Historia de la Iglesia en España. V: La Iglesia en la España contemporánea 8422009072, 9788422009078

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HISTORIA )ELA IGLESIA EN ESPAÑA Dirigida por

Ricardo García Yilloslada

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La Iglesia en la España contemporánea

BIBLIOTECA

Historia de la Iglesia en España

DE

AUTORES CRISTIANOS Declarada

de interés

nacional D I R I G I D A POR

MAIOR 20

RICARDO COMITÉ

ESTA COLECCIÓN SE PUBLICA BAJO LOS AUSPICIOS Y ALTA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

r

Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. VICENTE ENRIQUE Y TARANCÓN, Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá y Gran Canciller de la Universidad Pontificia VICEPRESIDENTE:

Dmo. Sr. Dr.

FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR,

Rector Mag-

nífico VOCALES: Dr. ALFONSO ORTEGA CARMONA, Vicerrector Académico; Dr. RICARDO BLÁZQUEZ, Decano de la Facultad de Teología; Dr. JUAN SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Decano de la Facultad de Derecho Canónico; Dr. MANUEL CAPELO MARTÍNEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología; Dr. SATURNINO ALVAREZ TURIENZO, Decano de la Facultad de Filosofía; Dr. JOSÉ OROZ RETA, Decano de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe; Dr. JUAN ANTONIO CABEZAS SANDOVAL, Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación; Dr. GERARDO PASTOR

RAMOS, Decano de la Facultad de Psicología; Dr. JUAN LUIS ACEBAL LUJAN,

Secretario General de la Universidad Pontificia. SECRETARIO:

Director del Departamento de Publicaciones.

LA EDITORIAL CATÓLICA, S.A. — APARTADO 466 MADRID • MCMLXXIX

DE

DIRECCIÓN

VICENTE CÁRCEL ORTI JAVIER FERNANDEZ CONDE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NOVALIN ANTONIO MESTRE SANCHIS

LA COMISIÓN DE DICHA PONTIFICIA UNIVERSIDAD ENCARGADA DE LA INMEDIATA RELACIÓN CON LA BAC ESTÁ INTEGRADA EN EL AÑO 1979 POR LOS SEÑORES SIGUIENTES:

PRESIDENTE:

G A R C IA_ V IJLL O S L.AD^A

Historia de la Iglesia en España v

La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975) DIRIGIDO POR

VICENTE

CÁRCEL

ORTI

COLABORADORES:

Vicente Cárcel Ortí • José Manuel Cuenca Toribio • Baldomero Jiménez Duque • Joaquín Luis Ortega Martín • Manuel Revuelta González Rafael María Sanz de Diego • Carlos Valverde Mucientes

BIBLIOTECA

DE

AUTORES

MADRID • MCMLXXIX

CRISTIANOS

DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS COLABORADORES Vicente Cárcel Ortí Nació en Manises (Valencia) en 1940. Sacerdote. Es doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana (Roma), en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y en Derecho Canónico por la de Santo Tomás de Aquino (Roma). Diplomado en Archivística y Biblioteconomía por las Escuelas Vaticanas. Ha publicado: Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (18301840) (Pamplona, Eunsa, 1975), Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (¡827-1834) (Pamplona, Eunsa, 1976) e Iglesia y Revolución en España. ¡868-1874 (Pamplona, Eunsa, 1979). Colabora en numerosas revistas españolas y extranjeras, históricas y jurídicas. En la actualidad es notario del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y capellán de S.S., nombrado por Pablo VI, en 1977. José Manuel Cuenca Toribio Nació en Sevilla en 1939. Ha sido profesor de la Universidad de Navarra, agregado de la de Barcelona, catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha Universidad. Actualmente es catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Ha publicado numerosos artículos sobre temas relacionados con la Iglesia española en los siglos xvm-XX. Entre sus obras destacan: Don Pedro de Iguanzo y Rivero, el último primado del Antiguo Régimen (Pamplona, Eunsa, 1965); La Iglesia española ante la revolución liberal (Madrid 1971); Estudios sobre la Iglesia española del XIX (Madrid 1973), Estudios sobre la Sevilla liberal (Sevilla 1974)) y Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España (Madrid, Rialp, 1978). Baldomero Jiménez Duque Nació en Avila en 1911. Sacerdote. Es doctor en Filosofía y licenciado en Teología y Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido rector del Seminario diocesano de Avila y delegado de Pastoral. Ha publicado cerca de treinta libros y centenares de artículos sobre temas relacionados con la ascética y la mística. Destacan: Teología de la mística, Santidad y vida seglar, Dios y el hombre, La espiritualidad española en el siglo xix (Madrid 1975).

© Biblioteca de Autores Cristianos, de EDICA, S. A. Madrid 1979 Mateo Inurtia, 15. Madrid Depósito legal M 14.416-1979 (V) ISBN 84-220-0906-4 Obra completa ISBN 84-220-0907-2 tomo V Impreso en España. Printed in Spain

Joaquín Luis Ortega Martín Nació en Burgo de Osma (Soria) en 1933. Sacerdote. Es doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana y licenciado en Teología por la misma Universidad. Licenciado en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Burgos y redactor durante varios años de la revista Vida Nueva. Ha publicado: Don Pascual de Ampudia, obispo de Burgos (1496-1512) (Roma 1973) y Criterios para una revisión del Arte Sacro contemporáneo (Burgos 1965). En la actualidad dirige la revista Ecclesia, órgano de la Acción Católica Española. Manuel Revuelta González Nació en Población de Campos (Patencia) en 1936. Jesuíta. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía por la -de Comillas y en Teología por la facultad de Frankfurt am Main (Alemania). Profe-

X

Datos biográficos de los colaboradores

sor de Historia de España en la Pontificia Universidad Comillas y de Historia de la Iglesia Contemporánea en la Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Historia Contemporánea de España en la Universidad de Deusto. Ha publicado: Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional (Madrid, C.S.I.C., 1973); La exclaustración (1833-1840) (Madrid, 1976) (= BAC 383) y numerosos artículos sobre temas de Historia eclesiástica. Rafael María Sanz de Diego Verdes Montenegro Nació en Madrid en 1940. Jesuita. Es doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma; licenciado en Filosofía por la Facultad de Alcalá de Henares, en Teología por la Universidad Comillas y en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid. Es profesor en la Universidad Comillas y en el Instituto León XIII y director de la revista Estudios Eclesiásticos. Ha publicado varios artículos sobre temas de Historia de la Iglesia española en el siglo MX. Carlos Valverde Mucientes Nació en Los Balbases (Burgos) en 1922. Jesuita. E s doctor en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en Teología por la de Comillas. Es profesor ordinario de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea de la Universidad Comillas. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía de la misma Universidad. Ha cuidado la edición de las Obras completas de Donoso Cortés (Madrid, 1970) (= BAC 12-13) 2 tomos, y ha publicado Los orígenes del marxismo (Madrid, 1974) (= BAC 358) y El pensamiento de Marx y Engels. I. El materialismo dialéctico (Madrid, Espasa-Calpe, 1978).

ÍNDICE

GENERAL Págs.

PRESENTACIÓN

xxi

INTRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA, por V. Cárcel Ortí

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

xxv

Historias de la Iglesia española (Edad Contemporánea) xxv Documentos pontificios xxvi Documentos de concilios ecuménicos xxvn Anuarios y estadísticas de la Santa Sede xxvm Catálogos d e fuentes eclesiásticas españolas xxix Catálogos de archivos xxix Documentos episcopales españoles xxx Guías y estadísticas españolas xxxi Colecciones legislativas civiles españolas de los siglos xix-xx . xxxn Ediciones recientes de textos políticos fundamentales xxxm Colecciones de tratados y acuerdos internacionales españoles . xxxm Colecciones de actas parlamentarias xxxiv Historias generales de la España contemporánea xxxv Recientes misceláneas sobre varios aspectos de la historia de España en los siglos xix-xx xxxvi

PRIMERA PARTE

LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS DEL ANTIGUO (1803-33)

RÉGIMEN

Por Manuel Revuelta González Introducción bibliográfica CAPÍTULO I. La guerra santa de la Independencia 1. Sentido religioso de la guerra 2. Teología de la guerra de la Independencia CAPÍTULO II. La Iglesia bajo el dominio afrancesado 1. La política eclesiástica afrancesada Napoleón, legislador d e la Iglesia española La legislación religiosa del rey José a) Captación religiosa del clero y de los fieles b) Reducción del personal eclesiástico c) La supresión de regulares d) Bienes eclesiásticos y desamortización e) Apoyo al clero parroquial f) Usurpación de la jurisdicción eclesiástica 2. El clero en la zona ocupada 3. Motivaciones religiosas de los afrancesados CAPÍTULO III. La revolución política española frente a la Iglesia 1. Anhelo de reforma eclesiástica 2. Las Cortes de Cádiz y la justificación del reformismo religioso

3 7 8 11 15 16 16 17 18 19 19 22 23 25 26 31 34 34 36

XII

índice general

índice general

i

XI]I

Págs\ 3. 4.

El fermento periodístico Las reformas religiosas de las Cortes El reconocimiento incuestionable de la religión católica Exigencia del apoyo moral y material d e la Iglesia Los decretos de 1812 La supresión del Santo Oficio Restablecimiento y reforma de conventos Tímida desamortización eclesiástica Planes irrealizados para un concilio nacional 5. Los rigores de la última Regencia con el nuncio y los religiosos 6. La primera reacción ideológica contra el liberalismo CAPITULO IV. La primera restauración religiosa durante el sexenio absolutista (1814-20) 1. El retorno del rey y la alianza Trono-Altar 2. La situación religiosa de la posguerra 3. Los auxiliares religiosos de la restauración política 4. La restauración religiosa desde el trono 5. Cooperación de la Iglesia en el restablecimiento de la unión de los ánimos, la moralidad y la beneficencia 6. Participación eclesiástica en las cargas d e la Hacienda Pública CAPITULO V. El trienio constitucional (1820-23) 1. La propaganda anticlerical y las ideas reformistas 2. Reformas y planes eclesiásticos de las Cortes Las primeras Cortes (1820-21) Las segundas Cortes (1822-23) Los planes de reforma eclesiástica 3. El impacto de las reformas eclesiásticas 4. El fermento religioso de la guerra civil CAPITULO VI. La Iglesia durante la década realista (1823-33) 1. La gran reacción de 1823 y la segunda restauración religiosa 2. La política del rey y su repercusión en el gobierno de la Iglesia Trayectoria política del absolutismo Legislación sobre materias eclesiásticas Evolución en las actitudes pastorales 3. Aspiraciones y actividades de los reaccionarios El deseo frustrado del restablecimiento de la Inquisición Las juntas de fe 4. El ocaso del Patronato Regio sobre las iglesias de América .. . 5. Pensamiento y vida religiosa Decadencia de la cultura católica Pueblo y clero a la muerte de Fernando VII

$9 4l 42 43 44 46 52 55 56 59 62 66 66 67 69 71 76 79 84 85 88 88 91 92 93 94 98 98 100 100 101 104 107 107 108 109 111 111 113

Págs. ¿¡APÍTULO II. Regencia de María Cristina (1833-40) 1 1. La nueva situación político-religiosa ¡ 2. Primeros conflictos entre la Iglesia y el Estado 3. Los nombramientos de obispos 4. El comisario de la Cruzada 5. Legislación anticlerical l 6. El cardenal primado y el patriarca de las Indias 7. Otras novedades. La «Junta eclesiástica» ' 8. Intensificación de las medidas antieclesiásticas 1 9. La desamortización 10. Ruptura de relaciones diplomáticas por parte de la Santa Sede CAPÍTULO III. Regencia de Espartero (1840-43) 1. Conato de cisma 2. Primeros intentos de reconciliación Iglesia-Estado CAPÍTULO IV. La década moderada (1844-54) 1. El convenio de 1845 2. Pontificado de Pío IX 3. El concordato de 1851 CAPÍTULO V. El bienio progresista (1854-56) 1. Nuevos conflictos con la Iglesia 2. Otra desamortización CAPÍTULO VI. Últimos años del reinado de Isabel II (1856-68) 1. El «Syllabus» en España 2. Polémica regalista 3. La «cuestión romana» CAPÍTULO VIL Un episcopado entre dos épocas históricas 1. Obispos y política 2. La jerarquía del Antiguo Régimen 3. La carta colectiva de 1839 4. Obispos intrusos. Polémica González Vallejo-Andriani 5. El clero 6. El pueblo 7. Situación religiosa en los territorios carlistas 8. El episcopado isabelino 9. Iniciativas de carácter económico 10. El protestantismo en España 11. Datos sobre la Iglesia española

122 122 125 126 127 128 131 132 134 137 143 146 146 148 150 150 152 154 159 159 161 164 164 168 170 174 174 176 178 181 184 186 187 190 193 196 198

TERCERA PARTE

LA REVOLUCIÓN

BURGUESA

(1868-74)

Por Vicente Cárcel Ortí SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

EL LIBERALISMO

EN EL PODER

(1833-68)

Por Vicente Cárcel Ortí CAPÍTULO I. Del antiguo al nuevo régimen 1. Panorama político 2. La Iglesia ante la sucesión de Fernando VII 3. El obispo de León, Joaquín Abarca

115 115 118 119

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I.

La «Gloriosa» de 1868

La Santa Sede y la revolución Los obispos y las juntas revolucionarias Manifiestos a la nación Anticlericelismo popular Política religiosa del Gobierno provisional Los obispos y el Gobierno provisional Los obispos y las Cortes Constituyentes Asociacionismo católico

227

227 230 232 233 235 238 241 242

XIV

índice general

índice general

xv Págs.

Págsl 9. La «cuestión religiosa» 10. Los obispos contra el juramento de la Constitución 11. Clero y carlismo 12. El matrimonio civil 13. El concilio Vaticano I CAPITULO II. La Monarquía de D. Amadeo 1. Pío IX y Amadeo de Saboya 2. Los «agravios» de la revolución a la Iglesia 3. Política económica 4. Los nombramientos de obispos CAPÍTULO III.

1. 2. 3.

24/7 249 232 215 257 260 2)50 2£2 263 2¿5

La I República

268

Política religiosa Nombramientos de obispos Intentos de restauración

268 270 274

CUARTA PARTE

EL CATOLICISMO ESPAÑOL EN LA RESTAURACIÓN

(1875-1931)

Por José Manuel Cuenca Toribio CAPÍTULO I. Clericalismo y anticlericalismo 1. Un nuevo «modus vivendi». La monarquía de Sagunto 2. La polémica anticlerical 3. El fin de la controversia anticlerical 4. Un corto remanso de paz 5. La dictadura de Primo de Rivera CAPÍTULO II. El pontificado de León XIII 1. Un c :tolicismo renovado 2. Las sombras del cuadro 3. Los católicos ante la obra de la Restauración 4. Una nueva ocasión perdida: La coyuntura canovista CAPÍTULO III. La Iglesia hispánica en el pontificado de Pía X 1. La impronta autoritaria 2. Una experiencia sujestiva: Las Ligas Católicas 3. La «Ley del Candado» 4. Los últimos ecos: la democracia cristiana CAPÍTULO IV. Panorámica de la Iglesia española desde 1914 hasta 1931 1. El advenimiento de Benedicto XV: Simpatía y esperanza 2. Las insuficiencias del catolicismo militante 3. Los problemas nacionales. Marruecos y la crisis de la monarquía alfonsina. El regionalismo

277 277 279 282 284 286 289 289 293 299 301 305 305 308 313 315 320 320 321 326

Q U I N T A PARTE

LA II REPÚBLICA

Y LA GUERRA CIVIL

(1931-39)

Por Vicente Cárcel Ortí Introducción bibliográfica Nota previa

331 335

¿APÍTULO I. La II República (1931-36) \ 1. La Iglesia española en 1931 | Datos estadísticos Situación económica Anticlericalismo 2. La jerarquía eclesiástica Los metropolitanos \ Los obispos / 3. Las elecciones municipales de 1931 ! Actitud de los obispos Conducta de la Santa Sede Quema de conventos 4. Las Cortes Constituyentes de 1931 Los partidos de izquierdas y la Iglesia Los católicos y la política republicana 5. La cuestión religiosa Azaña y la Iglesia El artículo 26 Legislación sectaria Protestas d e la jerarquía Reacción de los católicos 6. El bienio moderado Negociaciones con la Santa Sede Revolución socialista CAPÍTULO II. La guerra civil (1936-39) 1. El Alzamiento Nacional Polémica sobre la guerra y la paz La Iglesia y el golpe militar ¿Por qué el 18 de julio de 1936? Persecución brutal Tributo de sangre de la Iglesia 2. La pastoral colectiva de 1937 Documento polémico Persecución religiosa Situación religiosa en la España nacional Legislación clerical El cardenal Goma El clero vasco 3. Las relaciones del Vaticano con las «dos Españas» La Nunciatura de Madrid La Embajada en Roma El ministro católico Irujo Los «Trece puntos» de Negrín El Vaticano y la «España de Franco» 4. Nombramientos de obispos Vacantes y provisiones durante la República ... y durante la etapa bélica 5. Vicisitudes personales de algunos obispos durante la guerra

..

337 337 337 340 340 343 343 346 347 347 348 349 350 350 351 354 354 355 357 358 359 360 360 361 363 363 363 364 366 367 369 375 375 375 377 377 378 380 381 381 382 383 384 385 387 387 390 391

XVI

índice general

índice general SÉPTIMA PARTE

SEXTA PARTE

ESPIRITUALIDAD

xvn

Y APOSTOLADO

LOS CATOUCOS

Por Baldomero Jiménez Duque

Y LA CULTURA

ESPAÑOLA

Por Carlos Valverde Págs.

Introducción Fuentes Bibliografía Monografías y biografías CAPITULO I. Panorama cultural 1. Generalidades 2. Pensamiento e Iglesia 3. Política e Iglesia 4. Problema social e Iglesia CAPÍTULO II. Líneas de la espiritualidad en ese período 1. Religiosidad y piedad populares 2. Sistematización de las características generales De 1800 a 1875 De 1875 a 1936 3. Los obispos, los sacerdotes y los religiosos CAPÍTULO III. Documentos y datos concretos 1. Literatura espiritual 1. Documentos episcopales 2. Sermones y sermonarios ; 3. Escritos devocionales 4. De divulgación piadosa 5. Experimentales 6. Trabajos especulativos y científicos 7. Estudios históricos 8. Traducciones 9. Revistas 2. Creaciones 1. Cofradías y asociaciones piadosas 2. Asociaciones de formación y apostolado 3. Obras de propaganda 4. Obras catequísticas 5. Obras de enseñanza y educación 6. Obras de beneficencia (institutos religiosos dedicados a ellas, limosneros, hospitales, expósitos y huérfanos, ancianos, reeducación de jóvenes, atención a religiosas pobres, obras de carácter general...) CAPÍTULO IV. Proyección de la espiritualidad católica en los siglos XIX y XX 1. El «problema social» 2. Proyección fuera de España 3. Espiritualidad litúrgica 4. Oración y santidad 5. El despertar de los estudios de espiritualidad

3^5 397 397 397 4Í)0 402 405 406 408 410 410 412 412 415 419 426 426 427 427 428 429 430 431 432 432 433 434 434 442 444 446 448

450 457 457 459 454 464 473

Nota bibliográfica Fuentes Estudios • CAPÍTULO I. Panorama general de la cultura española contemporánea 1. Primera época: 1812-68 2. Segunda época: 1868-1936 3. Tercera época: 1936-75 CAPÍTULO II. En los orígenes de las dos Españas CAPÍTULO III. Juan Donoso Cortés y Jaime Balmes CAPÍTULO IV. En busca de una filosofía CAPÍTULO V. Teólogos, educadores, artistas del siglo XIX CAPÍTULO VI. Marcelino Menéndez Pelayo CAPÍTULO VII. La entrada de los seglares en el quehacer cultuml.de la Iglesia CAPÍTULO VIII. Siglo XX adentro CAPÍTULO

IX.

La era de Franco

475 475 477 479 480 485 490 495 507 516 522 534 542 549 558

Conclusión

572

OCTAVA PARTE

LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE EL RETO DE LA

INDUSTRIAUZACION

Por Rafael M. a Sanz de Diego Elenco bibliográfico Pensamiento social Acción social CAPÍTULO I. Los orígenes: hasta 1868 a) Política b) Economía c) Sociedad 1. Situación económica y social de la Iglesia a) Hasta la guerra de la Independencia b) De la guerra de la Independencia hasta Mendizábal c) Las desamortizaciones y sus consecuencias 2. Magisterio y pensadores católicos a) Los obispos b) Pensadores católicos 3. Asociaciones obreras 4. La promoción social 5. Balance de este período CAPÍTULO II. El sexenio que siguió a «la Gloriosa» (1868-74) a) Política b) Economía c) Sociedad 1. Situación económica y social de la Iglesia 2. Magisterio y pensadores a) Los obispos

..

577 577 579 581 581 581 583 585 586 588 589 592 593 595 597 600 602 603 603 603 604 605 607 608

xvm

índice general

índice general Págs.

b) Otras muestras del pensamiento católico 3. Asociaciones obreras 4. La promoción social 5. Balance de este período CAPÍTULO III. La Restauración (1875-1902) a) Política b) Economía c) Sociedad 1. Situación económica y social de la Iglesia a) El clero secular b) El clero regular 2. Magisterio y pensadores a) León XIII y su repercusión en España b) Los obispos españoles c) Los congresos católicos d) Pensadores católicos 3. Asociaciones obreras a) Obras benéfico-asociativas b) Los círculos de Fr. Ceferino c) Los círculos del P. Vicent d) Asociaciones ligadas a los círculos del P. Vicent 4. La promoción social 5. Balance de este período CAPÍTULO IV. Alfonso XIII (1902-31) a) Política b) Economía c) Sociedad 1. Situación económica y social de la Iglesia 2. Magisterio y pensadores a) Magisterio episcopal b) Pensadores y propagandistas 3. Asociaciones obreras a) Los Círculos Católicos b) Los sindicatos industriales c) Los sindicatos agrarios 4. La promoción social 5. Balance de este período CAPITULO V. La II República (1931-36) a) Política b) Economía c) Sociedad 1. Situación económica y social de la Iglesia 2. Magisterio y pensadores católicos a) Magisterio episcopal b) Pensadores católicos 3. Las asociaciones obreras a) Diversos tipos de asociaciones católicas ; b) Los pasos hacia la unión 4. La promoción social 5. Balance de este período Breve reflexión sobre una historia larga

609 610 611 612 613 613 614 615 617 617 618 619 621 623 624 625 627 627 628 629 631 632 634 635 635 635 637 639 639 640 641 646 646 647 651 651 652 653 653 653 654 655 656 656 657 658 659 660 661 662 662

xix

APÉNDICE I

LA IGLESIA ESPAÑOLA DESDE 1939 HASTA

1975

Por Joaquín Luis Ortega Págs. Introducción CAPÍTULO I. Del fin de la guerra a ¡afirma del concordato con la Santa Sede (1939-53) 1. Recristianizar a España 2. El acuerdo de 1941 con la Santa Sede 3. La Iglesia en el aparato del Estado 4. Causa común ante el aislamiento internacional 5. Una pastoral de cristiandad 6. Los obispos rompen su silencio 7. «¡España por el papa!» y «¡El papa por España!» 8. Un concordato modelo CAPÍTULO II. Entre el concordato y el concilio Vaticano II (1953-65) . .. 1. A caballo entre dos épocas 2. La Iglesia toma distancias 3. Orientaciones episcopales 4. Entre Pío XII y J u a n XXIII 5. El papa Roncalli llama a concilio 6. España se prepara para el Vaticano II 7. Montini sucede a Roncalli 8. El concilio español, entre el fervor y la mediocridad 9. La doctrina del Vaticano II y la libertad religiosa en España . CAPÍTULO III. El decenio posconciliar de la Iglesia española (1965-75) .. 1. La Conferencia Episcopal Española, en marcha 2. La crisis de la Acción Católica 3. De la tolerancia a la libertad religiosa 4. Franco defiende el privilegio de presentación 5. La contestación sacude a la Iglesia y al Régimen 6. Crecen el integrismo y los roces Iglesia-Estado 7. Los obispos disienten de la política oficial 8. ¿Hace falta un concordato? 9. La Asamblea Conjunta agudiza las tensiones 10. La «división de los espíritus» 11. Se busca el respeto desde la distancia 12. La Iglesia y la comunidad política 13. El concordato y la reconciliación, atascados 14. El «caso Añoveros», un conflicto gravísimo 15. Algunos textos episcopales 16. Iglesia-Estado: un deterioro creciente 17. D o n j u á n Carlos de Borbón sucede al general Franco

665 667 668 668 670 671 673 674 675 676 679 680 681 681 682 683 684 685 686 687 689 690 691 692 693 694 694 696 697 697 699 700 701 702 703 704 705 706

Bibliografía, por Vicente Cárcel Ortí y Joaquín Luis Ortega A) Estudios sobre el régimen del general Franco (1939-75) B) Iglesia-Estado

708 708 708

Índice general APÉNDICE II

DOCUMENTOS Págs.

PRESENTACIÓN Documento

I.

Documento Documento Documento

II. III. IV.

Documento Documento

V. VI.

Documento

VII.

Documento

VIII.

Documento

IX.

Documento Documento

X. XI.

Documento

XII.

Documento

XIII.

Documento

XIV.

Documento

XV.

Documento

XVI.

Documento XVII.

ÍNDICE DE AUTORES

Convenio entre el papa Gregorio XVI y la reina Isabel II (1845) (texto oficial: latín) Concordato entre Pío IX e Isabel II (1851) Acuerdo entre Pío IX e Isabel II (1859) Convenio entre Pío X y Alfonso XIII sobre las órdenes religiosas (1904) Acuerdo entre Pío X y Alfonso XIII (1904) Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español (1941) Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de los beneficios no consistoriales (1946) Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español, sobre seminarios y universidades de estudios eclesiásticos (1946) Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas (1950) Concordato entre la Santa Sede y España (1953) . . . Intercambio de notas sobre la interpretación del artículo 16,1 del concordato de 1953 (1957) Convenio entre la Santa Sede y España sobre el reconocimiento de efectos civiles a los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en universidades de la Iglesia (1962) : Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español (1976) Acuerdo jurídico entre la Santa Sede y el Gobierno español (3 enero 1979) Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español sobre enseñanza y asuntos culturales (3 enero 1979). Acuerdo económico entre la Santa Sede y el Gobierno español (3 enero 1979) Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español sobre asistencia religiosa a los católicos de las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos (3 enero 1979)

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volumen que presentamos es el quinto de la HISTORIA DE LA IGLESIA EN E L ESPAÑA, que, editada por la BAC, reúne las colaboraciones de varios investigadores, profesores e historiadores españoles, de universidades eclesiásticas y civiles, especialistas en sus respectivas materias y épocas. Hace ya más de un siglo, en 1875, la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, que tenía su sede en la madrileña calle de las Fuentes, 12, daba a la luz el volumen VI y último de la segunda edición de la Historia eclesiástica d e Esp a ñ a , escrita por Vicente de la Fuente, doctor en Teología y Jurisprudencia, catedrático de Disciplina Eclesiástica de la Universidad de Madrid y académico de número en la Real de la Historia. Dicha Historia concluía con la I República. Desde entonces no ha vuelto a escribirse otra historia de la Iglesia española. Las aportaciones han sido modestas y parciales, como puede verse en la «Introducción bibliográfica» que sigue a estas páginas. Por ello, al programar esta HISTORIA, el comité de dirección ha tenido en cuéntala profunda evolución que durante los últimos años han experimentado las ciencias históricas. La historia de la Iglesia no puede quedar desplazada de la nueva orientación dada a la investigación en archivos y bibliotecas y de los nuevos métodos del quehacer histórico, ni debe prescindir de una serie de elementos fundamentales para entenderla, como son la superación del historicismo y del positivismo, a la vez que debe contar con las aportaciones que en los dos últimos siglos han dado el liberalismo y el socialismo para una mejor comprensión de la Iglesia y de su historia. Sin embargo, nos hallamos ante una HISTORIA DE LA IGLESIA que comporta un conocimiento histórico de la institución y de la actuación de sus miembros, y, a la vez, una penetración eclesial de los comportamientos históricos. En este sentido, no podemos ignorar la nueva orientación proveniente del concilio Vaticano II, que ha puesto de relieve la importancia del estudio de la historia, como elemento fundamental para contribuir al desarrollo y progreso de la familia humana ( G a u d i u m et spes 57), y ha recomendado que el estudio y enseñanza de la misma se haga con fidelidad al magisterio de la Iglesia, según la constitución dogmática De Ecclesia ( O p t a t a m totius 16). El Vaticano II ha insistido en la función del «Pueblo de Dios», y la teología posterior está profundizando y desarrollando este concepto. De ahí que se tienda, cada vez con mayor insistencia, hacia la historia de la vida y de las mentalidades religiosas, dejando un tanto al margen la historia de las instituciones eclesiásticas, la de los dogmas y la de la misma teología. Al mismo tiempo, por jerarquía no se entiende sólo papa y obispos, como poderes espirituales-temporales aislados, sino a los segundos, como colegio episcopal en comunión con el primero, sucesor de Pedro

XXII

Presentación

en la primera sede. Esto lleva a profundizar sobre la historia de las iglesias locales, con detrimento de las clásicas historias del pontificado, que han insistido más sobre aspectos relacionados con el dominio temporal de los papas que con los que se refieren a la vitalidad de la Iglesia. Una HISTORIA DE LA IGLESIA planteada en estos términos supone una profunda reflexión teológica. Congar ha llegado a hablar de la historia de la Iglesia como lugar teológico, mientras que Aubert insiste en su necesidad para interpretar rectamente las decisiones del magisterio eclesiástico. La revista internacional de teología Concilium ha dedicado dos números monográficos a las nuevas posturas en la historia de la Iglesia (n.57, Madrid 1970) y a la historia de la Iglesia como autocomprensión de sí misma (n.67, Madrid 1971), donde el lector encontrará, ampliamente expuestos por un selecto grupo de colaboradores, los conceptos anteriormente indicados. Resulta a todas luces evidente la dificultad objetiva que encierra la tarea que iniciamos con el volumen V, ya que los estudios sobre historia eclesiástica española durante las dos recientes centurias están apenas en sus albores, y la producción científica, aunque parece copiosa, y en realidad lo es, sin embargo, debe ser cuidadosamente cercenada, ya que, más que fruto de paciente investigación y de madura reflexión, es, en buena parte, el resultado de apresuradas síntesis, con superficiales planteamientos, carentes de sólidas bases documentales. Por ello, al concebir este volumen, tuvimos en cuenta las limitaciones que tenía una HISTORIA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA, habida cuenta del estado actual de los estudios. Es de desear que la presente iniciativa sirva de estímulo y que nuestra más reciente historia eclesiástica pueda ser ampliada y enriquecida con nuevas y valiosas aportaciones, especialmente las procedentes de la historia política, social y económica. No puede hacerse historia prescindiendo de la sociología y de la geografía; pero no hemos querido caer en el exceso de presentar como historia de la Iglesia lo que no hubiera dejado de ser una historia religiosa o de las mentalidades y actitudes de los individuos o de la sociedadfrente a la fe y al fenómeno religioso. Tampoco hemos querido hacer un ensayo filosófico o sociológico, con interpretaciones subjetivas, limitadas y parciales —aunque el historiador no está exento totalmente del subjetivismo y de la pasión a la hora de presentar hechos pasados—, sino una HISTORIA DE LA IGLESIA que pudiera satisfacer las exigencias del momento que vivimos. Por una parte, se ha insistido en los métodos tradicionales, que conceden interés primordial a las relaciones Iglesia-Estado, pues alrededor de ellos ha girado la historia de la Iglesia. Sin embargo, se ha procurado incluir la amplia problemática relacionada con la presencia de la Iglesia en la sociedad española contemporánea, sintetizada en los tres grandes capítulos, que tratan otros tantos temas fundamentales, como son la espiritualidad y el apostolado, la cultura y los aspectos sociales y económicos. Con respecto a los límites cronológicos, ha parecido oportuno iniciar el volumen V en 1808, porque los primeros años del siglo XIX, anteriores a la invasión napoleónica en España, son, en verdad, una continuación política y social del siglo XVIII. Se quiso poner punto final en 1931, con la caída de la monarquía de Alfonso XIII, porque la historia posterior difícilmente puede hacerse con la escasa documentación que poseemos, a la vez que sobra pasión y falta serenidad para

Presentación

XXIII

afrontar una época tan conflictiya y cercana. Sin embargo, habida cuenta de la aparición de algunas colecciones documentales importantes y de la copiosa bibliografía reciente, se ha estimado conveniente que la HISTORIA acabase el día 1.° de abril, fecha que señala oficialmente el fin de la guerra civil y el comienzo del nuevo Estado español, dejando para un apéndice la crónica de los sucesos más importantes ocurridos en la Iglesia española desde 1939 hasta 1975. Cada autor es responsable de su escrito. El lector advertirá inmediatamente que la HISTORIA se centra de lleno en España y prescinde de temas o cuestiones generales, eclesiásticos o civiles, para los que se cuenta con las respectivas historias universales. La bibliografía se dedica, por consiguiente, a los problemas españoles. Roma, febrero 1979. V I C E N T E CÁRCEL O R T Í

INTRODUCCIÓN

BIBLIOGRÁFICA

Por V I C E N T E CÁRCEL O R T Í

1.

Historias de la Iglesia española (Edad Contemporánea)

Me limito a reseñar las que se refieren a los siglos XIX-XX, materia del presente volumen. Excluyo, por tanto, las antiguas. El primer conato, muy sumario, lo debemos a Vicente de la Fuente, que publicó una Historia eclesiástica de España, o Adiciones a la Historia general de la Iglesia, escrita por Alzog (Barcelona 1855), 3 vols. En realidad no era una creación del autor, sino un suplemento a una obra general, con todas las limitaciones que trabajos de este tipo llevan consigo. La fecha de su publicación indica además que no pudo llegar mucho más allá del concordato de 1851. Poco después apareció la Historia de la Iglesia en España desde la predicación de los apóstoles hasta el año 1856 (Barcelona 1856-57), en 2 tomos, escrita por un grupo de autores, dirigidos por el franciscano exclaustrado Ramón Buldú, siguiendo la Historia sagrada de España, del P. Flórez, y otros historiadores nacionales. No es obra científica, aunque aporta interesantes apéndices documentales. La Fuente dio a conocer, entre la I República y la Restauración, la segunda edición, corregida y aumentada, de su Historia eclesiástica de España (Madrid 1873-75), en 6 tomos, que dedica al siglo XIX buena parte del tomo VI, con abundantes y documentados apéndices. Por esas fechas estaba saliendo en Alemania una historia de la Iglesia española, redactada por el benedictino alemán Pius Bonifacius Gams (1816-92), titulada Die Kirchengeschichte von Spanien (Regensburg 186279), tres tomos en 5 vols. El último está dedicado al siglo xix, pero de forma muy sumaria y superficial. Menéndez Pelayo no intentó escribir una historia eclesiástica, pero su Historia de los heterodoxos españoles (Madrid 1880-82), 3 vols., ofrece una panorámica amplísima de las luchas políticas del XIX español y de las tensiones Iglesia-Estado, ilustradas con su apabullante erudición. Existen otras producciones de escaso valor científico. Son manuales o resúmenes muy elementales para uso de colegios y seminarios. Quizá el mejor es el del agustino Fermín de Uncilla Arroita-Jáuregui (18541904), Compendio de historia eclesiástica de España (Madrid 1892) . Leopoldo Arias Prieto, párroco de Palencia, publicó un Compendio de historia eclesiástica de España (Valladolid 1916), que luego refundió y amplió en una Síntesis de historia eclesiástica de España y general (Tórrelavega 1926). La atención que estos autores dedican a nuestra época contemporánea es muy escasa. La Historia eclesiástica de España que el P. García-Villada comenzó a

Introducción bibliográfica

Introducción bibliográfica

publicar en 1929 no tuvo continuidad, pues en 1931, durante el asalto a los conventos, fueron destruidos el archivo y la biblioteca del I. C. A. I., donde residía el P. García-Villada. Los intentos del P. Leturia, fundador de la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad Gregoriana, maestro de historiadores, y las iniciativas que siguieron tras su muerte, pueden leerse en la Introducción historiográfica, del P. Ricardo GarcíaVilloslada, S.I., que abre el primer tomo del Diccionario de historia eclesiástica de España (Madrid 1972), de Q. Aldea, T. Marín y J. Vives. En la reciente traducción española de la Historia de la Iglesia, de Fliche-Martin, se han añadido varios apéndices a los tomos dedicados a La Revolución (1789-1846) y a Pío IX (1846-78); pero son tan parciales y desiguales, que de ningún modo pueden considerarse una historia de la Iglesia española contemporánea. Los reseñamos a título de inventario. En el volumen XXIII (J. LEFLON, La Revolución, Valencia, Edicep, 1975) aparecen tres colaboraciones: de J. Manuel Cuenca Toribio (La Iglesia española en la crisis del Antiguo Régimen [1789-1833] p.547-72), Vicente Cárcel Ortí (La Iglesia española durante el pontificado de Gregorio XVI [1831-1846] p.573-99) y Leandro Tormo Sanz (La Iglesia en las Indias españolas durante la Revolución p.601-15). En el volumen XXIV (R. AuBERT, Pío IX y su época, Valencia, Edicep, 1974) hay cuatro colaboraciones: de J. M. Cuenca Toribio (La Iglesia española en tiempos de Pío IX p.565-91), Lamberto de Echeverría (El concordato español de 1851 p.593-609), Daniel Olmedo, S.I. (La Iglesia en Latinoamérica durante el siglo xix p.611-650), y Jesús Martín Tejedor, S.I. (Los obispos españoles en el concilio Vaticano I p.651-80). Las grandes historias generales de la Iglesia no han dedicado a la española la atención que merece. Se exceptúa la Historia de la Iglesia católica, de la BAC, en su tomo IV (Edad Moderna [1648-1963]), ampliamente revisado y completado en su 3. a ed. (Madrid 1963), donde el P. García-Villoslada incluye un amplio capítulo sobre La Iglesia y el Estado en España (p.525-86). Las restantes ofrecen pocas páginas a los problemas españoles. Véanse las versiones castellanas de la Nueva historia de la Iglesia, dirigida por L. J. Rogier, R. Aubert y M. D. Knowles, en sus tomos IV (De la Ilustración a la Restauración [1715-1848]) y V (La Iglesia y el mundo moderno [1848-1975]) (Madrid, Ed. Cristiandad, 1977) p.302-304; p.104107, y el Manual de Historia de la Iglesia, dirigido por H. Jedin, tomo VII (Barcelona, Herder, 1978), p.231-234, 750-758, 923-925; tomo VIII (ibid. 1978), p.192-201.

pres. Graz, Akad. Verlagsanstaldt (1971), 4 vols. Los primeros años de su pontificado están en el vol.19 de Bullarii Romani continuatio. TÍO IX (16-6-1846/7-2-1878): Pii IX Pontificis Maximi acta. Pars prima. Acta exhibens quae ad Ecclesiam universam spectant (Roma 1854), 7 vols.; Atti del Sommo Ponte/ice Pió IX felicemente regnante. Parte seconda, che comprende i Motu-proprii, chirografi, editti, notificazioni, ec. per lo Stato Pontificio (Roma 1857), 2 vols.; Discorsi del Sommo Pontefice Pió IX pronunziati in Vaticano ai fedeli di Roma e dell'orbe dal principio della sua prigionia fino al presente, editados por P. de Franciscis, 2. a ed. (Roma, Tip. Ghione e Lovesio y Tip. Barbera, 1878-82), 4 vols. LEÓN XIII (20-2-1878/20-7-1903): Leonis XIII Pontificis Maximi acta (Roma, Typ. Vaticana, 1881-1905), 23 vols; Leonis XIII albcutiones, epistolae et constitutiones (Brujas 1878-1900), 7 vols. San Pío X (4-8-1903/20-8-1914): Pii X Pontificis Maximi acta (Roma, Typ. Vaticana, 1905-14), 5 vols. BENEDICTO XV (3-9-1914/22-1-1922): Actes de Benoit XV (París 1924-26), 3 vols. PÍO XI (6-2-1922/10-2-1939): Actes de Pie XI (París 1928). PÍO XII (2-3-1939/9-10-1958): Discorsi e radiomessaggi di Sua Santitá Pió XII (Tip. Poliglotta Vaticana, 1940-58), 21 vols.; Discursos y radiomensajes de S. S. Pío XII (Madrid 1946-58); Anuario Petrus. La voz del papa Pío XII (Barcelona 1948). De JUAN XXIII (28-10-1958/3-6-1963): Discorsi messaggi colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII (Tip. Poliglotta Vaticana, 1960-67), 6 vols.; el último contiene los índices. De PABLO VI (21-6-1963/6-8-1978): Insegnamenti di Paolo VI (Tip. Poliglotta Vaticana, 1965ss). Han aparecido 15 vols.; Pablo VI. Enseñanzas al Pueblo de Dios (Cittá del Vaticano 1970-78). Recoge catequesis, discursos y homilías de este papa por años. Han salido 10 vols. Otros documentos pontificios pueden verse en Acta Sanctae Seáis, colección no oficial publicada desde 1865 hasta 1904, y oficial desde este año hasta 1908, y en el órgano oficial de la Santa Sede Acta Apostolicae Sedis, que aparece con periodicidad mensual desde 1909.

XXVI

2.

Documentos pontificios

Las actas de los tres primeros papas del siglo XIX están en Bullarii Romani continuatio. Y en concreto las de Pío VII (14-3-1800/20-8-1823), en los t.11-15 (Romae, Typ. Rev. Cam. Apostolicae, 1846-53); las de LEÓN XII (28-9-1823/10-2-1829), en los t.16 y 17 (Romae 1854-55), y las de Pío VIII (31-3-1829/30-11-1830), en el t.18 (Romae 1856). Estas actas fueron recogidas por A. Barberi y R. Segreti. Reimpresión en Graz (Akad. Verlagsanstalt, 1963). Las de GREGORIO XVI (2-2-1831/1-6-1846) fueron publicadas por A. M. Bernasconi, Acta Gregorii Papae XVI (Romae 1901-1904); reim-

3.

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Documentos de concilios ecuménicos

a) Vaticano I (1869-70)

J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, continuada por J. B. Martin y L. Pettit (sobre el Vaticano I cf. los t.50-53, París 1927). Cf. H. Q U E N T I N , Mansi et les grandes collections conciliaires (París 1900). Acta congregationum generalium quae a patribus Sacrosancti Oecumenki Concilii Vaticani usque ad eius intermissionem habitae sunt (Roma, Typ. Vaticana, 1875-84), 4 vols. Collectio Lacensis sive acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum, reimpr. (Romae, Istituto per gli Antichi Testi, 1964), 7 vols.; el VII está dedicado al Vaticano I. Conciliorum Oecumenicorum decreta, curantibus J. Alberigo, J. A. Dossetti, P. Ioannou, C. Leonardi, P. Prodi; consultante: H. Jedin, 3. a ed. (Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973) p.801-16.

b)

Introducción bibliográfica

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XXVIII

Vaticano II (1962-65)

Acta et documenta concilio oecumenico Vaticano II apparando. Series I (Antepraeparaturia) (Typ. Polygl. Vaticanis, 1959-61), 16 vols. Acta et documenta concilio oecumenico Vaticano II apparando. Series II (Praeparatoria) (Typ. Polygl. Vaticanis, 1961-62), 7 vols. Acta Synodalia sacrosancti concilii oecumenici Vaticani II (Typ. Polygl. Vaticanis, 1970-78). Han aparecido 25 vols. Conciliorum oecumenicorum decreta... p.817-1135.

4.

Anuarios y estadísticas de la Santa Sede

La colección más antigua y prestigiosa es la del Annuario Pontificio, que apareció en 1716, en Roma, editado por Chracas o Cracas bajo el título Notizie per l'anno... La Biblioteca Apostólica Vaticana conserva la colección completa desde 1780, con algunas lagunas entre 1808-18. Durante el período de la ocupación napoleónica le sustituyó el Almanacco per i dipartimenti del Tevere e del Trasimeno y el Anuario político, statistico, topográfico e commerciale del dipartimento di Roma. Reapareció en 1818 como Notizie per l'anno... hasta el decenio 1860-70, en que se llamó Annuario Pontificio peí..., editado por la Tipografía de la Reverenda Cámara Apostólica. En 1871 no apareció. Desde 1872 hasta 1880, los hermanos Monaldi editaron La Gerarchia cattolica e la famiglia pontificia per l'anno..., que desde 1881 cambió el título por La Gerarchia cattolica, la cappella e la famiglia pontificie per l'anno..., con appendice di altre notizie riguardanti la Santa Sede. Nueva variante en el título se introdujo en 1889: La Gerarchia cattolica, la famiglia e la cappella pontificie per l'anno..., con appendice di altre notizie riguardanti la Santa Sede. Desde 1899 hasta 1904 tuvo carácter oficial, con el título La Gerarchia cattolica, la famiglia e la capella pontificia. Con appendice. A partir de 1906 se llamó La Gerarchia cattolica, la famiglia e la cappella pontificia. Le Amministrazioni Palatine. Le Sacre Congregazioni e gli altri dicasteri pontifici. Appendice. Y desde 1909, La Gerarchia cattolica, la famiglia e la cappella pontificia. Le Amministrazioni Palatine. La Curia Romana, con appendice. Desde 1912 hasta 1978 se titula Annuario Pontificio per l'anno... Tuvo carácter de «pubblicazione ufficiale» entre 1912 y 1923. Desde 1883 lo imprime la Tipografía Poliglota Vaticana. Otra colección valiosa es el Annuaire Pontifical Catholique, por Mons. A. Battandier, publicado en París desde 1898 hasta 1939 y continuado desde 1948. En el campo estricto de la estadística eclesiástica es muy reciente la aparición de la Raccolta di tavole statistiche. Tabularum Statisticarum collectio, a cargo de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia (Secretaría de Estado, Ciudad del Vaticano), que apareció en 1971, con datos relativos a 1969. En 1973 salió el Annuario statistico della Chiesa-Annuarium statisticum Ecclesia, 1970. Y posteriormente ha sido publicado el Annuarium Statisticum Ecclesiae. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église. 1973 y años sucesivos hasta 1976. Los imprime la Tipografía Poliglota Vaticana. La Secretaría de Estado publica desde 1940, con periodicidad anual, el volumen L'attivita della Santa Sede, editado por la Tipografía Poliglota

XXIX

Vaticana. No es oficial, pero recoge la actividad del papa, de los dicasterios de la curia romana, de las administraciones palatinas y de todos los organismos del Estado de la Ciudad del Vaticano. 5.

Ediciones de fuentes eclesiásticas españolas

Dos son las colecciones de fuentes documentales para la Historia de la. Iglesia española contemporánea en curso de publicación. Una se refiere al siglo xix y otra al xx. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra patrocina la edición de Documentos para la historia de las relaciones IglesiaEstado en la España del siglo xix, dirigida por V. Cárcel Ortí, articulada en cuatro series: I: Nunciatura. II: Embajada. III: Obispos. IV: Varios. Ha aparecido la Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1834). Edición, introducción y notas por V. Cárcel (Pamplona, Eunsa, 1976), que es el volumen IV de la serie I (LXXXIII + 873 págs. y 7 láminas). Próxima es la publicación del volumen V de la misma serie: Correspondencia diplomática del nuncio Amat y del vicegerente Ramírez de Arellano (1833-1841). El monasterio de Montserrat ha comenzado a publicar en su colección «Scripta et Documenta» el Arxiu Vidal i Barraquer, bajo el título general Esgle'sia i Estat durant la Segona República Espanyola. 1931-1936. Textos en la llengua original. Edició a cura de M. Batllori i V. M. Arbeloa y de otros colaboradores. El volumen I (14 d'abril-30 d'octubre de 1931) está dividido en dos tomos, con un total de xiv + 560 págs., más varias láminas y retratos. El volumen II (30 d'octubre de 1931-12 d'abril de 1932) se publica también en dos tomos (773 págs.). El volumen I apareció en 1971, y el II, en 1975. En 1977 ha aparecido el volumen III (14 d'abril-21 de desembre de 1932), VIII + 549 págs. Aunque no tienen carácter sistemático ni forman parte de alguna colección de textos, hay que señalar como edición de fuentes el Epistolario de Pío IX con Isabel II de España, preparado por J. Gorricho (Archivum Historiae Pontificiae 4 Í1966] 281-348), que debe completarse con los Documentos sobre el problema de la sucesión de Isabel II, editados por M. F. Núñez (Estudios de historia contemporánea vol. 1 [Madrid, C. S. I. C , 1976] p.355-407). En la misma línea hay que citar parte de la correspondencia del nuncio Barili, editada por C. Meneguzzi Rostagni (7/ carteggio AntonelliBarili, 1859-1861, Roma, Ist. per la Storia del Risorgimento Italiano, 1973) y por J. M. Goñi Galarraga (El reconocimiento del reino de Italia y Mons. Claret, confesor de Isabel II. La correspondencia Barili-Claret: Anthologica annua 17 [1970] 369-461). 6.

Catálogos de archivos

Me refiero a índices de documentos conservados en archivos eclesiásticos o civiles que encierran interés para la historia eclesiástica de los siglos XIX y XX. La tarea más intensa se ha hecho hasta el momento en el archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede (conservado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid) y en el archivo de la Nun-

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ciatura de Madrid (conservado en el Archivio Segreto Vaticano, Cittá del Vaticano). Este último se cita ASV AN Madrid. El P. J. M. Pou Martí publicó el índice analítico de los documentos de la primera mitad del siglo XIX, volumen IV de su obra Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede (Madrid, imp. Galo Sáez, 1935). Su investigación ha sido continuada por J. de Olarra Garmendia y M. L. de Larramendi, viuda de Olarra, que tiene en curso de publicación el índice del Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. (18501860): Anthologica annua 17 (1970) 585-845; (1860-1870): ibid., 19 (1972) 675-1022; (1871-1880): ibid., 21 (1974) 453-623. Con respecto al archivo de la Nunciatura de Madrid y a otros archivos integrados en el Archivio Segreto Vaticano hay que consultar la obra de L. Pásztor Guida delle fonti per la storia dell'Ámerica Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia (= Collectanea Archivi Vaticani: 2) (Cittá del Vaticano 1970). Una orientación más exacta puede encontrarse en los índices publicados por V. Cárcel Ortí: El archivo del nuncio en España Giacomo Giustiniani (1817-1827): Escritos del Vedat (Valencia) 6 (1976) 265-300; Los despachos dé la Nunciatura de Madrid (1847-1857): Archivum Historiae Pontificiae 13 (1975) 311-400; 14 (1976) 265-356; El archivo de la Nunciatura de Madrid desde 1868 hasta 1875: ibid., 15 (1977) 363-76; El archivo del nuncio Barili (1857-1868): ibid., 17 (1979); Cartas entre españoles y Pío IX durante el sexenio revolucionario (1868-1874): Scriptorium Victoriense 24 (1977) 219-37. 7.

Documentos episcopales españoles

No existen colecciones generales del magisterio episcopal español, pero sí algunas particulares. Es difícil encontrar cartas pastorales u otros escritos de los obispos del primer tercio del XIX, pero disponemos de algunas obras que llenan, en parte, este vacío. Los escritos relacionados con el trienio constitucional (1820-23) están reunidos en la Colección eclesiástica española comprensiva de los breves de S. S., notas del R. Nuncio, representaciones de los SS. Obispos a las Cortes, pastorales, edictos, etc., con otros documentos relativos a las innovaciones hechas por los constitucionales en materias eclesiásticas desde el 7 de marzo de 1820 (Madrid 1823-24), 14 tomos. Recogieron estos documentos Fr. J u a n Antonio Díaz Merino, O.P. (1772-1844), prior del convento de San Pablo de Cuenca, y el canónigo lectoral de la misma ciudad, Basilio Antonio Carrasco H e r n a n d o (1783-1852). En 1831 fueron nombrados obispos de Menorca e Ibiza respectivamente. Otros escritos de los obispos del primer tercio del xix, aunque de carácter más político-social que pastoral, han sido dados a conocer por F. SuÁREZ en el tomo II de los Documentos del reinado de Fernando VII; son los Informes sobre el estado de España (1825) (Pamplona 1966), y por P. A. PERLADO, Los obispos españoles ante la amnistía de 1817 (Pamplona 1971). En la segunda mitad del xix comenzaron a publicarse en todas las diócesis los boletines oficiales eclesiásticos, que divulgaban puntualmente el magisterio episcopal. Lo mismo hicieron otras publicaciones paralelas, aunque sin carácter oficial, como La Voz de la Religión y La Cruz. La primera revista es particularmente interesante para los años 30

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y 40, pues reproduce escritos pastorales íntegros. La Cruz fue fundada por León Carbonero y Sol en 1852 y apareció ininterrumpidamente hasta 1914. Prácticamente fue el órgano oficioso del episcopado español. Desde 1941, Ecclesia, órgano de la Acción Católica Española, difunde hasta nuestros días los textos más significativos del magisterio episcopal, lo mismo que la edición en lengua española de L'Osservatore Romano, desde el 5 de enero de 1969. y. Iribarren ha editado los Documentos colectivos del episcopado español. 1870-1974 (BAC 355) (Madrid 1974).

8.

Guías y estadísticas españolas

Desde 1814 hasta 1835 se editó en Madrid (imprenta de Sancha), con periodicidad anual, la Guía del estado eclesiástico seglar y regular, de España en particular y de toda la Iglesia católica en general, para el año de... Su autor, Julián Sánchez de Haedo, recogía datos muy completos sobre el personal eclesiástico, distribuido por diócesis y órdenes religiosas. Esta Guía había comenzado a publicarse a finales del siglo XVIII (se conservan ejemplares de 1787 hasta 1807). En 1849 apareció el Boletín del clero español en 1848, con las biografías de Su Santidad Pío IX, nuncio apostólico y de los señores prelados de España; necrología de los individuos más notables del clero secular y regular fallecidos en dicho año, variaciones y estado personal del clero, con un extracto de los decretos que le son relativos publicados durante el mismo año (Madrid, ed. José Lorente, 1849). De este Boletín salieron tres tomos (1848, 1849 y 1850). El editor Lorente lo tuvo que suspender por cuestiones legales, pero en 1853, bajo la protección del patriarca de las Indias, Tomás Iglesias Barcones, lanzó la segunda serie del Boletín, titulada Historia contemporánea del clero español correspondiente a 1851 y 1852 (Madrid 1853), que recogía los datos ya reunidos en el Boletín, actualizados con abundante legislación sobre asuntos eclesiásticos. Apareció después el Suplemento al tomo primero de la segunda serie de Historia contemporánea del clero español, con las variantes de alta y baja que han ocurrido en el personal de todas las iglesias metropolitanas, sufragáneas, reales capillas y colegiatas de España y Ultramar durante el año de 1853 (Madrid 1854). Desde 1850 hasta 1868, el Ministerio de Gracia y Justicia publicó la Guía del estado eclesiástico de España para el año de..., riquísima en datos y noticias oficiales, que recogía, por real orden, el editor de obras religiosas, Primitivo Fuentes. J u a n Sáez Marín (Datos sobre la Iglesia española contemporánea. 17681868, Madrid, Ed. Nacional, 1975) ha consultado en buena parte las Guías citadas, el Diccionario de Madoz y los presupuestos anuales del Ministerio de Gracia y Justicia, con lo cual consigue ofrecer interesantes cuadros estadísticos. Desde 1868 hasta 1915 existe un gran vacío, que no logran colmar algunas iniciativas, a nivel diocesano, de escasa continuidad. Bajo la dirección del sacerdote Lorenzo Pérez Belloso fue publicado el Anuario eclesiástico de España, 1904 (Madrid 1904). El editor y librero pontificio E. Subirana publicó en Barcelona, desde 1915 hasta 1936, un Anuario eclesiástico, riquísimo en datos, noti-

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Introducción bibliográfica

cias y documentación variada gracias a una red de corresponsales diocesanos organizada eficazmente. Después de la guerra civil, en los años cuarenta hay que registrar la aparición en 1943 de la Guía de la Iglesia y de la Acción Católica Española, editada por el Secretario de Publicaciones de la Junta Técnica Nacional de la A. C. E., que no tuvo continuidad, y el Anuario Religioso Español (Madrid 1947), iniciativa privada, que tampoco siguió. En 1951 se publicó una documentada Guía eclesiástica y civil de los pueblos de España (Barcelona, ed. Vilamala, 1951), dirigida por el canónigo lectora! de Tarragona, José Valles y Barceló, y dos años más tarde apareció el Anuario católico español dirigido por Fr. Justo Pérez de Urbel (Madrid 1953). Al crearse la Oficina General de Información y Estadística de la Iglesia en España, comenzaron las tareas para la edición de una Guía de la Iglesia en España, que apareció por primera vez en 1954. Sigueron otras ediciones en 1960 y 1963. En los años intermedios han aparecido Suplementos. 9.

Colecciones legislativas civiles españolas de los siglos XIX-XX

Prontuario de leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José' Napoleón I desde el año 1808 (Madrid 1810-12). Código español del reinado de José Napoleón Bonaparte, por Miguel de los Ríos (Madrid 1845). Colección de decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias (Cádiz 1811-1813). Decretos del rey Don Fernando VII... por Fermín Martín de Balmaseda (Madrid, Imp. Real, 1816-1824), 7 vols. Colección de las reales células, decretos y órdenes de Su Magestad Don Fernando VII (Barcelona, M. y T. Gaspar, 1818-1819). Apéndice a los tomos I, II, III y IV de la obra Decretos del rey D. Fernando VII... respecto a los años 1814, 1815, 1816 y 1817 por F. Martín de Balmaseda (Madrid, Imp. Real, 1819). Colección de las reales cédulas, decretos y órdenes de Su Magestad el Señor Fernando VII desde 4 de mayo de 1814 (Valencia 1814ss). Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias (Madrid 1820ss). Colección de los decretos y órdenes de las Cortes ordinarias (Madrid 1820). Colección de los decretos y órdenes de las Cortes (Madrid 1820-23), 10 vols. Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por S. M. desde que fue libre del tiránico poder revolucionario (Madrid 1823). Decretos, órdenes y reglamentos expedidos por la Regencia del Riño desde su instalación (Barcelona, Vda. e hijos de A. Brusi, 1823). Decretos del Rey Nuestro Señor Fernando VII..., por Josef María de Nieva (Madrid 1823-33). Decretos de la reina nuestra señora doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre la reina gobernadora, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del Despacho universal desde el 1." de enero de 1834..., por Josef María de Nieva (Madrid 1835-37).

Introducción bibliográfica

XXXIII

Colección de las leyes, reales decretos, órdenes, circulares y resoluciones generales, expedidas sobre todos los ramos de la administración y gobierno del Estado (Madrid 1837-48). Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del Despacho (Madrid 1837-44). Colección legislativa de España (continuación de la colección de decretos (Madrid, Imp. Nacional, 1848ss). El primer volumen, correspondiente al primer trimestre de 1846, indica que es el «Tomo XXXVI» de la antigua Colección de decretos. Se publicó hasta principios del siglo XX. J. I. CASO, Guía legislativa. índice general de las leyes, decretos, órdenes y circulares contenidas en los noventa tomos de la «Colección legislativa oficial de España», que comprende desde 24 de septiembre de 1810 hasta el día (Madrid, L. Palacios, 1859-60), 2 vols.

10.

Ediciones recientes de textos políticos fundamentales

A. PADILLA SERRA, Constituciones y leyes fundamentales de España (1808-1947) (Granada 1954). R. SAINZ DE VARANDA, Colección de leyes fundamentales (Zaragoza, Acribia, 1957). F. GARRIDO FALLA, Leyes políticas de España (Madrid, B. O. E., 1969). Leyes constitucionales (Madrid, Taurus, 1963), 2 vols.; recoge las principales constituciones del mundo y tres leyes fundamentales del régimen del general Franco. L. SÁNCHEZ AGESTA, Los documentos constitucionales y supranacionales, con inclusión de las leyes fundamentales del Estado (Madrid, Éd. Nacional, 1972). D. SEVILLA ANDRÉS, Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España (Madrid, Ed. Nacional, 1969), 2 vols. Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936). Recopilación de textos y prefacio de E. Tierno Galván (Madrid, Tecnos, 1975) 2. a reimpr. " A. GALLEGO ANABITARTE, Leyes constitucionales y administrativas de España (Pamplona, Eunsa, 1976). Constituciones españolas y extranjeras. Edición y estudio preliminar por Jorge de Esteban, con la colaboración de Javier García Fernández (Madrid, Taurus, 1977), 2 vols. J. SOLÉ T U R A , Constituciones y períodos constituyentes en España (18081936) (Madrid, Sigo xxi, 2 1978). J. DE ESTEBAN, J. GARCÍA FERNÁNDEZ y E. ESPÍN, Esquemas del constitucionalismo español 1808-1976 (Madrid, Fac. Derecho, 1976); sirve de complemento a las obras anteriores.

11.

Colecciones de tratados y acuerdos internacionales españoles

MINISTERIO DE ESTADO, índices generales de los tratados, convenios y otros documentos de carácter internacional firmados por España. Así como de las leyes, decretos y reales órdenes que afectan a las relaciones internacionales

XXXIV

Introducción bibliográfica

Introducción bibliográfica

desde 1801 a 1897 inclusives. índices cronológicos y por materias (Madrid, Minuesa de los Ríos, 1900). Nota de los tratados que ha celebrado España con las potencias extranjeras desde el advenimiento ole la dinastía de Borbón. Es el apéndice al Tratado de las relaciones internacionales (Madrid, Ramón Rodríguez de Rivera, 1848), de Facundo Goñi. Relación de los tratados, estipulaciones y demás documentos de carácter internacional promulgados desde el reinado de D.a Isabel II hasta el día (Madrid, Imp. y Fundac. de M. Tello, 1887). Comprende desde el 17 de febrero de 1834 hasta el 27 de octubre de 1886. Sumario alfabético de todos los tratados internacionales en que ha intervenido España; véase en el Diccionario de la Administración española. Compilación de la novísima legislación de España Península y Ultramar, de M. Martínez Alcubilla, 5. a ed. vol.9 p.921-23. Colección de los tratados, convenios y documentos internacionales celebrados por nuestros Gobiernos con los Estados extranjeros desde el reinado de D.a Isabel II hasta nuestros días. Acompañados de notas histórwo-críticas sobre su negociación y cumplimiento y cotejados con los textos originales..., bajo la dirección del marqués de Olivart (Madrid 1890ss), 14 vols. Conocida como la primera serie del marqués de Olivart. Tratados y documentos internacionales de España publicados oficialmente y coleccionados en la Revista de Derecho Internacional y Política Extranjera, bajo la dirección del marqués de Olivart (Madrid 1905-12), 4 vols.: I, 1905; II, 1906; III, 1907; IV, 1908-10. Conocida como la segunda serie del marqués de Olivart. J. LÓPEZ OLIVAN, Repertorio diplomático español. índice de los tratados ajustados por España (1125-1935) y de otros documentos internacionales (Madrid 1944). Completa y subsana las omisiones del marqués de Olivart en sus dos colecciones anteriores. Colección de los tratados, convenios y otros documentos de carácter internacional firmados por España y de las leyes, decretos y órdenes que atañen a las relaciones exteriores. 1944-1945 (Madrid, Minist. de Asuntos Exteriores, Dir. General de Relaciones Culturales, 1955). Es una continuación de la segunda serie del marqués de Olivart, y, por consiguiente, comienza en 1911, aunque incluye textos correspondientes a los años 1834-1910 omitidos por Olivart. Esta Colección está editada por el ministro plenipotenciario Justo Gómez Ocerín. 12.

Colecciones de actas parlamentarías

Diario de sesiones de Cortes (Madrid, J. A. García, 1870-1876), 26 vols. (Contiene extraordinarias de 1810-1813, con 8 vols., más uno de índices; las ordinarias de 1813-1814 y las ordinarias y extraordinarias de 1820-1823). Cortes. Actas de las sesiones de las Cortes de la legislatura ordinaria de 1813 (Madrid 1876). Cortes. Actas de las sesiones de las Cortes de la legislatura ordinaria de 1814 (Madrid 1876). Este vol. contiene índices del mismo y del volumen anterior. Actas de las sesiones secretas de las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, que se instalaron en la isla de León, el día 24 de septiembre

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de 1810 y cerraron sus sesiones en Cádiz el 14 de igual mes de 1813, de las celebradas por la Diputación permanente de las Cortes... y de las secretas de las Cortes Ordinarias (Madrid 1874). Diario de las sesiones de Cortes celebradas en Sevilla y Cádiz en 1823 (Madrid 1858). Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes (Madrid 1870-71). Diario de sesiones de las Cortes (Madrid 1871-73). Diario de la Asamblea Nacional (Madrid 1873). Diario de las Cortes Constituyentes de la República Española (Madrid 1873-74). Diarios de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados (Madrid 1876ss). Diarios de las Sesiones de las Cortes. Senado (Madrid 1876ss). 13.

Historias generales de la España contemporánea

ARTOLA GALLEGO, Miguel, Los orígenes de la España contemporánea (Madrid 1975), 2 vols. La España de Fernando VIL Intr. de C. Seco Serrano (Madrid 1968) ( = Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pidal: XXVI). La burguesía revolucionaria (1808-1874) (Madrid 1974) ( = Historia de España Alfaguara: 5). Partidos y programas políticos. 1808-1936 (Madrid 1974-75), 2 vols. BENEYTO, Juan, Historia social de España y de Hispanoamérica. Repertorio manual para una historia de los españoles (Madrid 1973). CARR, Raymond, España 1808-1939 (Barcelona 197?). CIERVA, Ricardo de la, Historia básica de la España actual (1800-1974) (Barcelona 1976) 9. a ed. COMELLAS, José Luis, Historia de la España moderna y contemporánea (Madrid, Rialp, 2 1978), 2 vols. C U E N C A , José Manuel, Historia de España (Barcelona 1973), 2 vols. DESCOLA, Jean, Historia de España (Barcelona 1973). FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor, Orígenes del régimen constitucional español (Madrid 1928). Historia política de la España contemporánea (Madrid 1968), 3 vols. GARCÍA ESCUDERO, José María, Historia política de las dos Españas (Madrid 1976), 4 vols. LAFUENTE, Modesto, Historia general de España..., continuada por J. Valera (Barcelona 1887-90), 25 vols. MADARIAGA, Salvador de, España. Ensayo de historia contemporánea (Madrid u 1978). MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Historia de España. Introducción (Madrid 1947). PALACIO ATARD, Vicente, La España del siglo XIX, 1808-1898 (Madrid 1978). SÁNCHEZ AGESTA, Luis, Historia del constitucionalismo español (Madrid 1953). SECO SERRANO, Carlos, La España contemporánea (Barcelona, Lust. Gallach, 1978), 2 vols. SEVILLA ANDRÉS, Diego, Historia política de España (1800-1973) (Madrid 1974).

Introducción bibliográfica

Introducción bibliográfica

TuÑÓN DE LARA, Manuel, La España del siglo xix (1808-1914) (París 1961, Barcelona, Laia, 21978). La España del siglo xx (Barcelona 3 1978). TUSELL GÓMEZ, Xavier, La España del siglo XX (Madrid 1975). UBIETO, Antonio-REGLA, Juan-JoVER, José María-SECO, Carlos, Introducción a la historia de España (Barcelona 2 1970). VlCÉNS VIVES, Jaime, Historia social y económica de España y América, dirigida por... (Barcelona 1957-59), 5 vols.

de abril de 1973. Vol.IV Historia contemporánea (Santiago de Compostela, Universidad-Fundación «Juan March», 1975). Actas del Primer Congreso- de Historia de Andalucía. Celebrado en diciembre de 1976 (Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1978). H a n salido 7 vols. Aproximación a la historia social de la Iglesia Española contemporánea (San Lorenzo de El Escorial 1978) ( = Colección Biblioteca de Ciudad de Dios). Recoge las actas de los coloquios celebrados en el Real Monasterio del Escorial en julio de 1976.

XXXVI

14.

Recientes misceláneas sobre varios aspectos de la historia de España en los siglos XIX-XX

Ante la imposibilidad de reseñar los numerosos artículos que aparecen continuamente en revistas históricas nacionales y extranjeras sobre la España contemporánea, señalo algunos volúmenes que recogen conferencias o trabajos sobre aspectos diversos, incluidos algunos relacionados con la historia eclesiástica y religiosa de los siglos XIX y XX. La Biblioteca Universitaria Guadiana ha publicado Historia social de España. Siglo XIX (Madrid 1972) e Historia social de España. Siglo XX (Madrid 1976); son dos volúmenes que reúnen las conferencias pronunciadas en el Ateneo de Málaga en 1972 y 1974-75. El Centro de Investigaciones Históricas, de la Universidad de Pau, celebra coloquios sobre el XIX y XX españoles, cuyas comunicaciones desde el tercer coloquio han sido publicadas por la Editorial Cuadernos para el Diálogo, Instituto de Técnicas Sociales (I. T. S.): Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y XX (Madrid 1973); Movimiento obrero, política y literatura en la España contemporánea (Madrid 1974); Prensa y sociedad en España (1820-1936) (Madrid 1975); La cuestión agraria en la España contemporánea (Madrid 1976); Crisis del Antiguo Re'gimen e industrialización en la España del siglo XIX (Madrid 1977). La Escuela de Historia Moderna, del Instituto Jerónimo Zurita, del C. S. I. C , ha publicado un volumen de Estudios sobre la España liberal. 1808-1848 (Madrid 1973) ( = Anexos de la revista «Hispania»: 4) y otro de Estudios de historia contemporánea vol.l (Madrid 1976); los dirige ambos el profesor V. Palacio Atard. Bajo la dirección de J. M. Jover Zamora, la editorial Planeta ha publicado El siglo XIX en España: doce estudios (Barcelona 1974), cuya primera colaboración es un extenso y valioso trabajo sintético sobre El siglo XIX en la historiografía española contemporánea (1939-1972) p. 9-151. Por último, es oportuno remitir a varios congresos celebrados en los últimos años, cuyas actas están en curso de publicación, porque han dedicado gran atención a temas de nuestra historia eclesiástica y civil de los siglos XIX y XX. Me refiero a: Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971 (Valencia, Universidad, 1973ss). Está todavía en curso de edición, pero ya ha salido el vol. IV, dedicado a la época contemporánea. Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas. Celebradas en la Universidad de Santiago de Compostela del 24 al 27

XXXVII

HISTORIA

DE LA IGLESIA

EN

ESPAÑA

V La Iglesia en la España contemporánea (1808-1976)

PRIMERA PARTE

LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS ANTIGUO RÉGIMEN (1808-33) Por

MANUEL REVUELTA

INTRODUCCIÓN

DEL

GONZÁLEZ

BIBLIOGRÁFICA

P a r a el c o n o c i m i e n t o d e la historia d e la Iglesia d u r a n t e el r e i n a d o d e F e r n a n d o V I I (1808-33) existen varias colecciones d e fuentes i m p r e sas. E n t r e las d e c a r á c t e r oficial c o n v i e n e d e s t a c a r los Diarios de Cortes ', p u e s e n los inicios del p a r l a m e n t a r i s m o se ventilan los t e m a s f u n d a m e n tales d e la política religiosa con a m p l i t u d y a p a s i o n a m i e n t o . La Gaceta de Madrid 2 publica las m á s i m p o r t a n t e s decisiones legislativas y c o n t i e n e a m e n u d o artículos d e f o n d o e n apoyo d e las m e d i d a s religiosas a d o p t a d a s p o r los diversos g o b i e r n o s . Las Colecciones de decretos 3 , t a n t o e n los p e r í o d o s liberales c o m o e n los absolutistas, constituyen u n c ó m o d o y eficaz c o m p l e m e n t o . B u e n n ú m e r o d e los m á s significativos d o c u m e n t o s eclesiásticos fuer o n recopilados e n la Colección eclesiástica española 4 , rica antología, a u n 1

Nos referimos a las Cortes de Cádiz (1810-13), Cortes ordinarias de Cádiz y Madrid (1813-14) y a las Cortes del trienio (1820-23). Seguiremos la editio princeps, que se publica en el momento en que se celebran las sesiones, citándola con la sigla DC. 2 La Gaceta de Madrid (GM) es especialmente importante para el estudio del Gobierno afrancesado, pues resulta insuficiente el Prontuario de leyes y decretos del Rey nuestro Señor don José' Napoleón I desde el año 1808 (Madrid 1810-12) y el Código español del reinado de José' Napoleón Bonaparte, por D. Miguel de los Ríos (Madrid 1845). 3 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias 1.1-4 (Madrid 1820); Colección de los decretos y órdenes de las Cortes ordinarias t.5 (Madrid 1820); Colección de los decretos y órdenes de las Cortes t.6ss (Madrid 1820-23); Decretos del Rey D. Fernando VII..., por don Fermín Martín de Balmaseda t.1-6 (1814-20); Decretos y resoluciones de la Junta provisional, Regencia del Reino y los expedidos por S.M. desde que fue libre del tiránico poder revolucionario... t.7 (1823); Decretos del Rey nuestro Señor..., por don Josef María de Nieva t.8-18 (1823-33). Nos serviremos de estas ediciones para las citas, pero indicando solamente la fecha del decreto, real orden, circular o instrucción, pues ella basta para una fácil localización. 4 Colección eclesiástica española comprensiva de los breves de S. S., notas del R. Nuncio, representaciones de los SS. Obispos a las Cortes, pastorales, edictos,

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Manuel Revuelta González

que no exhaustiva, de las reacciones de la jerarquía durante el trienio constitucional. Los Documentos de Fernando VII, publicados por la Universidad de Navarra, ofrecen materiales importantes para conocer las actitudes eclesiásticas durante las épocas absolutistas 5. La correspondencia del nuncio Tiberi nos revela el interesante mundo de las relaciones diplomáticas con Roma 6. Estas fuentes elementales han de completarse con el inmenso número de publicaciones coetáneas de diversa especie. Entre ellas debe destacarse un elemento nuevo, de importancia capital para conocer la divulgación del ambiente anticlerical y la consiguiente respuesta apologética: la prensa periódica, representada no sólo en los diarios 7, sino también en una serie de cartas y escritos debidos a la pluma de un solo autor que polemiza con periodicidad irregular. Tal es el caso, por ejemplo, de las Cartas del filósofo rancio (P. Alvarado), de Don Roque Leal (Villanueva) o del Pobrecito holgazán (Miñano). A todo ello debe añadirse el mar inabarcable de los folletos, unas veces serios, otras satíricos, en que se discuten las cuestiones del día; así como la abundante proliferación de pastorales y sermones, en los que las ideas teológicas se acomodan a las más diversas circunstancias e ideologías políticas. La Colección del Fraile, del Servicio Histórico Militar, demuestra la abundancia de estas obras menores, de gran valor historiográfico 8. Toda consulta del estudioso en cualquier biblioteca con fondos antiguos le hará descubrir hallazgos no registrados en las bibliografías. Los libros «clásicos» de la historiografía de aquel tiempo que suelen aparecer mencionados en las monografías, son más conocidos que los folletos y periódicos. Entre los más imprescindibles para esta zona de etcétera, con otros documentos relativos a las innovaciones hechas por los constitucionales en materias eclesiásticas desde el 7 de marzo de 1820, 14 tomos (Madrid 1820-23). s Documentos del reinado de Fernando VII: Seminario de Historia Moderna, Universidad de Navarra (Pamploma 1965ss). Han aparecido por ahora 8 volúmenes, todos con introducción y notas de F. Suárez (excepto el vol.3, por A. M. Beraluce, que colabora también en el vol.5). Los más importantes para la historia eclesiástica son el vol.2: Informes sobre el estado de España (1825), y el vol.8: Los agraviados de Cataluña, en 3 tomos. También ha publicado F. Suárez los informes oficiales sobre Cortes: Cortes de Cádiz (Pamplona 1967-74), 3 vols. De gran interés son los documentos publicados por P. A. PERLADO, LOS obispos españoles ante la amnistía de 1817 (Pamplona 1971). 6 V. CÁRCEL ORTÍ, Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1834) (Pamplona 1976). 7 Sobre la efervescencia periodística de las dos épocas liberales fernandinas, cf. los catálogos que ofrecen M. GÓMEZ IMAZ, LOS periódicos durante la guerra de la Independencia (1808-1814) (Madrid 1910), y A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas (1820-1823) t.2 (Madrid 1975). 8 ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO, Servicio Histórico Militar, índice catalogado de la famosa colección histórica llamada del Fraile, 4 tomos (Madrid 1949-50); Diccionario bibliográfico de la guerra de la Independencia española. 1808-14, 3 tomos (Madrid 1947-52). También aparecen citados numerosos folletos en la obra indicada de Gil Novales y en M. ARTOLA GALLEGO, LOS orígenes de la España contemporánea t.2 (Madrid 1976). Ofrece un buen repertorio de sermones A. MARTÍNEZ ALBIACH, Religiosidad hispana y sociedad borbónica (Burgos 1967).

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P.I. La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)

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la historia eclesiástica hemos de recordar las obras de Alvarado, Vélez, Vi]lanueva, Blanco, Llórente, Amat, Toreno, Galiano, Inguanzo, Canga Arguelles y otros autores coetáneos a los que haremos referencia en las líneas subsiguientes. Las fuentes impresas, sin embargo, sólo son capaces, por lo general, de trazar la silueta fundamental del pasado histórico. Los verdaderos latidos de la historia se captan en la paciente consulta de las fuentes inéditas de los archivos, a menudo prolijas y referidas a tiempos y espacios muy concretos, pero portadoras siempre del cálido aliento del pasado. La historia eclesiástica española contemporánea debe rehacerse sobre la documentación original que guardan el Archivo Vaticano 9 , los archivos nacionales 10 y los todavía no suficientemente explorados archivos parroquiales, episcopales y de órdenes religiosas. El interés que ha suscitado últimamente nuestra historia eclesiástica decimonónica, ha dado como fruto monografías, nada despreciables en número y calidad, publicadas en estos últimos años u . Sin embargo, quedan todavía por estudiar importantes aspectos de la época fernandina; e incluso se echan de menos monografías que aborden, en una síntesis rigurosa, períodos tan fundamentales como la guerra de la Independencia y los períodos absolutistas. Por eso siguen siendo todavía útiles obras generales como la Historia eclesiástica de España, de V. de la Fuente, los Heterodoxos, de Menéndez Pelayo, o las Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede en el siglo xix, de J. Becker, así como las historias de las órdenes religiosas 12, los episcopologios 13 y las obras de 9 V. CÁRCEL ORTÍ, El archivo del nuncio en España Giacomo Giustiniani (18171827): Escritos del Vedat 6 (1976) 265-300; Política eclesial de los gobiernos liberales españoles. 1830-1840 (Pamplona 1975) 27-51. 10 En el Archivo Histórico Nacional son de especial interés los Papeles de la Junta Central, en la sección de Estado. En la sección de Consejos, los leg. 12027-12084 (religiosos del siglo Xix), así como varios libros y legajos de Hacienda y Clero, para los que existen los correspondientes catálogos mecanografiados. En el Archivo de Simancas hay importantes fondos eclesiásticos en la sección de Gracia y Justicia. En el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores se conserva la documentación de la Embajada. J. Pou Y MARTÍ, Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, IV; Documentos de la primera mitad del siglo xix (Madrid 1935). 11 Para los artículos de revista contamos ya con una estimable reseña: J. M. CUENCA-J. LONGARES, Bibliografía de la historia de la Iglesia. 1940-1974: Artículos de revista (Valencia-Córdoba 1976). Otros libros y monografías de interés serán citados en su lugar adecuado. 12 SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y America (Burgos 193549), 14 vols.; L. FRÍAS, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia moderna de España, 2 tomos (Madrid 1923,1944); P. SANAHUJA, Historia de la Seráfica Provincia de Cataluña (Barcelona 1959); C. RABAZA, Historia de las Escuelas Pías en España (Valencia 1917-18), 4 vols.; M. CARCELLER, Historia general de la Orden de Recoletos de San Agustín. T.l: 1808-1836 (Madrid 1962); C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX (Barcelona 1906) 2 vols.; Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo xix (Barcelona 1915 y 1917), 2 vols.; JUAN C. GÓMEZ, Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Granada 1963); J. M. CASTELLS, Las asociaciones religiosas en la España contemporánea (1767-1965) (Madrid

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Manuel

Revuelta

González

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carácter enciclopédico . También son útiles algunas visiones y panorámicas de conjunto que, sin entrar en detalles, pueden ofrecer síntejsis y valoraciones de interés para todo el período que nos ocupa 1S. ¡ Nuestro cometido consiste en elaborar una síntesis de la historia externa de la Iglesia española, especialmente en sus relaciones con el poder civil. Conscientes de la estrecha vinculación entre nuestra historia religiosa y civil, hemos ajustado los períodos de aquélla a los que configuran la historia política de España. Otros aspectos no menos importantes quedarán tratados por otros colaboradores de este volumen. Hubiéramos deseado desarrollar, a modo de plataforma de arranque de esta historia, un elenco de datos estadísticos 16 y una pintura sobre la situación económica, administrativa, cultural y espiritual de la Iglesia de España a principios del ochocientos ,7 ; pero no ha sido factible por los imperativos de espacio y la planificación general de este volumen. 13

Remitimos a las obras reseñadas por J. M. CUENCA, Materiales para el estudio de la Iglesia jerárquica española contemporánea: episcopologios, biografías, obras de carácter general: Bol. de la R. Acad. de la Historia 171 (1974) 293-317; Sociología de una élite de poder en España e Hispanoamérica contemporáneas. La jerarquía eclesiástica (1789-1965) (Córdoba 1976). 14 Diccionario de historia eclesiástica de España, dirigido por Q. ALDEA, T. MARÍN y J. VIVES, 4 tomos (Madrid 1972-73-75). 15 A. MARTÍNEZ ALBIACH, Talante del catolicismo español: Burgense 17 (1976) 99-160.543-632; 18 (1977) 253-317; M. TUÑÓN DE LARA, El hecho religioso en España (París 1968); J. M. CUENCA, La Iglesia española en la crisis del Antiguo Régimen (1789-1833) Iglesia y Estado en la España contemporánea (1789-1914), en Aproximación a la Historia de la Iglesia Contemporánea en España (Madrid 1978) 17-148; A.M. ROUCO VÁRELA, Antecedentes históricos de las relaciones actuales entre la Iglesia y la comunidad política en España: Salmanticensis 21 (1974) 217-34; M. REVUELTA GONZÁLEZ, Crítica y reforma de los primeros liberales a la Iglesia española (Madrid 1976); VÁZQUEZMEDÍN-MÉNDEZ, La Iglesia española contemporánea (Madrid 1973); J. MERCADER RIBA, Orígenes del anticlericalismo español: Hispania 33 (1973) 101-23. 16 J. SÁEZ MARÍN, Datos sobre la Iglesia española contemporánea. 1768-1868 (Madrid 1975). También se encuentran interesantes datos en J. CANGA ARGUELLES, Diccionario de Hacienda 5 tomos (Londres 1826-27); MOREAU DE JONNES, Estadística de España, tra. y adicionada por Pascual Madoz (Barcelona 1835). Y en las Guías del Estado eclesiástico seglar y regular de España de la época. 17 Sobre el estado de la Iglesia, especialmente del clero, en el primer tercio del xix se han ocupado: V. PALACIO ATARD, Fin de la sociedad española del Antiguo Régimen (Madrid 1952); M. ARTOLA GALLEGO, LOS orígenes de la España contemporánea t.l (Madrid 21975) 38-52; M. REVUELTA GONZÁLEZ, Política religiosa de los liberales en el siglo xrx. Trienio constitucional (Madrid 1973) 22-52; J. PLAZA PRIETO, Estructura económica de España en el siglo xvm (Madrid 1976) 15760.642-54; G. FELÍU, La clerecía catalana durante el trienni liberal (Barcelona 1972); L. HIGUERUELA DEL PINO, El clero de la diócesis de Toledo durante el pontificado del cadernal Borbón (tesis doctoral en vías de publicación); A. PACHO, El P. Palau y su momento histórico: Monte Carmelo 80 (1972) 17-75.

CAPÍTULO I

LA GUERRA SANTA DE LA

INDEPENDENCIA

La historia contemporánea española comienza con una guerra santa. El motivo religioso no fue el único factor que impulsó a los españoles al levantamiento, ni fue sentido por todos de la misma manera. Pero ese motivo existía, y era tan fuerte y espontáneo, que no podría ser olvidado por los dirigentes de la insurrección. Los criterios políticos de éstos y sus mismas convicciones religiosas podían ser dispares. Algunos políticos integrarán el sentimiento religioso a la insurrección con espontaneidad y convicción; otros procurarán manipular ese sentimiento por conveniencias e interés. Pero a todos se les ofrece como una fuerza imponente para lograr la independencia de España. La fuerza del sentimiento religioso estriba en su carácter eminentemente popular; y no puede olvidarse que en definitiva fue el pueblo español quien hizo y ganó la guerra. Era un pueblo que luchaba por amor a su religión, a su rey y a su patria. Para este pueblo, todavía no contaminado por las ideas de la Ilustración, esa trilogía era la expresión de unos valores primarios e inseparables. Por eso, la lucha por la libertad del rey cautivo y por la independencia de la tierra profanada quedó espontáneamente convertida en una cruzada en defensa de la religión de los padres. Son viejos sentimientos los que mueven a la gran masa anónima del pueblo español, que no sabe todavía separar lo divino de lo humano. Pero es nueva su forma de luchar con un tesón indómito, con un apasionamiento hasta entonces desconocido. 1 Sobre la guerra de la Independencia en general cf. TORENO: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España: BAE t.64 (Madrid 1872). J. GÓMEZ DE ARTECHE, Guerra de ¡a Independencia. Historia militar de España de 1808 a 1814, 14 tomos (Madrid 1868); M. ARTOLA GALLEGO, La España de Fernando VII, t.26 de la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal (Madrid 1968); J. R. AYMES, La guerra de la Independencia en España (1808-1814) (Madrid 1974); SERVICIO HISTÓRICO MILITAR, Guerra de la Independencia, 3 tomos (Madrid 1972); G. H. LOVETT, La guerra de la Independencia y el nacimiento de la España contemporánea, 2 tomos (Barcelona 1975); L. HIGUERUELA prepara actualmente un estudio sobre la diócesis de Toledo durante la guerra de la Independencia. Sobre el espíritu religioso de la guerra: A. PÉREZ GOYENA: El espíritu religioso en la guerra de la Independencia: Razón y Fe 21 (1908) 5-18; E. PARADAS, Las comunidades religiosas en la guerra de la Independencia (Sevilla 1908); G. JIMÉNEZ CAMPAÑA, Acción del clérigo español en la guerra por nuestra independencia (Madrid 1908); AMBROSIO DE VALENCIA, Los capuchinos de Andalucía en la guerra de la Independencia (Sevilla 1910); C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, LOS religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo xix (Barcelona 1915, 1917); J. R. DE LEGÍSIMA, Héroes y mártires gallegos. Los franciscanos de Galicia en la guerra de la Independencia (Santiago 1912); Las órdenes religiosas en la guerra de la Independencia: Arch. Iberoam. 38 (1935) 189-215.

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E L SENTIDO RELIGIOSO DE LA GUERRA

La participación del clero en el levantamiento fue una de las peculiaridades más acusadas de aquella guerra. La existencia de clérigps afrancesados y de obispos y curas que soportaban en silencio la ocupación no justifica las opiniones de quienes han querido disminuir la iirnportancia de la colaboración clerical en la guerra contra el invasor. |Ni puede tampoco sostenerse la teoría de que fue sólo el clero bajo y tío los obispos quienes actuaron con patriotismo. El clero en conjunto, como estamento, atizó la guerra y la sostuvo con sus bienes, con sus exhortaciones y con el ofrecimiento radical de sus personas. La guerra de la Independencia inaugura la estampa pintoresca del cura guerrillero, que tanto había de proliferar en nuestras contiendas civiles del siglo XIX. No existe región española donde no pululen las guerrillas conducidas por canónigos, curas o frailes 2. En Galicia, las conduce Acuña, Carrascón, Rivera, Couto, Valladares, y los abades de Valdeorras, Casoyo, Cela, San Mamed y Trives. En Santander las dirige el obispo, estrafalario y barroco, Menéndez de Luarca. En Castilla la Vieja, los curas Merino y Tapia y el capuchino Délica se revelan como geniales estrategas. En la Mancha hacen la guerra Quero, Ayestarán, Salazar e Isidro. En Aragón y Navarra, el párroco de Valcarlos, el prior de Ujué, el beneficiado de Laguares y el presbítero Rubio. En Cataluña se destaca Rovira, al que emulan Montaña y Díaz. En Andalucía, el fraile Rienda y los curas de Riofrío, Lobello y Casabeimeja. Existieron activos organizadores de las defensas de las ciudades, como Santiago Sas y el P.José de la Consolación, en Zaragoza i, e incansables espías y estrategas, como Fr. Baudilio de San Boy 4, en Cataluña, o el P. Teobaldo, en Aragón. Hubo batallones compuestos exclusivamente por eclesiásticos, como los dominicos de Málaga, los carmelitas de Logroño, los franciscanos de Burgos, los frailes a caballo de Murcia, los exclaustrados de Ronda. En la heroica Gerona se formaron compañías de cruzados eclesiásticos seculares y regulares. «El oír tocar a generala era para ellos —según un cronista franciscano— lo mismo que oír la campana de obediencia» 5. En la organización del levantamiento encontramos a sacerdotes entre los agitadores y conductores de las masas que se oponían a las autoridades «colaboracionistas», como el P. Rico, en Valencia 6; el P. Gil, en Sevilla; el canónigo Llano Ponte, en Oviedo, o el capuchino Berrocal, en Málaga. No había junta local o provincial en la que no estuviera presente algún clérigo, fraile u obispo 7. 2

P.I. La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)

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E. CARRO CELADA, Curas guerrilleros en España (Madrid 1971); N. HORTA, La guerrilla

del cura Merino: Rev. de Hist. Militar 12 (1968) 41-64. 3 M. CARCELLER, El P. Consolación, héroe de Zaragoza, mártir de la Patria y santo: Estudios de la guerra de la Independencia, III (Zaragoza 1967) 167-87. 4 A H N Est. leg.27A n.79-91; exposición de méritos de Fr. Baudilio a la Junta Central, Tarragona, 28-8-1809. 5 F. ARAGONÉS, Frayles Franciscos de Cataluña (Barcelona 1833) 50. 6 M. DE LA E. SORIANO, El P. Rico y el levantamiento de Valencia contra los franceses: Arch. Iberoam. 13 (1953) 257-327. 7 Participaron en la J u n t a Central los obispos Vera y Delgado (auxiliar de Sevilla) y Silva (patriarca de las Indias); el cardenal B o r t ó n y D. Pedro Quevedo fueron presidentes de la Regencia. Actuaron d e presidentes de las respectivas Juntas Provinciales los obispos de Cuenca, Santander, Toledo, Sevilla, Zamora y Orense; y de vocales, los de Cádiz, Valencia, Murcia, Huesca y Galicia. Cf. I. DE VILLAPADIERNA, El episcopado español y las Cortes de Cádiz: Hisp. Sacr. 8 (1955) 275-385.

Estos nombres y estos ejemplos de una participación activa de los eclesiásticos en la guerra no son lo más importante. La verdadera aportación y la más estimable consiste en la dirección mental y espiritual del movimiento insurreccional. Dotar de ideología, levantar los ánimos, incendiar los sentimientos, comunicar, en fin, el alma y la razón de ser del sacrificio que suponía la resistencia, eran los servicios más estimables que el clero podía ofrecer a la «santa causa» y los que más fomentaron las autoridades. El pueblo de la guerra de la Independencia no concibe uña vida temporal disociada del orden sobrenatural. El sacerdote juega, por consiguiente, un papel primordial en las actitudes de las gentes, hasta tal punto, que el P. Vélez no tuvo reparo en afirmar que «el que sabe a fondo el carácter del pueblo español..., conocerá que para él ha tenido más influjo el sermón o el consejo de un fraile o clérigo que todas las amenazas del Gobierno, sus proclamas y sus órdenes» 8. No sólo por convicción, sino por un elemental sentido político, las autoridades insurrectas —juntas, generales, caudillos—invocan en sus proclamas, manifiestos y disposiciones al factor religioso: la defensa de la religión oprimida, la pureza de la fe de los padres, la cruzada contra la impiedad de los hijos de la revolución. La Junta Central apeló al sentimiento religioso cuando el entusiasmo provocado por la victoria de Bailen parecía agotarse ante el incontenible contraataque de Napoleón, cuyo resultado sólo podía ser una guerra larga y dura contra un enemigo muy superior en el campo de batalla. En una circular desesperada, la Junta hizo entonces un llamamiento al clero español. Está convencida de que la ruina de la Patria acarrearía la de la religión, y por eso inculca a cada eclesiástico «la necesidad de avivar la fe de los fieles y de manifestar que la guerra en que nos hallamos es santa y de religión; sobre lo que tal vez produciría el mejor efecto que, como en tiempo de la Cruzada, se concedieran a los ejércitos algunos religiosos de notoria virtud y elocuencia para arengar a los soldados al tiempo de entrar en acción». Todos los párrocos, «en las conversaciones particulares, en las pláticas doctrinales y en todos los actos públicos», deberán descubrir al pueblo el peligro en que se hallan; y los conventos deberán enviar religiosos a los pueblos grandes «para entusiasmarlos e inducirlos al punto de armarse en masa cuando esta medida sea necesaria para salvar a la Patria» 9. Persiste aún la concepción religiosa del Antiguo Régimen: sin religión no sería posible la sociedad, la Patria ni el Estado. Por eso, la noticia de que algunos pocos obispos han exhortado la obediencia al rey José, escandaliza horriblemente a la Junta, que lanza contra ellos duras represalias 10. En 1809 vuelve la Junta Central a pedir la colaboración moral de los eclesiásticos. En Sevilla organizó una junta de regulares. Esta junta canalizó los ofrecimientos de los frailes, que actuaron d e correos, de espías, i e enfermeros en los hospitales, de escribientes en las 8

R. DE VÉLEZ, Preservativo contra la irreligión (Madrid " 1813) 94. Llamamiento de la Junta Central al clero español en 1808, cit, por AYMES, O.C, 133. "> A H N Est. leg.lOC n.5; dec. de 12-4-1809.

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oficinas, de capellanes en los ejércitos, de vigilantes de rondas, de trabajadores en la construcción de fuertes y defensas y, sobre todo, de n i sioneros en los pueblos n . En las zonas de guerra, donde no era posible hacer misiones, la Junta Central propagó la cruzada. Por el decreto ne 28 de junio de 1809 incitaba a imitar las que se habían establecido en Extremadura y Cataluña, como lo exigían unos enemigos «más impío: sacrilegos con Dios que inhumanos con los hombres» 12. El fermento religioso de pastorales, sermones, oraciones y acciones litúrgico-patrióticas caló profundamente en el alma popular. Las insurrecciones de las provincias surgieron al grito de la religión y se guiaron bajo enseñas y estandartes religiosos. J u n t o al retrato del rey campea la imagen de Cristo, de la Virgen o del santo patrono. Los gerundenses organizan una procesión para entregar a San Narciso el bastón de mando. La campana y el cañón, evocados por el poeta, proclamaban un mismo mensaje, y la guerra se iniciaba y continuaba, como una gigantesca liturgia, al reclamo bíblico de Dios de los ejércitos y con las ceremonias de bendición de banderas nacionales. Los trofeos enemigos se fijaban como exvotos en los muros de los santuarios. Por doquier se organizaban, unas veces por decreto y otras por iniciativas locales, solemnes exequias por las víctimas de la guerra, a quienes no se dudaba en atribuir el título de mártires o se entonaban solemnes Te Deum por las victorias. La fecunda veta de la religiosidad popular se expresaba en catecismos, coplas y canciones. Un catecismo patriótico de preguntas y respuestas, al estilo del que se aprendía en la doctrina, resultaba especialmente apto para hacer sentir, bajo el encofrado de una terminología familiar, los temores, afectos, odios o esperanzas suscitados por la guerra. El «español por la gracia de Dios» tiene la obligación de ser cristiano y defender la Patria y el rey. El enemigo de nuestra felicidad es el emperador de los franceses, «principio de todos los males, fin de todos los bienes y compuesto y depósito de todos los vicios». Napoleón tenía dos naturalezas, una diabólica y otra humana, y los franceses —«antiguos cristianos, nuevos herejes»— habían sido conducidos a la esclavitud por la falsa filosofía. A la pregunta de si es pecado asesinar a un francés, se responde: «No, padre; se hace una obra meritoria librando a la Patria de estos violentos opresores» 13. También se divulgó un credo español en el que el patriota cree en la Junta Central del reino, poderosa y criadora de la libertad española, y en Fernando VII, su único hijo y nuestro señor 14. Algunos periodistas liberales intentaron quitar importancia ritu religioso que animó la insurrección y a la colaboración Pero ambos fenómenos eran demasiado patentes y actuales para disimulados. Ya en 1813, el P. Vélez resaltaba la evidencia de chos, dándoles un realce épico. «La misma religión es la que ha

al espíclerical. quedar los hearmado

11 La Junta de regulares estaba presidida por Lorenzo Bonifaz, a quien se dirigieron numerosos ofrecimientos de religiosos (AHN Est. leg.27A n.4^13). También la circular sobre misiones de 20-5-1809 obtuvo clamorosa acogida. '2 AHN Est. leg.10Cn.10. 13 Catecismo español. Cit. por F. DÍAZ PLAJA, La Historia de España en sus documentos. El siglo xix (Madrid 1954) 71-73. 14 M. GÓMEZ IMAZ, LOS periódicos durante la guerra de independencia (Madrid 1910) 158.

La Iglesia española y el Antiguo

Régimen

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ahora nuestro brazo para vengar los insultos que ha sufrido del francés en nuestro suelo. La religión —prosigue— nos condujo a sus templos, bendijo nuestras armas, publicó solemnemente la guerra y santificó nuestros soldados. Así empezó la gloria y la libertad de una nación abatida.» Vélez se exalta al contemplar una lucha en la que ha participado todo el pueblo y en la que los ministros del santuario activaron la efervescencia en los ánimos. «Toda la España se llegó a persuadir que, dominando la Francia, perdíamos nuestra fe. Desde el principio se llamó a esta guerra, guerra de religión: los mismos sacerdotes tomaron las espadas, y aun los obispos se llegaron a poner al frente de las tropas para animarlos a pelear» 15. El testimonio del P. Vélez, a pesar de su exaltación, no debe parecemos exagerado, pues los generales franceses y los españoles afrancesados lo confirman sistemáticamente en los testimonios que nos dejaron sobre la guerra de España 16. 2.

T E O L O G Í A DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Una guerra concebida como cruzada y desarrollada en medio de un ferviente espíritu religioso tiene que nutrirse forzosamente de una ideología espiritual. La guerra de la Independencia tuvo a su favor una teología, como la tuvieron otras guerras anteriores, y como la estaban teniendo en aquellos años en Francia las campañas de Napoleón. La teología bélica está llena de tópicos comunes, cuya única diferencia proviene de las aplicaciones concretas. En la guerra de la Independencia se parte del supuesto incuestionable de una guerra santa. Esta convicción se admite como una evidencia que no necesita demostración, sino solamente revestimiento retórico y explanación teológica de su poliédrico contenido. Los clérigos y obispos de la guerra de la Independencia nos han dejado abundantes pastorales y sermones en los que la guerra y la revolución quedan legitimados con categorías religiosas que no son propiamente nuevas, pero que nunca habían sido expresadas con tanta convicción ni exaltación. En aquel país sin rey, cada clérigo o cada fraile que ascendía al pulpito se sentía oráculo de la divinidad. En aquellos sermones de guerra, todo es desmesurado y vehemente, a tono con la gran tragedia de España. Más que sermones, son una metralla caótica de palabras y conceptos donde se mezclan tropos retóricos, figuras teológicas e imágenes bíblicas. Hay una tendencia a mitificar lo real y a desorbitar los hechos ' 7 . La guerra es presentada, a menudo, como castigo y expiación de nuestros pecados. No pocas veces se especifican los pecados que han merecido el castigo divino. Unas veces son pecados que podemos llamar tradicio15

VÉLEZ, Preservativo 83-95. R. CALVO SERER, España y la caída de Napoleón: Arbor 5 (1946) 215-58. Hace interesantes análisis de sermones en relación con la ideología política A. MARTÍNEZ ALBIACH, Religiosidad hispana y sociedad borbónica (Burgos 1969). Un precursor de esta ideología de cruzada había sido el Beato Diego de Cádiz con su obra El soldado católico en guerra de religión (Ecija 1794). 16 17

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nales (como las faltas de asistencia a misa, la no satisfacción de diezmos o la blasfemia, que recuerda el obispo de Ibiza). Otras son pecados nuevos, como el haberse dejado contagiar por el espíritu librepensador y revolucionario. A las calamidades, infortunios y malas cosechas de años anteriores, Dios añadía sobre nosotros el terrible azote de la guerra con todas sus terribles secuelas. Pero ese castigo tenía un sentido salvífico, que nos debía conducir a la corrección y a la conversión. La guerra, por lo tanto, debía recibirse como penitencia expiatoria. De ahí la estrecha relación entre la moralidad, la conversión y la oración con la victoria final. Todos los predicadores dan por supuesto, si es que no hablan expresamente, de que se trata de una guerra justa, y afirman su licitud fundándose en los principios elementales de la ética. El honor nacional ha sido herido por una invasión bárbara, que pone en peligro la propiedad, la religión y la libertad. A la vista de tantas rapiñas y ante la amenaza de cárceles y destierros, el obispo de Ibiza excita a sus diocesanos «a la justísima defensa, que nos insta, de nuestra nación, robada, insultada y perseguida» 18. Para muchos predicadores, la guerra es, además, obligatoria, pues están en juego unos valores fundamentales, que son preferidos a la misma vida. El P. Pablo de San Hipólito predicó en la catedral de Solsona un impresionante sermón, en el que, después de pintar con vividos colores los sacrilegios y abusos cometidos por los franceses, interpelaba a sus oyentes con el llamamiento que les hacían la Patria, la Iglesia, el rey y el mismo Dios. «¿Haréis el sordo a tantas voces? ¡Ah!, si sois verdaderos españoles, si sois cristianos, todos, todos estáis obligados a concurrir con bienes y personas a esta guerra de Dios. Lo demás sería hacerse traidores a la Patria y mostrarse herejes». La respuesta indiferente no era posible ante la guerra más justa y necesaria de todos los tiempos. Sería un crimen grande, un pecado grave, pues «jamás los cristianos ni españoles han estado más obligados que ahora a defender con todas sus fuerzas la religión y la Patria» 19. Lo que ante todo se recalca es que se trata de una guerra divinal y salvífica. Para esclarecer esta concepción se sitúa a la guerra en una doble vertiente, patriótica y mística, que si, por un lado, significa un eslabón más con la historia teologal de España, por otro cobra alientos escatológicos y sobrenaturales. La guerra de la Independencia es un nuevo capítulo de la historia de salvación, que dio comienzo con las gestas de los jueces y caudillos del pueblo de Israel, que fue continuada en las guerras de cruzada de la reconquista española en defensa de la fe y que se desarrolla en estos días contra unos enemigos que pretenden conculcar los derechos de Dios y de la Patria. Se trata de una guerra entre las dos ciudades agustinianas y de una cruzada contra una nueva morisma. Las transposiciones y personificaciones son abundantísimas. España es el nuevo pueblo de Israel en armas, la heredad profa-

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La Iglesia española y el Antiguo

Re'gimen (1808-33)

nada del Señor, el pueblo conducido por el Dios de los ejércitos. En el rey cautivo, en los vocales de las juntas o en los generales de los ejércitos aparecen redivivos los héroes del Antiguo Testamento —Moisés, David, Mardoqueo, los Macabeos— o los reyes y caudillos de la sagrada historia de España, los nuevos Cides, Pelayos, Jaimes o Alfonsos. Personajes, sitios o batallas quedan mitificados y transfigurados y adquieren una dimensión transcendente. El enemigo se describe con no menos hipérboles, aunque en sentido contrario. Es un adversario digno de una guerra transcendente. Por tanto, es portador de una maldad satánica que supera los rasgos de un simple enemigo terreno. Los predicadores vomitan denuestos contra el caudillo de aquellas huestes fatídicas. Aquel Napoleón, a quien todavía los obispos de Francia estaban adulando como restaurador del culto católico, resultaba ser un monstruo de maldad y perfidia, un nuevo Satán, un hijo y propagador de la revolución regicida y deicida, un perseguidor de la Iglesia y del papa, a quien tenía cautivo. Los franceses eran unos ladrones, asesinos y herejes; propagadores de la falsa filosofía y de la nueva barbarie. Ante el enemigo, no sólo del cuerpo, sino también del alma, sólo era posible en los patriotas una actitud de desconfianza, desprecio, odio y venganza. Por el contrario, nuestra causa es la de Dios, que pelea con nosotros y nos protege con milagros. «El cielo estuvo siempre a nuestro favor cuando, como ahora, peleábamos por la justicia, por la fe y por la religión, y nuestro apóstol Santiago asistió a nuestros combates como ángel tutelar o como el brazo y el dedo de Dios» 20. El antropomorfismo sobrenatural imagina a Dios interviniendo en nuestras batallas y atribuye a la Virgen o a los santos una acción milagrosa a favor de nuestras armas. San José, Santiago, la Virgen del Pilar o la patrona del contorno actúan en la guerra divinal. «La Patrona Nuestra Señora de las Virtudes oyó vuestras súplicas, y el cielo os favoreció», explicaba a sus feligreses el cura de Santa Cruz de Múdela, y concluía con un grito de esperanza: «El Dios de los ejércitos está de nuestra parte; decid con seguridad: Si Deus pro nobis, quis contra nos?» 21 . Porque, efectivamente, si se trataba de una guerra teologal contra el príncipe de las tinieblas, la victoria definitiva tenía que ser nuestra. La guerra de cruzada presupone una absoluta confianza en la victoria. Las armas de la lucha no sólo han de ser temporales, sino ascéticas; porque a los demonios sólo se los vence con oración y ayuno. Por eso, la llamada a las armas va acompañada de funciones litúrgicas, procesiones, rogativas y misiones. La cruzada tenía un sentido de expiación, purificación y penitencia. Las derrotas y desgracias no han de producir el desaliento, sino que han de recibirse como pruebas, a través de las cuales Dios nos conduce a la victoria final y a un futuro glorioso. En este contexto, la muerte en la cruzada era equivalente a un martirio. Las elegías y oraciones fúnebres en memoria de los héroes caídos en las batallas del

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AHN Est. leg.8B n.17; pastoral de Blas J. Beltrán de 24-1-1809. AHN Est. leg.27E n.281; sermón de la Circuncisión predicado por Fr. Pablo de San Hipólito en la catedral de Solsona (1809). 19

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20 21

Sermón de Fr. Josef M.a de Jesús. Cf. MARTÍNEZ ALBIACH, O.C, 123. Proclama del cura Antonio Pastor de 7-11-1808 (AHN Est. leg.27D n.252).

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Señor tenían el tono exultante del triunfo martirial 2 2 . La guerra y la muerte dejaban de convertirse en males y eran saludadas con la alegría de la liberación escatológica: «¡Oh deliciosa guerra, donde Jesucristo es la causa del pelear!... Regocíjate, gloríate sobre todos, tú que has muerto en el campo de batalla y desde él has volado a unirte con tu Dios, volando a recibir un premio eterno en la morada de los justos...» 23 Tales eran los capítulos esenciales de la teología bélica utilizada durante la guerra de la Independencia. Grande tuvo que ser el impacto que produjo en unos oyentes previamente indignados y dotados de un hondo y primario sentido religioso. La gran tragedia de España fue coreada por los trenos patéticos de innumerables profetas. La catástrofe de la Patria fue para ellos un revulsivo de tal naturaleza, que no fueron capaces de distinguir los perfiles que separaban el mundo temporal del sobrenatural. Su teología bélica no tiene nada de racional ni sistemática; es pura emoción, es tromba de sentimientos patrióticos y religiosos, es un torrente confuso en el que se mezclaba lo humano y lo divino, la Biblia y la historia, el tiempo y la eternidad. Valga como ejemplo la siguiente peroración de uno de aquellos sermones: «Sí, dulcísimo Jesús; aquí estamos todos prontos a dar la sangre y la vida por vos y por vengar las injurias de vuestra religión santa y de vuestro reino de España. Alentadnos vos para poder resistir a ese monstruo, enemigo de vuestro santo nombre. Disipad esas legiones infernales y confundid los consejos malignos de esa nación perversa y enemiga de la paz: dissipa gentes quae bella volunt. Ya que no quieren que vos reinéis con el amoroso título de Príncipe de la paz, haceos para ellos Príncipe de la guerra; tomad el antiguo título de Dios de los ejércitos y destruidlos y aniquiladlos. No permitáis, Señor, que nos dominen vuestros enemigos; no entreguéis a esas bestias feroces las almas que os confiesan y adoran: ne tradas bestiis animas confitentes tibí. Muramos todos antes que rendirnos a vuestros enemigos. Dadnos, Señor, victorias para que os alabemos sin fin. Amén» 24 . 22 DOMINGO DE SILOS MORENO, Oración fúnebre que dixo a la buena memoria de los vocales de la Junta Superior de Burgos... el día 2 de mayo del año de 1812... (Burgos 1813). 23 Oración de Fr. Manuel de la Virgen del Rosario, cit. por MARTÍNEZ ALBIACH, O.C, 138. 24 Cf. n U 9 .

C A P Í T U L O II

LA IGLESIA BAJO EL DOMINIO

AFRANCESADO

La situación de la Iglesia española bajo el régimen afrancesado presenta difíciles problemas, debidos a la variable extensión e interinidad del dominio francés en las diversas provincias y tiempos, al distinto grado de afrancesamiento de algunos dirigentes eclesiásticos, a la falta de correlación entre las disposiciones legales y su aplicación efectiva y al imprevisible impacto que las reformas eclesiásticas habían de causar en la práctica religiosa de las zonas de ocupación o guerra. La precariedad del dominio josefino, que vacila entre la fuerza y el halago, y la interinidad de un gobierno constantemente amenazado por la insurrección, unas veces sorda y otras abierta, añaden un clima de irregularidad y ficción a la aventura reformista del rey intruso, de la que participa también aquel sector de la Iglesia sometido a su dominio. Pero es indudable que la política religiosa del rey José supuso un notable cambio en la configuración de la Iglesia. Las reformas políticas y eclesiásticas de los afrancesados representan un estadio preliberal, pionero de las hondas transformaciones que han de emprender los liberales españoles a partir de las Cortes de Cádiz. Hay, sin embargo, una diferencia de táctica y de método: las reformas de nuestros liberales se alumbran tras una sorda y lenta pugna parlamentaria, mientras las novedades Josefinas, inspiradas por los afrancesados, se dictaban desde arriba de forma rápida y ordenancista. Las innovaciones eclesiásticas de los afrancesados se imponen sin posible réplica, con lo que en poco más de dos años consiguen imponer a la Iglesia española una serie de cambios que sólo en pequeña parte y después de grandes contradicciones lograrán emular los liberales gaditanos. La política religiosa del rey José no está exenta de influjos foráneos. Puede decirse que intenta sintetizar las etapas a que había quedado sometida la Iglesia de Francia desde 1789: la remodelación impuesta por la revolución, el reconocimiento al catolicismo del concordato de 1801 y los abusos cesaropapistas de Napoleón, que a la sazón mantenía prisionero al papa para reducir la independencia de la Iglesia. En la política religiosa de José se dará también un ensayo revolucionario (despojo de bienes eclesiásticos y supresión de religiosos), un criterio concordatario (reconocimiento del catolicismo como religión oficial) y un estilo cesaropapista (intromisiones del poder civil en el gobierno de la Iglesia y en algunas reservas pontificias). Sin embargo, y a pesar de estos influjos foráneos, es evidente que la política religiosa Josefina se inspira, además, en las tendencias del regalismo hispano del siglo x v m en su versión más radical. Los consejeros y ministros españoles del rey José estaban imbuidos de estas tendencias. El uso abusivo del Patronato

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Real, la expulsión de los jesuitas por Carlos III y las medidas anticuriales de Urquijo en 1799 «habían creado ya un ambiente que en nada necesitaba del aliciente extranjero para aplicar sin escrúpulos el poder del aparato gubernamental a la regulación de cuestiones puramente eclesiásticas» '.

1.

LA POLÍTICA

ECLESIÁSTICA

AFRANCESADA

Napoleón, legislador de la Iglesia española La cesión de la corona hecha por nuestros reyes en Bayona a favor de la persona de Napoleón, hizo de éste el verdadero arbitro de España. Napoleón dictó la nueva Constitución y nombró al nuevo rey. El proyecto del Estatuto de Bayona, sometido a la aprobación forzada de un grupo de notables españoles, contenía ya algunas medidas reformistas, como la abolición de la Inquisición y la reducción progresiva de los religiosos. Sin embargo, los informes alarmistas de algunos procuradores españoles y el deseo del emperador de evitar todo pretexto de guerra santa a los españoles, le movió a descartar aquellos proyectos. En cambio, se respeta la condición impuesta por Carlos IV, y el artículo 1.° asegura que la religión católica «será la religión del rey y de la nación española y no se permitirá ninguna otra». El respeto del emperador a la Iglesia se debía sólo a conveniencias políticas. Su odio a los frailes era patente, y no se recató de expresárselo al vicario general de San Francisco, el P. Acevedo, que fue uno de los pocos prelados que asistieron a la asamblea de Bayona: «Le preguntó quién era, qué conventos y frailes tenía, y, rompiendo la furia de su corazón, prorrumpió en execraciones contra los regulares, tratándolos de insurgentes, motores de las iniquidades del reino, predicadores de entusiasmo para alarmar a los pueblos, cuando debían contribuir a la obediencia debida a las potestades constituidas, y le mandó echara un exhorto a la paz y obediencia, pues el reino tenía admitido a su hermano Josef, y que, desde luego, se diera a la prensa en su misma imprenta» 2. Las reformas religiosas retiradas de la Constitución de Bayona quedaban de momento aplazadas para ocasión más propicia. Esta llegó tan pronto como el emperador se acercó a las puertas de Madrid como un conquistador victorioso. Los decretos imperiales firmados en Chamartín el 4 de diciembre de 1808 asestan duros golpes contra algunas clases privilegiadas e instituciones gubernativas del Antiguo Régimen. Por lo que toca a la Iglesia, la cirugía napoleónica intervino solamente contra la Inquisición y los frailes. El Santo Oficio quedó suprimido, y sus bienes, incorporados a la Corona como garantía de la deuda pública. Los conventos quedaron reducidos con el pretexto de que su número era excesivo y perjudicial a la prosperidad del Estado. 1

H. JURETSCHKE, Los afrancesados en la guerra de la Independencia (Madrid 1962) 155. Extracto de una carta del P. Acevedo al arzobispo de Granada, de 16-8-1809 (AHN Est. leg.27A n.3). 2

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En concreto, se ordenaba la reducción de los conventos a una tercera parte y la prohibición de admitir novicios hasta que el número de religiosos hubiera descendido a un tercio del actual; se daba libertad a los regulares para dejar el claustro, en cuyo caso gozarían de una pensión entre 3.000 y 4.000 reales. Los bienes de los conventos suprimidos se destinarían, en parte, a mejorar la congrua de los curas, y el resto quedaría incorporado al Estado para pago de la deuda o de las indemnizaciones a los pueblos por la guerra. En los ocho decretos de Chamartín, Napoleón marca los objetivos constantes del liberalismo español decimonónico: centralismo administrativo, supresión de jurisdicciones no estatales, nacionalización de los bienes eclesiásticos y reformas externas de la Iglesia. Napoleón hace gala de un despotismo ilustrado y sacralizado. En su fanfarrona alocución a los españoles del 7 de diciembre les dice: «Vuestro destino está en mis manos... He destruido cuanto se oponía a vuestra prosperidad y grandeza; he roto las trabas que pesaban sobre el pueblo... Dios me ha dado la voluntad y la fuerza necesarias para superar todos los obstáculos». Y dos días más tarde, en la capitulación de Madrid, ante los medrosos diputados de la villa hizo una sobria explicación de sus recientes decretos, como obra de sensatez e ilustración. La reposición de José en el trono era un favor que sólo sería concedido cuando los 30.000 ciudadanos de Madrid se juntaran en las iglesias para hacer ante el Santísimo Sacramento un juramento de fidelidad, «que salga no solamente de la boca, sino del corazón, y que sea sin restricción jesuítica» 3. Las innovaciones religiosas de los decretos de Chamartín fueron bastante moderadas, si tenemos en cuenta las tensas circunstancias del momento. El emperador hacía gala de católico ante los españoles. Aunque suprime la ya entonces moribunda Inquisición por juzgarla atentatoria a la soberanía civil, no impone la tolerancia de cultos, y, aunque reduce el número de conventos, no suprime las órdenes religiosas. En sus reformas religiosas no quiere que se vea un castigo, sino una purificación; y por eso justifica el permiso que da para dejar los claustros con el pretexto de hacer factible el discernimiento de las verdaderas vocaciones. El cierre de conventos no se realizó en virtud del decreto de Napoleón, sino a consecuencia de la exclaustración general ordenada meses más tarde por el rey José. La crudeza de la guerra, sin embargo, se adelantó muchas veces a la aplicación de los decretos. Los incendios y saqueos de edificios religiosos, especialmente de conventos, fueron frecuentísimos durante la ocupación francesa; así como su inmediata transformación en hospitales o cuarteles. La legislación religiosa del rey José A finales de enero de 1809, José vuelve a entrar en Madrid, reanudando su reinado efectivo, que había de durar unos tres años, sobre la mayor parte de España. Su política religiosa está inspirada especialmente por el secretario de Estado, Urquijo; por el ministro de Cultos o Negocios Eclesiásticos, Azanza, que lo era también de Indias; por el de Hacienda, Cabarrús (durante un viaje a París fue sustituido, interina3 Los decretos de Chamartín y la proclama del emperador a los españoles, en GM 11-12-1808 p.1568-71; la capitulación de Madrid con la alocución del corregidor y la respuesta de Napoleón, en GM 16-12-1808 p.1609-16.

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mente, por el conde de Montarco en el cargo, abril-octubre 1810), y por el influyente y ambicioso consejero de Estado Juan Antonio Llórente, maestrescuela y canónigo de Toledo. Con semejantes ministros y consejeros, que representaban al ala más radical del regalismo español, era fácil adivinar el rumbo que había de seguir la política eclesiástica. La legislación Josefina responde a una teología de tendencias regalistas, conciliaristas y episcopalianas, alimentadas en fuentes galicanas y jansenistas. La Gaceta de Madrid no se limita a promulgar los decretos del Gobierno, sino que los justifica con un ideario teológico propagandístico. Hagamos una síntesis orgánica, más que cronológica, de la legislación eclesiástica afrancesada y de los fundamentos teológicos en que se apoya. a)

La captación religiosa del clero y de los fieles

El Gobierno afrancesado se esforzó mucho en atraer el clero a su partido. En su alocución de Madrid, ya Napoleón había expresado el deseo de que los sacerdotes inculcaran la sumisión a José en el confesonario y en el pulpito. El 24 de enero de 1809, el rey enviaba a los obispos una circular a guisa de homilía, donde resaltaba cómo su primer cuidado al volver a Madrid había sido postrarse a los pies del Dios «que da y quita las coronas» y consagrarle toda su existencia para lograr la felicidad de España. Quería el rey que obispos y fieles rogasen a Dios por la paz y por el acierto de su gobierno y le dieran gracias por los éxitos de los ejércitos franceses, que sólo querían nuestra felicidad. Acompañaba a esta circular otra del ministro del Interior, Manuel Romero, en la que se describía con unción la piedad del rey, cuyo primer cuidado había sido ofrecer su corona al Todopoderoso. Si toda la nación hubiera visto aquel acto, «habrían cesado en el mismo instante las calamidades de la Patria; no habría habido más que una opinión y un solo sentimiento, y, abrazándonos todos en Jesucristo, habríamos tributado al Altísimo el más humilde reconocimiento por habernos concedido tan buen rey y pedídole perdón por haber desconocido sus beneficios». Los obispos debían, pues, «desimpresionar a sus feligreses de errores y preocupaciones políticas» y hacerles ver el beneficio que Dios nos concede dándonos un rey tan ilustrado y piadoso. A los sacerdotes toca «desengañar al pueblo, predicarle la paz y la humanidad y hacerle conocer lo que mejor conviene a su patria y a su religión 4». El rey José buscaba en la religión una legitimación de su poder, siguiendo en ello el estilo del Antiguo Régimen. El rey manda rezar la colecta «íntegra y completa» y entonar el Te Deum por las victorias francesas o por la ocupación de las ciudades. La conquista de Andalucía a principios de 1810 se presenta a toda la nación, junto con la amnistía, como una apoteosis de benevolencia y piedad. La amnistía debía leerse en las iglesias en medio de solemnes funciones de acción de gracias 5. 4 5

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GM 27-1-1809 p.161-62. Decreto y circular dado en Sevilla el 3-11-1810 (en GM 12-2-1810) p.179.

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La colaboración religiosa se quería obtener de grado o por fuerza. Junto a los halagos se proferían terribles amenazas contra el clero insurrecto. El decreto de 1.° de mayo de 1809 especifica duros castigos contra los eclesiásticos y empleados públicos ausentes de sus deslinos. Si no volvían a ellos en el término de diez días, quedarían privados de sus empleos y de sus bienes. El artículo 7.° condenaba a todo eclesiástico que extraviase la opinión del pueblo a ser preso y juzgado por la Junta criminal. Las amenazas no quedaron en el papel 6 . Numerosos eclesiásticos sufrieron detenciones, cárceles, deportaciones, y algunos fueron condenados a muerte. b) La reducción del personal eclesiástico Es otro de los objetivos de la legislación Josefina. El medio era sencillo: despedir a los novicios y prohibir su entrada en las órdenes religiosas 7, así como bloquear las ordenaciones sacerdotales prohibiendo la colación del subdiaconado 8. Se fundaba esta disposición en la existencia de un crecido número de eclesiásticos sin congrua suficiente, «lo que los tiene en una miseria impropia de su estado». La prohibición se presentaba como una medida provisional hasta que los obispos dieran los necesarios informes con el fin de arreglar las colocaciones y sueldos eclesiásticos. La prohibición de conferir órdenes no fue levantada, pues había suficientes exclaustrados para llenar las vacantes. Por esta razón en 1811 quedarán incluso bloqueados los nombramientos para provisores eclesiásticos de dignidades, canonjías, raciones, capellanías, prebendas o beneficios (excepto los curatos o auxiliares de parroquias) 9. c) La supresión de regulares Fue, sin duda, la medida más transcendente de toda la política religiosa Josefina y la que produjo mayores consecuencias. La supresión parcial decretada por Napoleón iba a quedar pronto superada por una medida de alcance general. La supresión de conventos de ambos sexos se ensayó primero en la Zaragoza recién conquistada. A principios de julio, la Gaceta preparaba los ánimos con un alegato a favor de la próxima desamortización y exclaustración. Este anhelo secular era el que estaba dispuesto a realizar el actual soberano, movido por sus ideas «justas y liberales». El decreto se dio, al fin, el 18 de agosto de 1809. El preámbulo presentaba un razonamiento bifaz: por una parte, se quiere castigar el «espíritu de cuerpo», que ha llevado a los religiosos a tomar parte en las turbulencias y discordias; y, por otra, se quiere premiar individualmente a los religiosos que se conduzcan bien. El contenido del decreto es muy claro y conciso, como todos los de José. Se suprimen todas las órdenes sin excepción y se da a los religiosos el plazo de quince días 6

Dec. 1-5-1809 (GM 598). Estas disposiciones del decreto de Chamartín fueron reiteradas a los obispos el 111-1809 (AHN Est. leg.27B n.109). 8 Dec. 26-5-1809 (ibid., h.114 2 ). » Dec. 18-4-1811 (GM p.451). 7

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Manuel Revuelta González para dejar el claustro y vestir los hábitos del clero secular; los regulares secularizados (tal es el nombre que se da a los exclaustrados) deberían residir en los pueblos de su naturaleza, donde recibirían una pensión de las rentas de la provincia. Los que no puedan aceptar esa residencia deberán pedir autorización al ministro de Negocios Eclesiásticos. Todos los bienes pertenecientes a los conventos quedan aplicados a la nación. Todos los religiosos «serán empleados, como los individuos del clero secular, en curatos, dignidades y todo género de piezas eclesiásticas, según su aptitud, mérito y conducta». Pocos días después, la Gaceta comentaba el carácter vindicativo del decreto. Se presentaba a los regulares como fomentadores del fanatismo y la superstición y se les echaba en cara la «inútil» resistencia de Zaragoza, Gerona, Asturias, Galicia y Valencia, «porque los frailes han tenido la habilidad de hacer creer a los pobres pueblos que la causa suya era la de la religión, esto es, que no había ya religión católica en España mientras no hubiese en ella 70.000 individuos que, sin pertenecer a la sociedad, fuesen, sin embargo, los más bien librados de ella; y sin contribución con cosa alguna al Estado, antes causándole innumerables perjuicios, chupasen su jugo y su substancia». El oficioso periodista se extrañaba de que en un país católico como España no abundaran establecimientos de beneficencia: «Al paso que muchas ciudades y villas populares de España hierven de monasterios, de cofradías y de obras pías, el huérfano, débil y desamparado, la vejez cansada y la pobreza enferma o dolorida, no encuentran dónde albergarse ni quién les socorra en su desgracia». La atención del rey a los establecimientos de caridad, para la que acababa de formar un fondo general en socorros, se elogiaba, significativamente, como una útil y piadosa sustitución a los cerrados conventos 10.

La exclaustración se ejecutó e n t o d o s los países r e g i d o s p o r los franceses, a excepción d e a l g u n a s zonas r u r a l e s d e C a t a l u ñ a u . En a m b a s Castillas, A r a g ó n , V a s c o n g a d a s , N a v a r r a , Andalucía, p a r t e d e E x t r e m a d u r a y al ñ n a l e n Valencia, t o d o s los c o n v e n t o s f u e r o n desalojados. U n o s f u e r o n d e s t i n a d o s a cuarteles o edificios públicos, o t r o s q u e d a r o n d e s h a b i t a d o s , y f u e r o n pasto d e la d e s t r u c c i ó n y la r a p i ñ a . Los catálogos q u e nos h a n llegado sobre el estado d e los c o n v e n t o s a r r o j a n impresion a n t e s estadísticas sobre la r u i n a d e la m a y o r p a r t e d e aquellos edificios 12 . La s u e r t e d e los religiosos fue varia: u n o s p r e f i r i e r o n lanzarse al m o n t e y pasarse a P o r t u g a l o a la z o n a d o m i n a d a p o r los patriotas; otros p r e f i r i e r o n o b e d e c e r al d e c r e t o , r e c l u y é n d o s e e n sus pueblos, e n e s p e r a d e la p e n s i ó n o colocación. El G o b i e r n o a f r a n c e s a d o p r o c u r ó q u e 10 El decreto se publicó en GM 21-8-1809 p.1043 y había sido previamente ambientado con un «discurso» sobre la necesidad de desamortizar y reformar los conventos (ibid., 30-6/9-7-1809). " Los religiosos de Barcelona y de otras plazas fuertes ocupadas fueron exclaustrados. En los demás lugares del principado, sin embargo, los frailes, «aunque dejaban sus conventos a la entrada de los enemigos y corrían a los montes, volvían con igual ligereza al claustro apenas aquéllos marchaban» (M. RAIS y L. NAVARRO, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores, Zaragoza 1819). Nos ha dejado una expresiva descripción coetánea acerca de las desventuras sufridas por los conventos y religiosos (en este caso, dominicos de Castilla la Vieja, León y País Vasco), Fray M ANUEL HERRERO, Historia de la Provincia de España de la O. de P., publicada por J. Cuervo en Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca t.3 (Salamanca 1915) 647-777. Sobre la temprana supresión de San Pablo de Valladolid, cf. J. M. PALOMARES IBÁÑEZ, La comunidad dominicana en el primer tercio del siglo xix, en Temas vallisoletanos del siglo xix (Valladolid 1976) 1A2. 12 Expedientes de estos conventos enviados a la Regencia en 1813-14. AHN Cons. leg. 120027 y 12038.

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los religiosos n o a c t u a r a n c o m o tales, p e r o e n c o n t r a p a r t i d a i n t e n t ó asimilarlos lo más posible al clero secular y c o n t e n t a r l o s con p e n s i o n e s o empleos. Los afrancesados iniciaban con ello u n a c o n d u c t a , respecto a las clases clericales, q u e había d e ser imitada p o r los liberales: s u p r i m i r a los r e g u l a r e s y su molesto «espíritu d e cuerpo» y f o m e n t a r el clero p a r r o q u i a l , q u e p o r su aislamiento resultaba más controlable. La legislación complementaria sobre el asunto intentará llenar este doble objetivo: para asegurar la ruptura con el pasado conventual, se prohibe a los exclaustrados predicar, confesar y formar cualquier clase de cuerpo o sociedad. Otro decreto los declaraba capaces de suceder en los derechos de familia como cualquier ciudadano 13. Para aliviar a los descontentos, se dictan con frecuencia, en cambio, normas sobre el puntual pago de pensiones. «El asunto es —escribía Cabarrús a los intendentes—de que, desengañados por fin muchos de aquellos individuos de sus preocupaciones, conozcan todos por los efectos la justicia del Gobierno» M . No parece, sin embargo, que, dada la situación crítica del erario, se pagara a los exclaustrados, a pesar de que a veces se publicaban listas de ex regulares acreedores del Tesoro Público. Interesaba grandemente al Gobierno la colocación de los exclaustrados 15, pues ello suponía una satisfacción humana y pastoral para el interesado y un ahorro para el Tesoro. Los colocados en economatos parroquiales y sacristías no fueron pocos; especialmente en Andalucía y en Valencia. No faltaron quienes fueron agraciados con prebendas canonjiles. El P. Joaquín Ruiz, vicario general de los agustinos, que había asistido a la asamblea de Bayona, llegó incluso a ser nombrado consejero de Estado. Los c o n v e n t o s d e religiosas n o fueron s u p r i m i d o s p o r u n d e c r e t o g e n e r a l . Si existieron supresiones o r e u n i o n e s , f u e r o n d e carácter local, c o m o e n Zaragoza, o m e r a m e n t e ocasional. Al q u e d a r s u p r i m i d o s los religiosos, se dispuso q u e los conventos d e monjas q u e e r a n d e filiación d e r e g u l a r e s q u e d a r a n sujetos a los o r d i n a r i o s 16 . Más t r a n s c e n d e n c i a tenían los d e c r e t o s q u e facilitaban la secularización p e r s o n a l d e las religiosas. U n d e c r e t o suscrito e n A r a n j u e z el 18 d e mayo d e 1809 y n o p u b l i c a d o hasta fines d e agosto, r e g u l a b a el m o d o d e a b a n d o n a r la clausura. La religiosa q u e lo deseaba recibiría la aprobación del ministro d e Negocios Eclesiásticos y se le asignarían 200 d u c a d o s a n u a l e s d e p e n s i ó n . El 8 d e n o v i e m b r e se d a b a n instrucciones a los i n t e n d e n t e s sobre la m i s m a materia. En t o d o caso e r a n las a u t o r i d a d e s civiles las q u e «habilitaban» el a b a n d o n o d e la clausura, p u e s los p r e l a d o s sólo e r a n avisados l 7 . El d e c r e t o d e 18 d e septiembre d e 1809 suprimía todas las ó r d e n e s militares, e x c e p t o la del T o i s ó n y la r e c i e n t e m e n t e c r e a d a O r d e n Real d e España, a la q u e p a s a b a n los bienes d e las s u p r i m i d a s . El 27 d e s e p t i e m b r e q u e d a b a n incluidas e n la supresión las h e r m a n d a d e s y congregaciones, o terceras ó r d e n e s , cuyos bienes q u e d a b a n aplicados a la Nación. 13

Dec. de 21-8-1809 (GM p.1052) y de 28-5-1810 (GM p.652). Dec. de 20-8-1809 (GM p.1044) y 20-3-1810 (GM p.412). El decreto de 4-10-1809 mandaba a los obispos recibir a los exregulares en los concursos y oposiciones (GM p.1239). 16 Dec. de 26-8-1809 (GM p.1071). 17 GM año 1809 p.1071.1079.1379. 14 15

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d) Bienes eclesiásticos y desamortización Con razón señala Mercader que la desamortización del rey José tuvo en cuenta las desamortizaciones de Godoy, pero corregidas y aumentadas l8 . La Caja de Amortización para extinguir los vales reales emitidos por la deuda pública había sido creada en 1798. Desde el principio, el Gobierno josefino contaba, por tanto, con un organismo destinado a cubrir la deuda —que recibirá el nombre de Dirección General de Bienes Nacionales— y con unos fondos desamortizables, procedentes de viejas instituciones debilitadas (colegios mayores, temporalidades, hospitales, casas de misericordia, etc.), que habían sido aumentados en 1807 con el llamado «séptimo eclesiástico» concedido por Pío VIL El ministro de Hacienda, Cabarrús, urgió a las autoridades eclesiásticas a adelantar el empréstito que había de servir de anticipo al producto de las ventas del séptimo eclesiástico, que debía determinarse inmediatamente. A estos recursos legados por la administración borbónica no tardaron en añadirse, con destino a la Dirección General de Bienes Nacionales, otros nuevos fondos, procedentes de las confiscaciones y secuestros, los bienes de las corporaciones suprimidas, la Inquisición (4-12-1808), las órdenes religiosas (18-8-1809) y las cofradías y hermandades que les estaban anejas (27-9-1809), las cuatro órdenes militares y de Malta (18-9-1809) y los conventos de monjas suprimidos o abandonados 19. El decreto de 9 de junio de 1809 ordenará proceder con la mayor actividad a la venta de bienes nacionales destinados a la extinción de la deuda pública mediante una regulación que precisa las tasas, subastas y pagos 20 . Además del producto de las fincas, administradas por la Dirección General de Bienes Nacionales mientras no fueran vendidas, le fueron asignados los derechos percibidos tradicionalmente por la Hacienda sobre los diezmos, tercias reales, noveno, excusado y demás derechos. Es difícil calibrar el volumen real de las ventas efectuadas en la desamortización Josefina; las listas que aparecen en la Gaceta, completadas con otros documentos, pueden ofrecer una primera pista para el estudio de la geografía y los beneficiarios de aquella desamortización. Esta comenzó en enero y febrero de 1809, en las provincias de Burgos y Álava, con la venta de capellanías y obras pías ordenada en el decreto del 18 de agosto de 1808. En el mes de abril se anuncia la subasta de numerosas casas en Madrid pertenecientes a establecimientos piadosos. A partir de agosto de 1809, y reguladas por el decreto del 9 de julio, se anuncian subastas de bienes nacionales en las provincias de Madrid, Avila, Guipúzcoa y Navarra. En 1810 continúan las ventas, especialmente a consecuencia del decreto de 16 de octubre, que ponía el capital de cada finca en el valor de la renta multiplicado por 12; según esto, el valor total era 83i483.582 reales. El lote de estas fincas, eclesiásticas en su mayoría, estaba ubicado en las provincias de Avila, Aragón, Segovia, Toledo, León, Madrid, Granada, Jaén, Sevilla 18

J. MERCADER RIBA, La desamortización en la España de José' Bonaparte: Hispania 32 (1972) 587-616. 19 Estos y otros fondos aparecen enumerados en el decreto de 3-3-1813; cf. M. DE LOS Ríos, Código de José' Bonaparte p.138-39. 20 Dec. de 9-6-1809 (GM p.757-58).

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Málaga, Ciudad Rodrigo, Valladolid, la Mancha, Córdoba y Granada. En mayo de 1811 aparecen también anuncios de ventas de fincas rústicas y edificios en Córdoba, Granada, Guadalajara, Jaén, Málaga, la Mancha, Sanlúcar, Toledo, Sevilla y Madrid. Como se ve, la geografía de la desamortización Josefina coincide con la ocupación, y aparece más densa allí donde el dominio afrancesado fue más intenso, como en Madrid y en Andalucía. Las salpicaduras de la desamortización llegarán incluso a las provincias de la margen izquierda del Ebro, a pesar de haber quedado segregadas del dominio de José por Napoleón en febrero de 1810. La inseguridad de la guerra ponía, sin duda, graves obstáculos a estas ventas y alejaba a los compradores. El Gobierno afrancesado abría, sin embargo, un precedente a las sucesivas desamortizaciones eclesiásticas españolas por su decidida falta de escrúpulos en la disposición de aquellos bienes sin los permisos convenientes. La calamitosa situación hacendística del rey José intentó paliarse con empréstitos pedidos al clero y a las provincias. El empréstito fue aplicándose a los sucesivos dominios josefinos, empezando por las provincias vascongadas y Navarra 2 1 . El decreto de 17 de febrero de 1809 urge el empréstito pedido al clero y a las provincias de Madrid, Avila, Segovia, Guadalajara y Toledo, que debía entregarse en dinero o en bastimentos para el ejército. El ejército invasor y el Gobierno urgieron a las instituciones eclesiásticas, por las buenas o por las malas, la entrega de granos y dinero. «El clero —escribía Cabarrús a sus intendentes en mayo de 1809— debe casi en todas partes el empréstito moderado y que por las reglas del subsidio se le ha impuesto, quasi en todas partes alega los males de la guerra para eludir el pago; pero como en la realidad este empréstito es una anticipación sobre aquella misma séptima parte de sus bienes que estaba mandada vender; como, por consiguiente, puede enajenar aquella porción que sea suficiente para pagar el empréstito; como puede echar mano del oro y plata que no sean necesarios al culto divino; como le sobran influencia y crédito para hallar dinero prestado, ningún pretexto debe detener a V. I. en exigir terminantemente y ejecutivamente este empréstito, y cada semana hasta su realización, en dinero, pastas de oro o plata, o granos necesarios a la tropa existente en la próxima, me ha de avisar V. I. los progresos de esta cobranza» 22. El clero anduvo siempre reticente en efectuar tales pagos; salvo excepciones, como la del cabildo de Córdoba, que el 7 de abril de 1810 ofreció a José el «empréstito gratuito» de un millón de reales en señal de amor y fidelidad. e) Apoyo al clero parroquial El Gobierno del rey José inaugura también lo que será una constante del reformismo liberal: contrapesar la desarticulación del clero 21 J. MERCADER RIBA, José' Bonaparte rey de España. 1808-1813. Historia externa del reinado (Madrid 1971) 61-67. » A H N E s t . l e g . 2 7 B n . 113.

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regular con una atención especial al clero secular, especialmente al parroquial. El decreto del 6 de julio de 1809 es un loable intento de aplicar equidad y racionalidad en la dotación de los párrocos. Enterado el rey de que muchos párrocos carecen de lo absolutamente necesario para su sustento por los abusos introducidos en la percepción de los diezmos, fija una congrua mínima de 400 ducados anuales, y encarga al ministro de Negocios Eclesiásticos que proponga los medios oportunos para efectuar en breve esta disposición, indudablemente justa 23. En esta línea se inscribe el decreto expedido en Sevilla el 21 de abril de 1810, que intenta acabar con las desiguales dotaciones de los párrocos de Sevilla, destinando para ello un fondo de los bienes nacionales del arzobispado, con cuyo producto había de realizarse una dotación más razonable del culto y clero. Seguía al citado decreto un artículo en que se comparaban los antiguos abusos e injusticias con la generosa dotación que acababa de organizar el celoso y benéfico José. «El decoro eclesiástico no se verá ya abatido por la necesidad, ni los ministros tendrán excusa en el descuido de sus obligaciones» 24. Indudablemente, entre los afrancesados existe la tendencia a aplicar criterios de razón y equidad en las dotaciones eclesiásticas. Este criterio se aplica, por ejemplo, a la abolición del voto de Santiago, por considerar que tal carga no es indispensable para el servicio de la religión y del Estado y por faltar título o fundamento histórico apoyado en la razón y en la justicia 2S. Las cortapisas impuestas a los religiosos cesaban desde el momento en que éstos eran destinados a los servicios propios del clero secular. Había positivo interés en llenar las vacantes de las canonjías, parroquias, economatos o sacristías con sacerdotes de ambos cleros que llenaran el vacío dejado por los curas muertos o huidos durante la invasión 26. El número de nombramientos para tales puestos, tal como aparece en la Gaceta, es considerable, y demuestra el positivo interés del Gobierno afrancesado en llenar los cuadros de las iglesias y catedrales con sacerdotes afectos. Aunque para ocupar tales cargos era preciso j u r a r fidelidad al rey José, no faltaron sacerdotes dispuestos a servir a la Iglesia en esas circunstancias con las mejores intenciones. Para disimular la desolación y ruina de los conventos, se ordenó la entrega de los ornamentos y vasos sagrados a las parroquias «que hayan sufrido los perjuicios inevitables que suelen cometer las tropas al entrar en los pueblos obstinados» 27. La Gaceta llegó a publicar dos largas listas con parroquias favorecidas; pero es evidente que tales donativos eran insignificantes ante las pavorosas ruinas, rapiñas y profanaciones causadas durante la guerra a los edificios y bienes eclesiásticos. 23

GM 15-10-1809 p.1269. GM 8-5-1810 p.534-35. 25 Dec. 21-8-1809 (GM p.1054-105). 26 L. HIGUERUELA DEL PINO, Los concursos parroquiales en la diócesis de Toledo durante el pontificado del cardenal Barbón (1800-1823): Hispania Sacra 28 (1975) 245-53. 2 ' Dec. 3-5-1809 (GM p.610). 24

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La usurpación de la jurisdicción eclesiástica

Por el Estado fue otra de las prácticas —sin duda, la más escandalosa— del gobierno del rey José. Llama la atención el poco escrúpulo que los dirigentes afrancesados tuvieron en aplicarla a un país como España, donde, a pesar de las tendencias regalistas, apenas se habían lesionado las reservas pontificias o las atribuciones de la jurisdicción eclesiástica. El modo fulminante de efectuar la supresión de las órdenes religiosas y militares y de aplicar al Estado los bienes eclesiásticos presuponen unas convicciones de regalismo extremado. La abolición de la jurisdicción de los prelados eclesiásticos en causas civiles y criminales puede, sin duda, justificarse en la recuperación por el Estado de unas atribuciones temporales cedidas por los príncipes a la Iglesia. Pero los reformadores no se pararon ahí. El Gobierno se sintió competente para variar la disciplina del derecho canónico al disponer que los obispos debían conceder las dispensas matrimoniales reservadas al papa 28. Con el pretexto de evitar los perjuicios a la moral producidos por la dilación de los matrimonios proyectados y de imitar la práctica de algunos países católicos, volvía a ponerse en vigor el decreto de Urquijo de 1799. La incomunicación a que por entonces estaba sometido el papa prisionero podía, en parte, servir de pretexto a esta medida; pero tras ella subyace la teología matrimonial de Llórente, empeñado en demostrar que la Iglesia no tenía de por sí autoridad para establecer impedimentos matrimoniales; que éstos eran solamente competencia de los reyes; que sólo por delegación del poder civil la ejercían los pontífices y que los obispos podían dispensar cuando así lo disponía el soberano 29. Más flagrante todavía resulta la usurpación del poder espiritual en la abolición unilateral de la jurisdicción castrense 30, en la destitución de los obispos y en el nombramiento de nuevos prelados para diócesis que no estaban a la sazón vacantes. Por un decreto de 1.° de mayo de 1810 era destituido de su cargo, junto con otros muchos eclesiásticos, el cardenal Borbón, arzobispo de Toledo y de Sevilla. El 13 de junio quedaban desposeídos de sus diócesis los obispos de Osma, Calahorra y Astorga, y se nombraban nuevos titulares para esas diócesis, a las que se consideraba vacantes 3 1 . La legislación Josefina sobre materias eclesiásticas obedece, por tanto, a unos criterios radicalmente regalistas y galicanos, a los que sólo puso freno la urgencia de la guerra y la derrota final. El intento de los reformistas era, sin duda, mucho más amplio, pues teníafti el propósito de acometer un «plan general del clero» 32, que probablemente había de ser un remedo de la Constitución civil del clero francés. Sin duda, es " Dec. 23-12-1809 (GM p.1567). 29 J. A. LLÓRENTE, Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica (Madrid 1809); Disertación sobre el poder que los reyes españoles ejercieron hasta el siglo duodécimo en la división de obispados (Madrid 1810). 30 Dec. de 16-9-1811 (GM p.1099). 31 GM año 1810 p.578.704. 32 Se alude a él expresamente en GM de 1-12-1810.

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sorprendente el silencio de la jerarquía y de los fíeles que vivían bajo el dominio josefino ante tantos atentados como estaba sufriendo la Iglesia; sobre todo cuando ese silencio se compara con la enervada oposición que los eclesiásticos harán a las reformas de las Cortes d e Cádiz, mucho más moderadas. Sin duda, los decretos del rey José eran considerados como engendros de un gobierno extranjero y despótico, que sólo merecían pasividad e indiferencia cuando no era posible la sublevación abierta; y como disposiciones carentes d e continuidad y consistencia, que se esfumarían con el anhelado fracaso del rey intruso. 2.

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E L CLERO EN LA ZONA OCUPADA

Hemos comenzado el relato de esta historia resaltando la participación clerical en el levantamiento. Recogíamos allí la afirmación tradicional de que el pueblo y el clero en bloque reaccionaron patrióticamente, oponiéndose con decisión al invasor. ¿De veras puede sostenerse esta opinión? Indudablemente requiere algunas matizaciones. El afrancesamiento es un hecho incuestionable, que afectó espeáalmente a las clases burguesas y llegó a salpicar a algunos elementos populares. El afrancesamiento supone una ideología y unas actitudes vitales bastante complejas, que se nos presentan, no pocas veces, revestidas de patriotismo como soluciones ilustradas y válidas para regenerar la decadencia de España. Existe, además, una variada gama de afrancesados, desde los fanáticos y oportunistas hasta los tibios y ocasionales 33. No cabe, por tanto, medir con el mismo rasero a los que colaboraron con José haciéndose apóstoles de lo que significaba su reinado, con aquellos que, por razón de su cargo, se vieron obligados a suscribir un juramento de fidelidad que aborrecían, pero o no se atrevieron a rechazarlo o lo aceptaron como un mal menor 34. Este fue el caso de muchos de los sacerdotes y fieles que se vieron obligados a vivir bajo la férula francesa. Para los sacerdotes, el dilema resultaba especialmente angustioso; tanto mayor cuanto más elevados estaban en dignidad. Tenían que elegir entre j u r a r sumisión al rey intruso o exponerse a destituciones, destierros o huidas, que llevaban consigo el abandono lamentable de sus diocesanos o feligreses. La misma conciencia que les incitaba a guardar fidelidad al rey Fernando, les exigía también el cumplimiento inexorable del deber pastoral de compartir la suerte de la grey cristiana sin abandonarla.

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car la sumisión al rey intruso con pretextos d e paz y de concordia. «De aquí es —dice u n contemporáneo— que oímos a muchos predicar la pretendida obediencia con palabras más o menos significativas, con expresiones o terminantes o equívocas, según la firmeza o sentimientos de que cada cual se hallaba animado; porque ni todos podían tener un pecho diamantino para arrostrar con impavidez los peligros, ni tal vez sería conveniente exponer a sus fieles, por una resistencia manifiesta, a que, privados en una persecución general de sus pastores, peligrase su creencia o fuesen regidos por pastores intrusos, cortados a medida del deseo del usurpador». El mismo autor nos refiere la conducta patriótica observada por el cura de Benacazón, D. José Alvarez Caballero, durante la dominación francesa. El buen cura mantuvo siempre la esperanza de que la aflicción no podía ser duradera; jamás pronunció en el pulpito las voces de obediencia, sumisión, respeto u otras semejantes; nunca leyó en misa las órdenes del Gobierno, ni rezó la colecta et fámulos; no repartió a los feligreses las bulas expedidas por el rey ilegítimo; y cuando le obligaron a entonar el Te Deum en el acto de juramento al intruso, trocó la oración de acción de gracias por la de difuntos, en memoria de los soldados patriotas. No contento con esta actitud reticente, oculta en su casa a los fugitivos del ejército nacional, actúa de espía; y, al enterarse de la sublevación de Sevilla, lanza al vuelo las campanas y exhorta al pueblo a tomar las armas 3 5 . Sin llegar a profesar este activismo, muchos sacerdotes sabrán permanecer bajo el dominio josefino sin menoscabo de su patriotismo. Pero esta actitud, que podía pasar desapercibida en los pueblos pequeños, no era posible en el caso de los obispos de los territorios ocupados, que fueron obligados a jurar fidelidad a José y a escribir pastorales a su favor. Muchos de ellos prefirieron huir. Otros procuraron buscar refugio en los lugares más recónditos de su diócesis, donde no pudieran caer en manos de los franceses 36. Hubo obispos que llegaron a jurar fidelidad a José, y, sin embargo, se mostraron ardientes patriotas. El obispo octogenario de Segovia, Sáez de Santa María, fue obligado por los franceses, durante la primera invasión en junio de 1808, a escribir una exhortación. Cuando por segunda vez los franceses volvieron a aproximarse a la ciudad, prefirió arrostrar las molestias de una huida penosísima «con el consuelo de haberlas sufrido antes que manchar mi ancianidad» 37. El obispo de Astorga, Vicente Martínez Ximénez, se vio también 35

J. PÉREZ DE LA REYNA, El Pastorfiel a su Dios y a su Rey (Sevilla 1815). I. DE VILLAPADIERNA, El episcopado español y las Cortes de Cádiz: Hispania Sacra 8 (1955) 275-335. Huyeron de sus diócesis los obispos de Toledo, Orense, Tuy, Santander, Santiago y Segovia. El octogenario obispo de Coria, D. Juan Alvarez de Castro, fue fusilado por los franceses durante su huida. Se refugiaron en Mallorca los obispos de Teruel, Pamplona, Tarragona, Lérida, Barcelona, Tortosa y Urgel. Y en Cádiz los de Sigüenza, Plasencia y Albarracín. Allí acudieron también como diputados a Cortes los obispos d e Calahorra, Mallorca y San Marcos d e León. Anduvieron errantes por sus diócesis los obispos de Barbastro, Astorga y Cuenca. " AHN Est.leg.27B n.187-89. Comunicación a la Junta Central, Orcajo, 7-5-1809; J. L. RODRÍGUEZ ESCORIAL, El obispo de Segovia Sáenz de Santa María ante las libertades de 1812: Est. Segovianos (1963) 93-117. 36

La mayor parte de los sacerdotes permanecieron en sus parroquias entregados a su apostolado habitual. Salvo algunos casos excepcionales, no era necesario emprender la huida para demostrar su hondo patriotismo. El problema surgía cuando se les instaba incesantemente a predi33

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M. ARTOLA, LOS afrancesados (Madrid 1953); H. JURETSCHKE, O.C.

Sobre la licitud o ilicitud del juramento de fidelidad se suscitaron agudas disputas entre clérigos «jurados» y «no jurados», especialmente en Cataluña. Véanse los argumentos hostiles al juramento expuestos en la Carta sobre el juramento de fidelidad a Napoleón escrita a los eclesiásticos de Cataluña por elDr.D. Juan Prim (Berga 1811) y en la Reconvención amistosa a los RR. Curas párrocos y demás eclesiásticos del distrito —Lérida— (Berga 1812).

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obligado a ir a Madrid a prestar juramento a José; pero, vuelto a su diócesis, le mostró abierta desobediencia, y anduvo errante por pueblos inaccesibles, por lo que fue desposeído de la mitra 38.

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P. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Episcopologio Asturkense t.4 (Astorga 1908) 97. GM 13-12-1808 p.1586; 28-12-1809. L. FERNÁNDEZ MARTÍN, La Diócesis de Patencia durante el Reinado de José Bonaparíe, artículo de próxima aparición en Public, de la Instit. Tello T. de Meneses (Palencia). Resaltamos la importancia de este estudio porque utiliza fondos del Archivo de Simancas, imprescindibles para conocer la ejecución de la política religiosa afrancesada También pondera los méritos del obispo Almonacid como salvador de la ciudad contra las iras del invasor J. SAN MARTÍN PAYO, El Hospital de San Bernabé'y San Aniolín durante la invasión francesa: Public, de la Inst. Tello T. de Meneses 41 (1979). 40 AHN Est. leg.27B 208-209. Representación de la Junta Central, Valladolid, 1811-1808. El saludo que hizo el obispo de Valladolid al rey José fue, como el de otros obispos, de pura fórmula y para evitar mayores males. En su epitafio se lee: «Populi in discriminibus bellorum salutare praesidium»; M. CASTRO, Episcopologio vallisoletano (Valladolid 1904) 347. 41 GM 5-4-1809 p.468. 42 Cf. su pastoral en GM 3-2-1809, p.191. Menéndez Pelayo confunde a este obispo con 43Tavira en Heterodoxos L. 7 e l , IV. AHN Est. leg.27B n.104; exposición a D. José Rivero, 29-12-1809. 44 Aparecen los nombramientos en el decreto de 13-6-1810 (GM p.704); C. BAYLE, Un obispo auxiliar de Madrid en 1790 y un decreto de José' Bonaparíe en 1810: Razón y Fe (1953) 171-77. El ascenso que Puyal recibió del rey Fernando es una prueba de que su patriotismo no quedó empañado durante su convivencia con los afrancesados. 39

29

unos curas de su diócesis amenazados por las tropas nacionales, mientras sale al paso de las calumnias que le han levantado algunos malintencionados y reitera su constante adhesión a Fernando VIL «En los diferentes peligros que ha corrido la ciudad de ser saqueada y destruida, el obispo ha seguido una actitud como la de San León con Atila; ha procurado mitigar el furor de los enemigos en las difíciles ocasiones en que se dirigió a aquella ciudad con ánimo de tomar venganza de la resistencia que se les hizo» 45 . Pero tal vez a nadie puede aplicarse mejor esta certera observación del obispo de Avila que al arzobispo de Valencia, Joaquín Campany, prelado caritativo y amante de los pobres. En la primera expedición de los franceses sobre Valencia en 1808 había exhortado al pueblo a la defensa, como buen patriota. Cuando Suchet conquistó la ciudad en enero de 1812, Campany prefirió quedar al lado de su pueblo. La firmeza del obispo y la cordura de Suchet lograron hacer de Valencia un oasis de templanza y buen gobierno. El arzobispo fue nombrado caballero gran banda de la Orden de España, pero en las recepciones seguía luciendo la Orden de Carlos III. Por sus tratos con los invasores fue tildado de afrancesado y complaciente; pero su actitud revelaba, más bien, prudencia, talento y aquel sentido pastoral de servicio al pueblo que recoge su epitafio 46. La actitud del obispo gerundense, Ramírez de Arellano, refleja también una conducta por lo menos equívoca 47.

O t r o s obispos n o m o s t r a r o n tantos e s c r ú p u l o s e n ofrecer su colaboración a las a u t o r i d a d e s . E n t r e ellos p o d e m o s establecer dos g r u p o s : los q u e c o l a b o r a r o n con cierta pasividad y los q u e m o s t r a r o n u n a a d h e s i ó n explícita al rey J o s é . Entre los primeros podemos colocar al arzobispo de Burgos, Cid Monroy, el único obispo que asistió a la asamblea de Bayona; el de Patencia, Almonacid, presentado como modelo de santidad y caridad por la buena acogida que hizo a las tropas francesas y nombrado comendador de la Orden de España 39; el de Valladolid, Soto y Valcarce, que, aunque durante la primera invasión se alejó de la ciudad para no verse obligado a besar la mano de José 40, permaneció después en ella y ofreció sus respetos al rey cuando pasó por allí en julio de 1811; el de Zamora, Carrillo Mayoral, que predicó con unción y energía la sumisión al soberano y la fraternidad con las tropas francesas 41. El de Salamanca, Fr. Gerardo Vázquez, fue también de los más precoces en exhortar la sumisión al nuevo rey 42 , y el de Alcalá la Real, Trujillo, que, a pesar de haber dado cuantiosos donativos a la Junta Central 43 , debió de hacerse bienquisto al rey José, que en 1810 le nombró obispo de Huesca. También los obispos auxiliares de Toledo, Aguado y Jarava; de Sevilla, Cayetano Muñoz, y de Madrid, Puyal y Poveda, fueron premiados con el nombramiento para las diócesis de Calahorra, Málaga y Astorga respectivamente 44. El último pronunció una arenga formularia y evasiva cuando José penetró en Madrid en enero de 1809 y llegó a ser designado caballero de la Orden Real de España; pero, al igual que los anteriores, no quiso aceptar el nombramiento episcopal en vida del titular. El obispo de Avila, Gómez de Salazar, adoptó una postura ambivalente. Con extraordinaria generosidad había entregado al ejército español toda la plata labrada y fuertes cantidades de dinero. Sin embargo, en febrero de 1809 encabeza la diputación abulense que rinde en Madrid pleitesía a José; y al año siguiente es nombrado nada menos que comendador de la Orden Real de España. Estas complacencias hacia el Gobierno afrancesado no impiden que, entre tanto, el obispo escriba a la Junta Central para defender a

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J u n t o a estos afrancesados fingidos y ocasionales q u e , d a d a s las circunstancias, n o m e r e c e n tal n o m b r e , hay q u e r e c o r d a r a o t r o g r u p o d e obispos q u e p o r sus inequívocas manifestaciones públicas o p o r los h o n o r e s q u e recibieron en p r e m i o a sus servicios d e b e n ser c o n s i d e r a d o s c o m o v e r d a d e r o s p a r t i d a r i o s del rey J o s é . El p r i m e r o e n manifestarse es D. Félix A m a t , arzobispo d e Palmira, abad d e San Ildefonso, confesor d e Carlos IV, bien a f a m a d o p o r su sabiduría y a u s t e r i d a d d e c o s t u m b r e s . Los patriotas n o p e r d o n a r á n al «Bossuet español» aquella i m p r u d e n t e pastoral q u e escribió a sus p á r r o cos e n la t e m p r a n a fecha del 3 d e j u n i o d e 1808 y fue d i f u n d i d a e n la Gaceta. A m a t vivió recluido e n M a d r i d d u r a n t e la francesada, d e d i c a d o a escribir sobre el pacifismo cristiano e n t i e m p o s d e t u r b u l e n c i a s políticas, y n o t u v o r e p a r o e n a d m i t i r el título d e c o m e n d a d o r d e la O r d e n d e E s p a ñ a y el n o m b r a m i e n t o d e obispo d e O s m a , cuya diócesis acababa d e q u e d a r vacante 4 8 . T a m b i é n se destaca, p o r su afección al G o b i e r n o josefino, el ex obispo d e P u e r t o Rico, Francisco d e la C u e r d a , a g r a c i a d o con la O r d e n d e España, n o m b r a d o p r i m e r o obispo d e Málaga, cuya diócesis p a s ó a g o b e r n a r como vicario capitular s e d e vacante, y más t a r d e arzobispo d e T o l e d o 4 9 . El d e L e ó n , Luis Blanco, m o s t r ó u n a a d hesión pública y explícita a los franceses e n n u m e r o s a s ocasiones, q u e suscitó t r e m e n d a s acusaciones d e los patriotas 50 . 45

AHN Est. leg.27B 106-107; extracto de la representación del obispo de Avila a la Junta Central, 27-7-1809. 46 E. OLMOS Y CANALDA, LOS prelados valentinos (Valencia 1949) 265-73. 47 T. NOGUER MUSQUERAS, El limo. Dr. D. Juan Agapito Ramírez de Arellano, obispo de Gerona (1798-1810): Anales del Inst. de Est. Gerundenses (1959) 17-39. 48 F. TORRES AMAT, Vida del limo. S. Don Félix Amat (Madrid 1835). Interesantísima apología para conocer las justificaciones de los afrancesados. 49 Dec. de 13-6-1810 (GM p.704). 50 Carta acusatoria contra él obispo de Cristóbal Rubio dirigida a la Central, León 10-9-1809 (AHN Est. leg.27B n.140).

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Cuando Andalucía cayó en poder de los franceses, José recibió no pocas muestras de simpatía del clero catedralicio. Pero, sobre todo, se destacaron el obispo de Córdoba, Trevilla, y el arzobispo de Granada, Moscoso. Ambos publicaron ardientes alabanzas de José, especialmente el primero, que fue premiado con la Orden de España 5 1 . Pero ninguno llegó a emular las aficiones afrancesadas de los dos prelados de Zaragoza: el arzobispo Arce y su auxiliar, el gran predicador capuchino Fr. Miguel Suárez de Santander S2. Ausentes ambos de la heroica ciudad durante los sitios, colaboraron, en cambio, estrechamente con los invasores. Arce era un prelado mundano y cortesano que, al quedar suprimido el Santo Oficio, del que era inquisidor general, recibió el cargo de patriarca de las Indias. Santander fue nombrado por Suchet comisario regio eclesiástico de Aragón. A principios de 1810 fue nombrado obispo de Huesca, de cuya sede tomó posesión, y a mediados de aquel año recibió el nombramiento de arzobispo de Sevilla y gran banda de la Orden de España. Ante este panorama cabe replantearse la cuestión del patriotismo monolítico de los obispos españoles, que fue cuestionado ya en las Cortes de Cádiz. «La España toda —dirá en su defensa el P. Vélez— tiene la gloria de no contar entre sus pastores sino uno u otro afrancesado» 53 . Sería más exacto hablar de dos clases de patriotas entre los obispos; los que arrostraron las penalidades de la huida «por no ser traidores a su patria y ver ultrajada la religión» y los que, por cumplir sus deberes pastorales, escogieron el no menos penoso camino de permanecer con su grey en medio de los enemigos con el fin de actuar de mediadores y atemperar el furor de los franceses. La comprensión que nos merecen estos últimos no puede, sin embargo, disculpar fácilmente la actitud débil o interesada de esos siete obispos excesivamente complacientes con el intruso. A muchos de estos convictos o suspectos de afrancesamiento puede disculparles su avanzada edad. Lo que sí parece evidente es que, en el modo de afrontar la crisis de la guerra de la Independencia, la actitud de los obispos, y tras ellos del clero secular en general, no fue, en ningún modo, uniforme. El clero canonjil, que por vivir en las ciudades se veía también especialmente comprometido, muestra actitudes equívocas a menudo. Los nombramientos para dignidades y prebendas fueron numerosos en este sector del clero, y entre los agraciados encontramos a futuros obispos, como Posada y Torres Amat. Hay, pues, toda una gama de actitudes y comportamientos en el clero, desde el guerrillero Merino hasta el afrancesado Llórente 54. En s

> Cf. pastorales en GM de 1810 p.400.506.510.515. A. GASTÓN DE GOTOR, El cabildo de Zaragoza durante los sitios, en Estudios de la guerra de la Independencia II 169-208. A. DE LEGARD A, Diócesis huérfanas en tamo aZaragoza de 1808 a 1813: Scriptorium Victoriense 25 (1978) 67-88. El P. Santander fue duramente atacado por el P. Manuel Martínez en Los famosos traidores refugiados en Francia, convencidos de sus crímenes (Madrid 1813), al que respondió el obispo con unas interesantes Apuntaciones para la apología formal (Montpellier 1817). 53 'Preservativo (Madrid 4 1813) 156. 54 Noticia biográfica de D. Juan Antonio Llórente, o memorias para la historia de su vida escritas por el mismo (París 1818X52

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la opción de estos clérigos por una u otra solución hay un entramado de motivaciones políticas, religiosas, ideológicas o simplemente oportunistas e interesadas. Entre los que se dejaron seducir por estas últimas hay que situar a un grupo de escritores o intelectuales, para los que su ordenación sacerdotal era algo marginal. Ese fue el caso, por ejemplo, de Lista s5 , Reinoso y Estala, para no hablar de Marchena, cuya apostasía le coloca en lugar aparte.

3.

M O T I V A C I O N E S RELIGIOSAS DE LOS AFRANCESADOS

No faltaron pastorales ni sermones en el campo afrancesado. No fueron tan numerosos como los de los patriotas, ni fueron pronunciados con tanta convicción. La ideología religiosa que nos descubren resulta, sin embargo, sumamente expresiva, y podemos resumirla en los siguientes motivos teológicos: a) Legitimidad del régimen bonaparlista. —La legitimidad del trono josefino no podía fundarse ni en los derechos de la dinastía ni en su aceptación popular. Los clérigos afrancesados asientan entonces la nueva monarquía en la suprema voluntad de Dios. Amat fue el primero que lanzó la idea: «En la Sagrada Escritura se nos advierte muchísimas veces que nuestro buen Dios es quien da y quita los reinos y los imperios y quien los transfiere de una persona a otra persona, de una familia a otra familia y de una nación a otra nación o pueblo.» Dios permitió las divisiones de la familia real española y las renuncias a la Corona. Dios ha hecho de Napoleón arbitro de Europa: «Dios es quien ha puesto en sus manos los destinos de la España.» Estas ideas van a ser repetidas y desarrolladas por los demás afrancesados. Se invocan los altos juicios de Dios y los caminos de la Providencia con sus irresistibles decretos. Esta concepción agustiniana de Dios como rector de la historia contenía, sin embargo, varios equívocos. Porque la afirmación clásica de Dios como origen y fuente de todo poder es interpretada por los afrancesados sin reparar en la comunidad como receptáculo de la soberanía. Los afrancesados apelan a la voluntad y providencia de Dios, y eluden con ello la libre voluntad del pueblo. Si no es la voluntad del pueblo quien puede servir de guía para interpretar la voluntad de Dios, lo será el curso de los acontecimientos. Las convulsiones y vicisitudes políticas reflejarán la voluntad irresistible de Dios lo mismo que las leyes de la naturaleza y están «tan sabiamente ordenados en sus decretos como los períodos de los astros y la regularidad y variedad de las estaciones y de los tiempos» S6. El desarrollo de esta teología fatalista podía llevar a denigrantes consideraciones en el supuesto de que la victoria (como la que disfrutaba José en 1810 al tomar Andalucía) era una clara expresión de 55 H. JURETSCHKE, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista (Madrid 1951). Sobre la heterodoxia de algunos afrancesados cf. MENÉNDEZ PELAYO, Heterodoxos 1.7 e l . La actitud de Marchena en este tiempo se refleja en su desgarrado artículo Al Gobierno de Cádiz (GM junio de 1812, p.27-29). 56 Discurso del lectoral de Sevilla, Nicolás Maestre (GM 18-2-1810 p.202).

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la voluntad de Dios: «La justicia y la fuerza están siempre juntas, la injusticia es siempre imbécil e impotente; no hay desgracias ni infortunios, sino justos castigos de los pecados de los hombres. Un ejército, según esta idea, es una tropa de ejecutores de la justicia de Dios, que envía para hacer morir a los que han merecido la muerte. Los ejércitos son ministros de esta misma justicia, que no ejecutan sino precisamente lo que Dios ha ordenado» 57. Asentado este criterio, era fácil ver en José al rey elegido por Dios, y en los ejércitos franceses victoriosos, un signo inequívoco de la voluntad divina, a la que no será lícito resistir. b) El carisma del rey José' y la excelencia de su gobierno. —El obligado cumplimiento de esa voluntad de Dios quedaba estimulado con las prendas del rey elegido y con las excelencias de su gobierno. La personalidad del nuevo rey era una prueba de las misericordias de Dios sobre España. Los afrancesados no fueron mudos en la adulación a los Bonapartes. Napoleón es exaltado como restaurador y purificador de la religión en Francia, Italia y Polonia 58. Igualmente José es aclamado como protector de la Iglesia y restaurador del culto; es un rey bueno, adornado de luces, dotado de un corazón benigno y generoso y amante de sus vasallos. El magistral de Jaén llegó a dignificarle con los términos del más extremado absolutismo teocrático: «Está constituido entre nosotros y el Ser Supremo para ser el instrumento de su providencia, el ministro de su justicia y el poder de sus gracias; su poder es una participación del poder de Dios. Su Majestad es una imagen de la majestad divina» 59 . El magistral de Granada, Andeiro, unía, enternecido, su nombre con el de los Teodosios, Carlomagnos, Fernandos y Luises 60 . La idealizada persona del rey José guardaba coherencia perfecta con la excelencia de su gobierno, cuyas primeras disposiciones eran un pronóstico feliz de regeneración espiritual, moral y material de España. Ante todo, se quiere convencer de que la nueva situación no trae el menor obstáculo al esplendor del culto ni a la práctica religiosa. «Pues qué —pregunta el obispo Santander a sus reticentes fieles zaragozanos—; ¿se prohibe a alguno el que confiese sus pecados y el que reciba el cuerpo y sangre del Señor? ¿El que oiga la santa misa? ¿Que asista a los divinos oficios? ¿Qué queréis? ¿Se impide a alguno ser buen cristiano y buen ciudadano? Nada menos. Pues, hermanos, hora est iam nos de somno surgere» 61. El rey José propugna una religión pura e ilustrada, en estrecha relación con el progreso material. «Nuestro soberano —dirá D. Antonio Posada— no perdonará sacrificio alguno para borrar hasta las últimas huellas de los males que han afligido a sus hijos, ni hay género de bienes que no debamos prometernos de su ilustración y de su celo: educación liberal para todas las clases de la sociedad, inviolabilidad en las propiedades, seguridad en las personas, recuperación para tantos brazos que se han paralizado. Estos bellos elementos de la liber" Pastoral del obispo de Córdoba, 17-4-1810 (GM p.515). 58 Pastoral del vicario general de Valladolid, Josef Milla, 8-1-1809 (GM p.105). « GM de 1810 p.424. «o Ibid., p.394. «< Ibid., p.75.

tad civil y política son los sinceros votos que cada día forma para nosotros» 62. La moral evangélica enlaza con una moral intramundana y el paternalismo religioso e ilustrado del nuevo monarca redundará en un paraíso de felicidad en este mundo que se prolonga en la eternidad. Para conseguir esta doble felicidad, querida por Dios y dirigida por el rey, se precisa un comportamiento receptivo y pacífico por parte de los españoles. c) Exhortación a la sumisión y repulsa de la rebeldía. —Este es el estribillo constante de todas las exhortaciones. La sumisión y obediencia al príncipe que Dios nos da es una obligación estricta del cristiano, que se prueba fácilmente con las palabras de Cristo, de los apóstoles y Padres de la Iglesia. Obediencia que no debe ser pasiva, sino cordial, como respuesta adecuada a la categoría personal de un rey tan excelente. La verdadera moral evangélica inculca, igualmente, una actitud de paz, presupuesto de toda prosperidad. Los predicadores que suben al pulpito en Andalucía o en Valencia después de sus conquistas contraponen los horrores de la guerra a las delicias de la paz, y sacan la consecuencia de que el pacifismo es la única conducta cristiana y patriótica 63. Si sólo era aceptable una actitud de paz, se deduce la repulsa categórica a la insubordinación. Los afrancesados ponen especial empeño en destruir el mito de la guerra santa que alentaba a los españoles. Especialmente, los sacerdotes debían apagar la tea de la discordia y actuar como heraldos de la paz, para conseguir una sociedad en la que debe campear la fraternidad y la caridad. La santidad de la guerra queda desmitificada bajo el supuesto de que es origen de todos los males. Y la insurrección queda degradada como una erupción del fanatismo y la ignorancia. Para algunos predicadores, la resistencia es inútil, es una causa perdida que sólo produce desolación y muerte. El verdadero patriota ha de ser realista, y debe deponer una actitud hostil, que sólo puede producir la ruina de España. Los afrancesados no ven en la guerra una expresión de la voz del pueblo, sino el engaño de unos pocos malvados sobre una turba de engañados. Los mayores anatemas se dirigen a los guerrilleros, crueles y sanguinarios; al «simulacro de gobierno» de Cádiz, que sólo piensa en bagatelas y venganzas, y a la pérfida Inglaterra —la nueva Tiro—, «que sólo pretende envolver entre ruinas y sangre a nuestra madre patria» 64. 62 63 64

ibid., p.206. Sermón del prelado eclesiástico Pascual Fita en Valencia (GM de 1812 p.745). Sermón de D. Antonio Posada (GM de 1810 p.206)

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CAPÍTULO

LA REVOLUCIÓN

III

POLÍTICA ESPAÑOLA

FRENTE A LA

IGLESIA

La gran insurrección del pueblo español contra Napoleón no se redujo a una guerra. El abandono de la corona que hicieron nuestros reyes, la indecisión de las autoridades constituidas, la reasunción por las juntas provinciales de la soberanía abandonada y la iniciativa popular del levantamiento incubaron una profunda revolución política que había de trazar las bases de una España nueva. La guerra no fue solamente un movimiento de repulsa a las huestes francesas, sino también un rechazo, más o menos consciente, de los abusos del Antiguo Régimen, que habían alcanzado su cima en la España de Carlos IV y Godoy. Si la Junta Central representa la institucionalización de un levantamiento que encarna de hecho el ejercicio de la soberanía popular, las Cortes de Cádiz significan la legalización solemne de un deseo general de reforma de las caducas estructuras sociales, políticas y económicas del Estado antiguo. Los diputados reformistas son hombres de extracción burguesa que, apoyados en el vago anhelo popular de reforma, sabrán canalizarlo y desplegarlo aprovechando la gran oportunidad que les brinda la crisis bélica del país.

1.

A N H E L O DE REFORMA ECLESIÁSTICA

En junio de 1809, la Junta Central promovió una gran consulta al país con el fin de preparar el temario para las futuras Cortes. Las respuestas enviadas por algunos obispos, cabildos, ayuntamientos, universidades, juntas provinciales, audiencias y personas particulares demuestran con evidencia hasta qué punto era general el deseo de corregir y reformar. Era la primera vez que se intentaba una toma de conciencia general sobre los males de la Patria; el deseo de renovarla era general, aunque los medios propuestos fueran diversos y a veces contradictorios. Nada se escapa a la observación de los encuestados, a los que hay que añadir multitud de escritores que por propia iniciativa escriben folletos y artículos sobre los mismos asuntos. Se analizan cuestiones políticas, económicas, sociales, educativas, militares, administrativas y religiosas. A la hora de planificar el futuro de una España nueva, ¿podía eludirse un examen de una institución tan primordial como la Iglesia? Tan importante era este asunto, que, entre las cinco juntas auxiliares creadas por la Junta Central para elaborar los resultados de las respuestas, una era de materias eclesiásticas. Entre los textos que se han conservado y hacen referencia al tema eclesiástico, se destacan las respuestas enviadas por

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doce obispos y siete cabildos '. El muestreo de sus respuestas perfila una serie de abusos padecidos por la Iglesia; unos, procedentes del Estado; otros, debidos a la misma Iglesia. Se insiste, sobre todo por parte de los obispos, en la necesidad de mantener la independencia y las inmunidades eclesiásticas. «Al tratarse, pues, de una reforma exterior —dice el obispo de Calahorra— y la intervención que en ella pueda o deba tener la autoridad real, ha de considerar, lo primero, que la Iglesia es soberana e independiente, y su autoridad espiritual, establecida por el mismo Dios, sin consenso ni intervención de la potestad del siglo». Basados en este principio, casi todos desean la celebración de un concilio nacional o de concilios provinciales para resolver las reforma, de la disciplina eclesiástica; si bien, para lograr éxito de la reforma, piensan, con sentido práctico, que será precisa la cooperación de la potestad secular. Al concretar los abusos del poder civil, todos lamentan la política de Godoy sobre los bienes eclesiásticos y las exacciones abusivas sobre el clero. «Parece, Señor —se quejaba el cabildo de Cuenca—, que los eclesiásticos en España son los judíos de la nación, que, a fuerza de contribuciones, han de conseguir que se les tolere en el reino». La queja alcanza no sólo al hecho del despojo, sino al método empleado por Carlos IV, que era pedir para ello una bula pontificia, cosa que los obispos consideraban humillante e innecesaria. Hay una tendencia —encabezada por el obispo de Calahorra— a fundir la inmunidad eclesiástica con el refuerzo de la potestad episcopal. Manifestaciones de este templado episcopalismo son las sugerencias de suprimir todas las jurisdicciones espirituales exentas, someter los regulares a los obispos y obtener para éstos la concesión de dispensas matrimoniales. La persistencia de la Inquisición no parece causarles problema, y los obispos de Cuenca y Lérida hacen un cálido elogio de ella. Pero lo más llamativo es el catálogo de abusos y defectos que casi todos hacen de instituciones y personas eclesiásticas. Se alude, entre otras cosas, al número excesivo de clérigos, a las vocaciones dudosas, a los beneficiados ociosos, a la desigualdad de rentas y a instituciones inútiles, como las órdenes militares y no pocas cofradías. Las quejas más frecuentes se ceban en los religiosos, para los que se piden medidas de control, reducción y reforma. Sobre este deseo común de reforma de la Iglesia confluyen variados criterios: la idea ilustrada de aplicar a la Iglesia criterios de utilidad, el afán espiritual de una mayor pureza evangélica, la tradición regalista, que espera la ayuda del poder civil, y la defensa a ultranza de la independencia e iniciativa de la jerarquía eclesiástica mediante una concentración del poder episcopal que debía expresarse en un concilio nacio1 F. Suárez ha publicado, siguiendo un criterio geográfico, los informes oficiales procedentes de Baleares, Valencia, Aragón, Andalucía y Extremadura: Cortes de Cádiz (Pamplona 1967-68-74). M. Artola publica párrafos escogidos de 68 respuestas, englobándolas en sectores (clero, instituciones, juntas provinciales, respuestas particulares), en Los orígenes de la España contemporánea t.2 (Madrid 2 1976). Suárez analiza en su introducción las vicisitudes del informe y las consultas. De 39 obispos consultados, consta que respondieron 15, pero se conservan sólo 12 respuestas (Menorca, Orihuela, Albarracín, Barbastro, Teruel, Córdoba, Tarragona, Calahorra, Cartagena, Cuenca, Lérida y Urgel). De los 39 cabildos consultados, se conservan las respuestas de 7.

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nal. El obispo de Menorca escribe estas significativas palabras: «Baste decir, por conclusión de todo, que en la disciplina externa hay mucho que reformar. Parte puede hacerlo S. M. mediante sus regalías, y parte debe hacerlo la misma Iglesia por aquellos medios que ella misma heredó de los apóstoles; tales son los concilios». La dificultad estaba en mantener un justo equilibrio entre ambas potestades en el momento de acometer la reforma eclesiástica.

2.

LAS C O R T E S DE CÁDIZ Y LA JUSTIFICACIÓN DEL REFORMISMO RELIGIOSO

La Junta Central no pudo hacer más que lanzar sobre el tapete la idea de reforma. La Regencia que le sucedió en enero de 1810 no pudo, a pesar de su carácter conservador, eludir la convocatoria de las Cortes, que se reunieron en septiembre de 1810. La soberanía nacional que las Cortes se atribuyeron el primer día de su reunión por iniciativa del canónigo extremeño Muñoz Torrero, ponía en sus manos los destinos de una España nueva. Las Cortes de Cádiz no tuvieron nada de impías. ¿Cómo puede tildárselas de irreligiosas, cuando la tercera parte de sus componentes pertenecían al estado eclesiástico y comenzaban sus sesiones con la misa del Espíritu Santo? Salvo algún que otro diputado contagiado de volterianismo, el conjunto de los padres de la Patria son buenos católicos, que se aferran a la religión de sus padres y desean una Iglesia liberada de sus defectos seculares. Cuando discutieron los asuntos eclesiásticos, lo hicieron, generalmente, con respeto al sentimiento religioso del país. Si alguna vez, en el fragor de la dialéctica, se excedieron en sus críticas, fue de manera ocasional. Lo habitual eran, más bien, manifestaciones de fe recia y piedad sincera en un clima de respeto y adhesión a la Iglesia católica, a la que consideran elemento inseparable de la historia patria y de la España nueva que quieren construir. Los diputados están plenamente convencidos de que sin religión no es posible la permanencia de una sociedad justa, libre y ordenada; y de que es precisamente la religión católica la que mejor se acomoda a un gobierno ilustrado. La reacción absolutista engendró contra las Cortes de Cádiz una leyenda negra, llamada a tener larga pervivencia. Los impugnadores de las Cortes les negaron su legalidad, su originalidad y su espíritu religioso. El P. Vélez intentará demostrar que el cúmulo de medidas irreligiosas dictadas por el Congreso era la concreción de un plan diabólico forjado por las logias y por los filósofos impíos para desterrar de España la religión e implantar el ateísmo. Nada más arbitrario que este mito de una conspiración universal de jansenistas, masones y liberales contra la Iglesia. Las reformas eclesiásticas de las Cortes de Cádiz surgen merced a la coyuntura y circunstancias históricas de una España en guerra que acelera el proceso de la revolución burguesa. Es indudable que en muchas ocasiones las Cortes traspasaron más de lo justo los límites de su compe-

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tencia; pero aún en esos casos es fácil encontrar comprensión y disculpa. Pensemos que las Cortes acometen la decidida empresa de implantar una renovación profunda de las estructuras políticas, sociales y económicas de España. La vieja España del despotismo ilustrado, de los estamentos sociales, de los señoríos nobiliares, de las manos muertas, de los gremios anquilosados, de la administración irregular y arcaica, tiene que dejar paso a una España nueva, con una monarquía constitucional, con libertad e igualdad civil, con organismos gubernativos centralizados, con propiedades desvinculadas. Era, pues, comprensible que se intentara una acomodación de la Iglesia al nuevo sistema; era necesario e inevitable que las reformas políticas, sociales y económicas afectaran a una Iglesia cuyas exenciones, privilegios y grandes propiedades amortizadas no podían encajar en el nuevo sistema constitucional. La gran reforma política liberal habría quedado convertida en una quimera si se hubiera respetado el status de la Iglesia antigua. Tampoco puede decirse que las reformas eclesiásticas de las Cortes son un mero plagio de las efectuadas durante la Revolución francesa o de las ejecutadas en aquellos días por los afrancesados españoles. Los afrancesados sirvieron más bien de emulación que de inspiración a los diputados de Cádiz. Lógicamente, éstos no querían quedar a la zaga de los afrancesados en sus reformas; pero, si fueron mucho más revolucionarios que ellos en lo político, se mostraron, en cambio, mucho más comedidos y conservadores en lo religioso. No es necesario acudir a ejemplos ultrapirenaicos para explicar las reformas eclesiásticas de las Cortes. La mentalidad que en ellas predomina es la del regalismo español del siglo XVIII; aquella inveterada costumbre de la intervención real en la disciplina externa de la Iglesia, que se explica por la tendencia del poder civil a ampliar sus dominios en todos los campos de la sociedad y a poner un coto razonable a los privilegios y autonomías clericales. El justo equilibrio entre las regalías de la Corona y las reservas pontificias no era siempre fácilmente dilucidable y en muchos asuntos era todavía cuestión disputada entre los católicos. Los diputados liberales de las Cortes realizan una defensa de las prerrogativas del Estado sobre la disciplina eclesiástica siguiendo las tesis regalistas peculiares del despotismo ilustrado. No es en Voltaire o en Rousseau en quienes se apoyan, sino en los prohombres de nuestra Ilustración, como Macanaz, Olavide, Campomanes, Floridablanca o Urquijo, que atribuyen al poder real la competencia para intervenir en la disciplina externa de la Iglesia bajo capa de regalía, protección o policía externa. Las Cortes —herederas de aquellas prerrogativas— se sienten capacitadas para disponer de los bienes de la Iglesia, para suspender la colación de beneficios eclesiásticos, para organizar procesiones y rogativas, para reformar a los regulares y para desembarazarse de jurisdicciones eclesiásticas exentas o mixtas. El punto clave de estas controversias se resume en una reivindicación de los derechos episcopales a costa de las reservas pontificias. No es extraño. El ejercicio de la jurisdicción pontificia era la barrera que libraba a la Iglesia de las intromisiones del poder civil, o, dicho de otra manera,

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Rexmelta

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era el último baluarte que impedía a las manos legas la alteración de la disciplina de la Iglesia. La pretensión de devolver a los obispos sus antiguos derechos es, en realidad, un pretexto para poder modificar más fácilmente la estructura de la Iglesia desde el Estado sin necesidad de acudir a las gracias, dispensas o donativos de Roma. Paradójicamente, los obispos rechazarán los derechos que los reformadores quieren devolverles, pues ven que es más fácil mantener la independencia y el poder de la Iglesia escudándose en el primado pontificio que si quedan a merced de la protección del Estado. Frente a unas Cortes episcopalistas, los obispos se harán ultramontanos. No es difícil encontrar en las intervenciones oratorias de los más destacados reformistas laicos o eclesiásticos proposiciones de sabor jansenista o galicano, opuestas a la reciente bula Auctorem fidei, de Pío VI 2. La coordinación de esa jurisdicción universal del papa con la de los obispos, que también es de institución divina, daba pie a la controversia en el momento de determinar cuestiones de competencia en materias de disciplina. Entre las tesis extremas de un ultramontanismo que considera a los obispos como meros lugartenientes del papa y un episcopalismo que extiende más de la cuenta las consecuencias de la institución divina de los obispos, existe un vacío doctrinal, que en aquella época, previa a los dos últimos concilios Vaticanos, no había sido aún suficientemente determinado. Por encima de algunas doctrinas disputadas entre los católicos perdura la costumbre inveterada del intervencionismo estatal, el abuso de las regalías y la práctica del exequátur, que para unos es una concesión y para otros un derecho del poder civil. Y existían, sobre todo, abusos crónicos en la administración y economía de la Iglesia. Nuestros reformadores tenían la convicción de que una reforma eclesiástica hecha con escrupulosa corrección canónica, es decir, encomendada exclusivamente a la competente autoridad eclesiástica de los obispos y del papa, sería insuficiente y lenta para lo que pedía la urgencia del momento y la armonía del nuevo edificio constitucional que habían dado a España. Así que optaron por cortar el nudo gordiano aplicando la cirugía regalista a algunas —sólo a algunas— instituciones, bienes y personas eclesiásticas que juzgaban incompatibles con el nuevo Estado español. En aquel momento de afirmación patriótica, el nacionalismo que impera en las Cortes de Cádiz debía, lógicamente, favorecer un cierto distanciamiento de la curia romana, si tenemos en cuenta que el ejercicio de las reservas suponía un dispendio económico considerable y que la deportación a Francia de Pío VII por aquellos años ofrecía el pretexto de la incomunicación con la Sede Apostólica. En tales circunstan2 F. MARTÍ GILABERT, La Iglesia en España durante la Revolución francesa (Pamplona 1971); L. MARTÍNEZ DE MENDIJUR, La doctrina de las jurisdicciones episcopal y pontificia en los debates de las Cortes de Cádiz: Scriptorium Victoriense 12 (1965) 300-41; Prerrogativas del poder real sobre la disciplina eclesiástica en los debates de las Cortes de Cádiz: ibid., 13 (1966) 217-32.325-51. El jansenismo español tuvo preferentemente un contenido pastoral, moral y político más que teológico. J. SAUGNIEUX, Le jansénisme espagnol du XVIII' sie'cle, ses composantes et ses sources (Oviedo 1975); E. APPOLIS, Les jansehistes espagnols (Bordeaux 1966); M. G. TOMSICH, El jansenismo en España (Madrid 1971); I. DE VILLAPADIERNA, El jansenismo español y las Cortes de Cádiz, en Nuove ricerche sul giansenismo (Roma 1974).

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cias no podía pensarse en un concordato que hubiera hecho compatibles la jurisdicción eclesiástica con las iniciativas reformistas de los liberales. A falta de concordato, los eclesiásticos pidieron y las Cortes planearon un concilio nacional. Pero ¿era esto posible cuando la mitad de los obispos residían en territorio ocupado por los franceses? Las Cortes harán, ciertamente, reformas eclesiásticas; unas aceptables, otras discutibles y otras abusivas. Pero estas innovaciones resultan mínimas y timidísimas comparadas con las que hizo la asamblea constituyente en Francia en 1790 o con las que por aquellos días hacían Napoleón o nuestros afrancesados. No olvidemos, por último, las circunstancias que impulsaban a nuestras Cortes a obrar con rapidez y eficacia. Existe un anhelo previo general de reforma de la Iglesia. Existe un propósito de no defraudar a los que piden al Congreso reformas efectivas contra abusos inveterados. Y existe, en fin, el problema de sostener una guerra que cuesta dinero y para la que se precisan abundantes recursos. Todos los españoles debían contribuir económicamente al triunfo de la independencia. Cuando gravita sobre todos los ciudadanos una contribución extraordinaria de guerra, ¿puede eludirse la aportación de una institución tan rica como la Iglesia? ¿Cabría alegar las viejas exenciones y privilegios en aquel momento excepcional, en que se jugaba la independencia de la Patria? ¿O podría mantenerse el caduco Santo Oficio, cuando sus métodos y sistemas eran tan contrarios a la Constitución y a la libertad civil? Las reformas eclesiásticas de más bulto están en conexión con las necesidades económicas de un Estado que necesita recursos con urgencia. Por encima de posibles arbitrariedades anticlericales e intereses personales, existe la necesidad urgente de la nación y el criterio prevalente del bien común. El patriotismo que habían mostrado los sacerdotes y frailes alentando la insurrección, debía completarse con sacrificios más tangibles: recorte de privilegios y contribución con bienes y riquezas. Así parecía exigirlo el triunfo de la causa nacional y la necesaria acomodación al nuevo sistema político y social de España.

3.

E L FERMENTO PERIODÍSTICO

El decreto de 10 de noviembre de 1810 sobre la libertad política de imprenta tuvo unas consecuencias fulminantes para el desarrollo de la revolución española. El decreto permitía escribir sobre materias políticas sin previa censura. Para castigar los abusos se establecían juntas de censura en cada provincia y una suprema de nueve miembros, de los que tres debían ser eclesiásticos. Los escritos sobre materias de religión quedaban sujetos a la censura previa de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el concilio de Trento. Ninguna objeción podía hacerse al decreto desde el punto de vista religioso, a no ser por la prescripción de que, si el ordinario negaba la licencia, podía el interesado apelar a la Junta suprema, a cuyo dictamen debía aquél acomodarse. Seguía vi-

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gente la Inquisición, aunque su ejercicio era nulo. La libertad de imprenta, permitida como un derecho individual, como medio para frenar la arbitrariedad de los gobernantes, para ilustrar al país y para conocer la verdadera opinión pública, produjo en Cádiz y en la España liberada un verdadero torrente de folletos y periódicos i. El periodismo español, liberado de la mordaza inquisitorial, actuará como acicate crítico y satírico contra los abusos antiguos. Se quiere recuperar el tiempo perdido, y nada se resiste a su censura. Ni siquiera la Iglesia, que es atacada en sus costumbres, personas e instituciones sin el menor escrúpulo con el pretexto de corregir los vicios políticos y sociales del Antiguo Régimen. De más eficacia que las obras doctrinales fueron los pequeños panfletos o los artículos periodísticos. El lenguaje zumbón y desvergonzado de la vieja novela picaresca renacía en las plumas de los periodistas liberales, que suplían la falta de conocimientos teológicos y canónicos con un estilo descarado y chistoso. El impacto que produjeron sobre el pueblo fue colosal. Envuelto en equívocos, generalizaciones y caricaturas y camuflado con nobles ideas de libertad, reforma y patriotismo, nacía el anticlericalismo popular español. Los periodistas crearon un ambiente propicio para las reformas religiosas de las Cortes y consiguieron modelar una opinión pública que ellos presentaban como un eco de la voluntad nacional. Cádiz era, lógicamente, el fanal de los periódicos anticlericales, entre los que se destacaron la Abeja Española, El Conciso, El Diario Mercantil, El Duende de los Cafes, El Patriota y El Redactor General. Algunos de ellos se trasplantarán al Madrid liberado. En las demás ciudades españoles no faltaban epígonos, más o menos afortunados, de esta clase de prensa. Nadie, sin embargo, llegó a alcanzar la fama de Bartolomé Gallardo, que produjo un formidable escándalo con su Diccionario crítico-burlesco en 1812 4. Los eclesiásticos quedaron desconcertados ante este balbuciente anticlericalismo socarrón, contra el que no disponían de armas adecuadas. «Al hombre hiere más una burla que una espada. Su honor no se resiente de un acometimiento injusto, pero sí se exacerba cuando el ridículo llega a mofarlo. Mientras más respeto merezca o la persona o la materia de que se trata, más sensible le debe ser que se íe conteste o con indiferencia o con una bufonada. Las armas son desiguales en este caso: el acometido no podrá defenderse, si no es un desvergonzado. La lucha misma le es indecorosa, tizna el tacto; sólo al ver al enemigo enfría la sangre, hiela el espíritu, abate el ánimo» 5. El reformismo religioso emprendido por las Cortes en aquel reducto enrarecido de Cádiz se desarrolla, pues, en medio del clima anticlerical creado por los periodistas liberales, que fueron tratados por el Congreso con una lenidad y tolerancia que contrastaba con los rigores empleados contra el obispo de Orense, el vicario general Esperanza o el 3

M. GÓMEZ IMAZ, Los periódicos durante la guerra de la Independencia (Madrid 1910). Sobre los incidentes suscitados por el Diccionario de Gallardo cf. MENÉNDEZ PELAYO, Heterodoxos 1.7 c.2,II. 5 VÉLEZ, Apología del Altar y el Trono (Cádiz 1818) t.l p.169. 4

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nuncio. Los representantes de la ortodoxia, que nunca habían escuchado antes de sus compatriotas tantas irreverencias o faltas de respeto, se sentirán escandalizados, y reaccionarán con no menor apasionamiento que sus enemigos. Sentían que se desplomaba el respeto a lo sagrado y que la religión se hundía. En las tímidas reformas religiosas de las Cortes y en las frases intemperantes de los periodistas anticlericales verán el germen de una terrible revolución religiosa que era preciso atacar en su raíz. La España contemporánea gestaba desde sus orígenes, para desdicha nuestra, una polémica política y religiosa que no^tardará en degenerar en guerra abierta.

4.

LAS REFORMAS RELIGIOSAS DE LAS CORTESA

Las Cortes de Cádiz hicieron una revolución política en norítüi L"ae la tradición. La misma Constitución ofrece un carácter híbrido, en que se dan cita aspectos democráticos y conservadores; es una obra de transición, o, si se quiere, una síntesis de tendencias diversas. También en la legislación eclesiástica de las Cortes han dejado su huella tendencias muy diversas dentro del catolicismo hispano. La secuencia cronológica de las discusiones parlamentarias sobre temas eclesiásticos y su plasmación en los decretos correspondientes revela una evolución, en la que progresivamente se van imponiendo los criterios y soluciones del grupo reformista e innovador, más audaz y juvenil, menos escrupuloso y perfectamente compacto. Las Constituyentes comienzan por aceptar la religión católica tradicional con absoluta intolerancia hacia otros cultos, pero abriendo la puerta a la libertad de prensa; durante el difícil año de 1811 siguen la política, muy clásica en tiempos de apuro, de exigir servicios a la Iglesia protegida. En 1812, el regalismo despunta en iniciativas y disposiciones muy significativas. En 1813 —cuando ya se otea la victoria sobre los franceses y no resulta tan necesario el apoyo del clero—, las Cortes imponen medidas de mayor envergadura que afectan a algunas instituciones, personas y bienes eclesiásticos y descargan sus rigores contra los obispos que se atreven a desafiar su poder. Visto el conjunto de la legislación eclesiástica elaborada a lo largo de estos tres años, observamos que en ella se da una síntesis de tendencias opuestas. Sobre la base de una religión tradicional venerada en toda su pureza y con el pretexto de protegerla, los innovadores han logrado implantar la táctica regalista de prevalencia estatal sobre la Iglesia. El resultado final fue una reforma a medio camino, que pareció corta a los innovadores y abusiva a los tradicionales. Después de tantas discusiones y polémicas y aun concediendo que se dieron abusos en la forma de elaborarse, aquella reforma eclesiástica no pasó de moderada. Se habían tocado solamente aspectos marginales de la disciplina que podrían haber sido fácilmente subsanables por la autoridad eclesiástica. He aquí una breve síntesis de las disposiciones de las Cortes.

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El reconocimiento incuestionable de la religión católica El primer decreto de las Cortes, de 24 de septiembre de 1810, es la primera piedra de la España constitucional 6. Allí se contiene el germen de la Constitución (división de poderes) y el principio básico del liberalismo (la soberanía popular). La fórmula del juramento que se impone a la Regencia menciona además, al lado del reconocimiento a la soberanía de la nación representada en las Cortes, la conservación de la independencia, libertad e integridad de la nación y de la religión católica, apostólica, romana. La nación española, purificada por la guerra y renovada por las Cortes soberanas, aparece expresamente identificada con la religión católica, siguiendo el impulso religioso del pueblo en armas. El sentimiento religioso tradicional de España y la adhesión inquebrantable a la religión católica tuvieron cabida en el texto constitucional. La Constitución se abre con la clásica invocación trinitaria: «En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad.» Nada más lejos de la concepción roussoniana del Contrato social que este escueto y solemne encabezamiento de la Constitución española, en el que palpita una recia confesión de fe y una afirmación de la ética social cristiana, que pone en Dios el origen y fundamento de la sociedad y la fuente última del poder y de la soberanía. El 2 de septiembre de 1811 se puso a discusión el artículo que trataba de la religión. El texto del proyecto decía: «La nación española profesa la religión católica, apostólica, romana, única verdadera, con exclusión de cualquiera otra.» No sólo se hace una afirmación del catolicismo como religión oficial, sino que se excluye cualquier género de tolerancia hacia otras religiones. Nada parecía más ajeno al espíritu de libertad y a las consideraciones a la persona individual. Sin embargo, el criterio del Congreso en este punto era tan notorio, que el presidente sugirió que se podía votar el artículo por aclamación. Sólo hubo una modificación, hecha por Villanueva, en el sentido de especificar más aún el sentido del artículo. Tal como estaba redactado sólo indicaba un hecho presente, y era preciso declarar que esa religión fuera considerada como ley fundamental esencial y obligatoria, pues «sin los preceptos que por ella comunica su divino autor no tienen fuerza ni obediencia las leyes humanas». Debía, pues, añadirse «que deba subsistir perpetuamente, sin que alguno que no la profese pueda ser tenido por español ni gozar los derechos de tal». Añadió todavía Villanueva, evocando a los concilios de Toledo y a la gloria de nuestros mártires, que esa religión —única verdadera— debía ser especialmente protegida por el Estado. Todos aceptaron las adiciones del sacerdote liberal, que fueron refundidas y aprobadas al día siguiente en estos términos: «La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, 6

Citaremos en adelante solamente la fecha de los decretos, órdenes, circulares o instrucciones que hemos consultado en las colecciones indicadas en la introducción bibliográfica, pues sólo ese dato basta para su fácil localización.

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única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquiera otra» 7. No es posible afirmar con mayor integrismo y exclusividad el catolicismo del Estado. S¡n embargo, el mutismo que observaron en esta ocasión los liberales más destacados no significaba precisamente una aquiescencia absoluta. Arguelles no puede ser más explícito al respecto: «En el punto de la religión se cometía un error grave, funesto, origen de grandes males, pero inevitable. Se consagraba de nuevo la intolerancia religiosa, y lo peor era que, por decirlo así, a sabiendas de muchos, que aprobaron con el más profundo dolor el artículo 12. Para establecer la doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero, cuyos efectos demasiado experimentados estaban ya, así dentro como fuera de las Cortes» 8. Quedaba, sin embargo, una grieta en el aparentemente monolítico artículo 12 para hacer penetrar a través de ella la reforma de la Iglesia; tal era la «protección» que el Estado se atribuía sobre la religión. Dicha protección será interpretada en sentido regalista. Cuando el P. Vélez examine las reformas hechas en nombre de esa protección, encontrará en ella un lazo, un veneno y una máscara. «El artículo que parece de vida para la Iglesia, es como un decreto de muerte», dirá desengañado 9 . En realidad, la rotunda afirmación católica de las Cortes de Cádiz contenía sentidos equívocos: refleja, indudablemente, la fe sincera del pueblo español y de la gran mayoría de los diputados, provoca el enojo silencioso de los más radicales y justifica las medidas regalistas. Los que creyeron que con aquel artículo quedaba asegurada la inalterabilidad de los privilegios eclesiásticos, se engañaban lastimosamente. Exigencia del apoyo moral y material de la Iglesia En medio del trastorno bélico, la Iglesia se mantenía como la única institución permanente y poderosa. Afrancesados y patriotas acudían a ella para conseguir el apoyo moral de un clero influyente y la ayuda económica de los recursos eclesiásticos. Lo que los franceses obtenían sólo por la violencia, lo conseguían los patriotas con facilidad. Las Cortes, sobre todo al principio, imponen con toda naturalidad funciones litúrgicas y directrices pastorales. Nadie consideró como intromisión extraña del poder civil el hecho de disponer acciones de gracias, rogativas y pompas fúnebres en numerosas ocasiones; o el encargo al clero de predicar «que es indispensable sacrificarlo todo y guerrear hasta morir, porque peligran la religión y la Patria; y de procurar, por todos los medios, la reforma de las costumbres y el rechazo del enemigo» (1-12-1810). Varios obispos y monasterios pusieron espontáneamente los bienes eclesiásticos al servicio de la causa nacional, incluso llevándolos consigo en la huida o 7 DC ses. del 2 y 3-9-1811 t.8 p.l 19-20.125. Citaremos en adelante con esta sigla los Diarios de Cortes en su editio princeps. 8 A. ARGUELLES, La reforma constitucional de Cádiz, estudio, notas y comentarios por J. Longares (Madrid 1970) 262. 9 Apología, 1201-11.

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En 1812 —año de la Constitución y de la victoria de Arapiles—, las Cortes van a legislar poco sobre asuntos eclesiásticos. El autoritarismo parlamentario se manifiesta en el rigor empleado contra los clérigos políticamente desafectos y en la derogación del voto de Santiago. Era una demostración de que ni la inmunidad de las personas eclesiásticas ni la remora de las costumbres religiosas tradicionales podían detener las iniciativas reformadoras del grupo liberal. Entre las medidas represivas se destaca la que declara al obispo de Orense, D. Pedro de Quevedo, «indigno de la consideración de español», y le castiga con la pérdida de sus honores y empleos civiles y con

la expulsión del territorio en veinticuatro horas (19-8-1812). Fue éste un decreto iliberal, ya que castigaba al obispo por no querer j u r a r la soberanía nacional, que repugnaba a sus convicciones. Fue, además, una ingratitud con un patriota eminente y un desacierto político, pues muchos vieron en el expulso al mártir del despotismo parlamentario, no al reo político 12. Las Cortes iniciaban así una conducta de intransigencia y susceptibilidad contra el clero reticente. La igualdad constitucional suponía la desaparición del clero como estamento y la pérdida de sus privilegios, exenciones e inmunidades. Por eso, las destituciones y purificaciones decretadas contra los funcionarios del rey intruso inciden también en los eclesiásticos (11-8 y 21-9-1812). Por el decreto de 28 de junio, las Cortes declararon a Santa Teresa Patrona y Abogada de España después del apóstol Santiago. Ninguna oposición hubo hacia esta muestra de devoción a «la insigne española», cuyo patronazgo se había querido implantar ya en el siglo XVII. Contrasta con este decreto el que suprime «la carga conocida en varias provincias de la España europea con el nombre de voto de Santiago» (14-10-1812). La contribución pagada por los campesinos de algunas regiones al cabildo compostelano no era tan exorbitante como se decía. Lo que importaba atacar era su significado. En ella veían los reformistas el triste ejemplo de un abuso sostenido con pretexto de religión. Las Cortes debían velar por la pureza de la religión, que debe ir unida a la verdad y a la justicia. Tratándose de una contribución, las Cortes podían derogarla, porque sólo a ellas corresponde establecer los impuestos: «No tratamos de bienes de Dios —dirá Calatrava—; tratamos de rentas de los canónigos de Santiago, que no las necesitan; de rentas que paga injustamente el pueblo español, aunque mucho más necesitado». La discusión fue apasionante. La erudición de Villanueva, el apasionamiento de Ruiz del Padrón, la vena popular de Terrero, la ciencia política de Calatrava y la ironía demagógica de Arguelles asestaron golpes certeros contra el voto de Santiago desde todos los flancos posibles: la historia, la moral, la justicia social y las reglas del código constitucional. Con el pretexto de derogar aquella arcaica contribución, se absolutizaba el contraste simplista de la España que fue y la que debía ser; y se celebraba el triunfo de la crítica histórica contra la mitología heroica; la religión pura, contra la superstición; la devoción auténtica, contra la injusticia sacralizada. El debate en torno a un objeto tan vulnerable resultó un excelente ensayo general para los reformistas religiosos 13. Quedaba demostrada la posibilidad de deslindar con éxito los hasta entonces confusos campos de lo sagrado y lo profano y de domeñar la prepotencia del clero en nombre del pueblo. Envalentonados con el éxito, los innovadores sintieron que había llegado el momento para acometer reformas de mayor envergadura, como la supresión de la Inquisición, la reducción de los

10 AHN Est. Leg.27D 247-48. Queja del cabildo de Plasencia a la Junta Central sobre los abusos que hacían los justicias de los pueblos en la exacción de los diezmos, contra lo dispuesto en la concordia entre el Gobierno y las iglesias del reino (13-6-1809) para la colección del subsidio, que había sido ratificada por el general Cuesta en aquella diócesis 11

12 M. BEDOYA, Retrato histórico del Emmo. Sr. D. Pedro de Quevedo y Quintano (Madrid 1836); E. LÓPEZ AYDILLO, El obispo de Orense en la Regencia de 1810 (Madrid 1918). 13 DC ses. del 12, 13 y 14-10-1812 t.15 p.361-97.391-476.419-35.

haciéndolos pasar subrepticiamente desde la zona ocupada. No pocas veces los generales españoles, al igual que los franceses, reclamarían de los cabildos y párrocos la entrega de caudales o de diezmos sin tino ni mesura !0. Ya en 1809, la Junta Central había ordenado la entrega de todas las alhajas y plata de las iglesias que no fueran necesarias para el culto (6 de noviembre); también mandó aplicar a las urgencias del Estado los productos de toda obra pía que no estuviera aplicada al mantenimiento de hospitales, hospicios y casas de misericordia o educación. Las Cortes urgieron el cumplimiento de estos decretos de la Junta Central (22-3 y 8-5-1811), y darán otros nuevos, como el de prohibir la colación de prebendas y beneficios, para destinar las rentas de las vacantes a las necesidades de Estado (1-12-1810); aplicar al erario los productos de los beneficios en economato, los de espolios y vacantes y parte de las pensiones eclesiásticas (20-4-1811); o destinar a los hospitales militares los productos de muchas obras pías, patronatos, memorias y cofradías (4-8-1811). Afectaba también a los clérigos, como al resto de los ciudadanos, el pago de la contribución extraordinaria de guerra impuesta por la Junta Central el 10 de enero de 1810. Añadidas todas estas contribuciones a las aportaciones con que de antiguo venía contribuyendo la Iglesia española a las cargas del Estado, podemos afirmar que ésta pagó, más que ninguna otra corporación, el mantenimiento de la guerra de la Independencia. Si se dieron algunas resistencias por parte de algunos prelados, fue, sobre todo, por considerar que la manera autoritaria con que se exigían las exacciones lesionaba la inmunidad eclesiástica o porque, al prohibir la concesión de prebendas, se quitaba a los obispos la libertad y el derecho que tenían a conferirlas. Pero, en general, el clero español aceptó con patriotismo y sin oposición aquellas medidas que venían justificadas por la urgencia del momento y la misma provisionalidad de los decretos. «El estado eclesiástico —dirá en las Cortes el obispo de Mallorca— ha creído y cree que en estos casos de tanta miseria no está exento de contribuciones. Ha dado ya una prueba de esto pagándoles sin acordarse de su inmunidad» " . Los decretos de 1812

DC ses. del 3-5-1811 t.5 p.316.

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conventos y el inicio de la desamortización eclesiástica. Estos programas, elaborados en el silencio de las comisiones en 1812, saldrán a relucir en las sesiones de las Cortes de 1813. La euforia de los triunfos militares y el cambio de Regencia en el mes de marzo de ese año les facilitaron la labor. La supresión del Santo Oficio Ningún debate produjo tanto apasionamiento dentro y fuera de las Cortes como el que se ocupó de la Inquisición 14. Parecería increíble, si tenemos en cuenta la decadencia del Santo Oficio, que era una sombra de lo que había sido. ¿Qué miedo podía causar a los herejes un tribunal cuyo inquisidor general era el afrancesado Arce y en el que vegetaban funcionarios heterodoxos como Llórente? La Inquisición, decapitada por la defección de Arce, contaba, sin embargo, con el Consejo Supremo, refugiado en Cádiz. En abril de 1812, algunos diputados intentaron que las Cortes restablecieran el ejercicio del santo tribunal; pero, en vez de esto, el expediente fue remitido a la Comisión de Constitución para que informara si ésta era o no compatible con la Inquisición. Hasta diciembre no concluyó la mayoría de la Comisión su bien redactado dictamen, que serviría de base para la discusión a principios de 1813. El largo y apasionado debate sobre la Inquisición se lee hoy todavía con enorme interés. Y es que lo que interesa no es tanto la Inquisición en sí, sino lo que ella significa. Quedó convertida en mito y símbolo de la concepción religiosa tradicional de España. Sus defensores o sus atacantes sostienen concepciones antagónicas sobre el pasado y el futuro de España, sobre las diversas maneras de concebir un mismo catolicismo y sobre el lugar que la Iglesia debe ocupar en la vida política del país. La defensa o el rechazo del Santo Oficio servirá para deslindar campos políticos y será uno de los elementos impulsores del dramático desgarramiento espiritual de la España contemporánea. El debate se llevó a fondo con asombrosa erudición y tenacidad por unos y otros. Fue un formidable torneo dialéctico, en que se emplearon pruebas y contrapruebas, exageraciones y sentimentalismos. Cada orador habla convencido de que de la defensa de su tesis depende la salvación de España. Hablaron los de siempre. A favor de la Inquisición se destacaron Inguanzo, Simón López, Ostolaza, Cañedo, Huerta, Hermida y el obispo de Calahorra; en contra, Arguelles, Muñoz Torrero, Villanueva, García Herreros y Ruiz del Padrón. No fue una disputa de clérigos contra laicos, pues los encontramos mezclados en cada bando. No falta14 F. MARTÍ GILABERT, La abolición de la Inquisición en España (Pamplona 1975); J. PÉREZ VILARINO, Inquisición y Constitución en España (Madrid 1973). Todo lo relativo a la Inquisición fue publicado por orden de las Cortes en un tomo especial, a cuya paginación hacemos referencia en este epígrafe: Discusión del proyecto de decreto sobre el tribunal de la Inquisición (Cádiz, Imprenta Nacional, 1813). Recoge, además de los dictámenes, las sesiones desde el 8-12-1812 al 5-2-1813. Entre las apologías de la Inquisición merece destacarse la de J. DE SAN BARTOLOMÉ, El duelo de la Inquisición o pésame que un filósofo rancio da a sus amados compatriotas los verdaderos españoles por la extinción de tan santo y útilísimo tribunal (México 1814).

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ron disonancias, como la del demagogo cura Terrero, que apostó a favor del santo tribunal. La lectura del Diario de Cortes produce hoy la impresión de una terrible confusión, pues se mezclaron asuntos diversísimos. El desconcierto aumenta cuando vemos que unos y otros utilizan los mismos argumentos matrices, ya que todos invocan la pureza de la religión, la tradición eclesiástica, los ejemplos de la historia, el cumplimiento de los cánones, la fuerza de la opinión pública, el bien de la Patria o la defensa de la Constitución. La impostación que cada bando presta a cada una de estas motivaciones comunes produce en éstas una coloración totalmente diversa. Sin embargo, los abolicionistas contaban con un poderoso aliado. No nos referimos a la prensa liberal, que divulgaba en la calle una atmósfera antiinquisitorial; sino al impulso irresistible del momento histórico. La actitud de los innovadores apuntaba a un futuro inevitable. En cambio, los defensores del Santo Oficio, a pesar de sus esfuerzos y de su innegable ingenio, defienden una causa perdida y desesperada. La confusión del debate emana del carácter mixto de la Inquisición, que era un tribunal eclesiástico y civil. Trazar una nítida línea divisoria entre ambos poderes era precisamente uno de los cometidos fundamentales de los liberales. Su intento se basa, por tanto, en dos complejos ele razones: unas, de orden político, y otras, de orden religioso. Las razones de orden político contra la Inquisición se resumen en la incompatibilidad esencial entre ésta y el nuevo sistema constitucional. Este era el punto fuerte de los argumentos liberales, y en él insistió con singular acierto y claridad la Comisión en su Dictamen. La Inquisición se oponía a la letra de la Constitución, y para ello bastaba comparar el sinuoso sistema de los juicios inquisitoriales, corrompidos por la arbitrariedad, la pesquisa, el sigilo y el tormento, con el sistema judicial implantado por la Constitución. Se oponía también al espíritu del nuevo código, es decir, a la libertad e independencia de la nación, ya que la potestad civil quedaba desplazada, y burlado el equilibrio de la división de poderes, mientras los inquisidores actúan como soberanos incontrolables. «Es el instrumento —dirá García Herreros— más a propósito para encadenar la nación y remachar los grillos de la esclavitud, con tanta mayor seguridad cuanto que se procede a nombre de Dios y en favor de la religión.» Se oponía también a la libertad individual, pues se trituran los derechos elementales del reo, que queda indefenso, sujeto a la calumnia y castigado con penas reprobadas por la Constitución, 15 como la confiscación de bienes y la infamia, que heredan los descendientes . Se oponía también la Inquisición al verdadero sentir de los pueblos, que siempre la miraron como extraña a sus tradiciones. Era, además, una institución temible y un instrumento propio de los gobiernos despóticos, establecido por razones de conveniencias políticas: «El Santo Oficio ha sido siempre, y lo es hoy —observa Arguelles—, un tribunal de Estado para servir a los fines de los gobiernos siempre que lo han creído útil». Siempre ha sido «brazo derecho de cualquier tirano», y, por tanto, incompatible con cualquier Gobierno justo e ilustrado que quiera respetar los principios de justicia universal. Era, en fin, una remora para el cultivo de las ciencias útiles, como lo demostraban 15 El dictamen de la Comisión leído en las sesiones del 8 y 9-12-1812, estaba firmado el 13 de noviembre por Muñoz Torrero, Arguelles, Espiga, Mendiola, Jáuregui y Oliveros.

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tantos sabios perseguidos en todos los tiempos; y era la causa principal del abatimiento y despoblación del país y de la ruina de la agricultura, industria, y comercio 16. T a m b i é n , d e s d e el p u n t o d e vista religioso, el S a n t o Oficio fue d u r í s i m a m e n t e fustigado, especialmente p o r p a r t e d e los clérigos reformistas. La Inquisición es inútil y nociva a la Iglesia. Inútil, porque el divino fundador de la Iglesia no omitió cuanto era necesario para su establecimiento, conservación y perpetuidad, y le prometió el Espíritu Santo, maestro consolador que confirma la fe de los fieles. Cristo instituyó ministros, pastores, evangelistas y doctores para conservar su Cuerpo místico. Por el contrario, «no entró en el plan de Jesucristo —dirá Ruiz del Padrón— este tribunal llamado la santa Inquisición ni para el establecimiento de la Iglesia ni para su conservación y perpetuidad». Pensar que la Iglesia ha de hundirse sin la Inquisición es un temor ridículo. Aparte de que la Iglesia ha vivido luengos siglos sin Inquisición y de que la protección que promete la Constitución suplirá con ventaja la falta de aquélla, no es con métodos violentos ni coactivos como ha de mantenerse la religión, pues «la pureza de la fe es la obra de la gracia». La Iglesia recibe más daño que provecho con este tribunal intruso, que usurpa el poder de los obispos, difunde el orgulloso espíritu de la pureza de sangre, confunde lo espiritual con lo temporal y fomenta los mayores excesos e inmoralidades. El terror inquisitorial ha agostado entre nosotros la devoción ilustrada y la práctica de las virtudes sociales y las ha sustituido por la superstición, las devociones pueriles y las prácticas ridiculas. La Inquisición era claramente opuesta al espíritu de paz y mansedumbre del Evangelio. En la evocación del Cristo humilde y en las características de su Iglesia, los abolicionistas se detienen con especial emoción y piedad. Puesto que los defensores aludían a ejemplos de la Escritura, Muñoz Torrero les replica con las mismas armas, haciendo una brillante distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley mosaica tenía un carácter propio y nacional, muy diferente de la ley evangélica, que es universal. La legislación de Moisés es nacional y teocrática; la de Cristo está formada por preceptos morales y máximas de perfección dirigidos a individuos que viven bajo unos gobiernos constituidos. El Salvador no ha sido un legislador temporal ni ha establecido un Estado político, sino una sociedad espiritual, cuyo único objeto es la santificación de las almas. Nadie ganó a Ruiz del Padrón en la conmovedora semblanza que hizo de Jesús. En medio de su largo y agresivo discurso del día 18 de enero, el cura gallego hizo un paréntesis para introducir una homilía fervorosa que parecía dirigida a los sencillos fieles de su parroquia. Habló con unción y sinceridad de la ley evangélica como ley de gracia, de mansedumbre y misericordia, ajena a toda coacción e inhumanidad. Habló de las virtudes de Jesús, que son patrimonio de la Iglesia católica, en la que no debe haber distinción entre el griego y el romano, el judío y el gentil. Evocó a los apóstoles y a los Padres como seguidores de aquellas máximas, y dedujo que «el que no imite estos modelos no será buen ministro ni será buen cristiano». La Inquisición se oponía, además, a la tradición y a los cánones de la Iglesia, en cuanto que usurpaba la jurisdicción a los obispos, que eran los pastores natos del Pueblo de Dios 17. 16 17

Arguelles, ses. del 9-1-1813 p.12743. Ideas expuestas por Muñoz Torrero en la ses. del 13-1-1813 p.289ss y Ruiz de Padrón el 18-1-1813 p.327ss. Sobreesté último cf. R. OTERO PEDRA YO, Noticias sobre él abad de Vüfomarán de Valdeorras y famoso doceañista José' Ridz de Padrón: Anales de la Asoc. Española para el Progreso de las Ciencias 13 (1953) 182-92.

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Por último, los liberales explotaron el argumento misional, demostrando el invencible obstáculo que la Inquisición suponía para la aceptación de la Iglesia católica en otros países. Ya Arguelles hizo notar el bochorno que había sentido ante las reconvenciones de los católicos extranjeros. Pero fue de nuevo Ruiz del Padrón, que durante su estancia en los Estados Unidos había defendido el primado del papa en las tertulias de Filadelfia y había ejercitado su celo misional en Nueva York, Maryland y Baltimore, quien habló con conocimiento de causa, y aseguró «que la Inquisición es un obstáculo en muchos países a la propagación del Evangelio». La Inquisición tuvo t a m b i é n a r d o r o s o s y valientes d e f e n s o r e s . T e r ciaron e n aquella batalla d e ideas u n g r u p o d e o r a d o r e s d i g n o s d e sus c o n t r i n c a n t e s . I n g u a n z o brilló p o r su inteligencia y p o r la solidez d e su ciencia teológica y canónica; Ostolaza, p o r su i n q u e b r a n t a b l e tesón; T e r r e r o , p o r su v e n a p o p u l a r ; el obispo d e C a l a h o r r a , p o r su prestigio, y el a n c i a n o H e r m i d a , p o r r e p r e s e n t a r la voz d e u n a rancia tradición d e s d e la atalaya d e su a n c i a n i d a d . T a m b i é n sus a r g u m e n t o s p u e d e n e n g l o b a r s e e n d o s bloques: d e f e n s a política y defensa religiosa d e la Inquisición; débil y difícilmente sostenible la p r i m e r a , enfática y compacta la s e g u n d a . Las r a z o n e s d e o r d e n político f u e r o n p o c o convincentes, y más q u e a r g u m e n t o s positivos, son réplicas ingeniosas a las d u r a s objeciones d e sus c o n t r a r i o s . El argumento más socorrido fue el intento de respaldar la defensa del Santo Oficio en el deseo general de la nación y de los obispos. Si el sistema liberal se asentaba en la soberanía nacional, nada más concluyeme que invocar la opinión del verdadero pueblo, que no era la de los periodistas pedantescos, sino la voz de la «mayor y más sana parte de la monarquía», expresada de forma abrumadora en las múltiples representaciones, llegadas de todos los ángulos de la Península, de obispos, cabildos, ayuntamientos, juntas de partido, pueblos en común y numerosas personas particulares. No se opone la Inquisición a la Constitución, porque ésta deja en vigor a los tribunales eclesiásticos y porque la protección que presta a la religión se cumple de manera eminente por medio del Santo Oficio. Ni se opone a la libertad individual, porque los excesos inquisitoriales de los tiempos pasados no tienen lugar en los presentes. No favorece al despotismo, sino que más bien contiene y coarta su poder. Y en cuanto a la oposición a la ciencia, ahí está el esplendoroso siglo de oro, que demuestra la coexistencia de la Inquisición con un florecimiento sin par de nuestras letras, de nuestras artes, y de la ciencia verdadera, que nada tiene que ver —como decía Ostolaza— «con las doctrinas tenebrosas que procura difundir cierta clase de sabiduría» 18. P e r o e n lo q u e sobre t o d o insisten los d e f e n s o r e s d e la Inquisición es e n las motivaciones religiosas. El obispo d e C a l a h o r r a se explica así: «La E s p a ñ a es católica; la nación e n t e r a h a j u r a d o la conservación d e la religión d e J e s u c r i s t o ; d e b e , p u e s , ésta p r o t e g e r l a y tiene obligación d e p r o p o r c i o n a r los m e d i o s m á s c o n d u c e n t e s p a r a c o n s e r v a r e n su p u r e z a

18 Discurso de Ostolaza en la ses. del 8-1-1813 p.86ss; R. VARGAS UGARTE, Don Blas Ostolaza, rector del seminario de Trujillo, diputado a Cortes, capellán de Fernando VII, victima d liberalismo: Rev. de Hist. de América 49 (1960) 121-45.

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nuestra santa fe; y siendo los tribunales de Inquisición los que se atienen a este tan sagrado como indispensable asunto, incumbe a las Cortes no sólo sostenerlos para mantener en toda la monarquía la religión católica que han jurado, sino también ampararlos y defenderlos de la procacidad de sus enemigos» " . La Inquisición se presenta no como un fin, sino como un medio, el más excelente, para defender la fuerza de la religión. La Inquisición es, bajo este respecto, una institución santa, a la que cuadran los elogiosos títulos de atalaya de Israel, el mejor resguardo de la fe y de las buenas costumbres, torre fuerte de David, remedio del cielo, obra de la divina Providencia, muro de la Iglesia, columna de la verdad. Así se explica que haya sido siempre alabada por los buenos y rancios cristanos, y terriblemente odiada por los malvados y suprimida por Napoleón. Gracias a ella gozó España durante tres siglos una paz religiosa, que se verá amenazada si se destruye el tribunal; y más en unos tiempos en que los malos libros comienzan a hacer estragos. La Inquisición en nada se oponía a la disciplina eclesiástica, ya que recibe su autoridad del sumo pontífice. Es la misma Iglesia quien la ha erigido para contener la herética pravedad, y los obispos —lejos de sentirse reprimidos— ven en esto un firme apoyo para ejercer la vigilancia. La Inquisición es un medio incomparablemente más eficaz que la prometida protección constitucional a la Iglesia. Ostolaza no tuvo reparo en denunciar «una apariencia de protección a la fe, cuando en la realidad indirectamente la destruye, dificultando el castigo de los delitos contra ella y atribuyendo a Vuestra Majestad la facultad, que no tiene, para reformar la disciplina de la Iglesia y para poner trabas a las facultades de los señores obispos, so color de restablecer y vindicar sus antiguos derechos». Con estas palabras volvía Ostolaza a tocar el nudo de la cuestión, que había sido planteado certeramente por Inguanzo. En definitiva, se trataba de determinar la competencia o incompetencia de las Cortes para disolver un tribunal pontificio. Las convicciones regalistas volvían a chocar con los escrúpulos ultramontanos y con la cerrada defensa de la autonomía de la jurisdicción eclesiástica. Inguanzo, el más sincero de los defensores, a quien, sin duda, hicieron mella los argumentos de sus contrarios, concedió que la Inquisición no era esencial a la religión y que ésta podía existir sin aquélla; pero sostuvo que el Congreso era incompetente para derogar un tribunal establecido por el sumo pontífice. No se trata de discutir sobre la conveniencia o inconveniencia del tribunal, sino de la competencia o incompetencia del poder civil para modificar una institución creada por la autoridad pontificia. Si la Iglesia había establecido ese tribunal en la parte correspondiente al poder espiritual, debía ser la Iglesia —y sólo ella— quien lo modificara, bien por propia iniciativa, bien a petición o de acuerdo con la potestad civil 20 . Las soluciones propuestas fueron acudir al papa en demanda de la derogación. La incomunicación de la Sede Apostólica era una razón más " Ses. del 15-1-1813 p.307. El gran discurso de Inguanzo, en ses. del 8-1-1813 p.108-27, seguido de una proposición suscrita por 25 diputados que pedían no hubiera lugar a deliberar sobre el proyecto de abolición, J. M. CUENCA TORIBIO, D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836). Ultimo primado del Antiguo Régimen (Pamplona 1965). 20

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para aplazar toda medida unilateral, pues «bastaría a un pueblo honrado y fiel carecer de pontífice y de rey, gimiendo ambos bajo el yugo de un tirano que los oprimía, para abstenerse de toda novedad» 21. Ostolaza llegó incluso a proponer que se pasara el expediente al concilio nacional que las Cortes pretendían instalar. Pero los reformistas no podían admitir ninguna de estas sugerencias, no sólo porque significaban un aplazamiento y un retraso que no estaban dispuestos a aceptar, sino por razones doctrinales basadas en criterios del más puro regalismo. Según estos criterios, el Congreso, usando del derecho inherente a la autoridad del soberano, puede decretar que cese en su ejercicio un establecimiento que usa de la jurisdicción espiritual en virtud de comisión pontificia dada al inquisidor general a ruego de nuestros reyes. Ciertamente, el régimen exequátur no confiere un derecho para juzgar sobre la doctrina de las bulas pontificias, pero sí para rehusar su admisión en materias de disciplina y régimen exterior de la Iglesia cuando éstas se opongan a las leyes y costumbres del reino y a la independencia de las naciones católicas de la autoridad temporal de la Santa Sede. El derecho del soberano a no admitir las bulas no se diferencia del derecho de suprimir el uso de ellas cuando surgen —como en este caso— inconvenientes en el ejercicio de la soberanía temporal 2 2 . El proyecto fue al fin aprobado por 80 votos contra 60. Sorprende el volumen de los votos contrarios. El decreto de 22 de febrero de 1813 sustituía la Inquisición por los tribunales protectores de la fe. La religión católica será protegida por las leyes y la Inquisición se declara incompatible con la Constitución; en consecuencia, se dejan expeditas las facultades de los obispos para conocer en las causas de fe con arreglo a los sagrados cánones y derecho común y las de los jueces seculares para imponer a los herejes las penas que señalan los cánones. El rey tomará las medidas convenientes para impedir la circulación de libros contrarios a la religión. Los obispos concederán o negarán la licencia para imprimir los escritos sobre religión; pero, en caso de negativa de licencia, los autores podrán apelar al juez eclesiástico a quien corresponda. Este pasará los escritos al Consejo de Estado, que expondrá su dictamen después de oír el parecer de una junta designada al efecto. El rey, oído el dictamen del Consejo, extenderá la lista de escritos denunciados que deban prohibirse y la mandará publicar, con aprobación de las Cortes, como ley para toda la monarquía. Él decreto de abolición de la Inquisición no implanta, en modo alguno, la tolerancia religiosa; por el contrario, confirma la intransigencia del artículo 12 de la Constitución y se contenta con variar el método de las causas de fe. El sistema de la Inquisición queda sustituido por el de las Partidas y los reos de herejía quedarán tan sujetos como antes a las penas que les imponga el brazo secular. De nuevo nos encontramos con curiosas anomalías. Los defensores de la Inquisición no quieren que se devuelvan a los obispos las funciones que les competen como jueces natos de la pureza de la doctrina, mientras los liberales se empeñan en devolver la plenitud de los derechos episcopales. Los inquisitoriales defienden el mantenimiento de un 21 22

Discurso de Hermida, 8-1-1813 p.104. Réplica de Arguelles en ¡a ses. del 9-1-1813 p.138-39.

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t r i b u n a l excepcional y mixto, m i e n t r a s sus contrarios p a r e c e n q u e r e r clarificar la i n d e p e n d e n c i a d e la Iglesia s e p a r a n d o los juicios eclesiásticos d e los civiles. Los i n n o v a d o r e s restablecen el sistema medieval d e las Partidas, m i e n t r a s los c o n s e r v a d o r e s se a f e r r a n a u n t r i b u n a l d e s c o n o cido e n E s p a ñ a a n t e s d e los Reyes Católicos. Los q u e más a l a r d e a n d e d e f e n d e r la religión sostienen el sistema inquisitorial, tan poco c o n c o r d e con el espíritu del Evangelio. P o r su p a r t e , los liberales, q u e se j a c t a n d e d e f e n d e r los d e r e c h o s episcopales y los c á n o n e s , i n v a d e n esos mismos d e r e c h o s y a l t e r a n esos c á n o n e s al p o n e r p o r e n c i m a d e los obispos la decisión del Consejo d e E s t a d o y del rey e n las apelaciones sobre los escritos religiosos. El n u e v o d e c r e t o n o merecía e n sí el d i c t a d o d e r e v o lucionario ni d e h e r é t i c o . La c a d u c a Inquisición n o h a b r í a m e r e c i d o t a n largo y a p a s i o n a d o d e b a t e si n o se h u b i e r a n tejido e n t o r n o suyo dos concepciones ideológicas opuestas.

Las primera disposición que concierne a los conventos es el decreto sobre confiscos y secuestros, del 17 de junio de 1812. El artículo 7.° extiende a favor del Estado el secuestro y aplicación de los frutos de los bienes pertenecientes a establecimientos públicos, cuerpos seculares, eclesiásticos o religiosos disueltos, extinguidos o reformados por resultas de la invasión enemiga o por providencias del Gobierno intruso: «entendiéndose lo dicho con calidad de reintegrarlos en la posesión de las fincas y capitales que se les ocupen siempre que llegue el caso de un restablecimiento», y con el cargo de señalar del producto de sus ventas los alimentos precisos a favor de los individuos de aquellas corporaciones refugiados en las provincias libres, si profesan allí su instituto. Era un decreto justo, que parecía proteger los bienes de los religiosos usurpados por el enemigo. Como esos bienes eran comunitarios y no particulares, las Cortes se reservaban la restitución a la comunidad entera cuando ésta estuviera reunida. Hasta entonces, el Estado se aplicaba transitoriamente no los bienes, sino las rentas;

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pero con ello impedía también la recuperación inmediata de aquéllos por los religiosos. El desencanto de los religiosos, que deseaban volver a su convento, se produjo tan pronto como se fueron reconquistando las ciudades. Los intendentes recibieron del ministro de Hacienda una orden de 25 de agosto, cuyo artículo 21 les ordenaba cerrar todos los conventos disueltos, extinguidos o reformados por el Gobierno intruso, inventariar sus efectos y tomar razón de sus fincas, rentas, bienes y frutos. Los intendentes cumplieron al pie de la letra esta disposición ministerial. «Cerraban conventos, tomaban posesión de cuanto les pertenecía; si había frailes dentro, los arrojaba de su casa, se arrendaban sus huertos y en nada se les miraba como sus dueños legítimos» 2i. Entre tanto, la prensa liberal desataba por aquellos días un ataque frontal contra los religiosos. Gallardo profetizaba la extinción de los frailes, a quienes veía como «gazapos en soto quemado», sin cebo ni guarida 24. Varios religiosos acudieron entonces a las Cortes en reclamación de sus derechos, fundándose en el decreto del 17 de junio. Pero la Comisión aconsejó no levantar el secuestro de los conventos y detener provisionalmente su devolución. En la sesión del 18 de septiembre de 1812, Villanueva defendió el derecho de propiedad y la subsistencia de los religiosos, mientras Toreno sostuvo que el devolverles los conventos sería un absurdo perjudicial a los pueblos. Arguelles, Calatrava y Caneja siguieron a Toreno; López, Creus y Polo defendieron a los religiosos; también lo hicieron el obispo de Calahorra, Dou y Huerta, pero no sin expresar, como antes lo había hecho brillantemente Villanueva, la necesidad de una reforma. Como base para una futura deliberación, las Cortes aceptaron cuatro proposiciones de Villanueva: no restablecer conventos de religiosos que vivan de limosma sin expresa voluntad de los pueblos; entregar a las comunidades con renta los bienes suficientes para su subsistencia y aplicar el sobrante a la nación mientras dure la guerra; no restablecer comunidades que no cuenten con doce religiosos profesos y encargar a la Regencia que proponga las medidas oportunas para reducir los conventos al número que exija la necesidad de los pueblos y según las normas de observancia del concilio de Trento 2S.

Restablecimiento y reforma de c o n v e n t o s Las C o r t e s se o c u p a r o n t a m b i é n del p r o b l e m a d e las ó r d e n e s religiosas. H a b í a n sido éstas s u p r i m i d a s p o r el G o b i e r n o a f r a n c e s a d o e n agosto d e 1809, y la r e c u p e r a c i ó n del t e r r i t o r i o nacional p l a n t e a b a e n los países r e c o n q u i s t a d o s el a s u n t o d e los religiosos, p a r a el q u e se ofrecían dos soluciones: o la devolución d e t o d o s los c o n v e n t o s o la r e d u c ción d e los mismos. El c o n t r o l del p o d e r civil sobre las ó r d e n e s religiosas venía c o n d i c i o n a d o p o r la dispersión d e las c o m u n i d a d e s y p o r la destrucción q u e h a b í a n sufrido m u c h o s c o n v e n t o s . A esta situación d e h e c h o se a ñ a d í a n varias r a z o n e s favorables a u n a r e f o r m a d e los religiosos: las t e n d e n c i a s ilustradas, s i e m p r e p r e o c u p a d a s p o r u n control sobre el clero r e g u l a r , excesivamente n u m e r o s o , y el e s t a d o d e la d e u d a nacional, p a r a la q u e resultaría u n alivio la aplicación d e a l g u n o s bienes conventuales. U n a vez más, v e m o s a las C o r t e s seguir u n camin o m e d i o : se restablecen las ó r d e n e s religiosas, q u e h a b í a n j u g a d o u n p a p e l p a t r i ó t i c o e n la g u e r r a d e la I n d e p e n d e n c i a ; p e r o n o e n el e s t a d o e n q u e estaban, sino d e c r e t a n d o la r e d u c c i ó n d e c o n v e n t o s e n las zonas r e c o n q u i s t a d a s y p r o c u r a n d o u n a r e f o r m a g e n e r a l .

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P o r iniciativa d e Villanueva, las C o r t e s m a n t i e n e n a los religiosos, p e r o inician el proceso d e su r e f o r m a . Las etapas d e ésta son las siguientes: el ministro d e Gracia y Justicia, C a n o M a n u e l , p r e s e n t ó a las Cortes u n a exposición, leída el 30 d e septiembre, q u e s u b s u m e las iniciativas d e Villanueva, a ñ a d i e n d o n u e v a s precisiones sobre la r e d u c c i ó n d e c o n v e n t o s y p r o h i b i e n d o la a d m i s i ó n d e novicios 26 . Su p l a n pasó a u n a Comisión mixta d e H a c i e n d a , Eclesiástica y Secuestros. Esta C o m i sión leyó su d i c t a m e n el 1.° d e f e b r e r o d e 1813 27 . El d i c t a m e n d e la 23

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VÉLEZ, Apología I 349.

Diccionario crítico-burlesco, art. «Frailes». En la misma prensa oficial se escribía que el clero regular era ruinoso para España y que debía emplearse en las parroquias (GM, «baxo el gobierno de la Regencia de España», n.20, sept. 1812, 204-208). 25 DC ses. del 18-9-1812 t.15 p.203-33. Amargos comentarios sobre esta sesión en El fraile en las Cortes (Alicante 1813) y en el Filósofo Rancio (P. Alvarado), Cartas críticas III (Madrid, ed. 1825) 21. 26 El texto de la exposición con 18 artículos en GM; Baxo el gobierno de la Regencia 302-303. Está fechado el 23-9-1812. 27 Dictamen de las comisiones encargadas de informar a las Cortes sobre el restablecimiento reforma de las casas religiosas (Cádiz 1813). Está fechado el 21-1-1813. Concluye con un proyecto de ley, dividido en dos partes, sobre establecimiento (28 artículos) y reforma de conventos (22 artículos), con el voto particular de R. L. Dou y con la traducción de la bula de Pío VII de 1802 nombrando visitador de regulares al cardenal Borbón.

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Comisión es un estudio concienzudo sobre la situación de las órdenes religiosas en España, y el más serio, profundo y sereno de cuantos elaboraron los liberales sobre la materia. Contiene dos partes fundamentales: restablecimiento y reforma de los religiosos. Se trata de un restablecimiento controlado, previo el permiso de la Regencia y el conocimiento de los alcaldes y jefes políticos, a quienes debe comunicarse el número y los caudales de cada convento. Como condiciones para la reunión se señala que las comunidades observen la vida común; que no existan varios conventos de una misma orden en un solo pueblo, ni se permitan los que no tengan doce religiosos ni los que hayan quedado totalmente destruidos; que las comunidades administren sus bienes, y los sobrantes se apliquen interinamente a las necesidades de la Patria; que en todas las solicitudes —salvo en el caso de los escolapios y hospitalarios, que deberán restablecerse— se tenga presente la opinión de los ayuntamientos en razón de la necesidad de los fieles; que no se restablezcan conventos de monjas en despoblado ni se den hábitos sino en los conventos donde se haya restablecido la vida común y la observancia del primitivo instituto. En la segunda parte, que trata de la reforma, se exige el auxilio del soberano, se propone la visita del cardenal Borbón, autorizada por la bula de 1802, y el nombramiento de visitadores con aprobación de la Regencia, y se señala un año de plazo para esta visita. En ella deben intervenir el Gobierno, con cuyo conocimiento se pasará a reducir el número de conventos y el de individuos de cada uno de ellos; se estipula que no se admitan novicios menores de veintitrés años ni se permita la profesión antes de los veinticuatro; que no se exija a los novicios la entrega de dinero, ni a las novicias el pago de dote ni de otra especie, y que se prohiba toda enajenación de bienes raíces a favor de las casas religiosas. El número de conventos de monacales no pasará de 60, ni el de las monjas de 350. Los demás conventos serán sólo los necesarios para la asistencia espiritual de los fieles. En cada convento de monjas, el número de éstas queda fijado entre 21 y 31. Se trata, por tanto, de una reforma de envergadura, en la que se combinan las exigencias de la observancia religiosa con los criterios ilustrados de utilidad y un meticuloso control estatal. Frente a la exclaustración general dictada por los franceses, las Cortes conservan las corporaciones religiosas, pero sometidas a tales reducciones y cortapisas, que defraudaron a los religiosos, que se sentían acreedores de especiales consideraciones. El plan de la Comisión llenó de sobresalto a los frailes. El P. Alvarado escribirá contra él amargas cartas 28 y el P. Vélez —aun reconociendo que muchas disposiciones eran laudables— lo interpretará como un ardid para acabar con las órdenes religiosas: «La reforma de nuestros conventos vendría a ser como la de Lutero y de Melancton» 29 . Tampoco a los liberales más conspi28 El Rancio dedica cinco cartas (33 a 37) a impugnar el dictamen de las Comisiones (o.c, III 290ss).

" Apología I 373.

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cuos les satisfizo el plan, pues pensaban que no debía hacerse la restauración sino después de haber hecho la reforma. El flamante plan general de reforma de regulares quedó boicoteado en las mismas Cortes y no volverá a ventilarse hasta 1820. Sin embargo, ahí estaban los religiosos pugnando por entrar en los conventos y exigiendo a la Regencia su devolución. La Regencia conservadora del «Quintillo», presidida por el duque del Infantado, permitió, en diciembre de 1812 y en enero de 1813, el restablecimiento de algunas comunidades en los territorios liberados de Andalucía, Murcia, la Mancha y Extremadura. Las Cortes, alarmadas por la generosidad de la Regencia, se apresuraron a poner límites a estas restauraciones. En su decreto de 18 de febrero de 1813 respetaban los restablecimientos hechos, a condición de que los conventos no estuvieran arruinados, ni tuvieran menos de doce religiosos, ni hubiera más de uno de cada orden en cada población. Prohibían a los religiosos admitir novicios y hacer cuestaciones para reconstruir sus conventos. Además mandaban a la Regencia que se abstuviera en adelante de hacer nuevos restablecimientos. Estas normas se aplicaron, con carácter retroactivo, a los conventos que ya estaban ocupados, con lo que aumentó el malestar de los religiosos. Sus clamores movieron a las Cortes a levantar la prohibición absoluta de hacer nuevos establecimientos. Por el decreto de 26 de agosto de 1813 consintieron que, mientras llegaba la aprobación del plan general de regulares, «disponga la Regencia del reino que, con arreglo al decreto de 18 de febrero de este año, se entreguen a los prelados regulares algunas casas de sus respectivos institutos de las que hayan quedado habitables y existen en poblaciones, en las que, conforme al referido plan, puedan restablecerse», cuidando de que del producto de sus rentas se les entregue lo necesario para su subsistencia. Este decreto complicó aún más las cosas. La nueva Regencia, nombrada el 8 de marzo de 1813 y presidida por el cardenal Borbón, lanzaba órdenes e instrucciones meticulosas y restrictivas a los intendentes. Llovían de todas partes exigentes peticiones de restauración por parte de las comunidades hambrientas y desocupadas. Esta pugna entre los frailes y el Gobierno se mantuvo en plena efervescencia hasta el retorno del rey. El frenazo que dieron las Cortes a la plena restauración de los conventos desalojados por los franceses y aquel vasto plan de reforma que no llegó a dictarse, fueron suficientes para que los religiosos vieran en los liberales a unos enemigos irreconciliables.

Tímida desamortización eclesiástica Las Cortes se ocuparon de la organización de la economía emprendiendo dos grandes reformas: un nuevo régimen de contribuciones y un arreglo de la deuda pública. El nuevo sistema de contribuciones constituye una verdadera innovación revolucionaria, pues sustituye el viejo sistema por el de la contribución directa. El arreglo de la deuda pública, aumentada con los gastos de la guerra, era un gravísimo problema. Desechada la declaración de bancarrota y reconocida la deuda, era preciso organizar los recursos destinados a la amortización de los vales. El arreglo de la deuda quedará indisolublemente ligado a la desamortización de los bienes comunales y eclesiásticos y a la supresión de los conventos. El 4 de julio de 1813, los secretarios de Hacienda (González de Carvajal), Guerra (O'Donojú) y Gobernación (Alvarez Guerra)

Manuel Revuelta González 56 leyeron a las Cortes una exposición en la que proponían la venta de los bienes nacionales como la única medida capaz de salvar la deuda nacional, con la ventaja de poner en circulación una gran masa de bienes estancados y de aliviar la miseria común. Los reglamentos y planes de la Junta Nacional de Crédito Público y de la Comisaría de Hacienda fueron discutidos en las Cortes a principios de septiembre. Resultado de aquellas iniciativas fue el decreto de 13 de septiembre de 1813 sobre la clasificación de la deuda nacional. El artículo 17 señalaba siete clases de bienes como hipoteca para extinción de los capitales de la deuda sin interés: los confiscados a traidores, temporalidades, Orden de San Juan, de maestrazgos y encomiendas vacantes de las órdenes militares, los pertenecientes a conventos y monasterios arruinados y los que queden suprimidos por la reforma que debe hacerse, las fincas de la Corona y la mitad de baldíos y realengos. Por el artículo 18 se encargaba a la Junta Nacional del Crédito Público la venta de estos bienes nacionales y se prescribían normas para la subasta pública. Lo verdaderamente importante en este decretó de las Cortes es la doctrina que establece y los caminos que abre a las futuras desamortizaciones para saldar la deuda pública. En la práctica, el único efecto que tuvo fue el de mantener los bienes indicados bajo la administración del Estado, impidiendo la plena restauración de los conventos; pero no llegaron a efectuarse las ventas desamortizadoras por impedirlo la guerra y el retorno de Fernando VIL La reacción eclesiástica contará con otro motivo para argüir a los liberales: el de la usurpación de los bienes sagrados de la Iglesia.

Planes irrealizados para un concilio nacional Intentaron también las Cortes convocar un concilio nacional, idea vivamente apoyada por los obispos que respondieron a la consulta hecha en 1809 por la Junta Central, cuya Comisión Eclesiástica trazó ya un primer esquema sobre las materias que podrían tratarse. Las publicó el P. Vélez en el capítulo 17 de su Apología. Se planteaban allí numerosas cuestiones relativas al romano pontífice, obispos, concilios, cabildos, colegiatas, párrocos, clero secular, educación y seminarios, culto divino, órdenes militares, órdenes religiosas, monacales y misiones, Inquisición, establecimientos piadosos, juntas de caridad, cofradías y ermitas, diezmos, juicios eclesiásticos, espolios y cruzadas, inmunidad y subsidio y días de fiesta. Todas estas cuestiones merecían, sin duda, ser tratadas, aunque el P. Vélez intenta demostrar que sólo el hecho de tratar de reformar muchos de estos objetos habría llevado al cisma y se empeña en demostrar la afinidad que tienen con las máximas jansenistas y pistoyanas 30. Como de costumbre, fue Villanueva quien planteó la necesidad de continuar los trabajos interrumpidos de la Junta Central, para lo que propuso la formación de una comisión 31 . Sin embargo, el que primero '» Ibid., 420-31. » DC ses. del 1-4-1811 t.4 p.435-36.

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propuso la idea del concilio fue nada menos que el inquisitorial Ostolaza, tal vez con la idea de sustraer a las Cortes la revisión de los asuntos eclesiásticos. El único tema que Ostolaza señalaba para tratar en el concilio era la conveniencia de salvar la religión, que peligraba con la patria; la declaración de la guerra santa y apoyo del clero a ésta con todas sus fuerzas y arbitrios 32 . Poco después (22 agosto 1811), la Comisión eclesiástica presentó un interesante informe, en el que se hacía historia de los antiguos concilios generales españoles, que, para desgracia de la Iglesia, habían cesado en el siglo XIV. El informe señalaba varias causas de la interrupción de estos concilios, como el recelo de la curia, la convicción de los obispos de que no eran necesarios y el temor de los reyes a que se les reclamasen las regalías. Sugería la Comisión algunas de las características que debía tener el futuro concilio, como la de no pedir confirmación del mismo al papa, por no exigirlo el concilio de Trento, y la asistencia de u n comisario regio que velase por los derechos de la soberanía. Apoyaba la Comisión la absoluta necesidad de un concilio nacional en el clamor de los prelados, la decadencia de la disciplina, la corrupción del clero y del pueblo y las falsas ideas sembradas por los enemigos de la piedad, la libertad y el orden político. El proyecto que en concreto presentaba la Comisión estipulaba que las Cortes decretasen la celebración de un concilio nacional convocado y presidido por el arzobispo de Toledo, al que deberían asistir todos los obispos y las personas eclesiásticas que deban acudir por derecho o costumbre. Las Cortes deberían designar a una persona que asistiera en su nombre. El concilio resolvería por sí los puntos de disciplina interna y sancionaría, con aprobación del rey, los puntos de disciplina externa que el Congreso le presentara en una memoria. Los españoles doctos podrían, a su vez, presentar al concilio memorias pertinentes al objeto del concilio. Se proponía también la celebración de un concilio general de América con idénticas bases 33. Al día siguiente comenzó la discusión, que Villanueva quería que fuese breve, pues estaba convencido de que el concilio debía convocarse inmediatamente. Sólo se discutió y aprobó el primer artículo: «Decretarán las Cortes la celebración de un concilio nacional de España.» Nadie se opuso y hasta Cañedo lo juzgó oportuno. Los obispos de Calahorra y de Mallorca fueron los más entusiastas defensores 34. Sin embargo, la discusión se interrumpió por ocuparse las Cortes en el examen de la Constitución. Había de pasar un año hasta que se volviera a plantear en las Cortes el tema del concilio, con motivo de una ardiente proposición de Alonso y López, que cargaba las tintas sobre la relajación del clero y apuntaba decididas reformas 3S. Pasó esta proposición a la Comisión, pero nada más se hizo, y el proyecto de concilio quedó definitivamente sepultado. El P. Vélez da por ello gracias a Dios, pues presupone que en dicho concilio se habría hecho una re32

DC ses. del 15-7-1811 t.7 p.93-94. " Ibid., ses. del 22-8-1811 p.463-72. El informe, firmado por Rovira, Pascual, Serra y Villanueva, está fechado el 15 de agosto. 34 Ibid., ses. del 23-8-1811 p.477-79. 35 DC ses. del 11-8-1812 t.14 p.347-48.

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forma revolucionaria pareja a la del Estado, de la que habría salido otro sínodo de Pistoya. En su manía por argumentar con futuribles, supone el capuchino que los reformadores pensaban cubrir las sedes vacantes con obispos tocados de jansenismo, confirmados por el arzobispo de Toledo durante la incomunicación de la Sede Apostólica. Aunque es cierto que tal proposición se hizo en las Cortes 36, la cosa no pasó adelante. Tampoco llegaron las Cortes a resolver una interesante iniciativa de Oliveros que pretendía asegurar una dotación suficiente a los pobres curas párrocos mediante un reparto más equitativo de los diezmos " . El conjunto de las reformas eclesiásticas efectuadas por las Cortes de Cádiz resultó tímido y moderado. Sólo legislaron sobre aspectos marginales de la disciplina eclesiástica. Cuando exigían una contribución económica de la Iglesia, no hacían más que seguir una vieja costumbre de nuestros reyes en momentos de angustia. Al derogar la Inquisición alanceaban a un muerto. Las únicas medidas de importancia fueron las disposiciones relativas a los conventos, pero aun en esto no hacían sino impulsar la corriente de una reforma de regulares deseada de tiempo atrás y exigida por las circunstancias. Todo lo demás quedó en planes y en escarceos oratorios. El modo de realizar aquellas reformas adoleció —es cierto— del viejo espíritu regalista mostrado por los más innovadores. Pero el dique de los diputados que defendían el mantenimiento de las inmunidades eclesiásticas contuvo todo exceso digno de tal nombre; que, si lo hubo, quedó compensado con la declaración del catolicismo oficial y excluyente. Comparada con la profunda y verdaderamente revolucionaria reforma política, la reforma religiosa de las Cortes resulta intranscendente en la plasmación efectiva de los decretos. Otra cosa es el significado teórico que adquiría el nuevo planteamiento de asuntos eclesiásticos, hasta entonces intangibles y vedados a toda revisión y crítica. Los que defendían a ultranza las inmunidades eclesiásticas, captaron bien la enorme transcendencia de la brecha abierta por los políticos en el monolítico edificio de la antigua Iglesia española. Más que por las reformas efectivas, las Cortes constituyentes tuvieron decisiva importancia por el hecho de transferir al dominio de la discusión pública los espinosos y candentes temas de la reforma de la Iglesia. Las siguientes Cortes ordinarias (septiembre 1813-mayo 1814), con una mayoría de diputados conservadores, no siguieron el camino abierto por las gaditanas. Sin embargo, bastaron los tímidos decretos de Cádiz y la actitud de algunos ministros de la Regencia para suscitar, ya antes del retorno de Fernando VII, una viva y apasionada polémica religiosa que había de confundirse con la política. 36 DC ses. del 15-6-1811 t.10 p.182, para obispos de América. En la ses. del 31-3-1812 (t.12 p.375) se señala plazo a la Comisión Eclesiástica para que dictamine sobre el modo de suplir la confirmación de los obispos. En la ses. 19-8-1812 (t. 15 p.31) se pide consulta a la Regencia, que llegó a dar un informe (t. 17 p.432). " DC ses. del 26-8-1813 t.22 p.224-29.

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L O S RIGORES DE LA ÚLTIMA REGENCIA CON EL NUNCIO Y LOS RELIGIOSOS

La Regencia creada el 8 de marzo de 1813 y presidida por el cardenal Borbón se plegó dócilmente a las iniciativas reformistas de las Cortes y chocó violentamente con amplios sectores del clero. Las principales tensiones surgieron a raíz de la orden de publicar en las iglesias la abolición de la Inquisición y a consecuencia de las restricciones seguidas en el restablecimiento de los conventos. El principal protagonista en la resistencia contra la abolición de la Inquisición fue el nuncio, Pedro Gravina. El nuncio había quedado relegado, en la práctica, a mero embajador del papa como soberano temporal cautivo, pues el Gobierno español no acababa de reconocer las facultades extraordinarias recibidas de la Santa Sede para conceder dispensas matrimoniales, ni los derechos que tenía sobre los religiosos, ni como presidente de la Rota, que no pudo llegar a reorganizarse. Frente a él se erguía el cardenal Borbón, muy influido por Espiga, Villanueva y otros clérigos regalistas, que pretendía tener, como primado de España, más atribuciones espirituales. En torno al cardenal regente y el nuncio iban a apretarse muy pronto los partidos regalistas y ultramontanos. El primer escándalo surgió en Cádiz, donde el cabildo en sede vacante se negó a leer en las iglesias el decreto de abolición de la Inquisición. 38 El cabildo gaditano consultó al nuncio y a los obispos que vivían en Cádiz . Con este motivo, el 5 de marzo de 1813 el nuncio dirigió una representación a la Regencia del«Quintillo» para que lograse que las Cortes suspendieran la ejecución de un decreto que dejaba sin efecto una jurisdicción delegada del papa y ponía en peligro la religión. Ese mismo día escribía al obispo de Jaén y a los cabildos de Málaga, Granada y Sevilla incitándoles a seguir la misma conducta que el cabildo de Cádiz. La tumultuosa caída de la Regencia del «Quintillo» y su sustitución por la otra provisional, presidida por el cardenal Borbón, ponía el poder ejecutivo en manos de los reformistas. Al formarse causa contra el vicario y cabildo de Cádiz se descubrieron los manejos del nuncio. Cano Manuel redactó un duro dictamen, en que pedía su expulsión. De momento, la nueva Regencia se contentó con enviar una dura reprensión al nuncio y con denigrar la conducta de éste en un manifiesto dirigido a los prelados de España (23 de abril). Siguieron varias réplicas y contrarréplicas entre el nuncio y la Regencia, y como aquél, lejos de doblegarse o disculparse, seguía defendiendo sus derechos y los de la Santa Sede, fue al fin expulsado el 7 de julio. Desde su exilio en Tavira (Portugal) siguió Gravina dirigiendo protestas a la Regencia y manifiestos al clero y fieles españoles y ejerciendo sus facultades y dispensas —no siempre expedidas con la precisa corrección— hasta el retorno de Fernando VII. Si la Regencia se mostró intransigente, el nuncio no fue tampoco modelo de diplomacia. Ni la primera podía tolerar que se hiciera frente a la autoridad de las Cortes por una persona tan significativa como el nuncio, ni el segundo podía dejar de hacer valer los derechos del 38 Eran los obispos de Calahorra, San Marcos de León, Plasencia, Sigüenza y Albarracín. B. J. CABEZA, Memoria interesante para la historia de las persecuciones de la Iglesia católica y sus ministros en España... (Madrid 1814). Trata de la defensa en la causa formada contra el vicario capitular y otros prebendados de Cádiz.

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sumo pontífice. En cuanto a las facultades extraordinarias que se atribuían el cardenal y el nuncio, hay que confesar que si el primero les daba un alcance abusivo a su favor con el pretexto, nada despreciable por otra parte, de la incomunicación con la Santa Sede, el segundo no era capaz de presentar la bula original, que había quedado en Madrid. Consecuencia de esta confusión es la división casi equitativa que observamos en la jerarquía española, a la que el nuncio divide en dos partes —adictos y renuentes—, según que acudieran a él o no en las dispensas 39. El hecho de que un episcopado como el español, en general muy adicto a la Santa Sede, se divida en dos partes casi iguales, demuestra que el asunto no estaba tan claro como pretendía el nuncio. Por razón de sus reticencias en publicar el decreto sobre la Inquisición, el obispo de Oviedo fue recluido en un convento; el de Santiago se vio obligado a huir, y a los siete refugiados en Mallorca se les formó causa, y fueron dispersados a sus pueblos por su pastoral colectiva. Por otra parte la prensa se encargaba de denigrar a estos últimos y a los refugiados en Cádiz como mercenarios que habían abandonado a su grey, y tachando de afrancesados a los que se habían quedado en sus diócesis. Buena parte del episcopado tenía motivos de agravio contra el régimen liberal. Ciertamente no les habían faltado persecuciones. La que sufrieron los obispos de Orense y Santander fue por motivos políticos. Los demás lo fueron por defender los derechos e inmunidades de la Iglesia, que veían invadidos por las Cortes 40. Pero comparar la guerra que se les hizo con la que padeció Santo Tomás de Canterbury, como hacía Vélez, parece excesivo. La aplicación concreta de las normas de las Cortes sobre los religiosos se prestaba a enojosas contestaciones entre los intendentes y los frailes; los primeros eran urgidos por la Regencia a cumplir con el mayor rigor las normas establecidas y a desalojar de los conventos a aquellas comunidades que se habían restablecido sin los requisitos señalados. No pocas autoridades locales habían entregado los conventos de manera ilegal, y, por otra parte, el determinar qué se entendía por conventos habitables, se prestaba a evidentes equívocos. A las ansias de recuperar los conventos por parte de los frailes, que padecían lo indecible al verse errantes y sin techo, respondían los intendentes con la demora, la evasión o la negativa, fundados en una minuciosa interpretación de los decretos de las Cortes y de las órdenes de la Regencia. Si exceptuamos a Galicia, Asturias, Murcia y gran parte de Cataluña, donde los conventos, por no haber sido desalojados, no necesitaban ser restablecidos, de las demás regiones de España llovían ardientes súplicas de los religiosos 39 I. DE VILLAPADIERNA, Conflicto entre el cardenal primado y el nuncio, Mons. Gravina, en 1809-1814: Anthologica Annua 5 (1957) 261-311. 40 I. DE VILLAPADIERNA, El episcopado español y las Cortes de Cádiz: Hisp. Sacra 8 (1955) 375-35; Representación del arzobispo de Santiago pidiendo a la Regencia la conservación del Santo Tribunal de la Fe en 1813 (Sevilla, imp. Correo Político); F. BOUZA BREY, El Consejo de Regencia en las Cortes de Cádiz y el asturiano Mene'ndez de Luana, tercer obispo de Santander: Bol. del Inst. de Est. Asturianos 10 (1956) 243-56; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Un obispo de Pamplona víctima de la revolución. Fray Veremundo Arias Teixeiro, O.S.B. (1804-1815): Hisp.

Sacra 19 (1966) 6-43.

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a la Regencia, apoyadas muchas veces por los pueblos, en solicitud del restablecimiento, o amargas quejas contra la desatención de que eran objeto. Los conventos iban entregándose de forma muy irregular y con gran lentitud. El enojo era mayor cuando se difería la entrega de conventos que cumplían las condiciones para ser establecidos o cuando los religiosos se veían obligados a abandonar conventos que ya tenían ocupados. En Extremadura, el intendente se preparaba a revisar las irregularidades que había cometido su predecesor al entregar conventos sin los requisitos señalados. En Sevilla, la situación adquirió alto grado de tensión. Los religiosos habían ocupado en la ciudad 20 de los 38 conventos en virtud de las órdenes emitidas por la Regencia del «Quinti11o»; pero el Intendente, Flórez Estrada 41, se empeñó en aplicar con efecto retroactivo el decreto de las Cortes de 18 de febrero de 1813. Juzgaba que sólo ocho estaban ocupados legalmente, por lo que exigió el desalojo inmediato de los restantes. El mutuo descontento de los frailes respecto a los liberales, y viceversa, se manifiesta con todo dramatismo en los escritos del P. Alvarado 42, que se vio obligado a abandonar el convento, y en las exposiciones de Flórez Estrada a la Regencia. No menos ruidosas fueron las reclamaciones de cuatro comunidades de Madrid a principios de 1814 43, a quienes se les reclamaba la entrega de las llaves de sus conventos. Los religiosos no podían comprender que no se les entregasen todos sus bienes y conventos. Veían en ello una injusta lesión contra el derecho de propiedad, un primer paso para acabar con todas las religiones y una ingratitud, en contraste con los servicios que habían hecho a la Patria. Se añadía, además, el temor de que una dispersión continuada fomentase todavía más las pocas ganas que muchos mostraban de reanudar la vida regular. Aludiendo a las pensiones que recibían algunos religiosos, decía el P. Alvarado: «No pocos frailes de aquellos que están muy bien hallados con comer y no trabajar y andarse por ahí como vaca sin cencerro, así que han visto que hay dinerillo, no quisieran los pobrecitos que hubiese ni conventos donde encerrarse, ni coro donde acudir, ni campanilla que los inquietase, ni prelados que les tomasen cuentas, ni compañeros que los observasen» 44. La política de las Cortes, en suma, había suscitado la división interna de los religiosos y planteaba un problema en torno a la licitud de muchas secularizaciones despachadas a la ligera. Al mismo tiempo había logrado crear, a principios de 1814, un frente hostil en las órdenes religiosas contra el liberalismo. 41 Cf. la correspondencia de Flórez Estrada con Cano Manuel en AHN Cons. leg.120.27. 42 Exposición al obispo-coadministrador de Sevilla (9-9-1813), en Cartas críticas III 447-81. 43 AHN Cons. leg.12038; exposiciones a la Regencia de las comunidades de mínimos, agustinos calzados, carmelitas calzados y agustinos recoletos en febrero de 1814. 44

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L A PRIMERA REACCIÓN IDEOLÓGICA CONTRA EL LIBERAUSMO

La dicotomía ideológica que escindió en dos bloques a los diputados de las Cortes, se propagó fuera del Congreso. De Cádiz salían las ideas reformistas, divulgadas en una persona audaz y en folletos satíricos, como el de Gallardo, o propagadas a través de las memorias de los ministros Canga Arguelles y Cano Manuel, de los discursos de los diputados liberales, dirigidos por Arguelles, o de los dictámenes de la Comisión Eclesiástica, manipulada por Villanueva. Este último demostraba la afinidad de las doctrinas de Santo Tomás con las ideas constitucionales en Las angélicas fuentes 4S o sostenía doctrinas regalistas en sus Cartas de D. Roque Leal. El conflicto con el nuncio hizo aparecer escritos anticuriales, como la Política eclesiástica contra Mons. Nuncio y La política eclesiástica sobre el juramento de obediencia. Entre los escritos reformistas que poco a poco iban brotando fuera de Cádiz, merece destacarse una severa crítica anónima contra el clero secular, de sabor jansenista 46, y la ardiente defensa de la desamortización eclesiástica, del canónigo valenciano Bernabeu 47 . A estos escritos, que venían a defender la política religiosa de las Cortes y tenían de común la defensa de la competencia del Estado para modificar la disciplina externa de la Iglesia y para incorporarse los bienes eclesiásticos, se opuso, a partir de 1812, un frente de escritores eclesiásticos en una cerrada defensa de los privilegios e inmunidades de la Iglesia. Podemos agrupar a las figuras descollantes de esta reacción en cuatro ámbitos regionales. El foco andaluz se concentra en el Cádiz de las Cortes y en Sevilla. Dejando aparte la menuda labor periodística con la que pretendieron frenar la corriente impetuosa de la prensa liberal gaditana y los numerosos panfletos en defensa de la Inquisición o de los frailes, merecen recordarse Yurami e Inguanzo, impugnadores respectivamente de López Cepero y Bernabeu 48 . Inguanzo comienza a destacarse como gran defensor de la ortodoxia, hábil polemista y buen conocedor de las antigüedades eclesiásticas. El Discurso sobre la confirmación de los obispos que 45 Las Angélicas fuentes o el tomista en las Cortes (Cádiz 1811). Este escrito ha sido interpretado por J. A. Maravall, Sobre orígenes y sentido del catolicismo liberal en España. Homenaje a Aranguren (Madrid 1972) 229-66. Villanueva fue refutado por F. Puigserver, Notas a el Tomista en las Cortes (Palma 1812); J. S. LABOA, Doctrina canónica del Dr. Villanueva (Vitoria 1957); A. VENTURA I CONEJERO, Vida i obra de Joaquim Lloren^ Villanueva, xativenc diputat del Regne a les Corts de Cádicj Anales del Centro de Cultura Valenciana 29 (1968) 64-143; I. LASA IRAOLA, El proceso de Joaquín Lorenzo Villanueva. 1814-1815: Cuadernos de Historia 4 (1973) 29-82. 46 Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia y potestad de los príncipes en su corrección..., por un prebendado de estos reinos (Madrid 1813). 47 Juicio histórico-canónico-político de la autoridad de las naciones en los bienes eclesiásticos (Alicante 1813). 48 A. M. YURAMI, Demostración de las falsedades y calumnias con que pretende desacreditar a las religiones el autor del papel intitulado Sevilla libre (Sevilla s.a.); M. TERUEL Y GREGORIO DE TEJADA, Ideología del diputado de Cádiz Manuel López Cepero: Arch. Hispalense 42 (1966) 217-45; Rasgos claves de la vida de Manuel López Cepero: ibid., 40 (1964) 157-91; p. DE INGUANZO, El dominio sagrado de la Iglesia en los bienes temporales (Cádiz 1813; reeditado y completado en Salamanca 1820 y 1823); J. M. CUENCA, La Iglesia sevillana en la primera e'poca constitucional (1812-1814): Hisp.-Sacra 15 (1962) 149-62.

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entonces compuso es una pieza maestra en defensa de los derechos pontificios 49 . Además, el sabio clérigo asturiano tuvo la virtud de ceñirse a la defensa de los derechos de la Iglesia, procurando no confundir su apología con las pasiones procedentes del turbio mar de la política. El P. Alvarado, autor de las Cartas críticas del filósofo Rancio 50, representa el pensamiento de la tradición y de la educación escolástica. El Rancio practica una dialéctica batallona y minuciosa, envuelta en un tono humorístico de dudosa calidad, que produce una sensación de desorden en su obra. Es más ingenioso que sabio. Escribía a salto de mata y sin el necesario sosiego, y esto, unido a la incapacidad de hacer a sus contrarios la menor concesión, le resta objetividad. El verdadero portaestandarte de la reacción eclesiástica es, sin disputa, el P. Rafael Vélez. Su Apología del Altar y el Trono, verdadera sistematización del pensamiento absolutista y reaccionario, no será publicada hasta 1818. Pero ya durante la guerra de la Independencia actúa Vélez como periodista de El sol de Cádiz y publica el Preservativo contra la irreligión. La importancia de esta obra en la difusión de lo que se ha llamado el «mito antirrevolucionario» es evidente; porque el capuchino no se limita a polemizar, como sus compañeros, sobre uno u otro punto, sino que construye con extraordinaria maña y fantasía, con un estilo brillante y exaltado, una obra de tesis a base de una interpretación de la Ilustración y de la Revolución francesa, a las que coteja con el momento político español. El Preservativo quiere demostrar que la ruina de la religión sigue unas etapas perfectamente planeadas por los masones y jacobinos, y que esos primeros pasos se están dando en España por obra de los políticos liberales. Establecido este paralelismo, quedaba automáticamente rechazado el nuevo sistema político español, por razones religiosas S1. El foco reaccionario de Mallorca es mucho más violento. La isla se convirtió en asilo de refugiados y forasteros; pero, a diferencia de Cádiz, dominaban en ella los absolutistas, dirigidos por un grupo de frailes muy reaccionarios, como el franciscano Raimundo Strauch S2, traductor de Barruel y redactor del Semanario Cristiano-Católico; el carmelita Manuel de Santo Tomás Traggia, autor del Amigo de la verdad, y el trinitario Miguel Ferrer, que editaba el desvergonzado Diari de Buja. Eran hombres que unían la devoción y el celo religioso con un espíritu batallador y un apego fanático a la tradición político-religiosa. Influidos por el P. Strauch y el ambiente de la isla, los obispos refugiados en Mallorca escribieron una famosa pastoral, que por razón de sus autores y 49

Reeditado parcialmente en 1821 y totalmente en 1836. Son 46 cartas publicadas por entregas de mayo de 1811 a marzo de 1814. Fueron reeditadas en Madrid en 1824-25 en 4 tomos, más un 5.° de cartas filosóficas. R. DE MIGUEL LÓPEZ, El Filósofo Rancio: sus ideas políticas y las de su tiempo: Burgense 5 (1964) 50

51 J. R. BARREÍRO, Ideario político-religioso de Rafael Velez, obispo de Ceuta y arzobispo de Santiago (1777-1850): Hisp. Sacra 25 (1972) 75-108. Sobre Vélez y escritores afines ha escrito una severa crítica J. HERRERO, Los orígenes del pensamiento reaccionario español (Madrid 1973). 52 A. TRUYOLS Y PONT, El Rmo. e limo. P. Fr. Raimundo Strauch y Vidal, apologista mallorquín, en Centenario de Balmes. Congreso Internacional de Apologética, t.2 (Vich 1916) 293-308.

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por el tono doctrinal y elevado en que está escrita causó enorme impacto en toda España. La Instrucción pastoral es una denuncia sistemática de todas las innovaciones religiosas de las Cortes. Después de una introducción alarmista, en que se afirma que la religión está en peligro inminente, los obispos explican sus agravios en cuatro capítulos: la Iglesia, ultrajada en sus ministros, combatida en su disciplina y gobierno, atropellada en su inmunidad, atacada en su doctrina. Los obispos descubren que se están siguiendo los mismos pasos que en la Revolución francesa para destruir la religión y que se están utilizando pretextos y medios idénticos: «Los maestros y doctores de esta doctrina la dictaron y ejecutaron en París. Sus discípulos los filósofos españoles se esfuerzan cuanto pueden para extenderla en España por sus escritos. Los principios y los medios de unos y otros son los mismos. ¿Qué resta? La ejecución: descristianizar también la España. Esto es lo que la España debe temer más que a todos los franceses» S3. En esta pastoral quedaban, pues, las Cortes tildadas de irreligión y radicalmente desacreditadas ante el pueblo católico. Los obispos se muestran campeones de la independencia de la Iglesia y detectadores del más pequeño desliz teológico. Tan valiente defensa quedaba, en cambio, deslucida por su tenaz empeño en mantener intangibles los privilegios y riquezas del clero y por su inoportuna afirmación de los principios políticos absolutistas 54. En vez de tender un puente de comprensión, estos obispos ahondaron el abismo entre la Iglesia y el naciente Estado liberal español. En vez de disimular y comprender, prefirieron condenar. En su pastoral se habían quejado, con razón, de que los críticos liberales generalizaban los defectos particulares de algunos sacerdotes aplicándolos a todo el clero; pero ellos mismos cayeron en el mismo defecto al endilgar a toda la familia reformista los deslices dogmáticos que veían en algunos escritores. Cuando los españoles empezaban a superar la crisis de la guerra, se proclamaba otra nueva cruzada contra un nuevo enemigo doméstico. Galicia, que había quedado libre de la ocupación desde mediados de 1809, fue otro de los focos donde la resistencia a las innovaciones se hizo más compacta, especialmente a raíz de la supresión de la Inquisición. El arzobispo de Santiago, Múzquiz, había dirigido a las Cortes, el 12 de julio de 1812, una representación en defensa de la Inquisición, suscrita por todos los obispos sufragáneos y el clero y cabildo de su diócesis S5. Urgido por la Regencia a publicar el decreto de la Inquisición, el prelado compostelano prefirió ausentarse del reino. Las reticencias del clero gallego quedaron reforzadas por escritores como el P. Gayoso S6 , que utilizaba, además, el pulpito con el P. José Freguerela para divulgar sus ideas. 53 Instrucción pastoral de los ilustrísimos señores obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel y Pamplona al clero y pueblo de sus diócesis (Mallorca 1813; reimpreso en Santiago 1814) 186-87. 54 Ibid., p.169: condena a la soberanía nacional. 55 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A. Ai. Iglesia de Santiago de Compostela t . l l (Santiago 1909) 251ss. con el texto de la representación. 56 La filosofía sin máscara o espejo de los sofistas españoles (Santiago 1812).

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Por último, debe recordarse el foco reaccionario surgido en Madrid a raíz del traslado de las Cortes ordinarias. En la capital se organizó una campaña realista cada vez más audaz y agresiva, cuyos principales motores eran eclesiásticos. El Jerónimo Fr. Agustín de Castro y el mercedario Fr. Manuel Martínez acometían a los liberales con violencia y gracejo en La Atalaya de la Mancha; los sacerdotes Molle y Senalde colaboraban en el Procurador General de la Nación y del Rey 57 ; el cura Vinuesa reeditaba el Preservativo de Vélez y el cura de Carranque, Narciso Español, escribía La Iglesia en triunfo contra la nueva filosofía. El soporte ideológico del absolutismo quedó, pues, firmemente asentado antes del retorno del rey, debido especialmente a la decidida aportación de los eclesiásticos, que supieron apuntalar la reacción política con el alarmante pretexto de la pureza de la religión amenazada, que encontraba fácil acogida en la gran masa popular. 57 No todos los periódicos escritos por eclesiásticos eran absolutistas. Precisamente uno de los mayores adversarios de El Procurador fue El Universal (enero-mayo de 1814), en el que colaboraba el sabio agustino P. La Canal.

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C A P Í T U L O IV

LA PRIMERA RESTAURACIÓN RELIGIOSA DURANTE SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-20)

EL

daba así paso a una época sombría de la historia de España, a un fatal retroceso, a un encono de nuestras divisiones domésticas, a un camino sin salida, que volverá a desandarse en el trienio constitucional, para reemprenderse de nuevo. La Iglesia, profundamente incrustada en la sociedad española, se verá arrastrada por el torbellino político de las luchas civiles, para desdicha propia y sufrimiento del católico pueblo español. 2.

1.

E L RETORNO DEL REY Y LA ALIANZA DEL T R O N O Y EL A L T A R

Por fin llegaba «el Deseado». ¡Qué distinta encontraba a la España que dejó hacía seis años! Fernando dejó en 1808 a un pueblo expectante y temeroso, y se encontró en 1814 a un pueblo renovado, a quien las experiencias de la guerra y de la revolución habían despertado de un letargo secular. España había vencido en la guerra a los extranjeros, pero no había podido encajar la revolución política hecha por sus propios hijos. Aparentemente parecía funcionar el sistema constitucional, pero por debajo de aquel sistema existía una España real: un pueblo pobre, unas masas incultas y unas minorías políticas tenazmente divididas: los liberales, autores de las reformas, y los serviles, partidarios del Antiguo Régimen, para quienes «el Deseado» era la última oportunidad. El rey entró en España el 22 de marzo. Su viaje fue triunfal. El, que no había participado en la guerra, quedaba convertido en símbolo vivo de la victoria y en mito mesiánico de futuras prosperidades. A lo largo de su camino triunfal, entre el repique de campanas y los acordes del Te Deum, pudo experimentar el frenesí jubiloso de unas masas embriagadas de entusiasmo. Podía contar con el pueblo sencillo, que suplía con esperanzas, emociones y sentimientos el lastre de sus miserias y la falta de ilustración. Podía prometerse el apoyo del ejército de Elío, que le incitaba a recuperar el dominio absoluto. Y podía estar seguro del apoyo de la Iglesia, que le pedía medidas de restauración en pago a su colaboración en la guerra contra los franceses y en la resistencia a las reformas. Los cabecillas del partido realista sintieron que había llegado la hora del desquite. Sus periódicos —El Restaurador, La Atalaya de la Mancha, El Lucindo— lanzaban proclamas a un tiempo adulatorias y vengativas. Del seno mismo de las Cortes, un grupo de 69 diputados dirigía al rey el manifiesto de los «persas», que, al abogar por la restauración de las antiguas leyes fundamentales, atacaba en su raíz al sistema constitucional. Por fin, el 4 de mayo de 1814, el rey se definió. El famoso decreto de Valencia prometía tiempos felices, Cortes tradicionales y gobierno justo e ilustrado sobre la base del régimen existente en 1808. Pero no fueron estas promesas incumplidas lo que se impuso, sino, más bien, la repulsa a todas las innovaciones de las «mal llamadas Cortes» y la persecución a los prohombres de aquellas reformas, que quedaban convertidos en reos de lesa majestad divina y humana. Se

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L A SITUACIÓN RELIGIOSA DE LA POSGUERRA

Fernando VII recibía un país desolado por los desastres de la guerra. Frente a él, que se había empeñado en gobernar con un sistema absoluto y personalista, se erguían los terribles problemas de una posguerra con la que, además de los desastres causados por el conflicto internacional, se unían las tensiones ideológicas y sociales de una controversia política mal resuelta. La Iglesia había padecido también profundas heridas en sus bienes, instituciones y cuerpos clericales. Los franceses habían destruido templos. La plata de las iglesias y catedrales se habían esfumado por las exacciones de los franceses o las entregas voluntarias o forzadas hechas al Gobierno patriótico. Los conventos habían quedado destruidos, saqueados o destrozados en gran parte de España. Los seis años de la guerra habían vaciado los seminarios y despoblado los claustros. Durante ese tiempo no había habido nombramientos episcopales. Al venir el rey existían 21 sedes vacantes, multitud de parroquias sin pastor y numerosas prebendas y cargos eclesiásticos en descubierto, pues los que habían sido nombrados por el intruso habían tenido que abandonarlos. Los religiosos eran los que más habían sufrido. Suprimidos por los afrancesados y repuestos sólo a medias por los liberales, eran pocos los que habían logrado restablecer la vida religiosa en conventos medio arruinados. En los países ocupados por los franceses, la mayor parte de los religiosos vagaban por pueblos y ciudades como grey dispersa, empleados unos como ecónomos de parroquias y capellanes militares y ocupados otros en oficios ajenos a su estado. Muchos se habían secularizado durante la dominación francesa y no pocos habían quedado tocados por la afición al mundo, y no tenían ganas ni fuerza para reanudar la austera vida religiosa. Seis años de guerra habían hecho impacto también en la moralidad y en las ideas. La guerra había hecho desbordar odios y pasiones incontroladas. Los innovadores afrancesados y liberales habían vertido ideas políticas y religiosas hasta entonces vedadas en España. La Iglesia, por boca de sus dirigentes, se presentó ante el rey como la principal acreedora, alegando el carácter de cruzada que había dado al levantamiento y, al mismo tiempo, como la mayor víctima de los afrancesados y liberales. Como en el drama de Calderón, la religión, desmayada, tendía su mano al rey en busca de auxilio. El rey se lo prestó con resuelta generosidad. Corrían por Europa tiempos de restauración política y reli-

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giosa; nada tiene de extraño que el rey se acomodara a ellos. Al hacerlo cumplía una deuda de gratitud con la Iglesia, satisfacía su piedad personal y lograba un apoyo político de enorme entidad para su trono absoluto. Los presupuestos ideológicos de la restauración se basaban en la estrecha alianza del Trono y el Altar. Esta colaboración de los dos poderes había sido normal en los siglos anteriores, en los que existía paz social e identidad general de criterios políticos. Pero desde que las Cortes de Cádiz habían dado un nuevo sentido al trono y habían iniciado una tímida reforma de la Iglesia, la nueva alianza del Trono y el Altar cobraba un sentido partidista a favor del absolutismo político y en contra de las nacientes doctrinas liberales. En el decreto del 4 de mayo, el rey hacía basar la felicidad de sus vasallos en la restauración de un trono y un altar, «estrechamente unidos en indisoluble lazo». Pero se trataba de un trono absoluto, basado en el legitimismo dinástico de origen divino, y de un altar concebido con todos los aderezos, privilegios e inmunidades de la Iglesia antigua. La Iglesia oficial, fortalecida con los nuevos nombramientos de personas adictas al realismo, se identificó más de lo justo con el absolutismo restaurado. La colaboración no se limitó a una participación en la tarea de la reconstrucción nacional, sino que se extendió al campo de las ideas y de la propaganda realista mediante una sacralización del poder real y la correspondiente condena del sistema liberal. La teología política absolutista descansa en unos presupuestos tan simples y rotundos como carentes de solidez. Algunos predicadores, obispos y escritores realistas confunden el Trono y el Altar en una misma apologética. Partiendo de principios abstractos, olvidan las circunstancias históricas, las disculpas ambientales y las complejidades del ser humano, y aplican sus teorías —adobadas con los mitos antirrevolucionarios— a los protagonistas vivientes, a los que encuadran en una tajante división de buenos y malos, piadosos e impíos. El rey es exaltado con las más pastosas adulaciones, como portador de todas las virtudes, mientras los afrancesados y liberales, más los segundos que los primeros, reciben los mayores denuestos. El sistema liberal queda anatematizado como algo radicalmente perverso; es una «falsa filosofía» nacida del enciclopedismo, del jansenismo y del ateísmo. La doctrina de la soberanía popular es, además, una herejía, pues siendo un mismo Dios el autor de la soberanía temporal y de la espiritual, tanto le ofende el que ataca a la una como a la otra. «El Trono y el Altar —dirá el P. Vélez— gravitan sobre unas mismas bases. Poco importa que una mano quiera sostener aquél, si con la otra derriba el apoyo en que se sostienen los dos» •. La aplicación de este principio la expresa el arzobispo de Burgos condenando a los liberales, que han conspirado «contra la respetable soberanía de nuestro rey y señor, que nos ha sido dado por el mismo Dios para que reine y gobierne esta monarquía; extendiendo sacrilegamente sus manos, acciones y fuerzas contra Cristo el Señor». Y el obispo de Badajoz 1

Apología I 1.

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llegará a afirmar que «las opiniones que se dicen políticas relativas a la forma de gobierno, al reconocimiento y obediencia a nuestro rey, son expresamente contrarias a la doctrina revelada, que prescribe a los pueblos el respeto, la obediencia y amor a sus príncipes o soberanos; que los deben reverenciar, como puestos por Dios, y que no están las naciones en libertad para elegir otro rey ni otra forma de gobierno, aun cuando por desgracia fuesen díscolos o tiranos». Bajo tales presupuestos, los liberales son considerados como «cismático-políticos y herejes subversores del Estado» y «misioneros de Satanás». Establecida así la identificación del Trono y el Altar, deduce el obispo de Tarazona que «el que es reo en opiniones políticas, si no lo es, no está lejos de serlo en opiniones religiosas» 2. Al fanatismo de los secuaces del «sagrado código» seguía otro nuevo fanatismo: el de los devotos del «idolatrado» Fernando. A un ídolo sucedía otro, y a unas promesas, otras. Para suavizar las acres censuras contra los promotores del régimen caído, se vertían nuevas promesas de felicidad. Dios había salvado a España; «por una especie de milagro», volvía ésta a ser una nación privilegiada, en la que un arco iris de paz cobija a los españoles, como una gran familia en torno a su soberano 3.

3.

L O S AUXILIARES RELIGIOSOS DE LA RESTAURACIÓN POLÍTICA

El rey encontró en las jerarquías de la Iglesia magníficos auxiliares para su labor restauradora. Supuesta la estructura jerárquica de la Iglesia, la cooperación clerical quedaba asegurada si se conseguían unos mandos eclesiásticos adictos. El derecho de presentación a las sedes episcopales facilitaba extraordinariamente la cuestión, teniendo en cuenta que durante la guerra habían quedado muchas diócesis vacantes por fallecimiento de los titulares y que durante el sexenio habían de morir otros tantos 4. La bula ínter graviores otorgaba al monarca, igualmente, el derecho de presentación para los cargos supremos de las órdenes religiosas 5. Pocos eran los obispos que habían manifestado un decidido apoyo al rey José. Los más destacados entre ellos —Arce, Santander y Amat— aceptaron la renuncia que el papa les propuso a instancias del rey. El cardenal Borbón fue respetado, pose a sus aficiones liberales, y no causó problemas 6. En general, los antiguos obispos se destacaban por 2 P. A. PERLADO, LOS obispos españoles ante la amnistía de 1817 (Pamplona 1971). Los informes aludidos de los obispos de Burgos, Badajoz y Tarazona en p.209.183.526. 3

4

VÉLEZ, Apología II 346.

Una reseña de los obispos decimonónicos con abundante bibliografía en J. M. CUENCA, Sociología de una élite de poder en España e Hispanoamérica contemporáneas. La jerarquía eclesiástica. 1789-1965 (Córdoba 1976). 5 A. BARRADO MANZANO, La bula "ínter graviores curas», de Pío VII, en la Orden franciscana y ulterior régimen general de la Orden en España: Arch. Iberoam. 24 (1964) 353-96; B. RUBÍ, Reforma de regulares en España a principios del siglo xix. Estudio histórico jurídico de la bula linter graviores» (Barcelona 1943). 6 L. HIGUERUELA DEL PINO, El clero de la diócesis de Toledo durante el pontificado del cardenal Borbón (Madrid 1973). Extracto de la tesis doctoral, que está en vías de publicación.

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sus aficiones realistas. Los que más se habían señalado por su oposición a la política liberal fueron ascendidos a mejores sedes, como Arias Teijeiro, Alvarez de la Palma, Dueña y Mon, que firmaron la pastoral de Mallorca. A ellos no tardarían en añadirse los diputados de las Cortes de Cádiz que habían defendido los derechos del rey y la Inquisición, como Inguanzo, Ros, Lera, Cañedo, Esteban, Creus y López; o los que firmaron el manifiesto de los «persas», como Roda, Ceruelo y Castillón. Destacados escritores realistas como Rentería, Strauch y Vélez habían de reforzar las tintas absolutistas del equipo episcopal. No puede negárseles celo religioso ni dotes pastorales e intelectuales, pero es cierto que en conjunto fueron instrumentos dóciles a las directrices de la política absolutista. Cabe distinguir, sin embargo, matices en el comportamiento de estos obispos con relación a los perseguidos liberales. Las respuestas que dieron a la consulta que se les hizo en 1817 sobre la oportunidad de conceder una amnistía general son muy significativas. Parece que, en conjunto, los obispos se mostraron más intransigentes que los capitanes generales. Pero sus respuestas nos revelan una notable independencia de juicio, una gran conciencia de su responsabilidad pastoral y, al mismo tiempo, una diversidad de criterios mayor de la que podía pensarse. Existe un bloque de 23 obispos que se inclinan por la negativa a la amnistía; algunos con gran dureza, entre los que se cuentan casi todos los que fueron diputados. Pero frente a ellos hay que situar a 15 que se inclinan por la amnistía. No es raro que figuren entre éstos el afrancesado obispo de Córdoba, Trevilla, y el liberal cardenal Borbón. Las razones que alegan para la amnistía general son, sin embargo, altamente evangélicas. También el cardenal Quevedo, obispo de Orense, aboga por la amnistía, lo que confirma, en su caso, su fama de virtud. Entre ambos bloques hay un grupo intermedio de 11 obispos que sugieren una amnistía con restricciones, distinguiendo dos clases de liberales o afrancesados. Aunque la mayoría de los obispos se inclinan por negar la amnistía a los liberales más convencidos, no puede ignorarse la existencia de un grupo dispuesto a correr un velo sobre el pasado y a patrocinar una reconciliación general de todos los españoles como base indispensable para la reconstrucción del país. Es probable que este porcentaje fuera, si cabe, más numeroso en el resto del clero 7. Por debajo de los obispos existían puestos vacantes de prebendas, canonjías y beneficios, con los que el rey pudo premiar a eclesiásticos beneméritos de la causa patriótica o realista. Parece cierto que en estos cargos se filtraron personas poco recomendables, que darían pie a las acusaciones de nepotismo y favoritismo. El olor de las prebendas atrajo a la corte a una nube de eclesiásticos ambiciosos, que obligaron al rey a poner coto a sus importunaciones 8. 7

P. A. PERLADO, Los obispos españoles ante la amnistía de 1817 (Pamplona 1971) 19-157. Cf. el decreto de 26-9-1814 y la descripción que hace J. PRESAS, Pintura de los males que ha causado a la España el gobierno absoluto de los últimos reinados (Burdeos 1827) 38-39. 8

P.I. La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)

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L A RESTAURACIÓN RELIGIOSA, DECRETADA DESDE EL T R O N O

Así como el sistema constitucional pretendió acompañar la reforma política con una reforma religiosa, así también la restauración del absolutismo exigía la correspondiente restauración eclesiástica. También en la Europa restaurada se hicieron las adecuadas restauraciones religiosas. Pero en estas restauraciones no se hizo tabla rasa de todas las innovaciones revolucionarias precedentes, sino que —imitando en esto a Napoleón— cada nación estableció una nueva planta económica y administrativa para la Iglesia sobre la base de unos nuevos concordatos con Pío VII, que, siempre conciliador y transigente, supo renunciar a los bienes eclesiásticos usurpados y aceptar nuevas demarcaciones de diócesis y parroquias a cambio de asegurar la confirmación pontificia de los obispos. Surgieron así unas iglesias liberadas de lastres arcaicos; más pobres, pero más purificadas, más acomodadas a los nuevos tiempos y más unidas al romano pontífice. No se hizo así en España. No ya las profundas reformas de los afrancesados, pero ni siquiera las tímidas de los liberales fueron tenidas en cuenta. Seguía todavía hablándose de una reforma necesaria de la Iglesia, pero se entendía bajo el supuesto de una restauración de bienes, privilegios e inmunidades. Ni el rey ni la jerarquía sintieron, pues, la necesidad de hacer un nuevo concordato, ni escucharon las sugerencias de remediar los males de la Iglesia mediante la convocatoria de concilios provinciales o de un concilio nacional, del que, por otra parte, y dado el talante de la mayoría del episcopado, pocas innovaciones podían esperarse. La restauración de la Iglesia de España consistió, fundamentalmente, en derogar todas las innovaciones y reponer el estado eclesiástico a la situación en que se hallaba antes de la guerra. Establecida la alianza entre el Trono y el Altar, todas las iniciativas de restauración de la Iglesia partieron del rey, secundado por sus ministros y consejeros, plegados siempre a sus deseos. La jerarquía eclesiástica actuó como dócil instrumento, acogiendo con entusiasmo las reformas que se ajustaban a sus deseos y cooperando generosamente con las que exigían sacrificios económicos. El contenido de los decretos restauradores obedece al esquema de otorgar favores a la Iglesia a cambio de pedirle su colaboración y servicios. Durante los dos primeros años, esos favores se traducen en una serie de disposiciones restauradoras que vuelven a poner en vigor las instituciones o establecimientos eclesiásticos que habían sido suprimidos o modificados por la revolución, a los que se añadió el restablecimiento de la Compañía de Jesús. La estrecha cooperación eclesiástica a la restauración política se reforzó en aquellos primeros años con la petición expresa de un apoyo moral y propagandístico. A partir de 1817, la petición de colaboración se extendió al terreno económico, en un intento de hacer participar a la Iglesia en las cargas del Estado. La reducción de los conventos ordenada por las Cortes era uno de los problemas más candentes y estaba en plena efervescencia cuando el

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rey volvió a España. Los decretos restauradores no se hicieron esperar. El 20 de mayo de 1814 ordenó el rey la devolución a los regulares de «todos los conventos con sus propiedades y cuanto les corresponda», disposición que tres días más tarde se extendía también a las religiosas. Justificaba el rey esta decisión aludiendo a la miseria de los religiosos, al escándalo que padecía el pueblo viéndolos errantes, a las ventajas de la Iglesia y del Estado y a la «notoria injusticia» con que les trataron «los bárbaros opresores de la Patria, que conspiraron al exterminio de tan recomendables corporaciones, como opuestos a su religiosidad y a la ejecución de sus planes tiránicos». El restablecimiento de los conventos se hizo sin problemas en lo relativo a la devolución de los edificios y propiedades; pero no sucedió lo mismo al intentar reducir al claustro a los religiosos errantes, secularizados o empleados en el clero secular. La dispersión de los religiosos ocasionada por la guerra y las ideas antimonásticas divulgadas por la prensa liberal habían agitado las conciencias de los religiosos de forma muy variable; unos se habían reafirmado en su vocación y otros la habían perdido. Para estos últimos, la vida libre de la dispersión o la vida independiente de sus cargos parroquiales les habían hecho perder la afición a la vida religiosa. Durante la guerra, algunos de estos religiosos habían obtenido en algunas diócesis una secularización despachada por los ordinarios. La Santa Sede declaró nula esta clase de secularizaciones. En vista de ello, algunos secularizados intentaron legalizar su situación; pero a ello se opusieron algunos prelados, especialmente el de Valencia, donde se habían despachado numerosas secularizaciones ilegales cuando la diócesis estaba en sede vacante. No pocos exclaustrados se resistían a volver al convento hasta haber obtenido una secularización en regla; pero a ello se opusieron tenazmente el Gobierno y los superiores. Para frenar la desbandada de los frailes, el rey ordenó el retorno al convento de todos los exclaustrados y mandó retener las bulas de secularización que habían sido gestionadas en Roma por los interesados al margen de la Agencia de Preces (circular de 29-9-1814). Este retorno forzado al convento al que fueron sometidos muchos religiosos descontentos había de traer necesariamente fatales resultados. La paz de los claustros quedaba seriamente comprometida. Las divisiones domésticas y políticas sólo pudieron quedar disimuladas en las épocas absolutistas, pero no en las liberales. La bula ínter graviores, que estipulaba la autonomía en el gobierno supremo de las órdenes religiosas en los dominios españoles, se convirtió en un magnífico instrumento en manos del rey para controlar y dirigir a los religiosos en beneficio de su política. El rey nombró como generales o vicarios a hombres destacados por su celo reformador y su fervor monárquico. Estos se esforzaron en reconstruir a sus religiones colocando en los puestos claves de la jerarquía y de la docencia a hombres de probada confianza. La pirámide de mandos quedaba así férreamente controlada; pero bajo aquella uniformidad exterior aparecían problemas y divisiones internas.

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los religiosos habían descendido considerablemente. Uno de los servicios que el rey les pidió fue el establecimiento de «escuelas caritativas de primera educación para instruir en la doctrina cristiana, en las buenas costumbres y en las primeras letras a los hijos de los pobres hasta la edad de diez o doce años, procurándoles el alimento y vestuario correspondientes a su pobreza» (19-11-1815). El rey justificó esta laudable iniciativa en los apuros del erario, en la base caritativa de los institutos religiosos y en la justa correspondencia de éstos a las limosnas de los pueblos y a los favores regios. La respuesta de los religiosos debió de ser satisfactoria, pues al año siguiente, cuando el rey pidió a las monjas que establecieran parecidas escuelas para las niñas (8-7-1816), afirmó que los religiosos «correspondieron inmediatamente a mis deseos con un celo y una actividad que prometen los mejores efectos».

A pesar de la protección del Estado y de la reapertura de los noviciados, las órdenes religiosas no lograron recuperar el esplendor que tuvieron antes de la guerra. Había entonces 49.365 religiosos en 2.051 conventos. En 1820 estas cifras habían descendido a 33.546 y 2.012 respectivamente 9 . Los conventos seguían siendo casi los mismos; pero

El restablecimiento de la Compañía de Jesús merece especial atención y encierra un profundo significado 10. En la mente de los clásicos de la restauración europea se había extendido la idea de que los últimos desastres revolucionarios y el triunfo de la impiedad se debían al injusto exterminio que la Compañía había sufrido en el siglo XVIII. Pío VII, apenas libre de su exilio, restableció la Orden el 7 de agosto de 1814 por la bula Sollicitudo omnium ecclesiarum e invitó a los monarcas católicos a establecerla en sus países. El restablecimiento de la Compañía se presentaba como la reparación de una injusticia, al mismo tiempo que se cifraban en ella excesivas esperanzas como el medio imprescindible y suficiente para detener el avance de la «falsa filosofía» y para implantar la educación cristiana de la juventud. También en España cundieron las apologías de los jesuítas en la prensa realista. Numerosos ayuntamientos, cabildos y obispos elevaron solicitudes al rey, a quien el papa, por su parte, animaba a dar este paso. A estas solicitudes y razonamientos se unieron las favorables insinuaciones del confesor del rey, Cristóbal Bencomo. El restablecimiento de la Compañía se presentó, además, como un refuerzo político de gran eficacia para asegurar el respeto hacia el trono absoluto. Todas estas ideas de orden religioso y político pesaron en el ánimo de Fernando VII más que el respeto reverencial hacia Carlos III. El rey, sin esperar el dictamen del Consejo, se adelantó a restablecer parcialmente la Compañía en España, en los pueblos que la hubieran pedido (29-5-1815). En el mes de agosto, y a petición del Consejo de Indias, la restablecía en los dominios de Ultramar. Ambos decretos contienen un amplio preámbulo, que bien puede considerarse como una ardiente apología de la Compañía y una vindicación de la misma frente a las falsas imputaciones de sus antiguos detractores, en los que veía el rey a unos enemigos del Trono y el Altar, «porque si la Compañía acabó con el triunfo de la impiedad, del mismo modo y por el mismo impulso se ha visto en la misma época desaparecer muchos tronos». El

9 Cf. las estadísticas de religiosos y conventos que ofrecemos en nuestro libro La exclaustración (1830-1840) (Madrid 1976) 13-24.

10 L. FRÍAS, Historia de la Compama de Jesús en su Asistencia moderna de España t.l (Madrid 1923).

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29 de octubre creó el rey una junta de ministros con autoridad y jurisdicción para realizar con prontitud el restablecimiento. El respeto a la memoria de Carlos III y la importancia del asunto hicieron que el rey, antes de decretar el restablecimiento total de la Orden, pidiera el parecer del Consejo Real. El rey tenía positivo interés en acelerar este trámite, cuyo resultado estaba, por otra parte, condicionado a sus deseos. El Consejo, sin embargo, tardó bastante en evacuar la consulta, en la que se aconsejaba el restablecimiento de la Compañía, pero con una serie de limitaciones y cortapisas de rancio sabor regalista n . El rey no las tuvo en cuenta, y el 3 de mayo de 1816 extendió el restablecimiento de la Orden, de forma general y sin limitaciones, a todos sus dominios. El restablecimiento fue, ante todo, obra de la iniciativa personal de Fernando VII, que fue desde entonces venerado por los jesuitas como un segundo padre. Los Fines que él se prometía eran espirituales y políticos. El decreto de restauración para América afirma que los viejos jesuitas «pueden ser, para la tranquilidad de sus países, el remedio más pronto y poderoso de cuantos se han empleado al logro de este intento y el más eficaz para recuperar, por medio de su enseñanza y predicación, los bienes espirituales, que con su falta han disminuido». También en España se pensaba que la Compañía había de ser un firme puntal para el trono, tambaleante ante las arremetidas de las revoluciones y pronunciamientos. Así pensaban los grandes protectores de la Compañía restaurada. Los antiguos jesuistas que formaron la renacida Provincia de España eran, sin embargo, un grupito de poco más de cien ancianos octogenarios, cuyo único afán era dotar a la Orden de una base de pervivencia y poner en marcha los colegios que les encomendaban. Es lógico que aceptaran entusiasmados la generosa oferta del rey, como habrían aceptado la de las Cortes, a las que algunos habían apelado en 1812; pero no tenían ambiciones políticas. Sin embargo, la nueva Compañía, a pesar de su pequenez, en nada comparable a la grandeza de la antigua, arrastrará siempre, a los ojos de los liberales, el estigma, para ellos insoportable, de haber sido restablecida por un poder absoluto. En la óptica liberal, este vicio de origen de los jesuitas será la causa de las persecuciones sistemáticas que el liberalismo desencadenará contra la Orden a lo largo del siglo XIX.

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de modo que en 1820 había 400 jesuitas, de los que sólo 50 exan de los antiguos. Entre los decretos restauradores no podía faltar el que volvía a dar vida a la Inquisición, tan combatida por los reformistas. El 21 de julio de 1814 quedó restablecido el Consejo del Santo Oficio con todos sus tribunales, conforme a las ordenanzas con que se gobernaban en 1808; el 15 de agosto se ordenaba a los intendentes la devolución de todos los bienes de la Inquisición que detentaba el Crédito Público; y el 31 de julio de 1815 se urgía a las autoridades de América la protección a los tribunales de la Inquisición en aquellos países donde su ejercicio había quedado entorpecido. Estos decretos, como de costumbre, aparecen penetrados de ideología político-religiosa. La Inquisición se presenta como un poderoso instrumento para lograr la unión de los ánimos, «como el medio más a propósito para preservar a mis subditos de disensiones intestinas y mantenerlos en sosiego y tranquilidad». Subayace en el fondo la concepción de que el disidente religioso de la iglesia oficial es, al mismo tiempo y por el mismo hecho, reo de Estado. Indirectamente y como contrapartida, se asienta el criterio de que el disidente de la política estatal o el promotor de «opiniones perniciosas» es también un sectario de la herejía, y queda, por consiguiente, sujeto a la vigilancia del Santo Oficio. Y de hecho así fue. El cometido primordial de la caduca Inquisición durante el sexenio fue la desarticulación de las sociedades secretas, a las que, por otra parte, se adhirieron con fervor de neófito los acosados liberales, no tanto por afición a las doctrinas heterodoxas cuanto, más bien, como cenáculos de agitación política. Las sociedades secretas, especialmente la masonería, ofrecían a los disidentes unas organizaciones en las que el secretismo, la vinculación j u r a d a de los miembros y las conexiones internacionales se convertían en magnífico instrumento para llevar adelante sus planes subversivos.

Los ancianos jesuítas, al mando del comisario, P. Zúñiga, derrocharon una actividad y un entusiasmo impropios de su edad y de sus achaques. Les era imposible atender a las numerosas solicitudes de los pueblos, y, por otra parte, el intervencionismo de la Junta de restablecimiento, que administraba las reliquias de las antiguas temporalidades, les restaba independencia económica. Así y todo, lograron poner en marcha durante el sexenio 16 casas en España y 3 en Méjico, dedicadas fundamentalmente a la enseñanza. Los novicios entraban a mansalva,

Además de la persecución de las sociedades secretas, y, en concreto, de la masonería 12, cumplió el Santo Oficio un segundo objetivo, íntimamente relacionado con el anterior: la condena de los escritos contrarios a la religión y al Estado producidos por «el desenfreno de escribir, autorizado por la libertad de imprenta» (edicto de 22-7-1815). La lista de obras prohibidas entre las publicadas en los últimos años, no deja de ser impresionante. Aparecen allí 189 títulos, desde colecciones enteras de periódicos hasta hojas sueltas. Estaba claro el afán de erradicar no ya los escritos contra la Inquisición o a favor de determinadas reformas eclesiásticas, pero aun los puramente políticos, como los catecismos constitucionales o la Teoría de las Cortes, de Martínez Marina. Poco pueden extrañarnos estas prohibiciones, cuando previamente, y al margen de la Inquisición, el rey había prohibido todos los periódicos para evitar «desahogos y contestaciones personales», a excepción de la Gaceta y el

11 La consulta está fechada el 22-1-1816. El fiscal había redactado previamente una excelente defensa de la Compañía: Dictamen del fiscal don Francisco Gutie'rrez de la Huerta, presentado y leído en el Consejo de Castilla sobre el restablecimiento de la Compañía (Madrid 1845).

12 El decreto del 2-1-1815 publicó el edicto de Pío VII del 15-8-1814 contra los masones. Sobre la masonería cf. J. A. FERRER BENIMELLI, Bibliografía de la masonería. Introducción histórko-aítka (Caracas 1974); La masonería española del siglo xvm (Madrid 1974); Masonería, Iglesia e Ilustración, 4 vols. (Madrid 1976-77).

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Diario de Madrid, y había impuesto duras condiciones para la edición y circulación de libros (25-4 y 17-5-1815). A los abusos de escribir se quería poner remedio con el abuso opuesto de coartar la nefasta manía de pensar. El candido deseo del rey de que en adelante no hubiera más serviles ni liberales, no respondía a la realidad, como lo demostraban los sonados y crónicos pronunciamientos, las sordas maquinaciones de las sociedades secretas y la difusión subterránea de los escritos subversivos. Para contener estas maquinaciones no bastaron ni el aparato del Santo Oficio, cuyos inquisidores se pavoneaban con ostentosas cruces y veneras como cruzados de una orden militar, ni sus excomuniones, ni sus ofertas de una misericordiosa indulgencia (5-6-1815). La supresión de todas las innovaciones de las Cortes corrió pareja con la reposición de todos los organismos administrativos y judiciales antiguos: rentas provinciales, señoríos y consejos. Entre éstos no podía faltar el de las órdenes militares, con sus dos salas de gobierno y de justicia, y la protectoría de las iglesias de sus territorios con los pingües recursos territoriales y señoriales de sus encomiendas (8-9-1814). Eran una antigualla medieval que sólo se sostenía por los intereses que reportaba a la Corona (el rey era maestre de las órdenes españolas y los grandes prioratos de San Juan estaban anejos a vastagos de la familia real) y por la vanidad y el lucro que producían a los miembros de la nobleza a los que se destinaban. De militar sólo tenían el nombre aquellas órdenes; y de religioso, el origen papal de su fundación y la jurisdicción eclesiástica privativa sobre determinados territorios, a menudo muy dispersos, y sobre los conventos de freires y comendadoras. La reposición de las órdenes militares a su prístino estado es más bien un restablecimiento nobiliar que religioso. El ruidoso pleito promovido entre los infantes D. Carlos y D. Sebastián en torno a los derechos sobre el gran priorato de Castilla de la Orden de San Juan es sólo uno de los muchos lances suscitados a consecuencia de los señoríos eclesiásticos 13, donde los intereses temporales prevalecían sobre la cobertura espiritual de que estaban revestidos.

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COOPERACIÓN DE LA IGLESIA EN EL RESTABLECIMIENTO DE LA UNIÓN DE LOS ÁNIMOS, LA MORALIDAD Y LA BENEFICENCIA

A las medidas restauradoras que hemos estudiado debía acompañar, lógicamente, una cooperación de la Iglesia en las más variadas necesidades del Estado. La unión del Trono y el Altar presupone la confluencia de unos servicios y ayudas mutuas. La concepción ilustrada de una Iglesia útil a la sociedad era por entonces un sentir común, que se veía reforzado por las necesidades de la Patria y por la obligación de corres2

V. DE LA FUENTE, Historia eclesiástica de España t.6 ( 1875) 192; M. REVUELTA, La Bailía de PoUación de la Orden de San Juan dejerusalén: Publk. de la InsL Tello T. de Meneses 32 (Palencia 1971) 203-237.

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ponder a los favores recibidos del Estado absolutista. El rey pidió, pues, la colaboración de la Iglesia con frecuencia, espontaneidad y amplitud. La colaboración exigida no se redujo a los campos peculiares de la actividad pastoral, como la vigilancia de la ortodoxia, la corrección de costumbres o los servicios caritativos de la educación y la beneficencia, sino que se extendió también a la prestación de auxilios económicos que apuntalaran la quebrantada hacienda pública. La cooperación doctrinal suponía una ayuda formidable para el afianzamiento del trono restaurado. Ya antes de la venida del rey, eclesiásticos como el P. Agustín de Castro o el P. Manuel Martínez habían contribuido a ello en la prensa. Pero todavía más eficaz resultaba en aquellos tiempos el uso del pulpito, que seguía siendo el único lugar de aprendizaje para muchos españoles, donde las ideas quedaban reforzadas por la autoridad religiosa del orador sagrado. Consciente el rey Fernando del servicio que le podía prestar en este campo el estamento clerical, se apresuró a solicitar la\ colaboración de los obispos para que pusieran todo su celo en lograr «que sus respectivos subditos guarden y observen en sus acciones, opiniones y escritos la verdadera y sana doctrina» (24-5-1814). Por el contexto del decreto, se ve que el rey pretende superar la escisión política, que ha cundido por obra de «algunos seducidos de opiniones perjudiciales a la religión y el Estado». Los obispos deben, por tanto, prohibir toda clase de asociaciones perjudiciales a la Iglesia y al Estado y elegir para maestros de los seminarios y para los cargos eclesiásticos a personas no imbuidas de ideas peligrosas. De esta manera se ponía un dique a las doctrinas liberales, eliminando a sus simpatizantes y propagandistas. Quedó, pues, el pulpito convertido en monopolio de los predicadores absolutistas; a veces tan exaltados e intemperantes, que suscitaban efectos contrarios entre sus oyentes. Pero el rey tampoco quería este tipo de propaganda apasionada, que enconaba todavía más la división de los españoles, y mandó que los oradores se limitaran a exponer las doctrinas evangélicas y a corregir los vicios (12-4-1815). Grande era la labor que tenían que hacer los eclesiásticos en la corrección de las costumbres. Los contemporáneos nos han dejado numerosos testimonios de la mudanza sufrida en este punto por la sociedad española. Externamente había quedado restablecida la piedad tradicional. El reinado de Fernando se abrió con una rogativa nacional. Los aniversarios de su retorno o las victorias más sonadas sobre los insurgentes americanos se celebraron con solemnes Te Deum. Las novenas, los triduos, las cofradías, procesiones y cuarenta horas entretenían los ocios de los españoles, a quienes, además de los periódicos, se había prohibido las máscaras y los teatros de comedias (22-2-1815). La religiosidad tradicional había recobrado el ritmo fastuoso de antaño l4 . Y, sin embargo, las autoridades civiles y religiosas lamentaban una corrupción casi general de costumbres 15. Los remedios señalados para atajar estos males los había señalado ya el rey en un decreto de 1814: los obispos debían escribir pastorales, los párrocos debían predicar en la misa la doctrina cristiana tres veces por semana, los religiosos debían contribuir con su celo al 14

A. FLORES, Ayer, hoy, mañana t.1 (Madrid 1863). El obispo de Tarazona asegura en 1817 que «la irreligión en España es en el día mayor que parece, y la corrupción de costumbres, espantosa »(en PERLADO, O.C, 526). Lo mismo opinaba el misionero J. DE ARESO, Cartas cristianas (Bayona 2 1839) 214-216. 15

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mismo fin y todos los prelados debían enviar misiones a todos los pueblos de sus diócesis, incluso a la Corte, «con la prontitud que exige la gravedad del mal y la urgencia del remedio» (9-10-1814). Todos eran, indudablemente, medios muy conformes con la tarea pastoral del clero y apuntaban a las soluciones más eficaces: la diligencia y edificación del clero, la instrucción religiosa y la purificación de las conciencias por medio de las misiones populares. Pero estos esfuerzos no dieron el fruto deseado, pues persistía el relajamiento moral, consistente, según un decreto real, en «voluntarias separaciones de matrimonios y vida licenciosa de los cónyuges de algunos de ellos; por amancebamientos, también públicos, de personas solteras y por la inobservancia de las fiestas eclesiásticas; y, asimismo, las palabras obscenas, las injurias hechas a los ministros de la religión, y el desprecio con que se habla de ellos, y las irreverencias en el templo» (22-2-1815). La infidelidad matrimonial y la pérdida de respeto a lo sagrado son los primeros síntomas del resquebrajamiento de la moral tradicional y de la concepción religiosa de la vida. El libertinaje y la irreligiosidad, los dos vicios capitales que tanto escandalizarán a los devotos del siglo XIX, son constatados ya en plena época de unión del Trono y el Altar. Las autoridades realistas ponen la causa de estos desenfrenos en el desorden de la guerra y en el trastorno de ideas producido por los innovadores. El Estado católico absolutista no puede quedar indiferente ante la conducta moral de sus subditos; por eso urge a las autoridades eclesiásticas a refrenar los vicios, y, ante la persistencia de éstos, manda a los jueces reales que cooperen con los sacerdotes a realizar el arreglo de costumbres y a evitar los escándalos públicos (10-3-1818). Síntoma muy claro de la relajación de las costumbres, y al mismo tiempo de la crisis económica y social, era la proliferación del bandidaje, verdadero cáncer de la España romántica, que, aunque había aparecido ya en el reinado de Carlos IV, cobraba ahora un inusitado vigor. También se pidió la colaboración de la Iglesia en funciones caritativas de carácter social. Aparte de los tradicionales centros de educación y enseñanza sostenidos con el personal y los bienes eclesiásticos, se pidió a los religiosos, como sabemos, que abrieran escuelas de primeras letras; y se invitó a las autoridades eclesiásticas a colaborar en la dirección y el sostenimiento de varios establecimientos de beneficencia, pues los buenos deseos del rey se veían, como siempre, obstaculizados por la falta de recursos. El Gobierno absolutista nunca disimuló las calamidades que sufría el país. Le dolía al rey especialmente la destrucción y miseria de las casas de misericordia, y para sostenerlas restableció el fondo pío beneficial, formado con la décima parte de los frutos anuales de las prebendas de nombramiento real (15-11-1814), y encargó a los obispos que velaran sobre su régimen gubernativo y económico (septiembre de 1816). Los establecimientos caritativos de Madrid fueron objeto de especiales desvelos: el hospital general, la casa de expósitos, el hospicio, la inclusa, el colegio de los desamparados y el hospital de mujeres fueron dotados con fondos procedentes del fondo pío beneficial y con las rentas o pensiones de algunas mitras.

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También se organizó la hospitalidad domiciliaria (asistencia médica gratuita) en los barrios más pobres de la capital con los fondos del indulto cuadragesimal. La Iglesia contribuyó con gusto a estas empresas, que siempre consideró como propias, y no faltaron las iniciativas generosas de prelados que se destacaron por su espíritu de caridad, como el obispo de Orense, D. Pedro Quevedo, o el de Pamplona, D. Joaquín Uriz 16. Las estructuras económicas podían ser viciosas y anticuadas, pero es indudable que gran parte de las rentas eclesiásticas venían a revertir, por uno u otro conducto, en el alivio de las clases necesitadas y en la atención a servicios de utilidad social. La penuria común azotaba también a las rentas eclesiásticas. El valor de las rentas anuales de 58 obispados, que en 1802 remontaba, en números redondos, a 52 millones de reales, había descendido en 1820 a 34 millones 17. El colapso de la agricultura ocasionó la ruina de la economía monástica y eclesiástica, que se sostenía preferentemente sobre fondos rústicos. Ni es cierto la existencia de un clero opulento, en contraste con la miseria general; ni que el estamento eclesiástico se desentendiese de los problemas del país. Cuando el rey pedía la colaboración a la Iglesia para el resurgimiento material del pueblo, no lo hacía para vencer resistencias del clero, sino para potenciar la inclinación caritativa de éste. Así, le vemos acudir, una vez más, a los prelados para que contribuyan a fomentar la felicidad del reino, a extender la confianza general y a promover la riqueza en aquella circular del 26 de diciembre de 1815, que es como una convocatoria a un tiempo desesperada y optimista, en la que el deseo de una España fecunda, rica y feliz se nos antoja un puro sueño cuando se tiene en cuenta la incapacidad del Antiguo Régimen para resolver los problemas económicos.

6.

L A PARTICIPACIÓN ECLESIÁSTICA EN LAS CARGAS DE LA HACIENDA PÚBLICA

A partir de 1816, el interés primordial del Estado absolutista se polariza en torno a los asuntos económicos y hacendísticos. La situación económica del país es desastrosa, y la Hacienda Pública, privada de los recursos de América, se siente incapaz de atender a las urgencias del Estado y de amortizar la deuda pública. La ordenación de la Hacienda choca con dos serias dificultades: el colapso económico general y el mantenimiento de los privilegios del clero y la nobleza. La ruina del ensayo absolutista ha de buscarse no tanto en la camarilla del rey y en la revolución de Riego cuanto, más bien, en la incapacidad intrínseca del sistema del Antiguo Régimen para solucionar con métodos arcaicos 16 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Joaquín de Uriz, el obispo de la caridad (1815-1829): Príncipe de Viana 28 (1967) 353-440; F. DÍAZ DE CERIO, Para la biografía de J. X. de Uriz y Lasaga: ibid., n.144-45 (1976) 507-41. " AHN Est. leg.75 n.27.

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e inadecuados los problemas económicos y hacendísticos 18. Los gobernantes absolutistas realizaron denodados esfuerzos por superar el marasmo económico. En su desesperada búsqueda de recursos, es lógico que los buscaran donde los había y que impusieran nuevas presiones fiscales sobre los bienes eclesiásticos, siguiendo una vieja tradición española, que había culminado en tiempo de Carlos IV. Para compaginar las exacciones eclesiásticas con las inmunidades del clero, los gobernantes absolutistas adoptarían el sistema del «donativo», cubriendo con la concesión de bulas pontificias la cobranza de nuevas contribuciones eclesiásticas, que adquieren así, teóricamente, el carácter de entregas voluntarias. El aprovechamiento de los recursos eclesiásticos por la Hacienda Pública ofrece dos modalidades: en primer lugar, mantenimiento de todos los recursos eclesiásticos tradicionales percibidos por el Estado antes de 1808; en segundo lugar, la imposición de nuevos servicios y contribuciones, especialmente a partir del nuevo sistema de Hacienda de Garay desde 1817. Los recursos tradicionales consisten en la participación en los diezmos, tercias, excusado, noveno, novales, de riego ", que en un conjunto ponían en manos de la Hacienda aproximadamente la mitad de la recaudación decimal. A esto hay que añadir el producto de las anualidades y vacantes, el fondo pío beneficial 20, el subsidio y los fondos de la bula de cruzada. Las disposiciones encaminadas a asegurar la cobranza de estos complejos recursos fueron abundantísimas, y ellas nos revelan, indirectamente, la resistencia y las defraudaciones con que los pueblos pagaban las rentas decimales y la irregularidad y diversidad con que algunas de ellas eran administradas. En los primeros años de la restauración, el respeto a las inmunidades eclesiásticas es tan grande, que el rey se limita a pedir como un favor algunas ayudas económicas. Así, le vemos pedir a los cabildos el anticipo de una suma competente en calidad de reintegro (24-6-1814), exhortar a los superiores de las órdenes religiosas a que le entreguen durante un año la décima parte del producto anual de los bienes y rentas de los conventos (julio 1815) o adoptar medios de suavidad para corregir los abusos con que los cabildos21 administraban el excusado y el noveno, en perjuicio de la Real Hacienda . Los recursos de origen eclesiástico entraban, pues, en las arcas de la Real Hacienda, unos con destino a la Tesorería General, encar18 J. FONTANA, La quiebra de la monarquía absoluta. 1814-1820. La crisis del Antiguo Re'gimen en España (Barcelona 1971). 19 Las tercias consistían en la tercera parte del acervo común de los diezmos, la cual se ponía directamente bajo la administración de la Hacienda. Excusado era el diezmo de la mayor casa diezmera de cada pueblo. El noveno era la novena parte de los diezmos que quedaban después de haber sido sustraídas las tercias; fue concedido por Pío VII en 1800 y era administrado, lo mismo que el excusado, por los cabildos. Diezmos novales o de riego eran los procedentes de terrenos roturados o puestos en regadío. Sobre el origen y valores de estas y parecidas contribuciones cf. J. CANGA ARGUELLES, Diccionario de Hacienda. 20 Participación del Estado en rentas de beneficios eclesiásticos, concedida a Carlos III. Fernando VII mantuvo como cuota la décima parte de los beneficios (dec. de 15-H1814). La Hacienda cobraba una anualidad en las piezas vacantes; pero, pasado el año, se mantenía la vacante, pasando entonces su producto al Crédito Público (circular de 76-1815). 21 Sobre las contratas del excusado y noveno cf. las circulares a los cabildos de la col de decretos de 18-2, 30-6 y 12-7-1815; 11-5 y 14-8-1816.

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gada de cubrir los servicios del Estado, y otros, con destino al Crédito Público, con objeto de saldar la enorme deuda pública. Entre los arbitrios consignados al pago de la deuda en el decreto del 13 de octubre de 1815, la mitad eran de origen eclesiástico. Consistían en la aplicación de parte de los productos decimales, o de algunas vacantes y pensiones eclesiásticas, y del producto en renta o venta de algunas fincas consignadas. La actividad del Crédito Público quedaba, sin embargo, atascada en un callejón sin salida por la insuficiencia de los recursos, la sustracción a su dominio de las fincas de las temporalidades y conventos y la resistencia a implantar una desamortización decidida. El fondo más consistente era el de las fincas procedentes de obras pías y de la séptima parte de los bienes eclesiásticos secularizados, cuya venta había sido concedida por Pío VII a Carlos IV; pero las ventas de estos bienes fueron mínimas 22. La familia real y la nobleza, por su parte, habrían de oponer gran resistencia a que se vendieran las fincas de maestrazgos y encomiendas vacantes. La situación de la Hacienda era tan caótica y desesperada, que a principios de 1816 se creó una Junta de Hacienda, presidida por Ibarra, con el fin de planear nuevos recursos. A finales de aquel año, las ansias renovadoras del nuevo ministro de Hacienda, Martín de Garay, vinieron a reforzar las directrices de otros ministros moderados, como Vázquez Figueroa, León y Pizarro y Campo Sagrado. Garay modificó el proyecto de la Junta con un nuevo y ambicioso plan, que cuajó en el decreto de 30 de mayo de 1817. El sistema de Garay contiene un presupuesto de gastos e ingresos y estriba en tres innovaciones fundamentales: rebaja de gastos en los ministerios, sustitución de las rentas provinciales por un sistema mixto, consistente en una contribución directa a la España rural y una imposición de derechos de puertas a las capitales y puertos, e implantación de una contribución extraordinaria al clero deducida de los diezmos que disfrutaban. No es nuestro objetivo estudiar las dificultades que padeció aquel sistema híbrido, lleno de imprecisiones y vaguedades. Por lo que toca a la participación eclesiástica, el nuevo sistema fiscal representa la última frontera que el absolutismo podía alcanzar en su intento de aprovechar los recursos del clero. Para salvar los principios de la inmunidad clerical, se acudió al recurso fácil y expedito de pedir bulas al papa. Pío VII otorgó sin dificultad las cuatro bulas de 15, 16, 17 y 18 de abril de 1817, en las que concedía que todos los bienes territoriales del estado eclesiástico secular y regular, a excepción de los diezmos no secularizados y los derechos de estola y pie de altar, quedaran sujetos a la contribución territorial en igualdad con los seglares; que se otorgara durante seis años un donativo o subsidio extraordinario de 30 millones, repartido por tres eclesiásticos; que se aplicaran los fondos de espolios y vacantes mayores a obligaciones piadosas, y que pudieran ingresar los frutos y rentas de los beneficios vacantes, el noveno y otras gracias eclesiásticas bien a la Hacienda, bien al Crédito Público " . 22 El reglamento de 5-11-1815 anuncia las ventas de algunas capellanías en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Murcia, Madrid y Valladolid, así como de tres encomiendas. 23 El texto de las bulas y su traducción se halla incluido en el decreto de 30-5-1817.

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Las dos primeras bulas facultaban al rey para imponer nuevas contribuciones al clero. En consecuencia, quedaba gravado el clero en sus dos recursos fundamentales: sus fincas y sus diezmos. Las fincas quedaban sujetas a la contribución territorial en igual proporción que los seglares, y los diezmos que les quedaban, deducidas las participaciones usuales del Estado en ellos, sufrían la deducción de los 30 millones, que eran repartidos y colectados, sin intervención del Gobierno, por una junta de eclesiásticos compuesta por el colector de espolios, el comisario de Cruzada y otro eclesiástico. Entre los prolijos razonamientos que preceden al decreto, se señala como causa principal para estas exacciones las exigencias de la justicia distributiva y «la imperiosa necesidad de hacer llevaderas, suaves y menos sensibles las cargas del Estado a mis pueblos y vasallos». Quedaron, pues, los eclesiásticos incluidos en los cuadernos que calculaban las partes alícuotas sobre el producto líquido de la riqueza y en el reparto confeccionado por la Junta Apostólica del donativo. La precipitación e inexactitud de ambas estadísticas fue general, y las dudas surgidas fueron tan numerosas, que dieron lugar a una abundante legislación complementaria 2*.

La alianza del Trono y el Altar no se limitó, por tanto, a la fácil colaboración ideológica y moral, pues tuvo la contrapartida de un sacrificio material considerable, que el clero pagó religiosamente, aunque no faltaron las reticencias propias de todo sacrificio exigido. Las resistencias de los estamentos privilegiados fueron mayores ante el intento de solucionar la deuda pública mediante la venta de fincas de maestrazgos y encomiendas y de aquellas fincas de regulares que determinase una visita. Cuando se deliberó sobre esta propuesta en el Consejo Real, el canónigo Hualde la rechazó por su analogía con «las máximas destructoras del Trono y Altar que se promovieron en las Cortes» 25 . El nuevo decreto sobre los medios para satisfacer la deuda pública, de 5 de agosto de 1818, quedaba convertido en una quimera. Los principios políticos del absolutismo vedaban la venta las fincas propuestas por Garay; y aunque se aplicaron nuevos recursos eclesiásticos, como los productos de dos anualidades desde su primera vacante de las dignidades y prebendas, el conjunto de los arbitrios era insignificante para enjugar la enorme deuda. La pintura que harán los liberales de un clero opulento, en contraste con la penuria general del sexenio, no es exacta. El clero, en general, sufrió las consecuencias de la depresión económica, y, bajo unas exenciones teóricamente respetadas, no quedó eximido de la presión fiscal. Puede incluso afirmarse que las últimas exacciones le afectaban especialmente, pues su principal soporte económico se basaba en la riqueza agrícola, que padecía aguda decadencia. Algunos monasterios se vieron obligados a hipotecar sus tierras para cubrir los nuevos impuestos. El clero se sentía agobiado al tener que afrontar la nueva situación económica. A la 24 Para resolver las dudas suscitadas sobre si tales o cuales bienes eclesiásticos estaban sujetos a la contribución o al subsidio, se dieron las reales órdenes de 8 y 12-9, 10, 12 y 16-10 y 23-11-1817; 3-1, 8 y 16-3 y 25-8-1818. El subsidio fue rebajado a 25 millones en 1819. 25

Cit. por FONTANA, O.C, 402.

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larga, los absolutistas habrían acabado con las riquezas de la Iglesia, lo mismo que los liberales. Con distintos principios políticos y religiosos, ambos partidos pretendieron servirse de los recursos eclesiásticos. La única diferencia estaba en que unos hacían despacio y con bulas lo que otros harán en un instante sin ellas 26 .

26 Un análisis comparativo de ambas políticas en nuestro articulo Discrepancias de liberales y absolutistas en la configuración de la Iglesia, publicado en Aproximación a la historia social de la española contemporánea: II Semana de H.a Eclesiástica (El Escorial 1978) p.l 1-44.

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CAPÍTULO V

EL TRIENIO CONSTITUCIONAL

(1820-23)

El 7 de marzo de 1820, Fernando VII invitaba a todos los españoles a caminar con él por la senda constitucional '. Parecía que el sistema liberal había de implantarse definitivamente en España. No quedaba sino continuar la obra comenzada en las Cortes de Cádiz. La misma Constitución, los mismos dirigentes liberales, que volvían del presidio o del exilio cubiertos de gloria, y casi las mismas Cortes, donde volvieron a aparecer los antiguos doceañistas, reforzados por nuevos elementos y sin la oposición de los partidarios del realismo, todo, en fin, parecía garantizar una era de paz y de progreso. Toda la máquina del Antiguo Régimen se desplomó sin violencia, pues era el mismo rey quien la derribaba. Era fácil prever que para la Iglesia comenzaba también un nuevo período de reorganización al dictado de la protección constitucional. Los eclesiásticos mostraron, como la mayoría de los españoles, variadas actitudes ante el cambio de régimen. La mayoría se mantuvo al principio a la expectativa, flanqueada por dos minorías opuestas: la de los ardientes partidarios del liberalismo y la de los opuestos radicalmente a todo género de novedades. El cambio de régimen trajo consigo un cambio radical en las apreciaciones oficiales: los que durante seis años habían sido tildados de herejes, eran ahora exaltados como sabios y beneméritos padres de la Patria, mientras que los que entonces habían estado en el candelero sufrían toda clase de desconfianzas y desprecios. Los primeros meses transcurrieron entre el temor y la esperanza. El nuncio declaraba solemnemente, en nombre de la Santa Sede, la indiferencia de la Iglesia en materias de régimen político y exhortaba la obediencia al nuevo Gobierno. La jura de la Constitución se hizo sin especiales incidentes en todas las iglesias del reino, y no faltaron sermones ni pastorales en los que se justificaba con razones religiosas la aceptación del sagrado código constitucional. No pocos predicadores y prelados lo aceptaban como a remolque del rey, basando en la voluntad de éste la aceptación del cambio político; pero tampoco faltaron quienes ' Sobre la Iglesia durante el trienio: M. REVUELTA. GONZÁLEZ, Política religiosa de hs liberales en el siglo xix. Trienio constitucional (Madrid 1973); J. M. CUENCA, La Iglesia en el trienio constitucional (1820-1823): Hisp. Sacra 18 (1965) 333-62; F. X. TAPIA, Las relaciones Iglesia-Estado durante el primer experimento liberal en España (1820-1823): Rev. de Est. Políticos (1970) 69-89; G. FELÍU MONFORT, La clerecía catalana durant el Trienni liberal (Barcelona 1972); R. VIOLA GONZÁLEZ, Incidencias religiosas durante el período constitucional (18201823) en la diócesis de Lérida: Anthologia annua 20 (1973) 753-820; J. DEL MORAL Ruiz, Hacienda y sociedad en el trienio constitucional 1820-1823 (Madrid 1977).

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explicaban a los fieles las excelencias intrínsecas del nuevo sistema y su fundamento en las doctrinas sociales del Evangelio. En general, la Iglesia aceptaba la Constitución y parecía dispuesta a colaborar con los nuevos gobernantes, aunque no manifestaba aquella explosiva alegría que mostró en la restauración de 1814. Pero no tardarían en aparecer los primeros nubarrones sobre aquella aurora constitucional, que muy pronto había de empañarse con formidables tempestades.

1.

L A PROPAGANDA ANTICLERICAL Y LAS IDEAS REFORMISTAS

Uno de los factores más llamativos del trienio fue su potente contenido doctrinal. Los liberales tenían prisa por enlazar con la obra interrumpida de las Cortes de Cádiz. Sabían que para reformar era preciso convencer, y como el pueblo, en general, estaba ayuno de ideas liberales, sintieron la urgente necesidad de ilustrar a las masas en los nuevos principios. Hasta tal punto sentían esta urgencia, que, a insinuación de la Junta Consultiva, presidida por el cardenal Borbón, el Gobierno tomó la peregrina decisión de mandar que los párrocos añadieran la explicación de un artículo de la Constitución en la homilía de los domingos y días festivos. Era una manera de doblegar al clero y de someterle a una prueba de fidelidad, pero también era el único medio de difundir con rapidez el conocimiento de la Constitución en los ambientes rurales y entre las personas analfabetas. Para divulgar en las masas las ideas reformistas, los liberales emplearon dos medios de propaganda de excepcional importancia: la prensa y las sociedades patrióticas 2. Los periódicos y panfletos proliferaron con inusitada fecundidad al amparo de la libertad de imprenta, a la que la supresión de la Inquisición (9-3-1820) dejaba el campo libre para la ilustración de los espíritus. Las sociedades patrióticas, más o menos secretas, estaban formadas por correligionarios exaltados en torno a un club o a un café. Sus actividades eran varias: constituían un poder subterráneo que minaba los organismos gubernativos legales de la España oficial y al mismo tiempo organizaban y difundían, personal y visiblemente, la propaganda de sus ideas con el pretexto de dirigir el espíritu público. El contenido de la prensa era fundamentalmente político, pero bajo este concepto se incluían muchos aspectos económicos y religiosos. La Iglesia ofrecía demasiados defectos y arcaísmos susceptibles de corrección, aparecía como soporte del régimen absoluto que se quería erradicar y cobijaba a muchos enemigos de los liberales, sobre los que éstos anhelaban cebar sus ansias de venganza. Además era preciso preparar los ánimos para que las reformas eclesiásticas de las Cortes no cayeran en el vacío. El momento era propicio para criticar defectos y planear 2 A. G I L NOVALES, Las sociedades patrióticas (1820-23). Las libertades de expresión y de reunión en el origen de los partidos políticos (Madrid 1973); I. M. ZAVALA, Masones, comuneros y carbonarios (Madrid 1971). El ambiente de las sociedades secretas ha sido perfectamente descrito por Pérez Caldos en sus novelas La Fontana de Oro y El Grande Oriente.

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reformas. Y no faltaron periodistas sin escrúpulos ni periódicos reformadores que repitieron la experiencia publicística de Cádiz, sólo que ahora extendida a todas las ciudades de España. Los periódicos y panfletos pertenecen a varias familias y talantes dentro del liberalismo. Los había sesudos y moderados, como El Censor, redactado por afrancesados, y exaltados y cínicos, como El Diario Gaditano, que dirigía el exfraile Clara Rosa. Pero por lo que toca a las críticas a la Iglesia, aparte del tono, no existe gran diferencia en su contenido. Podrían distinguirse dos géneros literarios: el de la sátira despiadada y el de la crítica culta, reforzada esta última por los grandes nombres de los escritores regalistas de más prestigio, como Amat, Villanueva y Llórente. En el terreno de la sátira, nadie superó en gracejo y popularidad al sacerdote Sebastián Miñano 3, que inició el género con sus famosos Lamentos políticos del pobrecito Holgazán. Le siguieron otros periodistas todavía menos escrupulosos 4, de tal manera que, a poco de comenzar el trienio, era poco lo que quedaba por fustigar contra los abusos reales o fingidos del clero, especialmente si se trataba de beneficiados o de frailes o contra las riquezas e instituciones eclesiásticas o las rancias costumbres piadosas de los españoles. Los autores decían que sólo pretendían corregir abusos, pero el desenfado de su lenguaje, la pintura grotesca que hacían de las personas e instituciones eclesiásticas y la proclividad a generalizar los defectos contribuían poderosamente a minar el respeto tradicional del pueblo a los sacerdotes y las costumbres religiosas. Las chanzas anticlericales se irán trocando poco a poco en invectivas a medida que avanzaba el peligro de la reacción realista desde mediados de 1822. Carácter muy distinto tienen los escritos de los doctrinarios regalistas, dirigidos a un público más culto y empeñados en demostrar la competencia del poder civil en la reforma de la disciplina externa de la Iglesia. En el trienio reaparecen las tres grandes figuras del regalismo español: Amat, Villanueva y Llórente, representantes, respectivamente, de tres actitudes dentro del reformismo religioso español. Amat se muestra irenista, conciliador y moderado en sus Observaciones pacíficas, aconsejando, por bien de la paz y pese a sus convicciones, la solución práctica de un concordato con el papa para arreglar las reformas eclesiásticas s . Villanueva aparece endurecido en las doctrinas clásicas del regalismo en las Cartas de don Roque Leal, escritas contra el arzobispo de 3 I. CASTAÑÓN, Personalidad y estilo de Sebastián Miñano: Public, de la Instit. T. T. de Meneses (Palencia) 28 (1969) 51-91; I. AGUILERA SANTIAGO, Don Sebastián de Miñano y Bedoya. Bosquejo biográfico: Bol. de la Bibl. de Menéndez Pelayo 12 (1930) 173ss n.359ss; 13 (1931) 46ss.207ss.236ss. 4 Los Lamentos políticos han sido reeditados en Epistolario español (BAE, Madrid 1870) y por V. BOZAL en 1968. Entre los epígonos de Miñano merecen recordarse las Cartas del Compadre del Holgazán (Madrid 1822). 5 Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica dadas a luz por D. Macario Padua Melato, 3 partes (Barcelona 1817-19-22); V. CONEJERO, DOS eclesiásticos catalanes acusados de jansenistas: Josep Climent y Félix Amat: Anales Valentinos 4 (1978) 149ss.

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Valencia . Llórente representa la corriente más radical, pues remedaba en su Constitución religiosa las doctrinas cismáticas de los constitucionalistas franceses, propugnando una iglesia nacional 7 . Si exceptuamos las doctrinas disolventes de Llórente, observamos laudables ideas renovadoras en las doctrinas de los escritores liberales, así como el afán por retornar a la pureza de la Iglesia primitiva, la búsqueda de inspiración en las fuentes evangélicas y en la tradición, la difusión de una religiosidad más interior y sincera y el esfuerzo por acomodar la organización externa de la Iglesia a las exigencias de la sociedad. Todas estas aspiraciones apuntaban a una desamortización eclesiástica y a una reorganización del clero. Los fines eran, en parte, justificables; pero el modo de conseguirlos venía, en la práctica, a potenciar el intervencionismo del Estado, con menoscabo de la jurisdicción eclesiástica, y a sacrificar, en definitiva, la independencia de la Iglesia. Mucho más alarmantes eran la multitud de escritos irreligiosos que corrían con total impunidad. Los obispos, para evitar su difusión pretendían, a falta de la Inquisición, aprovechar la posibilidad de los tribunales de censura o lanzar excomuniones y listas de libros prohibidos. Estas actitudes condenatorias no surtieron el efecto deseado y, desde luego, resultaron totalmente ineficaces contra los diarios anticlericales. Para contener o refutar las doctrinas regalistas y las aplicaciones que de ellas hacían las Cortes, el nuncio Giustiniani y los obispos enviaron numerosas y valientes exposiciones al rey, al Gobierno o al Congreso 8. Pocas veces el episcopado español se ha mostrado tan compacto como entonces en defensa de los derechos de la Iglesia. Pero aquellas apologías, que a menudo demuestran una ciencia teológica nada vulgar, quedaban archivadas y no encontraban la deseada difusión. Las autoridades, tan tolerantes con los escritos regalistas y anticlericales, se mostraron intransigentes frente a toda publicación que censurase las medidas de las Cortes. Estas decretaron la expulsión del arzobispo de Valencia, Arias Teijeiro, y la del general de los capuchinos, P. Solchaga, por haber publicado sus representaciones. La respuesta más adecuada a los ataques de la prensa habría estado en un periodismo incisivo y popular, como lo había hecho el P. Alvarado durante la guerra de la Independencia. Pero ahora faltaban continuadores hábiles, y si alguno despuntaba, como el P. Josef Ventura Martínez 9 , era pronto condenado al silencio por las autoridades. Lo 6 Son 16 cartas escritas del 1.° de diciembre de 1820 al 28 de febrero de 1821. También atacó Villanueva a Vélez en Observaciones del C. Vern. sobre la Apología del Altar y el Trono Valencia 1820). Cf. además nt.45 del c.3. Discursos sobre una constitución religiosa, considerada como parte de la civil nacional (París 1820). Al ser atacada su c bra en Barcelona, publica la Apología católica del proyecto de Constitución religiosa. 8 V. CÁRCEL ORTÍ, El archivo del nuncio en España Giacomo Giustiniani (1817-1827). Escritos del Vedat 6 (1976) 265-300. Las respuestas de los eclesiásticos a las reformas religiosas del trienio se hallan recogidas en la Colección Eclesiástica Española, 14 tomos (Madrid 1823). Merece destacarse por su sano revisionismo el obispo de Astorga, del que se ha ocupado recientemente F. Di AZDE CERIO, Obispos reformadores y catolicismo liberal El obispo de Astorga Guillermo Martínez Rmguas(1785-1824): III Semana de H. a Ecc. Cont. (El Escorial 1978). ' Autor del periódico Defensa cristiana católica de la Constitución novísima de España (Valladolid, 8 de julio 1820-21 abril 1821).

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mismo podemos decir de los escritos más extensos, que se reducían a reeditar obras anteriores, como la de Inguanzo sobre la confirmación de los obispos. Herrezuelo y Colmenares escribieron obras en defensa de los diezmos y de las órdenes religiosas. Más categoría tenía la obra de Inguanzo en defensa de los bienes eclesiásticos 10; pero la edición quedó secuestrada y no pudo difundirse. El contenido de los escritos ortodoxos consiste en la defensa del dogma contra las doctrinas irreligiosas y en el empeño por conservar la disciplina vigente y los bienes eclesiásticos. La defensa que hace Inguanzo es brillante y aguda, pero los argumentos le resbalan cuando quiere fundarlos en razones económicas. Su pronóstico sobre el nefasto resultado de la desamortización no deja de ser certero, pero la obsesión por mantener los derechos y privilegios eclesiásticos le hace insensible a unas situaciones concretas y a unos cambios reales de la sociedad española que estaban exigiendo una reforma externa de la Iglesia. Las concepciones de renovadores y conservadores discurrían por caminos opuestos: los unos partían de los abusos reales para hacer correcciones de forma regalista; los otros se aferraban a la doctrina y a las prácticas tradicionales de la Iglesia para defender el inmovilismo eclesiástico. Eran dos tácticas y dos lenguajes diferentes que, por desgracia, no llegaron a entenderse. La coyuntura política favoreció las doctrinas regalistas. Los eclesiásticos conservadores no supieron emplear el lenguaje periodístico adecuado, y esto, unido a las cortapisas gubernamentales, les hizo sufrir una clara derrota en el campo de la prensa. Sin embargo, conservaban todavía, sobre todo en las zonas rurales, el influjo pastoral de sus sermones, sus palabras y sus actitudes. 2.

L A S REFORMAS Y PLANES ECLESIÁSTICOS DE LAS C O R T E S DEL T R I E N I O

Las primeras Cortes del trienio (1820-21) Las primeras Cortes del trienio acometieron profundas reformas eclesiásticas sin las contradicciones ni escrúpulos de las Cortes de Cádiz. Comenzaron por la reorganización y el expurgo del clero regular y la consiguiente desamortización de sus bienes. La Compañía de Jesús quedó suprimida el 15 de agosto de 1820. Esta supresión tenía un alto sentido simbólico. Para los diputados liberales, el restablecimiento de la Compañía en 1815 había sido ilegal por tener su origen en la iniciativa personal del rey. Al sacrificar a la Orden realizaban, por tanto, una repulsa a los métodos de gobierno del absolutismo. Para los diputados liberales, la correcta situación legal de los j e suítas era, por tanto, la que les señalaban los dos decretos de expulsión y extinción dados por Carlos III. Las Cortes, sin embargo, sólo pusieron en vigor la extinción, no la expulsión. En consecuencia ordenaron la disolución de las comunidades jesuíticas, el pago de una pensión a los 10

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El dominio sagrado de la Iglesia en sus bienes temporales (Salamanca 1820,1823).

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padres antiguos y la devolución de los nuevos jesuítas a sus obispos o a sus familias, según fueran o no sacerdotes u . El rey sancionó, desconsolado, la destrucción de aquella obra de sus manos que era la Compañía, pensando que así salvaría a las demás órdenes. Se equivocaba. Tras una discusión en la que se vertieron toda clase de denuestos contra los frailes, las Cortes aprobaron el decreto de disolución y reforma de las órdenes religiosas (1-10-1820, sancionado el 25). Quedaban totalmente suprimidas las órdenes monacales, los canónigos regulares, los hospitalarios y los freires de las órdenes militares. Sus miembros recibían una pensión según sus edades y sus bienes pasaban al Estado. Las demás órdenes quedaban reformadas, es decir, reducidas en sus conventos y bienes y modificadas en sus institutos. Quedaban cerrados los conventos que no tuvieran 12 religiosos, si eran los únicos del pueblo; y los que no llegaban a 24, si había más de uno. Los bienes de los conventos suprimidos y los sobrantes de los subsistentes pasaban al Estado. El Estado no reconocía otra jurisdicción sobre los religiosos que la de los prelados ordinarios, se prohibía la admisión de novicios y se facilitaban las secularizaciones. Sólo a los escolapios se permitió conservar sus colegios. El rey quiso negar la sanción a esta ley, pero las presiones de los ministros y la amenaza de una revolución le hicieron ceder. La ley de regulares se cumplió con desconocida exactitud. En diciembre habían quedado desalojados e incautados los 324 conventos y monasterios de las órdenes suprimidas. A mediados de 1821 se había ejecutado el trasiego de los religiosos «reformados». A principios de 1822 éstos estaban reunidos en 860 conventos y habían abandonado 801. Pero la cifra de los conventos suprimidos aumentaba sin cesar, pues las muertes o las secularizaciones hacían bajar a las comunidades por debajo de la tasa permitida; y en 1822 se ordenó, además, el cierre de conventos en descampado. El Gobierno consiguió que la Santa Sede otorgara facultades al nuncio para despachar secularizaciones. En 1820 había 33.546 religiosos, y de ellos se secularizaron, en sólo dos años, 7.244, más 867 monjas 12. La desamortización de los bienes de los conventos quedó regulada, junto con la de otros bienes eclesiásticos de menor cuantía, por el decreto del 9 de agosto de 1820, que ordenaba la venta en pública subasta de todos los bienes asignados al Crédito Público. Según Toreno, durante el trienio se vendieron 25.177 fincas de conventos I3 ; aproxima11

FRÍAS, O.C, 332SS; M. REVUELTA GONZÁLEZ, La suiíresión de la Compañía de Jesús en

España en 1820: Razón y Fe 182 (1970) 103-20. n M. REVUELTA, Política religiosa 213-333.294^74; J. M. CASTELLS, Las asociaciones religiosas en la España contemporánea (Madrid 1973) 86ss; L. HIGUERUELA, Incidencias de la ley de monacales de 1820 en la diócesis de Toledo: La Ciudad de Dios 188 (1975) 46-70; V. CONEJERO MARTÍNEZ, El clero liberal y secularizado de Bacelona (1820-1823): Revista Intern. de Sociología 34 (1976) 7-47. 13 Ofreció Toreno estos y otros datos en la sesión del Estamento de Procuradores de . a b ™' d e 1 8 3 5 - Algunos aspectos de esta desamortización: J. M. ANTEQUERA, La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones (Madrid 1885); F. T o MAs Y VALIENTE, El marco político de la desamortización en España (Barcelona 1971); J. Po-

Manuel Revuelta González 90 damente, la mitad del total. La venta de aquellos bienes presentó ya los defectos de ulteriores desamortizaciones, pues las mejores fincas pasaron a manos de gentes acomodadas o de agiotistas, que aumentaron las rentas de los colonos y dejaron sin efecto las promesas de repartos de tierra a los campesinos. Otra importante medida de las primeras Cortes del trienio fue la implantación del medio diezmo por el decreto de 29 de junio de 1821, que organizaba la Hacienda Pública mediante el establecimiento de una contribución territorial, industrial y de consumos 14. Teóricamente, la Iglesia no debía sufrir ningún perjuicio, pues el Estado renunciaba a las participaciones tradicionales sobre los diezmos, que eran aproximadamente la mitad, dejando íntegra la otra mitad para la dotación de culto y clero. Sin embargo, la campaña promovida contra los diezmos hizo que los campesinos se resistieran a pagarlos. Muchos sacerdotes quedaron condenados a la miseria. La clase campesina tampoco ganó nada con la rebaja del diezmo, pues tuvo que pagar en metálico la nueva contribución territorial en plazos fijos. La precipitada imposición de un sistema d e Hacienda que e n sí era más razonable y moderno que el antiguo, se volvió contra sus mismos creadores, con especial disgusto de la clase clerical y campesina.

El decreto sobre el medio diezmo se concibió como la primera etapa para una modificación profunda de los recursos eclesiásticos. Con el pretexto de indemnizar a los partícipes legos de los diezmos, el Estado se aplicaba «todos los bienes rústicos y urbanos, censos, foros, rentas y derechos que poseen el clero y las fábricas de las Iglesias», los cuales pasaban a disposición de la Junta del Crédito Público. El despojo del clero secular no llegó a efectuarse, pero la orientación desamortizadora estaba clara. En cambio, quedó en vigor el donativo de 30 millones impuesto al clero en 1817, así como la suspensión indeterminada de prebendas y el derecho a dos anualidades de beneficios simples, concedidos en 1818. " Las Cortes se ocuparon también de controlar y limitar el número de beneficios eclesiásticos, con los que vegetaba una multitud de clérigos inútiles. Prohibieron la pluridad de beneficios (2-9-1820); derogaron las capellanías de sangre (decreto de 27-9-1820 sobre la supresión de vinculaciones, capellanías y mayorazgos), aplicaron al Crédito Público los bienes de capellanías y beneficios simples vacantes (9-11-1820) y suspendieron la provisión de beneficios y capellanías sin cura de almas y las ordenaciones a título de beneficio (8-4-1821). También decretaron aquellas Cortes la modificación del fuero ecleRRES MARTÍN-CLETO, La desamortización del siglo xix en Toledo (Toledo 1965); J. M. MUTILOA, La desamortización eclesiástica en Navarra (Pamplona 1972); E. FORT COGUL, Las desamortizaciones del siglo xa y su repercusión en Santes Creus: Studia Monástica 12 (1970) 291310; C. BARRAQUER, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo xix (Barcelona 1906). 14 D. MATEO DEL PERAL, LOS antecedentes de la abolición del diezmo. El debate de las Cortes del trienio liberal, en La cuestión agraria en la España contemporánea, por TUÑÓN DE LARA V r otros (Madrid 1976).

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siástico en algunos delitos (26-9-1820) y la restricción del envío de dinero a Roma por gracias y dispensas (17-4-1821). Las Cortes hicieron todas estas reformas, que tan profundamente modificaban el personal y los bienes eclesiásticos, sin contar para nada con la jerarquía. Ni el papa ni los obispos fueron consultados. Es evidente que los religiosos, los beneficiados y los diezmos necesitaban reformas; pero fue lástima que éstas se hicieran de forma unilateral, precipitada y con un regalismo lleno de orgullo y autosuficiencia. Las reformas de las Cortes del trienio quedaron a medio camino entre las timideces de las Cortes de Cádiz y las medidas radicales disolventes de los ministros progresistas de María Cristina de Borbón. Pese a su regalismo visceral, los diputados del trienio se contentaron con soluciones moderadas, no sin disgusto de algunos elementos radicales, como Istúriz, a quienes les parecía un error la medida de «medios diezmos y medios frailes». Las segundas Cortes (1822-23) Las segundas Cortes del trienio no tuvieron el impulso legislador de las primeras en materias eclesiásticas, obligadas como estaban a enfrentarse con gravísimos problemas de orden interno y de invasión exterior. Las Cortes intentaron paliar el fracaso del medio diezmo implantado el año anterior. El ministro de Gracia y Justicia, Gareli, expuso la miseria de los curas, pero sólo consiguió que las Cortes fijaran como «decente congrua» de los párrocos la exigua cantidad de 300 ducados y que redujeran el subsidio eclesiástico a 20 millones (22-5-1822). Con ello, el clero parroquial no salía de la miseria, mientras el no parroquial ni siquiera era tenido en cuenta. Meses más tarde, las Cortes decretaron un cuadro de pensiones para el clero secular, que puede considerarse como el primer esbozo de un presupuesto eclesiástico español. Se señalaban los máximos y mínimos de las dotaciones que debían recibir las distintas clases del clero, desde el arzobispo de Toledo, al que se asignaba una dotación entre 500.000 y 800.000 reales, hasta el curato de tercera, que recibiría entre 4.000 y 6.000 reales. El reparto quedaba encomendado a las juntas diocesanas y debía satisfacerse con el medio diezmo, aumentado, si no bastase, con las rentas de los predios rústicos o urbanos (29-6-1822). Pero lo que distinguió, sobre todo, a aquellas Cortes fueron las medidas represivas contra el clero. El 26 de abril de 1822 se prohibieron las ordenaciones sacerdotales hasta que se hiciera el plan del clero. El 6 de mayo se autorizaba al Gobierno a extrañar del reino y ocupar las temporalidades de los obispos cuando éstos se desviaran de los deberes de su ministerio y el 29 de junio se mandaba tratar con rigor a los prelados desobedientes, hacerles publicar pastorales en que manifestaran la conformidad de la Constitución con la religión y destituir y quitar las licencias a los eclesiásticos peligrosos. A raíz del frustrado golpe realista del 7 de julio, que hizo caer al Ministerio moderado de Martínez de la Rosa, al que sustituyó el exal-

Manuel Revuelta González 92 tado de Evaristo San Miguel, las Cortes aumentaron sus rigores contra los eclesiásticos desafectos, a quienes el nuevo ministro de la Gobernación, Fernández Gaseo, pintaba «devorados de sed de venganza y aparentando celo por los intereses del cielo para asegurar para sí los derechos de la tierra». Entre los medios para remediar los males de la Patria (1-11-1822) figura el de declarar vacantes las sedes de los obispos extrañados del reino o que lo fueran en adelante: gravísima usurpación de la jurisdicción eclesiástica, que escandalizó a los fieles y provocó una valiente y, como siempre, inútil protesta del nuncio , 5 .

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Hasta aquí lo que las dos Cortes del trienio hicieron. Pero no es menos interesante lo que planearon, aunque no llegaran a decretarlo. Nos referimos a los dos ambiciosos proyectos de un plan general del clero con el que nuestras Cortes, siguiendo la inspiración de la Asamblea francesa de 1790, intentaron remodelar desde sus cimientos a la Iglesia española, determinando los grados de la jerarquía, la demarcación de diócesis y parroquias, la reorganización de cabildos, la extinción de colegiatas, los cuadros de pensiones del clero, el reglamento de los seminarios y la administración de las rentas eclesiásticas. Aunque la inspiración de estas reformas no era otra que la doctrina regalista, existe una gran diferencia entre el plan de las primeras Cortes y el de las segundas , 6 . El primer plan, inspirado por Villanueva, contiene positivos aciertos y no le falta solidez doctrinal ni celo pastoral. Además, siguiendo las insinuaciones conciliadoras de Amat, facultaba al Gobierno para llegar a un acuerdo con el papa y los obispos cuando lo juzgara conveniente, lo que era abrir una vía a un posible concordato. Pero este plan parecíales a los más exaltados demasiado generoso, y lograron diferir la discusión. Las segundas Cortes volvieron a ocuparse del plan; pero, en vez de aceptar el antiguo, redactaron otro nuevo en el momento menos propicio: cuando la Santa Sede había rechazado a Villanueva como embajador y arreciaba el peligro de la insurrección e invasión. El nuevo plan, presentado a las Cortes en febrero de 1823, se inspiraba en las doctrinas de Llórente, se desataba en denuestos contra la curia romana, ignoraba de hecho la primacía del papa, suprimía las reservas pontificias y disponía que la confirmación de los obispos nombrados por el rey debía ser hecha por el primado o los metropolitanos. Afortunadamente, tampoco este proyecto llegó a admitirse. Los diputados eclesiásticos Falcó y Prado demostraron que un plan que se oponía a la doctrina de la Iglesia aumentaría las desdichas del país con los horrores del cisma. Ello era tan cierto, que los diputados lo rechazaron; más que por cismático, 15 La nota del nuncio (20-11-1822) en Col. Ecl. Esp. t.2 p.46-47. Fue replicada en el folleto Examen de la nota pasada por el Emo. Sr. Nuncio al ministro de Estado, por un nieto de D. Roque Leal (Madrid 1822). 16 M. REVUELTA GONZÁLEZ, Los planes de reforma eclesiástica durante el trienio constitucional: Miscelánea Comillas 30 (1972) 93-123.329-48.

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por «impolítico». Los dos planes abortados sirvieron de precedente para inspirar la política religiosa de los moderados y progresistas después de la muerte de Fernando VIL Las directrices del primer plan de las Cortes serán, en parte, reasumidas por la Junta Eclesiástica de 1834 y por el concordato de 1851. Las del segundo plan volverán a aparecer en el plan de arreglo del clero aprobado por las Cortes de 1837, que no será sancionado por María Cristina.

3.

Los dos planes de reforma eclesiástica

La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)

E L IMPACTO DE LAS REFORMAS ECLESIÁSTICAS

A las causas económicas, políticas y sociales que habían de determinar la ruina del régimen liberal debe añadirse, como un factor primordial, la honda crisis religiosa que las reformas del trienio produjeron en el seno de la Iglesia y de la sociedad española. El primer síntoma de esta crisis se manifiesta en el diverso enfoque religioso que los fieles y clérigos daban al sistema constitucional. Los clérigos liberales hacían apologías del «sagrado código», mientras los absolutistas lo censuraban como si fuera un engendro de Satanás. Había incluso clérigos masones y comuneros 17. Aun dentro de los religiosos, no eran sólo los secularizados los que por interés seguían las doctrinas liberales, pues éstas penetraron en los conventos, creando tensiones entre viejos y jóvenes, superiores y subditos, sacerdotes y legos. El episcopado mismo mostraba posiciones variables. Los había partidarios del nuevo régimen, como el cardenal Borbón; el obispo de Sigüenza, Fraile; el auxiliar de Madrid, Castrillo, y los nuevos obispos de Cartagena, Mallorca y Segorbe, Posada González Vallejo y Ramos García respectivamente. Pero había también decididos absolutistas. El resto alternaba las exhortaciones a la paz y a la obediencia con repulsas y condenas a las innovaciones. Estas discrepancias cundieron en el pueblo y produjeron una enorme confusión, de tal manera que cada partido podía encontrar razones religiosas y corifeos eclesiásticos que favorecieran su propio partido. Esta división político-religiosa se enconó con las enojosas alteraciones surgidas en el gobierno de algunas diócesis por la intromisión del poder civil. Era lógico que los liberales procuraran crear un episcopado adicto, como lo había hecho Fernando VII para reforzar el absolutismo durante el sexenio. Pero los obispos electos que presentaban eran casi siempre personas que habían manifestado doctrinas poco seguras, y la Santa Sede se resistía a confirmarlos. Sólo cuatro obtuvieron las bulas, mientras se les negaba a los demás electos, especialmente a Espiga y Muñoz Torrero, con gran enojo de los liberales. La persecución se cebó pronto en los obispos absolutistas más señalados. Los de León, Oviedo y Tarazona fueron alejados de sus diócesis por haber firmado el manifiesto de los «persas». Los de Valencia y Orihuela fueron expulsados 17 Arch. de Palacio, Papeles de Fernando VII, t.66; V. CÁRCEL ORTÍ, Masones eclesiásticos españoles durante el trienio liberal: Arch. Hist. Pontiñciae 9 (1971) 249-77.

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por su oposición a las órdenes del Gobierno, y no tardarían en seguirlos los de Cádiz, Ceuta y Málaga. Los de Pamplona, Urgel y Solsona se verán obligados a huir y los de Lérida y Vich fueron sometidos a prisión. El ultimo —Fr. Raimundo Strauch— fue asesinado en 1823. No menos enojosa fue la situación de cisma que padecieron algunas diócesis con motivo de los gobernadores eclesiásticos intrusos impuestos por el Gobierno o la intrusión de los obispos electos y no confirmados en algunas sedes vacantes. Las diócesis de Valencia, Orihuela, Oviedo, Valladolid, Málaga y Solsona sufrieron estos dolorosos cismas, con gran escándalo de los fieles. La expulsión del nuncio en enero de 1823 como réplica al rechazo que la Santa Sede hizo del nuevo embajador Villanueva, consumó una política de provocaciones crecientes contra el papa. El balance que ofrecía el trienio en sus últimos meses no podía ser más desolador: quince sedes vacantes por defunción, once obispos exiliados o huidos, seis diócesis en cisma, numerosos sacerdotes deportados, presos o proscritos, un obispo y varios sacerdotes asesinados. Es cierto que la guerra civil había fomentado algunos de estos excesos como réplica a la participación clerical en la insurrección realista; pero ya antes de la guerra se habían sentido heridos en su sentimiento religiosos muchos españoles. Añádase la indotación de los curas por el fracaso del medio diezmo, el peligro de cisma del segundo plan general del clero, el despilfarro de una desamortización que había dejado chasqueados a los campesinos, la opresión fiscal que éstos padecían con la nueva contribución y las molestias producidas por el retraso de las dispensas matrimoniales procedentes de Roma. Todo el edificio político del trienio, comenzado con tanta ilusión, se derrumbaba estrepitosamente. Podrá decirse que ello se debe a la resistencia sistemática de los sectores tradicionales privilegiados, entre los que figuraban en primer lugar los eclesiásticos. Pero tampoco puede olvidarse la culpa que en su propia ruina tuvieron los liberales, internamente divididos y subterráneamente minados por sociedades secretas y grupos de presión, que con sus maquinaciones y exigencias convirtieron las tentativas de la España oficial, representada por las Cortes y el Gobierno, en una gran ficción. Por lo que toca a la política religiosa, los dirigentes liberales mostraron un regalismo anticuado, una precipitación impolítica y unos modales intolerables. La intervención extranjera consumó la ruina del segundo ensayo liberal. El hecho de que aquella segunda francesada no encontrara la oposición popular de la primera, confirma hasta qué punto aquellos gobernantes se habían hecho impopulares a grandes sectores de la nación.

4.

E L FERMENTO RELIGIOSO DE LA GUERRA CIVIL

La oposición al liberalismo pasó pronto de la polémica a la subversión. Ya en el otoño de 1820 y en primavera y verano de 1821 aparecieron algunas partidas realistas, que fueron dispersadas con facilidad.

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La insurrección cobró mayor amplitud desde la primavera de 1822. Cuadrillas de mozos de pueblo, reclutados en la España campesina, hicieron su aparición en Navarra, Vascongadas, Cataluña y Alto Aragón, e incluso en ambas Castillas, Valencia y Murcia. La Regencia realista de Urgel cubría la insurrección con apariencias de legalidad. El Congreso de Verona, al encomendar a Francia la intervención en España, alentaba a los insurrectos con el respaldo internacional de las potencias de la Santa Alianza. El fracaso del golpe realista del 7 de julio fue el toque de rebato para una verdadera guerra civil. El ejército liberal logró repeler el ataque de las partidas a finales de aquel año; pero los 100.000 hijos de San Luis, apoyados por los insurrectos realistas, derribaron a su paso el edificio de la España constitucional, que concluyó en Cádiz con la capitulación del Gobierno liberal y la libertad de Fernando VII a fines de septiembre de 1823. Así concluía, gracias a la intervención extranjera, la que fue considerada como la primera guerra civil de España 18. Aquella guerra canalizaba los agravios, disgustos y desengaños producidos por la política liberal y se nutría con las reivindicaciones sociales de los campesinos, defraudados por una desamortización ejecutada con planteamientos burgueses y descontentos con las premuras de la nueva contribución territorial 19. Pero a estos ingredientes políticos, económicos y sociales se añadía, como factor preponderante la alarma producida por las innovaciones religiosas. La primera guerra civil de España será, por tanto, una guerra religiosa, conducida con hábil oportunismo por los dirigentes realistas y alentada con fanatismo por los sectores clericales más reaccionarios. No fue una guerra entre católicos y herejes, sino entre dos sectores católicos: los que sostenían la religión bajo la pauta reformista de la protección constitucional y los que la defendían bajo los postulados conservadores de la unión del Trono y el Altar. La religión, que por su naturaleza debería haber servido de puente de comprensión o que, al menos, debería haber quedado apartada de la contienda como un valor neutral en las disputas políticas, fue lastimosamente utilizada como un pretexto de lucha y como parte integrante del programa de los partidos. El confusionismo religioso que de aquí había de surgir era la triste secuela de aquella guerra. Ambos bandos, en su intento por utilizar la religión, revisten sus proclamas con las correspondientes motivaciones religiosas. Los liberales se hacen apóstoles de la paz, la obediencia y la pureza. El espectáculo de unos batallones realistas conducidos por clérigos fanáticos les causa terrible escándalo, pues ven en ellos a unos «falsos ministros del Dios de la paz» y a unos falsos profetas que se rebelan contra aquella obediencia a las autoridades temporales legítimas, tan recomendada por Cristo y los apóstoles. Las exigencias morales de una purificación de la Iglesia, tan divulgadas por los escritores reformistas, se utilizan como argu18 R. GAMBA, La primera guerra civü en España (1821-23) (Madrid 1950); M. C. LABORIE ERROZ, Navarra ante el constitucionalismo gaditano: Príncipe de Viana 112-13 (1968) 273326; 114-15(1969)53-107. " J- TORRAS ELÍAS, Liberalismo y rebelión campesina. 1820-1823 (Barcelona 1976).

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mentó religioso. Los liberales afirman luchar por un cristianismo purificado de riquezas ostentosas, clérigos inútiles y obispos teocráticos. En el otro bando, las motivaciones religiosas cobran mayor fuerza y brío, pues las reformas, agravios y humillaciones padecidos por la Iglesia y el clero a lo largo de tres años les proporcionan abundantes y efectivos motivos de enojo. Las motivaciones de las proclamas y manifiestos de los realistas guardan extraordinaria semejanza con los de la guerra de la Independencia, con la única diferencia de que los franceses, que entonces fueron motejados de herejes, eran ahora aclamados como restauradores de la religión. Se lucha, ahora como entonces, por la defensa de la Patria, la libertad del rey cautivo y la prosperidad de la nación. Pero se pone especial acento en el motivo religioso: la defensa de la Iglesia ultrajada, la restauración de la religión de los padres en todo su esplendor, la confianza providencialista en la victoria, el carácter salvífico de la lucha y la extirpación de la inmoralidad y la herejía. Se trataba, en suma, de otra guerra santa, de otra cruzada contra unos herejes domésticos, los liberales, a los que se hace sumideros de todas las sectas impías 20. Las partidas de los insurrectos se apropiaron un nombre propagandístico capaz de producir efectos mágicos y sentimientos ardientes: el ejército de la fe. Una fe, naturalmente, concebida como aglutinante del ideario realista y como antídoto y rechazo de la ideología liberal. En la defensa de aquella fe no cabían matices ni componendas. La fe y la Constitución son presentadas como dos valores monolíticos, antagónicos y mutuamente excluyentes, como lo eran el bien y el mal. Un cura de Gerona concluyó el sermón con el que excitó a sus mozos a seguirle a la guerrilla con estas palabras: «¿Y qué cristiano católico dudará ni un momento del partido que debe abrazar? ¿Quién de vosotros no conocerá al instante la verdadera causa pública? Ea, pues, vosotros mismos lo habéis de decir: ¿cuál queréis más, la fe o la liberte? ¿La religión o el ateísmo? ¿A Cristo o a la Constitución?? Este dilema maniqueo, en el que se mezclaba tan rudamente la religión y la política, explica el grito de guerra de los voluntarios realistas: «¡Viva la religión; muera la Constitución!» La intervención del clero en la dirección de aquella guerra religiosa fue muy llamativa 21 . El obispo de Osma, Cavia, fue uno de los regentes de la Regencia realista de Madrid. Rara era la junta insurrecta en la que no hubiera curas, frailes o canónigos, y no pocos clérigos figuraban entre los cabecillas de las partidas. Antón Coll, en Cataluña; Gorostidi y Eceiza, en Vascongadas; Merino y Salazar, en Castilla, son ejemplo de ello. Aunque ninguno se hizo entonces tan famoso como Fr. Antonio Marañón, «el Trapense», cuya figura mística y guerrera, penitente y cruel, adquirió relieves legendarios. Las proclamas que de él se conservan reflejan la simbiosis del fraile y del soldado; la terminología ascética 20 J. M. RODRÍGUEZ GORDILLO, Las proclamas realistas de 1822 (Sevilla 1969); J. L. CoMELLAS, Los realistas en el trienio constitucional (Pamplona 1958); A. RODRÍGUEZ EIRAS, La Junta Apostólica y la restauración realista en Galicia: Cuad. Est. Gallegos 22 (1967) 198-220. 21 P. DE MONTOYA, La intervención del clero vasco en las contiendas civiles (1820-1823) (San Sebastián 1971).

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y bíblica aprendida en el monasterio le sirve para encauzar la venganza y la violencia de la guerra. Del lado liberal no es extraño que la guerra degenerara, en algunos lugares, en escenas de vandalismo anticlerical, especialmente en Cataluña y Levante. En la provincia de Barcelona fueron asesinados 54 eclesiásticos; el obispo de Vich, Strauch, fue fusilado en la carretera. Buen número de religiosos y sacerdotes fueron encarcelados, y algunos deportados desde Barcelona, Valencia o Murcia. Algunos conventos fueron allanados o destruidos. El monasterio de Poblet sufrió terribles destrozos y los panteones reales quedaron profanados y destruidos. Las pasiones políticas se desbordaron a porfía en un entretejido de violencias simultáneas. Los excesos liberales del trienio, explicables como desquite contra el Gobierno absolutista precedente, habían provocado las sublevaciones realistas y la guerra civil, con su secuela de excesos y venganzas. Después de la guerra vino la paz. Era la paz de los vencedores, acompañada de una reacción inmisericorde.

P.I. La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)

C A P Í T U L O VI

LA IGLESIA DURANTE 1.

LA DECADA REALISTA

(1823-33)

L A GRAN REACCIÓN DE 1823 Y LA SEGUNDA RESTAURACIÓN RELIGIOSA

La reacción de 1823 fue mucho más intransigente que la de 1814. La Junta de Oyarzun, primero, y la Regencia de Madrid, después arrasaron las innovaciones del sistema constitucional y todas las reformas eclesiásticas de las Cortes del trienio. El rey asumió personalmente el poder en octubre. Hasta diciembre mantuvo en la dirección del Ministerio al canónigo Víctor Sáez y amplió la reacción en marcha y la persecución contra los liberales. Menéndez Pelayo afirma que «la reacción política, con todo su fúnebre y obligado cortejo de venganzas y furores, comisiones militares, delaciones y purificaciones, suplicios y palizas, predominó en mucho sobre la reacción religiosa, por más que las dos parecieran en un principio darse estrechamente la mano» J . Ambas reacciones aparecen plenamente identificadas hasta principios de 1824. Las disposiciones relativas a la restauración de la Iglesia estaban ya ultimadas antes de la liberación del rey. La Junta de Oyarzun ordenó a los prelados la destitución de todos los secularizados que servían curatos o capellanías y la retirada de licencias de predicar y confesar (circular de 28-4-1823, confirmada por la Regencia el 31 de mayo). La Regencia reconstruía el viejo edificio eclesiástico anterior a la revolución: restablecimiento del diezmo entero (6-6-1823), anulación general de todas las disposiciones decretadas por los liberales contra los regulares (11-61823), implantación del método tradicional en la petición de gracias y dispensas a Roma (30-6-1823), entrega a los religiosos de todos sus bienes, sin devolución a los compradores de bienes nacionales de las cantidades que habían abonado por ellos (12-8-1823), y devolución a la Iglesia de los bienes de capellanías y cofradías detentadas por el Crédito Público (2-9-1823). Más que la reposición de la Iglesia a su antiguo estado, lo que sobre todo confunde es el cerrado espíritu reaccionario de aquella segunda restauración, tal como se refleja en la ideología vertida en los mismos decretos y en la prensa y sermones realistas. La reacción se engarza de nuevo con los criterios de la alianza del Trono y el Altar 2. Reaparece el triunfalismo fanatizado y se explica la 1

Heterodoxos 1.7 c.3,III. Entre los muchos escritos contrarios a la ideología liberal se destaca El liberal arrepentido, o confesión general práctica, en la que se tratan casi todas las materias en que puede haber delinquido un liberal revolucionario (Tortosa 1824). Siguen varias cartas fingidas; la primera se titula

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victoria sobre los liberales con falaces alusiones teológicas al triunfo de la justicia divina. Todas las personas que habían sido tocadas por la sombra de la Constitución, incluso los secularizados, que a veces nada tenían de liberal, fueron tratados como herejes, y sufrieron destierros, destituciones o purificaciones. Pero aún era más alarmante la instrumentalización que se hizo de la religión para convertirla en palanca de la reacción política. El decreto del 6 de octubre es una buena muestra de ello. Se pinta allí la restauración política como obra de la «misericordia del Altísimo», y el único balance que se hace del trienio es el del «horroroso recuerdo de los sacrilegos crímenes y desacatos que la impiedad osó cometer contra el supremo Hacedor del universo». En el mismo decreto se quiere dar a la reacción un disfraz reparador y religioso, y por eso se ordena a los obispos que organicen misiones en toda España, con ánimo de lograr una especie de conversión nacional al monarquismo absoluto y a la religión incontaminada. Los portavoces de la Iglesia parecían insensibles a las vergonzosas injusticias y venganzas locales. Nadie protestó, que sepamos, ante la injusticia que se cometía contra los compradores de los bienes eclesiásticos, a quienes el Estado arrebataba las fincas sin devolverles los valores que había cobrado por ellas. Y ¿dónde quedaba la valiente defensa de la libertad de la Iglesia que los obispos y superiores religiosos habían hecho durante el trienio? Porque no faltaban ribetes regalistas en aquellas disposiciones de los nuevos gobernantes, que se sentían capacitados para urgir la destitución de los eclesiásticos constitucionales. La heroica jerarquía del trienio se amoldaba sumisa a la férula del legitimismo, y parecía hacerlo con gusto y sin escrúpulos; incluso con entusiasmo. La pasión por la ortodoxia hacía olvidar otros deberes no menos propios del ministerio pastoral. Hubiera sido deseable que la lucha sostenida durante tres años en defensa de la pureza de la fe y de los derechos de la Iglesia se hubiera completado ahora con una campaña a favor de la concordia y el perdón de las injurias, tan urgente en aquella España desgarrada por el odio. Pero nada de eso se hizo, o al menos no de manera suficiente. En buena parte de aquellos eclesiásticos dominaba la idea pesimista de que los liberales eran irrecuperables e incorregibles, y de ahí que buscaran solamente remedios punitivos y expurgatorios como la Inquisición. Una vez más la represión política venía acompañada de la intolerancia religiosa. Una vez más volvía el rey absoluto a reforzar la tendencia absolutista del cuadro episcopal. Poca dificultad encontró el rey en que el nuevo papa, el «celante» León XII, aceptara la renuncia impuesta a los obispos liberales Posada, González Vallejo y Ramos García. El obispo de Tuy, García Benito, hubo de renunciar también a la sede compostelana. El obispo de Astorga, D. Guillermo Martínez, que se había esforzado en acomodar su celo pastoral a las circunstancias del trienio, sufrió calumnias y amenazas. En cambio, eran premiados con notables ascensos los obispos que más se habían señalado

2

El monstruo más deforme, másferoz y venenoso que han visto jamás los siglos. Carta del liberal arrepentido a *•* confesor.

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e n la oposición al r é g i m e n caído: F r a n c é s Caballero p a s a a Zaragoza; S i m ó n López, a Valencia; R e n t e r í a , a Santiago; C i e n f u e g o s , a Sevilla; I n g u a n z o , a T o l e d o ; Vélez, a B u r g o s y, p o c o d e s p u é s , a Santiago. El c a n ó n i g o H e r r e r o , q u e había sido p e r s e g u i d o siendo g o b e r n a d o r eclesiástico d e O r i h u e l a , es p r e c o n i z a d o obispo d e esta c i u d a d ; Fr. M a n u e l M a r t í n e z , p o r t a v o z d e la reacción e n la p r e n s a , es n o m b r a d o obispo d e Málaga, y Víctor Sáez es r e m o v i d o d e l ministerio p a r a o c u p a r la s e d e d e Tortosa. Da la sensación d e q u e , al m e n o s d u r a n t e los p r i m e r o s a ñ o s d e la d é c a d a , la Iglesia vuelve a c a e r e n la t r a m p a q u e le t i e n d e el G o b i e r n o realista. Los agravios sufridos e n la época liberal h a b í a n sido g r a n d e s , es cierto; p e r o los halagos d e la r e s t a u r a c i ó n n o e r a n m e n o s peligrosos. Fascinados p o r el apoyo q u e les d a b a u n G o b i e r n o q u e , al p r o t e g e r a la Iglesia, se p r o t e g í a a sí m i s m o , los eclesiásticos n o se c o n t e n t a r o n con u n a colaboración r a z o n a b l e , sino q u e a d o p t a r o n u n a actitud d e c ó m o d o silencio y complacencia.

2.

LA POLÍTICA DEL REY Y SU REPERCUSIÓN EN EL GOBIERNO DE LA IGLESIA

Trayectoria política d e l absolutismo L a política d e F e r n a n d o V I I d u r a n t e la d é c a d a t i e n d e a s o r t e a r los d o s escollos del r e a l i s m o e x a l t a d o y del liberalismo i n s u r r e c t o , p u e s t a n t o el u n o c o m o el o t r o r e p r e s e n t a b a n u n a a m e n a z a p a r a su d o m i n i o a u t o c r ático. En los tres primeros meses desde su liberación (octubre-diciembre de 1823), el rey conserva el Ministerio reaccionario del canónigo Sáez, que representaba la continuidad de la política de rigor de la Regencia. Los consejos de moderación de la Santa Alianza, y especialmente de Francia, cuyos soldados permanecían aún en el suelo español, movieron al rey en diciembre de 1823 a inclinarse al partido realista moderado, compuesto por hombres que profesaban ideas templadas afínes al despotismo ilustrado. Los Ministerios de Irujo y Ofalia (diciembre de 1823-junio de 1824) ponen fin a la reacción antiliberal intransigente y suscitan los primeros recelos de los apostólicos, a quienes disgusta la vigilancia de la policía, el decreto de amnistía y la dilación en el restablecimiento de la Inquisición. El Ministerio de Cea Bermúdez (julio 1824-octubre 1825) tendía también a contener las exigencias de los intransigentes, pero carecía de homogeneidad, pues la templanza de Cea, Ballesteros y Salazar quedaba contrapesada con la dureza de Calomarde y de Aymerich y con el rigorismo del Consejo de Castilla. Un Ministerio tan neutralizado suscitó el descontento de los apostólicos, que no cesaban de urdir planes conspiratorios en sus sociedades secretas. La rebelión de Besiéres (agosto 1825), a pesar de su fracaso, era un aviso demasiado serio que el rey hubo de tener en cuenta. Para acallar el clamor del partido reaccionario, el rey buscó nuevos colaboradores entre los realistas más seguros. Hizo al duque del Infantado presidente del Consejo de Ministros (octubre 1825-agosto 1826) y reorganizó el Consejo de Estado (diciembre de 1825) con personas de arraigadas convicciones realistas, en-

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tre las que figuraban los obispos Inguanzo y Abarca y el P. Cirilo 3. Pero ni las sugerencias del Consejo de Estado ni las pequeñas amenazas de los liberales sobre Tarifa y Alicante en verano de 1826 lograron que el rey se plegara a las aspiraciones de los apostólicos. En agosto de 1826, el duque del Infantado es sustituido por González Salmón, satélite de Calomarde y, como él, celoso de la autoridad omnímoda del rey, y hostil, por tanto, a las presiones clericales y a las injerencias de los apostólicos. La influencia atemperante de Ballesteros se hace sentir cada vez más en el Ministerio, y la policía, dirigida por Regato, husmea los conciliábulos de la reacción. La impaciencia de los realistas se expresó entonces en la guerra de los agraviados 4, una insurrección de base campesina y clerical promovida con el pretexto de que el rey estaba cautivo por los masones y liberales. El rey tuvo que viajar a Cataluña para demostrar que obraba con libertad y reprimió con mano dura la insurrección. A partir de entonces, cesan los miramientos del monarca con los sectores reaccionarios, que van poniendo sus esperanzas en el infante D. Carlos. El acercamiento decidido del rey a los realistas moderados y la adopción de medidas favorables a la burguesía mercantil no supuso, sin embargo, un cambio de conducta respecto a los liberales, que desde la emigración organizaron audaces y desafortunadas intervenciones con ánimo de propagar un pronunciamiento general. La respuesta a las tentativas de Miláns del Bosch, en la frontera de Cataluña (1829); de Mina, Valdés y de Pablos, en la frontera vasconavarra (1830), y de Torrijos, en Algeciras y Málaga (1830-31), obtuvieron severa réplica con la formación de comisiones militares y la clausura de las universidades durante dos años. El planteamiento de la cuestión sucesoria determinó, sin embargo, el acercamiento definitivo del rey a los liberales, que, junto con los realistas moderados, habían de servir de apoyo a la princesa Isabel. La derogación de la ley sálica por la pragmática de 31 de marzo de 1830 agudizó la polarización de los dos bloques políticos irreconciliables. Las intrigas en torno al rey enfermo en La Granja (agosto de 1832), se volvieron contra sus promotores tan pronto aquél salió del peligro 5 . En el último año del reinado se produce el desmantelamiento sistemático de los presuntos apoyos procarlistas. Se confirma solemnemente la sucesión a favor de la princesa Isabel. Cae Calomarde, y se nombra un Ministerio presidido por Cea Bermúdez, que ha de servir de puente entre el régimen absolutista y el liberal, María Cristina, gobernadora durante la enfermedad del rey, concede una amplia amnistía, que permite el retorno de los liberales exiliados (octubre de 1832). Se disuelven los cuerpos de voluntarios realistas y se impone un relevo general en los puestos claves de la Administración y del ejercito. El 27 de septiembre de 1833 moría Fernando VIL Diez años antes había recuperado el trono absoluto gracias a los realistas; al morir dejaba abiertas las puertas de España a aquellos liberales que tanto había odiado. Los dos partidos se agrupaban ya en torno a D. Carlos y a la reina Isabel para deíénder tras ellos sus opuestas ideologías en una implacable guerra civil.

Legislación sobre materias religiosas La legislación eclesiástica del G o b i e r n o d e la d é c a d a se a c o m o d a , e n cierto m o d o , a su r i t m o político. H a s t a d i c i e m b r e d e 1 8 2 3 , esa legisla3 A. ARCE, Cirilo Alameda y Brea, O.FM. (1781-1872), ministro general arzobispo y cardenal: Hispania Sacra 24 (1971) 257-345. 4 Los agraviados de Cataluña. Estudio preliminar y notaspor F. SUÁREZ, 3 vols. (Pamplona 1972); J. TORRAS ELIAS, La guerra de los agraviados (Barcelona 1967). 5 F. SUÁREZ, LOS sucesos de La Granja (Madrid 1953); J. GORRICHO, LOS sucesos de la Granja y el Cuerpo Diplomático (Roma 1967).

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ción es, c o m o vimos, especialmente d e n s a y viene s e ñ a l a d a p o r los criterios d e r e s t a u r a c i ó n a b s o l u t a y d e i n s t r u m e n t a l i z a c i ó n d e la Iglesia c o m o s o p o r t e del legitimismo r e s t a u r a d o . A fines d e 1823, la m á q u i n a eclesiástica f u n c i o n a b a con t o d a s las piezas d e 1820, a excepción d e la Inquisición. E n 1824 sólo se precisa u n a legislación c o m p l e m e n t a r i a . U n a vez más, se p i d e la colaboración m o r a l d e los obispos, q u e tan p r o n t o son llamados a f o m e n t a r con sus e x h o r t a c i o n e s la t e m p l a n z a del rey, m a n i f e s t a d a e n la m e z q u i n a amnistía del 1.° d e m a y o , c o m o a r e forzar la d u r e z a d e l d e c r e t o del 1.° d e agosto c o n t r a las sociedades secretas. En materia de enseñanza, el Estado pide y ofrece a la Iglesia una colaboración que le era necesaria por motivos doctrinales, políticos y económicos. Se reitera a los religiosos la petición de que abran escuelas (25 de marzo), se devuelven las temporalidades a los jesuítas (11 de febrero) y se elabora un plan general de estudios universitarios, redactado por una comisión en la que actuaba de secretario el P. Manuel Martínez, y que había de sujetarse al dictamen de obispos realistas tan significados como Inguanzo, Cavia, Castillón y Pérez de Celis (18 de febrero). Salió un plan sólido y meticuloso, pero excesivamente especulativo y limitado a los tradicionales estudios de humanidades, filosofía, teología, leyes, cánones y medicina. Los estudios universitarios pretendían modelar a los alumnos con todas las garantías de ortodoxia religiosa y realismo político 6. Pero, a pesar de las prácticas y enseñanzas religiosas y del juramento requerido de enseñar y defender la soberanía del rey y los derechos de la Corona, no había de pasar un lustro sin que aquellos fanales universitarios se convirtieran en centros de conspiración y reclutamiento de las sociedades secretas. Por lo que toca a la colaboración económica, la Iglesia siguió contribuyendo con los recursos tradicionales que completaban el cuadro del antiguo sistema de Hacienda, remozado por el diligente Ballesteros, y de nuevo se insiste en la entrega de los diezmos. A partir de 1825, los decretos de carácter eclesiástico van desapareciendo paulatinamente. Algunos son reiteraciones de disposiciones anteriores, que en conjunto presentan la conocida táctica del contrapeso: nuevas prohibiciones de libros (11-5-1826) y nueva condenación de toda clase de sociedad secreta (13-2-1827); y, frente a esto, nuevas y cada vez mayores amnistías (25-5-1828, 20-10-1830, 7 y 20-10-1832). Las pequeñas muestras de favor a los eclesiásticos, como la autorización a los religiosos para pedir limosna (10-6-1826), se equilibran con otras de control y desconfianza, como la orden de que abandonen la Corte los eclesiásticos desocupados y sospechosos (10-11-1825). El Estado mantiene la táctica de aprovechar al máximo los recursos de la Iglesia, y consigue del papa una prórroga de seis años para aplicar las vacantes de los beneficios eclesiásticos (8-2-1829) y al mismo tiempo manifiesta un celo obsesivo por corregir la licencia de costumbres y las irreverencias en los templos (15-3 y 7-4-1829). El decreto del 6 de febrero de 1830, que encauza hacia la Nunciatura las apelaciones en las causas de fe, es el golpe definitivo contra el Santo Oficio. A partir de entonces, el rey cesa de legislar en materias eclesiásticas. Sólo se preocupa de pedir la adhesión y fidelidad a obispos, eclesiásticos y religiosos a favor de la princesa de Asturias y de urgir a que se la incluya como tal en la colecta et fámulos.

6 M. y J. L. PESET, La Universidad española (siglos xvm y xa) (Madrid 1974); E. SILVA, El plan de estudios y arreglo general de las universidades españolas, redactado en 1824 por el P. Manuel Martínez, mercedario: Bol. de la O. de la Merced (1826) 74-79.137-39.

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La sucesión d e Isabel II fue, e n g e n e r a l , a c e p t a d a p o r los obispos y el clero; m á s , tal vez, q u e p o r convicción, p o r u n ú l t i m o acto d e acatam i e n t o a los deseos d e u n rey, al q u e se sentían t a n obligados. P e r o n o faltan excepciones significativas, p r e c i s a m e n t e e n t r e los t r e s p r e l a d o s q u e h a b í a n f o r m a d o p a r t e d e l Consejo d e E s t a d o y h a b í a n sido alejados d e la C o r t e e n 1827. I n g u a n z o alegó e n f e r m e d a d p a r a excusarse d e l j u r a m e n t o a Isabel e n abril d e 1833; Abarca se escapa d e León, y desde su refugio e n las m o n t a ñ a s d e Galicia escribe u n a pastoral a favor d e D. Carlos; Fr. Cirilo n o t a r d a r á e n a b a n d o n a r su sede cubana p a r a ponerse al servicio del pretendiente. Fuera d e estos casos, las respuestas d e los p r e l a d o s al último acto d e colaboración p e d i d o p o r el rey fue satisfactorio. Acaso p o r ello o tal vez p o r q u e la encíclica p e d i d a a G r e g o r i o X V I con el m i s m o objeto n o fuera t a n explícita c o m o se deseaba, n o llegó a ser p u b l i c a d a p o r el G o b i e r n o 7 . El c o n j u n t o d e estas disposiciones sigue el r i t m o p e n d u l a r d e la política g e n e r a l del rey, e m p e ñ a d o e n h a c e r concesiones a las t e n d e n c i a s opuestas d e los realistas m o d e r a d o s e i n t r a n s i g e n t e s y e n c o n t e n e r alt e r n a t i v a m e n t e a u n o s y o t r o s . Sin e m b a r g o , d u r a n t e la d é c a d a persiste c l a r a m e n t e el estilo regalista característico del despotismo i l u s t r a d o , del q u e e r a n h e r e d e r o s los ministros y los m i e m b r o s del Consejo d e Castilla. El i n t e r v e n c i o n i s m o regalista se cebó especialmente sobre las ó r d e nes religiosas. El Consejo d e Castilla dictó las n o r m a s p o r las q u e debía regirse la r e a d m i s i ó n d e los secularizados y, lo q u e es p e o r , i n t e r v i n o a b u s i v a m e n t e e n el n o m b r a m i e n t o d e los s u p e r i o r e s g e n e r a l e s 8 . El n u n c i o Giustiniani q u e r í a n o m b r a r s u p e r i o r e s g e n e r a l e s c o n la delegación q u e p a r a ello tenía d e la Santa Sede; p e r o el Consejo, i n t e r p r e t a n d o a b u s i v a m e n t e la b u l a ínter graviores, f o m e n t a b a la r e u n i ó n d e u n o s capítulos d e d u d o s a legalidad, q u e s e m b r a r o n la división e n algunas ó r d e n e s ; especialmente e n los agustinos calzados, cuya crisis d e gob i e r n o n o se a r r e g l ó hasta 1830. Giustiniani, a u n q u e realista d e corazón, n o t u v o r e p a r o e n avisar con t i e m p o al rey sobre su i n c o m p e t e n c i a p a r a a l t e r a r las leyes canónicas; «y así, p o r m á s q u e d é facultades p a r a celebrar capítulo a q u i e n n o las tiene, n o p u e d e ni p o d r á n n u n c a revalidar lo q u e e n sí es n u l o y se q u e d a r á s i e m p r e nulo». La firmeza d e Giustiniani a c a b a r á h a c i é n d o l e malquisto a la corte regalista d e España, q u e le p o n d r á el veto e n el cónclave d e 1830 p o r c o n s i d e r a r l o excesiv a m e n t e curialista y u l t r a m o n t a n o 9 . Su sucesor, T i b e r i , a u n q u e m á s c o m e d i d o , n o dejará d e a c u s a r las m á x i m a s perniciosas sostenidas p o r el Consejo d e Castilla c o n el p r e t e x t o d e g u a r d a r las regalías 10 . 7

Sobre la actividad de Tiberi y la encíclica del 12 de febrero de 1833, cf. V. CÁRCEL ORTI, Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi. 1827-1834 (Pamplona 1977) p.XLVí y texto en p.727-28. 8 REVUELTA, La exclaustración 30-45. 9 V. CÁRCEL ORTÍ, Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840) (Pamplona 1975); Gregorio XVIy España: Arch. Hist Pontifíciae 12 (1974) 235-85. La Iglesia española durante el pontificado de Gregorio XVI (1831-1846), en Hist de lalglesia, dir. por Fkche-Martin, vol.23 (Valencia 1975) 573-99. J. M. MARCH, La exclusiva dada por España contra elcardenalGkistimani en el conclave de 1830-31 según los despachos diplomáticos: Razón y Fe 98 (1932) 50-64.337-48; 99 (1932 43-61. 10 En su despacho a Bernetti de 6-1-1828, lamentando la división de los agustinos,

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La acción pastoral de los obispos estaba muy mediatizada por la intervención estatal. Los prelados parecían funcionarios de un Gobierno que les exigía escribir pastorales a favor de tal o cual medida, organizar misiones con fines políticos o corregir determinados pecados. A veces, la tutela estatal imponía límites a las iniciativas episcopales, como cuando se les exigió entregar al Consejo Real, para su aprobación, diez ejemplares de todos sus edictos y pastorales (26-8-1825) o cuando se les prohibió publicar edictos de la Sagrada Congregación del índice sin el correspondiente pase (1-7-1829). Esta última disposición, a pesar de su entraña regalista, no dejaba de tener sentido, pues parece que fue motivada por el excesivo rigor de Vélez, que acababa de condenar una larga lista de libros, entre los que había incluido obras de Campomanes y Jovellanos; y de Simón López, que había lanzado su anatema sobre infinitos escritos y novelas, y hasta sobre comedias que se representaban en Madrid y en otras provincias sin el menor escándalo. El nuncio Tiberi, a quien debemos esta noticia, parece lamentar tanto el regalismo del Consejo como el rigorismo de algunos obispos y la falta de unidad entre ellos " . E l rey en este caso revocó la orden ante las protestas de los obispos. No era la primera vez que templaba la conducta regalista del Consejo, confirmando con ello la buena fama que gozaba de monarca respetuoso y deferente hacia la Santa Sede. Fama inmerecida como se verá, pues el pretendido fervor pontificio de Fernando VII brilló por su ausencia cuando imaginaba que se lesionaban sus derechos de patronato en América. Evolución en las actitudes pastorales Es difícil establecer periodizaciones claras en las actitudes pastorales durante esta época, pero existe un ambiente general de inseguridad y una zozobra constante ante los repetidos amagos subversivos de uno u otro signo. Hay una sensación de miedo, sospecha y falta de confianza. Los obispos estaban alarmados por la pertinaz propagación de los libros inmorales e impíos y por la corrupción general de costumbres especialmente entre la juventud. Sentían que se les resquebrajaba el horizonte ideal de una España moralmente incontaminada. Su consternación crecía al notar que aquella disociación espiritual tenía lugar bajo el signo de la restauración oficial del Trono y el Altar, y se mostraban disgustados con unos gobernantes a los que consideraban tibios y condescendientes. Las elegías sobre la malicia de los tiempos se convierten en un tópico obligado en todos los responsables de la Iglesia. El obispo de Tuy, por ejemplo, lamenta en 1826 los «tiempos calamitosos, en que las virtudes cristianas gimen bajo la opresión de los más vergonzosos delitos», y reatribuye al Consejo de Castilla máximas erróneas: «che la nomina dei capi degli ordini religiosi spetti al re, che da questo ricevano la giurisdizione spirituale e la disciplinare interna, contro le costituzioni e contro la littera, ío spiritto delta bolla ínter graviores, che tanto si decanta e della quale se ne domanda la piú stretta osservanza. Sembra incredibile in uno regno cattolico sentiré massime tanto erronee, scandalose e fatali» (CÁRCEL, Correspondencia... de Tiberi 85). " Ibid., 344-45, despacho a Albani de 4-8-1829.

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cuerda la irreligión sin máscaras ni barreras, el lujo desastroso, en contraste con las más espantosas miserias; el olvido de los deberes más sagrados, el frenesí de las opiniones, la ferocidad de los odios y los furores de la venganza 12. Este ambiente produce en algunos pastores de la Iglesia alarma y pesimismo. Puestos a buscar solución a los males que presenciaban, los prelados (y, tras ellos, varios sectores del clero y de los fieles) se esfuerzan en aplicar remedios diferentes, que podemos esquematizar en dos tendencias: la coactiva y la pastoral. La tendencia coactiva parte de un pesimismo radical respecto a la recuperabilidad de los liberales y desconfía de los medios ordinarios de persuasión, como los sermones, las pastorales, las misiones o las amnistías. La solución está sólo en el restablecimiento de la Inquisición, es decir, en el exterminio radical de la cizaña con el apoyo coactivo del brazo secular n . Y como aquella restauración no llegaba, procuran sustituirla con el sucedáneo de las juntas diocesanas de fe o, al menos, con anatemas fulminantes contra los escritos irreligiosos 14. La tendencia pastoral consiste en buscar el remedio dentro del campo genuino de la actividad sacerdotal, que, lógicamente, nunca dejó de practicarse. La novedad de esta tendencia no está en su contenido ni en sus formas de expresión, que siguen siendo las clásicas, sino en la intensidad con que se quiere promover, en la convicción de su valor permanente e insustituible para la salvación de las almas, y, sobre todo, en la independencia de su acción, al margen del apoyo estatal. A medida que el poder civil abandona su apoyo coactivo a favor de la religión, puede percibirse cómo muchos eclesiásticos, unas veces por convicción y otras por necesidad ante la soledad en que le dejan las autoridades, van orientándose, cada vez más claramente, hacia posturas y soluciones estrictamente pastorales mucho más creíbles y evangélicas. A partir de 1827, y a medida que el rey abandona el clericalismo obsesivo de los primeros tiempos de la restauración, se afianza esta tendencia. En 1827, el rey prescinde del obispo Abarca y del P. Cirilo. A éste le sustituye en la dirección de la Orden franciscana el bondadoso P. Iglesias. La sustitución de un fraile activo, político y palaciego por un fraile bondadoso y provinciano no deja de ser significativa. Como lo es también la amargura de Inguanzo en sus últimos años, que expresa su desengaño ante un Gobierno que ha usado la religión para su conveniencia y que actúa, respecto a ella, con oportunismo y regalismo. Este desvío definitivo del rey hacia los eclesiásticos intransigentes e inquisitoriales favoreció, indirectamente, el apoliticismo del clero y la tendencia 12

Carta pastoral del limo. Sr. D. Francisco Casarrubios y Melgar, obispo de Tuy (Salamanca

13 Informe sobre el estado de España (1825), estudio preliminar y notas por F. SUÁREZ (Pamplona 1966). Entre los 24 obispos consultados en 1825, apoyan expresamente la Inquisición los de Badaj >z, Orense, Granada, León, Santiago, Orihuela, Pamplona, Tarazona y Valencia. 14 Cf. la apocalíptica pastoral de Simón López de 16 de octubre de 1825 y la de Inguanzo de 4 de abril de 1827, escrita con más ponderación, pero con no menos dureza, contra los «horribles designios» de los filósofos, jansenistas y sociedades secretas.

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—tan alabada por Balmes— a separar la causa eterna de la temporal. Aunque no faltarán ardientes clérigos carlistas y liberales a partir de 1833, la tónica general de la masa clerical durante la regencia de María Cristina fue la de desconectarse lo más posible del partidismo político. Pero ya desde los comienzos de la década aparece, en contraste con los clamores o maquinaciones de los incondicionales de la Inquisición, una línea de renovación pastoral que busca la restauración de la fe y de la piedad por los caminos de una renovación espiritual interna. No faltan figuras ni cambios de actitud significativos. El P. Vélez une a sus furores antiliberales el desvelo por la creación del seminario de Santiago 1S. El cardenal Cienfuegos fomenta con motivo del jubileo de 1826, al igual que otros prelados, la piedad y el fervor cristianos 16. El patriarca de las Indias, Allué, invita a sus capellanes castrenses a conseguir una santidad sacerdotal muy evangélica, basada en la humildad, la pobreza, la castidad y la caridad 17. El obispo de Tuy, aun pagando el obligado tributo de alabanzas al rey, insiste en el perdón de las injurias y en la reconciliación sincera con los enemigos I8 . El arzobispo de Granada, Alvarez de la Palma, pone el origen de todos los males en la ignorancia religiosa y planea una conveniente instrucción de la doctrina cristiana 19. Los jesuítas, tan perseguidos por los liberales, se cierran en una espiritualidad rigurosa y dedican todas sus energías a la educación de la juventud, especialmente en el Colegio Imperial 2 0 . Las misiones populares, que en 1823 y en 1824 habían sido promovidas por el Gobierno con el encargo de afianzar la fidelidad al rey, acaban centrándose, cada vez más, en su objetivo específico de lograr la conversión de los pecadores y la renovación de la vida cristiana. El P. José Areso no se dedica a fustigar a los liberales, sino a los vicios comunes de sus oyentes; según él, no era la revolución o las sociedades secretas el origen de la decadencia religiosa, sino que era ésta la que había traído de tiempo atrás aquellos sistemas destructores 21 . El panorama de las órdenes religiosas se prestaba también a serios exámenes de conciencia. El sistema de rigor y puritanismo, el autoritarismo de los superiores, la protección, en fin, del Estado, no habían logrado la superación de la decadencia espiritual, sino que, por el contrario, habían favorecido las divisiones internas y la exasperación de los díscolos. No faltaron voces que dieran la primacía a las leyes fundamentales sobre las minucias de la observancia; a 15

J. COUSELO BOUZAS, Fr. Rafael Vélez y el seminario de Santiago (Santiago 1927). J. M. CUENCA, El cardenal Cienfuegos y el jubileo de 1826: Arch. Hispalense 55 (1966) 9-20; Algunos aspectos de la restauración fernandina en Sevilla (1823-1825): Arch. Hispalense 42 (1965) 203-27. 17 Nos D. Antonio Allue' y Sese'... al venerable clero... de nuestra jurisdicción territorial y castrense (Madrid, 5 agosto de 1824). 18 Cf. nt.12 (pastoral de 8 de noviembre de 1826) 61-68. 19 Carta pastoral.., sobre la obligación que todos tienen de saber la doctrina cristiana... (Granada 1828). 20 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid t.2 (Madrid 1959); L. FERNÁNDEZ, S.I., Zorrilla y el Real Seminario de Nobles 1827-1833 (Valladolid 1945). 21 J. ARESO, Cartas cristianas (Barcelona 2 1839). Un interesante directorio de las misiones populares de la época es el libro Amorosas veus ab que los PP. Missionistas franciscanos de S. Miquel de Escornalbou... convidan ais pecadors y a tots los fieles christians a deixar sos vicis y abrassar las santas virtuts (Reus 1830). 16

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la caridad, sobre la autoridad; a la atención al mundo, sobre el aislamiento conventual; a la selección de vocaciones, sobre el número de religiosos y conventos. Aquellos aires renovadores llegaban demasiado tarde, y las órdenes religiosas, a pesar de su sumisión casi general al Gobierno de la reina, no se librarán de la persecución tan pronto como se implante el cambio político 22.

3.

ASPIRACIONES Y ACTIVIDADES DE LOS REACCIONARIOS

El deseo frustrado del restablecimiento de la Inquisición La aceptación o el rechazo de la Inquisición especifica las actitudes político-religiosas de los apostólicos y los moderados respectivamente y constituyen, por tanto, la mejor guía para poder orientarse en la confusa política de la época 23 . La actitud de la Iglesia ante el problema de la Inquisición es altamente significativa, pues revela en qué medida sigue empeñada en mantener \a fe con el apoyo del brazo temporal. La reacción realista de 1823 estuvo coreada por una campaña sistemática a favor de la Inquisición, en la que se ve el remedio de todos los males y el instrumento insustituible para conservar la monolítica unidad religiosa y monárquica. Quería hacerse de la Inquisición una policía político-religiosa para acabar con los «negros», en la convicción de que el Estado absoluto y la religión eran inseparables 24 . Convicción que no dimana exclusivamente del clero, puesto que la mayor parte del pueblo se siente dominado por el frenesí reaccionario. El periódico El Restaurador, dirigido por el P. Martínez, fue hasta su supresión, en enero de 1824, el órgano de la propaganda inquisitorial. En cada número aparecían varias exposiciones a favor del Santo Oficio enviadas por pueblos, corporaciones y obispos. Para dar la sensación de que se trataba de un voto popular, se publicó un catálogo con 276 peticiones. Pero la restauración del Santo Oficio chocaba cor. grandes dificultades. El rey prefería los servicios de la policía, que orientaba sus pesquisas sobre liberales y apostólicos. Las potencias de la Santa Alianza se oponían decididamente al restablecimiento. La Santa Sede callaba, y León XII llegó a escribir en agosto de 1825 una encíclica —cuya publicación fue impedida por el duque del Infantado— en la que incitaba al clero a corregir sus defectos y a predicar la concordia, sin mencionar para nada a la Inquisición. El nuncio Giustiniani se inhibe, pues aunque quiere la Inquisición, no la desea en la forma de una policía política e incontrolada. En cambio, el Consejo de Castilla elevó repetidas consul22

REVUELTA, La exclaustración 13-95. L. ALONSO TEJADA, El ocaso de la Inquisición en tos últimos años del reinado de Fernando Y/1- Juntas de Fe. Juntas Apostólicas. Conspiraciones realistas (Madrid 1969). 24 El Procurador (n.22) publica una letanía en la que, entre otras cosas, se reza «para que a nuestra respetable Inquisición, muerta y enterrada ignominiosamente en Cádiz, la resucite gloriosa en toda España para persecución y castigo de los enemigos de la fe. Te rogamos oídnos». 23

Manuel Revuelta González 108 tas a favor de la Inquisición, al mismo tiempo que aconsejaba la extinción de la policía y el aumento de los voluntarios realistas (consultas de 5 y 15-12-1823, 10-1-1826 y en diciembre de 1827). Como el rey, lejos de ceñirse a las consultas del Consejo, se inclinaba, cada vez en forma más resuelta, al partido moderado, algunos fanáticos del Santo Oficio se lanzaron por los caminos de la subversión y la sublevación. Aparecen entonces las juntas secretas realistas, que no son una invención de la historiografía liberal, pues aparecen mencionadas en los despachos de la policía. La llamada Junta Apostólica de Madrid no debió de ser una agrupación tan terrorífica como dedan los periódicos extranjeros. Pero esto no quiere decir que no existieran conciliábulos y confabulaciones locales de marcado carácter inquisitorial y teocrático, que excitaban el descontento contra el Gobierno y creaban, al menos, un clima propicio para la sublevación, si es que no llegaban a instigarla positivamente. La policía pasó aviso, entre otras, de juntas tenidas en Valencia, Murcia, Tortosa, Asturias, Santander y Extremadura. Aunque a veces las sospechas eran exageradas, no puede negarse la existencia de un fenómeno universal. Los policías nombran siempre entre sus secuaces a destacados eclesiásticos y llegan a designar los conventos en que se tenían algunas de estas reuniones. La conexión de estas juntas con la rebelión de Bessiéres y la guerra de los agraviados parece indudable. Respecto a esta última, F. Suárez matiza con buenas razones la intervención clerical; niega que el clero como estamento participara en la sublevación y que los obispos tuvieran parte en ella, pero no puede menos de reconocer la complicidad de bastantes elementos del clero bajo, que o se unieron a las partidas o formaron parte de las juntas directoras 2S. Las individualidades eran lo suficientemente numerosas para acentuar la nota clerical de aquella sublevación que había tomado la Inquisición como bandera. La derrota de los agraviados supuso un golpe decisivo para las sociedades secretas realistas. El intento de restaurar por la fuerza la Inquisición quedaba definitivamente sepultado.

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Inquisición, incluso con la relajación del reo al brazo secular. Estas últimas juntas fueron las más controvertidas, puesto que equivalían a una restauración del Santo Oficio a escala diocesana, que no podía ser indiferente al Gobierno. La más sonada de estas juntas fue la de Valencia, establecida en el verano de 1824 por el gobernador eclesiástico, Despujols y confirmada por el arzobispo, Simón López. La Junta valenciana, además de ejercer la potestad espiritual, impuso penas temporales como el encarcelamiento previo y la confiscación de bienes, para lo que contó con la colaboración de las autoridades locales. La Junta valenciana se hizo tristemente célebre por haber conducido a la muerte a la última víctima de la intolerancia religiosa; al deísta Cayetano Ripoll que se comportó con admirable dignidad y entereza. La Junta declaró al reo hereje contumaz, y la Sala del Crimen dictó y ejecutó la sentencia de muerte que las Partidas consignaban a aquel delito (29-7-1826). El arzobispo de Tarragona, Creus, estableció en su diócesis una junta de fe en abril de 1825, pero cometió la imprudencia de hacerlo público por un edicto que cayó en manos del Consejo Real, al igual que el del obispo de Orihuela. El Consejo declaró ilegales a las Juntas de Tarragona y Orihuela por actuar sin la autorización del rey, y Calomarde ordenó a ambos obispos que se ajustaran a los límites de los sagrados cánones (septiembre de 1825). Giustiniani soñaba entre tanto con la creación de una Inquisición despolitizada, con una Junta Superior que recibiera las apelaciones de las juntas diocesanas de fe, a las que pretendía dar reglas y métodos uniformes. Como ni se podía apelar a Roma ni al inexistente Consejo de la Suprema, los reos de los tribunales eclesiásticos eran muchas veces víctimas del espíritu de partido, y acudían a los tribunales civiles como último recurso, creando litigios entre ambas potestades. El nuncio Tiberi consiguió al fin encontrar la solución, y obtuvo que el nuevo papa Pío VIII concediera por el breve Cogitationes riostras, de 5 de octubre de 1829, autorización a la Rota para admitir apelaciones en las causas de fe. El Consejo de Castilla no negó el pase esta vez. El decreto de 6 de febrero de 1830 publicaba la bula, y con ella sepultaba definitivamente los denodados intentos de restablecer la Inquisición.

Las juntas de fe Paralelamente a las conspiraciones secretas o manifiestas, aparecen los intentos de buscar sustitutivos a una Inquisición que no llegaba a restablecerse. Tales son las juntas de fe, organizadas por algunos obispos en sus diócesis. Se basan tales juntas en el derecho nato de los obispos a vigilar la pureza de la doctrina y a juzgar sobre la moralidad de los libros. En la organización de tales tribunales no había unanimidad, pues unos obispos juzgaban por sí, mientras otros lo hacían por delegados. Unos actuaban con discreción, y otros con publicidad. Hubo quienes se limitaban a establecer censuras espirituales sin salirse de sus atribuciones canónicas, y hubo otros que, no contentos con esto, hicieron funcionar a sus tribunales con las mismas reglas y métodos de la 25

Los agraviados de Cataluña vol.l (Pamplona 1972) 114ss.

4.

E L OCASO DEL P A T R O N A T O R E G I O SOBRE LAS IGLESIAS DE AMÉRICA

Si el ocaso de la Inquisición fue impulsado por la política del rey, no puede decirse lo mismo del cese del ejercicio del derecho del patronato. Fernando VII se aferró a sus derechos sobre las iglesias americanas con una terquedad que sólo pudo ser vencida por el imperativo de los hechos. La trayectoria de las iglesias americanas siguió las fases de la emancipación de aquellas naciones hermanas, que trataban de acercarse a Roma para obtener directamente del papa las gracias espirituales y los nombramientos episcopales que durante la dominación española habían recibido a través de la Corona. El problema religioso planteado en las nuevas repúblicas era gravísimo. La emancipación venía acompañada de

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las ideas filosóficas del enciclopedismo, d e l establecimiento d e sociedades secretas y d e la difusión d e libros irreligiosos. La p a u l a t i n a d e s a p a rición d e los a n t i g u o s obispos coloniales iba d e j a n d o h u é r f a n a s a multit u d d e diócesis. El relevo d e las ó r d e n e s religiosas, q u e t e n í a n e n la P e n í n s u l a sus c e n t r o s d e r e c l u t a m i e n t o , se vio i m p e d i d o p o r la r u p t u r a d e las relaciones c o n la metrópoli. Por si fuera poco, n o faltaban invitaciones al cisma, d i f u n d i d a s p o r De P r a d t y L l ó r e n t e , q u e e x h o r t a b a n a los a m e r i c a n o s a c r e a r iglesias nacionales i n d e p e n d i e n t e s d e R o m a sob r e la base d e u n a s constituciones religiosas establecidas p o r los p o d e r e s civiles. A l g u n a s d e estas a u t o r i d a d e s , h e r e d e r a s del regalismo j u r i d i cista, a c t u a r o n c o n peligrosa a u t o n o m í a . Bolívar, e n cambio, consciente del espíritu católico d e los p u e b l o s a m e r i c a n o s , c o m p r e n d i ó con g r a n lucidez q u e el bien g e n e r a l d e aquellos países exigía el establecimiento d e u n a s relaciones n o r m a l e s y directas con el s u m o pontífice. La clarividencia del L i b e r t a d o r , y, sobre t o d o , el a r r a i g a d o espíritu católico d e los j ó v e n e s p u e b l o s a m e r i c a n o s , logró, al cabo d e dos d é c a d a s , salvar la c o n t i n u i d a d d e la religión católica. Esta decisión católica y pontificia d e los p u e b l o s a m e r i c a n o s es t a n t o m á s a d m i r a b l e c u a n t o q u e d e p a r t e d e la m a d r e Patria t o d o e r a n obstáculos. F e r n a n d o V I I n o p u d o c o m p r e n d e r , ni siquiera d e s p u é s d e la batalla d e A y a c u c h o e n 1824, q u e el bien d e a m b a s Españas exigía el r e c o n o c i m i e n t o d e u n a i n d e p e n d e n c i a i r r e versible, o, al m e n o s , la cesión d e los c a d u c o s d e r e c h o s del P a t r o n a t o , q u e e n aquellas circunstancias e r a u n a muralla e n t r e el p a p a y las n u e vas repúblicas q u e p o n í a e n peligro el c o m ú n p a t r i m o n i o espiritual. El rey y sus consejeros se resistían a a b a n d o n a r la única a r m a q u e les q u e d a b a p a r a d o b l e g a r a los rebeldes, y d a b a la impresión d e q u e d e s e a b a n ver a las a n t i g u a s colonias privadas d e obispos y sacerdotes p a r a q u e s u f r i e r a n más la desgracia d e la separación. El v e n e r a b l e P a t r o n a t o , q u e había sido e n m a n o s d e los reyes d e E s p a ñ a u n i n s t r u m e n t o eficaz p a r a la evangelización d e H i s p a n o a m é r i c a , c o r r i ó el peligro d e convertirse, e n m a n o s d e F e r n a n d o V I I , e n u n i n s t r u m e n t o incitador al cisma y a la r u i n a d e la Iglesia. Los avatares d e la política religiosa d e las repúblicas criollas, las acti' lides d e los g o b i e r n o s españoles y los titubeos d e la Santa S e d e e n t r e sus obligaciones pastorales y sus respetos al rey d e E s p a ñ a h a n sido m a g n í f i c a m e n t e e s t u d i a d o s p o r el insigne P. L e t u r i a 26 . Los primeros conatos de empalme con Roma hasta 1813 no dejan de ser ocasionales. De 1814 a 1820 hubo esperanzas serias de conseguir la reintegración de las colonias, favorecida por el clima general de la restauración europea y el apoyo diplomático de la Santa Alianza. Durante esos años, Pío VII publica la encíclica Etsi longissimo (30-1-1816), exhortando la sumisión al soberano. Los criterios legitimistas de la encíclica se explican en el supuesto de que la revolución criolla era un apéndice de la gran revolución europea, de tan tristes recuerdos para la Iglesia, y en el hecho de la recuperación por España de todos sus dominios, excepto el del Río del 26 P. DE LETURIA, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica t.2 y 3 (Roma-Caracas 195760); E. D. DUSSEL, Historia de la Iglesia en América latina (Barcelona 1974); R. VARGAS UGARTE, El episcopado entiemposde la emancipación americana (Buenos Aires 1965).

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Plata. No había razón entonces para desechar la legitimidad del Patronato, bajo cuyo sistema se nombraron 28 obispos para América, que debían atender a las necesidades espirituales y favorecer la sumisión a la antigua legitimidad. En 1818 rebrotó la insurrección en Nueva Granada. La revolución de Riego y el trienio constitucional no podían menos de favorecer la emancipación, pues de España venían sólo proclamas y ejemplos de libertad. Los liberales españoles, incapaces de enviar ejércitos a América, no estaban dispuestos a conceder la independencia. El espectáculo que daban, por otra parte, de las humillaciones causadas a la Iglesia, suscitó en 1821 la revolución de Méjico, conducida por Iturbide, como una reacción católica y anticonstitucional. Algunos obispos que habían sido hasta entonces fieles a España, como el criollo Lasso de la Vega, se pasan a las filas de los independentistas, a los que consideran más católicos que los españoles. Bolívar supo sacar buen partido de la situación. En 1822 comentaba con gozo una carta del papa en la que éste se mostraba políticamente neutral: «Ahora no dirán nuestros enemigos que el papa nos tiene separados de la comunidad de los fieles; son ellos los que se han separado de la Iglesia romana.» El Gobierno de Chile lograba entre tanto que el papa enviara al legado Muzi con facultades para nombrar vicarios apostólicos no dependientes del Patronato, a lo que no opuso reparo el Gobierno liberal de Madrid. Esta iniciativa, obra de Consalvi, acabó en un fracaso, pero suponía una tentativa para remediar las necesidades de los fieles sin lesionar el Patronato. El pontificado de León XII oscila entre los respetos al rey, celoso como nunca de sus derechos desde 1823, y los deberes de pastor supremo con los fieles americanos. El embajador Vargas arrancó al papa la encíclica legitimista Etsi iam diu, de 24 de septiembre de 1824, pero el enviado del Gobierno colombiano, Tejada, consigue el nombramiento de los primeros obispos in partibus de América al margen del Patronato en 1826, y poco después, la preconización de obispos titulares motu proprio (1827) para Bogotá, Caracas, Santa Marta, Antioquía, Quito, Cuenca y Charcas. La reacción de Fernando VII fue tan airada, que impidió al nuevo nuncio, Tiberi, la entrada en España, y envió a Roma al embajador Labrador para pedir explicaciones al pontífice. Este evitó en sus últimos años los nombramientos motu proprio y se contentó con dotar de vicarios apostólicos a Chile y Argentina. Todavía Pío VIII choca en 1830 con la tenaz oposición del rey al nombramiento de obispos titulares en Méjico. No sin amargura, comentaba el cardenal Albani que las instancias que venían de Méjico eran, a la vez, de religión y política, mientras las que venían de España no eran ni de una ni de otra. Gregorio XVI acabó al fin con tan absurdos miramientos. Conocía bien los problemas americanos, y comenzó a hacer nombramientos de obispos residenciales en todos los países desde 1831. Fernando VII siguió oponiéndose hasta su muerte a estos nombramientos, a pesar de que por aquellas fechas el mismo Consejo de Castilla y Labrador le hicieron ver que el papa tenía pleno derecho para hacerlos.

5.

P E N S A M I E N T O Y VIDA RELIGIOSA

D e c a d e n c i a de la cultura católica Al final d e l r e i n a d o d e F e r n a n d o V I I , la Iglesia a p a r e c e a n q u i l o s a d a y envejecida. N o h a l o g r a d o e m p a l m a r d i n á m i c a m e n t e con la p u j a n t e tradición religiosa del p a s a d o ni h a c o n s e g u i d o e n c o n t r a r respuestas a d e c u a d a s a los r e t o s y exigencias d e los n u e v o s tiempos. Este arcaísmo es p r o p i o t a n t o d e los liberales c o m o d e los absolutistas. Los liberales, a p e s a r d e su p r e t e n d i d a m o d e r n i d a d , n o l o g r a b a n d e s p r e n d e r s e del r e -

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González

galismo dieciochesco y se mostraron incapaces de pensar en una Iglesia verdaderamente libre. Los emigrados de Londres, por ejemplo, que tanto se destacaron por sus producciones literarias, se limitaron, en materia religiosa, a las cuestiones político-eclesiásticas, repitiendo los mismos errores y los mismos tópicos anticlericales 27. Los absolutistas, por su parte, mostraban en España escasa actividad intelectual. Eran esclavos de la tradición, y suplían su falta de originalidad con la reedición de las pastorales escritas en el trienio o con traducciones de los tradicionalistas franceses 28 . En vano buscamos obras originales de teología o de filosofía sistemática. Sólo se escriben obras de apologética o escritos alarmistas sobre los males de la época. El P. Atilano de Ajo y D. Félix Amat impugnan el Contrato social, de Rousseau, y de Spidalieri. El P. Muñoz Capillas refuta con buena erudición a Volney. Gómez Hermosilla escribe una obra acomodaticia contra el jacobinismo. El P. Josef Vidal opone su sólida teología tomista a los errores revolucionarios y hace la apología de las órdenes religiosas. Vélez vuelve a editar su Apología. Cortinas defiende la espiritualidad del alma y refuta el materialismo. Torres Amat publica su famosa Biblia. Estos son casi los únicos nombres dignos de mención 29. Cuando se compara este panorama con el brillante renacimiento religioso de Europa en esta época, la sensación de decadencia se hace todavía más aguda. El pensamiento católico bulle en Francia dirigido por Chateaubriand, De Bonald, Maistre y Lamennais, que aplican la fuerza del romanticismo al sentimiento religioso. En Alemania hierven de fervor los círculos universitarios, en los que hombres como Górres, Móhler y Sailer ensayan contactos con el mundo contemporáneo o trazan los fundamentos de una nueva y fecunda teología. En Inglaterra surgen las inquietudes espirituales del movimiento de Oxford. En Bélgica, los católicos, unidos a los liberales, colaboran en la independencia de la patria y aseguran la existencia de un catolicismo en libertad. En la misma Italia, fiel a las tradiciones tomistas, brillan buenos teólogos, como Taparelli y Sordi. Sólo España parece ausente en este renacimiento: ni renovación teológica, ni prensa católica, ni liberalismo católico, ni tradición revitalizada. Porque no hubo entre nuestros reformados liberales un auténtico catolicismo liberal, sino un mero juridicismo regalista, arcaico y resentido. Ni hubo entre nuestros conservadores cosa nueva digna de notarse, como no fuera el aferramiento a la Inquisición, la repetición de sobados argumentos apologéticos y la defensa a ultranza de unos privilegios que sólo servían para atenazar a la Iglesia. 27

V. LLORENS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra. 1823-1834 (Madrid 2 1968) 192-96. El resentimiento de los liberales rezuma en varios artículos de la revista Ocios de Españoles Emigrados I 47-51.172-73.198-203.257; III 242-46, etc. 28 La Colección eclesiástica española fue recopilada en 14 tomos por J. A. DÍAZ MERINO y B. A. CARRASCO (Madrid 1823-24). También comenzó entonces a editarse la Biblioteca de religión contra la incredulidad y errores de estos últimos tiempos, en 25 tomos. 29 Comentarios sobre estos y otros autores en MENÉNDEZ PELAYO, Heterodoxos 1.7 c.3, donde lamenta la decadencia de la literatura católica de esos años y su esterilidad e ineficacia. A. HEREDIA SORIANO, La filosofía «oficial» de España del siglo xix (1800-1833): La Ciudad de Dios 185 (1972) 225-82.496-542.

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Pueblo y clero a la muerte de Fernando VII La vida religiosa del país es descrita por Tiberi con precisa concisión: «La masa del pueblo conserva la religión. Muchos nobles no la han olvidado. Los religiosos muestran un espíritu excelente, el conjunto de los obispos es respetable por todos los títulos, pero en el clero bajo y en los curas rurales hay mucha' ignorancia. Muchos causan escándalo por su conducta o por su embriaguez. Antes, las prebendas eclesiásticas se otorgaban al mérito y a la virtud, pero ahora prevalece la intriga de los canónigos. Entre los monjes y frailes hay personas dignísimas, pero no faltan ambiciosos, intrigantes, excitadores de discordias y propensos a recurrir al Consejo de Castilla. Los que abandonaron el hábito religioso son malos en su mayor parte y llevan un vestido indecente; lo peor es que éstos hallan protección y los obispos sufren y callan» 30 . El cuadro que describe el nuncio es bastante exacto. El clero cuenta con elementos dignos y celosos, que, sin embargo, no logran disimular el escándalo producido por las inmoralidades, intrigas e ignorancia de muchos. Los obispos, pese a la seguridad de sus ideas, se sienten rebasados e impotentes para cortar los abusos. Los secularizados que no han logrado reintegrarse en las órdenes religiosas y los clérigos de aficiones regalistas, que acuden al poder civil como arbitro de sus querellas o ambiciones, forman una peligrosa reserva de agitación, que mostrará su inconformismo tan pronto como cambien las circunstancias. Un rayo de esperanza ilumina este ambiente, más bien sombrío: la religión, hondamente arraigada en la masa del pueblo; pero no de manera tan universal como para que no aparezcan llamativas excepciones de incredulidad y libertinaje no sólo entre los nobles, sino entre otras personas de las clases burguesas e ilustradas y en buena parte de la juventud. Ya antes de morir el rey se vislumbran los elementos conflictivos que han de poner en convulsión al catolicismo hispano tan pronto como estalle la revolución política y la guerra civil, que Fernando VII fue incapaz de aventar a pesar de sus esfuerzos por asegurar el trono de Isabel II. La situación de la Iglesia era, externamente, como a principios del siglo. Pero internamente estaba mucho más debilitada. Era una Iglesia arcaica, cansada, internamente dividida y políticamente comprometida con el absolutismo. Una Iglesia que se ofrece por tercera vez como objeto de reforma, crítica y venganza a los liberales, que muy pronto volverán a dirigir los destinos de España. 30 Despacho a Della Somaglia, 24 de octubre de 1827. En CÁRCEL, Correspondencia... de Tiberi 59. Trata sobre el clero de la época R. SÁNCHEZ MONTERO, El clero español en la segunda restauración fernandina según la memoria del diplomático francés Boislecompte. M. REVUELTA GONZÁLEZ, Clero viejoy clero nuevo en el siglo xix: III Semana de H. a Ecles. de España Contemporánea (El Escorial 1978) (de próxima publicación con las demás ponencias del Congreso).

SEGUNDA PARTE

EL LIBERALISMO EN EL PODER (I833-68)1 Por

V I C E N T E CÁRCEL O R T Í

CAPÍTULO I

DEL ANTIGUO AL NUEVO RÉGIMEN 1.

PANORAMA POLÍTICO

Las postrimerías del Antiguo Régimen coincidieron en España con el final del reinado de Fernando VII, fallecido en 1833, y el inicio del de su hija Isabel II, que durante su minoría de edad estuvo bajo las regencias de su madre María Cristina (1833-40) y del general Espartero (1840-43). Durante el decenio de las dos regencias se consolidó en Es1 Sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado español durante el reinado de Isabel II, cf. E. M. G. BARBARANI, Le caratteristiche dei rapporti tra Stato e Chiesa in Spagna nel loro sviluppo storico dal 1812 ai nostri giorni (Milano 1966); J. BECKER, Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo xix (Madrid 1908); J. CANGA ARGUELLES, El Gobierno español en sus relaciones con la Santa Sede. Colección de documentos publicados antes y después del rompimiento de sus relaciones (Madrid 1856); V. CÁRCEL ORTÍ, Gregorio XVI y España: Arch. Hist. Pontificiae 12 (1974) 235-85; ID., Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840) (Pamplona 1975); ID., Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1834) (Pamplona 1976); J. DEL CASTILLO Y AYENSA, Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del rey D. Fernando VII (Madrid 1859), 2 vols.; J. M. CUENCA TORIBIO, La Iglesia española ante la revolución liberal (Madrid 1971); ID., Estudios sobre la Iglesia española del siglo xix (Madrid 1973); ID., Iglesia y poder político, 1834-1868 (Córdoba 1977); F. IZAGUIRRE IRURETA, Las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con el Gobierno español durante la primera guerra carlista: Universidad (Zaragoza) 35 (1958) 569-93; A.C. JEMOLO, / principa deüa guerra carlista e la Nunziatura di Madrid: Rassegna storica del Risorgimento 34 (1947) 6-14; M. DE MIRAFLORES, Impugnación... de la obra publicada por D. José del Castillo y Ayensa con el título de «Historia, crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del rey D. Fernando VII» (Madrid 1859); J. U. MARTÍNEZ CONTRERAS, Relaciones entre España y la Santa Sede durante la minoría de Isabel II. 1833-1843: Revista de la Universidad Complutense (Madrid) n.88 2 (1973) 137-38; E. DE LA PUENTE GARCÍA, Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el reinado de Isabel II (1843-1851) (Madrid 1970); N. A. ROSENBLATT, Church and State in Spain. A Study of Modérate Liberal Politics in 1845: The Catholic Historical Review (Washington) 62 (1976) 589-603; J. LONGARES ALONSO, Política y religión en Barcelona (1833-1843) (Madrid, Ed. Nacional, 1976). Sobre la primera guerra carlista cf. J. DEL BURGO, Fuentes de la histeria de España. Bibliografía de las luchas políticas y guerras carlistas en el siglo xix (Pamplona 1953-55), 3 vols.; ID., Antecedentes de la primera guerra carlista (Pamplona, Dip. Foral, 1977); ID., Primera guerra carlista (ibid., 1977).

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Vicente Cárcel Ortí

paña el sistema liberal, tras los conatos fallidos de 1812 y del trienio constitucional (1820-23). La estrecha vinculación existente entre la Iglesia y el Estado en esos años cruciales, que marcaron el paso del viejo al nuevo régimen, obliga a prestar la debida atención tanto a la política religiosa de los gobiernos liberales españoles como a la actitud de la Santa Sede ante la nueva situación nacional cuando la pasada centuria iniciaba su segundo tercio. En el complejo mundo de tales relaciones hay que destacar un primer problema, fundamental y decisivo, que acaparó la atención de los dos poderes —temporal y espiritual—, porque los intereses que en el mismo se ventilaban eran de capital importancia para ambos. Me refiero a la grave cuestión dinástico-política, aunque en realidad eran dos asuntos distintos, pero íntimamente relacionados, que turbaron la última enfermedad de Fernando VII y abrieron un expediente que en nuestros días sigue pendiente: la sucesión de Isabel II, hija del monarca difunto, y las pretensiones al trono de D. Carlos María Isidro de Borbón (17881855), hermano mayor del rey fallecido, y, por consiguiente, tío de la nueva reina, niña de apenas tres años. Para comprender la actitud de la Santa Sede y la conducta de la Iglesia española ante esta compleja situación, es necesario remontarse hasta el año 1830, cuando ocurrieron los sucesos de La Granja 2. Tras el fallecimiento de la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia de Sajonia (¿1801P-29), el problema de la sucesión a la corona de España se planteó de forma inquietante, porque, si Fernando VII moría sin descendencia directa, su hermano D. Carlos heredaba legítimamente la corona, mientras que, si el monarca contraía nuevas nupcias y obtenía sucesión, D. Carlos quedaba excluido para siempre del trono. Lo que preocupaba en aquellos momentos no era tanto la descendencia física de Fernando VII cuanto los intereses políticos que no ocultaban los dos grupos o tendencias identificados con los dos hermanos. Las «dos Españas», cuyas manifestaciones ideológicas irreconciliables habían quedado ampliamente demostradas durante las Cortes de Cádiz y en el trienio, contaban, al comenzar los años treinta, con los dos primeros personajes de la familia real como símbolos. El rey y su hermano no encabezaban sus reivindicaciones, pero sí las amparaban y justificaban. La radiografía de los dos únicos partidos entonces existentes nos permite trazar, a grandes rasgos, el hilo conductor que les movía. Me refiero a los moderados y a los realistas. Es verdad que se trata de términos un tanto imprecisos, especialmente el primero, porque elementos moderados los hubo en todos los partidos políticos entonces y más tarde, es decir, en el constitucional, en el realista y después en el isabelino y en el carlista. Pero entendemos por moderados a cuantos defendían la soberanía real sin limitaciones institucionales y con un verdadero deseo de reforma administrativa y económica del país, que debería 2 F. SUÁREZ, Los sucesos de La Granja (Madrid 1953); J. GORRICHO MORENO, LOS sucesos de La Granja y el Cuerpo Diplomático (Roma 1967).

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El liberalismo en el poder

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hacerse desde el vértice, siguiendo los cánones establecidos por el despotismo ilustrado o el sistema napoleónico. Lo formaban una minoría de intelectuales, militares y altos funcionarios, entre quienes abundaban los afrancesados. Era un grupo de «élite», sin base popular. Los realistas, llamados también entonces apostólicos o carlistas, tenían un arraigo popular mucho mayor, pero en sus filas militaba un conglomerado muy heterogéneo, cuyo elemento aglutinante era la defensa del monarca absoluto y de la religión católica, como fundamentos sólidos de la sociedad, si bien existían en su seno varias tendencias. Por una parte, los conservadores a ultranza, fieles a la estructura político-económica existente, y, por otra, os que simpatizaban con el despotismo ilustrado; y no faltaban incluso quienes soñaban con una reforma institucional, restaurando las antiguas Cortes estamentales. Entre los «realistas» había muchos eclesiásticos, enemigos del filosofismo, del jansenismo tardío y del regalismo, si bien en política religiosa estos elementos eran prácticamente comunes a los moderados y liberales. Aunq\ie la corriente realista reformista se mostró muy pujante durante la guerra de la Independencia, sin embargo, tras la polémica anticonstitucionalista, quedó relegada a segundo plano, y en lo sucesivo dominó la corriente conservadora, enemiga de cualquier reforma 3 . A estas dos fuerzas políticas habría que añadir los «liberales», que actuaban solamente desde el extranjero, ya que tras la dura represión de 1824 vivían en el destierro 4 . Que el cuarto matrimonio de Fernando VII tenía repercusiones políticas decisivas, resultaba a todas luces evidente 5 . Por ello, aunque la esposa elegida, María Cristina de Borbón, hija del rey de Ñapóles —contrajo nupcias con el rey el 11 de diciembre de 1829—, ofrecía todas las garantías que ambos grupos podían exigir, sin embargo, los partidarios de D. Carlos se preocuparon inmediatamente por la descendencia de la joven reina, que pondría en peligro la candidatura del infante. A esto hay que añadir la publicación de la pragmática sanción en 1830 (sucesos de La Granja). En 1713, Felipe V había implantado en España la ley sálica, que excluía a las mujeres del trono, mientras hubiese descendencia masculina en la rama directa o colateral. Con ello derogó la ley secular de la monarquía española contenida en las Partidas, que no hacía distinción de sexos. Pero Carlos IV en 1789 dio la pragmática sanción, que dero3 J. GORRICHO MORENO, Los sucesos de La Granja... p.28-29. F. Suárez ha descrito las características de las diferentes tendencias ideológicas españolas del Antiguo Régimen en Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen (Pamplona 1955) y en La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840) (Madrid 1950). 4 V. LLORÉNS, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra. 1823-1834 2. a ed. (Madrid 1968); R. SÁNCHEZ MANTERO, Liberales en el exilio (La emigración política en Francia en la crisis del Antiguo Régimen) (Madrid 1975). Datos parciales sobre el destierro de un destacado liberal en J. CHAMIZO DE LA RUBIA, Dificultades que frustraron la entrada del duque de Rivas en los Estados Pontificios (1824-1826): Scriptorium Victoriense 24 (1977) 323-49. 5 F. Suárez ha estudiado los intereses políticos del cuarto matrimonio de Fernando VII en La pragmática sanción de 1830: Simancas. Estudios de historia moderna 1 (1950)

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gaba la ley sálica de Felipe V, y restableció el antiguo orden de sucesión a la corona. Dicha pragmática, aprobada por las Cortes, nunca fue sancionada ni promulgada por el rey. Fernando VII en 1830 no hizo más que sancionar y promulgar lo que su padre no había hecho. Pocos meses después, el 10 de octubre de 1830, nació la primera hija de Fernando VII, que fue declarada heredera al trono y recibió el nombre de María Isabel Luisa. En adelante se le llamará Isabel II.

2.

L A IGLESIA ANTE LA SUCESIÓN DE FERNANDO

119

clérigos hubiesen adoptado actitudes abiertamente beligerantes durante su larga enfermedad, y pidió al pontífice que les exhortase a la obediencia y a la paz. Gregorio XVI dirigió el 7 de marzo de 1833 una carta encíclica a los obispos españoles, que no llegó a ser publicada porque el jefe del gobierno, Cea Bermúdez (1779-1850), temió las consecuencias negativas que podía provocar el documento pontificio entre el clero. En realidad, la encíclica iba dirigida a los obispos, y éstos en su mayoría se mantuvieron fieles al trono de Fernando VII y, salvo contadas excepciones, no mostraron veleidades carlistas 6.

VII

El problema sucesorio se planteó inmediatamente, y las implicaciones eclesiásticas del mismo no tardaron en aparecer. Muchos sacerdotes dudaron de la obligatoriedad de mencionar a la heredera en la oración Et fámulos, que por privilegio de los papas Pío V (1566-72) y Gregorio XIII (1572-85) se recitaba en las misas. Algún obispo fue acusado de negligencia, y el ministro de Gracia y Justicia, Calomarde (1773-1842), urgió el cumplimiento de dicha norma. Al mismo tiempo comenzaron los primeros disturbios, que en las provincias del Norte se transformaron en violencias. La situación se agravó en 1832, tras el nacimiento de la infanta María Luisa Fernanda, segunda hija de Fernando VII, que acabó con las esperanzas de cuantos todavía confiaban en la descendencia masculina del monarca, enfermo de gravedad. La muerte inminente del rey podía complicar el ya confuso panorama político español; por ello María Cristina trató de comprometer a su cuñado D. Carlos a favor de su hija Isabel a cambio de su participación en el gobierno de la nación. D. Carlos no aceptó el compromiso, y por ello se restableció la ley sálica, derogando previamente la pragmática sanción de 1830. Pero dos años más tarde, el 31 de diciembre de 1832, Fernando VII firmó una declaración que anulaba cuanto había ocurrido en La Granja y restableció la pragmática sanción. De esta forma quedaron definitivamente consolidados los derechos de la sucesión femenina, que provocaron los primeros pronunciamientos carlistas. Entre tanto habían comenzado a percibirse los síntomas de un inmin e n t e cambio político. La crisis ministerial de octubre de 1832 permitió la subida al poder de algunos liberales moderados. Durante la enfermedad del rey, su esposa María Cristina se hizo cargo del despacho de todos los asuntos, permitió la apertura de las universidades, dictó nuevas reformas económicas, introdujo rigor y vigilancia en la administración pública, concedió una amnistía general y autorizó el regreso de muchos liberales. La enfermedad del rey creó un clima de inestabilidad política, y mientras el Antiguo Régimen consumía inútilmente sus últimas oportunidades, los nostálgicos del viejo sistema desencadenaban la primera guerra carlista, en la que algunos eclesiásticos tuvieron participación directa. Quejóse Fernando VII al papa Gregorio XVI de que muchos

3.

E L OBISPO DE L E Ó N , J O A Q U Í N ABARCA

La excepción más significativa, aun antes de los sucesos de La Granja, fue la del obispo de León, Joaquín Abarca 7. Aragonés, paisano y amigo de Calomarde, el funesto ministro de Justicia de Fernando VII, cuando fue presentado para la mitra leonesa, Abarca era canónigo doctoral de Tarazona. Siempre demostró ser un eclesiástico en el sentido más puro de la palabra —sanos principios, sólida doctrina, ejemplar conducta y firmeza de carácter—, por lo que mereció grandes elogios. Proverbiales fueron su vigor y energía al defender los derechos de la Iglesia y su fidelidad incondicional al rey católico. Ello explica que el mismo monarca apreciase las cualidades del prelado y le confiase cargos de alta responsabilidad política, como miembro del Consejo de Estado. Entró también en relación con el conde Solaro della Margarita 8 (1792-1869), embajador sardo en Madrid, por medio del cual trabó amistad con el nuncio Giustiniani (1769-1843), quien tenía del obispo de León un elevado concepto. Abarca, por su parte, nunca defraudó las esperanzas que la Santa Sede había puesto en su influjo político y la confianza que continuamente le demostraba. Cuando surgió el grave conflicto entre el Gobierno español y la corte pontificia por los nombramientos de obispos americanos, Abarca fue el único que defendió enérgicamente la decisión del papa, porque comprendía el alcance y las consecuencias del problema. Abarca completaba el cuadro de sus amistades con la relación personal, y también ideológica —en aquellos momentos—, que le unía al influyente franciscano Fr. Cirilo Alameda (1781-1872), quien treinta años después llegaría a ser cardenal-arzobispo de Toledo. Abarca, Solaro y Alameda simpatizaban abiertamente por D. Carlos cuando la cuestión carlista todavía no había explotado. La causa de D. Carlos era para ellos fundamental, porque el hermano del rey les parecía el único capaz de devolver a España la 6 Dicha carta la he publicado en mi libro Política eclesial... p. 108-109 y en Gregorio XVI y España: Archivum Historiae Pontificiae 12 (1974) 284-85. J. ALONSO, Historia de la causa criminal contra el reverendo obispo de León D. Joaquín Abarca por delitos de sedición y alta traición contra el señor D, Fernando VII y su excelentísima hija, la princesa Isabel, y su nación (Madrid 1841). 8 A. C. JEMOLO, // conté Solaro della Margarita ed il nunzio Tiberi: Atti della R. Ac. delle Scienze di Torino 77 (1941-42) 119-43.

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Orü

antigua grandeza y de mantener los principios católicos frente a los movimientos revolucionarios de inspiración liberal, que en España tuvieron gran repercusión no obstante la tremenda represión política. Durante el verano de 1827, Abarca llegó a ser una figura clave de la jerarquía española, porque, al marchar en junio el nuncio Giustiniani, creado cardenal, e impedir el Gobierno de Madrid la entrada en territorio español al nuevo representante pontificio, el obispo de León quedó encargado de la tutela de los derechos de la Santa Sede y de otros asuntos eclesiásticos, a la vez que su amigo Solaro respondía de los subditos pontificios y de la expedición de pasaportes. Cuando el nuncio Tiberi (1773-1839) entró en la plenitud de sus funciones en octubre de 1827, no ocultó su antipatía hacia Abarca, debido no tanto a la gestión interina del prelado cuanto a las pocas simpatías del nuevo nuncio por su predecesor y por el embajador sardo en Madrid 9 . Tras los sucesos de La Granja, la presencia de Abarca en la corte se hizo incómoda. La desaparición de su amigo y protector el ministro Calomarde y la subida al poder de algunos liberales moderados minaron la carrera política del obispo de León, que fue obligado a residir en su diócesis. A principios de 1833 escapó para esconderse en las montañas de Galicia, donde fue imposible localizarle, y nunca más regresó a su sede episcopal. Dejó de ser miembro del Consejo de Estado y se le quitó el sueldo que percibía y todos los privilegios que disfrutaba. En carta a su cabildo explicó los motivos de la fuga, fundamentalmente políticos. Al mismo tiempo comenzó su actividad abiertamente favorable a D. Carlos. Cuando Fernando VII prescribió el juramento de fidelidad a Isabel II, Abarca escribió una carta pastoral exhortando a la rebeldía, defendiendo los derechos del infante y atacando la política del monarca. Fernando VII ordenó el arresto, proceso y secuestro de sus bienes, con el consiguiente conflicto diplomático, porque en virtud del concilio de Trento, que en España tenía fuerza de ley del Estado, sin el consentimiento de la Santa Sede no se podía procesar a un prelado. No satisfecho de su primera intervención, dirigió Abarca a todos los obispos españoles un nuevo escrito contra el juramento de Isabel II. Muchos de ellos lo quemaron. Escribió también al rey, cuando faltaban cuatro meses escasos para su muerte, demostrándole con la historia y la legislación antigua que las mujeres no sucedían al trono en la corona de Aragón. Propuso una suspensión del juramento con el fin de examinar detenidamente la cuestión y que se le dispensase de prestarlo. Por último, escribió a su cabildo, recordándole que durante su voluntaria ausencia la mitra no estaba vacante, y que, por tanto, él conservaba la plenitud jurisdiccional, si bien delegaba en el mismo cabildo para que pudiese ejercer legítimamente los poderes en caso de muerte del vicario general o ante cualquier otra eventualidad, con el fin de evitar un cisma. El Gobierno de Madrid había presionado a los canónigos para que gobernasen la diócesis en ausencia del obispo, pero ellos se nega9

Cf. mi libro, Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi... p.78ss.

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ron, y el cisma se evitó. El nuncio Tiberi observaba que estas disposiciones eran tomadas por ministros regalistas que se entrometían en asuntos eclesiásticos sin comunicarlas al monarca. La actividad posterior del obispo Abarca estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo de la guerra carlista y con las andanzas de D. Carlos, a quien desde el fallecimiento de Fernando VII mantuvo absoluta fidelidad. Nótese que, mientras vivió el rey, Abarca le reconoció como soberano y respetó siempre su monarquía. Al subir al trono Isabel II, la ruptura fue total y definitiva. He querido insistir en la actitud de este prelado porque fue la única excepción de relieve en el episcopado y porque refleja la mentalidad de un buen sector del clero en el período de transición del viejo al nuevo régimen. En su momento veremos que otros eclesiásticos —obispos y sacerdotes— pasaron a las filas carlistas. Ahora basta decir que la fidelidad de la Iglesia a Fernando VII y a su hija Isabel II fue casi total.

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C A P Í T U L O II

REGENCIA DE MARÍA CRISTINA 1.

(1833-40)

L A NUEVA SITUACIÓN POLÍTICO-RELIGIOSA

La situación comenzó a cambiar sensiblemente a medida que los gobiernos liberales de la regencia Cristina intensificaron las medidas anticlericales. Se ha dicho anteriormente que la reina gobernadora adoptó una serie de disposiciones tendentes a ganarse las simpatías liberales para fortalecer el trono de su hija Isabel II durante la enfermedad de Fernando VIL Por su parte, los liberales podían llegar al poder amparados en la legalidad institucional que representaba Isabel II —pese a las contestaciones carlistas—, y por ello no debe sorprender que, apenas fallecido el monarca (29 de septiembre de 1833), el Gabinete presidido por Cea Bermúdez hiciese pública manifestación de fidelidad a «la religión y la monarquía, primeros elementos de vida para la España». Se prometió solemnemente que ambas instituciones serían respetadas y protegidas «en todo su vigor y pureza» y que la religión, su doctrina, sus templos y ministros serían el primero y más grato cuidado del Gobierno. La demagogia era evidente, pero quizá en aquellos momentos de transición no se podía decir otra cosa para —como decía el famoso manifiesto— «disipar la incertidumbre y precaver la inquietud y extravío que produce en los ánimos la expectación ante un nuevo reinado». Muerto Fernando VII, las fuerzas políticas se bipolarizaron, y mientras Isabel II agrupaba a cuantos deseaban reformas, aun prescindiendo de las razones que justificaban su legítima sucesión, D. Carlos reunía a cuantos se oponían a cualquier cambio, sin cuidarse mucho de examinar la validez de los títulos que presentaba para aspirar al trono. Con respecto a D. Carlos hay que decir que, mientras vivió su hermano, nunca conspiró contra él ni manifestó pretensión dinástica alguna, con el fin de evitar conflictos. Pero al morir Fernando VII no j u r ó fidelidad a Isabel II, y su actitud desencadenó la guerra civil. La evolución política española fue seguida atentamente en Roma desde el observatorio inteligente y sereno del nuncio Tiberi, quien mostró durante su permanencia en España una cierta indiferencia por los asuntos políticos. Tiberi estaba enfermo en Madrid durante los sucesos de La Granja, y mientras el Cuerpo Diplomático intrigaba a la cabecera del monarca moribundo, el representante pontificio mostraba, una vez más, su línea de conducta, ajena a intrigas y partidos, ya que los intereses de las cortes europeas por la sucesión española nada tenían que ver con los de la Iglesia. Sin embargo, no ocultó el nuncio que algunos

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eclesiásticos españoles comenzaban a crear problemas al comprometerse políticamente, puesto que, si criticable era la actitud del obispo de León, no podía aprobarse que el de Valladolid, Rivadeneira (1774-1856), publicase una inoportuna homilía en favor de Isabel II, quizá porque esperaba ocupar en el Consejo de Estado la vacante producida por el cese de Abarca. Sin embargo, la preconizada independencia del nuncio tenía sus límites, ya que, antes o después, la Santa Sede debería definir política y diplomáticamente su postura. El mismo día del fallecimiento de Fernando VII, Cea Bermúdez dirigió a los agentes diplomáticos españoles una nota que anunciaba la muerte del rey, la subida al trono de Isabel II, la regencia de la reina madre, María Cristina, durante la minoría de edad de la nueva reina y la confirmación del Gobierno, primer acto político de la reina gobernadora. Para comprender la actitud de la Santa Sede ante la nueva situación española, es necesario examinar detenidamente el impacto producido en las principales cortes europeas por los acontecimientos de España. Mientras Francia e Inglaterra no sólo reconocieron inmediatamente a Isabel II, sino que se mostraron dispuestas a intervenir con las armas para consolidar el nuevo sistema —con lo cual ponían en evidencia el influjo de prestigiosos exiliados españoles que habían residido en ambos países durante la «década ominosa»—, Austria, Prusia y Rusia —las tres potencias del Norte— no se definieron. Si Francia desencadenaba una guerra en favor de la causa isabelina, las consecuencias para Europa serían gravísimas, ya que, si las potencias del Norte se le oponían, podía estallar un conflicto general, y si permanecían en actitud pasiva, Francia alcanzaría gran prestigio, con daño evidente de las potencias aliadas, que no tenían interés alguno por iniciar una guerra a nivel europeo. El Gobierno español deseaba la amistad con todos los pueblos de Europa; pero, si las tres potencias del Norte no le prestaban ayuda, debería pedirla a Francia e Inglaterra, lo cual era mucho más peligroso para la estabilidad política del viejo continente. Las tres cortes aliadas del Norte justificaron su actitud de espera con las consultas que mutuamente debían hacerse sobre la conveniencia y oportunidad de reconocer al nuevo Gobierno español. Entre tanto, en Roma se observaba con atención la actividad de las cancillerías europeas, mientras el embajador español, Pedro Gómez Labrador (1755-1852), complicaba la situación con su conducta ambigua. En efecto, Labrador, en lugar de transmitir a la Santa Sede cuanto Cea Bermúdez le había dicho en la nota anteriormente citada, prefirió dividir su contenido en dos partes. El 13 de octubre de 1833 comunicó al secretario de Estado, Bernetti (1779-1852), la muerte de Fernando VII, sin más comentarios, y el día 14 le informó sobre los tres puntos restantes de la nota de Cea Bermúdez, es decir, la subida al trono de Isabel II, la regencia de María Cristina y la confirmación del Gabinete. Esta doble comunicación permitió al cardenal secretario una doble

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respuesta. El mismo 13 de octubre Bernetti expresó el pésame del papa por la muerte del rey, prometiendo oraciones por su alma y augurando que no ocurrieran desórdenes en España. Pero a la segunda comunicación no contestó hasta el 19 de octubre. Cinco días fueron suficientes para estudiar atentamente una respuesta que no comprometiera las futuras relaciones entre la Santa Sede y España, aunque de hecho Jas comprometió, pues sucedió precisamente lo que se quiso evitar. Bernetti dijo a Labrador que mientras el papa deseaba que las relaciones diplomáticas existentes entre los dos gobiernos continuasen indefinidamente en el estado en que se encontraban aun después de los últimos acontecimientos, se reservaba proceder a ulteriores declaraciones tras haber conocido mejor las decisiones que tomaran al respecto otras cortes europeas, de las cuales la Santa Sede no podía separarse, sin descubrir las razones que les impedían el reconocimiento del nuevo orden de sucesión introducido en la monarquía española. En realidad, era una declaración con la que el papa se reservaba el derecho a ulteriores manifestaciones y demostraba que, aunque la actitud de las potencias del Norte le impedía de momento reconocer a Isabel II, no por eso se sometía a lo que ellas determinaran, sino que antes de tomar una decisión definitiva examinaría si dichas potencias tenían o no razón. Por su parte, el embajador Labrador, al transmitir esta respuesta a Cea, le advirtió que antes* de la muerte de Fernando VII había oído personalmente al papa Gregorio XVI que la sucesión al trono de España presentaba muchas dudas y que el pontífice estaba muy condicionado por las insinuaciones y sugerencias de los embajadores de las tres potencias del Norte. Los tres documentos citados —nota de Labrador a Bernetti, respuesta de Bernetti a Labrador y despacho de Labrador a Cea— son la clave para comprender el inicio de las tensiones entre España y la Santa Sede en este período. El papa se hallaba en una situación política extremamente delicada, ya que las insurrecciones en los Estados Pontificios y las presiones del liberalismo europeo le obligaban a depender de Austria, potencia que le garantizaba una cierta seguridad 10. Por ello le resultó prácticamente imposible enfrentarse con Austria sobre el problema español. Y si bien 10 La política internacional de la Santa Sede" desde el congreso de Viena estuvo condicionada por el imperio austríaco. Durante el pontificado de Gregorio XVI (1831-46) se estrecharon los vínculos con Austria, ya que el papa necesitó la ayuda de Metternich para hacer frente a las constantes insurrecciones en los Estados Pontificios y porque el príncipe austríaco representaba el prototipo restaurador ante el liberalismo creciente. La correspondencia diplomática entre la Secretaría de Estado y los nuncios en Viena demuestra la dependencia del Gobierno pontificio del austríaco. Cf. E. MORELLI, La política estera di Tommaso Bernetti, segretario di Stato di Gregorio XVI (Roma 1953); ID., LO Stato Pontificio e ¡'Europa nel 1831-1832 (Roma 1966); N. NADA, Metternich e le rifarme nello Stato Pontificio. La missione Sobregondi a Roma (1832-1836) (Torino 1957); L. M. MANZINI, II cardinale Luigi Lambruschini (Cittá del Vaticano 1960); F. ENGEL-JANOSI, Die politische Korrespondenz der Papste mit den osterreichischen Kaisern. 1804-1919: Zusammenarbeit mit R. Blaas u. E. Weinzierl (Wien 1964); L. PASZTOR, / cardinali Albani e Bernetti e Fintervento austríaco nel 1831: Rivista di storia della chiesa in Italia 8 (1954) 95-128.

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teóricamente quiso separar los dos aspectos del pontificado —soberano temporal y espiritual—, en la práctica no lo consiguió, ya que la interdependencia de ambos y las implicaciones que las actitudes políticas del papado tenían en cuestiones religiosas eran tan graves y frecuentes, que obstaculizaban una acción pastoral limpia e independiente. Limitándonos al aspecto político, comprendemos que hubiera sido imprudente, por parte del Gobierno pontificio, tomar una decisión precipitada, ya que la corte imperial de Austria veía la situación española de forma muy distinta a como la juzgaban Francia e Inglaterra, mientras Turín y Ñapóles habían reconocido a D. Carlos sin titubeos. Gregorio XVI siguió una política de buena vecindad con esos Gobiernos, pues no tenía razón alguna para separarse de ellos en un problema que, como soberano temporal, le interesaba bien poco en esos momentos. Pero no llegó a tomar la decisión de las cortes piamontesa y napolitana, aunque consideraba a D. Carlos príncipe pío, religioso y fidelísimo de la Sede Apostólica, porque también de la reina gobernadora tenía excelentes informes y confiaba en el antiliberalismo del manifiesto hecho público por el Gabinete Cea Bermúdez. La situación cambió poco después, cuando el Gobierno de Madrid negó el reconocimiento al nuevo nuncio. Quede, pues, claro que la Santa Sede adoptó una postura completamente neutral sobre el problema español durante los últimos meses de 1833 y evitó gestos o iniciativas que pudieran interpretarse en favor de una u otra parte.

2.

PRIMEROS CONFLICTOS ENTRE LA IGLESIA Y EL E S T A D O

Al conocer la nota dirigida por Bernetti al embajador Labrador el 19 de octubre, adquirió el Gobierno español conciencia de la gravedad de la situación, si bien confiaba que el papa no dudaría en reconocer a Isabel II. Sin embargo, surgieron nuevas complicaciones relacionadas con la llegada a Madrid, en septiembre de 1833, del nuevo nuncio, Luigi Amat (1796-1878), sucesor de Tiberi. Según costumbre de la Santa Sede, los representantes pontificios llegaban a sus respectivos destinos con un nombramiento o breve que les acreditaba ante el respectivo monarca. Amat fue nombrado nuncio apostólico ante el «rey católico» Fernando VII y llegó a Madrid pocos días antes de su fallecimiento. Para que el nuncio pudiera entrar en el ejercicio de sus funciones, debía entregar el texto original del breve pontificio al Gobierno, quien concedía elplacet, exequátur o pase regio u . Con los términos pase regio, placel o exequátur se entiende la práctica por la que el poder civil pretendía arrogarse el derecho de examinar las decisiones y disposiciones de la Santa Sede antes de que fuesen publicadas y ejecutadas en los territorios sometidos a su soberanía. Floreció en todos los países católicos absolutistas de Europa, ya que los reyes lo consideraban un atributo inherente a la Corona. R. Olaechea ha estudiado la noción teórico-ambiental del mismo en El concepto de * exequátur» en Catnpomanes: Miscelianea Comillas 45 (1966) 119-87. Cf. también V. DE LA FUENTE, La retención de bulas en España ante

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Se trataba de una norma burocrática que no presentaba dificultad alguna cuando las relaciones eran normales. Al morir Fernando VII, tanto al nuncio como a los restantes diplomáticos residentes en Madrid les exigió el Gobierno nuevas credenciales que les acreditasen ante Isabel II. Amat las pidió inmediatamente a Roma, pero insinuó la conveniencia de examinar las pretensiones de D. Carlos antes de comprometerse definitivamente con el nuevo régimen. Fue la primera manifestación pro carlista del nuevo nuncio, que a lo largo de su corta misión diplomática no ocultó sus simpatías por el pretendiente. Durante el otoño de 1833 comenzaron las tensiones Roma-Madrid por la restitución del breve de Amat. El Gobierno español no lo devolvía con el placet, porque el papa no reconocía a Isabel II. Y el papa no reconocía a la nueva reina porque en el fondo deseaba que triunfase la candidatura de D. Carlos, mientras la guerra civil destrozaba las provincias del Norte. Las notas de protesta entre la Nunciatura y el Gobierno, por una parte, y la Embajada en Roma y la Secretaría de Estado, por otra, sólo sirvieron para fomentar la tensión y desencadenar una campaña anticlerical, que tuvo manifestaciones violentas. Al no ser reconocido Amat, Tiberi retrasó su regreso a Roma y siguió al frente de la Nunciatura hasta la primavera de 1834. Entre tanto, el embajador Labrador fue cesado, y la representación española en Roma quedó confiada al encargado de Negocios, Aparici, quien sintetizó las cuatro razones por las que el papa se oponía al reconocimiento de Isabel II: primera, por la oposición decidida de Austria y Prusia; segunda, por el temor de que en las próximas reuniones de las Cortes españolas surgiesen protestas contra el papa; tercera, por la firmeza de D. Carlos en sostener sus derechos, queriendo hacer ver que eran dos los pretendientes y que la nación se hallaba dividida en dos bandos, y, por tanto, que era necesario esperar el resultado de la guerra civil; y cuarta, porque se simpatizaba por los carlistas, no sólo por intereses particulares de la Iglesia, sino también por falsas noticias y cartas, verdaderas o apócrifas, en que se atacaba injustamente al sistema liberal español.

3.

L O S NOMBRAMIENTOS DE OBISPOS

Otra dificultad se unió a las ya existentes: los nombramientos episcopales. En las bulas pontificias se hacía referencia al patronato del rey de España con las fórmulas ad rwminationem regis catholici o iuris patronati regís catholici. Con el fin de evitar cualquier acto que significase reconocimiento del legítimo derecho de alguna de las dos partes contendientes —Isabel II o D. Carlos— y deseando proveer a las necesidades espirituales de la Iglesia española, el papa no tuvo inconveniente en conferir la historia y el derecho (Madrid 1865); G. DE DOMINICIS, II regio exequátur (Napoli 1869); F. AUER, Das Placet repartí (Augsburg 1871); G. TARQUINI, De regio placet (Roma 1875); T. VON HAUCK, Studie über das Placet reghim (Regensburg 1889).

127

los beneficios de patronato regio a las personas presentadas por el Gobierno, siempre que reuniesen las condiciones exigidas por los sagrados cánones, pero sin mencionar tal patronato en los documentos pontificios, ya que se trataba de un derecho inherente al de soberanía de los reyes de España. En principio, el Gobierno de Madrid no tuvo inconveniente en aceptar esta omisión, por no considerarla substancial, pero nuevas maniobras de D. Carlos agravaron la situación. Presentó el Gobierno de Madrid para la diócesis de Puerto Rico al obispo Pedro de Alcántara Jiménez (1782-1843), y el papa se mostró dispuesto a preconizarlo en el primer consistorio, omitiendo en las bulas la fórmula citada anteriormente. Pero el representante personal que D. Carlos tenía en Roma, Ramírez de la Piscina —antiguo encargado de Negocios del Gobierno isabelino—, recordó al cardenal Bernetti una promesa verbal según la cual el papa no preconizaría en modo alguno obispos presentados por el Gobierno de Madrid, y declaró que, en virtud de instrucciones recibidas de D. Carlos, protestaría enérgicamente contra cualquier nombramiento de obispos españoles hecho en tales circunstancias. Alegaba el representante carlista que la preconización de obispos en esos momentos violaba el concordato vigente y perjudicaba gravemente a la causa de D. Carlos, rey legítimo, y a la Iglesia española. Añadió incluso que D. Carlos no solamente no aceptaría dichos nombramientos sin referencia al patronato, sino que desaprobaría igualmente que fuesen nombrados mota proprio, ya que de esta forma el papa violaría los derechos del monarca legítimo y las diócesis quedarían ilegalmente cubiertas. La gravedad y complejidad de la situación movieron al papa a nombrar en diciembre de 1834 una comisión de cardenales que debía estudiar dos asuntos; primero, la conveniencia de nombrar obispos en España con las cautelas establecidas, y segundo, el camino a seguir después de las promesas hechas al Gobierno de Madrid y el caso del obispo Jiménez. Mientras la comisión examinaba estas cuestiones, llegaban a Roma noticias sobre los progresos militares de los carlistas, que encontraban apoyo en los levantamientos populares del Norte y disponían de potente armada y elevado espíritu bélico. Por ello se juzgó imprudente cualquier paso precipitado que pudiera redundar en perjuicio de la Santa Sede, y se optó por esperar hasta que el Gobierno de Madrid redactase la nueva Constitución, que los obispos tendrían que jurar.

4.

E L COMISARIO DE LA CRUZADA

Las dificultades para los nombramientos de obispos tuvieron también su reflejo en otros asuntos eclesiásticos de menor entidad, como el del comisario de la Cruzada 12. Nos detenemos en estos particulares no 12

J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la bula de la cruzada en España (Victoria 1958).

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tanto por el interés objetivo que encierran cuanto para mostrar el clima de tensión creciente y de mutua desconfianza entre la Iglesia y el Estado a principios de 1835, es decir, cuando había transcurrido poco más de un año y medio de la muerte de Fernando VII. La ejecución del indulto llamado de la bula de la Cruzada corría a cargo de un comisario nombrado por el rey y aprobado por el papa. Dicho indulto soba concederse cada diez años. Sin embargo, tras la muerte de Fernando VII se limitó a un año, y se encargó su ejecución al cardenal Inguanzo, arzobispo de Toledo, en lugar del canónigo Liñán, comisario nombrado por el Gobierno. Lógicamente llovieron protestas por varias razones: primera, para salvar el derecho del Gobierno a designar el comisario, y después, porque la elección de Inguanzo no fue acertada, ya que, además de ser persona poco grata a la nueva situación política, era anciano y estaba enfermo, y difícilmente podría cumplir su tarea. La última concesión decenal de la bula de la Cruzada caducaba a finales de 1835; sin embargo, no faltaron quienes dijeron que el papa, al no reconocer a la nueva reina, había declarado inválido el uso de la misma. Se trató de evidente mala fe para crear confusión y malestar. Parece ser que el papa no confirmó a Liñán porque desconocía las cualidades del nuevo comisario y porque las autoridades civiles habían pedido algunas innovaciones en la administración de la Cruzada. Por ello, en espera de estudiar estos asuntos y para no interrumpir el uso del indulto, la Santa Sede se había limitado a prorrogarlo por un solo año y confiarlo interinamente al cardenal de Toledo. Lo mismo se había hecho, en circunstancias semejantes, en Portugal. Como la confirmación del comisario se hacía con bula pontificia y ésta presentaba las mismas dificultades que las de los obispos, se esperó durante algún tiempo antes de proceder al nombramiento definitivo.

5.

LEGISLACIÓN ANTICLERICAL

A la vez que iban surgiendo los problemas indicados y otros de menor entidad, el Gobierno comenzó a promulgar una serie de disposiciones que afectaban directamente a la Iglesia en sus personas e instituciones. No obstante la aparente normalidad que caracterizó las relaciones Iglesia-Estado en la España del Antiguo-Régimen, no faltaron momentos de gran tensión, porque si bien los reyes dispensaron protección a la Iglesia y muchos eclesiásticos ejercieron notable influjo en el gobierno de la nación, sin embargo, fueron frecuentes las intromisiones del poder civil en asuntos religiosos, como puede verse a través de la correspondencia de los nuncios, y en concreto de la ya publicada de Tiberi. Este nuncio puso siempre de relieve que, bajo el pretexto de garantizar las prerrogativas reales, se buscaban todas las ocasiones propicias para limitar los derechos de la Santa Sede. Las interferencias aumentaron sensiblemente cuando evolucionó la situación política.

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A los dos meses de la muerte de Fernando VII, ya sabían los dos nuncios —Tiberi y Amat— que se esperaban medidas anticlericales, porque algunos párrocos y canónigos que militaban en las bandas carlistas habían sido fusilados por el ejército isabelino, que mandaban los generales Valdés y Quesada. Sabía también el Gobierno que un amplio sector del clero secular y regular simpatizaba con D. Carlos; por ello condenó el silencio de los obispos ante el compromiso político de muchos clérigos y por sus actividades hostiles a las autoridades de Madrid. Muchos prelados se justificaron diciendo que en momentos de tanta anarquía, impunidad de delitos y exaltación de pasiones debían limitarse a «llorar entre el atrio y el altar», sin lograr mucho más, y refutaban las acusaciones del Gobierno diciendo que si a eclesiásticos que habían tomado las armas en otras épocas en favor del rey se les había premiado con honores militares y canonicatos que no merecían, ¿por qué maravillarse si de nuevo olvidaban su pacífico ministerio? Por otra parte, el ejemplo de éstos movía a sacerdotes díscolos y frailes giróvagos a tentar fortuna con las armas. Y todos estos hechos no justificaban los ataques al clero. Era además absurdo pretender la colaboración política de los eclesiásticos cuando se permitía a la prensa que los ridiculizase y que por calles y plazas fuesen continuamente insultados sacerdotes y religiosos. Nos faltan datos concretos sobre la presencia de eclesiásticos en las filas carlistas y en el ejército isabelino. La historia bélica de la España decimonónica está repleta de testimonios que demuestran la participación activa del clero en armas desde la guerra de la Independencia hasta las últimas carlistas. El «cura guerrillero» quedó mitificado en el sacerdote burgalés Jerónimo Merino (1769-1844). Sin embargo, una historia de la beligerancia clerical en los campos de batalla españoles está todavía por hacer. En un principio, el Gobierno de Madrid no tomó medidas directas para impedir que los eclesiásticos pasasen a las filas carlistas. Trató de ganarse amigos, invitando secretamente a obispos y superiores religiosos a manifestar pública simpatía por la causa de Isabel II. Pero nada consiguió con esta táctica. A los tres meses de guerra civil podía suponerse con fundamento que los eclesiásticos pasados al bando carlista era bastante consistente, porque varios sacerdotes y religiosos habían sido fusilados por las tropas isabelinas. Se creó entre el clero un ambiente general favorable a la presencia de los clérigos en los campos de batalla, y se llegó incluso a decir que tomar las armas en favor de D. Carlos era un deber absoluto de conciencia. Mariano José de Larra ridiculizó la presencia de clérigos en las filas carlistas, porque, para el poeta romántico, el carlismo no era más que «un intento de retrogradar la historia» 13. Aunque es cierto que la revolución política de los gobiernos liberales tropezó con una guerra de religión, también hay que decir que muchos clérigos empuñaron las armas no por motivos espirituales, sino para abandonar el ministerio sagrado y conocer otras experiencias. Fueron 13

M. J. DE LARA, Obras (Madrid 1960) I p.293-96.

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individuos que se mancharon con las violencias inevitables en tales convulsiones. No es fácil estudiar las causas que llevaron a esta situación, porque tiene raíces muy antiguas. Para comprender la creciente animosidad contra el clero, y en particular contra los frailes, por parte de amplios sectores populares, hay que tener en cuenta «razones de encrespado resentimiento social en la actitud de los campesinos, durante siglos vasallos, no siempre felices, de abades y priores; y también razones económicas en el deseo de los burgueses de adueñarse de las tierras de los monasterios y de los solares de los conventos», a todo lo cual hay que unir, evidentemente, «la pérdida de prestigio de comunidades regulares ante los embates ideológicos del momento» 14. Una lectura atenta de los despachos del nuncio Tiberi nos dan una buena panorámica de la situación real existente en muchas órdenes religiosas. Las intrigas y ambiciones de muchos frailes y los continuos problemas que agustinos, capuchinos, dominicos, franciscanos, clérigos regulares menores y mercedarios, en particular, crearon al representante pontificio por los motivos más fútiles, son una muestra elocuente del espíritu que reinaba en muchas casas religiosas. Hay que tener también en cuenta que desde la guerra de la Independencia comenzó a sentirse en España una crisis de vocaciones, que se agudizó durante el trienio constitucional. En sus relaciones con el pueblo hay que distinguir al clero secular del regular. Mientras el primero mantuvo un contacto más directo y personal a través de parroquias rurales o urbanas, entre los religiosos y el pueblo hubo ruptura, hasta el punto que la misma burguesía, «que poseía el aparato represivo suficiente para evitar los desmanes de la masa, dejaba actuar a ésta con ojos, si no complacientes, por lo menos escépticos» 1S. La legislación eclesiástica de los gobiernos liberales y las manifestaciones populares violentas de estos años, dirigidas de modo especial contra los frailes y sus propiedades, pueden comprenderse partiendo de estos presupuestos. Prescindo de la copiosa bibliografía anticlerical que proliferó entonces, y que no merece ser citada, porque se trata en gran parte de libros y folletos de mal gusto. Con todo, es un elemento que hay que tener en cuenta para entender el ambiente que reinaba entre la población. La política religiosa comenzaron a planteársela los liberales cuando subió a la jefatura del Gobierno Martínez de la Rosa (1787-1862), «el más moderado de todos los liberales» 16. Cea Bermúdez apenas tuvo tiempo para ocuparse de la materia, si se exceptúa el Reglamento de imprenta (4 enero 1834), que levantó protestas de algunos obispos, como el de Orihuela, Herrero Valverde, quien atacó los artículos referentes a la censura de libros, y el de Tarragona, Echánove, que pidió fuesen revocadas algunas disposiciones que podían perjudicar a la religión, a las 14 15 16

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J. VICÉNS VIVES, Historia social y económica de España y America... IV-2 p. 142-43. Ibid. M. MENÉNDEZPELAYO, Historia de los heterodoxos... Jl p.949.

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buenas costumbres, al episcopado, al orden público e incluso al trono de Isabel II. El Gobierno que formó Martínez de la Rosa estaba compuesto por antiguos afrancesados, como Francisco Javier de Burgos (1778-1849) y el jurisconsulto valenciano Garelli (1777-1850), ministro de Gracia y Justicia. Este, a finales de enero de 1834, dirigió una circular a los obispos y superiores religiosos para que tomasen medidas enérgicas con el fin de que «ni en el pulpito ni en el confesonario se extravíe la opinión de los fieles, ni se enerve el sagrado precepto de la obediencia y cordial sumisión al legítimo gobierno de S. M., que tan encarecidamente recomiendan las leyes divinas y humanas» 17. El Gobierno reconocía públicamente el pernicioso influjo del clero, principal obstáculo para el progreso de la causa isabelina, y, aprovechando la proximidad de la cuaresma, creyó que la intervención de los obispos podría ser eficaz. Sin embargo, se trató de una medida poco eficaz, porque quienes habían optado por D. Carlos ya no volverían y los restantes —apolíticos en su mayoría— seguirían fieles a la nueva reina. Pero el Gobierno quiso con esta primera toma de contacto con la jerarquía pulsar su opinión y ver las reacciones populares para organizar un amplio programa legislativo en materias eclesiásticas.

6.

E L CARDENAL PRIMADO Y EL PATRIARCA DE LAS INDIAS

Un nuevo capítulo en la historia de las tensiones Iglesia-Estado vendría Con la actitud ambigua y confusa del cardenal Inguanzo, arzobispo primado de Toledo. Este prelado se había opuesto en 1833 al juramento de fidelidad a Isabel II usando una estratagema, que justificó su ausencia en la solemne ceremonia celebrada en Madrid el 20 de junio de 1833. Escudándose en su edad avanzada, estado de salud y enfermedad de la vista, consiguió pasar desapercibido; pero el Gobierno le instó para que jurase a principios de 1834. El cardenal alegó el anacronismo de tal acto, cuando la persona a quien debía j u r a r fidelidad era de hecho reina de España y él le tributaba obediencia como soberana. Envió un largo escrito a la Cámara de Castilla manifestando las razones políticas de su actitud. La negativa de Inguanzo, se basaba en que el nuevo orden de sucesión establecido en España no contaba con el voto del pueblo, y, aunque este principio podía halagar a los liberales más avanzados del momento, el lenguaje usado por el purpurado no les satisfizo. Se intentó arrancarle el juramento con la fuerza, a través del corregidor de Toledo. Pero no se consiguió. Consultóse a la Cámara de Castilla si era lícito, vista la obstinación del cardenal, secuestrarle los bienes y exiliarle. La respuesta fue unánimemente afirmativa; pero, cuando todo estaba dispuesto para que Inguanzo embarcase en Cartagena con destino a Roma, intervino el cardenal Tiberi ante la reina gobernadora 17

Cf. mi libro Política eclesial... p.224.

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y evitó la expulsión del primado alegando el estado de salud del anciano purpurado, que se agravaba cuando se le hablaba del juramento. Después de muchas presiones, el ministro Garelli, amigo personal del cardenal, consiguió sacarle el juramento. Inguanzo reconoció a Isabel II como reina de España de hecho y de derecho, sin perjuicio de quien tuviera meliora et potiora iura. Esto ocurría en marzo de 1834. Otro conflicto se planteó con el patriarca de las Indias. Desde época remota, el arzobispo de Santiago de Compostela fue capellán mayor del rey de España y ejerció la más amplia jurisdicción eclesiástica sobre los monarcas, sus familiares y servidores, con autorización pontificia. Pero como este prelado no podía residir habitualmente en la corte, se nombró un vicecapellán. En 1762, la dignidad de patriarca de las Indias fue unida a la del vice o procapellán mayor de palacio, que también fue nombrado vicario castrense. Durante los primeros meses de la regencia Cristina, los gobiernos liberales eliminaron del palacio real a todos aquellos individuos que, siendo funcionarios del Estado, no simpatizaban con la nueva situación. Entre los capellanes de palacio abundaban los procarlistas. Se sospechó incluso del patriarca de las Indias, Antonio Allué, que fue depuesto de su cargo el 17 de marzo de 1834, justificando esta medida con la jubilación. En su lugar fue nombrado el obispo de Sigüenza, Manuel Fraile. Se dijo que el patriarca cesado era poco celoso con la tropa y con el personal de la corte. Parece ser que se opuso al matrimonio morganático de la reina María Cristina con el guardia Agustín Muñoz. Lo cierto es que su fulminante cese provocó nuevas tensiones con Roma, ya que el patriarcado de las Indias no era un simple título honorífico, sino una dignidad eclesiástica que el papa confería en consistorio. El nombramiento de Fraile no podía aceptarse, porque el patriarcado no estaba canónicamente vacante. La cuestión pudo resolverse gracias a la buena voluntad del obispo de Sigüenza, quien aceptó que el patriarca Allué le delegase sus funciones. Allué mantuvo el patriarcado de las Indias hasta su muerte en 1842, y el obispo de Sigüenza primero y otros prelados después ejercieron en su nombre todas las facultades.

7.

O T R A S NOVEDADES. L A « J U N T A ECLESIÁSTICA»

La cautela por parte del Gobierno presidió la instauración de medidas eclesiásticas. Por ello, antes de iniciar la nueva política religiosa, el ministro Garelli, liberal moderado, espíritu religioso y hombre de recta intención, se entrevistó con el cardenal Tiberi, que ejercía de pronuncio, para comunicarle la necesidad que sentía el Gobierno de tomar algunas medidas sobre los bienes y conducta del clero. El representante pontificio manifestó que era inevitable la intervención de Roma, porque se trataba de cuestiones que excedían los límites impuestos a sus facultades. Mientras los Gobiernos español y pontificio discutían sobre dichas

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medidas, por parte española se comenzó a actuar unilateralmente. El 9 de marzo de 1834 se prohibió la provisión de prebendas eclesiásticas, exceptuando las que llevasen aneja cura de almas, las de oficio y las dignidades con presencia en los cabildos. Los motivos económicos de esta primera disposición eran evidentes, porque las rentas de dichas vacantes se aplicaron a la extinción de la deuda pública. El 24 de marzo se dieron seis reales decretos sobre arreglo de los tribunales supremos de la nación, que suprimieron los Consejos de Castilla e Indias, y en su lugar fue creado el Tribunal Supremo de España e Indias, con facultad para conocer los asuntos contenciosos del Real Patronato y los recursos de fuerza de la Nunciatura Apostólica. A estas primeras medidas moderadas siguió el 26 de marzo un decreto sobre ocupación de temporalidades a los eclesiásticos que, abandonando sus iglesias, se unían a las filas de los carlistas o a sus juntas revolucionarias y emigraban del reino sin licencia de la autoridad civil. Como puede verse, eran disposiciones que la nueva situación político-social permitía a los gobernantes aplicar sin graves dificultades, ya que era la ocasión más propicia en aquellos primeros momentos para intervenir en asuntos eclesiásticos no precisamente con espíritu cesaropapista, sino para contener el influjo del clero, nocivo, según la interpretación del Gobierno, a la causa isabelina. Los regulares se vieron inmediatamente afectados por la política religiosa de los liberales, que en menos de quince días adoptaron tres «medidas correccionales». La primera suprimía los monasterios y conventos de donde hubiese escapado algún fraile para unirse a los carlistas (26 marzo 1834). La segunda obligaba a entrar en quintas a los novicios de las órdenes religiosas (3 abril 1834). Y la tercera regulaba los traslados de religiosos de los conventos suprimidos con la primera disposición (10 abril 1834). Comenzaba el ataque organizado contra los regulares. Intervino Tiberi, quien reconoció la inutilidad de sus protestas, porque si bien entre el clero existían personas sensatas, no faltaban fanáticos e incautos que de palabra o por escrito, en público y en privado, instigaban a la subversión contra el Gobierno de Madrid. Pero era injusto que delitos de personas concretas perjudicasen a comunidades enteras de inocentes. En abril de 1834 formó el Gobierno una Junta Eclesiástica para la reforma del clero secular y regular. Era un órgano consultivo que escondía los motivos políticos del momento. El Gobierno cuidó su composición con mucho esmero, buscando obispos de tendencias liberales o adictos a la causa isabelina. La presidió el arzobispo de México, Fonte, que residía en Madrid. Y la integraron los obispos de Sigüenza (Fraile), Lugo (Sánchez Rangel), Santander (González Abarca), Astorga (Torres Amat) y Huesca (Ramo de San Blas); los antiguos obispos de Cartagena (Posada) y Mallorca (González Vallejo) y los presentados para Almería (Ramos García) y Teruel (Liñán). Había, además, tres laicos: Pezuela, González Carvajal y San Miguel. De secretario actuó el canónigo José Alcántara Navarro, que lo era de la capilla real y del vicariato castrense.

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Casi todos los prelados miembros de la. Junta eran sospechosos o no gratos a la Santa Sede, y algunos considerados indignos del episcopado. Torres Amat, quizá el obispo de mayor prestigio intelectual del momento, que mostró gran comprensión y tolerancia ante el cambio político, no merecía en Roma la mínima confianza, porque se le imputaba ser el instrumento del Gobierno para las novedades religiosas. De Posada, González Vallejo y Ramos García se tenían pésimos informes por su conducta durante el trienio constitucional al frente de las diócesis de Cartagena, Mallorca y Segorbe, que tuvieron que abandonar en 1824 porque el papa, de acuerdo con el rey, les obligó a dimitir. Fonte y Fraile eran sospechosos; el primero porque, sin ocupar cargos políticos de relieve, influía en el Gobierno y gozaba de la confianza de la reina, y el segundo porque se había prestado al juego de los liberales, intentando usurpar la jurisdicción al patriarca de las Indias, aunque nunca se llegó al cisma. La Junta debía estudiar una nueva distribución geográfica de las diócesis españolas y todo lo relativo a la administración eclesiástica de las mismas. Algunos obispos protestaron inmediatamente, porque faltaba la aprobación pontificia; por consiguiente, no podía dicha Junta planear reformas. En realidad, su actividad fue casi nula, porque buena parte de sus miembros no asistió a las reuniones. Concluyó su trabajo en febrero de 1836 con un estéril dictamen, que la reina no aprobó. En los ocho meses de su permanencia en el Ministerio de Gracia y Justicia, Garelli dio otras disposiciones de menor entidad en materias eclesiásticas. Durante el Gobierno Martínez de la Rosa ocurrieron en Madrid, los días 15 al 17 de julio de 1834, las matanzas de frailes, con el fácil pretexto de haber envenenado las aguas potables y provocado una epidemia de cólera. El pueblo se amotinó e invadió el Colegio Imperial de los jesuítas, donde fueron asesinados cuatro religiosos. Después corrió la misma suerte el convento de San Francisco, y más tarde, los de carmelitas y dominicos. Las víctimas fueron cerca de un centenar. Martínez de la Rosa atribuyó la responsabilidad de estos sucesos a las sociedades secretas, cuyos miembros habían sido amnistiados el 26 de abril del mismo año. Pero el Gobierno fue responsable de hechos tan graves, no sólo por permitirlos, sino porque los dejó impunes.

8.

INTENSIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIECLESIÁSTICAS

A Martínez de la Rosa sucedió en la jefatura del Gobierno el conde de Toreno (1786-1843), quien formó un Gabinete con elementos tan exaltados como Mendizábal, Alvarez Guerra y García Herreros, y otros más moderados, como el marqués de las Amarillas y Álava. Inició una legislación eclesiástica, que fue continuada de forma sistemática y organizada por sus sucesores inmediatos —Mendizábal y Calatrava—, sin precedentes en la historia eclesiástica española.

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El 1.° de julio de 1835 fueron suprimidas las juntas de fe o tribunales especiales, que habían sustituido a la desaparecida Inquisición, y que en realidad eran una continuación de la misma, ya que los obispos se valían de ellas para juzgar, con métodos inquisitoriales, los delitos contra la fe y castigarlos con penas espirituales y corporales. Toreno estableció que las causas de fe fuesen juzgadas según el derecho común. El 22 de julio fue decretada la supresión de los jesuítas y la ocupación de sus temporalidades, que se aplicaron a la extinción de la deuda pública. Parece ser, según informaba el nuncio Amat, que la reina María Cristina no aceptó esta medida, pero tuvo que ceder a las presiones del Gobierno, que le dominaba por completo. El 25 de julio fueron suprimidos los conventos y monasterios con menos de doce religiosos profesos. Esta disposición fue justificada por el aumento progresivo e inconsiderado de los mismos y por el excesivo número de individuos que los ocupaban, la relajación de las órdenes religiosas y «los males que de aquí se seguían a la religión y al Estado». Se calcula que existían entonces más de 1.900 conventos. Solamente fueron exceptuados los colegios de misioneros para las provincias de Asia y las casas de escolapios. La intensa actividad legislativa del Gabinete Toreno, en lugar de aplacar a los anticlericales, aumentó la excitación popular, y durante los meses de julio y agosto de 1835 ocurrieron gravísimos desórdenes y atentados en varias ciudades. En Zaragoza fueron asesinados algunos religiosos, quemados los conventos y saqueadas las iglesias. Las autoridades locales y la milicia urbana de esta ciudad aprovecharon los tumultos callejeros para pedir a la reina la supresión de todas las órdenes religiosas, la libertad de prensa, la reforma del clero secular y la separación de sus cargos de los eclesiásticos no comprometidos políticamente con el nuevo régimen. El periódico La Abeja, portavoz de los revoltosos, publicó una nota gubernativa declarando que la reina estaba dispuesta a conceder cuanto se le pedía. A los sucesos de Zaragoza siguieron los de Reus y Barcelona. En la primera población fueron quemados dos conventos de franciscanos y carmelitas y asesinados 29 frailes. Las víctimas en la capital catalana ascendieron a cerca de 200, con 25 conventos destruidos e incendiados. Otros sucesos parecidos ocurrieron en Tarragona, Alicante y Soria. La primera repercusión de estos hechos, que el Gobierno o no podía reprimir o toleraba, afectó a las relaciones con la Santa Sede. A ellos hay que unir, por supuesto, el impacto producido en Roma por la legislación anticlerical, y, en concreto, la supresión de los jesuítas, que el papa interpretó como una declaración de guerra que se hacía a la Iglesia española. Al mismo tiempo, el nuncio Amat seguía en Madrid en posición muy incómoda, porque el Gobierno nunca le reconoció como tal en espera de recibir nuevas credenciales —que nunca se le enviaron desde Roma— para la reina Isabel II. Todas estas circunstancias influyeron en la decisión de retirar al representante pontificio, quien marchó de España a primeros de septiembre de 1835. Influyó también en la retirada del nuncio la gestión que el conde de Alcudia, representante

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de D. Carlos en Viena, hizo en favor del pretendiente a través del príncipe Metternich. Como se ve, a la hora de las decisiones importantes, la Santa Sede no actuaba con absoluta libertad, sino condicionada por la gran potencia protectora del momento, en este caso Austria, mientras el papa Gregorio XVI, enemigo de cualquier evolución política en sus Estados y de los movimientos liberales que agitaban Europa, aprovechaba la coyuntura para defender sus intereses temporales. Un nuevo Gabinete, presidido por Juan Alvarez Mendizábal (17901853), llegó al poder el 14 de septiembre de 1935. Con él la revolución superó los límites impuestos por los más exaltados liberales. En materia religiosa siguió la política iniciada por Toreno, primero con medidas intranscendentes, pero luego con disposiciones más graves, hasta el punto de que mientras «Toreno se esforzó por podar el árbol de la Iglesia, Mendizábal le arrancará todos sus frutos» 18. Prohibió a los obispos que confiriesen órdenes sagradas hasta que las Cortes aprobasen el plan de reformas eclesiásticas. Completó la legislación relativa a conventos y monasterios suprimiendo todos los de órdenes monacales, los de canónigos regulares de San Benito, de la Congregación claustral tarraconense y cesaraugustana; los de San Agustín y los premonstratenses, cualquiera que fuese el número de monjes o religiosos que lo compusieren. Posteriormente suprimió las órdenes religiosas masculinas y redujo sensiblemente el número de religiosas. Todos los bienes de los regulares se aplicaron a la extinción de la deuda pública. Se dieron también oportunas medidas para combatir la hostilidad de muchos clérigos a la causa isabelina en momentos en que las tropas carlistas habían obtenido algunos éxitos militares de relieve. A los gobernadores civiles se les ordenó que impidiesen el ejercicio de la confesión y predicación a los sacerdotes que dieran pruebas de infidelidad al régimen. En sus relaciones con Roma, el Gobierno Mendizábal se limitó a pedir la renovación anual del indulto de la Cruzada, que fue concedida. Desde la salida de Amat, la Santa Sede no se había pronunciado sobre la situación española. Pero Gregorio XVI en el consistorio del 1.° de febrero de 1836 denunció públicamente la política anticlerical del Gobierno español, ya que un silencio más prolongado podía aumentar el escándalo provocado por una actitud de resignación. Aprovechó D. Carlos esta circunstancia para felicitar al papa y al mismo tiempo para atacar duramente la política del Gobierno de Madrid, que no reaccionó oficialmente ante la alocución pontificia. El representante oficioso de D. Carlos en Roma hizo presente al cardenal Lambruschini, nuevo secretario de Estado, que las autoridades madrileñas deseaban la destrucción de la Iglesia española, empleando para ello medios tan aptos como la persecución y exilio de sacerdotes y obis18 C. SECO SERRANO, Martínez de la Rosa; el equilibrio en la crisis, en F. MARTÍNEZ DE LA ROSA, Obras (Madrid 1962) I p.LXXXI.

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pos, la supresión de órdenes religiosas, derribo de conventos, expolio de los bienes eclesiásticos y depravación de las costumbres ,9 . La política gubernativa no cambió lo más mínimo; es más, se intensificó la legislación anticlerical, apoyándose en los excesos cometidos por curas y frailes, pues, «con más o menos fundamento, se suponía que no sólo con sus excitaciones ayudaban a robustecer las filas enemigas, sino que contribuían a mantenerlas con buena parte de sus rentas» 20.

9.

L A DESAMORTIZACIÓN

Mendizábal no podía dejar inacabada la obra fundamentalmente supresora iniciada por Toreno; por ello planeó la desamortización 21, para 19 J. GORRICHO MORENO, El pretendiente Carlos V y el papa Gregorio XVI: Anthologica annua 10 (1962) 731-41; ID., Algunos documentos vaticanos referentes al pretendiente Carlos V (1834-42): ibid., 11 (1963) 339-65. 20 R. DE SANTILLÁN, Memorias (1815-1856) (Pamplona 1960) I p.160. 21 La bibliografía sobre las desamortizaciones del xix es inmensa; por ello no es posible reuniría en esta nota. Hay que distinguir la desamortización eclesiástica de la civil. Con respecto al período que nos ocupa, coincidieron ambas desamortizaciones con la desvinculación de patrimonios nobiliarios, si bien se trató de un nuevo intento de llevar a la práctica la obra desamortizadora iniciada por las Cortes de Cádiz en 1812 y continuada durante el trienio constitucional (1820-23). F. Tomás y Valiente (Recientes investigaciones sobre la desamortización. Intento dé síntesis: Moneda y Crédito n.131 [dic. 1974] p.95-160) recoge la bibliografía más actual sobre el tema. En las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, celebradas en Santiago de Compostela en 1973, se presentaron varias comunicaciones relacionadas con las desamortizaciones, las transferencias de la propiedad y las transformaciones agrarias en la España contemporánea (Actas... IV: Historia contemporánea [Santiago de Compostela 1975] p.31-120). El valor de estos trabajos es muy desigual, ya que, junto a reconocidos especialistas como E. Giralt, F. Tomás y Valiente, J. Mercader y j . M. Mutiloa, aparecen investigaciones muy limitadas de incipientes. Siguen siendo útiles las obras clásicas de I. MlGUEL-J. REUS, Manual de la desamortización civil y eclesiástica (Madrid 1857) y J. M. ANTEQUERA, La d. eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones (Madrid 1885). El mejor estudio de conjunto es el de F. S I MÓN SEGURA, La d. española del siglo xix (Madrid, Inst. de Est. Fiscales, 1973). Una buena recopilación de la legislación desamortizadora puede verse en La desamortización. Textos político-jurídicos. Estudio, notas y comentarios por T. Martín (Madrid, Narcea, 1973). Una breve síntesis de la política desamortizadora en F. TOMÁS Y VALIENTE, El marco político de la d. en España (Barcelona, Ariel, 3 1977). Numerosas son las monografías recientes que estudian fundamentalmente los aspectos económicos de la d. por regiones. Merecen citarse: F. SIMÓN SEGURA, La d. de Mendizábal en la provincia de Barcelona: Moneda y Crédito n.96 (1967); J . J . OJEDA QUINTANA,La d. en Canarias (Madrid 1977); T. MARTÍN MARTÍN, La d. en la región de la Vera. Datos para un estudio de la historia económica de Extremadura: Revista de Est. Extremeños 28 (1972) 371-98; J. P. MERINO NAVARRO, La d. en Extremadura. Bibliografía y legislación por G. Rueda Herranz (Madrid 1976); F. SIMÓN SEGURA, Contribución al estudio de la d. en España. La d. de Mendizábal en la provincia de Gerona (Madrid, Inst. Est. Fiscales, 1969); L. LÓPEZ PUERTA, Las ventas de bienes eclesiásticos en la provincia de Guadalajara (1836-1851): «Estudio sobre la España liberal 1808-1868». Anexos a Hispania n.4 (Madrid, C. S. I. C , 1973) p.381-418; R. M. LÁZARO TORRES, La d. de Espartero en la provincia de Logroño (1840-1843) (Logroño 1973); F. SIMÓN SEGURA, Contribución al estudio de la d. en España. La d. de Mendizábal en la provincia de Madrid (Madrid Inst. Est. Fiscales, 1869); La d. en Navarra (Pamplona, Dip. Foral, 1917); J. M. DONEZAR, La d. de Mendizábal en Navarra. 1836-1851 (Madrid, C. S. I. C , 1975Í; R. GÓMEZ CHAPARRO, La d. civil en Navarra (Pamplona, Eunsa, 1967); J. M. MUTILOA GARCÍA, La d. eclesiástica en Navarra (Pamplona, Eunsa, 1972); A*. LAZO DÍAZ, La d. de las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevilla (1835-1845) (Sevilla, Dip. Prov., 1970); J. PORRES MARTÍN-CLETÓ, La d. del siglo xix en Toledo (Toledo, Dip. Prov., 1966); M. a D. CUEVES GRANERO, Fondos de Hacienda, actualmente en el Archivo del Reino' relativos a la d.: I Congreso de Historia del País Valenciano (Valencia, Universidad, 1971)

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que la venta de los bienes eclesiásticos amortizase gran parte de la deuda pública, que había alcanzado niveles insoportables. Con esta medida creó nuevos intereses, y, por consiguiente, numerosos y decididos partidarios de las instituciones liberales, a la vez que asestaba un golpe definitivo a la potencia económica del clero, que había llegado a esta privilegiada situación gracias a la estructura estamental de la sociedad española del Antiguo Régimen. La Iglesia, como la nobleza y los municipios, poseía muchos bienes, que, al no poder enajenar ni vender, transmitía del mismo modo que los había recibido. Los bienes eclesiásticos, procedentes en su mayoría de donaciones diversas, transmitidos a lo largo de siglos, habían llegado a formar grandes haciendas, que sirvieron de sólida base económica para sostener al estamento clerical, uno de los más firmes del Antiguo Régimen. En teoría, la desamortización tenía un planteamiento aceptable, ya que sus objetivos eran fundamentalmente tres: social, económico y político. Socialmente se privaría a los antiguos estamentos —clero, nobleza y municipios— de su fuerza económica propia, se prepararía el paso de la vieja sociedad estamental a la nueva sociedad clasista y se dotaría de tierra, mediante la oportuna intervención estatal, a la masa campesina que carecía de ella. La desamortización entrañaba económicamente la posibilidad de cultivar unas tierras que sus antiguos propietarios tenían prácticamente abandonadas. Y políticamente el Estado podría llevar adelante sus medidas revolucionarias, creando una nueva clase de pro-

pietarios, interesados en mantener el régimen, porque a su suerte iría unida la de su fortuna personal. La obra desamortizadora, iniciada por las Cortes de Cádiz en 1812 y continuada durante el trienio, recibió con Mendizábal un impulso decisivo. En efecto, con decreto de 19 de febrero de 1836 fueron declarados en venta todos los bienes pertenecientes a las suprimidas corporaciones religiosas. Este texto legal es quizá el más famoso de los emitidos por la Administración española en la pasada centuria. Sin embargo, la desamortización se ejecutó mal. Si técnicamente tenía su razón de ser y socialmente podía justificarse, prácticamente fue llevada de modo injusto y discriminatorio, llegando a convertirse en una dilapidación de bienes, sin provecho alguno para el Estado. Autores antiguos y recientes de ideologías opuestas atacan unánimemente la ejecución del programa desamortizador, porque, en lugar de ser una verdadera reforma agraria, se convirtió en una transferencia de bienes de la Iglesia a las clases económicamente fuertes. Es decir, que fue una especie de reforma agraria, pero al revés, pues vino a hacer más mísera la situación del campesinado meridional, creando, en cambio, una nueva oligarquía, —la de los «nuevos ricos», con su castillo roquero en los registros de la propiedad—, llamada a detentar por muchas décadas el poder político en España 22 . A la desamortización siguió la exclaustración. Con decreto del 8 de marzo de 1836 fueron suprimidos «todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad o de instituciones religiosas de varones, incluso las de clérigos regulares y las de las cuatro órdenes militares y San Juan de Jerusalén, existentes en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en África». Los conventos de varones en España existentes en 1835 eran 1.940, cifra sensiblemente inferior a las de años anteriores, como resulta de este cuadro esquemático.

vol.1 p.279-88; J. BRINES BLASCO, La d. eclesiástica en el País Valenciano (Valencia, Universidad, 1978); E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, La entrada de la tierra en el circuito comercial. La d. en Vascongadas: planteamientos y primeros resultados: Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea (Barcelona, Ariel, 1974) p.100-28; J . M. MUTILOA PLAZA, La d. civil en Vizcaya y las provincias vascongadas: Estudios Vizcaínos 1 (1970) 211-58; 2 (1971) 15-67.211-344. Sobre aspectos más locales cf. E. FORT COGUL, Las d. del siglo xix y su repercusión en Santes Creus: Studia Monástica 12 (1970) 29-310; 13 (1971) 105-28; 14 (1972) 183-236; J. M. MUTILOA, Documentos inéditos de la d. en Logroño: Letras d e Deusto 3 (1972) 163-95; A. Ruiz, La comunidad de Silos exclaustrada. I I I : El despojo del monasterio: Yermo 9 (1971) 14160. La visión del tema debe completarse con otros estudios: G. ANES ALVAREZ, La crítica de un programa de los ilustrados en vísperas de la d.: Revista de Occidente 6, 2. a época, 65 (1968) 189-98; M. GONZÁLEZ RUIZ, Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo xix: Revista Española de Derecho Canónico 1(1946) 383-424; M. FRAILE HIJOSA, Tentativas contra el patrimonio eclesiástico en España hasta el siglo xvm: ibid., 16 (1961) 605-15; J. M. a DE PRADA, ¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadorast: ibid., 13 (1958) 233-36; L. PORTERO, Hacia el fin de la d.: ibid., 17 (1962) 153-61. Sobre la política desamortizadora de Mendizábal cf. P. JANKE, Mendizábal y la instaurar ción de la monarquía constitucional en España (1790-1853) (Madrid, Siglo XXI, 1974) p.23854; M. BALDO LACOMBA, Mendizábal y la disolución del feudalismo: VII Coloquio de Pau. «Crisis del Antiguo Régimen e industrialización en la España del siglo xix» (Madrid 1977) p.93-114; J. M. CASTELLS, Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jürídico-administrativo (1767-1965) (Madrid, Taurus, 1973) p.H8ss; V. CÁRCEL O R T Í , Política eclesial de los gobiernos liberales... p.304ss; M. RODRÍGUEZ ALONSO, La intervención británica en España, durante el gobierno progresista de Mendizábal: Hispania 35 (1975) 343-90. Estrechamente vinculada con la legislación desamortizadora, aunque no debe confundirse con ella, es la legislación desvinculadora y la relacionada con mayorazgos. Remito a J. SEMPERE Y GUARINOS, Historia de los vínculos y mayorazgos (Madrid 2 1847); J. F. PACHECO, Comentario a las leyes de desvinculación (Madrid 3 1847); R. GIBERT, La disolución de los mayorazgos (Granada 1958); S. DE MoxO, La disolución del régimen señorial en España (Madrid, C. S. I. C , 1965).

139

Número de conventos de religiosos 1787 .

Monjes Benedictinos Cistercienses Jerónimos Cartujos Basilios Medicantes Dominicos Franciscanos: Observantes Alcantarinos Recoletos o antoninos Terceros "

1797

• 1820

1835

63 62 45 16 14

68 63 50 16 19

67 62 45 16 17

60 53 43 17 14

227

229

220

221

459 140 20 27

452 132 38 28

454 \ 172 (

651

— l

24 )

A. UBIETO-J. REGLÁ-J. M. J O V E R - C SECO, Introducción a la historia de España (Barce-

lona 1970) p.556.

14

0

Vicente Cárcel Ortí

Capuchinos Agustinos calzados Agustinos descalzos Carmelitas calzados Carmelitas descalzos Mercedarios calzados Mercedarios descalzos Trinitarios calzados Trinitarios descalzos Mínimos Servitas San J u a n de Dios Canónigos regulares San Benito San Agustín San Antonio Abad Premonstratenses Clérigos regulares Teatinos Clérigos menores Agonizantes Escolapios Compañía de Jesús Paúles Freires militares Malta Santiago Calatrava Alcántara Montesa Sancti Spiritus Santo Sepulcro Congregaciones San Felipe Neri Misioneros Hospitalarios Ermitaños TOTAL

P.II. 1787

1797

1820

1835

116 129 29 76 115 82 29 65 29 80 10 58

113 129 26 78 115 79 29 68 29 79 9 58

114 131 30 82 114 80 30 67 30 80 10 58

117 121 32 78 118 80 28 58 29 80 10 57

— 6 32 17

5 9 — 22

— 6 — 17

— — — 16

5 14 5 25 — 4

5 14 6 24 — 4

4 13 6 27 16 —

— 11 6 30 10 —

6 5 2 2 1 5 —

4 6 2 1 3 4 —

2 6 2 2 — 1 1

— — — — — — —

20 2 15 11

19 4 7 3

— — 6 —

— — — —

2.056

2.051

2.012

1.940

El n ú m e r o de religiosos, profesos, novicios y legos ascendía a 30.906, cifra inferior a las de años anteriores, pero «muy satisfactoria si tenemos en cuenta el golpe del trienio», según afirma Revuelta, quien ha publicado estos datos:

Número de religiosos (profesos, novicios y legos)

Benedictinos Bernardos Jerónimos Cartujos Basilios Dominicos Franciscanos Alcantarinos Recoletos

1787

1797

1808

1820

1835

1.520 1.733 1.579 378 302 4.271 12.810 3.631 520

1.583 1.601 1.582 440 393 4.393 13.571 3.639 966

2.014 1.648 1.380 486 267 4.523 18.514 • — —

1.515 1.239 1.037 378 200 3.397 12.658 — —

1.656 1.109 990 410 176 3.118 11.232 — —

141 l *

El liberalismo en el poder (1833-68)

Terceros Capuchinos Agustinos calzados Agustinos descalzos Carmelitas calzados Carmelitas descalzos Trinitarios calzados Trinitarios descalzos Mercedarios calzados Mercedarios descalzos Mínimos Servitas San Juan de Dios Canónigos San Benito Cans. San Agustín Cans. San Ant. Abad Premonstratenses Teatinos Clérigos menores Agonizantes Escolapios San Vicente Paúl Jesuítas Freires Malta Santiago Calatrava Alcántara Montesa Sancti Spiritus San Felipe Neri Misioneros Hospitalarios Ermitaños TOTAL

1787

1797

1808

1820

726 3.046 2.536 893 1.672 3.059 1.336 790 2.139 682 1.242 298 596 — 91 166 259 88 273 101 455 75 — 49 90 49 28 19 11 200 14 266 72

679 3.156 2.410 907 1.792 3.237 1.377 816 1.982 674 1.256 288 599 47 86 — 326 89 239 96 439 85 — 59 89 46 13 32 10 200 82 44 42

— 3.454 2.015 799 1.689 2.504 1.161 669 1.849 573 1.074 315 520 — — — 304 — 217 95 498 — — — — — — — — — — — —

— 2.386 1.204 545 1.415 2.222 809 500 1.080 384 806 240 328 — — — 164 — 152 54 430 — 401 — — — — — — — — — —

48.067

49.365

46.568

33.546

J^ff_

IX 2.3¿» 1-jjJjJj ^ l-07° 2 1 2 Q 689 44 '* l-070 2o ° 757 315 335 — — — 161 103 84 487 — 363 — — — — — — — — — — 30.906

La distribución del personal religioso de los conventos de varones en 1835, según los datos reunidos por la Real Junta Eclesiástica, es la siguiente (faltan los datos correspondientes a la Congregación de la Misión, que no fueron enviados a la Junta): ORDENES RELIGIOSAS

Benedictinos, Congregación claustral .. Benedictinos, Observantes de Valladolid Bernardos cistercienses Bernardos cisterc. Castilla y León Cartujos y trapenses San Jerónimo San Basilio Dominicos San Francisco Capuchinos Agustinos calzados Agustinos recoletos Carmelitas calzados Carmelitas descalzos Trinitarios calzados Trinitarios descalzos Mercedarios calzados

Sacerdotes

132 1.147 242 531 210 687 112 1.773 5.730 1.209 724 202 614 1.071 1.071 380 198 592

Ordenados - in sacris» Coristas

5 72 31 50 13 92 14 260 741 218 58 39 53 142 29 38 54

7 187 53 196 19 156 24 510 2.244 268 200 58 193 342 137 85 200

Legos

2 91 70 28 161 32 26 523 2.043 584 207 81 209 478 130 100 213

Novkios

— 13

—

8 7 23

—

52 274 50 17 8 9 91 13 23^.

Total

146 1.510 396 813 410 990 176 3.118 11.232 2.329 1.206 388 1.078 2.124 689

S0" *r$h,

142

Vicente Cárcel Ortí Ordenados Sacerdotes • insacris'

ORDENES RELIGIOSAS

Mercedarios descalzos Mínimos de San Francisco de Paula San Juan de Dios Canónigos Premonstratenses Compañía de Jesús Clérigos Menores Agonizantes Escuelas Pías Servitas Congreg. de la Misión TOTALES

P.II.

,

130 400 22 115 89 48 53 253 121 — 16.785

Coristas

Legos

30 39 — 8 — — 11 — 16 —

56 159 — 29 113 39 11 129 26 —

44 146 288 4 109 11 4 105 74 —

2.013

5.641

5.763

.

Novicios

— 13

260 757

25 5 52 5 5

335 161 363 103 84 487 237

— — —

—

704 30.906

La exclaustración planteó serios problemas a los religiosos. El Gobierno trató de paliar de algún modo esta situación permitiéndoles seguir estudios civiles y convalidar los cursos que tenían aprobados en sus respectivos colegios, aunque no se ajustasen al plan de estudios de las universidades del reino. Se ordenó a los obispos que diesen preferentemente los curatos a los exclaustrados, ya que su manutención constituyó una pesada carga para el Estado. Sin embargo, no fue posible inserir en la pastoral parroquial a miles de exclaustrados; por ello la gran mayoría pudo subsistir gracias a las ayudas estatales, que, según datos de 1837, arrojan un total de 23.935 exclaustrados. En el siguiente cuadro, los jesuitas figuran aparte, porque fueron exclaustrados con anterioridad al decreto del 8 de marzo de 1836. De estos datos se deduce que aproximadamente unos 7.000 exclaustrados encontraron colocación en cargos diocesanos o parroquiales. Exclaustrados en 1837 e importe de sus haberes PROVINCIA

Aragón Asturias Avila Burgos Cádiz Canarias Cantabria Cataluña — (jesuitas) Córdoba Cuenca Extremadura Galicia Granada Guadalajara Jaén León Madrid — (jesuítas) Málaga Mallorca — (jesuitas)

IndivUuos de misa

6

1.273 225 170 680 684 79 78 715 3 647 140 519 1.327 545 274 313 270 663 72 386 645 9

825 93 92 279 341 13 28 364 17 367 76 289 393 377 153 194 98 388) 108$ 259 292) 10$

Total haberes anuaUs (reales de vellón)

2.098 318 262 959 1.025 92 106

3.226.600 512.460 410.990 1.546.505 1.621.695 158.410 173.010

1.099

1.727.545

1.014 216 808 1.720 922 427 507 368

1.582.640 338.720 1.263.630 2.852.110 1.407.440 667.585 783.655 600.060 1 «844QU 1-884.495 988.055 1.524.240

L231

645 956

ptmiTMru PROVINCIA

Total

Mancha Murcia Navarra Palencia Salamanca Santander Segovia Sevilla — (jesuitas) Soria Toledo Valencia — (jesuitas) Valladolid Zamora TOTALES

El liberalismo en el poder

(1833-68)

143

Individuos demisa

Legos

Total

Total haberes anuales ( r e a k s d e vellón)

215 431 22 287 362 38 245

210 279 8 88 158 13 105

425 710 30 375 520 51 350

622.325 1.092.080 48.910 620.135 833.660 83.585 562.100

1.185 12

539 12

1.748

2.787.870

152 400

60 217

212 617

343.100 967.615

2.036 19

939 21

3.015

4.801.575

693 217

126 73

819 290

1.402.695 475.960

16.031

7.904

23.935

37.911.455

La exclaustración afectó también a las religiosas, pero sólo en parte, porque fueron suprimidos los beateríos no dedicados a hospitalidad o a enseñanza primaria, mientras que los restantes conventos podían seguir abiertos si contaban con un mínimo de 20 religiosas. En 1836 se calcula que existían 15.130 monjas, pero no poseemos datos exactos sobre el número de conventos, que, según cálculos aproximados, debía ser superior a los 700 23 .

10.

RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS POR PARTE DE LA SANTA SEDE

La política revolucionaria de Mendizábal provocó la reacción de sus antiguos compañeros exaltados, que le obligaron a dimitir. El poder pasó en mayo de 1836 a Francisco Javier de Istúriz (1790-1871), antiguo amigo de Mendizábal y conspirador con él en 1820, pero ahora su principal enemigo. Istúriz llegó a la jefatura del Gobierno con una carga de moderación, que se advirtió en sus relaciones con la Iglesia. La legislación eclesiástica de los tres meses que duró su gobierno se limitó a medidas de tipo administrativo, relacionadas con el pago de pensiones a los exclaustrados y a otras disposiciones previas al arreglo general del clero. El 14 de agosto de 1836 le sucedió José María Calatrava (1781-1847), profundamente revolucionario, a quien Alcalá Galiano llamó «hombre violento y no muy instruido». Calatrava había tomado parte en el encarcelamiento de Fernando VII en Cádiz y en todos los acontecimientos políticos posteriores. 23 Los datos reproducidos en estos cuadros han sido tomados de M. REVUELTA, La exclaustración (1833-1840) (Madrid 1976) p.14-17, y dé J. SÁEZ MARÍN, Dato sobre la Iglesia española contemporánea 1768-1868 (Madrid 1975) p. 200 y 452. Con respecto a la situación material de los religiosos en vísperas de la exclaustración, afirma Revuelta que «no era tan óptima como pensaban con recelo muchos liberales, pero tampoco eran tan catastrófica y decadente como lamentaban algunos religiosos que añoraban la exuberancia de los tiempos viejos» (p.18).

144

Vicente Cárcel Ortí

La grave situación militar del momento y la restauración de la Constitución de Cádiz favorecieron el ascenso de Calatrava al poder. Pero fue este segundo hecho el que decidió la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno español por parte de la Santa Sede. Fue un gesto —iniciativa personal del papa Gregorio XVI, ciertamente influido por su secretario de Estado, el intransigente cardenal Lambruschini—, que no puede comprenderse sin tener en cuenta, una vez más, la problemática interna de los Estados Pontificios y la debilidad del pontífice, condicionado por las potencias europeas del Norte. Por esas fechas, además, los despachos de los nuncios en París y Viena presentaban un cuadro cada vez más negativo de la situación española. La prensa antiliberal engrandecía y deformaba los hechos y la correspondencia privada que cardenales, obispos y funcionarios del Gobierno pontificio recibían en Roma, procedente en buena parte de sectores carlistas, era extremadamente crítica contra el Gabinete madrileño. También se puso de relieve el influjo adquirido por las sociedades secretas, que gobernaban prácticamente en España e influían directamente sobre la reina gobernadora, María Cristina, y sobre cuantos en la corte cuidaban de la educación de Isabel II. Sin embargo, el golpe decisivo lo dio la restauración de la Constitución liberal de Cádiz. Al comunicar la ruptura de relaciones al encargado español en Roma el 27 de octubre de 1836, el cardenal Lambruschini escribía: «Visto que con la publicación de la Constitución de 1812 ha cambiado nuevamente la situación española, Su Santidad no puede abstenerse de declarar que no podría reconocer por más tiempo ante sí un representante diplomático del actual Gobierno de España». Cesó cualquier comunicación oficial, pero al encargado Aparici se le permitió residir en la Embajada española en Roma para llevar la Agencia de Preces, que no fue suprimida por el Gobierno de Madrid hasta el 7 de junio de 1837. El Gabinete Calatrava fue el de mayor actividad legislativa durante la regencia Cristina, restaurando, tras el breve paréntesis moderado de Istúriz, la línea anticlerical de Toreno y Mendizábal. Sin embargo, la legislación fue poco original, ya que se limitó a sacar consecuencias de las disposiciones precedentes y trató de reprimir la obstinada resistencia del clero, cuya situación fue empeorando sensiblemente al ocuparse las temporalidades a cuantos habían abandonado su ministerio sin autorización del poder civil. Impidió a los obispos que confiriesen órdenes sagradas y que diesen letras dimisorias a los aspirantes, porque muchos jóvenes de diócesis limítrofes con Francia, protegidos por sus respectivos prelados, recibían órdenes de los obispos franceses de Bayona, Tarbes, Pamiers y Perpignan. Otros marchaban directamente a Roma y allí las conseguían. Se castigó con penas severas a cuantos conspiraban contra el Gobierno de Madrid o colaboraban con los carlistas y se intensificó la vigilancia gubernativa para que los párrocos hablasen en favor del nuevo régimen. El 27 de julio de 1837 dio una disposición fatal para el clero regu-

P.II.

El liberalismo en el poder (1833-68)

145

lar, porque extinguió en la Península, islas adyacentes y posesiones de África todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas religiosas de ambos sexos, a excepción de los colegios de misioneros de Asia existentes en Valladolid, Ocaña y Monteagudo; algunas casas de escolapios, varios conventos de hospitalarios y de monjas de la Caridad de San Vicente de Paúl. No toda la legislación del Gabinete Calatrava fue negativa, ya que procuró salvar el inmenso patrimonio artístico y cultural de los suprimidos conventos y monasterios, que pasaron a enriquecer el patrimonio nacional. La Constitución de 1837 fue mal recibida por la Iglesia, porque abrió las puertas a la tolerancia religiosa. Durante los tres últimos años de la regencia Cristina desfilaron por el Gobierno varios ministerios de breve duración, presididos por políticos de escaso relieve, como Bardají, el conde de Ofalia, el duque de Frías y Pérez de Castro, que en materia religiosa se limitaron a ejecutar y completar la legislación precedente. Solamente Pérez de Castro, que había sido nombrado embajador ante la Santa Sede en 1834 al cesar Labrador, pero no llegó a marchar a Roma, trató de suavizar en lo posible las relaciones con la Iglesia, apoyado por su ministro de Gracia y Justicia, el moderado Arrazola. Quiso acercarse lentamente a la Santa Sede ganándose la confianza del episcopado y del clero con una nueva ley de dotación del culto y clero, que fue publicada el 16 de julio de 1840. Sin embargo, la buena voluntad demostrada por el último Gabinete de la regencia Cristina no consiguió alterar el estado de las relaciones diplomáticas. La revolución de Barcelona, consumada en Madrid en el verano de 1840, puso fin a la regencia de María Cristina, que dimitió el 12 de octubre. Comenzó entonces, bajo la regencia del general Espartero, un período más agitado y convulso para la Iglesia española, pues en muy pocos días se decretó la supresión del Tribunal de la Rota, el destierro del obispo de Canarias y la deposición de muchos párrocos en Granada, La Coruña y Ciudad Real. La Nunciatura fue cerrada por orden gubernativa del 29 de diciembre de 1840 y el vicegerente de la misma, Ramírez de Arellano, expulsado de España.

P.II.

CAPÍTULO

III

REGENCIA DE ESPARTERO 1.

(1840-43)

C O N A T O DE CISMA

La tensión entre la Iglesia y el Estado había llegado a tal extremo, especialmente después del cierre de la Nunciatura y de la expulsión del vicegerente, que Gregorio XVI se vio obligado a intervenir solemnemente para denunciar los últimos atropellos del Gobierno. Durante la alocución pronunciada en el consistorio secreto del 1.° de marzo de 1841 condenó la «violación manifiesta de la jurisdicción sagrada y apostólica, ejercida sin contradicción en España desde los primeros siglos». El Gobierno replicó el 29 de junio con una exposición violenta, redactada por el ministro de Gracia y Justicia, José Alonso, que mostraba, una vez más, el antagonismo existente entre ambos poderes y la imposibilidad de reconciliación. Se llegó incluso, por parte del Estado español, a un intento de ruptura con Roma para formar una Iglesia española cismática more anglicano, y esto porque la influencia inglesa fue notable durante la regencia esparterista; pero «todo fue humo de pajas» 24 y el cisma no se consumó. El Gobierno siguió las grandes líneas de la política religiosa anterior. El estado de los obispos y de las diócesis se fue agravando, porque aumentaban las sedes vacantes y la situación del clero se hacía insostenible, ya que el Gobierno no satisfacía sus haberes. No obstante el clima de tensión que siguió a la ruptura de relaciones, los gabinetes madrileños no ocultaron su deseo de reanudar el diálogo con la Santa Sede, con la esperanza de normalizar un día las relaciones. Este fue el caballo de batalla de los últimos gobiernos de la regencia Cristina y de los del trienio esparterista. Y realmente éste era el nudo de la cuestión, ya que los políticos españoles comprendieron que un acercamiento moderado hacia la Iglesia podía favorecer la distensión. Sin embargo, se encontró la negativa total del papa Gregorio XVI y de su secretario de Estado, Lambruschini, que no permitieron la mínima apertura. En momentos en que el pontífice condenaba los errores del liberalismo teórico y práctico, porque minaba los fundamentos histórico^jurídicos de los Estados Pontificios, y mantenía conflictos abiertos con los Gobiernos inglés y alemán por cuestiones relacionadas con la independencia de la Iglesia, resultaba muy difícil iniciar contactos con Madrid, si se tiene en cuenta además que las heridas eran muy recientes y que la intransigencia del papa había alcanzado tonos verbales sin precedentes en sus últimas intervenciones públicas. M. MENÉNDEZ PELA YO, Historia de los heterodoxos... II p.987.

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Sin embargo, no hay que silenciar las pruebas de buena voluntad dadas por el Gobierno de Madrid para acercarse a Roma. Se ha dicho anteriormente que, al producirse la ruptura de relaciones diplomáticas, en Roma quedó el encargado de Negocios español, Aparisi, que vivió como ciudadano privado, hasta que en la primavera de 1839 recibió instrucciones del Gobierno presidido por Pérez de Castro para que explorase las disposiciones de la corte pontificia con respecto a España. Estas gestiones deben situarse en el cuadro de las iniciativas tomadas por el último Gabinete de la regencia Cristina para conseguir el reconocimiento de Isabel II por parte de las potencias del Norte, y, por consiguiente, debe quedar bien claro que la finalidad que movía a los liberales a conectar con Roma era esencialmente política, aunque el aspecto religioso estuviese íntimamente unido al político. El ministro Arrazola dispuso por su parte que una comisión indicase los puntos principales que debían tratarse en eventuales negociaciones con la Santa Sede. Miembros de la misma fueron varios personajes apreciados por su historial político y eclesiástico y por sus conocimientos en dicha materia: Garelli, Ofalia, Martínez de la Rosa, Calatrava, el obispo Torres Amat y el auditor de la Rota, Tariego. El Gobierno era consciente de la imposibilidad de conseguir a corto plazo la reanudación de relaciones diplomáticas, pero sí podía intentarse un acercamiento con el fin de cubrir las necesidades espirituales más urgentes. El dictamen emitido por esta comisión descubrió el espíritu que inspiraba a sus miembros y demostró cuan lejos se estaba de la solución, pues volvieron a aparecer las habituales acusaciones contra la curia romana por las ofensas inferidas a la Corona española. Es decir, se repitió el coro de protestas contra Roma, que la prensa, las Cortes y las reuniones ministeriales habían pronunciado hasta la saciedad desde 1834. Pero se acordó hacer presente al papa tres hechos fundamentales: la injusticia cometida por su Gobierno al no reconocer a Isabel II, su notoria parcialidad a favor de D. Carlos y su decidida hostilidad contra el Gobierno de Madrid a pesar de las declaraciones de neutralidad. Con respecto a los nombramientos de obispos, se pidió que antes de iniciar cualquier negociación quedasen bien claros dos puntos: primero, no tolerar que las bulas se expidiesen motu proprio o ex benignitate Sedis Apostolicae, o con otras cláusulas semejantes, ni que se omitiese en ellas la presentación real, en virtud del patronato, aunque se podría silenciar el nombre de la reina; segundo, que mientras no hubiese nuncio en España se encargase a los obispos la formación de los procesos canónicos para los electos. Pero esta iniciativa quedó sin efecto, así como las gestiones del encargado Aparici en Roma, ya que la posibilidad de una victoria carlista, gracias a la protección de las tres potencias del Norte sobre D. Carlos, y el deseo del papa de ver dicha victoria para que el clero recobrara su antiguo influjo impidieron que la Santa Sede se comprometiera. Además, la presión del emperador austríaco sobre el pontífice fue cada vez más insistente. Desde Viena se controlaban los Estados Pontificios, en momentos críticos en que el gobierno papal era

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P.II.

Ortí

incapaz de contener con sus propias fuerzas los movimientos revolucionarios que surgían en diversos lugares de sus dominios. La solución del conflicto español dependía solamente de las armas y no de negociaciones diplomáticas.

2.

PRIMEROS I N T E N T O S DE RECONCILIACIÓN IGLESIA-ESTADO

Tras el pacto de Vergara, el Gobierno de Madrid intensificó sus iniciativas, ya que las nuevas victorias de las fuerzas isabelinas y la huida de D. Carlos a Francia alteraron sensiblemente el equilibrio anterior. En Roma, a la vez que Aparici reiteraba sus instancias, la Embajada española en París —con el marqués de Miraflores al frente— establecía contactos con el nuncio Garibaldi. Como la situación político-militar había cambiado, pareció conveniente remover a Aparici de su cargo, y fue sustituido por Julián Villalba, antiguo subsecretario de Asuntos Exteriores, que en Roma fue mal recibido, ya que los informes sobre su persona procedían de ambientes carlistas; pero se le aceptó como negociador en misión exploratoria. Villalba pudo entrevistarse con Lambruschini y con Gregorio XVI, y sacó la impresión de que no se reconocería a Isabel II hasta que no lo hiciera el emperador de Austria. Las negociaciones se interrumpieron otra vez. El 20 de julio de 1841, el político moderado Joaquín Francisco Pacheco (1808-65) pidió en las Cortes la inmediata apertura de negociaciones con Roma; pero Espartero, con ley del 2 de septiembre, declaró sujetos a venta los bienes nacionales consistentes en propiedades del clero secular, mientras el 14 de agosto se había dado una ley sobre la dotación del culto y clero, que debía seguir la línea trazada por la de 29 de julio de 1837. La posición rígida del Gobierno se mostraba con estos textos legales frente a la alternativa de los moderados. Ni que decir tiene que la política religiosa de Espartero se ganó los odios del clero y de la población católica. Solamente un cambio de régimen podía salvar la situación, y esto ocurrió tras el pronunciamiento popular de 1843 y la subida de los moderados, presididos por Narváez (1800-68), en mayo de 1844 25 . En diciembre de 1843 había fallecido en Roma Villalba. Para sucederle fue designado un antiguo secretario y confidente de la Reina María Cristina, José del Castillo y Ayensa 26 , que tuvo un peso casi decisivo en las negociaciones preconcordatarias. Pero antes de su llegada a Roma fue encargado interinamente de sustituir al fallecido Villalba el subsecretario de Estado, Hipólito de Hoyos, a quien las autoridades pontificias acogieron con frialdad. Ni el papa ni su secretario de Estado le recibieron en audiencia. Pudo hablar solamente con el secretario del cardenal y trató de «rectificar la opinión respecto a las cosas de España, 25 26

1977).

J. L. COMELLAS, Los moderados en el poder. 1844-1854 (Madrid 1970). B. ROMERO, José' del Castillo y Ayensa, humanista y diplomático (1795-1861)

(Pamplona

El liberalismo en el poder

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opinión que no es de extrañar se halle extraviada en un país donde no se permite ningún periódico nacional ni extranjero, más que los puramente oficiales y científicos, y donde viven tantos españoles carlistas, que, obcecados todavía con la esperanza de que su partido ha de llegar a prevalecer algún día, se ocupan en propalar las noticias que reciben de sus corresponsales de ahí, comentándolas a su gusto e inventado a veces lo que les place» 27 . 27 E. DE LA PUENTE GARCÍA, Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el reinado de Isabel II (1843-1851) (Madrid 1970) p.17.

P.II. El liberalismo en el poder (1833-68)

C A P Í T U L O IV

LA DECADA MODERADA 1.

E L CONVENIO DE

(1844-54) 1845

La política religiosa comenzó a cambiar sensiblemente en sentido favorable a la Iglesia desde la subida de los moderados al poder. El Gabinete presidido por González Bravo (1811-71) autorizó el regreso de los obispos exiliados o huidos y la reapertura del Tribunal de la Rota. Sin embargo, estos gestos no bastaron para que la Santa Sede variase su línea de conducta, y los últimos años del pontificado de Gregorio XVI estuvieron caracterizados por una mayor intransigencia con los regímenes liberales, incluidos los más moderados, como era por aquellas fechas el de España. Desde Roma se exigió que el Gobierno español suspendiera la venta de los bienes eclesiásticos y el j u r a m e n t o de la Constitución de 1837 por parte del clero. Pero se trataba de dos cuestiones que un ministerio débil e inestable, como el de entonces, no podía resolver. La situación evolucionó con la llegada al poderdel general Narváez, que inauguró un largo período de estabilidad política, llamado la «década moderada», desde 1844 hasta 1854. En junio de 1844, Castillo y Ayensa, instalado ya en Roma, inició sus contactos con la corte pontificia. El 18 de agosto logró entrevistarse personalmente con Gregorio XVI, quien «no mencionó ni una sola vez el nombre de España ni nada que pudiera relacionarse con ella», según escribe el diplomático español. Pocos días antes de la audiencia pontificia a Castillo, el Gobierno había suspendido la venta- de bienes del clero secular y de las monjas (decreto de 26 de julio de 1844). Era una primera prueba de buena voluntad del nuevo equipo ministerial moderado, que en Roma no podía pasar desapercibida; pero el cardenal Lambruschini mostró su extrañeza porque nada se decía en dicho decreto de los bienes del clero regular. La omisión había sido hecha intencionadamente por el Gobierno madrileño para provocar una discusión sobre este asunto e iniciar negociaciones bilaterales. Sin embargo, Lambruschini no accedió a esta insinuación. Entre tanto, Martínez de la Rosa, embajador de España en París, cometió una grave imprudencia, que paralizó las gestiones apenas iniciadas en Roma. En nota entregada al nuncio Garibaldi, Martínez de la Rosa puntualizó la postura del Gobierno español, que deseaba pactar con la Santa Sede, pero que ante el servilismo de la corte pontificia hacia las potencias del Norte y las actividades de los carlistas residentes en Roma no se podía llegar a un acuerdo. Sin embargo, la Santa Sede no reaccionó

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polémicamente a la nota del embajador español en París. Se limitó a formular unas Observaciones que llegaron a manos de Martínez de la Rosa cuando acababa de hacerse público su nombramiento como nuevo ministro de Estado de Isabel II. Su llegada al Ministerio hizo pensar «que el dualismo ideológico aparecido en el partido moderado permanecería, aunque con diferentes matices, ya que, al representar el embajador en París la tendencia contraria a la reforma de la Constitución de 1837, se colocaba en una posición más liberal que la sostenida por Narváez. Pero éste poseía la capacidad necesaria para que el pretendido dualismo no crease ningún problema en las tareas del Gobierno. Por lo tanto, tal vez en contra de sus íntimas convicciones, Martínez de la Rosa tuvo que reconocer que el acoplamiento realizado por Narváez era, al menos por el momento, el único sistema viable en España» 28 . La oposición parlamentaria quedó desconcertada cuando Martínez de la Rosa esquivó el tema de la venta de los bienes del clero en su discurso sobre las relaciones hispano-romanas. Cuando se examinó el proyecto de reforma de la Constitución de 1837, se intentó resolver el conflicto creado con motivo de la redacción de los artículos 4 y 11 de la misma. El primero se refería a la unidad de fueros y códigos y el segundo había definido la posición de la Iglesia en España. El problema quedó resuelto con el nuevo texto de la Constitución de 1845, que en su artículo 11 decía: «La religión católica, apostólica y romana es la de la nación española. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros». El segundo párrafo encerraba el problema pendiente con Roma sobre la dotación económica de la Iglesia. Castillo y Ayensa, en su Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del rey D. Fernando VII, narra con abundantes pormenores sus gestiones encaminadas a conseguir un acuerdo con la Santa Sede, gestiones que llevaron al «concordato de 1845». Las bases previas exigidas por la Santa Sede se referían al juramento de la Constitución, a los nombramientos de administradores apostólicos para las sedes vacantes y al derecho de propiedad de la Iglesia. La aceptación de estos tres pi.ntos era fundamental para seguir negociando. Otras cuatro peticiones se referían a la sustentación del culto y clero, a los nombramientos de obispos, a la libertad de los mismos en el ejercicio de su jurisdicción y a la completa restauración de las órdenes religiosas. La venta de los bienes eclesiásticos planteaba serios problemas, porque resultaba prácticamente imposible devolver al clero fincas que estaban ya en manos de nuevos propietarios al amparo de una complicada legislación del Ministerio de Hacienda. Si el papa hubiese sanado los bienes vendidos, buena parte de las dificultades habrían quedado superadas. Las gestiones de Castillo en Roma coincidieron con la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre dotación del culto y clero. En realidad, no preocupaba tanto la cantidad —que en el texto del proyecto ascendía a 159 millones de reales— cuanto su significado, es decir, si 28

E. DE LA PUENTE GARCÍA, Relaciones diplomáticas... p.18.

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debía ser considerada como retribución de los eclesiásticos por el servicio religioso que prestaban o como indemnización que el Estado debía hacer a la Iglesia. La primera hipótesis vinculaba la Iglesia al Estado y convertía a sus ministros en funcionarios del poder civil. La segunda permitía independencia y autonomía a la Iglesia. El 1.° de junio de 1845 se aprobó la cantidad indicada en el proyecto para dotación del culto y clero, con cargo al capítulo de obligaciones del presupuesto general del Estado de dicho año. Entre tanto había autorizado el Gobierno que volviesen a propiedad del clero secular^ los bienes no enajenados, cuya venta había sido suspendida por el decreto del 26 de julio de 1844. También se suspendió la venta de los conventos y monasterios. Estos gestos de buena voluntad hicieron cambiar la actitud de la Santa Sede, que el 27 de abril de 1845 había firmado un convenio con España por el que se restablecían las relaciones diplomáticas, se reconocía a Isabel II y se renovaban todos los acuerdos anteriores a la muerte de Fernando VIL Sin embargo, este convenio o concordato no fue ratificado por el Gobierno de Madrid. A Castillo y Ayensa se le felicitó por haber llegado a este acuerdo, que él había negociado y firmado, pero se le hizo ver que la situación política no permitía cumplir cuanto en Roma se había acordado. En efecto, los partidos y grupos de la oposición atacaron duramente la nueva línea del Gabinete Narváez y desencadenaron una intensa campaña de prensa para desacreditar el nuevo concordato. Narváez, además, iba perdiendo prestigio y poder a medida que aumentaba el influjo de personajes que frecuentaban la corte e influían en el ánimo de la joven reina y de su madre.

2.

PONTIFICADO DE P Í O I X

El cese de Narváez y la sucesión de otros fugaces gabinetes coincidieron con la muerte del Gregorio XVI (1.° junio 1846) y la elección de Pío IX (16 junio 1846). En España fue recibido con general satisfacción el nuevo papa, porque eran conocidas sus tendencias pro liberales. Algunos obispos, como el célebre Torres Amat, entonces anciano, cantaron la llegada del joven pontífice con tono muy elocuente 29 . Se esperaba que Pío IX, a sus cincuenta y cuatro años de edad, cambiara radicalmente la línea política de su predecesor con respecto a España, y así 29 En su saludo al nuevo papa, el obispo de Astorga decía que por fin veía lo que nunca «había creído ver y lo que concebía fuera de toda esperanza: la idea de un pontífice romano que gobierna con el mismo espíritu de Jesucristo... que hace esperar reformas saludables y medidas justas y de buen gobierno en la Iglesia de Dios... digo que es un consuelo demasiado fuerte para un alma tan sensible y trabajada como la mía. Así es que viene a costarme este placer muchos ratos de lágrimas. No parece sino que vuelvo a la edad de las ilusiones, Beatísimo Padre. Leo una y muchas veces con extraordinario júbilo las noticias de Roma, y la memoria de las cosas que ha hecho Vuestra Santidad excita en mí suaves efectos» (citado en mi artículo El primer documento colectivo del episcopado español. Carta al papa en 1839 sobre la situación nacional: Scriptorium Victoriense 21 [1974] 152-99 n.42).

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fue. Al papa de la intransigencia sucedía el de la comprensión y tolerancia. Una época nueva comenzaba para España tras el matrimonio de Isabel II con su primo Francisco de Asís 3 0 y con la amplia amnistía, que permitió el regreso de liberales exaltados. Aunque el concordato de 1845 quedó sin ratificar, el nuevo papa se mostró dispuesto a resolver las cuestiones religiosas pendientes. En marzo de 1847 llegó a Madrid el delegado apostólico Giovanni Brunelli, primer representante pontificio en España desde la salida de Amat en 1835. Sus primeros meses de estancia en la capital de la nación fueron difíciles, porque no siempre los ministros —y en particular los del Gabinete de García Goyena— mostraron comprensión por los asuntos de la Iglesia. Castillo y Ayensa fue destituido de su cargo en Roma, se ordenó de nuevo la venta de bienes eclesiásticos, que los gobiernos anteriores se habían reservado para poder cubrir el presupuesto de ayuda al culto y clero —se trataba de bienes pertenecientes a hermandades, ermitas, santuarios y cofradías— y fue nombrado embajador ante la Santa Sede Joaquín Francisco Pacheco. La vuelta de Narváez al poder a finales de 1847 facilitó la reanudación de las negociaciones. En el consistorio del 7 de diciembre de dicho año lamentó Pío IX que los asuntos de España procediesen tan lentamente. El año 1848, caracterizado por los movimientos revolucionarios europeos, fue decisivo no sólo para la consolidación en el poder de los moderados españoles, sino también de los grandes partidos conservadores de otras naciones. En el campo de las relaciones Iglesia-Estado quedaba mucho todavía por hacer, y Narváez estaba dispuesto a ganarse el apoyo incondicional de los eclesiásticos restaurando su antigua posición económica y social en la España que entraba ya en la segunda mitad del siglo XIX. Para garantizar el orden público se preparó en 1848 un nuevo Código penal, que especificaba una serie de «delitos contra la religión». Quiso conseguir Narváez la benevolencia del nuevo papa, y ya que las negociaciones diplomáticas no daban buen resultado, por lo menos la represión policial podía producir algún efecto. Pero estas medidas escondían una realidad más trágica, que era el panorama económico español, agravado por la corrupción que reinaba en todos los ámbitos de la Administración pública. La situación político-económica creada por el régimen liberal había favorecido la acumulación de enormes capitales en manos de un reducido número de propietarios, quienes, evitando los riesgos de fluctuaciones, acaparaban dos tercios del capital productivo a expensas de la población nacional. La enajenación de los bienes raíces y derechos que habían pertenecido a las órdenes militares, así como los censos, rentas y derechos procedentes de ermitas, santuarios, hermandades y cofradías pertenecientes al Estado, podía resolver en parte esta situación. Pero las repercusiones fueron muy negativas en el campo eclesiástico, ya que las protestas de la Santa Sede y del clero no se hicieron esperar. 30

M. T . PUGA, El matrimonio de Isabel II (Pamplona 1964).

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P.II. El liberalismo en el poder (1833-68)

El 27 de mayo de 1848 fue constituida una Junta mixta, presidida por el obispo de Córdoba, Tarancón Morón, cuya finalidad era estudiar la situación del culto y clero y buscar soluciones. Durante el verano de 1848, las relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede se normalizaron completamente. Monseñor Brunelli, primer nuncio apostólico ante la reina Isabel II, presentó sus credenciales el 22 de julio, mientras el embajador Martínez de la Rosa llegaba el 3 de agosto al Vaticano en calidad de primer representante del Gobierno español. Entre tanto, varias naciones europeas, y en concreto Austria, Prusia y Ñapóles, habían reconocido a Isabel II. La situación de los Estados Pontificios tras la huida del papa a Gaeta en 1848 (24 noviembre) provocó una reacción de los gobiernos europeos en favor del pontífice con el fin de restaurarle en su trono. España mostró un singular empeño en esta empresa bélica, y se puso al frente de las naciones católicas, seguida con menor entusiasmo por Francia, Austria, Turín, Florencia, Ñapóles y Munich. La expedición española, al mando del general Fernando Fernández de Córdoba, compuesta por 4.000 hombres, salió del puerto de Barcelona el 23 de mayo de 1849. Después siguieron las expediciones de otros países.

español. Por ello no es necesario detenerse en aspectos parciales, que pueden consultarse tanto en estas obras actuales como en otras anteriores. El concordato se firmó el 16 de marzo de 1851, cuando acababa de subir a la jefatura del Gobierno el moderado Bravo Murillo, que representaba la extrema derecha del partido monárquico conservador. Pero no fue él quien negoció el texto concordado, como se ha visto anteriormente, sino quien recogió el fruto de las lentas gestiones llevadas a cabo durante el mandato de Narváez, debidas en buena parte a la intervención personal de ministros católicos practicantes como Pidal y Arrazola. Sin embargo, no debe sorprender que la historiografía liberal haya tildado «a aquellos ministros de beatos, tecnócratas y papistas; no porque tales términos resulten ni remotamente adecuados al caso, sino porque una actitud como la de Bravo Murillo y sus colaboradores podía resultar llamativa en su época» 32 .

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3.

E L CONCORDATO DE 1 8 5 1 3 1

La lenta negociación del concordato de 1851 ha sido estudiada con mucha detención por F. Suárez, mientras que un buen trabajo de conjunto sobre el mismo sigue siendo el de Pérez Alhama. Las Observaciones del nuncio Brunelli al proyecto de concordato, dadas a conocer recientemente, descubren aspectos inéditos de la problemática preconcordataria y de las pretensiones de la Santa Sede al tratar con el Gobierno 31 El texto castellano del concordato está en el apéndice de este tomo p.719ss. El texto latino, en Pii IX Pont. Max. Acta, pars prima I p.311-38, y la edición bilingüe, en Raccoha di concordati, a cura di A. Mercati (Roma 1919) p.770-79. La negociación del concordato debe seguirse a través de la correspondencia del nuncio Brunelli, en V. CÁRCEL ORTÍ, LOS despachos de la Nunciatura de Madrid (1847-1857): Archivum Historiae Pontificiae 13 (1975) 311^100; 14 (1976) 265-356, y las observaciones críticas de Brunelli a todo el proyecto, en El nuncio Brunelli y el concordato de 1851: Anales Valentinos 1 (1975) 79-198. 309-77. Los dos mejores estudios son de F. SUÁREZ, Ge'nesis del concordato de 1851: Ius Canonicum 3 (1963) 65-249, y J. PÉREZ ALHAMA, La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jürídico a través del concordato de 1851 (Madrid, Ins. Est. Políticos, 1967). La legislación que siguió al concordato puede verse en varios recopiladores y comentaristas: L. CUCALÓN Y ESCOLANO, Exposición del concordato de 1851 (Madrid 1853); J. TEJADA Y RAMIRO, Colección completa de concordatos españoles t.7 (Madrid 1862) p.iv-xii; J. SÁNCHEZ RUBIO, Juicio imparcial y comentarios sobre el concordato de 1851... (Madrid 1853); J. TRONCOSO, El concordato, o sea breves reflexiones político-religiosas sobre este importante documento (Madrid 1851); VIZCONDE DE GRACIA REAL, Comentarios al concordato entre el sumo pontífice Pío IX y Su Majestad Católica D." Isabel de Borbón (Madrid 1851); E. PIÑUELA-F. MEANA-M. PARDO-J. SOTO, El concordato de 1851 y disposiciones complementarias vigentes (Manuales de Derecho: 36) (Madrid, Ed. Reus, 1921); J. de SALAZAR ABRISQUIETA ha editado la Storia del concordato di Spagna, conchiuso il 16 marzo 1851, e delta convenzione al medesimo concordato, stipolata il 25 agosto 1859, di Vincenzo Nussi, prelado vaticano que siguió de cerca la negociación de los dos acuerdos: Anthologica annua 20 (1973) 823-1116. De la historia del concordato se han ocupado también historiadores / generales, como Modesto Lafuente, Pirala, V. de la Fuente, Menéndez Pelayo, Jerónimo Bécker y, por supuesto, J. del Castillo y Ayensa.

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Al concordato de 1851 puede decirse que se llegó fatalmente ante la imposibilidad, constatada por las dos altas partes, de conseguir una reconciliación total y sincera. Y aunque «ninguna de ambas potestades cedió en lo que consideraba su obligación mantener a toda costa», sin embargo, «cedieron al concederse recíprocamente lo que cada una de ellas pedía. Dentro de lo humanamente posible, se habían reparado daños inmensos y restañado heridas profundas. Hicieron falta siete años de gobiernos moderados para sacar adelante algo que, en tono mucho menor, no fue posible conseguir en 1845; pero fue también necesario que los gobiernos moderados no dejaran de ser por ello liberales para que se tardara siete años —con hartas vicisitudes— en lograr lo que se pudo haber conseguido en mucho menos tiempo» 33 . Por ello, el concordato no puede considerarse una obra perfecta, si bien pudo acabar con casi veinte años de tensiones entre la Iglesia y el Estado en España. Y éste es quizás su mayor mérito. Aunque ahora no es posible hacer un análisis detallado de sus 46 artículos, sí podemos detenernos en los que han sido más significativos y transcendentales para la organización eclesiástica española hasta 1931, salvado el sexenio revolucionario (1868-74). La unidad católica de España quedó solemnemente afirmada en el artículo 1.°, con gran escándalo de los liberales progresistas, de los nacientes demócratas v de los fautores de la separación Iglesia-Estado, si bien la enunciación de dicho primer artículo no era más que la simple constatación de un hecho. La primera consecuencia de este principio era, lógicamente, la enseñanza de la doctrina católica, que debería impartirse en todas las universidades, colegios, seminarios y escuelas de cualquier clase, bajo la vigilancia de los obispos, «encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud (art.2.°). El Estado 32 33

J. L. COMELLAS, Los moderados en el poder... p.297. F. SUÁREZ, Génesis del concordato de 1851... p.209.

Histttrin Ap la laUaúl 5

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garantizó su protección a la Iglesia (art.3.°) y reconoció la plena libertad de los obispos en el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica (art.4.°). Se estableció una nueva circunscripción de las diócesis, con la desaparición de ocho sedes sufragáneas —Albarracín, unida a Teruel; Barbastro, a Huesca; Ceuta, a Cádiz; Ciudad Rodrigo, a Salamanca; Ibiza, a Mallorca; Solsona, a Vich; Tenerife, a Canarias, y Tudela, a Pamplona— y la creación de tres nuevos obispados: Ciudad Real, Madrid y Vitoria (art.5.°). La nueva geografía eclesiástica quedó de la siguiente forma: Iglesia metropolitana de Burgos, con seis sufragáneas: Calahorra o Logroño, León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria. Iglesia metropolitana de Granada, con cinco sufragáneas: Almería, Cartagena o Murcia, Guadix, Jaén y Málaga. Iglesia metropolitana de Santiago de Compostela, con cinco sufragáneas: Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy. Iglesia metropolitana de Sevilla, con cuatro sufragáneas: Badajoz, Cádiz, Córdoba e Islas Canarias. Iglesia metropolitana de Tarragona, con seis sufragáneas: Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y Vich. Iglesia metropolitana de Toledo, con seis sufragáneas: Ciudad Real, Coria, Cuenca, Madrid, Plasencia y Sigüenza. Iglesia metropolitana de Valencia, con cuatro sufragáneas: Mallorca, Menorca, Orihuela o Alicante y Segorbe o Castellón de la Plana. Iglesia metropolitana de Valladolid, con cinco sufragáneas: Astorga, Avila, Salamanca, Segovia y Zamora. Iglesia metropolitana de Zaragoza, con cinco sufragáneas: Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y Teruel (art.6.°). Fueron suprimidos los territorios exentos de los obispados de Oviedo y León (art.8.°). Y los territorios diseminados de las cuatro órdenes militares —Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa— quedaron agrupados en un priorato, con sede en Ciudad Real, cuyo prior tendría carácter episcopal (art.9.°). Los obispos extendieron su jurisdicción a todas sus diócesis (art.10) y fueron suprimidas todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas (art.ll), así como la Colectoría General de Espolios, Vacantes y Anualidades, que fue unida a la Comisaría de la Cruzada (art.12). Fueron reestructurados los cabildos catedralicios, bajo la presidencia del deán, primera silla post pontifkalem, y se dio una nueva normativa para la provisión de beneficios (art.13 a 23). Se urgió la redacción de un nuevo arreglo parroquial en todas las diócesis y se reguló la provisión de curatos (art.24 a 27). Se reformó p r o f u n d a m e n t e la organización de los seminarios (art.28) y se autorizó el establecimiento de casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y «otra orden de las aprobadas por la Santa Sede» (art.29). Se conservó el Instituto de las Hijas de la Caridad y las casas de religiosas dedicadas a la educación y enseñanza de niñas u otras obras de caridad (art.30).

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A la Iglesia se le reconoció el derecho de adquirir por cualquier título legítimo y su propiedad en todo lo que poseía y adquiriese en lo sucesivo (art.41) y el papa levantó la condena pendiente sobre los compradores de los bienes eclesiásticos procedentes de la desamortización, si bien los no vendidos volverían a sus antiguos propietarios (art.42). Era una forma de solucionar un grave problema de conciencia que había turbado de algún modo a gobernantes y propietarios, que se enriquecieron gracias a la legislación relativa a la compra de los bienes desamortizados, que favorecía a los económicamente más poderosos. El concordato de 1851 fue, ante todo, un acto político tanto por parte del Estado español como de la Santa Sede. Por parte de ésta se hicieron al primero dos grandes concesiones: la renovación del patronato regio en condiciones semejantes a las del concordato de 1753, que permitía la intervención directa de la Corona en los nombramientos de obispos y en la provisión de canonjías y parroquias, y el reconocimiento de la desamortización como hecho irreversible y consumado. Esto hizo que se volviera al regalismo del siglo x v m y que todos los gobiernos de la monarquía española hasta 1931 manifestaran excesivamente sus injerencias en asuntos eclesiásticos, al amparo de la legalidad concordada, sobre todo en materia económica y patrimonial. Frente al poder político, la Iglesia intentó defenderse, buscando una independencia y autonomía que nunca consiguió plenamente. Para ello trató de salvar el ejercicio libre de la jurisdicción eclesiástica, que fue garantizado por el Estado, si bien tuvo que pedir una dotación para el culto y clero que entonces sólo podía venir del Estado. Por ello, la característica quizá más relevante de este concordato fue la económica. El propio nuncio reconoció las grandes implicaciones que llevaba consigo el problema económico. No faltaron críticas al concordato, algunas exageradas, como la de Valera, para quien se firmó en la época «de la mayor reacción política en España y por un Gobierno despótico y sumamente piadoso» 34 . El concordato fue promulgado con ley del 17 de octubre de 1851, y desde entonces comenzó su ejecución, que fue muy lenta y compleja, porque el Gobierno moderado multiplicó las disposiciones legales tendentes a cumplir los acuerdos con la Santa Sede hasta la revolución de 1854. El 21 de octubre fue suprimida la Colecturía General de Espolios, Vacantes y Anualidades y el tribunal de la gracia del excusado. El 21 de noviembre se ordenó el arreglo del personal de las catedrales y colegiatas y la organización de las parroquias. El 29 de noviembre se afrontó la dotación del culto y clero. El 8 de diciembre se adoptaron disposiciones para la entrega al clero de sus bienes, a la vez que se dictaban normas sobre la enjenación de los bienes eclesiásticos. El 8 de enero de 1852 se reguló la administración de los fondos de la Cruzada tras la supresión del comisario general de la misma. El 10 de abril se crearon comisiones investigadoras de memorias, aniversarios y obras pías. Y el 21 del mismo mes se dieron normas sobre edificación y reparación de los tem34

J. L. COMELLAS, Los moderados en el poder... p.300.

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píos parroquiales. El 21 de mayo se decretaron varias disposiciones relativas al régimen y enseñanza de los seminarios conciliares y fueron suprimidas las facultades de teología de las universidades. El 28 de septiembre se publicó el nuevo plan de estudios para los seminarios conciliares 35 . El 23 de julio de 1852 fue restablecida la Congregación de San Vicente de Paúl, y el 3 de diciembre, la de San Felipe Neri. El 15 de noviembre de 1852 se ordenó a los clérigos el uso del traje eclesiástico, consistente en hábito talar y alzacuello. Más lenta fue la ejecución del concordato con respecto a la erección de las nuevas diócesis. La primera fue Vitoria, pero no se consiguió hasta el 26 de septiembre de 1861. Le siguió la prelatura nullius de Ciudad Real, formada con el llamado «coto redondo» de las órdenes militares, el 18 de noviembre de 1875, y Madrid, el 7 de marzo de 1884, a la que se unió el título de Compluto o Alcalá de Henares, el 7 de marzo de 1885. 35 Sobre este plan de estudios cf. mi opúsculo Segunda época del Seminario Conciliar de Valencia (Castellón de la Plana, Soc. Cast. de Cultura, 1969), p.22-29, y el artículo de J. M. CUENCA TORIBIO, Notas para el estudio de los seminarios españoles en el pontificado de Pío IX: Saitabi 23 (1973) 51-87.

CAPÍTULO V

EL BIENIO PROGRESISTA 1.

(1854-56)

N U E V O S CONFLICTOS CON LA IGLESIA

Con sensible retraso con respecto al movimiento revolucionario europeo de 1848, estalló en España, en junio de 1854, una revuelta militar llamada «la Vicalvarada», que ha querido compararse con otras sublevaciones de su tiempo, cuando en realidad no fue más que un pronunciamiento de generales conservadores y moderados, apoyados por algunos políticos y por manifestaciones populares que muy poco o nada tenía de revolución nacional, aunque el impacto que entonces produjo y el sentido que le dio la historiografía decimonónica ha hecho que pasara hasta nuestros días con el pretencioso título de «revolución de 1854» 36. El general O'Donnell, que encabezó el alzamiento contra el Gobierno del conde de San Luis, inició una nueva gestión política ciertamente más avanzada que la de su predecesor. De ahí que el nuevo sistema que implantó este general con la ayuda de Espartero se haya llamado «bienio progresista» (28 junio 1854-14 julio 1856). Ya en 1852 había proyectado Bravo Murillo una Constitución de tipo autoritario, que no pudo prosperar debido a la fuerte oposición parlamentaria, que encabezó el general Narváez, quien se opuso a cualquier intento de política antiliberal. La situación interna fue muy inestable, y por el Gobierno pasaron rápidamente Roncali, Lersundi y el conde de San Luis. En marzo de 1854 se produjo en España la primera huelga general, y tres meses más tarde, O'Donnell dio el golpe militar para cortar los abusos del conde de San Luis, que habían llevado el país al desastre. La carestía aumentó el descontento del campesinado, especialmente en Andalucía, a la vez que la naciente industria, en concreto la catalana, comenzaba a organizarse corporativamente, y pronto surgieron las primeras asociaciones de trabajadores. El movimiento obrero, que en 1841 había hecho tímidamente su aparición en España, pudo organizarse libremente durante el bienio progresista. La guerra de Crimea favoreció las inversiones industriales y ferroviarias y la explotación minera. La política del bienio fue esencialmente burguesa, y su representante más genuino, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, autor de las leyes de ferrocarriles, minas, bancaria y de la nueva desamortización. La vuelta al Gobierno de algunos ministros que lo habían sido durante la regencia de Espartero (1840-43) hizo presagiar nuevos conflic36 D. SEVILLA ANDRÉS, La revolución de 1854 (Valencia 1960); V. G. KIERNAN, La revolución de 1854 en España (Madrid 1970).

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tos con la Iglesia. En concreto, el de Gracia y Justicia, José Alonso, recordaba los intentos de cisma en 1841, uno de los momentos más oscuros de la Iglesia española decimonónica. Apenas instalado en su dicasterio, comenzaron a llover sobre los obispos disposiciones emanadas por este ministro con el fin de contener el influjo de la Iglesia y limitar su campo de acción. En este sentido hay que entender una real orden del 19 de agosto de 1854 por la que se impedía a los prelados la condenación y prohibición de obras sin haber oído las explicaciones de su autor y obtenido el consentimiento de la reina. El Gobierno quería garantizar «la libertad que tienen los españoles de emitir sus ideas por medio de la imprenta», y ésta contrastaba con la praxis episcopal de condenar autores sin oírles y de calificar el sentido de sus escritos sin escuchar sus explicaciones, causándoles con este proceder daños materiales y morales. Otra real orden del mismo día pedía a los obispos que velasen sobre los predicadores para que no descendiesen a temas políticos y sociales, porque creaban confusión entre el pueblo y provocaban desobediencia a las autoridades constituidas. El ministro Alonso urgió la residencia de los eclesiásticos y mandó que salieran de Madrid en el plazo de quince días cuantos no justificasen un título legítimo para residir en la capital (R.O. 23 agosto 1854); autorizó el restablecimiento de las Facultades de Teología en las Universidades de Madrid, Santiago, Sevilla y Zaragoza (R.D. 25 agosto 1854); prohibió el alumnado externo de los seminarios conciliares, que podrían admitir solamente alumnos internos de gracia y pensionistas, mientras los externos podrían frecuentar los estudios eclesiásticos en las universidades civiles (R.O. 25 agosto 1854); dictó varias disposiciones para activar la formación y conclusión de los expedientes de arreglos parroquiales y suspendió la provisión de los curatos vacantes (R.O. 3 septiembre 1854); derogó el decreto de 3 de mayo de 1854 por el que se había establecido la comunidad de monjes Jerónimos en el monasterio de El Escorial (11 septiembre 1854); suprimió la Cámara Eclesiástica, que fue reemplazada por un consejo llamado Cámara del Real Patronato. El organismo suprimido había sido creado el 2 de mayo de 1851 y tenía las atribuciones consultivas relacionadas con el ejercicio del patronato real, que antiguamente habían sido del Consejo de Castilla, exceptuadas las judiciales, asignadas al Tribunal Supremo de Justicia (R.D. 17 octubre 1854). Su sucesor en el Ministerio, Joaquín Aguirre (1807-69), aprobó el reglamento orgánico para la administración de los efectos vacantes y bienes procedentes del ramo de Espolios (R.D. 19 enero 1855); declaró en su fuerza y vigor la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías de sangre, derogada por real decreto de 30 de abril de 1852 (R.D. 6 febrero 1855); dictó disposiciones para que los vicarios capitulares de las sedes vacantes, los provisores y vicarios generales mostrasen su adhesión a las instituciones del país como condición indispensable para su elección o nombramiento (R.O. 15 febrero 1855); insistió a los obispos para que recordasen las órdenes dadas por su predecesor Alonso en el sentido de que los predicadores no debían tratar temas políticos y socia-

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les y autorizó a los gobernadores civiles y jueces que aplicasen severamente las leyes para reprimir y castigar los excesos cometidos por los eclesiásticos en esta materia (R.O. 21 febrero 1855); prohibió el conferimiento de órdenes sagradas (R.D. 1 abril 1855); urgió a los prelados la terminación de arreglo parroquial, previsto en el artículo 24 del concordato (R.O. 12 abril 1855); suspendió la admisión de novicias en todos los conventos y monasterios (R.O. 7 mayo 1855) y dispuso el cese de los ecónomos que habían luchado con los carlistas y que durante la guerra civil habían sido ordenados en el extranjero (R.O. 27 mayo de 1855). Otro ministro de Gracia y Justicia, Fuente Andrés suprimió los conventos que no tuvieran doce religiosas profesas (R.O. 31 julio 1855) y ordenó a los gobernadores civiles que remitiesen relaciones completas de los eclesiásticos adictos al régimen, así como de los que se declaraban en abierta rebeldía y de los que dificultaban la acción de las autoridades civiles (R.O. 17 agosto 1855); prohibió a los obispos y al clero en general que imprimiesen o divulgasen escritos individuales o colectivos dirigidos a la reina o a las Cortes (R.O. 20 septiembre 1855); suprimió la segunda enseñanza en todos los seminarios (R.D. 29 septiembre 1855). El 6 de febrero de 1856, otro titular de Gracia y Justicia, Arias Uría indicó a los obispos la línea de conducta que debía observar el clero en sus relaciones con el Estado, con el fin de evitar conflictos por motivos políticos. Y pocos días antes de la caída del último Gobierno revolucionario aprobó la instrucción para el cumplimiento de la ley de 27 de mayo de 1856 sobre redención de cargas espirituales y temporales (R.O. 8 julio 1856).

2.

O T R A DESAMORTIZACIÓN

He querido indicar de forma sumaria algunas de las disposiciones más significativas que se adoptaron en materia eclesiástica durante el bienio. Ciertamente, la legislación fue mucho más amplia y ocupó también a otros ministerios, especialmente al de Hacienda, por lo que se refiere a la desamortización de bienes eclesiásticos. El 7 de febrero de 1855, la Gaceta de Madrid publicó un real decreto del titular de este departamento que autorizaba a someter a discusión en las Cortes un proyecto de ley que declaraba en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, a los pueblos, al clero y a los establecimientos y corporaciones de beneficencia e instrucción pública. El ministro Madoz defendió que dicho proyecto no violaba el concordato, y, aunque lo hubiese violado, las Cortes de la nación tenían suficiente autoridad para dar a las propiedades eclesiásticas el destino que estimasen conveniente. La protesta de los obispos fue inmediata, y el de Osma, en concreto, elevó un escrito que detuvo la discusión parlamentaria, porque las Cortes tuvieron que estudiar las razones expuestas por el prelado, quien exigió la intervención de la Santa

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Sede antes de legislar sobre esta materia, ya que no podía tolerarse una desamortización eclesiástica impuesta unilateralmente por el Estado sin contar con la Iglesia. El prelado oxomense amenazó con severas penas canónicas a los autores de la ley y a los compradores de dichos bienes. Por este motivo fue desterrado a Canarias, lo mismo que sus colegas de Urgel, José Caixal, conocido por sus abiertas simpatías carlistas, y de Barcelona, José Domingo Costa y Borras, una de las figuras más preclaras del episcopado en aquellos momentos. A finales de abril de 1855, la ley de desamortización eclesiástica y civil estaba aprobada por las Cortes, y cuando los generales Espartero y O'Donnell fueron el día 25 a pedir la aprobación de la reina, ésta se negó. Había intervenido Mons. Franchi, encargado de Negocios de la Santa Sede, quien, sin embargo, no pudo impedir que días más tarde Isabel II firmara la nueva ley. El Gobierno adoptó medidas persecutorias y restrictivas contra los obispos y eclesiásticos que mayor oposición mostraban al régimen y desterró a la célebre sor Patrocinio, la «monja de las llagas», acusada de intrigas palaciegas y de supersticiones y engaños, en los que caía la misma joven reina, cuya ignorancia en materia religiosa era de todos conocida. Las repercusiones de la nueva ley para la Iglesia fueron enormes. De nada sirvieron las enérgicas protestas del episcopado y de la Santa Sede, que ordenó el retiro de su representante, Mons. Franchi, quien desde la salida del cardenal Brunelli en octubre de 1853 había estado al frente de la Nunciatura. Franchi salió de Madrid a mediados de julio de 1855 y la Nunciatura quedó cerrada hasta la llegada de Mons. Simeoni, nuevo encargado de Negocios, en mayo de 1857. Al mismo tiempo, el embajador Pacheco abandonó Roma, y las relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede quedaron interrumpidas. La ley desamortizadora afectó a todos los bienes del clero, a los de las cuatro órdenes militares, a los de cofradías, obras pías y santuarios. A diferencia de la de Mendizábal, la desamortización de Madoz careció de la virulencia que caracterizó aquélla, quizá porque encontró una resistencia mayor de la Iglesia. El Ministerio de Hacienda multiplicó las disposiciones legales con el fin de asegurar las incautaciones de bienes eclesiásticos. Las ventas comenzaron inmediatamente, de forma que en el mes de mayo de 1855 se vendieron cerca de 7.800 fincas por un valor de 90 millones de reales, mientras en agosto se llegaron a vender 11.140 fincas, por un total de 152.812.667 reales. Las cifras totales de esta desamortización fueron las siguientes: Fincas rústicas Fincas del clero regular . . . Fincas del clero secular . . .

2.494 22.351

Fincas Total urbanas 629 4.576

Valor en tasación

Valor en venta

3.123 23.892.555 49.878.417 26.927 135.330.007 273.941.004

Cotización 208,7 202,4

Estos datos se refieren a las ventas, ya que Hacienda por su parte se incautó de 12.711 fincas del clero regular y otras 129.372 del secular. Nótese que existía una gran diferencia entre las propiedades de ambos

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cleros, porque mientra,' el regular había sido más castigado por la desamortización de Mendizábal, el secular había podido salvarse en buena parte. Se repitieron, además, los índices de intensidad registrados en la década de los treinta, es decir, las ventas mayores se produjeron en Sevilla, Cádiz, Valencia, Avila y Burgos.-. En materia constitucional, durante el bienio se intentó aprobar, sin éxito, una Constitución que en su artículo 14 toleraba las creencias religiosas privadas y los cultos. Pero por 103 votos contra 99 no se aprobó la libertad religiosa, mientras Ríos Rosas y Nocedal consiguieron, tras brillantes discursos, que fuese ampliamente reafirmada la unidad católica de España. Era, una vez más, «el tributo pagado a cambio de la desamortización eclesiástica, fiel demostración del pragmatismo de los progresistas, anticlericales en el terreno económico, ortodoxos en el campo estricto de la política religiosa» 37 . 37

J. M. CASTELLS, Las asociaciones religiosas... p.205.

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C A P Í T U L O VI

ÚLTIMOS AÑOS DEL REINADO DE ISABEL II 1.

(1856-68)

EL«SYLLABUS» EN ESPAÑA

El mayor conflicto entre la Iglesia y el Estado tras el bienio progresista fue provocado por la publicación en España del Syllabus cuando el reinado de Isabel II tocaba su final. El tema es tan amplio y complejo, que merece un detenido examen, ya que la documentación inédita es abundante. Aubert ha sabido dar una apretada síntesis del problema a la luz solamente de documentos franceses y belgas 38 . La situación política española a finales del 1864 era la más inestable que había conocido el reinado de Isabel II, hasta el punto que estaba ya en el aire el profundo cambio político, que llegaría apenas tres años después con la revolución «Gloriosa» de septiembre de 1868. Narváez, con tendencias cada vez más conservadoras y reaccionarias, enemigo abierto del liberalismo, había formado su enésimo Gobierno en septiembre de dicho año, mientras la oposición liberal, encabezada por O'Donnell, sacaba fuerza y prestigio de los fracasos de sus adversarios políticos. El nuevo Gabinete, presidido por Narváez, se ganó inmediatamente las antipatías del país por su política represiva, en particular contra la prensa. El 8 de diciembre de 1864, Pío IX publicó la encíclica Quanta cura y el Syllabus, que condenaba las principales libertades modernas. Es el documento más discutido del papa Mastai Ferretti y el que mejor ha contribuido a dar una impronta negativa a su largo y fecundo pontificado. En principio, la actitud de Pío IX no podía desagradar al Gobierno español, ya que el contenido de ambos documentos y el tono duro y contundente de su redacción estaban en la línea de la política antiliberal del último Narváez. Sin embargo, su publicación planteó serios problemas, porque algunas de las proposiciones condenadas afectaban directamente al regalismo de la Corona española, heredado del siglo XVIII, y al derecho público español. Al mismo tiempo, el papa insistía excesivamente sobre su poder temporal, hasta el punto de poner de nuevo en tela de juicio la famosa «cuestión romana», que España había resuelto reconociendo al reino de Italia. Y aunque las relaciones amistosas entre el papa y la reina no habían sufrido menoscabo, una exhuma38 R. AUBERT ha publicado Quelques documente rélatifs aux re'actions espagrwles au Syllabus: Gesammelte Aufsastze zur Kulturgeschichte Spaniens Bd.l7 u. 19 (Münster 1961-62) p.291-304. Pero la documentación sobre la publicación del Syllabus en España está en el Archivo Secreto Vaticano AN Madrid 364, 365, 366.

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ción de reivindicaciones relativas a los Estados Pontificios era, cuando menos, inoportuna. El nuncio en Madrid, Barili, recibió del cardenal Antonelli ejemplares de ambos documentos pontificios para que fuesen distribuidos a todos los obispos. Esto ocurría el 22 de diciembre de 1864. Hasta ese momento nadie conocía su contenido. Los periódicos franceses fueron los primeros en publicarlos el día de Navidad, mientras en Bruselas salieron el día 26. Barili cumplió inmediatamente las instrucciones de Roma, y a principios del nuevo año 1865 todos los obispos tenían los documentos en cuestión. Entre tanto, la prensa de Madrid recogió las noticias provenientes de otros países, y de esta forma la opinión pública tuvo conocimiento del Syllabus, aunque ignoraba con precisión su contenido. Periódicos progresistas como La Iberia y Las Novedades lamentaron las condenaciones del papa, mientras La Democracia, más radical en sus juicios, llegó a decir que la encíclica era un atentado y una blasfemia contra los sentimientos más nobles y hermosos de los pueblos libres, y en concreto contra el progreso intelectual y social de la humanidad. Según este periódico, Pío IX pretendía volver a las tinieblas y a la esclavitud del Medioevo, olvidando la existencia de Lutero y de la Revolución francesa. El órgano liberal El Reino también censuró la encíclica, porque atacaba el desarrollo de la sociedad moderna, y la prensa vinculada al poder, como El Contemporáneo (liberal moderado), El Gobierno y La Época, se limitaron a informar, sin manifestar opinión, aunque explicaron el significado de algunas condenaciones relativas a las relaciones Iglesia-Estado. El impacto, pues, que ambos documentos pontificios produjeron en la opinión pública general, representada por los periódicos laicos, fue tremendo, y la actitud hostil de los mismos o el estudiado silencio lo demuestran. En cambio, la prensa católica —El Pensamiento Español, La Esperanza y La Regeneración— los recibió con entusiasmo y alabó abiertamente la energía del pontífice, que se oponía valientemente con textos tan solemnes a los errores del liberalismo y del socialismo. Sin embargo, la gran incógnita fue la actitud del Gobierno, que guardó silencio hasta pasadas las fiestas navideñas. Ciertamente no debían agradarle las condenas relativas al exequátur regio y a los recursos de fuerza. La primera indicación vino de las Cortes, que al abrir sus sesiones el 7 de enero interpelaron al Gobierno por medio del diputado Lasala, de la Unión Liberal. Preguntó dicho diputado si había sido prohibida, como en otros tiempos habían hecho monarcas católicos de la talla de Felipe II y Carlos III, la difusión de las cláusulas contrarias a la independencia del Estado; pero el ministro de Estado, Antonio Benavides, salió por la tangente, diciendo que como el Gobierno pontificio no había comunicado oficialmente el texto de los dos documentos, era conveniente esperar antes de tomar una decisión. En realidad se trataba de una respuesta evasiva, porque la documentación vaticana demuestra que, en sus contactos con el nuncio Barili, los miembros del Gabinete madrileño no ocultaron su preocupación por las consecuencias que podía tener la difusión de un documento pontificio sin autorización real, e

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incluso hubieran preferido dar largas al asunto con el fin de calmar los ánimos de la oposición política, pasado el furor de los primeros días. Pero éste era precisamente el problema: que los obispos estaban dispuestos a difundir los documentos y a publicar el jubileo anunciado por Pío IX, porque su finalidad principal era d e n u n o a r y condenar muchos abusos del poder civil en sus relaciones con la Iglesia, y en particular algunas interferencias concretas del Estado español que la Santa Sede no estaba dispuesta a tolerar por más tiempo. Los políticos moderados se encontraron en un callejón sin salida, porque el nuncio Barili llegó a amenazar al ministro de Gracia y Justicia, Arrazola, con un retiro total del apoyo que la Iglesia prestaba a su partido. La tesis del nuncio era que el Gobierno no sólo no debía impedir, sino favorecer la difusión de un documento, que era esencialmente político, ya que el papa buscaba la condena de todas las revoluciones para salvar a las naciones de sus excesos. Por otra parte, era evidente que el Gobierno deseaba mantener a toda costa las regalías y derechos de la Corona, entre los cuales figuraba el exequátur, tan reprobado por la Santa Sede. El conflicto además podía agravarse si los obispos difundían el documento sin autorización real, porque el Gobierno se vería obligado a aplicarles las penas previstas en el Código penal contra los que ejecutaban, difundían o publicaban documentos pontificios sin el pase o exequátur. En el fondo persistían los prejuicios regalistas que habían enrarecido la atmósfera de las relaciones con la Iglesia. Con respecto a los obispos, Barili trató de conseguir inmediatamente la unidad de acción, evitando división de pareceres, omisiones lamentables o reticencias peligrosas. Casi todas las diócesis disponían ya por aquellas fechas de boletines eclesiásticos, con periodicidad semanal, aunque podían salir cuando el obispo lo desease. Se trataba de publicaciones que comenzaron a aparecer tímidamente pocos años antes del concordato, si bien alcanzaron mayor desarrollo entre 1852 y 1865. Desde 1862 tuvieron carácter oficial, reconocido por el Gobierno, y por ello estaban exentos de las formalidades previstas en la ley de 13 de julio de 1857, que imponía la obligatoriedad de presentar un editor responsable de cada publicación. Sin embargo, el Gobierno había advertido explícitamente que dichos boletines debían limitarse estrictamente a los actos del obispo, «no dando cabida a polémica ni a inserción de artículos que directa o indirectamente versen sobre política u otros objetos distintos de su especialidad, por los conflictos y dificultades que el hacer lo contrario puede engendrar, con detrimento de los verdaderos intereses de la Iglesia y el menoscabo del prestigio del episcopado, que tanto interesa conservar en una esfera superior al campo de las agitaciones de partido». Por consiguiente, el carácter oficial de los boletines se reducía al ámbito de los documentos del obispo respectivo. Sin embargo, todos los boletines solían publicar una segunda parte, no oficial, que generalmente trataba argumentos varios sobre la Iglesia y el clero 39 . 39 V. CÁRCEL ORTÍ, LOS boletines oficiales eclesiásticos de España. Notas históricas: Hispania Sacra 19 (1966) 45-85.

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Visto que la prensa diaria había difundido la encíclica y el Syllabus sin que el Gobierno lo hubiese impedido y ante la posibilidad que les ofrecía su órgano oficial diocesano, los obispos decidieron dar a conocer el texto íntegro de ambos documentos sin solicitar autorización del ministro de la Gobernación, competente para estos asuntos. El nuncio aprobó este sistema, y a lo largo del mes de enero de 1865 el clero y los fieles de casi todas las diócesis pudieron disponer de los discutidos documentos pontificios. La mayoría de los prelados los introdujo en la segunda parte de los boletines, la no oficial, sin comentarios. El obispo de Cuenca, Miguel Paya, advirtió expresamente que dicha publicación era oficial. Algunos obispos dieron a conocer sólo la encíclica Quanta cura y ocultaron de momento el Syllabus. Sin embargo, el arzobispo de Valladolid, Juan Ignacio Moreno, y el obispo de Córdoba, J u a n Alfonso de Alburquerque, publicaron sendas cartas pastorales, que sirvieron de presentación a los documentos pontificios. La del prelado vallisoletano tuvo mucha resonancia, porque fue el primero que se lanzó a una iniciativa que mereció la aprobación unánime de los católicos y desencadenó las iras del Gobierno por su imprudencia y provocación. El escrito de Moreno estaba bien construido y era una defensa rigurosa de los derechos de la Iglesia. Justificó su gesto diciendo que prefería tener disgustos en lugar de remordimientos por no haber cumplido su deber. Al nuncio y a la Santa Sede les sorprendió la acción de Moreno, pero la aprobaron inmediatamente, porque era una prueba más de la talla moral e intelectual del prelado, uno de los más prestigiosos del momento, que sería elevado pocos años después a la púrpura cardenalicia y tras la primera república se convertiría en primado de la Restauración al ser nombrado arzobispo de Toledo. Entre tanto, el Gobierno, a la vez que en las Cortes recibía furibundos ataques de la oposición liberal porque no sabía defender al Estado de las injerencias del papa, calificadas de «usurpación de la teocracia», negociaba con el nuncio la solución del conflicto. Se pasó el expediente a\ Consejo de Estado para que emitiese su parecer. Barili habló personalmente con varios miembros del mismo, y sacó la conclusión de que las dificultades mayores estaban en varias proposiciones del Syllabus, ya que a la encíclica se le daría el pase sin gran dificultad. Por su parte, el ministro Arrazola, buen católico, pero profundamente regalista, quería evitar nuevas tensiones, porque deseaba la concordia con la Iglesia y porque estaba en buenas relaciones con muchos obispos; por eso trataba de hacer comprender a sus interlocutores eclesiásticos, y en concreto al nuncio, su situación política, ya que los adversarios de partido instrumentalizaban el problema y le acusaban abiertamente de consentir la impunidad de obispos que violaban abiertamente las leyes del reino. La discusión parlamentaria coincidió con el estudio del Consejo de Estado. La Santa Sede no transmitió oficialmente el texto de los documentos; por eso el embajador en Roma, Pacheco, tuvo que localizar dos ejemplares impresos-, que fueron remitidos a Madrid. El primero era una edición auténtica de la encíclica Quanta cura. El segundo no estaba

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autorizado ni firmado y se titulaba simplemente Syllabus. Ambos documentos circulaban unidos. La no transmisión oficial de dichos documentos al Gobierno estaba justificada, porque se trataba de textos dirigidos a todos los obispos de la cristiandad y no sólo a los de España. Por ello, los obispos actuaron con mayor libertad, ya que para la difusión de otro tipo de documentos pontificios habrían esperado ciertamente el pase de las autoridades civiles. El Consejo de Estado, como el nuncio había podido constatar, concedió el exequátur a la encíclica, poniendo alguna reserva a las cláusulas que limitaban la intervención del poder civil en asuntos eclesiásticos, al derecho de la Iglesia a reprimir con penas temporales a los transgresores de las leyes y a la obligación de observarlas, aunque hubiesen sido promulgadas sin consentimiento del soberano. Sin embargo, con respecto al Syllabus, se trató de impedir o retener la publicación de cuatro condenas y admitir con reservas otras nueve.

prensa y preconizó un acuerdo con la Santa Sede, que regulase la concesión del pase con el fin de evitar conflictos y tensiones. Por ello, a la concesión del pase se añadió la cláusula: «sin perjuicio de las regalías de la Corona y de los derechos y prerrogativas de la nación». Puede decirse que fue una victoria para ambas potestades. La Iglesia vio con satisfacción que un documento tan comprometedor había obtenido la sanción real, mientras el Estado español ratificaba solemnemente su regalismo a pesar de la reciente condenación del mismo por parte del papa. Sin embargo, este gesto provocó nuevas polémicas, pues mientras los que alardeando de progresismo y preconizando una total separación entre la Iglesia y el Estado no perdían ocasión para someter a la primera al segundo, quienes eran tachados de ultramontanismo, integrismo o conservadurismo en el campo político buscaban el espacio vital que la Iglesia necesitaba, libre de las ataduras y vínculos que en tiempos pasados había tenido con el Estado. Por eso resultaba anacrónico que dirigentes liberales pretendiesen mantener los antiguos privilegios y regalías de la Corona. En el caso del Syllabus, se ha visto claramente que los motivos fueron esencialmente políticos, con el fin de derribar a los moderados de Narváez, y la ambigua conducta que éstos mostraron durante la gestión de este asunto puede comprenderse por su necesidad de supervivencia política y porque no disponían de otros medios para hacer frente a la oposición parlamentaria en una nación donde faltaba educación política, donde las crisis ministeriales estaban a la orden del día y el temor de un golpe militar era siempre creciente, como demostraron los sucesos posteriores.

2.

POLÉMICA REGALISTA

La proposición 20 —«El poder eclesiástico no debe ejercer su autoridad sin permiso y consentimiento del gobierno civil»— formaba parte del grupo de errores condenados que afectaban a los derechos de la Iglesia, lo mismo que la 28 —«No es lícito a los obispos, sin permiso del Gobierno, promulgar ni aun las mismas letras apostólicas»— y la 29 —«Las gracias que concede el romano pontífice deben reputarse como nulas si no se han pedido por medio del Gobierno»—. En cambio, la proposición 41 condenaba un error acerca de la sociedad civil, tanto considerada en sí misma como en sus relaciones con la Iglesia, que decía textualmente: «Al poder civil, aun cuando lo ejerza un príncipe infiel, compete una potestad indirecta negativa sobre las cosas sagradas; le compete, por tanto, no sólo el derecho que llaman de exequátur, sino también el derecho denominado de apelación por abuso». Estas eran las cuatro proposiciones que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno querían aceptar. Las nueve restantes se referían, en parte, a los dos grupos de condenas indicados y además a los errores de ética natural y cristiana y al liberalismo. Sin embargo, no hubo dificultad en aprobar, y parece lógico que así fuera, las condenas de errores relativos al panteísmo, naturalismo, racionalismo absoluto y moderado, indiferentismo, latitudinarismo, socialismo, comunismo; sociedades secretas, bíblicas y cléricoliberales; otros derechos de la Iglesia; ni tampoco los relacionados con el matrimonio cristiano y con el principado temporal del papa. Nuevas gestiones del nuncio con el Gobierno consiguieron salvar estos obstáculos, y el 6 de marzo de 1865 Isabel II firmó el real decreto que concedía el pase a la encíclica Quanta cura y al Syllabus, si bien en su breve articulado se dispuso la adopción de medidas legislativas conducentes a armonizar el derecho del placitum regium con la libertad de

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En esta polémica entró de lleno Vicente de la Fuente (1817-89), profesor de disciplina eclesiástica en la Universidad de Madrid, laico, doctor en teología y derecho canónico, que siempre había mostrado la pureza de su doctrina en numerosos escritos y su adhesión incondicional a la Santa Sede, y por eso había sido clasificado como uno de los neocatólicos más íntegros. La Fuente redactó en pocos días un folleto titulado La retención de bulas en España ante la historia y el derecho (Madrid 1865), que refutaba los pretendidos derechos de los gobiernos que impedían la circulación de documentos pontificios con el exequátur, cuando en realidad se trataba de un abuso que los gobiernos católicos habían introducido lentamente y la Santa Sede había tolerado hasta que llegó la condena oficial de Pío IX. Sin entrar en el caso concreto de la encíclica del 8 de diciembre de 1864, La Fuente propugnó una total reforma de la legislación sobre esta materia, porque era contraria a la justicia y a la autoridad de la Iglesia, a la vez que impracticable en las condiciones políticas y sociales de España. El opúsculo fue bien recibido en Roma, porque precisamente era España una de las naciones donde los católicos tenían ideas falsas sobre los derechos atribuidos al poder civil en materias eclesiásticas. La cuestión del Syllabvs quedó, por tanto, resuelta al comenzar la primavera de 1865, cuando ya todos los obispos lo habían difundido ampliamente con escritos pastorales, con la sola excepción del de

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Orihuela, Cubero —una de las figuras más negativas del episcopado decimonónico—, por razones que desconozco, ya que el silencio del obispo Jaume, de Menorca, quedó justificado por su enfermedad. León Carbonero recogió en La Cruz el magisterio episcopal sobre el Syllabus y el nuncio alabó la labor de la jerarquía unida, que en poco tiempo, de una u otra forma, había hecho llegar al clero y al pueblo la enseñanza del papa. Implicaciones religiosas tuvieron también por entonces los sucesos ocurridos en Madrid en abril de 1865. Me refiero a los incidentes de la llamada «noche de San Daniel», originados por una real orden del ministro de Fomento, Alcalá Galiano, que prohibió a los catedráticos, tanto en la cátedra como fuera de ella, expresar ideas contrarias a la religión y a la monarquía. La inmediata reacción del catedrático de historia de la Universidad Central, Emilio Castelar, que desde su periódico La Democracia combatía constantemente las instituciones de la Iglesia y del Estado, desencadenó el aparato represivo del Gobierno. Castelar fue destituido y el rector de la Universidad suspendido del cargo 40 . La situación política precipitó. Cayó el Gobierno moderado de Narváez, a quien sucedió el centrista de la Unión liberal, O'Donnell, quien dio el paso decisivo para el reconocimiento del reino de Italia.

3.

L A « C U E S T I Ó N ROMANA»

Este tema, más que a la historia estrictamente eclesiástica, pertenece al de la política exterior de España en sus relaciones con los Estados Pontificios; sin embargo, no debe silenciarse en el conjunto de una historia general de la Iglesia por las implicaciones que el peso del poder temporal tuvo en la acción espiritual del papado. La bibliografía es amplísima, y la documentación, inagotable; por ello hay que ir en busca de síntesis. Por lo que a España se refiere, debemos a Pabón la obra más conseguida, modelo de claridad y método. La «cuestión romana» coleaba desde principios del XIX, pero se planteó de forma evidente a partir de 1848-49. Desde España se vivió en tres tiempos; el primero fue el reconocimiento del reino de Italia en 1865, durante el gobierno del general O'Donnell; el segundo, bajo el mandato de Narváez, con la ratificación de dicho reconocimiento; y el tercero, la anexión de Roma al nuevo reino en 1870, durante la presidencia del general Prim. Nótese que los tres generales capitaneaban los tres grupos políticos más poderosos de ese tiempo. Narváez, la derecha liberal moderada; O'Donnell, el centro liberal, y Prim, la izquierda progresista. La «cuestión romana» fue vivida y debatida en España «como algo que la afectaba muy especialmente, en tanto se tenía por nación esencial y excepcionalmente católica. La cuestión de Roma —o, mejor 40 P. RuPÉREZ, La cuestión universitaria y la noche San Daniel (Madrid 1975); V. CÁRCEL O R T I , La Santa Sede ante las revueltas universitarias de 1865: Hispania 34 (1974) 199222.

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dicho, la unidad de Italia— concentró, durante un cierto tiempo, todo el debate religioso-político español del siglo XIX» 41 . Este debate o polémica fue abierto en 1857 por el político moderado y jurisconsulto andaluz Joaquín Francisco Pacheco (1808-65), ministro de Estado, jefe de gobierno y dos veces embajador en Roma, que se planteó el problema de la capitalidad de Roma en su libro Italia. Ensayo descriptivo, artístico y político (Madrid 1857). Le siguió Víctor Balaguer (1842-1901), entonces joven político y escritor catalán, progresista, que mostró su entusiasmo por la unidad italiana en la historia que de la misma escribió bajo el título La guerra de la independencia. Los años sesenta ven aparecer una gran proliferación de escritos a favor y en contra del poder temporal del papa. Cánovas del Castillo, que llegará a ser el mayor estadista del xix, al ingresar en la Real Academia de la Historia pronunció un discurso sobre Observaciones acerca de la dominación de los españoles en Italia (Madrid 1860), en defensa de la unidad del nuevo reino, que es «el ensueño común de las imaginaciones italianas desde hace medio siglo». Cánovas pertenecía a los liberales centristas, y su tío, Serafín Estébanez Calderón (1799-1867), «el Solitario», moderado de Narváez, 1 contestarle en la Real Academia, auguró felicidad y prosperidad «a la Italia en su nueva navegación». El periodista madrileño y diputado progresista Fernando Corradi (1808-85) atacó desde El Clamor Público el poder temporal, «origen en todo tiempo, para los papas, de terribles conflictos y, más de una vez, de sacrilegos atentados», mientras el abogado tradicionalista valenciano Aparisi y Guijarro (1815-72), católico antiliberal y antiparlamentario, defendió, en su opúsculo El papa y Napoleón, los intereses de Pío IX. Sus tesis fueron las más exaltadas: «Nosotros podemos llamarnos ciudadanos romanos. El papa es nuestro rey espiritual, y Roma, la Roma que los siglos cristianos han levantado para que fuera la morada del Padre común de los fieles, está en Italia, pero pertenece al mundo católico». Aparisi y Guijarro acabó siendo el director espiritual del carlismo. En la polémica intervinieron también poetas y escritores como J u a n Valera (1827-1905), Patricio de la Escosura (1807-78) y Ramón de Campoamor (1817-1901). El primero respetó y defendió al papa, el segundo mostró admiración a Víctor Manuel y a Cavour y el tercero descubrió las incidencias religiosas en una cuestión que no era puramente política ni exclusiva de Italia. Por fin entró un eclesiástico, Miguel Sánchez, teólogo y moralista, que insistió en las relaciones de España con el catolicismo y del poder temporal con el espiritual del pontificado. Su obra El papa y los gobiernos populares (Madrid 1862), dedicada al clero español, iba dirigida a los que «creen romper el cetro del rey sin derribar la tiara». El reconocimiento del reino de Italia por parte de España se produjo en 1865, con un cierto retraso con respecto a otras naciones europeas. Los progresistas lo habían propugnado constantemente, y Narváez a principios de 1865 estaba dispuesto a dar el paso, pues de lo contrario 41

J. PABÓN, España y la "cuestión romana' (Madrid 1972).

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lo habría hecho su adversario político O'Donnell, como así fue. Las intensas relaciones epistolares entre Pío IX e Isabel II no pudieron impedir el reconocimiento. Pesaron más en el ánimo de la joven reina los intereses políticos de la nación defendidos por los generales que las razones opuestas del nuncio Barili, del arzobispo Claret, confesor de la soberana, y de todo el episcopado. España vivía un régimen militar, mientras en el Gobierno y en los grupos dirigentes de los partidos predominaban los civiles. Sin embargo, las jefaturas de dichos partidos y la presidencia del Gabinete estuvo prácticamente en manos de generales desde 1839 hasta la I República. Y fue un general centrista, O'Donnell, quien al reconocer el reino de Italia en agosto de 1865 intentó separar formalmente este acto de la actitud ante la Santa Sede. Se trató, pues, de abrir un doble expediente, deslindando la cuestión política de la religiosa; pero por parte de la jerarquía no se aceptó esta conducta, y los obispos, dirigidos por Barili, que a su vez recibía instrucciones del cardenal Antonelli, desencadenaron una tremenda campaña antigubernativa, que tuvo honda repercusión en las Cortes. Notables fueron las intervenciones parlamentarias de Seijas Lozano, Miraflores, Arrazola, Mon y Cándido Nocedal, que replicaron desde la oposición al discurso de la Corona. Los senadores católicos Manuel Bertrán de Lis y José María Huet tuvieron constantemente informado al nuncio Barili, quien recibió también noticias de los arzobispos senadores de Valladolid (Moreno), Santiago (García Cuesta), Burgos (La Puente), Granada (Monzón) y Valencia (Barrio) y del obispo de Salamanca (Rodrigo Yusto). La intervención más brillante fue del diputado tradicionalista Aparisi y Guijarro, que apostrofó a Isabel II con las dolorosas palabras de Shakespeare: «¡Reina de los tristes destinos!», viendo que la soberana perdía su autoridad ante las maniobras de los partidos. La reacción católica fue unánime e inmediata. Los obispos llenaron sus boletines de pastorales protestando contra el reconocimiento y en los despachos de la presidencia del Gobierno se recibieron millares de escritos de la jerarquía, del clero y del laicado católico en el mismo sentido. Incluso desde las colonias ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, obispos, sacerdotes y religiosos dejaron oír su voz de protesta. Cuando Narváez sucedió a O'Donnell y se ratificó el reconocimiento, surgieron divisiones entre los moderados. Los más exaltados de la derecha, como Nocedal y otros, se separaron del partido y del régimen. Nació entonces La Constancia, periódico católico y antiliberal, que siguió instrumentalizando la «cuestión romana» para fines políticos nacionales. El arzobispo Claret abandonó palacio, marchando primero a Cataluña y después a Roma. Pío IX fue más comprensivo, porque conocía la gravedad de la situación y la inestabilidad política que caracterizó los últimos años de Isabel II. El nuncio Barili tuvo que asistir al desmoronamiento de los Estados Pontificios, que mantenían en España numerosos consulados encargados de las relaciones comerciales 42 . Al mismo 42 Los consulados pontificios en España comienzan a ser estudiados. Cf. la bibliografía citada por M. MOLÍ I FRICÓLA, El viceconsulat pontifici de Palamós-Sant Fetíu de Guixols

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tiempo sostuvo viva la llama de la adhesión incondicional al papa ultrajado a través de su intensa correspondencia con los obispos. Cuando Pío IX pronunció su alocución del 29 de octubre de 1866 sobre la situación italiana, la jerarquía, el clero y el laicado mostró, una vez más, su afecto al pontífice, y en la diócesis de Orihuela se llegaron a recoger millares de firmas en una campaña promovida por el periódico El Poder Temporal para ofrecer hospitalidad al papa en España. La evolución posterior de la «cuestión romana» en España estuvo condicionada por los acontecimientos políticos que caracterizaron el sexenio revolucionario (1868-74). La candidatura de Amadeo de Saboya al trono español y su breve e infeliz monarquía desencadenaron nuevas oleadas de protestas contra el hijo del monarca usurpador de los Estados Pontificios. (1830-1870): Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 23 (1976-77) 139-60, y el breve artículo de F. DÍAZ DE CERIO, Petición de un consulado pontificio para Bilbao en 1866: Estudios vizcaínos 4 (1973) 215-17.

P.II.

CAPÍTULO

VII

UN EPISCOPADO ENTRE DOS ÉPOCAS 1.

HISTÓRICAS

OBISPOS Y POLÍTICA

Resulta extremadamente difícil ofrecer un panorama aproximado de la actuación pastoral de la jerarquía eclesiástica, porque los obispos españoles del siglo XIX siguen siendo en gran parte desconocidos, aunque crecen por días las aportaciones parciales que ayudarán a descubrir la verdadera figura del prelado decimonónico español y su presencia en la sociedad. La documentación inédita es inmensa. Tanto en el Archivo Secreto Vaticano como en el Histórico Nacional de Madrid y en los archivos diocesanos y catedralicios se espera al investigador paciente, cuya tarea es imprescindible para poder, en un segundo tiempo, hacer la historia del episcopado español. Entre tanto, por desgracia, se vive de generalidades, de estudios superficiales, que ignoran los archivos, y de apresuradas síntesis carentes de base documental sólida 43 . Algunos historiadores prefieren detenerse en la función puramente 43 La investigación histórica sobre los obispos españoles del xix avanza lentamente. Los viejos episcopologios han quedado superados, aunque ofrecen siempre datos importantes. Carecemos de estudios de conjunto, ya que la obra de J. M. CUENCA TORIBIO, Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica contemporáneas: La jerarquía eclesiástica (1789-1965) (Córdoba 1976), no es fruto de rigurosa búsqueda en archivos, sino resultado de análisis sociológico. Con todo, el planteamiento es original y estimulante. Sobre algunos obispos del período que nos ocupa cf. las aportaciones más recientes: F. CANDEL CRESPO, Semblanza biográfica de un riojano ilustre: D. José' Antonio de Azpeitia y Sáenz de Santa María, obispo de Cartagena (1825-1840): Berceo n.80 (1968) 294-318; V. BERRIOCHOA, Un arzobispo vasco en la sede metropolitana de Tarragona: Mons. Echánove: Boletín de la Real Soc. Vasc. de los Amigos del País 20 (1964) 165-68; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Severo Andriani, obispo de Pamplona (1830-1861): Hispania Sacra 21 (1968) 179-213; A. ARCE, Cirilo Alameda y Brea, O.F.M, (1781-1872): ibid., 24 (1971) 257-356; M. MARTÍNEZ, D. Tomás Iglesias y Barcones, un patriarca de Indias (1851-1874): ibid., 25 (1972) 109-30; J. M. CUENCA TORIBIO, El pontificado pamplonés de Pedro Cirilo Uriz y Labayru (1862-1870): ibid., 22 (1969) 129-286; ID., La actuación del prelado cordobés D. Juan Alfonso de Alburquerque durante la última fase de la monarquía isabelina (1858-1867): Anuario de Est. Americanos 23 (1966) 757-92; V. CÁRCEL ORTÍ, Documentación vaticana sobre el pontificado en Valencia del arzobispo García Abella (1848-1860): I Congreso de Historia del País Valenciano I (Valencia 1973) p.211-17; J. R. BARREIRO FERNÁNDEZ, El pontificado composteh.no del cardenal García Cuesta (1852-1873): Compostelanum 17 (1972) 189-60; J. J. B. MERINO URRUTIA, El riojano Fr. Domingo de Silos Moreno, obispo de Cádiz: Berceo n.84 (1973) 121-26; J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Aportación al estudio de la historia del occidente asturiano. El prelado D. Fernando Arguelles Miranda: Bol. del Ins. de Est. Asturianos 19 (1965) 129-46; V. T. GÓMEZ, Tensiones espirituales en la España decimonónica. Estudio de las cartas pastorales de Mons. Benito Vilamitjana Vila, obispo de Tortosa y arzobispo de Tarragona (1812-1888): Escritos del Vedat 4 (1974) 647-65; M. C. ESPAÑA TALÓN, El obispo D. Francisco Landeira. Su vida y su tiempo (Murcia 1961); A. PÉREZ RAMOS, El obispo Salva. Un capítulo en la historia de Mallorca del siglo xix (Palma de Mallorca 1968); J. BARRIO BARRIO, Félix Torres Amat (1772-1847). Un obispo reformador (Burgos 1978).

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política desempeñada en España por los jerarcas supremos de la Iglesia, considerados como estrato superior de la sociedad, como estamento privilegiado o como élite de poder. Se trata de un planteamiento discutible, ya que la figura del obispo en la Iglesia encierra un contenido teológico profundo, que escapa a quienes parten de tales presupuestos, y su actuación pastoral, e incluso política, en la sociedad es mucho más compleja de cuanto a primera vista pueda parecer. Con todo, hay que aceptar como dato objetivo que la jerarquía católica ha tenido hasta nuestros días un peso y un influjo relevantes y a veces decisivos en la historia de España. Con respecto al período que nos ocupa, tanto los obispos procedentes de Fernando VII como la generación posterior —los llamados obispos de Isabel II— no ejercieron en el ánimo de los monarcas una incidencia tan eficaz como la de otros grupos influyentes del momento, por ejemplo, los políticos, los generales y los nobles. No quiere esto decir que para Isabel II la voz del episcopado no tuviera su importancia. Pero más que de jerarquía o de obispos en conjunto, habría que referirse a figuras concretas, y en el reinado de Isabel II la primera alusión cae sobre su confesor, el arzobispo Claret, y sobre algunos cardenales y obispos frecuentadores asiduos de los ambientes palaciegos y cortesanos. Desde el punto de vista formal se han querido ver en la Iglesia española del segundo tercio del XIX algunos rasgos comunes con el ejército: una jerarquización rígida y disciplinada de sus efectivos, sólido elemento de cohesión; una movilidad interior, no escalonada, como en el caso de los militares, porque diversa era la extracción de los obispos; una autonomía jurisdiccional, «más o menos rotunda y contestada, pero evidente, que hará de la Iglesia, como del ejército, sendos organismos 'privilegiados', en el sentido clásico del vocablo». Indica estos rasgos Jover, quien enfoca «a la Iglesia y al ejército estrictamente como viveros de sendos grupos dirigentes a integrar en el estrato superior; no es necesario insistir en la diferencia radical que existe entre las respectivas posiciones ante el Estado de una y otra institución». El mismo autor advierte que mientras el ejército forma parte del Estado y se integra en el mismo con funciones que le son específicas, ya que dependen inmediatamente del poder soberano, la Iglesia se desliga lentamente del poder civil en busca de mayor autenticidad y autonomía, aunque a lo largo del XIX haya estado tremendamente condicionada por el regalismo 44 . La presencia de eclesiásticos en organismos políticos ha sido una tradición española hasta 1977, con orígenes muy remotos 4 5 . Con respecto al período que nos ocupa, bastará decir que el Estatuto Real de Martínez de la Rosa (1834) restauró el «estamento de proceres del 44

J. M. JOVER, Política, diplomacia y humanismo popular. Estudios sobre la vida española en el siglo xix (Madrid 1976) p.326-27. 45 I. MARTÍN MARTÍNEZ, Eclesiásticos en organismos políticos españoles (Madrid 1973). Cf. la colección de estudios publicada por el Instituto de Estudios Políticos, El fenómeno religioso en España. Aspectos jürídico-poUticos (Madrid 1972).

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reino», del cual formaron parte, en primer lugar, los arzobispos y obispos, elegidos con carácter vitalicio por el monarca. La Constitución de 1837, compendio de la gaditana de 1812, no admitió la representación estamental ni dio cabida a los obispos. Sin embargo, algunos prelados fueron nombrados senadores del reino, como representantes de varias provincias, tras haber jurado la mencionada Constitución. Alguno llegó a ocupar la vicepresidencia del Senado y otros ejercieron notable influjo, por su prestigio personal, historial político y dotes intelectuales, en las discusiones y votaciones sobre temas eclesiásticos, tratando de impedir con su equilibrio que prosperasen proyectos e iniciativas de los más exaltados liberales 46 . La Constitución moderada de 1845 volvió a admitir obispos senadores, «por el sagrado carácter de que se hallan revestidos». Varios arzobispos y obispos fueron nombrados senadores por la reina, ya que para ser diputado se exigía el estado seglar. En 1857 se introdujo una reforma en el Senado que trató de unir la dignidad senatorial a los cargos más altos de la Iglesia y del Estado, de modo que el acceder a éstos llevase inherente la condición de senador. Según dicha reforma, los primeros puestos después de los hijos del rey y los del inmediato sucesor de la Corona eran los de los arzobispos y el del patriarca de las Indias, cargo que por vez primera aparecía en la Constitución. Pero además de éstos, que fueron senadores por derecho propio, Isabel II nombró un número ilimitado de obispos, senadores. Otros eclesiásticos estuvieron presentes en el Consejo de Estado, importante organismo encargado de asesorar al rey en las decisiones más transcendentales, que la Constitución revolucionaria de Cádiz mantuvo. Las Cortes gaditanas, representación de la nación en un cuerpo unitario, reconocieron la existencia de dicho Consejo, formado por cuarenta miembros, cuatro de los cuales debían ser eclesiásticos, y dos de ellos necesariamente obispos. Esta tradición, con variantes y modificaciones, ha seguido hasta nuestros días. Tras estas alusiones generales a la actividad política de la jerarquía española, pasemos a indicar algunos hitos fundamentales de su gestión pastoral.

2.

L A JERARQUÍA DEL A N T I G U O RÉGIMEN

Los obispos que al fallecer Fernando VII gobernaban sus respectivas diócesis, fueron durante casi tres lustros testigos excepcionales del de46 Los obispos senadores nombrados en octubre-diciembre de 1837 fueron: Antonio Posada, arzobispo electo de Valencia, por la provincia de Oviedo; Pedro José Fonte, arzobispo de Méjico, por Castellón de la Plana; Pedro González Vallejo, arzobispo electo de Toledo, por Logroño; Vicente Ramos García, obispo electo de Almería, por Sevilla; Manuel loaquín Tarancón Morón, obispo electo de Zamora, por Soria; Félix Torres Amat, obispo de Astorga, por Barcelona; Miguel Laborda Galindo, obispo electo de Puerto Rico, por Zaragoza; Agustín Lorenzo Várela, obispo de Salamanca, por Lugo; Juan José Bonel y Orbe, obispo de Córdoba, por Almería, y José Pérez Necoechea, obispo electo de Oviedo, por Navarra (cf. mi libro Política eclesial... p.419-20).

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rrumbamiento del Antiguo Régimen y de la agonía de las ancestrales estructuras eclesiásticas españolas. Por espacio de catorce años no hubo nombramientos episcopales en España, ya que el papa ni designó obispos motu proprio ni confirmó los presentados por la reina Isabel II, en virtud del concordato vigente de 1753. Dos eran las diócesis vacantes cuando murió Fernando VII: Osma y Almería. Las últimas cubiertas durante el Antiguo Régimen fueron Astorga y Canarias, porque sus respectivos prelados —Torres Amat y Romo—, presentados por el monarca difunto en el verano de 1833, recibieron la confirmación canónica a principios de 1834. La cuarta parte de los obispos procedía de órdenes religiosas: dominicos, benedictinos, mercedarios, capuchinos, cistercienses, premonstratenses, terciarios franciscanos, oratorianos y escolapios. Con respecto a la antigüedad en el episcopado, sólo un pequeño grupo de nueve prelados pertenecía a generaciones anteriores a 1820, ya que la inmensa mayoría surgió tras la restauración absolutista que siguió al trienio. La documentación que poseemos permite trazar un cuadro aproximado del episcopado fernandino, si bien faltan estudios completos en este sentido. A través de la correspondencia del nuncio Tiberi, podemos descubrir algunos rasgos parciales de dichos obispos. Se procuró siempre que fuesen adictos al rey y devotos de la Sede Apostólica, cuidando de modo particular que mostrasen una conducta irreprensible. Los nombrados después de 1824 fueron, por lo general, personajes grises, enemigos de reformas y novedades en el campo político y en el eclesiástico. Reflejaban perfectamente la época en que fueron nombrados —la «década ominosa»—, porque fueron el fruto de la misma; por eso perdieron por completo el control de la nueva situación política y no comprendieron, ni quizá estaban en condiciones de hacerlo, el sentido profundo de la revolución liberal burguesa. En esta línea hay que situar al arzobispo Echánove, de Tarragona 47 , párroco ejemplar, enemigo de novedades peligrosas; al de Cuenca, Rodríguez Rico; al de Urgel, Guardiola, y al de Coria, Montero. Las últimas presentaciones episcopales hechas por Fernando VII, cuando los liberales moderados volvieron al poder con Cea Bermúdez, recayeron en eclesiásticos que pocos años antes no habrían pasado, porque el nuncio Giustiniani, integrista en el terreno eclesiástico y absolutista en el político, nunca les habría concedido el beneplácito. En cambio, su sucesor, Tiberi, mucho más abierto a las nuevas exigencias políticas y sociales de la nación, aunque sin las cualidades políticas y diplomáticas de su predecesor, no tuvo inconveniente en recomendar vivamente las presentaciones de los nuevos obispos de Astorga (Torres Amat), Canarias (Romo), Córdoba (Bonel y Orbe), Huesca (Ramo de San Blas), Barcelona (Martínez San Martín) y Almería (Ramos García) —este último no fue aceptado en Roma—, que habían estado comprometidos, de algún modo y a niveles distintos, con los revolucionarios del 47 Cf. mi artículo Cartas del arzobispo Echánove, de Tarragona: Analecta Sacra Tarraconensia47 (-1974) 129-48.

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trienio. Estos mismos obispos colaboraron de forma más o menos explícita con el nuevo régimen, y, desde luego, simpatizaron abiertamente con la ideología liberal menos radicalizada. No sabemos hasta qué punto fue consciente el nuncio Tiberi del significado que encerraban estas presentaciones y de la transcendencia que hubieran tenido para España de haber seguido otras más. El fallido intento de episcopado liberal que el trienio no consiguió formar, pudo haber sido realidad durante la regencia Cristina de no haberse agravado la tensión entre la Iglesia y el Estado. Es cierto que el sucesor de Giustiniani no conoció las agitaciones del trienio y encontró en España una problemática político-social diversa; pero también es verdad que por antipatía o enemistad personal hacia su predecesor, o quizá también por su confianza en que los aires renovadores y la política moderada y sensiblemente más abierta de los liberales podía mejorar la situación social española, lo cierto es que Tiberi inició en 1833 una serie de nombramientos episcopales que, de haber continuado varios años en la misma línea, habría proporcionado a la jerarquía española un plantel de obispos con mentalidad nueva y probablemente se habrían evitado muchos de los excesos cometidos en este período por parte del Gobierno, llegando a un entendimiento satisfactorio para la Iglesia y el Estado. Cerróse cualquier posibilidad de diálogo porque el Estado provocó insolentemente, y la Iglesia reaccionó con su proverbial intransigencia y hostilidad a los aires nuevos que traía el liberalismo. Algunos de estos últimos obispos —Torres Amat, Bonel, Romo— podrían haber sido buenos intermediarios entre las cortes pontificia y española, pero eran minoría, y sus propuestas no fueron escuchadas por el resto del episcopado. Además, tampoco jugaron limpio, porque, tras su aparente pureza de principios y rectitud de intención, se escondía el monstruo del regalismo más furibundo, que les movía a atacar duramente la conducta del papa para defender las prerrogativas de la Corona española.

3.

L A CARTA COLECTIVA DE

1839

Las relaciones o informes que los obispos enviaron a Roma sobre el estado de sus respectivas diócesis con sólo dos excepciones, coinciden en presentar una situación deplorable de la Iglesia española. La carta colectiva que 25 obispos dirigieron al pap~ el 1.° de octubre de 1839 48 ofrece, igualmente, un cuadro desolador cuando faltaba un año para que terminase la regencia Cristina. Había sido abolida por completo la inmunidad eclesiástica personal y real, perdidos los diezmos y primicias, reducido el número de los eclesiásticos, suprimidas las órdenes religiosas y cerrados todos los conventos y monasterios, secularizados 30.000 frailes y monjas, ocupados los 48 Cf. mi artículo El primer documento colectivo del episcopado español. Carta, al papa en 1839 sobre la situación nacional: Scriptorium Victoriense 2,1 (1974) 152-99.

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bienes de las religiosas, impedida la administración de órdenes sagradas a los aspirantes a las mismas, decretado el expolio de todos los bienes del clero y de las religiosas, usurpadas las obras de arte y objetos preciosos que poseían las iglesias y los bienes de las fundaciones pías, autorizada la propaganda protestante y la impresión de libros impíos, obscenos e inmorales; castigados y perseguidos los obispos que se opusieron a estas novedades. «Poco pueden hacer los obispos en las actuales circunstancias —decía el de Plasencia, Sánchez Várela, deportado a Cádiz—, pues unos están ausentes, otros encarcelados, otros exiliados y, lo que es peor, algunos que permanecen en sus sedes doblan la cabeza ante las disposiciones del Gobierno». El obispo de Cádiz, Domingo de Silos Moreno, que nunca salió de su diócesis, declaró que, a pesar de haber reclamado muchas veces contra los atropellos del poder civil, había encontrado siempre dificultades para el ejercicio de su ministerio pastoral. Dieciocho obispos fueron perseguidos por el Gobierno, y tuvieron que ausentarse de sus respectivas diócesis. El cardenal Cienfuegos, arzobispo de Sevilla, estuvo desterrado en Alicante, donde pasó todo este período hasta su muerte en 1847. El obispo de Albarracín, José Talayero, vivió desterrado en Madrid. El de Barbastro, Jaime Fort, expulsado de la diócesis, marchó a Francia y se estableció en Pau. El de Calahorra, García Abella, fue confinado primero en Segovia y posteriormente desterrado a Mallorca hasta 1844. El de Cartagena, José Antonio de Azpeitia, consiguió escapar al asalto de su palacio episcopal, pero los revolucionarios no le permitieron regresar a la capital de la diócesis y tuvo que vivir hasta su muerte en Hellín. El de Coria, Raimundo Montero, estuvo encarcelado en Badajoz. El de León, Abarca, siguió a D. Carlos desde el comienzo de la guerra carlista. El de Lérida, Julián Alonso, fue expulsado de su diócesis, pasó a Francia y más tarde al Piamonte, donde murió. El de Menorca, Juan Antonio Díaz Merino, fue desterrado a Cádiz y expulsado posteriormente a Francia, murió en Marsella. El de Mondoñedo, López Borricón, pudo escapar de su diócesis, como el de León, para unirse al ejército carlista. La misma suerte siguió el de Orihuela, Herrero Valverde, que estuvo algún tiempo arrestado en Madrid y después se le expulsó a Francia. También estuvo encarcelado en Madrid el de Palencia, Carlos Laborda, y más tarde desterrado a Ibiza 4 9 . El de Pamplona, Andriani, estuvo confinado en el domicilio de su hermana, en Ariza de Aragón 50 . El de Plasencia, Sánchez Várela, desterrado a Cádiz, como se ha dicho anteriormente. El de Santiago de Compostela, Rafael de Vélez, procesado y deportado a Mahón. El de Tarragona, Echánove, pudo huir a Mahón y después se le expulsó a Francia. El de Urgel, Guardiola, fue perseguido en su diócesis, pero consiguió esconderse en Andorra y después huyó a Francia. 49 J. GORRICHO, Relación de la fuga, prisión y destierro del obispo de Palencia (1835-1837)Scriptorium Victoriense 18 (1971) 326-44. 50 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Severo Andriani, obispo de Pamplona (1830-1861): Hispania Sacra 21 (1968) 179-312.

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El de Zaragoza, Francés Caballero, expulsado a Francia, murió en Burdeos. Otros siete obispos permanecieron siempre en sus diócesis, y, aunque no sufrieron violencias por parte del Gobierno, sí vieron limitadas sus actividades por disposición gubernativa. Estos fueron: el arzobispo de Burgos (Ignacio Rives). que renunció al cargo de procer del reino, y los obispos de Cádiz (Moreno), Ceuta (Barragán), Cuenca (Rodríguez Rico), Ibiza (Carrasco), Mallorca (Pérez de Hiñas) y Valladolid (Rivadeneira) S 1 . Este grupo de veinticinco obispos firmó la carta colectiva dirigida a Gregorio XVI en 1839. Documento que no fue signado por otros quince prelados, seis de los cuales pueden llamarse «colaboracionistas» o adictos al Gobierno liberal. Fueron los de Astorga (Torres Amat), Barcelona (Martínez San Martín), Córdoba (Bonel), Huesca (Ramo), Salamanca (Várela) y Santander (González Abarca). Parece ser que otros cinco no firmaron por motivos de salud y edad avanzada, pues tallecieron al poco tiempo —Adurriaga, de Avila; Delgado, de Badajoz; Vraga, de Guadix; Iglesias Lago, de Orense, y Azpeitia, de Tudela. Otros cuatro de los no firmantes fueron los de Jaca (Gómez Rivas) y Tuy (García Casarrubios), figuras grises y de escaso relieve, y los de Canarias (Romo) y Tenerife (Folgueras), que quizá no lo pudieron hacer por razón de su lejanía geográfica. Estos dos obispos residieron siempre en sus diócesis insulares y no consta que tuviesen actuaciones políticas de relieve, ni siquiera que visitaran la Península. Mantuvieron su adhesión a la Santa Sede y manifestaron decidida oposición a las novedades religiosas introducidas por el Gobierno. Romo publicó una obra sobre la Independencia constante de la Iglesia hispana y necesidad de un nuevo concordato, que provocó una vivaz polémica con el P. Magín Ferrer S2 . He dicho que hubo dos excepciones al presentar el estado deplorable de las diócesis españolas; fueron el obispo de Astorga, Torres Amat, y su colega de Barcelona, Pedro Martínez de San Martín. Torres Amat manifestó a Gregorio XVI su modo de pensar sobre «el remedio o alivio de los males de nuestra Iglesia de España, poco o quizá mal conocidos por causa de la exaltación de las pasiones dominantes, que ofuscan la razón aun de personas bien intencionadas». Este obispo declaró que nunca se le había impedido el ejercicio de su jurisdicción, y propuso algunas reformas, convenientes no sólo en su diócesis, sino también en todas las españolas, como las de los cabildos catedralicios, la supresión de exención a los regulares para someterlos a los obispos y la eliminación de varios impedimentos matrimoniales. Denunció el fanatismo, superstición e ignorancia de los españoles, causa y origen de los males que sufría la nación. El de Barcelona hizo algo parecido, presentando una visión defor51 Sobre las vicisitudes personales de cada uno de estos obispos y el estado de sus respectivas diócesis, cf. mi libro Politka eclesiál... p.455-509. 52 J. M. CUENCA TORIBIO, Apertura e integrismo en la Iglesia española decimonónica. En torno a una polémica de los inicios del reinado de Isabel II (Sevilla 1970).

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mada de la realidad de su diócesis. En Roma se le llamó ignorante, débil, áulico, pupilo del Gobierno, indigno del episcopado, que había alcanzado por influencias y recomendaciones políticas, y se le echó en cara su amistad con Torres Amat, acusado de ser el principal jansenista del episcopado español. Desde 1833 hasta 1847, numerosas diócesis fueron quedando vacantes por la muerte de sus prelados. En 1840, el número de obispos fallecidos ascendía a 25, cifra que se elevó a 40 en 1847, cuando llegó a Madrid el nuncio Brunelli.

4.

OBISPOS INTRUSOS. POLÉMICA GONZÁLEZ VALLEJO-ANDRIANI

Pero, sin duda alguna, el mayor atropello cometido por el Gobierno fue imponer a los cabildos catedralicios de las diócesis vacantes la elección de vicarios capitulares o gobernadores in spiritualibus en las personas que la reina había presentado para obispos de dichas diócesis y el papa no había confirmado. Fue una injerencia intolerable, si se considera que los vicarios capitulares elegidos legítimamente fueron obligados a dimitir por la violencia y tuvieron que ceder su jurisdicción canónica a los intrusos nombrados por el Gobierno. De otros excesos gubernamentales fueron víctimas las diócesis cuyos obispos habían sido expulsados o desterrados, exigiendo que la administración eclesiástica fuese encomendada a personas adictas a la causa isabelina y no a quienes habían sido designados canónicamente por los obispos ausentes antes de su salida o desde el exilio. Algunos cabildos fueron obligados a considerar civilmente muertos a sus obispos, y, por tanto, coaccionados para que eligiesen vicarios capitulares o gobernadores de la mitra que administrasen la diócesis en nombre del propio cabildo, sin usar sellos de los prelados legítimos ni cláusulas o fórmulas que directa o indirectamente pudiesen dar a entender que ejercían la jurisdicción eclesiástica en su nombre. A todos éstos se les llamó intrusos, porque nunca obtuvieron libremente los votos de los canónigos ni fueron aceptados por el clero y el pueblo. Los casos más escandalosos ocurrieron en Toledo, Zaragoza, Málaga, Oviedo y Tarazona. Puede imaginarse la confusión y el desconcierto que crearon los intrusos. El problema de los gobernadores eclesiásticos ilegítimos, vicarios capitulares anticanónicos, obispos intrusos o como se les quiera llamar, se había planteado ya otras veces en España, tanto durante las Cortes de Cádiz como en el trienio. Pero fue durante las regencias Cristina y esparterista cuando saltó a la opinión pública con mayor apasionamiento, porque en periódicos, revistas y folletos se discutió, con una amplitud e interés sin precedentes, el derecho de la reina para efectuar tales nombramientos e imponerlos a los cabildos sin consultar con la Santa Sede. Publicóse entonces la segunda edición del célebre Discurso sobre la confirmación de los obispos (Madrid 1836), que el cardenal Inguanzo había

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editado en Cádiz en 1813 cuando era diputado en aquellas Cortes, porque se decía en la presentación de la obra— «ha sido tan doloroso leer en algunos periódicos la invitación que se hace al Gobierno para que tome medidas eficaces a fin de que sean ocupadas las sillas episcopales vacantes por los obispos electos, siendo éstos confirmados por los metropolitanos, que ha parecido conveniente y necesario dar publicidad a la citada disertación para fijar y poner en claro la doctrina de la Iglesia católica y evitar los funestos resultados que de la contraria se seguirían». La polémica alcanzó su punto álgido, comprometiendo en ella el prestigio del Gobierno madrileño y la autoridad de la Santa Sede, cuando dos obispos de ideologías radicalmente opuestas —González Vallejo, intruso de Toledo, y Andriani, legítimo de Pamplona, protegido gubernamental el primero, perseguido el segundo— trataron la cuestión a nivel científico, con argumentos teológicos, canónicos e históricos. En 1839, el antiguo obispo de Mallorca, Pedro González Vallejo, depuesto de su sede por liberal y después electo de Toledo, pero nunca reconocido por Roma, dio a la imprenta su Discurso canónico-legal sobre los nombramientos de gobernadores hechos por los cabildos en los presentados por S. M. para obispos de sus iglesias, para demostrar su misión legítima en la sede toledana, «y, aunque para mí está muy lejos de haberlo conseguido —escribía al cardenal Lambruschini el vicegerente de la Nunciatura, Ramírez de Arellano—, no dudo que tendrá secuaces, que también será impugnado, y se sostendrá probablemente una polémica cuyas consecuencias serán turbarse y agitarse más y más las conciencias de los fieles». Defendía González Vallejo una tesis absurda, formulada substancialmente en estos términos: supuesta la suspensión indefinida del reconocimiento de Isabel II y de su patronato por el papa, y, por consiguiente, la confirmación de los obispos presentados por la reina, el único medio canónico y conveniente para cubrir las iglesias vacantes es que los cabildos nombren vicarios capitulares a los obispos electos y que éstos ejerzan como tales su jurisdicción capitular en las sedes vacantes. Se trataba, según el autor, de una cuestión puramente disciplinar, que no afectaba a la esencia del dogma ni de la moral, ignorando, o, mejor dicho, silenciando, que la intrusión de la autoridad civil y su violenta usurpación de la potestad eclesiástica no es una cuestión indiferente, ya que la disciplina eclesiástica relativa a la jurisdicción legítima de los obispos está íntimamente vinculada con la concepción teológica de la Iglesia. Iniciaba su escrito aludiendo a tres consultas del Consejo de Estado durante el trienio, precisamente cuando el Gobierno liberal intentó las mismas usurpaciones, imponiendo a los cabildos que nombrasen vicarios capitulares a los entonces electos, y a las vigorosas respuestas del nuncio Giustiniani rebatiendo las pretensiones del Gobierno. Tras esta introducción alusiva al inmediato precedente español, entraba González Vallejo en materia, sosteniendo el derecho del Gobierno

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para nombrar vicarios capitulares de las sedes vacantes a los obispos designados por la reina, pues si bien la prudencia del Gobierno durante el trienio se limitó a defender teóricamente este derecho, sin insistir en el ejercicio del mismo, en las nuevas circunstancias políticas de la nación podía y debía servirse del mismo, ya que la invitación de la reina no coartaba la libertad de los cabildos. Era ésta una afirmación insolente, porque todos conocían las violencias y presiones ejercidas por las autoridades civiles y militares contra los obispos y sacerdotes que se oponían a los planes gubernamentales. Seguía estudiando la posibilidad de los cabildos para revocar, por justos motivos, los nombramientos de vicarios capitulares hechos por ellos mismos y la capacidad de los electos para gobernar las diócesis antes de recibir la confirmación canónica de la Santa Sede. Y concluía apelando a la concordia, habida cuenta de la nueva situación política y de la materia disputada «y no dando ocasión a que, alterándose, sobrevengan tempestades de las que todos podríamos ser inocentes víctimas». La obra de González Vallejo fue enviada al cardenal secretario de Estado, Lambruschini, por el vicegerente de la Nunciatura de Madrid. Se encomendó el estudio a los jesuítas, que pusieron de relieve la hipocresía y falsa devoción a la Sede Apostólica manifestadas por su autor. «Todo el libro —escribió el general de la Compañía de Jesús, P. Roothaan— es un modelo de hipocresía auténticamente jansenista, digna del autor, demasiado conocido desde hace años». La réplica, como era de esperar, fue inmediata. A los pocos meses de la aparición del Discurso canónico-legal, el obispo de Pamplona, Andriani, publicó su Juicio analítico sobre el «Discurso canónico-legal» de González Vallejo, para demostrar que si bien la doctrina expuesta por el arzobispo electo de Toledo no podía contestarse en su conjunto, sin embargo, debía hacerse un examen analítico, con el fin de «suministrar luces y auxilios a los flacos y débiles ingenios que están a pique de ser seducidos». Andriani no quiso demostrar que su doctrina era cierta y la de González Vallejo falsa, sino fijar claramente los principios teológicos y canónicos en virtud de los cuales «es dudosa la jurisdicción que hoy ejercen los obispos nombrados con el título de vicarios capitulares por delegación del cabildo», para concluir que, siguiendo una doctrina insegura, «nacen males grandes y positivos, que reclaman eficazmente un remedio poderoso». Andriani envió un ejemplar de su obra al papa con intención de someterla al juicio de la Santa Sede. Gregorio XVI no la leyó, porque desconocía el castellano, pero apreció la labor del prelado pamplonés. Gran parte de la jerarquía española se adhirió al obispo de Pamplona, porque había sabido refutar los argumentos falaces, las equivocaciones y las citas mal aplicadas contenidas en el Discurso canónico-legal. Sin embargo, esta réplica no produjo efecto alguno, ya que el regente Espartero siguió la misma política religiosa de los gobiernos precedentes y los nombramientos de vicarios capitulares y gobernadores eclesiásticos intrusos continuaron hasta el año 1843.

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E L CLERO

Se habla frecuentemente de la potencia del clero español en la sociedad estamental del Antiguo Régimen. Potencia cuantitativa y económica, pero esencialmente moral por el profundo y decisivo influjo que los eclesiásticos ejercían en la nación, tanto intelectualmente, desde las cátedras universitarias y la enseñanza en colegios y escuelas, como pastoralmente, por medio de contacto personal a través de las parroquias y de las misiones populares. Aunque la gran masa de la población clerical siguió anclada a las tradicionales estructuras eclesiásticas, que el regalismo borbónico había conseguido mantener inmutables gracias a los concordatos del siglo x v n i , existían pequeños grupos, llamados comúnmente jansenistas, cuyas pretensiones eran la reforma substancial de la Iglesia, insistiendo especialmente en su organización externa, con un deseo de auténtico espíritu evangélico, estricta observancia de la disciplina canónica y mayor interés por las nuevas realidades sociales y políticas, tímidamente insinuadas en la segunda mitad del setecientos y violentamente impuestas por la Revolución francesa. Coincidió este fenómeno con la explosión de un anticlericalismo S3, en cuyas filas militaron muchos eclesiásticos distinguidos que, al desear una Iglesia más pobre e independiente frente a las realidades temporales, hicieron oposición a cuanto significase clero o estructura eclesiástica. Esta actitud, cada vez más intensa y vivida, fue provocada unas veces por una oposición radical a la Iglesia, y otras, por el comportamiento individual de algunos eclesiásticos. Por cuanto se refiere a la cuestión política de la época que nos ocupa, puede afirmarse que el clero español no se encontró preparado para afrontar los dos graves problemas que simultáneamente se le presentaron: la sucesión de Fernando VII y el nuevo régimen liberal. El Gobierno fue excesivamente duro con el clero, pues le consideró el principal enemigo de la causa isabelina y le hizo responsable del retraso en la actualización de reformas. Esta imputación alcanzó grados diversos de intensidad según la visión política de los grupos o tendencias que tuvieron el poder durante las dos regencias. No podía pretenderse que el clero aceptase unánimemente cuanto se le proponía, habida cuenta de las discrepancias existentes a distintos niveles en la sociedad española. Con respecto al problema dinástico, es cierto que muy pocos eclesiásticos se opusieron al reconocimiento de Isabel II. Aceptóse el hecho sin más, salvo casos muy contados, que en un primer momento no tuvieron gran transcendencia y hubieran quedado olvidados, o al menos aislados, de no haberse desencadenado la 53 Sobre este primer anticlericalismo cf. J. MERCADER RIBA, Orígenes del anticlerkalismo español: Hispania 33 (1973) 101-23, y algunas observaciones de J. M. DÍAZ MOZAZ, Apuntes para una sociología del anticlericalismo (Barcelona, Ariel, 1977). Quizá sea interesante consultar, por las afinidades que con el fenómeno anticlerical español ofrece el francés, dos obras importantes del vecino país: A. MELLOR, Histoire de l'antklericalisme francflis (Tours 1966) y R. RÉMOND, L'anticléricaltsme en France de 1815 a nosjours (París 1976).

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guerra civil. Diversa fue la reacción ante las novedades eclesiásticas introducidas desde 1834, porque éstas en su casi totalidad remitían a los precedentes inmediatos del trienio. Entonces, la ignorancia, la falta de preparación, los recursos a épocas pasadas, al terror inspirado por funestos acontecimientos como la guerra, que coincidió fatalmente con su anuncio, exaltaron a unos, entibiaron a otros y llenó de desconfianza a la inmensa mayoría de los clérigos, precipitando a algunos en indiscreciones, compromisos e incluso auténticas defecciones, que fueron motivo de escándalo, porque reconocían en ello un punible extravío y porque no podían dejar de presagiar tristes consecuencias para la tranquilidad pública general y la del clero en particular. Al extenderse el conflicto, principalmente en las provincias del Norte, estas actitudes se multiplicaron, derivando en imprudencias, temores, desgraciadas combinaciones y resoluciones inconsideradas, siendo muchas veces los eclesiásticos promotores, incitadores e incluso autores materiales de muchos atentados y desórdenes. Con todo, habida cuenta del número de eclesiásticos —se calcula de 150 a 200.000, es decir, aproximadamente un 14 por 100 de la población nacional—, de los sucesos que en gran parte afectaron a su seguridad personal y a los intereses de sus instituciones, no fueron realmente muchos los comprometidos que dieron pruebas evidentes de desafección a la causa isabelina o que obstaculizaron las reformas constitucionales exigidas por el bien de la comunidad nacional. Pero no debe ocultarse que el grupo, inicialmente minoritario, que se adhirió incondicionalmente a D. Carlos y opuso tenaz resistencia al sistema político liberal fue aumentando a medida que las reformas gubernativas se fueron radicalizando. Influyó también en este fenómeno la incierta actitud de la Santa Sede, oficialmente neutral, pero a todas luces simpatizante con los carlistas, ya que su victoria era la única garantía para el mantenimiento de las viejas estructuras políticas, sociales y económicas, y, lógicamente, del secular influjo que la Iglesia había ejercido ininterrumpidamente en España desde tiempos remotos. En la mayoría de las diócesis, el clero secular, pese al menosprecio, privaciones y peligros a que se vio expuesto, siguió ejerciendo el ministerio pastoral en la medida en que las circunstancias del país lo permitieron. Al iniciarse la guerra civil, algunos sacerdotes huyeron a Francia o se escondieron en diversos lugares de España por miedo a represalias, otros fueron encarcelados y otros varios fueron fusilados por colaborar con los carlistas. Como los obispos no pudieron conferir órdenes sagradas ni celebrar conferencias morales disminuyó sensiblemente el número de sacerdotes, se empobreció su formación y se relajaron sus costumbres. La mayoría no usaba hábitos talares para evitar burlas e insultos. Ocupadas las temporalidades y abolidos los medios que por tantos siglos le sostuvieron económicamente, el clero quedó en situación tan apurada, que las exiguas rentas autorizadas no bastaron para cubrir las más elementales necesidades, porque el Gobierno retrasaba los pagos prometidos.

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También los centros de formación sacerdotal sufrieron las consecuencias de esta situación. Por una parte, se filtraron en los seminarios las ideas político-sociales del momento, y, por otra, se relajó la disciplina. Las autoridades civiles se entrometieron también a nivel local, modificando demarcaciones parroquiales, reduciendo parroquias y destinando a usos profanos iglesias abiertas al culto. El estado de los religiosos exclaustrados puede verse más ampliamente en la obra de Revuelta 5 4 . Muchos marcharon con sus familias, otros se integraron en las diócesis, y buena parte consiguió pasar a la zona carlista, principalmente a Navarra, donde los conventos estaban abiertos. La situación de las religiosas fue igualmente poco lisonjera, aunque no fueron víctimas de los excesos que hemos visto tanto en el clero secular como en el regular. Muchos eclesiásticos emigrados a Francia se establecieron en las diócesis limítrofes con España, y, aunque en general fueron bien acogidos por los respectivos obispos franceses, no faltaron quejas contra algunos prelados. Protestas llegaron a Roma contra el de Perpignan, Mons. De Saunhac-Belcastel, porque despreciaba a los clérigos españoles refugiados en su diócesis, les negaba las licencias ministeriales y pedía a las autoridades civiles que los trasladasen a otros lugares. Parece ser que el obispo francés temía que la laxitud doctrinal de los españoles produjese estragos en su diócesis, y, no obstante la intervención de la Santa Sede, no se consiguió que el prelado elnense cambiase su actitud con respecto a los sacerdotes españoles huidos por motivos políticos.

6.

E L PUEBLO

La situación del pueblo cristiano, a falta de otros estudios más completos, puede conocerse aproximadamente a través de varios informes de los obispos. «En mis visitas por la diócesis —escribía el de Solsona— nada encontré digno de corrección, sino, más bien, cosas que alabar, especialmente en los lugares más apartados y montañosos. Pero con la guerra civil, el pueblo ha sufrido malos ejemplos al verse obligado a recibir en sus casas hombres impíos, que desprecian las cosas más santas, blasfeman, persiguen a los sacerdotes, incendian las iglesias, destruyen las imágenes sagradas y se burlan de la religión. El obispo de Mallorca comentaba: «Las costumbres del pueblo van cada día peor, aunque se conserva cierta piedad. En general, los pueblos de mi diócesis se mantienen bien, pero en la ciudad de Palma es cada vez mayor la corrupción, originada S4 La obra fundamental de Revuelta (La exclaustración [1833-1840], Madrid 1976) debe completarse con su documentado trabajo sobre Los pagos de pensiones a los exclaustrados y a las monjas (1835-1850): Estudios Eclesiásticos 53 (1978) 47-76. Ambos estudios nos dan el cuadro real de la triste situación en que se encontró este amplio sector de la clerecía española.

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por los muchos libros y revistas que se difunden, a pesar de estar prohibidos por la autoridad eclesiástica; por las sociedades secretas, que atacan la religión, sembrando errores, fomentando la lujuria y toda clase de vicios. Los sacerdotes, que, confesando y predicando, animaban a los buenos y combatían a los malos, han sido expulsados u obligados a esconderse; por ello falta el pasto a las ovejas, expuestas a la rapacidad de los lobos». En Mahón, ciudad portuaria, abundaban las meretrices, los concubinos y alcahuetes, siendo abundantes toda clase de escándalos y comercios ilícitos. En toda la isla reinaba la usura. Para remediar tantos males envió el obispo misioneros apostólicos, dirigió amonestaciones privadas y pidió ayuda a las autoridades civiles para hacer cumplir algunas medidas correccionales. Encargó al párroco de Mahón que vigilase para evitar escándalos, y si los autores no se corregían, después de paternales amonestaciones, los denunciasen a la autoridad civil para que fuesen castigados. Pero el obispo confesaba que con todas estas disposiciones no había conseguido los frutos deseados. El pueblo humilde, obediente e inclinado a la piedad, encontraba muchos obstáculos por culpa de los militares residentes en Ceuta —decía el obispo de aquella diócesis—, cuya vida licenciosa corrompía las costumbres. El mal ejemplo venía también de muchos delincuentes exiliados en dicha ciudad y del trato con los moros. Algunos obispos, como los de Mondoñedo y Santander, llegaron a pedir la restauración de la Inquisición, porque atribuían la decadencia moral a la falta de dicho tribunal, que en épocas pasadas había conservado la pureza de la fe y de las costumbres. Si hubiera que hacer una síntesis apretada sobre la conducta del pueblo en este período tan agitado y convulso de la historia de la Iglesia en España, habría que decir que la adhesión a la fe y a las tradiciones de los antepasados se mantuvieron por lo general y la unión constante a los obispos legítimos fue, quizá, la característica más saliente. Nótese que durante estos años se intensificó la propaganda protestante. El obispo de Valladolid atacó duramente a los heterodoxos, que desprestigiaban el dogma, las buenas costumbres y el sacerdocio; pero sus campañas no llegaron a penetrar en el pueblo sencillo, como se demostró cuando la situación religiosa de la nación volvió a su normalidad 5S. 7.

S I T U A C I Ó N RELIGIOSA EN LOS TERRITORIOS CARLISTAS

S6

Pocos días después del fallecimiento de Fernando VII estalló la primera guerra carlista. A principios de octubre de 1833, Bilbao se sublevó en defensa de los fueros y privilegios, a la vez que proclamaba rey al infante D. Carlos, hermano del monarca fallecido. En Talavera de la 55

Los textos citados pueden verse en mi libro, Política ecUsial.. p.429-41. S. INSAUSTI, Jurisdicción eclesiástica delegada en territorio carlista (1836-1839): Scriptorium Victoriense 12 (1965) 212-30. Sobre los personajes indicados en el texto cf. también los artículos de J. GORRICHO citados en la nota 19 de esta parte. 56

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Reina tenía lugar el primer levantamiento carlista. La guerra civil se extendería un año más tarde —durante el último trimestre de 1834— por el Maestrazgo, Cataluña y la Mancha, y no conocería su final hasta el tratado de Vergara (31 agosto 1839). Don Carlos tuvo representantes no oficiales en Roma desde el comienzo de la guerra. A través de ellos, la Santa Sede conocía, parcialmente, la marcha del conflicto y las actividades de los gobiernos liberales de Madrid. A los enviados de D. Carlos se unieron otros personajes, eclesiásticos y laicos, adictos incondicionales a la causa del pretendiente, acogidos favorablemente en la corte pontificia. Dos fueron los agentes de D. Carlos que llegaron a tener influjo decisivo en la conducta observada por la Santa Sede durante estos años con respecto a la situación española. El primero fue el antiguo secretario de la Embajada española, Paulino Ramírez de la Piscina, quien, al cesar el embajador Labrador, no quiso encargarse de los negocios pendientes y quedó en Roma como ciudadano privado, aunque la documentación existente en el Archivo Vaticano demuestra que estuvo en estrecho contacto con los secretarios de Estado de Gregorio XVI, los cardenales Bernetti y Lambruschini, y que defendió los intereses de D. Carlos. El segundo agente carlista de relieve fue el capuchino Fermín de Alcaraz, en el siglo Fermín Sánchez Artesero (1784-1855). Es un personaje que ha pasado inadvertido, y, sin embargo, se trata de una figura clave para comprender la actitud de la Santa Sede en favor de D. Carlos, ya que influyó directamente sobre el papa, sobre el cardenal Lambruschini y sobre sus más directos colaboradores en la Secretaría de Estado: Capaccini, Brunelli y Vizzardelli. La documentación vaticana muestra la intensa actividad de este fraile, más intrigante que inteligente. Sus numerosas cartas, informes, noticias, escritos, etc., revelan gran capacidad de trabajo y descubren la red de información de que disponía, a la vez que ponen en evidencia su constante parcialidad y tendenciosidad al enjuiciar la situación española y las actuaciones del Gobierno de Madrid. Exageraba la importancia de las efímeras victorias carlistas con el fin de mantener el prestigio de D. Carlos. Muchos obispos exiliados dirigieron sus cartas personales al papa a través del P. Fermín, quien contestaba, en algunos casos, por mandato expreso del pontífice. La Congregación de Asuntos Extraordinarios le encargó varios estudios sobre las diócesis españolas y la del Concilio le confió la revisión de algunos informes presentados por los obispos con motivo de la visita ad limina. Particular interés encierran sus votos sobre las de Astorga y Barcelona, donde el capuchino descubrió su total aversión a las novedades eclesiásticas introducidas por los liberales de Madrid y atacó duramente a los dos obispos —Torres Amat y Martínez San Martín respectivamente—, que condividían en gran parte la política religiosa del Gobierno. Llegado a Roma en 1835 para asistir, como delegado de las provincias capuchinas de España, al capítulo de su O r d e n , el P. Fermín recibió de D. Carlos facultades extraordinarias para «tratar

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de importantes y delicados asuntos relativos a nuestra santa religión y al Estado». En la correspondencia personal entre D. Carlos y Gregorio XVI se confirma que el capuchino contaba con el apoyo incondicional del pretendiente y con la confianza del papa. He querido insistir en la personalidad de este capuchino y en su estancia en Roma porque explican la política religiosa de D. Carlos y las concesiones pontificias para su territorio, donde otros obispos —Abarca, de León; Herrero Valverde, de Orihuela, y López Borricón, de Mondoñedo— desempeñaban el ejercicio legítimo de la jurisdicción eclesiástica. Nótese que en las zonas ocupadas por las tropas carlistas no existía sede episcopal alguna; por ello, la primera misión de los agentes de D. Carlos en Roma consistió en normalizar este asunto. Se explotó para ello el deplorable estado en que se hallaban las diócesis controladas por el Gobierno liberal de Madrid y el buen espíritu que reinaba en el territorio carlista gracias a la protección que el pretendiente dispensaba a la Iglesia. Ramírez de la Piscina no dudaba en declarar en 1835 que «las inauditas atrocidades cometidas hasta ahora por la revolución española contra la religión y sus ministros han amargado profundamente el ánimo del rey, mi augusto señor, el cual es más sensible a los daños que los revolucionarios españoles preparan contra nuestra sagrada religión que a la guerra desencadenada contra sus legítimos derechos al trono. El cuadro que hoy presenta España, desolada por el ciego furor de la irreligiosidad y el obstinado espíritu ateo, tortura el religioso corazón de S. M., que no puede consentir que la Iglesia española, tan floreciente hasta hace poco, se vea hoy destruida por los enemigos de Dios». El obispo Abarca, por su parte, insistía por escrito al papa para que atendiera las peticiones de D. Carlos. Gregorio XVI accedió verbalmente —no consta documento escrito— y concedió al pretendiente todas las facultades necesarias para que pudiese conferir el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica en sus territorios a persona de su confianza. Dicha concesión verbal del pontífice llegó a D. Carlos a través del P. Altemir, franciscano, a quien el nuncio Amat calificó de ambicioso e intrigante. Pero D. Carlos exigía más, y a raíz de la alocución pontificia del 1.° de febrero de 1836 comunicó a Gregorio XVI que había hecho propia la causa de la religión católica, declarando nulas todas las reformas introducidas por los liberales, nombrando protectora de sus ejércitos a la Virgen de los Dolores y permitiendo que se refugiasen en sus territorios todos los eclesiásticos huidos de la zona isabelina. Con el fin de evitar intromisiones en los asuntos estrictamente eclesiásticos, D. Carlos llegó a pedir el nombramiento de un representante pontificio, con facultades solamente espirituales. Es cierto que existía un problema de vacío de jurisdicción eclesiástica, ya que muchos de los clérigos huidos desde la zona isabelina habían perdido toda comunicación con sus legítimos superiores. La Santa Sede se mostró favorable a la petición de D. Carlos, y el 10 de agosto de 1836 concedió al obispo Abarca todas las facultades ordinarias y extraordinarias para el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica sobre los

igO

Vicente Cárcel Orlí

sacerdotes y religiosos que no pudieran mantener comunicación son sus ordinarios. Sin embargo, el obispo de León no aceptó el encargo, porque era primer ministro de D. Carlos, y propuso en su lugar a los canónigos Velarde, de Santiago, y Estevan, magistral de Osma. La Santa Sede no accedió, y Abarca quedó como delegado espiritual. Don Carlos planeó entre tanto un ambicioso proyecto de restauración religiosa que nunca llegó a realizar, pues la victoria de las armas no le fue favorable. Las facultades concedidas al obispo Abarca se dividieron después con el de Mondoñedo, López Borricón, nombrado vicario castrense del ejército carlista. Durante la guerra, en territorio carlista se celebraron misiones populares y el pueblo pudo usar la bula de la Cruzada, con renovación anual del indulto. El Gobierno de Madrid reaccionó ante ciertos abusos cometidos por los subdelegados del obispo Abarca, que llegaban a entrometerse en territorios de la zona isabelina, creando confusión y desconcierto entre la población católica, donde no eran válidas las facultades concedidas por el papa para la zona carlista. Don Carlos contrajo matrimonio en 1838 con la primogénita del rey de Portugal, María Teresa de Braganza, princesa de Beira. Por entonces escribió al papa proponiéndole la fundación de un instituto religioso para desagraviar al Santísimo Sacramento, ya que se consideraba sucesor de reyes católicos como San Fernando y San Luis. En Roma se advirtió que éstas no eran iniciativas del monarca, sino de sus más exaltados colaboradores; por ello Gregorio XVI le aconsejó personalmente la máxima prudencia y moderación, con el fin de evitar desviaciones peligrosas. Tras la firma del convenio de Vergara y la huida de D. Carlos a Francia, la Santa Sede siguió de cerca el destino del pretendiente, cuya causa perdió todo el interés y la simpatía que había despertado en la corte pontificia, si bien «la derrota y el alejamiento del poder le valieron recuperar su prestigio de incontaminado símbolo, hecho puro esquema platónico, solución inédita frente a los errores y excesos del campo contrario» 57 .

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De la nueva generación de obispos que surgió a partir de 1847 salió buena parte de los protagonistas españoles del Vaticano I y de la revolución del 68. Martín Tejedor, que ha estudiado concienzudamente la documentación vaticana, nos ofrece los rasgos quizá más acertados sobre estos obispos, que él divide en dos generaciones: la desamortizada y la africana, pues la revolución desamortizadora y la guerra de África

son dos puntos de referencia generacional para los obispos españoles del segundo tercio del XIX 58 . A raíz de la legislación desamortizadora y de la política religiosa de los gobiernos liberales de los años 30 y 40, nació en la Iglesia española un neorromanismo, caracterizado por una ostensible ortodoxia doctrinal y por un ultramontanismo cada vez más acentuado. Perdido el apoyo del Estado, la Iglesia española buscó el respaldo moral de la Santa Sede, que defendió los intereses económicos del clero español en las gestiones que precedieron al concordato de 1851 y en la legislación posterior. El pontificado se mitificó, y la persona del papa se convirtió en el centro de atención de los obispos españoles por devoción y por gratitud. Por eso, la jerarquía postrevolucionaria vio en el primado del pontífice un apoyo seguro frente a la hostilidad de un sistema liberal laico. La legislación desamortizadora hirió profundamente a la jerarquía y a toda la Iglesia española; de ahí que la actitud general de los obispos durante la segunda mitad del xix fuera defensiva y cerrada a cualquier novedad o progreso que pudiera alterar el equilibrio existente en la sociedad eclesiástica y civil. El concordato de 1851 permitió a la Iglesia reorganizar sus cuadros y actualizar actividades suspendidas durante muchos años. La política moderada que siguió al bienio progresista facilitó un nuevo acercamiento entre la Iglesia y el Estado, hasta el punto de que la primera se convirtió en un elemento indispensable de estabilización social ante la grave situación política del país. La guerra de África, afirma Martín Tejedor, «marca el punto culminante de esta simbiosis entre la Iglesia y el régimen político. La acción contra un enemigo exterior produjo una entusiasta unanimidad nacional; la cruz de los eclesiásticos se erguía junto a la espada de O'Donnell, jefe de la Unión liberal; las batallas fueron cantadas por sus cronistas (Pedro Antonio de Alarcón) como triunfo de Cristo sobre la Media Luna y en términos de cruzada. Las pastorales de los obispos con motivo de esta guerra abundan en síntesis históricas en las que el ser de España queda definido por la unión entre la cruz y la bandera; unión que desde Recaredo ha sido la causa de todas las glorias patrias, las cuales han quedado truncadas por el mal sueño de la Ilustración y el liberalismo. Tales consideraciones muestran hasta qué punto se añoraba en las aspiraciones de la jerarquía española la España tradicional y hasta qué punto se consideraba a las nuevas ideas como algo de todo punto inasimilable». El mismo autor describe a la generación episcopal «desamortizada» como más esencialista y gruesa en sus apreciaciones, pronta a reaccionar con decisión ante los graves problemas que ponían en juego la existencia de alguna realidad fundamental de la Iglesia. Exceptuando sus relaciones con el liberalismo, los obispos de esta generación tenían «un tono

57 C. SECO SERRANO, Tríptico carlista. Estudios sobre historia del carlismo (Barcelona, Ariel, 1973) p.60. En el Archivo Secreto Vaticano, SS (1847) 4, está la correspondencia de la Nunciatura de Viena, a través de la cual la Santa Sede siguió las vicisitudes personales de D. Carlos desde 1840.

58 Cf. los artículos citados en la nt.24 de la tercera parte. El tremendo impacto de la guerra africana en la sociedad española queda reflejado en la obra de M. C. LECUYERC. SERRANO, La guerre á"Afrique et ses repercussions en Espagne. Ide'ologies el colonialisme en Espagne. 1859-1904 (París, PUF, 1976), con abundante bibliografía.

8.

E L EPISCOPADO ISABELINO

Vicente Cárcel Ortí 192 patriarcal y lleno de bonhomía conciliadora». Por el contrario, los de la generación «africana» eran mucho más puntillosos y sutiles. Insistieron en el cumplimiento fiel del concordato de 1851, sin darse cuenta de las dificultades del país, que impedían al Gobierno cumplir cuanto se había concordado con la Santa Sede. Su característica fundamental fue el integrismo dogmático, que se puso de manifiesto en el largo decenio que corre desde el bienio progresista (1854-56) hasta la revolución de 1868, con un compromiso total e incondicionado con el trono de Isabel II. En este largo decenio, el arzobispo Claret fue una figura clave, porque desde su puesto de confesor de la reina ejerció gran influjo para la selección de candidatos al episcopado, hecha con tanta habilidad, que el nuncio Barili los aceptó sin dificultades en la mayoría de los casos. Pero hay que tener en cuenta que Claret actuó siempre de acuerdo con el nuncio, quien le transmitía fielmente las instrucciones recibidas de Roma. De esta forma se llegó a la deseada restauración de la unión Altar-Trono, muy semejante a la del Antiguo Régimen. La revolución del 68 rompió esta armonía, que no todos los prelados, en particular los de la generación «desamortizada», condividían.

Hay que reconocer que la estabilidad política de esos doce largos años y la presencia ininterrumpida de Claret en la corte y de Barili en la Nunciatura permitieron a la Santa Sede la formación de un cuadro episcopal al servicio de un pontífice empeñado en una estéril batalla contra el liberalismo y en defensa del poder temporal. La publicación del Syllabus en España y la participación de los obispos en el concilio Vaticano I mostraron el alto grado de fidelidad y total adhesión de la jerarquía española a la cátedra de Pedro. Aunque las clasificaciones nunca son exactas, y en el presente caso pueden ser corregidas a medida que los estudios monográficos sobre los obispos del XIX vayan progresando, sin embargo, estimo que como orientación puede servir la división que Martín Tejedor hace entre las generaciones «desamortizada» y «africana». En la primera incluye a los obispos López Crespo (Santander), García Antón (Tuy), Carrión (Puerto Rico), Arguelles Miranda (Astorga), Uriz Labayru (Pamplona), Pérez Fernández (Málaga), García Gil (Zaragoza), Ríos Lamadrid (Lugo), Marrodán (Tarazona), García Cuesta (Santiago), Caixal Estradé (Urgel), Iglesias Barcones (patriarca de las Indias), Landeira (Cartagena), Puigllat (Lérida), Félix (Tarragona), Lastra (Sevilla), Brezmes (Guadix), Barrio (Valencia), Cuesta (Orense), Monserrat (Barcelona), Rosales (Almería), Ramírez (Badajoz), Bonet (Gerona), Claret (titular de Trajanópolis), Benavides (Sigüenza), Núñez (Coria) y Cubero (Orihuela). En esta generación se dan algunas inserciones de elementos ajenos a la misma. Este es el caso de los carlistas Caixal y Marrodán y del obispo de Orihuela, Cubero, cuya ausencia de actitud eclesial fue evidente durante esos años y tras la Restauración. Las figuras más destacadas de este grupo fueron García Gil y Monserrat, competentes intelectualmente, cuya prudencia, madurez y discreción se pusieron de manifiesto durante el sexenio revolucionario.

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En la generación «africana» se pueden incluir los obispos Gil Bueno (Huesca), Jaume (Menorca), Monescillo (Jaén), Paya (Cuenca), Crespo Bautista (auxiliar de Toledo), Blanco Lorenzo (Avila), Martínez Sáez (La Habana), Vilamitjana (Tortosa), Arenzana (Calahorra), Urquinaona (Canarias), Rodrigo Yusto (Burgos), Conde Corral (Zamora), Lozano (Palencia), Martínez Santa Cruz (Manila) Lluch (Salamanca), Moreno (Valladolid), Monzón (Granada), Jordá (Vich) y Sanz y Forés (Oviedo). Los más destacados fueron Monescillo y Moreno; ambos llegaron a ser, años más tarde, cardenales de Toledo. El primero brilló como escritor y orador. Paya se manifestó en el Vaticano I romanista exaltado y defensor de la infalibilidad, aunque con buena base doctrinal gracias a su formación sólida. Otro devoto del pontificado fue Vilamitjana, mientras Blanco Lorenzo trató de acercar la figura de Pío IX al pueblo. El carlista Martínez Sáez, obispo de La Habana, escritor fecundo y orador fogoso, cantó las glorias del Medioevo como ideal cristiano. Gran figura fue, igualmente, el obispo Sanz y Forés, cuya preparación intelectual y humana le convirtieron en uno de los protagonistas más destacados de la Iglesia española tras la Restauración.

9.

INICIATIVAS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Me detengo en esta materia porque su importancia y transcendencia superan los límites estrictamente económicos. Gran parte de la actividad pastoral de los obispos españoles del XIX, a partir de la normalización de las relaciones con la Santa Sede en 1848, estuvo centrada en la recuperación del poder económico perdido con las medidas desamortizadoras. Esto nunca pudo conseguirse, aunque el concordato del 51 garantizó la ayuda estatal a la Iglesia. Por eso prosperaron las iniciativas entre el pueblo, que fue tomando conciencia de la necesidad de sostener al clero. Nos faltan estudios sobre la entidad de las aportaciones económicas de los católicos españoles a la Iglesia cuando la naciente sociedad industrial sentaba las bases del capitalismo moderno. Podemos indicar solamente algunos jalones, los más representativos, los que la jerarquía organizó y fomentó en dirección a Roma, porque descubren el grado de adhesión del episcopado al pontífice. Las ayudas económicas masivas al papa comenzaron a organizarse durante el pontificado de Pío IX, ya que no consta que existiese en épocas precedentes iniciativa alguna en# este sentido S9 . Al papa se le ayudó desde España con donativos en metálico y con regalos. El hito más significativo en esta larga historia que dura hasta nuestros días lo puso el episcopado en 1850 al ofrecer al pontífice la cantidad de 600.000 reales tras las insistencias del nuncio Brunelli, quien, siguiendo 59

Quizá el único precedente de cierto relieve en el primer tercio del xix fue la campaña promovida en Roma y organizada en España por el nuncio Giustiniani para recoger fondos con destino a la reconstrucción de la basílica de San Pablo Extramuros, que se incendió en 1823. Dicha documentación está en el ASV AN Madrid 271.

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las sugerencias recibidas del cardenal Antoiielli, consiguió reunir la suma indicada en momentos económicamente poco felices para la Iglesia española. Los arzobispos de Toledo (Bonel), Tarragona (Echánove) y Sevilla (Romo) entregaron 35.000 reales cada uno. Los cuatro restantes de Santiago (Vélez), Valencia (García Abella), Zaragoza (Gómez de las Rivas) y Granada (Folgueras) dieron 25.000. Las aportaciones individuales de los obispos fueron desde 20.000 hasta 6.000 reales, según las posibilidades de cada uno de ellos. El arzobispo de Burgos, Alameda, antes de salir de su antigua sede de Santiago de Cuba había entregado 10.000, y el de Orihuela, Herrero Valverde, parece ser que no colaboró en esta empresa, aunque se justificó diciendo que había hecho personalmente un donativo al papa. A esto hay que añadir, durante la nunciatura de Brunelli (1847-53), el frecuente intercambio de objetos artísticos y preciosos entre Pío IX e Isabel II, tanto de carácter sagrado como de valor profano. Tras la firma del concordato de 1851 se intensificó este capítulo, y después del bienio progresista (1854-56), siendo nuncio Barili, las ayudas económicas de la Iglesia española no se limitaron a la persona del papa o a las necesidades de los Estados Pontificios, sino que se atendieron otras exigencias de la Iglesia universal por medio de colectas organizadas en todas las diócesis, cuyas recaudaciones eran enviadas a través de los dicasterios de la curia romana. Este fue el caso de las aportaciones para la misión católica de Trípoli en 1864, para la diócesis de Ginebra y para el clero de Polonia en 1865 y para la catedral de Londres en 1866 60 . En estas iniciativas, el nuncio y los obispos contaron con la valiosa colaboración de la revista La Cruz y de su director, León Carbonero y Sol, que las fomentaba y difundía. La situación económica de los Estados Pontificios se agravó sensiblemente tras el bienio 1859-60, cuando las regiones sublevadas de Emilia, Romagna, Toscana y Umbría quedaron anexionadas definitivamente al reino de Italia. Vino después, en mayo de 1860, la derrota de Castelfidardo, y al papa le quedó solamente Roma y una parte del Lazio situada entre Viterbo y Frosinone. Lógicamente disminuyeron los ingresos del Estado pontificio, y para resolver el apuro de Pío IX, se promovió entre las naciones católicas un Empréstito Pontificio al 5 por 100, si bien anteriormente se había intentado el mismo sistema sin conseguirlo. En Francia y Bélgica se obtuvieron buenos resultados, pero parece ser que el éxito mayor lo dio España, donde se llegaron a recaudar 4.253.700 francos franceses, equivalentes, aproximadamente, a 16 millones de reales. La banca A. Miranda Hermanos aseguró el pago de las rentas a los accionistas que cedieron sus acciones en beneficio del papa, y desde el primero de enero de 1867 la banca Rotschild se encargó de este asunto. El sistema era muy simple, ya que, tras la publicación del Empréstito por el papa, el nuncio lo circulaba a los obispos, quienes lo daban a conocer en sus boletines diocesanos. Contribuyeron 60 Véase la documentación conservada en el archivo del nuncio Barili (ASV AN Madrid 390).

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notablemente a esta empresa periódicos y revistas católicos como El Pensamiento Español y La Cruz. Juntas diocesanas y parroquiales recaudaban los fondos. El dinero se transmitía a la Nunciatura, que remitía los títulos provisionales a las diócesis, las cuales los distribuían a los suscriptores. Pagados cuatro plazos, se canjeaban por títulos definitivos, tras lo cual las juntas hacían un nuevo llamamiento para que los suscriptores cediesen sus acciones o las rentas de las mismas en favor del papa; y esto ocasionó problemas en algunas ocasiones, ya que hubo accionistas que exigieron justamente los intereses 6 1 . Si el Empréstito Pontificio fue una iniciativa que partió de Roma, otras nacieron en España con el fin de ayudar al papa en su grave situación económica; y entre éstas hay que destacar la asociación del Dinero de San Pedro, que no debe confundirse con el óbolo de San Pedro. Desde su llegada a España, el nuncio Barili promovió la recaudación de fondos para ayudar a Pío IX. Su correspondencia epistolar con los obispos sobre este particular fue muy intensa, y estuvo encaminada, por una parte, a conseguir dinero para paliar los efectos de la desastrosa situación financiera de los Estados Pontificios, y, poT otra, intensificar el ultramontanismo, ya floreciente en otros países, mitificando la figura del papa ultrajado, vilipendiado y abandonado, de forma que las adhesiones de veneración y afecto que el nuncio transmitía constantemente a la Secretaría de Estado constituían una inyección moral en el ánimo del pontífice. Desde 1860 comenzó la recaudación, y ya en 1861 fue aprobada la asociación del Dinero de San Pedro de Barcelona. En 1866, el 22 de noviembre, Barili reunió en el palacio de la Nunciatura a un grupo de católicos comprometidos, pertenecientes a la aristocracia, alta burguesía y exponentes políticos ultramoderados, que dieron vida a una asociación a escala nacional. Intervinieron en dicha reunión institucional algunos fundadores de la futura Asociación de Católicos, como el marqués de Viluma, Cándido Nocedal y Antonio Aparisi y Guijarro, y además los marqueses de Villafranca, de Baamonde, de Santa Cruz y de Albranja, los conde de Sástago y Superunda, el escritor y académico Santiago de Tejada, Manuel Beltrán de Lis y José Huet. Desde el comienzo se acordó que la asociación —que entonces comenzó a llamarse Obra Católica del Dinero de San Pedro— sería exclusivamente religiosa, caritativa y espontánea, estaría bajo la protección de los obispos y tendría una junta diocesana, encargada de controlar las actividades de las juntas parroquiales. En las gestiones fundacionales tuvieron también parte activa Ramón Vinader, que en 1868, sería secretario de la Asociación de Católicos, y el abogado valenciano Ramón de Ezenarro, después sacerdote, que fue provisor y vicario general del obispo Costa y Borras en Lérida, Barcelona y Tarragona y más tarde editó sus escritos. Ezenarro fue desde 1869 abreviador de la Nunciatura. La Obra del Dinero de San Pedro sufrió las consecuencias de la revolución del 68, ya que prácticamente quedó paralizada desde octubre de dicho año, a la vez que la situación económica del papa era cada vez 61

Ibid., 591-97.

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más precaria. Por otra parte, cuando el clero sufría en España las restricciones impuestas por el Gobierno revolucionario y el culto no conseguía la mínima dotación estatal, parecía absurdo promover colectas entre los fieles para ayudar al pontífice. Por ello, cuando en 1871 la Asociación de Católicos intentó organizar de nuevo el Dinero de San Pedro, no lo hizo tanto para recaudar fondos cuanto para «excitar pacífica, legal y espontáneamente el espíritu católico». Sin embargo, el restablecimiento de las actividades que dicha obra comportaba encontró dificultades por parte de varios obispos, que, aunque en principio aprobaron la iniciativa y se mostraron favorables a la difusión de la obra, prefirieron que se trabajase en silencio y en espera del cambio político. En esta línea se situaron los cardenales De la Lastra y García Cuesta, de Sevilla y Santiago, y los arzobispos de Valencia, Barrio, y Granada, Monzón. En cambio, el arzobispo de Zaragoza, García Gil, se mostró abiertamente favorable a una inmediata restauración de la obra, porque decía: «Aunque no debemos, en verdad, prometernos esas grandes colectas que vienen realizándose en Alemania, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, etc., ni tenemos las riquezas ni la libertad de esos países para obrar, pero llenaremos nuestros deberes filiales para con el mejor de los padres y haremos ver que el pueblo español, en su inmensa mayoría, no ha degenerado aún de su antigua fe ni de su acrisolada piedad» 62 . Pero fue solamente tras la Restauración cuando las colectas y ayudas al papa volvieron a su antiguo esplendor, e incluso se superaron con creces anualmente los cálculos más optimistas, debido, por una parte, a la pérdida total del poder temporal, y, por otra, a la edad avanzada del pontífice, que despertaba el entusiasmo y admiración de los católicos, porque Pío IX había sobrepasado los años de Pedro al frente de la Iglesia.

10.

DESARROLLO DEL PROTESTANTISMO «

En una Historia de la Iglesia en la España contemporánea es oportuno detenerse, aunque brevemente, en la reaparición y desarrollo del pro62

Ibid., 398-406. Sobre el desarrollo del protestantismo en la España del xix sigue siendo fundamental la Historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez y Pelayo (Madrid, Libr. Católica de San José, 1880-81), 3 vols. Cf. también la edición preparada por D. Enrique Sánchez Reyes (Santander 1946-48) para la «Edición nacional de las obras de Menéndez Pelayo» vol.40, y la edición más reciente de la BAC (Madrid 1978). Sobre el protestantismo en España cf. además: E. G. LEONARD, Historia general del protestantismo (Madrid, Península, 1967), 4 vols.; J. ESTRUCH, LOS protestantes españoles (Barcelona, Nova Terra, 1967); D. V I DAL, Nosotros los protestantes españoles (Madrid, Marova, 1968); J. GONZÁLEZ I PASTOR, El protestantisme a Catalunya (Barcelona, Bruguera, 1969); C. GUTIÉRREZ MARÍN, Historia de la Reforma en España (México 1942); J. D. HUGHEY, Historia de los bautistas en España (Barcelona, UEBE, 1964); ID., Rehgious Freedom in Spain (Nashville, Broadman Press, 1955); J. DESUMBILA, El ecumenismo en España (Barcelona, Estela, 1964); R. SALADRIGAS, Las confesiones no-católicas de España (Barcelona, Península, 1971); M. LÓPEZ RODRÍGUEZ, La España protestante (Madrid, Sedmay, 1976); A. DE CASTRO, Historia de los protestantes españoles (Cádiz, Imp., Libr. y Lit. de la Revista Médica, 1851); G. BORROW, The Bible in Spain (Londres 1947), tr. de M. Azaña (Madrid 1967); G. GREENE, Vida y muerte de D. Manuel Matamoros 2. a ed. (Madrid 1897); Re'cit des perse'cutions et des souffrances subtes par Manuel 63

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testantismo, que tuvo como punto de partida el año 1835, cuando el pastor metodista inglés Rule inició sus actividades en nuestra Península. La política religiosa de los gobiernos liberales que se alternaron en el poder durante la minoría de edad de Isabel II favorecieron la infiltración protestante en España. Las sociedades bíblicas intensificaron sus esfuerzos para difundir ediciones de la Biblia sin notas ni comentarios. La sociedad londinense financió al cuáquero Jorge Borrow, propagandista prestigioso, autor de un famoso libro, La Biblia en España, que tuvo gran difusión entre los años 1837 y 1840. El mismo Borrow distribuyó entre los gitanos el evangelio de San Lucas en romaní y después en vascuence. En 1849 apareció en Londres la primera revista protestante española, titulada El Catolicismo Neto, y en 1855 se fundó en Escocia la primera sociedad misionera, llamada Spanish Evangelization Society. El catedrático de la Universidad de Valladolid Luis de Usoz y Río (t 1865) publicó una importante colección de clásicos protestantes del siglo XVI, bajo el título general de Biblioteca de los Reformistas Antiguos Españoles. La propaganda protestante comenzó a difundirse por Andalucía desde Málaga, Cádiz y Sevilla, adonde llegaba a través de Gibraltar. Rápidamente se formaron Comunidades protestantes en dichas ciudades, y también en Barcelona y Mahón. Pero los progresos de las mismas fueron escasos, debido en parte a las medidas represivas de los gobiernos liberales moderados. En 1856 fue desterrado el evangélico catalán Ruet, condenado por apostasía de la religión católica. Su discípulo Matamoros fue encarcelado en Barcelona años más tarde, mientras otros dirigentes de las nacientes comunidades sufrían persecución en varias ciudades. El proceso celebrado en Granada, en 1863, tuvo repercusiones internacionales tan fuertes, que Isabel II conmutó las penas impuestas —oscilaban entre los siete y nueve años— por el destierro. Los ecos de este escandaloso proceso llegaron hasta la Santa Sede en momentos en que la unidad católica era fundamental para el mantenimiento del poder temporal de la Iglesia. La documentación conservada en el archivo del nuncio Barili ayudará a descubrir aspectos inéditos de este singular proceso de fe. Tras la revolución del 68 pudieron regresar a España los protestantes desterrados y la libertad de cultos sancionada en la Constitución de 1869 permitió la reapertura de templos y la libre reorganización de varias comunidades. El primer sínodo de la Iglesia Reformada Española comenzó en Sevilla el 15 de julio de 1869. Buena parte de las actividades de los protestantes durante esos años se orientaron hacia la educación y enseñanza en las escuelas primarias. Siguió en 1873 la creación del Seminario Teológico en el Puerto de Santa María. A esto se unió la intensa propaganda en libros, folletos y revistas. Matamoros et les autres protestants espagnols. Tr. del inglés (Gibraltar 1863); A. BONIFAS, Matamoros, a l'aube de la seconde Reforme en Espagne (Pau 1967); R. M. K. VAN DER GRIJP, Geschichte des Spanischen Protestantismos im 19. Jahrhundert (Wageningen 1971); D. G. VOUCHT, Protestants in modern Spain (South Pasadena, William Carey Lib., 1973).

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Con la Restauración monárquica de Alfonso XII, la actividad de las comunidades protestantes disminuyó sensiblemente. La Santa Sede insistió al Gobierno de Madrid para que se prohibiese a las sectas disidentes y a los hebreos el ejercicio público de sus cultos, porque el «sentimiento exclusivamente católico, conexo con la historia y con las tradiciones de la nación», se había mantenido durante el período revolucionario, a pesar «de que en numerosos puntos de la Península se habían erigido capillas protestantes y sinagogas israelíticas y se publicaban periódicos y revistas anticatólicos» 64 . En 1875, la situación de los protestantes españoles era la siguiente: en Madrid tenían ocho capillas y escuelas evangélicas en los territorios de las parroquias de San Sebastián, San Ildefonso, San Martín, San Andrés, Chamberí, San José, San Millán y San Marcos. En Barcelona había tres capillas evangélicas y una metodista, con las respectivas escuelas. Dos escuelas metodistas había también en San Martín de Provensals o Poblé Nou y una capilla-escuela evangélica en Hostalfranchs. Una capilla existía en Santander, otra en Huelva, otra en Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fernando, Algeciras, Córdoba y Granada, mientras que en Sevilla eran tres las abiertas al culto. En Mahón había cuatro escuelas evangélicas y metodistas, y dos en San Carlos 6S . La Constitución de 1876 admitió la libertad religiosa, pero excluyó cualquier manifestación pública de los cultos acatólicos.

11.

D A T O S SOBRE LA IGLESIA ESPAÑOLA

En las páginas siguientes presento algunos datos estadísticos, que sintetizan la organización de la Iglesia española antes y después del concordato de 1851, así como su movimiento y evolución posterior hasta la revolución del 68. Las fuentes utilizadas son los informes de la Real Junta Eclesiástica de 1835, las guías del estado eclesiástico y el diccionario de Madoz. De estas mismas fuentes se ha servido J. Sáez para su obra Datos sobre la Iglesia española contemporánea, donde amplía y comenta estos cuadros estadísticos. Habida cuenta de la lentitud con que fue ejecutado el concordato, no debe sorprender que sigan figurando las diócesis en vías de supresión. En algunos cuadros se incluye como diócesis la colegiata de Alcalá

P.II. El liberalismo en el poder (1833-68) 199 la Real, que era jurisdicción exenta importante. Generalmente, los datos figuran por diócesis, pero los reunidos por Madoz han sido distribuidos por provincias civiles. Existen numerosas lagunas, porque no siempre fue posible completar la información que se pedía. Las cifras quizá no son exactas, sino aproximadas. Con todo, son datos suficientes para tener una idea de la entidad cuantitativa de la Iglesia española en pleno siglo XIX. Comenzamos con un esquema sobre la evolución de las sedes metropolitanas y sufragáneas (cuadro I) y con la subdivisión de las jurisdicciones diocesanas en 1833 (cuadro II) y en 1859 (cuadro III). Sigue la estadística general del clero catedral en 1834-35 (cuadro IV), en 1840-43 (cuadro V), el establecido por el concordato en 1851 (cuadro VI) y su evolución posterior hasta la revolución de 1868 (cuadro VII). Las colegiatas tuvieron gran importancia antes del concordato, como lo demuestra el cuadro VIH. La situación en que quedaron después está ilustrada en el cuadro IX. También el sistema beneficial tuvo su peso en la antigua organización de la Iglesia española (cuadros X y XI). Sobre el clero parroquial véanse los cuadros XII y XIII. Los datos sobre la cura de almas (cuadros XIV y XV) y las relaciones parroquias-población (cuadros XVI y XVII) quedan ampliamente ilustrados. La situación de los exclaustrados después del concordato está en el cuadro XVIII, y la de los seminarios diocesanos, en el XIX. Los cuadros XX, XXI, XXII y XXIII resumen el estado de los religiosos y sus conventos. Por último, el cuadro XXIV ofrece datos totales sobre el personal eclesiástico en el último decenio del reinado de Isabel II.

CUADRO

Evolución de las sedes episcopales metropolitanas y sufragáneas en los dos últimos siglos según la «Guía de la Iglesia en España» (1956) p.27ss

METROPOLITANAS

SUFRAGÁNEAS

,„_, Hasta 1851

64

Cf. mi artículo Instrucáones a Simeoni, primer nuncio de la Restauración: Rev. Esp. de Derecho Canónico 33 (1977) p.157. 65 Datos tomados de la Relazione sullo stato attuale del protestantesimo in Ispagna, hecha el 6 de agosto de 1875 por Mons. Rampolla, consejero de la Nunciatura de Madrid (ASV SS 249 [1876] fase. 4 ff. 15-22v). Sobre los protestantes y judíos en las plazas y provincias españolas en África cf. J. B. VILAR, Incidente anglo-español en torno a la misión metodista de Fernando Póo (1872-1873): Scriptorium Victoriense 23 (1976) 343-47; ID., Misiones católicas y protestantes en Guinea Ecuatorial (1829-1900): ibid., 24 (1977) 101-11; ID., La Judería de Tetuán (1489-1860) y otros ensayos (Murcia 1969); ID., La religiosidad de los sefardíes de Marruecos según los cronistas españoles de la «Guerra de África* (1829-1860), en «Homenaje a David Gonzalo Maeso» (Granada 1977); ID., Emancipación de los judíos de Marruecos (Tetuán, 1860-1862). Resurgimiento de una minoría en un país islámico: Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán n.13-14 (1976) p.73-97.

I

TOLEDO

Cartagena Córdoba Cuenca

Jaén

Osma Segovia Si,rüenza Valladolid

Según el concorT^ J^ ¡851

. . ., División actual

Cuenca

Cuenca

Sigüenza

Sigüenza-Guadalajara

Coria Madrid Plasencia

Coria-Cáceres Madrid (arzob.) Plasencia

200

Vicente Cárcel Ortí

METROPOLITANAS

Calahorra Palencia Pamplona Santander Tudela

Calahorra Palencia .

GRANADA

SANTIAGO

Almería Guadix

Astorga Avila Badajoz Ciudad Rodrigo Coria Lugo Mondoñedo Orense Plasencia Salamanca Tuy Zamora

¡ División actual

Almería .. Guadix . . Cartagena Jaén Málaga . .

VALLADOLID

Lugo Mondoñedo Orense

Lugo Mondoñedo-El Ferrol Orense

Tuy

Tuy-Vigo

Oviedo SEVILLA

Cádiz Canarias Ceuta Málaga Tenerife

Cádiz-Ceuta Canarias '. ..

Córdoba . .. Badajoz . . . . TARRAGONA

VALENCIA

ZARAGOZA

Barcelona Gerona Ibiza Lérida Solsoña Tortosa Urgel Vich

Tortosa . . Urgel Vich

Mallorca Menorca Orihuela Segorbe

Mallorca Menorca Orihuela Segorbe .

Albarracín Barbastro Huesca Jaca

Según el concordgto

División actual

de J8?1

Tarazona-Tudela Teruel Pamplona

Tarazona Teruel-Aíbarraa'n

OVIEDO

Astorga León Santander

PAMPLONA

Calahorra y La CalzadaLogroño Jaca San Sebastián Tudela

Obispado-priorato («nullius») de las Ordenes Militares

Ciudad Real

CUADRO

II

Subdivisión de las jurisdicciones diocesanas en 1833 según datos de la Real Junta Eclesiástica Cádiz-Ceuta Canarias Tenerife Córdoba Badajoz Huelva

Barcelona Gerona . .

Barcelona (arzob.) Gerona

Lérida

Lérida Solsona Tortosa Urgel Vich

Barbastro (administración apostólica) Huesca jaca

201

Astorga Avila Avila Salamanca Salamanca Segovia Segovia Zamora Zamora Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo (admón. apost.) . . (diócesis)

Osma-Soria Vitoria Bilbao Almería Guadix Cartagena Jaén Málaga

(1833-68)

SUFRAGÁNEAS

. Hasta 1851 Tarazona Teruel

Palencia

Santander León Osma . Vitoria

El liberalismo en el poder

METROPOLITANAS

SUFRAGÁNEAS

Según el concordato de 1851

Hasta 1851 BURGOS

P.II.

Mallorca Menorca Orihuela-Alicante Segorbe-Castellón de la Pl Albacete Ibiza

Huesca

DIÓCESIS

Albarracín Almería Astorga Avila Badajoz Barbastro Barcelona Burgos Cádiz Calahorra Canarias Ceuta Ciudad Rodrigo Córdoba Coria Cuenca Gerona Granada Guadix Huesca Ibiza Jaca Jaén León Lérida Lugo Málaga

Vicarías

Parroquias

—

34 70 648 332 57 133 282

2 25 265 75

1.180

96

6 25 11 8 4 4 54 14 39

— — 5

— 9 8 4 22 6

— 6 1 8

24 964 35 1 86 81 85 268 361 170 53 157 20 165 92 832

47 6 39

1.011

7

115

Anejos

— 33

— — — — 1 3 26

— 119 59 57 2 40 2 93 7 63 12

202

Vicente DIÓCESIS

Mallorca Menorca Mondoñedo Murcia (Cartagena) Orense Orihuela Osma Oviedo Palencia Pamplona Plasencia Salamanca Santander Santiago Segorbe Segovia Sevilla Sigüenza Solsona Tarazona Tarragona Tenerife Teruel Toledo Tortosa Tudela Tuy Urgel Valencia Valladolid Vich Zamora Zaragoza

Cárcel

P.II.

Ortí Vicarías

— — 22 12 9 4 14 23 16

— 11 31 36

— 17 48 10

7 5

— 8

— 10

— — 13 17

— 6 6 10

—

Parroquias 38 8 375 112 513 48 322 364 730 152 285 460 848 42 307 247 367 135 140 112 60 89 689 161 10 261 390 315 92 207 196 369

TOTALES

12

en el poder III

S u b d i v i s i ó n d e las j u r i s d i c c i o n e s d i o c e s a n a s e n 1859 s e g ú n d a t o s d e l M i n i s t e r i o d e Gracia y J u s t i c i a PARROQUIAS

38 129

— 86

40

— 140 3 295 26 56 15 115 100 11 39 3

— 125 47

— — — 4 48 22 9

34 3 6 1

112 21 6 3 69 6 6 9 11 38

15

15.981

2.424

— — — — —

203

(1833-68)

—

TERRITORIOS EXENTOS Priorato d e San Marcos de León P r i o r a t o d e Uclés A b a d í a d e Alcalá la Real Abadía d e Monte Aragón A b a d í a d e Villafranca d e l B i e r z o Abadía d e Benevivere Abadía d e San Ildefonso Abadía d e Olivares Abadía de Lerma Arciprestazgo d e Ager

liberalismo

C U A D R O

Anejos 30 4

El

DIÓCESIS

Albarracín Alcalá la Real Almería Astorga Avila Badajoz Barbastro Barcelona Burgos Cádiz Calahorra Canarias Cartagena Ceuta Ciudad Rodrigo Córdoba Coria Cuenca Gerona Granada Guadix Huesca Ibiza Jaca Jaén León Lérida Lugo Málaga Mallorca Menorca Mondoñedo Orense Orihuela Osma Oviedo Palencia Pamplona Plasencia Salamanca Santander Santiago Segorbe Segovia Sevilla Sigüenza Solsona Tarazona Tarragona Tenerife Teruel Toledo Tortosa Tudela Tuy Urgel Valencia Valladolid Vich Zamora Zaragoza A y u d a s , a n e j o s y filiales a i n c l u i r sobre las anteriores TOTALES

PUEBLOS

33 6 66 876 494 49 169 241 1.321 15 944 37 140 1 93 102 116 375 429 191 48 200 17 243 88 844 205 1.096 113 68 10 372 640 47 434 6.371 332 865 160 401 528 1.133 67 342 195 466 206 130 159 52 81 732 156 9 275 740 388 88 236 190 352

Ordlliar.

33 7 65 893 344 61 173 242 1-209 23 935 42 197 2 94 105 96 386 360 231 52 164 22 179 85 896 204 10.63 124 , 72 8 373 521 68 415 1.115 365 880 167 309 529 1040 65 299 245 474 137 146 140 60 83 612 174 10 240 369 390 98 214 210 356

—

623

24.777

19.094

Exentas

14 9 26 16

Total 33 7 65 987 344 61 204 242 1.218 25 963 42 217 2 97 105 117 395 360 231 52 171 22 179 110 919 204 1.099 124 73 8 386 544 68 434 1.117 376 881 167 336 543 1.040 65 313 260 479 144 148 141 60 89 717 174 10 246 386 390 112 223 236 372

662

19.756

— — —

94

— — 31

—

9 2 28

—

20

— 3

—

21 9

— — — 7

— —

25 23

—

36

— 1

—

13 23

— 19 2 11 1

—

27 14

— —

14 15 5 7 2 1

— 6

105

— — 6 17

—

POBLACIÓN

16.740 42.495 208.487 283.919 215.792 135.236 47.749 523.356 313.125 187.404 408.841 95.004 534.925 3.948 64.914 324.460 144.596 229.959 269.255 264.725 98.112 76.117 23.797 69.766 298.398 277.183 157.300 365.583 454.793 203.983 35.109 230.995 381.212 197.948 127.915 512.048 183.270 401.959 177.552 164.228 217.362 643.072 71.897 147.691 674.689 153.023 80.989 123.958 190.784 189.042 68.857 1.164.037 327.911 13.195 138.704 156.185 456.364 118.202 178.099 142.701 401.321

263 14.410.281

P.II.

Vicente Cárcel Ortí

204

CUADRO

4 7 13 7

9 6 22 20

6 10 15

7

16

4

Badajoz

S¿S ::::::: : ™ ::calahorra:::::::::::::::.... Canarias o Cdad. de L. Palmas.

— -

18 6 17 20

31 25 62 e2

1.951 21.683 3.972 4.9?6

6

17

50

12.688

Estado del clero catedral y colegial (excluidos benefíciados) en 1840-43 según datos del «Diccionario» de Madoz Racioneros PROVINCIAS

.? l » 3

« = f« "5 l 24 n4 64 4

» » >¿™ íí - £ 2 S 9 515s 6.667 — 9.500

4 7 8 11 13 8 8 7 7 2 6 8

7 18 20 9 23 36 12 6 18 6 11 21

4 3 10 6 10

4 20 4 12

7 6 22 9 10 24

9 — — -

10 16 — U 8 140 24 6 12 10 162

25 48 58 41 66 184 60 25 47 29 37 215

9.257 6.097 56.957 2.536 8.672 6.383 80.000 9.110 9.200 5.720 3.012 18.702

teón::::::::::::::: Lérida Lugo Málaga

12 6 11 8

28 24 22 12

4 15 3 12

11

24 50 21 -

es 95 57 43

5.500 12.610 7.209 51.883

MaltorcaoPalma Menorca o La Ciudadela Mondoñedo Murcia o Cartagena Orense Orihuela óTma Oviedo Palencia Pamplona Plasencia

5 2 11 10 10 5 10 14 13 13 8

23 10 24 15 21 6 15 33 37 14 16

4 4 6 12 12 12 12 21 6 8

— 12 12 —

131 25 12 36 5 — 21 14 20 32 33

163 41 53 85 48 35 58 61 91 64 65

34.346 7.764 6.074 35.390 4.063 25.551 3.116 10.476 10.813 15.000 6.787

13 4 8 11 9 4 6 7

31 10 22 40 24 12 20 22

11 9

-

4 20 8 12 8 —

15 20 8 8 —

14 20 24 11 41 7 24 8 —

73 38 60 132 56 52 50 29

28.043 6.259 12.879 100.000 4.868 2.117 10.044 11.074

6 6 14 12 3 9 7 6 7 4 9 13

10 10 40 20 16 21 13 34 19 21 24 30

8 5 50 20 5 8 -

8 2

33 30 7 29 32 80 9 71 26 44

32 23 137 82 31 67 52 120 46 100 71 184

9.672 7.543 14.950 10.697 8.150 6.094 2.630 65.840 20.960 12.500 9.898 43.433

1555

3.976

—

Ceuta Ciudad Rodrigo Córdoba . . . ¿oria Cuenca Gerona GRANADA Guadix Huesca ítea laca J

Iaén

salamanca:::::::::::::: Santander

l

.... ....

....

10 5

SANTIAGO Segorbe Seeovia SEVILLA Sigüenza sXna Tarazona TARRAGONA Tenerife o San Cristóbal de laLaguna Teruel TOLEDO Tortosa Tudela Tuy : .... Urgel VALENCIA Valladolid Vich ¿¿mora :: ZARAGOZA

22 11

-

9

5 4 12 97

10

» 69 13. 910 41 18.715

6 —

Obispados-Prioratos de la Orden de Santiago San Marcos de León Uclés TOTALES

Carecen de catedrales ; 483

1.132

205

CUADRO V

IV

Estado general del clero catedral en 1834-35 según encuesta realizada por la Real Junta Eclesiástica Población ... r . •„ aboneros n. PresbilerosTotal de las DIÓCESI Dignidades Canónigos ^ ^ ^ ^ ^ . ^ aWq ' 84

85 J. M. Boix RASPALL, Acción Social Popular: Fomento Social 3 (1946) 329-38; S. AZNAR, Problemas sociales de actualidad 84-97; F. DEL VALLE, Palau, Gabriel, en Diccionario de historia eclesiástica de España I I I 1862; J. TUSSELL, Historia de la Democracia Cristiana en España (Madrid, Edicusa, 1974) I 62-71; D. BENAVIDES, Et fracaso social... 71-75. Ver también el artículo citado en la nt.91, 68-75.

644

Rafael

M."

Sanz de Diego

86

gandistas en estos años . En la mente de Ayala se fraguó la idea de formar una élite de seglares selectos que espabilasen al dormido catolicismo oficial y lo hiciesen presente en el campo social y público. Desde 1908, fecha fundacional, se va concretando la idea: defensa y propagación del pensamiento católico. Primero oralmente, a base de mítines, discursos, conferencias. Pronto se percatan de la importancia de la propaganda escrita. Compran entonces El Debate y crean La Editorial Católica. En la base del quehacer de este grupo está la intensa vida espiritual y el rigor científico .que el P. Ayala imprimió a los asociados. También su cohesión interna. La ideología social de los Propagandistas, reflejo fiel de la doctrina pontificia, se recogió en El Debate y en el boletín de la Asociación desde 1924. Sus más notables actividades públicas en este campo fueron la Gran Campaña Social y el ciclo de conferencias celebrado en 1926 en la Academia de Jurisprudencia. Los círculos de estudio se centraron frecuentemente en esta temática. Sin ser un partido político, los Propagandistas hicieron presente, de forma equilibradamente avanzada y moderna, el pensamiento sociopolítico de la Iglesia en distintos ambientes, con atención especial a los de mayor influjo. Colaboraron estrechamente con la Confederación Nacional Católico-Agraria, y, aunque con menos entusiasmo, también con el grupo de la Democracia Cristiana. 9) El Grupo de la Democracia Cristiana.—En julio de 1919 se publicaba en varios diarios madrileños el manifiesto y el programa de un equipo de intelectuales puestos al servicio de la doctrina social católica. El nombre Democracia Cristiana lo utilizaban en el sentido que le había dado León XIII: la acción social católica. El equipo se definía como' «núcleo cultural, círculo de estudios, escuela social». Lo formabjan, brillantes personalidades del catolicismo social. Severino Aznar kj presidía, y con él se alineaban Maximiliano Arboleya, Ramón Albo, José Calvo Sotelo, José María Boix, Salvador Minguijón, el dominico Gafo y el agustino Ibeas, etc. Al repasar la lista, se advierten dos ausencias notables. No figura en ella ningún Propagandista ni ningún jesuita. El talante del equipo, bastante renovador en el campo social, marcaba una diferencia con los grupos aludidos y con otros más conservadores aún: los integristas. Por parte de estos últimos, sobre todo, se desató una violenta campaña de acusaciones que llegó hasta el Vaticano. Esta historia ha sido ya minuciosamente relatada por Domingo Benavides, que basa su obra en los" escritos y archivos de uno de los hombres más generosos y radicales del grupo, el canónigo Arboleya 87. También se historia ahí la actividad 86

J. L. GUTIÉRREZ, Asociación Católica Nacional de Propagandistas y Herrera Oria, Ángel, en Diccionario de historia eclesiástica de España I 144-47 y II 1090; D. BENAVIDES, El fracaso social... 300-30; O. ALZAGA, La primera democracia... 72-80.119-29; J. TUSSELL, Historia de la Democracia... I 53-62. J. M. a GARCÍA ESCUDERO, Don Ángel Herrera y «El Debate» en la evolución de la Iglesia y el catolicismo español, en Aproximación a la historia social de la Iglesia española contemporánea 217-240. Sobre el pensamiento social de Herrera, cf. el discurso de A. MARTÍN ARTAJO, en Anales de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas 46* (1969). 87 D. BENAVIDES, El fracaso social... 161-281. •> '

P.VIII.

La Iglesia española y el reto de la industrialización

645

propagandística del grupo de la Democracia Cristiana. A una manifestación de ella se ha aludido más arriba: a la Semana Social de Oviedo (1926). La revista Renovación Social fue otro de sus cauces. De la acción sindical nos ocuparemos a su tiempo. 10) Fomento Social.—Ya en tiempo de la dictadura, un año después de la muerte del marqués de Comillas, los jesuítas españoles establecieron en Madrid un centro de estudio y difusión del pensamiento social de la Iglesia: Fomento Social 88 . Se encargó de esta obra el P. Sisinio Nevares, que contó con la colaboración de los PP. Joaquín Azpiazu, Joaquín Soler y varios más. La difusión oral y escrita de la doctrina social católica la realizaron a través de conferencias, cursos y boletines. Para el estudio se fue creando una selecta biblioteca. La institución continúa hoy sus trabajos y desde 1946 publica la Revista de Fomento Social. 11) Otros grupos y pensadores.—La abundancia de iniciativas y la escasez de espacio no permiten sino meras alusiones a otras obras de carácter similar que vieron la luz en el ámbito eclesiástico en el primer tercio de este siglo. Además de las revistas citadas y de La Ciencia Tomista y Razón y Fe, de las que se hablará en el próximo apartado, es preciso recordar, al menos la Revista Católica de Cuestiones Sociales (fundada en 1895), Catalunya Social, La Páranla Cristiana, etc. En 1920 existían 129 periódicos de orientación social católica. Entre los pensadores hay que aludir, por el revuelo que causaron sus intervenciones, a dos sacerdotes: Basilio Alvarez y Ángel Carbonell 8 9 . El primero —una vida agitada en todos los terrenos— fustigó con increíble dureza las tres lacras del agro gallego: los foros, el caciquismo y la emigración. Posteriormente abandonó la sotana y militó en el partido de Lerroux, perdida ya la garra que le distinguía cuando era abad de Beiro. Hacia 1928, Carbonell publicó El colectivismo y la ortodoxia católica, que negaba que la propiedad privada perteneciese esencialmente a la doctrina de la Iglesia. Se le opusieron, entre otros, los PP. Mostaza y Nevares. Cae fuera de nuestro horizonte la creación del primer partido democristiano español: el Partido Social Popular (PSP). En su programa incluía puntos capitales de la doctrina social pontificia. Entre las personalidades que lo apoyaban se encontraron algunas procedentes de distintas áreas del catolicismo social. Los avatares y significación de este grupo político han sido objeto de estudios recientes 90 . A la vista de la sumaria exposición precedente, queda claro que la Iglesia española movilizó sus fuerzas ideológicas a todos los niveles en los años que historiamos. El tema social —junto con algún punto de 88 F. DEL VALLE, Fomento Social, en Diccionario de historia eclesiástica de España II 948-49. Cf. además la tesis inédita de C. GINER, El pensamiento social de Sisinio Nevares (1878-1946), presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense (1977). 89 Sobre la acción social del primero ha presentado un trabajo de licenciatura en la Universidad de Comillas (1977) J. Fernández Muiños. Una evocación biográfica de su figura la hace X. Costa Clavell en Nueva historia 12 (1978) 103-109. Sobre Carbonell, cf. la tesis de C. Giner citada en la nt.88. ,0 O. ALZAGA, La primera democracia cristiana en España 119-355; J . TUSSELL, Historia de la democracia cristiana en España I 104-20.

646

Rafael

M.a

moral política— fue el objeto principal de la reflexión y propaganda católicas. Se dio una auténtica pluralidad de opiniones. Y no sólo el miedo o la impregnación conservadora, sino también la división intraeclesial, esterilizó buena parte de las ilusiones e iniciativas que vieron la luz en estos treinta años.

3.

ASOCIACIONES OBRERAS

Durante el reinado de Alfonso XIII, las asociaciones obreras progresan en número y en participación en la vida nacional: huelgas, presión política y terrorismo. — El PSOE conoce su máxima difusión en 1919 (42.113 militantes); decae luego y vuelve a las cifras habituales.(14.000) en 1921. La colaboración con la dictadura le restó algunos efectivos. A medida que ésta se atenúa aumentan sus carnés. En 1931 son unos"25.000. — La UGT comienza el reinado con 32.000 asociados, que casi dobla en 1904. Tras un bajón en 1905, crecen sus afiliados hasta 147.000 (1913). Nuevo descenso y subida en 1920: 211.000 afiliados. Aquí se estanca hasta los años finales de la dictadura. El gran salto viene en 1930: supera el millón de sindicalistas. — Siguen siendo oscuras las cifras de la CNT, fundada en 1911. Eran más de 700.000 en 1919. Tal vez superaban esta cifra en 1930. En 1927 se crea la FAI. — Muy minoritario y sin base sindical es el grupo comunista. En 1931 no llegaban a 1.000. — Un grupo sindical surge en Barcelona en 1919: los Sindicatos Libres de Ramón Sales. Se llaman libres porque no tienen conexión política; sus reivindicaciones son profesionales, de tinte corporativo. Favorecidos por la patronal, degeneraron luego en acciones terroristas. Las asociaciones creadas por la Iglesia funcionaron a un triple nivel: círculos, sindicatos industriales y sindicatos agrícolas. a)

P.VIII.

Sauz de Diego

Los Círculos Católicos

En los primeros años del siglo continúan sobreviviendo bastantes círculos de los creados por Vicent. En 1904 había 25.638 asociados obreros, que equivalían al 9 por 100 de la población obrera asociada 91 . El número de círculos aumentará algo: en 1909 se computan cerca de 300, aunque algunos existen sólo sobre el papel. Pervive también el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. Pero en el seno de los mismos Círculos se oyen voces que reclaman su conversión en sindicatos, es decir, la total autonomía respecto a los patronos. Es un signo de que el'obrero católico, va cobrando concieneia de clase. En parte porque los promotores de los círculos —Vicent en sus. últimos años y Severino Aznar sobre todo— comprenden que la hora 91 Para el tránsito de círculos a sindicatos en la primera década del xx, cf. J. J. CASTILLO, Modulaciones ideológicas del catolicismo social en España: de los Círculos a los Sindicatos: Revista Española de la Opinión Pública 45 (1976) 37-75. •

La Iglesia española y el reto de la industrialización

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de los círculos ha pasado. En el período anterior recogimos algunas voces en este sentido. Ahora se intensifican en las asambleas sociales, especialmente en la de Patencia (1907). El deseo de hacer frente al socialismo en su terreno, los incidentes durante la elección para el Instituto de Reformas Sociales en 1908 (la UGT negó el carácter obrero de los círculos) y, sobre todo, la propia realidad propiciaron el cambio, que, con todo, no fue instantáneo. Se aferraban al viejo esquema el Consejo ^ Nacional y algunos ideólogos que propiciaban, al menos, la coexistencia de Círculos y sindicatos con finalidades diferentes. La creación de sindicatos católicos puros (de sólo obreros) precipitó el paso de los círculos a una vida lánguida. En Vizcaya surge en 1905 la Federación de Sindicatos Católicos, y en 1906, la Asociación Obrera de León XIII. En 1907, el P. Gabriel Pafau funda en Barcelona la Unión Profesional de Dependientes y Empleados de Comercio, que sumará 1.500 socios en 1916. En los años siguientes, Valencia, Burgos y otras capitales son escenario del nacimiento de nuevos sindicatos. Con retraso, pero con firmeza, prendía en España la semilla lanzada por León XIII, que en la Rerum novarum dejaba a.bierta la posibilidad de asociaciones de sólo obreros. b)

Los sindicatos industriales

A pesar de los precedentes aludidos, es en la segunda década del siglo xx cuando surgen la mayoría de los sindicatos católicos españoles. El año 1912 es la fecha aceptada como comienzo de una nueva etapa. En 1910 se promulgan las reglas sobre federación de las obras católicosociales, que, sin nombrar al sindicato, lo propician; de ahí surgirá la Federación Católica Nacional de Sindicatos Obreros (puros). Aparecen también El Eco del Pueblo y El Debate. En 1912 muere el P. Vicent; se celebra la última Semana Social de la primera etapa, con la sonada intervención del P. Gerard; éste comienza su actividad, y por primera vez tenemos noticias de que un sindicato católico (en Bolueta) sostiene una huelga. Todo ello confiere especial significado al año 1912. El número y variedad de los sindicatos católicos industriales —de los agrarios nos ocuparemos después— aconsejan proceder por pasos. Presentaremos primero los diferentes tipos que históricamente se dieron. Luego abordaremos las múltiple problemática que plantearon 92 . a) Diversos tipos de sindicatos industriales. Tres corrientes fundamentales pueden detectarse en el sindicalismo católico industrial de estos años: los que provienen de los Círculos o se inspiran en ellos, los libres de Gafo y Arboleya, y los vascos. 92 Obras fundamentales para este tema son: J. N. GARCÍA NIETO, El sindicalismo cristiano en España; C. MASTÍ-J. N. GARCÍA N I E T O - M . LLORÉNS, España, en Historia del movimiento obrero cristiano; J. J. CASTILLO, El sindicalismo amarillo en España; M. GARCÍA VENERO, Historia de los movimientos sindicalistas Españoles (1840-1933) 393-401; J. N. GARCÍA NIETO, Sindicalismo cristiano, en Diccionario de historia eclesiástica de España IV 2485-87. Más abajo citaremos otros libros y artículos de tema más restringido.

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1. Provenientes de los Círculos o inspirados en ellos.—Queda ya indicado que es en los Círculos de Vicent donde brota la idea del sindicato católico. Allí arraigaron bastantes iniciativas similares. En 1916 existían sindicatos de este tipo en más de 40 poblaciones. Hacia el final de esta época, se ha calculado que alrededor de 60.000 obreros y 35.000 obreras estaban afiliados a estos sindicatos, aunque las cifras son aproximadas, y verosímilmente deben rebajarse a algo menos de la mitad. Entre los sindicatos inspirados en los Círculos merecen destacarse los de ferroviarios y mineros, auspiciados por el P. Nevares y promovidos por Agustín Ruiz y Aurelio Díaz, respectivamente; los de Burgos, de los que fue alma el P. Salaverri, y el Centro Obrero de Madrid, dependiente también de la Compañía de Jesús. Todos estos sindicatos, sin ser descaradamente patronales, contaron con algún apoyo empresarial, sobre todo del marqués de Comillas. Fueron también confesionales. Por eso su garra reivindicativa no fue grande, aunque suponían un avance respecto a los círculos 9i. 2. Los Sindicatos Católico-Libres o independientes.—No hay que confundir estos sindicatos con los libres de R. Sales, más arriba aludidos, aunque af finaj confluyan con ellos. El apelativo «libres» subraya su decidida independencia tanto de los patronos como dé la práctica religiosa de sus afiliados. Nacen en 1912, cuando el dominico P. Gerard crea en Jerez la Casa del Trabajo. Los propagó el también dominico P. Gafo. El primero apoyó la denominación de «Católico-Libres», aunque mantenía que no se debía exigir ningún tipo de práctica católica a los sindicados. La actividad de Gerard terminó pronto: acusaciones desde la derecha forzaron su retirada. Gafo continuó en la brecha algo más, y en 1923 favoreció la unión con los «Libres» de Sales, que entonces, al parecer, abandonaban el pistolerismo. Más tarde fue consejero de Trabajo en la dictadura y diputado durante la República. Fue, asesinado en Madrid en 1936. La obra de estos dos pioneros del sindicalismo no confesional no pudo lograr numerosos adictos —debieron llegar a 10.000—, pero su garra reivindicativa fue evidente 94 . Parecidos a estos sindicatos fueron los independientes que propició Arboleya, aunque su número de afiliados y. duración fueron siempre menores: alrededor de 700 socios tenían sus sindicatos en 1915 9S . 3. Solidaridad de Trabajadores Vascos.—Esta tercera corriente del sindicalismo católico se distingue de las otras por su abierta aconfesionalidad: aun inspirándose en la doctrina cristiana, no tuvo nunca capellanes' ni consiliarios. Fundada en 1911, mantuvo siempre un alto grado de espíritu reivindicativo. «Unión obrera y fraternidad vasca» fue su lema.

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Lentamente, pero con seguridad, se fue extendiendo por las provincias vascas y por Navarra desde 1925 96. b) Problemática planteada En tres apartados se pueden encuadrar los principales problemas historiográficos que plantea hoy el sindicalismo católico: confesionalidad, amarillismo e intentos de unión. 1. Confesionalidad.—Fue éste, posiblemente, el problema más debatido intraeclesialmente 97 . A pesar de la apariencia, no se discutía un problema-de nombre: la inclusión o supresión del adjetivo «católico» en el título de los sindicatos. Tampoco se ponía en duda la fidelidad a la doctrina católica, que todos admitían. ¿Qué se debatía entonces? Los partidarios de la confesionalidad se apoyaban en tres argumentos: — el sindicato católico busca' el bien integral del obrero. Por ello, siguiendo la tradición de los círculos, proponían prácticas religiosas para los asociados y exigían de ellos una fe explícita; — pretendían afirmar la identidad cristiana y la presencia eclesial sin avergonzarse de eífo; » — querían ligar la acción social a la Acción Católica y a la jerarquía. En contra, los aconfesionales argüían: — la necesidad de subrayar el/¿n económico y profesional de los sindicatos católicos; — era más aconsejable prescindir de la confesionalidad por razones sociológicas: la fe real del mundo obrero era escasa; — ligar a la Iglesia con la acción de grupos particulares no parecía conveniente. La postura confesional la mantuvieron, sobre todo, los sindicatos inspirados en los Círculos y la revista Razón y Fe, por la pluma del P. Noguer. En contra se alinearon los sindicatos de Gafo, Arboleya y la Solidaridad Vasca. La Ciencia Tomista fue su órgano de expresión. El Magisterio se orientó en estos años a favor de la confesionalidad. León XIII se inclinaba a ella, la reafirmó Pío X (Singulari quadam, 1912) y la ratificó la Congregación del Concilio en 1929. Los sucesivos primados y directores de la Acción Católica (cardenales Aguirre, Guisasola, Almaraz, Reig Casanova y Segura) iban también por esta línea. La polémica —muy dura— nos parece hoy estéril. Años más tarde se impondrá la aconfesionalidad. Pero eso pertenece a otro período. 2.

Amarillismo.—Esta fue la gran acusación que UGT y C N T lanza-

93

Exclusivamente de este tipo de sindicatos, y más en concreto del de ferroviarios y» mineros, se ocupa el libro de J. J. Castillo citado en la nota anterior. 94 A la espera de la publicación de sus tesis doctorales, pueden verse los artículos de J. SUÁREZ, El dominico P. Gafo (1881-1936): Vida Nueva 956 (1974) 23-31, y S. CARkASCO, El Sindicalismo Católico-Libre; sus orígenes y causas de su fracaso: Escritos del Vedat III (1973) 539-79; Los superiores dominicos ante el catolicismo social: ibid. (1974) 667-86; Sindicalismo católico agrario en Andalucía: Revista de Estudios Sociales 17-18 (1976) 75-100. 95 D. BENAVIDES, El fracaso social... 45-53. ' :.'

96 M. GARCÍA VENERO, La «Solidaridad de Obreros Vascos» (1911-1937): Rev. del Trabajo 8 (1964) 9-27. 97 Además de las obras de J. N. García Nieto citadas en la nt.19, cf. J. GOROSQUIETA, El drama de la confesionalidad sindical en España (1900-1931): Rev. Fomento Social 116 (1974) 381-89. Para lo relacionado con la AC: A. AGUAR CATALÁN, La Acción Católica a través de sus estatutos (tesis doctoral inédita).

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ron contra los sindicatos católicos. Modernamente ha afrontado el problema J. J. Castillo 98 . Ciñéndose a los sindicatos de la primera corriente, los califica de amarillos por su marcado carácter antisocialista y por su dependencia de la financiación de algunos patronos. Ambos datos parecen verdaderos; pero, como el mismo autor honestamente reconoce, no puede, sin más, afirmarse que los sindicatos católicos son amarillos, es decir, creados por la patronal para su beneficio. Fue lógica su oposición a la UGT y CNT, de cosmovisión muy distante. Era explicable que algún patrono católico los apoyase por vecindad ideológica, sin tener que recurrir a turbios intereses. Con todo, estos datos ponen de manifiesto la limitada libertad de acción de los sindicatos de la primera corriente. Respecto a los otros, parece que los de Gafo y los vascos fueron más independientes. Limitándonos incluso a los sindicatos más supuestamente amarillos, no deben olvidarse dos factores. La oposición al socialismo se basaba también en presupuestos no específicamente patronales: deseo de un sindicato apolítico, ideas sobre la religión y la familia, negativa a colaborar en acciones injustas o condenadas al fracaso. Por otra parte, las reivindicaciones exigidas por este sindicato no eran tampoco favorables al empresario: reforma fiscal, huelga, salario familiar, limitación en las condiciones de trabajo, seguros sociales, participación en beneficios, reconocimiento efectivo del sindicato, etc. En su aspecto reivindicativo, el programa de 1919 resiste la comparación con los programas de otros sindicatos " . 3. Intentos de unión.—Se ha aludido ya a las federaciones surgidas antes de 1912. También los sindicatos Católicos-Libres se federaron en 1916, aunque en 1922 se disolvieron para unirse a los Libres de R. Sales. El grupo más numeroso —los sindicatos confesionales— realizó también intentos de unión propiciados por la jerarquía. En esquema son éstos los pasos que se dieron: * 1910: desde Burgos se envía una circular proponiendo la unión. 1911: el cardenal Aguirre encarga al P. Palau la elaboración de unos estatutos. Se publica, en 1912. 1915: Unión General de Trabajadores Católicos de España. 1919: Confederación Nacional de Sindicatos Católicos Obreros. A partir de esta fecha se celebraron varios congresos nacionales y regionales.

c)

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Los sindicatos agrarios

El campo seguirá siendo el gran problema en estos años. Por razones explicables, será también un sector desatendido por la clase política y sindical. Socialistas y comunistas tendrán muy poca entrada en el medio rural. Únicamente la C N T reclutará ahí parte de su clientela. La acción de la Iglesia, en cambio, se esforzó en proponer y realizar alternativas para la promoción del mundo campesino. También en este campo fue pionero el P. Vicent. El año de su muerte tomó el relevo su hermano de Orden P. "Nevares, que contó con la incansable colaboración de Antonio Monedero. Las razones que explican la presencia eclesial en este medio están ya aludidas: escasa competencia de otras organizaciones, ambiente más tradicional, ausencia de la dificultad que suponían los «patronos católicos» en el mundo industrial y, principalmente, la necesidad de organizaciones que sentía el agro español. Todo ello configurará el talante de los sindicatos agrarios católicos, marcadamente distinto del que caracterizaba a los industriales , 0 ° . A pesar de ello, existieron siempre buenas relaciones con los. sindicatos confesionales, que partían de presupuestos similares. Los agrarios fomentaron mucho las cooperativas, créditos y seguros comunes, respondiendo así a las necesidades de los pequeños propietarios; fue en Castilla, Navarra y Vascongadas donde más se implantaron. En Andalucía arraigaron también, y llevaron a cabo parcelaciones de tierras. La oposición anarquista tronchó algunos de estos proyectos, a pesar de lo cual 50.000 campesinos se convirtieron en propietarios. La armonía entre pequeños propietarios y jornaleros, que defendían los católicos, consiguió mejoras económicas y confirió un talante peculiar, a estas asociaciones. Fueron en este sector más fáciles los intentos de unión. Desde 1912 funcionó la Federación Nacional Católico-Agraria, más tarde Confederación. En 1922 asociaba a 4.000 sindicatos y 600.000 familias. El volumen de dinero manejado por la Confederación en ese año —cooperativas, créditos, seguros, fábricas, prensa, etc.—, superó los 1.000 millones de pesetas. Estos datos generales nos dan idea del volumen alcanzado por el sindicalismo católico-agrario en estos años.

4.

La unión de todas las ramas se evidenció como utopía: las separaban puntos de vista muy dispares. Más eficaces fueron las colaboraciones entre sindicatos afines. Para la unión total habrá que esperar al período siguiente. 98

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L A PROMOCIÓN SOCIAL

Círculos y sindicatos canalizaron buena parte de las iniciativas eclesiales de promoción social, como hemos podido ver. Se ha aludido también a la cooperación de individuos y corporaciones católicas con orga-

V

Cf. la obra citada en la nt.92. Amplía parte del libro citado en Planteamientos teóricos para el estudio del sindicalismo católico en España: Rev. Estudios Sociales 17-18 (1976)37-73. Más datos en Sobre la financiación patronal del sindicatismo católico en España: Negaciones 2 (1976) 199-219. Últimamente ha matizado algo en ¿Fracaso del sindicalismo católico?: Rev. Fomento Social 12 (1977) 279-88. 99 Cf. J. N. GARCÍA NIETO, El sindicalismo... 247-59., Compárese con el programa del PSOE en 1918: M. ARTOLA, Partidos y programas.., II 277-81.

100 J. CUESTA, Sindicalismo católico agrario en España (1917-1919); es obra de obligada consulta en este tema. Cf. también J. N. GARCÍA NIETO, El sindicalismo... 109-25 y 237-40; J. J. CASTILLO, Nota sobre los orígenes... de la CNCA, en GARCÍA DELGADO (ed.), La cuestión agraria en la España contemporánea. Ver también las tesis inéditas de A. HERRERO, Sindicalismo católico agrario en España, y la de C. GINER sobre Nevares, cit. en la nt.88, así como el último artículo reseñado en la nt.94.

652 Rafael M.a Sanz de Diego nismos políticos. Durante la dictadura, muchas organizaciones católicas, al igual que el socialismo, colaboraron con el Gobierno: en el ideal corporativo encontraban similitudes que facilitaban el trabajo conjunto. Sumariamente aludiremos a otros tipos de promoción que se desarrollan estos años. Dentro del campo estrictamente benéfico-asistencial, sólo las Hijas de la Caridad regentaban en 1906 más de 400 instituciones, que atendieron a casi 60.000 personas. Las 15 cocinas económicas repartieron cerca de 22.000 raciones diarias. Las demás órdenes continuaron su labor benéfica emprendida en el siglo anterior , 0 1 . En otro orden de cosas, merece resaltarse la peculiar iniciativa del sacerdote D. Pedro Poveda, que en Guadíx comenzó a vivir en cuevas con los gitanos en 1902. Por razones aún no aclaradas, hubo de abandonar la empresa en 1905. Años más tarde fundará la Institución Teresiana, presencia seglar en el mundo de la cultura, marcada también con la preocupación social de su fundador. Fundaciones de tipo más tradicional, dedicadas también a la promoción social, fueron, entre otras, las Damas Apostólicas y las Damas de la Asunción.

5.

BALANCE DE ESTE PERÍODO

La marginación de la Iglesia en el mundo sociopolítico se acentúa en estos años. Crece también el anticlericalismo, de distinto signo según sea burgués o proletario. Durante muchos años, la Iglesia, además de adoptar una actitud defensiva, no acaba de encontrar su sitio ante los problemas políticos que afectan a la nación. Sus intentos están además lastrados por pugnas esterilizantes. Con todo, es en este período cuando el pensamiento social católico se extiende más, se crean nuevos cauces de actuación —sindicatos— y pensamiento: Propagandistas, grupo de la Democracia Cristiana, Fomento Social. La escasa audiencia de que goza la Iglesia hace más reducida la eficacia de estos intentos. Sólo en el sector agrario la estructura y la ausencia de otros organismos competitivos permite a la Iglesia actuar con más éxito y realizar una labor que otros cuidaron menos. 101 Sobre las Hijas de la Caridad: La Cruz (1906) 1,150- Sobre las demás órdenes: ibid (1907) 1,351-58.

CAPÍTULO V

LA II REPÚBLICA

(1931-36)

Los años de la II República son un cambio, más en lo político y social que en el económico. Su vigencia fue breve: mil días de guerra civil acabarán con la experiencia. a)

Política

La República se proclamó sin sangre y con euforia. En las primeras elecciones accedió al poder, por primera- vez en muestra historia, la izquierda proletaria, aunque acompañada por la izquierda burguesa. La Constitución de 1931 y las leyes subsiguientes fueron reflejo de este cambio: u n intento de desmontar los pilares en que se. había apoyado el sistema anterior: Iglesia, ejército y terratenientes , 0 2 . Pero esta novedad no supuso una transformación radical del sistema politiconas divisiones inter e intrapartidistas, el tejer y destejer, el olvido de los deseos de una parte de la nación, aproximan este período a los anteriores. «Ultimo disfraz de la Restauración»: así se han podido caracterizar las tres etapas políticas de este quinquenio. Con parcialidad, pero con verdad de fondo: las dos Españas ahondan progresivamente el foso que las separa. b)

Economía

La economía mundial no se ha repuesto todavía en 1931 de la crisis del 29. Aunque buena parte de la española se basa en el mercado interior —y por eso se detectan menos los efectos de la crisis—, hay que tener presente el panorama mundial para explicar algunos factores: disminución de exportaciones y emigración sobre todo. La euforia política de los primeros meses hizo olvidar la difícil situación de la economía. Pero no era menos real por eso. Aumentó la población en casi un millón: de 23.563.887 en 1930 a 24.463.665 en 1935. Más por descenso de mortalidad que por crecimiento de natalidad: este índice y el de nupcialidad descienden. La población activa aumenta en casi 700.000. La baja emigración y la vuelta de antiguos emigrantes favorecen la concentración rural, agudizando los conflictos en el campo. La desigual distribución de la propiedad agraria, legado de la situación anterior, sólo muy parcialmente se palia con los diferentes intentos 102 He explicitado el abanico de opciones políticas que se presentaron al elector y las consecuencias políticas del resultado electoral en Las elecciones para las últimas Cortes Constituyentes (1931): Razón y.Fe 952 (1977) 499-511.

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de reforma que se suceden en los tres períodos . La producción de trigo aumenta (fueron espléndidas las cosechas de 1932 y 1934), pero la naranja y la vid se resintieron de la falta de mercado exterior. Mejores perspectivas tuvieron los productos de aplicación industrial: algodón y remolacha. Fue también desigual la producción industrial. Sólo aumentan la de energía eléctrica, productos químicos y alimenticios y algo la textil. Se produce un fuerte descenso en siderurgia y construcción. En minería se percibe únicamente auge en el carbón. Dificultades de exportación y disminución de inversiones y huelgas son los factores que influyen en este cuadro. Con todo, el índice general de producción y la renta per capita se estabilizan en la cota alcanzada en 1930. Otras consideraciones inclinan también a pensar que la situación económica no difirió demasiado de la precedente: la ausencia de una auténtica reforma fiscal y el mantenimiento del marco económico y comercial a pesar de las facilidades que otorgaba el artículo 44 de la Constitución. c)

Sociedad

Es éste el sector donde las transformaciones son más profundas. La burguesía vuelve a dividirse. Mientras la grande se opone a las reformas y consigue mantener buena parte de sus resortes, la pequeña burguesía y la intelectualidad emprenden un camino reformista con más pretensiones que éxito. La intranquilidad social —paros, huelgas, terrorismo y revoluciones se suceden casi sin pausa— frenará estos deseos de reforma en sectores cada vez más amplios. Por la misma razón, las clases medias se irán desenganchando paulatinamente del proceso iniciado. No estuvo ausente de este desenganche la política referente a la Iglesia de los partidos de izquierda. • La situación económica del proletariado experimentó sobre el papel alguna mejoría. Los salarios medios nacionales aumentaron algo: Mínimo

Industria (varones) Industria (mujeres) Agrícola (varones) Dependientes y empleados

5,65 2,81 4,42 6,00

ptas./día ptas./día ptas./día ptas./día

Máximo

. 10,87 ptas./día 4,39 ptas./día 7,67 ptas./día 20,00 ptas./día

Los precios bajaron un poco hasta 1933. Luego subieron, pero no superaron, en general, el índice de 1930. En consecuencia, fue mayor el salario real de estos años. Fue favorable también la jornada laboral: se generaliza la de ocho horas en la industria. En algunas, las horas semanales son 44. No llegaron a cuajar, en cambio, los intentos de asimilar la jornada agrícola con la industrial.

Para valorar en su justa medida los datos precedentes hay que fijar la atención en otros dos factores. Se extienden las nuevas necesidades: cine, ., excursiones, prensa, radio, vacaciones, transportes, variedad en vestidos, medicinas. Todo ello más en la ciudad e industria que en los medios rurales. El paro fue, además, endémico en el quinquenio. En 1934 llegó a afectar a 700.000 trabajadores. Se debió a la dificultad de exportación, a la vuelta de emigrantes, al miedo de los inversores y al desequilibrio en el campo. Evidentemente, este factor contribuyó a la inestabilidad social y a ahondar las diferencias entre las clases. Un cálculo de esta época supone que una familia obrera —matrimonio con dos hijos menores— precisaba unas 15 pesetas/día (alrededor de 5.000 pesetas/año) para vivir frugalmente y con cierta holgura en una ciudad. El salario del padre difícilmente podía alcanzar esta cantidad 104.

1.

E. Malefakis (Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971) aborda concienzudamente el problema agrario en esta época.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA IGLESIA

Sabemos ya cuál era la situación económica del clero al final de la Dictadura: el 78 por 100 percibía menos de 2.000 pesetas/año; el 15 por 100, 2.000; el 6 por 100 superaba esa cantidad. Al día siguiente de aprobarse en las Cortes el artículo 26 de la Constitución —que prohibía toda ayuda estatal a la Iglesia—, el Gobierno suprimía todo el presupuesto de culto y reducía en un 20 por 100 el del clero. Cuando se aprobó la Constitución, se mantuvieron tan sólo —y hasta 1933— 525 pesetas anuales para los 9.222 párrocos mayores de cincuenta años. En el bienio centro-derechista 1934-36 se concedieron dos tercios de su paga a los sacerdotes mayores de cuarenta años con cargo parroquial en poblaciones de menos de 3.000 habitantes. El Frente Popular abrogó esta medida. A esta actividad legislativa hay que añadir la encaminada a dificultar la enseñanza de los centros eclesiásticos y las trabas económicas impuestas a las órdenes y congregaciones religiosas. Ante la nueva situación, los obispos intentaron negociar para salvar, al menos, el presupuesto estatal y la enseñanza religiosa. Al no lograrlo orientaron sus esfuerzos en otra dirección: recaudar fondos a base de aumentos en las tasas de bulas y aranceles y, sobre todo, reducir gastos y estimular la colaboración de los fieles. A esto último se dirigía la exhortación colectiva de los metropolitanos de 21 de noviembre de 1931. En sucesivas conferencias (1931, 1932, 1933) pretendieron arbitrar recursos y modificar estructuras a fin de atender a los gastos de culto, a la manutención de los casi 30.000 sacerdotes y a la formación de los 3.500 seminaristas 10S. No tuvieron mucho éxito estas medidas. Tampoco se aprovechó la ocasión para efectuar una distribución más racional de los efectivos 104

Crónica de la Asamblea de Cuestiones Sociales de Vitoria (1933) I 129-32. Cf. V. M. ARBELOA, Lecciones de la nueva experiencia ante el arreglo económico del clero: Incunable 235 (1969) y 1931: cuando los curas no recibían sueldo del Estado: Vida Nueva 900(1973)22-33. 105

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eclesiales. Se dieron algunas realizaciones de comunicación de bienes. Y el clero pasó una época de dificultades económicas más agudas aún. 2.

M A G I S T E R I O Y PENSADORES CATÓLICOS

El cambio de régimen puso más claramente sobre el tapete los problemas sociales. La nación se enfrentó a ellos con posturas variadas. — Ya hemos aludido a que un sector de la burguesía se opuso a toda reforma. En buena parte, unidos en confederaciones patronales: la Unión Nacional Económica, la Confederación Española Patronal y Agrícola, la Organización de Enlace de las Entidades Económicas de España, etc. De carácter antimarxista, algunas se opusieron también a las mejoras sociales introducidas: jurados mixtos, jornada laboral, etc. — Otra parte de la burguesía —la que accedió _al poder— inició una política que, significando un avance, era moderada de fondo, al dejar casi intacta la estructura fundamental. Falta de previsión, provocaciones innecesarias y oposición de los afectados hicieron aún más difíciles estas realizaciones. — La ideología del proletariado se va radicalizando con el paso del tiempo y la lucha política: los programas y manifiestos piden con frecuencia la socialización de los bienes de producción. Más reducidas fueron las realizaciones. En el primer bienio, por la colaboración con la burguesía. En los cuatro meses de Frente Popular fueron más abundantes —en el sector agrario principalmente—, pero su vigencia fue efímera. a)

Magisterio episcopal

Los problemas políticos —aceptación inicial de la República, dado que la Iglesia es indiferente ante las formas de gobierno— y los de relación con el Estado —negociación primero, defensa y denuncia después— absorbieron la energía de los prelados españoles en los primeros meses republicanos. Al mes de proclamarse la República publicó Pío XI la Quadragesimo anno. Los obispos españoles no le dedicaron inicialmente la atención que se merecía. La situación española atraía todo su interés. Influyó también —es una conjetura— la dificultad peculiar que suponía comentarla en el ambiente nacional. Ante la nueva situación económica mundial, el papa hacía conscientes a los cristianos del cambio operado desde la Rerum novarum. Y propugnaba luego un nuevo concepto de sociedad. El influjo ambiental le inclinaba veladamente hacia una solución de tipo corporativo. Aplicar en concreto ese esquema al caso español suponía chocar con los grupos en el poder y alistarse con los partidarios de modelos inspirados en el fascismo. Aplicar, en carrrbio, las ideas pontificias sobre el salario o el contrato de sociedad, podía parecer demasiado cercano a las posturas socialistas. Sea como fuere, los comentarios a la encíclica se dejaron en manos de plumas más^privadas. De Fomento Social salieron algunos de los más cualificados, obra de los PP. Noguer y Azpiazu 106. También comentó la encíclica Severino Aznar en las Semanas Sociales. 106 N Noguer publicó su comentario en 1934. El mismo año, J. Azpiazu editaba por vez primera El Estado corporativo. Ambos escritores comentaron profusamente puntos de la

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El tema social no está, sin embargo, ausente de la enseñanza episcopal. Ante algunas medidas gubernamentales —la Reforma Agraria sobre todo— procuraron soslayar los puntos más vidriosos, que sonarían a toma de postura clasista o partidista. De otras intervenciones sobre asociaciones católicas nos ocuparemos más adelante. b)

Pensadores católicos

Algunos de los pensadores católicos de la etapa precedente orientaron su acción hacia el campo de lo político, inspirando y apoyando el programa social, primero de Acción Popular y más tarde de la CEDA. Por eso, su acción escapa del objeto de estas páginas Lo mismo hay que decir dé quienes militaron en partidos regionales de inspiración cristiana: Partido Nacionalista Vasco y Unió Democrática de Catalunya 107. Nos limitaremos en este apartado a reseñar la actividad no_ ligada a partidos políticos. Acabamos de aludir a Fomento Social, que continuó su labor de pensamiento social incluso tras la expulsión de la Compañía de Jesús. Cambió únicamente el nombre de la institución: Asociación Cultural de Estudios Sociales (ACES), y el domicilio. Además de conferencias, cursillos y libros, las páginas de Razón y Fe acogieron con frecuencia las colaboraciones de los miembros de la institución 108 . Continuó igualmente su existencia el grupo de los Propagandistas, más dedicados ahora a la vertiente social. Parte de sus hombres colaboraron en Acción Popular y la CEDA. Ángel Herrera accedió a la presidencia de la Acción Católica, sucediéndole, a partir de 1935, Fernando Martín-Sánchez. El Debate siguió siendo portavoz de las ideas del grupo. Desde 1935 se publicó el quincenal —más tarde semanario— Trabajo. En estos años se crearon además tres instituciones orientadas a la propaganda social: el Instituto Social Obrero (1932-36), destinado a formar líderes sindicales; el Centro de Estudios Universitarios y los Cursos de Verano de Santander, nacidos ambos en 1933. Similar al grupo de Herrera fue otra iniciativa nacida en el País Vasco: la AVASC, Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana. Promovida por Joaquín Azpiazu, S.I., era una especie de universidad social obrera, que agrupó a patronos y obreros para difundir en todos los ambientes el pensamiento social cristiano. Finalmente, el Grupo de la Democracia Cristiana continuó sus tareas de propaganda; en 1935 publicó un Manifiesto, en el que exhortaba al «desarme moral» en un momento en que las tensiones se agudizaban, y, encíclica en Razón y Fe. Cf. J. GOROSQUIETA, El pensamiento social de los jesuítas de 1931 a 1936: Rev. Fomento Social 121 (1976) 75-93, sobre todo nt.23. 107 Sobre la política social de la CEDA: J. R. MONTERO, La CEDA, el catolicismo social y político en la II República (Madrid, Ed. Revista de Trabajo, 1977), 2 vols., y J. TUSSELL, Historia de la Democracia Cristiana t.l, 267-312. Sobre los partidos regionales, ibid., t.2. Acerca del catalán, cf. H. RAGUER, La Unió Democrática de Catalunya i el seu temps (19311939) (Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1977). 108 Cf. en la nt.106 el estudio de J. Gorosquieta sobre el pensamiento social de Razón y Fe en estos años.

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sobre todo, logró revitalizar con alcance nacional las Semanas Sociales 109 . En 1933 se celebró la de Madrid, con participación destacada del P. Rutten, O.P. (inspirador de Gerard y Gafo); Alfredo Mendizábal, Antonio Luna, Arboleya, Herrera, Aznar. El tono fue claramente innovador, más que en la siguiente (Zaragoza, 1934), centrada en el tema agrario. Aquí se interrumpieron: estaba ya programada la de 1936, pero los sucesos de este año la dejaron en proyecto. Sólo se reanudarán en 1949.

3.

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L A S ASOCIACIONES OBRERAS

El acceso del proletariado al poder trajo consigo un crecimiento vertiginoso de los sindicatos obreros. En 1936, UGT y C N T suman cada una alrededor de 1.500.000 afiliados. La cifra, sin embargo, refleja sólo parcialmente la realidad: poseer un carné sindical era, en muchos casos, condición indispensable para poder trabajar. Y las cifras anarquistas continúan siendo discutidas. La evolución de cada sindicato estuvo muy condicionada por su posición respecto a los grupos políticos. — UGT participó de los avatares del PSOE. Este fue en el primer bienio arbitro de la situación con tres ministros y 117 diputados. El desgaste del poder —compartido con grupos no proletarios— y las divisiones internas (Largo Caballero-Prieto-Besteiro), unidas a la oposición de otros grupos obreros, mermaron su eficacia. Apartados del poder en 1933, su participación en la revolución de octubre de 1934 fue un sangriento error. Unidos al Frente Popular en 1936, el maximalismo de Largo Caballero impidió el ascenso de Prieto, más capacitado entonces para una acción realista. — También el sindicato anarquista se vio escindido en corrientes. La FAI protagonizó el mayor extremismo con frecuentes conflictos. I,a cuestión sindical dividió a los dirigentes: mientras Pestaña y Peiró propugnaban un programa sindical y Gastón Leval lo quería al menos para el sector industrial, Federica Montseny y otros dirigentes más radicales se oponían a ello. A partir del Congreso de Zaragoza (1936) defienden el comunismo libertario. — El grupo comunista no llegaba a los 1.000 afiliados al proclamarse la República. Crecen rápidamente, pero sin lograr acceso al poder hasta el Frente Popular, inspirado por ellos. En 1933 crean un sindicato: Confederación General del Trabajo Unitaria, que llegó a 150.000 afiliados antes de unirse a UGT en 1935. A la izquierda del PCE se crearon el POUM y otros, grupos regionales. La confesionalidad, el presunto amarillismo y la división habían sido los frenos del movimiento sindical católico en la época precedente. A estos problemas se añadió, durante el quinquenio republicano, la represión violenta ejercida contra los sindicatos católicos desde el Gobierno y las dos centrales sindicales más numerosas, UGT y CNT. Prohibición de mítines, asalto a locales, despidos a sindicalistas católicos, fueron, algunos episodios de esta represión. Por su parte, la Confederación Nacio109 D. BENAVIDES, El fracaso social... 477-526. Sobré la labor de Arboleya en Asturias, ibid., 551-78. Ver también J. TUSSELL, Historia de la Democracia Cristiana II .251-61.

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nal Católico-Agraria fue privada de sus derechos civiles en los primeros meses de la República. Mantuvo en estos años su tónica peculiar, hasta que, finalizada ya la guerra civil, el 21 de febrero de 1940 fue incorporada al aparato sindical del nuevo Estado. Contaba entonces con 2.726 sindicatos, que agrupaban a 275.000 familias. Bastante más compleja es la historia de los sindicatos industriales n o . Por eso, procederemos a su estudio en dos pasos: descripción de los diversos tipos de asociaciones obreras católicas e historia de sus intentos de unión. a)

Diversos tipos de asociaciones católicas

A los tres tipos de sindicato católico que existen desde la etapa anterior —la Confederación Nacional de Sindicatos Católicos, dirigida por el P. Nevares; los Sindicatos Católico-Libres, de Gerard y Gafo, unidos en 1923 a los Libres de Sales, y la Solidaridad de Trabajadores Vascos, que superará en estos años los 40.000 afiliados—, se añaden varias corrientes parcialmente nuevas en el período republicano. 1) La Juventud Obrera Católica (JOC) no es sindicato ni surge en España en este quinquenio. Desde la época de la dictadura existe en varias diócesis. No hay casi coordinación entre los diversos centros y su talante es conservador, cercano al de una cofradía. Se hace ahora mención de ella por la significación que, cara a la unión final del sindicalismo católico, tuvo la Asamblea de Cuestiones Sociales de Vitoria, celebrada en 1933 »». 2) Acción Obrerista.—Como partido político obrero, filial de Acción Popular, surge este grupo capitaneado por Dimas Madariaga. Pretendía ser un complemento del sindicalismo católico. Su programa social —muy afín al del partido inspirado por Herrera— se caracterizaba por su oposición al marxismo y su defensa de los grandes temas del sindicalismo catolice- corporación obligatoria y sindicación libre, salario familiar, participación en beneficios, cogestión, etc. Con el tiempo se plasmó en u n pintoresco decálogo I I 2 . A este grupo estaba unida la Coalición Española de Trabajadores, fundada también en 1931, que, de la mano de Madariaga, tomará parte en los intentos de unión. 3) La Federación Española de Trabajadores se había unido inicialmente a la Coalición. La presidía Anastasio Inchausti y en eüa trabajaban los jesuítas Ayala y Ballesta. La vitalidad de este grupo le llevó a separarse del anterior. Signo de esta vitalidad fue la creación de otras asociaciones: la Unión Obrera Campesina, nacida en 1935 bajo la presi110 Además de los libros básicos citados en el período precedente (nt.92), cf. A. ELORZA, La Confederación Española de Sindicatos Obreros (1935-1938): Revista de Trabajo 33 (1971) 129-412 y V. M. ARBELOA, LOS sindicatos católicos en España: un intento de aconfesionalización (1931-1932): Rev. Fomento Social 114 (1974) 201-208. 1,1 Nos referiremos a ella más abajo. Sobre la JOC de esta época ofrece datos J. CASTAÑO, Memories sobre la JOC a Catalunya (1932-1970). Ver también la tesis de j . J. Tamayo, inédita, presentada en la Pontificia Universidad de Salamanca. Estudia, la. asociación J. R. MONTERO, La CEDA... I 747-779. 112 Lo reproduce M. ARTOLA, Partidos y programas... I 616.

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dencia de Tomás Morillo, y la Juventud Sindicalista Obrera, que vio la luz el mismo año. 4) Entre los grupos regionales puede destacarse la Unió de Treballadors Cristians de Catalunya, surgida en 1934 a raíz de la revolución de octubre como respuesta católica al anarquismo en uno de sus feudos. Dirigida por Enrique Escamilla, alcanzaría pronto los 3.000 afiliados. b)

Los pasos hacia la unión

Tal proliferación de asociaciones paralelas era un contrasentido habida cuenta del peso de las centrales socialista y anarquista. De la época precedente recordamos que uno de los obstáculos que se oponían a la unión era el problema de la confesionalidad, tras el que se agazapaban concepciones divergentes de la estrategia sindical. En este quinquenio, las circunstancias forzarán la superación de la antigua problemática, pero el proceso fue lento; lo resumimos sumariamente a continuación. A los siete meses de la proclamación de la República, la Conferencia de Metropolitanos abría un pequeño portillo a la desconfesionalización. Se admitía que los sindicatos católicos quedasen adheridos a la Acción Católica en cuanto medios de formación y apostolado, salvando su independencia y responsabilidad en la acción económica y profesional. A instancias del P. Gafo, Vidal y Barraquer proponía a los miembros de la Comisión Permanente la posibilidad de prescindir del adjetivo «católico» en el título de los sindicatos. Por supuesto, no se ponía en duda la inspiración cristiana. La luz verde, con todo, no llegó por el momento. En 1932 se comenzaría a caminar hacia la unión. El V Congreso de la Confederación de Sindicatos Obreros Católicos no se decidió a suprimir la confesionalidad, pero acordó renovar su directiva —Dimas Madariaga, muy crítico respecto a la marcha de la Confederación, fue elegido presidente—, revisar el programa y distanciarse de la Confederación femenina, demasiado clericalizada entonces. Por su parte, los Sindicatos Libres, que habían tenido dificultades con el poder civil al comienzo de la República, crean una Confederación" Vasco-Navarra de Sindicatos Obreros Profesionales. Pronto alcanzará los 25.000 afiliados. Y el ejemplo cunde a otras regiones. Los primeros pasos hacia la unión se dan, en las diversas corrientes, a nivel regional. Al año siguiente, la JOC organiza en Vitoria la Asamblea de Cuestiones Sociales. De los asuntos tratados nos interesa destacar uno: la, defensa del frente único sindical católico que hicieron Blas Goñi y el P. Azpiazu 113. No se llegó a ningún acuerdo concreto, como tampoco acabó en fusión la reunión mantenida en Madrid en octubre de 1933 por parte de los principales sindicatos de inspiración cristiana y el Secretariado Social de Acción Católica." Había unanimidad de deseos, pero la confesionalidad y sus problemas anejos seguían siendo un escollo. El empujón final lo dio la revolución de octubre. El poder de las fuerzas socialistas, anarquistas y comunistas espoleó a los dirigentes ca115

Este tema se aborda en el t.4 de la Crónica de esta Asamblea.

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tólicos. A las pocas semanas, todas las centrales no marxistas crean el Frente Nacional del Trabajo. Se aglutinaron en él las dos centrales confesionales más relevantes —la Confederación y la Federación—, las uniones de Sindicatos Libres y la CONS, Central Obrera Nacional Sindicalista. Era el primer estadio de la unión. Débil todavía: la oposición antimarxista había aglutinado precipitadamente elementos dispares. No se habían solventado plenamente las dificultades de los confesionales. Al poco tiempo cada grupo proseguía una vía independiente. La unión definitiva vino en diciembre de 1935. Un Congreso Nacional de todas las fuerzas sindicales católicas crea la CESO, Confederación Española de Sindicatos Obreros. Ya se prescinde del adjetivo confesional. Son tal vez 250.000 los sindicalistas afiliados, a pesar de que la CONS y. parte de los Libres no se adhieren. Meses después vendrá el Frente Popular. Asaltos a locales de la Confederación, una docena de muertos, 200 sindicatos clausurados, un millar de sindicalistas presos es el balance. Se ve la necesidad de financiar la CESO con independencia de la Acción Católica. Se proyecta la CESOC: Cruzada Española pro Sindicalismo Obrero Cristiano. Pero la guerra suspenderá estos proyectos. Años después, la CESO, como la Confederación Agraria, se verá integrada en la organización sindical de la España franquista U 4 .

4.

L A PROMOCIÓN SOCIAL

La labor asistencial iniciada en las épocas anteriores se vio lógicamente dificultada eñ este quinquenio. Las órdenes religiosas y el clero secular vieron muy disminuidas sus posibilidades económicas. Bastantes obras se mantuvieron, aunque precariamente. Pero buena parte de la tarea asistencial se canalizó por medio de otro tipo de instituciones: políticas y, sobre todo, sindicales. Es un signo de la ola politizadora que invade la nación en estos años. Y también de un cambio de acento: el país precisa, sobre todo, dirigir sus esfuerzos hacia las reformas políticas, estructurales y económicas. Ello absorbió también, en buena medida, las energías de la Iglesia. Con todo, la labor específicamente benéfica no se desatendió. Las Conferencias de San Vicente de Paúl contaban con cerca de 25.000 asociados en 1931. La atención a emigrantes iniciada en la etapa anterior se adaptó a las nuevas circunstancias. Las escuelas y centros de enseñanza cobraron más auge. Con ocasión de la expulsión de los jesuítas se difundieron cifras de su trabajo en este sector. En escuelas diurnas, nocturnas o dominicales atendían gratis (directamente o por medio de asociaciones creadas por ellos) a casi 50.000 adolescentes. Realizaron también intentos de formación profesional masculina y femenina. Y, 114 Sobre esta etapa final, cf. J. J. CASTILLO, El Comité Nacional circunstancial de la CESO (1936-1938): Rev. Española de la Opinión Pública 38 (1974) 205-303.

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aunque se salen de este período, hay que resaltar dos obras famosas: la leprosería de Fontilles (fundada en 1908 por P. Ferrís) y el Cottolengo, trasplantado a España por el P. Jacinto Alegre 1IS . 5.

BALANCE DE ESTE PERÍODO

No fue fácil para la Iglesia española este quinquenio. Numerosas tormentas polarizaron su atención. Se vio convertida en beligerante y tuvo que dedicar mucha energía a la negociación política y a la realización posibilista de algunas actividades. Su gran acierto —tardío— fue la luz verde a la desconfesionalización de los sindicatos. Su gran error —además de las endémicas divisiones internas— lo constituyó el no saberse librar de ser una de las partes en lucha. Las dos Españas se van delineando con claridad, y la Iglesia española sólo logró estar con una. No fue la única responsable. Pero el enfrentamiento, que llega a su ápice en este período, acabará en mil días de guerra civil.

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3. Ante el problema de la asociación obrera, la Iglesia española intentó varios caminos: la presencia en gremios, la creación de Círculos que lograsen la armonía interclasista, la promoción de sindicatos más o menos reivindicativos. Muchos factores restaron eficacia. Sólo en la era de Franco se superará realmente la polémica sobre la confesionalidad y surgirá otra vía: las asociaciones apostólicas obreras, que lanzarán —y perderán— militantes al campo de la acción política y sindical. Perc esto pertenece a otro capítulo de esta historia. 4. La acción de beneficencia se puede criticar con varios argumentos. . Lo urgente hizo en algunas épocas abandonar lo más duradero: la promoción. No puede, sin embargo, olvidarse la acción eclesial en este terreno, encomiable no sólo como actitud generosa personal, sino también como remedio a situaciones reales que ni el Estado rri los partidos —burgueses y proletarios— atendían. El que esta acción fuese para algunos tranquilizante que eximía de otros gestos también necesarios, no merma su eficacia ni su necesidad. También en época posterior se intentarán nuevas vías —Plan GCB de Caritas— y se planteará la presencia eclesial en necesidades olvidadas por otros sectores de la sociedad.

BREVE REFLEXIÓN SOBRE UNA HISTORIA LARGA

Sin pretender suplantar al lector en la tarea de formarse un juicio personal sobre la historia que acabamos de sintetizar, queremos plantear unas reflexiones finales que seguirán el hilo de los temas abordados en cada período. 1. No se puede seguir manteniendo el tópico de la riqueza de la Iglesia. Desde el segundo tercio del XIX, la Iglesia española dejó de ser rica. En ocasiones pasó por épocas de gran penuria. No supo distribuir evangélica ni racionalmente sus recursos humanos y económicos. Pero ni la extracción social del clero ni su tenor de vida le asimilaron mayoritariamente a las clases acomodadas. A pesar de ello —y hay que preguntarse el porqué—, el pueblo se fue sintiendo cada vez más lejano de la Iglesia. 2. La ideología mantenida por los miembros más cualificados de la institución eclesial puede ser una de las causas de esta lejanía. La Iglesia tardó en percatarse de las consecuencias de la industrialización y fue reacia a admitir nuevas concepciones de la sociedad que, justo es decirlo, le eran hostiles y tenían puntos criticables. La fidelidad al Evangelio marcaba un camino a la doctrina eclesial; muchas veces, por ello, la Iglesia tendrá que marchar sola, sin poder identificarse con ideas de clase o partido. Por desgracia, apareció con frecuencia unida a* la cosmovisión burguesa, de la que difería en puntos esenciales. Aunque en bastantes problemas no fue así, en otros la enseñanza de la Iglesia supuso un avance que no siempre encontró el eco que merecía. Y hay que tener siempre en cuenta la diversidad de niveles y actitudes que se engloban bajo el nombre de «pensamiento social de la Iglesia». 115 A pesar de su tono triunfalista y no siempre crítico, aporta datos de interés A. GARMENDÍA DE OTAOLA, Jesuítas y obreros (Bilbao, Mensajero, 1948) 19-27.

A la vista de esta historia, ¿se puede hablar del fracaso social del catolicismo español? La respuesta deberá ser afirmativa, si se atiende a que el ideal evangélico ni siquiera se formuló a veces en el seno de la Iglesia y tampoco se realizó a nivel social. En rigor podría hablarse también del fracaso social de las ideologías y partidos burgueses y proletarios tampoco ellos han conseguido imponer plenamente su modelo de sociedad y sus valores. Los cristianos españoles no han sido siempre consecuentes con su fe en materia social. Es también un signo de fracaso que puedejí compartir con otros grupos. El autor de estas líneas piensa que la tarea de la Iglesia ante el cambio social no es equiparable a la de otros grupos humanos en su totalidad. Debe ser instancia crítica independiente de otras instancias, voz que defienda a los oprimidos y denuncie la injusticia, motor y estímulo que dinamice, sin pretender desde la fe un modelo único de sociedad. Desde esta óptica, pensamos, debe valorarse su quehacer y determinarse su grado de éxito o fracaso. En cualquier caso, la historia de este quehacer debe hacernos conscientes de las realizaciones, de la capacidad de autocrítica, de la respuesta a problemas que otros olvidaron, de las omisiones por comodidad o acomodamiento, de los engaños producidos aun con buena fe, de las circunstancias en que cada actuación eclesial tuvo lugar. Todo ello con vistas a un presente y un futuro en los que el creyente debe poner, con otros, su grano de arena en la edificación de la sociedad.

APÉNDICE I

LA IGLESIA ESPAÑOLA DESDE 1939 HASTA 1976 Resumen cronológico Por JOAQUÍN L. ORTEGA

INTRODUCCIÓN Durante más de un tercio de siglo —el convulsionado siglo XX—, la historia de la Iglesia española ocurre en el contexto general definido por la permanencia de un régimen político que condicionó ampliamente su vida y su desarrollo: el franquismo. Cuarenta años de un régimen fuerte y uniforme, salido de la guerra civil que estalló entre los españoles en julio de 1936 y que expiró realmente a la muerte —en noviembre de 1975— de quien había sido su instaurador y su máxima encarnación histórica: el general Franco. Asentado el régimen de Franco, el Movimiento Nacional, en los principios políticamente fascistas del falangismo y en su propia raíz militar y apuntando desde un principio a Id que se llamó la restauración del espíritu nacional, no podía por menos de establecer estrechos vínculos de proximidad y de amistad con la Iglesia del país. Pero justo es decir que en su estrategia de integración de la Iglesia en los objetivos y en las estructuras del nuevo régimen se encontró éste con amplias y generosas facilidades por parte eclesial, pasando pronto la Iglesia a ser el soporte moral de un sistema que no había arrancado de la voluntad popular manifestada en las urnas, sino de la victoria en una guerra fratricida. Mas a lo largo de los cuarenta años que duró el régimen de Franco, régimen de desusados poderes personales, los caminos del nuevo Estado y los de la Iglesia española fueron diversificándose notoriamente, hasta el punto de trocarse la inteligencia y la amistad iniciales en un distanciamiento progresivo, que acabaría en conflicto casi permanente en las postrimerías del franquismo. En el ciclo histórico de cuarenta años, se pasaría de las mieles de la armonía a las hieles de la discordia. ¿Cómo fue posible tal mutación? Muchos factores habría que tener en cuenta para explicar cumplidamente este proceso. Además de los de orden histórico general —las mutaciones propias de la época— y de los que cabría llamar específicamente españoles, hay que atribuir especial incidencia en este proceso al contraste entre la esclerosis progresiva del franquismo y la dinamización de las fuerzas eclesiales a partir del concilio Vaticano II. De todas formas, para entender la inicial concomitancia de la Iglesia española con el franquismo es indispensable tener en cuenta cuáles habían sido las relaciones del catolicismo imperante en el país con el régimen anterior a la guerra civil, la República, instalada en España (en su segunda versión) en abril

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de 1931. La actitud de creciente y declarada hostilidad que el régimen republicano manifestó hacia la Iglesia católica, secularmente ligada al ser y a la historia españoles y a la sazón absolutamente mayoritaria en el país, forzó en gran manera la reacción de la jerarquía española al proclamarse y afianzarse el Movimiento Nacional en julio de 1936. Con la insurrección militar frente a la República parecían acabarse el sectarismo y la persecución religiosa, para dejar paso a un nuevo régimen que se empeñaba en la recuperación de los valores nacionales (con especial atención a los religiosos), comprometidos o dilapidados por el corto y agitado régimen anterior. Para una mejor comprensión del proceso histórico que hemos apuntado en las líneas anteriores, dividiremos este apunte sobre la Iglesia española en los tiempos del franquismo en tres etapas, que parecen responder adecuadamente a las alternativas que se experimentan en la relación Iglesia-Estado durante los años que abarca el período de que nos ocupamos.

CAPÍTULO I

DEL FINAL

DE LA GUERRA A LA FIRMA DEL CON LA SANTA SEDE (1939-53)

CONCORDATO

Terminada la guerra, la gran tarea pendiente era la organización de la paz. Una paz que, debido a la duración y a la radicalidad del enfrentamiento entre los españoles, iba a configurarse más como administración de la victoria de los unos sobre los otros que como búsqueda de la reconciliación entre todos. En esta intrincada coyuntura histórica hay que reconocer que la Iglesia no dio siempre la talla que de ella cabía esperar. Salvo contadas ocasiones y salvo excepciones personales, careció de la independencia precisa para poder alzar su voz reconciliadora. Justo es también decir que la ideología subyacente en el conflicto y la diferencia de trato que se le dispensara en uno y otro bando le había hecho inclinarse desde el principio por la España del Alzamiento."»Pero lo que durante la guerra había sido sólo proximidad, iba a convertirse en práctica solidaridad. Con el final de la guerra se abre una época de consenso permanente entre la Iglesia y el Estado, que, arrancando .en 1939 con la adopción de medidas políticas y legales de amplio sentido confesional, culminará en 1953 con la Firma de un concordato entre España y la Santa Sede que viene a sancionar, ante la opinión mundial, el apoyo de la Iglesia al régimen de Franco. El Estado franquista recibe la legitimación que le viene de lo religioso, y otorga a cambio no sólo facilidades, sino también privilegios, para que la Iglesia pueda cumplir con lo que en el momento entiende que es su misión, cosa que deberá hacer dejando a un lado su capacidad crítica y profética. Ese es el límite marcado por su incorporación a las estructuras políticas que iba desarrollando el franquismo. La presencia de la Iglesia en todos los sectores de la vida nacional iba a ser rotunda. Hasta podría hablarse de una teocratización práctica de la vida española. La Iglesia, con todos los favores oficiales del caso, iba a desarrollar una auténtica pastoral de «cristiandad» que superase el oscuro túnel de los años de la República. Era la restauración de «lo católico» como definitorio de la esencia nacional. La enseñanza, los espectáculos, el mundo sindical y, sobre todo, la propia legislación se abrían generosamente a la acción y al influjo de la Iglesia. Al terminar la guerra mundial en mayo del 45, el cardenal primado, Pía y Deniel, podía escribir: «Desde muchos siglos, no se había reconocido tanto, teórica y prácticamente, la independencia de la Iglesia como por el actual Gobierno». Era la óptica del momento. La historia posterior enseñaría los límites de tal independencia. La Iglesia de la «España triunfal» adquiría con tantos favores no pocas hipotecas, de las que posteriormente tendría que liberarse entre roces y conflictos. Pero de momento, en los años cuarenta y hasta el 53 —año del concordato— sólo se veían las mieles de la amistad y de la colaboración. Iglesia y Estado parecían un matrimonio bien avenido. Las hieles que llevarían poco a poco al divorcio irían aflorando después. Quizá a raíz del mismo concordato, " que se revelaba así como el límite de todo el proceso. Era, por una parte, la

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culminación de toda una trayectoria de identificación; pero en la época en que se firmaba, más que en la letra de lo pactado, apuntaban ya las raíces del conflicto. A la hora de ratificarlo sería celebrado por unos como la máxima expresión histórica de un sistema de inteligencia y de colaboración entre la Iglesia y el Estado, el culmen de toda la historia concordataria. Pero otros espíritus no dejarían de captar que la historia caminaba ya por otros rumbos y que el brillante concordato del 53 entre la Santa Sede y la España de Franco nacía sentenciado por su propio anacronismo. La dinámica eclesial desatada años después por el concilio Vaticano II vendría a ratificar plenamente esta intuición. Pero a la hora de salir España de sus tres años de guerra civil no se divisaba aún en el horizonte la novedad conciliar, y la Iglesia intentaría más consolidar su presente —con la ayuda del Estado— que no proyectar su futuro.

1.

RECRISTIANIZAR A ESPAÑA

De la inmensa tarea de reconstrucción que, finalizada la guerra, se le ofrecía al bando vencedor, la más urgente parecía la de su propia consolidación como régimen. El Alzamiento, su mística, tenía que convertirse en inspirador de un nuevo Estado. Quiere ello decir que la actividad legislativa había de ser necesariamente intensa. Las primeras providencias ya se habían tomado en Burgos mientras ardía la guerra. Llegada la paz, era el momento de asentar y rematar el edificio legislativo y, sobre todo, el constitucional. A través de la tarea de hacer las leyes, el nuevo Estado irá poco a poco definiéndose como un Estado fuerte —articulado más sobre el poder personal de su fundador que no sobre el reconocimiento de los derechos o el funcionamiento de las instituciones—, como un Estado restaurador de la historia y de la tradición españolas, interrumpidas por los años de la República, y como un Estado confesionalmente católico. En este sentido, ya en los años de la guerra se habían producido las primeras leyes que no sólo derogaban la relativa legislación laica y sectaria del período republicano, sino que, como la orden de 1.° de abril del 39, otorgando la franquicia postal a los obispos, o la del 9 de noviembre del mismo año, restableciendo la dotación del clero a cargo de los presupuestos del Estado, o la de 13 de julio del 40, regulando el descanso dominical, revelaban claramente el propósito del Estado de favorecer a la Iglesia y de contar qon ella como pieza fundamental en la organización del orden nuevo salido de la guerra. «Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido pervertida, envenenada por doctrinas de corrupción»', decía el propio Franco a la Dirección Central de la Acción Católica Española en abril de 1940. En la tarea el Estado se proponía secundar ampliamente a la Iglesia. Algunas de las leyes entonces promulgadas, como la de represión de la masonería y del comunismo (\? de marzo del 40), parecían favorecer a los dos por igual.

2.

E L ACUERDO DE 1941

CON LA SANTA S E D E .

Sin embargo, toda la legislación de contenido religioso venía siendo promovida por el Estado, que entendía interpretar así el sentido profundo del pueblo español. En el año 41 se daría en este sentido un paso más comprometedor. En un acuerdo firmado con la Santa Sede, el Gobierno se comprometía «a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que puedan interesar de algún modo

Apénd.I.

La Iglesia española desde 1939 hasta 1976

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a la Iglesia sin previo acuerdo con la Santa Sede». Este compromiso aparecía en el texto del primer acuerdo formal suscrito entre Roma y el Gobierno español en la posguerra. Llevaba fecha del 7 de junio de 1941 y lo firmaban el nuncio Cicognani y el ministro de Asuntos Exteriores Serrano Súñer, respectivamente. En el texto de este acuerdo figuraba ya el compromiso, por parte del Gobierno, de «concluir cuanto antes con la Santa Sede un nuevo concordato inspirado en su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacional» (art.6). Mientras llegaba ese momento, el Gobierno se obligaba también a «observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del concordato del año 1851». El primero de estos artículos, cuyo vigor se reconocía ahora, rezaba así: «La religión católica, apostólica, romana, que, con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones». En consecuencia de este principio, los siguientes tres artículos otorgaban a la Iglesia y a sus pastores amplios favores y exenciones para el desarrollo de su misión. Con todo, el punto más importante de este modus vivendi firmado en el 41 era el relativo a la intervención estatal en el nombramiento de los obispos, que comprendía los cinco primeros artículos. La Santa Sede era contraria a la renovación del privilegio de presentación que secularmente ostentábanla Corona española. Parecía llegado el momento de recuperar la plena libertad en terreno tan importante. Pero Franco no cedió un ápice, consciente de la importancia que para su naciente régimen tenía el control sobre las personas que accedieran a las sedes episcopales españolas. Veinte de entre ellas e'staban sin obispo. Unas, por asesinato de sus prelados durante la guerra; otras, por fallecimiento, ya que en los últimos años no se habían producido nombramientos. De los 48 obispos que había en España a la hora de firmar este atuerdo, la mitad eran del tiempo de la Monarquía y la otra mitad habían sido nombrados bajo la República. Franco aspiraba a tener también una jerarquía afecta, y no tuvo prisa en la provisión de sedes hasta que consiguió la ratificación del privilegio tradicional, que le permitiría una intervención eficaz en los nombramientos episcopales. Incorporado este privilegio al futuro concordato del 53, Franco rehusaría después renunciar a él cuando el Vaticano II se lo rogó a los pocos países que aún lo ostentaban y cuando posteriormente, en la primavera del 1968, el papa Pablo VI le pediría en carta personal que declinase su utilización. Frente a este privilegio, que garantizaba la fidelidad de la inmediata generación episcopal al nuevo régimen, los demás favores que como contrapartida otorgaba a la Iglesia el Estado resultaban casi anecdóticos a pesar de su importancia objetiva. De hecho, la utilización de este privilegio a lo largo de los años del franquismo fue el máximo mecanismo de control impuesto a la Iglesia por el Estado. Contra esta cautela se hubiesen estrellado —como de hecho se estrellaron— los intentos de promover al episcopado a hombres de cuya identificación con el régimen no constase suficientemente. Cuando más tarde el paso del tiempo hizo más discutibles los principios del franquismo y más incómoda la existencia de este anacrónico privilegio para la nueva sensibilidad eclesial, sería ocasión de roces permanentes y de la dificultad crónica en la revisión del concordato del 53. Sin embargo, a la hora de ser firmado el acuerdo del 41 fue saludado con júbilo por los sectores nacionales y gubernamentales y sin que hubiese manifestaciones en contra por parte de los círculos eclesiales. El valor que otorgaba el nuevo Estado a este convenio con la Santa Sede quedaba patente en Jas declaraciones que el ministro Serrano Súñer hacía al

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semanario Signo (de la Juventud de Acción Católica) en la misma semana de su ratificación: «Es un paso definitivo al pleno restablecimiento de las relaciones de España y el Vaticano —decía el ministro—, pero no el primer paso. El carácter de cruzada del Alzamiento Nacional y todo el sentido de la legislación de la España de Franco... fueron marcando en los días de la guerra y de la paz el propósito decidido de llegar a la más completa armonía con la Santa Sede como en las épocas más gloriosas de nuestra Historia. El Gobierno confía en que muy pronto será un hecho el nuevo concordato, para satisfacción y beneficio de ambas potestades».

3.

L A IGLESIA EN EL APARATO DEL ESTADO

Mientras que las leyes que afectaban a la Iglesia o a lo religioso presentaban, bajo las cautelas precisas, el aspecto de una indudable liberalidad, las que iban definiendo la naturaleza del régimen destacaban por su rigidez y por la concentración de poderes que suponían en las manos del jefe del Estado. Este era el caso de la ley de Unidad sindical (26 de enero del 40), que consagraba el verticalismo, y de la ley de Seguridad del Estado (29 de marzo del 41). Lo mismo cabría decir de la ley constitutiva de las Cortes y del Consejo Nacional (17 de julio de 1942), que dejaba intacta la plena capacidad legislativa del jefe del Estado. Esta ley suponía también la incorporación de la Iglesia al aparato del Estado, ya que preveía el nombramiento de algunos prelados entre los procuradores, cuya designación quedaba a la libre decisión del general Franco. En efecto, a la hora de constituirse la primera legislatura, el jefe del Estado haría uso de su atribución nombrando a siete obispos como procuradores en Cortes en febrero del 43. Esta presencia de la jerarquía eclesiástica en los máximos organismos políticos de la nación sería ya una constante en el franquismo, y sólo en su declive se encontraría con la renuncia o con la reticencia de algunos de los prelados designados, mientras que otros mantenían hasta el final el escaño que recibieran por libre designación de Franco. En este mismo sentido hay que enumerar la Ley Orgánica del Consejo de Estado (25 de noviembre del 44), en cuyo organismo se daba cabida al primado de España, además de a otro prelado, y la ley de Sucesión en la jefatura del Estado (promulgada en abril y votada en referéndum nacional en julio del 47), que preveía, tanto en e\ Consejo del Reino como en el Consejo de Regencia, la presencia del prelado «de mayor jerarquía y antigüedad entre los que sean procuradores en Cortes». Con ocasión de la presentación de credenciales en el Vaticano de un nuevo embajador, Domingo de las Barcenas, ocurrida el 17 de diciembre de 1942, el propio Pío XII había manifestado su entusiasmo por la marcha de las cosas en España, y en particular por el sentido cristiano que iba impregnando su legislación. «Hemos visto a Cristo —dijo el papa e'n su discurso— triunfar en la escuela, resurgir las iglesias de las ruinas abrasadas y penetrar el espíritu cristiano en las leyes, en las instituciones y en todas las manifestaciones de la vida oficial. Nos, finalmente, hemos contemplado a Dios presente otra vez. en vuestra Historia». A todo esto, tras la muerte de Goma, ocurrida en Toledo en agosto del 40, le sucedía en la sede primada (en octubre del 41) Pía y Deniel, hasta él momento obispo de Salamanca, donde había restaurado la Universidad Pontificia y donde había asistido al nacimiento del franquismo en los primeros momentos de la guerra. Una guerra que él mismo no dudó ^entonces en calificar de «cru-

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zada». Con todo, Pía y Deniel, hombre dotado de un altísimo sentido del deber y de la justicia, sería todo menos un primado complaciente, y sabría equilibrar la lealtad al régimen constituido con la libertad para la denuncia cuando el caso lo requiriese. Fue el caso de la enseñanza, que iba también estructurándose a lo largo de estos años, y en cuyo campo Pía y Deniel exigió siempre lo que en el momento se entendía que eran los derechos de la Iglesia. Debido a su acción / a la de otros prelados muy sensibles, en general, a la importancia de la presencia de la Iglesia en el terreno escolar, se consiguió que en una ley como la de ordenación universitaria, promulgada en febrero del 43, se incluyese una declaración como ésta: «La Universidad, inspirándose en el sentido católico, consustancial a la tradición universitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y la moral católica y a las normas del Derecho canónico vigente». En parecidos términos se expresaba también el proemio de la ley de Educación primaria, de 17 de julio de 1945. Pero todas estas facilidades otorgadas a la Iglesia, entre las que cabe reseñar también la creación (en octubre del 44) de las asesorías eclesiásticas de sindicatos, que ponían en manos del clero una vasta posibilidad de actuación dentro del mundo laboral, no eran obstáculo para que, cuando se juzgaba preciso, se le pusiese el freno a la jerarquía eclesiástica como tal o a determinados obispos en concreto. Ese sería el caso de la carta que sobre el nazismo escribiera en 1942 el obispo de Calahorra y La Calzada D. Fidel García, y cuya difusión fue prohibida en el territorio nacional. Las buenas relaciones que España mantenía en aquel momento con la Alemania de Hítler y lo que en el trasfondo de la doctrina expuesta por el obispo pudiese haber de aplicable al caso español, hacía desaconsejable su circulación. En la misma línea cabe situar la negativa del régimen de Franco a que regresase de su exilio el cardenal Vidal y Barraquer, a quien se le consideraba contrario a la unidad nacional. Todas las gestiones y presiones que se hicieron para su retorno a la sede de Tarragona resultaron inútiles; incluso la petición que en este sentido hicieron al Gobierno en los últimos meses de 1941 todos los obispos de Cataluña con la aprobación del nuncio. Vidal y Barraquer moriría en su exilio el 13 de septiembre de 1943, y, aunque en su testamento dejó escrito que sus restos fuesen enterrados en la catedral de Tarragona, su traslado no fue posible en los largos años del franquismo.

4.

CAUSA COMÚN ANTE EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL

Al terminar, en la primavera de 1945, la segunda guerra mundial, el régimen de Franco entra en uno de los momentos más delicados de su historia. España había mantenido la neutralidad, pero sus simpatías con el Eje eran notorias. Derrotado éste, los aliados, vencedores ya, no iban a ser demasiado complacientes con la España de Franco, a la que, por otra parte, miraban con recelo debido a la configuración tan escasamente democrática que había ido adquiriendo su régimen mientras transcurría la contienda mundial. En consecuencia, pasados los primeros años de la euforia patriótica y de las privaciones de la posguerra, España tendría que enfrentarse con una implacable confrontación internacional. El mundo democrático le volvía la espalda. No quedaba otro remedio que agrupar las fuerzas del interior y realizar en el edificio estructural del régimen las obras o los retoques oportunos que le hiciesen más tolerable a la opinión pública internacional. Se precisaban ayudas y legitimaciones. También —y en grado muy eminente— las de la Iglesia. En esta clave de actuación «cara al exterior» hay que situar la promulgación,

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en julio de 1945 (mientras en Postdam los «tres grandes» decidían la suerte de Europa), del Fuero de los españoles. Suspendida de hecho la última Constitución republicana, no había sido sustituida por el nuevo régimen con otro texto constitucional. Los 26 puntos de la Falange y las 16 declaraciones del Fuero del trabajo habían llenado de alguna manera el vacío, pero a la altura de 1945 resultaban insuficientes para justificar un estado de derecho y de cara al exterior presentaban hartos resabios totalitarios. El Fuero de los españoles estaba llamado a llenar ese vacío. De e n t r e sus artículos cabe destacar el sexto, q u e , en virtud de lo pactado en el acuerdo del 4 1 , fue redactado con el conocimiento previo de la Iglesia. Decía así: «La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará d e la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni por el ejercicio privado de su culto. No se p e r m i t i r á n o t r a s c e r e m o n i a s ni manifestaciones e x t e r n a s que las de la religión católica». El cardenal Pía y Deniel, en una carta que escribió con motivo del fin de la guerra y de la publicación de este texto legal, c o m e n t a b a : «Desde m u c h o s siglos no se había r e c o n o c i d o tanto teórica y prácticamente la independencia de la Iglesia como p o r el actual Gobierno». Pero, j u n t o a la liberalidad usada con la Iglesia, el cardenal debía de abrigar sus dudas sobre otros puntos cuando en la misma carta escribía: «Esperamos que pronto sea una realidad viva, reconocida en España y en el extranjero, la vigencia práctica e íntegra del Fuero de los españoles con la rápida promulgación de las leyes necesarias para el ejercicio de los derechos en él reconocidos». Idénticas dudas sobre la democraticidad del Estado español eran comunes entre las potencias vencedoras de la" guerra y en los organismos internacionales. En unos y en otros sectores fueron registrándose sucesivos rechazos y descalificaciones del régimen de Franco, que culminarían en diciembre del 46 con la condena explícita de la ONU y su recomendación a los países miembros para que declarasen a España el boicot político y diplomático. Franco se quedaba solo. A su lado seguirían únicamente Portugal, Argentina y el Vaticano. La Santa Sede, en concreto, no interrumpiría en los años del aislamiento internacional sus buenas relaciones con España, sino que seguiría desarrollándolas, con la legitimación que de ahí se seguía para el régimen de Franco frente a la repulsa generalizada de que era objeto. El 18 de noviembre del 45, cuando España sorbía las primeras hieles del rechazo internacional el papa Pío XII había enviado un cariñoso mensaje a los españoles con motivo de celebrarse el centenario del Apostolado de la Oración. En él hacía un canto a «la fuerza que hoy —y con gran placer lo reconocemos— se muestra, en la potente vitalidad católica de vuestra Patria». Nuevos y no pocos acuerdos se firmarían en estos años entre España y el Vaticano. Muchos de ellos serían incorporados después al concordato de 1953. En este sentido cabe destacar el convenio de 16 de julio del 4 6 p a r a la p r o v i s i ó n d e beneficios c o n s i s t o r i a l e s . O t r o c o n v e n i o —8 de diciembre del 46— sobre seminarios y universidades eclesiásticas. Yk decreto-ley del 15 de julio del 47 reconocía el Tribunal de la Rota, de la Nunciatura Apostólica en Madrid, que había sido restablecido previamente por Pío XII mediante motu proprio de 1.° de abril del mismo año. El convenio, por fin, de 5 de agosto de 1950, sobre la jurisdicción castrense y la asistencia religiosa a las fuerzas armadas. Todos estos acuerdos bilaterales iban acompañados por frecuentes medidas legales de favor hacia el clero y las instituciones de la Iglesia, -En unas se les

otorgaban exenciones tributarias a personas y bienes. En otras se garantizaba la presencia de la Iglesia en organismos estatales o sociales (censura, prisiones, sindicatos, etc.). Por otra parte, la ayuda económica que el Estado otorgaba para la reconstrucción de templos, seminarios y otros edificios religiosos era notable. Años más tarde, cuando empezaban a asomar los primeros brotes de la contestación clerical al régimen, Franco haría un balance dolorido de estas ayudas estatales. Con motivo de la inauguración del nuevo seminario de Burgos (octubre de 1961), se expresó en los siguientes términos: «En la administración de la victoria por nuestro régimen no ha quedado la Iglesia desamparada. Yo puedo citaros unas cifras elocuentes que dicen más de lo que yo pudiera expresar... Con la ayuda del Estado han sido construidos de nueva planta, reconstruidos o notablemente ampliados, hasta 66 seminarios. Las diócesis son 64. Las cantidades invertidas por el Estado en edificios eclesiásticos desde primeros de abril de 1939 a igual fecha de 1959, suman la cifra de 3.106.718.251 pesetas. Este es el granito de arena de nuestro régimen a la causa de Dios».

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5.

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U N A PASTORAL DE CRISTIANIDAD

Las condiciones creadas por el régimen eran, efectivamente, aptas para una total impregnación cristiana de la sociedad española. La Iglesia tenía en sus manos todos los recursos imaginables. Aunque sabía que tenía también unas fronteras bien delimitadas, más allá de las cuales no debía aventurarse, durante los años del aislamiento internacional se produjo un inevitable repliegue hacia los valores netamente nacionales. Eran años de patriotismo a flor de piel. Lo religioso subió en su cotización como parte esencial de los valores patrios. La acción pastoral fue intensa, y se caracterizó también por su patriotismo y por su masividad. Se vivía la euforia de una restauración y de una afirmación de valores. Las misiones populares y los ejercicios espirituales llegaban a todas partes: al ejército, a las fábricas y a los ministerios. La Acción Católica —brazo largo de la jerarquía— congregaba a millares de militantes bajo sus banderas y ejercía un notable peso en la vida nacional a través de sus cuadros de cualificados dirigentes. Su órgano oficial, la revista Ecclesia, muy ligada al cardenal Pía y Deniel como suprema figura jerárquica, gozaba de un rotundo prestigio, y, dentro de un criterio de aceptación del régimen, abundó por estos años en sus notables editoriales en peticiones de mayores garantías para determinados derechos cívicos y sociales. Era una especie de conciencia del régimen. En la base cristiana nacieron grupos y movimientos de signo bien diverso. Por estos años fueron gestándose las organizaciones obreras en el seno de la Acción Católica. La HOAC y la JOC sintonizaron en seguida con la situación deprimida del mundo laboral, y sus actuaciones fueron haciéndose progresivamente más críticas, motivando agrios conflictos con el sistema establecido. «Las Hermandades Obreras de Acción Católica —diría en un discurso el cardenal Pía y Deniel—, desde su fundación, nos han costado grandes desvelos y no pocas amarguras para defenderlas». P o r o t r o s r u m b o s d i s c u r r í a u n a asociación nacida al calor de los años de la guerra, y que logró en el 1947 la definitiva aprobación pontificia: el Opus Dei. Era una agrupación laical que aportaba a las tareas temporales a que se aplicaban sus miembros toda u n a mística del trabajo y de la s e c u l a r i d a d . A lo l a r g o d e los años del f r a n q u i s m o , en cuyas c o o r d e n a d a s se situaba, alcanzaría notable influencia m e d i a n t e la presencia de sus . miembros en la universidad, la prensa, la banca y la

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política, ya que Franco utilizó ampliamente sus servicios en los últimos gobiernos de su régimen. Con talante mucho más popular, pero también con gran brío restauracionista, nacía en Mallorca, al final del decenio de los 40, el movimiento de Cursillos de Cristiandad, de fuerte impacto pastoral en todo el decenio posterior. Su espíritu quedó definido con ocasión de la magna peregrinación organizada en julio del 48 a Santiago de Compostela por la Juventud de Acción Católica. En esta ocasión, debido a la movilización de las masas juveniles y a la euforia patriótico-religiosa reinante, tocaría una de sus cimas lo que después iba a llamarse el Nacionalcatolicismo. En la homilía de la ofrenda, que presentó el propio jefe del Estado, el cardenal Pía y Deniel diría, refiriéndose a los años de la guerra: «Al luchar por España, luchábamos por la causa de Dios, que no podía abandonarnos». Y, dirigiéndose al general Franco, añadió: «A vuestra Excelencia cupo llevar a la España nacional a la victoria, y, como siempre, habéis reconocido que la victoria no se consigue sin el auxilio divino». Era una nueva e importante legitimación religiosa para la guerra. No mucho más tarde, en el mes de diciembre, vendría del Vaticano otra no menos importante para la paz. Con ocasión de la presentación de credenciales del embajador Joaquín Ruiz Giménez, el papa Pío XII haría un gran elogio de la paz española en los siguientes términos: «¡Con cuánta satisfacción le hemos oído aludir a una juventud española y a un pueblo español que quieren tener siempre ante los ojos la verdad católica penetrando la vida pública y social de todos y cada uno, informando las decisiones de su más altos consejos y animando las manifestaciones todas de una nación que se precia de ser y de aparecer fiel hija de la Iglesia y de esta Sede Apostólica!»

6.

LOS OBISPOS ROMPEN SU SILENCIO

Pocos meses antes se había registrado, por fin, la primera intervención escrita y colectiva de los obispos españoles, que venían guardando un largo silencio desde la polémica pastoral de julio del 37. La Conferencia de Metropolitanos propiamente dicha se había constituido en 1946, recibiendo sus estatutos la aprobación de la Santa Sede en junio de 1947. El 28 de mayo de 1948 firmaban y divulgaban su primera comunicación pastoral a los fieles españoles. Iba dedicada a la propaganda protestante en España y puntualizaba la doctrina del momento sobre la libertad religiosa y su aplicación a tenor de los textos legales españoles. Es de notar que por aquellos años se experimentaba en España una fuerte ola de proselitismo protestante, que pretendía lograr el paso de la tolerancia de que disfrutaba a la plena libertad. La campana era apoyada desde el extranjero, donde la falta de libertad religiosa en España se instrumentaba como una pieza más en la ofensiva internacional contra el régimen. En este sentido, la carta en cuestión era un capote que la jerarquía eclesiástica le echaba al régimen ante la opinión extranjera, a la vez que ratificaba la realidad de la unidad religiosa española como un hecho incontestable. Justo es decir, sin embargo, que, aun dentro_ de la tónica de lealtad al> régimen franquista y junto a los frecuentes panegíricos episcopales que se le dedicaban, no dejaron tampoco de escucharse voces discordantes. Así, por ejemplo, con referencia a la intervención del Estado en el nombramiento de los obispos, monseñor Pildain, obispo de Canarias, no se había recatado de escribir que tal privilegio no pasaba de ser «un vetusto y triste anacronismo que desagrada a la Iglesia, desacredita al Estado y desprestigia enormemente, al clero». Por otra parte, el

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disgusto del Gobierno fue grande cuando más de un obispo no acudió a votar el 6 de julio de 1947 en el referéndum organizado para aprobar la ley de Sucesión, en cuyo primer artículo el Estado se definía como «católico, social y representativo». Al pisar el umbral de los años cincuenta empieza a clarearse el negro panorama de aislamiento que había soportado España en el lustro anterior. Algunas brechas culturales y económicas —todavía no políticas— empiezan a resquebraj a r el rígido bloqueo internacional a que se le había sometido. Desde el interior, esta mutuación se presenta como una vuelta espontánea del extranjero a «la razón de España». El régimen capitaliza el proceso y lo anota en la columna de su autoafirmación. Son años, sin embargo, en los que apuntan fenómenos hasta entonces desconocidos en la posguerra. En el panorama político, por ejemplo, se registran las primeras manifestaciones de inquietud y descontento en el sector obrero. Ocurren en el 5 1 , y en ellas se aprecia la presencia activa de militantes cristianos. En lo religioso se sientan las bases de u n cierto realismo pastoral, que empieza a apuntar como instancia crítica del triunfalismo reinante. En enero del 52 empieza a funcionar una Oficina Estadística de la Iglesia, cuyo proyecto había sido aprobado por los metropolitanos un par de años antes. Por lo que se refiere al magisterio colectivo de los obispos en estos primeros años del decenio, se registran tres intervenciones escritas de los metropolitanos. La primera lleva fecha de 25 de julio de 1950, y es una exhortación a los periodistas y escritores católicos poniéndoles en guardia sobre la propaganda y publicidad de obras literarias, teatrales y cinematográficas de carácter heterodoxo o inmoral. El episcopado expone para los profesionales de la pluma y del espectáculo la doctrina del pecado de escándalo y de la cooperación con el mal. El segundo texto de esta época data de 3 de junio de 1951, y es una instrucción colectiva sobre los deberes de justicia y de caridad. Se produce en el contexto de la carestía derivada de la segunda guerra mundial, y, a la vez que pondera la política social implantada por el régimen, le recuerda algunos deberes y denuncia conductas, como la especulación y el lujo. La tercera intervención de los metropolitanos ocurre el 29 de septiembre de 1952, y versa sobre derechos y acción de la Iglesia en materia de educación. Aparece en el momento en que el Gobierno envía a las Cortes el correspondiente proyecto de ley, y, al defender los tradicionales derechos de la Iglesia en este terreno, no se ahorran críticas a lo proyectado. En la polémica en torno a esta ley había destacado el salesiano arzobispo de Valencia Olaechea, que, aun después de su aprobación, manifestó su esperanza en la reforma e incluso en la abrogación de la nueva ley.

7.

«¡ESPAÑA POR EL PAPA!» Y « ¡ E L PAPA POR ESPAÑA!»

En la primavera del 52 tuvo lugar en Barcelona el Congreso Eucarístico Internacional, al que asistió como legado pontificio el antiguo nuncio en España cardenal Federico Tedeschini. Fueron jornadas de intensa religiosidad nacional, a las que el Gobierno no regateó su colaboración. El mundo, a través de estas efemérides, empezaba a descubrir y a valorar el espectáculo de una España en paz a la sombra de sus tradiciones religiosas, fomentadas por un Estado católico. El Congreso Eucarístico acrecentaba, por otra parte, la aproximación a Roma, que venía ya de los años atrás, y que tuvo una nueva confirmación en enero del año 53 con el nombramiento cardenalicio de los arzobispos de Santiago (Qui-

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roga Palacios) y Tarragona (Arriba y Castro) y del hasta entonces nuncio apostólico en España Gaetano Cicognani. La «romanidad» del pueblo español se había puesto de manifiesto de manera rotunda con ocasión de- las últimas grandes conmemoraciones católicas que tuvieron por escenario el Vaticano. La primera de ellas había sido la celebración, a lo largo de todo el 50, del Año Santo. La segunda, dentro del mismo contexto y como su vértice religioso, la definición dogmática —el 1.° de noviembre de 1950— de la Asunción de María, proclamada solemnemente p o r el papa Pío XII, y que tuvo singular resonancia en España,' donde la devoción mariana, y ésta en particular, tenía hondo arraigo tradicional y popular. Con motivo de estos acontecimientos fueron muchos los españoles que peregrinaron a Roma, manifestando allí su adhesión y su fidelidad al papa con un grito que se hizo tradicional —«¡España por el papa!»—, y al que Pío XII respondería emocionado: «¡Y el papa por España!» Esta mutua corriente de simpatía iba a ser determinante a la hora de sancionar definitivamente, mediante el concordato del 53, las buenas relaciones entre el Vaticano y la España de Franco.

8.

U N CONCORDATO MODELO

Efectivamente, el concordato del 53 estaba llamado a ser el hecho culminante en lo religioso, y aun en lo político, de la historia de estos años. No era (ni podía serlo) el fruto de una improvisación, sino la meta de un largo camino. La puerta había quedado ya abierta cuando en el acuerdo del 41 con la Santa Sede el Gobierno español se comprometía formalmente a concluir «cuanto antes» con Roma un nuevo concordato. La debilitación del bloqueo internacional y la corriente de profunda simpatía Roma-España, puesta en evidencia durante el Año Santo, fueron las señales de que los tiempos estaban maduros para la operación. Ya en el 1949 se había creado en España una ponencia interministerial con el objeto de pergeñar lo que podría ser un anteproyecto de texto concordatario. En ella participaban Martín Artajo (Asuntos Exteriores), Ibáñez Martín (Educación), Fernández Cuesta (Justicia) y el embajador ante el Vaticano, RuizGiménez. En marzo del 50 se aprobaba el texto de esta comisión. La asistencia a Roma durante el Año Santo de delegaciones oficiales españolas favoreció los contactos y las conversaciones previas, en las que, por el Vaticano, tomaron parte tanto el papa Pío XII como los dos prosecretarios de Estado Montini y Tardini. El 6 de abril de 1951, Ruiz-Giménez entregaba a Pío XII el anteproyecto español, acompañado de una carta autógrafa de Franco. Poco después —el 18 de julio del mismo año— se producía un relevo en la embajada ante la Santa Sede. Ruiz-Giménez había 'do nombrado ministro de Educación Nacional en el cuarto Gobierno de Franco y su lugar lo ocupaba en Roma Fernando María de Castiella. El y monseñor Tardini llevarían en adelante el peso de lanegociación. Las firmas se estamparían definitivamente al pie del texto —36 artículos, más un protocolo final— el 27 de agosto de 1953 en el Palacio Vaticano. Tardini firmaba por parte de la Santa Sede. Martín Artajo y Castiella1 lo hacían en nombre del Gobierno de Franco. El concordato arrancaba en su primer artículo con la afirmación de que «la religión católica, apostólica, romana, sig^ie siendo la única de la nación española

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y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el Derecho canónico». De esta rotunda declaración de confesionalidad se derivaban el resto de concesiones y privilegios que se le otorgaban a la Iglesia: el reconocimiento de su personalidad jurídica, la libertad de acción pastoral, de enseñanza y de asociación, la presencia de la Iglesia en todos los niveles de la escuela estatal, el reconocimiento civil del matrimonio canónico, la ayuda estatal al culto y clero, el mantenimiento del patrimonio artístico de la Iglesia y un largo capítulo de exenciones fiscales a favor de las personas y de los bienes eclesiásticos. Por otra parte, se reconocía también la vigencia de los llamados «privilegios clericales» relativos a la exención militar y al fuero propio. La contrapartida podía parecer leve, ya que no iba mucho más allá de honores y preces para el jefe del Estado, de la asistencia a las fuerzas armadas y de la restauración del Tribunal de la Rota de Madrid. Pero incluía un punto que bien pesaba en la balanza lo que todos los otorgados por el Estado español: la intervención del Gobierno en el nombramiento de los obispos, según las normas del acuerdo estipulado en 1941. Un privilegio que Franco, consciente de su importancia, conservaría y defendería celosamente. En este acuerdo, incorporado al concordato, no se decía nada sobre intervención en el nombramiento de los obispos auxiliares. Esta omisión, voluntaria o deliberada, iba a tener más adelante su importancia al lograr los auxiliares el derecho al voto en la Conferencia Episcopal —en diciembre de 1971—, y con ello un peso específico propio en la marcha de la Iglesia española. Cuando en los años declinantes del franquismo los conflictos Iglesia-Estado bloqueaban casi crónicamente los nombramientos episcopales, algunos nombres que no hubiesen entrado nunca por la puerta grande, lo hicieron por el portillo que el concordato había dejado abierto. Para el régimen de Franco, de la firma del concordato con Roma se derivaba un beneficio de difícil evaluación política: el respaldo público e internacional que representaba. De hecho, poco más tarde, en septiembre del mismo año 53, se firmaban los primeros acuerdos entre España y los Estados Unidos, con lo que el bloqueo internacional podía darse por terminado. Por otra parte, y aunque no faltaron voces críticas sobre el contenido y la oportunidad histórica de su conclusión, el coro de alabanzas silenció por completo las pocas interpretaciones negativas. Tanto en Roma como en España se vivió una auténtica euforia de comentarios favorables al concordato español,, que era calificado por los expertos civiles y canónicos como el más perfecto técnicamente y aun como el más favorable a la Iglesia de toda la historia concordataria. En la mentalidad y en los comentarios del momento, era el paradigma práctico de hasta dónde podían llegar los principios teóricos sobre las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Ni la una ni el otro podían aspirar a más. Por encima de las loas eclesiásticas y civiles que se le tributaron, iba a escucharse la voz del propio jefe del Estado español, que en su discurso de presentación a las Cortes del texto concordado —el 30 de octubre de 1953— diría lo siguiente: «Al enviar a las Cortes del reino... el texto del concordato concertado entre nuestra nación y la Santa Sede, se adueña de mi espíritu la íntima satisfacción, que espero compartáis, de haber podido prestar a la nación y a nuestra santa madre la Iglesia el servicio más importante de nuestros tiempos». Era, efectivamente, la cumbre de un proceso. Pero los años y los acontecimientos posteriores se encargarían de demostrar que, al tocar la cumbre, se había llegado también al final. El concordato recibido a la hora de su naci-

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miento con tantos aplausos, iba a tener una vida relativamente larga, pero también —y sobre todo después del Vaticano II —una existencia poco brillante. Juzgado ya anacrónico, primero por la Iglesia y luego por el propio Estado español, arrastraría una vida lánguida, sin que durante muchos años, y debido a las dificultades que se presentaban para su derogación o sustitución en el declive del franquismo, ni Roma ni Madrid se decidiesen a reconocer su definitiva muerte histórica.

CAPÍTULO II

ENTRE EL CONCORDATO Y EL CONCILIO VATICANO II (1953-65) Entre la firma del concordato de España con la Santa Sede —agosto de 1953— y el final del concilio Vaticano II —diciembre de 1965— corre un largo decenio. Calificarlo resulta difícil, ya que se presenta, más bien, como un período de transición en la vida española. Cada vez se está más lejos del 36. Incluso la psicología de la posguerra va quedando definitivamente atrás, sin que ello signifique que el régimen abdique de sus postulados. Ocurren, en cambio, hechos de indiscutible novedad. España ha pasado ya la prueba del aislamiento internacional, y empieza a asomarse, aunque muy tímidamente todavía, al concierto de las naciones. Hay un flujo y reflujo de corrientes —la emigración española, que busca trabajo en Europa, y el turismo extranjero, que busca sol y economías en España—, que determinan actitudes sociales y políticas nuevas y que motivan, incluso, una primera y cautelosa apertura. Son los años de la tecnocracia y del desarrollo. Pero son también los años de los primeros brotes serios de conflictividad en terrenos tan característicos como el universitario y el laboral. Se tiene la impresión de que el monolito político ya no es tan compacto. Ya no sirve la explotación nostálgica del pasado. Hay que apuntar más hacia el futuro, so pena de volver de nuevo al túnel del aislamiento internacional. Pero todo se hará con calma y sin bajar la guardia. El Estado franquista seguirá administrando celosamente la victoria. Si algo se mueve en España, será más por el paso inevitable del tiempo y por la presión internacional que no por un propósito de dinamismo nacido del interior. En el seno de la Iglesia, ligada hasta el momento al Estado por una fuerte simbiosis, ocurre algo parecido. Son años todavía de triunfalismo y de masividad pastoral; pero hay ya síntomas de un cierto resquebrajamiento. Moviéndose en los límites que le marca el franquismo, la Iglesia española no se muestra especialmente creadora. La prueba está en que el concilio —en los últimos años de este período— le coge un tanto a contrapié. Pero el mismo concilio será un fuerte revulsivo para la vida eclesial. Repuesta de la sorpresa inicial de su convocación, la Iglesia española acudirá a él con escasos bagajes y le hará una aportación más bien modesta. Pero durante su celebración recibirá estímulos suficientes como para despertar del sopor de los años anteriores y aplicarse a una renovación posconciliar ilusionada y comprometida. Al final de este largo decenio se tiene la impresión de que la Iglesia española, dinamizada por el concilio, camina hacia adelante. El Estado, en cambio, prefiere mantener la fijeza inicial. Se rompe así la sincronía y se inaugura la divergencia. No es todavía el conflicto. Pero tampoco es ya la identificación de los años primeros. Hay un distanciamiento cauteloso, pero creciente. Así es como el concordato, que inaugura este período, revela su verdadera entidad. Había sido una metí de llegada más que un punto de partida. Consagraba y sancionaba un pasado más que abría cauces de relación para el futuro. Serviría aún en los primeros años del decenio, pero el Vaticano II pondría al descubierto sus muchos anacronismos y sus no pocas lagunas.

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Mientras en la cumbre pública y visible de las relaciones Iglesia-Estado se producen estas mutaciones, tanto en el seno de la Iglesia como en el cuerpo de la sociedad española ocurren también fermentaciones y movimientos que darán su fruto en la época posterior. En lo eclesial cobran estatura, entre otros, los movimientos especializados de la Acción Católica, que se mueven en una línea pastoral más realista. En lo político-social, con la distancia inevitable de los años triunfales, asoma la cabeza una cierta y cautelosa oposición. Las nuevas generaciones se sentirán cada vez menos interpretadas por un régimen que hunde sus raíces históricas en una guerra que ellas no conocieron. Por este camino se irá progresivamente hacia una diferenciación creciente entre el «país real», desligado del pasado y asomado hacia el futuro, y el «país oficial», tan poco resuelto ante el futuro como nostálgico del pasado. Curiosamente, este largo decenio de la vida española se abre así con la legitimación que para el franquismo supone la ratificación del concordato y se cierra con un concilio Vaticano II, cuya doctrina —aun sin pretenderlo—pone en cuarentena más de uno de los pilares que sirven de base al régimen español.

1.

A CABALLO ENTRE DOS ÉPOCAS

Dicho queda que el largo decenio entre el concordato y el concilio viene a ser como un pasillo de transición para la Iglesia española. Apuntan ya algunas actitudes nuevas, pero predomina —aunque sólo sea por inercia— el talante de los lustros anteriores. En las relaciones Iglesia-Estado no habrá cimas más altas de cordialidad que las alcanzadas antes del 53, pero tampoco se llegará aún a los conflictos futuros. En todo caso, la Iglesia se muestra más prudente y más neutral de lo que venía siendo con respecto al franquismo. Pero, como en todo proceso de transición, se registran contemporáneamente gestos y hechos ambivalentes. Unos anuncian ya el futuro; otros alargan todavía el pasado. Al terminar el año 53, Franco había sido distinguido por la Santa Sede con una preciadísima condecoración: la Orden Suprema de Cristo. Era el reconocimiento simbólico de Roma a su tarea de gobernante católico y, en concreto, a la firma del concordato. También la jerarquía española le dispensaría, aparte de frecuentes alabanzas, algunos honores simbólicos. En el mes de mayo del 54 era nombrado doctor honoris causa por la Pontificia Universidad de Salamanca, pronunciando en esta ocasión un discurso en el que pondría de relieve la cordial aportación de su régimen a la Iglesia. En algunas otras ocasiones, rodeado de buen número de prelados, volvería sobre este argumento. Así, en la inauguración del nuevo seminario de San Sebastián (agosto del 54), en el Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Granada (mayo del 57), y, sobre todo, en la inauguración solemnísima de la basílica del Valle de los Caídos, que tuvo lugar el 1.° de abril de 1959 al cumplirse los veinte de la victoria. Desde la Nunciatura de Madrid seguía y apoyaba estas manifestaciones un nuevo nuncio: Hildebrando Antoniutti, el mismo que fuera en los años de la guerra encargado de Negocios del Vaticano ante la España nacional. El nuncio Cicognani, concluida su misión de posibilitar la firma del concordato, había sido llamado a Roma y creado cardenal, a la vez que los arzobispos españoles Arriba y Castro (Tarragona) y Quiroga Palacios (Santiago de Compostela). Antoniutti llegaba de nuevo a España en octubre del 53 y permanecería en su misión hasta marzo del 62, siendo siempre hombre grato al régimen. Sin que llegasen por el momento a empañar la tónica de buena amistad, no dejarían tampoco de producirse por estos años algunas fricciones. La Iglesia

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parecía intuir una línea de mayor realismo pastoral y empezaba a contar con la ayuda de los medios sociológicos. En 1954 aparece la primera Guía de la Iglesia en España, que iría ya desde entonces, y por medio de suplementos anuales, invitando constantemente a la reflexión eclesial. Tampoco dejaba la Iglesia de tener conciencia de las muchas lagunas que el sistema legal vigente en España ofrecía en materia de reconocimiento de los derechos individuales y sociales.

2.

L A IGLESIA TOMA DISTANCIAS

La revista Ecclesia, dirigida desde el 42 hasta el 54 por Jesús Iribarren y siempre respaldada por el primado de Toledo Pía y Daniel, no se había recatado desde antiguo de señalar estas deficiencias, sobre todo en el terreno de los derechos democráticos de participación política y en los referentes a la libertad de información y de expresión. Lo había hecho ya en el lejano 1943, cuando la censura estatal impuso silencio a las palabras con que Pío XII lamentaba la persecución religiosa en la Alemania de los nazis. Volvió a hacerlo cuando ya en 1954 la misma censura borraba algunos párrafos del mensaje navideño del papa. Esta y otras intervenciones de una revista tan ligada a la jerarquía eclesiástica motivaron algunas tensiones y ciertas polémicas públicas, en las que iban a intervenir, de una parte, además de Ecclesia, Pía y Deniel y Herrera Oria, y de la otra, el semanario gubernamental El Español y el entonces ministro de Información y Turismo Arias Salgado. Según la jerarquía eclesiástica, hacía falta una ley de Prensa. Según el ministro, el régimen legal existente en España en este terreno se ajustaba fielmente al pensamiento pontificio. No sería el único punto en que se producía esta curiosa situación. En el campo de la legislación sindical, mientras que la Iglesia española pedía por los mismos años mayor adecuación de las leyes a las exigencias de su doctrina social, ministros como Solís Ruiz asegurarían que era fiel trasunto de la doctrina pontificia en la materia. En algunos casos se llegaría hasta afirmar que la normativa española se había adelantado a la doctrina que iban desgranando las encíclicas papales. En junio de 1957, otro editorial de Ecclesia titulado «¿La Iglesia en el poder?» salía al paso de algunas especulaciones que circulaban profusamente con motivo de la consolidación de la influencia política creciente del Opus Dei. En la remodelación del Gabinete que tuvo lugar en febrero del mismo año, Franco había puesto varias carteras en manos de miembros muy cualificados de esta institución. En los próximos años se consolidaría aún más la participación del Opus en el Gobierno, sobre todo en las carteras económicas y técnicas, campos en los cuales los miembros de este instituto secular aportaban personas y programas —los planes de desarrollo— de mayor incidencia y creatividad que los que podría aportar la Falange. Pero la presencia creciente de miembros del Opus en todos los niveles de la vida pública española, el trato de favor que se le dispensaba a su Universidad de Navarra y un cierto halo de misterio que rodeaba las manifestaciones de esta institución, no dejaban de suscitar reservas y animadversiones. La jerarquía eclesiástica tomaba también sus distancias y negaba el pretendido supuesto de un asalto de la Iglesia al poder.

3.

ORIENTACIONES EPISCOPALES

Por su parte, los obispos españoles procedían, a principios del 56, a una reorganización de sus estructuras, remodelando las comisiones episcopales y

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Ape'nd.I. La Iglesia española desde 1939 hasta 1976 ^

creando el Secretariado del Episcopado Español como instrumento de coordinación de todas las actividades promovidas por la jerarquía. El cargo de secretario recaía en el joven obispo de Solsona Vicente Enrique y Tarancón, cuyo influjo posterior en la vida de la Iglesia en España iba a ser determinante. Las orientaciones colectivas de los obispos españoles durante estos años versarían sobre temas y campos diversos. En marzo de 1955 dirigían una carta a los fieles sobre las áreas y los límites del magisterio de la Iglesia. Frente a la pretensión de quienes" preferían reducirles a un magisterio exclusivamente espiritual, reivindicaban su derecho a pronunciarse desde su propia óptica magisterial sobre las realidades sociales, políticas y culturales. Más adelante —en abril de 1956—, los metropolitanos divulgaban una declaración sobre la misión de los intelectuales católicos. Era un texto en el que se presentaba a Menéndez Pelayo (cuyo centenario se conmemoraba) como «un gran maestro y modelo de los intelectuales españoles». Por el contrario, el obispo Pildain, de Canarias, había calificado a Unamuno, en un escrito pastoral de 1953, de «hereje máximo y maestro de herejías». En agosto de 1956 volvían los metropolitanos a escribir sobre la situación social de España en la línea de su pastoral colectiva de junio del 51. La justa distribución de los bienes y de las rentas, la justicia corrió criterio social anterior a la caridad y la desaprobación de los lujos y las ostentaciones hirientes eran los principales temas de este texto. Al año siguiente, en mayo de 1957, publicaban una larga Instrucción sobre la moralidad pública, en la que denunciaban con criterio rigorista el relajamiento que se había producido en las costumbres de la sociedad española como consecuencia del bienestar material sucesivo de los años de austeridad. En esta instrucción, muy minuciosa, en la enumeración de temas y conductas relativos al sexto mandamiento, se daban normas concretas de rigor moral a las que debían ajustarse los miembros de las asociaciones apostólicas. Entre éstas adquirían una significación cada vez mayor las organizaciones obreras de la Acción Católica —HOAC y JOC—, que tuvieron siempre un infatigable valedor en el cardenal Pía y Deniel. Su existencia no era bien vista en las esferas gubernamentales, donde se les consideraba como una réplica peligrosa al sindicalismo oficial. En el pueblo cristiano alcanzaban altos grados de popularidad por aquellos años las predicaciones tanto del P. Ricardo Lombardi, animador de un movimiento llamado Por un Mundo Mejor, que contaba con el alto respaldo de Pío XII, como del P. Peyton, que exhortaba en las concentraciones' populares al rezo del rosario en familia. Los Cursillos de Cristiandad estaban también en sus años de máxima expansión.

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de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la santa Iglesia católica, apostólica y romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspira su legislación». Antes de acabar el 58 —en octubre— moría en Roma Pío XII, y con él se cerraba una época en la historia y en el talante del pontificado. Había sido particularmente sensible a la situación española y en España gozaba de una altísima y entusiasmada adhesión, como se puso de manifiesto en los actos masivos que tuvieron lugar en mayo de 1956 al cumplir el papa sus ochenta años. Las más altas magistraturas de la nación, el ejército y las instituciones públicas y privadas tomaron parte junto al pueblo en este masivo homenaje nacional. Pocos días después de la muerte de Pío XII resultaba elegido para sucederle el patriarca de Venecia, Ángel José Roncalli. No era un hombre excesivamente conocido, pero en la brevedad de su pontificado iba a dejar una huella imborrable de su paso por la historia de la Iglesia. En el verano de 1954 había realizado un viaje privado por España, visitando muchas ciudades y lugares de devoción. Su visita se consideró poco grata en los ambientes oficiales.

4.

E N T R E P Í O XII Y J U A N XXIIP

En el curso del año 1958 se producía en el panorama político español una n o v e d a d : la aprobación aclamatoria —en el mes d e mayo— de la Ley d e Principios del Movimiento Nacional. En la estrategia de Franco parecía, más que nada, una compensación al sector falangista, que había visto disminuida su influencia en las áreas del p o d e r por la presenciadel O p u s Dei y de o t r a s formaciones políticas de raíz m o n á r q u i c a o católica. En dicha ley, los principios del Movimiento quedaban descritos como «por propia naturaleza, permanentes e inmutables». En cambio,-la Iglesia, a través d e Ecclesia, los acogía como u n pasó y n o como u n a m e t a en el p r o c e s o d e la evolución política e s p a ñ o l a . El s e g u n d o d e estos principios decía así: «La nación española considera como t i m b r e

5.

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E L PAPA RONCALLI LLAMA A CONCILIO

No habían pasado muchos meses de su elección, cuando Juan XXIII hacía en Roma un anuncio que conmovió al mundo: la convocación de un concilio ecuménico. Era el 25 de enero de 1959. Las primeras reacciones en el mundo y en la Iglesia fueron de desconcierto. Pronto la esperanza fue ocupando el lugar de la sorpresa inicial. De todas formas, en aquellos momentos no cabía adivinar las consecuencias que iban a derivarse de la valerosa decisión del papa Roncalli. En España, el anuncio de un próximo concilio produjo la misma perplejidad que en el resto del orbe cristiano. En todo caso, un grado más de desconcierto, ya que el país vivía circunstancias peculiares y el relativo aislamiento político todavía existente había determinado también, en los años anteriores, una cierta soledad de la Iglesia española. Con todo, el sentido de fidelidad a Roma y de adhesión al papa, tan tradicional en los españoles y tan cultivado en los últimos lustros, harían que pronto la Iglesia española se dispusiese a secundar la iniciativa de Juan XXIII. Lo que le faltaba de preparación remota para el acontecimiento eclesial, lo supliría con entusiasmo y disponibilidad. Mientras se iban concretando los objetivos y las características del futuro concilio, los metropolitanos españoles promulgaban un nuevo estatuto para la Acción Católica en noviembre de 1959. La parte doctrinal que le precedía suponía una nueva concepción del apostolado seglar; más abierta a las realidades temporales, más acorde con los tiempos que se adivinaban ya en el horizonte. Este nuevo rumbo motivaría la potenciación de los movimientos especializados, que aportaban un nuevo talante de presencia en el seno de los diversos sectores de la sociedad: el universitario, el laboral y el de la juventud especialmente. Hasta la corrección jerárquica de trayectoria ocurrida en el año 1967, de este impulso iba a vivir la Acción Católica española. Volvían los metropolitanos a comparecer en la escena pública en enero de 1960 con una Declaración sobre actitud cristiana ante los problemas morales de la estabilización y el desarrollo económico. Era una catequesis motivada por el lanzamiento —en julio del 59— de un plan de estabilización económica elaborado por el Gobierno. Los obispos se mostraban en este texto más realistas y más críticos. Sus alusiones a los problemas reales (paro, desigualdades económicas, falta de información, y de participación en la gestión pública) eran más concre-

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tas. Como había sido más concreta la correspondencia cruzada en el otoño del mismo año entre Pía y Deniel y el ministro del Movimiento Solís Ruiz, a propósito de la HOAC y de los sindicatos oficiales, cuya estructura y concepción no se adecuaban a los modelos propuestos por la doctrina social de la Iglesia. Por el norte del país se intensificaba ya la oposición al régimen —ETA había nacido en 1958—, y la contestación encontraría también eco en las filas del clero vasco. En mayo del 60, un numeroso grupo de curas entraba en conflicto con el obispo de Bilbao (Gúrpide), al que acusaban de compromiso con el franquismo.

6.

ESPAÑA SE PREPARA PARA EL VATICANO II

Al iniciarse el año 1961, los obispos españoles, a título particular y cada uno en sus respectivas diócesis, habían ilustrado a sus fieles sobre el concilio y, sobre todo, les habían encarecido la necesidad de apoyarle espiritualmente. Algunas de estas pastorales, como la del arzobispo Morcillo (Zaragoza) y la del obispo Pont y Gol (Segorbe), tuvieron una cierta notoriedad. Faltaba, no obstante, una manifestación colectiva, que se produciría en febrero del mismo año. Es un texto que revelaba la buena voluntad eclesial del episcopado español y, a la vez, su inicial desorientación. A través de consideraciones históricas y teológicas, exponen los metropolitanos lo que es un concilio y lo que su celebración ha representado en la historia de la Iglesia. Se suman de buen grado a los objetivos propuestos por el papa, pero no aportan consideraciones específicas desde el momento histórico ni desde la realidad española. Quedaba claro que irían a Roma con la mejor disposición del mundo, pero sin llevar nada de particular en sus carpetas. M i e n t r a s los p r e p a r a t i v o s d e l c o n c i l i o s e g u í a n su r u m b o , J u a n XXIII, para conmemorar el 70 aniversario de la encíclica Rerum novarum, de León XIII, publicaba en mayo del 61 su primera gran carta pastoral al mundo: la Mater et Magistra. Destinada a iluminar «el reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana», dejaba bien patentes la grandeza de su espíritu y la novedad de los caminos por donde se proponía llevar a la Iglesia. Era una encíclica realista y progresiva. En España sorprendió su talante en algunos sectores eclesiales, y más aún en ciertos ámbitos del poder. La oposición propiciaba, cada vez con más claridad, manifestaciones y conflictos laborales. En toda la zona Norte fueron tan frecuentes en la primavera del 62, que se llegaría a la suspensión de algunos artículos del Fuero de los españoles. En el mes de junio del mismo año, con motivo de un congreso del Movimiento Europeo, se reunieron en Munich políticos y exponente's de la oposición española, provocando la irritación del régimen, que adoptó contra los asistentes severas medidas de represión. En estas circunstancias, los metropolitanos españoles, por última vez en la historia del magisterio episcopal español (ya .que en adelante serían todos los obispos, y no sólo los presidentes de las dis.intas regiones eclesiásticas, los que firmasen estos documentos), publicarpn una «exhortación a los fieles» sobre la elevación de la conciencia social según el espíritu de la Mater et Magistra. En realidad era, y así se manifestaba, un intento de aplicación de su doctrina a la realidad de nuestro país. Antes todavía de que los obispos españoles acudiesen a 'Roma, se producirían dos hechos de relieve. En el mes de abril del 62 hubo relevo en la Nunciatura de Madrid. Concluida la gestión de Antóniutti, era sustituido por Mons. Anto-

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nio Riberi, hombre de talante aperturista, que disfrutaría de simpatías muy inferiores a las que su predecesor había cosechado del régimen. El o t ^ hecho tuvo lugar ya en las fechas inmediatas de la apertura del concilio. El cardenal Montini, arzobispo de Milán, intercedió públicamente por la vida de dos anarquistas —Conill y Mur— que iban a ser juzgados en España. Su intercesión (no del todo bien informada) provocó la irritación del Gobierno y, mediante el relieve que en la prensa se dio al incidente, también del pueblo español, que la consideró como una intromisión inadmisible en los asuntos internos del país. De este poco afortunado suceso surgió una imagen, oficialmente tolerada, de un Montini izquierdista y poco amigo de España, que se mantendría aun después de su subida al pontificado, dando lugar a no pocos equívocos y tensiones. Cuando la hora del concilio Vaticano II estaba para sonar, había en España 86 obispos y se contaba con dos cardenales en la curia romana: el claretiano Larraona y el benedictino Albareda. Algunos se verían dispensados de acudir por razones de edad. La personalidad española más relevante a lo largo del concilio iba a ser el entonces arzobispo de Zaragoza y luego de Madrid (a partir de mayo de 1964), Mons. Morcillo, que fue uno de los cinco subsecretarios de la asamblea conciliar. Algunos otros obispos españoles fueron seleccionados para las distintas comisiones. Ellos, a su vez, echaron mano de un buen manojo de expertos en los diferentes temas. Con todo, la presencia y la influencia doctrinal española iba a distar mucho de aquella otra —tan brillante— que tuvieron en Trento los obispos y los teólogos españoles. El 11 de octubre de 1961 se abría la primera sesión del concilio Vaticano II. Los ojos de España, como los de toda la cristiandad, estaban fijos en Roma. Esta primera etapa conciliar iba a articularse en 36 congregaciones generales. La sexta de ellas —el 24 de octubre— estuvo presidida por el cardenal Pía y Deniel, que pertenecía al Consejo de presidencia del concilio. Durante este primer tracto conciliar no dejaron de escucharse las voces de los obispos españoles, pero ninguna de sus intervenciones fue memorable. Otros episcopados, especialmente los centroeuropeos, llevaban más cosas que decir. Tampoco podría decirse que los obispos españoles se situasen en un solo bloque en los diversos frentes que fueron surgiendo. Ciertamente, sus votos iban más hacia las propuestas conservadoras que hacia las aperturistas. Si toda la primera sesión del Vaticano II tuvo el aire de una sesión de rodaje, mucho más lo sería para los prelados españoles. Al terminar —el 8 de diciembre—, puede decirse que habían descubierto el concilio y que volvían dispuestos a centrar en él toda su atención personal y colectiva. Para mejor lograrlo, en la primera intersesión crearon una Comisión de temas del concilio, que actuó como coordinadora del trabajo común. El cardenal Bueno Monreal (Sevilla) fue su presidente. 7.

M O N T I N I SUCEDE A RONCALLI

Durante esta misma intersesión no dejaron de ocurrir acontecimientos decisivos. El primero fue la publicación —el 11 de abril del 6 3 — de la última encíclica de J u a n XXIII, titulada Pacem in terris, y dirigida por él no ya sólo a los obispos y a los católicos, sino «a todos los hombres de buena voluntad». La carta papal gozó de una acogida excepcionalmente favorable y confirmó la corriente de honda simpatía que se había establecido en todo el mundo entre las gentes de todas las clases y religiones y él papa J u a n XXIII. Rodeado del cariño universal, moría Ángel José Roncalli el 3 de junio de 1963 tras una larga y ejemplar agonía, que le acercó más y más al corazón de los pueblos. Con su muerte podría haber muerto también el concilio.

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A los pocos días, el conclave ya había designado sucesor: Juan Bautista Montini, arzobispo de Milán. En la homilía que celebrara en su catedral a la muerte de J u a n XXIII había dicho: «Su herencia no puede quedar encerrada en una tumba». En su primera actuación pública tras la elección, confirmaba ante el mundo que el concilio seguiría su marcha. En España, el nombramiento de Montini fue acogido, sobre todo en los amplios sectores del régimen, con frío respeto y sin una brizna de aquel entusiasmo patriótico-religioso de los tiempos de Pío XII. Pronto las posturas empezarían a endurecerse. En el mes de noviembre, el abad de Montserrat dom Escarré, en declaraciones hechas al diario Le Monde, había criticado duramente al régimen poniendo en duda su talante cristiano. Su protesta se unía a otras que habían sonado anteriormente en los medios intelectuales con motivo de la ejecución de Julián Grimau y de algunos militantes anarquistas. Los obispos estaban de nuevo en Roma para el 29 de septiembre del 63. La segunda sesión se inauguraba con la novedad de Montini —ya Pablo VI— a la cabeza de la Iglesia. El gran tema de esta segunda etapa sería la discusión del esquema De Ecclesia. Los obispos españoles hicieron, a diferencia de otros episcopados, más aportaciones personales que colectivas. No era la cohesión su principal virtud. Los debates sobre la colegialidad encontraron en sus filas muchas reticencias, bastantes negativas y sólo un par de adhesiones. Muchos no acertaban a ver cómo semejante principio podría conciliarse con el de la autoridad suprema y primacial del papa. En España, el concilio se vivía con interés. En los sectores políticos se recelaba del rumbo reformista que parecía ir tomando. En amplios grupos eclesiales empezaba a encenderse una gran esperanza. El concilio podía responder a las intuiciones de los más sensibilizados. En uno y otro caso, lo que iba ocurriendo en Roma no dejaba de mover las aguas de España. En marzo del 64 (durante la segunda intersesión conciliar), un grupo muy nutrido de curas catalanes presentaba a sus obispos una carta sobre las relaciones de la Iglesia con el Estado. Se celebraban oficialmente los veinticinco años de paz, y con este motivo no faltaron ocasiones —como la inauguración de la catedral de Vitoria— en que se repitieron las viejas tesis religiosas del franquismo, que el concilio hacía ahora más viejas.

oficial del Estado. Prácticamente, todos los obispos españoles que hablaron en el aula conciliar sobre este tema, con algunos matices, se mostraron contrarios al principio de la libertad. Incluso tomaron parte activa en los varios intentos que se realizaban en los círculos conciliares para neutralizar el asunto. Muchos de sus nombres aparecen en este punto ligados a lo que se llamó «la minoría conciliar» de signo conservador. Ello no obstante, la acción pastoral de los obispos españoles en favor del concilio era intensa. Menudean en esta época, tanto en los niveles diocesanos como en el nacional, las conferencias y las pastorales destinadas a poner al alcance de los fieles el contenido de las doctrinas que el concilio iba perfilando. El pueblo fiel español sigue con intensidad estas catequesis conciliares y muestra (como en el caso de las primeras reformas litúrgicas, que fueron aplicándose sobre la misma marcha del concilio) su óptima disposición en orden a la renovación posconciliar futura. La docilidad general inicial se fragmentaría más tarde al intentar los diversos grupos apoyar sus tesis —a veces divergentes— en interpretaciones privativas de la doctrina conciliar. En el otoño de 1965, la aventura conciliar tocaba ya a su fin. El 14 de septiembre, Pablo VI abría la cuarta y última de las sesiones del Vaticano II. Antes de que concluyese, el papa, en los primeros días de octubre, viajó a Nueva York, y en la sede de las Naciones Unidas pronunció un discurso memorable, en el que diseñó la nueva presencia que, según el concilio, quería ocupar la Iglesia en el mundo contemporáneo. Antes aún, en las intersesiones conciliares, había realizado sendos viajes a Tierra Santa (enero del 64) y a la India (diciembre del 64), propiciando así la reconciliación de la Iglesia con el mundo de la ortodoxia y su encuentro con el Tercer Mundo.

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8.

E L CONCILIO ESPAÑOL, ENTRE EL FERVOR Y LA MEDIOCRIDAD

La tercera etapa conciliar —quizá la más densa de todas— tuvo lugar entre el 14 de septiembre y el 21 de noviembre de 1964. Algunos de los textos principales iban tomando cuerpo y encaminándose hacia su • aprobación final. La intervención de los españoles se mantiene en la misma tónica de digna mediocridad, sin relumbres especiales. Dos aportaciones polarizaron un mayor interés. La del obispo de Canarias Pildain, que defendió claramente la libertad de la Iglesia en el nombramiento de los obispos, y la de Mons. Guerra Campos, consiliario general de la Acción Católica y recién nombrado obispo auxiliar de Madrid, que disertó sobre las perspectivas de un diálogo entre el marxismo y el cristianismo. Por lo demás, los prelados españoles presentaron mociones, respaldadas con buen número de firmas, sobre la maternidad eclesial de María y sobre la cooperación misionera. El tema más polémico de esta sesión y el que más iba a afectar al episcopado • español era el de la libertad religiosa, que en España ttínía connotaciones'especiales, dada no sólo la tradición religiosa', sino también por' la confesionalidad

9.

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L A DOCTRINA DEL VATICANO II Y LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA

La cuarta etapa discurrió por los cauces ya marcados en las anteriores, y terminó el 8 de diciembre con la aprobación de las constituciones y documentos que habían sido elaborados y discutidos. Los obispos españoles miraban ya al posconcilio. Su capacidad receptora durante los años de la asamblea y su sentido de Iglesia les urgían a una tarea pastoral que se vislumbraba transcendental y no exenta de dificultades. Había que poner la Iglesia de España a la hora y a la altura de la Iglesia universal. Quizá ésa fuese la lección que más y mejor aprendieron en Roma los prelados españoles. Casi al tiempo que estampaban sus firmas en las actas y documentos del Vaticano II, firmaban, también en Roma y en la misma fecha de la clausura del concilio —8 de diciembre—, una amplia comunicación sobre la acción pastoral en la etapa posconciliar dirigida «a los sacerdotes, religiosos y fieles seglares de España». Era el comienzo oficial del posconcilio. «Ha llegado el momento de la acción —decían—, el de asimilar la doctrina y el de llevar las decisiones a la práctica». Calificaban el concilio de «gracia extraordinaria», «don de Dios a su Iglesia», y prevenían contra dos posibles errores en su interpretación: el inmovilismo y él afán de novedades, recabando para su autoridad magisterial y disciplinar la primacía en la interpretación correcta de las doctrinas conciliares. Exponían a continuación lo que a su entender constituía los tres centros de atención sobre los que había girado el Vaticano II: «la meditación de la Iglesia sobre sí misma, su relación con los cristianos separados y con los hombres de otras creencias y el diálogo con el mundo de nuestros días». Dentro de esta catequesis conciliar, los obispos españoles ponían especial én-

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fasis en explicar el contenido y el alcance del principio de libertad religiosa sancionado por el concilio. «Sabemos —escriben— el interés con que se ha seguido su debate en España y la preocupación que sienten algunos por su adecuada aplicación en nuestro país». En un gesto de meritoria lealtad eclesial, los obispos exponen cómo algunos de ellos disintieron de esta doctrina durante los debates. «Pero terminó la discusión —añaden—, y lo que importa ahora es atenerse lealmente a la doctrina proclamada». Convencidos de que «el derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad de la persona humana» y de que «su reconocimiento es parte del bien común de toda la sociedad civil», afirman que esta libertad «no se opone ni a la confesionalidad del Estado ni a la unidad religiosa de una nación». La regulación del ejercicio de la libertad religiosa dentro del respeto a la unidad tradicional de un país «han de hacerla los gobernantes católicos de acuerdo con los principios establecidos por el Concilio y en consonancia con la autoridad de la Iglesia, especialmente cuando exista un concordato con la Santa Sede». El Estado español, comprometido oficialmente a inspirar su legislación en la doctrina de la Iglesia, haría en el año 1967 las modificaciones oportunas para incorporar a su cuerpo legal el derecho a la libertad religiosa. Dos afirmaciones de los obispos en este documento revestían especial importancia en el momento de escribirlas. La primera era la siguiente: «España está empeñada en un ambicioso plan de desarrollo económico y social, del que es parte un plan de extensión cultural. La plena institucionalización de la vida política es, por otra parte, una preocupación general de la nación». Pero si los obispos denunciaban las deficiencias del.marco político, reconocerían también las lagunas de la vida eclesial. «Hemos de confesar —escriben— que nos hemos adormecido, a veces, en la confianza de nuestra unidad católica, amparada por leyes y por tradiciones seculares. Los tiempos cambian. Es necesario vigorizar nuestra vida religiosa dentro del espíritu renovador del Concilio.» La Iglesia española se disponía a la renovación. En el concilio había recibido estímulos más que suficientes para intentarla. Como instrumento muy calificado para guiar la renovación posconciliar, ya en este mismo texto firmado en Roma al término del Vaticano II, los obispos se comprometían a realizar una reforma estructural «como primer fruto del concilio»: «la Conferencia del episcopado español, que pronto quedará constituida». Efectivamente, pocos meses después (en febrero del 66) existía ya jurídica-' mente la Conferencia Episcopal, cuya actuación iba a ser decisiva a lo largo de todo el decenio posconciliar, coincidente con el ocaso del franquismo. Al terminar el concilio, no participaba el régimen de la voluntad o de la capacidad de renovación que acababa de descubrir la Iglesia. Su trayectoria distaba ya mucho de ser creadora. Mientras que la Iglesia española se asomaba al futuro, el franquismo no acertaba a hacerlo, y se refugiaba en la defensa del pasado. Nacía la divergencia, y pronto estallaría el conflicto. Con el final del concilio se abría para la Iglesia española y para el Estado, en cuyo marco estaba incardinada, un decenio tenso y transcendental.

CAPÍTULO III

EL DECENIO P0SC0NCIL1AR

DE LA IGLESIA ESPAÑOLA

(1965-75)

El último decenio de la vida de la Iglesia española en los tiempos del franquismo tiene dos límites bien precisos. Por una parte, el final del concilio Vaticano II (diciembre de 1965), y, por otra, la muerte del general Franco (noviembre 1975). Entre estas dos fechas se encierra un decenio tenso y dinámico como pocos, marcado por el contraste creciente entre una Iglesia que saca fuerzas nuevas del Concilio y que se apresta a la tarea de aplicarlo, y un régimen que acusa el progresivo envejecimiento de su fundador. Esta divergencia de rumbos irá aumentando implacablemente durante el decenio presente, y llegará a manifestarse no sólo en relaciones Iglesia-Estado, normalmente tensas, sino también en episodios frecuentes de grave conflictividad. La Iglesia española sé había visto sorprendida por el concilio. Pero el mismo episcopado, y, tras sus pasos, toda la Iglesia, experimentaron durante el Vaticano II una suerte de conversión. La aplicación del concilio en España iba a ser mucho más consciente y más comprometida de lo que fueron su preparación y su desarrollo. Y también más rumorosa. Al conflicto progresivo con el Estado franquista, que no se avenía a entender el nuevo talante eclesial posconciliar, hay que sumar la conflictividad interior, la intraeclesial. El pluralismo, el sentido de la autocrítica, la mayor cotización del elemento seglar dentro de la Iglesia, romperían pronto la tradicional uniformidad. En estos años se pasaría del monolito al mosaico; de la calma, a la ebullición. Al socaire de esta pluralidad, el decenio 65-75 iba a abundar en contrastes intraeclesiales entre los sectores más progresistas del clero y del catolicismo español, que patrocinaban una aplicación rápida y total del concilio a la circunstancia eclesial española, y aquellos otros grupos, más reticentes, que a duras penas pudieron asimilar la novedad del concilio, y que consideraron muchas de sus propuestas doctrinales o pastorales como un atentado a los principios de la tradición religiosa española tal y como la entendía el llamado nacionalcatolicismo. En este enfrentamiento nacerían las nuevas versiones del «progresismo» y del «integrismo» católico español, cada cual con sus credos, sus órganos de expresión, sus líderes y sus padrinazgos. El integrismo encontró pronto eco en los sectores más tradicionales del régimen, que lo adoptó como suyo, otorgándole la protección oficiosa del poder. El progresismo fue derivando hacia derroteros democráticos; por una parte, dando origen a un movimiento comunitario de reducidas, pero intensas repercusiones en la base eclesial, y, de otro lado, hacia una creciente politización no sólo de tendencia, sino también de militancia. En primer término, el diálogo con el marxismo y la afirmación posterior de compatibilidad entre su «praxis» y la fe cristiana señalarían las etapas fundamentales de este proceso. En difícil equilibrio entre las impaciencia's progresistas y las nostalgias integristas, se sitúa durante este decenio la labor del episcopado español. La Conferencia Episcopal, nacida con el decenio, iba a ser el instrumento de una acción pastoral colectiva, tan moderada como tenazmente renovadora, en favor de la aplicación del Vaticano II en España. Su importancia pastoral y su eco en el país

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subirían considerablemente en este decenio. La Conferencia Episcopal iba a polarizar (y así lo demostrarían sus textos y declaraciones colectivos) toda la tensión eclesial y española de estos años. En su pretensión de implantar en España el nuevo talante posconciliar, los obispos no dejarían de apreciar que sus programas pastorales tendrían que ir dirigidos a una sociedad en cambio. El bienestar material —eran los años del desarrollo oficial—, la creciente apertura al exterior por la vía del turismo y otros factores iban determinando una sociedad española más laica y más pluralista, con flagrantes contrastes entre la España oficial —uniforme y católica— y la España real, en cuyo seno bullían ya y se organizaban, si bien en la clandestinidad, todos los grupos políticos posibles. En este sentido, la muerte de Franco en el final del decenio supondría un desbloqueo de toda la situación anterior, dándose curso, en lo social y en lo político, a la legalización de todas las fuerzas que actuaban en la sombra y posibilitándose un tránsito (que ocurriría no sin dificultades, pero sí en paz) del régimen personalista a las formas estructurales de la democracia. En el terreno Iglesia-Estado, los hombres de la transición política adoptarían un talante nuevo, cuya máxima expresión sería la renuncia, por parte del rey D. Juan Carlos (en agosto de 1976), al secular privilegio de la presentación de los obispos. Era un gesto que cabía interpretar como simbólico para un futuro de relación entre la Iglesia y el Estado planteados sobre las bases de la independencia real y del respeto recíproco. 1.

L A CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, EN MARCHA

El acontecimiento eclesial de mayor transcendencia en los comienzos de 1966, a pocos meses de finalizado el Concilio, iba a ser la constitución de la Conferencia Episcopal Española, versión renovada y posconciliar de la antigua Junta de Metropolitanos. Se constituía en cumplimiento del número 37 de la constitución conciliar Christus Dominus, y su influjo en el decenio presente iba a ser creciente y preponderante. Reunidos todos los obispos en sesión constituyente del 26 de febrero al 4 de marzo, se aprobaron los primeros estatutos provisionales, que luego sancionaría Roma, y se eligieron los primeros cargos. El cardenal Quiroga (Santiago de Compostela) fue elegido presidente, con la vicepresidencia del arzobispo Morcillo (Madrid) y siendo el obispo Guerra Campos su primer secretario. Los dos primeros documentos colectivos de la nueva Conferencia Episcopal iban a producirse en el decurso de este año. El primero llevaba fecha de 29 de junio y fue elaborado y divulgado bajo la responsabilidad de la Comisión Permanente en aplicación de las facultades que le otorgaban los nuevos estatutos. Su título era La Iglesia y el orden temporal a la luz del concilio. Al aplicar el pensamiento conciliar a la realidad española (en la última parte), se expresaban apreciaciones ligeramente críticas con respecto a la situación nacional y se recomen-, daba su perfeccionamiento. El segundo documento aparecería meses más tarde —el 6 de diciembre— como apéndice al texto anterior y en ocasión de la III Asamblea Plenaria del Episcopado. Era un comunicado sobre el referéndum español que se celebró el 14 de.diciembre para ratificar la Ley Orgánicadel Estado. Los obispos recomendaban asépticamente la libertad y la responsabilidad del voto. Mientras la Iglesia entraba en el decenio con aire renovador, el régimen franquista lo hacía caminando hacia su tardía consolidación institucional. Sin embargo, la nueva ley de Prensa (ley Fraga), aprobada ven marzo del mismo año, representaba una cierta flexibilización en el terrena de la exp'resión de las ideas. '

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El 66 sería también el año de los primeros síntomas graves de la contestación intraeclesial que luego iría en aumento. La abortada «operación Moisés» era el primer capítulo de este fenómeno contestatario en el seno del clero. También hay que situar en este año las primeras escaramuzas de un conflicto que tendería a hacerse crónico: el de la Iglesia —o al menos de algunos de sus sectores— con el Estado. En Barcelona ocurrían episodios como el de la irrup r ción de la policía en el convento de capuchinos de Sarria o la manifestación de sacerdotes contra la tortura ante la jefatura de Policía de la ciudad, que fue amplia y desfavorablemente comentada por la prensa oficial. En los sectores más críticos de la Iglesia se inicia también la contestación del concordato de 1953, ya que, desde la óptica de los principios establecidos por el Vaticano II, algunos de sus puntos, como la confesionalidad del Estado, la intervención civil en el nombramiento de los obispos o las restricciones a la libertad religiosa, parecen de todo punto insostenibles. Mientras tanto, en el seno de la Acción Católica —reunida en el mes de junio en el Valle de los Caídos— se plantea una grave crisis interna, que culminaría ya en los primeros meses de 1967. 2.

L A CRISIS DE LA ACCIÓN CATÓLICA

Lo que se ha llamado la «crisis de los movimientos especializados de la Acción Católica» supondría, en efecto, el acontecimiento eclesial de mayor transcendencia durante el 67. La pretensión pastoral de estos movimientos —obreros, estudiantiles, rurales— de estar presentes en sus medios respectivos y de actuar en cada uno de ellos con un talante específico, venía de los años 50, y se vio ratificada por las doctrinas conciliares sobre la actividad de los seglares y su presencia en lo temporal. Pero la voluntad de potenciar estos planteamientos especializados chocó bruscamente con la jerarquía. El conflicto surgió en el verano anterior y en las Jornadas Nacionales del Valle de los Caídos, donde ocurrieron duros enfrentamientos entre algunos dirigentes de estos movimientos y los representantes jerárquicos; en concreto, monseñor Morcillo, presidente entonces de la Comisión de Apostolado Seglar, y Mons. Guerra Campos, que unía a su condición de obispo consiliario nacional de la Acción Católica la de secretario general de la Conferencia Episcopal. Entre la decisión de algunos movimientos de seguir hacia adelante por el camino de la especialización y el freno que la jerarquía pretendía poner a tal línea para conjurar los peligros del temporalismo, las posturas fueron endureciéndose. La oficial de la jerarquía quedaba reflejada en un documento hecho público el 4 de marzo de 1967 al término de la IV Asamblea Plenaria del Episcopado y bajo el título de Actualización del apostolado seglar en España. En este texto, además de la doctrina tradicional sobre la Acción Católica, expuesta ahora con especiales cautelas, se planteaba una reforma de los estatutos de la organización con el fin de darle un carácter más orgánico; acentuando, además, en ella los controles jerárquicos. Promulgado este texto, la crisis latente rompió en el abandono de sus puestos por parte de algunos destacados dirigentes y en una especie de continuación larvada de tal crisis durante los años sucesivos. Otro episodio afectaría en el 67 a la Acción Católica. La desaparición de la revista Signo, órgano de su sector juvenil, que había mantenido posturas críticas frente al régimen y hubo de cancelar su actividad bajo presiones oficiales. Algo parecido le ocurría al abad de Montserrat Escarré, que en declaraciones a la prensa extranjera había mostrado divergencias profundas con el sistema, y que se veía obligado a abandonar su sede abacial en el mes de enero de este año.

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D E LA TOLERANCIA A LA LIBERTAD RELIGIOSA

El año civil se distinguía por la intensa actividad legisladora. Varias leyes de alto rango quedaban aprobadas en el 67. Ya en enero se promulgaba la Ley Orgánica del Estado, votada por referéndum en diciembre del año anterior. Se aprobarían también la Ley Orgánica del Movimiento y del Consejo Nacional y la Ley Orgánica del Consejo del Reino. En junio se daba la aprobación a otra ley de amplia incidencia en el terreno religioso. Era la Ley sobre el derecho civil a la libertad religiosa. La doctrina conciliar, expuesta en la constitución Dignitatis humarme, hacía inadecuada la legislación española en materia de libertad religiosa, máxime cuando el Estado franquista se comprometía en el artículo 2 de la ley de Principios del Movimiento Nacional a inspirar su legislación en la doctrina católica. En consecuencia, se modificó el artículo 6 del Fuero de los españoles en enero del 67 al aprobar la Ley Orgánica del Estado en el sentido de convertir en norma de libertad el criterio de mera tolerancia hasta entonces vigente. Posteriormente, en la ley de 28 de junio se desarrollaban los aspectos legales del principio de libertad, otorgando un estatuto jurídico a las diversas confesiones religiosas existentes en España. En el mes de julio se había producido un relevo en la Nunciatura Apostólica. Cesaba Mons. Riberi, hombre de talante aperturista, y era sustituido por el moderado Dadaglio, que durante todo el decenio realizaría su función con notable sensibilidad hacia el proceso renovador iniciado y sostenido por la jerarquía española. Durante años de tantas y tan fuertes tensiones entre la Iglesia y el Estado, la gestión de Dadaglio iba a ser decisiva. Por otra parte, en la renovación de las Cortes, ocurrida en el mes de noviembre, el obispo secretario de la Conferencia, Mons. Guerra Campos, era nombrado procurador por designación del jefe del Estado. Durante los años posteriores, el régimen encontraría en Guerra su principal apoyatura eclesial, no sin la reacción en contra de amplios sectores de la Iglesia, que veían como un anacronismo creciente la presencia de jerarcas eclesiásticos en las estructuras del Estado. Reunido en Roma, en el otoño, el primer sínodo de los obispos, la representación de la Iglesia española dejaría constancia de que una firme y moderada renovación posconciliar se había iniciado en España. Con ocasión de la discusión en el Vaticano II del texto conciliar de la libertad religiosa Dignitatis humanae, el episcopado español se había manifestado opuesto a toda innovación con respecto a la doctrina tradicional y altamente preocupado sobre el hecho de la aplicación de los nuevos criterios en España. Ante el hecho consumado de la promulgación de esta doctrina conciliar, justo es decir que los obispos españoles secundaron también en este punto las directrices del Vaticano II. Ya en el escrito que dirigieron desde Roma a los fieles españoles, y que firmaron en la fecha misma de la clausura del concilio (8 diciembre 1965), incluían un largo párVafo sobre la libertad religiosa con algunas puntualizaciones que juzgaron pertinentes. Al comienzo de 1968, y una vez introducida en el sistema legal español la rectificación de que hemos hablado, volverían sobre el mismo tema en una larga declaración fechada el 22 de enero.. Les preocupaba especialmente que la" ruptura de la unidad religiosa pudiese repercutir en el debilitamiento de la unidad nacional y les costaba, a pesar de la claridad con que enunciaban los principios, admitir el hecho y las consecuencias del pluralismo religioso. En el mismo año volvería a manifestarse el ¿magisterio colectivo español con motivo de la divulgación de la encíclica de Pablo VI Humanae vitae, en la que el

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papa abordaba cuestiones relacionadas con la moral conyugal y con la regulación de la natalidad. Las reticencias y aun las divergencias que la doctrina de esta encíclica suscitaron en el campo católico, movieron a muchos episcopados a publicar mensajes de adhesión a las tesis de Pablo VI. Lo hacían también los obispos españoles en un texto fechado el 27 de noviembre del 68, ya que también en España se habían manifestado discrepancias ante las afirmaciones de la encíclica. 4.

FRANCO DEFIENDE EL PRIVILEGIO DE PRESENTACIÓN

En este mismo año iba a registrarse un intento de replanteamiento de la cuestión corcordataria al más alto nivel. Tanto en Roma como en Madrid se tenía plena conciencia de que las doctrinas del Vaticano II habían envejecido algunos puntos —incluso fundamentales— del concordato de 1953 entre España y la Santa Sede. Pablo VI tomaba la iniciativa dirigiendo, con fecha 29 de abril, una carta personal al jefe del Estado español en la que le pedía directamente lo que ya el concilio había rogado de modo genérico a los gobiernos que aún disfrutaban del correspondiente privilegio: la renuncia a la intervención eficaz en el nombramiento de los obispos, por entender que tal práctica, aun fundamentada en razones históricas legítimas, no estaba ya en concordancia con el espíritu ni con las exigencias de los tiempos. La respuesta del general Franco se produciría por el mismo conducto epistolar y con fecha 12 de junio. El jefe del Estado no se mostraba propicio a consentir en semejante renuncia, y la condicionaba, en todo caso, a la revisión global del concordato y a otras renuncias ofrecidas por Roma como contrapartida. Fracasado el intento del Vaticano, todo el decenio se consumiría en un propósito, nunca alcanzado y pródigo en alternativas, de revisión del instrumento concordatario. No terminaría el año sin que el episcopado español, reunido en su VIII Asamblea Plenaria (noviembre) manifestara su disposición a renunciar a algunos privilegios, como la inviolabilidad'de los lugares sagrados, la bula de la Cruzada, etc., que se le reconocían en el ordenamiento jurídico español. Poco después de firmar la carta referida, el general Franco presidía en Sevilla (en el mismo mes de junio) la clausura del Congreso Eucarístico Nacional, en cuyo desarrollo se advirtió que este tipo de manifestaciones de piedad, no exentas de los gustos del Nacionalcatolicismo, habían entrado en crisis. En el mes de julio, los obispos daban a conocer un texto colectivo, titulado Principios Cristianos del Sindicalismo, ante el anuncio de la elaboración de una futura ley Sindical, en el que se expresaban, entre otros principios y recomendaciones, la libertad sindical, la autonomía y la representatividad. El 5 de julio fallecía en Toledo el cardenal Pía y Deniel, un hombre que, si bien en los albores del régimen había contribuido notablemente a la divulgación del concepto de «cruzada» aplicado a la guerra civil, posteriormente se había distinguido por sus actitudes de noble y serena independencia, protagonizando incluso algunos roces con el franquismo por su apoyo al movimiento obrero de Acción Católica (HOAC) y a la libertad de expresión en la prensa. En todo caso, Pía y Deniel moría rodeado del respeto general. En el mismo mes (el día 28) fallecía el también cardenal Herrera Oria, hombre que dejaba una profunda huella en diversos campos de la vida nacional merced a las instituciones por él patrocinadas, sobre todo en el terreno de la prensa, del laicado y de la universidad. De las filas de sus instituciones —en concreto, de la A. C. N. de P.— saldrían, a lo largo del franquismo, hombres con los que Franco contó siempre en sus diferentes gabinetes.

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L A CONTESTACIÓN SACUDE A LA IGLESIA Y AL RÉGIMEN

La contestación aumentó notablemente sus niveles en el presente año y en muy diversos frentes. En el terreno político abundaron los conflictos universitarios, muy generalizados en los primeros meses del 68. Lo mismo ocurría en el campo sindical con la-actividad clandestina de Comisiones Obreras y otros movimientos. Particular gravedad adquirían los conflictos en el País Vasco, donde ETA actuaba ya violentamente. Estas alteraciones motivaron la declaración en las provincias vascas del estado de excepción. También el clero vasco protagonizó episodios de contestación eclesial; en casos, teñida de algunos matices políticos, como en las sucesivas ocupaciones del obispado de Bilbao (mes de agosto) y del seminario de Derio (mes de noviembre), llevadas a cabo por grupos de sacerdotes que disentían palmariamente del obispo local, Mons. Gúrpide. En el mismo año, algunos centenares de sacerdotes (particularmente catalanes y vascos) hacían pública su renuncia a la paga estatal, en un gesto que pretendía ser clarificador de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La conflictividad política y social será la tónica también del año 1969, que se abre con la declaración (el 24 de enero) del estado de excepción en todo el país y con la consiguiente supresión de algunos artículos del Fuero de los españoles. En las agitaciones que sacudieron la vida española —Pablo VI, en su tradicional discurso a los cardenales, el 24 de junio, con ocasión de su onomástica, haría una alusión a la conflictividad española al repasar el mapa de las preocupaciones mundiales— aparece, cada vez con mayor intensidad y libertad, la preocupación por el futuro. Se habla ya claramente del posfranquismo y se insinúa, incluso en los círculos políticos, que se vive ya dicho posfranquismo aun en vida de Franco. El régimen no es insensible a esas inquietudes, y en julio del 69 culmina una larga y trabajosa operación política, en curso desde años atrás, que lleva a la designación del príncipe J u a n Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey. Destacados miembros del Opus Dei, muy presentes en los gobiernos franquistas a partir de principios del decenio, prestarían su apoyo a esta decisión de Franco, en la que también el almirante Carrero Blanco, vicepresidente desde septiembre del 67 y verdadero intérprete del franquismo, intervendría con todo el peso de su influencia. El futuro quedaba así, aunque precariamente, atado. Pero el presente se ofrecía harto difícil. A mediados del año cobró notoriedad el «caso Matesa»; un asunto fundamentalmente económico, pero que, además de destapar ciertos núcleos de corrupción en las esferas gubernamentales, alcanzaría en seguida acentos políticos, determinando enfrentamientos entre las distintas facciones componentes del Gabinete. Opus Dei y Falange protagonizarían estas tensiones. En el terreno directamente eclesial, los mayores roces se produjeron en el País Vasco, donde en el mes de abril se llegó a la detención del vicario general de Bilbao, José Ángel Ubieta, y de, otros seis sacerdotes bajo la sospecha de actividades contrarias a la política oficial. El administrador apostólico de Bilbao Mons. Cirarda se opuso enérgicamente a esta medida represiva. Días antes (9 de abril), el Gobierno había pasado a los obispos una «nota verbal» sobre la subversión eclesiástica y el estado de excepción, cuya derogación solicitaron anteriormente —en el mes de febrero— los obispos reunidos en asamblea plenaria. 6.

CRECEN EL INTEGRISMO Y LOS ROCES IGLESIA-ESTADO

Precisamente la defensa de los valores tradicionales, tanto de la fe cómo de la Patria, dio origen en el año 69 a la creación de la Hermandad Sacerdotal

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Española, una agrupación de carácter nacional que nunca llegó a obtener el respaldo jerárquico y que encarnaba los postulados del integrismo clerical. En los agudos conflictos ocurridos en los años sucesivos, esta «derecha eclesiástica» fue hábilmente sostenida y manejada desde las esferas gubernamentales. En sus frecuentes pronunciamientos con motivo de tales tensiones intra y extraeclesiales, la Hermandad se mostraba más cercana a los criterios inmovilistas, que fomentaba el régimen, que a los principios renovadores, propiciados por la jerarquía episcopal. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Española había procedido en el mes de febrero a la primera renovación estatutaria de sus cargos directivos. El arzobispo de Madrid, Mons. Morcillo ocupaba la presidencia, renunciando espontáneamente a su condición de procurador en Cortes por designación del jefe del Estado. El nuevo arzobispo de Toledo, Enrique y Tarancón, pasaba a ser vicepresidente, y al frente de la Secretaría continuaba Mons. Guerra Campos. Dos documentos colectivos cabe reseñar en este año 69 en el haber del episcopado español. Uno, de fecha 25 de mayo, sobre los valores actuales y permanentes de la devoción al Corazón de Jesús. Arrancaba su motivación de la celebración del cincuentenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, realizada por Alfonso XIII el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Angeles. El otro, ya en las postrimerías del año (el 2 de diciembre), versaba Sobre el ministerio sacerdotal, y quería ser, de algún modo, la introducción doctrinal a un acontecimiento que se preparaba concienzudamente en estos años, y que encontraría su realización en el otoño de 1971: la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdote J. El cuarto centenario de la muerte de San Juan de Avila, Patrono del clero español, sirvió de motivo a esta reflexión colectiva de los obispos de cara a los sacerdotes españoles, que recogía ya las tensiones doctrinales y pastorales características del momento posconciliar. A medida que el decenio avanza, aumentan en España los conflictos. El régimen se ve cada vez más afectado por el declive físico de su fundador, y, al socaire de esta decadencia, bullen y se organizan en todos los frentes las fuerzas de la oposición. Entre la Iglesia y el Estado crecen también los motivos de disentimiento. En la medida en que la Iglesia se aplica a una renovación posconciliar, el Estado ve cómo se aleja de los antiguos esquemas, en los que encontraba con facilidad la legitimación que precisaba. El eterno problema político-religioso, la renovación del concordato, vuelv»; a plantearse en el mes de enero de este año con la visita que le hace a Pablo VI el nuevo ministro de Asuntos Exteriores Gregorio López Bravo. Nada sustantivo saldría de esta conversación. La concordia necesaria para concordar de nuevo las materias mixtas parecía no existir. Durante el 70 estaba en marcha una importante operación en el seno de la Iglesia española —del clero concretamente—: la preparación de la Asamblea Conjunta. Antes de llegar a su celebración venía preparándose con escrúpulo, aunque no con unanimidad de interés ni de adhesión en las diversas diócesis. Instrumento capital en la preparación de esta Asamblea sería la encuesta al clero nacional. Un cuestionario de 268 preguntas sobre los más diversos aspectos —personales, ministeriales, ideológicos, políticos, etc.—, al que respondería la práctica totalidad del clero secular: 20.114 sacerdotes. Las respuestas fueron largamente sorpresivas. En todo caso revelaban el cambio generacional experimentado en el clero y la evolución de sus actitudes ante los problemas más candentes del área tanto eclesial como política. La tradicional afirmación de una estrecha connivencia del clero con el régimen franquista quedaba hecha añicos. Los resultados de esta .encuesta, especialmente en sus vertientes políticas, acen-

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Apénd.I.

tuarían la conflictividad externa e interna que acompañó a la celebración de la Asamblea Conjunta.

7.

LOS OBISPOS DISIENTEN DE LA POLÍTICA OFICIAL

El magisterio episcopal —cada vez más receptor de las preocupaciones reales del país durante este decenio— se centraba en el mes de julio (con ocasión de la XII Asamblea Plenaria) en un comunicado sobre La Iglesia y los pobres, que puede ser calificado como uno de los más profetices y de los más críticos del posconcilio español. La pobreza se analizaba no sólo en sus vertientes religiosas y materiales, sino también en los aspectos cívicos y políticos, con aplicaciones y denuncias directas, sobre la realidad española. El documento, fechado el 11 de julio, llevaba como anexo una nota de la Conferencia Episcopal Española sobre el proyecto en marcha de la Ley general de Educación (ley Villar Palasí), que sería promulgada en agosto del mismo año. Los obispos manifestaban en este texto sus reservas y sus decepciones sobre la política educativa que entrañaba el proyecto. Parecidos ribetes críticos presentaba una nota de la Comisión Episcopal de Apostolado Social hecha pública en el otoño, cuando el proyecto de ley Sindical era presentado en las Cortes. La polémica venía ya de atrás. Mientras que los sectores oficiales interesados se esforzaban por sostener que el sindicalismo español era fiel reflejo de la doctrina social de la Iglesia, los obispos recordaban, una vez más, que la nueva ley no recogía ciertos principios y criterios fundamentales. Es de notar que estas tomas de postura del episcopado —cada vez más claras y frecuentes— eran posibles merced a la renovación que poco a poco iba operándose en el seno del episcopado. A pesar de las dificultades en el proceso de los nombramientos, el nuncio Dadaglio iba propiciando el acceso al episcopado de hombres identificados con el programa renovador del posconcilio. Nuevos episodios de conflictividad política —y también religiosa— venían produciéndose en el País Vasco, donde aumentaba peligrosamente la violencia. Ante el próximo enjuiciamiento de presuntos miembros de ETA, entre los cuales se encontraban algunos sacerdotes, los obispos de San Sebastián (Argaya) y Bilbao (Cirarda) habían pedido en el mes de noviembre que el proceso se celebrase a puerta abierta y ante tribunales ordinarios. Esta intervención de los obispos vascos motivó ásperas respuestas. La sensibilidad nacional estaba a flor de piel en la inminencia del llamado «proceso de Burgos». Reunida la Conferencia Episcopal en su XIII Asamblea Plenaria, publicaba, con fecha 1.° de diciembre, tres breves comunicados. En el primero se solidarizaba con la actuación de los obispos Cirarda y Argaya y lamentaba la tergiversación que se hacía, una vez más, de los pronunciamientos episcopales. En el segundo pedía la máxima clemencia (siguiendo el ejemplo de la Santa Sede) para los que iban a ser juzgados en Burgos. Por fin, en el tercero, ante el secuestro del cónsul alemán en San Sebastián realizado por ETA, rogaba a los responsables su devolución y condenaba la violencia. El año 1970 terminaba con una intensa tormenta de opinión pública internacional desatada por el «proceso de Burgos». Nueve penas de muerte fueron impuestas el 28 de diciembre. Unas fechas después serían todas ellas conmutadas. Era sólo el primer capítulo de un largo conflicto abierto y sangrante a lo largo de los años inmediatamente posteriores. • • „

La Iglesia española desde 1939 hasta 1976 8.

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¿ H A C E FALTA UN CONCORDATO?

A principios del año 7 1 , los obispos españoles tenían en su poder un anteproyecto o texto ad referendum sobre el futuro concordato. Había sido elaborado por Antonio Garrigues, embajador de España ante la Santa Sede, y por Mons. Casaroli, secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia. Algunas filtraciones dieron con el texto en manos de grupos eclesiales, que lo consideraron insuficiente para los tiempos nuevos y demasiado parecido al de 1953. Determinados sondeos de opinión —como el realizado entre enero y febrero de este mismo año por la Revista Vida Nueva sobre el tema concordatario— pusieron de relieve posiciones muy nuevas en el catolicismo español. Se pedía una revisión mucho más en profundidad. Se optaba largamente por la abolición del concordato y grandes grupos se manifestaban contra la confesionalidad del Estado, así como se propugnaba la total libertad de la Iglesia en la elección de los obispos, la separación entre el matrimonio civil y el religioso y la renuncia, por parte de la Iglesia, a sus privilegios. Alertada y en cierto modo definida la opinión pública, los obispos consideraron colectivamente este anteproyecto en su XIV Asamblea Plenaria (mes de febrero), aunque los resultados del debate no se conocieron hasta septiembre del mismo año con motivo de la divulgación de las cartas cruzadas entre el cardenal Villot, secretario de Estado, y el ministro español de Justicia Sr. Oriol. La opinión de los obispos (que no eran parte contratante, pero cuyo punto de vista Roma quería y prometía tener muy en cuenta) era muy crítica con respecto al anteproyecto. La jerarquía española apostaba por reformas más sustanciales de las que presentaba el texto. El resultado fue su congelación sine die. En la misma plenaria, los obispos volvieron a manifestar sus discrepancias ante la aplicación de la ley de Educación, denunciando en ella indicios de mentalidad estatificadora. En este mismo sentido volverían a pronunciarse durante el año los obispos de diversas provincias eclesiásticas, como Cataluña, Andalucía y Asturias. No terminaría el año sin que de nuevo volviesen a hablar, también colectivamente, sobre un asunto como éste, por el que sentían particular preocupación. Lo hicieron por medio de una nota fechada el 23 de diciembre, en la que presentaban tres peticiones concretas: universalidad, igualdad y participación en el tratamiento de la enseñanza. El magisterio colectivo de los obispos se manifestó también durante el 71 de una forma original. Con intervalos de tres meses y componiendo una especie de trilogía doctrinal, los obispos abordaban temas de índole fundamentalmente religiosa en la perspectiva del momento presente español. En marzo aparecía la primera parte, dedicada a La conservación y predicación del mensaje de la fe. La segunda (en junio) versaba sobre La vida moral de nuestro pueblo. La tercera quedaba para septiembre, y se refería a La vitalidad espiritual del pueblo cristiano. Esta catequesis no tuvo gran divulgación ni resonancia, pero servía, entre otras cosas, para desmontar la acusación (muy repetida en estos años por sectores de la derecha) de que los obispos se inclinaban con preferencia a tratar sobre temas «temporales». 9.

L A ASAMBLEA CONJUNTA AGUDIZA LAS TENSIONES

Fue en esta derecha eclesial donde surgió en el 71 la revista Iglesia-Mundo, que, a pesar de sus propósitos iniciales de moderación, pronto se transformó (y no sin apoyos jerárquicos y gubernamentales) en expresión del Nacionalcatoli-

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cismo polémico e intransigente que alentaba entre algunos grupos del clero y del laicado, contribuyendo al enconamiento de las polémicas intraeclesiales durante los años sucesivos. Desde fuera, desde las áreas del poder, venía con frecuencia la acusación de «marxistización» de la Iglesia. Así ocurría en unas declaraciones del ministro de Justicia Oriol hechas a ABC en el mes de julio. En el mismo sentido se manifestaban algunos informes oficiales, como el presentado en el mes de enero por el Ministerio de la Gobernación al Consejo Nacional del Movimiento. Ocurría que la atmósfera se fue cargando de polemicidad en torno a un acontecimiento que se celebraría en el mes de septiembre, y que sería no sólo lo más importante del año eclesial, sino posiblemente de todo el decenio: la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes. Su realización había sido decidida por el episcopado para aplicar un vasto programa pastoral de renovación posconciliar. Pero ya desde su preparación remota estuvo marcada por las tensiones. Los sectores tradicionales del clero miraban con recelo tal Asamblea, y empezaron por impugnar los documentos de trabajo previos a la celebración. A lo largo del 71 fueron celebrándose asambleas parciales en las distintas diócesis, donde el clero había sido ya encuestado a través de un complejo cuestionario, que brindó respuestas reveladoras en materia ideológica, religiosa y política. Era una gran radiografía del clero español en los primeros años del posconcilio. Un clero que se manifestaba más aperturista de lo que cabía esperar y menos franquista de lo que se decía. Un clero que religiosa y ministerialmente gozaba de buena salud a pesar de haberse iniciado ya el fenómeno de las secularizaciones y el descenso vocacional. La Asamblea se inició el 13 de septiembre en el seminario de Madrid, bajo la presidencia de Mons. Enrique y Tarancón, que se había hecho cargo provisionalmente de la presidencia de la Conferencia Episcopal al fallecer, en el mes de mayo, Mons. Morcillo. Antes de terminar el año, en el mes de diciembre, el mismo Tarancón, ya cardenal desde marzo de 1969, sería nombrado arzobispo de Madrid. La celebración de la Asamblea Conjunta no careció de conflictos. Algunos grupos, disconformes con el rumbo aperturista que iba tomando, pretendieron neutralizarla desde dentro. Desde fuera, el sector gubernamental observaba con recelo, y la prensa politizaba en exceso sus deliberaciones. La Asamblea desarrolló su trabajo en torno a siete ponencias, que, tomadas en su conjunto, significaban un concienzudo análisis de la realidad religiosa española en el momento. La más polémica de estas ponencias sería la titulada Iglesia y mundo en la España de hoy, en la que figuraban juicios y pronunciamientos sobre las realidades presentes y pasadas, como la reinterpretación que se hacía de la participación de la Iglesia en la guerra civil. Este y otros puntos elevaron grandemente el nivel de polemicidad de la Asamblea y acentuaron desde entonces las discrepancias ya existentes entre el régimen franquista y buena parte de la jerarquía y del clero. Una larga y encarnizada polémica siguió a la clausura de la Conjunta, dando origen a la aparición de radicalismos eclesiásticos. Surgieron grupos decididos a impjdir la difusión de su «espíritu», en cuyo propósito contaron con el apoyo de la política oficial. Entre los encomios de los unos y los denuestos de los otros, la Conjunta se convertiría en punto inevitable de referencia durante mucho tiempo. La sanción definitiva por parte del episcopado la recibiría en el mes de diciembre del mismo año con motivo de la XV Asamblea Plenaria, y no sin la oposición de una minoría de cinco obispos, que hicieron pública sa discrepancia de fondo con las orientaciones de la Conjunta. No obstante, los votos de los

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obispos aprobaron ampliamente aquella Asamblea, asumiéndola «como un hecho positivo y dinámico en la vida de la Iglesia de España». Con esta aceptación, la jerarquía española daba su paso más firme en el camino de la renovación posconciliar, aunque la aplicación práctica posterior de la Asamblea fuese débil y no siempre unánime.

10.

LA «DIVISIÓN DE LOS ESPÍRITUS»

Las divergencias existentes en el seno de la comunidad eclesial española fueron acentuándose a lo largo del 72, llegándose a una peligrosa «división de los espíritus». Esas divergencias pasaban necesariamente por la interpretación y aplicación del espíritu del Vaticano II. Aprobada en el año anterior la Asamblea Conjunta, iba a registrarse, en el comienzo del 72, el último intento por frenar su aplicación. Pocos días antes de celebrarse la XVI Asamblea Plenaria del Episcopado —del 6 al 11 de marzo—, que se proponía distribuir entre las diversas comisiones episcopales las conclusiones de la Conjunta para su realización pastoral, se difundió en España un estudio sobre su contenido que se decía proceder oficialmente de la Congregación Romana del Clero y que descalificaba doctrinal y pastoralmente muchas de las conclusiones de la Conjunta. Hasta que, tras un viaje a Roma del cardenal Tarancón, presidente provisional de la conferencia, se aclaró la verdadera identidad de este trabajo, el desconcierto en la jerarquía y en la opinión pública fue notable. Revelado su verdadero origen y autoridad, quedaba, reducido a un último y desesperado esfuerzo de la derecha eclesial española por bloquear la aplicación del concilio a través de la Conjunta. De la XVI Asamblea Plenaria salía ratificado el valor de aquella Asamblea en un comunicado final que totalizaba 51 votos a favor y 10 en contra. Era una proporción que se mantendría en los años inmediatos en ocasión de votaciones y pronunciamientos colectivos, y que demostraba el crecimiento de la homogeneidad en el seno de la Conferencia. De una mayoría tradicionalista, se había pasado a que los partidarios de la renovación llevasen la voz cantante. En este proceso tenía especial incidencia la renovación de cargos de la Conferencia operada asimismo en el mes de marzo. Enrique y Tarancón salía elegido presidente, y sería el líder de la tendencia moderada y renovadora durante los años extraordinariamente tensos del final del franquismo. A la vicepresidencia accedía Bueno y Monreal, arzobispo de Sevilla, y Mons. Yanes, auxiliar de Oviedo, sustituía en la Secretaría a Guerra Campos, que se perfilaba, cada vez más, como el jefe de fila de la derecha clerical, con la complacencia de las jerarquías políticas. Así quedaba demostrado en su ausencia voluntaria y reiterada de las sesiones de la Conferencia y en su presencia asidua a las Cortes y exclusiva en los programas religiosos de la televisión oficial. Igualmente, en el apoyo que prestaría en solitario a las Jornadas sacerdotales Internacionales, celebradas en Zaragoza en el mes de septiembre bajo los auspicios de la Hermandad Sacerdotal. Ni Roma ni la Conferencia española respaldaron estas Jornadas. Sólo Guerra Campos, a quien el sector político y religioso, identificado con el nacionalcatolicismo, se complacía en apellidar «el obispo de España». De alguna manera, las Jornadas de septiembre en Zaragoza pretendían ser el dique frente a la liquidación de los valores tradicionales de religión y patria y a la infiltración del marxismo; objetivos que, simplista y polémicamente, se atribuían a otras Jornadas, celebradas durante el mes de julio en El Escorial bajo el título de Fe cristiana y cambio social en, América latina, y que, efectivamente, contaban con el

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apoyo del sector progresista de la Iglesia española. Las divergencias intraeclesiales iban en aumento, significándose, por su radicalidad y hasta por su antijerarquismo, la derecha clerical. No en vano meses después, en la primavera del 73, el arzobispo de Tarragona Pont y Gol haría una seria advertencia al decir que, «a título de tradición y so pretexto de ortodoxia», estaba empezando a brotar en España una «Iglesia paralela». En este panorama eclesial, más lacerado que pluralista, la jerarquía apostaba por una línea pastoral que sólo podría calificarse de moderadamente renovadora y que sólo resultaba estridente en el contexto político y social inmovilista de los últimos años del franquismo. Roma, el papa en persona, manifestó reiteradamente, a lo largo de este año su apoyo y su confianza en el episcopado español, exhortando a la comunidad católica española, con ocasión del Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en el mes de mayo en Valencia, a «continuar ese espíritu de renovación conciliar emprendido valientemente por la Iglesia española bajo la guía sabia y segura de sus pastores». Por su parte, el magisterio episcopal colectivo apuntaba hacia temas de notable incidencia real en la vida del país. Los obispos de Levante analizaban los aspectos positivos y negativos del turismo desde ángulos muy distintos de los que utilizaban las estadísticas oficiales. Los de la provincia tarraconense se ocupaban del pluralismo y de su importancia dentro del contexto nacional. Pero el texto de mayor envergadura doctrinal y de mayor autoridad, por ser fruto colectivo de la XVII Plenaria, celebrada entre noviembre y diciembre, fue el titulado Orientaciones pastorales sobre el apostolado seglar. Aunque la opinión pública (tan polémica y tan manipulada en estos años en cuestiones de Iglesia) no le dio gran importancia, bien puede considerarse como uno de los más coherentes y comprometidos del episcopado español en los últimos decenios.

11.

S E BUSCA EL RESPETO DESDE LA DISTANCIA

En el terreno de las relaciones Iglesia-Estado todo siguió en su sitio, dentro de una tónica acentuada de distanciamiento y de falta de inteligencia. Los intentos de revisar el concordato estaban paralizados. En la Embajada ante la Santa Sede, el dialogante Garrigues era sustituido por Lojendio, de línea menos flexible. La provisión de sedes episcopales se hacía cada vez más problemática. El Gobierno recelaba de los nombres propuestos por la Nunciatura. Ni un solo nombramiento episcopal se produjo durante el año 72 para las sedes residenciales y sólo cuatro para obispos auxiliares, ya que en este caso no se aplicaba el trámite concordatario de la presentación. El nombramiento de Mons. Setién para auxiliar de San Sebastián resultaría particularmente conflictivo. La Iglesia parecía caminar por rumbos de mayor inde'pendencia con respecto al Estado. Pero lo que ella entendía como recuperación de su propia libertad era interpretado como desacato y enfrentamiento. Uno de los grandes exponentes del régimen, el falangista Girón, en un discurso pronunciado en- Valladolid, mantenía la tesis de una Iglesia exclusivamente cultural y espiritualista. El cardenal Tarancón, con el apoyo de la mayoría episcopal, defendía formulaciones como la de «cordialidad desde la independencia», «respeto d e s d e j a distancia» o «leal independencia y sana colaboración». En las postrimerías del año iba a producirse un roce. El vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, en un discurso pronunciado en diciembre ante el Consejo de Ministros, lamentaba la ingratitud de la Iglesia, recordando la cifra indiscriminada de 300

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mil millones de pesetas como suma de la ayuda económica prestada a la Iglesia por el régimen de Franco. Ante la dura reacción suscitada en los sectores jerárquicos y eclesiales por este «mazazo Carrero», como lo apellidó el diario Pueblo, el propio general Franco, en su tradicional mensaje de fin de año a los españoles, se encargaba de suavizar la situación. Lo cierto es que, a lo largo del año, algunos seminarios e instituciones de las diócesis consideradas como «ingratas» habían visto canceladas sus subvenciones estatales y que entre los organismos del Estado y los de la Iglesia se hacía difícil el diálogo, y a veces, imposible. Por otro lado, nuevos fenómenos, como el de las homilías multadas o el de los encierros y asambleas laborales en las iglesias, aumentaban la cuota de conflictividad. Mientras tanto, los sondeos sociológicos realizados durante el año acusaban una tendencia generalizada a la indiferencia en la fe y un aflojamiento en la práctica. La polemicidad de todo lo religioso determinaba en el pueblo un acusado desconcierto, lo que hacía pensar que uno de los problemas pastorales más urgentes al final del 72 era precisamente el de la evangelización.

12.

L A IGLESIA Y LA COMUNIDAD POLÍTICA

Al comienzo del año 1973, la Iglesia española, guiada por su jerarquía, proseguía su camino renovador, ratificado en nuevos textos del magisterio colectivo y entre la contestación política y eclesial de la derecha, cada vez más crispada ante el proceso de aggiornamento, y la de la izquierda, que reclamaba gestos reales y desconfiaba de las declaraciones escritas. Muy a primeros del año —en el mes de enero—, el ministro de Asuntos Exteriores Gregorio López Bravo mantuvo una entrevista con el papa Pablo VI. No por ello iban a agilizarse las conversaciones concordatarias. Antes bien, la entrevista fue particularmente tensa al pretender el ministro presentar al papa —que lo rechazó— una especie de memorial de agravios de la Iglesia española al régimen. Poco después de esta visita —el 23 de enero— veía la luz un largo y bien preparado documento episcopal que llevaba por título La Iglesia y la comunidad política. Era un documento esperado y temido como ninguno en los últimos treinta y cinco años. En su texto, el episcopado español (que había contado para su publicación con 59 votos favorables, 20 contrarios y 4 abstenciones) ratificaba sus planteamientos pastorales y doctrinales posconciliares. Se pedía la renuncia del Estado a la intervención en el nombramiento de los obispos, se daba mayor importancia al respeto a la libertad religiosa de los ciudadanos que a la confesionalidad del Estado, se definía la misión de la Iglesia como fundamentalmente religiosa, pero extendiéndola también a la relación crítica y profética con el orden temporal, y se aceptaba, entre otras cosas, la pluralidad de opciones políticas desde el nombre cristiano. Tras su publicación, la opinión pública se ocupó ampliamente de este documento, mientras que caía sobre él el silencio oficial. Otros documentos episcopales de rango colectivo, aunque menor, fueron el de los obispos andaluces, sobre La conciencia cristiana ante la emigración, y el de los catalanes, ratificando las aspiraciones y temores eclesiales en materia de enseñanza. En la base eclesial hacía su aparición, también en el mes de enero el movimiento Cristianos para el Socialismo, con un manifiesto firmado supuestamente en Avila. Representaba una línea eclesial crítica, divergente de la llamada «Iglesia oficial», y se proponía el acercamiento y la integración del cristianismo a las

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posiciones marxistas. También en línea progresiva (aunque bajo la tutela de la jerarquía) se situaba la Comisión Justicia y Paz, cuyas acciones y manifiestos, orientados fundamentalmente hacia la reclamación de tos derechos humanos y sociales, resultaban inevitablemente polémicos. En el otro extremo del arco —en la derecha— aparecía actuando con agresividad un grupo llamado Guerrilleros de Cristo Rey. En los frecuentes conflictos político-religiosos del último decenio del franquismo tendrían siempre un violento protagonismo, llegando a atacar públicamente y con impunidad a la jerarquía, y particularmente a su cabeza visible, el cardenal Tarancón. El acontecimiento pastoral del año 73 fue el sínodo de Sevilla, primera experiencia de este tipo en el posconcilio español. Culminó en el mes de junio con la aprobación de 213 compromisos pastorales. Había supuesto una movilización general de la diócesis sevillana, cuyo ejemplo imitaron otras en los años sucesivos. En el mismo orden habría que situar las conclusiones de la XVIII Asamblea Plenaria episcopal —celebrada del 2 al 7 de julio—, dedicada al tema central de la educación del pueblo en la fe, y que adoptó un programa en veintiocho puntos para la promoción y renovación del ministerio de la predicación en España. La evangelización volvía a emerger como preocupación prioritaria de los obispos españoles. «La religiosidad española es sincera y positiva —había dicho el cardenal Tarancón en el discurso de apertura en esta Asamblea—, pero no está preparada para el cambio».

13.

E L CONCORDATO Y LA RECONCILIACIÓN, ATASCADOS

En el mes de noviembre ocurría, por fin, algo reseñable en el campo de las desmayadas conversaciones concordatarias: Mons. Casaroli acudía a Madrid (del 1.° al 3 de noviembre) aceptando una invitación del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el opusdeísta, López Rodó, que en julio se había encontrado con él durante la Conferencia para la Seguridad Europea, celebrada en Helsinki. Los sectores más sensibilizados de la Iglesia española reaccionaron vivamente contra el talante oficial que acompañó a esta visita, en la que la jerarquía española parecía marginada. Los frutos no fueron visibles, a pesar de que las declaraciones protocolarias hablaban de que quedaba ya preparada «la fase operativa para la revisión del concordato». Días antes de la llegada de Casaroli, seis de los siete sacerdotes recluidos en la llamada «cárcel concordataria» de Zamora protagonizaron un grave episodio de protesta contra su situación de aislamiento del resto de los presos políticos e iniciaron una huelga de hambre. Otros encierros y huelgas se prodigaron en el exterior en solidaridad con ellos. El episodio más sonado fue la ocupación, durante casi veinticuatro horas, de la Nunciatura de Madrid, ^ desde donde los encerrados (más de un centenar entre sacerdotes y laicos) divulgaron escritos pidiendo la supresión de la cárcel concordataria, la amnistía para todos los detenidos políticos y un pronunciamiento' de la jerarquía en favor del respeto de determinados derechos humanos. El cardenal Jubany (Barcelona) insistió públicamente en este punto de la necesidad de una «ordenación jurídica» de los derechos humanos en España con motivo de las detenciones llevadas a cabo por la policía en el mes de noviembre en la iglesia barcelonesa dé María Mediadora. Cuando el 26 de noviembre dieron comienzo en Madrid las sesiones de la XIX Asamblea del episcopado, el clima político y eclesial era particularmente tenso. A última hora se agravaría aún más con la ocupación -del seminario de Madrid por un grupo de cristianos progresistas, que pretendían, forzar así un

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diálogo con la jerarquía sobre «algunos problemas urgentes e importantes que afectan a nuestra Iglesia». Por las mismas fechas se hablaba con insistencia de sendos procesamientos de los obispos de Bilbao (Añoveros) y Segovia (Palenzuela), que no se llevaron a efecto. En el comunicado final de esta Asamblea se incluía la petición de indulto general con motivo del Año Santo y los obispos se pronunciaban favorablemente sobre la legalización de la objeción de conciencia en España por las mismas fechas en que el tema había sido tratado en las Cortes, y con resultado negativo. Una de las constantes de esta Plenaria fue la reconciliación, tema que en España tomaba una vigencia particular en el momento religioso y político, y que se apoyaba en la declaración hecha por el papa para toda la Iglesia del año 74 como Año Santo de la reconciliación. El asesinato del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno desde junio, ponía u n triste y lamentable final al 73. Las reacciones y los enfrentamientos que se produjeron con este motivo, protagonizados algunos por los grupos religiosos más radicalizados, vinieron a confirmar la urgencia de una gran reconciliación en el seno de la convulsa sociedad española del momento.

14.

E L «CASO AÑOVEROS», UN CONFLICTO GRAVÍSIMO

En la intención de la jerarquía española se abría el 74 con una clara voluntad reconciliatoria. En la práctica, y sobre todo por parte de los grupos políticos y religiosos más radicalizados, no sólo se le negaba esa voluntad, sino que se le acusaba de beligerancia. En las homilías pronunciadas con motivo del asesinato de Carrero, se escucharon elogios a las virtudes personales del presidente y condenaciones unánimes de la violencia terrorista que arreciaba en el país. La Iglesia, en su conjunto, se mostraba independiente, libre de las servidumbres de antaño. El discurso programático del nuevo presidente Carlos Arias, pronunciado el • 12 de febrero ante las Cortes, abrió un paréntesis de esperanza para la sociedad española. Fue calificado unánimemente de aperturista. En él no faltaba una alusión a la política religiosa. Arias hablaba de relaciones Iglesia-Estado en los últimos años, «innegablemente conflictivas». Se pronunciaba en este terreno favorable a «alcanzar un adecuado entendimiento a todas luces factible, sin perdernos en lo accesorio y encontrándonos en lo fundamental». Pero, al abogar por una mutua independencia entre los dos poderes, se expresaba con cierta dureza y no poca ambigüedad. «El Gobierno mantendrá —dijo— las condiciones que permitan a aquélla (la Iglesia) desempeñar sin trabas su sagrada misión y el ejercicio de su apostolado, pero rechazará con la misma firmeza cualquier interferencia en las cuestiones que, por estar enmarcadas en el horizonte temporal de la comunidad, están reservadas al juicio y decisión de la autoridad civil». La determinación —no coincidente entre los eclesiásticos y los políticos— de qué fuese y a qué alcanzase «el horizonte temporal» iba a ser el caballo de batalla de muchas tensiones. Pero las esperanzas de evolución suscitadas por esta última etapa del franquismo quedaron pronto defraudadas en el terreno político y también en el religioso. La dialéctica terrorismo-represión crecía peligrosamente. En las iglesias de la diócesis de Bilbao se leyó el 24 de febrero una homilía, preparada bajo la responsabilidad del obispo Añoveros, que abordaba moderadamente el tema de los derechos de las minorías étnicas, y en concreto del pueblo vasco. Calificada oficialmente de «gravísimo ataque a la unidad nacional», produjo el

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más duro enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado en toda la historia del régimen. Las pretensiones gubernamentales de alejar al prelado bilbaíno del país dieron al traste con la imagen pretendidamente aperturista de la etapa Arias. El conflicto Iglesia-Estado llegó a su cota más alta de acritud, temiéndose incluso una inmediata ruptura de las relaciones entre España y la Santa Sede; Mons. Añoveros contó con el apoyo de Roma y con la solidaridad del episcopado español, cuya Comisión Permanente estableció largas y trabajosas negociaciones con el Gobierno, mientras manifestaba su «fraterna y cordial comunión con Mons. Añoveros». Para entonces, y tras la muerte de Lojendio, había sido designado embajador ante el Vaticano Fernández de Valderrama. Las conversaciones concordatarias conocieron en el año nuevas alternativas; pero, como venía siendo habitual, sin resultados concretos. En el mes de abril, Mons. Casaroli hizo una breve escala en Madrid. Más tarde —en junio— volvía a la capital española. Su interlocutor era ahora Pedro Cortina, primer ministro de Asuntos Exteriores de Arias. Las conversaciones, llevadas en una clave distinta de la que tuvieron en tiempos de López Rodó, parecían haber despejado el camino hacia la revisión bilateral del concordato. De hecho, pocos días más tarde, y mientras estaba reunida la XX Plenaria del episcopado, llegaba a Madrid Mons. Acerbi para proseguir la negociación a nivel técnico. Ya en el mes de julio, el ministro Cortina mantenía en el Vaticano las conversaciones más largas: seis días de duración. Nada cambiaría, sin embargo. Ni siquiera se daba solución al problema de la ya larga vacancia de seis sedes episcopales españolas, que parecía ser ahora el motivo más grave en el bloqueo de las conversaciones.

La vida pública eclesial concluía este año con la celebración de la XXI Asamblea Plenaria del episcopado en los primeros días del mes de diciembre. La operación asociacionista lanzada por el Gobierno (un eufemismo para evitar la denominación de partidos políticos) estaba en su apogeo. En su comunicado final, los obispos se referían a la necesaria evolución de las estructuras y al reconocimiento de los derechos civiles. No faltaba en su nota una alusión al problema de las homilías conflictivas, que durante el 74 fueron muchas y muy severamente multadas en todo el territorio nacional. Por las mismas fechas, los obispos decidían la elaboración de un texto colectivo que abordase el espinoso problema de la reconciliación nacional. Dentro de esta misma línea, la Comisión Justicia y Paz promovía una gran campaña nacional pro amnistía, en la que llegaría a recoger hasta 170.000 firmas. Entre tanto, el 74 señalaba ya el principio del final del franquismo. En el mes de julio, el general Franco había estado gravemente enfermo, produciéndose la sustitución provisional en la Jefatura del Estado, que desempeñó, con prudente autoridad, el príncipe D. Juan Carlos de Borbón.

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15.

ALGUNOS TEXTOS EPISCOPALES

En el terreno del magisterio, de la acción jerárquica hay que registrar un «documento de trabajo» publicado por los obispos de la provincia tarraconense que, bajo el título de Misterio pascual y acción liberadora, abordaba por primera vez las convergencias y divergencias entre el cristianismo y el socialismo de inspiración marxista. Era en Cataluña donde más arraigado parecía el movimiento cristiano para el socialismo. La XX Asamblea Plenaria del episcopado, celebrada en julio, constataba una ligera recuperación en materia de vocaciones tras la crisis de los años anteriores y sancionaba la ortodoxia de los libros de texto para la enseñanza religiosa aprobados por el episcopado, algunos de los cuales eran acusados de heterodoxia por sectores de la prensa y del pensamiento ligados a la derecha eclesial, y en particular al Opus Dei. Dos experiencias pastorales tuvieron lugar en el 74. La primera, la iniciación del concilio gallego, de amplias ambiciones y de no tan notables éxitos en su desarrollo posterior. La otra, la reunión —en el mes de octubre— de la Hermandad Sacerdotal, que realizó sus Jornadas en Cuenca al abrigo del obispo de aquella diócesis, Mons. Guerra Campos. .Sus conclusiones se revelaban dogmáticas y politizantes y apuntaban hacia rumbos escasamente coincidentes con los que marcaba mayoritariamente la jerarquía episcopal española. De entre los textos doctrinales del episcopado español durante el año habría que destacar el que en el mes de septiembre emitió la Comisión Episcopal de Apostolado Social sobre La actitud cristiana ante la actual coyuntura económica. Abundaba en el tratamiento de los aspectos éticos de la situación; ello no obstante, su enseñanza fue calificada de injerencia en lo temporal por los partidarios de una pastoral verticalista. '•:'

16.

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IGLESIA-ESTADO: UN DETERIORO CRECIENTE

Al entrar en el último año del franquismo, bien puede decirse que la Iglesia española lo hacía mirando hacia delante, hacia un futuro que se adivinaba cada vez más próximo. Ello significaba la acentuación de su creciente distanciamiento del régimen; operación que levantaba en algunos sectores de la sociedad sospechas y acusaciones de oportunismo, mientras que en otros grupos más identificados con el sistema era interpretado como una suerte de traición. Lo cierto es que la Iglesia, removida por la sacudida autocrítica que significaba el Vaticano II, iba desarrollando una nueva imagen. En esa lenta y difícil operación, necesariamente había de mirar más a su futura presencia en la sociedad española que no a la relación con un régimen cuya contingencia aparecía cada vez más clara. Los caminos del régimen, empeñado en su propia supervivencia como tal, y los de la Iglesia, abiertos hacia el futuro, eran necesariamente divergentes. Siendo así, los roces y aun los choques tenían que surgir, y surgieron también a lo largo del 75. El más notable fue la supresión, en el mes de marzo, de la primera Asamblea Cristiana de Vallecas. Preparada concienzuda y democráticamente bajo la inspiración del obispo auxiliar de Madrid, Alberto Iniesta, apuntaba hacia formulaciones modernas de la vida y de la acción cristiana comunitarias en un ambiente suburbano tan caracterizado como el de la populosa barriada madrileña. Su realización chocó con la prohibición oficial. Lo mismo ocurriría más tarde —en el mes de mayo— con otra asamblea de parecido signo que venía preparándose en Canarias bajo la dirección del obispo Infantes Florido. También se encontró con la resistencia oficial, registrándose un duro cruce de notas entre las autoridades eclesiásticas y las gubernativas. Ya para entonces, y en el curso de la XXII Asamblea Plenaria del episcopado (del 3 al 8 de mayo) el cardenal Tarancón había sido reelegido como presidente, ratificando así su liderazgo de los años anteriores y asegurándole para otro trienio, en el que seguiría confirmando su línea de independencia y de moderación. En la Secretaría de la Conferencia seguía contando con el obispo Yanes. En el mes de abril se hacía público un documento episcopal largamente esperado. Era el titulado La reconciliación en la Iglesia y en la sociedad. Con él la Iglesia se sumaba desde la doctrina a la gran operación reconciliatoria, que pa-

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trocinaban a la sazón en el seno de la comunidad española cuantos se sentían preocupados por su futuro. Esa voluntad reconciliatoria, en la que participaban también, desde su ya menos rígida clandestinidad, los grupos y partidos de la oposición, se veía dramática y sistemáticamente rota por grupos terroristas —como ETA—, que multiplicaban sus atentados (sobre todo en el País Vasco) contra las fuerzas de orden público y contra particulares por medio de robos y secuestros. Esta actividad acentuaba, como contrapartida, la represión y frenaba los tímidos tanteos de apertura política que venían intentándose. En este sentido, el otoño iba a ser particularmente caliente. En septiembre —el 18—, los obispos habían publicado una nota en torno al decreto-ley de prevención del terrorismo, que fuera aprobado el 26 de agosto del mismo año. Condenaban en ella los obispos (como lo habían hecho muchos de ellos a título personal y con ocasión de los frecuentes atentados) la violencia y pedían que una justa revisión de las normas y estructuras políticas dejara a salvo los derechos de las personas y de los grupos, propiciando una convivencia asentada sobre el pluralismo. La conflictividad iba a alcanzar su cresta más alta de los últimos años en el mes de septiembre con motivo del proceso sumario contra un grupo de terroristas. En el interior y en el exterior surgió una poderosa corriente de petición de garantías jurídicas para los procesados y de clemencia después para los condenados. De muchos sectores de la vida nacional se alzaron voces reconciliatorias. No faltaron entre ellas la de los obispos, y tampoco la de Pablo VI, que reiteradamente intercedió de forma personal ante el jefe del Estado. A pesar de tantas voces, en la madrugada del 27 de septiembre eran ejecutados, en diversos puntos del país cinco terroristas. Pocos días después —el 1.° de octubre— era convocada por los sectores gubernamentales una gran manifestación en la plaza de Oriente que pretendía mostrar la adhesión popular al régimen y la repulsa contra el clamor internacional que las ejecuciones habían levantado.

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D O N J U A N CARLOS DE BORBÓN SUCEDE AL GENERAL FRANCO

Sería la última aparición en público del general Franco. Pocos días después se hacía oficial su enfermedad, que, tras un proceso largo y penosísimo, le llevaría a la muerte, ocurrida en las primeras horas del 20 de noviembre. En su testamento a los españoles, leído por el presidente del Gobierno Carlos Arias, hacía profesión de su fe católica, recomendaba la unidad de la Patria y solicitaba la adhesión popular para la figura de su sucesor: el príncipe Juan Carlos de Borbón. En las homilías pronunciadas por los obispos con ocasión de los funerales de Franco, y salvo matices de interpretación personal, la jerarquía se mostraba respetuosa con la persona y algo más crítica con el régimen; pero, sobre todo, preocupada por el futuro de la convivencia española, que habría de asentarse sobre las bases del respeto de los derechos y del pluralismo político. Realizada ante las Cortes Españolas 4a proclamación de D. Juan Carlos como Rey el 22 de noviembre, tuvo lugar el día 27 un solemne acto religioso,en la iglesia de San Jerónimo el Real. En el curso de la celebración eucarística, el cardenal Tarancón pronunció una homilía que tuvo en la opinión pública, nacional e internacional, un inmenso eco. En ella, la máxima jerarquía de la Iglesia recordaba a la suprema autoridad del Estado los principios éticos de un

Apénd.I.

La Iglesia española desde 1939 hasta 1976

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orden nuevo, los valores tradicionales del pueblo español y la voluntad de respeto, y a la vez de independencia, por parte de la Iglesia con respecto a la nueva etapa política. La revista Ecclesia titulaba esa semana su editorial «Una homilía para la nueva era». Todo hacía suponer efectivamente, que por esas fechas nacía una nueva era, un nuevo capítulo en la historia de España y en la de su Iglesia.

Apénd.I.

BIBLIOGRAFÍA Por VICENTE CÁRCEL ORTÍ Y JOAQUÍN L. ORTEGA A)

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B)

IGLESIA-ESTADO

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1.

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Apénd.I.

Joaquín L. Ortega

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La Iglesia española desde 1939 hasta 1976

711

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Aspectos parciales

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712

Joaquín L. Ortega

raciones en torno al artículo 4." del concordato español de 1953): Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid 5 (1961) 647-49. b) Educación y enseñanza A. BLANCO MARTÍNEZ, La conexión de los ordenamientos canónico y estatal español en materia de enseñanza: Rev. Esp. de Derecho Canónico 28 (1972) 29.57. E. HERNÁNDEZ SOLA, La enseñanza religiosa y el concordato: Sal Terrae 59 (Santander 1971) 223-33. I. MARTÍN, La educación en el concordato español de 1953: Studi giuridici in memoria di F. Vassalli (Torino, U.T.E.T., 1960) p.1063-88. A. MARTÍNEZ BLANCO, Eficacia civil de los estudios y títulos en centros de la Iglesia. Principios doctrinales y concordatarios: Rev. Esp. de Derecho Canónico 29 (1973) 67-107. I. SANTOS, Evolución del régimen docente concordatario en España: Ius canonicum 29 (1975) 311-30. c)

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sobre el reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en universidades de la Iglesia: Rev. Española 'de Derecho Canónico 18 (1963) 137-88. A. DE FUENMAYOR, El convenio entre la Santa Sede y España sobre universidades de estudios civiles (Pamplona, Eunsa, 1966) (= Colección Canónica de la Universidad de Navarra: 12). 2. Acuerdo de 1976 P. V. AlMONE-BRAlDA, Partecipazione del potere civüe nella nomina dei Vescovi in accordi conclusi dalla Santa Sede con i governi civilifra il 1965 e il 1976: Apollinaris 50 (1977) 572-86. A. BENLLOCH POVEDA, Conventio inter Sanctam Sedem et Hispanam Nationem (Adnotationes): Apollinaris 49 (1976) 331-40. C. CORRAL, La vía española de los convenios específicos: Estudios Eclesiásticos 52 (1977) 165-95.

Apénd.I.

La Iglesia española desde 1939 hasta 1976

713

L. DE ECHEVERRÍA, La recíproca renuncia de la Iglesia y del Estado de los privilegios del fuer) y de presentación de obispos: Estudios Eclesiásticos 52 (1977) 197-221. El convenio español sobre nombramiento de obispos y privilegio del Fuero: Revista Española de Derecho Canónico 33 (1977) 89-140. A. DE LA HERA, Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976: Ius Canonicum 16 (1976) 153-63. —El acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976: Ex equo et bono. Festschrift W. M. Plóchl (Innsbruck 1977) p.545-57. I. RIBEIRO, A Igreja em Espanha e a mudanca política: Brotéria 103 (Lisboa 1976) 518-42.

VI.

Revisión del concordato T. CALVO, Concordato y acuerdos parciales: Política y Derecho (Pamplona, Eunsa, 1977). C. CORRAL SALVADOR, El concordato español ante su reforma: Razón y Fe 179 (1969) 131-52. El concordato español de 1953, en revisión: Sal Terrae 57 (1969) 83-98. El privilegio español de presentación, en revisión: ibid., 57 (1969) 179-89. EQUIPO «VIDA NUEVA», Todo sobre el concordato (Madrid 1971). Konkordatsreform in Spanien: Langsame Fortschritte: Herder-Korrespondenz 28 (Freiburg Br. 1974) 384-86. t. MAESTRE ROSA, Los nombramientos episcopales y las circunscripciones eclesiásticas dentro de la problemática que plantea la revisión del concordato español de 1953: Revista de Estudios Políticos 191 (1973) 171-92. I. MARTÍN, Libertad de la Iglesia y concordatos. Reflexiones sobre la reforma del concordato español de 1953: Rev. de la Fac. de Derecho de la Univ. de Madrid 14 (1970) 7-36. La revisión del concordato de 1953 en la perspectiva del episcopado español (Madrid, Fundac. Univ. Española, 1974). I. M. PERO-SANZ, Un nuevo concordato para España: Nuestro Tiempo 31 (1969) 152-61. G. C. SPATINI, Le relazioni concordatarie in Spagna dal 1931 al 1976 ed i concordad negli ordinamenti democratici e totalitari in una tavola rotonda delVUniversita di Pariría: II Diritto Ecclesiastico (Roma) (1976) 1,317-28. Relaciones Iglesia y comunidad política, n.2-3 de la revista Salmanticensis 21 (1974). La Iglesia en España sin Concordato. Una hipótesis de trabajo. Ponencias de las I Tornadas de Reflexión de Profesores, organizadas por la Univ. Pont, de Comillas - Fac. de Derecho Canónico. Madrid 22-24 enero 1976 (Madrid, Eapsa, 1976) (= Publicaciones de la Univ. Pont, de Comillas. Madrid. Serie I, 11). Revista «Miscelánea Comillas» 35 (1977) n.66 (varios artículos). VII.

Libertad religiosa

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714 VIII. Temas varios

Joaquín L. Ortega

Asamblea conjunta obispos-sacerdotes. Historia de la Asamblea. Discursos. Texto íntegro de todas las ponencias. Proposiciones. Conclusiones. Ape'ndices. Edición preparada por el Secretariado Nacional del Clero (Madrid 1971) (= BAC: 328). D. BENAVIDES, El fracaso social del catolicismo español (1870-1951) (Barcelona 1973). A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Legislación eclesiástica del Estado (Madrid 1965). Recoge textos legales desde 1938 hasta 1964. J. CASTAÑO COLOMER, LaJOC en España (1946-1970) (Salamanca, Sigúeme, 1977). J. CAZORLA PÉREZ, Las relaciones entre los sistemas eclesial, social y político en la España contemporánea. Un esquema interpretativo, en La España de los años setenta, dirigida por M. Fraga, J. Velardo y S. del Campo (Madrid 1972) III-l p.383ss. J. M. DE CÓRDOBA, Notas para una posible historia de la AC española: Pastoral Misionera 6 (1969) 681-688. F. FRANCO-SALGADO ARAÚJO, Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona 1976); Mi vida junto a Franco (Barcelona, Planeta, 1977). J. N. GARCÍA NIETO, El sindicalismo cristiano en España (Bilbao, El Mensajero, 1960). R. GARRIGA, El cardenal Segura y el Nacional-catolicismo (Barcelona 1977). J. IRIBARREN, Documentos colectivos del episcopado español. 1870-1974 (Madrid 1974). I. MARTÍN, Panorama del regalismo español hasta el vigente concordato de 1953: Revista de la Fac. de Derecho de la Univ. de Madrid 5 (1961) 279-303. A. MARTÍNEZ BLANCO, Estatuto civil y concordato del patrimonio artístico y documental de la Iglesia: Anales de la Univ. de Murcia. Derecho 30 (1971-72) 221-54. P. SAINZ RODRÍGUEZ, Testimonio y recuerdos (Barcelona, Planeta, 1978). L. SÁNCHEZ PORTERO, Jurisprudencia estatal en materia eclesiástica (Madrid, Montecorvo, 1968). R. SERRANO SúÑER, Entre el silencio y la propaganda. La Historia como fue (Barcelona, Planeta, 1977). X. TUSELL, La oposición democrática al franquismo. 1939-1962 (Barcelona, Planeta, 1977). F. URBINA, Historia de la AC desde 1939 hasta nuestros días: Pastoral Misionera 10 (1972) 269-363. —Reflexión histórico-teológica sobre los movimientos especializados de Acción Católica: Pastoral Misionera.

APÉNDICE II

DOCUMENTOS DOCUMENTO CONVENIO ENTRE GREGORIO XVI

I

E ISABEL II (27 abril

1845)

(FUENTE: Mercati, I p.795-99.) CONVENTIO inter Ssmum. Dominum Gregorium XVI, Summum Pontificem, et Maiestatem Suam Isabellam II, Hispaniarum Reginam Catholicam. In nomine Sanctissimae Trinitatis. Sanctitas Sua Summus Pontifex Gregorius XVI, et Maiestas Sua Isabella II, Hispaniarum Regina Catholica in suos respective Plenipotenciarios nominarunt: Sanctitas Sua, Emmum. Dominum Aloisium, S.R.E. Card. Lambinschini, Episcopum Sabinensem, suum a Secretis Status; Et Maiestas Sua, Excellentissimum Dominum Josephum del Castillo y Ayensa, Regii Ordinis Caroli III Equitem, nec non Americani Ordinis Isabellae Catholicae, et in Galliarum Ordine Legionis Honoratorum Commendatorem, suum Consiliarium. Qui post sibi mutuo tradita respectivae plenipotentiae instrumenta, de iis quae sequuntur convenerunt. Articulus 1. Religio Catholica Apostólica Romana esse pergit Religio totius Hispanicae Nationis, excluso prorsus in ditione Catholicae Majestatis suae quocumque alio cultu. Art. 2. Cum plura in Hispanicis dominiis territoria sint ab Episcoporum iurisdictione plus minus exempta eorumque nonnulla ad Monasteria pertineant, seu ad collegia quaelibet, vel Dignitates in novissimis publicarum rerum perturbationibus facto ipso sublatas, Summus Pontifex illorum curam commendabit Episcopis suarum vel proximarum Dioecesium, vel respectivae provintiae Archiepiscopo, vel aliís Ecclesiasticis viris, doñee collatis cum Regia Sua Maiestate consiliis, deliberabitur de antiquo illorum regimine instaurando, vel de iisdem propriae seu finitimae Dioecesi adiugendis aut stabili alia ratione ordinandis. Atque ad Dioeceses quidem quod attinet, earumque vacantes, provisione interim non retardata, Majestad Suae consilium est postulare a Summo Pontifice novam illarum circumscriptionem; in qua scilicet Episcopatuum numero aucto potius quam inminuto eorundem fines ad spiritualem fidelium utilitatem opportunius disponantur. Art. 3. Seminaria Ecclesiastica, si desint in aliquibus Dioecesibus, sine mora fundentur, ut nulla postmodum in Hispaniae ditione Ecclesia sit, quae u n u m saltem seminarium non habeat, quod sui cleri educationi sufficiat. In Seminariis admittentur, atque ad normam sacri Concilii Tridentini informabuntur atque instituentur, pueri et adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi, pro necessitate vel utilitate Dioecesium, in eadem recipiendos iudicaverint. Horum Semina-

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Apénd.II.

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riorum ordinatio, doctrina, gubernatio, administrado ad ipsos locorum Ordinarios pleno jure pertinebit juxta canónicas sanctiones. Art. 4. Et quoniam Sacrorum eorundem Antistitum munus est doctrinae fidei et morum, ac religiosae juvenum educationi vigilare in hujus muneris exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur. Eosdem pertinet ut libros a Sede Apostólica proscriptos, et alios quos episcopi ipsi impios, vel Religioni bonisque moribus noxios iudicaverint, e fidelium manibus evellere ad sacrorum canonum tramites studeant. Art. 5. Insuper Archiepiscopis et Episcopis pro suo pastorali muñere liberum erit: Vicarios, consiliarios, et adiutores administrationis suae constituere Ecclesiasticos viros, quos ad praedicta officia idóneos iudicaverint; ad statum clericalem assumere, atque ad Ordines etiam maiores, servatis canonum praescriptionibus, promoveré quos necessarios aut útiles suis dioecesibus iudicaverint; et e contrario quos indignos aut inhábiles censuerint, a susceptione Ordinum arcere. ítem in eos, qui reprehensione digni fuerint, facultatibus uti quae in sacris canonibus et in sancta praesertim tridentina Synodo continentur. Causas ecclesiasticas ad forum suum spectantes ¿rognoscere, ac de iis sententiam ferré. Causae autem maiores ad Summum Pontificem pertinent. In reliquis etiam liberum est appellare iuxta canonum statütá ad Sanctam Sedem. Ceterum firma in ómnibus erunt quae circa causas ad Nuntiaturam Apostolicam, atque ad Tribunal Rotae in ea Matriti constitutum deferendas a Clemente XIV statuta sunt in Apostolicis Litteris datis sub Annulo Piscatoris die vigésima sexta Martii anni millesimi septingentesimi septuagesimi primi. Praescribere vel indicere preces publicas, aliaque pia opera, cum id pro Ecclesiae bono, vel publicae rei utilitate congruum iudicaverint. Cum clero et Populo Dioecesano pro muñere officii pastoralis communicare, visitare Dioecesim; et suas instructiones et ordinationes de rebus ecclesiasticis libere publicare; praeterea Episcoporum, cleri et Populi communicatio cum Sancta Sede in rebus spiritualibus, et negotiis ecclesiasticis libera erit. In Beneficiorum collationibus praeter alias Ecclesiasticae Disciplinae regulas servanda erunt, quae conventa sunt inter Summum Pontificem Benedictum XIV et Catholicum Regem Ferdinandum VI die undécima Ianuarii anno millesimo septingentésimo quinquagesimo tertio, quae quidem Conventio tum in hac re, tum in reliquis suis partibus confirmata declaratur. Semper autem Episcopis liberum erit collationem suam canonicam ad Beneficia et institutionem iis denegare, quos indignos aut inhábiles iudicaverint. Ac generatim Archiepiscopi et Episcopi plena pro iure suo libértate utentur in iis ómnibus peragendis, qüae sive ex declaratione sive ex dispositione sacrorum canonum, secundum praesentem et a Sancta Sede approbatam Ecclesiae disciplinam, ad pastorale illorum officium pertinent. -• Art. 6. Iuxta haec, Maiestas Sua haudquaquam patietur, lít iidem Antistites aliique sacri Ministri in sui muneris functione ifnpediantur seu ob sacri Ministerii opera a quoquam quovis obtentu vexentur; imo vero providebit, ut iisdem debitus iuxta divina mandata honor servetur, nec quidquam fíat quod dedecus ipsis afferre, aut eos in contemptum addúcere possit, atque adeo iubebit ut in quacumque occasione ab ómnibus Regni Magistratibus peculiari reverentia eorum dignitati debita cum ipsis agatur. Aderit etiam Reginae Maiestas potenti patrocinio suo Episcopis illud pro re nata postulantibus, máxime autem ubi improbitati obsistendum sit hominum, qui fidelium mentes pervertere, vel eorum mores corrumpere conentur, aut divulgatio pravorum noxiorumque librorum impedienda sit.

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Art. 7. Omnia quae nunc stant, sanctimonialium coenobia, uti et pauca illa quae supersunt in Hispaniae dominiis Coenobia Virorum conservabuntur. Insuper Maiestas Sua, utilitates considerans, quas Ecclesiae Hispaniarum suaeque Ditionis populus a Religiosis Ordinibus perceperunt, et promptam suam erga sanctam sedem voluntatem ostendere desiderans, alia etiam pro loco et tempore Religiosorum Coenobia inito cum Apostólica ipsa Sede consilio cum dotatione congrua instauran curabit. Art. 8. Bona Ecclesiastica cuiusque generis quaecumque post venditiones in praeteriti temporis calamitate ex latarum tum civilium legum praescripto peractas superfuerunt, sive scilicet ad Saecularem Clerum, sive ad Regulares, sive ad alias pias causas pertineant Ecclesiae restituuntur. Horum bonorum procurado (iis tamen exceptis, quae a Regio Gubernio peculiaribus Ecclesiis seu Beneficiis, piisque alus Institutis, quorum propria sunt, iam reddita fuerint), tribus selectissimis viris Ecclesiasticis a Summo Pondfice, collatis consiliis cum Catholica Maiestate sua, deputandis interius committetur, qui illa fideliter administrabunt doñee modo debito applicentur. Nimirum ad bona quod attinet pertinenda ad Clerum Saecularem, seu ad Instituía quaelibet adhuc extantia curabunt deputati praedicti ut illa quam primum dite fieri potest, eisdem restituant. Quum vero ad multarum Ecclesiarum viduitatem, aliorumque Beneficiorum vacationem, seu alias ob causas fieri possit, ut quibusdam in casibus restitutionem huiusmodi perficere in praesens non expediat; hinc Deputatis ipsis jus erit retiñere in sua administratione hisce in casibus respectiva bona, doñee restituí commode valeant; vel in ecclesiasticos alios usus, impetrata a Sede Apostólica auctoritate, destinentur. Bonorum vero ad sublata Religiosorum Coenobia, aut ad alia quae non extent, Instituía spectantium procuratio remanebit penes eosdem Deputatos, doñee a Summo Pontífice, collatis cum Majestate Sua consiliis, de illorum applicatione decernatur. Art. 9. Ad reparandas, quoad fieri possit, jacturas, quas Hispaniarum Ecclesiae in temporalibus suis iuribus novissimi temporis calamitate passa sunt, dabuntur illis sine mora a Catholica Majestate Sua novi proventus, ad divini scilicet cultus impensas, ac Sacrorum Praesulum, Capitulorum, Parochorum, Seminariorum, Clerique universi sustentationem atque ad pios alios et ecclesiasticos usus perpetuo iure desdnandi. Qua super re inter Summum Pontificem, et Maiestatem Suam convenit, ut Sacrorum Ministri haudquaquam in conditione ponantur Magistratuum seu Officialium publico stipendio fruentium, sed Hispaniarum Ecclesiis ad praedictos usus ea omnino dos tribuatur, quam Sanctitas Sua uti tutam, iustam et congruam decentemque ac plañe liberam seu independentem iudicare ac probare valeat. In hac autem dotatione ratio etiam habenda erit quinquaginta duarum Dignitatum seu Beneficiorum, quae supradicta inter Benedictum XIV et Ferdinandum VI Conventione ad collationem Sedis Apostolicae reservata sunt. Art. 10. Ecclesia insuper jus habebit novas justo quocumque titulo acquirendi possessiones; eiusque proprietas in ómnibus quae possidet, vel in posterum acquiret, sacra et inviolabilis erit. Ecclesiasticarum vero quarumeumque fundationem nulla vel suppressio vel unió fieri poterit absque interventu auctoritatis Sedis Apostolicae, salvis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis. Art. 11. Attenta autem utilitate, quae in causam Religionis in hac Conventione dimanatura erit, Summus Pontifex, instante Maiestate Sua, ad tuendam publicam tranquillitatem, spondet se, quum primum Hispaniae Clerus ea, de qua in articulo nono dictum est, nova dotatione podetur, edicturum peculiare

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decretum quo illos, qui bona ecclesiastica in novissimis Catholici Regni perturbationibus, ad latarum tune civilium Legum tramites, emerunt, eorumque possessionem adepti sunt exitum superioris anni millesimi octingentesimi quadragesimi quarti, atque alios ab emptoribus ipsis causam habentes nullam ullo tempore habituros molestiam declarabit, ñeque a Sua Sanctitate ñeque a Romanis Pontifícibus successoribus suis. Art. 12. Coetera super quibus in hisce articulis provisum non est, quaecumque ad res, seu personas ecclesiasticas pertinent, dirigentur omnia et administrabuntur iuxta vigentem et approbatam a Sede Apostólica Ecclesiae disciplinan!. Si vero in posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et Regia Maiestas secum conferre, et rem amice componere sibi reservant. Art. 13. Per praesentem Conventionem leges, ordinationes et Decreta in Hispaniarum Ditione quomodocumque lata, in quantum illi adversantur, abrogata habebuntur; eademque Conventio in Hispaniis Lex Status in futurum omne tempus valitura declarabitur. Art. 14. Ut autem quae in supradictis articulis conventa sunt, promptiorem facilioremque habeant effectum, Summus Pontifex consilium sibi esse declarat mittere Matritum prope diem ad ea, uti et ad religiosa alia negotia curanda, Praesulem sibi probatum, ac Delegati Sui Apostolici titulo insignitum, quem Sanctitas Sua congruis ad eamdem rem mandatis el facultatibus instruet. Art. 15. Ratificationum hujus Conventionis traditio fiet intra trium mensium spatium a die hisce articulis apposita, aut citius si fieri poterit. Datum Romae, die vigésimo séptimo Aprilis, anno millesimo octingentesimo quadragesimo quinto. Articuli Secreti Articulus 1. Viri Ecclesiastici ad Archiepiscopales vel Episcopales Sedes, seu ad quaecumque Beneficia Consistorialia a Catholica Maiestate sua nominati antequam canonicam a Summo Pontifice institutionem accipiant, nullo unquam obtentu destinatae sibi Ecclesiae procurationi immiscere se poterunt. Art. 2. Iidem statuto tempore Romano Pontifici iuramentum canonicae fidelitatis ad eam omnino formam quae in Pontificale Romano praescripta est, absque ulla seu detractione seu additione praestabunt'. Art. 3. Cum vacent ad praesens in Ditione Maiestatis Suae quamplures Ecclesiae, in quibus peculiari novi Pastoris sedulitate opus est ad turbatas calamitate temporum sacras res in canonicum ordinem restituendas, convenit inter Summum Pontificem et Catholicam Maiestatem Suam ut Regiae ad illas nominationes fiant quantocius, se antea collata cum Delegato Apostólico Matritum prope diem profecturo; ut ita praesentibus illarum Ecclesiarum indigentiis per .iristitutum scilicet a Sanctitate Sua de personarum virtute atque idoneitate judicium, adjuvante Domino, consuli promptiifs ac felicius valeat. 1 Este artículo fue suprimido y su objeto se acordó fuera negociado mediante un cambio de notas.

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II

CONCORDATO CELEBRADO ENTRE S U SANTIDAD EL SUMO PONTÍFICE P Í O IX Y S. M. D. a ISABEL II, REINA DE LAS ESPAÑAS

(16 marzo 1851) (FUENTE: Mercati, I p.771-95.) En el nombre de la Santísima e individua Trinidad. Deseando vivamente Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX proveer al bien de la religión y a la utilidad de la Iglesia de España con la solicitud pastoral con que se atiende a todos los fieles católicos, y con especial benevolencia a la ínclita v devota nación española; y poseída del mismo deseo S. M. la reina católica D. a Isabel II, por la piedad y sincera adhesión a la Sede Apostólica, heredada de sus antecesores, han determinado celebrar un solemne concordato, en el cual se arreglen todos los negocios eclesiásticos de una manera estable y canónica. A este fin, Su Santidad el Sumo Pontífice ha tenido a bien nombrar su Plenipotenciario al Excmo. Sr. D. J u a n Brunelli, arzobispo de Tesalónica, prelado doméstico de Su Santidad, asistente al solio pontificio y nuncio apostólico en los reinos de España, con facultades de legado a latere; y S. M. la Reina Católica, al Excmo. Sr. D. Manuel Bertrán de Lis, caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden española de Carlos III, de la de San Mauricio y San Lázaro, de Cerdeña, y de la de Francisco I, de Ñapóles, diputado a Cortes y su ministro de Estado, quienes, después de entregadas mutuamente sus respectivas plenipotencias y reconocida la autenticidad de ellas, han convenido en lo siguiente: Artículo 1.° La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. C. con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones. Art 2.° En su consecuencia, la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin, no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas. Art. 3.° Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie, bajo ningún pretexto, en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien, cuidarán todas las autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio. S. M. y su real Gobierno dispensarán, asimismo, su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que les pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles

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y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. Art. 4.° En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagradas, los obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones. Art. 5.° En atención a las poderosas razones de necesidad y conveniencia que así lo persuaden, para la mayor comodidad y utilidad espiritual de los fieles, se hará una nueva división y circunscripción de diócesis en toda la Península e islas adyacentes. Y al efecto se conservarán las actuales sillas metropolitanas de Toledo, Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, y se elevará a esta clase la sufragánea de Valladolid. Asimismo, se conservarán las diócesis sufragáneas de Almería, Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calahorra, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Huesca, Jaén, Jaca, León, Lérida, Lugo, Málaga, Mallorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Santander, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Zamora. La diócesis de Albarracín quedará unida a la de Teruel; la de Barbastro, a la de Huesca; la de Ceuta, a la de Cádiz; la de Ciudad Rodrigo, a la de Salamanca; la de Ibiza, a la de Mallorca; la de Solsona, a la d e Vich; la de Tenerife, a la de Canarias; la de Tudela, a la de Pamplona. Los prelados de las sillas a que se reúnen otras añadirán al título de obispos de la Iglesia que presiden el de aquella que se les une. Se erigirán nuevas diócesis sufragáneas en Ciudad Real, Madrid y Vitoria. La silla episcopal de Calahorra y La Calzada se trasladará a Logroño; la de Orihuela, a Alicante, y la de Segorbe, a Castellón de la Plana, cuando en estas ciudades se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno, oídos los respectivos prelados y cabildos. En los casos en que, para el mejor servicio de alguna diócesis, sea necesario un obispo auxiliar, se proveerá a esta necesidad en la forma canónica acostumbrada. De la misma manera, se establecerán vicarios generales en los puntos en que, con motivo de la agregación de diócesis prevenida en este artículo o por otra justa causa, se creyeren necesarios, oyendo a los respectivos prelados. En Ceuta y Tenerife se establecerán, desde luego, obispos auxiliares. Art 6.° La distribución de las diócesis referidas, en cuanto a la dependencia de sus respectivas metropolitanas, se hará como sigue: Serán sufragáneas de la Iglesia metropolitana de Burgos las de Calahorra o Logroño, León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria. De la de Granada, las de Almería, Cartagena o Murcia, Güadix, Jaén y Málaga. De la de Santiago, las de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy. De la de Sevilla, las de Badajoz, Cádiz, Córdoba e islas Canarias. De la de Tarragona, las de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y Vich. .. De la de Toledo, las de Ciudad Real, Coria, Cuenca, Madrid, Plasencia y Sigüenza. De la de Valencia, las de Mallorca, Menorca, Orihuela o Alicante y Segorbe o Castellón de la Plana. De la de Valladolid, las de Astorga, Avila, Salamanca, Segovia y Zamora. De la de Zaragoza, las de Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y Teruel.

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Art. 7.° Los nuevos límites y demarcación particular de las mencionadas diócesis se determinarán con la posible brevedad y del modo debido (servatis servanáis) por la Santa Sede, a cuyo efecto delegará en el nuncio apostólico en estos reinos las facultades necesarias para llevar a cabo la expresada demarcación, entendiéndose para ello (collatis constáis) con el Gobierno de S. M. Art. 8.° Todos los RR. Obispos y sus Iglesias reconocerán la dependencia canónica de los respectivos metropolitanos, y en su virtud cesarán las exenciones de los obispados de León y Oviedo. Art. 9.° Siendo, por una parte, necesario y urgente acudir con el oportuno remedio a los graves inconvenientes que produce en la administración eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y debiendo, por otra parte, conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una institución que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al Estado, y las prerrogativas de los reyes de España, como grandes maestres de las expresadas Ordenes por concesión apostólica, se designará en la nueva demarcación eclesiástica un determinado número de pueblos que formen coto redondo, para que ejerza en él, como hasta aquí, el gran maestre la jurisdicción eclesiástica, con entero arreglo a la expresada concesión y bulas pontificias. El nuevo territorio se titulará Priorato de las ordenes militares, y el prior tendrá el carácter episcopal con título de Iglesia in partibus. Los pueblos que actualmente pertenecen a dichas Ordenes Militares y no se incluyan en su nuevo territorio, se incorporarán a las diócesis respectivas. Art. 10. Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos extenderán el ejercicio de su autoridad y jurisdicción ordinaria a todo el territorio que en la nueva circunscripción quede comprendido en sus respectivas diócesis; y, por consiguiente, los que hasta ahora por cualquier título la ejercían en distritos enclavados en otras diócesis, cesarán en ella. Art 11. Cesarán también todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas, cualesquiera que sean su clase y denominación, incluso la de San Juan de Jerusalén. Sus actuales territorios se reunirán a las respectivas diócesis en la nueva demarcación que se hará de ellas, según el art. 7.°, salvas las exenciones siguientes: 1.a La del procapellán mayor de S. M. 2. a La castrense. 3. a La de las cuatro Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa en los términos prefijados en el artículo 9.° de este concordato. 4. a La de los prelados regulares. 5. a La del nuncio apostólico pro tempore en la Iglesia y Hospital de Italianos de esta corte. Se conservarán también las facultades especiales que corresponden a la Comisaría General de Cruzada en cosas de su cargo, en virtud del breve de delegación y otras disposiciones apostólicas. Art. 12. Se suprime la Colecturía General de Espolios, Vacantes y Anualidades, quedando por ahora unida a la Comisaría General de Cruzada la comisión para administrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos y sustanciar y terminar los negocios pendientes. Queda, asimismo, suprimido el Tribunal Apostólico y Real de la Gracia del Excusado. Art 13. El cabildo de las iglesias catedrales se compondrá del deán, que será siempre la primera silla post pontificalem; de cuatro dignidades, a saber: la de

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arcipreste, la de arcediano, la de chantre y la de maestrescuela, y además la de tesorero en las iglesias metropolitanas; de cuatro canónigos de oficio, a saber: el magistral, el doctoral, el lectoral y el penitenciario, y del número de canónigos de gracia que se expresan en el art. 17. Habrá además en la Iglesia de Toledo otras dos dignidades, con los títulos respectivos de capellán mayor de Reyes y capellán mayor de Muzárabes; en la de Sevilla, la dignidad de capellán mayor de San Fernando; en la de Granada, la de capellán mayor de los Reyes Católicos, y en la de Oviedo, la de abad de Covadonga. Todos los individuos del cabildo tendrán en él igual voz y voto.

capitulares y dieciséis beneficiados. Las de Badajoz, Calahorra, Cartagena, Cuenca, Jaén, Lugo, Palencia, Pamplona, Salamanca y Santander, dieciocho capitulares y catorce beneficiados. Las de Almería, Astorga, Avila, Canarias, Ciudad Real, Coria, Gerona, Guadix, Huesca, Jaca, Lérida, Mallorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich, Vitoria y Zamora, dieciséis capitulares y doce beneficiados. La de Madrid tendrá veinte capitulares y veinte beneficiados, y la de Menorca, doce capitulares y diez beneficiados.

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Art. 14. Los prelados podrán convocar el cabildo y presidirle cuando lo crean conveniente: del mismo modo podrán presidir los ejercicios de oposición a prebendas. En estos y en cualesquiera otros actos, los prelados tendrán siempre el asiento preferente, sin que obste ningún privilegio ni costumbre en contrario; y se les tributarán todos los homenajes de consideración y respeto que se deben a su sagrado carácter y a su cualidad de cabeza de su iglesia y cabildo. Cuando presidan tendrán voz y voto en todos los asuntos que no les sean directamente personales, y su voto, además, será decisivo en caso de empate. En toda elección o nombramiento de persona que corresponda al cabildo, tendrá el prelado tres, cuatro o cinco votos, según que el número de capitulares sea de dieciséis, veinte o mayor de veinte. En estos casos, cuando el prelado no asista al cabildo, pasará una comisión de él a recibir sus votos. Cuando el prelado no presida el cabildo, lo pVesidirá el deán. Art. 15. Siendo los cabildos catedrales el senado y consejo de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, serán consultados por éstos para oír su dictamen o para obtener su consentimiento, en los términos en qué, atendida la variedad de los negocios y de los casos, está prevenido por el Derecho canónico, y especialmente por el sagrado concilio de Trento. Cesará, por consiguiente, desde luego toda inmunidad, exención, privilegio, uso o abuso que de cualquier modo se haya introducido en las diferentes iglesias de España en favor de los mismos cabildos, con perjuicio de la autoridad ordinaria de los prelados. Art. 16. Además de las dignidades y canónigos que componen exclusivamente el cabildo, habrá en las iglesias catedrales beneficiados o capellanes asistentes, con el correspondiente número de otros ministros y dependientes. Así las dignidades y canónigos como los beneficiados y capellanes, aunque para el mejor servicio de las respectivas catedrales se hallen divididos en presbiterales, diaconales y subdiaconales, deberán ser todos presbíteros, según lo dispuesto por Su Santidad; y los que no lo fueran al tomar posesión de sus beneficios, deberán serlo precisamente dentro del año, bajo las penas canónicas. Art. 17. El número de capitulares y beneficiados en las iglesias metropolitanas será el siguiente: Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza tendrán veintiocho capitulares, y veinticuatro beneficiados la de Toledo, veintidós la de Sevilla y veintiocho la de Zaragoza. . Las de Tarragona, Valencia y Santiago, veintiséis capitulares y veinte beneficiados, y las de Burgos, Granada y Valladolid, veinticuatro capitulares y veinte beneficiados. Las iglesias sufragáneas tendrán, respectivamente, el número de capitulares y beneficiados que se expresa a continuación: Las de Barcelona, Cádiz, Córdoba, León, Málaga y Oviedo • tendrán veinte

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Art. 18. En subrogación de los cincuenta y dos beneficiados expresados en el concordato de 1753, se reservan a libre provisión de Su Santidad la dignidad de chantre en todas las iglesias metropolitanas y en las sufragáneas de Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Mondoñedo, Orihuela, Oviedo, Plasencia, Salamanca, Santander, Sigüenza, Tuy, Vitoria y Zamora; y en las demás sufragáneas, una canonjía de las de gracia que quedará determinada por la primera provisión que haga Su Santidad. Estos beneficiados se conferirán con arreglo al mismo concordato. La dignidad de deán se proveerá siempre por S. M. en todas las iglesias y en cualquier tiempo y forma que vaque. Las canonjías de oficio se proveerán, previa oposición, por los prelados y cabildos. Las demás dignidades y canonjías se proveerán, en rigurosa alternativa, por S. M. y los respectivos arzobispos y obispos. Los beneficiados o capellanes asistentes se nombrarán, alternativamente, por S. M. y los prelados y cabildos. Las prebendas, canonjías y beneficiados expresados que resulten vacantes por resigna o por promoción del poseedor a otro beneficio, no siendo de los reservados a Su Santidad, serán siempre y en todo caso provistos por S. M. Asimismo, lo serán los que vaquen sede vacante o los que hayan dejado sin proveer los prelados a quienes correspondía proveerlos al tiempo de su muerte, traslación o renuncia. Corresponderá asimismo a S. M. la primera provisión de las dignidades, canonjías y capellanías de las nuevas catedrales y de las que aumenten en la nueva metropolitana de Valladolid, a excepción de las reservadas a Su Santidad y de las canonjías de oficio, que se proveerán como de ordinario. En todo caso, los nombrados para los expresados beneficios deberán recibir la institución y colación canónicas de sus respectivos ordinarios. Art. 19. En atención a que, tanto por efecto de las pasadas vicisitudes como por razón de las disposiciones del presente concordato, han variado notablemente las circunstancias del clero español, Su Santidad, por su parte, y S. M. la reina, por la suya, convienen en que no se conferirá ninguna dignidad, canonjía o beneficio de los que exigen personal residencia a los que por razón de cualquier otro cargo o comisión estén obligados a residir continuamente en otra parte. Tampoco se conferirá a los que estén en posesión de algún beneficio de la clase indicada ninguno de aquellos cargos o comisiones, a no ser que renuncien a uno de dichos cargos o beneficios, los cuales se declaran, por consecuencia, de todo punto incompatibles. En la Capilla Real, sin embargo, podrá haber seis prebendados de las iglesias catedrales de la Península; pero en ningún caso podrán ser nombrados los que ocupan las primeras sillas, los canónigos de oficio, los que tienen cura de almas ni dos de su misma iglesia. Respecto de los que en la actualidad, y en virtud de indultos especiales o generales, se hallen en posesión de dos o más de estos beneficios, cargos o comisiones, se tomarán desde luego las disposiciones necesarias para arreglar su situación a lo prevenido en el presente artículo, según las necesidades de la iglesia y la variedad de los casos»

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Art 20. En sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana o sufragánea, en el término marcado y con arreglo a lo que previene el sagrado concilio de Trento, nombrará un solo vicario capitular, en cuya persona se refundirá toda la potestad ordinaria del cabildo sin reserva o limitación alguna por parte de él y sin que pueda revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer otro nuevo; quedando, por consiguiente, enteramente abolido todo privilegio, uso o costumbre de administrar en cuerpo, de nombrar más de un vicario o cualquier otro que bajo cualquier concepto sea contrario a lo dispuesto por los sagrados cánones. Art. 2 1 . Además de la capilla del Real Palacio se conservarán: 1.° La de Reyes y la Muzárabe, de Toledo, y las de San Fernando, de Sevilla, y de los Reyes Católicos, de Granada. 2.° Las colegiatas sitas en capitales de provincia donde no exista silla episcopal. 3.° Las de patronato particular cuyos patronos aseguren el exceso de gasto que ocasionará la colegiata sobre el de iglesia parroquial. 4.° Las colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidoro de León, Sacromonte de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la Frontera. 5.° Las catedrales de las sillas episcopales que se agreguen a otras en virtud de las disposiciones del presente concordato, se conservarán como colegiatas. Todas las demás colegiatas, cualquiera que sea su origen, antigüedad y fundación, quedarán reducidas, cuando las circunstancias locales no lo impidan, a iglesias parroquiales, con el número de beneficiados que, además del párroco, se contemplen necesarios tanto para el servicio parroquial como para el decoro del culto. La conservación de las capillas y colegiatas expresadas deberá entenderse siempre con sujeción al prelado de la diócesis a que pertenezcan y con derogación de toda exención y jurisdicción veré o quasi nullius que limite en lo más mínimo la nativa del ordinario. Las iglesias colegiatas serán siempre parroquiales, y se distinguirán con el nombre de parroquia mayor si en el pueblo hubiese otra u otras. Art. 22. El cabildo de las colegiatas se compondrá de un abad presidente, que tendrá aneja la cura de almas, sin más autoridad o jurisdicción que la directiva y económica de su iglesia y cabildo; de dos canónigos de oficio, con los títulos de magistral y doctoral, y de ocho canónigos de gracia. Habrá además seis beneficiados o capellanes asistentes. Art. 2 3 . Las reglas establecidas en los artículos anteriores, así para la provisión de las prebendas y beneficios o capellanías de las iglesias catedrales como para el régimen de sus cabildos, se observarán puntualmente en todas sus partes respecto de las iglesias colegiatas. Art 24. A fin de que en todos los pueblos del reino se atienda con el esmero debido al culto religioso y a todas las necesidades del pasto espiritual, los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos procederán desde luego a formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial de sus respectivas diócesis, teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio y de la población y las demás circunstancias locales, oyendo a los cabildos catedrales, a los respectivos arciprestes y a los fiscales de los tribunales eclesiásticos, y tomando por su parte todas las disposiciones necesarias a fin de que pueda darse por concluido y ponerse en ejecución el precitado arreglo, previo el acuerdo del Gobierno de S. M., en el menor término posible. .* .

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Art. 25. Ningún cabildo ni corporación eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas, y los curatos y vicarías perpetuas que antes estaban unidas pleno iure a alguna corporación quedarán en todo sujetas al derecho común. Los coadjutores y dependientes de las parroquias y todos los eclesiásticos destinados al servicio de ermitas, santuarios, oratorios, capillas públicas o iglesias no parroquiales, dependerán del cura propio de su respectivo territorio y estarán subordinados a él en todo lo tocante al culto y funciones religiosas. Art 26. Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de clases ni del tiempo en que vaquen, se proveerán en concurso abierto con arreglo a lo dispuesto por el santo concilio de Trento, formando los ordinarios ternas de los opositores aprobados, y dirigiéndolas a S. M. para que nombre entre los propuestos. Cesará, por consiguiente, el privilegio de patrimonialidad y la exclusiva o preferencia que en algunas partes tenían los patrimoniales para la obtención de curatos y otros beneficios. Los curatos de patronatos eclesiásticos se proveerán nombrando el patrono entre los de la terna que del modo ya dicho formen los prelados, y los de patronato laical nombrando el patrono entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto en la diócesis respectiva, señalándose a los que no se hallen en este caso el término de cuatro meses para que hagan constar haber sido aprobados sus ejercicios hechos en la forma indicada, salvo siempre el derecho del ordinario de examinar al presentado por el patrono, si lo estima conveniente. Los coadjutores de las parroquias serán nombrados por los ordinarios, previo examen sinodal. Art. 27. Se dictarán las medidas convenientes para conseguir, en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo eclesiástico no queden lastimados los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera prebendas, beneficios o cargos que hubieren de suprimirse a consecuencia de lo que en él se determina. Art. 28. El Gobierno de S. M. C , sin perjuicio de establecer oportunamente, previo acuerdo con la Santa Sede y tan pronto como las circunstancias lo permitan, seminarios generales en que se dé la extensión conveniente a los estudios eclesiásticos, adoptará por su parte las disposiciones oportunas para que se creen sin demora seminarios conciliares en las diócesis donde no se hallen establecidos, a fin de que en lo sucesivo no haya en los dominios españoles Iglesia alguna que no tenga al menos un seminario suficiente para la instrucción del clero. Serán admitidos en los seminarios y educados e instruidos del modo que establece el sagrado concilio de Trento, los jóvenes que los arzobispos y obispos juzguen conveniente recibir, según la necesidad o utilidad de las diócesis; y en todo lo que pertenece al arreglo de los seminarios, a la enseñanza y a la administración de sus bienes se observarán los decretos del mismo concilio de Trento. Si de resultas de la nueva circunscripción de diócesis quedasen en algunas dos seminarios, uno en la capital actual del obispado y otro en la que se le ha de unir, se conservarán ambos mientras el Gobierno y los prelados, de común acuerdo, los consideren útiles. Art. 29. A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los . enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios de misiones para Ultramar,

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Apénd.II.

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tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán, al propio tiempo, de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos. Art. 30. Para que haya también casas religiosas de mujeres, en las cuales puedan seguir su vocación las que sean llamadas a la vida contemplativa y a la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles a los pueblos, se conservará el instituto de las Hijas de la Caridad, bajo la dirección de los clérigos de San Vicente de Paúl, procurando el Gobierno su fomento. También se conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnan la educación y enseñanza de niñas u otras obras de caridad. Respecto a las demás órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas de religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias y los ejercicios de enseñanza o de caridad que sea conveniente establecer en ellas. No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma. Art. 3 1 . La dotación del M. R. Arzobispo de Toledo será de 160.000 reales anuales. La de los de Sevilla y Valencia, de 150.000. La de los de Granada y Santiago, de 140.000. Y la de los de Burgos, Tarragona, Valladolid y Zaragoza, de 130.000. La dotación de los RR. Obispos de Barcelona y Madrid será de 110.000 reales. La de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga, de 110.000. La de los de Almería, Avila, Badajoz, Canarias, Cuenca, Gerona, Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Mallorca, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia, Teruel y Zamora, de 90-000 reales. La de los de Astorga, Calahorra, Ciudad Real, Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Vitoria, de 80.000 reales. La del patriarca de las Indias, no siendo arzobispo u obispo propio, de 150.000, deduciéndose en su caso de esta cantidad cualquiera otra que por vía de pensión eclesiástica o en otro concepto percibiese del Estado. Los prelados que sean cardenales disfrutarán de 20.000 reales sobre su dotación. Los obispos de Ceuta y Tenerife y el prior de las órdenes tendrán 40.000 reales anuales. Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno ni por razón del coste de las bulas, que sufragará el Gobierno, ni por los demás gastos que por éstas puedan ocurrir en España. Además, los arzobispos y obispos conservarán sus palacios y los jardines, huertas o casas que en cualquiera parte de la diócesis hayan estado destinadas para su uso y recreo y no hubiesen sido enajenados. Queda derogada la actual legislación relativa a espolios de los arzobispos y obispos, y, en su consecuencia, podrán disponer libremente, según les dicte su conciencia, de lo que dejaren al tiempo de su fallecimiento, sucediéndoles abintestato los herederos legítimos con la misma obligación de conciencia; .exceptúame en uno y otro caso los ornamentos y pontificales, que se considerarán como propiedad de la mitra y pasarán a sus sucesores en ella.

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Art. 32. La primera silla de la iglesia catedral de Toledo tendrá la dotación de 24.000 reales; las de las demás iglesias metropolitanas, 20.000; las de las iglesias sufragáneas, 18.000, y las de las colegiatas, 15.000. Los dignidades y canónigos de oficio de las iglesias metropolitanas tendrán 16.000 reales; los de las sufragáneas, 14.000, y los canónigos de oficio de las colegiatas, 8.000. Los demás canónigos tendrán 14.000 reales en las iglesias metropolitanas, 12.000 en las sufragáneas y 6.600 en las colegiatas. Los beneficiados o capellanes asistentes de las iglesias metropolitanas tendrán 8.000 reales, 6.000 los de las sufragáneas y 3.000 los de las colegiatas. Art. 3 3 . La dotación de los curas en las parroquias urbanas será de 3.000 a 10.000 reales; en las parroquias rurales, el mínimum de la dotación será de 2.200. Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2.000 a 4.000 reales. Además, los curas propios, y en su caso los coadjutores, disfrutarán las casas destinadas a su habitación y los huertos o heredades que no se hayan enajenado, y que son conocidos con la denominación de iglesiarios, mansos u otras. También disfrutarán los curas propios y sus coadjutores la parte que les corresponda en los derechos de estola y pie de altar. Art. 34. Para sufragar los gastos del culto tendrán las iglesias metropolitanas anualmente de 90 a 140.000 reales; las sufragáneas, de 70 a 90.000, y las colegiatas, de 20 a 30.000. Para los gastos de administración y extraordinarios de visita tendrán de 20 a 30.000 reales los metropolitanos, y de 16 a 20.000 los sufragáneos. Para los gastos del culto parroquial se asignará a las iglesias respectivas una cantidad anual que no bajará de 1.000 reales, además de los emolumentos eventuales y de los derechos que por ciertas funciones estén fijados o se fijaren para este objeto en los aranceles de las respectivas diócesis. Art. 35. Los seminarios conciliares tendrán de 90 a 120.000 reales anuales, según sus circunstancias y necesidades. El Gobierno de S. M. proveerá por los medios más conducentes a la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el art. 29. En cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas, se observará lo dispuesto en el art. 30. Se devolverán desde luego y sin demora a las mismas, y en su representación a los prelados diocesanos en cuyo territorio se hallen los conventos o se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en poder del Gobierno y que no han sido enajenados. Pero, teniendo Su Santidad en consideración el estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, a fin de que con su producto pueda atenderse con más igualdad a los gastos del culto y otros generales, dispone que los prelados, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin demora a la venta de los expresados bienes por medio de subastas públicas hechas en la forma canónica y con ; ntervención de persona nombrada por el Gobierno de S. M. El producto de estas ventas se convertirá en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo capital e intereses se distribuirán entre todos los referidos conventos en proporción de sus necesidades y circunstancias para atender a los gastos indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho a percibirlas sin perjuicio de que el Gobierno supla como hasta aquí lo que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones hasta el fallecimiento de las pensionadas.

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Apénd.II.

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Art. 36. Las dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastos del culto y del clero, se entenderán sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algún caso particular alguna de las asignaciones expresadas en el art. 34, el Gobierno de S. M. proveerá lo conveniente al efecto: del mismo modo proveerá a los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto.

se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas aseguren los medios de cumplir las cargas a que dichos bienes estuvieren afectos. Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo las cargas piadosas que pesaren sobre los bienes eclesiásticos que han sido enajenados con este gravamen. El Gobierno responderá siempre y exclusivamente de las impuestas sobre los bienes que se hubieren vendido por el Estado libres de esta obligación.

Art. 37. El importe de la renta que se devengue en la vacante de las sillas episcopales, deducidos los emolumentos del ecónomo, que se diputará por el cabildo en el acto de elegir al vicario capitular, y los gastos para los reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará por iguales partes en beneficio del seminario conciliar y del nuevo prelado. Asimismo, de las rentas que se devenguen en las vacantes de dignidades, canonjías, parroquias y beneficios de cada diócesis, deducidas las respectivas cargas, se formará un cúmulo o fondo de reserva a disposición del ordinario para atender a los gastos extraordinarios e imprevistos de las iglesias y del clero, como también a las necesidades graves y urgentes de la diócesis. Al propio efecto ingresará igualmente en el mencionado fondo de reserva la cantidad correspondiente a la duodécima parte de su dotación anual, que satisfarán por una vez dentro del primer año los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros beneficios; debiendo, por tanto, cesar todo otro descuento que por cualquier concepto, uso, disposición o privilegio se hiciese anteriormente.

Art. 40. Se declara que todos los expresados bienes y rentas pertenecen en propiedad a la Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero. Los fondos de Cruzada se administrarán en cada diócesis por los prelados diocesanos, como revestidos al efecto de las facultades de la bula para aplicarlos según está prevenido en la última prórroga de la relativa concesión apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este ramo por convenios celebrados con la Santa Sede. El modo y forma en que deberá verificarse dicha administración se fijará de acuerdo entre el Santo Padre y S. M. C. Igualmente administrarán los prelados diocesanos los fondos del indulto cuadragesimal, aplicándolos a establecimientos de beneficencia y actos de caridad en las diócesis respectivas, con arreglo a las concesiones apostólicas. Las demás facultades apostólicas relativas a este ramo y las atribuciones a ellas consiguientes se ejercerán por el arzobispo de Toledo en la extensión y forma que se determinará por la Santa Sede. Art. 4 1 . Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad, en todo lo que posee ahora o adquiriere en adelante será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna supresión o unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen a los obispos según el santo concilio de T r e n t e

Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse a la dotación del culto y del clero serán: 1.° El producto de los bienes devueltos al Clero por la ley de 3 de abril de 1845. 2.° El producto de las limosnas de la Santa Cruzada. 3.° Los productos de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares vacantes y que vacaren. 4.° Una imposición sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota que sea necesaria para completar la dotación, tomando en cuenta los productos expresados en los párrafos 1.°, 2.° y 3.° y demás rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se asignen a este objeto. El clero recaudará esta imposición, percibiéndola en frutos, en especie o en dinero, previo concierto, que podrá celebrar con las provincias, con los pueblos, con las parroquias o con los particulares, y en los casos necesarios será auxiliado por las autoridades públicas en la cobranza de esta imposición, aplicando al efecto los medios establecidos para el cobro de las contribuciones. Además se devolverán a la Iglesia, desde luego y sin demora, todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, y que todavía no hayan sido enajenados, inclusos los que restan de las comunidades religiosas de varones. Pero atendidas las circunstancias actuales de unos y otros bienes y la evidente utilidad que ha de resultar a la Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se convierta, inmediatamente y.sin demora, en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia a la venta de los bienes de las religiosas. Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cualesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo.

Art. 44. El Santo Padre y S. M. declaran quedar salvas e ilesas las reales prerrogativas de la Corona de España en conformidad a los convenios anteriormente celebrados entre ambas potestades. Y, por tanto, los referidos convenios, y en especialidad el que se celebró entre el Sumo Pontífice Benedicto XIV y el rey católico Fernando VI en el año 1753, se declaran confirmados y seguirán en su pleno vigor en todo lo que no se altere o modifique por el presente.

Art. 39. El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que, aquellos' entre quienes

Art. 4 5 . En virtud de este Concordato, se tendrán por revocadas, en cuanto a él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta ahora, de

Art. 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar a la religión de este convenio, el Santo Padre, a instancia de S. M. C. y para proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles a la sazón vigentes, y estén en posesión de ellos, y los que hayan sucedido o sucedan en sus derechos a dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo ni manera por Su Santidad ni por los sumos pontífices sus sucesores; antes bien, así ellos como sus causahabientes, disfrutarán segura y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos y productos. Art. 4 3 . Todo lo demás perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente.

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Apénd.II.

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cualquier modo y forma, en los dominios de España, y el mismo concordato regirá para siempre en lo sucesivo como ley del Estado en los propios dominios. Y, por tanto, una y otra de las partes contratantes prometen, por sí y sus sucesores, la fiel observancia de todos y cada uno de los artículos de que consta. Si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Santo Padre y S. M. C. se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente. Art 46 y último. El canje de las ratificaciones del presente concordato se verificará en el término de dos meses, o antes si fuere posible. En fe de lo cual, Nos los infrascritos plenipotenciarios hemos firmado el presente concordato y selládolo con nuestro propio sello en Madrid, a 16 de marzo de 1851.—Firmado, MANUEL BERTRÁN DE L I S (Lugar del sello) — Firmado, J U A N BRUNELLI, arzobispo de Tesalónica (Lugar del sello). Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio, a 17 de octubre de 1851. — Yo LA REINA. — El ministro de Gracia y Justicia, VENTURA GONZÁLEZ ROMERO.

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III

ACUERDO ENTRE P Í O IX E ISABEL II (25 agosto 1859)

(FUENTE: Mercati I p.920-29.) En el nombre de la Santísima e individua Trinidad. El Sumo pontífice Pío IX y Su Majestad Católica D. a Isabel II, reina de España, queriendo proveer de común acuerdo al arreglo definitivo de la dotación del culto y clero en los dominios de Su Majestad en consonancia con el solemne concordato de 16 de marzo de 1851, han nombrado, respectivamente, por sus plenipotenciarios: Su Santidad, al Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Santiago Antonelli, su secretario de Estado; Y su Majestad, al Excmo. Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas, su embajador extraordinario cerca de la Santa Sede, los cuales, canjeados sus plenos poderes, han convenido en lo siguiente: Artículo 1.° El Gobierno de Su Majestad Católica, habida consideración a las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en diversas épocas, y deseando asegurar a la Iglesia perpetuamente la pacífica posesión de sus bienes y derechos y prevenir todo motivo de que sea violado el solemne concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, promete a la Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutación de los dichos bienes sin la necesaria autorización de la misma Santa Sede. Art, 2.° Queriendo llevar definitivamente a efecto de u n modo seguro, estable e independiente el plan de dotación del culto y clero prescrito en el mismo concordato, la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad Católica convienen en los puntos siguientes: Art. 3.° Primeramente, el Gobierno de Su Majestad reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia derogada por este convenio cualquier disposición que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se le oponga, la ley de 1,° de mayo de 1855. Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante la Iglesia no se computarán en la dotación que le está asignada por el concordato. Art. 4.° En virtud del mismo derecho, el Gobierno de Su Majestad reconoce a la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el concordato. Pero, habida consideración al estado de deterioro de la mayor parte de los que aún no han sido enajenados, a su difícil administración y a los varios, contradictorios e inexactos cómputos de su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dotación del clero incierta y aun incongrua, el Gobierno de Su Majestad ha propuesto a la Santa Sede una permutación, dándose a los obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia situados en sus

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Apénd.II.

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respectivas diócesis, y ofreciendo aquél, en cambio de todos ellos y mediante su cesión hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles del papel del 3 por 100 de la deuda pública consolidada de España cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes. Art. 5.° La Santa Sede, deseosa de que se lleve inmediatamente a efecto una dotación cierta, segura e independiente para el culto y para el clero, oídos los obispos de España, y reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas las circunstancias, la mayor utilidad de la Iglesia, no ha encontrado dificultad en que dicha permutación se realice en la forma siguiente. Art. 6.° Serán eximidos de la permutación y quedarán en propiedad de la Iglesia en cada diócesis todos los bienes enumerados en los artículos 31 y 33 del concordato de 1851, a saber, los huertos, jardines, palacios y otros edificios que en cualquier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los obispos. También se le reservarán las casas destinadas a la habitación de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de iglesarios, mansos y otras. Además, retendrá la Iglesia en propiedad los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos, y las bibliotecas y casas de corrección o cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el día para el culto, y los que se hallan destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante se destinen a tales objetos. Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotación prescrita para el culto y clero en el concordato. En fin, siendo la utilidad de la Iglesia el motivo que induce a la Santa Sede a admitir la expresada permutación de valores, si en alguna diócesis estimare el obispo que por particulares circunstancias conviene a la Iglesia retener alguna finca sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutación, imputándose el importe de su renta en la dotación del clero. Art. 7.° Hecha por los obispos la estimación de los bienes sujetos a la permutación, se entregarán inmediatamente a aquéllos .títulos o inscripciones intransferibles, así por el completo valor de los mismos bienes como por el valor venal de los que han sido enajenados después del concordato. Verificada la entrega, los obispos, competentemente autorizados por la Sede Apostólica, harán al Estado formal cesión de todos los bienes que con arreglo a este convenio están sujetos a la permutación. Las inscripciones se imputarán al clero como parte integrante de su dotación, y los respectivos diocesanos aplicarán sus réditos a cubrirla en el modo prescrito en el concordato. Art. 8.° Atendida la perentoriedad de las necesidades del clero, el Gobierno de Su Majestad se obliga a pagar mensualmente Ja renta consolidada correspondiente a cada diócesis. i

Art. 9.° En el caso de que, por disposición de la autoridad temporal, la renta del 3 por 100 de la deuda pública del Estado llegue a sufrir cualquiera disminución o reducción, el Gobierno de Su Majestad se obliga desde ahora a dar a la Iglesia tantas inscripciones intransferibles de la renta que se sustituya a la del 3 por 100 cuantas sean necesarias para cubrir íntegramente el importe anual de la que va a emitirse en favor de la Iglesia; de modo que esta renta no se ha de disminuir ni reducir en ninguna eventualidad ni en ningún tiempo. Art. 10. Los bienes pertenecientes a capellanías colativas y a otras semejantes fundaciones piadosas familiares que,' a causa de su peculiar índole y destino

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y de los diferentes derechos que en ellos radican, no pueden comprenderse en la permutación y cesión de que aquí se trata, serán objeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y Su Majestad Católica. Art. 11. El Gobierno de Su Majestad, confirmando lo estipulado en el art. 39 del concordato, se obliga de nuevo a satisfacer a la Iglesia, en la forma que de común acuerdo se convenga, por razón de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada que guarde la posible proporción con las mismas cargas. También se compromete a cumplir por su parte en términos hábiles las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos primero y segundo de dicho artículo. Se instituirá una comisión mixta con el carácter de consultiva que en el término de un año reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencionados en el párrafo primero de este artículo y proponga la cantidad alzada que en razón de ellas ha de satisfacer el Estado. Art. 12. Los obispos, en conformidad con lo dispuesto en el art. 35 del concordato, distribuirán entre los conventos de monjas existentes en sus respectivas diócesis las inscripciones intransferibles correspondientes, ya a los bienes de su propiedad que ahora se cedan al Estado, ya a los de la misma procedencia que se hubieren vendido en virtud de dicho concordato, o de la ley de 1.° de mayo de 1855. La renta de estas inscripciones se imputará a dichos conventos como parte de su dotación. Art. 13. Queda en su fuerza y vigor lo dispuesto en el concordato acerca del suplemento que ha de dar el Estado para el pago de las pensiones de los religiosos de ambos sexos, como también cuanto se prescribe en los artículos 35 y 36 del mismo acerca del mantenimiento de las casas y congregaciones religiosas que se establezcan en la Península, y acerca de la reparación de los templos y otros edificios destinados al culto. El Estado se obliga además a construir a sus expensas las iglesias que se consideren necesarias, a conceder pensiones a los pocos religiosos existentes legos exclaustrados y a proveer a la dotación de las monjas de oficio, capellanes, sacristanes y culto de las iglesias de religiosos en cada diócesis. Art. 14. La renta de la Santa Cruzada, que hace parte de la actual dotación, se destinará exclusivamente en adelante a los gastos del culto, salvas las obligaciones que pesan sobre aquélla por convenios celebrados con la Santa Sede. El importe anual de la misma renta se computará por el año común del último quinquenio en una cantidad fija, que se determinará de acuerdo entre la Iglesia y el Estado. El Estado suplirá, como hasta aquí, la cantidad que falte para cubrir la asignación concedida al culto por el art. 34 del concordato. Art. 15. Se declara propiedad de la Iglesia la imposición anual que para completar su dotación se estableció en el párrafo cuarto del art. 38 del concordato, y se repartirá y cobrará dicha imposición en los términos allí definidos. Sin embargo, el Gobierno de Su Majestad se obliga a acceder a toda instancia que por motivos locales o por cualquiera otra causa le hagan los obispos para convertir las cuotas de imposición correspondientes a las respectivas diócesis en inscripciones intransferibles de la referida deuda consolidada, bajo las condiciones y en los términos definidos en los artículos 7, 8 y 9 de este convenio.

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Apénd.II.

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Art. 16. A fin de conocer exactamente la cantidad a que debe ascender la mencionada imposición, cada obispo, de acuerdo con su cabildo, hará a la mayor brevedad un presupuesto definido de la dotación de su diócesis, ateniéndose al formarlo a las prescripciones del concordato. Y para determinar fijamente en cada caso las asignaciones respecto de las cuales se ha establecido en aquel un máximum y un mínimum, podrán los obispos, de acuerdo con el Gobierno, optar por un término medio cuando así lo exijan las necesidades de las iglesias en todas las demás circunstancias atendibles. Art. 17. Se procederá inmediatamente a la. nueva circunscripción de parroquias, al tenor de lo conferenciado y concertado ya entre ambas potestades. Art. 18. El Gobierno de Su Majestad, conformándose a lo prescrito en el art. 36 del concordato, acogerá las razonables propuestas que para aumento de asignaciones le hagan los obispos en los casos previstos en dicho artículo, y señaladamente las relativas a seminarios. Art. 19. El Gobierno de Su Majestad, correspondiendo a los deseos de la Santa Sede, y queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposición a promover no sólo los intereses materiales, sino también los espirituales de la Iglesia, declara que no pondrá óbice a la celebración de sínodos diocesanos cuando los respectivos prelados estimen conveniente convocarlos. Asimismo declara que, sobre la celebración de sínodos provinciales y sobre otros varios puntos arduos e importantes, se propone ponerse de acuerdo con la Santa Sede, consultando al mayor bien y esplendor de Ja Iglesia. Por último, declara que cooperará por su parte con toda eficacia a fin de que se lleven a efecto sin demora las disposiciones del concordato que aún se hallan pendientes de ejecución. Art. 20. En vista de las ventajas que de este nuevo convenio resultan a la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de Su Majestad Católica, ha acordado extender, como de hecho extiende, el benigno saneamiento contenido en el art. 42 del concordato a los bienes eclesiásticos enajenados a consecuencia de la referida ley de 1.° de mayo de 1855. Art. 2 1 . El presente convenio, adicional al solemne y vigente concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, se guardará en España perpetuamente como ley del Estado, del mismo modo que dicho concordato. Art. 22. El canje de las ratificaciones del presente convenio se verificará en el término de tres meses, o antes si fuere posible. En fe de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios han firmado y sellado el presente convenio con sus respectivos sellos. Dado en Roma en dos ejemplares, a 25 de agosto de 1859. G. Card. ANTONELLI (L. >i< S.). A N T O N I O DE LOS R Í O S Y ROSAS (L. >Í< S.).

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IV

C O N V E N I O ENTRE Pío X Y ALFONSO X I I I SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN ESPAÑA (19 J U N I O 1904)

(FUENTE: Mercati I p. 1091-94.) Su Santidad el Sumo Pontífice Pío X y Su Majestad el Rey Católico de España Don Alfonso XIII, con el fin de aclarar las dudas suscitadas sobre la situación jurídica de las órdenes religiosas en España y la interpretación y alcance que debe darse en esa materia así a los artículos del concordato vigente como a los preceptos de la ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 y a las autorizaciones otorgadas a las órdenes y casas religiosas existentes y resoluciones dictadas por diferentes gobiernos sobre este particular, han resuelto celebrar un convenio, a cuyo efecto han nombrado por sus plenipotenciarios, a saber: Su Santidad el Sumo Pontífice, a Su E. Mons. Arístides Rinaldini, arzobispo de Heraclea, gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III y de Leopoldo, de Bélgica; nuncio apostólico en el reino de España, etc., etc., etc., y Su Majestad el Rey Católico de España, al Excmo. S. D. Faustino Rodríguez San Pedro, gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, de la de Santiago y la Espada, de Portugal; senador vitalicio del reino, su ministro de Estado, etc., etc., etc. Quienes, después de haber canjeado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes: Artículo 1.° Las órdenes y congregaciones religiosas existentes en España en la fecha de la ratificación del presente convenio y que hayan cumplido antes de ella con las formalidades establecidas en la real orden circular de 9 de abril de 1902 gozarán de la personalidad jurídica de que hoy están en posesión; se considerarán comprendidas en la excepción establecida en el párrafo primero del artículo segundo de la ley de 30 de junio de 1807 y se regirán por sus reglas y disciplina propia y por las disposiciones de este mismo convenio. Art. 2.° Las órdenes y congregaciones religiosas no tendrán derecho a subvención ni auxilio alguno del presupuesto del Estado y estarán sometidas, en cuanto a su régimen canónico, a los diocesanos y prelados propios, según las reglas de sus estatutos y las disposiciones del Derecho canónico y de la disciplina eclesiástica vigente, y en cuanto a sus relaciones con el poder civil, a las leyes generales del reino. En caso de discordia, la Santa Sede y el Gobierno de Su Majestad se entenderán amigablemente para allanar las dificultades que pudieran surgir. Art. 3.° Las casas o conventos de las citadas órdenes y congregaciones religiosas estarán sujetas a los impuestos del país por sus bienes o por las profesiones e industrias que ejerzan, en condiciones de igualdad respecto de las demás personas jurídicas o subditos españoles, y no serán objeto de ninguna tributación o exacción especial. .

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Apénd.II.

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Art. 4.° Se mantendrán las casas y conventos que a la fecha de la ratificación de este convenio tengan establecidas las órdenes y congregaciones religiosas citadas en el artículo primero, pero no podrá abrirse ni establecerse ninguna otra en la que se haga vida común sin previo consentimiento del prelado diocesano y sin autorización dictada por real orden. Estas autorizaciones se publicarán necesariamente en la Gaceta de Madrid.

Art. 12. El canje de las ratificaciones del presente convenio se verificará en Madrid lo antes que fuere posible. En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente convenio y le han autorizado con su sello. Hecho, por duplicado, en Madrid, a 19 de junio de 1904.—>í< A. RINALDINI, arzobispo de Heraclea, nuncio apostólico. (L. S.) — FAUSTINO RODRÍGUEZ SAN PEDRO. (L.

A r t 5.° Las casas o conventos de las órdenes y congregaciones religiosas en que haya menos de doce individuos que hagan vida común, se suprimirán, agregándose los religiosos o religiosas a otros conventos o casas de la misma orden y quedando los edificios y propiedades en que se hallasen establecidos los que se supriman, a la libre disposición de los superiores. Se exceptúan del anterior precepto las comunidades religiosas que no hacen vida conventual o que en virtud de su instituto se dedican a obras de beneficencia, enseñanza, caridad y asistencia a los enfermos, a los ancianos, a los pobres y abandonados; como también las casas de procura y los sanatorios que pudiesen tener las diferentes órdenes y congregaciones en algunos lugares especiales. El presente artículo tendrá fuerza ejecutiva transcurridos que sean seis meses de la publicación de este convenio en la Gaceta de Madrid. Art. 6.° No se podrá establecer en España ninguna orden o congregación nueva sin que esté autorizada por Su Santidad y sin previo acuerdo del Gobierno con la Santa Sede consignado en real decreto publicado en la Gaceta de Madrid. A r t 7.° La Orden de los PP. Escolapios continuará en las mismas condiciones, derechos y beneficios que hoy disfruta. A r t 8.° Las Asociaciones para fines religiosos cuyos individuos no estén unidos por vínculo de profesión religiosa ni hagan vida común, y que, por lo tanto, no tengan el carácter de orden o congregación religiosa, se entiende que, sin perjuicio de la autoridad que corresponde a los obispos en la dirección del régimen espiritual y religioso de las mismas, se regirán por la ley general de Asociaciones y los principios del derecho común, sin limitación alguna para el presente ni para lo por venir; debiendo inscribirse en el Registro especial a que se refiere el artículo séptimo de la mencionada ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 y cumplir los demás preceptos de la misma. A r t 9.° Los extranjeros no podrán constituir en España órdenes y congregaciones religiosas de las mencionadas en el artículo primero sin haberse naturalizado previamente en el reino con arreglo a la ley común. Los religiosos que, conservando su condición legal de extranjeros, ingresen o residan en algún convento o casa religiosa existente en España, seguirán sujetos a todas las disposiciones del derecho común vigentes para los subditos extranjeros. A r t 10. En el Ministerio de Gracia y Justicia se abrirá u n Registro especial en el que se inscribirán las órdenes y congregaciones religiosas a que se refiere este convenio y las que por acuerdo de ambas potestades se constituyan en lo sucesivo. Art. 11. El Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros y en concordia con la Santa Sede, dictará las medidas reglamentarias y aclaratorias que pudiera necesitar la ejecución del presente convenio en lo relativo a las órdenes y congregaciones religiosas establecidas o que se establezcan por acuerdo de las dos potestades.

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S.)

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lica como bases y punto de partida para llegar a un acuerdo definitivo sobre los puntos indicados en este protocolo.

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ACUERDO ENTRE P Í O X Y ALFONSO XIII PARA INTRODUCIR ALGUNAS MODIFICACIONES AL CONCORDATO DE 1 8 5 1 RELATIVAS A LOS GASTOS DEL CULTO Y CLERO (12 JULIO 1904)

(FUENTE: Mercati I p.l094-95.)

Su Santidad el Sumo Pontífice, a Su E. Mons. Arístides Rinaldini, arzobispo fonso XIII, deseando vivamente llegar a u n común acuerdo acerca de la necesidad y forma de introducir alguna modificación en el concordato de 1851 en cuanto se refiere a los gastos del culto y del clero y su mejor distribución, han nombrado con este objeto sus plenipotenciarios; a saber: Su Santidad el Sumo Pontífice, a Su E. Mons. Arístides Rinaldini, arzobispo de Heraclea, gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III y de la de Leopoldo de Bélgica, nuncio apostólico en el reino de España, y Su Majestad el Rey Católico de España, al Excmo. S. D. Faustino Rodríguez San Pedro, gran cruz de la Real y Distinguida Ordejí de Carlos III, de la de Santiago y la Espada, de Portugal; senador vitalicio del reino, su ministro de Estado, etc., etc. Los cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes y hallarlos en debida forma, han convenido en formalizar el presente protocolo. Artículo 1.° De igual modo que se hizo para el concordato de 1851, se creará, dentro del plazo de un mes, contado desde la ratificación de este protocolo, una Junta o Comisión mixta, la mitad de cuyas miembros será nombrada por su Santidad, y la otra mitad por el Gobierno de Su Majestad Católica. Art. 2.° Será presidente de esta Junta o Comisión mixta el M. Rvdo. Arzobispo de Toledo. Art. 3.° Dicha Junta o Comisión mixta tendrá las atribuciones siguientes: A. Estudiar y trazar una nueva división y circunscripción de las diócesis de toda la Península e islas adyacentes, completándola con las modificaciones de parroquias y demás a que esto pueda d a r lugar. B. Proponer, si por resultas de sus trabajos la creyese oportuna y útil, la supresión de alguna o algunas de las expresadas diócesis o circunscripciones, haciendo esta propuesta a los fines del artículo siguiente. C. A la vez que lleve a cabo los trabajos antes referidos, deberá examinar atenta y detenidamente la posibilidad y la forma de realizar erl los gastos del culto y del clero otras economías que, sin perturbar gravemente el estado de la Iglesia en España, alivien la situación del erario público. D. Examinar y proponer de igual manera las medidas que juzgue más prácticas y oportunas para mejorar la situación económica de los párrocos rurales. Art. 4. Las propuestas de esta J u n t a ' o Comisión mixta se considerarán y tendrán en su conjunto p o r la Santa Sede y el" Gobierno d e Su Majestad Cató-

Art. 5. Este protocolo será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Madrid en el más breve plazo posible. En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado el presente protocolo y le han autorizado con su sello en Madrid, a 12 de julio de 1904.— (L. S.) ARÍSTIDES RINALDINI, arzobispo de Heraclea, nuncio apostólico.—(L. S.) FAUSTINO RODRÍGUEZ SAN PEDRO.

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C O N V E N I O ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL (7 j u n i o 1941)

(FUENTE: A.A.S. 33 [1941] p.480-81; Mercati II p.251-52.) La Santa Sede y el Gobierno español han convenido en los puntos siguientes: 1. T a n pronto como se haya producido la vacante de una sede arzobispal o episcopal (o de una administración apostólica con carácter permanente, es decir, las de Barbastro y Ciudad Rodrigo), o cuando la Santa Sede juzgue necesario nombrar u n coadjutor con derecho de sucesión, el nuncio apostólico, de modo confidencial tomará contacto con el Gobierno español, y, una vez conseguido un principio de acuerdo, enviará a la Santa Sede una lista de nombres d e personas idóneas, al menos en número de seis. 2. El Santo Padre elegirá tres de entre aquellos nombres y, por conducto de la Nunciatura Apostólica, los comunicará al Gobierno español, y entonces el jefe del Estado, en el término de treinta días, presentará oficialmente u n o de los tres. 3. Si el Santo Padre, en su alto criterio, no estimase aceptables todos o parte de los nombres comprendidos en la lista, de suerte que no pudiera elegir tres o ninguno de entre ellos, de propia iniciativa completará o formulará una terna de candidatos, comunicándola, por el mismo conducto, al Gobierno español. Si éste tuviera objeciones de carácter político general que oponer a todos o a algunos de los nuevos nombres, las manifestará a la Santa Sede. En caso de que transcurriesen treinta días desde la fecha de la susodicha comunicación sin una respuesta del Gobierno, su silencio se interpretará en el sentido de que éste no tiene objeciones de aquella índole que oponer a los nuevos nombres; quedando entendido que entonces el jefe del Estado presentará, sin más, a Su Santidad uno de los candidatos incluidos en dicha terna. Por el contrario, si el Gobierno formula aquellas objeciones, se continuarán las negociaciones aun transcurridos los treinta días. 4. En todo caso, a u n cuando el Santo Padre acepte tres nombres de los enviados, siempre podrá, además, sugerir nuevos nombres, que añadirá a la terna, pudiendo entonces el jefe del Estado presentar indistintamente u n nombre de los comprendidos en la terna o alguno de los sugeridos complementariamente por el Santo Padre. 5. Todas estas negociaciones previas tendrán carácter absolutamente secreto, guardándose de manera especial el secreto con respecto a las personas hasta el momento de su nombramiento. 6. El Gobierno español, por su parte, se compromete formalmente a concluir cuanto antes con la Santa Sede_ un nuevo concordato, inspirado en su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacional. El presente convenio estará en vigor hasta que se incorporen sus normas al nuevo concordato. 7. En lo relativo a la provisión de los beneficios no consistoriales, en el mismo momento d e la firma de este convenio se iniciará la oportuna negociación para concluir otro en el que se establezcan-las normas.para.Su provisión.

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La Iglesia, a la que por derecho propio y nativo corresponde la provisión incluso de aquellos beneficios no consistoriales sobre los que el rey de España gozaba de particulares privilegios, está dispuesta, no obstante, a hacer también en este punto algunas concesiones al Gobierno español. 8. Hasta que la cuestión quede definitivamente arreglada en el futuro concordato, los prelados podrán proceder, libremente, a la provisión de las parroquias, dentro de las normas del Derecho canónico, sin más que notificar los nombramientos al Gobierno, con anterioridad a la toma de posesión, para el caso excepcional de que éste tuviera que formular alguna objeción contra el nombramiento por razones de carácter político general. 9. Entre tanto se llega a la conclusión de u n nuevo concordato, el Gobierno español se compromete a observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del concordato del año 1851. 10. Durante el mismo tiempo el Gobierno se compromete a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que puedan interesar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa Sede. Hecho por duplicado en Madrid, a 7 de junio de 1941. Por la Santa Sede, •& CAYETANO CICOGNANI. Por el Gobierno español, RAMÓN SERRANO SÚÑER.

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CONVENIO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL PARA LA PROVISIÓN DE BENEFICIOS NO CONSISTORIALES ( 1 6 j u l i o 1946)

(FUENTE: Mercan II p.252-55.)

Artículo 1.° La provisión d e los beneficios no consistoriales pertenece a la autoridad eclesiástica, la cual los confiere en conformidad con el Código de Derecho canónico, salvo cuanto, por concesión de la Santa Sede en consideración de las tradiciones católicas de España, se dispone en el presente convenio. Art. 2.° Los ordinarios diocesanos procederán a la provisión de las parroquias a tenor del canon 459 y previo concurso general y abierto, de acuerdo con el párrafo cuarto de dicho canon. Antes de publicar los nombramientos de los párrocos, los notificarán reservadamente al Gobierno para el caso excepcional en que éste tuviera que oponer alguna dificultad de carácter político general. En caso de divergencia entre el ordinario y el Gobierno, se acudirá a la Santa Sede, la cual, de acuerdo con el jefe del Estado, tomará la decisión que convenga. -. Transcurridos treinta días desde la antedicha comunicación sin que el Gobierno haya dado respuesta, su silencio se interpretará en el sentido de que no existe objeción alguna, y el nombramiento será publicado sin más. Las disposiciones de este artículo en nada afectarán al régimen de provisión de curatos de patronato particular. Art. 3.° § 1. Cuando se trate de proveer la dignidad de deán de los cabildos metropolitanos y catedrales, el obispo, después de oír al cabildo sobre los varios candidatos, formará una lista de tres eclesiásticos dignos y la enviará al jefe del Estado, el cual escogerá y presentará a la Santa Sede una de las personas que componen la terna. §•2. La provisión de la dignidad de chantre corresponderá siempre a la libre colación de la Santa Sede. § 3. La provisión de las demás dignidades de los cabildos metropolitanos y catedrales será efectuada por la Santa Sede, alternativamente: a) por libre colación, y b) por presentación previa del jefe del Estado. En este segundo caso se procederá como se indica en el párrafo primero del presente artículo. § 4. Para el nombramiento de abad de los cabildos colegiales, el obispo, previa oposición, formará y enviará al jefe del Estado una lista de tres eclesiásticos que hayan sido reputados dignos en dicha oposición. El j«fe del Estado escogerá y presentará a la Santa Sede uno de los nombres comprendidos en lá terna. § 5. Para el nombramiento de capellán mayor de la capilla de los Reyes de Toledo; de los Reyes Católicos, de Granada, y de San Fernando, de Sevilla, el jefe del Estado presentará al obispo un candidato escogido de u n a terna formada al efecto por el mismo obispo según lo establecido en el párrafo'primero de este artículo.

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Art. 4.° Las canojías d e oficio de las iglesias catedrales y colegiatas serán conferidas previa oposición, efectuándose la elección del candidato por el obispo y el cabildo. Para ser nombrado dignidad o canónigo de oficio, se necesita poseer grado mayor en filosofía, teología o Derecho canónico, o haber desempeñado meritoriamente el ministerio eclesiástico en funciones de gobierno, como vicario general, provisor, secretario de cámara, o en cargo de magisterio, como profesor de filosofía, teología o Derecho canónico. A r t 5.° § 1. Las canonjías simples y los beneficios menores de las iglesias catedrales y colegiatas se proveerán una mitad previa oposición y la otra mitad en la forma llamada «de gracia». Cuando el número de las prebendas fuera impar, la unidad sobrante se sumará al grupo de las de oposición. En la mitad correspondiente a oposición se entenderán incluidos los beneficios denominados de oficios. § 2. Al proveer estos beneficios, el obispo conserva la facultad de imponerles, oído el cabildo, cargas particulares, principalmente de ministerio. § 3. Bien sea que haya habido oposición o que se proceda en forma «de gracia», las canonjías y los beneficios a que se refiere el párrafo primero serán conferidos por el obispo, alternativamente: a) por libre colación, después de haber oído al cabildo, y b) por presentación previa del jefe del Estado. En este segundo caso, el jefe del Estado escogerá al candidato que ha de presentar de una lista de tres eclesiásticos dignos que el obispo formará a base de los resultados de la oposición o, después de oír al cabildo sobre los varios candidatos, por su libre designación. Art. 6.° § 1. Las prebendas del priorato nidlius de Ciudad Real se conferirán de conformidad con su régimen tradicional establecido en la bula Ad Apostolicam. §> 2. Para el nombramiento de capellanes y beneficiados menores de las capillas de los Reyes, de Toledo, de los Reyes Católicos, de Granada, y de San Fernando, de Sevilla, se procederá previa presentación del jefe del Estado. La terna de los eclesiásticos de entre los cuales el jefe del Estado escogerá el nombre que habrá de presentar al obispo, la hará el mismo obispo después de oír el parecer del cabildo y de la respectiva corporación sobre los varios candidatos. §• 3. Los capellanes, párrocos y beneficiados mozárabes serán nombrados según las constituciones propias de su cabildo. & 4. Salvo lo dispuesto en el artículo 8, las iglesias colegiatas de Santa María de Roncesvalles, de San Isidoro de León, y la de Gandía, lo mismo que las iglesias magistrales del Sacro Monte y de Alcalá de Henares, conservarán su régimen tradicional. §• 5. Se conservará también el régimen peculiar de conferir las prebendas en las colegiatas de patronato particular. A r t 7.° § 1. Cuando la provisión de un beneficio haya de hacerse por oposición, podrán participar en ella sacerdotes de todas las diócesis españolas, con el consentimiento de los ordinarios interesados, y se efectuará aquélla según las normas que dicte la Santa Sede. § 2. Cuando la elección del candidato a un beneficio se efectúe, previa oposición, por el ordinario y el cabildo, corresponderán en aquélla al prelado tres, cuatro o cinco votos, según que el número de capitulares sea de dieciséis o menos, de veinte o a e más d e veinte. & 3. Cuando la provisión de un beneficio se efectúe, previa oposición, para el turno én que corresponde al jefe del Estado la presentación, el ordinario formará la lista de tres eclesiásticos dignos a base de los resultados de la oposi-

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Apénd.II.

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ción; pero, si no le es posible reunir ese número, podrá elevar una lista incompleta, exponiendo el motivo que haya tenido para ello. § 4. La presentación por parte del jefe del Estado se efectuará siempre en plazo de treinta días, a contar desde aquel en que el ordinario haya transmitido al Ministerio competente la terna formada por él. Transcurrido dicho plazo sin que se realice la presentación, la provisión del beneficio será considerada como libre. §•5. La autoridad eclesiástica diocesana dará comunicación oficial al Gobierno de las provisiones efectuadas para los efectos oportunos. Art. 8.° Quedando firmes los principios generales del Código d e Derecho canónico acerca de las reservas pontificias, la Santa Sede consiente en que no se apliquen las prescripciones del canon 1435 § 1, números 1.°, 2.° y 4.°, cuando, según los términos del presente convenio, la provisión de un beneficio no consistorial tenga lugar previa presentación del jefe del Estado. Las provisiones de los beneficios eclesiásticos que quedaren vacantes «por resulta» serán consideradas en todo igual a las otras provisiones, y, por tanto, se ajustarán a las normas que para cada caso se establecen en este convenio, salvo cuando se haya producido la vacante a consecuencia de la provisión de u n beneficio no consistorial efectuada por libre colación de la Santa Sede, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código de Derecho canónico. Art. 9.° El Gobierno español conservará las dotaciones señaladas a los beneficios objeto del presente convenio, en la cuantía consignada actualmente. Si en el futuro se verificasen cambios notables en las condiciones económicas generales, las dotaciones del Gobierno se acomodarán a la nueva situación en medida no inferior al valor real de las asignadas actualmente. Art. 10. El presente convenio se aplicará a todos los beneficios que estén vacantes en el acto de la firma y permanecerá en vigor hasta que sus normas sean incorporadas al nuevo concordato. El Gobierno español renueva, a este propósito, el empeño de observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del concordato de 1851 y de no legislar sobre materias mixtas o que de algún modo puedan interesar a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa Sede. Hecho en doble ejemplar. Madrid, 16 de julio de 1946. >b CAYETANO CICOGNANI, ALBERTO M A R T Í N ARTAJO.

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C O N V E N I O ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES DE ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS (8 diciembre 1946)

(FUENTE: Mercati II p.255-61.) Artículo 1.° Las diócesis tendrán, libremente y de conformidad con el Derecho canónico, seminarios eclesiásticos, cuya organización y dirección corresponde a las competentes autoridades de la Iglesia. Art. 2.° El Estado español contribuirá, con arreglo al presente convenio, a la dotación de los seminarios menores y mayores establecidos en armonía con las prescripciones del Derecho canónico y las disposiciones ejecutivas emanadas del episcopado español. A r t 3.° El Estado español contribuirá a la dotación de un seminario menor en cada diócesis por los siguientes conceptos: a) Personal directivo y docente. b) Gastos de conservación y reparaciones, biblioteca y material. Art. 4.° Asimismo, para la formación religiosa y científica de los eclesiásticos, el Estado español contribuirá, con arreglo al cuadro B, a la dotación del seminario mayor en las siguientes diócesis: Provincia eclesiástica de Burgos: Burgos, Calahorra, León, Palencia, Santander y Vitoria. Provincia eclesiástica de Granada: Granada, Almería, Cartagena, Jaén y Málaga. Provincia eclesiástica de Santiago: Santiago, Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy. Provincia eclesiástica de Sevilla: Sevilla, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Las Palmas y Tenerife. Provincia eclesiástica de Tarragona: Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Solsona, Urgel y Vich. Provincia eclesiástica de Toledo: Toledo, Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Sigüenza y Plasencia. Provincia eclesiástica de Valencia: Valencia, Mallorca y Orihuela. Provincia eclesiástica de Valladolid: Valladolid, Astorga, Avila, Salamanca, Zamora y Segovia. Provincia eclesiástica de Zaragoza: Zaragoza, Huesca, Pamplona, Tarazona y Teruel. Priorato nullius: Ciudad Real. Para la dotación que en lo futuro pudiera considerarse necesaria para otros seminarios, se estará a lo que de común acuerdo entre ambas potestades se convenga. A r t 5.° Teniendo presente que la finalidad de los seminarios es la de formar sacerdotes santos y dpetos, y que a esta finalidad deben contribuir profesores

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Apénd.H.

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dotados de adecuadas condiciones religiosas, morales, eclesiásticas y culturales, los nombramientos para las cátedras dotadas con arreglo al presente convenio los hará el obispo diocesano previa oposición, a la cual podrá permitir que concurran también sacerdotes de otras diócesis que posean las cualidades indicadas y tengan el permiso de su propio prelado. Por lo que se refiere a las cualidades culturales, podrán concurrir los sacerdotes que presenten calificaciones correspondientes a las exigencias de la enseñanza a la cual aspiran, como son trabajos científicos que merezcan consideración, o bien reúnan las siguientes condiciones: a) Para las cátedras del curso Humanístico: los que estén en posesión de grados académicos en filosofía, teología o derecho canónico, y con preferencia los que estuvieran graduados en lenguas clásicas o en historia. b) Para las cátedras del curso filosófico: los que estén en posesión de grados académicos mayores en filosofía, teología o derecho canónico, o que estuvieren graduados en filosofía y letras o en ciencias. c) Para las cátedras del curso teológico: los que estén en posesión de grados académicos mayores por una universidad o facultad teológico-jurídica de estudios eclesiásticos. Los profesores designados por el prelado en virtud del concurso quedarán en prueba por tres años, como extraordinarios, antes de ser nombrados ordinarios o definitivamente. Corresponde igualmente al obispo, que podrá libremente obrar «según su conciencia», remover a los profesores por motivo de doctrina o moralidad y de disciplina eclesiástica, por infracciones graves de sus deberes escolares o por inadecuada eficiencia en el desempeño de su misión instructiva y formativa. Art. 6.° El estudio de la lengua, literatura, geografía e historia de España será obligatorio en los seminarios, en extensión no inferior al plan de enseñanza media en España, y las autoridades eclesiásticas cuidarán de que en la enseñanza de estas disciplinas se inculque el más acendrado sentimiento patriótico español. Los prelados comunicarán al Ministerio de Educación Nacional los textos, programas y horarios de las disciplinas que no sean filosóficas o teológicas. Tal comunicación tendrá carácter puramente informativo. En consecuencia, los alumnos de los seminarios que, además del curso clásico (cinco años), hubieren aprobado el curso filosófico (tres años), quedarán habilitados legalmente para sufrir las pruebas finales establecidas para la obtención del título de bachiller. Art. 7.° El Estado español reconoce las universidades de estudios eclesiásticos erigidas por la Silla Apostólica, dotando las actuales existentes en España sobre la base de: 1,° La constitución apostólica Deus Scientiarum Dominus, de 24 de mayo de 1931, con las ordenaciones de 12 de junio de 1931. 2.° Los estatutos respectivos, debidamente aprobados por la Santa Sede. Para la dotación de las facultades universitarias que en lo futuro pudieran crearse, se estará a lo que de común acuerdo se convenga, dentro de lo prescrito por el presente convenio.

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así como el decreto de convocatoria de las oposiciones, con carácter puramente informativo, para su publicación en los periódicos oficiales. Este decreto se publicará dentro de los dos meses de haberse producido la vacante. Por lo que atañe a los nombramientos, vacantes y convocatorias referentes al profesorado de las universidades de Estudios eclesiásticos de Salamanca y de Comillas, el prelado y el superior mayor, respectivamente, en su calidad de cancilleres y con arreglo a los propios estatutos, harán análogas comunicaciones al Ministerio de Justicia y a los mismos fines y plazo indicados. Art 10. Las dotaciones para los profesores no constituirán piezas eclesiásticas y se entienden asignadas a las cátedras que se indican, debiendo ser pagadas por nómina a los profesores de las mismas, a través del ordinario diocesano, en la medida que éste las reciba del Gobierno. Art. 11. Las normas del presente convenio entrarán en vigor el día de su firma y serán incorporadas al nuevo concordato; debiendo las autoridades competentes adoptar las medidas oportunas para su inmediata ejecución. Art. transitorio. Los profesores actuales que sean reconocidos idóneos por el ordinario diocesano en relación a la finalidad de los seminarios, podrán ser confirmados por el mismo ordinario en la enseñanza a la cual estaban consagrados, aunque no posean grados académicos. Hecho en doble ejemplar. Madrid, a ocho de diciembre de 1946, festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona de España.—(L. >í< S.) CAYETANO CICOGNANI.—-(L. >2< S.) A L BERTO M A R T Í N ARTAJO.

CUADRO

A

Dotación de los seminarios menores Cinco Profesores de latín y castellano, a 8.000 pesetas Un profesor de griego Un profesor de geografía e historia Un profesor de religión y francés Un rector Un padre espiritual Un prefecto de estudios Gastos de entretenimiento y reparaciones Biblioteca y material

40.000 8.000 6.000 6.000 4.000 4.000 3.000 6.000 6.000

TOTAL

83.000

CUADRO

B

Dotación de los seminarios mayores Art 8.° Las dotaciones objeto de los artículos 3.°, 4.° y 7.° que preceden se ajustarán a las cifras que figuran en los cuadros A, B y C del anejo al presente convenio, y su cuantía será modificada paralela y proporcionalmente a las- retribuciones del profesorado similar de los establecimientos docentes del Estado. Art. 9.° Los prelados respectivos comunicarán al. Ministerio de Justicia los nombramientos y vacantes de profesores de cátedras dotadas en -los seminarios,

Pesetas

Tres profesores de Filosofía, a 8.000 pesetas Un profesor de matemáticas y ciencias físicas y naturales . . . . Un profesor de literatura castellana, griega y latina Un profesor de dogmática fundamental Un profesor de introducción general a la Sagrada Escritura, griego bíblico y lengua hebraica

„ 24.000 8.000 8.000 8.000 8.000

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Apénd.11.

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749 Pesetas

Pesetas Un profesor de Sagrada Escritura (introducción especial y Un profesor de historia eclesiástica (prolegómenos), historia eclesiástica con patrística, bellas artes, arqueología y liturgia doctrinal Un profesor de dogmática especial = Un profesor de Sagrada Escritura (introducción especial y exégesis) Un profesor de Derecho canónico y Derecho público eclesiástico Un auxiliar de historia civil Un rector Un prefecto de estudios Un padre espiritual Biblioteca, museo y laboratorio Reparaciones TOTAL

Un profesor ad tempus de instituciones de Derecho romano Un profesor ad tempus de instituciones de Derecho civil . Un profesor ad tempus de fundamentos de Derecho internacional según Francisco de Vitoria

8.000 8.000 8.000

a)

138.000

Un profesor ordinario de introducción a la filosofía y la lógica Un profesor ordinario de cosmología Un profesor ordinario de psicología Un profesor ordinario de ontología Un profesor ordinario de crítica del conocimiento Un profesor ordinario de teología natural Un profesor ordinario de ética y Derecho natural Un profesor ad tempus de historia de la filosofía española Comunes a todas las Facultades

CUADRO

C

Universidad eclesiástica de Salamanca. Facultad de Teología Pesetas

a)

Un profesor ordinario de teología fundamental Cuatro profesores ordinarios de teología dogmática especial ( Dos profesores ordinarios de moral especial Un profesor ordinario de moral fundamental Dos profesores ordinarios de historia eclesiástica y de arqueología Un profesor ordinario de Introducción general a"la Sagrada Escritura y de lengua hebrea y griego bíblico . . Dos profesores ordinarios de Sagrada Escritura (exégesis del A. y N. Testamento) y de teología bíblica Uij, profesor ordinario de historia de la teología y de la teología española Un profesor ordinario de teología pastoral, de instituciones histórico-sistemáticas de liturgia y pedagogía catequística Un profesor ad tempus de instituciones de Derecho canónico y de principios de derecho

12.000

b)

48.000 24.000 12.000

Para biblioteca y laboratorio Para publicaciones Para material

50.000 20.000 17.000 508.500

Pesetas

12.000 a) 24.000 12.000

Un profesor ordinario de teología fundamental Dos profesores ordinarios de dogmática especial Un profesor ordinario de Sagrada Escritura Un profesor ordinario de historia eclesiástica y patrología

12.000 24.000 12.000 12.000

Un profesor ad tempus de historia de los dogmas e historia de la teología Un profesor ad tempus de instituciones canónicas Un profesor ad tempus de teología moral

12.000 10.000

10.000 10.000 10.000

Facultad de Filosofía Pesetas Pesetas

Tres profesores ordinarios de Codex Iuris Canonici Un profesor ordinario de filosofía del derecho y Derecho público eclesiástico '. Un profesor ordinario de historia del Derecho, canónico y del Derecho concordatario .• .-

Pesetas 6.000 7.500 12.000 4.000 18.000

Universidad Pontificia de Comillas. Facultad de Teología

24.000

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000

Un rector Tres decanos, a 2.500 pesetas Un secretario ecónomo Un bibliotecario Personal auxiliar y subalterno

TOTAL

Facultad de Derecho canónico a)

10.000

Facultad de Filosofía

8.000 8.000 6.000 4.000 3.000 3.000 18.000 8.000

10.000 10.000

36.000 12.000 12.000

a)

Un profesor ordinario de ontología y cosmología Un profesor ordinario de psicología racional y psicología experimental Un profesor ordinario de ética y teodicea Un profesor ordinario d e introducción a la filosofía e historia de la filosofía

12.000 12.000 12.000 12.000

750

Apénd.II.

Documentos Pesetas

Un profesor ordinario de ciencias físico-químicas relacionadas con la filosofía Un profesor ad tempus de textos de Santo Tomás y Aristóteles Un profesor ad tempus de ciencias naturales relacionadas con la filosofía

12.000 10.000

DOCUMENTO

Facultad de Derecho canónico a)

Tres profesores ordinarios de Codex Inris Canonici Un profesor ordinario de filosofía del derecho y Derecho público eclesiástico Un profesor ad tempus de instituciones de Derecho civil concordatario Un profesor ad tempus de instituciones de Derecho civil . Un profesor ad tempus de instituciones de Derecho romano

Pesetas 36.000

CONVENIO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL SOBRE LA JURISDICCIÓN CASTRENSE Y ASISTENCIA RELIGIOSA DE LAS FUERZAS ARMADAS

(5 agosto 1950)

12.000

(FUENTES: AAS 44 [1951] p.80-86; Mercati II p.265-69.)

12.000 10.000

La Santa Sede y el Gobierno español, deseando llegar a un acuerdo sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, han nombrado, con este objeto, sus plenipotenciarios, a saber: Su Santidad el Sumo Pontífice, a su E. Rvdma. Mons. DOMENICO TARDINI, secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Extraordinarios; y el jefe del Estado español, al Exmo. Sr. Dr. D . J O A Q U Í N RUIZ-GIMÉNEZ, embajador de España cerca de la Santa Sede. Los cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes y hallarlos en debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

10.000

Comunes a todas las Facultades Pesetas

b)

IX

10.000

Un rector Tres decanos, a 2.500 pesetas Un secretario ecónomo Un bibliotecario Personal auxiliar y subalterno

6.000 7.500 12.000 4.000 18.000

Para biblioteca y laboratorio Para publicaciones Para material

!

50.000 20.000 17.000

TOTAL

384.500

Artículo 1.° La Santa Sede constituye en España un Vicariato Castrense para atender al cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire. Art 2.° La Santa Sede procederá al nombramiento del vicario general castrense, previa presentación del Jefe del Estado, según lo establecido en el convenio en vigor entre la misma Santa Sede y España sobre provisión de las sedes arzobispales y episcopales y el nombramiento de coadjutores con derecho de sucesión. El vicario general castrense será elevado a la dignidad arzobispal. Art. 3.° Al quedar vacante el Vicariato Castrense, el teniente vicario de la Primera Región Militar más antiguo en este cargo asumirá interinamente las funciones del vicario general castrense, con las limitaciones pertinentes, por carecer de la dignidad episcopal. Art. 4.° El ingreso en el Cuerpo de Capellanes tendrá lugar previa oposición, según las normas aprobadas por la Santa Sede, si bien no se requerirán necesariamente títulos académicos para ser admitidos a la oposición y siempre a salvo las disposiciones del presente convenio. Para el ascenso al grado de teniente vicario será preciso poseer la licenciatura o el doctorado en teología o en Derecho canónico y haber sido declarado canónicamente apto, previo examen, por el vicario general castrense. Art. 5.° El nombramiento eclesiástico de los capellanes se hará por el vicario general castrense, quien les expedirá el correspondiente título. El ingreso en el Cuerpo y el destino a unidad o establecimiento se hará por el Ministerio correspondiente, a propuesta del vicario general castrense. Art. 6.° Los capellanes militares ejercen su sagrado ministerio bajo la jurisdicción del vicario general castrense, asistido por su propia curia. Dado el carácter sagrado de los capellanes, en el caso en que deban ser

752

Apénd.II.

Documentos

sancionados por consecuencia de un expediente de carácter puramente militar, se dará cuenta al vicario general castrense, quien dispondrá se cumpla la san' ción en el lugar y en la forma que estime más adecuados. El vicario general castrense podrá suspender o destituir de su oficio por causas canónicas y «ad normam iuris canonici» a los capellanes militares, comunicando la suspensión o remoción al Ministerio competente, el cual, sin otro trámite, procederá, en el primer caso, a declararlos en situación de disponibles y, en el segundo, a darles de baja en el Cuerpo. Los capellanes militares como sacerdotes y ratione loci estarán sujetos también a la disciplina y vigilancia de los ordinarios diocesanos, quienes en casos urgentes podrán tomar las oportunas providencias canónicas, debiendo en tales casos hacerlas conocer en seguida al vicario general castrense. Art. 7.° La jurisdicción del vicario general castrense y de los capellanes es personal, se extiende a todos los militares de Tierra, Mar y Aire en situación de servicio activo (esto es bajo las armas), a sus esposas legítimas e hijos menores cuando vivan en su compañía y a los alumnos de las Academias y de las Escuelas Militares, quedando excluidos los civiles que de cualquiera otra manera estén relacionados con los mismos militares o presten servicio en los Ejércitos. La misma jurisdicción se extiende también a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Art 8.° Los capellanes militares tienen competencia parroquial en lo tocante a las personas mencionadas en el artículo precedente. Por lo que se refiere a la asistencia canónica al matrimonio, tendrán presente la disposición del canon 1097, 2, del Código de Derecho canónico que prescribe: «Pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi iusta causa excuset»; y en caso de celebrarse el matrimonio ante el capellán castrense, éste deberá atenerse a todas las prescripciones canónicas, y de manera particular a las del canon 1103 § 1 y 2. Sin perjuicio de lo que prescribe el canon 1962 del Código de Derecho canónico, está reservado a los ordinarios del lugar conocer de las causas matrimoniales concernientes a personas sujetas a la jurisdicción eclesiástica castrense. Art 9.° Como quiera que la jurisdicción castrense se ejerce dentro del territorio de diferentes diócesis, es cumulativa con la de los ordinarios diocesanos. Sin embargo, en los cuarteles, aeropuertos, arsenales militares, residencia de las jefaturas militares, Academias y Escuelas Militares, hospitales, tribunales, cárceles, campamentos y demás lugares destinados a las tropas de Tierra, Mar y Aire, usarán de ella primaria y principalmente el vicario general castrense y los capellanes militares; y subsidiariamente, aunque siempre por derecho propio, los ordinarios diocesanos y los párrocos locales, cuando aquéllos falten o estén ausentes, mediante los oportunos acuerdos, por regla general, con el vicario general castrense, quien informará a las autoridades militares correspondientes. Fuera de los lugares arriba señalados, ejercerán libremente su jurisdicción los ordinarios diocesanos y, cuando así les fuese solicitado, los párrocos locales. Art. 10. Cuando los capellanes castrenses, en funciones de su sagrado ministerio con los militares, tengan que oficiar fuera de los templos, establecimientos, campamentos y demás lugares destinados regularmente a ellos, deberán* dirigirse con anticipación a los ordinarios diocesanos o a los párrocos o rectores locales para obtener el oportuno permiso. Art. 11. El vicario general castrense ser pondrá de. acuerdo con los'cfbispos diocesanos y los superiores mayores religiosos, para designar entre sus subditos,

Documento IX

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un número adecuado de sacerdotes, que, sin dejar los oficios que tengan en sus diocesanos y los superiores mayores religiosos, para designar entre sus subditos un número adecuado de sacerdotes que, sin dejar los oficios que tengan en sus Tales sacerdotes y religiosos ejercerán su ministerio con los militares a las ordenes del vicario general castrense, del cual recibirán las necesarias facultades «ad nutum», y serán retribuidos a título de gratificación o estipendio ministerial. Art. 12. El Estado español reconoce que los clérigos y religiosos, ya sean profesos, ya novicios, en virtud de los cánones 121 y 614 del Código de Derecho canónico, están exentos de todo servicio militar. 1) En tiempo de paz, el vicario general castrense, previo acuerdo con los ordinarios diocesanos o superiores mayores religiosos, puede llamar en la medida que sea necesario, y por un tiempo no superior en todo caso a la duración del servicio militar en filas, a los sacerdotes y religiosos profesos que hayan alcanzado los treinta años de edad, a prestar en los Ejércitos funciones de su sagrado ministerio o asistencia religiosa de las fuerzas armadas, con exclusión de todo otro servicio. 2) Los seminaristas, postulantes y novicios diferirán en tiempo de paz, el cumplimiento de todas las obligaciones militares, solicitando prórrogas anuales durante el tiempo que les falte para recibir el sagrado presbiterado o para emitir sus votos, respectivamente. Los rectores de los seminarios y los superiores de las casas religiosas enviarán, sin pérdida de tiempo, a las autoridades militares correspondientes nota de aquellos seminaristas, postulantes y novicios que, disfrutando de dichas prórrogas, abandonaren el Seminario o el Instituto religioso. La misma obligación tendrán los señores obispos y los superiores mayores religiosos respecto de los clérigos que, a tenor de los cánones, hubieran sido reducidos al estado laical o de los religiosos que, no habiendo recibido ordenes sagradas y estando en edad militar, abandonaren el Instituto. 3) Todos los clérigos, seminaristas y religiosos, incluso los novicios y postulantes, quedarán excluidos de las movilizaciones que se decreten con fines de instrucción. Art. 13. En los casos de movilización general por causa de guerra, los sacerdotes seculares o regulares que tuviesen la edad a que alcance la movilización y fuesen necesarios a juicio del vicario general castrense, serán llamados a ejercer su sagrado ministerio en las fuerzas armadas como capellanes, disfrutando de la consideración de oficiales. En los casos de movilización por causa de guerra, los clérigos y religiosos no sacerdotes, así como los seminaristas, postulantes y novicios en edad a la que alcance la movilización y en la medida que el vicario general castrense estimare necesaria, serán destinados a ayudar a los capellanes en su ministerio espiritual, o a otros servicios compatibles con su carácter eclesiástico. De entre ellos, los que en el momento de decretarse la movilización estén preparándose para el sacerdocio, disfrutarán de permisos prorrogables que, en cada caso, a juicio del vicario castrense, autoricen las circunstancias, con el fin de que prosigan sus estudios en el seminario o casa religiosa a la cual pertenecen. Cesarán en su disfrute si abandonan los estudios o cuando terminen la carrera, circunstancias que los rectores o superiores respectivos comunicarán inmediatamente a la autoridad militar. El seminarista o novicio en cuyo nombre se presente voluntariamente un sacerdote del clero regular o secular, debidamente autorizado por sus superiores eclesiásticos, para prestar servicio de vanguardia propio de su ministerio sacerdotal, disfrutarán en todo caso de estos permisos.

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Apénd.H. Documentos

Art. 14. En los casos de movilización general por causa de guerra quedan exceptuados del cumplimiento de las obligaciones militares los sacerdotes que tengan cura de almas. Se consideran tales los ordinarios, los párrocos, los vicepárrocos y los rectores de iglesias abiertas al culto. Asimismo serán dispensados de las obligaciones antedichas, aun en los casos de movilización general por causa de guerra, los obispos titulares, los rectores de los seminarios y los misioneros, a saber: aquellos sacerdotes y religiosos que, con la debida autorización de la competente autoridad eclesiástica, se consagran al apostolado en los territorios de misión. Art. 15. El vicario general castrense o el teniente vicario que interinamente asuma sus funciones podrá solicitar de la Santa Sede la concesión y sucesiva renovación de las facultades, gracias y privilegios que estimen convenientes. Art. 16. Este convenio será ratificado y las ratificaciones canjeadas en el más breve plazo posible. Hecho por duplicado en la Ciudad del Vaticano, a 5 de agosto d e GIMÉNEZ.

1950.—L. >B S. D O M E N I C O T A R D I N I . — L .

DOCUMENTO

X

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y ESPAÑA

(27 agosto 1953) (FUENTES: AAS 45 [1953] p.625-56; Mercati, II, p.271-94)

>f< S. J O A Q U Í N R U I Z -

En el nombre de la Santísima Trinidad. La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la nación española, han determinado estipular u n concordato que, reasumiendo los convenios anteriores y completándolos, constituya la norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las altas partes contratantes, en conformidad con la ley de Dios y la tradición católica de la nación española. A este fin, Su Santidad el Papa Pío XII ha tenido a bien nombrar por su plenipotenciario a S. E. Rvdma. Mons. Domenico Tardini, prosecretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios; y S. E. el jefe del Estado español, D. Francisco Franco Bahamonde, ha tenido a bien nombrar por sus plenipotenciarios al Excmo Sr. D. Alberto Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y al Excmo. Sr. D. Fernando María Castiella y Maíz, embajador de España cerca de la Santa Sede, quienes, después de entregadas sus respectivas plenipotencias y reconocida la autenticidad de las mismas, han convenido lo siguiente: Artículo 1.° La religión católica, apostólica, romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el Derecho canónico. A r t 2.° 1. El Estado español reconoce a la Iglesia católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto. 2. En particular, la Santa Sede podrá libremente promulgar y publicar en España cualquier disposición-relativa al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los prelados, el clero y los fieles del país, de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la Santa Sede. Gozarán de las mismas facultades los ordinarios y las otras autoridades eclesiásticas en lo referente a su clero y fieles. Art. 3.° 1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. 2. Para mantener, en la forma tradicional, las amistosas relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, continuarán permanentemente acreditados un embajador de España cerca de la Santa Sede y u n nuncio apostólico en Madrid. Este será el decano del Cuerpo Diplomático, en los términos del derecho consuetudinario.

756

Apénd.Il.

Documentos

Art. 4.° 1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas existentes en España a la entrada en vigor del presente concordato, constituidas según el Derecho canónico; en particular a las diócesis con sus instituciones anejas, a las parroquias, a las órdenes y congregaciones religiosas, las sociedades de vida común y los institutos seculares de perfección cristiana canónicamente reconocidos, sean de derecho pontificio o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas. 2. Gozarán de igual reconocimiento las entidades de la misma naturaleza que sean ulteriormente erigidas o aprobadas en España por las autoridades eclesiásticas competentes, con la sola condición de que el decreto de erección o de aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a las autoridades competentes del Estado. 3. La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las autoridades competentes de la Iglesia. Art 5.° El Estado tendrá por festivos los días establecidos como tales por la Iglesia en el Código de Derecho canónico o en otras disposiciones particulares sobre festividades locales, y dará, en su legislación, las facilidades necesarias para que los fieles puedan cumplir e n esos días sus deberes religiosos. Las autoridades civiles, tanto nacionales como locales, velarán por la debida observancia del descanso en los días festivos. Art. 6.° Conforme a las concesiones de los Sumos Pontífices San Pío V y Gregorio XIII, los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el jefe del Estado, según la fórmula tradicional y las prescripciones de la sagrada liturgia. Art. 7.° Para el nombramiento de los Arzobispos y obispos residenciales y de los coadjutores con derecho de sucesión, continuarán rigiendo las normas del acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941. Art. 8.° Continuará subsistiendo en Ciudad Real el Priorato nullius de las Ordenes Militares. Para el nombramiento del obispo prior se aplicarán las normas a que se refiere el artículo anterior. Art. 9.° 1. A fin de evitar, en lo posible, que las Diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias civiles, las altas partes contratantes procederán, de común acuerdo, a una revisión de las circunscripciones diocesanas. Asimismo, la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno español, tomará las oportunas disposiciones para eliminar los enclaves. Ninguna parte del territorio español o de soberanía de España dependerá de obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna diócesis española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera, con excepción del principado de Andorra, que continuará perteneciendo a la diócesis de Urgel. 2. Para la erección de una nueva diócesis o provincia eclesiástica y para otros cambios de circunscripciones diocesanas que pudieran juzgarse necesarios, la Santa Sede se pondrá previamente de acuerdo con el Gobierno español, salvo si se tratase de mínimas rectificaciones de • territorio reclamadas por el Bien de las almas. •

Documento X

Ibl

3. El Estado español se compromete a proveer a las necesidades económicas de las diócesis que en el futuro se erijan aumentando adecuadamente la dotación establecida en el artículo 19. El Estado, además, por sí o por medio de las corporaciones locales interesadas, contribuirá con una subvención extraordinaria a los gastos iniciales de organización de las nuevas diócesis; en particular subvencionará la construcción de las nuevas catedrales y de los edificios destinados a residencia del prelado, oficinas de la curia y seminarios diocesanos. Art. 10. En la provisión de los beneficios no consistoriales se seguirán aplicando las disposiciones del acuerdo estipulado el 16 de julio de 1946. Art. 11. 1. La Autoridad eclesiástica podrá libremente erigir nuevas parroquias y modificar los límites de las ya existentes. Cuando estas medidas impliquen un aumento de contribución económica del Estado, la autoridad eclesiástica habrá de ponerse de acuerdo con la competente autoridad del Estado por lo que se refiere a dicha contribución. 2. Si la autoridad eclesiástica considerase oportuno agrupar, dé modo provisional o definitivo, varias parroquias, bien sea confiándolas a un solo párroco, asistido de uno o varios coadjutores, bien reuniendo en un solo presbiterio a varios sacerdotes, el Estado mantendrá inalteradas las dotaciones asignadas a dichas parroquias. Las dotaciones para las parroquias que estén vacantes no pueden ser distintas de las dotaciones para las parroquias que estén provistas. Art. 12. La Santa Sede y el Gobierno español regularán, en acuerdo aparte y lo antes posible, cuanto se. refiere al régimen de capellanías y fundaciones pías en España. Art. 13. 1. En consideración de los vínculos de piedad y devoción que han unido a la nación española con la patriarcal basílica de Santa María la Mayor, la Santa Sede confirma los tradicionales privilegios honoríficos y las otras disposiciones en favor de España contenidos en la bula Hispaniarum f¡delitos, del 5 de agosto de 1953. 2. La Santa Sede concede que el español sea uno de los idiomas admitidos para tratar las causas de beatificación y canonización en la Sagrada Congregación de Ritos. Art 14. Los clérigos y los religiosos no estarán obligados a asumir cargos públicos o funciones que, según las normas del Derecho canónico, sean incompatibles con su estado. Para ocupar empleos o cargos públicos, necesitarán el Nihil obstat de su ordinario propio y el del ordinario del lugar donde hubieren de desempeñar su actividad. Revocado el Nihil obstat, no podrán continuar ejerciéndolos. Art 15. Los clérigos y religiosos, ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar, conforme a los cánones 121 y 614 del Código de Derecho canónico. Al respecto, continúa en vigor lo convenido entre las altas partes contratantes en el acuerdo de 5 de agosto de 1950 sobre jurisdicción castrense. Art. 16. 1. Los prelados de quienes habla el párrafo 2 del canon 120 del Código de Derecho canónico no podrán ser emplazados ante un juez laico sin que se haya obtenido previamente la necesaria licencia de la Santa Sede. 2. La Santa Sede consiente en que las causas contenciosas sobre bienes o derechos temporales en las cuales fueren demandados clérigos o religiosos sean

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Apénd.H.

Documentos

tramitadas ante los tribunales del Estado previa notificación al ordinario del lugar en que se instruye el proceso, al cual deberán también ser comunicadas en su día las correspondientes sentencias o decisiones. 3. El Estado reconoce y respeta la competencia privativa de los tribunales de la Iglesia en aquellos delitos que exclusivamente violan una ley eclesiástica, conforme al canon 2198 del Código de Derecho canónico. Contra las sentencias de estos tribunales no procederá recurso alguno ante las autoridades civiles. 4. La Santa Sede consiente en que las causas criminales contra los clérigos o religiosos por los demás delitos, previstos por las leyes penales del Estado, sean juzgadas por los tribunales del Estado. Sin embargo, la autoridad judicial, antes de proceder, deberá solicitar, sin perjuicio de las medidas precautorias del caso y con la debida reserva, el consentimiento del ordinario del lugar en que se instruye el proceso. En el caso en que éste, por graves motivos, se crea en el deber de negar dicho consentimiento, deberá comunicarlo por escrito a la autoridad competente. El proceso se rodeará de las necesarias cautelas para evitar toda publicidad. Los resultados de la instrucción así como la sentencia definitiva del proceso, tanto en primera como en ulterior instancia, deberán ser solícitamente notificados al ordinario del lugar arriba mencionado. 5. En caso de detención o arresto, los clérigos y religiosos serán tratados con las consideraciones debidas a su estado y a su grado jerárquico. Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa que, a juicio del ordinario del lugar y de la autoridad judicial del Estado, ofrezca las convenientes garantías; o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares, a no ser que la autoridad eclesiástica competente hubiera reducido al condenado al estado laical. Les serán aplicables los beneficios de la libertad condicional y los demás establecidos en la legislación del Estado. 6. Caso de decretarse embargo judicial de bienes, se dejará a los eclesiásticos lo que sea necesario para su honesta sustentación *y el decoro de su estado, quedando en pie, no obstante, la obligación de pagar cuanto antes a sus acreedores. 7. Los clérigos y los religiosos podrán ser citados romo testigos ante los tribunales del Estado; pero, si se tratase de juicios criminales por delitos a los que la ley señale penas graves, deberá pedirse la licencia del ordinario del lugar en que se instruye el proceso. Sin embargo, en ningún caso podrán ser requeridos, por los magistrados ni por otras autoridades, a dar informaciones sobre personas o materias de las que hayan tenido conocimiento por razón del sagrado ministerio. Art. 17. El uso del hábito eclesiástico o religioso por .los seglares o por aquellos clérigos o religiosos a quienes les haya sido prohibido por decisión firme de las autoridades eclesiásticas competentes, está prohibido y será castigado, una vez comunicada oficialmente al Gobierno, con las mismas sanciones y penas que se aplican a los que usan indebidamente el uniforme militar. Art 18. La Iglesia puede libremente recabar de los fieles las prestaciones autorizadas por el Derecho canónico, organizar colectas y recibir sumas y bienes, muebles e inmuebles, para la prosecución de sus propios fines. Art. 19. 1. La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo* la creación de u n adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.

Documento X

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2. Mientras tanto, el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia en favor de la nación, le asignará anualmente una adecuada dotación. Esta comprenderá, en particular, las consignaciones correspondientes a los Arzobispos y obispos diocesanos, los coadjutores, auxiliares, vicarios generales, los cabildos catedralicios y de las colegiatas, el clero parroquial, así como las asignaciones en favor de seminarios y universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto. Por lo que se refiere a la dotación de beneficios no consistoriales y a las subvenciones para los seminarios y las universidades eclesiásticas, continuarán en vigor las normas fijadas en los respectivos acuerdos del 16 de julio y 8 de diciembre de 1946. Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condiciones económicas generales, dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas circunstancias, de forma que siempre quede asegurado el sostenimiento del culto y la congrua sustentación del clero. 3. El Estado, fiel a la tradición nacional, concederá anualmente subvenciones para la construcción y conservación de templos parroquiales y rectorales y seminarios; el fomento de las órdenes, congregaciones o institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional y el cuidado de los monasterios de relevante valor histórico en España, así como para ayudar al sostenimiento del Colegio Español de San José y de la iglesia y residencia españolas de Montserrat, en Roma. 4. El Estado prestará a la Iglesia su colaboración para crear y financiar instituciones asistenciales en favor del clero anciano, enfermo, o inválido. Igualmente asignará una adecuada pensión a los prelados residenciales que, por razones de éclad o salud, se retiren de su cargo. Art. 20. 1. Gozarán de exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local: a) las iglesias y capillas destinadas al culto, y, asimismo, los edifícaos y locales anejos destinados a su servicio o a sede de asociaciones católicas; b) la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas, siempre que el inmueble sea propiedad de la Iglesia; c) los locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales; d) las universidades eclesiásticas y los seminarios destinados a la formación del clero; e) las casas de las órdenes, congregaciones e institutos religiosos y seculares canónicamente establecidos en España; f) los colegios u otros centros de enseñanza, dependientes de la jerarquía eclesiástica, que tengan la condición de benéfico-docentes. Están comprendidos en la exención los huertos,.jardines y dependencias de los inmuebles arriba enumerados, siempre que no estén destinados a industria o a cualquier otro uso de carácter lucrativo. 2. Gozarán igualmente de total exención tributaria los objetos destinados al culto católico, así como la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes referente al gobierno espiritual de los fieles, y también su fijación en los sitios de costumbre. 3. Están igualmente exentas de todo impuesto o contribución, las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo 19, y el ejercicio del ministerio sacerdotal. 4. Todos los demás bienes de entidades o personas eclesiásticas, así como los ingresos de éstas que no provengan del ejercicio de actividades religiosas

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Apend.II.

Documentos

propias de su apostolado, quedarán sujetos a tributación conforme a las leyes generales del Estado, en paridad de condición con las demás instituciones o personas. 5. Las donaciones, legados o herencias destinados a la construcción de edificios del culto católico o de casas religiosas, o, en general, a finalidades de culto o religiosas, serán equiparados, a todos los efectos tributarios, a aquellos destinados a fines benéficos o benéfico-docentes. Art. 2 1 . 1. En cada diócesis se constituirá una comisión que, bajo la presidencia del ordinario, vigilará la conservación, la reparación y las eventuales reformas de los templos, capillas y edificios eclesiásticos declarados monumentos nacionales, históricos o artísticos, así como de las antigüedades y obras de arte que sean propiedad de la Iglesia o le estén confiadas en usufructo o en depósito y que hayan sido declaradas de relevante mérito o de importancia histórica nacional. 2. Estas comisiones serán nombradas por el Ministerio de Educación Nacional y estarán compuestas, en una mitad, por miembros elegidos por el obispo y aprobados por el Gobierno y, en la otra, por miembros designados por el Gobierno con la aprobación del obispo. 3. Dichas comisiones tendrán también competencia en las excavaciones que interesen a la arquelogía sagrada, y cuidarán con el ordinario para que la reconstrucción y reparación de los edificios eclesiásticos arriba citados se ajusten a las normas técnicas y artísticas de la legislación general, a las prescripciones de la liturgia y a las exigencias del arte sagrado. Vigilarán, igualmente, el cumplimiento de las condiciones establecidas por las leyes, tanto civiles como canónicas, sobre enajenación y exportación de objetos de mérito histórico o de relevante valor artístico que sean propiedad de la Iglesia o que ésta tuviera en usufructo o en depósito. 4. La Santa Sede consiente en que, caso de venta de tales objetos por subasta pública, a tenor de las normas del Derecho canónico, se dé opción de compra, en paridad de condiciones, al Estado. 5. Las autoridades eclesiásticas darán facilidades para el estudio de los documentos custodiados en los archivos eclesiásticos públicos exclusivamente dependientes de aquéllas. Por su parte, el Estado prestará la ayuda técnica y económica conveniente para la instalación, catalogación y conservación de dichos archivos. Art. 22. 1. Queda garantizada la inviolabilidad de las iglesias, capillas, cementerios y demás lugares sagrados, según prescribe el canon 1160 del Código de Derecho canónico. 2. Queda igualmente garantizada la inviolabilidad de los palacios y curias episcopales, de los seminarios, de las casas y despachos parrqquiales y rectorales y de las casas religiosas canónicamente establecidas. 3. Salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza pública no podrá entrar en los citados edificios, para el ejercicio de sus funciones, sin el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica. 4. Si por grave necesidad pública, particularmente en tiempo de guerra, fuese necesario ocupar temporalmente alguno de los, citados edificios, ello deberá hacerse previo acuerdo con el Ordinario competente. Si razones de absoluta urgencia no permitiesen hacerlo, la autoridad que proceda a la ocupación deberá informar inmediatamente al mismo ordinario. 5. Dichos edificios no podrán ser demolidos sino de acuerdo con el prdinario competente, salvo en caso de absoluta urgencia, como por motivo de guerra, incendio o inundación.

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6. En caso de expropiación por utilidad pública, será siempre previamente oída la autoridad eclesiástica competente, incluso en lo que se refiere a la cuantía de la indemnización. No se ejercitará ningún acto de expropiación sin que los bienes a expropiar, cuando sea el caso, hayan sido privados de su carácter sagrado. 7. Los ordinarios diocesanos y los superiores religiosos, según su respectiva competencia, quedan obligados a velar por la observancia, en los edificios citados, de las leyes comunes vigentes en materia de seguridad y la sanidad púbiica. Art 23. El Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico. Art. 24. 1. El Estado español reconoce la competencia exclusiva de los tribunales y dicasterios eclesiásticos en las causas referentes a la nulidad del matrimonio canónico y a la separación de los cónyuges, en la dispensa del matrimonio rato no consumado y en el procedimiento relativo al privilegio paulino. 2. Incoada y admitida ante el tribunal eclesiástico una demanda de separación o de nulidad, corresponde al tribunal civil dictar, a instancia de la parte interesada, las normas y medidas precautorias que regulen los efectos civiles relacionados con el procedimiento pendiente. 3. Las sentencias y resoluciones de que se trate, cuando sean firmes y ejecutivas, serán comunicadas por el tribunal eclesiástico al tribunal civil competente, el cual decretará lo necesario para su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará —cuando se trate de nulidad, de dispensa «super rato» o aplicación . del privilegio paulino— que sean anotadas en el Registro del estado civil al margen del acta de matrimonio. 4. En general,/todas las sentencias, decisiones en vía administrativa y decretos emanados de las autoridades eclesiásticas ,en cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, tendrán también efecto en el orden civil cuando hubieren sido comunicados a las competentes Autoridades del Estado, las cuales prestarán, además, el apoyo necesario para su ejecución. Art. 25. 1. La Santa Sede confirma el privilegio concedido a España de que sean conocidas y decididas determinadas causas ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, conforme al motu proprio pontificio del 7 de abril de 1947 que restablece dicho tribunal. 2. Siempre formarán parte del Tribunal de la Sagrada Rota Romana dos auditores de nacionalidad española que ocuparán las sillas tradicionales de Aragón y Castilla. Art. 26. En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia católica. Los ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación religiosa. Los ordinarios podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al dogma y a la moral católica. Art 27. 1. El Estado español garantiza la enseñanza de la religión católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado. Serán dispensados de tales enseñanzas los hijos de no católicos cuando lo soliciten sus padres o quienes hagan sus veces.

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Apénd.II.

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2. En las escuelas primarias del Estado, la enseñanza de la religión será dada por los propios maestros, salvo el caso de reparo por parte del ordinario contra alguno de ellos por los motivos a que se refiere el canon 1381 párrafo 3.° del Código de Derecho canónico. Se dará también, en forma periódica, por el párroco o su delegado por medio de lecciones catequísticas. 3. En los centros estatales de enseñanza media, la enseñanza de la religión será dada por profesores sacerdotes o religiosos y, subsidiariamente, por profesores seglares nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del ordinario diocesano. Cuando se trate de escuelas o centros militares, la propuesta corresponderá al vicario general castrense. 4. La autoridad civil y la eclesiástica, de común acuerdo, organizarán para todo el territorio nacional pruebas especiales de suficiencia pedagógica para aquellos a quienes deba ser confiada la enseñanza de la religión en las universidades y en los centros estatales de enseñanza media. Los candidatos para estos últimos centros, que no estén en posesión de grados académicos mayores en las ciencias sagradas (doctores o licenciados o el equivalente en su orden si se trata de religiosos), deberán someterse también a especiales pruebas de suficiencia científica. Los tribunales examinadores para ambas pruebas estarán compuestos por cinco miembros, tres de ellos eclesiásticos, uno de los cuales ocupará la presidencia. 5. La enseñanza de la religión en las universidades y en los centros a ella asimilados se dará por eclesiásticos en posesión del grado académico de doctor, obtenido en una universidad eclesiástica, o del equivalente en su orden, si se tratase de religiosos. Una vez realizadas las pruebas de capacidad pedagógica, su nombramiento se hará a propuesta del ordinario diocesano. 6. Los profesores de religión nombrados conforme a lo dispuesto en los números 3, 4 y 5 del presente artículo, gozarán de los mismos derechos que los otros profesores y formarán parte del claustro del centro de que se trate. Serán removidos cuando lo requiera el ordinario diocesano por alguno de los motivos contenidos en el citado canon 1381 párrafo 3.° del Código de Derecho canónico. El ordinario diocesano deberá ser previamente oído cuando la remoción de un profesor de religión fuese considerada necesaria por la autoridad académica competente por motivos de orden pedagógico o de disciplina. 7. Los profesores de religión en las escuelas no estatales deberán poseer un especial certificado de idoneidad expedido por el ordinario propio. La revocación de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza religiosa. 8. Los programas de religión para las escuelas, tanto estatales como no estatales, serán fijados de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica. Para la enseñanza de la religión, no podrán ser adoptados más libros de texto que los aprobados por la autoridad eclesiástica. Art. 28. 1. Las universidades del Estado, de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica, podrán organizar cursos sistemáticos, especialmente la filosofía escolástica, sagrada teología y derecho canónico, con programas y libros de texto aprobados por la misma autoridad eclesiástica. Podrán enseñar en estos cursos profesores sacerdotes, religiosos o seglares, que posean grados académicos mayores otorgados por una universidad eclesiástica, o títulos equivalentes obtenidos en su propia orden, si se trata de religiosos, y que estén en posesión del Nihü obstat del ordinario diocesano. 2. Las autoridades eclesiásticas permitirán que, « n algunas de las universidades dependientes de ellas, se matriculen los estudiantes seglares en las facul-

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tades superiores de sagrada teología, filosofía, Derecho canónico, historia eclesiástica, etc., asistan a sus cursos —salvo a aquellos que por su índole estén reservados exclusivamente a los estudiantes eclesiásticos— y en ellas alcancen los respectivos títulos académicos. Art. 29. El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el respectivo ordinario. Art. 30. 1. Las universidades eclesiásticas, los seminarios y las demás instituciones católicas para la formación y la cultura de los clérigos y religiosos, continuarán dependiendo exclusivamente de la autoridad eclesiástica y gozarán del reconocimiento y garantía del Estado. Seguirán en vigor las normas del acuerdo de 8 diciembre de 1946 en todo lo que concierne a los seminarios y universidades de estudios eclesiásticos. El Estado procurará ayudar económicamente, en la medida de lo posible, a las casas de formación de las órdenes y congregaciones religiosas, especialmente a aquellas de carácter misional. 2. Los grados mayores en ciencias eclesiásticas conferidos a clérigos o a seglares por las facultades aprobadas por la Santa Sede, serán reconocidos, a todos los efectos, por el Estado español. 3. Dichos grados mayores en ciencias eclesiásticas serán considerados título suficiente para la enseñanza, en calidad de profesor titular, de las disciplinas de la sección de Letras en los centros de enseñanza media dependientes de la autoridad eclesiástica. Art. 3 1 . 1. La Iglesia podrá libremente ejercer el derecho que le compete, según el canon 1375 del Código de Derecho canónico, de organizar y dirigir escuelas públicas de cualquier orden y grado, incluso para seglares. En lo que se refiere a las disposiciones civiles relativas al reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios que en ellas se realicen, el Estado procederá de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica. 2. La Iglesia podrá fundar colegios mayores o residencias, adscritos a los respectivos distritos universitarios, los cuales gozarán de los beneficios previstos por las leyes para tales instituciones. Art. 32. 1. La asistencia religiosa a las fuerzas armadas seguirá regulada conforme al Acuerdo del 5 de agosto de 1950. 2. Los ordinarios diocesanos, conscientes de la necesidad de asegurar una adecuada asistencia espiritual a todos los que prestan servicio bajo las armas, considerarán como parte de su deber pastoral proveer el vicariato castrense de un número suficiente de sacerdotes celosos y bien preparados para cumplir dignamente su impórtame y delicada misión. Art. 33. El Estado, de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica, proveerá lo necesario para que en los hospitales, sanatorios, establecimientos penitenciarios, orfanatos y centros similares, se asegure la conveniente asistencia religiosa a los acogidos, y para que se cuide la formación religiosa del personal adscrito a dichas instituciones. Igualmente procurará el Estado que se observen estas normas en los establecimientos análogos de carácter privado. Art. 34.

Las asociaciones de la Acción Católica Española podrán desenvol-

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Apénd.II.

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ver libremente su apostolado, bajo la inmediata dependencia de la jerarquía eclesiástica, manteniéndose, por lo que se refiere a actividades de otro género, en el ámbito de la legislación general del Estado. Art. 35. 1. La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente concordato, inspirándose para ello en los principios que lo informan. 2. Las materias relativas a personas y cosas eclesiásticas de las cuales no se ha tratado en los artículos precedentes serán reguladas según el Derecho canó,nico vigente. Art. 36. 1. El presente concordato, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor desde el momento del canje de los instrumentos de ratificación, el cual deberá verificarse en el término de los dos meses subsiguientes a la firma. 2. Con la entrada en vigor de este concordato, se entienden derogadas todas las disposiciones contenidas en leyes decretos, órdenes y reglamentos que, en cualquier forma, se opongan a lo que en él se establece. El Estado español promulgará, en el plazo de un año, las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para la ejecución de este concordato. En fe de lo cual, los plenipotenciarios firman el presente concordato. Hecho en doble original. Ciudad del Vaticano, 27 de agosto de 1953. DOMENICO TARDINI. L. >h S. ALBERTO MARTÍN ARTAJO, L. •£< S. FERNANDO MARÍA CASTIELLA Y MAÍZ.

PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder a la firma del concordato que hoy se concluye entre la Santa Sede y España, los plenipotenciarios que suscriben han hecho, de común acuerdo, las siguientes declaraciones que formarán parte integrante del mismo concordato:

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Esta transcripción se seguirá llevando a cabo como en el momento presente. No obstante, quedan convenidos los siguientes extremos: 1. En ningún caso la presencia del funcionario del Estado en la celebración del matrimonio canónico será considerada condición necesaria para el reconocimiento de sus efectos civiles. 2. La inscripción de un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el Registro inmediatamente después de su celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de las partes o de quien tenga un interés legítimo en ella. A tal fin, será suficiente la presentación en las oficinas de Registro civil de una copia auténtica del acta de matrimonio extendida por el párroco en cuya parroquia aquél se haya celebrado. La citada inscripción será comunicada al párroco competente por el encargado del Registro civil. 3. La muerte de uno o de ambos cónyuges no será obstáculo para efectuar dicha inscripción. 4. Se entiende que los efectos civiles de un matrimonio debidamente transcrito regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio. Sin embargo, cuando la inscripción del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos los cinco días de su celebración, dicha inscripción no perjudicará los derechos adquiridos, legítimamente, por merceras personas. B) Las normas civiles referentes al matrimonio de los hijos, tanto menores como mayores, serán puestas en armonía con lo que disponen los cánones 1034 y 1035 del Código de Derecho canónico. C) En materia de reconocimiento de matrimonio mixto entre personas católicas y no católicas, el Estado pondrá en armonía su propia legislación con el Derecho canónico. D) En la reglamentación jurídica del matrimonio para los no bautizados, no se establecerán impedimentos opuestos a la ley natural. En relación con el artículo 25

En relación con el artículo 1P

La concesión a que se refiere el apartado número 2 del presente artículo se entiende condicionada al compromiso por parte del Gobierno español de proveer al sostenimiento de los dos auditores de la Sagrada Rota Romana.

En el territorio nacional seguirá en vigor lo establecido en el artículo 6 del Fuero de los españoles. Por lo que se refiere a la tolerancia de los cultos no católicos, en los territorios de soberanía española en África continuará rigiendo el statu quo observado hasta ahora.

En relación con el artículo 32

En relación con el artículo 2." Las autoridades eclesiásticas gozarán del apoyo del Estado en el desenvolvimiento de su actividad, y, al respecto, seguirá rigiendo lo establecido en el artículo 3 del concordato de 1851. « En relación con el artículo 23 A) Para el reconocimiento, por parte del Estado, de los efectos .civiles del matrimonio canónico, será suficiente q u e el acta del- matrimonio sea transcrita en el Registro civil correspondiente. •

El artículo 7.° del acuerdo de 5 de agosto de 1950 sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las fuerzas armadas queda modificado en la siguiente forma: «La jurisdicción d;l vicario general castrense y de los capellanes es personal; se extiende a todos los militares de Tierra, Mar y Aire en situación de servicio activo (esto es bajo las armas), a sus esposas e hijos cuando vivan en su compañía, a los alumnos de las Academias y de las Escuelas Militares y a todos los fieles de ambos sexos, ya seglares, ya religiosos, que presten servicio establemente, bajo cualquier concepto, en el ejército, con tal de que residan habitualmente en los cuarteles o en los lugares reservados a los soldados. La misma jurisdicción se extiende también a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Armada, así como a sus familiares, en los mismos términos en que se expresa el párrafo anterior». Ciudad del Vaticano, 27 de agosto de 1953. DOMENICO TARDINI. (L. *b S.) ALBERTO M A R T Í N ARTAJO, (L. >í< S.) FERNANDO MARÍA CASTIELLA Y MAÍZ.

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INTERCAMBIO DE NOTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, 1 DEL CONCORDATO DE 1 9 5 3

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C O N V E N I O ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE EFECTOS CIVILES DE LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS ECLESIÁSTICAS HECHOS EN ESPAÑA, EN UNIVERSIDADES DE LA IGLESIA

(4junio-6julio 1957) (5 abril 1962) (FUENTE: / Concordan di Pió XII, a cura di P. Ciprotti ed A. Talamanca [Milano 1976] p.74-75. No publicado en AAS.) N O T A VERBAL

La Nunciatura Apostólica saluda atentamente al excelentísimo Ministerio de Asuntos Exteriores y, en correspondencia a su atenta nota verbal número 29, de 8 de mayo último, relativa a la interpretación del párrafo 1.° del artículo 16 del vigente concordato, hecha en conformidad a cuanto se halla previsto en el artículo 35, número 1, del mismo concordato, tiene el honor de comunicarle que puede ser publicada la siguiente aclaración. «No podrán ser emplazados ante un tribunal laical, sin que se haya obtenido previamente la necesaria licencia de la Santa Sede, los cardenales, los legados de la Santa Sede, los obispos, aunque sólo sean titulares; los abades y prelados nullius, los oficiales mayores de la curia romana por asuntos pertenecientes a sus cargos y los superiores supremos de las órdenes y congregaciones religiosas clericales exentas. La misma norma se aplicará también a los moderadores supremos de las demás congregaciones e institutos religiosos de Derecho pontificio, tanto de varones como de mujeres, aunque no gocen de exención; pero éstos sólo en el caso de que sean demandados por actos inherentes al ejercicio de las funciones privativas de sus cargos». La Nunciatura Apostólica aprovecha esta oportunidad para reiterar al excelentísimo Ministerio de Asuntos Exteriores la seguridades de su más alta y distinguida consideración. Madrid, 4 de junio de 1957. Al Excmo. Ministerio de Asuntos Exteriores.

N O T A VERBAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamente a la Nunciatura Apostólica y, en respuesta a su nota verbal número 910, de 4 de junio último, relativa a la interpretación del párrafo 1.° del artículo 16 del vigente concordato, hecha en conformidad a cuanto se halla previsto en el artículo 35, número 1, del mismo concordato, tiene la honra de comunicarle que se encuentra de acuerdo en que se haga pública la siguiente aclaración: El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta oportunidad para" reiterar a la Nunciatura Apostólica las seguridades de su más alta y distinguida consideración. Madrid, 6 de julio de 1957. A la Nunciatura Apostólica.

(FUENTE: Boletín Oficial del Estado, 20 julio 1962.) La Santa Sede y el Estado español, deseando llegar —en aplicación de lo dispuesto en el art. 31, n . l del concordato— a un acuerdo sobre el reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en universidades erigidas por la Iglesia en España, han nombrado, con este objeto, sus plenipotenciarios, a saber: Su Santidad el Sumo Pontífice J u a n XXIII, a Su Ex. Rvdm. Mons. Hildebrando Antoniutti, arzobispo titular de Sínnada y -nuncio apostólico en España; y S. E. el jefe del Estado español, D. Francisco Franco Bahamonde, al Ex. S. D. Fernando M. Castiella y Maíz, ministro de Asuntos Exteriores. Los cuales han convenido las siguientes disposiciones: Artículo 1.° El Estado español reconoce, conforme al artículo 31 del concordato vigente, a las universidades de la Iglesia, creadas, dentro de su territorio, con arreglo al canon 1376 del Codex Juris Canonici. Reconoce, asimismo, efecto civiles a los estudios que se realicen en las facultades y escuelas técnicas superiores de las mismas dedicadas a ciencias no eclesiásticas, con los requisitos que se expresan en el presente convenio. Art. 2.° El reconocimiento de cada una de esas universidades para atribuirles efectos en la esfera del Estado español tendrá que ser acordado individualmente por la autoridad civil, la cual determinará por decreto cuáles son las facultades (y secciones en su caso) y en las escuelas técnicas superiores (y especialidades en su caso) de la universidad eclesiástica a que se refiere, a las que se reconocen tales efectos. El gobierno de las universidades de la Iglesia se regirá por sus propios estatutos, los cuales no podrán contener, para la facultades y escuelas cuyos estudios gocen de efectos civiles, normas contrarias a las establecidas en el presente convenio. Art. 3.° En consideración a lo establecido en la Ley de ordenación universitaria, de 24 de julio de 1943, que proclama el catolicismo oficial de la universidad española, confirmado también por el art. 26 del concordato entre la Santa Sede y el Estado español, las universidades erigidas por la Santa Sede en España se llamarán universidades de la Iglesia. Art. 4.° El reconocimiento de efectos civiles únicamente podrá referirse a estudios de las facultades que el Estado español tenga establecidas en sus propias universidades, o de las escuelas superiores de enseñanza técnica que también existan oficialmente en España. Sólo podrán reconocerse efectos civiles, dentro de cada universidad de la Iglesia, a aquellas facultades y escuelas técnicas superiores que se encuentren en efectivo funcionamiento y que estén situadas, en el territorio nacional, dentro la misma provincia eclesiástica (Arzobispado) que su sede central.

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Apend.II.

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En lo sucesivo, antes de crear la Iglesia una nueva universidad, o bien una facultad o escuela técnica superior dentro de alguna universidad ya existente, dedicadas a ciencias no eclesiásticas, en la misma provincia civil donde ya existan otros centros estatales análogos, la Santa Sede se pondrá previamente de acuerdo para ello con el Gobierno español. Art. 5.° Los estudios cursados por estudiantes españoles en las facultades o escuelas técnicas superiores de las universidades de la Iglesia para los que se haya acordado así, conforme a todo lo previsto en el artículo anterior, serán equiparados en sus efectos civiles a los de las respectivas facultades universitarias o escuelas técnicas superiores del Estado a partir del momento en que dichos centros docentes de la Iglesia reúnan de modo efectivo todas las condiciones siguientes: 1) Que en la selección y tiempo de escolaridad de los alumnos se cumpla con lo que la legislación española exige para las facultades universitarias o escuelas técnicas superiores civiles de España. 2) Que los planes de estudio de cada facultad o escuela técnica superior sean iguales a los de los centros oficiales del Estado. 3) Que las pruebas académicas de asignaturas, cursos y grados sean las mismas que en las universidades y escuelas técnicas del Estado. 4) Que en la facultad o escuela técnica superior de la universidad de la Iglesia de que se trate, la plantilla de catedráticos sea igual a la de los centros civiles correspondientes y esté ocupada efectivamente, al menos en sus tres cuartas partes, por profesores que tengan el título civil de catedrático numerario de universidad de la respectiva asignatura. Las cátedras que constituyen el resto de la plantilla, no ocupado por catedráticos numerarios del escalafón del Estado, habrán de estar desempeñadas por profesores que hayan recibido del Ministerio de Educación Nacional una habilitación especial. Esta habilitación sólo podrá concederse mediante unos exámenes convocados por el Ministerio, a solicitud de la universidad de la Iglesia, que sean iguales en todo a las oposiciones a cátedras del escalafón correspondiente, tanto en lo que se refiere a las condiciones de los candidatos como a la composición del tribunal y al número, naturaleza y práctica de los ejercicios. Esta habilitación sólo será válida para aquella asignatura, facultad o escuela superior técnica y universidad de la Iglesia de que se trate, y no producirá derecho ninguno en los así habilitados en relación con los centros del Estado. También podrá admitirse que tengan a su cargo alguna cátedra, dentro de esa parte de la plantilla de las mismas que puede estar cubierta por quienes no sean catedráticos numerarios del escalafón del Estado, conforme a la proporción que se ha dejado precisada, los extranjeros que hayan ocupado, como titulares, es decir, como profesores ordinarios, una cátedra de la misma facultad y asignatura en otra universidad. Sin embargo, se concede un plazo, que comprende los cinco primeros cursos académicos en que una facultad o escuela técnica superior de una universidad de la Iglesia funcione como acogida al régimen de este artículo, para dar pleno cumplimiento al requisito del porcentaje de catedráticos numerarios del Estado y de profesores habilitados, debiendo llenarse, entre tanto, en el primer curso, una proporción mínima del treinta por ciento de catedráticos y el 15 por 100 de habilitados; al cabo de los tres primeros cursos, del 50 por 100 de catedráticos y el 20 por 100 de habilitados; y al cabo de los cinco primeros cursos, del 75 por 100 de catedráticos y el 25 por 100 de habilitados, es decir, la proporción normal que establecen los dos primeros párrafos de este número 4). El resto de las cátedras de la plantilla estará encomendado durante ese tiempo a encargados de curso. • . Tanto estos encargados de curso como los que tengan'a su cargo, mientras

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son provistas normalmente, las vacantes que puedan producirse una vez cubierto el porcentaje de catedráticos a que se refiere el primer párrafo de este número 4), habrá de tener el mismo grado académico y requisitos que los de los centros oficiales civiles. 5) Que el rector de la universidad sea de nacionalidad española. 6) Que el régimen de protección escolar sea el mismo de la universidad oficial. 7) Que el régimen corporativo estudiantil sea el mismo que se aplica a los estudiantes universitarios del Estado. En cada una de estas universidades existirá un representante del Ministerio de Educación Nacional, que habrá de ser necesariamente catedrático numerario de universidad o escuela técnica superior del Estado, el cual informará al Ministerio del régimen y las condiciones de las enseñanzas y exámenes, especialmente en una memoria anual. Con objeto de poder desempeñar debidamente su misión, el representante del ministerio gozará de libre acceso a todos los actos académicos, de enseñanza y exámenes que tengan lugar a la universidad. Art. 6.° También podrán ser reconocidos efectos civiles a los estudios realizados en las facultades o escuelas técnicas superiores de las universidades de la Iglesia en las que, reuniéndose los demás requisitos indicados, no se cumpla con lo que se exige en el número 4) del artículo anterior, con tal de que los alumnos acrediten, al final de los estudios, que poseen una formación y capacidad no inferior a la que se exige en los centros oficiales para el título de que se trate, mediante la aprobación de una prueba de conjunto, teórica y práctica, que se verificará de modo igual a las que mencionan el/artículo 20 de la Ley de Ordenación de la universidad española, para las facultades universitarias, y el artículo 6 de la Ley de Ordenación de enseñanzas técnicas, para las escuelas técnicas superiores, y que será juzgada por un tribunal, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional y compuesto por un Presidente, que habrá de tener título de rango igual a los catedráticos numerarios de los centros; dos vocales, catedráticos numerarios civiles de la rama de las enseñanzas de que se trate, y dos vocales, profesores numerarios de la facultad o escuela técnica superior de la Iglesia. La concesión de efectos civiles al título de doctor sólo podrá hacerse para los alumnos que previamente tengan reconocidos los efectos civiles de su licenciatura mediante el examen de su tesis doctoral por un tribunal compuesto como acaba de indicarse. En estos casos será necesario que los profesores de la facultad o escuela técnica superior de la universidad de la Iglesia que ocupen las cátedras tengan título superior. También en estos casos, cuando un alumno desee pasar, antes de terminar sus estudios, de una universidad de la Iglesia a una universidad o escuela técnica superior del Estado, deberá superar las pruebas, tanto teóricas como prácticas, que discrecionalmente estableza, en cada caso, el centro civil en el cual va a continuar su carrera. Art. 7.° Igualmente podrán gozar de efectos civiles los estudios cursados en aquellas facultades o escuelas técnicas superiores de una universidad de la Iglesia que no reúnan las condiciones necesarias requeridas en el artículo 5.°, ni las que se precisan en el artículo 6.°, si sus alumnos rinden en una universidad o escuela técnica superior del Estado todas las pruebas académicas de asignaturas, cursos y grados que con carácter general se establezcan en los planes y reglamentos de las respectivas facultades o escuelas técnicas civiles. Los centros acogidos al sistema de este artículo serán reconocidos como adscritos a una determinada universidad civil. Art. 8.°

En caso de pérdida de los requisitos necesarios para la aplicación

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Apénd.IL

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de uno de los tres sistemas de reconocimiento de efectos civiles prevenidos en los artículos anteriores, la facultad o escuela técnica de la universidad de la Iglesia podrá acogerse a otro de ellos. Art. 9.° Las enseñanzas en las universidades de la Iglesia cuyos estudios tengan reconocidos efectos civiles, habrán de ser conformes con las Leyes Fundamentales de la nación. Los profesores de dichas universidades habrán de contar con la previa conformidad del Estado, salvo los que pertenezcan al escalafón de catedráticos numerarios del mismo, o hayan obtenido la habilitación a que se refiere el número 4) del artículo 5.° de este convenio, y todos ellos deberán prestar, antes de comenzar sus funciones, el mismo juramento que se exija a los catedráticos de la universidad estatal. Art. 10. El Estado español aplicará a los estudiantes extranjeros de las universidades a que se refiere el presente convenio el mismo régimen que prevén las leyes y los correspondientes acuerdos internacionales en materia de convalidación de estudios. A r t 11. Los alumnos de las universidades acogidas al sistema establecido en el artículo 5.° del presente convenio satisfarán, a su tiempo, las tasas correspondientes a la expedición del título oficial; los de las universidades acogidas al sistema del artículo 6.°, tendrán que abonar las tasas académicas correspondientes al examen final de conjunto y, eu su caso, las tasas que se exijan por la expedición del título; y los de las universidades que se acojan al tercer sistema satisfarán las mismas tasas académicas y administrativas que los alumnos oficiales de las universidades del Estado. DISPOSICIÓN FINAL

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier norma del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del vigente concordato. DISPOSICIÓN ADICIONAL

Como la Santa Sede tiene ya pedido al Gobierno español el reconocimiento de los estudios cursados en la universidad de la Iglesia con sede central en Pamplona, el Gobierno español, inmediatamente que el presente convenio tenga fuerza de obligar, por el canje de los instrumentos de ratificación correspondientes, dictará un decreto por el que se reconozcan los efectos civiles prevenidos en el mismo a todas aquellas facultades y escuelas técnicas superiores de dicha universidad que reúnan las condiciones requeridas para ello en el propio convenio. Disposiciones sucesivas irán reconociendo, también a petición de la Santa Sede, a medida que vayan compliendo tales requisitos, otras facultades o escuelas técnicas superiores de universidades de la Iglesia, ya creadas o que puedan crearse en el futuro. El presente convenio entrará en vigor desde ek momento del canje de los instrumentos de ratificación, el cual deberá verificarse en el término de dos meses subsiguientes a la firma. En fe de lo cual, los plenipotenciarios mencionados firman el presente convenio en Madrid a 5 de abril de 1962.—I.' Card. ANTONIUTTI, Pro N.'A\— FERNANDO M A R Í A CASTIELLA.

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XIII

ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL

(28 julio 1976). (FUENTE: AAS vol.68 11976"] p.509-12.) La Santa Sede y el Gobierno español, a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años aun en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia católica y el Estado; considerando que el concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, tanto la mutua independencia de ambas partes, en su propio campo, cuanto una sana colaboración entre ellas, afirmó la libertad religiosa como derecho de la persona humana; derecho que debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad; y enseñó que la libertad de la Iglesia es principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil; dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana {ley de""~l.° de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica, juzgan necesario regular, mediante acuerdos específicos, las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación; se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias, con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente concordato. Por otra parte, teniendo en cuenta que el libre nombramiento de obispos y la igualdad de todos los ciudadanos frente a la administración de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en la revisión de las disposiciones del vigente concordato, ambas partes contratantes concluyen, como primer paso de dicha revisión, el siguiente acuerdo: Artículo 1.° 1) El nombramiento de arzobispos y obispos es de la exclusiva competencia de la Santa Sede. 2) Antes de proceder al nombramiento de arzobispos y obispos residenciales y de coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre del designado al Gobierno español, por si respecto a él existiesen posibles objeciones concretas de índole política general, cuya valoración corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede. Se entenderá que no existen objeciones si el Gobierno no las manifiesta en el término de quince días. Las diligencias correspondientes se mantendrán en secreto por ambas partes. 3) La provisión del Vicariato General Castrense se hará mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el -Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación

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Ape'nd.H. Documentos

de la Santa Sede. El rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice. 4) Quedan derogados el artículo 7.° y el párrafo 2° del artículo 8.° del vigente concordato, así como el acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.

I

DOCUMENTO A r t 2.° 1) Queda derogado el artículo 16 del vigente concordato. 2) Si un clérigo o religioso es demandado criminalmente, la competente autoridad lo notificará a su respectivo ordinario. Si el demandado fuera obispo o persona a él equiparada en el Derecho canónico, la notificación se hará a la Santa Sede. 3) En ningún caso, los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio. 4) El Estado español reconoce y respeta la competencia privativa de los tribunales de la Iglesia en los delitos que violen exclusivamente una ley eclesiástica conforme al Derecho canónico. Contra las sentencias de estos tribunales no procederá recurso alguno ante las autoridades civiles. El presente acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación. Hecho en doble original. Ciudad del Vaticano, 28 de julio de 1976.—•& GIOVANNI, Card. ViLLOT.—MARCELINO OREJA AGUIRRE.

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ACUERDO JURÍDICO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL

Firmado en el Vaticano, el 3 de enero de 1979, por el cardenal Jean Villot, secretario de Estado, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre. La Santa Sede y el Gobierno español, prosiguiendo la revisión del Concordato vigente entre las dos partes, comenzada con el acuerdo firmado el 28 de julio de 1976, cuyos instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 20 de agosto del mismo año, concluyen el siguiente ACUERDO Artículo 1.° 1. El Estado español reconoce a la Iglesia católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. 2. La Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o suprimir diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado. La Iglesia puede asimismo erigir, aprobar y suprimir órdenes, congregaciones religiosas, otros institutos de vida consagrada y otras instituciones y entidades eclesiásticas. Ninguna parte del territorio español dependerá de obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado y ninguna diócesis o circunscripción territorial española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera. El principado de Andorra continuará perteneciendo a la diócesis de Urgel. 3. El Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española, de conformidad con los estatutos aprobados por la Santa Sede. 4. El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las órdenes, congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas y de las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo. Las órdenes, congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas que, estando erigidas canónicamente en esta fecha, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro adquirirá la personalidad jurídica civil mediante la inscripción en el correspondiente registro del Estado, la cual se practicará en virtud de documento auténtico en el que conste la erección, fines, datos de identificación órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos. A los efectos de determinar la extensión y límites de su capacidad de obrar y, por tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario.

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Apénd.II.

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Las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que, estando erigidas canónicamente en la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro por la competente autoridad eclesiástica podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción en el correspondiente registro en virtud de documenfo auténtico en el que consten la erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos. 5. Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa será antes oída la autoridad eclesiástica competente. 6. El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las curias episcopales, a las curias de los superiores mayores de las órdenes y congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas. Art. 2.° La Santa Sede podrá promulgar y publicar libremente cualquier disposición referente al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los prelados, el clero y los fieles, así como ellos podrán hacerlo con la Santa Sede. Los ordinarios y las otras autoridades eclesiásticas gozarán de las mismas facultades respecto del clero y de sus fieles. Art. 3.° El Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos. Art. 4.° 1. El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos. 2. El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los sacerdotes y de los religiosos en los centros mencionados que sean de carácter público serán regulados de común acuerdo entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En todo caso quedará salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos. Art. 5.° 1. La Iglesia puede llevar a cabo por sí misma actividades de carácter benéfico o asistencial. Las instituciones o entidades de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ella se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de los mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como de beneficencia privada. 2. La Iglesia y el Estado podrán, de común acuerdo, establecer las bases para una adecuada cooperación entre las actividades de beneficencia o de asistencia, realizadas por sus respectivas instituciones. Art. 6.° 1. El Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico. Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria, la inscripción

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el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación lesiástica de la existencia del matrimonio. 2. Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho canónico, poán acudir a los tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el tribunal civil competente. 3. La Santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales. Art. 7.° La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan. Art. 8.° Quedan derogados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (y el acuerdo de 16 de julio de 1946), 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, y 36 del vigente Concordato y el protocolo final en relación con los artículos 1, 2, 23 y 25. Se respetarán, sin embargo, los derechos adquiridos por las personas afectadas por la derogación del artículo 25 y por el correspondiente protocolo final. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1. Las órdenes, congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada, sus provincias y sus casas y las asociaciones y otras entidades o fundaciones religiosas que tienen reconocida por el Estado la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, deberán inscribirse en el correspondiente Registro del Estado en el más breve plazo posible. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor en España del presente Acuerdo, sólo podrá justificarse su personalidad jurídica mediante certificación de tal registro, sin perjuicio de que pueda practicarse la inscripción en cualquier tiempo. 2. Las causas que estén pendientes ante los tribunales eclesiásticos al entrar en vigor en España el presente Acuerdo seguirán tramitándose ante ellos y las sentencias tendrán efectos civiles a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Concordato de 1953.

PROTOCOLO FINAL

En relación con el artículo 6.°, 1 Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el sacerdote ante el cual se celebró entregará a los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro Civil. Y en todo caso, el párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días transmitirá al e n c a r a d o del Registro Civil que corresponda el acta del matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las partes interesadas. Corresponde al Estado regular la protección de los derechos que, en tanto el matrimonio no sea inscrito, se adquieran de buena fe por terceras personas.

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En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas cor-espondientes permitirán que la jerarquía eclesiástica establezca, en las condic ones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de f irmación y asistencia religiosa.

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ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE ENSEÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES

Firmado en el Vaticano, el 3 de enero de 1979, por el cardenal Jean Villot, secretario de Estado, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre. El Gobierno español y la Santa Sede, prosiguiendo la revisión de los textos concordatarios en el espíritu del acuerdo de 28 de julio de 1976, conceden importancia fundamental a los temas relacionados con la enseñanza. Por una parte, el Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho. Por otra parte, la Iglesia debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las familias y de todos los alumnos y maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada. Los llamados medios de masas se han convertido en escuela eficaz de conocimientos, criterios y costumbre. Por tanto, deben aplicarse en la ordenación jurídica de tales medios los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios que Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza. Finalmente, el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación; por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento justifican la colaboración de Iglesia y Estado. Por ello, ambas partes contratantes concluyen el siguiente

ACUERDO Artículo 1.° A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana. Art. 2.° Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla. Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar. -

Art. 3.° En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la señanza religiosa será impartida por las personas que para cada año escolar in designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diosano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente el ordinario diocesano comunicará los nombres de los profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza. I En los centros públicos de Educación Preescolar, de EGB y de Formación profesional de primer grado, la designación, en la forma antes señalada, recaerá con preferencia en los profesores de EGB que así lo soliciten. Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa. Los profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del claustro de profesores de los respectivos centros.

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Art. 4.° La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las escuelas universitarias de formación del profesorado en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, tendrá carácter voluntario para los alumnos. Los profesores de las mismas serán designados por la autoridad académica en la misma forma que la establecida en el artículo 3 y formarán también parte de los respectivos claustros. Art. 5.° El Estado garantiza que la Iglesia católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los centros universitarios públicos, utilizando los locales y medios de los mismos. La jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de los centros -para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus aspectos. Art. 6.° A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación. La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por que esta enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religión al régimen general disciplinario de los centros. Art. 7.° La situación económica de los profesores de religión católica, en los distintos niveles educativos, que no pertenezcan a los cuerpos docentes del Estado, se concertará entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto de que sea de aplicación a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Art. 8.° La Iglesia católica puede establecer Seminarios menores diocesanos y religiosos, cuyo carácter específico será respetado por el Estado. Para su clasificación como centros de Educación General Básica, de Bachillerato Unificado Polivalente o Curso de Orientación Universitaria, se aplicará la legislación general, si bien no se exigirá ni número mínimo de matrícula escolar ni la admisión de alumnos en función del área geográfica de procedencia o domicilio de familia. Art. 9.° Los centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que sea su grado y especialidad, establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se acó-

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Apénd.II.

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modarán a la legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto al modo de ejercer sus actividades. Art. 10. 1. Las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas Universtarias y otros centros universitarios que se establezcan por la Iglesia católica se acomodarán a la legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto al modo de ejercer estas actividades. Para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios realizados en dichofc centros se estará a lo que disponga la legislación vigente en la materia en cadi momento. I 2. El Estado reconoce la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de la entrada en vigor de este Acuerdo, cuyo régimen jurídico habrá de acomodarse a la legislación vigente, salvo lo previsto en el artículo 17, 2. 3. Los alumnos de estas Universidades gozarán de los mismos beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de protección al estudiante que se establezcan para los alumnos de las Universidades del Estado.

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A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con dicho patrimonio, se creará una comisión mixta en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor en España del presente acuerdo. Art. 16. La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan. Art. 17. 1. Quedan derogados los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del vigente Concordato. 2. Quedan asegurados, no obstante, los derechos adquiridos de las universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de la firma del presente acuerdo, las cuales, sin embargo, podrán optar por su adaptación a la legislación general sobre universidades no estatales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 11. La Iglesia católica, a tenor de su propio derecho, conserva su autonomía para establecer Universidades, Facultades, Institutos superiores y otros centros de ciencias eclesiásticas para la formación de sacerdotes, religiosos y seglares. La convalidación de los estudios y el reconocimiento por parte del Estado de los efectos civiles de los títulos otorgados en estos centros superiores serán objeto de regulación específica entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En tanto no se acuerde la referida regulación, las posibles convalidaciones de estos estudios y la concesión de valor civil a los títulos otorgados se realizará de acuerdo con las normas generales sobre el tema. También se regularán de común acuerdo la convalidación y reconocimiento de los e s t u d i o s realizados y títulos o b t e n i d o s p o r clérigos o seglares en las Facultades aprobadas por la Santa Sede fuera de España.

1. El reconocimiento a efectos civiles de los estudios que se cursen en las universidades de la Iglesia actualmente existentes seguirán rigiéndose, transitoriamente, por la normativa ahora vigente, hasta el .momento en que para cada centro o carrera se dicten las oportunas disposiciones de reconocimiento, de acuerdo con la legislación general, que no exigirá requisitos superiores a los que se impongan a las universidades del Estado o de los entes públicos. 2. Quienes al entrar en vigor el presente acuerdo en España estén en posesión de grados mayores en Ciencias Eclesiásticas y, en virtud del párrafo 3 del artículo 30 del Concordato, sean profesores titulares de las disciplinas de la sección de letras en centros de enseñanza dependientes de la autoridad eclesiástica, seguirán considerados con titulación suficiente para la enseñanza / en tales centros, no obstante la derogación de dicho artículo.

Art. 12. Las Universidades del Estado, previo acuerdo con la competente autoridad de la Iglesia, podrán establecer centros de estudios superiores de teología católica.

PROTOCOLO FINAL

Art. 13. Los centros de enseñanza de la Iglesia de cualquier grado y especialidad y sus alumnos tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el Estado otorgue a centros no estatales y a estudiantes de tales centros, de acuerdo con el régimen de igualdad de oportunidades. Art. 14. Salvaguardando los principios de libertad religiqsa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española. Art. 15. La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.

Lo convenido en el presente Acuerdo, en lo que respecta a las denominaciones de centros, niveles educativos, profesorado y alumnos, medios didácticos, etcétera, subsistirá como válido para las realidades educativas equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de nomenclatura o del sistema escolar oficial.

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Art. 3.° No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda: a) Además de los conceptos mencionados en el artículo 1 de este acuerdo, la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de costumbre. b) La actividad de enseñanza en seminarios diocesanos y religiosos, así como de las disciplinas eclesiásticas en universidades de la Iglesia. c) La adquisición de objetos destinados al culto.

ACUERDO ECONÓMICO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL

Firmado en el Vaticano, el 3 de enero de 1979, por el cardenal Jean Villot, secretario de Estado, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre. La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia católica resulta de especial importancia al tratar de sustituir por nuevos acuerdos el Concordato de 1953. Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Por otra parte, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo. En consecuencia, la Santa Sede y el Gobierno español concluyen el siguiente

ACUERDO Artículo 1.° La Iglesia católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones. Art. 2.° 1. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa. 2. Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje de rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente se destinará a otros fines. 3. Este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que proporcione a la Iglesia católica recursos de cuantía similar. 4. En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado .consignará en sus presupuestos generales la adecuada dotación a la Iglesia católica, con carácter global y único, que será actulizada anualmente. Durante el proceso de sustitución, que se llevará a cabo en el plazo de tres años, la dotación presupuestaria se minora en cuantía igual a la asignación tributaria recibida por la Iglesia católica. 5. La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sastituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado.

Art. 4.° 1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, tendrán derecho a las siguientes exenciones: A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes inmuebles: 1) Los templos y capillas destinados al culto y, asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral. 2) La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas. 3) Los locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales. 4) Los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas. 5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada. B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio. Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta. C) Exención total de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad. D) Exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, en tanto recaigan estos tributos sobre los bienes enumerados en la letra A) de este artículo. 2. Las cantidades donadas a los entes eclesiásticos enumerados en este artículo y destinados a los fines expresados en el apartado C) darán derecho a las mismas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que las cantidades entregadas a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública. Art. 5.° Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el artículo 4.° de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento juridico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y en todo caso los que se conceden a las entidades benéficas privadas. Art. 6.° La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la

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Apénd.II.

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interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan. Art. 7.° Quedan derogados los artículos 18, 19, 20, y 21 del vigente Concordato y el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre seminarios y universidades de estudios eclesiásticos de 8 de diciembre de 1946.

PROTOCOLO ADICIONAL

1. La dotación global en los presupuestos generales del Estado se fijará cada año, tanto durante el plazo exclusivo de tal ayuda como durante el período de aplicación simultánea del sistema previsto en el artículo 2.°, apartado 2, de este Acuerdo, mediante la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren los correspondientes presupuestos generales del Estado, congruentes con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la memoria a que se refiere el párrafo siguiente. La aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente. 2. Ambas partes, de común acuerdo, señalarán los conceptos tributarios vigentes en los que se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artículos 3.° a 5.° del presente acuerdo. Siempre que se modifique sustancialmente el o r d e n a m i e n t o jurídicotributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este acuerdo. 3. En el supuesto de deudas tributarias no satisfechas en plazo voluntario por alguna entidad religiosa comprendida en el número 1) del artículo 4.°, o en el artículo 5.° de este Acuerdo, el Estado, sin perjuicio de la facultad de ejecución que en todo caso le corresponde, podrá dirigirse a la Conferencia Episcopal Española para que ésta inste a la entidad de que se trate al pago de la deuda tributaria.

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ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE ASISTENCIA RELIGIOSA A LOS CATÓLICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y SERVICIO MILITAR DE CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS

Firmado en el Vaticano, el 3 de enero de 1979, por el cardenal secretario de Estado, Jean Villot, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre. La asistencia religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos y religiosos constituyen capítulos específicos entre las materias que deben regularse dentro del compromiso adquirido por la Santa Sede y el Estado español de revisar el Concordato de 1953. Por tanto, ambas parte han decidido actualizar las disposiciones hasta ahora vigentes y concluyen el siguiente

ACUER*DO Artículo 1.° La asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del vicariato castrense. Art. 2.° El vicariato castrense, que es una diócesis personal, no territorial, constará de: A) Un arzobispo, vicario general, con su propia curia, que estará integrada por: / 1. Un provicario general para todas las Fuerzas Armadas, con facultades de vicario general. 2. Un secretario general. 3. Un vicesecretario. 4. Un delegado de Formación Permanente del Clero; y 5. Un delegado de Pastoral. B) Además contará con la cooperación de: 1. Los vicarios episcopales correspondientes. 2. Los capellanes castrenses como párrocos personales. Art. 3.° La provisión del vicariato general castrense se hará de conformidad con el artículo 1.°, 3 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976, mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice. Art. 4.° Al quedar vacante el vicariato castrense y hasta su nueva provisión, asumirá las funciones de vicario general el provicario general de todas las Fuerzas Armadas, si lo hubiese, y si no, el vicario episcopal más antiguo.

Apénd.H. Documentos

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Art. 5.° Los clérigos y religiosos están sujetos a las disposiciones generales de la ley sobre el servicio militar. 1. Los seminaristas, postulantes y novicios podrán acogerse a los beneficios comunes de prórrogas anuales por razón de sus estudios específicos o por otras causas admitidas en la legislación vigente, así como a cualesquiera otros beneficios que se establezcan con carácter general. 2. A los que ya sean presbíteros se les podrán encomendar funciones específicas de su ministerio, para lo cual recibirán las facultades correspondientes del vicario general castrense. 3. A los presbíteros a quienes no se encomienden las referidas funciones específicas y a los diáconos y religiosos profesos no sacerdotes se les asignarán misiones que no sean incompatibles con su estado, de conformidad con el Derecho Canónico. 4. Se podrá considerar de acuerdo con lo que establezca la ley, como prestación social sustitutoria de las obligaciones específicas del servicio militar, la de quienes durante un período de tres años bajo la dependencia de la jerarquía eclesiástica se consagren al apostolado, como presbíteros, diáconos o religiosos profesores, en territorios de misión o como capellanes de emigrantes. Art. 6.° A fin de asegurar la debida atención pastoral del pueblo, se exceptúan del cumplimiento de las obligaciones militares en toda circunstancia, los obispos y asimilados en derecho. En caso de movilización de reservistas se procurará asegurar la asistencia parroquial proporcional a la población civil. A este fin, el Ministerio de Defensa oirá el informe del vicario general castrense. Art. 7.° La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan. Art. 8.° Quedan derogados ción al mismo del Concordato Acuerdo entre la Santa Sede trense y asistencia religiosa de

los artículos 15, 32 y el protocolo final en relade 27 de agosto de 1953 y, consecuentemente, el y el Gobierno español sobre la jurisdicción caslas Fuerzas Armadas de 5 de agosto de 1950.

PROTOCOLO FINAL

En relación con el artículo 8." 1. No obstante la derogación ordenada en el artículo 8.°, subsistirá durante un plazo de tres anos la posibilidad de valerse de la disposición prevista en el número 1 del artículo 12 del convenio de 5 de agosto de 1950. 2. Los sacerdotes y diáconos ordenados antes de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo y los religiosos que hubiesen profesado igualmente con anterioridad, conservarán, cualquiera que fuera su edad, el derecho adquirido a la exención del servicio militar en tiempo de paz, conforme el artículo 12 del citado convenio que se deroga. 3. Quienes estuvieren siguiendo estudios eclesiásticos de preparación para el sacerdocio o para la profesión religiosa en la fecha de entrada en vigor de este acuerdo podrán solicitar prórroga de incorporación a filas de segunda clase, si desean acogerse a este beneficio y les corresponde por su edad. y

Documento XVII Anexo

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Artículo 1.° Los capellanes castrenses ejercen su ministerio bajo la jurisdicción del vicario general castrense. Art. 2.° La jurisdicción del vicario general castrense y de los capellanes es personal. Se extiende, cualquiera que sea la respectiva situación militar, a todos los militares de Tierra, Mar y Aire, a los alumnos de las academias y de las escuelas militares, a sus esposas, hijos y familiares que viven en su compañía, y a todos los fieles de ambos sexos ya seglares, ya religiosos, que presten servicios establemente bajo cualquier concepto o residan habitualmente en los cuarteles o lugares dependientes de la Jurisdicción Militar. Igualmente se extiende dicha jurisdicción a los huérfanos menores o pensionistas y a las viudas de militares mientras conserven este estado. Art. 3.° Los capellanes castrenses tienen competencia parroquial respecto a las personas mencionadas en el artículo precedente. En el caso de celebrarse el matrimonio ante el capellán castrense, éste deberá atenerse a las prescripciones canónicas. Art. 4.° 1. La jurisdicción castrense es cumulativa con la de los ordinarios diocesanos. 2. En todos los lugares o instalaciones dedicados a las Fuerzas Armadas u ocupados circunstancialmente por ellas usarán de dicha jurisdicción, primaria y principalmente, el vicario general castrense y los capellanes. Cuando éstos falten o estén ausentes, usarán de su jurisdicción subsidiariamente, aunque siempre por derecho propio, los ordinarios diocesanos y los párrocos locales. El uso de esta jurisdicción cumulativa se regulará mediante los oportunos acuerdos entre la jerarquía diocesana y la castrense, la cual informará a las autoridades militares correspondientes. 3. Fuera de los lugares arriba señalados, y respecto a las personas mencionadas en el artículo 2.° de este anexo, ejercerán libremente su jurisdicción los ordinarios diocesanos y, cuando así les sea solicitado, los párrocos locales. Art. 5.° 1. Cuando los capellanes castrenses, por razón de sus funciones como tales tengan que oficiar fuera de los templos, establecimientos, campamentos y demás lugares destinados regularmente a las Fuerzas Armadas, deberán dirigirse con anticipación a los ordinarios diocesanos o a los párrocos o rectores locales para obtener el oportuno permiso. 2. No será necesario dicho permiso para celebrar actos de culto al aire libre para fuerzas militares desplazadas con ocasión de campañas, maniobras, marchas, desfiles u otros actos de servicio. Art. 6.° Cuando lo estime conveniente para el servicio religioso-pastoral, el vicario castrense se pondrá de acuerdo con los obispos diocesanos y los superiores mayores religiosos para designar un número adecuado de sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan en sus diócesis o institutos, presten ayuda a los capellanes castrenses. Tales sacerdotes y religiosos ejercerán su ministerio a las órdenes del vicario general castrense, del cual recibirán las facultades «ad nutum» y serán retribuidos a título de gratificación o estipendio ministerial.

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Apend.II.

Documentos

Anexo

II

Artículo 1.° 1. La incorporación de los capellanes castrenses tendrá lugar según las normas aprobadas por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno. Para el desempeño de la función de vicario episcopal será preciso: a) Poseer una licenciatura, o título superior equivalente, en aquellas disciplinas eclesiásticas o civiles que el vicario general castrense estime de utilidad para el ejercicio de la asistencia religioso-pastoral a las Fuerzas Armadas; b) haber sido declarado canónicamente apto, según las normas que establezca el vicario general castrense. 2. El nombramiento eclesiástico de los capellanes se hará por el vicario general castrense. El destino a unidad o establecimiento se hará por el Ministerio de Defensa a propuesta del vicario general castrense. Art. 2.° Los capellanes, en cuanto sacerdotes o «ratione loci», estarán también sujetos a la disciplina y vigilancia de los ordinarios diocesanos, quienes en casos urgentes podrán tomar las oportunas providencias canónicas, debiendo en tales casos hacerlas conocer en seguida al vicario general castrense. Art. 3.° Los ordinarios diocesanos, conscientes de la necesidad de asegurar una adecuada asistencia espiritual a todos los que prestan servicios bajo las armas, considerarán como parte de su deber pastoral proveer al vicario general castrense de un número suficiente de sacerdotes, celosos y bien preparados, para cumplir dignamente su importante y delicada misión.

f

ÍNDICE A b a d , Camilo María, 528. Abad, P., 709. Abad de Santillán, D., 291 334 575. Abarca y Blaque, Joaquín, 189 190 419. Abellán, José Luis, 477 490. Acerbi, 704. Acevedo, 16. Acuña, 8. Achutegui, P., 292. Adarraga, José, 380. Adurriaga, 180. Aguado, E., 334. Aguado y Jarava, obispo, 28. Aguado Sánchez, F., 361. Aguar Catalán, Antonio, 611 649. Aguilar, 325. Aguilera Santiago, I., 86. Agüitó, T., 404. Aguilló López de T. J., 431. Aguirre, obispo, 310. Aguirre, Gregorio María, 649 650. Aguirre, Joaquín, 160. Aguirre Prado, L., 363. Aicardo, José Manuel, S. I., 431 454. Aimone-Braida, P. V., 712. Aizpún Santafé, 362. Ajo, Atilano de, 112. Alameda, Cirilo, 101 103 105 119 194 238 248 251 254 272 419 464. Alarcón, Julio, 438. Alarcón, Pedro Antonio de, 191 486 531. Alba, 549. Alba, Santiago, 323. Albalde, Rufino, 445. Albaní, 104 111. Albalat, Cándido, 463. Albareda, José María, 547 685. Albéniz, Isaac, 486. Alberola, C , 271. Alberola Fioravanti, M. V., 227. Alberti, Rafael, 486. Albizu, Juan, 428. Albo, Ramón, 643 644. Albornoz, Alvaro de, 351 354 488 489 551. Albranja, Marqués de, 195. Alburquerque, Juan Alfonso, 167. Alcalá, M., 709. Alcalá Galiano, Emilio, 143 170 483. Alcalá Zamora, Niceto, 241 334 348 349 351 352 355 356 359. Alcalá Zamora y Caracuel, Luis, 241 242 252 255 266 267. Alcántara Jiménez, Pedro de, 127. Alcántara Navarro, José, 133. Alcaraz, Fermín de, 461. Alcaraz Alenda, obispo, 391. Alcover Serres, E., 398. Alcudia, Conde de, 135. Aldea, Q„ 6 586. Alegre, Jacinto, 662. Aleixandre, Vicente, 486. Alfieri, P.J.M., 452. Alfonso XII, 198 260 274 275 277 279 285 290. Alfonso XIII, 285 288 306 312 343 344 350 387 391 438 635 695.

DE AUTORES Alhama, Esperanza, 438. Almandoz, Norberto, 571. Almaraz, 649. Alonso, Dámaso, 538 569. Alonso, J. M., 713. Alonso, José, 119 146 160 524. Alonso, Julián, 179. Alonso, Práxedes, 447. Alonso Colmenares, Eduardo, 264. Alonso Cordero, Santiago, 270. Alonso Fernández, Ana M. a , 398. Alonso Getino, Luis, 555. Alonso Lobo, A., 369. Alonso y López, 57. Alonso Martínez, Manuel, 275. Alonso Pindadu, Manuel, 447. Alonso Tejada, L., 107. Altabella, J., 310. Altabella Gracia, P. P., 335. Altemir, 189. Alvarado, Francisco, 4 5 53 61 63 87 403 475 504 505. Alvarez, Basilio, 645. Alvarez, Melquíades, 488 549. Alvarez Bolado, A., 708. Alvarez Caballero, José, 27. Alvarez de Castro, Juan, 27. Alvarez Gómez, Jesús, 398 529. Alvarez Guerra, 55 134. Alvarez Gutiérrez, L., 227. Alvarez de Lorenzana, Juan, 258. Alvarez Mendizábal, Juan, 134 136 137 139 143 144 162 163. Alvarez Menéndez, S., 711. Alvarez Miranda, obispo, 390. Alvarez de la Palma, 70 106. Alvarez Rodríguez, Basilio, 352. Alvarez del Vayo, Julio, 334 385. Alzaga Villaamil, Osear, 242 333 596 597 619 626 644 645. Allsop, Mariana de, 454. Allué, Antonio, 106 132. Amarillas, Marqués de, 134. Amat, Félix, 5 29 31 69 86 92 500. Amat, Luigi, 125 126 129 135 136 153 189. Amenos, J. M., 290. Amigó, L., O.F.M.C, 389 430 634. Amor Ruibal, Ángel, 315 316 476 486 553 554. Amoved, F., 709. Amparo del Sagrado Corazón, 467. Amundarain, Antonio 459. Andeiro, 32. Andoaín, O.F.M.C, 460 461 467. Andrés Gallego, José, 228 242 282 292 303 307 308 313 477 548 579 629 630. Andrés Martín, Melquíades, 237 405 477 524. Andriani, 179 181 183. Anes Alvarez, G., 138. Angela de la Cruz, 397 430 471 633. Anglés, Higinio, 571. Anguera de Sojo, 362. Ansó, M., 334. Antequera, J. M., 89 137. Antequera, Rafael María de, O.F.M.C, 399.

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índice de autores

Antonelli, cardenal 172 194 230 237 245 248 250 251 262 275. Antonia de la Misericordia, 454. Antonia París de San Pedro, 467. Antonio, Benjamín, 467. Antoniutti, Hildebrando, 336 380 382 390 391. Añoveros, Antonio, 703 704. Aparici, 126 144 147 148. Aparicio, Francisco, 569. Aparisi y Guijarro, Antonio, 171 172 195 244 459 547. Appolis, E., 38 498. Aragonés, F. 8. Arahal, 593. Aramendía, J., C.M.F., 431Aranguren, 366. Aranguren, José Luis, 477 496 560 561 564. Araquistain, Luis de, 539 540. Arbeloa y Muru, V. M. de, 227 229 237 310 336 349 354 357 377 386 387 408 5 7 9 6 3 1 6 5 5 659 708. Arbizu, Gervasio de, 380. Arboix, J., 308. Arboleya, Maximiliano, 458 644 648 649 658. Arbolí, 444. Arce, 30 46 69. Arce, A., 101 174. Arce, Manuel, 390. Arconada, M., 709. Ardanaz, 255. Arenal, Concepción, 458 626. Arenzana, obispo, 193. Areso, José de, 77 106. Arévalo, Faustino, 524. Arezo, J. J. de, 463. Argaya, 696. Arguelles, Agustín de, 5 43 45 46 47 48 51 53 62 *2S1n *, ^ uTOO Arguelles Miranda obispo, 192. Arias Navarro, Carlos, 703 704. Arias Salgado, Gabriel, 681. Arias Teyeiro arzobispo, 70 87. Anas Uria, 161. Angita, Mañano, 295. Arin, Joaquín 380 Aranero, J., 405 416 431 434 438 560. Aristóteles, 504 539. Anztimuno, José de, 380. Arjona, Manuel María de, 502. Armero, j . M 7 0 8 ^ Arna.z, Marcelino 556. Arna.z, T.burcio, 445 Arnaíz Barón Rafael, 431 472 473. Arólas, Juan de, 5 3 0 ^ Arques y Jover, A., O.M., 432.

J

B a a m o n d e , Marqués de, 195. Babiloni, Jerónimo, 596. Bach, 4 4 1 . Baezá, Francisco Javier, 56. Baguer de Corsí, Silverio, 270. Bakunin, Mihail A., 605 608 620. Balaguer, Víctor, 171 555. Baldo

Lacomba;

M > 1 3 8

Car]os A _ 554 Balmes, Jaime, 106 243 403 404 405 407 458 4 7 5 4 g 3 4 9 6 5 Q 7 5 0 8 5 1 2 5,3 5 1 4 5 1 5 5 1 6 5 1 7 5 2 ,5 4 4 5 5 8 5 9 5 5 9 6 Ballesta, J., 459 659. Baüester, Carmelo, 390. Ballesteros, 100 101 102. Bañeras, Leonardo de, 440. Báñez 564 Baraib'ar, C. de, 334. Barbado, Francisco, 389. Barbado, Manuel, 555. ^ Bárbara d eSamo Domi Barbarani, E., M.G., 115 Barberini, G., 278. Barcelona, A. M. de, 399 461.

Baliñaj

R*„ea'T,4I5H,,nÍng0 ^ ^

A r S , ]'.; 111 348. Arrazola M 145 147 166 167 172 199. Arrese, D. de, 334. Arriba, Benjamín de, 389. Arríete y 2 ^ a S t r 0 • °bhP°' ^ ^ Art ras' luán 507 Artigas! JMigue.5°4776. Artigues, Daniel, 547. Artola Gallego, Miguel, 4 6 7 26 35 300 333 481 497 499 500 620 621 650 659. Ar?a A n P a r a A í í s - i i i Asrrnsfo:teFlog?endño35387671390. AÍr, Pala ^ S ' M T l ' J 7 6 4 8 6 5 5 S Astarloa Villena, F. 354. Astete, 446. Astraiñ, Antonio, 555. Aubach, María Teresa, 599 627. Aubert, R., 164 257

índice de autores

Auer, F., 126. Aunós Pérez, E., 284 313. Aureliano del Santísimo Sacramento, 431. Austria, J u a n de, 532. Aux, M., O.M., 4 3 1 . Avalos, J u a n de, 570. Avellana, Mariano, 445. Ayala, Ángel, 242 343 443 476 545 643 644 659. Ayala, Pedro María, S.I., 293 399. Ayape. E., 468. Ayestarán, 8. Ayguals de Izco, 593. Aymerich, 100. Aymes, J. R., 7 9. Azanza, 17. Azaña, Manuel, 292 334 351 354 355 356 359 361 365 366 367 384 488 490 543 551. Azaola, J. M„ 322. Azcárate, 487 488. Azcárate, Gumersindo de, 535 549. Azcárraga, Marcelo, 280. Aznar, M., 332 708. Aznar, Severino, 291 327 578 579 596 610 641 642 643 644 646 656 658. Aznar, V., 458. Azorín (José Martínez Ruiz), 486 488 531 543 549 552. Azpeitia, José Antonio de, 179 180. Azpiazu, Iñaki, 380. Azpiazu, Joaquín, 458 577 645 656 657 660.

5 MM5

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S e M„ 332. " RarHin!. I ¿ 9 l a r e a Arturo 292 ' BariU > ' 1 6 5 1 6 6 ' 1 6 7 l « 1 9 2 194 195 197 228 229 23 ° 240 257 265' IZZo^Jlo^A T9 ™ ^ ™ ^ Barrado Manzano, A., 69. Barragan, 18U. Barraquer y Rovinalta, C., 5 7 . Barreiro Fernandez, J. R., 174. ' B a ™ - ^ n a n o 1 7 2 j 9 2 *» ^ 2 5 8 *?» ™Barrios uTnéo A. C.M.F., 398. . . . . .-„ ' n Barrios, A., 453 468. 1 Barruel, 63. . Barta, Francisco, 273. Basilio.de San José,. 398. .

Basulto, 345 376. . Bataillon, Marcel, 325. Batllori, M., 295 336 340 344 515. Bau, José, 44. Baudilio de San Roy, 8. Bautista, M., 241. Bayerri Bertomeu, E., 292. Bayle, C , 28. Beata J. Gomis, 399. Beata María Rosa Molas, 4 5 1 . Beato Carmelo Volta, 465. Beato Clemente Ignacio Delgado, 465. Beato Diego José de Cádiz, 435 444 465. Beato Domingo Henares, 465. Beato Ezequiel Moreno, 427 431 461 465. Beato Francisco Coll, 445 465. Beato Francisco Pinazo, 463. Beato Jerónimo Hermosilla, 465. Beato José Fernández, 465. Beato José M. a Díaz Sanjurjo, 465. Beato Juan Jacobo Fernández, 465. Beato Manuel Ruiz, 461 465. Beato Melchor García Sampedro, 465. Beato Nicanor Ascanio, 465. Beato Nicolás María Alberca y Torres, 465. Beato Pedro Almató 465 Beato Pedro Soler 465 Beato Valentín Berrio Óchoa, 465. Becarud, J., 368. Becerra, Manuel, 248. Becker, Jerónimo, 5 115 154 271. Bécquer, Gustavo Adolfo, 483. Bedoya, M., 45. Beltrán, Blas J., 12. Beltrán de Lis, Manuel, 172 195. Belloc, H., 369. Benavente, Jacinto, 486. Benavides, Antonio, 165 192 273. Benavides, Domingo, 579 641 642 643 644 648 658 714. Bencomo, Cristóbal, 73. Benedicto XV, 284 320 321. Benet, J., 312. B e n e y W j . , 297 581 708. Benigno Carrión, Pablo, 266. Benito Duran, A., 530. Benito Serra, José M. a , 462. Benlloch, Juan, 462. Benlloch'Poveda, A., 712. Bentham, Jeremy, 501. Beobide, José M. a , 571. Beralucé, A. M„ 4. Beraza, Blas, 555. Bergamín, José, 303. Bergier, 523. Bergsorí, Henri, 565 566. Bernabeu, 62. Bernal, Salvador, 547. Bernanos, Georges, 368 563. Bernárdez Cantón, A., 714. Bernardo Ares, J. M., 300. Bernetti, 103 123 124 125 127 188. Berriochoa, V., 174. Berrocal, 8. Besteiro, Julián, 334 488 658. Bianchi, 237 249 250 262 263 271 273 275. Bilbao, Félix, 392. Blaiot, Jorge, 569. Blanco, F.°421 427. Blanco! Lilis, 5 29. Blanco Aguinaga, C , 490. Blanco Castro, M. 314. Blanco y Crespo, José M. a , 501. Blanco Lorenzo, 193 257 258.

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Blanco Martínez, A., 712. Blanco Trías, J „ 399. Blasco Ibáñez, Vicente, 256 486 488 531. Blondel, 403. Bocanegra y Verdaguer, J. M., 442. Bofill y Mates, 555. Boissel, A., 334. Boix Raspall, J. M., 643 644. Bolívar, Simón, 110 111. Boldú Nogués, Ramón, 428 433. Bolloten, B., 333. Bombín, 3 8 1 . Bonal, Juan, 4 5 1 . Bonaparte, José, 9 15 18 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 69 422 500 588. Bonaparte, Napoleón, 9 10 11 13 15 16 17 18 19 23 31 32 34 39 50 480 588. Bonel y Orbe, Juan José, 176 177 178 180 194. Bonet, A., 192 443. Bonet Balta, P., 293 307. Bonifas, A., 197. Bonifaz, Lorenzo, 10. Borbón, Alfonso de, 343. Borbón, Jaime de, 343. Borbón, Juan de, 343. Borbón, Cardenal, 8 25 53 54 55 59 69 70 85 93. Borbón, Carlos de, 101 103 116 117 118 119 120 121 122 125 126 127 129 136 147 148 179 185 187 188 189 190 274 463 507 513 524 549. Borbón, Infama Isabel de, 463. Borbón, Juan Carlos de, 690 694 705 706. Borbón, María Luisa Fernanda de, 118. Borkenau, F., 332. Borras y Feliú, A., 315 376 426. Borras Ferré, Manuel, 389. Borrell, 498. Borrow, George, 196 197. Bossuet, J.-B., 515. Botrel, J . F„ 616. Boutroux, 565. Bouza Brey, F., 60. Bover, José M. a , 555. Bozal Fernández, V., 227. Brademás, J „ 333. Braganza, María Teresa de, 190. Brasillach, R., 332. Bravo Morata, F., 332. Bravo Murillo, Juan, 155 159 282. Brennan, G., 296 332 601. Brentano, 565. Bretón de los Herreros, Manuel, 483. Brezmes, 192. Brines Blasco, J „ 138 586. Brove, P., 332. Brugarola, M., 459 640. Brunelli, Giovanni, 153 154 162 181 188 193 194. Bryan y Livermore, Tomás, 303. Buenacasa, M., 333. Bueno, Gil, 231. Bueno Monreal, José M. a , 685 699. Buitrago y Hernández, J., 280. Buldú, 591. Burgo, J. del, 115. Burgos, Francisco Javier de, 131. Butiña, Francisco, S. I., 430 442 457 611. ^ Caballero, Francés, 180. Cabanellas, G., 366 391 392. Cabanyes, M. de, 404. Cabarrús, Francisco, 17 21 22 23 592. Cíbet, Etienne, 593. Cabeza, B. J:, 59. Cabezón, 571.

790

índice de autores

Cabrera, 621. Cabrera, Francisco, 445. Cabreros de Santa Ana, Marcelino, 710. Cacho Viu, Vicente, 291 298 477 484 486 488. Cádiz, Diego de, 11. Calatayud, Pedro Antonio, 437. Calatrava, 45 53. Calatrava, José María, 134 143 144 147. Calderón de la Barca, Pedro, 67 501 534. Calero, A. M. a , 638 580. Calomarde, Francisco Tadeo, 100 101 109 118 119 524. Calpena, Luis, 428 444. Calvo, 267. Calvo, Aurora, 397 430 467. Calvo, J., 713. Calvo Serer, Rafael, 11 364 369 477 490 496 547 560. Calvo Sotelo, José, 334 552 644. Calvo Sotelo, Joaquín, 569. Calvo Valero, Vicente, 273. Cámara, 294. Cámara, Sixto, 593. Cámara, Tomás, 444. Cambó, Francisco, 284. Cambra, F., 334. Caminero, Francisco Javier, 516 517. Campelo, Juan, 257. Campany, Joaquín, 29. Campo Sagrado, 81. Campoamor, Ramón de, 171. Campomanes (Pedro Rodríguez, Conde de), 37 104 592. Campos Giles, J., 391 399. Camps, I., 308. Canal, C.M.F., 439. Canalejas y Méndez, José, 280 282 284 314 543 550. Candel Crespo, F., 174. Cándida María de Jesús, 611. Cándida de San Agustín, 467. Caneja, 53. Canga Arguelles, J., 5 6 62 80 115 586 588. Cano Manuel, ministro, 53 61 62. Cánovas del Castillo, Antonio, 171 276 278 290 300 533 542 544 607 613 622. Cantero Cuadrado, P., 709. Canubio, Domingo, 452 466. Cañedo, 46 70. Capaccini, 588. Capánaga, Victorino, 564. Carasa, Eduardo, 445. Carau, Juana, 436. Carbajo, D., 398. Carballo, E., 334. Carbonell, Ángel, 645. Carbonero y Sol, León, 170 194 243 433 522 523 596 611. Cárcel Ortí, Vicente, 4 5 87 93 103 104 113 115 138 154 166 170 174 229 241 290 294 314 315 408 477 586 590 593 708. Carceller, M., 5 8 398. Cardaveraz, Agustín, 437. Cardedera, Vicente, 273. Cárdenas, 588. Cardona Castro, F. L., 227. Cardona Riera, Antonio, 389 391. Carlos I, 288. Carlos III, 16 73 80 88 165 387 526 532. Carlos IV, 16 29 34 35 78 80 81 117 435 501 588. Carlyle, Thomas, 291. Carmelo Sáez de Santa María, 528. . | Carmona, M., 334.

Caro Baroja, J., 292 316. Carón, J., 304. Carpintero, H., 318. Carr, Raymond, 332 360 486 601 605. Carrasco, Basilio Antonio, 112 507. Carrasco, S., 579 580 648. Carrasco Formiguera, 357 380. Carrascón, 8. Carreras, 464. Carrero Blanco, Luis, 694 700 701 703. Carrillo Mayoral, 28. Carrión, 192. Carro Celada, E., 8. Carro Martínez, A., 247. Cartañá, José, 388 392 393. Carulla, J. M., 303. Carvajal, 353. Carvajal y Hué, José de, 271. Casáis, Pablo, 486 493. Casanova, R. L., 437 458. Casanova y Marzol, Vicente, 345 387. Casanovas, Ignacio, 430 475 513 515 555. Casanueva Gorjón, 362. Casañas y Pagés, Salvador 312 427. Casares Quiroga, Santiago, 551. Casaroli, Agustín, 697 702 704. Casas Blanco, Saturnino, 476 554. Casas y Souto, 4 2 1 . Cascajares y Azara, Antonio María, 301 303 427. Casona, Alejandro, 486 493. Cassirer, Ernst, 565. Castaño Colomer, J., 659 714. Castañón, J., 86. Castelar, Emilio, 170 241 269 271 274 292 524 622. Castellot, J. B., 432. Castells, José María, 5 89 137 163 357 477. Castiella, Fernando María, 561 676. Castillo, J. J., 579 580 641 646 648 650 651 661. Castillo y Ayensa, J. del, 115 148 150 151 152 153 154. Castillón, 70 102. Castrillo, 93. Castro, A. de, 196. Castro, Agustín de, 65 77 502. Castro, Américo, 486 488 493. Castro, M„ 28. Castro, Manuel de, 345. Castro Albarrán, A. de, 354 399 558. Castro Alonso, M., 302. Castro y Pajares, Fernando de, 521. Cátala, J., 431. Catalina, Severo, 232 237. / Catalinas, J. L., 268. Caterini, Cardenal, 257. Cattell, D. J., 333. Cavalle, B., 432. Cavia, Mariano de, 96 '102. Cavour, Conde de, 171. Cazorla Pérez, 714. Caixal Estradé, José, 162 192 254 421 426 451 525. Cayetano, 564. Cea Bermúdez, Francisco, 100 101 119 122 123 124 125 130 177. Ceballos, F. de, 403. Ceñal, Ramón, 477 518 554 564 5 6 7 : Cepeda Adán, J., 279 281. Cernuda, Luis, 486. Cervelo, 70. ' Cervantes, Miguel de, 531. Cessat, Jaime, 4 5 1 . • ' Cicerón, 303.

índice de autores Cicognani, Gaetano, 336 382 384 669 676 680. Cid Monroy, 28. Cienfuegos y Jovellanos, Francisco Javier, 100 106 179. Cierco, E., 710. Cierva, Ricardo de la, 287 298 327 331 332 333 334 374 375 381 488 492 493 708. Cirac Estoparían, S., 344. Cirarda, José María, 694 696. Ciudad Gómez, O.H. de S.J. de D., 398. Clairac, L. de, 437. Ciará, José, 570. Clararroja, 86 433. Claravana, 433. Clarín (Alas, Leopoldo), 485 486. Clemenceau, Georges, 557. Cobb, C , 325. Coca, G. M. de la. Codina y Sert, F., 354. Coguel, F., 316. Cohén, Hermann, 565. Colmenares, 88. Colóm Cañáis, Mateo, 388. Coloma, Luis, 486 531 532. Colomina, 451. Coll, Antón, 96. Coll, Francisco, 439. Comas, Ramón, 344 477. Cornelias, José Luis, 96 148 155 157 243 265. Cornelias, Valentín, 388 392. Cornelias y Cluet, Antonio, 475 419 520 521. Cornelias Ribo, José, 571. Comillas, Marqués de, 321 443 452 458 459 466 528 626 630 641 642 643 648. Comín Colomer. E., 332 333. Companys Jover, Lluís, 361 365. Conard, P., 311 313. Conde, F. J., 708. Conde, Juan, 445. Conde Corral, obispo, 193. Condesa, Juana María, 457. Condillac, 483. Condorcet, Jean Antoine Caritat, Conde de, 500 505. Conejero Martínez, V., 86 89. Congar, Yves, 562. Connelly Ullman, J., Consalvi, 111. Consuelo Bouzas, J., 106 342 280 285. Contero Ramírez, 483. Corbató Chillida, José Domingo M., 295 315 442. Córdoba, J. M. de, 714. Cordero, M., 334. Coronado, Carlos María, 229. Corradi, Fernando, 171. Corral Salvador, C , 711 712 713. Cortés, Teresa, 451. Cortés-Cabanillas, J., 360. Cortesi, Filippo, 382. Cortina, Pedro, 704. Cortinas, 112. Corts Grau, J., 515. Cossío, Manuel Bartolomé, 438. Costa, Fermín, 257. Costa, Joaquín, 488 530 540. Costa y Borras, José Domingo, 162 195 421 427 446 594 596 599. Costa Clavell, X., 645. Costa y Llobera, Miguel, 555. Cousin, Víctor, 483 519 520. Couto, 8. Coutrot, A., 368. Crawley, Mateo, 438.

791

Crespo Bautista, 193. Creus, 53 70 109 498. Crisógono de Jesús Sacramentado, 431 474. Croisset, J., 432. Cruells, M., 335. Cruz Moliner, J. M. de la, 397. Cuadrado, José María, 517. Cuartero, Mariano, 273. Cubero, Pedro María, 170 192. Cucalón y Escolano, L., 154. Cucó, A., 307. Cuenca, José María, 5 6 62 69 84 276 477 506. Cuenca Toribio, José Manuel, 50 106 115 118 228 280 300 301 303 406 408 419 443 498 524 525 592 626 629. Cuervo, Máximo, 563. Cuesta, J., 323 580 651. Cuesta, General, 44. Cuesta, obispo, 192. Cuerda, Francisco de la, 29. Cueves Granero, M. a D., 137. Curiel, Julián, 445. Ch amizo de la Rubia, J., 117. Chapaprieta Torregrosa, Joaquín, 334 364. Chao Regó, J., 709. Chateaubriand, Francpis-René, 112 303 403 513 514. Chautard, D„ 433. Chenu, 562. Cheste, Conde de, 243. Chica, J. M. de la, 348. Chopitea de Villota, Dorotea, 452. Churruca y Dotrés, Pablo de, 378 383. Dadaglio, Luigi, 692 696. Dal-Gal, J., 308. Dalí, Salvador, 486 571. Daniélou, Jean, 562. Dante Alighieri, 554. Dato, Eduardo, 323 325 327 458. Daurella, José, 520. Dausette, A., 281. D'Awilk, Menghi, 432. De Bonald, 112 512. De Broglie, 566. De la Lastra, 196. De Pradt, 110. De Saunhac-Belcastel, 186. De Wulff, 566. Defourneaux, Marcelin, 500. Degras, J., 331. Delgado, obispo, 180. Delgado Várela, José, 554. Délica, 8. Della Somaglia, 113. Descartes, Rene, 565. Destutt de Tracy, 483 501. Desumbila, J., 196. Díaz, 8. Díaz, Aurelio, 648. Díaz, Elias, 477 492 497. Díaz, Pastor, 458. Díaz de Cerio, F., 79 87 173 290 291 406 408 517 519 521. Díaz Doín, G., 334. Díaz Gomara, 389 392. Díaz Merino, J u a n Antonio, 112 179 442 507. Díaz del Moral, J.; 628. Díaz Mozaz, J. M., 184 477 709. Díaz Plaja, E., 299. Díaz Plaja, F., 10 331. Díaz Plaja, Guillermo, 476 490. Díaz de Villegas, 369.

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índice

Diderot, Denis, 500. Diego, Gerardo, 486. Diego Lora, C. de, 712. Diem, Warren M., 499. Dietrich, A., 396. Diez Borque, J. M., 476. Diez Echarri, Emiliano, 476 532. Diz-Lois, María Cristina, 506. Diez Llama, S., 309. D'Olwer, Luis Nicolau, 351 383. Doménech, Rigoberto, 345. Doménech y Montaner, Luis, 528. Domingo, 551. Domingo, Marcelino, 351 490. Domingo de San José, 463. Domingo y Sol, Manuel, 294 357 433 441 525. Domínguez, D., 447. Domínguez Ortiz, A., 495 586. Dominicis, G. de, 126. Donezar, J. M., 137. Donoso Cortés, Juan, 404 405 407 459 475 507 508 509 510 512 516 517 540 542 595. D'Ors, Eugenio, 486 511 559 567. Dou, R. L., 53. Draconcio, 524. Draper, William, 519 520. Drochon, P., 295 302. Dubois, E. M., 432. Dueña, 70. Dueso, 446. Dufriche-Degenettes, C. L., 440. Dumas, Alejandro, 501. Duocastella, R., 709. Dupanloup, Félix Antoine Philibert, 509 522. Duradón, Anselmo, 601. Duran y Bas, 626. Dussell, E. D., 110.

466

de autores Espartero, Baldomero, 115 145 146 148 159 162 183 463 515. Espiga, José, 47 59 93 498. Espronceda, José de, 483. Estal, Gabriel del, 567. Estala, 3 1 . Esteban, 70. Esteban, Andrés, 502. Esteban, Francisco, 447. Esteban, J. de, 708. Estébanez Calderón, Serafín, 171. Esteh-kh, J., 335. Estella, Gumersindo de, 399 461. Esténaga, 376. Estevan, 190. Estévanez, 269. Estruch, J., 196. Estuardo, María, 532. Eusebio del Niño Jesús, O.C.D., 431. Ezenarro, Raimundo de, 273. Ezenarro, Ramón de, 195.

483 558

513

Eceiza, 96. Exhalar, B. de, S07 509 443. Echánove, obispo, 130 177 179 194. Echarri, María, 458. Echegaray y Eizaguirre, José, 486. Echeguren, Justo de, 349 389 390. Echenagusia, J., 268. Echeverría, Lamberto de, 500 712. Eguía, Vicente de, 385. Eguino y Trecu, J., 391 392. Eijan, S , 322. Eijo Garay, Leopoldo, 346 392. Einaudi, M., 316. Elío, Luis María, 273. Elizalde, Luis María, 520. Elorza, A., 333 405 478 580 592 615 619 620 625 659. Encinas, Antonio, 551. Engel-Janosi, F., 124. Engels, Friedrich, 484. Enrique y Tjirancón, Vicente, 682 698 700 702 705. Enríquez, Teresa, 435. Escantilla, Enrique, 660. Escarré. A. M., 686 691. Escobar, 366. Escola y Cugat, José, 440. Escosura, Patricio de la, 171. Escrivá de Balaguer, José María, 449 546. Espadas Burgos, M., 270 274 277. España Talón, M. C , 174. ^ Español, Narciso, 65.

F á b e r , 433. Fafúndez, Manuel José, 602. Falla, Manuel de, 486 493. Fanelli, 605 608. Federico Fernández, A. de, 344. Feijoo, Benito, 496. Felipe II, 165 387. Felipe V, 117 118 549. Felipe, D. de, 399. Feliu Monfort, G., 6 84. Félix, 192. Fenullera, Miguel, 449. Feria y Camargo, Joaquín, 464. Fernán Caballero (Cecilia Bóhl de Fáber), 532. Fernández, A., 641. Fernández, C , 398 399 467. Fernández, Enrique, 399. Fernández, L., 106. Fernández, Práxedes, 466. Fernández Almagro, Melchor, 280 301 496 497. Fernández Areal, M., 316 333 709. Fernández Carvajal, R., 708. Fernández Conde, J., 640. Fernández de Córdoba, Fernando, 154. Fernández Cuevas, José, 517. Fernández Cuesta, 676. Fernández Galilea, Leoncio, 389. Fernández González, Lauro, 352 588. Fernández Jiménez, José, 270. Fernández Lafita, Ramón, 274. Fernández de la Mora, Gonzalo, 4 7 7 ^ Fernández Muiños, J., 645. Fernández de Pinedo, E., 138. Fernández Regatillo, E., 711. Fernández Rúa, J. L., 268. Fernández de Valderrama, 704. Fernando VII, 3 26 29 56 58 59 66 67 69 73 74 77 80 84 93 95 100 101 104 109 110 111 113 115 116 117 118119120 121 122 123 124 125 126 128 129 143 152 175 176 177 184 187 258 420 435 437 480 481 482 483 502 505 507 527 583 591 597. Ferrándiz Alborz. F., 334. Ferrando Badía, J., 268. Ferrater Mora, José, 493. Ferrer, Anselmo, 571. Ferrer, José María, 251. Ferrer, M., 430. Ferrer, Miguel, 63. Ferrer Benimelli, J. A., 75-. ' Ferrer Subirana, Jesús, 515.

índice de autores Ferris, Carlos, 453. Ferrís, P., 662. Fichte, J o h a n n Gottlieb, 539. Figueiredo, Fidelino de, 495. Figuerola, Laureano, 487. Filomena de Santa Cotonía, 467. Filomena María del Patrocinio, 425 431 448 467. Fita, Pascual, 33. Fita, Fidel, 475 528. Fleix, 254. Fleuri, 446. Fliche-Martin, 103. Flores, A., 77. Flórez Estrada, Alvaro, 61 592. Floridablanca, Conde de (José Moñino y Redondo), 37 583. Floristán, C , 709. Fogarty, M., 316. Fogliasso, E., 711. Folgueras, 180 194. Fonseca, padre, 520 536. Fontán, Antonio, 477. Fontana, J „ 80 82 265. Fonte, 133 134. Fontenelle, 384. Fornari, cardenal, 509. Fort, Jaime, 179. Fort Cogul, E., 90 138. Foucauld, C. de, 409. Fourier, Charles, 483 593. Fourneaux, Marcelin de, 482. Fox Morcillo, Sebastián, 536. Fraile, Guillermo, 93 316 476 485 506 516 517 540. Fraile Hijosa, M., 132 133 134 138. Franco Bahamonde, Francisco, 368 379 381 382 383 384 385 386 391 393 480 490 558 665 669 670 673 674 677 680 681 693 694 701 705 706 708. Franco Salgado Araújo, F., 714. Franchi, Alessandro, 162 229 230 231 233 234 235 236 237 238 240 245 247 248 250 251 260 262 271 272. Fraga Iribarne, Manuel, 491 561 690. íranees Caballero, 100. Francisco de Asís, 153. Franco Salazar, 592. Franquesa, A. M., 398. Fray Agustín José de Burgos, 461. Fray Luis de León, 555. Freguerela, José, 63. Frías, Lesmes, 5 73 398 476 529 555. Frías, Duque de, 145. Frutos Valiente, 388. Fuenmayor, A. de, 278 712. Fuente, Juan Antón de la, 389. Fuente, Vicente de la, 5 76 125 154 236 237 390 397 523 601. Fuente Andrés, 161. Fuentemayor, A. de, 709. Cx* de Jesús Crucificado, 449. Gabriel y Galán, José M. a , 486. Gaduel, 509. Gafo, P. J., 458 644 648 649 650 659 660. Gago, Aurelio, 389. Gaínza, Francisco, 266. Galán, Asunción, 467. Galiano, 5. Galindo Herrero, Santiago, 333 510. Calino, Angeles, 323 545. Galindo y Vera, León, 244. GaBarate, 519. Gallardo, Bartolomé José, .40 53 62 499.

793

Gallat Foch, J., 313. Galli, G., 326. Gallo, M., 708. Gamba, R., 95. Gamboa, 407. Gandásegui, Remigio, 345 390 393 438. Ganivet, Ángel, 334 488 489. Gaos, José, 493. García, Antonio, 347 364 390. García, Diego, 502. García, Félix Lázaro, 428 567. García, Fidel, 671. García, R., 432. García Abella, 179 194. García Antón, 192. García Barberena, T., 711. García Benito, 99. García Casarrubios, 180. García Castro, M., 711. García Ceballos, M., 361. García Comín, Eduardo, 382. García de Cortázar,\ F., 477 617. García Cuesta, Miguel, 172 192 196 238 241 245 246 251 257 258 272 420 447 523. García Delgado, J. L., 636 651. García Escudero, José M. a , 317 319 332 334 368 369 380 492 496 515 540 625 644. García Duran, J., 331. García Fernández, J., 708. García Gallego, Jerónimo, 287 352. G a r d a y García de Castro, Rafael, 476. García Gil, Manuel, 192 196 254 257 258 420 452 523 602. García Górriz, María Pablo, O. C , 398. García Goyena, 153. Garda Herrera, 408. García Herreros, 46 47 134 235. García Leal, Ramón, 440. García Loica, Federico, 486. García Mazo, Santiago José, 412 446 508 602. García Mora, José, 295 609. García Morente, Manuel, 486 565. Garda y Navarro, Manuel M. a , 440. García Nieto, J. N., 579 629 630 647 649 650 6 5 \ 714. García Prieto, Manuel, 286. García San Miguel, 300. García Tejero, Francisco Jerónimo, 601. Garda Venero, M., 286 307 309 310 326 335 580 647 649. García-Villada, Zacarías, 285 551 555. G a r d a Villoslada, Ricardo, 291 397 404 443 528 569. GareUi, 91 131 132 134 147. Garganta, José María de, 399. Garibaldi, Giuseppe, 148 150. Garmendía, V., 241 408. Garmendía de Otaola, A., 662. Garosi, A., 368. Garran y Moso, J., 387. Garrido, Fernando, 593 600. Garrido, María del Carmen, 331. Garriga, R., 344 381 714. Garriga Alemany, R., 708. Garrigues, Antonio, 697. Garvia, Francisco José, 244. Garzón, Francisco de Paula, 417 426 429. Gaseo, Fernández, 92. Gascón Peleguí, V., 227. Gasparri, Pietro, 353. Gassols, Ventura, 392. Gastón d e Gotor, A., 30. Gaudí, A., 441 464 486. Gautrelet, J., 437.

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índice de autores

índice de autores

Gay, 433. Gay Armenteros, J. C , 4 616. Gay Tibau, María, 611. Gaya Ñuño, Juan Antonio, 476 532 533. Gayoso, 64. Genovesi, 504. Georgel, J., 708. Gerard, 458 643 647 648 659. Giben, R., 138. Gil, 8. Gil, Gerardo, 457. Gil, Hilarión, 463. Gil Bueno, obispo, 193. Gil y Carrasco, Enrique, 483 530. Gil Cremades, Juan José, 519. Gil Delgado, F., 709. Gil Novales, A., 4 85. Gil Robles, José M.a, 286 296 316 334 340 343 362 364 552. Giménez Fernández, 343 362. Giner, C., 580 645 651. Giner de los Ríos, Francisco, 485 487 490. Giralt, E., 137. Girón, José Antonio, 700. Giustiniani, 87 103 107 109 119 120 177 178 193. Godoy, 22 34 35. Goicoechea, Vicente, 571. Goma y Tomás, Isidro, 336 346 347 358 359 365 375 378 379 382 386 388 390 393 430 464 559. Gómez, Juan C., 5. Gómez, M„ 398. Gómez, V. T., 174. Gómez Aparicio, Pedro, 476 482 502 503. Gómez Arboleya, Enrique, 564. Gómez de Arteche, J., 7. Gómez Casas, J., 333. Gómez Chaparro, R., 137. Gómez Hermosilla, 112. Gómez Imaz, M., 4 10 40. Gómez Izquierdo, A., 521. Gómez Labrador, Pedro, 111 123 124 125 126 145' 188. Góm^z Ledo, Avelino, 554. Gómez de Mier, W., 449. Gómez Molleda, M. a Dolores, 280 291 323 342 406 477 488. Gómez Moreno, 486. Gómez Pereira, 536. Gómez Pérez, R., 709. Gómez Rivas, 180 194. Gómez Rojí, Ricardo, 352. Gómez de la Serna, Pedro, 484. Gomis, J., 397. Góngora Echenique, M., 334. González, Ceferino, O.P., 273 274 290 291 294 299 405 475 517 518 519 520 628. González, Dionisio, 273. González, Ireneo, 515. González, J u a n , 428 523. González, Manuel, 291 391 399 427 430 434 436 447 449 453 466 588. González, N., 227 709. González Abarca, 101 103 105 119 120 121 123 133 179. González Anleo, J., 709. González Aparicio, 508. González Bravo, 150 228 229. González Caminero, Nemesio, 528. González Carvajal, 55 133. González García, 389. González González, A., 579 628. González Imaz, M., 499.

González Martín, M., 320. González Muñiz, M. A., 333. González I Pastor, J., 196. González Peña, Manuel, 273. González Pérez, Nicolás, 389. González Portilla, M., 616. González Puig, Esperanza, 601. González Rojas, F., 458 642. González Romero, 524. González Ruano, C , 334. González Ruiz, N., 138 306 334 477 545. González Salmón, 101. González Vallejo, Pedro, 93 99 133 134 176 181 182 183 419. Goñi, Blas, 660. Goñi Gaztambide, J., 60 79 127 174 179 257 295 408. Gordon Ordás, 296. Gorosquieta, J., 580 649 657. Gorostidi, 96. Gorres, 112. Gorricho Moreno, J., 101 116 117 137 179 187 274 711. Goser Laynez, José, 602. Grabmann, Martín, 524. Gracia Real, conde de, 154. Granada, fray Luis de, 418. Granados, A., 344 380 358 375 559. Granados, Enrique, 486. Granados, M., 309 354. Granjel, Luis S., 490. Gras y Granollers, 430. Grau yallespinós, Juan Bautista, 273. Gravina, Pedro, 59 499. Green, Graham, 563. Green, Th. R,, 368. Greene, G., 196. Gregorio XIII, 118. Gregorio XVI, 103 111 118 119 124 125 136 144 146 148 150 152 180 183 188 189 190 346 379. Griera, A., 325. Grossi, M., 361. Grou, 433. Guallar Poza, Santiago, 352. Guardiola, 177 179. Guarner Vivanco, V., 335. Gubianas, A. M., 464. Güel, M., 451. Gueranger, P., 464. Guernica, Juan de, 4 3 1 . Guerra Campos, José, 680 690 691 692 695 699 704. Guerrero, E., 571 713. Guillen, Jorge, 486. Guillermo II, 621. Gúrpide, 684 694. Guisasola Menéndez, Victoriano, 257 321 457 640 649. Guisasola Rodríguez, Victoriano, 257 273 274. Guitard, L., 281. Guitart, Justino, 392. Guizot, 514. Gunther Dahms, H., 332. Guridi, Jesús, 486. Guridi, Leonardo, 380. Gutiérrez, F., 709. Gutiérrez, M., 431. Gutiérrez, Marcelino, 520. Gutiérrez, Tomás, 389. Gutiérrez Alvarez, 3&5. Gutiérrez de la Concha, José, 229.* Gutiérrez García, J. L., 444 ,577 578 644. Gutiérrez Marín, C., 196!

Gutiérrez Rave, J. B., 334. Gutiérrez Ríos, Enrique, 477. Guy, Alain, 565. H a b s b u r g o , María Cristina de, 91 93 101 106 115 117 118 122 123 135 144 145 148 267 288 420 509 524 525 613. Hanich, W., S.I., 431. Hartmann, 520. Hartzenbusch, Juan Eugenio, 483. Hauck, T. Von, 126. Hefelé, 523. Hegel, Georg W. F., 483 521 538 539. Heidegger, Martín, 554 566. Heidelberg, 484. Hellín, José, 564. Hera, A. de la, 709 712. Herder, 539. Heredia Soriano, A., 112 477 483 516. Hermet, G., 33 709. Hermida, 46 49 51. Hernán Sanz, J. A., 294. Hernández, C , 334. Hernández Fajarnés, Antonio, 518. Hernández Sola, E., 712. Herranz, 611. Herranz, Manuel, 454. Herrera, Enrique, 450 556. Herrera Oria, Ángel, 242 301 316 333 342 476 525 539 543 544 545 641 643 657 658 659 681 693. Herrero, A., 580 651. Herrero, B., 446. Herrero, Javier, 63 594 506. Herrero, Manuel, 20 100. Herrero Valverde, Félix, 109 130 179 189 194 419 427. Herrezuelo, 88. Hidalgo, Isidoro, 437. Higueruela del Pino, L., 6 7 24 69 89. Hinojosa, Eduardo de, 518. Hispanus, 335. Hitler, Adolf, 671. Hobsbawn, E. J., 296. Hocedez, Edgar, S.I., 476. Holbach, 500. Horta, N., 8. Hoyos, Hipólito de, 148 437 438. Hualde, Guillermo, 82 502. Hübner, Comte de, 510. Huerta, 46 53. Huet, José M. a , 172 195. Hughey, J. D., 196 358. Huix Miralpeix, 376 387 389. Humberto I, 288. Hurtado, A., 308 312. Husserl, Edmund, 565 566. I b á ñ e z Martín, José, 546 1>59 567 676. Ibarra, Rafaela de, 455. Ibárruri, Dolores, 332. Ibeas, B., O.S.A., 458 644. Ibn-Al-Arabi, 554. Iglesias, María C , 615 619 625. Iglesias, Pablo, 350. Iglesias Barcones, 192. Iglesias Lago, 180. Iglesias Ramírez, M., 304. Ignesti, G., 318. Ilundain, 336 345 378 379 390. Inchausti, Anastasio, 659. Infante D. Carlos, 76. Infante D. Sebastián, 76. Infante Maclas, I., 428. .

795

Infantes Florido, 705. Inguanzo y Rivero, Pedro, 5 46 50 62 70 88 100 101 102 105 128 131 498. Iniesta, Alberto, 705. Insausti, S., 187. Infantado, duque de, 101. Irastorza Loinaz, 373 389. Iriarte, M. de, 392 565. Iriarte, Joaquín, S.I., 537. Iribarren, J., 321 356 358 375 376 379 577 640 681 710 714. Irisarri, José, 445. Iruarrizaga, J u a n , 571. Iruarrizaga, Luis, 571. Irujo, Manuel de, 100 379 383 384 385. Irurita, Manuel, 346 376 387. Isabel de la Santísima Trinidad, 433. IsabelII, 101 103 113 115 116 118 120 121 122 123 125 126 129 131 132 135 144 147 148 151 152 153 154 162 164 168 172 175 176 177 184 192 194 197 228 229 230 232 233 234 237 240 260 263 267 274 387 441 467 480 486 452 513 521 522 584 591. Isbert y Cuyas, Benito, 271. Isidro, 8. Isla, 432. Istúriz, Francisco Javier de, 91 143 144. Iturbide, 111. Iturralde, J. de, 369. Iturri-Castillo, Joaquín, 380. Izaguirre Irureta, F., 115. . de San Bartolomé, 46. ackson, G., 332 708. Jacquier, Francisco, 505. Janer, Ana, 451. Janke, P., 138. Jarlot, G., 575. Jaume, obispo, 170 193. Jáuregui y jáuregui, Gaspar, 47. Javierre, José María, 284 290 292 306 399. Jemolo, A. C , 115 119 318. Jerónimo de San Eliseo, 435. Jerónimo Tejero, Francisco de, 454. Jiménez, J., 458. Jiménez, Juan Ramón, 486 488 489 569. Jiménez, 437. Jiménez Araya, T., 620. Jiménez de Asúa, Luis, 339 354. Jiménez Caballero, E., 334. Jiménez Campaña, G., 7. Jiménez Díaz, Carlos, 486. Jiménez Duque, Baldomero, 397. Jiménez Fernández, 248 262. Jiménez-Landi, Antonio, 488. Jiménez Salas, María 456 600. Jimeno, Romualda, 266. Jobit, Fierre, 476 488. Jordá, obispo, 193. Jordana, Conde de, 390. Jornet, Teresa, 611. José de la Consolación, 8. Josefa del Santísimo Sacramento, 632. Jovellanos, Gaspar Melchor de, 104 481 496 544 592. Jover Zamora, J. M., 139 175 293 552. J u a n XXIII, 318 491 682 683 684 685 686. Jubany Arnau, N., 702 711. Juretschke, Hans, 16 31 477. Jutglar, A., 297 589 594 610 623 625.

Í

K a i s e r , J., 281. Kant, Emmanuel, 487 514 519 539 564 569. Karl, M., S33.

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Índice de autores

Kaufmann, L., 710. Kehrer, M., 294. Kennen-Gieser, A., 302. Ketteler, 596 622. Keyserling, 565. Kiernan, 159. Kindelán, A., 369. Kodasver, 314 392. Krause, Karl Christian Friedrich, 484 519 520 535. Kropotkin, 620.

Laboa, J. S., 62. Laborda, Carlos, 179. Laborie Erroz, M. C , 95. Laburu, P., 444. La Canal, 65. Lacomba, J. A., 268. Lacordaire, Jean-Baptiste Henri, 513. Lafargue, 605. Lafuente, Modesto, 154. Lagrange, P., 519. Laguarda, 640. Lagüera, 251 254 257. Laguna, José M. a , 601. Laín Entralgo, Pedro, 318 477 489 490 491 496 534 560 561. Lambruschini, cardenal, 136 144 146 148 150 182 183 188. Lamennais, Felicité Roben de, 112 403 407 483. Lamo de Espinosa, E., 334. Landeira, 192. Landis, A. H., 332. Laplana, 376. Lara, M., 432. Largo Caballero, Francisco, 334 349 360 658. Larkin, M., 308. Larra, Mariano José de, 129 483 495. Larraona, 685. Lasa Iraola, I., 62. Lasala, 165. Lasala, Rafael, 446. Lasso de la Vega, José María, 111 433. Lastra, 192 254 272. Launay, M., 304. Lauzurica, Francisco Javier, 387 390 392. Laverde, Gumersindo, 535 536 540. Lázaro, Domingo, 450 556. Lázaro Torres, R. M., 137 Lazo Díaz, Alfonso, 137 326. Leal, L., 458. Leal, Roque, 92. Lecina, Manuela, 451. Lecuyer, M. C , 191. Lefévre, G., 464. Legarda, A. de, 30. Legaría, Pedro, 445. Legísima, J. R. de, 7. Leibniz, Gottfried Wilhem von, 565. Lekuona, Martín de, 380. Lenin, Vladimir, 552. León, Fray Luis de, 520. León XII, 99. León XIII, 107 111 279 280 288 296 302 304 305 308 314 446 458 513 518 519 520 524 528 536 543 549 596 621 622 625 626 629644 647 649 684. León y Pizarra, 8 1 . Leonard, E. G., 196. Leoni, F., 326. Lera, 70 498. Lerchundi, J. M., 461. Lerroux García, Alejandro, 308 334 342 344 349 351 355 360 362 365 366 367 549.

Lersundi, 159, Lessing, Theodor, 539. Leturia, 110. Leval, Gastón, 658. Levy-Bruhl, 565. "Liberatore, 518 622. Lida, Clara E., 227 296 313 592. Liñán, 128 133. Lista, Alberto, 31 475 483 501 502. Lizárraga, Conde de, 626. Lobo, A. A., 399. Lobo, hermanos, 523. Lobato, A., 506. Loisy, 560. Loja, 593. Lojendio, I. M., 704 708. Lombardi, Ricardo, 682. Lombardía, D., 710. Longa Pérez, Manuel, 554. Longares Alonso, J., 5 43 115. López, 53 70. López, J. M. a , 461. López, Nicolás, 273. López, Simón, 46 100 104 105 109. López, Ulpiano, 375. López Alarcón, M., 712. López Aydillo, E., 45. López Ballesteros, 582. López Borricón, 179 189 190. López Bravo, Gregorio, 695 701. López Bru, Claudio, 443. López Cepero, Manuel, 62. López Cordón, M. V., 227. López Crespo, 192. López Criado, 388. López Domínguez, José, 283. López-Dóriga Meseguer, Luis, 352 389. López Estrada, Francisco, 301. López Fernández, A., 360. López Ferreiro, A., 64. López Guerra, L., 708. López Ibor, J u a n José, 552. López Morillas, Juan, 488. López Niño, J. M., 712. López Novoa, Saturnino, 453 611. López Núñez, A., 458. López Ortiz, J „ 292. López Peláez, Antolín, 309 310 311 329 457 639 640 López-Picó, 555. López de Prado, J., 711 713. López Puerta, L., 137. López Quintas, Alfonso, 477 554 567. López Rodó, Laureano, 702 704. López Rodríguez, M., 196. Lope de Vega, Félix, 538. López de Vicuña, Vicenta, 611. López Yepes, J., 600. Lora Tamayo, Manuel, .492. Lorenzana, 232 236 237 247 248. Lorenzo, C. M., 333. Lorenzo Várela, Agustín, 176. Lozano, obispo, 193. Lozano, J. M., 398. Loyola, Juan de, 437. Lubac, 562. Lucas de San José, 429. Lucas, Francisco X., 569. Lucas González, J., 442. Lucía, Luis, 362. Ludovico de los Sagrados Corazones, 444. Luengo, Manuel, 527.- * Luis, Leopoldo de, 476 569. Luis Pérez, J. M., 457. ' '

Indice'de autores Luis y Pérez, J u a n Bautista, 640 643. Luis II, 288. Luna, Antonio, 658. Lupo, 380. Lutero, Martín, 54 165. Luzuriaga, L., 488. L i a d o , M., 437. Llamas, E., 441. Llano Ponte, 8. Llanos, José M. a , 569. Llanos, Luis de, 270 272. Llimona, José, 570. Llopis, Rodolfo, 334 357. Llorca Villaplana, C , 268. Llórente, J u a n Antonio, 5 18 25 30 46 86 87 110 500. Llórente Federico, Daniel, 447. Llórente y Miguel, Pedro, 267. Lloréns, J. M., 363 464, Lloréns, Montserrat, 579 629 647. Lloréns, V., 112 117. Lloréns Raga, P. L., 287 344. Llovett, G. H., 7. Lluch y Garriga, Joaquín, 193 231 258 273 274 608 625. M a c a n a z , 37. Mach, José, 430 442 445. Machado, Antonio, 486 488 560 569. Machado, Manuel, 486 489. Macho, Victorio, 570. Madariaga, Dimas, 659 660. Madariaga, Salvador de, 340 479 486 490 493 551 556. Madoz, Pascual, 159 162 199 589. Madrazo, Pedro, 527 601. Maestre, Nicolás, 31. Maestre Alfonso, J., 333. Maestre Rosa, J., 713. Maeztu, Ramiro de, 476 488 489 549 552 553 558. Magaz, Antonio de, 383. Magín Ferrer, O. M., 180 432 506. Mainer, José C , 478. Maisonnave, Eleuterio, 270. Maistre, Joseph Marie de, 112 512 525. Maíz, B. F„ 334. Maldonado y Fernández del Torco, L., 712. Malefakis, E., 654. Malpica, marquesa de, 601. Malo, Nicolás, 525. Maluquer Viladot, J., 333 458. Maluquer, J., 458. Manjón, Andrés, 291 429 436 447 448 453 466 476 530 632. Manning, A. F., 363 622. Manrique, Ramón F., O.S.B., 429. Manterola, Ander, 380. Manterola, Vicente, 241 242 245 252 274 380 444 523. Manuel de Santo Tomás Fraggia, 63. Manzini, L. M., 124. Mañanet, José, 441 451. Maragall, Joan, 486 531. Marañón, Antonio, 96. Marañón, Gregorio, 315 486 539 551. Maravall, J. A., 62 478 498. March, J. M., 103 398. Marchena, 31 500. Marchi, G. de, 382. Marechal, Joseph, 519 554. Margalhan Ferrat, Enrique, 455. Margiotta Broglio, F., 710. •

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Martín Tejedor, J., 523. María Esperanza González de Jesús, 467. María Esperanza de San Rafael, 431. María Florencia del Santísimo Sacramento, 467. María Isabel de Jesús, 399. María de Jesús (Riquelme), 437. María Josefa del Sagrado Corazón, 452. María de la Reina de los Apóstoles, 467. Marías, Julián, 561. Marín, T., 6. Marín Sola, Francisco, 555. Marín Triana, M., 458 459. Marina, M., 458. Maritain, Jacques, 368 558. Marmión, D., 433. Marongiu Buonaiuti, C , 339 353 354. Marqueríe, Alfredo, 569. Márquez y Oñoro, María Dolores, 454. Marquiegui, José, 380. Marquina, 486. Marquina, A., 710. Marrero, Vicente, 315 364 368 476 478 553. Marrodán, 192. Martí, C , 319 409 443 578 579 594 596 597 629 647 709. Martí de Eixalá, Ramón, 513. Martí Gelabert, F., 38 46 478 499 600. Martín, Andrés, 502. Martín, Isidoro, 477 545 710 712 713 714. Martín, Luis, 549. Martín, M., 429. Martín, T., 137. Martín Alvarez, Carlos, 641. Martín Artajo, A., 644 676. Martín Benzas, Fernando, 485. Martín de Gara y, 80 81 82. Martín Hernández, F., 397. Martín de Herrera y de la Iglesia, José M. a , 248 267. Martín Martín, J., 137. Martín Martínez, I., 306 711. Martín Niño, J., 227. Martín Sánchez, C. I., 711 712. Martín-Sánchez Julia, Fernando, 318 545 647. Martínez Sospechas, M., 303. Martín Tejedor, Jesús, 190 191 192 257 258 408 421 621. Martina, G., 353 597. Martínez, Ángel, 569. Martínez, Guillermo, 99. Martínez, José, 503. Martínez, Manuel, 65 77 100 102 107 174 502. Martínez, obispo, 273. Martínez, Zacarías 345 444. Martínez Albiach, Alfredo, 4 6 11 13 14 478. Martínez Albiach, R., 398 444. Martínez Alegría, A., 711. Martínez Barrios, 551. Martínez Blanco, A., 714. Martínez Contreras, J. V., 115. Martínez Izquierdo, Narciso, 273 274 302 421. Martínez Marina, Francisco, 75 498 592. Martínez Martínez, I., 175. Martínez de Mendíbi., A., 227. Martínez de Mendijur, L., 38. Martínez Núñez, Zacarías, 388. Martínez Riaguas, Guillermo, 87. Martínez de la Rosa, Francisco, 91 130 131 134 136 147 150 151 154 175 483. Martínez Sáez, Joaquín M.a, O.F.M.C, 193 246 429. Martínez San Martín, 177 180 188. Martínez Santa Cruz, obispo, 193. Martínez Sanz, M., 439 442 452 462.

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índice de autores

Martínez de Velasco, 343 352. Martínez Vélez, Dámaso, 429. Martínez Vigil, R., 290 457. Martínez Ximénez, Vicente, 27. Martos, Cristino, 261. Martorell, 528. Marsá, A., 334. Marvaud, A., 368. Marx, Karl, 404 485 552 564 605 608. Mas y Serracant, Domingo, 571. Masarnau, Santiago de, 455 509 601. Maseras, A., 333. Maspóns y Anglasell, F., 333. Massana, Antonio, 571. Massot Muntaner, Josep, 290 394 531. Matamoros, Narciso, 197 429. Mateo del Peral, D., 90. Matorras, E., 333. Maura, Antonio, 307. Maura, Miguel, 334 344 349 351 352 356 437. Maura Gamazo, G„ 287. Maura y Gelabert, Juan, 298 431 623 640. Mauriac, Paul, 563. Maurln, Joaquín, 490. Maurras, Ch„ 368. Mayeur, F., 368. Mayeur, J. M., 309 316. Mazarrasa, 42. Meaker, G. H., 325. Meana, F., 154. Medín, F., 6 709. Medina, 376. Meer Lecha-Marzo, F. de, 354. Meglio, G. di, 336. Melancton, 54. Melendres, M., 399. Melguizo, Atilano, 430. Meló, Prudencio, 345 392. Mellor, A., 184. Méndez, L., 6 709. Méndez Casariego, Francisco de Asís, 454 634. Mendiburu, 437. Mendicute, Alejandro, 380. Mendiola, 47. Mendire, José, 518 519 520. Mendizábal, Alfredo, 658. Mendizábal, Juan Alvarez, 501 507 589. Menéndez de Luarca, 8. Menéndez Pelayo, Marcelino, 5 28 31 40 98 112 130 146 154 196 236 237 301 397 431 432 459 476 482 483 484 486 500 502 504 506 514 521 526 528 534 535 536 537 538 539 540 541 542 544 549 552 553 558 560 682. Menéndez Pidal, Ramón, 7 486 489 495 496 541 560. Menni, Benito, 437 452. Mensa y Font, José, 440. Mercader Riba, J., 6 22 23 137 184 575. Mercader Arroyo, Manuel, 273. Mercier, 403 519 566. Merino, Baltasar, 556. Merino, Jerónimo, 8 30 96 129. Merino Segura, J. P., 137. Merino Urrutia, J.J.B., 174. Merlín, condesa de, 243. Merry del Valí, R., 283 463. Meseguer y Costa, 389. Mesonero Romanos, Ramón, 483. Metternich, 124 136 509. Miaja, 366. Miguel, A. de, 708. Miguel, I., 137. Miguel López, R. de, 63 405 506. Míguez, A., 334. .

Mikolik, E„ 368. Milá y Fontanals, Manuel, 535. Miláns del Bosch, 101. Milla, Agustín, 254. Milla, Josef, 32. Miller, D., 308. Mina, 101. Minguella, T., 461. Minguijón, J., 515. Minguyón, Salvador, 458 643 644. Minteguiaga, Venancio M. a de, 549. Miñano, Sebastián, 4 86 501 502. Miozzi, U. M., 363 709. Mir, Juan, 519. Mir, Miguel, 519. Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti, conde de, 505. Miraflores, marqués de, 115 148 172. Miret Magdalena, Enrique, 710. Miró, Gabriel, 486 489. Modrego, Gregorio, 390 393. Moelher, Juan Adam, 112 523. Mogas Fontcuberta, María Ana, 452 611. Mola Vidal, E., 334. Molas, Rosa, 601. Molerá, Bernardo, 266. Moli I Frigola, M., 172. Molina Nieto, Ramón, 352. Moliner, J. M., 397. Molistpol, E., 310. Molí, Manuel, 390. Molle, Francisco, 65 502. Mon, 70 172 582. Monasterio, L, 431. Moneada, Alberto, 547. Mondreganes, Pío de, 463. Mondrone, Domingo, 399 545. Monedero, Antonio, 458 651. Monescillo, Antolín, 193 241 245 246 258 273 290 428 523 594 596 602. Monje Bernal, J., 333. Monjó, Enrique, 570. Montagne, H. de la, 304. Montagut, J., 239 286. Montalembert, 509. Montaña, 8. Montarlo, conde de, 18. Montero, Raimundo, 179. Montero, J. R., 333 399 657 659. Montero Moreno, Antonio, 177 348 358 359 362 369 370 375 556 557. Montes, Eugenio, 552. Montesquieu, 497 500 505. Montero Ríos, 246 250 255 263 265. Montero Vives, J., 530. | Montini, Juan Bautista, 676 685 686. Montoya, P. de, 96. Montpellier, 446. Montpensier, duque de, 260 Montseny, Federica, 658. Montserrat, 192 231 420. Monzón, 172 193 254. Moral, T., 398. Moral Ruiz, J. del, 84. Morales, J u a n Antonio, 571. Morato, J. J., 333. Morcülo, Casimiro, 684 685 690 691 698. Moreau de Jones, 6 586. Morelli, E., 124. Moreno, Domingo de Silos, 14 179 180 602. Moreno, Juan Ignacio). 167 172 193 248 254 258 272. Moreno, María Angustias, 54,7. Moreno Barrio, Dionisio, 389.

índice de autores Moreno Carbonero, 533. Moreno Labrador, Esteban, 257. Moreno y Maisonave, 257 302 523. Moret 549. Morgades, José, 438 623 633. Morillo, Tomás, 660. Morlones, I., 353. Moro, Santos, 389. Morodo, R., 497. Moróte, Juan Bautista, 445. Moróte, L., 307. Morvilliers, Masson de, 535. Moscoso, 30. Mosquera, 266. Mostaza, 645. Mounier, 368. Mourret, F., 443. Moxo, S. de, 138. Moyano, Claudio, 480. Mugarza Mecolalde, D., 335. Múgica, Mateo, 347 349 365 375 376 381 390 393. Muguruza, Pedro, 570. Mun, Albert de, 628. Muntanyola, R., 287 344 375 392. Muñiz Pablos, 389. Muñoz, Agustín, 132. Muñoz, Cayetano, 28. Muñoz, J. de Jesús, 403 507. Muñoz Alonso, Adolfo, 537. Muñoz, Capillas, 112. Muñoz Espinalt, C , 334. Muñoz Torrero, 36 46 47 48 93 498. Murillo, Lino, 555. Muro, 270. Mussolini, Benito, 353. Mutiloa Irurita, 389. Mutiloa Plaza, J. M., 90 137 138. Muzi, 111. Múzquiz, 64. Muzzarelli, A., 439. N a b o t y Tomás, F., 310 311. Nada, N„ 124. Nadal, J. M. de, 399. Nadal Farreras, J., 227 586. Napoleón, Luis, 509. Narbona, F., 348. Nard, M. A., 292. Narváez, Ramón María, 148 150 151 152 153 154 159 164 169 170 171 172 228 229 243 515 584. Naval, F., C.M.F., 431 474. Natorp, Paul, 565. Navarro, Luis G., 445. Navarro Martínez, Carlos Máximo, 273. Navarro Salvador, 323. Navarro Valls, R , 712. Navarro Villoslada, Francisco, 516 530. Navas, Longinos, 556. Nebreda, E., C.M.F., 431. Nebrija, Antonio de, 536. Negrín López, Juan, 384 385. Nevares, J., 458. Nevares, Sisinio, 458 645 648 651 659. Newman, 403 404 411 412. Nicasio Gallego, Juan, 498. Nieto Martín, Eustaquio, 344 345 376. Nieto de Sangenís, M., 268. Nietzsche, Friedrich, 552 564. Nin, Andrés, 640. Nocedal, Cándido, 163 172 195 244 263 267 518 547. Nocedal y Romea, Ramón, 244 263 517 518 549.

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Nodinot, J. F., 709. Noguer, N., 649 656. Noguer Musqueras, T., 29. Nozaleda, B., 307. Núñez Muñoz, M. F., 274 278 290 408 478. Núñez Pernía, obispo, 192 239 240. O ' C o n n e l l , J. R., 351. Ochoa, Severo, 493. O'Donnell, Leopoldo, 159 162 164 170 172 191 228 229 584. O'Donojú, 55. Ofalia, Conde de, 100 145 147. Ojeda Quintana, J. J., 137. Olaechea, Marcelino, 318 376 389 679. Olaechea, R., 125. Olavarrieta, José Joaquín de, 502. Olavide, 37. Olivé, M. M., 399. Oliver y Hurtado, 273. Oliver Sanz de Bremond, E., 271. Oliveros, Antonio, 47 58 498. Olmos Canalda, E., 29 344. Oltra, J., 247. Olle Romeu, J. M., 596. Ollero Tassara, A., 300. Onaindía, Alberto de, 380. Onaindía, Celestino de, 380. Orberá Carrión, José M. a , 267 273 460. Ordóñez Márquez, J., 345. Orensanz, A. L., 709. Orense, 592. Orgaz, conde de, 243. Oriol, 697 698. Ormieres, Luis Antonio, 601. Oromí, Miguel, 567. Orovio, 487. Ortega, A., 467. Ortega, Joaquín L., 708 709. Ortega y Gasset, J., 298 313 486 488 490 543 549 551 560 561 565. Ortega y Gasset, M., 285. Ortí Lara, Juan Manuel, 294 405 516 518. Ortiz Estrada, Luis, 510. Ortiz Orruela, Antonio, 257 273. Ossó y Cervelló, Enrique de, 417 429 430 433 439 442 446 447 448 466 632. Ossorio Gallardo, A., 286 308. Ostolaza, 46 49 50 57 498. Otano, 380. Otaño, Nemesio, 571. Otegui, Antonia, 467. Otero Pedrayo, R., 48. Oviedo, Antonia M.a de, 6 0 1 . Owen, 593. Oyarzu, R., 300. P a b l o de San Hipólito, 12. Pablo VI, 669 686 687 692 693 694 695 701 706. Pablos, de, 101. Pabón, J., 171 284 293 304 307 314. Pacelli, Eugenio, 336 353 360. Pacios, H., 711. Pacheco, Joaquín Francisco, 138 148 153 162 167 171 483. Pacho, A., 6. Palacio Atard, Vicente, 6 331 333 342 357 363 369 386 476 538. Palacio y Fare, Emilio de, 382. Palacio Valdés, A., 486. Palanca, 274. Palau, Antonio, 594. Palau, Francisco, 599 6 0 1 . Palau, Gabriel, S.I., 458 599 643 647 650.

800

índice de autores

Palau y Quer, 449. Palazzini, G., 353. Patencia, 486. Palenzuela, A., 709. Palmes, Fernando, 556. Palomares Ibáñez, J. M., 20 600. Paoluzi, A., 302. Paradas, E., 7. Pardal, Baltasar, 447. Pardo, M., 154. Pardo Bazán, Emilia, 486. Parrado, Agustín, 389. Pascual, 57. Pascual, J. M., 369. Pascual Marroig, Bartolomé, 390 394. Pastells, Pablo, 610 629. Pastor, Antonio, 13. Pastor Miralles, Josefa, 599. Pásztor, L., 124. Pavía, general, 269 274. Pava, Miguel, 167 193 258 273 274420 523 602. Payne, S. G., 332 335 363. Pedregal, Manuel, 286. Pedrell, Felipe, 571. Peirats, J., 333. Peiró, 658. Pemán, José M. a , 486 552 568 569. Pemartín, José, 552 559. Peña Jordán, D., 711. Peñagaricano, José de, 380. Peñalosa, 437. Pereda, José M. a de, 486 531 539. Pereda y Torres-Quevedo, M. F., 301. Perelló Pou, 346 392. Pérez, Esteban José, 274. Pérez, J. Bautista Luis, 347 389 436. Pérez, M., 710. Pérez, Nazario, 292 440. Pérez Alhama, J., 154. Pérez de Ayala, Ramón, 298 486 488 543 551. Pérez Bueno, 288. Pérez de Celis, 102. Pérez Embid, Florentino, 300 547. Pérez Fernández, 192 239 240 255 275. Pérez Galán, M., 357. Pérez Galdós, Benito, 85 280 290 486 531 538 539. Pérez Garzón, J. S., 281. Pérez Goyena, A., 7. Pérez Gutiérrez, F., 408. Pérez Hernández, A., 712. Pérez Hernández, Enrique, 244. Pérez de Hirias, 180. Pérez-Lucas Izquierdo, C , 378. Pérez Mier, L., 710 711. Pérez Minayo, 251. Pérez Muñoz, Adolfo, 391. Pérez Necoechea, José, 176. Pérez de Olaguer, A., 308. Pérez Platero, 347. Pérez del Pulgar, José, 556. Pérez Ramos, A., 174. Pérez de-la Reyna, 27. Pérez Rodríguez, Ramón, 388 390. Pérez de Urbel, J., 369 596. Pérez Vilariño, J., 46 499. Perier, Carlos M.a, 518. Perlado, P. A., 4 69 70 77 241. Pero-Sanz, J. M., 713. Perojo, José del, 536. Persiles, 354. Peset, J. L., 102. Peset, M., 102. Pestaña, A., 295 658.

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.

Petra de San José, 441 453. Petschen, S., 241 242 478 709. Peyton, 682. Pezuela y Ceballos, Manuel de la, 133 243. Pfander, 565. Pi y MargalL F., 269 271. Picasso, Pablo, 486 493 571. Pidal, marqués de, 280. Pidal, Pedro José, 155 524. Pidal y Mon, Alejandro, 299 300 301 302 405 443 518 536 547. Pidal y Mon, Luis, 443. Pike, F. B., 326. Pildain Zapiain, Antonio, 352 390 561 674 682. Pinero, J. M„ 397 398. Piñuela, E., 154. Pío V, 118. Pío VI, 38 586. Pío VII, 22 38 53 72 73 80 81 110 527. Pío VIII, 109 111. Pío IX, 152 153 164 165 166 169 171 172 173 193 194 195 196 230 238 239 240 244 245 249 257 260 262 263 267 270 271 290 303 305 346 379 420 440 506 509 510 514 523 594 621. Pío X, 283 305 306 308 379 447 448 463 528 543 549 571 649. Pío XI, 287 336 352 353 358 359 360 365 376 378 382 383 388 524 542 561. Pío XII, 336 353 542 562 672 674 676 681 682 683 686. Piquer, Francisco, 457. Piquer, J., 533. Pirala, 154. Pirri, P., 260 267. Pita Lorenzo, Leandro, 360 382 389. Pita Romero, 360. Piza, M. A., 344. Pizán, M., 483. Pizzardo, 353. Pía y Deniel, Enrique, 369 389 561 667 670 671 672 673 674 681 682 684 685 693. Planas, C. J., 430. Planas, Juan, 428. Platón, 538. Plaza Prieto, J., 6. Pobladura, M. de, 399 469. Polanco, Anselmo, 376 384 389. Polo, 53. Polo Benito, 393. Polo y Peyrolón, Manuel, 520. Ponce Pozo, J u a n de Dios, 376 389 390. Pont y Gol, 684 700. Ponte, Pedro José, 509. Porres Martín-Cleto, J., 89 90 137. Pórtela, V., 710. Portero, L., 138. Portero Molina, J. A., 595. Portillo, E. de, 398. Posada, Antonio, 30 32 83 90 99 133 134 176. Posada Herrera, José, 235 237. Posada Rubín de Celis, A., 419. Pou y Martí, J., 5. Pou y Ordinas, José A., 520. Poulain, 473. Poulat, E., 306. Poveda, Pedro, 449 450 466 545 556 652. Pozal de Gallinas, 593. Prada, J. M. a de, 138. Pradera, Víctor, 552. Prat de la Riba, 329. Prellezo García, J. M.,v 291 323 530. Presas, J., 70. Preston, P., á33 708. Prieto, Indalecio, 310 334 658.

índice de autores Prieto, José Ignacio, 571. Prim, general, 170 247 584. Primo de Rivera, Miguel, 340 343 346 388 485 639. Provohon, 511 593. Prudencio, 524. Puente, L. de la, 172 257 417 474. Puente Egido, J., 710. Puente García, E. de la, 115 148 151. Puertes, Juan, 389. Puffendorf, 505. Puga, M. T., 153. i Puig, Narciso, 273 524. Puig Montserrat, Juan Antonio, 266 274. Puig y Savall, L., 625. Puigllat, 192. Puigserver, Felipe, 62 506 516. Pújiula, Jaime, 556. Puyal y Poveda, 28. Puzzo, D. A., 332. Q u a d f a d o Nieto, José María, 404 515. Quadrupani, C. J., 432. Querejazu, Alfonso, 567. Quero, 8. Quesada, 129. Quevedo y Quintano, Pedro de, 8 44 70 79 452 498 602. Quiroga Palacios, Fernando, 675 680 690. R a b a z a , Calasanz, 5 476 529. Rafelbuñol, José de, O.F.M.C., 430. Ráfols, M., 451 601. Raguer I Suñer, H., 333 363 657. Rahner, 562. Ramiére, P. E., S.I., 437. Ramírez, M., 708. Ramírez, obispo, 192. Ramírez, Santiago, 476 555 561. Ramírez de Arellano, obispo, 29 145 182. Ramírez Jiménez, M., 333 339 354. Ramírez d é l a Piscina, Paulino, 127 188 189. Ramo de San Blas, obispo, 133 177. Ramón y Cajal, Santiago, 486 488 560. Ramos García, Vicente, 93 99 133 134 176 177. Ramos Oliveira, A., 334 339. Rampolla, obispo, 198. Rangonesi, nuncio, 325. Ratti, Aquiles, 382. Ravignan, Gustave Xavier, 513. Recaredo, 191. Redondo, G„ 285 316 641. Regato, 101. Regla, J „ 139 552. Reig I Casanova, Enrique, 640 649. Reigada, Ignacio M., 474. Reinoso, Félix José, 31 501 502. Rémond, R., 184 368. Rentería, 70 100. Requejo San Román, J., 344. Restrepo, F., 450 556. Reus, J., 137. Revilla, Manuel de la, 381 536 539. Revuelta González, Manuel, 6 76 84 89 92 103 107 113 143 186 398 408424 478 481500 502 503 507 586 589. Rey, Eusebio, S.I., 569. Rey, J„ 392. Rial Llovera, Salvador, 3 )3. Ribeiro, I., 713. Riberi, Antonio, 685 692. Ricart Torréns, J., 344. Rkciardi, 259. Rico, padre, 8.

801

Richter, Juan Pablo, 539. Riego y Núñez, Rafael del, 111 507. Rienda, 8. Ripalda, 446. Río, Luis del, 269. Ríos, Fernando de los, 334 339 488 490 551. Ríos, Miguel de los, 3 22. Ríos, R., 462. Ríos Lamadrid, obispo, 192. Ríos Rosas, Antonio de los, 163. Ripoll, Cayetano, 109. Risco, Ramón, 455. Risueño, Emiliano R., 466. Ritter, E., 302. Rivadeneira, P. de, 123 180 432. Rivas, duque de, 483. Rivas, Esteban de, 253. Rivas, Victoriano, 569. Rivas Cherif, C , 349. Rivas Fernández, obispo, 387. Rivera, 8. Rivera Recio, J. F., 354. Rivero, José, 28. Rivero, Nicolás María, 255. Rives, Ignacio, 180. Robinson, R., 360 362 364. Robinson, R.A.H., 333 708. Roca y Cornet, J., 404 515. Roca y Ftorejachs, Luis, 440. Roca Franquesa, José María, 476 532. Roca y Ponsa, 444. Rocha Pizarra, 389. Roda, 70. Rodés, Luis, 556. Rodrigo, Cesáreo, 273. Rodrigo, Joaquín, 486. Rodrigo Ruestá, Lino, 389. Rodrigo Yusto, A., 172 193 254 257 421. Rodríguez, Agustín, 393. Rodríguez, Antonio, 296. Rodríguez, F., 577. Rodríguez, I., 292. Rodríguez, M., 442. Rodríguez, Manuel José, 478. Rodríguez, Nicolás, 445 461. Rodríguez, P., 547. Rodríguez, S., 462. Rodríguez, Teodoro, 450 556. Rodríguez Alonso, M., 138. Rodríguez de Castro, Bonifacia, 611. Rodríguez de Cepeda, 642. Rodríguez de Coro, F., 228 408. Rodríguez Eiras, A., 96. Rodríguez Escorial, J. L., 27. Rodríguez Fernández, J., 174. Rodríguez Gordillo, J. M., 36. Rodríguez López, P., 28. Rodríguez Muñoz, Domingo, 447. Rodríguez Rico, obispo, 177 180. Rodríguez Sopeña, Dolores, 634. Rojas, C , 334. Rojo, V., 366. Roldan, S., 636. Román, 380. Romanones, conde de, 281 296 297. Romana, Antonio, S.I., 380 556. Romero, B., 148. Romero, Enrique, 253. Romero, Manuel, 18. Romero Ortiz, Antonio, 235 237 239 248. Romeu, F., 638. Romeu, Luis, 571. Romo, j u d a s José, 176 178 180 194 407 419506. Roncali, 159.

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índice de autores

Roncalli, Ángel José (Juan XXIII), 683, Roothaan, 183. Ros, 70 498. Rosa, G. d e la, 318 326. Rosales, obispo, 192. Rosales, Eduardo, 533. Roselli, Salvador María, 505. Rosenblatt, N. A., 115. Rosende, I., 432. Rótzer, H. G., 710. Rouco Várela, A. M., 6. Rousseau, Jean Jacques, 37 112 497 500 505. Roux, G., 332. Rovan, J., 302. Rovira, 8 57. Rovira i Virgili, A., 333. Rozalejo, marqués de, 243. Rubén Darío, 486. Rubio, Cristóbal, 8 29. Rubio, José María, 436 437 445 467 550. Rubio y Lluch, Antonio, 555. Rubio y Muñoz Bocanegra, 369. Rubio y Ors, Joaquín, 404 515 519 555. Rueda Herranz, G., 137. Ruet, 197. Ruiz, A., 138. Ruiz, Agustín, 648. Ruiz, Joaquín, 2 1 . Ruiz Amado, P., 323 447 450 556. Ruiz Amado, R., 315. Ruiz Berrio, Julio, 478. Ruiz Giménez, Joaquín, 491 674 676 711. Ruiz González, D., 299. Ruiz Jiménez, José, 560. Ruiz Lagos, M., 227. Ruiz Manjón, O., 282. Ruiz del Padrón, José, 45 46 48 49 498. Ruiz Rico, J. J., 709. Ruiz Vilaplana, A., 393. Ruiz Zorrilla, Manuel, 237 253 254 255 256 263 265 524. Rukser, Udo, 489. Rule, 197. Rulli, G., 710. Rupérez, P., 170. Rutten, P., O.P., 658. Sabaté, M., 333. Sabater y March, J., 713. Saborit, A., 334. Saboya, Amadeo de, 173 241 260 261 262 265 267 270. Saco del Valle, Arturo, 571. Sadoc Alemany, José, 461. Sacramento, madre, 442 601. Sáenz, C , 449. Sáez Marín, J., 6 143 198 478. Sáez de Santa María, 27. Sáez, Víctor, 98 100. Sagarmínaga, Ángel, 463. Sagarna, José de, 380. Sagasta, Práxedes Mateo, 236 242 243 262 267 275 279 281 282 307 613. Sagra, Ramón de la, 593. Sagrera, A. de, 267. Sailer, 112. Saillard, S., 302. Saint-Simón, Claude Henri de Rouvroy, conde de, 593. Sainz Rodríguez, Pedro, 431 478 541 552 559 714. Sajonia, Josefa Amalia de, 116. Saladrigas, R., 196. Salas Larrazábal, R., 333.

Salaverri, Joaquín, 562 648. Salaverría, 486. Salazar, 8 96 100. Salazar Abrisquieta, J. de, 154. Salazar Alonso, R., 334 334. Salazar, Gómez de, 28. Salcedo Ruiz, Ángel, 280. Sales, Ramón, 646 648. Salgado, Augurio, 569. Salgado, obispo, 388. Salinas, Pedro, 486. Salmerón, 487 488. Salmón, 362. Salvado, Rosendo, 462. Salvador y Barrera, José María, 284 457 640. Salvador de la Madre de Dios, 444. Samaniego Boneu, M., 357. Samsó, José, 447. San Agustín, 328. San Alfonso María de Ligorio, 417 418 432 436. San Antonio María Claret, 172 175 192 236 412 420 421 422 425 426 428 429 430 435 439 440 441 444 445 446 447 452 455 459 460 465 466 467 468 525 529 601. San Antonio de Padua, 442. San Francisco Javier, 569. San Francisco de Sales, 417 418 466 625. San Ignacio de Loyola, 534 560 569. San José Pignatelli, 465. San Juan de Avila, 695. San Juan Bosco, 438. San Leonardo de Puerto Mauricio, 432. San Luis, conde de, 159. San Luis María Grignon de Monfort, 440. San Martín Payo, J., 28. San Miguel, Evaristo, 133. San Pancracio, 598. San Vicente de Paúl, 409. Sanahuja, P., 5. Sancha, Ciríaco María, 267 295 303 457 460 623 630. Sánchez, J. M., 386. Sánchez, Juan, 399. Sánchez, Miguel, 171 430. Sánchez Agesta, Luis, 278 299 590. Sánchez Albornoz, Claudio, 290 486 493. Sánchez Albornoz, N., 265. Sánchez Arce y Peñuelos, Antonio, 273. Sánchez Artesero, Fermín, 188. Sánchez Carrasco, P. J., 421. Sánchez García-Saúco, J. A., 361. Sánchez Guerra, José, 286. Sánchez Guerra, R„ 333. Sánchez Lamadrid, R., 710. Sánchez Montero, R., 113 117. Sánchez Demuniain, José M. a 563. Sánchez Pérez, J. A., 292. Sánchez Portero, L., 25S 714. Sánchez Rangel, obispo, 133. Sánchez Reyes, Enrique, 196 301 541. Sánchez Román, 256. Sánchez Rubio, G., 441. Sánchez Rubio, J., 154. Sánchez Silva, José M. a , 570. Sánchez y Soto, F., 403. Sánchez de Toca, Joaquín, 286. Sánchez Várela, C , 179 429. Sancho, María Josefa, 6 1 1 . Sangnier, Marc, 304. Sangüesa Garcés, A., 323. Sanjuán, A., 712. " « Sanseverino, 518. , Santa Cruz, marqués de, 195,

índice de autores Santa Filomena, 442. Santa Joaquina de Vedruna, 431 448 465 601. Santa María Micaela del Sacramento, 397 431 436 453 454 465. Santa María Rafaela del Sagrado Corazón, 437 465. Santa Rafaela María Porras, 632. Santa Soledad Torres y Acosta, 452 465 601. Santa Teresa de Jesús, 418 466 468. Santa Teresa, J. J. de, 432. Santa Teresa Jornet e Ibars, 453 465. Santa Teresa del Niño Jesús, 433. Santa Vicenta María López y Vicuña, 455 465. Santallucía Claverol, R., 315. Santander, 69. Santander, Miguel de, 428 445. Santillán, R. de. 137. Santo Tomás de Aquino, 62 497 498 504 505 517 519 536 554. Santo Tomás de Canterbury, 60. Santos, Balbino, 389 392. Santos, L, 712. Santos Arciniega, 273. Sanz y Aldaz, J. M., 429. Sanz de Diego, Rafael, 228 278 301 408 443 549 578 624. Sanz Escartín, 626. Sanz y Forés, Benito, 193 239 240 273. Sanz del Río, Julián, 484 485 487 521. Sanz Ros, C , 408. Sarabia, Ramón, 318 445. Sarda y Salvany, Félix, 429 430 433 439 459 475 525 526 542 625. Sarrailh, 566. Sas, Santiago, 8. Sástago, conde de, 195. Saudreau, 473. Saugnieux, J., 38. Sauvé, 433. Scio, 414. Scoto, Duns, 564. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von, 539. Schlegel, Hermanos, 501. Schmitt, Karl, 510 512. Scholl, S. H., 317 579 598 629. Schródinger, Erwín, 566. Schram, Edmund, 510 512. Schumacher, J. N., 300. Seco Serrano, Carlos. 136 139 190 284 364 569. Sedulio, 524. Sedwick, F., 334. Segovia, 703. Segovia, Josefa, 545. Segur, Gastón de, 246. Segura y Sáenz, Pedro, 291 336 345 347 348 349 365 375 378 388 390 643 649. Seijas Lozano, 172. Seisdedos, Jerónimo, 431 474. Sempere y Guarinos, J., 138. Semprún Maura, C , 335. Senalde, 65. Seoane, María Cruz, 495. Sericano, Silvio, 382 383. Serra, 57 376. Serra, B., 421. Serra, Eudaldo, 426. Serra, Miguel, 390. Serrano, C , 191. Serrano y Domínguez, Francisco, 239 248 261 263 275. Serrano Súñer, R., 669 714. Serreguet y Gallego, María, 454. Sert, José M», 486 571. .

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803

Sevilla Andrés, Diego, 159 247 278 307 314 332 358 445 499 512 550. Silva, E., 102. Simeoni, 162 272. Simón Díaz, J., 106. Simón Segura, F., 137. Silva Muñoz, Federico, 318. SUvela, Francisco, 248 255 280. Silverio de Santa Teresa, 6 398. Simini, U., 710. Siurot, Manuel, 447 449. Sobejano, Gonzalo, 489. Sobrino, José A., 569. Sojo de Anguera, Carmen, 467. Sol, 434 437 443. Sola, J. M. a , 267. Solana, Marcial, 552. Solaro della Margarita, 119 120. Sokhaga, 87. Soldevilla, F., 285 499. Soler, Joaquín, 459 645. Soler y Pía, 271. Solís Fernández, 388. Solís Ruiz, José, 681 684. Sopeña, Dolores R., 457. Sopeña, F., 294. Sorazu, Angeles, 397 430 431 468 469 470. Sordi, 112. Sorel, Georges, 552. Sorge, B., 710. Soria, G., 332. Soriano, M. de la E., 8. Soriano, Ramón Luis, 506. Sorlin, P., 281. Sorolla, Joaquín, 486. Soto, J., 154. Soto de Gangoiti, J., 710. Soto y Mancera, F., 457 640. Sotomayor, duque de, 630. Southworth, H. R., 369. Spadolini, G., 710. Spatini, G. C , 713. Spencer, Herbert, 519 520. Spengler, Oswald, 565. Spidalieri, 112. Spínola, Marcelo, 290 293 303 397 427 437 457 466 542. Staehlin, C. M., 399. Strauch, Raimundo, 63 70 94 97. Strossmayer, 523. Sturzo, Luigi, 286 326. Suárez, F., 4 35 101 105 108 116 117 154 155. Suárez, Francisco, 536 564. Suárez, J „ 580 648. Suárez de Santander, Miguel, 30. Suárez Verdeguer, Federico, 512 547. Subirana, E., 339. Subirana, J., 431. Suchet, Louis Gabriel, 29 30. Sunyol, Gregorio María, 571. Suñer y Capdevilla, Francisco, 241 259. Superunda, conde de, 195.

T a b o a d a Lago, J. M., 382 392. Tagüeña, Lacorte, M., 334. Talayero, José, 179. Talde, A. E„ 380. Tamames, R., 332 636 708. Tamayo, J. J., 659. Tamayo y Baus, Manuel, 532. Taparelli, 112 509 518. Tapia, F. X„ 8 84. Tarancón Morón, 154 176.

804

índice de autores

Tardini, 676. Tardío Berzocana, 710. Tariego, 147. Tarín, 293 439. Tarín, Francisco de Paula, 445 467. Tarquini, G., 126. Tarrago, 431. Tassis, R., 310. Tavira, 28. Taytor, F. J., 368. Tedeschini, nuncio, 336 352 381 382 675. Teilhard de Chardin, Pierre, 563. Tellado, Buenaventura, 430. Tellechea Idígoras, I., 398. Tejada, 111. Tejada, obispo, 388. Tejada, Santiago de, 195. Tejada y Ramiro, J., 154. Tejada, Gregorio de, 62. Tejado, Gabino, 517. Temine, E., 332. Tenorio, José María, 456. Teobaldo, 8. Termes, J., 228. Terrero, 45 47 49. Teruel, M., 62. Terrón, Eloy, 478. Thomas, U., 332. Tibau Duran, N., 344. Tiberi, nuncio, 103 104 109 111 113 120 121 122 125 126 129 130 131 132 133 177 178. Tierno Galván, Enrique, 506 514 565. Tissot, J., 433. Tocquevüle, Alexis, 603. Tomás, Juan M. a , 571. Tomás y Valiente, F., 89 137. T o m é Paule, J., 712. Tomsich, María Giovanna, 38 478. Topete, 255. Toreno, conde de, 5 7 53 89 134 135 136 137 144 235. Torras i Bagés, J., 329 427 429 430 525 555 640. Torras Elias, J „ 95 101. T o r r e y Vélez, Alejandro de la, 516. Torréns, J. M., 384. Torrent, J., 310. Torrente Ballester, 476. Torres, Alfonso, 428 444. Torres Amat, Félix, 29 30 112 133 134 147 152 176 177 178 180 181 188 414 419 501. Torres-Cabreras, conde de, 628. Torres Calvo, A., 575. Torres, Fulgencio, 462. Torres Laguna, Domingo, 428. Torres Padilla, José de, 257 273 352 471. Torres Queiruga, A., 315. Torres Quevedo, 528. Torres Ribas, Juan, 390 393 394. Torres Sánchez, A., 294 399. Torrijos, 101. Torrubiano Ripoll, J., 357. Tortellá Casares, G., 264 586. Tous, José, 451. Tovar, Antonio, 491 560. Tovar González, L., 344. Trapero Pardo, J., 290. T relies Noguerol, Luis, 244. Trevilla, 30 70. Trinidad del Purísimo Corazón de María, 437. Troncoso, J., 154 428. Trotsky, L., 332 333. Trujillo, 28. Truyols y Pont, A., 63.

T u ñ ó n de Lara, M., 6 90 332 339 381 478 540 581 584 594 595 616. T u r Vidal, 344. Turín, L, 282. Turma, Joaquín, 486. Tusell Gómez, Javier, 242 300 317 318 333 351 364 643 645 657 658 714. Tusquets, Juan, 447. U b i e t a , José Ángel, 694. Ubieto, A., 139 552. Ubrique, Sebastián de, 398. Unamuno, Miguel de, 291 334 344 433 486 488 489 543 549 560 561 569 681. Urbano, Luis, 444. Urbina, Fernando, 558 710 714. Uriarte, E., 438. Urigüen, B., 443. Uriz, Francisco Javier, 602. Uriz, Joaquín, 79. Uriz Labayru, 192. Urmeneta, F. de, 515. Urquijo, J. María de, 321 322. Urquijo, Mariano Luis de, 16 17 25 37. Urquinaona, José María de, 193 239 240 608 627. Urráburu, Juan José, 475 518 520. Urrutia, Manuel, 447. Usandizaga, José María, 486. Usera, Jerónimo Mariano de, 460 462. Usoz y Río, Luis de, 197. V a c a , César, 567. Val, Honorato del, 524. Valaik, J. D., 368. Valbuena Prat, Ángel, 476. Valdés, 101 129. Valencia, Ambrosio de, 7. Valentí y Fiol, E., 313. Valera, J. M., 550. Valera, Juan, 157 171 486. Valeri, N., 318. Valverde, Carlos, 510 512. Valladares, 8. Valle, F. del, 459 578 579 596 629 642 643 645. Valle, F. Javiera del, 430 467. Valle Inclán, Ramón del, 486 488. Vallet, Francisco de Paula, 445. Vallmitjana, hermanos, 533. Valls Taberner, 555. Van der Grijp, R.M.K., 197. Várela, S., 333. ' Várela Ortega, J., 290. Vargas Ugarte, R., 49 110 111. Vázquez, 6. Vázquez, Gerardo, 28. Vázquez, J. M., 6 478 709. Vázquez Díaz, Daniel, 486 571. Vázquez-Dodero, J. L., 653. Vázquez Figueroa, 81. Vázquez García, A., 294 406. Vázquez de Mella, Juan, 320 459 476 547 558 642 626. Vega, Ángel Custodio, 564. Vega, M., 469. Vegas Latapié, E., 333 552. Velarde, 190. Velarde Fuentes, j : , 619 636. Velázquez, Flavia Paz, 399 546. Vélez, arzobispo, 194. Vélez, Rafael de, 5 9 1(M 1 30 36 40 43 53 54 56 60 63 65 68 69 87 100 104 106 m 179 403 503 504 512. Venerable Angela de la Cruz, 452 463.

índice de autores Venerable Enrique de Ossó y Cervelló, 465. Venerable Manuel Domingo Sol, 4 465. Venerable María Antonia de la Misericordia, 465. Venerable Paula del Puig de San Luis, 465. Venerable Rafaela Ibarra de Villalonga, 452 465. Ventaja, Diego, 376 389. Ventura I Conejero, A., 62. Ventura Martínez, Josef, 87. Vera y Delgado, 8. Verdaguer, Jacinto, 293 429 476 486 531. Verdier, 384. Vergara, O. P., 434. Verney, 504. Veuillot, Luis, 509 510. Viadiu, F., 392. Vicens Vives, J., 130 264 320 481 530 576 581 623. Vicent Antonio, 458 479 599 626 627 628 629 630 631 642 646 647 651. Vico, 543. Víctor Hugo, 501. Víctor Manuel, 171. Víctor Manuel II, 260 262. Victoria, Luis Tomás, 57. Vicuña, Eulalia, 455. Vidal, D„ 196. Vidal, José, 112 403 507. Vidal, Pedro, 555. Vidal y Barraquer, Francisco, 340 344 345 346 347 350 351 352 353 354 355 375 378 379 384 385 385 389 392 393 525 555 660 671. Vidal Tur, G., 299. Vidarte Franco, J. S., 361. Vigo, conde de, 244. Vigón, Jorge, 552. Vila, 346 388. Vilamitjana, 193 231. Vilar, J. B., 198 228. Vilariño, P., 430. Vilariño Ugarte, Remigio, 429 438 447 555. Vilarraza, Eduardo María, 432. Viluma, marqués de, 195 243 442. Villada, G., 474 486. Villada, Pablo, 549 555. Villafranca, marqués de, 195. Villalba, Julián, 148. Villanueva, F., 334. Villanueva, Joaquín Lorenzo, 4 5 42 45 46 53 56 57 59 62 86 87 92 94 432 498 506. Villapadierna, I. de, 8 38 60.

805

Villar Arregui, M., 710. Villar Palasí, 492 696. Villarroel, G. de, 464. Villasante, L., O.F.M., 399. Villot, Jean, 697. Villota y Urroz, Gerardo, 302 462. Vinader, Ramón, 195 243 244.. Vinuesa, 65. Viola González, R., 84 408. Vitoria, Eduardo, 556. Vitoria, Francisco de, 555. Vives, J., 6. Vives, Luis, 536 486. Vives, Pedro, 446. Vives y Tuto, J. C , O.F.M.C, 430 431 463. Vizcarra y Arana, Z. de, 335. Vizzardelli, 188. Volney, 112. Voltaire, 37 500. Voucht, D. G., 197. Vraga, 180. Waldeck-Rousseau, 281. Weber, E., 368. Winckelmann, 539. X arrió, Francisco, 524. Xavier Uriz, J., 452. Xiberta, Bartolomé, 556. Xifré, José, 445. Xirau, Joaquín, 488. V a n e s , obispo, 699. Yanguas Messía, José de, 383 391. Yurami, A. M., 62. Yurre, Pablo, 273. Zabala, Iris M„ 85 227 296 478 592. Zameza, José, 399 463. Zamora, José María, 436. Zapatero, V., 334. Zaragüeta, Juan, 327 515 559 565. Zavala, general, 275. Zigliara, 622. Zorrilla, José, 483 523 527 530. Zorzano, Isidoro, 466. Zubiri, Javier, 476 554 559 565 566 567. Zugazagoitia, J., 334. Zulveta Escolano, Luis de, 383 488. Zuloaga, 486. Zúñiga, 74.