La deuda defraudada. Consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú

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Ladeuda defraudada consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú

Alfonso w. Quiroz

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La deuda defraudada consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú

Alfonso w. Quiroz

instituto nacional de cultura editorial y productora gráfica "nuevo mundo" e.i.r.l.

lera. edición: 1987

Copyright de esta edición:

oinstituto nacional de cultura ancash 390 -lima 1 - perú

Oeditorial Yproductora gráfica "nuevo mundo" eirl. av. brasil 3959 - lima 17 - pero Oalfonso quiroz cuidodo de la edición:

juana iglesias jaime urco

carátula: fotografla:

octavio santa cruz maria piazza de cueto impreso en el pero

- printed in pero

A Edith Norris por su paciencia

ABREVIATURAS AGN ABPL AHRA BMNH BN

Archivo General de la Nación, Lima Archivo de la Beneficencia Pública de Lima Archivo Histórico Riva Agüero Biblioteca del Musco NaclOnal de Historia Biblioteca Nacional

INDICE Introducción Parte l. ORIGENES DE LA CONSOLIDACION Capítulo 1. Economía y deuda interna 1.1 La economía antes de 1850 1.2 Los acreedores marginados

1.3 Los acreedores privilegiados Capítulo 2. La legislación de la consolidación 2.1 Primeros reconocimientos 2.2 La ley de 1850

2.3 La conversión 2.4 La tacha 2.5 La rehabilitación 2.6 Porción del guano Capítulo 3. La repartición de vales 3.1 Los que recibieron vales

3.2 Concentración en pocas manos 3.3 Identidad de los beneficiados 3.4 Cifras globaJes Ilustraciones Parte 11. DESTINOS DE LA CONSOLIDACION Capítulo 4. Los consolidados 4.1 Corrupción 4.2 Despilfarro 4.3 Fraude y conversión Capítulo 5. Los sectores populares 5.1 Alza de precios

5.2 Ingresos populares 5.3 Reacción de los desposeídos

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Capítulo 6. Hacendados y rentistas

6.1 Manuel Aparicio 6.2 Fernando Carrillo de Albornoz 6.3 Manumisión 6.4 Domingo Elias y Pío Tcistán 6.5 Doña Ignacia Novoa Capítulo 7. Grandes Comerciantes 7.1 La práctica de Gonzales Candamo

7.2 Cotización de los vales 7.3 Acreedores hacia 1857 7.4 Una actividad mercantil exitosa 7.5 El patrimonio del gran comerciante Conclusiones

.

Apéndice 1. Precios de Alimentos en Lima, 1847-1865 Apéndice 2. Expedientes observados por la Junta de Examen Fiscal Bibliografía

143 143 149 159 166

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LISTA DE CUADROS Y GRAFICOS Cuadro 1: Cuadro 2: Cuadro 3: Cuadro 4:

Cuadro 5: Cuadro 6: Cuadro 7: Cuadro 8: Cuadro 9: Cuadro 10:

Cuadro 11: Cuadro 12: Cuadro 13: Cuadro 14: Cuadro 15: Cuadro 16: Cuadro 17: Cuadro 18: Cuadro 19: Cuadro 20: Cuadro del Gráfico 1: Gráfico 2:

Cambio y pennanencia de los dueños de propiedades rurales de la costa central. 1820 y 1839 Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1841 y 1843. Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1852, 1853 Y 1855. Relación de personas que recibieron mayor cantidad de vales de consolidación, las cantidades convertidas y amortizadas, y la ocupación o actividad de dichas personas, 1850-1854. Individuos importantes que recibieron entre 30,999 y 10,000 pesos en vales, 1850-1852. Distribución porcentual de la deuda reconocida por cantidades recibidas. Comparación de las cifras oficiales de consolidación con las de Casós. Oposición de las actividades económicas de 126 poseedores de vales de consolidación, 1850-1852. Cifras globales de la consolidación. Amortizaciones y pagos de intereses en los periodos de Castilla (primero y seglDldo) y de Echenique, 1850-1862. Funcionarios y comerciantes que negociaron con vales tachados por fraudulentos. Alza de precios en porcentajes, 1847-1860. Evolución real del jornal en Lima, 1849-1869. Distribución por ocupaciones de la fuerza laboral de Lima en 1857. Propiedades del mayorazgo y testarnentería Carrillo de Albornoz, 1817. Principales indemnizados por la manumisión de esclavos en 1855. Nuevos propietarios de los vales de manumisión en 1857. Cotización de los vales consolidados, 1849-1865. Mayores acreedores de vales de consolidación hacia el año 1857. Clasificación de los valores y acciones de Pedro Gonzales Candamo, año 1866. Apéndice 1: Precios promedios anuales de artículos de primera necesidad. 1847-1865. Evolución del promedio anual de precios en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865. Fluctuación del promedio anual de precios, en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865. Escala semilogarítmica.

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INTRODUCCION

La noticia circuló en periódicos y de boca en boca con gran entusiasmo; era marzo de 1850 y por fin se anunciaba que gracias a los ingresos del guano, el Estado peruano podría indemnizar a sus atribulados acreedores. Se promulgarían leyes que garantizarían el pago puntual y justo de la deuda interna descuidada por décadas de morosidad. Se otorgarían intereses a los valores de reconocimiento que emitiría el Estado. En otras palabras, la deuda flotante se consolidaría. La consolidación, es decir, la homologación de deudas de distintos orígenes bajo un solo lipo de obligación contra el Estado y con un solo fondo especialmente destinado para la amortización de su principal, abriría las puertas para restituir el desprestigiado crédito público al interior del país. Así se difundió la idea de emplear socialmente los réditos fiscales providencialmente proporcionados por el guano en su temprana explotación y comercialización. La balanza comercial favorable, el presupuesto del gobierno bajo control, la pacífica transmisión de mando asegurada por las vías democráticas de la época, hacían pensar que, conjuntamente con la medida de la consolidación, se iniciaba un proceso regenerador en el Perú. Atrás quedarían, según el optimismo reinante, los largos años de lucha caudillesca, el caos social y la zozobra económica que se produjeron después de la independencia. Sin embargo, pronto se delinearon los contornos en materia económica, política y social, que hicieron del periodo de la consolidación uno de los de mayor desasosiego para la joven república. La más cruenta guerra civil desde las luchas por la independencia enfrenta, en 1854, a los generales Ramón Castilla y José Rufino Echenique, los caudillos que pocos años antes habían realizado la transferencia democrática de la presidencia. Se decreta la abolición del tributo indígena en julio de 1854, y la manumisión de esclavos en diciembre de 1854, al compás de las necesidades bélicas de la renovada lucha entre caudillos. Ocurre una alarmante alza de precios hacia 1855 que afecta sensiblemente a los sectores populares urbanos. En medio del hambre en Lima se alza el clamor del público contra los enriquecidos fraudulentamente gracias a la consolidación. En 1857 Castilla se enfrenta a otro caudillo militar más, el general Manuel Ignacio de Vivanco, con graves consecuencias para la autonomía del país. En 1858 los empobrecidos artesanos protestan violentamente exigiendo medidas proteccionistas en defensa de su oficio.

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En esta agitada coyuntura, los grandes comerciantes nativos y extranjeros logran encumbrarse aún más en las esferas económica, social y política del país. Ellos son los poderosos acreedores que cobran altísimos intereses a hacendados empobrecidos y al propio Estado, bajo severísimas condiciones de escasez de capitales. Estos comerciantes ejercen decisiva presión política y diplomática para revertir la oscilante legislación de la consolidación a su favor, introducir la conversión de la deuda interna a externa, y garantizar el triunfo de una »Olítica económica de corte liberal. En medio de este panorama, la cotización libre de los valores de la deuda interna actuaba como termómetro de la situación política y social. Así, las preguntas que guiaron nuestra investigación sobre la escandalosa consolidación de la deuda interna han sido: ¿quiénes fueron los verdaderos beneficiados por la consolidación de 1850 y en qué fonna? , y ¿hacia dónde se dirigieron los capitales finalmente erogados por la consolidación? Para contestar estas preguntas hemos utilizado fuentes que pennanecieron ignoradas por otros estudios sobre el tema: documentos manuscritos de contabilidad fiscal y otros de carácter legal y social. Nuestra hipótesis considera la consolidación como un caso notable de utilización de fondos fiscales provenientes del guano para favorecer al grupo de grandes comerciantes nativos y extranjeros con base en Lima, en desmedro de mineros y hacendados empobrecidos, grises empleados estatales, dueños provincianos, pequeños propietarios y otros amplios sectores de la mayoría de la población. Se argumenta que el recurso se utilizó mal y afectó a pequeños pero abundantes acreedores que perdieron mucho en la transacción, y que sirvió para incrementar la acumulación de los comerciantes y cimentar su creciente influencia en materia de política económica. La consolidación no fue, como algunos autores la han descrito sin mucho fundamento empírico, una medida eficaz con miras a fonnar un sector capitalista. Ese proceso se había iniciado anterionnente sin ayuda del Estado y, en cierta medida, a pesar de las medidas estatales. Fue, eso sÍ, un episodio fundamental en la configuración de un destino de atraso económico, al impedir usos alternativos de los fondos fiscales para promover una más equitativa distribución de la riqueza, y sentar las bases de una persistente dependencia con respecto al crédito externo. Explorar la consolidación de ninguna manera significa seguir un camino recto, sino uno lleno de vericuetos y extravíos. Su historia empieza en 1850, cuando se dan sus primeras leyes y se inicia la especulación de sus valores, y tennina hacia 1865, cuando se logra amortizar y cancelar totalmente la deuda,

INTRODUCCION

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después de los acontecimientos fiscales y políticos que se originaron en su torno. En este transcurrir se evidencia el fracaso de los objetivos originales de la consolidación la cual; por el contrario, reforzó la acumulación de la riqueza en pocas manos y desaprovechó abundantes recursos públicos. La consolidación de 1850 ilustra con evidencia cuantificable, las precarias bases sobre las cuales se erige un crédito público interno plagado de abu-

sos y endémicos dai'los a la economía del país. Al mismo tiempo su conocimiento es esencial para entender la política económica estatal en relaci4n al ascenso de los grandes comerciantes de Lima como un grupo social dominante. A pesar del interés inherente de este fenómeno histórico, juicios equívocos sobre la consolidación se repiten con terquedad. Todavía hoy se citan las palabras de Echenique, uno de los protagonistas e interesados claves de esta medida financiera estatal, como si fueran las definitivas sobre el tema. En vista de las pruebas documentales, prácticamente desconocidas anteriormente, es difícil ser convencido por los argumentos y convicciones que consideran al gobierno de la época, o a los más recientes, como forjadores de la riqueza nacional privada. Todo lo contrario, el Estado peruano ha dado amplias muestras, a través de sucesivos endeudamientos internos y externos, de su incapacidad de asegurar inversiones no especulativas en valores estatales o de distribuir con eficacia la riqueza nacional a través de mecanismos de deuda interna. La fonna prioritaria que ha tomado la deuda interna es la de empréstitos forzosos que se consolidan y restituyen con tardanza, inadecuadamente y fomentando la especulación que beneficia a sectores privilegiados ajenos a la deuda original. La inversión privada en valores del Estado es un caso especial, distinto a la inversión en otros valores fmancieros. Constituye una inversión a largo plazo con la garantía~statal. En ciertos países desarrollados los endeudamientos públicos internos han garantizado apropiadamente los intereses de inversionistas que pusieron su cáilfJaJlZa en las fmanzas estatales. En el Perú, el Estado defraudó las más de las veces esa confianza favoreciendo, por el contrario, al endeudamiento externo. Recordemos que, aparte de la deuda interna consolidada de 1850 están, entre otros, los casos de los bonos estatales impuestos sobre los bancos para financiar el presupuesto al reducirse los ingresos del guano, acción que generó una profunda crisis fmanciera y monetaria hacia 1873; también, la ruinosa consolidación de los depreciados billetes fiscales y otras obligaciones contra el Estado en 1889; las consolidaciones de 1898, 1918 Y 1924; o los más recientes casos de los bonos de reforma agraria velasquista y los de "reconstrucción" belaundista. En las próximas páginas trataremos de recorrer

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lo que a nuestro parecer constituye ellabcrinto de la deuda interna peruana de 1850. El presente estudio está dividido en dos partes. La primera parte, compuesta por tres capílulos, analiza los orígenes económicos, sociales, legales y político-administrativos de la consolidación. La segunda parte, dividida en cuatro capítulos, se dedica a seguir los destinos de los fondos distribuidos por la consolidación. El primer capítulo se dedica a describir someramente la situación económica antes de 1850, la cual dio como resultado un conjunto de acreedores contra el Estado, la mayoría de los cuales fueron marginados por los distintos gobiernos, y sólo unos pocos recibieron un trato preferencial. El segundo capítulo analiza los vaivenes de las sucesivas leyes de la deuda interna entre 1824 y 1857, al compás de los diferentes intereses políticos y económicos que moldearon finalmente el carácter legal de la consolidación. El capítulo tercero pone en evidencia las cantidades pormenorizadas y globales repartidas por la consolidación en la forma de vales, así como proporciona información minuciosa de la identidad individual y socio-económica de los que recibieron dichos vales entre 1850 y 1854. En el cuarto capítulo se toca el aspecto de los "consolidados", es decir, los que se agenciaron de fondos mediante corrupción, venalidad y fraude, y los gastaron con todas las evidencias de un despilfarro suntuoso; este es un tema que causó gran resonancia en la época y que la historia ha privilegiado por encima de los efectos sociales más duraderos de la consolidación. El capítulo cinco se centra sobre las causas y consecuencias del alza de precios en Lima hacia 1854-1856, para determinar si ésta se debió o no a los efectos que sobre la circulación y los sectores populares pudo tener la consolidación. El sexto capítulo tiene como objetivo indagar sobre el destino que le dieron algunos hacendados y renlistas a las cantidades que recibieron a través de la consolidación y manumisión. Finalmente, el séptimo capítulo analiza el rol central que desempeñaron los comerciantes que supieron negociar y especular con los valores de la consolidación, mediante sus actividades mercantiles, financieras y políticas, tanto a nivel interno como a nivel internacional. En este estudio me ha guiado la convicción de que es necesario sentar ba·· ses de investigación especializada para complementar y criticar algunas de las generalizaciones históricas que hoy son verdades aceptadas, con la esperanza de que las tendencias renovadoras de la historiografía sobre el Perú puedan avanzar sobre terreno más fértil.

lNTRODUCCION

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A muchas personas les debo mi reconocimiento por su contribución al presente trabajo. Desde un comienzo Heraclio Bonilla brindó su estímulo constante. Las discusiones con Alberto Flores Galindo, Félix Denegri Luna, Franklin Pease y Pablo Macera fueron muy valiosas para la gestación de importantes aspectos del estudio. Merece mención especial el pcruanista Paul Gootenberg, amigo infatigable de archivos, conversador y cTÍtico tenaz, cuya novedosa y aguda obra ha abierto nuevos caminos para la investigación sobre el siglo diecinueve peruano. Así mismo, hubo personas amables que prestaron su asistencia desinteresada en el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Instituto Histórico Riva Agüero y Beneficencia Pública de Lima. Jorge Sotelo y Lola Salas colaboraron generosamente en la edición final del trabajo. Finalmente, mis compañeros de la Universidad Católica, los de la "generación de la crisis", brindaron su amistad y aliento en tiempos estudiantiles y profesionales ciertamente difíciles.

PARTE 1

ORIGENES DE LA CONSOLIDACION

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Capítulo 1 ECONOMIA y DEUDA INTERNA

La deuda interna es un recurso del Estado que le pennite agenciarse fondos provenientes de ciudadanos particulares, y puede tomar la fonna positiva de una iniciativa estatal para reactivar o balancear la economía de un país. En este caso, el Estado garantiza la adecuada compensación y retribución de la inversión particular. Al ampliarse el crédito interno se expanden las posibilidades de inversión rentable y se hace posible la efectiva financiación de proyectos públicos y privados viables. Cuando existe una desigual distribución de la riqueza que obstaculiza el efecto multiplicador de las inversiones en un país, la deuda interna puede así mismo ser un medio saludable para una distribución más equitativa del ingreso, si el Estado aprovecha los fondos obtenidos para beneficiar a los sectores menos privilegiados. Sin embargo, si los recursos movilizados por el dispositivo de la deuda interna refuerzan las tendencias a la especulación y sostienen una desigual distribución, los efectos económicos resultan, por el contrario, negativos. En lugar de que la tasa de interés del capital baje, como sucede en el caso de un eficaz endeudamiento estatal, las tendencias especulativas elevan dicha tasa y, por lo tanto, las inversiones decrecen. A nivel histórico, el mecanismo de la deuda interna fue cada vez más utilizado a medida que el Estado iba diversificando sus funciones al interior de una economía en tránsito al capitalismo. En una economía en crisis de producción, como lo era la peruana de la primera mitad del siglo XIX, el Estado recurre a la deuda interna -un mecanismo utilizado desde fmales de la época colonial- para poner paliativos ineficaces a la bancarrota fiscal que va paralela a la crisis económica. En tales circunstancias, el crédito interno y externo del Estado se deterioran ante el incumplimiento de las obligaciones estatales. Para poder acceder nuevamente a dichos créditos, el Estado debe brindar garantías de mayor solidez, las cuales van recortando su capacidad de movilizar recursos propios, y elevar los intereses sobre los préstamos contraídos. Por ejemplo, el Estado espafiol de mediados del siglo XIX, al carecer de fondos para sostener a su pesada burocracia en el periodo posterior a la pérdida de sus colonias sudamericanas, otorga altos intereses a prestamistas españoles y extranjeros quie-

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nes prefieren invertir sus capitales en préstamos al Estado ames que hacerlo en el desarrollo productivo del país l . La burocracia española comprometió los fondos de una gigantesca desamofÚzación de la tierra, que afecta en gran medida a la Iglesia, con el fin de garantizar los empréstitos internos y externos, de 10 cual se aprovechó una clase capitalista latifundista. Sin embargo, el desarrollo industrial español no se beneficiará mayormente de aquellas medidas financieras2• En el Pero republicano inmediatamente posterior a la independencia, se echó mano de antiguos fondos coloniales, secuestros de bienes de españoles y del desgravamen de censos y capellanías (imposiciones rentistas sobre propiedades de origen colonial), con el fin de proporcionarle al Estado, inadecuadamente, las garantías necesarias de la deuda y empréstitos internos. Continuó, así mismo, la costumbre iniciada durante las luchas de la independencia de recurrir a requisitorias y empréstitos forzosos durante las múltiples contiendas entre caudillos militares. Pronto se tuvo que otorgar otro tipo de garantías a los prestamistas nacionales y extranjeros para conseguir el financiamiento de los gastos estatales al agotarse los tradicionales. Los presupuestos fiscales entre 1831 y 1837 demuestran la existencia de déficits de alrededor de un tercio de los gastos y una dependencia marcada sobre los ingresos de aduanas y tributo indígena. Los gastos militares consistían alrededor del 59 al 75% del total de egresos3. Para cubrir el déficit presupuestal, los ingresos fiscales en los ramos de aIbitrios, casa de moneda y aduanas, prácticamente se hipotecaron para ga.rantizar préstamos con elevados intereses del 1, 1.5 Y hasta el 2% mensual (12, 18 Y24% anual). En contraste con estas cifras, la renta agrícola anual en esos mismos años se calculaba entre el2 y 3% anual4 • Por lo tanto, se evidenL

Durante y desJ?llés de la ocupación napoleónica, el Estado español atraviesa por un ¡;>eriodo de penunas fiscales parecidas a las de las repúblicas sudamericanas luego de la Independencia. Así, el Estado español, durante penodos tanto liberales como monárquicos, recurrió al endeudamiento público interno y externo, garantizados por confiscaciones de tierras, para rescatar al Tesoro y asegurar apoyo político: Victns Vives, 1. An &01Wfl1ic His/ory of SJX!in (Princeton: Princeton University Press, 1%4), pp. 629, 637; Nada!, J., "The Failure of Ihe Industrial Revolution in Spain", en Cipo\la, C. (ed.), Tite Fonla1llJ &onomic His/ory 01 Europe (Glasgow: Collin.s Sons & Co., 1975), voL 4, p. 556.

2.

Ibid. En el caso español el Estado utiliza la expropiación o la desamortización de la propiedad territorial ecles iástica, real y munici~ para agenciarse los fondos necesarios para la consolidación de la deuda interna, lnictando así una reforma agraria de la cual se benefició una clase capitalista latifundista. Ver también Tamames, R. , &/ruc/UTa económica de &paña (Madrid: Alianza Ed., 1978), voL 1, p. 400.

3.

Gootenberg, P. "Merchants, Foreigners and Ihe State: Ihe Origins oC Trade Policies in Post-Independence Peru" (Tesis doctoral: University oC Chicago, 1985), p. 317.

4.

Macera, P. Trabajos de Historio. (Lima: !Ne, 1977), tomo 3, p. 293.

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cia una retracción de la inversión en el sector agrario prefrriéndose la colocación de inversiones con mayor margen de ganancia en el sector mercantil y eSlatal. Pero, ¿ qué tipos de acreedores de deuda interna existían en el Perú antes de 1850? Nos inclinamos a considerar básicamente dos tipos de acreedores. Por un lado, aquellos marginados que soportan todo el peso de la crisis productiva, principalmente hacendados, mineros y propietarios provincianos. A este tipo de acreedores no se les satisface debidamente sus reclamos de deuda y ellos se hacen, en consecuencia, más dependientes del capital comercial para poder satisfacer sus necesidades financieras. Los acreedores marginados han sufrido las requisitorias y empréstitos forzosos durante la guerra de independencia y las pugnas caudillescas. Además, se les grava con impuestos dañinos para sus actividades, mientras que el Estado otorga a cambio sólo valores de deuda depreciados y sin garantías tangibles. Por otro lado están los acreedores privilegiados que prestan a elevado interés tanto al Estado como a los sectores de productores empobrecidos. A ellos sí se les paga con relativa puntualidad y tienen el poder suficiente para exigir la satisfacción de sus intereses en la deuda interna. Entre este segundo grupo de acreedores podemos distinguir a los grandes comerciantes extranjeros, los cuales preferían invertir en abonos o adelantos sobre los rubros fiscales de aduanas y Casa de Moneda. y a los comerciantes nativos quienes, organizados en el Tribunal del Consulado, se encargaban de administrar el ramo de arbitrios y otorgar préstamos al gobierno de turno sobre esta base. Así, antes de que se contase con los ingresos del guano y se declarase la consolidación de 1850, ya se podía vislumbrar el patrón por el cual los nuevos recursos de la deuda interna se repartirían. En el presente capítulo discutiremos la relación entre una economía en crisis y la satisfacción inadecuada de la deuda interna antes de 1850, brindando evidencias para tipificar con mayor especificidad a los dos tipos de acreedores a que hemos hecho mención. 1.1 La economía antes de 1850

Dos cambios fundamentales caracterizaron el tránsito de la producción colonial a la republicana: un decaimiento de la producción minera global de recuperación pausada e irregular, y el agravamiento de la crisis agraria secular5. 5.

Hunt, S. "Guano and Growth in Nineteenth Century Peru", (Discussion paper 34, Woodrow Wilson School, Princeton University, 1973), pp. 19, 28-31.

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La guerra de la independencia entre 1821 y 1824 -periodo de destrucción e ines-

tabilidad para las propiedades productivas- inicia este contraste con la situación colonial. Se pierden irremediablemente mercados tradicionales para la venta de productos mineros y agrícolas, el capital para financiar actividades agrícolas y mineras se toma excesivamente escaso, y se produce un retraimiento en la oferta de la fuerza de trabajo. Ante esta situación, el marcado abaratamiento de productos de importación europeos va preparando el terreno para un renovado vínculo con el mercado internacional6. La independencia de Espafta no trajo, como los liberales de la época pensaron, una inmediata bonanza comercial al abolirse las restricciones mercantiles coloniales. Después de una primera y efímera oleada de intercambio, estimulada por el bloqueo de casi una década, el mercado peruano afectado por las contiendas bélicas se satura y las actividades de importación se estancan. En 1821, más de 5,000 toneladas de cargamento de mercancías británicas aguardaban en la bahía de Ancón las órdenes de San Martín para abarrotar inmediatamente el reducido mercado de la recién liberalizada Lima7. Como consecuencia de este estancamiento comercial decae, así mismo, el "boom" especulativo de acciones de inversión basado en un supuesto renacimiento minero que tanto entusiasmó a los capitalistas ingleses. Los ávidos comerciantes ingleses quedaban desalentados ante esta situación, a excepción de aquellas casas comerciales con experiencia y solidez previas; es el caso de la casa Gibbs e hijos, instalada en el Perú desde antes de la independencia. En 1824 había solamente 240 ingleses residentes en Lima, 20 casas comerciales de esa nacionalidad en Lima y 16 en Arequipa, números que se fueron reduciendo durante los primeros aftas republicanos.

El comercio de textiles ingleses se realizaba solamente por temporadas hasta la limitada recuperación de la producción de plata hacia 1840, y la aparición del guano entre las exportaciones peruanas. El verdadero despegue del intercambio comercial externo y, por lo tanto, de una inserción irreversible de la economía peruana en el sistema capitalista mundial, se da a partir de la década de 1840. Según cifras de Hunt, las exportaciones peruanas aumentaron un 250% entre 1831 y 1841, Y un 500% entre 1831 y 1851. Así mismo, las importaciones británicas y francesas en el Perú aumentaron alrededor de 160% entre el quinquenio de 1830-1834 y el de 1840-1844, mientras que entre 18306.

Eng~lsen, J. :'Social Aspects of Agricultural Expansi?n in Coastal Peru, 1825-1878" (TesIs Doctoral. VCLA, 1977), pp. 8-9. Gootenberg, op.CIl, p.44.

7.

Plan, D.C.M. La/in America and British Trade pp. 25. 29.

(Edinburgo: T & A Constable, 1972),

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1834 Y 1850-1854 se dio un alza del 350%8. Por lo tanto, el sector exterior ejerció una mayor influencia sobre la evolución económica peruana a partir de los años 1845-1850. El débil vínculo de la economía peruana con el mercado mundial antes de 1845 no se debía a causas internas únicamente. Es arriesgado fechar el inicio del "boom" capitalista internacional de productos industriales antes de dicha fecha. En la primera mitad del siglo XIX la industrialización capitalista podía estar avanzando notablemente, pero todavía no era capaz de ampliar proporcionalmente los mercados de sus productos a nivel mundial. Con los adelantos técnicos que ofrecieron el ferrocarril, la navegación a vapor y el telégrafo se sientan las bases para esa esperada ampliación9 . Por otro lado, el descubrimiento de reservas de oro en California y Australia a partir de 1848, multiplicó los medios de pago, bajó la tasa de interés y estimuló la expansión del crédito. Así pues, las condiciones mundiales eran favorables para la recuperación de las importaciones y exportaciones peruanas en la década de 1840. Antes de la explotación comercial del guano, las principales exportaciones del Perú continuaban siendo los productos mineros, principalmente la plata. El período que va de 1824 a 1840, aproximadamente, tendrá características críticas debido a la baja inversión productiva. La búsqueda de productos rentables para la exportación fue la principal ocupación de extranjeros y nativos, como lo demuestra la avidez con que los cónsules ingleses presentaban sus pros~ pecciones e informes acerca de las posibilidades de la economía peruana para el comercio exterior. En la década de 1820 las exportaciones prácticamente se limitaban a los productos mineros. La lana y el salitre hicieron su aparición tímida en la década de 1830; para dicha época un cónsul belga calculaba que alrededor del 79% del total de exportaciones anual era en oro y plata10. Dancuart, basándose en la obra de Córdova y Urrutia, nos informa que en 1838 el 90% de las exportaciones peruanas lo constituía la plata, el 5% el oro y el resto 8.

Hunt, op. cit, 'p' 97. Hunl, S. "Price and Quantum ESÚlnates oí Peruvian ~rts, 1830-1962" (Dlscussion Paper o. 33, Woodrow Wilson School, PrincelOfl, 1973), pp. 64-65. Las cifras l'roporcion8das por Bonilla, H., "La expansión comercial briLáOlca en el Pení", ReVIsta del Museo Nacional 40 (1974): 254-275, y "La coyuntura comercial del siglo XIX en el Pení", Desarrollo &onémico 12 (1972): 305-331, deben ser tomadas coo cuidado debido a omisiones en su elaboración. Hobsb:uvn, E. The Agl! 01 CapiJaJ (Londres: Wiedenfeld & icholson, 1976), p. 33. Algunas cifras que Hobsbawn consigna nos indican que las exportaciones británicas de manufacturas de algod6n fueron por un volumen de 1,300 millones de yardas entre 1850 y 1860, mienlras que en los treinta años que mediaron entre 1820 y 1850 s610 alcanzaban 1,100 millones de yardas. Así mismo, el comercio mundial obtuvo un crecimiento del 260% entre 1850 y 1870, contra uno de 100% entre 1800 y 1840.

10.

Macera, op. cit., lomo 3, p. 279.

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otros productos (perlas, esmeraldas, lanas, cueros), sobre un total de 1'576,370 pesosll. En 1840 las exportaciones peruanas alcanzaban 1'562,140 libras esterlinas en oro y plata, 141,724 en lanas, 90,942 en salitre, 85,889 en algodón y 23,600 en quinina l2 . De acuerdo a los cálculos de José María Pando, Minislro de Hacienda en 1830, la plata amonedada en ese año era por un valor de 1'700,000 pesos, contra 1'230,000 pesos en 1829 y 2'800,000 en 1826. En contraste, el promedio anual para cada uno de los años del período 1790-1794 era de 5'300,000 pesos. Dicho ministro atribuía esta disminución de la plata amonedada a la poca capacidad de las casas de moneda de Lima y Cusca, pues estimaba que la plata pifia extraída ilícitamente del país ascendía a 4 ó 5 millones de pesos 13 . Mariano de Rivero, Director de Minería en 1826,seflala que durante ese año la amonedación en la Casa de Moneda de Lima era de 1'847,885 pesos de plata y 89,352 pesos de oro; en 1827 las cifras eran de 2'706,560 en plata y 62,832 pesos en oro l4 . El grueso de la producción de plata en el Perú de esos años provenía del asiento de Cerro de Pasco, aproximadamente un 70% del total de la plata producida. Es notable la recuperación de la producción de Cerro de Pasco, que en 1842 alcanza la máxima producción de su historia con 407,919 marcos de plata 15, después de una postración de décadas a partir de la destrucción de su capital fijo durante la guerra de la independencia. Sin embargo, la producción de Cerro de Pasco decaerá desastrosamente en las décadas de 1850 y 1860. Por otro lado, existen evidencias para argumentar que, a excepción de los lavaderos de oro en Puno, los asientos mineros de la sierra norte (Trujillo y Cajamarca) y del sur (Arequipa se estancaron irremediablemente durante la época es Ludiada 16 . En Hualgayoc, por ejemplo, luego de un inicial intento por emprender nuevamente la explotación del Cerro San Fernando con 18 vetas distintas de 11.

Dancuart, E. Anales de la Hacienda Pública (Lima: G. Slolte, 1902), tomo 2, p. 26.

12.

Platt, op. cit., p. 32.

13.

Pando, J. M. Memoria sobre el estado de la Hacienda de la República Peruana, en fin del aíío 1830 presenJada al Congreso por Jose María Pando (Lima: J. Masías, 1831).

14.

Rivero, M. y Piérola, N. Memorial de ciencias naturales y de industria nacional y ex· tranjera (Lima: Imprenta de Insuucción Primaria, 1828), tomo 1, p. 102.

15.

Manrique, N. "El desarrollo del mercado interior de la siem central, 1830-1910" (La Molina: Taller de Estudios Andinos, 1979), pp. 61-64.

16.

Opinión sustentada por Deustua, J. ca, 1820-1840 (Lima: lEP, 1986).

La minería peruana y la iniciación de la Repúbli-

ECONOMTA y DEUDA INTERNA

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mineral, cunde el desánimo entre los mineros que prácticamente lo abandonan hacia 1830. Tomemos el caso de Cerro de Pasco para analizar las causas de la postración de la minería en los años mencionados. En el aspecto técnico, las constantes inundaciones hacían imprescindible un método eficaz para desaguar los 558 socavones, entre activos y abandonados, y poder así explotar las vetas de mayor profundidad. Efectivamente, en 1839 al completarse el dilatado proyecto del Socavón de Quiulacocha, iniciado en 1806, se aprecia una sensible alza de la extracción de mineral en el periodo 1840-1845. Recordemos que durante las guerras de la independencia se destruyeron las máquinas de desagüe instaladas en tiempos de la colonia y que hasta 1851, no se lograron reponer eficazmente. Un segundo problema al que se enfrentaron los mineros de Cerro de Pasca, fue las reducidas fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión y de adquisición de insumas. Varios proyectos de financiamiento propuestos para establecer Bancos de Rescate terminaron por frustrarse. La pequeña escala de la empresa minera la hacía dependiente de créditos que otorgaba el capital comercial en condiciones onerosas. Los comerciantes limeños aprovecharon estas circunstancias para ampliar su control sobre el comercio de la plata en épocas de bonanza de producción, y para retraer su inversión en épocas de crisis. Los mineros se quejaban con frecuencia del alto precio del azogue que elevaba los costos de producción. Todavía se seguía utilizando la técnica de amalgamación para separar la plata del mineral y, debido a la franca decadencia de las minas de mercurio de Huancavelica, el insumo tenía que importarse de España. Deustua considera que la política oficial de precios establecida por el Estado a través de las casas de moneda y bancos de rescate, constituía un serio perjuicio para la minería l7 . Calcula que existía cerca de un 40%- de diferencia entre el precio de la plata en el centro minero y el precio internacional, y un 18% entre el del centro minero y el de los principales centros urbanos al interior del país. Al imponerse tal política de precios se recortaba el margen de ganancia y acumulación de los mineros. Era una forma que le permitía al Estado apropiarse de una porción de los beneficios de la producción minera para dedicarla a los gastos fiscales improductivos. Marginalmente, la política de pre17. Idem. Lo que sigue se basa en el valioso estudio de Deustua.

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LA DEUDA DEFRAUDADA

cios beneficiaba a los comerciantes que podían evadir al Estado, mediante el contrabando o la exportación, en la venta de la plata, conseguida a bajo precio en los asientos mineros. A estos recargos a los mineros habría que agregar los altos impuestos, que ascendían en ciertos años a un 20% del valor de la plata producida, además de las otras imposiciones de la callana de fundición oficial, y de los derechos sobre la exportación de la plata, que los comerciantes habilitadores podían transferir a los mineros mediante el aumento del interés del capital prestado a éstos. Las más amargas protestas de los mineros se elevarían contra estos desmedidos impuestos a la producción. En conclusión, los altos costos de producción, lo atrasado del nivel técnico, el alto precio del capital para financiar inversiones mineras, y la política asfixiante de precios oficiales y crecidos impuestos, conspiraban para mantener estancada la mineóa y limitar fuertemente el progreso social de los mineros. Sigiüficativamente, los beneficios mineros decayeron del 25%, en 1828, al 7.5%, en 1851, llegando al margen negativo de -11.75%, en 1875 18 . Si hubo márgenes de ganancia para los mineros esto se debió a una sobreexplotación de la fuerza de trabajo; su régimen en las minas, al desaparecer la mita, tenía dos formas. Por un lado, cuando las minas tenían buenas vetas se trabajaba "a partido", es decir que se le daba nominalmente al trabajador minero la mitad del mineral que lograba sacar a la superficie, descontándose los derechos del propietario y una quinta parte para cubrir los gastos de la maquinaria de desagüe. Cuando las minas no eran muy ricas en minerales, la forma que adquiría el régimen de trabajo era la de pagar de cuatro a seis reales por jornada, además de la coca y velas que se les daba a los operarios l9 . Los trabajadores que estaban bajo el régimen de partido se veían obligados en la práctica a vender su parte al propietario de la mina, el cual cotizaba a su manera el precio del mineral, o al bolichero intermediario, que ofrecía precios bajos para sacar provecho en la comercialización que realizaba al trasladar el mineral de la mina al lugar de amalgamación. Los propietarios mineros eran los poderosos de las minas, sobre todo en Cerro de Paseo donde contaban con un gremio que fue perdiendo paulatinamente importancia a partir de las guerras de la independencia. Los bolicheros, por su parte, eran aquellos mineros sin propiedad que buscaban extraer y comercializar el mineral por su cuenta, muy vinculados al 18.

HlDll, "Guano and Growth", p. 50.

19.

Rivero,op. cit., lomo 1, p.l02.

ECONOMIA y DEUDA INTERNA

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arríeraje; la mayoría de estos bolicheros terminaba trabajando para los propietarios. Con tal régimen no es de asombrarse de que los mineros se quejaran por la "falta de brazos". Se carecía de una fuerza de trabajo permanente en la mina, pues los indígenas no necesitaban vender la suya más que en determinadas épocas del año. Habían dos categorías de trabajadores mineros: los barreteros, encargados de desprender el mineral al interior de las minas, y los apiris o japires, que transportaban el mineral a la superficie en bolsas que cargaban sobre sus espaldas. En las minas más grnndes el número de operarios no pasaba de sesenta. Un ejemplo de las dificultades que atravesaba la minería de esa época lo tenemos en la Compañía Peruana de Minas de Cobre, la cual tenía que mandar cada tres o cuatro meses "comisionados" a las provincias de Jauja "donde vivían el mayor número de barreteros para contratarlos adelantándoles dinero y gratificando a los alcaldes o gobernadores para que, como fiadores del cumplimiento de las contratas, interpongan sus respetos sobre ellos"20. Una vez en Morococha, la compañía les pagaba a los apires 4 reales y a los barreteros 5 reales en 1845. Generalmente los operarios volvían a sus tierras para la cosecha y la siembra. El minero propietario Carlos Renardo Pflucker intentó superar el problema de la inexistencia de una fuerza de trabajo permanente mediante la inversión de ocho mil pesos para cubrir los gastos de viaje de veinte operarios de nacionalidad alemana, a los que contrató en Europa con un sueldo de 5 reales por jornada de trabajo. Este intento de importar mineros no tuvo éxito pues varios de los trabajadores alemanes se rebelaron ante las condiciones de vida tan adversas que encontraron en Morococha, sublevándose varias veces yemprendiendo la fuga a Lima. La inversión de la compañía en Morococha era de cien mil pesos anuales, de los cuales 30,000 se dedicaban exclusivamente a los gastos de transporte y fletes. Debido a que no se logró instalar un horno de reverberación -una de las ideas del propietario para reducir costos-, los gastos de arrieraje del mineral calcinado a Lima eran muy altos. Adicionalmente, el propietario tenía que invertir fuertes cantidades cada vez que se les requisaban las mulas a los arrieros, algo frecuente durante las numerosas luchas de caudillos en la zona. Inclusive, se tuvo que equipar una recua de propiedad de la compa-

20.

Pfluclc:er, C. R. Exposición q~ preseflla Carlos Renardo Pfludcer al Supremo Gobierno, con motivo de las últimas ocurrencias acaecidas en la Hacienda Mineral de Moracocha (Lima: ImprenlJl del Correo Peruano, 1846), p. 12.

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LA DEUDA DEFRAUDADA

ñía, con peones traídos de Piura, a un costo de diez mil pesos, ante la capacidad copada de esa forma de transporte en los meses de verano debido al traslado de hielo a Lima. Con la bonanza guanera y el repunte de las haciendas azucareras hacia 1860, los créditos a la minería debieron volverse más exiguos, pues los capitales se quedaban en la costa21 . La situación era diferente en 1844, cuando había prosperidad en Cerro de Paseo por su alta producción de plata, la que no duró mucho y atrajo a muchos comerciantes limeños dedicados a la exportación de plata piña. Ante las necesidades de las tropas estacionadas en Jauja durante los años de conflictos entre los caudillos Castilla, Vivanco y Elías, los comerciantes Guillermo Donovan, Manuel Argumanis, Faustino Cavieses, Francisco Larco, Manuel Villate, Baltazar Lequerica, Bernardo lLurriaga y José Fuentes buscaron sacar provecho. Firmaron contratos con el prefecto y comandante general de Junín, el general Juan José Salcedo, para pagar por adelantado cuatro reales por cada marco de plata piña que intentaban exportar vía Lima y Huacho. En total se hicieron contratos por 60,876 pesos, monto a que ascendían aquellos impuestos adelantados. Esto constituyó una forma de préstamo que brindaba el comercio a los caudillos, al adelantar sumas que los comerciantes habían recargado a los mineros. Los comerciantes se beneficiaban con esta transacción pues los derechos normales para la exportación de plata piña eran de ocho reales por marco. El contraste con la política de empréstitos y requisitorias forzosos impuesta sobre los mineros y arrieros de la zona se hace evidente22 . La situación del agro durante la primera mitad del siglo XIX demuestra, tal vez, tendencias depresivas más serias que las de la minería. Las devastaciones y cambios de la propiedad de las haciendas ocurridos durante la lucha por la independencia, así como las fuertes fluctuaciones del precio del azúcar, se agregaban a las causas de la crisis agraria que se remontaban a la época colonial. La pérdida de los mercados de Bolivia, Río de la Plata., Quito y Santiago ya había erosionado las bases de la agricultura costeña y de su clase terrateniente. Al igual que los mineros, los hacendados se vieron obligados a depender del costoso crédito por consignación otorgado por comerciantes al irse extinguiendo las fuentes de financiamiento eclesiástico. En consecuencia, los fun21.

Mallon, F. "Minería y agricullura en la sierra central: fonnaci6n y trayectoria de una clase dirigente regional, 1830-1910", en "Lanas y capitalismo en los Andes centrales" (La Molina, Taller de Estudios Andinos, 1977), p.4.

22.

"Expediente rara el funcionamiento de una Casa de Moneda en Cerro de Paseo, 16 de julio de 1844, Documentos N° 002082, 13MNH.

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dos se deterioraron significativamente al añadirse a todos los problemas anteriores, la escasez de mano de obra esclava debido a la legislación abolicionista ("vientre libre") y a las dificultades internacionales del tráfico de esclavos23 . En la agricultura de la sierra se notará una creciente autonomía local y el predominio del gamonalismo que se aprovecha del cambio en la propiedad de las haciendas impuesto por el nuevo orden republicano. Macera ensaya una cronología del agro costeño en base a las descripciones de Santiago Távara y de otros contemporáneos. En ella se evidencia una influencia muy fuerte de los distintos ciclos en la comercialización del azúcar sobre las distip'as coyunturas por las que pasa la agricultura costeña entre 1830 y 1850. Según esta cronología, el agro costeño pasa por su peor época entre 1829 y 1839 debido a la baja de precios del azúcar y los problemas surgidos por la dificultad de colocar productos en los mercados tradicionalmente accesibles. Debido a esta situación, la renta de la tierra en la costa decaerá de un 5%, a principios de siglo, a un 2 ó 3%. a mediados del mismo. Ciertos síntomas de paulatina recuperación se observarán entre 1840 y 1850. Cultivos comerciales de algodón empiezan a aparecer en la década de 1840 en los valles de Piura, Casma, Santa, lea, Nazca, Camaná, Tambo, Sama y Azapa. Hacia 1849 la producción total de algodón era de cincuenta mil quintales, a pesar de que su cultivo se realizaba en fonna tradicional. Sin embargo, la verdadera transformación de la agricultura costeña ocurrirá en la década de 1860 con la aparición de plantaciones azucareras con cierto nivel de inversión en las zonas del norte y costa central, y la utilización masiva de la fuerza de trabajo china24 . La agricultura de la costa central producía en las provincias del departamento de Lima, en 1839, alrededor de tres millones de pesos básicamente en productos alimenticios. La provincia de mayor producción en esta zona era Chancay con 700 mil pesos, de los cuales una cantidad considerable correspondía a lo producido por la crianza de cerdos. En Cañete el cultivo de caña de azúcar era el prioritari025. 23.

Engelsen, op. cit., pp. 8-18. Flores Galindo, A. Aristrocracia y plebe: 1830 (Lima: Mosca Azul, 1984), pp. 84,224-229, 23l.

Lima, 1760-

24. Macera, op. cit., tomo 3, p. 293; tomo 4, p~ 44; Engclsen, op. cit., pp. 24-26. Vcr también Távara, S. Abolición de la esclavilud en el Perú (Lima: Imprenta de El Comercio, 1855). 25.

Córdova y Unulia, J. M. Estadística histórica, geografíca, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima (Lima: Imprenta dc Instrucción Primaria, 1839), tomo 1, p. 33.

28

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En 1833, un vocero de los hacendados del departamento de Lima reclamaba que "ninguna de las clases del estado ha sufrido pérdidas tan considerables, ni agravios tan manifiestos, como la de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima"26. Denunciaba la fuerza brutal utilizada para desposeer a los hacendados de sus productos, numerario y brazos de labranza para sostener al ejército libertador, aparte de sembrar la insubordinación entre los esclavos. Además, al decretarse la ley de "vientre libre" se perjudicó aún más a los hacendados haciéndoles soportar el costo de la emancipación de los hijos de esclavos nacidos después de 1821 que debería haber sido cubierto por la deuda pública. Como resultado de esto, los hacendados se vieron obligados "por una parte, a disminuir sus consumos, las utilidades de otra clase industriosa [los comerciantes], y los impuestos indirectos que pagaban al erario público, reduciéndolos, por otra parte, a la necesidad de cultivar mal sus fundos, privando a la nación de grandes productos"27. Sindica al ministro Bernardo Monteagudo, radical iniciador de la política de secuestros a españoles, como uno de los principales responsables de tal crítico estado de cosas. Salaverry intentó beneficiar al grupo de hacendados hacia 1834 con una legislación pro-esclavista pero su periodo de mandato fue muy corto. La modalidad de chacra de esclavos se difundió ampliamente en el agro costeño hasta la llegada de los culís chinos, verificándose el hecho de que los hacendados no fueron un grupo de presión decisiva para obtener del Estado la protección de sus intereses ni una porción mejor del reparto de beneficios de la cancelación de la deuda interna. Entre 1825 Y 1845 el sector comercial ubicado en Lima resulta tal vez el único sector de la economía peruana que no participó de las dificultades que aquejaron tanto a la minería como a la agricultura. Esto se debió al carácter altamente rentable que iban adquiriendo las actividades de importación de mercancías, préstamos y créditos comerciales a los sectores privado y público y, cuando las exportaciones se lograron recuperar, el comercio con productos de exportación. En un minucioso trabajo basado en el análisis de matrículas de patentes -impuestos del 4% sobre los beneficios de los negocios de Lima-, Gootenberglograprobarcuantitativamentequeaquell(,~dedicadosalaactividadcomer­

cial entre 1830 y 1860 obtuvieron los mejores ingresos, por encima del sector manufacturero, el de servicios y del agregado de los negocios limeños sujetos a los patentes. Mientras que entre 1830-1845, años de guerra interna, los ingre26.

Pando, J. M. Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendadns de las provincias litara/es del departameNo de Lima (Lima: J. M. Concha, 1833), p. 3.

27.

!bid., p. 43.

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29

sos de otros sectores decaían hasta en un 30%, el sector comercial logró mantener sus ganancias aproximadamente al nivel de 1830 y, hacia 1845-1850, las incrementa en un 50-60% por encima del nivel de 183()28. Esto demuestra la posición privilegiada que van logrando adquirir los comerciantes durante la primera mitad del siglo XIX, lo que a su vez les otorgará la oportunidad de obtener preferencial trato en relación a la cancelación de la deuda interna y en materia de política económica. Con esto quedan delineados los factores económicos que condicionarán la división entre acreedores marginados y acreedores privilegiados frente a la solución del asunto de la deuda interna pendiente. 1.2 Los acreedores marginados Uno de los sectores claramente afectados por el naciente Estado republicano fue la aristocracia colonial en franca decadencia. La política de secuestros, entre 1821 y 1824, ahondó la crisis del agro y del sector terrateniente noble, así como parte del sector mercanlil29 . Alrededor de 43 haciendas en los valles de la costa central pasaron al control del Estado, el cual adjudicó algunas de ellas a líderes militares patriotas, y cerca de 47 comerciantes de supuesta filiación realista se vieron obligados a emigrar30 . Se modificó bruscamente el carácter social de la propiedad de la tierra en la costa central. Los dueños que se marcharon definitivamente perdieron en forma irremediable sus propiedades. Sin embargo, hacia 1825 se abrió una brecha legal por la cual algunos de ellos se convirtieron en acreedores del Estado por concepto de propiedades secuestradas. Al encontrarse los gobernantes de esos años con que nadie quería invertir en la tierra, la legislación de los secuestros retrocedió abruptamente, primero, al ser abolidos los juzgados privativos en 1823 y luego, al decretarse, el 2 de marzo de 1825, que la mayoóa de las propiedades de los emigrados quedaban libres de secuestro y que los parientes de los secuestrados debían renunciar a solamente la quinta parte de sus propiedades en favor del Estado. La propiedad de la tierra constituía un peso demasiado grande para el Estado republicano 28.

GOOlenberg, P. "Artisans and Merchants: The Making of an Open Econorny in Lima, Pero. 1830·1860" (Tesis de Maestria, Oxford University, 1981), capítulo 1.

29.

El general San Martín inició esta medida el 18 de junio de 1821 al expropiar las propiedades de los emigrados con el ejército español, los cuales iban abandonando por temor de acciones violentas oonLra ellos por parte de la multitud limeña. Un decreto del 1 de febrero de 1822 dispuso el secueSLrO de la mitad de los bienes de los españoles forzados a emigrar del país. En 1824 se dictó el eeuesLrO de todos aqueUos que se enoonlraban con Rodil en el Real Felipe. Los bienes secuesLrados se depositaron bajo la administración del Juzgado de SccuesLros creado en octubre de 1821. Burga. M. De la encomienda a la hacienda capilalisla: el valle dz Jeq~lepeque dzl siglo XVI al XX (Lima: lE!>, 1976), pp. 148; Aores Galindo, op. cit., pp. 220.

30.

Aores Galindo, op. cit., pp. 256-257.

uma

30

LA DEUDA DEFRAUDADA

que buscaba deshacerse de las tierras de conventos supresos, Temporalidades, Inquisición y otras heredadas del Estado colonial. No se vio mejor forma de hacerlo que adjudicando tierras a caudillos militares y, ante la incapacidad de éstos en materia de negocios, devolviendo parte de las propiedades expropiadas. Así tenemos que muchos de los verdaderos perjudicados por la destrucción y cambio de propiedad que acompañaron a las campañas militares de la independencia, se verían marginados al no contar con los necesarios recursos para defender sus casos ante el Estado. Es un proceso que va de la mano con los tempranos intentos por consolidar la deuda interna, entre 1826 y 1827, al otorgar tierras a cambio de depreciadas cédulas de reforma y otros valores de la deuda intema31 . Un caso de secuestro notable es el de Fernando Carrillo de Albornoz, Conde de Montemar, quien demoró muchos años en adquirir nuevamente sus tierras que ya habían sido adjudicadas a otros privilegiados acreedores del Estado. Así mismo, doña Ignacia Novoa pierde sus haciendas Montalván y Cuiva, en Cañete, a manos del prócer chileno Bernardo O'Higgins. Doña Petronila Zavala, expropietaria de la hacienda San Regis, en Chincha, y los marqueses de Valle Umbroso, Montesclaros y otros consignados en el cuadro 1, perderían sus haciendas a manos de los generales Sucre, Echenique, Balta, Reyes y otros. Algunos de estos miembros de la aristocracia colonial quedarían permanentemente marginados del proceso de cancelación de la deuda interna. Otros, sin embargo, como lo demuestra el cuadro 1, lograron recuperar parte de sus propiedades hacia 1839. Además, los pocos, buscarán fortalecer su vulnerable posición mediante estratégicos arreglos crediticios con poderosos comerciantes, lo cual garantizará reconocimientos de deuda interna que serán compartidos con sus acreedores mercantiles. En las provincias de la costa norte también se evidencian cambios en la propiedad de la tierra a través de transacciones con valores de la deuda interna que dejan rezagados a legítimos acreedores. En su estudio sobre el valle de Jequetepeque, Burga demuestra que al inicio de la República había una carencia de tierras disponibles en los alrededores del pueblo de Guadalupe, debido a la temprana tendencia al latifundio instaurada por un convento agustino. Al suprimirse los conventos con menos de 8 religiosos, en 1826, el Estado pasó a ser el propietario de las tierras de dicho convento. Los antiguos arrendatarios enfiteutas32 , quienes subarrendaban parcelas a los pobladores del pueblo de Guadalupe y que, antes de la supresión, pagaban una renta al convento agustino, aho31.

Ver capítulo 2.

32.

Locatarios por largos periodos o de por vida.

ECONOMIA y DEUDA INTERNA

31

ra debían pagarle al Estado. Sin embargo, los enfiteutas criollos del valle buscaban la propiedad directa de la tierra, primero desplegando hostilidad contra el convento al convertirse en los primeros en proclamar la independencia en el valle, y luego gestionando la compra directa de la tierra al Estado republican03 3 . En este proceso también intervinieron foráneos al lugar, acreedores del gobierno, funcionarios y militares quienes, junto a los enfiteutas, compraron tierras a precios devaluados, debido al deterioro de las propiedades, y con papeles de la deuda interna sobre valuados, entre 1829 y 1846. Por ejemplo, al general José María Plaza, a quien el Estado le reconoce una deuda de 9,600 pesos en 1828, se le entrega en 1829 como pago a cuenta la hacienda Mari-Núñez, de 100 fanegadas, la hacienda Talla, de 291 fanegadas, y otros terrenos cerca de Guadalupe. Así mismo, a José Colens se le otorga la hacienda Tecape, y a Domingo Casanova se le adjudica en 1845 la hacienda Limancaro por créditos insolutos34 . En 1850 Casanova recibirá además 62,500 pesos en vales de consolidación. A partir de 1842, las ventas por parte del Estado a los antiguos enfiteutas se incrementan: el coronel Jacinto Rázuri compra la hacienda Lurifico en

cuatro mil pesos, pagados en créditos de la deuda interna. Ante la intensificación del proceso de transferencia de la propiedad de la tierra, que benefició a algunos pocos que sabían acaparar y colocar provechosamente los valores depreciados de la deuda interna, el primer gobierno de Castilla brindó, en 1849, un paliativo a favor de los desposeídos pobladores de Guadalupe, verdaderos perjudicados por la depresiva situación del agro del valle. Se aceptaron cédulas de deuda interna para la compra de predios urbanos en el pueblo. Las viviendas de Guadalupe pertenecían al Estado, que decidió venderlas a aquellos ocupantes que hubiesen adquirido créditos de la deuda interna por cupos o empréstitos en años anteriores. En enero de 1851, se acordó pagar 3 pesos, en cédulas de la deuda interna, por cada fanegada. Se presentaron 203 personas que compraron 325 fanegadas, quedando sobrantes 332 fanegadas que luego fueron repartidas entre los primeros compradores. Sin embargo, aunque ahora dueños de sus viviendas, los habitantes del pueblo de Guadalupe siguieron careciendo de acceso a la propiedad de las tierras de cultivo, las que se concentraron en pocas manos35 . Así, a pesar de que los pobladores de Guadalupe fueron mejor tratados por los ejecutores de la deuda interna que los habitantes de otros lugares, constituyen un claro ejemplo de acreedores marginados. 33.

Burga, De la encomienda ... pp. 148-156.

34. !bid, p. 153. 35. !bid., pp. 159-160.

w

CUADRO 1

IV

Cambio y permanencia de los dueños de propiedades rurales de la Costa Central, 1820 y 1839 Dueños de haciendas en 1839""

Razón de las haciendas secuestradas, 1821-1823" Hacienda

Partido

Dueños

Andahuasi Boza

Sayán Chancay

Anselmo Salinas Marqués de la Boza

Buenavista Caqui

Lurin Chancay

Josefa Jacot Francisco Aliaga

Carrisal Caucato Concha Chacra Alta Chancaillo

Pisco Pisco Surco Bellavista Chancay

Vicente Algorta Fernando 001 Masco Antonio Tarranco Antonio Solórzano Manuel Elguera

Chacaca Chuquitanta

Huaura Carabayllo

Luis Basono Marqués del Valle Umbroso

Chunchanga El Convento Gala Huando Lanchas La Huaca Las Salinas

Su pe Lurlgancho Chancay Pisco Chancay Chancay

Román Idiáquez Manuel García Bruno Vitoseco RosendoGao Vicente Algorta Juan Pasquel José Laos

Nac. (1) E L

E E

E E L

Chancay

Antonio Pomar

E

Tecuán

Boza

ChancayAucallama

Gerónimo Boza

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Chancay-

Señores Cueva

Chancailloy Viña Ramírez

Chancay

Manuel Elguera y familia

Chuquitanta y Villaseñor Alto

Carabayllo Bocanegra

Grimanesa de la Puente (2)

Huando

Huaral

Dr. Pedro Reyes

Las Salinas y Huascata

Chancay Late

José Laos

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Palpa

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Conv. Sto. Domingo

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Santa Chincha

Chancay Late

Dueños

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Santa Chancay Pativilca

Distrito

Aucallama

Matías Antiga José Basurco Anselmo Salinas Josefa Ramírez de Arellano Antonio Solórzano Francisco Goytizolo Pedro Abadía Matías AntiPca (finado) Fem. Carril o de Albornoz

Motocachi Palpa Paramonga Panda Pasamarao SantaC ara Santa Cruz San Jacinto San Regis

Hacienda

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Tecuán

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José Yc Fernando Carril o de Albornoz José Alzamora

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Villa y San Tadeo Zapán Zavala

Surco

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Juan Bautista Lavalle Conde de Montesclaros Marqués del Valle Umbroso

Cuadrado, VilIa, San T adeo y Pacallar

Surco

Zavala

Late

15 casas Residencia y fincas

Guarda bienes de e~rados 8 fincas y cochera 1 lej6n Residencia y fincas

Finca del Mayorazgo Casa de Pastrana, almacén en la calle Mercaderes 5 casas Fincas Escrituras, pagarés, etc.

Grimanesa de la Puente(2)

Gaspar Osma(casado con Josefa Ramlrez de Arellano) Felipe Sancho Dávila

Manuel Salazar Francisco Ouirós

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c:: Guacoi y Cerro o Sambrano

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Juan Aliaga

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La Menachay Panteón Lomolargo, Panache, Asesor, Quiroz, Portocarrero, Pacallar Pino

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Maria Osambela

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Testamenteria Sancho Dávila

Surco

Manuel Salazar

Torre Tagle Juan Bautista Valdeavellano Juan Bautista Zaracondegui

(1) Nac.: nacionalidad, E = europeo (español), L = limeño

(2) Esposa del marqués de Valle Umbroso

• Datos gentilmente proporcionados por Alberto Flores Galindo, quien prestó uno de sus cuadernos de apuntes de la investigación que realizó sobre la aristocracia mercantil colonial a fines del siglo XVIII, y comienzos del XIX : Aristocracia y plebe, (Uma, 1984). Los datos de este cuaderno los obtuvo del Juzgado de Secuestros, años 1821-1822, legajos 1 alll, Tribunal de Cuentas, AGN . •• Datos obtenidos de los cuadros que aparecen en la obra de José Maria C6rdova y Urrutia, E.stadlstica histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de uma. (Uma, 1839), Tomo 1; pp. l38-90, 91-93, 98100, 124-25. Tomo 11 , pp. 5-6.

~

a O

Pedro Abadia y José Arizmendi Juan Aliaga : Conde de San Juan de Luriganctlo Juan Bautista Andraca Fernando Carrillo de Albornoz: Conde de Montemar José Gonzales: Conde de Villar de Fuente (casado con Josefa Pando) Francisco Xavier Izc:ue Martín Osambela

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Secuestros de bienes urbanos y del ramo comercial Propiedades Dueños Guardaban bienes de emigrados, mina Vistaalegre. Fincas del mayorazgo.

Juan Bta. Lavalle

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34

LA DEUDA DEFRAUDADA

La agricultura de Cajamarca pasaba por una situación tal vez más crítica que la de la costa norte36. Existía una vinculación entre la deprimida producción ganadera de la zona y la depresión de la demanda de dichos productos en la costa norte. Debido a ese cuadro de abatimiento, las propiedades se depreciaron y ocurrió un proceso de adjudicaciones an.ílogo al que observamos en la costa norte y en otros lugares del Perú durante los primeros años republicanos. En Chota se adjudicaron haciendas a militares a quienes se les adeudaba sueldos y a los que se quería premiar por su participación en las conúendas de la independencia. Es el caso de la adjudicación de la hacienda LIaucán al general de división Blas Cerdeña37 . Esta hacienda tenía especial importancia pues lindaba con el Cerro San Fernando, principal fuente del mineral de Hualgayoc, cuyas vetas todavía se seguían explotando en 1820 pero luego decayeron irremediablemente en años posteriores. En una petición fechada el 8 de enero de 1830, el general BIas Cerdeña expone méritos y servicios en las campañas de la independencia, Bolivia y Colombia, pidiendo que se le recompense con la adjudicación de la hacienda Llaucán a cambio de seis mil pesos que se le debían, por ajustes de cuentas realizadas en la tesorería departamental de Arequipa

36.

La agricultura de Cajamarca experimentaba la siguiente situación en los años del primer gobierno de Castilla, según una descripción que de eUa nos hace Fernando Casós, en su libro Los amigos ck Elena (paris: E. Renne SchmilZ, 1874), pp. 36-37: "aquí se uabaja para morirse de hambre, hay producción, pero el mercado de consumo es infinitamente pequeño, los productos van a los terrados a perderse, o darlos a los colonos y gentes necesiLadas: nuestro país sólo tiene la agricultura en las COSlaS, 8q,uí no hay más que ricos pobres, que no sajen ni pueden salir de su rusticidad y la mlseria. No obstante vendrán de MOlUpe a la compra de ganados, podemos realizar 200 cabezas, que producirán 300 duros".

37.

Según una biogralIa de Cerdeña, éste naci6 en la Gran Canaria en 1792. Se trasladó a Venezuela en 1809 y se dedicó al comercio hasta 1815. Ingresa al ejército y, como teniente del batall6n real de umancia, es enviado a Paila. Se pasa con todo su balall6n a las mas del ejército de San Martin en 1820. Participa en la campaña de Arenales en la sierra y llega al grado de coronel. Bolívar lo nombra intendente de Lambayeque y comandante general de la costa none en 1 24. Se retira del servicio en 1825 con una pensión mensual de 192 pesos, luego de haber perdido una pierna en la batalla de Zepila. Acepla el nombramiento de intendente de la provincia de lca y el de comandante general de las costas del sur. Desempeña luego la admini.straci6n de la aduana de Lima y es nombrado general de brigada en 1826. En 1829 es ascendido a general de división y participa en la campaña contra Colombia; de empeñó luego la comandancia general de Junín y Ayacucho. Durante el gobierno de Gamarra se le nom bra comandante ~eneral del Cusco, y en 1831 prefecto de Arequipa, sirviendo Juego ba jo la Confederacl6n Perú-boliviana. Migra a Guayaquil y es honrado en la liSla mili tar por el Congreso de Huancayo. En 1835 es ascendido a gran mariscal por Orbegoso. Muere en 1854. Camacho, 1. ApUIIJes para la biograFIQ ckl gran mariscal don Bias Cerdeña ckdicados a su hijo el señer mayor ck arlillerfa don José Cerdeíia (Lima: Tip. El Heraldo, 1854).

ECONOMIA y DEUDA INTERNA

35

en noviembre de 1828, y en la comisaría general de Cajamarca en febrero de 182()38. En un decreto supremo dictado por el Presidente Gamarra en enero de 1830, se lee: ''Teniendo en consideración los importantes serbicios que ha prestado a la Nación el Benemérito General de División Dn. Bias Cardeña (... ) se adjudica a fabor del referido Gral. en todas sus partes la Hazienda denominada San Francisco Llaucán cita en la Provincia de Chota Departamento de la Libertad, pues aunque por el ajustamiento que presenta sólo es deudor el Estado de cinco mil setecientos cinco pesos ( ... ) y el valor de la referida Hazienda sube a la cantidad de diez y ocho mil pesos (... ) cede a su favor los doce mil novecientos ochentaicinco pesos ( ... ) que resultan de aumento"39.

De esta forma se cancelaban las deudas con los militares ilustres, utilizando los fondos administrados por el Tribunal del Consulado y la Dirección de Consolidación, creada en 1826. Dichos fondos provenían en su mayoría, como veremos en el capítulo 2, de los bienes cautivos de la antigua administración colonial (Temporalidades) y de los conventos supresos (a los cuales se añadían las propiedades del Tribunal de la Santa Inquisición extinto). En el caso de la hacienda Llaucán, se trataba de una propiedad implicada en el concurso de acreedores del banquero Juan de la Cueva, que quebró en 1635. Los bienes de este banquero fueron asumidos por el Real Tribunal del Consulado, que los administraba con el objeto de indemnizar a los 579 acreedores (entre ellos el Tribunal de la Santa Inquisición -debido a que algunos de los clientes de de la Cueva fueron acusados de judaizar-, cuyas rentas luego pasarían al Estado republicano), a quienes se les debía por un monto de 1'068,284 pesos. Sin embargo, estas sumas acreedoras nunca serían canceladas pues la antigua deuda colonial nunca se consolidó, a pesar de que hubo algunos débiles intentos por hacerlo. El Real Tribunal del Consulado arrendaba la hacienda Llaucán, que perteneció a Juan de la Cueva, y el producto del arrendamiento ingresaba al fondo de indemnización destinado a satisfacer a los acreedores del concurso. Después 38.

"Expediente sobre la adjudicación de la hacienda Uaucán al Sr. general de división Bias Cerdeña y liquidación de sus arrendamientos, desde el año de J 819 hasta el presente con la lestamenleria del locador, d. Pablo Esrinach de que es albacea el teniente coronel de cívico don Manuel Espino. Año 1830 . Tribunal del Consulado, Caja de Consolidación, Contencioso, conamo Juan de la Cueva, legajo 37, AGN.

39. Idem.

LA DEUDA DEFRAUDADA

36

de la independencia, el Estado republicano continuaba arrendando dicha hacienda a los antiguos locatarios, los ex-coroneles del ejército colonial Miguel y Pablo Espinach, vecinos de Caja marca; a la muerte de Miguel, en 1827, se imenta cambiar de arrendatario. La testamentería de Miguel Espinach, que continuaría en posesión de la hacienda hasta 1830, debía, según el Director de Consolidación, el arrendamiento vencido entre los años de 1820 y 1827, a razón de dos mil pesos anuales. Entre 1828 y 1830, año en que se verifica la adjudicación de la hacienda a Cerdeña, sería Manuel Espino, el albacea de la testamentería Espinach, el administrador de la hacienda. En 1830, el apoderado legal de Bias Cerdeña, don José Mariano Cavada, coronel comandante de los cívicos de Celendín, tomará posesión de la hacienda a pesar de las protestas del minero de Hualgayoc, Domingo de la Cueva, descendiente deJ uan de la Cueva, quien reclamará para sí la propiedad de la hacienda. En 1832 Cerdeí'ia renuncia a la posesión de la hacienda por "inconvenientes para el goce pacífico" de la misma. El Estado le otorga a cambio, por decreto presidencial, mil pesos mensuales de la tesorería del Cusco y quinientos pesos mensuales por la de Ayacucho, hasta cubrir la cantidad de veinte mil pesos. En 1852 Cerdeí'ia recibe 25,700 pesos en vales de consolidación. Tanto en el caso del general Plaza como en el del general Cerdeña, observamos la compensación privilegiada a caudillos militares en desmedro de los que mayor perjuicio sufrieron debido a la destrucción y expropiación de propiedades. Al repartirse los recursos de la deuda interna, antes de 1859, con obvio favoritismo, se contribuye a una inicial concentración de las mejores tierras en manos de gamonales que se aprovecharon del ausentismo de los dueños de las adjudicaciones. En la sierra central, dos casos de beneficiados por la deuda interna en desmedro de acreedores menos influyentes fueron los de Francisco de Paula Otero y los hermanos Olavegoya del valle del Mantaro. Paula Otero se inicia como arriero en la zona estableciéndose en Tarma a fmes del siglo XVIII. Durante la independencia fue comandante general de las guerrillas del centro y gobernador de Tarma A partir de 1833 adquiere varias haciendas, entre ellas la hacienda Cachi-cachi, situada entre Jauja y Tarma y, a través de la parentela de su esposa, entra en el negocio minero de Cerro de Pasco. Era acreedor del Estado por adeudos y montepíos por servicios prestados en la campaña libertadora, por lo cual recibe en 1852 treinta y un mil pesos en vales de consolidación. A su muerte lega a sus hijas las haciendas Quijano, en Salta; Florida, Acochay y otras fincas, en Tarma, y varias minas en La Rinconada, Cerro de Pasc0 4O • 40.

Manrique, op. ciL, p. 37.

ECONOMIA y DEUDA INTERNA

37

Los hermanos Demetrio y Domingo Olavegoya poseían inversiones diversificadas y eran dueños de una casa comercial en Lima. Comercializaban los productos de sus propiedades, estableciendo así una red amplia de actividades entre Lima y la sierra central. Debido a esta multiplicidad de contactos, que los colocaban en posición propicia para vincularse con los negocios del Estado, es que logran obtener un alto reconocimiento de deuda interna en 1852, unos 68,500 pesos en vales, cifra que fue la más alta entre los propietarios de la sierra central. Otros propietarios de la zona que alcanzaron a ser beneficiados por esta medida fueron, entre otros, Francisco Alvarii'lo, hacendado de Tarma y propietario del valle de Chanchamayo, quien recibió 55,800 pesos en vales en 1850, y Manuel Ortiz de Zevallos, propietario en Huancayo, al que se le otorgó 42,000 pesos en vales en 1851. Sin embargo, muchos arrieros y propietarios de tierras y minas de la sierra central fueron completamente ignorados por la deuda interna, o recibieron exiguas compensaciones, a pesar de haber sufrido directamente las consecuencias de las campañas militares en la zona. Los grandes terratenientes Pío Tristán, de Arequipa, y Ancelmo Centeno, del Cusca, también se beneficiaron de la deuda interna41 . Los casos de Paula Otero, Olavegoya, Tristán y Centeno son ejemplos de hacendados que lograron hacer respetar sus derechos sobre la deuda interna, aunque sea tardíamente. Como en el caso de Carrillo de Albornoz y Novoa, despojados propietarios coloniales, sus contactos con comerciantes notables y figuras políticas de Lima parece que resultaron determinantes en la adecuada satisfacción de sus reclamos. Por el contrario, como veremos en el capítulo dedicado a los "consolidados", los expedientes tachados por la Junta Depuradora en 1855 dan amplias pruebas de que existieron abundantes y desconocidos hacendados, arrieros, propietarios provincianos y mineros que se vieron marginados durante largas décadas en sus reclamos, yacabaron perjudicados por la consolidación de 1850 que los excluyó defmitivamente del reparto de los nuevos fondos de la deuda interna, o les proporcionó sólo una mínima porción. Entre otros, podemos mencionar a varios hacendados en los valles de Santa (por ejemplo, Manuel Zuloaga), Cajatambo y eosta central; mineros de Cerro de Paseo; propietarios provincianos y arrieros en Ayaviri, Tambillo y Huaitaná, marginados por nego41.

Para el ca~ de ~ristán ver capí~o 6 más adelante, y Rore~ GaI ~do, A. Ar~quipa y el sur andUlO (Lima: &l. Honzonte, 1977), p. 50; Coleccloo Jiménez, N" 123, AH RA. Para el caso de Centeno ver Momer, M. NOliJ3 sobre ~l comercio y los comercianJes del CILfCO ~ ·finu de la colollia hasta 1920 (Lima: IEP, 1979), p. 11; Tamayo H., J. Historia social del Cusco republicano (Lima: Indusuial Gráfica, 1978), p. 51.

LA DEUDA DEFRAUDADA

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ciantes en vales de consolidación de 185()42. La mayoría de los créditos reconocidos por la consolidación de 1850 provenían de deudas por daños y perjuicios durante las guerras de la independencia y caudillescas, como lo demuestra la descripción del concepto original de las cantidades reconocidas como deuda durante los gobiernos de Castilla y Echenique. La suma total de los expedientes por daños ocasionados por dichas contiendas ascendía a 16 millones de pesos en deudas que se reactualizan exageradamente de la noche a la mañana después de décadas de olvido. A raíz de estos reconocimientos se enciende una sorda pugna por su acumulación y concentración que despojó a los reclamantes originales y privilegió a los pocos que supieron negociar y especular con ellos. 1.3 Los acreedores privilegiados

Aparte de los caudillos premiados con adjudicaciones y con otros fondos limitados destinados al arreglo de la deuda interna, los prestamistas, cuyo giro se concentraba principalmente en la esfera comercial de Lima,lograron hacerse garantizar por el Estado el pago de sus cuentas acreedoras. El poderío social de este grupo se sustentaba en la concentración del capital comercial en Lima Los comerciantes obtenían altos beneficios,los más rentables de las actividades en la Lima de la época,mediante la importación-exportación y préstamos otorgados a crecidos intereses43 . Después de un periodo de selección competitiva, a través de la competencia comercial durante los periodos de crisis, se reduce el número de comerciantes que domina en la coyuntura de los años 1840, cuando se incrementa la producción de Cerro de Pasco y empieza a exportarse el guano. Entre los más importantes estuvieron Gibbs e hijos. Alsop y Cía .. HUlh Gruning y Cía .• Templeman y Bergman. Pedro Gonzales Candamo. Graham Rowe y Zaracondegui y Cía. Al inicio de la República el sector mercantil colonial se vio afectado por la política de secuestros. Sin embargo, este sector dio signos de recuperación mucho antes que el de los hacendados coloniales. Los comerciantes Pedro Abadía, Francisco Javier de Izcue, José Gonzales conde del Vi llar de Fuente. Juan Bautista Andraca y Francisco Quirós figuraron entre los principales secuestra42.

Ver capítulo 4.

43. Gootenberg. "Anisans and Merchants", p. 28. Ver lambién Gootenberg, P. "The Social Origins of Protectionism and Free Trade in Nineteenth-Century Lima", JOU17UÚ of LaJin American Slud~s 14 (1982): 329-358.

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39

dos en el periodo 1821-23. Ellos nos darán la clave de cómo inicia su actividad este sector mercantil bajo condiciones nuevas después de la independencia. Muchos de ellos fugaron al Real Felipe temerosos de la reacción popular ante el desguarnecimiento de la ciudad de Lima a la salida de las tropas espafiolas en 1824. lzcue y Abadía fueron denunciados por poseer bienes de los españoles emigrados Zaracondegui, Soregui y otros, lo que coincidía lógicamente con su función de habilitadores y accionistas de empresas mineras y préstamos comerciales (ver cuadro 1). lzcue era un importante comerciante que cumplió en varias oportunidades el cargo de cónsul del Tribunal del Consulado entre 1822 y 1823, acompafiando en la dirección del Tribunal al conde del Villar de Fuente, prior de dicho gremio. Después de su rehabilitación, lzcue, "habiendo visto frustradas algunas especulaciones mercantiles se dedicó con esmero a la exportación de frutos del país, y teniendo que abandonar los algodones y lanas por los obstáculos que presentaban el cultivo de aquellos, y la competencia en el acopio de éstas, dirigió su atención a los minerales de cobre de que abunda este país ... "44. Se embarca en una empresa de extracción de cobre en TuctuMorococha juntamente con el alemán, residente muchos años en el Pern, Carlos Renardo Pflucker, formando la Compañía Peruana de Minas de Cobre en 1840; a pesar de estos esfuerzos, lzcue no pudo recuperar su anterior posición de encumbramiento bajo el régimen republicano. Pedro Abadía fue, junto a José Arismendi, uno de los principales promotores de la Compañía de Máquinas de Vapor de Cerro de Paseo, que en 1815 importó cuatro máquinas que luego de su instalación no resultaron suficientes para desaguar las minas debido a las constantes inundaciones. Hacia 1852 tenemos evidencia de que Abadía se dedicó a comerciar en vales de consolidación, de los que recibió 25,000 pesos nominales en vales a su nombre, que luego serían tachados por la Junta Examinadora en 1855. ¿Será éste un caso de exitoso cambio de rubro de un comerciante de origen colonial? El caso de Francisco Quirós reviste especial interés en nuestro seguimiento de los comerciantes que se iniciaron en la etapa colonial y luego se convirtieron en privilegiados acreedores del Estado. A pesar de haber sido hacia 1820 una autoridad con una actitud favorable a la separación de España en Cerro de Pasco, lugar donde nació en 1798, Quirós fue sindicado como emigrado. En consecuencia se le levantó un expediente de secuestro en 1821 sobre su propiedad en la plazuela de San Lázaro, la Casa de Pastrana, y sobre un almacén 44.

Pílucker, op. cit, p. 7.

40

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en la calle Mercaderes4S • En 1822 Quirós viaja a Londres debido a las dificultades que tuvo en Lima, y allí se asoció con capitalistas inglese interesados en la minería peruana, aportando sus conocimientos del comercio en dicha zona La fenecida Compañía de Máquinas de Vapor dejó muchas deudas que permitieron al grupo de capitalistas,representados por Quirós,adquirir intereses en la minería a bajo precio mediante el establecimiento de la Compañfa Paseo Peruana, al tiempo que cierto exceso de capitales en la Bolsa de Londres permitió a las casas comerciales Brigs, Gibbs. Crawley. Naylor. Kendall. Templeman y Bergman, el invertir en el ramo, junto con capitalistas nativos como Juan de Aliaga conde de San Juan de Lurigancho y Pedro Gonzales Candamo. Los agentes directos de la Compañía Paseo Peruana eran Quirós, Guillermo Cochrane, Joseph Andrés Aetcher y D. T. Holland46 . La empresa se reorganizó en 1829 con la participaci6n de Gonzales Candamo, pero finalmente fracasó en 1833 47 . Quirós también se dedicaba a los negocios de importación de mercancías. En 1825 se le acusó de haber ingresado siete cajones de artículos españoles expresamente prohibidos por decretos de abril y mayo de 1825. Estos cajones habían llegado procedentes de Londres en el bergantín inglés Mackarell y. ante el peligro de decomiso, Quirós argumentaba haber pedido dichos artículos anles que los decretos se conociesen. En tercera instancia Quir6s será absuelto de los cargos48 . Sus actividades de importador y de intermediario de capitalistas ingleses le darán a Quir6s' la oportunidad de recuperar el terreno que perdió con el advenimiento de la independencia, convirtiéndose luego en uno de los principales exponentes de la clase comercial dominante, así como en un persistente acreedor del Estado entre los aflos de 1835 y 1855, como se puede apreciar en los cuadros 2 y 3. Por otro lado, Juan Bautista Andraca, uno de los grandes propietarios urbanos a fines de la época colonial, a quien se le intentó secuestrar 15 casas en 45.

46.

Ver San Cristóbal, E. Apéndice al Diccionario Iúst6rico·biográflCo tUL Perú (Lima: Imprenta Gil, 1935), pp. 159·160. También "Expediente sobre la Casa de PaSlI1lna (.... ) de supuesta propu:dad del emi~rado Francisco Quirós", Juzgado de Secuestros, legajo 2, cuaderno SI, año 1821, Tnbunal de Cuentas, AG : dato gentilmente proporcionado por Alberto Bores Gal.indo. Alvarez Mayorga, M. "Capilal comercial y capital industrial en la minería, sierra ceno tral siglos XIX y XX" (Tesis de Bachiller, Universidad de San Marcos, 1979), p. 56.

47.

Basadre, 1. IlllroducciófI a las bases documelllales para Perú (Lima: P.L V.• 1971), tomo l, p. 323.

48.

Quirós, F. Demos/racwfI legal que presenta el ciuóadaJw FraflCisco Quir6s sobre que es ifI(Jlterable la ulIleflcia prOflunciada efl lucera instancia absolutoria del comiso deflunCiada colllra el bergalllm inglés Mackanll (Lima: Impn:>lla Republicana, 1827),

p. 8.

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ECONOMIA y DEUDA INTERNA

4\

1821, fue también otro de los grandes beneficiados por la consolidación de 1850 al recibir 61 mil pesos en vales. Muchos de estos comerciantes y propietarios de origen colonial aparecerán entre los primeros nativos que otorgaron empréstitos, no siempre forzados, al Estado republican049 . Las deudas que el Estado tenía con acreedores que prestaban mayoritariamente, aunque no siempre, en efectivo, percibían un interés mensual elevado y el Estado se veía obligado a contraer y pagar puntualmente sus intereses y amortizaciones. Si no lo hacía, corría el riesgo de perder una fuente de financiamiento importante, una de las más necesitadas previas a la aparición del guano. Se trata de los créditos colocados en el ramo de arbitrios, Casa de Moneda y abonos de aduana, utilizando como garantías, respectivamente, el producto de los impuestos sobre mercadería internada (arbitrios), los derechos de acuñación y los derechos de aduana. El ramo de arbitrios 10 administraba el Tribunal del Consulado, amortizando mensualmente los créditos al mejor postor con la modalidad de propuestas cerradas. Luego el ramo de arbitrios se trasladó al de la Caja de Consolidación, junto con los créditos sobre la Casa de la Moneda, con preferencia en su amortización y pago de intereses. En el Archivo General de la Nación se puede verificar en la sección de libros manuscritos republicanos, una colección de cuentas corrientes de los empréstitos sobre el ramo de arbitrios entre 1838 y 1855. Así, es factible obtener infonnación de cómo fue evolucionando la inversión interna en deudas estatales y el nombre de los principales prestamistas que van configurando un importante sector del poderío económico de la época. Los cuadros 2 y 3 muestran a los principales acreedores componentes de este sector. Según estos cuadros, los grandes prestamistas en el ramo de arbitrios serán en su mayoría prácticamente los mismos que se pueden encontrar entre los encumbrados poseedores y negociantes de vales de consolidación entre 1852 y 1858. El caso de José Vicente Oyague, que de ser un acreedor de sólo 573 pesos en el período 1841-1843, y de 177,650 pesos al 1% de interés mensual en 1855, es el ejemplo más saltante del progreso de algunos comerciantes en su capacidad de realizar préstamos al Estado y obtener beneficios de ello. Otros personajes que incrementan sus créditos contra el Estado entre esos años son 49.

Ver más adelante, en el segundo capítulo, el caso del préstamo del 18 de setiembre de 1839 por 160 mil pesos otorgados, en parte, en valores de la deuda interna depreciados, que llegó a ganar un altísimo interes en sólo tres meses. También considerar los préstamos levantados en 1841, durante una conúenda entre caudillos , donde aparecen los nombres de Francisco Quirós, Nicolás Rodrigo, Manuel Bringas, Juan Bautista Valdeavellano, entre los principales prestamistas.

42

LA DEUDA DEFRAUDADA

Isidro Aramburú, José Canevaro, Ancelmo Centeno, Andrés Gamarra, Micaela Lozano de Blanco, y Meléndez y Castañeda50. Un análisis más profundo sobre estos acreedores sería muy útil para evidenciar cambios entre los principales poseedores de capital comercial antes y después de la aparición del guano; sin embargo, para los efectos del presente estudio, es suficiente la constatación de la existencia de privilegiados prestamistas entre los principales beneficiados por la consolidación. En conclusión, antes de la consolidación de 1850 se evidencia una predilección o favoritismo por concentrar la cancelación de la deuda interna entre acreedores que colocaron préstamos con sólidas garantías de rentas estratégicas del fisco. Estos prestamistas por lo general son personas ligadas a la actividad comercial, uno de los pocos rubros de la economía de la época con márgenes aceptables de ganancia y acumulación. Aquellos sectores ligados a la deprimida producción agraria, provincial o minera, obtuvieron una participación mínima en la por demás reducida satisfacción de la deuda interna antes de 1850. Eran sectores que demandaban patéticamente capitales para su reconstitución. El Estado no solamente se veía imposibilitado de satisfacer a estos secLores deficitarios en sus reclamos, sino que los relegaba aún más con su indiferencia y hasta los gravaba con impuestos excesivos. En consecuencia, los productores del sector agrario y minero recurren al endeudamiento con el sector comercial, cediendo muchos de sus derechos sobre la deuda interna y perdiendo en numer~ sos casos sus propiedades. Este fenómeno encuentra entre sus causas el carácter de empréstito forz~ so que originó los reclamos de la deuda interna por parte de hacendados, mineros, y propietarios provincianos. Este tipo de deuda era muy aleatoria y de difícil cancelación en circunstancias de pugnas entre caudillos y destrucción de pr~ piedades. Los empréstitos en los ramos de arbitrios, Casa de Moneda y aduana, eran por el contrario préstamos con la expectativa de obtener altísimos intereses. El aparato estatal sufría endémicamente de un desbalance presupuestal, y necesitaba urgentemente de financiamiento interno debido a su pésimo crédito externo. Los caudillos que se disputaban el control del Estado estaban dispuestos a acceder a las exigencias de prestamistas comerciales ante la carencia de capitales. 50.

Comparar con la siguiente relaci6n dc acreedores de la Casa de Moneda, en 1849, ante la propucsta del gobierno de trasladar sus créditos al ramo de arbilrios; "Raron de los acreedores a csta Casa por capitales que. reconoce a su favor, con pago de intereses": Alsop y Cía, Sra. Micaela Lozano de Blanco, José Campos, Santiago Campos, Ped ro Dencgri, losé FleiLSman, José María Galdeano, Ricardo Humpreis, Melcndes y Castañeda, Andrés Mena, Monlané y Cía., Emilio ora, José Vicente Oyague, Federico Pheiffer, Read y Cía. , Juan Rener, Andrés Reyes, Colegio de San Carlos, Miguel Winder; Manuscritos 1849, Dl646, B .

ECONOMIA y DEUDA INTERNA

43

Sin embargo, los préstamos con rentas fiscales poseían una cuota de riesgo debido a lo inestable de la situación política, aunque poco a poco los comerciantes nativos y extranjeros logran defender exitosamente sus inversiones al constituirse en el principal grupo de presión. Adicionalmente, el grupo de hacendados y mineros no constituyó un grupo políticamente poderoso como para presionar el pago de lo que se les debía. Los caudillos militares, al manejar en su favor la violencia institucionalizada, prefirieron beneficiarse ellos mismos de los exiguos fondos de la deuda interna antes de 1850 con adjudicaciones escandaloSas. A la vez, se aliaban coyunturalmente con los comerciantes-prestamistas para satisfacer sus necesidades monetarias inmediatas, sin dejar de abusar del sector productivo a sus anchas, continuando la política de empréstitos forzosos e impuestos asfixiantes. Finalmente, como se analizará en el próximo capítulo, este juego de intereses afectará decisivamente la evolución de la legislación de la deuda interna.

44

LA DEUDA DEFRAUDADA

CUADRO 2

Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1841-1843 (en pesos) Nombres de Acreedores

Aramburú, Isidro Alvarez Calderón, Franciscc Aranzaenz, Buenavenrura AIIier, Aquiles Blanco, Miguel Balega,Félix Buenamuerte, Convento Bringas, Manuel Campeo, José Comparet, Sebastián Canevaro, José Chumet Desfloses o B. Navejas Candamo, Pedro Gonzales Elías, Domingo Feyfer, Federico Fuente Hermosa, sus herederos García de la Plata, Manuel Garcia y Compañía Galdeano, José Maria Gil, Juan (por Roncal) Gibbs Crawley y Compañía Huth Gruning y Compañía Juan Fco. Izcue Iturregui, Juan Manuel Junín, Departamento de Lavalle, Juan Bautista Larragoitia, Rafael Lecuona, José Nic. Macall Y Compañía Navarrete, Ramón Ouirós, Francisco Revoredo, Felipe Romero y Compañía Roncal, Fermin. Rodrigo, Nicolás Ruis Dávila, Manuel Salvi, Pedro Salazar y Baquíjano, Manuel Santiago é hijo, su viuda Salinas, Antonio José Ma. Sotomayor Tracy, Samuel

Años del Reconocimiento

Saldo

Saldo

1841

1843

1834-38 1834-39 1835-37 1841 1834-37 1835-36 1839 1841 1834 1836-39 1835-36 1837 1841 1838 1836 1839 1835-41 1841 1834-39 1834-36 1835-38 1834-36 1834-39 1834-39 1834 1834-37 1834-39 1834-36 1837 1835-36 1834,37,38 1834-38,41 1834-36 1835-37 1839 1834-39 1834-37 1835-39 1836,38 1839,41 1835,36,41 1834-36

1,463 10,220 5.400 15,591 16,841 4,250 13,146 11,378 5,931 11,333 75 8,000 12,533 838 500 24,300 7,044 7,872 31,400 11,000 35,993 21,838 5,142 12,380 12,902 9,490 6,823 4,500 5,906 10,163 5,618 26,167 13,548 1,913 266 13,829 7,100 13,122 14,424 37,940 5,938 4,666

3,464 9,226 5,400

.

4,250 11,364 12,978 5,931 11,333 75 8,000 12,533 838 500 24,300 10,994 1,451 32,400 11,000 35,993 11,138 5,142 12,380 8,660 9,490 923 2,500 5,906 10,843 5,618 26,167 15,558 12,913 2,475 13,829 9,600 12,585 14,424 10,000 7,164 4,666

Intereses: % mensual 1, 1.5 2, 1.5 1.5 1 2 2 1, 1.5 1 2, 1 1.5 1, 2 2 1 2 2 1, 1.5 1.5 1 1 2, 1 1, 1.5 1.5 1.5, 2 1.5 1.5 1.5 2, 1.5 2, 1 2 1, 2 1, 1.5, 1 1.5, 1 1, 1.5, 2 1.5 1, 1.5 2, 1 2, 1 1 1, 2 1 2, 1 1.5

ECONOMIA y DEUDA INTERNA

Ugarte, Mariano Miguel Waddington, Josué Thome y Compañía, Rollin Colina, Narciso Castillo, Francisco Gallo, María Antonia Castillo, Manuel Comparet, su testamentería Blanco, su testamentería Hegan-Hall y Compañía Templeman y Bergman Oyague, José Vicente Suma (principales acreedores) Total de acreedores del que se sacó la muestra: 553

45 1840 1839 1835-41 1841 1839 1839,41 1839 1834-39 1834,36,37 1834-36 1835,39 1837-38

24,621 7,791 5,142 6,421 12,646 12,646 12,646 14,358 17,341 4,666

24,621 7,791 9,142 6,421 12,646 12,646 12,646 14,358 17,341 4,666

8,086

8,086

573

573

595,720

534,948

1.5 1, 1.5 1 1 1 1

1.5 1.5 1.5, 1 1, 1.5 0.5

• Subrogados a Felipe Revoredo . •• Cancelada. Fuente:

·Ubro de cuentas corrientes de los empréstitos sobre el ramo de arbitrios·, Ubros Manuscritos Republicanos, año 1843, H-4-1849, AGN.

46

LA DEUDA DEFRAUDADA

CUADRO 3 Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1852, 1853, 1855 (en pesos) Intereses Nombre de Acreedores ArambuIÚ Isidro Alison Cumberlegue y Cía. Allende, María Abadla, Pedro Bringas, Manuel Buenamuerte, Convento Barrera, Lino; testamentería Bryce, Juan Bulnes, Manuel (general chileno) Campeó, José Candamo, Pedro Gonzales Canevaro, José Centeno, Ancelmo Calderón, Juan de Dios Charon, Melchor Comparet, Sebastián Cruz, José María Cruz Carrasco, María Cucalón, Antonio Denegri,Pedro Fuente Hermosa, herederos Fleifman, José Ferrocarril, Empresa Garcíay Calmet Galdeano, José María Garrido, Victoriano Gallagher, Juan Gamarra, Andrés Gibbs, Guillermo Gutierrez de la Fuente, Antonio Heroward, José Jaramillo, Antonio Lozano de Blanco, Micaela Larratea, Juan José Lazo, Benito Martínez, Mercedes Melendes y Castañeda Montané y Cia. Navarrete, Ramón Puch, Cruz Oyague, José Vicente Prevost Stanope O'Brien, Juan Olavegoya, Demetrio

1852

1853

1855

% mensual

16,200

9,750 6,000 9,450 1,100 9,100 8.150 2,850 4,500

3,600 6,000 9,450 1,100 9,100 8,150 2,850 4,500 50,000

34,100 1.150

2,250 7,300 20,750 1.150

2,250 2,000 20,050 1,150

1, 0.75 0.5 0.75 0.75 1 1 0.75 0.75 0 .75 1 1, 0.5 1 1, 0.75 1.5

18,300

13,700

13,700 30,000

14,600 18,450 23,350 29,500 27,500 29,100

21,500 17,400

9,450 1,100 9,100 8,150

9,250 2,250

17,800

20,350 20,000 6,400 79,200 35,900 13,050 15,000 5,959 31,400

11,950 15,650 21,400 13,650 9,450 19,350 6,500

29,100 10,150 10,000 20,000 6,400 67,800 25,600 7,300 10,000 28,150 54,650 5,000 11,950 12,550 20,500 13,650 5,350

17,400 29,100 10,150 20,000 61,850 17,550 10,000 10,000 54,650 11,950 13,950

117,650 5,500 8,750 1,950

1.75

1 1 1.75 1 0.75 1.5, 0.5 1 0.75 1 0.5, 1 1.5, 1 1 1 1, 0.5 0.75, 1 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1,0.75 1

ECONOMIA y DEUDA INTERNA

Quirós, Francisco Revoredo, Felipe Roncal, Fermín Rodrigo, Nicolás Ruiz Dávila, Manuel Río, Manuel Rei Riesco, Ignacio Romero, vda. de Salazar, Manuel Seminario, Miguel Severin,Enrique Templeman y Bergman Tristán, Plo Tristán, Victoria Tristán, Francisca Tristán, Josefa Tapuc, Feligreses Tagle de Zevallos, Josefa Thorne, Rollin Ugarte, Mariano Miguel Winder, Miguel Suman (principales acreedores) Total deuda arbitrios

47

14,850 32,650 14,550 10,500 13,350 6,900 20,500 24,100 8,000 7,500 6,850 10,700 46,600 8,000 15,500 7,100

9,850 32,650

9,850 32,650

0.5, 1 1 1 0.75, 1 1 1 1 1 1 1

42,600

0.75, 1

13,350 5,000 11,800

42,600 15,000 8,100

63,000 28,650 69,300

31,800 28,650 54,200

985,350

740,350

1'266,445

990,050

36,650 15,850 41,000

1 1 0.75,1

736,500

Fuente: "Manual duplicado de la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado, años 1852 y 1853", Ubros Manuscritos Republicanos H-4 1986/1995. AGN. "Auxiliar principal del ramo de arbitrios en la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado", Ubros Manuscritos Republicanos, H-4-2019, AGN.

49

Capítulo 2 LA LEGISLACION DE LA CONSOLIDACION El análisis de la legislación de los gobierno republicanos de la primera mitad del siglo XIX nos muestra que éstos tuvieron presente, en teoría, la necesidad de indemnizar a los propietarios afectados por las contiendas de la emancipación y, en general, tratar de reconstituir las bases materiales de una determinada parte de la sociedad peruana de la época. La argumentación oficial de este reconocimiento de deuda del Estado a particulares sustentaba que la contribución de la independencia, llevada a cuestas por sólo un sector de la sociedad, debía repartirse entre todos los individuos que la componían. Uno de los ministros de Hacienda del segundo gobierno de Castilla, Manuel Ortiz de Zevallos, decía lo siguiente acerca del principio de repartir las pérdidas de la independencia entre todos los peruanos, en un discurso ante la Convención Nacional de 1857: "Reconociendo pues este principio, todas las instituciones que han rejido en la República lo han consagrado como una base fundamental: han garantido la deuda pública. y han atribuído al poder legislativo la facultad de reconocer, consolidar y fijar los términos de pagar la deuda pública. Establecida se hallaba también esta base en la Constitución de 1839 que rejía cuando se sancionó la ley de 11 de Marzo de 1850.. ."1.

El reconocimiento de la deuda interna estaba pues en las mismas bases constitutivas del naciente Estado Republicano. Sin embargo, debemos precavemos y considerar que detrás de esta argumentación oficial, que tenía su contrapartida en posiciones de contemporáneos opuestos al reconocimiento de la deuda interna2, subyacía una corriente de intereses ligados a los propietarios de 1.

El Peruano, tomo 32, N" 62, 16 de mayo de 1857.

2.

Acerca de la falta de validez de la indemnización de la deuda interna mediante la consolidación, Fernando Casós, argumenta: "¿En qué parte de la tierra una nación se paga a sí misma sus esfuerzos para sacudir el pupilaje, la humillación y su esclavitud? ¿Revela la historia un ejemplo semejante? (... ) ¿No era un deber la asociación jeneral de los peruanos pa.ra adquirir su propia independencia? (... ) Todos estuvimos en un tiempo obligados a contribuir en común para expeler un gobierno que no nos convencía, ni tenía origen de derecho. Pero como en toda sociedad hay ncos y pobres, cada individuo contribuyó por su parte con los elementos de que disponía; el rico puso su contingente fortuna, porque no quilo exponer su persooa; el pobre que no disponía de nada pus