salesianos, y la cámara, mediante una ley aprobada el 4 de junio de 1894, interpretó que la prohibición del artículo 1° de la ley de 22 de julio de 1884 comprendía “… toda congregación religiosa, de hombres o de mujeres, de eclesiásticos o de seglares, ligados con cualquier género de votos, que vivan o no en comunidad.” 274 Con esta normativa quedó imposibilitada la venida de los salesianos a Costa Rica y se frustró el proyecto del Colegio Agrícola Centroamericano. c.- Otros asuntos. Durante la gestión de don Manuel Vicente Jiménez como secretario de Beneficencia, el gobierno mantuvo su respaldo a los hospitales, hospicios y otras instituciones de ayuda social, según se consignó en la memoria de 1894: “El “Hospicio de Locos”, el de “Incurables”, los de “Huérfanos” de varias de nuestras poblaciones y los Hospitales, todo ha sido atendido de modo general por el Gobierno, quien además ha gastado cuantiosas sumas en la dotación de médicos para la asistencia de enfermos pobres en épocas calamitosas, en compra de medicinas, en socorrer a domicilio a los enfermos menesterosos por medio de la Sociedad de Señoras de “San Vicente de Paúl” y en mejorar, en cuanto estaba de su parte, la situación de los desgraciados.” 275

273

SANABRIA M., 1982, pp. 466-467.

274 Decreto n° 8 de 4 de junio de 1894. 275 Memoria, 1894, p. 9.

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En el ámbito de la salud pública, se tomaron además diversas medidas para mejorar la higiene pública 276, combatir una epidemia de influenza que hubo en octubre de 1893 277 y evitar que se desatara una epidemia de cólera 278, mediante el control en los puertos de barcos provenientes de países donde había aparecido esa enfermedad. En el puerto de Limón se creó una junta de sanidad 279. Como parte de las funciones de don Manuel Vicente como secretario de Beneficencia, le correspondía formar parte de la junta directiva de la Institución Barroeta, fundada por don Rafael Barroeta y Baca para contribuir a financiar los estudios de jóvenes pobres. Entre los posibles beneficiarios debía darse preferencia a parientes de las dos esposas del señor Barroeta, doña María del Rosario Guardia y doña María Trinidad Gutiérrez, que estuvieran en situación de pobreza y aspiraran a estudiar, y a falta de parientes con esas condiciones, podían asignarse recursos a cualquier otro joven pobre. En la sesión celebrada el 14 de enero de 1893, la junta directiva acordó establecer dos becas en Europa, con la dotación de cincuenta pesos fuertes, y sujetar su otorgamiento a una serie de requisitos, entre los cuales no figuraba el de la condición de pobreza 280. Los beneficiarios de estas dos becas, de acuerdo con el acta de la sesión del 12 de abril de 1893, fueron don Víctor Guardia Quirós y don Mariano Guardia y Carazo, aunque la de este último no fue para estudiar en Europa sino en los Estados Unidos de América 281. Cabe advertir que al no exigir el requisito de pobreza a los beneficiarios, la Institución Barroeta empezó a perder su propósito original de ayudar a financiar estudios a jóvenes cuyas familias carecieran de recursos. Con el tiempo, la Institución quedó completamente desnaturalizada, ya que no sólo se dejó de exigir el requisito de pobreza sino también el de emplear los fondos en financiar estudios. A fin de cuentas, los 276 Circular N° 12 de 19 de julio 1892 y N° 17 de 23 setiembre de 1892. 277 Acuerdo N° 314 de 9 de octubre de 1893. 278 Acuerdo Nº 305 de 2 de setiembre de 1892, Circular N° 16 de 7 de setiembre de 1892 y Acuerdo N° 317 de 10 de setiembre de 1892. 279 Decreto n° 180 de 11 de junio de 1893. 280 Acta de 14 de enero de 1893 (incluida en la Colección de leyes y decretos del primer semestre de 1893); Memoria, 1894, p. 10. 281 Acta de 12 de abril de 1893 (incluida en la Colección de leyes y decretos del primer semestre de 1893).

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recursos quedaron destinados simplemente a entregar una suma de dinero a los parientes varones de las dos esposas del señor Barroeta cuando llegaban a cierta edad, independientemente de que fueran pobres o no, y sin exigir que tales fondos se destinaran a la educación. De este modo quedaron burlados los filantrópicos propósitos del fundador. Con el crecimiento de ambas familias en el transcurso del tiempo, la suma que se entregaba a los beneficiarios llegó finalmente a ser irrisoria y la Institución Barroeta perdió toda relevancia. 7.- La Secretaría de Instrucción Pública. a.- Competencia de la cartera. Al inicio de la administración Rodríguez, la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía como carteras anexas las de Justicia y Gracia, Culto y Beneficencia. La cartera de Instrucción Pública estaba adscrita a la Secretaría de Hacienda y Comercio. Sin embargo, mediante decreto n° 45 de 28 de julio de 1891, por considerar que el exceso de trabajo en la cartera de Instrucción Pública no permitía que siguiera adscrita a la Secretaría de Hacienda y Comercio, “cuyas delicadas funciones bastan por sí solas para ocupar la atención del encargado de desempeñarlas” 282, se decidió agregar aquella cartera a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta situación persistía el 7 de junio de 1892, cuando don Manuel Vicente fue nombrado como secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas. La cartera de Instrucción Pública tenía su competencia definida en el artículo 9° del decreto de 20 de junio de 1870: “Art° 9.- A la cartera de Instrucción Pública, concierne lo relativo a Dirección de Estudios, inspección de los establecimientos de enseñanza, cumplimiento de Reglamentos y administración de rentas de este ramo, propiedades literarias, monumentos históricos 282 Decreto n° 45 de 28 de julio de 1891.

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y artísticos, bibliotecas, museos, conservatorios de artes y jardines botánicos.” 283 b.- La educación religiosa. Uno de los propósitos que externó desde sus inicios la administración de don José Rodríguez fue resolver el problema relativo a la educación religiosa, suprimida por la legislación promovida por don Mauro Fernández. El 13 de junio de 1890, Rodríguez emitió un decreto en el cual se eximía de lecciones a los escolares los sábados durante tres horas, para que en esas horas pudieran recibir instrucción religiosa, si sus padres y tutores lo deseaban 284. Sin embargo, como estas disposiciones se basaban en un mero decreto, el mismo presidente consideró necesario que se efectuara una reforma legal para establecer la enseñanza religiosa en las escuelas estatales como asignatura libre, y el 3 de mayo de 1892 el Poder Ejecutivo presentó un proyecto sobre el particular a la consideración del Congreso Constitucional 285. Aunque en la cámara había una significativa mayoría de diputados liberales, sus opiniones en torno al asunto de la educación religiosa distaban mucho de ser unánimes, ya que algunos apoyaban la educación católica en términos tradicionales, como también lo hacían, por supuesto, los diputados de la Unión Católica. Sin embargo, después de muchas polémicas y dictámenes, el 22 de junio, cuando ya don Manuel Vicente se hallaba al frente de la Secretaría de Instrucción Pública, el Congreso desechó la iniciativa del Ejecutivo, que fue respaldada solamente por ocho legisladores 286. El triunfo de los liberales fue ef ímero, ya que después del voto de censura y la decisión del Congreso de suspender sus sesiones, el Poder Ejecutivo dispuso, mediante un decreto de 4 de agosto de 1892, establecer la enseñanza religiosa católica en la educación primaria, para los alumnos de uno u otro sexo 283 Decreto n° 29 de 20 de junio de 1870. 284 Acuerdo N° 279 de 13 de junio de 1890. 285 Oficio Nª 7 de 3 de mayo de 1892; Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica, Archivo del Congreso, documento n° 3926. 286

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SANABRIA M., 1982, pp. 378-380.

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cuyos padres, tutores o encargados no manifestaran decisión en contrario 287. El decreto fue recibido con profundo beneplácito por la jerarquía eclesiástica: el 21 de agosto, la Unión Católica organizó una ovación en homenaje al presidente Rodríguez, que concluyó con un tedeum cantado por el obispo Thiel en la Catedral y un discurso laudatorio del deán monseñor Domingo Rivas. Otro de los oradores del día, don Benjamín González, en representación de los círculos católicos, terminó sus discurso con vivas al presidente Rodríguez y a don Manuel Vicente Jiménez 288. Este, en la Memoria de Relaciones Exteriores presentada al Congreso Constitucional de 1894, manifestó que “Esta disposición fue acogida con gran entusiasmo por todos los pueblos de la República, y ha contribuido altamente al bienestar general.” 289 El 18 de agosto, un acuerdo ejecutivo precisó y amplió las disposiciones del decreto del 4 290, y el 2 de setiembre se emitió otro acuerdo dirigido a establecer la enseñanza religiosa católica en la Sección Normal del Liceo de Costa Rica y en el Colegio Superior de Señoritas 291. c.- Otros asuntos. Durante el desempeño de don Manuel Vicente Jiménez en la Secretaría de Instrucción Pública se crearon escuelas de varones y niñas en Juan Viñas 292, Tierra Blanca 293, Orosi 294, Zaragoza 295 y Mastate de San Mateo 296 y escuelas mixtas en Limón 297, Santo 287 Decreto Nº 79 de 4 de agosto de 1892. 288 La Unión Católica, 25 de agosto de 1892. 289 Memoria, 1894, p. 9. 290 Acuerdo Nº 273 de 18 de agosto de 1892. 291 Acuerdo N° 303 de 2 de setiembre de 1892. 292 Acuerdo n° 203 de 1° de julio de 1892. 293 Acuerdo n° 228 de 15 de julio de 1892. 294 Acuerdo n° 229 de 18 de julio de 1892. 295 Acuerdo n° 130 de 4 de mayo de 1893. 296 Acuerdo n° 1623 de 21 de marzo de 1894. 297 Acuerdo n° 103 de 29 de marzo de 1893.

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Tomás de Santo Domingo 298, El Carrizal de Alajuela 299, Zarcero 300, San Gabriel y Calle de Blancos 301 y Tacacorí 302, y se clausuraron, por diversos motivos, las escuelas de niñas de Cachí 303 y San Diego de La Unión 304 y la de varones de Sardinal 305. Otra disposición relevante tomada durante la gestión de don Manuel Vicente fue el decreto n° 78 de 16 de marzo de 1893, mediante el cual se dispuso la creación de bibliotecas en las escuelas públicas 306. Al día siguiente del fallecimiento de la distinguida maestra doña Salvadora Gutiérrez Iglesias, ocurrido el 28 de marzo de 1894, se le celebraron imponentes honras fúnebres en la catedral de San José, con una concurrencia inmensa, a las que siguió un imponente desfile hasta el cementerio, donde hicieron uso de la palabra el secretario de Guerra y Marina don Rafael Yglesias a nombre del gobierno, el inspector general de Enseñanza don Miguel Obregón Lizano, el ex canciller don Rafael Machado Jáuregui y don Alejandro Aguilar. Según La Prensa Libre, “En San José, tal vez no se ha visto un entierro semejante” 307.

298 Acuerdo n° 115 de 18 de abril de 1893. 299 Acuerdo n° 170 de 2 de junio de 1893. 300 Acuerdo n° 195 de 26 de junio de 1893. 301 Acuerdo n° 1632 de 3 de abril de 1894. 302 Acuerdo n° 1633 de 4 de abril de 1894. 303 Acuerdo n° 197 de 25 de junio de 1892. 304 Acuerdo n° 418 de 14 de noviembre de 1892. 305 Acuerdo n° 325 de 17 de octubre de 1893. 306 Acuerdo n° 78 de 16 de marzo de 1893. 307 La Prensa Libre, 30 de marzo de 1894.

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Capítulo IV LOS AÑOS POSTERIORES (1894-1908)

1.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por sexta vez y presidente de la Corte por primera vez (1894-1898) El 4 de mayo de 1894 el Congreso Constitucional eligió a los magistrados que de acuerdo con la Constitución debían desempeñar funciones en el período 1894-1898. Como presidente de la Sala de Casación y de la Corte Suprema de Justicia, la cámara escogió a don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno. Los demás abogados elegidos para formar parte de la Sala de Casación fueron don Rafael Orozco González, don Vicente Sáenz Llorente, don Manuel Argüello Mora y don Alejandro Alvarado García. Para la Sala Primera de Apelaciones fue nombrado don Ramón Loría Vega como presidente y don Gerardo Castro Méndez y don Benito Serrano Jiménez como magistrados, y para la Sala Segunda de Apelaciones, don Camilo Esquivel Sáenz como presidente y don Ezequiel Gutiérrez Iglesias y don Marcelo Brenes Robles como magistrados. Los elegidos fueron llamados a juramentarse el 8 de mayo de 1894 308. 308 Decreto n° 4 de 4 de mayo de 1894.

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Al tomar posesión de su cargo, en la misma ceremonia en el Congreso en la que fue juramentado don Rafael Yglesias Castro como nuevo presidente de la República, el licenciado Jiménez pronunció el siguiente discurso: “Señor Presidente: Acabáis de tomar posesión de la Primera Magistratura de la República; habéis jurado cumplir y defender la Constitución y las leyes, y en consecuencia habéis aceptado también, con una pesada responsabilidad, una misión nobilísima: la de sostener las instituciones patrias, protegiendo los Tribunales de Justicia para el cumplimiento de su perenne y hermosa labor de dar a cada uno lo que es suyo. La Corte Suprema, que por mi medio Os felicita en este día por la honra altísima de que sois deudor a vuestros compatriotas, de vos espera que sabréis hacer siempre notorios el timbre de su independencia y el lustre de su decoro. Sed, pues, bienvenido y que el bien de la Patria impulse siempre vuestros propósitos. Señor ex Presidente: Sé que al descender del solio presidencial para confundiros entre vuestros conciudadanos, lleváis tranquila conciencia de haber procurado el bien de la Patria.

Estáis de enhorabuena.

Señor Presidente del Congreso: Señores Diputados: 100

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Me habéis conferido la mayor honra a que yo pudiera aspirar. En la Presidencia del Poder Judicial procuraré hacerme digno de tan alta distinción.” 309 El 12 de febrero de 1895 murió repentinamente el magistrado de Casación don Vicente Sáenz Llorente 310, en cuyo remplazó se nombró el 7 de mayo siguiente al licenciado don Ramón Loría Vega 311, hasta ese momento presidente de la Sala Primera de Apelaciones. Para sucederle en este último cargo fue nombrado el mismo 7 de mayo el magistrado don Gerardo Castro Méndez 312, quien fue sucedido como magistrado de esa misma Sala por el licenciado don Alberto Brenes Córdoba, elegido también el 7 de mayo de 1895 313. Además, el 29 de marzo de 1895 se admitió la renuncia al magistrado de Casación don Alejandro Alvarado García, para el desempeño de una misión diplomática 314; una vez concluida esta fue nombrado nuevamente como magistrado de Casación el 8 de mayo de 1895 315. En junio de 1895, mediante una reforma a la Ley Orgánica de Tribunales, se dispuso que la Sala Primera de Apelaciones conociera de los asuntos civiles y la Sala Segunda de los penales 316. El 15 de enero de 1897 murió el magistrado de Casación don Rafael Orozco González 317, en cuyo reemplazo fue nombrado el 6 de mayo de 1897 el licenciado don José Astúa Aguilar 318.

309 La Gaceta, 10 de mayo de 1894. 310 SOLERA RODRÍGUEZ, Guillermo, Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia 1825-1955, San José, s. e., 1ª. ed., 1967, p. 38. 311 Decreto n° 2 de 8 de mayo de 1895. 312 Decreto n° 3 de 8 de mayo de 1895. 313 Decreto n° 3 de 8 de mayo de 1895. 314 Acuerdo n° 2 de 29 de marzo de 1895. 315 Decreto n° 2 de 8 de mayo de 1895. 316 Decreto n° 22 de 15 de junio de 1895. 317

SOLERA RODRÍGUEZ, 1967, p. 44.

318 Decreto N° 2 de 6 de mayo de 1897.

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Una ley de julio de 1897 dispuso que era obligación de los magistrados de las Salas de Apelaciones, por turno riguroso, redactar las sentencias definitivas y autos con carácter de tales 319. Aun con las reformas hechas al Código de Procedimientos Civiles de 1888 en 1891 y 1892, el sistema de casación continuaba siendo defectuoso, ya que aunque el criterio de la Sala de Casación fuera vinculante para las salas de apelaciones, estas a fin de cuentas terminaban repitiendo en su segunda sentencia lo mismo que había dicho aquella, con un inútil gasto de tiempo y esfuerzo. El problema finalmente se resolvió en agosto de 1897 con una nueva modificación al Código de Procedimientos Civiles 320, que otorgó a la Sala de Casación la facultad de fallar el fondo del litigio y no solamente de casar la sentencia de segunda instancia. Con esta reforma se abandonó en Costa Rica el sistema de casación francés y se acogió en forma definitiva el sistema español 321. 2.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por sétima vez (1898-1902) El 3 de mayo de 1898, el Congreso Constitucional eligió a los magistrados que de acuerdo con la Constitución debían desempeñar funciones en el período 1898-1902. Como presidente de la Sala de Casación y de la Corte Suprema de Justicia, la cámara escogió al licenciado don José Rodríguez Zeledón, suegro del presidente don Rafael Yglesias, quien acababa de ser reelegido. Los demás abogados designados para formar parte de la Sala de Casación fueron don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno, don Alejandro Alvarado García, don Ramón Loría Vega y don José Astúa Aguilar. Los nombrados fueron llamados a juramentarse el 8 de ese mismo mes 322. Cabe indicar que don José Astúa Aguilar declinó el nombramiento, y admitida su excusa el 11 de mayo

319 Decreto N° 25 de 9 de julio de 1897. 320 Decreto N° 2 de 19 de agosto de 1897. 321 BLANCO Q., Miguel, Procedimientos Civiles, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1ª. ed., 1968, vol. II, pp. 92 y 100-101. 322 Decreto N° 4 de 5 de mayo de 1898.

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de 1898 323, se nombró en la misma fecha como magistrado de Casación a don Ezequiel Gutiérrez Iglesias 324. 3.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por octava vez (1902-1904). El 6 de mayo de 1902, de conformidad con una reforma a la Constitución Política aprobada en 1898, el Congreso Constitucional eligió a los magistrados de la Corte Suprema para el período 1902-1904. Como presidente de la Corte y de la Sala de Casación, la cámara designó al doctor don Pedro María León-Páez y Brown, quien en una reñida votación derrotó al presidente saliente, don José Rodríguez Zeledón 325. Los demás abogados elegidos para formar parte de la Sala de Casación fueron don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno, don Alejandro Alvarado García, don Ramón Loría Vega y don Juan Federico González. Como presidente de la Sala Primera de Apelaciones fue designado don Marcelo Brenes y como magistrados don Benito Serrano Jiménez y don Alberto Brenes Córdoba. Como presidente de la Sala Segunda de Apelaciones fue nombrado don José Astúa Aguilar y como magistrados don Ezequiel Herrera Zeledón y don Ramón Bustamante. Los elegidos fueron llamados a juramentarse el 8 de mayo de 1902.326. Debido a que se formuló alguna duda entre los diputados votantes con respecto a la elección de don Pedro María de LeónPaéz como presidente de la Corte, el elegido, dando muestras de delicadeza y desprendimiento, prefirió declinar el cargo 327. El asunto fue sometido a dictamen de una comisión integrada por

323 Decreto N° 8 de 11 de mayo de 1898. 324 Ibid. 325 V. El Derecho, 15 de mayo de 1902. 326 Decreto N° 5 de 6 de mayo de 1902. 327 OBREGÓN LORÍA, Los Rectores de la Universidad de Santo Tomás de Costa Rica, San José, Editorial Universitaria, 1ª. ed., 1955, p. 172.

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los diputados don Federico Faerron, don José María Zumbado y don Ricardo Jiménez Oreamuno 328. 4.- Presidente de la Corte Suprema de Justicia por segunda vez (1902-1904). El 15 de mayo de 1902, el plenario del Congreso conoció de los dictámenes presentados por la comisión a quien se había sometido el anuncio de la elección del doctor León Páez. Los diputados Faerron y Zumbado consideraron que debía darse por buena su elección, mientras que en un dictamen de minoría, don Ricardo Jiménez consideró que la elección había recaído en don José Rodríguez. La votación sobre ambos dictámenes quedó empatada quince por quince, por lo que los dos fueron desechados 329. En la sesión del 16 de mayo, el Congreso aceptó la renuncia que había presentado don Pedro María de León Páez, y procedió a elegir nuevo presidente de la Corte y de la Sala de Casación. Fue elegido como tal el magistrado don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno 330, quien obtuvo 21 votos frente a 5 que recibió don Alejandro Alvarado 331. Para reemplazar a este en la Sala de Casación se designó, por votación unánime 332, al propio doctor León-Páez 333. Don Manuel Vicente prestó juramento como presidente de la Corte el 18 de mayo 334. El 8 de octubre de 1902 murió el magistrado de la Sala de Casación don Ramón Loría Vega 335, en cuyo reemplazo se eligió a don Francisco María Fuentes y Quirós el 6 de mayo de 1903 336. 328 El Derecho, 15 de mayo de 1902. 329 Ibid. 330 Decreto n° 7 de 16 de mayo de 1902. 331 El Derecho, 16 de mayo de 1902. 332 Ibid. 333 Decreto n° 8 de 16 de mayo de 1902. 334 El Derecho, 19 de mayo de 1902. 335 SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, y MASÍS PINTO, Mauricio, Historia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, San José, EDITORAMA, 1ª. ed., 2006, p. 192. 336 Decreto n° 2 de 6 de mayo de 1903.

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Al presidente de la Sala Segunda de Apelaciones, don José Astúa Aguilar, le fue admitida su renuncia el 30 de abril de 1904 337, pero no se le dio sucesor por esta ya muy próximo el inicio del nuevo período constitucional de los magistrados. En un artículo que le dedicó en abril de 1903 la revista cultural Pandemónium dijo que don Manuel Vicente era: “… uno de los Jueces de carrera que más han contribuido a levantar el prestigio de ese augusto cargo a la altura que se encuentra hoy.” 338 5.- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por novena vez (1904-1908). Presidente del Colegio de Abogados (1906). El 4 de mayo de 1904 el Congreso Constitucional eligió a los magistrados para el período 1904-1908 y los llamó a juramentarse el 8 de ese mes. Como presidente de la Sala de Casación y de la Corte, para el mismo período, fue designado el licenciado don Alejandro Alvarado García 339. Los demás abogados elegidos para formar parte de la Sala de Casación fueron don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno, don Nicolás Oreamuno Ortiz, don Juan Federico González y don Antonio Zambrana y Vázquez 340. El 21 de diciembre de 1905, don Manuel Vicente fue elegido como presidente del Colegio de Abogados para el año de 1906, “cargo que desempeñó con toda voluntad y entusiasmo” 341 . Los restantes integrantes de la junta directiva durante ese año fueron don Leonidas Pacheco Cabezas, primer vocal; don Francisco Aguilar Barquero, segundo vocal; don Pedro Loría Iglesias, tercer vocal; don Benito Serrano Jiménez, cuarto vocal; 337 Decreto n° 23 de 30 de abril de 1904. 338 636.

“El Lic. Don Manuel Vicente Jiménez”, p. 635 en Pandemónium, abril de 1903, pp. 635-

339 Decreto n° 2 de 5 de mayo de 1904. 340 Decreto n° 2 de 5 de mayo de 1904. 341

CRUZ MEZA, 1908, p. 302.

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don Antonio Vargas, quinto vocal; don Carlos María Jiménez Ortiz (hijo de don Manuel Vicente), secretario; don Juan Rafael Argüello de Vars, prosecretario; don Gerardo Castro, tesorero, y don Luis Anderson Morúa, fiscal 342. En octubre de 1907, debido a su quebrantada salud, don Manuel Vicente se vio en la necesidad de apartarse de sus funciones judiciales 343: “La cruel dolencia que comenzó a minarle su vida, su extremada debilidad y fatiga le obligaron a abandonar el Palacio de Justicia que había honrado con sus servicios y con la práctica de sus virtudes por espacio de treinta años.” 344 6.- Fallecimiento y funerales. Don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno murió en San José a las seis de la tarde del 13 de enero de 1908 345, a los sesenta y tres años de edad, y cuando todavía era magistrado de la Sala de Casación. A la mañana siguiente, además de publicar la esquela en que la familia del ilustre desaparecido invitaba a sus exequias, el diario josefino El noticiero anunció así su fallecimiento: “Ayer, a las 6 de la tarde, recibimos la infausta noticia de la muerte del Licenciado don Manuel Vicente Jiménez, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tan sensible pérdida no podemos menos de lamentar sinceramente, por las 342 FUMERO VARGAS, Patricia, Colegio de Abogados de Costa Rica: ciento veinte años de historia (1881-2001), San José, Colegio de Abogados de Costa Rica, 1ª. ed., 2001, p. 113. 343

SOLERA RODRÍGUEZ, 1967, p. 52.

344

CRUZ MEZA, 1908, p. 302.

345 Ibíd.

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cualidades que adornaban al distinguido señor Jiménez, miembro de una de las familias de mayor consideración de nuestra sociedad y modelo de hombre honrado que hizo de su hogar un santuario de virtudes.” 346 El periódico El Independiente del mismo día se refirió así al fallecimiento de don Manuel Vicente: “Ha descendido al sepulcro el señor Licenciado don MANUEL VICENTE JIMÉNEZ, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia… La muerte ha llevado el luto a todas las clases sociales, y un pesar inmenso ha herido el corazón de esta República que veía en el Magistrado algo que llena de orgullo a los pueblos, cuando en la frente de sus hijos brillan los fulgores de una virtud atrayente y encantadora… Querido y respetado el Licenciado Jiménez de cuantos penetraron en aquella alma de rectitud y bondad ingénitas que constituían el fondo de su bondad moral, sentía en su corazón las maravillosas energías que requieren grandes y santos deberes… Debemos pues, plañir a nuestro muerto con lágrimas amargas y voces de desconsuelo, pero esos plañidos y esas voces no deben ser sino para los que aquí nos quedamos; no por él, a quien la muerte ha dado paso para el principio de perenne dicha.” 347 Los funerales de don Manuel Vicente se efectuaron a las 11 de la mañana del 14 de enero en la catedral de San José y revistieron gran solemnidad. Estuvieron presentes el obispo monseñor Juan Gaspar Stork y los integrantes del Cabildo Eclesiástico 348, y la misa fue oficiada por el canónigo don Ricardo 346 El noticiero, 14 de enero de 1908. 347 El Independiente, 14 de enero de 1908. 348 Ibid., 15 de enero de 1908.

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Zúñiga, ayudado por los presbíteros don Victoriano Mayorga y don José Vargas. Después de los ritos religiosos, el cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio General. El ataúd fue llevado en un suntuoso carro revestido de lujosas coronas y tirado por cuatro troncos de caballos, resguardado cada uno por un palafrenero. En el cortejo figuraban, además de los familiares más próximos del licenciado Jiménez, los miembros de los supremos podres del Estado, los integrantes del cuerpo consular acreditado en San José, militares, funcionarios públicos y una gran cantidad de deudos y amigos del desaparecido, a quienes seguían medio batallón de infantería y la banda militar, que interpretaba El duelo de la patria 349. En el cementerio hizo uso de la palabra, en representación del Poder Ejecutivo, el licenciado don Víctor Guardia Quirós, subsecretario de Instrucción Pública, quien hizo una reseña de la distinguida trayectoria pública y de las notables virtudes privadas del licenciado Jiménez. A continuación pronunciaron discursos los magistrados don Juan Federico González, en representación de la Corte Suprema de Justicia, y don Luis Dávila Solera, en nombre del Colegio de Abogados. Este manifestó, entre otras cosas, que don Manuel Vicente “… fue un luchador: un sacerdote de la Justicia, no porque a impartirla dedicó gran parte de su vida, dejando brillantísima página en los anales de nuestra Magistratura, sino porque supo encarnarla, y fue Juez recto y severo también, pero consigo mismo. Por eso, más que por su alta y cultivada inteligencia, más que por su poderoso esfuerzo en todas las esferas de la vida, habrá de destacarse su recuerdo… Las páginas que su mano trazó, escritas quedan para nuestro estudio, y el bien que sembró en la vida ya ha dado frutos…” 350

349 El noticiero, 15 de enero de 1908. 350 Ibid.

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El último de los oradores fue, como amigo del extinto, el licenciado don Manuel Argüello Mora, quien pronunció un discurso breve pero con palabras sencillas y emotivas. Por último, el medio batallón de infantería hizo los honores acordados, con tres descargas de fusilería 351. En un artículo suscrito el 15 de enero de 1908 y que fue publicado en la revista El Foro, don Luis Cruz Meza, además de presentar una síntesis de la brillante trayectoria pública del licenciado Jiménez, manifestó que “Por su carácter noble, por su alma buena, por su práctica de la piedad cristiana, por su inteligencia, por su hombría de bien, -por su ánimo de luchador infatigable- ha dejado tras de sí, - luminosa huella- que ha de servirnos de saludable ejemplo a nosotros y a nuestros hijos” 352 El semanario josefino El cronista del 20 de enero se refirió al extinto del siguiente modo: “El distinguido hombre público don Manuel Vicente Jiménez, rendido en la lucha por la existencia se despojó de su toga de Magistrado para legarla a las generaciones futuras como ejemplo vivo de laboriosidad asidua y de honradez edificante. Al despedirse de este mundo de contrariedades y miserias, deja a su familia, como mejor herencia, un apellido ilustre y digno de estima por sus virtudes pública y privadas. Para él la gloria y para los suyos el lenitivo y consolador bálsamo del recuerdo 351 Ibid. 352

CRUZ MEZA, 1908, p. 303.

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venerando que deja la estela de sus méritos indiscutible.” 353 La revista Páginas Ilustradas, en su número del 26 de enero, expresó: “Perteneciente el Licenciado Jiménez a una de las mejores familias de Cartago, educado en un ambiente religioso de la más pura moral, todos los actos de su vida llevan el sello de una bondad encantadora. Como hijo fue un tesoro de cariño, como padre una fuente inagotable de dulzura, y como hombre público un modelo de honradez, de rectitud y mansedumbre. Humilde y afectuoso cuando la dicha acarició su vida; sereno y fuerte en los reveses de fortuna, sin una manifestación de orgullo en la opulencia, sin reproches en la adversidad, el Licenciado Jiménez pudo despedirse del escenario terrenal, con la conciencia tranquila, con la convicción íntima de no haber cometido jamás una mala acción. Los sesenta y cuatro años de su vida son un ejemplo digno de imitarse; deja una familia rodeada de las mayores consideraciones sociales, y a la patria le lega un nombre de Magistrado puro, que supo imprimir a la justicia nacional el sello de pureza y rectitud que la caracteriza.” 354 Doña Juanita Ortiz de Jiménez sobrevivió a su marido largos años, ya que falleció en San José el 29 de setiembre de 1924, como consecuencia de una afección cardiaca, y fue sepultada al día siguiente 355. Falleció a los sesenta y siete años de edad, 353 El cronista, 20 de enero de 1908. 354 “Licenciado Manuel Vicente Jiménez”, en Páginas Ilustradas, 26 de enero de 1908, n° 182, p. 3041. 355 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQKD-L4P; La Tribuna, 1 y 2 de octubre de 1924.

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“… después de una vida de prestigio, por la consagración al bien y a la virtud.” 356

356 Diario de Costa Rica, 1° de octubre de 1924.

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Cronología de don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno 1844: Nace el 24 de julio en la ciudad de Cartago, en el hogar de don José Manuel Jiménez Zamora y doña Dolores Oreamuno y Carazo. Es bautizado el 15 de agosto, con el nombre de Vicente Manuel Ramón. 1865: Obtiene los grados de bachiller en Filosof ía y bachiller en Leyes en la Universidad de Santo Tomás 1867: Se gradúa de licenciado en Leyes en Guatemala y regresa a Costa Rica. 1868: Es elegido como regidor de la Municipalidad de Cartago. En diciembre se incorpora como abogado en Costa Rica. 1869: Diputado suplente por Cartago a la Asamblea Constituyente. 1869: Representante propietario por Cartago. Renuncia a la curul para asumir el cargo de juez civil y del crimen de Cartago. 1870-1872: Conjuez de la Corte Suprema de Justicia. 1871: Diputado propietario por Cartago a la Asamblea Constituyente. 1875: El 10 de abril contrae nupcias en Heredia con doña Juanita Ortiz Garita.

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1876-1877: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por primera vez. Forma parte de la Sala Primera. 1882: Es elegido diputado suplente por Cartago, pero declina el cargo. 1882-1886: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por segunda vez. Forma parte de la Sala Segunda. 1886-1888: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por tercera vez. Preside la Sala Segunda. De febrero a marzo de 1887 preside interinamente la Corte Suprema de Justicia, por muerte del presidente don José Antonio Pinto Castro y ausencia temporal del presidente de la Sala Primera don Vicente Sáenz Llorente. 1888-1890: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por cuarta vez. Forma parte de la Sala de Casación. 1890-1892: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por quinta vez. Preside la Sala Segunda de Apelaciones. 1892-1894: Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas y secretario de Instrucción Pública. En 1893 se habla de una posible candidatura presidencial suya, idea que no llega a concretarse. 1894-1898: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por sexta vez y presidente de la Sala de Casación y de la Corte por primera vez. 1898-1902: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por sétima vez. Forma parte de la Sala de Casación. 1902-1904: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por octava vez y presidente de la Sala de Casación y de la Corte por segunda vez. 1904-1908: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por novena vez. Forma parte de la Sala de Casación. 1906: Presidente del Colegio de Abogados. Jorge Francisco Sáenz Carbonell • Jorge Umaña Vargas

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1907: Se retira por enfermedad del ejercicio de sus funciones de magistrado de Casación. 1908: El 13 de enero muere en la ciudad de San José.

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Memoria del Secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia (1892-1894) Señores Diputados: Cumplo con el deber de venir a rendiros cuenta de los actos del Poder Ejecutivo, en lo que concierne a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Carteras anexas, que he tenido la honra de desempeñar durante el último bienio de la presente Administración. ________________ RELACIONES EXTERIORES Alta es la significación y positiva la trascendencia que así en lo político como en lo económico y social tienen los actos de los Gobiernos en sus relaciones recíprocas, cualquiera que sea la categoría que los países ocupen por su grandeza y poder en el concierto de los pueblos cultos. El olvido de esta sencilla verdad ocasiona las más de las veces perturbaciones profundas en la buena inteligencia y en la marcha tranquila de los Estados. El Gobierno, teniendo esto presente e inspirándose, por otra parte, en las más nobles doctrinas del Derecho moderno, ha puesto solícito empeño en que a este espíritu se conformen y de acuerdo con él se resuelvan sus asuntos internacionales. Consecuencia inmediata de este procedimiento es la más amplia Jorge Francisco Sáenz Carbonell • Jorge Umaña Vargas

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esfera en que hoy se desenvuelven las relaciones de amistad que cultiva con los demás gobiernos de América y Europa, como lo es también el sentimiento de cordialidad que las anima. Expuesto en breve síntesis el ideal que ha presidido las labores diplomáticas del Gobierno, paso a daros cuenta de las que se refieren a los dos últimos periodos económicos a que debe contraerse el presente informe, haciéndolo, a la vez, respecto al estado en que actualmente se encuentran los más importantes asuntos con tan delicada materia relacionados. ________________ Una de las aspiraciones más vehementes de la presente Administración ha sido la de que tenga solución justa y decorosa el litigio de límites con la República de Colombia; para lo cual no ha omitido esfuerzo alguno compatible con la dignidad nacional y con los antecedentes que informan este importantísimo asunto. Declarada por el Gobierno de Colombia la caducidad de los términos dentro de los cuales el Gobierno de S. M. Católica tenía jurisdicción para dictar el fallo arbitral prescrito por las Convenciones de 1880 y 1886, el Gobierno de Costa Rica esperó que se le comunicase directamente tal resolución, para reclamar el cumplimiento de las citadas Convenciones. La notificación deseada se hizo aguantar en vano. Así las cosas, esta Secretaría, en despacho de 26 de junio de 1893, expuso a la de igual carácter, de la República de Colombia su extrañeza por tan inusitado silencio, tratándose de un hecho que significaba la ruptura de un solemne compromiso contraído por las altas partes contratantes. Como era del caso, se adujeron, a la vez, todos aquellos argumentos que, fundándose en la fuerza que da el Derecho de gentes a los Tratados cuando estos implícita o explícitamente se han aceptado, así en el fondo como en el procedimiento, constituían base firme para protestar contra la resolución de aquel Gobierno. Pero al mismo tiempo y atendiendo al sumo interés que para ambos países entraña el pronto y definitivo término de tan dilatado como enojoso litigio, se le excitaba a que se reanudase el interrumpido curso del Juicio arbitral.

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El Gobierno de Colombia, en despacho de 4 de enero de 1894, aunque en conceptos generales, se manifiesta dispuesto a que se continúen las negociaciones diplomáticas, con el fin de celebrar una nueva Convención de arbitraje y de establecer límites provisionales mientras el Árbitro nombrado emite el fallo que fije de modo definitivo los que deben deslindar las fronteras de ambos países. Aceptada esta proposición, con la reserva de que Costa Rica rechaza la caducidad de los términos establecidos en la Convención de París de 1886, la Secretaría de mi cargo, en despacho de 12 de Febrero último, manifiesta al Gobierno colombiano que para llevarla a cabo, se den plenos poderes a las respectivas Legaciones de Costa Rica y Colombia en Washington. De un momento a otro se aguarda la contestación a este despacho, y se abriga la esperanza que sea de conformidad, dadas las buenas disposiciones que últimamente ha manifestado Colombia para el arreglo del asunto de que os doy cuenta. Para el caso que ella corresponda a los deseos expuestos, se le han dado ya los poderes e instrucciones a nuestro Ministro en Washington, don Manuel María Peralta. Mas, cualquiera que sea la suerte que corran las negociaciones pendientes, puedo aseguraros que este litigio tendrá que ser resuelto por el arbitraje, toda vez que el Gobierno de Colombia por la cultura y espíritu de justicia que lo caracterizan, no querrá que sea sino la fuerza del derecho la que haya de ponerle término; y sólo sí sería de sentirse que la prolongación de este estado de cosas mantenga una situación entre ambas Repúblicas ocasionada siempre a producir dificultades jurisdiccionales o conflictos que pudieran, si no interrumpir, perturbar al menos las buenas relaciones de amistad que hoy existen. ________________ Otra cuestión de no menos importancia, pendiente aún, es la demarcación material de los límites entre Costa Rica y Nicaragua. Definidos estos por el Tratado “Cañas- Jerez” y confirmados por el Laudo arbitral del Presidente de los Estados Unidos de la América del Norte, Mr. Grover Cleveland, solo quedaba fijarlos por medio del amojonamiento respectivo. Después de repetidas instancias al efecto, del Gobierno de Costa Rica, el de Nicaragua convino al fin en los procedimientos que para ello debían observarse. Nombradas por una y otra parte las Jorge Francisco Sáenz Carbonell • Jorge Umaña Vargas

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respectivas comisiones que debían entender en la demarcación, la de Nicaragua promueve discusiones inconducentes, presenta dificultades para llenar su cometido y, por último, sin motivo alguno justificado, se separa de la de Costa Rica, quedando esta sola en el campo de trabajo. Ella, obedeciendo órdenes de este Gobierno, continuó su tarea, la cual, principiada en la “Bahía de Salinas”, termina tres millas después de llegar al Castillo Viejo. Esta operación, como no podía menos, costó al país fuertes sumas de dinero; y si tales gastos se hicieron fue en la esperanza de que el Gobierno de Nicaragua, hecho ya el trabajo, y de mejor acuerdo, lo hiciese estudiar por sus ingenieros y lo aceptase o rectificase según el caso; pero desgraciadamente nada de esto se ha podido obtener. Poco tiempo después, y con motivo de haber penetrado una escolta al mando de autoridades nicaragüenses en el punto denominado “Los Patos”, y de ejercer en él actos jurisdiccionales en perjuicio de la soberanía que Costa Rica tiene en ese lugar, el Gobierno presentó al Gabinete de Managua las consiguientes reclamaciones. En la correspondencia cruzada sobre este particular, Nicaragua mantiene iguales pretensiones. En vista de esto, y con el propósito de que este conflicto fuese dirimido por modo pacífico, cual conviene a los intereses políticos y económicos de ambos países, mi Gobierno propuso al de Nicaragua que se nombrasen los tres ingenieros, uno por cada parte, y otro por el Gobierno de los Estados Unidos, que sería tercero en discordia, para que mediante el estudio de la localidad y teniendo como base de esas operaciones la línea trazada por el Tratado “CañasJerez”, lo dispuesto en la Convención firmada en Guatemala el 24 de Diciembre de 1886 y el Laudo arbitral de Mr. Cleveland, fijasen los linderos entre una y otra República, quedando así resuelto a quien corresponde la jurisdicción del punto “Los Patos” y evitando para lo futuro conflictos de la misma naturaleza en toda la extensión de la zona demarcada. Como desde luego se comprende, la medida propuesta no podía ser más justa ni más legal, ni más conciliadora; pues bien, hay que confesarlo, ella fue aplazada, quedando la cuestión en pie. Por la suscinta (sic) relación que acabo de hacer, no se escapará a la clara inteligencia de los señores Diputados que 118

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no ha sido por negligencia del Poder Ejecutivo por lo que aún nuestra enojosa cuestión con la República de Nicaragua no ha tenido desenlace final, sino porque no hemos podido contar con la cooperación y buena voluntad de parte del Gobierno de aquella República hermana, a la cual somos acreedores, así por los Tratados vigentes entre los dos Gobiernos, como por los comunes destinos de ambos pueblos. ________________ Durante el periodo a que el presente Informe se refiere, luchas fratricidas han tenido lugar en las Repúblicas de Nicaragua y Honduras. Batallas sangrientas se han librado, dando por resultado final el cambio sucesivo en el personal de sus gobiernos, y con motivo de haber surgido profundas desavenencias entre los Presidentes Zelaya y Vázquez, el Gobierno de Costa Rica recibió atenta excitativa del de Nicaragua para interponer sus amistosos oficios, a fin de que se restableciesen francas relaciones entre ese Gobierno y el de Honduras. Con la mejor voluntad, correspondió a la invitación que se le hizo, y al efecto acreditó ante aquellos gobiernos una Legación a cargo del Licenciado don Ezequiel Gutiérrez, quien trasladándose en el acto a Honduras, dio principio, bajo buenos auspicios, al desempeño de su misión de paz y de reconciliación. Cuando todo auguraba un éxito feliz, fuerzas revolucionarias de Honduras, y más tarde las del Gobierno de Nicaragua, invadieron el territorio de aquella República. Este inesperado suceso, como no podía ser de otro modo, nulificó el noble fin que nuestra Legación tenía encargo de realizar, la cual, lo mismo que el Gobierno, vio con profunda pena lo estéril de sus esfuerzos en bien de la concordia de dos pueblos hermanos. El Gobierno, con presencia de lo que pasaba, respetuoso siempre a los propios derechos de los pueblos y acatando el principio de no intervención, se limitó entonces a observar el curso de los acontecimientos.

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Afortunadamente la paz ha restablecido su imperio entre las dos repúblicas beligerantes. ________________ Nadie pone en duda la gran importancia que hoy tienen las Exposiciones universales, como un medio poderoso para la aproximación de los pueblos en la vida del trabajo, para estímulo de las industrias, vulgarización de las ciencias, desarrollo del sentimiento artístico en las artes liberales, en fin, como un elemento indispensable de la cultura intelectual y progreso material de la civilización moderna. En tal virtud, el Gobierno acogió con verdadero entusiasmo la invitación que recibió del Gobierno de España para que concurriese a la Exposición histórico-americana de Madrid, inaugurada el 12 de octubre de 1892, solemnizando el IV centenario del descubrimiento de América por el inmortal Colón, y con igual fervor acogió la del Gobierno americano, para la que se abrió en Chicago en junio del año de 1893, con el mismo glorioso motivo. Para que la honra y buen nombre de Costa Rica mereciesen alto puesto en ambos grandiosos certámenes, no omitió ni gasto ni esfuerzo alguno, y el resultado en ellos alcanzado ha venido a demostrar la eficacia de sus trabajos. El éxito fue brillante: así lo justifica el gran número de premios obtenidos en los diferentes ramos que constituían sus pabellones en uno y otro país. Si me he permitido daros una línea general sobre esta materia, es por la participación también general que ha tenido en ella la Secretaría de mi cargo. La de Fomento, a cuyo resorte corresponde, os presentará un detalle de esas manifestaciones de nuestro progreso y riquezas naturales en el exterior y de los triunfos por ellas obtenidos. ________________ Como las Legaciones de Costa Rica en Europa a cargo del distinguido diplomático don Manuel María Peralta, más se mantienen en la actualidad para cultivar relaciones de amistad y para actos de cortesía internacional, que por exigirlo asuntos de importancia que tenga el Gobierno pendientes, se dispuso 120

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que pasara el señor Peralta a los Estados Unidos, en donde ya estaba reconocido en su carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, a prestar allí sus servicios durante el tiempo que el Gobierno lo juzgara conveniente. El Secretario de la Legación en España, don Anselmo Volio, está al frente de ella como Encargado de Negocios interino. El Gobierno del Imperio Alemán y el de la República francesa han elevado a la categoría de Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios a sus respectivos Representantes diplomáticos acreditados en Costa Rica; y el de la República de Venezuela ha constituido una Legación, nombrando como Jefe de ella con el carácter de Ministro Residente, al Doctor don José Rojas Paúl. Estos actos de cortesía los ha visto mi Gobierno con sumo agrado, como que ellos revelan consideraciones hacia la República, y por lo tanto se ha apresurado a reconocer en los agradecidos el honroso carácter de que han sido investidos. Grato me es consignar aquí, cumpliendo con un deber de justicia, que el Gobierno está satisfecho de la cordialidad y buena inteligencia que los Representantes diplomáticos de las demás naciones acreditadas en esta República, han demostrado en todos los actos oficiales con Costa Rica relacionados, al dar cumplimiento a la delicada misión que les está confiada. ________________ Penetrado el Gobierno de cómo influye el buen servicio consular en el incremento del comercio, ha procurado mejorarlo en cuanto lo permiten las condiciones especiales en que esos servicios se prestan, y ha establecido nuevos consulados donde las exigencias del comercio lo reclamaban. La circunstancia de que esos cargos se desempeñan ad honórem y la de que los emolumentos que los Cónsules perciben en el ejercicio de sus funciones son por lo general exiguos, hace que no siempre pueda exigírseles den cumplido lleno a todas las obligaciones que les impone el Reglamento Consular, sin embargo, en lo fundamental corresponden como es de desearse, al fin de la institución.

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El personal del Cuerpo Consular extranjero, con alguna excepción, puede decirse que en sus actos oficiales se ha mantenido dentro del límite de sus atribuciones. Corresponde la excepción a que me refiero al Cónsul de Bélgica don Alejo E. Jiménez. Sabido es cómo este señor, faltando a la neutralidad que debiera guardar en virtud del puesto que servía, ha tomado una participación activa en la política del país en la pasada lucha electoral y no como se quiera, sino de un modo agresivo al Gobierno, al orden público y a las instituciones del país. Tal conducta no podía ni debía tolerarla el Gobierno, quien se vio en el caso de cancelar el exequátur respectivo. De este procedimiento y de las causas que lo motivaban, se dio parte al Gobierno de Bélgica por el órgano de nuestro Ministro Plenipotenciario en aquella Nación, don Manuel María Peralta. ________________ El gobierno de los Estados Unidos de América, por medio de Mr. Baker, su Ministro Plenipotenciario en esta República, solicitó en Setiembre del año anterior la detención y extradición del ciudadano americano Francis H. Weeks, reo de los delitos de estafa, ofreciendo presentar las pruebas de la culpabilidad del indiciado y la documentación suficiente, para que, conforme a las prácticas internacionales en casos análogos y sin necesidad de Tratado especial, pudiera otorgarse la extradición. El Gobierno con vista de la gravedad de las acusaciones que pesaban sobre Weeks, y en virtud de estar suspensas las garantías individuales, ordenó su detención hasta por cuarenta días para dar tiempo a que el Ministro americano, que se había trasladado para continuar sus gestiones, de Nicaragua a esta capital, pudiera presentar la documentación ofrecida. Weeks fue detenido y los documentos de su culpabilidad no se hicieron esperar. Estos estaban expedidos por tribunal competente y autenticados en debida forma. Después de un estudio prolijo del asunto en todas sus fases, y tomando en cuenta que aunque no existe Tratado de extradición, es un principio de justicia universal la necesidad de que el crimen no quede impune, y de conveniencia social, que 122

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los países no se conviertan en asilo de malhechores; oído el voto unánime del Consejo de Gobierno, compuesto de los miembros del Gabinete y de varios notables jurisconsultos, se accedió a la extradición solicitada como un acto de cortesía hacia el Gobierno de los Estados Unidos y por haber ofrecido este la celebración de un Tratado que comprendiese el caso de Weeks. Por este hecho, el Gobierno de la Gran República dirigió al de esta una expresiva manifestación de gratitud. De acuerdo con la promesa del Gobierno Americano, se han dado poderes e instrucciones a nuestro Ministro en Washington, para que celebre la Convención de Extradición ofrecida. Según despachos del Representante de Costa Rica, se presentan algunas dificultades para realizar su cometido, a causa de diferencias de legislación entre ambos países; posible es que esas dificultades sean allanadas. Una Convención de esta índole se ha celebrado con el Gobierno de Nicaragua. Excepto los delitos políticos, en ella se incluye el mayor número de aquellos por que tiene lugar la extradición. Este documento pronto será sometido a vuestras ilustradas deliberaciones. He concluido la parte que a la Cartera de Relaciones se refiere. En los anexos respectivos encontraréis los documentos sobre las principales materias que a ella corresponden. JUSTICIA La marcha de los tribunales de justicia durante los dos últimos años, no ha tenido dificultad alguna en sus relaciones con el Gobierno: por el contrario, este ha secundado siempre las indicaciones del Supremo Tribunal para remover pequeños obstáculos y hacer que la administración de justicia sea pronta y expedita.

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Pocas son las disposiciones de carácter legislativo emitidas en este ramo. La primera y más sustancial es la ley de Jurado de 31 de Octubre de 1892. Amoldar esa institución, largo tiempo ha establecida entre nosotros, a nuestras condiciones sociales, ha sido el objeto de la ley a que me refiero. Ella, para evitar el torrente de veredictos injustos que se emitían, dispone que solo cuando hubiere duda acerca de la existencia o inexistencia de los hechos que constituyen el cargo o la defensa por no haber respecto de ellos plena prueba ni estar del todo destituidos de ella, se someta al conocimiento del Jurado la resolución de las cuestiones dudosas; establece la responsabilidad de sus miembros cuando incurren en el prevaricato definido en el párrafo 46 del artículo 2° del Código Penal; y reduce el número de personas que deben componerle, con el fin de que puedan escogerse las que sean aptas para desempeñar funciones tan delicadas y de tanta trascendencia en la administración de la justicia criminal. El decreto n° 2 de 10 de Noviembre de 1892, hace varias reformas en materia de jurisdicción criminal para facilitar la pronta administración de justicia en algunas oficinas donde el trabajo es excesivo y para asegurar la inmediata instrucción de ciertos sumarios, fijando con claridad la competencia respecto del conocimiento de faltas. La ley n° 3 de 28 de Diciembre último, declara feriados para los empleados del orden judicial en toda la República, los días de fiestas cívicas, con tal de que no sean más de tres. El decreto n° 4 de 24 de julio de 1893, dispone que el Poder Ejecutivo, previas las formalidades de la ley, pueda conmutar la pena de arresto en confinamiento, siendo indiferente para los efectos de la conmutación que la pena sea directamente impuesta o sea el resultado de la conversión de otra. También se ha dictado por esta Secretaría el acuerdo de 20 de Agosto de 1892, que modifica el de 26 de Enero de 1888, con la mira de facilitar a los notarios y cartularios de las comarcas de Limón y Puntarenas, provincia de Guanacaste y demás cantones menores, la adquisición, con las formalidades del caso, de sus respectivos protocolos. 124

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GRACIA Esta importantísima atribución del Poder Ejecutivo se ha ejercido con arreglo a la ley. En la mayor parte de los casos se ha seguido el dictamen del Supremo Tribunal de Justicia, y si el Gobierno se ha separado en algunos de la respetable opinión de la Corte, ha sido tomando en cuenta motivos muy calificados y con el objeto de no perder para siempre, por los corruptores ejemplos del presidio a delincuentes que, aunque responsables por sus delitos, han sido arrastrados a ellos por la casualidad y circunstancias especiales, mas que por la perversión de sus sentimientos. El Poder Ejecutivo emitió asimismo el decreto de 6 de Octubre de 1893, fundado en las consideraciones que le sirven de apoyo, y en virtud de las circunstancias de que los hechos de mayor gravedad cometidos en esta capital durante los mismos días de exaltación de ánimos, pasaron inadvertidos ante los tribunales, cuando debieron haberse juzgado con el mismo criterio que aconsejó la secuela de las causas, objeto del decreto a que me he referido. CULTO En esta cartera no hay nada que merezca especialmente mencionarse. El Gobierno ha contribuido al mantenimiento del culto católico en la manera y forma que siempre lo había hecho; sin embargo, como en el presupuesto decretado para el año 1892 a 1893 se incurrió en algunos errores, se dispuso que en lo sucesivo se pague al Tesorero eclesiástico la suma de mil ciento treinta y ocho pesos del modo que determina el acuerdo n° 15 de 3 de Agosto de 1893, que se registra en los anexos. No es ajeno a este lugar hacer referencia al decreto de 4 de Agosto de 1892 que estableció en las escuelas primarias del Estado la enseñanza del Catecismo cristiano y de la Historia sagrada, a cargo de los respectivos maestros, a los alumnos de ambos sexos cuyos padres, tutores o encargados no manifestasen decisión en contrario. Esta disposición fue acogida con gran entusiasmo por

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todos los pueblos de la República, y ha contribuido altamente al bienestar general. BENEFICENCIA El Gobierno ha velado con solicitud constante por los intereses de este importante ramo. El “Hospicio de Locos” el de “Incurables”, los de “Huérfanos” de varias de nuestras poblaciones y los Hospitales, todo ha sido atendido de un modo general por el Gobierno, quien además ha gastado cuantiosas sumas en la dotación de médicos para la asistencia de enfermos pobres en épocas calamitosas, en compra de medicinas, en socorrer a domicilio a los enfermos menesterosos por medio de la Sociedad de Señoras e “San Vicente de Paúl” y en mejorar, en cuanto estaba de su parte, la situación de los desgraciados. Estando amenazada la República por el terrible azote del cólera, se nombró oportunamente un cuerpo médico de sanidad y se prepararon los locales convenientes que sirviesen de cuarentena, poniendo así al país, en la medida de lo posible, al abrigo del inmenso peligro de que podía ser víctima. En cuanto a la “Institución Barroeta” la Junta Directiva de ella, que presido en calidad de Secretario de Beneficencia, ha procurado ajustarse en un todo, y se ha ajustado a las disposiciones expresas del testador. Hacia el mes de Mayo del año próximo pasado, se acordó la creación de dos becas para educar en Europa o Estados Unidos de América a dos jóvenes que tuvieran derecho a los beneficios de la Institución y que se encontrasen en condiciones de poder optar a ellas conforme a las reglas que el citado acuerdo establece; mas con motivo de no poder gastarse al año siguiente sino la cantidad representada por los intereses del capital a razón del 6%, y montando hoy dicho capital a poco más de cien mil pesos, resultó que deducidos los gastos que ordinariamente se ocasionan, los cuales, según veréis en las cuentas del Tesorero, suben a cuatro mil pesos próximamente, no era dable hacer frente, con los otros dos mil disponibles, a todos los desembolsos que requiere la educación de dichos jóvenes en aquellos centros. Por esta razón, hubo luego de disponerse que quedasen a cargo de las familias de los agraciados los gastos que no pudieren sufragarse con fondos de la referida Institución. Lo 126

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demás que sobre el asunto se ha hecho, consta en el extracto, que encontraréis entre los anexos, de las actas de las sesiones celebradas por la Junta Directiva. El “Colegio Agrícola Centroamericano”, fundado por el Doctor don Antonio Cruz Polanco, en virtud de contrato celebrado con la Secretaría de cuyos actos doy cuenta, reviste capital importancia para la educación de la juventud. En ese establecimiento tienen campo vasto los jóvenes pobres, y también los que posean medios de subsistencia holgada, para formar su aprendizaje en las distintas escalas de la agricultura, y para adquirir los conocimientos que imparte la escuela primaria, y otros de artes y oficios y aun de segunda enseñanza, debiendo dedicar todos parte de su tiempo a los trabajos manuales, como aplicación práctica de sus estudios teóricos. La lectura del contrato respectivo os dará más clara idea de la conveniencia de ese colegio y de los beneficios que deben esperarse de el. El 29 de Abril próximo pasado se puso la piedra fundamental del edificio y distinguida concurrencia, que dio al acto la mayor solemnidad. ________________ En los anexos que siguen a este Informe encontrareis mayores detalles con respecto a los puntos a que en el me refiero y a otros que, por no revestir mayor importancia, he dejado de mencionar en obsequio de la brevedad, la cual me impulsa a la vez a terminar aquí la reseña de los actos de Administración. Señores Diputados Manuel V. Jiménez. San José, 7 de Mayo de 1894.

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Sobre los autores: Jorge Francisco Sáenz Carbonell es licenciado en Derecho y doctor en Educación. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua y autor de numerosos libros sobre temas históricos, jurídicos y literarios. En esta colección ha publicado las obras El canciller Lara, El canciller Rodríguez y El canciller Fernández Guardia, y en coautoría Ad ardua per alta: una biograf ía del marqués de Peralta, El canciller González Víquez y El canciller Lizano. Jorge Umaña Vargas es profesional en Relaciones Internacionales. Posee maestrías en Diplomacia, Estudios Europeos e Integración. Autor de numerosos artículos en revistas especializadas y varios libros. En esta colección ha publicado las obras Ricardo Jiménez Oreamuno: el canciller y Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno: el canciller.

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Manuel Vicente Jiménez Oreamuno: el canciller se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2016, en los talleres gráficos de la Imprenta Nacional. Su edición consta de 300 ejemplares impresos en papel bond 75 g con forro de cartulina barnizable tipo C.