La autocracia fujimorista : Del Estado intervencionista al Estado mafioso

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HENRY PEASE GARCÍA LA AUTOCRACIA FUJIMORISTA Del Estado intervencionista al Estado mafioso

INTRODUCCIÓN

En este libro pretendemos estudiar el régimen político que, partiendo del gobierno constitucional de Alberto Fujimori, inaugurado en julio de 1990 tras una elección en dos vueltas que se dio dentro de los cauces de la Constitución y la ley vigentes, se convierte en un régimen autoritario paso a paso, incluyendo el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 y muestra su carácter mafioso años después. El subtítulo pone énfasis en el cambio operado no solo en el nivel del régimen político, sino también en la forma de Estado, particularmente en lo que se refiere a la relación política-economía. Cae el Estado intervencionista diseñado durante el gobierno militar de Velasco Alvarado y mantenido durante la década de los 80 en un claro proceso de descomposición. No nos referimos solo a los rasgos de la Constitución de 1979, sino a la práctica producida en los dos gobiernos de esa década, el primero de los partidos Acción Popular y Popular Cristiano (AP-PPC) que pretendió desmontarlo en su práctica antes que en sus leyes y el segundo, del partido aprista (PAP), que enfatizó sus rasgos populistas hasta llegar a la crisis con la hiperinflación más grande de nuestra historia. El énfasis que ponemos en el régimen político, para examinar cómo se estructura el poder y cuál es la coalición que se forma, cómo opera y cuáles son los círculos concéntricos en que se desarrolla su poder operativo, no puede entenderse sin una referencia a la forma de Estado para ver el vínculo entre Estado y Sociedad y entre política y economía. Hay una perspectiva de cambio y continuidad en el proceso político peruano que me hace ver al fujímontesinismo como algo que no es enteramente nuevo, que es una caricatura o exageración de la realidad precedente y, por eso, los elementos procesales, en lo que tienen de cambio y continuidad, tienen que ser rescatados.

En esta perspectiva, en primer lugar, nos preguntamos por la democracia precedente. ¿Qué es lo que se vino abajo el 5 de abril? Pero no solo para ver cómo en los dos años previos se preparó el autogolpe, cuestión que tratamos en Los años de la langosta. También para examinar sociedad y política desde la transición anterior que tan precaria democracia llegó a generar y que no fue ajena a las corruptelas y elementos de descomposición que el fujímontesinismo convierte en su esencia. En segundo lugar, caracterizamos el régimen político peruano en la década de Fujimori. En tercer lugar, explicamos cómo se deformó la institucionalidad en la citada década mostrando la operación de la coalición dominante. En cuarto lugar, hacemos una reflexión sobre la antipolítica y la transición a la democracia que se abre el 2000 y que, en nuestro concepto, no ha concluido. Finalmente, proponemos conclusiones para que la historia no se repita. Expresamos nuestro agradecimiento a los doctores Máximo Vega Centeno, decano de la Escuela de Graduados, quien presidió el Jurado de la tesis doctoral que origina este libro; Enrique Bernales, Sinesio López y Augusto Castro, profesores y colegas en la Escuela de Graduados, por su apoyo, sus ideas y cuestionamientos en este trabajo. Un agradecimiento especial a Catalina Romero, por su aliento e iniciativa, otra vez. A Rocío Verástegui y Hernando Arizabal por su aporte a la investigación. A Yolanda Marina y Soledad Cabanillas, a Alberto Adrianzén, Luis González Norris y Pablo Palomino que, además de apoyarme en todas mis labores en el Congreso, soportan mi ritmo de trabajo. 1. ¿QUÉ DEMOCRACIA ES LA QUE CAE EL 5 DE ABRIL DE 1992? Desde 1982 se habían sucedido dos gobiernos democráticos que actuaron dentro de las normas de la Constitución y Presidieron elecciones generales municipales y la primera de las primera de la regionales dentro de los mínimos normales en una democracia. Puede decirse bien que la democracia política funcionaba en tanto método para elegir gobernantes, aunque ciertamente como en gran parte de la región, con grandes limitaciones.1 Se había cumplido con los requerimientos de Huntington2 sobre el punto de llegada de una transición, mas con el establecimiento de una poliarquía, que seria el nivel mínimo desde el cual se podía encaminar a una democracia consolidada. Teníamos como afirmaría O’Donnell, una democracia delegativa al estilo de otros países luego de las transiciones en Latinoamérica. Pero el 5 de abril de 1992 hubo un autogolpe dado por Alberto Fujimori, Presidente Constitucional elegido en 1990, tres generales y un almirante que comandaban el Ejército, La Aviación, La Policía y La Marina de Guerra. Todos ellos nombrados por Fujimori con el asesoramiento de Montesinos, tras defenestrar a sus antecesores. La década de los 80 permitió una continuidad en la práctica de los movimientos sociales populares que fue clave para la caída del gobierno militar de La década anterior. Esta, sin embargo, quedó severamente afectada por la larga 1

Especialmente para el acceso de las fuerzas políticas a los medios de comunicación social más sostificados para el pleno ejercicio de condiciones de ciudadanía ante las fuerzas del orden. 2 Esto es, haber tenido ya un segundo gobierno elegido por sufragio directo en el cual otro partido distinto al primero asume el gobierno y este lo entrega prácticamente, a su vez, al ganador de las elecciones. Huntington, Samuel P. La tercera ola. La democratización a finales del siglo “XX”, p.239.

crisis económica que destruía empresa y empleo, ciertamente también poder sindical y, en particular, por el actuar del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, creciente en la década, así como por la respuesta militar que se le daba. En la democracia que precede al 5 de abril esta participación con alta movilización, fue clave desde su origen en los paros nacionales que habían arrinconado a la dictadura. Pero al igual que el Estado, cuyo desborde fue evidente, y la economía, deteriorada, junto con las capacidades estatales hasta extremos impresionantes, todo correspondía a una decadencia y la apertura de una crisis multidimensional.3 Lo que cae el 5 de abril de 1992 es una democracia bajo tutela militar, que comenzó a funcionar débilmente desde 1980 tras una transición que mantuvo la cuota de poder de las Fuerzas Armadas que gobernaron los doce años previos. Democracia débilmente institucionalizada, con partidos en crisis y un sistema de partidos embrionario donde primaba la lógica de una radical confrontación. Estábamos acosados por una crisis económica recurrente por lo menos desde 1975- y por la subversión terrorista frente a la cual el Estado venía fracasando en más de una década. En La cultura política la idea democrática solo se asentó durante el siglo XX como un método para elegir gobernantes, la mayoría de ellos atrapados en una concepción en la que gobernar es mandar, donde, como máximo, democracia implicaba algo más de permisividad pero recurrentemente la política contenía como en los tiempos oligárquicos un orden de exclusión en nombre de diferencias económicas, étnicas y raciales; aunque mucho hubiera sido recientemente removido con la migración masiva que cambió el rostro de Lima y otras ciudades y con la reforma agraria que acabó con los grandes terratenientes expresados en el poder regional y local.

Capítulo 1 3

Pease García, Henry. Los años de la langosta. La escena política del fujimorismo. Lima: IPADEL, 1994 Véase el capítulo III: «La crisis multidimensional del Perú de los 80».

LA TRANSICIÓN DEL GOBIERNO MILITAR A LA DEMOCRACIA TUTELADA Sobre los rasgos y límites de la transición iniciada en 1978 escriben Julio Cotler,1 Sinesio López2 y Nicolás Lynch.3 Cotler menciona el resurgimiento de antiguas prácticas y estructuras políticas antagónicas y exclusivistas en 1980, durante la transición; atribuyéndolo a que luego de las elecciones de 1980 -en las que Belaúnde gana con un 45% frente al 27% del partido aprista- la transferencia del poder a los civiles no se realizó basándose en pactos. Para Cotler, los pactos habrían facilitado una interacción pluralista de las fuerzas políticas. Sinesio López escribe sobre una transición institucional semi-negociada en la cual los partidos jugaron un papel importante, pero encuentra el límite en que la izquierda no quiso participar y no jugó a la transición. Lynch va más allá y señala la existencia de dos conceptos de democracia en los actores que eran La oposición al gobierno militar: los partidos tradicionales veían La democracia como representación, entendida como individuos que periódicamente eligen a sus gobernantes para que mantengan un orden que garantice propiedades y jerarquías, y la sociedad civil popular que veía la democracia como participación, entendida como presencia activa en las movilizaciones, garantías de parte del Estado, así como satisfacción de demandas económicas y sociales.4 Martín Tanaka5 no trata de los límites de la transición, pues no forma parte de su análisis, explica que son tres grandes tradiciones partidarias con orígenes en los años 20, las que se disputan la hegemonía del país luego de una dictadura que no logró consolidar un nuevo orden alternativo al oligárquico. Ve la transición como un terreno fértil para apuestas y utopías. Fernando Tuesta,6 por su lado, enfatiza que las instituciones políticas se tornaron relevantes durante los procesos de consolidación democrática de ios 80 y encuentra que la democracia se refundo con cambios institucionales aislados, contradictorios e ineficientes. En efecto, aunque ya en el mundo los mecanismos de participación directa se abrían camino y aunque en la experiencia peruana, entonces reciente, se había trabajado mucho en la perspectiva de mecanismos de participación más directa, la Asamblea Constituyente de 1978 se negó a incorporar siquiera algunos, como lo demandaba esa dividida izquierda que alcanzó el 30% de sus escaños pero que representaba a los movimientos sociales populares que los partidos más antiguos se prestaron a derrotar de la mano de los militares en la misma transferencia. Así lo reconoce Marcial Rubio al escribir en el primer número de la revista QUE HACER de DESCO, a mediados de 1979: 1

Cotler, Julio. «Political Parties and Problems of Democratic Consolidation in Perú». En: Mainwaring (eds.). BtdldmgDemocratic Systems in Latín America. Stanford University Press, 1995. 2 López Sinesio. «Perú, golpe, democradura y democracia». En Cuestión de Estado n° 4-5 set-oct. Lima: IDS, 1993. 3 Lynch Nicolás. La transición conservadora. Movimiento Social y Democracia en el Perú 1975-1978. Lima: El zorro de abajo ediciones, 1992. 4 íb., p.41. 5 Tanaka, Martín. Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partí-dos en el Perú, 1980-í995 en perspectiva comparada. Lima: IEP, 1998, p.16. 6 Tuesta, Fernando. «El impacto del sistema electoral sobre el sistema político peruano». En: Tuesta (ed.). Los enigmas del poder (Fujimori 1990-1996) Lima: Fundación F. Ebert, 1996.

Finalmente, la Constitución pretende desconocer el ejercicio efectivo de los derechos políticos del pueblo, al relegarlo al lugar de simple «elector» de representantes que, una vez elegidos, actúan y toman decisiones a su libre arbitrio, es decir, según los intereses de sus grupos de presión, sin que el pueblo tenga mecanismos para intervenir y enmendar las decisiones de quienes traicionan las promesas hechas.77 Hacia una democracia tutelada En un trabajo hecho para prologar la primera edición del libro de M. Rubio y E. Bernales Constitución y Sociedad Política, sintetizo el proceso dado en la llamada transferencia del poder a la civilidad. Bajo el subtítulo Del Ocaso del Poder Oligárquico al amanecer del Estado Moderno señalo los límites de los partidos y cómo estos regresan sin mayor cambio tras doce años en que mucho cambió en el Perú. Observo que un apoyo masivo pre supone un proyecto hegemónico que vaya más allá de la coyuntura y sus débiles promesas y doy cuenta de cómo en el proceso constituyente se Ka asentado la cuota de poder de los militares como alternativa al frágil régimen democrático que nacía. Luego desarrollo, en sucesivos trabajos, lo que denomino «democracia tutelada» o «democracia bajo tutela militar», algo que recuerda al trato a los menores de edad y que no tiene mucho de imaginativo, aunque sí de realista, dado que las mismas Fuerzas Armadas aquí se definen constantemente como «instituciones tutelares».8 Aun antes, esta era la marca de fábrica de la transferencia del poder a la civilidad de la que hablaba el general Morales Bermúdez. En 1979 sostuve: Al cabo de doce años de gobierno, los militares volverán a sus cuarteles en julio de 1980, pero serán indudablemente una parte importante del poder político de este país y no simplemente un aparato ejecutor, subordinado al gobierno. Más aún, nada asegura que no puedan retornar a este luego de un período más o menos largo. Han sido alternativa de gobierno en el pasado oligárquico y aunque ahora la estructura de poder es más compleja, las dificultades de una neta hegemonía en el campo burgués, la mediocridad de los partidos en la conquista de las masas, y la 3 propia insurgencia popular, resultado de un sistema político endeble -reflejado en la propia Constitución- que fácilmente puede voltear el aparente espíritu democrático que ahora asumen algunos sectores burgueses. Y en ese campo los militares no son ni simples ejecutores ni convidados de piedra, menos aún cuando tienen una larga experiencia en la administración del Estado.99

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Rubio Correa, Marcial. «La nueva Constitución: ¿carta magna o carta blanca?». QUEHACER n.° 1, revista del Centro de estudios y promoción del desarrollo, Lima, DESCO, noviembre 1979. 8 Pease García, Henry. «La Constituyente de 1979 en el proceso político peruano». En Rubio y Bernales. Perú: Constitución y Sociedad Política. Urna: DESCO, 1981. 9 Pease García, Henry. «Transferencia: presente, futuro y posibilidad». En: QUEHACER, Lima, n.° 1, revista del Centro de estudios y promoción del desarrollo: DESCO, 1979.

Entonces, Sendero Luminoso no era parte del análisis en la escena política, pero la precariedad de la transferencia con relación a lo que ocurría en la sociedad civil y en el poder militar era evidente para nuestro análisis. El análisis de todo el proceso de transferencia llevaba necesariamente a ver sus orígenes no solo en la agudización de las contradicciones castrenses que analicé en mi primer libro,10 que hacían ridícula la reiterada «unidad de la Fuerza Armada», sino en la dinamización de los movimientos sociales populares, en protesta frente a la crisis que se abría desde la economía y la frustración de las reformas. A pesar de la profunda crisis económica y política -que con el embate popular tocó fondo en 1977 y 1978- el gobierno de Morales Bermúdez logró finalmente imponer la transferencia gradual y construir para la burguesía un régimen político viable. Para ello debió asegurar tres objetivos entre 1977 y 1980: encauzar la política de estabilización económica, superando el punto más bajo de la crisis; lograr la renegociación de alianzas burguesas, ganando tiempo preciso para que sus viejos partidos remocen la fachada; y derrotar al movimiento popular que insurgía amenazante desde fines de la primera fase.11 Como luego señalaría de manera coincidente Lynch, la transferencia se hizo contra ese movimiento popular que en oleadas incubaba a los partidos de izquierda, enfrentados entre sí, ocupando parte significativa del escenario, no menos del 30% de los votos que se dieron para la Asamblea Constituyente de 1978. Las alianzas dentro de la Asamblea solo incluyeron al partido aprista y al PPC. Las conversaciones de Morales Bermúdez tuvieron en el primero a un interlocutor privilegiado pero se ampliaron al PPC y Acción Popular aunque este en gesto altivo que le dio mucho rédito en la coyuntura, no participó en las elecciones de 1978. La participación de los partidos de izquierda en esas elecciones sí fue un hecho significativo, porque era el primer paso para integrarse al sistema democrático que antes del 68 los excluía y que en su insurgir de los 70 no existía. No lo hicieron ni Patria Roja -que sí lo hizo en 1980- ni Sendero Luminoso, variante del maoísmo que ya sabemos en 1980 optó de verdad, no solo de palabra, por la lucha armada con un claro corte terrorista. El nuevo régimen político se construye a partir de una estrecha vinculación con los mandos de la Fuerza Armada y deja intocados en esta los roles tutelares que le permiten ser la alternativa política en caso necesario. Belaúnde [...] confirma este derrotero hasta el extremo: mantiene en sus puestos a los tres comandantes, hoy la junta, y les da voz en la búsqueda de los tres ministros castrenses. Es lo que puede llamarse la democracia tutelada, siendo la cútela su reserva para que en los años en que el desgaste de un hueco populismo verbal empantane y aísle al gobierno.1212 10

Pease García, Henry. El Ocaso del Poder Oligárquico. Lucha política en la escena oficial 1968-1977. Lima: DESCO, 1977. Pease García, Henry. «Tras la máscara demoliberal, el proyecto transnacional». En: QUE HACER, Lima, nº 5, revista del Centro de estudios y promoción del desarrollo: DESCO, junio 1980, p. 5. 12 Ib., p.6. 11

Esta noción la voy desarrollando en sucesivos textos y sostengo que se plasma en la Carta de 1979, pero también más allá de ella. Es obvio que los mandos militares no tienen hoy el amplio margen, de autonomía que permitió a Velasco actuar entre 1968 y 1973 decreciente a partir de entonces y claro está que las funciones de legislar y gobernar se cumplen ahora con distinto personal político, al menos por un tiempo. Pero ha quedado reforzado el carácter tutelar de estas instituciones que supone una efectiva intervención política y una ampliación de las nociones de defensa y seguridad nacional obteniendo un tratamiento en el nuevo gobierno, que las consagra como un Estado dentro del Estado. Esto es particularmente significativo dado que no hay comparación posible -cuantitativa y cualitativamente entre el peso, la organización, la disciplina, la formación de cuadros y la capacidad de conducción existente en la Fuerza Armada y el resto de instituciones políticas -partidos y aparato estatal incluidos; con esto hacemos referencia no solo al plano militar sino al conjunto de recursos y a los servicios que al decir del General Morales Bermúdez hacen un «permanente análisis de la situación del país».13 (Obvia referencia al Servicio de Inteligencia Nacional SIN y sus equivalentes en cada Instituto castrense así como al CAEM y otras instancias.) En las intervenciones del presidente Morales Bermúdez que tratan de «parametrar» la Asamblea Constituyente hay muchos elementos de lo que las FF.AA. de entonces entienden por tutela militar, y que varios sectores políticos aceptan sin chistar. El mismo sustenta la ampliación de esa misión tutelar «asignada a la Fuerza Armada» y la presenta con explícita capacidad deliberante. Hubo una famosa frase del general, al finalizar 1977 que, aunque aparentemente enigmática, tenía bastante de verdad: sostuvo que habría transferencia de gobierno, no de poder y suscitó un terremoto de respuestas.14 Un poco después, en otro libro que comienza formulando un balance, señalo los rasgos resultantes de la transferencia tras el decenio militar. En estos se puede ver la herencia autoritaria además de los límites planteados por todos los autores citados- que influye en el curso de la transición y en el fracaso de su consolidación en perspectiva democrática.15 Los militares no salieron derrotados, lo que implicó un fortalecimiento de la clase dominante en su conjunto y la presencia de la tutela militar, incluyendo su posibilidad de ser alternativa de gobierno. El movimiento popular sufre derrotas parciales pero importantes. Aún así, luego de la transición, la izquierda seguirá contando con presencia en el movimiento sindical y llega a alcanzar representación parlamentaria mayor 13

Pease García, Henry. «Perú: del reformismo militar a la democracia tutelada». En: Pease et al. América Latina 80: democracia y movimiento popular. Lima: DESCO, 1981. 14 Pease García, Henry. Los Caminos del Poder. Tres años de crisis en la escena política. Lima: DESCO, 1979, pp. 332-333. 15 Pease García, Henry. Un Perfil del Proceso Político Peruano. A un año del segundo Bekmndísmo. Lima: DESCO, 1981.

a la del pasado. Se mantienen las condiciones de polarización social precedentes, la política económica las alienta. En la polarización política con que se abren los 80, influye la presencia de la izquierda que no se sintió parte del pacto entre el partido aprista y el PPC en la Constituyente de 1979; influye en el comportamiento del empresariado y los partidos más conservadores el proceso vivido desde 1968, y en este extremo se usa a Sendero Luminoso para acabar con la izquierda, ampliando el campo enemigo desde principios de la década. Este fue un factor que impidió una evaluación más objetiva del terrorismo y restó eficacia a la respuesta. Los partidos políticos son fundamentales para consolidar la transición. En este caso la herencia de doce años de dictadura dificultó la organización partidaria, la interacción entre partidos y la capacidad de gobierno. Si se le suma la crisis pre' cedente y su débil estructuración en todo el siglo, así como el discurso antipartido del velasquismo presente también en los movimientos sociales- el cuadro que inaugura los 80 no es prometedor. [...] los partidos existentes en la década de los 80 [...] quedaron fuera de juego durante doce años de dictadura militar entre 1968 y 1980 [...]. El discurso antipartido del general Velasco (1978-1975) no era menos duro que el de Fujimori en los años 90 y ambos recogían el estado de ánimo popular, porque el 68 los partidos vivieron también una profunda crisis [...]. Pero los partidos que existían en los 60 regresaron a la vida política sin mayores cambios programáticos o ideológicos, con los mismos líderes, con más canas y más mañas [...]. Es que los tiempos de exclusión no ayudan a cambiar a los partidos, más aún, confirman a sus viejas dirigencias porque estas no pueden ser cuestionadas por sus partidarios cuando están perseguidas o amenazadas. Congelaron así el cambio que los partidos políticos requerían al quebrarse el orden anterior [...].16 El agotamiento del Estado Intervencionista El agotamiento del Estado Intervencionista impuesto por los militares del 68 y de su versión constituciónalizada en la Carta de 1979 es un ingrediente de la transición que analizamos, aunque para otros es un componente de la fase de consolidación. Una forma de Estado que para muchos observadores liberales fue presentada como comunista la caractericé así -como Estado Intervencionista en los 70 cuando era evidente que se acentuaron, hasta transformarlos, los rasgos del Estado promotor precedente que, desde por lo menos 1957, recibió la presión del empresariado privado urbano y antioligárquico para mantener con sus inversiones el nivel de la actividad económica frente al declinamiento de la inversión minera del exterior y la creciente inestabilidad de los precios de los productos de exportación.

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Ib., pp. 63-65.

El Estado oligárquico como forma de dominación parece así cancelado. Ha cambiado la composición y características de la clase dominante, eliminándose o reduciéndose así a su mínima expresión el poder de las fracciones oligárquicas que primero lo definieron y luego en decadencia, durante la larga crisis 1956-68 impidieron, por empate, la hegemonía de la fracción industrial moderna y con proyección al mercado interno. Ha cambiado también la base de relación de lo económico y lo político: este no es un Estado gendarme, sin poder de intervención en la economía. Tampoco es el Estado promotor pero aún liberal, que propugnaba la fracción industrial en la década del 60. Es un Estado interventor, gestor directo, empresario y centralista, con peso definitorio en la economía y grupos sociales aparentemente dispuestos a defender el poder que les confiere la gestión de ese poder económico.1717 La Constitución de 1979 fue un pacto de dos partidos: aprista y popular cristiano, con el apoyo desde fuera de Acción Popular y la autoexclusión de las izquierdas que, aunque participaron de la Asamblea Constituyente, no firmaron la Constitución. El gobierno militar que organizó la transferencia demandó reiteradas veces la inclusión de sus reformas y algo consiguió, pero lo esencial, más que el texto constitucional, era la realidad del Estado que pasaba a manos del nuevo gobierno de Fernando Belaúnde: un Estado empresario, de amplio espectro, que no fue desmontado en la década de los 80, sino bajo el fujimorismo, aunque tuvo en el gabinete de Manuel Ulloa una política de apertura neoliberal y una prédica que la impulsara incluso con la presencia de Milton Friedman y Frederic von Hayeck en persona. Tras la sustitución del Estado Oligárquico, la burguesía beneficiaria tiene un escuálido liderazgo político y es marginal en la economía que comienza la globalización. Solo a fines del gobierno aprista tras la nacionalización de la banca en torno al liderazgo de Mario Vargas Llosa, parecieron comprender algunos empresarios que tenían que entrar directamente a la arena política que con desdén aristocrático despreciaban desde tiempos oligárquicos. El primer intento neoliberal encabezado por el ministerio de Manuel Ulloa en 1980 había fracasado, enfrentado con buena parte del propio empresariado y combatido por el partido aprista, la Izquierda Unida y el movimiento popular. No olvido un Seminario en DESCO sobre estrategias y políticas de industrialización, donde pregunté al empresario representante de la Sociedad Nacional de Industrias, por qué apoyaba un proyecto de ley de industrias muy parecido al velasquista gobierno que tanto combatieron me contestó con franqueza: «¿Quién le ha dicho que solo los sociólogos y los políticos pueden hacer autocrítica?». Es que estábamos en el tiempo en que muchas empresas comenzaban a cerrar frente a la abrupta entrada de la competencia exterior y eso hacía rechinar con mucho ruido los engranajes empresariales. Tras Ulloa no hubo rumbo económico claro en el segundo belaundismo. Las presiones locales no eran las únicas. El FMI «agarró viaje» para imponernos el pago de la deuda desde 1982 y toda la región tambaleó. Los dos primeros años de 17

Pease García, Henry. El Ocaso del Poder Oligárquico. Lucha política en la escena oficial 1968-1975. Lima: DESCO, 1977, p. 214.

Alan García fueron una verdadera luna de miel con el empresariado local. No hay que olvidar a «los doce apóstoles de la economía», frase acuñada en ese contexto. Los años finales de ese gobierno son lo único que hoy se recuerda, lo que impide una evaluación de conjunto centrada no solo en un actor. La luna de miel, que lo fue con las masas también, acabó abruptamente como cuando la amada descubre la primera amante-con la nacionalización de la banca, verdadera huida hacia adelante de Alan García cuando vio que se derrumbaba el escenario de su política suicidamente cortoplacista iniciada con éxito en 1985.18 El desborde del Estado que describió a tiempo José Matos Mar19 se expresa en toda la década del 80, más aún cuando se agudiza la crisis por las presiones para el pago de la deuda externa que desestabilizan a toda América Latina desde 1982 y llevan a la inviabilidad al Estado intervencionista. Hay un deterioro evidente en Educación, Salud y Vivienda que toca a la vida cotidiana de la gente y se aprecia desde fines del velasquismo en un Estado que pretende invertir en todo. Toda la década de los 80 vive la descomposición de las empresas públicas con diversos ejemplos de corrupción acumulada. El gobierno de Alan García, que encantó en la coyuntura de los dos primeros años, termina en hiperinflación con cifras que no solo golpearon al partido aprista de entonces, sino también al Estado intervencionista heredado. Los partidos e instituciones del Estado llegan así a una crisis global que se expresa en la violencia terrorista y de una respuesta estatal con verdadero terrorismo de Estado y de la crisis del modelo de desarrollo imperante, que Tanaka llama modelo estadocéntrico.20 La tutela militar de la democracia fue desestabilizadora de esta. No fueron simplemente excesos, sino una concepción antidemocrática violatoria de valores esenciales de la democracia lo que definió la respuesta estatal a Sendero Luminoso y el MRTA en la década de los 80 y en la de los 90. Y el Estado intervencionista terminó siendo inviable no solo porque en la década del 80 los que lo heredaron de los militares lo manejaron sin cambiar su esencia incluso contra su prédica particular en tanto partidos, sino porque su existencia no era compatible con lo que cambiaba fuera del Perú y también dentro, en una sociedad donde más y más peruanos querían un espacio propio para construir su destino. Retomando a Sinesio López quien nos recuerda planteamientos de Huntington en 1992 para tas consolidaciones democráticas, vemos ocho tipos de problemas contextúales que presenta el Perú de los 80: (1) insurrecciones de gran envergadura; (2) conflictos étnicos y raciales; (3) extrema pobreza; (4) desigualdades económicas importantes; (5) inflación crónica; (6), deuda externa importante; (7) terrorismo sin insurrección (en el caso peruano fue con insurrección); y (8) excesiva participación del Estado en la economía. López sostiene que: [...] los gobiernos y los partidos no pudieron resolver los problemas de la herencia autoritaria velasquista que erigía a los militares en pretores del 18

Pease García, Henry. Democracia y precariedad bajo el populismo aprista. Cuadernos DESCO 12. Lima, 1988. Matos Mar, José. El desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980. 7a edición. Lima: CONCYTEC, 1988. 20 Tanaka, Martín. Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de paridos en el Perú. Lima: JEP 1998. 19

orden interno en situaciones de emergencia, ni pudieron consolidar las instituciones estatales, sino que introdujeron más bien una aguda desinstitucionalización con su incapacidad para enfrentar y derrotar al terrorismo y para resolver la contradicción estructural entre las presiones internas por mayor distribución y democracia y las presiones internacionales por el pago de la deuda y el cambio del modelo de desarrollo, ni lograron tampoco que el pluralismo polarizado de los partidos del 80 desarrollara un poderoso centro político que neutralizara a las fuerzas centrífugas.21 ¿Fracasó la transición o la consolidación democrática? Definitivamente la transición a la democracia que con énfasis se declaró a fines de los 70 queda un poco ancha a lo que ocurrió. Insisto en apellidar la democracia como democracia tutelada o democracia bajo tutela militar para entender el nuevo régimen político que surge tras la Constitución de 1979 y las elecciones generales de 1980. Ciertamente tengo mis dudas respecto a que la existencia de elecciones generales libres y limpias sea suficiente para que la democracia se abra camino firme como régimen político. Tampoco es suficiente un texto constitucional democrático, menos aún si tanto en el capítulo Defensa Nacional como en los Regímenes de excepción la cuota de poder de las Fuerzas Armadas es muy consistente. Si sigo, además, la definición que dio Schmitter con O'Donnell de régimen (político) («conjunto de patrones, explícitos o no. Que determinan las formas y canales de acceso a los principales puestos gubernamentales, las características de los actores que son admitidos y excluidos de ese acceso y los recursos y estrategias que pueden utilizar para conseguir acceso [...] además de determinar las reglas para determinar la forma como son tomadas las decisiones colectivas»22) y lo comparo con lo que se denominó la militarización en el combate al terrorismo, con la ausencia de iniciativa civil en esta materia desde antes que se desencadenara la «guerra sucia» y con las reglas que operaron en el ejercicio real de la autoridad para casi todo el territorio nacional, por lo menos tengo que reconocer las enormes restricciones que había en el régimen democrático y la forma desmesurada en que creció La tutela militar, a pesar de los procesos electorales, hasta variar el curso de la transición y llegar al 5 de abril de 1992. Es decir, lo que entonces se desplomó no era un régimen democrático a secas y si es obvio que se desvió definitivamente del curso precedente, la lógica estaba en este curso y no en un factor externo. O’Donnell y Schmitter definen la transición como el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, señalan que está delimitada de un lado por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y del otro por el establecimiento de algún otro régimen. Los procesos de transición llevan de un régimen autoritario hacia «alguna otra cosa» incierta: la instauración de una democracia política; una nueva forma de régimen autoritario; un desenlace 21

López, Sinesio. «Mediaciones políticas, democracia e interés público en el Perú de los 90». En Urzua Raúl y Felipe Agüero. Fracturas en la gobernabilidad democrática. Santiago de Chile: Centro de Análisis de Políticas Públicas, Universidad de Chile, 1998, pp. 494-495. 22 Schmitter Philippe C. Portugal: del autoritarismo a la democracia. Lisboa: Instituto de Ciencias Sociales de la Universida de Lisboa, 1999, p. 300.

confuso o violentas confrontaciones que desembocan en regímenes revolucionarios.23 La transición en este caso peruano comienza con un gobernante autoritario: cuando el general Morales Bermúdez anuncia la convocatoria a una Asamblea Constituyente después del paro nacional del 19 de julio de 1977. Como lo sostuve entonces, sigo pensando que la decisión de sacar a Velasco y emprender el llamado gobierno de la segunda fase no inicia la transición. Viene tras el intento de Morales Bermúdez de recomponer su relación con la burguesía en particular con el empresariado ya desligado de los oligarcas que combatía su gobierno, cuestión que estalla con la renuncia del ministro Walter Piazza, que se enfrenta a los comandos que reclamaban seguir en plena crisis la compra de armas y en particular tras la amplísima movilización popular que llevó a ese paro realizado mientras los empresarios cruzaban los brazos y no apoyaban al gobierno. Desde entonces, mientras reprimía a fondo a las organizaciones populares y sus dirigentes, emprendió la «Transferencia de poder a la civilidad» que primero limó asperezas con los empresarios corrigiendo las reformas ya debilitadas, luego trató con los partidos del orden y flexibilizó reglas autoritarias realizando las alianzas precisas para poner todo contra esos movimientos sociales que enrumbaban contra el sistema y no solo contra el gobierno. La derrota fue parcial, pues estos se incorporaron a la Asamblea Constituyente, con un 30% de la votación, pero fue derrota porque llegaron fragmentados en varios partidos peleados entre sí, sin experiencia alguna de trabajo dentro de una institucionalidad política como esa y enfrentados en bloque por los partidos que formaron mayoría en la Constituyente.24 Pero la transición no acaba con las elecciones de 1980. A diferencia de la transición que se abre luego en el año 2000 y que -en mi opinión- no ha concluido, en esta el régimen autoritario se desploma con la movilización popular -marcha de los cuatro suyos-, la destrucción moral del régimen con la aparición del primer vladi video de la corrupción y la cobarde huida del presidente Fujimori que ni sus partidarios pudieron justificar y llevó a que terminaran totalmente divididos. Los militares, en cambio, condujeron con mano firme la transición hasta julio de 1980, garantizaron can Los partidos que formaban mayoría en la Asamblea Constituyente una cuota de poder suficiente para la tutela militar y la fueron ampliando durante el nuevo gobierno hasta extremos que luego Sendero Luminoso y el MRTA hicieron inmensa. El presidente Belaúnde mantuvo al frente del comando de cada Instituto de las FEAA. a los generales y el almirante que integraban la Junta Revolucionaria que presidía el general Morales Bermúdez. Si este no hubiera sido retirado desde antes, de repente lo hubieran hecho presidente del Comando Conjunto. Las normas más significativas, incluso la ley de movilización, dadas por el régimen militar siguieron vigentes. Nombró Belaúnde como Ministros de Guerra, Aviación y Marina a dos generales y un almirante que estaban en retiro desde antes del gobierno militar del 68, es decir, personas cercanas a los 70 años, alejadas del mando militar, que muy difícilmente mandarían sobre los tres comandantes. El 23

O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe C. Transiciones desde un Gobierno Autoritario. Vol. 4: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Paidós, 1991, p. 16. 24 Pease García, Henry. Los caminos del poder. Tres años de crisis en la escena política. Lima: DESCO, 1979.

poder militar fue muy influyente y creciente conforme se acentuaba la presencia senderista, y los dos gobiernos civiles de la década carecían de una estrategia democráticamente concebida y se limitaron a poner en manos de las Fuerzas Armadas toda la decisión de este combate. Cuando Alan García pretendió tomar las riendas, no pudo ni sabía cómo hacerlo. En una triste circunstancia, destituyó mandos importantes al descubrir una masacre pero poco después se ascendió al subteniente Hurtado, autor de la misma. El que este asesino llegara a mayor es obra de Fujimori, pero la impunidad comenzó en la década anterior por una concepción de la institucionalidad militar que es incompatible con la democracia y que es parte de la cuota de poder que los militares consiguieron. Por eso, muchas veces han interpretado que cuando la Constitución dice que están subordinados al Poder Constitucional, este no está en la Constitución o en la ley, menos en el Poder Judicial del que se sienten protegidos por su «Fuero» que no es tal, sino en el presidente de la República, definido como Jefe Supremo y, en su concepción, incorporado como el primer militar, mundo aparte a la civilidad que creen deben tutelar como a un menor de edad. Estas continuidades presentan otras dimensiones que no analizamos aquí, pero que tiñen la transición. De ahí que, aunque hay amplia razonabilidad en los textos que la definen y a la vez la distinguen de la consolidación democrática, yo tengo la impresión de que se desvía antes de esa ruta. Siguiendo a estos autores, ¿cómo hablar de liberalización en materia de habeas corpus, inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada o protecciones a los individuos con los elementos clásicos de la tradición liberal comparando los setenta y los ochenta? No fue el velasquismo algo parecido en represión a Pinochet o Videla. La segunda fase con su represión a los sindicatos nos acercó al Cono Sur pero sus desmanes fueron parecidos, aunque menores en términos cuantitativos si los comparamos con las masacres que en la década de los 80 se causaron en la guerra contra Sendero. En los 80 hubo más garantías para las marchas contra el gobierno pero también más violaciones a los derechos humanos en particular al derecho a la vida que en la segunda mitad de los setenta y en ambos hubo más violaciones a los derechos humanos que en la llamada primera fase, del 68 al 75. La democratización avanzó en los sesenta y en el velasquismo pero con límites provenientes de la precariedad institucional y del ejercicio de dictadura. Fue más bien un espacio arrancado socialmente a los poderosos, en La lucha por la tierra dada en el mundo rural y urbano, y que se asentaba en un espacio propio. En el agro de los setenta se oyó a Velasco decir: «Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza» y este tuvo la sensación de que la tierra sería suya mientras el patrón sentía que la tortilla del canto español podía voltearse. El empobrecimiento ganó la partida y el retorno comenzó pero aún no acaba y algunos siguen creyendo que la única salida es volver a expulsar a los que llegaron a la tierra con la reforma agraria. Allí para hablar de ciudadanía se requería acabar con el pre-capitalismo y la marginación, y eso quedó a medias. En la ciudad, ciudadanía tenía que ver con un pedazo de tierra para vivir y un pedazo de pista para el comercio ambulatorio. Se impuso o se arrancó, también con contramarchas pero tanto en años de dictadura como en años de «democracia». En fin, la socialización de la que hablan estos autores es aún más precaria porque

para el rey del ajedrez de la transición, que no se debía jaquear sin poner en peligro la transición (el rey expresaba los derechos de propiedad de la burguesía), tras las amenazas del velasquismo vinieron tiempos de disturbios externos que terminan en la globalización que también los destrona y para la reina del régimen de transición las FF.AA. que tampoco se podía cobrar en el camino, esta transición simplemente significó, como en El gatopardo (1958), novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, «que algo cambie para que todo quede como está», ciertamente olvidándose del discurso velasquista y su componente mesocrático. En efecto, estas visiones de la transición muestran límites en la conceptuación y en la realidad. Ver así la consolidación democrática a partir de la democracia tutelada, aparece una ilusión en la que todos terminan cayendo, simplemente porque ninguna psicología medianamente normal convive para siempre con el conflicto. Es difícil ver la década del 80 como años de menos incertidumbre,25 donde predomina la guerra de posiciones sobre la guerra de movimientos, como piensan los autores aquí mencionados. No hay trincheras fijas, salvo en una visión formal y aislada de algún momento inicial que no duró ni dos años. Se avanza sí en la cantidad de procesos electorales, nacionales y municipales, hasta los hay regionales por primera vez, pero en medio de una guerra interna que crece y desestabiliza, No hay pactos firmes entre partidos, estos resucitan tras doce años, lo nuevo fue en el aprismo el surgimiento de un nuevo líder carismático, tras la muerte de Víctor Raúl, lo nuevo fue también la alianza Izquierda Unida que estalló en pedazos antes de terminar la década y dejó en el aire a una enorme porción del electorado. Nada más cambió. Este fue el segundo talón de Aquiles de la transición: no se basó en un amplio acuerdo de partidos, que construyera un sistema vigoroso para defender el régimen. Pluralismo polarizado le llamaron los que creían ver un sistema de partidos. Pero la gente común y corriente los culpó a todos, persistió en la distancia, apeló a lo que oligarcas, funcionarios, empresarios y militares le predicaron persistentemente: hay que buscar un Mesías por fuera de los partidos que además eran mesiánicos porque estos «son corruptos y solo quieren la suya». Apareció así el fenómeno de los «outsiders», primero en las elecciones municipales, luego en las presidenciales. Capítulo 3 ¿QUÉ IDEA DE DEMOCRACIA SE ASENTÓ EN EL PERÚ DEL SIGLO XX? En el siglo XX, lo que se asentó de la idea democrática en la cultura política peruana fue apenas entenderla como un método para elegir gobernantes. Poco a poco, con intervalos mayoritariamente golpistas y amplios regímenes de excepción, lo que más entienden los peruanos al hablar de democracia son las elecciones nacionales o municipales. En la segunda mitad del siglo XX, han sido 25

Es difícil ver la década del 80 como una democracia consolidada en los términos de Schmitter. Para él, la consolidación de un régimen consiste en transformar las disposiciones accidentales inciertas en relaciones conocidas con seguridad, practicadas y aceptadas por los ciudadanos. Véase Schmitter, Portugal: del autoritarismo a la Democracia. Lisboa; Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, 1999.

intensas y el fujimorismo las ha utilizado persistentemente como forma de legitimación. Es cierto que hoy tiene más sentido hablar de derechos que en los tiempos del Estado Oligárquico, más aún si han desaparecido los gamonales, dueños de vidas y haciendas. Lo es más en la gran ciudad, que es hoy el espacio privilegiado de poblamiento, ciudad de todas las sangres donde los antes excluidos se han hecho un sitio, arrancado paso a paso a través de los pueblos jóvenes, que redefinieron la ciudad, y en el comercio ambulatorio, que fue el otro modo de hacerse de un espacio. Pero al tratar sobre derechos humanos y de los esenciales, como el derecho a la vida cuesta distinguir entre gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos. Las violaciones al derecho a la vida no fueron menores en los dos gobiernos democráticos de la década del 80 que en el gobierno de Fujimori, aunque solo en este se viera a la cúpula gobernante involucrada directamente en las atrocidades. Es que los actores militares, en ambos casos, tenían la dirección sin controles y la manera de gobernar era formalmente democrática, pero realmente permitió la impunidad y desvió el control parlamentario. También es cierto que la participación y la iniciativa hacen parte sin gran reflexión de La cultura popular urbana y esa dinámica democratiza. Pero las limitaciones del estilo «movimientista» y la debilidad de la participación organizada en partidos políticos, limitan sus efectos democratizadores. Lo que ciertamente no ha calado es la democracia como una manera de gobernar, esencial a la idea de Estado de derecho, que supone vigencia de la ley y ejercicio de la autoridad dentro de la ley además de definirla de tal manera que nadie sea «el dueño de la pelota». División de poderes, accountability horizontal, es algo que incluso en los políticos que se autoproclaman demócratas no parece haber prendido. Entender que la democracia en su dimensión política presupone no solo un método para elegir gobernantes, sino canales efectivos de participación directa e indirecta, obliga a pensar no solo en elecciones, sino también en sistema de partidos y en mecanismos de participación directa. Allí hay dos vacíos ya tratados. Pero ese lado tiene un anverso esencial que se ha descrito mil veces comenzando con Montesquieu con la división de poderes y Tocqueville con esa encandilada descripción de la democracia americana donde, junto con la «igualdad de condiciones» que contrasta con la Europa de su tiempo, describe el impacto del poder que «se desparrama» es decir, se descentraliza y desconcentra comenzando con fuerza desde el municipio hasta llegar a la Unión, siempre fraccionando y repartiendo competencias. Comenzamos por distinguir en la idea democrática las elecciones de la participación en partidos, y el acceso desde estos a las primeras, y la participación por mecanismos directos y a través de una sociedad civil cuya densidad es clave para que eso cuaje. La democracia política no es solo un método para elegir gobernantes. Es esencialmente una manera de gobernar con el poder desconcentrado en partes diferentes y descentralizado en niveles diferentesademás de atravesado participativamente no solo por la existencia de mecanismos directos que complementan la representación y no se contraponen a

esta, sino por la dinámica de una sociedad civil cuya densidad preña la actividad de los partidos y las entidades estatales, siendo parte de la accountability vertical.1 Tenemos en mente los modelos que traza en forma sucesiva C.B. Macpherson en La democracia liberal y su época,2 recogiendo su crítica al modelo de democracia como equilibrio propuesta por Schumpeter (La democracia no es más que «un mecanismo para elegir y autorizar gobiernos [...]». Ese mecanismo «[...] consiste en la competencia entre dos o más grupos autoelegidos de políticos (élites) organizados en partidos políticos, a ver quien consigue los votos que le darán derecho a gobernar hasta las siguientes elecciones»)3; y afirmando su propuesta de democracia participativa en la que los mecanismos indirectos (eligiendo representantes) se combinan con los directos, sobre todo en la base gobiernos locales y en las formas facilitadas por los avances en las comunicaciones para la consulta directa a la ciudadanía. Pues bien en ambas, la que critica y la que propone se presenta una cuestión previa que es elemental La idea democrática es incompatible con la concentración del poder en una o muy pocas manos y lo es más con algo muy «metido» en la cabeza de burócratas y militares: «gobernar es mandar», la otra cara del discurso de la antipolítica que vivimos recientemente una vez más. En parte sigue pendiente la «república de ciudadanos» que reclamaba Manuel Pardo frente a la «sociedad de cortesanos» que criticaba. Demócratas elegidos en forma impecable se encierran en Palacio de Gobierno, se rodean de cortesanos y aprenden muy rápido que «gobernar es mandar». Desde allí se hacen leyes y decisiones judiciales a la vez que se pretende decidir hasta quién administra el más lejano servicio en un extremo del país y cómo un pequeño pueblo construye su escuela. Más aún, se busca legitimidad para el presidente llevándolo a decidir e inaugurar pequeñas obras que en cualquier democracia que se estime corresponden a un alcalde: escuelas, locales comunales, etc. La manera de gobernar tiene que ver con la ley y la descentralización incumplida, pero se vincula mucho más con el caudillismo que caracteriza incluso a los demócratas en el siglo que acaba de terminar. Democracia que no desarrolla partidos, que no acostumbra a negociar ni a concertar entre estos y que la mayor parte del poder se concentra en el Presidente de la República, hace que sea muy fácil devenir en un gobierno autoritario y que a veces no se pueda distinguir entre uno y otro. Para muchos todavía democracia es más bien «permisividad» en vez de mano fuerte, «derecho al pataleo» como único derecho que no puede ser eliminado. Sin partidos sólidos y sin respeto a las instituciones que expresan el balance de poderes, sin desconcentración y descentralización del Estado, no hay condiciones de gobernabilidad democrática. En esto ha pesado mucho la idea populista en la que gobernar es capturar los momentáneos y volátiles sentimientos ciudadanos tarea del caudillo, en vez de estructurar las relaciones e iniciativas políticas de la ciudadanía en relación de ida y vuelta con los que gobiernan, tarea central de los partidos políticos. Eso es construir representación sin sustituir al ciudadano, más específicamente al interesado. Es tarea que incluye complejos 1 2 3

De Tocqueville, Alexis. La democracia en América. Madrid: Alianza Editorial, 1980.1 y II. Macpherson, C.B. La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza Editorial. 1982. Ib., p. 96.

controles y capacidad de concertar. La política es eso y no es lo mismo que la administración de las cosas. Aquí los partidos no enfatizan esa tarea y si llegan al gobierno todos quieren administrar, nombrar, manejar servicios públicos es decir dejar de hacer política salvo que esta se entienda como clientelismo. Sin la política como actividad y como sistemática que relaciona gobernantes con gobernados no solo en la arena de la opinión pública, aunque también en esta, las soluciones autoritarias predominan. Aquí desde la predica contra la política, se pretende despolitizar todo, hasta la política. ¿Cómo entender a parlamentarios que se definen apolíticos o técnicos? ¿Cómo entender que los ministros se autodefinan en los mismos términos o que las principales funciones del Estado se quieran colocar al margen del control de quienes han sido elegidos por el pueblo para gobernar o para fiscalizar? Esto presenta versiones anacrónicas y modernas. Las primeras ya no funcionan: militares, funcionarios diplomáticos que sostenían que únicamente ellos velaban por los intereses de todos pues los políticos solo veían por su partido, interés de parte. Las modernas pretenden que el Ejecutivo elegido por el pueblo no pueda ni regular los servicios públicos y el parlamento tampoco. Que sean tecnócratas, si fuera posible elegidos desde grupos de poder aparentemente técnicos. Entonces, ¿qué hace el gobernante cuando la ciudadanía se queja? Democracias delegativas Las democracias que surgieron de las transiciones de los setenta y los ochenta en América Latina fueron democracias delegativas. O'Donnell4 encuentra que el plebiscitarianismo, cesarismo y populismo poseen raíces históricas en muchos de nuestros países; cuando se convierten en poliarquías estos términos son leídos en código delegativo; quien es electo en elecciones justas tiene el derecho y el deber de mirar por el bien del país. En el corto plazo, el sentido común del ejecutivo delegativo es ignorar a las agencias de accountability horizontal, y en el largo plazo eliminarlas, cooptarlas o neutralizarlas. Partiendo de la concepción delegativa de su propia autoridad, el ejecutivo posee incentivos para proceder de esta manera, porque tiene cuenta con más libertad de tomar decisiones. Propone como ejemplos a Menem, Fujimori, Yeltsin y otros líderes delegativos que han sido buenos dividiendo estas agencias, haciendo difícil la tarea de construir la autonomía adecuada y los incentivos a estas agencias. Una accountability horizontal puede ser violada en dos dimensiones: • Por usurpación. Ilegalmente se usurpa una agencia estatal desde la autoridad de otra. • Por corrupción. Ventajas ilegales que un gobernante público obtiene para él o sus asociados. En nuestro caso, la accountability horizontal fue violada de ambas maneras durante el fujimorismo y varias veces haciendo uso de la ley para invadir el campo, por ejemplo, del Poder Judicial o el Ministerio Público o el Jurado Nacional de 4

O'Donnell, Guillermo. Horizontal accountabiliiy and new polyarchies. Working Paper #253 April 1998. Notre Dame, En: Universicy of Notre Dame. The H. Kellogg Institute for International Studies, 1998.

Elecciones. O'Donnell considera la usurpación más peligrosa que la corrupción para la supervivencia de la poliarquía. Una sistemática utilización de la primera liquidaría la poliarquía, dice, mientras que la segunda deteriora la poliarquía pero no la elimina. El fujimorismo usurpó la accountability horizontal sistemáticamente. Pero ¿qué democracia teníamos antes? Se trataba de una democracia delegativa donde se violaba la accountability horizontal por corrupción y eso de por sí la deterioraba. Más aún, fallas esenciales en el diseño de las agencias impedían su funcionamiento en aspectos sustanciales tanto en la Contraloría General de la República como en el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros. El tipo de democracia que teníamos permitió que se instaurara un régimen autoritario mafioso que llevó al extremo el poder que de por sí tenía el presidente en la democracia delegativa peruana. Veremos más adelante que la estructura de las decisiones fue dirigida por un grupo mafioso que tomaba las decisiones autoritariamente. Este grupo mañoso, para Lograr sus objetivos, realizó un desmontaje de los controles horizontales y manipuló los verticales. La corrupción se constituyó así en la otra cara del autoritarismo. La democracia delegativa fue propicia para generar un círculo vicioso: a menos controles, mayor corrupción; y al haber mayor corrupción, la mafia que la lidera disuelve los controles que subsistían. El fujimorismo como caricatura de la sociedad precedente Si entendemos que una caricatura es simplemente una exageración de la realidad, no puedo sino entender al fujimorismo como una caricatura de la realidad precedente. Lo es en varias dimensiones, ciertamente desde la política pero también desde la economía, las Fuerzas Armadas, el oligopolio de la televisión peruana o los empresarios más poderosos. Solo pretendemos mostrar los indicios que nos llevan a esta afirmación, que contrastaremos con lo que muestra el fujimorismo en corrupción y en negación de la democracia al analizar varias instituciones. Gobernantes que manejaron el poder a distancia de sus partidos y no desde estos. Ejecutivos que simplemente entregaron a los militares el gravísimo problema de la guerra interna sin entender su propio rol ni la vieja frase de W. Churchill («La guerra es un asunto demasiado importante para dejarla en manos de los generales»), que no proviene de ningún enemigo de los militares, simplemente de un estadista que gobernó en la guerra. Política basada en el mesianismo y adicta a la concentración del poder en el presidente. Democracia con las limitaciones que hemos descrito no es la antípoda del fujimorismo, aunque para los actores más comprometidos con el orden anterior así lo parezca. Claro que había antes de 1992 un Parlamento, municipalidades y hasta nacientes gobiernos regionales elegidos. Claro que había una Constitución y hasta un endeble sistema de partidos. Pero por todo lo que vimos en los capítulos anteriores, sobre la transición anterior y la crisis de los partidos, podemos encontrar allí los embriones que se desarrollan en el fujimorismo. Esto no quita responsabilidad a los actores del régimen mafioso. No inculpa a los actores que fueron defenestrados. Simplemente señala que hay continuidades que tienen que desaparecer si buscamos ahora construir una democracia sólida.

En la economía y en el mundo empresarial no hay duda que las continuidades abundaron. Nos habíamos deshecho de la vieja oligarquía pero no de los métodos oligárquicos. Nuevos liberales les llamaron mercantilistas5 y el esclarecimiento no fue significativo. Continuaron los llamados doce apóstoles alrededor de Fujimori, adaptándose los grandes y quebrando intermedios y chicos, el discurso neoliberal proclama la competencia a todo dar pero no la aplica sin prebendas. Carnet negoció con cada gobierno desde Velasco hasta Fujimori, donde fue poder directo, y Dionisio Romero también negoció desde Velasco para terminar vergonzosamente filmado negociando con Montesinos. Los militares, manejando el Estado Intervencionista, y Fujimori, desmontándolo para contentar a los neoliberales, ejercieron poder negociado con los poderosos sucesores de los oligarcas que, al fin de cuentas, no fueron con el resto del empresariado ni más competitivos ni menos excluyentes. Discurso distinto pero el mismo manejo cerrado del núcleo de poder, ciertamente en tiempos internacionales distintos. Los mayores detractores del libre mercado suelen ser los que más lo defienden de la boca para afuera. Desde otro ángulo, la misma indiferencia frente al resto del país, pero eso sí: nunca se manejó tanto dinero desde el Estado y nunca la corrupción fue mayor. Si en lo anterior hay continuidades hasta en las biografías en las Fuerzas Armadas también las vernos. Tras doce años de gobernar el Perú a su buen saber y entender, lograron ser un estado dentro del Estado y esa democracia tutelada que nace el 80 fue gradualmente sometida a los métodos militares de gobierno conforme crecía la violencia terrorista. No es por gusto que algunos ven en el grupo Colina la continuación de algo que se denominó Comando Rodrigo Franco ni que este tipo de respuesta a la insania terrorista es ajena a los métodos del general Noel. Si nos adentramos a las instituciones castrenses, veremos que los generales presos de hoy no fueron la negación de varios de sus antecesores en la manera de entender sus institutos, en la lógica de argolla y prebenda que caracterizó su comportamiento. ¿Alguien se atreve a decir que allí la corrupción nació en 1992? Se agudizó hasta extremos inimaginados, pero a partir de elementos preexistentes y hasta denunciados antes del 90. Y esto no olvida la legión de personas honradas y patriotas que hay en las Fuerzas Armadas, como en los empresarios o los tan vilipendiados políticos. ¿QUÉ IDEA DE DEMOCRACIA SE ASENTÓ EN EL PERÚ? Pero hay algo que a estas alturas no tengo que comprobar. Tras haber mostrado lo que hizo un canal de televisión a Cornejo Chávez en 1968 o a Vargas Llosa el 90, así como al recordar la campaña que en la segunda mitad de los 80 emprendieron los canales contra un proyecto de ley del senador Ames, que simplemente planteaba una franja electoral para que la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades políticas alcanzara a los candidatos de los partidos que no tenían el favor del oligopolio, ¿alguien puede extrañarse del protagonismo que jugaron para sostener el gobierno de Fujimori y los jugosos billetones que los 5

De Soto, Hernando. El otro sendero. Bogotá: IDL, 1989.

vimos recibir? También existen excepciones y ojala se aprenda que no hay democracia si la libertad de expresión y la participación electoral dependen de un oligopolio o de la cantidad de dinero que tenga el aspirante a un cargo. El 5 de abril una democracia tutelada por los militares cayó ante un «outsider» y estos. Una democracia delegativa radicalizó sus rasgos e hizo desaparecer los controles. La historia del siglo XX en el Perú es precaria en democracia pero hubo avances y retrocesos en la manera de entenderla y en la pasión por conseguirla, que no son uniformes en la sociedad y que debemos rescatar para que el cambio no sea flor de un día. II. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO El 5 de abril de 1992 el presidente Fujimori produjo un auto-golpe de Estado con el apoyo de los Comandantes Generales de los Institutos Armados y del Director General de la Policía Nacional. Cerró el Congreso, decapitó la Corte Suprema y los órganos de control constitucionalmente autónomos: el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría, la Fiscalía de la Nación, etc. Producido el golpe, los países de América presionaron, negociaron y consiguieron de Fujimori la convocatoria a un Congreso Constituyente que, reemplazando al anterior en diseño ya preparado por el fujimorismo, reemplazaría también la Constitución de 1979. Se trata de un nuevo régimen político de facto y por decretos leyes el que operó en 1992. Pero si hubo algunas esperabas de una transición tras el Congreso Constituyente, estas se desvanecieron de inmediato por el férreo control que el fujimorismo logró de la nueva institucionalidad y sus límites. Al Congreso Constituyente unos fuimos a luchar contra un naciente régimen autoritario, otros se abstuvieron. Pensamos que no había que dejar espacio alguno vacío, otros nos llenaron de calificativos pero luego regresaron en 1995 a ese mismo lugar.6 Juntos combatimos por el NO en 1993 pero divididos enfrentamos las elecciones de 1995. EL pueblo apoyó el golpe de estado y siguió apoyando a Fujimori con más énfasis tras la captura de Abimael Guzmán en 1992. Fujimori remontó el susto que produjo un referéndum que casi gana la oposición y lo hubiera dejado sin nueva Carta Constitucional. Aún no podemos demostrar si fue una victoria que nos quitaron o una derrota con diferencia muy ajustada. El fraude es fácil ante resultados tan estrechos y el fujimorismo tenía todos los controles. Tras el referéndum toda la sociedad aceptó el nuevo régimen constitucional y actuó dentro de este, incluso los que inicialmente no participaron. Fujimori fue reelegido en 1995 luego de una millonaria inversión en pequeñas obras (especialmente escuelas) muy publicitada, que hizo creer a los empresarios que la reactivación era un hecho y a los pueblos, que habría continuidad en las obras, lo cual constituyó un engaño pues era imposible tras las elecciones. Así fue; pocos días después de estas el Ministro Carnet declaró que la economía se había recalentado y había que enfriarla. «Nos metió en la congeladora» por el resto del período. 6

Como tenía que ser para combatir también desde ese lugar el régimen autoritario disfrazado de democracia.

El nuevo régimen político que se inauguró a partir de 1992 fue un régimen autoritario civil militar, sostenido en una coalición mañosa. Nos proponemos en esta segunda parte reflexionar sobre cómo se llegó a instaurar, cómo ha sido caracterizado por otros autores y proponer una caracterización a la luz de los trabajos teóricos de Morlino y O'Donnell. Capítulo 4 LA PREPARACIÓN DEL AUTOGOLPE Conforme pasa el tiempo tengo la convicción de que en 1990 la victoria de Fujimori nos pareció una sorpresa, en gran medida, porque nos cegaba la intensidad de la misma coyuntura. Era imposible imaginar un triunfo aprista y, sin embargo, era una fuerza gobernante que logró nada menos que el 20% del electorado. La izquierda se había autoliquidado como alternativa y solo quedaba la derecha. Centremos aquí el análisis. Sin duda la presencia de Mario Vargas Llosa, su prestigio y simpatía, dio nuevos bríos a dos partidos muy desgastados: Acción Popular que solo triunfó con su jefe, Fernando Belaúnde Terry (en 1963 y 1980), y que en 1985 quedó en el 7%. De los votos; y el Partido Popular Cristiano, cuyo líder solo logró dos veces la Alcaldía Provincial de Lima en los sesenta cuando pertenecía a la Democracia Cristiana, y que en 1978 apareció más grande de lo que era por la abstención de Acción Popular, su socio de los 80. El PPC nunca pudo tener mayor alcance básicamente por su lejanía a las mayorías pobres y provincianas. Partido cuya base fuerte era Lima y que se autoproclamó alguna vez como el partido de los gerentes, con excelentes cuadros de alto nivel, en grandes estudios de abogados y labores académicas, partido cuyo discurso no caló porque era lejano a las aspiraciones de gran parte de las clases populares y medias, aunque proporcionó buenos alcaldes y regidores a la parte más pudiente de Lima y también a distritos mesocráticos. Un artículo de Steven Levitsky, profesor del departamento de gobierno de la Universidad de Harvard, a raíz de la derrota de Lourdes Flores en las elecciones del 2001, muestra bien la crítica a está propuesta política que siempre ha sido bien apreciada en estrechos círculos pero nunca en masas capaces de hacer ganar una elección.1 Se pregunta el autor ¿Pensaba realmente Flores (Lourdes) que podía ganar en coalición con el Opus Dei, el PPC y Roque Benavides?... Las quejas de la derecha por racismo son ilusorias. Esta es una derecha que llama a la mayoría de sus conciudadanos «cholos» y, sin embargo, retrocede en colapso cuando se les retruca con la palabra «pituco». Estos dos partidos no estaban en capacidad de ser por sí mismos una alternativa electoral al partido aprista, sin embargo, la oportunidad era excepcional para la derecha: el fracaso del populismo se sumaba al de los militares y la izquierda que surgió como alternativa había estallado en pedazos. A la novedad y la aureola de nuestro gran escritor se unía ahora una nueva actitud en muchos empresarios que entendían que debían actuar abiertamente en política. La nacionalización de la banca les ofreció la oportunidad para entrar a lo grande, 1

Levitsky, Steven. «Retorno al desierto». Traducido y publicado en la revista domingo del diario La República. Lima, 15 de abril de 2001.

promoviendo, cual fe religiosa, un mercado endiosado y un antiestatismo que sería mejor aceptado por lo que todos estaban viviendo con el gobierno de Alan García. Se reunificó la derecha y el empresariado que chocó con ella en el segundo gobierno de Belaúnde cuando las políticas de Manuel Ulloa remecieron a la industria nativa acostumbrada a ese proteccionismo negado2 dogmáticamente por el neoliberalismo. La dinámica de la candidatura la marcaron Vargas Llosa y el Movimiento Libertad recién fundado, pero la imagen era de todo el conjunto. Algunos como Hernando de Soto parecen haberse distanciado justamente por la alianza con AP y PPC. Pero lo que no dudo es que los rasgos excluyentes y exclusivos fueron parte de su imagen y de su millonada campaña. En televisión, desde el Cusco, en mi modesta campaña ingresar a Vargas Llosa a una de las grandes haciendas azucareras del norte cuyo nombre no recuerdo. De inmediato me acordé del vals de Chabuca Granda «José Antonio» y de las imágenes caballo blanco, fino poncho de lino (pinta impecable) fino sombrero alado le comenté a uno de mis amigos: « ¿No pensará la gente que están regresando los oligarcas?». Es que aunque se sigan repitiendo horrores de los militares que hicieron la reforma agraria y los reemplazaron o de los dirigentes cooperativistas corruptos que vinieron después, esos ciudadanos de hoy no quieren votar por eso que vivieron y que sin duda no fue un pasado democrático. Existen elementos que los historiadores tendrán que documentar para probar que Alan García tuvo un papel definitorio en convertir a Fujimori en una alternativa. Los hay en pasos dados antes de la primera vuelta desde el Servicio de Inteligencia Nacional y que pueden haber abierto también puertas de por lo menos uno o dos canales de TV, los cuales le dieron inusual cobertura. Pero debe considerarse sobre todo el rol polarizador que jugó el Presidente respecto al mensaje de Vargas Llosa, para hacer comprender que su propuesta era el peligro mayor de esa campaña. Es cierto que todos teníamos que plantear ajustes pues la farra no podía seguir. Así obramos y está en blanco y negro. Pero es cierto también que el mandato claro que reclamaba el afamado escritor para su programa neoliberal se daba en términos que la gente común y corriente no podía simplemente «tragar», eran muchos los que se sentían afectados desde antes de la elección. Aquí se deben analizar las sensibilidades e intuiciones políticas y no solo las ideologías que, además, cuando se exacerban siempre se alejan más de la realidad. Lo cierto es que con tanto viento a favor, tanto dinero y derroche de personalidades, solo alcanzó el primer lugar con algo más del 27% y podía estar seguro que tenía en su contra a todas las demás candidaturas. Ese fue el escenario que García resaltó poniéndole los reflectores antes de las elecciones y al parecer ese fue su objetivo, inclusive antes que el apoyo al candidato de su partido. El escenario descrito es muy importante para entender lo que ocurrió tras el triunfo de Fujimori. Sin dudar un minuto, al ver que desmontó su propio equipo para adecuarse a las demandas del capital internacional presentadas al parecer por Javier Pérez de Cuellar- los grandes empresarios se pusieron de su lado y los parlamentarios del FREDEMO encontraban mil problemas en ubicarse en la oposición; quisieron rodearlo, pero Fujimori no los dejó. Tampoco dejó que 2

Aunque las veamos a diario en los países poderosos que promueven su negación.

quienes le canalizaron sus votos en la segunda vuelta el partido aprista, la izquierda unida y la izquierda socialista participaran como tales. Invitó a personas que rápidamente fueron desembarcadas y no quiso que fueran parte de partidos significativos. La estrategia de entrada prepara el golpe Es oportuno señalar un contraste. Recordemos el primer año de Alan García y el de Alberto Fujimori, elegidos ambos en momentos de desesperanza y crisis. García se agarró de la economía, bajó el precio del pan, con enorme dinamismo su proyecto heterodoxo bajó la inflación y disparó un crecimiento coyuntural sin sustento siquiera en el corto plazo. Recuerdo intervenciones de Fernando Sánchez Albavera y Carlos Malpica en el Parlamento, quienes desde la oposición de Izquierda Unida advertían que se iban a quedar sin reservas y que no podían ser tan cortoplacistas. Lanzó la tesis del 10% para el pago máximo de la deuda externa y pretendió convertirse en líder internacional, aunque en la práctica no pudo aplicarla. Los «balconazos» se multiplicaron, García se convirtió en el engreído de los doce apóstoles de la economía (los grandes conglomerados) y hasta afirman que viajaba en el avión de Dionisio Romero. Los resultados de las encuestas en 1985 y 1986 fueron brillantes. El resto ya lo conocemos, terminó en hiperinflación y cuasi bancarrota. Fujimori se apoyó en la política para encubrir el shock que ofreció no realizar y lo lanzó con mayor radicalidad que en la propuesta de Vargas Llosa y sin colocar amortiguador alguno para los de abajo. El énfasis lo puso en construir la imagen de que todo lo que sucedía era culpa no solo de Alan García, sino de las instituciones que buscaba arrinconar y eliminar. Los partidos fueron su blanco más fácil, él les puso reflectores que realzaran la crisis en que vivían. El Parlamento fue blanco de tácticas que evidenciaran falta de apoyo y contradicciones, como cuando le negaron permiso para viajar que en la práctica él y los suyos promovieron. El discurso simplista y el ataque vinieron desde primer día. La corrupción fue denunciada por quien devendría en el más corrupto de los gobernantes. «Chacales y canallas» llamó a los Jueces, y a su sede la denominó «el Palacio de la Injusticia»; «medievales» llamó a los Obispos Católicos para desviar la atención de su demanda por programas sociales de emergencia que no funcionaban para los pobres en medio del brutal ajuste. La confrontación verbal llevada a grado extremo fue la cobertura para que el pueblo lo viera peleando contra molinos de viento -en crisis para colmo y se fijara la idea de que todo lo malo violencia terrorista y brutal empobrecimiento era obra de aquellos a quienes Fujimori quería excluir. Por supuesto que esta estrategia no hubiera funcionado si sus alianzas no incluían a los canales de televisión y otros medios de comunicación importantes que, en coro, lo apoyaron durante los primeros años. En un libro analizo esta etapa y añado cronologías puntuales que muestran las relaciones del gobierno con el Parlamento, el Poder Judicial, los gobiernos regionales recién instalados, la Iglesia Católica y las organizaciones sindicales. Fujimori utiliza un lenguaje simplista con polarizaciones muy sentidas, justicia / injusticia o moralización/corrupción, y hace uso de imágenes y

gestos para aparecer distante incluso de aquello que causa [...] hace el gesto de concurrir a la Superintendencia de Banca y Seguros para interesarse por los golpeados y estafados ahorristas de las mutuales quebradas por la política económica de su gobierno. Aparece así distanciado de lo que él mismo propicia [...]. Aplica el shock a sabiendas de que eleva drásticamente la miseria de muchos, pero toda la responsabilidad es del gobierno anterior, cosa fácil de usar por lo desastroso que fue. Dedica prácticamente todo lo disponible al pago de la deuda externa, pudiendo negociar mayor gradualidad, pero da la imagen y logra encajarla de que no hay dinero ni para lo que significa impedir la muerte de niños desnutridos o el abandono de las escuelas. Lleva a la quiebra a las empresas públicas para luego venderlas a «precio de huevo»- pero no aparece como responsable de eso, porque se centra la atención en el gobierno anterior y su desastrosa administración. El discurso es mentiroso respecto de la práctica gubernamental, encubre que no hay salida porque el programa económico no la requiere y no porque sea inevitable ese curso. Ciertamente el populismo aprista preparó la cama para la propuesta neoliberal y para esta nueva administración que usa su deteriorada imagen para forzar su dogmático objetivo y no solo un ajuste frente a la crisis y la hiperinflación.33 Parte de esta guerra psicológica -al mejor estilo de los aparatos de inteligenciaincluyó a los gobiernos regionales. Primero enfrentó a estos con los alcaldes provinciales, proponiendo que el Fondo de Compensación Regional se entregara a estos últimos en 50%. Por supuesto que no hizo eso cuando acabó el 5 de abril con los gobiernos regionales y comenzó entonces a enfrentar a los alcaldes provinciales con los alcaldes distritales, ofreciendo recursos y funciones de los primeros a estos.

Como se ve se trata de acciones y no solo de declaraciones: [...] el comportamiento presidencial fue dirigido al choque, buscando quitar atribuciones al Parlamento y enfrentarlo dando la idea de conflicto de poderes. Así comenzó con una actuación que sistemáticamente buscaba el camino legal torcido, como cuando dictó el famoso decreto de despenalización aplicando indulto a inculpados, aberración legal justamente en momentos en que el Senado, haciendo caso de su invocación, aprobaba la ley correspondiente. Como se señaló entonces, al Presidente no le interesaba resolver el problema como aparecer enfrentándose a la vez al Parlamento y al Poder Judicial, culpando al primero por la falta de leyes 3

Pease García, Henry. Los anos de la langosta. La escena política del fujimorismo. Lima: La voz ed., 1994, pp. 107-108.

adecuadas y al segundo por su morosidad e incluso por cuestiones que corresponden a la administración de los penales, es decir, al Poder Ejecutivo que él mismo dirigía.4 Fujimori logró así impactar en la opinión pública, aniquilando a sus adversarios y a las instituciones desde las cuales actuaban: partidos, Parlamento, Judicatura, Tribunal de Garantías, Contraloría, instituciones que él se encargaría de cambiar el 5 de abril. Ganó porque aparecieron responsables de todo lo malo, lo del gobierno anterior y lo del suyo que recién comenzaba. Pero esto solo fue posible porque desde que entró tuvo arrinconados a los dos más grandes partidos de la oposición: el Apra por razones obvias y el FREDEMO porque sus integrantes concordaban con lo que Fujimori hacía en economía aunque discrepaban de sus «malas maneras» en política. Un aniversario del PPC sirvió entonces para que Fujimori, con audacia, se codeara con sus ya viejos dirigentes históricos y recibiera elogios por su política económica de los mismos que en el Parlamento estaban siendo arrinconados por él. Los dos presidentes de las Cámaras, personalidades de primer nivel Osterling y Ramírez del Villar vivían perturbados por las jugarretas de Fujimori que incluyeron una invitación a la joven diputada Lourdes Flores a una reunión supuestamente concertadora, al mismo tiempo que ninguneaba a los dos líderes de las Cámaras. Lo evidente es que desde allí no podía caber oposición frontal pues eran importantes los puntos compartidos, obviamente, antes de la ruptura del orden constitucional. ¿Fue el Parlamento el causante del autogolpe? La imagen que quiso crear Fujimori fue la de una confrontación con el Parlamento como causa del autogolpe. En su apoyo se recurrió a la experiencia de otros gobiernos en que el presidente carecía de mayoría y se le impuso la de bloques armados en el Congreso en su contra, de modo que se terminaba en golpes de estado donde los militares expulsaban al presidente y al Congreso. Pero la realidad ha sido muy distante de ese pasado. Fujimori no tenía un Congreso de oposición, en lo sustantivo concordaban las dos fuerzas que pasaron a la segunda vuelta y que compartían básicamente el programa económico. El partido aprista no era capaz de imponer condiciones y fue, más bien, permeable, a tal punto que se alió con el fujimorismo para impedir que se aprobara el informe sobre la matanza de los penales que implicaba a Alan García y lo podían haber llevado a los tribunales con más seriedad que en el caso del tren eléctrico que manejó a su antojo Fujimori para, finalmente, no llegar a nada. La izquierda dividida solo podía cuestionar. Con pocos parlamentarios y escasa capacidad de movilización era poco lo que podía hacer. Pero las tácticas de Fujimori se dirigían a destruir las instituciones y allí tuvo que haber un mínimo de acciones a la defensiva. El Congreso, después de delegar ampliamente facultades y no observar los decretos legislativos de Economía, intentó corregir excesos de los decretos legislativos de Defensa que 4

Ib., 122.

chocaban con la Constitución. Se buscó también normar los actos legislativos del presidente, es decir regular las decisiones de este en el campo del Poder Legislativo, por delegación o por urgencia. Eso es lo se usó, incluso años después, para ejemplificar que el Congreso le quitaba atribuciones al Poder Ejecutivo, pero no resiste el menor análisis. Más bien, lo que vimos fue a los parlamentarios arrinconados por el poder que se iba acumulando en su contra y las jugarretas presidenciales. Fueron prudentes los parlamentarios porque sabían que había una amenaza de bordaberrización, por varios anunciada y querían evitarla. Pero la prudencia debió estar acompañada por lo menos de la misma dosis de astucia que et presidente, sobre todo para dirigirse a la fuente de su poder, a la gente común y corriente donde día a día se acentuaba la distancia. Esta fue grande en la década anterior pues los parlamentarios no solo perdieron atribuciones que en el pasado los acercaban mucho al pueblo (intervención en inversiones, obras, por tener iniciativa de gasto) sino que no hicieron mayor esfuerzo por entenderse como comunicadores, relacionadores entre Estado y Sociedad, lo que implica estar con la gente, escucharla y transmitir lo que demanda. Su único canal de comunicación fue la prensa y los medios masivos de comunicación, sin que la mayoría de ellos fuera consciente de la imagen global proyectada. A la vez cualquier análisis de los grandes medios de comunicación especialmente la televisión muestra a estos muy cercanos a Fujimori primero y basta concertados después. Eso lo usó Fujimori con particular habilidad en el ataque verbal sistemático que no esta solo reacción a las iniciativas parlamentarias que no le gustaran sino acción continua, en todos los frentes. En sus ataques llegó a preanunciar el autogolpe, al proponer una disolución del Congreso que no estaba en sus atribuciones (solo podía disolver la Cámara de Diputados si esta le censuraba tres gabinetes). Pero el golpe más preciso lo causó al cuestionar la cédula viva de los parlamentarios y los sueldos de los mismos. Otra vez en sintonía con el sentido común popular, reforzó la imagen de abuso y hasta de corrupción que es fácil aumentar con la enorme distancia que existía entre parlamento y sociedad y entre lo que puede ganar la gente común y corriente y los sueldos parlamentarios. Ciertamente se trata de un juego mentiroso, pues simples burócratas puestos por Fujimori ganan mucho más que un parlamentario, sea por medios fiscales o por truculentos acuerdos por detrás. Los ministros de Fujimori y los vocales supremos ganaban lo mismo que los parlamentarios, y no fueron mencionados. Dos televisoras divulgaban noche anoche durante una semana del último verano, (antes del golpe de abril) las planillas donde estaban los sueldos de los ex parlamentarios jubilados con la cédula viva, invento de los militares que se ha extendido a otros funcionarios públicos mucho antes que a los parlamentarios [...].5

5

Ib-, pp. 127-128. Todo este tema se desarrolla en el cap. III titulado «Crónica de una muerte anunciada».

Los poderes fácticos, fuerzas armadas y gran empresariado, el oligopolio de la televisión y no pocos diarios estuvieron con Fujimori el 5 de abril, uno que otro con distancias formales, la mayor parte sin siquiera eso. Quedaban sin piso los políticos y los partidos que directamente los expresaban, y caminaban ya hacia la exclusión apristas e izquierdistas, otra vez, junto con sindicatos y organizaciones populares que diezmadas y sin fuerza venían de tiempo atrás con mucho viento en contra. Pero de la democracia limitada delegativa y tutelada no podían quedar en pie instituciones elementales para el equilibrio de poderes o la accountability horizontal y vertical. El cambio era de régimen y hay que caracterizarlo partiendo de lo que antes se estableció al respecto.

Capítulo 5 LAS CARACTERIZACIONES DEL FUJIMORISMO Nos referiremos ahora a las principales caracterizaciones hechas sobre el fujimorismo. Primero queremos ubicar los tipos de regímenes que se ubican entre dictadura y democracia. Buscamos precisar los componentes de los regímenes autoritarios siguiendo los trabajos de Morlino y O'Donnell. Luego veremos las caracterizaciones realizadas por López, Crabtree, Cotler, Grompone, Degregori, Tanaka, Rospigliosi, Gonzales de Olarte y Dammert, y lo que yo he publicado. Entre la dictadura y la democracia: regímenes autoritarios

Morlino1 clasifica los regímenes políticos en «democráticos» y «no democráticos». Para los primeros da una definición mínima: el umbral por debajo del cual no hay régimen democrático lo establece con cuatro aspectos controlables empíricamente, a saber (a) sufragio universal; (b) elecciones libres, competitivas, periódicas y correctas; (c) más de un partido político; y (d) fuentes de información distintas y alternativas. Morlino también nos ofrece indicadores que medirán los niveles de democracia de un país. Se trata de indicadores de derechos políticos y de indicadores sobre derechos civiles. Entre los primeros se hallan; • Elecciones por sufragio universal prueban la existencia de competencia y oposición significativas. • La oposición ha ganado recientemente las elecciones. • Hay distintos partidos políticos. • Existen candidatos independientes. • Los candidatos y las votaciones son auténticos. • Los elegidos tienen un poder efectivo. • Los líderes en el poder han sido elegidos recientemente. • Hay auténticas votaciones al nivel local. • El régimen está libre del control militar. • El régimen está libre del control extranjero. Entre los indicadores de derechos civiles señala: • • • • • • • •

Existe un grado generalizado de alfabetización. Existe prensa independiente. Hay tradiciones de libertad de prensa. La prensa está libre de censura o instrumentos equivalentes. Hasta que punto son independientes la radio y la televisión. Se producen discusiones públicas abiertas. El Poder Judicial es realmente independiente. Existen organizaciones privadas independientes.

En la definición anterior no entran los regímenes no democráticos. Estos serían los regímenes cuyas reglas de juego no permiten ni la competencia ni la inclusión. Morlino prefiere llamarlos regímenes no democráticos y no simplemente autoritarismos o regímenes autoritarios. Así deja en un mismo saco a los regímenes cerrados (las dictaduras que son los totalitarismos y los regímenes tradicionales) con los regímenes autoritarios que aceptan una limitada competencia política, incluyendo también los regímenes híbridos. Los regímenes totalitarios se caracterizan por: (a) la ausencia de pluralismo y la preeminencia del partido único; (b) ideología articulada y rígida que legitima y mantiene el régimen; (c) movilización alta y continua, sostenida por la ideología y el partido; (d) un pequeño grupo o líder en el vértice del partido único; (e) límites 1

Morlino, Leonardo. «Las democracias» (Capítulo 3) y «Los autoritarismos» (Capítulo 4). En Pasquino, Gianfranco. Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza Editorial, 1988.

no previsibles al poder del líder; f) la ideología totalitaria es un núcleo de proyecto de transformación total de la realidad social (totalitarismos de derechas e izquierdas); (g) el terror se ejerce respecto a los enemigos potenciales y a los autores de delitos posibles, es decir, todos aquellos que puedan constituir un obstáculo a las política del régimen; (h) si en el régimen autoritario hay una previsibilidad de la sanción, en el régimen totalitario, por el contrario, la imprevisibilidad es total.2 Son ejemplos de regímenes totalitarios la Alemania Nazi y la Unión Soviética stalinista. Los regímenes tradicionales, según Morlino, son pocos; se trata de regímenes sultanistas, basados en el poder personal del soberano, poder particularista, arbitrario y para fines esencialmente privados y regímenes basados en oligarquías competitivas en las que persisten elementos tradicionales: en sus variantes de caudillismo y caciquismo, la dominación la ejercen alianzas políticas entre Las élites del poder central y los sectores locales desde una base económica predominantemente agraria. Los híbridos institucionales son regímenes que « [,..] no son completamente autoritarios y que aún no han entrado del todo en el genus democrático [...]».3 Son las dictablandas o las democraduras de las que hablan O'Donnell y Schmitter. Precisaremos ahora cuales son las variables que permiten caracterizar si un régimen es o no es autoritario según Morlino. Este atribuye a la definición de autoritarismo de Linz la virtud de conciliar la generalidad significativa y una amplia aplicabilidad en esta materia. Por lo cual, parte de las cinco dimensiones que Linz propone considerar para definir a los autoritarismos: • • • • •

Son autoritarios todos los sistemas con un pluralismo político limitado, no responsable. No poseen una ideología elaborada y directora, pero sí una mentalidad peculiar. Carentes de una movilización política intensa o extensa, excepto en algunos puntos de su evolución. En los que un líder -o un grupo reducido- ejercen un poder notable: sí se puede hablar de personalización del poder en una o pocas personas y la visibilidad del líder (carismático o no). El poder se ejerce dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles. Ausencia de normas bien definidas que permiten que el poder autoritario ejerza control sobre la sociedad y prive al ciudadano de autonomía (la ley es la principal defensa del ciudadano).

Moruno toma estas variables y les hace algunos cambios y añadidos: •

2

Sobre la ausencia de movilización política señala que la cantidad o el nivel de participación de las masas es controlada o propiciada desde arriba, no se le reconoce autonomía ni independencia a la comunidad política, se

Morlino, Leonardo. «Los autoritarismos». En: Pasquino, Gianfranco y otros. Manual de Ciencia Política. Madrid; Alianza Editorial, pp. 134-135. 3 Ib. p.136.

•

•

•

mantiene a la sociedad civil fuera de la arena política o con un bajo nivel de participación. Implicancias: existencia de aparatos represivos para desmovilizar; debilidad o ausencia de estructuras de movilización; ausencia de garantías reales para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Agrega que debe integrarse al análisis del quantum de la comunicación desde arriba las características de la movilización: movilización elitista limitada, movilización de masas controlada y despolitización. La variable pluralismo limitado y no responsable de Linz hay que convertirla en la variable coalición dominante identificando a su interior: actores importantes institucionales (ejército, burocracia, partido único) y sociales (iglesia, grupos industriales o financieros, propietarios agrícolas, sindicatos, transnacionales). Estos actores no son políticamente responsables a través de elecciones libres, competitivas y Limpias. Hay elecciones no competitivas pero con solo un significado simbólico de legitimación, expresión de consenso o apoyo al régimen por una sociedad civil controlada y no autónoma. Grado de elaboración de la justificación ideológica: valores ambiguos y generales: patria, nación» orden, jerarquía, autoridad. Morlino agrega: valores tradicionales, modernos o qué otros. Morlino agrega el grado de estructuración del régimen, es decir, en qué medida crea e institucionaliza las nuevas estructuras políticas que le caracterizan: partido único, sindicatos verticales, distintas formas de asambleas parlamentarias, sistemas electorales propios, órganos específicos diferentes a los del gobierno anterior,

Morlino descarta dos variables de Linz porque pueden estar en otro tipo de régimen presentes por momentos: un líder o un pequeño grupo en la cúpula, y límites mal definidos. A partir de todas las dimensiones que están en relación estrecha, Morlino formula una hipótesis: existen dos modelos autoritarios polares a los que corresponden los extremos de cada dimensión. • •

El primer polo es el autoritarismo perfecto: acentuado pluralismo de los actores, ausencia de ideologías, ausencia de movilización, escasa estructuración peculiar del régimen. El segundo polo es cercano al totalitarismo: fuerte presencia del partido único en posición dominante, alto nivel de ideologización, alta movilización y existencia de instituciones típicas del régimen.

Es preciso contrastar estas variables con las de O'Donnell 4 quien, para presentar Los diferentes tipos de sistemas políticos latinoamericanos, señala que hay tres dimensiones distintas para el análisis: el régimen político (incluyendo la libertad de competencia electoral, la libertad de las asociaciones de interés y el nivel de represión); la composición de clase y sectorial de la coalición política 4

«Visión general del modelo burocrático-autoritario». En Collier, David, Comp. El nuevo autoritarismo en América Latina. México: FCE, 1985, pp. 28-30. Collier realiza una breve síntesis de la argumentación de O'Donnell como un marco de referencia conceptual para estimular el debate.

dominante; y determinadas políticas públicas cruciales (particularmente en distribución de los recursos entre las diferentes clases y sectores de la economía). A partir de estas variables, O'Donnell según Collier plantea una tipología de los sistemas políticos latinoamericanos. Propone, así, tres tipos de sistemas que representan una secuencia histórica en la región: sistemas oligárquicos, populistas y burocrático-autoritarios. En los primeros oligárquicos se permite una competencia política de alcance limitado, la coalición dominante es una élite del sector exportador de productos primarios (minerales y/o agrícolas) que domina el Estado y la política pública se orienta alrededor de sus necesidades. No son sistemas incorporadores ni excluyentes porque el sector popular aún no ha estado políticamente activado. En los segundos populistas existen considerables variaciones en el grado de competitividad y democracia de estos sistemas, sin embargo, son claramente incorporadores. La coalición política es multiclasista, de intereses urbanos e industriales, incluyendo a la élite industrial y al sector popular urbano. El nacionalismo económico es un rasgo común de estos sistemas. La política pública se centra en un Estado que promueve la fase inicial de la industrialización orientándola hacia los bienes de consumo. Apoya a la industria nacional y estimula la expansión del mercado de bienes de consumo aumentando los ingresos del sector popular. En el tercer tipo burocrático autoritario5 se trata de sistemas excluyentes, en los cuales la coalición política se forma con tecnócratas de alto nivel, militares y civiles, que colaboran en estrecha asociación con el capital extranjero. Eliminan la competencia electoral y controlan severamente la participación política popular. La política pública se centra fundamentalmente en la promoción de la industrialización avanzada. Moruno6 presenta una apología muy completa sobre los regímenes autoritarios. Sobre la base de las variables de Linz y algunos añadidos propone distinguir tres tipos de regímenes autoritarios: militares o pretorianos, civiles militares (cívicomilitares) y civiles. Entre los primeros se puede distinguir entre tiranía militar y oligarquía militar. Entre los segundos cabe distinguir los regímenes burocrático-militares, y los corporativos. Entre los terceros se hallan el régimen nacionalista de movilización, el comunista de movilización y el fascista de movilización. Pasamos a continuación a detallar qué es lo que dice Morlino sobre los regímenes civiles-militares (cívico-militares). Es-tos se dan en países con sociedades más complejas y heterogéneas donde se ha producido una profesionalización de los militares que significa, sobre todo en América Latina, la adquisición de mayores conocimientos teóricos, la transformación de los ejércitos en cuerpos altamente diferenciados, con mayor cohesión, capacidades de manager y mayor seguridad en su propia capacidad de gobierno. Se basan en una alianza entre esos militares profesionalizados y civiles tales como burócratas, políticos, profesionales, tecnócratas, burguesía industrial y financiera. Entre los regímenes civiles-militares, denomina burocrático militar a los regímenes cuya coalición dominante está dominada por oficiales y burócratas, 5 6

Tanto Collier como Morlino retoman lo dicho por O'Donnell sobre el modelo burocrático-autoritario. Morlino, Leonardo. Op. cit. Capítulo 4 «Los autoritarismos».

cuyas decisiones están caracterizadas por el pragmatismo -independientemente de motivaciones ideológicas, no existe un partido de masas pero es posible la creación de un partido único deseado por el gobierno, que tiende a reducir la participación de la población hasta en sus manifestaciones manipuladas. A veces admiten otros partidos pero sin dar lugar a elecciones libres o a una efectiva competencia. Estos regímenes se han instaurado con frecuencia en sistemas en los que ya habían aparecido instituciones democrático-liberales pero en los que aún no se había consolidado un sistema de partidos capaz de producir gobiernos estables. Se cita los casos de Brasil, Argentina, la España de Primo de Rivera, Portugal de Salazar en los primeros años del régimen. Moruno, al hablar de los regímenes burocrático-militares, señala que O'Donnell ha caracterizado el Estado burocrático-autoritario7 como un modelo de régimen para una situación económica y social más avanzada desde América Latina, con los siguientes rasgos: (a) La base social constituida por la alta burguesía oligopolista y transnacional (b) La coalición se da entre militares e especialistas en la coerción y tecnócratas que buscan normalizar la economía. (c) Estamentos populares antes movilizados son excluidos de la política por medio de distintas formas de represión. (d) Exclusión política y económica. Según estos criterios, la ideología específica sería la llama-da doctrina de la seguridad nacional y el empeño en mantener la ideología capitalista. La innovación institucional sería el nuevo profesionalismo de los militares. Collier8 realza el aporte de O'Donnell al formular este concepto, pues permitió orientar la investigación posterior sobre el autoritarismo en América Latina. Señala que luego de la formulación inicial del modelo burocráticoautoritario, se han propuesto modificaciones diversas y nuevas definiciones. Formula una desagregación del concepto de autoritarismo burocrático99 destacando los rasgos específicos que son nuevos. Parecen serlo tres rasgos importantes en los que se ha puesto énfasis en este libro: (1) el lugar central que ocupa en la coalición dominante una burguesía muy internacionalizada y oligopolizada; (2) el mando de los militares en cuanto institución, en oposición al de uno o varios líderes militares; y (3) la relación con el sector agrícola.10 Cabe anotar que este carácter institucional, alternativo al caudillismo militar precedente, es propio de otros regímenes militares en América Latina. Los militares peruanos de 1962 y 1968 actuaron así, institucionalmente como gobierno de la Fuerza Armada y desde sus comandos máximos, aunque en dirección antioligárquica y con una variante de la doctrina de seguridad nacional propia del Cono Sur en la que se enfatizaba que no había defensa sin desarrollo. Lo 7

O'Donnell, Guillermo. El Estado Burocrático Autoritario. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982. Este es el primer trabajo de O'Donnell con base en el estudio de la dictadura argentina de 1966 a 1973. 8 Collier David. Op. cit., p. 367. 9 Como prefiere llamarlo Collier en lugar de «Modelo Burocrático-Autoritario». 10 Collier. Op. cit., p. 371.

institucional -en la iniciativa y en la dirección del gobierno- queda muy debilitado en el fujimorismo, como veremos.11 El supuesto de trabajo fundamental para entender el autoritarismo burocrático según Collier a la luz de argumentos de O'Donnell y Cardoso- es que la fuerza dinámica principal del cambio político y económico es la interrelación entre coalición dominante y política -por una parte- y, por la otra, las cuestiones que surgen del intento de mantener o alterar las relaciones capitalistas de producción. Así, señala por lo menos tres relaciones causales específicas del autoritarismo burocrático: (a) Cuando graves crisis amenazan las relaciones capitalistas de producción existentes, los líderes de los grupos dominantes pueden iniciar cambios de régimen, de coalición dominante y/o de políticas públicas para proteger mejor tales relaciones de producción. (b) La aparición de nuevas relaciones de producción puede generar presiones a favor de modificaciones en el régimen, coalición dominante y/o políticas públicas para mantener o reforzar estas. (c) Con independencia de esas presiones, las modificaciones de régimen, coalición y/o políticas pueden iniciarse con el objetivo de cambiar las relaciones capitalistas de producción. Finalmente, existe la variante en los regímenes civiles militares de los que habla Morlino- de régimen corporativo, que no desarrollamos por alejarse de nuestro caso, donde parte de la misma coalición civil militar posee una ideología que niega tanto la concepción liberal de la competición política como la marxista del conflicto de clases, para seguir una opción corporativa. Corporativismo para Schmitter es: [...] un sistema de representación de los intereses cuyas unidades están organizadas en un número limitado de categorías obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y admitidas (cuando no creadas) por el Estado, que les garantiza el monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías a condición de que se observen ciertos controles sobre la selección de los líderes y sobre la articulación de las demandas y el apoyo.12 En este caso hay participación controlada y movilización de la comunidad política a través de estructuras orgánicas como los sindicatos verticales, cámaras legislativas corporativas o el mismo partido. El régimen autoritario de Fujimori en las caracterizaciones Veremos ahora cómo es que algunos autores han caracterizado al régimen fujimorista, esto es, cómo lo han definido, para luego ensayar una caracterización a modo de síntesis con los nuevos elementos que se han ido presentando, no sin antes mencionar que la mayoría, por no decir todos los autores, dan al gobierno 11 12

Pease García, Henry. El Ocaso del Poder Oligárquico. Lima: DESCO, 1977-Cap. 1 y 6. Morlino. Op. cit., pp. 148 y 149.

de Fujimori un perfil de gobierno civil-militar. No queda muy claro hasta aquí, sin embargo, el grado de presencia militar y de qué manera define el régimen. No lo define, ciertamente, con rasgos similares a los gobiernos militares de 1962 y 1968, donde los institutos armados tuvieron el cuasi monopolio de la iniciativa política, el control del escenario y actuaron institucionalmente. Tampoco se repite el caudillismo militar precedente a esos regímenes y nos tendríamos que remontar a los tiempos de Augusto B. Leguía (1919-1930) para un precedente parecido en la relación civil-militar. Para hacer las caracterizaciones y sistematizar mejor esta parte vamos a utilizar las categorías o variables que Morlino y O'Donnell utilizan el primero para explicar los regímenes autoritarios y el segundo para tipificar los sistemas políticos latinoamericanos en la historia El tipo de régimen que se acercaría más al régimen fujimorista, según la caracterización que hace Morlino, es el régimen Civil-Militar, específicamente el Burocrático-Militar. Cercano a este, está el Modelo Burocrático Autoritario de O'Donnell y la complementación de este modelo por parte de Collier que lo llama Autoritarismo Burocrático. Hacemos la salvedad que el gobierno de la mafia tenía ingredientes nuevos e inclusive contradictorios.13 Utilizando una combinación de las categorías de Morlino y Collier,14 analizaremos las caracterizaciones de diferentes autores sobre el régimen fujimorista: Sinesio López15 Tiene una visión muy completa de lo que fue el gobierno de Fujimori, y lo muestra proponiendo una periodización de cuatro momentos con una caracterización diferente para cada uno. Caracterización: Sinesio López encuentra que el fujimorismo pasó por diferentes tipos de régimen en el lapso de seis años: (1) Democracia Delegativa: «En los inicios del gobierno, se instaló el régimen que O'Donnell ha descrito como democracia delegativa; en noviembre de 1991 se frustró el intento de instalar una democradura cambiando las reglas de juego democrático, sin apelar al golpe de Estado».16 13

Nos referimos, por ejemplo, a que en el gobierno de Fujimori-Montesinos podían convivir perfectamente el neoliberalismo más radical con el neopopulismo más escandaloso. 14 La variable coalición dominante es común a ambos autores; la variable movilización, si bien el término lo tomamos de Morlino, esta incluye lo que Collier llama régimen político nacional -que significa analizar el nivel de competencia electoral, de libertad de asociación de interés y el nivel de represión-. Ideología y Estructuración del Régimen son variables de Morlino, mientras que Políticas públicas cruciales es variable de Collier. 15 López, Sinesio. En: Fracturas en la Gobernabilidad Democrática, Op. cit. 16 El intento de instalar una democradura se da -según Sinesio López en una nota a pie de página- mediante los decretos de pacificación, con los cuales se quiso concentrar el poder en el Ejecutivo, someter a los otros Poderes del Estado, otorgando primacía a los comandos político-militares y subordinando a los gobiernos regionales así como estableciendo un sistema de movilización.

(2) Dictablanda: «El 5 de abril de 1992 en que se produjo el autogolpe, se frustró el establecimiento de una dictadura gracias a la presión internacional; en los primeros meses del autogolpe se estableció una dictablanda». (3) Democradura: Con la elección del Congreso Constituyente Democrático se abrió paso una democradura. (4) «Finalmente con la reelección de Fujimori en 1995 nuevamente se instaló una democradura de carácter plebiscitario».17 Define el fujimorismo como un régimen autoritario civil-militar: Se puede definir el fujimorismo como un tipo de régimen político no democrático que no constituyó propiamente una dictadura sino que fue más bien una de las modalidades de los regímenes autoritarios. El fujimorismo fue, en efecto, un gobierno civil-militar que concentraba el poder en el Ejecutivo subordinando a los otros poderes del Estado, limitaba la competencia y la oposición políticas, estimulaba la despolitización de la población y su despartidarización, propugnaba el pragmatismo y la desconfianza en las ideologías, cultivaba una disponibilidad abierta a cambiar las reglas de juego de acuerdo a los intereses y necesidades de la coalición gobernante, establecía una relación plebiscitaria -sin mediaciones institucionales- de los líderes políticos con los ciudadanos e impulsaba políticas neoliberales en manejo macroeconómico y neopopulistas en las políticas sociales [...].18 Coalición dominante: La coalición es civil-militar: [...] la democradura presenta un rostro civil (gobierno y Congreso) pero el cuerpo que lo sustenta y que participa también en la toma de decisiones políticas es militar con una fuerte presencia de los servicios de inteligencia [...] es un gobierno civil-militar, pero que no asume la forma de lo que en América Latina se ha llamado la «bordaberrización» puesto que Fujimori no es un mero fantoche de los militares sino que es un socio que también decide. Como régimen civil se apoyaba formalmente en algunas reglas de juego democrático [...] acepta formalmente los controles institucionales democráticos pero [...] realmente les arrebata toda función fiscalizadora [...]. Como régimen militar viola los derechos humanos, desnaturaliza a las instituciones e introduce la emboscada, las sorpresas y los operativos sicosociales como normas de gobierno [...].19 López también menciona que los aliados del fujimorismo en la parte económica eran los poderes fácticos económicos tanto nacionales e internacionales. 17

Op. cit. p.487. López, Sinesio. «E! fujimorismo como régimen político: límites y perspectivas». En; Perú actores y escenarios al inicio del nuevo milenio. Lima: Fondo Editorial PUCP, p. 171. 19 Ib., pp. 173 y 174. 18

Ideología: La ideología dominante es el neoliberalismo y el pragmatismo: [...] la democradura fujimorista es pragmática y desconfía de toda ideología. Eso no impide, sin embargo, que algunos de sus socios los tecnócratas neoliberalessean fuertemente ideologizados. Pero Fujimori mismo y sus socios militares son muy pragmáticos. Lo que les interesa es durar y si eso exige desarrollar algunas políticas de carácter populista que pueden poner en riesgo incluso el modelo neoliberal, no dudará en aplicarlas.20 Movilización: [..,] La democradura fujimorista se apoya en la desconfianza de la población hacia los partidos y estimula su despolitización, por un lado, y la participación plebiscitaria por otro. En noviembre de 1991 Fujimori buscó establecer la movilización de la población contra el terrorismo, pero esa medida tenía un sentido más militar que político. Los mecanismos plebiscitarios que establece la Constitución de 1993 tienen el claro propósito de cuestionar la democracia representativa. En esta parte, y en la caracterización del cuarto período no concuerdo. Sostengo que aunque pudiera haber sido esta la intención de los actores del oficialismo, no lo fue en la Carta constitucional. No permitimos, desde la oposición y varios de la mayoría oficialista, que los mecanismos plebiscitarios pudieran ser utilizados por el Presidente de la República. Así, el referéndum debía partir de una decisión del Congreso o iniciativa popular, no del Presidente. Fue utilizado así, por iniciativa de la oposición popular con un millón de firmas y el gobierno tuvo que recular y desfigurar la norma, perdiendo mucho en imagen por la maniobra. Estructuración del régimen: El fujimorismo genera cambios en las estructuras de autoridad: [...] la concentración y la centralización de Las decisiones en el Poder Ejecutivo, la pérdida de autonomía del Parlamento y del Poder Judicial, el cogobierno con la cúpula de las FF.AA., la desnaturalización de las instituciones democráticas de control (la destitución de tres miembros del Tribunal de garantías Constitucionales y la disminución de las funciones de Consejo Nacional de la Magistratura y de la Fiscalía de la Nación) y la utilización de los aparatos encargados de Las funciones extractivas (SUNAT) contra los opositores del gobierno […]21 Políticas Públicas:

20 21

Ib. p.173. Ib., pp. 175,176.

López había de tres reformas estructurales que cambian el sistema social, especialmente el modelo de acumulación y regulación: « [...] el establecimiento de una economía de las ventajas comparativas mediante su apertura al mercado exterior, la desregulación de los mercados y la privatización de las empresas públicas, esto es la implantación del llamado modelo neoliberal».22 Estos cambios contaron con el apoyo de gobiernos democráticos de países desarrollados y los organismos internacionales. Crabtree23 El autor realiza un estudio sobre lo que el gobierno de Fujimori significó en términos político-económicos: El neopopulismo. Caracterización: Gobierno Cívico-Militar Bajo Fujimori, el Ejército llegó a ser un elemento clave en la coalición de intereses que ayudaron a sostener al gobierno. Una de las primeras acciones del gobierno fue reorganizar la Policía y reemplazar a varios comandantes militares importantes,24 Coalición Dominante: Base social clientelar y FF.AA. fundamentalmente. Ideología: Neoliberal y neopopulista. Crabtree indica: La naturaleza del discurso de estos «nuevos» populistas es claramente diferente a la de los anteriores. En términos económicos la nueva generación de líderes populistas busca por lo general lo completamente opuesto a sus antepasados al promover una transformación neoliberal que reduce el poder interventor del Estado y que no solamente pone fin a la anterior fase de la industrialización por sustitución de importaciones, sino que trata de dar marcha atrás. En términos políticos, sin embargo, las continuidades son más evidentes y la creación del término «neopopulismo» responde a la necesidad de entender dichas características.25 Movilización: Masas clientelares y desinstitucionalización. Estructuración del régimen: 22

Ib., p.176. Crabtree, John. En: El Perú de Fujimori. John Crabtree y Jim Thomas. Lima: Universidad Pacífico & ÍER 2000. 24 Ib., p. 64. 25 Ib., p. 46. 23

La estructuración del régimen se basa en una relación directa sin la mediación de los partidos: [...] se volvió necesario para Fujimori, tratar de establecer la legitimidad de su gobierno, construyendo una relación más estrecha entre el Presidente y el pueblo, sin la mediación de otros grupos o partidos. [...] Fujimori trató de construir un acuerdo general atacando a los partidos políticos a los que responsabilizó de los problemas del país.26 Para Crabtree el « [...] populismo es más que una simple respuesta a colapsos periódicos, más bien es parte de la cultura política peruana».27 Políticas Públicas: En términos económicos, la nueva generación de líderes populistas busca por lo general lo completamente opuesto a sus antepasados al promover una transformación neoliberal que reduce el poder interventor del Estado, y que no solamente pone fin a la anterior fase de industrialización por sustitución de importaciones [...] sino que trata de dar marcha atrás [...].28 Julio Cotler29 Caracterización: Cotler caracterizó el fujimorismo como un autoritarismo plebiscitario que guarda un aire de familia con el patrimonialismo sustentado por el presidencialismo de Belaúnde y García: « [...] los tres mandatarios gobernaron tomando decisiones tecnocráticas y autoritarias que contravinieron sus promesas electorales [...] como si se les hubiera extendido un «cheque en blanco [...]».30 Fujimori fue eje de una coalición entre militares, empresarios y burócratas con el respaldo de los organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Cotler, en su libro publicado el 2000,31 luego de la caída del régimen, caracteriza al gobierno de Fujimori como un régimen autoritario cívico-militar: [...] El Ejecutivo y los militares destruyeron el desacreditado orden constitucional y fundaron un régimen autoritario, aduciendo que esas decisiones respondían a la necesidad perentoria de reducir, o hasta eliminar las presiones sociales, de un lado, y de promover la estabilidad política y económica, del otro [...].32 26

Ib., p. 60. Ib., p. 68. 28 Ib., p. 46, 29 Cotler, Julio. Se hace una referencia preliminar a una caracterización de Cotler en 1994, pero se enfatiza en la caracterización que hizo el 2000. 30 Cotler, Julio. «Crisis política, Outsiders y autoritarismo». En Política y Sociedad en el Perú: cambios y continuidades. Lima: IER 1994, pp. 221 y 222. 31 Cotler, Julio. «La gobernabilidad en el Perú. Entre el autoritarismo y la democracia». En: J. Cotler y R. Grompone, El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario. Lima: IEP, 2000. 32 Ib., p. 14 27

Cotler va más allá y explica que el gobierno, al tratar de asegurar la duración indefinida del régimen autoritario... [...] formalizó la captura de los aparatos estatales y propició la transformación del régimen en una autocracia regida por una mafia de militares y civiles. Como era previsible, la restricción de las libertades civiles y políticas, al igual que el control y la represión de los opositores del gobierno, se produjeron a la par que se extendía la corrupción y se recurría continuamente a la difamación, la extorsión, la mentira y el cinismo, afectando seriamente la moral política.33 Al relatar los sucesos anteriores a la caída del régimen, Cotler menciona claramente que se trataba de una coalición civil-militar: A las continuas manifestaciones que siguieron en contra del fraude electoral, se agregaron adversas reacciones internacionales; pero de nada valieron todas estas demostraciones para detener la voluntad de la coalición civil-militar de proclamar el triunfo de Fujimori. Fue así que en un flagrante acto inconstitucional, los altos mandos de las fuerzas Armadas reconocieron públicamente a Fujimori como presidente y comandante en jefe de las instituciones castrenses aun antes de que lo hiciera el Congreso, dando por sentado que la decisión militar era la definitiva.34 La coalición cívico-militar peruana contaba también con que los gobiernos de los países desarrollados, al igual que los de América Latina y en especial sus aparatos militares, los sectores económicos nacionales e internacionales y los organismos multilaterales de crédito, aceptarían con agrado o en su defecto se verían obligados a acatar la consumación del fraude electoral y a reconocer la vigencia del tercer gobierno de Fujimori.35 Coalición dominante: Podríamos decir que la coalición dominante está conformada por una alianza de poderes fácticos nacionales e internacionales, esto es por poderes económicos tanto nacionales y los relacionados con organismos financieros internacionales y las Fuerzas Armadas en contacto con organismos de inteligencia extranjeros como la CIA y la DEA. Cotler menciona que la cúpula militar y las élites económicas habían puesto sus esperanzas en Vargas Llosa, pero al ver los sorprendentes resultados con el triunfo de Fujimori creyeron que el flamante Presidente era ajeno a los sentimientos y preocupaciones nacionales. Fujimori, sin embargo, despejó tales aprensiones y logró revertir esa visión al asociarse con personajes claves que le permitieron forjar una exitosa política de alianzas con poderes fácticos nacionales e internacionales que contribuyó a estabilizar la economía y el orden social, al igual que 33

Ib., p. 15. Ib., p. 61. 35 Ib., p. 62. 34

conquistar el apoyo pasivo de las masas populares, en una palabra, mediante dicha asociación el Presidente creó una amplia base de consenso que permitió establecer las condiciones de gobernabilidad del Perú.36 Cotler luego menciona dos factores básicos que configuraron la coalición civilmilitar a la cual se va a referir más adelante. En primer Lugar, mediante La participación de Vladimiro Montesinos, designado asesor presidencial en cuestiones de seguridad, Fujimori estableció una estrecha relación con las Fuerzas Armadas, así mismo tiempo que se hacía cargo del proyecto político de aquellas, por lo que su jefatura cesó de criticar a Fujimori en razón de su origen asiático, además por los contactos que el mencionado asesor mantenía con agencias de inteligencia norteamericanas, el gobierno peruano y sus coman-dos militares lograron vincularse entre sí y obtener el respaldo de sus equivalentes en los Estados Unidos. [...] En segundo lugar, gracias a la intervención de Hernando de Soto, el presidente Fujimori logró el respaldo de los organismos multilaterales y del sistema financiero nacional e internacional. A pesar del declarado rechazo al programa liberal postulado por Vargas Llosa, el Presidente se vio precisado a acatar las condiciones de las instituciones financieras internacionales a fin de obtener los indispensables recursos económicos y el apoyo político necesario para sacar el país del hoyo.37 Ideología: La ideología durante el gobierno de Fujimori-Montesinos era la neoliberal. Pero las reformas neoliberales fueron acompañadas también por el fortalecimiento del aparato estatal y de su capacidad para organizar y dirigir los asuntos públicos, el régimen se basó así -como diría Morlino para los regímenes burocrático-militaresen el pragmatismo: Fujimori se presenta como el garante del orden y la seguridad pública y «[...] la mayoría de la población justificaba el desempeño autoritario por su eficacia para estabilizar económica y políticamente al país, más que por supuestas características culturales de la sociedad [...]».38 También se podría calificar al gobierno de populista, como el mismo Cotler indica: [...] para consolidar el régimen autoritario la camarilla gobernante decidió darle peso a las políticas sociales y ganarse así el respaldo de las masas indigentes, que constituyen alrededor de la mitad de la población del país, y particularmente de las mujeres de estos sectores sociales [...].39

36 37 38 39

Ib., p. 24. Ib., p. 23. Ib., p. 43. Ib., p. 37.

Hacia el final del régimen, al retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pretenden erigir en abanderados del nacionalismo.40 El gobierno de Fujimori podría acercarse así a la caracterización que le da Morlino al régimen fascista de movilización. Pero carece de esta última capacidad y es más bien la oposición democrática la que moviliza grupos civiles para enfrentar al gobierno por la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional y por otras políticas autoritarias y hambreadoras. Los jóvenes comienzan a salir a protestar, al lado de otros sectores, y el gobierno, que desarrolla una fuerte acción asistencialista y mantiene cautivos a amplios sectores populares con mecanismos clientelares, comienza un camino a la defensiva, justamente porque nunca se basó en la movilización, sino más bien en la pasividad del miedo y la crisis precedente. Movilización: En el gobierno de la mafia existían masas clientelares y sometidas, Cotler es claro cuando señala: Esta relación se vio reforzada por la cooptación que lleva a cabo el gobierno de dirigentes locales, muchas veces provenientes de las debilitadas organizaciones populistas y de extrema izquierda, a fin de canalizar Las demandas populares y los intereses del régimen; asimismo, dicha relación de Fujimori se refuerza con el control que ejerce el SIN sobre los canales de televisión y otros medios de comunicación, al tiempo que hostiga a los que informan o emiten opiniones contrarias al régimen, con el deliberado propósito de que las capas populares accedan solo a los testimonios oficiales.41 Estructuración del régimen: Para Cotler, el régimen de Fujimori crea una nueva estructura política, el SIN, que actúa como «partido del Estado». Además, se consolida una base social clientelar y retórica antipolítica que contribuyeron al desprestigio del sistema político, especialmente de los partidos políticos. Políticas públicas: Políticas neoliberales de ajuste y estabilización: Así también, la apertura de la economía, la flexibilización de las relaciones laborales, el inicio de la privatización de las empresas públicas, el rescate del sistema financiero y la negociación del pago de la abultada deuda externa, promovieron la confianza empresarial en Fujimori y favorecieron el repunte de las inversiones y del crecimiento económico, después de quince años de crisis económica intermitente.42

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Ib., pp. 56 y 60. Ib., p.38. lb., p.25.

Romeo Grompone43 Caracterización: Para Grompone el gobierno fujimorista es un régimen autoritario sustentado en una camarilla: [...] desde el golpe de estado de abril de 1992, y en sus propósitos iniciales, ha procurado establecer un régimen autoritario basado en el control social, restricciones a la movilización y pluralismo limitado. Para cumplir con estos propósitos, se sustenta en una camarilla que establece nexos con una reducida coalición social, sacando partido de la falta de alternativas políticas y de iniciativas de la sociedad civil [...]44 Se trata de un autoritarismo fuertemente personalizado: Así, no se trata del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) [...] sino de Vladimiro Montesinos; no se indaga sobre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como institución sino sobre [...] Hermoza mientras permanece en el cargo [...] no es un Presidente conduciendo el país sino el secreto designio de Fujimori que quiere desengancharse del marco jurídico establecido para su mandato. Este estilo de presentación es [...] más apropiado para una camarilla que para el personal político de un régimen estable [...].45 La camarilla se plasma [..,] en un grupo limitado de personas que establecen vínculos de lealtad basados en intereses compartidos que se definen en el momento mismo de su surgimiento, que exige manejos de poder de origen extra institucional y compromisos que se sostienen en lealtades restringidas asociadas a lo que cada uno sabe del otro en temas como la corrupción o las violaciones de los derechos humanos [...] Esta camarilla se afirma desde adentro recurriendo a la amenaza y al chantaje, y desde afuera porque La salida de ella supone la exposición a delitos de los que no puede eximirse porque ya no tienen una retaguardia de protección.46

Coalición Dominante: « [...] Los aliados de la camarilla, la cúpula de las Fuerzas Armadas, sectores del empresariado y en sus primeras etapas el consentimiento de los organismos internacionales de crédito [...]»47

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Grompone, Romeo. «AI Día Siguiente: El fujimorismo como Proyecto Inconcluso de Transformación Política y Social». En: Julio Cotler y Romeo Grompone, El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario. Lima: IER 2000. 44 Ib., p. 80. 45 Ib., p. 87. 46 Ib., pp. 108,109. 47 Ib., pp. 80,81,

Para Grompone no era un bloque de poder en el que se comprometiera a las Fuerzas Armadas como institución, solo se requería de una cúpula comprometida que deba favores y lealtades al gobernante. El intermediario entre el bloque civil y militar fue Montesinos. El apoyo de los empresarios al gobierno no fue uniforme: La Asociación de Bancos, la Asociación de Fondos de Pensiones, la Sociedad de Comercio Exterior y mineros, productores de hidrocarburos y de electricidad [...] se beneficiarán del modelo y lo promoverán [...] [mientras que] Las medianas y pequeñas empresas agrupadas en la Asociación de exportadores, Adex, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara Peruana de Construcción articulan intereses de pequeños y medianos empresarios, tienen elevados niveles de fragmentación social, enfrentan problemas de sobrecostos laborales y de competitividad con aquellos de mayor eficiencia tecnológica [...] manifiestan discrepancias respecto al gobierno […]48 Ideología: La eficacia Ganaba espacio la idea de tomar decisiones rápidas, eficaces, sin consulta y transformadoras que desconocían el marco representativo y donde las instituciones reguladoras del Estado de Derecho para el gobierno y buena parte de la población, se las consideraba como trabas que dadas las urgencias con las que se vivía era conveniente pasar por alto [...]49 Movilización: El aumento del gasto social en obras de infraestructura, electricidad y saneamiento para caseríos y barrios populares, así como la ayuda alimentaría a un 42 % de los hogares ha provocado que se revitalicen los rasgos del clientelismo. Se crea una organización administrativa para darle continuidad a los vínculos y control de la ciudadanía: «[...] es notoria la acción del Ministerio de la Presidencia y en particular del Programa Nacional de Asistencia Alimentaría (Pronaa) [...]. Los recursos principales pueden provenir del gerente de un Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) [...]».50

Estructuración del régimen: [...] La presencia de maquinarias en lugar de partidos con ideología y en el momento que el liderazgo ejercido por el Presidente pierde parte de su capacidad de convocatoria, hace surgir la figura del operador político como 48 49 50

Ib., p. 104. Ib., p. 84. Ib., p. 126.

intermediario entre las orientaciones de las organizaciones sociales [...] y las autoridades del gobierno central [...], en buena parte estos operadores políticos han sido antes militantes de partidos de masas o con vocación de tal, como la izquierda y el APRA [...]. Absalón Vásquez, fogueado cuadro partidario en décadas anteriores, es quien desde el gobierno está en mejores condiciones para evaluar a este personal político dispuesto a actuar y al mismo tiempo a través de estos reclutamientos armar su propio aparato político. Se crea así una estructura paralela a la del SIN, esta vez con rostro visible, que daría un sustento social no desdeñable al fujimorismo [...].51 Políticas Públicas: Se impuso un estilo decretista de iniciativas legislativas para la reforma económica y para que la conducción macroeconómica quede en manos de « [...] un reducido equipo de técnicos aislados que definieran sus prioridades dejando de lado cualquier presión social [...].52 El proceso de ajuste estructural y de reformas económicas fue exitoso en los términos fijados por los organismos internacionales y los inversionistas extranjeros hasta 1997 [...]. Estas medidas fueron acompañadas por una acelerada redefinición de las relaciones laborales, con una legislación que favorece la flexibilización del mercado de trabajo fomentando la contratación temporal y la subcontratación, a la vez que facilita el despido, regulando las condiciones de negociación colectiva de los sindicatos y el derecho de huelga para debilitar a los gremios, estableciendo políticas salariales destinadas a mantener niveles de remuneraciones bajas [...].53 A partir de 1997 ante las crecientes presiones sociales se intenta una política de redistribución selectiva del gasto social pero sin implementar las reformas de segunda generación (educación, administración pública y justicia). Carlos Iván Degregori54 Caracterización: [...] [Se trata de un] régimen alrededor de la antipolítica, la personalización del poder y la defensa cerrada de la actuación del Estado en los años de violencia. El autogolpe de 1992, la ley de amnistía de 1995 y la reelección presidencial de ese mismo año, consolidaron esa opción [...].55 La situación de emergencia política se volvió permanente y las huellas de ese nacimiento violento del régimen se ven

51

lb., pp. 137 y 138. Ib., p. 117. 53 Ib., pp. 117 y 118. 54 Degregori, Carlos Iván. La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Lima: IEFJ 2000. 55 Ib.,p. 14 52

hasta el final: el régimen se muestra cada vez más autoritario « [...] hasta convertirse en un régimen de camarilla, mafioso y autista [...]».56 Coalición Dominante: Fujimori desde el principio [...] gobernó al margen de su movimiento, su bancada parlamentaria y sus vicepresidentes. Y si bien se las arregló para hacer clientelismo sin despertar las iras de Los organismos internacionales, acentuó la tendencia a rodearse de un pequeño círculo cerrado que no respondía [...] ante ninguna instancia, conformado por familiares, amigos nikkeis, compañeros de colegio y de universidad, los llamados molineros. De estos últimos, el más famoso sería con los años Absalón Vásquez [...].57 La base de apoyo de Fujimori: « [...] el solitario «outsider» de 1990 logró finalmente construirse una sólida base de apoyo cuyos pilares eran el SIN y las FF.AA., el empresariado y la tecnocracia vinculada a los organismos financieros internacionales [...].58 Montesinos era el mediador entre el presidente y las FF.AA. e impuso a Hermoza Ríos como Comandante General. Ideología: Degregori al preguntarse sobre lo que explica la reelección da algunas respuestas que nos muestran la ideología del fujimorismo: • •

La victoria sobre la hiperinflación y el terrorismo Necesidad de orden • La oposición sin alternativa convincente de política económica y de orden democrático • La oferta autoritaria tenía apariencia de honradez: [...] salvo los problemas conyugales de Fujimori con Susana Higuchi, ningún escándalo de proporciones había salpicado todavía al Presidente o su entorno. Por el contrario, el mandatario aparecía austero y dedicado íntegramente a su trabajo. El contraste con el gobierno de García seguía siendo tajante [...].59 • El contexto era [...] propicio para que la población hiciera la vista gorda: aun cuando hubiera corrupción, el gobierno «hacia obras». A partir de 1993-94 el gasto social comenzó a elevarse, férreamente centralizado en el Ministerio de la Presidencia. Paralelamente, otras instancias como los municipios de las capitales departamentales, especialmente el de Lima Metropolitana, veían recortados sus fondos para la ejecución de obras públicas. De esta forma, era el señor Presidente quien aparecía como el gran y único constructor.60 56 57 58 59 60

Id. Ib., pp. 38 y 39. Ib., p.47. Ib.,p.55. Id.

El fujimorismo potencia los rasgos negativos de la nueva cultura peruana: [...] es cierto que el gobierno recoge y expresa ciertos rasgos de la nueva cultura peruana. Pero en vez de separar la paja del grano y potenciar sus aspectos más vitales, democráticos y solidarios como correspondería a una verdadera élite modernizadora, el fujimorismo concentra y acentúa el lado oscuro de esa nueva cultura y lo lanza de regreso como un rayo de luz negra sobre la sociedad, amenazando con reducir a cenizas lo poco de ética y de valores democráticos que todavía nos quedan. El ejemplo que emana del poder arbitrariedad, cinismo, impunidad- influye en el comportamiento general.61 Movilización: Disponiendo de recursos de las privatizaciones y negociaciones con organismos internacionales: Con $4,600 millones para gasto social concentrados en organismos dependientes del Ministerio de la Presidencia como el PRONAA, Fujimori intensificó sus visitas a provincias y a barrios pobres de Lima, especialmente a aquellos lugares donde el NO había triunfado en el referéndum, inaugurando locales escolares, obras de infraestructura, regalando computadoras, practicando lo que algunos analistas han llamado «neopopulismo» [...] el gobierno dilapidó recursos fiscales provocando una «farra electoral», cuyo precio tuvimos que pagar todos los peruanos después de las elecciones con un nuevo ajuste y recesión en 1996 […]62 Estructuración del régimen: « [...] Engranaje de clientelismo y amedrentamiento que, teniendo como eje al SIN, las FE AA., prefectos, subprefectos, presidentes de CTARs y un Ministerio de la Presidencia cada vez más hipertrofiado, supliría la necesidad de un partido de gobierno [,..]».63

Políticas Públicas: El Plan Verde: Economía de mercado. Martín Tanaka64 Caracterización: 61

Ib., p. 15. Ib., p. 51. 63 Ib., p.49. 64 Tanaka, Martín. « ¿Crónica de una muerte anunciada? Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales en el Perú 1980-2000». En Marcus-Delgado, Jane y Martín Tanaka. Lecciones del final del fujimorismo: la legitimidad presidencial y la acción política. Lima: IER 2001. 62

Plantea seis tesis discrepantes con las miradas convencionales sobre el proceso político peruano entre 1980 y el 2000, y en dos de esas tesis caracteriza al régimen de Fujimori, señalando además los límites de la oposición para hacerle frente: «Los altos niveles de legitimidad de Fujimori consolidaron un liderazgo personalista, enfrentado al orden institucional, autoritario, con un discurso antipolítica y antipartidos [...].65 A pesar de la consolidación de Fujimori luego del autogolpe según Tanaka, la oposición tuvo oportunidades para presentar una lucha política efectiva en contra del régimen autoritario. Hubo coyunturas propicias en 1993, 1995, 1998 y 2000. Si no ocurrió, fue por la racionalidad que rigió la conducta de los actores políticos. Al fracasar la oposición, permitió que Fujimori ejerciera un poder sin contrapesos, y llegara fácilmente a convertirse un régimen autoritario y corrupto. Tanaka discrepa con las caracterizaciones que señalan al fujimorismo como una mafia: [...] creo que caracterizar al fujimorismo como una «mafia» o como un régimen «sultanisco» simplifica demasiado su naturaleza y permite dejarse llevar en exceso por las sin duda escandalosas revelaciones a las que hemos asistido los peruanos [...]. La corrupción se explica a mi entender, por la combinación de una disposición enorme (para los estándares nacionales) de recursos, con la ausencia de contrapesos y controles institucionales efectivos.66 Para Tanaka pudo haber otros desenlaces en vez de desembocar en un régimen autoritario. Para explicarlo, divide al Fujimorismo en cinco etapas desde el punto de vista de su legitimidad: 1) 1990, luna de miel. 2) 1991 hasta el tercer trimestre, crisis del postajuste. 3) 1992 hasta mediados de 1996, consolidación y hegemonía, (legitimidad) • Entre 1992 y mediados de 1993, la legitimidad es mayoritariamente política por el autogolpe del 92 y la captura de Abimael Guzmán en septiembre de ese año. • Entre mediados de 1993 y mediados de 1996, la legitimidad es mayormente económica. 4) Segunda mitad de 1996 hasta inicios de 1999, etapa de crisis. 5) 1999 y primeros meses del 2000. Período de campaña electoral. Tanaka afirma que aún en la tercera etapa que sugiere un fujimorismo invencible, hubo posibilidad de otros desenlaces que dependían de los actores. Coalición dominante: Para Tanaka,

65 66

Ib., p. 78. Ib., p. 64.

[...] el fujimorismo consistió en un gran proyecto de transformación estructural de la sociedad peruana en clave neoliberal y neopopulista, lo que explica el gran apoyo, complicidad o tolerancia que tuvo de los poderes estructurales y de gran parte de la población; lo que no debe perderse de vista a pesar de los enormes niveles de corrupción a los que llegó [...].67 Ideología: Neoliberal y neopopulista. Movilización: Podemos encontrar una mención al nivel de movilización en su explicación de la caída del régimen; afirma que esta se da al agudizarse las contradicciones internas de un régimen altamente personalizado y es desencadenada por presiones de actores internacionales, no se deduce del vigor de la oposición política ni el de los movimientos sociales de protesta. Estructuración del régimen: Solo menciona la ausencia de contrapesos y controles institucionales efectivos que en combinación con la disposición de recursos explican la corrupción. Políticas públicas: Políticas neoliberales que generaron legitimidad económica antes de la crisis de mediados de 1996. Henry Pease García68 Caracterización: En 1994, la caracterización que propuse del régimen de Fujimori no fue ni de democracia ni de dictadura, para caracterizar al régimen retomé a Sinesio López69 en ese momento: Hoy, con tres elecciones en meaos de un año, con un Parla' meneo cuya mayoría controla fácilmente Fujimori, pereque cubre las formas, con una Constitución que afianza los resortes del autoritarismo, pero da legalidad que no existía en los meses posteriores al autogolpe, no podemos decir a secas que vivimos en una democracia o en una dictadura [...]. Democradura fue la forma en que Sinesio López caracterizó esta combinación de formas de democracia representativa limitadas, caudillismo autoritario y gobierno estrechamente vinculado con una cúpula militar que es tratada como un Estado dentro del Estado [...].70

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id. Caracterizaciones preliminares en dos libros: Remando contra la corriente. Lima: Congreso de la República, 1995 y Los años de la langosta, libro varias veces citado que pretende analizar la escena política de los dos primeros años. 69 La referencia que se hace a Sinesio López se tomó de «Perú: golpe, democradura v democracia». En: Cuestión de Estado n.° 4-5; Lima, 1993. 70 Pease, Henry. Los años de la langosta: La escena política del fujimorismo. Op. cit., p.31. 68

Encuentro que, incluso antes del golpe de 1992, existía un encornó de carácter civil-militar y vinculado al SIN. Hablo de una progresiva militarización: Fujimori forcejea desde el primer momento para recomponer en su favor la cúpula castrense [...]. Removió [...] altos oficiales en los diferentes institutos hasta poner a los que siguieran las indicaciones del entorno palaciego [...]. Hasta se asegura la coincidencia de «amigos o compañeros de Montesinos» en mandos clave, al mejor estilo de los métodos de anteriores gobiernos militares [...].71 Menciono, además, lo que se publicó en Gestión en marzo de 1991 sobre la existencia de un documento que se refiere al diseño de una junta de gobierno cívico militar.72 En 1995 sostuve que el gobierno de Fujimori era cívico-militar, cuando hago mención a lo que fue la investigación de la matanza de los estudiantes de la Cantuta: En la investigación no tomé parte, pero fue inevitable que los hechos me involucraran, porque habíamos tocado un punto neurálgico del bloque de fuerzas en el poder, la alianza entre el caudillo Fujimori y la cúpula militar encabezada por el general Hermoza.73 También en relación con los crímenes de la Cantuta, cuando Fujimori ordenó a su mayoría congresal para que recorten las facultades de la comisión investigadora, dije: «Este acuerdo tomado el veinticuatro de mayo, mostró la sumisión de la mayoría oficialista a lo que decide la cúpula militar, en lo que se entiende es su coto de caza, un Estado dentro del Estado».74 Lo que ocurre es que hay que revisar lo que varias veces sostuvimos: la existencia de un régimen cívico-militar desde el 5 de abril de 1992. Tal caracterización presupone un rasgo incompatible con los regímenes democráticos y es la no subordinación de la cúpula militar al poder civil elegido y a los términos de la Constitución sino su participación con una cuota importante, aunque variable, del poder político.75 Pareciera haber un acuerdo básico entre Fujimori y la cúpula militar desde el 5 de abril No solo se refiere a la estabilidad ya ilegítima de sus actuales comandos sino configura que las Fuerzas Armadas se consideren un Estado dentro del Estado. En el caso La Cantuta logró impedir que la comisión del Congreso desarrollara su potencialidad investigadora. Como a pesar de esto la Comisión encontró indicios y aparecieron los cadáveres, Lo que hicieron fue violentar la autonomía del Poder Judicial para que los mismos militares juzgaran a los asesinos, como si el asesinato fuera un 71 72 73 74 75

Ib., pp, 64,65. Ib., p. 131. Pease, Henry. Remando a contracorriente. Lima: Talleres Gráficos del CCD, 1995, p. 25. Ib. p. 28. Ib. p. 29.

delito de función o como si los militares, aun los retirados, fueran ciudadanos de otra condición en sus derechos y en quienes tienen que juzgarlos.76 El nombramiento sin ratificación parlamentaria, que aparentemente deja todo en manos del Presidente, en realidad garantiza el pacto de este con la cúpula militar para que ella defina en sus términos todo lo que ocurre en las Fuerzas Armadas y en la lucha antisubversiva que, entre otras cosas, por eso, difícilmente culminará en una efectiva pacificación.77 Como se puede apreciar en estos pasajes, mis opiniones y apuestas eran precisamente a la caracterización del gobierno de Fujimori como un gobierno cívico-militar, en el capítulo siguiente trataré de postular otra perspectiva a la luz de los nuevos hechos surgidos de la corrupción y de la mafia. Coalición Dominante: Había articulado una trenza de poder antes del cinco de abril, apoyado en la cúpula militar y la cúpula empresarial -que no es lo mismo que empresarios medianos e incluso grandes pero ajenos a lo que se llamó los doce apóstoles de Alan, es decir el núcleo oligopolio que siempre «cae parado» por el poder concentrado- creando opinión pública desde el coro que le hacen los principales medios de comunicación de masas y apoyado en una expectativa de cambio que persiste en un pueblo harto de frustraciones y engaños [...].78 Ideología: En Los años de la langosta hago mención a la lógica neoliberal y en Remando a contracorriente, al explicar el triunfo de Fujimori en 1995, hablo sobre el discurso de Fujimori que logró la aceptación popular: « [...] el discurso del miedo a regresar al pasado […].79 Encuentro lógica la decisión popular en busca de orden y eficacia. Movilización: El régimen de Fujimori buscó desmovilizar a los sectores que no estaban de acuerdo con sus intereses: «solo evaluando el autoritarismo imperial de Fujimori y ubicándolo en un contexto en que militares y tecnócratas autoritarios ven toda participación política de los demás los que no piensan como ellos como un estorbo [...] puede entenderse el golpe del 5 de abril [...]».80 Estructuración del régimen: En los años de la langosta detallo cómo los decretos legislativos que fueron rechazados por el Parlamento, luego del golpe fueron puestos en vigencia y

76 77 78 79 80

Ib., p. 30. Ib., p. 31. Pease García, Henry. Los Años de la langosta: La escena política del fujimorismo. Op. cit. p.134. Pease García, Henry. Remando contra la corriente, Op. cit., p. 85. Pease García, Henry. Los años de la langosta: La escena política del fujimorismo. Op. cit., p. 133.

subordinaron la autoridad civil a la autoridad militar: «Poder omnímodo del Servicio de Inteligencia sobre todo el aparato estatal y cualquier ciudadano [...]»81 Ya en el 2000, poco antes de la caída del régimen, señalo que el SIN es la columna vertebral del poder de facto.82 Señalo también que el régimen tuvo que contradecir su propia Constitución de 1993: [...] y asegurar que no quedasen sino títeres con cabeza en los puestos claves: mayoría parlamentaria manejada con un «bípper»; Magistrados que obedezcan al gobierno; fiscales que acusen a los enemigos y archiven los casos de los amigos; un Jurado Nacional de Elecciones con hegemonía gubernamental; y una contraloría que persiga a los alcaldes que no quieren estar con el gobierno. Además, por supuesto, de incumplir la Constitución y no elegir autoridades regionales [...].83 Políticas Públicas: [...] Se expidieron en 1991, 126 decretos legislativos que significan una verdadera reforma del Estado, para afianzar el proyecto neoliberal abriendo curso a la privatización, diluyendo o eliminando derechos sociales adquiridos por los trabajadores, reestructurando parte del Estado y militarizando en nombre de la lucha antisubversiva mucho de la gestión pública.84 Otras caracterizaciones que enfatúan aspectos particulares Fernando Rospigliosi85 Analiza con mucho detenimiento cómo se controló las Fuerzas Armadas; su énfasis es casi exclusivamente ese, el militar, pero es necesario destacar algunos aportes importantes a nuestro modo de ver. Para Rospigliosi, el gobierno de Fujimori-Montesinos es una dictadura personalizada, este concepto lo toma de Huntington para quien las dictaduras personalizadas se caracterizan porque apuestan a la desinstitucionalización, la corrupción y que muy difícilmente dejan el poder, salvo por muerte o destitución. Para Rospigliosi la coalición dominante en lo militar se da en cuatro tiempos: 1. Fujimori-Montesinos: Fujimori contrata a Montesinos como su asesor de inteligencia, desde el momento en que este le resuelve sus problemas con impuestos en el Poder Judicial cuando todavía era candidato. Al referirse a la decisión de cambiar a los mandos militares antes del autogolpe, afirma: 81

lb., p.71. Pease, Henry. Así se destruyó d Estado de Derecho, Congreso de la República Perú 1995-2000. Lima; Imprenta Dennis Morzán D., 2000, p. 10. 83 Id. 84 Pease, Henry. Los Años de la Langosta. Op, cíe., p. 119. 85 Rospigliosi, Fernando. Montesinos y las Fuerzas Armadas. Lima: IER 2000. 82

«Mejor dicho, la resolución de Montesinos, que había convencido a Fujimori, profano en los temas militares, fue que era indispensable reemplazar a los mandos de la marina y de la FAP».86«Así se presentó ante Fujimori no solo como un abogado que resolvía expeditivamente los problemas judiciales sobornando magistrados [...] (en referencia al problemas de las casas y los pagos de impuestos que debía Fujimori). 87 «Se presentaba en el SIN como un asesor clave y correa de transmisión del candidato y futuro Presidente. «En verdad, Montesinos había descubierto la manera de manipularlo y reforzar las paranoias de Fujimori, desde el comienzo de su relación».88 2. Montesinos-Fujimori: «No se sabe exactamente cuándo Montesinos incorporó a Fujimori a su plan golpista, y cuánto le hizo saber. Pero es muy probable que cuando el nuevo Presidente ocupó el palacio el 28 de julio de 1990, ya estuviera comprometido con Montesinos en su proyecto antidemocrático».89 ¿Cuáles eran las fuentes del poder de Montesinos? Como se ha descrito, él usó el poder que le delegó Fujimori, a quien manipuló desde el comienzo. Al ser no solo el consejero principal, sino el «único» del Presidente en asuntos militares y de inteligencia, pudieron hacer cambios decisivos en el Ejército entre el 28 de julio de 1990 y el 5 de abril de 1992.90 3. Fujimori-Montesinos-Hermoza Ríos (Triunvirato): El manejable Nicolás Hermoza resultó un poco más astuto de lo que pensó Montesinos, porque lentamente fue acumulando un poder propio y cuando quisieron echarlo no pudieron. Así se constituyó un Triunvirato, Montesinos, Fujimori y Hermoza, que manejaban los hilos del poder.91 4. Fujimori-Montesinos: vuelven los siameses En el Perú, con una historia republicana jalonada de dictaduras, en ningún momento los espías mandaron a las Fuerzas Armadas. Eso ocurrió por primera vez con Montesinos. Alberto Fujimori no fue un simple títere de Montesinos, si bien este lo manipuló sistemáticamente, Fujimori fue un cómplice y un socio. Él supo perfectamente quién era Montesinos desde el primer día que lo conoció. Precisamente lo requirió por sus habilidades delincuenciales para «arreglar» el asunto de la evasión de impuestos [...]. Sin las maquinaciones de Montesinos, Fujimori no hubiera podido perpetuarse en el poder. La politización y corrupción del ejército, la destrucción y el debilitamiento de las instituciones, como el poder Judicial y 86 87 88 89 90 91

Ib., p. 15. Ib., p. 16. Ib., p. 18. Ib., p. 22. Ib., p. 31. Ib., p. 38.

el Congreso, tuvieron como objetivo no solo aumentar el poder y la riqueza de Montesinos, sino también de Alberto Fujimori.92 De lo escrito por Rospigliosi podemos notar que la ideología que ha seguido el gobierno de Fujimori-Montesinos ha sido la del Plan Verde, esto es: en lo político, gobierno dictatorial cívico-militar, y en el económico, gobierno neoliberal. El régimen se estructuró sobre la base de la creación de facciones y la politización de las FF. AA. además de su desprofesionalización, esto le permitió crear una red mañosa con oficiales mediocres y manipulables que obedecían los mandatos de Fujimori-Montesinos. Gonzales de Olarte93 Realiza una análisis sobre todo desde el punto de vista económico. Caracteriza al régimen como una autocracia manejada por una mafia: Luego del escándalo del tráfico de armas y la presentación de pruebas de La corrupción política manejada por Vladimiro Montesinos, el asesor del presidente Fujimori, se reveló la verdadera naturaleza del régimen político del Perú: una autocracia manejada por la mafia cívico-militar disfrazada con formas democráticas.94 La Coalición dominante la formarían las FE. AA. y los poderes fácticos económicos. Un primer rasgo del gobierno del ingeniero Alberto Fujimori: (1990-2000) es que debe ser considerado como el que hizo la transición del modelo de desarrollo intervencionista al modelo neoliberal, es decir, es el gobierno que movió el péndulo peruano, veinte años después del último movimiento. Este cambio tuvo en realidad dos componentes: en lo económico; se pasó del capitalismo estatal al capitalismo privado, pero en lo político se pasó de la democracia a la autocracia (1992-2000). Esta combinación es la que ha caracterizado al gobierno fujimorista y al Perú como neoliberal en lo económico y autoritario en lo político.95

Manuel Dammert96 El libro de Dammert, publicado en el 2001, se centra en el carácter mañoso del régimen fujimorista. Afirma que Fujimori dio un golpe cívico-militar y caracteriza al régimen fujimorista como: 92

Ib., p. 43. González Olarte, Efraín, « ¿El fin del régimen económico y político del fujimorismo?». En: Cuestión de Estado. n.° 27/28. Lima: IDS, 2001. 94 Ib., p, 12. 95 Ib., p. 8. 96 Dammert, Manuel. Fujimori-Montesinos: El Estado mafioso. El poder Imagocrático en las sociedades globalizadas. Lima: El Virrey, 2001. 93

[...] una dictadura sustentada en un trípode: militares, narcotraficantes, banqueros codiciosos y comerciantes mercantilistas [...] lo que se instaló en el Perú fue un gobierno de la mafia que ha reformulado el Estado para ejercer su poder [...] usando la imagen para dominar [...] con el fin de ocultar en los fastos de una democracia parapléjica un real gobierno paralelo, de sociedad de código, con actas de sujeción, contratos privados de compras, cartas de adhesión y sistemas de vigilancia completa [...].97 Para Dammert, entre 1990 y 1995 se da forma a un nuevo tipo de Estado en el país. Los pasos para llegar a él son los siguientes: El golpe del 5 de abril del 92 tenía consigo el programa para llegar a ese nuevo Estado; pero ante el rechazo internacional que dio como resultado la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el Estado que se organizó fue un nuevo Estado presidencialista autocrático, muy cercano a los presidencialismos latinoamericanos que caracterizó Nohlen y que cita Dammert: El presidencialismo latinoamericano, según Nohlen, se ha caracterizado en su contenido institucional por la primacía del Poder Ejecutivo con respecto a los otros poderes y por el dominio del gobierno central sobre el territorio sin contrapesos del gobierno regional y municipal [...].98 Algunos rasgos de la nueva Constitución se usaron para organizar un EstadoPartido que fuera el eje central del cambio en la representación para perpetuar el régimen e impedir que surgieran élites de alternancia. Este régimen de partido-Estado era una montaña de espejos para ocultar el verdadero gobierno [...] un cogobierno Fujimori-Montesinos que había organizado un sistema de lealtades y administración en forma paralela, que funcionaba sobre la base del vértice de la corrupción, la vigilancia electrónica y psicosocial y la generalización del miedo, y que tenía diversas relaciones de sujeción [...]99 Las normas con las cuales se ejercía el poder desde el Estado-partido eran: divorciar el poder de la responsabilidad pública; despolitizar lo público e imponer la ideología de la tecnocracia en los asuntos políticos; imponiendo la aparición en la esfera mediática para existir, transformar la política en espectáculo y alejarla de los intereses de representación de la sociedad; construir lealtades no a partir de ideas fuerza de nación o de intereses corporativos económicos, sino «[...] en función del dominio de la mafia y una doble relación de beneficio: neopatrimonialista con los grupos económicos, y de súbditos clientes con la población [...]».100 97

Ib., p. 12. Ib., p. 33. 99 Ib., p.34. 100 Ib., p.36. 98

«Cuando este régimen controla la imagen como medio de dominación social, se forma una imagocratica [...] como un rasgo central del Estado y su forma de organizar la representación».101 En consecuencia se da la dictadura «imagocratica»: El Estado peruano entre 1992 y 2000 debe ser considerado como un «Estado mafioso imagocrático» directamente imbricado con los problemas de la globalización [...]. Esta dictadura fue posible en el Perú porque asumió para sí las tentaciones más perversas de la modernidad tardía [que son el hecho de que] [...] los sectores dominantes de [esta] pretenden imponerse con la exclusión de las mayorías y la apropiación de las fuentes de generación de conocimientos e información. Buscan una forma de totalitarismo despótico, con el fin de disponer de los medios para controlar la reproducción de la vida humana y disciplinar dictatorialmente a las sociedades con su vigilancia electrónica [...].102 Para Dammert el poder imagocrático103 convierte a los individuos en súbditos a través del dominio de la imagen, con cuya representación aliena a los individuos: Desde este poder, sustentado en la creación y control del imaginario de los sujetos, es que despliega su fuerza con el control militar y la mantiene con los dineros ilícitos, especialmente del narcotráfico. Hace del miedo y de la corrupción los vínculos sociales de lealtad y disciplina. Somete a las personas con una combinación de complicidad en el robo, la pobreza estructural y sin fin y el clientelismo estatal como método para sobrevivir. Incorpora a su base social desde los grupos de poder económico hasta los pobres que viven con menos de un dólar al día [...].104 La imagocracia tiende a la perversión de la democracia, dejando sus instituciones como esqueletos sin vida para reemplazar la democracia por la autocracia. Pretende incorporar la moderna videopolítíca en sus esquemas de dominación. Quiere presentarse como La «democracia plebiscitaria» que cambiará los vetustos estado [...I105 La dictadura imagocratica asienta su poder en dos rasgos: •

El neopatrimonialismo

[...]Una de cuyas expresiones actuales es el presidencialismo casi monárquico que caracteriza a muchos de nuestros Estados en América Latina, se manifiesta en que los funcionarios del Estado se sienten y actúan como 101

Ib., p. 33. Ib., pp. 13-14. 103 Dammert crea el término «imagocracia», que significa: « [...] la dictadura que construye y domina las imágenes de la vida en sociedad, para perpetuar el poder oculto de una mafia corrupta que mantiene esterilizadas a las vaciadas instituciones de la democracia representativa». Op. cit. p. 16. 104 Id. 105 Ib., p. 39. 102

propietarios de sus funciones o delegados del poder supremo ubicado en la cúspide: el Presidente de la República.106 •

La tripartición imagocrática

« [...] La división del escenario político en una tripartición perversa: un escenario mediatizado de espectáculo, la institucionalidad democrática saboteada desde dentro y el real poder oculto, que no es responsable ni controlable [...]».107 Dammert desarrolla con más detalle esta tripartición.108 •

En la esfera de la representación encuentra:

Un Congreso unicameral elegido por distrito nacional, al que ve como apéndice del hipercentralismo presidencialista; legislación y fiscalización asumidas por el ejecutivo; la construcción de una esfera mediática de representación-espectáculo; prensa sometida y convertida en líder de opinión a control; publicidad de lo privado ajeno para entretener, y secreto de lo público para ocultar; campañas psicosociales basadas en desatar sentimientos primarios y vender imágenes complacientes del poder. •

En la institucionalidad encuentra:

Desestructuración de instituciones democráticas autónomas; intervención del poder judicial y el ministerio público; supeditación de la mayoría del parlamento unicameral; disolución y debilitamiento de gobiernos descentralizados; control de prensa a través de publicidad o deudas tributarias; nombramiento del poder electoral; politización de FE AA. y PN, supeditadas al SIN; Actuación por encima de la ley y anulación del tribunal de Control Constitucional; ciudadanos bajo sospecha permanente. •

En el poder decisorio encuentra:

Un Consejo clandestino de Estado, de composición cívico-militar, con decisión absoluta pero sin responsabilidad; una administración directa y secreta de los poderes públicos a través del SIN; impunidad total con leyes ad hoc, fueros privativos especiales y autofiscalización administrativa; reserva absoluta del manejo de fondos públicos; sistema paralelo informal de lealtades al poder a través de redes de parentesco, grupos étnicos, chantaje, presión económica, etc. Es importante no perder de vista la relación, que cita Dammert, entre el contexto internacional y el cártel peruano mafioso:

106 107 108

Ib, p. 36. Ib., p. 40. Ib., pp. 40 y 41.

[...] La mafia instalada en el. Perú tiene mucho que ver con problemas de la sociedad peruana, pero también con sectores de un mundo globalizado que la incentiva, hace posible y permite que se reproduzca en uno y otro lado del planeta. Sin el apoyo de la CIA y sin las facilidades del sistema bancario mundial, no hubiese podido prosperar. La lucha mundial contra la corrupción tiene que tomar en cuenta esta corresponsabilidad.109 Para culminar este recuento de caracterizaciones y antes de proponer una visión de síntesis final, quisiera enfatizar la importancia de entender el régimen autoritario de Fujimori para democratizar el país. Retomo para ello a Collier, quien plantea líneas de investigación sobre la política en América Latina a raíz del estudio que se realizó sobre el nuevo autoritarismo en América Latina, en 1985, una de las cuales es el estudio de la era del autoritarismo: [...] puesto que el logro de alguna forma de democratización en América Latina en la década significa en gran medida la resolución de los problemas y tensiones que contribuyeron al reciente surgimiento del autoritarismo, el entendimiento de este próximo periodo de democratización deberá constituirse sobre el mejor entendimiento posible de las causas de las primeras tensiones [...] tiene prioridad el progreso en el entendimiento de la actual era de autoritarismo [...].110

109

Ib., p. 340 Collier, David. «El modelo burocrático autoritario: síntesis y prioridades para la investigación futura. En: el Nuevo autoritarismo en América Latina. México D.F: FCE, 1985, pp. 396 y 397.» 110

Capitulo 6 PROPUESTAS DE CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA Toda la caracterización presenta un componente temporal dado que los regimenes evolucionan y el análisis debe tomar en cuenta nuevos elementos que aparecen más claros ante nuevos hechos. El carácter mafioso de la coalición dominante solo ha quedado evidente cuando se conoció el tráfico de armas y en particular con la aparición del primer video, el del congresista Kouri en momentos que recibe .dinero de Montesinos para pasarse al fujimorismo. Ese es un hecho público de septiembre del 2000. Intuiciones y análisis previos podían vincular la concentración de poder y la corrupción o la falta de transparencia y la corrupción o la negativa a fiscalizar en el Congreso y la corrupción, o podían denunciar casi todos los casos puntuales, como veremos se hizo en las mociones pidiendo investigación presentadas por la oposición democrática. Pero no podían crear por sí mismas el sentido común que hoy existe sobre el carácter mafioso del régimen político. Considerando esto, intentaremos a modo de síntesis una caracterización que luego iremos analizando por partes. Se trata de un régimen autoritario, sustentado en una coalición mafiosa encabezada por Fujimori y Montesinos, que autonomiza y unifica el mando de los servicios de inteligencia coopta el comando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional convirtiéndose en un régimen civil-militar desde el 5 de abril de 1992. Estructura el régimen, a partir de la coalición mañosa, en círculos concéntricos que, utilizando el chantaje, el prebéndateme y la corrupción, subordinan poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos, a la vez que sueldan su alianza con los grandes grupos económicos, gran parte de los llamados doce apóstoles de la economía, en particular la banca y la minería, subordinando al resto. Se amplía así la coalición dominante y se sustenta en el sometimiento total a los impulsores del consenso de Washington, en lo que Gonzales de Olarte bautizó como el modelo neoliberal extremo de ajuste estructural.1 El régimen comienza en medio de la crisis impulsada por la violencia terrorista y la hiperinflación, aprovechando la pasividad de las masas, fruto de tal crisis, y se desarrolla progresivamente con una práctica neopopulista, que sin concesiones a la movilización popular, convierte el asistencialismo, que reclama la pobreza extrema, en un arma de legitimación política. Veamos esta caracterización parte por parte. Régimen autoritario Comencemos por señalar su carácter de régimen autoritario en la perspectiva que a partir de Linz retrabaja Morlino. Indiquemos primero su origen democrático, en elecciones que cumplían los estándares regionales, aunque particulares en dos cuestiones vitales que se desprenden de los capítulos anteriores en que Cotízales de Olarte, Efraín. El neoliberalismo a la peruana. Economía política del ajuste estructural 1990- / 997. Lima: IER 1998, pp. 41-67. 1

analizamos la crisis de los partidos y los limitados avances de la democracia en nuestra cultura política. Fujimori fue elegido en un momento de profunda crisis de los partidos, sin pactos ni pertenencia a ninguno de estos y sin mayoría parlamentaria propia. Lo fue en continuidad con una tradición presidencialista cuyos extremos se agudizan por la crisis y el contexto de hiperinflación y crecimiento de la violencia terrorista y se desarrolla dentro de una democracia tutelada por las FE AA. cuyo rol creció a lo largo de los 80 tomando como punto de partida la propia Constitución de 1979 y los términos del proceso de transferencia del gobierno militar de los años 70 al gobierno democrático de 1980. En ese contexto se produce la democracia delegativa de la que da cuenta bien Sinesio López, como caracterización de la primera etapa que describo en los capítulos de Los años de la langosta para el período 90-92 en el que el propio Fujimori con su discurso e iniciativa política va liquidando ante la opinión pública a los partidos y las instituciones que disolverá el 5 de abril de 1992. A partir de entonces nace el régimen autoritario y se pueden encontrar todas las características que señala Morlino. En efecto, tras el golpe y la corrección formal que introduce la OEA, concretada en la elección del Congreso Constituyente que luego se autodenominó Democrático, hay un pluralismo limitado y no responsable. La coalición dominante presenta importantes componentes que no provienen de elecciones y es limitada la participación de los partidos en el CCD aunque provenga de una autoexclusión además de ser limitados los poderes de este. Muchos concurrimos allí, conscientes de que era más una caja de resonancia o un lugar para dar la pelea opositora que bajo el supuesto de que era parte del poder efectivo de una democracia. Que Fujimori no propone una ideología elaborada o directora pero posee una mentalidad peculiar, de raigambre autoritaria y que explícitamente recurre al pragmatismo, es algo evidente desde el período anterior. Que encaja bien en el referente del discurso neoliberal al que se refiere su política económica y que se impone como «sentido común» ante la crisis es algo constatable. Honradez, tecnología y trabajo que fue su lema en la campaña no tiene referencias democráticas ni este tema fue parte de su discurso. Pero su combate a toda instancia democrática existente fuera de la presidencia, demuestra que no compartía ni el abecé de la democracia. Insistiendo en la idea de que «gobernar es mandar», común al caudillismo peruano de muchos gobernantes, aconsejaba a su ministro de economía en su relación con el Parlamento «primero se hace, después se informa», algo que contradice expresos mandatos constitucionales. Cualquier relectura de lo ocurrido desde 1990 confirma esta perspectiva y siempre se fundamenta en la supuesta eficacia del autoritarismo, cuestión que es fácil poner en duda realizando un balance de la década. Este régimen se asienta en la pasividad de las masas, sobre todo en los primeros años. Eso es fruto de la «crisis multidimensional» con que terminan los años 80 en el Perú y que intenté describir en el capítulo 3 de Los años de la langosta. El terrorismo fue el eficiente destructor de los movimientos y organizaciones sociales que llamábamos «movimiento popular» desde los años 70. La hiperinflación disolvía literalmente no solo la moneda, sino múltiples lazos construidos en las ciudades a lo largo del proceso de urbanización que termina en

informalidad por todos lados tras el fracaso de la pretendida industrialización que en su fase final liquida Fujimori. Recordar entonces que Morlino habla de los regímenes autoritarios como carentes de movilización política intensa o extensa, excepto en algunos puntos de su evolución, es mostrar esta pasividad que asombró a otros incluso ante el shock económico que Fujimori aplicó en 1990. Recuerdo que en un acto académico en Caracas, un profesor me preguntó al respecto: « ¿Es que los peruanos no tienen sangre en las venas?». Ciertamente algo entendible tras la experiencia que ellos tuvieron con el «Caracazo» al comenzar un ajuste leve en relación al fuji-shock. Respondí que una primera diferencia era que este en el Perú vino tras quince años de crisis económica casi continua y en medio del miedo y la desarticulación generada por la persistente ofensiva terrorista de Sendero Luminoso. Recordé que el inicio de los ajustes equivalente al ajuste que originó el Caracazo se produjo en 1977 y el pueblo peruano respondió con el primer paro nacional del 19 de julio, al que siguieron otras movilizaciones. En este caso un líder y un grupo reducido ejercen un poder notable: Fujimori refleja la personalización del poder que compartirá básicamente con Montesinos en una coalición que luego analizaremos. Es cierto, además, que el poder se ejerce dentro de límites formalmente mal definidos y esto se da especialmente al aplicarse la Constitución de 1993. A partir de un vacío de este pero en particular por imposición de su mayoría parlamentaria, cambió al capricho lo que establecía la ley del Presupuesto, y gobernó por simples decretos de urgencia y expropiando en la práctica al Congreso la capacidad de fiscalizar. Este es un simple botón de muestra. Pero Morlino agrega, para la caracterización de estos regímenes, que en ellos no se reconoce la autonomía ni independencia de la comunidad política. Sin duda, pero no se requieren disposiciones legales expresas como cuando antes se declaraba fuera de la ley a uno o varios partidos. Se administra su debilidad. Se cierran las puertas para cualquier tarea de «representación» y se niega sistemáticamente cualquier canal que lo intente. El discurso político pretende incluso parlamentarios que no «gestionen» por sus pueblos. Se implanta el estilo clientelar que tantas veces ha operado, agudizado en tiempos autoritarios. El Presidente recibe y busca relaciones particulares y «baños de masas» con ofertas puntuales y regalitos. No se acepta la gestión intermediaria de entes colectivos ni de sus dirigentes, sean partidos u organizaciones sociales autónomas. Solo se recibe a organizaciones que ellos manipulan y, aunque en esto hay evolución porque poco a poco crece la iniciativa de base y no todo se puede controlar, este rasgo se mantiene hasta el final. La gente adquiere la conciencia de que no sirve para nada, a sus intereses inmediatos, recurrir a partidos, a organizaciones sociales, etc. Revisando finalmente los rasgos que agrega Morlino a lo planteado por Linz, será evidente que en la coalición no predominan los que tienen responsabilidad frente al electorado. Que el CCD y el congreso unicameral elegido por distrito único en las elecciones de 1995 apoyaron sin fiscalización ni autonomía a Fujimori, aunque dejando dudas sobre la forma en que obtuvo mayoría absoluta en el Congreso; confirma lo que este autor señala como

sistemas electorales propios y asambleas parlamentarias con rasgos particulares. En pocos regímenes se pueden hallar todos los rasgos que indican los teóricos. Coalición Mafiosa El núcleo básico del régimen está constituido por la relación de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que cual siameses encabezan la coalición mañosa, la construyen y la conducen. El primero al margen de si nació en el Perú o vino pequeño desde el Japón con sus padres es un ciudadano japonés que engañó a los peruanos diciéndose peruano. En efecto, de acuerdo a la Constitución de 1933, vigente cuando cumplió 21 años, al cumplirlos Fujimori debió optar entre la nacionalidad peruana y la japonesa. Si quería ser peruano tenía que renunciar a la japonesa antes de sacar su libreta electoral. No puede haberlo hecho porque en tal caso no se la hubieran devuelto o reconocido al término de su mandato, después de haberlo reconocido como Jefe de Estado del Perú y recibirlo como tal, Vladimiro Montesinos era un capitán retirado deshonrosamente del Ejército peruano, tras acusaciones de traición a la Patria que por las manipulaciones que los militares realizaban en la mal llamada «justicia militar» no fue condenado como tal. Fue encontrado en los cuarteles de la CIA por un general peruano que lo denunció. Su ingreso estaba prohibido, con foto denigrante incluida, en todo cuartel militar hasta que el gobierno de Fujimori eliminó la prohibición. Abogado, en sus años de retirado del Ejército, defendió casos de narcotráfico según diversas versiones periodísticas. Este par de «angelitos», uno por elección popular y el otro por hábil asociación, se aliaron para hacer viable el gobierno que comenzaba el 28 de julio de 1990 en condiciones de precariedad. Para un autoritario es inconcebible gobernar sin mayoría parlamentaria. En la cultura política de 1990 lo era incluso para muchos que se entendían demócratas. En ese contexto, Fujimori fue visto muy débil al comenzar, aunque con el shock económico-social demostró que no lo era. Le faltaba partido, equipo y carecía de voluntad para forjar alianzas. Gobernar es mandar en la cultura política peruana y él lo expresaba bien. Planteaba a los demás «subirse al carro» sin explicar claramente el destino del mismo. Desde los días previos a la asunción del cargo, encerrado en el Círculo Militar porque «alguien» lo convenció de que corría peligro y podían atentar contra él, la influencia de Montesinos radicaba en la forma de establecer la relación con las Fuerzas Armadas.2 Cuando el mismo 28 de julio de 1990 destituyó al Almirante Alfonso Panizo Zariquiey, Comandante General de la Marina y Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, se confirmó 2

Allí lo visité -alrededor del 17 de julio cuando me llamó a proponerme fuera su ministro de Educación. Le dije que desconocía a dónde se dirigía su barco y le dije que el curso se definía en esa coyuntura por Economía y por Defensa, no por Educación. Le pedí entonces me informara de ello. No fue muy claro, salvo para decirme que las pequeñas obras eran su estrategia de legitimidad. Como no me quedó claro el rumbo y veía que la oferta era personal y no planteaba ningún acuerdo con las fuerzas políticas, le dije que no aceptaba. Insistió y me dijo que yo no aceptaba porque no me autorizaba Izquierda Unida. Le dije que no, que IU era una alianza y que yo decidía por las razones que exponía. Le dije que si quería hablar con ellos le podía llevar a todo el Comité Directivo pero que mi decisión era firme. Así ocurrió. En la reunión se cuidó de no decir que optaba por el shock y que ni siquiera buscaría los amortiguadores que tantos proponíamos desde la campaña. Sostuvo que él sí dialogaría con Sendero Luminoso, a lo cual Jorge del Prado respondió: allí solo hablan las metralletas. En IU no fuimos rígidos, dado el grave momento del país, autorizamos que pudieran aceptar cargos quienes no eran parlamentarios o dirigentes nacionales, lo que permitió el breve ministerio de Gloria Helfer quien salió por defender los derechos del magisterio, establecidos en ley vigente.

este curso. Esta forma de actuar lleva el sello de Montesinos; el fondo, siendo totalmente legítimo en un nuevo mandatario, muestra que ya en ese momento tenía Fujimori los elementos y el curso definido en una dirección. ¿Cómo llegó un extraño, desinformado sobre las FF. AA., sin aparato partidario ni políticos experimentados a su alrededor, a decidir este y otros cambios importantes en la cúpula de las FF. AA.? Montesinos era la clave. Se había movido cerca de los círculos de poder militar con astucia en los 70, a pesar de su juventud y bajo grado militar. Perdió pero aprendió. Sabía quien era sobornable, por razones materiales o de las otras, conocía generales capaces e incapaces, manipuló hilos y fue un factor decisivo en la recomposición de la cúpula militar efectuada por Fujimori para llegar al comando adecuado para el 5 de abril de 1992. No son pocos los cambios y aflora una característica muy comentada después: van desapareciendo los más capaces, los que comenzaron como espadas de honor. Este rasgo llegó hasta el extremo de que tal premio se convertía en motivo de invitaciones a retiro y postergaciones. La Marina y la Aviación terminaron comandadas por oficiales especialistas en inteligencia, que por ley no podían llegar al máximo grado militar. El Almirante ¡barcena nunca comandó un buque de guerra. ¿Qué hacía de Comandante General? Lo mismo ocurrió con el general Bello. Pero ambos fueron puestos por Montesinos porque los probó previamente en su entorno especializado. Hermoza Ríos no era un general con liderazgo antes de ser Comandante General, todo lo contrario. Su puesto en el escalafón no lo llevaba a ese cargo si previamente no se hubiera sacado a otros que sí eran líderes de su institución. Tuvo capacidad para hacerse su cuota de poder, pero no más y cayó cuando creyó que él era el poder y se envaneció haciéndose proclamar «general victorioso» dentro y fuera del régimen, aunque ni frente a Sendero Luminoso donde el victorioso fue el general de policía Antonio Ketín Vidal ni ante el Ecuador donde fue derrotado por más que cantara victoria junto con Fujimori, en evidente juego mentiroso, Montesinos fue el articulador de la acción de Fujimori en las Fuerzas Armadas y en la Policía, como ha quedado evidenciado en los videos de 1998. Si se encontraran los de los años previos tendría que verse cómo intrigó, coordinó, compró y vendió, chantajeó y castigó, paso a paso. Esto en instituciones militarmente jerarquizadas es más fácil que entre empresarios y entidades civiles. Esta fue su base de poder y se desarrolló hacia otros campos desde ese punto. No puedo establecer los límites del pacto pero no cabe duda de que esta alianza básica le dio consistencia al gobierno de Fujimori desde sus primeros años y es la que decide el golpe del 5 de abril que de ninguna manera es un hecho casual o coyuntural. Es una acción planificada, diseñada desde el comienzo del mandato y a la cual se arribó paso a paso. Y en el comienzo está básicamente Montesinos. Tan fue clave que al quedar Montesinos al descubierto en el 2000, y cuando Fujimori pretende tomar distancia de él, todo se desmoronó paso a paso. Los siameses suelen morir si se intenta separarlos, salvo que la operación sea perfecta y eso en política es muy difícil. Antes de continuar y examinar toda la coalición con sus componentes civiles y militares, cabe que nos preguntemos: ¿Porqué coalición mañosa?

Hay un rasgo que está en el sentido común de hoy, el comportamiento mafioso. Los videos donde se demuestra la intriga, la compra de conciencias, la administración de prebendas, puestos, el chantaje, la entrega de enormes sumas de dinero a cambio de apoyos, silencios o acciones delictivas, el manejo de influencias y la articulación sobre todos los poderes del Estado y ante este comportamiento el desfile de jueces, ministros, congresistas, generales, almirantes, magistrados autónomos, banqueros, empresarios de prensa y TV, etc., todo lo exhibido ahora, muestra un comportamiento mafioso que ya Julio Cotler incluye en su caracterización hecha tras los descubrimientos del año 2000, así como Manuel Dammert en obra reciente del 2001. En este caso se trata de un comportamiento mafioso en el mismo seno del poder, en la cúpula, y no solo se expresa en lo que vimos en videos sino, también, en los grupos paramilitares que actúan desde el Ejército y la Policía, que tienen antecedentes previos al 90 y que no parece que hayan actuado solo como respuesta absurda y denigrante al terrorismo de Sendero Luminoso o el MRTA. Existen elementos en las acciones encubiertas, ropaje del SIN, que dirigen la acción mañosa y sus chantajes contra civiles, empresarios por ejemplo y en particular opositores, así como a otros mañosos en particular en el narcotráfico. La investigación periodística muestra diversos ejemplos aunque falta un trabajo sistemático aún. Cuando Salvatore F. Romano33 escribe sobre «el gran Tío de los Grandes Tíos de la isla» Calógero Vinzzini, presentándolo como «hombre generoso y calumniado, amante del orden y ligado a sus deudos, que había tenido la desgracia de haber sido innumerables veces denunciado y acusado, pero al fin siempre absuelto, también por insuficiencia de pruebas», me acuerdo de muchos congresistas del fujimorismo o de la Fiscal Colán defendiendo a Montesinos. Para que no fuera interrogado, llegaron a restringir las facultades de las comisiones investigadoras, de modo que solo pudieran citar a los comandantes generales o al jefe del SIN, desde entonces bautizado como «jefe nominal». Este mismo autor ubica el origen del término mafia en 1865, en un informe del prefecto Gualtiero: « [...] oposición política y actividad rufianesca confundidas y asimiladas, acción de policía y concurso de actividad delictiva». Romano enfatiza otro rasgo: una especie de estamento intermedio entre la autoridad y la delincuencia, más que una asociación rufianesca, un grupo y un estamento dirigente de actividades criminales, no se identifican necesaria o directamente con el malhechor y el delincuente. Añade como contribución histórica de la mafia siciliana: «Mediante el establecimiento de una tupida red de vínculos de recíproca influencia entre la actividad criminal y económica, entre bandidaje y política, entre justicia pública y privada [...]».4 Señala también como elementos presentes de los grupos mañosos el «espíritu de clientela», la relación personal o de grupo con la que detenta en la vida política, económica o social cierta dosis de poder o de prestigio. Un elemento 3

Romano, Salvatore Francesco. Historia de la Mafia. Mito y realidad, caracteres sociales e influencias políticas del poder secreto de la mafia desde sus lejanos orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial, 1970. 4 Ib., p. 143.

decisivo es su influencia en el aparato burocrático, administrativo y policiaco del Estado. Ciertamente hay diferencias porque aquí el comportamiento mañoso parte de un núcleo asentado directamente en el Estado. Pero Montesinos, que articula esta dimensión que se expresará en los círculos concéntricos que describiremos, es justamente un funcionario intermedio, sin representación ni autoridad propia, ubicado en la trastienda que hace su juego propio articulado al Presidente y con quien constituye la cúpula del poder. El carácter mañoso de la coalición no es solo una manera de calificar lo que vemos y rechazamos. El rasgo que parte de los instrumentos que se usan en el juego del poder desde la compra, el soborno, el chantaje con cualquier forma de exclusión hasta el crimen físicamente hablando- es útil para orientar la investigación más allá de los rasgos del presente no solo por el curso ulterior, al durar más tiempo, sino por lo que caracteriza al poder en nuestros tiempos en mucho del mundo globalizado. Susan Strange, en La retirada del Estado5 nos recuerda como premisa de su libro, que « [...] las fronteras territoriales de los estados ya no coinciden con los límites que la autoridad política mantiene sobre la economía y la sociedad». La parte presente, pero hoy aún la menos avanzada de las investigaciones, vincula a esta coalición mañosa con el mundo del narcotráfico latinoamericano así como con la compraventa de armas y, si bien el poder de Fujimori y Montesinos se asentó en el Estado y lo hizo más fuerte, se debe desbrozar la relación con las mafias internacionales de este tipo, porque existen suficientes indicios de Las conexiones y acontecimientos que para explicarse hay que salir de la frontera de acción estatal y entrar al campo de las mafias que lucran con el narcotráfico y la compra-venta de armas. Un régimen civil-militar Fujimori y Montesinos son los actores principales del autogolpe de estado del 5 de abril de 1992. Desde ese momento el régimen constitucional deja de existir, rige un período de dictadura que va desde ese día hasta la instalación del Congreso Constituyente, en que, siguiendo los periodos propuestos por Sinesio López, puede hablarse de una «democradura». No concuerdo con que ese período pueda llamarse «dictablanda» si entendemos que esta señala un régimen autoritario más no dictatorial, y entre el 5 de abril y el 31 de diciembre de 1992 se ejerció dictadura, no era un régimen autoritario. No lo fue porque no se da un pluralismo limitado y no responsable. No hay pluralismo y punto. Están excluidos los actores que no formaron parte del golpe, aunque participen de elecciones que abrirán parcialmente el espectro a partir del 1° de enero de 1993. Pero lo que se desarrolla luego del 1° de enero de 1993, con esta digresión en paréntesis, es un régimen autoritario civil-militar. Su punto de partida es civil, un gobernante constitucionalmente elegido, junto con otro civil y expulsado de las FF.AA., realizan dos tareas previas: toman y autonomizan de los comandos institucionales los Servicios de Inteligencia de Las FE AA. y la Policía Nacional, que dirigirá realmente Montesinos desde el Servicio de Inteligencia Nacional. 5

Strange, Susan. La retirada del Estado. Quién gobierna el mundo en el capitalismo global ¿mafias, multinacionales, empresas de consultaría, candes..? Barcelona: Incaria editorial e Intermón Oxfam, 1996.

Desde allí y en su ubicación de asesor presidencial que comenzara privadamente con el tema de los impuestos del candidato Fujimori, Montesinos será clave en la segunda tarea: desplazar de la cúpula a todo general o almirante que incomode y cooptar el nuevo comando a fin de subordinarlo. Los comandantes generales y el director de la Policía Nacional que realizan el golpe con Fujimori han sido colocados allí para el efecto, previamente han sido escogidos con las características necesarias para subordinarse a esa causa y aceptar la lógica de las prebendas que comienza por su modalidad de acceso al cargo y sigue con todo lo que veremos después a la hora de la justicia. En este régimen el liderazgo es civil. La cúpula militar actúa cooptada y recompuesta por este liderazgo de los siameses. No estamos ante modelos similares a los regímenes de 1968 o de 1962, en que el liderazgo fue militar, bajo formas institucionales o institucionalizadas que podían acercarse más a los regímenes burocrático militares o burocrático autoritario. Tampoco estamos en los regímenes caudillistas militares que los precedieron en tiempos oligárquicos, aunque los regímenes «institucionales» de las FF.AA. para muchos fueron simplemente dictaduras pretorianas. La iniciativa política no estuvo en los militares, pero estos tienen mucho más peso en el período 90-92 por la violencia terrorista y la debilidad del nuevo gobierno. Su presencia no solo es condición para combatir al terrorismo, sino para ordenar el poder, sirven de amenaza y sirven a la autoexclusión de una parte de los partidos y a la participación limitada de otros. No se explica ese orden solo en términos militares: no podía haber cuajado sin el control de los medios de comunicación, especialmente televisoras, y sin el apoyo explícito de empresarios y tecnócratas que actuaban como voceros del consenso de Washington. No estamos pues ni ante una expresión del caudillismo militar ni ante una expresión de ese cuerpo con iniciativa propia, pero sí ante la utilización con mecanismos de corrupción incluidos, de los atributos de la burocracia militar y de sus reglas institucionales. Pienso, al revés que Grompone que sí se compromete a las FE AA. como institución, sacando a algunos los más valiosos jefes- pero subordinándose burocráticamente la mayoría de estos. ¿Qué puede pensarse al ver en video el desfile de generales y almirantes firmando a finales del fujimorismo su «carta de sujeción» en acto explícitamente deliberante? Solo uno explicitó su autonomía autofalsificando su firma y lo expulsaron. Lo que en particular la revista OIGA denunció como la existencia del «Plan Verde» preparado por los Estados Mayores durante el gobierno de García, es un indicador que además de tener muchos indicios de su existencia, fue eficaz en soldar las relaciones de la cabeza de la coalición con los mandos y las instituciones militares. En esos documentos se muestra un trabajo «legal» hecho por estados mayores que tienen que plantearse «hipótesis» para tener preparada la fuerza en caso de cualquier eventualidad. Ocurre que se trata de hipótesis abiertamente contrarias a la Constitución, en acto que los convierte en aparato cuasi partidario. Pero sirven para «soldar relaciones» haciendo del molde ideológico un cemento de vínculos establecidos desde La cúpula. En esos documentos se encuentran desde las obvias referencias a La política antiterrorista en un momento en que aparecían arrinconados y su reclamo era militarizarlo todo hasta la política económica neoliberal pasando por

radicales posturas en políticas que forzaran la anticoncepción para reducir los nacimientos, con métodos que envidiaría la lógica fascista y que, aunque en el papel aparecen delirantes, en la práctica se aplicaron desde el Ministerio de Salud. Esta referencia al «Plan Verde» es otro indicador de lo antes descrito al hablar de democracia tutelada. Su texto no es una sorpresa, lo que no puede ocurrir es que ese contenido sea parte del trabajo normal y legal de Fuerzas Armadas no deliberantes según la Constitución pero que esta misma consagraba como un Estado dentro del Estado. Estamos ante militares profesionalizados, distantes del viejo caudillismo que existió en el Estado Oligárquico, que solo pudo ser cancelado y reformado por iniciativa militar, dado el poder acumulado y la alianza de estos con los oligarcas hasta Odría (1948-1956). Se trata de instituciones que forman parte de sociedades complejas y tiempos de vigencia urbana antes que rural. Los rasgos burocráticos que en este plano señala Morlino corresponden bien al plano militar. Pero la burocracia civil es muy débil y sin continuidad. Lo civil viene más del núcleo Fujimori y Montesinos, de sus aliados en la tecnocracia que se vincula y sustenta en la repetición domesticada del libreto neoliberal, originado en los organismos multilaterales y el empresariado local de mayor nivel. Estructuración del régimen: círculos concéntricos de la mafia La coalición dominante no es ciertamente solo La dupla mañosa, aunque está preñada de este carácter La imagino trazando círculos concéntricos que, en este caso, muestran una cierta especialización. El primer círculo, el que rodea a los siameses, está conformado por militares 31 policías, primero el comando de cada instituto castrense y la dirección general de la Policía, luego un número sucesivo y variante de generales y almirantes que terminó simbolizado en la promoción de Montesinos copando casi todos los altos cargos del Ejército. Generales y almirantes filmados firmando la carta de sujeción al estilo de Sendero Luminoso corroboran lo ocurrido. Este círculo tiene grados a su interior y se administra con ascensos y pases al retiro, con puestos importantes o marginales, con destierros dorados y de los otros, con dinero en efectivo que hoy juzga el país en personas que no pueden demostrar el origen lícito de sus bienes dados sus bajísimos salarios. Pero ese primer círculo concéntrico es especializado: el orden, la represión, la fuerza. Prebendas y corrupción sí, pero ni siquiera un triunfo militar. Fracaso ante Sendero Luminoso y ante Ecuador. Nada que dé gloria. Porque incluso para los policías, no puede olvidarse que la eficiencia del General Vidal y del GEIN viene de antes; su primer paso se da en el gobierno de García en junio de 1990, al descubrir la cadena logística-luchando siempre a contracorriente, como en el momento máximo, cuando Vidal se niega a entregar al ejército a su prisionero Abimael Guzmán, respetando todos sus derechos, hecho que contrasta con la acción precedente de lo que se simboliza en el Grupo Colina y tantas masacres. Este círculo no entra en la política económica pero usufructúa el poder. En este círculo, las armas son el chantaje, el prebendalismo, la corrupción, la durabilidad en el cargo o la situación de actividad. Es gente de carrera, sale al retiro y no es nadie.

En el segundo círculo salimos del Estado. Fujimori actuó desde el comienzo buscando el apoyo empresarial. No fue fácil porque este mundo estaba con su rival, con Mario Vargas Llosa y lo observaba con absoluta desconfianza. Pero ya sobre el caballo obró de modo muy parecido no igual a lo que propuso el gran escritor y rechazó el pueblo. Los empresarios vieron en Fujimori algo elemental para subsistir: una alternativa viable. La viabilidad se la daba su decisión de actuar dentro del consenso de Washington. Poco importaba si iba contra el pueblo y menos si lo hacía con las armas para reprimirlo. Es que para muchos no había alternativa. Pero el modelo tenía que reestructurarse según las demandas de los organismos multilaterales y allí había empresarios ganadores y perdedores. Ciertamente los industriales pertenecían al segundo grupo. Sin embargo, incluso para ellos había un premio consuelo. Eliminarán todo costo laboral que califican de sobrecosió. Velasco quedó atrás, el poder sindical también. Pueden despedir y hasta imponer jornadas de trabajo a su antojo. Fujimori quiso ser la derrota total de los trabajadores, claro que basado en la demagogia y en la inconsistencia que lo precedió. La receta para sobrevivir era una sola: sobre-explotar. Muchos se adaptaron a ello pero poco a poco vieron que no tenían salida, que al final se quedaban sin compradores y compitiendo con todo el mundo, sin defensa alguna. Los grandes, que no estaban presos de la industria ni del mercado interno, los doce apóstoles descritos en los tiempos de García por Francisco Durand, se acercaron al Poder. Jorge Carnet, ex Presidente de CONFIEP -que desde Velasco cayó siempre parado fue aquí una figura emblemática. Pero hay muchos más, mineros, banqueros, dirigentes gremiales, no importa la procedencia, solo el tamaño propio. Se aliaron y articularon; dicen que no son políticos pero vaya si fueron políticamente claves. Fujimori y Montesinos contaron con este apoyo y articularon con los empresarios más influyentes sus políticas centrales. Los videos han mostrado hasta al primer banquero peruano, Dionisio Romero, en plena labor de articulación de influencias. Si aparecieran más y si todo fuera filmable, la investigación sería más sencilla. Los historiadores tendrán que documentar lo que hoy es evidente, aunque, cambiando los tiempos, cambien las palabras y se tome distancia. Un núcleo particular dentro de los empresarios fueron los principales dueños de la televisión y otros medios de comunicación, claro que con excepciones ciertamente honrosas. Más que otro círculo concéntrico, fueron un aparato directamente articulado al núcleo mañoso expresado por los siameses. Ya he señalado que en este caso las corruptelas no son de hoy: nadie que defienda con sinceridad la libertad de expresión y prensa puede creer que esta se daba hace treinta años cuando a Cornejo Chávez se le cerraban las puertas por denunciar la página 11, o luego cuando uno de los candidatos podía recibir de regalo, en 1990, un millón de dólares para spots sin transparencia, mientras otros no teníamos acceso a ese y otros canales. Los millones dados hoy son una caricatura de la realidad precedente, extremo que no debe hacernos olvidar el origen. Es que la corrupción que encarna el fujimorismo tiene raíces antiguas, no nos cayó de Marte en 1990. Pero hay que distinguir a los grandes núcleos del poder empresarial, cuya opción por la democracia es endeble y es urgente asegurar, de los tecnócratas,

tengan o no empresa de mediana para abajo, que simbolizan Abusada, Du Bois o Boloña, entre muchos otros. Es el tercer círculo que comprende por detrás a los organismos multilaterales y los países que presionan en esa dirección. No los representan, pero en esa presión o influencia a la que sirven se sustenta su protagonismo. Estos solo basaron su poder y su sociedad con la mafia en la subordinación intelectual a los más ortodoxos del consenso de Washington. Fueron operadores del programa económico y articulador con el FMI, el BM y el BID. Predicaron insultando a todo aquel que pensara distinto en este país sin grandes debates y fiel siempre a la última moda intelectual. Dominaron la escena y la decisión burocrática, sin un solo gesto de disonancia con las demandas de fuera y asumieron la responsabilidad del modelo económico que hoy la mayoría de los peruanos ve opresivo. Parlamentarios del entorno oficialista que se subordinaron a los dictados de Montesinos y Fujimori, magistrados jueces y fiscales cooptados, miembros del JNE y el TC, la danza interminable que desfiló ante Montesinos, el coordinador político, para subordinar a los poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos forman el cuarto círculo, que aporta poco en creatividad pero implementa aunque con torpeza las decisiones de la cúpula. Son como los anteriores partes de la coalición mafiosa, aunque como muchos empresarios y tecnócratas, algunos de sus integrantes no tuvieran conciencia de su carácter mafioso. Pero las decisiones de la mafia eran imposibles sin su concurso y su inconsecuencia con principios jurídicos y democráticos elementales, su sometimiento hasta condiciones escandalosas es el mecanismo que los convirtió en parte de la mafia. Conducidos, no conductores, por negar su propia autonomía constitucional, por entender en lógica caudillista la política. En mucho, por su propia precariedad si de democracia hablamos culturalmente, fueron claves en cumplir la cuestión previa: destrozar toda institucionalidad. Condición de viabilidad: subordinados al consenso de Washington Este régimen autoritario nace QC una contradicción democrática esencial entre lo que ofreció Fujimori y lo que hizo al comenzar su gobierno. Ganó las elecciones porque aprovechó mejor que los otros la coyuntura en la que Vargas Llosa, con franqueza que muchos vieron como ingenuidad, ofreció al electorado algo peor que «sangre sudor y lágrimas». El país se polarizó frente al shock y al proyecto neoliberal. Todos los candidatos teníamos que hablar de un ajuste y poníamos la atención en los amortiguadores para dañar menos al pueblo ya brutalmente empobrecido con el ajuste de 1988. Alan García tuvo la habilidad de usar su cargo en la campaña para acentuar la polarización, pero el beneficiario no fue Alva Castro. Después de ese contexto Fujimori, ya electo, cambió el rumbo. Esto no fue solo cuestión de grados: cambió de equipo y se puso en la línea del consenso de Washington cuyo objetivo no era un simple ajuste, donde fuera necesario, sino el rumbo neoliberal, la destrucción de los modelos precedentes agotados, etc. Como lo dice Boloña en su libro, fue un cambio de rumbo y Fujimori lo hizo contra la decisión del electorado. La radicalidad del cambio shock sin anestesia, más duro para el pueblo que el que Vargas Llosa propuso pues ni programa de emergencia pudo articular al

principio se dio con contundencia sobre una realidad de crisis producida por la hiperinflación, generadora de inseguridad, además de aumentar la pobreza y sobre un contexto donde la violencia terrorista alcanzaba niveles claramente desarticuladores. Fujimori tuvo la habilidad con el apoyo psicosocial de Montesinos- de fijar la imagen de todos en el gobierno anterior, los partidos, el parlamento, el Poder Judicial, etc. Y logró el apoyo popular a contracorriente del voto. Los resultados no fueron ni trabajo ni tecnología ni honradez. Fue orden, también en la moneda y en otros miedos. Pero funcionó con la expectativa puesta en obras pequeñas y muy publicitadas, además de asistencialismo gigante y manipulado políticamente. El año 1994 fue gigante la inversión en obras, Fujimori hablaba de llegar a tres escuelas diarias. Pero a la semana siguiente de las elecciones de abril de 1995 todo se acabó: el ministro de economía informó que la economía se había «recalentado» y nos metió en la congeladora hasta el final de ese gobierno. Hay que ver las cifras, pero son minucias comparando con la venta de las empresas públicas y lo destinado en corrupción. El sometimiento total al consenso de Washington otorgó viabilidad a Fujimori. Refinanció la deuda dejándonos hasta el cuello. Hasta Camdesus, el gerente del FMI que escuchaba «música celestial» de labios de Fujimori cuando este decía lo que él quería escuchar y lo ponía en práctica, declaró su preocupación por lo alto de los pagos, es decir por lo poco conseguido. El ajuste estructural extremo fue la obra de este pacto y sus resultados son la precariedad de hoy, sin empleo para la mayoría de los peruanos y con ingresos paupérrimos para los pocos que lo tienen, diez años después. Acompañando eso vinieron las tesis del estado mínimo, en un país de Estado incapaz de controlar todo su territorio y en un régimen que o usaba el estado para el prebendalismo y el clientelaje más tradicional o terminaría totalmente aislado. Obviamente esa parte no la podía seguir Fujimori por defensa propia. El tiempo neoliberal es distinto del tiempo del BA, el Estado burocrático que O'Donnell plantea y otros con variantes analizan en América Latina. Los empresarios peruanos no son ni tan grandes ni tan determinantes como en el Cono Sur y el peso de las políticas de los organismos multilaterales en la región desde los 80 es más radical y deja menos oxígeno. No solo las tesis se radicalizaron tras la decisión de cobrar la deuda a toda costa, se decidió enfrentar a los Estados de compromiso y no conciliar con los demás sectores sociales. Lo que primero era una relación que se rehacía entre empresarios transnacionales y socios locales, pasó a tener en el componente de la presión con modelos y políticas impuestas, para pagar la deuda y para homogeneizar políticas en función de este objetivo. En otra talla, aquí se desnacionalizó más fácilmente economía y Estado. La lógica antiindustrial y antiagraria, caracterizaron la década fujimorista: «republiqueta» económica, sin consistencia, habla hoy mucho de economía de mercado cuando las políticas lo han reducido al extremo, sacando del mercado a la inmensa mayoría de la población y convirtiéndola en legión de cuasimendigos o administradores de precarias estrategias de supervivencia que llamamos informalidad. Neopopulismo o el clientelismo tradicional

Fujimori manejó mucho más dinero que los militares en sus doce años de gobierno en los años 70. La venta de las empresas públicas duplicó los ingresos fiscales. El manejo presupuestal no se dirigió a grandes inversiones ni a programas que generaran empleo. Fuera de una corrupción de dimensiones inimaginadas, en cada presupuesto se cerraba el hueco fiscal con recursos de la privatización. Su equilibrio fiscal tan cacareado es como el de aquel padre de familia que gasta más de lo que es su sueldo mensual porque va vendiendo las joyas de la abuela aunque sean anticuadas y un día se queda sin ellas y no tiene otra alternativa que ajustarse el cinturón en medio de la protesta familiar. Claro, que las protestas las reciben los que hoy gobiernan. El llamado gasto social fue básicamente hacia pequeñas obras, entre ellas escuelas pintadas del mismo color en todo el país -el color de su partido y alimentos para al creciente ejército de habitantes que se muere de hambre. Todo eso fue manejado como regalo de Fujimori, con el mismo concepto de sus visitas repartiendo polos y otras pequeñeces. Nunca antes y lo hago desde los diecisiete años encontré que al llegar de visita, en campaña o fuera de ella, la gente sencilla me encarara diciéndome: « ¿Qué me traes? ». Esa fue su educación popular. A esto se le ha llamado populismo o neopopulismo. Pero yo, a contracorriente, tengo mejor concepto del populismo latinoamericano pues bajo su tiempo se forjó mucho del sindicalismo y de las débiles experiencias democráticas. Y aunque siempre critiqué su inconsistencia y su demagogia, reconozco como muchos su importancia en la articulación entre la naciente burguesía industrial y la también naciente clase obrera, en lógica de inclusión y no de exclusión, Es que no encuentro en la historia que una democracia pueda asentarse en la exclusión. Excluyentes fueron los oligarcas. Más excluyentes son hoy los neoliberales, porque carecen del paternalismo de sus antecesores oligarcas. Por eso es coherente que el neoliberalismo latinoamericano haya derivado en regímenes autoritarios o en el caos generalizado como la Argentina de hoy. Prefiero entender que lo que otros llaman neopopulismo en este régimen, es el clientelismo y el prebendalismo tradicional, que se combina con el neoliberalismo que exhibe un vacío elemental para su viabilidad. Fujimori se instaló en estas prácticas para durar y lo hizo hasta que sectores intermedios reagrupados débilmente en la oposición democrática y masas que se dinamizan tras años de pasividad, cuando se disolvieron los miedos de 1990, comenzaron a hacerlo tambalear y en medio de ello saltó, desde dentro, la verdad ocultada de la corrupción del régimen. Pero aquí no hay «contradicciones internas» como quiere ver Tanaka, no hay lucha por el poder desde facciones del fujimorismo el 99 o el 2000. Las contradicciones, en todo caso, son más estructurales, propias del modelo y las bases en que se apoyó.

Lo nuevo y lo viejo, caricatura de la realidad precedente y corrupción desde la permisividad Ni Fujimori ni Montesinos nos cayeron de Marte. Ahora que toda la sociedad se siente impactada por la corrupción, no me canso de repetir que el fujimorismo o el

fujímontesinismo no es sino una caricatura exageración de la realidad. Podemos analizarlo en todas sus dimensiones y en todos sus componentes. La corrupción vista en militares tiene mucho que ver con el devenir de estas instituciones, con la cultura del secreto que les sirvió de base, con la lógica del poder tras el trono en que se situaron tras ejercerlo directamente y a su arbitrio y sentirse expulsados del mismo a fines de los 70. La corrupción de los dueños de la televisión es simplemente el desarrollo que viene desde la concepción oligopólica que siempre tuvieron, desde su práctica contraria a reconocer los derechos de todo ciudadano y todo partido. Se autodefinieron como los dueños de las libertades de expresión, exclusivas y excluyentes como los viejos oligarcas. Así podemos seguir y encontramos poco de democracia y limitada esta a un método para elegir gobernantes, no a una manera de gobernar. Escribí en el segundo gobierno de Belaúnde que este presidente entendía la democracia como permisividad. Era una crítica pero también una valoración, porque implicaba tolerancia. Criticaba, que no aceptara la idea de concertación y que en medio de la crisis que desencadenaba el modelo Ulloa con los industriales y de la crisis que se comenzaba a abrir por la irrupción de Sendero Luminoso, se negaba a concertar con los partidos y, cuando estos plantearon propuestas, respondió convocando a conversar sobre «el hábitat». Pero la permisividad, que no es propia de las dictaduras, permitía expresarse y nada más. Sin embargo, ha de verse la permisividad más allá de la tolerancia democrática que aquí resaltaba y de la incapacidad para entender que democracia es concertación, que criticaba. En sentido más amplio, cultural y político, la permisividad tiene otras consecuencias. La permisividad toleró la expansión de la informalidad y fue parte de esta, culturalmente, en varias dimensiones. Fue un escape. Fue vista en forma optimista por izquierdas y derechas. En las primeras se enfatizaba la democratización y, en las segundas, el modelo de libre empresa y hasta la imagen mítica del capitán de empresa de los primeros tiempos, evidente en De Soto. Desde ambos ángulos el resultado es limitado6. La permisividad es la parte cultural de ese caos que tiene un orden y que muestra su lado negativo en la tragedia de Mesa Redonda pero la permisividad abarca más amplios sectores sociales y culturales. Entre nosotros ha habido desde mucho antes de Fujimori permisividad frente a la corrupción. «Roba pero hace obra» es un dicho popular que se gráfica en el general Odría con una altísima votación tras ocho años de dictadura corrupta, reconocida así por todos en su época. ¿Qué podía decirle al pueblo la honradez de gobiernos oligárquicos que los excluían de todo? Por lo menos las obras eran una materialización que los incluía: escuelas, centros de salud, etc. Jiménez de Parga en La corrupción en la democracia enfatiza la crítica desde su tiempo y lugar.7 Señala que: [...] lo más frecuente es que la actividad política se desarrolle conforme a unas reglas de juego inspiradas por principios de eficacia, a costa, si el 6

Degregori, Villarán, Távara y Salcedo. «Informalidad, sobrevivencia y democracia». Mesa redonda en Cuestión de Estado n.° 7. Lima: IDS, 1994 7 Jiménez de Parga, Manuel. «La corrupción en la democracia». En Laporta, Francisco J. y Silvina Álvarez. La corrupción potoca. Madrid: Alianza Editorial, 1997.

sacrificio conviene, de valores superiores [...] la verdad, la lealtad, la coherencia ideológica o el cumplimiento de los compromisos contraídos. Al separarse la política del mundo de la ética, la corrupción no es solo explicable sino inevitable.8 Recuerda cómo, desde el funcionalismo, sociólogos y politólogos escribieron que la corrupción se convierte en un sustituto eficaz cuando la institucionalización es insuficiente y la burocracia deficiente. Cómo intelectuales de la talla de R. K. Merton o S. E Huntington adoptan una postura no beligerante frente a la corrupción. Jiménez de Parga se acerca más a nuestro caso cuando critica la propuesta del Estado mínimo en casos como Latinoamérica justamente por la importancia que toma la corrupción en la alternativa. Se pregunta ¿desapareció la corrupción de los países en los que los Chicago boys han aplicado sus tesis neoliberales como Chile o Brasil?9 Aquí todavía recordamos a los neoliberales diciendo que a menos Estado menos corrupción y quien implemento sus ideas fue el más corrupto de todos los gobiernos. No nos referimos a la parte en que los contradijo, lo que otros llaman neopopulismo, sino a la que fue esencia de su modelo y que sin la corrupción no hubiera alcanzado viabilidad. Porque fue el arma para disciplinar, reemplazo del arma que no podían tener: el consenso democráticamente logrado y la vigencia de instituciones. Porque este no puede ir contra los intereses inmediatos de las mayorías y allí los neoliberales, pasado el momento de la hiperinflación solo podían ofrecer y solo siguen ofreciendo sangre, sudor y lágrimas. No dudo que frente a la corrupción se debe sostener una posición beligerante en nombre de valores fundamentales y comprendiendo que esta se asocia a lo peor de los autoritarismos. Pero hay que rescatar del análisis de Huntington no solo La explicación analítica de la relación entre modernización y corrupción, sino la relación entre debilidad o ausencia de instituciones y corrupción, porque sin duda no hay salida sin un buen diagnóstico, que explique y relacione los problemas de la sociedad y la política. ¿Por qué la modernización engendra corrupción? En primer lugar, implica un cambio en los valores básicos de la sociedad. « [...] La corrupción es, entonces, un producto de la diferenciación entre el bienestar público y el interés privado, que surge con la modernización».10

Las funciones de la corrupción, así como sus causas, son similares a las de la violencia. A ambas las fomenta la modernización; ambas son características de lo que en adelante llamaremos sociedades pretorianas; las dos constituyen, por último, un método por el cual los individuos y los grupos se relacionan con el sistema político y, en verdad participan de él

8

Ib., pp. 145-146. Ib., pp. 149450. 10 Huntington, Samuel El orden político en las sociedades en cambio. Barcelona: Ediciones Paidós, 1972, p. 63. 9

violando sus costumbres. De allí que la sociedad con una elevada capacidad para la corrupción la posea también para la violencia [...].11 El proceso de urbanización de la sociedad peruana desde mediados del siglo XX modernizó en varias fases la sociedad. Violencia y corrupción han caracterizado las décadas del 80 y el 90, pero en esta última el régimen autoritario la elevó a niveles nunca vistos. El poder en una sola mano corrompe mucho más y la ausencia de instituciones de control y balance de poderes fue clave, así como la debilidad y crisis de los partidos políticos. Eso lo aborda Huntington y su aporte sirve para indicar el rumbo que es preciso dar a los cambios si se parte de que estos deben estar enraizados en la realidad social y política para tener efecto práctico. La corrupción, por supuesto, tiende a debilitar o a perpetuar la debilidad de la burocracia gubernamental. En tal sentido es incompatible con el desarrollo político. A veces, empero, algunas de sus formas pueden contribuir a él cuando ayudan a fortalecer los partidos [...]. Cuando un funcionario concede un cargo público a cambio de dinero, es evidente que pone el interés privado por encima del interés general. Pero cuando lo hace a cambio de una contribución en trabajo o dinero para la organización partidaria, está subordinando un interés público a otro más necesitado.12 Es obvio que desde la filosofía y la ética es chocante el ejemplo, pero lo importante viene en la primera parte: el desarrollo político es incompatible con la corrupción, como insistirá después. Partidos políticos que compiten es un camino que facilita la lucha anticorrupción y en las democracias avanzadas se enfrenta abiertamente el problema financiando con recursos públicos los partidos y haciendo transparente su gestión. Existen ejemplos, en diversos tiempos, de corruptelas en nuestro caso, no menores que las que caracterizaron a las burocracias centralistas. Fueron anatematizados los partidos y desapareció la carrera pública durante el fujimorismo. La desinstitucionalización primó en todos los órdenes y el resultado fue más corrupto. El clientelismo y el prebendalismo tradicional no desaparecieron, acentuaron su presencia más bien. La corrupción prospera con la desorganización, la ausencia de relaciones estables entre los grupos y la falta de pautas de autoridad reconocidas. El desarrollo de organizaciones políticas que ejerzan una autoridad efectiva y originen intereses de grupo orgánicos -el aparato, la organización, el partido más importante que los individuos y de grupos sociales, reduce las oportunidades de corrupción [...]. La corrupción prevalece más en Estados que carecen de partidos políticos efectivos, en sociedades donde predominan los intereses del individuo, la familia, la camarilla, o el clan. En un sistema político en vías de modernización, cuanto más débiles y menos aceptados son los partidos, mayores son las posibilidades de corrupción.13 El discurso neoliberal que en el Perú insistió que a menos Estado menos corrupción, falló desde la economía y desde la política. Aquí se combinó con el 11 12 13

lb., p.67. Ib-, p. 72. Ib., P. 73.

énfasis en la tecnocracia y la apuesta antipartido y antipolítica. Las explicaciones de Huntington desde décadas anteriores -1972- confirman el derrotero seguido. III. LA INSTITUCIÓNALIDAD DEFORMADA La caracterización del régimen fujimorista nos permite ahora abondar en el funcionamiento de las instituciones públicas. Por lo general se adjudica todos los problemas a la Constitución redactada por el Congreso Constituyente de 1993 y creo que eso es un error, no solo porque esa Carta Constitucional repite mucho de lo que decía la anterior no menos del 70% de sus artículos sino porque en los círculos concéntricos que la cúpula mafiosa convierte en coalición dominante existen poderes fácticos militares, empresarios y tecnócratas potenciados por el poder transnacional- cuya realidad precedente explica el comportamiento corrupto más allá de esta carta o la anterior. Cabe hacer, sin embargo, varias preguntas y no solo sobre el texto constitucional. Tan o más importante fue tener mayoría absoluta en el Congreso y que esta fuera enteramente manipulable. No sabemos a ciencia cierta si la mayoría inicial fue producto del fraude. Todos pensamos que algo raro se hizo para obtener mayoría absoluta en 1995 y ciertamente fue un escándalo lo que hicieron el 2000. Adicionalmente, fue esencial el contexto previo de la crisis de los partidos políticos y la pasividad de la sociedad antes descrito, para lograr algo así como un sentido común que apoyaba Los cambios iniciales del gobierno de Fujimori sin importar su significado. Debe preguntarse: ¿qué significaron en concreto los cambios constitucionales? ¿Qué instituciones especialmente en tanto reglas del juego cambiaron y cómo? ¿De qué manera las instituciones fueron copadas por la mafia y la corrupción? La corrupción no fue el único componente, ¿qué relaciones político-económicas se garantizaron con esta alianza de políticos, militares, tecnócratas y empresarios que actuaron bajo el manto del consenso de Washington para reproducir su poder y solo su poder, reclamando el Estado mínimo? ¿Cómo es que las instituciones del Estado funcionan en la corrupción? Estas preguntas parecen ser centrales para entender la dinámica mañosa dentro de los organismos tanto estatales como privados, y conocer cómo surgió, cómo copó y cómo funcionó institucionalmente. La investigación empírica no ha avanzado lo suficiente. Apenas empieza y no es fácil identificar las partes externas de la red. Poco se ha avanzado en materia de narcotráfico y tráfico de armas. Pero ya se desbroza el camino. Veremos aquí preguntas iniciales, pero ciertamente será años más tarde, cuando se llegue, por ejemplo, al fondo de la renegociación de la deuda y/o de varios de los contratos de estabilidad jurídica, hechos con decretos ad hoc para que al fin de cuentas el dinero grande no tribute en términos reales; o, cuando se profundice en el campo de los entes financieros que fueron vitales, se verá que la corrupción no operó solo en la esfera de la defensa nacional. A las preguntas iniciales se dedican los capítulos 7 y 8. Este último ha supuesto una revisión de los videos que llegaron al Congreso de la República, especialmente de los años 1998 y 1999, grabados en el Servicio de Inteligencia Nacional y la revisión de los informes de las investigaciones congresales en curso.

Se prueban allí no pocas denuncias que planteábamos con más intuición que pruebas plenas los congresistas de la oposición con respecto al control total de las instituciones por los operadores de la mafia. Se contrastan con lo esencial de la dinámica de esas instituciones, especialmente en el período 1995-2000.

Capítulo 7 EL REDISEÑO CONSTITUCIONAL El Congreso Constituyente, llamado democrático por decisión del fujimorismo, no fue un deseo de los golpistas ni fruto de la presión de las fuerzas opositoras. Fue resultado de la presión internacional encabezada por la OEA, ante la cual recurrieron ciertamente las fuerzas opositoras encabezadas por distinguidos parlamentarios defenestrado el 5 de abril. Parte importante de la oposición no quiso participar en las elecciones para conformarlo: el partido aprista, el partido Acción Popular y partidos que integraron la alianza electoral Izquierda Unida como el PUM y el UNIR, el primero de los cuales se había retirado en la práctica un año antes de la alianza. Participaron el Partido Popular Cristiano, el Movimiento Democrático de Izquierda formación reciente que integraba independientes y partidos que integraron IU el Frente Independiente Moralizador y el Movimiento Renovación cuyo liderazgo venía de las canteras de Libertad. El CODE, el FNTC y el FREPAP también lograron representantes. El fujimorismo logró 44 de los 80 escaños. El 76% de los que fueron a votar en 1992 lo hicieron por alguna de las listas que compitieron, a favor o en contra de Fujimori. Solo el 24% apoyó a los partidos que se abstuvieron votando en blanco o viciando el voto.1 Es que en política, como en la física, todo vacío se llena. Es un error dejar espacios vacíos. No olvidamos que en 1992 había apoyo a Fujimori no solo en las encuestas tras el golpe y tras el shock algo explicable por la hiperinflación y en particular tras la captura de Abimael Guzmán, el genocida que desató el terror en varias dimensiones desde 1980. A los 44 votos iniciales el fujimorismo agregó dos que abandonaron el FREPAFJ dos que abandonaron el FIM y uno que abandonó el PPC. A los 49 se agregaron, en la mayor parte de las votaciones, los miembros de Renovación. Su líder, Rafael Rey, fue segundo Vicepresidente de la primera Mesa Directiva, es decir la que fue clave en el debate constitucional y presidió la Comisión de Educación. La mayoría de los opositores no firmamos la Constitución. Sí lo hizo el PPC cuyas coincidencias en materia económica eran evidentes desde antes del Congreso Constituyente y más allá del texto constitucional. Autoritarismo Solapado y Estrategia Confrontacional

1

El ausentismo estuvo en el mismo rango que en las elecciones anteriores y posteriores hasta la depuración del padrón a fines de la década, instaurando el DNL No hay duda, pues, del apoyo a Fujimori y de la aprobación popular a que se cambiara la Constitución. Los datos vienen de la ONPE.

Fujimori tenía bien claro desde julio de 1990-su perfil autoritario, que lo llevó a preparar el terreno del autogolpe, su discurso antipolítico, el discurso para desprestigiar a las instituciones y su pretensión de reemplazar los mecanismos de representación democrática (que necesariamente se da a través de instituciones) por uno plebiscitario o de relación directa con la población, lo desnudaban de cuerpo entero. Como Julio Cotler dice: Desde el inicio de su gestión presidencial, Fujimori no ha ocultado su clara vocación tecnocrática y autoritaria. A sus célebres frases «en política primero se hace y después se informa», «no me caso ni transo con nadie», «haré cumplir las medidas cueste lo que cueste», se suma su deseo de que el Perú sea gobernado por un emperador, tal como lo expresó en CADE. Pero además de estas frases, los llamados decretos de pacificación constituyen una de las últimas manifestaciones de su comportamiento autoritario, al entregar a la Fuerza Armada un poder insospechado que, en los hechos, está destinado a consumar un «golpe blanco». Si algún gobernante con simpatías de izquierda se hubiera atrevido a manifestarse de esa manera, seguro que los liberales montarían una manifestación en la plaza San Martín, acusando al presidente de querer llevar al país a un sistema totalitario. Pero por lo visto, hoy los liberales están interesados en la libertad económica más que en la política.2 Algunos ejemplos como muestra Bastarán algunos ejemplos para ver cómo es que Fujimori antes del golpe ya actuaba autoritariamente, o como dije en Los años de la langosta: los meses que duró el gobierno «democrático» de Alberto Fujimori, eran la «Crónica de una muerte anunciada». Uno de los rasgos claros en este camino fue la acentuación de la militarización del país. Fue evidente el pacto que había hecho con los militares; la instalación del Presidente en el Círculo Militar para desde allí negociar su primer gabinete, era algo sintomático. Confirmando esta tendencia, los decretos legislativos que Fujimori promulga en 1991 amplían enormemente la iniciativa Militar en la lucha contra Sendero y en bastante más del gobierno efectivo. Dejan las manos libres a los jefes militares y los convierten en las verdaderas autoridades en lugar de las elegidas por los pueblos como eran los alcaldes y gobernantes regionales y hasta en materia de desarrollo local o sectorial. Estos decretos son precursores del golpe del 5 de abril.3 Paralelamente a esto interviene las Universidades, ataca a los organismos de Derechos Humanos, denuesta del Parlamento y al Poder Judicial, y cuando la Iglesia Católica reclama por las mayorías que se mueren de hambre ante el 2

En esta parte cito el artículo de Julio Cotler en el Resumen Semanal de DESCO nº 652 dentro de Los Años de la Langosta, p.133. 3 Op. cit., p. 67.

fujishok sin siquiera acciones paliativas de asistencia social llama medievales a sus obispos. ¿Qué pasó con la sociedad? Ya hemos tratado sobre la pasividad que demostró la sociedad frente al shock neoliberal y posteriormente frente al golpe. Las consecuencias del shock y la posterior implementación de medidas neoliberales fueron devastadoras para el pueblo de carne y hueso pero la reacción de la población fue mínima, Hubo protestas especialmente de los maestros organizados en el SUTEP y de los trabajadores de Salud, entre otros del Estado. Las describí y mostré cómo demasiada gente parecía voltear la cara y mirar hacia otro lado cuando ellos marchaban por las calles.4 Ciertamente hay explicaciones, que hicimos capítulos atrás, pero lo importante es que esa pasividad fue uno de los instrumentos que facilitó las cosas al fujimorismo, pues expresaba una síntesis de los componentes de la crisis global que incluía partidos y organizaciones sociales. Javier Iguiñiz tiene su propia explicación sobre la pasividad y apoyo a Fujimori: [...] 1) La esperanza en que Fujimori traerá inversión extranjera. 2) La lógica de los bandazos de opinión: la experiencia liberal de 1978-81 fue culpabilizada de la crisis 1982-85 y empujó al pueblo hacia el otro lado. El «Antiimperialismo» de García 1985-87 fue culpabilizado de la crisis 1988-90 y el pueblo se movió al otro lado. 3) Este último movimiento encuentra viento a favor por que profundiza la tendencia de muchos pueblos a ambicionar un tipo de vida del occidente rico y aceptar el sacrificio a cambio de la promesa de ser parte de ese mundo. 4) Pero en la aceptación hay un componente de resignación. «Su principal razón es la crisis misma, con el desempleo y subempleo que genera. La miseria cuando es acompañada de inseguridad obliga a concretar todas las energías biológicas y anímicas en el esfuerzo cotidiano por la supervivencia de la especie familiar en riesgo de extinción biológica y moral. No hay tiempo ni cabeza para nada más [...] menos aún para la democracia», (ficha DESCO 015272)5 Esta misma pasividad se va hacer evidente cuando Fujimori da el golpe de Estado, el golpe se consolidó de inmediato, y las encuestas lo demostraban así: En la semana del golpe, según POP, ya tiene el 73% de apoyo pero este se eleva en la semana siguiente según Datum: 95% de acuerdo con la Reforma del Poder Judicial; 84% de acuerdo con la disolución del Congreso. Una semana después puede afirmarse, siguiendo a Apoyo, que si bien un 82% aprueba la gestión de Fujimori, un 69% está decidido a quitarle el respaldo si no cumple con su ofrecimiento de restablecer el orden constitucional en 18 meses como ha señalado. El 78% aprueba la 4

Pease García, Henry. Los años de la langosta. Véase en particular las cronologías de hechos que se anexan al texto principal. 5 Ib., p.105, nota de pie 61.

disolución del Parlamento y el 82% el cese de trece vocales supremos. 6 Detrás de este apoyo estaba el discurso de confrontación de los veinte meses anteriores que supo administrar muy bien el dictador. Estas encuestas están referidas a la opinión pública, ahora bien, hay diferencias claras entre opinión pública y voluntad popular. La primera es un hecho pasivo, en la atomización de los ciudadanos consultados por la encuesta. Es además por definición volátil, cambiante y fuertemente influida por la emotividad. Voluntad popular presupone actividad, expresión de opinión por iniciativa propia, algún nivel de movilización. Es expresada con un mayor nivel de reflexión, aunque siempre con mucha emotividad.7 Por eso es ligero decir que Fujimori tenía a la voluntad popular de su lado, era una opinión pública fragmentada la que le daba su apoyo, rodeada de las condiciones sociales que ya mencionamos, se podría decir que las encuestas reflejaban opinión pública traducida en pasividad, pero de ninguna manera apoyo activo. Esto se comprueba cuando Fujimori al llegar la misión de la OEA convoca a un mitin en la Plaza San Martín y no logra más de diez mil personas cuando en esa plaza no se queda bien con menos de sesenta mil. Todos los partidos opositores creímos que teníamos la gran oportunidad, convocamos una semana después a lo mismo y, entre todos, no tuvimos más de quince mil personas. Ante la pasividad de la población, que daba un amplio margen de juego al gobierno, Fujimori creía que no iba a tener problemas con el frente externo, se nutría en poder y en egolatría con las muestras mayoritarias a favor de lo que había hecho: las encuestas lo apoyaban; no contaba con que en el frente externo el panorama le iba a resultar más complicado, como lo fue al postergarse varias decisiones financieras. La convocatoria a elecciones al CCD para que legislara y diera una nueva Constitución fue una concesión que se logró por la presión externa y no por la interna. La OEA y el Departamento de Estado Norteamericano presionaron fuertemente para que hubiera una salida «democrática» a este problema. Resulta adecuado citar en esta parte a Sinesio López quien menciona las características peculiares de la transición que se venía abriendo paso: a) Es fruto de la presión de la OEA, no de presiones o iniciativas internas, de una oposición democrática o de una coalición democratizante. b) No fue pactada entre el gobierno o un sector de este con la oposición, sino que fue impuesta por Fujimori a los partidos que contaban con poca capacidad de negociación. c) No se proponía fijar el término preciso al gobierno dictatorial, sino acabar con la dictadura formal o regularizar la situación creada el 5 de abril. d) No se produjo al final de una dictadura agotada y desgastada, sino al comienzo, cuando ella gozaba de buena salud. e) Los rasgos anteriores determinaron que el itinerario no sea directo ni desemboque en un régimen democrático, sino que presente una serie de situaciones intermedias: la dictablanda y la democradura y que sus etapas 6 7

Ib., p. 146. Ib., p. 147.

la liberalización política y la democratización no hayan sido precisadas todavía.8 Así, dando cumplimiento a las negociaciones con la OEA, aunque no cumplió todas ya que no hubo diálogo con los partidos ni democratización del gobierno, Fujimori convocó a elecciones para un Congreso Constituyente. Los principales partidos políticos, el AFRA, Acción Popular y los que quedaban de la que fue la despedazada Izquierda Unida, optaron por abstenerse de participar en el proceso, dado que cuestionaban la legitimidad del Congreso Constituyente. También se negaron a participar, pues Fujimori no dialogó con ellos como se había comprometido ante la OEA. Esta ausencia de los partidos más importantes trajo como lógica consecuencia una mayoría absoluta que le abrió el camino a Fujimori para desarrollar su proyecto político y crear una Constitución a su medida. Esto último no resultó así, como lo veremos luego. Se les advirtió que esa ausencia, convertida de inmediato en campaña por el voto en blanco y viciado, favorecería el objetivo fujimorista de tener mayoría absoluta. Así ocurrió y las cifras lo demuestran. La única manera de obtener con el 38% de apoyo del electorado el 55% de curules es con una enorme cifra de votos en blanco y viciados, cosa que tenía que ocurrir por la abstención de estos partidos [...]. La sumatoria de la oposición, a pesar de su diversidad, hubiera impedido por lo menos algunos de los rasgos peores de la Carta de 1993, entre ellos la reelección inmediata. En cambio su abstención y el voto que en esa dirección dio el 24% del electorado no quitaban rotundidad a más del 70% que votó y optó por alguna de las listas.9 El CCD como Congreso Ordinario Con esa mayoría absoluta, el CCD se manejó de manera autoritaria, como lo menciono en Remando contra la corriente: El CCD fue el escenario donde los representantes del pueblo elegidos para apoyar a la dictadura instaurada el 5 de abril, llevaron su voluntad de continuar en el gobierno y trataron de hacer una Constitución a su medida [...] fue también el escenario donde las minorías optaron entre el apoyo al dictador o la oposición a este.10 La unicameralidad le dio celeridad legislativa al Congreso Constituyente más no grandes diferencias en la calidad de las leyes o en la apertura de los mecanismos para la formación del debate sobre los grandes problemas del país. Un Congreso unicameral o bicameral puede funcionar más o menos bien, puede actuar con más 8

López, Sinesio. «Los caminos de la Transición». En Cuestión de Estado. Lima: octubre 1993, p. 31 y ss. Ib., pp. 20 y 21. 10 Ib., p. 64. 9

o menos celeridad (nuestra opción siempre fue por la unicameralidad), pero si se presentan leyes autoritarias y a media noche, el Congreso unicameral resulta un peligro público. Contradiciendo lo que pregonaban antes contra el parlamento, la mayoría acolita al fujimorismo llevó al extremo las prácticas del carpetazo, ahora previo «beeper», y otros vicios que ellos mismos criticaban. En ese aspecto, el CCD con su mayoría fujimorista cambió, en efecto, todo lo llevó al extremo del servilismo y del autoritarismo, digitados por Fujimori y por el siniestro Montesinos, a quien no se le conocían todas sus ilícitas actividades. Precisamente dentro de esta dinámica es que la función fiscalizadora del CCD fue casi nula, comenzando por la investigación del tren eléctrico y la política de borrón y cuenta nueva hasta el rechazo a investigaciones evidentes como las del caso de Vaticano, CLAE, los fondos de la Caja Militar Policial, la investigación de las privatizaciones (COPRI y CEPRÍ). La Comisión de Fiscalización del CCD fue inútil, hubo una política sistemática de negar y rechazar cualquier tipo de investigación contra miembros del gobierno o grupos económicos ligados a él. Ahora sabemos el por qué de esta protección. Posteriormente analizaremos cómo es que el CCD y luego el Congreso con esa mayoría oficialista fue la sucursal de la mafia, es decir, el lugar donde se tejió todo el entramado legislativo para que la mafia funcionara con toda impunidad. Pero también el CCD fue el lugar que permitió a la oposición democrática resonar con fuerza, dentro y fuera del Perú, en la defensa de los derechos humanos. Dos casos alcanzaron resultados importantes. La denuncia del crimen de la Cantuta y la defensa de los campesinos de San Ignacio. En el primero me tocó un protagonismo no buscado que abrió paso a la comisión investigadora dirigida por la oposición y terminó, previa aparición de los restos y notable acción de la prensa, en la condena de los criminales. Obligó luego a la amnistía, denunciando el carácter del régimen. En la segunda reivindicó a los campesinos y defensores de la ecología, acusados de terroristas. Creemos conveniente presentar algunos antecedentes y conclusiones a las que arribaron algunas de las pocas comisiones investigadoras que se formaron en el CCD en lugar que analizar su legislación, porque lo principal de esta fue la Constitución y porque es la ausencia real de fiscalización lo que facilitó en el Ejecutivo el desarrollo mañoso y la reiterada impunidad. Solo en los dos casos mencionados la fiscalización logró algo y ciertamente a medias. • Privatización de AEROPERU.-11 Esta comisión presidida por Miguel Velit, luego de las investigaciones respectivas, llegó a las siguientes conclusiones: En su dictamen en mayoría, indican que en la privatización de AEROPERÚ no han existido irregularidades así: Premunidos de todos los elementos de juicio posible acerca del tema le informamos que hemos comprobado que los dos procesos de subasta por lo que ha tenido que pasar la privatización de AEROPERÚ, se han manejado con ajuste a los procedimientos generalmente aceptados para 11

Informe de la Comisión Investigadora para el caso de la Privatización de AeroPerú, 12 de enero de 1993.

este tipo de procesos en nuestro país [...] pero lo que evidente es que se han respetado la Ley y las Bases de las subastas (Marco General de Actuación que obliga a todas las partes de una Licitación o subasta). Como es natural en los concursos y licitaciones, unos ganan y otros pierden. Concluyendo que se respalde el proceso de privatización de AEROPERU. Estas conclusiones contrastan con las del dictamen en minoría, presentado por los representantes Torres Vallejo y Bedoya de Vivanco quienes concluyen: «Todo lo expuesto anteriormente, nos lleva a concluir que en la segunda Subasta Pública de AEROPERU, se han cometido serias irregularidades y se ha actuado con negligencia e informalidad que violan la transparencia y estricta legalidad de dicho acto». Por supuesto que se aprobó el informe en mayoría presentado por los representantes oficialistas. Esto demuestra el poco ánimo de investigar realmente por parte del Congreso ya que como se sabrá después, el proceso de privatización de nuestra línea de bandera fue un fiasco, se vendió totalmente subvaluada y con serias irregularidades en el momento de la subasta. •

Caso de la Cantuta.12 Quien presidió esta comisión fue Róger Cáceres, conformando la mayoría de la misma con Gloria Helfer (MDI) y Carlos Cuaresma (FIM). Este es un caso emblemático ya que se puso en evidencia, el carácter cívico-militar del régimen. En un libro anterior he relatado como sucedieron las cosas, el rol que me cupo jugar al recibir la denuncia anónima hecha por un grupo de oficiales del ejército y cómo esto llevó a constituir una comisión investigadora encabezada por la minoría opositora y con mayoría de esta. La reacción no solo incluyó amenazas y persecuciones sino un público desfile de tanques dispuesto por el jefe del Ejército hoy calificable de simple ratero Nicolás Hermoza Ríos. El hecho impactó en el exterior en el mismo día on amenazas de la Comunidad Europea y el gobierno de los EEUU pues se vio como amenaza golpista al Congreso y esto obligó a Fujimori a intentar conciliaciones. Basta recordar que la Comisión del caso Cantuta «fue la única comisión investigadora sobre un hecho grave de este gobierno que arrancamos a la mayoría, la única en que tres congresistas de oposición eran mayoría en la comisión y cuya presidencia recayó en el decano de los parlamentarios, Róger Cáceres Velásquez».13 Resulta interesante destacar algunos puntos a los que arribaron los dictámenes en mayoría y minoría para que nos demos cuenta cómo se trataban estos problemas por la mayoría oficialista y cómo la complicidad se hacía evidente. Además debemos hacer hincapié en un análisis de las conclusiones a las que llegó la Comisión en mayoría, la cual nos demuestra todas las características de lo que serán los siguientes siete años de Fujimorato.

La comisión tuvo un arduo trabajo ya que estaban con todos los organismos del Estado involucrados en contra. Los militares interferían la investigación reclamando que pase a su fuero. Tras la declaración de su comandante general 12 13

Informe de la Comisión Investigadora para el caso La Cantuta, 23 de junio de 1993. Pease, García Henry. Remando a contracorriente. Op. cit, p. 23.

Hermosa Ríos ante la comisión, sacaron los tanques a las calles como una demostración de fuerza, como diciendo: «A ver que investiguen», a la vez, el Ministerio Público y el Poder judicial no cumplieron a cabalidad sus funciones y demostraron más bien temor y negligencia al actuar. Además, un golpe artero recibió la comisión por parte del propio Congreso: siguiendo los dictados de Fujimori-Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos, el pleno del Congreso recortó las atribuciones de la Comisión, resolviendo que solo podría citar a declarar al comandante general de cada Instituto Armado y no como dice la Constitución a cualquier persona. Esto fue letal para la comisión ya que esta debía llamar a declarar a Montesinos que había sido directamente involucrado en el hecho y a otros más que podían en sus contradicciones revelar mucho de lo actuado. De hecho, incluso antes de que le quitaran estas facultades, la Comisión no pudo hacer concurrir a los directamente involucrados ni menos tener acceso a documentación sobre los soldados de la base de la Cantuta que estuvieron presentes en el momento de la intervención ya que los militares decían que esto era un «Secreto» y «que estaba en pleno proceso de investigación» o afirmaban de manera desafiante que era imposible contar con una lista de ese personal ya que «rotan muy seguido y hay una imposibilidad de individualizarlos». A esto se debe agregar que una vez enterados de las denuncias y la conformación de una Comisión Investigadora, el Consejo Supremo de Justicia Militar abrió instrucción contra Los responsables del crimen, con el claro propósito de interferir y bloquear la investigación parlamentaria. Se generó así un conflicto de competencias entre el fuero civil y militar que tenía que ser resuelto por la Corte Suprema. Según ley orgánica, la Corte Suprema requería de cuatro votos para establecer la competencia; al no contar con los votos y ser necesario para el régimen que la Corte Suprema fallara a favor del fuero militar, se desemboca en la tristemente célebre ley Cantuta. La ley Cantuta variaba el procedimiento de votación indicando que para dirimir competencias solo se necesitaba mayoría simple de votos. Así se resolvió a favor del fuero militar entre gallos y media noche. En estas condiciones y con una mayoría congresal en contra, la Comisión llevó valientemente la investigación a buen puerto, pese a todas las vallas y obstáculos que le pudieron poner. Aquí presentamos un breve resumen de los dictámenes tanto en mayoría como en minoría. Resulta interesante observar algunas conclusiones y recomendaciones que la Comisión formuló ya que se puede evidenciar la forma cómo Montesinos y Fujimori manejaban las instituciones a su antojo incluyendo al Congreso. Una descripción de la realidad, como una visión de lo que existía y se ocultaba y como una premonición de lo que vendría en los próximos años de oprobio fujimorista. Dictamen en mayoría: algunas Conclusiones (Cong. Cáceres, Helfer y Cuaresma, oposición democrática) Existen indicios suficientes para señalar que la intervención del 18 de julio de 1992 corresponde a una operación de inteligencia realizada por alguna unidad especializada de las fuerzas de seguridad, que por lo menos contó con el concurso de algunos efectivos militares.

- Ni el General Hermoza Ríos ni el General Salazar Monroe en sus declaraciones han aportado elemento alguno que permita descartar la probable responsabilidad de los efectivos militares denunciados públicamente como implicados en los hechos investigados. - El General Nicolás Hermoza ha efectuado declaraciones diversas y evasivas sobre los hechos, que comprometen su responsabilidad, por cuanto ello permite pensar que ha encubierto deliberadamente a los efectivos que ejecutaron el operativo militar el día 18 de julio. Es indudable que el operativo investigado en este informe, por los extremos a que se ha llegado, constituye un delito común de desaparición forzada de personas, que debe ser juzgado por las autoridades del Fuero Común, según el Código Penal. - El Ministerio Público a pesar de tener la competencia para investigar los hechos, no ha individualizado hasta ahora los autores ni ha formalizado denuncia penal por estos delitos. - El Fuero Privativo Militar no ha aportado a esta investigación ningún elemento de juicio que permita esclarecer los hechos, a pesar de la solicitud de la Comisión. - Durante la tramitación del proceso iniciado a consecuencia de estos hechos, como nunca ha sucedido antes, el Fuero Privativo Militar ha transgredido sus atribuciones con exceso, interfiriendo ilegalmente en el adecuado desarrollo de la investigación. - El Fuero Privativo Militar impidió ilegalmente la concurrencia ante esta Comisión del abogado Vladimiro Montesinos Torres. - El Jefe del Servicio de inteligencia Nacional, general de división Julio Salazar Monroe y el Comandante General del Ejército y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, han declarado a esta Comisión desconocer el origen de los ingresos del Asesor de la Jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional, abogado Vladimiro Montesinos Torres. - Está demostrada la responsabilidad del señor Ministro de Defensa. El responsable del pliego de Defensa, tiene la obligación de adoptar las medidas pertinentes para contribuir a esclarecer lo sucedido sobre los hechos el 18 de julio de 1992 en la UNE. Asimismo, es él quien tiene el control y la responsabilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas. Algunas responsabilidades: Además de las que corresponden a los involucrados, además a los Jefes militares, incluyendo al Comandante General del Ejército: - Existe presunción de responsabilidad funcional del Fuero Privativo Militar. - Existe presunción de responsabilidad penal en los fiscales del Ministerio Público, por no haber formalizado hasta ahora la denuncia que corresponde por los hechos objetos de la investigación. - Existe presunción de responsabilidad penal en los Magistrados de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República y de la Quinta y Sexta Salas Penales de la Corte Superior de Lima, que no cumplieron cabalmente con sus deberes de función en la tramitación de recursos de Rabeas Corpus concernientes a los hechos materia de investigación. Esta demostrada La responsabilidad política de la mayoría del Congreso al haber abdicado de sus facultades de investigación y fiscalización.

Dictamen en minoría: Algunas conclusiones. (Cong. Freundt y Siura, NM-C90) No obstante las declaraciones de ambos Jefes, existiendo el hecho real y concreto de no haberse logrado ubicar al profesor Hugo Muñoz y los nueve estudiantes, no deben descartarse varias posibilidades; a. Que un grupo paramilitar haya intervenido. b. Que un grupo terrorista de ideología distinta, sea el responsable de la desaparición de estas personas. c. Que elementos de la misma tendencia, hayan saldado sus discrepancias internas, procediendo a «desaparecer» a estas personas. d. Que tanto el profesor Hugo Muñoz, como los nueve alumnos, hayan decidido pasar a la clandestinidad, sea por sus simpatías con grupos violentos, sea porque estaban amenazados por estos. Está indubitablemente demostrado que el Dr. Vladimiro Montesinos Torres, asesor ad honorem del SIN, no ha tenido ninguna intervención y/o participación en los sucesos materia de la investigación; toda vez que no tiene mando o relación de autoridad con personal militar o policial, y sus actividades en el SIN se circunscriben a las tareas propias de su profesión de Abogado y Analista. La hipótesis de la voluntaria desaparición es probable, considerando que de la información disponible por la Comisión, se aprecia que hay muchos casos de personas denunciadas como desaparecidas que luego han sido ubicadas en otros lugares, a los que se trasladan para no ser identificadas y realizar así actividades terroristas; apreciación que se demuestra con la aplicación de la Ley del Arrepentimiento, que ha posibilitado la deserción de algunos terroristas que habían sido declarados desaparecidos. Como podemos apreciar de este vergonzoso informe en minoría, existe una cerrada defensa de la cúpula militar y de Montesinos por parte del Congreso, con el agravante de que este informe en minoría fue aprobado por la mayoría oficialista. Ingrata será su sorpresa cuando más tarde aparecieron los cuerpos de las víctimas de la Cantuta. De los sucesos de la Cantuta y de las conclusiones tanto en mayoría como en minoría se pueden extraer algunas conclusiones: Se puso en evidencia la alianza Fujimori-Montesinos-Hermoza Ríos. Se evidenció la abierta manipulación del Ministerio Público y del Poder Judicial. c. Se manifestó el hecho de la interferencia abierta de las FE AA. y del Fuero Privativo Militar en los Poderes Públicos. d. Se evidenció la complicidad de la mayoría congresal con este triunvirato, al restarle facultades a la Comisión Investigadora primero y luego al aprobar el vergonzante informe en minoría. Es más, sirvió como manto protector para darles impunidad a los operadores del régimen. De hecho, para favorecer a los militares aprobaron la ley Cantuta a fin de que los acusados sean procesados en el fuero militar y no en el civil como correspondía. También, a. b.

luego, volverán a ser cómplices con ellos cuando aprueben la ley de amnistía, perdonándolos por todos los crímenes que cometieron. e. Se puso en evidencia la figura de Vladimiro Montesinos, no solo en lo hechos delictuosos, sino en un ocultamiento sobre los orígenes de sus honorarios. ¿Por qué nadie sabía o nadie quería informar sobre el sueldo de Montesinos? ¿Era plausible el cuento del asesor ad honorem las veinticuatro horas del día? De todo esto, viene una pregunta: ¿Si se conocían todos estos hechos, estas graves irregularidades, si ya estaba apareciendo la dudosa figura de Montesinos, ¿por qué no se investigó? La respuesta es que no quisieron hacerlo, ellos estaban coludidos con la mafia y tenían que actuar en consecuencia. •

Adjudicación de la naves Mantaro y Pachitea.-14 14 La preside Miguel Velit; este caso fue muy sonado en su tiempo, también existen dictámenes en mayoría y minoría, básicamente se trata de operaciones financieras realizadas con bancos extranjeros, en este caso norteamericanos, que involucran contratos de fletamiento de las motonaves Mantaro y Pachitea.

Dictamen en mayoría: 1. La comisión considera que no hay sustento probatorio suficiente para afirmar que las entidades que financiaron la operación hayan actuado irregularmente, pues la selección de las motonaves correspondió por entero a la CPV S.A., y que fue previa a que esta solicitara diversas ofertas de financiamiento, para aceptar finalmente la de American Express Leasing Corp. [...]. 3. El nuevo crédito concedido por American Express Bank en 1983 y que fue incluido como parte del Convenio de refinanciación de 1983, suscrito entre la República del Perú y un conjunto de bancos acreedores, que tiene a CITI-BANK N.A., como agente, es una obligación válida y exigible a la República del Perú, por haber sido concertado en concordancia con las disposiciones legales peruanas [...]. 5. Señalar como responsable políticos a Fernando Chávez Belaúnde y a Luis Alva Castro. Dictamen en minoría: 10. El daño al país. Llama la atención que el dictamen por mayoría, no haga mayor referencia a los graves perjuicios que se derivan para el país de la operación de fletamiento de los barcos, que en realidad, insistimos, fue una compra encubierta. [...] conclusiones: no reconocimiento de la deuda contraída por el Gobierno Peruano de manera irregular y que sustituyó en 1983 la deuda privada de la CPV S.A., que tal como se señala perjudicó al país, contando con 14

Informe de la Comisión Investigadora sobre la Adjudicación de las Naves Mancare y Pachitea, 13 de septiembre de 1994.

complicidad de funcionarios de Los Bancos American Express y Chemical Bank [...]. Acusar constitucionalmente al ex ministro de EFC Carlos Rodríguez Pastor, por delito de concusión [...], Como se puede apreciar del estudio de estos dictámenes, es nítida la tendencia de la mayoría fujimorista a respaldar los intereses económicos internacionales, incluso en contra de los intereses del Perú (El dictamen en mayoría fue aprobado por el CCD), se reconoció una deuda mal habida fruto de negocios turbios de altos funcionarios estatales con funcionarios de la banca internacional, la alianza de Fujimori con el capital internacional una vez más se ponía en evidencia. •

Modalidades no convencionales del pago de la deuda externa.15 19831993. La preside Alexander Kouri, esta comisión se formó para analizar el manejo de la deuda en sus modalidades no convencionales, fue un dictamen por unanimidad, solo cabe mencionar la conclusión Nº 1 a la que llegaron:

El mecanismo no convencional de Rescate de Recompra de la Deuda con descuento, fue deficientemente aplicado durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez, debido a la ausencia de estudios técnicos, económicos o financieros que determinaran las condiciones y la estrategia a seguir. Este mecanismo fue aplicado como si se tratara de una decisión única del gobierno y que nada tenía que ver o guardaba algún tipo de relación con la política económica y las tendencias internacionales que se daban en el resto de la economía, dejando de lado al Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación y sus dependencias.

15 16 17

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Detención de dirigentes en San Ignacio.-16 Preside Róger Cáceres Velásquez. Esta Comisión tuvo que investigar la detención arbitraria como terroristas de dirigentes del comité de los Bosques de San Ignacio que estaban en controversia con la empresa INCAFOR S.A. por la explotación de bosques de la zona. Lo que se logró comprobar es que por lo menos la detención había sido arbitraria y que los dirigentes no eran terroristas, aunque no se comprobó que los campesinos habían sido torturados.

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Gestión de la Municipalidad de Lima.-17 Preside Miguel Velit. La comisión investigó las presuntas irregularidades por parte de la Municipalidad de Lima en cuanto a la administración en los procesos de adjudicación y saneamiento físico-legal de diversos terrenos. La conclusión a que llegaron fue que efectivamente hubo irregularidades y solicitan la intervención de la Contraloría y la creación de una nueva Comisión, que investigue aspectos más específicos del tema como el saneamiento físico-legal. Cabe destacar que no es función del Congreso fiscalizar alcaldes, que esa tarea corresponde a los Concejos Municipales que para eso existen. Pero fue

Informe de la Comisión Investigadora sobre Modalidades de pago de la deuda externa, 12 de agosto de 1994. Informe de la Comisión Investigadora sobre Detención de Dirigentes en San Ignacio, 13 de febrero de 1993. Informe de la Comisión Investigadora sobre Gestión de la Municipalidad de Lima, 21 de julio de 1995.

práctica del fujimorismo utilizar el Congreso para enfrentar alcaldes, en particular al de Lima que por su tamaño e importancia es una figura nacional y siempre le fue esquivo. No logró ganar esa alcaldía pero la golpeó interfiriendo en sus funciones y hasta quitándoselas. Otras comisiones investigadoras hubo, que no mencionamos para lo que es ya evidente: solo se fiscaliza a los que no son el Poder Ejecutivo en ejercicio. Fiscalizar al árbol caído es muy fácil y hacerlo con órganos ajenos al poder político es inocuo para el Ejecutivo. Las investigaciones fueron pocas pero menos fueron las que tuvieron importancia. La tuvo la que terminó acusando a Alan García por el caso del tren eléctrico pero sería largo examinar el tema y nos alejaría del nuestro. No dijo mayor cosa la que investigó los papeles de la deuda en ese anterior gobierno y la del caso CLAE fue tan simplista como todo lo que se hizo al respecto. Los dos congresos del fujimorismo tienen cero de nota en fiscalización pero la oposición, a la cual no la dejaban investigar en comisión, tuvo dos logros en comisiones investigadoras del CCD y muchos más en el período siguiente pues, como veremos, sus mociones alertaron a la ciudadanía de los casos más notorios de corrupción luego confirmados con los videos e investigaciones del postfujimorismo. Sin embargo, en estos primeros años, muchos peruanos miraban a otra parte ante nuestras denuncias. El CCD: la Constitución Decíamos en Remando a contracorriente que: Cualquier caracterización inicial del Congreso Constituyente tiene que reconocer que se instala en verdaderas condiciones de precariedad democrática. Su mayoría no solo se interesa poco por las formas sino está digitada desde Palacio de Gobierno. Las instancias centrales del poder quisieron enclaustrar al Congreso en una función meramente redactora de una Constitución que por mayoría se impondrá a la medida del régimen autoritario.18 Todo esto es cierto, pero a medida que pasaba el tiempo y viendo el descaro de la mayoría congresal al votar leyes en contra de la propia Constitución, me hace reflexionar de otra manera; evidentemente el CCD se instaló dentro de un golpe de Estado y no funcionó ninguna transición democrática desde el mismo. Por otra parte, la mayoría congresal con que contaba el gobierno era digitada desde Palacio, pero eso siendo exagerado por el distrito electoral único y la ausencia de aparatos partidarios, no es muy diferente de lo que en todos los gobiernos de exagerado presidencialismo hicieron sus mayorías absolutas en el Congreso. Ahora también sabemos que desde el Servicio de Inteligencia Nacional se articulaban los operadores políticos con la coalición mañosa gobernante.

18

Ib., p. 21.

Pero, la Constitución redactada, ¿era a la medida del régimen autoritario? Todo el contexto en que se vivió esa época así lo hacía pensar, de hecho, no solamente a mí sino a juristas como Enrique Bernales quien afirma: El interés central del gobierno de facto y de su mayoría en el CCD, fue explícitamente el de incorporar al nuevo texto constitucional, los objetivos políticos de concentración autoritaria del poder que caracterizaron al golpe del 5 de abril. Así se desprende del acelerado debate constitucional, que básicamente buscó asegurar la inclusión en la Carta de los siguientes elementos: la reelección presidencial, el fortalecimiento absoluto de los poderes presidenciales, la minimización del parlamento, el debilitamiento constitucional de los partidos políticos, la liquidación de la descentralización y la implantación de un gobierno altamente concentrador de poder, y, finalmente, el otorgamiento de libertades a los grupos de poder económico y financiero para organizar el mercado y controlarlo a su favor, asegurándose por esta vía que un gobierno reelegido y constitucionalmente autoritario tenga como base real de su poder la alianza con grupos económicos privilegiados. Todos estos elementos los encontramos en la Constitución de 1993, tratando de engranarse en un modelo concentrador de poder y autoritario.19 Pero creo que hay que plantear precisiones: La Constitución de 1993 que fue aprobada por el CCD expresa por un lado el acuerdo básico que existía en los dos años previos entre el FREDEMO y el gobierno de Fujimori sobre lo que debía ser el Régimen Económico, esto es, un orden neoliberal, y, por otro lado, el pacto entre Fujimori y los grupos de poder económico, tanto nacionales como extranjeros. 2. En cuanto al régimen político, el aprobado por la Constitución de 1993 no resultó a la medida del dictador, ni siquiera en la reelección presidencial, pues es evidente que Fujimori apostaba a más de un periodo tal como lo anunció Martha Chávez, la única que insistió en tal fórmula cuando relativizaron su discurso para no asustar a los electores de 1995. Ni el referéndum, ni el Tribunal Constitucional, ni la elección de jueces y fiscales al margen del Ejecutivo y Legislativo por ejemplo eran fórmulas compatibles con el régimen político que estaban construyendo. Constituyeron claves en la batalla de la oposición cuando se neutralizaron con leyes contrarias a lo establecido en la Constitución o con argucias y leguleyadas. A pesar del desbalance de poderes, el régimen político de la nueva Constitución tuvo que ser sistemáticamente violado por el autoritarismo del gobierno mañoso y eso contribuyó a su desprestigio tanto o más que sus resultados económicos ya que evidenció el carácter del régimen a muchos de los ciudadanos que antes lo apoyaron. 1.

19

Bernales, Enrique. «Estructura del Estado y Modelo Político en la Constitución de 1993». En la Constitución de 1993. Análisis y Comentarios. Serie: Lecturas sobre Temas Constitucionales 11. Lima: Comisión Andina de Juristas y Honrad Adenauer Stiftung, 1995.

El Acuerdo Neoliberal inicial Tomemos como primera variable el acuerdo básico existente entre el FREDEMO y el gobierno Fujimorista sobre lo que debía ser el Régimen Económico, observable desde 1990. En el CCD, disuelto el FREDEMO, dos de sus fuerzas expresan este acuerdo no escrito ni probablemente tratado. Renovación pactó y el PPC aceptó y aportó al régimen económico, firmó la Carta, aunque no pactó y procuró diferenciarse políticamente. Pero veamos hacia atrás, en los dos primeros años, antes del golpe. Pese a que Fujimori siempre trató de mostrar a la opinión pública la imagen de un Parlamento 1990-92 que bloqueaba todas sus iniciativas, un parlamento que era más un obstáculo para el desarrollo nacional que una ayuda efectiva; el Congreso delegó facultades para legislar en materia tributaria, y otorgó poderes para legislar en materia económica, estas delegaciones de poder eran gestos reales y concretos hacia el Presidente para que pudiera gobernar saltando las necesarias barreras del Poder Legislativo. La situación nacional lo ameritaba, así lo entendieron, especialmente los del FREDEMO quienes apostaban por el modelo neoliberal, ellos vieron frustradas sus aspiraciones cuando Vargas Llosa no salió elegido, pero recobraron las esperanzas al ver que los planteamientos de Fujimori en materia económica eran similares a los planteamientos que hubieran realizado los del FREDEMO de llegar al poder, por lo que se podría decir que había más o menos una coincidencia implícita, un acuerdo básico existente entre dichas fuerzas del parlamento. Cuando salieron los decretos legislativos, fruto de la delegación de facultades, los problemas centrales surgieron con los decretos vinculados a la pacificación, por autoritarios y viólatenos de la Constitución. El simple listado de las normas que en materia económica da el gobierno de Fujimori antes del golpe del 5 de abril, al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, nos libera de mayores esfuerzos probatorios de esta hipótesis. Se complementan entre abril y diciembre de 1992 con decretos leyes que incluso comenzaban la privatización de la escuela pública y que, con acción decidida desde el CCD, la oposición democrática logró revertir y hacer derogar a pesar del retroceso constitucional en esta materia. Principales normas relacionadas con la economía y que establecieron el régimen neoliberal antes del golpe de 1992 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Libertad de rutas del servicio público de transporte terrestre interprovincial de pasajeros (Decreto Legislativo 640) Modernización y privatización de Minero Perú, Centromín Perú, y Hierro Perú. (Decreto Legislativo 647) Inversión privada en Aeroperú (Decreto Legislativo 648) Inversiones privadas en las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad. (Decreto Legislativo 649) Libre competencia en las tarifas de servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros. (Decreto Legislativo 651) Promoción de las inversiones en el sector agrario. (Decreto Legislativo 653)

Inversión privada en el sector hidrocarburos. (Decreto Legislativo 655) Régimen de estabilidad jurídica para las inversiones extranjeras. (Decreto Legislativo 662) 9. Programa de Migración-Inversión. (Decreto Legislativo 663) 10. Liberación del comercio exterior e interior. (Decreto Legislativo 668) 11. Promoción de la inversión privada en las empresas del Estado. (Decreto Legislativo 674) 12. Ley de promoción de inversiones en el sector eléctrico. (Decreto Legislativo 693) 13. Ley de Promoción a la inversión privada en acciones de renovación urbana. (Decreto Legislativo 696) 14. Ley de la Promoción a La inversión privada en el campo del saneamiento. (Decreto Legislativo 697) 15. Participación de la comunidad organizada en la prestación del servicio educativo. (Decreto Legislativo 699) 16. Normas contra las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. (Decreto Legislativo 701) 17. Ley de Zonas Francas Industriales y Turísticas, Zonas de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo, (Decreto Legislativo 704) 18. Ley de promoción de microempresas y pequeñas empresas. (Decreto Legislativo 705) 19. Ley de promoción de inversiones en el sector minero. (Decreto Legislativo 708) 20. Protección al consumidor. (Decreto Legislativo 716) 21.Sistema Privado de Salud. (Decreto Legislativo 718) 22.Sistema Privado de Pensiones. (Decreto Legislativo 724) 23. Fomento a la inversión privada en la construcción. (Decreto Legislativo 727) 24.Fomento del Empleo. (Decreto Legislativo 728) 25. Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Pesquero. (Decreto Legislativo 750) 26. Fusión de los Bancos Estatales de fomento. (Decreto Legislativo 754) 27.Ley del Mercado de Valores. (Decreto Legislativo 755) 28. Ley marco para el crecimiento de la inversión privada. (Decreto Legislativo 757) 29. Promoción de las inversiones privadas en infraestructura de servicios públicos. (Decreto Legislativo 758) 7. 8.

Este ordenamiento llevó a que el CCD tuviera poco que agregar en la materia, más aún, hay que considerar que estas modificaciones fueron hechas con la carta constitucional de 1979, su flexibilidad permitió tanto las privatizaciones como otras medidas liberalizadoras. Después, esta tendencia será confirmada con el nombramiento del ministro Carlos Boloña, quien continuará con las reformas estructurales siguiendo los dictados de los organismos financieros internacionales, obviamente respaldados por los empresarios e industriales pertenecientes a la CONFIEP y a la SNI, quienes también viraron en su apoyo a Vargas Llosa y apostaron por Fujimori cuando vieron que este realizaba las reformas que estos pedían y respaldaban. Con ojos de hoy, algunos dirán que CONFIEP y SNI no representan lo mismo, que estos últimos se retiraron de la primera. Es cierto, pero un caramelo para ambos fueron las medidas de flexibilización laboral y también

era común con muchos peruanos más la necesidad de poner orden en la economía manejada irresponsablemente varios años. Pero dentro de eso se introdujeron las medidas que acabarían con mucho de la industria, a la que se le negaron mecanismos de adaptación y reforma indispensables para modernizarse con menor daño. Las medidas enunciadas corresponden a un contexto que nos rodea. El consenso de Washington condiciona los comportamientos de todos los gobiernos de la región pero, en nuestro caso, las políticas neoliberales más radicales se imponen tras la experiencia heterodoxa del gobierno de Alan García que llegó a los extremos de la hiperinflación y agudizó los cambios que debían realizarse en correspondencia con lo que ocurría en todo el mundo. En efecto, el Estado intervencionista dejado por los militares, construido sobre una larga época en la que el propio empresariado Le reclamaba al Estado radicalizar su rol promotor dado que desde 1957 caía la inversión foránea y las inversiones estatales eran la manera de mantener el nivel de la actividad económica en el corto plazo se veía agotado y fracasado tras los resultados del gobierno aprista y las ideas neoliberales que desde principios de los ochenta se impulsaron con fuerza y que bruscamente se desarrollaron en amplios sectores tras la estatización de la Banca en 1987. Estas leyes del parlamento 90-92 dadas a través de la delegación al Poder Ejecutivo eran polémicas pero aceptadas por muchos. No debo olvidar que una no lo fue, el primer decreto legislativo mencionado, que liberaliza las rutas del transporte público y se complementa con la eliminación de los controles técnicos a los vehículos de servicio público y con la liberación de tarifas. El Tribunal de Garantías Constitucionales derogó de inmediato ese decreto legislativo porque violaba la Constitución de 1979, que daba la facultad de regular el transporte y el tránsito a los Concejos Municipales y no al Parlamento o al Ejecutivo. Fujimori repuso el decreto de inmediato, tras el 5 de abril, y su efecto en Lima fue desastroso. Pasamos en poco tiempo de 7000 a 27000 «combies», tipo de vehículo que las normas municipales derogadas trataban de desterrar por sus efectos nocivos para la circulación ordenada. Contra todas las nociones técnicas de administración de la ciudad, Lima se convirtió en un modelo de ciudad caótica por obra del paroxismo neoliberal. Lo califico así, consciente de que en todas las grandes ciudades de donde nos vienen estas ideas de moda, las tesis neoliberales, los alcaldes administran la ciudad con estos y muchos más poderes, porque libertad no es libertinaje y sus Estados ejercen poder regulador en la economía. ¿Por qué tendría que extrañarme esto si hace meses que muchos peruanos están a la expectativa de la renovación de los acuerdos del ATPA desde EE.UU. para que nuestros algodones, textiles o espárragos puedan ingresar a sus mercados? ¿No han sido desde esos poderosos gobiernos que nos predicaron que teníamos que abrir todas nuestras fronteras para que sus productos y los de otros países nos inunden, aunque quiebren nuestras industrias y hasta nuestra agricultura donde, en forma increíble, importamos arroz y papa que tanto nos sobra? Nos dijeron que el proteccionismo era algo del pasado pero lo aplican todos los días para ellos. Es que la única ley que parece existir sobre todo el orden de esta llamada globalización es «la ley del embudo», donde la parte ancha es para las empresas y países todopoderosos y la angosta para dos tercios de la

humanidad. Pero diariamente, en todos los medios de comunicación y desde todos los poderosos, este es el mensaje nuevo, el único que se trata sin desprecio y sin exclusiones. El diseño de la Constitución: el neoliberalismo y el intento autoritario Como una segunda variable vamos a analizar comparativamente dos aspectos importantes de la Constitución de 1979, así como la del 93, nos estamos refiriendo al Régimen Económico y al Régimen Político. Se diseñó la Constitución estableciendo un régimen económico que consagraba las ideas neoliberales del consenso de Washington, y un intento de régimen político autoritario que no resultó lo que el fujimorismo necesitaba, porque la proximidad electoral los llevó a moderar su propuesta. Es obvio que en el primero el camino ya estaba desbrozado, las leyes antes mencionadas eran suficientes para que antes de la vigencia de la carta dada a fines de 1993, el estado intervencionista quedara desarmado. Lo que demuestra que pudo hacerse con la Constitución de 1979 cuyos márgenes eran amplios. Era difícil defenderlo: si los resultados económicos del gobierno militar de doce años fueron precarios, la década del 80 en la que no se desmontó, aunque se averió más lo recibido, hacía indispensable un cambio. Este se radicalizó con el contexto de hiperinflación precedente y la práctica desaparición de las fuerzas identificadas con el gobierno militar y el gobierno aprista. La izquierda que criticó a ambos desde otras matrices ideológicas no solo vio estallar sus referentes internacionales, sino que tuvo apenas cuatro representantes en el CCD y no propiamente de sus canteras más radicales y ortodoxas. Pero, como ha recordado Gonzales de Olarte, aquí se dio el ajuste neoliberal extremo, en comparación con el resto de la región. Este extremismo se manifiesta también en la nueva Constitución al instaurar un régimen cortoplacista que desaparece toda forma de planificación en terminología antigua o planeamiento estratégico en terminología actual. Nunca existió en el Perú una planificación que fuera obligatoria para el sector privado y, por tanto, hablar de la planificación como signo de comunismo y centralismo es una simple anteojera ideológica. Pero pretender que el Estado solo mire el corto plazo y no busque concertar objetivos estratégicos de largo aliento es una barbaridad solo comparable a la rigidez del modelo aplicado y a su radical sesgo en función únicamente del corto plazo. Los mismos que introducen los contratos de estabilidad jurídica (tributaria y de otros rubros) para establecer sus inversiones de largo aliento, quieren un Estado que solo mire el corto plazo. Quieren que el Estado sea una nave al gárrete en medio de empresas, transnacionales y nacionales, que hoy miran lejos si quieren tener éxito, es decir, planifican. Por eso cerraron el Instituto Nacional de Planificación (INP), que apenas era una fábrica de proyectos de mediano plazo para el Estado y que nunca tuvo poder real para definir el rumbo estatal y menos para imponerlo al sector privado. Cuando el Ministro Camet anunció que tras el plan Brady venían quinientos millones de dólares negociados para que se canjee deuda por ecología, deuda por educación etc., no pudo presentar nada porque no había proyectos. Lo mismo

viene ocurriendo con los 1800 millones de dólares conseguidos por el presidente Toledo antes de comenzar su mandato. Ha recibido un Estado destruido sin proyectos y solamente desde el gobierno puede comenzar a hacerlos, cuando ya tiene la concesión de montos y la gestión política terminada. Muy distinta fue la situación, del gobierno militar en 1970, cuando Morales Bermúdez, ministro de Economía y Finanzas, regresó del Club de París con el ofrecimiento de tener préstamos hasta el límite de lo que el Perú pagaba de los anteriores y encontró alternativas efectivas en el INP de entonces, formuladas en el primer gobierno de Belaúnde. De la Constitución desaparecieron las referencias a la justicia social y al interés social. Muchos sostienen que este último llevó a expropiaciones como la intentada con la televisión por los militares y con la banca por el gobierno aprista. Lo que está detrás puede venir de la mala experiencia, que en el primer caso es anterior a la Carta de 1979, y con un gobierno que puso en suspenso la Constitución existente. Pero no se puede negar que están aplicando expresamente las ideas del padre de los neoliberales, F. VON Hayek, cuando sostuvo que como último servicio a la humanidad quería convencer a esta de que hablar de justicia social era simple demagogia pues hasta eso es obra del mercado, esa abstracción tan equitativa donde Darwin claradamente el grande se come al chico si no hay ley que lo regule. Es que en su obsesión por reducir el rol del Estado no se preocupan de terminar poniendo en cuestión el orden social, es decir, creando condiciones de inviabilidad que en sus países de origen los países desarrollados donde aprendieron a compartir y construyeron el Estado de bienestar no pueden poner en práctica pues su discurso no ha podido liquidar lo ya logrado. Se buscó restringir la acción del Estado tras la definición de que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, común a ambas constituciones. Si bien se eliminaron esas referencias a lo social y la acción reguladora del Estado para armonizarlas, no desapareció toda función reguladora. Es que hay posiciones extremas o ultras que tampoco quieren un Estado que regule en la economía: es amplio el consenso lo compartí siempre que opta por un Estado regulador y promotor antes que intervencionista, y lo es más tras estas décadas. Pero estos extremistas no quieren tampoco regulación alguna y cuando la aceptan quieren despolitizando la política órganos neutrales y alejados del poder político estatal. Pero el resultado es simplemente la ilegitimidad del orden social, como lo advierte Norbert Lechner en texto preciso sobre la relación Estado mercado. Este sociólogo alemán afincado en Latinoamérica debe haber podido comparar mucho mejor desde la experiencia cómo también en materia regulatoria la prédica del consenso de Washington no corresponde con lo que ellos hacen en su propio país y en los demás del primer mundo.20 Pero lo que refleja el artículo 58 de la Constitución de 1993 no es extremista. Deja al Estado las funciones de (a) orientar el desarrollo del país y actuar principalmente en las siguientes áreas (a) promoción del empleo, (b) salud, (c) educación, (d) seguridad, (e) servicios públicos e (f) infraestructura. Exige que solo por ley expresa es decir no dentro de otra ley y sin exigirle votación calificada 20

Lechner, Norbet. «El debate sobre el Estado y el Mercado». En Nueva Sociedad n.º 121. Caracas, setiembre – octubre, 1992.

pueda realizar actividad empresarial. En el debate actual, por ejemplo, los neoliberales restringen aún más su acción en promoción del empleo, servicios públicos e infraestructura y trataron de privatizar sin mucho éxito parte de las funciones en educación y salud. También proponen que para crear una empresa se requiera de una ley con el voto de la mitad más uno de los miembros del Congreso. La Carta de 1993 ya no prohíbe expresamente como la anterior los monopolios, oligopolios y acaparamientos, aunque sostiene que combatirá sus abusos, promesa no cumplida. En esta dirección se dan otros cambios que en la práctica corresponden a la misma perspectiva, aunque también se entiendan como modernizar y simplificar el texto. No tengo duda de que en este título se ha expresado mucho de las ideas de moda y de las críticas a lo recientemente vivido. Sin duda también que esos cambios se tenían que dar pero probablemente de otra manera y con menos extremismos. Lo cierto es que entonces y ahora demandan mucho más los que apasionados en sus ideas y en el poder local y trasnacional que expresan olvidan que compartir fue el secreto de las democracias siempre, y esa lección dejó el fascismo a la vieja Europa. Se aprendió en sus clases dirigentes y surgió el Estado de Bienestar y todas las Thatcher o los Reagan juntos no han sido suficientes para desmontarlo. Subsiste aunque cambien las formas pero eso es posible allá desde la abundancia que tienen y que permiten amortiguadores muy costosos para sus distancias y conflictos sociales porque provienen de una posición dominante no solo en el mercado mundial, sino en el orden político internacional. Sostenemos que la Constitución de 1993 consagró la situación que se venía dando en el aspecto económico que ya explicamos líneas arriba, esto es, el funcionamiento del sistema económico marcado por las ideas neoliberales en los términos del consenso de Washington, aplicado desde 1990. Hoy en toda la región hay aire fresco en el debate y hasta en los organismos multilaterales se dan cuenta que se les fue la mano en el reclamo del Estado mínimo. En nuestro caso esas ideas confluyeron en un régimen autoritario por su desprecio de algo esencial para toda democracia, que es aquello que tiene que ver con sentimientos y necesidades de las mayorías y obviamente con su participación política que no es ajena nunca a sus intereses en materia económica. Se olvidaron del «interés general» esencial en la oferta liberal clásica y creyeron que con improperios y descalificación de toda idea o propuesta alternativa resolvían el asunto. Una discusión más racional, más allá del dramatismo del shock y un debate que se rehuyó en casi toda la década del 80 hubieran dejado más claro que había cambios que eran necesarios y que en parte aquí se recogieron. La modernización del Estado y de la economía se planteó sin embargo desde la lógica de la exclusión incrementada por la necesaria respuesta al terrorismo y por el rechazo a la hiperinflación, sus causas y sus causantes. No es de extrañar que esto resulte hoy tan vinculado a la dictadura que lo hizo posible y le imprimió carácter. Es necesario salir de las alternativas maniqueas y solo los que salgan de ellas podrán concertar salidas posibles de largo aliento. Los cambios en el régimen económico, que acabamos de explicar, pueden verse reflejados en el cuadro siguiente:

Cuadro comparativo de las principales modificaciones del Régimen Económico en las Constituciones de 1979 y 1993 Constitución de 1979 Art. 115: «La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social». Art. 110: «El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social [...]. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso [...]». Art. 111: «El estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores [...]». Art. 112: «El Estado garantiza el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática de diversas formas de propiedad y de empresa [...]». Art. 114: «Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas y de servicios. Por iguales causas puede también el Estado establecer reservas de dichas actividades a favor de los peruanos».

Constitución de 1993 Mientras que la Constitución de 1979 ponía el énfasis en principios de justicia social y la planificación del desarrollo, a través de tres artículos; la Constitución de 1993 se limita a un solo artículo, suprimiendo dichos principios: Art. 58: «Iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura».

Art. 133: «Están prohibidos monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil [...]».

Art. 61: «El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios [...]». Art. 62: «La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato [...]». Art. 64: «El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera».

No tiene artículo comparable No tiene artículo comparable

Art. 60: «El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional [...]».

Art. 116: «El Estado promueve y protege el libre desarrollo del cooperativismo [...]». Art. 120: «El Estado impulsa el desarrollo de la Amazonia. Le otorga regímenes especiales cuando así se requiere [...]».

No tiene artículo comparable

Art.: 118: «Los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización por este y de su otorgamiento de los particulares». Art. 121: «Corresponde a la zona donde los recursos naturales están ubicados, una participación adecuada en la renta que produce su explotación, en armonía con una política descentralista. Su procesamiento se hace preferentemente en la zona de producción". Art. 122: «El Estado fomenta y estimula la actividad minera [...]. Actúa como empresario y en las demás formas que establece la ley [...]». Art. 124: «La propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social. El Estado promueve el acceso a la propiedad en todas sus modalidades [...]». Art. 128: «Los bienes públicos cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados».

Art. 66: «Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación [...]. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal».

Art. 69: «El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia con la legislación adecuada».

Art. 77: «[...]Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon». No tiene artículo comparable Art. 70: «El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley». Art. 73: «Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser

Art. 131: «El Estado reconoce la libertad de comercio e industria [...]». Art. 157: «El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra, en forma individual, cooperativa, comunal, autogestionaria o cualquiera otra forma asociativa directamente conducida por sus propietarios en armonía con el interés social y dentro de las regulaciones y limitaciones que establecen las leyes [...]». Art. 159: «La reforma agraria instrumento de transformación de la estructura rural y promoción integral del hombre del campo [...]». Art. 163: «Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables, imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la comunidad [...]». Art. 152: «La actividad bancaria y financiera cumple función social de apoyo a la economía del país en sus diversas regiones y a todos los sectores de actividad y población de acuerdo con los planes de desarrollo».

concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico». Art. 59: «El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria [...]». Art. 88: «El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los limites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta». No tiene artículo comparable Art. 89: «Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas [...]. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior [...]». Art. 87: «El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía [...]».

En cuanto al régimen político sostenemos que el texto de la Constitución de 1993 no fue lo que el fujimorismo realmente necesitaba y buscaba, pero no tanto por derrota expresa desde una minoría democrática que carecía de los votos, sino porque se debatió cerca de las elecciones de 1995 y los argumentos de propios y extraños los llevaron a moderar sus propuestas. Era evidente ya en el debate de 1993 que el primer objetivo lo único clave en su visión cortoplacista era no asustar al electorado, sobre el cual pesaban denuncias como la de la Cantuta y se abría paso la defensa de derechos humanos a pesar del coro oficial que levantaba el natural antiterrorismo y pesaba también, conforme pasaba el tiempo, el empeoramiento real de condiciones económicosociales y la precaria participación política. Circuló un texto identificado con el oficialismo, en los primeros días del debate constitucional, que asustó a muchos. No pesó y moderándose la actuación de sus representantes concedió en asuntos claves como la reelección inmediata por una sola vez, la no intervención del Poder Ejecutivo o Legislativo en la elección de magistrados, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo separada de la Fiscalía de la Nación y, por supuesto, entre los mecanismos de participación directa, el referéndum que esta Constitución reconoció por primera vez para la generalidad de las normas con rango de ley. Todos estos mecanismos tuvieron que ser manipulados en dirección contraria a la Constitución y fueron creando los espacios de contradicción donde actuó la oposición democrática entre 1995 y el 2000. Tuvieron que destruir su propia Constitución que hoy además aplicamos para que se les juzgue. ¿Ingenuidad inicial? No. Creo que cayeron en la red de sus propias palabras justificadoras, aquellas que pretendían levantar la democracia directa contra la democracia representativa o aquellas que decían defender esta de los abusos que antes los partidos habían hecho de ella, es decir, no les funcionó lo que construyeron para tratar de legitimarse. Habían criticado tanto la corrupción judicial, por ejemplo, que era absurdo que no cambiaran los mecanismos tradicionales de selección de jueces. Y en la sociedad civil no teman control absoluto como en el Parlamento o el Ejecutivo, por tanto el Consejo de la Magistratura generado inicialmente les

resultó simplemente adverso por tener gente independiente y, como lo demostraron, honesta y valiente. Ciertamente en un principio los legitimó la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista, así como la derrota de la hiperinflación. En 1994 una millonada inversión pública en pequeños proyectos la oferta de llegar a tres escuelas por día era su no alcanzado norte complementó el logro inicial y consiguió la reelección presidencial en la que también jugó un rol la guerra en la que se ocultó la derrota. Pero la pretendida legitimidad democrática basada en el texto de 1993, a pesar de sus concesiones, les fue estallando en la cara, convirtiéndose en progresiva deslegitimación. Con todo el poder que tenían casi pierden el referéndum y tras este tuvieron que derogar los decretos que comenzaban la privatización de la educación. No afirmo que hubo fraude en el referéndum, porque no pudimos ni nadie pudo demostrarlo. Sin embargo, con cifras tan estrechas era muy probable que ocurriera. Por eso tampoco el referéndum los legitimó. Lo que sí fue cierto es que la lucha de la oposición continuó y a partir de 1995 se coordinó más, se sumó a ello el desgaste objetivo de una bonanza que engañó hasta a los empresarios y que hizo agua poco después de las elecciones, seguida de sucesivas congeladoras hasta mostrar el Perú real, precario y sin empleo, a la vez que demostraban en toda su contradicción las acciones que destruían las reglas de su propia Constitución para otorgar una reelección más a Fujimori el 2000, para manipular la elección de jueces y prolongar la provisionalidad, para anular el Tribunal Constitucional y el referéndum, etc. Quien sostuvo en forma coherente la posición real del gobierno fue Martha Chávez. Primero declaró que Fujimori debería gobernar quince años y luego defendió que la reelección fuera indefinida en el texto constitucional. Sus compañeros de bancada no la siguieron. En la discusión sobre este punto en el CCD mis planteamientos se resumían en cuatro puntos fundamentales contra la reelección: 1. La reelección no funciona en regímenes presidenciales tan fuertes. Si el Perú posee una fuerte tradición presidencialista, al agregarle además el elemento reelección se estaría abriendo el paso hacia un régimen autocrático. 2. El régimen democrático no es compatible con el caudillismo. Se demuestra en nuestra historia republicana donde tantas veces el caudillismo ha desbordado las sucesivas constituciones. 3. Con una norma que posibilita la reelección inmediata, el gobierno priorizará la toma de decisiones políticas para conseguirla, distorsionando así las decisiones en políticas públicas. Supone la figura del presidente en permanente campaña durante su mandato. 4. AI mantener estrechas vinculaciones el gobierno con las cúpulas empresariales y los medios de comunicación, hecho que se ha visto evidenciado durante los diez años de gobierno, se coloca a los demás contrincantes en relación desigual en cuanto a oportunidades dentro de una competencia electoral. No tengo duda de que el poder presidencial se reforzó básicamente por la reelección inmediata, pero no olvido que el régimen político no se mide solo por lo

que dice el texto constitucional; este reconoce partidos y los debilita igualándolos con un híbrido explicable solo por el antipartido las agrupaciones independientes pero en realidad los partidos casi no funcionaban y contaban con pocos espacios en la medida que no eran canales aceptados como interlocutores por el gobierno. También reconocen y realizan elecciones nacionales y locales, pero las normas electorales desfavorecen a los partidos, favorecen la dispersión y atomización, etc. Es decir, el régimen político es más que la norma y tiene que ver con el funcionamiento real de las fuerzas. Desde el 5 de abril los poderes fácticos, Fuerzas Armadas, empresarios, gremios empresariales, tecnócratas con sus relaciones internacionales incluidas, sistema interamericano, etc., apuntaban en una sola dirección: articular con la coalición mafiosa. Es obvio que también lo harían los operadores que destruyeron la autonomía de las instituciones constitucionales hechas para que el poder no se concentre en una sola mano y para eso la mayoría parlamentaria era el punto de partida. Incluso el fraude era preciso para mantenerla y eso fue denunciado por congresistas como Alva Orlandini o Manuel Lajo sin mucho éxito respecto del proceso electoral de 1995 en lo que se refiere al Parlamento. En el régimen político de la Carta de 1993 la reelección fue el cambio principal, pero se ha sostenido que hubo un desplazamiento de funciones desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo con el consiguiente debilitamiento del legislativo, Algunos autores entre ellos Enrique Bernales 21 argumentan que efectivamente el Congreso vio disminuido en sus atribuciones a favor del Ejecutivo, más propiamente del Presidente; esta disminución de atribuciones fue determinante para fortalecer al gobierno autoritario por la concentración del poder en el Presidente. Dentro de las supuestas facultades pérdidas se encuentran las de: 1. Ratificación de los ascensos a altos cargos de las Fuerzas Armadas y Policiales. 2. Ratificación de Embajadores. 3. Elección de los Magistrados de la Corte Suprema. 4. Elección de los fiscales ante la Corte Suprema. 5. La facultad de autoconvocatoria a legislatura extraordinaria. 6. Limitación de su intervención en la ratificación de los tratados (en algunos temas el Congreso necesariamente tiene que aprobarlos, pero en otros solamente basta con la aprobación del presidente). No era muy grande el poder parlamentario en la ratificación de generales y almirantes o de embajadores. La propuesta venía del Ejecutivo y en la práctica lo que había era un poder de veto muy pocas veces utilizado. Pero es cierto que se eliminó un mecanismo que permitía fiscalizar al Poder Ejecutivo en estas materias, revisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en los respectivos procesos de selección etc. Más aún, la coalición mafiosa usó los ascensos y nombramientos para manejarlos como prebendas dentro de su propia red que el Parlamento podría haber cuestionado, aunque no cambiado pues ellos controlaban los votos. 21

Bernales, Enrique. Estructura del Estado y modelo político en la Constitución de 1993. Op. cit.

Lo que ocurrió, como lo veremos después, es que hubo un copamiento de las instituciones por parte de la mafia que no solamente destruyó tradiciones en cuanto a ascensos y premios, sino que se encargó de callar o en otros casos de cesar a excelentes militares y diplomáticos para colocar a funcionarios mediocres y acólitos a la mafia. Una cosa muy diferente y paradigmática ocurre con los poderes restados al Congreso en cuanto se refiere al nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema y Fiscales ante la Corte Suprema. Creemos que en estos dos casos, el texto de 1993 es superior ya que no supedita la elección de magistrados a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino se deja principalmente en manos de la sociedad civil dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta fue una cuña, un obstáculo a los planes de la coalición mafiosa que necesitaba de un Poder Judicial sumiso a sus objetivos: lo combatieron quitando atribuciones al Consejo e instaurando la provisionalidad. Con relación a la aprobación de los Tratados solo indicaremos que los temas medulares en cuanto a tratados requieren aprobación del Congreso y ratificación presidencial: Derechos Humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, Defensa Nacional, obligaciones financieras del Estado y los que crean o modifican tributos; en los otros casos el Presidente puede celebrar o ratificar Tratados sin la aprobación del Congreso, en todo caso dará cuenta luego al mismo. De hecho este articulado otorga cierta celeridad a la aprobación de tratados, digamos menores, y que por el dinámico mundo de las relaciones internacionales, exacerbado por el fenómeno de la globalización, no requieren mayor trámite ante el Congreso. Sostengo que la exagerada fuerza del Poder Ejecutivo proviene más bien de las ya mencionadas situaciones de hecho que incluimos desde la caracterización del régimen político. Tampoco la unicameralidad ha significado un equilibro mayor de poderes, por la misma razón. Es decir, si el CCD no significó la apertura de un camino de transición a la democracia camino que emprendimos luego, aunque en relación de continuidad con esa etapa en que la mayoría de los peruanos nos volteaba la cara, esperanzados en el fujimorismo, no puede esperarse que las instituciones de la Constitución de 1993 funcionen al margen de las características del régimen autoritario y por tanto es natural que varias de ellas se convirtieran en mecanismos que este tenía que anular o distorsionar. Un Parlamento unicameral se supone que es más poderoso frente al Ejecutivo. Más aún, tras ver que muchas veces este, bajo el caudillismo desarrollado en nuestra historia republicana, ha sido más poderoso que lo que disponen los textos constitucionales, estoy convencido de que volver al bicameralismo debilitará en vez de atenuar el presidencialismo en nuestro caso. Veo mucha pasión en el debate y poca consistencia en las razones que se esgrimen, por lo menos en lo que se refiere al equilibrio de poderes. Comprendo las razones en otras latitudes pero, ciertamente, entre nosotros solo podría haber un presidencialismo atenuado con dos Cámaras dentro de un régimen semipresidencial. Hay aspectos que permiten al Poder Ejecutivo manipular en su favor la bicameralidad, más aún si se mantiene la elección del Senado en perfecta simultaneidad con la elección del Presidente, es decir subordinada en tal momento a su liderazgo. Se acentúa más con un Senado por distrito nacional único, que es la forma única de tenerlo aquí

mientras no se constituyan las regiones, proceso aún a décadas de distancia. No entiendo, además, cómo así se le llama la Cámara territorial, que es natural en Estados o provincias que pre-existieron y por tanto cedieron soberanía al Estado Federal como en Estados Unidos, Brasil o Argentina. Lo cierto es que el poder del Parlamento parece ser la única manera de contrapesar los excesos del caudillismo presidencial peruano y debe ser un parlamento que se renueva por mitades a la mitad del período presidencial. Los riesgos del unicameralismo se pueden controlar, en cuanto a la ley sorpresa, como hoy. También se puede llegar a una Cámara más reflexiva. Pero es distinto eso si el Presidente es básicamente un Jefe de Estado y el Congreso elige al Jefe del Gobierno. Para eso se requiere que esté operando, sin embargo, un sistema de partidos y no una diáspora indisciplinada que lleva a la ingobernabilidad. Se requiere también que maduren otros mecanismos, como el referéndum y las formas de transparencia, para que en la sociedad del siglo XXI en que la representación se da «en tiempo real» y no como en los siglos pasados, la política alcance legitimidad y no la pierda desde el día primero a favor de los autócratas que tienen medios a su disposición. Ni el unicameralismo, ni la elección de jueces sin intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ni la defensoría del Pueblo ni los mecanismos de participación directa ni las puntuales funciones que recibió el Ejecutivo en forma adicional dentro de la Carta de 1993 explican el régimen autoritario. Al revés, este se desarrolló por sí mismo, se apoyó en la reelección inmediata que luego tuvo que manipular contradiciendo el texto y el debate previo. No le salió pues a la medida el régimen político en la Carta de 1993.

Capítulo 8 LOS OPERADORES DE LA MAFIA CARA EL CONTROL TOTAL DE LAS INSTITUCIONES El Congreso de la República: sucursal de la mafia El Congreso de la República durante el régimen autoritario de Fujimori fue la sucursal de la mafia, es decir, el lugar desde donde se concretaron las principales decisiones venidas de Palacio de Gobierno y el SIN para copar todas las instituciones, impedir los controles autónomos y encubrir los actos de corrupción. Su mayoría absoluta permitió a Fujimori copar y controlar las principales instituciones. Si durante el CCD había que guardar las apariencias y parte del cuidado se expresó en el texto constitucional que abría posibilidades de control, allí mismo y sobre todo a partir de 1995, se trabaron los controles y el Congreso jugó el rol central para distorsionar toda la legalidad en función del poder concentrado en una sola mano. El Congreso fue el lugar donde los principales operadores políticos de la coalición mafiosa implementaron las decisiones de esta. Tres objetivos se trazaron allí:

Garantizar la segunda reelección o el tercer gobierno de Fujimori (20002005). 2. Asegurar la impunidad de los operadores de la mafia. 3. Subordinar la justicia y todas las instituciones autónomas a la coalición mafiosa de modo que pudieran usarse para hacerse obedecer en la sociedad. 1.

Garantizar la segunda reelección o el tercer gobierno de Fujimori En el CCD, probablemente por temor a las elecciones de 1995, los fujimoristas solo consagraron la reelección inmediata por un período. Cuando en el debate Martha Chávez transparente en su posición autocrática planteó que la reelección debía ser indefinida, la dejaron sola. Ella antes había declarado que Fujimori debería gobernar por lo menos quince años. Negaron expresamente que el texto implicara el desconocimiento de que la primera reelección y única posible de manera inmediata era la de las elecciones de 1995. Lo hicieron antes de votar el artículo correspondiente. Pero, luego de la reelección optaron por el camino torcido. Pretendieron interpretar por ley que el texto constitucional decía lo contrario y la segunda reelección solo sería la del año 2000. Para que esa discutible interpretación, que comenzó a vaciar aceleradamente la legitimidad del régimen, pudiera imponerse, promulgaron varias leyes que impidieron el ejercicio del derecho al referéndum consagrado por la Carta de 1993, trataron de maniatar al Jurado Nacional de Elecciones y al Tribunal Constitucional. Comenzaron un camino que no solo se dio en la ley, sino que se proyectó a sucesivas maniobras para controlar totalmente las instituciones. 1.

Veamos primero las leyes principales: Ley 26592 del 17.04.96. Modificando la ley de los derechos de Participación Ciudadana, restringe el derecho a referéndum, y norma que solo procede en el caso de que el pedido sea aprobado por dos quintos del número legal de congresistas. Esta ley fue dada apresuradamente para evitar el referéndum que se estaba armando contra la privatización de PETROPERÚ; luego fue utilizada para facilitar el camino a la reelección de Fujimori, al imponer como barrera la aprobación de los 2/5 de los congresistas, además de los requisitos de las firmas como lo establecía la ley 26300. Se estaba interfiriendo con la voluntad popular que solicitaba un referéndum sobre la reelección presidencial de Fujimori plasmada en la ley de interpretación auténtica que analizaremos luego. El Foro Democrático y la oposición empezaron a recoger firmas para someter esta ley la de interpretación auténtica a referéndum, pero no se pudo avanzar más ya que la oposición no alcanzaba los dos quintos de los votos necesarios para avalar dicha empresa. Fue evidente que algunos congresistas de oposición actuaron como topos y esto se manifestó luego en un video. Simplemente no fueron. A esta norma se le debe agregar su complemento, la ley 26670, que en la práctica anula toda posibilidad de realizar un referéndum al derogar el inciso c) del Art. 39 sobre la procedencia del referéndum en el caso de desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Este mandato iba dirigido directamente a proteger la ley 26657, que posibilitaba una tercera reelección ilegal de Fujimori.

En julio del 2000 publiqué el libro Así se destruyó el Estado de derecho, que entre otros temas trata sobre las leyes que se dieron para viabilizar la reelección y desmontar la autonomía de las instituciones aprobadas en la Carta de 1993. Claro que era consciente de la precariedad del Estado de derecho desde el golpe del 5 de abril, pero era importante mostrar el desmontaje de la legalidad que ellos aceptaron. Se pueden apreciar allí en parte los debates y razonamientos.1 Ley 26618 del 30.05.96. Se restringen los plazos para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley. Preparando el camino a la ley de interpretación auténtica comienza a desandarse el camino trazado con el establecimiento del Tribunal Constitucional. Esta ley redujo de seis años a seis meses el plazo para interponer una acción de inconstitucionalidad de una ley. Ley 26657 del 23.08.96. Ley de interpretación auténtica del Art. 112 de la Constitución Política. Abrió la puerta a la ilegal reelección de Fujimori. En virtud de esta ley, se interpretó que la reelección a la que se refiere el Art. 112 de la Constitución, esta referida a los mandatos posteriores a la vigencia de la Constitución de 1993, ergo el mandato presidencial de Fujimori correspondiente a 1990-95 no contaba para los efectos de dicha ley ya que la Constitución se puso en vigencia en 1993 por lo que el período 1995-2000 vendría a ser el primero y tendría expedita la reelección para el período 2000-2005. No hay manera de deducir este razonamiento del texto constitucional o del debate producido. Como los actores eran los mismos constituyentes, quedaron simplemente como mentirosos. Consta en el Diario de debates la respuesta del propio presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Torres y Torres Lara, a la congresista Helfer el día en que se discutía este artículo, poco antes de la votación; dijo textualmente: Cinco palabras, Presidente: para reiterar que la propuesta aprobada es la posibilidad solamente de dos períodos seguidos. ¿Quiere que sea más directo? Le diré: si el presidente Fujimori se presentara a un proceso electoral podrá ser presidente solo una vez más porque el actual período se computaría como tal, creo que más claro no puedo ser [...]. Esta misma mayoría se desdijo de lo que afirmó, ante quienes lo vimos. Menoscabada la legitimidad solo quedaba la fuerza y eso vino después. Ley 26859 del 01.10.97. Ley orgánica de elecciones Mantiene el distrito electoral único y dispone que los Jurados Electorales Especiales sean presididos por un magistrado elegido por la Corte Superior, que a su vez está conformada por jueces provisionales funcionales al régimen y los

1

Pease García, Henry. Así se destruyó en Estado de derecho. Lima: Congreso de la República, agosto 2000.

candidatos a los otros dos cargos los eligen los fiscales, que permanecen en la misma condición. Ley 26880 del 27.11.97. Intervención de las universidades nacionales Varias de estas universidades cuentan con facultades de Derecho que participan en la elección de un miembro del JNE. Ley 27163 del 06.09.99. Impiden que los funcionarios con derecho a antejuicio, procesados en el Poder Judicial, puedan participar en las elecciones generales. Esta es la famosa ley anti-Alan García. Esta propuesta viola el principio de la presunción de inocencia porque se aplica a quien no ha sido sentenciado. Esta ley podía ser aplicada a cualquier enemigo del régimen. Fue aplicada a Jorge Mufarech. Ley 26954 del 21.05.99. Para impedir la impugnación a la candidatura de Fujimori. Establece que para aprobar una impugnación o tacha a los candidatos se requiere el voto favorable de cuatro de los cinco miembros del JNE. Veremos luego cómo consiguieron esos votos. La reelección exigió bastante más que estas leyes. La valiente posición de tres magistrados del Tribunal Constitucional, que contradice la ley reeleccionista y señala el camino del control difuso de los jueces ya que era imposible que los magistrados fujimoristas del Tribunal Constitucional apoyaran aquella posición, llevó a su irregular destitución por el Congreso; lo que constituyó una sanción para ejemplarizar e impedir que algún otro juez siga su criterio. Pero había que copar todas las instituciones y a eso se prestaron los parlamentarios del NMC90, especialmente el núcleo que aparece en los vladivideos. Los videos muestran a varios operadores políticos del régimen, articulados en las diferentes instituciones. Un conjunto de parlamentarios del oficialismo cumplió este rol de operador, como se ve en los videos. En uno de ellos, con la Presidenta interina del Congreso a la cabeza, dialogan con Montesinos junto al Ministro de Justicia y al Premier de entonces. El video muestra la forma en que se articulan decisiones, los miedos que tratan de superar y la estrategia de imponer la reelección asegurada haciendo que estos operadores les garanticen leyes y decisiones del Poder Legislativo para esos fines. Allí Montesinos les dice que tres de los cinco miembros del JNE son negativos para ellos y les explica el porqué de la ley 26952, ya mencionada, así como de las acciones para que los delegados del Poder Judicial y el Ministerio Público sean sus operadores políticos. Les reitera la estrategia de la reelección y brinda diversos elementos que luego analizaremos porque indican cómo se actuó en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros organismos autónomos. Pero lo que se evidencia es cómo los congresistas reciben instrucciones para manejar sus decisiones en el Congreso, desde el apoyo

a las leyes hasta la concertación de cambios en el reglamento, así como en las acusaciones constitucionales para defender a los operadores de la mafia.2 2.

Asegurar la impunidad de los operadores del régimen

«Esta ley, señor, es una infamia». Con estas palabras cerré mi intervención contra la ley de amnistía para todos los que violaron derechos humanos desde 1980, la noche del 13 de junio de 1995. Eran los últimos días del CCD, ya había sido reelegido Fujimori y se aprovecharon gestiones de amnistía para dos generales demócratas a quienes la justicia militar manejada por el gobierno encarceló por opinar estando en retiro, durante el conflicto bélico con Ecuador que enmarcó ese proceso electoral. Para los generales Carlos Mauricio y Walter Ledesma, ciudadanos incorporados a la UPR que encabezaba Javier Pérez de Cuéllar, era una afrenta que los vincularan con asesinos como los del Grupo Colina, entre otros muchos. Pero es gravísimo pretender que delitos de lesa humanidad como los ocurridos en las décadas de 1980 y 1990 en medio de la lucha antiterrorista resulten amnistiados.3 Así lo ha establecido luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La impunidad en este caso tiene que haber sido ofrecida a los miembros del Grupo Colina por estos gobernantes autoritarios que muy poco respetaron el derecho a la vida. Debieron condenarlos por el escándalo que promovimos en la denuncia del caso Cantuta hecho colectivo que aquí y en el extranjero afectó mucho a la imagen del gobierno. Pero a tanto llegó la complicidad de ellos, que a las trabas que pusieron a la investigación parlamentaria ya relatadas en el capítulo 7 agregaron la impunidad administrativa. Al haber sido condenados a pena privativa de la libertad tenían que ser dados de baja por medida disciplinaria en cumplimiento de la ley. No lo hicieron y lo descubrí en agosto de 1995, lo denuncié en el peno, pedí la presencia del Ministro y hasta solicité su interpelación. Tuvieron que transar pidiéndole un informe escrito al peno. La presidenta Martha Chávez se demoró un mes en enviar el oficio con el pedido acordado por el pleno. El Ministro se demoró dos más y ante la presión y protesta contestó luego que ya estaban en retiro. Pero solo tras la denuncia habían sido pasados al retiro y por invitación, con el sueldo del grado inmediato superior y todos sus honores. ¿Cómo los que hacen eso con personal condenado pueden no ser considerados cómplices de esos delincuentes?4 Ocurre que hay en el fujimorismo todo un sistema de protección a los operadores del régimen que no nació con este, viene de la década de 1980 en medio de lo que llamamos «democracia tutelada». Todos los excesos de la lucha antisubversiva se dieron dentro de una lógica de impunidad que no solo han defendido hombres de uniforme, sino muchos civiles, especialmente de los sectores más conservadores.5 2

Congreso de la República. Transcripción de los videos 806 y 807: Montesinos con parlamentarios C90-NM. Pease García, Henry. Remando a contracorriente. Op. cit., pp. 188-192. 4 Pease García, Henry. Así se destruyó el Estado de derecho. Op. cit., pp. 122-128. 5 Hasta hoy, mientras esto escribo, Rafael Rey confunde el indulto a inocentes -comprobados meticulosamente- o la reducción de condenas de arrepentidos -con base legal-, con liberación de terroristas. Este mismo personaje me exigía en los debates del caso Cantuta que afirmara que no eran violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino simples excesos puntuales lo que yo denunciaba. Ya son tantos los casos que es imposible no afirmar que era sistemático lo que ese señor no quería ver 3

Si la impunidad tuvo defensores desde el CCD, su lógica se extendió a campos distintos de la guerra antisubversiva. Había que proteger a los operadores de la mafia impidiendo la fiscalización, desviando el efecto de las denuncias, había que negarse a investigar o hacer solo una pantomima de investigación en los casos límite. Analizaremos a continuación la negativa a investigar diferentes denuncias planteadas por la oposición, así como la escasa fiscalización en el Congreso, tanto como resultado de la limitada labor de las poquísimas comisiones investigadoras que aceptaron, como de la negación a interpelar a los ministros. La oposición democrática presentó en reiteradas oportunidades iniciativas destinadas a investigar las irregularidades o ilegalidades en que incurría La dictadura fujimontesinista. Sin embargo, los parlamentarios fujimorístas se negaron una y otra vez a investigar estas denuncias. En la práctica su inactividad, su sumisión, los convirtieron en cómplices del aparato corruptor que se había enquistado en el gobierno. La corrupción fujimontesinista no solo creció por propios méritos, sino que lo hizo gracias a que tuvo aliados como la entonces mayoría parlamentaria. Hay una enorme coincidencia entre los temas de las mociones presentadas y los que hoy se investigan porque aparecieron en los vladivideos o en denuncias paralelas cuando el fujimorismo cayó. Casi todos los temas de corrupción que hoy se investigan fueron denunciados sin éxito por la oposición democrática. Hemos agrupado la presentación de denuncias, a través de mociones, en cinco campos, como se podrá apreciar en el cuadro 1:

CUADRO 1 Mociones que solicitan conformación de comisiones investigadoras (Período 1993-2000)

Sobre violaciones de los derechos humanos Sobre denuncias de inmoralidad o corrupción Sobre el proceso de privatización Sobre denuncias vinculadas al narcotráfico Sobre fraude reeleccionista

37 67 14 24 27 TOTAL

Las violaciones de los derechos humanos: y no quiere ver aún. La ceguera es también una forma de complicidad.

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Es posible apreciar denuncias ligadas a algunos casos ilustrativos y que en su oportunidad motivaron la reacción ciudadana, y frente a la cual la bancada fujimorista no quiso hacer nada: CUADRO 2 Mociones que denuncian violaciones de Derechos Humanos Sobre los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta Sobre acciones y planes del SIN contra la prensa independiente

3 mociones 84,147, 281 7 mociones 0277-96, 0359-96, 0523-96, 0529-96, 0556-96, 0736-96, 0739-96 Sobre espionaje e interceptación 8 mociones telefónica 2436,2497,0545-96, 0751-96,0752-96, 0001-97,0011-97, 0012-97 Sobre los casos de Leonor La Rosa y 4 mociones Mariella Barrete 0527-96,0532-96, 0534-96, 0536-96 Sobre atentados contra personalidades 5 mociones 0277-96, 0284-96, 0329-96, 0513-96, 03331-97 Sobre grupos paramilitares 3 mociones 4283-95, 0532-96, 0157-97 Es de apreciar las denuncias alrededor de los planes del SIN contra la prensa independiente (son siete mociones) y los referidos a la interceptación telefónica (ocho mociones). Los denuncios sobre corrupción: Aun cuando recientemente adquirieron mayor notoriedad a través de los llamados «vladivideos», es posible apreciar que este tema no representa mayor novedad, ya que oportunamente se denunciaron estos casos, sin que la entonces sumisa mayoría oficialista aceptara investigar ni una sola denuncia: CUADRO3 Mociones que denuncian casos de corrupción Sobre compras de armas obsoletas

7 mociones 4257-95, 0096-96, 0159-96,

0164-96, 0226-96, 0244-96, 0102-99 Sobre compras irregulares de armas 8 mociones 0096-96, 019-96, 0161-96, 0164-96, 0226-96,0244-96, 0204-97, 0205-97 Sobre compras de MIG 29 y 5 mociones helicópteros usados 4341-95, 179-96, 0225-96, 0549-97, 0034-98 Sobre irregularidades en la 6 mociones renegociación de la deuda externa 2502-95, 5351-95, 0200-97, 0049-98, 0049-98, 0248-99 Sobre irregularidades en el manejo de 2 mociones la ayuda a víctimas del fenómeno de El 0420-97,0431-97 Niño Sobre los malos manejos en la gestión 9 mociones de la Cía. de Seguros Popular y 5365-95, 0199-96, 0201-96, Porvenir 0425-96, 0470-96, 0515-96, 0574-96, 0748-96, 0749-96 Sobre la Caja de Pensiones Militar- 2 mociones Policial 1534, 1550 Sobre malos manejos en los programas 14 mociones de apoyo social (FONCODES, FON 12,4664-95, 5424-95, 0297-96, AVI, INFES, PRONAA) 0311-96, 0468-96, 0539-96, 0374-97, 0487-97, 0047-98, 0110-98, 0434-98, 0523-98, 0076-99 Sobresalen las denuncias acerca de irregularidades en la compra de armas, sea por la forma en que se producían estas, por tratarse de armas obsoletas o por tratarse de armas sobre-valuadas, las cuales merecieron la presentación de VEINTE (20) mociones. Asimismo, denuncias como las referidas al mal manejo de la Caja de Pensiones Militar-Policial (utilizada a su antojo por la mafia) o las referidas a la Compañía de Seguros Popular y Porvenir S.A., tampoco merecieron la atención de la bancada oficialista. Finalmente, no puede dejarse de mencionar las denuncias acerca del mal uso de los fondos con fines sociales (convertidos posteriormente en plataforma reeleccionista) y de los fondos para atender a las víctimas del fenómeno de El Niño. Privatización sin fiscalización: El proceso de privatización, que hoy recibe criticas variadas, y que siempre fue cuestionado por la opinión pública, no quiso ser tocado por la mayoría fujimorista, a pesar de que se plantearon diversas mociones sobre el particular. Ahora se sabe

que esos recursos fueron dilapidados, entre otras cosas, en la compra de armas obsoletas y sobrevaluadas, lo cual se pudo evitar si se hubiera conocido la real situación de la privatización y de los recursos que generaba: CUADRO 4 Mociones que solicitan fiscalizar el proceso de privatización Sobre conflictos de intereses originados en el proceso de privatización Sobre seguimiento y fiscalización del proceso de privatización Sobre privatización de empresa de teléfonos Sobre privatización de AEROPERU

3 mociones 4602-95, 5356-95, 0349-98 4 mociones 33,2849-95, 4050-95, 4105-95 3 mociones 972,989,0333-9 2 mociones 33,0043-99

El fujímontesinismo y el narcotráfico: Otro tema que adquirió notoriedad es el de las relaciones de bandas de narcotraficantes con altos funcionarios del anterior régimen. Esta situación fue persistentemente denunciada, sin que se aceptara investigar siquiera la incidencia de este delito en nuestro país. Soto después de colapsada la dictadura se ha podido conocer los profundos lazos existentes entre el régimen fujimontesinista y el narcotráfico.

CUADRO 5 Mociones que solicitan investigación sobre casos relacionados con narcotráfico Sobre actuación del Estado y de sus 11 mociones organismos especializados en la lucha 1540, 0746-95, 0750-95, contra el narcotráfico 0752-95, 1247-95, 2251-95, 2848-95, 4768-95, 5176-95, 0046-96, 0116-96 Sobre vinculaciones del ex-asesor 7 mociones Vladimiro Montesinos Torres con el 0113-96, 0114-96, 0120-96, narcotráfico 0121-96, 0122-96, 0146-96, 0535-96 La preparación del fraude electoral:

Finalmente, las denuncias acerca de infiltración de agentes del SIN en el sistema electoral, de presencia de militares y policías en el padrón electoral y de irregularidades en los procesos electorales, incluido el escandaloso fraude del 2000, tampoco fueron investigados, como en su momento pidió la oposición democrática. Se prefirió provocar la más grave crisis institucional de la historia nacional, y el descrédito internacional, antes que investigar ha los hoy prófugos Fujimori y Montesinos, así como evitar sus planes para perpetuarse de manera ilegal e ilegítima en el poder y así mantener su aparato de corrupción: CUADRO 6 Mociones que denuncian fraude electoral Sobre infiltración del organismos electorales

SIN

en 5 mociones 1729-95, 0302-97, 0479-97, 0481-97, 0289-99 Sobre uso de recursos públicos para 4 mociones reelección (1995 y 2000) 866,0062-99,0265-99, 0319-99 Sobre irregularidades en la actuación 4 mociones de organismos electorales 0279-97, 0449-97, 0274-99, 0277-99 Sobre presencia de militares y policías 5 mociones en el padrón electoral 3780,5052, 0741-96, 0443-97, 0272-99 Para comprobar la escasa fiscalización que realizó tanto el CCD como el Congreso fujimorista hemos confeccionado un cuadro que nos va a servir para analizar la evolución de las comisiones investigadoras en el período 1990-2000. Veremos las enormes diferencias en cuanto a la disminución del número de comisiones en el transcurrir de los años: CUADRO 7 Comisiones investigadoras 1990-2001 Congreso

Comisiones

1990-1992

9

1993-1995 1995-2000 2000-2001

7 3 1

Como podemos apreciar la disminución año por año de las comisiones investigadoras es alarmante, tanto así que entre los años 1998 y 1999 no hubo ni una comisión que investigara las múltiples denuncias presentadas por la oposición. Para constatar más de cerca esto veremos referencialmente la actuación de algunas comisiones.

Pocas comisiones investigadoras aceptó formar el fujimorismo. Algunas las aceptó para voltear la mirada a los acusadores y sancionarlos. Es el caso que sirvió para destituir a los miembros del Tribunal Constitucional. Otras, como la que examinó las pensiones de los ex-parlamentarios, tuvieron el propósito de seguir golpeándolos y rarificar la imagen que quisieron dar en sus primeros años respecto a la existencia de una gran corrupción, no demostrada. Revisaremos las conclusiones de algunas, muestras de desvergüenza: •

Comisión investigadora para determinar los autores de la violación de las comunicaciones telefónicas. Preside Martha Chávez. Como se sabrá, esta comisión, también escandalosamente, encubre a los que realizan la interceptación telefónica, he aquí algunas de sus conclusiones: a.- Con relación al primer informe de la Comisión Investigadora de la exCámara de Senadores, en cuyas conclusiones se hace referencia a la responsabilidad de ex-miembros del Servicio de Inteligencia Nacional en los actos de espionaje telefónico denunciados en el año 1990, ella no quedó acreditada en el proceso judicial que, cumpliendo las garantías del debido proceso, fue seguido en su contra, el cual quedó sobreseído en ese punto, lo que constituye cosa juzgada. b.- En cuanto se refiere al primer informe de la comisión Investigadora de La ex-Cámara de Senadores en el que se concluye por la responsabilidad del señor Edwin Díaz Zevallos en actos de espionaje telefónico [...]. Dado el tiempo transcurrido la acción penal ha prescrito, [...j aplicable en virtud del principio del indubio pro reo [...]. c.- Ha quedado demostrado que gran parte de los documentos que sustentaron las denuncias sobre supuestos actos de espionaje telefónico pueden ser confeccionados por cualquier persona con conocimientos básicos de operación de computadoras o procesadores de textos, teniendo en cuenta de que se trata de copias simples carentes de logotipos, sellos u otros distintivos que permitan identificarlos. d.- Se ha acreditado que parte de los documentos que sustentaron las denuncias sobre supuestos actos de espionaje telefónico se refieren a información que puede ser obtenida por cualquier persona accediendo al Internet, como por ejemplo la relacionada con la información general de la empresa ECI Telesystems Ltd. e.- No existen pruebas fehacientes ni indicios que permitan afirmar que las fuerzas armadas u otra institución del Estado haya realizado o realice actos de intrusión telefónica., f.- No puede afirmarse que en los casos investigados se haya realizado intrusión ilegal o espionaje telefónico toda vez que no está probado que una tercera persona, distinta a la que inició la comunicación o a su destinatario, hubiera grabado dichas conversaciones, como tampoco está demostrado que alguna de las partes en la conversación hubiera efectuado dichas grabaciones [...].

•

Comisión investigadora de las denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas en el proceso electoral del año 2000. Preside Edith Mellado. En el colmo del cinismo, las conclusiones que presenta esta comisión son las siguientes: Uso indebido de bienes públicos en la campaña de la alianza Electoral Perú 2000 1.- Entrega de Alimentos de PRONAA haciendo proselitismo político. Conclusión: No está probado ni existe indicio razonable que integrantes de los comedores populares del Cono Sur y funcionarios de la Presidencia de la República, estuvieran comprometidos en hacer proselitismo político a través de la entrega de alimentos a los invasores de la zona agrícola del distrito de Villa El Salvador. 2.- Participación del Servicio de Inteligencia Nacional en el financiamiento, confección, traslado, almacenamiento o distribución de polos de la Alianza Electoral Perú 2000. Conclusiones: a.- No está probado ni existe indicio razonable que avale la versión de «La República» acerca de la fabricación de tres millones, dos millones o un millón de polos de propaganda de la Alianza Política Perú 2000 [...]. b.- No está probado ni existe indicio razonable que pudiera sostener la veracidad de la denuncia periodística del diario «La República», en el sentido que el Servicio de Inteligencia Nacional o la Policía Nacional hubieran participado en la campaña de la alianza Política Perú 2000, a través del financiamiento o injerencia institucional en la confección, traslado, almacenamiento o distribución de polos de propaganda de dicha agrupación [...]. c.- No está probado ni existe indicio razonable que la Policía Nacional hubiera prestado seguridad a la confección y traslado de los polos de propaganda de Perú 2000. d.- No está probado ni existe indicio razonable que la carga de los camiones fotografiadas por reporteros de «La República» consistiera en polos de propaganda de Perú 2000. e.- No está probado ni existe indicio razonable que a la sede del SIN hubiera ingresado camiones sin placa, con polos de propaganda de Perú 2000. 3- Uso arbitrario y discriminatorio de espacios del Instituto de radio y televisión del Perú. Conclusiones: a.- No está probado que exista un trato inequitativo de IRTP al transmitir los mítines de los otros candidatos de la misma manera, pues los otros candidatos no contrataron tal servicio de cobertura informativa. b.- No está probado que se hiciera uso arbitrario de un bien público, pues la transmisión del mitin tuvo como origen un contrato comercial legalmente válido. c.- No está probado que hubiera un trato discriminatorio a los otros candidatos, pues quien no paga por un servicio no puede exigir que este

sea prestado. d.- No está probado que se hayan afectado los intereses del conjunto de la comunidad. (Como nota marginal). La Comisión se pronuncia sobre el hostigamiento y presión a canales de televisión de señal abierta Conclusiones: 1- No está probado que exista presión y hostigamiento de parte del gobierno o de alguno de sus organismos a los canales de televisión de señal abierta o a radioemisoras miembros de la Asociación de Radio y Televisión del Perú. 2- No está probado que exista el mentado «secuestro» de los canales de televisión de señal abierta, tal como pretenden hacer creer algunos movimientos políticos opositores al gobierno y organismos parcializados con ellos. 3- Sí está probado que existe un ambiente de animadversión contra los canales de señal abierta, alimentada por políticos opositores al gobierno, que están generando violencia contra los periodistas, daños contra sus equipos y que atenta contra la libertad de prensa en el país. Inclusión de miembros de la policía nacional cu el padrón electoral Conclusiones: 1.- Está probado que la denuncia realizada por el Señor Alberto Andrade Carmona se realizó sin la debida corroboración ni, constatación y que es falsa en su contenido y temerario el acto de haberlo dado a publicidad. 2.- Está probado que la noticia aparecida en el diario El Comercio, en que se da cuenta de la inclusión de personal policial en el Padrón Electoral fue falsa, en tanto que su fuente realizó afirmaciones falsas. 3.- Está probado que a la Moción de Orden del Día 272, presentada por la congresista Ana Elena Townsend, basada en la publicación del diario El Comercio, que recoge las declaraciones del candidato a la Presidencia de la República por el Movimiento Independiente Somos Perú, señor Alberto Andrade Carmona, se fundamentó en afirmaciones falsas y, en consecuencia, tal moción pierde sustento al quedar desvirtuada su parte considerativa. Falsificación de firmas para inscribir diversas agrupaciones políticas Conclusiones: 1.- La Comisión ha encontrado prueba indiciaría que demuestra que se produjo la falsificación de listas de adherentes del Frente Nacional Independiente Perú 2000, para obtener la inscripción de dicha agrupación, en el Registro de Organizaciones Políticas, con vista a las elecciones generales del 9 de abril. 2.- No se ha logrado establecer la existencia de indicio razonable que permita atribuir participación y responsabilidad en el delito, a los congresistas Osear Medelius Rodríguez y María Jesús Espinoza Matos.

3.- No se ha logrado establecer la existencia de indicio razonable que permita atribuir participación ni responsabilidad en el delito, respecto al señor Absalón Vásquez Villanueva. 4.- No se ha logrado establecer la fuente de financiamiento de la operación delictiva. 5.- No se ha logrado establecer que la Oficina Nacional de Procesos Electorales haya estado institucionalmente comprometida en la falsificación. 6.- No se ha logrado establecer indicios razonables que permita atribuir negligencia en la labor de verificación a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 7.- No se ha logrado establecer indicios razonables que permita atribuir responsabilidad administrativa al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ing. José Portillo Campbell. • Comisión investigadora que conozca, evalúe y determine las actividades de la ONPE, durante el conteo de votos preferenciales de las elecciones generales del 2000. Preside Flores Flores. En esta Comisión se encuentran indicios de que se ha cometido adulteración de los resultados de la votación preferencial, pero lamentablemente solo se recomienda castigar a funcionarios menores, pero no a los peces gordos. El informe en minoría recomienda solicitar la renuncia del Jefe de la ONPE por haber materializado la conducta irregular e ilegal que permitió la adulteración del voto preferencial. Se recomienda también al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución de José Portillo, por no haber cumplido con la ley. También se recomienda remitir todo lo actuado al Ministerio público para iniciar acciones penales contra candidatos favorecidos, Jefes de las ODPE y digitadores.

Por supuesto que estas recomendaciones tuvieron oídos sordos en la mayoría congresal. También podemos apreciar otros cuadros que nos demostrarán la escasa fiscalización que hubo en el Congreso: CUADRO 8 Mociones de interpelación Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nº de Mociones 1 1 3 8 8 3 7 2 2

Admitidas 1 — — 1 3 1 — — —

Archivadas/ Censuras — 1 3 7 5 2 7 2 2

No admitidas — — — — _ — — — —

TOTAL

35

6

29

—

CUADRO 9 Invitaciones a ministros

1993

Nº de Invitaciones 28

1994 1995 1996 1997

35 05 128 22

1 1 1 2

34 04 127 20

TOTAL

218

12

206

Año

Aprobadas

Desaprobadas

7

21

01 08

TOTAL

008 020

Retirado/ - Archivado

04 03

Personal/enviado a Ministerios o Traslado a Tit. Comisiones

07 01

Rechazada admisión a debate

— 03

Admitida a debate y rechazada

Admitida a debate

1993 1994

a debate y aprobadaAdmitida

Año

CUADRO 10 Destino de las Mociones de invitación a Ministros

05 01

25 36

1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL

01 04 49 02 01 13 73

05 01 14 — — 03 31

02 — 04 03 — 01 17

015 105 113 214 101 063 639

17 03 14 02 00 07 52

02 42 14 127 84 278 190 411 31 133 29 116 356 1168

Como podemos apreciar, la escasa fiscalización también se evidencia en el destino de las mociones para que se presentaran diversos ministros a informar sobre distintos temas de interés nacional. Como se podrá observar el número de mociones aprobadas es mínima y a medida que pasa el tiempo se hace imperceptible como en el año 1999, donde no existe ninguna moción aprobada. Del análisis de los datos estadísticos se puede deducir que había tres tipos de mociones: a) Las que importaban al país y que los oficialistas nunca quisieron tramitar como las innumerables mociones presentadas para fiscalizar la labor del gobierno en narcotráfico, participación del SIN en diversas facetas de la vida nacional y las relacionadas a la libertad de prensa, b) Las que le importaban al país y que al ver el escándalo nacional, al oficialismo no le quedaba otra que aceptar la moción o mociones. Por ejemplo, las mociones 210 y 264 del año 1993 donde se solicita la presencia del Ministro de Defensa para que explique el comunicado oficial del Comando Conjunto de la FF.AA y la 1032 sobre la situación de los militares inculpados sobre el caso de La Cantuta; o la moción 2051 del año 1994 donde se pide la concurrencia del Ministro del Interior y de Justicia sobre la liberación de terroristas y presuntas negociaciones con jefes terroristas capturados; también se encuentra la moción 170 del año 1996, donde se pide al Ministro de Defensa que informe sobre la compra de armamento y las posibles coimas que se habrían recibido; o la moción 389 de 1997, cuando se solicita la presencia del Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior por las denuncias de la magistrada Delia Revoredo de Mur; la moción 392 sobre los «errores» del diario Oficial El Peruano en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso presentado por el Colegio de Abogados de Lima contra la ley de interpretación auténtica; o, ya más recientemente, en el año 2000 La moción 267, donde se pide la concurrencia del Ministro del Interior y del Presidente del Consejo de Ministros para explicar la presunta utilización de bienes y estructura del Estado en la campaña del grupo Perú 2000, así como también la participación de miembros del SIN en dicha campaña; c) Las que al oficialismo no le hacían mella y podían pasar sin ningún problema, temas como los de delincuencia juvenil, o informes sobre el fenómeno de El Niño, mayores rentas al Poder Judicial, acuerdos con países hermanos, entre otros. En suma, los temas de fondo no pasaban por la fiscalización del Congreso. Con la ausencia de fiscalización y la neutralización de las iniciativas opositoras -en la que colaboraba fielmente la televisión incautada-, el Congreso protegía a los operadores de la mafia que estaban vinculados a los temas denunciados. Pero la protección es más amplia y se aprecia en diferentes videos de Montesinos, porque se concerta expresamente con aquellos congresistas que

se convirtieron en sus operadores en el Congreso, para que se atasquen en unos casos las acusaciones constitucionales o se promuevan en otros, para que se defienda a la fiscal Colán o se legisle en una determinada dirección. En uno de los diálogos, Montesinos y la congresista Lozada coinciden en rechazar de plano una denuncia constitucional. Montesinos es meridianamente claro, como se determina en este diálogo: El señor MONTESINOS TORRES.- Acá hay una cosa funda-mental, nosotros ya podemos jugar también con la sicología de nuestra gente; y cual es nuestra gente, o sea Blanca Nélida, Comisión Ejecutiva es nuestra gente. A la hora que nosotros participamos al Congreso, entonces están perdiendo la fe en nosotros y nosotros tenemos [...]. Porque ellos se han hecho sobre el oficial, se han fajado, se está juzgando a tres personas para lograr la viabilidad del Presidente, del Gobierno; entonces nosotros como congresistas no podemos quitar el cuerpo, ni hacerlos pasar por las arcas, por qué, porque así van teniendo temor... Entonces cuando les digamos «oiga, no», porque acá es difícil, pero la pelota de quién fue. Me van a decir: «Señor, ¿quien va ser el representante?»Pues el Presidente va a decir «X» y ellos aquí les van a decir que es «X». Pero si ahorita el gobierno hace cierta cosa, cuando digamos «X» ya no van a dudar.6 Hasta una modificación del reglamento en materia de acusaciones llegan a acordar para asegurar la protección de los operadores de la mafia en otras instancias. Hay que destacar el rol de Víctor Joy Way en el manejo de toda esta red; él logró ser el contacto principal entre la mafia y el Congreso, no solo llevando al SIN y corrompiendo a congresistas, a través de la operación «Reclutamiento parlamentario», en la última parte del régimen, sino a magistrados, empresarios, etc., como lo veremos más adelante. La investigación tendrá que ir precisando el rol de cada uno, pero para lo que buscamos ahora una visión de conjunto es claro que hubo operadores en el Congreso que aseguraron que no se investigara ni se sancionara a operadores de la mafia que actuaban en otras instancias. 3. Subordinar la justicia y todas las instituciones autónomas a la coalición mafiosa El tercer objetivo enlaza perfectamente con los anteriores y es clave para consolidar su dominio sobre la sociedad. El punto de partida para penetrar en el Poder Judicial y los organismos autónomos es el Congreso a través de leyes que conforman comisiones ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Público designando desde allí prácticamente «a dedo» a sus integrantes previamente cooptados por la coalición mafiosa y convertidos en operadores. Se cuenta además con la tradicional subordinación de las burocracias. Se dieron leyes ad hoc para copar y manejar las instituciones, lo que se complementó con directivas y acciones precisas. En el SIN se redactaban sentencias y resoluciones. 6

Congreso de la República. Transcripción de los videos 806 y 807: Montesinos-congresistas C90-NM abril 1998.

Lo veremos examinando una a una las principales instituciones: Poder Judicial monitoreado desde el SIN Desde el golpe, el fujimorismo tomó el control del Poder Judicial, tras los ceses judiciales nombró por decreto magistrados provisionales y convocó luego a un Jurado de Honor de la Magistratura que, aunque la calificación de sus miembros era reconocida, pudo verse luego también la vinculación de algunos a la peor fase del régimen. Este Jurado nombró a los vocales supremos, muchos de los cuales venían de designación provisional. a) Legislación relevante Tres días después del autogolpe, se dicta el decreto ley 25423 del 8 de abril de 1992, que cesa a trece vocales supremos; posteriormente por decreto ley 25446 del 23 de abril de 1992 se cesa a 33 vocales superiores y 56 jueces pertenecientes a la Corte Superior de Lima. En el Callao fueron cesados otros tantos. También se hizo lo mismo en todos los distritos judiciales del país. La poda hecha por manos dictatoriales es siempre discutible, aunque se reconozca la corrupción preexistente. Los que se mantienen o ingresan lo hacen en un nuevo contexto, lleno de límites. Por decreto legislativo 25447 nombran a vocales provisionales de la Corte Suprema y se les dan las mismas atribuciones que a los vocales supremos. Entre los vocales provisionales estaban, entre otros, Blanca Nélida Colán y Alipio Montes de Oca. Después vendría la ley madre, que le permitirá la influencia total de Montesinos en el Poder Judicial, nos estamos refiriendo a la ley 26546 aprobada el 16 de noviembre de 1995, que crea la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que asumirá temporalmente las funciones de gobierno y gestión del Poder Judicial. Aquí la mayoría parlamentaria fujimorista y no los miembros de la Sala Plena del Poder Judicial decidieron qué vocales integrarían la Comisión Ejecutiva. Sus nombres ya los colocan hoy como operadores de la Mafia. Esa noche intervine planteando una cuestión previa poblada de preguntas: El señor Pease García (UPP): [...] Pregunto ¿Por qué la Comisión Ejecutiva debe estar integrada por los vocales supremos? ¿Por qué esos tres vocales y no otros? ¿Por qué no los elige directamente la Sala Plena de la Corte Suprema? ¿Por qué el Congreso se tiene que inmiscuir en esta decisión, señor Presidente? ¿Acaso nosotros como Poder Legislativo vamos a permitir que el Poder Judicial nombre un Consejo Ejecutivo que diga qué congresistas deben presidir tales comisiones?7 Finalmente se halla la ley 26623, en donde crean el Consejo de Coordinación Judicial, iniciativa del Congresista Flores Araoz, que fue deformada con agregados formulados por los fujimorístas para crear la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público y ampliar las facultades de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.

7

Pease García, Henry. Así se destruyó d Estado de derecho. Op. cit., p. 16.

b) Dinámica de funcionamiento Recorramos algunas de las conclusiones de la comisión investigadora presidida por el congresista Fausto Alvarado Dodero sobre la intromisión en el Poder Judicial: Alberto Fujimori intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado vinculadas a la administración de justicia para implementar toda una red de magistrados que favoreciera los intereses político-criminales: proyecto de reelección presidencial, garantizar la impunidad de sus actos, someter a los opositores al régimen, favorecer intereses de terceros.8 Los integrantes de las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, conjunta o individualmente coordinaban directamente las decisiones que interesaban al régimen fujimorista, con el ex-asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. La elección de los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público ante el JNE y el CNM fue el resultado de la creación de un marco legal ad-hoc contrario a las normas constitucionales.9 Pero relata también un punto de partida muy significativo para el curso posterior, se refiere a los días del golpe de 1992: Por Decreto Ley 25419, además de disponerse la suspensión del despacho judicial por diez días a nivel nacional se encargó la custodia de la sedes jurisdiccionales y del Ministerio Público a las FF.AA. y policiales respectivamente [...]. El SIN con toda libertad, procedió a revisar los archivos del Palacio de Justicia, el corazón del Poder Judicial del Perú, sustrayendo miles de expedientes que contenían evidencia incriminatoria para muchas personas adversas al régimen e incluso allegadas al gobierno, pero que interesaba tenerlas bajo control y chantaje; lo propio hicieron en el Ministerio Público de donde, según información periodística, sacaron en camiones un gran número de archivos. Este operativo delincuencial se cree, proporcionó a Montesinos una rica fuente de potencial chantaje y la oportunidad de sacar cualquier información que pudiese resultar dañina para sí mismo o para Alberto Fujimori.10 Mediante el mismo dispositivo también se conformó una comisión evaluadora integrada por tres vocales de la Corte Suprema para investigar y sancionar conductas funcionales a todos los magistrados de las distintas instancias, la presidió Luis Serpa Segura (Presidente de la Corte Suprema). La comisión

8

Informe de la Comisión Investigadora de la influencia irregular ejercida durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1900-2000) sobre el Poder Judicial, Ministerio Público y otros poderes e instituciones del Estado vinculados a la administración de justicia, p. 6. 9 Ib., p. 7. 10 Ib., p. 15.

investigadora del Congreso señala un núcleo político que condujo la depuración inicial de jueces: [...] el grupo estaba liderado por Santiago Fujimori Fujimori, Fernando Vega Santa Gadea (Ministro de Justicia), el entonces Vocal Superior Felipe Almenara Bryson y Jaime Yoshiyama Tanaka. El grupo antes señalado fue el que tuvo a su cargo la selección para el cese de magistrados titulares acusados por sus vinculaciones con el régimen anterior y además estigmatizados como magistrados corruptos. Fue el mismo grupo el que seguidamente se encargó de convocar y calificar a los reemplazantes para que ocuparan el cargo de magistrados provisionales, actos que se produjeron mediante la expedición de decretos leyes.11 Vladimiro Montesinos Torres sobre el particular en la sesión pública del 25 de abril de 2002 en la Base Naval manifestó lo siguiente: «Esta tarea la cumplió el señor doctor Santiago Fujimori Fujimori, el hermano del Presidente. ¿Con quién? Con el apoyo del Ministro de Justicia, don Fernando Vega Santa Gadea, y con el concurso del entonces Vocal Superior, Felipe Almenara Bryson».12 La comisión se refiere también al Jurado de Honor de la Magistratura: El CCD presidido por Jaime Yoshiyama, aprueba un texto sustitutorio del proyecto presentado por Antero Flores Araoz, que se traduce con la promulgación de la Ley Constitucional de fecha 12 de marzo de 1993. Se crea así el Jurado de Honor de la Magistratura [...] conformado por cinco miembros de reconocido prestigio y probidad, lo conforman: Miguel de Althaus Guarderas, Manuel de la Puente y Lavalle, Jorge Ramírez Díaz, Fernando de Trazegnies Granda y Guillermo Velaochaga Miranda, el Dr. Luis Bramont Arias fue nombrado en condición de suplente.13 El Jurado de Honor de la Magistratura tiene como producto haber nombrado a catorce Vocales Supremos, cinco de los cuales venían ya de ejercer función jurisdiccional como Vocales Supremos provisionales nombrados mediante Decreto Ley, estos vocales fueron: Luis Felipe Almenara Bryson, Pedro Ibérico Más, Alipio Montes de Oca Begazo, Luis Hernán Ortiz Bernardini y Manuel Sánchez Palacios Paiva, tres de los cuales, años más tarde, se convertirán en portaestandartes y paladines del gobierno de Fujimori.14 Entre las personas nombradas por el Jurado de Honor como Fiscales Supremos figuran: Blanca Nélida Colán Maguiño, Pedro Pablo Gutiérrez Ferreyra, Miguel Aljovín Swayne y Nelly Calderón Navarro. [...] Dijo Montesinos Torres a esta Comisión « [...] que los miembros del Jurado de Honor no fueron nombrados en coordinación entre Santiago Fujimori con Jaime Yoshiyama y los elegidos fueron antes de designarlos, porque si había una mayoría antes de nombrarlos los llamaron a uno por uno y les 11 12 13 14

Ib., p. 21. Id. Ib., p. 29. Ib., p. 33.

dijeron bueno, te vamos a nombrar, estas son las condiciones, si estás de acuerdo sí o no, hay algunos que fueron, no aceptaron, otros que sí aceptaron, y bajo esa cubierta es que se nombró a una persona de notables, todos eran de estudios de amigos vinculados, todos Los estudios, acuérdense que está el doctor Trazegnies, esta el doctor Julio Revilla que era el secretario del Jurado de Honor».15 Sobre las Comisiones Ejecutivas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público indica la comisión investigadora: Las Comisiones Ejecutivas fueron creadas con la finalidad de que el gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público estuviera en manos de un órgano colegiado que permitiera y garantizara la solución favorable de cualquier problema que pudiera presentársele al ejecutivo. Prueba esta afirmación el caso de la acción de amparo interpuesta por la congresista Martha Chávez para garantizar la reelección de Fujimori, cuyos resultados fueron efectivamente conforme a lo previsto precisamente por el manejo del caso desde el SIN a cuyas instalaciones concurrieron los Vocales de la Sala Constitucional y Social y en donde se redactó la ejecutoria suprema.1616 Desde la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial se crearon las Salas Especializadas en Delitos Tributarios y Aduaneros: Se crean mediante Resolución Administrativa 130-CME-PJ, del 25 de junio de 1996, so pretexto de descongestionar carga procesal. Por Resolución Administrativa 339-CME-PJ del 14 de marzo de 1997, se dispone que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia conozca en última instancia de los delitos tributarios y aduaneros, y además se le encargan entre otras las funciones de designar a los integrantes de las Salas Superiores y Juzgados Especializados en delitos tributarios y aduaneros.17 Cabe destacar los amplios poderes con que contaba esta Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, que a su vez estaba integrada entre otros por: Alejandro Rodríguez Medrano, José Luis Jerí Durand y Carlos Saponara Milligan. El objetivo era político-criminal, según la comisión investigadora, pues se quería obtener el control en temas en los que el movimiento económico era realmente importante, porque podía generar importantes ingresos para la red de corrupción, además de tener la posibilidad de controlar casos con contenido político como arma para presionar o exigir conductas ilícitas a las partes involucradas. Los casos trascendentes conocidos y citados por la comisión investigadora son: 15 16 17

Ib., p. 34. lb., p. 41. Ib., p. 58.

• • •

• • •

Importación del vehículo del ex-ministro Jorge González Izquierdo Coso del ex-ministro Jorge Mufarech Nemy Cosos de Baruch Ivcher Importación de ropa usada Caso Mur Caso Pennano.18

Pero también fue clave la creación de las Salas Especializadas de Tranco Ilícito de Drogas: Fue la necesidad de ejercer un control más directo sobre las mafias que operaban en el ámbito nacional e internacional los que dieron lugar a la creación de Salas y Juzgados con competencia nacional. El objetivo criminal, no era otro que el cobro de cupos y la participación en las ilícitas ganancias que tal actividad generaba. Del mismo modo, se requería ejercer control sobre la administración de justicia, para garantizar impunidad a los miembros de la red montesinista vinculados con el narcotráfico. La Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa 097 crea con el carácter de transitoria, la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas con competencia en el territorio Nacional, la presidente de la Sala la Dra. Inés Villa Bonilla, quien expide la Resolución Administrativa 001-CSJEDTID que establece dichos Órganos Jurisdiccionales en Cinco Salas Superiores, dieciocho Juzgados Especializados y Cinco Juzgados Transitorios para conocer las requisitorias.1919 Por Resolución Administrativa Nro. 328-CME-PJ, del 25 de febrero de 1997, se facultó a la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia para conocer en última instancia los casos de delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, así como crear la Salas Superiores y Juzgados Especializados en Tráfico Ilícito de Droga con competencia en territorio nacional. Esta sala estaba integrada por: Alejandro Rodríguez Medrano (Presidente), Manuel Marull Calvez, José Bacigalupo Hurtado, Nora Oviedo de Alayza e Ismael Paredes Lozano. Con esta resolución Rodríguez Medrano adquiere preponderancia en todos los procesos referidos al ilícito penal señalado respecto a la investigación y juzgamiento.20 Algunos casos que vieron estas Salas fueron: «Los Norteños» de los López Paredes. «Vaticano» Demetrio Chávez Peñaherrera. «Narcoavión presidencial», «Cachique Rivera» «Los Camellos».21 Otro instrumento clave fueron las Salas Corporativas Transitorias Especializadas en Derecho Público y en lo Contencioso Administrativo: 18 19 20 21

Ib., p. 60. Ib., p. 61. Ib., p. 65. Id.

Se crean por Resolución Administrativa Nro. 001-97-SC y S-CSJ del 26 de junio de 1997, encargadas del conocimiento y del trámite de las acciones de garantía consagradas en el Art. 200 de la Constitución Política: Acción de Habeas Corpus, Habeas Data, De Amparo, de Acción Popular, Acción de cumplimiento, así como los conflictos de competencias que le son propias.22 Resonaron los nombres de los vocales Muñoz Sarmiento e Infantes Mandujano así como el del juez Percy Escobar Lino. A través de esas Salas Fujimori controló todas las acciones de garantía que tenían por finalidad cuestionar los actos y decisiones del régimen, transgresoras de las garantías constitucionales de sus opositores y en general de los ciudadanos que buscaban poner freno a los atropellos flagrantes que por años se venían cometiendo.23 La dinámica operativa que muestra el informe de la comisión investigadora se amplía con la revisión de los vladivideos: en estos aparecen vocales supremos y el propio Presidente de la Corte Suprema recibiendo instrucciones de Montesinos en nombramientos, traslados y decisiones juridiccionales. Si las comisiones ejecutivas fueron designadas para administrar y se trató de engañar diciendo que eso nada tenía que ver con la labor juridiccional su administración consistía en conformar salas en las que la coalición mañosa siempre gane. Pero había más tareas, incluso las disciplinarias. Se hace patente el poder que tiene Montesinos, cuando conversa con los Vocales Supremos Serpa, Montes de Oca y Castillo, sobre el por qué el secretario ejecutivo Dellepiani debía salir de la Comisión Ejecutiva del Poder judicial: les indica que «mañana» tienen que retirarlo porque es un «traidor» dado que ha nombrado al vocal Salas Villalobos Presidente de la Corte Superior de Lima. «No puede estar un minuto más por estas deslealtades», les dice y agrega: Segundo, porque está jugando para destruir todo lo que hemos formado. El está buscando ahorita con Eguiguren que corojo termine toda la provisionalidad cuando nosotros (ininteligible). Mira ve, ¿qué va a pasar con (ininteligible) si tú no tienes los amigos (ininteligible)? 24 Como podemos apreciar, Montesinos tiene la capacidad de poner o sacar gente de acuerdo a su criterio y para los fines de perpetuar su poder en el Poder Judicial. Según las investigaciones, es Santiago Fujimori quien coloca al comandante de marina retirado Dellepiani como cabeza ejecutiva y titular del pliego, y parece que este comienza a independizarse y a nombrar magistrados que no le son favorables a Montesinos; inclusive este acusa a Dellepiani de desleal por nombrar a Sergio Salas como presidente de la Corte de Lima; lo que 22

ld. Ib., p. 67. 24 Congreso de la República. Transcripción del video 889: vocales Montes de Oca, L Serpa, y V Castillo (Presidente de la Corte Suprema) y Montesinos. 23

quiere Montesinos, en resumidas cuentas, es gente que le sea leal, que agache la cabeza, y al parecer Dellepiani con este nombramiento colmó la paciencia de Montesinos, pero la pregunta que surge es: ¿Qué hacía un asesor del Servicio de Inteligencia poniendo y sacando a la cabeza de la Reforma del Poder Judicial? ¿Qué hacía departiendo y planificando asuntos judiciales con tres vocales supremos? Y eso no es todo, la subcomisión dictaminadora de la acusación constitucional contra estos vocales constató que Montesinos le ofrece al Vocal Supremo Montes de Oca diez mil dólares adicionales a su sueldo, pasajes y viáticos para viajar a Colombia, y la disposición de un vehículo blindado para su seguridad, a cambio de que él asumiera la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2000.25 Pero hay un tema clave que atraviesa varios órganos autónomos e incide en el Poder Judicial. El que se refiere al Consejo y la Academia de la Magistratura lo veremos al ocuparnos de esos órganos, sin embargo, debemos examinar el trasfondo a la alusión hecha hace un momento al Dr. Eguiguren de la Academia por ese entonces mediante un duro calificativo por intentar los pasos necesarios para acabar con la provisionalidad. Lo mismo ocurre con otros y en parte con el mismo Dellepiani. Chocaron con Montesinos porque la provisionalidad era un arma esencial para su control del Poder Judicial y el Ministerio Público. A la mafia le convenía contar con jueces y vocales provisionales, por lo menos por dos motivos: los jueces firmes y titulares son más autónomos y la Constitución eliminó ese nombramiento de las manos del Ejecutivo y el Legislativo. Y, mientras tanto, a los provisionales los designan las comisiones ejecutivas controladas por Montesinos. Este busca, pues, impedir que avance la reforma y prolongar los jueces provisionales. Las pruebas son evidentes, por ejemplo, cuando habla con Montes de Oca y le comenta que la intervención del Poder Judicial debe de durar hasta el 2005: El señor MONTESINOS TORRES.' Entonces tienes que poner allí a tu gente, pues, hermano. Es el Poder Judicial, no la academia (ininteligible). Entonces, yo he conversado largo con Víctor Raúl, (Castillo, Presidente de la Corte Suprema) he conversado largo con Serpa y tenemos esos problemas: el problema este de Dellepiane, y el problema del Jurado. El problema del Jurado puede aguantar una semana más, lo podemos conversar en el transcurso de esta semana, nos podemos reunir el día lunes, conversar y ponemos de acuerdo. Entonces, pero ¿qué pasa? (ininteligible) de Almenara ¿qué cosa es lo que se recomienda? Terminar la reforma, terminan la Sala Provisional y entre los cojudos nombran a Almenara. ¿Entiendes? Porque si desaparecen los provisionales, hermano, los titulares van a nombrar a (ininteligible) porque nosotros no tenemos mayoría allí. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros tenemos que mantener las salas provisionales (ininteligible). El señor MONTES DE OCA.- (ininteligible) 25

Véase el informe final de la Subcomisión Investigadora sobre las denuncias interpuestas contra los vocales Alipio Montes de Oca, Víctor Raúl Castillo y Luis Serpa Segura.

El señor MONTESINOS TORRES.- Por eso te digo. Entonces, tenemos que mantener la provisionalidad, hermano, la reforma no puede terminar. La otra cosa (ininteligible) ¿Cuál es el objetivo de (ininteligible)?26 Este hecho también es confirmado por los extractos del famoso video de fecha 3 de abril de 1998, entre Vladimiro Montesinos y C90NM:27 El Señor Montesinos Torres.- [...] Hemos estado trabajado para que estos dos sean positivos y todo el planeamiento que se ha hecho con la última ley que se ha dado ha tenido por finalidad el desarticular la conspiración que se estaba montando para debilitar al Poder Judicial, y al debilitar al Poder Judicial concretamente a las Salas Plenas Provisionales y a los vocales titulares que estaban comprometidos y (de los cuales) (...) en estos momentos tenemos mayoría tanto en la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, como en la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público [...] Mire nosotros estamos en el año 98 [...] El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial y del Ministerio Público; teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura [...]. Montesinos les explica el estado de la cuestión en cuanto a copamiento de instituciones se refiere, los congresistas no dicen absolutamente nada, mantienen un silencio cómplice y tal vez una sumisión ante la autoridad de Montesinos, solo Salgado y Espichan abren la boca ante una pregunta de Montesinos: ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de la Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo?... Salgado dice: Nos matan. Espichan: Nos sacan la mugre. Otro cinco de abril... Prácticamente Montesinos tenía todo el control, eso también se evidencia en extractos del vladivideo con los vocales supremos; es increíble cómo los cambia de un lado para el otro como si fueran meras piezas de un ajedrez maquiavélico y, lo peor de todo, con el consentimiento de los propios magistrados que nunca objetaron la autoridad de Montesinos: El señor MONTES DE OCA.- ¿Y en la Suprema, cómo se va a hacer? El señor MONTESINOS TORRES.- En la Corte Suprema se queda Víctor Raúl Castillo con Serpa, Víctor Raúl se queda como Presidente. O sea las cosas van a seguir igualitas, y aquí va a seguir Víctor Raúl de Presidente de la Corte Suprema y Presidente de la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva no se mueve. El señor MONTES DE OCA.-¿Hasta cuándo? El señor MONTESINOS TORRES.- Esto es hasta el 31 de julio de 2000 que vamos a sacar la ley modificada ampliando las reformas -perdón- hasta el 31 de diciembre del 26 27

Congreso de la República. Transcripción del video 889, vocales con Montesinos. Congreso de la República. Transcripción de los videos 806 y 807: parlamentarios de C90-NM y Montesinos.

año 2000. Vamos a ampliar por ley, pero el 2000 tenemos que plantear la reforma más allá ¿me entiendes? Porque no podemos el 2000 al 2005 tener un Poder Judicial. Tú vas, cumples y después te regresas a tu Poder Judicial y después de ahí o regresas a ser Presidente de la Corte Suprema, que eso ya que estamos para que regreses, porque ya Víctor Raúl tiene que haber una renovación,28 En esta parte es bueno aclarar que no solamente Montesinos era el dueño de los cargos de los vocales supremos, sino que también les ordenaba e influía en las decisiones jurisdiccionales que ellos debían de tomar. El ejemplo más claro se desprende del diálogo entre Montesinos y el vocal supremo Jaime Beltrán Quiroga, Montesinos le indica que tiene que resolver a favor de una empresa norteamericana en un litigio con una empresa francesa por un asunto de Segundad Nacional, pero no solo eso, además le ofrece un cargo mayor en la Corte Suprema: [...] Montesinos.- Anoche el Presidente quiso hablar con Ud., le estuvimos esperando casi hasta las tres de la mañana. Jaime.- Ah, no sabía... Montesinos.- Sí, justamente le preocupa el tema que hoy se ha visto, él estuvo acá sumamente interesado en la solución de este problema, porque la controversia esta del Bordelmar, se convierte en un problema de Estado, hay un promedio de dos países, y un tercer país, que es Estados Unidos, Francia, y el Perú y esto a su vez por dos empresas y los dos gobiernos están interesados en la solución de este litigio, como gobierno peruano estamos en medio de este problema, por que EEUU es garante del Protocolo de Río de Janeiro, y el Perú, en la situación de crisis que estamos con el Ecuador, nos conviene, como estado, que ese garante no ocasione conflictos, esperamos llegar el 30 a la firma de un acuerdo con el Ecuador, los EEUU, están presionando por ese lado. Entonces están en manos suyas, un problema donde deja de ser meramente jurisdiccional y se convierte en un problema de Estado, hoy día he tenido reunión con el doctor Del Castillo, Serpa y hemos tocado el tema, y ellos coinciden conmigo de que la posición tiene que ser la defensa de los intereses nacionales...pero ahora le comunico el encargo del Jefe de Estado de manera directa, de que están en sus manos ya no el Poder Judicial sino la seguridad del país [...]. Como se puede apreciar, el nivel de manipulación de Montesinos no tiene límite, la pregunta es: ¿Era por los intereses del país que el vocal supremo iba a emitir una resolución favorable a la empresa norteamericana o porque Montesinos recibió una fuerte coima para que esto sucediera? Pero notemos corno le ofrece cargos al vocal Beltrán:

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Congreso de la República. Transcripción video 889: vocales con Montesinos.

Montesinos.- Me alegra reencontrarme con un antiguo compañero. ¿Cómo son las cosas, no?, tú sabes que yo tengo mucha amistad con Víctor Raúl Castillo, Luis Serpa, Montes de Oca y cuando hay problemas para integrar las Salas, a quien llamaba para poner a la gente de confianza era a Víctor Raúl Castillo, yo no imaginaba que estabas en el Poder Judicial, porque si no, hubieras sido de los primeros en subir [...].29

Un Ministerio Público a la medida de la coalición mafiosa: La figura clave en este caso es la señorita Blanca Nélida Colán, nombrada por poco tiempo vocal suprema provisional y casi de inmediato designada Fiscal Suprema y luego Fiscal de la Nación. Las leyes se hicieron a su medida, más de una vez y fue una operadora fiel de la coalición mafiosa. Sus declaraciones no solo defendían sistemáticamente al gobierno sino sacaban la cara -literalmentepor Montesinos. Con descaro no quiso ver lo que era evidente en el Caso Cantuta y en las denuncias que se hicieron contra Montesinos. Concentró todo el poder en el Ministerio Público pero obedeció fielmente los dictados de Montesinos. Se le cuestionó por la adquisición de una residencia desproporcionada frente a sus ingresos y con un crédito en condiciones muy difíciles de obtener. Nos acostumbró con su lánguida voz a escuchar razonamientos absurdos para justificar lo injustificable, y hoy medita en el penal San Jorge su experiencia como operadora de la mafia. a) Legislación relevante Con el autogolpe se cesó al Fiscal de la Nación Pedro Méndez Jurado con el decreto ley 25425. La poda incluyó a fiscales superiores y provinciales en todo el país. Luego se puso básicamente gente incondicional. Por medio de los decretos leyes 25505 y 25506 se nombra a Blanca Nélida Colán como Fiscal de la Nación, así como a Fiscales Supremos provisionales. El Jurado de Honor de la Magistratura ratificó básicamente este último nivel. La ley de intervención total se dio el 18 de junio de 1996, ley 26623, mediante la cual se crea el Consejo de Coordinación Judicial, pero en las disposiciones transitorias de la referida norma se crea la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público; por ley 27009 se prorroga la vigencia de esta comisión hasta el 31 de diciembre del año 2000. Allí, como en el caso del 304 Poder Judicial, se concentró el poder en la Comisión Ejecutiva, siempre presidida por la señorita Colán. La ley concentró el poder en la Comisión Ejecutiva cuya presidencia siempre ejerció la Srta. Colán. Por eso, cuando el 20 de enero de 1997 el Fiscal Miguel Aljovín asumió la Fiscalia de la Nación, sus facultades se encontraban recortadas al máximo. Había una aparente pugna entre ambos pero, como se comprobó después/Aljovín también articuló con Montesinos y se convirtió en un operador alterno de la mafia en el Ministerio público. 29

Congreso de la República. Transcripción del video 892: Montesinos-Dr. Jaime.

b) Dinámica de funcionamiento Presentamos primero algunas de las conclusiones a las que arribó la Subcomisión investigadora de la denuncia constitucional 12 contra la ex-Fiscal de la Nación, acusada por encubrimiento, retardo de justicia y enriquecimiento ilícito:

1. Se ha acreditado que hay indicios suficientes para poder señalar que la doctora Blanca Nélida Colán Maguiño, si bien no era la fiscal encargada de la investigación a Vladimiro Montesinos, presionó a la Fiscal Nina Rodríguez Flores, a fin de sustraer al ex asesor presidencial de la Justicia Peruana, y ayudar con tal hecho a su fuga [...]. 2. Se ha determinado que al existir versiones encontradas sobre las veces de la concurrencia de la doctora Blanca Nélida Colán al local del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el acercamiento y grado de amistad con Vladimiro Montesinos se presume la comisión del delito de falsedad genérica. 3. Finalmente se ha determinado que la cercanía entre la doctora Blanca Nélida Colán y Vladimiro Montesinos tanto laboral como personal, hay indicios razonables de la comisión del delito de Omisión de Denuncia, 4. Se ha logrado determinar que la señorita Blanca Nélida Colán no pudo en septiembre de 1998, ni podría actualmente ser prestataria de un crédito de US$ 250000, por su falta de capacidad de pago sumado a la edad [....]3030 Aljovín ha sido acusado también. No denunció a Vladimiro Montesinos por enriquecimiento ilícito, al contrario, archivo el caso con mucha celeridad. Nos estamos refiriendo a la denuncia por las cuentas en el Banco Wiese por dos millones cuatrocientos mil dólares. ¿Ingenuidad? Se basa el archivamiento en un informe económico que se realiza en el propio SIN, esto evidentemente con ánimo de ocultar las oscuras maniobras financieras del asesor, por lo que Aljovín fue denunciado constitucionalmente por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de los actos funcionales, cohecho propio, encubrimiento personal, prevaricato y omisión de ejercicio de la acción penal. Si en las instancias máximas se daba este tipo de delitos, nos podemos imaginar que sucedería en los demás estamentos del Ministerio Público. La habilidad manipuladora de Montesinos para tener totalmente sometidos a los Fiscales en las más altas instancias era evidente. De hecho, él cambiaba y colocaba fiscales de acuerdo a su conveniencia; Blanca Nélida Colán solamente tenía que firmar la resolución. Si los fiscales son lo que acusan en nombre de la sociedad, entonces la impunidad estaba garantizada, toda denuncia penal, sea cual fuere esta, debe pasar por el tamiz del Ministerio Público, ergo, cualquier denuncia contra funcionario gubernamental era desechada de plano si es que no le convenía al gobierno. 30

La investigación completa se puede ver en el informe de la Subcomisión de la Comisión Permanente que investigó estos casos en la denuncia contra Blanca Nélida Colán y que la presidió la congresista Patricia Donayre.

Entonces, a partir de la Fiscalía de la Nación y de la Comisión Ejecutiva se tejió también una red que todavía no es posible desenredar pero, como hemos visto algunos elementos, indicios, al igual que en el Poder Judicial se tuvo que contar con determinados operadores en los estamentos medios, por ejemplo, en la Fiscalías Superiores, para luego seguir tejiendo la red hacia las Fiscalías Provinciales, siempre corrompiendo mediante chantaje o prebendas como lo demostrarían algunas investigaciones en las que, inclusive, se muestra que algunos fiscales reclamaban por fax la cantidad extra que les pagaban por «hacer su trabajo». Una muestra más del poder que tenía Montesinos en el nivel más alto está en fragmentos del video con C90 y NM: La congresista Mellado: [...] Se nos vienen tiempos un poco difíciles porque, en primer lugar, se van a querer aprovechar este vacío; y, en segundo lugar, porque están generando un tema que es muy importante y que va a ser importante en el futuro. Es el problema del no reconocimiento por Aljovín de la antigüedad de los tres fiscales que han sido nombrados por la Dra. Blanca Nélida Colón a través del órgano competente del Ministerio Público. A lo que Montesinos responde: [...] Muy bien. Entonces, ¿cómo han visto la actitud de firmeza del Congreso en el sentido de que hemos conjurado el tema del Poder Judicial, la conspiración a dónde se vuelca?, la conspiración se vuelca al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en el Ministerio Público la Junta de Fiscales Supremos está nombrada por tres que son negativos y que tres que son positivos pero el fiscal de la Nación tiene voto dirimente, él va a poner el representante del Ministerio Público ante el jurado (Nacional de Elecciones) y nosotros tendríamos solamente uno con lo cual todo lo que hemos hecho se nos va al agua [...]. Para lograr invertir esa correlación de fuerzas se pensó, y por eso es que se diseñó la ley correspondiente que salió el año pasado, que se le dio facultades a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público de designar fiscales supremos provisionales que se requieran para la descarga y la desconcentración procesal [...]. Entonces como la Corte Suprema tiene tres salas civiles lo que se ha hecho simplemente es, aplicando la ley que se diseñó, seis o siete meses atrás. Dentro de este planeamiento que se estaba haciendo, era de incrementar de tres que tenemos nosotros a tres más, para tener nosotros en la Junta de Fiscales Supremos seis personas [...] Entonces con seis personas, nosotros tenemos garantizado dos cosas: el nombramiento del representante del Ministerio Público ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya está instalado con cinco miembros, o sea ya tiene quorum, pero falta el delegado del Ministerio Público que tiene que ser nombrado por la Junta de Fiscales. Y el segundo aspecto es la designación del representante del Jurado Nacional de Elecciones. En este momento con los seis fiscales supremos nosotros tenemos garantizado tanto el nombramiento al Consejo como ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Desplazaron el poder administrativo, que designa fiscales provisionales y que crea las plazas a la Comisión Ejecutiva que seguía presidiendo Colán a pesar de haber dejado el cargo de Fiscal de la Nación. Aljovín presidía, entre sus pocas funciones, la Junta de Fiscales Supremos y con este cambio ya no podría dirimir en la elección de representantes ante el Consejo de la Magistratura y el clave Jurado Nacional de Elecciones. Se ve aquí el manejo directo que realiza la dupla mafiosa. Consejo Nacional de la Magistratura: maniatado hasta que lo controle la mafia La Constitución de 1993 otorgaba al Consejo Nacional de la Magistratura todas las atribuciones para nombrar y fiscalizar a los jueces y fiscales de todos los niveles. Excluyó de toda intervención directa en estas decisiones al Poder Ejecutivo y al Congreso. El primer Consejo elegido dentro de esta Carta fue una cabal expresión de autonomía y probidad: representantes de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, juntamente con representantes de colegios profesionales y los rectores de universidades públicas y privadas. Es decir, mayo-ría de la sociedad civil y no del aparato estatal. Nombrar jueces y fiscales fuera del control de la mafia o poder investigarlos sin su consentimiento era peligroso para el régimen, y por eso legislaron para maniatarlos: impedir el ejercicio de su función principal designar magistrados y limitar sus investigaciones. Los doctores Carlos Montoya Anguerry, Róger Rodríguez Iturri, Carlos Parodi Remond, Florencio Mixan Más, Enrique Riva López, José Neyra Ramírez y Teresa Moya de Rojas, miembros del CNM, renunciaron irrevocablemente en gesto que los honra y que no debe ser olvidado. Ante el desastre moral que hemos vivido los peruanos tenemos que recordar que hay peruanos honorables y que son muchos más que los corruptos. No hay que olvidarlos. Los suplentes los reemplazaron con poco decoroso desempeño. a) Legislación relevante Primero se dicta la ley 26696 que modificó la 26397, ley orgánica del CNM, en cuya virtud se amplían los requisitos para el nombramiento de jueces y vocales titulares y se suspenden los procesos de selección respectivos hasta que los postulantes pasen por el curso de formación que supuestamente iba a realizar la Academia de la Magistratura. A simple vista pareciera que era lo adecuado y correcto, pero detrás de esa idea se hallaba el hecho de dilatar el nombramiento de jueces titulares y, así, mantener más tiempo a jueces y fiscales provisionales, designados por las comisiones ejecutivas que controlaban operadores de la coalición mafiosa. Finalmente se halla la ley 26933 del 11 de marzo de 1988, que impide sancionar a los jueces y fiscales. Estas atribuciones se centran en la Oficina de Control Interno del Poder judicial o en la Fiscalia Suprema de Control Interno del Ministerio Público, copada por adictos al régimen. Convertida en una institución inoperante, los miembros titulares del CNM renuncian dignamente el 13 de marzo de 1998. b) Dinámica de funcionamiento

Pero, ¿cómo funcionaba el Consejo Nacional de la Magistratura? La respuesta es simple: no funcionaba. Los suplentes recompusieron el Consejo, trataron de recuperar algunas atribuciones sin mucho éxito. Realizaron algunas labores administrativas y organizaron algunos cursos de capacitación para jueces y fiscales en coordinación con la Academia de la Magistratura. En este caso la interferencia básica fue la ley que cerró el círculo: la coalición mafiosa optó por la provisionalidad ante un texto constitucional que no le convenía. Control total del Jurado Nacional de Elecciones: el núcleo del fraude a) Legislación relevante Hasta las elecciones de 1992, el JNE fue La autoridad suprema en materia electoral, pero a partir de La Constitución de 1993, tiene a su cargo la fiscalización de La Legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, así como la administración de justicia electoral; mientras que la ONPE se encarga de organizar los procesos electorales y el RENIEC mantiene actualizado el padrón electoral. Para las elecciones de 1995 se posterga la vigencia de los preceptos constitucionales con la ley 26304, que dispuso que el JNE conduzca dicho proceso electoral, aun cuando se debía cumplir las reglas de la nueva Constitución para la conformación del JNE, Según Rafael Roncagliolo,31 estas reglas de conformación del JNE habrían asegurado la interferencia del poder político.32 La ley orgánica del JNE, ley 26486, y las respectivas leyes de la ONPE y el RENIEC desarrollaron las atribuciones de dichos organismos, aunque con dificultades que revelaron la incoherencia del tríptico electoral. Se tuvo que promulgar la ley 26533, a fin de establecer las normas presupuéstales del sistema electoral y los casos en los que el JNE debería resolver de manera definitiva los recursos contra resoluciones de los otros dos organismos. También la ley 26591 precisa funciones del JNE y de la ONPE, así como la intervención del Tribunal Constitucional en una demanda de contienda de competencias. La Ley General de Elecciones, 26859, tuvo dentro de sus principales alcances la continuidad del Distrito Nacional Único, y estableció un tope para la inscripción de los partidos políticos, normas que en la discusión parlamentaria la mayoría no quiso cambiar. Para flexibilizar sobre todo el tope impuesto a los partidos, con obvia intención de reducir el número de competidores que enfrentaría Fujimori, mi propuesta consistía en la implementación de un Distrito electoral mixto con prioridad del Distrito Múltiple. También se encuentra la ley que amplía el plazo de intervención de universidades nacionales, ley 26880, con el evidente objetivo de que se eligiera un delegado de las universidades nacionales ante el JNE afín al gobierno; dado que había comisiones interventoras en dichas universidades, era muy fácil manipular elecciones. 31

Roncagliolo, Rafael. Nota sobre la captura del Sistema Electoral bajo d Régimen de Fujimori y Montesinos. Informe para la PCM. Lima: 2001. También se puede revisar el capítulo sobre elecciones en: Ames, Rolando y otros. Situación de la democracia en el Perú (2000-2001). Lima: PUCP 2001. 32 El cambio de una conformación anterior en la cual había mayoritaria participación de ciudadanos que no eran funcionarios públicos (5 de 7), hacia una conformación en la cual tres de sus cinco miembros sean funcionarios públicos provenientes de instituciones expuestas a la interferencia política del gobierno: Poder Judicial, Ministerio Público y universidades estatales.

Las reglas de conformación del JNE permitieron que el control que el Ejecutivo ejercía sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público se extendiese también sobre él. La ley 26898, que ya la tratamos cuando vimos el Poder Judicial, conviene mencionarla aquí nuevamente, pues se le otorgan facultades de voto a los magistrados provisionales precisamente para que entre todos ellos, más Los titulares, nombren a los delegados tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, seguramente el voto de los provisionales fue decisivo para colocar a Serpa y Bringas como delegados de estos poderes. Por último, mencionemos la ley 26954, por la que se exige el voto de cuatro de los cinco miembros del JNE para aceptar cualquier denegación de inscripción, impugnaciones y tachas; asegura el control absoluto sobre el JNE desde el Ejecutivo (que intervenía en la elección de dos de los cinco miembros del JNE). b) Dinámica de funcionamiento Pero, ¿cómo se controla el JNE?: teniendo bajo control el Poder Judicial y el Ministerio Público con vocales y fiscales supremos Provisionales, y varios de ellos operadores directos de la coalición mañosa, tenían bajo control dos de los cinco votos, presidencia incluida en ellos. Para el resto fue la coima, la prebenda y las granjerías del poder. El ya citado video Montesinos C90 NM muestra claramente estas afirmaciones. Un primer punto que se trata en esta reunión es el referente a la actuación del ex Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, en el asunto del cuestionamiento de tres fiscales que han sido nombrados por Blanca Nélida Colán. Montesinos alega que es un problema de carácter político, textualmente se percibe la manipulación y el control que ya se ejercía sobre el Poder Judicial, Ministerio Público y Jurado Nacional de Elecciones: En el poder judicial van a nombrar el delegado para el Jurado Nacional de Elecciones y en el Ministerio Público van a nombrar el delegado para el Jurado Nacional de Elecciones. De los cinco miembros que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, tres en este momento son negativos para nosotros. Hemos estado trabajando para que estos dos sean positivos3333 y todo el planteamiento que se ha hecho con la última ley que se ha dado ha tenido por finalidad el desarticular la conspiración que se estaba montando para debilitar al Poder Judicial, y al debilitar al Poder Judicial concretamente a las salas plenas provisionales y a los vocales titulares que estaban comprometidos y de la cual en estos momentos tenemos mayoría tanto en la Sala Plena de la Corte Suprema de la República como en la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.34 Pero Montesinos logró controlar más de dos votos. El mismo menciona que está trabajando para que otros dos se sumen a la causa; evidentemente se refiere a Rómulo Muñoz Arce y Walter Hernández Canelo, representantes del Colegio de Abogados de Lima y de las universidades privadas respectivamente. 33

Ahora sabemos lo mucho que trabajaba Montesinos para que esos miembros estén a favor mediante la coima y las prebendas. 34 Extracto sacado del video 806: parlamentarios de NM C-90 y Montesinos.

La participación de Muñoz Arce y Hernández Canelo se hace evidente cuando uno escucha la cinta de audio 1196 en la que participan Montesinos, Joy Way, Luis Serpa y Carlos Bringas, en donde Montesinos y Joy Way tratan de convencer a Serpa para que presente un proyecto de resolución en coordinación con Muñoz Arce y Hernández Canelo a fin de frustrar la realización del referéndum orientado a impedir la reelección presidencial. Todo esto con la bendición de Joy Way quien aseguraba impunidad ante cualquier denuncia constitucional que pudiera surgir de ello, por eso se dijo que este era uno de los principales operadores de la mafia en el Congreso. Además del audio mencionado, en el video ya citado antes se puede apreciar que Montesinos discute todo esto ante miembros del Congreso. La mayoría congresal sabía de estas manipulaciones, sabía que había un control efectivo sobre el poder judicial y los otros órganos del Estado, pero no hicieron nada, por el contrario, ayudaron y colaboraron de manera cómplice con estos dictados a tal extremo que en la discusión se plantea la modificación del propio reglamento del Congreso para facilitarles el archivo de estos casos que iban a tratarlos, eliminando trámites de subcomisiones, etc., para ganar tiempo y que el marco jurídico adecuado esté en orden para los dictados de la mafia. Otra muestra de eso es la intervención de Carmen Lozada de Gamboa cuando dice: «Una pregunta, ¿la idea es entonces de que estos procesos de denuncia que se presenta sea visto inmediatamente?», y Montesinos le responde: «Y rechazado de plano»; Lozada de Gamboa repite: «Rechazado de plano».35 Mucho más habrá que investigar sobre cada uno de los procesos electorales y las denuncias reiteradas de fraude. Solo con mecanismos que pongan el control en manos de la sociedad civil estas cosas podrán detectarse a tiempo. En la década las denuncias no han tenido gran capacidad de documentarse por la falta de transparencia inherente al régimen. Pero se ha visto cómo el control de los organismos electorales par-tío del propio diseño constitucional. Un títere como Portillo en la ONPE era fácil de manejar y un jurado cuya composición dependía de órganos bajo directo control de la mafia actuó en la misma dirección. Un Tribunal Constitucional de donde se excluyó a los demócratas El Tribunal Constitucional por mandato del artículo 201 de la Constitución es el órgano de control de la Constitución. Esto significa que resuelve acciones de garantías constitucionales y controla la constitucionalidad de las leyes. Era una institución clave para las ambiciones de Fujimori a una segunda e ilegal reelección. Sus miembros fueron elegidos por el mismo Congreso, tras una experiencia tortuosa en la que el oficialismo baloteó a todos los candidatos, porque la oposición no aceptó elegir nada menos que al ex ministro Antonioli. Se concertó y solo dos de siete eran absolutamente incondicionales al régimen, dos tibios y débiles ante las presiones y tres que con consecuencia y energía enfrentaron su obligación de cuestionar la inconstitucional ley de interpretación auténtica del Art. 112 sobre la reelección presidencial. 35

Ib.

a) Legislación relevante El Tribunal Constitucional se inicia con la vigencia de la Constitución de 1993, su antecedente más inmediato fue el Tribunal de Garantías Constitucionales estipulado en la Carta de 1979. La ley orgánica del Tribunal solo se promulgó en 1995 (Ley 26435) y es recién en junio de 1996 cuando el Congreso completó los magistrados del Tribunal: Ricardo Nugent, Guillermo Rey Terry, Delia Revoredo, José García Marcelo, Guillermo Díaz Valverde, Manuel Aguirre Roca y Francisco Acosta Sánchez. La ley orgánica del Tribunal contenía una absurda norma que establecía que para declarar la inconstitucionalidad de una norma se necesitaban seis votos de los siete integrantes. Con esto, el tribunal estaba atado de manos, muchas leyes abiertamente inconstitucionales como las de creación de las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público pudieron pasar tranquilamente porque en el tribunal había dos conocidos fujimorístas: García Marcelo y Acosta Sánchez, entonces nunca se llegan a tener seis votos que afecten a la coalición mañosa. b) Dinámica de funcionamiento Pero el comienzo del fin tuvo lugar cuando el 16 de enero de 1997 el Tribunal expidió una sentencia con el voto de tres de sus siete magistrados, declarando la inaplicabilidad de la ley 26657, Ley de Interpretación Auténtica, por la cual se permitía una tercera postulación a Fujimori. El oficialismo montó en cólera y, utilizando una comisión investigadora propuesta por la oposición, la convierte en una comisión para denunciarlos, los defenestró del cargo por tremendo atrevimiento; el cargo fue usurpación de funciones. Tras un amplio debate la destitución se hizo para que en todos los órganos autónomos se entendiera cuál sería el destino de los que se rebelaran. Los jóvenes que parecían dormidos desde 1990 salieron a defender al Tribunal en nombre de la democracia y la legalidad.36 No solamente fue una venganza, también fue una advertencia: ¿Por qué acusan? Simplemente porque están dispuestos a no tolerar que nadie pueda vivir discrepando de ustedes. ¿Qué magistrado se va a atrever a contradecir al Congreso si este puede condenarlos y destituirlos sin que esté tipificada la infracción constitucional, como claramente se ha demostrado? ¿Qué Tribunal Constitucional, cuya tarea es contradecir al Congreso cuando una ley es inconstitucional, se va a atrever a ir contra un Congreso que, sin ley previa que tipifique la infracción, pueda sacarlos por diez años del ejercicio de la función pública? Y viendo ayer el canal 2, me preguntaba: ¿qué empresario se va a atrever a defender un derecho humano, a denunciar una tortura, si va a terminar como el dueño de Frecuencia Latina?37 Brevemente, indicaremos las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora a raíz de las denuncias presentadas por Delia Revoredo sobre 36

Pease García, Henry. Así se destruyó el Estado de Derecho. Op. cit., p.51. Dije en el Congreso, en una intervención de la madrugada del 29 de mayo de 1997: «Hoy día han consumado su venganza: los tres que votaron contra la reelección de Fujimori ya han sido destituidos, y ustedes pueden ir concentos con sus tres cabezas a ponerlas a los pies de Fujimori o a los pies de Montesinos o a los de quien, tras el trono, tenga que haberles dado la orden». 37 Op. cit., p. 47- 316

sustracción de documentos, actos de presión contra el Tribunal Constitucional (hay que acordarse de la carta notarial presentada cínicamente por 40 congresistas de Cambio 90-Nueva Mayoría donde se requería, bajo amenaza de acción de cumplimiento, que el Tribunal emita sentencia que no contenga ninguna declaración de inaplicabilidad; este en efecto se pronunció por la inaplicabilidad de la ley de interpretación auténtica), así como irregularidades advertidas en el funcionamiento del Tribunal. Conclusiones en mayoría: Los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur han infringido la Constitución al tomar para sus facultades que corresponden al Tribunal Constitucional conforme al Art. 201 de la Constitución, por los siguientes hechos: a.- Presentar una simple ponencia como si fuera una sentencia ya discutida y aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional. Especial responsabilidad le corresponde al Magistrado Guillermo Rey Terry quien elaboró el Acta de Entrega, en la que intencionalmente denominó sentencia lo que era solo una ponencia. b.- Solo los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano emitieron una resolución en nombre del Tribunal Constitucional, el 21 de enero de 1997, sobre el recurso de aclaración presentado por el Colegio de Abogados de Lima, sin que este haya sido materia de convocatorio y deliberación en el Pleno, y menos de aprobación con el quorum y la mayoría previstos por la ley. c.- El magistrado Ricardo Nugent López Chávez también ha infringido la Constitución al facilitar la actuación ilegal de los Magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur, por no convocar al Pleno del Tribunal Constitucional para resolver el recurso de aclaración presentado por el Colegio de Abogados de Lima y justificar la infracción constitucional, una vez cometidas por dichos magistrados, en lugar de adoptar las medidas rectificatorias que le fueron solicitadas por los otros Magistrados. En consecuencia: La Comisión denuncia constitucionalmente a los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur por infracción del Artículo 201 de la Constitución, debido a los hechos que se refieren los numerales 1 y 2 que anteceden, conforme a lo previsto en el artículo 88 del Reglamento del Congreso y en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Debe por lo tanto enviarse la presente denuncia constitucional a la Comisión Permanente del Congreso. También hubo dos dictámenes en minoría: el del congresista Javier Alva Orlandini y el del congresista Gustavo Mohme Llona quienes exculparon a los magistrados y más bien encontraron inconductas en los magistrados García Marcelo y Acosta Sánchez, y responsabilidad constitucional y delictuosa en los congresistas que firmaron la carta notarial, pero como siempre la minoría no fue escuchada y se formo una subcomisión para informar la denuncia constitucional planteada por la

comisión investigadora; dicha subcomisión, que estaba presidida por Luz Salgado, en sus conclusiones señala: Los miembros de la subcomisión que suscriben opinan que existe mérito para proponer que la comisión permanente formule acusación constitucional ante el pleno del Congreso contra los magistrados Ricardo Nugent López Chávez, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur, por haber infringido la Constitución. [...]. Se deja constancia de que el presente informe no se refiere a ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, ni a opiniones o votos de sus magistrados. Y finalmente el 28 de mayo de 1997, para la indignación de todos, se aprueba la acusación constitucional por 52 votos por el SI, 33 votos por el NO y una abstención. Con la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, el gobierno se quitó totalmente la careta, el camino a la tercera e ilegal reelección de Fujimori estaba libre. Desde ese entonces y mientras duró el gobierno de la mafia, el Tribunal quedó mocho y solamente se circunscribió a conocer acciones de garantías constitucionales, pero nada referente al control de la constitucionalidad de las Leyes. Esto permitió al gobierno de Fujimori-Montesinos pisotear la Constitución las veces que les fuera útil para sus propósitos, y siempre con la complicidad abierta del Congreso: efectivamente, una sucursal de la mafia. ¿Cómo opera la coalición dominante? Los círculos concéntricos Tras este recorrido que muestra la manipulación de las instituciones públicas que son claves en el reparto y control del poder político, veamos cómo opera la coalición dominante a través de estas y otras más. No hemos revisado la Contraloría General de la República porque esta institución no es autónoma por definición y así ha actuado en esta y anteriores oportunidades. El Contralor es designado por el Congreso a propuesta del Presidente de la República. Nadie puede fiscalizarse a sí mismo y, mientras no cambie el sistema, su rol será de poca monta. No era ese el punto de partida en el resto de las entidades y por eso hemos examinado cómo fueron capturadas una a una por los operadores políticos que en la caracterización hemos ubicado en el cuarto círculo. Militares y policías forman parte del primer círculo, aquel que, tras la recomposición inicial que realizaron Fujimori y Montesinos, los acompañó desde el 5 de abril de 1992. Encabezados por los tres comandantes generales y el director de la Policía Nacional, forman parte de este círculo un número importante de generales y almirantes; en total, ostentaban este grado no menos de 300 oficiales a la vez, número desmedido para las necesidades institucionales, pero obviamente no todos llegaban a la cúspide y muchos fueron desplazados, postergados o pasados al retiro. Los ascensos y pases al retiro, así como las designaciones a cargos importantes, intermedios o calificados como «hueseros», eran decisión de los comandantes generales, sin embargo, los videos muestran la intervención de Montesinos en este tema. En uno de ellos discute, por ejemplo, con los comandantes generales de la Marina y Aviación sobre los ascensos que

se vienen y presiona a este último. En las transcripciones de los videos podemos encontrar más referencias.38 El tema de los ascensos es crucial porque en la cultura militar cada grado, en particular los más altos, confiere bastante más que un status. Toda la carrera centra su sentido en el ascenso, el pase al retiro casi siempre significa dejar de ser alguien importante, incluso en el círculo de amistades. Como, progresivamente, los militares han ido realizando entre sí casi todas las dimensiones de su vida viviendas, colegios, supermercados, clubes, etc. el impacto es decisivo. Lo es más cuando sus sueldos han ido cayendo hasta niveles ridículos y se compensan con vales de gasolina que se vendían y servicios que pueden ser suspendidos y convierten en indigente al afectado. Cuando las investigaciones del Congreso muestran a los generales de la promoción Montesinos con cuentas que en muchos casos superan el millón de dólares, no hay duda que se extendió la corrupción bastante más allá de los comandantes generales hoy presos. No puede decirse, sin embargo, que la extensión fuera masiva. La subordinación se maneja con el chantaje de la carrera en sí misma llegar o no a general, llegar a divisionario, mandar una región o desempeñar un comando importante. En esta década se agregó una prebenda preciada: agregadurías en número creciente en el extranjero, que se concedían incluso a generales por retirarse o ya retirados, sean como compensación o como destierro dorado, y en algunos casos para alejar por temor a un general o almirante que no parece estar dispuesto a aceptarlo todo y que, por prestigio, no se le puede sacar de carrera. La lista es grande y combina como mínimo el silencio y la subordinación llegando hasta la participación directa en decisiones políticas como las campañas contra partidos y líderes y en actos de corrupción que han llevado a varios a la cárcel. Pero el manejo es más complejo. Los videos de Montesinos nos han mostrado a generales y almirantes, coroneles y capitanes de navío firmando una verdadera «acta de sujeción», que a finales de la dictadura hizo a esos oficiales que en 1992 podían ser de mucho menos grado y responsabilidad corresponsables del golpe de Estado. En sucesivos videos en los que aparecen firmando ante el Ministro de Defensa, el Jefe del SIN y los comandantes generales, se reiteraron los argumentos del golpe, y su responsabilidad la asumieron solidariamente todos cinco años después de ocurrido-, pretendieron como verdad que la decisión del 5 de abril fuera unánimemente respaldada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos que confirman el Sistema de Inteligencia Nacional. Siempre que los militares han hecho referencia a su acción política como acción institucional han pretendido la unanimidad. La «unidad de la Fuerza Armada» era un lema que el general Velasco repetía en cada discurso, no obstante, quedó demostrado que tal férrea unidad no existió ni en el momento del golpe ni en los años que siguieron. La lucha de tendencias comprobó la hipótesis central de la investigación que terminó publicada bajo el título de El ocaso del poder oligárquico, ya citado. Para buscar la unidad de las Fuerzas Armadas se recurre siempre al enemigo común que no es solamente en esta época el terrorismo ya derrotado, 38

Congreso de la República. Transcripción del video 1795; Generales Villanueva, Bello, Almte. Ibárcena, Sr. Winter y Montesinos.

sino todo aquel que reclame o cuestione lo hecho por el gobierno, en particular por defensa de los derechos humanos. Se les recuerda a los oficiales firmantes que el gobierno ha dado la ley 26479 la famosa ley de amnistía que consagró la impunidad y como quien hizo lo que los oficiales reclamaban se les recuerda en el discurso que se declaró el olvido y se prohibió investigar a todo el personal militar, policial o civil denunciado desde 1980 por hechos derivados u originarios con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo. Les advierten sobre sus «enemigos» que defendiendo derechos humanos proponen las autodenominadas «comisiones de la verdad». No conformes con esta pretensión de igualarlos con quienes delinquieron generalizando la responsabilidad, pretenden forzarlos a defender como una sola cosa a cualquiera que sea cuestionado por violar derechos humanos o por participar en el golpe o por los actos del gobierno fujimorista: Por lo tanto, cualquier acción que en el futuro se pretendiera realizar en contra de un miembro de las fuerzas del orden y del Sistema de Inteligencia Nacional, por el apoyo institucional al que se refiere la presente acta, comportaría por sí misma una ofensa contra las instituciones tutelares que obligaría a los respectivos comandos que se sucedan en el futuro, a la defensa irrestricta de dicho miembro de manera institucional; en tal sentido el presente acuerdo constituye un compromiso de honor y, como tal, una obligación con carácter imperativo de cuyo cumplimiento ningún mando podrá sustraerse. Y como si nada agregan: «[...] el incumplimiento del presente acuerdo acarreará para el infractor, no solo el rechazo unánime de su institución, sino la sanción disciplinaria correspondiente y el sometimiento a una corte de honor y el decoro militar[...]».39 Hoy, que casi todos los que encabezaban estas reuniones están presos, puede parecer este texto una ironía pero su poder persuasivo fue grande. Solo un oficial expresó desacuerdo o resistencia y de manera cobarde: puso una firma falsa y lo enviaron de retiro. Es que una noción de subordinación que olvida que no puede haber obediencia debida contra la Constitución y la ley, no solo es incompatible con la democracia. Lo es también con los derechos humanos más elementales de estas personas y a eso no se puede renunciar. La pretensión de los autores de este documento fue enfrentar a los jefes que los seguirían con los que ya estaban en retiro y criticaban como ciudadanos lo que pasaba en sus instituciones. Es conocido el peso que tuvo Montesinos en el Ministerio del Interior y la Policía, y la forma en que desde esta se actuó en varias de las acciones mañosas. Es obvio que este círculo poseía funciones especializadas, pero en la cúpula comandantes generales, director de la Policía y algunos generales más la intervención en política es mayor. Con ellos trata Montesinos sobre el manejo de los medios de comunicación, sobre acciones políticas contra adversarios, sobre 39

Congreso de la República. Transcripción de los videos 1369-1430: Generales Salazar Monroe, Villanueva, Saucedo, Bello, Dianderas, Almirantes Ibárcena y Rosas. También son parte de este video las otras referencias que sin cita expresa desarrollo en este punto resumiendo su contenido.

adquisiciones militares, sobre la campaña electoral, la recolección de fondos para Perú 2000 e incluso sobre la alternativa de reemplazo de Fujimori por Boloña.40 El segundo círculo de la coalición dominante está formado por grandes empresarios y es obvio que la investigación tendrá que ir precisando y personificando esta relación. Hemos hecho referencia a los grandes grupos empresariales conocidos desde Enes de los 80 como «Los doce apóstoles de la economía» y hemos enfatizado la prioridad de que gozaron banqueros y mineros en la política del gobierno. Ciertamente, Dionisio Romero, la cabeza del grupo que incluye al Banco de Crédito, ha quedado identificado en uno de los videos donde con desparpajo pretendía una reforma constitucional para que Fujimori fuera reelegido a pesar de que de sus palabras se deduce un diagnóstico adverso, pues piensa que no lo será si no se elimina la segunda vuelta. Se muestra en un video al primer banquero del país conversando con Montesinos y los comandantes generales y el director de la Policía. Como debe haber ocurrido desde bastante antes, pues Romero pesa mucho desde los tiempos en que aceptó la reforma agraria de Velasco y usó hábilmente la ley reinvirtiendo en industria y cuajando como grupo económico después. Montesinos y los militares se presentan como la comunidad del sistema de defensa nacional, férreamente unida y le dicen que es «la primera persona con la que nos entrevistamos». Es tal la confianza que le explican sus dos opciones electorales alternativas, y Romero apoya decididamente la carta de Fujimori reclamándoles que eliminen la segunda vuelta.41 No es imaginable que las relaciones fueran solo en materia política electoral, lo que ocurre es que las filmaciones se realizaban básicamente en el SIN, pero se ha procesado al banquero por tráfico de influencias y es indudable la relación habida en la década y no solo a este nivel. La CONFIEP y los diferentes gremios empresariales han tenido una estrecha relación con el gobierno de Fujimori, y no solo como parte de su función gremial. Uno de sus Presidentes terminó de longevo ministro de economía Jorge Carnet- y fue clave en el devenir de las relaciones del gobierno con los empresarios. Sucesivos líderes de estos han apoyado la política económica del fujimorismo que aún con discrepancias puntuales siguen defendiendo hasta hoy apasionadamente. Ya hemos explicado cómo desde inicios de la década los unió un programa económico bajo el amparo del Consenso de Washington, pero en estas relaciones mandan las medidas puntuales que corresponden a intereses concretos. Por eso, es importante recoger, por ejemplo, algunas de las conclusiones del informe de la comisión investigadora sobre los delitos económico financieros cometidos entre 1990-2001, presidida por el congresista Javier Diez Canseco Cisneros, que pueden ser relevantes en esta relación: 5. El equipo que manejó el MEF no fue consecuente durante la década y registró modificaciones sustantivas. En el período 1991 -1992 se tomaron las disposiciones fundamentales para la liberalización de los mercados. A continuación, se sucede el período del ingeniero jorge Carnet Dickmann que corresponde a un declive muy pronunciado en la ejecución de las 40

Congreso de la República. Transcripción de los videos 1792, 1795 y otros. Congreso de la República. Transcripción de los videos 1574 y 1575 Montesinos, Dionisio Romero, Generales Saucedo, Dianderas, Villanueva y Bello. Alm. Ibárcena. 14 de junio de 1999. 41

reformas ortodoxas, dejando inconcluso el proceso. El Ingeniero Carnet ingresó al MEF y junto a él un grupo conectado con sectores del mundo empresarial. Para ese entonces ya estaba reunido un monto extraordinario en efectivo en manos del Estado producto de los ingresos de la privatización. Durante el período del Ingeniero Carnet como Ministro de Economía, tomó gran impulso un mecanismo de pago de remuneraciones para altos funcionarios públicos que permitió salvar el escollo de los bajos salarios del Estado peruano. Esto es, el establecimiento de un convenio con el PNUD para que maneje recursos del tesoro público pagando planillas de asesores. Esta medida tenía cierta racionalidad al finalizar la época de la hiperinflación, cuando la presión tributaria era muy baja y era difícil pagar buenos sueldos al conjunto de la burocracia. Este recurso excepcional se hizo permanente y cada vez abarcó a un sector más amplio de la alta burocracia. El resultado de esta medida es que no se hizo una reforma del Estado sino que se echó al personal existente y se contrató personal nuevo de alto nivel con dinero del tesoro público pagado a través del PNUD. En ningún momento este mecanismo fue revertido sino que se consolidó y continúa operando. Así entre la alta burocracia de los 90 predominó el concepto de que el Estado debería reducirse a su mínima expresión y una comprensión de su propio papel como los agentes encargados de comprimirlo sustantivamente.4242 7- La reducción del rol del Estado en la economía tuvo un paso importante con la privatización de las empresas Hierro Perú y Aeroperú, que representaban una importante carga financiera para el Estado. Luego, en el año 1993, la entrada de Jorge Carnet al MEF priorizó la entrega de beneficios extraordinarios a algunos grupos económicos vinculados al régimen, en desmedro de las reformas de segunda generación que básicamente debían emprenderse en la SUNAT y en la conformación de los principales órganos de regulación que deberían nacer a la par de la privatización. Las reformas de segunda generación eran parte importante del modelo ortodoxo, pues debían garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, y no se realizaron.43 8. La incoherencia en la aplicación de las reformas queda evidente cuando el Estado no contó con ingresos suficientes para hacer frente a servicios de la deuda externa que registraba un calendario más exigente a partir de 1997. Esa carencia de recursos era fruto de la falta de voluntad para llevar adelante las reformas de segunda generación, sobre todo las que debía llevar a cabo la SUNAT, para que la recaudación interna sea el sustento de la política económica gubernamental. Al no contar con ingresos corrientes hizo uso de recursos extraordinarios. Así el Estado comenzó a hacer uso indiscriminado de los ingresos provenientes de la privatización para honrar el servicio de la deuda externa, aparte del enriquecimiento ilícito.44 42

Congreso de la República. «Informe final de la Comisión especial de investigación sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990-2001, presidida por el Congresista Javier Diez Canseco». Junio de 2002, pp. 147-148. 43 Ib-, p. 148. 44 Id.

10. En efecto, durante el período 1995-2000 se gastaron más de 4000 millones de dólares de los recursos de la privatización, casi cinco veces más que en el período 1992-1994- Así, los crecientes déficit fiscales, ocasionados por la caída de la recaudación como consecuencia de los beneficios tributarios a los principales contribuyentes allegados al régimen y el excesivo gasto de la reelección, fueron cubiertos con los recursos de la privatización durante casi todo el segundo quinquenio de Fujimori. En 1998, con la primera ola de la crisis internacional a cuestas, la situación económica del fisco comenzó a tornarse complicada por primera vez en la década. La política fiscal expansiva de los últimos años de Fujimori tiene muy poco de ortodoxo. Así el modelo ortodoxo fue utilizado como política de gobierno a inicios del gobierno de Fujimori pero pronto fue empleado como pretexto para beneficiar a grupos de poder vinculados al gobierno. Este proceso acabó en los niveles de corrupción que todos conocemos.45 31. El núcleo en el poder usó el íntegro de los recursos de la privatización durante su ejercicio, 1993-2000. Los recursos provenientes de privatizaciones alcanzaron US $ 6445 millones y ya han sido gastados. El saldo de US $ 543 millones a septiembre del 2000 fue utilizado para el servicio de la deuda durante el gobierno de transición. Aproximadamente un tercio fue empleado en gastos relacionados con defensa e interior, un segundo tercio en el pago del servicio de la deuda externa y, por último, un tercer tercio en gastos sectoriales y sociales. Estos últimos se dilapidaron en campañas electorales y en esfuerzos por capturar en forma clientelista las instituciones populares. Así el país ha vendido sus activos y tiene un pequeño saldo disponible, sin que los ingresos obtenidos se hayan transformado en activos estratégicos. Los principales intermediarios beneficiados que hemos encontrado han sido los ex ministros Carnet y Joy Way y el ex asesor Montesinos. La mitad de lo que se gastó en el período Carnet habría tenido estos beneficios indirectos, 1400 millones de 2799 millones en total gastado en obras y adquisiciones.46 Ciertamente las conclusiones de esta Comisión Investigadora pasarán a ser evaluadas judicialmente y solo allí se determinarán las responsabilidades penales. Pero la evaluación política a la hora de la verdad indica que, incluso si nos ceñimos a sus propios esquemas ideológico-programáticos, el resultado es un Estado desfinanciado, que ha vivido cubriendo sucesivos déficit del presupuesto anual con la venta de sus empresas, cuestión que al terminar causará una crisis inevitable, dado que no se tributa más y los que más tienen no tributan proporcionalmente. Al escribir este texto, vivimos en los días en que la protesta del sur arrinconó al gobierno y lo obligó a suspender la privatización de dos empresas eléctricas. Cualquiera que sea la posición frente a la privatización lo único innegable es que las mayorías nacionales las rechazan en todas las encuestas de los últimos años al igual que rechazan la política económica. ¿Será el momento de entender que no es cierto que el presupuesto esté equilibrado cuando se cuadran ingresos y egresos con una suma que proviene de la venta de activos? Fujimori 45 46

Ib., p. 149. Ib., p. 156.

engañó al país al decirle año tras año que el presupuesto estaba equilibrado: al acabarse la venta de las «joyas de la abuela», que aunque viejas y no modernas tenían un valor, la realidad aparece desnuda y dramática. Solo se podrá gastar más si tributa más quien debe hacerlo. A la clase media ya la exprimieron hasta el límite; ¿aceptarán los poderosos tributar? Eso es lo que el fujimorismo les concedió al no realizar las reformas de segunda generación y ha llegado el momento de sincerar todo. Es el orden social el que está en cuestión. Se establecieron beneficios para los poderosos al omitir las reformas de segunda generación. 33. Un claro ejemplo de este tipo de beneficios, es el concedido por la ley 26283 (13-01-94) y su inconstitucional reglamento, el DS 120-94-EF (19-0994) refrendado por el ex ministro de Economía Jorge Carnet Dickmann. En virtud de este dispositivo se permitió a toda empresa que decidiera fusionarse o escindirse, revaluar sus activos a valor de mercado y tomar como costo computable para efectos de depreciación, el mayor valor revaluado. En verdad, se permitió a estas empresas volver a depreciar activos ya depreciados, lo que les permite tener un enorme escudo tributario y pagar menos impuesto a la renta, al considerarse la depreciación de activos un gasto.47 Y además, al ser cuestionadas, las empresas se escudaron en los contratos de estabilidad tributaria, así que solo queda castigar al delincuente que hizo eso, pero se pierden los tributos o la alternativa es el «escándalo», el desprestigio ante nuevos inversionistas, la muerte civil a la que se condena a los Estados que rompen contratos firmes, válidos pero hechos con trampa por gobernantes corruptos. ¡Qué difícil es así hacer entender que el problema no es el contrato de estabilidad tributaria, sino el decreto corrupto que se hizo previamente! Las conclusiones de esta comisión investigadora darán para muchos trabajos futuros. Nos explican la relación del gobierno con los grandes grupos de poder no solo en materia tributaria o en el campo de las privatizaciones. Se refieren también a lo invertido por el Estado en «salvataje Bancario». El mismo gobierno que dejó quebrar a los industriales y agricultores, que permitió que se perdieran miles de puestos de trabajo y anatematizó cualquier subsidio o salvataje para esos empresarios; invirtió mucho en el salvataje del Banco Latino y del Banco Wiese como concluye la comisión referida: En todo el proceso de salvataje e intento de reestructuración del Banco Latino, se han utilizado US $ 402 millones, de los cuales US $ 342 millones provinieron del Estado y US $ 59 millones del Fondo de Seguro de Depósitos. De los recursos que el Estado asignó a este proceso de salvataje, a la fecha se han recuperado menos de US $ 15 millones. Los US $ 402 millones utilizados para salvar al banco se aplicaron en un plazo de dos años. De haber contado con un adecuado diagnóstico de la situación del banco, antes de decidir su salvataje, se podrían haber utilizado los recursos de manera más eficiente y en un solo paquete. En cambio, al 47

Id.

aplicar los recursos de a pocos, estos se fueron diluyendo en las pérdidas del banco, sin lograr resolver la situación de insolvencia. Otras medidas, como permitir que permanezcan en el nuevo directorio a directores responsables de la situación de insolvencia del banco, dificultaron las posibilidades de sanear el banco y lograr su reestructuración, así como tomar las medidas legales contra los responsables de la quiebra.48 54. Durante el período 1992-1996 el Banco Wiese experimentó un crecimiento acelerado gracias a un boom crediticio sin controles precisos. Luego hemos comprobado que muchos de estos créditos se habían concedido a personas y empresas vinculadas al grupo económico del banco. Así mismo se ha verificado que muchos de los créditos excedían los límites legales permitidos. Por ejemplo, se hallan créditos concedidos a la familia Wiese, al grupo Picasso-Candamo, al Grupo Mur-Campoverde, todos los cuales por encima de los límites legales. Por otro lado, el Banco también realizó operaciones de financiamiento que han sido objeto de investigación de la CIDEF debido a la presencia de hechos susceptibles de ser evaluados como irregulares. Por ejemplo, encontramos los casos de Pucalá, San Jacinto, Sider Perú, etc. Además se ha constatado que durante este período el banco mantuvo relación privilegiada como plataforma financiera de un grupo significativo de miembros de la mafia que se había apoderado del Estado nacional. Es el caso de Vladimiro Montesinos, Juan Valencia, Víctor Malea, entre muchos otros.49 56. El Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 034-99, conteniendo un esquema de salvataje para el Banco Wiese que consistía en un aporte de US $ 54 millones por suscripción de acciones del Banco Wiese, sumado a un aval por 189 millones de dólares para sostener la cartera pesada. En realidad la cartera pesada del banco fue trasladada a un fideicomiso y el Estado ha firmado un aval, sobre el cual no se cubrió en forma conveniente. Con ello la participación de la familia Wiese debería haberse licuado, sin embargo, se mantuvo parte de su representación, resultando de este modo beneficiario de la operación. Por su lado Sudameris ha declarado que no tenían inconveniente en licuar a los Wiese y fusionar ambas entidades con el Estado al otro lado de la mesa.50 Un video en el que conversan Montesinos y Bertini, Gerente de ese Banco, muestra cómo el asesor le recuerda que deben casi nueve millones en impuestos y luego, tras hablar de la acotación de la SUNAT en la que él puede lograr que posterguen el asunto, le cobra en especie: apoyo para la campaña electoral y le reclama apoyo a los canales de TV que se han asociado directamente a la mafia. Comportamiento mañoso el de Montesinos, el del banquero y el de los canales de televisión, ciertamente.51 48 49 50 51

Ib., p. 162. Id. Ib., p. 162. Congreso de la República. Transcripción del video 1788: Montesinos y Bertini. Noviembre de 1999.

No hemos centrado nuestra atención en la corrupción per se, sino en las políticas y las relaciones que expresan. La comisión investigadora sí lo hace y concluye además que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones priorizó en su contratación de obras a la empresa de la familia Carnet (JJC Contratistas Generales). [...] una empresa mediana lejos de las tres mayores del país y al borde de la quiebra a inicios de la década del 90, que se vio provechosamente beneficiada de sus vínculos con el Ministro de Economía Jorge Carnet Dickmann, llegando a ocupar el tercer puesto del ranking de las empresas constructoras por montos contratados, hecho que fue facilitado por la disposición de efectivo en el fondo de privatización del Tesoro Público.52 En un trabajo reciente el sociólogo Francisco Durand, que tantos aportes ha hecho en el estudio de la relación Estado-empresarios en el Perú, analiza en la misma dirección que las conclusiones de las investigaciones más recientes del Congreso. Lo sintetizamos así: •

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Para la CONFIER el orden importaba más que la democracia, representada por partidos en crisis, que impedía la gobernabilidad y tenía poca legitimidad. El nuevo esquema de poder, que subordinaba el Congreso al Ejecutivo, fue apoyado por los gremios y líderes empresariales. La CONFIEP incluso apoyó el autogolpe pues permitía «establecer el orden y la moralidad». Muchos líderes gremiales celebraron la reelección de 1995 por considerar que generaba confianza y optimismo. La captura de Guzmán y el crecimiento económico del 8.5% (1993-95) generaron condiciones positivas para la inversión, terminando la fuga de capitales. El horizonte estable de continuidad política permitió establecer canales y formas de vinculación empresa-gobierno más firmes. En los CADE se discutieron las grandes orientaciones políticas y las medidas especificas de ajuste y cambio estructural. La CONFIEP contrató técnicos que diseñaron con Boloña 126 decretos legislativos, aprobados por el Congreso en cuatro meses, que facilitaban la entrada del sector privado a nuevos campos. A los combativos industriales, muy afectados por la pérdida de subsidios, se les apaciguó con concesiones arancelarias mínimas y la promesa de rebajar sobrecostos. Las concesiones tributarias recién se plasmaron cuando el MEF subordinó a la SUNAT en la gestión de Carnet (1993-98), cuando Fujimori necesitaba recuperar niveles de apoyo. En 1999, hubo tensiones debido al resurgimiento del mercantilismo y la estructuración de un Estado segmentado y con poderes discrecionales. Los procesos de privatización, desregulación y simplificación tributaria eliminaron muchas fuentes de renta. La tradicional colusión entre empresas y gobierno disminuyó por las reformas administrativas en aduanas e impuestos, dominadas por mafias burocráticas. Los cambios legislativos y la eliminación de los contratos de estabilidad tributaria también redujeron el

Ib., p. 164.

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mercantilismo. Esos cambios llevaron a algunos grupos de poder a la quiebra y obligaron a otros a salir del mercado por no poder pagar los impuestos. Más el traspaso de la gran propiedad pública al gran capital creó otra fuente de rentas al no dispersarse la propiedad ni generarse la competencia. Boloña diseñó la privatización del sistema de pensiones por lo cual el sector privado accedió a los enormes capitales que manejaba el Estado, pero luego apareció como accionista y ejecutivo de una gran AFR Carnet asignó contratos de obras públicas a la empresa familiar dirigida por sus hijos, la cual creció sobremanera en 1993. En su larga gestión su equipo asesor se vinculó al sector privado. Carnet y su asesor principal R. Abusada articulaban varias redes de relaciones, unas particularistas y otras más abiertas, con grupos amplios de empresarios. Cuando Carnet promovió en la CONFIEP la elección de dirigentes pro gobiernista para evitar las críticas a su neo-mercantilismo, los sectores independientes formaron la Coordinadora Empresarial (Adex, SNI y Cámara de Comercio de Lima). Cuando Carnet fue sucedido por su allegado J. Baca en 1998, la crisis asiática agudizó la tensión gremios MEF. El gobierno rescató a los bancos mientras muchas empresas quebraban. Cuestionado por los empresarios, Baca fue reemplazado pronto por un ministro político, Joy Way, más inclinado a relacionarse con los gremios anti MEF De otro lado, el ministerio de Industrias fue ocupado permanentemente por empresarios o economistas ligados a ellos, generándose un vínculo con ciertos sectores empresariales. Para relacionarse con la banca y el grupo Romero, el gobierno nombró al empresario A. Woodman para distintos puestos desde 1992. Otras redes se constituyeron en torno a la oficina de la vicepresidencia de R. Márquez, símbolo del empresario popular. Márquez creó el PROMPEX y el PROMPYME para promover las exportaciones y la pequeña empresa y vincular empresarios y presidencia. El conjunto de redes es fuerte, pero está semiinstitucionalizado y es fragmentario, debido a la relativa modernización del Estado. Esas redes no permiten generar una instancia mayor, sólida y transparente, donde las decisiones de política económica se discutan regularmente con los gremios y empresarios principales. Sin el apoyo de los empresarios, el régimen de Fujimori tal vez no habría durado, pese al apoyo militar. El apoyo empresarial era condicional y contribuyó a limitar la naturaleza del régimen fujimorista, lo que aceleró la búsqueda de fórmulas de retorno a la democracia. Conseguido el orden y el progreso, los empresarios podrían alejarse de Fujimori y optar por la democratización, garantizando al menos la rotación presidencial. Cuatro cuestiones podrían separar a Fujimori de los empresarios: 1) La intervención de Carnet en las elecciones de la CONFIEP generó tensiones y resentimientos porque ocultaba prácticas mercantilistas a favor de pocos constructores y banqueros; 2) La agresividad de los caudillos de varios islotes de poder administrativo, de seguridad y el MEF en perseguir a opositores empresarios al régimen; 3) La crisis económica de 1998-99, generada por causas externas, hizo más urgente y difícil el ajuste fino al modelo económico para no caer en el mercantilismo, y 4) La crisis asiática,

la caída de aprobación pública y la persecución a empresarios significaron un mayor desgaste del caudillo y su régimen.53 En la relación con grupos empresariales hay tratos de diverso tamaño. A Montesinos le tocan los menores, los más vinculados a la política y a la campaña. Preparándola, informa a los militares que Modenesi, Ormeño y el grupo Rodríguez Banda (Leche Gloria) se prestan a colaborar con la campaña ayudando al blanqueo de dinero ilícito fingiendo que donan y aprovechando algún crédito fiscal. «Entonces, él va a dar la cara, dice "yo estoy donando", no va a dar ni medio pero da la cara».54 Aquí nos acercamos a una dimensión particular, también con empresarios pero en este caso estaremos refiriéndonos a aquellos que no solo actuaron dentro del tradicional mercantilismo, sino que se articularon directamente con el núcleo mañoso. Nos referimos en particular a los empresarios de la televisión. Los dueños de los canales 4, 5 y 9 recibieron fajos de billetes y negociaron sus programas televisivos con Montesinos. Los usurpadores del Canal 2 recibieron aún más, pues desplazaron al accionista mayoritario. Todos fueron títeres del poder bajo el titiritero mayor, Vladimiro Montesinos. Quizás el video que más impactó por lo aparatoso de la entrega, fue el de José Francisco Crousillat en momentos que recibe un millón ochocientos mil soles en billetes que tuvo que cargar en grandes bolsas de plástico, mientras se quejaba de que «la idea iba a ser en dólares».55 Otra de las comisiones especiales de investigación, la dedicada a investigar la gestión presidencial de Alberto Fujimori, presidida por el Congresista Mauricio Mulder, sistematiza la información presente en las transcripciones de los videos y contrasta el material con el testimonio de los actores e incluso de buena parte de los involucrados criminalmente, y concluye que: Existen indicios razonables de que Alberto Fujimori Fujimori, en su condición de Presidente de la República, tuvo conocimiento, dispuso y/o consintió que se efectuaran entregas de dinero provenientes del Tesoro Público a los propietarios de diversos canales de televisión, con el objeto de deformar la opinión pública y lograr su reelección.56 En el informe se detallan caso por caso las entregas de dinero, como la ya mencionada a Crousillat del Canal 4 o la de Ernesto Shutz quien de inmediato reclama doce millones de dólares y dice que Panamericana es «un canalazo», negociándose a partir de esa cifra una mensualidad que queda grabada en el siguiente video con la entrega de 350,000 dólares. Pero en ambos casos se termina negociando otro tipo de granjerías, traficando con influencias ante la SUNAT y los bancos donde estas empresas tienen créditos. Al dueño del Canal 9, Vera Abad, le tocará menos y al de Cable Canal de Noticias simplemente se le 53

Durand Francisco. «La democracia, los empresarios y Fujimori». En El juego político, Fujimori, la oposición y las reglas. Lima: F. Ebert, 1999. 54 Congreso de la República. Transcripción del video 1792: Montesinos y los generales Villanueva y Bello, y el Alm. Ibárcena. Noviembre 1999. 55 Congreso de la República. Transcripción del video 1200: Montesinos-J.F Crousillat. Octubre 1998. 56 Congreso de la República. «Informe final de la Comisión investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori Fujimori, presidida por el Congresista Mauricio Mulder». Junio de 2002.

compró el canal de cable en dos millones de dólares. Un caso particular es la negociación con Bertini del Banco Wiese para servir a los Crousillat. Montesinos maneja la relación con el banquero para rescatar al empresario televisivo, verdadera red de favores de alto costo.57 El oligopolio televisivo de hace treinta años ha degenerado y ahora es parte de la red mañosa armada por Montesinos. Sus palabras lo describen bien en una entrevista con Schutz (C5): Sí, sí, sí. Pero yo no paro [...] Lo importante, hermano, que yo voy a sacar de todo esto es que el Mendel y el Samuel (C2) los Crousillat (C4), tú, Julio Vera (C9), todos hacemos el equipo. Estarnos en el equipo, estamos en el objetivo, vamos para allá y a la miércoles y nos apoyamos […]58 Empresarios menores, el dueño del diario Expreso y de la prensa amarilla, fueron también comprados por Montesinos. La descripción es innecesaria, corresponde simplemente al campo penal. En la caracterización planteamos la existencia de un tercer círculo en el que más que empresarios encontramos tecnócratas cuyo poder proviene de la repetición bien informada del libreto que desarrolla el llamado Consenso de Washington. No pesan por el tamaño o la ubicación políticamente clave de sus empresas, tampoco por su liderazgo gremial entre los empresarios. Son asesores que manejan relaciones con la tecnocracia de los organismos multilaterales, se ubican asesorando al MEE, los procesos de privatización y algunas funciones ejecutivas. Algunos han terminado involucrados en los procesos penales y no siempre sus nombres son bien conocidos. Boloña, Abusada, J. Baca Campodónico, Du Bois, están entre los que más notoriedad alcanzaron. En los informes y en los textos citados, a veces se les mezcla con el empresariado pero, no viene de sus empresas el poder que obtuvieron. La lista irá creciendo con las investigaciones en la negociación de la deuda, en el manejo de diversas instituciones, pero lo importante es destacar su rol en la coalición dominante: fueron básicamente la voz de la ortodoxia que demandaban los organismos multilaterales, pero algunos, como Abusada, parecen haberse articulado mejor a la gestión mercantilista que niegan como un horror que hay que combatir. Por supuesto que su devoción por el mercado y su fe antiestatista no les impide vivir de este y sus relaciones. El Instituto Peruano de Economía obtuvo nada menos que medio millón de dólares de una «donación» del Banco Mundial al MEE para que la gaste contratándolos para diseñar políticas de tributación y comercio, delinear el proceso de actualización de las operaciones en el tesoro del beneficiario y fortalecimiento de la unidad de estadística del MEE El beneficiario (Estado peruano a través del MEE) deberá establecer un acuerdo con el IPE bajo términos y condiciones satisfactorias para el Banco Mundial que es quien proporciona el dinero. El convenio duraba dos años y concluía en diciembre de 1996. Durante ese período el gerente del IPE fue Jorge Baca Campodónico que

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Ib., p. 105. Ib., p. 88.

luego reemplazaría a Jorge Carnet, y que hoy es prófugo de la justicia. Fritz Du Bois es gerente del IPE desde febrero de 1999.59 Desde esa época, e incluso hoy, quien ejerce autoridad política es permanentemente asediado por el chantaje de la ortodoxia que a veces se mide por comisiones que se cobran para privatizar o para informar que amenaza con que aumentará el riesgo país para exigir medidas duras incluso ante un estallido como el de hace unos días en el Sur. Prefieren la violencia y muertos a granel antes que aceptar suspender la privatización de dos empresas. Hace no menos de cinco años que en todas las encuestas de opinión, la política económica y las privatizaciones son cuestionadas por la mayoría de los peruanos. Eso no les interesa y se dicen técnicos de alto nivel. Olvidan que la política es «el arte de lo posible» y que se trata de conducir personas, no simplemente de administrar cosas. Pero su rigidez tiene una explicación. Con Fujimori funcionó el autoritarismo como brazo armado del modelo neoliberal a ultranza que aplicaron. Pero funcionó mientras había pasividad en las masas por la crisis de fines de la década de los 80. Conforme eso se alejó, fueron complicándose las cosas. Tomó tiempo, se extendió porque la coalición mañosa manejaba casi todos los ejes del poder, pero al final se dieron de bruces con la realidad, porque los regímenes autoritarios no pueden ser estables a largo plazo, menos si no tienen nada que compartir con las mayorías, ni siquiera empleo elemental. El cuarto círculo, los operadores políticos de la coalición mafiosa, ha mostrado sus elementos y mecanismos principales a lo largo de todo este capítulo, especialmente en la primera parte donde describimos la acción de los congresistas del fujimorismo -destacando Joy Way junto con varios más así como la acción de jueces y fiscales en las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Público, en algunas de sus Salas y Fiscalías más importantes, en el Tribunal Constitucional y, con menor importancia, en el Consejo de la Magistratura, ya que previamente renunciaron los consejeros realmente independientes y luego, sin funciones, quienes los siguieron apenas hacían algo más que cobrar su sueldo. El caso del Jurado Nacional de Elecciones fue singular: todo el tinglado se levantó para controlarlo a partir de los dos que dependían del Poder Judicial y el Ministerio público. Pero con coimas, prebendas y granjerías reclutaron otros dos (Muñoz Arce y Hernández Canelo) y todavía se investiga al único que queda limpio. Montesinos llevaba un manejo fino, aseguró que la ley impidiera que perdieran controlando dos de cinco votos, como en el Tribunal Constitucional. Con el servilismo y la deshonestidad todo es posible. Montesinos logró manejarlos administrando hasta sus miedos, las reuniones eran por partes, no los cuatro juntamente, al parecer con el objeto de manejarlos mejor.60 Todavía queda mucho por investigar y la práctica tendrá que ir mejorando nuestra capacidad de analizar. Los operadores aparecen hoy, por los llamados vladivideos, manejados fundamentalmente por Montesinos, pero son pocos los videos de Fujimori. No hay duda de que uno no podía actuar sin el otro, aunque hay evidencias de que Montesinos llegó a trabajar y orquestar la alternativa de Boloña en su círculo más inmediato los Comandantes Generales, Dionisio Romero, que al parecer no la creyó, y algunos de los dueños de la TV; además, 59 60

Información publicada en el diario La República y la agenciaperu.com, con textos en mi poder. Congreso de la República. Transcripción del video 1196: Montesinos, Serpa, Bringas, Joy Way. Agosto de 1998.

solo al final, tras la aparición del primer video y en medio del escándalo, Fujimori actuó contra Montesinos, sin dejar de negociar con él. No se perciben grandes contradicciones o, al menos, el asunto se comenzó a desmoronar en sus inicios. Lo que sí parece evidente es que Montesinos se adjudica un papel que tal vez sea mayor al que realmente representó, aunque este no es poca cosa porque compartió efectivamente La dirección real de la coalición. Un ejemplo de cómo vende su imagen de poder se encuentra para variar en otro video en el que conversa con el ex premier Valle Riestra, la única figura significativa de la democracia precedente que Fujimori pudo cooptar y usar a su antojo: El señor Montesinos Torres.- Es que, doctor, el problema está en que a mí me gustaría ir. Mire, yo le voy a decir. Ante todos los primeros ministros yo iba todos los días al premierato, a las oficinas. ¿Cómo hacía? Entraba con un vehículo, entraba a la cochera esa, se cierra la cochera y de frente entraba al despacho y ahí conversaba. Y nunca nadie se ha enterado que yo iba a hablar con el señor Pandolfi. Nadie ¿por qué? Porque el núcleo que estaba, el interior del núcleo, muy cerrado, un núcleo de mucha convicción, entonces nunca se filtraba. Entonces, el señor Pandolfi tenía en mí una persona que conocía todo el aparato del Estado y lo ayudaba a que haga a una buena gestión.61 Poco antes, conversando con un asesor de Valle Riestra sobre los reclamos del Fiscal Aljovín para que le devuelvan facultades, dice que no se las retirará todavía a la Srta. Colán, porque se ha jugado por ellos. El señor Montesinos. Aljovín puede esperarse hasta diciembre, no pasa nada hasta diciembre. Y nosotros no podemos desestabilizar la maquinaria que está montada, esa maquinaria está montada y sobre eso hay que perfeccionarla, pero no es desmontarla también. Yo la engraso, las piezas las reengrano, el rompecabezas lo reestructuro y lo consolido y le doy un matiz, además democrático ¿no?, pero no desarmó las piezas de este cuadro. El señor Santander. Yo le digo, en primer lugar, quiero agradecerle, por la magistral clase de cómo se debe manejar el estado de política […]62 Este cuarto círculo irá mostrando en la investigación operadores políticos de distintos niveles, utilizados en grados distintos. Hoy pesa mucho en la imagen de corrupción lo que cada uno haya cobrado dentro y fuera de la ley, pero la lógica mafiosa existió y se basó en claudicaciones de varios tipos, ciertamente de los principios democráticos, aunque estos se aflojaron siempre en la cúspide del poder, por el peso de la lógica autoritaria muy interiorizada en nuestra experiencia republicana. Cuesta mucho ver en estos diálogos a figuras que significaron bastante en la democracia precedente. Ni el brillo personal fue capaz de frenar el apetito frente a lo más fatuo del poder, a la ocupación de cargos sin margen de juego para definir el curso político. Así, el Dr. Valle Riestra se presentó ante el 61 62

Congreso de la República. Transcripción de los videos 910 y 911: Montesinos-Valle Riestra. Junio 15 de 1998. Congreso de la República. Transcripción del video 907: Montesinos Santander. Junio 13 de 1998.

Congreso a repetir que era enemigo de la reelección mientras ejercía el premierato de un gobierno que solo buscaba eso, por las buenas y por las malas.63

IV LA DEMOCRACIA QUE RECIBIMOS Y LA QUE PODRÍAMOS CONSTRUIR En la última parte integramos una mirada teórico académica con la propuesta política. En el capítulo 9 reflexionamos sobre la antipolítica y la transición a la democracia que se inició en el año 2000, planteamos algunas precisiones teóricas sobre la transición y diagnosticamos la situación actual. En el capítulo 10, esbozamos a modo de conclusión, reflexiones sobre toda la investigación así como algunas propuestas políticas que buscan que la historia no se repita. La transición a la democracia luego de la década de la antipolítica, de la que habla Degregori, es un proceso complejo en el que aún estamos inmersos. Recurriendo a Robert Dahl, afirmamos que tendría que ser una poliarquía el punto de llegada de la transición y planteamos algunos requisitos para que culmine exitosamente. El primero de ellos es lograr ir más allá de las elecciones logrando un pacto o acuerdo originado en una coalición democratizadora que se desplace hacia los partidos democráticos; el segundo, la capacidad de desarrollar métodos democráticos; el tercero lo constituyen las elecciones libres, el acceso a los medios de comunicación y la libertad de expresión; el cuarto, esfuerzos concretos para reconstruir la institucionalidad; el quinto, la reforma militar como condición para que la transición no fracase en el Perú aun no concluye, porque falta remontar estos elementos decisivos. Tomando en cuenta las dificultades de la transición, proponemos algunas ideas sobre lo que debería ser la democracia en el Perú del siglo XIX, así como sobre la importancia de lograr una reforma constitucional de consenso; sin dejar de señalar que existen limites que nos impone el neoliberalismo y la globalización, que es necesario superar a través de la concertación, participación, y la revisión de los esquemas y modelos económicos. Capítulo 9 PARA REPENSAR LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Carlos Iván Degregori, refiriéndose a los días en que comenzaba la transición se preguntaba ¿por qué esta persistente incertidumbre política? Y la respuesta da el título a su libro.

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Lo llamé «un premier virtual» tras su exposición para el voto de investidura. Todo lo que ofrecía contradecía lo que venía ocurriendo. Véase en Así se destruyó el Estado de derecho, p. 83.

Porque esta ha sido la década de la antipolítica. Y la antipolítica es efímera como la antimateria, volátil como el alcohol y potencialmente explosiva como la nitroglicerina. Solo puede subsistir con el balón de oxígeno que le proporcionan los «poderes fácticos», externos al sistema político que la antipolítica aborrece y busca demoler. Lynch define la antipolítica como un conjunto de discursos y prácticas que satanizan la política como actividad pública e institucionalizada y pretenden su reemplazo por mecanismos «naturales» como el mercado, cuya vigilancia está a cargo de técnicos que brindan soluciones prácticas a problemas específicos. Esta satanización tiene como blanco principal los partidos y busca reemplazarlos por un outsider, un independiente incontaminado por cualquier compromiso político previo, que desarrolla un liderazgo salvador de carácter plebiscitario y una representación simbólica, buscando la identificación directa de la población con el líder, sin la intermediación de instituciones. Esta identificación directa crea una ilusión de participación en un contexto de crisis en el cual las diferenciaciones clasistas parecen diluirse, las identidades pierden consistencia y las representaciones políticas colapsan.1 La antipolítica Aún no salimos de la antipolítica y hace casi dos años de la huida de Fujimori. Es que una década pesa y si este contenido tiene antecedentes se enraíza. Desde la moda neoliberal se ha impulsado la antipolítica en los 90, porque el dios mercado lo puede todo. Pero esta corriente se entrelaza con la visión antipartido que viene militante desde el discurso oligárquico, al que se añadió, desde fines de los 60, el encendido discurso del velasquismo reformador, también antipartido, y que tuvo en Fujimori un promotor con palabras y hechos macizos. Por eso, antes de retomar el tema de la transición a la democracia ha de examinarse la hondura que tiene una cultura política autoritaria que no se va a cambiar de un día para otro. La década de los 90 ha sido el tiempo de los tecnócratas. Su discurso se impuso sobre el de la política. Los voceros de los bancos de inversión reemplazan en los medios a los analistas políticos. Sus amenazas que anuncian que «aumentará el riesgo país», constituyen santa palabra para ministros y congresistas chantajeados, porque sin el gran capital nada es posible según parece. Toda crítica y toda alternativa a lo que presionan los organismos multilaterales son calificadas de populistas, aunque años después los mismos forjadores del llamado «consenso de Washington» las admitan, como han debido hacerlo frenando las tesis del Estado mínimo para reclamar ahora el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Por eso, hoy son débiles los actores de la transición. Quines se amoldaron a la lógica tecnocrática no salen de ella y no obtienen respuestas. Sus recetas se estrellan contra ciudadanos de carne y hueso que ahora sí salen a la calle y protestan. Se van quedando sin discurso pero insisten en el chantaje. No es casual que lo mismo ocurra con gremios empresariales que todavía no perciben claramente cómo recurrir al «interés general» para legitimarse y se limitan a reclamar en función del interés propio, desnudez que los aísla y que se refleja 1

Degregori, Carlos Iván. La década de la antipolítica. Lima: IEP, 2000, pp. 19-20

incluso en el debate constitucional cuando su opción por una Asamblea Constituyente los iguala con la extrema izquierda Patria Roja, con el absurdo de imaginar que ese camino mantendrá la Constitución fujimorista tal y como está.2 Pero también hay debilidad en los actores propiamente políticos, los que no se avergüenzan de serlo ni repiten como los parlamentarios del fujimorismo que son «técnicos», que por un breve tiempo se encuentran en el Parlamento. La experiencia es escasa, son muchos años durante el siglo XX en que se puso entre paréntesis el régimen democrático. Ase accede a los más altos cargos públicos sin haber sido siquiera concejal en un distrito, se confunden logros profesionales y tecnocráticos con antecedentes para el ejercicio de la función pública. Los partidos están compuestos por personas que en la mayoría de los casos quieren ser burócratas si ganan las elecciones, no enfatizan el rol articulador y cohesionador de la política, ni la práctica en la organización partidaria. El cargo público es el objetivo, no el poder político que, en democracia, se vincula con la organización y el activismo políticos, con la construcción de liderazgo, con la búsqueda de consensos y la articulación de propuestas. Los recientes acontecimientos en Arequipa3 deben hacer recordar la enorme diferencia que existe entre la política como arte de conducir seres humanos hacia objetivos y la burocracia o tecnocracia como administración de las cosas. Hoy la antipolítica sigue presente en las anteojeras que primaron, al comenzar los acontecimientos, dejando de lado todo lo que fuera un análisis de por qué el pueblo está contra la privatización para reemplazarlo por los temores a las «malas señales» que a los inversionistas transmitiría una postergación o la terrible subida del «riesgo país», que significaría suspender la privatización ante la reacción violenta y colérica del pueblo. ¿Es que la violencia y el caos no espantan al inversionista? Ni en su propia lógica se encuentran racionalidad. Hay ausencia de debate propiamente político, olvido de que la política no sobre viven solo sobre la base de la coerción, que las sociedades modernas implican construcción de hegemonía y consenso. La transición tiene que abordarse desde de la critica a la cultura política tecnocrática afianzada por sucesivos regimenes autoritaria e impulsada por el neoliberalismo criollo. La transición a la democracia: precisiones En los capítulos 1 y 2 trabajamos la transición desde el regimenes militar de los 70. La definición de O’Donnell y Schmitter viéndola como el intervalo que lleva de un régimen autoritario «hacia alguna otra cosa» no nos satisface, porque lleva a tratar todos sus problemas como parte de la fase de consolidación democrática. Esa experiencia nos instalo en un régimen mas abierto, si, con elecciones y dos gobiernos constitucionales sucesivos, pero tenia en el propio proceso de transición los limites del intacto poder militar (democracia tutelada, capitulo 1) y la debilidad estructural y crisis de los partidos políticos (explicada en el Capitulo 2), que nos llevaron al autogolpe del 5 de abril. No afirmamos que ese resultado fuera 2

Véase cartas de COFIEP, SNI y Cámara de Comercio de Lima a la Comisión de Constitución, en la página web del Congreso. 3 Me refiero al cuasi levantamiento popular de junio de 2002 que rechazaba la privatización de dos empresas eléctricas en la ciudad de Arequipa, extendido a casi todo el sur del Perú.

«inevitable» ni que la historia estuviera previamente escrita, claro que hubo márgenes de libertad para los actores, pero estos ni son absolutos ni deben hacernos olvidar las limitaciones estructurales enraizadas en ese proceso de transición: la debilidad e inadaptación de los partidos, su polarización, la ausencia de pactos o acuerdos, la prioridad de la política vista solo como acción burocrático-estatal, el peso de las Fuerzas Armadas como un Estado dentro del Estado, su poder creciente ante el terrorismo, solo por listar algunos limites que no provenían mecánicamente de la economía, en crisis desde 1975 al agotarse el patrón de desarrollo de toda una época. Esta transición que se abrió en 1978 se origino en el conflicto creciente que existía dentro de la propia cúpula militar y en la movilización popular masiva. Los militares condujeron con mano firme acordando sus términos con partidos del orden que no pudieron imponerse a los militares ni negociar sino simplemente recibir el encargo y derrotar juntos la movilización popular. Aceptaron la cuota de poder que los militares exigían y ni siquiera pactaron entre ellos. Los partidos fueron a la polarización en poco tiempo. La Carta de 1979 es vista hoy como mas consensúales que la de 1993, porque esta se dio con la mayoría del régimen autoritario encima, pero solo votaron la de 1979 dos de los partidos: el 30% d la Asamblea Constituyente que eran los grupos de izquierda no la firmo y Acción Popular, el partido que gano las elecciones y el gobierno de 1980, se abstuvo de participar en la Asamblea Constituyente. En la resultante, el peso militar fue creciendo y los partidos se desprestigiaron rápidamente. Un «outsider», en 1992, tras recomponer la cúpula militar, volvió a sacarnos del régimen democrático que bajo tutela militar reemplazó al gobierno de facto; lo hizo en medio de la pasividad de la ciudadanía, que rápidamente volteó la cara a los partidos en crisis. Las elecciones limpias y el cambio de gobierno, luego del gobierno autoritario, no son en nuestro concepto el punto de llegada de la transición. Está, la transición, en el cambio recorrido hasta las elecciones y en un tiempo adicional, de más de un período tras estas, en el cual debe lograr un mínimo de funcionamiento de la institucionalidad democrática. Lo primero es que exista aunque fuere embrionariamente un sistema de partidos que se compre el pleito de la transición. Puede partir de la coalición democratizadora que se origina desde el régimen autoritario o tener ya algunos cambios respecto de esa. Pero supone un conjunto de pactos para gobernar de otra manera, no solo para llegar a las elecciones. Algo similar tiene que haber en la institucionalidad estatal: bases mínimas para la accountability horizontal y vertical, así como pacto y/o reducción del peso político de los poderes fácticos siempre exacerbado en regímenes autoritarios. De no ser así, valdría entender que nos pasaremos mucho tiempo hablando de transiciones hacia lo mismo. Samuel Huntington, en La tercera ola, se plantea estos problemas como parte de la consolidación de la democracia y sostiene que […] una democracia puede considerarse consolidada si el partido o grupo que toma el poder en las primeras elecciones de la época de la transición pierde las siguientes y entrega el poder a los ganadores y si después estos últimos entregan pacíficamente el poder a los ganadores de las siguientes elecciones. La selección de los gobernantes a través de elecciones es el

núcleo de la democracia y esta solo es real si los gobernantes están dispuestos a entregar el poder como resultado de las elecciones.4 Aplicando esta definición, la democracia peruana habría estado consolidada en 1990, porque el presidente Belaúnde entregó el poder recibido en 1980 de los militares al presidente Alan García en 1985 y este lo entregó a Fujimori en 1990. Pero en el acto comenzó el proceso que llevó al autogolpe del 5 de abril y el régimen autoritario no volvió al militarismo institucional de los 60 y 70, sino a otro tipo de régimen autoritario civil militar que siguió celebrando elecciones. Examinar su transición y la anterior exige precisiones, pues en este largo proceso se encuentran las debilidades que desvían de su curso la transición a la democracia. Huntington se refiere a Fujimori como una reacción del desencanto que surge cuando los partidos diferentes entre sí pactan para hacer gobernable la transición y sus bases se desilusionan. Eso solo se puede afirmar para esta experiencia desde muy lejos de lo que ocurrió en el polarizado Perú de los 80, porque en la comparación de tantos procesos diferentes que estudia Huntington se pierden detalles fundamentales. El desencanto que tantos han analizado en los períodos de consolidación no explica a Fujimori ni a lo que ocurrió en los 90. Como en esta materia hay que mantenerse dentro del minimalismo, recurro a Robert Dahl y a su definición de poliarquía el punto de llegada de una transición. Dahl define las poliarquías como regímenes relativamente (pero no completamente) democráticos que (son) sistemas sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente abiertos al debate público. Enfatiza la existencia de oposición (debate público y lucha política) y la capacidad de representación (número de personas facultadas para participar, en un plano de menos a mayor igualdad, en el debate público).5 Lamentablemente la transición a la democracia en el Perú, que se llevó a cabo en los 80, no tuvo como punto de llegada una poliarquía con las características descritas, sino lo que O’Donnell llama «democracia delegativa», a la cual agrego como elemento esencial la tutela militar desde ese poder fáctico que se dejó intacto. Dahl llega al concepto de poliarquía luego de hacer una reflexión sobre la democracia: […] el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su actitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos […]. Esta definición ideal de democracia puede servir como sistema hipotético en el extremo de la escala, o en el límite de un estado de cosas, puede servir […] a modo de fiel contraste como valorar el grado de aproximación de distintos sistemas al ideal teórico […].6 Siguiendo esta reflexión, señala tres condiciones fundamentales, aunque no suficientes, para la existencia de la democracia: 4 5 6

Huntington, Samuel P. La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX. Barcelona: Paidós, p. 239. Dahl, Robert. La poliarquía, participación y oposición. Madrid: Tecnos, 1989. Ib., p. 13.

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Formular sus preferencias. Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante e gobierno, individual y colectivamente. Recibir por parte del gobierno igualdad de trato, es decir, este no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales preferencias.

Para que se den estas tres condiciones, las instituciones sociales deben garantizar cuando menos las ocho cláusulas que vienen a continuación: 1. 2. 3. 4. 5.

Libertad de asociación Libertad de expresión Libertad de voto Elegibilidad para el servicio público Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo 6. Diversidad de fuentes de información 7. Elecciones libres e imparciales 8. Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependan de los votos y demás formas de expresar las preferencias7 Dahl se da cuenta de que estas ocho cláusulas garantizarían solo una de las vertientes de la poliarquía que es el «debate público» o «liberalización», más no la «capacidad de representación»; es por ello que plantea el concepto de poliarquía, el que integraría ambas vertientes. Aun si tomamos solo estos ocho caracteres, es decir solo el «debate publico», tendría que significar la existencia de un mínimo de sistema de partidos para viabilizar oposición y debate de junto con mínimos de gobernabilidad de libertad de prensa par aun amplio espectro no lo que caracterizo el acceso a los medios en el fujimorismo e incluso antes y elecciones libres. Si estos tres componentes se dan, los poderes facticos quedan limitados y es posible la negación con ellos dentro de límites más amplios, pero se requiere por la realidad aquí precedente que el poder político de los militares sea drásticamente reducido. Estas poliarquías pueden ser, pues, caminos de ida y vuelta, sobre todo por la contribución del neoliberalismo al establecimiento de democracias delegativas; de allí se esta mas cerca de regimenes autoritarios que de las democracias. Me refiero a que la transición precedente la que culmina en 1980 para los autores citados supuso una cuestión previa, ciudadanía de mayor intensidad, fruto de las reformas del gobierno militar que significa democratización social y política: la eliminación de la servidumbre, la conformación de ciudades donde todas las sangres se mezclan y las toman, en las calles (ambulantes) y en los pueblos jóvenes (invasores y migrantes). Y, mientras tanto la reforma neoliberal ha confirmado fragmentando socialmente una «ciudadanía de baja intensidad», que corresponde con una realidad social de extrema pobreza que contribuye mas a lo que O’Donnell denomina democracia delegativas. Esto también debe estar presente en el examen de la transición y sus requisitos. 7

Ib., p.15.

El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de trascender las elecciones y es el pacto o acuerdo que se origina en la coalición democratizadora y que se va desplazando hacia los partidos democráticos. Estos, siempre afectados durante el régimen autoritario, deben volver a ser los protagonistas del cambio, en este caso, de la transición y la consolidación. Si solo lo son algunos individuos o personalidad con entorno, como abundan en el caso peruano, la transición es precaria. El segundo corresponde a la capacidad de desarrollo métodos democráticos. ¿Cómo se hicieron las democracias? Se pregunta Huntington Se hicieron por medio de los métodos democráticos; no había otro camino. Se hicieron a través de negociaciones, compromisos y acuerdos. Se hicieron a través de manifestaciones, campañas y elecciones y a través de la resolución pacifica de diferencias. Las hicieron los líderes políticos en los gobiernos y la oposición, los que tuvieron el coraje tanto de subvertir el sistema como de subordinar los intereses inmediatos de sus seguidores a las necesidades a largo plazo de la democracia.8 Es decir esa coalición es el embrión de un sistema de partidos reconstruidos que cambia la confrontación por la negociación y se aleja de la violencia y la mecánica imposición, del maximalismo y la exclusión. El tercero se encuentra entra las ocho condiciones de Dahl, ubicadles en el objetivo de la transición, que desde las primera elecciones tienen que lograr una presencia progresiva pero con firmes avances. Desde la experiencia peruana las elecciones limpias, acceder a los medios de comunicación capturados, poder expresarse, constituyen un paso aun incompleto, porque sigue distorsionado la coyuntura política un conjunto de influyentes medios que compro la mafia y que impactan provocando crisis en medio del gobierno inicial. Pero en la institucionalidad que se reconstruye existen elementos por precisar. Sistema de partidos y partidos renovados no es simplemente un conjunto de siglas con clientela detrás o un líder con entorno, que es lo que bajo el nombre de movimientos o agrupaciones independientes el fujimorismo permitió o propicio. Organización y anclaje social es cuestión elemental para que no devengan en estructuras incapaces de canalizar participación ciudadana y sena rebasadas por «frentes» o movilizaciones espontáneas que radicalizan y presionan por fuera de todo pacto posible. Y en la experiencia de dos crisis, transición frustrada la primera y transición con mas interrogantes que certeza la actual, el centralismo va tocando a su fin y requiere como condición de gobernabilidad los primero pasos descentralistas si no se requiere vivir entre sobresaltos, con intermitentes paros regionales y la violencia a flor de piel. En estos elementos de institucionalidad por construir, encontramos el cuarto requisito, no postergable, de la transición. Del avance de los partidos en la sociedad, de su propia democratización, y de la efectiva descentralización dependerá también el funcionamiento de los órganos que expresan los pesos y contrapesos y la capacidad de control horizontal, eso que en forma intraducible pero comprensible se denomina también 8

Huntington, Samuel P. Op, cit., pp. 153-154.

accountability horizontal. Esta funcionara en una sociedad como la nuestra en medio de la revolución de las comunicaciones, «en tiempo real», como hoy decimos, solo si la accountability vertical se posibilita con canales complementarios de democracia, pero constato que los ocho requisitos tienes en el siglo XXI velocidad diferentes y mas complejas por la velocidad de las comunicaciones, por el cuestionamiento fácil y rápido de los liderazgo, porque en esta sociedad y en casi todas, se cuestiona rápidamente la representación, en particular si son tan escasos los logros materiales económicos que puede brindar. Los amortiguadores con que las democracias avanzadas cuentan, en dos tercios del mundo no existen. ¿Podría funcionar la democracia europea sin lo mucho que invierten en seguridad social para todos? Aquí no hay eso, aquí los latinoamericanos hemos remitido en cinco años al primer mundo mas de lo que el famoso Plan Marshall invirtió en la reconstrucción de las ciudades europeas de las postguerra. Pongamos la deuda como antes enviamos el oro de las Indias, sin haber recibido una inversión proporcional. La cuarta parte del presupuesto se va en ese pago por dinero que llego solo en pequeña parte pues su crecimiento en por subida de intereses en la refinanciaciones.9 La política se desestabiliza rápidamente, pero la participación juega en sentido contrario; es un amortiguador que, en lo inmediato, permite negociar y, en más largos plazos, cambia el curso económico obligando a compartir, por lo menos. Pero a diferencia de las transiciones analizadas en la tercera ola por Huntington y no por voluntarismo, constatamos que hoy es posible. Este es el quinto requisito. No significa acabar con los militares no con instituciones que todos los peruanos queremos respetamos. Significativa convertirlas en brazos de la democracia y no en aparatos alternativos a ella. O se hace hoy, en esta coyuntura, o será difícil encontrar otra igual. Aquí la experiencia vivida vale pero no solo como una momento de corrupción que causa vergüenza a esa legión de patriotas que visten uniforme, a quienes se les ha tratado como una sociedad al margen de la sociedad desconociéndoles ciudadanía y convirtiéndolos en candidatos a pretores. En ellos hay valores que son fundamentales si con su participación se democratiza el Estado. No es la insistencia en la no deliberancia, sino la formación cívica en democracia, con voto y carriles abiertos. ¿Por qué pensar de otra manera si el héroe que ocupa el primer lugar en el corazón de los peruanos, el almirante Miguel Grau, fue diputado por Piura y luego regreso a servir a la Armada hasta inmolarse por los peruanos? Su figura no tuvo nada de golpista ni le animo participar de la lucha entre caudillos militares que hubo en su tiempo. La reforma militar es condición para que la transición no fracase. 2000, 2001 y 2002. ¿Transición por colapso o evolutiva? En este y todos mis trabajos la atención esta puesta en el proceso político peruano. Quisiera que sirva al análisis comparado y a sus conceptos. Tomo notas 9

Hinkelammert, Franz. «La deuda externa de América Central en el contexto de la deuda externa de América Latina». En deuda externa y cooperación internacional. Paris Harmattan ediciones, 1989. también se desarrolla para América Latina en un excelente texto del embajador peruanos Carlos Alzadora, la Capitulación de América Latina Lima: Fondo de Cultura Económica, 1998.

en esa dirección. Pero vacación y voluntad se dirige primero a explicar este Perú y el de ayer. Considero legítimo hacer ciencia social así. Para entender y explicar lo que un vive y ama, con requisitos que exigen analizar y tomar distancia, con riesgo de no tomarla. Leí varias veces en Weber su distinción radical entre el científico y el político. No estoy de acuerdo, uno también nutre al otro y no es una casualidad que trabajo esto en el momento en que ejerzo dos cargos políticos importantes que me exigen mucho. A nadie recomiendo esta combinación ni otra porque cada uno construye la suya, pero la vivo con gusto y no tengo otra definición del científico que la de un estudiante que acumula reflexión de años en medio de experiencias aplicadas, fuera de una torre de marfil, y la del político como un actor que reflexiona sobre lo que obra, para ser capaz de obrar con profundidad y no limitarse a la prédica fatua. En este trabajo tratamos más sobre la transición desde el gobierno militar de los 70 que sobre la actual transición. No es indispensable hacerlo pero sí es preciso anotar algunos rasgos para que lo planteado en los últimos capítulos arribe a conclusiones buscando que la historia no se repita. Tomaré como base un texto reciente de Sinesio López con quien ya he coincidido en puntos importantes respecto a la caracterización.10 La transición del 2000 [...] se inició con el proceso electoral nada limpio, justo ni competitivo a través del cual Fujimori buscaba perpetuarse en el poder. Con mas precisión la transición empezó en la fecha de la primera vuelta electoral (8 de abril del 2000) cuyos resultados obligaron a una segunda ronda electoral resistida por las fuerzas del gobierno, impulsada por la oposición y apoyada por los principales países desarrollados, algunos de los cuales habían respaldado anteriormente al gobierno de Fujimori. A partir de esa fecha la coalición social y política del gobierno autoritario se fracturó, (La Cámara de Comercio de Lima y la SNI retiraron su apoyo al gobierno, la CONFIEP mantenía su respaldo y los sectores de la Iglesia que apoyaban al gobierno Cardenal Cipriani denunciaron el poder oculto de Montesinos). No existió una coalición democratizadora que comprometiera algunas fuerzas del gobierno y de la oposición con la transición democrática sino que esta era impulsada por la oposición política, por la sociedad civil autónoma y por los ciudadanos efectivos y era resistida por las fuerzas políticas del gobierno (NM-C90, la cúpula militar, el SIN, sectores empresariales) y por las organizaciones sociales de base que habían sido colonizadas por la política social del fujimorismo.11 Hay que ir más lejos y revisar el camino hacia atrás. Un proceso sostenido de deslegitimación ocurre casi desde las elecciones de abril de 1995, ganadas en medio de una guerra con Ecuador, que luego se vio había sido perdida. Poco después de esas elecciones, para las cuales se expandió el gasto publico en pequeñas obras de manera el «efantiásica», el ministro Jorge Camet advirtió que la economía «se había recalentado» y «nos metió en la congeladora» hasta el 10

López Jiménez, Sinesio. «Perú 2000-2001: la transición democrática y el gobierno de transición». En: Las Tareas de la Transición Democrática. Lima: CAJ, 2001. 11 Ib., pp. 61-62

2000. Eso fue sintiéndose día a día por trabajadores, desocupados e informales, por cierto también por muchos empresarios. Pero desde que el fujimorismo opta por la segunda reelección «a la fuerza», comienza un camino de deslegitimación progresiva. Hitos de este proceso son la ley de «interpretación autentica de la Constitución», que para pocos fue autentica, la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional y las comisiones interventoras del Poder Judicial y el Ministerio Publico. En medio de una sociedad adormecida, que consagro a Fujimori desde la pasividad de las masas, miles de estudiantes salieron a las calles a protestar por la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Increíble y sin antecedentes, porque antes, en esos predios, la democracia «formal» se despreciaba. En este proceso se va constituyendo la Oposición Democrática. Comenzamos actuando juntos dentro y fuera del Parlamento durante el CCD. Unos y otros peleamos por el NO en el referéndum de la Constitución y casi ganamos. Fuerzas debilísimas, no solo por la crisis de los partidos, sino por la campaña fujimorista desde el Estado contra ellas, para responsabilizarlas de todo lo malo. Una persona jugo un rol singular: Gustavo Mohme, desde 1992 en forma indesmallable. Dueño y director del diario La Republica, senador 1985-1992 por Izquierda Unida y congresista en 1995 por la UPP, que formo Javier Pérez de Cuellar, catalizo desde el golpe de 1992 la voluntad opositora al fujimorismo promoviendo la coordinación de los actores dispersos y la unidad de la oposición democrática. En el Congreso 1995-2000 se fue constituyendo 13 Oposición Democrática, con muchas dificultades. Primaban las particularidades, los independientes, los «antis»..., pero lo que se tenía al frente era macizo, autoritario, sistemáticamente abusivo. No ganaron los que buscaban excluir por la razón que fuera. Paso a paso, con mil conflictos y prejuicios, la razón se imponía en dirección a la unidad. Así se fueron tejiendo relaciones que en torno de las elecciones del 2000 cuajaron en una actuación concertada. EI acuerdo de gobernabilidad que firmamos fue obra de este proceso, lograda por la sabia terquedad de Gustavo Mohme. Las fuerzas que firmábamos salvo el partido aprista, Acción Popular y el PPC éramos movimientos que apenas podían catalogarse como personalidades con entorno. Las particularidades se evidenciaron en el momento de la firma pero se hizo, y aseguramos que apoyaríamos al que gane en primera vuelta. Toledo lo hizo y asumió el liderazgo sin dudas ni vacilaciones. De la jornada electoral traumática con resultados que mostraban diáfanamente la manipulación surgió la acción común. Viajamos ala OEA en Windsor, Canada, Lourdes flores, Anel Townsend, Diego Garda Sayan y yo, en ese momento parlamentario de la Oposición Democrática. Hacer «lobby» por el Perú de verdad, contra el canciller Fernando de Trazegnies y sus acompañantes. Recibimos el apoyo fraterno de algunos -el canciller argentino, lo recuerdo y la frialdad congelante de otros, pero abriendo brecha para que la región y luego el mundo cuestionen al autócrata. Nos basábamos en el informe de Stein, brillante ex canciller guatemalteco que observo con imparcialidad las elecciones y a quien en esa Asamblea algunos querían vapulear. Que pena me dio la delegación de nuestro colega el presidente Cardoso de Brasil. ¡Que farsa en que terminan los valores democráticos a la hora del realismo político!

La decisión crucial correspondi6 a Alejandro Toledo: decidió no concurrir a la segunda vuelta y con ello deslegitimo la elección de Fujimori. Las presiones fueron muchas, porque los EE.UU. y otros voceros preferían una transici6n evolutiva que resultaba muy difícil dado el poder acumulado. En medio se encontraba la gestión de la OEA pero frente a aquella había dos lecturas: quienes se aferraban a sus veintinueve puntos de agenda, liberalizadores pero con iniciativa y conducción fujimorístas y, de otra parte, quienes, aceptando los puntos, solo los Veíamos como un medio para llevar a una coyuntura definitoria cuanto antes. La Mesa de Dialogo de la OEA fue fruto de esa gestión. En ella la Oposición Democrática enfrento la dureza del régimen, que incluyo el chantaje abierto del ministro Alberto Bustamante para consagrar la impunidad de la mafia civil y militar. La resistencia unánime frente a una propuesta esencialmente corrupta y antidemocrática, deja aislado al gobierno. Previamente se dieron entrampes en el dialogo: la oposición exigió que los acuerdos fueran vinculantes, es decir, que se convirtieran automáticamente en ley del Congreso. Para ello firmábamos los congresistas presentes, de ambos lados, el proyecto de ley y lo votábamos en el pleno siguiente. Pero desde la accidentada ceremonia del 28 de julio, los parlamentarios sabíamos que estábamos en otra situación y se definió desde entonces la «huelga parlamentaria»: nos retiramos de la juramentación y fuimos salvo uno del PPC y otro de Somos Perú a la marcha de los Cuatro suyos, donde fuimos agredidos por la Policía. Luego decidimos con el liderazgo de la bancada de Perú Posible que no iríamos a comisiones ni al pie no, salvo para votar lo que previamente se acordaba en la Mesa de Dialogo de la OEA. Esto tomo cuerpo cuando apareció el video que confirmaba nuestras denuncias: los tránsfugas eran cómpralos por la mafia. El video que difundió el FIM fue una estocada en la yugular del fujimorismo. La transición comenz6 el 8 de abril, porque allí el regimenes remeció, perdió apoyos y credibilidad. Pero el 16 de septiembre la vergüenza cubri6 los rostros de los fujimorístas al evidenciarse la actuación mafiosa de Montesinos y comprobarse la compra de congresistas tránsfugas. El proceso se hizo imparable. Algunos sectores tanto del gobierno como de la oposición y la OEA plantearon que la transición fuera evolutiva, esto es, dirigida por el propio Fujimori hasta la entrega del poder el 28 de julio del 2001 al candidato vencedor y otros, especialmente Toledo, plantearon que la transici6n fuera par colapso, es decir, que se nombrara un gobierno de coalición en reemplazo del gobierno autoritario de Fujimori. EI régimen colapso y fue reemplazado por el gobierno de transición de Valentín Paniagua cuando la revelación de las cuentas secretas de Montesinos, producto de una gigantesca y masiva corrupci6n institucionalizada, obligaron a Fujimori a huir del país y a renunciar par Internet a la Presidencia del Perú.12 Lourdes Flores y el embajador de los EE.UU. actuaron en la misma dirección: defender a Fujimori para que conduzca la transici6n. Toledo fue irreducible. Desde 12

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la plaza San Martín, ante la disyuntiva y después de recibir una de las llamadas c con que presionaba el diplomático, grite en el discurso a nombre de la UPP: «Fuera Fujimori de Palacio de Gobierno». Esa noche se sello con la mayor parte de la Oposición Democrática esa opción. En la transición fue importante el respeto de la Constitución. Desde la prensa, sectores de oposición con poca visión en la perspectiva reclamaban que los congresistas de oposición abandonaran el Congreso. Pero actuar en el momento preciso, desde la instancia representativa, era clave para el cambio a producir. La fuga encubierta en viaje oficial se produjo coincidentemente con la censura a la Presidenta del Congreso, Martha Hildebrandt. Valentín Paniagua fue elegido Presidente del Congreso ya con la convicción de que sería Presidente del Perú, constitucionalmente, por barrida previa de la plancha presidencial fujimorista. El Congreso, en estricta aplicación de la Constitución, declaro la vacancia por «incapacidad moral» del fugitivo Alberto Fujimori, el segundo mandatario que en momentos difíciles huye del país en la historia peruana. Solo un dictador, en la infausta guerra con Chile, sirve como antecedente a este caso. Hay que recordar los problemas de Fujimori desde el momento en que tras el video Kouri-Montesinos decidió separarse del siamés y sacado de escena; anuncio el adelanto de elecciones Y demando obediencia a los suyos. Pero la barca comenzó hundirse: desobediencias, murmuraciones y conflicto en los cuarteles. Porque la corrupción había tocado a muchos y jugaba la hora del miedo. Perdió gobernabilidad desde el primer momento. No hay que olvidar aquí que los vladivideos mostraron después que Montesinos, dos anos antes, jugaba con la hipótesis de cambiar a Fujimori por Boloña. Usaba un método de los estados mayores castrenses, el escenario alternativo, pero en 1998 ya concertaba con los mandos en esa dirección, y lo informo hasta al banquero Dionisio Romero, según su video. Así fuera una simple hipótesis, sobre ese tema se articulo para aplicarlo si se producía un determinado escenario. Los siameses pues ya tendían a enfrentarse. La resultante con las payasadas de la persecución policial a Montesinos una vez que regreso muestra que la coalición mafiosa se quebró allí. Todo este proceso fue impulsado y animado desde la sociedad por ciudadanos efectivos que con mínima organización lavaban la bandera y manifestaban su protesta de diversas formas. Les diremos ciudadanos efectivos y articularon con la Oposición Democrática: lavaron la bandera nacional en la Plaza Mayor casi a diario. Se movilizaron de mil maneras. La protesta ciudadana era epidérmica y fácilmente salta a la luz. No pienso, como Sinesio López, que la transici6n radicaba en la calle, pero este espacio fue muy importante antes y después de la marcha de los Cuatro suyos, el evento central Se actuó en varios pianos y fue impecable la acción en el Congreso que dominaban los fujimorístas, por la permanente iniciativa de la oposición. En la transición se evidencia la debilidad de los partidos pero estos al unificarse en la Oposición Democrática lograron ser interlocutores y contribuyeron a dirigir los acontecimientos. En la transición anterior, de 1980, no tenían fuerza y pactaron los términos que demandaban los militares. En esta no tenían individualmente fuerza pero la lograron en términos relativos al constituir la Oposición Democrática y actuar juntos. No hubo pacto con el gobierno o el gobernante. La transición evolutiva solo cabía en los planes de una parte de la

Oposición Democrática, porque había experiencia de la dificultad negociadora del fujimorismo. No fue evolutiva: la negativa de Toledo a la segunda vuelta, la marcha de los Cuatro suyos y el video que los delata, lo impidieron. La ruptura de la coalición mafiosa (Fujimori- Montesinos a la cabeza) llevo al colapso. Eso tiene que ver con lo que esta dupla fue en todo el periodo: un eje de poder que articulo las partes y les dio viabilidad. Es muy difícil, pues, coincidir con la perspectiva del análisis que realiza Martín Tanaka. Para el, la caída del régimen no puede deducirse o explicarse «por la intervención de actores sociales y políticos internos, bastante débiles». 13 Lo ocurrido en las elecciones, los conflictos postelectorales y el déficit de legitimidad solo serian elementos contextuales. Tanaka explica la caída del régimen desde la lógica del poder y por ello da el peso principal a los factores externos. Yo sostengo que la carda se debe principalmente a factores externos (donde la intervención de los Estados Unidos ha sido decisiva), que precipitaron contradicciones internas del régimen [...].14 Es impresionante ver como un fujimorismo tan fuerte pudo colapsar de una manera tan rápida, inesperada y estrepitosa. Ello fue posible porque, como vimos, el fujimorismo fue siempre una coalición de intereses heterogéneos y altamente dependientes de poderes personalizados, articulados gracias al acceso al clientelismo. Cava porque factores externos desencadenaron contradicciones internas. Carda la cabeza, se desmorono todo el cuerpo [...]15 Tanaka fundamenta esto en la conferencia de prensa del 21 de agosto en la que, por iniciativa de Fujimori y Montesinos, estos anuncian que han desbaratado una red de traficantes de armas que vendían a las FARC de Colombia, a partir de lo cual se sostuvo que tras eso se hallaban altos mandos militares y Montesinos, lo que desencadeno la presión de los EE.UU. para sacar a Montesinos dado que contradecía abiertamente los intereses de esa potencia en la región. Esta evaluación apuesta todo a un solo factor y desaparece lo que fue gestión previa desde antes del 9 de abril en la actuación dentro y fuerza del país de la Oposición Democrática, así como lo que fue su actuación antes y después de las elecciones, así como las iniciativas desde una multiplicidad de acto res e instituciones locales, incluida la prensa, por ejemplo, en las tempranas denuncias de El Comercio y Canal N sobre las firmas falsificadas del fujimorismo. Allí se trabajo mucho, desde varios actores, con esferas de poder en los EE.UU. y otros gobiernos de la región y en la Comunidad Europea. Además de toda la actuación de la Oposición Democrática en la primera vuelta de las elecciones y en particular tras estas, desde el 8 de abril, que es imposible calificar solo como contextual, pues movilizo mucho aquí y afuera. Es evidente que la misión de la OEA y la mesa de dialogo vinieron como consecuencia de esa actuación la publica y la que se movió en 13

Tanaka, Martín. ¿Crónica de una muerte anunciada? «Determinismo, Voluntarismo, Actores y Poderes estructurales en el Perú 1980-2000". En Marcus Delgado, Jane y Martín Tanaka. Lecciones del final del fujimorismo La legitimidad presidencial y la acción política. Lima: lEP, 2001. 14 lb., p. 100. 15 lb., p. 103.

paralelo a la gestión del gobierno y cualquier analista desde los mismos EE.UU. podía ver la crisis en que devenía Fujimori desde la primera vuelta del proceso electoral. Aun si se creyera que la conferencia sobre las armas para las FARC o las dificultades con la DEA y otros que luego tiene Montesinos, incluso en su pretendido exilio, fueran iniciativa de los aparatos especializados de EE.UU. lo que es imposible en su racionalidad, esto equivale a juzgar que dentro de esta sociedad no hay fuerzas capaces de reemplazar normalmente al redimen. Muchas veces se cae en mecanicismos ya superados al evaluar la actuación de las potencias sin tener estos elementos en cuenta. Puede haber influido lo de las armas para las FARC pero como un acontecimiento mas, no como la clave del nudo, porque en ese análisis de Tanaka todo lo demás es simplemente contextual. Pero el gobierno de los Estados Unidos -con presiones desde su sociedad civil y desde los dos partidos que tiene jugo todo el tiempo en el esquema de la OEA: veintinueve medidas liberalizadoras con Fujimori en el poder, sin plaza para irse antes de la crisis del video y con plazo hasta concluir las nuevas elecciones después de la aparición del video KouriMontesinos. Este y no la conferencia de prensa sobre las FARC es el factor que lleva a la convocatoria a nuevas elecciones, y que anuncia el final de su mandato. Esto se explica por todo el proceso, no solo por el video: la densidad de los acontecimientos crea las condiciones de la coyuntura final y es cierto que por las ya señaladas características del régimen y los intereses de las partes, la caída será en picada. Pero los factores externos presentan mediaciones, que en este caso existieron en la acción interna y cuya iniciativa estuvo en ella y desde antes, sumándose los efectos y reforzándose mutuamente. Sin la fuerza que se puso en cada una de las decisiones centrales de la Oposición Democrática encabezada par Toledo y con reuniones diarias de los secretarios generales podrá haber sido otro el curso de los acontecimientos. EE.UU. apoyo a la Oposición Democrática en Windsor OEA y sus representantes habían recibido iniciativas desde la oposici6n democrática y desde su propia sociedad civil desde antes de las elecciones del 8 de abril. La misi6n Stein fue clave en eso, desde que llego y también actuó con información sobre el Departamento de Estado. Pero Estados Unidos en todo momento busco la liberalización dentro del régimen, sin plantearse nuevas elecciones después del 9 de abril. Luego del 16 de septiembre defendió que Fujimori condujera la transici6n hasta julio del 2001 y perdió, como perdieron Lourdes Flores y los que siguieron esta apuesta. Porque al lado, con firmeza, la mayor parte de la Oposición Democrática públicamente siguió el liderazgo de Toledo, firme desde que se negó a participar en la segunda vuelta, convocante de la marcha de los Cuatro Suyos y quien exigió, luego del 16 de septiembre, que abandone el poder Fujimori. Estados Unidos apoyo las gestiones para que dieran asilo a Montesinos en Panamá. Tanaka ve paradigmático el fracaso del primer intento de la oposición para censurar a la Directiva del Congreso y no lo es, porque su debilidad en ese escenario era conocida, no contaba con los votos para censurar si no los sacaba del fujimorismo o sus tránsfugas semiarrepentidos. Lo mismo pensaron algunos parlamentarios de oposición que pretendieron resistir la huelga parlamentaria y acusaron a sus líderes de convertir al Parlamento en mesa de partes de la OEA. Pero esa oposici6n era fuerte en otros escenarios, en la presión internacional esta

parte de su juego, en las calles con muchísimos actos que muestran al mundo la deslegitimación de Fujimori también. Por eso, el video final tuvo un impacto mortal y la sostenida movilización popular, que ni las amenazas ni el incendio montesinista del Banco de la Nación pudieron impedir, también. Esto no niega las grietas del fujimorismo, que también he señalado como Tanaka, pero es una evaluación más integral de lo ocurrido que no ve a un solo actor los EE.UU. como factor único y deja todo lo demás como contextual. Un admirable gobierno de transición condujo el proceso electoral con el presidente Paniagua al frente. Día a día aparecían los vladivideos que mostraban escenas de corrupción ya trabajadas en este texto. Los canales de televisión de la mafia seguían en sus manos, como ocurre ahora y no faltaron intentos audaces que fracasaron en cambiar la correlación de fuerzas. Pero con las elecciones se acabo la Oposición Democrática. La campana polarizo las fuerzas, porque esa era la única manera de hacer política que conocían los partidos. Pocas campanas electorales han sido tan agresivas y, ciertamente, Toledo lleva la peor parte en materia de ataques desde todos los flancos. La transición continúa Antes de un año, el gobierno elegido en abril del 2001 apenas tiene el quince por ciento de aprobación16 en las encuestas. Desde los primeros meses recibió el fuego cruzado desde todos los lados y la demanda inmediata de reposición por parte de miles de despedidos callados y desmovilizados durante el fujimorismo, de obras y puestos de trabajo de poblaciones pauperizadas en la década y es el blanco de casi todos los medios de comunicación, con la TV mayoritariamente en manos de los que recibieron dinero de Montesinos (sus dueños o están presos o han fugado pero varios siguen mandando) y varios diarios de la prensa subvencionada par este, todavía en pie. En sus primeros días se movilizaron las provincias del sur par el trazo de la carretera transoceánica no financiable en el corto plazo con movilizaciones y actos de violencia, exigiendo pronunciamiento y prioridad al gobierno. Hace pocos días Arequipa se rebelo contra la privatización de dos empresas eléctricas de cuya venta saldrían en parte los recursos para la represa de Angostura y por la que paralizaron su departamento meses atrás. Se enfrenta al gobierno desde todos los ángulos y par todos los motivos como si un despertar colérico correspondiera a la pasividad de las masas de casi toda la década de los 90. La gobernabilidad esta en cuestión y la duración del gobierno también. Un acucioso periodista se preguntaba en agosto del 2001, antes de un mes de gobierno, si Toledo tendría que ser reemplazado en poco tiempo. Todo vale, hasta la vida privada se usa para el ataque. Por supuesto que «se han marcado autogoles» y se nota la inexperiencia en el gobierno, así como debilidades y un aparato estatal que no funciona. Los operativos que pueden llegar a desestabilizar tienen lugar sobre la base de contradicciones y limitaciones reales del gobierno y del Estado que se ha recibido. Tras diez anos de antipolítica, llegan al gobierno políticos que no han tenido cargo ni de concejal de un distrito, juntamente con tecnócratas que confunden su 16

Al cerrar la edición, la popularidad del presidente Toledo llega al 26%.

rol y no entienden su diferencia con el rol político. No existe burocracia de alto nivel, además, alga de racismo hay en el ensañamiento contra Toledo y muy poca tolerancia. Los partidos de oposición creen que crecerán par la exhibición de las debilidades de Toledo y el gobierno. Sus iniciativas cubren todos los miedos y varias frustraciones. Ejemplo de las segundas es una dirigente Lourdes Flores muy capaz, pero que actúa resentida, como con despecho desde la campana electoral, culpando de todo a las promesas de Toledo, como si hubiera candidato sin promesas o si ella no las hubiera hecho. Defiende a uno de los canales de televisión de la Mafia en nombre de la libertad de prensa que ellos pervirtieron, y amenaza con retirarse del esfuerzo de concertación emprendido por Toledo si tocan a los dueños de ese canal. Ejemplo de miedos es el compartimiento del partido aprista frente al audio de Salomón Lerner G., al que presentan chantajeando a un montesinista que recibía dinero de Montesinos para atacar a la Oposición Democrática desde la prensa amarilla. Lerner, familiar de la comunidad judía con amistades comunes, aparece aconsejándole a Wofelson que no ataque al Presidente y es evidente que le tendieron una trampa. Que uno de los lideres del PAP se embarre en el manejo de esa denuncia, luego de ser actor central de la concertación con muy buen perfil, solo se explica como reacción al desenfado con que algunos aliados del gobierno plante an reabrir los juicios a Alan Garda par la matanza de los penales. Lo cierto es que si no hay concertación «de a verdad» y no se reconstruye lo que fue la Oposición Democrática, cualquier cosa puede pasar. Allí están dos esfuerzos, uno desde el Congreso y otro desde el Ejecutivo. En el primero se concertó una Mesa Directiva multipartidaria, la primera que se conoce en nuestra historia, sin nadie excluido. En el segundo se hizo un enorme esfuerzo de concertación de objetivos de largo plaza. Pero aunque la mayor parte de las leyes salieron por consenso en este periodo y esta casi concluido el trabajo de concertación del Ejecutivo, la política diaria es de confrontación y desgaste del adversario. Mientras tanto, los actores de la rebelión arequipeña no provienen principalmente de los partidos que intentan concertar y si se hubiera prolongado la crisis no hubieran podido canalizar una salida a través de estos. Unos provienen del fujimorismo, otros de la antigua izquierda, un caudillo local a la cabeza. Las incertidumbres propias de la transición no han terminado con las elecciones y el nuevo gobierno. No hay un sistema de partidos, si bien las Fuerzas Armadas están políticamente debilitadas y los ministros de defensa son civiles, avanza lenta la reforma militar. La mayor parte de la televisión de señal abierta e importante prensa del fujímontesinismo ataca ferozmente y nadie le puede poner un dedo encima en democracia. Gente que en cualquier parte del mundo estada ya entre rejas levanta el dedo acusador contra el gobierno en «defensa de la libertad de prensa». Un poder judicial lentísimo paquidérmico y atravesado por múltiples intereses procesa a los fujimorístas y no hay condenas importantes aun. Ninguno de los poderosos económicamente, comprometidos con el anterior régimen esta entre rejas. Siguen operando en gran parte los poderes facticos que fueron parte de la coalición dominante.

Hay pues razones para insistir que una transici6n tiene que remontar elementos más decisivos antes de entenderse concluida. Eso tiene que ver con los actores partidos democráticos que se fortalezcan y que no acepten pactar con el pasado con los poderes facticos y con las instituciones, en particular en la prensa y el aparato estatal en lo que tiene que ver con la descentralización y la gobernabilidad de un Estado fácil de aislar, con burocracia derruida y problemas que tienen que resolverse desde gobiernos regionales y no desde frentes de defensa y lucha en las calles. El manto de la antipolítica tiene que dar paso a cambios en la cultura democrática aquí precaria Capitulo 10 PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA Síntesis y conclusiones La democracia que cae el 5 de abril era una democracia bajo tutela militar y con partidos políticos apenas institucionalizados, muy polarizados y en muy débil sistema de relaciones. Con rasgos de democracia delegativa y poderes facticos sobredimensionados, en particular el militar, el régimen político rediseñado en la transición del decenio militar de los anos 70 no podía reclamar ni partidos sólidos ni institucionalidad política democrática afirmada en el Estado. Los partidos no fueron los protagonistas de la transición ni cambiaron la polarizacion previa para hacer espacio a los pactos y acuerdos que los fortalecieran. La larga debilidad estructural de los partidos y su práctico receso durante el gobierno militar acentuaban antiguas debilidades que se agudizaron en medio de una larga crisis económica y la violencia terrorista creciente en la década de los 80. La idea democrática apenas se afirmo como un método para elegir gobernantes y la debilidad de sus instituciones es evidente. La crisis de los partidos es una crisis de representación y de adecuación a la realidad. Las características de la coyuntura electoral de 1990 abril, ron paso a un «outsider» con poco apego a la democracia, que encontraría la viabilidad de su gobierno aliándose con los militares y los organismos multilaterales que requerían al Perú un cambio de rumbo económico y la aceptación de los reclamos de los acreedores en forma inmediata. 2. Fujimori desde la presidencia liquida los demás poderes y con, troles con el autogolpe del 5 de abril; tras la intervención de la OEA, se genera un régimen autoritario civil, militar que construye una coalición dominante que encabeza la dupla mafiosa Fujimori-Montesinos; y que integra a la cúpula militar recompuesta, los servicios de inteligencia con mando reunificado, grandes empresarios, los dueños de la televisión y parte de la prensa, tecnócratas que establecen la vinculación con los impulsores del Consenso de Washington, y un núcleo de operadores políticos que dirigido por la dupla penetra una a una las instituciones y poderes del Estado, articulando todo el poder en una sola mana y eliminando los controles, pesos y contrapesos. Así se desarrolla un esquema que es viable par la 1.

concentración de poder y esta soldado por el esparcimiento de la lógica de corrupción que ordénalas relaciones principales. Se logra una gobernabilidad autoritaria legitimada a partir de los éxitos iniciales en la derrota del terrorismo y de la hiperinflación, pero la misma corrupción impide que los resultados económicos se amplíen a diversos sectores de la sociedad, dado que no se emprenden las llamadas reformas de segunda generación y se dilapidan los recursos de la privatizaci6n, básicamente, en tapar el déficit fiscal de cada ana, alga que no es repetible. 3. La institucionalidad deformada por efecto de la acción de los operadores de la coalición mafiosa, se expresa en la captura de las instituciones y poderes del Estado en cuya autonomía del Poder Ejecutivo descansa la posibilidad de control, pesos y contrapesos. Desde la Carta Constitucional de 1993, pero sobre todo desde el control fujimorista del Congreso, se impone una racionalidad que impide todo efecto real de la fiscalización que no sea la simple denuncia. El control de los medios de comunicación por la coalición mafiosa garantizo un tiempo adicional sin que la opinión publica tome conciencia de los niveles de corrupción a que se había llegado y el prebendalismo clientelista, llamado «neopopulismo» por algunos autores, dio otro soporte a la continuidad del régimen, aun cuando lentamente el desgaste crecía por efecto de la falta de resultados para la población, especialmente en materia de empleo. Es claro que la falta de controles favoreció la corrupción, pero eso fue posible por la concentración de poder en una sola mano que es consecuencia de la coalición dominante, es decir, del pacto entre la cúpula militar y policial, los grandes empresarios, los grandes medios de comunicación y los operadores que la dupla mafiosa introdujo en todas las instituciones autónomas. La crisis de los partidos y la pasividad de las masas en la coyuntura inicial de los 90 fue el punto departida para que esto fuera posible. Pero luego es el ejercicio de ese poder concentrado por la coalición mafiosa el que tiene que enfrentar la Oposición Democrática, que articula partidos débiles y liderazgos individuales contrarios al régimen. La debilidad de los actores es fruto de la fuerza de la coalición, que cubre diferentes ámbitos y se recubre can la ideología neoliberal que descalifica de plano cualquier alternativa. Claro que siempre hay márgenes de libertad pero dentro de 10 que es la correlación de fuerzas y la potestad de aplastar de que goza el poder autoritariamente un papel de cemento articulador que hace macizo el poder de la coalición mafiosa, porque cerca a los opositores, no solo desde el peso disolvente de la economía neoliberal que desarticula y excluye, sino de todos los mecanismos públicos (SUNAT para los empresarios díscolos, medios de comunicación para los políticos que denuncien, policía y ejercito para el pueblo que reclame, «chuponeo» intervención telefónica y acciones similares para bloquear la acción de opositores, etc.). 4. La legitimidad se pierde por los resultados económicos, gradualmente tras las elecciones de 1995, para las cuales se invirti6 mucho en pequeñas obras, aunque por poco tiempo. La legitimidad se pierde con las maniobras para la segunda reelección: ley de interpretación autentica, destitución de magistrados del Tribunal Constitucional y otras medidas hasta llegar a la

falsificación de firmas que denuncia El Comercio en las elecciones del 2000. La Oposición Democrática se va constituyendo y articula relaciones dentro y fuera del país, esto ultimo en el ámbito americano y europeo con organizaciones y gobernantes que yen el desgaste del régimen autoritario. Toma iniciativas adentro y, tras las elecciones del 8 de abril del 2000, la crisis de legitimidad se profundiza, en particular con la negativa del candidato Toledo a ir a la segunda vuelta, la marcha de los Cuatro suyos, la violencia en la juramentación presidencial y el descubrimiento del comportamiento mafioso presente en la formación de la mayoría parlamentaria con el video Kouri-Montesinos. En el momento en que Fujimori trata de tomar distancia de Montesinos, el gobierno pierde condiciones de gobernabilidad y comienza el colapso que termina en la fuga y la vacancia por incapacidad moral. Son, pues, factores que abren la transición el propio desgaste e ilegitimidad del régimen, la acción de la Oposición Democrática en las calles, la gestión internacional, etc., y obviamente la presión de los países democráticos, en particular de los EE.UU., Canada y la Comunidad latinoamericana y europea. No encontramos un importante juego de contradicciones o tendencias antagónicas. Es más bien, al final, cuando predomina el «sálvese quien pueda» que es natural en estos casos. 5. A pesar de la calidad del gobierno de transición, la Oposición Democrática se basa en partidos y liderazgos débiles y hereda una situación económica precaria, en la que mantener el nivel de gasto del gobierno de Fujimori ya no se podrá dar con las grandes sumas de dinero de la privatización. Además que se ha reducido enormemente la recaudación tributaria y mas de medio país dama por un puesto de trabajo en medio de una difícil situaci6n internacional. La transición es precaria y no puede entenderse lograda solo por haber tenido elecciones generales ejemplares. La debilidad institucional es grande y lo es también la inexperiencia de actores políticos cuyas prácticas muestran numerosos cortes y vados por décadas de manejo autoritario civil y militar, alternadas por precarios regimenes democráticos. A eso se agrega la lógica de la antipolítica apoyada en la tecnocracia neoliberal. Replantear los términos de lo que vemos como transición y de las características del régimen democrático, es indispensable; y apostar par la construcción de un sistema de partidos moderno es indispensable para la gobernabilidad democrática. Hacerlo implica negociar y pactar algo hasta hace poco ajeno a la llamada clase política y, al mismo tiempo, afinar mecanismos de transparencia y participación ciudadana que canalicen la enorme distancia y desconfianza existente entre ciudadanos y gobierno. Para que la historia no se repita La política reclama una centralidad particular en el siglo XXI que no es la propia del estado centrismo de la modernidad. La revolución en las comunicaciones y los desencantos de la pos-modernidad fuerzan la transparencia como eje de la redefinición democrática. En una sociedad de lacerantes distancias y creciente

pobreza, los cambios institucionales deben partir de redefiniciones en la idea democrática, pero es la democracia en las distintas dimensiones de la sociedad lo que tiene que afirmarse para propender a que las cosas mejoren. No es este el curso de los que miran el poder desde las cumbres economizas y culturales pues, otra vez, van quedado encerrados en sus intereses cuya defensa asumen hoy extrañando el fujimorismo autoritario, porque son muy pocos y no están dispuestos a compartir. La viabilidad de la democracia pasa por renovar ideas e instituciones políticas. La democracia como régimen político en el siglo XXI En todas partes, transparencia, participación y reforzamiento del gobierno de la ciudad, aparecen como los nuevos términos de la democracia. Cuando a mediados del siglo XX hablaba en el Congreso un diputado por Cusco o Puno era la voz de su departamento; sin embargo, lo que decía era generalmente desconocido en la Cámara y la prensa del día. Hoy, mientras lo hace, desde la radio y la televisión pueden contradecirlo «en tiempo real» otros líderes locales y son estos los que encabezan las movilizaciones del lugar, a las cuales el diputado ha de sumarse si quiere sobrevivir políticamente. La democracia representativa ya no es compatible con el centralismo y con el representante al estilo tradicional. La corrupción precedente lleva a que hoy la demanda sea saberlo todo. Hay que acabar con la «cultura del secreto» en la administración. La desconfianza es enorme y la demanda de información no es solo cuestión de periodistas. Muchos ciudadanos ven a los políticos y burócratas simplemente como corruptos o bribones. La participación directa es demandada par la ciudadanía y los ánimos cambian muy rápidamente en contra de los políticos. A estos se les ha culpado de todo y se ha generado la necesidad de verificar lo que dicen. Son muchos los peruanos que han tenido experiencia directa en participación ciudadana al margen de partidos y organizaciones sociales. Existen organizaciones que tratan de participar desde si mismas, sin ser partidos. Existe una vieja demanda de participación directa con iniciativa y con experiencia de participación local que no se puede desdeñar. Por eso, es preocupante que muchos políticos regresen con temores frente a la democracia participativa, inclusive cuando desde la oposición utilizaron mecanismos de esta, como el referéndum, en su demanda contra el fujimorismo. El debate constitucional ha demostrado los miedos y estos han crecido con la práctica de los frentes regionales y las movilizaciones de protesta. Es cierto que la democracia participativa es mucho mas que la lucha callejera y que esta tiene actores hoy bastante desfasados de la realidad, que están envueltos en un discurso ajeno a las posibilidades y recursos existentes. Pero es cierto que la alternativa democrática no es cerrar los oídos ni imaginar que las instituciones de la democracia no tienen que readaptarse. Actuar así implica institucionalizar la transparencia y la participaci6n en las decisiones -presupuestos, obras, costos de estas, costos de los servicios, etc.- y abrir canales directos para acceder a ello. Hasta los alcaldes se han olvidado que es derecho de los vecinos decidir sobre la prioridad de las obras. La crisis desatada por la lucha del sur contra la privatización de dos empresas eléctricas no se resolvió ofreciéndoles que el 60%

de la venta de las empresas se invertirla en ese departamento. Tampoco se resuelve diciéndoles que las empresas son suyas y que las dejen como están. Pero si los recursos ordinarios existentes no dan para obras que ellos reclaman y que sus lideres locales aceptaron financiar con recursos de la privatizaci6n- la única salida es consultarles ambas decisiones, las inversiones y las privatizaciones, que se hará la opción y las alternativas en vez de entenderse que eso es "fuero» del político y el burócrata. Gobernantes elegidos democráticamente terminan arrinconados: los pueblos luchan por obras, puestos de trabajo, recursos ingentes y, a la vez, la capacidad de endeudamiento del Estado es pequeña, los tributos también los grandes pagan muy poco y se defienden con las unas y es poco lo que queda por vender de las empresas publicas. Como en una familia, es preferible que se entienda de una vez que la democracia es eficiente para establecer prioridades, porque si todos sus miembros participan y saben lo que se tiene y lo que falta, ya no hay lugar al redamo.1 La participación directa y la circulación de la información no pueden ser las de antes. El rol del representante esta más cercano al de un comunicador que al de un sustituto del ciudadano que habla a nombre del pueblo. La política, además, tiene que fortalecerse de abajo hacia arriba enfrentando el clásico centralismo. Se trata de construir una democracia de ciudadanos donde políticos y administradores canalizan la participación, informan y estimulan al ciudadano, no lo sustituyen. Pero la democracia, además, tiene que entenderse como democracia de partidos, porque la atomización no es manejable. En el Perú todos juntos son débiles, alejados mayoritariamente de la vida cotidiana de la gente. Muchos partidos apenas logran ser canales de clientela. Debe fortalecerse la idea de que los partidos son los grandes canales de participación y Cuestionarse algo muy afincado en nuestra cultura política, el valor de los independientes, que ha sido el manto que encubre el caudillismo en sus formas más tradicionales y, recientemente, término favoreciendo la autocracia. Se insiste en mirar con desconfianza a los partidos y se pretende que estos se financien «del aire» y operen sin acceso directo a los grandes medios de comunicación. No se puede hacer política hoy sin forjar la opinión pública ciudadana. La importancia mediática se resalta como si los partidos por incapaces no pudieran intervenir. Pero allí un oligopolio y luego la mafia tuvieron las riendas de los principales medios masivos. No es un problema solo de los momentos de campana, aunque en esos días se ve el enorme problema financiero que significa tener unos minutos en la televisión o la radio. Una democracia de partidos y ciudadanos implica cambios y garantías que deben partir de las propias instituciones del Estado y abarcar, con financiamiento publico si es preciso, el acceso a los medios de comunicación y a la información mas libre posible de todo lo que es la cosa publica. Esto lleva necesariamente a institucionalizar. Hay que atenuar el presidencialismo caudillista del régimen constitucional peruano y hay que institucionalizar la accountability horizontal 1

Esta frase se la debo a mi amigo el congresista Ernesto Herrera Becerra, tres veces elegido alcalde de Ilo y regidor, los tres trienios precedentes, de otro gran alcalde, Julio Díaz Palacios. Pude ver personalmente, varias veces, la calidad de la experiencia participativa de estos dos alcaldes, en media de enormes limitaciones presupuestales, al educar en democracia.

(control de entes diferentes con balance de poder) y vertical (control ciudadano con mecanismos de participación electoral y directa). Pero también ha de terminarse con el militarismo, sin concesiones. Este poder factico tiene que desaparecer. No es cuestión de odios ni desprecio de instituciones. Pero las Fuerzas Armadas democráticas son, por definición, parte de la sociedad y no una sociedad y un Estado dentro de la sociedad y dentro del Estado. Comenzando por devolverles la plena ciudadanía y abriendo canales democráticos de fiscalización y control, además de subordinar la actuación militar a la ley y el gobierno. Estos cambios deben dirigirse a integrar, no a excluir. Nadie quiere maltratar ni eliminar personas que se forjan como servidores públicos, pero debe quedar claro que no están sobre el ciudadano ni pueden constituir una subcultura con rasgos antagónicos respecto a la democracia. Una reforma constitucional por consenso En esta perspectiva teníamos que llegar a un nuevo debate constitucional. No era nuestra prioridad por la forma en que vemos la transición, pero demandada por otros actores no hay mas remedio que tratar el tema. El Perú republicano ha hecho muchas constituciones, todas alejadas de la realidad, copias grandilocuentes de aquello que deseamos, siempre atropelladas por el caudillismo presidencial que ha ido a contracorriente de los mecanismos de control y balance escritos en el papel. Pero la Carta de 1993 impuesta por el fujimorismo con sus votos en el Congreso convocado tras el golpe, aunque no resulto a su medida, carecía de legitimidad. Aceptar la propuesta de tirarla abajo por decisión de un Congreso que no fue elegido para eso y al comenzar la transición, no solo no contaba con consenso, sino que implicaba en e1 acto aumentar la incertidumbre y poner en peligro el curso político. Si algo importante ha tenido el comienzo de la transici6n fue el gobierno constitucional que dentro de las reglas de la carta vigente presidio Valentín Paniagua y llevo a unas elecciones impecables. A Fujimori se le saco y se le juzga dentro de la Constitución que el mismo dio. Los congresistas elegidos dentro de esas reglas teníamos que actuar dentro de ellas para cambiarla. No se puede recurrir, como en casi toda la historia republicana, a Asambleas Constituyentes no previstas en la Carta Constitucional y que han sido convocadas casi siempre por golpistas que carecían de la legitimidad que si tiene esta representación. Tener en paralelo dos congresos funcionando podrá ser un verdadero factor de crisis pues lo más probable es que terminaran en conflicto. El debate prosigue, porque muchos de los que se dicen defensores del Estado de derecho están demasiado acostumbrados a una historia que ha corrido paralela a esas reglas y que olvida que aquello que no se desprende de la ley es simplemente un acto arbitrario. Si realmente se quiere un acto fundador de un orden democrático, lo nuevo en nuestra historia será un texto constitucional que goce del más amplio consenso, primero entre los partidos políticos al concertar abiertamente y en debate público. Eso se esta haciendo en el Congreso pero actuando con las puertas abiertas a la ciudadanía. Solo en los 27 foros convocados en todo el país participaron más de 3,600 ciudadanos que representaban a otras tantas instituciones de la sociedad civil. Si en el primer paso, los mas grandes partidos

conciertan y se logra el respaldo ciudadano, podrá tenerse un texto que sirva de base para construir un sistema de partidos que sea eje del sistema democrático, donde todos defiendan en común las reglas de juego que eso es la Constitución y aseguren que una democracia representativa y participativa se abre curso, con perspectivas como las antes señaladas que tienen basamento no tanto en ideologías como en experiencias de lo que ya no es posible de las democracias anteriores. Así, el primer pasó esta en concertar entre partidos y en la sociedad con mecanismos de participación ciudadana. Pero para ello es necesario promover la descentralización. El gobierno nacional tiene que reducirse, en tamaño y poder. Descentralizar es crear gobiernos intermedios con poder y economía en la que deciden por si mismos. Es fortalecer gobiernos locales que sean esencialmente agencias de participación ciudadana para el manejo de cada ciudad. El centralismo es inestable políticamente, inmanejable financieramente, además de haber empobrecido las provincias hasta limites inimaginados. La descentralización es primordial para la reforma y modernización del Estado. La importancia de las elecciones de noviembre del 2002 para gobiernos regionales y municipales, tiene que ver con la generación de interlocutores validos para el proceso de descentralización. Adicionalmente, debe establecerse en la Constitución las instituciones para una accountability horizontal eficaz: una Contraloría que no dependa del Poder Ejecutivo, un Poder Judicial que no dependa ni del Ejecutivo ni del Parlamento, un Tribunal Constitucional efectivo, etc. Deben reponerse pesos y contrapesos entre Ejecutivo y Parlamento, comenzando por fortalecer al premier en la espera de que en un plazo mas largo puedan diferenciarse las funciones de un jefe de Estado el líder nacional que fija el rumbo y concierta los grandes temas y un jefe de gobierno elegido directamente por los partidos en el Congreso, expresión de lo que se gano electoralmente pero también de lo que se concierta cotidianamente, responsable del día a día. Encaminarse hacia el semipresidencialismo no es fácil desde la tradición política Perú ana y requiere la existencia previa de un sistema de partidos que hoy no existe, capaz de un manejo concertado y no polarizado. Pero los gobiernos regionales, que nunca estarán en manos de un solo partido, recomponen el esquema de poder y pueden llevarnos en esa dirección. Este será un paso que después se ira cambiando desde la realidad. Lo importante es centrar en la capacidad de concertación y en la iniciativa de partidos capaces de renovarse, la conducción del futuro. No se trata de volver al Estado empresario ni a la ilusión del Estado mínimo que en la perspectiva neoliberal ni siquiera el FMI apoya hoy. Se trata, si, de refundar la legitimidad de la acción política desde una practica que no polarice casi por definición y no concentre el poder, sino lo desparrame, situando bien los puntos de encuentro y los mecanismos de concentración. Democracia, al fin de cuentas, nunca será una masa hambrienta y sin poder y unos pocos con todo en las manos. Ni en política ni en economía esto funciona. Debido a ello, el esquema institucional es importante por los pesos y contrapesos entre el gobierno nacional, los regionales y los locales por un lado y entre el poder presidencial, el parlamento y los órganos de justicia y control por otro. Pero solo funcionara si la accountability vertical es posible; si en las elecciones periódicas

participan partidos que son capaces de renovarse y expresar a la ciudadanía en toda su diversidad y canalizar sus demandas y sentimientos, pero también aplicando los diferentes mecanismos de transparencia y participación directa que hoy son indispensables para la legitimidad democrática. La transición a la democracia se afianzara no por un texto constitucional, sino por un proceso que constituya como eje del régimen democrático, los acuerdos, los pactos abiertos y la negociación política. Eso requiere de un sistema de partidos y de una institucionalidad que lo propicie desde el texto constitucional. Pero el contenido descentralista, constructor de transparencia y participación ciudadana, es indispensable juntamente con un adecuado balance de poderes y controles. Estos no solo sirven para combatir la corrupción, sino para legitimar el orden político. Los limites del horizonte neoliberal y de la globalización Desde este lado del planeta es difícil no ver en las corrientes neoliberales los efectos disolventes sobre el orden social que la fragmentación y la destrucción de partidos y liderazgos políticos muestran hoy a flor de piel y que tiene mucho que ver con las restricciones que a los Estados y a los gobernantes trae un orden mundial que nos arrincona. EI Perú de Fujimori simboliza con su régimen autoritario y mafioso, el momento máximo en que cristalizaron las ideas neoliberales en economía y los límites enormes que el orden económico mundial impone a los países inviables del siglo XXI, como nos denomina Oswaldo de Rivero.2 Hay cambios dados que son irreversibles pero no lo es ni la correlación local y mundial de fuerzas ni las ideas políticas. Dentro de ello, tuvieron que traicionar el liberalismo político para afirmar su extremismo en el liberalismo económico y, como siempre, ese curso tiene y tendrá retornos. Pero lo cierto es que lo que pasa en Argentina, Venezuela y otros países de la región indican que lo que esta poniéndose en juego es el orden social mismo. En esta dirección, el extremismo neoliberal es inviable y no vendrán los ansiados capitales par causas propias que las hay y no nacen de aquí y porque los espanta obviamente inestabilidad política y la revuelta callejera. ¿Como no verlo en Argentina? Esta presente en los sucesos del sur, en lo que pudo significan la protesta de Arequipa, en lo que fue la reacci6n de los tecnócratas neoliberales que pretendieron manejar la situación recurriendo a una represión que ya no logra los efectos de antes. La alternativa se construye abriendo lugar a la política, fortaleciéndose con la concertación y la participación, pero también revisando los esquemas y modelos econ6micos. ¿Que orden social soporta que para dos tercios del país y del planeta no haya ni trabajo decente ni ingresos adecuados? Ofrecerlos ya no asegura un tiempo de gobernabilidad. La gente tiene que participar en el camino hacia el objetivo, porque nadie cree en las palabras y hay que crear capacidades productivas para que el horizonte no sea ilusorio.

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De Rivero, Oswaldo. EI miro del desarrollo. Los Países inviables del siglo XXI. Lima: Mosca azul editores, 1998.